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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 141, de 11/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 141
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 136
celebrada el miércoles, 11 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Declaración institucional:
Manifiesto de solidaridad con las mujeres de Kabul (Página 7410)
Preguntas (Página 7411)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para adoptar el
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998, relativo
a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño, para
formular una consulta popular, denegando tal posibilidad (número de
expediente 172/000072) (Página 7434)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el deterioro y la
insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la
evolución de las cuentas de la Seguridad Social (número de expediente
172/000073) (Página 7440)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de
política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y
sus efectos en la actividad económica (número de expediente 172/000076)
(Página 7448)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Declaración institucional (Página 7410)
Manifiesto de solidaridad con las mujeres de Kabul (Página 7410)
Preguntas (Página 7411)
Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Cuáles son las razones para ahorrar gasto, reduciendo
prestaciones sociales de los trabajadores fijos discontinuos? (Número de
expediente 180/001052 (Página 7411)
Del Diputado don Guillermo Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué perspectivas abre
para la ampliación la inmediata Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea? (Número de expediente 180/001055) (Página 7412)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué
considera el Sr. Presidente del Gobierno que es una «colosal estupidez»
la trama desvelada por el ex Director de «ABC», el Sr. Ansón? (Número de
expediente 180/001066) (Página 7413)
De la Diputada doña Eva María Amador Guillén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Existe organizado un
servicio permenente de ayuda psicológica en las unidades de las Fuerzas
Armadas? (Número de expediente 180/001063) (Página 7415)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos se ha
marcado el Ministerio de Defensa con la creación del Mando de Operaciones
Especiales (MOE)? (Número de expediente 180/001064) (Página 7415)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno las
medidas que estudia el Ministerio de Defensa para la reincorporación de
los militares de empleo a la vida civil? (Número de expediente
180/001065) (Página 7416)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué tipo de ayudas está
tomando el Gobierno para apoyar a las razas autóctonas de ganadería?
(Número de expediente 180/001059) (Página 7417)
De la Diputada doña Ana Leiva Díez, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué acciones tiene previstas llevar a cabo el
Gobierno para lograr el objetivo irrenunciable de España, de que un kilo
de aceite de oliva español reciba las mismas ayudas que el producido en
Italia o Grecia? (Número de expediente 180/001069) (Página 7418)
Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco
(EAU-PNV), que formula al Gobierno: ¿En qué informes del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación se basan las declaraciones de la
Ministra de Educación y Cultura en relación al sistema educativo de
Euskadi? (Número de expediente 180/001051) (Página 7419)
Del Diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está realizando el
Ministerio
de Educación y Cultura en favor de la igualdad de oportunidades de todos
los alumnos? (Número de expediente 180/001058) (Página 7420)
De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones está realizando el Minsterio de Sanidad y Consumo para
desarrollar los programas dirigidos a la detección y atención precoz del
cáncer femenino? (Número de expediente 180/001061) (Página 7422)
Del Diputado don Manuel González Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene
el Ministerio de Sanidad y Consumo de extender el servicio del 061 a
otras provincias del INSALUD? (Número de expediente 180/001062) (Página 7423)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a rectificar el Gobierno su
decisión de retirar de la financiación pública 869 medicamentos? (Número
de expediente 180/001068) (Página 7424)
Del Diputado don Damián Jesús Caneda Morales, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿De qué forma ha
evolucionado la estabilidad del empleo durante 1997? (Número de
expediente 180/001056) (Página 7425)
De la Diputada doña María José Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno los datos de empleo relativos al mes de febrero del
presente año? (Número de expediente 180/001057) (Página 7426)
De la Diputada doña María Cristina Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Considera el Presidente del Gobierno necesario llevar a cabo algún
cambio en el actual tratamiento de la interrupción voluntaria del
embarazo? (Número de expediente 180/001053) (Página 7426)
Del Diputado don Francisco Vicente Murcia Barceló, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
motivos han recomendado al Ministerio de Justicia la elaboración de la
«Guía de atención al ciudadano»? (Número de expediente 180/001060)
(Página 7428)
De la Diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Hasta cuándo va a seguir el Gobierno
anunciando la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
con mensajes contradictorios que producen incertidumbre en los
ciudadanos? (Número de expediente 180/001072) (Página 7428)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda: ¿Sabe ya el Gobierno qué quiere hacer en la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la
deducción fiscal de la inversión en vivienda para los ciudadanos que
están pagando una hipoteca? (Número de expediente 180/001073) (Página 7429)
Del Diputado don José Borrrel i Fontelles, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál es la razón de que se hayan
aprobado 90.000 millones de gasto público en seis meses, saltándose las
normas legales al respecto? (Número de expediente 180/001074) (Página 7431)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál es el balance del llamado Plan de
Austeridad de gastos y del programa de compras públicas de la
Administración General del Estado, aprobados por el Consejo de Ministros
el 6 de junio de 1997? (Número de expediente 180/001075) (Página 7432)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué el Gobierno no
ha conseguido cerrar todavía el proceso de transferencias educativas a
las Comunidades Autónomas del artículo 143? (Número de expediente
180/001071) (Página 7433)
Interpelaciones urgentes (Página 7434)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre motivos del Gobierno para
adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de
1998, relativo a la solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado
de Treviño, para formular una consulta popular, denegando tal posibilidad
(Página 7434)
El señor Caballero Basañez presenta la interpelación urgente en nombre
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Comienza su intervención con la
lectura del acuerdo municipal de 15 de enero de 1998 del Ayuntamiento del
Condado de Treviño en el que se decidió realizar una consulta popular
para que, ante las dudas sobre el deseo de solicitar el referéndum
previsto en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Castilla y
León, así como en el artículo 8 del Estatuto de Guernica, fuera toda la
población treviñesa la que respondiera en voto secreto y en las urnas,
para que, en caso afirmativo, la corporación municipal se comprometiera a
solicitar de inmediato el procedimiento previsto en los estatutos
previamente citados.
Considera que queda establecido tanto en el Estatuto de Guernica como en
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León que los ayuntamientos son las
instituciones competentes jurídicamente y habilitadas políticamente para
iniciar el procedimiento de segregación del enclave, pero añade que desde
siempre se ha abordado esta cuestión desde una óptica de conflicto, que
reviste especial importancia en el momento actual, puesto que los vetos
políticos se dirigen contra iniciativas legítimas, adoptadas en el ámbito
municipal en base al diálogo y consenso de los directos interesados.
Encuentra jurídica y políticamente incomprensible que el Ayuntamiento del
Condado de Treviño sea competente, según el Estatuto de Castilla y León,
para adoptar el acuerdo de iniciación del procedimiento de segregación y,
sin embargo, no lo sea para preguntar a sus ciudadanos la opinión al
respecto. En virtud de todo ello su grupo interpela al Gobierno español
respecto a la no autorización de la consulta popular solicitada para el
día 8 de marzo por el Ayuntamiento del Condado de Treviño.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey), en base a consideraciones jurídicas y políticas.
Explica que el Gobierno no autorizó la celebración de la consulta popular
por razones estrictamente jurídicas que figuran en el texto de su
resolución, refiriéndose en concreto a la última que dice que el objeto
de la consulta supone trastocar y alterar las fases del procedimiento
previsto en la disposición transitoria séptima, punto tres, del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, en la cual el refrendo se inserta como
una fase o requisito con sustantividad propia y posterior y condicionada
a los requisitos o fases anteriores, y entre ellos el informe de la
provincia a la que pertenece el municipio a segregar y el de la comunidad
autónoma de que se trata, favorable a la segregación, trascendiendo el
tema de la consulta de la competencia propia municipal. Por lo tanto la
única razón por la que el Gobierno no ha autorizado la celebración de la
consulta popular ha sido el cumplimiento de la ley. A continuación pasa a
explicar los trámites legales a seguir y resalta que el papel del
Gobierno en todo el procedimiento es mínimo, puesto que se reduce a
autorizar la convocatoria del referéndum, autorización que en cualquier
caso ha de otorgar puesto que así se recoge en los estatutos de autonomía
del País Vasco y de Castilla y León.
En turno de réplica interviene el señor Caballero Basañez, duplicando el
señor ministro de Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Ríos Martínez, del
Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Rubiales Torrejón,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En un segundo turno intervienen el señor ministro de Administraciones
Públicas, la señora Rubiales Torrejón y el señor Ríos Martínez.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre el deterioro y la
insuficiencia de la información suministrada a la Cámara sobre la
evolución de las cuentas de la Seguridad Social (Página 7440)
El señor Cercas Alonso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, presenta una interpelación urgente, al amparo del artículo 180
del Reglamento, porque consideran que se está produciendo un deterioro y
una insuficiencia en la información que el Gobierno suministra a la
Cámara sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social. Pregunta
al señor ministro por qué no se ha enviado todavía a las Cortes Generales
la liquidación, aunque sea provisional, del ejercicio 1997, cuando ya ha
sido presentada ante la Unión Europea y la conocen incluso algunos
interlocutores sociales, y por qué el último boletín informativo de la
Seguridad Social que conoce la Cámara es del mes de noviembre. Aconseja
al señor ministro que no se escude en su respuesta en el argumento de que
no ha ocurrido nada que no haya ocurrido en gobiernos anteriores.
Asimismo pregunta por qué no se cumple la legalidad vigente contenida en
una resolución de 17 de enero de 1996 que obliga al Gobierno a facilitar
a las Cortes Generales el acceso directo a través de terminales
informáticos al sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social,
lo que permitiría al Poder Legislativo hacer el seguimiento en tiempo
real de los estados contables agregados en los que se refleje la
ejecución del presupuesto. Por último asegura que el Partido Socialista
no quiere, ni lo hará nunca, romper el Pacto de Toledo, porque fue un
compromiso con el futuro de las pensiones, pero considera que el Partido
Popular está igualmente comprometido con ese futuro del sistema de las
pensiones y con el sistema general de la Seguridad Social, para lo que es
necesario el equilibrio financiero, y agrega que por los datos con los
que cuentan, en estos tres años el sistema se ha endeudado más que a lo
largo de toda la historia.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Comienza reconociendo que toda la
información que se dé sobre la Seguridad Social es poca y recoge con
auténtico entusiasmo el espíritu constructivo y de compromiso del señor
interpelante en cuanto al Pacto de Toledo, espíritu del que habían dudado
en ocasiones. Por otra parte, asegura que, en contra de lo que afirma el
señor Cercas, el Gobierno está informando más que nunca sobre la
financiación de la Seguridad Social y está cumpliendo escrupulosamente el
artículo 151 de la Ley General Presupuestaria, según el cual corresponde
a la Intervención General de la Seguridad Social la dación de cuentas de
la misma ante el Congreso y el Senado con carácter trimestral. Sin querer
abundar en lo ocurrido en la etapa anterior, deja claro que hubo muchos
años de la anterior administración en los que sólo se presentó un informe
anual, cuando actualmente se están produciendo puntualmente cuatro
informes trimestrales. También, afirma que la liquidación del año 1996
está presentada ante el Congreso y el Senado el 1 de agosto de 1997 y
suministra una serie de datos sobre el déficit de la Seguridad Social y
sobre los diferentes boletines informativos que se están remitiendo a las
Cámaras. En cuanto a la pregunta del señor Cercas acerca de la resolución
de 17 de enero de 1996 en la que se obligaba al Gobierno a abrir los
ordenadores del ministerio al Congreso y al Senado, contesta que resulta
extraordinariamente difícil cumplir al cien por cien esta resolución
porque se manejan cinco millones de documentos todos los meses y porque
algunos de ellos son confidenciales, preguntándose a su vez el señor
ministro cómo es posible que en 1996, con una campaña electoral en
marcha, el Gobierno socialista decidiera abrir los ordenadores al
Congreso y al Senado cuando estuvieron catorce años cerrados.
Replica el señor Cercas Alonso, duplicando el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Frutos Gras, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de
política general que impulsará el Gobierno para reducir la morosidad y
sus efectos en la actividad económica (Página 7448)
El señor Homs i Ferret presenta la interpelación urgente en nombre del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que esta
iniciativa
sobre medidas de política general para reducir la morosidad y sus efectos
en la actividad económica se engarza con otras iniciativas parlamentarias
tramitadas en otras oportunidades en la Cámara, muy concretamente la
moción consecuencia de interpelación urgente de septiembre de 1994 en la
que se fijaban por parte de su grupo seis líneas de actuación para poder
afrontar la morosidad y los retrasos en los procedimientos de pago.
Reconoce que, en los últimos años y como consecuencia de la mejora de la
situación económica, ha habido un proceso decreciente en los efectos de
comercio devueltos e impagados, pero todavía se alcanza una cifra de
1.500 millones de pesetas, con un destino desigual en la vida económica,
localizándose principalmente en las pequeñas empresas. Por otra parte,
manifiesta que su grupo formula esta interpelación basándose también en
un informe de la Unión Europea, en donde se señalaba que si los Estados
miembros no adoptaban las medidas adecuadas para reducir los retrasos en
los pagos antes de fin de año, la Comisión propondría un proyecto de
directiva al objeto de reducir los retrasos de pago en toda la Unión
Europea. A continuación pasa a explicar las medidas contenidas en el
informe mencionado y las que proponen en su interpelación, que dará lugar
a una próxima moción que, confía, será apoyada por toda la Cámara y dará
lugar a compromisos políticos con resultados concretos y específicos en
los próximos cuatro o cinco meses.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón). Manifiesta que el Gobierno es consciente de que hay
que aprovechar los momentos de bonanza económica para adoptar medidas que
puedan ser útiles en el caso de futuras crisis, así como de las
recomendaciones que han sido efectuadas por la Comisión Europea relativas
a los retrasos en el pago en las transacciones comerciales. Y añade que
no sólo es consciente sino que ya ha tomado medidas que espera que tengan
entrada en la Cámara dentro de poco tiempo. Pasa a explicar las medidas
de carácter procesal y de política general con las que el Gobierno
pretende hacer frente al fenómeno de la morosidad, mencionando
especialmente el anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil, que se
encuentra en fase de informe preceptivo del Consejo General del Poder
Judicial, y que se remitirá a la Cámara en breve. Por último, considera
que las medidas expuestas no serán la panacea, pero sí servirán para
adelantarse a las posibles e hipotéticas directivas de la Comisión
Europea.
En turno de réplica interviene el señor Homs i Ferret, duplicando la
señora ministra de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la
señora Aroz Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
-- MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES DE KABUL
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de continuar el orden del día, las diputadas de todos los grupos
han pedido a la Presidencia que traslade al Pleno la siguiente propuesta
de declaración institucional que titulan: Manifiesto de solidaridad con
las mujeres de Kabul y que paso a leer.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora en España, las mujeres han salido a la calle para continuar
poniendo de manifiesto un problema que vienen sufriendo a lo largo de los
tiempos: la violencia y los malos tratos, que no es un problema de índole
privada sino de ámbito social. Desde esa realidad las mujeres en España
demandan soluciones urgentes y manifiestan su solidaridad con las mujeres
de Kabul.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece solemnemente
el principio de igualdad de derechos para hombres y mujeres, celebra su
50 aniversario en 1998. A pesar de ello, este principio es todavía
violado a diario. En Afganistán, y particularmente en las áreas
controladas actualmente por los talibanes, las mujeres y las niñas están
sufriendo una importante segregación impuesta por la ley. Las mujeres no
tienen derecho a hablar en público, no tienen acceso a los mismos
cuidados médicos que los hombres, carecen del derecho a ir a trabajar y
están obligadas a presentarse cubiertas en público. Privadas de sus
derechos, son invisibles y carecen del derecho a una existencia
independiente, sin capacidad de elección sobre cómo vivir su vida; más
aún, las mujeres no tienen acceso a la ayuda humanitaria sin
discriminación y muchas dependen de esta ayuda para sobrevivir.
Esta no es una cuestión religiosa ni tampoco de tradiciones culturales
locales. Llamamos la atención de todas las personas que creen en la
libertad de elección y en la igualdad entre hombres y mujeres para actuar
ahora. Este apartheid por razón de género que afecta a mujeres y niñas
debe cesar inmediatamente.
Esta es la razón por la que el Congreso de los Diputados de España hace
un llamamiento a todos los Estados miembros de la Naciones Unidas, así
como a todas las organizaciones internacionales para, en primer lugar, no
reconocer ningún tipo de régimen en Afganistán mientras se imponga en el
país la discriminación por razón de género; en segundo lugar, para hacer
todo lo que esté en su poder para asegurar que la ayuda internacional
humanitaria sea accesible a las mujeres afganas sin ningún tipo de
discriminación; en tercer lugar, para hacer presión directa e indirecta
en orden a asegurar que la Declaración sobre Derechos Humanos sea
respetada en Afganistán y asegurar que particularmente los derechos de
las mujeres sean protegidos.
¿Lo acepta así el Pleno? (Asentimiento.--Aplausos.)
Muchas gracias.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿CUALES SON LAS RAZONES PARA AHORRAR GASTO, REDUCIENDO PRESTACIONES
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS? (Número de expediente
180/001052)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Preguntas orales al
Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 9, que formula al Gobierno el diputado don Pedro Antonio
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, en la España real están los
fijos discontinuos, 250.000 españoles que trabajan en campañas en el
manipulado de frutas y hortalizas, en los agrios, en la aceituna, en
conservas vegetales o de pescado y en la hostelería mediterránea o
canaria. Su gran política de reducir el gasto para sacar matrícula de
honor en el euro les ha supuesto no percibir la incapacidad temporal, a
pesar de estar enfermos o accidentados, estar casi expulsados de la
futura pensión, no tener derecho a subvención en contratación y verse
sustituidos por contratados a tiempo parcial de las ETT y perder su
antigüedad.
¿Cuáles son las razones para ahorrar gasto reduciendo prestaciones
sociales en los trabajadores fijos discontinuos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, no hay reducción de prestaciones para los trabajadores fijos
discontinuos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, su política nada entre sonrisas
y lágrimas: sonrisas a los que les puede reducir los impuestos y lágrimas
para quienes les reduce las prestaciones sociales. Desde junio de 1996
los trabajadores fijos discontinuos no tienen derecho a incapacidad
temporal. Una mujer que dé a luz o una persona que esté accidentada o que
esté enferma, si cae enferma en la última parte de la campaña, no tendrá
derecho a percibir esa indemnización ni tampoco al desempleo.
Además, señor presidente, ustedes son rápidos para cortar y lentos para
estudiar. Este Congreso en diciembre de 1996 le pidió a usted que en el
plazo más breve posible hiciera frente a esta realidad. En el mes de
marzo del año 1997 usted me respondía que estaban preparando una norma
con rango de real decreto y estaban negociando su contenido con los
agentes sociales. ¿Es un plazo breve un año? ¿Dónde está ese decreto?
¿Dónde están los contenidos negociados con los agentes sociales?
En las elecciones gallegas el señor Fraga, ministro supernumerario de su
Gobierno, anunció que en Galicia no se aplicaría este recorte, y he
podido comprobar que es verdad, ni en Galicia ni en Baleares. ¿Por qué en
estas comunidades no y en otras regiones, como Murcia, sí?
En todo caso, señor presidente, en la respuesta escrita usted me dijo que
1.492 trabajadores habían significado una reducción de 239 millones de
pesetas. ¿Va bien España para estas personas que han perdido esa
prestación? ¿Usted cree que es posible que ese camino sea el del ahorro y
el de la política social de su Gobierno? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, usted
habla de prestaciones en general para trabajadores fijos discontinuos y
le debo decir que si hablamos de protección por desempleo, la de los
trabajadores fijos discontinuos está establecida en la Ley General de
Seguridad Social de 1994 y desde la aprobación de esa ley y de la
publicación de su texto refundido, de 1 de septiembre de 1994, no se ha
introducido ninguna modificación en el tema de prestación por desempleo
para trabajadores fijos discontinuos.
Usted se refiere a la equiparación que se hizo en 1993 de los
trabajadores fijos discontinuos con los trabajadores que tenían contratos
a tiempo parcial, y eso llevó aparejado que a la hora de regular las
bases de cálculo de la incapacidad laboral transitoria, el Gobierno de
entonces, en mi opinión con buen criterio, estableciese fórmulas para
combatir fenómenos irregulares que se podían producir, y es que había
trabajadores a los que les era más rentable estar dados de baja que no
estar en activo, porque cobraban la incapacidad por todos los días de
baja, incluso por aquellos días en los que no tenían que haber acudido a
trabajar. Esa base de cálculo es la que se ha corregido, porque la
legislación de nuestro país establece una equiparación entre prestaciones
y cotizaciones, y la Ley de racionalización de la Seguridad Social y la
Ley de reforma del mercado de trabajo en este momento establecen también
la necesidad de esa equiparación entre prestaciones y cotizaciones, y si
hay que modificarla, habrá de ser tenida en cuenta, lo que no quiere
decir, señoría, que en algún territorio español o en alguna comunidad no
se haya aplicado esa norma de 1993, pero el Gobierno lo que hace es
aplicar una legislación de equiparación con los contratos a tiempo
parcial desde 1993.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARTINEZ CASAÑ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PERSPECTIVAS ABRE
PARA LA AMPLIACION LA INMEDIATA CONFERENCIA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DE LA UNION EUROPEA? (Número de expediente 180/001055)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
diputado don Guillermo Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, mañana día 12 de marzo se inaugura en
Londres la Conferencia europea que establece el diálogo entre todos los
países candidatos y la Unión Europea en temas del segundo y tercer pilar
y algunos aspectos de la cooperación económica, que abre formalmente el
proceso de ampliación de la Unión.
Este Parlamento al que usted, señor presidente, ha querido asociar
estrechamente al proceso de construcción europea, va a proceder en breve
plazo a la constitución de una subcomisión de seguimiento del proceso de
ampliación creada a iniciativa del Grupo Popular y apoyada expresamente
por usted mismo ante el Pleno.
No le oculto, señor presidente, la preocupación de esta Cámara por el
proceso que se inicia. España siempre ha estado a favor de ampliar los
beneficios del espacio europeo al que pertenecemos a todos aquellos
países que formando parte de nuestro continente cumplan con los
requisitos necesarios. Nadie mejor que los españoles sabe lo importante
que resulta contar con la solidaridad y el apoyo de nuestros socios
comunitarios cuando se inician difíciles procesos de transformación
política, económica y social. (Rumores.) Señor presidente, puedo
agradecer los abucheos, señal que esta pregunta es interesante. (Fuertes
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señorías.
Señor Martínez Casañ, el problema es para su señoría, porque perdería el
tiempo que le corresponde para la pregunta.
Adelante.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor presidente, los desafíos que plantean las
negociaciones que comienzan próximamente exigen firmeza por parte del
Gobierno en el mantenimiento de la solidaridad económica y social, de los
equilibrios políticos y jerarquías institucionales y de la competitividad
de nuestras economías para evitar que se devalúe el proyecto comunitario.
Por eso, señor presidente del Gobierno, me gustaría saber qué
perspectivas abre para la ampliación la inmediata celebración de la
Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.
Gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Casañ.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Como S. S. sabe, el Consejo Europeo de Luxemburgo creó en el marco global
de la ampliación de la Unión Europea la Conferencia europea en la que
participan los quince países que forman parte de la Unión más todos los
países candidatos a la adhesión. Esa Conferencia, como foco multilateral,
tiene como objetivo, establecer el diálogo, como S. S. dice, sobre las
cuestiones del primero, segundo y tercer pilar, es decir, las cuestiones
relativas a política exterior y de seguridad y a justicia e interior.
Por otra parte, mañana se inaugura la Conferencia europea en Londres.
Hemos convenido que sean dos los temas fundamentales que ocupen esta
inauguración, que son los relativos a la lucha contra el narcotráfico
y la criminalidad organizada, que ya están siendo objeto de tratamiento
con los países llamados pecos por medio de relaciones específicas por
parte de la Unión Europea, y las cuestiones relativas al medio ambiente,
que traten de la adaptación de las conclusiones de la cumbre de Kyoto
sobre el cambio climático a la realidad europea en este momento. Eso
forma parte, señoría, del proceso de ampliación de la Unión Europea, en
el cual la Conferencia europea es un hito muy importante. En él están los
Quince más los diez países candidatos. Forma parte de un proceso de
ampliación en el cual España está comprometida y también forma parte de
otro proceso, junto al de la ampliación, ya que hay conferencias
intergubernamentales de negociación que empezarán dentro de pocas fechas,
donde también se profundizará en la Unión con la puesta en marcha dentro
de poco del euro.
Finalmente quiero decirles, señorías, que el Gobierno español lamenta que
Turquía no esté presente mañana en la inauguración de la Conferencia
europea de Londres. Turquía está sometida a las mismas condiciones y
requisitos que los demás países candidatos. Así se lo hizo ver la
posición española al presidente Demirel con motivo de su reciente visita
a Madrid. Espero que esa situación sea corregida y que próximamente
Turquía participe en los trabajos de la Conferencia europea.
Para concluir les diré que la subcomisión creada en esta Cámara recibirá
puntual información por parte del Gobierno de todos los aspectos de la
Conferencia europea y de la ampliación.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUE
CONSIDERA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE ES UNA «COLOSAL ESTUPIDEZ»
LA TRAMA DESVELADA POR EL EX DIRECTOR DE «ABC», EL SEÑOR ANSON? (Número
de expediente 180/001066)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno Don Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, portavoz del Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, usted lo es, señor Aznar, porque así lo
hicieron posible los ciudadanos en unas elecciones libres, después de
casi catorce años de normalidad democrática. Sin embargo, señor Aznar, a
usted se le ve crispado, con los de dentro y con los de fuera (Rumores.),
unas veces porque cree que no se merece las preguntas que le hacemos,
otras porque da la sensación de que son las preguntas las que no le
merecen a usted. Como esta no ha sido censurada, señor Aznar, aunque a
usted no le gusta, le toca, y le toca contestar por qué considera el
señor presidente del Gobierno que es una colosal estupidez la trama
desvelada por el ex director de Abc, el señor Anson.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Porque yo creo que la
ficción puede ser un divertimento apropiado para la novela o para el
cine, pero desde luego no lo es seriamente para convertirla en el centro
del debate político de un país que tiene una democracia normalizada y que
es un país serio. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
presidente.
Tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Aznar, se sigue usted irritando con los
tirios y con los troyanos, con los alemanes y con los españoles, y no
quiero hacerle perder su tiempo, que es muy precioso, ni perder tampoco
el mío. Vayamos por lo tanto al grano.
El 41 por ciento de los españoles creen que hubo una conspiración.
(Rumores.) ¿Por qué es una colosal estupidez? ¿Qué es lo que constituye
una colosal estupidez, que la hubiera o decirlo? ¿Que lo crea el 41 por
ciento de los ciudadanos? ¿Que muchos de los periodistas se hayan
interesado por eso? ¿Que muchos de los que honradamente nos preocupamos
por el futuro sigamos interesados en conocer qué tuvieron ustedes que
ver?
Somos muchos, señor Aznar, los que conocemos que para derrotar al
adversario político algunos llegaron muy lejos; muchos los que sabemos
que ustedes se beneficiaron políticamente de la acción concertada,
llamémosla así, de quienes ahora aparecen como parte de la trama que no
ha hecho más que empezar a desvelarse, y muchos también los que pensamos
que algunos de ustedes conocieron la trama, la alentaron e, incluso, se
subieron a su grupa. Algunos guardan ahora silencio, un silencio
demasiado clamoroso, probablemente porque es la consigna, la consigna de
no meter la pata --la otra pata--. Señor Aznar, su vicepresidente negó
primero; ahora invoca el derecho fundamental de reunión. Tendrá que
explicarlo en esta Cámara, antes o después, cuando no haya censura, pero
yo le digo, señor Aznar, que esto no es una colosal estupidez, ni pequeña
ni colosal, es un tema muy serio. Es un problema de reglas del juego, de
lo que es válido y de lo que no lo es, y estas cosas, cuando uno rompe la
baraja, las
paga antes o después, señor Aznar. Esto es lo que me temo que va a
ocurrir cuando ustedes tengan que dar cuenta en esta Cámara, usted, su
vicepresidente y muchos de ustedes. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Muchas gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Supongo, señoría, que
aceptar las reglas del juego incluye también aceptar las resoluciones de
la Mesa del Congreso y de la Presidencia de esta Cámara.
(Aplausos.--Fuertes rumores.--Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Agradezco que S. S. acepte los resultados,
pero no parece que haya sido capaz de asimilarlos. Ustedes, señorías,
deben asimilar que la época de los escándalos continuos y continuados en
nuestro país ya ha pasado y que pertenece a la historia
(Aplausos.--Protestas.--La señora López i Chamosa pronuncia palabras que
no se perciben.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Ustedes son incapaces de
resolver sus problemas... (Continúan las protestas.--La señora López i
Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor presidente.
¡Señora López i Chamosa, la llamo al orden! Guarde silencio o formule las
preguntas, que serán convenientemente tramitadas.
Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Ustedes son incapaces de
resolver sus problemas y se aferran al pasado intentando buscar preguntas
sin respuestas a no se sabe qué, con lo cual lo único que demuestran es
su incapacidad para resolver sus problemas, su incapacidad para presentar
propuestas y su incapacidad para formular alternativas. (Rumores.) Le
quiero decir, señoría...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor presidente.
Señorías, les llamo severamente al orden. No creo que el mejor ejercicio
democrático sea impedir que el presidente del Gobierno exprese la
respuesta que le ha solicitado el portavoz de su grupo. En consecuencia,
señorías, guarden silencio. (Protestas.) Adelante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Ustedes, señorías, pueden
seguir demostrando esa incapacidad de presentar propuestas y
alternativas, pueden seguir inventándose fantasmas todos los días, pero
yo creo que les ha llegado la hora de empezar a comportarse un poco en
serio. Supongo que eso es lo que esperan sus electores también.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Pregunta número 20, que formula al Gobierno la diputada doña Eva María
Amador Guillén, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Amador. (La señora Almeida Castro pide la palabra.)
Un momento, señora Amador.
¿Señora Almeida?
La señora ALMEIDA CASTRO: Veo que se retira el presidente del Gobierno y,
si no me equivoco, esta diputada tiene una pregunta, que se ha saltado
usted, la número 10. Yo no sé si es que me tocaba, porque le haya
parecido a usted mal, pero yo la tengo, y se va el presidente del
Gobierno y me quedo sin pregunta. Entonces, antes de que se
vaya...(Aplausos y Risas.) Yo he esperado discretamente porque no sabía
si en estos turnos de mayorías y minorías me postergaban.
El señor PRESIDENTE: Continuará más discretamente si permanece ahora en
silencio y admite que la oriente la Presidencia.
Señora Almeida, usted sabe, porque es una diputada con gran experiencia,
que las preguntas de los diputados que se incluyen en el orden del día
dirigidas al Gobierno permiten a éste la elección de cuál de sus miembros
ha de dar respuesta. El presidente del Gobierno ha contestado a las tres
preguntas que previamente, a través del Ministerio de Relaciones con las
Cortes, anunció que iba a contestar en el Pleno, y otros miembros del
Gobierno que permanecen en la sala o se incorporarán a lo largo de la
sesión de control contestarán a las restantes en el orden que todos los
grupos parlamentarios, incluido el de S. S., tienen repartido. Para ser
más preciso, en el caso que le ocupa, la suya, que es la número 10, será
contestada, según anunció el Gobierno con el tiempo preceptivamente
establecido para que se enterara el grupo al que pertenece S. S., por la
ministra de Justicia tras las preguntas de Defensa, Agricultura,
Interior, Educación y Cultura, Sanidad y Consumo, Trabajo y Asuntos
Sociales. Aún tiene tiempo S. S. para pensar la adaptación a la
contestación que le dará la ministra de Justicia.
La señora ALMEIDA CASTRO: No me importa y reconozco que me puede
contestar así. Lo único es que la pregunta estaba dirigida al presidente
del Gobierno. Es verdad que puede decidir lo que quiera, pero esta
pregunta tenía mucho que ver con su condición de
presidente y no era una cuestión sólo de legislación. Por eso quiero
dejar constancia de que se ha ido.
El señor PRESIDENTE: El que usa de su derecho a nadie lesiona.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA EVA MARIA AMADOR GUILLEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTE ORGANIZADO UN
SERVICIO PERMANENTE DE AYUDA PSICOLOGICA EN LAS UNIDADES DE LAS FUERZAS
ARMADAS? (Número de expediente 180/001063)
El señor PRESIDENTE: Volvemos a la pregunta número 20, que formula al
Gobierno la diputada doña Eva María Amador Guillén.
Señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, según se desprende de datos del ejército, de
declaraciones de sus componentes o de los propios conocimientos que todos
tenemos del distinto régimen de vida que se ejerce en las Fuerzas
Armadas, es indudable que existe en determinadas personas un impacto
psicológico que viene determinado, en el caso de los jóvenes que cumplen
el servicio militar, por el cambio radical en su vida, de horarios,
costumbres y distintos servicios en el cumplimiento de esta obligación; y
en el caso del personal profesional del ejército, en ocasiones existen
situaciones de conflicto que generan tensión y estrés, afectando a lo que
se llama fatiga de combate. Asimismo, se realizan misiones que son
estructurales y permanentes. Por poner algunos ejemplos, hay
controladores aéreos, pilotos y artificieros, en los que existe una
especial tensión en los casos de desactivación de explosivos, o los que
realizan su misión en submarinos, donde pasan mucho tiempo en un lugar
cerrado. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Por lo expuesto, señor ministro, le formulo la pregunta que figura en el
orden del día, especificando a ser posible si este servicio de ayuda
psicológica es permanente, si está organizado y responde a un control y
seguimiento que garantice el servicio permanente y el comportamiento
normal de las personas que componen las distintas unidades de las Fuerzas
Armadas.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
El señor ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor presidente, señoría,
la respuesta es sencilla. Efectivamente existe el servicio de psicología
y psicotecnia de las Fuerzas Armadas, que fue creado por Real Decreto
2.840/1977, de 28 de octubre. Con anterioridad a esa fecha, la psicología
militar funcionaba de modo independiente en cada uno de los tres
ejércitos; a partir de la misma queda estructurada de modo unificado. La
psicología militar, del mismo modo que la civil, no está dedicada sólo a
la atención puntual y personalizada de casos singulares, de patologías o
de alteraciones de conducta, sino que se concibe como un instrumento
indispensable para la ordenación de una organización que, como usted ha
dicho, señoría, y es el caso de las Fuerzas Armadas, está servida no sólo
por un colectivo muy numeroso, sino que desarrolla su trabajo en un
ambiente muy singular, en condiciones muy especiales que , como también
ha dicho, incluyen situaciones de riesgo: desactivación de explosivos,
submarinos, controladores, pilotos de combate, etcétera. En ese sentido,
como puede verse por los cometidos que diré, abarca el campo clínico, el
campo industrial y el área pedagógica.
Para el cumplimiento de sus funciones, el servicio de psicología se
estructura en unidades en el órgano central y en cada cuartel general
como órganos de coordinación y planificación y en centros y gabinetes
como órganos de ejecución en las distintas regiones o zonas militares.
Las actividades que han de desarrollar cada uno de los servicios de
psicología se concretan en un plan general anual que aprueba la Comisión
asesora de psicología de Defensa. Las áreas de actuación más relevantes
que con carácter habitual se realizan afectan a la selección de personal,
ingreso en centros docentes militares, servicio militar obligatorio,
tropa y marinería profesionales, selección y clasificación de mandos y
personal para cometidos especiales, estudios psicosociales referidos a
actitudes o motivaciones de aspirantes, conocimiento de consumo de drogas
u otras sustancias nocivas, nivel de satisfacción de los colectivos,
investigaciones de personal con cometidos altamente especializados,
intervención asistencial y de apoyo en los casos que se requiere y, por
último, formación y apoyo a la enseñanza.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON RAMON ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OBJETIVOS SE HA
MARCADO EL MINISTERIO DE DEFENSA CON LA CREACION DEL MANDO DE OPERACIONES
ESPECIALES (MOE)? (Número de expediente 180/001064)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 21,
que formula don Ramón
Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 10 de octubre, por orden ministerial fue
creado el Mando de Operaciones Especiales del Ejército. Al parecer
comenzará a trabajar a pleno rendimiento el próximo día 1 de julio de
este año y tendrá su base, como entiendo no podía ser de otra forma, en
la ciudad altoaragonesa de Jaca, donde se han formado gran cantidad de
mandos del Ejercito especializados en técnicas guerrilleras y donde tiene
su base la escuela militar de montaña y de operaciones especiales. Tras
tres años de conversaciones, bocetos, planes y reuniones, el Mando de
Operaciones Especiales parece ser ya una realidad, cumpliendo así un
viejo sueño ya de los años cincuenta. No hay más que recordar que ya en
el año 1961 se crean las dos primeras Compañías de Operaciones
Especiales, las COES, en Oviedo y en Ourense, y que durante estos años se
ha llegado a tener hasta un total de 21. En los años ochenta se fusionan
bajo el nombre de Grupos de Operaciones Especiales (GOES), deseando tener
un mando único que coordinase todas las unidades de operaciones
especiales. Por otra parte, estamos observando que en las operaciones y
ejercicios que se llevan a cabo en el seno de la OTAN asisten y apoyan al
comandante en jefe, junto a los mandos componentes, uno nuevo como es el
Mando de Operaciones Especiales, lo que nos va a obligar, por otra parte,
al adiestramiento de la plana mayor del MOE, a dotarlo de equipo,
armamento y material de alta tecnología y, por tanto, de dotación
presupuestaria suficiente que lo haga, nunca mejor dicho, lo más
operativo posible. A su vez, la profesionalización de todo su personal
nos parece que será fundamental para poder cumplimentar con las mismas
capacidades operativas y en las mismas condiciones que el resto de
nuestros aliados cualquiera de las misiones que se les pueda asignar.
Desde esa valoración, por nuestra parte muy positiva, por la creación del
Mando de Operaciones Especiales --como decía-- altamente deseada por
nuestro Ejército, quiero hacerle llegar la siguiente pregunta: ¿Qué
objetivo se ha marcado el Ministerio de Defensa con la creación del Mando
de Operaciones Especiales?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Como se desprende de su pregunta, S. S. conoce cumplidamente la
evolución, los propósitos y las etapas históricas seguidas por las
Fuerzas de Operaciones Especiales en nuestras Fuerzas Armadas. A lo ya
dicho hay que añadir que el empleo de las unidades de operaciones
especiales ha evolucionado profundamente en los últimos 30 años, pasando
de un concepto de guerra irregular, vulgarmente conocido como guerrilla o
contraguerrilla, a la plena integración en operaciones convencionales,
con unas misiones consideradas de gran trascendencia, tanto para el
desarrollo de acciones estratégicas como operacionales o tácticas, al ser
ejecutadas a grandes distancias de sus bases y en profundidad dentro del
campo enemigo. Esta evolución aconsejaba --es conocido que era un deseo
antiguamente sentido por las Fuerzas Armadas-- que estuvieran bajo un
mando único. De acuerdo con el antiguo concepto de empleo, las unidades
de operaciones especiales estaban distribuidas en el territorio nacional
a las órdenes de los generales jefes de las regiones militares, pero esta
evolución que he puesto de manifiesto aconsejaba que se incardinaran
dentro de la principal unidad del Ejército de Tierra. Como S. S. sabe,
con las últimas reestructuraciones, esta gran unidad no es más que la
fuerza permanente, compuesta básicamente por la fuerza de maniobra. Por
lo mismo, se ha creado un órgano de operaciones especiales que posibilite
la coordinación de la preparación de estas unidades de operaciones
especiales con la gran unidad táctica que he señalado, tanto para el
planeamiento como para la conducción y desarrollo de esas operaciones.
Estos objetivos son los que se perseguían y los que entendemos haber
conseguido con la creación del Mando de Operaciones Especiales, que,
subordinado directamente al Mando de la Fuerza de Maniobra y no a los
distintos mandos de las regiones militares, permite disponer de estas
capacidades. Con ello a las Fuerzas Armadas se les han asignado tres
misiones básicas: ejercer el mando de las unidades de operaciones
especiales integradas en el mismo, proporcionar asesoramiento técnico
sobre la instrucción y el adiestramiento de todas las unidades de
operaciones especiales del Ejército de Tierra y, por último, colaborar en
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos y
materiales específicos de este tipo de unidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL
GOBIERNO LAS MEDIDAS QUE ESTUDIA EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA
REINCORPORACION DE LOS MILITARES DE EMPLEO A LA VIDA CIVIL? (Número de
expediente 180/001065)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 22,
que formula don Antonio
Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el motivo de la pregunta es conocer los tipos de medidas
que está estudiando su departamento para facilitar la reincorporación a
la vida civil de los militares de empleo de la categoría de tropa y
marinería profesional. Creemos que sería interesante conocer los
proyectos que se están estudiando, para analizar la posibilidad de que
cuenten con una especie de incentivos --si se me permite la expresión--,
en relación con los baremos de los concursos para puestos de la
Administración del Estado, así como la posibilidad de llegar a convenios
con empresas públicas y privadas. Ambas posibilidades facilitarían de
alguna manera la incorporación a la vida civil de estos militares al
finalizar su contrato profesional.
Con independencia de esto, señor ministro --por eso la pregunta de si su
Ministerio podía explicar las medidas que estudiaban para la
reincorporación de estos militares a la vida civil--, querríamos saber,
en el contexto de la pregunta, si los programas que está realizando el
departamento referidos a la formación profesional reglada, tanto de
primer grado como de segundo grado, van a tener el objetivo de dotar de
los conocimientos necesarios para el aprendizaje de los oficios
enmarcados dentro de estas categorías profesionales que he mencionado.
Por eso, con independencia de hacer mención también al convenio-marco
entre los departamentos, en su tiempo de Educación y Ciencia y ahora de
Educación y Cultura, que a partir del año 1994 amparaba el soporte legal
de las medidas que el Ministerio podía desarrollar, es por lo que le
pregunto, señor ministro, cuáles son las medidas que estudia el
Ministerio para la reincorporación de los militares de carrera al empleo
una vez incorporados a la vida civil.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gutiérrez Molina.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Con mucho gusto, señoría, voy a intentar explicar cuál es la posición del
Ministerio a ese respecto. En primer lugar y como ha dicho S. S., ya de
antiguo existen dos programas de formación, el primero llamado de
formación profesional reglada, que intenta completar la formación de
primer grado de los que llegan a las Fuerzas Armadas, y el segundo de
formación profesional ocupacional, que pretende que los alumnos del mismo
sean capaces de aprender las técnicas y conocimientos de un oficio. Como
bien dice S. S., envueltos como estamos en el proyecto de plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, se trata de sustituir un
ejército al menos en gran parte de reemplazo, de personal obligatorio por
un ejército íntegramente voluntario, íntegramente profesional, en una
cantidad que no puede escatimarse. Este año se va a intentar reclutar más
de 12.500 profesionales de nueva entrada y habrá que completarlo hasta
15.000 ó 16.000 con los que haya que renovarles el contrato que venza en
el ejercicio corriente.
Para conseguir que la gente pueda tener el puesto de trabajo en los
ejércitos profesionales hay dos sistemas: una retribución suficiente o,
como ha dicho S. S., unos incentivos. Retribución suficiente en los
planes, que por cierto conoce sobradamente la Comisión Mixta
Congreso-Senado, significa que gocen del salario mínimo interprofesional,
lo cual supone el mínimo coste para los Presupuestos Generales del
Estado. Teniendo esta retribución, habría que esmerarse en que los
incentivos fueran lo suficientemente atractivos como para que, en número
necesario para permitir su selección y la formación del contingente
anual, se acerquen los jóvenes a las Fuerzas Armadas. Desde ese punto de
vista, después de realizar visitas a los países que tienen completada o
en curso la profesionalización, se ha estimado como más importante ayudar
a la consecución de un empleo, bien en las Fuerzas Armadas --que podrán
tener del 15 al 20 por ciento de los profesionales--, bien en el resto de
la Administración, bien en la empresa privada, que se conseguirá con
incentivos y convenios. Se está estudiado una baremación positiva para el
acceso a los distintos puestos de la Administración pública y en algunos
casos incentivos adicionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA VISITACION PEREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE TIPO
DE AYUDAS ESTA TOMANDO EL GOBIERNO PARA APOYAR A LAS RAZAS AUTOCTONAS DE
GANADERIA? (Número de expediente 180/001059)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 16,
que formula doña Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, hay determinadas razas autóctonas que están en franca
regresión y cuyo censo ha disminuido alarmantemente en los últimos 20
años, por lo
que necesitan de una protección especial. Hace aproximadamente un año, el
Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en la que
instaba al Gobierno a que se tomaran medidas para la protección y
conservación de las razas autóctonas españolas. Por todo ello formulo al
Gobierno la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de ayudas está tomando el
Gobierno para apoyar las razas autóctonas españolas?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pérez Vega.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Desde el primer momento el Gobierno se ha preocupado por todo el problema
relacionado con la promoción y mantenimiento de las razas autóctonas
españolas, tanto en bovino como cabrino, porcino o equino. Porque la
península Ibérica dispone de un patrimonio genético de primer orden y
porque gran parte de esas razas tienen una adaptación especial para las
condiciones climáticas de nuestro país por su rusticidad, tengo que decir
que en este momento el Gobierno ha iniciado una serie de medidas para
apoyar a este tipo de razas. Para ello, incluido en lo que es el
mantenimiento y la conservación de nuestro entorno ecológico, y muy
especialmente ese medio que es la dehesa, que se compone no sólo del
bosque mediterráneo y los pastizales sino también el desarrollo de una
serie de razas autóctonas a través del pastoreo, en un equilibrio que se
ha mantenido a lo largo de los años y que hay que ser capaces de mantener
de cara al futuro, el 21 de noviembre de 1997 se publicó un real decreto
de catálogo oficial de razas de ganado de España, real decreto que fue
consensuado adecuadamente con las comunidades autónomas, las entidades
científicas y representativas del sector. En ese catálogo se prevé la
creación de un órgano colegiado de propuesta, asesoramiento y control de
las actividades relativas a la actualización del catálogo oficial,
integrado por representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de las comunidades autónomas y del sector. En él se
reflejan todas las distintas razas, existiendo en este momento dos
situaciones diferenciadas: razas de fomento, que son aquellas que por su
censo y organización se encuentran en expansión y difusión, y lo que hay
que hacer es impulsarlas desarrollando y perfeccionando sus programas de
selección y sus controles de rendimiento lechero y cárnico --cosa que se
está haciendo-- y también su promoción tanto internamente como en la
exportación, en la difusión a nivel internacional; y unas 90 razas de
protección especial, en peligro de extinción, que reclaman unos apoyos
especiales para su conservación. A este programa específico se destinan
800 millones de pesetas en los presupuestos de este año.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA LEIVA DIEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES TIENE PREVISTAS LLEVAR A CABO EL
GOBIERNO PARA LOGRAR EL OBJETIVO IRRENUNCIABLE DE ESPAÑA DE QUE UN KILO
DE ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL RECIBA LAS MISMAS AYUDAS QUE EL PRODUCIDO EN
ITALIA O GRECIA? (Número de expediente 180/001069)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula doña Ana Leiva Díez,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: ¿Qué acciones tiene previstas llevar a cabo el
Gobierno para lograr el objetivo irrenunciable de España de que un kilo
de aceite de oliva español reciba las mismas ayudas que el producido en
Italia o Grecia?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra de
Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Todas las que sean necesarias. Hasta el momento se han conseguido varias
cuestiones a lo largo de estos casi dos años de lucha por defender el
olivar español. Se ha conseguido aparcar la ayuda al árbol, se ha
conseguido que se diga que las cifras actuales no son fiables y que hay
que disponer de cifras fiables para establecer de verdad la realidad del
olivar europeo, se ha conseguido un aumento de la cantidad máxima
garantizada. A pesar de todo, es cierto que faltan muchas cosas por
conseguir, sobre todo evitar una discriminación respecto a los olivareros
españoles, y en eso es en lo que se está trabajando.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Ministra, no sabemos si usted tiene objetivos. Está
encantada con todo lo que ha conseguido, pero los olivareros españoles,
no. (Rumores.) No sabemos si el Gobierno tiene objetivos, pero
desde luego los socialistas tenemos uno, tal y como están las cosas en
este momento, y es que se aparque la reforma, que no se apruebe esta
reforma porque no defiende los intereses del sector olivarero español,
porque suprime los sistemas de intervención pública, porque introduce un
cupo por países que no contempla toda la producción española, porque
tiene un período transitorio que hipoteca a miles de olivareros españoles
y a todo el olivar de baja producción. ¿Cuánto cree usted que
sobrevivirán, con los datos que tenemos encima de la mesa, cuando la
subvención será de 258 pesetas para los productores de Italia y Portugal
y solamente de 148 pesetas para los productores españoles? Cien pesetas
menos por kilo percibirán los productores españoles de aceite de oliva,
cien pesetas menos que los portugueses o que los italianos por su mala
negociación. Esto es impresentable. (Rumores.) No nos diga que es bueno
el período transitorio con estos datos. Ministra, no nos engañe más. Los
socialistas no vamos a respaldar su estrategia de negociación
disparatada. No le vamos a apoyar hasta que no aparque esta reforma y
haya un período transitorio con leves retoques, sin reforma, sin cupo por
países, con intervención pública, con un tratamiento igualitario a todos
los productores y que sirva sobre todo para tener datos fiables. No
introduzca usted desigualdades en el tratamiento de los olivareros
españoles. Sería la primera vez que la Unión Europea toma un acuerdo en
contra de un país miembro, el principal productor. Usted se ha quedado
sola y no ha sabido negociar. Una de dos, o usted es cómplice de la
reforma o ¿qué olivar está defendiendo usted, ministra? Acuda a la
Comisión Europea, negocie de una vez y dígale que deje las cosas como
están porque está creando usted un problema humano, social, económico y
de desequilibrios territoriales. (Rumores.--Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora
Leiva.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Mire, señora diputada, si en este caso hay un
enfrentamiento entre la Comisión y España, es porque por primera vez
España se planta y dice no ante una injusticia y ante una discriminación
respecto a nosotros. (Aplausos.--Rumores.) Por primera vez. Porque
ustedes aceptaron una cuota láctea en la que nos faltaban un millón de
toneladas y por eso no hubo una negativa. (Rumores.--Aplausos.) Porque
ustedes aceptaron un rendimiento para los cereales que ha sido una
vergüenza y que sitúa a nuestros productores cerealistas en clara
indefensión y en clara inferioridad respecto al resto de los cerealistas
de la Unión Europea. (Rumores.) Porque ustedes aceptaron una cuota en el
sector del azúcar que tres cuartos de los mismo; y en el sector del
vacuno se obliga a nuestros productores sencillamente a competir con un
70 por ciento de lo que es la cuota. (Rumores.) ¿Por qué falta usted a la
verdad? Por qué no decirlo: ¿por qué miente? ¿Por qué dice que es la
primera vez? No es verdad, no es verdad. Ha sido con ustedes cuando se
han producido las mayores injusticias respecto a nuestros productores,
con todos ustedes. ¡Ya está bien de que falseen la realidad!
(Rumores.--Aplausos.)
Para empezar, negociaron mal nuestro ingreso. Nuestro ingreso, negociado
tan mal, con diez años de período transitorio en vez de los cinco años
que consiguió Grecia, ha costado más de 300.000 millones de pesetas ya al
sector español. Esa es la buena negociación que hicieron ustedes.
(Rumores.--Aplausos.) En este momento estamos trabajando precisamente
para evitar que también en el aceite pase lo que pasó con ustedes, que se
ha discriminado a nuestros agricultores. Estamos luchando por eso. Y lo
que parece inconcebible, lo que parece increíble es la actuación que está
teniendo en toda esta cuestión el Partido Socialista en su conjunto:
actuando de una manera absolutamente doble, faltando a la verdad y
actuando por detrás para intentar que al final fracase España. Me parece
absolutamente irresponsable. (Rumores.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE INFORMES DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CALIDAD Y EVALUACION SE BASAN LAS DECLARACIONES DE LA
MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION AL SISTEMA EDUCATIVO DE
EUSKADI? (Número de expediente 180/001051)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 8,
que formula don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco
(PNV).
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, ¿en qué informes del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación se basan sus declaraciones en relación
con el sistema educativo de Euskadi?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señoría, en ningún informe porque no he hecho ninguna declaración sobre
el sistema educativo vasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Lamento, señora ministra, su contestación porque los medios de
comunicación, que normalmente suelen ser buenos notarios de lo que los
políticos realizamos, sobre todo en campañas preelectorales, dicen todo
lo contrario. Usted sabe, señora ministra, que la evaluación externa que
se realiza del sistema educativo vasco conoce una doble valoración. Por
una parte, los informes del Instituto de Calidad y Evaluación, adscrito
al Ministerio que usted dirige, sitúan al sistema educativo vasco en
primera línea, cumpliendo los más altos estándares académicos de España y
por encima incluso de las medias de los países europeos en sucesivas y
sistemáticas evaluaciones. Estas evaluaciones externas lo presentan
modélico, tanto desde el punto de vista académico --presenta los mejores
resultados-- como desde el punto de vista financiero --es la comunidad
autónoma donde tanto los padres como la Administración aportan mayores
recursos al sistema educativo-- e incluso desde el punto de vista
participativo: es la comunidad educativa que goza de una mayor autonomía
de gestión que hace participar a los padres, a los profesores y a los
alumnos en sus propios sistemas de gestión. Lo dice el último informe
denominado Diagnóstico general del sistema educativo, avance de
resultados, que gentilmente el Ministerio ha puesto recientemente a
nuestra disposición.
Sin embargo usted sabe, señora ministra, que el sistema educativo vasco
conoce además otra evaluación externa, la que machaconamente, cual
martillo pilón, predican ciertos medios de comunicación social, como el
ABC o la COPE, bien ajenos y alejados, por tanto desconocedores
interesados, del sistema educativo vasco. En nombre de esa España una,
realizan juicios sumarísimos, no evaluaciones académicas de calidad del
sistema educativo vasco. Usted mejor que nadie, señora ministra, entiende
lo divergentes que son estas dos percepciones del sistema educativo
vasco. Por ello nos alegramos de que haga usted esta aclaración, nos
alegramos de que sus juicios no fuesen referidos al sistema educativo
vasco y le pedimos su colaboración para extender las opiniones que los
informes oficiales del Ministerio de Educación y Cultura dicen sobre el
sistema educativo vasco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señoría, hablé de muchas cosas el domingo anterior en Vitoria y me
interesa hacer algunas aclaraciones precisamente por el foro en el que se
hizo. Dije y mantengo que había mucho dogmatismo, incluso mucho
fundamentalismo instalado en la sociedad vasca. Sé que son una minoría,
pero son intolerantes, dogmáticos y fundamentalistas. Espero que S. S.
esté de acuerdo conmigo. Dije también a los jóvenes del Partido Popular
que defendieran con firmeza sus ideas, que lo hicieran en todo momento,
pero que nunca fueran dogmáticos, que estuvieran siempre dispuestos a
ponerlas en cuestión porque el dogmatismo, aun cuando es pacífico, es un
ataque a la libertad de pensamiento. Esta es la razón por la que les pedí
que defendieran con firmeza sus ideas pero estuvieran siempre dispuestos
a ponerlas en cuestión. Finalmente les dije que uno de los dogmas que se
ha instalado en la sociedad vasca es que la historia del País Vasco es de
antagonismo con el resto de España, siendo así que yo opino --y espero
que mi opinión se respete si no se comparte-- que la historia del País
Vasco es de generosidad, de participación y de solidaridad con el
proyecto común español.
Por tanto, señoría, estoy absolutamente convencida de que S. S. me
reconocerá el derecho a expresar mis ideas también en Vitoria y, si no
está de acuerdo con ellas, contraargumente y diga por qué no está de
acuerdo con ellas y no haga descalificaciones personales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON ADOLFO ABEJON ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA REALIZANDO EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES DE TODOS LOS ALUMNOS? (Número de expediente 180/001058)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15,
que formula don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Abejón.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, el principio de igualdad de
oportunidades está hoy plenamente incorporado a nuestro sistema educativo
y responde a la vieja aspiración del hombre y de la mujer a conseguir una
sociedad más justa y una vida más humana. Todas las etapas educativas,
desde la infancia hasta la madurez, deben estar impregnadas de acciones
encaminadas a corregir desigualdades educativas. Mi grupo parlamentario
se congratula, señora ministra, de la sensibilidad que viene demostrando
su ministerio por este tema, tal y como queda reflejado en las partidas
presupuestarias dedicadas a estos fines. Para el Grupo Parlamentario
Popular, este principio de equidad implica en la educación infantil
eliminar los obstáculos que puedan impedir el mismo comienzo a todos los
niños y niñas españolas. Nuestra preocupación en la enseñanza obligatoria
es que este principio de igualdad garantice a todos los alumnos, en la
educación primaria y secundaria obligatoria, las mismas condiciones de
calidad y libertad, un puesto escolar gratuito. Compensar en estas dos
etapas las desigualdades de alumnos con especiales dificultades sociales,
como son las minorías étnicas, hijos de inmigrantes y alumnos con
dificultades de inserción educativa derivada de entornos familiares
desestructurados, así como atender los problemas de aprendizaje
individual vía la diversificación curricular, son asimismo objetivos
prioritarios para el Grupo Popular. Una oferta de plazas suficiente en
los nuevos bachilleratos y en la formación profesional, con una adecuada
distribución territorial, acompañada de un sistema de becas y ayudas al
estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables y de
distancia del domicilio al centro docente son medidas que su departamento
está llevando a cabo con eficacia en la enseñanza postobligatoria y que
compartimos plenamente. Para el Grupo Popular, el desarrollo del
principio de igualdad debe tener una atención preferente con los alumnos
con necesidades educativas especiales y con la educación de personas
adultas. Dada la importancia que estas medidas tienen en el logro de una
educación de calidad, libertad y equidad, le formulo la siguiente
pregunta: ¿Qué medidas está realizando el Ministerio de Educación y
Cultura en favor de la igualdad de oportunidades de todos los alumnos?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Abejón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como ya he manifestado en otras ocasiones en esta Cámara,
conseguir la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la
educación constituye uno de los objetivos prioritarios de este
Ministerio. No podía ser de otra manera, por otra parte, porque es lo que
preconiza el artículo 27.1 de la Constitución. Pero para alcanzar este
objetivo hay distintos programas en el Ministerio, todos ellos dedicados
a eliminar las desigualdades que sufren algunas personas y que se pueden
derivar de situaciones socioeconómicas, de su origen étnico, de su lugar
de residencia, de sus desigualdades culturales, de su género, de su
discapacidad o a veces de su enfermedad. Pues bien, el Ministerio de
Educación y Cultura, para corregir las desigualdades, lo primero que ha
puesto en marcha ha sido la política de becas; ya estaba en marcha, pero
queremos decir que este concepto superó los 93.000 millones de pesetas el
pasado año, lo que significa un incremento del 9 por ciento respecto al
año anterior.
En segundo lugar hemos procurado corregir las desigualdades respecto al
medio rural. Al medio rural se han dedicado el año pasado 31.800 millones
de pesetas, destinados a facilitar la movilidad de los alumnos y los
desplazamientos fuera del lugar de domicilio familiar. Para corregir las
desigualdades también hemos convocado por primera vez ayudas para los
libros de texto. El programa que fundamentalmente está más
específicamente dedicado a esto es el de educación compensatoria. En este
curso 627 colegios de educación infantil y primaria y 193 institutos han
desarrollado programas de educación compensatoria y el incremento del
profesorado de apoyo dedicado a este tipo de programas ha sido del 28 por
ciento respecto al año anterior. Hay que destacar que desde el curso
1992-93 el cupo de profesores de apoyo para la compensatoria no había
experimentado ningún crecimiento. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Igualmente, señorías, el programa de nuevas tecnologías, el
programa Aldea Digital, que con carácter experimental se está implantando
en la provincia de Teruel, va a corregir, con los equipos multimedia, con
la conexión a Internet, con el software educativo, el aislamiento que
sufren algunos alumnos que están en nuestros medios rurales. Esas nuevas
tecnologías, como no, también van a los alumnos hospitalizados, a las 29
aulas que hemos puesto para que estos niños puedan estar en contacto con
sus compañeros y con los profesores de los colegios. Lo mismo ocurre con
los convalecientes, mediante convenios con Funcoe y con Unicef.
Finalmente, los programas de garantía social y los planes de inserción
laboral, que constituyen por su propia naturaleza un instrumento esencial
en la política de fomento de la igualdad de oportunidades. Durante el
curso 1997-98 se invirtieron 3.721 millones de pesetas en estos programas
y la previsión para este año es de 4.282, es decir, un incremento
aproximado del 15 por ciento.
No puedo dejar de referirme antes de terminar, señorías, a las otras
acciones que lleva a cabo el Ministerio,
como son la compensatoria de adultos, las clases de español para
inmigrantes, la disminución de la ratio que ha tenido lugar en este
curso, la firma de los convenios con la ONCE y con la confederación de
sordos y el fomento de la igualdad de oportunidades entre...
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su tiempo ha concluido hace rato.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente. (Un señor diputado: Dos preguntas.)
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES ESTA REALIZANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA
DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA DETECCION Y ATENCION PRECOZ DEL
CANCER FEMENINO? (Número de expediente 180/001061)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno doña
María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, las diferentes etapas biológicas en
la mujer determinan unas necesidades y demandas específicas de los
servicios sanitarios, con independencia de las prestaciones que se
realizan a la población en general. Entre estas necesidades y demandas se
encuentra la detección y atención precoz del cáncer ginecológico. La
importancia de la implantación de programas que ahonden en la detección
precoz de este tipo de patologías nos viene dada por la tendencia
creciente que presenta en España tanto la incidencia como la mortalidad
por estas patologías. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Faraldo.
Dígame, señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Creo que se ha saltado una pregunta del
Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Educación, pero no
importa hacerla después.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, en la relación que los servicios de
la Cámara preparan y que tienen SS. SS. figuran las preguntas a la
ministra de Educación y Cultura la número 8, del señor González de
Txabarri, y la 15, de don Adolfo Abejón.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Se
refiere a la del señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor PRESIDENTE: La pregunta de doña Clementina Díez de Baldeón será
respondida por el señor ministro de Administraciones Públicas en último
lugar de la serie. ¿A esa pregunta se refería el señor Caldera?
(Asentimiento.) Recuperamos entonces el curso de la sesión con nuestras
disculpas, señora Faraldo, porque haya tenido que interrumpir su
intervención. Vuelve a tener la palabra. Adelante.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el tumor maligno más frecuente en la población femenina
española es el cáncer de mama, constituyendo la primera causa de muerte
por cáncer en mujeres. Se estima que una de cada veinte mujeres
desarrollará un cáncer de mama antes de cumplir los 75 años. El segundo
lugar en el orden de frecuencia de los cánceres ginecológicos lo ocupa el
cáncer de endometrio, por delante del cáncer de cuello.
A pesar de la magnitud del problema, aún se están estudiando los métodos
para su prevención primaria, dado que los factores de riesgo son
difícilmente modificables. Por este motivo, la prevención secundaria, la
detección precoz es uno de los medios disponibles para detectar y tratar
estas enfermedades en un estado temprano y convertirse en la estrategia
fundamental para el control del cáncer femenino.
Por todo ello, señor ministro, nos gustaría que hoy nos informara de las
actuaciones que está realizando el Ministerio de Sanidad y Consumo para
desarrollar los programas dirigidos a la detección y atención precoz del
cáncer femenino.
Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Faraldo.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señora diputada, los programas que está desarrollando el Ministerio de
Sanidad y Consumo, concretamente el Insalud, en relación con el
diagnóstico y la atención precoz del cáncer ginecológico se inscriben
dentro del plan de atención integral a la mujer, que tiene por objeto
unificar las actuaciones sanitarias relativas a la salud de la mujer y va
a contar con una inversión de 7.000 millones de pesetas. Este plan lo
integran cuatro programas: uno tiende a mejorar la información de los
métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo no deseado,
preferentemente en la adolescencia; otro programa tiene por objeto
potenciar las actuaciones en el embarazo, parto y puerperio; un tercero
se refiere a la detección y atención precoz del cáncer ginecológico y el
cuarto programa se refiere a los cuidados la menopausia.
Quizás el más ambicioso sea ciertamente el dirigido a la detección y
atención precoz del cáncer ginecológico, que se refiere en primer lugar,
como muy bien ha señalado S. S., a la detección y atención precoz del
cáncer de mama, que es ciertamente la primera causa de muerte por cáncer
de las mujeres. El objetivo de este programa es hacer mamografías de
screening cada dos años a las mujeres en edades comprendidas entre 50 y
64 años. Esto supone actuar en el bienio 1998-99 sobre un 1.156.000
mujeres y lo vamos a hacer en coordinación con las consejerías de sanidad
de las comunidades autónomas. Se están ultimando los preparativos para
garantizar no sólo la realización de las mamografías, sino todo lo que
sigue a continuación si hay que implantar un tratamiento quirúrgico y
oncológico. El coste estimado de este programa es de 1.392 millones en
dos años.
Dentro del programa de detección y atención precoz del cáncer
ginecológico está el de detección precoz del cáncer de endometrio, que es
el segundo en importancia de los ginecológicos. Se trata de actuar sobre
2.600.000 mujeres mayores de 50 años.
El de prevención del cáncer de cérvix se refiere también a una patología
muy importante, pero con menos casos que los demás.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE
EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DE EXTENDER EL SERVICIO DEL 061 A
OTRAS PROVINCIAS DEL INSALUD? (Número de expediente 190/001062)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
diputado don Manuel González Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor González.
El señor GONZALEZ FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el servicio del 061 es de enorme importancia para la
población, ya que desde él se da, como es sabido, un primer consejo a las
personas con problemas de esta naturaleza; consejo facilitado por
profesionales médicos de gran capacitación. Desde ese mismo servicio se
facilita a los pacientes la posibilidad de que un médico se desplace a su
domicilio y les pueda atender; el propio servicio se encarga de la
búsqueda de los profesionales más próximos para que acudan al domicilio,
si ésa es la indicación pertinente, y desde el propio servicio, si es
necesario, se busca el transporte sanitario correspondiente para que el
paciente se pueda desplazar a un centro de salud o a un centro
hospitalario en donde pueda ser correctamente atendido. Esta descripción
de las funciones de esos servicios es suficiente para darse cuenta del
calado social que tiene su implantación y su extensión. Por ello, señor
ministro, le pregunto: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Sanidad y
Consumo de extender el servicio del 061 a otras provincias del Insalud?
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Fernández.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Como muy bien señala S. S., la atención sanitaria en situaciones de
urgencia es esencial en los sistemas de salud. Una respuesta inmediata a
los usuarios en situaciones críticas es uno de los servicios más
valorados por los ciudadanos y que genera más seguridad y más
satisfacción. El Insalud dispone de distintos servicios de atención
primaria y especializada, para atender situaciones de urgencia que se
presenten; sin embargo, un elemento clave para mejorar esa atención,
tanto en celeridad como en eficacia, es el servicio del 061 al que se
refería S. S. Este servicio está integrado por dos elementos esenciales:
un centro coordinador de la urgencia, donde médicos muy cualificados dan
un primer consejo, hacen una valoración de la situación y toman las
medidas que hay que tomar a continuación, y las bases operativas
integradas por UVI móviles.
Hasta 1997, se ha completado en el territorio del Insalud la instalación
de estos servicios en Baleares, Asturias y Madrid; durante 1997 se ha
trabajado para su implantación en Murcia, Cantabria y Castilla-La Mancha.
La situación en estas comunidades es la siguiente. En Murcia entró en
funcionamiento en el mes de enero el centro coordinador de urgencias y en
marzo se pondrá en servicio la base operativa de la capital; en Cartagena
y Lorca, las bases estarán operativas antes del 30 de junio y quedará
completado el servicio. En Cantabria está terminado el centro
coordinador; en julio entrará en funcionamiento la base operativa de
Santander, y la de Torrelavega en los meses siguientes. En Castilla-La
Mancha se están concluyendo las obras del centro coordinador y la entrada
en funcionamiento de todo el servicio está prevista para los meses de
junio y julio. En 1999 se alcanzará la cobertura total de las diez
comunidades autónomas en las que el Insalud ejerce sus responsabilidades
sanitarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A RECTIFICAR EL GOBIERNO SU
DECISION DE RETIRAR DE LA FINANCIACION PUBLICA 869 MEDICAMENTOS? (Número
de expediente 180/001068)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno la
diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, siento importunarle con una pregunta de la oposición en
medio de esta placidez con que su grupo le pregunta sobre los asuntos
sanitarios.
Los despropósitos que se vienen sucediendo con el asunto del medicamento,
señor ministro, han culminado en un alarde que todavía nos ha sometido a
mayor perplejidad, que se ha producido por su declaración de que el
asunto de la decisión final sobre la retirada de medicamentos está en la
mesa del señor presidente del Gobierno, y la respuesta --rápida esta
vez-- por parte del presidente del Gobierno diciendo que de eso, nada y
que para eso está usted.
Por eso, señor ministro, le pregunto si el Gobierno va a rectificar su
decisión de retirar de la financiación pública 869 medicamentos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Amador,
el presidente de Gobierno lo ha dejado muy claro, el Gobierno no va a
modificar su decisión de tramitar un proyecto de ley en orden a la
retirada de la financiación pública de un conjunto de especialidades
farmacéuticas en los términos que retiradamente hemos expuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor ministro, si no fuera porque éste es un
asunto serio y preocupante, diría que se está empezando a convertir en
algo verdaderamente risible. ¿Ahora nos va a traer usted una ley, señor
ministro?
No se puede estar alarmando a la sociedad con afirmaciones, desmentidos,
contradicciones, rectificaciones, apoyos y desacuerdos que se están
sucediendo y que protagonizan usted, los miembros de su Gobierno, el
presidente y algún que otro socio que les apoya. No se puede haber
motivado que la gente salga a la calle, señor ministro, a expresar su
disgusto, desacuerdo y rechazo a esa medida; no se puede tolerar que
usted se permita decir que todas esas personas han salido engañadas; no
se pueden tener esos tics, señor ministro. Aunque no se lo crea uno
mismo, hay que expresar respeto por el grado de conocimiento que las
personas tienen de sus propios problemas, pero ¿de verdad usted cree que
los miles de personas que han salido a la calle se dejan engañar o
manipular por quien usted considera que está haciendo demagogia en vez de
cumplir con su obligación?
Señor ministro, de una lista perfectamente elaborada, muy meditada, muy
pensada y muy avalada por todos hemos pasado a estar ante una lista que
todo el mundo coincide en solicitar --algunos dicen exigir--, que se
rectifique. Por tanto, no sabemos qué va a contener esta lista, señor
ministro, no sabemos si van a seguir estando los medicamentos seguros,
eficaces y de calidad, como dijeron ustedes, o medicamentos que no lo son
tanto. Señor ministro, retiren esa medida y atiendan a lo que miles de
ciudadanos y sus representantes políticos les estamos pidiendo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Amador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señoría, lamento
que persevere usted en el camino de la confusión, de la demagogia y de la
falta de rigor, que lo acaba de ampliar haciendo referencia a un proyecto
de ley del que yo no acabo de decir ni una sola palabra. (Varios señores
diputados: ¡Sí, sí!) No, hable de un proyecto de decreto, pero no de un
proyecto de ley.
Señoría, está usted presentando ante la opinión pública el proyecto que
ha elaborado el Gobierno, que se encuentra en tramitación como una
decisión ya implantada, y S.S sabe que eso no es así y que cuando llegue
al Consejo de Ministros habrá pasado por los mismos trámites y habrá
recibido los mismos informes que el de 1993. Está diciendo que en el año
1993 se eliminaron los medicamentos de baja utilidad terapéutica y los
obsoletos, mientras que la propuesta actual del Gobierno es que los
pacientes paguen todo el precio de los medicamentos seguros y de calidad,
y
sabe S.S que en 1993 se retiraron medicamentos tan consumidos como el
Frenadol y la Couldina, todos ellos seguros y de calidad y por eso
siguieron en el registro, pasando gran parte a ser especialidades
publicitarias con precio libre, que naturalmente tenían que pagar los
pacientes. Está diciendo S.S que esta medida no obedece a un uso racional
del medicamento, sino que es una decisión puramente económica. De la
misma forma, en 1993 S.S decía que las consecuencias de ahorro que iba a
producir la política de uso racional del medicamento aspiraban a reducir
significativamente el gasto.
Está usted diciendo que ahora excluimos grupos completos y que en 1993,
no; sabe S.S que ahora hay excepciones en algunos grupos y que entonces
no las hubo. Pero el colmo es que nos diga que el ahorro hay que
conseguirlo con el fomento de genéricos y precios de referencia, cuando
tuvieron ustedes 14 años para hacerlo y dejaron el país sin un genérico y
sin precios de referencia, siendo nosotros los que hemos introducido esas
medidas. (Rumores.) A esta ceremonia de confusión contribuyen, como no,
algunos destacados dirigentes de su partido que dicen que retiramos el
Nolotil y el Bisolvón, aunque ninguno de ellos ha sido excluido; algún
otro afirma que en 1993 no se suprimieron medicamentos para síndromes
menores, cuando aquí el señor Griñán decía literalmente: Me importan tres
pepinos los resfriados, me importa mucho más la solidaridad.
Señora Amador, ustedes en 1993 retiraron 925 especialidades de 68 grupos,
pero la diferencia fundamental es que ustedes utilizaron esa medida para
justificar un recorte de 150.000 millones de la financiación.
(Aplausos.--Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias. Gracias, señor
ministro.
Silencio, señorías. Silencio.
-- DEL DIPUTADO DON DAMIAN JESUS CANEDA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DE QUE FORMA HA
EVOLUCIONADO LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO DURANTE 1977? (Número de
expediente 180/001056)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
diputado don Damián Jesús Caneda Morales, del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el paro es en España una descarnada realidad, lo ha sido
durante los últimos quince años, y por eso, aunque haya pequeñas
victorias, a la hora de hablar de él siempre tenemos un pozo de tristeza
porque afecta a muchos millones de personas en España.
Esto refleja que el mercado laboral no ha funcionado, se han venido
destruyendo masivamente puestos de trabajo y no solamente eso, sino que
se ha venido sustituyendo empleos fijos por empleos temporales.
Todo viene a ser reflejo también de una falta de confianza que ha venido
produciéndose. No solamente no había nuevos creadores de empleo sino que
el empleo fijo, que hubiera permitido un mercado ágil y flexible al
tiempo que estable y competitivo, no se ha producido y no puede entrarse
en este mercado globalizado sin compatibilizar esas dos cosas: creación
de empleo y al mismo tiempo estabilidad.
Nosotros queremos que antes de entrar en esta pequeña noticia, antes de
entrar en una creación verdaderamente importante de empleo se tiene que
ver otro termómetro, se tiene que mirar si el mercado es estable, si esa
confianza en el funcionamiento del mercado de trabajo y esa confianza en
el futuro de la competitividad de España se está dando.
Por eso le preguntamos ¿cómo ha funcionado la estabilidad del empleo en
el año 1997?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caneda.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señor diputado, Debo decirle que en España tenemos un
problema importantísimo de desempleo, que afortunadamente 1997 ha sido
uno de los mejores años de la historia en lo que significa creación de
empleo, pero como bien ha puesto usted de manifiesto, en España no
solamente se da la terrible dualidad entre las personas que tienen empleo
y las que están en el paro sino que asistimos también a una segunda
dualidad: aquellos que disfrutan de un contrato estable, de un empleo
indefinido y los que viven en la precariedad del empleo temporal.
Puedo decirle que en 1997 claramente se ha roto la tendencia; vamos a
pasar muchos años en España sin poder hacer análisis triunfalistas en
materia de empleo, pero en el año 1997 se ha roto la tendencia y se han
duplicado los contratos indefinidos registrados en el Inem, de tal suerte
que hemos pasado de algo más de 350.000 indefinidos en el año 1996 a
707.000 indefinidos en 1997. Hoy se puede afirmar que en ese año 1997 más
de 378.000 jóvenes han firmado un contrato indefinido durante esa etapa,
y también se puede decir una vez más que hay que reconocer el esfuerzo de
sindicatos y empresarios en el acuerdo que firmaron sobre empleo estable,
que apoyó sin ninguna reserva el Gobierno y que hoy esa reforma ya ha
producido 545.000 contratos indefinidos.
En el segundo semestre de 1997, ya estaba en vigor la reforma y es cuando
se ha producido el despegue.
En los meses de enero y febrero estamos asistiendo ya a un porcentaje de
contratos temporales del 90 por ciento cuando han llegado a estar en el
96 por ciento hace unos años. Todavía no podemos hablar de una reducción
espectacular de la precariedad en los empleos, pero sí podemos decir que
se ha cambiado, que se ha roto la tendencia en favor del empleo estable,
y eso significa al final y muy especialmente que muchos jóvenes pueden
organizar el futuro con ciertas garantías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JOSE CAMILLERI HERNANDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL GOBIERNO LOS DATOS RELATIVOS AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE
AÑO? (Número de expediente 180/001057)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno la
diputada María José Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en base a los datos conocidos a través de los medios de
comunicación, es evidente que el mes de febrero de 1998 ha revestido un
carácter muy favorable en relación al mismo mes de años precedentes. Nos
interesaría conocer la valoración que hace el Gobierno de los datos de
empleo relativos al mes de febrero del presente año.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Camilleri.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Sí,
señor presidente.
En el día de ayer se conocieron oficialmente los datos de paro
registrados del mes de febrero. Como saben SS. SS., en el Inem se
cuantifican todos los meses los demandantes de empleo que están
solicitando una ocupación y que no la han conseguido. Los meses de
febrero, en un mercado de trabajo como el español que está
extraordinariamente marcado por la estacionalidad, son meses en los que
se produce un incremento del paro registrado, concretamente la media de
incremento de esos meses de febrero está por encima de las 6.000
personas. Pues bien, en este mes de febrero se ha producido una reducción
del paro registrado en más de 23.000 personas. La valoración que hace el
Gobierno tiene que ser positiva. Tenemos la impresión de que estamos en
el momento álgido de la creación intensa de empleo. Saben que en 1997,
con un crecimiento aproximado del PIB del 3,4, la creación de empleo se
sitúa en el 2,6, siendo España la creadora de la mitad del conjunto de
todos los empleos netos creados en Europa. El dato del mes de febrero es
satisfactorio y rompe la estacionalidad en el crecimiento del paro en ese
mes.
Tengo que decirle también que referido a sectores económicos, se mantiene
una evolución espectacularmente positiva de la industria, lo que viene a
confirmar el futuro industrial de nuestro país y que no vamos a quedar
reducidos, si continúa la tendencia, a un país exclusivamente de
servicios de turismo. En los meses de enero y febrero, especialmente en
febrero, a la buena evolución de la industria se ha unido un excelente
comportamiento del sector de la construcción. Todos estos datos de paro
registrado vienen avalados en el mes de febrero por un incremento de más
de 123.000 afiliados a la Seguridad Social, sin duda el mejor mes de
febrero en la historia de la Seguridad Social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA CRISTINA ALMEIDA CASTRO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NECESARIO LLEVAR A CABO ALGUN
CAMBIO EN EL ACTUAL TRATAMIENTO DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO? (Número de expediente 180/001053)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que se formulan al Gobierno
y va a responder la Ministra de Justicia. En primer lugar aquella que fue
requerida por la señora Almeida en momento no oportuno para el orden del
día. Pregunta número 10 de la señora Almeida Castro del Grupo Mixto.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Antes me llamó usted experta --no soy experta en nada, sólo llevo una
legislatura no terminada y media de ésta-- y me debía haber llamado
ingenua porque ha sido una ingenuidad el hecho de querer que el
presidente del Gobierno se preocupe de un tema que preocupa bastante a la
población, y por eso era mi esperanza de hacerle la pregunta a él; eso no
quiere decir que
si el formulismo, la burocracia o lo que sea ha decidido que conteste la
ministra de Justicia, no me siento en absoluto despreciada; pero creo que
ha sido un comportamiento usual en el presidente del Gobierno del que
esta parte quiere dejar constancia.
El señor PRESIDENTE: Un momentito, señora Almeida, para que después del
exordio pase a la pregunta a la Ministra. Vuelvo a insistirle...
la señora ALMEIDA CASTRO: Como me ha llamado inoportuna...
El señor PRESIDENTE: No, no la he llamado inoportuna, al contrario,
oportuna.
Señora Almeida, tiene que quedar muy claro que es el Gobierno el que
responde solidariamente ante la Cámara y el que, por tanto, elige el
interlocutor que responde a las preguntas; es un derecho reglamentario.
La señora ALMEIDA CASTRO: Absolutamente.
El señor PRESIDENTE: Eso no es algo que haga éste u otro Gobierno, es
algo que ocurre en todos los regímenes parlamentarios y que sin discusión
en este caso ni recurso, consagra el Reglamento con el general
reconocimiento.
La señora ALMEIDA CASTRO: Con la venia. Desde la oposición también
entendíamos que cuando hay una pregunta que se altera con la convivencia
de la ciudadanía, ese reproche también merece la elección del presidente
del Gobierno. Nada más. Eso es lo que he querido dejar constancia.
El señor PRESIDENTE: Todo lo que diga en términos políticos me merece el
máximo respeto.
Adelante, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Por eso lo he dicho.
La pregunta que le vamos a hacer a la ministra, y luego explicaremos el
porqué de nuestra afirmación, ha sido precisamente si consideraba el
presidente del Gobierno necesario llevar a cabo algún cambio en el actual
tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, su pregunta tenía un antecedente que no ha sido leído y era el
resultado de las votaciones habidas recientemente. Precisamente por esas
votaciones habidas no se considera necesario desde el Gobierno efectuar
ningún cambio en el tratamiento que se da a la interrupción voluntaria
del embarazo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que ese antecedente nos lo cortaron al formular la pregunta
y lo que sí queremos decir a la ministra es que precisamente no se dan
tres empates, como se dieron en esta Cámara, y empates que no han sido
resueltos en ningún sentido, lo que demuestra que la Cámara está dividida
y que la sociedad también lo está ante la necesidad de plantearse alguna
reforma que evite lo que está pasando, y lo hemos visto esta semana
cuando han ocurrido los hechos de Albacete, donde precisamente por la
presunción de criminalidad que hay contra todas las mujeres el juez de
Albacete se ha permitido pedir todas las historias clínicas, no ya de
interrupciones del embarazo, sino de vasectomías y de todo, apoyado por
el ministerio fiscal y teniendo una espada de Damocles contra mil y pico
personas que tienen derecho a usar las leyes que nosotros mismos les
damos.
Por tanto, cuando aquí hay un empate, que significa que hay más
ciudadanía detrás de esos votos que la que hay en el contrario, nos
parece que algún tipo de preocupaciones hay, aunque el Reglamento --que
el presidente se lo tuvo que leer-- diga que se entiende desestimado.
Cuando un presidente del Gobierno --por eso se la queríamos hacer a él--
gobierna para todos los españoles y españolas tiene que tomar una postura
ante una preocupación que afecta a más del 50 por ciento de los
españoles. Cuando uno gobierna no lo hace sólo para sus electores, sino
para la convivencia entre hombres y mujeres, para el respeto a los
derechos, y en ese sentido creemos que alguien está pidiendo que se
cambie la ley. A usted le diría que diera la orden al fiscal general del
Estado para que, ante resoluciones injustas, se presenten recursos que no
signifiquen la presunción de culpabilidad para el conjunto de las
mujeres. Por eso se lo queríamos preguntar al presidente del Gobierno,
para que actúe por la convivencia y no por el interés electoralista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el resultado de las votaciones lo que demuestra es que no existe
en esta Cámara esa voluntad mayoritaria que S. S. quiere poner de
manifiesto para la modificación de la legislación actual. De cualquier
forma, señoría, el Gobierno actúa para la mayoría de los españoles
y entiende que la regulación que existe actualmente es la adecuada y la
que tiene mayor consenso social.
En última instancia, S. S. me ha dicho que ordene al fiscal general del
Estado. Señoría, creo que le ha traicionado el subconsciente, porque S.
S. sabe que ni la ministra de Justicia ni el Gobierno pueden ordenar nada
al fiscal general del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO VICENTE MURCIA BARCELO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MOTIVOS HAN RECOMENDADO AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA ELABORACION DE LA
«GUIA DE ATENCION AL CIUDADANO»? (Número de expediente 180/001060)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
diputado don Francisco Vicente Murcia Barceló, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Murcia.
El señor MURCIA BARCELO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, en la comparecencia que llevó usted a cabo
ante la Comisión de Justicia e Interior el 20 de junio de 1996 para
informar sobre las líneas generales de la política de su departamento, se
nos comunicó que la acción de su Ministerio para la presente legislatura
estaría orientada a lograr una Administración más ágil y eficaz y a
desarrollar con plenitud el modelo de justicia diseñado en la
Constitución.
Sabemos que su Ministerio ha editado una Guía de atención al ciudadano
cuya primera edición, de 100.000 ejemplares, ya ha comenzado a ser
distribuida por las 20 gerencias territoriales que tiene el Ministerio de
Justicia en España. Por ello es por lo que le formulo, señora ministra,
la siguiente pregunta: ¿Qué motivos han recomendado al Ministerio de
Justicia la elaboración de la Guía de atención al ciudadano?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Murcia.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, los motivos que han recomendado al Ministerio de Justicia editar
la Guía de atención al ciudadano son, fundamentalmente, la multiplicidad
de sedes con que cuenta el Ministerio, así como las gerencias
territoriales y las múltiples peticiones de información acerca de dónde y
cómo efectuar los diferentes trámites que están encomendados a dicho
Ministerio. Señoría, creo que si el Ministerio de Justicia tiene como
misión el servicio de atención al ciudadano, desde la emisión de
certificados de antecedentes penales a certificados de últimas
voluntades, tramitación de indultos, indemnizaciones por el
funcionamiento de la Administración de Justicia; era obligación de una
Administración al servicio del ciudadano facilitar toda esta serie de
trámites, y es por ello por lo que se ha editado la guía a la que S. S.
ha hecho referencia, que ha sido ampliamente difundida.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Justicia.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿HASTA CUANDO VA A SEGUIR EL GOBIERNO
ANUNCIANDO LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
CON MENSAJES CONTRADICTORIOS QUE PRODUCEN INCERTIDUMBRE EN LOS
CIUDADANOS? (Número de expediente 180/001072)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27 --y comienzan las respuestas del
vicepresidente para asuntos económicos-- que formula al Gobierno la
diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes anunciando la
reforma del Impuesto sobre la Renta con mensajes contradictorios que
están produciendo incertidumbre en los ciudadanos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias señora
diputada.
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Gobierno la ha anunciado desde el debate de investidura del presidente,
pues formaba parte de nuestro programa electoral. Lo único que no
comparto con S. S. es que existan mensajes contradictorios y mucho menos
que se esté creando incertidumbre. En cualquier caso, S. S. es plenamente
consciente de que el envío de un proyecto de ley permitirá el debate
sobre la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor vicepresidente, durante cuatro años, dos
gobernando, ustedes nos han bombardeado diariamente con anuncios sobre la
reforma fiscal, pero hasta este momento no hay ninguna propuesta concreta
del Gobierno, y los ciudadanos no saben si van a pagar menos impuestos,
más impuestos o los mismos pero de otra manera.
Señor Rato, el Grupo Socialista considera necesaria la reforma del
Impuesto sobre la Renta y especialmente ahora, después de sus medidas y
los cambios que han introducido, que han beneficiado a determinadas
rentas y a determinados sectores. Por tanto, reforma sí, pero no vale
cualquier reforma y no vale el procedimiento que están ustedes siguiendo,
el procedimiento de los globos sonda y de los desmentidos cuando hay
rechazo social. Por favor, rectifiquen y actúen ustedes con más rigor y
seriedad en las propuestas y con menos demagogia y menos electoralismo,
porque la reforma que anuncian no va dirigida a solucionar los problemas
del impuesto, señor Rato. No vemos medidas para un tratamiento
equilibrado de las rentas del trabajo y del capital o para combatir el
fraude; en cambio sí vemos medidas, como el mínimo vital o la reducción
de tramos en la tarifa, que perjudicarán a las rentas bajas y medias y
que será una nueva vuelta de tuerca en favor de las rentas más altas, en
favor de los que más tienen. Sabemos sumar, señor Rato, y todo lo
prometido suma ya en torno al billón de pesetas. Aquí hay una amenaza muy
seria --y se lo decimos, muy seria-- para el futuro de las prestaciones
sociales. Por tanto, señor Rato, es hora ya de que concreten sus
propuestas, expliquen los efectos de la reforma y dejen de provocar
inseguridad en los ciudadanos, pero queremos advertirle que si siguen
adelante con la reforma que han anunciado tendrán enfrente al Grupo
Socialista desde criterios de justicia social y en defensa de los
intereses generales.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Aroz.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias, señora
diputada.
En primer lugar, quiero decirle que es lógico que el Grupo Socialista sea
partidario de una reforma porque la llevaban ustedes en el programa
electoral; por tanto, independientemente de nuestras medidas, ustedes son
partidarios de la reforma. En segundo lugar, quiero dejarle claro a S. S.
que la reforma va a suponer una reducción general de la carga tributaria,
que va a favorecer especialmente a los contribuyentes con menos recursos
y con mayores obligaciones familiares, que va a beneficiar a las rentas
del trabajo que, como S. S. sabe muy bien, están siendo perjudicadas
desde la reforma de 1991 y que han ampliado su parte de contribución a la
financiación del Estado a través del IRPF cuatro puntos; sólo más de dos
puntos en el año 1994.
Su señoría ya ha dicho --quizá, cuando conozca la reforma tendrá ocasión
de matizarlo-- que no es partidaria de un mínimo familiar; yo sí lo soy,
y el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno lo son. Su señoría afirma
que no lo es, lo que indudablemente nos permitirá debatir en profundidad.
Desde luego el Gobierno va a favorecer a las familias, a las rentas del
trabajo y va a hacer una reforma en profundidad que permita la
simplificación del impuesto permitiendo que haya una gran cantidad de
ciudadanos que no se vean obligados a cumplir el trámite de la
declaración, y eso tendrá S. S. ocasión de discutirlo con nosotros. En
cualquier caso, me permitirá S. S. que utilice algún precedente. En la
última reforma del año 1991, que entró en vigor el 1 de enero de 1992,
hay declaraciones de los responsables de entonces desde el año 1990, y
algunas de ellas dicen cosas de este estilo: Hacienda anuncia rebaja
drástica de los incentivos fiscales para la compra de vivienda. Y al día
siguiente: Hacienda aclara que sólo hay sondeos sobre la nueva fiscalidad
de la vivienda y defiende la regularización del dinero negro. Por tanto,
señoría, el debate sobre los globos sonda o sobre lo que se ha hecho con
el IRPF es relativamente cómodo para el Gobierno, pero creo que es
estéril. Será importante ver cuál es la propuesta que ustedes tienen
sobre el IRPF. (Rumores.) Señoría, la mía la conocerá usted y yo podré
conocer la suya. En cualquier caso, para conocer una propuesta es
imprescindible que el Gobierno envíe un proyecto de ley. Su señoría lo
está esperando. Va a tener la oportunidad de debatirlo y nosotros vamos a
tener la oportunidad de conocer lo que S. S. piensa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿SABE YA EL GOBIERNO QUE QUIERE HACER EN
LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, CON LA
DEDUCCION FISCAL DE LA INVERSION EN VIVIENDA PARA LOS CIUDADANOS QUE
ESTAN PAGANDO UNA HIPOTECA? (Número de expediente 180/001073)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28 que formula al Gobierno el
diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, ¿sabe ya el Gobierno qué quiere hacer en la reforma
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la deducción
fiscal de la inversión en vivienda para los ciudadanos que están pagando
una hipoteca?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señor Martínez Noval, como
usted muy acertadamente me decía el otro día en la Comisión de Economía,
un proyecto del Gobierno de la entidad de la reforma del IRPF lo lógico
es discutirlo cuando el Gobierno lo remita. Al parecer ha cambiado usted
de opinión y quiere discutirlo antes.
Sobre el tratamiento de la vivienda le diré, señor Martínez Noval, que
nuestra intención es mejorar el tratamiento fiscal de la vivienda
familiar y beneficiarla no sólo para los contribuyentes que hoy están
aplicando deducciones sino también para aquellos como, por ejemplo, dos
millones y medio de pensionistas que tienen que pagar una renta presunta
por una vivienda que ya no están financiando y, sin embargo, nosotros
vamos a excluir todo gravamen sobre la renta presunta de la vivienda
familiar.
Quiero decirle también, señor Martínez Noval, que desde el punto de vista
del tratamiento de la vivienda, como le he dicho anteriormente a su
compañera de grupo, vamos a corregir las desviaciones que se están
produciendo en este momento en el tratamiento de la vivienda y que son
muy importantes. Por ejemplo, el hecho de estar aplicando una deducción
en la base, que es una deducción poco equitativa, produce los siguientes
efectos. En el año 1996, el 30 por ciento de los declarantes con rentas
más altas se aplicaron el 44 por ciento del gasto fiscal derivado de las
deducciones. En ese mismo año, que es el último del que tenemos
estadísticas completas, el crecimiento del número de declarantes que se
aplican deducción sobre intereses en la base fue el doble en las rentas
supeizo para la reforma de 1991 proponía corregirlo y ustedes, al final,
no fueron capaces de hacerlo.
Con la reforma del IRPF, señor Martínez Noval, probablemente le va a
suceder como con el presupuesto de 1998, que es la reforma que ustedes
hubieran querido hacer. Ni pudieron, ni supieron, ni tuvieron el valor de
hacerla, pero tendremos ocasión de conocer las iniciativas de S. S.
cuando el Gobierno remita el proyecto de ley, lo cual me parece que es el
camino lógico de los debates.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor ministro, póngase en lo peor respecto de
nuestra actitud si imitáramos la que usted adoptó en la reforma del año
1991, pero no hace falta. No vamos a llegar a los niveles a los que
ustedes llegaron, usted personalmente. Nosotros no queremos discutir un
proyecto que no existe, pero nos vemos obligados a salir al paso de sus
continuas declaraciones sobre un proyecto que no existe (sus
declaraciones y las matizaciones y contradicciones que le establece el
portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió)
El problema que usted tiene respecto al problema de la vivienda es que el
dictamen de los expertos le lleva a usted a una incoherencia manifiesta.
En relación con la vivienda acaba usted de decir que es más progresivo
deducir en la cuota que restar en la base. (El señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, De Rato Figaredo,
hace signos negativos.) Acaba usted de decirlo en relación con la
vivienda; no, perdón, acaba usted de decirlo en relación con una
deducción familiar. O vale una cosa o vale la otra. Ustedes son
partidarios de que se deduzca de la base una cantidad importante que
ustedes llaman mínimo vital o mínimo existencial, y dice, y lo dicen los
expertos, que eso no tiene problemas de progresividad, porque se compara
con la deducción en cuota y eso no genera problemas. Sin embargo, a la
hora de hablar de la vivienda, dicen ustedes: Llevamos la deducción de la
base a la cuota porque eso es más progresivo. Aclárese. Eso es
incoherente. No pueden sostener una cosa distinta en las deducciones
familiares y otra en vivienda. Ese es el problema que usted tiene, señor
Rato. Si siguen por ese camino, ¿qué van a hacer con las personas que
están pagando una hipoteca? ¿Qué tratamiento les van a dar? ¿Les van a
dar un tratamiento especial como han dado a las inversiones a efectos de
plusvalías anteriores a junio de 1996 y posteriores? Si no lo hacen así,
señor Rato, ya lo dice el señor Molins, irán ustedes de cabeza a una
nueva agresión a las familias españolas, que sin duda llamaremos un gran
hipotecazo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA
(De Rato Figaredo): Señor presidente, señor diputado, sobre lo que cada
cual sostuvo en el año 1991 y las medidas que se tomaron, tendremos
ocasión de revisarlas, si es el gusto de S. S. hacer el debate de 1998
sobre 1991. No tenemos ningún inconveniente, desde la regularización del
dinero negro a cualquier otra medida, señoría.
En segundo lugar, desde el punto de vista del tratamiento de los
intereses, su grupo, el Gobierno que representaba S. S. y los expertos de
entonces y de hoy sostienen que el tratamiento de los intereses es más
equitativo en la cuota que en la base. De todas maneras, también
tendremos ocasión de debatirlo. Y en cuanto al mínimo familiar, si S. S.
se va a oponer a él tendremos ocasión de debatirlo y, desde luego,
políticamente nos vamos a encontrar muy cómodos.
El señor PRESIDENTE: En su momento, señor vicepresidente; se ha acabado
el tiempo.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE BORRELL FONTELLES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL ES LA RAZON DE QUE SE HAYAN
APROBADO 90.000 MILLONES DE GASTO PUBLICO EN SEIS MESES, SALTANDOSE LAS
NORMAS LEGALES AL RESPECTO? (Número de expediente 180/001074)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 que formula al Gobierno el
diputado don José Borrell Fontelles, del Grupo Socialista.
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Gracias, señor presidente.
Ruego al Gobierno que dé por formulada la pregunta en los términos en los
que figura en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Pues tengo que contestarle que el Gobierno
no se ha saltado ninguna norma legal.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rato, la demagogia que ustedes desplegaron cuando estaban en la
oposición ha resistido menos la realidad que un vampiro la luz. (Risas.)
Se ha desintegrado absolutamente cuando ha tenido que chocar con los
hechos. Usted parece ser que ha llevado a consejos de ministros 300
expedientes en seis meses para convalidar 90.000 millones de pesetas de
gasto, y sabe usted que cuando el Gobierno hace esas cosas es porque
previamente ha habido algún procedimiento que no ha seguido lo previsto
en la norma. No digo yo que sea ilegal ni contrario a la ley convalidar,
yo no digo que sea ilegal convalidar, porque todos los gobiernos
convalidan, es un procedimiento previsto en la Ley General
Presupuestaria, lo que digo es que cuando esto ocurre es porque
previamente ha habido algún procedimiento que no se ha seguido. Y ustedes
se han hinchado a decir en esta Cámara, y frente a la opinión pública,
que las convalidaciones de gasto eran uno de los pecados capitales de los
socialistas, que con ustedes, vestiditos de blanco marinero en la
comunión (Risas.), nunca ocurrirían cosas parecidas, y ha batido usted el
récord de en seis meses llevar 300 expedientes por 90.000 millones de
pesetas. ¿Podría usted explicar en la Comisión cuántos, cuáles, porqué y
cómo ha contradicho su demagogia que ahora queda a la luz como lo que es,
un conjunto de falacias utilizadas para desacreditar a un Gobierno para
acabar haciendo lo mismo? Ayer decía el señor Pujalte algo relativo a que
es bueno hacer lo contrario de lo que se dijo. Pues ustedes han batido el
récord en esta técnica.
Usted no quiere venir a la Comisión. Ayer nos anunciaron que no va a
venir a la Comisión de Presupuestos a explicarse, lo dijo usted, señor
Pujalte, que no va a venir, que nos pongamos como nos pongamos vendrá su
secretario de Estado, el señor Folgoso, pero que usted no va a venir.
(Rumores.--Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No,
no es un lapsus linguae. Pues le invito a que venga, y también le invito,
señor Rato, a que en su respuesta no haga de nuevo el ridículo de
pasearse por la playa del Miracle, ni me cite la relación entre gastos
ejecutados y créditos iniciales, porque nada tiene que ver con lo que le
pregunto hoy.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A efectos del «Diario de Sesiones», el citado es,
según consta en la relación de altos cargos, el señor Folgado, secretario
de Estado. (Rumores.) Esos comentarios están fuera de lugar, aunque sé
que son sólo a efectos retóricos.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
diputado.
Los hechos son tozudos. En 1995 ustedes dejaron un déficit público del
7,3 del producto interior bruto (Rumores.) --claro, a S. S. no le
importa--, y en 1997 nosotros
lo hemos dejado en el 2,6. Eso, señoría, no le importa nada, pero ahora
vamos a las convalidaciones. Como ya le anuncié al señor Martínez Noval
en la Comisión de Economía, que no quiso que se entrara en el tema, y
estaba yo presente y le ofrecí entrar, las convalidaciones del año 1997
son consecuencia directa de la nueva ley de disciplina presupuestaria,
que exige, señor Borrell, entérese usted, fiscalización previa para
gastos que cuando S. S. era responsable no tenían fiscalización previa,
como por ejemplo todos los proyectos plurianuales, gastos por importe
indeterminado o plurianuales derivados de convenios o contratos-programa,
de los cuales S. S. ha sido protagonista de muchos. Antes esos convenios
no se fiscalizaban en el momento de su firma, ni se contabilizaban en los
compromisos futuros, sólo se fiscalizaba el pago cuando se producía. A
partir de 1997 se extiende la fiscalización previa a estos convenios y
contratos-programa. ¿Qué quiere decir, señor Borrell? Que estamos
teniendo que convalidar gastos decididos anteriormente que no tuvieron
fiscalización previa (Rumores.--El señor Borrell Fontelles: ¡Vaya
hombre!), cosa que era legal entonces. No les estoy acusando de que
ustedes se hayan guardado facturas, que se guardaron 700.000 millones de
facturas que ya hemos pagado y que tienen un informe de la Intervención
General en el Parlamento al que no quieren hacer referencia.
En cualquier caso no se trata de facturas, se trata de que ahora hay un
procedimiento más estricto que antes, que exige convalidación de gastos
decididos. El 90 por ciento de las convalidaciones del año 1997 se
refieren a gastos decididos anteriormente que no tenían fiscalización
previa, con muchos de los cuales S. S. está plenamente familiarizado. No
vamos a pasearnos por ninguna playa, no es necesario, pero sí tengo que
decirle a S. S. que en ejemplos de convalidaciones o en ejemplos de
gastos ejecutados sin crédito o en ejemplos de desviaciones
presupuestarias, en cualquiera de esos paseos, S. S. nos saca total
ventaja.
En cualquier caso, señor Borrell, no le quepa a usted ninguna duda de que
el Gobierno lo explicará en la Comisión de Presupuestos, a través del
secretario de Estado (El señor Borrell Fontelles: Usted, usted.) Si usted
quiere que lo explique yo me lo pregunta y yo se lo explico como en este
momento.(Varios señores diputados: ¡Sí, sí!)
Segunda cuestión. Las convalidaciones del año 1997 --y se lo advierto
para que no vaya usted por un camino equivocado, como con otras
decisiones que ha tomado usted en la interpelación de la semana pasada--
son consecuencia de la nueva ley de disciplina presupuestaria. No se
equivoque en sus argumentaciones y haga usted un favor, coja los datos y
haga los discursos y no al contrario. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL ES EL BALANCE DEL LLAMADO PLAN DE
AUSTERIDAD DE GASTOS Y DEL PROGRAMA DE COMPRAS PUBLICAS DE LA
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, APROBADOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS
EL 6 DE JUNIO DE 1997? (Número de expediente 180/001075)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el
diputado del Grupo Socialista don José Luis Rodríguez Zapatero.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, el presupuesto de 1997 contenía para
el subsector Estado una previsión de gasto corriente, en el capítulo 2,
de 304.851 millones de pesetas. En junio de 1997 ustedes aprueban en
Consejo de Ministros un gran plan de austeridad del gasto corriente que,
por cierto, lo explica el señor Rodríguez, portavoz del Gobierno, de
manera muy amplia por todos los medios de comunicación, cuyo objetivo era
el ahorro del 3 al 6 por ciento en el conjunto de la Administración
general del Estado, lo que en el subsector Estado serían de 9.000 a
18.000 millones. La liquidación del presupuesto de 1997 ha puesto de
manifiesto, según sus datos, que en el capítulo 2 ha habido un gasto de
394.301 millones de pesetas, es decir, 90.000 millones más de lo que
habían presupuestado en el capítulo 2, es decir, un 30 por ciento más de
su previsión con ese plan de austeridad por medio. Por eso le pregunto
cuál es el balance del plan de austeridad que aprobó el Gobierno en junio
de 1997.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, el plan de austeridad ha funcionado, en opinión del
Gobierno, muy satisfactoriamente. Se ha elaborado una ficha de situación
de los 8.059 inmuebles de la Administración que, por cierto, no existían.
Se ha aprobado el plan de reubicación para ocho ministerios que ha
supuesto liberar 34.000 metros cuadrados de inmuebles, con un valor de
mercado de unos 5.000 millones de pesetas, y 34 arrendamientos, con un
valor de mercado de 1.333 millones de pesetas. Dentro del programa de
reforma de las compras públicas,
además de la reforma de la Ley de contratos que remitiremos a esta
Cámara, se han regulado las juntas de contratación y el sistema de
adquisición centralizada de bienes de utilización común, que ha supuesto
un ahorro medio del 9,28 por ciento, al que , por cierto, se van a sumar
una serie de administraciones periféricas, como es el caso de la
Comunidad de Madrid, de Castilla y León, la Diputación de Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Seguridad Social. Por tanto, desde el
punto de vista de ese aspecto concreto del capítulo 2, el Gobierno cree
que estamos cumpliendo los objetivos marcados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor vicepresidente, con los datos que
acabo de referir y que usted no ha refutado porque son sus datos, el plan
de austeridad de su Gobierno ha sido un fracaso estrepitoso. Ese es el
balance objetivo. Pase usted de las musas al teatro, déjese de literatura
y explique porqué se han gastado 90.000 millones más en el subsector
Estado, en el capítulo 2. Y ese plan, señoría, ha supuesto un auténtico
proceso de hilaridad en el conjunto de la Administración pública y entre
los funcionarios. Le recuerdo lo que han dicho las cien páginas del BOE
en que han consistido las circulares o instrucciones de todos los
ministerios. Ustedes han hablado de que en los viajes sólo debería
desplazarse un funcionario, nunca dos --no sé si será por su aversión a
las parejas de hecho-- (Risas.); que las fotocopias tenían que ir a doble
cara, cuando a lo mejor resulta que son más caras; que la encuadernación
sólo se podía hacer en papel; que sólo un periódico por alto cargo --no
me extraña, a tenor de las respuestas que dan, que eso se haya cumplido,
pero no sé si se ha traducido en algún ahorro--, o que, por ejemplo, no
podía haber ni un periódico para ningún nivel de la Administración
inferior a director general, lo que supone, evidentemente, que querían
una Administración sin información de lo que pasa en la realidad, que
debe ser lo que les gusta. (Rumores.--Un señor diputado: Que se lo paguen
ellos, como todos los españoles.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero. Ha concluido su
tiempo.(Rumores.--La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se
perciben.)
Sosiéguense, señorías. Señora Chamosa. ¡Señora Chamosa! Las tardes de los
miércoles son las suyas. (Risas.) Sosiéguese y no entre en
descalificaciones.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente y gracias, señor
Rodríguez Zapatero.
Señor Rodríguez Zapatero, yo le he dado la información sobre el Plan de
austeridad, que S. S. puede valorar como le parezca, pero yo insisto en
que ha funcionado. Además, va a tener lugar una comparecencia del
subsecretario del Ministerio y tendrá ocasión de que se lo explique en
detalle.
En cuanto a la segunda parte, que es la evolución del total del capítulo
2, tuve ocasión de explicarla el otro día en la interpelación sobre la
evolución del presupuesto, y lo haré ahora con mucho gusto si tengo
tiempo.
De los 89.000 millones de exceso de gasto de obligaciones reconocidas,
34.000 son generaciones de crédito y hay una ampliación de crédito de
20.000 millones, que es totalmente atribuible a los gastos de las Fuerzas
Armadas en Bosnia. Por tanto, hay una gran parte de esa desviación que
reconozco que es consecuencia de decisiones discrecionales del Gobierno y
que yo aplaudo que S. S. las controle y las exija. Sólo le pido, como
pedí en la interpelación de la semana pasada, que veamos las cosas en su
evolución. Es verdad que no hemos cumplido la totalidad de nuestro
objetivo del capítulo 2, pero si comparamos el capítulo 2 de 1997 con el
capítulo 2 de 1995, veremos que hay una caída del 14,19 por ciento. En
consecuencia, aunque S. S. hace bien en controlarnos, y le aplaudo, y hoy
tiene instrumentos que nosotros nunca tuvimos en la oposición, tengo que
decirle que hemos sido capaces de evolucionar en una dirección que espero
que el año que viene, cuando veamos el presupuesto de 1998, a S. S. le
sea todavía más difícil poder criticar.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE EL GOBIERNO NO
HA CONSEGUIDO CERRAR TODAVIA EL PROCESO DE TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS A
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL ARTICULO 143? (Número de expediente
180/001071)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, por la que se interesaba el
portavoz socialista, que formula la diputada de su grupo, doña Clementina
Díez de Baldeón García.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿por qué el Gobierno no ha conseguido cerrar todavía el
proceso de transferencias educativas a las comunidades autónomas del
artículo 143? ¿Cuál es el calendario previsto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor presidente.
Señora diputada, porque, como otros muchos traspasos, se trata de un
asunto complejo. Estamos hablando de 140.000 funcionarios a traspasar por
un coste efectivo de más de 800.000 millones y las negociaciones no son
fáciles. A nosotros nos gustaría hacer el traspaso a lo largo de este año
1998 pero, como es sabido, no sólo dependemos de nuestra voluntad sino
también de las comunidades autónomas, que serán las que tengan que
recibirlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la gestión de las transferencias educativas se está
desenvolviendo entre la desidia y el caos. (Rumores.) Las comunidades
autónomas están desconcertadas. Ustedes no han cumplido el calendario
previsto y su oferta, señor ministro, ha sido rechazada sistemáticamente
por insuficiente. Todas las comunidades autónomas y todos los sectores
sociales y sindicales reclaman más dinero para hacer posible la reforma
educativa con criterios de calidad y, ¿cuál es su respuesta? El Gobierno,
en vez de preparar satisfactoriamente las transferencias, dotando a las
comunidades autónomas de recursos suficientes, adopta, a golpe de
decreto, una serie de medidas de ahorro en la educación que atentan
contra la calidad de la enseñanza pública y que van a hipotecar de forma
negativa la actuación futura de las comunidades autónomas cuando éstas
asuman sus competencias. Medidas tan graves como reducir el número de
profesores por centro, o que los colegios públicos puedan cerrar por la
tarde, o que los alumnos de cursos distintos estudien en el mismo aula
son, señor ministro, atentados a la Logse. Nos meten en el túnel del
tiempo haciéndonos volver a las escuelas unitarias y, sobre todo,
perjudican a las familias con menos recursos económicos. Así, señor
ministro, no se defiende la calidad de la educación. Con medidas como
éstas su Gobierno ahorrará, pero no conseguirá cerrar las transferencias
educativas. Guardarán los dineros públicos en un calcetín y España habrá
perdido la posibilidad de invertir en lo más importante, en la formación
de su capital humano.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Díez de Baldeón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
La tesis que ha mantenido la señora diputada en su intervención es que el
Gobierno dedica en su presupuesto pocos recursos a la educación. Voy a
dar algunos datos comparativos para ilustrar a la Cámara.
En el año 1993 la subida del Ministerio de Educación fue del 4 por
ciento; en el año 1994, del 2,4 por ciento; en el año 1995, del 6,4 por
ciento; el año siguiente bajó un 0,1 por ciento. En el primer año de
gobierno del Partido Popular subió el 2,2 por ciento y este año ha subido
el 6,2 por ciento, y noto que en los años 1997 y 1998 con una inflación
del 2 por ciento, mientras que en los años anteriores las subidas fueron
inferiores, con una inflación del 6 por ciento ó 7 por ciento.
Por si estos datos no fueran suficientes, vamos a compararlo con la única
comunidad autónoma donde ustedes gobiernan, a ver qué es lo que hacen
ustedes con la educación. Este año el Gobierno sube el presupuesto de
educación el 6,2 por ciento y el Gobierno de Andalucía el 5,8 por ciento.
El año pasado el Gobierno sube el 2,2 por ciento y la Junta de Andalucía
el 1,5 por ciento; eso sí, en el año 1996, el último año que ustedes
gobernaron, ustedes bajaron el 0,1 por ciento y la Junta de Andalucía
supongo que para compensar subió el 8,4 por ciento. Por tanto, si nuestra
gestión es tan nefasta, si tan poco dinero dedicamos a la educación, ¿qué
gestión hicieron ustedes y qué gestión hace actualmente la Junta de
Andalucía? Es la pregunta que espero me responda. (Un señor diputado:
Cualquier día.--Aplausos.--Rumores.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: No sé si ha sido percibido por los taquígrafos el
final de la respuesta del señor ministro. ¿Sí? Pues lo leeremos en el
«Diario de Sesiones».
Muchísimas gracias, señorías.
INTERPELACIONES:
-- DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA ADOPTAR EL
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1998, RELATIVO
A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DEL CONDADO DE TREVIÑO PARA
FORMULAR UNA CONSULTA POPULAR, DENEGANDO TAL POSIBILIDAD. (Número de
expediente 172/000072)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Concluido el punto V del orden del día, pasamos al punto VI,
interpelaciones, comenzando por la del Grupo
Nacionalista Vasco sobre motivos del Gobierno para adoptar el acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 20 de febrero de 1998 relativo a la
solicitud efectuada por el Ayuntamiento del Condado de Treviño para
formular una consulta popular denegando tal posibilidad.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, con fecha 15 de enero de 1998 el Ayuntamiento del Condado de
Treviño decidió --y cito expresamente la decisión municipal-- realizar
una consulta popular para que, ante las dudas sobre el deseo de solicitar
el referéndum previsto en la disposición transitoria séptima del Estatuto
de Castilla y León, así como en el artículo 8 del Estatuto de Guernica,
sea toda la población treviñesa la que responda en voto secreto y en las
urnas a la pregunta referéndum sí, referéndum no. En caso de resultado
afirmativo, la corporación municipal se compromete a solicitar de
inmediato el procedimiento previsto en los Estatutos previamente citados.
Hasta aquí el acuerdo municipal.
Como es sabido, el enclave del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón
es desde el pasado siglo administrativamente un territorio burgalés como
consecuencia de residuos feudales, situado en pleno corazón de Alava, y
está formado por dos municipios, el del Condado de Treviño y el de La
Puebla de Arganzón. Tanto el Estatuto de Guernica en su artículo 8 como
el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su disposición transitoria
séptima regulan el procedimiento de agregación, segregación de enclaves
de forma coincidente en cuanto a los requisitos de iniciación del
proceso. En ambos dicho procedimiento empieza mediante la adopción del
correspondiente acuerdo municipal por el ayuntamiento o ayuntamientos que
pertenezcan al enclave. Queda, pues, establecido que son los
ayuntamientos las instituciones competentes jurídicamente y habilitadas
políticamente para iniciar el procedimiento de segregación del enclave.
Aun examinando sólo los años de período democrático, la cuestión del
enclave del Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón se ha abordado
siempre desde una óptica de conflicto en la que las vías ordinarias del
diálogo y comunicación, tanto social como institucional, han sido
sustituidas por el inmovilismo, la falta de atención a la pluralidad de
postulados o el recurso judicial. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Después de casi dos
décadas siguen produciéndose las mismas actitudes, vetando e
interfiriendo las propias iniciativas de las instituciones municipales
del enclave. Tal situación entendemos que es de máxima gravedad política,
porque en el caso actual los vetos políticos se dirigen contra
iniciativas legítimas, adoptadas en el ámbito municipal en base al
diálogo y consenso de los directos interesados.
La consulta popular que ha celebrado el Ayuntamiento del Condado de
Treviño es, pues, políticamente adecuada y jurídicamente correcta. La Ley
de Bases de Régimen Local en su artículo 71 la contempla expresamente. No
puede entenderse fuera de la competencia municipal, porque el objeto de
la consulta es preguntar a los ciudadanos del municipio del Condado de
Treviño si desean o no que el Ayuntamiento adopte el acuerdo de
iniciación del procedimiento de segregación.
Se ha explicado por el Gobierno español la no autorización de la consulta
en razón de que excede la competencia municipal, afectando a los
intereses provinciales de Burgos y regionales de Castilla y León. Resulta
jurídicamente incomprensible que el Ayuntamiento del Condado de Treviño
sea competente, según el Estatuto de Castilla y León, para adoptar el
acuerdo de iniciación del procedimiento de segregación y, sin embargo, no
lo es para preguntar a sus ciudadanos la opinión al respecto.
Más inexplicable es la no autorización por el Gobierno de la consulta
desde la óptica política. Tratar de impedir una expresión de opinión en
términos de participación ciudadana supone un quebranto de los principios
en que se sustenta la democracia, un veto público a la apertura de vías
de solución a un problema y, en definitiva, una actuación arbitraria del
Gobierno.
En virtud de todo ello, interpelamos al Gobierno español respecto a la no
autorización de la consulta popular solicitada para el día 8 de marzo por
el Ayuntamiento del Condado de Treviño.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a comenzar mi intervención con unas
breves consideraciones de las llamadas jurídicas y luego haré otras, si
me lo permiten, menos jurídicas y más políticas.
Recuerdo que con fecha 20 de enero de 1997 el alcalde presidente del
Ayuntamiento del Condado de Treviño dirigió un escrito a la Secretaría
General de la Presidencia del Gobierno donde solicitaba --y es importante
recordar este asunto-- la realización de una consulta popular para que
los electores del municipio manifiesten lo siguiente: si desean o no que
se celebre un referéndum para la incorporación de este municipio a la
provincia de Alava. La petición se hace al amparo del artículo 71 de la
Ley de Bases de Régimen Local, que establece que, de conformidad con la
legislación
del Estado y de la comunidad autónoma, cuando ésta tenga competencia
estatutariamente atribuida para ello, los alcaldes, previo acuerdo por
mayoría absoluta del pleno y autorización del Gobierno de la nación,
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia
propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para
los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la
Hacienda local.
El Gobierno, como es sabido y acaba de recordar en su intervención el
señor Caballero, no autorizó la celebración de la referida consulta
popular por una serie de razones que se recogen en el texto que ya es
conocido por la opinión pública; son razones estrictamente jurídicas y,
por tanto, creo que no hace al caso proceder a su repetición. No
obstante, en turno de réplica, si algún diputado así me lo solicitara,
con mucho gusto podría recordar las razones apuntadas por el Gobierno en
el texto de su resolución. Pero sí quisiera referirme, como excepción, a
la última de ellas, a la última razón apuntada por el Gobierno que es la
siguiente: En tercer lugar --dice el texto del Gobierno--, el objeto de
la consulta supone trastocar y alterar las fases del procedimiento
previsto en la disposición transitoria séptima, punto tres, del Estatuto
de Autonomía de Castilla y León, en la cual el refrendo se inserta como
una fase o requisito con sustantividad propia y posterior y condicionada
a los requisitos o fases anteriores, y entre ellos el informe de la
provincia a la que pertenece el municipio a segregar y el de la comunidad
autónoma de que se trata --que en este caso es la de Castilla y León--,
favorable a la segregación, trascendiendo, por tanto, el tema de la
consulta de la competencia propia municipal.
Dicho de otra forma, en el supuesto de que se hubiese autorizado la
celebración de este referéndum, nos estaríamos saltando --y perdón por la
utilización de esta expresión-- por una vía interpuesta unos trámites que
están recogidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
concretamente el informe previo de la Diputación de Burgos y el informe
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y un trámite que está
recogido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, como es la audiencia
a la comunidad autónoma de que se trate, que en este caso es la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Estos trámites son de obligado cumplimiento,
no sólo porque lo digan dos leyes orgánicas como son el Estatuto de
Autonomía del País Vasco y el Estatuto de Castilla y León, sino porque el
propio Tribunal Constitucional, en sentencia del año 1986, así lo
ratificó.
Por tanto, y ciñéndome exclusivamente a este argumento jurídico --he
señalado antes que hay otros--, la única razón por la que el Gobierno no
ha autorizado la celebración de esa consulta popular que nos ha
solicitado el Ayuntamiento del Condado de Treviño en los términos en los
que he señalado es una razón jurídica que creo que es perfectamente
entendible para cualquiera de las señoras y señores diputados que estan
en esta Cámara. Se trata lisa y llanamente de cumplir la ley. A un
Gobierno se le pueden demandar muchas cosas, se le puede criticar por
muchas razones, se le puede decir que tal o cuál decisión se ajusta o no
se ajusta a tal o cuál legalidad, pero lo único que no se le puede
demandar a un Gobierno legítimo --y esto creo que es perfectamente
entendible-- es que incumpla la ley a sabiendas de que la está
incumpliendo.
Por tanto, por respeto a la legalidad vigente, y en concreto al Estatuto
de Autonomía de Castilla y León y al Estatuto de Autonomía del País
Vasco, no hemos podido aceptar la celebración de este referéndum. Y,
vuelvo a recordar, los trámites, según establece el Estatuto de Autonomía
del País Vasco, antes citado, el mismo Estatuto de Autonomía de Castilla
y León y la sentencia del Tribunal Constitucional a la que antes he hecho
referencia, son los siguientes: primero, solicitud del Ayuntamiento del
Condado de Treviño, que todavía no se ha producido a fecha de hoy;
segundo, informe de la Diputación de Burgos y de la Junta de Casilla y
León, que tampoco se ha producido; tercero, celebración del referéndum,
que ya el propio Gobierno necesariamente tiene que convocar, ya no
estamos ante una decisión graciable --y perdón por la utilización de la
expresión, pero creo que se entiende--, sino que es una decisión que
necesariamente ha de cumplir puesto que está en dos estatutos de
autonomía; en cuarto lugar, aprobación por el Parlamento vasco y, en
quinto lugar, aprobación por las Cortes Generales. Quiero hacer notar que
el papel del Gobierno en todo este procedimiento es un papel mínimo,
porque es la autorización para convocar un referéndum que en cualquier
caso tiene que darla, porque así se recoge en dos estatutos de autonomía,
como son el del País Vasco y el de Castilla y León.
Por tanto, y a título de resumen, por respetar la legalidad, simplemente
por esa razón, no se ha autorizado la convocatoria del referéndum. Por
esa única y exclusiva razón, pero que, en cualquier caso, me parece una
razón contundente y --dicho sea con todos los respetos-- difícilmente
atacable. En cualquier caso, yo creo que no se le puede demandar a un
Gobierno que incumpla la ley a sabiendas de que la está incumpliendo. Eso
es demasiado pedirle a un Gobierno y es demasiado pedirle a un ministro.
De todas formas, de cara al futuro y sentado que el planteamiento del
Gobierno es un planteamiento jurídico, un planteamiento que no entra en
el fondo de la cuestión, que no corresponde al Gobierno, recuerdo que en
el Senado, como consecuencia de unos debates que se produjeron en aquella
Cámara, se aprobó por unanimidad una resolución en la cual tiene su
origen la constitución de una Comisión formada por representantes de la
Junta de Castilla y León y representantes del Gobierno vasco para tratar
todos los temas que
pudieran afectar a esta serie de municipios que estuvieran enclavados en
provincias con las características a las que acabo de hacer referencia.
Sin duda alguna, como ha dicho el señor diputado en su intervención, este
es un asunto que hay que llevarlo con la debida prudencia, con el diálogo
necesario y que no es, desde luego, de fácil resolución. Pero, repito, no
creo que sea sensato el organizar --dicho sea con todos los respetos y
sin citar ni referirme a nadie en concreto-- una trifulca porque un
Gobierno haga algo tan elemental como cumplir escrupulosamente la
legislación vigente y, en concreto, dos estatutos de autonomía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El señor ministro ha realizado en su respuesta un verdadero esfuerzo
jurídico tratando de explicar el acuerdo del Consejo de Ministros por el
que se denegaba la solicitud del Ayuntamiento del Condado de Treviño para
realizar una consulta popular, que es el objeto de esta interpelación, no
el referéndum para la agregación o desagregación. Por eso, aunque no soy
ningún jurista, me sorprende que el señor ministro, que sabe
perfectamente que no se trataba del referéndum, sino de una consulta
basada en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, haya estado
hablando de referéndum, porque no se trataba de eso.
Señorías, nos encontramos fundamentalmente ante un problema de índole
política, ante un problema de democracia o de mantenimiento de una
situación de origen feudal que no permite a los ciudadanos expresarse
libremente sobre problemas que de una forma muy directa les conciernen.
Ante esta situación, todas las fuerzas democráticas alavesas se han
expresado a favor de que el pueblo de Treviño exprese, clara y
libremente, su opinión sobre esta situación anacrónica, mientras que el
Partido Popular de Alava se mueve en una ambigüedad difícilmente
entendible en un partido democrático, para el que la expresión de la
voluntad popular debe ser la base de toda convivencia democrática y no
estar sometida a ocultos intereses partidistas, sobre todo cuando, a
través de la consulta que Treviño quería realizar, y realizó, se trataba
simplemente de conocer lo que piensa y quiere el pueblo afectado.
En este sentido, también creo que hay que destacar que un diputado por
Alava, el señor Mayor Oreja, miembro del Consejo de Ministros, ha apoyado
esta decisión tendente a impedir la libre expresión en democracia de los
ciudadanos treviñeses. Menos mal que se olvidó de mandar a la Guardia
Civil (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela: ¡Anda ya!), que por cierto
ya había intervenido en años anteriores bajo gobiernos de UCD para
precintar ayuntamientos e inhabilitar a los concejales después de que el
26 de enero de 1980 los ayuntamientos habían decidido iniciar los
procesos de incorporación al territorio histórico de Alava. En este caso,
una vez más, parece que al Partido Popular burgalés y alavés de nuevo le
reaparecen los tics franquistas que algunos de sus actuales dirigentes,
antiguos dirigentes de la dictadura fascista, tratan continuamente de
borrar y de hacernos olvidar. Sería deseable que, en este acto de
reafirmación democrática en Treviño, de una vez por todas, el Partido
Popular se uniese a los partidos democráticos para dejar que el pueblo
treviñés exprese libremente su opinión aceptando, por supuesto, lo que la
mayoría de la población decida.
El presidente Aznar, en repetidas ocasiones, refiriéndose al problema de
la violencia, ha mantenido que, superada esta situación, en democracia
todo es posible democráticamente. Parece una contradicción con estas
palabras la actitud adoptada por el Consejo de Ministros, pues si ante
una cuestión tan sencilla como es que el pueblo treviñés se exprese
democráticamente para decidir si quiere o no un referéndum ante una
anacrónica situación se opta por prohibirla, parece que nos puede estar
ya marcando cuál podría ser su posición ante otras situaciones que en
democracia, según sus propias palabras, se pueden plantear.
Esperemos, pues, que las vías de diálogo y comunicación, no de
inmovilismos, sirvan para que este conflicto entre en camino de solución
democrática.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Me gustaría iniciar mi intervención con una afirmación previa. Antes de
criticar a los ausentes y hablar de tics franquistas o fascistas, a veces
es necesario hacer examen de conciencia. (El señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela: Por ejemplo.) Simplemente eso, señor Caballero.
En segundo lugar, creo que es bueno que todos, los que tenemos
responsabilidad de Gobierno o los que representamos al conjunto de los
ciudadanos en un Parlamento, asumamos que tenemos una responsabilidad
enormemente importante. Si alguien tiene que defender que se cumpla la
ley, si alguien tiene que defender el imperio de la ley somos los
gobernantes y las señoras y los señores diputados, señor Caballero. Usted
ha sostenido en esta Cámara que incumplamos la ley, que no tengamos en
cuenta lo que dice ni el Estatuto de Autonomía del País Vasco ni el
Estatuto de Autonomía
de Castilla y León ni el Tribunal Constitucional en la sentencia a la que
antes he hecho referencia. Por tanto, reflexionemos también sobre ese
asunto.
En tercer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con la última parte de su
intervención, y lo he dicho al final de la mía primera: este es un asunto
que creo que debía debatirse en una Comisión que está constituida al
efecto, que ya se ha reunido en tres oportunidades, la última de ellas en
octubre del pasado año en Valladolid, de la que forman parte los dos
Gobiernos afectados y a la cual se ha convocado, según mis últimas
informaciones, a buena parte de las personas que pertenecen a las
corporaciones locales. Pero, desde luego, como no se debe resolver ningún
problema, por importante que éste sea, es saltándonos a la torera --y
pido disculpas por la expresión-- algo tan importante para la ordenación
y la convivencia de los ciudadanos como es la ley, que es el primero y el
valor supremo en una democracia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos escuchado con mucha atención la exposición del interpelante, señor
Caballero, y la respuesta del señor ministro. Ciertamente, en estas
intervenciones --y especialmente me voy a referir a la del señor
ministro-- hemos creído entender --y supongo que jurídicamente usted y su
equipo tienen estudiado mejor el tema-- que si la decisión la toman dos
ayuntamientos, se piden los informes correspondientes a ambas comunidades
autónomas, se autoriza el referendo y, al final, si sale que sí se
autoriza o se da el visto bueno por las Cortes, es absolutamente válido.
Pero si en el proceso intermedio los responsables municipales deciden, a
mayor abundamiento, hacer una consulta popular, curiosamente no es legal.
Harto sorprendente el procedimiento y curiosa la interpretación que
realiza el Gobierno. Cuando menos, podía haber dejado el Gobierno en la
duda su decisión, que a lo mejor consideraba que no necesitaba pedir
autorización, pero no adoptar una negativa tajante como se realizó, que
lleva consigo unas implicaciones no exclusivamente jurídicas, sino que
van más allá. Ese es un trámite que lo más que se puede decir de él es
que es a mayor abundamiento (y perdonen otra vez la expresión), pero
curiosamente lo que no creo que se pueda hacer es denegarlo.
En segundo lugar, creo que no se puede obviar lo que ya existe: que un 68
por ciento de la población tiene muy claro qué es lo que desea. Podremos
erigirnos en representantes de los ciudadanos, pero cuando la voluntad es
tan clara lo que no podemos es omitirla ni hacerla desaparecer.
Y, en tercer lugar, señor ministro, me congratulo profundamente, como no
podía ser de otra manera, de su voluntad, y de la voluntad colectiva del
Gobierno de cumplir la ley y los estatutos de autonomía. Me gustaría que,
por la misma razón que usted ha esgrimido en esta Cámara, cumpliera de
manera tan concreta, correcta, tajante, urgente y rápida el Estatuto de
Autonomía del País Vasco. Es una ley orgánica, está ratificada, está muy
clara, pero curiosamente no se cumple por el Gobierno. Creo que la misma
voluntad que se pone en cumplir una cuestión tiene que ponerse en cumplir
otras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que vamos a esperar a conocer cuál
será la concreción que el grupo proponente hace en la moción, puesto que
la interpelación se ha centrado más en un tono de controversia y de
confrontación que en conocer cuál será el pronunciamiento de la Cámara.
Para que el Grupo Federal de Izquierda Unida adopte una postura al
respecto, debemos conocer previamente cuáles serán los contenidos para
los que nos pide el apoyo.
Creo que no es bueno que un tema como éste se pueda abordar al calor de
interés de parte ni desde la óptica de que la ley impide, dificulta,
bordea o no da respuesta a lo que es una voluntad popular, una demanda o
una posición de toda una población.
Yo creo que lo más lógico para superar esta situación es el diálogo como
forma de relación, el poder solventar bien en las dos comunidades que
están afectadas el cumplimiento de sus estatutos de autonomía, el vasco y
el de Castilla y León, el que los procedimientos deben iniciarse, como en
todos los casos, desde el municipio a las diputaciones en cada una de las
comunidades afectadas y a los trámites de las Cortes y del Parlamento
vasco y que eso debe hacerse y alejarse de cualquier voluntad de obtener
una solución, por así decirlo, de partida, una orientación u otra que
tenga un tinte de demanda electoral o un tinte de posicionamiento de
ventaja. Eso no resolverá ninguno de los conflictos territoriales que
tenemos de una situación geográfica y territorial, puesto que el proceso
autonómico que enmarca la Constitución recoge la realidad provincial y
territorial que teníamos antes en España. Y hay situaciones complejas,
como ésta, como la de Villaverde de Trujías, que está en el seno de
Euskadi y que pertenece a Cantabria, o como la de las Lagunas de Neila,
que piden incorporarse a La Rioja, o también,
por irme más abajo, lo que pasa con la Puebla de Don Fadrique, que quiere
venir a la región de Murcia. En suma, la situación territorial de pueblos
que tienen una voluntad como municipio, como demanda, aquí se puede decir
que la consulta ha tenido más o menos alcance, pero lo cierto y verdad es
que ha participado un porcentaje alto: de 900 y pico habitantes, 919 ó
920, han participado más de 700. Hay un porcentaje en torno a un 50 y
tantos por ciento, inclusive añadiendo lo que es abstención, que se ha
pronunciado a favor de una solución. El cauce que debe establecerse,
siguiendo la legalidad que sea necesaria, debe hacer frente a esa
realidad que demandan los distintos municipios, en el caso del Condado de
Treviño los dos municipios que pueden estar afectados.
Por tanto, yo espero que lo que aquí añadamos como resolución o como
pronunciamiento de esta Cámara ayude a tomar las medidas lo más pronto
posible y desde la relación de diálogo entre las partes y no de impedir
que se produzca el posicionamiento o impedir que se produzca el diálogo
entre los ciudadanos que están afectados, las comunidades que están
afectadas y los que esperan que esto no se aplace sine die. Cuando digo
diálogo no estoy diciendo que se tenga que aplazar, simplemente que se
tiene que abordar hablando de todos los pros y contras que pueda tener. Y
si hay una voluntad determinada, un posicionamiento determinado, debe
solventarse y hacer frente a esa demanda que ha sido manifestada en este
referéndum.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor presidente, muchas gracias.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista conoce también, como todas
SS. SS., la complejidad del problema del enclave de Treviño. Se trata de
un viejo, muy viejo problema, sobre el que se ha escrito mucho y que ha
provocado siempre grandes pasiones que no han facilitado la solución de
dicho problema.
Señorías, yo estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida, habrá
que ver exactamente qué quiere el grupo autor de la iniciativa de la
interpelación, qué pronunciamiento concreto quiere conocer de esta
Cámara. Esperaremos a ver el contenido de la moción y, por tanto, yo no
voy a entrar, señorías, ni en el análisis jurídico ni en evoluciones
históricas, por muy interesantes que éstas puedan parecer, sino que me
voy a limitar a enjuiciar muy rápidamente los últimos acontecimientos que
son el objeto de la interpelación de esta tarde.
El Gobierno, por boca del ministro de Administraciones Públicas, dice que
no tenía otro remedio que declarar ilegal la consulta. Bien, no voy a
entrar a discutirle ni siquiera eso, aunque tenemos algunas dudas al
respecto; pero sí quiero decir que, al proclamar la consulta como ilegal,
el Gobierno ha disminuido también la capacidad de las fuerzas políticas
para hacer campaña, lo que no obstante no relativiza ni descalifica los
resultados. El ministro ha dicho que el papel del Gobierno ha sido
mínimo, y es verdad, pero nos parece que ha sido un poquito desastroso.
Señorías, ni el Partido Popular ni el Gobierno han asimilado hasta ahora
que la situación del enclave perjudica a los treviñeses, que se ven
privados en parte de una serie de servicios de calidad que tienen
cercanos y de una relación en el plano administrativo que guarda
consonancia con las relaciones económicas, laborales, territoriales y
sociales de Treviño con Alava. Para la mayoría de los treviñeses,
señorías, la situación del enclave es un problema y, con ella, la
pertenencia a Burgos y a Castilla y León, siendo la única solución
posible la incorporación a Alava. Pero Treviño, señorías, puede tener
otra solución en términos sociales, en términos económicos y
administrativos, sin generar tantos problemas. Existen mecanismos
constitucionales que permiten vías de colaboración entre las dos
comunidades autónomas --el artículo 145 de la Constitución-- y, en este
sentido, señorías, la ponencia sobre enclaves de la Comisión General de
Comunidades Autónomas del Senado proponía, entre otras posibilidades, la
constitución de un consorcio con la participación de todas las
administraciones --al que, al parecer, ha hecho referencia el ministro--
que gestionara que los treviñenses pudieran recibir todos sus servicios
de la Administración que tuvieran más cercana; pero, desde la aprobación
de la resolución de la ponencia sobre enclaves del Senado, han pasado ya
dos años sin que nadie diera un paso concreto para cambiar nada.
El problema de Treviño, señorías, tiene también una importante dimensión
nacional. Si el proceso de anexión a Alava se inicia, su culminación
tendría lugar a través de una ley orgánica, que debería ser votada por
mayoría absoluta por el Congreso y, después, por el Senado. La
Constitución tasa estas modificaciones de límites provinciales porque,
deliberadamente, intenta conferir estabilidad a nuestro ordenamiento
territorial y hace que las modificaciones sean excepcionales; de hecho,
así se ha aplicado en contadísimas ocasiones y nunca para modificaciones
que implicaran cambiar los límites de las comunidades autónomas.
El problema de Treviño, señorías, es un problema de personas, no es un
problema de límites ni de territorios. Treviño merece un acuerdo
nacional, no sólo entre comunidades, sino entre los partidos que la
gobiernan, que sostienen además, concretamente, al Gobierno de España y
que deberían tratar este asunto en las frecuentes entrevistas al más alto
nivel. El señor Aznar podría sentarse --como lo hace a menudo-- con su
socio parlamentario el señor Ardanza y con el presidente de Castilla y
León, el señor Lucas, de su propio partido
político, con las diputaciones, con los ayuntamientos y con el resto de
las fuerzas políticas. El Gobierno de la nación, el presidente del
Gobierno de España (que además fue presidente de Castilla y León y
supongo que conocerá bien este problema) no puede en ningún momento hacer
dejación de sus responsabilidades.
Y hay otras soluciones. La situación del enclave de Treviño tiene que
dejar de ser fuente de problemas, señorías, y creemos que, para que deje
de ser fuente de problemas, no hay otra solución que la vía del acuerdo,
que la vía del diálogo, que la vía de la colaboración. Pero, señor Rajoy,
ustedes, en el problema autonómico, hace mucho tiempo que abandonaron
esta senda. Entraron por otra vía, la de la confrontación y la de ver
quién puede más, y le aseguro, señor Rajoy, que por este camino no va a
ninguna parte. En cualquier caso, cuente con nosotros para ayudarles a
encontrar una solución a este problema histórico.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
presidente, voy a realizar una muy breve intervención para darle las
gracias a la señora Rubiales porque me ha dicho --aquí, y es testigo toda
la Cámara-- que contemos con el Grupo Socialista para ayudar a resolver
este problema. Creo que es obligado por mi parte el agradecérselo
sinceramente, y así lo hago, aunque tengo que decir una cosa. Hay quien
no pierde oportunidad, por mínima que sea, para pegarle un viaje --dicho
sea con todos mis respetos-- al Gobierno, y yo tengo que hacer aquí una
defensa del Gobierno, de ese Gobierno al que la señora Rubiales ha
calificado de desastroso, que supongo que sería el suyo ¿no? (La señora
Rubiales Torrejón: No, no, el suyo.), porque ya tuvieron tiempo, catorce
años. (Rumores.) Yo creo que el Gobierno socialista no fue tan
desastroso, ¿por qué? Porque éste no es un problema tan fácil de resolver
(La señora Rubiales Torrejón: Yo no he dicho que lo fuera.), porque lleva
sin resolverse algo así como cinco o seis siglos. Entonces, me parece
intolerable que se critique al Gobierno socialista porque en catorce años
no ha sido capaz de resolver lo que otros no han sido capaces de resolver
en cinco o seis siglos. Por tanto, que conste en el «Diario de Sesiones»
la defensa que yo hago del Gobierno de don Felipe González. (Rumores.)
Por último, estoy absolutamente de acuerdo en la vía del consenso, del
diálogo y de las negociaciones y, como usted me las ha brindado al
principio de su intervención y yo se las he aceptado, ahora le pediré al
presidente que le conceda la palabra para que usted también me dé las
gracias a mí por ofrecerle diálogo, acuerdo, consenso y abrazos.
Muchas gracias. (Rumores.--Risas y aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. (La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.)
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le aseguro a usted que su respuesta ha sido el mejor
ejemplo de que será imposible dialogar con ustedes. Por el camino de la
chulería y de esa respuesta que usted ha dado antes a mi compañera y
ahora a mí no podremos nunca llegar a un acuerdo. Así les va a ir a
ustedes, desgraciadamente.
En Treviño nunca habíamos tenido un conflicto abierto como el que ustedes
han provocado solamente en dos años de Gobierno. Con nosotros las cosas
iban muchísimo mejor porque tenemos capacidad de negociar, de dialogar y
de saber estar en nuestro sitio y en nuestro papel. No como ustedes,
porque el alcalde de Treviño es alcalde del Partido Popular --que yo
sepa-- y no es del Partido Socialista. Ustedes son los que tienen el
conflicto y ustedes son los que tienen la obligación de resolverlo, señor
Rajoy. Y a ver si es usted un poquito menos chulo.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Rubiales. (El señor Ríos Martínez pide la
palabra.)
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intervenir muy brevemente, señor
presidente.
El Condado de Treviño tiene dos municipios, a la sazón, uno está
gobernado por un alcalde que pertenece al Partido Socialista y otro por
un alcalde que pertenece al Partido Popular, y ambos deberán de responder
a la voluntad de sus propios pueblos. Como lo que se ha ofrecido es
diálogo y el señor ministro ha dicho que catorce años son pocos y dos son
nada comparados con los siglos, yo le diré que espero no verle de
ministro durante siglos y que resuelva el problema cuanto antes. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL DETERIORO Y LA
INSUFICIENCIA DE LA INFORMACION SUMINISTRADA A LA CAMARA SOBRE LA
EVOLUCION DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente
172/000073)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la
siguiente interpelación urgente,
en este caso del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el
deterioro y la insuficiencia de la información suministrada a la Cámara
sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Socialista, al amparo del artículo 180 del Reglamento, ha presentado una
interpelación urgente porque consideramos --y ahora verán ustedes
nuestras razones-- que se está produciendo un deterioro y una
insuficiencia de la información que el Gobierno suministra a la Cámara
sobre la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Empiezo por decir que el debate sobre la situación y las perspectivas del
sistema de Seguridad Social ha sido un asunto muy relevante, y lo seguirá
siendo, en la agenda de este Congreso de los Diputados, algo que no es de
extrañar puesto que afecta a millones de españoles; realmente, todos
estaremos afectados en algún momento de nuestra vida. En un debate de
estas características es normal que haya visiones específicas de los
distintos grupos, según la posición ideológica de cada uno. Sin embargo,
señor ministro, esta tarde queremos interpelarle, tratando de hacer un
debate sereno pero serio, porque la cuestión es seria, e intentando no
hacer distingos de color político. Que el Congreso desconozca la
liquidación de las cuentas de la Seguridad Social de 1997 es un asunto
sobre el que no caben discusiones sobre la veracidad del dato, puesto que
es constatable objetivamente, y sobre el que entendemos que no habrá
ninguna ocasión de debates cruzados acerca del indiscutible derecho y la
obligación que tenemos los parlamentarios en un país democrático como el
nuestro de conocer las cuentas y balances de una institución y de una
realidad tan importante para nuestro país.
Por tanto, señor ministro, no sé si me excedo cuando le digo que me
siento acompañado, aunque no seamos muchos en el salón, no sólo por los
diputados de mi grupo sino por toda la Cámara, porque me parece que toda
ella participa de los mismos parámetros democráticos y del entendimiento
de lo que es la función del Parlamento. Me siento muy acompañado cuando
le pregunto, señor ministro, con seriedad y tranquilidad por qué S. S. no
ha enviado todavía a las Cortes Generales la liquidación, aunque sea
provisional, de las cuentas de la Seguridad Social correspondientes al
ejercicio de 1997. Usted, señor ministro, se hace acreedor de esta
interpelación, en primer lugar, porque las Cortes desconocen estas
cuentas; si las conociéramos no habría interpelación. Si le hemos hecho
perder esta tarde una parte de su valioso tiempo es porque usted no ha
cumplido diligentemente con una realidad incuestionable. La segunda
cuestión es que podría usted no haber enviado esas cuentas y tener buenos
argumentos para no enviarlas. Pero este año resulta que usted ha tenido
que entregar la liquidación de 1997 porque la Unión Europea nos obligaba
a todos a presentarla para cubrir el trámite del análisis de nuestra
adecuación a los criterios de convergencia. Por tanto, las cuentas están
en Bruselas, no están en la carrera de San Jerónimo, pero sí están en
Bruselas, incluso están en manos de interlocutores sociales, aunque sean
liquidaciones provisionales o aproximaciones.
No hay duda, señorías, señores del Partido Popular, de que esta tarde no
discutiremos --eso espero, señor ministro-- sobre el hecho incuestionable
de que la Cámara está huérfana de este tipo de importantes informaciones;
incluso no he querido cargar la suerte en esta opacidad sistemática a la
que nos tiene sometidos a los diputados, porque lo cierto es, señor
ministro, no solamente que desconozcamos la liquidación provisional, es
que lo último que conocen los diputados de este Congreso es el boletín
informativo de la Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre,
que ha sido calificado por la Mesa ayer, día 10 de marzo. El último dato
que conoce la Cámara se refiere al mes de noviembre. Es cierto que
conocemos indirectamente alguna cifra de la Seguridad Social a la que
luego me referiré porque, a pesar de su morosidad, como su presupuesto
está interrelacionado con el del Estado, sí ha habido otras autoridades
del Estado que, en la medida en que hay relaciones recíprocas entre ambos
presupuestos, algún dato indiciario o algún dato importante han dado
--luego me referiré a él-- sobre el endeudamiento, que es un tema bien
preocupante.
Espero, señor ministro, que ante este relato de hechos usted resista la
tentación de acudir al socorrido argumento de que no ha ocurrido nada que
no haya ocurrido con gobiernos anteriores. Primero, señor ministro,
porque usted sabe que esto no es así, es falso que hayan ocurrido estas
cosas, o al menos con esta incidencia, en gobiernos anteriores, y además,
señor ministro, porque este argumento me parece que no es propio de una
persona de su inteligencia, porque es el pobre y socorrido argumento de
quien no tiene razones para defender su posición y se escuda en el
burladero de lo que hicieron gobiernos anteriores. Si estaba mal hecho,
señor ministro, estaría mal hecho fuera quien fuera el que lo hacía. Pero
además es que es falso, señor ministro.
Este boletín informativo --del cual tengo aquí un ejemplar, el último que
ha entrado en la Cámara-- entraba en el Congreso en la época del Gobierno
socialista (he pedido la documentación a los servicios del Congreso, me
he leído toda la documentación de las últimas legislaturas y me he
centrado en la última, en la V Legislatura) a los 57 días del cierre de
cada mes. He visto los 18 boletines que ustedes han enviado y han entrado
en el Congreso a los 96 días de promedio;
es decir, ustedes han doblado el decalaje que se produce entre el cierre
de cada mes y la entrada de este boletín en el Congreso de los Diputados,
a pesar de que en el debate que hubo aquí en el mes del mayo del año
pasado, con mi compañero el señor Borrell, usted prometió solemnemente en
la Cámara --se ve que sus palabras se las lleva el viento-- que
corregiría inmediatamente la situación. Lo cierto es que en el año 1997
no ha sido corregida, los diputados no conocimos la liquidación del
ejercicio de 1996 y seguimos sin conocer la liquidación de 1997. De modo,
señor ministro, que yo le reitero la pregunta: ¿por qué, si está en su
poder, como estaba en su poder el año pasado, la liquidación de 1996 no
llegó a esta Cámara y por qué estando en su poder, señor ministro, la
liquidación de 1997 no envía usted esas cuentas al Congreso de los
Diputados? En todo caso, sería indiferente si usted ahora sube a la
tribuna para gastar el tiempo en argumentar que lo mismo ocurría con el
Gobierno socialista, sería absolutamente indiferente, ocurriera o no
ocurriera --y no ocurría con el Gobierno socialista--. Su señoría, que
hizo campaña electoral hablando de que iban a hacer del Parlamento el
centro de la vida nacional, de que iban a corregir el déficit democrático
de los anteriores gobiernos socialistas, estaría bastante huérfano de
razones para ocultarse incluso con cifras manipuladas, porque, como le
digo, aquí están todas las del Congreso de los Diputados y usted es el
doble de moroso que lo era el anterior ministro de Trabajo.
En todo caso, señor ministro, aprovecharía también para preguntarle por
qué no cumple usted la legalidad vigente contenida en una resolución de
17 de enero de 1996, publicada en el BOE con todos los sacramentos
administrativos, y que le obliga --y leo literalmente, señor ministro-- a
facilitar a las Cortes Generales el acceso directo, a través de
terminales informáticos, del sistema integrado de contabilidad de la
Seguridad Social, Sicoss, que permita a dicho órgano --a este órgano,
señoras y señores diputados, a las Cortes Generales--, en el ejercicio de
sus funciones, el seguimiento en tiempo real de los estados contables
agregados en los que se refleje la ejecución del presupuesto. Y por
favor, señor ministro, no diga usted, como ya dijo en otra ocasión, que
no cumple la legislación vigente, porque ésta fue publicada en las fechas
en las que se disolvía el anterior Parlamento. No diga usted eso, se
publicara en la fecha que se publicara. Antes su colega del Gobierno
hablaba de Felipe II; obviamente, Internet, la red, ha estado a
disposición de las administraciones públicas españolas en 1995. En enero
de 1995 se organiza la página web del Ministerio de Trabajo, se realizan
los trabajos para esa resolución, que es mucho mas amplia, con otras
obligaciones de transparencia que tampoco ha cumplido S. S., ni siquiera
una mínima parte. Esa obligación administrativa de suministrar
información al Congreso de los Diputados en tiempo real, a través de la
red informática, usted la incumple. Bueno, no la incumple, señor
ministro, la incumple respecto a los ingresos. Las páginas de los
ordenadores están en negro en todo lo que se refiere a los ingresos de la
Seguridad Social.
Este debate y estas demandas, señor ministro, causan perplejidad a
cualquier persona. Creo que todos los que estamos aquí somos conocedores
de cómo funcionan las administraciones públicas en cualquier país
moderno, incluso en países en los que no gobierna el Partido Popular; me
imagino que en los países en que gobiernan colegas suyos será todavía
mucho más moderno. Pero esto de que un Parlamento esté solicitando, con
posterioridad a que ustedes las hayan entregado en Bruselas, las cuentas
y balances de la Seguridad Social, cuando están disponibles hoy en tiempo
real, esto de que le tengamos que pedir en soporte de papel el documento,
señoría, produce una cierta perplejidad, sobre todo cuando, al mismo
tiempo, ustedes se jactan de que con nosotros terminó el diluvio y con
ustedes empezó el paraíso en la transparencia y en la relación de la
Administración con los administrados y con la oposición.
Señoría, simplemente le digo que reflexione sinceramente porque de lo que
estamos hablando no es de la relación entre el Gobierno y la oposición.
Estamos hablando...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CERCAS ALONSO: Han pasado siete minutos, señor presidente. Lo
estoy controlando.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, han
pasado diez minutos. Le he rogado que vaya concluyendo.
El señor CERCAR ALONSO: Se ve que el señor presidente y yo seguimos con
un reloj diferente el horario. Así lo haré, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, creo
que es una discusión un poco absurda. Hay un reloj automático, que es el
que S. S. tiene a su derecha, y ahí se refleja el tiempo que ha
consumido. Le he rogado que vaya concluyendo y se lo reitero.
El señor CERCAS ALONSO: Lo haré con la máxima rapidez.
Señoría, le decía que no se trata de las relaciones entre el Gobierno y
la oposición; se trata de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el
Legislativo y, en definitiva, de las relaciones del Gobierno con el
conjunto de los ciudadanos. Mucho me temo, señor ministro, que si esto no
se produce así, usted carecerá de toda legitimación para decir que
callemos nuestras sospechas
de que cuando no se trae esa documentación a la Cámara será por algo más
que por inconsistencia democrática, que no puedo presumir en S. S.; será
porque las cuentas de la Seguridad Social no son acreedoras del slogan
general del Partido Popular de que España va bien, porque además estoy
absolutamente convencido de que si las cuentas de la Seguridad Social
fueran bien usted ya las habría publicitado y las habría traído en medio
de ujieres y con todas las mazas desplegadas del Congreso de los
Diputados.
Señor ministro, es posible --y usted se ha referido muchas veces a ello--
que estén ustedes quejosos de que la oposición suscita dudas. Pues bien,
todas las dudas, señor ministro, se pueden resolver de un plumazo:
traigan ustedes al Congreso de los Diputados las cuentas y balances de la
Seguridad Social, la liquidación del presupuesto de 1997.
Señor ministro --y concluyo; pensaba decir muchas más cosas, espero poder
argumentarlas en la réplica--, dentro de diez días se cumple el tercer
aniversario de la suscripción solemne del compromiso político conocido
como el Pacto de Toledo. Pasa, por tanto, más de la mitad del primer
quinquenio que se contiene en el Pacto de Toledo y ustedes ya han pasado
también el ecuador de su legislatura. Creo, señor ministro, que si usted
se acerca a la Seguridad Social --creo que se debe acercar y espero que
lo haga-- con la seriedad que significan las exigencias y los
requerimientos difíciles del futuro, si usted, señor ministro, quiere
mantener lozano el acuerdo político del Pacto de Toledo, debería
aprovechar esta interpelación y el que dentro de diez días celebramos el
aniversario para que los diputados socialistas podamos concluir, espero
que positivamente, en una oferta que ahora mismo yo realizo a S. S. El
Partido Socialista no quiere romper el Pacto de Toledo, nunca lo romperá
porque no fue un pacto de silencio sino de compromiso con el futuro de
las pensiones, y nunca romperemos ese acuerdo. Pero, señor ministro, el
Partido Popular está igualmente comprometido con ese futuro del sistema
de las pensiones y con el sistema general de la Seguridad Social, y el
futuro es de equilibrio financiero, y los datos que tenemos a nuestra
disposición nos dicen que en estos tres años se ha endeudado más el
sistema que a lo largo de toda la historia, no solamente de los catorce
años de Gobierno socialista, sino de toda la historia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Estamos a su disposición, señor ministro, para
contrastar las cifras, y estamos a su disposición, señor ministro, para
allegar nuestras fuerzas y nuestra voluntad para superar cualquier
dificultad que haya en el sistema de Seguridad Social. Pero, señor
ministro, si usted una vez más no recoge esta oferta generosa que le hace
la oposición, diremos que con su opacidad y su silencio se está tratando
no solamente de encubrir las cuentas de la Seguridad Social, sino de
crear un clima en el que, en la oscuridad y con alevosía, están
destruyendo las bases financieras del sistema público de pensiones y del
sistema de la Seguridad Social.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, una vez más, prácticamente como
todas las semanas, comparece el Gobierno para responder a una iniciativa
vinculada a la Seguridad Social.
Tengo que empezar diciendo que es una obligación que cumple el Gobierno
gustosamente, muy especialmente cuando se trata de uno de los asuntos más
relevantes de los Presupuestos Generales del Estado, del conjunto de las
cuentas públicas españolas, y sobre el que estamos batiendo auténticos
récord de información gustosamente, ya sea a través de respuestas a
preguntas escritas, respuestas a preguntas orales, interpelaciones,
comparecencias en el Congreso o en el Senado. Toda la información que se
dé de la Seguridad Social es poca y, sobre todo, yo recojo con auténtico
entusiasmo el espíritu constructivo que ha manifestado el diputado Cercas
al final de su intervención en lo que a los pactos de Toledo se refiere,
y digo que lo recojo con entusiasmo porque a veces seguro que hemos
tenido la percepción equivocada de que por parte del Grupo Socialista se
estaban rompiendo con toda claridad los pactos de Toledo. Aclarada la
cuestión en esta interpelación, recojo con entusiasmo esa voluntad de
compromiso y de pacto por parte del diputado.
He estado a punto de empezar esta intervención pidiendo amparo al
presidente, porque prácticamente el señor diputado en la suya ha hecho
dos cosas: primero, interpelar al Gobierno, y luego decirle al Gobierno
lo que tenía que contestar en la réplica: que no se le ocurra al Gobierno
hablar de la etapa anterior; que hable de esta etapa; sería un error que
hable de la etapa anterior; que hable de esta etapa. Si usted me pregunta
exclusivamente sobre qué hemos hecho en estos dos años, yo tengo todos
estos documentos para contestarle. Ahora, si usted hace la afirmación en
esta Cámara de que la Seguridad Social está informando menos que nunca,
tengo la obligación de explicar que no es menos que nunca sino
infinitamente más que nunca. Entonces, no se puede decir: son lo peor que
hay en información, son ustedes opacos, antes había claridad, pero
cuidado, eso es lo de antes, no hable usted, señor ministro, de la etapa
anterior.
Primera afirmación contundente: el Gobierno está cumpliendo
escrupulosamente la ley en lo que significa información al Congreso y al
Senado, y la regulación de ese cumplimiento legal aparece en el artículo
151 de la Ley General Presupuestaria. Como sabe S. S., la dación de
cuentas de la misma ante el Congreso y el Senado con carácter trimestral
corresponde a la Intervención General de la Seguridad Social.
Cumplimiento estricto. Yo no voy a abundar en la etapa anterior, pero sí
le quiero decir que hay muchos años en que solamente se ha producido un
informe anual. En este momento se están presentando cuatro informes
trimestrales puntualmente.
Se ha dicho una cosa que me sorprende profundamente, y es que no hemos
presentado la liquidación del año 1996. La liquidación del año 1996 está
presentada ante el Congreso y el Senado el 1 de agosto de 1997. ¿Cuándo
se presentaban las liquidaciones en la etapa anterior? Se presentaban en
el mes de septiembre, en un caso, en julio, en otro, y en agosto del año
siguiente. Sin embargo, les parece extraordinariamente positivo que antes
se presentaran las liquidaciones en el mes de julio y agosto y ahora este
Gobierno es el más opaco del mundo porque las presenta en julio. Eso sí,
señoría, hay una excepción: el año 1996 hay elecciones en España y en el
mes de febrero se presenta la liquidación provisional en campaña
electoral y se dice en la liquidación provisional que el balance es menos
2.000 millones; en el mes de julio se presenta el balance definitivo y
son menos 63.000 millones. A excepción de una liquidación provisional
presentada en época de campaña electoral, se han producido siempre en el
marco de julio y agosto y, desde luego, yo no estoy dispuesto a tomar el
pelo a esta Cámara presentándole una declaración provisional de
liquidación del presupuesto que no se confirma, ni por asomo, con la
liquidación definitiva. Si ustedes lo hacían, esa es su responsabilidad,
pero en esta Cámara, en este momento, el último informe que se ha
presentado de la Seguridad Social corresponde al tercer trimestre de
1997, señorías, y nos falta por presentar la previsión de liquidación.
Le voy a informar verbalmente --y si quiere la información por escrito se
la doy también-- de que en contabilidad de gestión el déficit de la
Seguridad Social de este año ha sido el 0,13; acumulado en todo lo que
significa el conjunto del sistema, cuestión que domina usted
perfectamente, cuando introducimos mutuas, INEM, el sistema de
contabilidad que se exige en la Unión Europea, el 0,23. ¿Y qué pasa con
el déficit de la Seguridad Social? Que el año anterior fue el 0,48. ¿Y
qué pasó con el año anterior? Que fue el 0,53. Este Gobierno asume su
responsabilidad de haber reducido el déficit de la Seguridad Social,
mejorando la gestión y con un incremento espectacular de ingresos, con
500.000 nuevos afiliados que siempre se han discutido desde la oposición.
A veces parece mentira, y yo no me lo creo, que exista la intención de
que no se incremente el número de afiliados de la Seguridad Social.
Parece que se recibe como una pésima noticia por parte de la oposición.
Aplaudamos todos cuando se crea empleo, cuando baja el paro o cuando se
incrementan los afiliados a la Seguridad Social. (Rumores.) Mire usted,
en este momento --sé que es respetable la intervención de antes y también
las de ahora, pero allá cada uno-- se están remitiendo a la Cámara los
siguientes documentos: mensualmente, boletín informativo de la Seguridad
Social, gestión económica; boletín informativo de la Seguridad Social,
ejecución de presupuestos, mutuas, accidentes de trabajo y enfermedad
profesional; seguimiento de indicadores y objetivos, mutua, accidentes de
trabajo y enfermedad profesional; proyecto de presupuesto de Seguridad
Social y memoria económica, documentación anual; informe
económico-financiero; anexos del informe económico-financiero; memoria de
la ejecución del presupuesto liquidado; libro rojo, síntesis del
presupuesto; cuentas y balances de la Seguridad Social. Eso se está
remitiendo mensual y anualmente, y trimestralmente, el informe de la
Intervención General de la Seguridad Social. Si se me discute, el próximo
día, señor presidente, como es la cuarta o quinta vez que intervengo para
esto, vendré dotado, no de la parafernalia a la que aludía el señor
diputado, pero vendré con todos los tomos sellados en el Congreso de los
Diputados y los exhibiré ante la Cámara para que no se cuestione mi
palabra. En cualquier caso, ahí están las comparecencias del secretario
de Estado en la correspondiente Comisión, enviando por escrito todos los
datos que solicita el señor diputado --también, en este caso, el señor
Cercas--, las interpelaciones del señor Borrell --menos documentado
técnicamente que S. S. en estas materias y con alguna intervención
confusa-- contestadas por escrito y también en el Pleno. Al final, creo
que el asunto está en que de papeles, todos, pero hay que trabajar mucho
los papeles, porque luego les puedo presentar algún ejemplo de lo que
significa trabajar más los papeles. Antes, a lo mejor, este asunto se
resolvía por teléfono y ahora no. Papeles hay, en materia de Seguridad
Social en el Congreso, todos, todos, todos. Y si hablamos en términos
comparativos, desde luego hay muchos más papeles que antes. Yo respeto
profundamente su intervención, como espero que usted también respete la
mía. Alabo que haya planteado esa reafirmación en los pactos de Toledo y
permítame que le haga una consideración final, pero no la entienda mal.
Yo le pediría que no la entienda mal, y si es así, tengo la oportunidad
en la réplica de retirarla.
Usted ha hecho la reflexión de que en el mes de enero de 1996 se aprueba
una resolución en el Ministerio que, de alguna forma, abre los
ordenadores del Ministerio al Congreso de los Diputados y al Senado. La
resolución, señorías, es del 16 de enero de 1996. Le puedo aportar un
informe técnico en el que se dice que
por la confidencialidad necesaria de algunos datos del sistema de
Seguridad Social, que están protegidos y, sobre todo, porque manejamos
cinco millones de documentos todos los meses, técnicamente resulta
extraordinariamente difícil cumplir al cien por cien esa resolución, pero
permítame que le diga con todo afecto que en política las casualidades no
suelen existir. ¿Cómo es posible que en enero de 1996, con una campaña
electoral, decidieran ustedes abrir los ordenadores al Congreso y
estuvieran 14 años cerrados? Probablemente se pueda explicar, pero
casualidades en política hay pocas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente, y miraré el
reloj.
Señor ministro, uno ha intentado a lo largo de su vida de diputado de la
oposición, no muy dilatada y espero que corta, conseguir que S. S.
asumiera sus responsabilidades como ministro de Trabajo y no lo consigo.
No es suficiente acotar los términos del debate para ver si no se va
usted por los cerros de Ubeda, porque como está huérfano de todo tipo de
razones, ha traído a la tribuna todas las sinrazones a las que ya estamos
acostumbrados.
Fíjense, señorías, sobre todo los que le han aplaudido desde sus bancos,
que cuando le he argumentado sobre la demora y la pérdida de calidad de
la información, el señor ministro no habla de la información que él
remite a la Cámara, habla de la información que remite la Intervención
General de la Seguridad Social. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Arenas Bocanegra: Depende de mí.) No, no es suya, la
Intervención General de la Seguridad Social no es suya. No hay nada suyo,
señor ministro, ni siquiera su mesa de despacho es suya. La Intervención
General de la Seguridad Social es de la Seguridad Social, no del señor
ministro de Trabajo y Seguridad Social; es la Intervención General de la
Seguridad Social, señor ministro, y no el Ministerio de Trabajo. Le he
dicho que están ustedes tardando el doble de tiempo, y tengo toda la
documentación. Usted se ha ido por los cerros de Ubeda y ha querido
llevarme otra vez al terreno de los dimes y diretes, de lo que hizo el
otro gobierno. ¡Qué más me da lo que hiciera el otro gobierno, señor
ministro!
Ustedes hablan de que no van a enviar una liquidación provisional para no
hacer el ridículo de desviarse. ¡Señor ministro, si acaban de enviar los
papeles a Bruselas! ¿Puede usted argumentar en su réplica qué tiene más
el burócrata de Bruselas que ha de ver los papeles de la Seguridad Social
española que un diputado de las Cortes Generales, sea del Partido
Socialista o sea del Partido Popular? ¿O es que usted envió cuentas a
Bruselas que no tienen nada que ver con la realidad? Señor ministro, las
falacias tienen las piernas muy cortas y si ha estado en disposición de
enviar a las Comunidades las cuentas y balances de la Seguridad Social,
con toda la provisionalidad , envíelas al Congreso de los Diputados, que
la última información que ha enviado, el boletín que depende de usted, de
la Secretaría de Estado, es del mes de noviembre; por cierto, que con
mucha peor calidad de información, porque están ustedes confundiendo a la
Cámara y a los españoles entre criterios de devengo y criterios de pago
(El señor Hernando Fraile: De caja.), y de caja. Se han roto las series
anuales y tratan por todos los medios de hacer confusa una situación, que
es la que nos mueve a la sospecha por las cortinas de humo que están
poniendo en los presupuestos y le voy a citar un ejemplo que ha dicho
usted aquí. Después de intentar darme lecciones sobre lo que es trabajar
y no trabajar, ¿cómo puede el señor ministro de Trabajo y Seguridad
Social decir que el déficit de la Seguridad Social es el 0,23 del PIB
agregando el Instituto Nacional de Empleo? Conozco ese papel. Están
tratando de maquillar las cifras del presupuesto de la Seguridad Social
incorporando el del Instituto Nacional de Empleo. Señor ministro, el
Instituto Nacional de Empleo es un organismo autónomo de su Ministerio y
no forma parte del entramado institucional de la Seguridad Social, y
usted esta tarde ha tratado de confundir a la Cámara y a la opinión
pública. Ustedes llegan a ese déficit precisamente porque el Inem tiene
superávit para tapar las cifras de la mala ejecución presupuestaria, en
la que ustedes se han ido en los gastos y no han llegado en los ingresos,
a pesar de que computan ingresos con criterio de devengo y no con
criterio de caja, a pesar de que ustedes estaban autorizados en este
Parlamento a endeudar a la Seguridad Social, en contra de nuestro
criterio, con 150.000 millones, y la han endeudado, según cifras del
señor Folgado, en 507.000 millones de pesetas. ¿Cómo va a haber superávit
en la Seguridad Social si han tenido ustedes que endeudarse con uno solo
de los agentes con los que se endeudan, que es el Estado, en 500.000
millones? ¿O es que ha sido un endeudamiento caprichoso, señor ministro?
Efectivamente, como ha dicho usted, en el mes de octubre aquí se empieza
a discutir el presupuesto y viene toda esa documentación que usted dice,
no por benevolencia del Gobierno, sino porque lo dice la Ley General
Presupuestaria, y el mes anterior conoceremos las cuentas y balances de
la Seguridad Social, y estaremos enredados en este debate en el que usted
esta tarde, con poca generosidad, no transa, porque lo lógico es que nos
estuviéramos reuniendo todos los grupos de la Cámara para saber la
situación real de la Seguridad Social y poner remedio a sus problemas,
que no son problemas propios del sistema, son problemas derivados de la
forma en que ustedes están presupuestando
los ingresos y los gastos de la Seguridad Social.
De modo que en este debate, señor ministro, yo no voy a discutir más de
simplezas, de su palabra contra la mía. Mande usted los papeles, señor
ministro. Están en Bruselas y no están en el Congreso de los Diputados y
aquí reside la soberanía nacional, señor ministro. Usted ayer se jactaba
de ser demócrata y cristiano. Sea usted por lo menos demócrata; lo de
cristiano se lo dejo. Traiga usted al Congreso de los Diputados la misma
documentación que ha enviado a Bruselas.
Por último, señor ministro, resalto la capacidad que ofrece la resolución
de 17 de enero, con independencia de cuales fueran las circunstancias
políticas del país, si fue un avance en la transparencia, si permitía al
Congreso de los Diputados hacer un seguimiento del plan integrado de
cuentas. No sé cómo serán esas cuentas, pero las mismas que tenga el
Ejecutivo debe tenerlas el Legislativo. Lo cierto es, señor ministro, que
usted ha puesto en negro las pantallas de los ordenadores. (Un señor
diputado: El libro negro.) Sí, el libro negro. Eso forma parte de uno de
los capítulos del libro negro, no por cierto el más negro, hay otros
todavía mucho más opacos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Eso no sólo forma parte, señor ministro, de una
agresión al sistema de Seguridad Social, que lo es, forma parte de una
agresión a la democracia y al parlamentarismo español.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, yo le garantizo que voy a
utilizar un tono de voz bastante bajo. También le garantizo que no me
gritaban de la forma que lo ha hecho usted desde que tenía seis años y
tenía un profesor gritón en el colegio (Rumores.), pero desde entonces...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Yo
creo que la sensibilidad democrática nunca sobra, señoría, y los gritos y
los ruidos sobran bastante. (El señor Costa Costa: Los documentos son la
sensibilidad democrática.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
Continúe, por favor.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): ¡Qué
diputado más sensible!
Yo no voy a levantar la voz. Me parece que su intervención denota un
desconocimiento absoluto. La podría calificar con otros adjetivos, pero
sobran por sensibilidad democrática, que algunos desconocen. (Rumores.)
Lo que quiero decirle es que tiene un desconocimiento absoluto. Cuando ha
dicho que la Intervención General es de la Seguridad Social yo le he
hecho la rectificación de que depende de mí, depende del Ministerio.
Trimestralmente la Intervención General de la Seguridad Social remite los
boletines de ejecución presupuestaria y dice aquí --conviene que lea
usted los papeles (El señor Cercas Alonso: No llegan.)--: Intervención
General de la Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por tanto, decir que la
Intervención General de la Seguridad Social no depende del ministro y del
Ministerio de Trabajo es una barbaridad solemne, con todos los respetos.
La segunda cuestión es que hay un profundo desconocimiento de lo que
significan los sistemas de contabilidad nacional y de lo que significan
los sistemas de contabilidad en Maastricht, ya que no sabe que en este
momento todos los países que pertenecen a la Unión Europea tienen que
presentar las cuentas de sus sistemas de protección social de forma
integrada, teniendo en cuenta entidades gestoras del sistema de Seguridad
Social, en nuestro caso Muface, Instituto Nacional de Empleo e Insalud.
Todos los países de la Unión Europea tienen que presentarlas. No saber
eso pone de manifiesto un desconocimiento absoluto del sistema de
presentación de las cuentas en términos de contabilidad nacional ante la
Unión Europea, un desconocimiento absoluto.
Se ha dicho aquí antes que los sistemas de Seguridad Social no tenían
nada que ver con el sistema de desempleo en las cuentas europeas --lo han
tenido ustedes que oír--. En el año 1993 a esta Cámara se le ilustró con
dos informes; en el año 1994 con uno; en el año 1995 con tres; en el año
1996 con cuatro informes de ejecución presupuestaria y un quinto de
liquidación y en el año 1997 con tres informes trimestrales y con todos
los mensuales a los que he hecho referencia. Desde luego que la
contabilidad y los ordenadores de la Seguridad Social se abrirán cuando
tenga un informe técnico que lo aconseje. No resulta indiferente que se
haya tenido voluntad política de abrirlos cuando se estaba a punto de
perder las elecciones según todas las encuestas, no resulta indiferente
haber tenido toda la vida negra la pantalla y decir: ahora que vamos a
perder, según las encuestas, que se abran las pantallas, porque vamos a
estar en la oposición; no resulta indiferente en términos políticos.
Al final, el ministro de Trabajo anterior, del que tengo una opinión
excelente, contestó a lo largo de toda la
legislatura en torno a 914 preguntas escritas y 40 orales. El ministro
actual, teniendo en cuenta que responde a preguntas de Trabajo y de
Asuntos Sociales, ha contestado ya 4.320. Sin duda la oposición pregunta,
pero lo importante es que la oposición pregunta y el Gobierno contesta.
(Rumores.) Lo más importante en este caso es que se analicen y se
estudien los papeles.
Lo más grave que ha pasado en la Seguridad Social en estos últimos años
es que justo el primer día que tomé posesión como ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales se me comunicó, y esta Cámara no lo sabía ni la sociedad
española tampoco, que había 500.000 millones de insuficiencia financiera
y no se podían pagar las pensiones; y no lo sabía ni la sociedad española
ni esta Cámara y se me comunicó el día que asumí las responsabilidades en
el Ministerio de Trabajo. Por tanto, información, más que nunca. Retiro
lo de la sensibilidad por si ha molestado a alguien. Luego es importante
que la información signifique estudio de los papeles. Recientemente, un
diputado de esta Cámara en una pregunta a mí dirigida en la sesión del
miércoles preguntaba por qué habían subido las cotizaciones de los
trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario un 27,5 por
ciento. Tres minutos antes de que se hiciera la pregunta se retiró porque
las cotizaciones habían subido un 3,5 por ciento. El diputado era el
señor Cercas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (El señor Cercas Alonso pide la
palabra.)
Señor Cercas está concluido el debate, usted ha utilizado su turno de
réplica, ha sido aludido y contraaludido, ha participado en el debate. No
tiene la palabra su señoría.
El señor CERCAS ALONSO: Quiero hablar con usted, no con él.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría no tiene
la palabra. Conmigo puede hablar de lo que quiera cuando terminemos el
Pleno.
El señor CERCAS ALONSO: ¿Puedo pedir, en uso de las facultades que me
concede el Reglamento, simplemente que conste en acta que ha habido una
alusión personal y que usted no me da la palabra?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Usted es muy libre
de hacerlo.
El señor CERCAS ALONSO: Pues que conste en acta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Sí. Ya ha utilizado
S. S. la palabra. Usted es muy libre de hacerlo, porque yo se lo permito,
como es lógico. Le recuerdo también que este trámite está perfectamente
tasado por el Reglamento. Usted ha participado en el debate. Ha sido
aludido usted, ha sido aludido el señor ministro, ha habido los turnos
correspondientes y pasamos a continuación a la fijación de posición de
otros grupos que no han participado en el debate.
El señor CERCAS ALONSO: Ha sido una alusión personal del señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Yo he escuchado con mucha atención las intervenciones del señor Cercas y
del señor ministro de Trabajo, pero he tenido la impresión de que estaban
jugando a los dados y que el único que no tenía dados era yo. (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No se hurga, se araña.
Me da la impresión de que estos son debates de salón que en ningún
momento van al fondo de la cuestión: las reales diferencias que hay en
torno al sistema de Seguridad Social y al desarrollo del Pacto de Toledo.
Hace escasos días tuvimos la oportunidad de analizar algunos elementos
relacionados con dicho pacto, por ejemplo, el desarrollo de su punto 14,
que parece que es el único que se desarrolla, el de los fondos de
pensiones privados.
Señores del Partido Popular, presenten las cuentas, no sean opacos ni
erráticos. Envíen el boletín a tiempo, no lo retrasen el doble. Al
anterior Gobierno le tuvimos que interpelar reiteradamente para que
hiciera los deberes correctamente; a ustedes, igual. Parece que cogen los
mismos defectos y aún los quieren aumentar. En todo caso, veremos si la
moción que me imagino que va a presentar el Grupo Parlamentario
Socialista en la próxima sesión profundiza realmente en las diferencias
tan acusadas que, al menos en el calor del debate, parece que hay entre
las posiciones y las prácticas políticas del Gobierno anterior y del
Gobierno del Partido Popular. En relación a esa moción, cuando se
presente, nos posicionaremos, pero, en todo caso, señor Cercas, nos
gustaría que el Grupo Socialista abundara en las diferencias de fondo que
tiene con el Partido Popular, porque nosotros hace tiempo que estamos
reiterando una serie de críticas al Partido Popular sobre unos cuantos
asuntos y también en relación con la Seguridad Social, fondos de
pensiones privados, Seguridad Social pública, etcétera, y nos gustaría
que hubiera un marco de encuentro para hacer que esta crítica se
convirtiera en verdadera oposición, pero, señor Cercas, no en una
oposición de salón, que hace mucho ruido y que da pocas nueces.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE MEDIDAS
DE POLITICA GENERAL QUE IMPULSARA EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA MOROSIDAD Y
SUS EFECTOS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA. (Número de expediente 172/000076)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tercera
interpelación urgente de la tarde, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas de política general que impulsará el
Gobierno para reducir la morosidad y sus efectos en la actividad
económica.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la motivación que ha impulsado a nuestro grupo
parlamentario a traer a debate en esta Cámara la problemática de la
morosidad se engarza en otras iniciativas parlamentarias tramitadas en
otras oportunidades en esta Cámara, pero muy concretamente en la que se
debatió en septiembre de 1994. Entonces se suscitó una moción como
consecuencia de interpelación en la que ya se marcaba por parte de mi
grupo parlamentario, que era el autor de la iniciativa, un conjunto de
seis orientaciones o líneas de actuación para poder afrontar la
problemática que tiene nuestra sociedad en torno a la morosidad y a los
retrasos en los procedimientos de pago. Planteamos ahora esta
interpelación porque creemos que la que se suscitó en la anterior
legislatura debe ser revalidada en ésta y que los distintos grupos y el
actual Gobierno tengan la oportunidad de manifestar cuáles son las
orientaciones en que en estos momentos se está trabajando y las
prioridades de estas líneas de actuación para poder afrontar soluciones
operativas sobre el tema de la morosidad. Cierto es que la interpelación
que planteamos tiene una motivación más de orden económico, señora
ministra, y la tenemos enfocada desde el destino que desea mi grupo que
tengan las medidas que se adopten por parte del Gobierno. Le ha
correspondido a usted dar respuesta en su nombre porque algunas de estas
medidas se instruyen desde su Ministerio, pero tienen una finalidad y una
aplicación en el ámbito estrictamente económico. Esta es la justificación
por la que este diputado, que está más circunscrito a los ámbitos
económicos en el debate político de esta Cámara, defiende esta
interpelación y le manifiesta las motivaciones en nombre de su grupo. (El
señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Nuestro grupo constata que en los efectos de comercio devueltos e
impagados en los últimos años ha habido un proceso decreciente como
consecuencia de la mejora de la situación económica. Por lo tanto, somos
conscientes de que en los años 1996 y 1997, como consecuencia de la
evolución de la economía, la morosidad se está reduciendo, pero no está
eliminada. Constatamos todavía que en el año 1996 ha habido más de 10.000
efectos devueltos y en el año 1997 casi 7.300, con importes alrededor de
1.500 millones de pesetas, con un destino desigual en la vida económica,
pero que preferentemente se localiza en las pequeñas empresas. Sin
embargo, quiero señalar dos cuestiones. Incluso en el período de
crecimiento sostenido tenemos en estos momentos 7,28 millones de efectos
devueltos por un importe global de 1,2 billones de pesetas, magnitudes
que entiendo importantes, y, en segundo lugar, prácticamente no se ha
adoptado ninguna medida desde la anterior crisis económica de 1993 para
reducir los efectos de la morosidad en las transacciones comerciales, lo
cual induce a pensar que, en caso de crisis, las cifras y volúmenes de
impagados volverían a dispararse al alza en cuantías similares a las de
hace pocos años. En definitiva, estamos indicando que quizás ahora que la
economía tiene un ciclo más positivo sea el momento de adoptar
determinadas medidas y decisiones en previsión de futuras situaciones
económicas más problemáticas que volverían a hacer reaparecer un problema
grave en todo el campo de la morosidad.
Quisiera indicarle, señora ministra, que nuestro grupo impulsa esta
interpelación también porque conocemos la posición de la Comisión
Europea, en cuyo ámbito se publicó un rapport el 17 de julio de 1997, en
el que se efectuaba una valoración de los efectos y de las
recomendaciones para inducir a los Estados miembros a adoptar medidas
para afrontar esta cuestión. Este rapport que en el mes de julio del año
pasado se daba a conocer a la opinión pública señalaba que si los Estados
miembros no adoptaban las medidas adecuadas para reducir los retrasos en
los pagos antes de fin de año, la Comisión propondría un proyecto de
directiva al objeto de reducir dichos retrasos en toda la Unión Europea.
Las medidas que el rapport de la Unión Europea proponía eran mejorar la
transparencia en la información, establecer indemnizaciones o
compensaciones en caso de retraso en el pago, facilitar procedimientos de
recursos rápidos, eficaces y poco onerosos al objeto de obtener el pago y
la reparación de los perjuicios cometidos, eliminar las dificultades
específicas de los impagados en transacciones transfronterizas y reducir
los retrasos en el pago de los mercados públicos. El citado documento
hace especial mención, señora ministra, a la situación de las pequeñas y
medianas empresas y al impacto que en las mismas tiene no adoptar ninguna
decisión. En ese sentido se apunta que la rapidez en la ejecución y en el
cobro de las operaciones hoy constituye un aspecto fundamental para poder
ser competitivo en un mercado que
se internacionaliza. De hecho, esta posición de la Comisión Europea
estaba manifestando que la problemática, localizada preferentemente en la
pequeña y mediana empresa, debería en estos momentos abordarse de forma
conjunta en el ámbito de la Unión, sin perjuicio de que los Estados
miembros pudieran adoptar medidas específicas y propias durante este
período previo. En todo momento la Unión Europea está tomando posiciones
en la dirección de priorizar la adopción de medidas para atajar toda esta
situación, que afecta al ámbito del sector público y a sus sistemas de
pago hacia la sociedad, que afecta a la distribución de los efectos de
pago entre las grandes compañías y las grandes entidades constructoras de
distribución a todos los subcontratistas y proveedores, y que afecta en
general al cumplimiento de las obligaciones mercantiles por parte de los
ciudadanos.
Señora ministra, el mercado es inteligente y se adapta a las
circunstancias y están apareciendo en estos momentos fórmulas que están
dando otras interpretaciones a las normas legales hoy vigentes que
regulan el cheque, el talón, el talón sin fondos o, por ejemplo,
simplemente los documentos mercantiles endosables. Se está cambiando la
naturaleza de estos elementos jurídicos de pago para poder obviar algunas
de las modificaciones normativas que se han hecho recientemente, y me
estoy refiriendo al ámbito del comercio, a lo que establece la Ley de
comercio en todo lo relativo a los sistemas de aplazamiento de los pagos,
donde se recoge la obligatoriedad de formalizarlo en documento mercantil
endosable, y el mercado está ya buscando la forma de eludir estas
exigencias tipificando productos y documentos que son mercantiles, pero
que no tienen la naturaleza jurídica de endosable, lo que requiere que
esta Cámara reflexione desde el punto de vista jurídico sobre las normas
que hoy están regulando estos documentos.
Mi grupo ha conocido también, señora ministra, algunas informaciones que
el Gobierno ha dado a conocer para actuar en los ámbitos de la
Administración de justicia. Hemos sabido que su Ministerio está
trabajando para poder establecer algunas modificaciones en las normas e
introducir en nuestra sociedad procedimientos de juicios rápidos para
poder acelerar cobros de deudas, aspecto que nos parece importante y
quisiéramos conocer cuáles son estas pretensiones o estas intenciones de
su Gobierno y qué compromisos podríamos adquirir en ese campo.
También hemos conocido que se está elaborando una nueva normativa para
regular la suspensión de pagos y las quiebras en España. La ley
concursal, una vieja reivindicación por parte de todos los grupos
políticos y una aspiración que tiene el mío y también el Grupo
Parlamentario Popular, debe traerse con toda urgencia a esta Cámara.
Tenemos ya unos plazos que nos obligan a conocer esa reforma antes del 30
de junio de este año, y nuestro grupo quisiera saber en qué situación se
encuentra esta reforma de la ley concursal, que debe permitir una
modernización del marco jurídico que debe establecerse para regular los
procedimientos de suspensión de pagos y de quiebras en nuestra sociedad.
Señora ministra, nuestro grupo entiende que hay que actuar en varias
direcciones de forma inmediata: en el ámbito de la Administración
pública, para acelerar mediante la reforma de la Ley de contratos los
procedimientos de pago entre la Administración pública y contratistas; en
el campo de la justicia estrictamente, introduciendo procedimientos que
nos permitan acelerar los juicios rápidos para el cobro de deudas; en el
ámbito de la reforma de la ley concursal y en el de la reforma de las
leyes mercantiles, que deben fortalecer y dar mayor seguridad a los
documentos cambiarios y asegurar unos mecanismos más transparentes y más
seguros para poder evitar la problemática de la morosidad. En esas
direcciones creemos que hay que actuar de forma inmediata. La situación
económica, hoy positiva, por suerte, nos permite un contexto favorable
para adoptar estas reformas.
Mi grupo desea conocer si se están estudiando estas prioridades, cuáles
son los propósitos del Gobierno respecto a plantear formalmente a la
Cámara estas reformas y qué dificultades está teniendo para adoptarlas,
para poder establecer en la moción que pudiera suscitarse tras esta
interpelación un calendario de compromisos, de propósitos, de reformas y
de modificaciones normativas en esas direcciones que he ido apuntando en
mi intervención, que, sin duda, serían muy valoradas por la sociedad y
muy bien consideradas, ya que la morosidad y el aplazamiento de los pagos
son quizás hoy uno de los problemas más importantes que tiene nuestra
realidad económica.
Señora ministra, mi grupo ya le transmite que va a presentar una moción,
a nuestro entender constructiva, con el deseo de que pueda ser apoyada
por toda la Cámara y se extraigan de ella los compromisos políticos para
que, en los próximos cuatro o cinco meses, podamos conocer resultados
concretos y específicos para atajar esta problemática mediante estas
medidas. Este es el espíritu de esta interpelación, este es el sentido
que le damos. De lo contrario, Europa se nos anticipará con una propuesta
de directiva. Quizá sería bueno que no esperáramos a esta circunstancia y
desde España se anticipara el Gobierno y esta Cámara pudiera acelerar los
trámites para adoptar medidas en ese ámbito.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Homs.
Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, el Gobierno
es consciente de que hay que aprovechar los momentos de bonanza, como los
actuales, para adoptar medidas que puedan ser útiles en el caso de
futuras crisis. Es consciente también de las recomendaciones que han sido
efectuadas por la Comisión Europea, a las que S. S. ha hecho referencia a
lo largo de su interpelación, relativas a los retrasos en el pago en las
transacciones comerciales de julio de 1997. El Gobierno no sólo es
consciente sino que ha tomado ya medidas que esperamos que tengan
resultado en esta Cámara en breve tiempo.
Su señoría ha hecho referencia a unas medidas de carácter sustantivo,
medidas de carácter procesal, y a ellas, puesto que soy ministra de
Justicia --y aunque estamos hablando de términos económicos me voy a
remitir al contenido de las leyes--, me voy a referir en este momento.
Independientemente de las normas concretas que existen a lo largo de toda
nuestra legislación respecto al interés de demora y que obvio señalar en
este momento, me querría referir, señoría, a la atención que presta
expresamente la Comisión, en el informe a que ha hecho referencia, a la
necesidad de favorecer la transparencia de las condiciones de pago.
El deber de expedir y entregar factura, que se impone a los empresarios y
profesionales por el Real Decreto de 1985, de 18 de diciembre, aparte de
su trascendencia fiscal, como S. S. conoce, contribuye sin duda a
reforzar la protección del crédito dando certeza a las obligaciones
nacidas de las operaciones de prestación de bienes y servicios. Siguiendo
de manera precisa las recomendaciones de la Comisión, puede citarse, por
ejemplo, el artículo 17 de la Ley de ordenación del comercio minorista,
que establece la obligación de los proveedores de indicar en su factura
la fecha en que ha de producirse el pago, así como la obligación del
comerciante de documentar la recepción de las mercancías con expresa
mención de su fecha. Pero si estas disposiciones y las contenidas en la
Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley cambiaria y del cheque, y que en
este momento creo no necesario repetir ante la Cámara, tienen un carácter
sancionador y, en opinión del Ministerio de Justicia y del Gobierno, un
carácter efectivo, para que puedan tener efectividad es indispensable
mejorar, en opinión del Gobierno, la agilidad y la eficacia de la
justicia. Este es un dato que también ha sido puesto de manifiesto por al
Comisión Europea, que ha llamado la atención sobre el aspecto de los
juicios rápidos y ágiles con una serie de recomendaciones para agilizar y
abaratar los procedimientos judiciales.
En el marco de las medidas de política general con las que el Gobierno
pretende hacer frente al fenómeno de la morosidad, debo mencionar
especialmente el anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil, que se
encuentra actualmente, desde finales del año pasado, en fase de informe
preceptivo del Consejo General del Poder Judicial y que espero poder
remitir a esta Cámara en breve. El anteproyecto pretende reforzar la
protección del crédito y contribuir a reducir las dimensiones y mitigar
las consecuencias del fenómeno de la morosidad. Dentro de las previsiones
del anteproyecto, quisiera destacar muy especialmente el nuevo
procedimiento previsto para los créditos de importe inferior a tres
millones de pesetas cuando el acreedor pueda aportar un documento firmado
por el deudor, o incluso sin firma del deudor, cuando se trate de
documentos de los que habitualmente se utilizan en el tráfico mercantil,
facturas, albaranes y documentos similares. En estos casos, el proceso,
que en esta fase hemos denominado monitorio, permitirá al acreedor, sin
necesidad de principio de abogado y procurador y mediante la
cumplimentación de un sencillo formulario, acceder inmediatamente a la
ejecución siempre que el deudor no formule oposición al requerimiento
judicial de pago. Se sigue así, creemos, la recomendación de la Comisión
Europea que insta a los Estados miembros a establecer procedimientos
acelerados para el cobro de los créditos que permitan, mediante trámites
reducidos y plazos limitados, obtener un título ejecutivo en caso de que
un crédito no sea impugnado. El proceso monitorio, previsto en el
anteproyecto al que me estoy refiriendo, podría convertirse en un
instrumento especialmente eficaz para la protección del crédito en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas. En este ámbito, los créditos
no suelen documentarse en títulos ejecutivos y, por tanto, la ley vigente
obliga, en todo caso, a reclamar la deuda en juicio declarativo y obtener
la correspondiente sentencia que abra paso a la ejecución. El juicio
monitorio permitirá prescindir del proceso declarativo en muchas
ocasiones, propiciando el inmediato acceso a la ejecución y ahorrando los
costes y el tiempo que comporta la sustanciación del juicio declarativo.
Aparte del proceso monitorio, el anteproyecto mantiene la especial
protección del crédito documentado en letras de cambio, pagarés y
cheques, que tiene acceso directo a la ejecución a través del denominado
juicio cambiario, lo mismo que los créditos documentados en título que
lleve aparejada ejecución. Queda abierta, además, la posibilidad de que
las leyes atribuyan fuerza ejecutiva a títulos diferentes de los
expresados en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que dará
cobertura a supuestos como los previstos en el proyecto de ley de venta a
plazos de bienes muebles, actualmente en tramitación en esta Cámara, que
atribuye fuerza ejecutiva a los contratos de venta a plazo y a los de
arrendamiento financiero que cumplan determinados requisitos. La
protección del crédito hipotecario, finalmente, queda también asegurada
mediante un procedimiento especial de ejecución para la rápida
realización de la garantía. Este procedimiento se ha construido siguiendo
el modelo del vigente procedimiento judicial sumario del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, que ha dado resultados excelentes.
El anteproyecto simplifica y agiliza la ejecución forzosa y, para los
casos en que no pueda accederse de inmediato a la ejecución, simplifica y
agiliza también la tramitación de los procesos de declaración. Se amplía
además, conforme a las recomendaciones de la Comisión, el ámbito material
de los procedimientos más sencillos, que pasaría del límite actual de
800.000 pesetas del juicio de cognición a los tres millones previstos en
el anteproyecto como límite del juicio verbal.
Todas estas previsiones del anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil,
aparte de facilitar y agilizar la satisfacción de los créditos en vía
judicial, pueden tener globalmente un efecto beneficioso en términos de
creación de un ambiente de mayor seriedad en los negocios y consiguiente
disminución de los casos de morosidad. No hay que olvidar que la actual
situación de deficiente, por tardía, protección judicial del crédito
constituye, en opinión del Gobierno, un incentivo para retrasar los
pagos. La morosidad es un fenómeno que, como ha dicho S. S. y yo digo en
este momento, conduce con frecuencia a graves crisis empresariales,
especialmente en el caso de la pequeña y mediana empresa. Las crisis
empresariales, a su vez, generan más morosidad. Por eso es esencial, en
un planteamiento de lucha contra este grave fenómeno, una regulación
adecuada del tratamiento jurídico y jurisdiccional de las crisis
empresariales. La situación actual de nuestro ordenamiento en materia de
crisis empresariales, cuyo tratamiento se articula a través de los
procedimientos de suspensión de pagos y quiebras, es especialmente
deficiente. Durante muchos años se ha venido hablando de la necesidad de
regular de una vez por todas las suspensiones de pagos. Por ello, por
orden ministerial de 23 de diciembre de 1996, se creó en el seno de la
Comisión General de Codificación una sección especial para la reforma
concursal formada por especialistas en Derecho mercantil, civil y
procesal que recibió el encargo de elaborar un anteproyecto de ley
concursal. La sección ha trabajado intensamente, reuniéndose con una
periodicidad quincenal, y sus trabajos se encuentran ya muy avanzados.
Recientemente se ha recordado a la sección la urgente necesidad de que
termine el texto del anteproyecto en el plazo más breve posible.
En el ámbito de la contratación pública, la vigente Ley de contratos de
las administraciones públicas incorpora ya en lo sustancial las medidas a
que se refiere la recomendación de la Comisión Europea de 12 de mayo de
1995. Desde el punto de vista de la relación Administración-contratista,
la ley establece, con carácter general, que los pagos de la
Administración se hagan en el plazo de dos meses y prevé, para el
supuesto de demora en los pagos, el abono automático del interés legal
incrementado en 1,5 puntos. Desde el punto de vista de la relación
contratista-subcontratista, la ley concreta las indicaciones genéricas de
la recomendación de la Comisión, estableciendo que los subcontratistas y
suministradores tendrán derecho a percibir el pago al precio pactado en
plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos
para las relaciones entre Administración y contratista. También se
establece, siguiendo la recomendación, que el acto formal y positivo de
recepción o conformidad de la Administración se produzca en el plazo de
un mes desde la entrega o realización del objeto del contrato. No
obstante, la ley vigente sigue en lo sustancial las recomendaciones de la
Comisión Europea, pero el sistema de pagos, en el ámbito de la
contratación pública, debe ser perfeccionado con vistas a lograr una
mayor celeridad. En este sentido y en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria 19ª de la Ley 66/1997, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, el Ministerio de Economía y Hacienda
está estudiando posibles reformas de la Ley de contratos de las
administraciones públicas para agilizar los pagos a contratistas y
subcontratistas.
Señoría, con estas medidas no digo que se esté llegando a la panacea,
pero sí quiero creer que van a servir para adelantarnos a las
recomendaciones efectuadas y posibles e hipotéticas directivas y que,
desde luego, la preocupación de S. S. es absolutamente compartida por el
Gobierno y creo que con las propuestas que he expuesto ante esta Cámara
queda ello de manifiesto.
Muchas gracias, señorías; gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
ministra.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra, por la información que en su intervención nos
transmite. De hecho, coincidimos en que tras las actuaciones que ya se
han emprendido en torno a esa situación y problemática no estamos en la
panacea; en eso coincidimos con usted. El propósito de la interpelación
es ver cómo salimos de ella, porque esta panacea podría hoy no ser útil
ni resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Es verdad que en la
Ley de comercio se dio un paso y es verdad que ha tenido su efecto
positivo, pero no es suficiente. Quizás deberíamos ver de qué forma esa
obligación de presentación de factura se refuerza y se evitan las
interpretaciones para dilatar esas obligaciones.
Nos ha interesado conocer algo más y con más detalle de la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Los procedimientos judiciales deben
singularizar, mediante criterios de mayor eficacia y rapidez, la
posibilidad de afrontar juicios rápidos. Usted establecía el umbral por
debajo de tres millones de pesetas. Esto es opinable, quizá podría
discutirse. Pero ese anteproyecto, que anuncia que está en fase de
elaboración, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en que se
establecerían
dos nuevos procesos, monitorio y cambiario, es una buena línea. Por ahí
podríamos avanzar de forma positiva, aun no resolviendo todos los
problemas.
Sobre la Ley concursal nos anuncia que está ya en fase muy final. Yo le
invitaría, señora ministra, a que aceleraran al máximo el proceso de
elaboración para que la pudiéramos tener antes del 30 de junio, que si no
recuerdo mal es el compromiso que tenemos adquirido en esta Cámara y que
el Gobierno tiene que cumplir.
Estoy de acuerdo en que en el ámbito de la contratación pública hay que
diferenciar la problemática acerca de los procedimientos de pago
referidos a contratistas y subcontratistas. Pero hoy lo que se ha hecho
en el ámbito de la ley de acompañamiento y en la Ley de contratación
pública no es suficiente. Le transmito que el plazo de dos meses no se
está cumpliendo, que los criterios están siendo interpretados de forma
que dilatan la obligación y que de alguna forma deberíamos revisar en la
Ley de contratos y en este próximo proyecto que también nos anuncia esos
criterios y establecer claramente los procedimientos para los
contratistas en relación con la Administración no pública y las
obligaciones de éstos con los subcontratistas. Hay que incorporar más
automaticidad. El mercado lo único que pide es más seguridad y más
automaticidad. Yo creo que en el campo de la Ley de contratos podemos
exponer criterios que establezcan automaticidad en el sentido de que,
cuando el subcontratista percibe el cobro de sus obligaciones,
automáticamente esté forzado por norma a transmitir el pago a los
subcontratistas. En algunos países de Europa se habla de 21 días como
margen para poder formalizar esta transmisión de pago hacia los
subcontratistas. No tenemos este criterio establecido en nuestra ley,
pero quizá deberíamos revisar estos aspectos en esa propuesta de reforma
que usted también nos anuncia.
Señora ministra, con esta interpelación y con la posible moción, mi grupo
no tiene más propósito que acelerar la toma de conciencia en torno a la
problemática y forzar la aceleración de todos los procesos que están ya
comenzados y anunciados por usted para que no se dilaten más y no
tengamos la poca suerte de que, al final, esos cambios normativos no
puedan entrar en vigor en esta legislatura porque cada vez más se nos va
acortando el plazo de tiempo y que por circunstancias variadas y diversas
nos encontráramos con que estas reformas no vieran su luz en esta Cámara
en esta legislatura. Mi grupo está por la labor de que se vean en esta
legislatura y que se presenten con toda urgencia en la Cámara. Yo
entiendo que el Gobierno debe reservarse los compromisos temporales,
pero, señora ministra, me gustaría que usted extrajera de esta
interpelación la necesidad de forzarnos a unos plazos para acelerar esos
procesos que si no los forzamos se dilatan, porque esas leyes pueden
pasarse muchos años siendo reflexionadas, elaborándose y madurándose, y
ahora se trata de acelerar esos procesos y comprometernos en unos plazos
muy rápidos a que esas leyes se traigan a esta Cámara. Esta es la
finalidad que tiene mi grupo y las mociones podrían ir en la dirección de
forzar estos compromisos y acelerar que se puedan conocer estas reformas.
Nada más. Muchas gracias por su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Homs.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Muy brevemente, señoría, quiero agradecerle esa exigencia de celeridad en
la tramitación, que puedo asegurarle que es absolutamente compartida por
el Gobierno. Creemos que antes de cumplir esos plazos que hemos marcado
van a estar en esta Cámara tanto el proyecto de ley concursal como el de
enjuiciamiento civil y en ese momento, señoría, quisiera que la Cámara
fuera consciente de la importancia que tienen dos textos legales como los
que he mencionado y de que la colaboración de todos será imprescindible
para que podamos llegar a buen puerto, como hasta ahora ha venido siendo.
Muchísimas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
ministra.
¿Algún grupo distinto del interpelante desea fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Agradecemos la iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario Catalán
para plantear un tema que tiene una gran importancia, que es la
dificultad, a veces casi la imposibilidad, de que se cumplan las
obligaciones mercantiles, lo que redunda en el buen crédito del propio
sistema y repercute de una forma muy seria desanimando, mucho más que
animando, inversiones y actitudes creativas, pensando en que los riesgos
que se corren en el ejercicio del legítimo comercio no son los normales
en cualquier país civilizado, sino que vienen absolutamente agravados
porque, llegado el momento de poderse producir una situación de impago,
las cifras que hay que calcular para la cobertura de esta clase de
riesgos vienen a incrementar el precio, a encarecer los productos y
contribuyen a que en muchísimos casos se pueda estar hablando de
situaciones de auténtica indefensión.
Dentro del programa que S. S. ha expuesto, señora ministra, es bueno que
llegue de una vez a la Cámara la modificación fundamental de las leyes
concursales y
también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre cuyo proyecto ya le
adelanto que nuestro grupo parlamentario no está nada satisfecho porque
piensa que, en lugar de plantearnos seriamente una modernización de la
citada ley atendiendo a un solo proceso tipo, la modernización de la
oficina judicial, lo que se hace es una pura revisión de lo que es la
vieja Ley de Enjuiciamiento Civil.
En todo caso, señora ministra, el problema no nace de esas leyes que
usted anuncia que deben llegar. Por ejemplo, la morosidad, tras las
modificaciones que se han hecho en materia de Ley de arrendamientos
urbanos para algo tan importante como es el tráfico inmobiliario, sigue
siendo absolutamente impune. Los juicios de desahucio no se tramitan con
la celeridad con que estaba previsto. No digamos contemplar, pura y
sencillamente, juicios tan sumarísimos como el propio juicio ejecutivo y,
desde luego, no hablemos ya de lo que es el auténtico calvario --por
utilizar una expresión coloquial-- de las ejecuciones de sentencias. Por
tanto, señora ministra, repito que, valorando lo que tiene que ser una
modificación legislativa de leyes procesales e incluso de leyes
sustantivas, aquí hay un problema radical fundamental: es un problema de
organización de la oficina judicial. Nadie quiere meterse con este tema,
quizá porque desde los propios jueces se piensa que la actual estructura
de la Administración de justicia, la inveterada estructura de la
Administración de justicia mantiene unos intereses creados que no vale la
pena tocar, pero es un hecho cierto que basta con que nos asomemos a cómo
funciona eso tan elemental que se llama la organización de empresas, la
organización de un juzgado o la organización de una sala para comprobar
que no se corresponde con un Estado mínimamente moderno. Sinceramente, la
asignatura pendiente de la oficina judicial es uno de los temas que a
nosotros más nos preocupa, pero por sí sola no va a suponer la solución
de estos problemas, sino que tiene que venir acompañada --casi podríamos
decir precedida-- de la reforma de las leyes procesales, porque deberá
ser la oficina judicial la que se acomode a los tipos de procedimientos
que queramos poner en marcha.
En cualquier caso, para nosotros sigue siendo sustancial y ello comporta
un concepto completamente distinto de lo que es el juez y el magistrado,
un concepto completamente distinto de una de las funciones más
desaprovechadas que hay en estos momentos en nuestra estructura judicial,
que es el secretario. Ello comporta también el salir, a lo mejor, de ese
concepto de los juzgados entendidos como órganos absolutamente
contingentados en una determinada medida y quizá hay que hablar de otro
modelo, pero no está habiendo la menor audacia para ello, señora
ministra; no hay la menor audacia en acometer las reformas de la
estructura de la Administración de justicia que la puedan hacer mucho más
ágil.
Yo ya le aventuro --como se lo he dicho en otras ocasiones-- que sus
esfuerzos en materia de reformas legislativas, incluso los incrementos
presupuestarios que pueda haber para dotar a la Administración de
justicia de personal, material y de modernización, no van a servir
absolutamente para nada. Hay un problema profundo, de raíz, que hay que
acometer. Hay ese problema del que tantas veces se ha hablado aquí, pero
nadie quiere ponerle --perdóneme la expresión-- el cascabel al gato.
¡Pues claro que hace falta un pacto de Estado! Un pacto de Estado sobre
la justicia muy importante y con un carácter sinceramente muy audaz, muy
atrevido y muy modernizador. No tenemos la Administración de justicia que
se corresponde con los países de nuestro entorno. Usted me podría decir
que el ejemplo de la Administración de justicia italiana a lo mejor nos
sirve, en alguna medida, para que nos podamos sentir medianamente
satisfechos por aquello de mal de muchos, consuelo de algunos pocos,
porque no quiero utilizar otras expresiones. Sin embargo, usted sabe que
en Europa hay otros modelos de Administración de justicia que son mucho
más ágiles, que son mucho más eficaces y que efectivamente permiten
afirmar lo que aquí no se puede afirmar, que rige el principio de la
tutela judicial efectiva y que rige el principio del juicio sin
dilaciones excesivas.
No queremos dramatizar ni recargar las tintas porque adelantamos, señora
ministra, que hay por su parte la mejor voluntad (y sabe usted que desde
el principio de su mandato ha contado con nuestra colaboración, sin
perjuicio de discrepancias en determinados temas), pero es un hecho
cierto que, por las razones que sea, su Gobierno y su partido están
parcheando en este tema. Prueba de ello es que todo el conjunto de
reformas que se han ido haciendo no traen como consecuencia esa
agilización y ese impedimento de la morosidad. Repásese usted de nuevo
--supongo que lo conoce de sobra y creo que le preocupa tanto como a
nosotros-- las memorias del Consejo General del Poder Judicial y vea cómo
año tras año se va incrementando lo que podíamos llamar ese saco, el
stock de asuntos en trámite, sin que se vaya ni siquiera produciendo el
despacho de los que han entrado en un año y están exigiendo solución.
Le hacemos estas consideraciones para que, de una vez por todas, tenga la
amabilidad, contando con la predisposición de este grupo, que yo creo que
es generalizada, de hacer un esfuerzo muy serio para que dejemos de
parchear y acometamos una transformación muy profunda de la
Administración de justicia. Están muy bien los criterios de convergencia
para acercarnos a esa Unión Europea, pero no le quepa a usted la menor
duda que esta contradicción de un sistema judicial, desde la concepción
del juez, de la oficina judicial, de las leyes procesales, de ciertas
leyes sustantivas y no digamos ya de lo que le rodea en materia de
notaría, registros y todo lo que funciona alrededor, se va a dar de
bruces con una modernización que otros países ya han llevado adelante y
que aquí nos resistimos a poner
en marcha por una sencilla razón --reconózcalo usted--, por tener un
respeto excesivo a determinados intereses personales y colectivos que no
se quieren tocar; lo que podemos llamar, en el viejo lenguaje teatral,
intereses creados de una enorme importancia a los que usted no es capaz
de poner en su sitio y a cuyo empeño nosotros le hemos ofrecido nuestra
colaboración, pero parece ser que sigue usted empecinada en que su paso
por el Ministerio de Justicia se reduzca a cuatro reformas que
sinceramente no modifican la situación, que está necesitada de una
transformación de raíz.
Esta es nuestra posición con motivo de esta interpelación y cuando llegue
la moción esperamos poder hacer las enmiendas que nos parezcan más
oportunas, dentro de la actuación más realista, para evitar que esta
interpelación y este debate sean otra vez un clamar en el desierto sobre
esta asignatura pendiente que, por cierto, le tengo que recordar que
mereció una gran importancia...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Castellano, acabe por
favor.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Termino enseguida, señor presidente.
Le tengo que recordar que mereció una gran importancia en el discurso de
investidura, pero se quedó ahí. No ha pasado de las buenas palabras, de
los enunciados y de las buenas intenciones, y seguimos en una situación
absolutamente insoportable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castellano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista no va a entrar en el fondo de la interpelación que se
ha debatido y en el trámite de moción expresaremos nuestra posición sobre
las propuestas que se pueden hacer. Pero sí nos parece oportuno
aprovechar este momento, en el que contamos con la presencia de la señora
ministra, para recordar los incumplimientos legislativos del Gobierno en
relación a las cuestiones que se han suscitado, en particular a la
legislación concursal y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo retraso
tiene consecuencias para sectores económicos y para la sociedad. Por
tanto, señora ministra, quisiéramos aprovechar este momento para instar a
su Ministerio a una mayor diligencia y para que envíe ya al Parlamento
los proyectos de ley correspondientes.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aroz.
Terminada la interpelación, se suspende la sesión hasta mañana a las
nueve de la mañana.
Eran las ocho de la tarde.