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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 140, de 10/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 140
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 135
celebrada el martes, 10 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
--De la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, relativa al Régimen
Económico y Fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 84-1, de 21 de febrero de 1997 (número de
expediente 390/000001) (Página 7352)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del
artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 100-1, de 3 de junio de 1997
(número de expediente 122/000082) (Página 7359)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prevención de los
accidentes de circulación en los que se ven involucrados los niños
menores de nueve años. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
245, de 24 de febrero de 1998 (número de expediente 162/000212) (Página 7368)
Modificaciones del orden del día.
Proposiciones no de Ley (continuación):
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medición cuantitativa y
valoración del trabajo no asalariado en España, sus inclusiones en las
cuentas oficiales y su integración en las políticas sociales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 95, de 23 de enero de 1997
(número de expediente 162/000079) (Página 7374)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación autonómica en la
Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea
(número de expediente 173/000066) (Página 7382)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y
calidad de los medicamentos registrados, así como la accesibilidad
económica de toda la población a los mismos (número de expediente
173/000067) (Página 7390)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación con el equilibrio
presupuestario de la Seguridad Social (número de expediente 173/000068)
(Página 7396)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas
(Página 7352)
De la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, relativa al Régimen
Económico y Fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla (Página 7352)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla intervienen
los señores Imbroda Ortiz, de la Unión del Pueblo Milillense, y Velázquez
Rivera, del Partido Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Segura Clavell, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Gutiérrez Molina, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de
la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, relativa a su Régimen
Económico y Fiscal, se aprueba por 300 votos a favor, dos en contra y una
abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7359)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del
artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Página 7359)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso el señor Ollero Tassara. Manifiesta
que con ella pretenden salir al paso de los problemas planteados por la
disposición final primera del Código Penal, que modificaba el artículo 14
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señalando que serían competentes los
juzgados de lo penal para el conocimiento y fallo de los delitos menos
graves, mientras que en su versión anterior se aludía a los delitos
castigados con pena privativa de libertad no superior a seis años. Opina
que esta modificación produjo un desequilibrio que amenazaba con colapsar
las audiencias provinciales, lo que motivó que el propio Consejo General
del Poder Judicial sugiriera al Parlamento una modificación legislativa
al efecto. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone con su
iniciativa modificar de un modo provisional el artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento
Criminal, a la espera de una reforma más amplia que el presidente del
Gobierno anunció en el debate de investidura una vez que se hubieran
consumado las reformas de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A
continuación expone una serie de datos comparativos de la litigiosidad de
los años 1995, 1996 y 1997, que dan como resultado un incremento de un
154 por ciento en las audiencias provinciales y una disminución de un 19
por ciento en los juzgados de lo penal, centrándose en las situaciones
registradas en las audiencias de Madrid, Barcelona, Tenerife, Valladolid,
Vitoria, A Coruña y las Palmas. Considera que intentar solucionar el
problema mediante un mero incremento de plantillas es inviable y que se
debería optar por la propuesta del Consejo General del Poder Judicial
anteriormente expuesta, añadiendo las penas de multa, cualquiera que sea
su cuantía o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas,
conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de
diez años.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro y
el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre modificación del
artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aprueba
por 173 votos a favor, 142 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7368)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prevención de los
accidentes de circulación en los que se ven involucrados los niños
menores de nueve años (Página 7368)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso defiende la
proposición no de ley el señor Seco Gordillo, que expone que la seguridad
vial es una de las preocupaciones más acuciantes de la sociedad española,
en especial si se refiere a los niños, ya que la siniestralidad vial es
la primera causa de mortalidad infantil en España, haciéndose necesario,
por lo tanto, buscar fórmulas imaginativas que sirvan de complemento a
las medidas tradicionales. Considera que el problema y su gravedad es
conocido por la sociedad, pero los padres deben estar mejor informados
acerca de la mejor manera de proteger a sus hijos en el automóvil, por lo
que el Grupo Parlamentario Popular propone que sea el médico pediatra el
que lo haga, por ser éste quien mejor puede influir en ellos. Por último
se refiere a las enmiendas que el propio Grupo Parlamentario Popular ha
presentado a su proposición no de ley y pide el voto favorable de todos
los grupos de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios
intervienen los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
En un segundo turno y a los solos efectos de manifestar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas y de las propuestas hechas por el
grupo proponente intervienen los señores Seco Gordillo y Cuesta Martínez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre prevención de los accidentes de circulación
en los que se ven involucrados los niños menores de nueve años, se
aprueba por 307 votos a favor y una abstención.
Modificación del orden del día (Página 7374)
El señor presidente, oída la Junta de Portavoces, somete a la
consideración de la Cámara la introducción, como último punto del orden
del día de la sesión de la mañana del jueves, de una proposición de
varios grupos parlamentarios sobre modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, lo que es aprobado por asentimiento
mayoritario.
Proposiciones no de ley (continuación) (Página 7374)
Del Grupo Socialista del Congreso sobre medición cuantitativa y
valoración del trabajo no asalariado en España, sus inclusiones en las
cuentas oficiales y su integración en las políticas sociales (Página 7374)
Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
para defender la iniciativa propuesta por su grupo, la señora Cortajarena
Iturrioz. Manifiesta que con su iniciativa pretenden poner en valor el
trabajo no remunerado, sacarlo de la invisibilidad en la que ha estado
durante siglos y devolver a las mujeres el reconocimiento y la gratitud
por tantos y tantos años de trabajo olvidado, que es lo mismo que han
dicho reiteradamente las Naciones Unidas y los acuerdos que se tomaron en
la Plataforma de acción aprobada por la Conferencia de Pekín el día 15 de
septiembre de 1995. Se refiere a continuación al tercer plan de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres aprobado por el Gobierno actual
y que tiene vigencia hasta el año 2000 y expone que la iniciativa de su
grupo ha contado con el apoyo de la Red Internacional de las Mujeres
Cuentan y de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidoras y
Usuarias. Asimismo pone de relieve las condiciones de discriminación y
subordinación de la mujer respecto al hombre que han provocado que se
relegue a la mujer al ámbito doméstico. Añade que el trabajo de las
mujeres en el cuidado de los hijos, de los abuelos y de los
discapacitados puede que no tenga precio, pero sí tiene un valor y no
medirlo ni en los indicadores de producción nacional de renta ni en los
de bienestar social es una injusticia que recae básicamente sobre la
mujer, a la que la macroeconomía le está diciendo que su trabajo, su
esfuerzo y sus desvelos son irrelevantes. Por último expone que no ha
sido aceptada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
pero ha sido consensuada por todos los grupos una enmienda transaccional
que recoge con carácter general la proposición no de ley inicial,
integrándose modificaciones que mejoran su texto.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso interviene el señor Caneda Morales.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Amorós i Sans, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso sobre medición cuantitativa y valoración del
trabajo no asalariado en España, sus inclusiones en las cuentas oficiales
y su integración en las políticas sociales, en los términos resultantes
de la transacción que conoce el Pleno, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7382)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la participación autonómica en la
delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea
(Página 7382)
Presenta la moción, en nombre de Eusko Alkartasuna, la señora
Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza su
intervención señalando que la moción es apoyada también por el Bloque
Nacionalista Galego y Unión Valenciana. Reitera que es una cuestión de
voluntad política y que con su iniciativa no pretenden establecer
fórmulas sino abrir un camino posibilista que consiga que la distribución
de competencias no se vea afectada por el proceso de integración en la
Unión Europea. A continuación explica el contenido de su moción y
solicita que desaparezcan las contradicciones existentes en las enmiendas
presentadas y que se establezca un plazo concreto para el inicio del
procedimiento de participación autonómica en la Delegación del Estado en
el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Costa Costa,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Martínez Casañ, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Guardans i Cambó,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Navas
Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre
participación autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, en los términos de la enmienda de
sustitución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, incluida la
transaccional que ha aceptado la proponente, se aprueba por 313 votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que el
Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y calidad
de los medicamentos registrados, así como la accesibilidad económica de
toda la población a los mismos (Página 7390)
En defensa de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida interviene la señora Maestro Martín. Manifiesta que,
afortunadamente, el anuncio del Gobierno de retirar la financiación
pública a 869 fármacos no es todavía una medida y se está a tiempo de
rectificar. Considera que existe un clamor popular en contra de la
propuesta y que el Gobierno del Partido Popular ha fracasado en lo que
debería haber sido su objetivo prioritario, que era convencer a la
opinión pública de que lo que se pretendía con tal medida era el uso
racional de los medicamentos. Añade que no se ha conseguido transmitir
esa sensación porque lo que realmente se pretende es eliminar de los
servicios sanitarios aquellos sectores más pobres que impiden que la
sanidad pública sea rentable desde el punto de vista económico. A
continuación explica el contenido de su moción que intenta demostrar que
es posible actuar con medidas concretas, que no suponen grandes cambios
en la legislación actual, para conseguir el uso racional del medicamento
y, en consecuencia, la reducción del gasto farmacéutico.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la señora
Novoa Carcacia, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; el señor
Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora
Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los
señores Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora
Maestro Martín.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida sobre medidas que el Gobierno piensa adoptar para
garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos
registrados, así como la accesibilidad económica de toda la población a
los mismos, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y de las transaccionales,
se rechaza por 142 votos a favor y 162 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la ejecución de
los Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación con el
equilibrio presupuestario de la Seguridad Social (Página 7396)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Socialista el señor Borrell
Fontelles, quien comienza su intervención diciendo que el déficit y la
necesidad de endeudamiento se diferencian entre sí en la variación de
activos financieros, lo que no parece haber sido entendido por los
miembros del Gobierno. Solicitan en su moción, entre otras cosas, que el
Gobierno remita a las Cortes un informe explicando la variación de la
situación patrimonial de la Seguridad Social a finales de 1997 y de los
350.000 millones de pesetas de anticipo de Tesorería que no se saldaron
en aquellas fechas; que el presupuesto efectúe las aportaciones
necesarias para que la Seguridad Social no siga pagando el esfuerzo
solidario que corresponde financiar al conjunto de todos los
contribuyentes; que se eliminen los procedimientos extrapresupuestarios y
que el Gobierno remita a las Cortes un informe sobre el incremento del
endeudamiento de las empresas y entes públicos. Muestra su insatisfacción
por las respuestas dadas por el señor Rato en el debate de la
interpelación y expone una serie de cuestiones sobre las que exigen
información porque es a los grupos de la oposición a quienes corresponde
ejercer la función de control del Gobierno.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida interviene el señor Ríos Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte
López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor
Borrell Fontelles.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de
1997 y su relación con el equilibrio presupuestario de la Seguridad
Social, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo
proponente de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida salvo la señalada como sustitutiva el punto 9, se rechaza por 128
votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:
-- DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, RELATIVA AL REGIMEN
ECONOMICO Y FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. (Número de
expediente 390/000001)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: debate sobre la toma en consideración de
la proposición de ley de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla,
relativa al Régimen Económico y Fiscal de la ciudad autónoma mencionada.
En nombre de la Asamblea y para la presentación ante el Pleno de la
proposición de ley, comparecerán ante el Pleno don Juan José Imbroda
Ortiz y don Ignacio Velázquez Rivera; el primero, de la Unión del Pueblo
Melillense y, el segundo, del Partido Popular.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Imbroda.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MELILLA (Imbroda Ortiz): Señorías, es
un honor para mí el poder dirigirme a ustedes en nombre de la Asamblea de
la Ciudad de Melilla, y lo hago en virtud del artículo 13 de nuestro
estatuto, que contempla la iniciativa legislativa. En ella nos basamos
para procurar que se cumpla el mandato que la misma ley impone en su
disposición adicional segunda cuando señala: «Mediante ley del Estado se
actualizará y garantizará las peculiaridades del régimen económico y
fiscal de Melilla.» En ello estamos, recogiendo así también los
antecedentes que desde el siglo XIX existen en Melilla y cuya última Ley
de bases --de 1955-- recogía en toda su amplitud. Al amparo de lo
anterior, se presenta hoy ante esta Cámara la proposición de ley de
Régimen Económico y Fiscal de la ciudad de Melilla, para su toma en
consideración.
Señorías, si ustedes quisieran encontrar en este país algún lugar donde
sean de urgente necesidad actuaciones económicas y sociales con carácter
prioritario estarían ante él, ante la Ciudad de Melilla.
Desgraciadamente, reunimos todos o muchos requisitos necesarios para
colocarnos a la cabeza del ranking de zonas deprimidas en la Unión
Europea. Estamos con las tasas más altas de desempleo de España,
soportando la más alta presión migratoria-inmigratoria, el mayor número
de asentamientos ilegales, con un bajo PIB y con un grave desequilibrio
intersectorial en la estructura productiva, con unas condiciones
naturales adversas, una extensión de 12 kilómetros cuadrados,
discontinuidad territorial con el resto de España, una frontera permeable
con Marruecos y con carencias en agua potable, en productos agrícolas,
ganadería y materiales de construcción.
Como consecuencia de todo lo anterior, nos encontramos con baja actividad
productiva, con un sector servicios que es el 80 por ciento del PIB
total, con un sector primario inexistente y un sector secundario casi
reducido a la construcción de viviendas; dependencia del sector público;
subdependencia del comercio, fundamentalmente con Marruecos; deficiencia
y carencia en infraestructuras económicas, en transportes (soportamos tal
carestía de fletes que si ustedes quisieran ir desde Madrid a Melilla les
saldría más caro que si fuesen a Londres), en turismo, en suelo, en
equipamientos sociales, vivienda, sanidad y educación (Melilla tiene una
de las tasas más altas de natalidad y una grave carestía de vida);
problemática estructural; defectos de competencia, etcétera. Además,
nuestra principal fuente de ocupación laboral privada, el sector
comercio, sufre irremisiblemente una pérdida progresiva de ventajas, como
también asistimos en su día a la desaparición de la poca industria que
había, y ello debido a la deficiente regulación sobre normas de origen
Melilla para la UE (es casi imposible conseguir la dneominación de origen
Melilla para determinadas exportaciones), a un tratamiento más ventajoso
por parte de la UE a exportaciones de Marruecos, descenso generalizado
arancelario y liberalización progresiva del sector exterior de la
economía marroquí, que hace que nuestros productos y que el comercio no
sean nada competitivos.
Por ello, señorías, habría que cubrir los siguientes objetivos
fundamentales, los principios constitucionales de justicia, igualdad y
solidaridad. Tendríamos que hacer políticas distintas, una política
económica exigible al Estado para Melilla; sería importante que ésta
procurara el pleno empleo, que se crearan y desarrollaran actividades
económicas fomentando las empresas intensivas en empleo, empresas
generadoras de alto valor añadido, empresas exportadoras,
perfeccionamiento del comercio interior, fomento del turismo y de
empresas industriales,
activación de las potencialidades en el sector servicios, garantías de
abastecimiento energético, garantías de comunicaciones óptimas con el
resto del Estado y de la suficiencia de la Hacienda. Para ello, señorías,
deberíamos disponer ya de un régimen económico fiscal que permitiese, en
síntesis, una potenciación del actual aparato productivo, atracción de
inversiones, desarrollo económico, mantenimiento, perfeccionamiento y
creación de empleo y mejora de condiciones de vida. Habría que
configurar, por lo tanto, un sistema fiscal con las siguientes premisas:
habilitar intervenciones estatales sistemáticas y coherentes que permitan
el aprovechamiento de las potencialidades de Melilla, disponer de un
bloque armónico de incentivos fiscales y económicos que posibiliten la
generación de inversión y empleo y contar con un sistema tributario lo
más homogéneo posible al resto de España.
Por eso, señorías, se presenta esta proposición de ley, elaborada en
diciembre de 1995, que necesita ser enriquecida fomentando políticas
sectoriales en servicios públicos, en protección de la salud, en
educación, vivienda, bienestar comunitario, transportes y asistencia;
asimismo, habría que acompañarla con otras políticas sectoriales de
fomento de suelo, industria, incentivos y ayudas empresariales,
infraestructuras de transportes, puerto, turismo, etcétera.
Señorías, en Melilla convivimos varias culturas en una integración social
permanente, dando ejemplo al mundo de nuestra convivencia, que necesita
ser trabajada día a día y a la que los melillenses estamos dispuestos,
buscando el equilibrio y nuestro desarrollo social. Pero el Estado
español, tendría que tomar una mayor conciencia de nuestros problemas,
tendría que mostrar mayor atención en hechos concretos, tendría que
mostrar una política de gestos positivos, porque todos sabemos que ni el
equilibrio ni el desarrollo social y político de Melilla se va a
conseguir con una actuación de que no se note nada, de que no hagamos
ruido o de andar de puntillas.
Somos lo que somos, melillenses, españoles que vivimos desde hace
quinientos años en un trozo español haciendo frontera en Africa y que
deseamos nuestra plena integración en todos los órdenes, conjuntamente en
igualdad de condiciones con el resto de los españoles. Demandamos,
señorías, solidaridad y sinceridad, mucha sinceridad en nuestras
relaciones, que generen confianza en nuestro futuro y, créanme, señorías,
los melillenses tenemos que hacer muchas veces actos de fe ante la
ausencia de hechos que alimenten nuestra confianza en el futuro.
Señorías, tienen ante ustedes y en sus manos el primer gesto que tanta
falta nos hace y que demandamos que sea solamente el primero, tomando en
consideración este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Imbroda Ortiz.
Tiene la palabra el señor Velázquez Rivera.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MELILLA (Velázquez Rivera): Señorías,
el día 13 de marzo se cumplirán tres años desde la aprobación del
Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.
Con la promulgación en el Boletín Oficial de la Ley Orgánica 2/1995 se
cerraba el Título VIII de la Constitución, organizándose todo el
territorio nacional conforme al espíritu diseñado por nuestra Carta
Magna, transformadora de un Estado centralista en otro de predominio
regional, descentralizador no sólo de competencias administrativas sino
esencialmente políticas.
Para Melilla, el Estatuto no sólo se ha convertido en un eficaz
instrumento político para la mejor gestión de los intereses de los
melillenses sino que ha comportado una gran seguridad jurídica y política
al homogeneizar nuestra estructura administrativa a la del resto del
territorio nacional; una homogeneización que no empece en absoluto con la
presencia de claras y evidentes singularidades estatutarias, nacidas de
nuestra peculiaridad geográfica, pequeño territorio unimunicipal
enclavado en el norte de Africa, separado de la Península Ibérica por 115
millas marinas, siendo el mar de Alborán uno de los principales
obstáculos para superar los desfases estructurales que la vieja Rusaddir
mantiene con el continente europeo.
El entorno geográfico de la ciudad hacia el sur está caracterizado en
líneas generales por un elevado nivel de pobreza y subdesarrollo,
problemas a los que hay que unir los derivados de una demografía en
explosión y aquellos que son consecuencia de la situación política,
económica y social por la que está atravesando el Magreb: la emigración
ilegal, la producción y el tráfico de drogas. Si estas razones han movido
al legislador a dotar a la ciudad de una organización
político-administrativa específica dentro por supuesto del marco
constitucional, estos mismos argumentos y otros avalan la necesidad
imperiosa de organizar un adecuado marco económico que consiga superar
unas especiales dificultades que presenta el mercado de trabajo en la
ciudad monopolizado por el sector servicios, el déficit de
infraestructura y sobrecoste de producción por la escasez de materias
primas y por el transporte.
Con este nuevo régimen económico y fiscal Melilla no pretende situarse en
condiciones de ventajas fiscales sobre otros territorios nacionales; su
principal aspiración radica en superar los desajustes socioeconómicos que
posee para que sus ciudadanos puedan acceder al nivel de bienestar que
disfruta el resto de los españoles, incentivando la permanencia en la
ciudad de la población arraigada, estabilizándola e impidiendo que su
marcha obligada provoque el asentamiento de nuevas oleadas migratorias,
por otra parte, de difícil integración cultural, que pueden romper el
equilibrio social de la ciudad.
La propia Constitución en su preámbulo considera que es preciso que
exista un orden económico y social basado en la justicia. En esa búsqueda
de la justicia, la
igualdad no puede ser el único principio orientador. La Constitución
invoca otras referencias, como son la dignidad y la solidaridad, que
obligan a orientar la política económica de manera que garantice el libre
desarrollo de la personalidad, la satisfacción de las necesidades,
amparadas constitucionalmente, tales como educación, cultura, etcétera y,
en general, el progreso económico y social para conseguir una
distribución de la renta personal, equitativa y justa. Todos estos
argumentos están presentes a la hora de establecer un marco normativo
singular para la ciudad de Melilla, porque no basta con una actitud de
carácter protector. En efecto, según la Constitución, en su artículo 9.2,
«corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra,
sean reales y efectivas». Tal declaración no se compadece con una actitud
tuitiva. Es preciso cambiar de disposición, ser beligerantes y pasar a la
acción por la vía del fomento y el estímulo, de forma que esta parte del
territorio nacional y sus habitantes pueden hacer efectivos los derechos
y las libertades que la Constitución proclama como fundamento del orden
político y la paz social.
Con esta argumentación constitucional para dotar a Melilla de un nuevo
régimen económico y fiscal, coincide en fundamentación el propio proceso
de integración del Reino de España en la Unión Europea que presenta, en
lo que se refiere a la ciudad, líneas económicas de ordenación muy
diferenciadas respecto a las del resto del Estado.
Del mismo modo, el nuevo entorno económico mundial, con su corolario de
liberación económica y financiera, como el cambio de orientación en la
política euromediterránea emanada de la Conferencia de Barcelona, exige
un replanteamiento en la fiscalidad del entorno económico de Melilla.
Razones históricas tampoco faltan para que SS. SS. tomen en consideración
esta proposición de ley. En este orden hay que decir que Melilla estuvo
al margen de la hacienda tradicional española y que disfrutó, desde
antiguo, de un régimen económico y fiscal singular basado en dos
principios: de un lado, ha sido considerada secularmente como puerto
franco, lo que llevaba consigo la inexistencia de derechos arancelarios y
gravámenes de importación; de otro, se ha respetado la libertad de
comercio con gran amplitud, lo que determinó una fiscalidad indirecta
interior inexistente o atenuada y la exclusión de algunos monopolios
fiscales. Los antecedentes más lejanos se remontan a la Ley de 14 de
julio de 1894, todavía en vigor, que declaró puerto franco a la ciudad
con objeto de facilitar su desarrollo económico, posibilitando la salida
y entrada de mercancías con un menor coste. En épocas más recientes hay
que invocar, en primer lugar, la Ley 30 de diciembre de 1944, que
introdujo reducciones en los tributos del Estado y excluyó la aplicación
de otros y autorizó la imposición de un arbitrio municipal a la
importación, mediante una tarifa ad valorem. En segundo lugar, hay que
referirse a la Ley de 22 de diciembre de 1955, por la que se aprobaron
las bases de un régimen económico y financiero singular, dictada ante la
constatación de que la experiencia, en aplicación de la ley de 1944, fue
inadecuada, dificultando en gran medida el desenvolvimiento económico de
la ciudad. La realidad posterior de este cuerpo legislativo fue que una
buena parte de las previsiones contempladas en las mismas no llegó a
concretarse, careciendo de desarrollo normativo, provocando gradualmente
un colapso de la economía local, agravado por la independencia del vecino
país y por la adhesión de España a la Unión Europea, lo que supuso la
desaparición de la flota pesquera y de las industrias conserveras, al
quedar Melilla fuera de la unión aduanera. Todas estas circunstancias
condujeron al sistema productivo de la ciudad a ser un monocultivo del
sector servicios, con una excesiva tendencia hacia la tercialización, lo
que dificulta la diversificación del mercado laboral, manteniéndose una
de las más altas tasas de desempleo de Europa.
Otro argumento que avala la toma en consideración de esta proposición de
ley es dar cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional
segunda de nuestro estatuto, donde se afirma que subsistirán las
peculiaridades económicas y fiscales existentes actualmente en la ciudad
y que mediante ley del Estado se actualizarán y se garantizarán las
peculiaridades de este régimen económico y fiscal.
La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla aprobó el 3 de diciembre de
1995 esta proposición de ley de régimen económico y fiscal en aplicación
de lo previsto en el artículo 13 de su estatuto. Remitida de inmediato al
Congreso de los Diputados, la disolución de las Cortes imposibilitó la
tramitación parlamentaria de la referida proposición de ley, proposición
de ley que en estos momentos se somete a la consideración de sus
señorías.
Desde la fecha de aquella aprobación se ha producido una serie de
acontecimientos que inciden sobre aquel texto. Unos son de tipo normativo
general, como la aprobación de la Ley 43/1995, de diciembre, del Impuesto
sobre Sociedades; otros han incidido sobre la legislación de arbitrio
entonces en vigor, como el Real Decreto-ley 14/1996, de 8 de noviembre,
por el que se adecua el contenido de determinados artículos de la Ley de
Arbitrios de 1991 al ordenamiento jurídico comunitario en virtud de una
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una
reclamación de la Cámara de Comercio de Ceuta contra su Administración
local.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Velázquez.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MELILLA (Velázquez Rivera): Sí, señor
presidente.
Otros han supuesto un cambio normativo de gran calado en el régimen
propio de la ciudad, como los artículos 68 y siguientes de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre.
Finalmente, es necesario mencionar la filosofía del nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas, que persigue tanto la
atribución de suficiencia financiera a los entes territoriales como su
corresponsabilidad fiscal en el sistema impositivo y recaudatorio y su
reflejo normativo en la Ley 14/1996, de 30 de diciembre.
Todos estos cambios han motivado la conveniencia de adecuar esta
primitiva proposición de ley a las realidades del momento para mejor
cumplir con el mandato de dotar a la ciudad del marco normativo idóneo
para su desarrollo armonioso. Por ello pido a SS. SS. que tomen en
consideración esta proposición de ley y durante su tramitación aporten
las pertinentes enmiendas que enriquezcan el texto e incorporen estas
necesarias modificaciones legislativas posteriores.
Este conjunto normativo debe constituir un factor suficiente para
inducir, a modo de impulso exógeno, a una modificación del ritmo de
crecimiento económico de la ciudad, muy alejado de la media europea.
Señoras y señores diputados, no estamos solicitando la aprobación de una
ley que nos sitúe en posición de privilegio con el resto de España.
Melilla ha sabido ser siempre solidaria con el resto de los territorios
nacionales, sólo pedimos que agotado el modelo económico después de un
siglo de vigencia, el nuevo régimen sitúe a los melillenses en
condiciones de paridad y equidad con los demás españoles para que todos
podamos participar en plenitud de la vida política, económica, cultural y
social de esa hermosa tarea común llamada España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Velázquez.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de la
proposición de ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Canario, el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, pero no con falta de calor y entusiasmo, intervengo
para apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley que
presenta la Ciudad Autónoma de Melilla. Lo hacemos así porque si desde el
punto de vista geográfico somos territorio africano, cultural, social y
políticamente somos españoles y por tanto europeos, y también porque
comprendemos perfectamente que las condiciones económico-sociales de esta
ciudad melillense le llevan a una situación de verdadero Estado
tercermundista.
Coalición Canaria, que está compenetrada con el respeto absoluto a las
idiosincrasias y diferenciaciones de las autonomías españolas, va a votar
a favor de la toma en consideración por las razones magníficamente
expuestas por los dos oradores que me han precedido en el uso de la
palabra.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, vaya por delante, en
nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, el saludo afectuoso a los
representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyo autogobierno ha
sido recientemente conseguido, a pesar de lo que algunos estuvimos
defendiendo aquí, con una capacidad de iniciativa que quizá no es la que
con el tiempo irán labrando.
En todo caso, para mí es una satisfacción constatar dos valoraciones
sobre la proposición de ley que estamos discutiendo. La primera, que el
autogobierno empieza por elevar al Congreso capacidad legislativa, cosa
positiva viniendo de allá. Sin embargo, me hubiese gustado que esta
capacidad de desarrollo legislativo hubiese venido del Gobierno, ya que
una vez desarrollado un régimen económico y fiscal para una región como
Canarias, lo podía haber presentado también para Ceuta y Melilla. En
vista de que no ha sido así, los propios interesados lo han elevado al
Congreso para discutirlo. Hay que valorar positivamente que esa capacidad
de autogobierno esté siendo usada con esta iniciativa legislativa dentro
de la Cámara. La segunda, porque creo que estamos haciendo frente a un
derecho histórico que ultime la realidad que nuestro país tiene a la hora
de abordar una situación bastante representativa de lo que significa un
apoyo solidario desde el conjunto del país, para facilitar que las
limitaciones con la que los españoles están viviendo o desarrollando su
actividad económica allá sean corregidas o tenidas en consideración.
Dicho esto, vaya por mi parte como un sabor agridulce en cuanto a lo que
es la propuesta. Nosotros vamos a apoyar la toma en consideración porque
significa que se discuta y que al final haya una resolución, pero, ¡ojo!,
ya hemos hecho esto con otras proposiciones de ley que vienen de
parlamentos autónomos, lo hicimos con Baleares, lo hemos hecho con otros,
y se habla con mucho peso de régimen especial económico y fiscal. Para
nosotros no es lo mismo un régimen especial económico que el tema fiscal,
porque no creemos que sea la solución para ningún territorio la búsqueda
de políticas fiscales que resuelvan los problemas. Los problemas de
reducción, de paraísos o de búsqueda de apoyos fiscales exclusivamente ni
generarán empleo ni generarán actividad económica, sólo
facilitarán que allí resten determinadas actuaciones de negocio
residuales, pero no que los ciudadanos que tengan ese beneficio lo
reinviertan allí y generen actividad productiva.
He dicho esto de Baleares porque, de camino, tomamos en consideración el
régimen económico y fiscal y, cuando hemos terminado el proceso, lo
fiscal se ha caído y nos hemos quedado en régimen económico. Decía que es
un sabor agridulce porque nosotros, que vamos a apoyar esta toma en
consideración, no compartimos para nada el título I, capítulo II, de la
proposición de ley, aunque sí estamos de acuerdo en las deducciones de
inversión, en la bonificación por generación de entidades, en el apoyo al
beneficio fiscal a las asociaciones de entidad pública, en toda la
capacidad de autogobierno de las tasas y precios públicos, en lo que son
las haciendas locales, el registro de buques, la subvención al
transporte, la reinversión para generar empleo. Sin embargo, no estamos
de acuerdo con que eso se solucione aplicando criterios sin
proporcionalidad y progresividad, por ejemplo, en lo que son rendimientos
del capital mobiliario, en actuaciones de rendimientos de actividades
empresariales, en incrementos del patrimonio. No entendemos que tenga el
mismo beneficio o la misma actuación porcentual un ciudadano que tiene de
ingresos un millón de pesetas a otro que tiene otros ingresos. A los
parados, como no tienen ingresos, ni les beneficia ni les perjudica;
ahora, a los que tienen ingresos, sí. Nosotros partimos de que el que
gane más tiene que aportar más, y el régimen que se establece aquí es
universal para todas las figuras. Por ejemplo, retención del capital
mobiliario: dividido por dos, el 50 por ciento; actuación de dividendos:
dividido por dos; actuación en los rendimientos de capital: 50 por
ciento; todos los beneficios fiscales al 50 por ciento, gane uno 12
millones, 15, 3 ó 2, por el mero hecho de haberse producido allá.
En cuanto a la figura del apoyo al Impuesto sobre Sociedades, no
compartimos que los beneficios al 95 por ciento vayan a ir ligados con
fondos de inversión para generar actividad económica allá. Lo que mi
grupo va a hacer con esta iniciativa es apoyar la toma en consideración,
trabajar sobre las iniciativas y las enmiendas que vayan a generar apoyo
al asentamiento de actividad productiva, diversificar la que ahora mismo
hay centrada en los servicios o centrada en una actuación más bien básica
para que haya una actuación económica allá, facilitar el comercio y la
comunicación con la propia Península. Además, vamos a intentar que se
añadan figuras de progresividad en el régimen que se establece.
Espero que este compromiso que está adquiriendo un grupo que tiene
presencia aquí, pero que en el Ayuntamiento de Melilla, porque funciona
como doble Cámara, no la tiene, los demás grupos lo mantengan de forma
similar para que después no nos encontremos con la sorpresa de que
ustedes dejan aquí un régimen económico y fiscal y lo que se llevan a
casa es una cosa distinta. La discusión y aceptación o no de las
enmiendas hará diferente el debate en su vuelta al Pleno, y en razón de
que las medidas vayan dirigidas a apoyar a las capas sociales que más lo
necesitan y, sobre todo, a dinamizar económicamente y a garantizar que
España también es Melilla y que España también es Ceuta y que allí está
una parte de Europa, tendrá menos controversias de las que ha tenido el
régimen económico y fiscal canario. Les anuncio que la tramitación del
régimen económico y fiscal de Canarias desde 1994 hasta hoy no ha sido un
camino de rosas. Podemos aprender de él. Vamos a ver si recogemos aquí lo
mismo que nos está diciendo la Comisión Europea y no cometemos las mismas
torpezas. En todo caso, quiero que se lleven la idea de que vamos a
analizar la proposición que han presentado, con objeto de favorecer a
toda la ciudadanía de Melilla, sobre todo a las capas que más necesitan
el apoyo de lo que pudiéramos llamar solidaridad del Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el 21 de diciembre de 1995, la Asamblea de
la Comunidad Autónoma de Melilla adoptó por unanimidad el acuerdo de
remitir la proposición de ley sobre el régimen económico y fiscal de la
ciudad de Melilla para su tramitación en las Cortes Generales. Esa
iniciativa, que comenzamos a debatir en el día de hoy, encuentra su
origen en la Ley Orgánica 2/95, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, que en su disposición adicional segunda contiene literalmente
lo siguiente: Subsistirán las peculiaridades económico-fiscales
existentes actualmente en la ciudad de Melilla, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que hayan de realizarse, derivadas de la
vinculación de España a entidades supranacionales. Mediante ley del
Estado se actualizarán y garantizarán las peculiaridades del régimen
económico y fiscal de Melilla. En consecuencia, señorías, en el ejercicio
de las competencias recogidas en el estatuto de autonomía,
particularmente en los contenidos del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Estatuto de Autonomía, por el cual --textualmente-- la Asamblea de
Melilla podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o
remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante
dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su
defensa, la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 21 de diciembre
de 1995, adoptó el acuerdo unánime de los 24 miembros presentes en aquel
acto, tal y como se ha recogido en el acta de dicha sesión, constituyendo
la mayoría absoluta de los miembros de
la misma, de aprobar y remitir el texto en concepto de proposición de
ley, cuya admisión o no a trámite iniciamos en esta fase en la que nos
encontramos en el día de hoy.
Señorías, tal como aquí se ha expuesto por parte de los dos señores
miembros de la Asamblea de Melilla que han hecho la defensa del contenido
de la proposición de ley, esta iniciativa está avalada por unas
singularidades geográficas e históricas que han diferenciado la evolución
económica de las ciudades de Ceuta y Melilla de las del resto del
territorio peninsular y balear y que ha justificado, así mismo, una
diferenciación fiscal mantenida en el transcurso del tiempo. Ya se ha
dicho también que el 14 de julio de 1894 se declaraba puerto franco a la
ciudad de Melilla, con el objeto de facilitar su desarrollo económico y
posibilitar la entrada y salida de mercancías con un menor coste. Se ha
dicho también que el 30 de diciembre de 1944 se estableció un régimen
tributario especial autorizando a los ayuntamientos de Ceuta y Melilla a
percibir un arbitrio sobre la importación de mercancías, mediante la
aplicación de una tarifa ad valorem, que el 22 de diciembre de 1995
resultó suprimida y reemplazada, con carácter transitorio, por un
arbitrio a la entrada de mercancías que nunca llegó a aplicarse,
manteniéndose el regulado por la ley de 1944, que constituye el soporte
jurídico del actual gravamen a la entrada de mercancías, que se conoció
con el nombre de aforo y que estuvo en vigor hasta mediados del año 1991.
El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas contó con un
protocolo anexo, el protocolo número 2, que recogió un tratamiento
diferenciado para las ciudades de Ceuta, Melilla y para las islas
Canarias. De ahí que ya con la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se
aprobaba el arbitrio sobre la producción y la importación de las ciudades
de Ceuta y de Melilla, se adaptara la fiscalidad de estas ciudades a los
contenidos preceptuados por el protocolo número 2 del Acta de Adhesión.
Con dicha ley se creó y se reguló el arbitrio sobre la producción y la
importación como un impuesto indirecto de carácter municipal que gravaba
la producción o elaboración, así como la importación, de toda clase de
bienes muebles corporales en las ciudades de Ceuta y Melilla. No
obstante, señorías, con posterioridad y mediante el Real decreto-ley
14/1996, de 8 de noviembre, se modificaron determinados contenidos de la
Ley 8/1991 para ajustarla a los criterios derivados de una sentencia del
Tribunal Europeo. Con posterioridad, en la Ley 13/1996, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, de 30 de diciembre, es
decir, la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado
del año 1996 se modificó la figura tributaria y se convirtió en impuesto
para la producción, los servicios y la importación en las ciudades de
Ceuta y Melilla, modificándose asimismo los contenidos de algunos de los
artículos de la ley que creó el arbitrio sobre la producción y la
importación de tales ciudades. También, señorías, con posterioridad, con
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, se introdujeron sendas modificaciones a los artículos
8, 9 y 26 de la Ley 8/1991, del impuesto sobre la producción, los
servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Consiguientemente, la adaptación de la tributación y de la fiscalidad en
Ceuta y Melilla a las políticas dictadas por la Comisión Europea y
dimanadas del Derecho comunitario se ha ido produciendo en la presente
década, tal como ha ido ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Parece, señorías, razonable, pues, que el paso siguiente sea el que hoy
se comienza a dar, sea el de complementar esta estructura legislativa, en
lo que a fiscalidad se refiere, con la elaboración de una ley
esencialmente de naturaleza económica que sirva para dinamizar la
economía de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Señorías, el condicionante más importante con el que tropieza el
desarrollo armónico de la economía en Melilla es, sin duda alguna, la
discontinuidad territorial respecto del resto de España y su ubicación
geográfica. Su estructura económica presenta un cuadro de factores y
entorno que la vuelcan mucho más a la prestación de servicios que a la
producción de bienes. Su base material económica está caracterizada por
la escasez de recursos propios, alta dependencia de los suministros
externos y elevados costes de los productos de primera necesidad como
consecuencia de los incrementos experimentados por los mismos a raíz del
coste del transporte marítimo o aéreo, que gravan notablemente la meta de
una cierta calidad de vida.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que con esta proposición de
ley la Ciudad Autónoma de Melilla pretende dar origen a una ley que
englobe en su contenido un conjunto de normas coordinadas tendentes a la
vertebración de un desarrollo económico y social de la ciudad.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, vaya concluyendo.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
Esta ley, entendemos los socialistas, debería actuar sobre las
deficiencias estructurales, así como sobre los estrangulamientos
coyunturales de la economía de la ciudad. Este régimen económico y fiscal
ha de conllevar la estructuración de reglas e instrumentos que sirvan a
una sociedad como la melillense, aislada geográficamente del resto del
territorio nacional, para que pueda organizar mejor su autogobierno,
recogido en su estatuto de autonomía.
Esa especial situación geográfica constituye el principal elemento
motivador de su singular economía. Ella es la causante de los defectos de
repercusión negativa en todo su sistema productivo. Por un lado y dada
la escasa dimensión de su mercado interior, los elevados costes de la
actividad económica que se vinculan a los del transporte y, por otro, las
rentas relativamente cortas, derivadas también de ese relativamente corto
mercado interior. Estas derivaciones, señorías, pueden atenuarse con la
implantación de unos mecanismos y tratamiento económicos, que pueden
darse desde las Cortes Generales, contenidos en el texto legal que de
nosotros dimane y que encuentren su origen, como punto de partida, en
esta toma en consideración y la aceptación a trámite de esta proposición
de ley.
Termino, señor presidente. No obstante, señoras y señores diputados,
debemos ser conscientes de que en la futura tramitación los contenidos de
la ley deberán ser acordes con la normativa comunitaria y de que, desde
una óptica de la solidaridad, deberán potenciar la redistribución de los
beneficios en la generación de empleo, en la inversión de bienes de
interés global de la población como es el sector del transporte, en los
de naturaleza medioambiental, en la modernización del tejido productivo y
en la consolidación de una producción que, además de satisfacer al propio
mercado interior de la ciudad, permita la libre competencia con la que
tenga su origen en cualquier otro punto del Estado español.
Con estas reflexiones, señoras y señores diputados, el Grupo
Parlamentario Socialista ha querido indicar y motivar el voto favorable a
la aceptación a trámite de esta proposición de ley procedente de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y nuestro compromiso solidario
con los planteamientos dimanados del contenido de la misma, si bien es
cierto que muchos de ellos experimentarán las transformaciones que deben
ser defendidas por este grupo parlamentario coordinadamente y en
coherencia con los principios que aquí acaba de exponer este
interviniente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura Clavell.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
antes de empezar a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en
esta proposición de ley de la Ciudad Autónoma de Melilla referida a su
régimen económico y fiscal, quisiera saludar efusivamente a los dignos
representantes de la Asamblea de Melilla que han expuesto aquí el texto
de la proposición de ley cuya toma en consideración estamos debatiendo,
así como también a los melillenses que han tenido a bien acompañarnos y
que no cabe duda que nos confortan con su presencia.
Quisiera, señor presidente, dividir mi intervención --y me va a permitir,
y me va a perdonar también, el carácter didáctico que pueda tener-- en
tres aspectos fundamentales: un breve carácter histórico, la razón por la
que la actual coyuntura económica de Melilla aconseja que haya un régimen
económico y fiscal y la proyección de futuro que, vertebrada en el
instrumento del régimen económico y fiscal, esperamos tener los
melillenses.
En primer lugar, querría hacer, en nombre del Grupo Popular, un
somerísimo repaso histórico, ya que encontramos en él la razón abstracta
e intemporal que hace del régimen económico y fiscal no un instrumento
aleatorio y provisional del momento presente, sino un instrumento que
Melilla siempre ha considerado para su ordenamiento fiscal.
Efectivamente, no es necesario remontarse porque, desde que Melilla se
incorporó a la Corona de Castilla, siempre ha sido uno de los regímenes
especialmente dotados --ahí está la Cédula de 1688-- y Melilla quedó
exenta de lo que se decía entonces pechos y subsidios. Quiere decir esto
que Melilla tenía un instrumento fundamental --ya lo han recordado otros
intervinientes-- para ordenar la economía fiscal, para vertebrar lo que
se ha denominado régimen económico y fiscal. Siempre ha sido así no sólo
por reconocer alguna penosidad de ceutíes y melillenses sino, como
también han demostrado otros autores, precisamente por tener altas
razones históricas que aconsejaban que ceutíes y melillenses, melillenses
en este caso, tuvieran un régimen especial capaz de convertirse en un
instrumento permanente y solidario para su desarrollo económico y social.
También, pasando muy brevemente por encima de ello, este régimen
económico y fiscal --ya lo han dicho otros oradores en este momento-- ha
sido un marco unitario, pero un marco indeclinable que no ha cambiado
durante todo el siglo XIX. Hay que remontarse a la Ley Villaverde para
ver alguna modificación en aquellas exenciones de tributos y de impuestos
que tenía Melilla. Para no redundar en lo mismo, tengo que decir que han
sido otros parámetros legales, otras disposiciones aprobadas las que han
tenido fundamental repercusión en la economía de Melilla.
En segundo lugar, si damos un salto en el tiempo para engarzar con la
segunda razón, la razón real, concreta y permanente del momento actual,
de la coyuntura económica de Melilla, a la que el Grupo Parlamentario
Popular ya adelanta que va a dar su voto favorable, tengo que decir que
en la segunda mitad del siglo XX, debido fundamentalmente a la
repercusión que tuvo la entrada de España en la Unión Europea, la
modificación de todo el entramado legal repercutió muy desfavorablemente
sobre el tejido social, sobre el tejido empresarial y sobre el tejido
productivo de la ciudad e hizo que muchas empresas tuvieran que cerrarse
precisamente al quedar fuera del marco protector de la Unión Europea
dejando a Melilla en una situación de enorme dificultad competitiva con
países terceros que tenían cierto punto de rango superior y cierta
competitividad superior sobre los productos de Melilla. El
momento actual de Melilla --ya lo han dicho otros intervinientes y no es
necesario incidir en ello-- es fundamental para tener un texto unitario,
un texto que recoja todo lo que está seccionado, fragmentado, disperso en
distintos textos legales que hacen difícil su aplicación, ya que al
tenerlo como un carácter aleatorio e insuficiente, ello provoca
incertidumbre, no sólo legal sino de todo tipo, en una ciudad
discontinua, como aquí se ha dicho, con el resto del territorio nacional.
En tercer lugar, y por último, la proyección de futuro por la cual
necesitamos el instrumento al que antes hacía referencia, el régimen
económico y fiscal, no solamente con unas palabras grandilocuentes, no
para poner a Melilla en una situación de preponderancia insolidaria sobre
todas las ciudades y comunidades autónomas, sino, por el contrario, como
ha dicho el representante del Grupo Popular en la Asamblea, para que una
vez pasado por las distintas enmiendas, comisiones y plenos, pueda ser el
elemento racional para que la ciudad de Melilla tenga el despegue
económico suficiente.
Desde esta perspectiva, el Grupo Popular se va a comprometer a apoyar las
enmiendas y promover las iniciativas que hagan del régimen económico y
fiscal, como decía antes, no sólo una mera figura retórica, sino algo
real, algo pegado al terreno, algo solidario, algo en igualdad de
condiciones con el resto de las comunidades de España no desde la
prepotencia, señorías, sino desde la figura de tener los legítimos
derechos igualitarios del resto de las comunidades autónomas respetando
la singularidad de Melilla y respetando también la solidaridad con el
resto que la propia Constitución encarna.
En esencia, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la toma
en consideración de la proposición de ley que ha presentado la Ciudad
Autónoma de Melilla no sólo por las razones antes expuestas, sino también
porque creemos que es el instrumento valedor suficiente, necesario y real
para que Melilla pueda tener esta certidumbre desde la legislación y
desde la realidad social y económica, y que sea un texto verdaderamente
unitario de todos los entramados legales y de todos los textos legales
que aparecen dispersos. Como Grupo Parlamentario Popular nos felicitamos
al ver el consenso de los intervinientes y sobre todo la predisposición
de los demás grupos parlamentarios a enriquecer el texto, a apoyar las
iniciativas, a establecer las enmiendas pertinentes con el fin de que el
texto sea, como decía antes, señorías, el verdadero objeto no solamente
del desarrollo económico y fiscal desde un punto retórico, sino desde un
punto real.
Quiero agradecer, señor presidente, la disposición de los demás grupos,
la intervención de los representantes de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla y también, una vez más, reafirmar que el Grupo Popular, con estos
argumentos, va a votar a favor de la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por los representantes de la Ciudad
Autónoma de Melilla. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Molina.
Por una omisión involuntaria ha pasado el turno de fijación de posición
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tiene ahora la
palabra por boca del señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para sumarnos a la aceptación de la toma en
consideración de esta proposición de ley, básicamente por una primera
razón, que es que cualquier iniciativa que venga planteada por una
asamblea, sea la de la Ciudad Autónoma de Melilla o la de cualquier otra
asamblea institucional de una comunidad autónoma, mi grupo siempre la ve
con buenos ojos para tomarla en consideración.
En segundo lugar, porque estamos a favor del desarrollo de la ciudad de
Melilla y consideramos que este instrumento puede contribuir a ello.
En tercer lugar, señorías, al margen de si este instrumento es más o
menos opinable, vamos a predisponernos a mejorarlo en el trámite
parlamentario correspondiente a fin de conseguir el objetivo y el
propósito que tiene.
Por tanto, señor presidente, el Grupo Parlamentario Catalán se suma a la
toma en consideración de esta iniciativa de la Asamblea de Melilla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, relativa al régimen económico
y fiscal de dicha ciudad autónoma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 300; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL
ARTICULO 14, TERCERO, DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de
expediente 122/000082)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Debate sobre la toma en
consideración de la proposición
de ley del Grupo Popular, sobre modificación del artículo 14, tercero, de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Ollero. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, la proposición de
ley que me honro en presentar en nombre de mi grupo pretende salir al
paso de los problemas... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Ollero. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor presidente.
Decía que la proposición de ley pretende salir al paso de los problemas
planteados por la disposición final primera del Código Penal, que
modificaba el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señalando
que serían competentes los juzgados de lo Penal para el conocimiento y
fallo de los delitos menos graves, mientras que en su versión anterior se
aludía a los delitos castigados con pena privativa de libertad no
superior a seis años.
Teniendo en cuenta que según el Código Penal actualmente en vigor a los
delitos menos graves les corresponden penas de seis meses a tres años, es
obvio que todos aquellos delitos con penas comprendidas entre tres y seis
años pasan a ser competencias de las audiencias provinciales. Esto
produjo en seguida la lógica alarma al preverse con facilidad un
desequilibrio que amenazaba con colapsar, en una primera repercusión, a
las citadas audiencias provinciales. De hecho, el Grupo Socialista, que
en su día impulsó el nuevo Código Penal, ya planteó en esta Cámara una
interpelación en junio de 1996, prácticamente en los primeros compases de
esta legislatura; interpelación original puesto que en el fondo era una
contra el Gobierno anterior, que no había previsto en los presupuestos de
1996 la creación de esos cuarenta magistrados que según el Grupo
Socialista eran necesarios para remediar esta situación.
La verdad es --y eso se refleja en nuestra proposición-- que entendemos y
no solamente nuestro grupo como se verá, que no es... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Ollero, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. Señora Lasagabaster, señor Homs, les ruego
silencio.
Puede continuar, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía, no sólo nuestro grupo entendía que la solución del problema
desgraciadamente no podía estribar de una manera demasiado simple en un
incremento del número de magistrados. En efecto, el informe que el
Consejo General del Poder Judicial hacía el 10 de abril de 1997 rubricaba
esa postura. Su presidente, don Javier Delgado, al comparecer en esta
Cámara el 6 de noviembre pasado hacía hincapié en que era la primera vez
que el Consejo General del Poder Judicial tomaba la iniciativa de
dirigirse al Parlamento para sugerir una modificación legislativa. En ese
informe se contaba ya --informe de hace casi un año-- con indicios
significativos que suscitan una seria preocupación, se había producido un
sensible desplazamiento de procedimientos y los titulares de los órganos
ya han mostrado a este Consejo su alarma. Como consecuencia, el Consejo
se dirigió a esta Cámara pidiendo una modificación legislativa que
subsanara esta situación. Cabían dos opciones a corto plazo: modificar el
Código Penal, en la medida en que aquellos delitos que podían ser objeto
de penas graves o menos graves a la vez se entendieran como menos graves
en todo caso --al contrario de lo que ahora dice el Código, lo cual
incrementa ese desequilibrio--, o bien la fórmula que proponemos aquí,
que es modificar de un modo provisional el artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal a la espera de esa reforma más amplia que el
Gobierno, y más concretamente su presidente, anunció en el debate de
investidura una vez que se hubieran consumado la de lo
Contencioso-Administrativo, que mañana se debate en Comisión en esta
Cámara, y la de Enjuiciamiento Civil, en fase de informes como
anteproyecto. Lógicas consecuencias que se iban a derivar de esa
sobrecarga de las audiencias provinciales, quizás más graves, serían una
sobrecarga también de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al aumentar
los supuestos en los cuales cabría acudir a la casación penal, así como
un incremento previsible de los presos preventivos debido a esta
situación de colapso.
El Consejo entiende que no cabe acudir al fácil expediente de incrementar
las plantillas, sino que hace falta --dice-- un tratamiento harto más
dificultoso e imaginativo. Ese tratamiento, en lo que nuestro gupo
entiende, tendría dos fases: una primera, la que hoy proponemos, para
modificar el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; una
segunda sería estudiar la posibilidad, en esa futura Ley de
Enjuiciamiento Criminal, de recurrir a esa fórmula, que ya se ha tenido
en cuenta en la Ley del Jurado, e incluso puede que acabe teniéndose en
cuenta en la de lo Contencioso-Administrativo, de un sistema de lista que
permitiera analizar la gravedad de los delitos uno por uno, con la
experiencia acumulada de las cargas competenciales que llevan consigo los
delitos, porque en su día no discutimos, y hoy tampoco, la idea que el
Código Penal adoptó de que los delitos graves deben ser abordados por
tribunales colegiados; incluso, se podría aprovechar
para analizar otros problemas relacionados con la conveniencia de una
doble instancia con el funcionamiento de los juzgados de vigilancia
penitenciaria y también sobre la convenienecia de dar acceso a la
casación de determinados delitos que, por el solo hecho de ser figuras
nuevas, no han dado paso a ningún tipo de doctrina jurisprudencial
consolidada. Este es el sentido de nuestra propuesta de hoy, que es eco
--insisto una vez más-- de la del propio Consejo General del Poder
Judicial cuando decía que, por unanimidad de sus miembros, entendía que
son necesarias medidas legislativas para corregir la actual distribución.
Poco a poco se empezó a disponer de datos sobre cuál era el efecto
inmediato de ese cambio legislativo. En concreto, los primeros datos
comparaban la litigiosidad de los años 1995 y 1996. Por ejemplo, en las
audiencias, en lo que a procedimientos abreviados se refiere, si se
comparaba el tercer trimestre de 1995 con el de 1996, se producía ya un
incremento de los asuntos del 67 por ciento; si comparábamos el cuarto
trimestre de 1995 con el cuarto trimestre de 1996, el incremento se
disparaba ya al 124 por ciento; incluso, si se comparaba el tramo del 1
de enero al 10 de febrero de los años 1996 y 1997, el resultado era ya
del 154 por ciento de incremento. Por el contrario, en los juzgados de lo
Penal se producían disminuciones que llegaban a ser, en este último caso,
de un 19 por ciento de los asuntos. Lógicamente, también se producía esa
distorsión en las apelaciones.
Con posterioridad, una reunión de presidentes de audiencias provinciales,
suscitada por el propio Consejo General en marzo de 1997, dio ocasión a
que se pusieran sobre la mesa datos más completos gracias a la tarea de
los ponentes, los presidentes de las audiencias provinciales de Valencia
y de Sevilla, señores De la Rúa y Carmona. En este caso, los resultados
eran ya enormemente significativos. Por ejemplo, en Andalucía, la
comparación del cuarto trimestre en 1995 y 1996 arrojaba un incremento
del 52 por ciento, pero en Castilla y León era del 133, en Cataluña del
151 y en Madrid del 126. Se insistía en los efectos descomunales --cito
textualmente-- que para la Sala Segunda del Tribunal Supremo acabaría
teniendo esta situación. El propio presidente, don Javier Delgado, en esa
comparecencia a la que antes me he referido, aludía ya a que en esa fecha
de noviembre de 1997 había audiencias provinciales donde el incremento
era del 170 por ciento. Recientemente se han pronunciado otros
presidentes de audiencias provinciales muy significativas por su carga
competencial. El de Barcelona, don Francisco Javier Béjar, daba los datos
correspondientes y acababa observando que, en muchos casos, se está
obligando a las audiencias provinciales a entender de casos que, por su
importancia y simplicidad, podría resolver un juez.
En eso mismo ha insistido hace unos días el presidente de la de Madrid,
señor Gil Sáez, que decía que sería preocupante que esta proposición de
ley no prosperara y señalaba también cómo se estaba entendiendo de causas
propias de un solo juez.
Los datos, lógicamente, han ido actualizándose y la situación --datos de
finales de 1997, en relación con 1995, y voy a referirme a algunas
audiencias, no a todas-- es la siguiente: Madrid ha registrado un
incremento del 148 por ciento; Barcelona, 388 por ciento; Tenerife, 204
por ciento; Valladolid, 423 por ciento; Vitoria, 500 por ciento; A
Coruña, 264 por ciento y Las Palmas, 248 por ciento. La situación es
claramente disparatada y la amenaza de que ello repercuta sobre el
Tribunal Supremo es inminente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo, señor presidente.
El intento de solucionar una situación de este tipo, mediante un mero
incremento de plantillas, es sencillamente inviable. El Consejo detecta
serios inconvenientes, porque ya no es un problema de que haya más
magistrados; es un problema de que tendría que haber más secciones y las
secciones, si nos tomamos en serio la justicia, suponen nuevas
instalaciones, más funcionarios, necesidad de seleccionar magistrados, lo
cual, como bien sabemos, no es un mero problema presupuestario, hay que
formarlos y eso no se improvisa; una situación caracterizada por el
Consejo como ciertamente problemática.
Por otro lado, el intento de suprimir juzgados de lo penal tampoco
arregla nada, porque es bien sabido que suprimiendo tres juzgados de lo
penal no se ha conseguido, en modo alguno, adelantar lo suficiente para
constituir una sección, porque tres juzgados de lo penal rinden más por
separado que los tres magistrados de una sección conjuntamente.
De ahí que nuestro grupo haya hecho propia esa propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, añadiendo, eso sí, un inciso en el que se
hace referencia no solamente a las penas de más de cinco años, sino
también a penas de multa, cualquiera que sea su cuantía o cualesquiera
otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, para evitar
situaciones como la actual en que, por ejemplo, en cuestiones
relacionadas con la caza, al producirse penas de inhabilitación, se está
dando incluso paso a la casación, en unas circunstancias realmente
llamativas.
Por todo esto, nuestro grupo llama a la responsabilidad de todos los
demás, entendiendo que secundar esa sugerencia del Consejo General del
Poder Judicial con esta leve corrección que hemos añadido parece algo
imprescindible, sin perjuicio de que todos los grupos nos planteemos, en
un horizonte a medio plazo, con motivo de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal,
que todos estamos de acuerdo en que es necesaria, abordar una tarea más
delicada y pormenorizada de hacer una lista de aquellos delitos que
deberían ser competencia, en cada caso, de las audiencias o de los
juzgados de lo Penal.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Mixto, el Partido Democrático de la Nueva
Izquierda-Iniciativa por Cataluña va a apoyar esta toma en consideración
porque creemos que se han producido desajustes en las competencias de los
juzgados de lo Penal, como consecuencia tanto del nuevo Código Penal como
de las sucesivas penas que se han ido pidiendo y se ha registrado un
cruzado de competencias que casi han dejado a los juzgados de lo Penal
bastante vacíos de contenido.
De todas maneras, aunque vayamos a apoyar esta proposición, creemos que
hay que poner mucha atención, para no empezar a poner parches demasiado
pronto ante cualquier reforma. Desde luego, nos vamos a preocupar de su
estudio, a fin de intentar que de verdad lo que se haga redunde en una
mayor eficacia a la hora de prestar justicia y que la Administración de
justicia recupere el protagonismo que debe de tener, ya que creemos que
en estos momentos está ralentizado. Estimamos que no es uno de los
poderes que mejor están funcionando y, sin embargo, es uno de los que más
daño están causando a los ciudadanos por su falta de credibilidad. Por
eso, cualquier actuación que vaya a impedirlo y suponga una mayor
protección, la vamos a apoyar desde el Grupo Mixto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Con esta proposición de ley volvemos a la modificación de un sistema un
tanto difuso y, en concreto, a los años anteriores a la promulgación del
Código Penal, solamente con la justificación de un inminente colapso de
las audiencias provinciales. Tan solo quisiera citar que la causa
inmediata es que en la nueva clasificación introducida por el Código
Penal los delitos graves, a tenor del artículo 33.2, son los que exceden
en términos generales de penas privativas o de suspensión de derechos a
tres años. Por lo tanto, ahí está la diferencia entre los seis años
establecidos anteriormente. Realmente se hace sin imaginar qué
alternativas válidas pueden ser menos gravosas, tanto para el ciudadano
como para los profesionales del Derecho que trabajan en la órbita
criminal, ya que proceder a revisar leyes cada tres años no refleja una
ortodoxia legislativa apropiada y nos parece también un desprecio
absoluto a la seguridad jurídica de todos.
La misma exposición de motivos que se nos presenta reconoce otras
posibilidades, destacando una futura relación de materias a distribuir
entre los órganos judiciales penales. Podría añadir el Bloque
Nacionalista Galego por qué no, siguiendo la tesis de congestión de las
audiencias provinciales, se atribuye un mayor número de competencias de
enjuiciamiento de causas penales al jurado, ya que, quizás, esta
institución es la expresión máxima de participación de los ciudadanos en
la Administración de justicia de un sistema democrático.
También se debe afirmar que el pretendido acceso de un mayor número de
supuestos a la impugnación casacional no es una falta, un defecto del
sistema reinstaurado, sino que, por el contrario, debe entenderse
positivo, ya que permitirá alcanzar unas pautas exegéticas uniformes o,
por lo menos, coherentes en la jurisprudencia en un mayor número de tipos
delictivos.
En definitiva, lo que se quiere poner de manifiesto por parte del Bloque
Nacionalista Galego es que, pese a la oportunidad de la reforma
legislativa presentada, la solución propuesta es casi la menos apropiada
posible, ya que se quiere restaurar el sistema de enjuiciamiento anterior
a la entrada en vigor del Código Penal, lo cual rompió con un sistema
tradicional aceptado, suponiendo una ruptura entre la ley sustantiva y la
ley procesal. Hay una multitud de variables que se deberían debatir con
las instituciones, con las asociaciones profesionales y con los colegios
antes de tomar una decisión arriesgada. La propia exposición de motivos
reconoce la modificación como un banco de pruebas para establecer una
estadística en una materia jurídica como la penal, con la que se debe
tener una máxima diligencia y cuidado.
Por todo esto, el Bloque Nacionalista Galego votará en contra, para
evitar enfrentarse a futuras críticas en la defectuosa aplicación
práctica que el BNG le asegura a esta ley y que se puede corregir con un
estudio más profundo y más reflexionado en relación con el tema que trata
la misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente y a apoyar con claridad la
toma en consideración de esta proposición de ley que nos trae el Grupo
Parlamentario Popular, por dos razones fundamentales. Voy a comenzar por
una que se ha invocado menos. Resultó que la Ley Orgánica 5/1995 modificó
ya el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la vetusta o
secular ley, una de las grandes leyes de la Restauración en 1882, porque
introdujo el párrafo, acertadamente, correspondiente a las competencias
del tribunal del jurado. Cuando posteriormente la Ley Orgánica 10/1995
modificó esta cuestión fundamental del Código Penal en el artículo 14,
punto tercero, no habló para nada del párrafo segundo, habiéndose
suscitado entre los estudiosos de esta rama del Derecho si estaba
suprimido o no el párrafo segundo del punto tercero del artículo 14 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, responsabilizando las competencias del
tribunal del jurado. Pues bien, ésta es la primera parte positiva que
trae esta proposición de ley, porque, en su texto completo, el párrafo
segundo de este punto tercero se redacta recuperando, con claridad, para
el Derecho que está vigente la competencia del tribunal del jurado, como
bien había señalado la Ley Orgánica 5/1995, que entró en vigor en mayo,
antes de que lo hiciera la Ley Orgánica 10/1995, del Jurado, en el mes de
noviembre.
En segundo lugar, vamos a apoyar esta proposición de ley porque
entendemos que se ha producido una distorsión perturbadora del buen
funcionamiento tanto de los juzgados de lo penal como de las audiencias
provinciales. Efectivamente --ya lo ha recordado aquí el señor Ollero--,
cuando, en el mes de noviembre, compareció ante la Comisión de Justicia e
Interior de esta Cámara el señor presidente del Tribunal Supremo, en su
condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, alertó
sobre las posibilidades de saturación, de un posible colapso a nivel de
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que se iba viendo anegada --en el
mejor sentido jurídico de la palabra-- por los recursos que le venían de
las audiencias provinciales que, a su vez, estaban recibiendo el impacto
de los juzgados de lo penal por la modificación que la Ley Orgánica del
Código Penal de 1995 había introducido. Se estaba produciendo un fenómeno
de vasos comunicantes por la entrada mayor de casos en los juzgados
provinciales de lo penal, su reflejo y repercusión en las audiencias
provinciales y éstas, a su vez, trasvasaban el efecto inducido de los
recursos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Para que sirva de referencia a la hora de entender por qué Coalición
Canaria apoya esta iniciativa, quiero señalar --porque el señor Ollero ha
dado unas cifras-- que, a nivel de las audiencias provinciales de
Canarias, los porcentajes superan el ciento y pico por ciento. En la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el incremento en el
número de asuntos ingresados por los juzgados de lo penal en 1997
respecto a 1996, señorías, es del orden del 204 por ciento y en la
Audiencia Provincial de Las Palmas, el incremento en el número de asuntos
ingresados en 1997 respecto a los del año anterior es del 248 por ciento.
Lo cual está significando que los cinco juzgados de lo penal de Las
Palmas y los cuatro de Santa Cruz de Tenerife se encuentran en unas
cifras de saturación que no preveíamos. Entonces entendíamos que los
clásicos atascos en los tribunales solamente estaban referidos a lo
contencioso-administrativo, pero ahora se está produciendo esta patología
del colapso a nivel de estos juzgados, que tiene su reflejo inmediato
--con las cifras que les he dado-- en las dos audiencias provinciales.
Las cifras son tan significativas que, en este momento, en actos
pendientes de 1997, en las cinco secciones correspondientes a la
Audiencia Provincial de Las Palmas hay ya atascados 811 sumarios y en
Santa Cruz de Tenerife, del orden de los seiscientos y pico.
Nosotros entendemos que esta modificación afecta fundamentalmente a la
Ley de Enjuiciamiento Criminal --no al Código Penal--, para darle una
salida de agilidad, sin perjuicio de lo que se indica en la propia
exposición de motivos de la iniciativa, esto es, que dejemos para mejor
ocasión el considerar si en una futura reforma, en su caso, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal habría que introducir una serie nueva de tipos,
tal como hemos hecho precisamente con la Ley del Jurado, en la que se han
incluido una serie de tipos que son objeto de su competencia, y como
hemos pretendido también algunos grupos al enmendar el proyecto de ley de
lo contencioso-administrativo, que pronto debatiremos aquí.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente
la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco, al que represento, ha tenido serias dudas a la
hora de analizar esta iniciativa. Es cierto, desde luego, el colapso que
padecen las audiencias provinciales, fruto de la modificación del
artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la disposición final
primera del Código Penal, y que ello motivó el informe del gabinete
técnico del Consejo General del Poder Judicial, antecedente de esta
proposición.
Pero leído éste, es necesario también admitir que el voto particular del
vocal señor López Barja de Quiroga apunta aspectos de gran trascendencia.
El primero de
ellos es que el informe analiza el problema pero no fundamenta lo más
mínimo la solución que se da. Tampoco tienen respuesta en la proposición
preguntas como cuál es el resultado de aumentar la competencia de tres a
cinco años en los juzgados de lo Penal o cuáles son los delitos que se
transfieren. Se hizo la modificación anterior en el Código Penal sin
ninguna previsión estadística y se quiere ahora repetir el error.
Insiste, además, el voto particular en que la justicia de mayor calidad
es la llevada a cabo por los juzgados colegiados, sin demérito de la
espléndida labor que desarrollan los juzgados unipersonales. Desde
nuestra óptica, el problema no es sólo de calidad, puesto que creemos que
los juzgados de lo Penal desarrollan una excelente labor, sino también de
garantía del justiciable, y es mayor la probabilidad de acierto en el
enjuiciamiento colegiado. Piénsese en la importancia del contraste de las
versiones en la fijación de los hechos probados de tanta relevancia en un
procedimiento penal. Además, el Consejo de Europa ha recomendado
expresamente el enjuiciamiento colegiado a los países miembros de la
Unión Europea cuando se trate de delitos que lleven aparejadas penas
privativas de libertad de más de tres años. Es cierto que no existiría
jurisprudencia de la Sala Segunda sobre una parte importantísima del
nuevo Código Penal. Con todo, la situación de atasco a la que alude la
iniciativa y su repercusión en el derecho de los ciudadanos a una
justicia sin dilaciones también nos parece atendible.
Moviéndonos sólo en el terreno de los principios, si se tratase de opinar
doctrinalmente, desde el punto de vista de las convicciones o de una
visión ética de la justicia, diríamos que no a la toma en consideración.
La realidad a la que se refiere nos lleva a admitir su tramitación,
aunque con el reproche de que en materia de justicia siempre parece
optarse por lo provisional --como tal plantea esta solución el Consejo
General del Poder Judicial--, o se parte de la insuficiencia
presupuestaria para abordar soluciones más audaces y siempre acaba
primando lo burocrático o lo administrativo, como es el número de
asuntos.
Creemos, además, que el trámite de enmiendas puede permitir introducir
elementos correctores a lo no excesivamente justificada proposición.
Quizá apostemos por la rebaja a cuatro años en las penas privativas de
libertad, con lo que nos acercaríamos a la recomendación del Consejo de
Europa y se incluiría ya un número importante de delitos. También
revisaremos la competencia en cuanto a las demás penas, puesto que carece
de sentido que un delito tan puesto en entredicho en estos tiempos, como
el de insumisión, que en este momento lleva aparejadas penas de
inhabilitación de 14 años, vaya a ser enjuiciado en sala.
Con estos matices y anunciando que presentaremos enmienda, como ya he
dicho, votaremos a favor de la toma en consideración de la iniciativa.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor de la
toma en consideración de esta proposición de ley.
Quiero indicar que la Consellería del Departament de Justicia de la
Generalitat de Catalunya hace ya casi un año, el 21 de marzo de 1997,
contestando al cuestionario remitido por el Consejo General del Poder
Judicial para la elaboración del libro blanco, se manifestó en favor de
la modificación del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y
ello no sólo fue por motivos puramente estadísticos --aquí se ha
indicado, y es cierto, que la Audiencia Provincial de Barcelona ha visto
incrementada en un 388 por ciento la entrada de materias de 1995 a
1997--, sino porque también se producen otros efectos que en modo alguno
pueden entenderse justificados. Quiero recordar que en el actual artículo
14 se establece como competencia de las audiencias provinciales o, mejor
dicho, como competencia de los juzgados de lo Penal, aquellos delitos que
llevan aparejados penas menos graves, es decir, los que van de seis meses
a tres años. Pero la determinación de la competencia se produce por la
pena máxima y, por lo tanto, nos encontramos con supuestos tan poco
justificables como que una estafa de más de 50.000 pesetas, por llevar
aparejada el tipo de estafa una pena de seis meses a cuatro años, será
siempre enjuiciada por la audiencia provincial, y tendrán que reconocer
SS.SS que aquí no se produce un puro conflicto de carácter estadístico de
acumulación de trabajo, sino que posiblemente --reitero-- esa estafa de
51.000 pesetas no merezca --dicho sea con todos los respetos para el que
haya realizado el tipo-- que un órgano colegiado se pronuncie sobre la
misma.
Por lo tanto, atendida esa acumulación, ese auténtico atasco o colapso,
como ha indicado el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona,
don Javier Béjar, y, por otra parte, la consideración de que hay casos
que en modo alguno justificarían su enjuiciamiento por la audiencia
provincial, se produjo el informe del departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña.
Quiero recordar también que el 15 de mayo de 1997 la Comisión de
justicia, derecho y seguridad ciudadana del Parlament de Cataluña aprobó
una proposición no de ley que paso a traducirles y que, en última
instancia, refleja la posición de mi grupo. Se trata de continuar las
actuaciones para equilibrar las competencias de las audiencias
provinciales y de los juzgados penales en la línea de las emprendidas en
el informe tramitado en relación con el temario elaborado por la Comisión
del libro blanco sobre la justicia del Consejo
General del Poder Judicial, en el cual se planteaba la posibilidad de
reformar el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el caso de que no saliese adelante esta modificación legislativa, debe
proponerse al Ministerio de Justicia, una vez se hayan hecho los estudios
necesarios, de manera alternativa o acumulativa, en el plazo más breve
posible, la revisión de la planta judicial por lo que hace referencia a
las audiencias provinciales y a los juzgados penales, la aprobación de la
modificación de la plantilla orgánica del personal al servicio de la
Administración de justicia y la ampliación de la dotación de medios
materiales.
Esta es la posición que expresó el Parlament de Cataluña, la que comparte
mi grupo, redactada posiblemente en unos términos que, desde el punto de
vista sintáctico, no agraden al señor Ollero, y posiblemente con
justificación, pero es la que aquí vamos a sostener.
Tenemos que manifestar, eso sí, la sorpresa por la alteración de las
posiciones de los grupos. Quiero recordar al señor Villarrubia, que el
Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña votó a favor de esta
proposición en el Parlament de Cataluña, y quería recordar al señor
Ollero que el Grupo Catalán se abstuvo en aquella votación. Por lo tanto,
uno no puede menos de sorprenderse de estos traslados de uno al otro lado
de la pista de baile.
En cualquier caso, la posición de mi grupo es que no se trata de
centrifugar los problemas con la finalidad de desatascar la audiencia
provincial, aunque sea a costa de cargar los juzgados de lo Penal. Como
ha sido dicho, se trata de una disposición con una vocación pura y
exclusivamente transitoria y, por lo tanto, de lo que se trata es de
permitir eso que forma parte de la tutela judicial efectiva, que es
obtener la justicia en un plazo razonable y en tiempo.
Sí queremos expresar alguna pequeña objeción. Mi grupo, como manifestará
en el trámite de enmiendas, es partidario de que, cuando se trate de
penas accesorias, no puramente privativas de libertad o multa, se vuelva
también a la situación anterior y, por lo tanto, se atribuyan a las
audiencias provinciales aquellos supuestos en los que la pena accesoria
tenga una duración superior a los seis años, y no superior a los diez
años como aquí se indica.
Desde luego, la solución de los problemas de la justicia no pasa pura y
simplemente por las modificaciones legislativas, tampoco pasa, porque no
puede hacerse de forma inmediata, por una dotación, una modificación de
la Ley de planta, del mismo modo que tampoco pasaría simplemente por una
modificación de los hábitos y comportamientos de nuestros órganos
jurisdiccionales. En el fondo, es un trípode y hace falta adoptar medidas
en estos tres sentidos.
Por lo demás, la medida viene bendecida, aunque sea con ese voto
particular tremendamente respetable de don Jacobo López Barja, por el
Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, mi grupo no tiene
duda alguna respecto de que la posición desde la ética de la
responsabilidad es votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Acababa su intervención don Andrés Ollero haciendo una llamada a la
responsabilidad. Me va a permitir que comience por ahí, voy a hacer una
llamada a la responsabilidad, porque cualquiera puede pensar que aquí se
estaba tratando pura y exclusivamente de expedientes, que pueden ser
perfectamente legítimos, acerca de la modificación de los patronímicos o
de los apellidos o la alteración, o incluso --¿por qué no?-- de la
defensa de menores, pero resulta que no es verdad. Estamos hablando de
una jurisdicción, del orden jurisdiccional penal, y estamos hablando ni
más ni menos que de adopción de medidas en cuanto a la libertad de las
personas. Creo que el tema tiene bastante importancia y nos hace
entroncar con una corriente que, afortunadamente, se está poniendo en
marcha, que llega incluso a exigir que sean órganos colegiados los que se
pronuncien sobre el procesamiento o inculpación, atendida la valoración
que hace el Tribunal Supremo de una inculpación o procesamiento como un
posible cauce de estigmatización, que puede dejar una importante secuela,
y no digamos la corriente que hay en cuanto a que sea un órgano colegiado
el que revise y el que pondere los pronunciamientos que puedan tener los
jueces instructores en materia de privación de libertad. Por tanto, la
corriente va dando preferencia y prioridad a la intervención de los
órganos colegiados sobre los órganos unipersonales. Incluso en nuestro
propio país, cuando se instauraron los llamados juzgados de lo Penal se
suscitó la correspondiente polémica y, al final, la práctica dio razón a
los que nos oponíamos a los juzgados de lo Penal, porque, por el juego
combinado de determinados delitos, había jueces de lo Penal que acababan
imponiendo penas de 12 y 14 años en cuanto había una determinada
acumulación, y se dijo que era con carácter transitorio.
Pues bien, el último Código Penal ha querido que ese carácter
transitorio, valorando seriamente lo que supone la privación de libertad,
desapareciera y fuéramos a inclinarnos a donde debemos: a aquello que los
ciudadanos en la calle dicen coloquialmente que más ven seis ojos que
dos, que significa la preferencia o prioridad de los órganos colegiados
sobre los órganos unipersonales. Así se ha acordado en el último Código
Penal, que no creo que tenga tantos años de vigencia.
Resulta que, al poco tiempo de ponerse en marcha este Código Penal, que
al fin y al cabo fue la voluntad soberana de esta Cámara, en lugar de
poner en marcha, repito, los mecanismos necesarios para su cumplimiento,
vamos asistiendo de una forma más o menos disimulada a un conjunto de
iniciativas para vaciar por completo de contenido ese Código Penal. Hemos
vivido aquí ya, como consecuencia del famoso caso Otegui, un intento de
vaciamiento de contenido de la Ley del Jurado, y ahí está. Y ahora vamos
a vivir un intento de vaciamiento de contenido de ese Código Penal en lo
que tiene de importancia en cuanto a las garantías.
Yo tenía entendido hace mucho tiempo que no se había hecho el hombre para
la ley, sino la ley para el hombre, y ahora resulta que tenemos que
acomodar la estructura judicial, no a las garantías que tenemos que dar
al justiciable, no a ese juicio con toda clase de medidas cautelares para
que brille lo más posible y, además, con carácter tuitivo para que se
proteja la libertad, sino a sacar papel fuera. Por eso, entiendo que,
desde esa perspectiva, el señor Ollero nos haya abrumado con un conjunto
de estadísticas que había que cogerlas también del otro lado, porque es
evidente que, si se está produciendo una amenaza de colapso a las
audiencias provinciales, también será cierto que muchísimos juzgados de
lo Penal se están quedando vacíos de contenido. Es muy cómodo decir que
no podemos acudir al fácil recurso de aumentar las plantillas. En primer
lugar, no es fácil el recurso. Su Gobierno le dirá lo que supone
económicamente aumentar las plantillas. Por tanto, de fácil recurso tiene
poco. Lo que ocurre es que es obligado aumentar las plantillas de las
audiencias provinciales; es que es obligado ser respetuoso con la
voluntad de la Cámara al aprobar este Código Penal, al cual me he
referido en algunas ocasiones con cierto recelo, pero que en este tema,
no cabe la menor duda, quiso que determinados delitos fueran objeto de
enjuiciamiento por un tribunal colegiado.
Por tanto, lo normal es modificar las plantillas con el tiempo necesario,
aumentar los magistrados correspondientes en las audiencias provinciales
e ir avanzando en la línea en la que se va avanzando, en la que están
incluso ciertas leyes de aseguramiento de la tutela cautelar penal. Hay
que ir avanzando en esa línea. Y, ¿cómo hay que ir avanzando? Pues con la
mayor intervención de magistrados, procurando utilizar lo menos posible
tanto la figura del juez de lo Penal, como aquella otra cosa
absolutamente estrambótica que se inventó, que era el magistrado
unipersonal en determinadas salas para ver determinados delitos, como si
se pudiera dar la posibilidad de que hubiera magistrados siameses que
hubieran pasado la oposición contestando una parte del magistrado a la
parte civil y otra a la parte penal.
La justicia no está para hacer toda esta clase de garabateos, la justicia
es algo bastante más serio para andar de la noche a la mañana cambiando
las competencias, so pretexto de la acumulación de conflictos en un
momento determinado, porque en la línea en que están ustedes, por
eliminar conflictos y papel en los tribunales, vamos a suprimir el
beneficio de la justicia gratuita, y ya verá usted como desaparece una
enorme cantidad de expedientes. Si usted quiere, mañana no nos
enfrentamos a la ley de lo contencioso-administrativo, porque también va
a suponer un aumento de plantilla.
Yo creo que hay que ser bastante serio, y por eso yo voy a acabar como ha
acabado usted, señor Ollero, llamándole a la responsabilidad a usted y al
resto de la Cámara. En base a esa responsabilidad, nuestro Grupo no va a
apoyar la admisión a trámite de esta proposición, por mucho que lo pueda
pedir el Consejo General del Poder Judicial en esta Cámara, que también
tiene la memoria correspondiente para pedírselo al Gobierno, esa memoria
de necesidades que tiene que hacer cada año.
En todo caso, queda una duda aquí, una duda que por lo menos tiene
nuestro Grupo. Un tema de esta importancia, ¿cómo es posible que venga
como proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular y no como un
proyecto de ley del Gobierno? Tiene que haber alguna razón. Aquí no hay
nada gratuito, aquí tiene que haber alguna razón para que no sea el
Gobierno el que, consciente de la situación de la justicia y a impulso
del Consejo General del Poder Judicial, presente un proyecto de ley; pero
no, nos lo presenta el Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que sé la
razón, señor Ollero, y en este sentido tengo que alabar la solidaridad
del Grupo Parlamentario Popular con su Gobierno, y es que si esto llega a
venir de la mano del Gobierno lógicamente hubiéramos tenido que volver a
sacar lo que ustedes llaman retahíla, pero que no es retahíla, de
adjetivos acerca de la forma de legislar tan chapucera que se está
teniendo en el Ministerio de la calle San Bernardo, y para evitar que
hablemos de chapuzas del Ministerio de la calle de San Bernardo, el Grupo
Popular prefiere hoy asumir el papel de chapucero. Sí, señor Ollero, con
todo el respeto a su persona y a todos los miembros de su Grupo, con todo
el reconocimiento de su valía profesional y política, esto que están
ustedes haciendo hoy aquí, y lo están haciendo con un enorme esfuerzo, es
una auténtica chapuza que no va en la línea en la que tienen que ir las
reformas; vacía de contenido un acuerdo importante de esta Cámara, que
fue el Código Penal, y lógicamente va a suponer una merma de garantías
que, desde luego, no puede contar con nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, desde el
Grupo Parlamentario Socialista observamos con alto grado de preocupación
la actitud del Partido Popular y del Gobierno en relación con la
aplicación y el desarrollo del Código Penal vigente.
Centrándonos en el tema que nos ocupa, que adelanto ya que, de salir
adelante, nos parece de especial trascendencia y gravedad --esperamos que
sea corregido y no ocurra--, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba el Código Penal, no se limitó a modificar de manera
importante el Derecho penal sustantivo, sino que, a través de su
disposición final primera, que afecta a la propia filosofía de la
aplicación del Código Penal, modificó la competencia objetiva para
conocer los tribunales unipersonales, juzgados de lo Penal y las
audiencias provinciales, delimitando claramente --y no es una mera
casualidad-- que el juez unipersonal tan sólo conocerá de delitos menos
graves, que los artículos 13 y 33 del Código Penal aclaran y definen como
aquéllos en relación a las penas privativas de libertad con tope de tres
años.
¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el legislador? ¿Qué hizo esta Cámara? Apostar,
como no podía ser de otra forma, por una justicia colegiada. Este es un
principio que hoy nos queremos cargar en buena medida, señor Ollero. Esto
es especialmente grave, y no son vaivenes, señor Silva. ¿Dónde están los
vaivenes? ¿Que aprobó esta Cámara con la abstención de la derecha? ¿Estos
son los vaivenes?
La justicia colegiada supone que en penas privativas de libertad
--estamos hablando del Derecho punitivo, del Derecho penal-- no sea una
persona quien juzgue y meta en la cárcel por cinco años --les parecerá
poco-- a una persona, sino un órgano colegiado. Naturalmente que estaba
previsto y que el Código Penal y esa disposición final primera lo
recogía, y vienen hoy con estadísticas. Pues claro que aumenta el número
de asuntos en las audiencias provinciales y, paralelamente, aumentará el
número de recursos de casación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
¡Pero si eso es lo que se pretendía! ¿Para qué? Para que exista un cuerpo
de doctrina jurisprudencial en el desarrollo y aplicación del Derecho
penal español, de un nuevo Código Penal, con unos nuevos tipos que tendrá
que conocer el Tribunal Supremo. ¿O vamos a tener minidoctrinas
jurisprudenciales a nivel provincial? Esta es la realidad. ¿Qué es lo que
pretende esta proposición de ley? No sólo que conozca el juez unipersonal
de delitos con penas privativas de libertad hasta cinco años, que desde
el punto de vista técnico-jurídico es una aberración, como a continuación
expondré, sino multas ilimitadas y penas privativas de otros derechos
hasta diez años, no seis, como en el sistema ya superado de la Ley
Orgánica de 1988.
En definitiva, ¿qué supone esta proposición de ley, señor Ollero? A
nuestro juicio, un ataque a la filosofía del Código Penal, un ataque a la
aplicación práctica del Código Penal, graves consecuencias para la
ciencia penal y para la jurisprudencia del Tribunal Supremo que va a
poder conocer del asesinato, del homicidio y de cuatro delitos más, y no
del resto de los delitos en más de un 80 por ciento, ante un Código Penal
nuevo, insisto, con nuevos tipos. Supone también la no aplicación del
sistema competencial consensuado, no casualmente aprobado por esta
Cámara, y, lo que es más importante, supone un recorte y un ataque a los
derechos y garantías del justiciable.
Además, desde el punto de vista técnico-jurídico, señorías, es una
barbaridad, y lo digo con todos los respetos. ¿Cuál es el sistema
competencial? Ley Orgánica de 1988: prisión menor, que iba de seis meses
y un día a seis años, no había duda; Ley Orgánica de 1995, disposición
final primera, en relación con el artículo 13 --ojo al apartado 4º de
dicho artículo, que podía haber sido una vía para mitigar estos efectos,
no la barbaridad de cargarnos el artículo 14 en relación con el artículo
33--. Y no plantea ninguna duda: delitos menos graves hasta tres años,
pero con una particularidad; el legislador consensuadamente fue mucho más
allá, porque ni siquiera el juez unipersonal va a conocer, salvo
excepciones, de delitos con tres años de pena privativa de libertad. ¿Por
qué? Porque el artículo 13.4º del Código Penal dice que cuando la
extensión de la pena abarque las menos graves y las graves, por ejemplo,
el homicidio imprudente, de uno a cuatro años, se considerará grave y
conocerá la audiencia provincial. Es decir, que si alguien va a la cárcel
en este país, salvo excepción y sin antecedentes penales, será, con el
sistema actual, mediante un órgano colegiado y no mediante un juez
unipersonal, sin desconfiar de ellos, pero, obviamente --y esto no lo
discute nadie, ni el propio Consejo General del Poder Judicial ni el
conjunto de los presidentes de audiencias provinciales, porque es un
hecho evidente-- da más garantías al justiciable.
El Partido Popular dice: cinco años. No responde ni a la prisión menor
anterior ni a los delitos menos graves actuales. ¿Dónde está la barrera?
¿Con qué criterios, si apenas hay tipos que van hasta los cinco años en
el Código Penal? Hay cuatro sueltos, no llega. Esto es una inseguridad y
una confusión absoluta. El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal actual posibilita el conocimiento del Tribunal Supremo del nuevo
Código, como decía, pero, además, el artículo 14 es más que suficiente en
la extensión de las competencias de los jueces unipersonales,
comparándolo con el resto de los países europeos; incluso el actual
artículo 14 va más allá de lo que el conjunto de los países europeos
confieren, en cuanto a competencias, a los órganos unipersonales.
Señor Ollero, nos encontramos ante una auténtica irresponsabilidad por
parte del Gobierno por no adoptar las medidas necesarias para el eficaz
desarrollo y
aplicación del Código Penal. Se han apoyado ustedes parcialmente, y
seguro que de forma bienintencionada, en el informe del Consejo General
del Poder Judicial, pero no han dicho lo fundamental de ese informe. El
Consejo General del Poder Judicial --y su intervención, señor Ollero, ha
sido lectura literal del mismo, salvo algunos párrafos que le voy a
recordar en estos momentos--, dice: 1. El Consejo está de acuerdo con el
principio informador de la reforma, órgano colegiado, conocimiento y
fallo de las causas seguidas por delito grave, impidiendo que un órgano
unipersonal prive de libertad de forma importante. Eso dice el Consejo.
¿Cinco años no es importante? 2. Apunta el Consejo General del Poder
Judicial la necesidad de acceso a casación ante el Tribunal Supremo de
los nuevos tipos creados por el Código Penal para que se pueda formar
cuerpo de doctrina jurisprudencial al respecto. Y dice finalmente:
Pedimos la reforma del artículo 14 porque no tenemos medios, porque no se
han creado las plazas ni las secciones oportunas en las audiencias
provinciales y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ese es el
problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villarrubia,
le ruego vaya concluyendo.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con su venia, y muy rápidamente, señor
presidente.
Habla usted, porque no le deja la condición, de que en el presupuesto de
1996 no había dotación. Le recuerdo que era un presupuesto prorrogado.
Pero ¿y el presupuesto de 1997, y el de 1998? ¿Sabe qué ha ocurrido aquí?
Que con auténtica mala fe, señor Ollero, ustedes no han dotado de medios
para hacer que este colapso se produzca y justificar la modificación de
un Código Penal que jamás han querido que existiera con el grado de
libertad, de derechos y garantías del justiciable.
En definitiva, y concluyo, es un tema de fondo, es un tema de filosofía,
es un tema importante. Probablemente hoy el Grupo Socialista se quede en
minoría en esa votación en contra, pero les aseguro que el Grupo
Socialista, en su próximo gobierno, que será pronto, volverá a restituir
este recorte de derechos y libertades. Nada más. Gracias. (Aplausos.--El
señor Ollero Tassara pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villarrubia.
Señor Ollero, ¿a qué efectos solicita S. S. la palabra?
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, a los efectos de que hemos
asistido a un turno un contra. Pido un minuto nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, se ha
fijado una posición que no es coincidente con la iniciativa, pero no se
ha utilizado un turno en contra. No tiene S. S. la palabra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Señores Martínez
Casañ y Michavila les ruego silencio, vamos a proceder a la votación. No
saben como agradezco que auxilien a la Presidencia no ya en la solicitud
de silencio sino en su mantenimiento.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Popular sobre modificación del artículo 14, punto tercero, de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 173; en contra, 142; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE PREVENCION DE
LOS ACCIDENTES DE CIRCULACION EN LOS QUE SE VEN INVOLUCRADOS LOS NIÑOS
MENORES DE NUEVE AÑOS. (Número de expediente 162/000212)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, proposiciones no de
ley.
En primer lugar, del Grupo Popular, sobre prevención de accidentes de
circulación en los que se ven involucrados los niños menores de nueve
años. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
En nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor
Seco Gordillo. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Llamo severamente al orden en la tribuna de
prensa. Señora Aguilar, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Es que se han caído unos papeles.
El señor PRESIDENTE: Perdón, si se le han caído los papeles que se le
devuelvan, no faltaba más.
Adelante, señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la seguridad vial es, sin duda, una de las preocupaciones más
acuciantes de la sociedad española
y también es una de las prioridades de la acción del Gobierno, como lo
demuestra la creación de la Comisión Inrterministerial de Seguridad Vial
para el estudio y solución del problema, el pasado mes de octubre.
No podía ser de otro modo si consideramos que las carreteras españolas se
cobran cada año más de cinco mil... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Seco, un momento.
Por favor, señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio.
¡Señor Frutos!
Adelante, señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Decía que no podía ser de otro modo porque las carreteras españolas se
cobran cada año más de cinco mil vidas humanas, hasta el punto de que se
ha llegado a afirmar que la siniestralidad vial constituye la primera
causa de muerte no natural y la segunda causa de muerte, después del
sida, por ejemplo en el sector de población comprendido entre los 18 y
los 25 años. A ello se une que la tendencia de las cifras de
siniestralidad vial, aunque continúa en descenso, parece suavizar su
curso descendente en la misma medida en que las actuaciones tradicionales
van acercándose a su máximo de eficacia. Se hace necesario, por tanto,
buscar fórmulas imaginativas que sirvan de complemento a las medidas
tradicionales --mejora de las infraestructuras viarias, incremento de la
seguridad activa y pasiva de los vehículos, etcétera-- y que nos permitan
superar la tendencia al estancamiento que parece mostrar la eficacia de
aquellas medidas más tradicionales.
Por otro lado, el impacto social que siempre produce la pérdida de vidas
humanas en nuestras carreteras se hace más dramático, si cabe, cuando las
víctimas de dichos accidentes son niños, cualquiera que sea su edad,
aunque desde luego resultan más trágicos y conmovedores cuanta menor sea
la edad de las víctimas mortales de tales accidentes.
Las frías cifras estadísticas son también en esta materia tremendamente
significativas de la gravedad del problema que pretendemos abordar. Así,
en 1995 se produjeron 4.277 accidentes en que se vieron involucrados
niños menores de nueve años, de los cuales 120 resultaron víctimas
mortales infantiles, y en el año 1996 se produjeron 4.020 accidentes con
un total de 106 fallecidos menores de nueve años. En el año 1997 las
cifras provisionales cerradas al mes de noviembre sitúan el número de
víctimas infantiles en torno a 75. La gravedad del problema se comprende
mejor si consideramos que en cualquier caso la siniestralidad vial
constituye en España la primera causa de mortalidad infantil.
No es este, señorías, un problema que afecte únicamente a España, sino
que se produce en distintas proporciones en los restantes países de
nuestro entorno. Afortunadamente estamos lejos de las cifras de
siniestralidad vial infantil en países como la Federación Rusa o como
Turquía, que superan las mil víctimas mortales infantiles al año, pero no
nos separamos de otros países comunitarios como Francia, el Reino Unido o
Italia, cuyas cifras son comparables a las españolas, en torno al
centenar de niños menores de nueve años fallecidos en accidentes de
tráfico. En cambio, estamos aún muy lejos de los países más avanzados en
la prevención de la siniestralidad vial infantil, como Alemania o como
Suecia, cuyas cifras se sitúan en torno a la veintena de víctimas
infantiles anuales.
Con esta remisión a la universalidad o internacionalidad del problema...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Seco. ¿Puede acercarse a la
Presidencia? (Pausa.) Adelante, señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Con esta remisión a la universalidad o internacionalidad del problema no
pretendo, señorías, eludir ninguna responsabilidad ni tampoco facilitar
que nadie pueda eludirla. No se trata de un ejercicio irresponsable de
autocomplacencia ni de decir que no se puede hacer nada más; quiero
precisamente todo lo contrario, señorías, quiero hacer ver que en
aquellos países en que la administración ha abordado con más seriedad y
con más decisión el problema los resultados obtenidos han sido muy
satisfactorios. Así, por ejemplo, en Suecia, mediante la exigencia de
utilizar dispositivos de retención para los más pequeños o la puesta en
marcha de campañas informativas y divulgativas adecuadas, se ha
conseguido sólo en el plazo de diez años que aumentara del 22 al 72 por
ciento el uso de los elementos de retención infantil en los vehículos
ocupados por menores de nueve años y que las lesiones infantiles se
redujeran hasta un 60 por ciento, y eso es lo que pretende el Grupo
Parlamentario Popular, que en España se reduzcan al mínimo las cifras de
siniestralidad vial infantil utilizando todos los medios a nuestro
alcance.
Por otra parte, y en cuanto a la situación del problema en España, los
estudios realizados señalan que más de la mitad de los padres españoles
saben que la legislación de seguridad vial prohibe que los niños menores
de doce años o cuya estatura no supere los ciento cincuenta centímetros
viajen en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen
dispositivos adecuados y homologados de retención infantil, los más
comunes de los cuales son las populares sillitas, mientras que el 40 por
ciento de los padres creen que los niños no pueden nunca viajar en el
asiento delantero.
Pero lo más significativo de los estudios realizados, señorías, es que la
mayoría de los padres, el 63 por
ciento, coincide en que su formación e información al respecto es muy
insuficiente. Todo ello conduce a que la previsión no sea muy halagüeña.
En España hoy en día se estima que sólo un tercio de los niños viaja en
automóvil correctamente protegidos. Sin embargo, la efectividad de las
medidas de protección de los niños, según estudios realizados por el
Consejo Europeo de Seguridad Vial, el European Transport Safety Councill,
pueden conducir a una reducción de las lesiones que sufran los niños
entre un 60 y un 92 por ciento, siempre que usen dispositivos de
retención y en función de que viajen en el asiento delantero o en el
trasero. Por lo demás, dichos estudios comunitarios apuntan a las mismas
soluciones que planteamos en este proposición no de ley.
Conocido, por tanto, el problema y su gravedad, la dificultad estriba en
encontrar el modo más eficaz de formar e informar a los padres, es decir,
de concienciarlos de la necesidad de llevar a los niños correctamente
protegidos en el automóvil, y en este punto nos encontramos con que los
diversos estudios realizados apuntan a que la actuación más eficaz, el
mejor aldabonazo que puede darse en la conciencia de los padres
conductores es el que proviene del médico pediatra. La especial
sensibilidad de los padres que acaban de tener un hijo y que se
encuentran un poco perdidos y desconcertados en su nueva situación de
padres, hace que confíen ciegamente en el consejo, en la recomendación
del pediatra en todo lo relacionado con el cuidado y el desarrollo del
recién nacido. Es este, por tanto, el mejor momento para llevar a la
conciencia de los padres la necesidad de proteger del modo más adecuado
posible a sus hijos cuando sean pasajeros del automóvil, porque es cuando
más receptivos se muestran a cualquier recomendación que redunde en la
seguridad y en el bienestar del hijo.
Los mismos informes que antes citaba revelan que el 70 por ciento de los
médicos pediatras considera que los accidentes de tráfico son un factor
de riesgo elevado para los niños y que el 85 por ciento cree importante
educar sobre la seguridad vial infantil a la sociedad en general y a los
padres en particular, aunque el 96 por ciento de los mismos pediatras
reconocen no contar con la suficiente información al respecto, por lo que
reclaman formación específica previa.
No podemos ignorar, señorías, que el Gobierno está realizando actuaciones
puntuales en esta materia y que algunas comunidades autónomas han
adoptado medidas tendentes a reducir la siniestralidad vial infantil
mediante el préstamo de sillitas y otros dispositivos de retención, pero
la dimensión geográfica y la gravedad del problema aconsejan que se
aborde desde un punto de vista global y para todo el territorio del
Estado, y de ahí la oportunidad de esta iniciativa.
Todas estas consideraciones han movido al Grupo Parlamentario Popular a
presentar esta proposición no de ley que plantea el objetivo de reducir
al mínimo la siniestralidad vial infantil por la vía de la concienciación
a los padres de la necesidad de proteger adecuadamente a los hijos a
través del consejo y la recomendación del pediatra, por ser éste quien
más influye en los padres. Para ello, es necesaria la previa formación de
los pediatras en los riesgos de la población infantil en el automóvil y
de los sistemas de retención y demás medidas para combatir dichos
riesgos.
Debo referirme, por último --y con ello concluyo, señor presidente--, a
las enmiendas que el propio Grupo Parlamentario Popular ha presentado a
esta iniciativa y que podemos agrupar en dos. Por un lado, se suprime la
expresión «extrafacultativa», referida la formación de los pediatras,
tanto en el encabezamiento de la proposición no de ley como en el texto
del punto primero. Se hace para evitar cualquier connotación académica
que pudiera dar lugar a interpretaciones equivocadas en relación con el
verdadero sentido de esta iniciativa. Por otro lado, se suprime del punto
cuarto la expresión «buscando la cooperación de los médicos pediatras» y
se da nueva redacción al final de dicho párrafo.
Con estas enmiendas, señorías, se eliminan del texto de la proposición
expresiones que nada positivo aportaban y que, por el contrario, restaban
claridad y precisión al objetivo último y único pretendido: el fomento
del uso de los elementos o dispositivos de retención mediante la
concienciación a los padres, concienciación que tiene que venir de parte
de los médicos pediatras.
Para esta proposición no de ley pido el voto favorable de todos los
grupos de la Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco Gordillo.
Ha presentado enmiendas, además del Grupo Popular, el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra el señor López
de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestro grupo parlamentario tiene presentada una enmienda
de adición a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Siendo una enmienda de adición quiere decir, sustantivamente, que
nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Popular. Y estamos de acuerdo desde la conciencia de que la
reducción de la mortalidad infantil en accidentes de tráfico pasa
necesariamente, como ha dicho el señor Seco con gran fortuna, por la
concienciación de los padres, y también pasa por un colectivo, los
pediatras, que deben, entre otras cosas, aconsejar a los padres sobre el
particular.
Nuestra enmienda de adición trata de incluir un sexto punto nuevo en el
que pedimos que se elabore documentación
sobre el consejo preventivo para su remisión a los profesionales de
prevención primaria. Nosotros creemos que el colectivo médico, sean
pediatras, como dice el Grupo Parlamentario Popular, o sea el numeroso
grupo de profesionales de la medicina que se dedican a la prevención
primaria, debe participar, y cuantos más mejor, en esa campaña de
concienciación de los padres para la prevención de la mortalidad infantil
en accidentes de tráfico, que es lo que nuclearmente presenta el Grupo
Parlamentario Popular en su proposición no de ley.
Añadimos también, señor presidente, que la Cámara inste al Gobierno a que
se tomen las medidas oportunas para que los establecimientos de alquiler
de vehículos sin conductor faciliten, a los clientes que lo soliciten,
dispositivos de retención infantil para acoplar a los automóviles de
alquiler, sin coste adicional alguno que repercuta en el importe global
del servicio. Creemos que además del colectivo médico, básicamente el de
asistencia primaria y el pediatra, debemos procurar instrumentos que
faciliten el objetivo que quiere alcanzar esta proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular.
Nada más, señor presidente, y muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
También ha presentado enmienda el Grupo Socialista, para cuya defensa
tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar quiero
considerar positiva esta iniciativa. Nunca está de más que la Cámara se
preocupe por temas que deben merecer la sensibilidad de los legisladores,
porque somos legisladores que debemos transmitir la inquietud ciudadana,
y sobre todo en épocas en que no incorporemos al debate político un
dramatismo adicional de coyuntura. Hoy estamos con la suficiente frialdad
para, con sensatez y desde la reflexión, abordar un problema que es el de
la seguridad vial y, dentro de la seguridad vial, la accidentalidad que
afecta a los menores.
En esta materia no es oportuno centrarse sólo en un aspecto muy parcial.
Recojo las últimas palabras del ponente del Grupo Parlamentario Popular,
señor Seco, en las que transmitía a la Cámara el deseo de su grupo de
concebir esta cuestión con una visión general sobre el problema que nos
ocupa. Efectivamente, el dato es tremendo. Las últimas cifras de 1997
hablan de que más de 75 niños han fallecido de entre los más de 2.000 que
se han visto envueltos en accidentes de tráfico. Les voy a dar también
otro dato importante y que guarda relación con la cuestión que nos ocupa,
y es que de los accidentes producidos en materia de tráfico, el 45 por
ciento de los mismos son colisiones (datos de 1997), y, dentro de esas
colisiones, las frontales y las frontolaterales representan, cada una, el
16 por ciento; es decir, entre los dos tipos de colisión frontal suman el
32 por ciento de los accidentes de tráfico.
Por tanto, estamos hablando de un problema real y de un problema que debe
merecer soluciones muy concretas. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Nos parece atinado
sensibilizar a los padres, sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a los
conductores e introducir una especial orientación en los pediatras y en
la medicina. El que los pediatras ejerzan esa influencia nos parece muy
importante y positivo, pero creo que debemos rebasar ese ámbito en el que
se plantea la proposición no de ley, ampliarla a otros supuestos, y en
esa línea va la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por qué?
Porque estamos hablando fundamentalmente de prevención.
En materia de prevención hay que hablar de los instrumentos que tiene hoy
el Gobierno en materia de tráfico. ¿Cuáles son esos instrumentos en
materia de tráfico y seguridad vial? Hay uno muy importante, que es el
Plan Nacional de Seguridad Vial, y hay unos actuantes o unos agentes que
deben intervenir en la planificación, ¿quiénes son? La Comisión
interministerial formada al efecto, que tiene misiones muy claras en esta
materia y que ha sido creada por el Real Decreto-ley 1.544/1997, de 3 de
octubre, y el propio Consejo Superior de Tráfico, que es un foro de
debate en el que debe plantearse monográficamente una reflexión sobre
esta cuestión, con medidas concretas para ofrecer soluciones. Estamos
hablando también de prevención y en esta materia es clave la información,
la formación y las campañas. No olvidemos, por ejemplo, que dentro del
Plan nacional de seguridad vial para el presente año la formación y la
información es clave. Pues bien, es clave sensibilizar, por ejemplo, a
los agentes de tráfico en la observancia, en la vigilancia, en la
necesidad de exigir el cumplimiento de estos requisitos. Hay que prevenir
también por esta línea. Es clave informar en esta materia y sensibilizar
a otros responsables como monitores de autoescuelas que transmiten
información, examinadores, etcétera. Pero hay otra realidad muy
importante, el transporte escolar. El transporte escolar debe acoger
medidas de sensibilización en esta materia y esta proposición no de ley
debería dirigirse también al transporte escolar.
Nuestro grupo parte de que el Código de Circulación establece mandatos
muy concretos en materia de formación cuando habla de que los centros y
servicios civiles y militares del Estado, regiones, provincias y
municipios sin excepción adoptarán medidas para los conductores de toda
clase de vehículos que de ellos dependan para que conozcan las reglas
generales de circulación y cumplan estrictamente los preceptos del
presente Código; parte de la introducción de esta materia en la
enseñanza, y ahí tenemos disposiciones de 1989,
desarrollos normativos de 1994 y las competencias que la Ley de Seguridad
Vial establece en el artículo 5 en favor del Gobierno central para que
imparta directrices a todos los ámbitos en materia de funcionamiento y de
actuación, y dentro de esas directrices debería haber también directrices
para los agentes.
Concluyo con la enmienda que queda justificada en los términos de mi
intervención. La enmienda del Grupo Socialista, que acoge favorablemente
la proposición no de ley, insta a que el Consejo Superior de Tráfico y la
Comisión interministerial propongan medidas sobre esta materia en
reuniones monográficas para que se contemple de forma específica en el
desarrollo del Plan nacional de seguridad vial del presente año, para que
se incluya de manera muy concreta en el futuro Plan nacional de seguridad
vial para 1999 y para que, en la misma línea, la Dirección General de
Tráfico adopte una dinámica que vincule, afecte y se dirija a todos los
sectores y agentes, incluido el transporte escolar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
¿Grupos que sin haber presentado enmiendas desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Tomo la palabra para expresar muy brevemente la posición del Bloque
Nacionalista Galego sobre la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a tomar
iniciativas para que la sociedad en general y los padres en concreto se
conciencien sobre la necesidad de que los niños viajen lo más seguros
posible en los automóviles y así disminuir el número de muertos por
accidente de circulación en personas de estas edades.
Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa suscita una preocupación
importante que el Bloque Nacionalista Galego comparte. Es una iniciativa
interesante que apoyaremos. Sin embargo, las medidas que se proponen para
alcanzar tal fin nos parecen vagas, inconcretas y, con todo respeto, más
bien destinadas a la galería. Nos parece excesivo que se quiera descargar
sobre los pediatras la responsabilidad de educar a la población en este
asunto. La responsabilidad es excesiva La propuesta original también
tenía algunos puntos descabellados que el Grupo Parlamentario Popular
acaba de autoenmendar felizmente.
La propuesta es buena. En la exposición de motivos se habla de las
medidas adoptadas en Suecia para disminuir el número de lesiones
infantiles por accidentes de trafico: por un lado, la obligación de
utilizar los dispositivos de seguridad adecuados y, por otro, campañas
informativas. Seguramente con éstas y con otras medidas de mejora de las
vías de comunicación tanto en su capacidad, señalización, trazados
etcétera, estaríamos dando un buen paso en la dirección adecuada, es
decir, que el número de niños afectados por accidentes de tráfico fuese
el menor posible y alcanzar un fin loable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a apoyar con su voto afirmativo esta iniciativa
parlamentaria del Grupo Popular. En primer lugar, la razón de nuestro
apoyo se debe a que de aquí se deriva una actuación de bien común
generalizado, que es buena, necesaria y complementaria de otras
actividades en la prevención de los accidentes de tráfico a cualquier
edad, pero en este caso concretamente de los menores de edad, y es
importante meterla en el catálogo de actividades.
Sin embargo, nos gustaría que el grupo parlamentario proponente, el Grupo
Popular, recogiera en su iniciativa lo que vemos de positivo en la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán y que el señor
López de Lerma ha definido muy bien, porque en el punto número 6 de esta
enmienda, junto al primer párrafo --una documentación sobre el consejo
preventivo y remitir a los profesionales de prevención primaria--, se
contempla algo más positivo, que el Gobierno tome medidas oportunas para
que los establecimientos de alquiler de vehículos sin conductor faciliten
estos dispositivos de prevención infantil a quienes alquilan coches.
El mercado de alquiler de vehículos sin conductor tiene dos componentes
fundamentales en España: el de servicios, que alquilan funcionarios,
ejecutivos de empresa, etcétera, y el que se realiza --esto es muy
importante-- en los archipiélagos y en las zonas turísticas españolas,
fundamentalmente en Baleares y en Canarias, donde hay unas empresas con
enormes flotas con coches de alquiler que se dedican al turismo; el
turista viaja en familia, no es un ejecutivo que alquila un vehículo sin
conductor para su servicio de empresa. Aquí se están realizando
transportes familiares, que es donde se producen, junto a los transportes
de familia en vehículos propios, los accidentes mortales o con lesiones
de la población infantil.
Nos gustaría que hubiera una receptividad respecto a la enmienda del
Grupo Socialista, porque también contempla cuestiones racionales y de
sentido común cuando hace referencia al Consejo Superior de Tráfico y a
la Comisión interministerial de seguridad vial. No
podemos descargar esa responsabilidad solamente sobre los pediatras, que
podrán hacer una labor muy sesgada --lo digo en el sentido positivo-y,
por tanto, muy limitada. No olvidemos que este es un abanico de
actuaciones, desde la que se ha señalado aquí por el señor Cuesta sobre
sensibilizar a los agentes de Tráfico, hasta la labor directa de las
campañas de mentalización que viene realizando la Dirección General de
Tráfico.
Me permitiría sugerir al Grupo Popular que hay una faceta que es
necesario considerar, la de las empresas de seguros del automóvil, porque
en los seguros de automóvil entra el componente de seguros de ocupantes.
Si las compañías de seguros del automóvil regulan y dan indicaciones
precisamente sobre el seguro de ocupantes, donde entran los menores,
condicionando las pólizas correspondientes, se puede hacer una labor
complementaria positiva. Basta que una compañía de seguros de automóviles
diga al tomador de la póliza que, si es padre o madre de familia y lleva
niños menores en el vehículo, el seguro de ocupantes lo cubrirá en
determinadas condiciones según se guarden las medidas de seguridad. Si el
irresponsable lleva al niño menor en el asiento delantero, sin cinturón
de seguridad, es muy distinta la responsabilidad contraída, no digo por
lo penal porque no la hay, sino con las compañías de seguros que sí
escalonan la atención de las pólizas del seguro de ocupantes.
Si todo esto produce un resultado beneficioso y se recogen estos
principios de las enmiendas, mi grupo contribuirá con su voto positivo a
la iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en esta ocasión, como en otras, al leer proposiciones no de ley
que proceden del grupo que apoya al Gobierno, se tiene la sensación de
que se insta a éste a hacer cosas a las que ya está obligado, es decir,
de alguna manera, se solemniza lo que es obvio. La seguridad vial, la
protección de la infancia y de la salud e integridad de los menores son
obligaciones del Gobierno en todo caso. Considerábamos que no era
necesario que fuera instado a su cumplimiento desde esta Cámara. La
confusión aumentaba cuando se leían los cinco puntos de que inicialmente
constaba la proposición no de ley, a la que luego se han presentado
enmiendas.
Si vemos el apartado primero, cuando se habla de dotar a los médicos
pediatras de medios necesarios, el título competencial al que se está
aludiendo, desde nuestra perspectiva, es formación continua de los
profesionales. Está, por tanto, incluido dentro del pacto sanitario y es
posible que estemos hablando de competencias propias de las comunidades
autónomas. Por consiguiente, no tendría objeto instar sobre ello al
Gobierno del Estado.
En el punto segundo se fomenta el uso de sistemas de retención. Es
seguridad vital. Por lo tanto, es --aquí sí-- título competencial que
corresponde al Estado en cuanto a la norma, pero su ejecución
correspondería también a las comunidades autónomas con competencias
asumidas. En cuanto a la información a padres, nos cabe la duda. Sería
seguridad vial y, por tanto, titularidad estatal, pero también
posiblemente defensa de consumidores y usuarios, título que corresponde a
las comunidades autónomas.
La concienciación a los padres, las campañas de formación, en alguna
medida son título de seguridad vial, pero incluirían también otros
títulos competenciales. Finalmente, el apartado quinto es claramente
integrante del sistema de salud, por lo tanto, formaría parte de las
competencias asumidas por la mayor parte de las comunidades autónomas. La
prestación es sistema de salud, propio de las comunidades autónomas; la
normativa, medidas de vehículo, seguridad pasiva, es título de seguridad
vial y sí le correspondería al Estado. En cuanto a la parte formativa es
formación continua y también título competencial de las comunidades
autónomas.
Las enmiendas que han sido presentadas por los distintos grupos e incluso
las del Grupo Popular aclaran estos defectos que he señalado. Para que no
se diga que al grupo al que pertenezco no le interesa la protección de
los menores, votaremos también a favor de esta iniciativa, entendiendo
que no sólo al Gobierno del Estado, sino a todos los poderes públicos les
incumbe intentar proteger la seguridad vial y la protección de la
infancia y de su salud e integridad.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Dando por supuesto que el proponente aceptará las enmiendas que han sido
defendidas tanto por el Grupo Catalán como por el Grupo Socialista,
porque ambas coinciden en el mismo interés, nuestro grupo va a apoyar la
proposición no de ley que es objeto de debate en este momento.
Ciertamente, coincidimos con alguna intervención en que quizás el
destinatario de esta proposición no de ley no lo sea tanto el Gobierno
pues debería serlo la sociedad española. En la medida en que el Gobierno
quiera y deba asumir el papel de promotor de la inquietud que hoy se pone
de manifiesto en esta sala para
con toda la sociedad, es obvio que no se encontrará nada negativo en
ella. Por lo tanto, vamos a apoyarla, pero dando por descontado que todo
lo que hoy aquí aprobamos con relación a esta proposición no de ley no
pasa de ser más que unos buenos deseos, que son encuadrables
perfectamente en el terreno del sentido común.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchísimas gracias,
señor Castellano.
Señor Seco, tiene la palabra para expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
En relación con la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán
(Convergencia i Unió), vamos a aceptarla en la medida en que ampliar el
ámbito de esta proposición no de ley no sólo a la atención pediátrica
sino también a la prevención primaria nos parece positivo. La segunda
parte de esa enmienda, en el sentido de promover que las empresas de
alquiler de vehículos doten de estos elementos de retención infantil
cuando el arrendatario vaya acompañado de niños menores, nos parece
también muy positiva y, por tanto, la aceptamos en sus términos.
En relación con la enmienda que presenta el Grupo Socialista, he de decir
que consta de dos párrafos a mi entender bastante bien diferenciados. Con
respecto al primero, nos parece acertada la instancia al Gobierno para
que sea en el marco del Plan nacional de seguridad vial donde se produzca
el análisis de estas medidas, siempre y cuando el Grupo Socialista
convenga en retirar la expresión «en convocatoria extraordinaria», que no
parece que tiene sentido. En cuanto al segundo párrafo, en la medida en
que extiende excesivamente el objeto de la iniciativa, si el Grupo
Socialista admite retirarla, nosotros aceptaremos la primera parte de la
enmienda.
Con respecto a la consideración del señor Mardones en relación con...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Seco,
discúlpeme. Su señoría tiene la palabra exclusivamente a efectos de la
aceptación o no de las enmiendas.
Muchas gracias.
Señor Cuesta. Le ruego también que sea concreto en la aceptación o
rechazo de la oferta que le hace el grupo proponente.
El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, muy concreto y muy agradecido, porque el
segundo párrafo está implícito en el primero. Nos parece que el Consejo
Superior de Tráfico, la Comisión interministerial de seguridad vial en el
marco del Plan nacional de seguridad vial de 1999 debe reflexionar y
proponer medidas en esta materia dirigidas no sólo a los pediatras sino a
todos cuantos intervienen en el tráfico de la seguridad vial y del
transporte escolar. Por lo tanto, nos damos por satisfechos y creemos que
con la aceptación del párrafo de esta enmienda se completa y se globaliza
más un problema que no debe quedar circunscrito al ámbito de la
proposición inicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, sobre prevención de los accidentes de circulación
en los que se ven involucrados los niños menores de nueve años, en los
términos resultantes de las enmiendas aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Junta de Portavoces ha acordado por
unanimidad una modificación del orden del día de la sesión plenaria en
curso en virtud de la cual, si así lo acepta el Pleno, se introduciría
como último punto del orden del día para la sesión de la mañana del
jueves la proposición de varios grupos parlamentarios sobre modificación
de la Ley orgánica del régimen electoral general. ¿Lo acepta así la
Cámara por asentimiento? (Pausa.)
Parece mayoritario el asentimiento. Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDICION CUANTITATIVA Y
VALORACION DEL TRABAJO NO ASALARIADO EN ESPAÑA, SUS INCLUSIONES EN LAS
CUENTAS OFICIALES Y SU INTEGRACION EN LAS POLITICAS SOCIALES. (Número de
expediente 162/000079)
El señor PRESIDENTE: Punto 4 del orden del día: proposición no de ley del
Grupo Socialista, sobre medición cuantitativa y valoración del trabajo no
asalariado
en España, sus inclusiones en las cuentas oficiales y su integración en
las políticas sociales.
Doña Elvira Cortajarena tiene la palabra para la defensa de la
proposición no de ley. (Rumores.)
Señorías, les ruego que, si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan con
celeridad para que pueda continuar la sesión. (Continúan los rumores.)
Señora Balletbó. Señora Romero. Señora Fernández de la Vega. Señor
Barrero. Señora Rubiales. (Continúan los rumores.)
Señorías. Señor Martínez Sanjuán, ¿intenta inducir a despiste a la
Presidencia? (Pausa.)
Adelante, señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para defender la iniciativa propuesta por
nuestro grupo. ¿Qué se pretende con esta iniciativa? Poner en valor el
trabajo no remunerado, sacarlo de la invisibilidad en la que ha estado
durante siglos y devolver a las mujeres --porque es su derecho-- el
reconocimiento y la gratitud por tantos y tantos años de trabajo
olvidado. Lo que les estoy diciendo, de lo que les estoy hablando es lo
mismo que han dicho reiteradamente las Naciones Unidas y los acuerdos que
se tomaron en la plataforma de acción aprobada por la Conferencia de
Pekín el 15 de septiembre del año 1995.
El Gobierno actual aprobó el III Plan de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, que tiene una vigencia hasta el año 2000. Tiene tres
aspectos precisos y concretos: el primero sería la toma de conciencia de
la sociedad; el segundo, la elaboración de programas; y el tercero, las
medidas concretas para la acción. Es evidente, señorías, que algunos
políticos del Partido Popular no han llegado a la primera de las
indicaciones. Digo esto por sus palabras y hechos. No podemos olvidar que
hay modelos distintos, que provienen de planteamientos ideológicos que se
centran en aceptar o no la división esencial entre producción y
reproducción o, dicho de otro modo, seguir relegando esta última, la
reproducción, a la espera privada de la familia y atribuir su
responsabilidad a las mujeres en exclusiva. Esta situación es evidente
por la inclusión de las políticas de la mujer en los órganos de la
familia en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular.
La presentación de esta iniciativa ha contado con el apoyo de dos
organizaciones que considero imprescindibles: la primera, la Red
Internacional de las Mujeres Cuentan, que tienen el apoyo de 80
organizaciones no gubernamentales que han firmado su apoyo a esta
iniciativa, y la segunda sería la Confederación Española de Amas de Casa,
Consumidoras y Usuarias, conocida como CEAC. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Ambas organizaciones están aquí,
en la tribuna de invitados. Vaya por delante mi agradecimiento, el
reconocimiento de nuestro grupo parlamentario a sus desvelos y sus
trabajos y, sobre todo, por su apoyo a esta iniciativa.
La mujer ha vivido en condiciones de discriminación y subordinación
respecto al hombre. La desigualdad ha provocado que se relegue a la mujer
al ámbito doméstico, el hogar ha sido su sitio natural a lo largo de toda
la historia, tan sólo le está permitido actuar y desarrollarse dentro de
los ámbitos familiares. Una de las manifestaciones más evidentes de esta
discriminación es su dedicación exclusiva y excluyente al hogar y a la
familia. Nuestro paso por la historia, señorías, ha sido el de un gran
olvido. A fuerza de vivir la adversidad, las mujeres nos hemos hecho
tolerantes y gracias a nuestras dotes de persuasión, a nuestro ingenio, a
nuestro buen humor y, sobre todo, a nuestra perseverancia hemos
conseguido ir avanzando y obteniendo determinados derechos que hasta hace
bien poco nos han estado vedados.
La confederación de amas de casa realizó en el año 1996 una encuesta
entre sus asociadas, es decir, entre las amas de casa. Más de medio
millón de mujeres forman parte de esta organización, el 85 por ciento se
dedica en exclusiva al trabajo doméstico y un 15 por ciento de las
encuestadas tiene, además, un trabajo remunerado, si bien, como suele ser
habitual en las mujeres, casi todas lo compatibilizan con las tareas
domésticas y el cuidado de sus familias. Estamos hablando de 11 millones
de hogares y de más de 6 millones de amas de casa. No es posible,
señorías, seguir confundiendo trabajo con empleo. Recordemos como una
experiencia normal y reciente que pervive en preguntas oficiales:
¿Profesión?, sus labores. Las preguntas coloquiales que se hacen: Tu
mujer, ¿trabaja o no? Incluso hoy la terminología económica incluye a las
amas de casa en la categoría de población inactiva.
Según la encuesta antes mencionada, las mujeres dedican más de siete
horas diarias a cuidar de sus familias y a atender las labores del hogar,
prácticamente la jornada laboral de cualquier trabajador. El número de
hijos incrementa esta jornada, a veces hasta nueve y diez horas y aún
más. ¿Saben de cuánto tiempo libre disponen al día las amas de casa?
Solamente de tres horas. El 50 por ciento lo dedican a leer y el resto a
hacer compras, que también se puede sobrentender que es un trabajo. Sin
embargo, las mujeres --y esto me llena de orgullo-- tienen una gran
satisfacción por el trabajo que hacen. El 93 por ciento reconocen que se
sienten satisfechas, que su trabajo es útil y que representa para ellas
una proyección de vida. Una de cada seis mujeres encuestadas decía tener
un anciano, un discapacitado o una persona enferma a su cargo. De cada
cinco abuelas, una se dedica a cuidar todos los días o casi todos los
días a los nietos. La mujer ama de casa, sin embargo, siente que la
sociedad no valora su trabajo. Ella considera que contribuye a la
felicidad de los suyos y a la armonía familiar y que eso es lo mejor de
su trabajo. Por el lado negativo, percibe que trabajan 365 días al año,
que no tienen vacaciones, que no tienen días festivos y que su trabajo no
está retribuido.
La mitad de estas mujeres encuestadas trabajaron antes de casarse, pero
en la actualidad dicen que les sería muy difícil compatibilizar el
trabajo con estas actividades. La mayoría, un sesenta por ciento,
expresaba que sus maridos o compañeros les ayudan nada o muy poco. Y yo,
que soy bastante observadora, señorías, les puedo decir que me he dado
cuenta de que en general van ustedes muy bien planchados, y no creo que
sea porque hayan recibido ustedes un curso de habilidades domésticas por
correspondencia. Siempre les recomiendo una cosa, cada vez que abran un
armario y lo encuentren todo limpio, planchado y en su sitio, piensen en
la mujer que tienen cerca; ella, de verdad, se lo agradecerá.
La cooperativa Eroski, en el año 1998, realizó un estudio con las amas de
casa de Vizcaya y valoró el trabajo que ellas desempeñan en un salario
equivalente a 94.000 pesetas al mes; en pesetas de 1998, supondría
120.000.
Uno se puede preguntar, o una --una, no; normalmente ya sabemos lo que
supone--, uno se puede preguntar qué es eso de las tareas domésticas, qué
tipo de actividades llevan. El Centro de Investigaciones Sociológicas
desglosó treinta y dos tareas del quehacer doméstico que realiza el ama
de casa todos los días y en ocasiones varias veces al día. Pueden
agruparse en diez grandes grupos: las tareas de la administración de los
recursos de consumo, es decir, tener el monederito alegre y, además,
hacer milagros y economías para que lleguen a final de mes; las tareas de
socialización y de cuidado de los hijos; las de limpieza; de costura; de
preparación de alimentos; de atención de parientes enfermos; las tareas
de transporte; las de reparación y mantenimiento de la vivienda; las del
cuidado de las plantas, de las flores, del jardín, de los animalillos de
compañía; las de representación simbólica y relaciones con el exterior.
Señorías, la sociedad del bienestar europea sobrevive y ha sobrevivido
¿saben por qué? Gracias, en buena medida, a la provisión informal de
prestaciones sociales de las que se ha hecho cargo la mujer de forma
abnegada, de forma desinteresada y muchas veces forzosa.
¿Quién ha apoyado más al sistema de salud que las madres en el cuidado de
los hijos e hijas enfermos? Ha hecho de médico, de enfermera, de auxiliar
de clínica, sin recibir ninguna contraprestación. ¿Quién ayuda a los
abuelos? ¿Quién ha cuidado y formado a los discapacitados? ¿Quién se ha
sentado todos los días del curso con sus hijos a hacer los deberes? ¿Se
lo imaginan? Pueden ver la imagen.
Todo esto tiene un valor. Puede que no tenga precio. Es cierto que no
medirlo en los indicadores de producción nacional de renta ni en los de
bienestar social es una injusticia que recae básicamente sobre la mujer,
a la que la macroeconomía está diciendo que su trabajo, su esfuerzo y sus
desvelos son irrelevantes. Fíjense en un dato: si la mujer hace lo que
habitualmente hace en su casa contratada por su vecina, y ésta hace lo
mismo en la otra casa y se retribuyen cada una con dos millones, resulta
que la renta nacional aumentaría en cuatro millones. Ahora bien, si lo
hace en su casa, su trabajo, que es el mismo, vale, en términos
macroeconómicos, cero sobre cero, nada. La creación de las cuentas
satélites del PIB para medir el uso del tiempo y valorar económicamente
el trabajo no remunerado cuesta muy poco, pero su utilidad para las
mujeres es inmensa, porque supone el reconocimiento público de toda su
aportación a la sociedad y da la medida de discriminación que han de
corregir las políticas de igualdad.
La iniciativa que propone el Grupo Parlamentario Socialista, que ya ha
sido aprobada en el Parlamento vasco y en el Parlamento catalán, si es
aceptada por todos los grupos de la Cámara, supondrá que seremos el
primer país de la Unión Europea en contar con una iniciativa legislativa
sobre esta materia.
Quiero decirles que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda a la iniciativa que no ha sido aceptada y, al final, se ha
consensuado por todos los grupos una enmienda transaccional que recoge
con carácter general la proposición no de ley inicial e integra
modificaciones que mejoran su texto.
Creo que el bienestar de la familia, de la sociedad y la economía del
país dependen del trabajo invisible realizado por las mujeres. Al
conseguir el apoyo de todos los grupos, podremos decir que por fin se
podrá poner en valor el trabajo de la mujer en el hogar, ya que nadie
debe olvidarlo, señorías, todas las mujeres somos trabajadoras.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Cortajarena.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo
Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero felicitarnos por haber llegado a esta
enmienda transaccional, como no podía ser de otra manera en temas de esta
índole. También he de unirme al tributo a las asociaciones de mujeres
aquí presentes, que han luchado durante mucho tiempo por conseguir estos
objetivos.
La motivación de esta iniciativa es compartida plenamente por el Grupo
Popular. ¡Cómo no! La necesidad de medir, de cuantificar, de valorar, de
hacer estadísticas apropiadas que permitan ser incorporadas después de
alguna manera a las cuentas del PIB, en la medida
en que ayudan a la consecución de la igualdad, en la medida en que ayudan
a tapar la injusticia que durante siglos hemos sufrido en esta sociedad,
de desprestigio del trabajo doméstico y de las mujeres en general, a las
que se sumergía en este trabajo, necesitaba apoyar este tipo de
iniciativas. Y no solamente por esto. Creo que existen multitud de
razones para que todos los grupos apoyemos esta iniciativa. Es un paso
más en el camino de los que desde este año se están dando en todo el
mundo y que particularmente en España y en Europa en los últimos tiempos
se están haciendo realidad, no sólo por el cumplimiento de compromisos
internacionales que nos obligan, fundamentalmente la Cumbre de desarrollo
social y la IV Cumbre mundial de Pekín sobre la mujer. Esta valoración,
esta cuantificación es necesaria por muchas razones. Baste, por ejemplo,
una muy sencilla y elemental: el derecho de los trabajadores remunerados
ha ido creciendo, se ha ido luchando por ello, y se ha visto plasmado
cada año en cada convenio, uno a uno. En cambio, los trabajadores no
remunerados nunca han tenido, por supuesto, por escrito estos derechos en
el mejor de los casos; en otros, en la mayoría, simplemente no existen.
Es, pues, indudable esta necesidad, medir, cuantificar todo el trabajo no
remunerado, pero la mayoría cae en mujeres y en niños.
Cuando se habla de este tipo de trabajo, hay que hablar evidentemente de
la mujer, porque en España, de los seis millones de personas que realizan
trabajos no remunerados, no compartidos con alguna otra actividad, el 96
por ciento son mujeres. Y esto hace que el 99,5 por ciento de los
trabajos domésticos estén realizados por ellas. Es algo obvio y evidente
que la aportación al bienestar, a la calidad de vida, a la economía es
fundamental; sin embargo, para las cuentas no existe este trabajo. Como
no existe en las cuentas para esta sociedad, no existe valoración, no se
estima para nada el trabajo que se está haciendo en el hogar. Tomando un
estudio que ha hecho recientemente el CIS y dando al valor de la hora
sólo el 80 por ciento del valor medio, el PIB español subiría un 84 por
ciento. En el trabajo remunerado, la mujer sólo hace el 26 por ciento y
del no remunerado, el 86 por ciento. En España ya se está avanzando y hay
que reconocer que en los últimos años se han dado pasos en esta línea. El
INE tiene ya en sus planes una encuesta para el bienio 1999-2000.
Igualmente existe, coordinado por Bruselas, a través del Eurostat, un
grupo de trabajo a tal fin y se ha editado recientemente un estudio
piloto de encuesta del empleo del tiempo en España, integrado en el
proyecto europeo como única forma de trabajar, algo que tiene que servir
para una comparación posterior, es decir, haciéndolo de forma
supranacional.
El 7 de marzo de 1997, al aprobar el III Plan de igualdad, se recogió una
serie de medidas y de acciones en esta dirección. Es bueno recordar cómo
en menos de un año se aprobó, y leo textualmente, valorar en términos
económicos --y me refiero a la acción 3.1.11-- el trabajo doméstico y su
posible incidencia en la contabilidad del PIB, y --en la 9.1.1-- reflejar
en las estadísticas los trabajos que realizan las mujeres rurales y su
aportación a la economía. Pues bien, en menos de un año vemos como no
quedó simplemente en un enunciado, sino que ya se está haciendo algo como
es la contribución del trabajo no remunerado a la economía española,
alternativas metodológicas, que tiene ámbito de aplicación en 1997 y
1998, y el que hace referencia a la contribución invisible de las mujeres
a la economía, caso específico del mundo rural, está a punto de
terminarse.
Si esto es tan claro, si todos vemos, como lo ve nuestro grupo, que es
tan obvia esta incorporación, ¿por qué ha ido tan lento? ¿Por qué no ha
avanzado? Yo creo, señorías, que la forma de valoración de lo económico
en una sociedad no es algo ajeno al resto, sino que es una consecuencia
de sus valores sociales y que con eso se dan más o menos méritos a cada
una de las tareas. Esta sociedad, durante muchos años, ha sido machista y
consumista y así lo ha reflejado la contabilidad nacional.
Además de esta importante causa, existe una dificultad técnica y es que
es difícil hacer un cambio de todo el sistema de recogida de datos y
valoración, encontrar un método acertado. Hay también una gran dificultad
en el vencimiento de una fortísima inercia administrativa a una forma de
hacer las cosas. Durante decenios se ha consolidado una manera de hacer
contabilidad, de forma que hoy la sociedad lo tiene tan asimilado que,
cuando hablamos de una renta per cápita, nos hacemos en seguida la imagen
de un país, según que sea de 20.000 dólares o de 900 dólares. Nos hacemos
incluso la imagen de la cara de cada ciudadano. Está tan asimilado por la
sociedad que es muy difícil cambiar la contabilidad, tan difícil como
necesario es hacerlo.
Lo que sí tiene que quedar claro, y creo que todos lo compartimos, es que
la realidad social actual no se refleja en la contabilidad tal como está
hoy. Hay que hacer el cambio y no hay que asustarse. No hace mucho la
riqueza se medía por el uso del carbón o por las cartas que se enviaban;
hoy nos parece burdo hacer esto, tan burdo como seguramente dentro de
poco nos parecerá que haya un colectivo tan importante como seis millones
de mujeres cuyo trabajo no exista de cara a nuestra contabilidad, de cara
a nuestra economía. Eso puede ser y será dentro de unos años tan absurdo
como nos parece ahora medir la riqueza por las cartas que se enviaban.
Que sólo los flujos de mercado sean integrantes del PIB o de la renta
nacional deja fuera una zona muy importante de la realidad. Muy
importante. Cualquier sistema de valoración que cogiéramos nos daría como
mínimo un 40 por ciento del total de la realidad económica fuera de
medición. Además, el hecho de medirlo y de valorarlo con toda seguridad
acelerará el
cambio social. Hoy, pensar en medir el progreso sin tener en cuenta el
medio ambiente, o el trabajo doméstico, o el de cuidar a los enfermos, a
los mayores, a los niños, el voluntariado en general, no es posible. La
valoración del trabajo doméstico ha llamado a la puerta hace mucho tiempo
y es absolutamente esencial incorporarlo cuanto antes.
Por eso, porque somos conscientes del enorme cambio que esto supone y la
repercusión de esta incorporación, nos parece oportuno hacerlo en cuentas
satélites, como una vía adecuada y progresiva de incorporación del
trabajo no remunerado a la economía nacional, hasta conseguir de una
forma total la imagen verdadera de la sociedad en que vivimos, hasta
encontrar un método de valoración aceptado internacionalmente y aplicar
los recursos al estudio que la importancia de su volumen requiere. Si
estamos hablando de un 40 o de un 50 por ciento e hiciéramos un estudio
de lo que se gasta, veríamos que para unas cosas hay millones de euros,
para otras muy poquito; casi nada hasta ahora para estudios estadísticos
del trabajo no remunerado.
Creo que queda claro que vamos a apoyar esta proposición no de ley,
después de aceptar el grupo proponente la enmienda transaccional acordada
entre todos los grupos, y lo vamos a hacer por algo elemental: nos parece
que tener una contabilidad donde seis millones de mujeres no se ven
reflejadas no es un tema menor y hay que avanzar y ayudar a que se
acelere el proceso de incorporación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Caneda.
¿Grupos distintos del enmendante que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, también saludo a las mujeres que hoy vienen
a celebrar el Día internacional de la mujer, que hasta hace poco se
llamaba de la mujer trabajadora y que quizás porque teníamos la
conciencia de que las mujeres trabajamos todas, desde hace unos años se
llama, como digo, Día internacional de la mujer. Puede que esa lucha haya
llevado a esta proposición no de ley, en la que se pide y se insta a que
se realicen los estudios necesarios para valorar lo que se ha entendido
que ha sido el trabajo invisible.
Es verdad que las mujeres hemos sido invisibles en la economía, incluso
en su origen, como recogía en un estudio María Angeles Durán, que es una
gran experta en estos temas; recordaba que el origen de la economía, la
oikonomia aristotélica, era precisamente un tratado sobre la buena
administración de la casa, que luego trascendió, y hemos desaparecido
nosotras de la economía, se ha quedado la econosuya valorable, mientras
nosotras hemos estado en la invisibilidad. La visibilidad se ha
pretendido durante muchos años desde las organizaciones de mujeres;
además, hubo una dura batalla en Pekín para conseguir que se incluyera en
las cuentas del PIB. Con eso les hubiera dado un ataque a todos los
países, porque les hubiera destrozado todas sus previsiones económicas y
a nosotros no nos hubieran dado las cuentas para el euro en ningún caso.
Pero es verdad que se consiguió que se metiera en las cuentas satélite. Y
hoy estamos intentando que aquella batalla que se dio en China se haga
realidad, como se ha hecho ya en algunas autonomías y como queremos que
se haga en el conjunto de Europa --y ya hay inicios-- y que se haga en el
conjunto del Estado. Hacer visible las aportaciones de las mujeres es
hacernos visible en toda la sociedad, es acabar con esa invisibilidad que
permite que siempre se nos considere dependientes, aunque aportamos
muchas más cosas de las que a veces recibimos.
Además, no sólo queremos que se hagan estos estudios, sino que se hagan
bien, no sólo por el Instituto Nacional de Estadística, sino por los
organismos, universidades, centros de investigaciones científicas, que ya
están preocupados por valorar los usos del tiempo, que no se hace de la
misma manera si se quiere investigar cómo lo usamos las mujeres y cómo el
resto de los ciudadanos.
Me parece que es muy importante esta proposición y es una alegría que se
haga colectivamente. Pero ¡ojo! que esto cuesta dinero y que no pueden
ser sólo declaraciones programáticas, sino voluntad de financiarlo,
voluntad de acordarlo y de conocerlo. Y me temo que queremos conocerlo
para algo más. Es verdad que las mujeres venimos luchando para que todo
aquello que se nos da, que siempre se llama no contributivo, empiece a
tener otro carácter y que se haga una reflexión sobre lo que hemos
aportado a lo largo de toda la historia y los derechos que tenemos, no
para que la sociedad nos reconozca como no contributivas, sino como
personas que hemos contribuido en una gran parte al desarrollo de la
sociedad. Lo vamos a querer para eso. Ya se intentó en Europa que hubiera
una directiva sobre el trabajo invisible. Por supuesto, de directiva
obligatoria, nada. En todo caso, una recomendación, porque por ahora las
mujeres somos una recomendación, más que el ejercicio de una acción de
justicia, que es lo que yo creo que se va a producir cada vez en ese
reparto de la igualdad de oportunidades. En cualquier caso, conocer la
necesidad y valorarla es no un homenaje, sino una actuación de justicia,
no ya de los seis millones de mujeres que sólo se han dedicado a estar en
el hogar porque se les han quitado muchas oportunidades, sino de los once
millones de mujeres que, además de salir fuera, también tienen que
trabajar en el hogar, porque no se comparten las tareas y hay doble
jornada.
Si eso nos sirve para conocer, revalorizar y ver la economía desde un
punto de vista más humano, más capaz de satisfacer las necesidades del
individuo, y no sólo como una suma de datos, estamos aprendiendo mucho.
Desde el Grupo de Nueva Izquierda y desde Iniciativa per Catalunya-Los
Verdes, vamos a apoyar la proposición, lo vamos a hacer con entusiasmo y
sobre todo la vamos a hacer visible ante la sociedad. Las mujeres tenemos
que hacernos visibles, porque de la invisibilidad vienen los malos
tratos, viene la dependencia y viene la falta de respeto. Hoy es una
forma más de salir a la luz y espero que tenga plazos, que tenga dinero y
que muy pronto podamos decir que se está haciendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hemos creado un modelo de sociedad en el que identificamos
trabajo con retribución y en el que el trabajo no productivo, entendido
éste en términos de cuantificación económica concreta, no tiene la
valoración social que merece. La consideración económica y fiscal de que
sólo es trabajo aquel que se produce entre el empresario y el asalariado,
o aquel que se presta en el ejercicio de una actividad empresarial o
profesional, nos impide valorar adecuadamente el papel fundamental que
tienen quienes, trabajando diariamente, no pueden encuadrarse en alguno
de estos grupos. Sin duda, el colectivo más numeroso e importante es el
de las mujeres que se dedican de forma exclusiva al cuidado de su familia
y su hogar: las amas de casa. En ese colectivo hay quienes
desinteresadamente realizan trabajos para los demás, desde el cuidado de
enfermos, voluntarios en las ONG, trabajo familiar en el pequeño negocio
o en el campo. En fin, creemos que desde esta Cámara y desde el Ejecutivo
debemos impulsar la valoración social de ese trabajo. Esa mejora en la
valoración social comienza en la necesaria cuantificación y
dimensionamiento a través del reconocimiento formal de su existencia.
Las políticas de liberalización de este final de siglo no deben perder de
vista el progreso del Estado del bienestar, que es la mayor conquista de
nuestra cultura. En ese marco, Coalición Canaria valora muy positivamente
que el reconocimiento formal de la existencia del trabajo no retribuido
económicamente sea el principio para la protección y el bienestar de las
personas que dedican su esfuerzo a la mejora de la calidad de vida de su
familia o de sus conciudadanos.
Nos congratulamos de que hayamos alcanzado un consenso entre todos los
grupos parlamentarios en apoyo de esta feliz iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) , tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se presenta esta proposición no de ley
relativa a la medición cuantitativa y valoración del trabajo no
asalariado en España, sus inclusiones en las cuentas oficiales y su
integración en las políticas sociales, aludiendo en la exposición de
motivos a la resolución 35.136 del programa de acción adoptado por la
Asamblea General de la ONU el 11 de diciembre de 1980, aprobado por 132
miembros, con nueve abstenciones y tres votos en contra, Canadá, Israel y
Estados Unidos, y aludiendo también a las medidas recogidas en la
plataforma de acción, Objetivo estratégico H, aprobada en la IV
Conferencia mundial sobre la mujer, celebrada entre el 4 y el 15 de
septiembre en Pekín, en 1995.
Vaya por delante que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ve
positivamente esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, similar a otra aprobada anteriormente en el Parlamento vasco
y en el Parlament de Cataluña.
Dentro del informe publicado por las Naciones Unidas sobre esta IV
Conferencia mundial sobre la mujer, en el Objetivo estratégico H.2,
dentro del punto tendente a integrar perspectivas de género en las
legislaciones políticas, programas y proyectos estatales, en su apartado
204 b), dentro de las medidas que han de adoptar los gobiernos, se dice:
Revisar periódicamente las políticas, los programas y los proyectos
nacionales, así como su ejecución, evaluando la repercusión de las
políticas de empleo e ingresos, a fin de garantizar que las mujeres sean
las beneficiarias directas del desarrollo y que toda su contribución al
desarrollo, tanto remunerada como no remunerada, se tenga en cuenta en la
política y la planificación económica. Asimismo, en el objetivo
estratégico H.3, relativo a preparar y difundir datos e información
destinados a la planificación y a la evaluación desglosadas por sexo,
dentro de las medidas a adoptar, en su apartado 206 g), se habla de
desarrollar una clasificación internacional de actividades para las
estadísticas sobre el uso del tiempo en que se aprecien las diferencias
entre mujeres y hombres en lo relativo al trabajo remunerado y no
remunerado, y reunir datos desglosados por sexo.
En el plan nacional, y teniendo en cuenta las limitaciones nacionales, se
establecen dos puntos: uno, para hacer estudios periódicos sobre el uso
del tiempo para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado, y otro,
para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado
que no se incluye en las cuentas nacionales y tratar de mejorar los
métodos para que se analice su valor y se indique con exactitud en
cuentas satélites u otras cuentas oficiales que se prepararán
separadamente de las cuentas nacionales básicas, pero en consonancia con
éstas.
Es cierto que se van creando mecanismos para la igualdad de la mujer,
orientados, entre otras cosas, a diseñar, fomentar, aplicar, ejecutar,
vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que
promuevan el adelanto de la mujer a nivel de todo el Estado.
Nos parece positiva esta proposición no de ley instando al Gobierno
español a hacer realidad estos puntos aprobados en la IV Conferencia
mundial sobre la mujer, celebrada en Pekín, y por ello el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a apoyarla en la forma de la
transaccional consensuada, que mejora técnicamente algunos aspectos de la
proposición no de ley presentada pro el Grupo Socialista, entre otros,
por ejemplo, el cambio de la expresión trabajo no asalariado por el
nombre internacionalmente aceptado de: trabajo no remunerado.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señorías, el pasado 8 de marzo hemos celebrado
una vez más el Día internacional de la mujer trabajadora para recordar a
las 192 mujeres que en el año 1908 perdieron la vida en defensa de sus
derechos laborales. Deberíamos reflexionar si desde aquella fecha ha
cambiado en nuestra sociedad lo que entendemos como trabajo y
trabajadora, sus significados y su aplicación en el lenguaje comúnmente
utilizado. ¿Por qué es tan dispar la definición común de trabajo y su
definición económica y jurídica? Las consecuencias de estas disparidades
son especialmente humillantes para las mujeres, que ven calificado el
trabajo que desarrollan bajo la denominación de no activas y no
productivas. Y esto teniendo en cuenta que en el Estado español el
volumen de ese trabajo no remunerado, llevado a cabo mayoritariamente por
el colectivo de mujeres, triplica el número de horas trabajadas al año
respecto al trabajo convencionalmente definido.
Durante los últimos años, un creciente número de estudios han puesto de
manifiesto la ambigüedad que existe en la noción de trabajo, un término
usado para referirse al menos a dos actividades diferentes, la de
producción de bienes y servicios y la identificada socialmente como
empleo.
Así, cuando se habla de no tener trabajo, en realidad se está
interpretando no tener empleo remunerado. La actividad cotidiana de una
persona dedicada al cuidado del propio hogar y de la familia es sin duda
alguna un trabajo, pero que carece de reconocimiento social como
ocupación o empleo por la sencilla razón de no tener remuneración. Por
este motivo, a las amas de casa que no laboran fuera del hogar las
estadísticas oficiales las consideran como población no activa y esto,
señorías, necesita un cambio.
El trabajo, sea o no remunerado, debe ser un status con características
determinadas que debe otorgar al que lo ostenta unas coordenadas de
referencia dentro de la sociedad, contribuyendo a fomentar su autoestima.
En la actualidad, no se puede aceptar que se valore un trabajo sólo en
función de su remuneración, con menosprecio del que no lo está. Por el
contrario, debe tenerse en cuenta este último como actividad colaboradora
y creadora de riqueza. Señorías, no es lo mismo valor que precio. Esta
es, al tiempo, la explicación y esencia del trabajo no remunerado. Que en
una sociedad claramente mercantilista haya personas que dedican su tiempo
a atender a la familia con renuncia a su promoción personal y profesional
sin recibir compensaciones económicas debe hacernos reflexionar y
otorgarles el reconocimiento social que merecen.
La necesaria eliminación de cualquier forma de discriminación debe
impulsar, entre otras acciones, las dirigidas a lograr que los trabajos
no remunerados en el hogar, en las empresas familiares, en el ámbito
rural, sean valorados socialmente y considerados adecuadamente, tanto por
cuanto suponen a la cogeneración de riqueza como por su contribución
innegable a la calidad de vida que disfrutamos.
La necesidad de medir y valorar la producción no estructurada y no
remunerada en el marco del hogar se reconoció como principio hace ya
veinte años, en la I Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Méjico. A pesar de la continua avalancha de estadísticas, se sigue sin
disponer de datos fiables sobre esta actividad. Esta falta de información
es algo más que una mera cuestión relativa a la condición de mujer, pues
fundamentalmente afecta al diseño de una eficaz política económica y
social destinada a satisfacer las necesidades de la población.
La creación de un sistema de cuentas satélite, en las que se incluyan los
trabajos no remunerados, permitiría conocer la cantidad y el valor de
esas actividades estadísticamente nuevas. La inclusión de los datos sobre
el empleo de tiempo y la creación de un sistema de cuentas nacionales
satélite pondrá en claro la magnitud y el valor del trabajo de las amas
de casa, el del cuidado de los familiares a cargo y el de la colaboración
de la empresa familiar y el trabajo agrario. Además, se conocería con
exactitud la carga de trabajo que soporta la mujer por esta sola
condición, sumada, en su caso, a su participación en el mundo laboral
remunerado y conocida como la doble jornada. El proceso puede que sea
largo y laborioso, pero a su término se dará cumplimiento a un objetivo
fijado en la Conferencia
Mundial de Pekín, y la contribución laboral de la mujer, hasta ahora
invisible por su trabajo no remunerado, se hará manifiesta, se aceptará,
se valorará y se integrará en las economías estatales, con la mira puesta
en la consecución de la efectiva igualdad entre las mujeres y los hombres
en la sociedad.
Señor presidente, señorías, el voto favorable de Convergència i Unió a
esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, a la que
se ha presentado una transaccional por todos los grupos de la Cámara,
tiene su razón de ser en lograr un reconocimiento público y social del
trabajo en el propio hogar y en el cuidado de la familia, y también en
los demás trabajos no remunerados. A la vez, sentimos una gran
satisfacción por la coincidencia con la resolución del Parlament de
Catalunya, que aprobó en abril de 1997 una proposición no de ley para
valorar y cuantificar el trabajo no remunerado del hombre y la mujer en
Cataluña.
Un trabajo no valorado por la sociedad hace que la persona que lo lleva a
cabo cada vez se sienta menos dignificada. Quizá por este motivo el varón
ha sido reacio a compartir con la mujer las tareas derivadas del cuidado
del hogar que, demasiado frecuentemente, no han sido consideradas como es
debido, sino que, por el contrario, se han tomado como un signo de
debilidad o de poca hombría.
Debemos construir, señorías, una sociedad más justa, paritaria, donde
todos y todas sus integrantes tengamos un papel de igual valor.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amorós.
Seguidamente, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con brevedad pero al mismo tiempo con solemnidad el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida se satisface de que esta
proposición no de ley llegue al Congreso de los Diputados, pues esta
fuerza política lleva tiempo luchando por la efectiva igualdad de géneros
y por la consideración del trabajo reproductivo en todas sus dimensiones
en particular.
En efecto, para que la plena igualdad de todas las personas sea una
realidad es condición necesaria, aunque no suficiente, que empiecen a ser
consideradas como un trabajo social y económicamente útil las tareas de
la reproducción social frente a los valores que la estructura patriarcal
ha introducido en nuestra mente, en nuestros esquemas económicos y
sociales. Para que esta consideración avance es necesario dar los
primeros pasos, medir cuantitativamente y valorar el trabajo no
asalariado, el doméstico, el cuidado de los niños, los ancianos, los
discapacitados en el hogar y de las personas en general, el trabajo
rural, el de las empresas familiares, el trabajo del voluntariado,
ocupado en un 80 por ciento por mujeres en nuestro país, todos ellos
ocultos al omnisciente olfato del dogmatismo económico, y quitar las
piedras para que aparezcan los gusanos y a veces también la grandiosidad
de quien permanece oculto.
Hay que contar primero, en las cuentas oficiales y en estudios
periódicos, para valorar después y no sólo el trabajo en sí, sino sobre
todo aquellos y aquellas que lo desempeñan y pasar después a la acción,
utilizando esta proposición no de ley para mejorar la planificación
económica de los recursos que hace el gobierno impulsando las políticas
sociales concretas más adecuadas. Se trata de otros valores, de otro
modelo económico para otro modelo social surcado esta vez por el vector
violeta de la igualdad de los géneros. De esto trata la proposición no de
ley que hoy se nos plantea y por eso Izquierda Unida manifiesta su
conformidad con la misma, porque esta proposición no de ley responde a
tantas y tantas resoluciones de organismos internacionales donde las
mujeres sobre todo han arrancado, no sin resistencia, las consideraciones
que hoy se nos proponen: la ONU en los ochenta, el foro de Pekín en 1995,
Nueva York en 1997, pero antes el informe del Parlamento Europeo de 1993
titulado Valoración del Trabajo no Asalariado para las Mujeres, al que
esta proposición no de ley implementará también, apoyado muy activamente
por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea en su día.
Nuestro grupo ha contribuido al consenso de la enmienda que finalmente se
votará mejorando el texto, a nuestro parecer.
Esta proposición no de ley, señorías, no lo consigue todo, pero la lucha
feminista continúa y éste es un paso. Si sale adelante, como es de
prever, y, sobre todo, si el Gobierno se inspira en ella para la acción
gubernamental posteriormente, estaremos de enhorabuena, sin
paternalismos, señorías, sin utilizarlo como una concesión a la galería,
pero sí como una contribución a un proceso en el que deben caer las
estructuras que priman a un género sobre otro, pues las diferencias en
las relaciones humanas, las diferencias tanto de clase como de género no
privilegian a nadie, sino que a todos nos envilecen. En todo caso,
señorías, la lucha seguirá sin duda alguna.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Vaquero.
Vamos a proceder a la votación, entendiendo esta Presidencia que los
grupos, proponente y enmendante, han llegado a acuerdo en un texto
concordado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre medición cuantitativa y valoración del trabajo no
asalariado en España,
sus inclusiones en las cuentas oficiales y su integración en las
políticas sociales, en los términos resultantes de la transacción que
conoce el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA PARTICIPACION AUTONOMICA EN LA
DELEGACION DEL ESTADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNION EUROPEA.
(Número de expediente 173/000066)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, mociones
consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno
anterior de la Cámara.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre la
participación autonómica en la delegación del Estado en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, para cuya presentación tiene la palabra,
si la dejan oír, la señora Lasagabaster. (Rumores.)
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna
como consecuencia de la interpelación presentada en el Pleno anterior
acerca de la participación de representantes de las comunidades autónomas
en la delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea. Quiero señalar que la moción que he presentado también es
apoyada especialmente por el Bloque Nacionalista Galego y Unión
Valenciana.
En el anterior Pleno les hablaba, señoras y señores diputados, de que era
una cuestión de voluntad política y que ni en aquel debate ni en éste
pretendíamos establecer qué fórmulas imaginativas podían ser las mejores
para que nuestro sistema de distribución de competencias se adaptara para
poder ejercitar esta participación.
Les hablaba del planteamiento de Eusko Alkartasuna como posibilista, que
lo único que pretendía y pretende es que la distribución de competencias
no se vea afectada por el proceso de integración en la Unión Europea y
que no responde sino a mantener las competencias de las comunidades
autónomas. No había ni hay impedimentos de tipo legal a nivel de Derecho
comunitario ni de Derecho constitucional ni, por supuesto, de Derecho
internacional que imposibilitaran esta participación. La moción que todos
ustedes tienen delante responde a esta serie de criterios y
planteamientos y recoge esta serie de cuestiones. Así, en los tres
primeros puntos hace una referencia a lo que existe en otros estados de
la Unión Europea cuya estructura juridico-administrativa-política no es
centralizada.
¿Cómo hemos articulado esta participación? En el punto segundo hemos
creído conveniente establecer en qué consejos de ministros o en qué
formaciones especializadas del Consejo de Ministros creíamos que las
comunidades autónomas podían participar. Lógicamente hablábamos y
hablamos de competencias o de consejos que hacen referencia a
competencias autonómicas.
Hablábamos también especialmente de asuntos generales, del Consejo
Ecofin, de asuntos de justicia e interior, desarrollo-presupuesto, que
son absolutamente primordiales. Creíamos y creemos, y así lo hemos
manifestado, que es muy importante que aparezca esa participación no
solamente en los consejos como tales, sino en los grupos de trabajo
dependientes de ellos, como sucede también en las comisiones.
Dialogábamos de cómo debe ser esa participación con las características
que ustedes pueden establecer en la medida en que sostenemos que ese
representante de las comunidades autónomas se debe integrar como miembro
de pleno derecho en la delegación del Estado; de que tiene que tener
acceso a la información previa y a la documentación de la reunión,
manteniendo la posición de la delegación del Estado; de que se atendría a
las instrucciones y en el caso de las competencias autónomicas
entendíamos que esa responsabilidad de la delegación podría ser atribuida
a las comunidades autónomas.
En definitiva, terminamos explicando qué plazo pensamos que puede darse
para ver qué formula es la más correcta y para combinar la problemática
que puede suscitar este tema, pero sin descartar en ningún caso la idea
clave: que deben participar. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i
López, ocupa la Presidencia.)
Esta es nuestra moción. No obstante, a lo largo de esta semana, señorías,
hemos visto que han ocurrido bastantes cosas buenas. Este debate en esta
casa y en este momento tiene que centrarse en dónde estamos, a dónde
hemos llegado y a dónde queremos llegar.
Hemos aprobado como propuesta del Partido Nacionalista Vasco presentada
en la Comisión Mixta de la Unión Europea un acuerdo unánime. Es bueno que
los acuerdos sean lo más amplios posible y a nadie se le escapará que
todos los grupos así lo deseamos. En ese sentido, todos hemos hecho un
esfuerzo, el partido que apoya al Gobierno y los demás grupos, en tratar
de encontrar una fórmula que tuviera dos ejes clave: que quedara claro
que esa participación debe existir y que dada la complejidad no podemos
obligar a iniciar un proceso que sea rápido, a pesar de que quizá haya
algunos que deben tener momentos para reflexionar cómo puede ser el mejor
y más óptimo encaje de esta serie de circunstancias. Así lo aprobamos de
forma unánime.
Sin embargo, no podemos dejar pasar --y esto es importante-- una serie de
declaraciones que se han sucedido a lo largo de esta semana. Cuando todos
teníamos en nuestro espíritu que era clave que tenía que existir esa
participación de las comunidades autónomas, hemos visto que los más
importante dirigentes del Ejecutivo en esta materia, desde el presidente
del Gobierno hasta el ministro de Asuntos Exteriores, por no hablar de
otras autoridades como el Presidente del Senado, curiosamente no hacían
la misma interpretación que nosotros. Esto nos ha preocupado
terriblemente.
En este sentido, les quiero señalar que pretendo esclarecer de manera
rotunda, sin interpretaciones, sin ambages ni ambigüedades que esa
participación tiene que existir. No les oculto que la enmienda del Grupo
Socialista, a quien agradezco su presentación, podría ser más cercana a
nuestros planteamientos. Habla de competencias exclusivas, autonómicas en
general, legislativas y de ejecución; habla de singularidades y creo que
hubiéramos podido conseguir que hablara de un plazo, aunque quizá el
acuerdo no hubiera sido unánime.
Por otro lado, a la portavoz que les habla le preocupa que no quede
claro, y por escrito, que el proceso del que estábamos hablando la semana
pasada no es, como dijo, creo, el señor Guardans, que quedara en nada o
ad kalendas graecas, como dije, sino que se realice ya. Las complejidades
no pueden ocultar la falta de voluntad política de llevarlo a cabo; las
complejidades y el proceso tendente a permitirlo no puede ocultar la
inexistencia de voluntad política del Gobierno para hacer desaparecer
nuestras preocupaciones o llevarlo a algún momento en el que al final no
se llegue a nada. Esto, señores, es la balanza; ésta, señoras y señores
diputados, es sinceramente la posición.
Con las dos enmiendas presentadas, para que el acuerdo siga siendo
unánime, para que desaparezcan todas las contradicciones, todas las
interpretaciones, para que el presidente del Gobierno lo tenga claro, que
supongo que lo tendrá, como el ministro de Asuntos Exteriores, como hasta
el último ciudadano de este Estado, creo que puede existir esa
participación. Por eso, para que no se lleve hasta el infinito o hasta no
se sabe qué momento, para poder aceptar la enmienda del Grupo Popular y
volver a tener lo que creo que es razonable y lógico y lo que responde a
lo que todos los grupos quieren, le pediría que introdujera en su
enmienda una mención específica a un tiempo concreto. No voy a hacerle
saltarse las dificultades, las complejidades y todo lo que ustedes
quieran, pero sí pido al grupo que apoya al Gobierno que sea partícipe de
la voluntad y el espíritu unánimes; solicito que establezcamos un plazo
de inicio de ese procedimiento y que sea con luz y taquígrafos, en esta
Cámara, por escrito, apoyado por todos los grupos, para que no solamente
una vez, sino dos, le digamos al Gobierno qué es lo que realmente
queremos.
Señores, aquí están mis posiciones. Ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Lasagabaster.
A esta moción tienen presentadas enmiendas los grupos parlamentarios
Socialista y Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, señorías, quiero, en primer
lugar, agradecer la oportunidad que me proporciona la moción de la señora
Lasagabaster, del Grupo Mixto, para aclarar algunos aspectos relevantes
respecto de la cuestión que hoy debatimos, que han sido tergiversados
interesadamente por los portavoces del Partido Popular y del Gobierno.
El proceso de participación de las comunidades autónomas en la Unión
Europea se ha caracterizado por el pragmatismo y se han ido creando
instrumentos para hacerla eficaz, como son la Conferencia para asuntos
europeos, el consejero para asuntos autonómicos en la representación
permanente de España en la Unión Europea y la presencia de las
comunidades autónomas en algunos comités de la Comisión Europea.
Hoy continuamos un debate, iniciado hace dos semanas en el Pleno de esta
Cámara con la interpelación de la señora Lasagabaster y en la Comisión
Mixta para la Unión Europea la semana pasada, con una proposición no de
ley del PNV. Desde el inicio de la discusión se han producido cambios
profundos y forzados en el Gobierno, que se han transmitido como
flexibilidad y capacidad de negociación, y se han escrito todo tipo de
inexactitudes, incluso errores, en los contactos y debates que finalmente
han permitido aprobar por unanimidad un texto genérico en la Comisión
Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea.
En primer lugar, señorías, quiero recordar cuál fue la posición del
Gobierno, expresada por su ministro de Asuntos Exteriores en el Pleno del
día 25 de febrero de 1998. El ministro decía lo siguiente: El sistema
sería ingobernable; sería simplemente un patio de enfrentamientos entre
intereses contrapuestos de distintas comunidades autónomas y, por ello,
el Estado perdería su derecho de arbitrar y, en consecuencia, su derecho
de hacer prevalecer el interés general, al margen del deterioro en su
autoridad a la hora de defender las posiciones en el seno del Consejo de
Ministros de la Unión Europea.
A la réplica de la señora Lasagabaster, por si no estaba claro, el
ministro aún añadía lo siguiente: Este Gobierno
no es partidario de adoptarlo --se refiere a la propuesta de
representación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión
Europea--; repito --decía el ministro--, esa no adopción no es tanto un
problema de voluntad política como de eficacia del sistema que
actualmente mantenemos en vigor.
Señorías, después de unas afirmaciones tan taxativas y contundentes cabe
preguntarse qué ha ocurrido desde el 25 de febrero, fecha en la que se
hicieron esas afirmaciones, hasta el día de hoy para que el Gobierno y el
Partido Popular hayan cambiado aspectos tan relevantes en su posición
política como son el convencimiento de la defensa del interés general y
la eficacia del actual sistema. Trataré de aclararlo para la historia y
para sus señorías.
Lo que ha ocurrido es que el Grupo Popular iba a perder una votación;
simplemente eso, y lo explicaré. Se efectuaron diferentes llamadas
telefónicas desde el Partido Popular y el Gobierno a distintos
responsables del Partido Socialista Obrero Español y del grupo
parlamentario, entre ellas llamadas al exterior, para intentar frustrar
la voluntad del PSOE de mantener una política evolutiva en cuanto a la
participación de las comunidades autónomas en las políticas de la Unión
Europea. Señorías, quiero recordar aquí que siendo ministros de
Administraciones Territoriales el señor Almunia y el señor Eguiagaray,
ofrecieron entonces un marco de participación a las comunidades autónomas
similar o igual al que el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy o
presentó en la Comisión Mixta mediante una enmienda que fue finalmente
desestimada. Por lo tanto, quiero aclarar que no existe ningún cambio de
posición del Grupo Parlamentario Socialista al respecto, sino una
situación diferente, que permite --y nos congratulamos de ello-- a las
comunidades autónomas más históricas (País Vasco y Cataluña) y a sus
representantes aquí en esta Cámara, que son los que más insistentemente
han solicitado esta participación en la Unión Europea, asumir hoy el
marco entonces propuesto y nunca asumido.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno, en una reunión
convocada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas y el
secretario de Estado para la Unión Europea, en la sede del MAP, en
Castellana número 2, mantenían el martes pasado, horas antes de votarse
una enmienda del Partido Popular, a las 18 horas de la tarde, la misma
posición que habían mantenido en este Pleno el ministro de Asuntos
exteriores y el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Es
decir, que hasta que el Grupo Socialista se ausentó de la reunión,
sosteniendo que nosotros íbamos a defender una enmienda que permitía la
evolución de la representación de las comunidades autónomas en la Unión
Europea y particularmente la participación de un representante de éstas
en los consejos de ministros, elegido en la Conferencia para asuntos
europeos, el Partido Popular estuvo cerrado a cualquier acuerdo y a
cualquier diálogo en esa materia. Sólo cuando nosotros nos ausentamos, y
minutos después, ofrecía un consenso al PNV sobre la base de una enmienda
que había sido manejada en esta reunión y a la que nosotros,
evidentemente, hubiéramos dado nuestro apoyo, en el sentido de que
considerábamos --y así lo expresamos entonces y seguimos creyendo hoy y
considerando-- que ésta no es una materia que deba ser fruto de la
confrontación política entre posiciones diferentes, sino del diálogo y
del acuerdo entre todos los grupos políticos que componen esta Cámara y,
por ello, fruto de la negociación y el acuerdo.
Señorías, la sorpresa surge cuando acaba la Comisión Mixta para la Unión
Europea. Una vez aprobado por unanimidad el texto de la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, lo que ocurre, lo que se transmite es propio
yo diría de aquellos que, no asumiendo de verdad una posición, siendo
neoconversos en la materia, necesitan buscarse adversarios exteriores
para justificar su posición. Ese es el motivo por el que es necesario
aclarar, por las manifestaciones de responsables del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular, cómo se produjo este acuerdo, para que no engañen
a sus socios parlamentarios, para que sean también transparentes con
ellos, para que los ciudadanos sepan qué valor tiene el interés general o
la eficacia para los responsables del Gobierno y del Partido Popular.
Tiene el valor que dura el tiempo de perder una votación.
En defensa de nuestra enmienda, quiero subrayar nuestro compromiso para
que ese importante tema se regule como fruto de un amplio acuerdo entre
todas las fuerzas políticas y no, como he dicho antes, como fruto de
enfrentamientos, descalificaciones o mayorías coyunturales. El PP ha sido
desleal con nuestra actitud responsable y, además, ha inventado algunas
partes de su discurso para hacerlo más presentable ante sus socios.
La participación de las comunidades autónomas en la delegación española
en el Consejo de Ministros es, sobre todo, un reto y para hacerla
operativa requerirá de una colaboración más estrecha entre las
comunidades autónomas en la Conferencia para asuntos europeos. Queremos
superar la visión actual de algunos responsables de la Administración,
que lo perciben como una agresión o una injerencia de las comunidades
autónomas en las competencias de la Administración del Estado o como el
intento de los nacionalistas de arrebatar parcelas de la soberanía del
Estado. El texto que ofrecemos en nuestra enmienda contiene todos los
elementos necesarios para esta evolución; sin embargo, nos sumaremos a
aquellas enmiendas que puedan contener, fijando el objetivo para nosotros
irrenunciable de la evolución, la evolución necesaria de la participación
de las comunidades autónomas en la política europea.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Costa.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor presidente, señorías, la integración de
España en las comunidades europeas supuso la atribución a éstas del
ejercicio de competencias que en el bloque de constitucionalidad estaban
distribuidas entre el Estado y las comunidades autónomas, de manera que
los efectos de la decisión en 1996 repercutieron competencialmente tanto
sobre los órganos del Estado como sobre las comunidades autónomas. La
organización territorial del Estado español ha planteado, por lo tanto, a
partir del momento de la adhesión, la necesidad de encontrar unos cauces
para hacer efectiva la participación de las comunidades autónomas en los
asuntos comunitarios europeos que afectan a las competencias que han
asumido, competencias que, señorías, han ido variando a medida que se
progresaba en la descentralización del Estado y en las transferencias
autonómicas, tema que todavía no está cerrado.
Durante los doce años que han transcurrido desde entonces, el tratamiento
de esta participación ha experimentado un proceso de búsqueda de
soluciones que ha alcanzado compromisos y logros pragmáticos a los que
recientemente, y a iniciativa del Gobierno, se ha dado estabilidad
jurídica. Tal ha sido la idea subyacente de la ley por la que se regula
la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas, de
29 de noviembre de 1997.
La Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas es
el mecanismo más original del modelo español de participación. La
articulación de su labor institucional u horizontal se coordina con la
labor sectorial que se desarrolla a través de las conferencias
sectoriales. De esta manera se ha querido consolidar un modelo de
participación a través del principio de cooperación, que ha sido fruto,
como hemos dicho, de un proceso por etapas siempre producto de un
consenso. La Conferencia no sustituye a las conferencias sectoriales o
instrumentos equivalentes existentes, sino que garantiza el impulso, el
seguimiento y el procedimiento de participación de las comunidades
autónomas, a través de las respectivas conferencias sectoriales u
organismos equivalentes, en las políticas o acciones comunitarias que
afectan a las competencias de aquéllas.
En este sentido, hay que recordar otros esfuerzos realizados durante esta
legislatura por el Gobierno popular para mejorar la participación de las
comunidades autónomas en los asuntos relativos a la Comunidad Europea, la
mejora de los mecanismos de información a las comunidades autónomas a
través de nuestra representación permanente en Bruselas y especialmente
mediante la creación de la nueva figura del consejero para asuntos
económicos y la formalización de un acuerdo que regula la participación
de las comunidades autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, ampliando los supuestos del acuerdo
de 1990 a todos los casos en los que existía un interés autonómico. En
virtud de lo contenido en el pacto de gobernabilidad Partido
Popular-Convergència i Unió, los coordinadores para asuntos europeos de
las comunidades autónomas se reunieron en Sevilla, el día 26 de mayo de
1997, con el objeto de distribuir entre las comunidades autónomas la
representación autonómica en los 55 comités seleccionados por la
Administración del Estado para la primera etapa --y digo bien, para la
primera etapa-- de este nuevo instrumento de participación autonómica en
los asuntos europeos. Según este sistema, el representante de una sola
comunidad autónoma garantizará de ahora en adelante la difusión entre las
demás de la información obtenida. Se ha puesto en marcha, pues, la
presencia de representantes autonómicos en los comités de la Comisión. No
hay que olvidar que estos comités tienen como labor primordial
desarrollar las modalidades técnicas de ejecución de los reglamentos
comunitarios, que en muchos casos corresponde aplicar a las propias
comunidades autónomas. Vemos, señorías, cómo las comunidades autónomas
han visto incrementados y perfeccionados los instrumentos de
participación interna con los que cuentan para hacer efectiva su
intervención en los asuntos comunitarios que afectan a sus competencias.
Por lo tanto, señor presidente, señorías, tengo que decir que la voluntad
del Gobierno del Partido Popular ha sido la de, por un lado, continuar en
este proceso evolutivo --comenzado en gobiernos anteriores desde 1986--
y, por otro, mejorar y perfeccionar el procedimiento, como lo pone de
manifiesto el hecho de haber sido objeto de consideración en los pactos
de gobernabilidad con nuestros socios de Gobierno
En esta línea y con esta voluntad, el Grupo Parlamentario Popular
presentó la pasada semana una enmienda a la proposición no de ley del
Grupo Nacionalista Vasco en la Comisión Mixta para la Unión Europea;
enmienda aceptada por éste y aprobada con el respaldo unánime de todos
los grupos parlamentarios, tendente a abrir una vía que permita la
presencia de un representante de las comunidades autónomas en la
delegación del Gobierno en aquellas reuniones del Consejo de Ministros de
la Unión en las que se traten asuntos para los cuales tengan competencia
exclusiva las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, se promovía una
reflexión en torno a los mecanismos internos de cooperación que lleven a
un esquema de mayor participación efectiva de las comunidades autónomas
en los asuntos relativos a la Unión Europea.
Señor presidente, señorías, la legitimación de esta decisión,
unánimemente aceptada por las dos Cámaras
de este Parlamento, representadas en la Comisión Mixta Congreso-Senado
para la Unión Europea, es la que refuerza mi petición de afrontar este
reto que ha sido calificado de histórico desde el más amplio de los
consensos. Si queremos que la participación de las comunidades autónomas
en las reuniones del Consejo sea eficaz y que sume en lugar de restar, en
el marco general de participación de éstas en los asuntos comunitarios,
tendremos que construir una base sólida, en un esquema interno de
cooperación, que la sustente. Por ello, y siendo un asunto de gran
trascendencia para todas --y digo, todas-- las comunidades autónomas sin
excepción, es lógico que sea la Conferencia para asuntos relacionados con
las comunidades autónomas el foro donde se inicie el proceso de reflexión
y donde se diseñen y articulen las modalidades de participación
oportunas. Los Estados descentralizados de la Unión que establecieron
este mecanismo de participación directa --en particular la República
Federal Alemana, que a tantos les gusta comentar--, partían de una larga
experiencia en el desarrollo de sus mecanismos internos de cooperación y
de unas bases de orden constitucional interno que permitieron fundamentar
la participación directa en el Consejo de una manera ordenada y sólida.
No hay que olvidar aquí que, en el sistema alemán, el pilar sobre el que
se asienta la cooperación interna y la participación directa en el
Consejo es el Bundesrat, como Cámara de representación territorial; sin
embargo, se continúan suscitando problemas. En España todos estos temas
están pendientes de solucionar y todos ellos deben formar parte de una
solución global. Cualquier otro planteamiento que se le diera al tema
sólo supondría parches y decisiones de una permanencia incierta en el
tiempo, a la que ninguna de SS. SS. creo que quiera arriesgar su mandato
político de representación.
Señor presidente, señorías, el Grupo Popular les está ofreciendo su
colaboración mediante la introducción de nuestra enmienda para que,
dentro del consenso alcanzado la semana anterior, seamos capaces de
encontrar una fórmula que, con los únicos límites que nos marca la
Constitución, la necesaria eficacia negociadora, la solidaridad y la
defensa de los intereses unitarios del Estado español, permita la
legítima participación de las comunidades autónomas en las reuniones del
Consejo de Ministros.
Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores ha salido al paso de
ciertas informaciones aparecidas en la prensa respecto al alcance del
consenso logrado la semana pasada. Leo del «Diario de Sesiones»: En
ningún momento, y lamentaría mucho que se hubiese dado esa interpretación
en alguna ocasión, mis observaciones tenían carácter tremendista,
simplemente hacían referencia no tanto a la contestación del sistema
cuanto a la preocupación que me daba que su aplicación pudiera finalmente
ir en perjuicio de los intereses generales de nuestro país. Pero en la
medida en que esta fórmula se planteó sobre la base de una propuesta del
Grupo Vasco enmendada con mi acuerdo (y por eso le agradezco mucho sus
afirmaciones al Grupo Popular respecto a que en ningún caso fue violando
la voluntad del ministro, sino por acuerdo del ministro y diría que
inspirado en por mí mismo), me parece plenamente satisfactoria. Repito,
no solamente la acato, sino que la asumo con mucho gusto y me voy a
esforzar en que se cumpla. ¿Cuál será esta fórmula? ¿Cómo se articulará?
Son temas, señorías, que no nos corresponde delimitar a nosotros en estos
momentos. Dejemos la decisión a los implicados y a los expertos,
dejémosla a la conferencia horizontal y a las comunidades autónomas con
el Gobierno.
Sé que a doña Begoña Lasagabaster le preocupa que la ausencia de plazos
pueda suponer un alargamiento del proceso, un retraso sine die. Le
aseguro a S. S. que no es ésta la intención de este portavoz ni de mi
grupo parlamentario, conscientes como somos del compromiso que hemos
adquirido y de la importancia de su cumplimiento. Por ello le digo que
estoy en situación de anunciar públicamente el compromiso del Gobierno de
iniciar esta reflexión en la primera reunión plenaria de la Conferencia
para asuntos relacionados con las comunidades europeas, que se celebrará
el próximo mes de junio. Por ello les pido su apoyo a nuestro texto
consciente, como lo soy, de que en el juego político muchas veces la
renuncia a un legítimo interés partidista en pro de un consenso amplio
constituye la mejor fórmula a largo plazo de llevar a buen puerto
reformas que todos perseguimos en beneficio de nuestras comunidades
autónomas y, por lo tanto, de esta España plural y del proyecto europeo.
En este sentido, estoy dispuesto a proponerle una enmienda transaccional
mediante la cual el punto número cuatro de nuestra enmienda diría que
insta al Gobierno para que en el marco de la Conferencia para asuntos
relacionados con las comunidades europeas se inicie, mediante la
inclusión en el orden del día de la próxima reunión plenaria del mes de
junio, un proceso tendente a establecer..., y continuaría tal y como está
en el texto de la enmienda.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Martínez
Casañ.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición respecto de esta
moción y de las enmiendas presentadas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, y con gran
brevedad, porque, como bien se ha recordado aquí, en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea debatimos ya la semana pasada la
iniciativa que tuvo el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que apoyamos desde el primer momento y que ha sido
complementada con las enmiendas que allí se introdujeron y que aprobamos
por unanimidad todos los grupos parlamentarios allí presentes.
Por tanto, a la vista de que el arranque de esta iniciativa que hoy trae
el Grupo Mixto por parte de la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna,
incide en esa línea de fondo y que de las dos enmiendas debatidas aquí la
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular recoge más literalmente,
en su contenido y en su forma, lo que acordamos precisamente en la
Comisión Mixta de la Unión Europea, vamos a votarla con la modificación
que ha aceptado el ponente del Grupo Parlamentario Popular en esta
enmienda y que se ha introducido en el punto cuarto.
Así lo ve la Comunidad Autónoma de Canarias, su Gobierno y este grupo
parlamentario, y hemos mantenido esta línea de representación, incluso en
cualquiera de los grupos de trabajo que se crean en las comisiones del
seno de la Unión Europea, precisamente por la especificidad legislativa
de nuestro régimen económico y fiscal, ya que los distintos reglamentos
que nos afectan, sea la OCM del plátano, sean los programas Poseican,
requieren unos interlocutores que sepan perfectamente y sientan con
sensibilidad de qué se está hablando y qué alcance tiene cualquier
acuerdo que se vaya a tomar allí de tipo reglamentario o de directiva.
Por esa razón, señor presidente, vamos a apoyar este texto que se ha
presentado aquí con la pertinente corrección en el punto cuarto debida a
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Para explicar la postura de mi grupo, evitando repeticiones, debo
forzosamente referirme a mi intervención en la pasada semana, en relación
con la postura de mi partido y del Gobierno Vasco sobre la participación
institucional de Euskadi en la construcción europea.
Fruto de esta convicción es una labor constante en ese sentido y la
presentación en el Parlamento vasco de una proposición no de ley,
auspiciada desde la
Secretaría de Acción Exterior de la Lehendakaritza, promovida por los
tres partidos que gobiernan en coalición, Partido Nacionalista Vasco,
Partido Socialista-PSE, y Eusko Alkartasuna, que recibió también el apoyo
de Izquierda Unida. Es decir, sólo quedaron fuera Partido Popular y
Unidad Alavesa, es decir --repito-- fue votada por nacionalistas y no
nacionalistas, y ese es el texto que hoy se formula como moción y que es
nuestra apuesta como tendencia.
Coincide también con la iniciativa presentada en forma de proposición no
de ley por nuestro grupo en octubre de 1997, que fue debatida la pasada
semana en la Comisión Mixta de la Unión Europea. En ella aceptamos una
enmienda presentada por el Grupo Popular, que es desde luego un recorte a
nuestro planteamiento, pero que supone un empezar a andar en la ruta de
la participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea que nos
proponemos transitar y que además permitió que fuese votada por
unanimidad.
Lo aprobado la pasada semana fue percibido en los medios de comunicación
por los grupos políticos, y me remitiré a la intervención, por ejemplo,
del señor Guardans, en nombre de Convergència i Unió, y también por los
estamentos políticos como una novedad y como una inflexión frente a
planteamientos negativos anteriores en relación con la presencia
institucional de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea.
Frente a esta convicción generalizada, sorprendió la actitud del propio
Gobierno y de su entorno restando importancia a lo aprobado. Se decía en
un medio muy cercano a estas esferas que en el Congreso se insta
semanalmente al Ejecutivo a infinidad de cosas que con el tiempo se
olvidan en los siguientes trámites parlamentarios hasta que decaen con la
disolución de las Cámaras. Esta afirmación, además de cínica, nos pareció
que denotaba falta de respeto a la institución de la soberanía popular en
relación con una decisión unánimemente acordada.
Esta mañana, en el propio seno de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, ha habido una rectificación o explicación aclaratoria del propio
ministro y sobre todo la intervención en esta sesión del señor Martínez
Casañ, que nos tranquiliza. Además, creemos que hay proposiciones no de
ley y proposiciones no de ley, pero en la aprobada la pasada semana es
claro el mensaje de la acción política que se exige al Gobierno. Es
inequívoco lo que se le solicita, máxime cuando tiene en su propio debate
un elemento de interpretación auténtica en las preguntas previas a la
aceptación de las enmiendas, dirigidas por el representante del Grupo
Vasco, señor Basagoiti, quien intervenía como portavoz del Grupo Popular.
Antes de aceptar la enmienda, se pidió la aclaración de tres aspectos, el
concepto de la representación de las comunidades autónomas, aclaración
sobre la referencia a las competencias exclusivas y naturaleza de la
concepción del problema a debate, si se entendía como proceso evolutivo y
abierto. Las tres tuvieron respuesta favorable a la tendencia sostenida
desde nuestro grupo y creemos que integran el contenido del compromiso
asumido por el Gobierno, ya con las Cortes Generales, y cuyo cumplimiento
por ellas les será
exigido. Lo aprobado conduce a una certeza: la participación de las
comunidades autónomas en el Consejo de Ministros. Lo que todavía puede
ser ambiguo es el mecanismo por el que ésta se articule.
La misma virtualidad tiene la moción hoy presentada, y con la enmienda
que propone el Grupo Popular y con el fruto del esfuerzo unánime de todos
los grupos --sí, señor Costa-- sobre todo de los nacionalistas, en una
vertiginosa labor de pasillo, se ha obtenido la precisión temporal a la
que la señora Lasagabaster se refería.
Queremos agradecer la actitud del Grupo Socialista, su enmienda o el que
se sume al consenso, al que siempre cabe, sin embargo, reprochar el
porqué ahora y no antes. Que lo posible mejor no nos haga perder lo bueno
ya real, nos lleva a desear que la señora Lasagabaster acepte la enmienda
del Grupo Popular y que obtenga, como en la pasada semana, el
asentimiento de toda la Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, las peculiaridades del reglamento de la
Cámara permiten que, de nuevo, debatamos hoy la misma cuestión que fue
resuelta ya por unanimidad hace unos escasos días por la Comisión Mixta
para los Asuntos de la Unión Europea. Se debatía entonces una proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Vasco y a la misma se presentó una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que fue aceptada y recibió el
consenso y, por tanto, el voto unánime de todos los grupos.
Mi grupo valoró entonces, y sigue valorando muy positivamente, la
rectificación --evolución, podríamos llamarla-- del Partido Popular en
esta materia. Lo hacemos con independencia de determinadas reuniones cuyo
contenido nos puede haber sorprendido y que han sido descritas con
precisión por el portavoz del Grupo Socialista, intentando lograr otro
tipo de consensos, al margen de aquéllos que, aunque no fuéramos
titulares de la iniciativa, sí era bastante notorio que simpatizábamos
con ella. Por tanto, dejando a un lado esas reuniones y los motivos más o
menos nobles, más o menos convencidos que haya tenido el Grupo Popular
para cambiar su posición, nosotros le damos la bienvenida. Sabemos que
ese cambio no ha sido espontáneo, pero nunca es tarde si la dicha es
buena.
En todo caso estamos convencidos de que no es un gesto sólo de cara a la
galería. De hecho, hoy mismo, el ministro Matutes ha dejado claro su
compromiso con la decisión de esta Cámara, rechazando que estemos ante
uno de esos casos, como ocurría en las Indias con las leyes que venían de
España, de leyes que se acatan pero no se cumplen, y dejando claro que
ese no es el supuesto.
Por tanto, lo que pretendo dejar claro es que esta Cámara, y no sólo esta
Cámara, sino también el Senado a través de la Comisión Mixta, ya se ha
pronunciado en unos términos que, hoy por hoy, nos parecen aceptables.
Que los árboles del debate entre los distintos grupos políticos no nos
impidan ver el bosque, y el bosque, aunque no sea todo lo frondoso que
algunos querríamos, y probablemente coincidiríamos en muchas cosas con la
propietaria de esta iniciativa, con la diputada interpelante, el bosque,
insisto, es positivo.
El texto que en su momento fue aprobado y que hoy coincide
sustancialmente con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular deja muy claros los siguientes puntos: primero, que la
participación de las comunidades autónomas en el actual proceso de toma
de decisiones de la Unión Europea no es perfecto, es más, es muy
mejorable, porque no refleja adecuadamente, y así se dice expresamente en
lo que se votó, no sólo en el gran debate de los principios sino en la
práctica, el reparto competencial entre el Estado y las comunidades
autónomas, tal y como está diseñado en la Constitución y en los estatutos
de autonomía.
El texto que en su momento se votó en la Comisión Mixta anima, deja claro
que conviene iniciar un proceso de reflexión sobre esta cuestión y sobre
el mecanismo de participación de las conferencias sectoriales que tampoco
es una panacea, tampoco es la mejor de las soluciones y se está
demostrando que es claramente perfectible.
Finalmente, y ese es el punto más novedoso que tenía ese texto que en su
momento votamos, se acordó por unanimidad que la participación de las
comunidades autónomas debe llevar consigo la posibilidad de que, en las
materias que son de su competencia, un representante de éstas participe
activamente en los debates de los consejos de ministros de la Unión. Es
verdad que se podía haber sido más preciso en la formulación, sin ninguna
duda, y la precisión que se nos aporta hoy de cuándo y cómo se va a
empezar a poner en marcha este proceso ya es un avance, pero nos parece
que ese texto que, insisto, hoy coincide con el que otra vez se presenta
como enmienda por parte del Grupo Popular, es una buena base para
construir el consenso, y creemos que sólo desde el consenso propuestas de
este tipo pueden tener toda su fuerza política de cara al Gobierno para
lograr el compromiso que suponen.
El fundamento de todo lo que aquí estamos debatiendo ha sido reiterado
hasta la saciedad, pero no quiero dejar de comentarlo. El sistema de la
Unión Europea que estamos construyendo entre todos tiene diversos
protagonistas, cada uno con su propio plano de legitimidad. Podríamos
decir, de hecho, cada cual con su propio nivel de soberanía. El Estado
central,
después de haber transferido a las comunidades autónomas determinadas
competencias, no puede pretender recuperarlas cuando sobre las mismas
deban adoptarse determinadas decisiones a nivel de la Unión Europea. Por
eso es absolutamente imprescindible que el modelo de Estado que establece
la Constitución tenga también aquí su reflejo. Lo contrario sí sería, y
en cierto sentido es hoy, inconstitucional.
No permitiremos, pues, que esta resolución quede en agua de borrajas.
Como ya he dicho, y ha comentado también el portavoz del Grupo Popular,
esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, inmediatamente después de
la votación en la Comisión Mixta, ha rectificado claramente algunas
apreciaciones, por lo menos poco rigurosas, que habían hecho tanto él
como otros dignos representantes del Partido Popular. Ha dejado claro que
no es cierto que la propuesta que en su momento se votó, y que hoy
volverá a votar la Cámara, tenga graves repercusiones constitucionales.
No es así, le hemos pedido que lo dejara claro, y así de claro lo ha
dejado.
Con la Constitución y con la doctrina del Tribunal Constitucional en una
mano, y con los estatutos de autonomía en la otra, nadie puede sostener
con el más mínimo fundamento que haya ninguna dificultad para lograr lo
que aquí se plantea.
En las decisiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que
afectan a competencias de las comunidades autónomas, no es pedir la luna,
sino que es mera consecuencia lógica del sistema que nos hemos dado con
la Constitución permitir la participación que aquí se está pidiendo al
Gobierno que instrumente.
Votaremos, pues, favorablemente a la moción que ha planteado la diputada
Begoña Lasagabaster, con la confianza, eso sí, de que en aras del
consenso lo que se someta a votación sea lo más similar, prácticamente
idéntico, a aquello que en su momento fue votado en la Comisión Mixta; es
decir, en los términos de la enmienda que hoy ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señoras y señores diputados,
estamos en el último trámite del debate que se inició hace dos semanas
para dilucidar la posibilidad de articular nuevos mecanismos de
representación de las comunidades autónomas en los órganos de
representación ante la Unión Europea. Estamos llegando a la conclusión de
la conveniencia de que en la situación de construcción del Estado de las
autonomías, en el cual estamos inmersos, es necesario articular una serie
de mecanismos distintos a los que hasta ahora eran la referencia para las
comunidades autónomas en cuanto a la relación con las Comunidades
Europeas.
El Estado español no es equiparable, en cuanto a su modelo de Estado, al
de otros países miembros de la Unión Europea. Cada vez que se nos ha
hecho mención a la situación de España, en cuanto a su capacidad, a sus
instrumentos de representación, a la mayoría de miembros de la Unión
Europea, estamos obviando un elemento fundamental, como es el hecho de
que hoy, después de 20 años transcurridos desde el inicio de la
descentralización del Gobierno hacia las comunidades autónomas, hemos
llegado a conformar un nivel de competencias lo suficientemente elevado
para que, desde el seno de la Unión Europea, se esté legislando y
articulando medidas que afectan a todas las comunidades autónomas, no
sólo ya en nuestro Estado de descentralización, el cual afectaba a pocas
comunidades autónomas, sino, en este momento actual, todas las
comunidades autónomas están siendo afectadas por las cuestiones que se
están decidiendo en un órgano europeo. Por tanto, entendemos el derecho
legítimo de esas comunidades autónomas a tener una representación
específica en aquellas cuestiones que les afectan directamente o aquellas
otras que tienen un gran simbolismo e importancia para las mismas.
Ya está perfectamente recogido en nuestro ordenamiento constitucional que
la política de la Unión Europea no es exclusiva del Gobierno central.
Tenemos que eliminar cualquier tipo de sospecha de que iniciativas de
este tipo pueden suponer, en la práctica, una injerencia en la política
exterior española. Y está perfectamente demostrado, como se ha hecho
referencia a la propia resolución aprobada en el Parlamento vasco, que no
es una reivindicación exclusiva nacionalista; sí, evidentemente, sensible
a los nacionalistas, pero también muy sensible para un grupo
parlamentario como el mío, que aboga por un Estado federal; un Estado en
el cual cada vez más sigue transfiriendo y satisfaciendo las necesidades
de autogobierno de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, es un
reto que tenemos que ir cubriendo y adaptándolo a esta realidad de
descentralización, no sólo administrativa, sino también política.
La Asamblea de las regiones de Europa de 1996 ya pedía una serie de
reivindicaciones a los Estados, posibilitando que las regiones pudiesen
aplicar principios de subsidiariedad, plantear recursos ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas, representar al Estado en las
reuniones de los consejos de ministros --que es a lo que nos estamos
refiriendo hoy--, abrir mecanismos de relación entre los parlamentos
regionales, el reconocimiento oficial de la cooperación transfronteriza.
Esto quiere decir que Europa va caminando en el mismo sentido que
nosotros, que hoy estamos a punto de llegar a una solución de consenso
mayoritario. Nosotros no somos un elemento extraño ni
ajeno a la evolución que va tomando la Unión Europea en estos conceptos.
Estamos, lógicamente, según nuestra forma de entender, aplicando
principios que están recogidos en los propios tratados de la Unión
Europea y que se están aplicando ya en distintos países como pueden ser
Bélgica, Alemania y Austria, países que tienen una constitución interna
de descentralización de poder hacia las regiones semejante a la que
tenemos nosotros. Y aún más, la evolución que van tomando estos
acontecimientos nos hace ver que en fechas próximas el propio Portugal va
a aceptar que sus islas Azores y Madeira puedan participar con pleno
derecho con un representante en sus delegaciones y el Reino Unido también
para Escocia.
Por tanto, estamos en un debate que no es ajeno a la propia evolución de
la Unión Europea. Estamos aceptando que las resoluciones que se están
aprobando en la Cámara no vayan a ser simplemente enunciados que se van
aparcando y que, en ningún momento, haya una voluntad clara de
desarrollarlos por parte del Gobierno. Después de la proposición no de
ley que se aprobó en la Comisión para la Unión Europea, tenemos que
lamentar que la interpretación de dicha proposición haya hecho pensar al
presidente Aznar que en ningún momento España va a habilitar un puesto
para un representante de las comunidades autónomas en la delegación ante
los consejos de ministros. Lamentamos también que el ministro de
Exteriores, Abel Matutes, tuviera que decir que no tenía ni siquiera
encaje constitucional. Pienso que interpretaciones de este tipo en nada
benefician a la labor de consenso que se está consiguiendo en esos
debates y me hacen sospechar que el Partido Popular no ha interiorizado
el discurso de consenso que aquí queremos alcanzar.
Vamos a apoyar la moción presentada por Eusko Alkartasuna, porque emanó
de la voluntad de consenso del Parlamento vasco, en la cual nuestro grupo
parlamentario apoyó, sin ningún tipo de reparos ni observaciones, dicha
resolución. Estamos identificados con esa resolución, entendiéndola
también como nuestra porque, como digo, fue apoyada sin ningún tipo de
matizaciones. Con la propuesta que hace el Grupo Popular, para seguir
complementando en plazos de tiempo concretos y definidos, esperamos
alcanzar una decisión para que las comunidades autónomas puedan ver
reflejado un deseo, ampliamente sentido por todas ellas, de tener un
representante en esas delegaciones de España ante la Unión Europea, y que
de una vez por todas nos sintamos todos indentificados en ese consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Navas.
Señora Lasagabaster, ¿cuál es su parecer respecto de las enmiendas
presentadas?
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, vamos a aceptar la
enmienda del Grupo Popular con la inclusión, como ha sido leida, de la
fecha concreta del mes de junio. Creo que todos los portavoces de los
grupos tienen el texto transaccional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Se va a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Mixto, sobre participación
autonómica en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la
Unión Europea, en los términos de la enmienda de sustitución del Grupo
Popular, incluida la transaccional que ha aceptado la proponente.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 313; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos antedichos.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS QUE
EL GOBIERNO PIENSA ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA EFICACIA, SEGURIDAD Y
CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS REGISTRADOS, ASI COMO LA ACCESIBILIDAD
ECONOMICA DE TODA LA POBLACION A LOS MISMOS. (Número de expediente
173/000067)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida, sobre medidas
que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia, seguridad y
calidad de los medicamentos registrados, así como la accesibilidad
económica de toda la población a los mismos.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para defender la moción consecuencia de la interpelación presentada
en relación con el anuncio del Gobierno de retirar la financiación
pública a 869 fármacos.
Afortunadamente para todos, esta medida no tiene forma de propuesta
formal y estamos a tiempo de rectificar. Por las manifestaciones
sucedidas en los últimos días en el conjunto del Estado español --las
técnicas de los gobiernos suelen ser minimizarlas--, es evidente que la
alarma social se ha transformado en
clamor popular solicitando la retirada de la propuesta de eliminación de
la financiación pública.
Se ha hecho así, señorías, porque el Gobierno del Partido Popular ha
fracasado en lo que debería haber sido su objetivo prioritario: dar una
imagen, convencer a la opinión pública de que lo que se pretendía con la
propuesta, tal y como decían los altos cargos del Ministerio, el señor
ministro de Sanidad y Consumo y el propio presidente del Gobierno, tenía
algo que ver con el uso racional de los medicamentos. Permítanme,
señorías, que diga que hoy ni el más ingenuo, ni el más desinformado, se
cree que la propuesta del Gobierno de retirar la financiación tiene algo
que ver con el uso racional de los medicamentos.
La puesta en escena no ha podido ser peor. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El pacto con
Farmaindustria ha señalado inequívocamente qué intereses había detrás de
esta propuesta y, por otra parte, por si acaso cupiera alguna duda, las
declaraciones del señor Pujol este fin de semana, las declaraciones del
presidente de la comunidad autónoma cuyo grupo parlamentario sostiene al
Gobierno, han dejado la verdad patente y clara, y hay que agradecérselo
al señor Pujol. El señor Pujol ha dicho que se desmarca, que le parece
una mala idea la retirada de la financiación a unos medicamentos y
señalaba --cosa que él, por lo visto, ha defendido desde hace tiempo--
que lo más inteligente sería introducir el tique moderador, las 100
famosas pesetas por receta.
¿Y esto qué quiere decir, señoras y señores diputados? Lo que quiere
decir, con toda claridad, sobre el objetivo de las listas negativas, el
objetivo al que alude al señor Pujol, es que nada más lejos de sus
intenciones que promover un uso racional del medicamento, sino que
claramente buscan el establecimiento de barreras económicas para que
aquellas personas más pobres, sobre todo los jubilados y pensionistas con
menores pensiones, puedan verse desincentivados en su decisión de acceder
a los servicios sanitarios por 100 pesetas; que puede parecer una
cantidad absurda y despreciable para sueldos más importantes, pero para
las 40.000 pesetas de pensión que cobran muchos jubilados y pensionistas
puede ser suficientemente desincentivador. Es decir, ni siquiera
objetivos economicistas, ni siquiera problemas de financiación del gasto
farmacéutico están detrás de esta medida. Lo reitero, señorías, porque
eso es lo que está detrás de estas propuestas. De lo que se trata es de
eliminar de los servicios sanitarios aquellos sectores más pobres que
impiden que la sanidad pública, con la escasez de infraestructuras que
tiene, pueda ser en este sentido rentable desde el punto de vista
económico.
Las propuestas que voy a enunciar a continuación, señorías, están
planteadas no desde el punto de vista estratégico de ningún programa
global alternativo de Izquierda Unida que se ha planteado con ocasión del
debate en la subcomisión parlamentaria, no de una propuesta estratégica
en materia del medicamento, sino para demostrar que es posible actuar con
medidas concretas, con medidas que no suponen grandes cambios siquiera en
la legislación actual, para conseguir el uso racional del medicamento y,
en consecuencia, la reducción del gasto farmacéutico.
Se plantean dos medidas complementarias. La primera, activar el programa
de revisión selectiva de medicamentos que existe en el Ministerio de
Sanidad desde hace casi 15 años y que tiene como objetivo retirar del
registro aquellos medicamentos que hayan devenido obsoletos, ineficaces o
inseguros. Nadie niega que nuestro registro farmacéutico tiene un exceso
de especialidades farmacéuticas y que muchas de ellas no resisten el
análisis científico-técnico más elemental. Lo que no es de recibo,
señorías, y hay que reiterarlo, es que se plantee que si la población
decide o su médico le prescribe en una receta oficial determinado
medicamento no importa que consuma medicamentos inútiles, ineficaces e
inseguros siempre que se los financie al cien por cien.
También se dice que se plantee una aceleración con carácter
extraordinario durante dos años y que se complemente con la realización
cada cinco años de revisiones de la autorización de registro con el mismo
objetivo.
Se plantea también una vez más algo que ya empieza a ser clamor popular,
y compete a este grupo parlamentario la satisfacción de que una propuesta
que se hizo como enmienda a la Ley del medicamento en 1990 hoy sea
defendida por organizaciones de consumidores y usuarios y por la
plataforma en defensa de la sanidad pública. El Grupo Parlamentario
Popular votó a favor de la propuesta de Izquierda Unida en el debate de
la Ley del medicamento, que consiste en algo tan sencillo como que se
acuerde con los laboratorios adecuar las unidades de cada envase a las
indicaciones de cada tratamiento. ¿Alguien puede justificar que haya
envases que sean la mitad o el triple de lo necesario? ¿Alguien puede
justificar, desde el punto de vista económico, ese despilfarro o desde el
punto de vista de la inseguridad en los medicamentos en las farmacias de
los envases que sobran? Esta es una medida elemental, señorías, que
ustedes votaron, el único que votó en contra entonces era el grupo que
estaba en el Gobierno.
Quería anunciar una autoenmienda del Grupo de Izquierda Unida, porque en
las conversaciones habidas parecía que era más razonable, ya que supone
una modificación de la Ley del medicamento. No era el objetivo de esta
moción, como les decía, abordar medidas estratégicas en materia de
política del medicamento, ya que será objeto de propuestas parlamentarias
por parte de mi grupo la prohibición de la publicidad de los medicamentos
en los medios de comunicación de masas.
De todas maneras, señorías, desde el punto de vista técnico la
potenciación del uso consumista de medicamentos y, por tanto, del uso
irracional no vinculado a las necesidades de salud, es uno de los
elementos más perniciosos en el uso irracional de los medicamentos.
El otro punto, señorías, es intentar plantear acuerdos que en otros
países se han logrado, a fin de que los laboratorios autolimiten de
manera acordada y, por tanto, lineal entre ellos los gastos de promoción
de los medicamentos destinados a los profesionales de la salud. En estos
momentos algunos profesionales de la medicina, desde mi punto de vista de
una manera simplista, han esgrimido en contra de las listas negativas un
criterio que yo no estimo correcto, puesto que hablan de la libertad de
prescripción. Señorías, ante una situación como la que estamos viviendo,
en la que la industria farmacéutica es la única que forma e informa a los
profesionales de la sanidad, no hay libertad de prescripción. Solamente
--y es lo que se propone a continuación-- una actividad sistemática y
continuada por parte de las administraciones sanitarias en formación de
los profesionales en materia del medicamento puede lograr el objetivo,
que no es una ilusa libertad de prescripción, sino una autonomía de
pensamiento por parte de los profesionales de la salud que, con
información rigurosa e independiente, que solamente puede ser
suministrada por las administraciones sanitarias, estén en condiciones de
prescribir de acuerdo con las necesidades de salud y con la puesta en
práctica de sus conocimientos.
Se plantea también el desarrollo y la potenciación de un sistema de
farmacovigilancia que ya existe en algunas comunidades autónomas, pero
que sin duda su extensión a todo el territorio del Estado permitiría
obtener una información de gran utilidad acerca de cómo se están usando
realmente los medicamentos, qué efectos secundarios tienen y qué efectos
indeseables plantean para la población.
Finalmente, señorías, se plantea el papel de la educación para la salud.
La población está recibiendo presión informativa desde los medios de
comunicación y desde otras instancias culturales hacia un consumo de los
medicamentos que confieren a éstos un carácter de placebo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, por
favor, vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor presidente.
...un carácter absolutamente sustitutorio de otras intervenciones
sanitarias que no tienen que ver con la industria farmacéutica.
Finalmente, señorías, la propuesta es una manifestación para que este
Congreso de los Diputados solicite del Gobierno una declaración política
de cara a que el Real Decreto de estructuras básicas de salud del año
1984 pueda realmente ver completado el desarrollo de la atención primaria
en el marco que es competencia del Insalud. Señorías, hay un estudio
reciente de la cátedra de farmacología clínica de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que demuestra que si el 62 por ciento del gasto de atención
primaria se sitúa en materia de medicamentos, el completar la reforma de
la atención primaria tendría unas consecuencias automáticas en reducción
del gasto farmacéutico que permitirían financiar, con el ahorro del gasto
farmacéutico, esa reforma de la atención primaria.
Termino, señoras y señores diputados. No desaprovechemos esta oportunidad
de acometer de manera consensuada objetivos de uso racional del
medicamento. Hay medidas más importantes, de más calado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego que concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: ...pero esta moción demuestra con claridad que
si hubiera voluntad política de acometer el uso racional del medicamento
podría plantearse sin hacer grandes transformaciones del sistema
sanitario y que el malhadado objetivo del Gobierno de retirar de la
financiación pública una serie de medicamentos pudiera ser la oportunidad
de lograr el consenso parlamentario en torno al objetivo que el Gobierno
dice pretender. Desde luego, el principal requisito es la retirada de la
lista y empezar a hablar de uso racional del medicamento y no de otros
fines que esconden, creo yo, objetivos mucho menos presentables desde el
punto de vista de la equidad y la solidaridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Maestro.
A esta moción han sido presentadas enmiendas. Una de ellas, firmada por
el Grupo Socialista y, otra, firmada por los grupos parlamentarios
Popular, Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria.
En primer lugar, para la presentación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmiendas a la
moción de Izquierda Unida que estamos debatiendo en relación con la
medida tomada por el Gobierno de excluir de la financiación pública una
lista amplia de medicamentos.
Quiero empezar por expresar que es voluntad del Grupo Parlamentario
Socialista, oídas las correcciones y la retirada de algunos puntos de la
moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, anunciados por la
señora Maestro, aprobar su moción en los términos
expresados por la señora portavoz. Pediría que las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista como enmiendas de sustitución sean
consideradas como enmiendas de adición. Aceptamos la moción en los
términos expresados por la portavoz de Izquierda Unida porque entendemos
que persigue objetivos coincidentes con nuestras propias enmiendas y con
el planteamiento mantenido por el Grupo Parlamentario Socialista a lo
largo del debate en relación con esta materia, que no es más que
solicitar al Gobierno que desmarque el debate sobre financiación de los
medicamentos de un marco economicista, de negociación con la industria
farmacéutica, de forma que permita el retorno de este debate al ámbito
del que nunca debió haber salido, el de la política de uso racional del
medicamento.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, es una condición
imprescindible para reconducir el problema generado por el Gobierno al
negociar con la industria farmacéutica una medida que es de naturaleza
sanitaria, la retirada de la propuesta y el inicio de un proceso de
negociación con las comunidades autónomas, con los expertos, con los
agentes sociales y con los consumidores para conformar una propuesta en
política farmacéutica que garantice que todos los medicamentos eficaces,
seguros y de composición adecuada sean financiados por el Sistema
Nacional de Salud, y que esta propuesta sea informada por la comisión del
uso racional del medicamento.
Esta negociación previa requiere la retirada por parte del Ministerio de
la medida a la que venimos haciendo referencia y es la petición que están
formulando en estos momentos los ciudadanos, distintas y amplias
organizaciones sociales, sindicales y políticas. Además, señorías, mi
grupo entiende que es la fórmula adecuada para que en el seno del Consejo
de Política Interterritorial se formule una propuesta de uso racional del
medicamento.
Igualmente proponemos, a través de nuestras enmiendas y en concordancia
con lo que fue el debate de la interpelación y la moción consecuente
--que fue debatida en el Pleno de esta Cámara el día 24 de febrero--, que
el Gobierno cumpla el compromiso del Ministerio de Sanidad y Consumo de
impulsar eficazmente políticas de potenciación del uso de medicamentos
genéricos, así como la implantación de los precios de referencia; medidas
repetidamente anunciadas por el ministro de Sanidad, que en la mayoría de
los casos se quedan como meros anuncios o epígrafes, pero que nunca somos
capaces de verlas plasmadas en objetivos concretos por parte del
Ministerio.
Señores parlamentarios del Grupo Popular, tengan en cuenta que lo que ha
movido y mueve al Grupo Parlamentario Socialista cuando plateamos
iniciativas en un tema tan sensible para la ciudadanía como éste, es el
ayudar y contribuir a corregir la situación; una situación planteada
desde una estrategia equivocada del Gobierno, desde un enfoque equivocado
del Gobierno. El objetivo del Grupo Parlamentario Socialista es
contribuir a que se corrijan esos errores del Ministerio, pero no cabe
duda de que esa voluntad no es esperable del Grupo Parlamentario Popular,
toda vez que han presentado enmiendas a la moción de Izquierda Unida,
conjuntamente con los grupos que apoyan al Gobierno en esta Cámara, y
nada hace prever que la voluntad del grupo parlamentario mayoritario vaya
en esa dirección.
No obstante, si un objetivo del Grupo Parlamentario Socialista era poder
contribuir a esa corrección de errores, no cabe duda de que el objetivo
prioritario que mi grupo parlamentario tiene cuando plantea un debate de
esta naturaleza es defender los derechos de los ciudadanos, derechos que,
entiende mi grupo y esta diputada, han sido lesionados de forma muy grave
por el Gobierno del Partido Popular. Para corregir esas situaciones de
agravio y de injusticia que se han planteado a la ciudadanía, nos sumamos
a tantas voces que desde la calle les están diciendo a ustedes que
retiren la medida, y con eso concluyo mi intervención en este debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
Entiendo que desean intervenir todos los grupos firmantes de la siguiente
enmienda, con lo cual les recuerdo a SS. SS. que han de compartir el
tiempo asignado al trámite de esta enmienda.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente.
Intentaré ser lo más breve posible en aras a la recomendación que ha
hecho a los cuatro grupos que han firmado la enmienda de sustitución a la
moción de Izquierda Unida.
Respecto a la moción consecuencia de la interpelación sobre la
financiación selectiva de los medicamentos, en el momento de hacer una
valoración global sobre esa moción habría que decir que, de los nueve
puntos de los que consta esa moción, los tres primeros son los que
parecen coherentes con la línea, con el espíritu, con el escrito que en
su momento se presentó en esta Cámara por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. sobre la interpelación de la financiación selectiva de
los medicamentos. No compartimos esa línea, pero lo que nos llama la
atención sobre el resto de los puntos de la moción, es decir, del número
cuatro al nueve, es que se atiende a cuestiones que no están relacionadas
con la financiación selectiva de los medicamentos, que ya están aprobadas
por el Gobierno y están en la práctica a través de diferentes normas
legislativas o de otro tipo.
Señor presidente, señoras y señores diputados, a lo largo de los últimos
días en un gran número de debates, no sólo de la Cámara, sino en
diferentes medios de comunicación, en otros foros, el Grupo Parlamentario
Popular y el Gobierno han explicado por activa y pasiva las medidas que
toma el Gobierno en relación a lo que es la racionalización de las
prestaciones farmacéuticas, en relación a lo que es el ahorro en el gasto
farmacéutico para invertirlo en nuevas prestaciones sanitarias. Se ha
explicado en qué se basan algunas de estas medidas, como puede ser el
apoyo legislativo de la Ley del Medicamento, fundamentalmente en su
artículo 94, el respaldo parlamentario de la subcomisión del Congreso de
los Diputados sobre financiación selectiva de los medicamentos y el
respaldo autonómico que las comunidades autónomas dieron al Gobierno
cuando se firmó el acuerdo de financiación del sistema sanitario.
Sobre esta base o sobre este respaldo de diferente tipo, el Gobierno ha
presentado estas medidas, entre otras, la de la financiación selectiva de
los medicamentos. Hemos explicado de todas las formas posibles el hecho
de que los argumentos, los datos son objetivos con respecto a las
decisiones tomadas por el Gobierno. Sin embargo, desde los otros bancos
de la Cámara, desde algunas posiciones de comunidades autónomas se están
emitiendo opiniones que no se corresponden con lo que dicen los técnicos
de sus consejerías. Así tenemos expertos del Servicio de Andalucía de
Salud que creen que la lista mejora la prestación farmacéutica, mientras
que, por otra parte, como todos conocemos, desde la Consejería de Sanidad
de Andalucía o del presidente de dicha comunidad se hacen declaraciones
en contra de lo que parece dicen los técnicos.
Muy brevemente, señor presidente, en relación a los puntos que creemos
coherentes con la interpelación, los tres primeros de la moción de
Izquierda Unida, el Grupo Popular, juntamente con los grupos
nacionalistas de la Cámara, ha presentado un texto alternativo donde se
establece que las medidas que pueden acompañar a la financiación
selectiva de los medicamentos sean la implantación de los genéricos, los
precios de referencia y los acuerdos del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
Dada la brevedad del tiempo, no puedo analizar el resto de los puntos,
del punto cuarto al noveno, de la moción de Izquierda Unida, pero sí me
parece importante, señor presidente, poner de manifiesto que esos
apartados, que creemos que no tienen nada que ver con la financiación
selectiva, ya están aprobados a través de reales decretos, de directivas
de la Comunidad Europea o de otras cuestiones planteadas por el Gobierno
respecto a la gestión del Insalud.
Señor presidente, solamente quiero decir que, si el grupo proponente de
la moción acepta el texto alternativo, votaremos positivamente nuestra
enmienda; si no, votaremos en contra de la moción del Grupo de Izquierda
Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señorías, llevamos ya más de un mes debatiendo en esta Cámara, en
Comisión y en Pleno, la decisión del Gobierno de excluir de la
financiación pública un grupo de fármacos que se consideran de baja
utilidad terapéutica.
Desde la presencia del señor ministro de Sanidad y Consumo el pasado 8 de
febrero para informar sobre el tema, muchas han sido las tertulias, las
páginas de periódicos, las noticias, que han dado a esta medida
tratamiento preferencial. Es lógico porque, de las muchas disciplinas que
en esta Cámara se dirimen, sin duda la sanidad es de las que más
preocupan a las mujeres y a los hombres de este país. Que llevemos ya más
de un mes hablando no significa que, entre unos y otros, hayamos sido
capaces de consensuar un tema que sería de desear que no fuese arma
arrojadiza de partidismo político.
Mi grupo parlamentario ha dicho en todos los foros posibles que no es
entusiasta de la medida que, si bien compartimos la preocupación por
racionalizar y reconducir el gasto farmacéutico, no creemos que la
financiación selectiva sea el camino más adecuado. La experiencia del año
1993, cuando gobernaba el Partido Socialista, así lo demuestra. No
obstante, ya hemos dicho que, si el Gobierno estima necesario adoptar
esta medida para conseguir los objetivos que se acordaron en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, vamos a apoyarla, condicionada a que la
lista final que se apruebe sea el resultado de las conversaciones que
deben mantenerse en el Consejo Interterritorial de Salud a partir del
criterio aportado por los órganos de competencia técnica acreditada. Del
mismo modo, parece de inexcusable cumplimiento que, junto a la
financiación selectiva, el Ministerio de Sanidad y Consumo siga
promoviendo e incentivando la política de genéricos y la de precios de
referencia.
Nuestro grupo parlamentario y los grupos que firmamos la enmienda
queremos dejar bien patente que la financiación selectiva de medicamentos
debe ser compatible con la financiación pública por la Seguridad Social
de todos aquellos medicamentos que los órganos competentes estimen
necesarios para garantizar la cobertura de las necesidades de salud de la
población. Este es el sentido de la enmienda que proponemos.
Al igual que hice la semana anterior con la enmienda que presentó el
Grupo Socialista, rogaría al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida que tuviese en consideración la
posibilidad de que todos nos pusiéramos de acuerdo en consensuar un
texto, el texto que el partido del Gobierno y los grupos que le damos
apoyo pensamos que es lo suficientemente razonable como para que los
partidos de la oposición también lo puedan aceptar. Entiendo, señora
Maestro, que se le pide un esfuerzo importante porque hay que reconocer,
en honor a la verdad, que usted, contrariamente al Partido Socialista, ha
estado siempre en contra de la medida de financiación selectiva de
medicamentos. Nos extraña que el Grupo Socialista, que en su día también
consideró que era necesario adoptar esta medida, ahora tenga tantos
recelos sobre la misma.
No quiero entrar en la discusión, que ya se produjo la semana anterior,
de la manera como se ha hecho la lista, las consultas que se han hecho o
se han dejado de hacer porque, respecto a este punto, ya dije la semana
anterior que podríamos ponernos de acuerdo, aunque quizá la fórmula que
se ha utilizado no ha sido la más idónea.
Para terminar, déjeme que le diga una cosa, señora Maestro. Lamento
muchísimo que su grupo parlamentario constantemente traslade el debate
sobre si cree razonable o no la medida de la financiación selectiva de
medicamentos al de las políticas que en Cataluña se están haciendo sobre
sanidad. Y lo lamento más teniendo en cuenta que usted, como profesional
de la sanidad, debería saber que enfermos de toda España van a Cataluña
para tratarse, y esto es un orgullo para nuestra comunidad. Entre otras
cosas, señora Maestro, además de que debemos tener un alto nivel de
profesionales, también debe influir en algo la política de mi Gobierno,
el Gobierno de la Generalitat, que ha incentivado siempre la sanidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, una vez más nos encontramos debatiendo el tema de
racionalización del consumo de medicamentos. La demagogia con que desde
determinados grupos políticos se está abordando este tema, favorecida por
la incapacidad demostrada por el Ministerio de Sanidad para explicar, a
través de los medios de comunicación, adecuada y pedagógicamente a la
opinión pública el contenido de las distintas medidas que, de forma
absolutamente necesaria, es preciso abordar para racionalizar el consumo
y gasto farmacéutico, nos lleva a esta Cámara a hablar por enésima vez de
este tema.
Entre unos y otros creo que se está consiguiendo desorientar y, casi me
atrevería a decir, aburrir a la opinión pública. La portavoz de Izquierda
Unida ha hablado de clamor popular. Yo no sé a qué clamor quería
referirse, pero el popular creo que es muy escaso. El pasado fin de
semana, casi 3.200 personas se manifestaron en Bilbao. Sí, escasamente
3.200 ciudadanos y ciudadanas vascas, y eso que eran convocados por el
Partido Socialista de Euskadi, Izquierda Unida-Ezker Batua, por los
sindicatos minoritarios UGT y Comisiones Obreras y otros organismos.
La posición del Grupo Vasco de AJ-PNV, ya varias veces expresada en este
Congreso, es la de colaborar en la racionalización del consumo
farmacéutico y no solamente en la mera participación de medidas de
ahorro. Estamos, pues, a favor de un proceso de racionalización de la
prestación farmacéutica, y ello en la medida que favorezca la salud de
los ciudadanos.
En todo caso, la financiación selectiva entendemos que debe ir acompañada
de medidas complementarias. En ese sentido, hemos planteado y planteamos,
entre otras, la separación del registro y la financiación, un decidido
desarrollo de los medicamentos genéricos, introducción de protocolos
farmacológicos para que un medicamento considerado de baja utilidad
terapéutica no tenga alternativa financiada y un decidido control del
fraude farmacéutico. Pero estamos en contra de que se adopten medidas de
restricción farmacéutica, con la intención solamente de conseguir un
ahorro en el gasto sanitario, aunque dicho ahorro se destine a satisfacer
otras necesidades sanitarias.
Así pues, hemos mantenido y mantenemos un apoyo crítico a la
racionalización farmacéutica del Ministerio, a la espera de que se vayan
a tener o no en cuenta nuestras propuestas en la Comisión
interterritorial y de que sea una medida dentro de un planteamiento
global que incluya otras medidas.
Por todo ello, no podemos estar de acuerdo con algunos puntos de la
moción objeto de este debate, fundamentalmente con el punto que hace
referencia a la retirada de la lista provisional de medicamentos
excluidos de la financiación pública. Menos todavía podemos estar de
acuerdo con las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista que, además
del punto anterior, introduce en su enmienda de sustitución al punto 3 el
que se rescinda el convenio firmado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo con Farmaindustria el 19 de enero de 1998.
En este sentido, hemos presentado, junto con otros grupos, una enmienda a
la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida que nos ha traído este
debate, también en una línea similar a la que presentamos anteriormente a
la moción similar del Grupo Socialista la pasada semana.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, voy a
intervenir con toda brevedad.
Con relación a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, tenemos que
decir que tendríamos que votar a su favor. Tendríamos que votar a su
favor si queremos que España mantenga tres rankings nada gloriosos: el
primer país de Europa con mayor gasto sanitario en relación con el PIB,
con mayor gasto farmacéutico en relación con el gasto sanitario del país
y el que tiene el mayor abanico de medicamentos de toda Europa. Señores,
esto es el despilfarro, esto es la irracionalidad. Tenemos que establecer
medidas para, respetando a los grupos menos valiosos en la captación de
fondos para sus economías particulares, proteger a la sanidad para que no
afecte a los otros capítulos del Estado del bienestar. Tenemos que
conseguir que la lista negativa se consensue. Está mal lo que ocurrió en
1993, que no se hizo con carácter previo, pero se está trabajando. Es
igual que se haga antes o después, porque la lista todavía no ha sido
aprobada con carácter definitivo. Coalición Canaria también estima que no
hay que retirar la lista, que no hay que presentar listas alternativas,
sino medidas correctoras necesarias que vayan en pro de esa
racionalización, sin olvidarnos que tenemos que implantar con rapidez el
sistema de medicamentos genéricos y el de los precios de referencia y sin
olvidarnos tampoco de que hay dos pivotes fundamentales en el gasto
sanitario, en el gasto de los medicamentos, que son el médico y el
paciente. El médico debe tener tiempo suficiente --quizás hagan falta más
médicos-- para la prescripción, pero es importante que todos aportemos
razonamientos lógicos y constructivos para mejorar algo tan primordial
como es el gasto sanitario, el gasto del medicamento en la comunidad
española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señora Maestro, durante su exposición S. S. ha planteado lo que ha
denominado una autoenmienda que, a efectos de su tramitación, he de
considerar como una enmienda transaccional. En primer lugar, debo
preguntar a los grupos parlamentarios si algún grupo se opone a su
tramitación. (Pausa.)
Por tanto, se incorporará al texto.
En segundo lugar, señora Maestro, le pido la expresión de la aceptación o
no de las enmiendas presentadas a su iniciativa.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
El asunto, desde el punto de vista técnico, es un poco complejo, pero no
creo necesario reproducir el texto que se les ha trasladado a los
portavoces, que es el resultado fundamentalmente, como decía, de una
autoenmienda que supone la supresión de un punto entero, como el relativo
a la publicidad de los medicamentos en medios de comunicación y algunos
que, conservando el sentido, se han redactado de una manera que parecía
más oportuna o más aceptable por otros grupos parlamentarios. La síntesis
a la que se ha llegado es el resultado de aceptar la totalidad de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, solamente que
transformándose en enmiendas de adición en lugar de ser de sustitución,
tal y como estaban planteadas. Estas son las enmiendas que se aceptan y,
con respecto a las restantes, agradezco el esfuerzo unitario por parte de
los cuatro grupos proponentes para evitar otro tipo de situaciones que,
evidentemente, están fuera de la lógica desde la cual se planteaba esta
moción, que es una lógica muy limitada. Pero si me permite un minuto,
señor presidente, quería decir...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
muchas gracias. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Señora Maestro, ha expresado clarísimamente la aceptación y la no
aceptación.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, simplemente quería decir que
el objetivo de la moción en ningún caso era ampliar el gasto
farmacéutico, sino racionalizarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, S.
S. no tiene la palabra más allá. Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción de Izquierda Unida sobre
medidas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar la eficacia,
seguridad y calidad de los medicamentos registrados, así como la
accesibilidad económica de toda la población a los mismos, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista
y de las transaccionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 142; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA EJECUCION DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 1997 Y SU RELACION CON EL EQUILIBRIO
PRESUPUESTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000068)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la ejecución de
los Presupuestos Generales del
Estado de 1997 y su relación con el equilibrio presupuestario de la
Seguridad Social.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Borrell.
(Rumores.)
Silencio, señorías. Cuando quiera, señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, hace quince días tuvimos ocasión de constatar
en la Cámara que el ministro de Economía y Hacienda no distingue entre
déficit y necesidad de endeudamiento. (Rumores.) Aunque ustedes no lo
crean son dos cosas distintas; se parecen bastante pero responden a
conceptos diferentes. El déficit y la necesidad de endeudamiento se
diferencian entre sí en la variación de activos financieros. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, no coreen al orador.
El señor BORRELL FONTELLES: Me alegro de que lo entiendan, pero su
ministro tenía dificultades para comprender la diferencia entre ambos.
(Rumores.) No se exciten. Y seguramente para salir de esas dificultades
se dio un largo garbeo por la playa del Miracle, en Tarragona, por la que
parece tener una fijación especial, pero no contestó a ninguna de las
preguntas que le formulamos sobre la ejecución del presupuesto de 1997.
Mucha playa del Miracle y muchos cerros de Maastricht, pero nos quedamos
sin saber cuál era la situación patrimonial de la Seguridad Social a
finales del año 1997. Quizá ustedes la conozcan, y me gustaría que, si es
así, nos la cuenten. Pero como dudo que la sepan, hemos pensado que lo
mejor sería pedir al Gobierno que remita a las Cortes un informe
explicando la variación de la situación patrimonial de la Seguridad
Social, algo en lo que espero no tengan ustedes ningún inconveniente.
En segundo lugar, le preguntamos al ministro de Economía y Hacienda cuál
era la situación del anticipo de tesorería de los 350.000 millones de
pesetas, que no ha quedado saldado a finales del año 1997, como ustedes
saben, y nos contestaron con un aplastante cinismo que eso sigue siendo
un anticipo de tesorería. Es decir, a unos recursos aportados a principio
de ejercicio, que al final del mismo no han sido devueltos, ustedes
insisten en llamarles anticipo de tesorería. Ustedes son unos dignos
émulos de Humpty Dumpty. ¿Recuerdan al personaje Humpty Dumpty? Pues es
el personaje de Alicia en el País de las Maravillas que le decía a
Alicia: Cuando yo uso una palabra quiero decir exactamente lo que yo
quiero que quiera decir, y ustedes dicen: Esto es un anticipo de
tesorería porque lo digo yo. (Rumores.) Puestas así las cosas, es
evidente que ustedes ya dictan el diccionario, porque eso, señorías, no
es un anticipo de tesorería, ni siquiera en el país de las maravillas. Y
les pedimos que, puesto que no lo es, lo llamen ustedes por su nombre y
lo consoliden mediante la correspondiente aportación estatal.
También les pedimos que efectúen al presupuesto la aportaciones
necesarias para que la Seguridad Social no siga pagando el esfuerzo
solidario que corresponde financiar al conjunto de todos los
contribuyentes, y les pedimos que eleven a categoría de resolución
parlamentaria lo que su ministro de Fomento propone en las reuniones de
su partido, es decir, que haciendo lo que sugiere el señor Arias-Salgado
no apliquemos más los llamados procedimientos extrapresupuestarios o
métodos alemanes, porque, como dice no Humpty Dumpty sino Arias-Salgado,
no es sino una forma de arruinar los presupuestos futuros. Si eso es así,
y lo dice su ministro de Obras Públicas --hoy Fomento--, proponemos al
Parlamento que elimine este tipo de prácticas que tan preocupado tiene al
señor Barea.
Pedimos también al Gobierno que remita a las Cortes un informe sobre el
incremento del endeudamiento de las empresas y entes públicos, algo a lo
que tampoco quiso contestar el señor Rato; en cuánto han aumentado los
pasivos financieros de las empresas y entes públicos, en cuánto han
recurrido al mercado de capitales para compensar la falta de financiación
presupuestaria. Quizá el Gobierno crea que esta es una información
relevante para conocer la ejecución del presupuesto.
También pedimos que cuenten sus ministros, a toro pasado, dónde, por
cuánto y cómo se hizo realidad esa famosa frase repetida a lo largo y a
lo ancho de la geografía española por todos los ministros de este
gabinete y sus corifeos, los diputados del Partido Popular. La frase es:
Esto lo haremos por procedimientos extrapresupuestarios aplicando los
mayores recursos generados por las privatizaciones. Se ha oído en los
valles de Asturias, se ha oído en los regadíos de Aragón; en toda España
cada vez que había un problema aparecía un ministro del Partido Popular
echando mano del bálsamo de Fierabrás, de la mayor eficacia posible,
crecepelo extraordinario, diciendo: Esto, no se preocupen, procedimiento
extrapresupuestario, mayores recursos procedentes de privatizaciones. Muy
bien, dónde, cuánto y cómo ha sido aplicado este sistema.
Tampoco podemos estar satisfechos con la respuesta que nos dio el señor
Rato, un tanto balbuceante bien es cierto, sobre la financiación que ha
recibido cada comunidad autónoma y la que hubiera recibido si ustedes no
hubiesen cambiado el sistema de financiación. Creo recordar que nos dijo
que las que lo aceptaron han incrementado sus recursos un 8,5 por ciento,
y las que no, un 5,5 por ciento. Pero las que lo aceptaron, ¿todas un 8,5
por ciento? ¿Unas más que otras? ¿Ese 8,5 por ciento es la media? No nos
conformamos con conocer la media, queremos conocer una a una. Y si el
señor Rato da una cifra para el conjunto, digo yo que será porque es
capaz de calcular la que corresponde
a cada uno de los elementos. De lo contrario, se la está inventando, y
como no pensamos que se la está inventando, pedimos que nos diga,
comunidad por comunidad, cómo se desglosa este 8,5 por ciento en un caso,
y el 5,5 restante para las otras.
Le pedimos al Gobierno, igualmente, que le dé una nueva oportunidad al
señor Rato de explicarse mejor de lo que lo hizo, y nos diga cuál es la
evolución de los ingresos líquidos del Estado en términos homogéneos.
Este portavoz aventuró que el IRPF había disminuido un 0,8 por ciento, y
es bien fácil de calcular. Nos gustaría que el Gobierno remitiese un
cálculo, desmontando los nuestros y reafirmando los suyos.
Pedirles que apliquen su programa electoral y dediquen los recursos de
privatizaciones a amortizar la deuda pública preexistente ex litterae de
su programa electoral quizá sea pedirles demasiado, pero se lo recordamos
otra vez.
Finalmente, también les pedimos que no manipulen los saldos de la cuenta
corriente del Tesoro en el Banco de España. Supongo que todo el mundo
habrá sido consciente de que en ese debate, cuando hablábamos de saldo,
realmente estábamos hablando de variación de los saldos, y la variación
de la variación, señor Martínez-Pujalte, es de dos billones de pesetas.
Tiene usted también una buena oportunidad para distinguir la verdad de la
mentira; tiene usted la ocasión, si es que se atreve a ello, de subir
aquí a explicar en qué hemos mentido, si era o no era cierto que han
dejado ustedes de recaudar mil millones de pesetas diarias por IRPF; si
es o no es verdad que han gastado 1.800 millones de pesetas diarios más
de los créditos iniciales, y si es o no es verdad que la variación de la
variación del saldo de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de
España ha cambiado en dos billones de pesetas en un año. Estas
circunstancias son lo suficientemente preocupantes para que la Cámara,
espero, le pida al Gobierno que las aclare, por el bien de su propia
credibilidad, porque fíjense que no estamos pidiendo más que información
y coherencia.
No creemos que haya ninguna razón por la cual este Parlamento se niegue a
una petición de información que está siendo cada vez más necesaria.
Porque los españoles tienen que saber que sus representantes, que somos
nosotros, en este momento, mes de marzo de 1998, desconocemos, señor
presidente --y si alguien lo conoce que diga cuánto y cómo lo sabe--,
cuál ha sido la recaudación líquida de la Seguridad Social el año pasado;
cuánto ha ingresado la Seguridad Social en caja por las cuotas que
gestiona. Esta información tan elemental es desconocida por esta Cámara,
que la tiene únicamente referida al mes de octubre. De esta información
sólo cinco páginas hacen referencia a ingresos, y, en ellas, en ninguna
parte se encuentra esta cifra que parece la más importante de conocer. En
un caso usan ustedes el criterio de caja, en el otro el criterio de
devengo, en la Seguridad Social no aparece el de caja y de momento
todavía las Cortes siguen sin conocer la información remitida por el
Gobierno a Bruselas, tan cacareada y aireada triunfalmente en todo el
país.
Queremos esta información porque nos corresponde ejercer la función de
control del Gobierno, y para eso pedimos a la Cámara que apoye los diez
puntos que se corresponden a las interpelaciones hechas a un ministro que
no tuvo más remedio que contestar con anécdotas a las categorías que le
formulamos y que hoy espero podamos seguir debatiendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Borrell.
A la moción del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que,
conforme se desarrolló la interpelación la semana pasada, estoy
convencido de que la moción fruto de aquella interpelación puede
significar aclarar algunos elementos por parte de esta Cámara. Uno de
ellos es la relación con la Seguridad Social. La moción propone que se
tomen tres decisiones por parte de esta Cámara, que nosotros compartimos,
en cuanto a lo que es el anticipo de tesorería, puesto que al final es
una evolución contable que puede quedar como un préstamo o una aportación
del Estado para cubrir sus obligaciones. Izquierda Unida ha presentado
una enmienda a esta parte de la moción en el sentido de hacer frente a
algo que decía el Pacto de Toledo. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.) Nosotros definimos un sistema contributivo
separado de un sistema universalizado o no contributivo (servicios
sociales, sistema de mínimos, etcétera), que debería ser pagado desde los
Presupuestos Generales del Estado, y decimos que en los años donde hay
más cotización, donde los cotizantes han aportado más de lo que en
realidad son los gastos por pensiones en el sistema contributivo, se
pusiera en marcha un fondo de reserva. Ese fondo de reserva debería de
haberse constituido para cuando no existieran recursos, porque en España,
en los dos últimos años, ha existido más cotización que gasto en cuanto a
las pensiones, sin embargo, no se ha puesto en marcha.
Nosotros lo que proponemos en el punto primero de la moción que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista es añadir el proceder a constituir y
cuantificar ese fondo de reserva desde el año 1996 en adelante, con lo
cual sabremos de verdad los recursos de que la Seguridad Social dispone y
no la relación que ahora mismo existe, donde el Estado ha cogido esos
fondos de mayor aportación de los contribuyentes, se los ha gastado en
sus obligaciones y además es la Seguridad Social la que le debe al propio
Estado.
La segunda precisión que nosotros hacemos, una vez aclarado lo anterior,
con estas tres propuestas (el complemento de mínimos, el anticipo de
tesorería y la separación de fuentes), es si existe o no la relación de
un gasto por inversión o actuamos para amañar esos datos. La actuación
que propone la moción es suprimir la contratación de inversiones vía pago
aplazado. Nosotros proponemos sustituir ese punto cuarto para recoger las
dos realidades que creemos que existen.
Por un lado está el pago aplazado, que ahora mismo funciona por una
concesión: se licita, se da la obra y, en función de la certificación,
cada año que se va haciendo se paga. Nosotros no creemos que se deban
diferir en exceso esos pagos. Desde que se aprueba y se concede la obra,
se pone en marcha, se ejecuta y se termina, debería de actuarse para
amortizar toda la obra. Diferirlo más allá es cargar a generaciones
futuras lo que son actuaciones que hacemos hoy; hoy cortamos cintas que
dentro de diez años estarán pagando los que estén gobernando.
La segunda parte es ese procedimiento de diferir hacia el capítulo 8,
inversiones, y en realidad no sabemos cómo hacerlo. Hay un punto también
en la moción más adelante donde habla de una explicación al Congreso de
lo que son los gastos de inversión extrapresupuestarios a través de esta
relación. Por tanto, proponemos esos dos conceptos en el punto cuarto.
En el punto 7, cuando hace referencia al sistema de financiación
autonómica, dice que se remita a las Cortes cuál es la distribución de
esa financiación autonómica, y nosotros proponemos que también se remita
a las Cortes la distribución del fondo de nivelación. Aquí se creó un
sistema de financiación hipotéticamente con una política solidaria de
corrección, que era poner en marcha el artículo 15 de la Lofca; en el año
1997 debería de haber funcionado y en el año 1998 también. Proponemos que
se añada en esa liquidación el fondo de nivelación.
En el punto 9 es donde tenemos mayor diferencia con la propuesta de
moción que hace el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando está hablando
de todo el procedimiento, de qué pasa en la Seguridad Social, cómo
actuamos de forma extrapresupuestaria, cómo utilizamos al Banco de España
para blanquear déficit u ocultar la necesidad de endeudamiento, cómo se
utiliza al final de cada ejercicio poniendo una relación u otra, nos
propone que todo lo que sea mayor ingreso de privatización vaya para
reducir deuda. Nosotros ofrecemos aquí un doble objetivo: reducir deuda
en un 50 por ciento y destinar esos mayores ingresos por privatización,
que es vender el patrimonio que hoy tenemos, a políticas de empleo, a
dirigir desde el Estado políticas de empleo, a apoyar políticas de
empleo, las hagan las administraciones públicas o los agentes privados.
Nuestro objetivo sería que eso que significa vender hoy o enajenar
patrimonios que han costado mucho tiempo no se invierta sólo en quitar lo
que nos hemos gastado en la deuda de aquí hacia atrás, sino en
perspectivas de futuro y seguridad para ese futuro a todos los españoles.
Por eso, de ese dinero obtenido por privatización nosotros proponemos que
el 50 por ciento se destine hacia planes de empleo apoyados desde las
administraciones públicas para los próximos años.
El señor Aznar anunciaba hace poco en una entrevista, no aquí, que en el
año 2000 estará prácticamente todo vendido y enajenado, lo que son
activos de las distintas empresas, y que salvo Hunosa, que no sé si es
que no tiene comprador o es que no interesa venderlo, todo estará
privatizado. Es decir, los Presupuestos Generales recibirán una inyección
de 1,2 billones en los años 1999 y 2000, pero después parece ser que no
quedará cosa que vender, sin embargo, tendremos que seguir haciendo
obligaciones. Es por esta razón por la que nosotros estamos proponiendo
la necesidad de dedicar parte de esos recursos a poner en marcha
actividad económica productiva, que genera empleo y dinámica de
redistribución.
Nosotros tenemos dos enmiendas más que significarían añadir dos puntos,
el 11 y el 12. En el punto 10 se utiliza el no manipular, el no usar.
Este año hay que ver lo que el Banco de España ha tenido de beneficios
nada más que haciendo moneda y vendiéndola a los bancos; ha tenido unos
beneficios muy grandes. Me gustaría que me explicaran cuáles son los
pasivos del Banco de España para poder actuar y ver si es verdad que
tiene una relación contable, aunque es cierto que se pueden utilizar esos
mayores ingresos para amortiguar la situación en el ejercicio, que ha
podido ser mejor o peor según la necesidad de endeudamiento del país.
El punto 11 que proponemos significa que esta Cámara pudiera hacer un
seguimiento al presupuesto, tanto durante el desarrollo y ejecución del
mismo como al final, con el mismo grado de desafectación con el que lo
aprobamos. Para eso deberíamos poner en marcha la oficina presupuestaria
y que ésta, cuando va a comparecer aquí el señor Folgado cada tres meses
para liquidarnos el presupuesto, haya estudiado los datos y nos diga: en
el Ministerio fulano fue esto; con esta distribución de artículos es
esto; las políticas de los programas fueron estas y lo conseguido está
así o no está así. Esa es la forma de seguir un presupuesto tan complejo
como el nuestro. Simplemente con hablar de las cifras macroeconómicas, de
cuál es el déficit, cuál es el PIB, cuál es la necesidad o la actuación
de la inflación, con esos barómetros, a la hora de medir, sería imposible
conocer las cuentas que hemos aprobado a nivel de ingresos y de gastos.
Decía el señor Borrell que ha existido una caída y daba la cifra de unos
1.000 millones diarios; son 377.000 millones de pesetas menos de los
previstos en el año 1997 los que han recaudado de IRPF. Sin embargo, en
la propuesta no hace referencia a cómo hacer
frente a esa caída de los ingresos, porque un presupuesto, cuando se
ejecuta, se puede liquidar ingresando más o gastando menos. Nuestro
Gobierno ha aprendido las dos lecciones: pagan más lo que significan las
rentas del trabajo, pagan menos las rentas de capital y además gastamos
menos en políticas sociales, aunque no entremos en la distribución de ese
gasto, que es verdad que ha tenido una modificación de 800.000 millones
de pesetas. Nos guste más o menos, los presupuestos de 1997, en origen,
durante todo su ejercicio, han tenido una modificación de 800.000
millones de pesetas.
El punto 12 viene a decir que donde más ha caído la recaudación del IRPF
es en las rentas de capital, la aportación de empresarios o profesionales
y la necesidad de adaptar algo que es una evolución normal: un país en el
que bajan los tipos de interés, los dineros metidos en los bancos a un
tipo de interés bajo empiezan a salir y a meterse en lo que son fondos de
inversión. Tendrán que reconocerme SS. SS. que se han producido
movimientos de fondos de inversión, no sé si de 5 ó 6 billones en todo el
ejercicio de 1997. Lo cierto es que estamos en 28 billones de pesetas,
con be de Barcelona o de bueno, en cuanto a los recursos gastados para
invertir. Las plusvalías producidas por las ventas entre lo que me
costaron las acciones y en lo que las he vendido, o el dinero que metí en
el fondo y lo que tengo después de vendido, no cotiza más que de una
manera determinada, desaparece la progresividad. Nosotros hacemos una
propuesta, que es aplicar métodos de práctica con retención de las
plusvalías durante todos los meses en los que se está produciendo.
En suma, con nuestras enmiendas proponemos, estando de acuerdo con el
planteamiento que hace después de la interpelación el Grupo Parlamentario
Socialista, añadir a ese requisito, que es la evolución que ha tenido el
presupuesto liquidado en 1997 sobre la Seguridad Social y los distintos
frentes que plantean los diez puntos, una modificación a esos tres
objetivos que nos marcábamos en la discusión, cuando hablábamos de la
interpelación, y que hoy lo hacemos a la hora de la moción: uno, hay que
dejar claro la relación con la Seguridad Social para que de verdad haya
una relación directa entre lo que es uso del Estado y uso de la Seguridad
Social; dos, no aceptar la financiación extrapresupuestaria transformada
en acciones o en pago aplazado como sistema de invertir y no contabilizar
gasto para que se tenga que hacer frente al propio gasto; tres, hacer
frente a los menos ingresos a través de la reforma que significa el IRPF,
y, cuatro, dotar de la mayor transparencia y capacidad de seguimiento al
presupuesto, que buena falta le hace a esta Cámara, porque el presupuesto
no puede ser un atracón de debate de enmiendas durante unos cuantos días
en Comisión y en el Pleno y olvidarnos hasta el año siguiente. Parece que
de presupuestos nos olvidamos hasta que llegue otra vez el mes de mayo y
junio, cuando los hace la Administración, y en septiembre, cuando se
hacen aquí. Eso debe desaparecer para demostrar de verdad que estamos
invirtiendo el tiempo y los recursos que pone el Estado en nuestras manos
como grupo parlamentario para hacer un seguimiento efectivo del ejercicio
presupuestario, de cómo van los ingresos y los gastos, porque, al final,
es una cantidad de dinero muy importante la que estamos poniendo a
disposición de un Ejecutivo que muchas veces no rinde cuentas ni siquiera
cuando termina el año.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Grupos que desean fijar la posición en este debate. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Intervengo a estas alturas de la noche con poca pasión para motivarles a
que me escuchen porque no es mi deseo alargar la sesión, aunque sí
quisiera transmitir a la Cámara que nuestro grupo va a votar a en contra
de esta moción del Grupo Socialista. Lo hacemos desde el respeto y la
consideración no sólo a su portavoz, porque le tenemos respecto y
consideración, sino desde la simple discrepancia con algunos de los
contenidos de los puntos que contempla la moción.
Propone S. S. convertir el denominado anticipo de Tesorería por valor de
350.000 millones, que no queda saldado al final de 1997, en aportaciones
del Estado. De nada sirve tomar esa decisión, porque ya está decidida en
el debate de presupuestos del ejercicio correspondiente. Retrotraernos a
este mandato, señor Borrell, no es un tema urgente en estos momentos
desde la perspectiva presupuestaria y económica puesto que hay otros
asuntos de mayor trascendencia.
El tercer punto, efectuar las aportaciones presupuestarias necesarias
para que los complementos de mínimos sean financiados por aportaciones
estatales, es una buena idea y la recogemos, pero hay otras iniciativas
en la Cámara que podrían dar salida a esta sugerencia con mayor
precisión. Quizás en otros debates de proposiciones no de ley que tratan
esta cuestión podríamos intentar alcanzar algún acuerdo.
El punto cuatro pretende suprimir de forma inmediata la contratación de
inversiones públicas por el sistema de pago aplazado al final de la obra.
Coherentes con nuestra visión, no podemos dar apoyo a esa propuesta.
Deben ustedes modernizar un poco los sistemas de financiación de las
inversiones públicas. Toda Europa está haciendo estos procesos. De la
misma forma, en el punto seis pide que remitamos a las Cortes un informe
sobre las inversiones efectuadas por procedimientos extrapresupuestarios
en aplicación de mayores
recursos generados por las privatizaciones que fueran anunciadas en
distintas zonas del territorio, pero nosotros debemos manifestar que eso
es estrictamente así. En los documentos que acompañan a la Ley de
presupuestos ya figura esa información. Todas las inversiones que se
materializan por pago aplazado ya quedan en el documento anexo de
inversiones públicas, donde figuran las anualidades correspondientes. Por
otro lado, señor Borrell, las inversiones que se hacen por el método del
pago aplazado se publican en el Boletín Oficial del Estado y quedan ahí
referidas, por tanto, son conocidas y se saben cuantías, destinos,
procesos, anualidades, etcétera. Nos propone asimismo remitir a las
Cortes un informe sobre el incremento del endeudamiento de las empresas y
entes públicos de naturaleza empresarial producido durante 1996-1997.
Tengo en mi despacho toda la información, porque nos la remiten
constantemente, de emisión de deuda pública en el sector público, con lo
que creo que es suficiente. Por otra parte, nos propone remitir a las
Cortes un informe sobre evolución de los ingresos en caja del Estado y en
términos homogéneos desde 1995. La evolución de los ingresos en términos
de caja del Estado es una información regular y establecida ya en las
informaciones periódicas que mensualmente nos mandan a los diputados. Por
último, nos propone dedicar todos los ingresos procedentes de
privatizaciones a la amortización de deuda pública. Sí, pero no todos.
Hay que dedicarlos a amortización de deuda pública y también a inversión,
porque la Unión Europea nos permite destinarlo a estas dos finalidades.
Hay que repartir en ambas.
En síntesis, señor Borrell, lo único que quiere decirle nuestro grupo con
toda simpatía es que no podemos apoyar la moción que nos propone, aunque
en algunos puntos podríamos coincidir con la motivación que le ha
impulsado a plantearlos. Si le parece bien podríamos intentar, mediante
un dialogo con su grupo, ver en qué términos podríamos buscar sucesivas
iniciativas para mejorar el procedimiento de control y seguimiento del
presupuesto público en este país.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Homs.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte
López.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, señorías, con la misma
simpatía con la que ha hablado el señor Homs procuraré continuar mi
intervención.
La verdad es que al finalizar la interpelación que dio lugar a esta
moción hace dos semanas yo no sabía en que texto podía concretarse,
porque era una intervención que, bajo la apariencia de diez preguntas, lo
que intentaba era sembrar dudas sobre la ejecución presupuestaria. Luego,
a los pocos días, observé la moción y me di cuenta de que la percepción
era real, que no había nada que proponer y, efectivamente, se ha
elaborado una moción que no tiene ningún contenido, ninguna propuesta
sólida ni concreta, e incluso en algunos de los puntos tiene errores que
no cometería un alumno de primero de carrera. Se lo procuraré explicar.
A mí no me extraña nada que los agentes sociales riñan a algunos
portavoces del Grupo Socialista, porque desde la oposición no están
haciendo ninguna proposición constructiva. Por eso la intervención de hoy
se ha limitado a volver a repetir diez preguntas. Se podían haber
ahorrado esta moción con una petición de información siguiendo el
Reglamento de la Cámara, o bien estudiando la información que
mensualmente se envía y que está a disposición de todos los diputados y
diputadas de la Comisión de Presupuestos. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Mi grupo va a votar que no (El señor Aguiriano Forniés: ¡Otra negación
más!.--Rumores.) porque nos parece una irresponsabilidad que ahora que se
están examinando los datos de los países que conformarán la primera
división europea se generen dudas respecto de los resultados
presupuestarios que son el esfuerzo no sólo del Gobierno sino de toda la
sociedad. En 1995, cuando había un Gobierno socialista, se cerró el
presupuesto público con un déficit que superaba el 7 por ciento. Contando
con el esfuerzo de toda la sociedad, se ha rebajado hasta el 2,6 por
ciento y nos han homologado esos datos los organismos internacionales: la
OCDE, el Fondo Monetario Internacional, Eurostat, y ahora desde los
bancos socialistas se pretende restar credibilidad. No puede ser una
postura más sorprendente. (Rumores.)
Nos dejan unas cuentas que estaban hechas un desastre. Había casi 800.000
millones de facturas en el cajón sin contabilizar. El anterior ministro
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente deja un montón de
compromisos de inversiones firmados por convenios o con los alcaldes que
no tenían cobertura presupuestaria, y eso sí que era una bomba. Nosotros
arreglamos esa situación, situamos a España con posibilidades de estar en
la primera división europea y ahora ustedes quieren sembrar dudas. Yo
realmente no sé a qué obedece esta estrategia. Yo no sé si es una
estrategia del Grupo Socialista, y me preocuparía; yo no sé si el Grupo
Socialista quiere que descarrile el tren --¡menos mal que no les cree
nadie!-- o si es una estrategia sólo de algún portavoz del Grupo
Socialista. Me voy a referir a algunos puntos concretos. Yo no sé si el
portavoz del Grupo Socialista lo que quiere es tener una respuesta a sus
preguntas o simplemente exhibirse, porque esas preguntas fueron
contestadas por el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos
Públicos, fueron contestadas por el ministro y hoy se las puedo seguir
contestando, pero la verdad es que no sé
si es un esfuerzo baldío, porque no quiere usted saber la respuesta.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, silencio.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Empezaré, señorías, por el último punto
de la moción. Decía el señor Borrell en esta tribuna hoy que esto de
hablar de saldos finales y variación de saldos era una cuestión menor.
No, señor Borrell, es que usted el otro día no sabía lo que decía y se
equivocó. Tuvo un error que no cometería un principiante de estudios
universitarios. Usted habló aquí de saldo final y dijo que el año 1996
acabó con un superávit de un billón y el año 1997 ha acabado con un
déficit de un billón. Está en el «Diario de Sesiones», lo repite usted
dos veces. Seguramente sus asesores le dijeron que estaba usted
equivocado y ha procurado rectificar; no ha querido sacar mucho la pata,
yo le aconsejo que la saque. Usted se equivocó y está acusando de
manipulación en un tema que no es para tanto. Usted cometió un error, yo
se lo perdono, usted rectifica y se ha acabado. (Rumores.--Aplausos.)
Señor Borrell, el saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco de España no
puede tener un déficit. Usted a lo mejor no lo sabía, pero es que lo
prohíbe la Ley de autonomía del Banco de España. Lo prohíbe recogiendo
una norma del Tratado de la Unión Europea. Usted lo ignoraba. Quizá era
mala intención para hacer un discurso demagógico, eso yo no lo sé, quiero
pensar que lo ignoraba. Si hubiera leído el informe de la Intervención
General que tenían todos los diputados y diputadas de la Comisión de
Presupuestos habría visto cómo los párrafos segundo y tercero lo
explicaban, lo que pasa es que para hacer su discurso quizá le venía mal.
Se ha inventado un discurso irreal, un discurso basado sobre la falacia
que, efectivamente, le ha llevado a cometer una torpeza.
Señor Borrell, si usted opina que se manipula el saldo de la cuenta del
Tesoro en el Banco de España... Cuando entre 1993 y 1994 se pasó de un
saldo de 3,2 billones a un saldo de 1,6 billones, ¿usted le decía al
ministro Solbes que estaba manipulando la cuenta? Pues fue una variación
muchísimo mayor, señor Borrell, una variación muchísimo mayor. ¿Usted le
decía que manipulaba la cuenta? Algunas veces las críticas son de un
cinismo tal, que más vale pasar página. Menos mal que no les cree nadie,
no les recogen las ruedas de prensa ni siquiera en los medios de
telecomunicación, nos tenemos que enterar por teletipo. (Protestas.)
Hay otro punto esencial en su moción y es la situación de la Seguridad
Social. Es tremendamente irresponsable seguir con el discurso de que la
Seguridad Social está en una mala situación financiera. Están sembrando
dudas a millones de ciudadanos buscando una intención partidista,
traicionando las bases que hicieron posible el Pacto de Toledo. Eso es
continuo y es una irresponsabilidad manifiesta. (Rumores.) Este Gobierno
del Partido Popular fue el que empezó a desarrollar el Pacto de Toledo;
con este Gobierno se ha aprobado una Ley de consolidación y
racionalización de la Seguridad Social; con este Gobierno se ha empezado
a trabajar en la separación de fuentes; con este Gobierno se han cuadrado
las cuentas de la Seguridad Social y hoy podemos decir en esta Cámara que
nunca han estado tan aseguradas las pensiones como ahora, y nunca ha
estado tan saneada la Seguridad Social como está ahora mismo, señor
Borrell. (Rumores.-- Aplausos.)
Usted ha hablado del famoso déficit. Ha habido un déficit en la Seguridad
Social de 150.000 millones, que es el 0,2 por ciento del producto
interior bruto, y está recogido. Hay un desfase de Tesorería, producido
por el decalaje entre los derechos de cobro y las obligaciones de pago
que ha hecho que se tenga que efectuar un crédito de Tesorería de 350.000
millones. Pero esto no es nuevo, esto lo empezaron ustedes. Sólo en 1994
y en 1995 hubo más de 800.000 millones de pesetas de crédito a la
Seguridad Social, lo que pasa es que no distinguían entre déficit y
crédito de Tesorería; no lo distinguían, pero no todo era déficit: una
parte era para cubrir déficit y otra parte para cubrir diferencias de
Tesorería. No se puede decir que lo que estaba bien antes ahora está mal
porque esa es una postura cínica.
Habla usted de los complementos de mínimos. No me extraña que los agentes
sociales le llamen la atención. Se ha firmado un acuerdo con los agentes
sociales que ha hecho posible la Ley de consolidación y racionalización
de la Seguridad Social que dice que hay que trabajar en la separación de
fuentes y la más importante es la sanitaria, porque es un gasto que está
creciendo enormemente. Nosotros estamos trabajando en separar esa
financiación. Estaba previsto hacerlo en el año 2000, probablemente lo
hagamos antes en 1999, pero en los complementos de mínimos se ha llegado
a un acuerdo con los agentes sociales para determinar su naturaleza, si
son...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, vaya concluyendo.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo.
Se ha llegado a un acuerdo para decidir si esos complementos de mínimos
tienen naturaleza contributiva o no contributiva y eso se ha pospuesto al
año 2000, por eso no tiene sentido el punto de la moción de hoy. Vamos a
trabajar en la separación de fuentes sanitarias y luego hablaremos de los
complementos de mínimos, porque no está claro que tengan naturaleza no
contributiva, porque en un sistema de reparto --no sé si usted quiere ir
a un sistema de capitalización...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, luego no hablaremos de nada
más. Concluya, por favor. (Risas.)
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Mi grupo, desde luego, no va a ir.
Señor Borrell, no tiene sentido seguir hablando cuando lo único que se
quiere hacer en esta Cámara es teatralizar. El Gobierno está haciendo un
gran esfuerzo para dar transparencia a las cuentas públicas, para usar
correctamente el dinero público y para controlar el déficit. Ese es el
mejor camino para garantizar el empleo, el crecimiento, la presencia de
España en la primera división europea y para mejorar los gastos sociales.
Si el Grupo Socialista y sobre todo algún portavoz quiere situarse en el
teatro, en la irrealidad y en la exageración, peor para ellos o para él,
pero desde luego no nos van a mover ni un ápice del rigor que creemos que
es lo mejor para los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
El entusiasmo de SS. SS. a estas horas de la noche es realmente
admirable.
Señor Borrell, tiene la palabra a los solos efectos de aceptar o rechazar
la enmienda del Grupo de Izquierda Unida.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, me gustaría utilizar la
palabra según lo previsto en el artículo 71 del Reglamento, en la medida
en que mis argumentos han sido contrapuestos.
El señor PRESIDENTE: No procede, señor Borrell, en absoluto. Solamente
tiene que limitarse a lo previsto en el Reglamento para este trámite y lo
sabe su señoría.
El señor BORRELL FONTELLES: No sabe usted cuanto lo lamento, señor
Presidente, porque después de escuchar al señor Pujalte la verdad es que
estoy tentado de retirar...
El señor PRESIDENTE: No caiga en la tentación, señor Borrell, no lo iba a
tolerar la Presidencia a estas horas de la noche. (Risas.)
El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, comprendo que sus auxilios
espirituales me pueden ser de utilidad, pero si deja usted que exprese la
tentación a la que me refería quizás se sienta usted incitado a empujarme
para que caiga en ella, porque la tentación en cuestión...
El señor PRESIDENTE: Mientras no necesite mis auxilios reglamentarios,
adelante. (Risas.)
El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, estoy tentado de retirar la
moción porque toda la Cámara ha escuchado --y ya no hay ninguna duda--
cuánto ha sido la recaudación por cuotas líquidas de la Seguridad Social.
Toda la Cámara ha escuchado cuál es el valor del patrimonio de la
Seguridad Social. Toda la Cámara ha escuchado la relación de las obras
hechas por procedimientos extrapresupuestarios. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, concluya aceptando o rechazando la
enmienda de Izquierda Unida o retirando o no la moción. Concluya, por
favor.
El señor BORRELL FONTELLES: A pesar de que hemos recibido cumplida
respuesta a nuestras preguntas, vamos a mantener la moción y le voy a
decir al portavoz de Izquierda Unida... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor BORRELL FONTELLES: Déjenme hablar, por favor.
Le voy a decir al portavoz de Izquierda Unida que con mucho gusto
aceptaría sus propuestas, salvo una de ellas, porque no hacen sino
ampliar, matizar o complementar, en algunos casos de forma acertada, las
iniciativas que contiene esta moción que pueden dar lugar a sucesivos
debates.
Sólo hay una que no le puedo aceptar, que es la que hace referencia a la
asignación de los recursos procedentes de privatizaciones. Usted propone
aplicarlas de forma finalista y mecánica a determinadas políticas,
nosotros proponemos aplicarlas a la amortización de deuda, con los únicos
objetivos dialécticos de hacer quedar en evidencia al Partido Popular y
el incumplimiento de su programa electoral. Salvo este apartado 9, los
demás se los podría aceptar.
No sé si la Presidencia va a aceptar que votemos separadamente el punto
9, modificando el resto de puntos de la moción. Si la Presidencia lo
acepta podemos hacerlo así; si la Presidencia no lo acepta le sugiero que
vote usted en contra del punto 9 y se sume al resto de los puntos de la
moción socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, lo que propone S. S. es aceptar todos
los puntos de las enmiendas menos uno.
El señor BORRELL FONTELLES: Pero aceptar las modificaciones que sugiere
Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Todas menos una, la número 9. (Rumores.)
Perdón, ¿señor Ríos?. (El señor Ríos Martínez pronuncia palabras que no
se perciben.)
No, separado no pueden someterse. El señor Borrell puede aceptar todas
menos la suya. (Rumores.) Señorías,
señora Aguilar, sin duda vamos a clarificar la votación. Al aceptar el
señor Borrell todas las enmiendas de su grupo menos una, se somete a
votación la moción del señor Borrell más las enmiendas de su grupo menos
esa enmienda. ¿De acuerdo? (Pausa.)
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Me quedaba por contestar a otro portavoz.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, estoy seguro de que la Cámara y, en
particular, el otro portavoz le agradecen su cortesía, pero no procede
porque no ha habido más enmiendas que la de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación en los términos fijados.
Votamos la moción del Grupo Socialista sobre la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado de 1997 y su relación con el equilibrio
presupuestario de la Seguridad Social, en los términos resultantes de la
aceptación por el grupo proponente de las enmiendas de Izquierda Unida,
salvo la señalada como sustitutiva del punto 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a
favor, 128; en contra, 154; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción debatida.
La sesión se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Buenas noches.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.