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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 142, de 12/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 142
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 137
celebrada el jueves, 12 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
--Resolución referente al Programa del Sistema Polar EUMETSAT (EPS)
presentada para su adopción en la 32.ª Reunión del Consejo de EUMETSAT,
celebrada en Darmstadt del 3 al 5 de diciembre de 1996. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 166, de 9 de febrero de 1998 (número
de expediente 110/000157) (Página 7459)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley del Servicio Postal Universal y de liberalización de
los servicios postales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 94-1, de 19 de diciembre de 1997 (número de expediente 121/000092)
(Página 7459)
--Proyecto de Ley del sector de hidrocarburos. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 101-1, de 5 de enero de 1998 (número de
expediente 121/000099) (Página 7478)
--Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1994, de 1 de junio,
de autonomía del Banco de España. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 103-1, de 16 de febrero de 1998 (número de expediente
121/000101) (Página 7498)
--Toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica, de los Grupos
Parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de
Coalición Canaria, Vasco (EAJ-PNV), Socialista del Congreso y Federal de
Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 112-1, de 15
de septiembre de 1997 (número de expediente 122/000094) (Página 7509)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 7459)
Resolución referente al programa del sistema polar Eumetsat (EPS)
presentada para su adopción en la 32.ª reunión del Consejo de Eumetsat,
celebrada en Darmstadt del 3 al 5 de diciembre de 1996 (Página 7459)
Sometida a votación la resolución, se aprueba por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 7459)
Proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los
servicios postales (Página 7459)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de
Fomento (Arias -Salgado y Montalvo). Expone en primer lugar las cuatro
motivaciones fundamentales de este proyecto de ley: en primer lugar,
introducir en el ordenamiento jurídico español una ordenación general de
los servicios postales; en segundo lugar, incorporar la directiva
comunitaria número 67/97, de la Comisión Europea, recientemente aprobada;
en tercer lugar, avanzar en el proceso de liberalización de los servicios
postales en el marco de la directiva comunitaria, definiendo claramente
tanto el área de reserva del operador público como el ámbito de los
servicios postales liberalizados, y en cuarto lugar y como objetivo
principal, definir el servicio universal, su ámbito de aplicación, su
financiación y los operadores que pueden prestar el conjunto de servicios
que el proyecto de ley engloba bajo el concepto de servicio universal.
A continuación pasa a explicar pormenorizadamente el contenido del
proyecto de ley, resumiéndolo en cuatro puntos básicos: el proyecto de
ley recoge la definición objetiva de las reservas establecida en la
directiva comunitaria; parte de la total liberalización del tráfico
urbano de cartas y tarjetas postales y emplea los parámetros de la
directiva para determinar el marco de reserva en el tráfico interurbano;
liberaliza la remisión de la denominada publicidad directa en todos los
ámbitos, que podría ser ámbito reservado de acuerdo con el texto de la
directiva, y finalmente, liberaliza íntegramente la remisión de cualquier
tipo de correspondencia y en cualquier ámbito, si el precio excede de
cinco veces el montante de la tarifa pública correspondiente para los
envíos ordinarios de la primera escala de peso. Por último, manifiesta
que el proyecto de ley que hoy tiene el honor de presentar a la Cámara
forma parte de un proceso rápido que se inicia con la Lofage, donde se
prevé la posibilidad de un régimen jurídico singular para el futuro ente
público empresarial y asegura que la actual dirección recoge, continúa y
lleva hasta sus últimas consecuencias el planteamiento de una gestión
empresarial en el ente público, absolutamente imprescindible para que
Correos pueda competir en un mercado plenamente liberalizado.
En defensa de las enmiendas de devolución planteadas intervienen los
señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ríos
Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo presentadas
intervienen los señores Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad planteadas interviene el
señor Pons Franco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Ríos Martínez y Morlán
Gracia, duplicando el señor Pons Franco.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución de los
grupos parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, se rechazan por
141 votos a favor y 172 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 141 votos a
favor y 171 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo
suscrita por los señores Saura Laporta y Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto, se rechaza por 141 votos a favor, 171 en contra y
una abstención.
Proyecto de ley del sector de hidrocarburos (Página 7478)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Industria y Energía
(Piqué i Camps). Manifiesta que el proyecto de ley de hidrocarburos,
junto a la Ley del Sector Eléctrico y la futura ley de bases de la
minería constituyen los instrumentos básicos de la política energética
con la que el Gobierno pretende potenciar la competitividad del tejido
productivo español frente a los retos que habrá de afrontar el país ante
la Unión Económica y Monetaria. Se refiere al proceso de
internacionalización sin precedentes que han iniciado las empresas
españolas y afirma que para que este proceso tenga éxito es necesario
asegurar unas condiciones internas que refuercen su competitividad
internacional y reformar aquellos mercados que directamente determinan
los costes de las empresas. Resalta en este sentido la labor realizada
por el Gobierno en cuanto a las reformas del mercado de trabajo y del
sector eléctrico y añade que ahora le ha llegado el turno al sector de
los productos derivados del petróleo y al sector del gas natural.
Manifiesta, por otra parte, que el proyecto de ley de hidrocarburos que
hoy tiene el honor de presentar a la Cámara tiene como objetivo
fundamental la renovación, integración y homogeneización de toda la
normativa vigente sobre el sector, intentando desarrollar una regulación
más abierta, en la que se sustituya el excesivo intervencionismo público
--sin que ello implique una sustitución sin más de la acción del Estado
por la del mercado-- por un modelo en el que la libre iniciativa
empresarial sea el auténtico motor a través de las decisiones de
inversión.
Agrupa la regulación de las actividades que se recogen en el proyecto de
ley en tres grandes bloques: el primero lo constituye la regulación de
las actividades de exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos, así como el almacenamiento
subterráneo de los mismos; el segundo lo constituye la ordenación del
mercado de crudo de petróleo y productos derivados, incluidos los gases
licuados; y el tercer y último bloque de actividades lo constituye la
ordenación del suministro de gases combustibles por canalización, donde
se incluye su producción licuación, regasificación, transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización. Hace una especial
mención de la comisión nacional de la energía, cuya creación se propone
en el proyecto de ley, como órgano consultivo de la Administración en
materia energética y regulador del funcionamiento de los mercados
energéticos, que vele por que se respete el principio de libre
competencia en los mercados y sirva de arbitro en los conflictos que
pudieran suscitarse entre los sujetos que realizan actividades en los
diferentes sectores.
Solicita el apoyo de la Cámara para sacar adelante el proyecto y de ley y
anima a SS. SS. a que en el debate parlamentario susciten propuestas que
enriquezcan los principios liberalizadores que inspiran el texto que el
Gobierno presenta hoy ante esta Cámara.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas
intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Fernández Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Peón Torre, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Santiso del Valle y Fernández Fernández, duplicando
el señor Peón Torre.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de
Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La Cámara muestra su asentimiento a la propuesta del señor presidente de
acumular la votación de las enmiendas de totalidad debatidas
anteriormente con las del siguiente proyecto de ley.
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1994, de 1 de junio, de
autonomía del Banco de España (Página 7478)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De
Rato Figaredo). Expone que el objetivo de la modificación que se propone
es la plena integración de la legislación española sobre el banco central
en el sistema europeo de bancos centrales. Expone que el 1 de julio de
1998 es la fecha límite establecida en el Tratado de la Unión Europea
para seleccionar los Estados miembros que participarán en la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria y que entre los requisitos que se
exigen está el denominado criterio de convergencia legal que, a su vez,
puede desdoblarse en dos criterios: el de independencia de los bancos
centrales y el de la plena integración de los bancos centrales en el
sistema europeo de bancos centrales, siendo esta segunda cuestión la que
se contempla en el proyecto de ley que hoy se presenta ante la Cámara.
Añade, por otra parte, que en la Ley de Medidas que acompañaba a los
Presupuestos Generales del Estado ya se abordaron los tres puntos más
importantes que afectaban a la independencia de los bancos centrales y
que fueron planteados por el Instituto Monetario Europeo, como son la
autonomía institucional, la autonomía personal y el cese antes de la
extinción del mandato de alguno de los miembros del Consejo de gobierno y
sus sustitución, así como la duración del mandato de su sustitución.
A continuación pasa a comentar algunas de las modificaciones que
introduce el proyecto de ley y solicita el respaldo de todos los grupos
que coincidan con el Gobierno en la necesidad de que España forme parte
desde el comienzo del proceso de la Unión Económica y Monetaria.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución presentadas
intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez Noval, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso al
proyecto de ley del sector de hidrocarburos, se rechazan por 137 votos a
favor, 163 en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al mismo proyecto de ley,
se rechaza por 16 votos a favor, 166 en contra y 119 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1994, de 1 de junio,
de autonomía del Banco de España, se rechazan por 13 votos a favor, 286
en contra y dos abstenciones.
Toma en consideración de la proposición de ley orgánica, de los grupos
parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), de
Coalición Canaria, Vasco (EAJ-PNV), Socialista del Congreso y Federal de
Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General (Página 7509)
Intervienen en el debate sobre la toma en consideración de la proposición
de ley orgánica sobre modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General los señores Vera Pro, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso; Marcet i Morera, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso; Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència
i Unió); la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
-- RESOLUCION REFERENTE AL PROGRAMA DEL SISTEMA POLAR EUMETSAT (EPS)
PRESENTADA PARA SU ADOPCION EN LA 32.ª REUNION DEL CONSEJO DE EUMETSAT,
CELEBRADA EN DARMSTADT DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 1996. (Número de
expediente 110/000157)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto séptimo del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir sobre el dictamen? (Pausa.)
Al no haberse formulado ninguna enmienda al dictamen de la Comisión, en
ejercicio de las facultades que me confiere el Reglamento, lo someto a
votación por asentimiento. ¿Aprueba la Cámara el dictamen de la Comisión?
(Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL Y DE LIBERALIZACION DE
LOS SERVICIOS POSTALES. (Número de expediente 121/000092)
El señor PRESIDENTE: Aprobado el punto séptimo, pasamos al punto octavo:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
En primer lugar, debate de totalidad sobre el proyecto de ley del
servicio postal universal y de liberalización de los servicios postales.
Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el ministro de Fomento, señor Arias-Salgado. (Rumores.)
Silencio, señorías, a ver si mantenemos el espíritu de flexibilidad y
celeridad en la tramitación de los puntos del orden del día.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para presentar el
proyecto de ley que regula el servicio postal universal y la
liberalización de los servicios postales.
Este proyecto de ley responde fundamentalmente a cuatro motivaciones. En
primer término, se trata de introducir en el ordenamiento jurídico
español una regulación general que ponga orden en lo que yo llamaría
desorden legal que tiene, en estos momentos, la regulación en España de
los servicios postales. Tenemos una situación de alegalidad en unos
aspectos, en otros de regulación claramente contradictoria y, en algunos,
regulación manifiestamente insuficiente.
En segundo lugar, el proyecto de ley viene a incorporar la Directiva
comunitaria recientemente aprobada, la número 67/97 de la Comisión
Europea, y que ha sido posterior en su aprobación final a la elaboración
de este proyecto. Dado el carácter ya muy avanzado de la directiva, el
pleno consenso que prácticamente se había alcanzado en todos los Estados
miembros de la Unión y la urgencia de redactar nuestro proyecto de ley,
tuvimos en cuenta el texto de la directiva aun cuando fuese previamente a
su aprobación definitiva por los órganos comunitarios.
El tercer motivo de este proyecto de ley es avanzar en el proceso de
liberalización de los servicios postales en el marco de la directiva
comunitaria y definir claramente tanto el área de reserva del operador
público como el ámbito de los servicios postales liberalizados.
Finalmente, aunque no menos importante, es objetivo principal de la ley
definir el servicio universal, su ámbito de aplicación, su financiación y
los operadores que pueden prestar el conjunto de servicios que el
proyecto de ley engloba bajo el concepto de servicio universal.
Si partimos del análisis del marco normativo vigente, veremos que nos
encontramos ante una regulación profundamente anticuada y contradictoria.
Baste decir que la Ley de reorganización del sector postal procede del
año 1953, que en parte está todavía vigente. Al amparo de esa ley, en el
año 1960 --siete años más tarde-- se dictó una ordenanza postal, aprobada
por decreto, en la que al tratar del régimen de monopolio se determinaba
que el correo ejerce monopolio para el transporte de cartas y de tarjetas
postales. En esa ordenanza se añadía: son excepciones de este monopolio
del Estado la correspondencia que circule por el interior de las
poblaciones. Por tanto, del contenido de esa
ordenanza cabe deducir que se ha excluido del régimen de monopolio el
llamado correo urbano.
La ordenanza preveía, a su vez, que se dictara el reglamento del servicio
de correos, que fue aprobado por decreto del año 1964. En el artículo 19
de este reglamento regulador del servicio de correos se previó que el
correo ejerce el monopolio en la admisión, curso y entrega de las cartas
y tarjetas postales. El artículo 20 exceptuaba del monopolio la
correspondencia que circule por el interior de las poblaciones, es decir,
dirigida a destinatarios o residentes en la misma población en que sea
depositada. Ello significa, señorías, que en términos estrictamente
legales, de acuerdo con las normas vigentes, al día de hoy no está
liberalizada la circulación de la correspondencia interurbana porque, a
mayor abundamiento, por un precepto de la Ley de 1990, de Presupuestos
Generales del Estado, se encomendaba la gestión de los servicios básicos
de correos al Organismo Autónomo Correos y Telégrafos y se definían tales
servicios básicos.
El apartado 3 del artículo 99.2 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del año 1990 dice que se considerará que son servicios básicos
postales la admisión, clasificación, curso, transporte y distribución de
cartas y tarjetas postales en todas sus modalidades, así como los
servicios de telegramas, télex y giro postal y telegráfico, y no tendrán
carácter de servicios básicos los restantes. Es decir, que por la Ley de
1990, al menos en apariencia, se da un cierto grado de marcha atrás en el
proceso de liberalización en la medida en que la distinción hasta
entonces vigente, que dejaba fuera del monopolio el correo interurbano,
en dicha ley no se deja fuera. Sin embargo, esta ley no podía
interpretarse en perjuicio de derechos claramente adquiridos al amparo de
una situación legal, por lo que al final la Ley de 1990 no pudo poner
término a una situación que deberíamos definir ilegal, o al menos como
alegal. De facto, el correo interurbano continuó siendo prestado en
régimen de liberalización porque así había ocurrido antes de la Ley de
Presupuestos de 1990. Aunque la Ley de 1990 es de difícil interpretación
en sentido estricto, lo cierto es que en el terreno de los hechos
permaneció liberalizado el correo interurbano. Por otra parte, la ley
nada decía con respecto al llamado curso rápido de las cartas, es decir,
al correo urgente. Por tanto, la indefinición y la incertidumbre ha
generado una situación hoy más de hecho que de derecho, que es necesario
aclarar para encauzar definitivamente el proceso de liberalización de los
servicios postales y poner un término, como hace la directiva, al proceso
de existencia de un área de reserva en favor del operador público. Esto
es, en definitiva, señorías, lo que hace el proyecto de ley que ha
remitido el Gobierno.
España tiene en el terreno de los hechos, junto con Finlandia y Suecia,
la situación postal más liberalizada de la Unión Europea. Por tanto, cabe
avanzar en alguna medida en el proceso de liberalización, pero no
espectacularmente porque la situación está ya ampliamente liberalizada.
De lo que se trata en estos momentos es de colocar a lo que es ya empresa
pública correos en una situación de competir y bien en un mercado
totalmente liberalizado, que está previsto en la directiva comunitaria
hacia el año 2004, en el bien entendido que en el año 2002 se hará una
revisión de la situación en todos los Estados miembros de la Unión
Europea con objeto de, en su caso, avanzar en el proceso y decretar la
total liberalización. En todo caso, el proyecto de ley parte de la
situación española y, como no podía ser menos, del esquema que plantea la
directiva comunitaria, aunque el proyecto de ley nuestro va más lejos en
la definición del ámbito liberalizado que la propia directiva.
Podríamos resumir el proyecto de ley en cuatro puntos básicos. Primero,
la directiva parte de una definición objetiva de la reserva. Se entiende
por envíos de cartas o tarjetas postales reservados aquellos cuyo peso no
supere los 350 gramos. Este concepto lo recoge el proyecto de ley.
Segundo, el proyecto de ley postal parte de la total liberalización del
tráfico urbano de cartas y tarjetas postales y emplea los parámetros de
la directiva para determinar el marco de reserva en el tráfico
interurbano. A diferencia de la generalidad de los países de la Unión
Europea, en España no se recoge ningún tipo de reserva respecto del
tráfico urbano. Tercero, el proyecto de ley liberaliza la remisión de la
denominada publicidad directa en todos los ámbitos, que podría ser ámbito
reservado de acuerdo con el texto de la directiva. Y, finalmente, el
proyecto de ley liberaliza íntegramente la remisión de cualquier tipo de
correspondencia en cualquier ámbito si el precio excede de cinco veces el
montante de la tarifa pública correspondiente para los envíos ordinarios
de la primera escala de peso. Este criterio es también el de la directiva
comunitaria para contribuir a la definición de lo que puede ser el área
de reserva del operador público.
En conclusión, señorías, el proyecto es claramente liberalizador, da
definiciones precisas al ámbito liberalizado, definición precisa al
ámbito de reserva y, como no podía ser menos también, definición precisa
de algo que interesa, y mucho, a los ciudadanos, que es la definición del
servicio postal universal y la garantía de su prestación en debidas
condiciones.
En el artículo 15 del proyecto de ley se hace una definición del concepto
de servicio postal universal que es el que, en parte, viene obligado a
prestar el operador público, con la singularidad de que en el ámbito
español, incluso una parte de las diversas prestaciones que comprende el
servicio postal universal, se puede realizar en régimen de libre
concurrencia, es decir, que solamente una parte del servicio postal
universal queda reservado en régimen de monopolio al operador público.
El proyecto de ley incluye, en el ámbito del servicio postal universal,
los siguientes servicios. El servicio de
giro, la prestación ordinaria de servicios postales nacionales y
transfronterizos para envíos postales que incorporen una dirección
indicada por el remitente sobre el propio objeto o sobre su embalaje.
Puede tratarse de cartas y tarjetas postales que contengan comunicaciones
escritas en cualquier tipo de soporte de hasta dos kilogramos de peso y
paquetes postales, con o sin valor comercial, de hasta diez kilogramos de
peso. Hay una referencia explícita a la publicidad directa, a los libros,
catálogos, publicaciones periódicas, asi como los restantes objetos cuya
circulación no esté prohibida como envíos postales, que serán admitidos
para su envío en régimen de servicio postal universal, siempre que su
remisión se lleve a cabo con arreglo a algunas de las formas previstas en
el proyecto de ley.
La ley prevé dos instrumentos básicos para desarrollar el servico postal
universal y garantizar la prestación adecuada de los distintos servicios
postales. Esos dos intrumentos son: el plan nacional del servicio postal
universal, que habrá de contener necesariamente la evaluación de los
costes del servicio universal que han de prestar el operador público y en
la parte liberalizada cualesquiera otros operadores, habrá de prever la
forma de financiación del servicio postal unviersal y habrá de fijar los
criterios que debe recoger la aportación del Estado en los Presupuestos
Generales del Estado, en caso de que sea precisa. Y el segundo
instrumento que prevé el proyecto de ley es el fondo de compensación del
servicio postal universal. Para que este fondo pueda existir con
eficacia, es imprescindible que se proceda a la fijación del coste neto
del servicio postal universal. En estos momentos correos tiene en marcha
la preparación de su contabilidad analítica que permitirá deslindar
razonablemente cuáles son, en sentido estricto, los costes netos del
servicio universal que hoy presta el ente público empresarial. Por tanto,
estará en condiciones, a la luz de esa contabilidad analítica, de hacer
una aproximación razonable a lo que puede ser el coste neto del servicio
universal.
Para financiar la prestación del servicio universal, la ley asigna tres
tasas: la tasa stricto sensu de contribución a la financiación del
servicio universal, la tasa por el otorgamiento de las autorizaciones
administrativas singulares y la tasa por la expedición de certificaciones
registrales.
La carga financiera que llegue a tener el operador público y que no sea
susceptible de financiación o, con la financiación disponible, no sea
totalmente asequible para el operador público habrá de ir a los
Presupuestos Generales del Estado, pero irá en el marco de un contrato
programa que fijará objetivos, como es lógico, y que habrá de negociarse
cada dos años.
Señorías, éste es el proyecto de ley que hoy tengo el honor de presentar
a la Cámara, que forma parte de un proceso rápido que se inicia con la
Lofage, donde se prevé la posibilidad de un régimen jurídico singular
para el futuro ente público empresarial. Hoy ya está en el Boletín
Oficial del Estado el decreto que aprueba el estatuto del ente público
empresarial y en estos momentos está en marcha la preparación del ente
público para competir en un mercado plenamente liberalizado. De ahí la
puesta en marcha de un plan estratégico que tiene por objeto acentuar y
llevar hasta sus últimas consecuencias lo que es un planteamiento de
gestión empresarial del ente público empresarial que hoy existe,
denominado correos. Y yo debo decir que, así como en el ámbito
legislativo la situación era altamente deficiente, en los últimos años
hubo un notable progreso en lo que es la configuración de una gestión
empresarial en el ente público de correos. Esa gestión empresarial llevó
al organismo autónomo a un planteamiento mucho más eficiente en la
prestación del conjunto de servicios que correos debe prestar y puso en
marcha un proceso de modernización de la gestión y de los instrumentos
necesarios para una gestión moderna que yo tengo aquí hoy que reconocer.
La actual dirección del ente público empresarial recoge, continúa y lleva
hasta sus últimas consecuencias el planteamiento de una gestión
empresarial en el ente público, que es absolutamente imprescindible para
que correos pueda competir en un mercado plenamente liberalizado porque,
si no adoptamos estas medidas y si no se lleva a cabo una configuración
plena de empresas en la gestión de correos, difícilmente podrá aguantar
el embate de una liberalización plena que finalmente vendrá impuesta por
la legislación comunitaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas de totalidad:
dos de devolución y dos con texto alternativo. Las de devolución están
suscritas por el señor Rodríguez, del Grupo Mixto, y por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para la presentación de su enmienda, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el servicio universal con
prestaciones a costo asumible y calidad determinada es uno de los mínimos
exigidos por la Directiva Postal 97/67, de 15 de diciembre de 1997, de la
Comunidad Europea, directiva que establece que puede haber uno o varios
operadores del servicio postal universal en cada Estado miembro, pero no
dice para nada que estos principios que deben guiar la legislación básica
de un Estado no se puedan desarrollar a través de una legislación de
desarrollo de bases.
En este caso, el proyecto de ley que presenta el Gobierno se apoya en un
principio, a nuestro modo de ver, aparentemente justificado, pero que se
convierte
siempre en un ariete restrictivo a la hora de la gestión de los servicios
públicos en el Estado español, y es que, efectivamente, se hace uso de la
competencia exclusiva del Estado, tal como la establece la Constitución
española en el artículo 149.21, pero no se habla para nada de que la
misma Constitución puede delegar facultades, a través del artículo 150.
2, a las comunidades autónomas, lo que sin duda no está contemplado en
este texto legislativo ni de forma implícita ni mucho menos de forma
explícita, pero está claro que el Estado puede delegar o transferir,
mediante ley orgánica, éstas que se consideran competencias exclusivas
del Estado. En el caso de correos y telecomunicaciones, el Bloque
Nacionalista Galego piensa que es una de las materias que merecería esa
transferencia o delegación, sobre todo cuando no se contempla para nada
una forma de adjudicación clara del servicio postal universal, en su
totalidad y con carácter indefinido, al actual Organismo Autónomo Correos
y Telégrafos.
En este marco, el Bloque Nacionalista Galego quiere expresar su
preocupación por los peligros que puede haber para el servicio universal
con la libre concurrencia que el texto establece. En primer lugar,
pensamos que, en cuanto al correo urbano, se abre, por el terreno de la
autoprestación, una vía tremendamente amplia que va a debilitar
fundamentalmente al operador público y, por lo tanto, a su capacidad
financiera. El proyecto de ley debería ser más restrictivo en esta
cuestión.
En segundo lugar, cuando se va a jugar con un tema tan importante como
las telecomunicaciones, y en concreto el correo, las autorizaciones
administrativas deberían ser más exigentes para los operadores privados
y, desde luego, muchísimo más exigentes cuando hay en juego un derecho
constitucional fundamental, como es la garantía de secreto de las
telecomunicaciones. En todo caso, se debería definir mejor lo que es un
operador postal porque, tal como está la ley, cualquier persona jurídica
o física puede convertirse en operador postal. Pensamos asimismo que las
actuaciones de las juntas arbitrales deberían ser más amplias y deberían
actuar tanto en los servicios reservados como en los no reservados. La
ley tampoco es nada exigente a la hora de las inscripciones en el
registro, en las que debería figurar el cumplimiento de todos los
requisitos establecidos por la ley. Estas garantías del solicitante del
operador privado siempre deberían formalizarse a través de la forma de
sociedades mercantiles, para que esas autorizaciones pudiesen ser
efectivas. No nos agrada en absoluto --es curioso que la exposición de
motivos acusase a la legislación anterior de ser errática, excesivamente
amplia o contradictoria-- que la propia ley hable de que se pueda
modificar por decreto la delimitación del servicio postal universal, lo
cual abre vías muy peligrosas para este servicio público. Desde el punto
de vista de un país como Galicia, pensamos que es mucho menos de recibo
que por vía reglamentaria se puedan establecer no sólo casos especiales,
sino casos especiales que llegan a ser excepcionalidades. Me explico. No
se puede abrir la vía reglamentaria a que por el lugar de residencia se
llegue a no ofertar el servicio público universal en las debidas
condiciones de igualdad. En concreto, con este proyecto de ley no está
garantizado que un país como Galicia, con su estructura demográfica y su
estructura de hábitat --cabe recordar que tiene el 30 por ciento de los
carteros rurales de todo el Estado-, no se vaya a convertir en una
excepcionalidad permanente, donde el correo se reciba solamente una vez a
la semana o, incluso, donde los usuarios tengan que ir a recoger el
correo a las oficinas que se consideren más próximas, sin duda a varios
kilómetros de distancia. En este tipo de arbitrariedad o de amplitud de
casos que contempla la ley, sin rigor suficiente para el servicio
universal, está también una diferencia no justificada conceptualmente
entre usuarios y clientes.
Señorías, pensamos --y creo que el señor ministro lo dejó claro-- que el
mercado de correos en el Estado español es actualmente el más
liberalizado de todos los de la Unión Europea y parece ser, si mis datos
no son erróneos, que el mercado de productos urgentes está en un 89 por
ciento en manos de empresas transnacionales. No vamos a hablar de todo
aquello que está en manos de empresas, muchas de ellas de economía
sumergida, que no es objeto de debate en este momento, pero es curioso
que la ley --no se sabe si por error o simplemente por una manipulación
interesada-- hable de reservar al monopolio cartas o tarjetas
interurbanas postales de menos de 350 gramos. Como digo, no sabemos si se
trata de un error o de una manipulación, pero el resultado final es que
prácticamente se recorta el monopolio hasta las que tienen 200 gramos.
Está claro que si tomamos la primera escala de peso, que son 35 pesetas,
y multiplicamos por cinco, salen 175 pesetas, que sería el precio que
cobraría un operador privado por realizar este envío de cartas o tarjetas
interurbanas de menos de 350 gramos, y el operador público tendría que
cobrar 225 pesetas con las tarifas actuales. Esto es un error, es una vía
de agua que se le mete al propio prestador del monopolio oficial y
público.
En definitiva, habría que ser más exigentes en las responsabilidades de
los operadores en general en cuanto a los envíos. Está bien que solamente
se indemnicen si están certificados y, por tanto, claramente controlados,
pero no se puede decir que no hay ninguna responsabilidad en el envío por
parte de los operadores de cualquier clase de paquete, tarjeta o envío
postal. Si al operador público, siendo una entidad empresarial, se le va
a exigir transparencia contable, no sabemos por qué razón no hay que
exigírsela exactamente igual a los operadores privados en el caso de
servicio universal. También es cierto que, si se va a financiar el
servicio público con el Fondo de Compensación,
habría que ser más exigentes a la hora de cobrar tasas a los operadores
privados, que precisamente van a aprovecharse de los segmentos más
sustanciosos del mercado de correos. No es posible que estos operadores
privados, que están en los segmentos más suculentos, solamente vayan a
mantener el 20 por ciento del déficit del servicio público postal.
Desde una perspectiva nacionalista, nos llama la atención que el proyecto
de ley no haga ninguna alusión a las comunidades autónomas, cuando menos
en los títulos IV y V.
Por todo esto, y resumiendo, pensamos que el proyecto de ley no garantiza
la igualdad de trato para los ciudadanos y los territorios; abre la
posibilidad de recortar el derecho universal a capricho; posibilita que
si no hay un operador público muy agresivo y claramente protegido
políticamente, y no infiltrado por intereses privados, haya un progresivo
desmantelamiento del ente público empresarial, que quedará reducido a lo
que no es negocio y en condiciones precarias y, por tanto, erosiona a
medio y largo plazo el servicio postal universal, porque el operador
público no tiene garantizado un equilibrio financiero suficiente. En
consecuencia, pensamos que éste debía seguir siendo un organismo público
sometido a debate y a control parlamentario y dependiente de los
Presupuestos del Estado.
En definitiva, señorías, la ley mantiene tantos aspectos básicos y
fundamentales sin definir que seguimos estando en un terreno abiertamente
peligroso, en unas condiciones que, como dije antes, están, por lo menos
en los servicios urgentes y en todos aquellos segmentos del mercado que
tienen una importancia económica fundamental, prácticamente controladas
por las multinacionales y no entendemos por qué una ley tan abierta a los
operadores privados es tan cicatera con la descentralización de la
gestión del servicio del operador público a través de las comunidades
autónomas que posibilita el artículo 150.2 de la Constitución española.
Por todo esto, vamos a pedir la devolución del proyecto de ley al
Gobierno, aunque, si sale adelante, en el proceso posterior presentemos
numerosas enmiendas, con el fin de mejorarlo en el sentido indicado por
nuestra filosofía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda de totalidad, de devolución, presentada
por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro
Antonio Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida viene al debate de este proyecto
de ley del servicio postal universal y la liberalización de servicios
postales con dos objetivos: uno, intentar influir en este proyecto para
que sea útil a la realidad del servicio postal de nuestro país, con la
multiplicidad que tiene, y otro, que pueda hacerse con recursos
suficientes y tecnología moderna para que de partida no se dé por cerrada
la realidad que ha venido funcionando al vender una idea para el futuro
centrada exclusivamente en la liberalización del mercado, entendiendo que
el mercado va a ajustar o a luchar por sacar rentabilidad y obtener
beneficios, lo que va garantizar algo que para nuestro grupo es básico,
que es entender el servicio postal como un servicio público y de carácter
social.
Lo más rentable es la crema que está en el corazón de las ciudades, pero
llevar este servicio a zonas rurales, a sitios descentralizados cuesta
más dinero y a lo mejor el servicio no tiene la periodicidad y la calidad
que debería tener y ahí no van a ir a competir. Por tanto, si descremamos
lo rentable y dejamos lo universalizado, lo malo, para que lo paguemos
con los presupuestos generales, estaremos haciendo un flaco servicio a
las necesidades de nuestro país.
Esta es una ley necesaria porque en nuestro país tenemos un proceso
suficientemente liberalizado desde 1969. Ahora que tanto se habla de
Europa y que tenemos una directiva que seguir, sería bueno que miráramos
cómo funciona allí, de qué manera se está actuando, ya que nuestro país
tiene una desregularización muy superior a la de cualquier país europeo y
está aceptado por todos. En Inglaterra, en Alemania y en Francia el
sistema postal tiene una regulación que no tenemos aquí. Por tanto, la
situación de nuestra realidad postal necesita regular, definir un
servicio universal, ver cómo se puede ir a la prestación de ese servicio
postal desde la óptica del interés general, sin que eso quiera decir
--quiero reconocérselo a ustedes-- que nuestra posición sea una posición
dogmatizada sobre si se debe liberalizar una parte, si se debe facilitar
lo que hoy es la realidad del servicio postal, un negocio de 375.000
millones de pesetas y unos cien mil empleados, que tiene una distribución
de 60.000 en manos del operador público y 40.000 en la multiplicidad
privada. El problema no es si hay que buscar que esos 40.000 pasen a ser
60.000 y que el operador público pierda su realidad actual para ir
reduciéndose. Desde luego, yo no lo entendería así. La realidad demanda
que el proyecto de ley obedezca a esta necesidad que tenemos hoy.
Decía al principio que, junto con este objetivo de entender esta ley como
necesaria y de influir en ella, quisiera salir del dramatismo de la
correlación de fuerzas que hay ahora mismo, y me gustaría que el Gobierno
entendiera que estamos ante un elemento básico de la población, un
servicio público de carácter social, como dice el documento que este
incipiente consejo social ha emitido sobre el carácter público del correo
español.
Abordamos la elaboración de las leyes con fatalismo, y pensamos que el
Gobierno, con las negociaciones que haya llevado a cabo, ha elaborado un
borrador
que ha pasado por todos los trámites, ahora lo trae al Congreso y sólo
queda ver qué dicen los socios. Me rebelo ante la idea de que el Gobierno
para sacar adelante este proyecto esté pendiente de la manera que lo
entienden los socios que le pueden apoyar. No compartimos la filosofía de
que en el trámite parlamentario pueda empeorar y se agudice el concepto
liberalizador por falta de apoyo al Gobierno del socio que le da la
posibilidad de sacar adelante este proyecto de ley.
Me gustaría que el Gobierno, mirando la composición de la Cámara y
pensando en la realidad de todo el país, buscara un amplio consenso, un
amplio diálogo con todas las fuerzas para que fuese el proyecto de toda
la realidad y no buscara un apoyo más o menos coyuntural. Si usted saca
de aquí, señor ministro, una ley cimentada en el apoyo al Gobierno, es
decir, condicionada en el trámite parlamentario por lo que Convergència i
Unió piensa de este proyecto, desde luego, está haciendo un mal servicio
a lo que es el servicio postal y a la necesidad de continuidad de este
proyecto. ¿Por qué? Porque no puede ser que el objetivo de este proyecto
sea liberalizar más de lo que hay aquí, diciendo que el servicio
universal es liberalizado de partida. El proyecto ya reconoce que se
pueda liberalizar, lo que pasa es que dice que excepcionalmente se podrá
autorizar. Si el centro de la discusión en la Cámara va a ser que lo que
pudiéramos llamar la correspondencia interurbana de negocio esté en manos
de un operador privado o en manos privadas, desde luego, eso no lo dice
la directiva y el proyecto de ley ya no recoge el volumen de todas las
posibilidades que el servicio universal debería tener reservado para sí.
El propio ministro ha dicho que va más allá de lo que la propia directiva
recoge. Si la discusión parlamentaria es ésa, habrá una confrontación
porque, además de la discusión que haya aquí, tiene que haber una
discusión con los agentes sociales, UGT y Comisiones, con los usuarios y
con las fuerzas políticas de esta Cámara. Yo invitaría a que, en el
trámite parlamentario, la voluntad de influir en la ley para tirar hacia
otro lado diferente, sea tenida en cuenta a la hora de buscar la
discusión parlamentaria.
La realidad que tenemos en Europa es fuertemente contrastable con la
nuestra. Si miramos un cuadro sobre el número de empleados que tiene el
operador público, si observamos las oficinas, los buzones, los apartados,
los envíos que hay por habitante, vemos que la realidad que tiene España
en relación con otros países es muy limitada.
Por ello, deberíamos garantizar que la discusión se centrara en la
realidad actual para modernizarla, hacerla competente, posibilitar que
pueda tener una garantía, una estabilidad, un contrato-programa real con
capacidad de financiación, con aportación de los agentes privados que se
benefician de la realidad de ese servicio universalizado. El proyecto
tiene dos grandes limitaciones con relación a la directiva. Una de ellas
es el no recoger todas las garantías que el servicio postal universal
debería tener, como capacidad de prestar servicio, ya que hay cosas que
quedan excluidas de ese operador universal, como es el fondo de
compensación. Un fondo de compensación de un uno por mil, que si miramos
toda la unidad de negocio sería de unos 16 millones de pesetas, no va a
condicionar en adelante la capacidad de actuar, porque las necesidades
que tiene el servicio público para que en el año 2000 esté en condiciones
de competir pueden estar en torno a los 80.000 ó 90.000 millones de
pesetas. La realidad europea no nos demanda que vayamos más allá de lo
que podemos estar discutiendo hoy. Por tanto, no es un objetivo
prioritario para el Grupo de Izquierda Unida.
Por consiguiente, yo iría a superar lo que ha sido la evolución inicial.
La Lofage no ha sido un buen ejemplo en la tramitación de este servicio,
y no lo ha sido fundamentalmente por lo que usted ha venido a decir hoy.
El Gobierno ya tiene un decreto que regula el estatuto, si se hubiese
cumplido bien, esta Cámara hubiera discutido un estatuto junto con la
definición de entidad pública empresarial. Esa es una de las grandes
limitaciones que le encontramos al proyecto de ley. Ustedes definen en
todo este proyecto una serie de cuestiones que van a quedar supeditadas a
la regulación posterior del Gobierno. No estoy pidiendo una ley que sea
una sucesión de reglamentos, pero una ley que deja supeditados a una
regulación posterior los mecanismos de control e inspección, todo lo que
son los requisitos y condiciones para acceder al mercado, todo lo que son
las condiciones de autoprestación, si todo eso queda supeditado a una
regulación posterior, al ministro que tengamos de turno, a la situación
que tengamos en lugar de discutirlo aquí, significa que el proyecto tiene
un déficit de control, de conocimiento y de seguimiento parlamentario.
Además de con ese alejamiento de determinados controles democráticos, nos
encontramos con que el proyecto no recoge o no especifica cuestiones que
es necesario recoger. Por ejemplo, cuando uno solicita una prestación
determinada debe explicar cuál es el plan de servicios y redes, cuál es
la cobertura geográfica de los mismos, cuáles son las tarifas, cuáles son
los precios, la capacidad técnica y económica que tiene para
desarrollarlo, en suma, cómo lo va a poner en marcha en todo el
territorio, porque no se puede conceder un servicio a una entidad, a una
empresa, sin conocer cómo lo va a prestar en cada una de las comunidades,
en cada uno de los territorios y en qué condiciones.
Por eso, entendemos que puede ser válida cualquiera de las discusiones.
El Grupo Socialista ha puesto encima de la mesa un texto alternativo, que
además empieza con una definición del objetivo de la propia ley...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
... que además recoge el tema de la participación de usuarios y
consumidores, que además tiene una articulación en temas fundamentales,
que recoge la idea y el esqueleto de lo que hay, pero lo ordena bajo
otras prioridades. Nos puede servir ese texto, nos puede servir el texto
del Gobierno. Nosotros proponemos su reelaboración, devolver al Gobierno
el proyecto, fundamentalmente para conseguir dos cosas: una, mayor
diálogo entre las fuerzas políticas con criterio --nosotros hemos
presentado siete u ocho elementos para una mejor precisión del proyecto
de ley-- y otra, facilitar una cuestión a la que también se refería este
incipiente consejo social, compuesto por cuatro entidades que, junto con
UGT y otros sindicatos, han venido aportando opiniones. Yo creo que
facilitaría esta cuestión el poner en marcha un debate social de la
realidad que tenemos, de la realidad que queremos construir, no cimentado
sobre la presión del lobby que va a obtener beneficio en al gestión de
este servicio. Los procesos de asemejarnos a Europa no deben estar
condicionados por ese pulso. El pulso de la sociedad y la necesidad de la
sociedad debe primar tanto o más que una voluntad determinada. Por eso,
cuando decimos que hay que devolverlo al Gobierno para reelaborarlo, no
es nuestro objetivo dilatar en el tiempo el que no tengamos encima de la
mesa una regulación, sino que entendemos que hay elementos positivos en
la propuesta del Gobierno que son mejorables. Hemos presentado unas 60
enmiendas, otros grupos han preferido con esas enmiendas particulares
hacer un texto articulado definitivo, me parece razonable cualquier
propuesta.
Nosotros hemos propuesto ocho elementos --y con esto termino, señor
presidente-- que compondrían los criterios que debería recoger una nueva
proposición, un nuevo proyecto del Gobierno o una propuesta más amplia de
regulación del servicio postal: Primero, una definición nítida del
concepto de autoprestación. Segundo, una clarificación del concepto de
servicio universal. Tercero, mejora sustancial en lo que pudiéramos
llamar modelo de financiación del operador público postal. Si no hay
nitidez y seguridad en esa financiación, estamos descomponiendo lo que
hay para un pretendido beneficio futuro. Cuarto, regulación por ley de la
composición del consejo asesor postal. Quinto, regulación más precisa de
todas las materias que están aplazándose a regulación posterior o a
desarrollo, sin que esto quiera decir que lo hagamos totalmente
reglamentario. Sexto, salvaguardar el sector público. No ir a la
descomposición del sector público en este proceso de relación europea.
Séptimo, un contrato-programa de verdad, no un contrato-programa de
declaración, con objetivos, con recursos posibles. Y por último, llevar a
cabo toda una serie importante de inversiones dentro del propio operador
público.
Por tanto, este objetivo de Izquierda Unida en realidad yo lo resumiría
en tres: influir en la ley, ampliar la prestación universal y los
mecanismos de financiación, y aplicar un proceso de liberalización mucho
más lento o restringido o por lo menos con capacidad del operador público
y del servicio y el carácter público de esta prestación. Entonces, al
final del debate, estaríamos en disposición de tener una posición
diferente a la que hoy tenemos, que de partida es de devolución al
Gobierno y de enmienda a la totalidad. Si esta evolución es positiva, el
final del proceso podrá tener un resultado diferente, si no lo es, pues
estaremos consolidando cada uno nuestras posiciones cuando de partida no
hay una discusión ideologizada, aunque sí una voluntad de aportar ideas,
porque muchas veces es tan ideologizado o dogmático el que dice que la
liberalización y el mercado lo arregla todo, como el que dice que lo
público lo arregla todo. Para evitar eso, juntemos voluntades que hagan
una realidad más positiva y más rentable para los españoles.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Procede ahora la defensa de las enmiendas de totalidad de texto
alternativo. En primer lugar, la del Grupo Socialista, que será defendida
por el diputado don Víctor Morlán.
El señor Morlán tiene la palabra.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Al Grupo Socialista, señor ministro, no le gusta este proyecto que ha
presentado hace un momento. A la vista del contenido del mismo, no
pretende sólo su devolución para que lo reelabore, lo reflexione y lo
piense, sino que plantea a la consideración de la Cámara un texto
alternativo que recoge la manera como entendemos que ha de ser tratada la
gestión del correo en España, no sólo desde la perspectiva de un servicio
público reservado en parte al Estado, reconocido como tal en nuestra
Constitución, sino también por la repercusión que para los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país tiene el modelo de servicio postal que
definamos en nuestras leyes a partir del marco que fijemos con este
proyecto de ley.
¿Por qué presentamos una enmienda de texto alternativo? ¿Es oportuna?
Pues mire, señor ministro, yo creo sinceramente que sí, después de esa
aseveración que usted ha hecho diciendo que era un proyecto claramente
liberalizador, tras reconocer que España es el país más liberalizado, es
decir, todo ya; no les es bastante con lo que estaba alegalmente
establecido, por decirlo de alguna manera, o desregulado, sino que lo que
plantean es que esta liberalización sea absoluta.
Las decisiones comunitarias que últimamente se han adoptado han llevado a
que ustedes presentaran este proyecto de ley, y estas mismas decisiones,
las de la Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para
el desarrollo interior de los servicios postales en la Comunidad y la
mejora de la calidad del servicio, son las que nos han motivado a
presentar este texto alternativo. Es curioso que, cuando la raíz de ambas
es la misma, tengamos esas diferencias tan insalvables, que me gustaría
que no lo fueran, porque indudablemente
--es la tesis que ha planteado el señor Ríos-- nos gustaría que
hubiera una ley de servicios postales que fuera fruto del acuerdo, ya que
entendemos que la situación en España es muy compleja. Frente a un texto
--que posiblemente ustedes saquen de esta Cámara con el apoyo de
Convergència i Unió-- más liberalizador de lo que actualmente existe en
España, nosotros planteamos otro texto con una zona reservada algo mayor
de la que hay en estos momentos en este país.
Desde luego, sí le puedo decir que nuestro texto no es inflexible, es
reflexionable, es discutible; en nuestras enmiendas podemos llegar
perfectamente a algún tipo de entendimiento, porque creo que el servicio
postal tiene que tener una regulación adecuada a lo que es la situación
de España y en consonancia con lo que se plantea en la Unión Europea,
pero el texto que usted presenta hoy no nos convence por varias razones.
La primera de estas razones es porque traslada los criterios de la
directiva comunitaria de forma parcial, de forma incorrecta y de forma
discriminatoria. La directiva plantea un mercado postal, a nivel de la
Unión Europea, en el que, además de distinguir entre el servicio postal
universal y el resto de los servicios postales, incluyendo en aquél la
correspondencia de hasta dos kilos y la paquetería hasta 20 kilogramos,
diferencia dos tipos de mercado de ámbito nacional, dentro del servicio
universal, en razón al peso y al precio, y también diferencia los envíos
postales de hasta 350 gramos y los de más de 350 gramos.
El proyecto de ley del Gobierno respeta la directiva cuando traspone el
límite de peso y precio del servicio postal universal, pero no lo hace
cuando se trata de limitar el segmento reservado; aquí introduce un
criterio terrritorial distinguiendo entre urbano e interurbano, y no lo
hace cuando se trata de limitar el segmento reservado. No aporta ningún
tipo de definición sobre aquello a lo que nos estamos refiriendo, el
proyecto de ley no nos dice cuál es el correo urbano y cuál es el
interurbano. Por mucho que entienda que esa definición ya está dada por
sí misma en la gestión diaria, es cierto que un proyecto de ley debería
contemplar qué entienden ustedes, puesto que lo diferencian, por correo
urbano y por correo interurbano.
¿Cuál es la realidad que aparece tras esta estructura de servicio postal?
Yo creo que puede haber tantos mercados postales como ciudades o pueblos
existan, cada uno con sus precios, sin ningún tipo de control y que
traerá consigo la existencia de al menos dos clases de usuarios: los que
residen en aquellas ciudades en las que el volumen de negocio postal es
importante y la competencia es mayor, y los que residen en aquellas otras
ciudades o zonas rurales que no interesan a los operadores privados
porque no hay negocio, por lo que quedan para el operador público.
La directiva comunitaria impone, como usted sabe, obligaciones de
servicio universal a todo el territorio, de forma permanente y a precios
asequibles a los que operen en el segmento no reservado al servicio
universal. El proyecto de ley, con la introducción del criterio
geográfico, hace imposible que al que opere en cualquier localidad se le
pueda obligar a prestar el servicio universal.
Un segundo aspecto de crítica que también formulamos respecto al proyecto
es que este modelo de segmentación del mercado supone una liberalización
total de los servicios postales. La división territorial entre urbano e
interurbano, la posibilidad reconocida al Gobierno --que usted también ha
planteado aquí-- de reducir el ámbito de los servicios reservados
mediante real decreto o la excepcionalidad reconocida en el régimen
transitorio de entrar en el segmento del mercado interurbano y la
posibilidad de acceder al segmento reservado en determinadas condiciones
económicas, hacen que de facto quede consolidada la liberalización total
de los servicios postales en general. ¿Y quién sale perjudicado? Aquí no
se trata solamente de las apetencias que tenga un sector privado de
correos o un grupo político, sino de ver en qué situación quedan los
usuarios, los consumidores, aquel que recibe las cartas y aquel que las
quiere mandar.
Desde nuestro punto de vista, los primeros que pierden son los
ciudadanos. Los ciudadanos pierden su derecho a un servicio público de
correos eficiente, de calidad y a un precio asequible. Se crean
ciudadanos de primera, los de las grandes ciudades, los que tienen
posibilidad de tener un servicio de correos liberalizado y en
competencia, y ciudadanos de segunda, que son los que van a ver cómo un
servicio postal universal que tiene que prestar una entidad pública como
es correos y telégrafos ve mermada su capacidad porque está afectado su
sistema de financiación, su sistema de mantenimiento de los edificios y
de sus plantillas, es decir, están afectados todos aquellos elementos que
tienen que ver con el funcionamiento correcto de un adecuado servicio
postal universal.
En tercer lugar, ustedes condenan al operador público o bien a un déficit
permanente o a una subida continuada y desmesurada en el precio de los
servicios para los sectores más débiles de la sociedad, es decir, para
los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas. Y en este nuevo marco
jurídico en el que el mercado urbano de correspondencia se liberaliza es
cuestión de tiempo que las estrategias privadas comerciales echen del
mercado al operador público, pues tiene que atender a sus obligaciones de
servicio universal, y eso es muy complicado que se le pueda exigir en las
mismas condiciones o con las mismas garantías que a los operadores
privados.
Nosotros opinamos que el proyecto de ley posibilita la inviabilidad
económica y estructural de correos y telégrafos a corto y a largo plazo.
El aumento del 60 por ciento en las tarifas postales que ustedes han
llevado a cabo recientemente no va a mejorar la situación financiera del
correo a medio plazo y, desde luego, eso no repercute en los consumidores
personales y las pyme, ni tampoco en las grandes empresas, que sí salen
beneficiadas porque acceden a un tipo de disminución en función del
número de envíos que acuerdan con correos para llevarlo a cabo a través
de su servicio universal. Pero aquel que quiere mandar una carta tendrá
que pagar los precios que ustedes han aprobado con estas nuevas tarifas
postales.
Correos tiene, desde nuestro punto de vista, un déficit estructural de
20.000 ó 30.000 millones de pesetas. ¿Quién va a poner a disposición del
operador público el dinero para nuevas actividades y nuevos ingresos? ¿A
través del Fondo de Compensación, como decía el señor Ríos, que creo que
son 16 millones de pesetas los que va a aportar como no se mejoren los
porcentajes? ¿A través de esas fórmulas que ustedes plantean en el
contrato-programa? ¿A través de ese plan estratégico que todavía
desconocemos? Entendemos que con este proyecto de ley la situación
financiera de correos va en un descenso progresivo.
Hay una cuarta razón que nos obliga a presentar el texto alternativo, y
es que ustedes posibilitan el inicial desmantelamiento de la red postal
pública y amenazan su actual nivel de empleo. Correos tiene 65.000
trabajadores, una red de 1.700 oficinas fijas, 60.000 buzones en toda
España, y la liberalización que ustedes proponen supone, en nuestra
opinión, una importante reducción del número de envíos, por tanto, menos
utilización de sus redes de distribución y recogida, menos necesidad de
personal y el desmantelamiento de instalaciones, no a las nuevas
contrataciones de personal y a la cobertura de vacantes, sí a la
movilidad funcional, sí a las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas
y sí a transferencias a otras administraciones. Si este es el panorama
que ofrecen a la entidad pública empresarial, que han aprobado y cuyo
reglamento han publicado recientemente, me imagino que están haciendo un
flaco favor a lo que es un servicio público que durante los últimos
tiempos, como usted ha reconocido, ha mejorado sustancialmente su
posición.
En quinto lugar, nosotros entendemos que pone en cuestión el
mantenimiento del propio servicio postal universal. Si hay daño económico
al operador público, que es seguro que lo va a haber, y a su red de
distribución universal, está asegurado que el daño se traslada al
servicio postal universal, quiéranlo ustedes o no. Es la consecuencia
lógica de abrir a la competencia toda la correspondencia, bien por la vía
de la regulación normal, como se establece en algunos apartados del
proyecto de ley, o bien por la vía de la excepción, como se establece en
la disposición transitoria primera.
La última de estas razones es que incrementa las desigualdades entre los
ciudadanos. En el Estado español hay 8.000 municipios. Según los datos
que ustedes tienen existen 57.000 núcleos o poblaciones de menos de 1.000
habitantes. ¿De verdad me pueden decir que en un correo liberalizado y en
gran parte privatizado, como va a suceder, los ciudadanos y ciudadanas de
esas 57.000 poblaciones, en principio, o de esas ciudades de menos de
20.000, 30.000 ó 40.000 habitantes van a tener, en precio y en calidad,
los mismos derechos y posibilidades que los ciudadanos de las grandes
ciudades? Yo sinceramente no me lo creo. ¿De verdad van a conseguir
ustedes que el servicio postal universal sea prestado por los operadores
privados en estas 57.000 localidades? O hay un esfuerzo importante de
gestión, de unidad de todas las empresas privadas en un segundo operador,
o veo muy complicado que haya alguna empresa privada que se dedique a
compatibilizar la prestación de su servicio postal urbano, de carácter
local, con el servicio postal en otros pueblos y en otras ciudades que
desde luego no ofrecen una rentabilidad económica como la que se ofrece
en las grandes ciudades.
Todo ello, señorías, nos lleva a que nuestro texto alternativo pretenda
los siguientes objetivos, y voy a ir acabando, señor presidente, porque
veo que tengo la luz roja. En principio, ratificar y garantizar la
existencia de un servicio postal universal, parte de él atribuido al
operador público y parte a que se gestione en concurrencia, como se
reconoce y se recoge en nuestro propio texto.
En segundo lugar, que ese servicio postal universal sea eficiente, de
calidad y a un precio asequible, con lo cual, y salvo mejores criterios,
la fórmula que nosotros ofrecemos de financiación del servicio postal es
una fórmula que, desde nuestro punto de vista, perfectamente cumple con
las finalidades que surgen de este objetivo que planteamos.
En tercer lugar, queremos evitar la dualización de la sociedad. No
queremos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en cuanto a la
recepción de un correo, de un servicio postal universal, porque van a
tener dificultades los unos más que los otros en cuanto a la emisión y a
la recepción de envíos postales. Queremos que los ciudadanos sepan cuales
son sus derechos, que sepan cómo funciona un servicio postal universal;
queremos que por el proyecto de ley, como viene recogido en nuestro texto
alternativo, los usuarios sepan qué es lo que se están jugando dentro de
un servicio público como éste, qué garantías tienen, ante quién tienen
que reclamar o a qué tipo de compensaciones o indemnizaciones tienen
derecho cuando el servicio no funcione.
Señorías, buscamos ordenar un sector cuya liberalización salvaje se
plantea en el texto del proyecto de ley del Gobierno, y me da la
impresión de que va a ser todavía mayor, con algunas enmiendas que
posiblemente
se acepten respecto a que esta liberalización sea más rápida y que al
correo interurbano tengan acceso algunos operadores privados por diversas
circunstancias o en determinadas condiciones que lo que hacen es
facilitar el que el operador público pierda competencia, pierda mercado y
pierda ingresos.
Pretendemos que se elabore un plan de prestación del servicio postal, y
ustedes también lo plantean, lo que pasa es que las condiciones que
nosotros ofrecemos, el contenido de ese plan, la fórmula de financiación
de dicho plan tiene más que ver con un interés general y no con intereses
que afectan a sectores privados.
Queremos que se delimiten mejor la composición y funciones del Consejo
Asesor Postal. Queremos que el ente público empresarial correos y
telégrafos mantenga e incremente su nivel de atención y eficiencia hacia
los usuarios; no nos gusta el régimen de autoprestación que ustedes han
planteado. Nosotros queremos, señor presidente, que este servicio postal
universal sea un servicio que esté perfectamente ordenado y sistematizado
(yo le agradezco al señor Ríos que haya reconocido que nuestro texto, al
menos, tiene una estructura bastante más adecuada que la que ustedes
plantean), y definimos en diversas capas lo que son los servicios
postales. Decimos qué son servicios postales en general y qué son envíos
postales; decimos qué servicios postales y qué envíos postales tienen que
estar regulados por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y qué
servicios postales tienen que estar regulados por esta ley; definimos
cuáles son los servicios postales universales y, dentro de ellos, cuáles
son los reservados y los no reservados; definimos qué tipo de título
habilitante tiene que permitir que se acceda a la gestión de estos
servicios, y lo hacemos, desde luego, con un escrupuloso respeto a lo que
dice la directiva comunitaria.
Deseamos, en fin, garantizar en todo momento que existe un derecho de los
ciudadanos a tener un servicio postal que haga frente a todas sus
necesidades. Y, por supuesto, lo que sí planteamos es que las empresas
que van a prestar estos servicios queden registradas, pero no
solamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, usted mismo ha advertido al Pleno que
iba a terminar por haber superado con creces su tiempo. Le ruego que lo
haga.
El señor MORLAN GRACIA: Acabo ahora mismo, señor presidente. Muchas
gracias.
Señorías, señor ministro, queremos que exista un registro de empresas,
pero de todas, no sólo de las empresas que no tienen nada que ver con el
servicio reservado; queremos que ese registro sea general.
En definitiva, planteamos un esquema de marco jurídico de correos que no
suponga, en absoluto, lo que supone el esquema que ustedes ofrecen. El
Partido Socialista no quiere participar en modo alguno en el entierro de
un servicio público, y desde luego, como sigan las cosas así, no les
acompañamos en el baile del canto del cisne. Preferimos que bailen
ustedes solos y a nosotros nos dejen con un texto que entendemos defiende
los intereses generales y no los intereses particulares.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Resta por presentar al Pleno la enmienda de texto alternativo que, dentro
del Grupo Parlamentario Mixto, han suscrito los señores Saura y Peralta.
Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, los diputados y diputadas de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds hemos planteado una enmienda
a la totalidad con texto alternativo. Nosotros consideramos positivo que
el Gobierno --como ha dicho el señor ministro-- presente una iniciativa
para ordenar el sector, y al mismo tiempo nos parece que el texto del
Gobierno puede ser una estructura sobre la que negociar, pero
consideramos que hay aspectos profundos de este texto que hay que
cambiar.
Pensamos que los tres grandes retos de este proyecto de ley deben ser, en
primer lugar, garantizar el derecho de los ciudadanos a tener unas
comunicaciones postales asequibles y accesibles; el segundo, tratar de
conseguir un correo público eficaz, eficiente y competitivo, y el tercero
debería ser ordenar el mercado de forma equilibrada entre los sectores
privados y los sectores públicos.
Hay que hacer todo esto partiendo de la realidad, y yo quisiera destacar
dos aspectos de esa realidad del mercado postal; uno ha sido citado
ampliamente. El correo público español tiene una debilidad estructural
importantísima para hacer frente a los retos de competitividad del
futuro; debilidad producida por una liberalización excesiva que se
produjo en los años sesenta (cuando, como ustedes saben, la parte más
rentable del mercado postal se liberalizó), pero además por otra razón,
por el hecho de que ha habido una constante insuficiencia de inversión
pública en este sector. Esta es una parte de la realidad. Tenemos un
correo público que hoy padece una insuficiencia estructural para poder
enfrentarse a lo que va a ser la necesidad de competir en el futuro.
La segunda parte de la realidad se ha citado menos, aunque alguna
referencia se ha hecho. La segunda parte de la realidad es que en Europa,
y también en España, hay unas fuertes presiones que ejercen las
multinacionales para acelerar el proceso de liberalización, para que todo
este mercado caiga en manos del
sector privado. Pensamos que la ley definitiva que se apruebe en este
Congreso ha de combinar, ha de diseñar políticas que de alguna manera
tengan en cuenta la naturaleza pública de este servicio y que, al tiempo,
contemplen la necesidad de competir. Y todo esto en el marco de lo que
nos dice la directiva postal europea aprobada recientemente que, como
ustedes saben, traza en el horizonte dos etapas: una etapa de
liberalización gradual y una etapa de liberalización total. Pensamos que
el proyecto de ley, cuando traduce, cuando traslada los grandes
principios básicos de esta directiva a la legislación española, no lo
hace adecuadamente, lo hace de forma restrictiva; no establece mecanismos
de financiación adecuados y regula el mercado de forma desequilibrada.
En síntesis, señor ministro, la razón de fondo de nuestra enmienda a la
totalidad con texto alternativo reside en que, a pesar de que usted ha
dicho aquí hoy --y nosotros nos alegramos-- que posiblemente el reto más
importante de este proyecto de ley es hacer competitivo el sector público
en el futuro, a pesar de que usted hoy ha dicho aquí esto de lo que nos
alegramos, creemos que el proyecto de ley no articula medidas que, en
definitiva, garanticen lo que usted ha dicho que es su objetivo. En este
proyecto de ley existe una liberalización excesiva y acelerada y no tiene
sentido --yo creo que usted también lo ha insinuado-- seguir avanzando en
una liberalización como primer objetivo cuando precisamente el reto del
servicio postal español hoy es fortalecer al operador público.
Ya a estas alturas del debate hay una cuestión política relevante, y es
que usted tiene la oportunidad de sacar una ley con un gran consenso en
esta Cámara. Todos los anteriores portavoces le han venido a decir que
este es un proyecto de ley que entra sin un texto acabado, que entra con
incertidumbres y que entra parlamentariamente de forma inestable, un
texto sobre el que se pueden construir unas u otras mayorías. También
quiero decirle que estamos dispuestos a entrar en un consenso que permita
que esta ley salga por una amplia mayoría en la línea del objetivo que
usted apuntaba. En ningún momento en la línea que otros grupos --en
concreto Convergència i Unió-- nos han avanzado, que precisamente en
contra de la realidad española, en contra del principal problema del
servicio postal, pretenden coincidir --en este caso coinciden,
seguramente de forma inconsciente-- con lo que hoy son los grandes
intereses de las empresas multinacionales, que lo que quieren
fundamentalmente es producir una ruptura total del servicio público
español.
¿Cuáles son las críticas de fondo y sobre qué áreas se debería establecer
un diálogo que permitiera este amplio consenso? A mí me parece que aquí
ha habido hasta ahora tres grandes áreas de debate. Primero, pensamos que
en el proyecto de ley se plantea un debilitamiento del carácter público y
social del servicio postal. Usted ha de reconocer que el espacio de zona
reservada que diseña la directiva europea es superior al que ustedes
diseñan en su proyecto de ley. Por tanto, tiene que irse de aquí sabiendo
que, por lo menos por lo que hace referencia a Iniciativa per
Catalunya-Nueva Izquierda, necesitamos, queremos un consenso sobre la
base de ampliar el servicio universal. Vamos a discutir en qué términos,
nosotros tenemos enmiendas concretas, pero vamos a discutir esto. Porque,
si no, si usted por un lado dice que su objetivo es fortalecer el
operador público y, por otro lado, lanzamos al operador público a
servicios no rentables, vamos a hacer un operador público inviable. En
ese sentido, nosotros hemos hecho una serie de enmiendas, insisto, de
ampliación del servicio universal, pero creo que, como mínimo, el
Gobierno debería situarse en el techo que marca la directiva europea, y
que en ningún caso la propuesta del Gobierno español puede reducir
aquello que claramente diseña dicha directiva europea.
¿Cuál es el segundo gran punto de discrepancia hasta ahora de todos los
portavoces parlamentarios que han salido a defender su enmienda de
devolución? Es el gran vacío de esta ley: la financiación del servicio;
es decir, este proyecto de ley, si se aprueba en los términos en que
está, hace inviable económicamente el operador público.
Aquí se ha dicho qué cantidad se recoge en el Fondo de Compensación. Yo
tengo cifras de 300 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, vaya concluyendo, por favor.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente.
En todo caso, lo que quiero recordar, señor ministro, es que estamos
hablando de que vamos a dar autorización a empresas privadas para que
accedan a un mercado que mueve más de 200.000 millones de pesetas.
Parecería lógico que ante una apertura económica de estas características
se pudieran cobrar contraprestaciones que no situaran el Fondo de
Compensación ni en 16 ni en 300 millones, que son mis cifras, sino más
allá. Por tanto, insisto, el segundo aspecto fundamental es que en la ley
debe haber garantías económicas de que el operador público va a ser
viable económicamente.
El tercer gran elemento es que este proyecto de ley no garantiza unas
reglas de juego equilibradas entre el sector público y el privado, y
quiero simplemente mencionarle tres o cuatro cuestiones importantes que
deberían ser objeto de modificación. En primer lugar, que es necesario
regular todo el mercado una vez que esté liberalizado, y hay aspectos
importantes del mercado que en absoluto se regulan y que, a pesar de
estar de acuerdo en que se han de liberalizar, se han de regular.
En segundo lugar, que debe haber un registro general para proceder a las
autorizaciones y que en un
mercado como este, señor Ministro, no tiene sentido conceder autorización
por silencio administrativo. No es posible...
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, por favor, concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor Presidente.
El último argumento es que hay una desgraciada disposición transitoria
primera que en el segundo y tercer párrafo puede permitir --el señor
ministro se ríe y me alegra esta sonrisa-- el pasar a manos privadas
espacios de la zona reservada, y si usted quiere un amplio consenso
parlamentario deberá modificar o retirar esta disposición transitoria.
Acabo, pues, señor ministro, diciéndole que puede parecer negativo el que
entre una ley sin mayoría parlamentaria; yo considero que es positivo.
Creo que la actitud de la mayoría de grupos que hasta ahora han hablado
es ofrecerle un gran consenso, pero en ningún caso estaríamos dispuestos,
y daríamos una gran batalla, a que la ley final que salga retroceda en
base a que el Gobierno pudiera aceptar las propuestas que hasta ahora
públicamente han aparecido hechas por la coalición Convergència i Unió.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Expuestas ante el Pleno las enmiendas de totalidad, ¿algún grupo
parlamentario desea consumir un turno en contra de las mismas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Juan Pons Franco.
El señor PONS FRANCO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular va a utilizar un turno en contra de las enmiendas a la totalidad
presentadas al proyecto de ley que hoy debatimos, tanto de devolución
como de texto alternativo, por diferentes motivos que intentaré exponer
con la mayor brevedad que me sea posible.
En relación a la enmienda de devolución presentada por el Bloque
Nacionalista Galego, quiero decir, en primer lugar, que la alusión que
hace al posible papel que puedan desempeñar las comunidades autónomas en
esta materia carece de sentido por la ya conocida competencia exclusiva
que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado. Conocemos
también el 150.2, pero evidentemente esto sería aplicable a todas las
materias que son competencia exclusiva del Estado.
Por otra parte, no parece muy fundada la afirmación que indica que el
proyecto de ley es una total desregulación que entra en contradicción con
el servicio universal. El texto que se somete a aprobación garantiza
plenamente --y sólo hay que leer el proyecto de ley-- el régimen del
servicio universal que recoge la directiva de la Unión Europea; baste
decir que se establece que el operador al que se encomienda la prestación
del servicio postal universal deberá obligatoriamente satisfacer en todo
el territorio nacional la prestación del servicio de transporte de cartas
y tarjetas postales de hasta dos kilos de peso y de paquetes de hasta
diez kilos. No puedo ver dónde está la desregulación o la discriminación
esgrimidas, cuando se establece esta obligatoriedad que recoge la ley.
En cuanto al futuro de los trabajadores de correos y telégrafos, le puedo
asegurar, señor Rodríguez, que es algo que preocupa tanto al Gobierno
como a nuestro grupo parlamentario. Esa preocupación se convertiría en
problema si correos y telégrafos se convirtiera en una bolsa permanente
de déficit público. Por eso, la mejor manera de procurar un futuro real
para los trabajadores de correos y para el ente público en sí, como tal,
es crear las bases que permitan su desarrollo, tal como ha indicado el
ministro. Y eso sólo es posible estableciendo un marco que permita la
liberalización del sector con las oportunas limitaciones, en línea con lo
que establece la directiva comunitaria.
En relación con la enmienda de devolución que formula el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, creemos que también es
infundada de alguna manera, por los motivos que voy a mencionar
esquemáticamente. Y digo esto porque el portavoz, señor Ríos, no ha sido
muy contundente a la hora de defender la enmienda de devolución y ha
expresado más bien su intención de mejorar el texto a través de las
enmiendas parciales.
Es infundada por lo siguiente. Primero. Sí existe una definición nítida
del concepto de autoprestación; está contenida en el artículo 2.2 del
proyecto de ley. En este texto incluso se acota la posibilidad de que a
través de la autoprestación se vacíe la reserva que se establece a favor
del ente público correos y telégrafos. Además, ese concepto de
autoprestación es el mismo que se prevé en la directiva comunitaria.
Segundo. El servicio universal está regulado con claridad, como he
comentado anteriormente, a diferencia de lo que hace la enmienda. Se
impone por ley su prestación a correos y telégrafos. No se ha
especificado de qué manera o por qué no está regulado con claridad el
servicio universal.
Tercero. El mecanismo para la financiación del servicio universal es el
más lógico; no tiene sentido hablar permanentemente de subvenciones,
dentro de lo que es un mercado como es el postal, y así lo establece la
directiva de la Unión Europea. Se debe satisfacer por el Estado a correos
y telégrafos la cantidad que corresponda al déficit de explotación en la
prestación del servicio universal, porque en el resto va a ser una
empresa que va a competir en el mercado como las demás empresas del
sector privado.
Cuarto. La composición y funcionamiento del consejo asesor postal se debe
hacer casi por inercia, como
ha ocurrido con otras disposiciones reglamentarias, por ejemplo, el
Consejo Asesor de Telecomunicaciones.
Quinto. No es cierto que todo se remita al reglamento. Las materias
básicas, que son las que tienen que estar reguladas por la ley, están
contempladas y además creo que se recogen todos los puntos esenciales de
la directiva que se incorpora mediante este proyecto de ley.
La salvaguarda del actual operador público es patente. Se le encomienda
la prestación del servicio postal universal, se atribuye una financiación
para ello, se le otorga un régimen transitorio de reserva que permita su
viabilidad y se le dota también de los mecanismos que le permitan actuar
en el ámbito empresarial. La elaboración del contrato-programa se
establece como obligación. No es cierto que se ignore el
contrato-programa o que no se contemple tal como debería hacerse, según
sus palabras. No sólo se regula, sino que se prevé su obligado
cumplimiento.
Por último, la necesidad de inversiones. Aunque no sea materia propia de
la ley, como usted bien sabe, en la realidad operativa de correos y
telégrafos, las inversiones se están produciendo en la medida de lo
posible y escalonadamente, pero se están produciendo.
En la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo
Parlamentario Socialista me voy a detener un poco más, porque hay que
decir que cuando menos, señor Morlán, es sorprendente. Sorprendente. Yo
he coincidido con usted en algunos debates y mesas redondas sobre esto y
le puedo asegurar que lo que le he oído en esos debates, y usted sabe que
le aprecio, nada tiene que ver con el texto alternativo que ha presentado
el Grupo Socialista. Nada. Creo que es un texto alternativo al que se
podrían poner calificativos de irresponsabilidad política e incluso de
abuso de demagogia. Parte claramente de un deficiente entendimiento de la
directiva de la Unión Europea y de un desconocimiento de cuál ha sido el
marco legal aplicable a los servicios postales al amparo de la Ley de
reorganización del correo desde 1953. Y lo que es más grave todavía,
ignora lo que el Gobierno socialista hizo respecto de la regulación
postal, algo que tiene usted que conocer perfectamente.
Señor Morlán, la directiva postal permite a los Estados miembros mantener
un ámbito de reserva, un ámbito de reserva que se mantendrá con carácter
transitorio hasta el año 2004, como todos los portavoces, de alguna
manera, han asumido; sin embargo, la enmienda del Partido Socialista no
parte de mantener el monopolio durante un período transitorio, sino, por
el contrario, de incrementarle. Incrementa el monopolio durante este
período transitorio, para llegar de A a B. En lugar de adoptar una
postura intermedia, vamos marcha atrás.
Lo que no es de recibo, señor Morlán, es entender que todo el envío de
cartas y tarjetas postales con un peso inferior a los 350 gramos está
sujeto a monopolio. No puede ser así por varios motivos. Y le voy a
refrescar un poco la memoria respecto a lo que ha sido la regulación
postal en este país desde el año 1953, porque al amparo de la Ley de
reorganización postal del año 1953 se dictaron tanto la ordenanza postal
aprobada en el año 1960 como el reglamento de los servicios postales de
1964. En el artículo 10 de la ley y en el 20 de este último se decía que
se excluía expresamente del monopolio postal la correspondencia que
circulase por el interior de las poblaciones, es decir, la dirigida a
destinatarios o residentes en la misma población en que se había
depositado.
En el artículo 99.2 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del
Estado --que usted debe conocer bien, porque fue aprobada en la época
socialista-, se dice que esta ley recupera el monopolio. Pero ello en
realidad no es así. Si lo hubiese sido, hubiese significado una
expropiación legislativa y un lanzamiento del mercado de quienes
legítimamente estaban actuando en él. Además, ello no es así porque el
Gobierno socialista desarrolló este artículo 99.2 a través del Real
Decreto-ley 1145/1992, de 25 de septiembre, donde definió como
liberalizado tal servicio rápido, servicio rápido que carecía y carece de
naturaleza jurídica, sin ningún apoyo legal, que significa una
liberalización desmedida, sin sentido y sin apoyo legal de los servicios
postales; un perjuicio indebido y arbitrario, a la postre, para el
operador público postal. Es irresponsable ahora pontificar sobre una
adecuada regulación de los servicios postales y mucho menos hablar de una
recuperación de monopolio.
No se puede, señor Morlán, dar marcha atrás en la historia. La historia
postal española es la historia del abandono de correos y telégrafos, como
usted sabe muy bien. Ello es así desde el año 1953 y se acentúa a partir
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1991 y su
desarrollo. Ahora resulta que se habla de la grandeza de la directiva
postal y la enmienda de texto alternativo que formula el Grupo
Parlamentario Socialista pretende ir en sentido diametralmente opuesto al
de la directiva; se vuelve al monopolio que existía en España antes del
año 1953. No hace falta presentar un texto alternativo, deroguemos todas
las normas posteriores al año 1953 y nos quedaremos exactamente en el
mismo sitio. Es un texto de los años 50, señor Morlán. ¿Qué pretende,
además? Ir en contra del real decreto del Gobierno socialista del año
1992, que liberalizó un tal correo rápido, correo rápido que, como hemos
dicho, carece de regulación legal.
No tiene sentido dar clases de europeísmo desconociendo como se desconoce
la normativa comunitaria. Estamos hablando de Comunidad Económica
Europea, estamos hablando del Tratado de Roma y estamos hablando de
mercado postal.
El señor PRESIDENTE: Señor Pons, vaya concluyendo, por favor.
El señor PONS FRANCO: Voy concluyendo, señor presidente.
Brevemente, y entrando en el análisis del articulado del texto, del que
podríamos estar hablando una hora, diré que ya su exposición de motivos
no responde ni siquiera a la filosofía de una exposición de motivos, que
es reflejar el espíritu de la ley que se dicta. Incluye datos sobre la
estrategia comercial de correos desarrollada en los últimos años que no
vienen al caso; hace referencia a la grave contradicción legislativa en
que incurre la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1991 en
relación con la normativa entonces existente, cuestionando la actividad
legislativa del Estado en el período socialista; y, además, reitera
numerosas veces el término correo social, que a mí me recuerda más una
actividad de beneficencia que un sector económico básico, esencial y
horizontal del tejido industrial de cualquier país. También asombra, y
profundamente, que a lo largo de todo el texto no aparezca la palabra
liberalización, cuando nos encontramos ante el desarrollo obligado de una
directiva de la Unión Europea.
Podíamos hablar, ya digo, pero nos extenderíamos mucho, de todo el
contenido del texto alternativo, con el cual desde luego no podemos estar
de acuerdo. Sí quiero señalarle, porque una de las cuestiones básicas es
el tema de las materias reservadas que ofrece su texto alternativo, que
además de exceder del ámbito real, reservan ustedes también la publicidad
directa, que, de hecho, está liberalizada en este país. Está
liberalizada. No se justifica, con la directiva en la mano, señor Morlán,
que España, con el mayor grado de liberalización de Europa --y esto ha
sido reconocido por todos los portavoces-, pretenda ahora que correos y
telégrafos mantenga incluso la reserva en el tráfico urbano.
Armonizar implica que la resultante, que es lo que intenta conseguir la
directiva, de la suma de todo lo que hay que considerar en cada país
--directiva, situación actual del mercado, situación de los operadores,
previsiones de desarrollo postal futuro-- sea equiparable en todos los
Estados miembros. Eso es armonizar, no aplicar la directiva como si fuera
una tabla o una fórmula matemática, en todos los países del mismo modo.
España tiene una situación de partida bien distinta al resto de los
países que deben trasponer esta directiva --mercado descontrolado, alto
grado de inversión privada, reducido monopolio de facto, permisividad
excesiva por parte de la Administración durante lustros-, que compensaba
de alguna manera la inexistencia de legislación adaptada a la realidad
con ausencia de inspección.
El señor PRESIDENTE: Señor Pons, vaya terminando.
El señor PONS FRANCO: Voy a terminar.
Para acabar, y haciendo una breve referencia al texto alternativo
presentado como enmienda a la totalidad por el Grupo Mixto,
Iniciativa-Els Verds y Nueva Izquierda, diré que consideramos que, aunque
se presente formalmente como una enmienda a la totalidad, no es tal,
puesto que respeta en gran medida la sistemática y los contenidos del
proyecto de ley aprobado. Sí hay que decir que se trata de un texto
responsable y realizado con rigor, si bien discrepamos de algunos puntos,
que paso brevemente a comentar. El ámbito del servicio universal es
excesivamente amplio, a nuestro modo de ver. No tiene sentido incluir en
la clasificación de los servicios los de contra reembolso, ya que se
trata de una modalidad de pago y no de un tipo de servicio. Tampoco se
puede aceptar la inclusión de paquetes postales de hasta 20 kilos, porque
correos y telégrafos no está en todos los casos en disposición de prestar
obligatoriamente este servicio; y no nos parece razonable entrar en el
ámbito del sector de transportes ya liberalizado y con competencias
transferidas a las comunidades autónomas.
En cuanto a los servicios reservados ...
El señor PRESIDENTE: Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Sí, voy acabando.
El señor PRESIDENTE: No me lo enuncie en presente perfecto, sino
simplemente en indicativo, acabe. Imperativo.
El señor PONS FRANCO: Acabo, señor presidente.
La tasa del 1 por ciento, que planteaba el señor Saura, nos parece
excesiva, puesto que no conduce a nada e incluso puede tener un cierto
cariz expropiatorio. Tampoco tiene mucho sentido subir la cuantía de la
tasa de la forma que se prevé, porque ello podía fomentar la piratería de
las empresas, objetivo que le aseguro que es radicalmente contrario al
objeto de esta ley. En general --y eso sí lo tengo que decir-, su
propuesta supone un servicio universal excesivamente amplio, salvo que se
financie, como pretende su texto, sobrepasando los límites establecidos
en la directiva comunitaria sobre la materia.
Concluyo, señor presidente, diciendo que el texto que propone el Gobierno
es liberalizador y no restringe, sino que incrementa las posibilidades
operativas de los operadores que actúan en concurrencia con correos, es
cierto. En todo caso, armoniza este deseo con la voluntad responsable de
permitir que correos y telégrafos, que da trabajo en España a más de
65.000 trabajadores, sea viable con arreglo a la proyección que se ha
hecho para su saneamiento progresivo en un período de cuatro años.
El período transitorio, que va a durar hasta el 2004 con este proyecto de
ley, tiene una mayor importancia, si se tiene en cuenta que a partir de
ese año nos encontraremos ante un mercado absolutamente liberalizado y
que el operador público postal tendrá que estar en
condiciones de asumir ese nivel de competitividad que se le va a exigir
en ese momento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pons.
¿Algún grupo desea intervenir? (Los señores Morlán Gracia y Ríos Martínez
piden la palabra.)
¿Qué desean?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, solicito un turno de réplica,
porque ha hecho un turno en contra.
El señor PRESIDENTE: Ya sé que ha hecho un turno en contra, pero quería
saber qué turno quiere usted.
El señor RIOS MARTINEZ: Un turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos, para un moderado
turno de réplica, y posteriormente intervendrá el señor Morlán. Moderado
en la extensión; en lo demás, es responsabilidad exclusiva de S. S.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, seré muy breve. Moderado en la
forma y moderado en el contenido, pero para decir lo que pienso.
Lamento que la intervención del Grupo Popular esta mañana, al oponerse y
rechazar, haya sido decir: No muevo pieza. A esta, no; a la otra, no; se
han equivocado; la otra es muy mala, etcétera. Reconozca que como punto
de partida tendríamos que decir --y me hubiese gustado escuchárselo a
usted-- que hay tres elementos sobre los que estamos dispuestos a hablar.
Pero eso no lo he oído. Porque uno puede ser más contundente o menos a la
hora de defender, pero tiene unos criterios.
Le voy a poner tres ejemplos. La directiva se puede enarbolar como usted
quiera, pero para todo, no para unas cosas, sí, y para otras, no. ¿Qué
reserva la directiva al servicio universal para el operador? ¿Miramos la
directiva? Pues no movamos ninguno de los puntos que figuran en la ella.
Si liberalizamos alguno de los servicios nos vamos a encontrar con la
siguiente realidad. Algunas de las prestaciones que hace hoy el servicio
público podemos privatizarlas y encontrarnos con una realidad y es que la
empresa pública alemana, la francesa o la inglesa, vengan aquí a prestar
los servicios que presta la empresa pública española. ¿Esa es la
liberalización que queremos? ¿Traer esas grandes empresas que están
detrás de las grandes multinacionales a que también tengan aquí mercado?
Creo que eso no es positivo.
Segundo, el Fondo de Compensación, la financiación. Usted ha dicho que
hay una frontera, una realidad transitoria de aquí al 2004. Pero, ¿qué
cosas tenemos que hacer de aquí al 2004? Porque así nos podremos poner de
acuerdo. Yo creo que hay que poner en condición de modernidad, de
capacidad de competir, hoy, al operador público, porque no podemos ir al
deterioro de éste, del operador público. Y hay dos formas: una, incluir
literatura en el texto, que queda muy bien, y otra, comprometer recursos.
Le puedo poner ejemplos de leyes preciosas que no han ido acompañadas de
leyes de financiación y que luego han sido un fiasco. La Logse. Preciosa.
No llevó la ley de financiación y ahí está parada, en muchas regiones: en
otras, menos. Lo que quiero señalar es que si decimos que en el 2004 el
operador público va a competir junto con cualquier empresa, pongámolos en
condiciones de competir.
Usted ha hablado de que no podemos estar siempre hablando de subvenciones
al operador público y se ha referido al problema de lo que puede ser
déficit, relación complicada... No, no, si no se habla de subvenciones,
se habla de inversión en modernización, se habla de racionalización y se
habla de una definición nítida del servicio público para ver en qué
condiciones se presta. Por tanto, vamos a actuar, desde aquí al 2004,
haciendo competente lo que hoy tenemos. Fíjese que no le digo en
detrimento de nadie, no le hablo de la distribución del poder económico
que un interviniente anterior cifraba en unos 200.000 millones. No, más
de 300.000 millones, de 350 a 375.000 millones mueve el sector. Y unos
100.000 empleados; 60 ó 65.000 el operador público y 40 ó 42.000 los
operadores privados. Además, está el servicio universal. Definamos cómo
se financia el servicio universal, para hablar del déficit que usted
dice. Por que ¿quién pone los buzones, quién pone la distribución en las
zonas rurales, quién pone la frecuencia, que todos los días se lleve?
¿Quién lo garantiza? El operador público, porque es el servicio
universal. Y eso va a costa solamente del operador público. No hagan como
con Renfe, que, al final, reparaba y arreglaba las vías. No lo hagan
igual, porque así será siempre deficitario el servicio público. ¿Qué
aportan los privados para que ese servicio sea universal y garantizado?
Porque el privado se queda la crème: distribuye la carta de empresa de
los bancos, distribuye el mailing de las campañas electorales de usted y
mías en el corazón de las ciudades y resulta que, después, el servicio
diario de todos los días, del telegrama, del giro, etcétera, llega en
determinadas condiciones. Pongamos en marcha que también aporte. Y el
fondo que se propone aquí, permítame que se lo diga, es ridículo; es
ridículo el uno por mil de lo que pueda producirse en una actuación
determinada, si tenemos en cuenta la facturación o si tenemos en cuenta
otra realidad.
¿Qué dice la directiva? ¿Dice la directiva que sea el uno por mil? Si
dice eso la directiva, yo estoy de acuerdo, pero es que no dice eso. Dice
que ese negocio que tiene la parte privada tiene que garantizar lo
universal, al igual que el operador público y al igual que todos
los españoles, porque es un servicio público de carácter social. En esas
condiciones podemos seguir discutiendo.
Por último, el diálogo se debe producir moviendo ficha todos. No nos
digan ustedes: palabra de Dios, no se puede mover ni una coma. No es
posible, porque no hay dogma, en esto no hay dogma, en esto hay posición
política, y las posiciones políticas no son neutrales, señorías, no
existe la neutralidad. O juegan a favor de uno o juegan a favor de otro.
Y yo no estoy dispuesto a jugar a favor de uno, que son las grandes
multinacionales o los grandes negociantes, porque quiero defender
primero, fíjese lo que digo, lo universal y garantizado y después ya
veremos la competencia. De aquí al 2004, por tanto, dos garantías:
definir servicio universal y cómo se financia ese servicio universal y
garantizar que el operador público tiene capacidad de aportar.
Si quiere le leo, artículo por artículo, todos los artículos que remiten
a un desarrollo normativo posterior. Lo que abunda no daña y es bueno que
las cosas sean transparentes y claras no después de hechas. Si la ley
queda como está, un sinfín de elementos, que le he leído antes pero que
le puedo volver a leer, que están recogidos en el texto, quedarán al
desarrollo que el ministro de turno quiera hacer; puede ser por orden,
puede ser por reglamento... Y hay cosas que no se deben hacer así, sino
que deben ser discutidas y conocidas aquí antes de hacerlas.
Le he hablado de una serie de requisitos, por ejemplo, los mecanismos de
inspección y control a esos operadores, los requisitos y condiciones para
acceder al mercado, todo lo que son las condiciones para exponer los
planes de servicios, las redes, la cobertura geográfica de cada uno de
los que lo demandan. ¿Por qué eso tiene que quedar para después? ¿Por qué
no debe entrar en el proceso de discusión?
Señorías, hay que solucionar ese déficit democrático, hay que decir de
verdad que hay que regular el servicio postal público español y además
hay que partir de que la liberalización no puede ser... En Inglaterra, la
señora Thatcher no la pudo hacer más allá de lo que aquí hoy estamos
discutiendo. Si es que ya está liberalizado el mercado español, si es que
aquí la discusión no puede ser ésa. ¿Más liberalización? No es posible,
no queda, a no ser que quitemos a unos.
En la discusión que hemos tenido hoy aquí se han planteado ideas, se han
presentado propuestas, tendemos la mano para discutir y negociar, pero
todos tenemos que mover ficha, porque, si no, no hay juego. Si uno no
pone el pito, el otro no se dobla en el pito doble y no hay posibilidad
de avanzar en la discusión y en el diálogo.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Pons, no se ponga nervioso, no se enfade tanto y lea usted mejor
los papeles; léase las medidas alternativas con algo más de dedicación y
algo más de atención.
Efectivamente, lo que es sector reservado por supuesto que lo situamos en
350 gramos; urbano o interurbano, sí, sí, no tengo ningún inconveniente
en reconocerlo. ¿Para qué están las medidas comunitarias? ¿Para coger lo
que nos gusta y tirar lo que no nos gusta? ¿Ustedes creen que nosotros
podemos funcionar al margen de como se está funcionando en Europa? Dice
usted que no utilizamos la palabra liberalización en nuestro texto
alternativo. Pero si ya está liberalizado al máximo. Y es que ustedes
quieren más. Ustedes quieren que el operador privado entre en el servicio
interurbano; ustedes quieren que el Gobierno pueda disminuir el contenido
de la reserva en el servicio postal universal; ustedes quieren que esto
se liberalice. Garantíceme usted que con la fórmula que ustedes proponen
se van a ingresar 170.000 millones de pesetas, como en 1997, y hagan
ustedes que los operadores privados cumplan con los requisitos del
servicio postal universal. Desde luego, de su proyecto de ley no se
desprende en absoluto que eso se vaya a cumplir.
No me hablen ustedes de que nuestro proyecto es demagógico o de
irresponsabilidad política. Señor Pons ¿Qué quiere que le diga? Yo no voy
a entrar en este juego maniqueo de acusaciones o de palabras
altisonantes, que quedan muy bien para otros ámbitos pero no para éste.
Yo de lo que estoy hablando, y se lo he dicho en un principio, es de que
ustedes tienen un modelo de servicio postal ultraliberal, liberalizador
absoluto, privatizador y que pone en cuestión el funcionamiento del ente
público postal. Reconózcanlo, porque eso es lo que se desprende del texto
del proyecto. Nosotros tenemos una alternativa que dice que queremos y
creemos, de acuerdo con el texto constitucional, que haya un servicio
público postal y que tenga unos determinados requisitos. Y para conseguir
ese consenso que todos estamos pretendiendo, al menos una parte del arco
parlamentario, estamos dispuestos a ceder en nuestras pretensiones,
estamos dispuestos a eso con tal de llegar a un acuerdo en el que todo el
mundo pueda salir beneficiado, pero, eso sí, respetando y defendiendo al
operador público postal, a los 65.000 trabajadores de correos y a los 40
millones de usuarios del correo. Dígame usted cómo me garantiza que los
ciudadanos de los 57.000 núcleos de población de menos de mil habitantes
van a recibir el mismo correo que los ciudadanos de las grandes ciudades.
Eso no me lo garantizan ustedes de ninguna manera.
Yo creo, señorías, que hay que leer bien los papeles. Hay que leer
también muy bien que nosotros, cuando hablamos de ese servicio reservado,
dejamos fuera todo lo que es correo exprés; lo dejamos fuera. Hablamos
únicamente de correspondencia básica como correo reservado; lo demás, no.
Decimos y lo decimos en la ley --ustedes no lo dicen, ustedes plantean
inseguridad jurídica a los operadores privados y a los operadores
públicos-- que todo lo que sea más de dos kilos y más de 20 kilos, la Ley
de ordenación de los transportes terrestres. Que todo aquel que quiera un
título habilitante para tener una empresa de gestión del correo o de
servicios postales tiene que tener una serie de condiciones, una de las
cuales es una autorización general o una licencia particular. Ustedes se
han inventado la fórmula de la autorización particular, que yo no he
visto en ninguna fórmula de Derecho administrativo; se la han inventado y
la hacen constar en el proyecto. Sí, sí.
No nos achaquen a nosotros lo que no es cierto. Estén dispuestos --se lo
pido al señor Pons y se lo pido al señor ministro-- a hablar. Tenemos
todo el trámite parlamentario para hacerlo. Yo, que conste --se lo digo y
lo ofrezco en esta tribuna--, estoy dispuesto a hablar. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) ¿Para
qué? Para preservar el operador público postal; para intentar, para
posibilitar que haya concurrencia en aquellos segmentos, en aquellos
sectores del servicio postal español en que pueda haberla, que la hay;
para posibilitar que las empresas privadas, con sus trabajadores, puedan
tener un segmento postal con el que puedan trabajar, que existe, y, desde
luego, también para obligar a que aquellos operadores que entren en el
servicio postal universal puedan cumplir y cumplan con las obligaciones
que trae consigo el servicio postal universal.
Yo imagino que si nos dejamos de grandes frases, de grandes palabras y
entramos a discutir artículo por artículo y enmienda por enmienda nos
podemos poner de acuerdo, pero dependerá de ustedes, de qué tipo de
entendimientos tengan con otros grupos políticos y de a qué están
dispuestos para que este proyecto de ley que hoy se presenta tenga un
mayor o menor apoyo parlamentario. Pero, como digo, eso depende de
ustedes, no de nosotros. Por mucho que nosotros planteemos un modelo,
ustedes tienen otro. Nosotros vamos a presentar enmiendas parciales, y lo
que queremos es que se sienten con nosotros --con nosotros y con los
otros grupos-- y las hablemos y definamos cuál es el campo de actuación y
el marco jurídico. ¿Dónde? En el ámbito que establece la Unión Europea. Y
dentro de cuatro o cinco años podríamos sentarnos de nuevo a ver cuál es
el proceso que ha llevado el correo en el resto de Europa, para
intentarlo también nosotros. Al fin y al cabo, uno de los aspectos de
este proyecto de ley es el correo transfronterizo y hemos de tener muy
claro que España tiene que actuar como al otro lado de las fronteras. No
podemos estar en situación de orza ni siendo muy divergentes; tenemos que
intentar ser coincidentes con lo que está pasando en el resto de Europa.
Por ello, señorías, creo que el proyecto de ley que ustedes plantean
adolece de muchas dificultades, de muchos problemas para ponerse en
práctica; adolece de muchos defectos para que el operador público postal
se mantenga tal y como está; adolece de muchos defectos para que el
funcionamiento, para que el marco jurídico que tiene que regular el
servicio postal tenga las mínimas garantías de seguridad jurídica para
todos los operadores. Queremos colaborar. Si se acepta la enmienda de
devolución y nuestro texto sale adelante, no se preocupen, que somos
flexibles y, si no sale, estamos dispuestos a hablar, a conseguir una ley
de servicios postales que recoja las pretensiones del conjunto de los
operadores privados, pero fundamentalmente del público, y desde luego a
defender los intereses de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a ser muy breve. Quiero decirle al señor Ríos que el
régimen de reserva de la directiva, aplicado a este país en la ley
postal, ya lo he mencionado, establecía un modelo muy liberalizado del
mercado postal español, y no porque lo indique el proyecto de ley postal,
que lo hace, sino porque es la realidad actualmente existente en nuestro
país.
A usted le preocupa que empresas de otros países, las empresas nacionales
u operadores públicos de otros países puedan ocupar este espacio en el
mercado postal español; también nos preocupa a nosotros. Pero lo que
tenemos que conseguir entre todos, y esto ya no es un problema de la Ley
postal, sino una intención del Gobierno que va decididamente por este
camino, es que el ente público empresarial Correos y Telégrafos sea una
empresa lo suficientemente competitiva para poder afrontar estas
competencias y estas alianzas internacionales, incluso buscar sus propias
alianzas internacionales en Europa y en el resto del mundo, pero esto ya
es un tema de gestión empresarial, no una materia propia de lo que es la
regulación postal por medio de este proyecto de ley.
¿Qué tenemos que hacer --se preguntaba usted-- en ese período
transitorio, hasta el año 2004 en que se va a liberalizar el mercado
postal? Pues precisamente esto: aprovechando que la situación actual de
liberalización de nuestro país ya puede ofrecer unas condiciones mejores,
unas condiciones de ventaja respecto a otros países, hacer del ente
público empresarial una empresa lo suficientemente competitiva para que
en el año 2004 no haya sobresaltos, como seguramente va a ocurrir en
otros países, donde las empresas públicas que estén muy protegidas puedan
tener disgustos en el momento en que se liberalice el mercado de forma
total.
Señor Morlán, quiero decirle un par de cosas brevemente. Lo primero, que
ya sabe usted que estamos dispuestos a hablar y siempre lo hemos estado;
no va a haber ningún problema. Incluso nos hemos encontrado varias veces
hablando de estos temas y le he recordado que el discurso que ha hecho
hoy no es el mismo que el de otras ocasiones, aunque tampoco se trata de
recordarlo.
En cuanto a la reserva del correo urbano al que se han referido ustedes
en el texto alternativo porque es lo que dice la directiva, he de aclarar
que lo que dice es que se podrá poner en la zona de reserva el correo
urbano. Si lee bien la directiva, verá que esta zona de reserva se tiene
que hacer atendiendo a las circunstancias especiales de cada país, al
punto de partida. Si ya tenemos el correo urbano liberalizado en este
país, teniendo en cuenta que estamos en un proceso más liberalizador para
el año 2004, cómo vamos a introducir el aspecto del sector reservado y
dar un paso atrás. Sería ilógico y carecería de sentido común.
Dice que el Grupo Popular quiere utilizar un modelo ultraliberalizador,
según el proyecto de ley que ha presentado. El Gobierno ha facilitado un
proyecto de ley que mantiene básicamente las zonas reservadas que hoy ya
existen. Lo que el Gobierno no va a hacer es dar un paso atrás en la
liberalización, pero tampoco va a dejar desprotegido en este período
transitorio al operador público. Por eso se establece esta zona de
reserva que, aunque no sea muy grande, es la que hay en la actualidad.
Ustedes dicen que quieren llegar a una consenso; le aseguro que también
nos gustaría. Lo que pasa es que llegar a un consenso defendiendo
únicamente, como ha mencionado usted, el operador público postal es muy
difícil. Hay que poner todos los parámetros sobre la mesa, todos los
matices...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pons, le
ruego concluya.
El señor PONS FRANCO: Acabo ya, señor presidente.
Decía que hay que poner sobre la mesa todos los matices y en función de
ello ver si es posible llegar al consenso --somos los primeros que lo
deseamos-- que nos gustaría. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señoría, asistimos a un debate sobre un proyecto
de ley que pretende la regulación de los servicios públicos en un marco
de liberalización del mercado, un proyecto que, como el de
telecomunicaciones o el que pronto debatiremos de la televisión
autonómica, es heredero de una situación de hipertrofia en la gestión
pública; es una situación que es preciso transformar desde el difícil
equilibrio que representa la apuesta por una gestión empresarial con
objetivos de calidad y competitividad y la garantía de un servicio
universal, que se encomienda a un organismo como Correos y Telégrafos de
deficiente gestión comercial y objetivos de calidad inexistentes.
Este último es quizá el dato más importante para efectuar la valoración
global del proyecto de ley. Compartimos la necesidad de acometer una
reforma normativa en el sector postal español que supere la arcaica
regulación de la ordenanza postal de 1960. Estamos de acuerdo también con
el objetivo declarado del proyecto de establecer el régimen del servicio
postal universal, la garantía de las comunicaciones postales de todos los
ciudadanos y empresas y el marco regulador de la libre concurrencia de
operadores de servicios postales. Sin embargo, no sabemos si con la
regulación que nos propone el proyecto se va a conseguir los objetivos
que se señalan en la exposición de motivos.
Desde el compromiso que Coalición Canaria ha asumido contribuyendo a la
gobernabilidad del Estado, el Gobierno contará con nuestro apoyo para que
esos objetivos sean posibles. Sin embargo, el proyecto ha de ser
transformado a lo largo de su tramitación parlamentaria porque su
sistemática es defectuosa. No se delimitan adecuadamente los servicios
liberalizados, se confunde la financiación del operador del servicio
universal a través del Fondo de Compensación con la financiación pública
que recibirá a través del contrato-programa con el Estado.
No se sabe cómo se han calculado las aportaciones mediante las tasas al
referido fondo por los operadores de servicio no reservado; no sabemos
cómo se afronta el servicio de telex y telegrama que, incorporados al
proyecto de ley de telecomunicaciones, no tiene carácter de servicio
universal en éste ni en ese proyecto de ley. Pero, señorías, para
Coalición Canaria lo más importante es que el proyecto de ley no apuesta
por una transformación hacia objetivos comerciales y de calidad de la
entidad pública empresarial Correos y Telégrafos; por no cambiar, no
cambia ni el nombre. Comprendemos y compartimos la necesidad de
garantizar el servicio postal universal como factor de cohesión social y
territorial. Comprendemos y compartimos que el operador de ese servicio
sea Correos. Comprendemos que hay que garantizar la financiación del
servicio y los miles de puestos de trabajo del operador. Pero, si no
somos capaces de hacer posible que ese operador del servicio postal
universal compatibilice función social con función comercial,
difícilmente se va a conseguir esos objetivos que el Gobierno propone.
Seguiremos soportando los déficit de funcionamiento y prestando servicios
de baja calidad, mientras los
operadores privados sí darán esa calidad a quienes puedan acceder a sus
servicios.
En el marco de la directiva comunitaria de diciembre de 1997, deberemos
hacer posible que Correos tenga una estructura empresarial capaz de
competir y preste un servicio postal universal de calidad, que los
ciudadanos tienen derecho a exigir. Estamos convencidos de que esa
orientación es posible ofrecerla con enmiendas al articulado en la fase
de ponencia y Comisión, superando los defectos técnicos y materiales que
el proyecto contiene.
Esperamos contribuir a ello y, en consecuencia, votaremos en contra de
las enmiendas a la totalidad presentadas. Valoramos muy positivamente,
señor presidente, la disposición mostrada por la mayoría de los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad al diálogo y
en la búsqueda de un consenso mayoritario de la Cámara en la mejora de
este proyecto de ley.
Esperamos que el señor ministro y el grupo mayoritario que apoya al
Gobierno recoja este reto y entre todos mejoremos el texto presentado por
el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo, que anticipo que va a
ser en contra de las enmiendas de totalidad y de texto alternativo. Pero
quiero hacer algunas puntualizaciones
En primer lugar, el Grupo de Convergència i Unió no ha avanzado ninguna
de sus enmiendas --es más, todavía no las tiene redactadas-- y, por
tanto, no es verdad lo que se está diciendo de que nuestro grupo ya tiene
su posición fijada y que la ha hecho pública. He de aclarar al portavoz
que lo ha dicho que la información que tiene es falsa y que, en todo
caso, será una información interesada que ha salido en un medio hace unos
días, pero que no se atiene para nada a la verdad.
El señor ministro nos ha dicho que el proyecto tiene cuatro motivaciones:
la primera, la regulación para poner orden a la alegalidad, según decía;
segunda, incorporar la directiva 67/1997 --aunque ésta ha sido aprobada
posteriormente, nos decía--; tercera, avanzar en el proceso de
liberalización y, cuarta, definir el servicio universal.
Cuando se nos dice que la situación postal más liberalizada de Europa es
la que tenemos en España no vemos por qué tenemos que ir a liberalizar
tanto, mucho más ahora. En realidad lo que se va a hacer con esa ley no
es liberalizar más, sino regular algo, que se reflejaba en los cuatro
puntos finales que nos presentaba el señor ministro, definiendo la
reserva, la reserva en interurbano; esto es, se regulariza la alegalidad
que decía él. Y teniendo en cuenta que el año 2004 deberemos sentarnos de
nuevo a hablar del tema, nosotros no vemos tan claro que fuese precisa la
ley, más aún cuando en realidad de lo que se trata es de colocar a
Correos, al ente público, en una situación de competir para el año 2004,
cuando esté la liberalización total, y más aún cuando se ha reconocido
que la gestión realizada en Correos desde hace varios años a hoy ha sido
muy positiva. Nosotros quizá hubiésemos querido ver más apoyo para que el
ente público de Correos tuviera una posición favorable de gestión por
otros medios que no fuese esta ley, que en realidad más que de
liberalización lo que hace es regular lo que se está haciendo fuera de la
legalidad. Nosotros creemos que el texto es muy farragoso, que habrá que
trabajar mucho en él, y estamos dispuestos a mejorarlo con enmiendas y a
dejarlo en condiciones para conseguirlo, aún cuando, ya digo, vemos que
no es tanto una ley liberalizadora, sino más bien una ley de regulación
de la situación actual.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vayan tomando asiento. Vamos a proceder a
las votaciones. Les ruego celeridad porque estamos entrando en un tiempo
que, previsiblemente, hace difícil completar el orden del día en la
jornada de la mañana de hoy; así que, celeridad, señorías.
Votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad presentadas al
proyecto de ley del servicio postal universal y de liberalización de los
servicios postales. En primer lugar, votamos en una sola votación las dos
enmiendas que piden la devolución del proyecto al Gobierno, la presentada
por el señor Rodríguez, del Grupo Mixto, y la presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 141; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de
devolución.
Votación de la enmienda de totalidad, con texto alternativo, del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 141; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación, finalmente, de la enmienda de totalidad, con texto alternativo,
suscrita por los señores Saura y Peralta, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 141; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS. (Número de expediente
121/000099)
El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad del proyecto de ley del sector
de hidrocarburos.
Se han presentado dos enmiendas de devolución al Gobierno y una de texto
alternativo. En primer lugar, para presentación ante el Pleno del
proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de
Industria y Energía don Josep Piqué.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer ante ustedes para presentar en
esta Cámara, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de hidrocarburos.
Esta nueva norma, junto a la Ley del Sector Eléctrico, y la futura nueva
ley de bases de la minería que estamos preparando constituyen los
instrumentos básicos de la política energética con la que el Gobierno
pretende potenciar la competitividad del tejido productivo español,
frente a los retos que habrá de afrontar nuestro país en los próximos
años.
Señorías, estoy seguro de que a estas alturas todos somos conscientes de
las implicaciones que va a tener para nuestra economía... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, porque hay demasiada
algarabía en el hemiciclo. Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
presidente.
Decía que estoy seguro de que a estas alturas todos somos conscientes de
las implicaciones que va a tener para nuestra economía el nuevo contexto
externo en el que se está integrando nuestro país. El fenómeno de la
globalización que está teniendo lugar a nivel mundial y, sobre todo, el
proyecto europeo de Unión Económica y Monetaria son en estos momentos los
condicionantes más importantes, ya no sólo de nuestra política
industrial, sino de toda la política económica en general, en el
horizonte del medio y del largo plazo.
En lo que respecta a la globalización, las empresas españolas han
iniciado un proceso de internacionalización sin precedentes en nuestra
historia reciente, que puede suponer un punto de inflexión en la forma de
entender nuestras relaciones economico-financieras con el exterior. Por
primera vez, España, en un proceso todavía incipiente pero prometedor,
empieza a contar con empresas multinacionales. Por tanto, tenemos la
oportunidad de introducir en nuestra balanza de pagos una nueva fuente de
ingresos (las rentas del capital), en sustitución de las históricas
remesas de emigrantes de los años sesenta. Pero para que el proceso de
internacionalización de nuestras empresas tenga éxito, debemos
asegurarles, primero, unas condiciones internas que refuercen su
competitividad internacional y que, llegado el momento, les permita no
sólo vender cada día más y mejor en el exterior, como ya hacen, sino
también estar, establecerse, consolidar en definitiva su presencia en los
mercados internacionales.
En lo que respecta a la Unión Económica y Monetaria, todos sabemos que la
moneda única supone la desaparición del tipo de cambio como instrumento
para conseguir ganancias de competitividad frente al exterior. A partir
de ese momento, la presencia de nuestras empresas en los mercados
dependerá básicamente de su capacidad para ofrecer productos a precios
competitivos, y esto significa que una política industrial debe centrarse
cada vez más en reformar aquellos mercados que determinen directamente
los costes de nuestras empresas.
El mercado más urgente, señorías, aquel en el que el Gobierno centró su
atención con carácter prioritario, fue el mercado de trabajo. Hoy todos
nos sentimos satisfechos del acuerdo alcanzado entre los representantes
de las empresas y de los trabajadores, lo que muestra su compromiso y
responsabilidad con el futuro de este país. Sin dicho acuerdo, la
reducción del desempleo, la creación de empleo neto hubiese seguido un
proceso mucho más lento e infructuoso que el que se está dando.
La segunda gran reforma que se abordó fue la correspondiente al sector
eléctrico. El pasado mes de noviembre, Las Cortes aprobaban la nueva Ley
del sector, que permite propiciar un cambio histórico en la evolución de
las tarifas, gracias a que la liberalización impulsa a las empresas a
invertir en las tecnologías de generación más eficientes y a que la nueva
norma contempla una serie de mecanismos que permiten trasladar las
ganancias de eficiencia, logradas con la competencia y las nuevas
tecnologías, directamente hacia los consumidores.
Como SS. SS. saben, ya en 1997 y 1998 hemos reducido las tarifas medias
eléctricas en casi un 7 por ciento nominal, frente a los niveles de 1996.
Estas cifras se elevan por encima del 10 por ciento, si consideramos la
bajada en términos reales. En el caso concreto de las tarifas
industriales, la reducción nominal de estos
dos años ha sido de casi el 11 por ciento, cifra que llega al 15 por
ciento en términos reales, y las perspectivas para los próximos años son
también alentadoras.
Estoy convencido de que con la liberalización de los mercados energéticos
estamos trabajando en la dirección correcta. Ahora, señorías, le ha
llegado el turno al sector de los productos derivados del petróleo y al
sector del gas natural.
El proyecto de ley de hidrocarburos que el Gobierno presenta ante las
Cámaras tiene como objetivo fundamental la renovación, integración y
homogeneización de toda la normativa vigente sobre el sector, normativa
que, como SS. SS. saben, en algunos casos es anterior a la Constitución.
Lo que se pretende es desarrollar una regulación más abierta, en la que
se sustituya el excesivo intervencionismo público que ha caracterizado al
sector a lo largo de décadas por un modelo en el que sea la libre
iniciativa empresarial la que se convierta en el auténtico motor a través
de las decisiones de inversión.
El esquema liberalizador por el que ha optado el Gobierno no implica de
todas formas una sustitución sin más de la acción del Estado por la del
mercado. Por el contrario, de lo que se trata es de dar preponderancia a
los mecanismos de mercado y complementar ese protagonismo con una
actuación desde los organismos públicos que garantice la igualdad de
oportunidades de todos los actores en presencia y, en particular, la
protección del derecho de los consumidores a un servicio de calidad y a
un precio lo más bajo posible.
En consecuencia, los poderes públicos devuelven a la iniciativa privada
el protagonismo en la toma de decisiones en situaciones de riesgo y pasan
a centrar su actuación en la regulación objetiva y transparente del
mercado, salvaguardando los intereses generales y limitando su
intervención directa a las situaciones de emergencia. De esta forma, el
proyecto de ley impone el carácter meramente indicativo de la
planificación, que será realizada por el Estado con participación de las
comunidades autónomas y que será presentado ante esta Cámara, con la
única excepción de las instalaciones de transporte de gas, de los
almacenamientos estratégicos de hidrocarburos y de la determinación de
criterios generales para el establecimiento de estaciones de servicio,
donde, por sus especiales implicaciones, la planificación tendrá carácter
obligatorio.
Señorías, la regulación de las actividades que se recogen en el proyecto
de ley puede agruparse en tres grandes bloques perfectamente
identificados. A continuación, voy a destacar los elementos más
significativos de cada uno de ellos, siguiendo el mismo orden en que
aparecen en el propio texto.
El primer gran bloque lo constituye la regulación de las actividades de
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, tanto líquidos
como gaseosos, así como el almacenamiento subterráneo de los mismos. El
proyecto de ley incorpora a la regulación de estas actividades el reparto
de competencias entre las comunidades autónomas y la Administración
central, de forma que se cubre la laguna existente en la actual
legislación. Como SS. SS. saben, la Ley sobre régimen jurídico de
investigación y explotación de hidrocarburos está vigente desde el año
1974 y, por su naturaleza preconstitucional, no contempla las
implicaciones competenciales del Estado de las autonomías.
Otra aportación del texto que el Gobierno presenta ante esta Cámara viene
dada por el hecho de que se ofrece un marco legislativo conjunto a las
actividades de explotación de los yacimientos y a su utilización como
almacenamiento de cualquier tipo de hidrocarburos. Este nuevo
planteamiento es razonable, dada las similitudes que presentan tanto su
problemática como la tecnología que emplea. Además, con ello se resuelve
el problema de la dispersión e indefinición de la actual legislación en
materia de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos.
En tercer lugar, quisiera destacar que el proyecto de ley consagra la
libertad de inversión del capital extranjero. En efecto, los titulares de
las autorizaciones, permisos o concesiones deberán ser personas jurídicas
debidamente acreditadas, públicas o privadas, sin perjuicio de que estén
domiciliadas fuera de nuestro país, siempre que se ajusten, como es
natural, a lo dispuesto en la normativa vigente sobre inversiones
extranjeras.
Por último, señorías, quisiera resaltar que en este proyecto se pretende
compatibilizar la facilidad de acceso a las actividades objeto de
regulación con la protección de los intereses de las personas jurídicas
que invierten en las mismas. Este deseo se materializa, por una parte, en
las garantías de confidencialidad de ciertos datos que los titulares de
las autorizaciones de exploración, permisos de investigación y
concesiones de explotación están obligados a suministrar al órgano
competente. Por otra parte, se declara libre la exploración superficial
terrestre de carácter geológico, mientras que la exploración sujeta a
autorización no creará derechos exclusivos ni tendrá carácter de
monopolio. Además, los permisos de investigación, que sí otorgan un
derecho exclusivo, estarán sometidos a un procedimiento de ofertas en
competencia que permitirá considerar en función de criterios objetivos
distintas solicitudes. Esto es particularmente importante en la medida en
que la concesión de explotación, la culminación del proceso en
definitiva, sólo podrá ser solicitada por los titulares de los permisos
de investigación.
De esta forma, señorías, con el proyecto de ley se pretenden alcanzar
tres objetivos. Primero, que el acceso a la exploración --que, como ya he
señalado, no crea derechos exclusivos-- sea fácil y que el otorgamiento
de permisos y concesiones --que sí los crea-- permita la concurrencia
entre distintas solicitudes; segundo, que la inmovilización de recursos
en actividades que exigen cuantiosos desembolsos sea rentable y,
para ello, se establecen unos períodos razonables de exclusividad en la
investigación y en la explotación; por último, que se garantice el
interés común mediante el establecimiento de determinadas acreditaciones,
garantías y obligaciones, que aseguren una conducta adecuada de los
beneficiarios de las autorizaciones, permisos y concesiones.
El segundo gran bloque de actividades reguladas por el proyecto de ley lo
constituye la ordenación del mercado de crudo de petróleo y productos
derivados, incluidos los gases licuados; aquí se incluye tanto su
comercio exterior como su refino, el transporte, el almacenamiento y la
comercialización. En este caso, señorías, sería injusto no reconocer la
importante labor liberalizadora acometida por gobiernos anteriores, a
instancias de una normativa comunitaria que exigía la supresión de un
monopolio histórico cuyos orígenes se remontaban a finales de los años
veinte. Como consecuencia, y tras la conclusión de un período transitorio
de seis años, se aprobó la Ley 34/1992, de ordenación del sector
petrolero, que constituye la normativa básica vigente en la actualidad.
De esta forma, se sustituía el tradicional sistema concesional por un
sistema de autorizaciones administrativas, se liberalizaba el comercio
exterior de estos productos y se suprimía el régimen de precios
administrados, dando el primer paso hacia la libertad de precios de
mercado; y digo el primer paso, porque transitoriamente se admitía que el
Gobierno estableciese precios máximos en tanto se desarrollaba la
competencia efectiva en los mercados. Qué duda cabe de que se dieron los
pasos en la dirección correcta y que, en consecuencia, el sector ha
salido reforzado. Transcurridos doce años desde el inicio del proceso, el
sector de hidrocarburos en nuestro país no sólo no ha sucumbido a las
amenazas de las multinacionales europeas y americanas, sino que ahora
entre ellas se cuenta con varias empresas de origen español, al tiempo
que los consumidores hemos visto mejorar día a día la calidad del
servicio; sin embargo, la valoración de los resultados en términos de
competencia no puede ser tan satisfactoria. En su afán por primar la
garantía en los suministros, la legislación mantenía su tradicional
intervencionismo a través de la combinación de autorizaciones
administrativas previas a la actividad y de la exigencia de condiciones
técnicas y de seguridad que, sobre todo en el caso de la distribución al
por menor, actuaban --han actuado, de hecho-- como una auténtica barrera
a la entrada de nuevas empresas o, en el mejor de los casos, condicionaba
sus relaciones contractuales con los operadores existentes de forma poco
favorable al desarrollo de la concurrencia. Además, el desarrollo
reglamentario de la ley recogía determinadas exenciones a las exigencias
de autorización administrativa previa, a las que, a su vez, se aplicaba
la normativa técnica y de seguridad propia de los consumidores finales,
generando agravios comparativos de difícil justificación.
En consecuencia, señorías, se hace urgente actualizar la normativa,
simplificándola y eliminando restricciones superfluas e innecesarias, de
forma que se vea favorecida la entrada de nuevos agentes en el mercado.
Así, el proyecto de ley revisa las condiciones necesarias para obtener
las autorizaciones administrativas previas en las diferentes actividades
del sector, suprimiendo, en general, su exigencia en la fase de
distribución al por menor. Al mismo tiempo, desaparece la diferenciación
entre los suministros directos a instalaciones fijas y los suministros en
instalaciones de venta al público, y se emplaza al Gobierno a actualizar
la normativa técnica y de seguridad complementaria en función de dos
únicos supuestos diferenciados, que atiendan al tipo de suministro que
demanda el consumidor, según sean o no vehículos, y no a su personalidad
jurídica --como hasta ahora-, acabando con el sistema de tratamientos
discriminatorios que existe en la actualidad.
Además de estas medidas liberalizadoras, el proyecto de ley consagra el
acceso de terceros a las instalaciones fijas de transporte y
almacenamiento de productos petrolíferos, bajo un procedimiento
negociado, aunque se reserva al Gobierno la potestad de fijar peajes en
los territorios insulares y en aquellas zonas donde no existan
infraestructuras alternativas o éstas se consideren insuficientes. Al
mismo tiempo, se suprime el sistema de precios máximos, con la excepción
de los gases licuados del petróleo --entre ellos el popular butano-- en
tanto que las condiciones de concurrencia y competencia no se consideren
suficientes. Por último, en lo que respecta a la garantía del suministro,
se faculta al Gobierno a adoptar medidas excepcionales en situaciones de
escasez y se establecen obligaciones de existencias mínimas de seguridad,
que en un determinado porcentaje --que será establecido
reglamentariamente-- serán calificadas de estratégicas, bajo la gestión y
control de la corporación de reservas estratégicas de productos
petrolíferos.
También, el Gobierno quiere manifestar su voluntad de considerar aspectos
que garanticen el suministro de GLP, sin perjudicar las posibilidades
reales actuales de los consumidores.
Asimismo, se introduce un claro endurecimiento de las sanciones por
irregularidades o fraudes al consumidor, asunto de candente actualidad,
como saben SS. SS., y estamos abiertos en este tema a cualquier
sugerencia que incremente la protección al consumidor.
En definitiva, señorías, el proyecto de ley que el Gobierno presenta ante
esta Cámara propone para el sector de los productos derivados del
petróleo una liberalización aún mayor y acorde con la de los países de
nuestro entorno, con la mínima intervención administrativa centrada
exclusivamente en criterios estratégicos y de seguridad del suministro,
manteniendo únicamente los requisitos que deben cumplir las instalaciones
en relación a la seguridad industrial, a los
condicionantes medioambientales y a la ordenación del territorio. Con
ello esperamos impulsar la competencia en las diferentes fases del
negocio, de manera que los consumidores puedan disfrutar de precios más
bajos sin renunciar simultáneamente a los niveles de calidad y seguridad
ya alcanzados en este sector.
El tercero y último bloque de actividades reguladas por el proyecto de
ley lo constituye la ordenación del suministro de gases combustibles por
canalización, donde se incluye su producción, licuefacción,
regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización. Señorías, en este caso nos encontramos ante un sector
cuyo desarrollo es relativamente reciente en nuestro país. De hecho, el
protocolo de colaboración entre el Ministerio de Industria y Energía, el
Instituto Nacional de Hidrocarburos y las empresas de transporte y
distribución para lograr el desarrollo coordinado de las infraestructuras
y el impulso a los suministros no se firmó hasta el año 1985, y la
llamada Ley del gas es de 1987. En consecuencia, y a diferencia del
sector eléctrico o del sector del petróleo, nos encontramos ante un
sector en pleno proceso de maduración, que está haciendo un esfuerzo
inversor enorme y que tiene una especial importancia estratégica dentro
de la política de diversificación de los aprovisionamientos, muy
necesaria en un país tan dependiente energéticamente del exterior como lo
es España.
Señorías, teniendo en cuenta estas consideraciones, el Gobierno ha
decidido introducir la competencia en el sector del gas, con el
convencimiento de que es posible llegar a un equilibrio entre una mayor
concurrencia, por un lado, y el mantenimiento de la estabilidad económica
y financiera de las inversiones realizadas hasta la fecha, por el otro.
Es evidente que la adopción por parte del Consejo Europeo de ministros de
Energía de una posición común, en relación a la propuesta directiva sobre
normas comunes para el mercado interior del gas natural, el pasado 8 de
diciembre de 1997, es una referencia básica en la elaboración de esta
ley. Sin embargo, nosotros queremos ir más deprisa. Cuando entre en vigor
la directiva europea, España contará ya con un marco liberalizador mucho
más avanzado que preparará a nuestras empresas para el entorno
competitivo al que habrán de hacer frente en los próximo años.
Como resultado de este difícil compromiso entre liberalización y
estabilidad en un mercado en pleno desarrollo, surge la necesidad de
crear la figura del cliente cualificado, con la posibilidad de elegir
suministrador en un auténtico mercado. Al mismo tiempo, se crean las
comercializadoras, que pueden adquirir gas en el exterior para
suministrar a dicho clientes fuera del régimen de tarifas. El modelo se
cierra con el sistema regulado de acceso a las infraestructuras gasistas
y con el establecimiento de un calendario para que los tradicionales
clientes a tarifa adquieran progresivamente la condición de clientes
cualificados. Indudablemente, señorías, dicho calendario se convierte en
el instrumento básico para modular el proceso de introducción de
competencia y, por tanto, es una de las claves del equilibrio a que me
vengo refiriendo en esta intervención.
Simplemente quiero hacer constar que, aunque el ritmo liberalizador que
figura en el proyecto de ley en lo que respecta a los umbrales de consumo
es análogo al que establece la posición común adoptada en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea --aunque no establece, como sí lo hace la
posición común, porcentajes de apertura del mercado-, el Gobierno muestra
su disposición a introducir una mayor flexibilidad y rapidez en el mismo,
ya sea mediante capacidad reglamentaria o en el propio proyecto de ley a
través del debate parlamentario. En todo caso, el texto que en estos
momentos defiende ante esta Cámara contempla que, transcurrido el plazo
máximo de quince años, todos los clientes, incluidos los consumidores
domésticos, adquirirán la condición de cualificados y este es un punto
fundamental que en cualquier caso no figura en la posición común
Así, señorías, ahora está en sus manos decidir si la redacción actual del
texto es suficiente o si debería precisarse el calendario de otra forma.
La posición del Gobierno es que, si se opta por una redacción
alternativa, deberían respetarse al menos los mínimos que figura en el
texto actual, intentando equilibrar adecuadamente mayor rapidez y mayor
certidumbre en el proceso de apertura del mercado.
Señorías, quisiera resaltar también que el proyecto de ley de
hidrocarburos pone fin al actual sistema concesional existente en nuestro
país en el sector del gas, que es sustituido por un sistema de
autorizaciones administrativas de forma que todas estas actividades
podrán ser ejercidas a partir de ahora libremente, sin más requisito que
una autorización previa que en ningún caso concederá derechos exclusivos.
El Gobierno es consciente de la significación jurídica y económica de
este cambio y está abierto a la consideración de medidas cautelares para
evitar prejuicios económicos sobrevenidos a los actuales titulares de
concesiones ya en vigor. Al mismo tiempo, se establecen un conjunto de
obligaciones en lo que respecta a la separación jurídica y contable de
actividades, al objeto de evitar subvenciones cruzadas que distorsionen
la competencia, asegurando la neutralidad de los gestores técnicos del
sistema, que de nuevo es un aspecto que el Gobierno considera que el
debate parlamentario puede enriquecer, y se incluyen obligaciones de
existencias mínimas de seguridad y diversificación en los
aprovisionamientos que eviten una excesiva concentración de riesgo en las
fuentes de suministro.
Finalmente, quiero destacar también que en el proyecto de ley, en línea
con lo que se contempla en la ley del sector eléctrico, se establecen las
debidas garantías
de reciprocidad, que pretenden asegurar que la presencia de empresas
extranjeras en este sector en España sea posible siempre y cuando los
países de origen de dichas compañías permitan una presencia similar de
empresas de capital español en su territorio.
Señorías, no quiero acabar sin antes hacer referencia al organismo
regulador del funcionamiento de los mercados energéticos cuya creación se
propone en el proyecto de ley, la comisión nacional de la energía. Es
evidente que la clave del éxito cuando se liberalizan sectores tan
complejos como los energéticos, donde confluyen simultáneamente actividad
reguladas y en competencia, está en la capacidad de los organismos
públicos para velar por la concurrencia, la objetividad y la
transparencia en el funcionamiento de los mercados en beneficio de todos
los agentes que operan en ellos y en especial de los consumidores.
En este sentido, además de actuar como órgano consultivo de la
Administración de materia energética, especialmente en lo que respecta a
la planificación y a la determinación de peajes y tarifas, la comisión
nacional de energía tiene entre sus funciones básicas la de velar por que
se respete el principio de libre competencia en los mercados y la de
actuar como órgano arbitral en los conflictos que pudieran suscitarse
entre los sujetos que realizan actividades en los diferentes sectores.
Estoy convencido de que con la integración en la comisión nacional de la
energía de dos consejos consultivos, el de la electricidad y el de los
hidrocarburos, no sólo conseguimos reducir costes de gestión, aspecto sin
duda importante en sí mismo, sino que nos beneficiamos a efectos de la
regulación de las crecientes sinergias existentes entre ambos
subsectores, sobre todo en lo que respecta al gas y a la electricidad. En
cualquier caso, el Gobierno también está abierto a las precisiones que en
este punto se consideren oportunas a lo largo del debate parlamentario.
En definitiva, señorías, y con esto termino, con la ley de hidrocarburos,
cuyo trámite parlamentario da un paso cualitativo hoy en esta Cámara, se
va a cerrar un ciclo que el Gobierno considera fundamental en su apuesta
por preparar el tejido productivo español para los retos del nuevo siglo.
Es imposible que nuestras empresas triunfen en los mercados
internacionales si no cuentan en nuestro país con unos factores
productivos flexibles y competitivos y en este sentido la energía, tanto
la electricidad como los hidrocarburos, seguía siendo una asignatura
pendiente.
Siempre es difícil contentar a todos cuando se pone en marcha un proceso
de reforma estructural de la envergadura del que hoy nos ocupa. Estamos
hablando de un sector que maneja cifras de inversión muy elevadas y en el
que, por tanto, la prudencia aconseja la aplicación de periodos
transitorios razonables y en algún caso relativamente largo, pero, de
todos modos, el proceso es imparable y, a diferencia de lo que
históricamente ha sido habitual en nuestro país, en esta ocasión queremos
estar a la cabeza del grupo de países que ponga en marcha la
liberalización. No somos los primeros, ni mucho menos, el Reino Unido es
el país europeo que lleva la delantera y la valoración de los resultados
es muy positiva. Tenemos que seguir sus pasos y adelantarnos a la
liberalización generalizada que sin duda se avecina en Europa
continental. Las empresas de los países pioneros en afrontar el reto
serán las que después se puedan consolidar en los mercados una vez que
estos sean liberalizados. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Por esta razón, solicito el apoyo de la Cámara para sacar adelante el
proyecto de ley y animo a SS. SS. para que del debate parlamentario
puedan surgir propuestas que enriquezcan los principios liberalizadores
que inspiran el texto que el Gobierno presenta hoy ante esta Cámara.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
A este proyecto de ley han sido presentada tres enmiendas por parte del
Grupo Mixto, Federal de Izquierda Unida y Socialista.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la enmienda de
totalidad de devolución, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, expondremos los motivos que llevan
al Bloque Nacionalista Galego a presentar esta enmienda de devolución a
la totalidad del texto del sector de hidrocarburos presentado por el
Gobierno.
Efectivamente, el texto da un tratamiento global a una industria que está
articulada verticalmente y desde una interpretación más que discutible de
la Constitución española y de la normativa comunitaria. Hay tres grandes
bloques en el proyecto de ley. El primero, la exploración, investigación
y explotación de hidrocarburos, donde se hace la supresión de la reserva
a favor del Estado, que queda convertido en un mero regulador. El segundo
se refiere al refino del petróleo, al transporte, al almacenamiento, a la
distribución y comercialización de productos petrolíferos, distinguiendo
entre operadores y distribuidores al por mayor y al por menor,
presentándonos esa joya, realmente de preocupación jurídica, que consiste
en suprimir la obligatoriedad de distribución a domicilio de las bombonas
de butano. El tercer bloque es la regulación del sector del gas,
identificándolo u homologándolo con el sector eléctrico y, sobre todo,
gestionándolo o arbitrándolo a través de una comisión común que es la
comisión nacional de la energía.
Para el Bloque Nacionalista Galego lo más grave de la ley es la supresión
de la consideración de servicio público de un sector estratégico de gran
importancia, como ya reconoció antes el señor ministro, que pasa a ser un
sector que comprende actividades de interés general. Nos preguntamos si
realmente la Constitución española, en muchos de sus artículos, no está
prácticamente periclitada y, concretamente, el artículo 128.2 que está
recibiendo los ataques más graves en los últimos años. Es importante,
desde el punto de vista político, el paso que se da de la concesión a la
autorización, precisamente al no considerarse el sector un servicio
público.
El primer motivo de nuestra oposición es que el proyecto de ley reconoce,
ampara e impulsa una importante reducción de la intervención pública en
este sector, que ya fue iniciado evidentemente con antelación,
prácticamente desde el inicio de la década de los 90. La intervención
pública queda sólo como una administración reguladora, como un árbitro al
servicio de los oligopolios y, sobre todo, para garantizar las
expropiaciones forzosas y las servidumbres propias, esto sí, de todo
aquello que tiene utilidad pública --por tanto, si tiene utilidad pública
debería ser considerado un servicio público-- y, también, como ya indicó
el señor ministro, para regular o intervenir en los casos de emergencia.
En este aspecto tenemos que agradecer las intervenciones que hubo en las
comparecencias, solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista en
Comisión, porque fueron muy clarificadoras. Efectivamente, el propio
consejero de Industria de la Generalitat reconoció que las comunidades
autónomas, de hecho, podrían dar el servicio ellas mismas, es decir, que
considera que está dentro del bloque constitucional que sea un servicio
público y funcionalmente en manos de las comunidades autónomas.
Sin embargo, lo más grave de esto es que se opta por que, después de que
el monopolio del Estado haya financiado con dinero público una red, esta
red se vuelva a llevar a una situación prácticamente monopolística pero
en manos privadas, un sector controlado por oligopolios, por más que se
hagan separaciones contables, por más que se limiten participaciones
accionariales y por más que haya que hacer sociedades diferentes. En
definitiva, los grandes núcleos del oligopolio serán determinados bancos,
determinadas eléctricas, por supuesto Gas Natural y otras empresas que
tengan que ver con el sector de las telecomunicaciones.
Señorías, una cosa es el régimen de concurrencia, sin duda en alguna
medida necesario, y otra la desaparición de los poderes públicos,
gravísima además en el caso de todo lo que tiene que ver con la seguridad
del sector. En este sentido, incluso los que están participando
interesadamente de este proceso oligopólico privatizador reconocen que el
problema de la seguridad, y los costes que conlleva, coloca determinadas
señales de alarma en relación con la ley. Para que vean que no son
palabras de quien les habla como representante del Bloque Nacionalista
Galego, el señor Brufau Niubó, presidente de Enagás, dijo en la
comparecencia que al tratarse de un sector intensivo en capital, de
repercusión económico-financiera a largo plazo y, por tanto, también de
recuperación, era inevitable que lo que se esté produciendo sea un
oligopolio de oferta y un oligopolio de demanda. No cabe duda de que por
lo menos durante muchos años lo veremos controlado de forma mayoritaria
por Gas Natural y, en menor medida, en su territorio, por Gas Euskadi.
La segunda cuestión que nos lleva a oponernos al proyecto de ley es la
gravísima centralización de competencias normativas y ejecutivas en el
sector de hidrocarburos. No es que lo diga yo, el señor Subirá i Claus
dijo en su comparecencia que la planificación pasa a ser competencia
estatal, y el señor Aramburu, viceconsejero del Gobierno vasco, dijo que
el Gobierno cuando elabora los proyectos de ley parece que se olvida de
que estamos en un Estado de las autonomías, donde existe una Constitución
y unos estatutos de autonomía que normalmente suelen ser coherentes con
ella. Por lo tanto, este proceso de liberalización no lo es de
descentralización; más bien sigue un proceso inversamente proporcional.
En ese sentido, reduce las competencias normativas y ejecutivas de las
comunidades autónomas aludiendo a un artículo de la Constitución Española
francamente pasmoso, el artículo 149.1.13ª, sobre el que ya, por
interpretaciones del Tribunal Constitucional, se dejó claro que nada
tenía que ver con que no se pudiese hacer competentes a las comunidades
autónomas y que era un artículo limitativo pero para todos; limitativo en
el sentido de que no se podía limitar la libre circulación de personas y
capitales dentro del territorio del Estado español. Esta limitación para
cercenar a las comunidades autónomas se lleva a cabo, también, a través
del artículo 149.1.22ª de la Constitución que se refiere a la
extraterritorialidad como un motivo de limitación a esta competencia,
homologándolo con el sector de la energía eléctrica.
Este proyecto de ley, al menos desde una determinada lectura que puede
tener rectificaciones en el proceso posterior de enmiendas, deja claro
que las autorizaciones las hace el Gobierno, así como el cobro de tasas,
y que las autorizaciones, el registro y la inspección son materias de
competencia estatal. Si leemos nuestro estatuto de autonomía vemos que,
una de dos, o lo eliminamos también o hay una contradicción porque el
artículo 28.3 de nuestro estatuto de autonomía dice que nos corresponde
el desenvolvimiento legislativo y la ejecución de la legislación del
Estado en régimen minero y energético.
La tercera razón es la comisión nacional de la energía que sustituye al
Cesen, creado en 1994, con funciones de carácter sancionador, arbitral e
incluso normativo.
Señorías, pretender a estas alturas que pueda haber una comisión
independiente, nombrada por el Ministerio, con personalidades de
importancia técnico-profesional, que se regirá con criterios privados
aunque tenga personalidad jurídica de Derecho público, nos parece que
indica muy buenas intenciones pero que en la práctica va a ser un
instrumento de los oligopolios. No sabemos por qué razón en estos casos
nunca se recurre al artículo 139 de la Constitución española que se
refiere precisamente a la creación de un consejo de planificación de la
economía, donde tendrían que estar representadas las comunidades
autónomas.
Por último, quiero hacer unas reflexiones que afectan de forma especial a
Galicia y a la problemática en que estamos situados en este contexto
contradictorio y oligopólico. Hubo quejas en la Comisión en relación a
que el gestor de la red básica debería ser un gestor independiente, y es
más, el señor secretario general de Confemetal se preguntó por qué no lo
era la Administración. Es curioso que un representante de los empresarios
pida que sea la Administración quien, por lo menos, haga de gestor de la
infraestructura básica. Es la misma queja de un representante de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en concreto el señor conselleiro de
Industria. Otra cosa es que él pida más liberalización cuando pensamos
que ése no es el camino a recorrer. El señor Aramburu nos recordaba que
volveremos a tener una especie de monopolio, oligopolio o duopolio, que
contrastaba con lo que el señor Couceiro hablaba en el sentido de que
esta ley seguía siendo discriminatoria para Galicia.
Al margen de separar la gestión técnica del sistema, que sería básico en
caso de que hubiese competencia también con empresas privadas, habría que
tener en cuenta, para que los territorios del Estado puedan acceder al
gas, por ejemplo, con total garantía de igualdad, que necesitaríamos un
mercado interno de gran volumen, que habría que impulsarlo y protegerlo
políticamente para pedir los suministros al exterior. Si se hicieran
asociaciones de consumidores a nivel de la comunidad autónoma (está claro
que con protección del Estado, en este caso de la propia comunidad, como
recordaba el señor conseller de Industria de la Generalitat, ya que en el
bloque constitucional cabe esta actuación de las comunidades autónomas),
nosotros estaríamos seguros que tendríamos planta de gas regasificadora
en Ferrol. Con este marco que se nos ofrece está claro que vamos a estar
alejados de la entrada del sistema, que va a suponer un sobrecoste del
precio del gas en el caso de Galicia y lo mismo para el peaje de
terceros.
Nosotros no pedimos mayor liberalización. Pedimos que sea un servicio
público, que por lo menos pueda competir con operadores privados, que se
armonice territorialmente el Estado español, que haya una concepción del
Estado plural y, por supuesto, el control democrático del mismo. Así
podríamos tener una concurrencia positiva y no lo que nos espera que,
como dijeron las autoridades comparecientes, incluidas las interesadas en
la privatización y en que sea un oligopolio privado, no pasa de seguir
siendo oligopolio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, para la presentación de
la enmienda de totalidad con texto alternativo tiene la palabra el señor
Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, señorías, nuestro grupo ha
presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto
de ley de hidrocarburos. Lo hace a pesar de conocer previamente cuál
suele ser el destino de nuestras enmiendas a la totalidad, pero también
en el afán de hacer un esfuerzo por presentar una propuesta alternativa y
global, desde nuestra propia visión política, al sector de hidrocarburos
y partiendo igualmente del análisis del proyecto de ley presentado por el
Gobierno; proyecto de ley que, a nuestro entender, está atravesado por
una constante en la política económica del Gobierno, y especialmente en
la política industrial, que es este canto al liberalismo, al mercado como
gran resorte para solucionar todos los problemas de los consumidores y de
nuestro tejido industrial.
Quiero creer que existe una buena fe (como es lógico en cualquier
gobierno que pretende lo mejor para sus gobernados y, por lo tanto,
directa o indirectamente para los ciudadanos y consumidores), pero es
curioso que cuando se parte de un sector con una experiencia
monopolística muy reciente del propio Estado --ya hemos visto también una
experiencia similar en el sector eléctrico-- se presentan unas
alternativas que están marcadas por rasgos monopolísticos o por rasgos de
control de los grandes grupos que hoy están presentes en estos sectores,
que por sus propias características tienen una tendencia brutal a
realizar prácticas oligopolísticas.
Este mercado tiene la tendencia de aplicar el sentido común. Y el sentido
común dice que cuando operan en un sector muy pocas empresas tienen una
tendencia a ponerse de acuerdo precisamente para mejorar sus condiciones
ante el usuario. Si, además, echamos un vistazo a cuestiones muy
recientes, como ha pasado en el sector aéreo con el acuerdo entre Iberia
y el grupo de Viajes Halcón (se pusieron de acuerdo y de un plumazo se
cargaron en dos días la competencia que había introducido inicialmente un
grupo aéreo, estableciendo un acuerdo que todavía hoy está siendo
investigado y analizado para ver qué se puede hacer), en el sector de
hidrocarburos vemos, por ejemplo, en el campo de las gasolinas y
gasóleos, que es el que
afecta prácticamente a todo el Estado, que automáticamente la política de
precios máximos ha servido como precio único. Salvo consumidores
cualificados, que tienen algún trato de ventaja, como pueden ser los
transportistas a través de algún sistema de concertar con las
gasolineras, etcétera, y pocos más, el usuario de a pie se encuentra
prácticamente con el mismo precio de las gasolinas y gasóleos en todo el
Estado; entre otras cosas, porque las compañías se encargan de enviar
todos los días, a una determinada hora, a sus propias empresas
abanderadas cuál es el precio que tienen que poner en el famoso monolito
que está a la puerta de las gasolineras.
Ustedes proponen como solución a este problema que se elimine el sistema
de precios máximos. Entiendo la buena voluntad, pero la prueba de que no
se fían es que, sin embargo, en las bombonas de butano no eliminan el
sistema de precios máximos porque ni ustedes mismos se creen que se
garantice realmente la competencia de los precios. Por tanto, en esta ley
creo que vamos a asistir, una vez más, a acuerdos entre las grandes
empresas de compañías bandera, sobre todo Cepsa, Repsol, etcétera, que
nos van a imponer de nuevo los precios, sobre todo al consumidor de a
pie.
Respecto al tema de los consumidores preferentes --y voy a poner otro
ejemplo, aunque no es del sector--, ocurre como con los clientes
preferentes de la banca. Cada vez que hay una rebaja de tipos de interés,
la primera noticia que automáticamente el Gobierno se encarga de poner en
conocimiento de la opinión pública es que los tipos de interés para los
clientes preferenciales han bajado al 4,45 por ciento. Ahora bien, no se
te ocurra como cliente o consumidor ir a tu banco a plantear que para tus
créditos hipotecarios o para tus necesidades te apliquen esos tipos de
interés. La filosofía que tiene este proyecto de ley para este tema es la
misma. Y si no, repasemos, por ejemplo, los criterios que se imponen para
los clientes preferentes en el tema del gas. Ser cliente preferente en el
tema del gas es prácticamente imposible. Son clientes preferentes los que
ya están, muy medidos, y se impide la asociación de posibles consumidores
o empresarios que puedan acceder a obtener algún tipo de ventaja o
descuento en los precios. La filosofía es la misma que se estableció en
el protocolo eléctrico, pero peor.
En otros aspectos se mantienen menos instrumentos de competencia que en
el sistema eléctrico. Por ejemplo, algo que ya ha sido criticado en el
tema del gas es quién lleva la gestión técnica del sistema; es decir, el
grupo Gas Natural o Enagás, que prácticamente controla el 90 por ciento
del sector en cuanto a ventas, distribución, etcétera, va a ser quien
tenga la llave del sistema. Esto es lo mismo que si en el sector de las
bebidas refrescantes Coca-Cola tuviera la exclusiva para repartir las
medidas refrescantes. Me imagino que Pepsi-Cola o Trinaranjus --que tiene
otro problema parecido con Schweppes-- pondrían el grito en el cielo. Es
decir, que el principal competidor es, a la vez, el que regula su acceso
al sistema y el que les puede imponer, por criterios técnicos de otro
tipo, restricciones para poder competir. Creo que hasta el Tribunal de la
Competencia en sus conclusiones pone de relieve que esto es una
aberración, ya que se garantiza durante casi diez o quince años que el
principal operador del sistema sea quien lo controle. Si esto es
competencia, que venga alguien a explicarlo.
Nosotros en nuestra enmienda planteamos que tiene que haber una mayoría
pública o al menos una presencia pública importante y que debe ser, en
todo caso, una agrupación de empresas distinta de la que después va a
estar en el negocio del gas. Tiene que ser alguien ajeno, con
participación en el capital, si se quiere, de las propias compañías de
gas, pero nunca con una posición dominante que pueda dificultar aún más
la competencia.
Nos preocupa también, por centrarnos en los temas que afectan
directamente al usuario, dado el poco tiempo de que disponemos, algo que
citaba el representante del Bloque Nacionalista Galego: la supresión de
la obligatoriedad de entrega a domicilio de las bombonas de butano. Este
es otro tema que no se sostiene. Aquí ocurre un poco como con el tema de
correos. El que entra en un mercado intenta hacerse con aquella parte que
más margen de beneficio tiene. El hecho de llevar una bombona de butano a
determinadas regiones apartadas tiene dificultades y mayores costes, y
mucho nos tememos que, al final, para poder situar la bombona en el
domicilio en muchos ámbitos de nuestro país va a ser preciso pagar una
cuota adicional por ese desplazamiento, por ejemplo, a Cangas del Narcea,
o a determinados montes, o volveremos a ver a usuarios que tendrán que
desplazarse con un burro para recoger la bombona de butano.
Hay otro tema que es el de la seguridad. Ustedes establecen, como es
lógico, determinadas normas para el almacenamiento del gas butano y, en
cambio, no les preocupa, en ese mecanismo de que el usuario en algunos
casos esté obligado a desplazarse a por la bombona, que estén circulando
por nuestras carreteras, en condiciones incontrolables, bombonas de
butano en los vehículos de turismo, con el riesgo que supone para la
propia seguridad esa práctica que de hecho ya se está dando en algunos
casos, porque hoy es posible que un sábado se vaya a un almacén de butano
a recoger una bombona si te has quedado sin gas. Todos esos aspectos no
se contemplan y, desgraciadamente, podemos vivir incidentes con grave
riesgo por la manipulación de las bombonas de butano. Sobre todo puede
haber una parte de la población afectada directamente por la supresión de
la obligatoriedad de entrega de las bombonas de butano a domicilio.
En cuanto a la regulación de lo que afecta a los posibles fraudes,
creemos que es insuficiente. Todo el apartado de infracciones de la ley
es bastante débil. Se
consideran como infracciones graves las que van contra la propia
seguridad, cuando en nuestra opinión debían de tener la consideración de
muy graves. Además, creemos que la ley no tiene los mecanismos
suficientes para evitar fraudes como el que hemos vivido recientemente en
las gasolineras. Nosotros creemos que hay que introducir una
corresponsabilidad, sobre todo en las gasolineras abanderadas, que se
debe repartir equitativamente entre el abanderado y el abanderador, es
decir, si hay una gasolinera de Cepsa, de Repsol o de otro grupo que es
sorprendida en fraude hay que pedirle corresponsabilidad a la compañía
bandera, que es la que, a través de la publicidad, nos está incitando a
ir a esa estación de servicio. Al mismo tiempo, hay que dotarle de
instrumentos que, a su vez, permita a la compañía bandera poder
fiscalizar que aquél que utiliza su nombre de manera ágil no pueda estar
suministrándose de otros proveedores extraños, como ha ocurrido en
algunos casos, sin garantías para la calidad ni para la cantidad.
Asimismo, hay que reformar, me imagino que a través del reglamento,
situaciones como las que se dan ahora mismo al permitir el Real Decreto
2201/1995 que estaciones de servicio, por ejemplo del año 1928, sin
condiciones de seguridad adecuadas, etcétera, estén funcionando,
apoyándose en que como estaban en servicio antes de la entrada en vigor
de ese Real Decreto no se les aplica los criterios que en él se
establecen.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso, le
ruego vaya concluyendo.
El señor SANTISO DEL VALLE: Habrá que establecer también que esos
requisitos tienen que extenderse a todas las gasolineras para evitar la
manipulación y fraude, en muchos casos amparado por la obsolescencia de
las propias instalaciones y medidores.
Creemos que no se puede continuar con un mercado que está poniéndose en
manos de muy pocas compañías, en el caso de las gasolinas y gasóleos, y
que en el del gas es aún mucho más grave.
En nuestra enmienda introducimos, como aportación creemos que novedosa,
la necesidad de potenciar el ahorro energético, proponiendo la creación
de una compañía o ente que estimule no sólo el consumo de energía sino el
consumo eficiente de la misma. Hay que estimular políticas de ahorro
energético, como se hace en todos los países desarrollados, porque a
nosotros lo que más parece preocuparnos es medir todos los años el índice
de consumo de gasolinas y gasóleos, en definitiva de energía, sin
potenciar aún más políticas de ahorro.
Termino diciendo que en la comisión nacional de energía que se crea
deberían tener presencia plena las comunidades autónomas, pero no como
entes consultivos, dado que prácticamente tienen todas las competencias
delegadas. Además, debería ser interministerial porque afecta al
transporte, entre otros, de mercancías peligrosas. Por cierto, ustedes
deberían de haber hecho en la ley una relación de lo que es el transporte
de mercancías peligrosas, que todas ellas lo son, las que van en esta ley
y las que van en la normativa actual. También afecta al Ministerio de
Hacienda. Es otra forma de controlar el fraude. No puede ir por un lado
un inspector midiendo simplemente cuántos litros de gasolina se sirven y,
al mismo tiempo, tener otra inspección de Hacienda desligada de la
anterior. Creo que interrelacionarlo sería mucho más eficaz. Por último,
afecta a Industria, especialmente en el aspecto de normativizar y regular
todos los temas de metronomía para que, ante la modernización de los
aparatos de suministro de gasolinas, gasóleos y el propio control de los
camiones en los que se mueven estas mercancías, pueda haber sistemas
homologados que puedan impedir fraudes como los que se han detectado en
algunos casos.
En definitiva, podemos caer en el riesgo de que si metemos todo en esta
comisión nacional de energía perdamos un seguimiento efectivo. Las
grandes ausentes son las comunidades autónomas a las que se les da
competencias, pero, al mismo tiempo, no tienen un territorio práctico
donde ejercerlas. En el tema del gas, las grandes perjudicadas pueden ser
también las comunidades autónomas, que van a quedar en manos de quienes
están ahora mismo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Para la presentación de la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted nos ha presentado hoy aquí un proyecto de ley que
tiene dos vertientes muy distintas. Por un lado se trata de actualizar
una serie de normas en relación al sector que estaban desfasadas, de
hacer una compilación de otras normas dispersas y, en definitiva, de
sistematizar y hacer una regulación básica en una única ley de lo que es
el sector de hidrocarburos en su conjunto, desde la exploración, la
investigación y la explotación de los yacimientos, hasta el suministro al
usuario final, pasando, como es lógico, por el transporte y el
almacenamiento. Eso, señor ministro, es algo que entendemos positivo. Es
un esfuerzo que merece --así lo entendemos desde el Grupo Socialista-- el
apoyo de la Cámara.
La otra vertiente del proyecto es ciertamente más controvertida y también
mucho más importante, porque es donde se plantea seguir caminando hacia
la competencia, en lo que se refiere a los hidrocarburos líquidos, y
abrir a la competencia lo que es hoy el servicio
público de suministro de gas canalizado. Eso, señor ministro, inscribe a
este proyecto de ley en el marco de estas normas que vienen impulsadas
por directivas sectoriales de la Unión Europea --en este caso no por una
directiva, sino por una posición común sobre la futura directiva del
gas-- que pretenden abrir a la competencia unos servicios públicos cuya
cadena de prestación puede descomponerse. Se pueden incrustar en algunos
de sus eslabones elementos de mercado y de competencia y en otros, como
por ejemplo la gestión de la red en estos servicios que se gestionan a
través de una red única, no es posible introducirlos y, además , son
fundamentales para que el servicio funcione.
Esto nos lleva a una primera consideración: la introducción de la
competencia pone en crisis el concepto de servicio público desde un punto
de vista técnico-jurídico, porque, tal como se ha ido conformando el
concepto a lo largo de un siglo, hoy se caracteriza por la titularidad
pública, quedando fuera la gestión privada, salvo con una habilitación
especial, con un título competencial que es la concesión administrativa
que, como confiere derechos exclusivos, imposibilita la competencia. En
coherencia con eso, ustedes nos plantean en esta ley el paso de un
régimen de concesiones a un sistema de autorizaciones, lo que implica que
no es posible la reversión de esos activos al Estado en su día. Por
tanto, hay que considerar que los beneficios de esa competencia deben
cubrir esa renuncia que se hace por parte del Estado a la reversión de
los activos, en este caso de transporte y almacenamiento.
Señor ministro, el que pueda estar en crisis el concepto técnico-jurídico
de servicio público no implica que el servicio mismo, en su aspecto
esencial, en su concepto medular, esté en crisis. No lo está y espero que
en esto estemos de acuerdo. El servicio es una prestación de carácter
universal garantizada, a la que los ciudadanos deben acceder en
condiciones de calidad, de regularidad y de precio asequible para todos
ellos. Eso no solamente no está en crisis, sino que es una exigencia
social cada día más reforzada: unos servicios públicos mejores, de más
calidad y de menor precio. Esto es, señorías, lo que pensamos desde el
Grupo Socialista. Si se va a introducir competencia, si se debe avanzar
hacia la competencia es para que esa competencia dé satisfacción a esa
exigencia social cambiante, reforzada cada día en relación a los
servicios públicos. Es decir, que de esa competencia se beneficien los
consumidores, los usuarios.
Ahí es donde aparece la quiebra entre la posición de los socialistas y lo
que ustedes plantean en este proyecto de ley, porque del análisis de su
articulado no se deriva un beneficio para los usuarios, sino todo lo
contrario; a nuestro modo de ver, en este proyecto de ley late el
perjuicio a los usuarios, a veces de forma explícita. Me gustaría que
usted me dijera qué beneficio van a obtener los usuarios de que el
Gobierno abdique de su competencia de imponer, de establecer precios
máximos. No digo ya que los establezca o no, sino que los pueda
establecer, porque, ¿qué beneficio han sacado los consumidores de que se
anulara el precio máximo de los gasóleos? El gasóleo subió y usted sabe
perfectamente que el de las gasolinas es un mercado bastante más
imperfecto todavía, con mayor concentración horizontal. Va a subir el
precio y eso no es un beneficio para los consumidores, como tampoco es un
beneficio el que desaparezca un derecho que creíamos consolidado, como es
el que se incluya en el precio máximo de la bombona de butano el
suministro a domicilio. Los socialistas no estamos en contra de que esa
bombona se venda en las grandes superficies, en los almacenes, donde sea
--siempre que se cubran los problemas de seguridad que se pueden derivar
de eso-, pero sí nos parece que el no introducir en esa disposición
transitoria quinta, donde ustedes establecen --aquí sí-- un precio
máximo, el suministro a domicilio supone que eso es una opción, y las
opciones cuestan y, señor ministro, estamos hablando de una amplia capa
social de este país, mayoritariamente de familias modestas, que hacen uso
de esa popular bombona de 12 kilos y medio. Tampoco nos parece que sea
una ventaja para los consumidores el que otro derecho adquirido por el
que ya temíamos, puesto que nos había sido arrancado en la Ley Eléctrica,
como es la autorización administrativa previa al corte de suministro,
desaparezca.
En cuanto al régimen sancionador, que usted dijo que era más duro que el
anterior, tengo que decirle que no es esa la impresión que yo tengo
después de analizarlo. En un momento en que el Estado se retrae, por el
proceso de liberalización, de la tutela sobre el sector, habría que
reforzar la disciplina sobre éste y evitar conductas reprochables,
disuadir de esas conductas. Estamos viviendo un momento de fraude, ha
habido un fraude en las gasolineras que, en términos cuantitativos,
parece que está entre el 5 y el 15 por ciento, y ese fraude, con la
normativa en vigor, sería objeto de una tipificación muy grave y la
sanción sería más dura que la que usted plantea en este proyecto, donde
la calificación sería solamente de grave. En todo caso, usted ha dicho
que está abierto a esta modificación.
Donde se percibe el mayor riesgo para los consumidores desde nuestro
punto de vista es en que esta apertura no se hace con las garantías
necesarias para que, dada la estructura oligopolística de estos mercados,
no se consoliden posiciones de dominio. En realidad se otorga poder de
mercado a grupos minoritarios, pero compactos y organizados, y la lógica
general de los mercados dice que cuando alguien tiene poder de mercado lo
ejercita, y eso da lugar a que aparezcan actitudes anticompetitivas y
pactos colusorios que sólo operan en contra de los consumidores. Si
quiere repasamos los subsectores concretos.
Recuerde que usted abrió a la competencia el sector de los hidrocarburos,
al menos en el plano teórico, y
felicitamos a su equipo de marketing porque parece que en la práctica
tuvo pocos resultados. De todas maneras, me gustaría que dijera cuáles
fueron los efectos reales de aquel famoso decreto de liberalización de 7
de julio de 1996 en este contexto de los hidrocarburos líquidos, cuántos
operadores hicieron ejercicio de ese derecho, porque es determinante para
ver el éxito que pueda tener este proyecto de ley que nos trae aquí. No
da un paso más, aquí había un proceso que se había iniciado para pasar de
un contexto de monopolio público a una competencia. Sin embargo, la
Compañía Logística de Hidrocarburos sigue con su estructura accionarial,
en la que cuatro compañías del sector controlan el cien por cien del
accionariado y una tiene el 61 por ciento.
Los operadores que vayan a competir con esas empresas que controlan las
infraestructuras de transporte y almacenamiento deben negociar ese
acceso. No es un acceso regulado, señor ministro, y eso supone que las
condiciones de objetividad, transparencia, de no discriminación que deben
presidir las aperturas de los mercados, el acceso a las redes de terceros
no se dan en este caso. Estará de acuerdo conmigo en que el acceso a
terceros es el centro, la clave, el álgebra de lo que es un avance hacia
la competencia en servicios de red.
Señor ministro, tenemos que entrar en el territorio de la liberalización,
de la competencia de gas natural, y antes de introducirnos en él quiero
hacerle un reconocimiento expreso. Ha acreditado ser un esforzado
experimentador literario, señor ministro, porque ha llenado usted el
Boletín Oficial del Estado de lo que es una nueva narrativa en este país,
que es la liberalización del gas natural en España. Es una prosa muy poco
imaginativa, es verdad, pero con un objetivo y un argumento audaz, que es
hacer pasar por real lo que es ilusorio, porque es ilusorio que vaya a
abrir al mercado este sector del gas natural con este proyecto, como
ilusorio fue que lo hubiera abierto con el decreto ya mentado
anteriormente de 7 de julio de 1996 o el posterior, por cierto más
restrictivo. El primero obedecía seguramente al trimestre liberal del
Gobierno y el siguiente era más restrictivo, el de 6 de septiembre. Me
gustaría que dijera que operatividad tuvieron aquellos dos famosos
decretos en la práctica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Sí, señor presidente.
Van en este momento cuatro liberalizaciones. Esta es la cuarta
liberalización del gas en España realizadas por el ministro Piqué. Si me
permite un consejo cordial, cuando llegue tarde a casa no diga que viene
de liberalizar el gas natural, porque no le van a creer. Aquí no se lo
podemos creer tampoco, porque en este proyecto de ley están todos los
argumentos para poner inconvenientes en la práctica a lo que es una
retórica de liberalización.
¿Qué clientes cualificados son los que se van a acoger, señor ministro, a
esa condición? Usted sabe perfectamente que el elemento de coste esencial
es el precio y que no hay un mercado spot, que en el precio es
determinante el volumen de lo adquirido y es muy difícil encontrar buenos
precios contratando por debajo del bcm. Señor ministro, si además eso lo
tiene que diversificar un cualificado, ¿qué clase de competencia es ésta?
Qué se puede decir sobre el modelo que se plantea en cuanto a la gestión
del sistema, cuando el gestor del sistema es el transportista y el que
adquiere el gas y lo vende a los distribuidores y controla más del 90 por
ciento de ellos. No quiero hacer aquí ninguna trasposición automática
entre el modelo eléctrico y el gasista. Los sectores son distintos,
aunque tengan elementos de convergencia evidentes. Ese modelo no existe
porque no garantiza esa objetividad, neutralidad y no discrecionalidad en
el acceso a la red, aunque esta vez, al contrario que en los
hidrocarburos líquidos, el acceso se regule. No obstante, usted no tiene
en este momento --perdone que se lo diga-- crédito como regulador
independiente para el acceso a la red, lo ha perdido con ese decreto en
el que se fijaban los peajes abusivos, los peajes disuasorios para el
acceso a la red eléctrica.
Por cierto, ha comentado antes que era un éxito histórico que la nueva
competencia hubiera generado una disminución de tarifas en 1997 y 1998.
Señor ministro, no nos diga eso. Usted sabe perfectamente que en 1997 no
había sistema competitivo alguno, estaba funcionando la Losen y estaba
funcionando el marco legal estable. No venga a vender aquí eso, porque lo
conocemos perfectamente. Fíjese, por todos esos problemas que usted puso
para el acceso a terceros a la red eléctrica, ahora está como un Diógenes
cualquiera buscando algún cliente cualificado con el que poder vender que
eso tiene éxito, porque si no hay clientes, es un fracaso evidente y no
hay tal liberalización. Y aquí, si no hacen cambios, va a ocurrir lo
mismo, señor ministro. El acceso debe ser regulado, pero los peajes los
tiene que fijar la comisión nacional de la energía, que es a quien
corresponde hacerlo, porque la captura del regulador independiente
--entre comillas lo de independiente-- es evidente en el caso del
Ministerio y, además, para eso está la comisión, no para inventarse una
comisión nacional de la energía, que nos parece bien, pero solamente en
el caso de que los integrantes de la actual Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico no cumplan los períodos para los que fueron elegidos, señor
ministro. Eso no confiere la estabilidad necesaria a esa Comisión y de la
estabilidad nace la credibilidad, la fiabilidad y el prestigio de las
comisiones que, además,
son agencias absolutamente necesarias, la piedra miliar, angular de estos
procesos de liberalización --y usted lo sabe perfectamente-- y tiene que
empezar a creer en ellas.
Señor ministro, yo le aconsejo que se lleve este proyecto de ley y que
traiga otro con el que podamos obtener dos objetivos: uno, que se pueda
pactar, consensuar y acordar, y que se incardine en nuestro ordenamiento
con vocación de permanencia, que esto siempre es bien visto por estos
sectores que necesitan esta estabilidad; y otro, que de una forma gradual
y prudente, pero efectiva y cierta, se pueda avanzar hacia la competencia
y que no sea una cuestión puramente retórica.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
¿Grupos que desean consumir un turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo ha decidido consumir un turno en contra porque
creemos que es importante centrar el objeto del debate de esta mañana. Es
un debate sobre las enmiendas de totalidad, es un debate que trata de
analizar la consideración global que merece el proyecto de ley que
presenta el Gobierno, el modelo que diseña el proyecto de ley que
presenta el Gobierno. Continuará después en esta Cámara el trámite de
debate en Comisión, también en este Pleno, sobre aquellas mejoras
parciales que cada uno de los grupos quiera introducir en la línea de
conseguir los objetivos, que parecen compartidos incluso por alguno de
los grupos que mantienen enmiendas de totalidad, de garantizar un mayor
nivel de competencia en el sector y, por tanto, garantizar el suministro
de combustibles a los usuarios en mejores condiciones de calidad y de
precio.
No olvidemos, señorías, señor presidente, que estamos en un debate de
totalidad y que, por tanto, hablamos de la consideración global del
proyecto, susceptible en sí, lógicamente, de mejora en el trámite
parlamentario. Señorías, se han citado aquí manifestaciones de algunos
comparecientes en un trámite previo, por cierto, trámite insólito en esta
Cámara en cuanto a que han comparecido 20 personalidades del mundo
económico, empresarial y social de nuestro país con ocasión de este
proyecto, mérito que hay que atribuir al grupo que solicitó esas
comparecencias y mérito que también hay que atribuir al resto de los
grupos, que creo que hemos aprovechado con cierta utilidad ese trámite,
no hemos hecho de él un debate político --el debate político se tenía que
producir aquí--, sino que lo hemos utilizado para obtener información que
debe ser útil para mejorar el proyecto en aquello que sea susceptible de
mejora.
Dicho esto, señorías, queremos manifestar una cierta sorpresa porque no
todas las enmiendas de totalidad nos merecen la misma consideración.
Sinceramente, Izquierda Unida presenta una enmienda de totalidad con
texto alternativo y existe un esfuerzo por construir un modelo
alternativo. Es un esfuerzo que nosotros elogiamos, aunque no
compartimos, y que parte, además, de una diferencia ideológica de fondo
respecto a si la competencia es positiva o no, al final, para el
consumidor, para el usuario en cuanto a la calidad y el precio del
producto que se suministra. Nosotros creemos que la competencia es
positiva, que la liberalización es positiva para ese interés final, que
es el beneficio para el consumidor y el usuario. Respetamos que Izquierda
Unida no participe de ese criterio, pero lógicamente ahí va a ser difícil
que nos pongamos de acuerdo.
Nos sorprende mucho más la postura del Grupo Socialista y la enmienda de
totalidad que sustenta. En primer lugar, porque su posición no parece
tanto la de una enmienda a la totalidad, ya que se apoya en críticas
parciales al proyecto. Pero es que, en segundo lugar, no presenta modelo
alternativo alguno, y ahí está quizás el quid de nuestra sorpresa porque,
siendo el principal grupo de la oposición, si, como manifiesta, comparte
los objetivos finales del proyecto de ley de favorecer la competencia, la
posibilidad de bajada de los precios y la mejoría del suministro a los
consumidores, y le parece que este instrumento en su globalidad no es
suficientemente adecuado, nos gustaría conocer cuál es su modelo, porque
en lo que estaremos todos de acuerdo, señorías, es en que la situación
actual no es la mejor de las posibles. He creído entender al Grupo
Socialista que comparte los objetivos de liberalización. Por tanto, si un
monopolio público no se considera adecuado para este sector, menos un
monopolio privado, señorías, que es la situación actual. Entonces, si
estamos de acuerdo en que la situación actual no es la mejor para esos
objetivos, dígannos cuál es su modelo alternativo. Qué pena, señorías,
que hayan perdido esta ocasión magnífica para, como ha hecho Izquierda
Unida, plantearnos ese texto alternativo.
Señorías, para no hacer un debate farragoso sobre esta cuestión, ya que
se han citado las comparecencias de personalidades del mundo económico,
social e incluso administrativo de este país y de poderes políticos
autónomos --han comparecido varios consejeros de comunidades autónomas-,
y para que no se extraigan declaraciones parciales que intentan sustentar
un punto de vista particular, creemos que va a merecer la pena --incluso
a riesgo de no poder hacer nuestra intervención lo profunda que
hubiéramos querido analizando las expresiones que se han manifestado
desde esta tribuna por parte de algunos grupos que presentan enmienda de
totalidad-- molestarnos en citar
la opinión de todos, absolutamente todos los comparecientes que han
pasado por la Comisión de Industria hace unas semanas, en cuanto a la
consideración global del proyecto, es decir, en cuanto a lo que estamos
discutiendo hoy en esta Cámara.
Como saben, éste es un debate de intereses muy heterogéneos. Aquí se
parte de una situación compleja, de un monopolio de hecho privado, y hay
que procurar dar satisfacción a esa voluntad, a ese objetivo de
liberalizar el mercado, pero hay que conciliar intereses heterogéneos y
complejos. En primer lugar, por supuesto, los intereses generales de los
consumidores, de los usuarios, de los ciudadanos que tengan garantía de
esa prestación universal del servicio, que por cierto se recoge
expresamente en el proyecto de ley. En segundo lugar, la garantía de las
comunidades autónomas, que también tienen algo que decir en estas
cuestiones, ya que tienen su régimen competencial y tienen que otorgar
las correspondientes autorizaciones en el ámbito de su competencia, como
recoge también el proyecto de ley. En tercer lugar, hay que salvaguardar
el interés y el derecho, porque son derechos. Hay concesiones por 75 años
del actual monopolista, hay un promedio de 50 años de concesión del
actual monopolista, y esto no lo ha hecho este Gobierno, señorías, lo ha
hecho el Gobierno anterior, lo han hecho las autoridades anteriores con
una legislación anterior. Esos 50 años de promedio de concesión hay que
respetarlos, hay que buscar una transición ordenada, máxime cuando se
manifiesta, y es cierto, que el mercado del gas en España se encuentra en
una situación de desarrollo incipiente, y debemos cuidar que ese
desarrollo se produzca de manera ordenada y homogénea, precisamente en
garantía de ese derecho universal de los ciudadanos a obtener la
prestación del servicio, sobre todo en el sector del gas. Y por último,
hay que salvaguardar también los intereses muy complejos de empresas, de
grupos interesados en participar en ese negocio, en facilitar la
competencia empresarial, que nos permita conseguir ese objetivo final de
mejora de precios y de calidades. Señorías, hay que buscar un punto de
equilibrio en esos intereses. Sería preocupante para este Gobierno que
uno de los grupos manifestara estar absolutamente satisfecho con el
proyecto de ley y los demás manifestaran estar absolutamente en contra
del mismo en cuanto a su consideración global. Eso supondría que el
Gobierno se ha equivocado, porque estaría primando los intereses de una
parte, en perjuicio de los intereses de la otra.
Señorías, voy a leer, insisto, incluso a riesgo de hacer algo farragosa
mi exposición, la opinión que tienen todos los comparecientes sobre el
proyecto en cuanto a su consideración global.
Grupos empresariales que responden al grupo de los interesados en abrir
el mercado a la competencia. Presidente de Unesa, de la patronal
eléctrica: Es evidente que el Gobierno, presentando esta ley al
Parlamento y ustedes trayéndola a debate, demuestra coherencia. Continúa
diciendo: La ley que se nos ha presentado hoy es un avance muy
importante. Lo que se aplica en este modelo de ley, que ya digo que es
positiva sobre lo que había, es coherente, y es oportuno el momento en
que se presenta.
Confemetal, también patronal, está interesada en que se abra el sector a
la competencia: La valoración sobre la ley en términos generales es
positiva en su conjunto. El proyecto es encomiable y oportuno para
actualizar la normativa existente y aunar toda la que ya existe, sobre
todo porque pretende dos cosas fundamentales para el desarrollo de las
empresas españolas, que son la liberalización y la competitividad dentro
del mercado único y de un mercado interior europeo energético.
Presidente de un grupo muy interesado en la apertura del sector, Cepsa:
En relación con la valoración general del proyecto, creo que el proyecto
era necesario; era necesario poner al día la legislación en la materia.
El proyecto tiene, indiscutiblemente, un fin liberalizador. La valoración
es positiva si bien, como después veremos al entrar en el tema del gas,
esa liberalización no es tan contundente como lo que se dice. ¿Se avanza
en la liberalización? Sí se avanza, pero se avanza, como he dicho,
teniendo en cuenta una situación preexistente y, si yo estuviera en el
lugar del Gobierno, quizá tendría que tenerla en cuenta. Es decir, no
puedo decir que parto de cero, que aquí no hay nada, y empiezo a montar
mis sistemas y el modelo que yo considero adecuado.
Presidente de BP Oil: La nueva ley de hidrocarburos, en mi opinión, se
inscribe dentro de la línea de esfuerzos para liberalizar la economía
española, y en concreto los sectores energéticos, en los cuales convergen
la mayoría de estos esfuerzos. Es, por lo tanto, en mi opinión, un empeño
positivo que compartimos y apoyamos decididamente. Si continuamos en este
ámbito de valoración global y refiriéndome quizás más específicamente al
sector gasista, diría que el proyecto de ley no está planteando una
desregulación del sector gasista --no es lo que pretende el Gobierno-,
sino que lo que plantea es una nueva regulación que permita pasar, de
forma ordenada, de una situación de monopolio de hecho a un régimen de
competencia.
Presidente de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos: La
valoración general de la ley nos parece positiva; otro aspecto sería
hablar de los gases combustibles por canalización que, aunque no se nos
ha preguntado, es la gran novedad con la que nosotros, claramente,
estamos a favor.
Por cierto, respecto a esta cuestión, se ha hecho una pregunta sobre la
opinión del Gobierno en cuanto al efecto que han tenido las medidas
liberalizadoras en el sector de hidrocarburos líquidos. Recordarán SS.
SS. que esas medidas no las inició este Gobierno, sino que forman parte
de un proceso iniciado por el Gobierno
anterior. A propósito de esta cuestión, este mismo compareciente decía:
Es un proceso altamente valorado en Europa que, comparado con otros
procesos nacionales, ha sido mucho más rápido y más creíble en el sentido
de que los pasos de liberalización que han dado tanto los gobiernos como
el Parlamento español han sido inequívocos y transparentes.
Presidente de CLH: Del gas, como decía antes, siento no poder decir mucho
más, pero sí entiendo, en lo que he leído de la ley, que es
liberalizadora. Me da la impresión que es más liberalizadora de lo que
había hasta ahora.
Hasta aquí los intereses (Rumores.)... ¿En qué quedamos, señorías? Lo que
no entiende nuestro grupo es que, por un lado, se diga que hay que
garantizar el derecho de los usuarios y de los ciudadanos a una
prestación universal, lo que exige una regulación y una intervención
pública, al menos en la planificación de la red gasística, en la
planificación de los parámetros básicos --y eso es lo que contempla el
proyecto de ley-- y, al mismo tiempo, pretendan una liberalización
absoluta de la noche a la mañana. ¿En qué quedamos? Muéstrennos su modelo
alternativo. No se puede pretender ser regulador para una transición
ordenada y liberalizador al máximo. Dígannos cuál es su modelo, pero
explicítenlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego vaya concluyendo.
El señor PEON TORRE: Voy terminando, señoría.
Por contra, en el lado de los intereses de la actual posición del
mercado, porque parece que la posición de los que quieren competencia es
muy favorable al proyecto, en el otro plato de la balanza, se supone que
la posición respecto al proyecto de ley debería ser negativa. Pues no,
señorías, el presidente de Enagás, la actual empresa que mantiene esta
posición dominante en el mercado, nos dice que, en opinión de su grupo,
el proyecto de ley en su estructura básica es bueno, que permitirá la
competencia y avanzará en la liberalización. Dice que la estructura
básica del proyecto de ley es razonable para acometer la liberalización y
se ampara básicamente, con matices, en la directiva comunitaria. O sea,
le parece razonable la estructura básica del modelo, el modelo como tal,
el que ha presentado el Gobierno.
Pasamos a las comunidades autónomas y voy a omitir a aquellos
comparecientes de comunidades autónomas que se pueden identificar con la
posición de este partido político al que represento, el Partido Popular.
Por cierto, se ha citado por otro compareciente la posición del consejero
de Galicia, que voy a leer, porque parece que era crítico con el
proyecto. El consejero de Industria de Galicia dice: Me gustaría señalar
que el enfoque general del proyecto de ley de hidrocarburos nos parece
correcto y oportuno, al ser su objetivo tratar de fomentar al sector
industrial, etcétera, etcétera. Es decir, que la consideración global es
absolutamente positiva. Lo mismo opina el consejero de Industria de
Valencia, lo mismo opina el consejero de Industria de Cataluña y,
señorías, lo mismo opina un consejero de una comunidad autónoma al que no
se le puede acusar de connivencia política con este grupo parlamentario,
el consejero de la comunidad autónoma de Andalucía, con el que creo que
algún grupo de esta Cámara puede tener mayor vinculación que aquel al que
yo represento en este momento. Dice este consejero: En general, señorías,
me parece que la ley, al menos en su exposición de motivos así lo
plantea, pretende introducir la competencia, hace una vocación de
liberalización del mercado e incluso tiene otro criterio que a mí me
parece también correcto, que es homogeneizar los distintos sistemas
energéticos. Por lo tanto, en lo que podríamos llamar declaración de
intenciones de la ley, en general, la comunidad autonóma de Andalucía
estaría de acuerdo. Es decir, que a la comunidad autónoma de Andalucía el
modelo también le parece correcto.
Y termino ya, señor presidente, señorías, con la mención de los
representantes de los consumidores, porque se ha citado a los
consumidores en varias ocasiones.
El presidente de la OCU manifestaba en las comparecencias lo siguiente:
Nosotros estamos absolutamente a favor de los procesos de liberalización.
Esto puede servir quizás para un debate del modelo más de fondo, más
ideológico respecto a si es positiva o no la liberalización para los
consumidores. Entendemos que si un mercado funciona bien, si existe
competencia, si el consumidor puede estar informado, la mejor defensa del
consumidor es que pueda elegir, mucho mejor que todos los sistemas
regulados. Nosotros creemos lo mismo, señorías.
Y, por último, termina diciendo el representante de los usuarios: Por
consiguiente, nosotros, de entrada, damos la bienvenida a la ley en su
doble vertiente: en primer lugar, porque recoge y trata de incorporar y
refundir toda una serie de disposiciones que ya existían --y creemos que
siempre eso es bueno-- y, en segundo lugar, porque en un sector por el
que nadie me ha preguntado, pero que entendemos que es una parte
fundamental de la ley, que es el sector del gas, se abre una auténtica
liberalización. Lo dicen los representantes de los usuarios y
consumidores de España. Y terminan diciendo: Nos parece bien que vayamos
tomando posiciones y que no esperemos, como lamentablemente suele
ocurrir, a la trasposición de las directivas europeas, porque entonces
vamos un poco a caballo. Mejor es que vayamos adelantándonos en ese
proceso de liberalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego concluya.
El señor PEON TORRE: Voy terminando, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, le ruego
concluya.
El señor PEON TORRE: Termino ya, señorías.
No me voy a referir a las declaraciones de las comunidades autónomas, por
limitaciones de tiempo, que dicen exactamente lo mismo que acabo de
exponer. Pueden leer las intervenciones de los comparecientes en esta
Cámara, en las que valoran todos ellos positivamente el proyecto de ley
que se presenta. Es cierto que después, cada uno, desde su respectiva
posición, mantiene unas intenciones de mejora de aspectos parciales del
proyecto que nosotros, en muchos casos, y el ministro así lo ha
reconocido también en esta tribuna, creemos que pueden ser acogidas y se
pueden incorporar vía enmienda. Para ello contaremos con el trámite
parlamentario de enmiendas al articulado, que se producirá si, como
esperamos, las enmiendas de totalidad son rechazadas. En cualquier caso
--y termino ya, señor presidente-, tenemos que decir que no se puede
hacer del debate de totalidad una cuestión del reparto de la bombona a
domicilio ni una cuestión de si va a ser bueno o malo para los precios,
comparándolo con el mercado de la electricidad. Comprometo la voluntad
política de mi grupo de incorporar con más claridad en el proyecto todas
esas cuestiones, como el reparto de la bombona a domicilio y los derechos
de los usuarios, si es que hay alguna duda, que creemos que no la hay,
pero nos parece que conseguir ese difícil y necesario equilibrio, esa
transición ordenada de la actual situación monopolística de hecho a un
mercado abierto en el futuro que vaya en beneficio de consumidores y
usuarios, es un mérito que no se le puede negar a este Gobierno y, por lo
tanto, vamos a oponernos a las enmiendas a la totalidad y a respaldar que
siga el proyecto de ley su tramitación parlamentaria.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
El señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no está en contra de que exista competencia, nuestro grupo
quiere que haya una competencia real. A mí lo que me llama la atención es
que todo el proyecto de ley insista en que se liberaliza el sector y, al
mismo tiempo, en las comparecencias, que fueron una gran aportación para
poder elaborar o modificar el proyecto de ley, se dijera que había
ciertas limitaciones. Por ejemplo, BP hace un enfoque general amable,
diciendo que le parece muy bien que se liberalice, de la misma manera que
lo dice cualquier interviniente, sobre todo estas grandes empresas, por
educación y porque, además, comparte la idea de liberalizar, pero luego
hace una especificación al decir cuáles son las limitaciones, por
ejemplo, del gas, manifestando que la más importante es que se parte de
una situación reconocida de monopolio de hecho de un gran actor que
controla toda la cadena del gas: la totalidad de suministro, la mayoría
de la red de transporte, salvo 100 kilómetros de gas de Euskadi, y el 90
por ciento de la distribución final. Si a esto añadimos, hablando de la
intervención de la OCU, que el consumidor, es decir, el ciudadano de a
pie, en su casa no va a poder elegir hasta dentro de 15 años, como mínimo
,quién le va a suministrar, no me pueden decir ustedes que este es el
gran proyecto liberalizador. Efectivamente, es más liberalizador que lo
que había, pero de uno a cien se mueve en dos puntos. Al mismo tiempo,
los grandes beneficiarios son las empresas que ya están en el sector y
ésa, lógicamente, es la queja de otros posibles competidores. ¿Cómo va a
decir Enagás que el proyecto le viene mal si le consolida en su posición
dominante? Igual le ocurre a Gas Natural. Estaría bueno que se quejaran.
Yo creo que se pueden quejar Gas Asturias y las comunidades autónomas, lo
que pasa es que, si son del mismo color político, les cuesta trabajo
decirlo en público, pero, lógicamente, son los grandes perjudicados; las
comunidades autónomas no tienen un papel significativo en unas
competencias que tienen delegadas.
Por lo tanto, insisto, nuestro grupo sí quiere que haya competencia, pero
vemos que no es posible competir con estos instrumentos. Voy a repetir un
ejemplo que ponía antes. En cualquier sector comercial no puede ser uno a
la vez el que vende, el que distribuye y el que, además, comercializa los
productos de la competencia. Es imposible, por tanto, que haya un sistema
real de competencia.
Otro ejemplo es el sector de hidrocarburos. Yo creo que ustedes han
cometido un gran error con el acuerdo con los transportistas. Ese acuerdo
va a suponer a las gasolineras del orden de 20.000 millones de pesetas de
pérdidas que van a trasladar al usuario, que lo va a pagar también el
ciudadano de a pie, y ya hay experiencias en otros sectores. Es decir,
los grandes acuerdos con grandes consumidores acaban repercutiendo
siempre en los mismos, porque, lógicamente, las empresas del sector nunca
quieren reducir beneficios en sus cuentas anuales, por lo que lo
repercuten en los otros clientes que tienen. Es elemental. Eso mismo ha
pasado en Gran Bretaña con la luz, con la electricidad, donde los
beneficios de las grandes empresas consumidoras los está pagando el
usuario de a pie, el ciudadano en su recibo, y esto está sucediendo
igualmente en nuestro país en el sector eléctrico y va a suceder también
en el sector de hidrocarburos. Hubiera sido preferible haberle dado un
trato diferente, considerarlo como gasóleo industrial o darle otro trato
fiscal que
no abrir un boquete más en el sector, que yo creo va a producir efectos
bastantes perversos, ya que, al no existir la red que establecía los
precios máximos de gasolinas, lo vamos a ver traducido rápidamente en el
precio. Estamos viendo ya cómo en relación con el precio del crudo, que
tiene uno de los precios históricos más bajos en este momento, no hay una
traducción directa al consumidor, entre otras cosas por los impuestos que
soporta, pero también porque a las grandes compañías les interesa
incrementar sus márgenes de beneficio.
Desde luego, creemos que es una ley a la que todavía hay que dar muchas
vueltas, que hay un clamor en el sector del gas por el hecho de que no va
a producir beneficios para los usuarios y que tampoco posibilita a otras
compañías su entrada en el sector.
Por último, existe en este sector, como en otros, una gran dependencia,
por ejemplo, del gas del Magreb. Creemos que hay que insistir en la
necesidad de poder conectar real y no ficticiamente, como estamos ahora
conectados, con la red europea. Tal y como se explicó por alguno de los
comparecientes, no tenemos posibilidades reales y estamos cautivos de un
mercado, el del Magreb, de países que están en situaciones políticas muy
inestables y que en un futuro pueden producir problemas serios en el
suministro energético del gas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo comprendo que la intervención del portavoz de su grupo
puede haberle resultado ilustrativa, ya que no estuvo presente cuando
intervinieron todas aquellas personas que fueron llamadas, tanto agentes
del sector como representantes institucionales. Tendrá que comprender que
para nosotros --que ya las oímos en su integridad-- resultaba un poco
tedioso y, naturalmente, esa fragmentación siempre resulta también
tendenciosa; y digo tendenciosa porque aquellas posiciones fueron
mayoritariamente críticas, sobre aspectos medulares del proyecto de ley.
Es verdad que algunas de las cosas que yo mismo he planteado desde la
tribuna son susceptibles de ser modificadas en el trámite de enmiendas
parciales, pero hay cuestiones de fondo, por ejemplo, en relación con el
poder de mercado que se plantea en el sustrato último de esta ley --que
se concede a determinadas estructuras oligopolísticas-, que no se
soluciona con unas modificaciones más o menos epidérmicas.
Por otra parte, cuando yo le preguntaba qué efectos había tenido el
acceso a la red que se planteaba en el Decreto 1377, de 7 de junio (ese
decreto, señor Peón, no es del anterior Gobierno, evidentemente, es de
éste), no se me ha contestado, pero yo sí le puedo decir que no tuvo
ningún efecto, ningún operador, nadie, cero, y el siguiente, el Decreto
2033, de 6 de septiembre, exactamente lo mismo. Luego, eficacia,
absolutamente nula y lo que le decía es que a esta ley le puede ocurrir
exactamente igual. Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos líquidos
había un tránsito diseñado, desde el monopolio de Estado hacia la
competencia, que se acorta en este momento --porque son medidas más
estructurales las que hay que adoptar-- y lo que tendremos será un camino
desde el monopolio de Estado hasta el oligopolio de las pretroleras.
Convendrá conmigo, señor ministro, que monopolio y oligopolio, a efectos
de precio, son una cosa, no son dos; y entre monopolio público --por
mucha aversión que pueda usted tener a lo público-- y monopolio privado,
habrá que quedarse con el público. Pues eso es lo que planteábamos. De
todas maneras, nosotros creemos que, ya que la iniciativa legislativa
corresponde al Gobierno y que es oportuno porque toca en este momento una
liberalización, es el Gobierno quien debe hacerla, y entendemos que puede
y que sabe hacerla, lo que pasa es que no quiere. Ahora, si lo que se nos
dice es que no sabe hacerla, entonces, señor Peón, tomaremos una
iniciativa parlamentaria y habrá una proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista en esta dirección, en esta Cámara.
Le decíamos que retirara este proyecto de ley y que trajera otro porque
una mala ley es como una mala causa, cuanto más se la defiende, peor se
hace.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Estoy convencido de que en el debate en Comisión tendremos ocasión de
entrar en profundidad en estas cuestiones, señorías, pero no me resisto a
decir algunas cosas. En primer lugar, nos sorprende ver a Izquierda Unida
apostando por la liberalización y la competencia, y nos alegramos porque
entonces nos vamos a poner de acuerdo en muchas de las cuestiones que el
Grupo Parlamentario Popular entiende que hay que mejorar, si es con ese
objetivo; pero nos da la sensación de que el conjunto de su enmienda a la
totalidad persigue lo contrario: aumentar la regulación, aumentar el
intervencionismo y, por tanto, hacer mucho más difícil esa liberalización
que plantea el proyecto de ley y que a ustedes les parece pequeña. Seguro
que tendremos ocasión de aclarar esa aparente contradicción en el trámite
de Comisión.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, nos sorprende un poco
escuchar que las situaciones monopolísticas actuales hay que modificarlas
y que el Real Decreto del Gobierno de diciembre de 1997 ha sido
insuficiente.
Es verdad que ha sido insuficiente, señoría, por eso el Gobierno presenta
este proyecto de ley, que pretende abordar el modelo en su conjunto y
resolver la situación que tenemos en este momento --que no la ha creado
este Gobierno-: un monopolio de derecho privado. Puede parecer --como ha
dicho algún interviniente-- que garantizar la apertura absoluta del
mercado en 15 años es poco liberalizador, pero es que, si no modificamos
el actual sistema, señorías, hay concesiones por 75 años y una media de
50 años. ¿Qué es mejor, señorías, asegurar la apertura total en 15 años,
con una transición ordenada que garantice el desarrollo armónico del
mercado del gas en España y la prestación universal del servicio a todos
los españoles, o seguir hablando de que hay que hacer --me parece que han
dicho-- otras medidas estructurales? ¿Cuáles, señorías? Preséntenlas.
Izquierda Unida ha presentado unas medidas; no las compartimos. Pero,
además de que el Gobierno tiene una iniciativa legislativa y por eso
presenta este proyecto de ley en esta Cámara, creemos que al grupo
principal de la oposición también le corresponde tener alguna iniciativa
si, al menos, pretende hacer una oposición constructiva y una mejora de
los proyectos en defensa de los intereses de todos los españoles.
De todas maneras, señorías, estamos convencidos de que, si hay esa
voluntad, nos vamos a poner de acuerdo en algunas de las cuestiones
básicas que citaban en la tribuna: el reparto domiciliario de la bombona,
la garantía de la ampliación de la red básica y una serie de cuestiones.
Comprometemos nuestra voluntad política, como grupo, de mejorar el gestor
del sistema independiente, eliminar el fraude en las gasolineras,
aumentar las facultades de inspección y mejorar el régimen de sanciones.
Comprometemos nuestra voluntad, repito, pero no se nos diga, señorías,
desde un grupo político que gobernó en la legislatura anterior, que el
monopolio actual hay que abordarlo con reformas estructurales y que este
Gobierno no está tomando medidas en ese sentido. Está haciendo y está
tomando las medidas que el grupo ahora de la oposición no tomó cuando las
podía haber tomado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco entiende que el Estado y el conjunto de las
instituciones se encuentran ante una coyuntura histórica que seguramente
podría haberse resuelto mejor hace unos pocos años, cuando la sociedad
que ostentaba el monopolio del gas era pública, pero que ahora,
conociendo un fuerte incremento en un mercado que es joven, tenemos una
buena oportunidad, tanto los legisladores como los operadores y los
clientes actuales y potenciales, para trabajar con inteligencia, para, de
forma progresiva, sin lesionar intereses ni públicos ni privados,
producir una cierta reestructuración que obviamente será beneficiosa para
los clientes finales y por tanto para la competitividad global del país.
La serie de comparecencias que se han producido en Comisión están en esta
línea y nosotros nos alegramos.
El Grupo Parlamentario Vasco ha manifestado, y ahora lo hago ante SS.
SS., aspectos positivos de este proyecto de ley en el que por convicción
política creemos: la libre iniciativa empresarial y la abolición de las
servidumbres del servicio público, que haya servidores públicos pocos y
buenos --por lo demás mejor empresarios creativos-, que la planificación
sea de carácter indicativo --y aquí optamos por que esta planificación,
aunque sea indicativa, sólo tenga carácter de mínimo requerido-, la
identificación de sujetos y el carácter de su funcionamiento, el acceso
regulado de terceros a la red, la definición, en definitiva, del sistema
gasista. Hacemos, pues, una valoración global del proyecto de ley que el
Gobierno ha remitido a esta Cámara.
Quisiera significar los aspectos que el Grupo Parlamentario Vasco
entiende que deben ser sometidos a consideración en los sucesivos
trámites que esta ley tendrá en la Cámara, para lo cual ya hemos
presentado más de cien enmiendas a su articulado. Entendemos que debido a
la propia naturaleza del mercado gasista internacional, que hay pocos
operadores y oligopolio en la oferta, y al desarrollo estatal propiciado
desde una empresa, en su día pública, que ha traspasado todas las
ventajas de su masa crítica a la privada previamente a la liberalización,
resultaría difícil desarrollar un verdadero mercado si no se apoyan
algunas actuaciones tendentes a producir un nuevo equilibrio en el medio
y largo plazo; ello, obviamente, cuidando los equilibrios financieros de
sociedades que cotizan en Bolsa.
Los contratos de adquisición actualmente vigentes vencerán todos en los
primeros años del siglo XXI. Para nuevos contratos, Enagás ya tiene
canales establecidos, masa crítica, experiencia de compra, etcétera; es
decir, una serie de ventajas diferenciales que de facto van a hacer
difícil desarrollar alternativas. Por ello, éstas necesitan empuje
político que permita, si no una subrogación de contratos, sí al menos
aprovechamiento de la capacidad de compra, que ha sido hasta
recientemente --no lo olvidemos-- una ventaja del Estado y no de Enagás.
La diversificación de abastecimientos que requiere el proyecto de ley
debería ser, en nuestra opinión, contabilizada
a nivel del Estado, pues si es difícil acceder al mercado de ofertas de
gas con cantidades relativamente pequeñas, más difícil se hará si hay que
repartir las compras entre dos o más vendedores. Entendemos, por tanto,
que este proyecto de ley debiera propiciar que, a medio plazo, la
sociedad o sociedades propietarias de las redes estuviesen totalmente
diferenciadas de los importadores, productores, distribuidores y
comercializadores.
He dicho, señorías, que esta ley es, en nuestra opinión, necesaria y
oportuna; creo que también es mejorable. Por eso, las más de cien
enmiendas al articulado que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado en
el registro de la Cámara pueden propiciar un debate en el seno de la
Comisión en los sucesivos trámites que este proyecto de ley debe conocer
en esta casa.
Estas cien enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco al
proyecto de ley son unas de carácter competencial y otras de carácter
técnico. Las de carácter competencial pretenden corregir el olvido que a
menudo se observa en el Gobierno de que vivimos en un Estado de las
autonomías donde existe una Constitución y unos estatutos coherentes con
ella; en una y en otros queda suficientemente claro lo que es competencia
de cada cual.
En el Grupo Parlamentario Vasco creemos que en este proyecto de ley las
redacciones correspondientes a las autorizaciones de explotación y a los
permisos de investigación deben ajustarse a los títulos competenciales en
vigor, igual que los artículos que se refieren a los diferentes registros
que se crean. Lo mismo puede decirse de las autorizaciones a
comercializadores de gas y a distribuidores al por menor de productos
petrolíferos. Sentencias del Tribunal Constitucional refrendan las tesis
que el Grupo Parlamentario Vasco ha recogido en sus enmiendas.
Antes de pasar a citar los aspectos que desde un punto de vista técnico
requieren comentario, quisiera traer ahora a colación la opinión que
sostiene el Grupo Parlamentario Vasco en relación a la planificación a la
que hace referencia el artículo 4, que califica de indicativa que ésta
sólo tenga carácter de mínimo requerido, sobre todo tras haber reconocido
la libre iniciativa empresarial en el artículo 2 y el cambio definitorio
de servicio público por actividades de interés económico general.
Centrándonos ya en aspectos técnicos, principalmente lo que corresponde
al título IV sobre gases combustibles por canalización, quisiera primero
analizar la trasposición u homologación realizada por esta ley con
respecto a la Ley del Sector Eléctrico de 1997, recientemente aprobada.
Parece lógico pensar que el redactor común de ambas leyes homogeneice el
esquema en lo que al sistema y sujeto se refiere, y así lo ha hecho. Aquí
también hay unos transportistas, distribuidores, comercializadores,
clientes cualificados y una gestión del sistema. Asimismo, se contempla
la existencia de un ente regulador de dicho sistema en el que se propone
integrar a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Aprovecho para
manifestar nuestro acuerdo con esta última alternativa. Creemos más
racional la existencia de una sola comisión nacional de la energía en la
que se constituyan dos consejos consultivos diferentes: uno del sector
eléctrico y otro del sector de hidrocarburos. Sin embargo, la diferencia
esencial entre ambos sectores --en el Estado se produce energía eléctrica
y lamentablemente no tenemos yacimientos de gas-- hace que entre ambas
leyes se produzcan discrepancias no aceptadas entre algunos sectores de
opinión.
Otra discrepancia importante se produce entre el operador del sistema
eléctrico y la gestión del sistema gasista. La Ley 54/1997 del Sistema
Eléctrico señala que como operador del sistema actuará una sociedad
mercantil de cuyo accionariado podrá formar parte cualquier persona
física o jurídica, no debiendo superar el 40 por ciento la suma de
participaciones directas o indirectas de los sujetos que realicen
actividades en el sector eléctrico. No es este el caso en el proyecto de
ley de hidrocarburos, donde la gestión la efectúan las sociedades
propietarias de sus sistemas de transporte. Como quiera que este concepto
que podemos compartir no queda claro en la redacción actual, hemos
presentado las oportunas enmiendas al articulado con este objetivo.
Aceptando la sustitución que el título IV recoge del régimen de
concesiones administrativas por el de autorizaciones de distribución,
creemos necesario en el Grupo Parlamentario Vasco, sin embargo, para
salvaguardar el equilibrio económico-financiero de las sociedades
actuales, introducir una disposición transitoria que limite durante un
tiempo las concesiones de nuevas autorizaciones, allá donde el
concesionario esté atendiendo correctamente el suministro a que se ha
comprometido.
Otro aspecto que está provocando debate es la clasificación y evolución
en el tiempo que para los consumidores cualificados se hace en la
disposición transitoria sexta, es más avanzada que la que recomienda el
proyecto de ley de la directiva europea y en el Grupo Parlamentario Vasco
nos parece más acertada.
Para terminar, señor ministro, una sugerencia: ¿sería posible, sin una
subrogación de parte de los contratos de Enagás, un aprovechamiento de su
capacidad de compra? No podemos olvidar que hasta fechas recientes ésta
era ejercida por el Estado, de ella se benefició Enagás, quien ha sabido
aprovecharla para establecer canales, experiencia de compra, masa crítica
etcétera, que suponen ventajas diferenciales que van a hacer difícil
desarrollar alternativas. Este proyecto de ley, para su efectividad,
requiere diversificar abastecimientos y potenciar esas alternativas.
Hagámoslas, pues, posibles.
En definitiva, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco valora
positivamente la remisión por parte
del Gobierno de este proyecto de ley a la Cámara. Como he indicado en mi
intervención, hemos presentado más de cien enmiendas al articulado que,
siguiendo la intervención del señor Peón en su calidad de portavoz del
Grupo Popular, esperamos que gocen de la mejor consideración por parte
del Grupo Popular, del Gobierno y de todas sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) va a ser la de no apoyar las enmiendas de totalidad presentadas
por los grupos Mixto, Izquierda Unida y Socialista.
Nuestra posición la vamos a hacer constar desde la perspectiva de que la
valoración que hacemos de este proyecto de ley presentado por el Gobierno
es positiva, ya que, a nuestro entender, tiende a una liberalización
progresiva del mercado de productos derivados del petróleo, así como de
combustibles gaseosos.
En dicho proyecto de ley se persiguen unos objetivos que compartimos
plenamente. En primer lugar, se favorece la competencia, se mejora la
garantía del suministro, existe --y va a existir con la aplicación de
dicha ley-- una reducción de costes y, por tanto, de los precios de
venta, con la consiguiente competitividad de nuestro sistema productivo;
también entendemos, lógicamente, que con la aplicación de dicho proyecto
de ley a medio plazo van a salir favorecidas las economías domésticas.
Existe una renovación, integración y homogeneización de la normativa
legal vigente similar a la que se produjo en el sistema eléctrico. Hay
también una incorporación de una normativa mucho más abierta y mucho más
moderna que la existente. Solamente habrá intervención en los mercados
cuando haya situaciones de emergencia, y lógicamente se contempla la
posibilidad de ampliar el campo de actuación de las iniciativas
empresariales privadas. Se tratan integralmente y se reunifican numerosas
disposiciones legales de una industria muy regulada a una sola
regulación, que es este proyecto de ley, y comporta su aplicación la
aplicación, a su vez, de criterios medioambientales, lo cual es, como he
dicho antes, satisfactorio para nuestro grupo.
De todas formas, mi grupo, Convergència i Unió, entiende que, a pesar de
estas consideraciones positivas que les acabo de detallar, este proyecto
tendría que sufrir modificaciones importantes de forma y algunas de fondo
a lo largo de este trámite parlamentario --ya hemos iniciado
conversaciones con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno-- y
básicamente las definiríamos en dos ámbitos importantes. Una primera
dirigida a un mayor respeto de las competencias estatutariamente
atribuidas a las comunidades autónomas en materia de régimen energético y
en materia de instalaciones petrolíferas y gasistas. Otra segunda
cuestión --también importante, a nuestro entender-- sería la de
introducir los mecanismos transitorios necesarios para que la
liberalización de los sectores que regula, gasístico y petrolífero,
especialmente en el sector gasista, se efectúe progresivamente, a fin de
garantizar un desarrollo homogéneo en el mismo, y sobre todo en los
siguientes campos: en los períodos transitorios, en la definición de los
sistemas de tarifas, cánones y peajes, en los plazos de conexión y de
seguridad de dichas instalaciones, en los consumidores cualificados, en
el operador único y en la Comisión del sector eléctrico.
En relación a la primera de las consideraciones y de las finalidades
apuntadas, debemos destacar la necesidad de potenciar la intervención de
las comunidades autónomas en el ámbito de la exploración, investigación y
explotación de hidrocarburos, dado que aunque la ley reconoce las
competencias de las comunidades autónomas en relación a la exploración y
a la investigación, no ocurre lo mismo en relación a la llamada concesión
de almacenamientos subterráneos. En este aspecto, nosotros vamos a
presentar enmiendas dirigidas, si es posible, a conseguir un acuerdo con
el Grupo Parlamentario Popular, al que, lógicamente, también nos gustaría
que se sumaran el resto de formaciones políticas.
Dentro del ámbito de las cuestiones competenciales consideramos necesario
clarificar la atribución de carácter básico a los preceptos de dicha ley.
Es cierto que de la lectura de la exposición de motivos se puede
considerar que esta ley es básica en su totalidad, pero nosotros pensamos
que de la misma forma en que se produjo una sentencia de
inconstitucionalidad de la ley de petróleos del año 1992, vamos a
intentar llegar a acuerdos con el Gobierno con el fin de que queden
perfectamente clarificadas cuáles son las cuestiones básicas y cuáles son
los artículos en los que las comunidades autónomas correspondientes
tienen definidas competencias administrativas exclusivas.
Desde la perspectiva de Convergència i Unió entendemos la necesidad para
las comunidades autónomas de potenciar el reconocimiento de los registros
territoriales donde se inscriban las instalaciones radicadas en el
correspondiente ámbito territorial, tanto en relación al registro de
instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos
--como pueden ser las gasolineras-, como la relación del registro
administrativo de transportistas de gas y el de distribuidores y
comercializadores también de gas.
En resumen, tres cuestiones básicas: almacenamientos subterráneos,
clarificación del concepto de básica de la ley y competencias de las
comunidades autónomas en los registros territoriales.
En cuanto a la segunda cuestión, relacionada con el ámbito transitorio de
la ley, entendemos que será necesario introducir en el trámite
parlamentario los mecanismos necesarios para la progresiva implantación
de la competitividad. Deberíamos hacer referencia, en primer término, a
la necesidad de establecer un período transitorio. Nuestro grupo
parlamentario entiende, por las negociaciones que estamos manteniendo con
el Gobierno del Partido Popular, que vamos a llegar a un acuerdo para que
dicho período transitorio pueda ser de quince años para aquellas
instalaciones de distribución de gas amparadas por concesiones
administrativas ya existentes en el momento de la entrada en vigor de la
ley, durante el cual no podrán ser otorgadas nuevas solicitudes de
autorización, siempre que se cumplan las obligaciones impuestas en el
momento de otorgamiento de dicha concesión. Si prospera esta enmienda y
este acuerdo que estamos intentando establecer con el Gobierno, al cual
nos gustaría que se sumaran el resto de los grupos parlamentarios, se
establecería un período transitorio y se aseguraría la rentabilidad de
las instalaciones ya autorizadas durante un plazo de tiempo razonable,
respetando, lógicamente, el equilibrio económico-financiero de dichas
concesiones. En definitiva, se trata de facilitar una apertura progresiva
y prudente del mercado gasista español.
A nuestro entender resulta igualmente necesario contemplar un sistema de
tarifas, peajes y cánones en las inversiones ya realizadas para su
adecuada compensación, previendo la inclusión de un término de conexión y
seguridad del sistema que nuestro grupo estima que debería ser de diez
años. Insisto en que esta es una negociación en la que, durante los días
que nos quedan para presentar las enmiendas al articulado, vamos a tratar
con el Gobierno y a la cual, repito una vez más, nos gustaría que se
sumaran el resto de grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sánchez i
Llibre, le ruego que concluya.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Voy concluyendo, señor presidente.
A través de esta enmienda contribuiríamos a la seguridad del sistema, que
es una obligación desde la perspectiva de garantizar un servicio público
por parte de los actuales propietarios de las comunicaciones y el
transporte gasístico.
Desde la perspectiva de la calificación o de la definición de
consumidores cualificados, nosotros vamos a presentar unas enmiendas que
van a ir orientadas a una liberalización más progresiva del sector, en el
sentido de rebajar los consumos de 25.000 a 20.000 millones de metros
cúbicos, así como a establecer una escala que permita una liberalización
muchísimo más abierta, para que se puedan incorporar clientes o
consumidores cualificados en un período más corto de tiempo.
Respecto a la gestión del sistema, nosotros estamos al corriente de las
negociaciones que existen entre el Gobierno y otros grupos de la
oposición, concretamente el Partido Socialista, en cuanto a la
posibilidad de poder suprimir el operador único y que dicha desaparición
sea perfectamente interpuesta o complementada a través de las directivas
o de las normas técnicas que puedan emanar del Ministerio de Industria y
Energía, así como también en cuanto a la incorporación de una comisión de
seguimiento del sector gasístico, la cual la integrarían todos los
transportistas, los distribuidores, los comercializadores y los
consumidores. Nuestro grupo se sumaría a las conversaciones ya mantenidas
por los diferentes grupos de la oposición, pero entendemos que esta
opción quizá podría complementarse con que pudiera existir consenso entre
la mayoría de grupos parlamentarios que componen esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sánchez i
Llibre, le ruego concluya.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Termino, señor presidente.
Nuestro grupo inicialmente pensaba que sería necesaria la creación de una
comisión nacional de hidrocarburos, pero también comprendemos la
propuesta del Gobierno, así como las opiniones de los distintos grupos
parlamentarios en cuanto a intentar subsumir en la Comisión Nacional de
Energía la actual Comisión Nacional del Sector Eléctrico. Lógicamente
nuestro grupo va a estar abierto en el trámite parlamentario para poder
subsumir en un período transitorio de dos años la Comisión Nacional del
Sector Eléctrico y la Comisión Nacional de Energía, para que finalmente
pueda existir una única comisión nacional de energía.
Sólo me resta manifestar la posición de nuestro grupo parlamentario en el
sentido de que estamos satisfechos por la colaboración que ha existido
por parte del ministro de Industria y Energía, señor Piqué, así como de
su secretario de Estado en el sentido de ser sensibles a las propuestas
razonables que hemos hecho desde Convergència i Unió al efecto de que
exista un consenso al cual se puedan sumar el resto de fuerzas políticas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Entendiendo, como así ha sido, que el protagonismo del debate de hoy
corresponde a los grupos parlamentarios, simplemente quiero agradecerles
a todos los comparecientes sus aportaciones, incluso las de contenido
crítico, y quiero reiterar la voluntad de diálogo del Gobierno y la
voluntad también de contribuir al enriquecimiento de la ley a lo largo
del debate parlamentario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Existe acuerdo entre todos los grupos parlamentarios que han sido
consultados para acumular la votación de las enmiendas de totalidad
debatidas en este momento con las del siguiente proyecto de ley que vamos
a pasar a debatir.
-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 13/1994, DE 1 DE JUNIO,
DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA. (Número de expediente 121/000101)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Debate de totalidad
de iniciativas legislativas, proyecto de ley por el que se modifica la
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, al cual han
sido presentadas enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto y por
el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el vicepresidente segundo y ministro de Hacienda, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el honor
de presentar ante esta Cámara el proyecto de ley de modificación de la
Ley de Autonomía del Banco de España del año 1994. El objetivo de esta
modificación es la plena integración de nuestra legislación sobre el
banco central en el sistema europeo de bancos centrales.
Como saben SS. SS., el Consejo europeo de Madrid, celebrado en diciembre
de 1995, acordó que el examen de los criterios de convergencia se
realizara lo antes posible en 1998, siendo la fecha límite establecida en
el Tratado de la Unión Europea para alcanzar la decisión final el 1 de
julio de 1998. Teniendo en cuenta estos dos precedentes, la Presidencia
de Luxemburgo hizo diversas consultas sobre las agenda económicas de los
Estados miembros, y en enero del presente año la Presidencia británica
fijó formalmente un Consejo europeo para el 3 de mayo de este mismo año
como la reunión definitiva en la que se tomará la decisión de seleccionar
los Estados miembros que participarán en la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria.
Entre los requisitos que establece el Tratado de la Unión para acceder a
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria está el denominado
criterio de convergencia legal, que a su vez puede desdoblarse en dos
criterios: el de independencia de los bancos centrales, el primero, y el
segundo el de la plena integración de los bancos centrales --en nuestro
caso del Banco de España-- en el sistema europea de bancos centrales. Es
este segundo tema el que aborda el presente proyecto de ley que tengo el
honor de presentar a la Cámara, y es el que supone, en opinión del
Gobierno y de las autoridades monetarias, el paso definitivo en el
proceso de convergencia legal.
Durante la tramitación de la ley de medidas que acompañaba a la ley de
presupuestos se abordaron los temas que venían a resolver las
puntualizaciones planteadas por el Instituto Monetario Europeo sobre el
primer asunto de convergencia legal, es decir, sobre la independencia de
los bancos centrales. En ese sentido, la creación, por ley, de la
autonomía del Banco de España en el año 1994, en opinión del Instituto
Monetario Europeo exigía algunas modificaciones que, como he dicho,
fueron planteadas a esta Cámara y votadas por ella en la ley de medidas
que acompañaba a la ley de presupuestos; en concreto, los tres puntos más
importantes, quiero recordar a SS. SS., eran el de la autonomía
institucional, con la exclusión de los derechos de voto del director
general del Tesoro y de Política Financiera y del vicepresidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en temas de política monetaria,
que debería extenderse, en opinión del Instituto Monetario Europeo --y
así se hizo--, a otras funciones básicas del sistema europeo de bancos
centrales.
El segundo tema que ya abordamos en la modificación de la ley de medidas
fue el que se refiere a la autonomía personal, elevando y homogeneizando
el plazo de mandato de los miembros nonatos del Consejo de gobierno del
Banco de España de cuatro a seis años y renovables por una sola vez.
Por último, la tercera cuestión que también abordamos en la ley de
medidas
que acompañó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 es
el supuesto de cese antes de la extinción del mandato de alguno de los
miembros del Consejo de gobierno y su sustitución, así como la duración
del mandato de su sustitución. Inicialmente, como SS. SS. recuerdan, la
Ley de Autonomía del Banco de España fijaba que el sustituto agotaría el
mandato de su predecesor, y entiende el Instituto Monetario Europeo --y
así lo ha entendido también el Parlamento español-- que en el nuevo
contexto de la Unión Europea ese mandato debía ser un mandato completo,
nuevo, que cumpliese el sustituto del miembro del Consejo que hubiera
tenido que cesar.
Todo esto lo hemos modificado, a propuesta del Gobierno y aceptado por la
Cámara, en la ley de medidas que acompañó a la ley de presupuestos, y
ahora nos planteamos el último paso de convergencia legal, el que se
refiere a la plena integración del Banco de España en el sistema de
bancos centrales, y es el que aborda este proyecto de ley.
El nuevo texto, por tanto, no altera la actual concepción del Banco de
España. Como hasta ahora, nuestro banco central seguirá siendo una
entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad pública y privada, sometida al ordenamiento jurídico privado
salvo que actúe en el ejercicio de potestades administrativas, como la
potestad sancionadora o normativa. Esta integración del Banco de España
en el sistema europeo de bancos centrales implica, únicamente, su
sometimiento al Tratado de la Comunidad Europea, a los estatutos del
sistema europeo de bancos centrales y, en general, a las decisiones del
Banco Central Europeo.
Quisiera pasar ahora, señor presidente, a comentar algunas de las
modificaciones que introduce este proyecto de ley. Por un lado, se
extiende el régimen de los actos que ponen fin a la vía administrativa a
todos los que se hayan dictado en el ámbito de competencias del sistema
europeo de bancos centrales, es decir, a la política monetaria y a la
emisión de billetes. Hay también hay una segunda modificación, que
incorpora la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea en determinadas facultades atribuidas al sistema
europeo de bancos centrales. El tratado y los estatutos del sistema
europeo de bancos centrales y del Banco Central Europeo reconocen al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea competencia exclusiva en
materias básicamente relacionadas con la actuación del futuro Banco
Central Europeo. Esto lo recogemos en el proyecto de ley que tengo el
honor de presentar a SS. SS.
Otra modificación alcanza a una de las dimensiones básicas de la
autonomía del Banco de España, su potestad normativa autónoma, es decir,
la facultad de poder dictar normas jurídicas denominadas circulares. En
concreto, por lo que se refiere a las circulares monetarias, se
especifica que estas disposiciones alcanzan a las materias resultantes de
la integración al Banco de España dentro del sistema europeo de bancos
centrales. Otra de las modificaciones que incorpora el proyecto es la
referente a los estatutos del sistema europeo de bancos centrales, en el
supuesto de la obligación a que las cuentas del Banco Central Europeo y
de los bancos centrales, en nuestro caso del Banco de España, sean
controladas por auditores externos independientes, recomendados por el
consejo de gobierno del Banco Central Europeo. Por tanto, el proyecto,
que pretende dar cumplimiento a esta obligación, añade al control
externo, que ya existe en nuestra legislación del Tribunal de Cuentas, el
que desarrollarán también estos auditores.
El proyecto precisa --y es otra modificación-- que el Banco de España
participará en el objetivo principal del sistema europeo de bancos
centrales, en el que estará integrado, que será mantener la estabilidad
de precios. Otra de las modificaciones se refiere a la organización y
logística necesarias para que el sistema europeo de bancos centrales
desempeñe sus funciones. El marco normativo de la organización y
logística necesaria para que el sistema europeo de bancos centrales
desempeñe sus funciones se presentará al Banco Central Europeo en el
momento de su constitución, para que tome una decisión al respecto. Será,
por tanto, el propio Banco Central Europeo quien fijará, sobre la base
del trabajo que ha preparado ya el Instituto Monetario Europeo, cómo se
va a coordinar y a articular instrumentalmente la política monetaria
única.
Con este proyecto, atendiendo a los dictados del estatuto, cabe la
posibilidad de que, para la instrumentación de la política monetaria, se
establezca un coeficiente de caja, denominado de reservas mínimas, de
acuerdo con la decisión que en su día tome el Banco Central Europeo en
esta materia. En cualquier caso, por el momento, la regulación actual del
coeficiente de caja se suprime en esta ley al tratarse de una competencia
del futuro Banco Central Europeo.
En materia de información y control de la política monetaria se producen
asimismo modificaciones en este texto. Se mantiene la obligación de
información al Parlamento, con muy ligeras modificaciones que adecuan el
régimen establecido a la incorporación del Banco de España al sistema
europeo de bancos centrales. Y hacemos referencia al artículo 107 del
Tratado de la Unión Europea, que garantiza la independencia del Banco
Central Europeo y de los bancos centrales. En cualquier caso, sí quiero
subrayar ante la Cámara que el proyecto es plenamente respetuoso con lo
que nuestra Constitución dispone en su artículo 60, de forma que se
garantiza la soberanía parlamentaria para controlar la acción del
Gobierno y de las restantes instancias públicas.
En aplicación del Tratado de la Unión Europea, el Gobierno propone en
este proyecto de ley la desaparición de la competencia del propio
Gobierno para adoptar el régimen de tipo de cambio y la paridad de la
peseta con otras monedas. Obviamente, ésta es una consecuencia de la
entrada de España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Además, se suma a las
competencias del Gobernador del Banco de España la condición de miembro
del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, como consecuencia de
nuestra pertenencia al euro.
Por último, el proyecto deroga otras disposiciones integradas en otras
sedes normativas. Me refiero, señor presidente, al artículo 105 a) 2 del
tratado, que establece que la emisión de moneda metálica corresponderá a
los Estados miembros, previa aprobación de la cuantía total a emitir por
el Banco Central Europeo. Esto supone dar una nueva redacción al artículo
4 de
la Ley 10/1975, sobre regulación de moneda metálica. No obstante, la
emisión de billetes en pesetas seguirá correspondiendo al Banco de
España, bajo autorización de su cuantía por el Banco Central Europeo,
hasta que se emitan los billetes en euros por el sistema europeo de
bancos centrales. Desde el punto de vista de las derogaciones que plantea
el proyecto, quisiera mencionar la modificación de la Ley de disciplina
de intervención de las entidades de crédito respecto a la competencia del
Banco de España para imponer sanciones en materia de coeficiente de caja.
Estas competencias pasan a ser ahora ejercidas por el Banco Central
Europeo.
En definitiva, señor presidente, mediante el presente proyecto de ley
España adecua su legislación nacional, y en particular la Ley de
autonomía del Banco de España, al Tratado de la Unión Europea y a los
estatutos del sistema europeo de bancos centrales, siguiendo literalmente
las recomendaciones del Instituto Monetario Europeo respecto a estas
modificaciones. Su aprobación definitiva por las Cortes --si así lo
tienen a bien los grupos parlamentarios que puedan compartir con nosotros
estas modificaciones-- se plantea en el proceso de convergencia legal
antes de la constitución del sistema europeo de bancos centrales, que,
como he mencionado, se producirá a principios de mayo de 1997. Una vez
que el Parlamento español haya aprobado este proyecto de ley se habrá
dado el cumplimiento total al proceso de convergencia legal, que se suma
al proceso de convergencia nominal y que garantiza las posibilidades de
España de formar parte de la Unión Económica y Monetaria desde un inicio.
Por lo tanto, señor presidente, solicito de la Cámara el respaldo a este
proyecto, a los grupos parlamentarios que coincidan con el Gobierno, en
la necesidad de que España forme parte desde el comienzo del proceso de
Unión Económica y Monetaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución por los
grupos parlamentarios Mixto, suscrita por el señor Vázquez, y Federal de
Izquierda Unida.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego presenta esta
enmienda de totalidad al proyecto de ley por la que se modifica la Ley
13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, y lo hace
porque es un proyecto de ley mediante el que se pretende la plena
integración del Banco de España en el sistema europeo de bancos
centrales, como consecuencia de la puesta en marcha de la tercera fase de
la Unión Económica y Monetaria. Supone pasar a aceptar la potestad del
Banco Central Europeo en la definición de la política monetaria y las
facultades de la Unión Europea en relación con la política del tipo de
cambio. Se trata de renunciar por parte del Estado español a su soberanía
monetaria en favor del sistema europeo de bancos centrales, cumpliendo
las exigencias del Tratado de Maastricht. Los Estados miembros, por
tanto, el Estado español, dejan de tener una política monetaria
independiente para pasar a ser definida por el sistema europeo de bancos
centrales.
El paso que se pretende dar por el Gobierno culmina, por así decirlo, el
cumplimiento de lo acordado en Maastricht. Un tratado con el que el
Bloque Nacionalista Galego mostró su desacuerdo y, en coherencia con la
postura mantenida, también mostramos nuestro rechazo a la configuración
de este nuevo modelo que se propone para regir la política monetaria
europea.
El Tratado de Maastricht, desde nuestro punto de vista, en lo
fundamental, contiene un diseño de política económica y marca unas pautas
de actuación que son consecuencia del precedente proceso de
transnacionalización del capital en el ámbito de la Unión Europea y de la
consiguiente concentración del poder y centralización de las decisiones
en los circuitos financieros y en los sectores llave de los aparatos
productivos del conjunto de la Unión Europea. Ese entramado es el que
configura un poder paralelo y superestatal, centralizado y ajeno a las
estructuras democráticas de vertebración política de las sociedades y
pueblos de Europa. Y es precisamente ese poder el que dicta los
contenidos fundamentales de los acuerdos de Maastricht, cuyos ejecutores
político-institucionales son el Consejo y la Comisión Europea.
El tratado propone la convergencia simplemente nominal y formal de las
diferentes economías en el espacio de la Unión Europea, pero no la
convergencia real. Las consecuencias de este tratado --por cierto,
anunciadas-- y de este tipo de convergencia ya se hicieron palpables. En
primer lugar, aumentando la divergencia entre clases sociales, donde
obreros y campesinos llevan la peor parte, con un incremento del paro,
peores condiciones de trabajo y la progresiva pérdida de derechos
sociales. Pero también otras capas sociales, como comerciantes o pequeños
empresarios, padecen las consecuencias de esta integración, incapaces de
competir en las vigentes condiciones de desigualdad.
Se ven agravadas también las diferencias entre las economías del centro y
de la periferia, eufemísticamente denominadas desequilibrios regionales,
desequilibrios que no se corrigieron en el pasado ni con las políticas de
desarrollo regional ni con la llegada de fondos comunitarios. Después de
años de existencia del Mercado Común Europeo, hoy Unión Europea, los
desequilibrios territoriales, en algunos casos, persisten, y en otros,
aumentan. Por cierto, hablando de fondos, ya se está planteando su
desaparición. Son consecuencias que se hacen cada vez más visibles para
muchos ciudadanos europeos y obligan a los gobiernos a empezar a hablar
de política social y no sólo monetaria, como aconteció en la Cumbre de
Luxemburgo, aunque, desde nuestro punto de vista, con planteamientos cuya
eficacia es más que discutible.
Efectivamente, el Tratado de Maastricht no preveía ninguna política
laboral y social que mereciese tal nombre. Se preveía la integración
monetaria, pero no la integración social, y, una vez conseguida esa
integración monetaria --después, por cierto, del evidente maquillaje de
las cifras de diversos Estados miembros para cumplir los requisitos
exigidos por el Tratado--, persistirán las diferencias en las condiciones
existentes en los distintos Estados miembros, bien en el plano social,
salarial, en los sistemas de Seguridad Social y protección por desempleo,
derechos de huelga y sindicación, etcétera.
Desde nuestro punto de vista, esa política diseñada en Maastricht y
avalada por el Gobierno no persigue la igualdad de los territorios,
permitiendo el desarrollo de sus ventajas comparativas. Así, podemos
comprobar cómo una economía periférica como la gallega sufre las
consecuencias de esa política. Sectores productivos tan importantes como
la industria naval o el sector lácteo sufrieron y sufren problemas
importantes, que no se derivan de sus bajos niveles de productividad o de
su falta de competitividad. Podemos ver cómo las ayudas que percibe una
explotación agraria en el contexto del Estado español son infinitamente
inferiores a las que perciben las explotaciones, por ejemplo, holandesas,
o cómo se impide el desarrollo del sector lácteo con la aplicación de una
cuota insuficiente e injusta, mientras aumentan las importaciones del
Estado español de lácteos y derivados. Podemos comprobar cómo sobre un
astillero como Astano pesa la prohibición de construir barcos y, para más
recochineo, aún se discute en Europa si puede construir plataformas
móviles, porque a lo mejor se parecen a los barcos y, como existe esa
prohibición, no se las dejarán construir. Digo esto por no hablar de las
dificultades con que se encuentra la pesca industrial o las conservas de
pescado, sectores con capacidad de competir si no se ponen trabas
limitadoras a sus posibilidades. Esta política, favorecedora de los
intereses del centro contra los de la periferia, impide el desarrollo
endógeno y autocentral de las economías más débiles y esta afirmación es
fácil de comprobar, basta ver la evolución del empleo, por ejemplo, en
una comunidad autónoma como la de Galicia.
Este proyecto de ley pone las bases para alcanzar la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria, cuyo rasgo fundamental es precisamente ése,
la unión monetaria, por la que el Gobierno del Estado renuncia a la
soberanía monetaria en favor del sistema europeo de bancos centrales y
del Banco Central Europeo. El euro se convertirá en la moneda única del
Banco Central Europeo, que, con el sistema europeo de bancos centrales,
pasa a ser la máxima autoridad monetaria y cuyo objetivo fundamental será
mantener la estabilidad de los precios a nivel comunitario, aunque
todavía no sabemos cuál será el indicador que medirá esa estabilidad de
precios ni cuáles serán las ponderaciones de los precios de los distintos
Estados en ese nivel de precios comunitarios. Y todo ello fuera del
control de las instituciones democráticas, sean los gobiernos de los
Estados o de las instituciones comunitarias.
Se excluye, por tanto, la política monetaria del ámbito de la política y
se traslada al ámbito de la técnica económica. La política monetaria
quedará en manos de una especie de sabios presuntamente neutrales. En
consecuencia, la política monetaria escapa de cualquier tipo de control
democrático. Y eso lo establece con mucha claridad el artículo 107 del
Tratado de la Unión Europea, donde, por resumir, los gobiernos
comunitarios o las instituciones comunitarias no se injerirán en ningún
momento en las decisiones de este tipo de organismos bancarios. Queda así
clara la exclusión del control democrático, aunque mucho me temo que, en
la práctica, por las vías que se consideren oportunas, habrá quien
influya más que otros en las decisiones de estos órganos rectores.
Con esta política, el Gobierno renuncia a uno de los principales
instrumentos de la política económica, cual es fijar el valor de su
moneda en relación con las demás, en defensa de la capacidad de competir
de las empresas propias. Por consiguiente, se apuesta por una política
claramente monetarista. La política monetaria, en vez de constituir uno
de los elementos de la política macroeconómica, pasa a ser la palanca de
mando, casi en exclusiva, de la acción de gobierno de la Unión Europea.
Las instituciones políticas de la Unión no van a dirigir el conjunto de
una política económica y social globalmente congruente, no van a manejar
combinadamente los diferentes resortes de acción política en los diversos
campos de la realidad socioeconómica y tampoco se va a gobernar con una
política macroeconómica que abarque y vertebre las políticas fiscal y
tributaria, salarial y de renta, laboral y social, etcétera.
Constituye el eje fundamental la política monetaria y, como decía antes,
queda fuera de cualquier control democrático. Sólo el capital financiero
y transnacional, y no los pueblos de Europa, están interesados en este
tipo de política monetarista. Estos agentes son los interesados en que no
se alcance la convergencia de las políticas salariales, laborales,
fiscales o de rentas, porque se encuentran en condiciones privilegiadas
para obtener beneficios de esas disparidades interestatales, jugando con
los diferentes niveles salariales y de costes en las diversas
localizaciones de su red centralizada
de empresas y factorías en el espacio de la Unión Europea.
La política monetarista por la que se apuesta va a profundizar las
diferencias que a nivel europeo ya se perciben, diferencias entre clases
sociales, diferencias entre centro y periferia. Sorprende que este
proceso se realice con una ausencia casi total de espíritu crítico, sin
apenas plantearse por la mayoría política ningún tipo de prevención ante
él, a diferencia de lo que ocurre en muchos Estados europeos. También
sorprende que el Gobierno no tenga el menor problema en ceder soberanía,
en este caso a la Unión Europea, en un tema tan importante como la
política económica, mientras que cualquier cesión, dentro del propio
Estado, a las nacionalidades históricas de competencias, de mucho menor
calado que las que se hacen a la Unión, parece constituir un motivo de
constante alarma. Mientras se llama a no ceder a las insaciables
pretensiones nacionalistas, por intolerables, el Estado español se
reserva cada vez menos competencias para dirigir, por ejemplo, su
política económica.
Pedimos, por tanto, la devolución de este proyecto de ley porque consagra
la puesta en pie de una política monetarista que consideramos, en lo
fundamental, negativa para los intereses de la mayoría de los ciudadanos,
que ven y verán cómo se recortan cada vez más sus derechos en materia
laboral y social, en materia de prestaciones sociales, que es perjudicial
también para los sectores empresariales más débiles, que consagrará los
desequilibrios entre centro y periferia y que escapará del control
democrático de las instituciones.
Y para un país como Galicia, esa política es profundamente negativa y por
eso la rechazamos. Nosotros demandamos una construcción europea distinta,
hecha de abajo arriba, que respete los derechos de los pueblos y de los
trabajadores, que fije unas reglas de juego que permitan competir en pie
de igualdad y en la que las economías periféricas como la nuestra tengan
posibilidad de desarrollarse. Y eso no es lo que hasta el momento
acontece.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una
enmienda de devolución del proyecto de ley que presenta hoy el Gobierno
sobre la reforma de la Ley de la Autonomía del Banco de España del mes de
junio de 1994.
Entonces nos opusimos rotundamente a esta idea, que partía del texto
fundacional del Tratado de Maastricht, hoy de Amsterdam. Nos opusimos
frontalmente por una serie de razones que ahora expondré brevísimamente,
sólo para dejar constancia de que nuestra posición sigue en pie, no por
razones de tenacidad histórica, sino por razones de coyuntura política,
financiera y democrática.
Pensábamos en ese momento y lo seguimos pensando ahora que no estamos en
un proceso de construcción europea, de construcción de Europa, de la
nueva Europa, en cuanto federación o nueva realidad económica, social,
cultural, etcétera, sino que estamos en un proceso de construcción del
euro, de esa nueva catedral de la ideología monetarista, que en estos
momentos está tiñendo, no todas las comarcas de Europa, sino una serie de
partidos, de grupos y de centros de opinión monetarista, que nos están
llevando a un terreno, a nuestro juicio, bastante discutible.
Nos parece que no se está construyendo la moneda única, el euro, con la
suficiente legitimidad democrática, tema de enorme importancia que se
esconde bajo un eufemismo de tipo técnico cuando se habla del déficit
democrático del proceso de construcción de la moneda única o del mismo
funcionamiento del Parlamento Europeo, déficit democrático que estamos
viviendo en estos momentos con respecto a la reforma del asunto del
aceite de oliva. El colegio de comisarios se va a oponer frontalmente a
los acuerdos del Parlamento Europeo, desde ningún tipo de legitimidad
democrática. Este es un tema de enorme importancia, que está en la base
de la crítica que nosotros hacemos con respecto a la creación del banco
central y del sistema de bancos centrales europeos.
Por otra parte, la construcción del euro se está haciendo sin ningún tipo
de sensibilidad democrática ni de sensibilidad social. Estamos asistiendo
a un proceso a través del cual las políticas económicas adquieren una
especial sacralización y se separan totalmente de la economía social, de
la cuestión social. Aparece entonces la economía --fundamentalmente se
viene explicando desde este punto de vista-- como una especie de fenómeno
meteorológico que no podemos ni debemos cambiar, que no debemos intentar
siquiera matizar desde las posiciones contradictorias o las posiciones
críticas. Pareciera que, hasta cierto punto, los que opinamos en contra
de la autonomía del Banco de España o del sistema europeo de bancos
centrales estamos como fuera de la historia; incluso se nos puede decir
en posteriores intervenciones.
Voy a dar una opinión que procede del Parlamento Europeo y que va en
sintonía con lo que yo estoy diciendo en este momento. Es una resolución
del Parlamento Europeo sobre el tratado de la Unión, en la sesión del día
8 de abril de 1992, en la estela misma de la aprobación del Tratado de
Maastricht. El Parlamento Europeo, igual que nosotros, en la resolución
123/1992 decía que, efectivamente, al banco europeo que se preveía
construir no se le oponía ninguna estructura de tipo democrático como
contrapeso absolutamente necesario.
Voy a leer textualmente uno de los apartados del punto b). Dice: No se le
contrapone a la autoridad autónoma de política monetaria del Banco
Central Europeo ninguna autoridad de política económica con suficiente
legitimidad democrática --repito, con suficiente legitimidad
democrática--. Y para las decisiones de política económica establece
procedimientos específicos que se apartan de los procedimientos
tradicionales comunitarios de decisión en beneficio del Consejo.
En la misma dirección en la que nosotros opinamos, también en esta
resolución de Parlamento Europeo de fecha 8 de abril de 1992 se dice que
se lamenta profundamente que la UEM parezca estar dirigida únicamente a
la estabilidad y que el Parlamento Europeo desea, aun reconociendo la
importancia de la estabilidad, que se eviten los efectos deflacionistas
cuando los Estados miembros que todavía no satisfagan los estrictos
criterios de convergencia adapten su política a dichos criterios. El
Parlamento Europeo pide que se conceda la misma importancia a los
objetivos de un crecimiento responsable y un alto nivel de empleo y de
protección social, incluso aunque no existan todavía en el tratado
disposiciones obligatorias específicas. En 1992, en un debate de enorme
importancia, se adoptó esta resolución, que está en consonancia
totalmente con lo que nosotros dijimos en 1992 y ahora, transcurrido el
tiempo, ha aumentado la brecha entre la política económica propiamente
dicha, la política de estabilidad, la política de estabilidad de las
cifras macroeconómicas, la política laboral, la política económica social
y la política social.
En este orden de cosas, la figura del Banco Central Europeo, de próxima
instauración, y el sistema de bancos centrales europeos son una pieza
absolutamente clave, de cara a esta estrategia que nosotros hemos
considerado, y no sólo nosotros, como una estrategia estrictamente
neoliberal. No sólo neoliberal, por cuanto que supedita toda la política
social a la estabilidad de las cifras macroeconómicas, sino neoliberal,
estrictamente hablando, por cuanto que la democracia aparece bastante
subordinada a los aspectos esenciales de esta política económica; no sólo
la democracia, también la propia soberanía de los Estados nación y de los
parlamentos correspondientes.
A la hora de lanzar la imagen del euro, la serie de propagandas que se
están haciendo en favor del euro, por ejemplo la que se ha hecho bajo el
nombre de guía del euro, creo que por el grupo Prisa, podemos leer en el
número 133 lo siguiente: ¿De qué instrumentos de política económica
carecerá el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía
española cuando se introduzca el euro? Y se dice en esa guía, que a
nosotros nos parece absolutamente escandaloso y que, a nuestro juicio,
supone una reforma encubierta de la Constitución, en ciertos aspectos: El
Gobierno no podrá devaluar la peseta, que dejará de existir, ni recortar
los tipos de interés, que serán establecidos por el Banco Central
Europeo, que gozará de total independencia, ni incrementar su déficit
presupuestario, porque se lo impedirá su compromiso de respetar el
llamado pacto de estabilidad y crecimiento. Y yo respondo, lo mismo que
Kenneth Clarke, el ministro de finanzas inglés, liberal, por cierto:
¿Para qué sirve a partir de aquí este Parlamento? Hablando en
profundidad, si no podemos de verdad establecer nuestros presupuestos, si
no podemos establecer el déficit necesario de cara a dinamizar políticas
sociales adecuadas, para qué sirve realmente este Parlamento, teniendo en
cuenta que los parlamentos fueron creados para establecer el debe y el
haber de las cuentas de la nación a lo largo de todo un año.
Desde ese punto de vista, creemos, repito, que hay una reforma encubierta
de los textos constitucionales, que hay una minusvaloración seria de la
soberanía de este país, de la soberanía de este Parlamento y no
entendemos que se den esta serie de competencias al Banco de España, a la
red, al sistema de bancos centrales europeos, que no tienen ningún
contrapeso democrático, que no tienen ningún control democrático a la
hora de establecer los presupuestos de este país. De ahí deriva la
desviación tremenda que se está teniendo en estos momentos, a la que
habrá que responder, y yo creo que socialmente se va a responder. Y tomo
nota de los textos, de los enunciados y de los planteamientos políticos y
sociales que se están haciendo en el congreso de la UGT, en el sentido de
que se viene manteniendo casi impunemente que un Estado va bien, que
España va económicamente bien con un 20 por ciento de paro. Es algo
absolutamente impensable, desde el punto de vista de la racionalidad
económica y social. Que un Estado va bien con un 33 por ciento de empleo
precario, con un paro femenino, con un paro permanente, endémico,
estructural enorme y sin posibilidad ninguna de que esta etapa alcista de
crecimiento económico se traduzca en una creación de empleo mínimamente
aceptable. No sé si habrá respuesta a esto, puesto que es un discurso
parlamentario fundamentalmente superestructural, que parece que no va a
llegar a la gente y al que no va a haber en este sentido ninguna réplica,
ninguna respuesta.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Nosotros creemos que habrá una respuesta a esta
situación, porque también traduce una falta absoluta de democracia a la
hora de establecer la figura señera, desde su punto de vista, de la
autonomía del Banco de España y del sistema europeo de bancos centrales.
Por tanto, señor presidente, y termino, nosotros nos oponemos, como nos
opusimos en 1992, a raíz de la aprobación del Tratado de Maastricht, y
como nos opusimos en junio de 1994 cuando se aprobó el primer
texto con respecto a la autonomía del Banco de España.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Tengo que decir que el Grupo Popular recibía estas enmiendas a la
totalidad como confirmación de lo que de alguna manera entendía que era
coherente con el planteamiento sobre todo de Izquierda Unida, porque ya
hay antecedentes al respecto, como muy bien ha señalado el señor Alcaraz.
Era coherente que Izquierda Unida presentara esta enmienda a la
totalidad, que seguiría el hilo de la argumentación de aquel debate de
1993, en marzo, de aquel debate de 1994, también en marzo, y de ahora,
marzo de 1998. El Bloque Nacionalista Gallego no estaba en aquella
legislatura en la Cámara, pero también era de esperar su enmienda a la
totalidad.
Creo que son dos enmiendas que representan la coherencia de dos grupos
parlamentarios que están claramente situados enfrente del modelo que se
está construyendo en Europa. Quiero decirle, señor Alcaraz, que no será
este portavoz el que le diga que están ustedes fuera de la Historia, no.
Sinceramente, pensamos que están ustedes en contra de los ritmos hacia
donde va y camina la unión de las naciones europeas, pero ésa es su
responsabilidad y ésa es su contribución al mismo tiempo. Son ustedes un
verdadero contraste, yo diría que incluso una voz crítica, una conciencia
crítica en lo que estamos haciendo todos en esta construcción de la Unión
Europea. Bien es verdad que ambos oradores, al defender su enmienda a la
totalidad, han cuestionado --y creo que lo han hecho políticamente con
acierto-- no sólo el papel de los modelos de banco central en el Tratado
sino que, además, han cuestionado en su conjunto toda la política que se
deriva de la Unión Económica y Monetaria. Han hecho bastante más hincapié
en este segundo aspecto que en el concerniente a la nueva organización de
los bancos centrales en el Banco Central Europeo.
Yo no quiero dejar de recordar que en 1994, como consecuencia del debate
ya iniciado en 1993, también esta Cámara --en ese caso a impulso del
Gobierno socialista, que gobernaba en aquel momento-- dio un paso más; no
sólo se limitó a establecer uno de los aspectos de la autonomía del banco
emisor sino que creyó que debía anticiparse a los retos que había que
cumplir en julio de 1998, y --tengo que decirlo desde esta tribuna-- creo
que aquel impulso que dio el Gobierno socialista en 1994, más allá de los
propios mandatos del Tratado, fue acertado y ganamos tiempo con aquella
posición, claramente de vanguardia, que se adoptó en las reformas del
banco emisor en 1994.
Conseguimos entonces que el Banco de España fuera, de manera exclusiva,
la entidad que orienta la política monetaria, con el fin primordial de
mantener la estabilidad de precios; conseguimos que la política monetaria
estuviera conexionada, a través de esa ley, con la política económica
general del Gobierno; conseguimos que el Gobierno fuera, en exclusiva, el
que nombrara todos los cargos y órganos rectores de la entidad emisora; y
conseguimos --importante asunto-- que el banco emisor tuviera la
obligación de informar, tanto al Gobierno como al Parlamento, de cuáles
eran las medidas de política monetaria que se adoptaban y se pudiera
debatir en esta Cámara tanto las medidas como sus consecuencias. Si me
apuran, coronando estos cuatro elementos que se consiguieron entonces
--insisto, por el impulso avanzado que dio en su momento el Gobierno
socialista--, se logró que el Tesoro no pueda incurrir en descubiertos en
cuenta con el Banco de España.
Creo que éstos fueron logros de aquellas legislaturas, cuyos beneficios
estamos recogiendo ahora. Entonces todo esto se pretendía hacer y se hizo
con el respaldo mayoritario de esta Cámara. Quiero recordar que, al igual
que pasó con la aprobación del Tratado, esta Cámara emana de la voluntad
popular, que es en sí misma la soberanía popular y, por lo tanto, la
legitimación de todo el proceso de apoyo a la Unión Económica y Monetaria
reside en las votaciones favorables de esta Cámara; quiero recordar esto
porque no existe en ningún caso déficit democrático en los respaldos a
las medidas que España está adoptando en relación con la Unión Económica
y Monetaria; quiero recordar que en aquella época ya presentaron ustedes
una enmienda de totalidad, que hoy prácticamente han repetido
precisamente, también coincidiendo con algunos argumentos expresados por
el Bloque Nacionalista Gallego.
Dijeron entonces que habían sido escasos los éxitos de convergencia en
economía y en estabilidad de precios y hoy podrían convenir que aquellos
resultados han sido bastante buenos, tanto en convergencia económica como
en estabilidad de precios. Si no, a los resultados nos remitimos, y hoy
tenemos uno muy bueno: menos 0,2 por ciento ha sido la evolución de la
inflación en el mes de febrero.
Dijeron ustedes entonces que no era prudente hacer modificaciones en la
legislación del Banco de España, que no era oportuno, que incluso se
desbordaba el Tratado de la Unión, que había una desconexión entre la
política monetaria estricta y la política económica general del Gobierno.
Bien. El tiempo ha dejado francamente mal aquellas críticas, porque la
evolución de la economía española en todos estos aspectos ha sido
siempre favorable en materia de reparto de riqueza, de crecimiento, de
inflación, en definitiva, en materia de estabilidad de precios, que es el
objetivo fundamental y el papel primordial que juega el Banco de España.
Hoy nos traen otro debate con otras reivindicaciones y otras críticas muy
parecidas. Me va a permitir S. S. que conteste casi una a una. Ustedes
dicen que se hurta responsabilidad a las instituciones emanadas del
pueblo. Como he dicho anteriormente, el pueblo ejerce el voto y de esa
elección se produce la selección de los parlamentarios aquí sentados. En
el legislativo es en el que reside la soberanía nacional y es el que ha
suscrito, respaldado y ratificado el Tratado de la Unión. Por lo tanto,
ha habido un respeto escrupuloso a la soberanía nacional en todos los
apoyos que se han planteado a la reforma del modelo de la Unión Económica
y Monetaria.
Dicen ustedes que estamos apostando por la pura ortodoxia monetarista y
que hay una desconexión entre la política económica general y la política
monetarista. Yo quiero decirle que no, y aquí tenemos el ejemplo
clarísimo de cómo ha evolucionado la estabilidad de precios hoy y durante
los dos últimos años, y me refiero sólo al mandato del que somos
responsables en el Gobierno del Partido Popular. Para que esa política
monetaria fuera acertada ha sido preciso aplicar una política
presupuestaria con su lado de ingresos, su política fiscal y una política
de gastos acertada; ha sido preciso sumarnos a la ortodoxia de la
financiación del déficit; ha sido necesario, por qué no decirlo,
establecer una propuesta de moderación de salarios y de márgenes
empresariales; ha sido necesario efectuar toda una agenda de reformas
estructurales y abordar también una flexibilidad de mercados. Por lo
tanto, la política monetaria, por sí sola, no es capaz de generar una
estabilidad de precios. Le hace falta una escolta de medidas como las que
acabo de relatar.
El entonces ministro decía en aquel debate que sería tanto como pensar
que podríamos asimilar la política monetaria a un episodio de carretera
cuando un coche se estrella contra un muro diciendo que todos los
accidentes de coches son mecánicos. No; los accidentes de coches tienen
su origen en muchos motivos. Por eso, la estabilidad de precios no es
sólo debida a una política monetarista, sino a un conjunto de
contribuciones que en la política general económica se hace desde el
Gobierno.
Dicen ustedes también en su argumentación que se pierde independencia.
Hay un caso ya demostrado. Hay una relación que prácticamente viene a
definir que, cuando hay bancos centrales independientes, las tasas de
inflación son bajas. Igualmente, tengo que decir que cuando hay tasas
altas de inflación suele ocurrir que no existe un banco independiente
emisor. Por lo tanto, la historia y la experiencia nos han demostrado que
esa correlación existe y que es bueno que los bancos emisores sean
independientes.
Nos ha dicho también que tiene usted dudas sobre la constitucionalidad
del proceso. No voy a ser yo quien le invite a iniciar un proceso de
inconstitucionalidad, pero desde luego debo reconocerle una
característica especial de este proceso de la Unión Europea.
Probablemente estamos ante un proceso de integración que no tiene
precedentes en la historia, ya que se está haciendo primero la
integración económica sin haberse producido anteriormente la integración
política. Esto hay que reconocerlo, es así, no tiene precedentes en la
historia, pero es la forma en que todos los parlamentos de los Estados
miembros se han querido manifestar en sus votaciones y ratificaciones al
Tratado.
Yo creo, señor presidente, que, al igual que he razonado los argumentos
por los que consideramos impropia pero coherente en el caso de Izquierda
Unida la presentación de su enmienda de totalidad, parece que ya hubiera
contestado prácticamente a todas las argumentaciones exhibidas o aquí
expresadas por el Bloque Nacionalista Gallego. Pero tengo que reiterarle
que no hay en ningún caso ningún tipo de déficit democrático en estas
operaciones, en esta promulgación de ley y en esta entrega y traslado de
soberanía a instituciones supranacionales. El control democrático estará
y será seguido perfectamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, hablando de control, el del tiempo ya
está siendo superado con creces. Vaya terminando, por favor.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Termino, señor presidente.
Termino reiterándole al Bloque Nacionalista Gallego que, en efecto, ese
déficit democrático no existe. Este Parlamento tendrá las mismas
competencias para seguir vigilando, tutelando y debatiendo la política
monetaria que se lleve a cabo. Y la comparecencia del gobernador y de
cualquier representante del consejo del banco central será el elemento
para poder seguir la política monetaria que se lleve a cabo a partir de
la aprobación de este proyecto de ley.
No cabe duda de que la posición del Grupo Popular será la de rechazar
estas enmiendas a la totalidad. No obstante, queremos insistir en que la
presentación de estas enmiendas la encontramos coherente con los
programas políticos de ambos partidos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señorías, este proyecto de ley es un paso más,
el definitivo, como ha dicho
el ministro de Economía, hacia la plena integración del Banco de España
en el sistema europeo de bancos centrales, requisito, por otro lado,
obligado para la integración en la Unión Monetaria. No vamos a poner en
cuestión, por lo tanto, ni la necesidad de esta modificación ni la
urgencia en su tramitación; esta adaptación de la Ley de Autonomía del
Banco de España al nuevo marco jurídico monetario europeo está plenamente
justificada. En consecuencia, no nos parece oportuno rechazar el proyecto
de ley, y por eso nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a
la totalidad, ni tampoco comparte los razonamientos contemplados en las
enmiendas de totalidad que han presentado los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego.
Con todos los respetos a estos grupos enmendantes en la justificación de
su rechazo al proyecto de ley, se emiten, al margen de otras
consideraciones, juicios faltos de rigor desde una realidad como es el
proceso de la Unión Europea y en este momento el objetivo de creación de
la moneda única. Es un proyecto que no sólo no es negativo ni
antidemocrático, como se dice en alguna de las justificaciones, sino que
es absolutamente necesario para crecer económicamente y de forma
sostenible con el fin de alcanzar la convergencia real con los países
adelantados de Europa y propiciar la creación de puestos de trabajo,
manteniendo al menos el Estado del bienestar que hemos alcanzado hasta
ahora. Esto implica para nosotros estar en Europa con todas las
consecuencias.
No creo que sea el momento de entrar en debate sobre política económica,
pero sí hay que dejar constancia de que, si no entramos en Europa (y al
margen de planteamientos ideológicos o políticos, como el modelo del
Banco Central), corremos el grave riesgo de quedarnos fuera de un
crecimiento económico sostenido y de unas posibilidades que nos da
precisamente el pertenecer a un modelo de unidad económica europea con
los países más adelantados. Nuestro grupo parlamentario es eminentemente
europeísta y siempre hemos apoyado --y seguiremos haciéndolo-- las
medidas que vayan en esta línea, lo cual no quiere decir que nuestro
concepto europeísta no sea distinto del que pueden pretender otros grupos
políticos, también europeístas. Lo que está claro --y así lo hemos puesto
de manifiesto en las ocasiones que hemos tenido oportunidad-- es que este
proyecto europeo debe satisfacer las aspiraciones del nacionalismo vasco,
representado en este caso por EAJ-PNV. Esto requiere tener presente la
composición competencial del Estado y de las comunidades autónomas. Así
lo expresamos en el debate del proyecto de ley de autonomía del Banco de
España del año 1994, en el que dejamos constancia del olvido que suponía,
entre otras cosas, la erradicación de las comunidades autónomas en el
modelo para conformar los órganos de gobierno del Banco de España y en el
modo de hacer que las comunidades autónomas tengan presencia en las
decisiones que hayan de adoptarse en este ente, por muy cualificadas y
técnicas que tengan que ser sus decisiones.
El modelo de Banco Central que consagra el Tratado de Maastricht tiene
como referencia el estatuto del banco central alemán y su configuración
funcional. El modelo recogido en el Tratado de la Unión Europea es, en
alto grado, deudor de la vertiente funcional del Bundesbank. Así se
reflejó en la adaptación española a la directiva comunitaria, en la Ley
de Autonomía del Banco de España, con ciertas lagunas, como en el caso de
su vertiente orgánica. Esto nos hace reflexionar sobre la conveniencia de
aprovechar esta nueva modificación de la normativa del Banco de España
para proponer las modificaciones que corrijan esta situación mediante
enmiendas al articulado.
Finalmente, quiero aprovechar este debate para llamar la atención del
Gobierno sobre la no aplicación de la decisión del Tribunal
Constitucional de junio de 1996 en el ámbito de la política monetaria,
declarando inconstitucional el no reconocimiento de la capacidad
competencial de las comunidades autónomas en materia de supervisión y
control de entidades financieras --entre otros, el artículo 42 de la Ley
26/1998-- indicando, entre otras consideraciones, que el tribunal no debe
entrar a examinar cuál ha de ser la regulación básica de las potestades
de disciplina e intervención respecto a las entidades de crédito que no
son cajas de ahorro o cooperativas de crédito, considerando la necesidad
de construcción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal
y, por ende, la creación de una norma nueva. Este mandato, a realizar
--decía la sentencia del Tribunal Constitucional-- en un tiempo
razonable, no ha sido cumplido por el Gobierno ni por esta Cámara, a
pesar de haber transcurrido dos años; tiempo que supera el concepto de
tiempo razonable.
Con esta referencia quiero dejar constancia de que mi grupo parlamentario
estudia la posibilidad de presentar una iniciativa parlamentaria que
subsane este olvido y restituya, legalmente, a las comunidades autónomas
con competencia en la materia la asunción implícita de las competencias
por parte del Estado, contrario al orden constitucional y estatutario
referente a la Ley de disciplina e intervención de las entidades de
crédito, que sustituyó a la de la ordenación bancaria del año 1946.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo votará en contra de las dos enmiendas de totalidad y devolución
al Gobierno de este proyecto de
ley. Razones. En primer lugar, somos consecuentes con nuestro apoyo al
Gobierno en el debate de investidura y también con el voto favorable que
en el año 1994 dimos a la Ley de Autonomía del Banco de España. Y ahora
viene la segunda fase, que es resultado de la primera y de los avances
que se establecieron en los tratados europeos, para que la integración de
nuestro banco emisor, el Banco de España, en el sistema de bancos
europeos sea consecuente.
Nosotros, y refiriéndome en este caso concreto a la enmienda de Izquierda
Unida, no podemos participar de que por el grupo proponente de la
enmienda de devolución se diga en su justificación que la independencia
del Banco de España es la consagración de la dictadura de la tecnocracia
y que, así, estas instituciones no responden de sus actos políticos y que
es de dudosa constitucionalidad un poder independiente e irresponsable.
No participamos de esa idea por las razones que voy a decir.
Siempre estaremos de acuerdo en que el Parlamento Europeo tiene que
aumentar la tasa de democratización de las instituciones, sobre el
déficit democrático que hemos dicho, y que el futuro Banco Central
Europeo ha de tener algunas líneas --las suficientes-- de control
político y democrático del Parlamento Europeo. A este respecto, quiero
decir a ambos portavoces que mi grupo entiende que en el proyecto del
Gobierno hay unas garantías, en primer lugar, de orden juridico-político.
Cuando el artículo 1 de la modificación que se propone viene a situar ya
al Banco de España dentro del sistema europeo de bancos centrales, es una
consecuencia, como he dicho, de los tratados de la Unión Europea,
concretamente del Tratado de Maastrich, ése es un instrumento técnico;
aquí se va a comportar, fundamentalmente, como un instrumento técnico.
Hay algo importante que es el artículo 2 relativo al régimen de
impugnación. Precisamente ayer votamos en la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso el proyecto de ley de lo contencioso-administrativo
en el que hemos introducido una disposición adicional quinta por la que
habrá control de los actos administrativos del Banco de España por la
sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Esto es
una garantía de orden jurisdiccional y, por tanto, yo quería resaltarlo
aquí.
También habrá un control del régimen económico del Banco de España porque
no se va a poder sustraer la comparecencia del gobernador del Banco de
España ante las comisiones, bien del Congreso, bien del Senado o bien de
la comisión mixta. En este caso creo que se está apuntando,
acertadamente, a la comparecencia del gobernador del Banco de España no
solamente en la Comisión de Economía y Hacienda de este Congreso de los
Diputados, sino también ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea, que ejercerá dicho control sobre el gobernador del Banco
emisor español. Creemos que lo que se dice en el artículo 4 del régimen
económico de que la propuesta del presupuesto del Banco de España tendrá
que ser conocida precisamente por estas Cortes, muestra también un avance
de garantía al respecto.
El artículo 7, que también se opone a la pretensión de devolución de las
enmiendas que se han presentado, cuando se señala en el proyecto del
Gobierno que el principal objetivo del Banco de España es mantener la
estabilidad de precios, que nos parece positivo, nos mueve a apoyar el
proyecto del Gobierno.
Vuelvo a decir que se trata de un principio de protección jurídica de
quien pueda sufrir un acto administrativo por parte del Banco de España.
Queda abierto con este proyecto de ley y con la ley de lo
contencioso-administrativo, que pronto votaremos aquí, la resolución de
los recursos contencioso-administrativos ante la sala correspondiente de
la Audiencia Nacional.
Por lo que respecta al artículo 10, también encontramos un punto de apoyo
para rechazar estas enmiendas. Presentaremos enmiendas al articulado
perfeccionadoras del mismo, pero creemos que el fondo de garantías está
asegurado cuando el artículo 10 habla de la información y control en
materia de política monetaria, ya que el gobernador tendrá que comparecer
ante estas Cámaras para explicarlo, e incluso ante el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas. Lo que se dice en el
artículo 10 nos da, señores proponentes de la devolución al Gobierno, un
punto de apoyo también para coincidir con este proyecto y oponernos a sus
enmiendas.
Creemos que cualquier cuestión de perfeccionamiento se puede alcanzar por
enmiendas muy detalladas al articulado, pero este proyecto de ley tiene
un valor fundamental en una democracia de la Unión Europea. Bien es
cierto que es cesión de soberanía; ¡qué duda cabe! Eso es la Unión
Europea: cesión de soberanía en determinados aspectos que deben ser
regulados. Pero la legislación de los bancos centrales de todos y cada
uno de los países de la Unión Europea no será diferente de esto, sea en
Alemania, en Italia, en el Reino Unido, en Francia, y eso nos lleva a
apoyarlo, en una línea de congruencia, seriedad y concordancia con la
filosofía, el fondo, la doctrina del texto del proyecto que aquí se nos
somete. Por tanto, como he dicho, señor presidente, votaremos en contra
de las enmiendas de devolución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Homs tiene
la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha escuchado los argumentos de los dos grupos que
han propuesto enmiendas de totalidad a este proyecto de ley de reforma de
la autonomía del Banco de España y no le ha convencido ninguno de los que
han expuesto ambos grupos parlamentarios; unos porque no les parece bien
el proceso de integración en la Unión Europea en la forma en que se está
desarrollando, y otros porque además de estar en contra del proceso
general de integración en la Unión Europea quisieran también que toda la
dimensión monetaria se sometiera a otros requisitos que no tienen nada
que ver con ella.
Nuestro grupo, señor presidente, no está de acuerdo con los argumentos
que han expuesto los dos grupos proponentes y, por consiguiente, no vamos
a dar nuestro voto favorable a estas dos enmiendas de devolución.
Quisiera expresar en nombre de mi grupo que ésta es una reforma de la Ley
de Autonomía del Banco de España, como ha expuesto el propio ministro y
los portavoces que me han precedido que estaban de acuerdo con ella, que
se realiza como consecuencia del proceso de integración en la Unión
Económica y Monetaria y es estrictamente el cumplimiento del mandato de
la directiva comunitaria.
Ahora bien, es cierto que podían considerarse algunas otras cuestiones
además de las que ya se contemplan en la reforma que nos propone el
Gobierno, pero nuestro grupo en estos momentos da prioridad absoluta al
proceso de constitución del euro y de la unión monetaria y, por
consiguiente, no revisa otros aspectos que debiera ser posible abordar en
esta reforma en otra ocasión.
He escuchado los argumentos del portavoz del Grupo Vasco y quisiera,
señor presidente, señor ministro, adherirme a algunas de las reflexiones
que ha hecho el Grupo Parlamentario Vasco al considerar que, en esta
etapa de adaptación de nuestra moneda al euro de aquí en adelante, hay
unas determinadas realidades autonómicas sobre competencias en materia
financiera, instituciones de ahorro y sobre algunas instituciones
bursátiles. Por esa razón, quizás sería preferible estudiar que en la
etapa de adaptación al euro tendría sentido que estas comunidades
autónomas, que tienen instituciones bursátiles y tienen competencias en
materia financiera, pudieran integrar una mayor coordinación, una mayor
relación con la autoridad monetaria para poder así ser más eficaces en el
proceso de seguimiento y en la construcción del euro.
En ese sentido, creo que algunas de las observaciones que hacía el Grupo
Vasco podrían ser consideradas. No obstante, la prioridad número uno de
esta reforma es cumplir la directiva, adaptar nuestra ley a sus
instrucciones. Por consiguiente, como es nuestra prioridad número uno
vamos a dar nuestro apoyo a esta reforma que presenta el Gobierno en
estos momentos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Los jueves a las dos y media de la tarde brevedad y sensatez son la misma
cosa, por tanto, espero ser extremadamente breve, señorías.
Esta mañana estamos asistiendo a propósito de la modificación de la Ley
de Autonomía del Banco de España a un juego de coherencias de quienes
apoyamos en su momento y fuimos impulsores del Tratado de Maastricht en
el año 1992, coherencia de quienes en el año 1994 impulsamos la Ley de
Autonomía del Banco de España y coherencia también simétricamente de
quienes en 1992 estuvieron en contra del Tratado de Maastricht y en 1994
en contra de la autonomía del Banco de España. Por tanto, señorías, es
obvio decir que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de
las dos enmiendas de totalidad respetando, ya digo, la coherencia plena
de quien las han presentado, pero también la coherencia de quien en 1992
y 1994 hemos estado en este proceso que hoy trae a la legislación
española las exigencias del Instituto Monetario Europeo.
Por último, sólo quiero dejar sentada una cuestión. Señorías, se puede
ser partidario de la moneda única e incluso partidario de la autonomía de
los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo y no ser en
modo alguno monetarista. Queremos que eso quede claramente sentado para
el «Diario de Sesiones.»
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a los debates de
totalidad habidos sobre el proyecto de ley del sector de hidrocarburos y
sobre el que modifica la ley de autonomía del Banco de España.
El señor NUÑEZ PEREZ: Pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor presidente, no hemos votado las enmiendas de
totalidad al proyecto que figura en el punto anterior del orden del día
al de la autonomía del Banco de España.
El señor PRESIDENTE: Por eso lo he señalado, señor Núñez.
Lo reafirmamos: al proyecto de ley del sector de hidrocarburos y al
proyecto de ley que modifica el de autonomía del Banco de España, como
señalaba su señoría.
Al proyecto de ley de hidrocarburos se han debatido tres enmiendas de
totalidad, dos de ellas de devolución, una del Grupo Mixto y otra del
Grupo Socialista, que se someten a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 137; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete ahora a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 16; en contra, 166; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la enmienda de texto
alternativo.
Antes de pasar votar el proyecto de ley de modificación de la autonomía
del Banco de España, quiero advertir a la Cámara que a continuación de
las votaciones restará un punto del orden del día, el debate sobre la
toma en consideración de la proposición de ley suscrita por todos los
grupos parlamentarios --Popular, Coalición Canaria, Vasco (EAJ-PNV),
Catalán (Convergència i Unió), Socialista, Federal de Izquierda Unida--
de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que,
insisto, se producirá a continuación y en el que se ha anunciado a la
Presidencia que serán intervenciones brevísimas, motivo por el cual les
ruego que si han de salir a otras ocupaciones parlamentarias, lo hagan en
el más breve plazo posible porque enseguida se producirá la última
votación de esa proposición de ley.
Sometemos ahora a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución
presentadas al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Autonomía
del Banco de España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 13; en contra, 286; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
-- TOMA EN CONSIDERACION DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA, DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), DE
COALICION CANARIA, VASCO (EAJ-PVN), SOCIALISTA DEL CONGRESO Y FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE REGIMEN ELECTORAL
GENERAL. (Número de expediente 122/000094)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley antedicha, la modificativa de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General.
En primer lugar, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
Una vez más, se pone de manifiesto el consenso básico que debe existir en
toda reforma de nuestra ley electoral. Un consenso logrado desde el
diálogo y que está y debe estar, en todo caso, por encima de cualquier
interés partidista. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, si han de abandonar el hemiciclo, le ruego
que lo hagan en silencio en beneficio de todos.
Adelante, señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley que hoy tomamos en consideración ha sido presentada
por seis grupos parlamentarios, por lo que se puede afirmar, sin temor a
equivocarnos, que contará con el respaldo de la práctica unanimidad de la
Cámara.
La necesidad de afrontar esta pequeña pero, al mismo tiempo, sustancial
reforma viene dada por la coincidencia en el año 1999 de dos procesos
electorales, cuya fecha de celebración está determinada en la normativa
electoral vigente. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) De no corregir esta previsión legal, ambos
procesos se solaparían en el tiempo, ya que dicha normativa establece
para uno y otro proceso electoral una fecha distinta, pero son muy
cercanas. Así las elecciones municipales y autonómicas, según previene el
artículo 42.3 de la Ley electoral, deben celebrarse el cuarto domingo del
mes de mayo, mientras que las elecciones europeas se celebrarán
conjuntamente en todos los países de la Comunidad Europea entre los días
10 y 13 de junio también del año 1999. Por ello, cada 20 años, conforme a
la periodicidad de unas y otras elecciones, se produce la coincidencia de
ambos procesos electorales. Por esta razón la proposición de ley
establece la introducción de una nueva disposición adicional en la Ley
electoral que va a permitir que, cuando esta coincidencia temporal se
produzca, se
pueda asegurar la celebración simultánea de ambos procesos electorales. Y
como comprenderán SS. SS. que no es posible modificar unas normas que
afectan a todos los países de la Unión Europea, cual es la fecha de
celebración de las elecciones, es conveniente y adecuado que modifiquemos
el artículo 42 de nuestra Ley electoral y se permita la celebración de
las elecciones municipales en fecha diferente a la prevista en dicho
artículo.
En el año 1994 llevamos a cabo otra reforma de nuestra Ley electoral que
tenía como criterio establecer límite de gastos a los partidos políticos
y también reducir el coste institucional de todo proceso electoral. La
medida que hoy se propone podemos enclavarla dentro de ese mismo
criterio, pues lo que se pretende es que el Estado no se vea obligado a
asumir dos procesos electorales ni que los partidos políticos tengan que
afrontar dos campañas en tan breve plazo de tiempo. Asímismo creo que
debemos valorar también algunas otras ventajas, como la que para los
electores tiene no tener que acudir a las urnas, en tan corto plazo de
tiempo, en dos ocasiones. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Vera. Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Vera.
El señor VERA PRO: Gracias, señor presidente.
Estaba hablando de otras ventajas que yo veía en esta medida como son,
por ejemplo, el que los electores no tengan que acudir a votar a las
urnas en dos ocasiones tan próximas en el tiempo o en que facilitemos la
labor de las oficinas del censo de las juntas electorales provinciales
pues, de lo contrario, estaríamos aumentando notoriamente su trabajo.
Por todo ello, a mi grupo parlamentario le parece necesario y razonable
tomar esta medida no sólo en aras a esta economía de medios materiales,
sino también humanos, pues no hay que olvidar que en unas elecciones
participan numerosos ciudadanos, unos como miembros de las mesas
electorales, del orden de los 150.000, y otros como interventores y
apoderados.
Tampoco se trata de que experimentemos nada nuevo pues estas elecciones
ya se celebraron, como ustedes recordarán, en el año 1987 conjuntamente y
sí, por el contrario, como decía, y atendiendo al criterio de austeridad
que nos animó en la reforma del año 1994, debemos proceder a la reforma.
Por otro lado, cuando, como en esta iniciativa, el consenso deja paso a
la práctica unanimidad es porque todos los grupos que la hemos presentado
consideramos su idoneidad y la bondad de la reforma que hoy se propone.
Por ello, señor presiente, el Grupo Parlamentario Popular votará
favorablemente a su toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vera.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Marcet.
(Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para explicar las razones que avalan que nuestro
grupo parlamentario haya presentado, junto con otros cinco grupos
parlamentarios, esta proposición de ley que en su contenido ha sido ya
explicada por el señor Vera y, por lo tanto, no voy a extenderme en este
terreno. Sí voy a explicar lo que, a nuestro entender, son las dos
razones principales que justifican esta proposición. Dos razones que
tienen que ver con lo que han sido dos preocupaciones constantes para
este grupo parlamentario desde la elaboración de la Ley de Régimen
Electoral General en el año 1985 hasta el presente.
En primer lugar, buscar la mayor facilidad, el mayor incremento en cuanto
a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las contiendas
electorales, en las elecciones. En segundo lugar, buscar también, de
forma progresiva, el recorte y la adecuada formalización de los gastos
electorales. Estas dos razones, incremento de participación, decremento
de gastos electorales, son de por sí suficientes --al margen de las
razones temporales que cada veinte años se producen, como ha explicado el
señor Vera-, para avalar una propuesta de este tipo. Una propuesta para
la que por su sencillez, por la forma esquemática en que está presentada,
nosotros vamos a solicitar --y creemos que estarán de acuerdo todos los
grupos-- que, una vez tomada en consideración, como esperamos que lo sea
por esta Cámara, pueda ser tramitada posteriormente, en lectura única, en
aras a agilizar su posible tramitación y aprobación.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Marcet.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El apoyo del Grupo Federal de Izquierda Unida a esta iniciativa tiene
como objetivo hacer frente a una realidad que se nos va a presentar cada
veinte años --esta es una-- y, además, supone unas ventajas de ahorro
electoral.
No obstante, señor presidente, tenemos una opinión distinta en cuanto a
la bondad de hacer coincidir procesos electorales porque se pierde
nitidez a la hora de explicar las diferentes razones que hay para un
proyecto europeo, un proyecto local y un proyecto regional.
En todo caso, dada la hora, quisiera finalizar mi intervención diciendo
sí a la propuesta, y espero que sea buena.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para confirmar la posición favorable de nuestro grupo
parlamentario a esta proposición de ley, que también ha firmado. Lo ha
hecho con el objetivo de aminorar, directa o indirectamente, los gastos
de campaña, que es algo que ya se trató en el año 1994, cuando la última
reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y, además, con la
excusa --que me parece una buena excusa, aceptable y que tiene una
consecuencia inmediata en la aminoración del gasto-- del solapamiento de
las próximas elecciones municipales y europeas en 1999.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco, a la hora de sumarse a la unanimidad de esta iniciativa,
valoró también la conveniencia económica de reducir los excesivos gastos
electorales, pero también le animaron otros propósitos más directamente
políticos, como es la desorientación y el cansancio que produce en los
ciudadanos la sucesión de procesos electorales e igualmente la ocupación
excesiva o el abandono de las ocupaciones habituales que supone para la
clase política que se produzcan procesos electorales en un período de
tiempo muy corto.
Por ello, a pesar de que hay también un posible elemento en contra, como
es la confusión que se pueda producir, el solapamiento de planos, al
confundirse unos procesos electorales con otros, puesto todo ello en la
balanza, nos pareció que merecía la pena sumarse a esta iniciativa porque
eran más los pros que los contras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria como cofirmante de esta iniciativa no iba a decir en
este trámite lo contrario de lo que ha suscrito. Por economía procesal y
para evitar el mayor endeudamiento de los partidos políticos concurrentes
a las elecciones, votaremos que sí.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la fijación de su posición,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Simplemente a efectos de dejar constancia del
apoyo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya a la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Escuchadas todas las opiniones no queda nada por añadir, sólo
felicitarnos de que haya triunfado el sentido común.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de
ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a
favor, 266.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada por
unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.