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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 25/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 144
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 139
celebrada el miércoles, 25 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 7571)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que el Gobierno prevé
impulsar para superar la crisis que sufre el sector lácteo, y
consolidarlo como un sector competitivo y con futuro (número de
expediente 172/000077) (Página 7594)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la implantación de la jornada
escolar continua (número de expediente 172/000078) (Página 7604)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los motivos
que han impulsado al Gobierno a eliminar las jubilaciones anticipadas a
amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras mediante las
resoluciones de la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad
Social (número de expediente 172/000080) (Página 7612)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Preguntas (Página 7571)
Del Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué medidas, de todo tipo, piensa adoptar el Gobierno en
función de los intereses nacionales para alcanzar una regulación justa
del sector del aceite de oliva? (Número de expediente 180/001077)
(Página 7571)
Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
en el momento actual la situación de la objeción de conciencia? (Número
de expediente 180/001080) (Página 7572)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Considera el señor Presidente del Gobierno satisfactorio para
España el resultado de la negociación llevada a cabo por la Ministra de
Agricultura sobre la reforma de la OCM del aceite de oliva? (Número de
expediente 180/001092) (Página 7573)
Del Diputado don Lluís Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores: ¿Qué posición va a mantener el Gobierno en la próxima
sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que tratará el tema
de Colombia? (Número de expediente 180/001079) (Página 7574)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas, con expresión de su
dotación presupuestaria, destinará el Gobierno, con carácter de urgencia,
para regenerar las playas del litoral catalán dañado por los temporales
del pasado otoño e invierno? (Número de expediente 180/001091) (Página 7575)
Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones
tiene AENA para con el Centro Telemático para el control de sus
aeropuertos y para la realización de proyectos de I+D en el área de la
telemática aplicada, instalado en el Parque Tecnológico de Donostia-San
Sebastián? (Número de expediente 180/001076) (Página 7576)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno
la implantación generalizada de la facturación por segundos en las
comunicaciones telefónicas? (Número de expediente 180/001081) (Página 7577)
Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas
básicas del Plan de Salvamento Marítimo aprobado por el Gobierno en
Consejo de Ministros del 16 de enero de 1998? (Número de expediente
180/001083) (Página 7578)
Del Diputado don José Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previsto
financiar el Ministerio de Fomento en materia de carreteras, más
concretamente en materia de autopistas de peaje y autovías, durante 1998?
(Número de expediente 180/001087) (Página 7578)
Del Diputado don Francisco Ignacio de Cáceres Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Ministerio de Fomento la marcha de los distintos concursos
convocados, y en parte adjudicados, para la prestación de servicios de
telecomunicaciones por cable a lo largo del territorio nacional? (Número
de expediente 180/001090) (Página 7579)
Del Diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Considera
el señor Ministro de Fomento que las inversiones en infraestructuras para
el desarrollo territorial de España deben hacerse con arreglo a los
intereses del Partido Popular? (Número de expediente 180/001094) (Página 7579)
-- De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el
Gobierno explicar las ventajas que pueden derivarse de la recientemente
creada Oficina de Ciencia y Tecnología? (Número de expediente 180/001088)
(Página 7580)
Del Diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué medida puede
asumir el Gobierno la llamada «Declaración de Canarias» sobre energías
renovables, elaborada a raíz de las jornadas que tuvieron lugar el pasado
mes de enero entre parlamentarios europeos de diferentes ámbitos? (Número
de expediente 180/001089) (Página 7581)
Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno
las presuntas irregularidades en las que están implicados numerosos
cargos públicos del PP en distintas Instituciones? (Número de expediente
180/001093) (Página 7582)
Del Diputado don Antonio María Aragonés Lloret, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
proporcionar datos fiables sobre la calidad sanitaria de las aguas de
baño españolas, tanto de las continentales como de las marítimas? (Número
de expediente 180/001084) (Página 7584)
Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué criterios ha
utilizado el INSALUD para distribuir las inversiones totales entre las
Comunidades Autónomas sin competencia transferida en materia de sanidad?
(Número de expediente 180/001085) (Página 7585)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno
cerrado el proceso para la aplicación del «recetazo»? (Número de
expediente 180/001100) (Página 7586)
De la Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Además de acusar a Gobiernos
anteriores, sabe usted ya qué va a hacer para que aumente el presupuesto
europeo dedicado al aceite de oliva y para que un productor español
perciba la misma ayuda que un griego o italiano? (Número de expediente
180/001095) (Página 7587)
De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué acciones tiene previstas para
conseguir que no se produzca un descenso de los presupuestos europeos
dedicados a las frutas y hortalizas españolas? (Número de expediente
180/001096) (Página 7588)
Del Diputado don Ramón Ortiz Molina, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación: ¿Cuándo va a aprobar el Gobierno el prometido Plan
Nacional de Regadíos? (Número de expediente 180/001097) (Página 7589)
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación: ¿Qué tiene previsto hacer la señora Ministra de
Agricultura para que se le conceda a España un millón de toneladas de
cuota láctea? (Número de expediente 180/001098) (Página 7590)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es
el contenido y el alcance de la modificación del Real Decreto-Ley
419/1991 de Distribución de las Quinielas, una vez cancelado el Plan de
Saneamiento? (Número de expediente 180/001086) (Página 7592)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas educativas
ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno antes de cerrar las
transferencias educativas a las Comunidades Autónomas del artículo 143 de
la Constitución? (Número de expediente 180/001101) (Página 7593)
Interpelaciones urgentes (Página 7594)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que el Gobierno prevé
impulsar para superar la crisis que sufre el sector lácteo y consolidarlo
como un sector competitivo y con futuro (Página 7594)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto,
presenta la interpelación urgente en nombre del Bloque Nacionalista
Galego, con la que pretenden una vez más discutir sobre la política del
Gobierno para hacer viable el sector lácteo y asegurarle un futuro
competitivo y capaz de generar empleo y riqueza. Considera que al sector
lácteo se le presta poca atención política e informativa en comparación
con el del aceite, haciendo especial hincapié en que en Galicia el sector
lácteo genera aproximadamente 70.000 empleos directos, que provocan
efectos inducidos y contribuyen a que las zonas rurales no se despueblen.
Asimismo estima que es un sector con posibilidades de desarrollarse y de
competir si no se le ponen trabas políticas aplicando la supertasa y
tratando de que se ajuste la producción a la cuota actual asignada por la
Unión Europea, que es injusta e insuficiente. Por otra parte, opina que
la demanda del Gobierno español ante los organismos europeos de aumentar
la cuota en un millón de toneladas sólo se hace de cara a la galería,
para dar esperanzas a unos ganaderos que ven cómo les imponen límites a
su producción, y sin embargo se defiende la aplicación de un sistema de
cuotas que perjudica los intereses de los ganaderos españoles en
beneficio de los de otros países. Asimismo hace referencia a las posturas
adoptadas por otros gobiernos de la Unión Europea en temas que afectan a
sus intereses, como el caso de la vacas locas o el pago de la supertasa
en Italia. Termina su intervención manifestando que el Bloque
Nacionalista Galego quiere que su gente pueda vivir de su trabajo con
dignidad, por lo que proponen que no se aplique la supertasa a los
ganaderos en tanto no se modifique el actual régimen de cuotas, y exigen
al Gobierno que defienda al sector lácteo y no se limite a dar por buenas
e inevitables las directrices de la Unión Europea.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación (Palacio
del Valle-Lersundi). Comienza su intervención manifestando que la cuota
asignada a España en el momento de la adhesión resultaba absolutamente
insuficiente y que pasar de 5.400.000 toneladas a 5.567.000, aumento de
167.000 toneladas que se produce cuando el señor Solbes era ministro de
Agricultura, sigue siendo claramente insuficiente y crea tensiones
tremendas, especialmente en el sector lácteo gallego. Sin embargo, quiere
dejar claro que los reglamentos comunitarios son de aplicación directa en
los distintos Estados miembros y que la sobretasa la pagan los ganaderos
de todos los países de la Unión, pero también producen una serie de
beneficios como es que se mantengan los precios en el sector lácteo.
Resalta el hecho de que desde que se empieza a aplicar el sistema de
cuotas se ha aumentado a trece vacas de media por explotación y a 4.800
kilos de media por vaca, con un precio medio de 45 pesetas por litro de
leche, por lo que no entiende razonable culpabilizar a la aplicación de
la reglamentación comunitaria del abandono o de la baja competitividad
del sector. A continuación explica las actuaciones llevadas a cabo por su
departamento y las medidas relativas a la indemnizaciones compensatorias
por el cese anticipado de la actividad agraria, que se pretenden
compatibilizar con las indemnizaciones por abandono de la producción
láctea, todo ello en colaboración con las comunidades autónomas, y que se
recogen en el proyecto de real decreto-ley de modernización y mejora de
la competitividad del sector lácteo, que se encuentra en fase última de
discusión con las comunidades autónomas y el sector.
En turno de réplica interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme),
duplicando la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Blanco López,
del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Castro Masaveu, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la implantación de la jornada
escolar continua (Página 7604)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, la señora Díez de Baldeón García, quien plantea en primer lugar
la negociación abierta por el Ministerio de Educación con los sindicatos
en cuanto a poder impartir la jornada continua en los colegios de
primaria que lo soliciten, siempre que cuenten con el apoyo del 75 por
ciento de los padres de los alumnos. Añade que esta propuesta, que afecta
a las comunidades autónomas con competencias educativas no transferidas,
ha producido alarma en una parte de la comunidad educativa, ya que una
medida de tanta trascendencia educativa no puede implantarse, pocos meses
antes de llevarse a cabo las transferencias, sin abrir previamente un
amplio debate con todos los sectores implicados y sin asegurar una
financiación que garantice que los colegios pueden abrir por las tardes
para realizar actividades complementarias.
A continuación hace una serie de preguntas sobre la propuesta ministerial
y considera esencial para evitar el fracaso escolar que los centros
permanezcan abiertos por la tarde y que la ministra, como última
responsable del Ministerio de Educación, no deje al albur de los
acontecimientos algo tan serio como es la calidad de la educación o la
igualdad de oportunidades. Por último se pregunta por qué la señora
ministra ha planteado la posibilidad de la jornada continua cuando sabía
que era una medida polémica, y sospecha, al igual que Comisiones Obreras,
que es un caramelo envenenado que ha ofrecido a los sindicatos.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma). Agradece en primer lugar a la diputada Díez de
Baldeón la posibilidad que le brinda de dejar clara la postura del
Ministerio en una cuestión que ha sido manipulada demagógicamente,
causando inquietud en muchos padres y madres de alumnos. Afirma que no se
van a alterar los horarios escolares sin contar con la opinión de los
padres y de los centros y que si se ha tomado la iniciativa de plantearlo
en una mesa de negociación a los sindicatos ha sido porque hay centros en
los que el 80 por ciento de los padres piden que sus hijos dediquen la
tarde a actividades extraescolares, concentrando las actividades lectivas
en la mañana. A continuación explica el contenido de la propuesta
formulada a los sindicatos en la que se dice que el Ministerio de
Educación y Cultura procederá a desarrollar en el año 1998 el contenido
del artículo 57.4 de la Logse y determinará las condiciones y
circunstancias en que los centros educativos podrán proponer el modelo de
jornada escolar que mejor corresponda a sus peculiaridades, de modo que
quede garantizada la adecuada formación del alumno, un servicio educativo
de calidad y la conformidad de los padres con el modelo propuesto.
Personalmente opina que es mejor la jornada escolar partida, pero admite
que haya otras opiniones y
no quiere zanjar el debate. Por lo tanto, deja claro que el Ministerio de
Educación no quiere modificar el horario escolar ni propugna la jornada
continua, pero lo que no puede hacer es desconocer la opinión de los
padres y la autonomía organizativa que se reconoce a los centros
escolares en el artículo 57 de la Logse. Asimismo aclara que el
Ministerio en ningún momento ha propuesto que los colegios públicos
puedan cerrar por la tarde, sino que por el contrario ha dicho en
reiteradas ocasiones que no podrán cerrar por la tarde. Por otra parte,
se pregunta cómo el Partido Socialista puede decir que la jornada
continua es un peligro para la enseñanza pública y la implantan en
Andalucía, gobernada por los socialistas. Termina su intervención
manifestando que en política educativa habría que abandonar la lógica de
los antagonismos y de la confrontación en favor de la lógica de la
concordia y que el rigor y la flexibilidad son atributos deseables y, a
veces, conciliables en el desarrollo de las políticas educativas.
En turno de réplica interviene la señora Díez de Baldeón García,
duplicando la señora ministra de Educación y Cultura.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; Aramburu del Río, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Guerra Zunzunegui,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los motivos que
han impulsado al Gobierno a eliminar las jubilaciones anticipadas a
amplios colectivos de trabajadores y trabajadoras mediante las
resoluciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
(Página 7612)
El señor Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, interpela al Gobierno sobre una resolución de la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social que, al no ser publicada en el
Boletín Oficial del Estado, es poco conocida por los ciudadanos. Con ella
se pretende evitar que miles de trabajadoras y trabajadores puedan
jubilarse anticipadamente. Manifiesta su deseo de que éste no sea un
asunto de puro trámite, sino que se aborde de manera seria y rigurosa y
pide a los medios de comunicación que le presten atención, pues se trata
de que a partir del uno de abril, cuando un ciudadano vaya a tramitar una
pensión de jubilación anticipada se va a encontrar con que no podrá
hacerlo hasta cinco años después. Considera que el Gobierno desconoce la
realidad laboral de muchos trabajadores autónomos como taxistas,
camioneros, agricultores o empleadas del hogar entre los que es práctica
habitual jubilarse anticipadamente. Aconseja al Gobierno que busque el
dinero en otra parte y anule la resolución de su Ministerio.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Empieza agradeciendo el tono de la
intervención, especialmente de la primera parte, pero no de la segunda,
en la que se le sitúa como enemigo de los camioneros, de los agricultores
o de las mujeres, lo que considera poco riguroso y a lo que no va a
contestar porque su Gobierno está muy satisfecho de haber pactado con los
sindicatos el mantenimiento y mejora del sistema de protección social en
el ámbito agrario, del Tercer Plan de igualdad de oportunidades y de
haber mejorado considerablemente las pensiones de viudedad y orfandad.
En cuanto al fondo de la interpelación manifiesta que un buen gobierno
tiene que afrontar los problemas de la sociedad y tomar decisiones
contando con la posición de los tribunales de justicia y con la
interpretación judicial que se hace en ellos. Expone que se trata de una
resolución del Ministerio de Trabajo y que no se va a quitar la
posibilidad de jubilación a los 60 años a nadie que tenga derecho a ello,
pero es el Tribunal Supremo el que está diciendo en estos momentos cómo
se configura ese derecho y las decisiones judiciales establecen que a
efectos de los requisitos exigidos hay que tener en cuenta el cómputo
recíproco de cotizaciones a la hora de elegir el régimen y no cuenta,
como estaba contando, estar un día en el régimen general cuando el resto
de la vida laboral ha sido por cuenta propia. Reitera que esta resolución
obedece exactamente a la interpretación judicial que se está dando a
estos supuestos, lo que por otra parte no supone novedad alguna, puesto
que se dictó una resolución similar el 21 de diciembre de 1995. Por otra
parte, elogia la labor desarrollada por los actuarios de la Seguridad
Social y hace constar que son los mismos que en los años precedentes de
la época socialista.
En turno de réplica interviene el señor Fernández Sánchez, duplicando el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cercas Alonso,
del Grupo Socialista del
Congreso, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS CENTELLA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS, DE TODO TIPO, PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN FUNCION DE LOS
INTERESES NACIONALES PARA ALCANZAR UNA REGULACION JUSTA DEL SECTOR DEL
ACEITE DE OLIVA? (Número de expediente 180/001077)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 12, que formula al Gobierno el diputado don Luis Felipe
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ante la reunión del Consejo de Ministros
de Agricultura se han encendido todas las luces rojas de urgencia y
alarma. Además, vivimos con la penosa impresión de que usted no hace todo
lo preciso ¿Cómo va a parar la reforma Fischler?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, señor
presidente, en el marco de las reglas del juego establecidas en las
instituciones europeas, el Gobierno ejercitará y adoptará cuantas
iniciativas y medidas considere oportunas para conseguir una regulación
adecuada al sector del aceite de oliva y, en su caso, la defensa justa y
adecuada también de los intereses del sector olivarero español.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, nosotros pensamos que usted no está
haciendo todo lo posible. Está usted teniendo una intervención de bajo
voltaje. Ya con el toro en la arena, usted está haciendo el papel de don
Tancredo. La ministra, eso sí, a veces, en el fragor de la batalla, ha
llegado incluso a hablar de poner vetos comunitarios, pero usted, y
también el portavoz del Gobierno, o la han desmentido o la han
contradicho directamente. Han dicho que tenemos tres años para negociar,
lo mismo que dice últimamente el comisario Fischler. Han dicho que con la
actual propuesta no se pierde ni un jornal. Esto es mentira. Con cada
tonelada no subvencionada se pierden 72 jornales, por tanto, estamos
hablando de 26 millones y medio de jornales. El portavoz, incluso, ha
llegado más lejos cuando ha dicho desde la resignación que el olivar va
en el paquete de los fondos estructurales y los fondos de cohesión y en
este paquete el olivar no es prioritario. Ha venido a decirnos el señor
portavoz del Gobierno que hay que resignarse, que hay que sacrificar el
olivar. Ha venido a decirnos que está pactada la derrota. Y si no es así,
señor Aznar, ¿qué es lo que piensa usted hacer concretamente? O va a
pasar aquí que, como Woody Allen, el Gobierno ha declarado urgente no
hacer nada.
Nosotros le pedimos que incluya este tema en su agenda, que hasta ahora
no está en su agenda. Ha ido usted a Alemania a una pasarela de tanques y
este tema no iba en la agenda. (Risas.) No sabemos tampoco si va en la
agenda del jefe del Estado en su próxima entrevista con el señor Santer.
Usted no ha hecho política con los países productores, con el frente
mediterráneo. ¿Tiene usted alguna previsión en este campo? ¿Va usted, por
otra parte, coincidiendo con la señora ministra o el señor Matutes, a
vetar las propuestas, las previsiones financieras de la Agenda 2000?
Señor Aznar, quiero decirle que empezamos a sentirnos engañados.
(Rumores.) Este no es un tema cualquiera para Andalucía, este no es un
tema cualquiera para nuestra tierra y para muchos territorios del Estado.
Le quiero decir que en este tema Andalucía no va a poder perdonar en el
futuro. Para el futuro, usted será tan culpable como el señor Fischler en
este tema del olivar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, sería bueno
situar el problema en sus justos términos. La Comisión ha hecho una serie
de propuestas contenidas en el paquete conocido como Agenda 2000, que
hacen referencia a determinadas producciones agrarias, regulaciones de
mercados agrarios y también hacen referencia a cuestiones de carácter
financiero. Es evidente que se puede estar más o menos de acuerdo con ese
conjunto de propuestas, hay unas en las que podemos estar más en acuerdo
o más en desacuerdo. Hay países que han mostrado su rechazo
frontal a todas las propuestas de la Comisión. Lo que hace falta,
señorías, es saber que, después de estas propuestas de la Comisión, se
entra en un proceso en el que tiene que intervenir el Parlamento Europeo
y tiene que intervenir el propio Consejo de Ministros, que todo ello
forma parte --como digo-- de un paquete global que es la denominada
Agenda 2000. Es en ese marco en el que el Gobierno desea seguir mejorando
unas posiciones que desde la primera propuesta de la Comisión a la actual
situación ya han cambiado sustancialmente y que deseamos, en algunos
aspectos, seguir cambiando y seguir mejorando. Esa es la actitud
razonable, es la actitud positiva, es la actitud que se enmarca en las
reglas del juego del funcionamiento de las instituciones europeas que yo
personalmente y el Gobierno esperamos que S. S. y su grupo compartan.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL GOBIERNO EN EL MOMENTO ACTUAL LA SITUACION DE LA OBJECION DE
CONCIENCIA? (Número de expediente 180/001080)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
diputado don José Antonio Bermúdez de Castro, del Grupo Popular.
Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en los últimos tiempos es frecuente
encontrar en los medios de comunicación continuas referencias al fenómeno
de la objeción de conciencia en España, que es un tema por el que los
jóvenes siempre han mostrado una especial sensibilidad, por lo que están
siguiendo con mucha atención, yo diría incluso que con cierta
expectación, los acontecimientos y propuestas legislativas que sobre esta
materia se están produciendo. Todos conocemos que al inicio de esta
legislatura existía un volumen muy importante de objetores pendientes de
incorporarse al cumplimiento de la prestación social sustitutoria, muchos
de ellos en una situación de espera de varios años. También es conocida
la demanda de modificación del régimen jurídico aplicable a la objeción
de conciencia, que es una reforma que viene siendo reclamada desde hace
ya algún tiempo por diferentes organizaciones políticas y sociales y que
en breve se va a debatir en esta Cámara. Ambas circunstancias, unidas al
importante crecimiento que ha experimentado el ejercicio de este derecho
constitucional, podrían plantear algunos problemas que requieren no sólo
soluciones legislativas sino también una valoración, una respuesta desde
la Administración, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos en
un momento tan relevante como el actual, de tránsito hacia la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas.
En base a esas consideraciones, señor presidente del Gobierno, le formulo
la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno en el momento actual la
situación de la objeción de conciencia en España?
Muchas gracias. (Varios señores diputados del Grupo Socialista del
Congreso: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, con independencia de la regulación constitucional de la
objeción de conciencia que hace el artículo 30 de nuestra Carta Magna y,
por tanto, el respeto que el Gobierno establece y ejerce en el ejercicio
de ese derecho a la objeción de conciencia, en el que sin duda existía
una bolsa muy importante al comienzo de esta legislatura, y sin duda
también existe un incremento del número de objetores de conciencia en
nuestro país, con independencia de eso creo que la pregunta de S. S. hay
que enmarcarla en el proceso fundamental de transformación de nuestras
Fuerzas Armadas.
Estamos en un momento especialmente importante --y eso, si me permite S.
S. la expresión, sí que es una pasarela trascendente--, al pasar de unas
Fuerzas Armadas de reclutamiento obligatorio a un ejército completamente
profesional. Es ahí donde hay que enmarcar la resolución de los problemas
del período transitorio, cómo se aborda el servicio militar en este
período y cómo se abordan también los problemas que se pueden derivar de
la objeción de conciencia.
En este punto, ya que estamos hablando del establecimiento en España de
un modelo de Fuerzas Armadas totalmente profesionales, quiero hacer una
reflexión sobre la responsabilidad que a todos nos incumbe en ese proceso
y hacer un nuevo llamamiento y una nueva oferta de consenso, para que en
el marco de la ponencia creada en esta Cámara pueda llegarse pronto a una
solución que determine con claridad que en un período máximo de cuatro
años se producirán y se establecerán en España unas Fuerzas Armadas
profesionales, desaparecerá el servicio militar obligatorio y los
principales problemas de la objeción de conciencia quedarán resueltos.
Creo, señorías, que eso supone y exige un esfuerzo de responsabilidad
para todos y no jugar demagógicamente, en ningún momento, con un período
transitorio por espacio de cuatro años que es absolutamente vital para
conseguir nuestros objetivos
en orden a nuestras Fuerzas Armadas y a la defensa de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO SATISFACTORIO PARA ESPAÑA EL RESULTADO DE
LA NEGOCIACION LLEVADA A CABO POR LA MINISTRA DE AGRICULTURA SOBRE LA
REFORMA DE LA OCM DEL ACEITE DE OLIVA? (Número de expediente 180/001092)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno don Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, portavoz del Grupo Socialista. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Aznar, usted que nos ha dicho recientemente que es partidario de
hablar poquito y de andar despacito, quizá haya tenido ya ocasión de
hacerse una idea para contestar a la pregunta que le he formulado y cuyo
texto conoce.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, considero que a la hora de hacer las preguntas y de formularlas
es necesario procurar enterarse correctamente de lo que pasa. No hay
resultado de ninguna negociación en este momento porque lo único que hay
es propuesta de una comisión. Tal vez lo que ocurra, señor portavoz, es
que a ustedes se les nota demasiado las ganas que tienen de no arrimar el
hombro en las cuestiones de interés general que afectan al país.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Lo lamentable, señor Aznar, es que su ministra de Agricultura ha
encabezado manifestaciones contra Bruselas, incluso, algunas dirgidas
contra ella misma (Risas.); se ha enfrentado y ridiculizado al comisario
--por cierto, miembro del Partido Popular europeo--; une su firma a los
pliegos de firmas dirigidas contra Bruselas; amenaza con un referéndum
para salirse de la Unión Europea, entre la rechifla de europeos y
españoles (Risas.); en vez de buscar aliados en otros países de la Unión
Europea, se enfrenta y les acusa de producir fraude. Eso sí, mientras
tanto, se agita, manotea y lanza aspavientos para el consumo interior.
¿Con qué resultados, señor Aznar? Los demás países productores obtienen,
incluso sobradamente, sus reivindicaciones, España no obtiene ni el 65
por ciento de su producción real y resulta que nuestros productores se
ven objetivamente afectados y discriminados en términos de rentas, de
recursos, respecto de sus compañeros europeos.
¿Qué es lo que pasa, señor Aznar? Lo que le pasa, señor Aznar, a usted y
a su ministra es que mantienen una incapacidad congénita para ejercer las
responsabilidades de Gobierno. (Rumores.) Siempre han querido ser
oposición; siempre han querido tener un enemigo y un culpable, se trate
de un comisario, del Consejo de Comisarios en pleno, de los demás países
miembros o, naturalmente, de todos los gobiernos que les han antecedido,
especialmente si se trata de socialistas. (Rumores.) ¿Qué es lo que
ocurre? Eso se llama, señor Aznar, una compulsiva necesidad de volver a
la oposición, donde su ministra era, por cierto, especialmente feliz
cuando tenía la ocasión de oponerse radicalmente a todo y de expresarse
todos los días en contra de todos. Han resucitado el nacionalismo más
rancio y más caduco que ha caracterizado a la derecha de siempre.
(Rumores.) Lo malo, señor Aznar, es que esto es un desastre. Un desastre
absoluto que solamente tiene dos alternativas: que cambie usted de
interlocutor, un interlocutor que pueda encauzar las cosas desde una
perspectiva distinta. (Varios señores diputados: ¡A Romero, a Romero!) Si
no, si adopta usted la misma perspectiva, acuartele el ejército y ponga
usted a doña Loyola del Palacio al frente del mismo como ministra de
Defensa, pero ese es un camino que no le recomiendo. (Aplausos.--Varios
señores diputados: ¡Romero, Romero!)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías! ¡Señor Villalón! ¡Señor Merino!
Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías.
Agradezco mucho sus consejos, señor diputado, es una lástima que esa
sabiduría no la aplicasen en negociaciones tan importantes como la de
cuota láctea que privó a España de un tercio de su producción o en el
rendimiento de algunos productos de cereales que nos sitúan en el último
lugar de la Unión Europea. (Varios señores diputados: ¡Ya estamos!)
Debería usted, señor portavoz, saber también cuáles son las mecánicas de
negociación en el marco de al Unión Europea. La primera propuesta de la
Comisión, que iba a ser una propuesta cerrada, ahora, señor portavoz, es
un período transitorio, no es una propuesta cerrada; lo que iba a ser una
ayuda al árbol no es una ayuda al árbol sino que sigue siendo una ayuda a
la producción; lo que eran unas subvenciones por cantidad máxima
garantizada de 125.000 millones para España son ahora de 150.000
millones, y hay que recordar que sólo en la campaña 1996-1997 se
superaron los 150.000 millones, exactamente 166.000 millones. Es verdad
que tenemos que seguir hablando y negociando para conseguir unas mayores
cantidades máximas garantizadas que satisfagan más correctamente, más
justamente, las demandas y las necesidades de nuestro sector olivarero.
Le gustaría al Gobierno contar con la comprensión y la ayuda de esta
Cámara para ello, que sin duda es importante. Desde luego, el Gobierno va
a seguir defendiendo los intereses de los agricultores españoles, aunque
para eso no cuente con la apreciable ayuda del Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON LLUIS RECODER I MIRALLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES: ¿QUE POSICION VA A MANTENER EL GOBIERNO EN LA PROXIMA SESION
DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU QUE TRATARA EL TEMA DE
COLOMBIA? (Número de expediente 180/001079)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
diputado don Lluís Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (El señor presidente del Gobierno abandona el
hemiciclo.--Varios señores diputados: ¡Oh, ya se va!--Un señor diputado:
¿Y González, dónde está Felipe?)
¡Señorías!
Adelante, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor ministro de Asuntos Exteriores, a
partir del viernes próximo la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas se reúne en Ginebra y va a analizar la gravísima
situación de los derechos humanos en Colombia. Esta misma Comisión, al
examinar el cuarto informe periódico de Colombia, el 9 de abril pasado,
deploró las violaciones constantes de los derechos humanos en dicho país.
Concretamente, se refería y deploraba las ejecuciones extrajudiciales,
los asesinatos, la tortura y otros tratos degradantes, las desapariciones
forzadas y las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por miembros de
las Fuerzas Armadas, la policía, los grupos paramilitares y los
guerrilleros.
Por ello, nuestro grupo parlamentario quisiera conocer la posición que va
a mantener el Gobierno en dicha reunión y manifestarle de entrada que
esperamos, y además deseamos, que sea una posición beligerante en cuanto
a conseguir la máxima implicación de las Naciones Unidas en el respeto a
los derechos humanos en dicho país y que dicha posición contribuya,
además, a ratificar el mandato actual de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas en Colombia y también que apoye el nombramiento de
un relator especial para dicho país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
la situación de los derechos humanos en general, y en especial en
Colombia, ha sido una cuestión que siempre ha preocupado y sigue
preocupando profundamente al Gobierno español. España colaboró
activamente en la elaboración y adopción por la Comisión de Derechos
Humanos de la declaración efectuada por su presidente en 1996. En esta
declaración se decidió establecer en Bogotá una Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cuyo
frente se puso a una española, la embajadora Almudena Mazarrasa, que está
dirigiendo dicha Oficina con una eficacia reconocida por todos. En esta
línea va a continuar la acción del Gobierno español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor ministro, le agradezco su información.
La situación es altamente preocupante, ya que a los hechos que describía
en mi primera intervención, que se referían al informe que el año pasado,
en el mes de abril, se presentó ante dicha Comisión, hay que añadir el
hecho de que durante el año 1997 han aumentado las acciones
paramilitares, en paralelo a la disminución de las acciones ilegales del
ejército; han aumentado las acciones de la guerrilla, también los
desplazamientos forzados, que se cifran en unas 200.000 personas, que se
añaden a los 900.000 desplazados existentes; los ataques y asesinatos
contra defensores de los derechos humanos, algunos de ellos contra
líderes muy significados de dicho movimiento, y especialmente me refiero
a uno ocurrido durante este año de 1998; 123 sindicalistas fueron
asesinados en el año
1997; es decir, un promedio de 10 personas muertas cada día por la
violencia política. Este y no otro es el panorama que se va a examinar y
a discutir en Ginebra, y por ello pensamos que es indispensable que haya
una actuación decidida del Gobierno para forzar los puntos que le
mencionaba en mi primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Todo cuanto acaba
de afirmar el señor Recoder es cierto, aunque cabe la duda de si con el
nombramiento de un relator se habrían podido evitar esos acontecimientos
lamentables a los que se ha referido. Yo quiero destacar que el estatuto
de la Oficina de Derechos Humanos, que ya funciona, señala entre sus
cometidos, por un lado, el de prestar asistencia técnica al Gobierno
colombiano y, por otro, el de recibir denuncias de violaciones que se
puedan producir en el campo de los derechos humanos. Esas funciones son
exactamente las que corresponderían, en su caso, a un relator, pero
puesto que ya las realiza la Oficina, no se considera necesario el
nombramiento de tal relator.
La Oficina incluye --repito-- la labor del relator y en sus informes
cubre también todos los campos que cubriría el relator con los suyos. Por
ello, el nombramiento de un relator iría en perjuicio del mandato de la
Oficina. Al margen de ello, no olvidemos que la Oficina se constituye
mediante declaración del presidente, mientras que el relator debe ser
nombrado mediante resolución, cuya aprobación encontraría muchas más
reticencias y dificultades, por lo que consideramos más aconsejable que
el tema siga tratándose a través de la gestión de la Oficina, que, por
cierto --lo repito--, se distingue hasta ahora por su coraje y por su
eficacia.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS, CON EXPRESION DE SU
DOTACION PRESUPUESTARIA, DESTINARA EL GOBIERNO, CON CARACTER DE URGENCIA,
PARA REGENERAR LAS PLAYAS DEL LITORAL CATALAN DAÑADO POR LOS TEMPORALES
DEL PASADO OTOÑO E INVIERNO? (Número de expediente 180/001091)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno la
diputada del Grupo Mixto doña Pilar Rahola i Martínez.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Ateniéndonos a las informaciones que han salido en la prensa y que ha
confirmado la Delegación del Gobierno en Barcelona, hay una cierta
preocupación en Cataluña referente al litoral catalán. Parece ser que el
Ministerio sólo regenerará cuatro playas del litoral catalán destruidas
por los últimos temporales, lo cual ha creado cierta preocupación en las
zonas gravemente afectadas, ya que algunas han perdido un 70 por cierto,
parece ser, de su superficie.
Ante esta preocupación, la pregunta era qué medidas, con expresión de su
dotación presupuestaria, destinará el Gobierno, con carácter de urgencia,
para regenerar las playas del litoral catalán dañado por los temporales
del pasado otoño e invierno, y ello sin negar opciones ecológicas más
aconsejables que el Ministerio podría estar estudiando.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
El Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ha acordado ya
para su ejecución la puesta en marcha de toda una serie de actuaciones
para solventar esos daños del litoral catalán, por el procedimiento de
emergencia, a que se refería la señora Rahola. En total, el importe que
está en ejecución en este momento es de 680.500.000 pesetas, distribuidos
en las playas de Tarragona, Barcelona y Girona. Estas actuaciones se han
puesto en marcha ya y, según dicen también algunos medios de comunicación
que aún no se han enterado de que el litoral depende del Ministerio de
Medio Ambiente y no del Ministerio de Fomento, toda esta regeneración de
playas se acabará a finales de mayo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
La señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Quiero agradecer la información de la señora
ministra y pedir especialmente la actuación en algunas zonas concretas
del litoral como El Maresme, concretamente EN la playa de Premiá, que
tengo entendido que no está en las previsiones del Ministerio y que ha
quedado enormemente afectada por los dos temporales graves que hubo que
han destruido prácticamente el 80 por ciento de la superficie del
litoral. También quiero decir que la información que ha salido en la
prensa provenía de la Delegación del Gobierno de Barcelona, por lo que
cundió una cierta alarma ante la posibilidad de que el Ministerio no
regenerara las playas.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): No tengo
nada más que añadir, señor presidente. Solamente quiero decirle que con
mucho gusto enviaré a la señora Rahola todo el listado de las playas para
obviar a SS. SS. la meticulosidad de ir provincia a provincia, ya que son
más de veinte playas las que se ponen en regeneración.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Medio Ambiente.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES
TIENE AENA PARA CON EL CENTRO TELEMATICO PARA EL CONTROL DE SUS
AEROPUERTOS Y PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE I+D EN EL AREA DE LA
TELEMATICA APLICADA, INSTALADO EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN? (Número de expediente 180/001076)
El señor PRESIDENTE: Preguntas al ministro de Fomento. En primer lugar,
la número 11, que formula al Gobierno don José Juan González de Txabarri
Miranda, diputado del Grupo Nacionalista Vasco. Señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, AENA suscribió el 30 de abril de 1997 un
contrato de arrendamiento con el parque tecnológico de Donostia-San
Sebastián para instalar en él un centro telemático para el control de su
red de aeropuertos y para la realización de proyectos de I+D. Una vez
realizadas las obras de arrendamiento y constituida la sociedad Aeronet,
S.A., para la explotación de este centro telemático, AENA ha comunicado a
la dirección del parque tecnológico de Donostia su propósito de cancelar
este proyecto, y de aquí la pregunta que le formulamos en relación a las
previsiones que tiene AENA para con este centro telemático.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, yo querría contestarle haciendo tres afirmaciones muy claras:
primero, el proyecto está detenido. Segundo, puede volver a plantearse.
Tercero, tiene que ser objeto de una total reconsideración, porque tal y
como estaba inicialmente planteado, hubo de ser suspendido por dos
razones: en primer lugar, porque en términos de rentabilidad económica
era muy negativo y, en segundo lugar, porque no se tuvieron en cuenta las
nuevas circunstancias del mercado de las telecomunicaciones. No tenía
mucho sentido hacer una empresa pública cuando se estaban liberalizando
todas las telecomunicaciones, para prestar servicio de voz y de datos a
las distintas empresas aeronáuticas. Por consiguiente, AENA está abierta
a la reconsideración del proyecto, pero habrá que hacerlo en términos muy
diferentes a los que estaban inicialmente planteados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Agradezco la respuesta al señor ministro, sobre todo porque deja las
puertas abiertas. No estamos hablando de un contrato de hace ocho o diez
años, sino de un contrato de 1996, de esta legislatura y de este
Gobierno, por eso la acción de control del Gobierno tiene mayor
repercusión en una circunstancia como ésta. Espero, señor ministro, que
se encuentren las circunstancias precisas para que esa ciaboga que usted
ha dejado abierta pueda producirse en un proyecto tan emblemático como
éste, para que los criterios de liberalización se pongan en práctica y,
por otra parte, para que los centros industriales, como los parques
tecnológicos, encuentren precisamente proyectos concretos a través de los
cuales las teorías de los distintos proyectos de ley que entran en esta
Cámara puedan encontrar su concreción.
Yo desearía, señor ministro, que explicara qué circunstancias deben darse
para que esa ciaboga se produzca. Es verdad que estamos hablando de un
centro público, de AENA, y que dentro del proceso de liberalización se
pueden encontrar otras fórmulas que consigan los mismos objetivos. Lo que
parece poco razonable, señor ministro, es que, una vez que se ha
constituido la sociedad y se han hecho los contratos de arrendamiento,
precisamente cuando está todo preparado, la figura societaria y los
locales para que esa empresa se ubique, AENA, la misma AENA sostenida por
este Gobierno, dé el carpetazo a este proyecto. Usted ha dejado la puerta
abierta, señor ministro, nosotros desearíamos poder colaborar con el
Gobierno en aras a que esa ciaboga se produzca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Evidentemente,
señoría, el Gobierno está abierto a hacer ese replanteamiento.
No obstante, querría introducir dos especificaciones. Primera, AENA en
cuanto tal nunca estuvo involucrada. Es una iniciativa de Ineco, que es
otra sociedad pública, en colaboración con el Banco de Santander. El
proyecto que esa sociedad, Aeronet, presenta a AENA es justamente al que
no se le da el visto bueno porque empieza a carecer de sentido en la
circunstancia actual. Hemos de replantearnos cómo se puede realizar la
prestación de servicios de telecomunicaciones en el marco previsto, pero,
a ser posible, señoría, sin que esté involucrado el sector público en un
momento en que estamos liberalizando las telecomunicaciones y
privatizando todo aquello que afecta a su mundo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL
GOBIERNO LA IMPLANTACION GENERALIZADA DE LA FACTURACION POR SEGUNDOS EN
LAS COMUNICACIONES TELEFONICAS? (Número de expediente 180/001081)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno el
diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, señor ministro, pese a lo que
dice algún anuncio publicitario estos días, la factura telefónica no ha
muerto; sigue siendo para muchos millones de españoles una realidad y no
precisamente de las que alegran la vida.
Este Gobierno ha conseguido grandes éxitos en las cifras macroeconómicas,
ha saneado nuestra economía y ha impresionado a propios y a extraños con
avances espectaculares en la deuda pública, en la contención del déficit,
en los tipos de interés y en la inflación. Un salto adelante muy
importante que ahora empieza a traducirse también en la economía de los
bolsillos de los ciudadanos, en la economía familiar, en los resultados a
fin de mes, en esa política de las pequeñas cosas, expresión de la
calidad de vida, que denota que a un Gobierno le preocupa de verdad lo
que preocupa a los ciudadanos.
Una muestra de ello es responder a la sensibilidad que el usuario tiene
respecto al trato que recibe en la prestación de algunos servicios
esenciales como las comunicaciones y, en concreto, la factura telefónica.
Los usuarios han venido solicitando que se produzca una adecuación exacta
entre lo facturado y el servicio que realmente se recibe. Parece una
obviedad, señorías, pero los gobiernos anteriores no lo consiguieron.
Traducido a la factura telefónica, esto implica sustituir una inadecuada
tarificación por pasos por una mucho más adecuada tarificación por
segundos. El ciudadano, sin duda, saldría beneficiado económicamente por
esta sustitución y algunos estudios de su departamento valoran en más de
50.000 millones lo que los ciudadanos han pagado por nada a lo largo de
los últimos años.
La protección de los intereses económicos es un principio reconocido en
nuestra Constitución y desarrollado en la legislación de protección de
los consumidores. Hay que reconocer, señor ministro, que con los
gobiernos socialistas anteriores los ciudadanos pagaban más y, además,
pagaban por aquello que no recibían. (Rumores.) Estoy convencido de que
con este Gobierno las cosas están cambiando y por eso le pregunto: ¿Qué
opinión le merece la implantación generalizada de la facturación por
segundos en las comunicaciones telefónicas? (Rumores.--Varios señores
diputados: ¡Muy bien!) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
presidente.
Señoría, es claro que, con carácter general, la opinión que le merece al
Gobierno la tarificación por segundos es altamente positiva. Por dos
razones, por así decirlo, obvias: en primer término, es un sistema de
tarificación y de facturación mucho más transparente y, en segundo lugar,
es un sistema de tarificación y de facturación mucho más justo, entre
otras cosas porque se evita el llamado redondeo que siempre va en
perjuicio del consumidor.
El proceso de liberalización de las telecomunicaciones que ha emprendido
el Gobierno ha llevado a que el segundo operador de telefonía básica o
fija, Retevisión, tarifique y facture ya por segundos. En estos momentos
estamos en conversaciones con Telefónica para, a través de lo que se
llama el reequilibrio tarifario de las tarifas locales, implantar también
con carácter obligatorio para Telefónica, al mismo tiempo que se hace
dicho reequilibrio tarifario, la tarificación por segundos. Querríamos
que se hiciera de pleno acuerdo con esta compañía. En cualquier caso,
antes del primero de diciembre del próximo año, fecha en que culminará el
proceso de liberalización de las telecomunicaciones, es altamente
probable que todos los operadores de telefonía fija y de telefonía móvil
estén tarificando y, por tanto, facturando ya por segundos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS
BASICAS DEL PLAN DE SALVAMENTO MARITIMO APROBADO POR EL GOBIERNO EN
CONSEJO DE MINISTROS DEL 16 DE ENERO DE 1998? (Número de expediente
180/001083)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
diputado don Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, diversos convenios internacionales que han sido suscritos
por España a lo largo de estos últimos años hacen referencia a la
creación y al mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento
marítimo en una zona de responsabilidad que, asignada por la Organización
Marítima Internacional, triplica en superficie la del territorio nacional
español. Sin embargo, hasta 1994 no se puso en marcha un auténtico plan
de salvamento, lo que de alguna manera supuso el primer paso para
estructurar una organización y unos medios precisos para el desarrollo de
un sistema eficaz de salvamento. Una vez finalizado en 1997 el citado
plan cuatrienal, el Gobierno ha dado luz verde al Plan nacional de
salvamento marítimo para el cuatrienio 1998-2001, donde se establecen los
mecanismos de coordinación y los medios destinados a realizar las
operaciones de búsqueda, salvamento de vidas y lucha contra la
contaminación marina, pasando de alguna forma de una fase de implantación
de estructuras básicas a otra de consolidación. Señor ministro, le
agradecería que explicara a esta Cámara cuáles son las líneas básicas del
Plan de salvamento marítimo aprobado por el Gobierno en Consejo de
Ministros, de 16 de enero de este año.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pons.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, el Plan nacional de salvamento marítimo tiene cuatro grandes
líneas de actuación. La primera es mejorar el proceso de decisión
fortaleciendo los mecanismos de cooperación y de coordinación de las
distintas administraciones e instituciones que, en el momento del
accidente marítimo, han de intervenir necesariamente.
En segundo lugar, el plan prevé la mejora del sistema de control del
tráfico marítimo, estableciendo para ello la creación de siete nuevos
centros de control del tráfico marítimo en Sevilla, Pasajes, Ceuta,
Castellón, Alicante, Málaga e Ibiza.
En tercer lugar, incrementa los medios a disposición de la Organización
de Salvamento Marítimo en el sentido siguiente: el número de
embarcaciones rápidas se incrementará en diez unidades, lo que representa
un incremento del 50 por ciento del número de unidades actualmente
existentes y, en relación con los llamados equipos de anticontaminación,
se prevé una inversión para mejorarlos y ampliarlos que se incrementa en
el 563 por ciento con respecto al año anterior, creándose siete bases
específicas en las costas españolas desde las cuales organizar la lucha
contra la contaminación que pueden provocar y que provocan determinados
accidentes marítimos.
Por último, el plan dedica una importancia singular a lo que podríamos
llamar con carácter general formación: formación del personal en
seguridad, formación del personal en técnicas de salvamento marítimo,
participación del personal español en programas europeos de investigación
y de formación, y formación también en todo lo que afecta a estudios de
sensibilidad y riesgo del medio ambiente ante vertidos en la mar.
Esto es muy en síntesis, señoría, lo que prevé el Plan nacional de
salvamento marítimo que, por otra parte, es un extenso documento
destinado a tener vigencia durante los próximos cuatro años y que prevé
una inversión de 30.000 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE JIMENEZ SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE PREVISTO
FINANCIAR EL MINISTERIO DE FOMENTO EN MATERIA DE CARRETERAS, MAS
CONCRETAMENTE EN MATERIA DE AUTOPISTAS DE PEAJE Y AUTOVIAS, DURANTE 1998?
(Número de expediente 180/001087)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
diputado don José Jiménez Suárez, del Grupo Popular.
Señor Jiménez.
El señor JIMENEZ SUAREZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, la realidad demuestra cada día que la sociedad es muy
sensible a la existencia o no de infraestructuras de carreteras de
calidad, no sólo por su incidencia en la economía, sino por la
importancia en
la integración territorial y social y, como es obvio, el Partido Popular,
como ha venido demostrando en los dos años de Gobierno, es sensible a
este sentimiento. Todos queremos llegar pronto, seguros y tener igualdad
de oportunidades en la accesibilidad al territorio. En esa idea de
establecer un mapa equitativo del equilibrio territorial en
infraestructuras, el Gobierno, en la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado de 1997, definió un esquema estable de
la financiación de infraestructuras dentro de un marco de política
económica encaminada a garantizar el crecimiento y la generación de
empleo.
En ese marco, se definen en la ley los mecanismos que permiten
desarrollar la participación de la iniciativa privada junto con la
inversión pública en la ejecución de infraestructuras. La referida ley,
que se ha ido desarrollando reglamentariamente en los dos años, facilita
el acceso del capital privado a la financiación de infraestructuras como
complemento de la inversión pública, de tal manera que se ha conseguido
mantener el volumen de recursos destinados a este fin. Para ello,
introdujo dos cambios legislativos importantes: la financiación
anticipada por la empresa privada de obras de infraestructuras con
presupuesto superior a una determinada cantidad y la modificación de la
Ley de autopistas.
Los mecanismos citados han dado resultados positivos, sólo discutidos por
quienes cuestionan lo obvio. En ese sentido y como expresión concreta de
la voluntad política reflejada en la realidad, le pregunto, señor
ministro: ¿Qué actuaciones tiene previsto financiar el Ministerio de
Fomento en materia de carreteras, autopistas de peaje y autovías, durante
1998?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
presidente.
Señoría, no será fácil hacer una síntesis en el escaso tiempo de que
dispongo. Sin contar los convenios de Canarias y de Baleares, que, como
sabe S. S., tienen un régimen especial de inversión previsto en los
Presupuestos Generales del Estado, puedo decirle que en el presente
ejercicio de 1998, aproximadamente, se construye más de un kilómetro
diario de autovía, por lo cual, al término del año habremos inaugurado en
torno a los 400 kilómetros nuevos de autovía.
Todas las grandes prioridades que permiten vertebrar, a través de
infraestructuras y particularmente de las carreteras, el territorio
nacional, bien en fase administrativa o bien en fase de ejecución física,
se encuentran actualmente en marcha. Muy rápidamente, le puedo decir que
están en marcha muy avanzada las llamadas autovías gallegas; en Castilla
y León, la autovía Tordesillas-Salamanca y, en fase administrativa,
Tordesillas-Zamora; la autovía del Cantábrico, tanto en la zona de
Cantabria como en la zona asturiana, está en marcha en su totalidad, bien
sea en fase administrativa o en ejecución física; la N-II se ha
desbloqueado en todo el tramo que va de Cervera a Igualada; se ha puesto
en marcha el eje Sagunto-Somport, sacando adelante los proyectos de todo
el tramo que va de Teruel a Zaragoza y de Zaragoza a Huesca; está también
en marcha la autovía de Alicante-Alcoy; está en marcha en su totalidad la
de Murcia-Albacete; estarán este año en ejecución dos tramos de la
autovía de la Plata, fundamentalmente el de Zafra-Almendralejo, y están
en marcha también los tramos Granada-Motril, Huelva-Ayamonte y
Córdoba-Antequera. Finalmente, señoría, como obras singulares de enorme
importancia, la ronda de Gijón, la ronda de la Hispanidad de Zaragoza, la
ronda Sur de Valencia, la variante de Fraga, la circunvalación Sur de
Logroño y el tramo Ferrol-Fene. En lo que afecta a autopistas de peaje,
el programa comprende una inversión de 250.000 millones de pesetas, 440
kilómetros de nuevas autopistas de peaje, todos ellos con cargo a
financiación privada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO IGNACIO DE CACERES BLANCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL MINISTERIO DE FOMENTO LA MARCHA DE LOS DISTINTOS CONCURSOS
CONVOCADOS, Y EN PARTE ADJUDICADOS, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES POR CABLE A LO LARGO DEL TERRITORIO NACIONAL? (Número
de expediente 180/001090)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
diputado don Francisco Ignacio de Cáceres Blanco, del Grupo Popular.
Señor De Cáceres. (Pausa.)
-- DEL DIPUTADO DON VICTOR MORLAN GRACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CONSIDERA EL SEÑOR
MINISTRO DE FOMENTO QUE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS PARA EL
DESARROLLO TERRITORIAL DE ESPAÑA DEBEN HACERSE CON ARREGLO A LOS
INTERESES DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente 180/001094)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 28, que formula al
Gobierno el diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: ¿Considera el señor ministro de Fomento que las
inversiones en infraestructuras para el desarrollo territorial de España
deben hacerse con arreglo a los intereses del Partido Popular?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señoría, las inversiones en infraestructuras que realiza este
Gobierno están aprobadas por amplia mayoría en el Congreso de los
Diputados y en el Senado a través de los Presupuestos Generales del
Estado y, por tanto, responden al interés general de la nación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, he oído la explicación que ha dado a su compañero de
grupo y me ha maravillado la capacidad de venta que tienen ustedes de
hacer de todo aquello que no es suyo.
Con independencia de eso, en mi pregunta me refería a un acta famosa, que
usted conoce, de 29 de septiembre de 1997, en la que entre otras lindezas
usted dice: Por tanto, quiere decirse que la filosofía es que tengáis
tranquilidad, al 99 llegaremos con las prioridades del partido. Luego, en
otro punto, añade: Hay que hablar de prioridades verdaderas del partido
en cada comunidad autónoma, en cada provincia y, en la medida de lo
posible, del ayuntamiento de la capital de la provincia. Hemos hecho una
distribución de inversiones en función de las prioridades que el partido
ha seleccionado entre todas las posibles a nivel de comunidades
autónomas, de ayuntamiento de capital, de provincia, etcétera.
De éstas y otras afirmaciones que usted hace en el mencionado documento
se pueden sacar varias deducciones. Primera, que después de más de dos
años de gobierno, del Gobierno del que usted es miembro como ministro de
Fomento, no dispone de criterio alguno, planificación, programación, o
como usted quiera llamarlo, que responda a un mínimo estudio o trabajo
del que se pueda obtener qué es lo que ustedes quieren hacer en este país
en materia de carreteras o ferrocarriles, a pesar de lo que le ha dicho a
su compañero de grupo. Cuando hablamos de ferrocarriles hay que tener en
cuenta lo que usted ya dijo en esa famosa reunión: como nadie protesta y
no hay presión social, no les importa y no pasa nada porque pasen a la
marginación.
En segundo lugar, la falta de programación. Espero que algún día nos
digan qué quieren hacer con el PDI, que ustedes complementaron con sus
propuestas, si se acuerda, y que expliquen esa fórmula de dejar a sus
órganos territoriales o a las instituciones gobernadas por ustedes que
indiquen qué es lo que más les gusta. Nos parece absurdo que ustedes
planteen que tienen que ser sus responsables políticos, locales,
provinciales y autonómicos los que digan por dónde tienen que ir o cómo
tienen que dirigir sus inversiones en este país.
Según se desprende de esa reunión, su objetivo no es el desarrollo
equilibrado de España, sino que es ganar las próximas elecciones
autonómicas y municipales; su objetivo es poner en marcha obras de
infraestructura que, con una evidente despreocupación, afirman que se
pagarán --veremos a ver cuándo--, muchas de ellas acogidas a la fórmula
del modelo alemán, aunque no tiene ningún inconveniente en reconocer que
es catastrófico...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán. Ha concluido su tiempo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, lo que
resulta verdaderamente sorprendente es que usted dé más valor a lo que
dice un documento apócrifo que a lo que dicen los Presupuestos Generales
del Estado. Eso es lo verdaderamente sorprendente. Lo que el Gobierno
propone a la Cámara y lo que ésta aprueba refleja, señoría, la política
de inversiones del Gobierno. Si hay una política de inversiones del
Gobierno es la que aprueba la Cámara, porque solamente se puede invertir
cuando lo aprueba la Cámara, en otro caso, señoría, el interventor
delegado del Ministerio no autoriza el gasto.
En primer lugar, lo que usted utiliza es un documento apócrifo. Le ruego
que lea en el Diccionario de la Real Academia lo que significa documento
apócrifo. En segundo lugar, demuestre usted que eso es un acta, porque no
lo es. Usted debería saber qué es un acta, y eso, aunque se llame acta,
no lo es. Ese es un documento que refleja que un aficionado ha tomado
unas notas, simplemente son las notas de un aficionado.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.--Un señor diputado del Grupo
Socialista: ¡Cómo va a ser un documento apócrifo si son dos palabras!) El
señor PRESIDENTE: Silencio señorías. Señoría, no establezca diálogos
cruzados porque no está en el uso de la palabra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL
GOBIERNO EXPLICAR LAS VENTAJAS QUE PUEDEN DERIVARSE DE LA RECIENTEMENTE
CREADA OFICINA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA? (Número de expediente 180/001088)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno la
diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo Popular.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria y Energía, la vinculación histórica entre la
investigación científica y el desarrollo tecnológico ha ido estrechándose
en la medida en que la técnica, la competitividad industrial y el
desarrollo económico se han hecho progresivamente dependientes del avance
del conocimiento científico de los países. Preocupa la coordinación de la
política económica y científico-técnica y la actuación de los
instrumentos públicos de promoción junto a la iniciativa empresarial, que
repercuten favorablemente en los países que así actúan, en el desarrollo
y en el empleo.
Nosotros creemos que todo ello debe ser un sistema estructurado de
recursos, de actividades relacionadas con la producción y la difusión del
conocimiento científico y su incorporación a los sistemas de innovación y
de producción. España ha adolecido durante mucho tiempo de esta adecuada
estructuración y coordinación, y por ello le formulo la siguiente
pregunta: ¿Qué ventajas espera obtener el Gobierno de la recientemente
creada oficina de coordinación de ciencia y tecnología?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de Capel.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
presidente.
Señoría, hay dos aspectos en los que la política en ciencia y tecnología
debe incidir. Por un lado, desarrollar al máximo lo que llamamos el
potencial científico y tecnológico, eso que en términos coloquiales
podríamos llamar la I del I + D, y, por otro, la capacidad de la
innovación en las empresas, eso que llamamos la D de la I + D. La
innovación tecnológica es el instrumento esencial que tenemos para
aumentar la competitividad de nuestro tejido productivo, especialmente en
un marco que cada día es más global, en el que los factores de
diferenciación del producto más allá del precio constituyen el elemento
fundamental.
Desde este planteamiento, el Gobierno considera prioritario mejorar la
posición de nuestro país en los principales indicadores de I + D, porque
hay que decir que nos hemos encontrado con una situación en que estamos
muy por debajo de la media de los países de la OCDE y de la Unión
Europea, y, además, con una tendencia decreciente. En 1993 gastábamos en
I + D el 0,92 por ciento del producto bruto y, en cambio, en el año 1995
habíamos bajado al 0,85. En 1996 y 1997 las cifras van a mejorar porque
los presupuestos públicos de la Administración central en I + D han
aumentado un 13,8 por ciento y por tanto va a suponer una mejora de ese
porcentaje, pero seguimos estando muy bajos. (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Un momento, señor ministro. Lamento interrumpirle.
Señorías, silencio, por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
presidente.
Otro aspecto es que la participación de las empresas del sector privado
es también baja en relación al gasto total pues está por debajo del 50
por ciento del gasto total, cuando en los países de nuestro entorno está
aproximadamente en dos tercios. Quizá lo más importante es que no hay
transferencia de fondos desde los recursos públicos a la investigación en
las empresas privadas, es prácticamente inapreciable. Es imprescindible
reorientar la política de I + D y para ello, entre otras cosas, se ha
creado la oficina de ciencia y tecnología, sobre cuyas ventajas S. S. ha
requerido al Gobierno para que se pronuncie.
La primera medida es haber cambiado la propia Presidencia de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, que ha pasado a ocupar el
propio presidente del Gobierno. Me parece que es un signo claro e
inequívoco de la importancia que otorgamos al I + D como conjunto del
Gobierno y la necesidad de establecer una política no de ministerios
concretos sino de Estado en investigación y desarrollo tecnológico.
Dentro de esta nueva etapa, corresponde a la Comisión Interministerial
definir y adoptar lo que llamamos el marco nacional en I + D, entendiendo
como tal las grandes líneas de la política de Estado en ciencia y
tecnología, que tiene una serie de principios básicos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LUIS MEDINA TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE MEDIDA PUEDE
ASUMIR EL GOBIERNO LA LLAMADA «DECLARACION DE CANARIAS» SOBRE ENERGIAS
RENOVABLES, ELABORADA A RAIZ DE LAS JORNADAS QUE TUVIERON LUGAR EL PASADO
MES DE ENERO ENTRE PARLAMENTOS EUROPEOS DE DIFERENTES AMBITOS? (Número de
expediente 180/001089)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno el
diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo Popular.
Señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria y Energía, el pasado mes de enero se
reunieron en Canarias miembros del Parlamento Europeo, de los parlamentos
nacionales de la Unión, así como autoridades y una serie de agentes
económicos y sociales interesados en las energías renovables. Fruto de
esa reunión fue la Declaración de Canarias sobre las energías renovables
en la Unión Europea. Los participantes en la citada reunión aceptamos el
compromiso, entre otros, de promover y desarrollar conjuntamente las
medidas expresadas en la citada declaración y, asimismo, llevar a cabo
las acciones necesarias para que el máximo número de los responsables de
la toma de decisiones conozcan y apliquen estas medidas.
Las medidas propuestas fundamentalmente para el fomento de las energías
renovables contemplan acciones en los subsectores de la electricidad, de
la energía térmica y de la energía destinada al transporte, e incluso
contienen algunas propuestas novedosas, como es la implicación de la
política agraria común en los temas energéticos, tanto en el asunto de
residuos, como en los propios cultivos energéticos.
Todo ello está encaminado a lo que es el objetivo principal en el Libro
blanco de la Unión Europea (Las energías renovables es energía para el
futuro), que es alcanzar que el 12 por ciento de la energía total
producida por la Unión en el año 2010 sea de origen renovable. Este
objetivo tiene valor en sí mismo, pero además tiene una componente muy
importante y es que si tal objetivo se alcanza coadyuvaría al logro de
los compromisos que la Unión Europea tiene aceptados en materia de
control de los cambios climáticos en la cumbre de Kyoto.
Es por esto, señor ministro, que le formulo la siguiente pregunta: ¿En
qué medida puede asumir el Gobierno la llamada declaración de Canarias
sobre energías renovables, elaborada a raíz de las jornadas que tuvieron
lugar el pasado mes de enero entre parlamentarios europeos de diferentes
ámbitos?
Gracias, señor presidente, gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Medina.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Gracias, señoría. Debo decirle que el Gobierno la asume plenamente porque
la declaración llamada de Canarias supone una confirmación de la línea
política que ha elegido el Gobierno en el campo de las energías
renovables. De hecho no es casual que los sucesos más relevantes que han
precedido y motivado la reunión interparlamentaria hayan sido organizados
en nuestro país. Quisiera recordar, por ejemplo, la declaración de Madrid
de 1994 o más recientemente en la Conferencia de Sitges en noviembre de
1996.
El Gobierno español ha venido participando activamente en los debates que
se han planteado para definir una nueva estrategia de la Unión Europea en
esta materia, primero con el libro verde y después sobre el libro blanco
para una estrategia y un plan de acción comunitarios de las fuentes de
energía renovables. De hecho, la política del Gobierno respecto de las
energías renovables ha precedido en muchos aspectos a la marcada por la
Unión Europea y, en consecuencia, estamos en buena situación para
alcanzar los objetivos que el libro blanco propone para el año 2010. Por
ejemplo, para el fomento de las energías renovables, el Ministerio de
Industria y Energía utiliza diversos instrumentos de apoyo que coinciden
básicamente con las propuestas de la declaración de Canarias. Muy
brevemente quisiera destacar tres. La primera, es que haya una política
de apoyo directo al desarrollo de proyectos de energía renovables
mediante subvenciones; la segunda es que el desarrollo de la nueva ley
del sector eléctrico compatibilice la liberalización del mercado en ese
sector, con el desarrollo de las energías renovables, y eso se hará
mediante la internalización de los beneficios medioambientales de las
fuentes renovables, garantizando una prima sobre el precio de generación
con fuentes convencionales y, por último, la propia Ley del sector
eléctrico prevé también el establecimiento de un plan de fomento de las
energías renovables, para conseguir lo que usted mencionaba: que en el
año 2010, como mínimo el 12 por ciento de la demanda energética en España
se cubra por esa vía. Este plan, cuyo contenido estamos ultimando,
marcará los objetivos, las medidas necesarias para alcanzarlos y los
efectos derivados de su aplicación.
Por tanto, el Gobierno, respondiendo concretamente a su pregunta, asume
plenamente la declaración de Canarias, habiendo sido, por otra parte, uno
de sus impulsores más decididos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Industria y Energía.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿QUE OPINION LE MERECEN AL GOBIERNO
LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LAS QUE ESTAN IMPLICADOS NUMEROSOS
CARGOS PUBLICOS DEL PP EN DISTINTAS INSTITUCIONES? (Número de expediente
180/001093)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27 dirigida al Gobierno, Ministro de
Administraciones Públicas, que formula don José Luis Ros Maorad, del
Grupo Socialista.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: ¿Qué opinión le merecen al Gobierno las presuntas
irregularidades en las que están implicados numerosos cargos públicos del
PP en distintas instituciones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Ros, las presuntas irregularidades ya sean mías, que son de las que
se supone debo responder en esta Cámara, o de miembros del PP, del PSOE o
de cualquier otra fuerza política en cualquier institución me producen
preocupación y el deseo de que se queden en presuntas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente.
No esperaba otra respuesta sinceramente. Pero déjeme que le diga, señor
presidente, que en estos momentos siento una profunda irritación porque
hace quince días este diputado fue censurado y no pudo realizar en esta
Cámara una pregunta muy parecida....
El señor PRESIDENTE: Ni una palabra más sobre ese incidente, para el que
tuvo S. S. un recurso que se tramitó por el conducto reglamentario.
Limítese a la cuestión, señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Muchas gracias, señor presidente. De todas maneras
sé que usted y yo estamos de acuerdo en que censura y Parlamento son
incompatibles. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: En casi todo.
El señor ROS MAORAD: Señores del PP, llevan ustedes dos años gobernando y
ya casi nada queda de aquellas promesas del señor Aznar de eficacia,
transparencia y honestidad en relación a los cargos públicos del PP.
El señor Aznar ha faltado a sus promesas y a sus compromisos también y
especialmente en este terreno. Su lluvia fina se ha convertido en una
lluvia ácida y corrosiva para la salud del sistema democrático de España
(Algunos señores diputados: Muy bien, muy bien.--Rumores.). El
enchufismo, la corrupción, la prevaricación, la falsificación de
documentos, la malversación de fondos y un largo etcétera, junto a los
imputados por los tribunales, son la salsa en la que desgraciadamente se
está moviendo el Grupo Popular.
Señor ministro, ¿son éstas las banderas con las que el Partido Popular
concurrió a las últimas elecciones? ¿Son éstas las banderas con las que
ustedes pidieron el voto a los ciudadanos de este país? Lo peor,
señorías, es que no estamos ante el caso de Zamora, o de Valencia, o de
Guadalajara, o de Galicia, y así hasta 163 casos en dos años. Estamos,
muy por el contrario, ante el caso Aznar, responsable y muñidor de esta
forma de hacer política. De ahí que el señor Aznar, tan justiciero con
otros, se muestre comprensivo y complaciente con los casos de corrupción
que afectan a su partido.
Asuman sus responsabilidades políticas y rectifiquen, no hagan como en el
caso de la construcción en Burgos que se salvaron por el toque de la
campana. Hoy les toca a ustedes responder. No sigan con esa política de
tener los ojos en el cogote, que dice poco de la inteligencia del que la
practica y me consta que alguna inteligencia tendrán SS. SS. del Grupo
Popular, aunque a veces realmente la disimulan mucho. (Aplausos.) El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Ni yo en mi condición de ministro de Administraciones Públicas ni ningún
miembro de este Gobierno ha sido preguntado o interpelado a lo largo de
dos años por presuntas irregularidades o por irregularidades suyas ni de
ninguno de sus subordinados. Creo que ésta es una buena noticia para
España; yo estoy orgulloso de que esto sea así y de pertenecer a un
Gobierno de estas características. No es ningún mérito; me parece que
esto es lo normal, aunque desgraciadamente esto no haya sido lo normal en
el pasado.
Ustedes también deberían alegrarse de que esto fuera lo normal ahora,
pero me temo, visto lo visto, que a ustedes les disgusta esta situación
y, por tanto, hacen un esfuerzo colosal para ver qué es lo que encuentran
en el conjunto de todas las instituciones. En fin, voy a responder
también sobre este asunto.
Usted se olvida de algunas cosas. Ha hablado de 163 casos, no voy a
responder uno por uno a todos ellos; me temo que algunos no sean ni
siquiera presuntos, pero sí le diría una cosa. Hablando de imputaciones y
procesamientos no conozco a nadie del Partido Popular que esté procesado
y que esté sentado en esta Cámara. Miren ustedes si hay alguna persona en
su grupo (Aplausos.); mírenlo ustedes.
Señor Ros, si me lo permite, le voy a decir otra cosa que es muy
importante. Hace dos meses a un diputado de esta Cámara se le abrieron
diligencias en un Juzgado de Instrucción. Como ese señor es diputado
estas diligencias han pasado al Tribunal Supremo. Yo no sé si el Tribunal
Supremo, que resolverá pronto, va a pedir o no el suplicatorio de ese
diputado. Pero, señor Ros, ¿qué va a hacer el Grupo Socialista si el
Tribunal Supremo pide el suplicatorio de don José Luis Ros?
¿Qué va a hacer el Grupo Socialista, señor Ros, si dentro de dos meses le
pide el Tribunal Supremo el suplicatorio? (Rumores.) Y habla de la
inteligencia del Grupo Popular. ¿Qué inteligencia tienen ustedes para
hacer que pregunte sobre este asunto un señor al cual le pueden pedir el
suplicatorio dentro de dos meses? (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARIA ARAGONES LLORET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL
GOBIERNO PROPORCIONAR DATOS FIABLES SOBRE LA CALIDAD SANITARIA DE LAS
AGUAS DE BAÑO ESPAÑOLAS, TANTO DE LAS CONTINENTALES COMO DE LAS
MARITIMAS? (Número de expediente 180/001084)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno,
Ministerio de Sanidad y Consumo el diputado don Antonio María Aragonés
Lloret, del Grupo Popular.
Señor Aragonés.
El señor ARAGONES LLORET: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tanto el cuidado como el cumplimiento de la vigilancia
sanitaria de las aguas de baño marítimas y continentales debe ser un
objetivo fundamental de la política del Ministerio que usted dirige.
Estamos seguros de que esta política de seguimiento y cumplimiento
admitirá prevenir cualquier brote, ya sea de tipo infeccioso como de
cualquier enfermedad transmisible, a través de las aguas de baño del
territorio nacional. Somos conscientes de que, además de las
consecuencias sanitarias de carácter negativo para la población, tendría
graves implicaciones, ya sean económicas o sociales, sobre todo en las
zonas de interés turístico.
Es importante conocer si el Ministerio de Sanidad y Consumo dispone de
datos fiables relativos al control sanitario que lleva el Gobierno a
través de su ministerio referentes a dicha calidad de las aguas de baño.
Señor ministro, ¿podemos estar seguros y tranquilos los españoles
respecto a la fiabilidad de los informes que se elaboran, tanto por parte
del ministerio como por la Comisión Europea correspondiente?
Señor ministro, ¿cuál es el nivel de rigor de los programas específicos
de vigilancia sanitaria de las aguas de baño?
Finalmente, por todo lo expuesto, le pregunto, señor ministro de Sanidad,
¿nos puede proporcionar datos fiables sobre la calidad sanitaria de las
aguas de baño españolas, ya sean continentales o marítimas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aragonés.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor diputado, el control sanitario sobre la calidad del agua de baño de
las aguas marítimas y continentales y su calificación se realiza según
los requisitos establecidos en el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio,
por el que se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva del
Consejo 76/160, de calidad de aguas de baño. Este control sanitario es
efectuado por las comunidades autónomas por las competencias asumidas en
esta materia y se realiza en el marco del sistema de información nacional
coordinado por la Dirección General de la Salud Pública. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Los
controles de calidad del agua que conducen a su calificación sanitaria se
extienden a las zonas de baño marítimas y continentales incluidas en un
censo oficial de puntos de muestreo elaborado por las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo. La inspección se efectúa
periódicamente cada quince días como mínimo y la primera toma de muestra
se realiza con quince días de antelación al comienzo de la temporada de
baño, fecha que, lógicamente, es fijada por cada comunidad autónoma y se
mantiene durante el tiempo de duración de la misma. Los métodos
analíticos son los que establece el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio.
Con toda la información que remiten las autoridades responsables de cada
comunidad autónoma, la Dirección General de la Salud Pública elabora un
informe nacional que se envía anualmente a la Comisión Europea.
De forma resumida, puedo informar que durante el pasado año se
controlaron 1.223 zonas de baño marítimas y 220 continentales. Los
resultados de estos controles fueron los siguientes: en aguas marítimas,
la aptitud del agua del baño en el año 1997 fue de 97,14 por ciento
frente al 96,55 por ciento del año anterior, lo que supone una ligera
mejoría. En cuanto a las aguas continentales, la diferencia fue algo
mayor, ya que en el año 1997 la aptitud del agua fue del 64,51 por ciento
frente al 60,87 del año 1996.
En relación a la segunda parte de su pregunta, he de señalar que la
fiabilidad de los datos y los resultados de los controles sanitarios de
las aguas de baño en España son muy altos. Ello se debe a la competencia
profesional y a la experiencia adquirida por los técnicos que recogen la
información y a las características técnicas y metodología del sistema de
información nacional que gestiona la Dirección General de la Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Muchas gracias, señor presidente.
-- DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
CRITERIOS HA UTILIZADO EL INSALUD PARA DISTRIBUIR LAS INVERSIONES TOTALES
ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SIN COMPETENCIA TRANSFERIDA EN MATERIA DE
SANIDAD? (Número de expediente 180/001085)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Pregunta número 19, que formula don Eugenio Castillo Jaén, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, de todos ustedes es conocido que el compromiso
adquirido por este Gobierno respecto a la aplicación en nuestro país de
los criterios de convergencia ha condicionado, sin duda, nuestra
disciplina fiscal y presupuestaria.
Señorías, la reorientación de la política presupuestaria encaminada hacia
una verdadera reducción del fuerte déficit público acumulado en
anteriores gobiernos, así como la corrección de los objetivos nacionales
de inflación y crecimiento económico, ha supuesto una temporal
ralentización del gasto público en inversión en el presupuesto de Insalud
estos últimos años. No obstante, dicha ralentización obligada se ha ido
superando a partir del año 1996 porque, entre otras razones, señorías, de
todos ustedes es sabido que este Gobierno parte de una filosofía de
mantenimiento del esfuerzo presupuestario adecuado, para conseguir la
mejora de los niveles de bienestar social alcanzados y, particularmente,
para avalar una política que garantiza los serios compromisos asumidos en
el marco sanitario. Mediante este aval está garantizado un aumento
sustancial de los recursos que permitirá profundizar, tanto en el proceso
de mejora de calidad asistencial como ahondar en la suficiencia
financiera del sistema por todos buscada y deseada.
El nuevo modelo de financiación, aprobado el 27 de noviembre por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, supone la incorporación
excepcional de un importante volumen de recursos económicos a la
financiación de la sanidad pública en estos últimos años. Esta
incorporación de recursos emanará en cascada hacia el Insalud gestión
directa, lo que le supondrá una esperada inyección de estos recursos.
Por ello, señor Ministro, y teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho
el Gobierno en el último año presupuestario con esta inyección de
recursos, le pregunto qué criterios se han seguido por parte del Insalud
para distribuir las inversiones totales entre las comunidades autónomas
sin competencias transferidas en materia de sanidad. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra el
señor Ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor diputado, el nuevo modelo de financiación sanitaria aprobado por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera para el cuatrienio 1998-2001
representa para el Insalud una mejora considerable de su capacidad
financiera, por cuanto supone un incremento porcentual del 9,44 por
ciento, frente al 4,9 por ciento que le hubiera correspondido con el
anterior modelo. Esta mayor capacidad financiera ha permitido dotar al
capítulo de inversiones del Insalud para 1998 de una financiación
realista, cuyo importe asciende a 54.093 millones de pesetas, lo que
representa un crecimiento del 35,8 por ciento. Además, si tenemos en
cuenta las inversiones previstas vía subvención para la Fundación
Hospital Alcorcón y el Hospital Royo Villanova de Zaragoza, el incremento
es del 40,9 por ciento. Este importante volumen de recursos se orienta a
frenar la descapitalización que en los últimos años sufrían nuestros
centros sanitarios, sin olvidar los de primaria.
El criterio fundamental, observado en la distribución de las inversiones
del Insalud entre las comunidades autónomas sin competencia transferida
en materia de asistencia sanitaria, ha sido el análisis riguroso y
pormenorizado de la infraestructura asistencial actualmente existente en
cada uno de estos entes territoriales, con el fin de garantizar la
equidad de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de
residencia en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud,
mejorar la calidad de los recursos existentes y reducir las desigualdades
territoriales en infraestructuras y equipamiento.
El crecimiento va dirigido a invertir en zonas geográficas más
deficitarias de recursos tales como Baleares, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Castilla y León, para reducir las desigualdades territoriales.
Así, el estudio por comunidades autónomas con mayor crecimiento de
inversiones reales arroja para el período 1998-2001 el siguiente balance
en relación con las realizadas en el período 1992-96: en Castilla y León,
36.900 millones, que representa un 322 por ciento más que en los cuatro
años anteriores; en Castilla-La Mancha, 26.000 millones, un 137 por
ciento más; en Baleares, 18.700 millones, un 90 por ciento más; en
Extremadura, 10.000 millones, un 84 por ciento más; y en Aragón 14.500
millones, un 32 por ciento más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO CERRADO EL
PROCESO PARA LA APLICACION DEL RECETAZO? (Número de expediente
180/001100)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 33,
que formula don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Romay, ustedes basaron su campaña en la transparencia y hoy se
ocultan en la opacidad. Ayer, en la reunión de la Mesa de la Comisión de
Sanidad, con sus votos --sólo con los votos del Grupo Popular--,
bloquearon una vez más la comparecencia del director general de Farmacia,
solicitada en el mes de octubre del pasado año, así como otras
iniciativas del Grupo Socialista que responden a la preocupación y a la
alarma que ustedes han creado en la sociedad.
¿Sabe el señor ministro cuál fue la decisión, decisión-imposición que
adoptó el portavoz de su grupo para que sea objeto de debate en la
Comisión de Sanidad de la próxima semana? Con lo que está ocurriendo en
la calle, señor Romay, vamos a hablar del euro --sí, señor Romay, vamos a
hablar del euro en la Comisión de Sanidad y Consumo-- para conocimiento
del consumidor; iniciativa solicitada por su grupo hace menos de un mes.
Ante tal burla parlamentaria, uno se empieza a preguntar si es que
ustedes, la derecha, comienzan la campaña de brillo y esplendor del euro
y si al señor Aznar le importan la opinión del ciudadano y sus
padecimientos. ¿Se nos va a indicar cuántos euros son los 30.000 millones
que va a pagar de su bolsillo el ciudadano como consecuencia del
recetazo, que, a lo mejor, son 48.000? ¿Cree usted, de verdad, que la
principal preocupación del ciudadano en materia sanitaria es el euro? ¿Es
ésa la transparencia de su grupo: lo que ocurre en la Comisión de
Sanidad, el blindaje del señor Alvarez-Cascos o la contratación del
personal de Alcorcón? ¿Es ésa su actitud, señor Romay? ¿Es que ya se han
olvidado de lo que está ocurriendo en la calle? Por eso, le pregunto si
es que ya ha dado por cerrado el proceso del recetazo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moratalla.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
yo no respondo del orden del día de los órganos del Parlamento y, por
tanto, no tiene que preguntarme nada de eso. De todos modos, le diré que
he comparecido ya sobre estas cuestiones en la Comisión de Sanidad, donde
he explicado los acuerdos con Farmaindustria, y he comparecido aquí para
explicar todas las medidas relacionadas con la ampliación de la lista
negativa de medicamentos. Estamos tratando este asunto con toda
transparencia y con toda normalidad.
Usted habla de la alarma social sobre estas cuestiones. Pues tiene que
preguntarse cuál es el origen de esa alarma y seguramente tendrá que
preguntar a algunos compañeros de partido que estuvieron diciendo que
íbamos a excluir de la financiación pública el Nolotil o el Clamoxil,
cuando era evidente que no era así; les tendrá que preguntar a otros
compañeros de partido que decían que excluíamos de la financiación grupos
completos, cuando saben que no es así. Esas son las preguntas que se
tendrían que hacer para explicar, mejor que el hecho en sí de la lista
negativa, la alarma a que se refiere. Las pruebas de acceso para la
fundación de Alcorcón fueron modélicas. Hoy figura en un medio de
comunicación que Comisiones Obreras dice que hay apariencias de
irregularidad en uno de 736 casos. Si las hay, se van a corregir con todo
rigor, pero ustedes, que fueron protagonistas de asuntos como aquel de
Osakidetza, que seguramente recuerdan algunos, no sé cómo tienen valor
para hablar de las pruebas de selección de Alcorcón, que fueron
absolutamente modélicas.
Nos dejaron una situación verdaderamente lamentable relativa a la
prestación farmacéutica, con crecimientos del 14,5 por ciento anual
acumulativo; con un gasto farmacéutico que pasó de 182.000 millones en
1982 a 888.000 en 1995; con un porcentaje del gasto farmacéutico sobre el
gasto sanitario del 25 por ciento, que es 10 puntos más de las medias
europeas; sin genéricos y sin precios de referencia. La verdad es que nos
pusieron difícil el arreglo de esta cuestión, pero estamos trabajando en
ese aspecto muy seriamente, estamos introduciendo los precios de
referencia, los medicamentos genéricos, y hemos conseguido que en 1997 el
gasto farmacéutico sólo creciera el 4,6 por ciento, que constrasta
favorablemente con crecimientos superiores al 11 y al 12 por ciento, que
era a lo que nos tenían acostumbrados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Moratalla, dispone de 26 segundos.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Aunque se esfuerce, señor ministro, usted no ha escuchado a este
Parlamento, no ha escuchado las manifestaciones ciudadanas, no ha
escuchado a la totalidad de las comunidades autónomas, pero, casualmente,
sí
escucha a Farmaindustria. Lo que firmó el día 19 de enero lo ha
rectificado el 17 de marzo; lo que para 1998 eran 39.000 millones, son
21.000 y lo que para 1999 eran 26.000 millones, son 19.000. Además, les
da un año de prórroga y les permite que lo puedan pagar a plazos y con
comodidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moratalla.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA ISABEL LEIVA DIEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿ADEMAS DE ACUSAR A GOBIERNOS ANTERIORES, SABE USTED YA QUE
VA A HACER PARA QUE AUMENTE EL PRESUPUESTO EUROPEO DEDICADO AL ACEITE DE
OLIVA Y PARA QUE UN PRODUCTOR ESPAÑOL PERCIBA LA MISMA AYUDA QUE UN
GRIEGO O ITALIANO? (Número de expediente 180/001095)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29
que formula doña Ana Isabel Leiva Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor presidente, señora ministra, además de acusar
a Gobiernos anteriores, ¿sabe ya qué va a hacer para que un productor
español perciba la misma ayuda que un griego o un italiano y no cien
pesetas menos por kilo de aceite producido?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Leiva.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señoría, por supuesto que desde el principio el Gobierno
tiene perfectamente claro lo que hay que hacer en la reforma del sector
del aceite de oliva. La que me parece que no tiene las ideas muy claras
es S. S.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señora ministra, le aseguro que tenemos las ideas
muy claras sobre lo que está pasando con este proceso de negociación.
Todos los socialistas queremos que la reforma del aceite de oliva salga
bien; que lo sepa usted y dígaselo a su presidente.
Hay ya un clamor popular que dice: Virgencita, Virgencita, que me quede
como estoy. Por eso le pedimos que pare la reforma que perjudica al
sector olivarero español y beneficia al italiano o al griego. Usted se
equivoca negociando, ministra; está seca de ideas y sólo entiende la
política de gestos. Esa es su forma de negociar, recurre al populismo,
repartiendo aceite en la Plaza Mayor. Se enfrenta al comisario, le lleva
las firmas, incluida la suya, recogidas en contra de su nefasta
negociación y le amenaza además con un referéndum para salir de la Unión
Europea. ¿Dónde se ha visto negociar así?
Quiere ser protagonista de las manifestaciones y en lugar de permanecer
en su despacho negociando, irrumpe en la concentración quitando el
protagonismo a la Mesa del Aceite. Confunde los papeles, usted no es una
ciudadana más, no es una sindicalista ni está en la oposición. Parece que
es la Monja Alférez o Agustina de Aragón, pero no tiene mano de santo; no
espere un milagro. Está en el Gobierno de España y en Europa, créaselo
ministra. Negocie y convenza al resto de sus colegas de la Unión Europea
y consiga parar esta reforma nefasta en el Consejo de Ministros de
Agricultura de la Unión.
Los socialistas tenemos que decirle que ahora le toca a usted y, si no es
capaz de llevar a buen puerto la negociación del aceite de oliva español,
deje paso a otro negociador. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra de
Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señora Leiva, por más que nos acostumbre a estas intervenciones suyas
tanto en Pleno como en Comisión, tengo que decirle que lamento no tener
ningún interlocutor de otro tipo en el Grupo Socialista porque sería
necesario, y en mi labor de Gobierno a veces echo en falta (La señora
Leiva Díez: Nunca nos ha llamado.) el poder hablar con alguien que
razone, que cuando se le den argumentos los evalúe, los considere y a
partir de ahí discuta razonando y escuchando. El problema es que se le
diga a S. S. lo que se le diga es igual, es inútil.
Sin embargo, una vez más voy a intentar explicarle lo siguiente. Se han
sucedido una serie de etapas para conseguir una adecuada modificación de
la OCM para el sector del aceite. De una propuesta inicial de la Comisión
que suponía la ayuda al árbol que ponía en riesgo millones de jornales y
miles de puestos de trabajo, estamos en una propuesta que mantiene la
ayuda a la producción real, con lo cual se garantizan todos los puestos
de trabajo y los jornales que se encuentran en torno al olivar y, además,
con un apoyo de 150.000 millones de pesetas.
Señoría, deje de decir cosas que no son ciertas. Los olivareros españoles
nunca han recibido 150.000 millones de pesetas; este año va a ser la
primera vez que van a percibir 164.000 millones, con motivo de una
campaña récord. Hasta ahora nunca ha sido así, lo más que ha recibido han
sido 120.000 y no se ha perdido un solo jornal; al revés, se han creado
muchos, se han hecho nuevas instalaciones, se ha modernizado el sector.
Tercera cuestión. Además de haber conseguido la ayuda a la producción
real y, por tanto, garantizar los puestos de trabajo y 150.000 millones,
estamos luchando por obtener una cantidad todavía superior que dé cabida
a lo que es la realidad productiva del olivar español en el contexto
europeo, que recoja además la aceituna de mesa, que mantenga el precio de
intervención y que se prohiban las mezclan. En eso es en lo que estamos.
Desde el principio lo hemos tenido muy claro y tenemos una estrategia
negociadora con los distintos países que es lo que nos va a permitir
mejorar la propuesta actual, como hemos mejorado ya desde el principio la
propuesta inicial de la Comisión.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿QUE ACCIONES TIENE PREVISTAS PARA CONSEGUIR QUE NO SE
PRODUZCA UN DESCENSO DE LOS PRESUPUESTOS EUROPEOS DEDICADOS A LAS FRUTAS
Y HORTALIZAS ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/001096)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula doña Teresa
Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el proyecto de presupuesto que ha presentado la Comisión
Europea para los años 2000 a 2006 prevé una disminución del 2,6 por
ciento para el sector de frutas y hortalizas. ¿Qué acciones tiene
previstas para conseguir que no se produzca un descenso de esos
presupuestos europeos para frutas y hortalizas?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cunillera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señoría.
En primer lugar, he de decir que las modificaciones son mínimas respecto
a las previsiones iniciales y obedecen al desarrollo lógico de la actual
OCM de frutas y hortalizas que, como muy bien sabe, está funcionando a
plena satisfacción del sector y ha supuesto que España en este momento
sea el país que se beneficia de mayores fondos para mejorar la
comercialización, la regulación de los mercados y modernizar las
instalaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
La señora ministra, cuando compareció por primera vez en la Comisión de
Agricultura en junio de 1996, afirmó que llegaba la negociación de los
reglamentos pendientes en aquel momento, que estaban en una fase muy
avanzada de negociación, concretamente los de frutas y hortalizas.
Entonces, la ministra dijo que quería dejar muy claro que no podía
tolerar, y en la medida de sus fuerzas no toleraría, un recorte del
conjunto de beneficios completamente justos que disfrutan nuestros
productos dentro del sistema de ayudas compensatorias establecidas por la
PAC.
En aquel momento la señora ministra calificó a la Unión Europea de no
demasiado sólida. Cuando la señora ministra se encargó de la negociación
de la OCM de frutas y hortalizas, es verdad que estaba muy avanzada, pero
contaba con dos cosas muy importantes. Contaba con dos pronunciamientos
de esta Cámara, uno de ellos muy reciente, de la semana justamente
anterior a esa comparecencia, y contaba también con el apoyo de otros
países comunitarios que le podían haber permitido llevar a cabo un remate
de esa negociación mucho mejor de la que resultó al final. La propia
ministra dijo --tenemos amplias declaraciones-- que era claramente
insatisfactorio el resultado final, sobre todo, si hablamos del tema de
los fondos.
Es evidente que el resultado era insatisfactorio para la ministra, pero
lo era también para la gente del sector. Dice usted que ingresan mucho
más dinero, pero las organizaciones de productores se quejan mucho del
resultado que esa OCM les ha dado. Se quejan justamente del poco apoyo
que este Ministerio les está dando cuando se encuentran con severos
recortes en su acceso a los fondos cuando van a hablar con la Unión
Europea.
Usted negocia la primera OCM que podemos entender como enteramente de
este Gobierno, la del aceite, y estamos en el impasse que estamos. Dicen
que ahora
empieza la negociación --no sé qué habremos hecho hasta hoy--, pero si es
verdad que ahora empieza la negociación --habrá que ver en qué
condiciones--, al sector de frutas y hortalizas se le encienden las
alertas, porque encima se les amenaza con un recorte del 2,6 por ciento.
Señora ministra, hoy tiene una ocasión de oro para dejar claro en esta
Cámara que usted no va a tolerar ese recorte y qué acciones va a llevar a
cabo para que eso no suceda así.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Cunillera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señora Cunillera, lo que yo me encontré respecto a la reforma de frutas y
hortalizas fue con la aprobación por parte de mi predecesor de un texto
en el que se planteaba la cofinanciación por parte del Gobierno de
España, cosa que rechacé y que conseguí retirar, con haber aceptado un
fondo operativo que era escasamente flexible y que no permitía dar
solución a los problemas que tenía el sector y con otra serie de
cuestiones como, por ejemplo, que no se contemplaban productos como el
melón o la sandia y algunas otras cuestiones.
Además, se consiguió aumentar el presupuesto en casi 300 millones de
ecus, lo cual suponía un aumento del veintitantos por ciento respecto de
lo que era la cifra inicial. Es verdad que algunas cuestiones no se
pudieron conseguir, por ejemplo, incluir las fresas dentro de la lista de
retirada. Estas cuestiones las digo así de claras, porque reconozco lo
que sale bien y lo que sale mal.
El balance general creo que fue muy positivo para el sector y se mejoró
sensiblemente el dato de partida. De todas formas, quiero decir a S. S.
que lo que a mí me preocupa no es sólo el problema de que haya una
pequeña disminución del 2,9 en frutas y hortalizas, sino que lo que me
preocupa es la discriminación que se produce en la presentación de la
Agenda 2000 entre lo que son sectores continentales y sectores
mediterráneos. Es verdad que en frutas y hortalizas se baja el 2,6, pero
en otros sectores se mantiene congelado, mientras que en el sector de
carne de vacuno, de la leche o del cereal hay unos importantes
incrementos de varios miles de millones de ecus, lo que va a suponer un
mayor desequilibrio todavía en lo que es el apoyo a los sectores
continentales y a los sectores mediterráneos. En ese sentido nos vamos a
pronunciar varios países mediterráneos y espero que, a lo largo de las
discusiones que se produzcan, se consiga un reequilibrio, porque, si no,
se produciría un crecimiento asimétrico de la Unión Europea, que creo que
no beneficiaría a nadie.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON RAMON ORTIZ MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿CUANDO VA A APROBAR EL GOBIERNO EL PROMETIDO PLAN NACIONAL
DE REGADIOS? (Número de expediente 180/001097)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31,
que formula don Ramón Ortiz Molina, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, lleva usted dos años al frente del Ministerio de
Agricultura, que es el ministerio competente en materia de regadíos.
Entendemos que quizá este tiempo es suficiente para poder evaluar la
eficacia de su gestión en esta materia.
Señora ministra, en su primera comparecencia como tal ante la Comisión de
Agricultura anunció un nuevo plan de regadíos, según sus propias
palabras, para enero o febrero de 1997. En marzo de ese mismo año me
contesta por escrito dándome una nueva fecha, el verano de 1997. En
noviembre de ese mismo año su secretario general de Agricultura contesta
en Comisión al señor Chivite, diputado socialista, dando una nueva fecha,
otra vez enero o febrero pero en este caso del año siguiente, es decir,
de 1998.
Señora ministra, estamos a finales de marzo de 1998. Después de dos años
de incumplir sus propias y libres promesas, ¿cuándo, señora ministra, le
toca a los regadíos en España? Incluso preferiría, después de la
experiencia, que no me diera una fecha, que es lo de menos a estas
alturas, pero sí que informara a esta Cámara sobre los verdaderos
propósitos del Gobierno en relación a una política concreta de
inversiones en esta materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortiz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, no le voy a dar ninguna fecha. Tiene toda la razón, yo
dije que estaría para el año 1997 y estamos
en marzo de 1998, pero quiero decirle que en el año 1995, como bien sabe
S. S., el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contrató 17
asistencias técnicas para la realización del citado Plan de regadíos, por
un importe de más de 1.600 millones de pesetas. Con fecha 9 de febrero de
1996 el Gobierno de entonces aprobó el Plan nacional de regadíos
Horizonte 2005, vigente en la actualidad, en el que no se recogieron los
resultados de los estudios correspondientes a dichas asistencias
técnicas, sencillamente porque no estaban realizados.
Hay que decir que los trabajos de dichas contrataciones se han terminado
de entregar a lo largo del año 1997 y que en este momento hay sobre la
mesa un anteproyecto que vamos a empezar a negociar, como corresponde,
con las distintas comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministra.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Señora ministra, lo que el Gobierno socialista
hizo --hay un trasfondo en su explicación que no me acaba de gustar,
porque no se atreve a decir lo que quiere decir y lo quiere dejar entre
líneas-- fue aprobar un Plan de actuación en regadíos de acuerdo con el
avance de los estudios encargados y con la base de información que
existía sobre regadíos de interés general. Y esto, señora ministra,
permitía actuar, máxime cuando se había alcanzado un acuerdo con las
comunidades autónomas en materia de prioridades y compromisos, así como
el visto bueno de la conferencia sectorial, sin ningún tipo de problemas.
Señora ministra, no se refugie, de manera un poco ladina, en la gestión
anterior ante la falta de amparo que encuentra en la suya propia; no se
esconda y afronte de cara su propia ineficacia. Si siguen así, culpando a
los socialistas, al señor Fischler y a todo el que pase por la puerta,
¿qué va a ser de usted el día que no tenga a quien echar la culpa de su
propia incapacidad? Se va a pasar la legislatura sin pena ni gloria en
materia de regadíos, más bien con pena que con gloria, pretendiendo
suplir esa carencia en inversiones reales con discursos, y una cosa,
señora ministra, no compensa la otra.
Señora ministra, mucho me temo que a estas alturas a algunos ministros y
ministras del Gobierno del señor Aznar les está empezando a crecer un
poco la nariz como a Pinocho. Deseo que el tiempo me quite la razón.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ortiz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señor diputado, yo no estoy echando la culpa a nadie, lo
único que digo es que hubo unas contrataciones en el año 1995 que no
fueron entregadas hasta finales del año 1997, y que no se podía culminar
y realizar el Plan de regadíos hasta que no estuvieran hechos esos
trabajos, que fueron --insisto-- encargados por el Gobierno precedente.
Sólo estoy dando un dato objetivo, y punto. Usted es el que califica. Su
señoría es la que entiende que ha habido poca celeridad en los trabajos.
A lo mejor resulta que no se eligieron las empresas adecuadas. No soy yo
quien lo dice, lo dice S. S. Yo lo que digo es que tan pronto se han
tenido los datos, que ha sido a finales de 1997, se ha podido culminar la
elaboración del anteproyecto.
Le quiero decir más. El otro día había prevista una reunión con las
comunidades autónomas, que no se ha podido desarrollar por distintas
razones, pero a lo largo de los próximos meses vamos a negociar con las
comunidades autónomas el Plan nacional de regadíos conforme a estos
documentos y también, obviamente, utilizando lo que está vigente, que es
el Plan 2005, sobre el cual también habrá que trabajar.
Señoría, las inversiones en el sector de regadíos hace ya muchos años que
no son el fuerte de las inversiones del Estado. Con eso nada más le digo
lo que hay. Efectivamente, se aprobó un Plan de regadíos en el año 2005,
pero que no tenía ningún respaldo financiero y ése es uno de los grandes
problemas que tiene el avance 2005. (Una señora diputada: ¡En el 2005!
¡Hala! ¡Hala!) En febrero del año 1996, para más exactitud y corrijo el
lapsus que he tenido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE BLANCO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION:
¿QUE TIENE PREVISTO HACER LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA PARA QUE SE
LE CONCEDA A ESPAÑA UN MILLON DE TONELADAS DE CUOTA LACTEA? (Número de
expediente 180/001098)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32,
que formula don José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como estamos viendo en la sesión de control, sus
fracasos se están convirtiendo en desgracias
para nuestro país, en este caso para nuestros ganaderos, los productores
de leche, que necesitan incrementar en un millón de toneladas nuestra
capacidad de producir en la Unión Europea para así hacer rentables y
competitivas sus explotaciones. En su defensa, señora ministra, usted no
ha ganado el salario. Por eso, dígame: ¿Qué tiene previsto hacer para
conseguir este aumento?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Blanco.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señoría, si hay un caso clarísimo donde el fracaso
estrepitoso, escandaloso y realmente grave corresponde a S. S. y a su
grupo, es el del sector lácteo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!--Aplausos)
Lo que vamos a hacer, entre otras cosas, para poder conseguir ese millón
de toneladas por el cual estamos luchando es lo que no hicieron los
gobiernos del PSOE, que es pedirlo. Vamos a pedir el millón de toneladas,
cosa que no se hizo hasta que llegamos nosotros. (Una señora diputada:
¡Mentirosa!--El señor Pascual Monzó: ¡Blanco, qué morro tienes!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señora ministra, o usted en este tema, como en
tantos otros, es manifiestamente incapaz y sólo mira al pasado olvidando
su compromiso electoral o no sabe negociar para defender los intereses de
nuestro país o bien pertenecemos a países diferentes.
Señora ministra, ¿cómo puede explicar sus declaraciones o las de miembros
de su departamento acerca de que la propuesta de la Unión Europea es
aceptable para España o lo que dice el señor Aznar, jefe de sus filas, de
que España va bien? ¿Les va bien a nuestros ganaderos cuando la
producción láctea en Francia se va a aumentar en 600.000 toneladas de
leche y nuestros ganaderos van a tener que tirar al mar más de 800.000?
¿Les va bien a nuestros ganaderos, señora ministra, que van a ver que las
primas van a ser mayores para las vacas holandesas, por ejemplo, que para
las vacas españolas, en función del criterio propuesto, conocido como
vaca virtual? ¿Les va bien señora ministra a nuestros ganaderos que van a
tener que seguir pagando la supertasa por su política negociadora frente
a otros países como Portugal? (Rumores.--Protestas.--El señor Pascual
Monzó: Pregúntaselo a Romero.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. Señor Pascual, le ruego silencio. (Una señora diputada:
Maleducado.)
Continúe, señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: ¿Les va bien, señora ministra, a nuestros
ganaderos que van a tener que seguir pagando la supertasa frente a otros
países, como Portugal, a los que les sobra cuota asignada y va a ver
igualmente aumentada su producción? ¿Les va bien, señora ministra, a los
ganaderos que, a pesar de todas las dificultades que tienen, van a ver
recortados los precios de intervención en un 15 por ciento? Señora
ministra, ¿cómo nos dice que esta propuesta es buena para España? Esta
era su oportunidad, la de cumplir con su programa electoral. Ha
fracasado, pero la responsabilidad no es solamente suya, es de quien la
mantiene al frente del Ministerio a pesar de su incapacidad negociadora,
del señor Aznar. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señoría, le he oído un remedo de la pregunta que hizo el
otro día el señor Eguiagaray, sólo que versión lechera. Le voy a decir lo
mismo que le dije al señor Eguiagaray: no tiene ninguna razón en lo que
plantea.
Señoría, primero, quien negoció una cuota láctea absolutamente
insuficiente para España fue el Gobierno del señor González, y eso es lo
que tenemos sobre la mesa. Segundo, yo no he dicho que España considere
que sean suficientes las doscientas y pico mil toneladas que se nos
ofrecen con motivo de las negociaciones de la OCM del sector lácteo. Yo
no he dicho eso; lo dirá S. S. Nosotros lo que pedimos es un millón de
toneladas. Lo que digo es que es una ocasión para conseguir, si no ese
millón, una cantidad sustancial. Lo primero que hay que hacer para
conseguir aumentar la cuota láctea es pedir que se aumente como lo hemos
pedido a lo largo de estos dos años, algo que no se había hecho antes,
porque tan sólo había una petición en una tímida carta en plena campaña
electoral por parte del señor Atienza.
Tengo que decir, señoría, que doscientas y pico mil toneladas, que son
las que ya están sobre el papel, que es el 10 por ciento de lo que va a
aumentar toda la Unión Europea, es un avance importante. Estoy de acuerdo
en que insuficiente respecto a un millón, pero es un avance muy
importante. Es más, durante el Gobierno socialista, a pesar de que
faltaba el millón y pico de toneladas desde el principio, lo más que
consiguieron fueron 167.000 toneladas (Una señora diputada: Mentira.) y
para eso hubo que pagar 200.000 millones de pesetas en multas. (Rumores.)
Y las multas las pagan todos los lecheros, todos los ganaderos
que rebasan su producción en toda la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
EL CONTENIDO Y EL ALCANCE DE LA MODIFICACION DEL REAL DECRETO-LEY
419/1991, DE DISTRIBUCION DE LAS QUINIELAS, UNA VEZ CANCELADO EL PLAN DE
SANEAMIENTO? (Número de expediente 180/001086)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 20,
que formula don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, ya hemos manifestado en más de
una ocasión que las sociedades anónimas deportivas y los clubes de fútbol
deben encontrar su forma de autofinanciación, siendo, por lo tanto, sus
socios y accionistas quienes con sus recursos los mantengan a flote. Y
afirmamos también desde el Grupo Popular que deseamos que no haya más
planes de saneamiento, porque el dinero público no debe dedicarse a estos
menesteres.
Por otro lado, también hay que decir que existía una vieja aspiración de
la Liga de Fútbol Profesional, que era la de conseguir un aumento en el
porcentaje del reparto de la recaudación de las quinielas, cuya
pretensión y negociación nos consta, porque así lo manifestaron ellos,
estuvo en la mesa del anterior Gobierno. Pero fue en la campaña electoral
de 1996 cuando el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, José
María Aznar, manifestó que se estudiaría esa posibilidad si el Partido
Popular ganaba las elecciones y si los clubes cancelaban la deuda del
Plan de saneamiento, ya que algo tenía que ver su participación en la ya
tradicional quiniela. Como es obvio, estas dos circunstancias se han
cumplido.
Por lo tanto, la modificación del real decreto obedece a un compromiso
electoral, que además asegura el pago de las obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social de los clubes, si éstos quieren ser beneficiarios
precisamente de dicha modificación.
Una vez dicho esto y como al parecer siempre hay algún responsable
político interesado en desvirtuar la realidad de las cosas, que ha
llegado a decir que la modificación del decreto de las quinielas es el
pago del silencio de los clubes durante la tramitación de la llamada ley
del fútbol, Es por lo que hemos creído conveniente, señora ministra,
desde el Grupo Popular, que explique en este Pleno, con luz y
taquígrafos, cuál es el contenido y alcance de la modificación del Real
Decreto-Ley 419/1991, de distribución de las quinielas, una vez cancelado
el Plan de saneamiento, para que así los especuladores de la palabra no
puedan utilizar argumentos falaces con la única intención de confundir a
la opinión pública y de esta manera utilicen la ficción exclusivamente
para literatura y no para hacer política.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como ya manifesté en esta misma Cámara en el Pleno del 30 de
octubre de 1996, una vez que se hubiera cancelado, anticipadamente o no,
la deuda que los clubes de fútbol mantenían con el Estado, estudiaríamos
la procedencia de modificar el real decreto de quinielas. Como SS. SS. ya
conocen, el 4 de febrero pasado, tras una serie de negociaciones entre el
Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional, se procedió
por parte de ésta a la cancelación anticipada del Plan de saneamiento, de
las deudas que los clubes tenían contraídas con la Hacienda pública, la
Seguridad Social, el Banco Hipotecario y el propio Consejo Superior de
Deportes. Una vez que se canceló, el Gobierno propuso la modificación de
ese real decreto, que finalmente fue aprobado por el Consejo de Ministros
del pasado 20 de febrero. En este real decreto se reconoce el
protagonismo que los clubes tienen en las apuestas y responde además al
criterio del Gobierno de que los clubes de fútbol se acerquen en lo
posible a la autofinanciación. Aquí hay que resaltar que del cien por
cien de la recaudación de quinielas, a la Liga de Fútbol Profesional le
va el 10 por ciento, y de ese 10 por ciento un 30 por ciento se destina a
la construcción, ampliación, remodelación, mejora y conservación de los
estadios y las instalaciones deportivas. (El señor Leguina Herrán: Así se
le pagan los favores.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
ministra.
Señor Leguina, le ruego permita contestar a los miembros del Gobierno y
después S. S. expresará como quiera su aprobación o rechazo. Les ruego
que guarden silencio.
Puede continuar señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Del
cien por cien de la recaudación el 10 por ciento va a la Liga de Fútbol
Profesional, y de ese 10 por ciento un 30 por ciento tiene que destinarse
obligatoriamente a construcción, ampliación y remodelación de los
estadios. Esto supone un beneficio para los espectadores aficionados y un
mejor cumplimiento de los requisitos de seguridad y prevención de la
violencia en los recintos deportivos. Y además hay una modificación muy
importante, señoría, que me alegra poder destacar aquí, que es que el uno
por ciento de esa recaudación se va a destinar a la promoción del fútbol
no profesional, y con ese fin se va a articular un convenio con la Real
Federación Española de Fútbol para construir infraestructuras y apoyo a
las selecciones nacionales de categoría inferior a la Sub 18, Sub 21 y
Sub 23. Por tanto, señoría, no es posible que los clubes dediquen este
incremento que se les da en la participación en la quiniela a lo que se
ha llamado el fichaje de las grandes estrellas. Ningún club podrá ser
beneficiario si no está al corriente de sus obligaciones fiscales,
tributarias y con la Seguridad Social, porque además, en caso de no
estarlo, se comunica el incumplimiento a la Agenica Tributaria y a la
Seguridad Social. Por tanto, hemos conseguido que los clubes cancelen sus
deudas con la Administración y hemos dado un gran paso para mejorar la
financiación del fútbol.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS EDUCATIVAS HA
ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTES DE CERRAR LAS TRANSFERENCIAS
EDUCATIVAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL ARTICULO 143 DE LA
CONSTITUCION? (/Número de expediente 180/001101)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 34,
que formula doña Clementina Díez de Baldeón, del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora Diez de Baldeón tiene la palabra.
La señora DIEZ DE BALDEON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué medidas educativas ha adoptado o piensa adoptar el
Gobierno antes de cerrar las transferencias educativas a las comunidades
autónomas del artículo 143?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): La señora ministra
de Educación y Cultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Educación y
Cultura está adoptando todas las medidas que considera necesarias para
mejorar la calidad de la enseñanza.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): La señora Díez de
Baldeón tiene la palabra.
La señora DIEZ DE BALDEON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, parece que su hobby es el golf, pero está demostrando
tener también una gran afición a los jardines; no sale de uno y ya se
está metiendo en otro. Lo malo no es que usted vaya de flor en flor, es
que hace ahora que vayan también detrás de usted otros miembros de la
comunidad educativa, y además éste es el peligro porque estamos en
primavera. Su campo de experimentación favorito parecen ser en los
últimos meses las sufridas comunidades autónomas del artículo 143, a las
que usted no sólo no transfiere las competencias educativas, sino que
trabaja con tesón para prepararles un panorama sembrado de conflictos,
del que deberán hacerse cargo dentro de poco. Sólo voy a hacer un
brevísimo repaso. Un día se le ocurre el real decreto de centros
integrados, que posibilita volver, a través del túnel del tiempo, a las
escuelas unitarias, al mezclar en el mismo aula a alumnos de cursos y
niveles diferentes. Otro, nos prepara la posibilidad de la jornada
intensiva, que ha provocado la repulsa de los padres y de una buena parte
de la comunidad educativa. Y el último, autoriza a que los centros puedan
seleccionar a los alumnos por el expediente. Por cierto, haciendo un
verdadero papelón, el Ministerio retira esta medida precisamente el mismo
día, ayer, que aparecía publicada en la prensa. Sólo parece, señora
ministra, que acierta cuando rectifica.
En fin, señora ministra, estos son sólo algunos ejemplos del brillante
ramillete primaveral que usted ofrece a las comunidades autónomas que
tienen pendientes aún las transferencias. ¿Ha pensado, señora ministra,
en algún otro regalito de este tipo? ¿Qué medidas nos tiene reservadas?
No nos sobresalte más, señora ministra, no ganamos con usted para sustos
(Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe muy bien don Joaquín Leguina, que está sentado a su
lado, a mí me han gustado siempre muchísimo los jardines. He tenido el
honor de plantar en las calles de Madrid cientos de miles de árboles
y millones en los parques. (Rumores.) Por tanto, señoría, si lo que
pretendía era dirigirme un insulto, S. S., desde luego, se ha equivocado,
me entusiasman los jardines. (Rumores.--Varios señores diputados: ¡Muy
bien!) Cuando S. S. deje de tergiversar sobre las intenciones que
presuntamente alberga el Ministerio, con mucho gusto le explicaré las
medidas que el Ministerio está adoptando para mejorar la calidad de la
enseñanza. La primera de ellas, incrementar en este año el presupuesto de
educación en un 6,8 por ciento. Como le dijo el otro día el ministro de
Administraciones Públicas, una cifra récord desde que se aprobó la Logse
en el año 1990, máxime en un año en que la inflación ha sido del 2 por
ciento.
Segundo, este año, por ejemplo, hemos aprobado un Plan de inversiones de
más de 40.000 millones de pesetas, que nos va permitir construir nuevos
institutos, sustituir aquellos centros de primaria que habían quedado
obsoletos, construir centros de infantil, atender debidamente a las
poblaciones que más lo necesitan, dotar de especialistas a todos los
colegios de primaria de España --por primera vez tendrán profesor de
inglés, profesor de música y profesor de educación física--, dotar de
departamento de orientación a todos los institutos de España, dotarles de
nuevas tecnologías, conectar a Internet a más de 80 por ciento de ellos
y, en definitiva, señoría, le vuelvo a repetir --aunque sé que S. S. ni
siquiera me escucha, por tanto es difícil que no me tergiverse cuando me
atribuye intenciones--, lo que desde luego no piensa hacer el Ministerio
de Educación es imponer la jornada continua a los padres, como ha hecho
el Partido Socialista en Andalucía. (Aplausos.--Varios señores diputados:
¡Muy bien!)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PREVE
IMPULSAR PARA SUPERAR LA CRISIS QUE SUFRE EL SECTOR LACTEO, Y
CONSOLIDARLO COMO UN SECTOR COMPETITIVO Y CON FUTURO. (Número de
expediente 172/000077)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto V del orden
del día. Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
medidas que el Gobierno prevé impulsar para superar la crisis que sufre
el sector lácteo y considerarlo como un sector competitivo y con futuro.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra, el Bloque Nacionalista
Galego pretende con esta interpelación discutir una vez más en este
Congreso, y probablemente no será la última, acerca de la problemática
que sufre el sector lácteo, discutir sobre cuál es al política del
Gobierno para hacer viable este sector, para asegurar su futuro como un
sector dinámico, competitivo, capaz de generar empleo y riqueza. Un
sector que tiene una gran importancia económica y al que, sin embargo, se
le presta poca atención en comparación con la que se le dedica a otros
sectores agrícolas. Por poner un ejemplo, el peso del sector lácteo
español en la producción final agraria es mayor que el del aceite y, sin
embargo, no merece, ni por asomo, la misma atención desde el punto
político ni informativo. Además, el sector lácteo es estratégico, como
usted sabe, es fundamental para el desarrollo económico y, por tanto,
para el empleo de algunas comunidades autónomas, entre ellas, de una
manera singular, para la Comunidad Autónoma de Galicia.
El sector lácteo en Galicia genera aproximadamente 70.000 empleos
directos, provoca importantes efectos inducidos y contribuye a que las
zonas rurales no se despueblen. La economía de comarcas enteras de
Galicia gira alrededor de la producción de leche y si esa producción se
limita, los efectos económicos y sociales serán, indudablemente, muy
negativos.
El sector lácteo, a pesar de lo que algunas voces interesadas afirman, es
un sector con posibilidad de desarrollarse y de competir, si no se le
ponen trabas políticas para hacerlo. La experiencia de la última década
así lo confirma. A pesar de la incertidumbre, el sector lácteo no
retrocedió, sino que aumentó su capacidad de producir y además a precios
competitivos. Los productores hicieron notables esfuerzos e inversiones
en mejoras genéticas, en adaptación a las normas de calidad, etcétera,
pero este sector precisa continuar su proceso de desarrollo para superar
las deficiencias que aún presenta, tanto a nivel de producción como de
transformación. Y para eso lo fundamental es que se le apoye
políticamente, no que se le pongan trabas, que es lo que, desde nuestro
punto de vista, está haciendo el Gobierno aplicando la supertasa y
tratando de que se ajuste la producción a la cuota actual, una cuota que
todo el mundo reconoce que es injusta e insuficiente. La cuota asignada
al Estado español por la Unión Europea ni siquiera cubre la demanda
interna, mientras otros países europeos disponen de cuotas muy superiores
a su propio consumo. Los causantes de los excedentes lácteos en Europa no
son los ganaderos españoles, sino otros. Las consecuencias de este
régimen de cuotas injustas no
las deben pagar quienes no son los causantes de los excedentes.
El sector lácteo es un sector con posibilidad de desarrollo, con
capacidad de competir y, sin embargo, está en crisis, cuando menos en
Galicia, como consecuencia, fundamentalmente, de la aplicación a los
ganaderos de la supertasa. Y habrá que preguntarse qué es lo que nos
condujo a esta situación. En primer lugar, la mala negociación realizada
por el Gobierno en el aumento de la entrada del Estado español en el
Mercado Común Europeo, aceptando una cuota insuficiente y
discriminatoria, una situación de partida que apenas varió a lo largo de
los años. En segundo lugar, la incapacidad demostrada por el Gobierno
actual para modificar la distribución adoptada en su día. El actual
Gobierno se limita a afirmar que demanda ante los organismos europeos el
aumento de la cuota española en un millón de toneladas. No sólo no lo
consigue, sino que nosotros afirmamos que esa demanda más bien se hace
para la galería, más para dar esperanzas a unos ganaderos, que ven cómo
se imponen límites a su producción, a su capacidad de producir, que como
una política de fondo del Gobierno. Basta ver cuál es la actitud del
Gobierno frente al problema del aceite, que nosotros no cuestionamos, y
frente al problema lácteo, algo que es constatable. Mientras las
decisiones europeas acerca del aceite el Gobierno, con mayor o menor
fortuna, las combate, ante el problema lácteo llama a los ciudadanos a
aceptar lo que Europa decide.
No sólo eso, el Gobierno ejecuta las directrices europeas para el sector,
consistentes fundamentalmente en que los ganaderos ajusten la producción
a la cuota actual, y para lograrlo aplica la supertasa. Y en esta línea
lleva empeñado los dos últimos años, si bien acabó transigiendo con
respecto a la campaña 1995-1996, porque había un proceso electoral
autonómico en Galicia. Pasado ese proceso electoral, vuelve a la carga,
intentando el cobro de la supertasa a los ganaderos, a pesar de los
recursos presentados por los primeros compradores. Y las multas son
considerables, a pesar del intento de minimizarlas, afectando a un
considerable número de personas. La cuota disponible por explotación es
tan baja que el sobrepasamiento es casi inevitable.
El argumento del Gobierno para aplicar esta política es que hay que
cumplir lo que marca Europa; en esencia, ser leales con nuestros socios.
Hay que poner orden en el sector como paso previo a las demandas, además
de que el pago de la supertasa no se puede evitar, porque Europa nos
obliga. Si no se paga, se detraen fondos europeos para el sector. Desde
nuestro punto de vista, la aplicación por el Gobierno de esta política
conduce inevitablemente a la destrucción de una parte importante del
sector --y si no veamos ya los abandonos que se están produciendo--, y lo
que es peor, a impedir el desarrollo de un sector con posibilidades y,
por tanto, a dar satisfacción a los Estados europeos excedentarios, que
ven aparecer un competidor molesto y al que es necesario frenar para su
mayor tranquilidad. Es una evidencia que es necesario para ellos que aquí
no se produzca para así garantizarse el acceso a un mercado deficitario
como el español, además de lo dicho, que no pueda desarrollarse un sector
lácteo que es capaz de competir con ellos no sólo en calidad, sino en
precio, y eso a pesar de que las ayudas económicas recibidas por las
explotaciones europeas antes y después de la implantación del sistema de
cuotas es infinitamente superior a la que reciben nuestros productores.
Hay que decirlo con claridad, defender la aplicación de un sistema de
cuotas como el actual significa perjudicar los intereses de nuestros
ganaderos en beneficio de los otros países, significa especialmente
cortar la posibilidad de desarrollo de un sector lácteo, en concreto del
sector lácteo en Galicia, que es un sector clave y para el que no hay
alternativas de empleo. Es un ataque a la economía de un país periférico
como el mío, que hace un esfuerzo por salir del atraso a través del
intento de sanear un sector como el lácteo, para el que tiene
posibilidades, que una vez más se pueden ver frustradas por decisiones
políticas ajenas.
Esta es su misión con las directrices europeas, señora ministra, ¿a
cambio de qué? Desde luego, a cambio de nada que beneficie a una
comunidad como la de Galicia, pero, lo que es peor, por lo que parece,
tampoco a cambio de mejoras para otros sectores agrícolas del Estado.
Al intento del Gobierno de aplicar el actual sistema de cuotas, ¿cómo
responde la Unión Europea? ¿Es sensible acaso a la situación que el
vigente sistema de cuotas provoca desde el punto de vista económico y
social? ¿No conoce acaso el señor Fischler que la cuota asignada a España
es injusta e insuficiente para desarrollar nuestro sector lácteo? La
Unión Europea, señora ministra, responde a ese rigor del Gobierno
aplicando una política continuista, manteniendo el statu quo actual y
defendiendo los privilegios de aquellos países que constituyen el núcleo
dominante de la Unión. Y a la vista está. Las propuestas de la Comisión
respecto al sector lácteo, respecto a la Agenda 2000 consisten
sustancialmente en reducir los precios en un 15 por ciento; en ayudas
compensatorias a los productores, que se calcularán dividiendo la
cantidad de referencia individual por el rendimiento lechero medio de la
Comunidad --sistema por el que saldremos perjudicados--; en mantener el
sistema de cuotas hasta el 2006, dejando claro que tarde o temprano
desaparecerá ese sistema como consecuencia de los acuerdos del GATT --y
esto es muy importante, el sistema de cuotas acabará desapareciendo--, e
incrementar la cuota global de la Comunidad en un 2 por ciento
--destinado a productores de montaña y jóvenes, que ya veremos cómo se
distribuye--, en principio, con un aumento lineal en función de las
cuotas disponibles de cada país.
El panorama que se traza con esta política a mí me parece que está claro:
se mantiene el actual sistema de cuotas; se consolida así la situación de
privilegio de los países excedentarios; se contribuye a eliminar la
competencia interna en la Comunidad --y los países excedentarios se
quedarán con la producción y con la mayor tajada de las ayudas
económicas-- y propone incrementos de cuotas que en el caso del Estado
español ni siquiera alcanzarían para cubrir la producción de una
comunidad autónoma como Galicia, una comunidad que, como usted sabe,
precisaría, aproximadamente, 350.000 toneladas para cubrir su producción
actual. Por tanto, profundiza las diferencias existentes. Y todo ello,
como decía, en el horizonte de la apertura de mercados y de la
desaparición del sistema de cuotas. Esta política permitirá a esos países
excedentarios estar mejor posicionados ante esa coyuntura y dejará sin
capacidad de reacción a aquéllos como nosotros, a quienes se les impide
durante este tiempo fortalecerse y tomar posición en los mercados.
Nosotros creemos que la política europea actual es contraria a nuestros
intereses y que, por tanto, el Gobierno debe combatir contra esa política
con todas sus fuerzas y no aceptarla ni aplicarla, como parece empeñado
en hacer. El Gobierno debe cambiar su política para el sector antes de
que sea demasiado tarde. La única política posible consiste en considerar
al sector lácteo como un asunto de Estado y no aplicar la supertasa en
tanto en cuanto la cuota disponible no permita a nuestros ganaderos
producir en igualdad de condiciones.
Cuando pedimos esto, se nos dice que pedimos que no se cumplan las
normas, que queremos favorecer a unos pocos defraudadores o que queremos
estar sólo a las maduras y no a las duras. Y nada de eso. Queremos
simplemente que se nos dé la oportunidad de producir, de vivir de nuestro
trabajo con dignidad. Queremos pertenecer a la Unión Europea, pero en
condiciones de igualdad. No queremos ser un país de subvencionados o
emigrantes. Y queremos que el Gobierno defienda nuestros intereses como,
por cierto, lo hacen otros Estados miembros de la Unión con los suyos.
Vean, si no, señoras y señores diputados, qué respetuosos se muestran
muchos Estados miembros con las normas comunitarias cuando sus intereses
se ven afectados. Podemos hablar del asunto de las vacas locas o --un
asunto semejante a éste-- de la actitud del Gobierno italiano respecto al
pago de la supertasa; un Gobierno que acuerda pagar la supertasa a sus
ganaderos, diga lo que diga Europa. Creemos que cuando una ley o una
norma es injusta, cuando es perjudicial, hay que luchar por cambiarla.
Luchar. En la lucha se puede ganar o perder, pero como se pierde seguro
es no haciéndolo.
Señoras y señores diputados, el sistema de cuotas instalado en la
Comunidad a partir de 1984 puede ser adecuado --y sin duda lo es-- para
los países que en esa fecha contaban con un sector lácteo desarrollado,
pero no lo es para aquéllos que en ese momento tenían un sector con
fuertes deficiencias estructurales y que una gran parte de su potencial
productivo estaba por desarrollar. En ese caso, si el sistema de cuotas
no se aplica con flexibilidad, supone un lastre para su desarrollo.
Y, señora ministra, si la Unión Europea no está dispuesta a modificar el
actual sistema de cuotas --y parece que así es--, es hora de ir
planteándose oponerse a ese sistema; es evidente. La no aplicación de
facto del régimen de cuotas entre los años 1986 y 1992 permitió el
desarrollo del sector lácteo español y singularmente el sector lácteo en
Galicia, pero esa situación se modifica cuando se plantea ya en la
campaña 1993-1994 aplicar el sistema y la supertasa. La producción deja
de crecer, tiende a estabilizarse y, aun así, sólo en Galicia --como
decía-- la producción actual excede en, cuando menos, 350.000 toneladas
la cuota asignada.
En el Bloque Nacionalista Galego queremos que nuestra gente pueda vivir
con dignidad de su trabajo. Por tanto, proponemos --y así lo haremos en
la moción subsiguiente-- que no se aplique la supertasa a los ganaderos
en tanto no se modifique el actual régimen de cuotas, es decir, en tanto
no se consiga una cuota que permita desarrollar nuestro sector lácteo, y
exigimos al Gobierno que defienda al sector lácteo y que no se limite a
dar por buenas o por inevitables las directrices de la Unión Europea. El
Gobierno, hasta ahora, propone otra política: aplicar las cuotas y la
supertasa, sin conseguir previamente el incremento de ese famoso millón
de toneladas. Con esta política, nosotros creemos que el sector lácteo, y
en concreto el sector lácteo de Galicia, está condenado a verse reducido
en gran medida. Explíquenos, señora ministra, cuál es el futuro del
sector lácteo con esta política que usted propone. Nosotros no lo vemos
y, desde luego, muchos ganaderos, tampoco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Vázquez.
Señorías, varias veces hemos manifestado todos en la Cámara que la cuota
asignada a nuestro país en el momento de la adhesión resultaba
absolutamente insuficiente, que pasar de los 5.400.000 toneladas a los
5.567.000 que tenemos en este momento, ese aumento de 167.000 toneladas
que se produce cuando el señor Solbes era ministro de Agricultura, sigue
siendo claramente insuficiente, y que eso crea unas tensiones tremendas
dentro del sector español, especialmente --y
en esto tiene razón S. S.-- dentro del sector lácteo gallego. Es evidente
que esto crea conflictos, crea malestar en los ganaderos españoles y que
la aplicación de la normativa comunitaria provoca dificultades.
Pero, señoría, aquí hay varias cosas que hay que dejar muy claras. En
primer lugar, S. S. tiene que saber, y estoy segura de que lo sabe, que
los reglamentos comunitarios son de aplicación directa en los distintos
Estados miembros. Por lo tanto, el reglamento comunitario en el que se
regula toda la cuestión del sector lácteo es de directa aplicación; el
sistema de cuotas, el de sobrepasamientos y las sobretasas aplicables en
su caso. Son de aplicación directa. Y S. S., que está en esta Cámara y
que es un legislador, tiene que ser el primero en exigir el cumplimiento
de la ley, nos guste o no. Estamos obligados, como he reiterado, a su
cumplimiento, estamos obligados a respetar las reglas. Las reglas de las
cuotas que, por otro lado, tienen otra serie de beneficios, y S. S. lo
sabe muy bien. Gracias a la existencia de unas cuotas asignadas a los
distintos países se mantienen unos precios en el sector lácteo; si no,
seguramente tendrían unos precios inferiores.
Tengo que añadir que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha recibido una carta de emplazamiento por parte de la Comisión pidiendo
explicaciones por --y cito textualmente-- dispensar a los productores
nacionales un trato privilegiado y discriminatorio en relación a los
productores del resto de los Estados miembros de la Unión, en función del
retraso en el abono de la tasa suplementaria en que a juicio de la
Comisión vienen incurriendo los productores españoles.
Señoría, el sobrepasamiento, la sobretasa, la pagan en todos los países
de la Unión, los ganaderos de todos los países de la Unión, y, nos guste
o no nos guste, también la tienen que pagar, y de hecho están empezando a
pagarla, los ganaderos de nuestro país, porque esas son las reglas y
hasta que no se cambien esas reglas hay que aplicarlas.
Hay cosas en las que discrepo respecto a lo que ha dicho S. S. Insisto en
que no es potestativo del Estado español la aplicación o no aplicación de
la tasa suplementaria. Y creo además que hacer ese tipo de discurso
genera confusión en los ganaderos y no conduce a ninguna solución
razonable. Dice que las dificultades ocasionadas por la aplicación del
régimen de la tasa suplementaria son las causantes del abandono del
sector, y tengo que decirle que eso no es así.
La experiencia acumulada desde el año 1986, contrariamente a lo que dice
S. S., habla de otras cuestiones. Hay que recordar que cuando se intentó
asignar a los ganaderos la cuota, insuficiente, que se había atribuido a
España y que se comprobó que era imposible en aquel momento --estoy
hablando de recién entrados en la Unión-- sin provocar unas graves
tensiones en el sector, el entonces titular del ministerio optó por la
solución más fácil a corto plazo, que era sencillamente negar la
evidencia y no aplicar las cuotas.
En esa situación, el resultado fue, a pesar de la no aplicación de
cuotas, un importantísimo abandono del sector, y ahí están las
estadísticas de la salida de personas del sector lácteo; unos precios de
la leche al productor a la baja; un claro envejecimiento de los
ganaderos; la reducida dimensión de las explotaciones, que no se
reestructuraron, y un bajo rendimiento por vacas. Eso se produce sin que
se apliquen las cuotas.
Es en el año 1992, como ha dicho S. S., cuando se hace cargo del MAPA el
señor Solbes, cuando se reconduce esta situación y cuando se plantea
aplicar las cuotas a los ganaderos. En ese momento teníamos en España una
media de 8,2 vacas por explotación, un rendimiento por vaca y año medio
de 4.000 kilos y un precio de 36 pesetas por litro de leche. Señoría,
desde 1992, o desde 1993, que es cuando se empieza a aplicar el sistema
de cuotas, hasta hoy, las estadísticas dicen una cosa muy distinta a lo
que ha dicho su señoría. Lo que ha supuesto ha sido que en este momento
se haya aumentado a trece vacas de media por explotación, a 4.800 kilos
de media por vaca, y un precio medio de 45 pesetas por litro de leche.
Tengo que decirle, señoría, que no parece razonable culpar a la
aplicación de la reglamentación comunitaria del abandono o de la mediocre
estructura y la baja competitividad del sector, sino que aquí lo que ha
habido ha sido una falta de una política sectorial, de una política para
el sector lácteo y una falta de respeto de lo que son las reglas del
juego, cuestión que hubiera permitido a los ganaderos en su momento
haberse adaptado mejor a la situación.
En este momento, planteamos una serie de medidas de apoyo al sector. Se
han dado ya varios pasos en esta dirección y seguimos trabajando con las
comunidades autónomas en distintos terrenos, puesto que, como muy bien
sabe S. S., hay una cuestión de reparto competencial. Primero, el
Gobierno ha reiterado en cuantas ocasiones se ha tratado el sector lácteo
la necesidad de aumentar en un millón de toneladas la cuota asignada a
España. No es, ni mucho menos, una petición retórica; es una petición
efectiva, justificada y que se reitera en cada ocasión.
Señoría, hace referencia a si sale más o sale menos en los medios de
comunicación. Eso no es responsabilidad mía, compréndalo, no es
responsabilidad mía. Segunda cuestión, hasta ahora no ha habido sobre la
mesa una propuesta que nos permitiera discutir a fondo el sector lácteo;
sin embargo sí había una propuesta que no es que nos permitiera, es que
nos obligaba a discutir sobre el sector del aceite. Esa es la única
razón. En este momento, una vez que se pone sobre la mesa una propuesta
de modificación del sector lácteo vamos a entrar mucho más a fondo. Y en
esa propuesta no se recoge el millón de toneladas, pero indudablemente se
plantea un aumento de la cuota de producción para la Unión y, al hilo de
ese aumento de la
cuota de producción, nosotros esperamos, si no conseguir el millón de
toneladas, conseguir un avance muy sensible para lo que es la cuota
española.
Entre tanto, mientras se discute la OCM del sector lácteo, en
coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, especialmente
con aquellas de la cornisa cantábrica, que es donde el sector lácteo
juega un papel más importante --como muy ha dicho S. S., en Galicia es
una de las producciones lácteas más importantes, quizás el número uno
dentro de lo que es la producción final agraria gallega, junto con el
sector cárnico--, se han adoptado una serie de acuerdos encaminados a
apoyar a las explotaciones y a buscar unas estructuras y unas dimensiones
suficientemente razonables.
Me refiero ahora al mejor cumplimiento de lo que es la normativa
comunitaria, que --insisto-- no es graciable, es una cuestión que nos
viene impuesta y que no nos queda más remedio que cumplir. La cuestión es
la aplicación de una retención obligatoria a todos los productores desde
el momento en que sobrepasen su cantidad de referencia individual. Esto
es una medida para dar estabilidad al sector y garantías a los
productores. Sabe S. S. que esto es una posibilidad arbitraria por parte
de los primeros compradores, que la están aplicando de una manera
totalmente arbitraria, sin ninguna garantía para el propio productor. Por
tanto, lo que planteamos son unas reglas de juego claras y perfectamente
establecidas, donde se produzca, en cuanto se soprepase lo que es la
cuota asignada, un porcentaje de retención, no el cien por cien, en
función de lo que hayan sido los sobrepasamientos de años anteriores,
obligatoria para aquellos productores que siguen produciendo por encima
de su cuota, precisamente para que luego, una vez efectuadas todas las
compensaciones, si hubiera todavía un soprepasamiento, se pudiera hacer
frente directamente, sin mayor trauma, al pago de esas cantidades.
Establecimiento y el mayor rigor en cuanto a los requisitos para la
autorización de los primeros compradores. Señoría, lo que pretende esto
es garantizar la solvencia de los que operan en el sector, dada su
importante participación en lo que es todo el sistema, participación
impuesta por los reglamentos comunitarios en la gestión del régimen y
recaudación de la tasa suplementaria y, por tanto, de lo que es la clave
de todo, que es la aplicación del sistema de cuotas.
Señorías, estas medidas, que ya han sido consensuadas, se complementaran
con la intervención de las administraciones, ministerio, comunidades
autónomas, en apoyo de las explotaciones que tengan vocación de
permanencia, a fin de conseguir su dimensión rentable y mejorar sus
posibilidades de competir en un mercado cada vez más liberalizado y en
una futura situación de precios a la baja que, como muy bien ha dicho S.
S., previsiblemente se va a producir y es lo que contempla en principio
la propuesta de modificación de OCM, que se va a presentar para su
discusión en el Consejo de Ministros el próximo día 31. Para ello lo que
se va a crear es un fondo nacional de cuotas lácteas, que permitirá el
acceso a cuotas en condiciones ventajosas a las explotaciones que reúnan
determinadas características y que se desarrollará en base a programas de
abandono indemnizados y al reparto dirigido de las cantidades que se
integren en la reserva nacional. Se pretende así movilizar entre 300.000
y 400.000 toneladas de cuota en los próximos tres años, facilitando la
salida del sector preferentemente a las explotaciones a las que no les es
posible adaptarse a las exigencias de calidad impuestas por la Unión
Europea y a los productores de mayor edad --sabe S. S. que uno de los
problemas que tiene el sector, y muy especialmente en Galicia, es un
problema de envejecimiento, ya que tenemos más del 50 por ciento del
sector que soprepasa los 55 años de edad--, con el claro objetivo de
avanzar con rapidez en la mejora de las estructuras de la producción y
rentabilizar lo más eficazmente posible los recursos económicos
destinados al sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Termino, señor presidente.
Estas actuaciones, señorías, se acompañarán de otras medidas relativas a
las indemnizaciones compensatorias por el cese anticipado de la actividad
agraria que se pretenden compatibilizar con las indemnizaciones por
abandono de la producción láctea, estudiándose en estos momentos la
posibilidad de extender sus beneficios a los productores con una edad
comprendida entre los 55 y los 60 años. Asimismo, se prevé dotar
económicamente un programa de apoyo a la mejora integral de las
explotaciones de producción de leche y compradores autorizados,
cofinanciado con las comunidades autónomas, dirigido especialmente a la
mejora de la calidad, a la adaptación a las exigencias medioambientales y
a la mejora de las condiciones tecnico-económicas.
Todas estas iniciativas se incluyen en el proyecto de real decreto de
modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo, que se
encuentra ya en fase última de discusión con las comunidades autónomas y
el sector y que previsiblemente se publicará dentro de dos o tres meses,
una vez que pase el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y demás
trámites pertinentes.
Señoría, y termino, señor presidente, ahora tenemos sobre la mesa la OCM
de reforma del sector lácteo y ahí es donde estamos planteando la
necesidad de un aumento de un millón de toneladas. Tenemos una
oportunidad y estoy segura de que vamos a conseguir un aumento
sustancial, por cuanto, en función de las conversaciones mantenidas hasta
el momento por parte de los responsables del ministerio con la Comisión,
los criterios que se contemplan en esa reforma benefician a España frente
a otros países y contemplan un mayor aumento de lo que en principio
correspondería por una aplicación proporcional, sin más, de un reparto de
cuota, del aumento de cuota, entre los distintos países.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señora ministra, con todo el
respeto, a mí me parece que usted persiste en el error. Y eso de que el
tiempo dará o quitará razones en este caso sirve de poco, porque de poco
valdrá tener razón al cabo de los años si no aplicamos la política
correcta en este momento.
Usted reconoce que hay cuota insuficiente, que hay un problema en
especial en Galicia, y luego pasa ya a las consideraciones que
normalmente usted hace. En primer lugar, dejar muy sentado que hay que
exigir el cumplimiento de la ley. Y yo me pregunto, ¿incluso si esa ley
acaba con un sector como el nuestro?
No sé si usted compartirá conmigo o no que otros gobiernos hacen lo
posible por modificar esas leyes y se saltan las normas europeas cuando
interesa para la defensa de sus sectores. Y lo hacen con toda
tranquilidad. Usted observará cómo se queman camiones y vaya a pedir
responsabilidades al Gobierno francés. Y así sucesivamente. Los ingleses
procuran que sus vacas locas, con el problema de salud que hay, se
exporten, y los italianos pagan el montante de la supertasa, por mucho
que el señor Fischler les llame al orden, porque mientras el señor
Fischler les llama al orden o deja de llamarles los productores italianos
siguen produciendo, y los nuestros con su política dejarán de hacerlo.
Lo fundamental es discutir el problema político de fondo, no quedarnos un
poco en las ramas de si hay que cumplir, si no, si vamos a tomar no sé
qué medidas. El problema fundamental es, señora ministra, si con la
política que usted pretende aplicar al sector ese sector se va a
reforzar, va a ver aumentada su capacidad de producir y competir, o se va
a convertir en un sector más raquítico. Si ese sector va a tener más
capacidad de competir, va a estar mejor preparado en el momento, por
ejemplo, en que el sistema de cuotas desaparezca; si los europeos
excedentarios con esa política lo que están intentando es eliminar un
competidor interno, que es molesto, en concreto el caso de Galicia, que
es capaz de producir tan bien y a menor precio que ellos. Y podemos
hablar de los precios de la leche que usted conoce en Holanda o en
España. Ese es el problema. Estamos ante un problema político de fondo en
el que hay que preguntarse, por ejemplo, cuál es el papel que el Estado
español juega en Europa y cuál es el papel que Galicia juega en el
contexto del Estado.
Y yo no quiero entrar en el argumento de si usted, como ministra, es
buena o mala negociadora, porque yo creo que el problema no es ese, sino
qué pintamos en ese contexto y qué política global hacemos para modificar
un contexto que en este caso por lo menos es negativo para nosotros. Yo
creo que de eso es de lo que hay que discutir. Hay que discutir si la
política europea, la política agraria común es beneficiosa para el
conjunto de los agricultores europeos, y parece que muchos no están de
acuerdo con ella, pero también hay que discutir si no resulta esa
política mortífera para los productores periféricos europeos, como es en
este caso el sector lácteo gallego.
Podríamos discutir, y yo creo que deberíamos hacerlo, esa afirmación de
que el sistema de cuotas garantiza la estabilidad de precios y, por lo
que usted da a entender, parece que eso garantiza el desarrollo de
nuestro sector, o si es al contrario, que ese sistema de cuotas tal como
está establecido, y la Unión Europea no quiere modificarlo, no supone un
sistema letal para nosotros. Lo supone y, por tanto, habrá que
combatirlo, porque es beneficioso para ellos pero perjudicial para
nosotros.
Yo creo que esas cuestiones son las que hay que discutir. Hay que
discutir para qué sirve la política de primero aplicar la supertasa y que
los ganaderos produzcan en función de la cuota actual y luego ya veremos
si ese millón de toneladas nos las dan o no. Porque, primero, si
ajustamos la producción del sector a la cuota actual va a haber muchas
más dificultades para decir a los europeos que necesitamos más cuota, es
obvio, porque a usted le contestarán que tiene el problema resuelto. Y,
segundo, será tarde, de conseguirlo.
El problema de los fondos, que ustedes siempre hacen planear sobre la
ciudadanía en general y que muchos diputados seguro que se lo creen, el
problema de las multas. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué es
mejor, producir, vivir del trabajo, vivir dignamente de él, o recibir
fondos? Yo recuerdo que usted en la interpelación anterior decía: Si no
tuviéramos que pagar los 200.000 millones de pesetas que tuvimos que
pagar en multa, podríamos dar dos millones de pesetas a cada ganadero.
Muy bien. ¿Y de qué les sirve a los ganaderos que les den dos millones de
pesetas si luego no pueden producir nada más? Será mejor que puedan
producir y vivir de su trabajo que no recibir las subvenciones.
A mí me parece que eso son cosas evidentes, el derecho al trabajo, el
derecho a producir, y no se puede estar diciendo que es mejor que nos den
las subvenciones. Es como aquél que decía el otro día: ¡Qué bien! No hay
mucho problema --no quiero decir quién para que luego no se diga que hago
política en este Congreso, pero era un conocido representante suyo--,
porque
como Galicia sigue siendo objetivo número 1 vamos a recibir muchos
fondos. ¡Qué bien, que Galicia sigue siendo objetivo número 1! Esto es un
pitorreo, señora ministra. Nosotros no queremos ser objetivo número 1
para nada; precisamente lo que queremos es salir de ese objetivo si nos
dejan producir y vivir de nuestro trabajo, y los europeos están empeñados
en que nosotros no podamos salir ni del 1 ni del 0,5. Con eso, señora
ministra, no voy a estar de acuerdo y le vamos a insistir, una y otra
vez, en que su política es absolutamente equivocada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vázquez, por
favor, vaya concluyendo.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Concluyo, señor presidente.
Vuelvo a insistirle, el Gobierno italiano acaba de reembolsar la
supertasa a sus ganaderos. ¿Está dentro de la Unión Europea? ¿Acepta las
normas de la Unión Europea? ¿Tiene una actitud distinta a la suya? Le
puedo asegurar que con esa actitud el Gobierno italiano favorece más con
su política a sus productores que a los nuestros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Sí, señor presidente.
Señoría, ¿lo que me está diciendo es que es partidario de suprimir el
sistema de cuotas en general, de retirar el precio de intervención y
todos los sistemas de ayuda a la exportación, etcétera, que existen en
Europa? Si es de eso de lo que estamos hablando, nos alineamos con los
británicos, con los suecos, con los daneses, pero no estoy segura de que
eso sea lo que quieren los ganaderos españoles, porque yo he hablado con
ellos, con la Mesa del sector lácteo y lo que dicen es que quieren seguir
disfrutando del sistema de cuotas y del sistema actual que les garantiza
unos precios que son los que les permiten seguir adelante. Señoría, eso
hay que saberlo. Si aquí, en la Cámara, aprobamos entre todos que lo que
hay que hacer es pedir la supresión del sistema de cuotas, de la
intervención y de las ayudas al sector lácteo, es una propuesta. Desde
luego va a haber quien nos va a aplaudir con entusiasmo en Bruselas:
todos los que son partidarios de la Organización Mundial de Comercio y
del libre comercio de los productos agrarios. Pero me temo que eso no es
lo que quiere el sector, sino más bien al contrario; además, me temo que
nuestro sector tendría enormes dificultades.
Siguiente cuestión. Lo que le he planteado a S. S. es que lo que se
pretende desde el Gobierno es reforzar al sector, a aquellos ganaderos
que tienen vocación de serlo, a aquellos que de verdad quieren vivir de
una explotación ganadera de tipo lácteo. El problema que hay en Galicia y
en toda España es que todavía nuestro sector lácteo está, en gran medida,
como decía hace un momento, desarrollado por ganaderos que están a tiempo
parcial, personas de una cierta edad, que siguen manteniendo unas vacas
como complemento, pero que ni tienen vocación de vivir de la explotación
del ganado ni dentro de su economía agraria la explotación del ganado es
un elemento clave, sino una especie de complemento que se está
manteniendo. (El señor Blanco López: ¡Pero qué dice!) Sin embargo frente
a eso hay gente de primera, gente joven, gente de más edad que de verdad
apuesta por el sector, por unas explotaciones suficientemente
dimensionadas, con las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, con
todas las técnicas más modernas para mantenerse en el sector. A esta
gente es a la que hay que apoyar al máximo, porque hay otras personas que
están ahí porque tienen dificultades para obtener otro tipo de
soluciones. Hay que buscar complementos y salidas a todo el mundo. Sabe
muy bien S. S. que en este momento, a la hora de aplicar lo que son las
condiciones de exigencias higiénico-sanitarias, hay algunas explotaciones
españolas que tienen serias dificultades para cumplir dichas exigencias.
Lo que se plantea con esas personas que no tienen vocación de seguir en
el sector lácteo de manera profesional es darles una salida que les
permita seguir dentro de otro tipo de actividades, que no suponga un
quebranto y, por el contrario, con una política perfectamente orientada,
impulsar el establecimiento y mantenimiento de unas explotaciones de
dimensión suficiente que permitan cumplir con los requisitos técnicos
para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias y económicas para
la viabilidad de la explotación. En eso estamos trabajando y por eso le
he hablado del fondo nacional de cuotas, de movilizar entre 300.000 ó
400.000 toneladas a las que habrá que añadir los cientos de miles de
toneladas --si no llegamos al millón en este primer momento-- que espero
que se consigan de forma rápida en Bruselas, pero, mientras tanto, hay
que seguir trabajando. Por eso le he hablado del sistema de apoyo a la
mejora de la calidad, todo ello perfectamente coordinado y compartido con
las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en
este terreno. En esto es en lo que estamos trabajando. La alternativa que
S. S. me propone, que es el incumplimiento de la legislación comunitaria
y la aplicación de una reglamentación que es directa, no es planteable
desde unos postulados responsables dentro del funcionamiento de la Unión
Europea. Lo que ha dicho de Italia no es así. En Italia los productores
son los que pagan los sobrepasamientos, igual que en España.
No se trata de un pago de los rebasamientos por parte del Gobierno.
Señoría, espero sus propuestas positivas porque sé que le preocupa el
sector lácteo, como no podía ser menos, como me preocupa a mí y a los
presentes, para conseguir una modernización y un porvenir, que creo que
lo tiene, como muy bien ha dicho S. S., para el sector lácteo en España y
muy especialmente en Galicia. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, he escuchado atentamente su intervención y creo que a
estas alturas todo el mundo está de acuerdo en esta Cámara en que el
sector lechero tiene un problema estructural, arrastrado desde el momento
de nuestro ingreso en la Unión Europea en que se nos asignó un papel
secundario, un papel de mercado potencial para el resto de países
productores de leche, situación que mantenemos hoy día. No hay más que
ver datos de las toneladas de leche de España, con 5,44 millones de
toneladas; Alemania, 27,8; Francia, 24,3; Holanda 11 millones; Italia, 10
millones y Portugal 2 millones. A partir de estos datos y de la
reivindicación actual del incremento en un millón de toneladas, está
claro que los primeros anuncios de un incremento de 261.000 toneladas son
claramente insuficientes para empezar a ser abastecedores de nuestro
mercado.
También me ha preocupado en su intervención la expresión de que en
nuestro país hay mucha gente que no tiene vocación para mantener
explotaciones lecheras. Señora ministra, en zonas del norte, como
Asturias y Galicia, donde la explotación familiar es algo muy arraigado,
estas palabras pueden ser mal interpretadas. Lo cierto es que ahora que
la Unión Europea acaba de inventar el concepto de vaca virtual, estamos
empezando a entrar en el concepto de agricultor virtual, porque con la
situación que tiene el sector es muy difícil sobrevivir en una
explotación exclusivamente de la leche, y más cuando estamos hablando de
minifundios o explotaciones familiares históricamente arraigadas, que
además de vacas tienen cerdos, gallinas y otra serie de actividades que
complementan incluso con el turismo rural en este momento, echándole
imaginación para poder mantenerse en estas zonas rurales que, por suerte,
no quieren abandonar sus raíces. Nos preocupa precisamente este apartado,
porque toda la normativa que estamos generando en Europa al final nos
llevará a las macrogranjas, donde la vaca virtual será una realidad y,
con los clónicos, las vacas de dentro de cinco o seis años no las
conocerán ni los que hoy estamos aquí.
Nosotros, de momento, seguimos pegados a unas realidades más concretas;
nos siguen preocupando, por ejemplo, algunas noticias --no sé si usted
las puede aclarar-- que hablan de que, en realidad, este objetivo del
millón es lo que hay que decir externamente, pero que ya se está pensando
en dejarlo en la mitad, planteando a cambio otra serie de criterios, como
son la corrección del índice de grasa o el trasvase de la leche de venta
directa a venta a las industrias, lo que en alguna medida puede inducir
ya a una cierta renuncia a un objetivo que hoy se ha convertido en
emblemático.
Seguimos insistiendo en que es necesario mantener las ayudas a la
explotación agraria familiar y corregir esta situación actual, en la que
encontramos un sector envejecido por dos razones fundamentales, porque en
este país hay tres millones de parados y, al mismo tiempo, en las
condiciones actuales es imposible desarrollar políticas agrícolas que nos
permitan crear empleo y no continuar perdiéndolo, en una sangría
interminable, en las zonas agrícolas. Por tanto, insisto, sí nos preocupa
conocer, aparte de los planes de jubilaciones anticipadas, qué medidas se
van a tomar para que pueda convertirse en realidad esta asignación del 1
por ciento para los agricultores jóvenes, aunque es curioso que tengamos
que llamar jóvenes a los menores de 45 años, dada la situación que tiene
el sector. Pero me temo que, si no hay otras medidas, aparte de este
incentivo al abandono precisamente a las explotaciones familiares,
difícilmente vamos a encontrar agricultores jóvenes para hacerse cargo de
los incrementos de cuota que en este momento están aprobados. En todo
caso, a la vista de la moción que se plantee el próximo día, veremos cuál
será nuestra posición final.
Termino insistiendo en algo que se decía también en la primera
intervención: que la OCM del aceite y otros problemas fundamentales
tampoco nos hagan olvidar la situación precaria que tiene hoy el mundo de
la leche.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, por segunda vez en este Pleno tenemos oportunidad de
hablar de la situación en el sector lácteo, y siempre tenemos una
tendencia, la tendencia a mirar al pasado sin asumir la responsabilidad
del presente, sin asumir la responsabilidad que tiene, como ministra de
este Gobierno, en primer lugar para dar respuesta a lo que usted
planteaba en su programa electoral como un compromiso con los ciudadanos
y, en segundo lugar, para dar respuesta a su gestión, a sus negociaciones
en el seno de la Unión Europea.
No voy a ser yo quien defienda en este turno la negociación del año 1985
pero, en cualquier caso, la evolución del sector, la transformación del
sector ha sido tan importante en estos años que solamente en mi país,
Galicia, se ha pasado de producir 1.200.000 toneladas a producir
2.000.000 de toneladas. Por tanto, no imputemos la situación actual
solamente a un proceso de negociación, sino también a un proceso de
transformación que hubo en el mundo ganadero de este país y que, por otra
parte era necesario, puesto que no se había hecho en tiempo y forma, esto
es, en los años setenta y ochenta, que supuso un proceso de
transformación tardío, y que, desde luego, no es imputable al Gobierno
socialista. Sí es necesario poner de manifiesto que ese proceso de
transformación llevó al sector a unos niveles de producción que es
necesario mantener para garantizar la competitividad, como se decía, de
esas explotaciones; en definitiva, para garantizar el empleo de muchas
personas, el futuro en el sector de cientos de ganaderos.
Usted, señora ministra, erraba cuando decía en su exposición que muchos
de estos ganaderos se dedicaban a la ganadería a tiempo parcial. Señoría,
muchos de los ganaderos que hoy tienen problemas, muchos de los ganaderos
de los que estamos hablando tienen como único medio de vida el sector
lácteo y eso tiene que quedar muy claro: tienen ése como único medio de
vida y no tienen ninguna producción alternativa.
El Grupo Socialista no cuestiona el sistema de cuotas; el Grupo
Socialista considera que el sistema de cuotas es un sistema de
protección, pero estamos en un momento en que las cuotas asignadas a
nuestro país son claramente insuficientes. Usted, señora ministra, se
comprometió en varios momentos de su vida política en este Parlamento, en
la campaña electoral y después en reiteradas ocasiones, al decir que
ustedes eran la garantía para conseguir un incremento de un millón de
toneladas que dieran satisfacción a las necesidades que tiene el sector.
De eso es de lo que tenemos que hablar, de los resultados de su gestión,
de cómo ha incidido usted para que la propuesta de la OCM que tenemos
encima de la mesa dé respuesta a los problemas de nuestro país. Pero a
usted no le gusta que hablemos de eso, porque eso es hablar de su fracaso
y usted no quiere que hablemos de su fracaso.
En primer lugar, cuando se está hablando de la supertasa se está haciendo
también un planteamiento que me parece demagógico cuando menos. Está
apelando permanentemente a que se debe cumplir la ley y le pregunto: ¿por
qué no la exigió a la Comunidad autónoma de Galicia que la campaña pasada
presentó avales para que la supertasa no recayese sobre los ganaderos?
¿Qué ocurría? Que era un momento anterior a la campaña electoral y en
aquel momento no le preocupaba si se cumplía la ley o no. Es decir, lo
que era bueno el año pasado este año es malo, señora ministra. Tengamos
un planteamiento sobre este tema y establezcamos los mecanismos de
compensación necesarios, lo que usted quiera. Podemos hablar de que
paguen directamente la supertasa, se puede hablar de que se aplique la
ley, pero hay mecanismos de compensación para que al final el desembolso
de los ganaderos sea cero para hacer frente a los problemas del sector
hasta tanto no consigamos ese objetivo común nuestro que es la ampliación
de nuestra capacidad de producción.
Ahora mismo, señora ministra, tenemos una reforma de la OCM encima de la
mesa ¿Qué dice la reforma? No aumenta nada, no confunda ni engañe a los
ganaderos, porque lo que hay es una propuesta de aumento lineal para
todos los países para compensar el 15 por ciento de bajada de los precios
de intervención que fija la Comunidad. En ese planteamiento lineal,
Francia por ejemplo, que tiene una media de producción de 180.000 kilos,
ve aumentada su capacidad de producir en 600.000 toneladas y España en
200.000. Estamos hablando de una propuesta lineal, no nos lo venda como
algo específico para nuestro país. Y la prima que se va a establecer es
perjudicial para los intereses de España, porque la media que se
establece para determinar el criterio de aplicación de la prima es
claramente perjudicial para los intereses de España.
Le preguntaba en un debate si usted esperaba que respecto de la reforma
de la OCM lo del café para todos no iba a dar respuesta a los problemas
que tenía nuestro país. La evidencia es la propuesta de la OCM, que es
lesiva para los intereses de nuestro país, que no da satisfacción a las
demandas de los agricultores, que va a llevar al sector a una situación
sin salida de la que usted es responsable, señora ministra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo con respecto a la
interpelación del Bloque Nacionalista Galego.
Quisiera comenzar diciendo que si bien en el punto de partida de la
interpelación mi grupo está de acuerdo porque es una sensibilidad
especial la que este Gobierno y el Partido Popular han demostrado ante
los problemas de los agricultores y ganaderos españoles y muy
especialmente en algunos sectores como el del sector lácteo que afecta a
miles de familias fundamentalmente de la cornisa Cantábrica, sin embargo,
cuando se profundiza en la exposición de motivos de la interpelación, no
podemos estar ya tan de acuerdo. La ministra ha dejado expuesto bien
claramente que cuando ustedes hablan de que el Ministerio persiste en
aplicar las directrices de Bruselas como si se tratase de una decisión
caprichosa, es única y exclusivamente porque nos estamos sometiendo a una
normativa comunitaria que como muy bien ha dicho la ministra es de
obligado cumplimiento para nuestro país. Existen además dos reales
decretos españoles que adaptan esta normativa comunitaria a nuestra
legislación.
Quisiera recordar una vez más, porque ya se ha dicho repetidamente en
esta Cámara, que estamos hablando de una época en la que precisamente no
era el Gobierno de José María Aznar el que estaba gobernando en España.
Por tanto, a buen entendedor pocas palabras bastan y estoy segura,
señoría, que comprende perfectamente lo que estoy diciendo. Esa normativa
es de obligado cumplimiento y por eso estamos decididos a cumplirla. Sin
embargo, no sucede lo mismo desde los bancos del Grupo Socialista.
Olvidan que fueron ellos los que gobernaron en este país durante 13 años.
El señor Blanco acaba de reconocer que no está muy de acuerdo con la
negociación realizada por su Gobierno a la hora de la entrada en la Unión
Europea. Quizá quiso justificar las deficiencias de la negociación con la
modernización del sector. ¡Faltaría más, que después de una mala
negociación ni siquiera se hubiese tomado alguna medida para modernizar
el sector! Ya me contará usted cómo pretende justificar entonces una
política.
Les voy a recordar una vez más cómo hicieron esa negociación, porque
parece ser que no se acuerdan. Yo creo que no se les ha olvidado a
ustedes quienes son don Fernando Morán o el señor Romero. Hay un libro,
que se lo voy a enseñar. Me va a permitir, señor presidente, que lea
brevemente un pequeño párrafo que contiene una perla maravillosa en el
libro España en su sitio del señor Morán. En su página 448 --ustedes no
leen la literatura de su propio partido, pero yo sí la leo y se lo voy a
recordar-- dice: Tengo una larga sesión de trabajo con el ministro Romero
en mi casa para fijar posiciones definitivas. Me proporciona argumentos
complementarios. Las importaciones de cereales de la Comunidad, por
ejemplo, ascenderán a 70.000 millones de pesetas provenientes, sobre
todo, de Francia. Me dice también que puedo flexibilizar en la leche.
El señor Morán, quizá, porque hace muchos años que se fue de Asturias,
pero es asturiano, desconociendo los problemas de los ganaderos
asturianos y de toda la cornisa cantábrica, efectivamente flexibiliza en
temas de leche. Esto es lamentable, pero es así. Además, les recuerdo que
está escrito y ustedes deberían leer al menos la literatura que sus
propios compañeros generan. Esto es lo que sucede en 1986. Cuando se
comprueba que no era posible asignar a los productores la insuficiente
cuota que se había asignado a España, se opta por dar la espalda a la
situación real e ignorar el régimen de cuotas.
Desde entonces el sector lácteo se desarrolló ignorando lo que sucedía en
la Unión Europea y esto es la consecuencia del abandono y no otras
políticas que son las que se están llevando adelante ahora. Los ganaderos
en aquel momento no sabían a qué atenerse, ni las decisiones que debían
de tomar pues estaban dejados de la mano del Gobierno, que pasó
olímpicamente de la situación y de la problemática del sector lácteo. Hoy
las cosas, señorías, han cambiado. La política del Gobierno va dirigida a
reordenar el sector y a negociar con rigor entre las distintas instancias
europeas para obtener un incremento de cuota. La ministra se ha empleado
muy a fondo en su lucha con el comisario Fischler por conseguir el
incremento de un millón de toneladas. (La señora Leiva Díez pronuncia
palabras que no se perciben.) No, señoría, lamento decirle que está usted
intentando hacer una frivolidad de la negociación de la ministra porque
no creo que en ningún momento la ministra haya bailado ningún vals con el
comisario Fischler. (La señora Leiva Díez: Ese es el problema.) La
ministra no tiene que bailar ningún vals porque ustedes probablemente han
bailado valses y así les ha ido. La ministra negocia con rigor y con
rotundidad los planteamientos de los ganaderos y agricultores españoles.
(Aplausos.) De todos los ganaderos españoles. Lamento que el señor Blanco
defienda como lo hace permanentemente los intereses de los ganaderos, de
lo que él llama su país, que yo creí que era España, pero su país veo que
es Galicia únicamente. Es lógico y consecuente que desde el Bloque
Nacionalista Galego se esté defendiendo a los ganaderos gallegos. Sin
embargo, desde un partido de implantación nacional como es el Partido
Socialista o al menos así creo que es, o como sucede con los demás
partidos que somos de implantación nacionalista, tenemos que defender a
todos los ganaderos españoles. Yo misma, que pertenezco a Asturias, hablo
siempre de los ganaderos de la cornisa cantábrica que son verdaderamente
los más afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Castro, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora CASTRO MASAVEU: Finalizo, señor presidente, diciendo que no
existe tal fracaso porque, aunque ustedes puedan considerar que es poca y
nosotros también consideramos que es poca esta asignación de incremento
de cuota en 220.000 toneladas, les voy a decir una cosa, señorías, y lo
ha dicho la ministra. Les muestro el gráfico. En la campaña 1986-1987 y
hasta la campaña 1993-1994 el incremento obtenido por los diferentes
gobiernos del Partido Socialista ha sido de 166.000 toneladas. La
ministra, en tan solo dos años, ha conseguido un incremento de 221.000
toneladas, y vamos a esperar porque esta cifra no es definitiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Castro, le
ruego concluya.
La señora CASTRO MASAVEU: Sí, señor presidente. Finalizo diciendo, una
vez más, que deberíamos estar unidos, en este caso como en muchos otros,
para defender los intereses de nuestros ganaderos ante Europa. La
ministra lo está haciendo y tendrá siempre el apoyo de este grupo
parlamentario, en la conciencia de que sabemos que defiende a este sector
con la misma intensidad que a los demás, ni más ni menos, con la misma,
que es lo que se merece. (Aplausos.) Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Castro.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA IMPLANTACION DE LA JORNADA
ESCOLAR CONTINUA (Número de expediente 172/000078)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la
siguiente interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la implantación de la jornada escolar continua.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Ministerio de Educación ha abierto recientemente una mesa de
negociación con los sindicatos en la que se ofrece la posibilidad de
impartir la jornada continua o intensiva en los colegios de primaria que
lo soliciten, siempre que cuenten con el apoyo del 75 por ciento de los
padres de alumnos. Esta propuesta, que afecta a las comunidades autónomas
con competencias educativas no transferidas, ha producido alarma en una
buena parte de la comunidad educativa, que considera inadmisible que una
medida de tanta trascendencia educativa y social pueda implantarse, pocos
meses antes de las transferencias, sin abrir previamente un amplio debate
con todos los sectores implicados y sin asegurar una financiación que
garantice que los colegios puedan abrir por las tardes para realizar
actividades complementarias. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
Señora ministra, en lugar de preparar un proceso de transferencias
satisfactorio y ajustado al calendario establecido, que permita atender
las necesidades existentes con una financiación que garantice la
aplicación de la reforma educativa con criterios de calidad, su
Ministerio se ha lanzado a impulsar una serie de medidas apresuradas y
polémicas, que no cuentan con el consenso de los responsables educativos
de las distintas comunidades autónomas y que introducen elementos de
confrontación entre los miembros de la comunidad educativa.
Las razones esgrimidas en contra de la jornada intensiva son numerosas y
fundamentadas y deben ser tenidas en consideración antes de adoptar una
medida que puede suponer, en muchos casos, un serio peligro para la
enseñanza pública en España. Los sindicatos han manifestado la necesidad
de asegurar, si se implanta la jornada intensiva, que siga funcionando el
servicio de comedor escolar y que los centros permanezcan abiertos por
las tardes para impartir actividades complementarias, así como
diferenciar entre la jornada continuada, que sería únicamente para los
docentes pero no para los alumnos. El problema está en cómo se asegura
todo ello. Reservar teóricamente las tardes para las enseñanzas
complementarias o hacer declaraciones solemnes por parte de la
responsable del Ministerio de Educación, como que esta medida --cito
literalmente-- se tomará siempre que se garantice la calidad de la
enseñanza y la atención al alumnado o que los problemas técnicos
derivados de la falta de recursos para actividades complementarias se
resolverán caso por caso, no parecen garantías suficientes.
En la propuesta ministerial a los sindicatos quedan demasiados
interrogantes sin respuesta. ¿Quién garantizará, por ejemplo, que los
centros abran por la tarde? ¿Quién va a programar las actividades más
convenientes para los escolares? ¿Quién va a asegurar la financiación
necesaria para actividades complementarias de idiomas, de deportes, de
informática? ¿Se va a comprometer directamente el Ministerio de Educación
a establecer partidas específicas a tal fin? Si es así, señora ministra,
¿con cuánto dinero? ¿O piensa el Ministerio que éste no es asunto de su
incumbencia y, en tal caso, cree que el dinero para las actividades de la
tarde debe salir de los bolsillos de los padres, de los ayuntamientos o
del voluntariado social? Se necesitan grandes dosis de ingenuidad para
creer que existiendo carencias en la enseñanza reglada que no son
atendidas por el Ministerio de Educación pueda haber dinero para las
actividades complementarias. El coste de estas actividades en toda España
superaría el medio billón de pesetas, según estimación de una de las
patronales de la enseñanza concertada, cantidad que parece en estos
momentos inasumible por el Ministerio de Educación. Y si el Ministerio no
está dispuesto a asumir esta responsabilidad más allá de declaraciones de
buenas intenciones, no puede ni debe, por la vía de su inhibición, pasar
la pelota a otras administraciones como los ayuntamientos, haciéndoles
responsables de garantizar la apertura de los colegios y la financiación
de las actividades que se realicen por las tardes. Hace dos días, 19
municipios de las ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid
suscribían un comunicado en el que sostienen --y cito literalmente-- que
la jornada continua puede crear graves distorsiones en las familias,
debido a que no hay infraestructura ni disponibilidad para que los
centros mantengan actividades
por la tarde, lo que supone el menoscabo de la escuela pública en
beneficio de la privada.
No parece tampoco aconsejable que la programación de las actividades de
la tarde en los colegios deba ser responsabilidad única de las familias.
La obligación de una Administración responsable es compensar las
desigualdades de renta en un asunto clave como es la educación. Si ésta
se inhibe, ocurrirá que sólo las familias con más recursos económicos
podrán pagar las actividades complementarias o las clases particulares de
sus hijos, mientras que los escolares procedentes de familias que tienen
una situación económica precaria o más desfavorecida se verán privados de
las mismas. ¿Qué harán los niños y niñas procedentes del medio rural o de
barrios deprimidos, muchos de ellos incluso procedentes de familias
desestructuradas y con graves problemas de marginalidad, cuando salgan
del colegio a las dos o a las tres de la tarde? ¿Qué harán en las horas
siguientes, con poco o ningún espacio en sus casas que les incite al
estudio? ¿Vagar por la calle? ¿Ver la televisión? Esos niños y esas niñas
necesitan el colegio como un centro de referencia para completar su
formación; necesitan la biblioteca escolar, porque en sus casas no hay
libros; necesitan las instalaciones deportivas que no hay en sus barrios;
necesitan el referente de un profesor de consulta cuando hacen sus
deberes porque, en su casa, ni su padre ni su madre pueden resolver la
mayoría de sus dudas. Garantizar que el centro escolar permanezca abierto
por las tardes resulta clave para evitar el fracaso escolar, sobre todo
de los alumnos con niveles de renta más bajos. De lo contrario,
avanzaremos hacia un sistema que, lejos de potenciar la igualdad de
oportunidades, puede abrir distintos niveles de calidad y de excelencia
en la educación. La experiencia demuestra que la buena fe del
voluntariado de las ONG, de las APA o de los municipios no es suficiente
para garantizar la continuidad de las actividades complementarias de la
tarde en aquellos centros que tienen la jornada continuada. Hay una
tendencia a terminar cerrando el centro si este carece de personal con
responsabilidades concretas y el riesgo se multiplica en colegios
situados en zonas deprimidas. Por otro lado, si no se toman todas las
garantías que permitan a los centros públicos tener los centros abiertos
por la tarde con actividades complementarias programadas, es fácil
aventurar que las familias que por razones de horario laboral necesiten
tener a sus hijos en el colegio por la tarde terminarán optando por
centros de la enseñanza privada concertada. Hay también razones
pedagógicas. Los niños más pequeños, por ejemplo, si tienen jornadas de
estudio continuadas por la mañana, se ven también afectados.
Todas estas razones están preocupando, y con razón, a la comunidad
educativa. Usted hace declaraciones que, lejos de despejar dudas, no
hacen sino aumentarlas. Usted, como responsable última del Ministerio de
Educación, no puede dejar al albur de los acontecimientos algo tan serio
como es la calidad de la educación o la igualdad de oportunidades. A
veces, efectos no deseados se hacen irreversibles, y eso es lo que
debemos evitar.
Finalmente, señora ministra, hay algo que me intriga. Sin duda, usted
sabía, o debería saber, que la posibilidad de implantar la jornada
continuada iba a ser una medida polémica. Sin embargo, se ha lanzado a
ofertarla a los sindicatos sin consultar antes con otros sectores de la
comunidad educativa. La cuestión es por qué lo ha hecho. ¿De verdad cree
que una medida como ésta contribuye a incrementar la calidad de la
enseñanza? ¿Es esta la medida más correcta, después de los resultados de
la encuesta del INCE, o existen otras razones últimas que la explican?
Comisiones Obreras ha calificado la oferta del Ministerio de que los
colegios públicos puedan cerrar por la tarde de caramelo envenenado. Es
--cito literalmente las declaraciones de este sindicato-- una fórmula
--la suya-- ambigua y demagógica, que parece responder a la necesidad del
MEC de granjearse apoyos en una negociación que estaba naufragando por
falta de propuestas en los temas clave. ¿Es esta, señora ministra, la
razón última de su propuesta? Por favor, señora ministra, sea responsable
y no nos venda caramelos envenenados poco antes de cerrar el proceso de
transferencias. Se lo decía antes: las comunidades autónomas que no han
recibido todavía esas transferencias no se merecen propuestas apresuradas
y llenas de interrogantes no resueltos poco antes de responsabilizarse de
los temas educativos. No les pase, señora ministra, patatas calientes; su
obligación es transferir soluciones, no problemas.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera):
Muchas gracias, señora Díez de Baldeón.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra la señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me interpela el Grupo Socialista sobre las razones de política
educativa que tiene el Ministerio de Educación para posibilitar la
implantación de la jornada escolar continua. Lo que quiero decir, en
primer lugar, es que le agradezco mucho a la diputada Díez de Baldeón la
posibilidad que me brinda de dejar clara la postura del Ministerio de
Educación y Cultura sobre esta cuestión y así sustraerla de las
muchísimas deformaciones y manipulaciones que se han manejado en estos
días, a pesar de que las hemos desmentido continuamente. Pero estas
manipulaciones, desgraciadamente, han causado inquietud en muchos padres
y madres de alumnos.
Esta cuestión de los horarios en los colegios está dando lugar a casos de
tergiversación verdaderamente irresponsables. Yo creo que es
irresponsable quien, sin el menor motivo, asusta a los padres y a las
madres haciéndoles creer que, de un día para otro, sin contar con su
opinión, se van a alterar los horarios escolares de sus hijos y además se
van a alterar para reducirlos. Señora Díez de Baldeón, todo lo que usted
me diga en contra de la jornada continua se lo voy a creer, estoy
absolutamente convencida; pero, a diferencia de S. S., ni soy dogmática
ni puedo dejar de aplicar las leyes. Cuando el 80 por ciento de los
padres de un centro, no de los que están presentes en el Consejo Escolar,
sino el 80 por ciento de los padres y las madres de un centro, piden que
sus hijos dediquen la tarde a actividades extraescolares y que se
concentren las actividades lectivas en la mañana, creo que al menos hay
que considerarlo; no digo que se autorice, digo que hay que considerarlo.
Fíjese cuál es el texto de la propuesta de acuerdo que formulamos a los
sindicatos, señora Díez de Baldeón. Dice: Dentro de este marco de
actuación, el Ministerio de Educación y Cultura procederá a desarrollar,
en el año 1998, el contenido del artículo 57.4 de la Logse y determinará
las condiciones y circunstancias en que los centros educativos podrán
proponer el modelo de jornada escolar que mejor corresponda a sus
peculiaridades, de modo que quede garantizada la adecuada formación del
alumno, un servicio educativo de calidad y la conformidad de los padres
con el modelo propuesto. En estas condiciones lo podrán proponer, pero
esto no quiere decir que el Ministerio lo vaya a conceder. Por tanto, a
mí no me haga demagogia, porque yo estoy absolutamente convencida de que
la jornada escolar partida es mejor que la jornada escolar continua.
Me gustaría zanjar no el debate sobre la jornada escolar, sobre la que
cada uno puede decir lo que le parezca mejor --yo, personalmente, estoy
en contra, pero admito que haya opiniones que estén a favor--, no quiero
zanjar el debate sobre el fondo de la cuestión, lo que sí quisiera es
zanjar el debate sobre lo que se propone hacer el Ministerio de Educación
y Cultura, en el cual lo que diga la ministra yo creo que debería tener
alguna importancia. El Ministerio de Educación no quiere modificar el
horario escolar, no propugna la jornada continua, para nada. Yo estoy
absolutamente convencida de que la jornada continua no es la mejor, pero
no soy dogmática, señoría, y entiendo que haya padres que prefieran
destinar las tardes de sus hijos a las actividades extraescolares en vez
de tenerlas salteadas con las actividades lectivas. Lo que no podemos es
desconocer, primero, la opinión de los padres y, luego, la autonomía
organizativa que se reconoce a los centros escolares en el artículo 57 de
la Logse y en la misma Lopeg. En la Logse y en la Lopeg se les está dando
autonomía a los centros y se está haciendo posible que, en unas
determinadas circunstancias, puedan ellos proponer la organización de su
jornada, y esa organización no tiene por qué ser comprimir la jornada en
jornada de mañana; puede ser perfectamente --y eso está previsto en el
acuerdo-- que en los centros de secundaria, donde ya está la jornada
comprimida a partir de los doce años por ustedes, por la Administración
anterior, se proponga dar una o dos tardes. ¿Por qué no? Yo considero que
sería positivo que en centros de secundaria los alumnos de doce, trece y
catorce años pudieran tener algunas tardes de actividades extraescolares
o lectivas. Eso entra dentro de la posible flexibilización.
Personalmente, como le digo, estoy convencida de que la jornada continua
no es la mejor jornada, pero entiendo que si hay una mayoría abrumadora
de padres que así lo piensan, hay que atenderlo, por lo menos hay que
estudiarlo y hay que decir que en esas condiciones lo pueden proponer.
Además, no se puede desconocer que las leyes vigentes conceden autonomía
a los centros educativos.
Señorías, lo que hemos dado es una posibilidad de flexibilización de la
organización de los centros educativos recogida por las leyes, y el
Ministerio no solamente no se propone, como ha dicho usted --que he
tomado nota, porque hay que ver las cosas que se dicen--, que los
colegios públicos puedan cerrar por la tarde, sino que hemos dicho en
todos los tonos que los colegios públicos no podrán cerrar por la tarde.
Es absolutamente falso. En consecuencia, lo que me gustaría es aclararle
a S. S. que el Ministerio se propone mantener el actual régimen de
jornada escolar en los centros de infantil y de primaria, es decir, la
jornada partida. Se propone no imponer jamás nada a los padres. También
se propone mantener los colegios abiertos por la tarde en el caso de que
una abrumadora mayoría de padres lo hubiera pedido, como lo han pedido en
la ciudad de Toledo, y S. S. no lo desconoce, o en algunos centros de
Asturias, y tampoco lo desconoce S. S. Por tanto, tergiversar en este
caso es hacer creer a las familias que se trata de una medida
prescriptiva o impositiva y de carácter general, cuando de lo que se
trata es de que exista la posibilidad de que en determinadas condiciones
los centros puedan proponer al Ministerio la flexibilización de esa
jornada, y eso sólo cuando se cumplan un conjunto completo de garantías,
entre las cuales la que yo considero más importante es que lo solicite el
80 por ciento de los padres de ese centro.
Por tanto, señoría, lo que pretende el Ministerio es infinidad de veces
más respetuoso con los deseos de los padres que lo que ha sucedido con
los gobiernos del Partido Socialista cuando estaba el Partido Socialista
en ellos; en Andalucía sigue, pero en Canarias, cuando se implantó, fue
un consejero del Partido Socialista quien decidió hacer la jornada
continua con carácter generalizado. Por tanto, en enero de 1992 se decide
en Andalucía y en septiembre se decide en Canarias,
pero es un destacado miembro del Partido Socialista canario, el señor
García Deniz, el que lo decide. Luego nosotros somos respetuosos. Además,
estamos en contra de la jornada continua, pero no somos dogmáticos y
consideramos que si el 80 por ciento de los padres lo piden, por algo
será y habrá que estudiar, como mínimo, lo que ellos piden.
Su señoría sigue haciendo demagogia. Esta tarde, por ejemplo, nos ha
dicho que es un serio peligro para la enseñanza pública. Sí, S. S. hace
demagogia cuando dice que es un serio peligro para la enseñanza pública,
pero si de verdad lo piensa así, ¿por qué siguen permitiendo que en
Andalucía haya una jornada continua? Gobiernan en Andalucía con mayoría
absoluta, por lo que entonces tienen que ser ustedes consecuentes. Si
fuera un serio peligro para la enseñanza pública, fíjese usted qué fácil
lo tienen: suprímanlo en Andalucía y estarían demostrando que,
efectivamente, creen en lo que dicen y que no hacen ustedes demagogia. Lo
que yo creo es que hay que dar autonomía a los centros --lo dice la Lopeg
y lo dice la Logse-- y hay que atender a los padres cuando éstos lo dicen
por una abrumadora mayoría.
Señoría, las condiciones que nosotros planteamos en ese acuerdo es que
los centros puedan proponernos la flexibilización de la jornada, que ya
le digo que esa flexibilización no tiene por qué suponer que sea una
compresión en la jornada de mañana de las áreas lectivas, sino que puede
muy bien ser otro tipo de organización, pero entre ellas una puede ser
ésa, no niego que ésa pueda estar incluida. Bien, pues para comprimir las
lecciones del currículum en la mañana y dejar la tarde para actividades
complementarias se requerirá, como condición sine qua non, el que lo
acepte el 80 por ciento de los padres y, además, el Ministerio exigirá
que se den otra serie de circunstancias y que entre ellas esté la
garantía de la atención al alumnado, por supuesto, y la garantía de que
es la comunidad escolar completa la que tiene un proyecto educativo en el
centro que hace posible que esa organización sea real y creíble. Por
ejemplo, los institutos que han adelantado la educación secundaria
obligatoria, y cuya jornada continua se generalizó ya en tiempos del
Gobierno anterior, y en ese caso sin ningún tipo de control por parte de
una autorización de los padres del tipo de la que nosotros proponemos,
podrán reconsiderar el modelo de jornada vigente y podrán ir a fórmulas
más flexibles que no supongan un tratamiento idéntico para los niveles
obligatorios, para la ESO, que para el bachillerato. Podrán dejar que en
el bachillerato no haya ninguna tarde y, en cambio, en la ESO, proponer
que haya una, dos, tres o cuatro tardes a la semana, que yo entiendo que
sería muy positivo para el alumnado. Esto en la secundaria. Y en la
primaria, señoría, podrán proponer la organización que mejor se adecue al
proyecto educativo de centro que ellos tengan.
Digo esto, señorías, porque, aunque yo estoy convencida de todo lo que ha
dicho S. S. y no necesito que me haga esa demagogia, resulta que en la
Europa comunitaria hay una amplia variedad de jornadas. De acuerdo con
los datos que da la red europea Eurídice en la información sobre
educación, resulta que hay muchísima diversidad. Entre la jornada partida
y homogénea de Dinamarca, Irlanda y en parte de España, hay jornada
continua y compacta en Alemania, en Austria, en Grecia o en Italia y
luego hay soluciones intermedias, como en Holanda, Luxemburgo, Bélgica o
Francia. Por tanto, yo creo que aquí no hay que ser dogmáticos, cada uno
puede tener su propia opinión y en este caso la mía coincide con la de S.
S., pero entiendo que hay que escuchar a un 80 por ciento de padres que
piden otro tipo de organización, y S. S. lo sabe, porque en la ciudad de
Toledo hemos tenido follón con este asunto, que en parte resolvió el
Gobierno anterior, aunque posteriormente echó marcha atrás y tuvimos que
resolverlo nosotros después. Nosotros creemos en la flexibilidad y en una
disposición de los servicios públicos que nos permita mejorar la atención
a los ciudadanos y garantizar la autonomía a los centros, en eso es en lo
que creemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora ministra, vaya
concluyendo, por favor.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Concluyo compartiendo con SS. SS. una reflexión. Yo les diría que en la
política educativa podrían abandonar la lógica de los antagonismos y de
la confrontación en favor de la lógica de la concordia y que podrían
entender que el rigor y la flexibilidad son ambos atributos deseables y
que a veces son conciliables en el desarrollo de las políticas
educativas. Hay que aceptar que a veces es posible satisfacer necesidades
que parecen opuestas y encontradas llegando a amplias bases de acuerdo
entre las distintas comunidades educativas y entre los centros docentes y
las administraciones públicas. Tengan la seguridad de que, si procedemos
de este modo, el futuro de la escuela pública estará garantizado y la
mejora de la calidad de la enseñanza también.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
ministra.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Yo creo, señora ministra, que este es un debate muy interesante y lo que
resulta tremendo es que usted produce, a veces, con su actitud de salir
primero a la prensa, de hacer declaraciones que luego desmiente o se
confunden... No, no, señora ministra, no haga gestos
de este tipo. (La señora Ministra de Educación y Cultura, Aguirre y Gil
de Biedma: Ahí está don Carlos Arroyo, que puede decir si yo he salido a
la prensa o no.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora ministra, tendrá
después su turno de réplica, por favor.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señora ministra, usted, hasta la fecha,
ha hecho gala de un desprecio grande a esta Cámara. Usted no nos presenta
aquí sus proyectos, primero, los presenta a la prensa, a la opinión
pública, y cuando hay lecturas de todo tipo, entonces dice usted que
nosotros manipulamos y hacemos demagogia. Usted, señora ministra, tiene
que venir aquí, donde hay taquígrafas --en este caso-- que se encargan de
transcribir claramente lo que usted dice. Usted está produciendo
sistemáticamente una falta de respeto a esta Cámara, que es una falta de
democracia, porque usted no puede lanzar por ahí globos sonda que luego
desdice. Lo último fue lo que ocurrió ayer --y ya sabe usted a lo que me
refiero--, cuando una medida se retiró sobre la marcha después de salir
en los medios de comunicación. (La señora ministra de Educación y
Cultura, Aguirre y Gil de Biedma: ¡Falso! Fue antes.) Usted está lanzando
globos sonda permanentemente; no nos diga que nosotros somos los que
hacemos demagogia. Y, por favor, señora ministra, no me llame a mí
dogmática, porque no lo soy. No creo que debamos entrar en este tema.
Yo creo, señora ministra, que ha hecho una lectura equivocada de la Logse
y usted interpreta lo que es capacidad de autonomía cogiendo el rábano
por las hojas. Porque la lógica sobre esa gran autonomía de los centros
--si es verdad-- nos llevaría a que los padres de alumnos pudieran
decidir las vacaciones escolares, cambiarlas de fecha o alterar los
curricula, por ejemplo, que los padres decidieran que se estudiara más o
menos historia en un centro. ¿Eso a usted le parecería bien? ¿Usted cree
que, como responsable de Educación, no tiene la obligación de entender
que una cosa es la autonomía y otra la capacidad de los centros de hacer
de su capa un sayo? ¿No le parece que no es lógico que usted diga que no
está de acuerdo con una medida y, a continuación, la impulse? ¿No le
parece a usted una contradicción enorme? ¿No le parece a usted, señora
ministra, que ésta es más bien una moneda de cambio que ha hecho usted a
los sindicatos en un momento en el que ni siquiera esto se lo pedían
claramente?
Señora ministra, sea usted seria. No me ha contestado a las cuestiones
más importantes. ¿De verdad cree usted que la calidad de la enseñanza se
impulsa de esta forma? ¿De verdad usted va a poner dinero para las
actividades complementarias? ¿De verdad usted cree que si el centro tiene
que estar abierto por las tardes, se va a comprometer? ¿Con qué dinero?
Díganoslo claramente. ¿Tiene una partida para que los centros sigan
abiertos por la tarde cuando implanten la jornada continuada por la
mañana, como están reclamando los sindicatos? ¿La tiene? ¿Cuánto dinero
es? Díganoslo, señora ministra, porque éste es un asunto muy importante.
Le decía que no creo que con medidas de éstas pueda aumentar la calidad
ni se apueste por la igualdad de oportunidades. Usted, señora ministra,
no está trabajando en esta línea. Se lo decía antes, usted carece de un
proyecto educativo, no lo tiene. Sistemáticamente va dando ideas,
ocurrencias más bien, con distintas cuestiones que son verdaderamente
polémicas. Usted está diciendo que si en un colegio el 80 por ciento de
los padres de alumnos está de acuerdo, que se implante la jornada
continua. Pero, señora ministra, usted no tiene que dar la posibilidad a
cada centro, uno a uno. Usted tiene que establecer un marco general de
referencia, como ocurre en los demás países de la Unión Europea. Los
distintos ministerios de Educación de los gobiernos socialistas siempre
han tenido proyectos educativos y siempre han hecho marcos generales, que
es lo que usted debe hacer, no dar la posibilidad --porque usted es más
liberal que nadie-- de dejar a los padres de cada centro que hagan lo que
quieran, porque eso nos llevaría al caos, señora ministra. Esa forma de
entender la autonomía del centro va contra la propia calidad de la
enseñanza y es un desorden educativo importante, y usted lo sabe. ¿Por
qué no, señora ministra? Están tan de acuerdo los padres de alumnos que
se le encadenaron el otro día delante del Ministerio. ¿Cómo puede decir
usted que están de acuerdo los padres de alumnos si se le encadenan, si
padres conservadores y de la izquierda están de acuerdo con esta medida?
(La señora ministra de Educación y Cultura, Aguirre y Gil de Biedma: Eran
diez, contados.) Señora ministra, ¿cuántos centros privados hay en España
que tengan la jornada continuada? ¿Me puede usted decir alguno? ¿Por qué
los centros privados no tienen jornada continuada? Es posible que exista
algún caso, pero poquísimos.
Señora ministra, usted debería entender bien cuál es su papel. Y su
papel, señora ministra, es no tomar medidas dificilísimas sin contar con
los responsables educativos pocos meses antes de cerrar las
transferencias. Usted, y se lo decía antes en la pregunta, les está
metiendo en unos jardines complicadísimos. Ya sé que le encantan los
jardines, ya nos lo ha dicho, pero los jardines en los que usted nos mete
son de ortigas enormes. (La señora ministra de Educación y Cultura,
Aguirre y Gil de Biedma: Esos serán los suyos; los míos, no.) Señora
ministra, no nos meta usted en jardines de ortigas. (Aplausos.) Señora
ministra, por favor, sea seria y responda claramente. ¿Usted va a
garantizar, en los casos de jornada continua, dinero y finaciación para
aquellas personas
responsables que abran por la tarde? ¿Cuánto dinero va a dar para
actividades complementarias? ¿Lo va a hacer? Y si no lo va a hacer,
señora ministra, no nos diga que nosotros hacemos demagogia, porque lo
que ha ocurrido en Andalucía o en otras comunidades es distinto al
proyecto que usted debe tener. No sea contradictoria, si a usted esta
medida no le gusta, no la impulse, frénela y, sobre todo, no la tome sin
contar con los responsables educativos, con los padres y con los demás
miembros de toda la comunidad educativa, que es muy importante. Usted
sólo ha contado con los sindicatos.
La indicación del tiempo me la tiene que hacer el señor presidente, no
usted. Señora ministra, por favor, sea responsable y no juegue con algo
tan importante como es la educación en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Díez de
Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Ya que me pregunta la señora Díez de Baldeón qué centro privado
concertado hay en España que tenga en primaria la jornada continua, no
tengo más remedio que responderle que, por ejemplo, el centro privado
concertado al que asiste el hijo del señor presidente de la comunidad
autónoma a la que pertenece S. S. El hijo del señor Bono asiste a un
centro privado concertado en Toledo que tiene la jornada continua, así de
claro, señoría. (La señora Díez de Baldeón García: ¿Esto es todo lo que
usted tiene que decir en este debate?) ¿No me ha preguntado que le diga
un solo centro privado concertado en España que tenga la jornada
continua? Pues se lo digo: Sí, señoría, asiste a un centro privado
concertado en Toledo que tiene la jornada continua; tiene actividades
extraescolares por la tarde y actividades lectivas por la mañana, como
todos los centros de la ciudad de Toledo porque así lo han decidido los
padres. Insisto, si me lo pregunta a mí, mi criterio es que la jornada
debería ser partida, y en eso coincido con S. S.
Usted dice que yo lo que hago es presentar a la opinión pública las
medidas en lugar de presentarlas a esta Cámara. Esta medida, este
proyecto de acuerdo se lleva negociando con los sindicatos desde el mes
de octubre de este año, y cuando un determinado sindicato así lo decide
--y ahí tiene usted al jefe de la sección de educación del diario El
País, si quiere usted le llamamos para que comparezca en la Comisión de
Educación y Cultura--, entonces decide darle el sesgo que le parece
oportuno para tergiversar y asustar a los padres de alumnos haciendo
creer que el Ministerio se propone imponer una jornada escolar continua
en toda España, sabiendo que esto no es así. En absoluto. Lo que el
Ministerio pretende es decir en qué condiciones los padres de alumnos
pueden proponer la flexibilización de la jornada. No deja que decidan los
padres de alumnos; es el Ministerio el que decide, sólo les dice en qué
condiciones pueden proponerlo.
Si S. S. no cree en la autonomía de los centros, yo sí. Pero resulta que
la consagran las leyes vigentes, las leyes que ustedes aprobaron; por
ejemplo, la Logse establece la autonomía de los centros. Su señoría se
escandaliza de que, por ejemplo, se pudieran estudiar otros sistemas de
vacaciones escolares a petición del 80 por ciento de los padres, y a mí
no me escandaliza en absoluto. En este momento se está discutiendo muy
seriamente sobre un período vacacional que no convence a muchos padres.
Yo entiendo que hay que atender las demandas de los padres, ¿cómo no
vamos a atenderlas? Exactamente de eso se trata, de decirles en qué
condiciones pueden proponer la modificación de la jornada. ¿Qué
condiciones son? Cuando lo diga el 80 por ciento de los padres, cuando se
garantice el proyecto educativo del centro y cuando haya actividades
extraescolares por la tarde.
En esas condiciones lo podrán proponer, pero ni siquiera lo pueden
decidir.
Dice su señoría: Como usted es tan liberal y les deja hacer todo, ¿por
qué no les deja que no den clase de historia? No, señoría, porque la ley
no deja a la autonomía del centro la fijación del currículum. Como sabe
muy bien S. S., la fijación del currículum corresponde a las comunidades
autónomas y la de los aspectos básicos, al Gobierno. Es el centro el que,
dentro del proyecto de la comunidad autónoma y con los aspectos básicos
que establece el Gobierno, tiene que respetar la normativa vigente. Es lo
mismo que han hecho ustedes en Andalucía con la aquiescencia del Gobierno
en el que son ampliamente mayoritarios. ¿Por qué no me contesta y si esto
le parece tan malo no impide que se ponga en práctica en Andalucía?
Tendrían que decirlo porque ustedes tienen mayoría absoluta en Andalucía
y pueden imponer la jornada partida en primaria y en secundaria. No
solamente no lo hacen en primaria y en secundaria, sino que se permiten
hacer demagogia y afirmar que cuando nosotros decimos en qué condiciones
los padres o los centros educativos lo pueden proponer --y la condición
es con el 80 por ciento de los padres--, resulta que atacamos la calidad
de la enseñanza.
Señoría, usted tendría que abandonar la demagogia y hacer cosas serias en
favor de la educación pues estoy convencida de que, por su preparación y
por su talante, estaría muy en disposición de hacerlas. Repito, abandone
de una vez la demagogia.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora ministra.
¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, podría comenzar aplicándose la recomendación que le hace
la señora Díez de Baldeón y empezar a tratar la enseñanza, la educación,
de una forma seria. Tenemos la impresión, que ya es una convicción, de
que usted está entrando con diversas cortinas de humo: empezó con el
decreto de humanidades, ahora con la jornada, después con la formación
del espíritu militar en las escuelas, y, por último, con el expediente
que se han visto obligados a retirar y, además, con el cese del
responsable que ha producido esa orden.
Señora ministra, la jornada y el horario son temas muy importantes; de
hecho, hace tiempo que los sindicatos están trabajando en esta cuestión,
pero no a costa de lo que sea, no a costa de la calidad de la enseñanza.
Usted misma ha dicho que en el Derecho comparado de nuestro entorno hay
varios modelos: tenemos el modelo de Italia en el que hay una jornada
continuada pero trabajan los sábados, y tenemos el modelo de Bélgica que
separa clarísimamente cuál es la jornada del profesorado y cuál es la
jornada del alumno. Como ministra de Educación, cuando hace un
planteamiento de este tipo, tendría primero que pasarlo al consenso de la
comunidad educativa. No es una cuestión de autonomía de los centros sólo
sino que pertenece también al Consejo escolar del Estado y a los consejos
escolares. A continuación, tendría que dar la garantía de que una medida
como ésta no responde solamente a intereses corporativos de algún
sindicato sino a la calidad de la enseñanza, garantizando que los centros
de enseñanza estén abiertos por la tarde y dotando a este sistema de
apertura de centros de la financiación y medidas suficientes como para
llevar a la práctica esta propuesta. Pero usted no hace eso; usted habla
de autonomía de los centros, usted lanza este globo sonda, usted acuerda
con algunos sindicatos que están más interesados en temas corporativos
que en temas de calidad de la enseñanza, y a nosotros esta actitud suya
realmente no preocupa.
Quisiera aprovechar esta situación para preguntarle qué ha pasado con el
programa de apertura de centros que inició el Partido Socialista con muy
poca dotación, pero que estaba funcionando. Parece ser que ese programa
se ha suprimido, no está vigente.
Señora ministra, ¿cómo vamos a garantizar que hay una jornada continuada
cuando usted no habla de financiación, ni habla de todas las medidas que
se tendrán que llevar a término: que haya monitores, profesores que
puedan garantizar que por la tarde haya actividades complementarias, que
haya incluso medidas para que los conserjes puedan modificar algo que es
importante como son sus condiciones de trabajo? Hay toda una serie de
cuestiones que usted no está poniendo sobre la mesa. Para hablar de ese
tema sería necesario que el Ministerio remitiera a la Comisión de
Educación y Cultura de este Congreso de los Diputados el informe del
seguimiento del programa de apertura de centros que se realizó y del que
este Congreso no tiene conocimiento.
Por otra parte, ya va siendo hora de que usted, de la misma forma que
dijo al inicio de su mandato que era el momento de apoyar a la enseñanza
privada porque la pública había tenido mucho apoyo, diga que su objetivo
es garantizar la igualdad de oportunidades a través de la educación, que
apuesta por la escuela pública y que no va a tomar ninguna medida que
vaya en detrimento de la calidad de esta enseñanza, que ya está muy en
peligro por alguna de las medidas que se están tomando últimamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas noches, señor presidente, señorías.
Señora ministra, estamos ante una interpelación contradictoria que
plantea temas de gran interés para el conjunto de la comunidad educativa
en sus diferentes vertientes, pero, a la vez, tiene un cierto olor a
primavera electoral y no parece aconsejable que la enseñanza sea un
recurso partidario ni en manos de tirios ni de troyanos, por lo que en un
ejercicio de objetividad voy a fijar la posición de mi grupo político.
Señorías, es más riguroso beber de las fuentes de la cronología, la
información y el conocimiento que instalarse dogmáticamente en el frente
del no, del no porque no, eufemísticamente llamado el frente de la
alternancia. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Conocen ustedes
sobradamente mi oposición sistemática y frontal a las políticas
educativas del Gobierno Aznar, pero, ¡cuidado!, la oferta de jornada
continuada no es cosecha del gabinete Aguirre, es una propuesta
contemplada a instancias sindicales, dentro de la actual negociación para
un acuerdo, por cierto, inacabado.
Efectivamente, tras el impacto social producido por la noticia mal dada,
manipulada, interpretada y visualizada por la interlocutora doña
Esperanza, hasta la fecha proclive a los desaciertos educativos, el
efecto indiscutiblemente es de cierta conmoción en ciertos sectores y por
diversas razones que conviene explicitar.
Señorías, Izquierda Unida va a hacer las aportaciones necesarias para el
debate que la aceptación o rechazo de una medida de este tipo exige. En
primera
instancia, la propuesta contempla una reivindicación histórica del
profesorado en defensa de la jornada no partida, siendo discriminatoria
la actual situación con respecto a los funcionarios públicos que sólo
cuando las exigencias del puesto lo requiere, éste se retribuye con los
complementos adecuados.
Hay otra óptica que conviene describir y es que los centros escolares,
además de ser un espacio para la educación reglada, son también
escenarios de socialización en la infancia y en la adolescencia, pero
también constatamos que son en múltiples circunstancias zonas para la
custodia --lo digo entrecomillado-- durante parte del día,
indiscutiblemente por la falta de equipamientos, servicios sociales y de
ocio, amén de los horarios medievales en el caso de estar empleado o
empleada.
Los horarios de los centros, señorías, deben ser superiores al escolar,
pero no para convertirlos en almacenes sustitutos de otras unidades
convivenciales --y lo digo con toda la valentía, pero con todo el rigor
del mundo--, sino con una función correctora de las desigualdades y con
un carácter marcadamente compensatorio a través de los comedores, las
actividades complementarias de apoyo al estudio, deportivas y culturales
que se realizarían, aprobados por el Consejo escolar, bajo la supervisión
del personal docente y con la colaboración del personal cualificado
necesario. Hay que añadir las consideraciones de las zonas rurales con
los tortuosos desplazamientos o la desaprensiva climatología de algunos
territorios muy lluviosos o calurosos, factores distorsionadores en la
calidad del alumno que prorroga, casi hasta la noche,la desconsiderada
jornada escolar. En este marco, señorías, sería necesario ser respetuoso
con la autonomía pedagógica, estableciendo y diseñando cada centro de
forma consensuada el modelo adecuado a partir del análisis detallado de
su realidad. La perspectiva administrativa y económica debe situarse en
el marco del distrito educativo, una vez que los referéndum en las
comunidades educativas respectivas avalen dicha propuesta.
Como en otras ocasiones, el texto propuesto por el MEC es claramente
insuficiente. Calca, sin más generosidad, el artículo 57.4 de la Logse,
de obligado cumplimiento. Para Izquierda Unida es innegociable el
mantenimiento y potenciación de los servicios complementarios de los
centros y una oferta de actividades solvente, garantizando que dichos
centros permanezcan abiertos más horas, incluidas las tardes, y se
rentabilicen además las instalaciones y los edificios, por lo que
obviamente planteamos que la regulación de la autonomía organizativa y
pedagógica que arbitra el artículo 57.4 de la Logse también deba
aplicarse a los centros concertados, siguiendo el mismo proceso de
consulta a la comunidad educativa. Igualmente estimamos que hacer esta
oferta a unos meses del proceso de transferencia educativa puede resultar
perverso para las administraciones autonómicas futuras receptoras de
dicha gestión.
Creemos que hay que abordar la propuesta con las reflexiones incorporadas
en el objetivo de repartir el empleo a través de la jornada continuada,
compartiendo las tareas domésticas para tener más tiempo para la
convivencia y el ocio que, en definitiva, se traduce en más calidad de
vida para todos y todas, más calidad educativa para padres, alumnos y
profesores. Esas son, señorías, las señas de identidad de esa parte del
modelo de sociedad al que aspiramos y por el que luchamos.
Termino, señorías. A diferencia de la posición personal programática que
la ministra acaba de mantener, que acaba de reconocer su preferencia por
la bondad de la jornada partida, mi grupo entiende, con los matices
correspondientes y asumiendo la controversia y el debate, que lo adecuado
es y sería jornada continuada con apertura de los colegios por las
tardes, suficientes actividades, financiación pública para la enseñanza
pública siempre que la comunidad educativa así lo decida. Con estas
garantías totales creemos defender los intereses generales, los
sindicales y los sociales.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Por el Grupo Popular el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
De lo que se ha oído esta tarde y de la señora interpelante recojo algo
que me ha llamado la atención. Dice que se ha producido una alarma. Yo
creo que la alarma ha sido por parte de algún grupo de la Cámara. Las
manifestaciones de la ministra hoy aquí y en los pasados días en los
medios de comunicación fueron clarísimas. En ellas se decía que la
jornada continuada, en su caso, sería siempre y cuando el 80 por ciento
de los padres lo aprobasen.
¿Por qué esto es así? Porque SS. SS. conocen perfectamente que las
características y condiciones en la variada España son diferentes para
cada uno de los territorios, y si en Asturias, como pasa en estos
momentos, el 75 por ciento de los padres ha pedido en algunos centros que
la jornada sea continuada, se debe atender esta petición de los padres.
En Toledo capital es así, y estoy seguro de que cuando se transfiera a la
autonomía de Castilla-La Mancha S. S., cuando tenga las responsabilidades
en Castilla-La Mancha, no va a volver a la jornada partida. Estoy seguro
de eso.
A mí me llama realmente la atención, aunque lo ha dicho la señora
ministra, que en Andalucía la orden correspondiente de la Consejería se
llevara al Parlamento, porque las órdenes de las consejerías no se llevan
a los parlamentos. Sin embargo, allí se decidió y es curioso que en la
orden del 13 de enero de 1992 no
se pide que el 80 por ciento de los padres estén de acuerdo, se habla de
que para las jornadas señaladas se requerirá el 51 por ciento del consejo
escolar. Saben SS. SS. perfectamente la diferencia. Esta es una normativa
para algunos casos excepcionales. La señora ministra, el partido y el
Grupo Popular ya han manifestado que en principio no somos partidarios de
la jornada continua en la infantil y primaria, pero que si el 80 por
ciento de los padres, que son los más interesados en una buena educación
y de calidad para sus hijos, pide la jornada continua, habrá que estudiar
si hay que atender o no esa petición.
Aquí se han hecho una serie de afirmaciones no diría que en un doble
lenguaje, sino en un triple lenguaje, porque algunos partidos, cuando
hablan con UGT, no tienen el mismo lenguaje que cuando hablan en esta
Cámara, y cuando hablan en esta Cámara no es el mismo lenguaje que cuando
hablan en Andalucía, donde tienen la responsabilidad y no se ha llevado
al Parlamento andaluz las decisiones de la Consejería andaluza respecto
de la jornada continuada para los niños de primaria y secundaria. Estamos
absolutamente de acuerdo con que en aquellos centros donde haya jornada
continuada para primaria y para infantil, tendrán que estar abiertos por
la tarde hasta una hora sensata, las seis de la tarde por ejemplo, y
tendrá que haber actividades complementarias.
Con respecto a algunas afirmaciones que se han hecho aquí por parte de la
señora Rivadulla, quiero significar que en ninguna ocasión ha oído esta
Cámara que la señora ministra ni este grupo hayan indicado que son
partidarios de la enseñanza privada y no de la pública; en absoluto, y me
remito al «Diario de Sesiones», luz y taquígrafos. Pero es que además los
hechos son contundentes; son contundentes cuando un Gobierno aumenta en
este ejercicio el 6,8 por ciento destinado a la educación pública, que es
la mayor cifra dada la inflación de los últimos diez años, cuando
aumentan 2.000 profesores habiendo 170.000 niños menos en el territorio
MEC, y cuando destina a inversiones más de 40.000 millones.
Señorías, los hechos son ésos. Una y otra vez el Partido Popular en su
programa, que fue votado por la mayoría del pueblo español, y en
diferentes manifestaciones, ha dicho que apoyaremos la enseñanza pública
y la concertada, tal como está previsto en la Constitución.
Señor presidente, finalmente --porque no quiero alargarme--, quiero
indicar a la señoría interpelante que relea, por favor, el artículo 57.4
de la Logse y el artículo 5 de la Lopeg porque la organizativa de los
centros sí depende de los mismos. Si el 80 por ciento de los padres pide
una jornada continuada, creo que hay que estudiar y atender esa petición.
El Partido Popular y el Gobierno al que apoyamos somos muy sensibles a
las peticiones de los padres, porque creemos que es fundamental para la
educación conocer exactamente cuál es la sensibilidad y la opinión de
éstos. En eso, si no coinciden S. S. ni los grupos de la Cámara, es que
estamos en distonía completamente.
Termino, señor presidente. Señora ministra, tendrá el apoyo del Partido
Popular porque su propuesta es importante, y como además estamos seguros
de que esa propuesta pasará posteriormente por el consejo escolar, éste
dará su opinión al respecto.
Nada más, señor presidente.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LOS MOTIVOS
QUE HAN IMPULSADO AL GOBIERNO A ELIMINAR LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS A
AMPLIOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MEDIANTE LAS
RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. (Número de expediente 172/000080)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Concluida la interpelación, pasamos a la tercera de las formuladas en el
orden del día, que es la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a eliminar las
jubilaciones anticipadas a amplios colectivos de trabajadores y
trabajadoras mediante las resoluciones de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social.
Para la presentación ante el Pleno de la interpelación, tiene la palabra
el señor Fernández Sánchez, en nombre del Grupo proponente.
EL señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a tratar hoy de una resolución de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social del pasado 14 y 15 de noviembre que a
nosotros, como mínimo, nos ha causado intranquilidad y creo que en el
resto de la población, de los trabajadores y trabajadoras de este país,
alarma, algo que es bastante más serio.
Esta resolución, que es una resolución interna de la Seguridad Social y
que por tanto no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado,
lógicamente no tiene publicidad y hasta este momento es poco conocida
entre los ciudadanos. Trata de anular otras resoluciones: una, del 9 de
agosto de 1978, y una circular del mismo año. Lo que se pretende es
evitar la posibilidad de que miles de trabajadores y trabajadores se
puedan jubilar anticipadamente. Este derecho se venía ejerciendo desde la
Orden ministerial de 13 de enero de 1967, cuyo artículo 9 reconoce que
los trabajadores que hubiesen tenido la condición de mutualistas en
cualquier mutualidad laboral de trabajadores por cuenta ajena el
1 de enero de 1967 podrían jubilarse con 60 años. En el año 1973 se
aprueba otro Decreto, el número 2957, que permite sumar cotizaciones de
varios regímenes, ya sean especiales o del sistema general, y alcanzar
así las cotizaciones mínimas exigidas para el régimen en el que se
pretendan jubilar, el general o el de regímenes especiales. Esto supone
una nueva conquista social para los trabajadores que, sumando cuotas de
distintos regímenes, pueden jubilarse ya que hasta este momento no podían
hacerlo.
El que tiene más relevancia y nos ocupa hoy es la circular 112/1978, de
26 de septiembre, que permite que los trabajadores de regímenes
especiales puedan jubilarse lo mismo que los del régimen general, que
hasta este momento no lo podían hacer. Es decir, los que pertenecían a
regímenes especiales hasta 1978 no se podían jubilar hasta no cumplir los
65 años. A partir de esta fecha las profesiones de regímenes especiales
se jubilan lo mismo que cualquier otro trabajador, a la edad de 60 años
siempre que hayan cotizado antes de 1967. Eso es en todos los casos,
porque, al final, la orden ministerial de 1967 lo que hace es reconocer
derechos adquiridos de trabajadores que tenían cotizaciones hasta ese
momento, que es cuando cambia el régimen general de la Seguridad Social,
porque anteriormente la edad de jubilación era a los 60 años y, a partir
de 1967, se establece en 65. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.) Ante esta evidencia, nuestro grupo
parlamentario ha presentado esta interpelación urgente para que S. S. nos
explique qué motivos ha tenido el Gobierno para recortar el sistema
público de pensiones. Porque, seamos claros, esto es un recorte muy serio
para los trabajadores y trabajadoras de este país.
Decía el ministro recientemente que el Gobierno comparece con mucha
frecuencia en esta Cámara a dar explicaciones sobre la Seguridad Social o
sobre temas relacionados con el trabajo. Yo creo que estas reiteradas
comparecencias no se producen por capricho de la oposición, sino porque
existen determinadas políticas que no compartimos, por lo menos nosotros.
Señor ministro, no quisiera que el asunto que debatimos hoy fuera uno
más, uno de esos asuntos de trámite que se tratan en este hemiciclo y que
no tienen mayor relevancia ni salen a la calle. Me gustaría que se
encarara de una manera seria y rigurosa y que los medios de comunicación
le prestaran atención. Porque hay un hecho que es evidente y es que la
sociedad desconoce en este momento que a partir del 1 de abril, cuando
vayan a tramitar una pensión de jubilación anticipada, les van a decir:
vuelva dentro de cinco años. Y ese es un hecho grave. Por eso sería
conveniente que este asunto no pasara como un mero trámite, como una
comparecencia más en esta Cámara.
Señor ministro, lo que está haciendo es pedir un nuevo esfuerzo a los
trabajadores, a la clase trabajadora y, en este caso, a los colectivos
que tienen mayores dificultades, a los colectivos más desprotegidos de
esta sociedad, porque esta medida que pretenden habilitar el día 1 de
abril va a afectar de lleno a trabajadores autónomos de diversos
sectores: fontaneros, electricistas, albañiles, camioneros, taxistas y un
largo etcétera. Lógicamente, en el régimen agrario el esfuerzo se lo
piden a los agricultores, a los jornaleros, a las pequeñas industrias de
transformación. También están pidiendo el mismo esfuerzo a los emigrantes
retornados, a aquellos que se han pasado una parte de su vida en el
extranjero y que en este momento van a volver, porque hay muchas familias
que ya han hecho planes de volver a su país, de jubilarse anticipadamente
y vivir aquí, en su tierra, y con esta medida van a tener que resistir
cinco años más en los países en que se encuentren.
Yo no quisiera ser duro, pero me da la impresión de que ustedes, los de
la derecha, conocen muy poco de la problemática de los trabajadores. Yo
creo que para conocer realmente la problemática de los trabajadores de
vez en cuando hay que salir de los despachos y hay que conocer cómo se
mueven y se desenvuelven estas profesiones.
Ya digo que no quisiera ser duro en esta exposición, porque no es mi
talante, no es mi estilo, pero ustedes desconocen la realidad laboral,
desconocen ese mundo duro que tienen que vivir, por ejemplo, los
camioneros. Imagínese un camionero que quiere jubilarse a los 60 años y
al que ahora usted le va a decir: No, aguante en la carretera cinco años
más. O imagínese un taxista, que hay muchos que están deseando llegar a
esa edad para vender su licencia y decir: Me voy, me retiro a mi casa
porque esto ya es agobiante, no lo soporto. A este tipo de personas
ustedes les van a pedir el esfuerzo de que prolonguen su vida laboral más
allá de lo que tenían previsto y más allá de lo que hasta este momento la
ley permite, porque no podemos olvidar que llevamos 20 años --desde 1978
hasta hoy-- en los que es una práctica normal jubilarse anticipadamente;
todo aquel que quiere jubilarse anticipadamente y ha cotizado
anteriormente a 1967, lo puede hacer. De repente, su Ministerio, ustedes,
el Gobierno, el Partido Popular, deciden que no, que hay que acabar con
esto, porque parece ser que es un derroche y, como siempre estamos con
Maastricht, con la convergencia, con el recorte presupuestario, hay que
recortar. ¿Y a quiénes van a recortar? A los que no tienen de dónde
recortarles. Podrían hacer un esfuerzo de imaginación y, si necesitan
80.000 ó 90.000 millones, que son los que pueden ahorrarse con esta
medida, ver qué posibilidades tienen de sacarlos de otros sitios. Si
tenemos tiempo, le ofreceré cálculos rigurosos que demuestran que esta
cifra se puede mover por ahí. Si necesitan dinero, búsquenlo donde haya,
pero no en los trabajadores, en el señor que tiene una tiendita ni en el
que tiene un camión; no lo busquen por ahí, porque me parece que ésa es
una política equivocada.
En esta medida también entran de lleno los jornaleros del campo. Ahora
que estamos hablando tanto del
problema del olivar, del comisario Fischler, ahora que la ministra Loyola
se pone al frente de las manifestaciones, sería deseable que la ministra
se pusiera al frente de los jornaleros, pero en una manifestación contra
su compañero de Ministerio, porque, al final, a los jornaleros andaluces
qué les va a contar. Tenga en cuenta que todas las personas que ahora
están en el PER van a tener que estar en el PER desde los 60 hasta los 65
años.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor presidente.
Hasta ahora hay muchas personas que se jubilan anticipadamente, que
abandonan el PER y van a tener que continuar trabajando.
Señor ministro, me gustaría tener más tiempo para seguir hablando de este
asunto, pero le voy a dar un dato que tal vez le viene bien. Sepa que en
el sector del transporte un 22 por ciento de los trabajadores han
cumplido ya 60 años. Son datos oficiales y no me los puede rebatir. Hay
un 70 por ciento de trabajadores que tienen ya 45 años cumplidos, lo cual
quiere decir que estamos hablando de miles de trabajadores; usted con
estas medidas les va a fastidiar la vida, así de claro y sencillo.
Señor ministro, también hay otro colectivo importante que está afectado,
la mujer, las empleadas del hogar sobre las que tantas veces aprobamos en
este Congreso declaraciones de intenciones por unanimidad para proteger
sus derechos, pero son sólo resoluciones que no tienen cuantificación
económica. Es muy sencillo hacer declaración de intenciones sin más.
¿Qué va a pasar con las mujeres empleadas de hogar a partir de ahora? Que
van a tener que seguir haciendo durante cinco años más ese doble trabajo
de fuera y dentro de casa. Me gustaría que dejáramos ya esas
declaraciones que están muy bien, pero no sirven de mucho. Lo que sería
conveniente es que no actuasen con esa contundencia también contra las
mujeres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego concluya.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Concluyo, señor presidente.
Me gustaría que de aquí a la semana que viene, sin necesidad de moción ni
de votación para que se retire esta resolución, fuese valiente y viera a
qué colectivos va a perjudicar para retirarla a tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, tomo la palabra para contestar a
la interpelación que me formula el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Quiero decirle, en primer lugar, que agradezco la misma, porque me
parece que cuando se tiene una responsabilidad en el ámbito ejecutivo hay
que estar siempre dispuesto a comparecer en el Parlamento y a hacerlo con
mucho gusto. También tengo que decirle que, cuando uno tiene
responsabilidad ejecutiva, agradece especialmente que los parlamentarias
y parlamentarios se ocupen de los asuntos que uno tiene que afrontar en
el devenir diario y sobre los que hay que tomar algún tipo de decisiones.
Empezaré agradeciendo el tono de su intervención, especialmente en la
primera parte, porque al final ha venido a situarme como un enemigo de la
sociedad española por sectores (de los camioneros, de los agricultores,
de las mujeres) y eso no obedece a ningún comportamiento riguroso y
constituye un adorno de la primera parte de su intervención. Adornarse no
se da solamente en algunos ámbitos artísticos, sino que a veces también
es legítimo que se haga en el plano de la oratoria parlamentaria, pero,
si me permite, --y no lo entienda como descortesía parlamentaria--, no
voy a contestar a la parte final de su intervención, porque este Gobierno
está profundamente orgulloso de haber pactado con los sindicatos el
mantenimiento y mejora del sistema de protección social agrario.
Se había dicho muchas veces que con la llegada de un Gobierno del Partido
Popular desaparecerían los derechos sociales de los trabajadores en el
ámbito agrario y este Gobierno está muy orgulloso de lo que significa el
Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades, de la misma forma que está
satisfecho de la política que está planteando para que la igualdad de
oportunidades no sea solamente un derecho, sino que se convierta en un
hecho.
Se ha referido a algún congreso y la verdad es que estamos muy contentos
de haber mejorado considerablemente las pensiones de viudedad y orfandad,
que era una reclamación de muchas mujeres. En cuanto al régimen de
empleadas o empleados de hogar --no solamente hay mujeres, también hay
hombres--, ha tocado un régimen especial de la Seguridad Social en el que
actualmente hay más empleo sumergido. En los últimos 20 años se ha
producido una reducción espectacular en las afiliaciones a ese régimen
cuando en los últimos años, afortunadamente, se ha producido la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Parece de sentido común
que, si en muchos hogares españoles hubiera trabajado no sólo el hombre
sino la mujer, hubiéramos tenido un incremento en régimen de empleados
del hogar. Pues bien, ha pasado exactamente lo contrario, incluso,
recientemente algún analista de empleo ha situado en 400.000, el posible
empleo doméstico sumergido que tenemos en este momento en España. Por
tanto, el Gobierno no tiene ningún complejo de culpabilidad relativo a
las políticas sociales, sino todo lo contrario.
En segundo lugar, me parece que cuando se gobierna no es una cuestión de
valentía o no. Si ustedes --que hoy no me han convencido en su
intervención porque creo que no expone el problema real-- me convencen de
que hay una resolución de nuestro Ministerio que es equivocada, si me
convencen, desde luego, tomaré una decisión en esa dirección. No es un
problema de valentía, ni tampoco, señorías, de buscar y solicitar
aplausos fáciles lo que guía la gestión de un buen gobierno. Al final, un
buen gobierno tiene que afrontar los problemas de la sociedad y ha de
tomar decisiones contando también --y es un elemento fundamental de mi
intervención-- con la posición de los tribunales de justicia y con la
interpretación judicial que se hace en ellos.
Señorías, en primer lugar, aquí no se está hablando de ninguna decisión
legal tomada por el Gobierno, de ningún cambio de ley, de ningún cambio
de norma en parlamentaria o de decreto ley; se está hablando de una
resolución interpretativa dentro del Ministerio de Trabajo. En segundo
lugar, el derecho a la posible jubilación anticipada a los 60 años no se
le quita absolutamente a nadie --como explicaré a continuación--, a nadie
que tiene derecho. El Tribunal Supremo es el que está diciendo en este
momento cómo se configura ese derecho.
Decía usted que la posición de una resolución de una dirección general de
nuestro Ministerio le ha causado alarma e intranquilidad. Me imagino que
lo mismo se la produciría una orden exactamente igual que se dictó el 21
de diciembre de 1995 y que se dejó sin efecto unos días después, en
período electoral, porque parecía que iba a ser contestada. Me imagino
que si le produce alarma lo que hemos hecho ahora, S. S. tendría la misma
en diciembre de 1995 y porque precisamente el día 23 de enero se dejara
sin vigor, suspendida cautelarmente, una resolución de estas
características. Por tanto, ni aplauso fácil, ni problema de valentía, ni
innovación espectacular por parte del Ministerio de Trabajo.
¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que, como muy bien ha citado usted,
en España tenemos una situación general de jubilación legal a los 65
años. Digo en la Cámara que hoy la jubilación real en España no es a los
65 años; es a los 62 años. Es cierto que en España tenemos personas que
con medidas de fomento del empleo se pueden jubilar a los 64 años; es
cierto también que en España se puede acudir a una jubilación parcial a
los 62 años; es cierto que en España se puede acudir a una jubilación
anticipada en actividades que se consideran peligrosas, penosas e
insalubres, por ejemplo, trabajadores ferroviarios, trabajadores de
minería, personal de vuelo y trabajadores del mar, y así se ha
considerado legalmente. Es cierto, señorías, que en España se puede
solicitar una jubilación excepcional a los 60 años, siempre que se
demuestre que se ha estado cotizando en las mutualidades laborales --como
señalaba S. S.-- antes del 1 de enero de 1967. Cuando se dicta esa norma
se hace con carácter transitorio para proteger a aquellos que han estado
trabajando por cuenta ajena a través de las mutualidades laborales antes
del 1 de enero de 1967. Sin embargo, una norma no debe ser un elemento
para que la propia norma se tergiverse, y se lo explicaré, señorías. En
este momento están accediendo a la jubilación anticipada, que está
prevista para personas que estaban trabajando por cuenta ajena antes del
1 de enero de 1967, personas que no pertenecen a cuenta ajena,
simplemente por el hecho de que se compute un día en cuenta ajena antes
de 1967. Esa es la cuestión. No se quita a nadie su derecho a la
jubilación anticipada, simplemente hay que estimar lo que significa estar
en cuenta ajena antes de 1967.
¿Y quién lo estima, el Ministerio de Trabajo? No, señoría, no lo estima
el Ministerio de Trabajo. Las decisiones se toman en el ámbito judicial y
el Ministerio de Trabajo no puede hacer oídos sordos, no puede dejar de
verlas, cuando nos dicen: primero, que a efectos de los requisitos
exigidos hay que tener en cuenta el cómputo recíproco de cotizaciones a
la hora de elegir el régimen. Y a efectos de ese cómputo recíproco de
cotizaciones no cuenta, como sucedía, estar un día en el régimen general
cuando el resto de la vida laboral ha sido por cuenta propia.
¿Y qué nos dicen los tribunales, señorías? El Tribunal Supremo analiza
supuestos de cotizaciones llevados a cabo en Suiza, en Alemania o en Gran
Bretaña y nos dice que esas cotizaciones no se pueden computar a efectos
de esa incorporación a la jubilación anticipada para personas del régimen
general que estuvieran en mutualidades laborales antes del 1 de enero de
1967.
Usted sabe que a la hora de situar un régimen de la Seguridad Social hay
que contemplar el régimen en que se está en ese momento o el régimen
predominante del conjunto en los que se ha estado.
En consecuencia, señorías, les quiero decir que ésta es una decisión de
una dirección general de nuestro ministerio que obedece exactamente a la
interpretación judicial que se está planteando sobre este supuesto, que
no supone novedad alguna. Quiero insistir en ello, porque una resolución
similar se dictó el 21 de diciembre de 1995 y se puede demostrar.
Finalmente, señorías, una de las cosas más serias, con mucha diferencia,
que observo en el Ministerio de Trabajo en cuanto a la exactitud de sus
cálculos es la tarea que desarrollan los actuarios de la Seguridad
Social.
En ese sentido, he leído algunas cifras absolutamente escandalosas en los
medios de comunicación. Quiero decirle que la directora general que ha
dictado esa resolución --ha hablado usted del Partido Popular, del
Gobierno; ésta es una estrategia del Gobierno del Partido Popular-- ya lo
era cuando llegué al ministerio y lo sigue siendo. De PP, nada; ni sé ni
me interesa qué ha votado en las pasadas elecciones. Pero también le
quiero decir que los actuarios de la Seguridad Social en 1998 son los
mismos que en 1997, 1996, 1995, 1994 y 1993. Son los mismos que han sido
definitivos en los trabajos previos para ese gran Pacto de Toledo. Por
eso me sorprende mucho que SS. SS. estén hablando de 25.000 personas, de
cientos de miles de personas según los actuarios de la Seguridad Social
--y a ellos me remito--, que son técnicos que no ejercen su trabajo en
función de sus ideas sino de su capacidad, que es mucha; me sorprende,
repito, que estén hablando de esta medida tan escandalosa, que interpreta
lo que dicen los jueces, que va a afectar a 2.500 personas cada año.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, mucho me temo que, al final, la culpa la va a tener la
directora general que ha firmado esta resolución. ¿El ministro tiene algo
que decir al respecto? ¿La directora puede hacer lo que quiera? ¿Existe
un ministro que se entera de qué resoluciones se está firmando? Me ha
quedado esta gran duda, no sé si al resto de la Cámara le ha quedado muy
claro pero a mí, por lo menos, no; se trata de que una directora general
firma una resolución que, aunque usted diga que no, sí afecta a miles de
trabajadores y trabajadoras de este país.
Le iba a dar unos datos del Grupo Corporativo Mondragón, una de las
sociedades laborales y corporativas que hay en el País Vasco, que ya está
haciendo estimaciones de que esta medida afectará a 5.000 trabajadores.
¿Estamos hablando de miles o no estamos hablando de miles? Le pasaré el
dato, porque veo que no lo tiene.
Ha hablado también de que el sistema de protección público está pactado
con los sindicatos o los agentes sociales. Yo creo que así es, pero hasta
este momento. ¿Ha tenido en cuenta a los agentes sociales? ¿Ha preguntado
qué piensan los agentes sociales sobre esta medida? Yo creo que usted no
sabe qué piensan. Esto es un recorte y usted tendría que habérselo
comunicado al menos. Si no recuerdo mal, el artículo 10 del Pacto de
Toledo, en su párrafo último, establece muy claramente el derecho de los
trabajadores a jubilarse anticipadamente. ¿No estará usted incumpliendo
el Pacto de Toledo en este momento? Si no me falla la memoria, el
artículo 10, en su párrafo último determina el derecho de los
trabajadores a jubilarse anticipadamente a los 60 años. Por eso, y ya que
estamos hablando de los agentes sociales, dígame: ¿Ha puesto en
conocimiento de los agentes sociales este recorte o no lo ha puesto? Yo
me atrevería a afirmar que no. Creo que ellos no tienen ninguna noticia
de que iba a suceder algo tan importante como esto.
Ha hablado también de una resolución de 1995 que nos habría causado la
misma alarma. No nos la puede causar una resolución que se va a implantar
el 1 de abril que otra que no se llego a implantar. Yo sí la conozco y he
visto también la resolución que la anulaba. Usted no se puede justificar
porque en 1995 alguien quisiera introducir esa medida. Un director
general --como su directora general en este momento-- pudo hacer una
resolución de estas características, pero alguien con buen criterio la
paró. Esa es la diferencia y es lo que antes he tratado de decirle. Tenga
la valentía --todavía está a tiempo-- de paralizar la resolución; dígale
a su directora, antes de tomar una decisión de esas características, que
hay un ministro en el Ministerio, porque quizá no lo sabe, y eso sí que
sería grave. Señor ministro, la verdad es que me ha dejado preocupado con
las manifestaciones que ha hecho.
Hay otro asunto que tiene notable trascendencia y es el de los emigrantes
retornados. Usted ha aludido antes a sentencias judiciales. Yo soy
partidario en el Parlamento de hablar de política y no de hacer
jurisprudencia, porque me parece que éste no es el lugar adecuado, pero
si quiere que hablemos de sentencias judiciales, podemos hacerlo. Hoy no
tenemos tiempo, pero quizá la semana que viene lo tengamos para tratar
ese asunto.
Esas sentencias judiciales a las que usted aludía anteriormente sobre los
emigrantes retornados, y que yo sí he leído, no han tenido en cuenta si
hay algún tipo de discriminación con los distintos tratados
internacionales. Hoy día estamos en la Unión Europea, tenemos tratados
bilaterales con un montón de países y, por las sentencias que yo he
leído, ninguno tiene en cuenta el artículo 48 del Tratado de la Unión
Europea, el artículo 49 o el artículo 51, que es el más importante en
este caso, que garantiza la libre circulación de los trabajadores y
obliga a crear un sistema que permita asegurar a los trabajadores
emigrantes y a sus derechohabientes la acumulación de todos los períodos
tomados en consideración por las distintas legislaciones. Es decir, que
este artículo 51, protege a todos los trabajadores de la Unión Europea
para que en sus respectivos países de origen les tengan en cuenta todas
las cotizaciones de la Seguridad Social. Porque ¿qué están diciendo
ustedes en este momento? Que las cotizaciones de trabajadores que antes
de 1967 hubiesen cotizado en Alemania, Suiza o en otro país no sirven;
por eso
ustedes les excluyen de la jubilación anticipada. Yo creo que ésa es una
medida que se podrá subsanar perfectamente con cualquier recurso, porque
cualquier tribunal, lo más probable, es que falle a favor, si se utilizan
las argumentaciones pertinentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego que concluya.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Por último, señor ministro, la verdad es que
tengo que decirle, sin temor a equivocarme además, que su Ministerio, su
Gobierno, el Grupo Popular lo que están haciendo es intentar hacer un
recorte importante de las prestaciones sociales, hundir todo el sector
cooperativo, veamos el ejemplo del País Vasco. Ya veremos qué dice el
grupo Mondragón, porque ya está aclarando que no va a estar por la labor,
asi como los trabajadores del régimen agrario, los jornaleros, las
empleadas y empleados del hogar, como usted decía antes y todo los
colectivos que hemos citado anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández su
tiempo ha concluido. (Pausa.)
Muchas gracias, señor Fernández.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, con mucha brevedad voy a
intervenir para contestar al portavoz de Izquierda Unida sobre la
interpelación.
Me parece que no hay ningún elemento nuevo de los que ha citado en la
primera intervención que ha hecho en la Cámara y es bueno que nos
pongamos de acuerdo a la hora de acotar el debate.
En primer lugar, yo respaldo plenamente a la directora general; así de
claro. Asumo la responsabilidad política, por supuesto. Pero eso no
impide que diga que la directora general no está designada por criterios
de afinidad partidista, y lo puedo decir en la Cámara; ha sido designada
porque es una magnífica técnica y profesional por quien puede designarla,
que soy yo, que soy quien asume la responsabilidad política en este
asunto.
En segundo lugar, usted sigue manteniendo que afecta a muchísimas
personas. Ha dicho que los datos ya los traerá la semana que viene;
estaré pendiente de ellos. Me hubiera gustado más que los trajera hoy. Yo
traigo los de la Seguridad Social, que son 2.500 personas este año. Usted
se ha anticipado ya, porque no ha traído hoy los datos, pero a los medios
de comunicación sí se los ha dado: 25.000 al año.
La situación de Mondragón la conozco, es mi obligación como ministro de
Trabajo. Es verdad que hay algunas personas afectadas en Mondragón, pero
25.000 al año ni hablar y bajo ningún concepto. De todas formas, la
semana que viene atenderemos en la moción a los datos que S. S. nos
aporte. Nosotros seguiremos aportando los de los actuarios de la
Seguridad Social.
Créame que estamos haciendo mucho por el mundo cooperativo. Lo último,
pactar una ley cooperativa con diálogo social y con todo el sector de las
cooperativas en España en este momento. No tenemos mal clima de diálogo
social con las cooperativas. Lo único que ha cambiado de su primera a su
segunda intervención es que en aquélla me ha calificado de enemigo
público número uno de los transportistas, de las mujeres y de los
jornaleros, y ahora me ha introducido en las cooperativas y en Mondragón.
Hay un diálogo social permanente y estamos a punto de sacar adelante una
ley de cooperativa pactada con ellos.
Luego me dice que aquí hay que hablar de política y no de debate
jurídico. Aquí se discute sólo una cosa. ¿Qué interpretación jurídica se
le da a un precepto? La que da el Ministerio de Trabajo es la que dicta
el Tribunal Supremo, sentando jurisprudencia. El día que el Tribunal
Supremo dicte jurisprudencia en otra dirección, el Ministerio de Trabajo
modificará su posición.
Cuando se habla de los Pactos de Toledo hay que hacerlo en su integridad.
En los Pactos de Toledo se dice que hay que fomentar la permanencia
voluntaria en el mercado de trabajo incluso por encima de los 65 años. No
sé si lo ha leído. Lo segundo que se dice es que hay que plantear
políticas de lucha contra el fraude. Y lo quiero explicar ante la Cámara.
Este Gobierno ha subido las pensiones más que ningún otro, ha firmado un
pacto con los sindicatos, ha establecido la revalorización automática de
las pensiones y ha hecho que este año el gasto social en su conjunto en
políticas sociales crezca el 14 por ciento. No puedo entender que nos
acusen de políticas antisociales, salvo que se venga desde el prejuicio
ideológico o desde el eslogan político. Repito, no ha habido nunca una
etapa de mayor diálogo social en torno a los sistemas de protección
social, salvo que se venga con el prejuicio ideológico o con el eslogan
político. Yo haré todo lo que pueda por luchar contra el fraude en el
sistema de Seguridad Social, y sé que cuesta votos. No admito el fraude
de que, si una persona tiene reconocido derecho a la jubilación
anticipada por estar en el régimen general por cuenta ajena antes del 1
de enero de 1967, pueda considerarse un solo día antes de 1967 y a
continuación toda la vida de autónomo para incorporarse al régimen
general. ¿Que eso cuesta votos? Estoy dispuestísimo a asumir el coste en
votos que pueda tener esa medida, pero gran parte del saneamiento de
nuestro sistema de protección social pasa porque lo protejamos de
conductas que no son correctas, y en este caso nadie a tenido conductas
incorrectas. Pero el Gobierno sí puede, al amparo de decisiones del
Tribunal Supremo, decidir la interpretación a través de una resolución;
y la interpretación de una ley o es un debate jurídico o no es nada. Si
usted quiere un debate político sobre la interpretación de una norma, no
vamos a ninguna parte. Yo le he dicho a usted que hay sentencias
referidas a Suiza, Alemania y Gran Bretaña relativas a emigrantes; usted
se ha permitido decir que esas sentencias no son correctas. Recomiende
todos los procesos de impugnaciones que pueda, de apelaciones a otras
instancias o diríjase al Tribunal Supremo, pero permítame S. S. que entre
la opinión jurídica del Tribunal Supremo o la suya, que puedo considerar
muy docta y también muy formada, me quede con la de aquél.
No entra en cabeza humana que un ministro se levante por la mañana o por
la tarde, esté tranquilo en su despacho y decida que determinadas
personas no tienen derecho a la jubilación anticipada. Señoría, la
decisión que he adoptado en esta materia con la directora general es una
decisión de carácter técnico-jurídico a la hora de garantizar la
aplicación de una norma. No ha sido ninguna decisión política; más bien
se intentó que nadie se colara por una rendija que no prevé la ley. Ese
es el comportamiento que hemos tenido, que vamos a seguir teniendo y nos
parece sorprendente que mencione cómo determinamos quien entra en la
norma o quién no entra. Lo decide el régimen predominante de Seguridad
Social. Esa es la interpretación judicial que se ha dado que nos parece
correctísima. Por tanto, si quiere, puede seguir acusándonos de
antisociales a base de eslóganes que han funcionado en España hace
muchísimos años, pero nosotros seguiremos intentando que España cada día
sea más competitiva; si lo conseguimos, será siempre más solidaria,
porque sin competitividad no hay solidaridad y seguiremos manteniendo
siempre nuestro sistema de protección social. Lucharemos siempre contra
el fraude cuando lo veamos venir, aunque sea con coste electoral. Y
también le quiero garantizar que si usted me convence, cambiaré mi
posición; que si el Tribunal Supremo sienta otra jurisprudencia, cambiaré
mi posición, pero simplemente por un alegato político, que yo respeto, no
la cambio.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que intervenciones como las que hemos oído esta tarde, iniciativas
como las que ha planteado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, nos
reconcilian a todos un poco con nuestra función de legisladores. Aunque
solamente fuera porque una decisión administrativa, como hemos visto esta
tarde, soportada políticamente por el propio ministro, hasta este momento
era totalmente desconocida por los afectados, y gracias a la iniciativa
que estamos debatiendo puede ser objeto de algo que es elemental en una
democracia, como es el que las normas, incluso la interpretación de las
normas cuando tienen efecto sobre los derechos de los ciudadanos sean
conocidas, hay que felicitarse, y el Grupo Parlamentario Socialista no
tiene ningún empacho en hacerlo y sumarse a todos los argumentos que ha
hecho el grupo interpelante. Efectivamente, los hechos son tal cual ha
dicho el diputado interpelante. Lo cierto es que con estas dos
resoluciones se quiebra una historia secular de interpretación de normas
administrativas desde la Seguridad Social y, más allá del debate de si
son galgos o son podencos, la realidad es que decenas de miles de
trabajadores que siguen pensando que van a tener derecho a jubilarse
anticipadamente a partir de los 60 años, por esta decisión libérrima de
la Administración y por esta decisión política avalada por el ministro de
Trabajo, van a ver recortados sus derechos y van a ver a sus familias en
multitud de ocasiones sometidas a dramatismos, algunos de los cuales, si
los diputados del Grupo Parlamentario Popular quieren conocerlos, no
tienen más que pasarse por mi despacho para leer algunas de las cartas
que ya estamos recibiendo en las que se exponen estas situaciones
familiares, personas a las que se va a obligar a vivir durante los
próximos cinco años poco menos que de la caridad familiar o pública. Los
hechos son así de tozudos.
Ya me extrañaba a mí que, incluso en una interpelación de Izquierda
Unida, los culpables no fuéramos el Grupo Parlamentario Socialista y el
Gobierno anterior. Venimos preparados, pero no vamos a entrar tampoco al
trapo de ningún tipo de provocación. Baste decir que la resolución de
1995, quizás hecha por las mismas personas que han hecho esta de 1997,
inmediatamente que fue conocida por el director general del INSS quedó
sin efecto, y no por las razones espúreas que ha dicho el señor ministro,
sino por las razones que se establecen en el propio preámbulo del oficio
en el que se rechaza esa interpretación y que no son otras que la
existencia de una jurisprudencia contradictoria sobre estas materias y la
existencia de convenios internacionales y legislación comunitaria que
impiden una interpretación tan restrictiva y odiosa contra el derecho de
los trabajadores en general y de los emigrantes españoles en particular.
Por cierto, hemos tenido ocasión de ver cómo se cubren las vergüenzas con
argumentaciones de otros gobiernos, de los técnicos de la Seguridad
Social en decisiones que son estrictamente políticas. No hace falta tener
la licenciatura en Derecho para saber que las decisiones de los
tribunales se refieren a casos individuales y que en esta materia,
además, hay una amplísima jurisprudencia de carácter contradictorio. Y no
es cierto
que haya una interpretación, como se ha dicho, que se tergiversen las
normas, poniéndose además en el pasivo del anterior Gobierno. Las normas,
señoras y señores diputados --y me apena mucho, porque sé que el señor
ministro tiene, con razón y con orgullo, mucha afección al anterior
Gobierno de UCD-- son del Gobierno de la Unión de Centro Democrático. Es
una resolución del año 1978, del señor Villalobos, director del Servicio
del Mutualismo Laboral. Por tanto, ésa no ha sido una norma para
tergiversar la ley ni ha tenido contenido electoralista, sino que ha sido
pacíficamente desarrollada por la Seguridad Social durante 20 años, y la
Seguridad Social no tiene por qué atenerse, y el ministro del ramo
tampoco, a unas sentencias que a veces son contradictorias con las
anteriores. Además, señor ministro, nosotros presentamos ayer en el
registro de la Cámara una proposición no de ley, porque si hubiera alguna
necesidad de cambiar la legislación vigente, pues se cambia, que para eso
está el Parlamento, con rango de ley o, si no, por decreto.
El problema es político, como le ha señalado el diputado de Izquierda
Unida. Nosotros firmamos con ustedes en 1995 el Pacto de Toledo, que
consistía en mantener el sistema de protección social tal y como ustedes
lo heredaron cuando llegaron al Gobierno y queremos que se quede
exactamente igual. Si es necesario mantener las resoluciones
administrativas, manténganse, y si es necesario cambiar el decreto o la
ley, cámbiese, pero manténgase el derecho de cientos de miles de
españoles.
Se han discutido los números y las cifras. Valga simplemente comentar que
todos los emigrantes que han estado en países europeos o americanos en la
década de los sesenta y que hasta ahora tenían derecho a la jubilación
anticipada, la perderán. ¿Son 2.000 personas, señor ministro, o son
cientos de miles de personas? Nadie podrá decir exactamente cuántos son
los afectados, pero los potencialmente afectados son tantos como
emigrantes. Estamos hablando sólo del colectivo de emigrantes que, como
ha dicho muy bien el diputado de Izquierda Unida, están en esos países de
acogida pensando en reconstruir su vida en España a los 60 años de edad y
van a tener que posponer sus proyectos vitales cinco años por una
interpretación administrativa.
Señor ministro, estoy completamente convencido de que usted no se había
enterado de esto hasta que se ha liado la que se ha liado, hasta que ha
sido conocido. Y, señor ministro, se lo digo con serenidad y al mismo
tiempo con cariño, algo parecido ocurrió anteriormente, pero en 48 horas
se solucionó el problema, porque se vio que era un problema grave y que
afectaba de una manera insidiosa a cientos de miles de españoles que no
tienen por qué sufrir las consecuencias, digamos, del despotismo
ilustrado de los letrados. Usted lo puede hacer y no se le va a caer
ningún anillo, es más, usted pondrá en su curriculum un acto de seriedad,
un acto de compromiso con los trabajadores --usted es el ministro de
Trabajo-- y un acto de compromiso con lo que su grupo firmó solemnemente
en la Cámara. Mantenga usted el régimen de Seguridad Social como ha sido
en los últimos 20 años y considere que ésta era la interpretación de la
Unión de Centro Democrático, a pesar de que también hay sentencias de
aquella época que iban en sentido contrario. Es un problema político,
señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Termino, señor presidente.
Están afectados centenares de miles de trabajadores. Aunque solamente
fuera por el colectivo de emigrantes que no pudieron cotizar las
mutualidades en España porque se les arrojó del mercado laboral español,
y que hasta ahora se ha entendido que las cotizaciones en los países de
acogida eran iguales que en España, usted, señor ministro, tiene esa
obligación. Al mismo tiempo, le voy a decir que sería quizá el dato que
más podría, en su ancianidad, recordar de su ministerio: recuperó para
esos españoles un derecho. Sinceramente, es un abuso que se pretenda en
este momento recortarlo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a empezar mi intervención haciendo mías unas palabras del
señor ministro cuando ha dicho que, con este Gobierno, durante esta
legislatura, es cuando más se ha hablado con los agentes sociales de
Seguridad Social y cuando se ha llegado a más pactos con los agentes
sociales sobre la Seguridad Social. Pero no sólo el Gobierno ha hablado
--y mucho-- y ha llegado a pactos importantes en esta materia, sino que
en este Parlamento tampoco nos cansamos, día a día, de hablar de materia
tan sensible para tantos conciudadanos y conciudadanas de nuestro país.
Sin ir más lejos, ayer mismo tuvimos ocasión también de debatir parte de
la materia que tiene relación con la Seguridad Social, con nuestro
sistema de protección social, y coincidimos también en este caso el
portavoz del Grupo Socialista y quien ahora se dirige al resto de esta
Cámara.
Señor Cercas, si ayer su intervención --carente de rigor y de
fundamento-- (Rumores.) le hacía a usted optar y casi ganar --en un símil
cinematográfico-- el óscar al mejor actor de comedia, hoy, sin duda, hace
usted votos
para conseguir el de mejor actor también, pero dramático. Porque, señor
Cercas --permítame que le diga--, dice usted que estamos ante una
cuestión... (El señor Cercas Alonso abandona el hemiciclo.) Si me quiere
escuchar, que parece que no es así. Evidentemente, es democrático hablar
y es democrático también, a veces, escuchar. Parece ser que algunos sólo
entienden la primera parte. (Rumores.) Pero al Grupo Parlamentario
Socialista --del que queda algún miembro en esta Cámara-- le puedo decir
claramente que, si va a afectar a tantas decenas o cientos de miles de
personas, como han dicho --no aquí, sino fuera de este hemiciclo--, pero
que incluso ellas no lo saben y que se van a enterar ahora, gracias a la
actitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida o del propio Grupo
Parlamentario Socialista, que alguien me explique cómo son capaces de
tener ya en las mesas de sus despachos miles de cartas de personas que
viven pensando constantemente en este drama, si aún no pueden tener
constancia de ello debido al ocultismo de este Gobierno o de este
partido. Es imposible, señorías. O no lo saben o, si lo saben,
evidentemente, no pueden estar engañados absolutamente por nadie.
Deberíamos acotar el debate, señor portavoz de Izquierda Unida, porque a
este Gobierno y a este partido, cuando era oposición le gustaba que se
respetaran las sentencias judiciales y ahora, que es Gobierno, le sigue
gustando que se respeten las sentencias judiciales, en todos los órdenes
jurisdiccionales. Puede que haya algunos grupos de esta Cámara a los que
no les guste tanto hablar de tribunales o que no les guste tanto respetar
sentencias jurisdiccionales. A nosotros, todas, antes y ahora.
Pero es que además, en el orden social, usted acusaba a mi grupo de
desconocedores de la realidad de los trabajadores. Yo le voy a devolver
la pelota y le voy a decir: en todo caso, no sé si la desconocemos o no
--pienso que no--, pero ustedes sí que son gravemente desconocedores de
cuál es la realidad del orden social que tanto afecta no a miles, sino a
millones de trabajadores. Les puedo decir que existe --y vale la
reflexión también para el otro grupo-- un recurso de casación para
unificación de la doctrina, únicamente en el orden social. Y existe este
recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de la
doctrina porque, como es tan dispar la que se dicta por los tribunales
superiores de justicia desde la última reforma que se hizo, de planta
judicial, fue necesario introducir este nuevo recurso para unificar toda
aquella doctrina controvertida (como ha hecho referencia --en este caso
acertadamente-- algún miembro de otro grupo) y dispar. Y justamente esas
resoluciones que se dictan en unificación de doctrina, que son
jurisprudencia, no para la persona que ha acudido ni para la
administración que puede estar compelida a su cumplimiento sino para todo
el conjunto que se vea afectado, son las que nos llevan hoy a decir que
evidentemente aquella resolución estaba equivocada y que técnica y
jurídicamente debe realizarse en la forma y manera en que se recoge en
las resoluciones que hoy ha defendido el señor ministro y que hace suyas
también mi grupo en esta Cámara.
Por lo tanto, señorías, seamos respetuosos con la división de poderes y
con las normas procesales y jurisdiccionales que nosotros nos hemos dado
en este caso. Recordemos, señorías, que esta es una Cámara cuya principal
función, aparte de otras como control de Gobierno o económicas, es la de
legislar. Si SS. SS. no están de acuerdo con la interpretación que de la
ley hacen los que la tienen que hacer, que son los tribunales, traigan
ustedes, no interpelaciones de este tipo o proposiciones de ley como las
que se han presentado en esta Cámara, sino modificaciones legales que
podamos discutir, y en ese caso veremos si son o si dejan de ser
posibles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps,
concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo ya, señor presidente.
Señorías, los debates no sólo hay que acotarlos, sino que han de ser
rigurosos. No voy a entrar en una lucha de cifras, sólo diré que los que
no se han atrevido a decir hoy aquí lo que dicen fuera de esta Cámara
deberían conocer algo tan sencillo --y esto vale para los dos portavoces
de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra-- como a
cuántas personas les afectó el año pasado, como ha dicho el señor
ministro, una medida de este tipo. Sobre un colectivo de tres millones de
personas, sólo 2.500 se acogieron durante el año pasado a esta medida y
no decenas de miles de españoles, como dicen ustedes. No afecta al gran
número que ustedes dicen, queriendo crear alarmismo social allá donde no
puede existir.
Permítanme, señorías, decirles que lo sereno, lo lógico, lo respetuoso,
lo responsable sería que todos estuviéramos en la senda, en el camino de
Toledo. Ya sé que ustedes, el Grupo de Izquierda Unida, nos dijeron hace
tiempo que no estaban por la labor; el Partido Socialista abandona cada
día más ese camino, formalmente incluso cuando su portavoz abandona este
hemiciclo al hacer uso de la palabra el Partido Popular, pero no se dejen
llevar por deseos irrefrenables de exhibicionismo parlamentario porque en
nada ayudan a millones de pensionistas españoles o a los que algún día,
como es el presente caso, esperan serlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.