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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 146, de 31/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 146
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 141
celebrada el martes, 31 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reguladora del
comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 162-1, de 3 de marzo
de 1998 (número de expediente 122/000142) (Página 7706)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación
parcial de la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 75-1, de 23 de diciembre de 1996 (número de expediente
122/000059) (Página 7716)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rivadulla Gracia), sobre
modificación de la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, para hacer posible la cesión
gratuita de terrenos, inmuebles e instalaciones militares desafectadas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 148-1, de 9 de febrero
de 1998 (número de expediente 122/000129) (Página 7716)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la remoción
de obstáculos, en orden a proponer la igualdad de derechos y
oportunidades en el acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas, y para
garantizar la adecuación a derecho de las Resoluciones sobre ampliación
de compromisos de los militares de empleo de la categoría de Tropa y
Marinería Profesionales de las Fuerzas Armadas. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 259, de 27 de marzo de 1998 (número de
expediente 162/000227) (Página 7724)
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la necesidad de velar por
el principio de igualdad de trato e interdicción de arbitrariedad en las
renovaciones de los compromisos de militares profesionales y,
específicamente, en cuanto al proceso de incorporación de las mujeres a
las Fuerzas Armadas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, números
252 y 259, de 5 y 27 de marzo de 1998, respectivamente (número de
expediente 162/000228, procedente del número de expediente 161/000868)
(Página 7724)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para garantizar la
igualdad de derechos y oportunidades en el acceso de las mujeres a las
Fuerzas Armadas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, números 252
y 259, de 5 y 27 de marzo de 1998, respectivamente (número de expediente
162/000229, procedente del número de expediente 161/000879) (Página 7724)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre caducidad de los expedientes
pendientes de adscripción a la prestación social sustitutoria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 253, de 10 de marzo de 1998
(número de expediente 162/000217) (Página 7733)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que el Gobierno prevé
impulsar para superar la crisis que sufre el sector lácteo, y
consolidarlo como un sector competitivo y con futuro (número de
expediente 173/000072) (Página 7741)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la implantación de la jornada
escolar continua (número de expediente 173/000073) (Página 7749)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los motivos
que han impulsado al Gobierno a eliminar las jubilaciones anticipadas a
amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras mediante las
resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
(número de expediente 173/000074) (Página 7756)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 7705)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7706)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reguladora del
comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso
(Página 7706)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Meyer
Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta
que con su proposición de ley pretenden contribuir a la total
transparencia del comercio exterior de armamento y material de defensa y
de doble uso, así como su limitación y prohibición en determinados casos,
en línea con los criterios aprobados por el Consejo Europeo en los años
1991 y 1992, enlazando este debate con el actual sobre el código de
conducta europeo en la exportación de armamentos, impulsado por el
Gobierno británico aprovechando su presidencia comunitaria. Achaca el
secretismo y la falta de reglamentación en este mercado al encubrimiento
de operaciones que no cuentan con el visto bueno de la opinión pública y
a la posibilidad de corruptelas y sobornos con una discreción asegurada.
Solicita a la Cámara que tomen en consideración
la proposición de ley de su grupo, aunque luego se presenten enmiendas,
porque considera que hay que dar respuesta mediante una ley a la demanda
de la sociedad civil de control y regulación del comercio de armas, algo
esencial para la paz en el mundo.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster
Olazábal y Rivadulla Gracia y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme)
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moya Milanés, del Grupo
Socialista del Congreso, e Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reguladora del comercio
exterior de material de defensa y de material de doble uso, se rechaza
por 17 votos a favor, 160 en contra y 120 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación
parcial de la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa (Página 7716)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rivadulla Gracia), sobre
modificación de la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa, para hacer posible la cesión
gratuita de terrenos, inmuebles e instalaciones militares desafectadas
(Página 7716)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la toma en consideración
de la primera proposición de ley por entender que la Ley 28/1984, de 31
de julio, contiene dos criterios excesivamente rígidos, como son la
onerosidad como requisito esencial para los actos de disposición que
lleve a cabo la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y la obligación
de destinar los fondos conseguidos a la obtención de recursos para las
instalaciones militares que satisfagan en cada momento la necesidad en
esta materia. Explica a continuación las dos novedades introducidas en su
proposición de ley: en primer lugar, que los recursos obtenidos por la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa puedan dedicarse a la
financiación, adquisición y mantenimiento de armamento y material y, en
segundo lugar, que tengan cabida las cesiones gratuitas para fines de
utilidad pública o de interés social de aquellos inmuebles cuya
enajenación no represente un interés económico cierto para el Ministerio
de Defensa.
A continuación fija su postura contraria a la iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto sobre la misma materia, que aun persiguiendo
objetivos similares a los que presenta el Grupo Parlamentario Popular,
difiere en determinados aspectos que pasa a explicar.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en
consideración de su proposición de ley el señor Alcaraz Ramos. Manifiesta
que con su iniciativa persiguen una reforma parcial, por razones
técnicas, pero abordando el problema de fondo, que es gestionar y obtener
rentabilidad de bienes e instalaciones militares desafectadas siguiendo
únicamente el criterio económico y desconociendo el concepto de
rentabilidad social de unos bienes que han dejado de cumplir la función
para la que fueron creados, pero que, sin embargo, siguen existiendo.
Opina que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular no da
solución al problema y anuncia que su grupo se va a abstener en la
votación porque entiende que, en todo caso, es bueno que exista un
debate, y confía en la generosidad del Grupo Popular en la admisión de
enmiendas.
En un segundo turno interviene el señor Fernández de Mesa Díaz del Río.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Nadal i Malé, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Marsal Muntalá, del Grupo Socialista del
Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 289
votos a favor y 20 abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rivadulla
Gracia), se rechaza por 145 votos a favor, 163 en contra y una
abstención.
Proposiciones no de ley (Página 7724)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la remoción de
obstáculos, en orden a proponer la igualdad de derechos y oportunidades
en el acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas, y para garantizar la
adecuación a derecho de las resoluciones sobre ampliación de compromisos
de los militares de empleo de la categoría de tropa y marinería
profesionales de las Fuerzas Armadas (Página 7724)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la necesidad de velar por
el principio de igualdad de trato e interdicción de arbitrariedad en las
renovaciones de los compromisos de militares profesionales y,
específicamente, en cuanto al proceso de incorporación de las mujeres a
las Fuerzas Armadas (Página 7724)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas para garantizar la
igualdad de derechos y oportunidades en el acceso de las mujeres a las
Fuerzas Armadas (Página 7724)
En primer lugar, la señora Sainz García, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, defiende una proposición no de ley
en la que se recoge el deseo que siempre anima a su grupo de promover las
condiciones para que la igualdad proclamada en el artículo 14 de la
Constitución sea real y efectiva en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en
el que las mujeres han estado históricamente marginadas. Se refiere a
continuación a ciertas normas adoptadas por el Gobierno anterior que
propiciaban una clara discriminación de la mujer, como es el caso de que
el embarazo se incluya como una de las causas que determinan la no
acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para el acceso a las
Fuerzas Armadas, y propugna que se articulen políticas y normas en las
que se contemplen situaciones que, por ser distintas, deben ser
desigualmente tratadas, por lo que el embarazo puede y debe determinar un
tratamiento desigual sin que por ello se conculque el principio
constitucional de mérito. El Grupo Parlamentario Popular propone que se
modifique la normativa reguladora de los procesos selectivos para el
ingreso en las Fuerzas Armadas, haciendo desaparecer de los cuadros
médicos de exclusiones cualquier referencia a la gestación. Por otro
lado, hace una referencia genérica a la normativa que regula el acceso a
las Fuerzas Armadas porque considera que si sólo se reformara, como
contempla el texto socialista, el acceso a militar de empleo de la
categoría de tropa y marinería profesionales, la limitación llevaría
consigo el que persistieran otras discriminaciones o limitaciones por
razón de gestación para las mujeres que aspiren a ingresar en otros
cuerpos de las Fuerzas Armadas.
A continuación fija su postura en relación con las iniciativas del Grupo
Socialista y considera importante que se amplíen las garantías
procedimentales que redundan tanto en la mejor defensa de los derechos
del individuo como en el más escrupuloso funcionamiento de la
Administración, y en este sentido hace un llamamiento de consenso al
Grupo Socialista. Termina su intervención pidiendo el voto favorable para
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
que pretende articular en el ámbito de las Fuerzas Armadas normas que den
adecuada respuesta a la necesidad irrenunciable de promover la igualdad y
avanzar y profundizar en un Estado de Derecho respetuoso y garante al
máximo de los derechos de los ciudadanos.
En segundo lugar, defiende las dos proposiciones no de ley presentadas
por el Grupo Socialista del Congreso sobre la misma materia, la señora
Varela Vázquez, que comienza su intervención adjudicando la nota de
suspenso al Grupo Parlamentario Popular, por haber copiado las dos
proposiciones no de ley del Grupo Socialista presentadas en el Registro
de la Cámara los días 17 y 20 de febrero.
Se refiere a continuación al caso de la ex cabo del Brilac de Pontevedra,
a la que no se le renovó el compromiso con las armas teniendo en cuenta
solamente el informe del jefe de la unidad militar cuando, de conformidad
con el artículo 18 del Real Decreto 984/1992, de 31 de julio, sobre
Reglamento de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas, la
renovación del compromiso debe efectuarse en base al expediente
profesional y al informe del jefe de su unidad. Por lo tanto, el Grupo
Socialista del Congreso propone que, de conformidad con la legislación
vigente, en todas las renovaciones de compromiso de armas se tengan en
cuenta escrupulosamente tanto el expediente profesional del interesado
como el informe del jefe de la unidad. También propone profundizar en la
normativa vigente sobre ampliaciones de compromiso de los militares de
empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales, a fin de
regular claramente el contenido tanto del expediente profesional como del
informe del jefe de la unidad, introduciendo cuantos elementos se estimen
precisos para garantizar al
máximo la objetividad tanto de los conceptos a valorar como de los
criterios con que haya de llevarse a cabo la valoración de tales
conceptos.
Manifiesta, por otra parte, que el Grupo Socialista tiene asumido que la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres es uno de los
pilares de la democracia y no le dolieron prendas en presentar, un mes y
un día antes que el Grupo Popular, una proposición no de ley planteando
la reforma de la normativa que contempla el embarazo como causa de
exclusión del cuadro médico en los procesos selectivos para el acceso a
militar de empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales de
las Fuerzas Armadas.
Por último, y en aras de llegar a un consenso, propone unas
modificaciones en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular y espera que se pueda llegar a una transaccional que sea aprobada
por toda la Cámara.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
intervienen el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) y la señora
Rivadulla Gracia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Campuzano i Canadès,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Mixto y con la transaccional formulada por el Grupo
Socialista del Congreso, interviene la señora Sainz García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, a la que se han acumulado las dos del Grupo
Socialista del Congreso, sobre medidas para garantizar la igualdad de
derechos y oportunidades de las mujeres en las Fuerzas Armadas en los
términos del punto 5.1 de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y
del punto 5.2, resultante de la transaccional que han negociado los dos
grupos parlamentarios, se aprueba por 309 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre caducidad de los expedientes
pendientes de adscripción a la prestación social sustitutoria (Página 7733)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Caballero Serrano. Expone que en su proposición no de
ley instan al Gobierno a la perención de los expedientes de aquellos
objetores de conciencia que lleven más de un año en situación de
disponibilidad, atendiendo el sentir de la mayoría de la Cámara que el 26
de noviembre de 1996 apoyó de manera unánime una proposición de ley de
Convergència i Unió reguladora de la objeción de conciencia y de la
prestación social sustitutoria, en la que se recogía, junto a otros
aspectos, la necesidad de limitar a un máximo de un año el período de
disponibilidad. Añade que el Grupo Socialista sólo pretende recoger la
demanda de colectivos sociales y de afectados que, en gran medida,
pusieron su esperanza en la proposición de ley mencionada y poner fin así
a una situación que tantos trastornos ocasiona a los jóvenes que quieren
incorporarse al mercado de trabajo. Reconoce, no obstante, que se han
producido cambios importantes en esta legislatura, como la eliminación de
las penas de prisión para los jóvenes que desobedecen la obligación de
cumplir el servicio militar y la decisión posterior del Gobierno de
proceder a su excarcelación, pero achaca estas decisiones del Gobierno a
un deseo del Partido Popular de copiar todas las iniciativas de la
oposición, evitando que ésta pueda conseguir los apoyos de la Cámara en
ciertos temas de interés social. No obstante, el Grupo Socialista ofrece
ahora la posibilidad a todos los grupos de la Cámara de apoyar lo que
está recogido en su proposición no de ley, y es que los objetores que
lleven más de un año esperando destino pasen a la situación de reserva.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadès, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Bermúdez de Castro
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso sobre caducidad en los expedientes pendientes de adscripción a
la prestación social sustitutoria, se rechaza por 150 votos a favor y 162
en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7741)
Del Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas que el Gobierno prevé
impulsar para superar la crisis que sufre el sector lácteo y consolidarlo
como un sector competitivo y con futuro (Página 7741)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) expone que la moción que
presenta el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre el sector lácteo tiene como fin que el Congreso de los Diputados
adopte una serie de medidas necesarias para el desarrollo y futuro del
sector lácteo. Explica, al igual que hizo en la interpelación, la
situación del sector lácteo en el conjunto de la actividad agraria de la
Comunidad Autónoma de Galicia, poniendo de relieve el esfuerzo de
modernización que ha hecho y que puede verse cortado de raíz si, como
pretende el Gobierno, se aplican las directrices de la Unión Europea, que
son: limitación de la producción a la cuota asignada y aplicación de la
supertasa. Añade que el Bloque Nacionalista Galego defiende una política
distinta y es que el Gobierno se oponga frontalmente a las propuestas de
la Unión Europea y defienda por encima de todo los intereses de España,
al igual que lo hacen otros Estados miembros de la Unión. A continuación
expone los cuatro puntos de su moción: en primer lugar, establecer las
oportunas negociaciones con la Unión Europea con el objetivo de conseguir
la modificación de la actual cuota láctea asignada al Estado español, de
manera que se ajuste a la producción actual; en segundo lugar, negociar
el paulatino incremento anual de la cuota láctea del Estado español hasta
el nivel necesario para alcanzar la media europea de producción por
explotación; en tercer lugar, no repercutir el pago de la supertasa al
sector en tanto no se alcancen los objetivos anteriores; y en cuarto
lugar, agotar las medidas necesarias para dejar en suspenso las sanciones
comunicadas a los primeros compradores como consecuencia de la aplicación
de la supertasa láctea.
En defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo Socialista
del Congreso, interviene el señor Blanco López.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Castro
Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de rechazar la enmienda del Grupo Socialista del Congreso
interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme).
Sometido a votación, en primer lugar, a propuesta del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el punto uno de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 302
votos a favor y una abstención.
Sometidos a votación los puntos restantes de la moción, se rechazan por
141 votos a favor, 159 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la implantación de la jornada
escolar continua (Página 7749)
La señora Díez de Baldeón García, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, presenta la moción consecuencia de interpelación urgente y
reitera una serie de preguntas que planteó a la señora ministra de
Educación y Cultura en el Pleno anterior. Considera que ninguno de los
interrogantes fue contestado, sino que, por el contrario, con sus
declaraciones incrementó las dudas y el desconcierto. Explica la postura
de su grupo en relación con el tema y expone los puntos de su moción, que
son los siguientes: que el Gobierno solicite de las comunidades autónomas
que tienen implantado el sistema de jornada continua en los centros
escolares sostenidos con fondos públicos un informe detallado sobre sus
experiencias en este sentido; que no se adopte ninguna decisión por el
Ministerio de Educación hasta que no se establezcan de manera
consensuada, en los próximos meses, con los responsables educativos de
las comunidades autónomas que recibirán las transferencias educativas en
un corto plazo, padres de alumnos, sindicatos y demás representantes de
la comunidad educativa, los criterios generales, así como las posibles
situaciones excepcionales, que deben regular los horarios escolares de
los alumnos de educación infantil y primaria; y que se garantice, con la
financiación necesaria y suficiente, la apertura en horario escolar de
tarde de los centros escolares, con el objetivo de posibilitar la
realización de distintas actividades escolares.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora
Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas, interviene
la señora Díez de Baldeón García.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista del Congreso, sobre la implantación de la jornada
escolar continua, en los términos resultantes de la aceptación de
enmiendas, se rechaza por 140 votos a favor, 159 en contra y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los motivos que
han impulsado al Gobierno a eliminar las jubilaciones anticipadas a
amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras mediante las
resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
(Página 7756)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Fernández Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Recuerda, en primer lugar, las palabras del ministro de Trabajo la
semana pasada, con motivo de la interpelación urgente, sobre que no
entraba en cabeza humana que un ministro se levantase por la mañana y
tranquilamente, en su despacho, decidiera que determinadas personas no
tenían derecho a la jubilación anticipada. Asegura que precisamente eso
es lo que va a ocurrir a partir del 1º de abril, cuando entren en vigor
las resoluciones de 14 de noviembre y de 5 de diciembre de 1997, y
considera que el Gobierno, el ministro de Trabajo y el INSS se sitúan
frente a los derechos consolidados de los colectivos de trabajadores
autónomos. Manifiesta su disconformidad con la explicación dada por el
ministro de Trabajo la semana pasada en cuanto a que una norma que ha
estado en vigor durante veinte años y que ha beneficiado a miles de
trabajadores del país no se puede seguir aplicando por cuestiones de
índole jurídica. No se explica que el señor Arenas diga que está
profundamente orgulloso de haber pactado con los sindicatos y de mantener
el sistema público de protección social, cuando los sindicatos no están
de acuerdo con estas resoluciones. Expone a la Cámara una serie de datos
sobre las personas afectadas por esta normativa y confía en que ya que el
Gobierno no retiró las resoluciones, como se le pidió en el debate de la
interpelación, en esta ocasión pierda la votación.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen el señor
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora López
i Chamosa, del Grupo Socialista del Congreso; y los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Camps Devesa,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de presentar una enmienda transaccional que recoge las
enmiendas de los grupos Vasco y Catalán, y anunciar el voto favorable a
las enmiendas del Grupo Socialista del Congreso en la Comisión
correspondiente, interviene el señor Fernández Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los motivos que han
impulsado al Gobierno a eliminar las jubilaciones anticipadas a amplios
colectivos de trabajadores y trabajadoras mediante las resoluciones de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional, se aprueba por 277 votos a
favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, se abre la sesión.
Como punto previo al orden del día, vamos a proceder a tomar juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución a don Adolfo García de Viana
Cárdenas, que ha sido proclamado diputado electo por la Junta Electoral
Central en sustitución de don José Antonio Amate Rodríguez.
Don Adolfo García de Viana Cárdenas, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor GARCIA DE VIANA CARDENAS: Sí, prometo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias.
Don Adolfo García de Viana Cárdenas ha adquirido la plena condición de
diputado. Bienvenido a la Cámara. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, REGULADORA DEL
COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE MATERIAL DE DOBLE USO.
(Número de expediente 122/000142)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): El punto I del orden del día
es la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reguladora del
comercio exterior de material de defensa y de material de doble uso.
Para su defensa tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, Izquierda Unida tiene la esperanza de que la Cámara tome en
consideración esta proposición de ley que pretende regular el comercio
exterior de armamento y material de defensa y de doble uso. No perdemos
la esperanza porque lo que se pretende es algo sencillo de entender:
contribuir a la total transparencia de este comercio, su limitación y
prohibición en determinados casos, en la línea de los ocho criterios
comunes aprobados por el Consejo Europeo en los años 1991 y 1992, y
enlazar este debate con el actualmente abierto sobre el código de
conducta europeo en la exportación de armamentos que quiere impulsar el
Gobierno británico, aprovechando su presidencia comunitaria. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Meyer.
¡Señora Gil y señor Guerra! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Merecería la pena detenerse en este debate porque
se trata de resolver si esta Cámara es receptiva a la hora de intentar
regular ni más ni menos que la autorización de la exportación de
armamentos a otros países y, por tanto, en ese objetivo que plantea
Izquierda Unida, contribuir a esa total transparencia del comercio, su
limitación y prohibición en determinados casos.
Señorías, hay que encuadrar bien esta proposición de ley, en primer
lugar, atendiendo a la magnitud del problema sobre el que estamos
hablando. En 1995, los países pobres gastaron 139.000 millones de dólares
en la compra de armas a los países ricos. El 20 por ciento de la deuda de
estos países se acumula precisamente por la compra de armamento. La
mayoría de los conflictos armados e incumplimientos de Naciones Unidas
que derivan en conflicto, en ataques sistemáticos a los derechos humanos,
se podrían disminuir sensiblemente si se controlara con transparencia y
se regulara con códigos de conducta. Señorías, el siglo XXI, este siglo
que nos llama a las puertas lleno de incertidumbre, no debería soportar
más la lacra de un negocio que beneficia a tan pocos y destruye la vida y
las esperanzas de tantos. El comercio de armas está controlado en sus
tres cuartas partes precisa y cínicamente por los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, por
quienes tienen la obligación de desarrollar el desarme general y completo
en el mundo. Partimos de ese cinismo. Hasta ahora el comercio de armas se
realiza con total secretismo de los Estados. ¿Por qué se realiza esta
actividad de tanta importancia para los Estados, que puede contribuir,
según cómo se utilice, a desarrollar un marco de seguridad internacional
o no, en este marco de secretismo? ¿Por qué esta falta de reglamentación?
¿Por qué esta falta de código de conducta a la hora de la exportación?
Muy sencillo, señorías. En primer lugar, porque encubre mejor operaciones
que no cuentan con el visto bueno de la opinión pública. En segundo
lugar, porque esta falta de control, esta falta de reglamentación permite
corruptelas y sobornos con discreción asegurada, y en nuestro entorno lo
hemos tenido en los años noventa. En Alemania, el ministro de Asuntos
Exteriores estuvo acusado de complicidad en la represión de los kurdos
dando armas al Gobierno turco. Argentina vendió armas al Gobierno de
Ecuador durante la guerra del Condor, incluso le vendió armas a Croacia
cuando estaban allí desplegados cascos azules. En Bélgica es conocido el
caso de la firma Augusta, que pagó 46 millones de dólares al Partido
Socialista belga. En Francia, la Dassault Electronique se calcula que
pagó comisiones por valor de 10 millones de francos en el programa de
guerra electrónica de los aviones F-16. En Inglaterra, el secretario del
Tesoro del Gobierno conservador dirigió una empresa de armamento que
violó la prohibición de vender armas a Irak.
Señorías, esta falta de control y trasparencia puede tener estos efectos,
de hecho tiene estos efectos corruptos. Afortunadamente esta situación
está cambiando, fundamentalmente por la presión de la sociedad civil,
siempre más exigente en los cambios que los lentos y a veces perezosos
parlamentos. Las ONG han realizado en este sentido una magnífica labor de
presión, de pedagogía civil, junto a otros movimientos sociales como el
pacifista. Además de esta presión, en esto ha tenido que ver que tras la
Guerra del Golfo, y conscientes de que Europa fue una importante
proveedora de armas a Irak, el Consejo Europeo aprobase entre 1991 y 1992
criterios comunes para regular la exportación de armamentos a los efectos
de dejar clara la situación interna y regional de los países receptores,
el respeto de los derechos humanos de los países receptores y los efectos
de la compra en la economía nacional de esos países receptores. En España
más de mil ONG --entre las que destacan Amnistía Internacional,
Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras--
vienen trabajando por la trasparencia, por el control, por la regulación
y por introducir el código de conducta en la exportación de armamento.
Incluso en marzo del año pasado esta misma Cámara, el Congreso, aprobó
por unanimidad, en una proposición no de ley sobre trasparencia y
comercio de armas, instar al Gobierno a incorporar a la legislación y
desarrollar los ocho criterios comunes sobre comercio de armas y material
de doble uso adoptados por la Unión Europea. Pues bien, señorías, al año
de la aprobación nos encontramos con el siguiente panorama. Primero,
seguimos sin regular esta actividad con rango de ley. Una actividad tan
comprometedora para el Estado ¿cómo es posible que se pretenda regular
con normas de carácter inferior a la ley? Pues solamente puede tener una
explicación, señorías, y es que se pretenda sustraer a la espera del
legislativo, que se deje de forma discrecional a los gobiernos la
autorización del comercio de armas y material de doble uso a tal o cual
país. Segundo, al año de esa aprobación --fíjense ustedes cómo fue la
puesta de largo de la primera comunicación a la sociedad de ese
compromiso que había de dar trasparencia al comercio de armas--, la
Subdirección general de comercio exterior de material de defensa y de
doble uso publicó el informe sobre exportaciones de 1991 y 1996 que
quería inaugurar la nueva etapa de trasparencia. Pues bien, el resultado
no ha podido ser peor: un informe incompleto que oculta datos de
exportación de material aeronáutico y naval, vehículos,
telecomunicaciones y electrónica militar; se ocultan cerca de 150.000
millones de pesetas. Las exportaciones de 1991 a 1996 ascendieron a
240.000 millones de pesetas y no a los 97.612 millones que reconoce el
Gobierno. Es decir, un comercio por valor de 40.000 millones anuales de
armamento que se autoriza sin regular por ley.
Finalmente y en paralelo a estas dos puestas en escena de nuestra
aprobación de la proposición no de ley, es verdad que en estos momentos
se está discutiendo en el marco de la Unión Europea la posibilidad de
tener un código de conducta de todos los Estados miembros sobre
exportación de armamentos. A comienzos del año, Francia y el Reino Unido
han consensuado una propuesta de código de conducta para discutir en el
grupo de trabajo sobre comercio de armas, la llamada Coarm, y que se
deberá aprobar el próximo 25 de mayo. Nosotros no sabemos qué papel va a
jugar España. Tampoco sabemos cuáles son las orientaciones que lleva el
representante del Estado español a esta Comisión. No sabemos la voluntad
que tiene el Gobierno del Estado español de tirar por un código de
conducta muy restrictivo, en el sentido que está planteándolo el Gobierno
británico, o apostar por criterios más flexibles a la hora de la
exportación del armamento.
Pues bien, esta proposición de ley reguladora del comercio de armas
pretende modestamente dar respuesta y avanzar un paso más en la necesidad
de controlar, dar publicidad y limitar con un código de conducta el
comercio de armas. Resuelve, señorías, la transparencia y el control con
la participación del Congreso y del Senado en los artículos 5.3 y 3.5.
Crea una junta interministerial que tendrá el carácter precisamente de
regular entre el código de conducta y los criterios comunes los criterios
de la exportación. Obliga a la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de todas las concesiones, autorizaciones de exportación de
armamento. Finalmente, incorpora el código de conducta en su artículo 13,
puntos 2 a 7, que dice textualmente: No se concederán autorizaciones de
exportación con destino a países que se encuentren en situación de
conflicto bélico con sus países fronterizos, excepto cuando sean
agredidos por estos. Se respetarán escrupulosamente las prohibiciones
derivadas de resoluciones de las Naciones Unidas. Los países en vías de
desarrollo que destinen un porcentaje superior al 0,2 por ciento de su
producto interior bruto a la adquisición del material objeto de esta ley
no podrán ser destinatarios de exportaciones. Igual limitación se
establece para los demás países que superen el 4 por ciento en el
conjunto de sus gastos militares. No se concederán autorizaciones con
destino a aquellos países en que se desarrollen operaciones militares o
de policía contra su población por motivos de raza, políticos o
religiosos. Quedan prohibidas todas las operaciones que tengan por objeto
el comercio de todo tipo de minas antipersonales. Queda prohibido el
establecimiento de ayudas públicas a la exportación de armamento. Esta
prohibición incluye de modo expreso y especial el uso de fondos de ayuda
al desarrollo, cualquiera que sea su denominación. No se concederán
autorizaciones de exportación a países que vulneren los derechos humanos,
especialmente cuando realicen ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones, torturas y malos tratos y homicidios indiscriminados de
no combatientes. A tal fin la Junta recabará anualmente ... etcétera. Por
tanto, incorpora con un sentido más amplio, en el debate que está
planteado en estos momentos, prácticamente la totalidad de esa exigencia
del código de conducta.
Por eso, señorías, cualquier discurso a favor de la paz --estos que
hacemos aquí, en la Cámara, que son retóricos, en los que todo el mundo
habla de la paz-- se convertirá en esta mera retórica si no somos
capaces, con seriedad, de regular una actividad de esta trascendencia por
ley, con control, con transparencia, incorporando esos códigos de
conducta y esos criterios comunes. Hasta ahora el secretismo sólo ha
ocultado la hipocresía de la lógica de los países desarrollados, entre
los que estamos, que son la mayoría de las veces los que facilitan las
armas a zonas en conflicto, interno o externo. Fíjense lo importante de
esta regulación que incorpora los criterios de transparencia, el control,
los ocho criterios comunes ya aprobados en el Consejo de Europa y el
próximo código de conducta que se va a
discutir y a aprobar en mayo. Si se casan esos criterios, España y los
demás países europeos tendrían que prohibir la venta a 24 países y
autorizar la venta de forma muy restringida solamente a 25 países más. Es
decir, tendríamos un criterio muy restrictivo que imposibilitaría la
exportación de armamentos a determinados países, puestos todos en común
por parte de la Unión Europea, y se limitaría a otros países también de
forma claramente muy restrictiva. Pues bien, en el período 1991-1996,
utilizando esos criterios hemos vendido a ocho países de la lista de los
24 no autorizados, que son Angola, Argelia, Indonesia, Irán, Nigeria,
Sudán, Turquía y la ex Yugoslavia, y que con los criterios que ya se han
aprobado en el Consejo de Europa y los que se están discutiendo de código
de conducta nunca se van a poder aprobar. Hemos vendido a 13 países de la
lista de los 25 que se pretendían autorizar con determinadas condiciones
muy restrictivas: Arabia Saudí, Chipre, Colombia, Djibuoti, Emiratos
Arabes, India, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Marruecos, México y Omán.
Es decir, por no incorporar mediante ley los criterios comunes, el código
de conducta, la transparencia y el control, se está posibilitando la
exportación a países que si se incorporaran los criterios ya aprobados no
se podrían exportar. Cada exportación a un país que no tenga resuelto el
tema de los derechos humanos, que pueda crear un conflicto con un país
vecino o que pueda utilizar el armamento para la persecución política,
para la persecución étnica, significa contribuir de forma consciente a
impedir que los derechos humanos en los países puedan desarrollarse y
cumplirse.
Por tanto, señorías, yo les ruego --permítanme un ruego-- que tomen en
consideración algo tan sencillo como esta proposición de ley y que
después presenten enmiendas, textos alternativos o lo que deseen. ¿No es
de lógica, señorías, que algo que está reclamando la sociedad civil con
tanta fuerza, este Parlamento, a veces perezoso, la mayoría de las veces
más lento que la sociedad civil, sea capaz de discutir mediante una ley
una cosa tan importante para un Estado como es la autorización o no o
quién debe autorizar el comercio de armamento? ¿No merece la pena
regularlo por ley y no seguir con un rango menor, en cuanto a la
normativa, desarrollándolo por una directriz? ¿No será serio que este
Parlamento sea capaz de tomar en consideración esta proposición, aunque
después cada uno opte por la propuesta francesa o inglesa, por el código
de conducta más restrictivo o menos restrictivo? ¿No sería mejor
aprovechar esta proposición para que por una vez lo que se está
debatiendo por muchas ONG, por la sociedad civil con mucha fuerza, que es
la exigencia del control, de la regulación de algo tan importante para la
paz en el mundo como es el comercio de armas, se haga mediante una ley?
Por eso les ruego que lo tomen en consideración y que entre todos seamos
capaces de hacer una cosa muy sencilla: la apuesta por la paz.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la proposición de ley?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente. Seré
breve, dado que vamos a participar tres personas del Grupo Mixto.
En primer lugar, estamos debatiendo sobre la toma en consideración, es
decir, si es conveniente, si es oportuno legislar sobre esta materia. Yo
diría que además de conveniente y oportuno es coherente. Si leemos
atentamente lo que aprobamos de forma unánime el 25 de marzo del pasado
año, observaremos que en su momento dijimos de manera clara que había que
incorporar esos ocho criterios a nuestra legislación sobre el control de
armamento. Por tanto, no solamente es conveniente sino coherente.
En segundo lugar, creemos que es necesario establecer una legislación que
de manera clara y muy transparente recoja cuándo y cómo se debe hacer la
exportación de armamento, de material de defensa y de doble uso. Tenemos
que hacerlo de conformidad con esos ocho criterios que, como señalaba el
señor Meyer, fueron aprobados por la Unión Europea en 1991 y 1992.
Además, debemos hacerlo siguiendo la idea que está llevando la
Presidencia británica, con la propuesta franco-británica, de interpretar,
y de interpretar restrictivamente, esos ocho criterios. Creemos que esta
regulación tiene que recoger de manera clara los mecanismos públicos de
control del material de defensa y que esta materia tiene que ser elevada
al máximo nivel legislativo, no sólo dentro de los Estados miembros sino
también comunitario. Estimamos que esta es una oportunidad, aunque luego
discutiremos respecto de cómo debe ser esa regulación. Desde nuestro
punto de vista, el artículo 1º --si la proposición fuera tomada en
consideración-- debiera de ser mucho más restrictivo o tener una
definición mucho más restrictiva, de manera que no nos encontrásemos con
que de repente determinados cuestiones como los barcos no son material de
defensa.
Creemos que en este momento el debate es oportuno, es conveniente y,
añadiríamos, coherente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
En segundo lugar, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición de Iniciativa per Catalunya-Nueva Izquierda en
relación con la proposición de ley de Izquierda Unida y a manifestar
nuestra posición favorable a su admisión a trámite. Creemos que es muy
importante que la Cámara demuestre hoy la sensibilidad que demostró el
día 25 de marzo de 1997, sobre todo cuando el mandato que tenía el
Gobierno ha sido incumplido, como podemos observar a raíz de la
presentación del informe que el Ministerio de Economía ha llevado a cabo
recientemente, en el que la obligación que asumía el Gobierno de
incorporar precisamente los ocho criterios de transparencia del Consejo
Europeo se ha visto flagrantemente incumplida en cuanto que ha sido un
informe conscientemente incompleto, no recoge la totalidad de las
exportaciones, marca una cifra de 17.000 millones para el período
1991-1996 cuando las ONG han dicho clarísimamente que del conjunto de los
materiales de defensa y de doble uso tendríamos que hablar de 40.000
millones anuales. Además, señorías, estamos viendo cómo se están
produciendo negociaciones con Turquía (con lo cual también estamos
incumpliendo un mandato con estos países que están en situaciones de
tensión) en la guerra que está manteniendo con los kurdos, vendiéndoles
por valor de 300.000 millones de pesetas.
Por todo ello es necesario que esta materia tan sensible sea regulada a
través de una ley y no de normas reglamentarias, tal y como se está
haciendo ahora, sobre todo porque comparto el criterio expresado por el
profesor Vicent Fisas en un artículo de reciente publicación en el que
dice que el informe presentado por el Ministerio de Economía constituye
un engaño a la opinión pública, una tomadura de pelo para las ONG y una
burla al mandato del Congreso.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Finalmente, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que presenta Izquierda
Unida trata de regular el comercio exterior de armas y del material de
doble uso. El Bloque Nacionalista Galego no puede más que compartir el
fin que persigue esta proposición de ley, es decir, regular este comercio
exterior, hacer más transparente el tráfico y, por tanto, someterlo a
mayor control parlamentario o controlar las exportaciones dirigidas a
aquellos países que no respetan los derechos humanos o que incluso las
utilizan para reprimir a sus ciudadanos y mantener situaciones de
opresión, y todo ello a través de la puesta en vigor de una legislación
adecuada, una legislación que deje claros cuáles son los límites del
comercio de armas. En este sentido, diversas organizaciones no
gubernamentales expresan su preocupación y realizan campañas de
concienciación de los grupos políticos y de los ciudadanos en general.
Asimismo, en este Congreso se realizaron diversos debates tomándose
distintos acuerdos sobre algunos tipos de armas como las minas
antipersonas, incluso sobre el aumento de la transparencia y control
parlamentario del comercio y, sin embargo, a pesar de algunos timidísimos
avances, la situación permanece igual, por lo que es necesario avanzar en
este terreno legislando sobre la materia si de verdad el Gobierno tiene
intención de caminar hacia una política distinta acerca de este comercio.
Yo creo que está claro que el secreto es una de las bases que rigen este
tipo de comercio en casi todo el mundo. Con el secreto se pretende que la
opinión pública no conozca qué tipo de armas se exportan, a dónde se
exportan y a qué fines las dedican los importadores. Es más que probable
que una buena parte de la opinión pública no estuviese de acuerdo con
esta forma de comercio. También creo que es evidente que existe una gran
hipocresía en esta materia. Mientras a la opinión pública le llegan las
consecuencias de innumerables conflictos, con sus estelas de muerte y
destrucción, se le oculta qué Estados son los que proporcionan las armas,
por cierto cada una con un mayor poder de destrucción. Los Estados
exportadores directa o indirectamente no tienen el menor escrúpulo en
alentar determinados conflictos, muchas veces en su propio beneficio,
incluso conocidos personajes dedicados al tráfico ilegal de armas, que
carecen naturalmente de cualquier clase de ética, son reconocidos
socialmente como si se tratase de un comerciante normal. La realidad, por
tanto, es la que es. Hay que reconocer que la transparencia y el control
parlamentario y, por tanto, social del tráfico de armas es una cuestión
difícil de abordar y sobre todo de solucionar. Yo ya decía que el
secretismo es consustancial con este tipo de tráfico y, por desgracia, es
muy probable que siga siéndolo. Así pues, para nosotros es evidente que
hay que constatar también en esta materia que hay poderosos intereses
económicos y políticos detrás de este tipo de comercio. La producción y
venta de armamento constituye un importante negocio a nivel mundial, se
utiliza como forma de control de intereses económicos y estratégicos por
los países dominantes sobre terceros países, y carece de cualquier
escrúpulo moral; lo fundamental en este tipo de comercio son los
beneficios que genera, por tanto el único límite lo constituyen aquellas
armas que pongan en peligro la supremacía militar de los suministradores.
En todo caso, quiero denunciar esta situación; es importante dar pasos en
la dirección de mayor control democrático, avanzar en el control de los
aspectos más repulsivos del comercio de armas y por eso vamos a apoyar la
toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Este es un tema prácticamente recurrente en este Congreso de los
Diputados desde hace muchos años, y todo dirigido al buen fin de tener un
control y una transparencia informativa del comercio exterior de material
de defensa y tecnología de doble uso. Mi grupo no va a votar a favor de
la toma en consideración de esta proposición de ley que trae el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida por las razones que voy a exponer aquí.
En primer lugar, porque el año pasado --y creo recordar que por las
fechas del mes de marzo-- ya aprobamos dos iniciativas, una del mismo
grupo proponente ahora, de Izquierda Unida y otra proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, que aprobamos aquí creo que por
unanimidad. En ese acuerdo --tomado por unanimidad, como digo-- se
recogían cinco puntos. El primero de ellos hacía mención también de los
ocho puntos aprobados por la Unión Europea respecto al control y
transparencia del tráfico de armamentos; y se obligaba al Gobierno a un
compromiso de ajustar su normativa reglamentaria a estos principios.
En segundo lugar, el Consejo de Ministros del pasado viernes ha aprobado
un reglamento, es decir un principio de base legal, recogiendo aquellos
postulados aprobados por la Cámara en marzo del año pasado, para el
control de la exportación de material de defensa y de tecnología de doble
uso. Nos encontramos por tanto --como he dicho-- en una situación
recurrente.
Nosotros creemos que con aquel acuerdo del Pleno de esta Cámara del
pasado año y el real decreto del Consejo de Ministros del viernes pasado
esta situación está satisfecha, desde el punto de vista de conseguir la
transparencia y el control. Efectivamente, en las normas que la Unión
Europea se ha venido tratando de dar --y digo tratando de dar porque a la
hora de la realidad las cosas no son como parecen--, en 1991 y 1992 la
Unión Europea fue perfilando esos famosos ocho puntos para reglamentar la
transparencia y control de este armamento. Quiero recordar unas acertadas
palabras que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Moya, decía en aquella ocasión: Qué es la cifra significante de este
comercio con relación a las exportaciones españolas, el 0,5 por ciento. Y
con relación al comercio mundial, el 1 por ciento; pero para nosotros, en
nuestra industria productora de este material de defensa y de doble uso,
que no es solamente industria específica de armamento y defensa, es algo
muy importante en la política laboral. Cuando se ha exigido aquí al
Gobierno mantenimiento de puestos de trabajo en Santa Bárbara, en la
Bazán y en los astilleros, tenemos que ser consecuentes con este tema.
Aprovecho la ocasión para dirigirme al partido mayoritario, al Partido
Popular, y decirle que cuenten con nuestro apoyo en toda línea en una
política de créditos, de limitaciones que actualmente tiene el Ministerio
de Economía y Hacienda, porque se da la paradoja de que cuando sale una
gran operación para nuestros astilleros --como es el de la Bazán--,
resulta que tenemos que ir al mercado extranjero a buscar los créditos
para financiar la construcción de cuatro fragatas. Vamos a ser
congruentes y sensatos con nuestra propia política laboral e industrial,
procurando que no se encuentren en Alemania o en Finlandia créditos para
la construcción naval más baratos que los que puedan ofertar la banca
española o los institutos de crédito españoles. Yo no diría que se trata
de hacer una política a la francesa, pero si tenemos que copiar a alguien
copiemos a países aliados nuestros, como Francia o Alemania, que tienen
una política mucho más flexible para esto.
Creemos que España está cumpliendo los controles suficientes, y que con
la base parlamentaria de los acuerdos de 1997 y el acuerdo del Consejo de
Ministros de la semana pasada, podemos encauzar prácticamente cualquier
punto informativo que, a través de las comisiones de Defensa y de Asuntos
Exteriores o de Industria, se pueda obtener de este importante sector
para nuestra economía y para nuestro mundo laboral.
Encontramos también incongruencias en el texto propuesto por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como por ejemplo delimitar las
exportaciones a países que dediquen más del 4 por ciento a sus
presupuestos de gastos militares. Estamos de acuerdo en limitar estas
exportaciones a países que conculcan los derechos humanos, que practican
una política racista, una política agresora contra los Estados soberanos
periféricos a su territorio, que conculcan normas y disposiciones de
Naciones Unidas, pero si no vamos a poder exportar a un país democrático
que tenga su presupuesto de defensa y gastos militares por encima del 4
por ciento del producto interior bruto, dígame entonces a quién vendemos
¿a quien no paga? ¿a los insolventes? Un país puede cumplir con los
derechos humanos pero ser un insolvente financiera y económicamente. A
nuestra industria de material de doble uso y de defensa no la podemos
condenar a vender a los morosos y a los que no pagan; no debemos impedir
operaciones comerciales legítimas y lícitas con países que dediquen más
del 2, 3 ó 4 por ciento de su producto interior bruto a la compra de
armamentos. No podemos aprobar leyes en cuyo artículo primero se diga que
a los efectos de la presente ley se entiende por material de defensa los
equipos, productos y tecnología que se relacionen en las disposiciones
que se publiquen como desarrollo de la presente ley. La ley tiene que ser
objetiva y concreta; eso no se puede decir porque estamos legislando
algunas materias que no sabemos cómo le afectan, y el índice lo hará
posteriormente
una disposición de inferior rango de la Administración competente. Esto
no es serio legislativamente. Por esas razones, mi grupo va a votar en
contra de la toma en consideración de esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para posicionar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en esta proposición de ley reguladora del comercio exterior y de
material de defensa y doble uso.
Entendemos que el debate que hoy plantea el Grupo Federal de Izquierda
Unida es profundamente interesante. Como el señor Mardones recordaba,
hemos tenido ocasión en otros momentos de debatir sobre estas cuestiones
en el Pleno de la Cámara; pero hoy el debate es oportuno, tanto en
función del inicio del cumplimiento de la resolución del 25 de marzo,
como también del debate que se ha abierto en el conjunto de la Unión
Europea en relación a la elaboración del código de conducta con motivo de
la propuesta británica durante su presidencia en la Unión Europea, e
incluso porque es evidente que hoy el conjunto de Estados occidentales
continuamos siendo responsables de buena parte de los conflictos que
suceden en el mundo en relación a las políticas de venta de armamentos,
de comercio de armas que continuamos practicando, y que el conjunto de
Estados occidentales, y también los Estados provenientes del antiguo
bloque soviético y potencias mundiales como China continúan jugando un
papel negativo en el equilibrio mundial sobre estas cuestiones. Debatir
sobre esto nos parece importante.
Existe además un factor puntual: el inicio del cumplimiento de la
proposición no de ley que se aprobó el 25 de marzo de 1997 por unanimidad
del Pleno de esta Cámara. Aquella proposición no de ley, aprobada con el
apoyo de todos los grupos políticos, marcaba cinco cuestiones que todos
entendíamos eran un mínimo común denominador para empezar a avanzar en la
transparencia y en el control democrático por parte de las Cortes
Generales del comercio de armas. Sobre aquellos cinco puntos, el Gobierno
ha empezado hoy el cumplimiento de dos de ellos, en concreto de los
puntos tercero y cuarto; el tercero, que hacía referencia a una
divulgación con carácter anual de los datos esenciales, publicada
recientemente en el Boletín de Comercio, y el punto cuarto, en el que
hablaba de enviar semestralmente estas informaciones a las comisiones de
Defensa y de Asuntos Exteriores.
El Gobierno aún no ha cumplido los puntos primero, segundo y quinto de
aquella proposición no de ley. El primero y el segundo hacen referencia a
la incorporación en la materia de la legislación de los criterios de la
Unión Europea, y el punto quinto trata de facilitar a las comisiones de
Defensa y de Asuntos Exteriores la lista de Estados que incumplían la
defensa de los derechos humanos o que estaban en situación de
conflictividad o de militarización. Es evidente que cuando debatamos,
cuando analicemos esta cuestión hemos de partir de que lo que se aprobó
el 25 de marzo está por cumplir.
Nuestro grupo parlamentario entiende que los esfuerzos políticos debemos
situarlos en el cumplimiento estricto de la resolución aprobada por el
Congreso de los Diputados. El camino a recorrer hasta llegar a plantear
una ley de las características que nos plantea Izquierda Unida, necesita
aún el aprovechamiento de todas las posibilidades políticas y legales que
marcaba aquella resolución que todos entendíamos en aquel momento era un
texto positivo, un texto de mínimos que permitía un consenso en la
Cámara, pero un texto que permitía muchas posibilidades.
El Gobierno aún ha de cumplir buena parte de aquella proposición no de
ley y coincido con algunas otras intervenciones empezando por la del
señor Meyer, de que el Gobierno en su primer cumplimiento y según la
información que nos ha facilitado, se aleja del espíritu que marcaba la
resolución del Congreso. La información que hoy se ha trasladado a la
Cámara no permite a este Congreso, no permite a las comisiones de Asuntos
Exteriores y de Defensa entrar en un debate a fondo sobre la política de
comercio de armas.
Vamos a esperar que se produzca el informe para 1997, porque nos parece
que ahí existe un compromiso de dar información por Estados y por
conceptos de armamento. Esa mínima información es necesaria. Si para 1997
el Gobierno vuelve a dar la misma información que la del período de 1991
a 1996, vamos a tener que plantear iniciativas políticas tendentes a
corregir esa situación. Por tanto, aún estamos en fase de cumplimiento de
aquella resolución y hoy no nos podemos sentir satisfechos respecto al
primer compromiso que el Gobierno asumió en aquel momento.
En segundo lugar la semana pasada, y en estos momentos también, ha habido
encuentros de diversos diputados y senadores de las Cortes con las ONG de
la campaña por la transparencia de las armas y se nos planteó que en
términos políticos lo urgente en esa materia es la posición española en
el seno de la Unión Europea, favorable a la elaboración de un código de
conducta que sea estricto y restrictivo. La preocupación que trascendía
de aquella reunión, como también trascendió en algunas sesiones de
control del Pleno del Congreso y a través de los medios de comunicación,
es que la posición española en el seno de la Unión Europea no está siendo
activa como las de otros Estados. Por tanto, nos parece importante que el
debate de hoy sirva para que los representantes del Grupo Parlamentario
Popular se posicionen --hay que decirlo-- en la misma linea que el
ministro de Economía, señor Rato, cuando se pronunció de manera
inequívoca al entender que la posición del Gobierno español en esta
materia va a ser para que en esta Presidencia británica haya un código de
conducta que sirva para controlar el comercio de armas.
Ese código de conducta debe prever un control parlamentario riguroso, el
uso final de las armas que se puedan vender, debe prever también el
control de la fabricación bajo licencia, su revisión anual y debería
concretar más las directrices en relación a los derechos humanos y a las
consecuencias para la seguridad regional que este comercio tiene.
El señor Mardones, el señor Meyer y la señora Rivadulla nos ponen el
ejemplo de situaciones donde existe una evidente contradicción entre
estos criterios y las políticas concretas que se aplican. Hoy en esta
materia la prioridad es esa: trabajar por el código de conducta europeo
que responda a estos principios y es también la prioridad que el mundo no
gubernamental activo en esta materia nos plantea en dos retos: el
desarrollo de la resolución de 25 de marzo y trabajar por la elaboración
de este código de conducta.
Desde esta perspectiva sería bueno y sería positivo que Izquierda Unida
retirase su proposición de ley, que no pidiera su votación y que
continuásemos explotando las posibilidades que la resolución de 25 de
marzo nos daba. Aquel texto fue elaborado por consenso, todos los grupos
hicimos un esfuerzo, empezando por el Grupo Parlamentario Popular, para
crear ese mínimo común denominador y nos parece que aún nos queda mucho
para avanzar y desarrollar en ese mínimo.
Entendemos que seguramente en una perspectiva de medio plazo deberemos
acabar legislando a través de ley en esta materia, pero nos parece que
las posibilidades que nos daba el texto de 25 de marzo aún son muchas y
muy importantes.
Nos gustaría que Izquierda Unida tuviese en cuenta esta reflexión
nuestra. Si no fuese así, nuestro grupo no va a poder dar su apoyo a la
tramitación de esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista saluda la intención loable que tiene el Grupo de
Izquierda Unida al traer aquí a la Cámara este debate, pero por una serie
de razones que voy a tratar de explicar, no parece que sea el mejor
instrumento o el instrumento más adecuado para regular una materia tan
sensible.
Esta proposición de ley de Izquierda Unida que hoy se trae a la Cámara es
exactamente la misma que planteó en 1996 sin cambiar una sola coma
--exactamente la misma--, que la propia Izquierda Unida retiró en 1997 y
se sumó al consenso de toda la Cámara de una manera también muy activa
mediante la resolución de marzo de dicho año 1997.
Quiero decir que todos los grupos de la Cámara, y el Grupo Socialista
presentó una iniciativa a este respecto, hicimos el esfuerzo por llegar a
un consenso en esta materia, consenso que fue trabajoso y trabajado
durante un año de negociaciones entre todos los grupos y que, a mi
juicio, no debe tirarse por la borda, no debe minusvalorarse, ni debe
ponerse en franquía simplemente porque hayan transcurrido diez meses y el
Gobierno haya hecho de él en la primera ocasión que ha tenido un uso
deficiente a la hora de suministrar información a la Cámara sobre esta
materia.
Estamos por tanto con la cobertura de una resolución unánime aprobada por
la Cámara, que es muy explícita, que tiene los cinco puntos a que ya se
han referido otros portavoces, que son suficientemente expresivos de la
sensibilidad del Parlamento en esta materia, que regulaba aspectos tan
importantes como la incorporación de los ocho criterios comunes, como la
divulgación de los datos esenciales también por países de destino, la
información semestral a las Cámaras a las comisiones sobre los datos de
las exportaciones, la facilitación también a las Cámaras, a las
comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores de la lista de países que no
se encontraban en situación de embargo por Naciones Unidas, etcétera. Se
trata de poner en valor y de exigir el cumplimiento de esa resolución, no
de eliminar ahora por otra vía diferente el contenido y la virtualidad de
esa resolución.
Nos costó trabajo, nos costó esfuerzo, sacamos un texto aprobado por
unanimidad y en este momento no tiene sentido resucitar por parte de
alguno de los grupos que estuvimos en ese consenso el mismo texto que con
anterioridad podíamos tener particularmente cada grupo, sino simplemente
exigir el cumplimiento de esa resolución, ponerla en valor, reclamar al
Gobierno los compromisos a que se ve obligado a cumplir como consecuencia
de esa resolución pero, vuelvo a insistir, darle el valor debido que esa
resolución sigue teniendo y que está vigente con toda claridad.
Por otra parte, ya ha hecho el representante de Izquierda Unida algunas
referencias al rango normativo, a la necesidad de elevar el rango
normativo en esta materia, sin entrar en una discusión sobre si esta
materia en un futuro y una vez que el código de conducta a nivel de Unión
Europea tenga plasmación ya más concreta, deberá regularse probablemente
a nivel de ley, sí está claro que en este momento la vía reglamentaria o
la vía que ahora ampara esta normativa legal trae causa de una ley
orgánica; no olvidemos que trae causa concretamente de la Ley Orgánica
3/1992, de 30
de abril, en la que se remite a su aprobación por el Gobierno mediante
real decreto --se dice en esa ley orgánica-- las relaciones de material
de defensa y doble uso así como los requisitos, condiciones y
procedimientos a que se sujetarán las autorizaciones de exportación de
dicho material. Esa ley orgánica fue aprobada aquí por unanimidad;
Izquierda Unida no planteó a esa ley orgánica ninguna enmienda. Incluso
en el debate el representante de Izquierda Unida dijo que saludaba esta
ley orgánica en la medida que venía a reforzar las medidas de control
sobre el comercio exterior de armas.
Quiero decir que hay una ley orgánica vigente que ha dado cobertura a que
toda su regulación posterior se haya hecho por vía reglamentaria, por vía
de real decreto, lo cual no quiere decir que en el futuro esto tenga que
ser siempre así. Probablemente cuando el listón de las exigencias dentro
de la Unión Europea se eleve, a lo mejor tendremos que acudir a un rango
normativo para desarrollar toda la materia; pero hoy por hoy, no quiere
decir que no exista una cobertura legal ya que ésta existe en esa ley
orgánica que se aprobó por unanimidad en esta Cámara; pero ese tema no
tiene tanta entidad como la necesidad, a mi juicio, de poner en valor la
resolución de 25 de marzo que por unanimidad aprobamos todos los grupos
de la Cámara en relación con esta materia.
Entiendo que el Grupo de Izquierda Unida o cualquier otro grupo ante dos
hechos que todos los portavoces hemos calificado de muy importantescrea
necesario abrir un debate sobre esta materia, pero nos parece que la vía
más adecuada no es la de resucitar una proposición de ley antigua.
Nosotros hemos escogido otra vía. Ante las informaciones que el Gobierno
ha suministrado sobre las exportaciones de los últimos cinco años
--informaciones que casi todos los grupos hemos considerado que son
insuficientes y deficientes--, hemos solicitado en la Comisión de
Defensa, hace más de un mes, la comparecencia del secretario de Estado de
Comercio para que informe al respecto. Por lo que se refiere al código de
conducta hemos tenido reuniones con los demás grupos, con las ONG y
estamos en el umbral de un debate importantísimo en el que habrá que
elevar el listón a nivel de Unión Europea sobre esta materia. También
tenemos solicitada en la Comisión de Defensa desde hace más de un mes
--prácticamente hace dos meses--, la comparecencia del Ministro de
Defensa para que explique la posición española ante el código de conducta
y ante la iniciativa franco-británica en esta materia.
Creo que hay que situar cada ámbito de discusión en sus justos términos.
Vamos a debatir sobre el código de conducta en sus ámbitos y sobre los
incumplimientos del Gobierno, haciendo valer la resolución que todos los
grupos nos hemos dado, pero recurrir a una iniciativa legislativa que
está lejana en el tiempo, que quedó superada por la voluntad unánime de
todos los grupos, incluso por el propio Grupo de Izquierda Unida, me
parece que no es el mejor instrumento para este debate.
Esto no quiere decir que no vayamos a tener debates sobre cumplimientos
del Gobierno y sobre el código de conducta, porque hay iniciativas de mi
grupo y de algún otro también en la Comisión de Defensa. Por tanto en los
próximos meses, porque hay iniciativas pendientes, debatiremos sobre
estas materias.
A mi grupo le parece que no es el mejor camino, al hilo de esta
proposición de ley, tratar con serenidad, con firmeza y, al mismo tiempo
con seriedad, un tema de una naturaleza tan sensible. Consiguientemente
no vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley y
nos vamos a abstener en la votación porque queremos salvar la buena
intención del Grupo de Izquierda Unida en plantear este debate; debate
que sirve, al mismo tiempo, de una llamada de atención al Gobierno para
el cabal cumplimiento de las resoluciones, y en concreto de la de 25 de
marzo, y ahora que tiene pendiente el informe de 1997 debe esmerarse más
en ajustarse a dicha resolución. Por tanto, en la medida que sirve de
llamada de atención al Gobierno, nuestro voto no será en contra sino de
abstención en cuanto a esta resolución, resolución que saludamos en
cuanto al espíritu y a la intencionalidad por parte del Grupo de
Izquierda Unida, pero creemos que si se encuentra superado por el
espíritu de consenso que se dotó esta Cámara en la resolución explícita,
clara y exigente de hace un año, en este momento procede exigirnos a
todos, y fundamentalmente al Gobierno, su cabal cumplimiento en esta
materia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Moya.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que el señor Meyer ha calificado a este parlamento, y en
consecuencia también a sus parlamentarios, de perezosos y lentos en
ocasiones.
Señor Meyer, yo le recordaría --ya lo han hecho otros que me han
precedido en el uso de la palabra-- algunas cuestiones... (Rumores.) El
señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento señor Izquierdo, a ver
si conseguimos silencio.
Señora Rubiales, por favor; señora Riera y la que está detrás de la
columna que no distingo desde aquí; señor Mardones. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Como decía, señorías, el señor Meyer ha dicho en su intervención que este
Parlamento es a veces perezoso y lento. Podíamos contestar al señor Meyer
con un refrán, castellano por más señas, que dice que no por mucho
madrugar amanece más temprano. Al hilo de este refrán le recordaría todas
aquellas iniciativas parlamentarias o de Gobierno que en la actual
legislatura o en otras anteriores han tenido lugar con estas cuestiones.
Señor Meyer, con sinceridad y con cortesía, creo que precisamente el
Parlamento, y menos en esta legislatura, no es perezoso ni lento en estas
cuestiones.
Le recordaría, señoría, que el Gobierno actual en mayo de 1996, creo que
una semana después de tomar posesión, tomó acuerdo en el Consejo de
Ministros de algo tan importante y que tanta relación tiene con esto como
fue la prohibición de las minas antipersonales. Además entonces se
anunció también, creo que nueve días después de tomar posesión el actual
Gobierno, que España aplicaba sin esperar a las disposiciones
comunitarias los ocho criterios comunes adoptados en 1991 y 1992 por los
Consejos Europeos de Bruselas y Lisboa.
Le recordaría, señor Meyer, que el 19 de febrero del siguiente año el
vicepresidente primero del Gobierno en esta Cámara y a preguntas de este
diputado, además de anunciar la prohibición de las minas antipersonales,
anunciaba una reglamentación específica sobre el comercio exterior de
armamento y material de doble uso.
Unas semanas después o quizá un mes después, el 25 de marzo fue cuando
los grupos parlamentarios de mutuo acuerdo aprobaron un texto conjunto en
el que se establecían una serie de mandatos al Ejecutivo.
También el vicepresidente primero del Gobierno recientemente, estas
Navidades, con motivo de otra pregunta parlamentaria del diputado señor
Campuzano, creo recordar, anunciaba el real decreto que finalmente ha
visto la luz el pasado viernes 27 de marzo en el último Consejo de
Ministros. Lo tiene S. S. en la documentación que todos los diputados
tenemos y que los servicios de la Cámara nos facilitan.
Además, el vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rato, anunciaba
entonces, señorías, que España --y con ello quiero disipar las dudas que
de SS. SS. han planteado-- lógicamente espera con un elemental sentido de
la prudencia la concreción de la propuesta británica sobre el código de
conducta y que, en cualquier caso, España va a estar con sus socios
comunitarios en la adopción de un código de conducta que regule el
comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
El real decreto que el Gobierno ha aprobado el viernes pasado, esto es el
27 de marzo, define exactamente los requisitos, condiciones y
procedimientos de autorización para este tipo de comercio, al igual que
los criterios que se tendrán en cuenta para la concesión, denegación o
revocación de una licencia de exportación o de importación, e incluye,
señorías, los ocho criterios comunes acordados por los Consejos Europeos
de Luxemburgo y Lisboa, de acuerdo también, señorías, con la proposición
no de ley aprobada por unanimidad en esta Cámara el 25 de marzo de 1997.
Por tanto, señorías, es preciso recordar que se ha cumplido más de lo que
se ha dicho de aquel compromiso del Gobierno. En concreto, el real
decreto lo que hace es incorporar a la legislación interna, a nuestro
derecho, las disposiciones comunitarias. En el anexo I de este real
decreto se han incluido, para tranquilidad de SS. SS., el armamento
convencional, armas ligeras, bombas, piezas de artillería, misiles,
vehículos blindados, aviones y helicópteros de combate, barcos de guerra,
y también, señor Meyer, los productos que, sin ser armas de guerra, están
específicamente diseñados para su uso militar, como sistemas de
comunicaciones, radares, equipos electrónicos, simuladores, etcétera, y
también el material policial y de seguridad.
Señorías, con la aprobación de este real decreto se pone al día la
legislación española para adecuarla a nuestros compromisos
internacionales y a los acuerdos adoptados por la Unión Europea. Tal y
como se ha señalado antes, el Gobierno, en las próximas semanas, a través
de una orden ministerial, completará este real decreto y vendrá a regular
todo lo referente al procedimiento y la tramitación de las
correspondientes autorizaciones de exportación o de importación.
Señorías, permítanme que entre, aunque sea de modo breve, en el contenido
de la iniciativa que hoy discutimos. Nuestro grupo parlamentario cree que
esta iniciativa de Izquierda Unida no tiene en cuenta la normativa
europea y en algunos de sus aspectos, aspectos fundamentales, es
claramente contradictoria. Existen lagunas en la redacción que se nos
propone en materias tan importantes como la autorización de las
importaciones, el sistema sancionador y la relación con otros regímenes
comerciales. Además, señor Meyer, la definición de material de defensa y
de material de doble uso, conceptos esenciales en lo que su grupo
pretende, brillan por su ausencia en todo el texto legal que se nos
presenta. Se dice --y usted lo ha repetido aquí-- que toda la regulación
vigente es de rango inferior a la ley --ya se lo ha recordado el portavoz
del Grupo Socialista y lo hago yo ahora--; creo que no es cierto,
señoría. La Ley orgánica 3/1992 mantiene en vigor sus artículos 2 y 3 con
rango de ley ordinaria; por tanto, tenemos legislación vigente en España.
Permítanme que haga una pequeña defensa y que no se entienda como ánimo
corporativo. Señorías, nada se sustrae a la esfera del Legislativo, y ha
sido precisamente el Legislativo el que ha marcado al Ejecutivo su ámbito
de actuación en el pasado y ahora, encomendándole una función normativa
en su área normal de actividad, que no puede ser otra que la
Administración. Les recuerdo la Ley de 25 de marzo y el real decreto
aprobado por el Gobierno el 27 de marzo del presente año, por tanto el
viernes pasado.
En definitiva, señorías, la propuesta de su grupo parlamentario no nos
parece oportuna, como ya se ha dicho. El Gobierno ha aprobado ya ese real
decreto que regula este comercio y que fue solicitado por estas Cortes.
Pensamos que no es necesaria tampoco puesto que existe un completo
esquema legal: leyes orgánicas, como la 3/1992, la 12/1995, el reglamento
comunitario 3381/94 y, finalmente, el real decreto aprobado por el
Gobierno la semana pasada y la orden ministerial a la que se remite.
Señoría, permítame que le diga, con toda cortesía, que pensamos que su
iniciativa parlamentaria, quizá por haberse repetido en el tiempo, como
han dicho otros portavoces, tiene graves defectos en su redacción, si se
quiere técnicos, que aumentan enormemente la confusión.
Algunas de SS. SS. se han referido a determinadas críticas que
organizaciones no gubernamentales han efectuado en fechas recientes al
Gobierno por el cumplimiento de lo que fue uno de los mandatos de este
Parlamento: la publicidad y la transparencia en el comercio de armas
desde 1991 hasta 1996. Quizá, no es ahora el momento de rebatir una por
una las críticas que se han hecho, pero permítanme que les diga que no
está en el ánimo del Gobierno --no podía ser de otra manera-- ni de la
Administración ocultar información, señor Moya, sobre operaciones de
exportación de armas, por varias razones. Primero no tendría sentido
ocultar información puesto que corresponden a un período que, casi en su
totalidad, es responsabilidad del gobierno anterior. Por tanto, ¿qué
interés político puede haber en ocultar información?. Ninguno. Y tampoco
se oculta información. Segundo, si las críticas se refieren, según
algunas organizaciones no gubernamentales o según SS. SS., a operaciones
de exportación cuyos destinos no están sujetos a embargos ni
restricciones por los foros internacionales a los que España pertenece,
tampoco tiene sentido la crítica.
En el informe publicado por el Gobierno en el ICE se especifica
claramente que los datos que se publican se obtienen a partir de las
posiciones arancelarias específicas del armamento. Los datos de 1997 ya
se podrán obtener a partir de licencias autorizadas, lo que permitirá
incluir productos que, no siendo propiamente armas, sí son material de
defensa. También se podrán incluir los productos de doble uso. Ahora no
se pueden incluir simplemente por un problema en la base de datos del
servicio de aduanas. Hay que tener presente que la proposición no de ley
que aprobó esta Cámara es de 1997, y hasta ese momento la información
estaba amparada por el secreto oficial, por lo que en los años 1991 a
1996 no se habían previsto mecanismos para divulgar esta información. Por
tanto tampoco es una crítica que quiera hacer a la anterior
Administración. No había mecanismos para divulgar esta información y, por
tanto, tampoco había mecanismos informáticos para tener los datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Izquierdo, le ruego
concluya, por favor.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy terminando, señor presidente.
Si se pretende hacer una crítica constructiva, se debería esperar al
informe del Gobierno de 1997.
Señorías, voy a terminar diciendo que España está trabajando, desde hace
bastantes años y de modo muy significativo, por la transparencia y el
control del comercio internacional de armamento y material de doble uso.
La posición internacional de España es de un enorme prestigio en el
concierto internacional por la orientación clara de su política exterior
y también por su proyección exterior en favor de los derechos humanos y
las libertades, la justicia y la solidaridad internacional. Intentar
establecer algún tipo de duda es algo que no puede tener eco porque no se
ajusta a la realidad. Como nos recuerda el último informe del Comité de
ayuda al desarrollo de la OCDE, España realiza una especial contribución
para el desarrollo en Iberoamérica y representa un papel importante en la
construcción de la paz, la gobernabilidad, los derechos humanos y la
democracia en América Central, Africa, Europa, etcétera. Esta es la
posición de España en el mundo. Esa es exactamente, señor Meyer, la
posición de nuestra industria de defensa y de nuestras Fuerzas Armadas,
de nuestra política exterior y de nuestra política de cooperación al
desarrollo que, por cierto, señorías, todos los años invierte diez veces
más que lo que supone el comercio exterior de armamento.
La duda también puede tener su origen en la sorpresa que a algunas de SS.
SS. les causa el hecho incontestable de que con el Gobierno del
presidente Aznar, este Parlamento y el apoyo de sus socios
parlamentarios, las cosas van más deprisa. Se han aumentado y fortalecido
las políticas de solidaridad dentro y fuera de España, y también el apoyo
decidido a las organizaciones no gubernamentales, a las que S. S. ha
hecho referencia, y a la sociedad civil en general; se han prohibido,
como he dicho antes, las minas antipersona y ahora se está regulando el
control y la transparencia del comercio de armamento.
Algunos deberían acostumbrarse a la sorpresa pues, junto a nuestros
socios parlamentarios, tenemos el firme propósito de ir muy lejos en la
defensa de los derechos humanos, las libertades y también de la paz.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Izquierdo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, reguladora del comercio
exterior de material de defensa y de material de doble uso.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 17; en contra, 160; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION
PARCIAL DE LA LEY 28/1984, DE 31 DE JULIO, DE CREACION DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA. (Número de expediente 122/000059)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RIVADULLA GRACIA), SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY 28/1984, DE 31 DE JULIO, DE CREACION DE LA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA, PARA HACER POSIBLE LA CESION
GRATUITA DE TERRENOS, INMUEBLES E INSTALACIONES MILITARES DESAFECTADAS.
(Número de expediente 122/000129)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones de ley del Grupo Popular y del Grupo
Mixto (señora Rivadulla), sobre modificación, la primera, de la Ley de
creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, y lo mismo la
segunda, que añade: para hacer posible la cesión gratuita de terrenos,
inmuebles e instalaciones militares desafectadas. Se van a tramitar
conjuntamente, comenzando por la presentación de la del Grupo Popular,
para lo cual tiene la palabra el señor Fernández de Mesa Díaz del Río.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia) El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
presidente.
Señorías, presenta el Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley
que pretende modificar de manera parcial la Ley 28/1984, de 31 de julio,
de creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, una ley que,
desde nuestro punto de vista, contiene dos criterios excesivamente
rígidos y que, a nuestro entender, deberían modificarse. Por ello,
entendemos que la onerosidad como requisito esencial para los actos de
disposición que lleve a cabo la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa, por un lado, y la obligación de destinar los fondos conseguidos
a la obtención de recursos para las instalaciones militares que
satisfagan en cada momento la necesidad en esta materia, por otro, hacen
necesaria la presentación... (Rumores) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández de Mesa, un momento, por
favor.
Señorías, les ruego que guarden silencio. Es imposible que el resto de
los diputados o diputadas que quieran intervenir puedan estar enterándose
de lo que dice el señor Fernández de Mesa.
Puede continuar, señoría.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Decía que por ello estimábamos necesaria la presentación de la
proposición de ley que ahora debatimos y que consta de un artículo único
que da nueva redacción al apartado 4º del artículo 2 de la Ley 28/1984,
dejándolo de la forma en que está redactado según el Boletín Oficial de
las Cortes en el que ha sido publicado, cuya lectura evito a SS. SS. en
aras de la brevedad.
El Grupo Parlamentario Popular ha querido hacer una modificación en unos
aspectos muy concretos. Por ello, las novedades que introducimos son las
dos que a continuación voy a referir y que consideramos de sumo interés.
En primer lugar, que los recursos obtenidos por la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa puedan dedicarse a la financiación,
adquisición y mantenimiento de armamento y material y, en segundo lugar,
que tengan cabida las cesiones gratuitas para fines de utilidad pública o
de interés social de aquellos inmuebles cuya enajenación no represente
interés económico cierto para el Ministerio de Defensa.
La primera de ellas, la posibilidad de diversificar el destino de los
recursos obtenidos por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, se
ha convertido ya en realidad, pues la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos para el año
1997, en su disposición adicional novena incorpora literalmente los tres
primeros párrafos de la modificación propuesta en esta iniciativa. Se
trataba de una antigua aspiración del Grupo Parlamentario Popular que ya
mostró su postura favorable en la legislatura pasada, cuando con motivo
de la tramitación parlamentaria de la Ley 32/1994, de 19 de diciembre,
por la que se prorrogaba la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de
la Defensa y se modificaba parcialmente la ley de creación del mencionado
organismo, presentó una enmienda al artículo 2, párrafo cuarto,
pretendiendo que la obtención de recursos sirviera para satisfacer en
cada momento las necesidades de material o infraestructura de la defensa.
Y como justificación se decía que se consideraba conveniente autorizar al
ministro de Defensa a reinvertir los beneficios de las enajenaciones no
únicamente en la mejora o adquisición de nuevas instalaciones, sino
también en la necesaria y urgente
modernización del material de las Fuerzas Armadas. La enmienda fue
rechazada en el debate en Comisión, con competencia legislativa plena,
con los votos en contra de los grupos, incluido el Grupo Parlamentario
Socialista.
La segunda de ellas, que se refiere a la posibilidad de cesión gratuita
de determinados bienes, también ha tenido su tratamiento parlamentario en
la IV, V y VI legislaturas, algunas de ellas bien recientes.
En cuanto a la iniciativa presentada, el Grupo Parlamentario Popular
entiende que es necesaria y conveniente, tanto para la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, para el propio Ministerio de Defensa, como
para los organismos autonómicos, provinciales o administraciones locales,
que podrán dar un mejor uso a las instalaciones que hayan quedado
desafectadas para la defensa nacional.
Quiero, señor presidente, en este mismo turno, fijar nuestra postura
contraria a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
que persigue objetivos similares a los que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, pero difieren en determinados aspectos que, a
continuación, voy a exponer. En su apartado primero, relativo a la cesión
gratuita de los bienes que dejen de tener interés para la defensa,
conviene recordar que, efectivamente, lo que persigue la ley es la
obtención de recursos para sufragar las necesidades de las Fuerzas
Armadas en materia de infraestructuras y en materia de armamento, sector
especialmente afectado por los constantes recortes presupuestarios
durante los últimos ejercicios; recursos que siguen siendo necesarios hoy
día, sobre todo si tenemos en cuenta que caminamos hacia la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, algo que demanda la sociedad
española y para lo que esta Cámara ha adquirido el compromiso de dar
respuesta inmediata para conseguir un ejército profesional en el tiempo
más breve posible, fijado por el Grupo Parlamentario Popular, fijado por
el Gobierno, pero en plena discusión en la ponencia, para el día 1 de
enero del año 2003.
La proposición del Grupo Popular contempla la cesión del uso indefinido
de aquellas propiedades desafectadas que no tuviesen valor económico de
mercado, por no haberse podido vender ni permutar, siempre que esta falta
de interés no hubiera sido provocada por quien pretendiese la cesión
gratuita. Por ello, pretendemos corregir situaciones en las que dicho
patrimonio se pueda ver dañado por su inutilización. De todas formas hay
que tener en cuenta que durante estos últimos años se han suscrito con
ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y entidades sin ánimo
de lucro, un número muy importante de convenios que han permitido
adquirir propiedades militares para cubrir necesidades sanitarias, de
enseñanza, espacios verdes y un largo etcétera, teniendo en cuenta como
dato importante a resaltar que en el año 1997 se han firmado en torno a
15 convenios de esta naturaleza.
En el apartado segundo de la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, Nueva Izquierda, relativo a la conservación y mejora
de los bienes con valor histórico artístico medioambiental, obligación
que ya impone la propia Gerencia de Infraestructura, así como la de
presentar con carácter anual --supongo que ante el Congreso de los
Diputados-- un catálogo de dicho bienes y de las actuaciones realizadas o
previstas por los mismos, la rechazamos por innecesaria, toda vez que la
legislación vigente contiene medidas de protección de tales bienes,
imponiendo a los propietarios sin distinción obligaciones muy estrictas
que pueden llegar incluso a la expropiación forzosa. El resto sería
imponer unas restricciones a los bienes patrimoniales puestos a
disposición de la Gerencia de Infraestructura que no operan respecto a
los que administra la Dirección General del Patrimonio del Estado del
Ministerio de Economía y Hacienda.
En cuanto a la parte de este segundo apartado que habla de la
presentación con carácter anual de cómo se encuentra este catálogo de
dichos bienes, es bien cierto que cuando se solicita en el Congreso de
los Diputados, a través de las iniciativas correspondientes, como hemos
visto durante las últimas legislaturas, ha sido el propio ministro o
incluso el secretario de Estado de la Defensa quienes lo han presentado
sin ningún problema, bien en iniciativas orales, bien en respuestas
escritas.
El tercero y último de los aspectos afecta a la actual composición del
Consejo Rector de la Gerencia de Infraestructura, que contempla el
artículo 6 del reglamento de la Ley del año 1984, que responde a la
naturaleza de los bienes sobre los que recae la actividad de dicho
organismo autónomo; bienes de titularidad estatal, por lo que no se
justifica que en este Consejo entren representantes de comunidades
autónomas o de la Federación Española de Municipios y Provincias, aunque
en el momento en el que se hayan firmado o se vayan a firmar convenios
con cada una de estas instituciones se formen comisiones paritarias en
las que, por supuesto y como hasta ahora, tengan cabida representantes de
la administración firmante o receptora del bien desafectado y el propio
Ministerio de Defensa.
Por todo ello, señorías, entendemos que con la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular se produce un avance
importantísimo. De un lado se recoge la posibilidad de reinvertir en la
modernización de las Fuerzas Armadas, tan necesario desde nuestro punto
de vista, y por otro, la posibilidad de ceder gratuitamente el uso, que
no la titularidad, de aquellas instalaciones abandonadas que puedan ser
utilizadas por otras administraciones públicas para beneficio del pueblo
en su conjunto.
Es éste, por fin, señor presidente, el parecer y posición del Grupo
Parlamentario Popular, tanto en la proposición de ley presentada por
nosotros como en la fijación
de nuestra posición en la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la presentación de su
iniciativa y para fijar posición con respecto a la anterior, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna en nombre de las diputadas y diputados de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya para presentar y defender la toma en
consideración de una proposición de ley que pretende reformar la Ley de
la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Persigue nuestra
proposición una reforma parcial, por razones técnicas, aunque va al
corazón del problema; no ambiciona ser una simple operación de maquillaje
de resultado incierto. O se solucionan los problemas de fondo, a los que
luego me referiré, o esos problemas se eternizarán e irán cada vez a más.
La ley 28/1984, de 31 de julio, respondía a unas necesidades concretas:
gestionar y obtener rentabilidad de bienes e instalaciones militares
desafectadas, creando para ello un instrumento técnico ágil, o
presuntamente ágil, como era la Gerencia, o, como habitualmente se
denomina, la Gindef. Sin embargo, pese a algún acierto en ese modelo, los
problemas que se han producido posteriormente, prácticamente desde el día
de su aprobación, han venido derivados del concepto básico que implantaba
esta ley, que es el concepto de rentabilidad que se utilizó y que se
sigue utilizando. Unicamente se contempla en un sentido económico,
desconociendo otro concepto posible y mucho más importante, que es el
concepto de rentabilidad social a unos bienes que han dejado de cumplir
la función para la que fueron creados, pero que, sin embargo, siguen
existiendo.
La situación actual puede describirse como un círculo vicioso, como una
acumulación creciente de problemas puntuales y de malestar tanto en el
poder local como en los mismos ciudadanos. En efecto, al prohibirse la
cesión gratuita de las instalaciones militares desafectadas, la cuestión
se trasladaba en muchos casos a la posibilidad que los ayuntamientos
tengan para poder comprar estos bienes, o bien se abre sin más la puerta
a la compra por personas o empresas privadas.
Pero el primer problema se deriva de que los bienes desafectados son un
conjunto muy heterogéneo. Encontramos caminos, baterías de costa,
comandancias y ayundantías de marina, polvorines, viviendas, cuarteles,
aeródromos, etcétera. Intentar aplicar los mismos criterios a todos los
bienes conduce a algunos sinsentidos. Desde luego, la mayor diferencia es
la que se produce entre cuarteles, normalmente edificios y terrenos muy
grandes instalados en los cascos urbanos, y las pequeñas parcelas
existentes en el medio rural.
Pero el mayor problema lo ofrecen, como digo, esos inmuebles ubicados en
los cascos urbanos, porque los elevados precios pedidos por la Gindef
imposibilitan que la mayoría de ayuntamientos u otras entidades o
corporaciones locales puedan comprar en un tiempo previsible, teniendo en
cuenta además el fuerte endeudamiento de los ayuntamientos españoles. De
esta forma encontramos numerosísimas instalaciones cerradas años y años:
por un lado, los ayuntamientos no pueden pagar y, por otro, por razones
políticas obvias, sería muy difícil que se produjera una venta a
particulares. La oposición ciudadana y del propio ayuntamiento en
cuestión seguramente lo haría inviable.
En definitiva, los ciudadanos y ciudadanas no pueden entender cómo hay
instalaciones cerradas cuando hay necesidades en sus municipios; no
pueden entender que una administración pretenda cobrar a otra muchos
millones. Además, en muchos casos los edificios tienen un valor
histórico-- artístico sentimental y, siento discrepar del portavoz del
Partido Popular, muchos de estos cuarteles están en una situación penosa,
desmoronándose y sin ser debidamente cuidados.
Se da también la situación de que en muchos casos fueron antiguas
donaciones de las ciudades al ejército. Basten algunos datos para
comprender la magnitud de la cuestión: entre mayo de 1996 y octubre de
1997, año y medio, se produjeron 77 ventas, de las cuales sólo cinco
fueron a través de convenios con ayuntamientos. El valor de la venta fue
de 14.000 millones de pesetas, en números redondos, y el de las cinco
actuaciones con ayuntamientos de 1.600 millones de pesetas. Se aprecia,
por lo tanto, una privatización de bienes y terreno público y poca
capacidad de intervención municipal. Además, en octubre de 1997 había 478
parcelas en venta, en algunas comunidades autónomas o provincias con un
número elevadísimo de parcelas, sobre todo en A Coruña, Ceuta, Melilla,
Canarias, Baleares, Cádiz y Madrid, y se anuncian nuevas desafecciones de
bienes muy importantes, por ejemplo, de las instalaciones del Ejército
del Aire en Manises.
Por tanto, hay que buscar una solución y no aplazar el problema. Nosotros
entendemos que la proposición del Grupo Parlamentario Popular --bajo el
manto de una buena intención, porque permite plantear la cuestión-- no va
a solucionar el problema. Posiblemente la proposición del Grupo
Parlamentario Popular, presentada hace ya muchos meses, fue el resultado
de alguna presión de los propios alcaldes del Partido Popular. Sin
embargo, no se acaba de entender por qué ha tardado tantos meses en
llegar a esta Cámara. Pero, en fin, bienvenida sea.
Anuncio que Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya se va a abstener en
la votación de la proposición de ley del Partido Popular porque
entendemos que, pese a todo, será bueno su debate y esperamos
--entiéndase
el término esperar en un sentido casi bíblico-- la generosidad del
Partido Popular admitiendo enmiendas en el trámite de Comisión.
Agradezco al portavoz del Partido Popular la gentileza que ha tenido al
ponerse a la defensiva exponiendo su proposición de ley desde un punto de
vista estrictamente de comparación con la nuestra. Yo creo, de todas
formas, que hay una razón lógica y es que la propuesta del Partido
Popular no resuelve los problemas porque no altera la filosofía e incluso
en algún punto puede ser peor el resultado.
En efecto, la filosofía vuelve a instalarse en la rentabilidad económica
y no en la social. Es cierto que se abre una puerta a la posibilidad de
cesión gratuita cuando el bien no tenga interés económico cierto, pero
¿cómo se decide el concepto de certeza en el interés económico? ¿Quién lo
decide? ¿Va a ser la propia Gindef, se entiende, que será juez y parte?
Un criterio posible podría ser el del transcurso del tiempo sin que se
hubiera producido la venta, pero eso no está aquí, en la proposición del
Partido Popular. Por lo tanto, demasiados interrogantes que pueden ser
fuente de discriminación y sin duda lo serán de inseguridad jurídica.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de destinar fondos recaudados por
la venta de terrenos e inmuebles a la compra de armamento, algo que es
muy peligroso, pues podría suponer una mayor opacidad de una cuestión muy
sensible. Es muy preocupante el argumento que daba hace unos minutos en
esta tribuna el portavoz del Partido Popular cuando decía que hay que
buscar nuevos recursos para conseguir armamento porque ha habido recortes
presupuestarios. Creo que no hace falta que recuerde a S. S. que los
Presupuestos Generales del Estado son el fruto de un debate democrático,
de un debate político y que, por tanto, es un elemento de control a
priori, y a posteriori, de aquello que las Cámaras parlamentarias deciden
que son las prioridades en el gasto para el conjunto del Estado.
Por todas estas razones, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
presenta la proposición de ley que pretende invertir los términos del
problema en aras de la rentabilidad social como principio irrenunciable.
Para ello, las características de nuestra proposición son: en primer
lugar, antes de ponerse los bienes desafectados a disposición de la
Gerencia de Infraestructura, se abriría un período de información de seis
meses. Durante ese período las corporaciones locales, comunidades
autónomas y entidades sin ánimo de lucro podrían solicitar la cesión
gratuita de terrenos e inmuebles siempre y cuando concurran dos
requisitos: primero, la presentación del proyecto debe mostrar la
necesidad del bien para un fin de utilidad pública o interés social y,
segundo, debe existir el compromiso firme de que las obras se iniciarán,
en el caso de que fueran necesarias, en el plazo máximo de un año; además
se valoraría su interés cultural. En segundo lugar, se crea una junta de
evaluación, para decidir cuáles de estos proyectos merecen la cesión
gratuita, con representantes de los ministerios afectados más
representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y de
comunidades autónomas. En tercer lugar, y en lógica coherencia con lo que
acabo de decir, si las obras no comenzaran en el plazo de un año, el bien
revertiría a la Gindef, que ya actuaría como cualquiera de los otros que
están a su disposición. En cuarto lugar, la Gerencia de Infraestructura
será la responsable del mantenimiento y mejora de bienes con valor
histórico-artístico-medioambiental, con la presentación de ese catálogo
del que ya se ha hablado en esta tribuna y que nosotros entendemos que es
importante, porque una cosa son las obligaciones genéricas que tenga
contraídas la Gerencia y otra la realidad que se produce en muchos
lugares. En quinto lugar, se modifica la composición del consejo rector
de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa para asegurar
representantes, de nuevo, de comunidades autónomas y de la Federación
Española de Municipios y Provincias. En sexto y último lugar, como es
lógico, hay una disposición transitoria que prevé que el mecanismo de
información pública y solicitudes se aplicará retroactivamente en
aquellos casos en que los bienes estén ya actualmente a disposición de la
Gindef.
Esta, por lo tanto, es nuestra propuesta. Entendemos que es una propuesta
razonable y concreta y que aunque pueda provocar a corto plazo alguna
minoración en los ingresos de la Gerencia, va a permitir a largo plazo
solucionar problemas sociales mucho más graves.
Por tanto, concluyo pidiendo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya el voto para esta propuesta, entendiendo que no hay dudas sobre
la aprobación de la proposición del Partido Popular con los votos de su
propio grupo y algún voto quizá extraño de algún otro grupo, pero no
puedo tampoco dejar de apelar a los grupos parlamentarios con la
reflexión de que si se tramitan conjuntamente estas dos proposiciones de
ley el resultado final será notablemente mejor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las dos
iniciativas? (Pausa.)
Señor Fernández de Mesa, ¿desea utilizar un turno de contrarréplica?
(Pausa.) No es obligatorio, si no lo desea su señoría.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Pensaba utilizar el turno al final del resto de las intervenciones, pero
lo haré ahora desde el escaño para decirle al portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto que
esperamos que esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Popular dé solución a muchos de los problemas que hoy en día está
ocasionando la rigidez de la ley actualmente en vigor. Sin lugar a duda,
lo que puede tener muy claro el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto es que ya se sabe quién va a determinar el valor económico cierto
de esas instalaciones: las subastas públicas que se realizarán de las
mismas. En el momento en que queden desiertas o no, se sabrá si realmente
tienen valor económico cierto o no. Por lo tanto, no será desde ningún
punto de vista partidista o partidario quien diga si tienen o no valor
económico cierto, porque lo que no podemos hacer, ni en esta Cámara, como
representantes del pueblo español, ni el Gobierno, como depositario de
las instalaciones militares, bien sean de Defensa o del Patrimonio
Nacional, es ceder gratuitamente a otro tipo de instituciones aquel
patrimonio que está bajo su tutela y custodia. Por tanto, yo creo que
queda perfectamente clara la voluntad del Grupo Parlamentario Popular
tramitando esta proposición de ley en la Cámara para que efectivamente se
produzca el desatasco de esa permanente custodia o deteriorio del
patrimonio que existe en estos momentos no utilizado por el Ministerio de
Defensa y que entendemos que va a servir para beneficio de ayuntamientos,
comunidades autónomas o diputaciones, como está pasando hasta este
momento.
Yo quiero decirle con toda claridad --y termino, señor presidente-- que
el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley para su
toma en consideración y que en su debate posterior en Comisión estará
totalmente dispuesto a aceptar cualquier tipo de enmienda que considere
que mejora el texto que hemos presentado. No estamos cerrados
absolutamente a nada y cualquier propuesta que se realice que mejore el
texto que hemos presentado no le quepa la menor duda a S. S. que será
aceptada en toda regla.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Nos gustaría recordar que la primera proposición de ley del Bloque
Nacionalista Galego debatida en el Pleno de esta Cámara fue para
modificar precisamente la Ley de Gerencia de Infraestructura. A
continuación presentamos numerosas iniciativas en forma de proposiciones
no de ley y de preguntas para evidenciar su carácter antisocial,
especulativo e incluso diríamos que anticultural y con el afán de
intentar salvar para uso público, cuando menos, muchos bienes de interés
cultural. Lo hicimos así porque Galicia es una de las comunidades más
afectadas, en concreto es la segunda comunidad autónoma que tiene más
bienes en manos de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, y para
salvarlos del abandono, de la ruina, de la falta de protección, de la
desconsideración e incluso de que la propiedad pudiese revertir a sus
dueños originarios. Cabe decir que, desde la perspectiva de una ciudad
como Ferrol, estamos tremendamente preocupados porque la afectación que
hoy tiene Ferrol de bienes de defensa prácticamente abandonados haría que
se tuviese que convertir en una cuestión de Gobierno. Por eso no nos
satisface el artículo 2, cuatro, tal como queda redactado en la
proposición de ley del Partido Popular, porque se va a convertir en una
fuente de arbitrariedades, si sale adelante tal como está, o bien va a
ser inasumible.
Señorías, tienen que tener en cuenta que exige agotar todas las vías de
venta o permuta, sin interés económico cierto para los bienes y que no se
pueda acusar a los cesionarios de provocar esta falta de interés
económico cierto y a través de convenios que nunca dan la propiedad. Ya
hay un modelo de este tipo de convenio en el castillo de San Felipe, que
tanto trabajo y tanto esfuerzo nos costó que fuese mínimamente cuidado y
atendido por la autoridad militar.
Por todo esto, pensamos que la respuesta que se ofrece en la proposición
de ley es cicatera y sigue enfeudada al Ministerio de Defensa contra todo
tipo de razón. Creemos que si se deja así va a empeorar incluso la ley
original, que consentía cobrar precios simbólicos. Hay ejemplos en muchas
comunidades autónomas, no desde luego en la de Galicia, que, como
siempre, queda al margen de estas cuestiones, y, por todo eso, tanto
Eusko Alkartasuna como el Bloque Nacionalista Galego, responsablemente,
no vamos a votar en contra de la ley, porque da una oportunidad de
debatir, pero sí nos abstendremos. Está muy lejos de nuestra filosofía
que, como saben SS. SS., por lo menos intentaba que los BIC y los
espacios naturales se mantuviesen en el patrimonio del Estado y se
cediesen a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales con un
plan de tutela, conservación, restauración y usos.
En la medida de estas filosofías, en particular la que se contiene en
gran parte de la proposición de ley presentada por Nueva Izquierda--
Iniciativa per Catalunya, tanto Eusko Alkartasuna como el Bloque
Nacionalista Galego apoyaremos su toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición de mi grupo ante estas dos iniciativas de
proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Mixto con respecto a la modificación de la Ley 28/1984, de
creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
A mi juicio, las diferencias fundamentales entre las dos proposiciones de
ley son las siguientes: la del Grupo Mixto hace un acto procedimental
entre el momento en que el Ministerio de Defensa va a desafectar un bien
obsoleto, innecesario para sus intereses de Estado o generales del
Ministerio de Defensa, y su entrega a disposición de la Gerencia. Aquí la
idea del Grupo Mixto es que en ese momento, y antes de su puesta a
disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, se oferte
este bien y con carácter gratuito a determinadas instituciones, tales
como comunidades autónomas, corporaciones locales o instituciones sin
ánimo de lucro. Esto me parece que contraviene el espíritu, aparte de la
letra, de lo que aquí habíamos acordado en el año 1984 muchos grupos
parlamentarios en defensa de aquella entonces idea del proyecto de ley de
creación de la Gerencia de Infraestructura. Y esto rompe un principio que
va en contra de algo que tenemos que tener en cuenta para hacer siempre
una convergencia legislativa armónica, que es la Ley del Patrimonio del
Estado. La Ley del Patrimonio del Estado en aquellos bienes civiles que
forman parte de un paquete obsoleto y que, en aras de un interés general,
de un interés común o de un interés social, Patrimonio del Estado pone en
enajenación o a disposición de determinadas instituciones se rompe aquí,
porque hace un daño no solamente indirecto, sino también directo a los
intereses legítimos y legales del Ministerio de Defensa, que tiene
perfecto derecho por ley a una actuación en beneficio de sus propias
aptitudes presupuestarias y legales de reconducir los beneficios de
enajenaciones de patrimonio obsoleto para su propio fin.
A nuestro juicio, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular resuelve
precisamente aquellas rigideces en las que incurrió, de alguna manera,
por no tener experiencia en 1984, la ley de creación de la Gerencia, en
primer lugar porque produjo una rigidez pensando que todo el patrimonio
obsoleto de Defensa se iba a vender, iba a tener comprador, como si todos
fueran solares de primera categoría, a la aptitud de las empresas
urbanizadoras o de los intereses generales. Y hemos visto con la
experiencia de los años que no es así, que hay bienes del Ministerio de
Defensa desafectados que no hacen falta para el interés nacional, que no
encuentran comprador, mientras que otros los tienen en primera fila
optando con precios de mercado que en las pujas y subastas dan beneficios
muy sensibles, porque están en un mercado abierto. Pero ¿qué pasa con ese
embalsamiento que estamos haciendo de bienes obsoletos que precisamente
nadie quiere, ni Defensa ni el sector privado de adquisición de bienes y
solares? Pues es lógico que ese corsé de rigidez se rompa y se pueda con
ese patrimonio obsoleto, pero que no tiene comprador, darle un cauce en
aras del interés social.
Por otro lado, la ley de 1984 incurrió en otra rigidez al tratar de hacer
una similitud de lo vendido con lo adquirible, de tal manera...
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un
momento, señor Mardones.
Señorías, les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Continúe, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
De tal manera que se decía que lo que se vendiera en infraestructura y
equipamiento tenía que ser destinado, en un capítulo rígido
presupuestario, para adquirir también infraestructura y equipamiento. Es
decir, que si se vendía un cuartel --para que se nos entienda, en
lenguaje llano--, lo que se obtuviera había que invertirlo en comprar
otro cuartel. Esto choca con una política de flexibilidad presupuestaria
y es lógico que el Ministerio de Defensa, si vende un bien, lo pueda
dedicar a aquel programa de inversiones y de gastos que en ese momento
sea más necesario.
Se ha dicho por el portavoz proponente del Grupo Parlamentario Mixto que
esto solamente va a ser para comprar armamento. No; aquí se dice que
también para el mantenimiento. ¿Cómo podemos condenar al Ministerio de
Defensa a que, si se encuentra con una rigidez en los Presupuestos
Generales del Estado, no pueda dedicar al mantenimiento de sus
equipamientos, de sistemas de armas, etcétera, lo que obtenga de la venta
de los bienes a título oneroso?
Señor presidente, entendemos que la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular mantiene la línea consecuente con la ley originaria
de 1984, quita los corsés de rigidez que impiden esta flexibilidad, que
no va a impedir a ninguna entidad que pueda hacerse con un patrimonio
obsoleto que no tiene venta, previas las garantías de ponerlo siempre a
disposición de la Gerencia y de la Dirección General del Patrimonio del
Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, que es quien tiene
atribuida, por ley básica, esta tutela de los intereses generales, para
que --como se dice en el texto-- todo aquello que demande bien un interés
público estatal, bien un interés social, por el Ministerio de Defensa, a
través de la Gerencia, se pueda hacer gratuitamente, en ese momento y con
esas condiciones de garantía, con el fin de que esto no sea una fiesta de
Arrebatacapas porque, al final, si no hay un orden disciplinario, en eso
se podría convertir. Es necesario que esta cuestión esté objetivada por
esas condiciones previas para que, en su momento y con todos los
justificantes, se pueda realizar una cesión gratuita.
Por estas razones, señor presidente, votaremos a favor de la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular y
en contra de la del Grupo Parlamentario Mixto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a fijar nuestra posición respecto a las dos proposiciones de ley.
En cuanto a la primera, entendemos que, finalmente, el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado la proposición de ley
capaz de modificar la Ley de 1984, de creación de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa. De hecho, ya en época del Gobierno
socialista se había planteado la posibilidad de modificar esta ley y nos
alegramos mucho de que, por fin, el Partido Popular la traiga al
Congreso. El Grupo Catalán no se va a alejar mucho del contenido de esta
proposición de ley, pero sí va a plantear durante su tramitación una
serie de enmiendas que permitan agilizar los trámites que seguramente son
necesarios para el mejor funcionamiento de la ley.
En todo caso, señor presidente, dentro del contexto de los hechos que
reconducen esta ley, creemos que sería necesario plantear tres o cuatro
elementos formales y necesarios para su mejor desarrollo. En primer
lugar, las relaciones del Ministerio de Defensa con el Patrimonio del
Estado; en segundo lugar, las relaciones del Ministerio de Defensa con
los organismos del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos;
finalmente, es imprescindible que el Ministerio de Defensa determine, de
una vez por todas, cuáles son aquellos bienes que tienen interés para la
defensa del país y cuáles son aquellos que deben ser enajenados.
No renunciamos a mantener el sentido de la expresión del señor Mardones,
de Coalición Canaria, esto es, que aquellos bienes que, perteneciendo a
Defensa o a otros elementos del Patrimonio del Estado, tengan un interés
más social que económico, sean cedidos gratuitamente a la entidad o
administración que pueda hacer de ellos un bien útil; no obstante, es
cierto que la ley podría ser completada en algunos aspectos con la
propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Mixto. Lo que ocurre es que
en la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto hay ciertos aspectos que
son inviables por determinadas circunstancias de futuro, pero hay también
aspectos que son inviables por determinadas circunstancias de pasado. El
Grupo Parlamentario Catalán se va a releer con mucho cuidado lo que el
Partido Socialista diga respecto a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, porque deberemos recordar que el Grupo Parlamentario
Socialista nos ha hecho, por pacto de Gobierno, votar algunas veces en
contra de esta ley.
Como dijo Confucio, quizá --quizá-- gobernar significa corregir. En todo
caso, sería bueno que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular
corrigieran definitivamente, y ambos acertaran el tiro, ya que están
hablando de defensa, sin que ello implique que se lo tiren mutuamente.
Finalmente, y con ánimo de que el señor Fernández de Mesa me corrija y me
replique --y ofrezco mis disculpas a la Presidencia--, profesionalización
del ejército, sí, pero no en el año 2003, en el año 2001 o antes. Los
pactos son los pactos, señor Fernández de Mesa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Nadal.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para tomar en consideración las dos proposiciones de ley, la
del Partido Popular y la del Grupo Parlamentario Mixto, en relación con
la modificación de la Ley de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.
Desde el principio de la legislatura, Izquierda Unida ha mantenido una
posición muy crítica respecto a la aplicación de esta ley y,
efectivamente, hemos venido reclamando la necesidad de un cambio
legislativo: comparecencias, proposiciones no de ley, etcétera.
La cuestión, señorías, es cómo resolver un problema, que esta ley nos
impedía resolver, con el criterio que debe prevalecer en un Estado
democrático, y es que la mayoría de los bienes del Ministerio de Defensa
que van a ser desafectados fueron en su día cedidos de forma gratuita por
los ayuntamientos al entonces Ministerio de la Guerra, sin nada a cambio,
y muchos de esos bienes incluso construidos, es decir, no se les daba un
solar, sino que se les daba el solar y el edificio.
Lo lógico en un Estado democrático, donde no debe prevalecer la rapiña
entre las propias administraciones, ni el sentido de lucro, ni se debe
convertir al Estado en una inmobiliaria, es decir: señores, tal edificio,
que fue cedido al Ministerio de la Guerra con esas condiciones, es
desafectado para la defensa nacional, por tanto, devuélvase. Es tan
sencillo como eso. Es verdad que la anterior ley impedía una cosa tan
sencilla y tan de sentido común como esta. ¿Qué se pretendía hacer con
ese patrimonio desafectado? Sacar dinero para la defensa. Ese criterio no
debe prevalecer. Nosotros nos distanciamos, estábamos en contra de ese
criterio. Con la propuesta del PP, aunque no nos convence, se abre la
portezuela a la posibilidad de que haya cesiones gratuitas. Es un paso
tímido, pero es un paso.
Para permitirnos centrar el debate, vamos a abstenernos en la proposición
del Grupo Parlamentario Popular, a diferencia de dicho grupo, que a la
anterior proposición de ley de Izquierda Unida votó en contra, y vamos a
abstenernos porque entendemos que la aceptación o la posibilidad de dejar
pasar esa ley nos va a permitir mejorarla, ya que vamos a presentar un
texto alternativo completo a dicha ley.
Uno de los puntos que más nos preocupa en Izquierda Unida es que en la
redacción del Partido Popular se viene a decir que esa enajenación o
venta de bienes inmuebles se puede destinar a financiar adquisiciones y
mantenimiento de armamento y material. Yo no sé a dónde vamos a llegar.
Comprendo que el ejército por el que ustedes apuestan, un ejército
sobredimensionado, con 170.000 hombres armados, con un sistema de armas
de los más caros, les crea un problema serio de recaudación; pero ésta no
es la vía, no es serio que esos bienes que fueron cedidos de forma
gratuita se reconviertan o vendan para comprar armamento.
Nosotros manifestamos nuestro total rechazo a este punto de la redacción.
En este trámite parlamentario vamos a modificar y mejorar el texto con
uno alternativo, vamos a enmendar literal, total y ampliamente esa parte
de la redacción y después introduciremos dos conceptos: uno que
compartimos de la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, que es la
configuración del consejo rector, y otro novedoso, que es la
obligatoriedad de que un cincuenta por ciento de esos bienes desafectados
se dediquen necesariamente a vivienda en régimen de cooperativa para los
propios funcionarios de Defensa o para los funcionarios y ciudadanos en
general. Con esas premisas y ese espíritu de mejora nos vamos a abstener
en el trámite parlamentario, para perfeccionarlo.
En relación a la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a votarla
favorablemente. Nos reconocemos en líneas generales en esa proposición,
aunque también plantearemos algunas enmiendas propias. En definitiva,
nuestra posición es clara: abstención en relación a la proposición del
PP, voto favorable a la del Grupo Mixto y quiero dejar claro que vamos a
utilizar este trámite parlamentario de toma en consideración para
presentar un texto alternativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Marsal.
El señor MARSAL MUNTALA: Muchas gracias, señor presidente.
En 1984 se creó la Gerencia de Infraestructura, con lo cual en este
momento llevamos catorce años de experiencia en el funcionamiento de esta
ley y de esta Gerencia. La valoración puede hacerse en términos
positivos. En estos catorce años se han gestionado por la Gerencia 534
activos, 534 propiedades, se han conseguido ingresos por un total de
80.000 millones de pesetas que han servido para invertir unos 70.000
millones en infraestructuras de defensa, básicamente de cuarteles y, por
tanto, dirigidas a mejorar las condiciones de vivienda, las condiciones
en que nuestros soldados han tenido que prestar el servicio militar.
Sin embargo, estos catorce años también nos han puesto en evidencia
algunos problemas. Concretamente, tendríamos que señalar dos: por un
lado, que hay una serie de propiedades que no tienen ningún interés
económico y, por tanto, el mercado no acude a su compra, se van
deteriorando y no se encuentra una salida para ellas. Hay un segundo
grupo de activos que, sin ser de interés para la iniciativa privada,
pueden serlo para otras administraciones públicas, sean comunidades
autónomas o administraciones locales. No obstante, la disparidad de
criterios en cuanto a la fijación del valor de estas propiedades impide
que se llegue a un acuerdo que dé una salida a esta propiedad.
De las dos propuestas que hoy se nos presentan, la del Grupo Mixto va en
la línea de solucionar este segundo problema. Es una propuesta que no
acaba de convencernos; no compartimos totalmente la filosofía que se
expresa en ella. En este sentido, estábamos más de acuerdo con la
redacción que el Bloque Nacionalista Galego presentó a principios de
legislatura en una propuesta de modificación de la Ley de la Gerencia de
Infraestructura y cuya aceptación a trámite votamos a favor. Sin embargo,
contiene algún aspecto interesante. Por otra parte, teniendo en cuenta
que se va a aceptar a trámite la propuesta del Grupo Popular, nos parece
que también puede enriquecer el debate la aceptación a trámite de la
propuesta de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, aun
teniendo discrepancias con su filosofía y con algunos aspectos de su
contenido y teniendo en cuenta que lo que hacemos es únicamente aceptarla
a trámite, vamos a votar favorablemente. Indudablemente, cualquier
votación tiene su historia, la del pasado y también la del futuro, y el
señor Nadal hoy va a hacer una votación de futuro que tiene poco que ver
con su pasado.
Respecto a la propuesta del Grupo Popular, también vamos a votar
favorablemente su aceptación a trámite, aunque como el representante del
mismo ha señalado, algunos aspectos ya no tienen sentido; que se pueda
destinar a financiar adquisiciones y mantenimiento de armamento y
material es algo que ya hace dos años que está en vigor al aprobarse en
la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, hay algún concepto que tampoco acaba de convencernos por
su excesiva ambigüedad. ¿Qué quiere decir exactamente y en términos
jurídicos: aquellos inmuebles cuya enajenación no represente interés
económico cierto a juicio del Ministerio de
Defensa? Creemos que tendríamos que encontrar una expresión jurídicamente
más acertada que ésta. En cualquier caso, nos parece un paso adelante.
Nosotros nos congratulamos de que después de un año largo se hayan
desbloqueado las diferencias entre el Grupo Popular y el Ministerio de
Defensa y que hoy haya podido ser presentada para su aceptación a trámite
esta proposición de ley.
También deseamos advertir que lo que no querríamos es que el motivo de
presentar a debate esta proposición de ley fuese un intento, sin un
debate a fondo de las conclusiones del informe de Arthur Andersen sobre
las propiedades del Ministerio, de entrar por esta puerta falsa, a través
de enmiendas que presentara el Grupo Popular, en la creación de una
sociedad estatal o en el desmantelamiento o casi de la Gerencia de
Infraestructura, con lo cual resultaría que la ley que saldría tendría
como finalidad más bien lo contrario que las motivaciones que llevaron a
su presentación.
El Grupo Socialista va a presentar enmiendas en la línea de una
proposición no de ley que presentó hace unos meses, en la que se proponía
un programa estratégico de actuación sobre suelos de titularidad estatal.
En ella proponíamos que un 10 por ciento de estos suelos se dedicase a la
construcción de vivienda social básicamente para jóvenes.
Esperamos que a través de las enmiendas que podamos presentar todos los
grupos mejoremos una ley que ha funcionado, una ley que ahora es
necesario adaptar. Para nosotros, la votación favorable a las enmiendas y
al resultado de la ley tiene que responder a tres criterios: conseguir
recursos para la modernización y las mejores condiciones de vida en las
instalaciones de Defensa; en segundo lugar, conseguir que no se degraden
las instalaciones desafectadas con un valor histórico o cultural pero sin
valor de mercado y sin valor económico; y, en tercer lugar, conseguir dar
una salida realista y posible a las demandas de otras administraciones
públicas, sean ayuntamientos de un color u otro, sean comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Marsal.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la toma
en consideración de las proposiciones de ley de los grupos Popular y
Mixto que se han debatido.
Votamos, en primer lugar, la del Grupo Popular, sobre modificación
parcial de la Ley de creación de la Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 289; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
Proposición de ley del Grupo Mixto, presentada por la señora Rivadulla,
sobre modificación de la Ley de creación de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, para hacer posible la cesión gratuita de
terrenos, inmuebles e instalaciones militares desafectadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 145; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REMOCION
DE OBSTACULOS, EN ORDEN A PROPONER LA IGUALDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES EN EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS FUERZAS ARMADAS, Y PARA
GARANTIZAR LA ADECUACION A DERECHO DE LAS RESOLUCIONES SOBRE AMPLIACION
DE COMPROMISOS DE LOS MILITARES DE EMPLEO DE LA CATEGORIA DE TROPA Y
MARINERIA PROFESIONALES DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente
162/000227)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA NECESIDAD DE VELAR POR
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO E INTERDICCION DE ARBITRARIEDAD EN LAS
RENOVACIONES DE LOS COMPROMISOS DE MILITARES PROFESIONALES Y,
ESPECIFICAMENTE, EN CUANTO AL PROCESO DE INCORPORACION DE LAS MUJERES A
LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 162/000228, procedente del
número de expediente 161/000868)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA
IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES EN EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS
FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 162/000229, procedente del número
de expediente 161/000879)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Vamos a tramitar acumuladamente la que presenta el Grupo Popular y las
dos que presenta el Grupo Socialista, relativas a la igualdad de derechos
en el seno de las Fuerzas Armadas y proceso
de incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Para la defensa de la primera
de las proposiciones no de ley, la presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, y para fijar la posición sobre las del Grupo Socialista, tiene
la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender, en nombre del Grupo Popular,
una proposición no de ley en la que se recoge el deseo que siempre anima
a nuestro grupo de promover las condiciones para que la igualdad
proclamada en el artículo 14 de la Constitución sea real y efectiva. Nos
referimos hoy, en esta proposición no de ley, al ámbito de las Fuerzas
Armadas en el que las mujeres han estado históricamente preteridas y
marginadas.
Ciertas normas adoptadas por el anterior Gobierno propician una clara
discriminación de la mujer y son, a juicio de nuestro grupo, claramente
contradictorias con el mandato contenido en el artículo 14 de la
Constitución. Nos estamos refiriendo, señorías, al hecho de que la
consideración del embarazo o gestación se incluya como una de las causas
que determinan la no acreditación de la aptitud psicofísica necesaria
para el acceso a las Fuerzas Armadas, según la Orden 42/1994 y otras
disposiciones, Orden 152/1986, por la que se aprueba el cuadro médico de
exclusiones para el ingreso en determinados cuerpos y escalas de las
Fuerzas Armadas, donde figura como causa de exclusión para todo proceso
selectivo el embarazo, lo que resulta, a juicio de nuestro grupo,
claramente discriminatorio y, por tanto, muy desfavorable para la mujer.
Señor presidente, señorías, estamos ante una situación en la que el
objetivo de la igualdad requiere claramente, a juicio de nuestro grupo,
la articulación de políticas y de normas en las que se deben contemplar
situaciones que, por ser distintas, deben ser también desigualmente
tratadas. Señorías, conocemos que la igualdad jurídica reconocida en el
artículo 14, al que ya he hecho mención, no quiere decir que el principio
de igualdad implique en todos los casos un tratamiento legal igual, con
abstracción de cualquier elemento de diferencia que tenga relevancia
jurídica, y precisamente el embarazo puede y debe determinar un
tratamiento desigual sin que por ello se conculque el principio
constitucional de mérito. Es un deber lograr de manera real la igualdad
de oportunidades en la inserción laboral de las mujeres en todos los
ámbitos. Cuántas veces lo hemos recordado desde esta tribuna todos los
grupos políticos, a fin de que la mujer juegue en la vida pública un
papel auténticamente idéntico al del hombre, sin ver, por el hecho de la
maternidad y de la gestación, cercenadas de hecho sus expectativas de
participación y realización en el mundo laboral y profesional. Por ello
precisamente, señorías, proponemos en esta proposición no de ley que se
modifique la normativa reguladora de los procesos selectivos para el
ingreso en las Fuerzas Armadas, haciendo desaparecer de los cuadros
médicos de exclusiones cualquier referencia a la gestación como causa de
exclusión de dichos procesos. También solicitamos introducir en dicha
normativa la previsión de que a las aspirantes que a la hora de celebrar
las pruebas o ejercicios físicos acrediten hallarse embarazadas se les
reserve la puntuación obtenida en las pruebas teóricas, en las prácticas,
en las de idiomas y en las psicotécnicas hasta que, transcurrido un plazo
no inferior a 16 semanas desde el parto o 18 semanas si éste fuera
múltiple, nunca superior a 20 semanas, se celebren las pruebas o
ejercicios físicos. Supuesto, por otro lado, que también se prolongaría
en los mismos términos antedichos en el caso de que, transcurridos los
plazos a los que acabo de hacer mención, la solicitante quedara
nuevamente embarazada.
Los plazos fijados por nuestro grupo para la reserva de la puntuación se
establecen siguiendo un criterio que nos parece objetivo, el de la Ley
30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública. Creemos
sinceramente, señorías, que mejora las condiciones para las aspirantes
fijadas en la proposición del Grupo Socialista, ya que en ésta el plazo
para celebrar las pruebas físicas no será superior, según establecen, a
tres meses desde el parto, tiempo inferior al fijado en nuestra
propuesta. Al mismo tiempo, al no contemplar el texto del Grupo
Socialista ninguna excepción, podría dar lugar a que, si nuevamente se
encontrara embarazada la solicitante, tuviera que celebrar las pruebas de
aptitud física de forma ineludible, sin olvidar, además, que en una
interpretación lineal de este texto, al establecer el límite de tres
meses, podría celebrarse la prueba al día siguiente del parto, aunque
lógicamente sabemos que esta no era la propuesta del Grupo Socialista.
Por otro lado, señorías, en la proposición no de ley hacemos una
referencia genérica a la normativa que regula el acceso a las Fuerzas
Armadas. Consideramos que si sólo se reformara, como contempla el texto
socialista, el acceso a militar de empleo de la categoría de tropa y
marinería profesionales, la limitación llevaría consigo el que
persistieran también otras discriminaciones o limitaciones por razón de
gestación para las mujeres que aspiren a ingresar en otros cuerpos de las
Fuerzas Armadas.
El apartado 2 del texto se refiere a la modificación de la normativa
concerniente a la tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas,
normativa que procede también del anterior Gobierno, del reglamento
aprobado por Real Decreto 98/1992, y en la que se observan, a juicio de
nuestro grupo, algunas carencias en orden a la determinación de los
particulares que deben
obrar en el expediente a resultas del cual se adopta precisamente la
resolución que concede o deniega la ampliación de compromiso, y con
arreglo a los cuales debe emitir también el preceptivo informe el jefe de
la unidad. También observamos algunas carencias en relación con las
posibles alegaciones que respecto a dicho informe pueda realizar el
interesado y que al Grupo Popular le parece interesante establecer. Por
ello, en el apartado 2 proponemos una modificación del texto, para que se
introduzcan en el expediente aquellos elementos que garanticen al máximo
la objetividad de los conceptos a valorar, ampliándolos y concretándolos,
lo que también contribuirá a que el informe del superior tenga la máxima
apoyatura fáctica.
Por otro lado, solicitamos que se dé audiencia al interesado como
presupuesto básico de garantía procesal, trámite que en la actualidad no
se contempla en la normativa y, repito, al Grupo Popular le parece
fundamental, ya que asegura la efectividad del precepto de contradicción
en vía administrativa. Con ello ahondamos en el respeto al ciudadano, al
que hay que oír antes de adoptar decisiones que pueden incidir de manera
muy importante en su ámbito profesional.
En relación a la segunda de las iniciativas del Grupo Socialista, porque
respecto de la primera ya he fijado posición conforme exponía la del
Grupo Popular, nuestro grupo considera importante que se amplíen las
garantías procedimentales que redundan tanto en la mejor defensa de los
derechos del individuo como en el más escrupuloso funcionamiento de la
Administración. En este sentido, hacemos una llamada al Grupo Socialista
diciéndole que nos gustaría que compartiera con nosotros esta idea, en
línea con lo que ya hemos defendido.
En relación con el apartado 2 de la proposición del Grupo Socialista a la
que me estoy refiriendo, como SS. SS. seguro que conocen, la asesoría
jurídica del Ministerio de Defensa informó que en el procedimiento
seguido a doña Ana María Santos Jiménez se había actuado de acuerdo con
el procedimiento legalmente establecido, y que no se había objetivizado
ninguna infracción y ninguna inculcación del principio de igualdad. Por
lo tanto, este punto carece de justificación objetiva. De procederse de
acuerdo a como se contempla, implicaría una conculcación de la normativa
en vigor que supondría no sólo una actuación arbitraria por parte de la
Administración, sino una desigualdad con respecto a los demás militares
de empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales, a quienes
se les ha denegado también la ampliación de compromiso, que permitiría
pensar que se estaba conculcando el artículo 14 de la Constitución. La
Administración, señorías, no puede elegir libremente a quiénes aplicar y
a quiénes no aplicar una normativa. De hacerlo, se estaría lesionando
claramente el principio de interdicción de la arbitrariedad, dado que la
carencia de justificación o fundamentación razonable en este momento así
lo podría presuponer. Como saben, la resolución del 31 de julio de 1997
fue impugnada y se debe esperar al pronunciamiento jurisdiccional. Prueba
del proceder del Gobierno de respeto absoluto a la legalidad vigente es
que por parte del subsecretario de Defensa se ha procedido a revocar de
oficio una de las resoluciones que afectaba a la interesada y a la que
hemos hecho mención, de 18 de septiembre de 1997, por la que se había
desestimado la petición de doña Ana María Santos de ampliación
extraordinaria trimestral de su compromiso.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Sainz, le ruego
concluya.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor presidente. Termino de inmediato.
Esto se hizo por considerar en este caso el Gobierno que cumplía los
requisitos establecidos en el artículo 41 del Real Decreto 984/1992.
Termino, señor presidente, pidiendo el apoyo, después de fijar la
posición sobre las proposiciones no de ley del Grupo Socialista, para la
proposición no de ley del Grupo Popular, que pretende, a juicio de
nuestro grupo, articular, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, normas que
den adecuada respuesta a la necesidad irrenunciable de promover la
igualdad y, en el punto segundo, avanzar también y profundizar en un
Estado de Derecho respetuoso y garante al máximo de los derechos de los
ciudadanos. Por ello, repito, pido el apoyo para el texto que, en nombre
del Grupo Popular, acabo de defender, haciendo también una llamada de
consideración al acuerdo al Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Sainz.
Para la defensa de las proposiciones no de ley del Grupo Socialista, y
para fijar la posición también sobre la presentada por el Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Varela Vázquez.
La señora VARELA VAZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy quiero comenzar mi intervención adjudicando una nota y
varios adjetivos calificativos al Grupo Parlamentario Popular. La nota,
señorías, es ni más ni menos que la de suspenso, porque suspenso es la
nota que se adjudica a los alumnos cuando se les pilla copiando en un
examen, y eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular: sencilla
y llanamente ha copiado las dos proposiciones no de ley que, con fecha 17
y 20 de febrero respectivamente, había presentado en registro el Grupo
Parlamentario Socialista; proposiciones no de ley que el Grupo
Parlamentario Popular las junta, las copia y las presenta como una
iniciativa suya, con fecha de entrada en registro --y
no quiero ser premonitoria en esto, pero la verdad es que parece una
sentencia condenatoria--, las presenta, digo, un mes y un día más tarde,
es decir, el 18 de marzo.
Siguiendo con el verbo copiar, el señor Fraga, allí en Galicia, la tierra
de donde yo vengo, manifiesta que los aprobados en la Diputación de
Orense, familiares por cierto de cargos públicos del Partido Popular, son
más espabilados que el resto de los opositores. ¿No será sencillamente
que copian más? (Rumores.--Un señor diputado: Muy bien.) Y copiar,
señorías, además de demostrar una falta de conocimientos, una falta de
iniciativas, una falta de imaginación por parte de quien lo hace; copiar,
digo, es una acto condenable, es un acto mezquino, es un acto miserable,
y luego ya saben SS. SS. lo que ocurre, que los mandan a la calle, como
le ocurrió al senador del Partido Popular, señor Chapela Seijo, cuando le
pillaron copiando en un examen de la UNED de Pontevedra, que le dieron
carretera y puerta.
La verdad es que el asunto está entretenido, porque entre la cantidad de
presuntos que tienen ustedes y entre los copieteos que hacen algunas de
las señorías del Grupo Parlamentario Popular, hay que decir que nos
tienen de lo más preocupados. Como preocupados nos quedamos cuando nos
enteramos de lo ocurrido en la Brilac de Pontevedra a una ex cabo del
ejército, a la que no se le renovó el compromiso con las armas, y esa
preocupación fue precisamente la que dio lugar a las proposiciones no de
ley presentadas por el Grupo Socialista en las fechas que he mencionado
al principio. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Señorías, el
Ministerio de Defensa admitió, y así está publicado en prensa de fecha 23
de enero, que sólo el documento que recoge una opinión del jefe de la
unidad militar provocó la decisión de no renovarle el citado compromiso.
También lo recoge la propia resolución sobre ampliación de compromiso que
se envió a la interesada, que dice: El jefe de la unidad informa que no
considera al solicitante acreedor a la ampliación de compromiso, y emite
el preceptivo informe.
El ministro de Defensa, señor Serra, en su comparecencia en el Senado el
día 11 de febrero, vuelve a decir, y cito textualmente: Fueron las
apreciaciones directas del comportamiento de la soldado las que indujeron
al jefe de la unidad a no producir la renovación de contrato. Esta
afirmación, señorías, es gravísima, porque significa que la vida futura y
la vida profesional de un sujeto depende, nada más y nada menos, que de
algo tan subjetivo como son las apreciaciones de una persona sobre otra.
De conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 984/1992, de 31 de
julio, sobre reglamento de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas
Armadas, la renovación del mencionado compromiso debe efectuarse en base
al expediente profesional y al informe del jefe de su unidad. Presten
atención SS. SS. porque no pone o --que sería una conjunción disyuntiva e
indicaría una exclusión alternativa o contraposición entre dos oraciones,
una cosa o la otra--, sino que pone y, y la y, además de ser la
vigesimoséptima letra del alfabeto español y además de ser consonante
palatal fricativa sonora, es la conjunción copulativa por excelencia, es
decir, une elementos de la misma oración. Eso es lo que, al parecer, no
ha hecho el Ministerio de Defensa, no ha unido el expediente profesional
de la militar y el informe del jefe de la unidad para poder decidir si
procedía o no la renovación del compromiso con las armas.
El expediente profesional del militar de tropa y marinería prácticamente
es una copia del expediente profesional del militar de carrera. Por
cierto, este último está perfectamente regulado, pero lo curioso es que
prácticamente todas las casillas de la hoja del expediente profesional
del militar de tropa y marinería suelen estar sin rellenar. No se
rellenan los cursos que hacen ni los ascensos ni los arrestos y castigos,
etcétera. Por tanto, si un expediente profesional no refleja la
trayectoria del, o de la, militar, a la hora de decidir una renovación de
compromiso no queda más remedio que fiarse del informe del superior, y
todos sabemos que un informe es algo sumamente arbitrario, subjetivo y,
como dicen en mi tierra, su contenido puede ser 'a según' le caigas al
jefe de turno.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone que, de conformidad
con la legislación vigente y en todas las renovaciones de compromiso con
las armas, se tengan escrupulosamente en cuenta tanto el expediente
profesional del interesado como el informe del jefe de la unidad, que se
utilice la y, y no la o, es decir, ambos los dos y no el uno o el otro.
Por otro lado, parece también oportuno profundizar en la normativa
vigente sobre ampliaciones de compromiso de los militares de empleo de la
categoría de tropa y marinería profesionales, a fin de regular claramente
el contenido tanto del expediente profesional como del informe del jefe
de la unidad, introduciendo cuantos elementos se estimen precisos para
garantizar al máximo la objetividad de los conceptos a valorar y de los
criterios con que haya de llevarse a cabo la valoración de tales
conceptos, a fin de que hechos como el ocurrido en la Brilac de
Pontevedra no vuelvan a repetirse.
Precisamente al preparar la demanda de la ex cabo de la Brilac de
Pontevedra para presentarla ante el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia es como a las abogadas nos trasladaron la inquietud sobre un
punto de la Orden Ministerial número 42/1994, de 13 de abril, del BOE de
18 de abril, número 92. Dicha orden aprueba el cuadro médico de
exclusiones para los procesos selectivos de acceso a militar de empleo de
la categoría de tropa y marinería profesionales de las Fuerzas Armadas.
En ese cuadro figura como causa de exclusión, en el apartado a), punto 9,
dentro de las enfermedades y causas generales, la gestación. Realizando
un repaso a las demás causas de exclusión se puede comprobar que todas
incapacitan para la función militar profesional dado su carácter de
graves, crónicas, permanentes o recidivantes. Sin embargo, no aparece
ninguna causa de tipo temporal, como puede ser una fractura tanto de
huesos como de ligamentos, por poner un ejemplo.Y como el embarazo es una
causa claramente temporal, como a veces se legisla en un afán de proteger
a la mujer y a su estado de gestación, y nos podemos encontrar
posteriormente con que la propia normativa en la práctica puede
imposibilitar la situación de igualdad entre hombres y mujeres, y como
además el Grupo Parlamentario Socialista tiene asumido que la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los pilares de
la democracia, y a mayores, como ya se sabe que rectificar es de sabios,
a nuestro grupo no le dolieron prendas en presentar --por cierto, no sé
si lo he dicho antes, un mes y un día antes que el Grupo Popular-- una
proposición no de ley planteando la reforma de la normativa que contempla
el embarazo como causa de exclusión del cuadro médico en los procesos
selectivos para el acceso a militar de empleo de la categoría de tropa y
marinería profesionales de las Fuerzas Armadas.
Por último, y en aras a llegar a un consenso en estas proposiciones no de
ley, mi grupo propone sustituir el punto número 2 de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular por el siguiente texto: De
conformidad con la legislación vigente, y en todas las renovaciones de
compromiso con las armas, se tendrá escrupulosamente en cuenta tanto el
expediente profesional del interesado como el informe del jefe de la
unidad. Asimismo, se profundizará en la normativa vigente sobre
ampliaciones de compromiso de los militares de empleo de la categoría de
tropa y marinería profesionales a fin de regular claramente tanto el
contenido del expediente profesional como el informe del jefe de su
unidad, introduciendo en ellos los elementos precisos para garantizar al
máximo la objetividad tanto de los conceptos a valorar como de los
criterios con que haya de llevarse a cabo la valoración de tales
conceptos, a fin de que, previamente a dictar resolución, se acrediten
del modo más pleno posible cuantos extremos hayan de ser objeto de
ponderación o valoración y resulten susceptibles de tal acreditación.
Igualmente, para que, en todo caso y antes de dictar resolución, en aquel
expediente se proceda, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento común, a dar trámite de
audiencia al interesado.
Esperamos que se llegue a un consenso, que sea transaccionada y que sea
aprobada por toda la Cámara.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora Varela.
A las proposiciones no de ley se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados y diputadas, las proposiciones no de ley que
presentan los grupos Popular y Socialista a nosotros sí nos parecen
oportunas. Tratan de que se reformen los aspectos de la ley que están
dificultando tanto el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas en
condiciones de igualdad como los mecanismos de renovación de su
compromiso, una vez incorporadas.
El modelo de sociedad patriarcal aún imperante estableció un auténtico
sistema de apartheid en función del sexo. Efectivamente, los hombres nos
reservamos la función dominante; las mujeres se ven excluidas de
cualquier papel relevante en la sociedad. Y esta división social en
función del sexo redujo a la mujer a cumplir el papel de madre y esposa,
a excluirla del trabajo asalariado, excepto, por cierto, cuando se
precisaba para sustituir al varón, por ejemplo en casos de guerra. La
mujer podía trabajar, y además duramente, pero en aquello que socialmente
no era considerado. Las mujeres, señoras y señores diputados, vienen
luchando sin desmayo por cambiar esta situación, vienen conquistando
espacios y derechos que les son cedidos a regañadientes. Derechos
elementales, como el derecho al voto, les eran negados no hace muchos
años.
En la sociedad actual no se puede negar que, efectivamente, las mujeres
ven mejorada su situación. En las sociedades democráticas y occidentales
hay un reconocimiento formal de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres; sin embargo, queda un largo trecho aún para conseguir la
igualdad real. Es evidente que la mujer sigue sufriendo discriminación en
el trabajo, a nivel salarial o en los puestos que ocupa en la cadena
productiva; padece las consecuencias de los malos tratos, las agresiones
sexuales por parte de los hombres, etcétera. Pero gracias al Señor su
lucha no cesa.
De algún modo, lo que hoy discutimos es el derecho de las mujeres a
acceder en igualdad de condiciones al trabajo, el derecho a no ser
discriminadas por su condición sexual. Su lucha, que como decía fue
obteniendo frutos poco a poco, no sin resistencia, insisto, por parte de
los hombres, sin embargo sigue teniendo metas por cumplir. Socialmente se
fue aceptando su incorporación al trabajo, manteniendo discriminación,
como decía antes, y como una de las últimas barreras para su acceso a ese
trabajo se utilizó y se utiliza el argumento de la diferencia física. A
determinados puestos laborales no podrían acceder las mujeres porque no
estarían capacitadas desde el punto de vista físico o porque supondría un
excesivo peligro para su femineidad,
etcétera. Aún son recientes las luchas de las mujeres por tener un puesto
de trabajo en la minería, por ejemplo. Y, dentro de esta diferencia, el
embarazo sigue siendo utilizado en contra de los derechos de la mujer al
trabajo: por un lado, se estimula y resalta la necesidad de tener hijos
y, por otro, ese hecho es utilizado contra ellas. Sigue siendo, por
tanto, fuente de discriminación.
Uno de los últimos reductos reservados al varón eran las Fuerzas Armadas.
Las mujeres exigieron poder incorporarse también a este ámbito laboral y
lo consiguieron. No obstante, una vez más esta conquista formal es
dificultada en el plano real. La incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas acaba siendo tolerada, pero a las mujeres les ponen trabas tanto
para su incorporación como para su permanencia. Se trata, en esencia, de
aceptar la incorporación, pero mantenerla como algo residual o
anecdótico.
Por consiguiente, las proposiciones que hoy se presentan nos parecen
importantes porque tratan de corregir algunos aspectos negativos para la
mujer y el Gobierno deberá tener en cuenta lo que este Congreso apruebe y
proceder a las modificaciones legales necesarias, de manera que casos
como el de Ana María Santos y otros no denunciados no vuelvan a
repetirse.
Las enmiendas que propone el Bloque Nacionalista Galego pretenden, en
nuestra modestia, mejorar los textos propuestos. Así, ofrecemos enmendar
la proposición no de ley del Grupo Popular en el punto 2, sustituyendo la
expresión de los elementos fácticos precisos por la consideración del
diferencial físico femenino como elemento objetivo a tener en cuenta,
para dar concreción a una expresión que a nosotros nos parece ambigua e
inconcreta, aunque sé lo que significa elemento fáctico, pero se trata de
que se reconozca esa diferencia. Sólo desde ese reconocimiento y la
aceptación de ese hecho objetivo se pueden establecer condiciones de
igualdad en el trato.
En cuanto a las proposiciones no de ley del Grupo Socialista,
pretendíamos añadir al punto primero un texto en el siguiente sentido:
Que asimismo se contemplara en esta reforma el criterio diferencial
físico femenino, con vistas a que el proclamado principio de igualdad se
concrete materialmente no sólo en los casos de gestación y posparto, sino
en la realización y evaluación de las pruebas físicas que determinan la
aptitud para el acceso de las mujeres a la condición de militar de
empleo. Esto va en el mismo sentido: plasmar como punto de partida que
hay una diferencia, desde el punto de vista físico, entre hombres y
mujeres, que son distintos; condiciones físicas que no son ni mejores ni
peores.
También proponíamos una enmienda de sustitución al punto número 2 en el
mismo sentido. Por cierto, que el texto utilizado por el Grupo Popular en
su proposición nos parece mucho más correcto en lo que se refiere a los
plazos. Por eso tratábamos de que se estableciesen los plazos que rigen
en la función pública en general para las mujeres y que en el caso de las
Fuerzas Armadas no deberían ser distintos.
Y concluyo, señor presidente, si me permite, haciendo referencia a una
posible transaccional, que yo creo que está consensuada entre los grupos
políticos proponentes, en el sentido siguiente: nosotros vamos a votar a
favor de esta transacción si se acaba de proponer en este Pleno entre los
grupos Popular y el Socialista, pero quisiéramos hacer una advertencia, y
es que a nosotros la redacción nos parece farragosa y confusa y elude
plasmar la cuestión clave, que es la diferencia física entre hombres y
mujeres, algo que hay que asumir con normalidad, que es lo que en este
momento habría que corregir con claridad en la legislación, porque es lo
que está dificultando el acceso y permanencia de las mujeres en las
Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Se me ha pedido compartir el tiempo del Grupo Mixto.
Tiene la palabra la señora Rivadulla Gracia.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que esta diputada que les habla no sale de su
asombro, porque si bien la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
tiene razón, el Grupo Parlamentario Popular ha copiado estas
proposiciones con un mes de diferencia, la misma dureza que ha utilizado
la diputada y los mismos calificativos los podría aplicar a su propio
grupo, que la semana anterior no tuvo ningún empacho en copiar una
proposición de ley del Grupo de Iniciativa per Cataluña y Nueva izquierda
en relación con la cuestión de los apellidos. Creo, señorías, que ese
tema de filibusterismo parlamentario o piratería política puede
interesarnos a nosotros, pero me parece que interesa poco a la gente a la
cual nosotros debemos servir y hacer que en este órgano legislativo se de
satisfacción a sus necesidades.
Quiero leerles, señorías, una noticia que sale hoy en un periódico de
Cataluña, donde dice que Sanidad prevé que en menos de ocho años habrá
más muertes que nacimientos. De hecho, en el año 1995 ya se rozó el
crecimiento cero en Cataluña, donde la diferencia entre fallecidos y
nuevos nacimientos fue de 315 personas. Esto pone de relieve que hay que
tomar medidas claras, y no solamente en el ejército sino también en otros
estamentos e instituciones, para que entendamos de una vez por todas la
función social clave que tiene la maternidad. No es, señorías, que las
mujeres desistamos de ser madres, no es que no queramos ser madres, es
que nos lo ponen muy difícil en las empresas, donde en las entrevistas
personales se nos pregunta si tenemos novio, si estamos casadas, si nos
vamos a quedar embarazadas o si queremos tener hijos en breve
plazo; nos lo ponen muy difícil porque no tenemos escuelas infantiles
donde llevar a nuestros hijos; nos lo ponen muy difícil porque la madre
que quiere demandar el permiso de lactancia en cualquier centro de
trabajo desiste de hacerlo porque no se lo dan o porque no están
establecidos este tipo de permisos, sí en la ley, pero no en la práctica.
Por tanto, señorías, me parecen muy importantes esas proposiciones que
presentan hoy el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
Todos tenemos en la mente lo sucedido a la ex cabo, Ana María Santos, que
se vio excluida de la renovación de su empleo como soldado profesional
debido a su estado de gestación y tenemos la obligación de acabar con
este sistema de discriminación.
No voy a entrar en el contenido de las proposiciones. Creo que los dos
grupos proponentes deben llegar a un acuerdo y a una transaccional, y en
ese sentido supongo que tendrán la mayoría de los votos de la Cámara.
Pero debemos aprovechar este momento en que estamos tan sensibilizados
para no solamente quedarnos en este tema de las mujeres en el ejército,
aunque por otra parte quiero decir que a mí me gustaría que las mujeres
no intentásemos solventar el doble de paro que tenemos que los hombres a
través de las plazas que ahora va a propiciar el ejército profesional;
pienso que deberíamos ir hacia otros trabajo. Tenemos la libertad de
entrar en el ejército si queremos, pero creo que deberíamos examinar
también otros estamentos donde estas discriminaciones y este no tener en
cuenta la función social de la maternidad todavía se está dando. Por
tanto, en la Comisión Mixta deberíamos encargarnos de ir puliendo todas
estas normativas que impiden que la maternidad sea un hecho que las
mujeres podamos asumir con toda tranquilidad y toda normalidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señora Sainz, tiene la palabra. Perdón, ¿el Grupo de Izquierda Unida
presentó enmienda? (Pausa.--La señora Aramburu del Río hace gestos
negativos.) Tiene razón su señoría. Le había dado la palabra a la señora
Sainz para la aceptación o denegación de las enmiendas, pero consumamos
primero el turno de fijación de posiciones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con gran
brevedad, dado que se nos ha notificado a los portavoces la existencia de
una enmienda transaccional, como bien ha dicho el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego.
Nosotros entendemos que en las tres iniciativas, tanto en la
correspondiente al Grupo Parlamentario Popular como en las dos del Grupo
Parlamentario Socialista, hay elementos positivos que mi grupo apoyará.
Estamos a favor de las disposiciones primeras tanto de una iniciativa
como de la otra del Grupo Socialista. La segunda es complementaria; se
refiere a un caso específico ocurrido en Galicia a una señora. Creemos
que eso se resuelve una vez aprobada la base legislativa común. En
cualquier caso, estaríamos en la línea de la iniciativa de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular si recogiera precisamente estas
ideas expuestas tanto por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
como por el representante del Grupo Mixto en la iniciativa del Bloque
Nacionalista Galego.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
La señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, no soy portavoz de mi grupo en materias de defensa, pero las
iniciativas que se debaten hoy tienen otra vertiente, que es un intento
de eliminación de una situación discriminatoria para las mujeres en el
desempeño de una profesión.
Cuando yo era niña se me decía que las mujeres podíamos desempeñar
cualquier profesión excepto dos: ser juezas, magistradas o fiscales o
bien militares. Se me perdonará si manifiesto que esta segunda
prohibición me interesaba menos que la primera, por no formar parte de
mis opciones personales.
La primera prohibición, la de ser magistradas, juezas o fiscales
desapareció en el año 1966, mediante una ley cuya exposición de motivos
se nos antoja ahora ridícula. Se aludía en ella a la necesidad de
proteger los sentimientos de la mujer ante determinadas actuaciones que
el cumplimiento del deber haría ineludibles.
La segunda prohibición, la de la imposibilidad de ser militares, se
elimina ya en tiempos posconstitucionales. El Real Decreto-ley 222/1988
regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y también lo
recuerdo por haberlo utilizado como pregunta de exámenes a mis alumnos de
administrativo. No me refería obviamente a la justa eliminación de una
discriminación, sino a si el decreto-ley era el instrumento normativo
adecuado, teniendo en cuenta la prohibición del artículo 86 de la
Constitución para regular con este instrumento según qué materias, entre
ellas los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en
el Título I; si se daban, además, las razones de extraordinaria urgencia
y necesidad, también constitucionalmente exigibles, si tenemos en cuenta
que la Constitución, proclamando la igualdad sin discriminación de sexo,
era ya del año 1978 y que tanto la ley orgánica
6/1980 como su reforma 1/1984, reguladoras de los criterios básicos de la
defensa nacional y la organización militar, aludían a una regulación
legal de la participación de la mujer en la defensa nacional.
Pretendía con esta pregunta que me expusiesen su conocimiento en relación
con las fuentes del Derecho, con los instrumentos normativos; si
hablábamos o no de regulación del núcleo esencial del Derecho y si no
importaba el instrumento normativo, ya que en definitiva se trataba de
terminar con una situación discriminatoria. Lo que no pensaba yo
entonces, desde un punto de vista de cierto alejamiento personal con los
temas militares, es que el contenido de la norma no iba en serio; es
decir, que la incorporación de las mujeres a las profesiones militares no
iba a ser con todas las garantías del respeto al principio de igualdad,
por muy progresivo y paulatino que fuese el proceso que se iniciaba.
Los hechos concretos que han motivado las iniciativas que hoy se ven en
la Cámara evidencian que la igualdad real no está en absoluto
garantizada. Es una obviedad decirlo, pero quizás no esté de más en este
caso, que la igualdad no es el tratamiento igual, sino el tratamiento
desigual si existe razón para ello. Tal es el caso de los embarazos, de
los partos, por supuesto, o de las potencialidades físicas medidas en
marcas deportivas de las mujeres a las que ha hecho referencia el
representante del Bloque Nacionalista Galego.
Desde la óptica de nuestro grupo, lo exigible es que toda mujer pueda
desempeñar cualquier profesión para la que tenga vocación y esté
capacitada, y la garantía de este derecho incumbe a los poderes públicos
y bien está un pronunciamiento de esta Cámara. Ojalá ocurra pronto, como
con otras profesiones a las que me siento más cercana.
Leía yo hace poco que en el año 1900, en el Parlamento francés, se
debatía una moción sobre si la mujer podía o no ser abogada, y uno de los
parlamentarios clamaba, entre irónico e indignado: No, si llegará un día
en que el decano del Colegio de Abogados de París llevará faldas. Esta
situación ya se ha producido desde el 29 de octubre pasado, en que el
decano de París es decana, y lo hará tan dignamente o tan indignamente
como sus antecesores masculinos.
Que el voto a favor de todas las iniciativas consensuadas sirva para
allanar el camino profesional militar en toda su amplitud para aquellas
mujeres que así lo deseen.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
El señor Campuzano, por el Grupo de Convergencia i Unió, tiene la
palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir también para fijar la posición de nuestro grupo
parlamentario en relación con estas iniciativas.
Nuestro grupo podía compartir, no desde la perspectiva personal
seguramente, buena parte de las intervenciones de las señoras Uría y
Rivadulla. Entendemos que es bueno que el Grupo Socialista y el Grupo
Popular hayan hecho un esfuerzo para poder consensuar un texto sobre el
que manifestamos nuestro apoyo.
Nos parece que las dos iniciativas van en el mismo sentido. Por tanto, es
normal que esta Cámara se pronuncie en un sentido positivo y que sirva
para resolver lo que todas las intervenciones están poniendo de
manifiesto: la necesidad de avanzar con toda la normalidad posible hacia
la incorporación de las mujeres a ese oficio, a esa función pública de
las Fuerzas Armadas.
Esta mañana me comentaban que en estos momentos 2.500 mujeres se han
presentando a las plazas para tropa y marinería que el Gobierno ha puesto
en marcha. Es un número importante y demuestra que esa normalidad que
estamos reclamando, esa normalidad que también debemos reflejar en los
textos jurídicos y en el tratamiento que la presencia de la mujer debe
tener en nuestra sociedad, se va produciendo. Hoy son mujeres cerca de un
2,3 de los miembros de las Fuerzas Armadas, un 1 por ciento de los
cuadros de mando, el 2,2 de los alumnos de formación y el 3,9 de la tropa
y marinería, y eso indica, insisto, esa normalidad. Debemos, por tanto,
observar esa adaptación de las Fuerzas Armadas a lo que es la exigencia
de una sociedad moderna y, al mismo tiempo, también debemos ser capaces
de asumir que esa incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas está
cargada de complejidad. Se crean situaciones como las que motivan estas
iniciativas, que requieren por parte de los responsables gubernamentales,
por parte del Gobierno o por parte de los responsables de las Fuerzas
Armadas buscar los instrumentos que sean capaces de resolver las
complejidades naturales que implican la presencia de la mujer.
En la perspectiva de la finalización del servicio militar, que sin lugar
a dudas ha constituido una discriminación para los varones jóvenes del
Estado español, no vamos a reclamar que esa injusticia que es el servicio
militar se asuma por parte de las mujeres, sino que lo que vamos a
reclamar es que esta normalidad que va a suponer el fin de la mili
obligatoria con la puesta en marcha de un ejército cien por cien
profesional, también se vea asumida con normalidad por esta presencia de
las mujeres.
Queremos respuesta a lo que, a nuestro entender, constituye un bien
social a proteger, como es el de la maternidad o el del embarazo. Mi
compañera de grupo, Carmen Solsona, me recordaba, que hoy La Vanguardia
se hace eco de otra noticia, como es el tímido aumento de la maternidad
en nuestro país, en Cataluña. Es evidente que todos estamos formulando
discursos políticos en Cataluña, en el Estado español, en el conjunto de
Estados de la Unión Europea, con independencia del color político de los
grupos, en la línea
de potenciar, de facilitar esa maternidad. Pues bien, iniciativas como
las que hoy tomamos en consideración van en esta línea de asumir la
maternidad como un bien social que debemos incorporar también en el
quehacer, en la visión conjunta que las Fuerzas Armadas tengan en
relación al mismo.
Desde ese punto de vista, y agradeciendo las iniciativas tanto del Grupo
Popular como del Grupo Socialista, nuestro grupo parlamentario votará a
favor del texto consensuado que doña María Jesús Sainz nos ha ofrecido al
inicio de este trámite.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, el ejercicio
parlamentario tiene servidumbres inenarrables y compartirán conmigo lo
razonables que son los argumentos cuando consiga explicarles el impacto
que causa la lectura de la iniciativa motivo del debate.
¿Les parece a ustedes que entra dentro de la normalidad democrática que
20 años después de aprobar la Constitución, donde en su artículo 14 se
recoge que los españoles son iguales ante la ley, sean los poderes
fácticos, el partido del Gobierno y el propio Gobierno quienes quieran
remover los obstáculos para la consecución de la igualdad que ellos
mismos mantienen, para ser exquisitos, permiten o toleran? E incluyo en
el lote de la perplejidad el que hace una década se aprobara un real
decreto que ofrecía a las mujeres la posibilidad de acceder a 24 cuerpos
y escalas y que abría las puertas a su progresiva integración en el resto
de las Fuerzas Armadas. Todo esto, señorías, ha sido insuficiente para
que la cúpula militar fuese respetuosa con la aplicación estricta del
derecho fundamental. No se trata ni mucho menos de identificar las
responsabilidades, sino, por supuesto, de resolver los conflictos una vez
constatada la realidad, a la que no somos ajenos. Conocemos la existencia
de 2.000 mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas, número simbólico que,
a su vez, en el gráfico de la representación --como ya se ha dicho--
supone el 1,1 por ciento de los cuadros de mando, el 2,2 por ciento de
los alumnos en formación y el 4 por ciento de la tropa y marinería
profesionales. Ni qué decir tiene que no resiste la comparación
--insisto-- con los ejércitos occidentales. Por ejemplo, en Estados
Unidos, que sería su modelo --insisto, su modelo--, hay 192.200 mujeres,
lo que da el porcentaje del 12,95 por ciento.
Todo esto, señorías, son cifras cargadas de ideología que, para un grupo
político como el que represento, profundamente antimilitarista, no son
más que destellos de un cuerpo que reacciona con sutiles mecanismos,
llámense circulares, para impartir la enseñanza del conocimiento de la
defensa en los institutos o para poner el cronómetro del tiempo político
a funcionar en clave de pseudogénero. Y todo esto ante lo que nuestros
antepasados recientes llamaban la falta de vocaciones militares, ya que
tan sólo en 1997 los declarantes como objetores de conciencia han sido
127.304 jóvenes, un 36 por ciento más que el año anterior. Parece
evidente, por lo tanto, que los planes del Gobierno están siendo
distorsionados por esta oleada, que ni siquiera las últimas tasas de paro
modifican.
Por eso les decía, señorías, que hay iniciativas que, sin dudar de su
bondad, parecen algo sospechosas, pero bajo ningún concepto torcerán
nuestra voluntad de apoyarlas, con las reservas correspondientes, dada la
aparente intencionalidad y también los efectos que producen, ya que no
entran en el marco del objetivo deseado por una sociedad que no necesita
de estos ejércitos ni de estos gastos militares.
Permítanme que me ahorre el discurso en cuanto a la actitud penalizadora
que se ha tenido en las Fuerzas Armadas con respecto a la maternidad,
para evitar interpretaciones sesgadas. Intentan ustedes hoy
autoenmendarse la plana. ¡Bienvenidos sean! Nunca es tarde si la dicha es
buena. Pero, por lo menos, que conste en sus expedientes que sus
curricula en cuanto a velar por los derechos son bastante deficitarios.
Para no hacer más leña del árbol caído, concluyo apelando a su
neutralidad para cumplir la ley, y ese será el sentido positivo de
nuestro voto. El resto será responsabilidad gubernamental.
En este sentido, señorías, señor presidente, y tal como plantean las
sucesivas iniciativas del Grupo Socialista y del Grupo Mixto en su
enmienda, sólo arbitrando medidas de discriminación positiva podremos
garantizar la igualdad en el acceso, en el derecho y en las
oportunidades. este es el desafío y este es el compromiso.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Ahora sí procede que la señora Sainz fije su posición sobre las
enmiendas; no sé si incluso sobre la transaccional que creo que se había
formulado por el Grupo Socialista.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que decir a la portavoz del Grupo Socialista que
lamento su estilo. Yo no sé realmente de qué presuntos me habla, pero
cuando quiera hablamos de presuntos y también --cómo no-- de condenados y
de procesados. (Rumores.) En segundo lugar, señoría, yo también le digo a
usted que cuando quiera hacemos un debate de familiares en la
Administración, de todos los grupos (Protestas.), de dirigentes del Grupo
Socialista y, por supuesto, de Galicia y de Andalucía. (Fuertes
protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señora Sainz, aténgase a la cuestión, por favor.
La señora SAINZ GARCIA: De Andalucía también, señorías. (Rumores.) Señor
presidente, usted no estaba presente, pero antes de defender la
iniciativa, la portavoz del Grupo Socialista lanzó una serie de
descalificaciones e improperios que se salían por completo de los textos
de las dos proposiciones no de ley y que, sin duda, yo creo que a todos
los grupos nos ha dejado tristemente sorprendidos. (Rumores.) Lo que
quiero decirle es que, escuchando su intervención y en relación con la
propuesta que nos hace, la verdad es que yo no entiendo cómo ha permitido
que su Gobierno fuese el que introdujera esas discriminaciones en las
normas de las Fuerzas Armadas, porque de lo que se trata hoy es de
eliminar unas discriminaciones que su Gobierno --el Gobierno socialista--
introdujo en las normas de acceso para las Fuerzas Armadas, señoría.
(Aplausos.) Además, tampoco voy a pedirle disculpas por que nuestra
proposición no de ley haya superado y mejorado claramente las dos que
ustedes habían presentado, pero que las tenían en el olvido y que han
tenido que colgar de una iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados para su debate en este pleno.
Hablemos claro, señoría.
Naturalmente, vamos a aceptar la enmienda transaccional que usted ha
ofrecido, y lo hacemos porque desde mi intervención llamé a ese
importante e interesante consenso en todo lo que se refiere al principio
de igualdad de oportunidades y porque todavía a estas alturas tenemos que
estar eliminando las discriminaciones de las leyes. Además, la aceptamos
porque, sin duda, en el fondo recoge todos los extremos que aparecen en
nuestro punto dos. Usted elimina la expresión de modificar la
legislación, pero como luego acepta todas las propuestas de modificación
que introduce el Grupo Parlamentario Popular, sin duda la vamos a
aceptar, siempre y cuando usted, de acuerdo con lo que había hablado
conmigo, elimine las dos suyas que consideraba tan grandes y maravillosas
pero que, sin duda, han sido claramente superadas por la del Grupo
Parlamentario Popular. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señora Sainz, que acepta la transaccional
que ha formulado el Grupo Socialista.
Vamos, entonces, a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, a
la que se han acumulado dos del Grupo Socialista, sobre medidas para
garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres en las
Fuerzas Armadas, en los términos del punto 1 de la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular y del punto 2 resultante de la transaccional que, a
propuesta del Grupo Socialista, ha negociado este grupo y ha aceptado el
Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 309; en contra, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición no
de ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CADUCIDAD DE LOS EXPEDIENTES
PENDIENTES DE ADSCRIPCION A LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA. (Número de
expediente 162/000217)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre
caducidad de los expedientes pendientes de adscripción a la prestación
social sustitutoria.
Para su defensa, tiene la palabra don José Manuel Caballero. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! Señora Leiva, señor Solé Tura, señor Gómez-Alba.
(Pausa.)
Adelante.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor presidente, señores y señoras
diputados, presentamos hoy una proposición no de ley, en la que instamos
al Gobierno a la perención de los expedientes de aquellos objetores de
conciencia que llevan más de un año en situación de disponibilidad. Como
consecuencia de esta caducidad, los objetores quedarán exentos de la
obligación de realizar la prestación social sustitutoria.
Se trata de una propuesta cuyo contenido es del máximo interés para más
de 50.000 jóvenes que se encuentran en situación de disponibilidad desde
hace más de un año, pero también esta propuesta suscita el interés y el
respaldo del conjunto de las asociaciones y los colectivos juveniles, así
como de las organizaciones juveniles de los partidos políticos aquí
representados.
Esta propuesta atiende también a la posición favorable de la mayoría de
los grupos de esta Cámara, que el 26 de noviembre de 1996 apoyaron de
manera unánime una proposición de ley de Convergència i Unió reguladora
de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria que,
junto con otros aspectos, recogía también, como un punto fundamental de
su contenido, la necesidad de limitar a un máximo de un año el período de
disponibilidad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
Adelante, señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: En definitiva, se trata de una propuesta que
pretende solventar el
problema que sufren los miles de jóvenes que, ante sus obligaciones
militares, deciden optar por el derecho constitucional a declararse
objetores de conciencia, y cuya situación de disponibilidad, es decir,
desde que se les reconoce como objetores de conciencia hasta el momento
en que se les llama a realizar la prestación, supera el plazo de un año,
sin que durante ese tiempo sean llamados por la Administración
responsable de la prestación social. Por tanto, existe una plena
disposición del joven a cumplir con sus obligaciones y, por contra, es la
Administración la que no cumple.
Con esta proposición el Grupo Socialista sólo pretende recoger la demanda
de colectivos sociales y de afectados que en gran medida pusieron su
esperanza en la proposición de ley que antes mencionaba, por la que se
pondría fin a esta situación que tantos trastornos ocasiona y que después
de tanto tiempo de espera no ven sino que empeora.
Es cierto que en nuestro país, desde la aprobación de la Ley de Objeción
de Conciencia en 1984, los jóvenes han optado por hacer un uso de este
derecho constitucional con una tendencia superior a la de los países de
nuestro entorno. Un cierto cuestionamiento de la utilidad del servicio
militar obligatorio y un profundo carácter solidario y pacifista de los
jóvenes españoles han contribuido a marcar esta tendencia.
No obstante, la llegada del Partido Popular al Gobierno en mayo de 1996
no ha aportado ninguna mejora a la gestión de la objeción de conciencia,
más bien al contrario. El anuncio del Gobierno de profesionalizar las
Fuerzas Armadas, los continuos cambios de fechas de finalización del
proceso y la desconfianza de los jóvenes respecto de las decisiones del
Gobierno y de sus socios en torno a este tema no han hecho sino generar
más incertidumbre, desbordándose las cifras de jóvenes que optan por la
objeción y superando todas las previsiones.
En la actualidad más de 115.000 jóvenes están pendientes de realizar la
prestación social. Mientras, cada día siguen aumentando las cifras de
jóvenes que se declaran objetores, superando las de meses anteriores. Por
contra, la capacidad de gestión de la Administración correspondiente no
parece que vaya a poner solución acortando la permanencia de los
objetores en espera de destino de la prestación. Parece evidente que la
Administración es incapaz de ofertar un puesto de actividad para todos
los objetores que lo demandan porque, aunque aumentan los convenios, la
mayoría de ellos en instituciones públicas, esto no soluciona el problema
e incluso se extiende el sentimiento entre los jóvenes de que cada vez la
prestación cumple menos con los objetivos para los que fue ideada, que no
son otros que prestar servicios a la colectividad, y se piensa que por
contra cada vez hay más destinos que actúan como un aparcamiento para
cumplir con el requisito administrativo de la prestación.
Así, la objeción de conciencia aumenta, día a día, frente a la
incapacidad de la Administración para dar una respuesta a esta demanda de
plazas, por más que por parte de las autoridades responsables
continuamente se toman medidas destinadas a desincentivar la objeción,
como, por ejemplo, la retirada general y posterior reducción de los
cheques de vestuario o las continuas filtraciones del interés del
Gobierno en que desaparezca la posibilidad de declararse objetor una vez
sorteado, intentando de esta manera receptiva en derechos desalentar a
los que puedan plantearse la objeción en un futuro inmediato.
Hay que reconocer que en esta legislatura se han producido cambios
importantes en lo que tiene que ver con el servicio militar y con la
objeción de conciencia. La eliminación de las penas de prisión para los
jóvenes que desobedecen la obligación de cumplir el servicio militar y la
decisión posterior del Gobierno de proceder a su excarcelación son un
paso hacia adelante. No obstante, parece obedecer más a un deseo del
partido del Gobierno de copiar todas las iniciativas de la oposición y
evitar que ésta pueda conseguir los apoyos de esta Cámara en ciertos
temas de interés social que a deseo real de transformar dichas
situaciones.
Así, la propuesta que ahora presentamos desde el Grupo Socialista trata
de dar respuesta a las expectativas que con ocasión de la proposición de
ley sobre objeción de conciencia se habían suscitado entre la población
juvenil afectada por las medidas ahí recogidas.
Después de 17 meses de espera, el Partido Popular y Convergència i Unió,
por fin, han alcanzado un pacto, por fin han sido capaces de ponerse de
acuerdo, pero ¡oh, curioso! no en un año, como establecía la proposición
de ley que nos presentó el Grupo Catalán, ni siquiera en 18 meses, como
pensaban los más pesimistas, han sido tres años lo que han acordado que
será el período de disponibilidad.
Ante esta situación nos tenemos que preguntar: ¿dónde ha quedado el año
que propusieron? ¿Qué ha sido de los informes del Defensor del Pueblo, de
Bandrés-- Bindi o de la importancia de este período de la vida del joven
en el que inicia su incorporación a la actividad laboral o a la
finalización de los estudios. Temo que tendrán que explicarlo. No
obstante, el Grupo Socialista les ofrece ahora la posibilidad de apoyar
algo que está recogido en su proposición: que los objetores que lleven
más de un año esperando destino pasen a la situación de reserva, pues no
tienen estos jóvenes por qué pagar la incapacidad de la Administración
para asignarles un puesto de actividad, máxime cuando en el futuro
inmediato no parece que tengamos elementos que nos permitan ser
optimistas sobre la proximidad de una solución a los numerosos problemas
de la falta de plazas para realizar la prestación, más bien parece al
contrario, pues cada vez hay mayor número de objetores.
No podrán decir desde Convergència que fue una imposición del Partido
Popular y que no encontraron ningún grupo que apoyara el objetivo de su
propuesta. Aquí está el Grupo Parlamentario Socialista ofreciéndoles esta
posibilidad. Utilícenla o, si no, expliquen ustedes y su contraparte los
motivos que les hacen coincidir saltándose lo que impulsaron.
Los señores del PP deben también explicar a los miles de jóvenes, puesto
que habían generado unas expectativas sobre este tema, cuáles son los
motivos que les impulsan a maltratar de esta manera a jóvenes que
voluntariamente han optado por cumplir su obligación y a los que la
Administración ha sido incapaz de atender. Explíquenles que, a la puerta
de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y de la desaparición, por
tanto, de la prestación social, tendrán que continuar con la
incertidumbre por un período de tres años, que tendrán dificultades para
planificar su formación académica o su inserción laboral. Salgan y
explíquenlo. Explíquenlos si es que, quizá, están esperando a que se
acerque un posible período electoral durante el cual este Gobierno, tan
atento, tan pendiente a las demandas juveniles, ofertaría alguna
propuesta atractiva. Me temo, repito, que tendrían que explicarlo.
En cualquier caso hoy tienen la posibilidad de enmendar su posición
apoyando la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, que se
justifica desde una doble perspectiva: por un lado, la proximidad de la
culminación del proceso de profesionalización, el abultado número de
jóvenes en situación de disponibilidad, las dificultades ajenas a su
voluntad para adscribirles a una plaza de la PSS y la inexistencia de
soluciones en un futuro inmediato, mientras que, por otro, existe una
sentencia del Tribunal Supremo que establece que la prestación social
sustitutoria del servicio militar no podrá imponerse a los objetores una
vez transcurridos 14 meses desde el momento en que se les reconoció
oficialmente como tales. En definitiva, la sentencia establece que la
Administración no puede imponer obligaciones a los ciudadanos si ella
misma las incumple.
Así, en aplicación de la legislación vigente, debe declararse la
caducidad automática de todos los expedientes de adscripción de un
objetor a la prestación social sustitutoria que no haya sido resuelto en
el plazo de 14 meses a contar desde el reconocimiento del derecho,
considerando aplicable a estos supuestos la Ley 30/1992, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, que recoge la caducidad de los procedimientos por
inactividad de la Administración.
Esta ley, en su artículo 43.4, declara la caducidad de los expedientes
iniciados de oficio y no susceptibles de producir actos favorables para
los ciudadanos, como la adscripción a la PSS, ordenando en este sentido
proceder al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier
interesado o de oficio, en el plazo de 30 días del vencimiento del plazo
en que debió ser dictada, excepto en los casos en los que el
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado y
en los que se interrumpiera el cómputo del plazo para resolver el
procedimiento. Todo esto de conformidad con lo establecido en los
artículos 47 y 48 del Real Decreto 206/95 que regula el reglamento de la
prestación social de los objetores de conciencia y que prevé un plazo de
seis meses para la adscripción de un destino, así como que en los seis
meses siguientes debe ordenarse la incorporación del objetor a su puesto.
Por tanto, cabría que la Administración declare caducos los expedientes
de aquellos jóvenes que llevan más de un año esperando en la citada
situación.
Termino ya pidiéndoles que me perdonen si me atrevo a prever en algún
aspecto el contenido de sus intervenciones, pero viene siendo recurrente
en sus guiones parlamentarios el recuerdo de lo que los socialistas
hicimos cuando gobernábamos. Sepa que, a mi entender, el PSOE hizo muchas
cosas bien y algunas un poco menos bien. En cualquier caso, podríamos
relatar todas las cosas que hicieron los socialistas durante su etapa de
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Caballero, concluya, por favor.
El señor CABALLERO SERRANO: Enseguida termino, señor presidente.
Por ejemplo, democratizar el Ejército, modernizarlo, acortar la duración
del servicio militar, mejorar la imagen del ejército entre los
ciudadanos, dignificar la vida de los soldados, aprobar la primera
regulación en materia de objeción de conciencia y la Ley del
voluntariado. De modo que se hicieron muchas cosas, y muchas cosas bien.
No obstante, la responsabilidad de gobernar ahora la tienen otros, la
tienen ustedes, por lo que les invito a afrontar su papel. No pueden ser
oposición de la oposición; gobiernen, tomen decisiones y asuman sus
consecuencias. Deben saber que si esta proposición no prosperase,
convencidos del sentido de su contenido, apoyaremos, prestando
información, asesoramiento y orientación, a cuantos afectados interpongan
recursos contra la Administración para cumplir con un derecho que les
corresponde. No obstante, confiamos en su responsabilidad. Pensamos que
no pueden seguir maltratando a estos jóvenes que han querido prestar a la
sociedad lo mejor de sí mismos realizando actividades de carácter social
y que por incapacidad de la Administración no han podido cumplir con su
objetivo.
Por todo esto les pedimos que apoyen esta proposición no de ley, para que
se declare de oficio la perención de los expedientes de aquellos
objetores que lleven más de un año esperando incorporarse a la prestación
y, como consecuencia de la caducidad de estos expedientes, los objetores
quedarían exentos de la prestación social sustitutoria.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto
comparten turno la señora Lasagabaster y el señor Vázquez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, intervengo en nombre
de Eusko Alkartasuna y adelanto ya que el sentido de nuestro voto va a
ser positivo, favorable a esta proposición no de ley. Creemos que este es
un tratamiento paliativo de ciertos efectos secundarios de una
enfermedad, efectos secundarios pero muy importantes, y que lo realmente
importante sería --valga la redundancia-- dar un tratamiento a la
enfermedad en sí misma. Saben ustedes cuál es la posición de Eusko
Alkartasuna respecto a la objeción de conciencia, mejor dicho, a la
prestación social sustitutoria. Lo dijimos ya en el debate del 26 de
noviembre de 1996 y no lo repetiré aquí, pero ciertamente esta es una
cuestión de una gran envergadura en la medida en que supone paliar un
problema de inseguridad jurídica a muchísimos jóvenes que, habiendo sido
reconocidos objetores de conciencia, no sabían qué hacer después de años
y años. Creemos que lo normal hubiera sido tratar de este tema en la
tramitación de la proposición de ley reguladora de la objeción de
conciencia y la prestación social, pero ciertamente la dilación con la
que se está llevando a cabo esta tramitación tiene que obligarnos a hacer
algo. Los tribunales ya se nos han adelantado, creo que con muy buen
juicio y con muy buen criterio, y en este sentido curiosamente vamos a
regular algo que ya está siendo aplicado.
No estoy de acuerdo con lo que la ponencia ha señalado (parece ser que ha
sido un criterio acordado en ponencia) en cuanto a los tres años. Creemos
que es mucho mejor el año. En este sentido observamos que los tribunales
aplican los catorce meses del artículo 43.4 de la ley 30/1992. Nos
alegramos que haya sido así por todos los objetores que tienen este
problema, pero en especial recuerdo que recientemente, sin ir más lejos
el viernes pasado, fue absuelto el presidente de las Juventudes de esta
formación política, con una pena de ocho años de inhabilitación, en base
a esta legislación 30/1992. Cómo no nos vamos a alegrar y cómo no podemos
hacer otra cosa que votar a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Vázquez, brevemente, por favor.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente. Seré breve como casi siempre.
Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca
de la proposición no de ley del Grupo Socialista, y efectivamente lo haré
de manera breve porque nuestra posición respecto a estos temas también es
sobradamente conocida. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de
ley, pero dejando claro de nuevo, aprovechando esta oportunidad, algunos
aspectos.
Es evidente que el período que vivimos de transición a la
profesionalización de las Fuerzas Armadas se está realizando, desde
nuestro punto de vista, de manera improvisada, lo que está provocando la
toma de decisiones sobre la marcha. También queremos decir que la
prestación social sustitutoria fue concebida en su día más como un
castigo que como alternativa al servicio militar obligatorio. Los
movimientos de objeción de conciencia y antimilitaristas y los grupos
políticos, como el Bloque Nacionalista Galego, criticamos en su día ese
planteamiento legal porque establecía un mayor tiempo de cumplimiento de
la PSS que del servicio militar obligatorio, porque destinaba objetores a
la realización de actividades para las que no estaban cualificados,
incluso a ocupar puestos de trabajo de esos que se pueden considerar
entre comillas normales, y ahora asistimos a que el gran número de los
objetores de conciencia impidió en la práctica encontrar destino a
numerosos jóvenes manteniéndolos en una situación de espera realmente
intolerable. Al comienzo de esta legislatura el Partido Popular proponía
un plan de objeción de conciencia que iba a solucionar estas carencias,
pero en realidad la situación sigue igual o empeorada. Es evidente que el
modelo de servicio militar obligatorio estaba en crisis antes y ahora
hace agua por todas partes: cientos de insumisos que el Gobierno se ve
obligado a indultar, miles de objetores sin destino posible para cumplir
la prestación social sustitutoria y sin atisbar una vía de solución para
la situación de los insumisos en los cuarteles, algunos de los cuales
están en prisión militar, como Elías Rozas y Ramiro Paz, jóvenes que con
su actitud pretendían acelerar el proceso de abolición del servicio
militar obligatorio.
En resumen, apoyamos esta proposición no de ley y demandamos la
aceleración del proceso de profesionalización y que en dicho proceso no
se causen problemas y sufrimientos innecesarios a los jóvenes que no
quieran realizar el servicio de armas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias también, señor Vázquez, por su habitual
brevedad.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
Ruego a todas SS. SS. que apliquen lo que ha sido norma de brevedad en
las intervenciones anteriores.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias, señor presidente, y así lo
haré.
Mi grupo no va a apoyar esta proposición no de ley que nos trae el Grupo
Parlamentario Socialista. Usted sabe muy bien --y si no se lo recuerdo
porque no era usted diputado en esa época-- que en 1984, cuando aprobamos
la Ley 48, de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria,
quedó una incógnita que era saber qué grado de absorción de los que se
acogían a la objeción de conciencia, y por tanto a hacer la prestación,
podían tener las entidades civiles, que no eran las militares, en ese
contingente. Era una incógnita y los hechos lo han venido demostrando
así. Esta bolsa que hay actualmente de la objeción de conciencia, que
ustedes cifran en más de 115.000 personas pendientes de la prestación
social sustitutoria, no se ha producido en estos dos años del actual
Gobierno, sino que ya venía de atrás y era un fenómeno producido por la
propia dinámica social de la objeción de conciencia. Los ayuntamientos,
Cruz Roja y todas las entidades que ofrecen plazas para absorber este
contingente no tienen la oferta suficiente porque han tenido que
limitarse a cuestiones de política laboral para evitar interferir en las
bolsas de parados que tienen obligación social de recoger dichas
entidades, sobre todo los ayuntamientos y las corporaciones.
El Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y mi grupo hemos llegado a un entendimiento. Mi
grupo se inclina por una opción intermedia de tres años en una horquilla
de uno a cinco años que planteaban ambos extremos. Tengo que reconocer
--y quiero decirlo públicamente-- desde la cesión que han hecho miembros
del Ministerio de Defensa y del Grupo Popular hasta la generosísima
posición de responsabilidad de Estado que ha tenido el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) al aceptar esta cifra en aras de la defensa de un
bien de interés común como es, dentro de las leyes de la defensa militar
del Estado, el dar salida a un problema derivado del servicio militar.
Nos encontramos en una fase de transición. Qué menos que tres años,
porque en una prestación social sustitutoria como la que ustedes plantean
aquí me extraña que no hayan presentado una enmienda a la proposición de
ley del Grupo Catalán para hacerla armónica y coincidente con algo más,
que es reducirla de trece a nueve meses. Si no se compaginan esos tres
factores la ecuación no sale; no sale ni incluso en un período de
transición. Nos parece oportuno que el acuerdo al que hemos llegado de
tres años, haciéndolo coincidir con la reducción de la prestación social
sustitutoria de trece a nueve meses, se pueda encajar en este período
transitorio que tenemos. Hay una responsabilidad de quien gobierna, pero
hay también una responsabilidad residual de quien ha gobernado para
conocer estos problemas que se dan en una estructura que se deriva del
servicio militar obligatorio, cuya desaparición ya tenemos en puertas.
Por estas razones y por congruencia, señor presidente, mi grupo no va a
votar a favor de esta proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo una iniciativa instando al Gobierno a
establecer un período de caducidad de un año de los expedientes de quien
es declarado objetor de conciencia y no es llamado en ese período de
tiempo a realizar la prestación social sustitutoria. Se recoge en la
exposición de motivos, como razón justificadora, el altísimo número de
objetores pendientes de destino, la llamada bolsa de objetores, cifra que
tiende a crecer desde el anuncio presidencial de la profesionalización
del ejército. Nos parece de justicia reconocer que la bolsa de objetores
no ha podido formarse en dos años. Se alude también en la exposición de
motivos a que los tribunales, en aplicación de la legislación vigente,
han empezado a declarar la caducidad automática de todo expediente de
adscripción de un objetor a la prestación social sustitutoria que no haya
sido resuelto en el plazo de catorce meses a contar desde el
reconocimiento del derecho, haciendo referencia a la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
Creemos también de justicia señalar que el nacimiento de esta teoría de
la caducidad no lo es en el ámbito contencioso-administrativo, sino que
procede del ámbito del Derecho penal. Se ha abierto paso en el criterio
de las audiencias provinciales, primero en la de Navarra, después en las
de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa, obedeciendo a una intención que tuve
ocasión de exponer en esta Cámara hace ya dos años, cuando hablábamos de
la despenalización de las conductas consistentes en desobediencia al
cumplimiento del servicio militar y la prestación social sustitutoria.
Aludía yo a que la falta de reproche social sobre estas conductas hacía
que los distintos juzgadores acudiesen a teorías jurídicas intentando
evitar las condenas. Una de estas teorías consistía en utilizar el
silencio administrativo entendiendo que no existía llamamiento válido, y
que por tanto no se conformaba el tipo delictivo, si había transcurrido
este período de caducidad. Las audiencias vascas han generalizado este
criterio que ha sido confirmado por una sentencia del Tribunal Supremo,
entre ellas la conocidísima de 31 de octubre de 1997 que tuvo tantísima
difusión. Por cierto, la prensa se hacía eco de una sentencia que había
pasado inadvertida y decía que ahora era conocida. Habría pasado
inadvertida para el propio medio de comunicación, pero esta diputada la
conocía desde el mismo día en que fue notificada.
Ha habido también pronunciamientos en el mismo sentido de la caducidad en
el orden contencioso-administrativo. En concreto, la sentencia de 25 de
mayo de 1997, si bien no de manera expresa sino como obiter
dicta, se hace eco de que la situación de disponibilidad no puede durar
más de un año desde que se declare al ciudadano útil para la prestación.
Se hacía también referencia en la intervención del diputado socialista
proponente a que esta teoría había tenido entrada en la Cámara fruto de
su iniciativa. Queremos manifestar que en relación con el tratamiento de
la proposición de ley de Convergència i Unió sobre objeción de conciencia
y la prestación social sustitutoria está presentada en la Cámara, desde
el 18 de marzo de 1997, la enmienda l6 del Grupo Vasco en la que se dice
que, si en el plazo de un año el objetor no está efectivamente
incorporado a la actividad de prestación social, pasará a la situación de
reserva. Ni siquiera se dice que tendrá que ser llamado, sino que
remitimos el período de un año a la incorporación efectiva a la actividad
de prestación social. Ello porque nos parece que así se concluye de la
motivación conjunta de la Ley de objeción de conciencia actual y el real
decreto en cuanto se acuerdan los períodos válidos de llamamiento.
Por supuesto que vamos a votar a favor de la toma en consideración de la
iniciativa del Grupo Socialista por coincidir con nuestro criterio y
damos por bienvenido a esta convicción al Grupo Socialista, aunque --todo
hay que decirlo-- esto sea cuando ya no tiene responsabilidades de
gobierno en la materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Voy a expresar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) sobre esta proposición no de ley sobre caducidad de los
expedientes pendientes de adscripción a la prestación social
sustitutoria. Es evidente, señor Caballero, que es imposible analizar lo
que sucede en el ámbito de la prestación social y de la objeción de
conciencia sin hacer referencia a lo que ha sucedido en el Estado español
desde 1984. Este Congreso no opera sobre el aire, no opera sobre el éter,
sino sobre realidades concretas y específicas. El Gobierno del Partido
Popular ha tenido que gestionar una bolsa de objetores, más de cien mil,
resultado de la desidia y de la mala gestión del Gobierno socialista en
esta materia. Me parece que forma parte hoy del sentido común de todo el
movimiento juvenil del Estado español que esa es una realidad. Es más, a
este diputado no le gusta salir en defensa del Gobierno, pero en esta
materia hay que ser justos, y nos acompaña el director general de la
objeción de conciencia. El Gobierno del Partido Popular tiene más que un
aprobado en la gestión de la prestación social. Las incorporaciones de
los objetores recientemente reconocidos hoy se están produciendo de
manera satisfactoria y el crecimiento de las plazas de la prestación
sitúa en un número relativamente razonable la bolsa que aún condiciona la
evolución de este sistema. Por tanto, es inevitable que este debate
tengamos que enfocarlo partiendo de esa realidad, nos guste o no nos
guste.
Por otro lado, vale la pena recordar que el antiguo reglamento de la
prestación social, de 15 de enero de 1988, preveía un período de
disponibilidad de un año y que el Gobierno anterior lo suprimió. Sería
interesante conocer por qué aquel Gobierno acabó con ese período de
disponibilidad, porque con el nuevo reglamento de 1995 se creó una
situación lo suficientemente confusa como para que quizás hayamos tenido
que esperar a que Convergència i Unió tramitase su proposición de ley
sobre objeción de conciencia o que el Tribunal Supremo se pronunciase en
un determinado sentido. Nosotros entendíamos al principio de esta
legislatura que las problemáticas que usted planteaba, la bolsa de los
objetores de conciencia, una ley aprobada por el Partido Socialista que
introducía una situación de desigualdad de los objetores de conciencia
respecto a los jóvenes que optaban por el servicio militar, etcétera,
podían ser resueltas, y que podían serlo además en un período de
transición hacia la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Esta misma
mañana, la ponencia encargada de dictaminar las enmiendas a la
proposición de ley de Convergència i Unió ha aprobado el primer dictamen,
que va a ser resuelto próximamente en la Comisión Constitucional, donde
se plantea una nueva ley de objeción de conciencia. Nuestro grupo
parlamentario --y el señor Mardones hacía referencia a ello-- puede
exhibir, de común acuerdo con el Grupo Popular y Coalición Canaria, que
ha habido un buen acuerdo, que hemos sido capaces de transformar en
sentido positivo y en beneficio de todos los objetores de conciencia del
Estado español una legislación y una situación que era negativa, y lo
hemos hecho además sin poner en cuestión el objetivo de
profesionalización de las Fuerzas Armadas. Por tanto, éste es un acuerdo
positivo.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Campuzano, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Entrando en la cuestión, a nosotros nos
parece que tan sólo desde esa perspectiva global podemos entender la
solución al problema planteado y a finales del mes de junio va a haber
una nueva ley de objeción de conciencia que va a permitir que más de
14.000 jóvenes que estaban desde hacía más de tres años esperando
incorporarse a hacer la PSS, resultado de la mala gestión del Grupo
Socialista, pasen a la reserva. Estos son los hechos y esta es la
realidad. Entendemos que la sentencia del Tribunal Supremo ha motivado su
posición, pero llega hoy tarde y mal. A este diputado le hubiese gustado
que el 6 de octubre de 1992 el Grupo Socialista hubiese
votado a favor de la proposición de ley de Convergència i Unió que ligaba
con la proposición de ley que previsiblemente íbamos a aprobar en junio.
El 6 de octubre ustedes frustraron a cientos de miles de jóvenes del
Estado español. Hoy no quieran ustedes que asumamos nosotros esa
responsabilidad. El 6 de octubre de 1992 el PSOE frustró a buena parte de
la juventud de todo el Estado español. Por tanto, desde este punto de
vista, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va
a votar en contra de esta proposición no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Si el asunto no fuera muy serio se podría decir aquello de pasó un año y
otro año, un mes y otro mes pasó, y el objetor se hizo viejo esperando su
adscripción. La verdad es que ahora están ustedes echándose en cara nadie
sabe qué agravios, pero al final no deja de ser curioso que haya esta
pelea entre bomberos corriendo rápidamente a apagar el fuego, pelea que
hubiera estado bien cuando llegó el momento de incendiar la casa, que se
hubieran pegado por no incendiarla, porque lo que están ustedes haciendo
ahora es tratar de corregir lo que hicieron mal. Esto es el
reconocimiento de un fracaso. Se dijo de una forma clara y contundente y
hoy se repite. No le echen ustedes la culpa al servicio de la objeción de
conciencia, fuera de la UCD, fuera del PSOE o sea hoy del PP. Esta es una
situación objetiva. No hay posibilidad alguna de administrar, con un
minimum de seriedad y de rigor, la objeción de conciencia y de
proporcionar de verdad y en serio, a todo ese conjunto de ciudadanos que
hacen uso de ella, un trabajo que se corresponda con lo que la propia
objeción de conciencia contempla. Lo que se está haciendo es pura y
sencillamente, a través de este mecanismo, dos cosas a la par igual de
inmorales; la primera, penalizar el derecho a la objeción de conciencia
que viene en la Constitución, y la segunda, convertir esa penalización en
la sustracción de puestos de trabajo para ciudadanos que tienen derecho
al trabajo y a ganarse la vida. Pero ustedes concibieron, por mor de las
presiones del fajín o del caqui, que no era posible que hubiera una
objeción de conciencia pura y sencilla. Es más, ha dicho el señor
Mardones que no sólo se han puesto de acuerdo el Grupo Popular, Coalición
Canaria y Convergència i Unió; ha dicho que también se han puesto de
acuerdo con el Ministerio de Defensa. Es evidente que, a nada que se
rasque, se ve clarísimamente cómo aquellos desaciertos tenían que
producir ni más ni menos que estas consecuencias.
¿Qué hacemos ahora con 150.000 ciudadanos en las más completa inseguridad
jurídica, en la más absoluta inestabilidad profesional? Esos ciudadanos
no tienen la posibilidad de proyectar su propia vida, no pueden llevar
adelante ese proyecto importante que se llama la vida. Algunos han
perdido ocasiones de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque no tenían
cumplido el servicio militar, como se exigía en tiempos, porque no tenían
cumplida la prestación social sustitutoria. Van a seguir ustedes, señor
Campuzano, con todo cariño, en la misma línea que yo he visto esta mañana
en la ponencia. No tienen la gallardía de coger el toro por los cuernos y
decir: Vamos a reconocer el derecho a la objeción de conciencia del
ciudadano sin ninguna penalización. Y como no quieren ir al Ejército
porque su conciencia se lo impone, y además dentro de cuatro días va a
ser profesional, dejémosles en paz, que se vayan tranquilamente a hacer
lo que les parezca conveniente, a construir su futuro, y que no vayan
donde les estamos enviando forzadamente y además mal. Hoy se trata de
paliar este reconocimiento de un fracaso. Lógicamente, a nosotros nos
gustaría que hubieran prosperado desde hace mucho tiempo nuestras
posiciones, pero bien está y --valga la expresión aunque sea en boca de
un incrédulo-- bendito sea. Además, es de agradecer que venga de la mano
de un diputado que representa a las juventudes, lo cual sinceramente nos
motiva mucho más a decir sí a esta proposición.
En todo caso --acabo, señor presidente--, rogaría a nuestro querido
compañero el diputado de Juventudes Socialistas que elimine el barbarismo
de la perención, que lo dejemos en la caducidad. Los expedientes no
perecen; perecen las mercancías y perecemos los seres humanos. Los
expedientes caducan, las acciones proscriben. Quite usted lo de la
perención y estoy absolutamente convencido de que, dándome esa
satisfacción, el voto de Izquierda Unida además de un voto afirmativo
será un voto agradecido desde la pequeña parcela que nos queda de
solidaridad con la Real Academia de la Lengua.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de
Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Señor presidente, señoras y
señores diputados, la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo
Socialista pretende que se declaren de oficio la caducidad de los
expedientes de aquellos objetores que lleven más de un año esperando
incorporarse a la prestación social sustitutoria, quedando en
consecuencia exentos de cumplir con dicha prestación. Para ello, el
portavoz del Grupo Socialista ha invocado en su intervención una
sentencia del Tribunal Supremo que exoneró de
responsabilidad penal a un objetor que incumplió la obligación de
incorporarse al puesto de actividad para el que había sido llamado, una
vez que habían transcurrido tres años y un mes desde el momento en que el
Consejo Nacional de Objeción de Conciencia le reconoció dicha condición.
Para llegar a dicha conclusión el Tribunal Supremo interpreta que, frente
al Código penal, la aplicación del reglamento de objeción de conciencia,
en relación a la ley de procedimiento administrativo, resulta más
favorable para el objetor, dictaminando así la caducidad automática de
todo expediente de adscripción a la prestación social sustitutoria que no
haya sido resuelto en el plazo de catorce meses a contar desde el
reconocimiento del derecho.
Llegados a este punto, lo primero que querría decir, como es lógico, es
que este diputado lo que no va a hacer es entrar a enjuiciar o valorar
las sentencias que dictan los tribunales de justicia, ni ésa a la que
usted ha hecho alusión ni otras del Tribunal Supremo que se han
pronunciado justamente en sentido contrario. Yo podría citarle, por
ejemplo, otra sentencia del Tribunal Supremo, de septiembre del pasado
año 1997, publicada prácticamente al mismo tiempo que la que usted ha
hecho mención, referida a un joven que fue reconocido como objetor en
marzo de 1990 y fue llamado a incorporarse a cumplir la prestación social
en marzo de 1994, es decir, cuatro años más tarde, y a quien el Tribunal
Supremo ni exoneró de responsabilidad penal, consecuencia de su no
incorporación, ni entendió que se hubiese producido caducidad alguna en
el expediente. Por tanto, parece claro cuando menos que no hay unanimidad
en el Tribunal Supremo a la hora de interpretar la normativa vigente, que
existen sentencias contradictorias. Esto es así, a mi juicio, porque la
vigente Ley de objeción de conciencia, que ustedes elaboraron, no
establece ningún tiempo límite de espera entre el reconocimiento de la
condición de objetor y el inicio de la situación de actividad. Tampoco
está tan claro que el vigente reglamento de objeción de conciencia, de
1995, establezca para todos los casos un tiempo límite entre dicho
reconocimiento y la incorporación a un puesto de actividad. Pero lo que
sí está claro, lo que sí se puede afirmar por parte de nuestro grupo es
que desde la Dirección General de Objeción de Conciencia se está
aplicando la normativa vigente en la misma línea, en el mismo sentido que
cuando ustedes, señorías del Grupo Socialista, gobernaban.
¿Por qué realizo esta afirmación? Verán. La Ley de procedimiento
administrativo está en vigor desde 1992. El reglamento de objeción de
conciencia trae causa de un decreto de febrero de 1995, fecha en la que
ustedes tenían responsabilidades de gobierno. Pues bien, ¿sabe usted,
señor Caballero, cuántos objetores que llevaban más de catorce meses de
espera en aquella fecha fueron declarados por la Administración
socialista exentos de cumplir la prestación social sustitutoria como
consecuencia de que habían caducado sus expedientes? Ninguno, señor
Caballero. ¿Por qué no lo hicieron? Sencillamente porque ustedes, como
nosotros, no interpretaron que de acuerdo con dicha normativa, que
ustedes han elaborado, ningún objetor quedara exento de cumplir la
prestación social cuando hubiese transcurrido dicho plazo. Por eso les
pediría un poco de coherencia a la hora de presentar sus iniciativas. En
mayo de 1996, fecha en la que el Partido Popular accede al Gobierno,
había decenas de miles de objetores pendientes de cumplir la prestación
social y con más de catorce meses de espera precisamente porque en la
legislación que ustedes habían elaborado no había un tiempo límite a esa
espera, lo que colocaba a los objetores en una situación de indefensión o
cuando menos en una situación de incertidumbre.
Esta misma mañana, como ya se ha expuesto por algún otro portavoz, se ha
celebrado la ponencia de la Comisión Constitucional y por la misma ya se
ha elaborado un informe en el que se establece que el tiempo límite de
espera a la situación de disponibilidad sea de tres años. Ustedes podrán
estar de acuerdo o no en ese tiempo límite, pero deberán convenir conmigo
en que se trata de un avance a la cobertura legal de un vacío existen en
la vigente Ley de objeción de conciencia. ¿Por qué hay que establecer una
duración máxima del período de disponibilidad? Parece claro, como todos
conocemos, que la razón es que hay miles de objetores en situación de
espera y pendientes de incorporarse a un puesto de actividad. Así
ustedes, en la motivación de su iniciativa, hacen referencia a que a
finales de 1997 había 115.000 objetores en situación de espera y, tal y
como recoge en otro momento la justificación de su iniciativa, como
consecuencia consideran que la medida contemplada en su proposición es
una respuesta coherente a la insostenible situación en que se encuentran
muchos objetores debido a la incapacidad de la Administración para
facilitar las plazas necesarias. Pero lo que no nos dicen es que en mayo
de 1996 no había 115.000 objetores en espera, había ni más ni menos que
130.000, lo que significa que de mayo de 1996 a esta fecha la bolsa de
objetores no sólo no ha aumentado sino que ha disminuido. Es más, si
ustedes no nos hubiesen endosado un volumen tan importante de objetores
pendientes de cumplir la objeción social sustitutoria, al día de hoy
prácticamente ningún objetor se encontraría en dicha situación.
Hablando de capacidad o incapacidad de la Administración, de eficacia o
ineficacia --usted ha llegado a mencionar que la gestión del Gobierno
popular en materia de objeción de conciencia ha sido prácticamente
nefasta--, las cifras hablan por sí solas. Se lo voy a decir. En mayo de
1996 tenían ustedes 72.000 puestos de actividad, a fecha de hoy hay más
de 110.000, más de un 50 por ciento de incremento en puestos de
actividad. En ese mismo período de tiempo, el número de conciertos ha
pasado de 4.400 a cerca de 8.000, habiéndose
doblado prácticamente el número de objetores en activo. Es más, en los
últimos veinte meses han sido llamados a realizar la prestación social
sustitutoria más objetores que en los doce años anteriores. Por tanto, no
debería hablar con tanta ligereza de incapacidad de la Administración,
porque este Gobierno está gestionando de manera bastante eficaz, eso sí,
también hay que decirlo, con ayuda del resto de las administraciones y
entidades privadas que están reealizando un importante esfuerzo en crear
puestos de actividad.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Bermúdez.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: En ese sentido, señor presidente,
y ya termino, he de decir que varios grupos parlamentarios hemos
entendido que en el momento actual había que eliminar cualquier tipo de
discriminación o desequilibrio entre los regímenes jurídicos aplicables
tanto al servicio militar como a la prestación social. A tal fin esta
Cámara aprobó recientemente una proposición de ley, en la que se
equiparaban las penas relativas a los denominados delitos de insumisión e
igualmente pretendemos equiparar los tiempos de duración de ambas
obligaciones en la reforma de la Ley de Objeción de Conciencia, cuya
ponencia ya se ha reunido esta mañana.
En relación al período de espera, si éste sólo fuera de un año, como
ustedes proponen en su iniciativa, se produciría un nuevo desequilibrio,
esta vez en favor del objetor, respecto al joven que opta por cumplir el
servicio militar, toda vez que en este caso desde la clasificación a los
17 años hasta su efectiva incorporación a filas pasan casi tres años. Esa
es la razón por la que nosotros también hemos fijado el límite de espera
en tres años.
En conclusión, señorías, mi grupo está a favor de eliminar
discriminaciones y desequilibrios. Las mismas consecuencias negativas se
derivarían de una política de endurecimiento de la prestación social que
de aquella que favoreciese esta prestación respecto al servicio militar.
Por ello, anuncio que votaremos en contra de la proposición que hoy nos
presenta.
Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Vamos a proceder a la votación. Votación de la proposición no de ley del
Grupo Socialista sobre caducidad de los expedientes pendientes de
adscripción a la prestación social sustitutoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 150; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO SOBRE MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PREVE
IMPULSAR PARA SUPERAR LA CRISIS QUE SUFRE EL SECTOR LACTEO, Y
CONSOLIDARLO COMO UN SECTOR COMPETITIVO Y CON FUTURO. (Número de
expediente 172/000072)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones consecuencia
de las interpelaciones urgentes debatidas en el último pleno. En primer
lugar la del Grupo Mixto sobre medidas que el Gobierno prevé impulsar
para superar la crisis que sufre el sector lácteo y consolidarlo como un
sector competitivo y con futuro.
Para su presentación tiene la palabra el señor Vázquez. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) ¡Silencio, señorías!
(Pausa.) Ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Puede comenzar, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la moción que sobre el sector lácteo
presenta el Bloque Nacionalista Galego tiene como fin que este Congreso
de los Diputados adopte una serie de medidas que desde nuestro punto de
vista y desde el punto de vista de muchos productores de leche y otros
agentes económicos relacionados son necesarias para permitir que el
sector lácteo pueda tener posibilidad de desarrollarse, de producir
riqueza y de generar empleo. Hablamos de un sector muy importante en el
conjunto de la actividad agraria, que genera un gran número de puestos de
trabajo --70.000 empleos directos sólo en la Comunidad Autónoma de
Galicia-- y que tiene un peso en la producción final agraria del conjunto
del Estado mayor que el del aceite; un sector que es estratégico dentro
de la economía de una comunidad autónoma como la de Galicia, comunidad
autónoma que cuenta con voluntad y capacidad para desarrollar, si se le
apoya políticamente; un sector competitivo y dinámico como lo demostró
los últimos años. A pesar de la incertidumbre y de la falta de apoyo, el
sector lácteo no sólo no retrocedió sino que hizo un importantísimo
esfuerzo de modernización, modernización que puede verse cortada de raíz
si como pretende el Gobierno se aplican las directrices
de la Unión Europea, es decir limitación de la producción a la cuota
asignada y aplicación de la supertasa.
Los grupos políticos de esta Cámara parecen estar de acuerdo en que el
problema fundamental o básico del sector lácteo se deriva de la cuota
injusta e insuficiente asignada por la Unión Europea al Estado español y,
por tanto, que este sector con esta cuota no se puede desarrollar. Es
lógico entonces pensar que para resolver los problemas del sector lácteo
la cuestión básica a solucionar es el aumento de la cuota hasta cuando
menos la producción actual. Sus señorías saben que sólo en Galicia la
producción excede en 350.000 toneladas la cuota asignada. Este es, por
tanto, el problema fundamental del sector lácteo y es el problema que
tiene que atacar políticamente el Gobierno si de verdad quiere que exista
un sector lácteo pujante. Es verdad que existen otros problemas
referentes a la mejora de la producción, de la transformación, de la
comercialización, etcétera, pero todos ellos supeditados al problema
básico: la cuota es insuficiente.
Ante esta situación, señoras y señores diputados, sólo hay dos
alternativas: la que defiende el Gobierno basada en lo fundamental en
aceptar las directrices europeas o la que defiende el Bloque Nacionalista
Galego y otros grupos, que consiste en no aceptar esas directrices. El
Gobierno reconoce que la cuota es insuficiente y a partir de ahí afirma
que lucha por conseguir incrementar la cuota en un millón de toneladas,
pero el problema está en que mientras hace esta afirmación insiste en
aplicar la cuota actual y la supertasa correspondiente, con lo que en la
práctica niega la defensa del sector... (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Vázquez.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Continúe, señoría.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El pasado miércoles, la portavoz del Partido Popular durante el debate de
la interpelación, hizo referencia a una afirmación del ex ministro Morán
en la que deja claro que el Gobierno de aquel entonces, cuando se negoció
la entrada en el Mercado Común Europeo, dejó a un lado los intereses
lácteos, yo diría los intereses de Galicia. Para nosotros eso está claro
desde hace mucho tiempo. El problema es que nos encontramos ahora en una
situación semejante. Los intereses del sector lácteo, en concreto del
sector lácteo de Galicia, vuelven a ser abandonados porque, insisto, el
Gobierno acepta las directrices europeas para el sector que en lo básico
persiguen eliminar un competidor interno, dificultar el desarrollo de
zonas productoras competitivas ante la liberalización de los mercados en
el 2006, y mantener los privilegios de los actuales Estados de la Unión
excedentarios. El diseño europeo de la reforma de la OCM de la leche
consiste básicamente en la reducción de precios en un 15 por ciento, en
el incremento lineal de cuotas en un 2 por ciento en todos los Estados
para compensar la bajada de precios; un incremento lineal sobre la cuota
existente que va a aumentar aún más las diferencias; mantener el sistema
de cuotas hasta el 2006 con aviso expreso de desaparición, y ayudas
compensatorias en función del rendimiento lechero medio de la comunidad,
lo que llevará para más inri, para más escarnio, a que las vacas de los
países excedentarios en este momento sean subvencionadas con ayudas
distintas y mayores que las nuestras.
Estas directrices de la Unión Europea, líneas básicas políticas por
tanto, son beneficiosas para los excedentarios y perjudiciales para
nosotros. La Unión Europea no sólo no está dispuesta a modificar
sustancialmente la cuota que nos tiene asignada, sino que traza una
política discriminatoria para nuestros intereses, y si el Gobierno aplica
la política que pretende, desde luego menos posibilidad habrá de que
cambie sus decisiones.
Ante esta situación, ¿qué nos propone el Gobierno, qué política nos
propone? Decir en lo fundamental que hay que cumplir lo que nos manda la
Unión Europea, que eso es así, y presentar un plan de modernización y
mejora de la competitividad del sector lácteo que francamente da pena,
porque sus líneas maestras consisten en mejorar las fórmulas para cobrar
la supertasa a los ganaderos. Eso sí, primero mejorar las fórmulas para
cobrar la supertasa y luego, en segundo lugar, fomentar el abandono de la
actividad agraria y la producción láctea y ayudas, en fin, para cumplir
con el plan de calidad de la Unión Europea, por cierto a buenas horas,
porque este plan de calidad ya entró en vigor el 1º de enero de 1998.
Por tanto, nos está proponiendo seguir con una cuota insuficiente, hacer
que los productores abandonen y así redistribuir la cuota que se libere,
más las migajas que conceda graciosamente el señor Fischler. Con esta
política no se consigue un sector lácteo pujante y competitivo; se
consigue simplemente un sector más reducido, es decir que menos gente
tendrá posibilidad de vivir de una producción como la láctea; se consigue
más paro, se impide el desarrollo de una comunidad como la de Galicia,
porque, señoras y señores diputados, es fundamentalmente Galicia quien va
a padecer las consecuencias de esta política. Galicia, cuyos sectores
productivos sufrieron agresiones en estos últimos años que hoy nadie
niega, tiene una posibilidad de desarrollo económico a través del sector
lácteo y tiene ganaderos capaces decididos a vivir de esta producción si
les dejan. Por cierto, hay una parte de productores que tienen cierta
edad que no tienen relevo en la explotación familiar y pregúntense por
qué señoras y señores diputados. La respuesta es fácil, porque no se
puede vivir ya en este momento de lo que da una explotación
y porque no hay futuro, no por falta de voluntad, por supuesto, ni porque
no haya jóvenes dispuestos a tomar el relevo.
Desde el Bloque Nacionalista Galego defendemos una política distinta.
Pensamos que nuestro sector lácteo tiene tantas posibilidades como el de
cualquier otro Estado europeo, pero para eso es necesario no ponerle
trabas políticas. En consecuencia, proponemos en este momento que el
Gobierno se oponga con todas sus fuerzas a la política propuesta por la
Unión Europea, que haga del sector lácteo un tema de Estado, que vete si
es preciso las directrices europeas. Proponemos, por tanto, que el
Gobierno practique una política de defensa de nuestros intereses, al
igual que lo hicieron y lo hacen otros Estados miembros de la Unión
cuando las decisiones afectan a sus intereses básicos. Vuelvo a repetir
lo dicho la semana pasada: el Gobierno italiano y el Parlamento de ese
país decidieron reembolsar lo pagado por sus ganaderos en concepto de
supertasa y lo hicieron. El Gobierno puede adoptar ésta u otra solución
para combatir lo que es injusto, porque injusto es que nos impidan
producir, es injusto que paguen las consecuencias aquellos que no
producen los excedentes, es injusto que determinados productores de los
Estados dominantes de la Unión mantengan un determinado nivel de vida, y
los nuestros sean condenados a no producir, a no tener esperanza. Por eso
presentamos, señoras y señores diputados, la siguiente moción.
En primer lugar, establecer las oportunas negociaciones con la Unión
Europea con el objetivo de conseguir la modificación de la actual cuota
láctea asignada al Estado español, de manera que se ajuste a la
producción actual. Segundo, negociar asimismo el paulatino incremento
anual de la cuota láctea del Estado español hasta el nivel necesario para
alcanzar la media europea de producción por explotación. En tercer lugar,
no repercutir el pago de la supertasa al sector en tanto no se alcancen
los objetivos anteriores. Y en cuarto lugar, agotar las medidas
necesarias para dejar en suspenso las sanciones comunicadas a los
primeros compradores como consecuencia de la aplicación de la supertasa
láctea.
Nosotros seguimos esperando una resolución favorable, el voto favorable
de este Congreso de los Diputados. En todo caso, tengan la seguridad de
que nosotros seguiremos peleando por el futuro del sector lácteo, y
naturalmente los que viven de él también.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario
Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor
Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, de nuevo subo a esta tribuna para hacer una reflexión acerca de
la incertidumbre y preocupación que tiene el sector lácteo en nuestro
país, pero que incide de forma especial en algún territorio, precisamente
en aquellos territorios como es Galicia, donde hubo menos oportunidades
de desarrollo y menos oportunidades para impulsar un sector dinámico y
competitivo en los años setenta y ochenta. Como consecuencia de aquella
situación, tenemos en este momento un problema derivado precisamente de
la cuota que ha sido asignada a nuestro país, derivado también de las
políticas de aplicación de la supertasa y, sobre todo, derivado de la
actual reforma de la OCM que no presenta expectativas ni un horizonte de
futuro claro para nuestro país y que no va a dar respuesta precisamente a
los problemas que estamos planteando.
No voy a incidir ni a insistir hoy en la importancia del sector lácteo
como un sector estratégico, como un sector que influye de forma especial
en la economía de muchos territorios de nuestro país, como un sector que
genera miles de empleos en nuestro país, fundamentalmente en la cornisa
cantábrica, Castilla y León y Galicia. Tampoco voy a incidir en los
problemas que tiene el sector, muchos de los cuales vienen derivados de
una expansión como consecuencia de la necesidad de producir para poder
hacer de las explotaciones lácteas explotaciones rentables y
competitivas, que se situaran en el umbral de producción de la Unión
Europea.
En este momento, señorías, tenemos un problema importante, que es el
derivado de la aplicación de la supertasa, y también un problema derivado
de no tener cuota suficiente para equilibrar precisamente la producción
de nuestro país a la cuota que tenemos asignada. Además, en este momento
tenemos el problema de un Gobierno que está haciendo unos planteamientos
en el seno de la Unión Europea que nos están llevando a fracaso tras
fracaso, sin conseguir un horizonte que nos permita vislumbrar soluciones
a los diferentes problemas que tienen los sectores.
Hoy mismo, señorías, la Junta de Portavoces de este Congreso admitía a
trámite una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno para
que explicara precisamente su fracaso en la negociación sobre la reforma
de la OCM del aceite. Pues bien, ya les anuncio que también pediremos la
comparecencia del presidente del Gobierno para que nos explique cuáles
son sus planteamientos en la reforma de la OCM del sector lácteo, porque
es necesario, señorías, que, como país tengamos los horizontes claros
para poder defender en Europa los planteamientos que den respuesta a las
necesidades que hay planteadas en nuestro país.
Estamos en un momento en que la reforma propuesta no da solución a los
problemas que tenemos. En primer lugar no corrige los desequilibrios
existentes entre los diferentes países de la Unión Europea; así una
explotación holandesa que tiene una media de
producción de 260.000 kilos por explotación y año, va a ver aumentada su
producción igual que una explotación de España que tiene una media de
producción de 60.000 kilos por explotación y año. Por tanto, la primera
consecuencia de la propuesta de Fischler en el aumento lineal de la cuota
es que va a seguir aumentando los desequilibrios existentes en la Unión
Europea y no va a dar respuesta satisfactoria a los problemas de nuestro
país, que necesita conseguir --y ya lo dijo este Congreso de los
Diputados de forma unánime-- un millón de toneladas de aumento para
equilibrar la producción a la cuota que tenemos asignada, y también para
dar respuesta a los problemas que tienen las explotaciones agrarias.
Además se agrava la propuesta al disminuir el 15 por ciento los precios
de intervención y establecer un mecanismo de compensación que va a
posibilitar, por ejemplo, que una vaca holandesa tenga una prima de ayuda
de 24.000 pesetas, mientras una vaca española va a tener una prima de
18.000 pesetas al año. Por tanto, estamos viendo cómo la propuesta es
beneficiosa --y así se está recogiendo por los analistas-- para los
países que ya tienen más cuota, que ya tienen unas explotaciones más
rentables y más competitivas, y va a perjudicar a los países y a las
regiones, como Galicia, que tienen déficit de cuota. Esta propuesta que
tenemos encima de la mesa va a mantener la situación, va a obligar a
seguir pagando la supertasa porque al no dar respuesta al déficit de
cuota que tenemos, los ganaderos van a tener que seguir pagando la
supertasa campaña tras campaña.
Nosotros decíamos al inicio de esta negociación, que era necesario hacer
un planteamiento previo a que estuviera sobre la mesa la reforma de la
OCM porque en el reparto de café para todos nuestro país iba a salir mal
de la negociación, y lo que demuestra la reforma que tenemos encima de la
mesa es que el café para todos beneficia a Centroeuropa y perjudica a los
países que precisamente tenían más dificultades, a los países que
precisamente estaban en peores condiciones.
Este Gobierno, que tenía un compromiso electoral, que tenía un compromiso
con este Parlamento, que tenía un compromiso con todos los ciudadanos de
ser la garantía para que las explotaciones de España --las explotaciones
de la cornisa cantábrica, las explotaciones gallegas--, con la reforma se
acercaran a la media de producción europea para así garantizar su
competitividad y su rentabilidad, están viendo, señorías, cómo este
Gobierno no responde. No fue capaz de poner encima de la mesa, de
convencer al comisario para que hiciese un planteamiento que fuera
beneficioso o cuando menos que no perjudicara los intereses de nuestro
país.
Ya sé que el Partido Popular va a decir que es culpa del pasado, sé que
el Partido Popular va a decir que todo va bien, pero la realidad es la
que es, la realidad es que no tenemos soluciones encima de la mesa, y lo
que es más grave, señorías, es que este Gobierno no tiene vocación de
afrontar los retos europeos con respaldo suficiente para así hacer más
fuerza en Europa, y no tiene vocación, empezando por esta Cámara, de
aunar voluntades, de consensuar un planteamiento común de todas las
fuerzas políticas y sociales que revitalizara, que fortaleciera la
presencia de la ministra en la negociación de la Unión Europea. No tiene
vocación de ello y cuando nosotros le decimos eso nos acusan diciendo: es
que ustedes quieren que la ministra fracase. No queremos, señorías, que
España fracase; a mí me importa poco si la ministra fracasa o no, lo que
me importa es que este país fracase porque es la última oportunidad que
tiene. Para eso es necesario aunar voluntades, para eso es necesario
tener puntos de encuentro, discutir en este Parlamento, que la ministra
comparezca, que la ministra tenga una propuesta, que se discuta con todos
los grupos parlamentarios la propuesta de nuestro país, que no nos
tengamos que enterar por los periódicos de la propuesta de este país; que
no nos tengamos que enterar por los periódicos de los fracasos de la
señora ministra.
Estoy muy preocupado porque S. S. decía el otro día que sólo defiendo los
intereses de los gallegos. Defiendo los intereses de todos los ganaderos;
pero no puede usted comparar la situación de una explotación de Cataluña
--y apelo a la solidaridad de los catalanes en este tema--, que no tiene
dificultades de cuota porque son grandes explotaciones, con la situación
de una explotación de Galicia, que necesita aumentar la cuota para
garantizar el pan de los trabajadores, para garantizar el pan de los
agricultores. Por eso, señorías, yo defiendo con más ahínco precisamente
a los que tienen más dificultades en esa política que a mí me gusta tanto
defender, que es la política de solidaridad entre personas, entre
pueblos, entre territorios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco, le
ruego concluya.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, concluyo insistiendo en que me
gustaría que este país reforzara su posición generando un amplio consenso
en esta Cámara que posibilitara que todos estuviéramos de acuerdo en los
objetivos y en las propuestas. Les invito a que ustedes propicien este
debate y este consenso. No nos pueden pedir, señorías, que vayamos detrás
de la política espectáculo de la ministra; nosotros iremos detrás de una
buena propuesta que defienda los intereses de España, que sea consensuada
por todos, pero no cuenten con nosotros para ir detrás del espectáculo.
(Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Blanco.
Grupos parlamentarios que sin haber presentado enmiendas desean fijar su
posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la mejora, modernización y saneamiento del sector lácteo, cuyos
problemas arrastramos desde la desafortunada negociación que de nuestra
incorporación al mercado europeo se hizo en su momento, ha sido una de
las constantes preocupaciones del Grupo Vasco (EAJ-PNV), como hemos
expresado en diversas ocasiones en esta Cámara.
El sector lácteo constituye uno de los sectores de mayor relevancia
socioeconómica del Estado, tanto en el ámbito productivo como en el de la
industria agroalimentaria. Dicha relevancia socioeconómica adquiere su
mayor dimensión en el marco territorial que conforman las comunidades
autónomas de la cornisa cantábrica, que en su conjunto representan el 74
por ciento de las explotaciones ganaderas de leche de vaca del Estado
español y el 60 por ciento de la cuota láctea asignada al Estado,
superando los 250.000 millones de pesetas sólo el valor final de la venta
de la producción de leche de la cornisa.
Al igual que ocurre en los Estados del norte de Europa, la producción
láctea es la actividad agraria más importante de la cornisa cantábrica,
que representa más del 30 por ciento de la producción final agraria.
Asimismo, el empleo agrario es muy elevado y puede llegar a representar
más del 30 por ciento del empleo. Así pues, es necesario recoger esta
importante singularidad productiva económica y social de la cornisa y
comprender la exigencia de defensa de los correspondientes intereses. La
rigidez del sistema de cuotas, la injusta e insuficiente cuota láctea de
que dispone la cornisa cantábrica y la incapacidad de contar en muchas de
sus regiones de otras opciones económicas significativas fuera del
binomio productivo leche-carne, pueden significar un cierto riesgo del
empobrecimiento sectorial regional si no se permite y apoya el rápido
desarrollo y la competitividad de su sector lácteo ganadero. Por otra
parte, la fuerte dependencia de la producción lácteo-ganadera provoca
serias desventajas en la percepción de apoyos financieros comunitarios,
acentuándose el desequilibrio entre sectores y con otras regiones, por lo
que se hace indispensable la recepción de ayudas compensatorias para
evitar desequilibrios y distanciamientos entre rentas.
En este marco socioeconómico, el sector lácteo de la cornisa cantábrica
se ve obligado a sobrevivir y jugar un papel importante como motor o
pilar de la economía rural de la región. Sin embargo, a pesar de su
enorme importancia estratégica y su absoluta trascendencia
socioeconómica, el sector productor de leche de vaca de la cornisa
cantábrica carece en general de una adecuada estructura integradora o
vertebradora. En el momento actual, si bien para algunos el principal
reto del sector es tan sólo la expansión productiva, no obstante la
realidad objetiva es que hay otras prioridades entre las que se encuentra
conseguir un adecuado nivel de competitividad homologable al de las
grandes regiones productoras de leche de la Unión Europea. Es evidente
que no hay otro problema de mayor envergadura que la insoportable
insuficiencia de cuota y la referenciación grasa, pero esa prioridad no
debe suponer olvidarse de los demás problemas del sector lácteo de la
cornisa, que debe contar con una política de reordenación del sector a
nivel estatal.
En el aspecto industrial la estructura de la oferta está muy fragmentada
si se compara con otros Estados europeos. Esta situación limita la
posibilidad de alcanzar niveles adecuados de productividad. A esto se
añade también un volumen relativamente bajo de producción con la
consecuencia de exceso de capacidad y la subescala de plantas.
Por todo ello, estamos de acuerdo con los dos primeros puntos de la
moción que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego. Sin embargo, como
también hemos manifestado en otras ocasiones, en cuanto a articular
mecanismos para evitar que la supertasa por exceso de producción recaiga
sobre los ganaderos, nuestra postura es contraria a que se vincule a la
negociación del aumento de cuota por ser cuestiones distintas. Sobre el
fondo de la cuestión, estamos en contra de que los ganaderos que hayan
incumplido se vean libres del pago de la tasa por suponer un agravio
comparativo y competencia desleal con los ganaderos que han ajustado su
producción a la tasa disponible. Además, ello supondría desviar al pago
de sanciones recursos que son de más utilidad y necesidad para la
reestructuración del sector. Por ello, no podemos apoyar los puntos 3 y 4
de la moción objeto de este debate, aunque entendemos la posición del
Bloque Nacionalista Galego ante la implicación de estos dos puntos en la
nación galega. A este respecto, hay que recordar una vez más que el
origen de la situación actual en la cuota asignada al Estado español sólo
cubre el 84 por ciento del consumo y se encuentra en una pésima
negociación este capítulo en el Tratado de Adhesión del Reino de España a
la Comunidad Económica Europea. Asimismo tenemos que recordar que el
proceso de puesta en marcha de las cuotas en el Estado como consecuencia
de una prolongada indefinición y falta de decisión política del
Ministerio --en aquellos momentos en manos del Partido Socialista--,
sufrió un retraso injustificable manteniendo a los ganaderos en una
situación de incertidumbre en cuanto a sus posibilidades de producción,
lo que ha originado sobrepasamientos de cuota y las multas
correspondientes. Hay que señalar que la política desarrollada hasta el
presente en cuanto a la reestructuración del sector lácteo ha sido poco
decidida e insuficiente; en consecuencia, la estructura productiva media
de nuestras
explotaciones está lejos de la media europea y de la competitividad.
Por todo lo señalado, estando de acuerdo con los dos primeros puntos, no
podríamos apoyar en su conjunto la moción presentada por el Bloque
Nacionalista Galego.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nos encontramos una vez más debatiendo un
tema tan importante como es todo lo que hace referencia al sector lácteo
en el Estado español. La moción que hoy tenemos sobre la mesa es parecida
en su enfoque a otras que hemos sustanciado en los últimos tiempos, ya
sea en Comisión o en Pleno, que refleja la preocupación del propio
sector.
Escuchamos con atención en la interpelación de la semana pasada no sólo
la posición del Grupo Parlamentario del BNG, sino también las diferentes
intervenciones que ha tenido a lo largo de esta legislatura, y lo cierto
es que el Bloque Nacionalista Galego expone una problemática real de una
zona determinada, una problemática de características estructurales que
se ve agravada por la dificultad de crecer por falta de una cuota láctea,
en lo que creo que todo el mundo estamos de acuerdo.
No entraré a valorar la capacidad que hubo de negociación en el momento
de la integración de España en la Comunidad Económica Europea, pero lo
cierto es que, a pesar de que nuestra incorporación fue hace ya casi 13
años, nunca se ha establecido una estrategia seria de racionalización del
sector. La estrategia de situar la cabeza debajo del ala la inició el
ministro Romero cuando se dio cuenta de que realmente había situado al
sector en una posición difícil y optó por la no aplicación de la
normativa comunitaria por lo que hace referencia al sobrepasamiento, lo
que conllevó pagar multas por importe de más de 200.000 millones de
pesetas. Imagínense, señor diputados, lo que hubiese podido hacer el
sector con un programa de actuación serio que hubiese dispuesto del
dinero que se destinó a pagar multas por sobreproducción, como ha pasado
en Francia, o que también se hubiese hecho un esfuerzo por parte de la
aplicación de los fondos estructurales, Objetivo 1, 5 a) y 5 b), para
reestructurar el sector. Seguramente que en este momento no estaríamos
lamentando la situación actual. Por tanto, creo que queda patente que en
estos años hemos adelantado poco y hemos sido incapaces de poner en
marcha una política estructural seria, capaz de reorganizar el sector,
capaz de convertirlo en sector competitivo, sobre todo por lo que hace
referencia a la cornisa cantábrica.
He estado repasando intervenciones de las comparecencias en la Comisión
de Agricultura de los consejeros de la cornisa cantábrica y también de
los distintos portavoces de los grupos parlamentarios. Sobre todo se
hablaba de un sector no vertebrado; hablaban, por ejemplo, de la
inexistencia de una interprofesional, del insuficiente papel de las
propias cooperativas; se hablaba de un sector poco productivo, de la
necesidad de acceder a calidad real homologable, y evidentemente ya es
obligatorio, a partir del 1º de enero de 1998 que la leche sea categoría
A, y mucho me temo que un porcentaje bastante considerable no llegaría a
esa categoría. En aquel momento yo también hablé en mi intervención del
excesivo número de primeros compradores, poca transparencia en la
aplicación de la supertasa y una inexplicable dificultad del Ministerio
por lo que hace referencia a no disponer de los datos sobre las
producciones. Después de dos años de gobierno, comienza a ser difícil
explicar los motivos por los que de una forma rápida no se dispone en
este momento de las producciones. Por tanto, también habrá que hacer un
esfuerzo en ese tema, y no me gustaría pensar que existen razones
externas al propio sector.
Nuestro grupo parlamentario ya ha expresado en repetidas ocasiones que la
problemática que estamos analizando hay que afrontarla mediante la
aplicación de esas dos acciones paralelas mientras no haya una
modificación de la política agraria comunitaria por lo que hace a la OCM
de la leche, y estas dos acciones paralelas son la ordenación del sector
que asegure la viabilidad del mismo, a través de medidas de carácter
social con aportaciones del conjunto de la sociedad que permitan dar una
solución a esa realidad.
Por lo que se refiere al primer punto, creo que todos estamos de acuerdo
en que habría que disponer de un plan de reestructuración sólido y fiable
que conduzca a la adaptación de nuestras explotaciones al modelo europeo.
Por lo que hace referencia al segundo, nos parece del todo injusto que
los problemas sociales que sin duda existen en algunas zonas del Estado
español, que en algunos casos coinciden con un tipo de estructuras
productivas --en ese caso el de la ganadería y la leche--, son el
resultado del poco interés de los máximos responsables en esa materia por
no haber tomado en su momento las decisiones adecuadas que hubieran
evitado esa dicotomía entre lo existente y lo óptimo. Pues bien,
partiendo de esa realidad, nos parece absolutamente fuera de lugar el que
esa problemática social, ese problema estructural grave que, además,
afecta a unas comarcas con problemas de viabilidad de futuro, esa
disfunción entre el modelo óptimo y el existente se intente solucionar
solamente mediante la aportación desde el propio sector lechero. El
problema que tenemos sobre la mesa, desde nuestro punto de vista, va más
allá de lo que se puede entender por un problema sectorial y en esos
casos la responsabilidad de la cohesión social es del conjunto de la
sociedad y
no del sector que finalmente no podrá, de forma individual, hacer nada.
Por tanto, señoras y señoras y señores diputados, nuestro grupo
parlamentario estaría de acuerdo con el punto número 1 de la moción. A
nivel del propio Congreso hemos tomado diferentes acuerdos por unanimidad
para el incremento de la cuota láctea...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le
ruego vaya concluyendo.
El señor COMPANYS SANFELIU: En todo caso, no podemos estar de acuerdo con
los puntos 3 y 4 porque eso desmontaría toda la política de las cuotas
lácteas.
No me gustaría terminar sin hacer un pequeño comentario a la referencia
que ha hecho mi amigo el señor Blanco a la dimensión del sector en
Cataluña. En este momento creo que es importante definir de una manera
clara por parte de todos los grupos políticos y del Ministerio cuál es el
modelo de explotación agraria que queremos, cuál es el modelo de
explotación ganadera de futuro y, en base a ese modelo, comenzar a
trabajar. Pero esto hay que decirlo de una forma clara. Y si en este
momento no todas las explotaciones pueden llegar a ese modelo óptimo,
habrá que hacer algún esfuerzo de carácter complementario para no dejar a
esa gente fuera del camino.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le ruego
concluya.
El señor COMPANYS SANFELIU: Por tanto, estaría de acuerdo en ese tema
pero, sobre todo, hay que ser transparentes y hay que decir claramente
cuál es el modelo de explotación que queremos, si queremos un modelo
europeo o queremos un modelo que no sea viable.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, presidente.
Con brevedad quiero decir que nuestro grupo apoyará la moción del Bloque
Nacionalista Galego, porque entiende que el sector lácteo no ha tenido
todavía por parte del Gobierno una respuesta suficiente y adecuada a los
problemas que continúa sufriendo desde hace tantos años. Ahora se intenta
vender como un éxito el incremento lineal de la cuota en un 2 por ciento,
pero es un incremento que, como su propio nombre indica, es lineal para
todos los países productores --y bienvenido sea--, pero que está todavía
lejos de las necesidades de incremento de la cuota que, como aquí se ha
reiterado, está en torno al millón de toneladas.
A nuestro grupo le preocupa especialmente algo que se acaba de citar. Nos
preocupa conocer cuál es el modelo real al que se quiere ir para la
explotación láctea. Nos preocupa porque todo apunta a que este modelo
lleva a las macrogranjas y pone en grandes dificultades a la explotación
familiar, que es el modelo que tiene mayor implantación sobre todo en la
cornisa cantábrica y del que dependen todavía tantas familias, en un
modelo de economía mixta donde intentan compatibilizar otro tipo de
explotaciones agrícolas e incluso en algún caso de carne, modelo al que
tienen que recurrir precisamente para no morirse de hambre ante la
situación que tiene el sector en un modelo tradicional en la cornisa
cantábrica. A nosotros nos preocupa porque esta reforma que apunta la
Agenda 2000 no ha tenido en cuenta, por ejemplo, la propuesta inicial
sobre el modelo de la vaca nodriza y nos vamos a un concepto más
sofisticado, como es el de la vaca virtual, concepto que, al paso que
vamos, tendremos que aplicar también al agricultor virtual en su día,
dada la incidencia social que tiene todavía el campo para el empleo y
para miles de familias en nuestro país.
Insisto también en nuestra preocupación de que aunque una parte de este
incremento de cuota va destinado teóricamente a los jóvenes agricultores
(jóvenes de 45 años hacia abajo, por cierto), vemos bastante difícil de
compatibilizar en muchos casos este deseo del Gobierno y de políticas
anteriores de incentivar el abandono a los agricultores mayores, con el
reenganche de los agricultores jóvenes o hijos que en muchos casos han
abandonado el campo y en otros intentan retornar pero no encuentran
tampoco posibilidades reales económicas y ayudas suficientes para darle
viabilidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Por tanto, vemos
dificultades para hacer compatible esta doble opción: por una parte,
expulsar del sector y, por otra, intentar incluir a los más o menos
jóvenes.Creemos que este es el problema de fondo. Creemos que ha habido
un cierto retraso en abordar este hecho, no sabemos si como consecuencia
de procesos electorales en Galicia, pero creemos que se llega un poco
tarde y al menos el sector tiene la impresión de que no se está poniendo
en su defensa el mismo interés y ardor que se está poniendo y se necesita
poner en la OCM del aceite, por ejemplo.
Por todo ello, y aún sabiendo que es en cierta medida contradictorio con
la política de tener que asumir desde el Estado el pago puntual de las
sobretasas, creemos que también es consecuencia de este retraso en
abordar el problema y, por tanto, puntualmente en esta ocasión, aunque no
sea una política que a nuestro grupo le satisfaga, por entender que
tampoco suele ir a aquellas explotaciones precisamente más débiles, pero
sí sirve de estímulo y de incentivo para buscar soluciones al problema de
fondo, vamos a apoyar también esta propuesta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que hoy estamos debatiendo tiene cuatro puntos que
podrían agruparse en dos apartados: el primero hace referencia a las
reivindicaciones que España tiene planteadas ante la Unión Europea, y el
segundo al pago de la supertasa, al pago de la multa por sobrepasamiento
en la cuota de nuestros ganaderos.
Respecto al punto número 1 todos los grupos parlamentarios han
manifestado en diversas ocasiones en debate en Pleno y en Comisión estar
de acuerdo en que el incremento para España es no solamente necesario
sino imprescindible y, por tanto, así se ha aprobado el que el
Ministerio, la ministra de Agricultura y el Gobierno de España soliciten
ese incremento de un millón de toneladas ante las diversas instancias
comunitarias. Esa solicitud de incremento ha sido aprobada por
unanimidad, como ya digo, y la ministra está cumpliendo con ese mandato.
Pero aunque no fuese así, aunque esta Cámara no hubiese tomado esa
decisión, yo les puedo asegurar que la ministra y el Gobierno de José
María Aznar estarían presentando esta solicitud ante la Unión Europea,
porque viene recogido en el programa electoral del Partido Popular, en su
apartado ganadero, cuando se refiere a que es necesario solicitar a la
Unión Europea una cuota adicional de producción de leche de vaca, habida
cuenta del gran número de explotaciones ganaderas con cuotas
insuficientes para lograr una estructura competitiva en este sector. Es
el programa electoral de las elecciones de 1996, y yo quiero recordarles,
señorías, que el Gobierno del Partido Popular cumple con su programa
electoral y con sus promesas electorales.
Por tanto, en cuanto a este punto nosotros estamos de acuerdo, y una vez
más, si así se hace necesario y si SS. SS. consideran que hoy deberíamos
volver a recalcar esta solicitud a la ministra para que negocie ese
incremento de cuota láctea, nosotros, señorías, estamos dispuestos a
apoyarlo.
No sucede lo mismo con el punto 2, puesto que ustedes saben que el
incremento se va a producir en cifras globales y no va a ser un
incremento paulatino anual como ustedes proponen. Yo supongo que ustedes
conocen el procedimiento de la Unión Europea, y saben que no lo marca el
Gobierno de España sino la Unión Europea y, por tanto, no se va a
cambiar, al menos a corto plazo.
Respecto a los dos últimos puntos referentes a que el pago de la
supertasa no repercuta en el sector y que las sanciones queden en
suspenso, señorías, ¡qué quieren que les diga! Sinceramente es
descorazonador tener que volver a repetir una vez más que no lo podemos
aprobar, que no lo podemos consentir, que no podemos llevarlo a cabo por
la única y exclusiva razón de que hay una normativa de la Unión Europea
que lo impide, y obviamente la española adaptada a la europea. Por tanto,
señorías, permítanme que les diga que una vez más vamos a votar en contra
de estos dos puntos, porque no podría ser de otro modo. Yo no sé cómo se
puede seguir solicitando este tema en una Cámara legislativa como ésta,
ya que lo que ustedes solicitan es que se incumpla la legislación.
Sinceramente, señorías, yo no lo puedo entender.
Les invito a aportar ideas que mejoren el sector y la calidad de vida de
nuestros ganaderos, de todos, porque aquí se habla mucho de los ganaderos
gallegos, se habla desde el Bloque Nacionalista Galego y desde el Partido
Socialista y, ¿qué me dicen ustedes de los ganaderos asturianos, de los
cántabros, de los del País Vasco y de aquellas otras regiones españolas
que si bien representan unas características diferentes, como los
catalanes, también son ganaderos? Los intereses de ellos, ¿dónde se van a
quedar? ¿Por qué se olvidan permanentemente de los ganaderos asturianos,
que son vecinos y que decían que éramos primos hermanos
--aunque no sé si a partir de ahora ya no vamos a ser ni primos ni
hermanos--, de los ganaderos gallegos? (Varios señores diputados: ¡Muy
bien, muy bien!) Por tanto, quiero alzar la voz reivindicando los
derechos de los ganaderos que tantas veces son olvidados aquí y, a partir
de ahora, les aseguro que citaré en cada intervención que tenga a los
asturianos, a los cántabros, a los vascos y al resto de ganaderos de
España. (Aplausos.) Estoy segura de que todos ellos les van a agradecer
el que aporten ideas, porque hemos llegado a un punto en el que este
debate está en encefalograma plano. Aquí no surgen ideas, siempre se pide
lo mismo: el incremento de la cuota, que ya está aprobado, que quede en
suspenso el pago de la supertasa y que la pague el Estado. Siempre es lo
mismo, estamos en encefalograma plano. Les sugiero que aporten ideas
porque el Gobierno se lo va a agradecer. Desde este momento lo agradezco
y les invito a que aporten ideas porque, desgraciadamente, la oposición,
en estos momentos, está falta de ideas, y eso es malo para los intereses
de los españoles y para el Partido Popular que está gobernando.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Castro, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora CASTRO MASAVEU: Simplemente, señor presidente, hacer notar --y
quizá me tuviese que extender-- una serie de medidas que se están tomando
desde el Ministerio para reordenar el sector, para modernizarlo y
adecuarlo al mercado europeo en materia de lácteos. Quizá es demasiado,
pero debería de decir
que se han arbitrado mecanismos que garantizan la solvencia de los
compradores, que existen una serie de medidas entre comunidades autónomas
y Ministerio en apoyo de las explotaciones que tengan vocación de
permanencia. Se ha creado un fondo nacional coordinado de cuotas lácteas;
está prevista la puesta en marcha de un programa de apoyo a la mejora
integral, y tantas y tantas medidas que no podría ahora citar pero que
van a quedar plasmadas en un real decreto que en estos momentos se está
negociando con las comunidades autónomas. Creemos que esto es lo positivo
y lo que verdaderamente mejorará el sector. La discusión de cuotas sí o
cuotas no está pasada de moda. Debemos trabajar en una nueva política de
modernización del sector, les invito a ello; si quieren lo hacemos todos
juntos y, si no, el Grupo Popular, con quien se quiera sumar, lo va a
seguir haciendo. (Aplausos.) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Castro.
Señor Vázquez, S. S. debe expresar la aceptación o no de la enmienda
planteada a la moción de su grupo parlamentario.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Por no reabrir ningún debate, simplemente decir que, en todo caso, quien
está plano, desde el punto de vista encefalográfico, es el Gobierno, que
no tiene ninguna idea capaz de sacar al sector lácteo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vázquez, debe
expresar simplemente si acepta o no las enmiendas planteadas, en este
caso, por el Grupo Parlamentario Socialista. No reabra S. S. el debate,
tal como había anunciado.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
En todo caso, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
desde nuestro punto de vista, no aporta nada a la moción. Se refiere a un
asunto con el que nosotros estamos de acuerdo, pero en el contexto de la
moción no aporta nada. Sugerimos al señor Blanco que la retire porque no
la vamos a aceptar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Núñez Pérez pide la palabra)
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular solicita votación separada del punto
número 1 de la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Núñez.
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que el Gobierno
prevé impulsar para superar la crisis que sufre el sector lácteo, y
consolidarlo como un sector competitivo y con futuro.
A petición del Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar de forma
separada los distintos puntos. En primer lugar, votamos el punto 1 de la
moción.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 302; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
punto 1 de la moción.
Resto de los puntos de la moción.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 141; en contra, 159; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan rechazados
los puntos sometidos a votación, excepto el número 1, que ha sido
aprobado.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA IMPLANTACION DE LA JORNADA
ESCOLAR CONTINUA. (Número de expediente 173/000073)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso sobre la
implantación de la jornada escolar continua.
Para su presentación, y en nombre del grupo proponente, tiene la palabra
la señora Díez de Baldeón. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen
sus escaños y guarden silencio, por favor.
Cuando quiera, señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado miércoles el Grupo Parlamentario Socialista presentó
en esta Cámara una interpelación sobre la implantación de la jornada
escolar continua que tenía como objetivo aclarar una serie de cuestiones
que no habían quedado suficientemente explicadas en la propuesta
ministerial a los sindicatos. Nuestras preguntas, dirigidas a la ministra
de Educación,
pretendían despejar algunos interrogantes que consideramos esenciales;
por ejemplo, quién iba a garantizar que los centros abran por la tarde,
cuestión que es defendida como requisito imprescindible por los
sindicatos y los padres de alumnos, o quién iba a asegurar la
financiación necesaria para las actividades complementarias en los
colegios. ¿Se iba a comprometer el Ministerio con una partida específica
para tal fin? Y si así era, ¿con cuánto dinero? O si, por el contrario,
pensaba la ministra que este asunto no era de su incumbencia y la
financiación debería salir del bolsillo de los padres o de otras
administraciones como los ayuntamientos. Le preguntamos también a la
ministra si creía que después de los resultados de la encuesta del INCE
medidas como ésta contribuirían a elevar la calidad de la enseñanza, y si
la jornada continuada no había sido una moneda de cambio con los
sindicatos para granjearse apoyos en una negociación que estaba
naufragando por falta de propuestas en los temas claves. Ninguno de estos
interrogantes fue contestado por la ministra. Como toda respuesta,
aseguró de forma reiterada que era contraria a la jornada escolar
continua, pero, dado que ella no era dogmática, tenía que hacer lo que le
dijeran los padres de alumnos.
Sus declaraciones no hicieron sino incrementar las dudas y el
desconcierto, dado que nos parece incongruente y contradictorio que el
Ministerio de Educación abra la posibilidad de implantar medidas en las
que no cree o que le parecen inconvenientes pocos meses antes de cerrar
las transferencias educativas, pasando a las comunidades autónomas del
artículo 143 la responsabilidad de tener que gestionar una medida sin ni
siquiera haberles consultado previamente. Por otro lado, la responsable
del Ministerio de Educación no aseguró en ningún momento que fueran a ser
asumidas por este organismo ninguna de las garantías que reclamaban, y
reclaman, los padres y los sindicatos, que los centros con jornada
laboral intensiva se abran por la tarde y se asegure en ellos una serie
de actividades complementarias.
Esta es, en nuestra opinión, una de las cuestiones decisivas, ya que
consideramos que el cierre de los centros en la jornada vespertina
perjudica claramente a los alumnos procedentes de familias con menos
recursos económicos, que necesitan el centro escolar como lugar de
referencia para completar su formación. La administración educativa no
puede desentenderse de la situación en la que pueden quedar muchos
escolares procedentes de familias desestructuradas, con problemas de
marginalidad o con rentas mínimas si los centros educativos cierran a
mediodía.
El principio de igualdad de oportunidades en la educación debe ser
antepuesto a otras consideraciones. Asegurar que la calidad de la
enseñanza se cumpla para todos con independencia del nivel de renta
familiar es un principio que no puede ser de ninguna manera vulnerado.
Compensar las desigualdades de partida a través de una educación de
calidad constituye un pilar decisivo del Estado del bienestar que debe
seguir asegurándose en todos los casos.
Por ello, consideramos que una medida de tanta trascendencia familiar,
pedagógica y social como es la implantación de la jornada escolar
continua no debe ser planteada desde el Ministerio de Educación como algo
que pueda ser decidido de forma particular centro a centro. Se puede
producir así un desbarajuste con consecuencias negativas para la calidad
de la enseñanza pública, máxime cuando, además, la ministra de Educación
no ha asegurado un compromiso explícito y de financiación que garantice
algo que todos desean, que el centro escolar no cierre por las tardes.
En nuestra opinión, es necesario asegurar los criterios generales, así
como las posibles situaciones excepcionales que deben regular los
horarios escolares de los alumnos de educación infantil y primaria, a
través de un proceso consensuado en el que participen tanto los
responsables educativos de las comunidades autónomas, que deberán hacerse
cargo de las transferencias en los próximos meses, como los padres de
alumnos, los sindicatos y demás representantes de la comunidad educativa.
Garantizar la participación de todos para alcanzar un deseable consenso
en el horario escolar que propugna la moción que hoy defiendo es lo
contrario, señorías, a la actitud dogmática que, según la ministra de
Educación, tiene en este tema la portavoz que hoy les habla. Nuestra
intención, señorías, no es otra que tener en cuenta las necesidades
familiares y docentes y tratar de armonizar los distintos intereses para
garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad en la educación.
Por eso nos resultan incomprensibles las razones aducidas por la ministra
de Educación, quien de forma reiterada en la interpelación urgente de la
semana pasada dijo, por activa y por pasiva, estar en contra de la
jornada continuada por considerar más conveniente para el sistema
educativo la jornada partida. Señorías, resulta casi surrealista que la
ministra de Educación establezca medidas en las que no cree, en lugar de
impulsar proyectos educativos con los que esté de acuerdo. Medidas como
tener en cuenta el expediente académico en el baremo de admisión, que son
retiradas el mismo día en que aparecen publicadas en la prensa y que
motivan el cese de cargos subalternos, asestar un golpe mortal a la
formación profesional por la vía de aumentar los impuestos a las empresas
que tengan alumnos en prácticas, o la actitud mantenida en el tema que
hoy nos ocupa respecto a la posibilidad de implantación de la jornada
continua, que ha sido negociada de forma unilateral con los sindicatos y
que, además, impulsa una medida en la que dice no estar de acuerdo y no
creer, por no hablar, señorías, de otras medidas polémicas que han
suscitado igualmente el rechazo de la mayoría de la comunidad educativa,
no
hacen sino poner de manifiesto la ausencia de un proyecto educativo
coherente.
El Ministerio de Educación parece desnortado y sin rumbo. No obstante,
creo en las buenas intenciones de la ministra y del propio Grupo
Parlamentario Popular. Por eso, señorías, les insto a que se sumen a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista, a la que también se han
incorporado enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
y que espero cuenten con el respaldo de otros grupos parlamentarios de
esta Cámara; moción en la que se insta al Gobierno a lo siguiente: en
primer lugar, solicitar de las comunidades autónomas que tienen
implantado el sistema de jornada continua en los centros escolares
sostenidos con fondos públicos un informe detallado sobre sus
experiencias en este sentido. Segundo, que no se adopte ninguna decisión
por parte del Ministerio de Educación respecto a la posibilidad de la
implantación de la jornada escolar continua hasta que no se establezcan,
de manera consensuada, en los próximos meses, con los responsables
educativos de las comunidades autónomas que recibirán las transferencias
educativas en un corto plazo, padres de alumnos, sindicatos y demás
representantes de la comunidad educativa, los criterios generales, así
como las posibles situaciones excepcionales que deben regular los
horarios escolares de los alumnos de educación infantil y primaria.
Tercero, que en todo caso se garantice, con la financiación necesaria y
suficiente, la apertura en horario escolar de tarde de los centros
escolares, con el objetivo de posibilitar la realización de distintas
actividades escolares.
Señorías, confiemos en el sentido común de la comunidad educativa. No les
neguemos el derecho a participar en un tema como este, de gran
trascendencia. Apostemos por el consenso que permita establecer unos
criterios generales en el horario escolar de los alumnos de educación
infantil y primaria que puedan también atender las situaciones
excepcionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Díez de
Baldeón.
A la moción del Grupo Socialista se han presentado dos enmiendas, una del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y otra del Grupo
Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, tras los
estridentes debates mantenidos en esta Cámara, que para extrañeza de los
presentes concluyó con una sorprendente, quizá sólo aparente,
coincidencia del Gobierno y del primer partido de la oposición, yo les
recomendaría templanza, ya que la comunidad educativa no ha terminado de
hablar. Y sí sería muy sano informar, para tener todos los datos en las
manos, que Izquierda Unida y el conjunto de los sindicatos coinciden en
una posición común, supeditada siempre a las garantías totales y a la
aprobación mayoritaria dentro del proyecto pedagógico, y esto se traduce
en jornada continua, ligada, sin excepción, a la apertura de los centros
por las tardes, incorporando las actividades complementarias necesarias,
financiadas con fondos públicos y extensivas a los centros concertados.
No parece necesario charlanear --insisto, charlanear-- demasiado sobre
este tema. Se trata fundamentalmente de escuchar y aplicar con concreción
y generosidad el artículo 57.4 de la Logse con una temporalidad precisa.
La enmienda que presento, que ha sido asumida por el Partido Socialista
Obrero Español, representa fundamentalmente la posición mayoritaria de la
comunidad educativa y la de mi propio grupo. Pero permítanme prologar la
defensa del texto con algunas consideraciones.
Lo primero sería recomendar a la ministra que gobierne democráticamente y
que tome acuerdos con el mayor grado de consenso posible. Nos ha
instalado en una pasarela de diputados, donde diariamente se hacen
declaraciones, las de turno, sin constatarlas en la mayoría de los casos
y que provocan un sistemático revuelo que te obliga a estar más pendiente
de los gabinetes de prensa que de los programas. Y esta modalidad de
hacer la política en los medios en lugar de en el tajo, aparte de que es
artificial y artificiosa, sólo sirve para los ranking personales y para
alarmar a la comunidad educativa y crear un profundo desasosiego entre
sus componentes, que tienen la impresión de ser conejillos de indias del
gabinete Aguirre y de sus contrarios.
Y dicho esto a modo de intento voluntarista, plantearé lo que entiendo es
un principio fundamental legislado y de derecho, como es la autonomía
pedagógica y organizativa, en virtud del artículo, como decía, 57.4 de la
Logse, que la ampara para tomar decisiones siempre que sea por amplia
mayoría respaldada y esto, señorías, no es cuestionable ni interpretable,
sino simplemente aplicable.
Además, el principio histórico, la reivindicación histórica no sólo
salarial sino social de jornada continua es una reivindicación del
profesorado que asiste a un fuerte agravio comparativo con el resto de
los funcionarios públicos e, insisto, no tiene por qué colisionar la
jornada docente, la jornada escolar, con el horario de apertura y cierre
de los centros, que debe ser mucho más amplio que el de la estricta
enseñanza reglada, evitando la tentación de convertir los centros
escolares en aparcaderos --insisto, en aparcaderos--, servicios que
tienen que tener la cobertura de los servicios sociales comunitarios.
Pero además, para no ser interpretada, y de forma obligatoria, nosotros
planteamos la necesidad, la obligatoriedad
de comedores escolares que, en determinadas zonas y colectivos, cumplen
una función compensatoria, al igual que programar actividades en las
tardes y con los colegios abiertos que realizarían aprobados por el
consejo escolar, bajo la supervisión del personal docente y con la
colaboración del personal cualificado necesario. En este sentido, los
costes deben ser soportados por los fondos públicos, y esta medida debe
ser extensiva, insisto, a los centros concertados, y todo ello debería
venir precedido por un estudio que avale la conveniencia pedagógica de
los cambios.
Y termino, señorías, planteando que el cumplimiento de estas garantías
podría dar la virtualidad y la conveniencia de la propuesta en el
horizonte cercano de la reducción del tiempo de trabajo para todos y para
todas, siendo por tanto el tema de la jornada escolar continua una pieza
esencial para conformar el mosaico de una mejor sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aramburu.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señoras y señores
diputados, si nos oyera hoy la comunidad educativa de padres de alumnos o
de enseñantes no comprenderían exactamente lo que aquí se está
debatiendo. Realmente algunos de los portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra utilizan algo que no se ha dicho. Además,
reiteradamente el Partido Popular ha manifestado claramente cuál es su
posición. Si se oye a otros portavoces que insisten en el artículo 57.4
de la Logse se entenderá que están totalmente de acuerdo en que sean los
centros los que tengan su plena autonomía. Y ya, para colmo, si esas
personas nos estuviesen escuchando, no entenderían absolutamente nada si
conocieran algo de los antecedentes en educación, puesto que aquí no se
quiere dar ninguna medida, porque las medidas están.
Yo recomendaría a algunos de los portavoces que me han precedido,
concretamente a la representante del Partido Socialista, que se releyeran
la Orden ministerial de 29 de junio de 1994 --por supuesto, en ese
momento no estaba la ministra Aguirre ni era Gobierno el Partido
Popular--, en la que se establece como normal general la jornada partida,
pero la mencionada orden indica que el Ministerio de Educación --entonces
y Ciencia, hoy y Cultura-- sólo estudiará aquellos casos en los que la
inmensa mayoría de los padres pidan jornada continuada. Si de eso pasamos
a alguna autonomía como es Andalucía, y lo reiteré el otro día, el puzzle
es total: se dio una orden de la Consejería, pero se indicó, a propuesta
de los consejos escolares y por mayoría, que se podían establecer tres
tipos de jornadas: una partida, de una hora, otra de dos horas, otra de
tres horas. Tengo aquí el resultado en las diferentes provincias
andaluzas, pero no voy a cansar a SS. SS: en Cádiz, el 56 por ciento de
los centros tiene jornada continuada; en Sevilla, el 22,6 por ciento de
los centros tiene jornada partida totalmente, pero otros, hasta alcanzar
el 42 por ciento, tienen a veces dos tardes o tres tardes a la semana que
generalmente no son lectivas, sino para actividades extraescolares; en
Huelva también hay un porcentaje mayor; en cambio en el resto de las
provincias es jornada partida. Entonces, díganme señorías si realmente
esto es algo en lo que los centros no han intervenido, cuando se ha
pedido una norma general pero luego no se atiende a las excepciones. Yo
llego a la siguiente conclusión: o no nos entienden cuando aquí hablamos,
ni a la señora ministra ni a nosotros, o realmente aquí hay una
incoherencia total.
Vamos a ver si de una vez para siempre dejamos sentado claramente, y
conforme a la enmienda que hemos presentado, que el Partido Popular y
este Gobierno es partidario de la jornada partida, aunque hay que atender
las excepciones cuando al menos el 80 por ciento de los padres pidan una
modificación a jornada continua pero que por las tardes haya una o dos
horas. Esto está muy claro. De verdad les digo, en general, que en las
diferentes autonomías en donde no tiene competencia el MEC la jornada es
partida, salvo donde gobierna el Partido Socialista, y en Canarias,
cuando gobernó el Partido Socialista, en general tenían la jornada
partida. Nosotros entendemos que para esos niños de cinco años, seis años
y siete años en principio es mejor la jornada partida, pero pueden
existir excepciones. Yo no creo que cuando el 80 por ciento de los padres
lo piden sea algo que no convenga al sistema educativo o a esos niños,
porque puede haber razones climatológicas. En algunas zonas de España, en
donde hace mucho calor en los meses de mayo y junio, puede existir la
flexibilidad, y nosotros lo citamos en nuestra enmienda, es decir, que
hasta el mes de mayo haya jornada partida y en los meses de mayo y junio
haya jornada continuada.
En resumen, quiero reiterarlo, porque no hay peor sordo que aquel que no
quiere oír o que entiende de forma diferente lo que queremos indicar.
Nosotros hemos resumido absolutamente en nuestra enmienda cuál es la
posición del Partido Popular y del Gobierno y decimos que sin perjuicio
de que se continúe de manera general con la jornada partida para los
alumnos de enseñanza infantil y primaria, en casos excepcionales, y
siempre y cuando se garantice el proyecto educativo del centro, el
mantenimiento de la calidad de enseñanza y a petición del 80 por ciento
de los padres, se pueda autorizar por la administración competente... Y
subrayo administración competente para que no se diga que por parte del
Ministerio de Educación y Cultura,
porque en estos momentos donde no está transferido será el Ministerio,
pero en el momento en que se transfiera la administración competente es
la autonomía correspondiente. Fórmulas de flexibilización. No decimos que
cuando lo pida el 80 por ciento de los padres habrá jornada continuada o
partida, sino flexibilización, que puede ser, como he indicado en el
ejemplo, en los meses de mayo y junio en zonas de nuestro territorio en
las que hace mucho calor y en las que la mayoría de los padres que
trabajan, por ejemplo, en Sevilla y en otras poblaciones del sur, tienen
jornada continuada. También decimos que debiendo los centros autorizados
mantener actividades por la tarde.
Preguntaban algunas señorías --y con ello termino, señor presidente-- que
si se garantizaba para esas jornadas actividades extraescolares. Sí se
garantizan. En estos momentos, en Toledo capital hay una serie de
centros, me parece que son 12 ó 14, que tienen jornada continuada en los
que claro que se garantizan. Además, esto, con cargo al capítulo II, es
muy factible, porque en todo caso sería una minoría. Reitero: no es que
automáticamente, cuando lo pida el 80 por ciento de los padres, se tenga
que autorizar; se dice que se puede autorizar, pero antes habrá que
analizar las razones de tipo climatológico y de otra índole que lo
aconsejan.
Señorías, creo que sobre el tema de la educación se está haciendo una
bandería política y no son buenas las confrontaciones en absoluto para
nuestros alumnos. Puede haber diferentes interpretaciones, pero estos
temas menores siempre se han aprobado por órdenes y reitero la de 1994,
las de la Consejería de Canarias, cuando el titular de la misma era un
socialista, y de Andalucía. Por lo tanto, no veo por qué hay que
trasladar un problema a los padres de los alumnos, cuando no lo hay.
Finalizo, señor presidente. Estaríamos absolutamente encantados de que
con nuestra enmienda y con la aceptación de alguna de Izquierda Unida,
como la relativa a que se pida información a las comunidades autónomas
que tienen competencia, esto se aprobara. Ahora, si lo que queremos es
hacer bandería, y a veces demagogia, perdónenme, entonces no podremos
estar de acuerdo. Pero reitero que lo que deseamos es no hacer luchas
políticas de un tema que nos interesa a todos, que es la educación en el
país. Y tanto el Partido Socialista, como Izquierda Unida, como
Convergència i Unió, PNV, Coalición Canaria, Grupo Mixto y nosotros, lo
que deseamos en definitiva es que se formen mejor las futuras
generaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Beviá Pastor): Gracias, señor Guerra.
¿Grupos parlamentarios que no hayan participado en el debate y que
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con gran
brevedad.
Mi grupo va a votar en contra de esta moción del Grupo Parlamentario
Socialista, comenzando por decir que, como bien ha recordado el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, Canarias es región que ya tiene, desde
hace tiempo, transferida esta competencia y, por tanto, es de plena
soberanía del Gobierno de la comunidad autónoma dictar las disposiciones
pertinentes en esta interpretación y aplicación de la Logse, en el
sentido de aplicar la jornada continua o partida.
Lo que no nos parece de recibo es que, para aquellas comunidades
autónomas que vayan a recibir esta competencia por la transferencia desde
el poder central, se trate de hacerles un condicionamiento previo desde
aquí.
Efectivamente, el punto 2 de la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida viene a reconocer este hecho en sí
mismo. No habría por qué decir que una vez que tenga transferida la
competencia la comunidad autónoma ponga jornada continua o jornada
partida. Estamos de acuerdo con el punto 1, para que se solicite la
información de aquellas comunidades autónomas con la competencia
transferida y que tienen la jornada continua. Pero desde el punto de
vista de salvar este puente de transición entre la situación actual de
competencia del Ministerio de Educación y Cultura y la comunidad autónoma
que en su día vaya a recibir la transferencia, nos parece adecuada la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque es la que salva un
principio de soberanía en este momento, de orden procedimental, respeta
la decisión que en su día pueda tener la comunidad autónoma, no se la da
ya impuesta anticipadamente y, desde luego, teniendo un criterio, como ha
manifestado aquí el Grupo Popular, de ser preferente la jornada partida.
Y, cuando se dé una cifra tan estadísticamente significativa como que el
80 por ciento de los padres tomen una decisión pertinente, que esta
decisión tenga fuerza de imperativo para hacer la modificación
conveniente de acuerdo con los padres.
Por tanto, si se acepta esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
nosotros la votaríamos positivamente, incluso recogiendo la parte del
punto 1 de la enmienda de Izquierda Unida solicitando la información; si
no, votaríamos en contra de la moción del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, nos encontramos ante un debate
desmesurado. Entendemos
que no existe proporción entre los hechos que nos ocupan y los
procedimientos reglamentarios que se han puesto en marcha en relación con
este tema. Una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura de
proponer, con las debidas cautelas, una propuesta de jornada continuada
ha levantado un debate político en torno a la organización del propio
calendario lectivo en las escuelas en el territorio del Ministerio de
Educación y Cultura. Entendemos que no existe proporción entre los hechos
que han sucedido y las propuestas y el debate político que se ha
suscitado en esta Cámara.
A la vista de los datos que el Grupo Socialista presentó en la
interpelación la semana pasada y el debate que en esta Cámara se suscitó,
ha quedado suficientemente claro que la inmensa mayoría de los grupos
parlamentarios, al igual que lo hacen las comunidades educativas,
sostienen la pertinencia y la mejor validez de la jornada continuada
sobre la jornada partida. Igualmente, se entiende que existen razones
objetivas, tanto desde el punto de vista demográfico como del geográfico
o del climatológico, para que, con las debidas cautelas, y siempre que en
el consejo escolar una mayoría muy relevante de padres y educadores así
lo entiendan, deba suscitarse la polémica y la posibilidad de promover la
jornada partida en esos centros o la jornada continuada en caso
contrario. Dado que esta es la posición mayoritaria de los distintos
grupos, el Grupo Parlamentario Vasco quisiera hacer algunas
consideraciones en relación con la moción que nos presenta ahora el Grupo
Socialista.
En primer lugar, en un período de transferencias en materia educativa, no
nos parece razonable que se ponga una cautela, una especie de veto al
Ministerio de Educación y Cultura en relación con la organización de la
jornada partida o de la jornada continuada. Sería algo así como decirle
que no ejecutara sus competencias durante estos meses en los cuales el
Ministerio de Educación y Cultura sigue siendo titular de la competencia.
Entendemos que no es razonable establecer una especie de veto en la
propia titularidad, en la propia ejecución de sus competencias.
En segundo lugar, lamentamos que la redacción de la enmienda se
circunscriba al territorio del Ministerio de Educación y Cultura. Es un
debate que parece que no consigue superarse por parte de los grupos
mayoritarios en esta Cámara. Como decía el señor Mardones en su
intervención, existen siete comunidades autónomas que tienen las
competencias de educación transferidas y haríamos bien en establecer
estos debates para el conjunto del Estado, ya que, en caso contrario,
está dando la impresión de que lo que es la realidad del Estado se
circunscribe a aquellas comunidades que no tienen las competencias
transferidas, lo cual resulta obsoleto en la propia definición en la que
se establece el debate.
Por fin, señor presidente, lamentamos la utilización que se está haciendo
del tema educativo entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara.
Entendemos que el tema educativo no puede conocer un disenso tan
llamativo entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios y que el tema
de la educación esté conociendo alteraciones de este orden, sobre la base
de las propias negociaciones que desde el Ministerio se están
estableciendo, tanto con los colectivos sindicales como con los
colectivos de los titulares de los centros o con otros agentes de la
comunidad educativa. Entendemos que sería mucho más razonable establecer
otras líneas de actuación, como lo ha hecho un grupo importante de
afectados en temas de educación, llamando al diálogo, llamando a la
reconciliación educativa, como se señala en el prolegómeno del documento
que nos presentaron a todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos
parlamentarios dijimos que estábamos de acuerdo con los contenidos de ese
documento, pero a la vista está que, de las intervenciones y de las
actividades que se están produciendo en torno al tema educativo, la
realidad es bien distinta. Yo creo, señor presidente, que la cordura
terminará imponiéndose.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, no querría que nadie de esta Cámara
creyera que en nombre de mi grupo tomo la palabra para apoyar a un
determinado grupo político o para inmiscuirme en las tareas de gestión
administrativa del territorio del Ministerio de Educación. En realidad,
sólo tomo la palabra para hablar en defensa de los niños y niñas de tres
a doce años, simplemente por ello.
Se presenta aquí una opción que habla de la jornada continuada del
profesorado; se está hablando simplemente de esto. El Grupo Popular ha
presentado una enmienda al Grupo Socialista que, dentro del panorama y
dentro del tema, me parece que es aceptable, pero no se acepta. A mí no
me satisface ni la enmienda de Izquierda Unida ni la moción, y no por
motivos ideológicos ni por motivos competenciales o por motivos
sindicalistas; no me satisfacen en absoluto por motivos educativos.
La jornada continuada del profesorado, señoras diputadas y señores
diputados, es, por definición, incompatible con el horario escolar del
alumnado --y no debemos confundirlo--; la jornada flexible laboral del
profesorado es compatible con el horario escolar del alumnado. Ya no
estamos en aquellas épocas en las que sólo había un solo profesor o
profesora por aula. Las plantillas son amplias. Puede haber flexibilidad
en el horario del profesorado, pero no debe tocarse el horario escolar
del alumnado. ¿Alguien puede pensar que
un niño o niña de cuatro años, de seis años, de ocho, diez o doce años
puede tener cinco horas seguidas de clase y puede almorzar a las 15
horas? ¿Alguien lo cree? No es posible; pero sí es posible que no toda la
plantilla de profesorado esté a todas horas y durante el horario escolar
en la escuela. Por lo tanto, sí al horario flexible laboral, no al
horario escolar continuado. Por ello, nosotros mostramos nuestra
insatisfacción porque este tema haya llegado aquí.
Pero hay otra insatisfacción, y es una desazón que sentimos nosotros, que
amamos la educación, porque la escuela está siendo objeto de agravios
continuos también en esta Cámara. Está siendo usada, por una parte, como
un campo de pruebas; por la otra, como un objeto para el agravio, para la
discusión, como una excusa para la falta de consenso, como puede quizá
ocurrir hoy.
Yo querría recordar a todas y todos que la escuela es conservadora porque
debe serlo, la escuela es una institución que conserva, por tanto es
conservadora, y la escuela tarda, es lenta en admitir cambios, no
innovaciones, pero sí cambios. Yo creo que el Ministerio, aunque sea en
una moción que censura e insta al Gobierno, ha abierto una línea de
innovación feliz, buena y que a mí me satisface, ha abierto la ventana a
la escuela rural. Esto es innovación. En cambio, yo censuro que en una
época predeterminada, en tan poco tiempo, se quiera hacer en la escuela
cambios epidérmicos o sustanciales, como cambios de currículum, órdenes y
contraórdenes de preinscripción, calendario escolar, jornada continuada
del profesorado, etcétera. La línea de la innovación es la que perdura;
en la línea del cambio superficial o sustancial debe irse con mucho
cuidado.
Querría añadir algo más, simplemente un recordatorio. La escuela es
felizmente una institución sólida, que tiene unos cimientos y unos
fundamentos muy sólidos, pero quiero recordar a todos los grupos
políticos que la escuela está conformada por una materia altamente
sensible, que ante cualquier golpe, ante cualquier ataque, ante cualquier
cambio que no comprende es refractaria y se repliega sobre sí misma, y
durante mucho tiempo mantiene los moratones de los golpes que recibe y
las cicatrices de las heridas que puede recibir, y quizá en este Pleno o
a veces en Comisión las está recibiendo, y son cicatrices que vuelven a
abrir las heridas que quizás entre todos le estamos infligiendo. Yo
pediría una vez más el consenso y, sobre todo, que aquello que en
sociología es un fenómeno absolutamente contemporáneo, que es lo que se
llama el apego al niño, sea aquí, en educación, el apego al niño y a la
niña escolarizados, al alumno; el alumno y la alumna deben ser el centro
de nuestra atención y el de la escuela.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil.
La señora Díez de Baldeón tiene la palabra para indicar, aunque ya ha
apuntado algo en su intervención inicial, si acepta o no las enmiendas o
si definitivamente lo que plantea para que se vote como moción es el
texto que ha hecho llegar a la Presidencia.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista, encontrar un consenso
en un tema como éste sería deseable, pero hay una cuestión de fondo que
nos diferencia. Nosotros creemos que tiene que establecerse un proceso
consensuado con la participación de los sectores de la comunidad
educativa implicados en este tema, creemos que es importante que los
sindicatos, junto con los padres de alumnos... (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Díez de Baldeón, este turno no es
un turno de réplica.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Es sólo para indicar el sentido de la
moción.
Creemos que esta medida es incompatible con defender desde el Ministerio
de Educación la posibilidad... (Protestas.) Acabo enseguida, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías. La
Presidencia es la que establece el orden.
Señora Díez de Baldeón, este turno, como sabe S. S., es sólo para indicar
si acepta o no las enmiendas que se han presentado, no para abrir un
turno de contradicción con ellas; en caso contrario, la Presidencia
tendría que dar a su vez la palabra a los que han intervenido en su
defensa.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Aceptamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida que he anunciado en mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Díez de Baldeón.
¿La señora Aramburu está de acuerdo en renunciar a la otra parte y que se
acepten estas enmiendas? (Asentimiento.) Por tanto, el texto que va a ser
sometido a votación incluye una aceptación parcial de la enmienda del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Pasamos a la votación. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción consecuencia de interpelación del Grupo
Socialista, sobre
la implantación de la jornada escolar continua, en los términos
resultantes de la aceptación de enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 140; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LOS MOTIVOS
QUE HAN IMPULSADO AL GOBIERNO A ELIMINAR LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS A
AMPLIOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MEDIANTE LAS
RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 173/000074)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a eliminar las
jubilaciones anticipadas a amplios colectivos de trabajadores y
trabajadoras mediante las resoluciones de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Fernández
Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a defender la moción que presenta Izquierda Unida como consecuencia
de la interpelación de la semana pasada referente a la resolución
presentada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
que entraría en vigor mañana, 1 de abril, a no ser que hoy, en este Pleno
del Congreso, decidamos alguna cosa en sentido contrario.
La primera consideración que hay que hacer es que al ministro de Trabajo
parece que no le preocupa demasiado el acuerdo que hoy aquí adoptemos, ya
que no está presente en esta sesión. Quiero empezar mi intervención
recordando una frase que el ministro nos decía la semana pasada, que era
ésta: No entra en cabeza humana que un ministro se levante por la mañana,
esté tranquilo en su despacho y decida que determinadas personas no
tienen derecho a la jubilación anticipada.
Señorías, esto es precisamente lo que va a ocurrir mañana, 1 de abril,
que entrará en vigor la resolución de 14 de noviembre y 5 de diciembre de
1997, que es la que se va a encargar de impedir que diversos colectivos
de trabajadores de este país se puedan jubilar anticipadamente.
Creemos nosotros que es totalmente cierto que los españoles y las
españolas mañana sí se van a levantar con un derecho menos que hasta
ahora venían ostentando, que han venido ostentando durante los últimos
veinte años; no se trata de un derecho que haya estado en vigor unos
días, unas semanas, unos meses, sino de un derecho consolidado durante
veinte años. Se nos hace difícil comprender que un Gobierno, que en
diversas ocasiones ha manifestado en esta Cámara que no iba a hacer
ningún recorte a las prestaciones sociales, a partir de mañana...
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un
momento, señor Fernández, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. (Rumores.) Señor Homs, señora Amador,
señora Conde, les ruego silencio.
Continúe, señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente. Decía que se nos
hace difícil comprender que, habiendo afirmado el Gobierno reiteradamente
en esta Cámara que no iba a practicar recortes sociales, a partir de
mañana entre en vigor un nuevo recorte social que afecta directamente a
los colectivos más desfavorecidos de este país, como son los trabajadores
autónomos, el sector agrario, el sector cooperativista; sectores tan
importantes como el del transporte, taxistas, albañiles, fontaneros y un
largo etcétera.
Nosotros no queremos situar al Gobierno como un enemigo de todos estos
colectivos, no es ésa nuestra intención. Entendemos que es el propio
Gobierno el que se sitúa frente a estos derechos ya consolidados de
colectivos que antes mencionaba. No es Izquierda Unida la que declara
enemigo de estos sectores al Gobierno. No. Son el propio Gobierno, el
ministro de Trabajo, el INSS, los que, con estas decisiones, se están
declarando como enemigos de una parte de la sociedad española.
El Gobierno reconocía la semana pasada que no ha tomado ninguna decisión
legal para combatir la ley --y esto está escrito en el «Diario de
Sesiones» del día 25-- y que solamente anula una resolución --a su
juicio, interpretativa-- dentro del Ministerio de Trabajo. Pero, como
antes decía, esta cuestión que el Gobierno dice que es interpretativa del
Ministerio de Trabajo ha estado en vigor durante 20 años. Por tanto,
¿cómo se puede venir hoy a decirnos que algo que ha estado en vigor
durante 20 años, que no ha tenido ningún problema, que ha beneficiado a
miles de trabajadoras y trabajadores de este país, de la noche a la
mañana, por cuestiones de índole jurídica, no se puede seguir aplicando?
Yo decía la semana pasada que en esta Cámara se debería hacer un debate
político sobre las consecuencias
directas de esta iniciativa. Por lo que se refiere a las interpretaciones
jurídicas, esta Cámara tiene las competencias suficientes para modificar,
anular, corregir o volver a hacer una ley que cubra la demanda social y
que corrija el aspecto jurídico del que nos hablaba la semana pasada el
ministro de Trabajo. La argumentación jurídica que hacía el ministro
Arenas la semana pasada aquí no tiene ninguna base sólida porque no hay
ni una sola sentencia judicial de algún tribunal de justicia que haya
considerado que deba derogarse la resolución de 9 de agosto de 1978.
Todas las sentencias que ha habido hasta este momento se basan en los
distintos decretos de reciprocidad, que nada tienen que ver con la
resolución de 1978.
También se decía en esta Cámara que el Gobierno está profundamente
orgulloso de haber pactado con los sindicatos y de mantener el sistema
público de protección social. Creo que tiene que haber algún error porque
los sindicatos no están de acuerdo con esta resolución. Eso es lo que
están diciendo hasta este momento. Tengo aquí algunas cartas de
sindicatos representativos de este país en las que piden que se suspenda
la aplicación de la resolución de la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, es decir, que no se aplique, lo cual quiere decir
que en este caso no ha habido acuerdo entre agentes sociales y el
Gobierno. Es más, la Comisión ejecutiva provincial del INSS de Madrid, en
la que participa la patronal, los sindicatos y el mismo INSS, ha aprobado
por unanimidad la retirada de la regulación de las resoluciones de 14 de
noviembre y 5 de diciembre. No es que esté pidiendo Izquierda Unida la
retirada de estas resoluciones hoy en esta Cámara, sino que lo está
pidiendo también la Comisión ejecutiva provincial del INSS, que está
participada, repito, por la CEOE, Cepyme, sindicatos y el INSS, yo creo
que organizaciones nada sospechosas de practicar dogma o de tener un
posicionamiento político contrario a las tesis del Gobierno.
También la semana pasada se me pedían datos aquí del número de personas
al que podría afectar estas resoluciones. Nosotros habíamos hecho una
estimación que decíamos que era rigurosa. Decíamos que esta resolución
podía afectar en torno a 25.000 personas anuales. Pues bien, esta cifra
se puso en duda en esta Cámara la semana pasada y hoy voy a facilitar
algún pequeño dato, porque nosotros lógicamente no somos Gobierno, no
tenemos toda la maquinaria que tiene el Gobierno a su disposición para
tener datos suficientes, que yo creo que ni el propio Gobierno los tiene,
porque quiero recordar que mientras el ministro de Trabajo afirmaba en
esta Cámara que estas resoluciones afectarían a 2.500 personas, algunos
directores provinciales del INSS han estado diciendo durante esta semana
que afectarían solamente a mil. En mi opinión alguien miente, o miente el
ministro o mienten los directores; o siendo benigno me atrevería a decir
que es que no saben de qué están hablando porque no tienen la información
suficiente.
Les voy a facilitar, para que se hagan una pequeña idea, unos datos que
me han enviado de la Corporación Cooperativa Mondragón, donde dicen que
esta resolución en el año 1998 afectará a 288 personas, en 1999 a 243...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: En seguida termino, señor presidente.
En total lo que vienen a decir es que esta medida, a lo largo de su
período de vigencia, puede tener solamente en Mondragón una repercusión
de 3.628 personas, cifra que yo creo que no es desdeñable.
También tenemos otro dato para tener en cuenta. En una comunidad con una
población en torno a un millón de habitantes, está contrastado y
confirmado que esta medida afectó a 523 personas en el año 1997. Si
extrapolamos estos datos, quiere decir que la cifra que nos da es
superior a las 20.000 personas anuales.
Hay algo que se nos dijo aquí la semana pasada, y es que, si éramos
capaces de dar argumentos convincentes, el ministro retiraría esta
resolución. Yo he pensado mucho cómo convencer a un ministro; la verdad
es que hemos dado argumentos de todo tipo y no sé si han sido base
suficiente. Pero yo también hacía una petición la semana pasada en esta
Cámara, y es que antes de que tuviera lugar la moción, fuera retirada la
resolución por el Ministerio de Trabajo sin necesidad de votarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego concluya.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Una frase y termino, señor presidente.
Hoy en esta Cámara es muy posible que el Gobierno pueda perder una
votación, a no ser que, como hace en otras ocasiones, se sumen votos
contrarios de lo que se piensa y de esa manera evita la derrota.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Han sido presentadas a esta moción enmiendas por parte de los grupos
parlamentarios Vasco (PNV), Socialista, Mixto y Catalán (Convergència i
Unió).
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario encuentra justificada tanto la interpelación como
la posterior moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la eliminación de las
jubilaciones anticipadas a ciertos colectivos de trabajadores. Para
nuestro grupo parlamentario tiene una plena justificación, y
concretamente por tres razones fundamentales más bien de orden práctico
que reflejan una realidad constatada.
La primera de estas razones es porque la jubilación anticipada se puede
utilizar como una herramienta importante de competitividad para la
empresa, ya que permite dar una solución a personas que, como
consecuencia de limitaciones físicas de cualificación y adaptación
tecnológicas derivadas de su edad, no pueden mantener los actuales ritmos
de producción. Son personas que están ya más pensando en pasar a los
colectivos de clases pasivas que a integrarse activamente dentro de los
procesos productivos. Ello posibilita la sustitución de estos
trabajadores por personal joven y cualificado, lo que, además de
coadyuvar a mejorar la posición competitiva de las empresas, está en
total sintonía con las políticas activas de empleo que se están tratando
de promover por el conjunto de las administraciones públicas en el
entorno europeo. No debemos perder la referencia de las tasas de paro
juvenil, que rondan el 50 por ciento. Esta mejora de la posición
competitiva derivada de la incorporación del personal joven más
cualificado ayuda, asimismo, junto a otra serie de aspectos, a
incrementar el nivel de actividad de la empresa, con el consiguiente
efecto inducido sobre el empleo.
Y puesto que en el debate que tuvo lugar la semana pasada con motivo de
la interpelación se hizo referencia a la Corporación Cooperativa de
Mondragón, les puedo complementar estos datos. En esta corporación, en
los últimos tres años, se han producido 1.051 jubilaciones anticipadas,
con una edad media de 61 años y que suponen el 83 por ciento de las
jubilaciones causadas en este período, mientras que sus cooperativas han
creado 6.674 empleos netos. Esto da una idea de la importancia que tiene
este proceso de sustitución de plantilla porque crea empleo, sobre todo
joven, dinamiza el nivel de la formación del personal y repercute
positivamente en la productividad.
En segundo lugar, el equilibrio o la contribución del sistema en línea
que se aborda en la recomendación novena del Pacto de Toledo, no se ve, a
nuestro entender, afectado por la anticipación de la edad de jubilación,
ya que para ello se aplica el coeficiente reductor del 8 por ciento
anual, lo que permite, según contrastados estudios técnicos, equilibrar
holgadamente la contribución con la prestación hasta su extinción. En
este aspecto quiero dejar constancia de que, por el ejemplo, el grupo
Mondragón está aplicando una reducción del 6 por ciento en vez del 8 por
ciento, con una esperanza de vida de 81 años, y con esto queda
equilibrado el sistema; por tanto, con más razón todavía quedaría
equilibrado en el sistema público de la Seguridad Social. El
desequilibrio se produce por las carreras cortas de cotización, que son
las que no aportan la contribución necesaria al sistema,
independientemente de la edad en la que se accede a la jubilación, pero
el colectivo directamente afectado por esta medida, en cuanto que
acredita cotizaciones anteriores a 1967, no responde en su mayor parte a
estos períodos cortos de cotización. Por tanto, a medio y largo plazo, el
sistema financiero no sólo se compensa, sino que puede producir incluso
superávit. Además, el efecto de sustitución por nuevos trabajadores
permite mantener el nivel de cotización del sistema, lo que aporta otra
herramienta de equilibrio. En consecuencia, tampoco desde el punto de
vista recaudatorio podemos justificar esta medida de supresión del acceso
a las jubilaciones anticipadas.
Finalmente, las expectativas que en el colectivo afectado se han generado
en base al derecho adquirido hace más de 30 años y que ha venido siendo
aplicado en los últimos 20 años, se han visto truncadas de la noche a la
mañana por una interpretación restrictiva y de carácter interno. No
podemos olvidar que esta expectativa fundada ha llevado a adoptar
medidas, tanto en el ámbito personal como laboral, de difícil retorno,
creando auténticos problemas sociales que no se pueden obviar. Estas
resoluciones han cogido por sorpresa a muchos trabajadores que habían
planificado ya su vida de jubilación, tomando decisiones que, de verse
truncadas sus expectativas, les van a acarrear serios problemas. Son
innumerables los casos en que estas decisiones, tomadas de acuerdo con
las expectativas de estos años, repito, han llevado a planificar su
patrimonio y sus ingresos, y estas decisiones a veces son irreversibles.
En definitiva, señorías, podemos concluir que se trata de una medida que
no sólo perjudica a los diferentes colectivos de afectados, sino que
también afecta a la competitividad de las empresas y a la política de
creación de empleo en los colectivos más desfavorecidos. A estas razones
hay que añadir que la jubilación anticipada no afecta al equilibrio
financiero del sistema de la Seguridad Social, por lo que la medida no
resulta necesaria, máxime teniendo en cuenta que, por razón de la edad y
tiempo transcurrido desde la adquisición del derecho, tenían un horizonte
próximo y natural de extinción.
En consecuencia, nuestro grupo parlamentario apoya la iniciativa
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, si bien consideramos
que la redacción de esta moción debería de matizar algunas precisiones,
por lo que hemos presentado una redacción alternativa que entendemos no
supone una alteración de fondo de la cuestión y que, por tanto, esperamos
que sea aceptada por todos los grupos parlamentarios, y por supuesto por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la
presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a defender las
dos enmiendas que hemos presentado a esta moción.
Permítanme decirles que estamos nuevamente ante un problema que empezamos
a discutir, y hablábamos de 2.500, de 25.000 o de 200.000 trabajadores,
pero ese no es el problema. El problema es que estamos hablando de
trabajadores que llevan más de 20 años con unos derechos para jubilarse
anticipadamente, y hoy, el Grupo Parlamentario Popular, por activa o por
pasiva, pretende quitarles ese derecho. Eso es lo que estamos discutiendo
con esta moción.
Deberíamos acostumbrarnos a leer el «Diario de Sesiones», porque si lo
hiciéramos aprenderíamos a veces cosas que no debemos hacer y otras veces
cosas que debemos hacer. Es bueno que todos, absolutamente todos, nos
acostumbremos a reconocer de vez en cuando que nos han metido un gol o
que nos hemos equivocado. A ustedes lo que les ha pasado es que les han
metido un gol, se han encontrado con una resolución de la que no se han
enterado y han venido a la Cámara a mantener una posición que ni siquiera
pienso, porque soy bien pensada, es la suya, porque no era esa su
intención. Reconozcan que eso es lo que ha pasado y aprovechemos la
oportunidad que tenemos para decir la verdad todos los grupos firmantes
del Pacto de Toledo, para que volvamos a él. Porque el Pacto de Toledo se
hizo para mantener los derechos, para defender una sanidad y unas
pensiones públicas, y eso es lo que mi grupo está haciendo con esta
proposición. Si ustedes, señores del PP y señores de CiU, y nosotros
estamos en la misma línea, hoy tenemos una oportunidad de hacerlo todos
juntos.
El señor Camps acusaba la semana pasada a mi compañero Alejandro Cercas,
incluso le hablaba del óscar y de otras cosas. Por el tiempo que llevo
aquí y conozco al señor Camps he visto que no es su estilo, pero ya he
comprendido que cuando no tiene argumentos, cuando no sabe cómo defender
una posición, se le sube el aire a la cabeza y dice lo primero que le
viene a la mente. Yo lo que le pido hoy es que suba aquí y diga que no
tiene voluntad de dejar a 2.500 trabajadores sin poder jubilarse, ya no
digo a 200.000 ni a 25.000, sino 200 ó 2.500, sea la cifra que sea, me da
igual. No podemos hoy aquí quitarle un derecho a dos trabajadores, o a
100 trabajadores, o a 2.000 trabajadores un derecho, señorías, que se han
ganado a lo largo de su vida, que la han tenido difícil. Recuerden que
estamos hablando de personas de en torno a 60 años, que no han tenido una
vida fácil.
Todos decimos de boquilla que el paro es el primer problema de este país,
pues dejemos que esta gente se vaya a casa, que siga viviendo con
dignidad y demos la oportunidad a que jóvenes entren a contribuir a la
Seguridad Social para pagar a esos pensionistas que ya se han ganado su
derecho a irse a casa. Eso es lo que estamos pidiendo aquí y eso es lo
que pretendemos con nuestras dos enmiendas. Incluso si hubiera algún
problema que se pudiera derivar de las sentencias que yo tengo aquí, y
que son sentencias a título individual, nuestra enmienda lo que viene a
decir es que se tome alguna iniciativa para garantizar que se siga
aplicando lo que hoy se está aplicando. Además, con el otro añadido
instamos a que todas las normas que afectan a derechos fundamentales como
éste, sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Señores del PP, lo que no puede ser es que todos los días, en la
televisión y a la hora del telediario, las familias españolas vean y
escuchen: España va bien, la economía va bien. Parece que vivamos en el
país de Aznar y las maravillas, y luego vengan ustedes aquí a decirle a
250 o a 2.500 trabajadores que les vamos a quitar un derecho que tienen
reconocido durante años.
Es de vergüenza en este país, de cinismo político hablar de rebajar
impuestos cuando tenemos más de un millón de parados que no cobran paro.
Cuando tenemos gente que cobra pensiones de miseria, les decimos a los
ricos, a los que más tienen que no paguen impuestos, y a los pobres vamos
a quitarles los derechos. (Aplausos.--Rumores.--El señor Padilla
Carballada: A ver si se cambia el rollo.) No les gusta, claro. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Entiendo que no les gusta oír esto, pero,
señorías, acostúmbrense, que todo el mundo se rasca cuando le pica, y
esto ya sé que les pica a ustedes. (Rumores.) Termino diciendo que no se
pongan ustedes nerviosos. Simplemente les estoy exponiendo lo que miles
de ciudadanos de este país dicen en la calle todos los días. No se
asusten de que yo traiga aquí a la Cámara estas cosas. No pasa
absolutamente nada. Arrepentidos los quiere el Señor. Vengan al consenso
y entre todos digamos hoy que vamos a votar una resolución que les
garantice que los que ayer cobraban, los que hoy y mañana se van a
jubilar, también van a cobrar; simplemente eso.
Gracias, señorías. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la interpelación presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida nos ha permitido conocer que existía una normativa constituida
fundamentalmente por la legislación de la Seguridad Social y por las
órdenes ministeriales que regulaban el tema de la jubilación en nuestro
país, que intentaba reconocer y regular el derecho a la jubilación
anticipada que en el anterior sistema de la Seguridad Social, en la época
del mutualismo laboral, se reconocía para los trabajadores por cuenta
ajena a partir de los 60 años de edad. Esa normativa, la ley y la orden,
pretendía mantener ese derecho y, por tanto, seguía reconociendo a
aquellos trabajadores el derecho a la jubilación a partir de los 60 años
de edad.
También hemos conocido, a través de esa interpelación del Grupo de
Izquierda Unida, que existían instrucciones internas de la administración
de la Seguridad Social que, interpretando aquella normativa, la ley y la
orden, habían hecho ampliación de los criterios que se contenían en la
propia legislación.
Finalmente, también hemos conocido, aunque quizá no se haya hecho
excesiva referencia a esto por parte del grupo interpelante o de otros
grupos que han intervenido, que el órgano judicial máximo de nuestro país
en esta materia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en recursos en
unificación de doctrina, de manera reiterada en los últimos años ha
venido diciendo que esas instrucciones internas de la administración de
la Seguridad Social no podían prevalecer sobre la normativa, sobre la ley
y sobre la orden. El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias, con
valor de unificación de doctrina, diciendo, por ejemplo, que en el
régimen agrario no era aplicable la jubilación anticipada a partir de los
60 años. Esto también es una realidad y es bueno que se conozca y se tome
en consideración.
A partir de esta última realidad jurisprudencial nos encontramos con que
el actual Ministerio de Trabajo ha tenido la idea de modificar aquellas
instrucciones administrativas a las que he hecho referencia que tenían
una interpretación amplia, y ajustarlas a los criterios del Tribunal
Supremo, e incluso en algunos casos ir más allá de los criterios
establecidos por el Tribunal Supremo.
En nombre de Nueva Izquierda tengo que decir que discrepamos de la
actuación llevada a cabo por parte del Ministerio de Trabajo por dos
razones. En primer lugar, porque cualquier producción normativa en el
ámbito de la Seguridad Social, a partir del Pacto de Toledo, a partir de
ese acuerdo político suscrito por todos los grupos de la Cámara, requiere
necesariamente el consenso y la consulta, tanto en el ámbito social como
en el político, y en ninguno de los dos ámbitos se ha consultado esta
modificación que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo. Por tanto,
razones formales, razones políticas importantes, de respeto a lo que en
su día acordamos, nos llevan a decir que esa resolución dictada por el
Ministerio de Trabajo, que pretende modificar las anteriores, no es
aceptable.
En segundo lugar, tenemos que decir que esa interpretación que lleva a
cabo el Ministerio de Trabajo, esa nueva resolución, pretende resolver
una situación que no cabe decir, de ninguna manera, que sea jurídicamente
clara. No cabe decir que existían anteriormente derechos cuando el
Tribunal Supremo, de forma reiterada, estaba dictando sentencias
desestimatorias. Tampoco cabe decir que basta simplemente con derogar,
con que no entre en vigor la nueva instrucción del Ministerio de Trabajo
para que los derechos queden vigentes en base a las anteriores
resoluciones, porque ése no ha sido el criterio del Tribunal Supremo.
Señorías, es necesario, tal como planteamos en la enmienda de nuestro
grupo, que se deje sin efecto esta modificación normativa que pretende el
Ministerio. Pero con eso sólo no basta, porque con eso sólo dejaríamos
unos criterios jurisprudenciales que están negando los derechos. Es
necesario entrar en el fondo del asunto y resolver ese debate, que es un
debate jurídico, pero a partir del Pacto de Toledo también es un debate
con razones laborales, sociológicas y económicas; también es necesario
entrar ahí, y es necesario entrar por un procedimiento de consenso
político y social.
En definitiva, planteamos en nuestra enmienda estos tres criterios,
señorías. En primer lugar, que el Ministerio de Trabajo deje sin efecto
su modificación unilateral; en segundo lugar, señorías, que se aborde el
debate de fondo, en el que hay que conjugar criterios jurídicos, sin
lugar a dudas, pero también criterios laborales, económicos y
sociológicos, y, en tercer lugar, que se lleve a cabo por un
procedimiento de consenso. Como me consta que estos criterios, que no
aparecían en la moción inicial del grupo interpelante o en alguna otra,
como es el caso del Grupo Nacionalista Vasco, son los que se contienen
sustancialmente en una moción transaccional que he visto que está
circulando, anuncio, en nombre del Grupo de Nueva Izquierda, nuestro
apoyo a esa moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
La moción presentada por el grupo proponente tiene por finalidad,
señorías, instar al Gobierno a revisar el marco legal vigente que se
establecía en varias resoluciones para poder legitimar el derecho de
asimilación de aquellos trabajadores autónomos que con anterioridad al
año 1967 hubieran cotizado a alguno de los regímenes
generales de la Seguridad Social para que pudieran hoy proceder a
legalizar su derecho de jubilación anticipada.
Señorías, es cierto que en el transcurso de los últimos años el Tribunal
Supremo ha emitido varias resoluciones en torno a esta circunstancia que
estamos debatiendo, motivo por el cual la Dirección General de la
Seguridad Social ha tenido que proceder a la correspondiente
interpretación del marco legal vigente, que ha dado lugar al debate y a
la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para retrotraer
a esta Cámara la legislación que hasta la fecha venía aplicándose y no la
que se podría derivar de la interpretación que se ha efectuado
recientemente y que a partir del 1 de abril de 1998 entraría en vigor,
que alteraría la aplicación práctica del derecho de jubilación anticipada
de los trabajadores autónomos que con anterioridad a 1967 hubieran
cotizado a alguno de los regímenes generales de la Seguridad Social.
Mi grupo, señorías, cree que el Gobierno, la Dirección General de la
Seguridad Social, de acuerdo con su obligación, intentó interpretar
adecuadamente las sentencias del Supremo e interpretar la normativa hoy
vigente. Pero es cierto que como consecuencia de ello se establece un
marco de distinto que legitima una aplicación por parte de la
Administración de la denegación de un derecho de jubilación anticipada
que hasta la fecha no se estaba aplicando. Por consiguiente, señorías, mi
Grupo entiende que de facto, quizá no de iure, se va a establecer un
marco distinto de legitimación de derechos de jubilación anticipada en
relación con lo que venía estableciéndose hasta la fecha. Ello, señorías,
debería ser objeto de una revisión del marco legal vigente, y no a través
de unas resoluciones interpretativas.
Por eso, señorías, hemos propuesto a los grupos parlamentarios, y
exponemos en estos momentos en nuestra moción, no entrar en el análisis
de la vigencia o de la validez del contenido de las resoluciones que ha
dictado la Dirección General, sino elevar al Gobierno la obligación o el
mandato de proceder a una revisión de la norma hoy legal vigente para
proceder, a su vez, a una revisión de estos derechos de jubilación
anticipada de los trabajadores autónomos.
Señorías, proponemos instar al Gobierno a adoptar, en el marco del Pacto
de Toledo, las medidas legales correspondientes para mantener la vigencia
de las resoluciones de la Dirección General de Prestaciones del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de 9 de agosto de 1978, según
la cual, y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la circular
112/1978, de 26 de septiembre, del extinguido servicio del mutualismo
laboral, se extendió, en beneficio de la jubilación anticipada, a todos
los trabajadores que hubiesen cotizado al mutualismo laboral como
trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967, así como
también mantener, señorías, la vigencia de la circular 5/1990, de 17 de
marzo, en lo que se refiere a la validez de las cotizaciones efectuadas
en el extranjero.
No obstante, entendemos que en la revisión del marco legal vigente hoy,
el legislador, el Gobierno o esta Cámara, si procede, deberían revisar si
se tendrían que establecer algunas limitaciones y algunas consideraciones
y supuestos para no legitimar determinadas circunstancias realmente muy
curiosas, como la que podría ser haber cotizado únicamente un sólo día
antes de 1967 para legitimar el derecho a pensión anticipada de
jubilación. Esta circunstancia, señorías, es muy extrema, sin duda, pero
también tiene en su contenido un grado de injusticia, injusticia
comparativa con otros ciudadanos que habiendo cotizado muchos más años,
por estar en el régimen de autónomos no tienen derecho a jubilarse
anticipadamente.
Por lo tanto, quizá deberíamos establecer algunas cautelas, algunos
supuestos que, como mínimo, evitaran que por la única circunstancia de
haber cotizado un sólo día con anterioridad a 1967, ya estuviéramos
legitimando el derecho a pensiones anticipadas por estar en estos
momentos de alta en el régimen de autónomos. Esta es quizá la
significación de la última frase que propone mi grupo, que, no obstante,
no es una frase que quiera ser absolutamente determinante, ya que estamos
abiertos al diálogo con los demás grupos.
Señor presidente, hemos conocido la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco y, a mi entender, y así lo ofrezco al grupo proponente de la
moción, podríamos hacer un esfuerzo de diálogo y de consenso, aceptando
algunas de las consideraciones que contempla la moción del Grupo Vasco,
para adicionarla a la que presenta mi grupo y que conjuntamente con toda
la Cámara podamos acordar todos los grupos parlamentarios el compromiso
intrínseco que contienen las dos enmiendas planteadas a la moción del
Grupo de Izquierda Unida.
El propósito de mi grupo es dejar sin efecto la disposición de la
Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social, de 14 de
noviembre y de 5 de diciembre, pero no sin fecha ni límite, sino dejarla
en suspenso mandatando al Gobierno, instando al Gobierno a que proceda a
una revisión del ordenamiento legal vigente para que se pueda mantener
hasta la fecha vigente el marco de legitimación de la asimilación de
jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores autónomos que con
anterioridad a 1967 habían cotizado un determinado período al Régimen
General o a alguno de los regímenes específicos de la Seguridad Social.
Señorías, termino. Este es el sentido y el propósito de esta enmienda.
Pensamos que podría ser tomada en consideración. Invitamos al grupo
proponente a que, si es necesario, terminemos de ajustar algún extremo de
la misma con la moción y también con la voluntad del grupo mayoritario de
la Cámara, que también se predispone a buscar ese consenso y que, en
definitiva,
esta tarde alcancemos el compromiso político de resolver ese problema que
afecta y preocupa a bastantes ciudadanos que son hoy autónomos y que ven
que hasta la fecha tienen reconocida su legítima posibilidad de jubilarse
anticipadamente porque durante un determinado período de su vida activa
estuvieron cotizando en otro régimen de la Seguridad Social.
Señor presidente, esta es la finalidad de nuestra enmienda y la
posibilidad que brindamos a los demás grupos de alcanzar en torno a ella
un acuerdo unánime.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quiere poner
de manifiesto que todavía está vigente el Pacto de Toledo, que es una
conquista social del Estado de bienestar y en cuya recomendación décima
se consagró, una vez más, el principio del respeto a la jubilación
anticipada, principio que ha mantenido el Gobierno actual mediante el
pacto firmado con los sindicatos el 9 de octubre de 1996, y en el que aun
reconociendo la existencia de posibles problemas en el futuro y que había
que preservar el equilibrio financiero de la Seguridad Social, también se
reconocía y se afirmaba el derecho a la jubilación anticipada.
Es verdad que las últimas sentencias de nuestro Tribunal Supremo están
creando doctrina, pero también lo es que existen unos derechos de unos
trabajadores que se encuentran de la noche a la mañana en un período de
incertidumbre por la anulación de unos posibles derechos.
Por eso, nuestro grupo, Coalición Canaria, como somos conscientes de que
el número no es muy grande y que la voluntad de todos los grupos
políticos es que se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores,
junto con el resto de los grupos políticos vamos a encaminarnos por la
enmienda que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
expuesta ahora por el señor Homs, añadiéndole el párrafo final del Grupo
Vasco en el sentido de que queda en suspenso la entrada en vigor el 1 de
abril de 1998 de las resoluciones de la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social de 14 de noviembre y de 5 diciembre de 1997.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, he intentado escuchar con atención a todos los portavoces de
los distintos grupos parlamentarios que me han precedido en el turno de
palabra. (Rumores.) Iba a decir que compartía el tono sereno de la mayor
parte de sus intervenciones, pero veo que no es compartido por algunos de
los grupos que se sientan a la izquierda en este hemiciclo. (Rumores.) Al
menos el tono de la mayor parte de los portavoces en esta ocasión ha sido
sereno, incluido el de la portavoz socialista, con algunos elementos
ornamentales propios de su carácter que, desde luego, no me han impedido
que comprendiera cuál era el contenido de su intervención. De todas
maneras vaya por delante, y me dirijo a la representante del Grupo
Socialista, que cuando este portavoz, al que ha hecho usted una alusión
directa, interviene desde esta tribuna desde luego no sé si le sube el
aire a la cabeza, pero lo que no le sube es la sangre, sobre todo cuando
se trata de defender los derechos de los trabajadores y de los
pensionistas de este país. (Rumores.) Intento que la sangre fluya por el
corazón y, sobre todo, riegue bien mi cerebro para evitar decir cosas de
las que luego pueda tener que arrepentirme. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.)
Lo que deberíamos hacer aquí, señorías, esta tarde, noche ya, y en el
poco tiempo que queda antes de la votación, sería acotar los términos del
debate para no crear expectativas injustificadas a trabajadores de
nuestro país, y acotar los términos de este debate es decir que no se ha
producido ninguna modificación legal sustantiva de las normas que rigen
esta materia, que quien tenía derechos los sigue teniendo exactamente
igual porque no hay norma que se modifique ni hay norma que se derogue.
Lo que ha cambiado son los criterios aplicativos que se contenían en una
serie de resoluciones, pero que no se han cambiado, como ha dicho también
el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, por que un ministro se haya
levantado una mañana y haya decidido dejar sin pensión de jubilación
anticipada a un número de trabajadores en este país. No, señoría. Han
cambiado porque en este país, gracias a Dios, existe la división de
poderes, porque en este país existe un tribunal supremo y porque el
Tribunal Supremo dicta doctrina jurisprudencial aplicable a los presentes
casos, como el que hoy nos ocupa, que debe de ser seguida tanto por el
Gobierno como, entiendo, por todas las señorías y los grupos políticos
con representación en esta Cámara. Quien ha establecido el sentido de ese
nuevo criterio aplicativo, señorías, no es el ministro del Partido
Popular, es el Tribunal Supremo de este país. Otros quisieron enterrar a
Montesquieu, nosotros agradecemos que aún esté vivo y que en este país
aún existan los tres poderes para que todos podamos
ejercer nuestras funciones constitucionales con la debida diligencia.
Por lo tanto, señorías, acoger estos criterios lo que hace es justamente
lo contrario a lo que algunas de SS. SS. han manifestado desde esta
tribuna. Acoger esos criterios del Tribunal Supremo es justamente dar
seguridad jurídica a nuestros trabajadores y trabajadoras, porque,
señorías, explíquenme ustedes qué sucedería si la situación fuera al
revés; si las resoluciones administrativas fueran las que recortaran
derechos, si hasta ahora en este país no se reconociera el acceso a la
pensión de jubilación a los que tienen la edad de 60 años y antes de
enero de 1967 hubieran estado cotizando en las mutualidades de previsión
social y existieran sentencias del Tribunal Supremo que así lo
decidieran, ¿qué estarían pidiéndole a este Gobierno desde esos escaños
de esta Cámara? Que aplicara las sentencias del Tribunal Supremo, porque
es lo que debería hacer cualquier Gobierno diligente. Pues eso es,
justamente, les guste o no les guste a ustedes, lo que está haciendo este
Gobierno, porque es un Gobierno serio, es un Gobierno responsable y,
sobre todo, señorías, es un Gobierno valiente, es un Gobierno que se
atreve a adoptar resoluciones a sabiendas de que pueden causarle, en su
caso, algunas críticas infundadas como las de ustedes o puramente
críticas que no tienen más contenido que la demagogia electoral. Es un
Gobierno que hace lo que otros gobiernos no se atrevieron a hacer y
guardaron en el cajón de sus despachos, aunque no todo el tiempo porque
se les escapó y la volvieron a recoger con una resolución --permítanme,
señores del Grupo Socialista-- que no se tiene en pie cuando volvieron a
guardar la misma resolución que ahora dicen encierra todos los males que
es posible dedicar a nuestros trabajadores y pensionistas.
Por lo tanto, señorías, no hablemos de inseguridad jurídica. Señor
Cercas, reprímase, hoy no ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. (Protestas.) No hablemos de inseguridad jurídica porque ha
habido una intervención en este hemiciclo serena, reflexiva, del
representante del Grupo Mixto, del cual ideológicamente me encuentro en
las antípodas, pero que ha sabido apreciar lo que he visto que muchas de
SS. SS. no son capaces de hacer. ¿Qué va a suceder ahora, señorías,
cuando esas resoluciones, si lo decidimos en aras del consenso
parlamentario, no acaben de entrar en vigor? Que cualquier derecho
subjetivo puede ser anulable por la sentencia del Tribunal Supremo. No se
puede legislar en contra de las sentencias del Tribunal Supremo ni
tampoco se pueden adoptar criterios en contra de las citadas sentencias.
Lo valiente, señorías, es decir: modifiquemos la norma, modifiquemos la
ley, dentro del marco del Pacto de Toledo, todos los grupos de esta
Cámara, aunque sólo ha habido uno, y qué casualidad, es el proponente,
que no ha nombrado en toda su intervención el Pacto de Toledo. Imagínense
ustedes por qué, señorías. Dentro del marco del Pacto de Toledo, los
grupos políticos, Gobierno y agentes sociales, fuera de esta Cámara,
podemos adoptar las medidas necesarias para modificar la ley y decir a
nuestro Tribunal Supremo: señores del Supremo, la interpretación que
ustedes hacen no nos parece correcta, pero como somos el Legislativo y el
Ejecutivo llegamos a un acuerdo para modificar nuestros textos legales.
Lo que no puede hacer un Gobierno ni partidos que se dicen serios,
responsables y coherentes es estar en contra de la doctrina que emana de
nuestro más alto tribunal. Por cierto, para las señorías que aún lo
desconozcan, en el orden social se unifica la doctrina, señorías; no nos
hablen más de casos particulares o de casos individualizados porque están
llamando al equívoco y al desconcierto a nuestros trabajadores y
trabajadoras que puedan estar afectados por la medida.
Por ello, señorías, nosotros estamos dispuestos, como recoge la enmienda
de CiU, dentro del marco del Pacto de Toledo, nunca fuera de ese marco,
aunque otros lo pretendieran así, como el propio grupo proponente,
siempre dentro de ese marco y siempre --añadiré más-- que los agentes
sociales estén de acuerdo también con las modificaciones que nosotros
pretendemos llevar a cabo en disonancia con lo que hasta ahora ha sido la
interpretación del Tribunal Supremo, a abrir esa reflexión respecto de la
resolución del año 1978 y las resoluciones del año 1998. Creo que dentro
de esa reflexión general debemos ser valientes y adoptar las medidas
legales pertinentes que hagan que esta Cámara, y los grupos políticos en
ella representados, no estén en clara contradicción con la doctrina que
emana de nuestro Tribunal Supremo. (Rumores.) Entiendo, señorías, que
cada vez que nombre se al Tribunal Supremo ustedes se pongan nerviosos y
hagan algunos chascarrillos. (Risas.) Lo entiendo.
Señorías, no se puede desoír a nuestro Tribunal Supremo. Seamos valientes
para hacer lo que nos corresponde como Legislativo y como políticos.
Señorías, seamos valientes para hacerlo, pero lo que no debemos es crear
alarmismo social ni levantar banderas electorales en tiempos que no
corresponden, ni mucho menos utilizar a los trabajadores y trabajadoras
de este país como arietes en contra de un Gobierno que lo único que
intenta es ser serio, responsable y coherente. Volvamos a la senda que
nunca debieron de abandonar el grupo proponente y algunos otros grupos,
que, aunque manifiestan lo contrario, parecen estar muy de acuerdo con
ello. Volvamos a la senda de lo responsable, lo coherente, lo lógico, lo
serio, que es el Pacto de Toledo. Desterremos de esta Cámara estos
debates puramente electoralistas y, si es posible, de este país. Dejemos
a otros que se preocupen de esa manera de nuestros trabajadores y
pensionistas y consolidemos, evidentemente, nuestro sistema de protección
social. En ello siempre encontrarán al Partido Popular.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Señor Fernández Sánchez, S. S. debe expresar la aceptación o no de las
enmiendas presentadas a su moción. (Rumores.)
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a proponer a los distintos grupos de esta Cámara una enmienda
transaccional que recoge lo que es la moción de Izquierda Unida y también
el texto presentado por Convergència i Unió y por el Grupo Vasco. Si me
lo permite el señor presidente, leeré el texto de la transaccional, del
que creo que ya disponen todos los grupos de la Cámara y que dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar en el marco del
Pacto de Toledo las medidas legales correspondientes para mantener la
vigencia de la resolución de la Dirección General de Prestaciones del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de 9 de agosto de 1978, según
la cual y de acuerdo con las instrucciones contenidas en la circular
112/1978, de 26 de septiembre, del extinguido Servicio del Mutualismo
Laboral, se extendió el beneficio de la jubilación anticipada a todos los
trabajadores que hubiesen cotizado al Mutualismo Laboral como
trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967, así como a
mantener la vigencia de la circular 5/1990, de 17 de marzo, en lo que se
refiere a la validez de las cotizaciones efectuadas en el extranjero,
suspendiendo la entrada en vigor de las resoluciones de la Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social de 14 de noviembre y 5 de
diciembre.
Señor presidente, lógicamente, como es un texto transaccional que
pretendemos que concite la unanimidad de esta Cámara, anunciamos que
estas enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista las
apoyaremos en la Comisión correspondiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.) Señor Zabalía.
(Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, creo que sería conveniente
para mayor claridad poner el año de estas fechas, es decir, 14 de
noviembre y 5 de diciembre de 1997, si está de acuerdo el Grupo de
Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía, es
razonable y, además, en la propuesta que se ha hecho llegar a la
Presidencia por escrito figura el año de 1997.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los motivos que han
impulsado al Gobierno a eliminar las jubilaciones anticipadas a amplios
colectivos de trabajadores y trabajadoras mediante las resoluciones de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a
favor, 277; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.En el «Diario de Sesiones» número 145,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves 26 de marzo, en
la votación de conjunto de la proposición de ley orgánica por la que se
modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aparece
erróneamente el título de la misma como proyecto de ley en lugar de
proposición de ley, tanto en el Sumario --página 7624, segunda columna--,
como en el momento de la votación --página 7674, primera columna.