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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 24/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 143
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 138
celebrada el martes, 24 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del
Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 113-1, de 15 de septiembre de 1997
(número de expediente 122/000095) (Página 7519)
Ampliación de plazo:
--De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, esta
Presidencia somete al Pleno la solicitud de prórroga del plazo previsto
para realizar los trabajos de la Subcomisión para el análisis y
seguimiento del proceso de integración económica y monetaria, constituida
en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, hasta el
final del presente período de sesiones (número de expediente 154/000011)
(Página 7525)
Tramitación directa y en lectura única:
--La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter al
Pleno la tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley
Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General
(número de expediente 122/000094) (Página 7525)
--La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter al
Pleno la tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley por
la que se aprueba la modificación del Convenio Económicio entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra (número de expediente 121/000105) (Página 7525)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre modificación del
artículo 53 de la Ley del Registro Civil, para posibilitar que hijos e
hijas puedan llevar como primer apellido el materno desde su nacimiento,
si así lo deciden sus progenitores. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 142-1, de 26 de enero de 1998 (número de expediente
122/000123) (Página 7526)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sras. Rivadulla Gracia y Almeida
Castro), sobre modificación del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de
1957 sobre el Registro Civil, en materia de inscripción de apellidos.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 134-1, de 19 de
diciembre de 1997 (número de expediente 122/000115) (Página 7526)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del
Código Civil en materia de inscripción de apellidos. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 165-1, de 3 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000144) (Página 7526)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación
del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro
Civil, en materia de inscripción de apellidos. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 181-1, de 20 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000161) (Página 7526)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la atención del
alumnado hospitalizado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 211, de 2 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000224)
(Página 7534)
--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre tarifas
telefónicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 222, de
19 de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000187) (Página 7539)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el deterioro y
la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la
evolución de las cuentas de la Seguridad Social (número de expediente
173/000069) (Página 7546)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de
política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y
sus efectos en la actividad económica (número de expediente 173/000070)
(Página 7552)
--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno
para adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero
de 1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del
Condado de Treviño, para formular una consulta popular, denegando tal
posibilidad (número de expediente 173/000071) (Página 7556)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 7519)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7519)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre creación del
Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Página 7519)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Carreño
Rodríguez-Maribona. Pone de manifiesto en primer lugar las tres vías que
existen en la Constitución española que permiten agruparse a los
ciudadanos en pro de una mayor participación ante los poderes públicos:
artículo 22, a través de las asociaciones; artículo 28, a través de los
sindicatos, y artículo 36, a través de los colegios profesionales. Se
refiere a diversos colegios profesionales de renombrado prestigio, como
el de Abogados, el de Arquitectos o el de Oficiales de la Marina
Mercante. Añade que desde la aprobación de la Ley 2/1974, de Colegios
Profesionales, y su modificación de 1978 tan sólo se han aprobado siete
nuevos colegios profesionales, a pesar de la notable proliferación de
profesiones y titulaciones desde entonces.
A continuación pasa a explicar el contenido de su proposición de ley que
consta de dos artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición
final y expone que los pilotos de la aviación civil comercial han venido
defendiendo sus intereses por intermedio de la Asociación que los citados
pilotos tienen constituida, la cual, en representación de sus asociados,
ha solicitado la creación de un Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación
Comercial que los integre corporativamente.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Sánchez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Segura Clavell, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En un turno excepcional intervienen los señores Carreño
Rodríguez-Mirabona y Segura Clavell.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre creación del colegio
oficial de pilotos de la aviación comercial, se aprueba por 270 votos a
favor, 12 en contra y dos abstenciones.
Ampliación de plazo (Página 7525)
Solicitud de prórroga del plazo previsto para realizar los trabajos de la
Subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración
económica y monetaria, constituida en el seno de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda (Página 7525)
El señor presidente informa a la Cámara que la Mesa ha acordado someter
al Pleno la solicitud de prórroga del plazo de los trabajos de la
Subcomisión que en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda realiza estudios, análisis y seguimiento de proceso de
integración económica y monetaria, lo que se aprueba por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única (Página 7525)
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General (Página 7525)
Proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del convenio
económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (Página 7525)
El señor presidente informa a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en
lectura única de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, así como del proyecto de ley por
la que se aprueba la modificación del convenio económico entre el Estado
y la Comunidad Foral de Navarra, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) (Página 7525)
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre
modificación del artículo 53 de la Ley del Registro Civil, para
posibilitar que hijos e hijas puedan llevar como primer apellido el
materno desde su nacimiento, si así lo deciden sus progenitores (Página 7526)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Rivadulla Gracia y Almeida
Castro), sobre modificación del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de
1957 sobre el Registro Civil, en materia de inscripción de apellidos
(Página 7526)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del
Código Civil en materia de inscripción de apellidos (Página 7526)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación
del Código Civil y de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro
Civil, en materia de inscripción de apellidos (Página 7526)
Defienden la toma en consideración de las diversas proposiciones de ley
presentadas, relativas todas ellas al cambio de la legislación civil para
posibilitar que los hijos e hijas puedan llevar desde su nacimiento como
primer apellido el materno, si así lo deciden sus progenitores, y fijan
su posición respecto a las otras iniciativas, las señoras Fernández de la
Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Sabanés Nadal, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones de los grupos no proponentes
intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se
aprueba por 278 votos a favor y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 289
votos a favor y tres abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se
aprueba por 296 votos a favor y cuatro abstenciones.
Sometida a votación, en cuarto lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se
aprueba por 299 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7534)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la atención del
alumnado hospitalizado (Página 7534)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
proposición no de ley sobre la atención del alumno hospitalizado el señor
Coquillat Durán. Recuerda en primer lugar los artículos 63 y 65 de la
Logse que, según su opinión, se refieren al caso de los niños
hospitalizados que están necesitados de una educación compensatoria.
Asimismo se refiere al informe sobre el estado y situación del sistema
educativo del curso 95-96, emitido por el Consejo Escolar del Estado y al
Real Decreto-ley 299/1996, de 28 de febrero, relativo a la compensación
de las desigualdades en educación. Manifiesta que con su proposición no
de ley pretenden la potenciación de todos los efectivos de innovación
educativa en el campo de la teleeducación en aulas hospitalarias, dando
cumplimiento a los aspectos mencionados en el Real Decreto-ley arriba
citado. Considera que la utilización de los nuevos medios telemáticos e
informáticos pueden favorecer el desarrollo afectivo y social, impulsando
la expresión y la comunicación en los alumnos hospitalizados, y puede ser
una oportunidad para desarrollar destrezas en algunos de estos medios
tecnológicos, facilitando la recuperación del desfase académico que se
pueda sufrir, que estará en función de muchos factores, pero también, sin
duda, del tiempo de hospitalización. Asimismo se puede favorecer la
coordinación con el centro educativo de referencia y la comunicación
entre el alumnado de éste y las aulas hospitalarias, sin sustituir la
tarea pedagógica y humana del docente.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley
interviene la señora Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Coquillat Durán.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre la atención del alumnado hospitalizado en
los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso por el grupo proponente, se aprueba
por 293 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas (Página 7539)
Presenta la proposición de ley el señor Morlán Gracia, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Pretenden con su proposición
de ley que en un mercado como el actual, con la aparición de un segundo
operador, la competencia que todo el mundo predica sea una competencia de
verdad, que garantice en todo momento que los usuarios y consumidores
disfruten de los beneficios y de las consecuencias lógicas de la
competencia. Explica a continuación los diferentes puntos de que consta
su proposición de ley, que postula derogar la competencia del Gobierno,
en un período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones
de interconexión. Muestra su rechazo a la tutela adjudicada al Ministerio
de Fomento y considera que ha de ser la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la que posibilite que haya acuerdos entre los
operadores y, si no los hay, fije las tarifas y las condiciones de
interconexión. Asimismo plantean en su proposición no de ley que se
elimine cualquier autorización a Telefónica de España para incrementar
sus tarifas de servicio telefónico básico, porque tiene que ser la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que decida el momento
en que se tienen que producir las modificaciones tarifarias y la que
tiene que alcanzar el acuerdo sobre las cuotas de abono. Finalmente hace
referencia a dos tipos de actuaciones que, en parte, están adoptadas,
como es la duración de la llamada ajustada en segundos y el abaratamiento
de las llamadas de fijo a móvil y de móvil a fijo, y plantea la necesidad
de que el Congreso tenga información clara, precisa y periódica de la
calidad de los servicios telefónicos y de alquiler de circuitos, para
poder hacer las correcciones necesarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Mato Adrover, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1º y 2º de la
proposición no de ley, se rechazan por 128 votos a favor, 157 en contra y
12 abstenciones.
Sometida a votación el resto de la proposición no de ley, se rechaza por
139 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7546)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el deterioro y la
insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la
evolución de las cuentas de la Seguridad Social (Página 7546)
Presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente del pasado 12
de marzo, que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso hizo al
señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Cercas Alonso.
Recuerda sus reflexiones de entonces sobre el hecho de que datos
fundamentales de la evolución de las cuentas del sistema publico de
Seguridad Social eran totalmente desconocidos para la Cámara cuando ya se
habían rendido cuentas ante la Unión Europea y los manejaban las
organizaciones sindicales y patronales. Reitera que la dignidad de la
Cámara se ha visto pisoteada al no poder realizar ni las funciones
legislativas, ni las de control que le encomienda el artículo 1.3 de la
Constitución y que están tuteladas por el artículo 66 del Reglamento.
Después de hacer un recordatorio del debate que tuvo lugar con motivo de
la interpelación urgente y del que se muestra totalmente insatisfecho,
pasa a explicar los seis apartados de su moción en los que se hacen seis
peticiones perfectamente razonables porque se refieren a la
transparencia, al respeto a las reglas de juego del parlamentarismo
español y a hacer bueno no sólo la letra sino también el espíritu del
Pacto de Toledo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista del Congreso, sobre el deterioro y la insuficiencia de
la información suministrada a la Cámara sobre la evolución de las cuentas
de la Seguridad Social, se rechaza por 139 votos a favor, 153 en contra y
dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de
política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y
sus efectos en la actividad económica (Página 7552)
El señor Homs i Ferret, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), presenta la moción consecuencia de interpelación
urgente y manifiesta que tiene como finalidad abrir un debate en torno a
la morosidad, para lograr el pronunciamiento de los grupos sobre un
conjunto de compromisos políticos que puedan reducir el problema en un
momento en que la economía y la sociedad española requieren actuaciones
más intensivas que las adoptadas hasta la fecha, como consecuencia del
proceso de integración en la Unión Económica y Monetaria. Considera que
una de las claves del buen funcionamiento de la economía en el contexto
internacional es que se cumplan los compromisos de pago y se formalicen
los plazos acordados y los pagos correspondientes a los intercambios
mercantiles. A continuación explica los nueve puntos de que consta su
moción, que son nueve medidas a adoptar para asegurar una mayor eficacia
en la lucha contra la morosidad, y fija su postura en relación con la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a
la que ofrece unas enmiendas transaccionales.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, interviene el señor Jordano Salinas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martínez Noval, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el
Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad
económica en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
transaccional, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para
adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de
1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado
de Treviño para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad
(Página 7556)
El señor Caballero Basañez, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), presenta la moción consecuencia de la interpelación urgente
realizada al Gobierno con motivo de la no autorización de la consulta
popular que el Ayuntamiento del Condado de Treviño deseaba realizar a los
ciudadanos de su municipio para conocer su voluntad de iniciar o no los
trámites de desagregación y que, por fin, tuvo lugar el 8 de marzo
pasado, aprobándose por los dos ayuntamientos del enclave iniciar los
trámites de desagregación previstos en los estatutos de Castilla y León y
del País Vasco. Explica que en la moción, que consta de dos puntos, se
insta al Gobierno, por un lado, a asumir los contenidos del informe de la
ponencia del Senado constituida para el estudio de la cuestión de los
enclaves el 19 de diciembre de 1995 y, por otro, a desarrollar sus
futuras actuaciones en relación con el enclave de Treviño, de conformidad
con el criterio político de promover y facilitar la expresión democrática
de la voluntad de los ciudadanos del enclave. Finaliza su intervención
manifestando que se trata de ir poniendo todos los medios jurídicos y
políticos para acercarse a este problema con lealtad y auténtica voluntad
de resolverlo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Simón de la
Torre, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; la señora
Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Cisneros
Laborda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Caballero Basañez.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
sobre los motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud
efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para formular una
consulta popular, denegando tal posibilidad, en los términos resultantes
de la aceptación de la enmienda transaccional, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la sesión.
Vamos a comenzar, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, procediendo
al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral
Central, doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, en sustitución de
don José Jenaro García-Arreciado Batanero, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución.
Doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, ¿juráis o prometéis acatar
la Constitución?
La señora CAMACHO VAZQUEZ: Sí, prometo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
En consecuencia, doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez ha
adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.) TOMA EN
CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CREACION DEL
COLEGIO OFICIAL DE PILOTOS DE LA AVIACION COMERCIAL. (Número de
expediente 122/000095)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto I del orden
del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
creación del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
Para su presentación y defensa, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Tres son las formas que la Constitución española establece para agruparse
los ciudadanos en pro de una mayor participación ante los poderes
públicos. Dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas, en
el artículo 22, a través de las asociaciones, persona jurídica privada, y
a las cuales la incorporación es voluntaria. En el artículo 28, a través
de los sindicatos; se puede pertenecer libremente a cualquier sindicato,
pero nadie puede ser obligado a sindicarse. Por cierto que en el caso de
servicios públicos, muchas veces la lícita discusión legal de los
sindicatos con la o las empresas, en vez de ir contra éstas, parece ir
contra los ciudadanos. Y existe una tercera forma de agruparse, a través
del artículo 36: los colegios profesionales, que están no en el título de
los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, sino en el de
derechos y deberes de los ciudadanos.
Derecho a agruparse en una corporación de derecho público --valga la
redundancia--: el colegio profesional, regulado por ley; y deber de
colegiarse, si existe el colegio, para el ejercicio de su profesión
titulada, ejercicio que, asimismo, regulará la ley. Por tanto, el que no
son excluyentes, sino compatibles asociaciones y colegios de una misma
profesión, lo demuestra su coexistencia en muchos casos. Lo que sí ha
ocurrido en la práctica es que las asociaciones han servido de impulso,
han sido los coordinadores y promotores para la creación de su colegio
profesional. Así ha sucedido con el Colegio de Abogados de Madrid, ya
tetracentenario en 1996, punto de partida para la plena constitución
legal del Consejo General de Abogados, o con la Sociedad Central de
Arquitectos de Madrid, creada en 1849, y la Asociación de Arquitectos de
Cataluña, en 1899, que cristalizaron en el Consejo Superior de
Arquitectos en 1929.
Desde aquel primer colegio de ámbito estatal muchos son los colegios
profesionales creados pero, paradójicamente, desde la aprobación de la
Ley de Colegios Profesionales en 1974 y de su modificación en 1978 --que
luego comentaré--, y a pesar de la notable proliferación de profesiones y
titulaciones habida desde entonces, tan sólo siete colegios profesionales
se han aprobado hasta ahora; desde el de físicos en 1976, pasando por el
de oficiales de la marina mercante en 1978, que cita nuestra proposición
de ley, al último de diplomados en trabajo social y asistentes sociales
en 1982.
Las aspiraciones de algunos profesionales de crear su colegio han sido,
en repetidas ocasiones, rechazadas
por esta Cámara. Citaré las últimas: en 1984, la de doctores y
licenciados en informática, y en 1987 la de técnicos y directores de
empresas turísticas. En la primera ocasión, en 1984, el portavoz del
Grupo Socialista, para rechazar la creación de aquel colegio, alegó la
próxima y futura ley de colegios profesionales, otras alternativas a la
organización colegial y la competencia de las comunidades autónomas en la
materia; y en 1987 también fue rechazada la creación del colegio, en este
caso por no considerar idónea dicha fórmula corporativa y la inadecuación
constitucional de la vigente Ley de colegios, según decía el portavoz del
entonces grupo mayoritario.
Como saben SS. SS., la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, fue
modificada parcialmente por la de 26 de diciembre de 1978. A pesar de que
inicialmente se planteaba su derogación, lo cierto es que su aprobación
tuvo lugar precisamente al día siguiente de la entrada en vigor de la
Constitución española y que en esa modificación se mantenía la vigencia
de gran parte de la Ley de Colegios Profesionales de 1974.
Finalmente, la aprobación de la Ley 7/1997, de 14 de abril, estableció,
como saben SS. SS., medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales. Hoy se rompe ese largo período de paralización de
los colegios profesionales en cuanto a su tramitación ante esta Cámara,
tan sólo roto por las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus
competencias, han aprobado la creación por ley de colegios profesionales,
naturalmente en su ámbito territorial. A esta iniciativa seguirán otras,
como las que ya están pendientes de debate para la creación del colegio
oficial de geógrafos y del colegio de fisioterapeutas.
Nuestra proposición de ley se refiere en concreto a los pilotos civiles,
y quiero felicitar a su asociación, en primer lugar, por su convicción
sobre la necesidad de dignificar su profesión desde un colegio
profesional; en segundo lugar, por su empeño y constancia desde 1991
hasta ver hoy su iniciativa en esta Cámara y, en tercer lugar, por la
seguridad de su aprobación, que plasma aquella convicción en su derecho a
colegiarse.
Un profesional colegiado asume no sólo los principios generales exigibles
a todo ciudadano, sino los, a mayores, de los estatutos generales de su
colegio y, en muchas ocasiones, otros particulares (código deontológico,
normas de conducta, etcétera). Por ello, después del artículo 35 de la
Constitución, que consagra la libertad de profesión, viene el artículo
36, que exige una ley para regular las peculiaridades del régimen
jurídico de los colegios profesionales, así como para el ejercicio de las
profesiones tituladas.
Profesión titulada es la de piloto de líneas aéreas y civil comercial,
regulada por Real Decreto 959/1990, de 8 de junio, que incorpora a la
normativa española el convenio sobre aviación civil internacional y que
por orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 9 de mayo de 1995, se
declara equivalente a diplomatura universitaria; profesión cuyos estudios
han tenido muchas vicisitudes y que ha buscado soluciones, muchas veces
caras y difíciles, como estudios en el extranjero, con dificultades para
su posterior convalidación, hoy ya resueltas.
Colectivo importante es el de los pilotos por su número. A 31 de
diciembre de 1996, último dato oficial que tengo, eran 4.984. Las
competencias que ejercen --transporte aéreo-- son de ámbito estatal y las
competencias de los pilotos son tanto privadas como públicas. Es una
autoridad que, como tal, asume funciones públicas (orden policial,
nacimientos, defunciones e incluso bodas), pero también tiene
responsabilidades personales, civiles y penales, y comerciales como
representante de la compañía propietaria de la aeronave que tripula;
responsabilidades cada vez mayores, dada la liberalización del transporte
aéreo y consiguiente gran incremento del tráfico, la veloz evolución
tecnológica, la exigencia de mayor seguridad y calidad de servicio debido
a la mayor competencia, que, además, traerán como consecuencia mayor
demanda de pilotos y exigencia de mejor preparación de los mismos, amén
de una revisión y actualización de la normativa aérea. Pues bien, para y
por todo esto, es necesario el colegio oficial de pilotos de la aviación
comercial.
La importancia de cualquier colegio profesional se deduce de las
competencias que le atribuye la ley y que cito a título no exhaustivo y
considerando las principales: artículo 2.2, los consejos generales y, en
su caso, los colegios de ámbito nacional, informarán preceptivamente los
proyectos de ley o de disposiciones de cualquier rango que se refieran a
las condiciones generales de las funciones profesionales. Pienso, por
ejemplo, en la Ley de navegación aérea, de 1960, que, por cierto, señala
la facultad disciplinaria de la Administración, mientras la ley de
colegios profesionales la concede a éstos. El artículo 5, b), sobre
competencias, insta a colaborar con la Administración en la realización
de estudios y emisión de informes, tanto a petición de la Administración
como por iniciativa propia y a participar en la elaboración de los planes
de estudio de sus profesiones que cita el artículo 5, f).
En el caso de la aviación comercial, el Libro Blanco de gestión del
tráfico aéreo, presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en
marzo de 1996, considera como solución a este tráfico aéreo un sistema
único de gestión en Europa que garantice un nivel óptimo de seguridad.
Muchos otros temas trata dicho Libro Blanco, pero lo que falta quizás es
que se refiera a y estudie a los profesionales del tráfico aéreo: pilotos
y controladores. Por ello, la labor del colegio oficial de pilotos de la
aviación comercial, tan importante en el ejercicio de los derechos ya
enumerados, no lo es menos en la de sus deberes para contribuir a la
mayor dignificación de la profesión con una titulación adaptada a la
necesaria actualización, nivel y organización de sus estudios y un
ejercicio de la profesión que responda
a su código de conducta, potestad a establecer por el colegio.
Por citar brevemente el contenido de la proposición, en el primero de sus
artículos se crea el colegio oficial que agrupará a todos los pilotos que
ejerzan esta profesión --y señalo y subrayo a todos los pilotos que la
ejerzan-- de acuerdo a la legislación existente y en el segundo se habla
de la dependencia orgánica del Ministerio de Fomento, amén de unas
disposiciones transitorias que establecen la fórmula para definir y
aprobar los estatutos provisionales y los definitivos del colegio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor presidente.
Espero el apoyo del resto de grupos a la aprobación de esta proposición
de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con gran
brevedad.
Coalición Canaria no se va a oponer a votar favorablemente esta
proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Popular. Lo hace
dentro de una línea natural de crear, en este caso, un colegio oficial de
pilotos de la aviación comercial, teniendo además en cuenta los
antecedentes de similitud que hay, por ejemplo, con respecto a lo que
incluso se invoca en su propia exposición de motivos, como es el Colegio
de Oficiales de la Marina Mercante. Dicho esto, no se nos alcanza la
necesidad de una urgencia, dado que las organizaciones que hay de pilotos
de líneas aéreas --civiles, por supuesto-- disponen en este momento de
dos instrumentos: uno, el voluntario, por la Ley de asociaciones --la
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Comerciales Civiles--, y otro, el
todopoderoso sindicato Sepla. Sería conveniente que, de una vez por
todas, cualquier nueva inscripción introducida en la Ley de Colegios
Profesionales la tuviéramos en esta Cámara actualizada y así no
tendríamos que estar recurriendo a un instrumento legal
preconstitucional. Estamos recurriendo a la Ley 2/1974, que no es
solamente preconstitucional, sino del régimen anterior. Se invoca también
la Ley de navegación aérea de 1960, que, efectivamente, sí señaló
competencias disciplinarias a la Administración, como era lógico porque,
en aquella época, la mayoría de este personal procedía de la Fuerza Aérea
militar española, cosa que no sucedía con los oficiales de la marina
mercante, que no procedían de la Armada, sino de los centros de estudios
tradicionales ya en España, civiles, en la marina mercante.
Hay un paso sustantivo y sustancial que es necesario destacar para que,
de una vez por todas, acomodemos a la legislación constitucional la Ley
de Colegios Profesionales de 1974. Mientras que las asociaciones son
voluntarias por imperativo legal, los colegios profesionales, como el que
aquí se diseña, agrupan con carácter obligatorio. Este es un tema que
necesita una reconsideración política porque los colegios profesionales,
contemplados en el ámbito doctrinal y filosófico de lo que era la
defensa, no solamente defienden la dignificación de la profesión. Los
pilotos no necesitan un colegio profesional para dignificarse, les basta
su propia asociación, les basta la disciplina de la compañía en que
trabajan y les basta el sentido de la ética que toda persona que se
sujeta a un ordenamiento legal lleva consigo. Sin embargo, hay otra
atribución fundamental de los colegios que es la de las tarifas por los
servicios que prestan como profesión liberal y ese es el problema. Hago
esta advertencia porque no es lo mismo un colegio de una profesión
liberal en el sentido exacto y terminológico que la ley y el uso señalan
para la palabra liberal, ya que éste tiene un campo de actuación en el
control de las tarifas de honorarios profesionales, mientras que esta
cuestión no se da tanto en los pilotos de las compañías de líneas aéreas
regulares, chárter o de cualquier otro tipo.
Dicho esto, como no tenemos ninguna objeción de fondo y sólo queríamos
señalar estas situaciones, no nos vamos a oponer a la proposición de ley
y daremos nuestro voto favorable, señor presidente.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, se plantea una
iniciativa legal, por exigirlo así la Constitución en su artículo 36,
para constituir un colegio profesional, el colegio oficial de pilotos de
la aviación comercial, superando la fase en la que han venido defendiendo
las cuestiones atinentes a su profesión a través de la Asociación
Española de Pilotos Civiles.
El paso tiene su importancia. El constituirse en colegio tiene como
antecedente una previa libertad profesional a la que los colegios sirven.
Las profesiones y la garantía de su ejercicio son un prius lógico y
jurídico para la existencia de los colegios profesionales; estos son un
elemento de la regulación del ejercicio de una profesión y ante una
profesión con todos los requisitos
nos encontramos, ya que hablamos de profesionales con el título
aeronáutico civil de piloto comercial y de piloto de transporte de línea
aérea.
La libertad profesional se contempla, como ha indicado el interviniente,
en nombre del Grupo Popular, en dos artículos de la Constitución: el
artículo 35 que reconoce el derecho a la libre elección de profesión u
oficio y el artículo 36 que remite a la ley la regulación del ejercicio
de las profesiones tituladas. La libertad de elegir una profesión no
tiene límites, pero sí puede tenerlos el ejercicio de la profesión
elegida y en ese ámbito es donde un colegio profesional tiene mucho que
decir.
La Constitución no da una definición de lo que es un colegio profesional,
pero su ley reguladora les atribuye la función de ordenar la actividad
profesional de los colegiados, velando por la ética y la dignidad
profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y
ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
En relación con esta función, la exposición de motivos del texto que hoy
analizamos avanza un paso y no habla sólo de defender los derechos de los
particulares, sino de promoverlos, y, referido a los usuarios, del
transporte aéreo. En este punto, bueno será recordar la no identidad
entre colegios profesionales y sindicatos. La finalidad propia y
específica de los primeros consiste en la ordenación del ejercicio de una
profesión y no en la defensa de unos intereses, aunque también
contribuyan a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales de sus miembros, coincidiendo en esto con los sindicatos. Están
en este momento anunciadas medidas drásticas por parte del sindicato de
pilotos en reivindicación de cuestiones laborales o económicas. Bueno
será que la existencia de un colegio profesional vele en estos casos por
la faceta consistente en el adecuado ejercicio profesional estrictamente
vinculado a un servicio público tan esencial como es el transporte aéreo,
velando --repito-- por su normal funcionamiento.
Hechas estas manifestaciones, el Grupo Vasco apoya sin reservas la
creación del colegio en la que se centra la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar
la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La toma en consideración de la proposición de ley para la creación del
colegio oficial de pilotos de aviación comercial va a ser apoyada por
nuestro grupo con el correspondiente voto favorable. Los motivos que
justifican nuestra posición favorable a la toma en consideración son
varios. El agrupamiento corporativo de profesionales en los que confluyen
una serie de intereses comunes, como pueden ser el acceso a la profesión,
la preparación teórico-práctica de la aeronáutica, la formación técnica
integral, el encontrar cauces legales a legítimas aspiraciones, la
promoción de la defensa de derechos de los usuarios del transporte aéreo
y otros más son en realidad motivos de suficiente entidad, por sí mismos
y agrupados, para reunir a los pilotos de aviación comercial en un
colegio profesional.
Actualmente existe una asociación que reúne a la gran mayoría de pilotos
de aviación. Ahora bien, las funciones de una asociación no pueden llegar
a ser las que quedan recogidas en los estatutos de la institución colegio
profesional, creado mediante ley. Por tanto, es lógica la creación del
colegio oficial, en analogía con otros muchos colectivos profesionales,
que, además de su agrupación en asociaciones, su verdadero reconocimiento
y relación por y con la Administración es a través del colegio
profesional oficial. Aquí se han citado ejemplos y yo podría añadir el
Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña; la Asociación de
Ingenieros Industriales tiene más de 125 años de existencia y su colegio
también es uno de los primeros creados. La creación del colegio
profesional adiciona ventajas a todos aquellos profesionales que se
encuentran en posesión de títulos aeronáuticos civiles, no les priva de
otras posibilidades asociativas: sindicales, empresariales por el simple
ejercicio libre de su profesión, teniendo en cuenta además que, al
regular los intereses de sus miembros, se regulan a su vez los intereses
de los usuarios del transporte aéreo.
Nos congratulamos de que hoy pueda darse el paso importante de la toma en
consideración de esta proposición de ley, que es uno de los proyectos
fundamentales para la Asociación Española de Pilotos Civiles. Con ello
--aunque no es imprescindible lo uno para lo otro-- esperamos también el
éxito para otro gran proyecto que se va gestando con el impulso de la
asociación: el centro de estudios de la aviación, adscrito ya a la
Universidad Rovira i Virgili, y que tiene prevista su ubicación en Reus,
mi ciudad de origen y residencia, y, por ello, permítanme que exprese
humildemente mi doble satisfacción.
Termino, reiterando nuestro apoyo a la toma en consideración de la
proposición, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre la proposición de ley del Grupo Popular de creación
del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
Señorías, nuestro grupo conoce el deseo de colegiarse de los pilotos de
aviación comercial por los contactos que este colectivo ha mantenido con
los grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, pero a continuación
debo manifestar que nuestro grupo es renuente o poco favorable a los
colegios profesionales con carácter general. Somos renuentes o poco
favorables por las facultades que les confiere la ley como corporaciones
de derecho público. Entendemos que el Estado, al autorizar un colegio
profesional, está delegando en los colegios funciones importantes, y las
más relevantes son: obligatoriedad de colegiarse a los profesionales,
establecimiento de cuotas obligatorias a los colegiados, reglamentación
para el ejercicio profesional, facultades sancionadoras que pueden llegar
a la expulsión del colegiado, etcétera. En definitiva, la obligación de
colegiarse en aquellas profesiones que cuentan con colegio oficial, que
vienen determinadas en la Ley 7/1997, de 14 de abril, que modifica la Ley
2/1974, de 13 de febrero, que regula los colegios profesionales. El
artículo 3 de la Ley 7/1997, que es el que nosotros creemos que tiene más
inconvenientes a la hora de tramitar una ley de estas características,
dice textualmente: Es requisito indispensable para el ejercicio de las
profesiones colegiadas hallarse incorporado al colegio correspondiente.
Esto quiere decir que en el ejercicio de una profesión colegiada no
existe libertad para estar colegiado o mantenerse al margen,
desarrollando con normalidad su profesión.
Señorías, tenemos serias dudas de que el carácter imperativo de
colegiación sea compatible con el derecho individual de cada uno a
decidir libremente sobre su pertenencia a colegios profesionales, a
asociaciones u otro tipo de militancia sindical o política.
Resultaría incomprensible que para acceder a un puesto de trabajo se
tuviera que estar sindicado, sería incomprensible a todas luces.
Afortunadamente los trabajadores tienen reconocido en el artículo 28 de
la Constitución española el derecho a sindicarse libremente o a
permanecer al margen de organizaciones sindicales. No es lógico, por
tanto, que los profesionales titulados obligatoriamente deban pertenecer
a un colegio determinado en función de su profesión.
El artículo 36 del texto constitucional dice que la ley regulará las
peculiaridades del régimen jurídico de los colegios profesionales y el
ejercicio de las profesiones tituladas, con un límite claro: que la
estructura de los colegios y el funcionamiento deberán ser democráticos.
La Constitución en ningún momento dice que sea obligatorio colegiarse. En
cambio, la ley que desarrolla el artículo 36 de la Constitución sí
determina la colegiación obligatoria.
Entendemos que esto atenta claramente contra la libertad de asociación,
que se pierde en el momento en que la ley obliga inexcusablemente a estar
asociado o colegiado para ejercer una profesión, y no creemos que el
espíritu de la Constitución deba ser interpretado de tal manera que para
ejercer profesionalmente haya que pertenecer de manera obligatoria a un
colegio.
Para ejercer una profesión el título habilitante es el profesional, sin
necesidad de que un colegio profesional determine si puedes ejercer o no
tu profesión. El derecho a la libre elección de profesión u oficio,
reconocido en el artículo 35 de la Constitución española, debe prevalecer
sobre las limitaciones como la contenida en la Ley 7/1997.
La utilización de la vía legislativa para la creación de agrupaciones de
carácter corporativo es incompatible con el espíritu del libre ejercicio
profesional.
Izquierda Unida no está especialmente en contra de la creación de este
colegio oficial de pilotos de la aviación comercial. Mantenemos una
posición contraria de fondo a lo que es la normativa básica estatal en
esa materia, que creemos que no es acorde con las libertades individuales
que tienen cobertura en nuestro ordenamiento. No estamos de acuerdo en
que un titulado pueda verse expulsado de un colegio profesional e
inhabilitado para el ejercicio de su profesión. No podemos estar de
acuerdo con que los profesionales que tengan que pertenecer a un colegio
estén obligados a pagar cuotas y, por tanto, estamos en contra de esta
normativa, de esta ley básica estatal y por eso esta tarde votaremos en
contra de esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Popular.
Nada más. Muchas gracias El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Fernández.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista
hemos seguido con mucho interés, en primer lugar, el contenido de la
defensa que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho de esta
proposición de ley. En segundo lugar, el contenido de todas y cada una de
las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios fijando
posición e indicando su filosofía política al respecto.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacer llegar a la
consideración de la Cámara algunos aspectos al fijar la posición. En
primer término, se trata de una profesión relativamente nueva en el
tiempo, a diferencia de las profesiones de capitán de la marina mercante,
oficial de máquinas o bien oficial radiotelegrafista, que son profesiones
consolidadas en el tiempo por la propia naturaleza de quienes ejercen la
función
de profesionales del transporte, de carga, de mercancías o de pasajeros.
Sin embargo, la profesión de piloto de líneas aéreas es corta en el
tiempo, como es corta precisamente la tecnología aeronáutica.
Nosotros tenemos los precedentes en los que la historia de esta profesión
se vincula a unos orígenes de naturaleza militar y en el transcurso de
las últimas décadas se han producido avances paulatinos y progresivos en
el sentido, entrecomilladamente dicho, de la civilización, de la
incorporación a la temática civil de esta profesión. En esa línea se ha
hecho referencia por parte del interviniente del Grupo Parlamentario
Popular señor Carreño a una orden del Ministerio de Educación y Ciencia
del anterior Gobierno socialista, de 9 de mayo de 1995, por la que se
declaraba la equivalencia del título de piloto de transporte de líneas
aéreas al título de diplomado universitario. En los diferentes artículos,
y específicamente en el artículo primero, a los solos efectos de
participar en oposiciones a los cuerpos de controladores de circulación
aérea y, en especial, de oficiales de aeropuertos para ser contratados
con el nivel de diplomado universitario, se les reconoce ese nivel a los
pilotos de líneas aéreas para poderse integrar en otras funciones
diferentes a la dirección de una aeronave.
Sabemos, señorías, que no solamente aparece en esta disposición, sino que
se suman otras que se han venido produciendo. Resulta curioso pensar que
ya en el propio convenio de La Habana, de 20 de febrero del año 1928, en
su artículo 25 se establecía que, en tanto los Estados no tuvieran una
legislación adecuada, el comandante de aeronave tendrá los derechos y
deberes análogos a los de un capitán de un barco mercante conforme a las
leyes respectivas de cada Estado.
Entendemos que la responsabilidad que se adquiere pilotando una aeronave,
con los sofisticados elementos tecnológicos que llevan a bordo hoy en
día, los complejísimos sistemas de control y de navegación que dirigen,
así como la responsabilidad que la ley actual de navegación aérea y la
que próximamente entrará en esta Cámara y el propio reglamento de
circulación aérea les confiere, debe llevar una figura que permita el
enlace entre la administración aeronáutica española, entre la
Administración española en su conjunto y los profesionales que ejercen
esas funciones. ¿Cuál debe ser el mecanismo de engarce? ¿Cuál debe ser la
función?
Algún interviniente ha hecho referencia a un sindicato. La propuesta que
hace el Grupo Parlamentario Popular no es de naturaleza sindical, sino de
creación de un colegio oficial. Se plantea por parte de la proposición de
ley una iniciativa que, como filosofía, puede ser objeto de discusión.
Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista ve con naturalidad
alguno de los componentes de la misma, pero otros, coherentemente con
planteamientos que este grupo parlamentario ha venido defendiendo,
generan una importante preocupación y un radical rechazo. Nos referimos
al carácter de la obligatoriedad que se recoge especialmente en el
artículo primero de la proposición de ley. Nosotros no podemos aceptar
que se rompa un principio elemental de libertad de asociación, un
principio elemental constitucional que permita la asociación voluntaria
para quienes pudieren así desearlo y que permita también la no
integración en ese posible futuro colegio oficial para quienes no lo
desearan. De aquí que el Grupo Parlamentario Socialista plantee al Grupo
Parlamentario Popular, proponente de esta proposición de ley, la
eliminación de las tres palabras consecutivas: con carácter obligatorio,
recogidas en el artículo primero, por cuanto entendemos que para el
cumplimiento de esos fines, tal como dice el proyecto, el colegio
agrupará --y nosotros defendemos la eliminación de esas tres palabras:
con carácter obligatorio-- y seguiría diciendo: para el ejercicio de la
profesión, de conformidad con la vigente normativa.
Para fijar nuestro sentido de voto, que podría ser negativo en el
supuesto de que el Grupo Parlamentario Popular no lo aceptase, nosotros
proponemos con radicalidad, de manera clara, la eliminación de ese
concepto recogido en esas tres palabras consecutivas, por cuanto
estimamos que rezuma un planteamiento inconstitucional con el que no
queremos en absoluto identificarnos.
De aquí que, a efectos de conocer definitivamente la posición del Grupo
Parlamentario Socialista, reiteramos este planteamiento al Grupo
Parlamentario Popular, y, en el supuesto de que fuese aceptado, daríamos
nuestro voto favorable a la admisión a trámite de esta proposición de
ley, en el entendido claro y rotundo de que esta filosofía es la que
sostendrá el Grupo Parlamentario Socialista en la previsible tramitación
posterior de esta proposición de ley.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura. (El señor Carreño Rodríguez-Maribona pide la palabra.)
Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Se ha planteado la supresión de tres palabras y quisiera manifestar
nuestra opinión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Carreño,
hágalo de forma excepcional. No es este el trámite ni de las enmiendas ni
de la modificación de textos. Por tanto, hágalo con la mayor brevedad
posible para proceder a la votación.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
Así como la libertad de asociación está regida por una ley
preconstitucional de 1974, la Ley de Asociaciones, los colegios
profesionales están claramente regidos por una ley postconstitucional,
porque la ley de 1974 fue modificada por ley en 1978 y actualizada con
medidas liberalizadoras en 1997.
Estamos de acuerdo, porque es una redundancia la repetición de las tres
palabras con carácter obligatorio, con la referencia al ejercicio de la
profesión, de conformidad con lo dispuesto en las leyes de 1974 y 1977.
Nuestro grupo, por tanto, da su conformidad a la supresión de las
palabras con carácter obligatorio, por la repetida redundancia que supone
con el resto del texto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)
Señor Segura, le voy a conceder la palabra, pero le reitero que el
trámite en el que estamos en este momento es el de la toma en
consideración, para su debate posterior. Y en su debate posterior es
cuando deben aparecer las enmiendas, rectificaciones o supresiones. Ahora
se trata de una toma en consideración global para su discusión.
A pesar de ello y rogándole la mayor brevedad posible, tiene la palabra
S. S.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Se trata sencillamente de manifestar el voto favorable a la admisión a
trámite de la proposición de ley y de dejar muy claro el posicionamiento
del Grupo Parlamentario Socialista en toda la tramitación, que viene
condicionado a este requisito, defendiendo la filosofía de la libertad de
asociación y de pertenencia al colegio que se forme.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular,
sobre creación del colegio oficial de pilotos de la aviación comercial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 270; en contra, 12; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
AMPLIACION DE PLAZO:
-- SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO PREVISTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE
LA SUBCOMISION PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION
ECONOMICA Y MONETARIA, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE ECONOMIA,
COMERCIO Y HACIENDA. (Número de expediente 154/000011)
El señor PRESIDENTE: La Mesa ha acordado someter al Pleno la solicitud de
prórroga del plazo de los trabajos de la subcomisión que, en el seno de
la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, realiza estudios, análisis
y seguimiento del proceso de integración económica y monetaria.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) El plazo terminaría al
finalizar el presente periodo de sesiones.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA:
-- PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE
REGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000094)
-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONVENIO
ECONOMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de
expediente 121/000105)
El señor PRESIDENTE: A su vez, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única de la
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, que se tomó en consideración en el último
Pleno de la Cámara.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.
Por el mismo procedimiento, se somete al Pleno la tramitación directa y
en lectura única del proyecto de ley por el que se aprueba la
modificación del Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación):
-- PROPOSICION DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, PARA
POSIBILITAR QUE HIJOS E HIJAS PUEDAN LLEVAR COMO PRIMER APELLIDO EL
MATERNO DESDE SU NACIMIENTO, SI ASI LO DECIDEN SUS PROGENITORES. (Número
de expediente 122/000123)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORAS RIVADULLA GRACIA Y ALMEIDA
CASTRO), SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE
1957 SOBRE EL REGISTRO CIVIL, EN MATERIA DE INSCRIPCION DE APELLIDOS.
(Número de expediente 122/000115)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL
CODIGO CIVIL EN MATERIA DE INSCRIPCION DE APELLIDOS. (Número de
expediente 122/000144)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MODIFICACION
DEL CODIGO CIVIL Y DE LA LEY DE 8 DE JUNIO DE 1957, SOBRE EL REGISTRO
CIVIL, EN MATERIA DE INSCRIPCION DE APELLIDOS. (Número de expediente
122/000161)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, más las de la misma materia del Grupo Mixto, del Grupo
Popular y del Grupo Federal de Izquierda Unida, todas ellas para
modificar el Código y la Ley del Registro Civil, en relación al cambio de
apellidos de los hijos e hijas, para que puedan hacer figurar el materno
de su nacimiento si así lo deciden sus progenitores. (Rumores.) Señorías,
silencio; señora Rahola, silencio, por favor; señor Caldera, silencio,
por favor; señor De Luis, señora Mato, silencio, por favor; señor Núñez,
pare; señora Narbona. (Pausa.) El orden del día de la sesión de esta
tarde es lo suficientemente extenso como para que entre todos
contribuyamos a que pueda aligerarse la tramitación de los distintos
asuntos. En consecuencia, ruego a quienes tengan que despachar o negociar
asuntos parlamentarios que salgan del hemiciclo con la máxima celeridad y
guarden silencio.
El debate se producirá defendiendo un ponente, en nombre de cada grupo,
su proposición y tomando en el mismo turno posición respecto a las
iniciativas que se han acumulado de los restantes grupos, fijándose
posteriormente posición por aquellos otros grupos que no hayan presentado
iniciativa.
Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta ante esta Cámara la
toma en consideración de una proposición de ley cuya finalidad no es otra
que dar un paso más en la configuración de una sociedad más libre y más
igual que dé respuesta al mandato que la Constitución otorga a los
poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos sociales en que se integra sean
reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, cultural y social.
Esta proposición de ley hay que enmarcarla, por tanto, en las iniciativas
del Grupo Parlamentario Socialista dirigidas a consolidar y potenciar las
políticas de igualdad que hemos venido haciendo en nuestro país y que han
permitido, desde 1978, con la aprobación de la Constitución española, ir
eliminando las discriminaciones que, por razón del sexo, estaban ancladas
en nuestro ordenamiento jurídico... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un
momento, señora Fernández de la Vega.
Señorías, les llamo al orden. Es imposible atender a quien está en el uso
de la palabra. (Continúan los rumores.) Señora Rubiales, señora Rubiales.
(Pausa.) No podía adivinar el nombre de la diputada que estaba hablando
con S. S., pero dos no hablan si uno no quiere. (Risas.) Adelante, señora
Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, presidente.
Decía que pretendíamos consolidar y potenciar las políticas de igualdad
que hemos venido haciendo en nuestro país y que han permitido, desde
1978, con la aprobación de la Constitución española, ir eliminando las
discriminaciones que, por razón del sexo, estaban ancladas en nuestro
ordenamiento jurídico, en el que todavía perdura una regulación de la
forma de identificación y designación de las personas arraigada en una
tradición histórica larga y compleja que, en nuestro país, con la
excepción de algunos períodos de los siglos IV y V antes de Cristo, en
los que, como reflejo del régimen matriarcal de los cántabros antiguos,
tenía preferencia la designación materna sobre la paterna, ha ido
consolidando un derecho consuetudinario, que utilizaba para facilitar la
identificación de las personas o de las familias o de las casas, según la
época y la clase social, la unión al nombre individual del hombre,
siempre del hombre o del padre, un apodo o sobrenombre alusivo bien a los
rasgos físicos de éste, del hombre siempre, tan usuales en la tradición
de nuestros apellidos como aquellos que hacen referencia a rubio, moreno,
calvo, delgado, feo o viejo o a atributos
morales, también siempre del hombre (bueno, gallardo, valiente, bravo) o
a su profesión u oficio, siempre masculinos (escribano, carretero,
sastre, herrero) o al lugar geográfico de origen o de la procedencia del
padre, que a partir de la baja Edad Media comienzan a vincularse a cada
familia y a transmitirse de generación en generación. Nace así la
utilización de los apellidos como instrumento de identificación e
individualización social, cuya regulación desde luego no ha sido ajena a
los principios de la sociedad y de la familia patriarcal en la que se
utilizaba, cuya única cabeza visible socialmente de poder y de
representación del poder era y ha sido la del varón.
En España hemos mantenido un sistema genuino de doble apellido, materno y
paterno, que comienza a adquirir cierta raigambre en el siglo XVI, en el
que ejerció sin duda una influencia decisiva en cuanto a la persistencia
del apellido materno, aunque en segundo lugar, el haber existido un
régimen matriarcal muy antiguo.
No es fácil precisar, señorías, el momento en el que esta costumbre se
consolida de modo general. Todavía en los siglos XVI y XVII encontramos
ejemplos de personas célebres que no observan la citada costumbre general
de mantener el segundo apellido materno, por ejemplo en el caso de don
Miguel de Cervantes Saavedra, que era hijo de doña Francisca Fernández y
que no eligió ninguno de los apellidos de su madre.
Es a partir precisamente del siglo XVIII, bajo la dinastía de los
Borbones, cuando el uso del primer apellido del padre, seguido del primer
apellido de la madre, se afianza y generaliza, siendo finalmente objeto
de regulación específica en la creación del Registro Civil en 1870, si
bien la auténtica regulación se produce en el año 1957 con la Ley del
Registro Civil y su reglamento.
Es evidente, señorías, que el tratamiento jurídico que se ha dado a los
apellidos como instrumento social de designación, individualización e
identificación de las personas ha permanecido ligado en nuestro país a
esa tradición histórica, cuya constante ha sido la preeminencia del
apellido del hombre sobre el de la mujer y el de su continuidad a través
de la transmisión, siempre por vía del varón que es el que ha determinado
la continuidad familiar, relegando el de la mujer a un segundo lugar,
sobre todo al contraer matrimonio.
Aun cuando nuestro país no se sitúe entre aquellos que todavía mantienen
la norma general de la pérdida del primer apellido de la mujer en favor
del marido al contraer matrimonio, y aun cuando exista una norma que
permite a los hijos su cambio, al alcanzar la mayoría de edad, lo cierto
es que por mandato legal el sistema impone un orden de preferencia a
favor del varón. Esta preferencia constituye hoy una clara discriminación
no acorde ni con los principios constitucionales ni con las
recomendaciones internacionales que desde distintas organizaciones, como
el Consejo de Europa, la Unión Europea y Naciones Unidas, se vienen
produciendo desde los años setenta. Así, está la resolución 78/37 sobre
igualdad, del Consejo de Europa, que insta a los Estados miembros a
adoptar las medidas necesarias para que el Derecho civil no contenga
disposiciones que otorguen a los esposos una supremacía sobre el otro,
especialmente en la designación del nombre de familia, cuya regulación
tiene que evitar que uno sea obligado por ley a modificar su nombre y
sustituirlo para adaptarlo necesariamente al del otro, sugiriendo como
sistemas la formación de un nombre de familia libremente elegido por los
progenitores, bien nuevo, bien por la adición, en el orden que se
acuerde, de los preexistentes.
En el mismo sentido se pronuncia la recomendación de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa del año 1995, incluso el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que en una sentencia de 22 de diciembre de
1994, en el asunto Burgas contra Suiza, sanciona las discriminaciones
sexistas en la elección del nombre, y aun cuando admite un régimen propio
en cada país según las costumbres y las tradiciones locales, señala
claramente que estos regímenes jurídicos propios deben excluir toda
disposición discriminatoria.
Por otra parte, señorías, el derecho al nombre, que cumple una función
individualizadora permitiendo la distinción de la propia personalidad,
encuentra su apoyo constitucional en el artículo 10 de nuestra norma
fundamental al constituir una manifestación del libre desarrollo de la
personalidad que, a su vez, está sujeta desde luego al principio de
igualdad contenido en el artículo 14.
Por eso, la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista tiene por objeto modificar el artículo 53 de la Ley del
Registro Civil, sustituyendo la redacción actual, que impone un orden
preferente del apellido paterno sobre el materno, por la libertad de
criterio de los padres en el momento de la inscripción del nacimiento,
disponiéndose que el orden elegido se extenderá a todos los hijos e hijas
estableciéndose un apellido único familiar.
La incorporación de la libertad de criterio en la determinación del
apellido, de la libre elección por mutuo acuerdo, supone, entre otras
cosas, acabar con la invisibilidad histórica en que hemos permanecido las
mujeres, lo que va a contribuir, sin duda alguna, no sólo a visualizar de
una manera más intensa nuestra presencia social, sino también a modificar
comportamientos automáticos enraizados en nuestra sociedad patriarcal que
tienen un claro componente ideológico y cultural. Pero, señorías, también
va a desvelar las reticencias escondidas en el discurso tradicional que
han aflorado cada vez que hemos querido afrontar este tema y, puesto que
se trataba de un asunto del que, a fin de cuentas, no se derivaban
efectos jurídicos patrimoniales, más valía una buena tradición que un
referéndum, como si el mundo de lo simbólico no tuviese una
gran trascendencia cultural. Lo que creemos es que va a permitir pergeñar
de un modo no discriminador la forma de denominación e identificación
social, desproveyéndola de los valores sexistas que a lo largo de la
historia han marcado la regulación de los apellidos.
Señorías, con la toma en consideración de esta proposición de ley y de
las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, por Iniciativa por
Cataluña, por el Grupo Parlamentario Popular e por Izquierda Unida, el
Grupo Parlamentario Socialista va a apoyarlas, sin perjuicio de que en la
tramitación podamos discutir algunas discrepancias que inicialmente
mantenemos. En opinión de mi grupo, este Parlamento se sitúa hoy en una
posición claramente activa frente a ese triste relativismo político que,
imponiéndose siempre desde el androcentrismo, ha tratado --y a veces
sigue tratando-- de evitar la posibilidad de cambios culturales y
sociales que son imprescindibles en una sociedad democrática.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señora Fernández de la Vega.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Mixto la posibilidad
que me da de utilizar la totalidad del tiempo para poder defender la
propuesta que Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda registramos ya
en el mes de diciembre.
Desde Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda, con plena satisfacción
pero también con extrema modestia, reivindicamos hoy la maternidad de
esta propuesta que, como podemos observar por el número de proposiciones
presentadas, ha sido felizmente fecunda. La reivindicamos con modestia
porque Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda nos hemos
limitado a dar solución, por vía parlamentaria, a un problema que nos ha
sido planteado por un buen número de parejas, las que, deseando de común
acuerdo configurar el apellido familiar con el nombre de la madre, se han
visto impedidas para hacerlo en virtud de una norma que lo imposibilita.
La Dirección General de Registros y Notarias se ha encargado muy
extensamente de mostrar a esas parejas que su empeño era inútil. Lo
hacemos también, señorías, con satisfacción porque el debate de hoy
adquiere, a nuestro entender, un alto valor pedagógico al poner de
manifiesto la capacidad de todos los partidos políticos, y no sólo de los
mayoritarios, de incidir en los cambios profundos de nuestra sociedad,
como en este caso se pone de manifiesto. Recordemos que el Grupo
Socialista durante su etapa de Gobierno no tuvo a bien considerar esta
modificación y el Grupo Popular, tras no haberlo tenido en cuenta en el
Plan de igualdad de oportunidades, se ha visto obligado a pronunciarse
sobre el mismo a raíz de la presentación en el mes de diciembre de la
proposición de ley de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva
Izquierda. Señorías, la cronología ha sido la siguiente: Iniciativa per
Catalunya lo presenta el 9 de diciembre; el Grupo Socialista lo presenta
el 20 de enero; el 23 de febrero hace lo propio el Partido Popular;
Izquierda Unida lo hace más recientemente.
De cualquier forma, señorías, hoy no podemos más que felicitarnos por la
más que probable aceptación mayoritaria de una modificación legislativa
que, independientemente de la posible no coincidencia en todos sus
extremos, representará un cambio revolucionario que va mucho más allá de
lo que podría suponer la mera superación de una injusticia social o de un
factor más de discriminación, como muy bien señaló la diputada Inma
Mayol, en el debate que recientemente tuvo lugar en el Parlament de
Catalunya. Representa, sobre todo, la contribución a un profundo cambio
cultural, a un cambio en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, que
ahora ve como algo normal e incuestionable el hecho de situar siempre en
primer lugar el apellido paterno.
Sabemos que la ausencia de nombre es un hecho que afecta de manera
relevante la identidad de los seres humanos, tanto a nivel psicológico
como social y cultural, y es, sin duda, uno de los elementos que
contribuyen a configurar la desvalorización personal y social en que
vivimos las mujeres. Se trata, pues, de dar un vuelco a esta situación en
la que, como señalamos en nuestra exposición de motivos, la genealogía
femenina permanece oculta, impidiendo que el nombre de la madre pueda ser
también transmitido de generación en generación, lo que contribuye a la
invisibilidad del hecho de ser mujer. Sin embargo, a lo largo de la
historia no ha sido siempre así.
Como señala la doctora Victoria Sau en su libro El vacío de la
maternidad, hasta bien entrada la era clásica en Grecia, el linaje
materno era el de normal transmisión, aunque desde entonces y durante
siglos y siglos los apellidos van ligados siempre al hombre al que los
hijos y no las hijas le dan continuidad. La misma doctora, tras señalar
la génesis de la preponderancia del apellido del padre, indica: Hemos
llegado a la situación actual en la que las mujeres, ni siquiera en las
democracias occidentales, podemos ser conocidas más que por el nombre de
nuestro padre y el del padre de nuestra madre; de ésta no recibimos el
nombre porque ella tampoco lo tiene. En la línea ascendiente, siempre es
hija de su padre, nieta de sus abuelos, varones, y en la línea
descendiente, en ella se acaba el nombre que, a pesar de ser masculino,
desaparecerá cuando sus hijas e hijos tomen el apellido de su marido o de
su compañero.
Señorías, esta propuesta, independientemente del número de parejas que
posteriormente se acojan a la posibilidad
que contemplará la nueva ley, es revolucionaria porque supera la
situación actual de tremenda injusticia en relación a la transmisión del
linaje materno y abrirá la posibilidad de que se produzca un cambio en la
mentalidad de las personas. Para Iniciativa per Catalunya-Els Verds y
Nueva Izquierda significa también el remover en profundidad unas
estructuras sociales anacrónicas, las que, debido precisamente a la
prohibición que se establece en el cuerpo legislativo vigente, parecerían
hasta el momento incuestionables, eternas, inamovibles. Son tan
incuestionables que, incluso hoy, el Grupo Popular, siguiendo el modelo
alemán, se muestra reticente a considerar el que sea la libre voluntad
expresada por la pareja la única que determine el orden de los apellidos.
El viejo concepto patriarcal está todavía presente en su proposición de
ley. Porque, señorías, si únicamente se trata de garantizar una solución
para los casos en que no se produzca acuerdo, ¿por qué no optar porque, a
falta de acuerdo, sea el apellido de la madre el que designe el apellido
familiar?
Señoras y señores diputados, independientemente de la concepción más o
menos amplia que finalmente prospere, habremos dado un enorme paso
adelante. Es cierto que en este tema de poco nos ha servido el Derecho
comparado. Vamos a ser de entre todos los países de nuestro entorno,
diría yo, de entre las democracias occidentales, una de las pocas que han
mostrado sensibilidad política en la resolución de este problema. Ello a
pesar de la reiteradas recomendaciones que desde los años 70 vienen
formulando diversas instancias internacionales, entre ellas el Consejo de
Europa y las Naciones Unidas, quienes señalan la necesidad de superar
todos los factores discriminatorios por razón de género y, entre ellos,
la regulación jurídica del nombre, es decir, de los apellidos.
Señorías, la proposición de ley de Iniciativa per Catalunya-Els Verds
contempla la modificación del artículo 109 del Código Civil, que a partir
de la aprobación sería redactado de la siguiente manera. Primero, la
filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Segundo, en el momento de la inscripción del nacimiento, la madre y el
padre de común acuerdo decidirán el orden de los apellidos, pudiendo
inscribir indistintamente en primer lugar el apellido materno y en
segundo lugar el paterno, o bien inscribir primero el paterno y el
segundo el de la madre. Mantenemos lo que ya está contemplado en la
legislación actual de que los hijos y las hijas al alcanzar la mayoría de
edad podrán solicitar que se altere el orden de sus apellidos. También
modificamos los artículos 53 y 55 de la Ley de Registro Civil,
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, gracias, señor presidente.
Por cierto, quiero subrayar que aprovechamos la modificación de la Ley de
Registro Civil para acabar con una terminología anacrónica que todavía
habla de hijos legítimos y de hijos naturales, y a los cuales nosotros
dotamos de la terminología adecuada, que es la de filiación matrimonial y
no matrimonial.
Por tanto, señorías, pensamos que esta modificación se debe producir en
el Código Civil y en los artículos 53 y 55 de la Ley de Registro Civil,
para contemplar que indistintamente pueda ser utilizado el apellido del
padre o de la madre, en el bien entendido de que para garantizar la
seguridad jurídica creemos que debe haber un solo apellido familiar, que
será el que se determine cuando se inscribe al primer hijo.
En relación con las proposiciones de ley presentadas por el Grupo Popular
y por el Grupo Socialista, quisiera decir que nos parece insuficiente la
modificación en exclusiva del artículo 109 del Código Civil, porque
permanece la norma contemplada en el artículo 53, por la cual se da
prelación al apellido paterno y no al materno. Pensamos que ha de ser la
libre voluntad de la pareja la que, de mutuo acuerdo, determine la
prelación de estos apellidos.
Y en relación con la proposición de ley del Grupo Socialista, creemos que
sería conveniente no solamente modificar el artículo 53 de la Ley del
Registro Civil, sino también el artículo 109 del Código Civil. Por otra
parte, estamos totalmente de acuerdo con las previsiones del Grupo
Popular de que esta ley sea con efecto retroactivo. Al no haberlo
incluido en nuestra proposición de ley, pensábamos presentar una
enmienda. Lo contempla ya la proposición de ley del Grupo Popular y
creemos que es de extrema justicia, porque, si no, estas parejas que han
sido las que han servido de motor para que presentásemos estas
iniciativas no tendrían la oportunidad de determinar el orden de los
apellidos de sus propios hijos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz
García.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender el texto de la proposición de
ley de nuestro grupo sobre modificación del Código Civil en materia de
inscripción de apellidos.
Señorías, como ya se ha venido recordando en esta Cámara, la historia
está cargada de distintas formas de discriminación hacia la mujer, y una
de ellas es sin duda también el hecho de que la mujer vea siempre
pospuesto su apellido al del hombre, por no hablar de otros países de
nuestro entorno, europeos, en los que la mujer pierde, como aquí también
se ha recordado,
su apellido, tomando el del marido al contraer matrimonio. Todo ello es
reflejo de una cultura en la que el protagonismo social le correspondía
en exclusividad al hombre. Organismos internacionales como Naciones
Unidas y el Consejo de Europa, como también se ha recordado esta tarde,
recomendaron ya hace tiempo a los distintos países miembros que
eliminaran cualquier discriminación entre el hombre y la mujer en el
régimen jurídico del hombre. En nuestro país la Constitución establece
claramente la igualdad de las personas ante la ley y, sin embargo, el
actual artículo 109 del Código Civil comienza afirmando que la filiación
determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley, lo que
supone una remisión a la Ley del Registro Civil, en donde se establece
que las personas son designadas por su nombre y apellidos paterno y
materno, que es una discriminación de la mujer en los términos en los que
estamos hablando.
El Grupo Popular considera fundamental no sólo modificar cualquier
extremo de discriminación que todavía perdure en las leyes, sino también
impulsar las reformas necesarias para que se dé a la mujer en la vida
social, económica, cultural y política el protagonismo al que como
persona y ciudadana tiene derecho. Consideramos que la filiación materna
y paterna son iguales y, por tanto, el orden de los apellidos debe
depender únicamente de la voluntad de los padres. Y si bien no es cierto,
como se dice en alguna de las proposiciones de ley, que las mujeres no
tengan apellido propio y que no lo transmitan a sus hijos, porque la
mujer transmite uno sólo, la verdad es que siempre el segundo si hay
filiación paterna y los dos apellidos si esta última no está determinada,
no deja de serlo menos que el que no se pueda alterar el orden del
paterno y el materno, como regla general, supone --como hemos dicho-- una
discriminación que debe ser corregida para que los padres, de común
acuerdo --repito--, puedan decidir el orden de los apellidos de sus
hijos; bien entendido que su decisión valdrá, a juicio del Grupo Popular,
también para los hijos futuros habidos de igual vínculo. Esto es lo que
nuestro grupo contempla al proponer la reforma del artículo 109 del
Código Civil, señalando que los padres podrán decidir, de común acuerdo,
en el momento de la inscripción, dentro del plazo del nacimiento del
hijo, que el apellido de la madre preceda al apellido del padre. En
cambio, no es oportuno, a juicio de nuestro grupo, dejar abierto un
conflicto en el caso de que no hubiese acuerdo entre los progenitores.
Asimismo, la propuesta del Grupo Popular se completa con una disposición
transitoria que prevé el supuesto de existencia de hermanos menores de
edad en el momento de la entrada en vigor de aquélla, como se ha
recordado también en esta tribuna, señalando que la alteración del orden
de los apellidos en los mismo se subordina a su necesaria audiencia, si
tuvieran suficiente juicio.
Tras una lectura minuciosa las proposiciones de ley del Grupo Socialista
y del Grupo Mixto incurren en algunas deficiencias comunes. Se habla de
apellido familiar cuando se trata de dos apellidos. Los dos anteriores
textos, coincidiendo en este caso con el de Izquierda Unida, incurren
también en omisiones que son importantes, porque falta explicitar qué
sucede en caso de discrepancia entre los progenitores, no sólo cuando
fuese explícita, sino cuando llevase, por ejemplo, a no comparecer ante
el Registro para la inscripción porque hubiese un conflicto. A juicio de
nuestro grupo, no se puede dejar sin matizar algo que es fundamental. No
se puede remitir al juez, no sería lógico ni adecuado, porque un juez
sólo puede resolver según normas jurídicas y díganme ustedes cuál podría
invocar el juez, porque la norma, es este caso, no existe. Por tanto,
señorías, la responsabilidad política tiene que aportar una solución
cuando hubiere un conflicto.
Nuestro grupo establece en su texto un régimen supletorio para el caso en
que las posturas no sean coincidentes, al igual que ocurre, por otra
parte, con el régimen económico matrimonial en el Código Civil, como
saben SS. SS., por el que se faculta a los cónyuges para establecer por
capitulaciones su régimen económico matrimonial, y en caso de no hacerlo,
sea cual sea la causa, el motivo, se establece un régimen supletorio para
ellos en función de su vecindad.
Las otras proposiciones de ley no lo resuelven, nuestro grupo sí. De
todas formas, señorías, también sabemos que podrían plantearse otras
soluciones u otra solución más bien. En el caso de las otras
proposiciones nos gustaría saber cuál es la solución que ustedes
explicitarían, la que consideran adecuada; porque suponemos que tendrán
claro que dejar abierto el conflicto para que resuelva un juez no procede
ya que falta, como les decía hace un momento, lo fundamental de acuerdo
al Derecho, es decir, falta la norma jurídica en la que el juez se
pudiese apoyar.
Por otro lado, los textos de los otros grupos no contemplan tampoco
cuestiones de Derecho transitorio, como ha señalado la portavoz que me ha
precedido; hay cuestiones relativas a la solución que debería darse en el
caso de que hubiese hermanos mayores al nacer el hijo. ¿Quedarían
inalterados los apellidos de estos hermanos? ¿Se concedería a los padres
la posibilidad de alterar los apellidos de sus otros hijos menores de
edad? ¿Sería o no necesario el consentimiento de ellos a partir de una
determinada edad? Podríamos decir que razones técnicas o, si quieren,
prácticas, nos inclinarían a rechazar las proposiciones de ley de los
grupos Socialista, Mixto y de Izquierda Unida; cuestiones que quedan
resueltas, en cambio, en la proposición de ley de nuestro grupo, cuyo
texto se centra en algo fundamental: en la libertad de los progenitores
para que, de común acuerdo, decidan el orden de los apellidos. No
obstante, señorías, nuestro grupo considera que todos los textos
coinciden en lo fundamental,
y eso es para nosotros de gran satisfacción: acabar con la discriminación
que la Ley actual supone para las mujeres, adecuando el artículo 109 del
Código Civil, nuestra legislación en definitiva, a una nueva realidad y
adecuándola además al principio fundamental de igualdad. Existe, por
tanto, base para el acuerdo.
Confío en que en trámites posteriores podamos alcanzarlo y además en que
de él también salga un texto común, perfeccionado por todos los grupos en
todos sus extremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoras Sainz.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida en defensa de la proposición de ley de modificación del
Código Civil y de la Ley del Registro Civil en materia de inscripción de
apellidos.
Nuestra proposición, de forma similar a otras que se han defendido ya,
tiene como objetivo adoptar los cambios necesarios para corregir
elementos de discriminación y sexistas que persisten en la determinación
actual del orden de apellidos. El mandato constitucional hacia los
poderes públicos para remover todos los obstáculos que impidan o
dificulten las condiciones para la igualdad y las líneas establecidas,
tanto por Naciones Unidas como por el Consejo de Europa, con la
recomendación de superar la discriminación hombre-mujer en el régimen
jurídico del hombre, amparan esta propuesta y justifican la necesidad de
ir más allá del tradicional reconocimiento de ambas filiaciones, que se
produce en nuestras diversas culturas y a diferencia de países de nuestro
entorno europeo para considerar que ambas son iguales y que, por tanto,
su expresión, el apellido, debe disponerse en el nombre con arreglo a lo
que ambos progenitores establezcan, en vez de venir este orden
determinado por el sexo.
Es obvio que la precedencia del apellido paterno sobre el materno,
establecida en los artículos 53 y 55 de la Ley del Registro Civil y en el
109 del Código Civil, supone un elemento sexista en el régimen de
apellidos, que en la actualidad además no pueden ser modificados ni por
acuerdo ni por petición ni por voluntad de las partes y de los
progenitores, sino únicamente por el interesado a partir de la mayoría de
edad. También es evidente que esta consideración de posibilitar la
inversión en los apellidos con la mayoría de edad no corrige ni resuelve
los elementos discriminatorios que se contienen en la legislación, por
cuanto que uno de los representantes, el hombre, tiene la potestad de
donar su apellido a sus descendientes desde el nacimiento, mientras que
el otro representante, paradójicamente la mujer, sólo puede hacerlo en un
caso concreto y con el consentimiento explícito del hijo o de la hija y
una vez que éste sea mayor de edad.
En el transcurso del debate se demuestra que el diagnóstico de la
situación y la necesidad de su modificación es, por tanto, compartida por
todos los grupos que han presentado las proposiciones y es un elemento de
consenso en esta Cámara. Ahora bien, las diferentes soluciones o
formulaciones que se aportan se pueden valorar desde diferentes
perspectivas. Un planteamiento, que es el que expone en su modificación
el Grupo Popular, significa cambiar cuando por mutuo acuerdo se pueda
proceder a la inversión de los apellidos y, por tanto, mantiene la
legislación en la precedencia del apellido paterno, aunque arbitra un
sistema y un mecanismo que posibilita la petición y la concesión de
cambio inmediato. A nuestro modo de ver, esto corrige los elementos
gruesos de discriminación y de indefensión ante una ley que anula
taxativamente la voluntad de las partes, en un tema en el que
precisamente la voluntad de las partes, y más concretamente la voluntad
de la mujer, es determinante; sin embargo, no corrige los elementos
sexistas de la actual legislación ni el viejo modelo patriarcal en el que
se fundamenta esta legislación. No obstante, quiero adelantar que nuestro
grupo va a votar a favor de todas y cada una de las proposiciones porque
entendemos que en el debate podremos introducir elementos que corrijan
ciertas situaciones que se expresan en alguna de las proposiciones.
En la proposición que nosotros formulamos y en otras, aunque con algunos
matices, se plantea no establecer la precedencia de ninguno de los dos
apellidos desde la ley, dejarlo a la voluntad y a la autonomía de las
partes que son, en este caso, los progenitores, complementando en su
momento --vía reglamentaria-- aquellos elementos que dieran seguridad o
método a la hora del registro. Esta propuesta, por tanto, intenta
corregir desde la igualdad el planteamiento sexista de fondo en la actual
formulación jurídica de transmisión del nombre. En todo caso, si --como
se expresa en la exposición de motivos de la propuesta del Grupo
Popular-- se pretende evitar a los progenitores que tengan que ponerse
obligatoriamente de acuerdo, tendría más lógica y racionalidad plantear
la precedencia del apellido materno, lo que hace justicia --como decía
recientemente Juan Cruz en un artículo-- a la lógica del nacimiento y a
años y siglos de imposibilidad y de invisibilidad de las mujeres. Por
tanto, desde un punto de vista de seguridad y de racionalidad, teniendo
que optar por la precedencia de alguno de los apellidos, la lógica indica
que sería la precedencia materna. No obstante, nosotros nos inclinamos
por un modelo que reglamente que sea la voluntad de las partes la que
finalmente indique cuál es el orden y que pueda usarse, indistintamente,
cualquiera de los dos órdenes en la configuración de los apellidos.
Como ya he dicho, nos inclinamos por votar a favor y tomar en
consideración todas las proposiciones, el conjunto de las propuestas, si
bien hay algunos elementos que nos preocupan tanto en la proposición del
Grupo Popular, ya que únicamente modifica el artículo 109 del Código
Civil, dejando el reglamento y los artículos 53 y 55 del Registro Civil
con su redacción actual, que además se expresa en términos
preconstitucionales y con grandes deficiencias, como en la del Grupo
Socialista, porque modifica la Ley del Registro Civil y no modifica el
artículo 109 del Código, que también sería necesario adecuar para obtener
una formulación más adecuada que incida en el problema que queremos
enfocar y resolver. En todo caso, consideramos que en el transcurso del
debate, ya sea vía enmiendas o a través del consenso, podrían ser
resueltos y, por tanto, nos vamos a sumar a la toma en consideración de
todas y cada una de las propuestas que hoy se han presentado en esta
Cámara por los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sabanés.
Concluidas las presentaciones de las proposiciones de ley por los grupos
que las han suscrito, ¿hay otros grupos parlamentarios que deseen fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, dado que estas cuatro
proposiciones de ley que se han presentado como iniciativa de otros
tantos grupos parlamentarios coinciden esencialmente en el fondo de la
cuestión, referente a la potestad de los padres o cónyuges para ponerse
de acuerdo en el orden de los apellidos paterno o materno o materno y
paterno, nosotros vamos a apoyar las cuatro indiscriminadamente y con el
mismo fin de que pueda aprobarse, como bien ha dicho la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, un texto consensuado y común que anule las
partes indiscriminadas, las partes de inseguridad jurídica, en caso de no
haber acuerdo entre los cónyuges, en caso de que sean familias que ya
hayan tenido hijos, de que haya la posibilidad de que uno de los padres,
en uso de la potestad que confiere el artículo 109 del Código Civil,
quiera cambiar el orden de los apellidos siendo padre o madre de una de
las hijas o de los hijos. Hay que ver qué circunstancias concurren,
porque no podemos ir a la ligera con un ley que puede crear un verdadero
desorden en el ordenamiento de las filiaciones civiles en este país,
teniendo, como tiene España, unas cuotas de seguridad de los apellidos de
origen para la mujer como para el hombre, pero, sobre todo, para la
mujer, si lo comparamos con el Derecho de otros países, donde se pierde,
como se ha recordado por alguno de los intervinientes.
Dado que en los aspectos formales la proposición del Grupo Socialista
pretende modificar el artículo 53 de la Ley del Registro Civil de 1957,
mientras que la del Grupo Popular lo que modifica es el artículo 109 del
Código Civil y las que han planteado los grupos Mixto y de Izquierda
Unida tocan ambos aspectos, incluso se extienden en propuestas de
modificación del artículo 55 de la Ley del Registro Civil, teniendo en
cuenta todo esto vamos a remitirnos a que el sentido común se imponga en
la ponencia y en la Comisión y se apruebe un texto de ley que, dando
satisfacción a las reivindicaciones legítimas, por supuesto, que aquí se
han expuesto, ponga orden en los registros civiles en cuanto a las
identificaciones que todo colectivo de ciudadanos necesita plantearse,
haciendo en este momento una salvedad. El artículo 109 del Código Civil
reconoce el derecho individual al decir que todo mayor de edad puede
cambiar el orden de sus apellidos. Pues bien, el tratar de imponer un
apellido familiar por el mero hecho de ser el primero de los hijos del
matrimonio en el orden de actuación de esta potestad nueva para los
padres o cónyuges puede significar el imperativo de no poder utilizar el
derecho en el resto de los hijos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, a la hora de
examinar las cuatro iniciativas sobre inscripción de apellidos, todas
ellas parten de un principio inatacable: dar una solución no
discriminatoria ni sexista a la elección de los apellidos, por citar la
primera, presentada en el mes de diciembre por las señoras Rivadulla y
Almeida. La proposición de ley de Izquierda Unida habla de muerte civil
de la filiación materna; la del Grupo Socialista de la necesidad de hacer
desaparecer toda disposición sexista en el derecho del nombre y, más
modosa, la del Grupo Popular dice que la opción parece más justa y menos
discriminatoria para la mujer. Y en efecto, nos parece que la regulación
que se propone, en unos casos de modificación de la Ley reguladora del
Registro Civil, en otros también del Código Civil, es un instrumento
importante para el ejercicio de la libertad por parte de los padres en la
elección del nombre y apellidos que integran el ámbito de los derechos
personalísimos de la persona.
Nuestro Derecho familiar se basaba hasta no hace mucho en la idea de que
el padre es el que manda: él da el apellido, él ejercita la patria
potestad. Desaparecida esta exclusiva de la patria potestad, el resquicio
del obligatorio apellido paterno parece una continuidad simbólica de esa
idea de predominio. La regulación opcional que se pretende por todas las
iniciativas
nos parece justa y la apoyaremos en orden a la consecución de la igualdad
real de la mujer en lo social. Si lo que no se nombra no existe, las
mujeres, al no poder perpetuar su apellido, desaparecen de alguna manera,
se diluyen o pierden la posibilidad de una constancia social transmisible
de generación en generación.
Sin embargo, hay un problema que deberá abordarse debidamente. No hace
mucho, la prensa se hacía eco de una solicitud, en el sentido de las
iniciativas hoy presentadas y de la respuesta dada por el Defensor del
Pueblo, negando tal posibilidad con la normativa ahora vigente, y aludía
a que el régimen de los apellidos constituye un principio de orden
público, y así es y por ello nos proponemos cambiar la norma, pero
también incumbirá a los poderes públicos dotar al sistema que se articula
de todas las garantías de seguridad y de rigor en las identidades que
constan en los registros públicos, evitando problemas organizativos y
posibles inseguridades jurídicas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva, que se obstina en tomar posición desde la
tribuna, a lo que tiene derecho, aunque no sigue la recomendación de la
Presidencia. En cualquier caso, con el ejercicio de su derecho a nadie
lesiona.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente. Es más de
posición que de duración.
Desde luego el debate de hoy, si así puede llamarse, constituye un hito
más en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, un hito que
quizá en nuestra época moderna se inició en los estertores de la
dictadura a través de la Ley de 2 de mayo de 1975, que eliminó algunas
discriminaciones respecto de la mujer casada; que, desde luego, se
ratificó en la Ley de 13 de mayo de 1981, donde, entre otras cosas, se
introdujo en ese artículo 109 la posibilidad de los mayores de edad de
alterar el orden de sus apellidos; se introdujo también en el artículo
156, sobre la patria potestad, el imperativo de ejercicio conjunto de la
patria potestad; y también a través de la Ley de 7 de julio de 1981,
cuando se estableció, obviamente respecto a los progenitores, casados o
no, que el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes. Desde esa
perspectiva, como ya digo, la sesión de hoy constituye un hito importante
en esta lucha por la conquista de la igualdad. Por lo demás, cierto es
también que hace pocos días, en el Parlament de Catalunya, se produjo un
debate de estas características en el que todos los grupos
parlamentarios, como sin duda ocurrirá hoy, estuvieron de acuerdo en la
asunción de estos principios.
No obstante, sí le gustaría a mi grupo efectuar tres consideraciones
importantes que, en su día, podrán trasladarse a través de enmiendas,
sobre todo a aquellos grupos parlamentarios que, después de un estudio
sesudo de la situación, han presentado las proposiciones de ley que
debatimos y que, obviamente, tomaremos en consideración hoy. En primer
lugar, entiende mi grupo que, sin duda ninguna, habrá que proceder a
modificar el artículo 42 de la Ley de Registro Civil. Lo digo porque el
plazo de inscripción que establece la Ley de Registro Civil es entre las
24 horas y los ocho días, que puede ser notablemente insuficiente para
que los dos progenitores, la mujer y el hombre, sobre todo la mujer, que
acabará de salir precisamente de una situación de parto, pueda o bien
comparecer ante el encargado del Registro Civil o bien otorgar poderes o
efectuar cualquiera de estas otras circunstancias. Si lo que se pretende
es que se produzca un acuerdo efectivo, deberán garantizarse las
circunstancias para que la mujer que sale no de una enfermedad pero sí de
una situación que obviamente afecta a su salud esté en condiciones de
manifestar esa voluntad. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el artículo 42
de la Ley de Registro Civil deberá ser modificado.
En segundo lugar, se habrá de establecer de alguna manera un mecanismo de
solución de conflictos o de bloqueos. En este momento mi grupo no
manifiesta preferencia por ninguno de los sistemas o mecanismos de
solución. Al parecer, podrían existir cuatro: uno --tal y como establece
el artículo 193 de la Ley de Registro Civil para los supuestos del
nombre--, en aquellos casos en los que no se puede imponer el nombre,
dejar esta competencia en manos del juez encargado del Registro Civil. En
segundo lugar, si acudimos al artículo 156 del Código Civil, de ejercicio
de la patria potestad, en aquellos casos en los cuales se produce
discrepancia en este ejercicio, tendríamos que resolver el conflicto a
través del juez ordinario. No está mi grupo en principio por diferir en
un tercero la solución de este tipo de controversias, con lo cual nos
encontramos ante dos posibilidades: o bien, en caso de discrepancia, se
atribuye la preferencia al apellido de la mujer, y hay dos razones
importantes de fondo: un principio de discriminación positiva e incluso
aquel famoso aforismo romano que todos los que hemos estudiado Derecho
aprendíamos en la primera clase de Derecho de familia de que la madre
siempre es cierta y el padre es aquel que las nupcias demuestran, mater
semper certa es, que incluso se recoge en el artículo 116 de nuestro
Código Civil. O se mantiene el status quo actual, la situación que se
recoge en estos momentos en el ordenamiento. Sí quiere mi grupo
explicitarlo porque cualquiera de las soluciones, y sobre todo los
mecanismos que pueden conducir a ellas, son lo suficientemente
importantes, lo suficientemente trascendentales para que a lo largo
también de esta tramitación parlamentaria los ciudadanos puedan formar su
opinión, puedan hacérnosla llegar y puedan, en cualquier caso,
explicitarla.
Finalmente, señorías, hemos apreciado también algunas omisiones en las
proposiciones de ley. Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de un hijo
póstumo, el nacido después del fallecimiento del padre, quién determina
el orden de los apellidos. Qué ocurre en aquellos supuestos en los que se
produce un reconocimiento de la paternidad o de la maternidad o al revés,
obviamente, sucesivamente y no se produce en un momento simultáneo. Desde
luego, estamos muy a favor del planteamiento que se ha hecho desde
Izquierda Unida o desde Iniciativa per Catalunya --no recuerdo ahora-- de
resolver esos residuos absolutamente arcaicos en nuestra Ley de Registro
Civil de distinción entre la filiación natural y la filiación legítima,
que, desde luego, debe pasar a ser la filiación matrimonial y la no
matrimonial. Por lo tanto, tenemos algunas cuestiones pendientes que son
importantes porque afectan y afectarán sin duda alguna a la vida de los
ciudadanos y sobre las cuales es importante conocer su opinión.
En última instancia, no me queda más que felicitarnos por el grado de
consenso que se alcanzará sin duda alguna en la sesión de hoy y por el
que se pondrá de manifiesto en la ponencia, porque el camino ha sido
largo, ha sido de siglos. En esta materia no estábamos, desde luego, en
el peor de los mundos posibles --como ha recordado Luis Mardones--, pero
hay algunos aspectos que debemos solventar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones sobre la toma en consideración de las proposiciones de ley que
se han presentado y debatido ante el Pleno, relativas todas ellas al
cambio de la legislación civil para posibilitar que los hijos e hijas
lleven como primer apellido el materno.
En primer lugar, se somete a votación la proposición de ley del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a
favor, 278; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición del Grupo Parlamentario Mixto, defendida por la señora
Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a
favor, 289; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 296; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 299; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ATENCION DEL
ALUMNADO HOSPITALIZADO. (Número de expediente 162/000224)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, sobre la
atención del alumnado hospitalizado. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coquillat. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Puede comenzar, señor Coquillat.
El señor COQUILLAT DURAN: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en defensa de la proposición no de ley sobre la
atención del alumno hospitalizado.
Me ha parecido oportuno y conveniente recordar dos artículos de la Logse.
En el título V, artículo 63, apartado 2, se dice: Las políticas de
educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de
forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales,
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. Recalco la
indicación «de otra índole». El artículo 65, en su apartado 2, expresa lo
siguiente: Las autoridades educativas asegurarán la actuación preventiva
y compensatoria garantizando, en su caso, las condiciones más favorables
para su escolarización, durante la educación infantil, de todos los niños
cuyas condiciones personales, por la procedencia de un medio familiar de
bajo nivel de renta, por su origen geográfico o por cualquier otra
circunstancia --subrayo el concepto «por cualquier otra circunstancia»--,
supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación
obligatoria y para progresar en niveles posteriores. Parece evidente que
las expresiones «otra índole» y «cualquier otra circunstancia» aseguraban
en la legislación situaciones como la que hoy nos ocupa, situaciones que
no tenían una explicitación en esta ley, pero por supuesto --repito--
«otra índole» y «cualquier otra circunstancia» era suficiente como para
que las pudiéramos recoger posteriormente.
El problema de la atención al alumno hospitalizado ya existía, no era un
problema nuevo. Se aplicaban distintos tipos de soluciones para paliar el
problema, y cuando todavía no estaban suficientemente desarrolladas las
modernas técnicas de comunicación audiovisual que hoy se nos ofrecen y
que dan sustento a esta proposición no de ley, el hombre, el profesor, el
docente, las suplía con sus habilidades. Asimismo, nos ha parecido
adecuado recordar, porque tenemos que adelantarnos mucho más todavía en
el tiempo, el informe sobre el estado y situación del sistema educativo
del curso 1995-1996 emitido por el Consejo Escolar del Estado. Recuerda
que habiendo difundido la Logse la población escolar con necesidades
educativas especiales, la ordenación de acciones dirigidas a estos
colectivos se regulaba por el Real Decreto 696/1995 --estamos hablando de
1995--, para necesidades derivadas de discapacidad y trastornos de la
conducta, y el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero --estamos hablando
de una fecha muy reciente--, relativo a la compensación de las
desigualdades en educación.
La finalidad de este último real decreto, en el que tenemos que
centrarnos, con aplicación en territorio MEC, era establecer medidas que
permitieran prevenir las desigualdades antes mencionadas en el artículo
63 de la Logse, reforzando las medidas de carácter ordinario y
promoviendo otras de carácter extraordinario, entre ellas, la del
apartado c) de este informe del Consejo Escolar de Estado, referente a
las unidades de apoyo en instituciones hospitalarias dirigidas al
alumnado que, por razón de una hospitalización prolongada, no puede
seguir su habitual escolarización.
Concretamente, en el capítulo tercero, sección segunda, de este real
decreto y en el artículo 19 se determinan las características de las
unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias que mantengan
regularmente hospitalizado un número suficiente de alumnos en edad de
escolaridad obligatoria. Se indica asimismo que la organización y
funcionamiento de las unidades escolares de apoyo en instituciones
hospitalarias se regirán por las normas establecidas para el
funcionamiento de las escuelas unitarias y centros incompletos, con las
adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Insisto, porque es
base de esta proposición no de ley, en esta última línea: con las
adaptaciones que reglamentariamente se determinen. Se especifica también
que, para asegurar la continuidad del proceso educativo, el Ministerio de
Educación determinará los procedimientos de coordinación entre los
centros en los que está matriculado este alumnado y las unidades
escolares de apoyo en instituciones hospitalarias.
Durante el curso 1995-1996, y sigo haciendo referencia al informe del
Consejo Escolar de Estado, la actuación del programa de educación
compensatoria en este ámbito atendió 13 aulas hospitalarias con 20
maestros. En el informe del Consejo Escolar de Estado se habla de lo que
ocurre en otras comunidades autónomas; por ejemplo, menciona, casi
exclusivamente en este ámbito, puesto que es muy reducido, a Cataluña,
donde se concedieron 69 ayudas para alumnos con enfermedad prolongada que
les impedía continuar y finalizar sus estudios en Cataluña, por una
cantidad de once millones de pesetas aproximadamente. Esto no quiere
decir que no exista esa actuación en otras comunidades autónomas, pero,
dada la brevedad del informe en esta parte, no se profundiza en este
punto.
En el curso 1997-1998 se desarrollarán 29 aulas hospitalarias, atendidas
por 40 maestros, aumentando cuatro unidades de apoyo donde no existían.
Esto quiere decir que, desde el curso 1995-1996 al curso 1997-1998, las
aulas hospitalarias se han ampliado en más del cien por cien y hemos
pasado de 20 a 40 profesores.
Hasta aquí la frialdad de los datos y de los informes. Si asumimos la
realidad actual, esta proposición no de ley pretende la potenciación de
todos los efectivos de innovación educativa en el campo de la
teleducación en aulas hospitalarias y arbitra, como se indica en ella,
todos los medios necesarios para extender la tecnología de las
comunicaciones a las actuales y futuras aulas hospitalarias, dando
cumplimiento, por tanto, a los aspectos mencionados del Real Decreto-ley
299/1996. Esto implica crear un espacio electrónico materializado sobre
Internet y RDSI. Hago una aclaración sobre las siglas RDSI, ya que son
sistemas aún desconocidos para los no muy versados en estas tecnologías.
Son realmente para un tipo de línea telefónica utilizada para mejorar las
velocidades. El concepto es verdaderamente mucho más amplio, pero así
expresado puede ir dándonos una idea de su utilidad, cuando se dispone de
una infraestructura de comunicaciones de este tipo. También son para
elaboración de páginas HTML, lenguaje para crear documentos, hipertextos
varios para múltiples plataformas. Aclaro que, en este caso, esta
informática todavía muy diversificada y no homologada en su uniformidad
puede ser el sistema más adecuado para compatibilizar los distintos
sistemas operativos en los ordenadores, es decir, prácticamente todo lo
que se encuentra en el mercado.
Videoconferencia o lo que podríamos denominar ahora videoclase es otra de
las posibilidades, otro recurso importante, junto con el correo
electrónico, para la comunicación a distancia. Por supuesto, está el
acceso a bases de datos remotas --quizá la palabra remotas aquí no tiene
mucho sentido, porque el concepto
de distancia prácticamente ha desaparecido con Internet--, actuando
simultáneamente, de manera que se garantice la formación de los equipos
docentes en estas tecnologías, y una red de apoyo, que es a la que se
hace mención en nuestra proposición no de ley, que potencie la
comunicación de los alumnos hospitalizados.
Aunque realmente no he recabado datos sobre cuál es la situación de los
alumnos en fase hospitalaria, creo que, aun siendo importante conocerlos
para la planificación y desarrollo integral de cualquier tipo de
actuación --número de camas infantiles, índice de ocupación media de
niños y niñas en edad de escolarización obligatoria, tipos de patologías
que se atienden que obliguen a estos largos períodos de
hospitalización--, no es absolutamente necesario para esta exposición y
para la idea que preside la proposición y sus actuaciones, ya que todos
estaremos de acuerdo en que con que hubiera un solo niño con estas
necesidades de atención pedagógica sería suficiente.
Además, no debemos olvidar que estamos hablando, en clara dependencia con
estas actuaciones, de aspectos terapéuticos no bien definidos pero
indiscutibles, ya que estas estancias prolongadas, sin formación, sin
alicientes, sin el incentivo de una futura y más fácil integración en la
escuela no son precisamente el caldo de cultivo más adecuado para
facilitar una mejor y más rápida recuperación. Naturalmente, cuando esto
es posible, sólo cuando lo es. Sin embargo, cuando las patologías
conducen a situaciones terminales, en modo alguno son desdeñables estas
actuaciones pedagógicas, como se ha podido constatar en infinidad de
ocasiones. Dentro, por tanto, de la integración de medios telemáticos e
informática, es posible utilizar estas tecnologías para favorecer el
desarrollo afectivo y social, impulsando la expresión y la comunicación
en los alumnos hospitalizados.
Se puede convertir, sin duda, la situación de desventaja académica
--inmovilidad, disposición máxima de tiempo, etcétera-- en oportunidad
para desarrollar destrezas en alguno de estos medios tecnológicos,
facilitando la recuperación del desfase académico que se pueda sufrir,
que estará en función de muchos factores, pero también del tiempo de
hospitalización. Por otra parte, se puede favorecer la coordinación con
el centro educativo de referencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Coquillat, le
ruego vaya concluyendo.
El señor COQUILLAT DURAN: Sí, señor presidente, voy concluyendo, pero el
final es muy sentido y le agradecería que me permitiera terminar.
Por otra parte, decía, se puede favorecer la coordinación con el centro
educativo de referencia y la comunicación entre el alumnado de éste y las
aulas hospitalarias. Desde el punto de vista del profesorado se puede
motivar a los docentes para la utilización de la telemática, mensajería y
teledebates, como medio de autoformación y apoyo a las actividades. Y,
como consecuencia del resultado de estas actuaciones, habría que realizar
un análisis de las mismas y su corrección para futuras aplicaciones,
dentro de una red de apoyo. En cualquier circunstancia, estaremos siempre
ante un sucedáneo que debe ser compartido, después de la hospitalización,
con el profesor que tomará las riendas del aprendizaje, porque los niños
--y éste es el final sentido al que hacía referencia--, señor presidente,
con estas tecnologías a su alcance, observándoles cuando están ante estos
nuevos espectáculos de la informática, pueden no llegar a comprender la
distancia que existe con el ser real, ya que se integran con lo que
viven. Los medios informáticos llegan a acaparar toda su atención, lo que
ven en ellos les causa sorpresa, admiración, incluso miedo, risa, temor o
aburrimiento, por lo que deben compartir el entusiasmo del aprendizaje
con los profesores que se han unido a ellos.
Con estas actuaciones de innovación tecnológica, se pretende una ayuda y
unos nuevos elementos de trabajo, en realidad una alianza con la
telemática, pero nunca sustituyendo --repito, nunca-- la tarea pedagógica
y humana del docente. Creo que todos ustedes podrían añadir mucho más de
sus propias experiencias personales. Estos niños necesitan, por su
situación de debilidad, todo nuestro apoyo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Coquillat.
A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por parte
del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la
señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista recibe con gran interés esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pretende dotar
a las aulas hospitalarias de medios telemáticos. Nuestro interés está
basado en varias cuestiones; una, que supone el desarrollo de la
educación compensatoria y la aplicación del programa de nuevas
tecnologías a los alumnos que sufren una larga hospitalización. Para
nosotros, es de especial interés, como no podía ser de otra manera, la
defensa de la igualdad de oportunidades que supone la educación
compensatoria. Esto quiere decir compensar las desigualdades que puedan
producirse en estos alumnos. La introducción de las nuevas tecnologías
también supone un indicador de calidad. Naturalmente, ampliar este
indicador de calidad a las aulas hospitalarias no podía ser recibido más
que con satisfacción en nuestro grupo parlamentario.
Sin embargo, tenemos que decir que esta proposición no de ley no supone
una novedad, sino que para
nosotros ha sido una verdadera sorpresa, ya que el Gobierno, al presentar
los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por esta Cámara, ya se
comprometía a dotar de medios telemáticos las aulas hospitalarias. Se
comprometía a dotar a estas aulas de la infraestructura suficiente para
el desarrollo de las nuevas tecnologías, a la formación del profesorado,
a la conexión de estas aulas a Internet y a la dotación de los medios
suficientes para el desarrollo de videoconferencia.
Por eso, nos parece que esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular es oportuna, precisamente porque hasta ahora el
Gobierno no ha desarrollado ninguno de los objetivos a los que se
comprometió en los Presupuestos Generales del Estado. Más bien lo
contrario, porque lo que ha hecho es aplicar un fuerte recorte, en primer
lugar, a las propias aulas hospitalarias. El representante del Grupo
Parlamentario Popular, en su exposición, ha olvidado hacer la comparación
entre los indicadores del año 1997 y los de 1998, que se recogen en los
Presupuestos Generales del Estado. Si lo hubiera hecho, tendría que
reconocer que las aulas hospitalarias se han reducido a un 80 por ciento
y que la dotación de plantillas de profesorado para atender estas aulas
se ha reducido a un 64 por ciento. Esta es la realidad, unida a otro
importante recorte: que se han reducido los presupuestos para formación
del profesorado, para las nuevas tecnologías, como son los programas
Atenea, Mercurio y Mentor. Y lo más grave, se ha reducido el presupuesto
hasta unos niveles de más del 50 por ciento de lo que supone el
desarrollo de la televisión educativa.
Ante este panorama, el Grupo Parlamentario Socialista recibe esta
proposición no de ley con interés y adelantamos nuestro apoyo a ella,
pero, basándonos en ese interés, hemos presentado dos enmiendas
precisamente para hacerla real y que de verdad pueda llegar a favorecer
las necesidades de los alumnos de larga hospitalización, que están
escolarizados en aulas hospitalarias. Para ello, añadimos a la
proposición no de ley un punto importantísimo, que es el mantenimiento de
las aulas hospitalarias en el número necesario y que se tengan en cuenta,
como mínimo, los indicadores del año 1997. También pedimos el
mantenimiento de las plantillas suficientes de profesorado para la
atención de estas aulas hospitalarias y que se amplíen los presupuestos
para la formación del profesorado, para la dotación de las
infraestructuras suficientes y para el mantenimiento de la televisión
educativa.
Por último, hemos de decir que, si esta proposición no de ley llega al
Gobierno, como esperamos y deseamos, y si el Gobierno va a cumplir sus
compromisos, los compromisos adquiridos en los Presupuestos Generales del
Estado, es necesario que adquiera un número significativo de terminales,
de ordenadores y de otros medios telemáticos. Esperamos que esta vez el
Gobierno tenga la cautela de elegir los modelos que incluyan todos los
caracteres del alfabeto español y muy en concreto la letra eñe.
Sin más, solicitamos el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, porque
entendemos que amplían, completan y mejoran una proposición no de ley del
Grupo Popular que saludamos por su interés y por su oportunidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes y Nueva Izquierda va a
apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. Y la
verdad es que no sabemos cuál es su finalidad, porque, como ha dicho la
portavoz del Grupo Socialista, parece que su grupo no se fía de lo que es
una obligación del Gobierno o lo quiere hacer por una proposición no de
ley. Porque el Gobierno tiene la obligación y tener que hacer una
proposición no de ley para decidirlo nos parece un mecanismo complicado,
aunque últimamente ya lo hemos visto en dos ocasiones. Si necesita una
ley que le obligue, ya que no le obliga la decisión personal de tener que
aumentar estas aulas, nosotros apoyaremos esta medida, pero pensamos que
la iniciativa ya la tenía que haber tomado y que tenía que haberlo
solucionado.
Nos parece preocupante que, cuando se van haciendo leyes, no se
aprovechen de una manera global. Tampoco las nuevas comunicaciones, las
telecomunicaciones. Este grupo incluso presentó enmiendas a la Ley de
telecomunicaciones para intentar el mayor aprovechamiento de las líneas,
a fin de que no se hicieran gastos inútiles. Y nos gustaría que esto se
tuviera en cuenta a la hora de adoptar las medidas necesarias para la
dotación de estas escuelas. ¿Cómo nos vamos a oponer a que las aulas
hospitalarias estén bien dotadas, si queremos que cualquiera lo esté? La
gente que está más necesitada, que tiene menos posibilidades de acceder a
los estudios, debe recibir la mejor atención, no sólo sanitaria, sino
educacional, para que las pérdidas por enfermedad no supongan también
pérdidas de escolaridad.
Lo vamos a apoyar, pero sí queremos decir que en esta legislatura ya se
ha visto algo similar, que el Gobierno presenta proposiciones de ley de
lo que ya son obligaciones que tiene contraídas con la sociedad. Pienso
que presupuestariamente, con las leyes de educación, con la ley de
igualdad de oportunidades, con las obligaciones que tiene contraídas
respecto a la calidad
de la enseñanza que deben recibir todos los ciudadanos, esta actuación ya
tenía que haberse hecho. En cualquier caso, si tenemos que hacer una ley
para que por su no cumplimiento pudiera haber mayor infracción, nosotros
la vamos a apoyar para que quede constancia de que queremos esa
obligación por parte del Gobierno y esa dotación, que nunca debe ser
burocrática ni de aumento de gasto, sino de aumento de posibilidades y de
utilización de los gastos que tenemos lo más reducida posible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, brevemente quiero mostrar nuestro apoyo a la proposición no de
ley.
Con ocasión de los debates que hemos tenido en la Cámara en materia de
telecomunicaciones, y más concretamente en el proyecto de ley general de
telecomunicaciones, se planteó la necesidad de regular, dentro de las
obligaciones de servicio público, los servicios de telenseñanza.
Finalmente, en el artículo 42 del proyecto, que actualmente se tramita en
el Senado, se reguló como posibles obligaciones a declarar por el
Gobierno aquéllas que se entendieran necesarias para atender, entre
otros, los servicios de la educación.
Con ese marco normativo, es preciso que el desarrollo de las nuevas
tecnologías llegue a todos los colegios, a las escuelas rurales y, por
supuesto, a las aulas hospitalarias. El Ministerio de Educación y las
comunidades autónomas competentes deben, a su vez, ser capaces de aunar
esfuerzos en la aplicación de las tecnologías y la creación de un
software común para constituir un espacio de aprendizaje, comunicación y
apoyo a los alumnos de las aulas hospitalarias, como medio para superar
las barreras físicas y romper su aislamiento. Ese espacio electrónico ha
de materializarse sobre el Internet y el RDSI, para la integración de
esas aulas hospitalarias con el mundo educativo.
En definitiva, señorías, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación son una herramienta de primer orden para nuestro desarrollo
y el nivel de desarrollo a medio y largo plazo ha de medirse en la
educación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Simplemente hacemos uso de la palabra a los efectos de hacer pública ante
la Cámara la posición favorable del Grupo Parlamentario Catalán a la
proposición no de ley objeto de este debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, como no podía ser
de otra manera, quiero felicitarme por la iniciativa que estamos
examinando por considerar que, aun siendo un derecho fundamental el de
garantizar una educación suficiente e ininterrumpida durante la edad
escolar, este principio es alterado en algunas circunstancias, como la de
los traslados de los temporeros, que ha sido paliada parcialmente, o en
este otro caso que nos ocupa de ingresos sanitarios breves o prolongados,
siendo otra variable los domiciliarios, que requerirían un tratamiento
diferenciado, pero que igualmente son susceptibles de una protección del
derecho desde el punto de vista educativo y no sólo a través de la fase
de recuperación, que también, sino con una homologación reducida al
ámbito donde se circunscribe el alumno enfermo, con una categoría
individualizada y personalizada, beneficiándose igualmente de las
peculiaridades correspondientes que hoy apruebe esta Cámara.
Ciñéndonos al ámbito propiamente hospitalario, entiendo que efectivamente
hay que constatar las profundas deficiencias que arrastran tanto el
Ministerio de Educación, máximo responsable de las carencias, como el de
Sanidad, por no advertir a las administraciones educativas de sus
correspondientes incumplimientos. Estas situaciones, que no son
excepcionales, aunque se tenga esa impresión, requieren la puesta en
funcionamiento de diferentes instrumentos que competen de forma reglada a
las diferentes enseñanzas.
El objetivo de la incorporación gradual de las nuevas tecnologías de la
comunicación para informar y formar, no sólo como técnica de apoyo, sino
jugando un papel central, cumple, en el marco al que nos referimos, una
de las tareas prioritarias, siendo éste un escenario de primera magnitud
para apostar por la informatización de amplias zonas de la educación para
alumnos de estas peculiaridades, como hemos dicho, transitorias o
definitivas. Este uso eminentemente social e interactivo consigue
instalar el conocimiento en un modelo revolucionario y alternativo que
universaliza o al menos que puede universalizar el saber. Por ello, es
una irresponsabilidad que algunos centros hospitalarios sean zonas
blancas o estén en precario con respecto a esta necesidad de los alumnos
ingresados, una obligación contraída por la Administración con respecto a
los ciudadanos en esta situación.
En este sentido, señorías, es necesario entender que el uso de la
telemática no puede estar exclusivamente
al servicio del mercado, sino que tenemos que ponerlo al servicio de la
docencia en las aulas escolares y en las aulas hospitalarias, atendiendo
a las competencias conferidas al Ministerio de Educación y Cultura. Junto
a estas dotaciones, es necesario abordar la formación y reciclaje de los
profesionales como ejecutores centrales de estas políticas educativas en
estos marcos concretos y para eso hay que firmar y desarrollar cuantos
protocolos y convenios sean precisos entre ambas administraciones, a fin
de garantizar el principio constitucional del derecho a la educación para
todos y todas, incluidos enfermos y enfermas, sin excepción. Y esto,
señorías, señor presidente, se llama cumplimiento de la Logse y se llama
financiación.
Nada más. Muchas gracias El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Señor Coquillat, S. S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no
de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor COQUILLAT DURAN: Gracias, señor presidente.
Aceptamos la enmienda de adición, la c), y yo rogaría al Grupo Socialista
que, en la seguridad de que el ministerio va a utilizar ordenadores con
la eñe, retirara la enmienda de adición última.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Coquillat. (La señora Valcarce García pide la palabra.)
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Señor presidente, quiero manifestar que
estamos de acuerdo, que es suficiente para el Grupo Parlamentario
Socialista la manifestación que ha hecho el portavoz del Grupo Popular y
que retiramos esa enmienda.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley
del Grupo Popular sobre la atención del alumnado hospitalizado, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista
por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 293; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TARIFAS
TELEFONICAS. (Número de expediente 162/000187)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre
tarifas telefónicas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Morlán.
(Rumores.) Silencio, señorías.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista plantea esta proposición
no de ley, que tiene mucho que ver con la aparición de un segundo
operador como es Retevisión para la prestación de los servicios de
telefonía básica. Esta situación de competencia en la telefonía básica
puede acabar limitándose a la prestación de determinados servicios, pues
nada hace suponer que en un primer momento la actividad inmediata de
Retevisión llegue al ámbito de la telefonía urbana y metropolitana
destinada al gran público. (Continúan los rumores.) El señor PRESIDENTE:
Un momento, señor Morlán.
Señora Gil i Miro, señora Almeida, silencio, por favor.
Gracias.
Continúe, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Si esto se produce, los usuarios y los
consumidores van a ser los últimos en apreciar la bondad, entre comillas,
de unas decisiones que van a seguir manteniendo en manos del operador
dominante un monopolio de facto, en virtud del cual ya no es que se
reduzcan las tarifas en razón a esa nueva competencia, sino que pueden
verse notablemente incrementadas en aplicación a la Orden ministerial de
18 de marzo de 1997, sobre tarifas y condiciones de interconexión, que en
más de una ocasión hemos debatido en esta Cámara. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
¿Qué pretende el Grupo Socialista con esta proposición no de ley? En el
texto de la misma señalamos los puntos que entendemos deben ser
modificados o tenidos en cuenta para que en un mercado como el actual la
competencia que todo el mundo predica sea una competencia de verdad y que
garantice en todo momento que los usuarios y los consumidores están
disfrutando de los beneficios y de las consecuencias lógicas de esta
competencia. Nosotros pretendemos, de acuerdo con el primer punto de la
proposición no de ley, derogar la competencia del Gobierno en un período
transitorio para la fijación de las tarifas y condiciones de
interconexión. Esto viene motivado porque se aprobó por parte de esta
Cámara un proyecto de ley de artículo único, en el que se quitaba a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la posibilidad de dictar,
elaborar o participar en la elaboración de estas tarifas y de esas
condiciones de interconexión y se pasaba de manera transitoria al
Gobierno. Sinceramente, no nos gusta ni entendemos por qué existe esa
desconfianza hacia la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que
no es un órgano ni una institución inanimada, ni es un simple y aséptico
papel escrito; es una institución que desde nuestro punto de vista --y
así lo hemos puesto de manifiesto en el debate del proyecto de ley
general de telecomunicaciones-- debiéramos potenciar, consolidar y
apoyar, porque debe ser la garante del buen funcionamiento del sector de
las telecomunicaciones y desde luego, que nosotros sepamos, está formada
por buenos profesionales y especialistas que debieran gozar de nuestra
confianza, y, por supuesto, de la nuestra como grupo sí que gozan, pero
ponemos en duda que gocen de la de otros grupos políticos o del propio
Gobierno. No nos gusta sinceramente la tutela adjudicada al Ministerio de
Fomento para fijar --aunque sea con carácter transitorio, pero, sin lugar
a dudas, este es el momento de la verdad del funcionamiento de la
Comisión-- las tarifas y condiciones de interconexión. El problema de que
la CMT, como en algún momento se ha dicho, disponga o no de los medios
personales y materiales para hacer frente a sus competencias no es un
problema de la Comisión; es un problema de la voluntad política que tiene
que tener el Gobierno para dotarle de los medios suficientes y necesarios
para que la CMT haga frente a todas sus obligaciones y a todas sus
atribuciones y pueda funcionar con auténtica autonomía e independencia
del Gobierno y del propio Ministerio de Fomento. Desde luego, lo que sí
demuestran es que existe una desconfianza absoluta hacia la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, y el desconfiado no es este grupo
parlamentario, sino el Grupo Popular y el Gobierno, que lo que quieren
hacer es aletargarla y dejarla sin una perspectiva de futuro.
En el segundo punto de esta proposición de ley pretendemos modificar la
Orden del Ministerio de Fomento de 18 de marzo de 1997, por unas razones
muy sencillas. Nosotros queremos que sea la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la que posibilite que haya acuerdos entre los
operadores para fijar las condiciones y las tarifas de interconexión y
que si no hay acuerdo entre ellos, sea la Comisión la que fije las
tarifas y las condiciones de interconexión. La Comisión no es un invento
nuestro, no es ningún capricho. Bajo nuestro punto de vista, es una
institución o un órgano que tiene su semejanza en otros órganos europeos,
que tienen una competencia auténticamente clara y nítida sobre lo que es
el mercado de las telecomunicaciones y tienen una competencia para
deslindar como órgano regulador cualquier tipo de responsabilidad o de
situación anómala que se produzca entre los operadores privados y
públicos que existen en el mercado de las telecomunicaciones. En nuestra
opinión eso es lo que tiene que suceder en España y sinceramente no
entendemos por qué razón se sigue burlando o evitando la posibilidad de
que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones obtenga ese tipo de
atribuciones que la equipararían a otros entes reguladores a nivel
europeo. Para nosotros la Comisión es mayor de edad y ha superado con
creces, a pesar de todos los avatares que ha habido, cualquier tipo de
dificultad y en estos momentos está capacitada para elaborar, como es
lógico, resoluciones y disposiciones que permitan ordenar y colaborar en
la regulación de un mercado como el de las telecomunicaciones, que es
complejo y difícil. Lo decimos porque ustedes, señores del Gobierno y del
Grupo Popular, son los que han puesto en marcha este mecanismo, son los
que a través de la Ley de 6/1996, de Liberalización de las
Telecomunicaciones, o del propio Real Decreto de 6 de septiembre de 1996,
que aprueba su reglamento de funcionamiento, han puesto en marcha esta
Comisión, y, claro, nos sorprende que ahora ustedes, desde esas
atribuciones que tienen, intenten obviarle las capacidades que nosotros
entendemos que debe tener. La CMT debe posibilitar que exista acuerdo,
pero para que eso sea así tiene que tener atribuciones y competencias.
Por ello, nosotros decimos que esta Orden de 18 de marzo de 1997 tiene
que ser un instrumento en manos de la CMT para colaborar a que exista ese
acuerdo entre los operadores sobre condiciones y tarifas de interconexión
y que, si no, sea ella la que dicte esas normas.
En el punto 3 de la proposición no de ley planteamos que se elimine en la
orden cualquier autorización a Telefónica de España para incrementar sus
tarifas de servicio telefónico básico, cosa que ya hemos reiterado en más
de una ocasión y creo que la señora Mato lo ha oído en esta Cámara. Lo
que queremos es que no exista esa autorización, que es imperativa, tal y
como dice la orden ministerial a la que he hecho referencia, en la que se
dice que se autorizará a Telefónica a modificar tanto la cuota de abono
como las tarifas. Entendemos que no es procedente que esta autorización
se produzca desde el momento en que es una autorización de la que puede
hacer uso Telefónica cuando estime oportuno y que tiene que ser la CMT la
que fije en qué momento se tienen que producir las modificaciones
tarifarias y la que tiene que llevar a acuerdo todos aquellos
instrumentos o decisiones encaminadas a hablar de las cuotas de abono.
En los puntos 4 y 5 de esta proposición no de ley planteamos dos tipos de
actuaciones que sí que es cierto que en parte están adoptadas. Me estoy
refiriendo a que la duración de la llamada telefónica se ajuste en
segundos y no como estaba establecido hasta este momento.
Este ajuste no se ha producido todavía y, desde luego, donde no se ha
producido en modo alguno es en las llamadas telefónicas efectuadas desde
cabinas situadas en el dominio público. No se han dado los pasos
suficientes. Pensamos que a pesar de ese inicio que se ha producido en el
proceso de convertir el tiempo a segundos, falta todavía lo suficiente
como para mantener la petición en esta proposición no de ley. El punto 5
hace referencia al abaratamiento de las llamadas de fijo a móvil y de
móvil a fijo. Entendemos que aquí se ha dado un paso mediante la
publicación de una orden ministerial sobre la reducción en las llamadas
de fijo a móvil, pero no se ha producido el fenómeno contrario; de móvil
a fijo todavía siguen existiendo las mismas cuantías, todavía siguen
siendo unas llamadas caras, que están dificultando o imposibilitando que
la telefonía móvil adquiera las dimensiones que debe tener y que ha
adquirido en el conjunto de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor presidente.
En el último de nuestros planteamientos hacemos referencia a que el
Congreso tiene que tener información clara, precisa y periódica de cuál
es la situación de la calidad de los servicios telefónicos y de alquiler
de circuitos. Pensamos que es un instrumento importante para evaluar de
qué manera todo el proceso de liberalización de las telecomunicaciones y
de incorporación del segundo y del posible tercer operador a la telefonía
básica gozan de un control o de un seguimiento que posibilite que todo el
mundo conozca cuáles son sus niveles de calidad. Si lo planteamos no es
sólo porque queramos eso, sino también porque vemos que en algunos
aspectos existe una deficiente calidad; por ejemplo, cuando uno está
intentando que se le instale una nueva línea telefónica el plazo que hay
desde la petición hasta la instalación ha subido de las 24 ó 48 horas que
había hasta hace un tiempo en Telefónica a casi los 25 ó 30 días. Son
aspectos que esta Cámara y los grupos políticos tienen que conocer para
evaluarlos y ver dónde está el fallo y dónde hay que producir las
correcciones necesarias, lo que desde luego se conseguirá en tanto en
cuanto se concentren todas las atribuciones y todo ese tipo de
competencias en el órgano regulador, que no es el Ministerio de Fomento,
sino que es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Señorías, pensamos que todavía está vigente en muchos de sus puntos esta
proposición no de ley que se presentó en el mes de diciembre de 1997 y
que hacía referencia a actuaciones encaminadas a ser puestas en marcha el
1 de enero de 1998, porque no se han desarrollado todos aquellos aspectos
necesarios para que este mercado de las telecomunicaciones goce de la
buena salud que todos deseamos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, pero nos gustaría hacer alguna reflexión.
Es una hipótesis no verificada que la liberalización total y la no
intervención gubernativa en infraestructuras tan importantes como son las
telecomunicaciones no garantizan ni un servicio de calidad ni un precio
asequible. En este sentido es penoso que las fuerzas políticas tengamos
que estar debatiendo en el Parlamento sobre cómo conseguir que la
liberalización conduzca efectivamente a esta calidad del servicio y a los
precios asequibles.
Dicho esto, se entenderá que no seamos muy entusiastas de lo planteado en
los puntos 1 y 2, pero está claro que dichos puntos parten del supuesto
de que estamos en un mercado privatizado, de que hay libre competencia y
que, por tanto, se trata de sacar el mejor partido o de incidir de la
mejor manera, desde el punto de vista político, en ese contexto. De todas
maneras, pensamos que es una pena que el Estado español no tenga un
control de ese sector como servicio público ni que regule el precio
máximo de las tarifas.
Los otros cuatro puntos tienen mucho interés práctico a corto plazo. En
primer lugar, el punto número 3, efectivamente intenta que el servicio
básico funcione, y cuando hablamos de servicio básico debemos tener en
cuenta también la telefonía rural, pero, lógicamente, en un contexto
liberalizado debían de ser todos los operadores los que hiciesen frente a
ese servicio básico y de telefonía rural. Respecto al punto 4, sobre el
ajuste por segundos, nos parece perfecto, aunque todos nosotros debíamos
pensar que si se liberalizan los precios, puede haber también subida,
aunque no se marquen por pasos las conversaciones telefónicas. El punto 5
efectivamente es respuesta a un escándalo, el de unos precios abusivos en
llamadas desde teléfonos fijos a móviles o de móviles a fijos, sobre todo
en el primer caso, cuando los usuarios no tenemos responsabilidad ninguna
en este tipo de mecanismos de interconexión. El punto 6 nos parece
fundamental, desde el punto de vista del control parlamentario de esta
especie de selva de privatización y de liberalización que a largo plazo
no conducirá a nada positivo.
En definitiva, señorías, dado que en Galicia no va a haber competencia
--desde luego no tendremos central de Retevisión; eso va a estar ubicado
en Madrid y Barcelona en primer lugar--, tienen que tener en cuenta que
no podamos ser tan entusiastas de este monopolio
bilateral, pero, en todo caso, como la proposición no de ley trata de que
los poderes públicos incidan en el servicio de calidad y en los precios
razonables de los operadores actuantes, la vamos a apoyar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
En el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, la
liberalización de los servicios de telefonía básica tiene un carácter
esencial. Los ciudadanos comienzan a percibir los beneficios de la libre
competencia entre operadores, hasta ahora limitada a la entrada del
segundo operador --Retevisión-- en el seguimiento de las llamadas
interprovinciales o internacionales, lo que ha obligado al operador
dominante --Telefónica-- a afrontar la competencia con distintos planes
de descuento en sus tarifas.
En ese escenario que está funcionando de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, de abril de 1997, se
plantea esta proposición no de ley del Grupo Socialista y, en este punto,
desde Coalición Canaria creemos que los objetivos que se señalan en la
exposición de motivos poco tienen que ver con las propuestas que se
realizan en los seis puntos que integran la misma. Es cierto que al
comenzar la competencia sobre las llamadas internacionales e
interprovinciales y estando las tarifas metropolitanas por debajo de la
relación coste-beneficio empresarial, el abaratamiento de las primeras
puede suponer un encarecimiento de las llamadas urbanas. Ese
encarecimiento, sin embargo, se verá atenuado por la facturación en
segundos que ya realiza el segundo operador y que, según parece,
Telefónica se ha comprometido a establecer a partir del mes de junio
próximo. El descuento en las tarifas metropolitanas llegará también con
los operadores del cable --en países como el Reino Unido el cable ha
supuesto una reducción de un 25 por ciento en el precio de las llamadas
urbanas-- o con el establecimiento de las tarifas planas o de cantidad
fija negociada entre el usuario y el operador de cable en su oferta
multimedia.
En cuanto a la propuesta de modificar la Orden del Ministerio de Fomento
que regula las tarifas de interconexión y las condiciones de conexión a
las redes de operador dominante, no compartimos lo que se propone, puesto
que ya está regulado. En primer lugar, debo señalar que la tarifa de
interconexión está dentro de las recomendaciones de la Comisión Europea,
pero, además, la propia disposición adicional tercera de la orden prevé
que este tema pueda resolverse por acuerdo entre los operadores.
Tampoco compartimos el criterio en cuanto a la propuesta de eliminar las
autorizaciones a Telefónica para el incremento de sus tarifas. Creemos
que cuando entre en vigor la ley general de telecomunicaciones el
servicio universal podrá absorber perfectamente el incremento inicial que
pudiera pretenderse en las llamadas metropolitanas, por lo que el
Ministerio habrá de tener en cuenta esa cuestión para autorizar o no las
propuestas de subidas.
Finalmente, quiero manifestar que estamos de acuerdo en que se impulse el
abaratamiento de las llamadas de fijo a móvil y viceversa; creemos que el
Gobierno ha aprobado recientemente una bajada en esas tarifas. Asimismo
compartimos el deseo de que periódicamente el Gobierno informe a esta
Cámara acerca de cómo evoluciona la competencia en los servicios
telefónicos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Debo decir que nuestro grupo parlamentario, estudiada la iniciativa del
Grupo Socialista y oídas las explicaciones de su portavoz, señor Morlán,
podría tanto votar que sí como que no a su proposición no de ley, y ello
porque entendemos que lo que en ella se propone es muy neutral e incluso
inofensivo para que nuestro grupo parlamentario pueda vetar una toma de
posición en un sentido u otro. Sin embargo, analizados los pros y los
contras, debo decir a sus señorías, así como al portavoz del Grupo
Socialista, que vamos a votar que no. Vamos a votar que no porque es un
texto que más allá de ese carácter que le atribuía hace un momento de
inofensivo, nos parece sumamente parcial. No trata el tema de las tarifas
telefónicas desde una perspectiva global, sino que lo hace desde una
perspectiva comprensible en la dinámica Gobierno-oposición, pero que se
fija única y exclusivamente en aquellas cuestiones que pueden tener algún
tipo de gancho o notoriedad en esta dinámica a la que me refería hace un
momento de oposición. Es más, analizada en su conjunto, me produce cierta
sorpresa el espíritu liberalizador que subyace en ella --y no puedo dejar
de manifestárselo al señor Morlán, con quien hemos mantenido multitud de
debates en relación al proceso de liberalización de las
telecomunicaciones--, porque si el Grupo Socialista se plantea en este
momento una serie de medidas favorecedoras o que intentan dar un impulso
final a la política de liberalización de las telecomunicaciones o, mejor
dicho, a los beneficios o a la repercusión que en los ciudadanos va a
significar esta política liberalizadora, creo que en ningún caso sería
posible si hubiéramos optado o mantenido la moratoria de cinco años, es
decir, hasta enero del 2003, que era la que ustedes defendían hace muy
poco tiempo y sobre la que, por lo que veo, se ha producido una evolución
notablemente positiva y, por tanto, lo celebramos.
Dejando de lado estas cuestiones, quiero decir, al igual que hace un
momento el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que
algunas de las cuestiones que en la proposición no de ley se sugieren ya
se han conseguido, seguramente porque estamos hablando de una iniciativa
que hace ya algunos meses que se presentó a la Cámara. En otros casos,
son planteamientos que se encuentran en el proyecto de ley general de
telecomunicaciones que en este momento se está debatiendo en la Cámara.
En todo caso, son aspectos que dentro de esta dinámica de liberalización
de las telecomunicaciones van a conseguirse por la simple presión de un
mercado en competencia.
En enero del presente año, como dice la proposición no de ley, entró en
funcionamiento el segundo operador. Gracias a presiones ajenas al Grupo
Socialista, hemos conseguido que la liberalización se fije en diciembre
de este mismo año, no en el año 2003, como ustedes proponían, por lo que
vamos a tener un mercado tan liberalizado como el que más en nuestro
entorno, para el cual hemos estado construyendo durante estos últimos
meses el armazón que debe regir y regular este mercado en condiciones de
competencia. Sinceramente, creo que esto es lo que nos interesa en este
momento. Interesa a todos los grupos de la Cámara y a los ciudadanos
reforzar las estructuras que deben velar por las condiciones de mercado
en este mercado liberalizado, y algún aspecto de esta proposición no de
ley que podría no estar suficientemente recogido en el proyecto de ley
general de telecomunicaciones o en alguna otra iniciativa que ha tomado
recientemente el Gobierno en materia liberalizadora no me cabe duda
alguna de que en la culminación de este proceso, es decir, de aquí a muy
pocos meses, va a conseguirse precisamente por la dinámica del mercado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Nosotros, en general, estamos de acuerdo con esta proposición no de ley
un tanto táctica del Grupo Socialista. Digo en general porque con
respecto a los dos primeros puntos no estamos absolutamente de acuerdo,
tal como se puede deducir de nuestras posiciones anteriores. Que el
Gobierno siga teniendo la competencia en un período transitorio para la
fijación de las tarifas y condiciones de interconexión, teniendo en
cuenta que este período acaba el 1 de diciembre de 1998, no nos parece
tan dramático y, al contrario, nos parece que podemos controlar en este
período, aunque sea muy relativamente, este proceso, teniendo en cuenta
lo que siempre hemos dicho, la necesidad de equilibrar una respuesta por
las consecuencias que se derivan de la situación actual en España, una
situación rabiosamente liberalizadora, que sólo se ha dado así en
Inglaterra y desde luego en un período mucho más amplio que el que aquí
se está utilizando para liberalizar absolutamente todo sobre los temas
que aquí estamos tratando. Las consecuencias sobre inversiones, sobre el
servicio público, sobre el servicio universal y sobre el empleo son cosas
que hay que tener en cuenta y que a veces no se tienen presente en esta
batalla eminentemente política, que en ocasiones libramos como
corresponde. Por tanto, con respecto a los dos primeros puntos nos vamos
a abstener.
Estamos de acuerdo con el punto 3, que encubre la necesidad de que el
operador principal no suba las tarifas urbanas en el próximo período.
Esto es lo que se dice aquí, que se va a subir aproximadamente en tres
tramos un 21 por ciento las tarifas urbanas. Desde el punto de vista de
los usuarios, es lógico que votemos a favor de este punto sabiendo como
sabemos, en función de los equilibrios que hay que mantener, que de
aprobarse efectivamente le supondría a la cuenta de resultados de
Telefónica entre 60.000 y 70.000 millones de pesetas. En primer lugar,
estimamos que es positivo para el usuario y, en segundo lugar, Telefónica
gana el suficiente dinero como para que votemos a favor de este punto de
la proposición no de ley.
Estamos también de acuerdo con el contenido del punto 4 en que se empiece
a cobrar por segundo. Creo que se está ultimando una orden ministerial en
esta dirección, por lo que nos mostramos favorables a que se apruebe de
manera inminente lo que se recoge en este punto. Nosotros incluso le
pediríamos al Gobierno que tuviera en cuenta la devolución de las monedas
en las cabinas, devolución que ahora no se realiza; hay una especie de
timo general en la devolución de las monedas al usuario. Habría que crear
un mecanismo por el cual se devolvieran las monedas de las cabinas
instaladas en todos los sitios. Por lo tanto, repito que vamos a votar a
favor porque sabemos que se está avanzando en este terreno, pero no de
manera suficiente ni rápida.
Estamos de acuerdo con bajar el precio de la llamada del teléfono fijo al
móvil y a la inversa, pero teniendo en cuenta que hay que desglosar el
distinto importe del recorrido porque hay una relación de cuatro a uno
con respecto a las llamadas desde el móvil. Habrá que regular el sistema
de manera adecuada, ya que su coste actual resulta absolutamente
desmedido. Consiguientemente, también vamos a votar a favor este punto.
Finalmente, se solicita que este Congreso de los Diputados reciba un
informe trimestral sobre la evolución de la calidad de los servicios
telefónicos y del alquiler de circuitos. Como se ha dicho aquí
anteriormente, la estrategia de liberalización radical que se está
operando en nuestro país parecía que iba a conducir a un precio mucho
menor del que estamos sufriendo en estos momentos y a una mayor calidad.
Nada de esto se ha obtenido, ni por el camino que vamos lo vamos a
obtener. La liberalización hecha en este período de tiempo, que va a
culminar el 1 de diciembre de 1998, tuvo en nosotros una oposición
frontal, pero se decidió por inmensa mayoría. Aparecerán, como viene
sucediendo, estas proposiciones no de ley interesantes en algunos de sus
puntos, aunque en otros, como se ha dicho aquí, estén poco equilibradas y
completas pues no tienen en cuenta las consecuencias que supone una mala
regulación. Ya se están emitiendo opiniones más o menos soterradas en
Europa en contra de los operadores fundamentales y de lo que va a suponer
no en beneficio de los usuarios, sino en contra del servicio público y
del servicio universal.
Señor presidente, nosotros nos abstendríamos en los puntos 1 y 2, para
los cuales pedimos votación separada, y votaríamos a favor el resto de
los puntos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Finalmente, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar
nuestra posición sobre la proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista sobre tarifas telefónicas. Reconozco que,
como lo último que se pierde es la esperanza, yo esperaba que en este
período de sesiones tendríamos temas nuevos de los que hablar y nos
dedicaríamos a otras cuestiones que afectan a los ciudadanos
fundamentalmente, pero veo --y este debate lo demuestra-- que sigue sin
ser así.
La proposición no de ley que presenta a debate el Grupo Socialista en el
día de hoy no es novedosa, como han comentado otros grupos
parlamentarios. Si me lo permiten, yo diría que es bastante obsoleta o
está caduca porque las cuestiones que en ella se plantean ya se han
llevado a cabo o están en proceso de llevarse a cabo, o ya se han
debatido hasta la saciedad en esta Cámara por los grupos parlamentarios.
Son cuestiones en las que, una y otra vez --digo una y otra vez porque
han sido innumerables los debates de decretos-leyes y de proyectos de
ley--, los grupos parlamentarios hemos debatido, hemos vuelto a hablar y,
al final, siempre que ha habido voluntad política para ello, hemos
llegado a acuerdos sobre las cuestiones que aquí se plantean. Lo que no
parece lógico en ningún caso es que se pretenda permanentemente, a través
de proposiciones no de ley, modificar una decisión que se ha adoptado por
mayoría de esta Cámara, a través de las leyes que estamos debatiendo y
que se aprueban en este Parlamento.
Si ustedes están hablando de la competencia, por la que ahora parece que
tienen tanto interés, yo me pregunto por qué en catorce años de Gobierno
socialista no hemos tenido competencia en materia de telefonía. En
cualquier caso, bienvenidos sean ustedes a la competencia que los
ciudadanos están palpando con los dedos de las manos, y nunca mejor dicho
lo de los dedos al hablar de telefonía. Todavía están a tiempo, en la
tramitación de la ley general de telecomunicaciones que tiene que volver
al Congreso a debatirse definitivamente, de sumarse al consenso y aprobar
todas las cuestiones que afectan a la liberalización de las
telecomunicaciones, a la implantación de la competencia, así como al
servicio universal de telefonía a un precio asequible para todos los
ciudadanos, que es lo que tiene que garantizar el Gobierno y que lo hace
no a través de un decreto-ley, ni de un contrato programa, como se hacía
antes, sino a través de una ley. Una ley garantiza a todos los ciudadanos
que van a tener un servicio telefónico, un servicio universal, a un
precio asequible y sin posibilidades de que haya discriminaciones para
los disminuidos psíquicos o físicos en cuanto al precio de los teléfonos.
Señorías, esta proposición en sus puntos 1, 2 y 3 --lo he comentado
suficientemente-- se ha debatido suficientemente, la última vez durante
los nueve meses anteriores a la aprobación del proyecto de ley general de
telecomunicaciones en esta Cámara, que todavía está en el Senado, y sobre
la que tendremos posibilidad de volver a hablar. Estos puntos han quedado
bastantes claros y el consenso de la mayoría de los grupos de esta Cámara
sobre la materia no tiene vuelta de hoja. Por más que insistamos, no es
previsible que las mayorías parlamentarias se puedan modificar en ese
aspecto porque repitamos el mismo debate una y otra vez.
En cuanto a las otras cuestiones, creo que no hay que instar al Gobierno
en ningún caso a que abarate las llamadas de teléfonos fijos a móviles,
porque, como se ha comentado también en este Parlamento, ya se ha tomado
esa decisión. En la última reunión de subsecretarios se aprobó la
propuesta del Ministerio de Fomento para el abaratamiento de esas
tarifas. Le quería decir al Grupo Socialista que si esta proposición se
presentó en el mes de diciembre y está debatiéndose en marzo, el Gobierno
va por delante de esta proposición y ya ha adoptado esta medida.
Lo mismo se puede decir sobre el precio de las llamadas telefónicas y de
la tarificación por segundos. Nosotros siempre hemos apostado, y así lo
hemos demostrado en esta misma Cámara con una enmienda
que presentamos a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el
mes de abril, si no me equivoco --me parece que fue abril porque en mayo
fue la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la misma
materia--, por que la tarificación fuera adecuada para que cada ciudadano
pagara exactamente por el consumo que realizaba. Nosotros ya estábamos en
ello y lo pedíamos en esa enmienda que al final no fue aprobada porque no
tenía apoyos suficientes. El Gobierno tiene también especial interés en
que esto salga adelante. Todos sabemos que ha habido unos
condicionamientos técnicos en las líneas telefónicas para llegar a esa
solución, por lo que una vez que se arreglen los condicionamientos
técnicos se llevará a la práctica. Ustedes hablan en esta proposición del
mes de diciembre de 1998; yo espero que mucho antes de esta fecha podamos
tener la tarificación por segundos por el rigor y el esfuerzo que está
poniendo el Gobierno para que esto se lleve a cabo con la mayor brevedad.
En cuanto al punto 5 --ya lo he comentado-- es otro tema que ya está
hecho por el Gobierno. Sólo me resta comentar el punto 6 de la
proposición de ley, que solicita remitir información al Congreso. El
mismo señor Morlán, en su último debate, decía que había comparecido el
ministro de Fomento para hablar de las tarifas telefónicas, que había
habido una moción, una interpelación y una proposición no de ley. Yo
añadiría que ha habido una comparecencia del secretario de Estado de
Economía y Hacienda para hablar del mismo tema; otra del secretario de
Infraestructuras, señor Abril Martorell, en el Senado para hablar de la
misma cuestión, así como una tercera del secretario general de
Comunicaciones. Yo creo que esta Cámara tiene toda la información del
mundo; otra cosa es que ustedes quieran solicitar que vengan a la Cámara
todos los papeles que existan de todos los operadores que va a haber en
el mercado a partir de ahora, que, como ustedes saben, van a ser
Telefónica, Retevisión y un tercer operador, y también están en
competencia los operadores de cable; que vengan todos a informar o que
manden todos los papeles al Congreso y nos inunden. Sería distinto si
habláramos de otra etapa en la que conseguir cualquier papel, aunque
fuera en blanco, costaba un triunfo, pero esa etapa se ha superado y
estamos en otro camino, en una etapa diferente y, por tanto, yo creo que
no tiene sentido plantear el punto 6 en esta proposición.
Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar de tarifas telefónicas, de
Telefónica, de telecomunicaciones, pero me reconocerán --y hablo de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ustedes quieren
impulsar-- que la orden ministerial y la ley que ustedes quieren derogar
en este momento para otorgar las competencias de tarifas de interconexión
a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se aprobó por este
Parlamento por mayoría de los grupos parlamentarios y ha permitido que
naciera una competencia, porque partíamos de un operador dominante. Se
han adoptado las medidas necesarias y esa ley sólo seguirá vigente hasta
finales de año, después será la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones la que tomará el relevo al Ministerio de Fomento.
Me parece estupendo que ahora ustedes estén de acuerdo, aplaudan y tengan
mucha confianza en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
como no podía ser de otra manera, pero también me sorprende su entusiasmo
cuando durante catorce años de Gobierno socialista, con mayoría
suficiente para crear ese órgano, han sido incapaces o no han tenido
voluntad política de crearlo y han dejado todas las facultades de control
sobre las telecomunicaciones en el Ministerio de Fomento. En cualquier
caso, a partir del año que viene todas las competencias estarán en la
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que ha nacido hace
escasamente un año por impulso del Gobierno del Partido Popular.
Finalizo diciendo, para mejor garantía de todos, que al final lo que se
ha logrado con los esfuerzos del Gobierno, tanto en las órdenes que
ustedes quieren derogar como en el proyecto de ley de tarifas de
interconexión, es que exista competencia y la competencia siempre trae
mejores precios, mejor calidad y nuevos servicios. Eso está a la vista de
todos, lo sabemos nosotros, lo saben ustedes y también lo saben los
ciudadanos. Por tanto, todo lo que se haga en favor de lograr mayor
competencia y garantía de los ciudadanos y de un servicio telefónico de
calidad a un precio asequible, bienvenido sea a esta Cámara, donde
seguiremos debatiendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Mato.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Las votaciones sobre la proposición no
de ley del Grupo Socialista sobre tarifas telefónicas se van a separar en
dos.
En primer lugar, votaremos los puntos 1 y 2 y en una segunda votación los
restantes puntos, es decir, el 3, 4, 5 y 6.
Comienza la votación referida a los puntos 1 y 2. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 128; en contra, 157; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 y 2.
Resto de la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a
favor, 139; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes puntos de la
proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL DETERIORO Y LA
INSUFICIENCIA DE LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA CAMARA SOBRE LA
EVOLUCION DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente
173/000069)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia
de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno anterior.
En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre el deterioro y la
insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la
evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Cercas. (Rumores.) Silencio,
señorías. ¡Señor Morlán, señor Martínez!
Adelante, señor Cercas. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López,
ocupa la Presidencia.)
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tengo el honor de presentar a la Cámara las
mociones consecuencia de la interpelación que el pasado día 12 de marzo
le presentamos al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ante la
evidencia del deterioro y de la insuficiencia de la información que se
viene suministrando a las Cámaras sobre la evolución de las cuentas de la
Seguridad Social. Recordarán ustedes que, con un espíritu constructivo y
tratando de dar a nuestra interpelación la máxima seriedad, propusimos a
la Cámara una reflexión en conjunto sobre la situación que estaba
acarreando a la dignidad del Parlamento el hecho de que datos
fundamentales de la evolución de las cuentas del sistema público de
Seguridad Social nos eran totalmente desconocidos, cuando, a mayor
abundamiento, en el presente ejercicio ya se habían rendido estas cuentas
ante la Unión Europea y cuando eran conocidas por las organizaciones
sindicales y patronales que se sientan en los consejos generales y en las
comisiones ejecutivas de los órganos de control y vigilancia.
Nos parecía de la máxima importancia traer a colación la dignidad de la
Cámara, sin duda pisoteada, al no poder realizar ni las funciones
legislativas, ni las funciones de control que le encomienda el artículo
1.3 de nuestra Constitución y que están también resguardadas,
salvaguardadas y tuteladas por el artículo 66 de nuestro Reglamento.
Señorías, hicimos referencia a que nos une a todos los grupos de la
Cámara el común propósito, firmado y rubricado solemnemente ahora hace
tres años en este hemiciclo sobre el Pacto de Toledo, en virtud del cual
todos estamos corresponsabilizados con la evolución de una institución
tan señera, tan emblemática y tan importante para millones de españoles.
Comprenderán, señorías, que es difícil llamar a la corresponsabilidad de
la oposición cuando se le niega incluso los mínimos derechos a estar
informada sobre la evolución de las principales magnitudes o cuando, si
llega esa información --si SS. SS. lo prefieren y, sobre todo, los
diputados de la oposición y quien hable en nombre del Partido Popular--,
lo hace con un considerable retraso.
El debate, señorías, fue muy insatisfactorio para el Grupo Parlamentario
Socialista. Como siempre y de una manera harto contradictoria, a veces en
boca del señor ministro y del portavoz del Partido Popular, no se negaba
que existieran esas deficiencias pero se justificaban en que eran hechos
ya conocidos por anteriores gobiernos y que era la práctica habitual. A
veces en el mismo discurso y sin solución de continuidad se negaba
rotundamente que existieran esas lagunas de información y se nos echaba
en cara a los diputados de la oposición que no estudiábamos o que no
leíamos los papeles.
Señorías, cada uno con sus responsabilidades, cada uno con sus argumentos
o con su falta de argumentos, lo cierto es que hoy la Cámara tiene la
oportunidad, en un clima de serenidad y de ambiente constructivo, de
poder pronunciarse sobre demandas razonables que establece el Grupo
Parlamentario Socialista, no en clave de ser el partido de la oposición,
sino siendo un grupo parlamentario más de la Cámara que no quiere
monopolizar sino que querría ser acompañado por el conjunto de los
diputados y diputadas en la común tarea de mejorar nuestra democracia, de
mejorar nuestros instrumentos de control y de vigilancia y de mejorar
nuestra información que tan útil y tan necesaria nos es para la función
legislativa.
El Grupo Parlamentario Socialista, en seis apartados de esta moción
formula seis peticiones perfectamente calibradas, para que no se
establezca división alguna sino que todos, de consenso, podamos avanzar
en esta demanda, que es una demanda, repito, de mayor y mejor democracia
en nuestro país.
En primer lugar, estamos ya a casi dos años y medio de viejas
resoluciones en las que, con motivo de la accesibilidad de la
Administración a las nuevas tecnologías de la información, tenemos la
posibilidad, como está ocurriendo en todos los parlamentos del mundo, de
dar un paso adelante y conectar informáticamente el Parlamento, la Cámara
donde reside la soberanía nacional, con las instituciones del Poder
Legislativo. Existe esa posibilidad técnica y, sin ninguna duda, podría
ser un hito en la mejora del trabajo parlamentario que se cumpliera lo
previsto en la resolución del 17 de
enero de 1996 y pudieran las Cortes Generales acceder al sistema
integrado de contabilidad de la Seguridad Social. Es perfectamente
factible.
Como se adujo en el anterior debate que podrían estar en riesgo derechos
regulados en la Ley orgánica 5/1992 y que se exigía un dictamen técnico,
en el punto segundo de la moción proponemos que se firme un convenio
entre el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para que definan con precisión lo que es posible y necesario dar
para cumplir las funciones que encomiendan la Constitución española y el
Reglamento a los diputados de la nación. No hay dificultad técnica alguna
y no hay ningún interés por nuestra parte en plantear cuestiones
extravagantes puesto que, en todo caso, lo que se pide son las cifras
agregadas de la gestión presupuestaria y nunca el conocimiento de
situaciones personales, ya sean de personas físicas o jurídicas.
En tercer lugar, pedimos que se remita a la Cámara la información que
realiza la Intervención General de la Seguridad Social y que está
mandatada para ello por el artículo 131.2 de la Ley General
Presupuestaria. Hoy acaba de entrar en el Parlamento --no sé si será para
favorecer o para aliviar el trabajo oneroso del diputado del Grupo
popular que me conteste-- la liquidación, pero hace dos meses que la
tiene la Intervención de la Seguridad Social. Nosotros pedimos
simplemente que no se demoren esos plazos y que se entreguen en 30 días a
partir del momento en que esté realizada la información de la
Intervención. El año pasado no entró esta información, que es una
información relevante e importante, sobre todo en el año en que estamos
y, repito, acaba de entrar esta misma mañana. Esto no puede ser el acto
graciable de un día para salir en un alibí en un debate parlamentario,
sino que debe ser un compromiso que no creo que haya ningún problema en
que sea asumido por el grupo mayoritario.
Igualmente solicitamos que en el plazo de un mes se envíen a la Cámara
los boletines informativos de la gestión económica de la Seguridad
Social. No hay por qué estar soportando y sometiendo a la Cámara a la
vergüenza de que a veces vienen tres boletines juntos, lo cual quiere
decir que llevaban tres meses retenidos en las imprentas o en las
dependencias del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué esa opacidad y por qué
esa negativa a remitir a los diputados la información de dicho boletín?
En quinto lugar, existe un artículo 8 del reglamento de gestión
financiera que ordena realizar un presupuesto monetario, y la tesorería
general de la Seguridad Social hace un avance mensual. ¿Qué dificultad
hay en que los diputados conozcamos, no sólo en términos de contabilidad
o de devengo, sino también en términos de caja, cuál es esa evolución?
Cifras todas ellas muy relevantes, señoras y señores diputados, porque
sigo hablando dentro del espíritu del Pacto de Toledo, para que todos
podamos corresponsabilizarnos con ese pacto. ¿O es que pretende el
Gobierno que ese pacto sea un pacto de callar y que para callar lo mejor
es condenar a los diputados de todos los grupos a estar ciegos y sordos
ante la realidad de la Seguridad Social?
Por último, señores diputados, pedimos algo tan simple que no cabe en mi
imaginación que pueda ser negado esta tarde en la Cámara: que se remita
al Congreso de los Diputados la misma información que se da a los
sindicatos y a las organizaciones empresariales sobre la evolución de
diversas variables de la Seguridad Social. No pedimos ni más ni menos,
pedimos lo mismo. No podemos entender, ni siquiera en el Grupo Popular,
pero mucho menos en los socios del Partido Popular, que dada la
sensibilidad democrática que les honra se puedan negar a que el
Parlamento de la nación no tenga una información de idéntica calidad a la
que tienen las organizaciones sindicales y patronales.
Verdaderamente sería patético, sería algo que diría bien poco no sólo del
Partido Popular sino de quienes les ayuden a sacarla adelante, una
resistencia, no numantina porque no están defendiendo nada noble sino las
últimas trincheras del oscurantismo, que se le pueda negar a la Cámara
que conozca los mismos datos que conocen las organizaciones sindicales.
En conclusión, señorías, creemos que nuestras demandas son perfectamente
factibles, son razonables, son demandas que solamente solicitan
transparencia, que solamente solicitan el respeto a las reglas del juego
del parlamentarismo español, que solamente solicitan, señores del Grupo
Popular, que hagan ustedes bueno lo que es no solamente la letra sino
también el espíritu del Pacto de Toledo.
Señoras y señores diputados, tres años se cumplen en estas fechas de la
firma del Pacto de Toledo y no hemos sido convocados ni una sola vez a
una reunión informativa y desconocemos radicalmente cuál es su evolución.
Puedo decirles, para no entrar en otros debates, que acabo de leer la
liquidación de 1997 y hay cifras preocupantes, cifras que deben ser
explicadas porque estamos todos en el mismo barco. Sin embargo, señoras y
señores del Grupo Popular, parece que con el Pacto de Toledo hacen lo que
han hecho con todas las cuestiones que someten a su consideración, es un
puro instrumento de propaganda, pero no entran en el fondo del compromiso
político, del compromiso democrático que significa decir que todos
estamos por que la Seguridad Social tenga futuro.
¿Cómo se pueden negar a la Cámara las informaciones que estamos pidiendo
cuando, al mismo tiempo, se solicita del Grupo Socialista que sea acorde
con el espíritu del Pacto de Toledo? No es que estemos en presencia del
doble lenguaje, del metalenguaje, es que ustedes nos someten a un
tartufismo verdaderamente insuperable, insoportable, no sólo a nosotros,
también a sus diputados, que están tan huérfanos como nosotros
de este mismo tipo de informaciones. Es inconcebible que, en una
democracia moderna, puedan ser negadas esas informaciones a las Cámaras.
Señor presidente, señoras y señores diputados, si detrás de esta opacidad
lo que hay verdaderamente es lo peor de nuestros temores, que se pretende
que no sea conocida la evolución de las cuentas y balances de la
Seguridad Social para que no lleguen a tiempo los remedios a posibles
dificultades que pueda estar pasando la institución; si esto tiene algo
que ver con lo que ya anunció la semana pasada el señor vicepresidente
del Gobierno, que está en marcha una reconsideración de la política de
fondo del Pacto de Toledo; si el Partido Popular está construyendo una
realidad financiera, una realidad presupuestaria totalmente opaca al
Parlamento, señores del Partido Popular, ustedes no conseguirán ni que
estemos ciegos ni que estemos sordos ni mucho menos que estemos mudos.
Les dije en la interpelación que les lanzábamos el guante de la última
colaboración desde la oposición al Gobierno, que era un requisito mínimo
que pudiéramos disponer de esta información. Espero que no asistamos al
espectáculo de que sean negados estos mínimos derechos a los
parlamentarios españoles.
Señores diputados, en el siglo XVIII, uno de los hombres sabios que ha
pasado a la historia del pensamiento de la humanidad, dentro del grupo de
personas que más han influido en la evolución hacia el progreso y hacia
la modernidad, lanzó un grito que se convirtió en el eslógan de la
Ilustración: Sapere aude, atrévete a saber, no tengas miedo del
conocimiento, aprende a pensar, atrévete a pensar. Lo que dijo Immanuel
Kant, que fue, como digo, el primer baluarte, el primer grito del Siglo
de las Luces, desgraciadamente hay que decirlo doscientos años después en
el Parlamento español: Atrévanse, señoras y señores diputados, también
los de la mayoría, atrévanse a saber, no tengan miedo a abrir las puertas
de la información y no se escuden en si los gobiernos anteriores lo
hicieron mal o bien. Ustedes se presentaron ante el pueblo español
hablando de un periodo de transparencia democrática, de mejora de la
calidad de la democracia española. Lo que pasa, señorías, es que también
eso fue pura propaganda.
Pues bien, señoras y señores diputados, señor presidente, hoy, con el
ánimo constructivo, con un espíritu positivo, manteniendo contra el
pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad, les solicito,
señores del Grupo Popular, que sean leales a los principios, al espíritu
de la Constitución, a lo que significa esta casa, este Parlamento, que
sean leales al espíritu, al signo del Pacto de Toledo y voten
afirmativamente a estos mínimos requisitos, pues en cualquier otro
Parlamento del mundo daría vergüenza tener que dedicar tanto tiempo para
solicitarlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (López de
Lerma i López): Gracias, señor Cercas.
A esta moción no se han presentado enmiendas. ¿Grupos que deseen fijar su
posición al respecto? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, desde el escaño y con una cierta
perplejidad que nos ha producido la intervención del señor Cercas, como
también nos la produjo el debate que tuvo con el ministro en la
interpelación anterior a esta moción.
Entendemos que el debate de fondo podría ser el que ha planeado en su
intervención, que es el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Es
evidente que para poder afrontar este debate, para poder afrontar el
necesario desarrollo legislativo del Pacto de Toledo, tal como dijimos
hace escasamente un año, es necesario que exista información suficiente
para que el legislador pueda orientarse. Es más, si todos entendíamos que
el Pacto de Toledo estaba en movimiento y necesitaba un desarrollo, es
evidente que esa información es necesaria. Cualquier información que se
nos dé, seguramente será poca. Existen instituciones financieras
prestigiosas, universidades, que están trabajando en relación con las
cifras que nosotros conocemos de alguna manera. Por tanto, se necesita
esa información para que el legislador pueda actuar. Pero después del
debate del día 11, nuestro grupo tiene la sensación de que este Gobierno,
en relación con lo que la legislación marca y sobre todo con lo que el
Gobierno anterior aportaba a este Congreso, afronta estos debates con una
información suficiente. Seguramente no al gusto de lo que los diputados
quisiéramos, pero debemos avanzar en otras muchísimas cuestiones para
conseguir que realmente este Congreso de los Diputados tenga capacidad de
control político y democrático. Probablemente, uno de los defectos de
nuestra democracia, de la cual todos somos responsables, y también el
Partido Socialista, es que los instrumentos de control político del
Congreso respecto a la actuación del Gobierno son escasos, en esta
materia como en cualquier otra. La sensación que tuve al leer el debate
del pasado día 11 y la sensación que tengo ahora es que hemos de
encontrar otros mecanismos que nos permitan exigir al Gobierno que
facilite a esta Cámara mayor información.
Si no se quiere entrar en el debate de fondo, no vamos a entrar en los
debates que lo rodean. Además, nos podría preocupar que su intervención
pretendiese, porque parece ser que ronda en su espíritu, introducir en la
ciudadanía intranquilidad sobre el estado del sistema de Seguridad
Social. Esta misma tarde ha caído en mis manos un informe de La Caixa, de
septiembre
del año pasado, que decía que uno de los éxitos importantes del Pacto de
Toledo era haber introducido tranquilidad entre los ciudadanos del Estado
español. Intervenciones como las de hoy, en las que se prejuzga que el
Gobierno tiene una voluntad de crear espacios opacos en relación con esta
cuestión, no ayudan a crear la tranquilidad que el Pacto de Toledo
pretendía. No nos parece que el estilo, las maneras y las formas con las
que el Grupo Socialista está afrontando últimamente estas cuestiones sean
las mejores para avanzar en el desarrollo del Pacto de Toledo. Por tanto,
difícilmente votaremos a favor de esta moción y vamos a quedar a la
espera de encontrar fórmulas, maneras y estilos que nos permitan hallar
la información para continuar avanzando en el desarrollo del Pacto de
Toledo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Campuzano.
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, tiene la palabra el
señor Frutos, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una primera sugerencia al margen del debate en concreto.
Sugiero a los portavoces del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del
Grupo Socialista que entre los dos formen --y luego nos lo ofrezcan a los
demás-- la internacional de la tranquilidad y del sosiego y así ya no
tendremos que discutir de nada ni habrá debates ni controversias ni
confrontaciones.
Nosotros vamos a votar a favor de esta moción no porque sea nada del otro
mundo pero supone mayor control y más transparencia y conocimiento de lo
que ocurre en relación a los Presupuestos Generales del Estado y en
relación a la Seguridad Social, ya que en todo lo que es el proceso
contable de la misma es importante tener más datos concretos, en
definitiva, conocer en tiempo real la situación financiera de la
Seguridad Social. De eso se trata, de aproximar un poco más el
conocimiento en tiempo real a lo que está ocurriendo, conocer la política
que el Gobierno sigue en la Seguridad Social, porque nosotros desde
nuestras perspectivas y desde nuestras políticas vemos algunos nubarrones
en el horizonte en relación al mantenimiento de la Seguridad Social como
un instrumento público para distribuir la riqueza del país y en el
cumplimiento de los fines que tiene asignados desde siempre.
Tanto el acceso al sistema integrado de contabilidad de la Seguridad
Social como el control de los Presupuestos Generales del Estado a través
de la Oficina Presupuestaria del Congreso, nos parece una buena e
irrenunciable idea al redundar en una mayor transparencia del ejercicio
presupuestario y del control de la acción de gobierno. Seguramente no
cambiará el contenido de las políticas, que viene determinado por otras
cosas (por la relación de fuerzas que hay, por el bagaje que cada fuerza
política lleva en este Parlamento en relación a las políticas más o menos
conservadoras que se han puesto en marcha durante los pasados años), pero
si no permite al menos como acción concreta cambiar dicho contenido, sí
nos permitirá conocer algo mejor estas políticas, para criticarlas como
mínimo y para intentar hacer propuestas para cambiarlas. Creo que no está
mal y, por tanto, nuestro grupo va a votar esta moción que ha presentado
el Grupo Socialista porque será un pequeño paso en la línea que el señor
Cercas ha planteado al inicio de su intervención, no seguramente cuando
ha hablado de la Ilustración.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, señorías, asistimos nuevamente
en esta tarde a un debate sobre algo que atañe a nuestro sistema de
Seguridad Social, prácticamente continuación del que se produjo en esta
Cámara hace 20 ó 21 días (no me refiero a la interpelación, sino a la
anterior interpelación y su consecuente moción), reproducción del que se
produjo en esta Cámara prácticamente hace un año, y además anunciado
insistentemente por quien hoy ha sido portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista desde finales del año pasado cuando empezamos a discutir sobre
el presupuesto general de la Seguridad Social para el año 1998.
Si me permite la Cámara un símil cinematográfico, segundas partes nunca
fueron buenas y mucho menos terceras o cuartas. Desde luego su moción,
señores del Grupo Socialista, no iba a recibir el óscar ni al mejor guión
ni a la mejor producción, en todo caso le correspondería a su portavoz el
óscar al mejor actor, de comedia por supuesto, porque si poco fundamento
tenía la pasada interpelación, menos tiene aún la presente moción que hoy
nos han presentado, y para este portavoz es difícil entender otra
justificación que no sean los simples deseos de exhibicionismo
parlamentario del portavoz del Grupo Socialista.
La anterior interpelación a la que me refería al principio tuvo un
distinto portavoz de su grupo, parejo en exhibicionismo parlamentario, sí
que es cierto, con el que hoy ha tomado la palabra por el Grupo
Socialista. Entonces, algunos desde los escaños del Grupo Popular nos
preguntábamos cuáles podían ser las motivaciones de aquella también, a
nuestro juicio, sin sentido interpelación y consecuente moción. Esta
semana las hemos conocido, creo que se presenta a algunas elecciones que
tienen ustedes convocadas en breve y se ve que necesitaba de apariencia
pública en este Congreso
de la forma y manera que sea. (La señora Cortajarena Iturrioz: Pero habla
del tema.) Señorías, desconozco cuáles pueden ser las motivaciones del
señor Cercas, no sé si piensa también presentarse a esas elecciones
primarias. No lo sé. (Rumores.--La señora López i Chamosa: ¿Qué pasa, que
no tienes más argumentos?)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor.
Señor Camps, vaya a la cuestión, por favor, céntrese.
El señor CAMPS DEVESA: Me centro inmediatamente, señor presidente.
Unicamente hacía esta pequeña reflexión al hilo de poder decir que,
evidentemente, sus deseos de exhibicionismo parlamentario sólo son
compatibles --y entro en la cuestión-- con la falta de rigor en sus
planteamientos.
Señorías del Grupo Socialista, la falta de información en materia de
Seguridad Social ha sido utilizada de forma reiterada como argumento de
oposición por su parte prácticamente desde el inicio de la presente
legislatura, y eso no demuestra más que su incapacidad para realizar un
discurso más constructivo y su deseo de velar a la sociedad la buena
gestión que se está realizando y seguir con su estrategia de crear
malestar o, como han definido otros grupos, intranquilidad social. No
están realizando una labor seria, permítanme que se lo diga, sino más
bien demagógica, de hecho, el nivel de las mociones que ustedes presentan
en este Parlamento es mínimo, deja bastante que desear. (Protestas.)
La documentación que con carácter trimestral remite la Intervención
General de la Seguridad Social a esta Cámara, a la Comisión de
Presupuestos de esta Cámara y a la Comisión de Presupuestos del Senado,
cumple estrictamente lo que dispone el artículo 151 de la Ley General
Presupuestaria. Y miren señorías, si atienden, por qué decía lo de poco
rigor: artículo 151 de nuestra Ley General Presupuestaria, no artículo
131.2 de la Ley General Presupuestaria, que usted menciona en su moción.
Esa no es la apoyatura legal, se han equivocado ustedes, han confundido
la Intervención General de la Administración del Estado con la
Intervención General de la Seguridad Social, que son cosas bien
distintas. El que obliga a esa ejecución trimestral es el artículo 151 y
es a la Intervención General de la Seguridad Social, señor Cercas, y no a
la Intervención General de la Administración del Estado. No me diga usted
que tienen menos información que los agentes sociales o que los que
pueden ser cámaras u organismos europeos. Usted tiene, y lo ha enseñado
aquí esta tarde, más información de la que pueda tener cualquiera de esas
personas u organismos a los que usted ha citado. Le diré más, usted tiene
mayor información, mejor en contenido y calidad, de la que pudimos
disponer muchos parlamentarios cuando fuimos oposición a anteriores
gobiernos socialistas. Además, información que se remite puntual y
habitualmente a esta Cámara, de la misma manera y con los mismos
mecanismos que hacían anteriores gobiernos. En dicha documentación, ésa
que si ustedes se preocuparan en estudiar haría que se evitaran muchos
comentarios de los que hacen desde esta tribuna, se ofrece abundantísima
información en relación con la ejecución de los presupuestos de la
Seguridad Social, tanto en la vertiente de ingresos como en la de gastos.
Esa información es más que suficiente para realizar un adecuado
seguimiento de la actividad de la Seguridad Social por parte de los
parlamentarios, como es su caso, que puedan estar interesados en ello. No
vean ustedes fantasmas donde no los hay, señorías. La consolidación de
nuestro sistema de Seguridad Social exige un esfuerzo dinámico y
constructivo, emprendedor. En nada se beneficia a los ciudadanos
españoles, a los pensionistas de este país con la utilización de
argumentos, como hacen ustedes, reiterativos y ya tan manidos. De nada
les sirve que una y otra vez, desde la oposición socialista, se hable de
falta de información como coartada para no llevar a cabo, a fin de
cuentas, una tarea constructiva y para no reconocer lo que se viene
realizando por el Gobierno del Partido Popular.
Por encima de cualquier otro interés, desde la oposición se pretende
dudar de la viabilidad del sistema, buscando, donde no lo hay, cualquier
tipo de desviación contable e incluso hoy lo ha vuelto a manifestar el
propio señor Cercas. Lo que ustedes demuestran con esa actitud es que no
quieren despejar dudas sino, en todo caso, crearlas. Les reitero,
señorías, y reflexionen sobre ello, que esto en nada beneficia a los
millones de pensionistas de este país y a los que esperan serlo alguna
vez. Además, señorías, en un ejercicio de amnesia política, le piden a
este Gobierno, prácticamente en los cinco puntos de su moción, que hagan
lo que nunca les pidieron ustedes que hicieran a otros gobiernos.
Escúcheme bien, señor Cercas, no le estoy diciendo lo que otros gobiernos
hacían, le estoy diciendo lo que ustedes, desde su responsabilidad como
grupo parlamentario y partido, no les pidieron a otros gobiernos, aunque
fueran del mismo signo del que ustedes representaban. Nunca les pidieron
que trajeran la ejecución trimestral en el plazo de 30 días porque sabe
S. S. que respecto a los ingresos de la Seguridad Social es técnicamente
inviable y no se puede realizar, dado que ese plazo resulta absolutamente
imposible de cumplir. No es posible cumplirlo ahora y tampoco lo era
antes. Por eso ni su grupo pidió ese plazo al anterior gobierno, ni su
anterior gobierno lo cumplió nunca en cuanto a la remisión de datos, ni
tampoco a ningún otro grupo se nos ocurrió ni solicitárselo al anterior
gobierno, ni ahora a ningún otro grupo, excepto a ustedes, se les ha
ocurrido solicitárselo al presente. Con esas propuestas no hacen más que
destapar sus propias vergüenzas, como cuando piden que el boletín
informativo de la Seguridad Social
se presente dentro del mes siguiente a que se refieren los datos de
gestión del mismo. Señor Cercas, ¿recuerda su intervención de hace quince
días en esta Cámara? Si no la recuerda, le refrescaré la memoria. Dijo
exactamente que durante la pasada legislatura el boletín informativo de
la Seguridad Social entraba en esta Cámara con una media de 57 días.
Reconocía usted que es imposible traerla en los 30 días siguientes porque
ni siquiera está realizado por la propia Administración, la que ustedes
gestionaban en su momento y la que hay ahora. ¿Por qué pide a este
Gobierno algo que usted sabe que ni se podía cumplir entonces, ni se
puede cumplir ahora? Dígame si en sus palabras no hay más exhibicionismo
que otra cosa cuando pide imposibles sabiendo que además lo son.
En estos momentos podría dudar, cosa que no haré nunca, de convicciones
democráticas o hablar, como hace el señor Cercas, de déficit democrático
de alguno de los grupos. Pero no soy yo nadie para poner en duda las
convicciones democráticas de todos los grupos y de todas y cada una de
las señorías que se sientan en los escaños de esta Cámara. La información
que se remite hoy a esta Cámara en materia de Seguridad Social, y usted
lo sabe, es muy superior a la que se remitía con gobiernos anteriores.
Clara muestra es el papel que ha enseñado S. S. desde esta tribuna.
Siempre se podrán mejorar los plazos dentro de lo posible, no desde la
imposibilidad de sus peticiones, pero no existe opacidad informativa, ni
ahora ni antes. Hoy la información es mayor que con anteriores gobiernos,
pero no quiere decir que los anteriores tuvieran menos pedigrí
democrático que el actual Gobierno, si se me permite decirlo así.
Señorías, nadie tiene en este Parlamento exclusividad democrática. La
patente de demócrata la tienen todos y cada uno de ustedes, la tienen
todos y cada uno de los grupos que tienen representación política en esta
Cámara. Por lo tanto, no será nunca ni este portavoz, ni mi grupo
parlamentario, quien dude de las convicciones de cualquiera de sus
señorías. Porque democracia es que usted pueda subir a esta tribuna, que
pueda verter desde ella argumentos o hechos no veraces, que pueda pedir
imposibles o incluso que pida cumplimientos que ya se están produciendo;
pero democracia también es, señoría, que desde mi grupo le podamos decir
que está equivocado, que actitudes como la suya en nada benefician a
nuestro sistema de Seguridad Social, que hacen ustedes oposición por
oposición y que si realmente están preocupados por el sistema público de
protección social, no deberían plantear mociones como la que han
propuesto en esta Cámara hoy.
El Pacto de Toledo supuso, señoría, y usted lo sabe, un punto de
inflexión, un punto de comienzo, de inicio de un camino conjunto de la
mayor parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Desde entonces,
el Gobierno del Partido Popular (y reto a S. S. a que si es contrario a
lo que piensa, lo demuestre, no en este debate, sino en cualquiera) no ha
tomado una sola medida que pueda estar fuera del espíritu o de la letra
del Pacto. No hay una sola resolución del Gobierno del Partido Popular
fuera del marco de ese Pacto de Toledo y ni una sola medida legislativa
adoptada en esta Cámara con la mayoría que tiene el Partido Popular se
enmarca fuera del Pacto de Toledo. Tal vez a algunas de SS. SS. les
gustaría ir más deprisa, pero lo cierto es que no hay ni una sola medida
de las que se han adoptado que choque frontalmente ni con la literalidad
ni con el espíritu de aquel pre-- pacto. Pero es que además, señoría, y
usted lo sabe, nunca antes había existido tanta transparencia informativa
en lo formal.
Señoría, ustedes gobernaron catorce años en este país, ¿saben cuántas
veces trajeron la liquidación provisional del presupuesto de la Seguridad
Social a esta Cámara? Sí que lo sabe S. S., una vez, en febrero de 1996,
y porque habían convocado elecciones que intuían iban a perder al mes
siguiente, como así ocurrió. Sólo una vez trajeron la liquidación
provisional del presupuesto. En cambio, ya la tiene usted aquí, en esta
Cámara, y la ha podido utilizar incluso en el debate de hoy. Por tanto,
no acusen de falta de transparencia a un Gobierno y a un partido que
hacen lo que ustedes no hicieron en catorce años de gobierno socialista.
Señorías, reconozcan, si son capaces por una vez --y termino, señor
presidente--, que se ha mejorado notablemente la situación de nuestro
sistema de Seguridad Social, reduciendo el déficit, reduciendo la
morosidad con las administraciones públicas, avanzando en la separación
de las fuentes de financiación, mejorando las pensiones de los más
desprotegidos o desfavorecidos, como son viudas y huérfanos, y sobre todo
también asegurando la tranquilidad de nuestros pensionistas incrementando
su capacidad adquisitiva año tras año de gobierno del Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Termine, señor Camps,
por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Termino ya, señor presidente, con una última
reflexión.
Si alguna conclusión positiva pudiéramos sacar de debates como el que ha
tenido lugar hoy en esta Cámara, es no sólo que a los pensionistas de
este país les va bien con un Gobierno del Partido Popular, sino que
además les va bastante mejor que con los anteriores gobiernos
socialistas.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Cercas Alonso pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Camps.
¿Señor Cercas, a qué efectos?
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, me gustaría consumir un breve
turno para contestar a las
alusiones que ha hecho el señor Camps en su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Cercas, sabe
perfectamente, por los años que lleva en la Cámara, que este es un debate
muy tasado, muy ordenado, de acuerdo con el artículo 184 combinado con el
195 de nuestro Reglamento, y que al no haber turnos en contra, la
fijación de posiciones, quiérase o no, pero esa es la verdad, se
transforma en la práctica en un turno en contra, cosa que también es
lógica si el voto es precisamente contrario a la iniciativa. Muchas
gracias, señor Cercas, por su comprensión.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación
de la moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista, sobre el
deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara
sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 139; en contra, 153; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE MEDIDAS
DE POLITICA GENERAL QUE IMPULSARA EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA MOROSIDAD Y
SUS EFECTOS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA. (Número de expediente 173/000070)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el Gobierno para
reducir la morosidad y sus efectos en la actividad económica.
Para su defensa tiene la palabra el señor Homs. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.--Rumores) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
Puede comenzar, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
La moción que mi grupo parlamentario ha planteado como consecuencia de la
interpelación que presentamos ante esta Cámara para iniciar un debate en
torno a la problemática de la morosidad, tiene por finalidad, señorías,
traer al debate y al consecuente pronunciamiento de todos los grupos un
conjunto de compromisos, compromisos políticos, medidas en sí mismas,
para poder reducir, al menos, dicha problemática en los próximos años.
La necesidad de adoptar el paquete de medidas que proponemos al Gobierno
se fundamenta básicamente en que la problemática a la que van dirigidas
estas medidas (la problemática referida a la morosidad, al incumplimiento
de los pagos, a todo lo relativo a los retrasos en dichos cumplimientos y
a la inseguridad de los documentos cambiarios en todos los procesos
mercantiles) se agrava en un momento en que nuestra sociedad y nuestra
economía está... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
Continúe, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Estaba diciendo, señorías, que la finalidad de la
moción es plantear un conjunto de medidas para reducir la problemática de
la morosidad en un momento en que nuestra economía y nuestra sociedad
requieren de actuaciones más intensivas que las adoptadas hasta la fecha,
como consecuencia de nuestro proceso de apertura, dentro del proceso de
integración en la Unión Económica y Monetaria.
Dentro de pocos meses nuestro país va a encontrarse ya incorporado de
pleno derecho a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y la
libertad de circulación de mercancías, capitales y personas va a ser ya
una realidad sin límites, sin fronteras, sin condicionantes y vamos a
tener que soportar la consecuencia de una mayor relación de competencia
con las economías de los países de la Unión Europea.
Que se cumplan los compromisos de pago, que se formalicen los plazos
acordados, los pagos correspondientes a los intercambios mercantiles, es
una de las claves del buen funcionamiento de la economía. Que la sociedad
tenga la seguridad de que todo el intercambio económico y financiero se
soporta sobre unos principios de seguridad y pronto pago en las
obligaciones, señorías, es una necesidad imperiosa para poder desarrollar
nuestra economía en una senda de mayor competencia en el contexto
internacional.
Por ello planteamos ahora la moción. La problemática viene arrastrándose
hace muchos años. Pero nuestro grupo considera que ahora es conveniente,
es necesario, es urgente instar al Gobierno a acelerar todas aquellas
medidas posibles para poder reducir los efectos que se derivan de toda la
problemática de la morosidad.
Los nueve puntos que contiene la moción tienen esta finalidad, este
objetivo. Los nueve puntos abarcan distintos ámbitos de la problemática
conjunta de la morosidad. El primero, significa dar un nuevo paso de
seguridad jurídica al cumplimiento de la Ley de comercio.
La Ley de comercio ya abrió una línea para incorporar mayores criterios
jurídicos de relación entre los procedimientos de pago entre los
distribuidores y los suministradores de mercancías. Planteamos que todo
lo relativo a la interpretación de las fechas, a partir de las cuales
deben operar los plazos que contempla la Ley de comercio, sea más seguro
en los procesos mercantiles, para que no se puedan soslayar, digamos, los
marcos interpretativos de dicha ley. Consideramos que un elemento clave
para dar mayor seguridad en la aplicación de la Ley de comercio es
precisar, pues, en las facturas las fechas en que se hayan acordado los
pagos.
Una segunda medida que planteamos es extender también lo que ya contempló
la Ley de comercio a otras actividades y realidades sectoriales de
nuestra economía, no solamente exigir o satisfacer intereses de demora en
casos de retraso o impago de facturas entre distribuidores y
suministradores, sino ampliarlo a otros supuestos, a otras relaciones
económicas y mercantiles de nuestra sociedad. Por eso pretendemos
extender lo que hoy ya tiene previsto la Ley de comercio a otras
obligaciones, a otros ámbitos, digamos, de las relaciones económicas con
carácter general en nuestra economía.
El tercer punto tiene por finalidad incorporar un compromiso para
modificar las leyes mercantiles que regulen hoy los cheques y los efectos
de pago. Se trata de que se modifiquen las leyes oportunas, leyes
mercantiles --y nosotros decimos en el tercer punto que sea la Ley
Cambiaria y del Cheque, pero pueden ser otras más, no necesariamente
ésta--, para que se refuercen las garantías jurídicas en la utilización
de los medios de pago en las transacciones comerciales ante
circunstancias derivadas del incumplimiento de pago.
El cuarto punto tiene por finalidad traer otra vez a esta Cámara el
compromiso de instar al Gobierno a que en un plazo muy breve se plantee
la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El
Gobierno ya ha expresado en otras ocasiones que tiene esta previsión. Se
trata de incorporarlo en ese conjunto de medidas para que en un plazo no
más allá del 30 de junio de este año el Gobierno presente a esta Cámara
la reforma del proyecto de ley de contratos de las administraciones
públicas.
La quinta medida que proponemos es retrotraer el compromiso expresado en
muchas ocasiones en torno a la ley concursal; compromiso que se ha hecho
en varias legislaturas y hoy todavía no se ha cumplido. Proponemos que
antes del 30 de junio el Gobierno traiga a esta Cámara definitivamente la
reforma de las normas que regulan los procesos de suspensión de pagos y
de quiebra, al objeto de adaptarlas a la normativa comunitaria y a las
necesidades y características de la actividad productiva actual. Las
personas que hoy están más directamente implicadas en los procesos de
suspensión de pagos nos reiteran, con mucha frecuencia, que el marco
normativo vigente está absolutamente desfasado y mucho más en un contexto
general de la Unión Europea. Se están aplicando procedimientos
concursales que se sustentan en normas que tienen su vigencia desde 1829.
Es absolutamente necesario cumplir las directivas comunitarias sobre esta
materia, reformar nuestras normas en esos ámbitos, traer a esta Cámara la
denominada ley concursal y proceder a la modernización de esas normas
legales.
El sexto punto que planteamos en esta moción es modificar la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La ministra de Justicia ya anunció la voluntad del
Gobierno de proceder a esa reforma; reforma que parece ser que está ya en
un estado muy avanzado de elaboración. Se trata de ratificar por esta
Cámara el compromiso de que esta reforma esté antes del 30 de junio en el
Congreso de los Diputados y podamos ya debatir los cambios que esta ley
va a introducir, especialmente en todo aquello que hace referencia a los
procedimientos judiciales para que, como ya indicó la ministra, pueda
haber procedimientos judiciales rápidos, eficaces y con costes reducidos
para aquellos casos de reclamación de deudas de baja cuantía o de deudas
acreditadas por medio de letras de cambio, cheques o pagarés, al objeto
de acelerar todo el procedimiento de cobro.
El séptimo punto es adoptar las medidas legislativas --como propone mi
grupo-- o normativas (no necesariamente han de ser de orden legal,
podrían ser de otro rango normativo) para proceder a una mayor formación
de los jueces competentes en materia concursal. La finalidad es acelerar
las fases formativas para que los jueces especializados en materias
concursales puedan afrontar esos procesos con mayor seguridad, mayor
celeridad y mayor eficacia.
La octava medida que proponemos es adoptar un compromiso en torno a una
cuestión que ya fue debatida en esta Cámara, que fue objeto de una
proposición de ley aprobada por unanimidad y que posteriormente en otras
leyes --leyes de presupuestos-- en el trámite en el Senado creo que se
modificaron con poco conocimiento de la mayoría de SS. SS. Se trata de
reafirmar, en ese momento, la voluntad política de proceder a reformas
legislativas que garanticen la plena colaboración de todas las
administraciones públicas con los jueces civiles en ejecución de sus
sentencias. Nosotros planteamos esta cuestión para instar a la Cámara
sobre la conveniencia de que especialmente la acción de la Administración
tributaria pueda actuar con mayor eficacia frente al cumplimiento de las
sentencias de los jueces, ya que hoy muchas resoluciones judiciales por
falta de información, por desconocimiento de activos patrimoniales, por
desconocimiento o imposibilidad de conocer los fondos de las personas que
están sometidas a exigencia de cumplimiento de sentencia, no se pueden
llevar a cabo. Por ello, creemos que es necesario ratificar la voluntad
política de adoptar las reformas legislativas que puedan garantizar
plenamente esta colaboración de todas las administraciones públicas,
especialmente de la Administración tributaria, para poder hacer efectivo
todo lo relativo al cumplimiento de las sentencias de los jueces civiles
en este país.
En el último punto --y termino, señor presidente-- se trata de reforzar
los mecanismos de cobro de las deudas entre países de la Unión Europea;
se trata de acelerar todos los mecanismos posibles y reforzar los
procesos hoy existentes para asegurar el cobro de las deudas entre
ciudadanos de varios países de la Unión Europea. Creo que la reforma de
varias normas legislativas se hace del todo urgente a partir del 1 de
enero de 1999, cuando tenemos una mayor circulación de mercancías y de
capitales como consecuencia de nuestro proceso de integración en la
tercera fase en la Unión Económica y Monetaria.
Nueve compromisos, nueve medidas, nueve propuestas, señor presidente, que
exponemos en esta moción para que de ellas se desprenda un compromiso
político para asegurar una mayor eficacia en la voluntad, que todas SS.
SS. comparten con nuestro grupo, de poder reducir la problemática de la
morosidad en este país.
He observado que hay una sola enmienda del Grupo Popular planteada a
nuestra moción, a la que, para acercar posiciones, mi grupo le ofrece
unas puntuales transacciones, que si le parece al señor presidente paso a
indicar a continuación, entregando a la Presidencia las enmiendas
transaccionales.
En el punto tercero, sería sustituir: modificar la Ley Cambiaria y del
Cheque, por la frase: adaptar las medidas legales oportunas.
La segunda modificación, en el punto 7, sería sustituir la expresión
legislativas por normativas, la palabra especialización por formación y
la palabra juzgados por jueces.
La tercera propuesta, en el punto 8, sería sustituir la palabra proponer
por adoptar.
Estas serían las tres propuestas que plantea mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha formulado una enmienda a la moción del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para reducir la
morosidad y sus efectos en la actividad económica, no con el objeto de
mostrar disconformidad ni tampoco con propósito de corregir el texto,
sino más bien con el ánimo de resaltar los elementos de coincidencia con
los objetivos propuestos en esta moción.
Nuestro grupo coincide con el proponente en que, si bien se ha reducido
la morosidad global en los últimos años, el problema no ha sido
eliminado. Coincidimos en que los efectos de la morosidad, que para las
grandes empresas son un apunte más de su contabilidad, para las pequeñas
y medianas y también para los trabajadores autónomos pueden condicionar
su propia supervivencia. Existe una clara desigualdad en las reglas del
juego, ya que las consultas en los registros de impagados, la utilización
de documentación homogénea y eficaz para garantizar el cobro, los
servicios estables de gestores y asesores jurídicos para gestionar el
cobro de los impagados, la suficiencia de tesorería para recuperar con
prontitud los documentos de giro descontados y que han sido devueltos,
son armas utilizadas por las grandes empresas, pero para las pequeñas y
medianas empresas todos estos elementos son, como regla general,
dificilmente alcanzables. Y es por ello, y coincidimos, por tanto, con el
grupo proponente, que debemos introducir en nuestra práctica mercantil
dos principios básicos: el primero, que las letras y los cheques se
pagan, aunque puede resultar que a estas alturas tengamos que afirmar
este principio en la realidad de parte de nuestro tráfico mercantil; y el
segundo, el que no paga puntualmente debe sufrir, como consecuencia, el
recargo de los intereses en el importe de su deuda y la compulsión de la
justicia sobre sus bienes de una forma rápida y eficaz. No se puede decir
que los actuales procedimientos judiciales y la actual regulación de las
ejecuciones garanticen una forma rápida y eficaz de cobrar las deudas a
través de la utilización de un procedimiento judicial, pero esperamos,
como expresó la ministra de Justicia en la interpelación, que el proceso
monitorio que se configura en el anteproyecto de la nueva ley de
enjuiciamiento civil sirva para cumplir este objetivo de lograr eficacia
y rapidez. Los puntos básicos de la moción que se nos presenta coinciden
con estos dos principios y, por tanto, tienen el respaldo global de
nuestro grupo.
La redacción que en la enmienda se da a determinados puntos de la moción
es significativa en el tercero, en el séptimo y en el octavo, como ha
resaltado el portavoz de Convergència i Unión. Por ello, consideramos
adecuado que más que una referencia específica a la Ley Cambiaria y del
Cheque se sustituya por una global, de forma genérica, a medidas legales,
puesto que no es sólo esta ley la que hay que tocar.
En cuanto a la actividad de los juzgados en materia concursal, entendemos
perfectamente la modificación propuesta para que la referencia sea a la
formación de jueces y magistrados y no directamente a los juzgados.
Respecto a la colaboración de las administraciones públicas, consideramos
que el texto propuesto contenía una referencia a una proposición de
reformas legislativas, que parece más adecuada por la sustitución que ha
hecho el portavoz de Convergència i Unió.
En cuanto a la referencia que se hace a la Agencia Tributaria señalándola
particularmente, yo quisiera resaltar que nada añade esta referencia a la
Agencia Tributaria. La colaboración de la Agencia Tributaria en el cobro
de cantidades impagadas, o en la gestión de impagados a través de los
juzgados, únicamente puede limitarse a la retención de posibles
devoluciones, bien por el Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades
o el IVA, y ponerlas a disposición de los juzgados que están ejecutando
una sentencia. Este aspecto actualmente se realiza sin que en la práctica
se encuentre ninguna incidencia notable ni ninguna dificultad. Es más, se
realiza en la práctica con una reserva para futuras devoluciones, incluso
devoluciones que todavía no se han consolidado. Por eso creemos que esa
referencia a la Agencia Tributaria no añade realmente nada en el
principio de colaboración de las administraciones públicas.
Si con la referencia a la Agencia Tributaria se quiere referir el
proponente a la puesta a disposición de datos fiscales, creemos que puede
representar determinados problemas; si se refiere a una colaboración en
el ámbito estricto de la demanda de un juez, no tenemos nada que decir a
esa referencia a la Agencia Tributaria.
Por todo lo expuesto, en vías de resaltar los principios que se contienen
en la moción, admitimos la transacción propuesta y, en consecuencia,
retiramos la enmienda de modificación que nuestro grupo había formulado.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa)
Les hago notar a los señores diputados que van a intervenir en la
fijación de posición que hemos adelantado el trámite de la moción en el
sentido de que la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular
ha sido transaccionada y aceptada por el grupo proponente.
Tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario
Mixto, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo brevemente para expresar nuestro voto favorable a la moción
transaccionada que presenta el Grupo de Convergència i Unió acerca de las
medidas que debe adoptar el Gobierno para reducir la morosidad y sus
efectos en la actividad económica.
El autor de la proposición, el señor Homs, ya hizo referencia amplia a
esta problemática, una referencia con la que nosotros concordamos, y es
claro que uno de los problemas que se plantea a muchas empresas es la
dificultad e incluso la imposibilidad de cobrar las deudas con ellas
contraidas, sea por empresas privadas o por administraciones públicas,
con las consecuencias de todos conocidas, relativas a los costes
financieros o incluso a la viabilidad de las propias empresas, con la
inevitable repercusión que eso tiene también sobre los puestos de
trabajo. Es un problema muy importante que repercute, como casi siempre,
en mayor proporción sobre las pequeñas empresas, incapaces en muchos
casos de dar respuesta a una situación tan problemática por las vías de
las que actualmente disponen. Por lo tanto, a nosotros sí que nos parece
razonable que desde la Administración se impulsen medidas eficaces para
resolver este problema.
Parcialmente ya discutimos sobre el problema en este Congreso,
especialmente sobre la demora en el pago a las grandes empresas
contratistas, subcontratistas y suministradores.Ya en aquella ocasión,
con motivo del debate presupuestario, pedíamos una modificación de la
ley, no sólo en el sentido de fijar los plazos de pago, sino también de
tomar algún tipo de medida coercitiva respecto a los incumplimientos de
estos plazos, para que la ley fuera eficaz.
La reforma que impulse el Gobierno a través de esta moción que se le
plantea debe tener un sentido práctico. No se trata de hacer reformas
legales que luego no se apliquen y hagan que el problema persista. Se
trata de reformar la legislación de manera que resuelva el problema de la
morosidad. Esperamos que la aprobación de esta moción, ahora
transaccionada, sirva para eso y no para que persista la inseguridad para
muchas empresas y para que el debate siga planeando sobre esta Cámara.
Por eso vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad. El Grupo de Coalición Canaria va a apoyar la moción
tal como ha sido transaccionada con el Grupo Popular. Lo vamos a hacer
hasta con cierta alegría, porque hablar hoy día de la morosidad es
importante, aunque ésta se haya reducido en cifras de mucha cuantía. En
nuestro país, en una época en la que la economía tenía verdaderas
tensiones, la morosidad alcanzaba cifras preocupantes y había
circunstancias anómalas, por falta de liquidez generalmente, que llevaban
a las empresas mercantiles a situaciones concursales de suspensiones de
pago y quiebras y a los ciudadanos a acudir a concursos o a la quita y
espera. Esta situación ha mejorado como consecuencia de la buena marcha
de la economía general del Estado español, y los balances bancarios van
reduciendo las cifras negativas de morosidad que tenían y que originaron
aquellas listas secretas, o no secretas, que se llamaban
RAI, que fueron una verdadera vergüenza de ruptura del secreto
profesional.
Dejando esto a un lado, es estimulante e ilusionante que se adopten en
este momento una serie de medidas para dar mayor agilidad tanto al
procedimiento como al aparato encargado de evitar la morosidad. No hay
que olvidar que la morosidad no sólo afecta al incumplimiento por parte
del ciudadano, sino también al incumplimiento por parte de la
Administración, que arrastra a su vez a los ciudadanos en cadena. Me
estoy acordando de situaciones de muchas comunidades autónomas y de
muchos ayuntamientos, no solamente de la Administración central del
Estado.
También sería una forma de evitar la morosidad concordar la actuación
legislativa económica, con las normas correspondientes, a una dotación
presupuestaria adecuada. Es decir, por ejemplo, se aprueba en el Congreso
que las familias numerosas serán aquellas que tengan tres hijos. No se
puede dejar los presupuestos sucesivos sin dotación para que las
universidades concedan las becas con una rebaja del 50 por ciento, porque
entonces existe un divorcio entre lo que dice el Congreso y lo que dice
la Administración. Nos parece muy bien que se aluda a la necesidad,
anhelada desde hace treinta o cuarenta años, de la unificación y
europeización de las situaciones concursales. Esto es una buena noticia,
máxime porque sabemos que se está avanzando a pasos agigantados para
conseguir este logro unificador.
En resumen, señor presidente, señorías, Coalición Canaria va a apoyar la
moción con la transaccional que se ha anunciado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar tanto la moción como la transacción que
posteriormente ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) recogiendo la enmienda del Grupo Popular, y la
vamos a apoyar en cualesquiera circunstancias, señorías, porque es
imposible hacer otra cosa. Desde un punto de vista político y moral no se
puede estar en contra del bien y a favor del mal. En este caso, la moción
que propone el Grupo de Convergència i Unió y todas las derivaciones
posteriores consecuencia de la enmienda del Grupo Popular no son sino
buenos propósitos y buenas propuestas para acometer uno de los problemas
inevitables de un sistema económico que funciona en libertad, de un
sistema contractual desde el punto de vista mercantil: la introducción de
rigideces en ese sistema como consecuencia sencillamente --dejamos al
margen los casos delictivos-- del distinto modo de vivir la coyuntura que
tienen las empresas, que tienen las personas físicas como consecuencia de
la evolución económica. Sin duda, en estos momentos se está reduciendo la
presencia de la morosidad en la economía española, porque todo el mundo
sabe que es anticíclica: se reduce cuando mejora la situación económica y
se incrementa cuando la situación económica empeora.
Por tanto, nosotros no vamos a dejar de estar de acuerdo en cualesquiera
condiciones que al final decida el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con una reducción del riesgo en el sistema
económico, con una clarificación de la incertidumbre en las relaciones
contractuales desde el punto de vista mercantil, con una modificación de
la Ley de Contratos del Estado que introduzca dosis de justicia en las
relaciones entre grandes y pequeñas empresas o con la modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. En definitiva, señorías, nosotros no vamos a
dejar de estar de acuerdo con una propuesta que me evoca la voluntad de
introducir unas gotas de aceite lubricante en la herrumbre que
inevitablemente provoca el funcionamiento del sistema económico.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento.
Vamos a proceder a la votación de la moción del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que
impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la
actividad económica en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda transaccional por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a
favor, 290.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción por unanimidad del Pleno.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MOTIVOS DEL GOBIERNO
PARA ADOPTAR EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 20 DE FEBRERO
DE 1998, RELATIVO A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DEL
CONDADO DE TREVIÑO PARA FORMULAR UNA CONSULTA POPULAR, DENEGANDO TAL
POSIBILIDAD. (Número de expediente 173/000071)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
sobre motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo a la solicitud
efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para formular una
consulta popular, denegando tal posibilidad.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Caballero. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Un momento, señor Caballero. Vamos a esperar a que abandonen el hemiciclo
los que tengan que desarrollar otras tareas fuera de él. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado esta
moción como consecuencia de la interpelación urgente realizada al
Gobierno. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Caballero.
Por favor, señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Decía que, como consecuencia de la
interpelación urgente realizada al Gobierno con motivo de la no
autorización de la consulta popular --insisto, consulta popular, no
referéndum-- que el Ayuntamiento del Condado de Treviño deseaba realizar
a los ciudadanos de su municipio para conocer su voluntad de iniciar o no
los trámites de desagregación y que, por fin, tuvo lugar el 8 de marzo
pasado, con el resultado por todos conocido (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.), posteriormente, los
dos ayuntamientos del enclave, el de La Puebla de Arganzón y el del
Condado de Treviño, han aprobado la decisión de iniciar los trámites de
desagregación previstos en los estatutos de Castilla y León y en el del
País Vasco.
En esta moción, que contiene dos puntos, instamos al Gobierno, por un
lado, a asumir los contenidos del informe de la ponencia del Senado, de
fecha 19 de diciembre de 1995, constituida para el estudio de la cuestión
de los enclaves y, en particular, de sus conclusiones relativas a la
necesidad de colaboración administrativa para evitar perjuicios a los
ciudadanos en la prestación de servicios y a la búsqueda de soluciones
definitivas para la situación de los enclaves de conformidad con los
respectivos estatutos de autonomía. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Caballero.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero destacar y recordar que este informe fue aprobado por unanimidad
en el Senado; es decir, con el apoyo político de todos los grupos de la
Cámara. Por consiguiente, esperamos que sea apoyado por todos los grupos
parlamentarios de este Congreso.
Por otro lado, instamos también al Gobierno a desarrollar sus futuras
actuaciones; es decir, aquellas que correspondan estrictamente al
Gobierno en relación con el enclave de Treviño de conformidad con el
criterio político de promover y facilitar la expresión democrática de la
voluntad de los ciudadanos del enclave. Pensamos que la aprobación de
este punto, tal y como queda redactado en la moción presentada, no puede
plantear dificultad alguna para ningún grupo de este Congreso.
En relación con el primer punto de la moción hay que recordar que el
informe aprobado en el Senado consideraba que la cuestión había que
afrontarla en dos ámbitos, y cito textualmente lo que se dice en dicho
informe: Por una parte, la resolución lo más inmediata posible de los
problemas y perjuicios que afectan a los ciudadanos por vivir en los
citados enclaves y en los que la falta de continuidad territorial
dificulta la prestación de servicios. En segundo lugar, el desbloqueo de
la situación para que pueda aplicarse lo previsto en los estatutos del
País Vasco y de Castilla y León.
A tal fin, la ponencia considera que la prestación de los servicios
públicos a los ciudadanos en condiciones de igualdad debe atender entre
otros criterios a la mayor proximidad de las administraciones que hayan
de prestarlo. Más adelante señala la necesidad de un convenio de
cooperación y colaboración entre la Diputación de Burgos y el Gobierno de
Castilla y León con la Diputación Foral de Alava y el Gobierno Vasco, de
acuerdo con el artículo 145.2 de la Constitución.
Por otro lado, también la ponencia considera que no puede ignorarse el
carácter específico, que se otorga en el artículo 8 del Estatuto de
Autonomía para el País Vasco y en la disposición transitoria séptima del
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, del enclave de Treviño;
disposición transitoria --no lo olvidemos--, lo que indica que se refiere
a un problema a solucionar en un plazo determinado. Es decir, marca el
carácter político del tema al quedar recogido en dos leyes del rango de
ambos estatutos. Por eso, el informe de la ponencia del Senado considera
que hay que buscar una respuesta definitiva a la cuestión y el
cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave del Condado de
Treviño, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los dos
estatutos de autonomía. Es decir, remarca también el carácter político
del problema y la necesidad de darle una solución definitiva.
En resumen, el informe de la ponencia aprobada en el Senado por todos los
grupos políticos señala, por un
lado, la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los
ciudadanos del enclave de Treviño y, por otro, la necesidad de un
desbloqueo político del problema, de acuerdo con la voluntad de sus
ciudadanos, a través del referéndum solicitado en este momento por los
dos ayuntamientos del enclave de Treviño. Este es el primer punto de la
moción que presentamos a la aprobación de este Congreso: instar al
Gobierno a asumir los contenidos del informe de la ponencia del Senado
que --lo repito una vez más-- fue aprobado por todos los grupos políticos
por unanimidad.
En el segundo punto de la moción, y como consecuencia del primero, se
insta al Gobierno a desarrollar en el futuro las actuaciones que le
correspondan y que tengan que producirse como consecuencia del
procedimiento de segregación regulado en los dos estatutos, de
conformidad con el criterio político de promover y facilitar la expresión
democrática de la voluntad de los ciudadanos del enclave de Treviño.
Creo que la aceptación de este segundo punto tampoco puede representar
dificultad alguna para ningún grupo político de esta Cámara y, en todo
caso, aclararía las posiciones de cada uno ante los ciudadanos afectados;
propuesta de actuación institucional en el futuro, por vía de lealtad y
compromiso político con la voluntad popular, que de esta forma
determinaría el resultado del proceso.
En definitiva, se trata de ir poniendo todos los medios jurídicos y
políticos para acercarnos a este problema con lealtad y auténtica
voluntad de resolverlo, desbloqueando un debate enquistado, abordándolo
con voluntad de primar la opinión de los ciudadanos directamente
afectados y mirando a la solución práctica y futura del problema del
enclave de Treviño.
Nada mas y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
A esta moción han sido presentadas tres enmiendas por parte de los grupos
parlamentarios Socialista, Mixto y Popular.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la
presentación y defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Simón.
El señor SIMON DE LA TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de que el Grupo Parlamentario Vasco haya presentado esta
moción, porque va a permitirme realizar en voz alta y delante de SS. SS.
una serie de reflexiones que muchos ciudadanos que vivimos prácticamente
en el enclave, o muy cerca del mismo, nos hemos venido haciendo a lo
largo de los años. Más que unas reflexiones dirigidas a la moción tienden
a buscar la solución definitiva del problema de los treviñeses.
Es ésta la primera vez que se plantea en nuestro sistema constitucional
la segregación de una parte del territorio de una comunidad autónoma para
incorporarse o agregarse a otra. Pues, si bien es cierto que ya, aunque
en contadas ocasiones, ha habido modificaciones de límites provinciales,
éstos han sido siempre dentro de una misma comunidad autónoma y con el
acuerdo mutuo de las dos partes; dichos parámetros no se dan en esta
situación y en el caso que está planteando esta moción.
Sin lugar a dudas, la resolución de las circunstancias del enclave
treviñés ha de suponer, necesariamente, un punto de referencia para otros
territorios que están en circunstancias análogas en cuanto a su ubicación
territorial. Eso nos tiene que obligar a no actuar de un modo precipitado
en la aplicación de las normas que regulan el procedimiento de
segregación-agregación, así como a no hacerlo de una manera muy fría, no
olvidando que lo que vamos a hacer no es sólo marcar el destino de 200
kilómetros cuadrados sino el modo de vivir de 1.200 personas y, lo que es
más importante, cómo convivir entre ellas. Hemos de pensar que esta
convivencia, que hoy es armónica, se puede romper creando un
enfrentamiento no sólo entre los treviñeses sino entre las provincias y
las comunidades autónomas lindantes.
En mi opinión, no es precisamente un sentimiento nacionalista lo que ha
hecho que los ayuntamientos de La Puebla de Arganzón y de Treviño
iniciaran, de acuerdo con las leyes, el procedimiento de segregación,
sino buscar la solución a sus problemas administrativos, burocráticos y
un funcionamiento ordinario más fácil y racional. Eso, repito, nos debe
hacer pensar que lo que hoy en su mayor parte no es más que una
afirmación de funcionamiento, que yo me atrevería a llamarla de
intendencia, se puede convertir en posturas de enfrentamiento --existe
ese peligro-- entre pro castellanos y pro vascos, posturas que son muy
fáciles de crear y dificilísimas de eliminar.
Otro parámetro que hay que tener en cuenta, que permite mayor
flexibilidad en la solución, es el hecho de que en un período no superior
a un año se han de celebrar elecciones locales y autonómicas, que nos van
a decir directa o indirectamente el modo de pensar y las posturas de los
ciudadanos, no sólo del enclave de Treviño sino también de la provincia y
de la región.
Si trasladamos todas estas reflexiones a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco, nos encontramos con las siguientes
consideraciones. La propuesta que se hace tiene dos partes perfectamente
definidas, casi me atrevería a decir que contrapuestas, pues lo propuesto
en el primer punto, con algunas matizaciones, parece querer reflejar el
deseo de solucionar los problemas que tienen los ciudadanos por la
ubicación geográfica y política del enclave. Además, lo hace aceptando,
como no podía ser de otra manera, lo acordado en la ponencia de enclaves
del Senado. Mi grupo parlamentario no dudaría en respaldar este primer
punto, si se votase por separado cada uno de los dos de que consta la
moción.
El segundo punto de la moción presenta, en primer lugar, una redacción
sumamente confusa, cuya aprobación probablemente provocaría más equívocos
de los que contribuiría a aclarar. En segundo lugar, se insta al Gobierno
a desarrollar actuaciones sin tener presente que el Gobierno de la nación
no puede influir en las decisiones que deben adoptar las instituciones
que gozan de una autonomía constitucionalmente garantizada, ni tampoco
puede influir en las Cámaras que deben votar finalmente una ley orgánica,
pues estas Cámaras no están sujetas a ningún mandato imperativo. En
tercer lugar, en el caso que tratamos nos encontramos con que existen
intereses individuales, municipales, comunitarios y generales. La moción
prima unos sobre otros y no parece razonable que sea así; más bien, lo
que hay que hacer es conciliar todos estos intereses, tal y como indica
el Tribunal Constitucional en su sentencia 99/1986. En cuarto lugar, la
voluntad de los treviñeses de resolver el problema de su condición de
enclave debe ser tenida en cuenta. Sin embargo, la expresión de la misma
ha de ser respetuosa con los principios legales establecidos a nivel
estatal. En quinto lugar, no es previsible, dada la controversia
apasionada que se está generalizando con las últimas iniciativas en el
Condado de Treviño, que las instituciones castellano-leonesas vayan a
estar a favor de autorizar la segregación.
Por tanto, para serenar el estudio de las soluciones, el diálogo se
convierte en la única vía razonable; un diálogo en el que deben estar
presentes las dos comunidades autónomas y las corporaciones locales, y
desde luego no se puede renunciar a que el Gobierno de la nación juegue
el papel que le corresponde. Sin embargo, la rotundidad de las
expresiones que vienen dadas en el segundo punto de la moción parece más
dirigida a hacer declaraciones testimoniales, que pudieran ser utilizadas
no sé de qué manera en un futuro, que a solucionar el problema que tienen
los hombres y las mujeres del enclave.
Por todas estas razones y por el convencimiento de que el diálogo es la
mejor fórmula para encontrar la solución definitiva al enclave de
Treviño, es por lo que mi grupo parlamentario ha presentado la enmienda
de sustitución al punto segundo, que literalmente dice: El Gobierno, a
los efectos de encontrar soluciones a los problemas que la condición de
enclave genera a los ciudadanos de los municipios de Treviño y La Puebla
de Arganzón, promoverá un proceso de concertación entre el propio
Gobierno, las comunidades autónomas de Castilla y León y Euskadi y las
corporaciones locales afectadas que consiga un acuerdo político sobre el
que basar la resolución de la problemática del Condado de Treviño en el
marco estatutario.
Gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Simón.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos con el debate relativo a la moción presentada por el
Grupo del Partido Nacionalista Vasco, como consecuencia de una
interpelación urgente en relación con la no autorización por el Gobierno
de la consulta popular solicitada para el día 8 de marzo por el
Ayuntamiento del Condado de Treviño.
A lo largo del debate relativo a esta moción... (Rumores.) La verdad,
señor presidente, es que hablar desde aquí suele costar bastante, por
mucho que uno intente agilizar y hacerlo brevemente, pero es que no se
oye nada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señalaba que a lo largo de aquel debate se establecía como cuestión clave
la no autorización de una consulta popular, y la cuestión se suscitaba
sobre si debía ser autorizada o no por parte del Gobierno del Estado.
Como consecuencia de aquella discusión se presenta esta moción, que basa
sus dos puntos en los debates que se realizaron en el Senado y que dieron
lugar a una serie de conclusiones en diciembre de 1995. Creemos que
fueron importantes y se vio muy claramente que había dos enclaves en los
que existían ciertos problemas, en concreto en Treviño y en Villaverde de
Trucíos; es decir, que había dos problemas que no estaban resueltos y los
habitantes de esos enclaves los denunciaban, no solamente en cuanto a sus
condiciones de habitabilidad, de vida social, sino de otro tipo.
Desde nuestro punto de vista, creemos que aquellas conclusiones podían y
pueden ser correctas y perfectamente asumibles; se basaban en dos
cuestiones claves: la primera, una búsqueda de las soluciones a la
problemática de los ciudadanos, pero, sobre todo, y nos parece que es
importante resaltarlo, el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos
que habitan en el enclave de Treviño. Pensamos que éste es uno de los
puntos clave. Por eso, recogiendo esa serie de cuestiones y lo que ya
aparecía en esas conclusiones, hemos presentado una enmienda, porque es
importante instar al Gobierno no solamente a promover y a facilitar la
voluntad popular de los ciudadanos que habitan en ese enclave, sino
también a respetarla. Pensarán que probablemente es una obviedad;
ciertamente puede serlo, pero no es menos cierto que el origen de esta
moción es la no autorización de una consulta popular, lo cual nos lleva a
que no solamente hay que promover y facilitar,
sino también respetar y cumplir la voluntad de los ciudadanos.
No vamos a señalar, como hacía el portavoz socialista, qué subyace detrás
de la voluntad de los ciudadanos a la hora de emitir su voto o su
decisión final. Sea la que sea --y no vamos a entrar en ello--, lo cierto
es que cuando voten en el referéndum, o en la medida en que han votado en
una consulta popular que no es el referéndum, la conclusión final tendrá
que ser respetada. Creemos que ésta es una cuestión clave --y aunque
resulte una obviedad, al final no lo es tanto-- porque es lo que hay que
cumplir, y no decimos nada que no se haya expresado ya en las
conclusiones de la ponencia del Senado. Si uno las lee, lo primero que se
dice es: búsqueda de soluciones, creación de comisiones ad hoc para la
búsqueda de soluciones, pero más allá de esas soluciones inmediatas
también hay una cuestión clara: cumplimiento o respeto de la voluntad
popular, sean cuales fueren las causas de lo que los ciudadanos de ese
enclave decidan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ocupa esta tribuna con la más leal
voluntad de alcanzar un acuerdo sobre el problema del que trae causa esta
iniciativa parlamentaria, es decir, encontrar soluciones imaginativas
animadas por la búsqueda del entendimiento, de la cooperación, de la
mancomunidad de esfuerzos, para servir mejor lo que a todos debe
guiarnos: el bienestar de los ciudadanos de los municipios del Condado de
Treviño, la atención de sus necesidades concretas, el aseguramiento de la
óptima prestación de los servicios a los que tienen derecho, sin que la
mera circunstancia de una singularidad geográfica sólidamente acuñada por
la historia pueda traducirse en un detrimento de aquellas pretensiones.
Sin anacrónicos fundamentalismos, sin apelación a los grandes principios,
a problemáticas afirmaciones de identidad o a no menos dudosas
reivindicaciones territoriales. Esa es, entendemos, la vía por la que
debemos progresar juntos.
¿Se aproximarían esos objetivos con la moción que somete a la
consideración de este Pleno el Grupo Parlamentario del Partido
Nacionalista Vasco? Si nuestra respuesta fuese afirmativa, el Grupo
Parlamentario Popular no dudaría en prestarle el concurso de su voto.
Tenemos, sin embargo, serios reparos de que la llana y simple aceptación
de la moción sin alguna modificación significativa pudiera conseguir el
resultado apetecido. Intentaré exponer con la mayor capacidad de síntesis
que me sea posible las razones de nuestras objeciones.
Permítasenos, en primer término, subrayar la muy relativa congruencia
entre la moción y la interpelación de que trae causa, tramitada ante este
Pleno el pasado día 11. Ciertamente, una y otra versan sobre el mismo
argumento: el Condado de Treviño. Pero más allá de esta vinculación
formal, recuérdese que la interpelación pretendía pedir cuentas al
Gobierno por haberse limitado a cumplir la legislación vigente,
obligación que en principio hay que suponer que vincula al propio
Gobierno y a todos los poderes del Estado, también a este Parlamento,
salvo que la iniciativa se encamine explícitamente a postular la reforma
de la legalidad, pero una cosa es reformar la legalidad y otra muy
distinta instar vehementemente al Gobierno a su inobservancia.
La llamada consulta informal, llevada a cabo por iniciativa del
Ayuntamiento del Condado de Treviño el pasado día 8, ni se acomodaba a la
secuencia prevista en el Estatuto de Castilla y León ni podía
considerarse amparada por el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen
Local, ya que extralimitaba manifiestamente el objeto propio de dicha
norma. Estamos hablando de una cuestión, no se olvide, que atañe al
núcleo normativo del artículo 141.1 de la Constitución y que afecta
sustantivamente al ámbito exento de autogobierno que la propia
Constitución atribuye inequívocamente a las comunidades autónomas. Parece
ciertamente excesivo, pues, pretender que esta materia perteneciera al
ámbito estricto del interés municipal.
En segundo término, y como ya decía mi compañero de circunscripción,
señor Simón de la Torre, hace unos minutos en esta tribuna, cabe
manifestar alguna extrañeza frente a los dos puntos que acumulativamente
acoge la moción a debate, porque si se trata de instar a la más intensa
colaboración administrativa, que requeriría con toda probabilidad una
intensiva utilización de las posibilidades de convenio entre comunidades
autónomas que recoge la propia Constitución, son ociosas las referencias
al procedimiento formal de segregación. Si se trata, por el contrario, no
sólo de estimular este proceso, sino incluso de introducir determinados
criterios políticos que supuestamente deberían informarlo, debemos
interpretar que las referencias al informe de la ponencia del Senado, y,
en general, el punto primero de la moción, tiene un alcance más bien
retórico. El Grupo Parlamentario Popular no sólo no tiene nada que
objetar al punto primero de la moción, al que si se habilita la votación
separada votará favorablemente, sino que cree con toda convicción que es
este camino de colaboración intercomunitaria el más fecundo, el que
depara mayores posibilidades y el que permite considerar la atención del
problema sin encastillamientos dogmáticos ni falsos conflictos.
Adentrándonos ya en el núcleo duro de la moción, tendríamos que anticipar
que nuestro grupo no podría
dar su voto favorable al apartado dos, salvo que se aceptase alguna de
las enmiendas presentadas o bien ambas en alguna fórmula transaccional,
puesto que, sin duda, en la enmienda socialista hay elementos de gran
utilidad para alcanzar ese propósito. Si no fuese así, no podríamos
salvar la clara contradicción conceptual existente entre la remisión al
procedimiento estatutario de segregación y la pretensión de iluminarlo
conforme a lo que los proponentes llaman criterio político de hacer
prevalecer necesariamente la voluntad de sólo una de las partes
concernidas por el problema.
No es ningún secreto el revelar que al Grupo Parlamentario del PNV no le
gusta nada la disposición transitoria séptima, 3 del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León. Tampoco le gusta que nada menos que el 3 de
junio de 1983, el Gobierno vasco y al día siguiente el Parlamento vasco
interpusieran sendos recursos de inconstitucionalidad contra dicha norma.
Pero, contra lo que pretendían los recurrentes, el Tribunal
Constitucional dejó sentado que dicha disposición transitoria era
plenamente constitucional, que no vulneraba los principios de igualdad,
no discriminación e interdicción de la arbitrariedad, que los
procedimientos de agregación o segregación estaban constitucionalmente
reservados a los estatutos de las comunidades autónomas y que las
manifiestas diferencias entre la regulación vasca y la castellano-leonesa
eran expresión de la diversidad, la pluralidad y la capacidad de
autogobierno propias del Estado de las autonomías. Pues bien, si hace
quince años resultó fallida aquella pretensión, comprenderán que no
podamos ahora respaldar en su integridad una iniciativa que, pese a su
referencia formal al procedimiento estatutario, lo vacía de contenido en
un doble sentido: primero, como ya se subrayaba aquí, al atribuir al
Gobierno de la nación un protagonismo en el proceso que el Estatuto no le
reconoce. Al Gobierno, en la culminación del proceso, le correspondería
convocar el referéndum de acuerdo con la ley que regula sus distintas
modalidades, y al Gobierno le tocaría, en su caso, remitir a las Cortes
Generales la ley orgánica que autorizase la modificación de los límites
provinciales. Pero fuera de esas dos intervenciones tasadas y solemnes,
al Gobierno nacional no le incumbe facultad alguna en la materia, y
reconocerán conmigo SS. SS. que no deja de ser paradójico que desde
portavoces nacionalistas tan legítimamente celosos de sus facultades de
autogobierno, tan atentos a evitar cualquier injerencia que lesione o
contravenga dicho ámbito, se inste al Gobierno a interferir el ámbito de
autonomía que, no menos legítimamente, otro Estatuto otorga a otra
comunidad autónoma distinta. El segundo y más sustantivo factor de
vaciamiento --y la intervención de la señora Lasagabaster invita
inevitablemente a profundizar en él intelectualmente-- reside en la
pretensión de sentar como criterio prevalente, como criterio en fin
determinante, el de la sola y mera voluntad mayoritaria de los ciudadanos
del Condado. Resulta que el procedimiento estatutario, sobre cuya
pulcritud, como quedó dicho, versa nada menos que una sentencia del
Tribunal Constitucional, obliga a conciliar voluntades, a coonestar
voluntades, las de los ciudadanos de los ayuntamientos del Condado, las
de los restantes burgaleses, las de todos los ciudadanos de Castilla y
León. Y es que, como muy bien dijo hace unos días el ex presidente
socialista del Senado, señor Laborda, en un Estado de Derecho las
voluntades políticas están y se expresan a través de las leyes, y ninguna
ley otorga a la voluntad de los treviñeses el carácter de nuevo sujeto
titular político exclusivo de la decisión de incorporar o no el Condado
al territorio histórico de Alava. De ahí, francamente, nuestra escasa
creencia en la utilidad de la vía anexionista para atender, de verdad, el
problema de los treviñeses. Tiene todos los riesgos de las cuestiones que
llevan en su seno la semilla de la confrontación. De ahí nuestra
preferencia por la vía de la mancomunidad, del consorcio, del convenio.
De ahí nuestro respaldo al punto primero de la moción y nuestra
disposición a considerar otras propuestas en las que sí cabría un papel
de estímulo, animación y moderación del Gobierno de la nación sin el
rigorismo competencial a que antes me refería.
Supuesto el carácter presuntamente problemático del Condado, desde que en
1463 resolviera no incorporarse a las hermandades de Alava, lo que ha
esperado cinco siglos bien merece la pena que lo abordemos, como el
propio grupo proponente dijo en la motivación de su interpelación, no
desde una óptica de conflicto, sino utilizando la pluralidad de
postulados. Es esa pluralidad de postulados la que hemos echado de menos
en el punto segundo de la moción y, con la voluntad de albergarla, hemos
presentado una enmienda del siguiente tenor, cuyo acogimiento esperamos
del grupo proponente, así como el respaldo del resto de la Cámara.
Rezaría así: Que las futuras acciones que, en su caso, puedan producirse
como consecuencia del procedimiento de segregación o agregación de los
municipios integrantes del enclave de Treviño se desarrollen con estricto
cumplimiento de las previsiones contenidas en los Estatutos de Autonomía
de Castilla y León y del País Vasco, teniendo en cuenta los intereses y
la voluntad manifestada por los ciudadanos del enclave y por las
instituciones representantivas de las comunidades afectadas.
En la confianza de que esta fórmula sirva para sostener y asentar una
coincidencia de propósitos suficientes en el Pleno de esta Cámara, pido
su respaldo a SS. SS.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Cisneros.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el tratamiento de la moción
presentada por el Grupo Nacionalista Vasco no es, a mi entender,
estrictamente jurídico, sino que es político, ya que, más allá de las
palabras, el objeto de esta moción puede considerarse, por su
persistencia desde hace 500 años, como una metáfora sobre el ejercicio
del poder de las instituciones gobernantes y el consentimiento
democrático de los pueblos y de las ciudadanas y ciudadanos a ser
gobernados.
La Puebla de Arganzón y el municipio del Condado de Treviño, los dos
pueblos que forman el llamado enclave de Treviño, de escaso capital
demográfico, reclaman al Gobierno del Estado español, al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y al Gobierno del País Vasco el
respeto al ejercicio de su libertad. En la letra solicitan algo tan
simple, parece, como un cambio de provincia, si entendemos como provincia
un órgano de la Administración. Para ojos foráneos pedirían tan sólo una
imperceptible corrección de la línea de demarcación territorial de la
Administración del Estado, que sólo cobra significado en un mapa político
y no en un mapa geográfico. Las fronteras geográficas del Condado son
unas; las políticas han nacido de una evolución histórica. Estas
fronteras --que, repito, son sólo líneas en un mapa descriptivo-- se han
convertido desde hace siglos, por razones estáticas, en una barrera, en
un obstáculo para escuchar y atender las aspiraciones de las gentes de
Treviño y para respetar su capacidad de autodecisión. En términos
políticos, sociales y en el umbral del siglo XXI, parece anacrónico hacer
prevalecer como argumento de autoridad el tiralíneas de hace siglos sobre
la voluntad hoy mayoritaria de unos pueblos. El pueblo de Treviño está
obligado jurídicamente a la norma estatutaria de Castilla y León y a las
normas de régimen local, y así lo ha cumplido. Los respectivos
ayuntamientos han dado respuesta y han canalizado la decisión de sus
conciudadanos y conciudadanas expresada de manera autónoma y voluntaria.
La moción insta al Gobierno del Estado a ejercer su obligación política,
jurídica y moral, y no podría ser de otro modo que así la ejerciera,
porque el pueblo del Condado de Treviño, sin duda, espera del Gobierno
una correspondencia social y política al consentimiento por el que son
gobernados, un consentimiento que se fundamenta en la creencia de que los
gobiernos son instrumentos destinados al servicio de ciudadanos y
ciudadanas. El consentimiento a ser gobernados implica, como se sabe, la
existencia de un contrato no escrito entre gobernantes y gobernados, por
el cual los gobiernos se hacen partícipes de los intereses y demandas de
la ciudadanía.
Con ocasión de esta moción, he releído una vez más nuestro texto
constitucional, he releído una vez más la relación de derechos y deberes
de los españoles, de los ciudadanos, de las personas, pero no he
encontrado una relación de los derechos de los pueblos que conforman el
Estado, y he llegado a una conclusión: que no es necesario; y no es
necesario porque en el artículo 1 de la Constitución hay una afirmación
tajante, contundente, que dice que los poderes del Estado emanan del
pueblo. Sólo debemos preguntarnos qué es el pueblo, etimológicamente
hablando: es una tribu, una comunidad que tala los bosques. ¿Por qué tala
los bosques? Para situarse, para ubicarse en un lugar determinado. Este
es el pueblo. Pero ¿qué es el pueblo, políticamente hablando? Simplemente
debe ser, a mi entender, la voluntad de la mayoría. Esto es lo que debe
ser el pueblo. Por ello, el consentimiento democrático de las gentes y
los pueblos y de los hombres y mujeres a ser gobernados, que también son
las gentes de Treviño, está conformado por el permanente derecho también
de la autodecisión individual y colectiva, general o parcelada, que es
aquello que puede diferenciar un sistema de Gobierno democrático de un
sistema autoritario. En todo momento y en cualquier actuación deben
recordar el poder público, la Administración pública, los gobiernos y los
parlamentos que el consentimiento de los pueblos a ser gobernados implica
el respeto y la obediencia a las formas diversas del ejercicio de la
autodeterminación, que es la expresión reconocida de la madurez de las
personas y de la madurez de los pueblos. La palabra determinación
autónoma no puede, en un espíritu democrático, levantar resquemores ni
suscitar sospechas, porque es la expresión viva no sólo de la libertad
política sino de la libertad moral y, en síntesis, del mismo concepto de
libertad. Porque la posibilidad legal de decidir de manera autónoma forma
parte del derecho de las personas y de los pueblos, y albergar temor
respecto de este derecho sería sentir temor de los valores democráticos,
y obstaculizar o no respetar abiertamente la voluntad de un pueblo, y en
este caso de los pueblos de Treviño, significaría romper el contrato no
escrito entre gobernantes y gobernados. Por eso, la moción tiene el apoyo
de mi grupo, el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Con ello subrayamos
también que los poderes públicos deben aceptar, sostener y reforzar las
exigencias de la libertad política y moral de las ciudadanas y
ciudadanos, porque el ejercicio de este respeto sostiene la legitimidad
de los gobiernos y da sentido positivo a los vínculos políticos que lo
unen a los gobernados. Con otra actuación las gentes de Treviño se verían
obligadas a obedecer las leyes, y sin duda lo harían; obedecerán las
leyes como lo han hecho siempre, pero no estarán obedeciendo ni a su
voluntad ni a su libertad, y ello podría suscitar un profundo reproche
social y un quebrantamiento de la confianza en la veracidad del precepto
constitucional, que afirma que de estas gentes, que también son pueblo,
emana el poder y la
legitimidad para ejercerlo de aquellas instituciones que los gobiernan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, la semana pasada,
cuando se presentó la interpelación, ya decíamos que queríamos esperar a
conocer la parte articulada que proponía el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tras
lo que yo entendía entonces que era una crítica a la actuación del
Gobierno por haber puesto trabas o haber limitado la posibilidad de un
referéndum.
Yo creo que en este país tendremos que empezar a aceptar que a una
situación de distribución geográfica debe hacérsele frente con una
argumentación sobre la necesidad, la realidad, las demandas que puedan
tener, las posibilidades para hacer funcionar mejor la prestación de
servicios, inclusive la voluntad de los propios ciudadanos, y que hay que
dar cauce a la manera de hacer frente a esta realidad. Aquí ha surgido el
enclave del Condado de Treviño, pero podíamos hacer referencia a un
enclave catalán como Llivia, que está ubicado completamente en Francia,
pero que pertenece a nuestro país, o podíamos hacer referencia a
Orduña,que tiene una situación distinta. Yo hice referencia el otro día a
Villaverde de Trucios, que es una ubicación de Cantabria en el seno de
Euskadi. La discusión fundamental es cómo respondemos a una demanda, cómo
damos cauce a esa voluntad y de qué manera lo facilitamos. Porque aquí
podemos estar llenándonos todos de voluntad, de declaración de
intenciones. El Condado de Treviño ha venido al Congreso más de una vez,
no es la primera vez que discutimos sobre él aquí, pero ¿hemos avanzado
sobre esa situación que teníamos antes? Yo creo que deberíamos de
plantearnos la facilidad de un encuentro y del diálogo para avanzar sobre
la situación que teníamos en un momento determinado. Hubo una ponencia en
el Senado que llegó a unos acuerdos sobre la forma de abordarlo. Es
verdad que esta ponencia se limitó no a estos 20 ó 22 enclaves que pueden
existir en nuestro país, sino a dos: Treviño y Villaverde de Trucios.
Pues deberíamos de plantearnos de qué manera podemos abordar ahora las
conclusiones que hizo el Senado y cómo lo podemos abordar mejor en el
caso de los dos municipios que componen hoy el Condado de Treviño, porque
en el año 1995 la Puebla de Arganzón empezó un procedimiento para llegar
a una situación similar, y en su seno municipal también hay una voluntad
mayoritaria de promover una actuación para ubicarse, segregarse o
agregarse a un lado determinado.
La propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene
dos apartados: en el primero viene a decir que lo que fue conclusión de
la ponencia lo hagamos realidad, manteniendo los cauces y los trámites
que establecen los Estatutos de Autonomía, tanto el de Euskadi en su
artículo 8 como la disposición adicional en el caso del de Castilla y
León. En el punto segundo ya viene a plantear cómo se debe de actuar para
producir esa segregación y de qué manera debe de primar la voluntad
política, porque, al final, lo que nos viene a proponer es que prime un
criterio político para promover y facilitar la expresión democrática de
los ciudadanos de ese enclave.
Lo cierto y verdad es que se han presentado enmiendas de otros grupos, no
sé cuál va a ser al final el texto definitivo. A mí me han hecho llegar
una transacción posible que viene a recoger la voluntad que establecen
los propios ciudadanos y las instituciones que componen los mismos. En el
punto primero nosotros no tenemos ningún problema, lo votaremos sea cual
sea la solución, con enmienda o sin enmienda. El punto segundo --depende
del texto definitivo que se pueda dar-- viene a plantear que esta
segregación se aborde teniendo en cuenta la voluntad de las instituciones
implicadas y los ciudadanos de los municipios que componen el enclave. Si
ese texto es el que definitivamente se va a someter a votación, también
lo vamos a votar a favor, pero lo más importante --y con esto termino,
señor presidente-- es el paso adelante que podemos dar acá. El paso
adelante que deberíamos de dar no es plantear una discusión entre si es
buena la incorporación para una provincia como Alava o para una parte de
Euskadi o si es malo para Burgos, otra provincia que pierde una parte de
territorio, sino de qué manera podemos iniciar un proceso. Yo soy poco
optimista en el sentido de que debe de hacerse el camino al andar en
fórmulas de convenio, de encuentros, de conciertos entre las dos
comunidades, de prestaciones y ventajas para los propios ciudadanos, pero
no porque hoy unos quieran sentirse parte de una realidad o porque tengan
más ventajas en otro lado. Planteémonos definitivamente cómo podemos
abordar el conjunto de soluciones, tanto administrativas como políticas,
facilitando esa solución. Estoy convencido en las posibilidades de ese
camino intermedio; todo ese trámite de encuentro, de diálogo, será el que
abrirá las vías. Porque si no, fíjense ustedes, podemos ir a un proceso
de confrontación electoral. Se terminó 1995, hubo un partido que fue a
las elecciones y defendió unas cosas, hubo otro que defendió otras.
Estamos hoy en 1998, vienen procesos electorales y oiremos: si nosotros
obtenemos la mayoría, trabajaremos por conseguir esto. Y en el otro lado,
exactamente igual. Si iniciamos ese proceso, terminará con que la
iniciativa aprobada por los propios ciudadanos --nosotros compartimos el
favorecer que la decisión se adopte por un referéndum, por una posición
donde la voluntad sea manifestada por todos y cada uno de los
ciudadanos-- tendrá que tramitarse en la institución correspondiente; los
municipios la elevan
a la Diputación de Burgos y a la Diputación de Alava y, después, a las
Cortes de Castilla y León y al Parlamento Vasco. ¿Para qué? ¿Para que se
manifiesten dos posiciones confrontadas? Nosotros preferimos invitar a
que el diálogo y el encuentro faciliten procesos que actúen generando
acercamientos para alcanzar una solución definitiva que se podrá abordar
más adelante. Por eso creemos que mientras la interpelación fue en su
momento más una queja y una confrontación con el Gobierno, la moción
viene a invitar a todos los grupos a un encuentro en positivo para que se
facilite y se promueva la solución definitiva de este tema.
En ese sentido es en el que nosotros vamos a votar favorablemente esta
moción, tanto en el punto primero como en el segundo, si la redacción
definitiva es del tenor que yo he leído aquí y que me ha hecho llegar el
grupo proponente. En todo caso, él tendrá la palabra a la hora de decir
qué enmienda acepta y qué transacción propone. Simplemente estamos
anunciando cuál es nuestra intención de voto, según se elija una solución
u otra.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Señor Caballero, S. S. tiene la palabra para expresar la aceptación o no
de las enmiendas planteadas a su iniciativa.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero hacer constar el agradecimiento del Grupo Vasco al apoyo prestado
por los diversos grupos de esta Cámara al primer punto de la moción que
hemos presentado.
En relación con las enmiendas presentadas al segundo punto de la moción,
ha sido consensuada por el Grupo Vasco una enmienda transaccional con el
Grupo Parlamentario Popular, con el Grupo Parlamentario Socialista y
Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, que ha sido entregada al presidente
de la Mesa. Por consiguiente, la moción quedaría de la siguiente forma.
El primer punto, tal como se ha presentado, y el segundo en la forma
contenida en la transaccional que paso a leer: Que las futuras acciones
que, en su caso, puedan producirse como consecuencia del procedimiento de
segregación-agregación de los municipios del enclave de Treviño se
desarrollen con estricto cumplimiento de las previsiones contenidas en
los Estatutos de Autonomía de Castilla y León y del País Vasco, teniendo
en cuenta la voluntad de las instituciones implicadas y la de los
ciudadanos de los municipios del Condado de Treviño y la Puebla de
Arganzón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
¿Todos los grupos enmendantes aceptan la transaccional y la retirada de
sus enmiendas correspondientes? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para adoptar el
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo
a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para
formular una consulta popular, denegando tal posibilidad, en los términos
resultantes de la aceptación de la transacción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a
favor, 270.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción por unanimidad del Pleno.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.