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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 138, de 24/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 138
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 133
celebrada el martes, 24 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Modificaciones del orden del día:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo. (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 98.1, de 3 de junio de 1997 (número de expediente
122/000080) (Página 7240)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo. (Orgánica). «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 99.1, de 3 de junio de 1997 (número de
expediente 122/000081) (Página 7240)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre gestión de
Fianzas en Arrendamientos Urbanos. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 119.1, de 9 de octubre de 1997. (número de expediente
122/000101) (Página 7250)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al régimen de
incompatibilidades de los altos cargos de las empresas públicas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 234, de 26 de enero de 1998
(número de expediente 162/000195) (Página 7256)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre exclusión de medicamentos de
la financiación pública (número de expediente 173/000063) (Página 7264)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno dirigida
a reducir, de manera significativa, los índices de siniestralidad laboral
en nuestro país (número de expediente 173/000064) (Página 7273)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la
política a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son
víctimas las mujeres (número de expediente 173/000065) (Página 7278)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados (Sesión secreta):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados (número
de registro 44384) (Página 7285)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
Modificaciones del orden del día (Página 7239)
El señor presidente solicita el asentimiento de la Cámara para proceder a
diversas modificaciones del orden del día, suprimiendo la sesión del
jueves por la mañana, que le es concedido.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7239)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo (orgánica) (Página 7240)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo (orgánica) (Página 7240)
En defensa de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, interviene la señora Rubiales Torrejón, quien
recuerda que ya en 1983 el Gobierno socialista, que sólo llevaba cinco
meses gobernando, presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal
en el que se despenalizaba el aborto en los tres conocidos supuestos de
indicación médica, eugenésica y ética. Este proyecto de ley fue
considerado por algunos sectores de timorato y, sin embargo, llevó a
otros grupos conservadores a presentar una enmienda de totalidad y,
después, un recurso previo de inconstitucionalidad. No obstante, la
despenalización del aborto en los tres supuestos indicados se llevó a
cabo en junio de 1985, gracias a la voluntad firme del Gobierno. Añade
que a los diez años de la entrada en vigor de la nueva ley se detectaron
insuficiencias en la aplicación de la misma que producían situaciones de
inseguridad jurídica, que es lo que les lleva a plantear hoy su reforma.
Asimismo recuerda que cuando en 1995 se aprobó el nuevo Código Penal no
se abordó la reforma de esta ley porque se acordó que era mejor hacerlo
en una ley específica donde se contemplaran no sólo los aspectos
punitivos sino también los sanitarios, los médicos, los sociales o los
económicos. El Grupo Socialista está convencido de que existe un problema
social que hay que solucionar y, por ello, presentó una iniciativa el 18
de junio de 1996, que no fue aceptada, y la vuelven a presentar en este
momento, solicitando de la Cámara su voto favorable para su toma en
consideración. Asimismo anuncian su total disposición a consensuar con la
mayoría de la Cámara su contenido y su voto favorable a la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda
Unida, aun teniendo planteamientos radicalmente diferentes.
Presenta la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida la
señora Aramburu del Río. Afirma
que se trata de un debate donde se sabe previamente que no hay argumento
posible para convencer al contrario, porque su posición está prefijada,
predeterminada y no atiende a razones más que a las supuestamente
morales, pero añade que está dispuesta a llevar adelante su iniciativa
para tratar de hacer entre todos un ejercicio de coherencia y de
razonamiento político con el fin de encontrar las fórmulas de consenso
suficientes que consigan demostrar que los intereses de las mujeres están
por encima de los partidos. Expone que la interrupción voluntaria del
embarazo sigue siendo un drama sin resolver ni jurídica ni social ni
sanitariamente, a pesar de que se sigue practicando al amparo o fuera de
la ley. Añade que no se trata de un debate ideológico, sino de adecuar la
legislación a la práctica y a la realidad social y afirma que su grupo
apuesta por una prevención estructural fuerte, donde la planificación, la
información, la legalización y la comercialización de la RU y los modelos
alternativos de sexualidad hagan del aborto el último recurso. Considera,
por otra parte, que su proposición de ley es equilibrada y ponderada a
efectos de no violentar ningún precepto constitucional, y aconseja a los
sectores públicos de la derecha que no luchen contra los molinos de
viento.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rahola i
Martínez y Almeida Castro y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se produce un empate con 166
votos a favor, 166 en contra y una abstención.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento se procede a
una segunda votación de la toma en consideración de la proposición de
ley, repitiéndose el empate con 166 votos a favor, 166 en contra y una
abstención, por lo que el señor presidente procede a la suspensión de la
sesión durante quince minutos.
Reanudada la sesión, se procede de nuevo a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, con el resultado de un nuevo empate de 168 votos a favor,
168 en contra y una abstención.
El señor presidente da lectura al artículo 88.1 del Reglamento, según el
cual se entiende rechazada la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
A continuación se somete a votación la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
que es rechazada por 160 votos a favor y 175 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre gestión de
fianzas en arrendamientos urbanos (Página 7250)
El señor Santiso del Valle presenta la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la gestión de fianzas en
arrendamientos por entender que la finalidad de las fianzas establecida
en la Ley de Arrendamientos Urbanos ha sido desvirtuada en la realidad.
Por otra parte expone que existe una diversidad de legislaciones
autonómicas que están generando multiplicidad de sistemas de gestión,
inspección, competencia, etcétera, por lo que su proposición de ley
pretende, respetando el papel fundamental de las comunidades autónomas,
crear mecanismos que sean de fácil adopción por las mismas.
Explica el contenido de los diferentes artículos y disposiciones de que
consta su proposición de ley, resaltando como novedad la gestión de las
fianzas relativas a los servicios y aparatos de medida asociados a la
vivienda y la recepción por las comunidades autónomas de este tipo de
fianzas.
En turno en contra de la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene el señor
Rivas Fontán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, replicando
el señor Santiso del Valle.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Narbona
Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 17 votos a
favor y 297 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 7256)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al régimen de
incompatibilidades de los altos cargos de las empresas públicas (Página 7256)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso el señor Hernández Moltó. Manifiesta que con su proposición de
ley pretenden regular un déficit de la Ley de 1995 relativa al régimen de
incompatibilidades de los altos cargos de las empresas públicas, porque
se da la paradoja de que un presidente de empresa pública no puede tener
ningún tipo de relación cuando es cesado de su cargo con el sector que le
ocupa y, sin embargo, puede continuar de presidente de esa empresa
pública una vez haya sido privatizada, por lo que las condiciones de un
presidente de empresa pública son mucho más beneficiosas que las de
ningún otro responsable de cualquier administración pública, sea cual
fuere el rango o el nivel de responsabilidad que haya tenido.
No quiere recordar promesas electorales ni compromisos parlamentarios al
respecto y pasa a exponer los objetivos concretos de su proposición de
ley, que resume en que se salven los déficit que tiene la ley, en que los
ciudadanos se sientan protegidos frente a ciertos abusos y en que se
efectúe un debate transparente sobre el sector público empresarial del
país.
En defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley
interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Montseny
Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor Hernández Moltó acepta la enmienda del señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, se rechaza por 152 votos a favor, 167 en contra
y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7264)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre exclusión de
medicamentos de la financiación pública (Página 7264)
La señora Amador Millán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
defiende la moción consecuencia de la interpelación urgente que presentó
la semana pasada en relación con la propuesta del Gobierno para excluir
medicamentos de la financiación pública. Explica los seis puntos de que
consta su moción, que contienen los objetivos de una correcta política de
uso racional del medicamento, que racionalice el consumo farmacéutico,
que excluya de la financiación pública los medicamentos cuya utilidad
terapéutica no justifica esa financiación y que, además, suponga un
ahorro del gasto público, todo ello con el objetivo fundamental que debe
guiar la política sanitaria para ser considerada como tal, que es velar
por una correcta atención de los problemas de salud de los ciudadanos.
Considera que su grupo está ofreciendo una vía para enmendar un grave
error que ha suscitado una enorme contestación ciudadana, y pide al
Gobierno y al grupo parlamentario que le apoya que consideren seriamente
la propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista les hace hoy.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta moción intervienen el
señor Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ; la
señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y el señor Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber,
la señora Almeida Castro y el señor Vázquez Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Amador Millán.
Se procede a las votaciones de los distintos puntos de la moción del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que son rechazados.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno dirigida a
reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en
nuestro país (Página 7273)
El señor Peralta Ortega, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la moción consecuencia de la interpelación debatida la semana
pasada, urgida sin lugar a dudas por la preocupante evolución negativa de
las cifras de siniestralidad laboral en España, preocupación compartida
por todos los
grupos de la Cámara y por el propio Gobierno. Manifiesta que en la moción
se contemplan diversas medidas encaminadas, por una parte, a mejorar la
seguridad y salud de los trabajadores desde una perspectiva integral y,
por otra, a potenciar la corresponsabilidad de todos los sectores
implicados. En cuanto a las enmiendas presentadas, expresa su deseo de
alcanzar un consenso unánime en la enmienda transaccional que va a
presentar.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, intervienen los señores Vaquero
del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Gimeno
Marín, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Alcalde Sánchez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Mixto en los términos de la enmienda transaccional
presentada por el señor Peralta Ortega, se aprueba por 303 votos a favor,
uno en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la política
a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son víctimas las
mujeres (Página 7278)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene la señora Aramburu
del Río. Considera que la violencia doméstica es un exponente más, quizás
el más grave, de la ancestral y actualizada marginación que sufren la
mayoría de las mujeres. Añade que se está ante un conflicto social que
tiene diferentes magnitudes, tanto en el ámbito de lo privado como
público, por lo que el tratamiento debe ser multicisciplinar. A
continuación expone las diceisiete medidas que integran su moción para
paliar los efectos de lo que se ha venido en denominar la lacra del siglo
XX, para las que pide el voto favorable de la Cámara, y muestra su
disposición a incorporar enmiendas que puedan mejorar el texto en los
términos de erradicar la violencia doméstica.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Martínez
González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro y
el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Aramburu del Río.
Sometida a votación la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida, se
rechaza por 132 votos a favor y 162 en contra.
Continúa la sesión con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen
de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de
actividades de señores diputados, que es aprobado.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día que tienen SS. SS.
repartido, quería someter a la consideración y, en su caso, asentimiento
del Pleno precisamente algunas modificaciones de ese orden del día
acordadas con la Presidencia por la Junta de Portavoces celebrada a
mediodía. En primer lugar, de acuerdo con la Mesa --lo hemos sometido a
la Junta de Portavoces--, la exclusión del orden del día del debate de
totalidad del Convenio entre el Reino de España y la República portuguesa
para la construcción de un puente internacional sobre el río Miño. Este
punto quedaría excluido del orden del día. A su vez, al no haberse
formulado enmiendas de totalidad a los convenios internacionales ni a los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores también sobre convenios
internacionales ni a los debates de totalidad de iniciativas legislativas
previstos en el orden del día del jueves, la Junta de Portavoces propone
al Pleno que los restantes puntos del orden del día previstos para la
mañana del jueves se distribuyan, en su tratamiento y votaciones, en las
sesiones de esta tarde y de mañana por la tarde. De manera que a lo largo
de la sesión de hoy procederíamos, en sesión secreta, al debate y
votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados y
mañana, al comienzo de la sesión y con carácter previo al punto V, que es
el de preguntas orales al Gobierno, someteríamos a la Cámara, también por
el procedimiento de asentimiento del Pleno, los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que quedan vivos. ¿Lo
acuerda todo ello así el Pleno? (Asentimiento.) En consecuencia, queda
aprobada la modificación del orden del día en los términos antedichos. No
habrá sesión de Pleno el jueves por la mañana, hoy se someterá a votación
el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados y mañana, a
primera hora, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REGULACION DE LA INTERRUPCION
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ORGANICA) (Número de expediente 122/000080)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE REGULACION DE
LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (ORGANICA) (Número de expediente
122/000081)
El señor PRESIDENTE: Solventado el incidente en cuanto a la modificación
del orden del día, pasamos al desarrollo previsto para el mismo en la
tarde de hoy, que comienza por el debate sobre la toma en consideración
de dos proposiciones de ley que se tramitan acumuladamente, una del Grupo
Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, ambas sobre regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo.
En primer lugar, para la presentación de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en mayo de 1983, cuando el Gobierno socialista sólo llevaba
cinco meses gobernando, presentó un proyecto de ley de reforma del Código
Penal por el que se despenalizaba el aborto en los tres hoy ya conocidos
supuestos de indicación médica, eugenésica y ética. Se trataba de un
proyecto de ley considerado timorato... (Rumores.) Señor presidente, me
dicen algunos señores diputados que no me oyen.
El señor PRESIDENTE: Y no será porque no se esfuerce su señoría.
La señora RUBIALES TORREJON: Y no será porque no tenga yo voz.
El señor PRESIDENTE: Exactamente. (Continúan los rumores.)
No veo quién está hablando con el señor Posada, pero quiero llamar su
atención y la del señor Posada para que guarden silencio. Señor Fuentes,
le veo muy lanzado esta tarde.
Sosiéguense, guarden silencio y vamos a atender a la exposición de la
señora Rubiales. Adelante.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Decía que se trataba de un proyecto de ley considerado timorato por
algunos grupos de la sociedad española y que, sobre todo, produjo una
enorme reacción de los sectores más conservadores de la misma, que
lanzaron furibundas manifestaciones de toda índole, callejeras incluidas,
contra el proyecto de ley y contra el Gobierno que se atrevía a
presentarlo.
En el Parlamento, la oposición más radical corrió a cargo del fundador de
Alianza Popular --hoy Partido Popular--, señor Fraga Iribarne, ése que
dijo lo del escote de las diputadas --¿recuerdan?-- y tantas otras
lindezas. (Rumores.) Pues bien, los que fueron progenitores políticos del
actual Grupo Parlamentario Popular presentaron una enmienda a la
totalidad del proyecto que no prosperó y, después, un recurso previo de
inconstitucionalidad que, aunque luego perdieron afortunadamente para el
conjunto de la sociedad española, paralizó durante dos años la entrada en
vigor de la ley, porque entonces esto ocurría con la interposición del
recurso previo de inconstitucionalidad. Señorías, si recuerdo nuevamente
estas cosas es sólo porque interesa que no se olviden, interesa que los
ciudadanos españoles sepan bien cómo es la derecha tanto cuando gobierna
como cuando no lo hace, aunque me temo que ahora, por fin, están teniendo
innumerables testimonios de cómo son y de cómo actúan en esto de las
libertades.
El 5 de junio de 1985, señorías, la Ley orgánica 9/1985 incorporó, con la
redacción actualmente vigente, el artículo 417.bis del Código Penal,
despenalizando por primera vez en la historia de España --repito--, por
primera vez en nuestra historia, la interrupción voluntaria del embarazo.
Ello fue posible, señorías, porque el Gobierno socialista, como Gobierno
progresista y de izquierdas que era, fue capaz de aguantar las múltiples
manifestaciones, declaraciones y recursos de todo tipo realizados por la
derecha de entonces, conscientes como éramos de que se trataba de una
necesidad requerida por la mayoría de la sociedad y de que había que
separar de una vez por todas la moral del Derecho y tener, por supuesto,
un respeto absoluto a la libertad y a la conciencia individual de cada
uno.
La Ley de 1985 reconoció la indiscutible preeminencia de los derechos
fundamentales de la mujer en ciertas situaciones de necesidad o de no
exigibilidad de otra conducta y adoptó determinadas garantías para la
protección del bien jurídico constitucional, representado por la vida
embrionaria fuera de dichos supuestos.
Sin embargo, a los diez años de entrada en vigor de la ley se detectaron
insuficiencias en la aplicación de la misma que producían situaciones de
inseguridad jurídica que nos llevaron a plantearnos su reforma. Tanto
desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de la mujer como
desde la tutela de la vida en formación, la regulación de la ley no nos
parece hoy satisfactoria.
Cuando en 1995 se aprobó el denominado Código Penal de la democracia, no
se abordó la reforma de esta ley. No se hizo así no porque no se quisiera
sino porque se acordó en esta Cámara que era mejor llevar el tema a una
ley específica en la que se pudieran abordar no sólo los aspectos
punitivos sino también los sanitarios, los médicos, los sociales o los
económicos.
Una vez aprobado el Código Penal, señorías, en noviembre de 1995,
presentamos un proyecto de ley de reforma de la Ley de 1985 de contenido
similar al de la actual proposición de ley, recogiendo un nuevo supuesto
para ampliar la despenalización a aquellos casos en los que, existiendo
un grave conflicto personal, familiar o social, la mujer de manera
serena, responsable e informada decide no continuar con su embarazo. El
Partido Popular, también en esta ocasión, votó en contra de esta
iniciativa, como lo ha seguido haciendo en cuantas ocasiones la hemos
presentado y como lo seguirá haciendo en las que todavía nos puedan
quedar. ¡Veremos qué pasa esta tarde!. Me temo que tendremos que ganar
otra vez las elecciones para que este problema se resuelva de una vez por
todas y que así ganen en seguridad cuantos intervienen en la realización
responsable de la práctica de un aborto.
Señorías, después de las elecciones del 3 de marzo, el Grupo
Parlamentario Socialista presentó como una de sus primeras iniciativas,
ya desde la oposición, una proposición de ley de contenido similar o
idéntico al actual para regular la interrupción voluntaria del embarazo,
conscientes, una vez más, de que teníamos necesidad de solucionar este
problema. El 18 de junio de 1996 fue debatida y rechazada su toma en
consideración, si bien es verdad --y hay que recordarlo-- que por tan
sólo diez votos de diferencia y con algunas equivocaciones casuales por
parte de mi grupo parlamentario. El mismo día que fue rechazada la
volvimos a presentar de nuevo, y ésta es la que esta tarde sometemos a la
consideración de SS. SS. Ojalá cambie el sentido de voto de esta Cámara y
logremos al fin resolver este problema.
En tres años, señorías, hemos presentado tres veces la iniciativa. Si hoy
tampoco tuviéramos suerte volveríamos a presentarla para ver si
conseguimos los escasos votos que nos faltan y logramos que se nos tome
en consideración. No se trata, señorías, de ninguna cabezonería de mi
grupo parlamentario, se lo aseguro, sino que creemos sinceramente que
tenemos que resolver un problema social que existe hoy mayoritariamente y
que no tenemos bien resuelto. Si ustedes se quedan más tranquilos
diciendo que nosotros fuimos los culpables por no modificarla durante los
años de Gobierno socialista, vale, adelante, pero voten hoy
favorablemente la proposición y resolvamos el problema que queda
pendiente.
El ordenamiento jurídico, señorías, no puede limitarse a reconocer la
inexigibilidad de una conducta sólo en los tres supuestos hoy existentes,
porque es inadecuado y no se corresponde con la realidad social. No se
puede pensar seriamente que mediante el recurso a la pena, más allá de lo
razonable que es acudir a ella, se consiga una protección adecuada,
porque hay situaciones distintas a las previstas en la ley en las que un
embarazo supone un inconveniente tan grande para la mujer que exigirle
que lo lleve adelante por medio de la amenaza penal es impropio de un
orden jurídico democrático. Por otra parte, señorías, desde el punto de
vista del Derecho, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y
desde el punto de vista de la igualdad, es evidente que necesitamos
contar con un texto legal que no provoque una desigual aplicación de la
ley, con interpretaciones contradictorias y a veces poco conciliables.
Subrayo, repito y reitero la anterior afirmación: la situación actual,
señorías, criminaliza conductas de mujeres que se ven abocadas al aborto
por causas socioeconómicas. La interrupción voluntaria del embarazo
afecta fundamentalmente a madres de familias numerosas, a mujeres solas,
a mujeres solteras, a adolescentes, a menores y a mujeres maltratadas, es
decir, al sector de la población más desprotegido, lo que ha llevado a
otros países europeos a introducir modificaciones en sus respectivas
legislaciones en base a estas razones de justicia social, de salud
pública y de seguridad.
Señorías, en los países que siguen teniendo legislaciones represivas y
penalizadoras no desaparece esta realidad social. Así lo ha dicho el
Parlamento Europeo que, en su resolución de 12 de marzo de 1990, dice que
existe un gran volumen de turismo relacionado con el aborto en
determinados países miembros comunitarios como consecuencia de que hay
algunos países
--entre ellos cita a España-- que tienen una legislación más
restrictiva. Nos obliga no sólo esta resolución del Parlamento Europeo
sino el compromiso suscrito por España en la IV Conferencia mundial de la
Mujer de las Naciones Unidas, de Pekín, del año 1995. Esta resolución
insta a los gobiernos a que revisen --lo hemos dicho aquí por activa y
por pasiva y lo seguiremos repitiendo en el futuro si no tienen a bien
hoy concedernos su aprobación-- las legislaciones que contengan medidas
represoras o punitivas para las mujeres en estos supuestos; compromiso
que fue suscrito por 189 países de religiones, credos e ideologías de
toda naturaleza y bastante diferentes.
La proposición de ley que hoy de nuevo presentamos no hace otra cosa que
acercar las legislaciones de nuestro entorno político y cultural a las
del resto de los
países de nuestro entorno, asemejándonos a las que con el paso de los
años han ido evolucionando hacia un sistema en el que prima la decisión
final de la mujer. También creemos, señorías, que nuestra propuesta,
además de estar en sintonía con la de los demás países europeos, se
adecua perfectamente a la Constitución española y a la doctrina del
Tribunal Constitucional. Así lo ha dicho hasta el propio Tribunal Supremo
cuando, en resolución de 8 de mayo de 1997 favorable a la concesión de un
indulto a dos médicos condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona
por un delito de aborto --sobre cuya concesión a favor también se
pronunció esta Cámara, como recordarán SS. SS.--, señala que se debe
conceder el indulto por lo siguiente. ¡Ojo, oigan lo que dice el Tribunal
Supremo! Dice literalmente que se debe conceder el indulto atendiendo
también el indudable sentir mayoritario de la sociedad en orden a la
procedencia de flexibilizar la discriminación del tipo de aborto,
ensanchando las excepciones de la incriminación. Lo dice el Tribunal
Supremo de España y no esta portavoz que les habla.
Con esta tajante afirmación del Tribunal Supremo queda suficientemente
contestada la objeción que siempre nos hacen desde los escaños de la
derecha de que la ampliación de la Ley del aborto no es acorde con lo que
demanda la sociedad española, para añadir, a continuación, que es
oportunista, opinión de la derecha más que discutible y minoritaria
--pensamos nosotros-- en el conjunto de las legislaciones de los países
de nuestro entorno y en nuestra sociedad actual, que está muy
sensibilizada afortunadamente con los gravísimos y reiterados casos de
malos tratos a mujeres...
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, le ruego que vaya concluyendo.
La señora RUBIALES TORREJON: Termino, señor presidente.
Ayer mismo tuvimos dos lamentables y odiosos casos más de maltratos a
mujeres. Y no se puede olvidar que muchos, muchísimos casos, de los
supuestos en los que están involucradas mujeres que abortan, son mujeres
que han sufrido malos tratos. Les recuerdo el último caso, precisamente
el de los dos médicos condenados por la Audiencia Provincial de
Barcelona, en el que también la mujer, que fue absuelta, era una mujer
que había denunciado a su marido por malos tratos. La mujer en este caso
fue absuelta, pero los médicos que le practicaron el aborto fueron
primero condenados y luego indultados por el Gobierno, previa vetación
mayoritaria de cuantas asociaciones e instituciones españolas, incluido
este Pleno del Congreso de los Diputados, sea posible pensar. Aunque es
verdad que el Gobierno les indultó, y quiero que alguna de
SS. SS. lo oigan y lo recuerden por si no lo saben, la ministra Mariscal
de Gante les indulto, con una multa de 300.000 pesetas; se conoce que
para que tuvieran conciencia de que había voluntad sancionadora por parte
del Gobierno. Es la primera vez en la historia contemporánea de España
que un indulto al aborto va acompañado de sanciones por parte del
Gobierno, pero algo querrá decir la ministra de Justicia cuando hizo
esto.
Termino ya, señor presidente, con una referencia muy breve precisamente
al tema del indulto. No puede ser, señorías, que sigamos solicitando
indulto tras indulto, sin reformar la legislación del aborto. Esta
Cámara, señorías, el 20 de mayo pasado, se pronunció a favor de la
concesión del indulto a los médicos condenados por un delito de aborto
por la Audiencia Provincial de Barcelona, por una grandísima mayoría. A
mi grupo le pareció de perlas, le pareció estupendo aquella iniciativa,
no en balde era de mi propio grupo parlamentario, pero no puede seguir
siendo así siempre, señorías.
En ese debate, la portavoz del Grupo Popular decía literalmente que desde
el Congreso de los Diputados tenemos que hacer, señorías, que los
tribunales apliquen e interpreten las leyes vigentes, sobre todo que las
apliquen, decía la señora Fernández. No se puede utilizar una vía
singular, como es el indulto, para eludir la aplicación de la legislación
vigente en una materia, sea la que sea. En esto llevaba razón la señora
Fernández y por eso precisamente es por lo que pedimos hoy que se reforme
la legislación, para evitar que tengamos que caer en semejantes
contradicciones.
Señorías, esta Cámara está para legislar, está para resolver las
insuficiencias que sabemos que existen en la legislación española, y no
está para conceder indultos. Si no lo hacemos así, mucho me temo que, más
pronto que tarde, nos podamos encontrar con la misma o parecida
situación.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Termino rápidamente, señor presidente.
Hoy hay en España, señorías, más de 30 diligencias judiciales abiertas a
mujeres por prácticas abortivas; más del 90 por ciento de las denuncias
por aborto son de novios despechados o de maridos separados, que utilizan
un problema tan grave como éste para la resolución de su conflicto de
pareja, produciendo situaciones de miedo e inseguridad jurídica en las
mujeres, que deben evitarse legalmente. Según estadísticas del Ministerio
de Sanidad, el incremento de los abortos en España va en aumento en torno
al 20 por ciento.
Termino, señorías, porque se me ha acabado el tiempo, diciendo que, como
habrán visto, no he entrado más que tangencialmente en el contenido de la
proposición de ley de mi grupo. Si hemos querido hacerlo así es porque no
se trata hoy tanto de entrar en el contenido
--y estamos dispuestos a consensuar con la mayoría de la Cámara el
contenido que tenga el mayor apoyo parlamentario posible--. Lo que
queremos y lo que pedimos hoy al conjunto de los diputados presentes es
que apoyen la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo
parlamentario Socialista.
Mi grupo votará también a favor de la toma en consideración de la
proposición de ley de Izquierda Unida, porque, aunque teniendo
planteamientos o contenidos radicalmente diferentes, pensamos que lo
importante es que se tome en consideración este tema para cubrir una
laguna que tiene nuestro ordenamiento jurídico.
Señores de la derecha, señores del Partido Popular, han estado ustedes
más de diez años en contra de la actual Ley de despenalización del
aborto, más de diez años en los que nos han hecho la vida imposible con
sus manifestaciones y sus declaraciones. Al final, en las pasadas
elecciones aceptaron el contenido de nuestra ley del aborto. Bienvenidos
sean con nosotros. Más tarde o más temprano participarán también en esta
reforma, como lo hicieron con la aceptación de la píldora RU-486. Por eso
les digo, señores de la derecha, antes de que sea más tarde rectifiquen
ustedes y voten con nosotros la toma en consideración de esta proposición
de ley. Después discutimos del contenido.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Para la presentación de la proposición de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra doña María Jesús Aramburu. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Muchas gracias.
Adelante, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes, señor presidente, señorías.
Estamos ante un tema secularmente tabú, para la iglesia oficial, para una
parte de la clase política y también para un gran sector de la sociedad,
que no para la mayoría de la misma. Y créanme ustedes, señorías, créanme
que no es nada fácil enfrentarse a un debate donde se sabe previamente
que no hay argumento posible para convencer al contrario, porque su
posición está prefijada, predeterminada, y no atiende a razones, más que
las supuestamente morales.
A pesar de todos los condicionantes, merece la pena que hagamos todos un
ejercicio de coherencia y de razonamiento político para encontrar las
fórmulas de consenso suficientes, que consigan demostrar que los
intereses de las mujeres están por encima de los partidos.
Señorías, hace ya más de una década que el anterior Gobierno, fruto de la
presión de las mujeres y de la demanda social, permitió la aprobación de
una ley orgánica de despenalización parcial del aborto, y, evaluados sus
resultados, podemos afirmar que se ha mostrado profundamente insuficiente
en los años de vigencia en nuestro país. Pero con esta ley queremos mirar
al futuro y no detenernos en el pasado. (Rumores.) El señor PRESIDENTE:
Un momento, señora Aramburu.
Señor Nadal, y compañía. Señora Alborch.
¡Silencio!
Adelante, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señorías, la interrupción voluntaria del
embarazo, apellido eufemístico que se ha venido utilizando para no
recurrir al innombrable aborto, término que yo utilizaré en mi
intervención, sigue siendo en este país un drama sin resolver bien, ni
jurídica, ni social, ni sanitariamente, a pesar de que se sigue
practicando, al amparo o fuera de la ley.
El hecho de la existencia de una ley y sobre todo la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre dicha ley pusieron de manifiesto que la
Norma básica de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, permite
en su marco adoptar soluciones ajustadas a derecho.
No se trata, pues, de un debate ideológico, sino de adecuar nuestra
legislación a la práctica y a la realidad social. La importante demanda y
lo arbitrario de la despenalización de dicho aborto, junto con la
deficitaria cobertura sanitaria, está ocasionando una discriminatoria
prestación, con lo que esto significa de conculcación de los derechos
universales. Criminalizar, señorías, un derecho democrático y encuadrarlo
en el Código Penal hace que se desarrolle la sexualidad, la salud y la
procreación bajo coacción, siendo esto una aberración y un atentado a los
principios constitucionales.
Además de lo dicho, señorías, el aborto es un problema de salud
comunitaria y su legalización ha supuesto en los países en que se ha
producido una notable disminución de la mortalidad maternoinfantil. Por
el contrario, medidas restrictivas, como es una despenalización parcial,
donde siguen presentes figuras sancionadoras o leyes que no se dotan de
las suficientes garantías, son pórticos para que persista la práctica del
aborto clandestino, con todos los peligros añadidos.
Los juicios por aborto han conmovido a la opinión pública y han puesto de
manifiesto la ineficacia de la ley para proteger, por un lado, la
decisión de las mujeres y, por otro, la seguridad jurídica de los
sanitarios en el ejercicio de su profesión.
La regulación que proponemos conllevaría igualmente la solución de
situaciones anteriores, que, por una deficiente ley y una restrictiva
interpretación, han impedido, incomprensiblemente, la aplicación
retroactiva de la misma. Se trataría, pues, de archivar las causas
pendientes y evitar que procesos desfasados de
nuestra realidad social se tuvieran que enjuiciar por los tribunales, con
las contradicciones inherentes a una ley incapaz de dar respuesta a estos
problemas.
En definitiva, señorías, la proposición de ley que Izquierda Unida
defiende hoy con respecto al aborto es una regulación de los derechos
individuales de las mujeres, es una ley de garantías, para que la
maternidad pueda ser ejercida libre y responsablemente. No es un decreto
de imposición, no lo es. Es una ley para usarla quien la necesite, quien
la necesite; para que el Estado ampare los derechos democráticos y su
prestación normalizada en la red sanitaria pública. Es una ley, señorías,
de plazos, donde la mujer, hasta la semana dieciséis, decide
autónomamente, una vez que ha sido informada y asesorada. Es una ley
donde la mujer no necesita justificarse ante la sociedad para interrumpir
su embarazo no deseado, aduciendo posible enajenación mental, versus
locura, armas utilizadas posteriormente en procesos de separación y
divorcio o en casos de adjudicación de patria potestad.
Señorías, es una ley europea, insisto, europea. Es una ley de
convergencia social, vuelvo a insistir, de convergencia social con los
países de nuestro entorno. Es una ley enmarcada en los acuerdos firmados
por el Estado español en la IV Conferencia de la Mujer, de Naciones
Unidas, celebrada en Pekín, en la que se agrupan 189 países
multiideológicos y multirreligiosos, y en la que se emplazó a revisar las
legislaciones punitivas del aborto.
Señorías, escúchenme, esta es una ley laica, no inspirada en preceptos
morales, sino de respeto, tolerancia y libertad. Es una ley para la
igualdad, para la protección de los derechos. Es una ley de amparo para
que las mujeres podamos decidir cuándo, cómo y por qué queremos ser
madres. Es una ley de seguridad jurídica, que vela por la intimidad de
las mujeres, que tiene confianza y cree en la responsabilidad de las
mismas. No es una ley abortista, señorías, no lo es, por lo que les animo
a no empeñarse en interpretar ni en sacar más conclusiones que las que se
derivan de sus propias concepciones morales.
Por supuesto que su disenso, señorías, el de la derecha y compañía, es
un derecho democrático, pero no es bueno usarlo para descalificar, y como
todas y todos conocemos suficientemente los movimientos pro vida de
Estados Unidos y países afines, yo les recomiendo no hacer demagogia y
ayudar a que salga adelante una ley que evite castigar a las mujeres y a
los profesionales de la sanidad por el derecho al ejercicio de las
libertades.
Señorías, es tremendamente importante lo que trato de decirles, y es lo
siguiente: No se puede obligar a una mujer a ser madre. No se puede. No
puede pretenderse que la tutela penal sea un instrumento para el
desarrollo de un embarazo no deseado. No se puede. La consecuencia de
criminalizar el aborto no es una mayor restricción de la demanda; es
simplemente una muestra de insensibilidad y de no reconocimiento del
drama social. Lejos de ninguna posición apocalíptica, sería terrible que
hubiera dificultades para tomar en consideración esta proposición de ley,
defensora de los derechos de las mujeres, pero más terrible sería que la
conciencia de unos pocos impidiera el derecho de muchas. En ese caso, les
adelanto que hasta el final de mi mandato traeré sin tregua esta
proposición de ley. Y, además, señorías, ¿no les parece absolutamente
increíble que en los albores del siglo XXI yo tenga que estar rebuscando
insaciablemente en los manuales de sentido común argumentos para
demostrar algo tan elemental como es el derecho a la libertad de ser
madre? ¿No les parece absolutamente increíble?
Mi grupo político, señorías, apuesta por una prevención estructural
fuerte, donde la planificación, la información, la legalización y la
comercialización de la RU, los modelos alternativos de sexualidad, hagan
del aborto el último recurso. Pero son otros los que están en los
gobiernos, sin invertir en políticas mujer, lo que provoca que las
interrupciones del embarazo sean técnicas planificadoras en situaciones
límite.
Nuestra propuesta de ley es equilibrada y ponderada, a efectos de no
violentar ningún precepto constitucional. Es una ley, en definitiva, de
protección de derechos, es una ley de corrección de desequilibrios
sociales entre quienes, y escúchenme señorías, abortan con perejil y
quienes abortan en clínicas de lujo. Es una ley de prevención entre los
que objetan en la sanidad pública por las mañanas y practican las
interrupciones en la privada por las tardes. Es una ley para rehabilitar
los derechos de las mujeres. En este sentido, señorías, apelo a la
responsabilidad para la que han sido elegidos, y es la defensa de los
intereses, también de las ciudadanas.
Termino, aconsejando que no luchen los sectores públicos de la derecha
contra los molinos de viento. Esta no es una ley natalista, no pone en
peligro la mano de obra barata, no pone en peligro el sistema; es inocua,
señorías. Se trata sólo de salvar el derecho de las mujeres a ser libres,
madres libres.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Aramburu.
Grupos que desean consumir un turno en contra. (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En el Grupo Mixto están la señora Rahola, la señora Almeida, el Señor
Rodríguez y el señor Vázquez.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Tenemos algunas diferencias con las dos proposiciones que se presentan
hoy, pero sin embargo estamos claramente a favor de regular la
interrupción voluntaria
del embarazo y, por tanto, de regular este tema. Y lo estamos desde el
primer momento en que yo soy diputada en este Congreso, las múltiples
veces que este tema se ha debatido.
Primero, por una cuestión de derecho individual, porque es indiscutible
que la mujer tiene el derecho a querer o no querer estar en estado. En
todo caso, nunca se puede obligar a una mujer a seguir adelante con un
embarazo no voluntario, no querido. Segundo, por una necesidad social. El
problema existe, el problema es urgente, el problema es real y es
tangible. No regularlo y no resolverlo sólo esconde debajo de las piedras
un problema real que puede llegar a ser y es un drama social. Y también
por una cuestión de estabilidad jurídica, de garantías jurídicas.
No estamos ante un debate que esté a favor del aborto. Lo primero que hay
que decir con rotundidad es que a ninguna mujer le hace ilusión abortar,
ninguna mujer tiene como gusto y como voluntad abortar, ni ningún grupo
parlamentario está a favor de la promoción del aborto. Lo que estamos es
a favor de regular y solucionar un problema social que se ha convertido
en un drama social, ante un hecho que es de carácter individual, pero que
también forma parte de los derechos básicos: el derecho de la mujer a
escoger cuándo lleva adelante un embarazo o cuándo no. También estamos a
favor de que no haya abortos de primera y abortos de segunda, tercera,
cuarta y quinta categoría. A favor, por tanto, de que esto esté regulado
socialmente, que esté garantizado su control social y que, en
consecuencia, no exista la vergüenza que existe ahora de abortos
ilegales, con todo el drama social que representan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, esta tarde, cuando decíamos: hoy tenemos la
discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, algunos me
decían: ¿otra vez? Y los periodistas: ¿otra vez? Realmente, una podía
decir que estaba cansada y que era verdad, pero nos ha animado hace muy
poco que hace muchos años, cuando planteábamos las leyes para
despenalizar la insumisión, todos decían: ¿dónde van?, ¿dónde van? La
Constitución. Y, señorías, el otro día, ya, después de presentarla siete
u ocho veces, o más, hemos logrado un acuerdo. Por tanto, como decía la
señora Aramburu, vamos a seguir proponiendo, porque no estamos jugando a
proponer una ley una y otra vez, estamos haciendo algo más importante,
que es intentar normalizar la situación legal de nuestro país, avanzando,
y no porque sea ni más progresista ni menos progresista, sino simplemente
porque viene a cumplir un deber de seguridad jurídica y, sobre todo, un
respeto a la decisión de las mujeres.
Y si no hubiera detrás de esto nada, si sólo hubiera un juego de grupos,
de a ver si hoy conseguimos los diez votos que nos faltan, podíamos
quedarnos en decir que otra vez hemos perdido. Pero detrás de esto hay
mucha agresión, detrás de esto hay mucho dolor, detrás de esto hay, por
ejemplo, treinta mujeres que el mes que viene, en Málaga, se van a sentar
en un proceso, desde el año 1986, acusadas exclusivamente por el
ministerio fiscal --ni acusación particular ni nadie--, se van a sentar
allí con sus médicos, precisamente para juzgar también otro delito de
aborto. Es verdad que en otras sentencias --y en eso nos podemos poner
contentos-- ha habido un indulto del Gobierno, concretamente ahora para
unos médicos catalanes, que espero que no sea por ser catalanes, porque
hay otros asturianos que están en el Tribunal Supremo condenados, y
espero que puedan ser indultados, si es que les llegan a condenar, porque
aquí ya vamos a tener que jugar a muchas cosas. ¿Pero no da vergüenza que
se tenga que hacer la ley a través de los indultos, en vez de a través de
unas leyes que no permitan que un juez actúe de una manera, otro de otra,
que un novio pueda denunciar cuando se enfada contigo, o un marido cuando
se divorcia, y que al final la ley esté en una situación distinta?
En este momento, en Madrid ha habido 32 diligencias que se han seguido
por aborto. Se han archivado la mayoría de ellas, pero se han archivado
previo que vayan las mujeres a los juzgados, que sean llevadas por la
Guardia Civil, que vayan los médicos y que se esté dando una situación de
criminalización a una situación de salud, que nos parece que no puede ser
revisable. Ultimamente, en Canarias, en otra diligencia, un señor con un
cártel en la puerta de una clínica, donde decía: Que me devuelvan a mi
hijo, en una interrupción de un embarazo de dos semanas, decidida incluso
con informe de la clínica social.
Me parece que en este sentido hay tanta inseguridad, que en Castellón
tenemos un juicio, en Valencia se ha suspendido la semana pasada, y
seguimos teniendo diligencias en Murcia; otro padre borrachín además, y
lo dice la propia Guardia Civil, que denuncia a su hija, a ver si así le
dan a él la custodia y puede sacar dinero a la mujer. Todas estas cosas
están en diligencias. Hay un juego detrás de todas estas cosas mucho más
importante que lo que estamos haciendo aquí, de si es una ley para la
derecha o para la izquierda. Es una ley para la sociedad plural española,
que necesita regular el derecho a decidir de unas mujeres.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, le ruego que concluya, porque tiene
que compartir su tiempo con el portavoz del Grupo Mixto.
La señora ALMEIDA CASTRO: Ahora mismo lo comparto, encantada, con el
compañero gallego.
Es verdad que hay que decidir y decidir no una irresponsabilidad, una
decisión que puede ser dolorosa,
pero que tiene que estar amparada jurídicamente. Si ustedes prefieren
aplicar el indulto, como políticos... Ya se lo dije al señor Felipe
González, que dijo que mientras él fuera presidente no habría nadie en la
cárcel por aborto. Si quieren conseguir eso de la misma manera, dando
indultos, me parece que son unos irresponsables. Si no queremos que haya
gente en la cárcel, hagamos una ley que no lo permita, no estemos jugando
a que soliciten el indulto. Y como en la convivencia plural de este país,
esa ley significaría el derecho de una mujer, por los problemas internos,
por el conflicto de que hablaba el Tribunal Constitucional, a poder
decidir interrumpir un embarazo, creo que la ley debe amparar esa
decisión y no estar sometida a esa inseguridad jurídica. Hay que dejarnos
de peleas de grupo, de peleas de si aquí está la derecha o la izquierda.
Hay diferencias ideológicas, pero sobre todo hay un país que no necesita
estar sometido a la inseguridad o a la bondad mediática del Gobierno
cuando dé un indulto. Quieren que sus derechos estén en las leyes y que
su protección jurídica y sanitaria esté en la sanidad pública.
Por eso, vamos a apoyar las dos proposición de ley, vamos a discutirlas
en común y vamos a dar una salida a la sociedad, en la que las mujeres
hemos demostrado, por todos los medios, que somos mucho más responsables
que aquellos que nos intentan impedir que llevemos nuestra decisión
adelante. Y así solicito que se apoye esta toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo brevemente, para expresar el voto favorable del Bloque
Nacionalista Galego a la toma en consideración de las proposiciones de
ley sobre interrupción voluntaria del embarazo presentadas por el Grupo
Socialista y el de Izquierda Unida.
Ambas proposiciones, aunque con planteamientos diferentes, persiguen un
mismo fin y es que se aborden las reformas legislativas necesarias para
evitar que las mujeres que deciden abortar o los médicos que practican
estas intervenciones sean objeto de persecución. En todo caso, tiempo
habrá de discutir, si hoy se aprueba la toma en consideración, sobre este
asunto.
Nuestra posición es inequívocamente favorable al reconocimiento en la
práctica del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y a no
verse penalizadas por ello. Después de veinte años de sistema
democrático, después de años y años de lucha de las mujeres por conseguir
el derecho a decidir cuándo desean tener hijos, siguen existiendo muchas
dificultades para abortar. La ley vigente demuestra su insuficiencia para
dar respuesta a la realidad. Es necesario, por tanto, modificarla para
adaptarla a las circunstancias que vivimos.
Precisamente en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Pekín se
instaba a los gobiernos a revisar las leyes que penalizan a las mujeres
que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. La legislación
actual es insuficiente porque siguen produciéndose juicios a mujeres y
médicos. Los sistemas públicos de salud, por cierto, no alcanzan a cubrir
la demanda existente. En algunos lugares es prácticamente imposible para
las mujeres realizar un aborto a través de la sanidad pública. Y,
mientras esto sucede, existen florecientes negocios privados. En esta
situación, aún, desgraciadamente, siguen produciéndose abortos
clandestinos. Además, la situación actual está provocando discriminación
en función de las posibilidades económicas o del nivel de información de
las mujeres. Está claro que unas mujeres tienen mucho más fácil que otras
poder interrumpir voluntariamente su embarazo.
No hay, además, razón alguna para no modificar la legislación en un
sentido menos restrictivo. La inmensa mayoría social sería favorable o
indiferente a una modificación en este sentido. En todo caso, sería
tolerante; vería los cambios con mucha más normalidad de lo que a veces
se pretende desde determinadas instancias o poderes de hecho. Además, el
reconocimiento del derecho de las mujeres a abortar no viola ni la
libertad individual ni la conciencia de los individuos. La modificación
de la ley no va contra nadie, simplemente la mujer debe poder decidir sin
tutelas paternalistas.
Vamos a votar, por tanto, favorablemente la toma en consideración de
ambas proposiciones de ley, porque es necesario modificar la legislación
actual; porque la ley debe reconocer el derecho de las mujeres a la
interrupción voluntaria del embarazo con las garantías sanitarias
precisas; porque en una sociedad que se proclama democrática, avanzada y
aconfesional, no es de recibo que las mujeres sigan teniendo que sufrir
persecución por ejercer un derecho fundamental: el derecho a decidir
sobre su propio cuerpo, a ejercer el derecho a la maternidad de una forma
responsable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Silva, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor SILVA
SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que efectuar una aclaración, como ya la hice en el
mes de junio de 1996, y es que esta intervención no se realiza en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que ha otorgado a
sus diputados, en virtud del pacto de coalición,
libertad de voto, sino en nombre de los cinco diputados de Unió
Democrática de Catalunya, que, gozando también de esa libertad y en uso
libérrimo de su conciencia, manifiestan el voto contrario a la toma en
consideración de estas dos proposiciones de ley. En primer lugar, lo
hacemos porque entendemos que son gravemente inoportunas, y eso por
diversas razones. Por un lado, no existe ese clamor o esa demanda social,
que hay que reconocer que incluso en la intervención que me ha precedido
se ha puesto de manifiesto. Se ha hablado de una sociedad indiferente,
tolerante si acaso, pero desde luego no de una sociedad reivindicativa, y
si cualquiera de SS. SS. ha tenido la ocasión de examinar la prensa del
día o ha tenido la curiosidad y la preocupación que ha tenido este
diputado de salir a las cuatro menos cinco y traspasar las verjas del
Congreso para verificar si existía algún tipo de concentración o de
manifestación como a las que estamos acostumbrados cuando hemos tratado
otros temas --las parejas de hecho por ejemplo--, habrá podido comprobar
que no existía ninguna concentración de esa naturaleza. Por otro lado,
quizá lo más grave, señorías, y por lo que entendemos que es gravemente
inoportuno, es porque constituye lo que sin lugar a dudas es la ruptura
de un consenso social, del consenso social que también sin lugar a dudas
se ha producido alrededor de la sentencia o de las tesis que mantiene el
Tribunal Constitucional en su célebre sentencia de 1985, ese consenso
social que permite a unos sectores considerarse satisfechos, aunque quizá
no del todo, ante el hecho de que no exista en España un sistema de
plazos para la interrupción del embarazo y que esté precisamente
autorizado en circunstancias graves y excepcionales, y que permite
también a otro sector social admitir, no voy a decir que no
resignadamente, esta situación porque los problemas que se producen son
realmente pocos y extremos, y tengo que indicar que incluso algún ejemplo
que se nos ha traído esta tarde más bien podría considerarse
relativamente desafortunado. La tercera razón es porque son proposiciones
reiterativas. Aquí estuvimos votando el 18 de junio de 1996, como ya se
ha puesto de manifiesto, con diez votos de diferencia, dos proposiciones
no de ley; quiero recordar a SS. SS. que el 12 de junio de 1997 en el
debate de política general votamos unas propuestas de resolución y nos
encontramos otra vez hoy votando estas proposiciones. Se nos ha
advertido, que no amenazado --no amenaza quien anuncia el uso legítimo de
un derecho--, que estas proposiciones, en caso de ser derrotadas, serían
traídas reiteradamente. Los grupos parlamentarios hacen el uso que tengan
por conveniente de sus derechos y ahí no vamos a decir nada.
Desde luego las objeciones que tenemos no son sólo de forma, son también
de fondo, y nos hubiese gustado también, señora Rubiales, que hubiésemos
hablado algo del fondo, porque si algo he echado a faltar en el debate de
hoy es una referencia, siquiera fuera mínima --me parece que no he oído
ninguna--, a que la vida del nasciturus es un bien protegido
constitucionalmente, en el artículo 15 de la Constitución, que de lo que
se trata es de alentar en la mujer -- al menos a través de su
proposición, no de la de Izquierda Unida-- la decisión libre y
responsable de proseguir un embarazo. Me hubiese gustado oír algo más de
esto y oír hablar de situaciones de conflicto. No ha sido así. He estado
prácticamente escuchándole media hora y no lo he oído.
En cualquier caso, desde el punto de vista del fondo me gustaría hacer
algunas observaciones. La señora Aramburu nos ha dado una conferencia
sobre las ventajas que debe tener que las leyes sean inmorales. La verdad
es que cuando me estudio el artículo 10 de la Constitución y veo que
habla de derechos inviolables que son inherentes a la persona humana, se
reconozcan o no se reconozcan en las leyes, y cuando hace pocos días
hemos estado diciendo que las leyes de punto final y de obediencia debida
argentinas, aunque sean leyes aprobadas democráticamente, pueden ser
inmorales, traer aquí a consideración que lo que tienen que hacer las
leyes es no responder a principios, no responder a valores y, en última
instancia, ¡viva la inmoralidad de las leyes! considero... (La señora
Rubiales Torrejón pronuncia palabras que no se perciben) --no estoy
hablando con usted, señora Rubiales--, considero desde ese punto de vista
que quizá no sea absolutamente procedente.
En cualquier caso, sí queremos manifestar, en primer lugar, que el
sistema de plazos que contempla la proposición de ley de Izquierda Unida,
en la medida que abandona la protección de la vida del nasciturus durante
un período determinado de tiempo más o menos amplio, las dieciséis
semanas, no responde al modelo constitucional, el Estado no puede
renunciar a proteger esa vida durante un determinado período de tiempo y
que por tanto, al mantener la legislación actual, no se trata en modo
alguno de criminalizar absolutamente ningún derecho democrático. De todas
formas, lo que sí querría poner de manifiesto es que no es de recibo que
unos tengamos razones morales y otros tengan principios superiores. Puede
que lo que exista sea un conflicto entre los principios y las razones,
pero no se trata de degradar los principios que podamos tener otros.
En cuanto a leyes que no sean laicas, la verdad, salvo los Diez
Mandamientos, y no me acuerdo de los diez, le puedo asegurar que no
conozco absolutamente ninguna.
Por lo que hace referencia a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, hay que reconocer que responde en principio a
otro esquema --así lo establece en su exposición de motivos--. Parte de
la existencia de una situación de conflicto y centra la protección de la
vida del nasciturus, aunque prácticamente no se nos ha puesto de
manifiesto, en lo que se conoce
con el nombre de asesoramiento. En este sentido me gustaría que si SS.
SS. lo tienen a bien o tienen tiempo, comparen la descripción y la
naturaleza del asesoramiento que se contiene en esta proposición con la
naturaleza del asesoramiento que se contiene en otra ley, en una ley que
también es europea, que es la de la República Federal de Alemania, cuando
se dice --y me gustaría, si me lo permite el señor presidente, poder
leer unos párrafos-- que el asesoramiento --dice el parágrafo 219
del Código Penal alemán-- sirve para la protección de la vida en
formación, debe tener por finalidad animar a la mujer a continuar el
embarazo y exponerle las perspectivas de una vida con un hijo
y debe ayudarle a tomar una decisión responsable y consciente; para
ello es necesario que la mujer sea consciente de que el no nacido tiene
un derecho a la propia vida, también frente a ella en cualquier estadio
del embarazo, y que, por tanto, una interrupción del embarazo, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico, sólo puede tener lugar en una situación
extraordinaria en la que la continuación del embarazo resulte algo tan
grave o extraordinario que supere el límite del sacrificio exigible. Esta
es una ley europea y lo que le puedo asegurar es que el contenido del
asesoramiento no se corresponde con el del asesoramiento que se recoge en
su proposición de ley, de la misma manera
--todo hay que decirlo-- que no se corresponde con la protección
lateral que ofrece la legislación alemana, según la cual, por ejemplo, el
que incumple el deber de prestar alimentos a la embarazada puede ser
condenado a una pena de hasta cinco años, no con los arrestos de fin de
semana que tenemos nosotros, y podríamos indicar algún aspecto más. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Me gustaría recordarles, para el
caso de que esta proposición de ley siga adelante, que también tengan la
delicadeza estética de hacer lo mismo que ha realizado el Parlamento
alemán, que es suprimir la indicación eugenésica, porque si no la imagen
que se ofrece a los ciudadanos es que para interrumpir el embarazo de un
feto que tiene una malformación física, además de tener 22 semanas, no
hace falta ningún tipo de asesoramiento y el Estado no tiene ningún
interés en que esa vida pueda seguir adelante y, por el contrario...
El señor PRESIDENTE: Señor Silva, vaya concluyendo, por favor.
El señor SILVA SANCHEZ: Acabo en seguida, señor presidente.
...y, por el contrario, cuando se trata de un feto de desarrollo normal
parece ser que el Estado tiene más interés y obliga a pasar por el
asesoramiento.
En cualquier caso, señorías --y con esto acabo--, como dije ya en su día,
hace aproximadamente dos años, el asesoramiento es un procedimiento o un
requisito puramente formal y lo que realmente debe tener un valor es el
contenido de nuestro propio Estado social de Derecho, son las ayudas, las
ventajas o aquellas prestaciones que el Estado está dispuesto a ofrecer a
esa mujer embarazada para que de verdad pueda efectuar una decisión libre
y responsable. Lo único que querría traer a colación a los dos grupos
proponentes es que aquel día 12 de junio de 1997, en el que votamos dos
proposiciones no de ley para ampliar los supuestos de aborto, que fueron
rechazadas, también se votó una proposición no de ley para que el
Gobierno enviase un plan de ayuda a la familia y tengo que recordar que
el Grupo de Izquierda Unida votó en contra y el Grupo Socialista se
abstuvo. Por tanto, señorías, busquemos un mayor grado de equilibrio y no
debemos olvidar jamás lo que se ha dicho antes, que no estamos ante
planteamientos de despenalización, sino de reconocer que la vida humana
en formación es un bien jurídico que la Constitución valora y ampara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular utiliza este turno de fijación
de posiciones acerca de dos proposiciones de ley, una del Grupo
Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Aquí se ha dicho por anteriores intervinientes que hay unos
aspectos en que coinciden ambas proposiciones de ley y que hay otros en
los que discrepan de una forma bastante abierta, pero se ha dicho
igualmente por las portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Federal de
Izquierda Unida que dichos grupos parlamentarios apoyarán mutuamente sus
iniciativas.
En la actual legislatura fueron presentadas dos proposiciones de ley...
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández.
Señor Ciscar, por favor, silencio.
Adelante.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Fueron presentadas dos proposiciones de ley
de las mismas características que las que estamos tratando en el Pleno de
hoy. Fueron debatidas en el Pleno del Congreso de los Diputados del día
18 de junio de 1996. Ambas iniciativas fueron rechazadas por 176 votos en
contra, obteniendo 166 votos a favor, como SS. SS. recordarán. Ya que se
ha hablado de antecedentes parlamentarios, conviene que recordemos
algunos que, a nuestro juicio, ilustran adecuada y debidamente el tema,
porque si se quiere hablar de cómo fue el camino hasta la fecha, es
adecuado que no se escatimen argumentos que convienen para el debate.
Se decía que la andadura se inicia en 1983, que se interpone un recurso
de inconstitucionalidad; recuerdo que a la fecha, el recurso previo de
inconstitucionalidad paralizaba la entrada en vigor de la ley. En el año
1985, se pronuncia el Tribunal Constitucional, como consecuencia del
recurso previo que se había interpuesto, y una vez que se pronuncia el
Tribunal Constitucional en 1985, se procede a la redacción definitiva del
vigente artículo 417 bis del Código Penal, donde se contemplan, como SS.
SS. recordarán, tres supuestos no punibles de aborto.
Existe un paréntesis en lo que a antecedentes parlamentarios se refiere
hasta 1990. En el año 1990, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
una proposición no de ley, donde se insta al Gobierno a la realización de
un estudio. Quiero recordarlo porque allá por el año 1990 quienes
disponían de abundante mayoría parlamentaria a lo que instaban al
Gobierno no era a modificar el texto legal, sino a que se remitiese al
Congreso de los Diputados un estudio para valorar y ponderar las
características de aplicación y sanitarias del artículo 417 bis del
Código Penal. Ese estudio se remite al Congreso de los Diputados, se
valora en la Comisión correspondiente y es en 1991 cuando hay una
iniciativa similar a las que estamos tratando en la sesión plenaria de
hoy. La plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y lo hace con
una modificación de la Ley del aborto con una ampliación de los plazos y
de los supuestos. En 1991 esta iniciativa fue rechazada por 237 votos.
Quiero con ello decir que hay trayectorias parlamentarias que algunos
quieren exhibir a su favor, y yo creo que los antecedentes
parlamentarios, lejos de poder exhibirse como un planteamiento coherente
y rectilíneo, observan una trayectoria bastante dudosa y dubitativa en el
tiempo. Después de lo anterior, Izquierda Unida, en el año 1994, vuelve a
plantear otra iniciativa, iniciativa que retira so promesa de que el
Gobierno socialista remitiría una ley a las Cortes Generales. Pasado el
tiempo que se había fijado, tampoco esa ley se remitió a las Cortes
Generales, con lo que llegamos al 7 de julio de 1995, pero con carácter
previo quiero recordar, porque SS. SS. lo conocen y fue muy comentado en
su momento, que se produce un informe del Consejo General del Poder
Judicial, concretamente, el 21 de septiembre de 1994, en razón al
anteproyecto de ley de ampliación del aborto. El informe del Consejo
General del Poder Judicial, como SS. SS. recuerdan perfectamente, tuvo
más votos en contra al valorar el anteproyecto que votos a favor y, por
tanto, el Gobierno tuvo que reelaborar el texto que del anteproyecto se
había remitido para su estudio al Consejo General del Poder Judicial.
Quiero poner en evidencia con estos antecedentes parlamentarios, y no sé
si lo conseguiré, que quienes han tenido, por lo que se ve, un compromiso
con la sociedad y con el electorado, desde luego, no han demostrado ni
una especial eficacia ni un especial celo parlamentario en la asunción y
cumplimiento de ese compromiso electoral y programático. Y, señorías,
para nosotros resulta paradójico que después de haber tenido ese
compromiso tan fuerte con el electorado y con la sociedad española, se
pretenda que la modificación y ampliación de la Ley del aborto se consiga
cuando gobierna en España el Partido Popular. Hubiese sido más
conveniente y desde luego más coherente y más sensato que quienes tenían
un compromiso electoral, lo hubiesen cumplido cuando gobernaban en este
país. Cuando un partido, señorías, pierde las elecciones sin duda alguna
pierde la posibilidad de introducir alternativas, de impulsar
modificaciones, en definitiva de marcar en una determinada dimensión la
legislación española. Lo que no se puede hacer es exigírselo a quienes ni
nos comprometimos programáticamente con la ampliación de la ley ni desde
luego creemos que exista una demanda social mayoritaria y, por tanto, un
debate conveniente; a quienes, como se ha dicho por anteriores
intervinientes, concretamente por el portavoz de Convergència i Unió,
entendemos que atenta contra el bloque constitucional, el artículo 15 y
la sentencia de 11 de abril de 1985.
Señorías, toda la cordialidad parlamentaria que ustedes quieran aportar a
este debate desde luego en nosotros la van a encontrar, pero la
cordialidad parlamentaria y la normalidad del debate que estamos
dispuestos siempre a propiciar no va a evitar ni por un momento que
nuestro planteamiento y nuestro compromiso con la sociedad y con nuestro
electorado sea el que ustedes conocen, de rechazo a la ampliación de la
Ley del aborto en los términos que plantea el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y de rechazo a la ampliación del aborto en los términos
que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las proposiciones de
ley, en primer lugar, del Grupo Socialista y, luego, del Grupo Federeal
de Izquierda Unida, ambas para la toma en consideración de sus
iniciativas sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
En primer lugar, votamos la del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 166; en contra, 166; abstenciones, una. (Aplausos en los bancos de
la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señorías.
Señorías, procedo a la lectura del artículo 88 del Reglamento para
ilustrar a la Cámara sobre las consecuencias del empate.
'Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una segunda y,
si persistiere aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que
estime razonable la Presidencia.'
Vamos, en consecuencia, a proceder a la segunda votación sobre la
proposición de ley del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 166; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, al haberse producido de nuevo un
empate, se suspende la sesión durante quince minutos. (Aplausos.)
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, vamos a proceder a la repetición de la votación. Votación sobre
la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista
del Congreso, sobre regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 168; en contra, 168; abstenciones, una. (Aplausos en los bancos de
la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, doy lectura al enunciado del artículo
88.1: Cuando ocurriere empate en alguna votación, se realizará una
segunda y, si persistiere aquél, se suspenderá la votación durante el
plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el plazo, se
repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate --que es lo que
ha ocurrido--, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda,
voto particular o proposición de que se trate. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.) En consecuencia, queda rechazada la proposición de
ley del Grupo Socialista.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a
favor, 160; en contra, 175.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE GESTION DE
FIANZAS EN ARRENDAMIENTOS URBANOS. (Número de expediente 122/000101)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida sobre gestión de
fianzas en arrendamientos urbanos. (Rumores.) Silencio, señorías.
Vamos a tratar de recuperar el tiempo de la sesión que se ha gastado en
el incidente. Por tanto, les ruego silencio para que pueda empezar su
exposición el señor Santiso.
Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida trae a la Cámara esta
proposición de ley sobre gestión de fianzas en arrendamientos urbanos
puesto que la actual Ley de Arrendamientos Urbanos prevé la prestación de
fianzas como consecuencia del contrato y el destino que se debe dar a las
mismas, con intención de que dicha fianza no sea un mecanismo de
financiación extra a favor del arrendador sino un medio para contribuir a
la financiación de políticas de acceso a la vivienda mediante su gestión
por los organismos públicos.
La realidad existente en cuanto a la utilización de las fianzas es una
realidad tozuda, en la que, según algunos informes, más de un 40 por
ciento de las fianzas de arrendamientos urbanos escapan a cualquier tipo
de control. Son fianzas que sirven, en definitiva, para financiar a los
propios arrendadores o sirven incluso para configurar una serie de
contratos entre partes pero que no tienen ningún registro formal y por
tanto tampoco tienen las garantías que conllevan para los arrendatarios.
Al mismo tiempo, se producen también diversas irregularidades cuanto los
inquilinos abandonan o terminan el uso de las viviendas o locales
arrendados, gestionando el arrendador a su libre albedrío esas fianzas y
en muchos casos no produciéndose la devolución de la misma. Por lo tanto,
son muchos los arrendadores que, conociendo la obligación legal de
depósito, no lo efectúan y también hay muchos que ni siquiera conocen
esta obligación, a lo que contribuye en ocasiones la falta de una
normativa específica al respecto, si bien es cierto que algunas
comunidades autónomas, con distinto éxito, han procedido a legislar sobre
el tema generándose por tanto una situación de multiplicidad de sistemas
de gestión, de inspección, de competencia, etcétera. Por ello, esta
proposición de ley pretende, respetando el papel fundamental de las
comunidades autónomas, como queda claro en lo expuesto en los artículos
2.1 o en el 3, crear mecanismos que sean de fácil adopción por las
mismas, o por lo
menos por aquellas que hasta el momento no lo hayan hecho. Entre estas
comunidades que han ejercido en profundidad esta función de la comunidad
autónoma, quiero resaltar que parece funcionar bastante bien en el caso
de Cataluña y Madrid; también hay disposiciones al respecto en Aragón y
La Rioja; en Euskadi tienen un sistema por delegación para la propia
gestión de estas fianzas, pero hay otras muchas comunidades autónomas en
las que todavía no se han tomado en serio lo dispuesto en la propia Ley
de Arrendamientos Urbanos.
También incluimos como novedad la gestión de las fianzas relativas a los
servicios y aparatos de medida asociados a la vivienda, como serían los
casos de suministro eléctrico, de agua, de gas y otro tipo de servicios,
para los que es obligatorio depositar una fianza por el alquiler de esos
aparatos. Sin embargo, a pesar de que son cuantías muy importantes, si
sumamos la cantidad de servicios que se gestionan, estas cantidades son
utilizadas por las compañías suministradoras para su propia financiación.
Por tanto, creemos que también debe incluirse en esta ley el que las
comunidades autónomas sean las receptoras de este tipo de fianzas o de
estos servicios complementarios de la vivienda, ya que pueden ser muy
útiles para la financiación de la comunidad autónoma. También
establecemos en esta proposición de ley cómo deben gestionar las
comunidades autónomas, salvo disposiciones que ellas mismas tomen, la
utilización de estos fondos que pueden ser tan útiles para las mismas.
Por tanto, la proposición de ley pretende establecer mecanismos para
agilizar la gestión de los depósitos de las fianzas, admitiendo también
sistemas concertados para los supuestos de acumulación de arriendos,
tanto de viviendas como de servicios complementarios de la vivienda o de
aparatos de medida --en el artículo 7--, y la posibilidad de que las
comunidades autónomas opten por sistemas basados en la adquisición de
papel de pagos o por el depósito directo en el organismo o entidad que la
comunidad determine, con lo que el sistema se adaptaría a cualquiera de
las realidades de distribución de la población en España. Se establece un
sistema que dé garantías del depósito de la fianza y de la recuperación
del mismo, con agilidad en la disponibilidad y liquidez de las
cantidades, asegurando el cumplimiento de lo dispuesto en base a la
obligación de formar parte integrante del contrato de arrendamiento.
Por tanto, insisto, las fianzas de la Ley de Arrendamientos Urbanos no
pueden ser un medio de financiación extra del arrendador sino un
instrumento de contribución a las políticas públicas de vivienda. Este
objetivo se refuerza en el articulado de la proposición, tanto definiendo
la competencia, el destino y la naturaleza del depósito como
estableciendo un régimen de inspección y un sistema de infracciones y
sanciones. Es por ello por lo que en el artículo 1 se recoge a quién se
exige la fianza --en definitiva se exigiría a todos los arrendatarios y
subarrendatarios de viviendas o locales de negocio--. Serían exigidas a
los usuarios de suministros o servicios complementarios de vivienda o
locales de negocio cuando la obligación incluya tanto el cuidado y
conservación de la cosa arrendada como el pago del precio del
arrendamiento o del servicio utilizado. Las fianzas exigidas a los
arrendatarios de contadores, aparatos, maquinaria o mobiliario, cuando
vayan implícitas en contratos de arrendamientos de locales o de
prestación de suministros y servicios, deberán constituirse por su
importe total ante la comunidad autónoma, bajo la forma de depósito sin
interés, quedando representado por el correspondiente resguardo, salvo lo
previsto en el artículo 5 y siguientes de esta ley. Esta obligación de
exigir fianza no regiría lógicamente para los arrendamientos de viviendas
por temporada de verano o cualquier otro comprendido en el artículo 2 de
la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos y cuando el arrendatario sea el
Estado, las comunidades autónomas o las corporaciones locales, cuando la
renta sea con cargo a sus respectivos presupuestos.
La propia ley recoge en el artículo 3, entre otras cuestiones, que el
depositario de las fianzas debe ser el organismo de la comunidad autónoma
que tenga asignadas las competencias de desarrollo de vivienda y gestión
del suelo, sin perjuicio de lo establecido para el régimen concertado que
se regula posteriormente. El documento acreditativo de las fianzas se
recoge en el artículo 5 y, como decía antes, pueden optar por el régimen
de depósito directo o por el de adquisición de papel de fianzas.
Explicamos y definimos en el artículo 7 cómo funcionaría o podría
funcionar el sistema concertado que, en resumen, sería que, mediante
concierto, podrá sustituirse la adquisición del documento acreditativo de
la constitución de fianzas por la imposición directa ante el organismo de
la comunidad autónoma que tenga asignadas las competencias de desarrollo
de vivienda y gestión del suelo en los siguientes casos: 1. En los casos
de empresas de suministros y servicios de fluido eléctrico, agua, gas u
otros, independientemente del número de sus abonados e importancia de los
núcleos de población donde radiquen sus distintos centros, de modo que
impondrán directamente la cantidad comprendida entre el 80 y el 90 por
ciento del volumen total de las fianzas que tengan en su poder y las que
en lo sucesivo se constituyan, reservándose la empresa el tanto por
ciento restante para la devolución de las fianzas que aisladamente le
sean exigidas y para liquidar las responsabilidades a que aquéllas estén
afectas. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia) También, los propietarios de fincas urbanas cuyas fianzas
supongan un volumen superior a 250.000 pesetas, los cuales impondrán
directamente la cantidad comprendida entre el 80 y el 90 por ciento del
valor global de las fianzas de cada finca, reservándose igualmente el
resto del porcentaje para atender a devoluciones o liquidaciones
posibles.
En los artículos 9 y 10 se regula cómo hacer uso del derecho de retorno
de las fianzas y su devolución, con un sistema ágil, estableciendo unos
plazos determinados y estableciendo también que si se superan los plazos
que determinamos en la ley inmediatamente empezarían a correr los
intereses. Se establecerían los sistemas de inspección por parte de las
comunidades autónomas. Por último, hay una serie de disposiciones
relativas a las sanciones y las competencias sancionadoras.
En resumen, señorías, esta proposición de ley intenta colaborar en evitar
la situación actual de alegalidad de un número muy importante de los
contratos de arrendamiento que se están efectuando e, insisto, podrían
servir también, además de ayudar a la propia tesorería de las comunidades
autónomas, para otros efectos, como son los fiscales, por ejemplo para
tener un control real sobre cuál es el número de arrendamientos y cuáles
son las cuantías que se manejan en este tipo de contratos, y serían una
garantía jurídica adicional para los propios arrendatarios que podrían
tener un acompañamiento de la Administración sobre la gestión de sus
contratos de arrendamiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Rivas Fontán.
El señor RIVAS FONTAN: Señor presidente, señorías, la proposición de ley
relativa a la gestión de fianzas en arrendamientos urbanos, presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta acompañada de una
exposición de motivos que no es causa impulsiva suficiente para
determinar positivamente la voluntad de mi grupo parlamentario de ser
tomada en consideración, y diré porqué. Esta proposición, aparte del
siempre loable esfuerzo que supone la redacción de los 21 artículos, se
justifica --y leo textualmente-- en que algunas comunidades autónomas han
elaborado normas que pretenden regular en su ámbito esta materia, pero
otras no lo han hecho, por lo que resulta evidente la necesidad de
aprobar una norma estatal sobre la materia que, respetando lo legislado
para las comunidades autónomas, contribuya a la regulación de la materia.
La prestación de fianza en el ámbito de los arrendamientos urbanos se
regula en la actualidad en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en el que se establece la
obligación de prestación de la misma en metálico y en cantidad
equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de vivienda y
de dos en el de uso distinto. Pero esta figura no es, ni mucho menos,
nueva, ya que normas en materia de fianza se contemplaron ya en la Ley de
Arrendamientos Urbanos de 31 de diciembre de 1946, que fueron completadas
por el Decreto de 11 de marzo de 1949, por el que se creaba un resguardo
de depósito al portador denominado papel de fianza, el cual tenía
consideración de efecto timbrado.
En la vigente ley se dice que las comunidades autónomas podrán establecer
la obligación de que los arrendadores de fincas urbanas depositen el
importe de la fianza a disposición de la Administración autonómica o del
ente público que se designe, derogándose, por tanto, en el respectivo
ámbito territorial de la comunidad autónoma que hagan uso de esa facultad
del mencionado Decreto de 1949. Dado que no todas las comunidades
autónomas han regulado normativamente la figura, dicho decreto continúa
siendo de aplicación en parte del territorio, quedando así eliminada
cualquier referencia a un posible vacío legal en materia de fianzas que
pudiera hacer aconsejable la elaboración de una ley estatal, siempre que
dicha posibilidad no chocara frontalmente con el orden constitucional de
distribución de competencias, que sí choca, porque es precisamente el
respeto al reparto constitucional de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas el que se ve vulnerado en la proposición de ley
ahora examinada.
Siendo la finalidad social subyacente del establecimiento de la
prestación de la fianza la de hacer de ésta un medio para contribuir a la
financiación de políticas de acceso a la vivienda mediante su gestión por
los organismos públicos autonómicos, es la gestión de las mismas lo que
se trata de regular y no la fianza en sí, figura relativa a las
obligaciones contractuales ya regulada en el ámbito de la legislación
civil. Y dicha materia --ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda--, tal y como establece el artículo 148.1.3 de la Constitución,
está atribuida como competencia exclusiva a las comunidades autónomas.
Estando justificada la proposición de ley presentada, tal y como expresa
su exposición de motivos, por la necesidad de aprobar una norma estatal
que contribuya a la normación de la materia, ya que no todas las
comunidades autónomas han hecho uso de las facultades al respecto, cabría
pensar que dicha motivación radica en un pretendido espíritu de
armonización; pero dicha pretensión pierde consistencia, a nuestro
juicio, por lo siguiente: en primer lugar, porque, precisamente, al no
estar regulada la materia en todas y cada una de las comunidades
autónomas, no cabe hablar de homogeneidad normativa, ya que en parte del
territorio está vigente el Decreto de 1949, lo cual produciría una
inevitable concurrencia de normas estatal-territoriales. Y, en segundo
lugar, porque la propia proposición
de ley se prodiga en remisiones a la futura normativa autonómica de
desarrollo de la ley estatal, con lo que el pretendido atajo regulador
sería, a la postre, un largo recorrido de ida y vuelta con llegada,
seguramente, al mismo punto del que la proposición de ley pretende ahora
salir.
En resumen, nuestra disconformidad con la tramitación de la proposición
de ley que nos ocupa se basa en que dicha proposición, primero, vulnera
flagrantemente el sistema constitucional de fuentes y competencias
legislativas; segundo, en la misma existe una defectuosa consideración
del reparto constitucional de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas; y, tercero, porque la proposición de ley adolece
de una excesiva actitud intervencionista que sólo conduciría a una
inevitable concurrencia de normas estatal-territoriales que la propia Ley
de Arrendamientos Urbanos quiso, en definitiva, evitar.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivas.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo
simplemente para seguir insistiendo en los argumentos de fondo de la
proposición de ley.
Usted mismo reconoce que en aquellas comunidades autónomas en las cuales
no se ha regulado la gestión de las fianzas hay que remitirse a un
Decreto de 1949. Me parece evidente que era posible --y es posible, si
hubiera voluntad para ello-- tener una norma que sirviera de amparo a
todas aquellas comunidades, al menos en aquellas donde no se ha
desarrollado precisamente esta normativa, para intentar corregir la
situación actual. Podemos seguir cerrando los ojos y seguir ignorando que
más de un 40 por ciento de las fianzas de arrendamientos urbanos o de
otro tipo siguen estando absolutamente fuera de cualquier marco de
regulación y siguen estando ocultas, unas veces por ignorancia, otras
porque los propios arrendadores quieren utilizarlas simplemente para
financiarse.
En segundo lugar, hay otro aspecto nuevo que no contempla la Ley de 1949,
que es precisamente la sugerencia que hace la ley de incluir en la
gestión de las fianzas todos aquellos servicios que hoy obligan al
usuario a depositar una fianza --de por vida, en muchos casos-- por el
arrendamiento, por ejemplo, de los contadores de agua, de luz, de gas,
etcétera, sin que en ningún caso la Administración obtenga ningún
beneficio --entre comillas-- ni pueda gestionar esos recursos, unos
recursos que, en teoría, la empresa tampoco puede gestionar. Sin embargo,
como se ha demostrado en otros casos --algunos muy conocidos como ha sido
el de Canal +, aunque no tenga que ver la fianza en concreto directamente
con la vivienda--, hay dudas legales sobre la utilización por parte de
las empresas de esos depósitos cuantiosos que se producen día a día.
Creemos que había argumentos suficientes para intentar tramitarla y, por
supuesto, corregirla y mejorarla en el debate parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
La proposición que presenta Izquierda Unida, relativa a la gestión de
fianzas en arrendamientos urbanos, pretende la aprobación de una norma
estatal sobre la materia, dado que, como se dice en la exposición de
motivos, algunas comunidades autónomas han elaborado normas que regulan
esta cuestión y otras no. El Bloque Nacionalista Galego no va a votar a
favor de la toma en consideración de la proposición de ley porque la
gestión de las fianzas, al ser materia de vivienda, es competencia
exclusiva de las comunidades autónomas, y en concreto de la Comunidad
Autónoma de Galicia. La Ley 29 de 1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, disponía en su artículo 36.1 la obligatoriedad de
la prestación de fianza en metálico a la celebración del contrato de
arrendamiento. Asimismo, en la disposición adicional tercera se fijó que
las comunidades autónomas podrían establecer la obligación a los que
arriendan de depositar dicha fianza ante un ente público dependiente de
la Administración autonómica, como un mecanismo de financiación derivado
de los rendimientos generados por este fondo de políticas autonómicas de
vivienda. Por tanto, desde nuestro punto de vista, queda claro que esta
materia es competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
La proposición quizá pretenda la supletoriedad de las normas del Estado
cuando las comunidades autónomas no hacen uso de sus competencias
legislativas. Dejando a un lado que el Bloque Nacionalista Galego se
opondría a esta supletoriedad simplemente por motivos de concepción
política del Estado, también existen pronunciamientos jurídicos del
Tribunal Constitucional que niegan tal posibilidad. Por citar una
sentencia, la 147/1991 afirmó en su fundamento jurídico séptimo que están
viciadas de incompetencia las normas que el Estado dicte con el único
propósito de crear Derecho supletorio del de las comunidades autónomas en
materias que sean de exclusiva competencia de éstas. Lo cual no es
constitucionalmente legítimo cuando los estatutos de autonomía atribuyen
a las comunidades autónomas la competencia como exclusiva.
En resumen, la proposición de ley que se presenta no nos parece acertada.
Desde nuestro punto de vista,
invadiría competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia
de vivienda. La solución a los problemas que puedan existir, y nosotros
no dudamos que existan, debería venir por otras vías. Probablemente, por
la vía de exigir a las comunidades autónomas que hagan cumplir la ley
vigente, pero desde luego no a través de lo que se propone en esta
iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero manifestar, con toda brevedad, que vamos a votar negativamente
esta proposición de ley que sobre gestión de fianzas en arrendamientos
urbanos ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
y lo hacemos, como grupo político nacionalista, por el máximo respeto que
tenemos a las competencias autonómicas. Nosotros somos partidarios de que
se refuercen las haciendas autonómicas, que aumenten los ingresos, pero
también somos partidarios de que se respete el Derecho privado
occidental. No se puede admitir que una fianza que procede de un contrato
accesorio, de uno civil y mercantil, sea dispuesto por la Administración
en un 80 por ciento y que eso pase a los ingresos normales de las
comunidades autónomas. Si esos fuesen los ingresos procedentes de las
rentas de los depósitos, sería una cosa distinta, pero disponer del
depósito de fianza --yo recuerdo que cuando estudiaba Derecho había algo
sobre el quebrantamiento de depósitos-- para que lo disponga en política
de promoción la comunidad autónoma, no me cabe en la cabeza. Por tanto,
con todos los respetos, Coalición Canaria votará en contra de esta
iniciativa legal.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señor Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, he escuchado con
extraordinaria sorpresa la intervención del representante del Grupo
Popular, tan respetuosa de las fuentes normativas distintas de la
estatal, y ya le gustaría a mi grupo que explicase al Gobierno al que
sostiene cómo funcionan estas fuentes normativas distintas de la estatal,
por ejemplo, en materia de personal al servicio de la Administración de
justicia.
La iniciativa que examinamos cumple una previsión de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, que es la de la prestación de fianza como
consecuencia del contrato y el destino que debe darse a la misma, con
intención de que dicha fianza no sea un mecanismo de financiación extra a
favor del arrendador, sino un medio de contribuir a la financiación de
políticas de acceso a la vivienda mediante su gestión por los organismos
públicos. Desde le perspectiva de mi grupo, esta finalidad social nos
gusta. Sin embargo, la proposición de ley tiene dos bloques claramente
diferenciados en su contenido. Por una parte, es normativa civil; por
otra parte, es ejecución administrativa, y en esta parte sí hay invasión
competencial. Uno de estos bloques puede suponer una clara invasión de la
competencia autoorganizativa propia de las comunidades autónomas, al
regular en qué modo han de llevar a cabo estas competencias de ejecución.
En efecto, si el establecimiento de la obligación de constituir fianzas
anudadas a determinados contratos, o el deber de depositarlas en un
organismo público, y hasta el carácter o destino que debe darse a estas
cantidades depositadas, puede aceptarse que es legislación civil y
mercantil y, por tanto, competencia del legislador estatal, desde luego
las indicaciones de cuál sea el órgano autonómico al que le corresponden
las funciones de inspección --artículo 13--, quién el que ostente la
potestad sancionadora --artículo 16--, la obligada participación de un
órgano concreto, la Intervención General --artículo 20--, en el
procedimiento ejecutivo, así como la predeterminación del lugar donde
deben presentarse las denuncias y las obligaciones de que éstas deban
comprobarse --artículo 21--, son cuestiones que conciernen a la pura
ejecución de la normación sustantiva estatal y, como tales funciones de
ejecución, han de ser desarrolladas por los órganos que determine la
comunidad autónoma en ejercicio de su potestad organizativa, pues no se
descubre título competencial estatal que justifique tales concreciones
ejecutivas.
En el mismo sentido, la remisión que hace el artículo 17 a la
legislación estatal en materia de sanciones ha de entenderse limitada a
los principios básicos que en materia de potestad sancionadora le
incumben al Estado, es decir, estrictamente lo que regula el título XIX
de la Ley 30 de 1992. Pero ello no impediría, en modo alguno, la
utilización a tal fin de la normativa procedimental autonómica (está a
punto de regularse una ley sobre materia sancionadora por el Parlamento
vasco), toda vez que el mismo artículo 14.3 de la proposición de ley está
previendo la intervención de las comunidades autónomas en la fijación del
régimen de infracciones, luego existirá el derecho sustantivo preciso
para que pueda hacerse el señalamiento de un procedimiento propio.
Repito, la finalidad que pretende nos gusta, y por tanto votaremos a
favor de la iniciativa, pero si llega a tomarse en consideración,
tendremos que hacer numerosas enmiendas competenciales, porque es
evidente que invade las competencias autonómicas, lo que nos sorprende
proviniendo la iniciativa de un grupo que proclama su federalismo de
forma constante.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Respecto a esta proposición del Grupo de Izquierda Unida, vemos que el
texto es bastante correcto en cuanto al desarrollo concreto de la
normativa sobre fianzas incluida en la LAU. Ahora bien, no podemos darle
nuestro apoyo porque el problema se produce cuando se intenta regular
algo que, como reconoce incluso la propia proposición de ley, cae de
lleno dentro de la competencia autonómica en materia de vivienda. De
hecho, la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida plantea el carácter
supletorio de esta norma, pero, si cabía alguna duda al respecto, la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Suelo de 1990 ha
dejado claro que no es posible hacer esto. Es decir, dicha sentencia ha
determinado la imposibilidad del legislador estatal de dictar normas con
carácter supletorio en aquellas materias reservadas a la competencia de
las comunidades autónomas. En consecuencia, entendemos que no podríamos
aprobar una ley como la que pretende el Grupo de Izquierda Unida.
La única solución constitucionalmente posible al supuesto vacío a que se
alude por los proponentes es que las comunidades autónomas hagan uso de
sus competencias y legislen, cosa que Cataluña ya hizo en el año 1996. En
todo caso, si no han legislado, deben aplicar la norma preconstitucional
del año 1949. Así pues, nosotros no podemos dar apoyo a la presente
proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista
respecto de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Tengo que decir, en primer lugar, que lamento
que no podamos apoyar esta iniciativa porque ciertamente, como se ha
puesto ya de manifiesto en intervenciones anteriores, aunque lo que
pretende es desarrollar en todo el territorio nacional lo que la propia
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 contemplaba en su artículo 36, en
la disposición adicional tercera y en la disposición derogatoria única,
en realidad invade competencias que han sido atribuidas a las comunidades
autónomas y refrendadas por numerosas sentencias del Tribunal
Constitucional.
Dicho esto, insistimos en que podríamos haber estado de acuerdo si los
términos en los que se plantea el articulado de esta iniciativa hubieran
sido diferentes, y me estoy refiriendo a la alternativa que hubiera
supuesto, por ejemplo, un artículo único en el cual, en lugar de la
determinación que se hace en la disposición adicional tercera de la LAU,
donde se dice que las comunidades autónomas podrán establecer la
obligación de depositar la fianza, se dijera que las comunidades
establecerán esa obligación. Con una disposición de ese tipo, que hubiera
estado completamente en la línea de desarrollo de lo que pretendía la Ley
de Arrendamientos Urbanos con dichos artículos, estaríamos en estos
momentos de acuerdo.
Ciertamente, la finalidad que persigue Izquierda Unida con su proposición
es una finalidad correcta; una finalidad correcta que nos alegramos mucho
de que en esta ocasión el Partido Popular también comparta, puesto que
esta misma Cámara, en el año 1995, debatió una proposición del Partido
Popular en la cual se pretendía eliminar la obligatoriedad de que la
fianza por arrendamientos urbanos fuera en metálico y que se eliminara,
de paso, esa posibilidad de que las comunidades autónomas hicieran uso de
esos recursos para aplicarlos a la política de viviendas. Nos
congratulamos del hecho de que el Partido Popular, al parecer, considere
oportuno el mantenimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos tal como en
estos momentos está en vigor.
Quisiera aprovechar para decir que la Ley de Arrendamientos Urbanos, si
bien en el caso de las competencias propias de las comunidades autónomas
no podía seguramente ir mucho más allá de lo que lo hace en el
establecimiento de la posibilidad de que las comunidades autónomas
regulen lo relativo a las fianzas, en cambio, establece algunas
obligaciones para el Gobierno de la nación, obligaciones que no se están
cumpliendo, señorías. Me refiero a la obligación contenida en la Ley de
1994 de que el Gobierno traiga a esta Cámara, en el plazo máximo de un
año, un proyecto de ley en el cual se establezcan los beneficios fiscales
correspondientes a los propietarios de aquellos inmuebles cuyos
inquilinos no puedan actualizar la renta en función de sus niveles de
ingresos. Pues bien, ese mandato obligatorio al Gobierno de la nación no
ha sido cumplido aunque nuestro grupo lo ha solicitado reiteradamente, y
dentro de poco tendremos ocasión de debatir sobre este tema. Eso sí que
es un incumplimiento flagrante de la Ley de Arrendamiento Urbanos que se
está dando por un período de tiempo demasiado prolongado, causando
ciertamente perjuicios a un número importante de ciudadanos de nuestro
país.
Por lo que se refiere a la proposición que hoy nos trae Izquierda Unida,
nos gustaría que, de acuerdo con lo que ya se ha indicado en otras
intervenciones, todas las comunidades autónomas hicieran lo que ha hecho
en su momento Cataluña, que es regular, a partir de la Ley de 1994, el
régimen de depósito de las fianzas por arrendamientos urbanos. Pero no
existe, señorías, a nuestro juicio,
un vacío legal, puesto que en la arquitectura de la Ley de Arrendamientos
Urbanos se contempla precisamente el supuesto de que las comunidades
autónomas no legislen o tarden en legislar, y en ese período sigue
estando en vigor el Decreto de 11 de marzo de 1949 respecto a las
fianzas. Por tanto, más que una situación de vacío legal entendemos que
existe una situación anómala, puesto que sólo en el caso de la comunidad
autónoma de Cataluña se han regulado con posterioridad a la Ley de 1994
los depósitos de fianzas de los arrendamientos urbanos. Por supuesto,
sería muy conveniente que esa situación anómala, que seguramente
perjudica a aquellas comunidades autónomas que no están desarrollando
dicha regulación, se modificara por la propia voluntad de las comunidades
autónomas en el uso de sus competencias. Sin embargo, como también se ha
dicho ya, tal y como lo propone Izquierda Unida nos encontraríamos con
una norma abocada a inmediatos recursos de inconstitucionalidad, tanto a
la luz de la sentencia 159/1988 como de la de 20 de marzo de 1996 sobre
la Ley del Suelo, que impiden que el legislador estatal establezca normas
con vocación supletoria.
En consecuencia, no podemos apoyar la toma en consideración de esta
proposición de Izquierda Unida, pero sí creemos que se trata de un tema
al que habrá que buscar otra solución normativa más correcta. En
cualquier caso, habrá que impulsar a todas las comunidades autónomas para
que sigan el ejemplo de quienes han desarrollado este aspecto importante
de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre gestión de
fianzas en arrendamientos urbanos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 17; en contra, 297.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL REGIMEN DE
INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALTOS CARGOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS. (Número
de expediente 162/000195)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto segundo del
orden del día: proposiciones no de ley. Proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al régimen de
incompatibilidades de los altos cargos de las empresas públicas.
(Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
Puede comenzar, señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de
ley... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. (Pausa.)
Continúe, señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente, por su
amparo.
Decía que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición
no de ley, sin duda alguna importante y urgente, que puede y debe ser
tomada en consideración por esta Cámara y que viene a regular un déficit
que en este momento tiene la legislación que nos conduce en este asunto,
un déficit que tiene que ver con la legislación, por otra parte, muy
rigurosa de la Ley de 1995 y sus propios antecedentes de 1983 y de 1990,
en virtud de la cual se produce yo diría una paradoja: la paradoja por la
que un presidente de empresa pública está en condiciones excepcionales y
mucho más beneficiosas que ningún otro responsable de ninguna
Administración pública, sea cual fuere el rango o el nivel de
responsabilidad que haya tenido. Me explicaré.
La Ley de incompatibilidades de altos cargos, que ustedes recordarán
perfectamente, siguiendo jurisprudencia y antecedentes de cualquier
legislación comunitaria, viene a impedir que un ministro, un director
general, un presidente o cargo de empresa pública, un subdirector general
quede férreamente incompatibilizado para cualquier actividad privada que
tuviera que ver con decisiones, expedientes o responsabilidades en las
que haya tenido que ver durante dos años a partir de su cese, sobre lo
cual cada grupo tendrá su opinión pero es algo meridianamente claro. Sin
embargo, hay una excepción en una ley en la que no se contemplaba la
posibilidad de retorcer ese déficit de la ley para llegar a consecuencias
sin duda no deseadas por aquel legislador y yo creo que perversas desde
los puntos de vista político, económico y empresarial, creándose
situaciones tan paradójicas como que un presidente de empresa pública no
pueda tener ningún tipo de relación, cuando es cesado de su cargo, con el
sector que le ocupa y, sin embargo, pueda continuar de presidente de esa
empresa pública una vez haya sido privatizada. Por tanto, coincidirán
conmigo en que es un déficit de la ley en un momento en el que nadie
pensaba que se iba a proceder a un desmantelamiento del sector
público y les puedo asegurar que el Gobierno y la mayoría de la Cámara de
la época no hicieron aquella ley para que ahora pudiera tener el nivel de
beneficio, desde nuestro punto de vista abusivo, que están teniendo
algunos cargos públicos.
Señorías, yo traía una serie de argumentos, por si fueran necesarios,
respecto a la necesidad que en este momento tendría el Grupo Popular o el
Gobierno para proceder a esta regulación. No les molestaré con la lectura
de argumentos que en aquel entonces coincidían mucho con esta posición,
aunque si tienen especial interés les citaré las páginas del «Diario de
Sesiones» y el nombre de muchas de SS. SS., algunas de ellas presentes,
que coincidían al cien por cien con la posición que en este momento les
estoy manifestando. Pero no, no les recordaré promesas electorales
pasadas, compromisos parlamentarios, intervenciones, etcétera. Iremos al
grano, a la cuestión.
Esta proposición no de ley tiene una cuestión de sentido común, y es que
los presidentes de empresas públicas no puedan seguir siéndolo en las
empresas privadas para no retorcer la voluntad del accionariado, para no
retorcer el espíritu por el que fueron nombrados, para no falsificar el
puesto para el que fueron elegidos. ¿Qué pretendemos con esto? Por
ejemplo, ¿el señor Villalonga y el señor F.G. en este momento hubieran
podido ser presidentes de Argentaria privada o de Telefónica privada si
no hubieran sido nombrado por el Gobierno? Yo creo que aquí es donde está
el meollo de la cuestión, que es simplemente devolver a las cosas su
naturaleza, darle sinceridad y transparencia real a este debate, no
falsificar el funcionamiento político y económico de las cosas y, de
alguna manera, evitar que se produzcan auténticos abusos de poder, como
es el caso. Por otra parte, en el campo del sector público empresarial
también se está llevando este debate. Si ustedes leen las posiciones de
los presidentes de empresas públicas hay para todos los gustos. Algunos
se jactan de haber tomado posiciones incluso, dicen, de riesgo,
invirtiendo su dinero en esas empresas públicas. Yo diré a esos
empresarios que tanto han creído que el proyecto público se iba a
privatizar que muchos ciudadanos tienen la legítima duda de si esas
decisiones se han tomado con información privilegiada o no. Lo digo
porque en este debate de la privatización del sector público empresarial,
uno de los argumentos que han llevado a apostar por que estos presidentes
continuasen en sus puestos ha sido la confianza que tenían en los
proyectos, invirtiendo incluso cientos de millones en esas empresas que
presidían como presidentes públicos y que ahora pretenden seguir como
presidentes privados. Coincidirán conmigo en que es un riesgo más bien
calculado el que han corrido. En cualquier caso, es otro abuso de poder
el que desde posiciones públicas, conociendo la estrategia, los momentos,
las decisiones, hayan tenido posiciones de dominio. Esos son los
presidentes que van sin complejos. Hay otros presidentes que van con
posiciones más vergonzantes. Por ejemplo, el señor Martín Villa, hace tan
sólo unas semanas, ha anunciado públicamente que no se blindará él ante
su futuro. Es verdad que mientras tanto sigue dentro del tanque o del
búnker, pero tiene una posición distinta, considera que, puesto que ha
sido nombrado por un gobierno, mañana no debería continuar al frente de
una empresa privada. Digo yo que ésa debe ser la lectura.
Como irán viendo, señoras y señores diputados, es evidente que hay una
situación en este proceso de privatización que no huele bien. Yo creo que
hay un proceso de privatización en el que todos los ciudadanos de este
país han podido percibir que el Gobierno no se ha parado en barras, que
el Gobierno ha tomado la decisión de controlar los sectores más potentes
del sector público empresarial. No dirán que han ido a las empresas con
dificultades; no. Han ido a lo mollar, han ido al sector de la telefonía,
de las telecomunicaciones, al sector financiero. No han perdido el tiempo
y han hecho una especie de gran mascarada en la que desde una posición
pública, olvidando todos sus antecedentes y sus compromisos --tan
olvidadiza es la memoria del Partido Popular que esta ocasión es una
más--, han cortado el camino y han dicho que nada de políticos que mañana
puedan someterse al control público sino amigos, y eso lo digo como
antiguo alumno de El Pilar que parece que tenemos muchas ventajas para
poder llegar a presidir empresas públicas o privadas en el futuro, amigos
de los que hay ya una guardia de corps, todo lo que es una pura
estrategia para buscar un atajo político y llegar exclusivamente a lo que
los portavoces del Grupo Popular en su momento decían: Lo único que
interesa en la privatización es el poder. «Diario de Sesiones» dixit el
portavoz del Grupo Popular. Pues eso es lo que pretendemos evitar, que
las debilidades que en este momento tiene la ley se salven, que los
ciudadanos se sientan protegidos frente a estos abusos, que el
espectáculo del sector público empresarial de este país tenga realmente
un proceso de saneamiento, de transparencia, de debate que no ha tenido
y, desde luego y en cualquier caso, que no vuelva a suceder más. Por eso
presentamos distintas iniciativas contenidas en esta proposición no de
ley.
En primer lugar, que se cese, por pura lógica y ética política, a los
cargos públicos, presidentes y consejeros de aquellas empresas, una vez
sean privatizadas, por algo fundamental, porque no fueron elegidos para
ser consejeros de empresas privadas, fueron elegidos por criterios de
carácter exclusivamente político. Ya sé que a muchos, por aquello de
ganar una vez, les entrará la tentación de decir: Mire usted, santa Rita,
Rita, Rita. Pero el proceso democrático seguirá. Por tanto, una decisión
de reordenación del sector público empresarial o de control de un sector
económico estratégico no puede deberse a una circunstancia política
coyuntural.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández
Moltó, le ruego que vaya concluyendo.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Sí, señor presidente. Acabaré citando
exclusivamente los rasgos de esta proposición no de ley.
Pedimos que se cese a esos presidentes y consejeros. Pedimos que se
regule y que se tape esa fisura por la cual en este momento, repito,
incluso se está retorciendo la voluntad de los accionistas minoritarios
de esas empresas. Pedimos que se devuelva la soberanía al Parlamento en
sectores regulados, estratégicos y sensibles y que no vuelva a producirse
el espectáculo de hace algunas semanas por el cual el presidente de la
empresa de telefonía cuasi monopolística del país no venga a rendir
cuentas al Parlamento, que el Reglamento y las circunstancias
parlamentarias consientan que los responsables de empresas públicas o
privadas que estén sometidas a proceso de regulación tengan la obligación
ciudadana de venir a rendir cuentas a este Parlamento. Por último,
pedimos un balance de la situación, del proceso de nombramientos y de
conformación de cargos públicos en estas empresas que se han venido
privatizando, y pedimos a la Inspección General del Estado que haga un
análisis de la situación, algo que, por otra parte, creo que por primera
vez empezaría a añadir algo de luz a todo este proceso.
Tenemos una oportunidad espléndida de impedir problemas mayores de
futuro. Creo que ésta es una buena oportunidad para poner pie en pared,
para decir que efectivamente alguien ha usado y abusado de alguna de las
fragilidades jurídicas que en este momento tenían, pero que la autoestima
del Parlamento y el criterio que tenemos sobre lo que debe ser un proceso
de control democrático del sector público empresarial no puede continuar
con estos niveles de falta de control que tiene en este momento.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Hernández
Moltó.
A esta proposición no de ley han sido presentadas enmiendas por el Grupo
Parlamentario Mixto, y en él por el señor Rodríguez Sánchez, para cuya
presentación y defensa tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, esta proposición no de ley que
presenta el Grupo Socialista nos sitúa en un marco en el que poco queda
del gran pastel que tenía el Estado en empresas públicas rentables.
Mirado desde el punto de vista de aquellos que han sido beneficiados, no
cabe duda de que tendríamos que hablar del rico pastel de las
privatizaciones. Solamente recordar algunos nombres puede hacerlo bien
sintomático. Repsol domina el mercado de hidrocarburos español, controla
empresas de distribución, es gran accionista de otras empresas
estratégicas en el campo de la energía; Endesa es árbitro del sector
eléctrico español, tiene beneficios multimillonarios cada año, es
envidiable su cartera de participaciones en otras empresas, llámese
Sevillana, Unión Fenosa, Fecsa o Airtel y Telefónica y sus
participaciones televisivas ocupó gran parte del debate de esta Cámara
hace ya meses. Podríamos citar las que vendrán a continuación y otras que
recientemente han padecido la privatización a precio de saldo, algunas de
ellas sintomáticas en el territorio de Galicia como Inespal,
prácticamente un regalo a una empresa norteamericana; no sabemos cuál
será la suerte de Ence, de Pontevedra; lo mismo de autopistas como Audasa
y en concreto la A-9. Sí sabemos que, en el caso concreto de Galicia, la
Xunta tiene una representación en el consejo de administración de Bazán y
de Astano y que empresas públicas de servicios de viajeros como Renfe o
Iberia, sobre todo la primera, estarán cada vez más incardinadas en
nuestro territorio, como sin duda lo está la empresa de Paradores de
Turismo.
Efectivamente, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista intenta, en esta situación mortuoria en la que prácticamente
el erario público se queda sin nada de activo de cara al futuro como algo
rentable y algo que puede producir, una transparencia que hay que alabar
y, además, un intento de que los accionistas minoritarios, uno por uno,
pero seguramente en muchas empresas mayoritarios si se pudiesen organizar
frente a los núcleos duros, no sean víctimas de maniobras políticas como
lo están siendo. No creo que esto se pueda arreglar con una proposición
no de ley, pero está claro que conviene llamar la atención sobre la
transparencia frente al privilegio de gestores públicos que hasta ahora
han sido colocados por el Gobierno para que no puedan actuar favoreciendo
o teniendo influencia política a favor de bancos o de trasnacionales o de
otras empresas industriales importantes. Porque, señorías, efectivamente
son las telecomunicaciones, la energía y algunos servicios públicos
importantes que dan dinero los que nos ocupan.
En todo caso, lo más fundamental de esta proposición no de ley es que
plantea el problema de para qué van a quedar las instituciones de
representación democrática y popular, como los parlamentos, cuando ya no
pueden ni siquiera controlar y debatir nada menos que sobre estos
sectores estratégicos en la economía del Estado español. ¿Quedarán
solamente para controlar y para gobernar servicios sociales deteriorados,
como la escuela y la sanidad, la policía y el Ejército, al servicio de
cualquier represión o capricho gubernativo? ¿No es necesario un sector
público en la economía, por lo menos un núcleo importante para que
podamos todos subsistir, incluso la pequeña y la mediana empresa, y
para poder tener capacidad de decisión política en nuestro territorio?
¿No se está actuando con una falta de cautela brutal, por lo menos,
frente a lo que hacen Estados como el francés o el alemán? Todo esto nos
lleva a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista con una adición. Las empresas que yo les he citado, Repsol,
Endesa, Telefónica, Ence, Inespal, Audasa y muchas otras tienen un centro
de actuación fundamental en la Comunidad Autónoma de Galicia. No es
normal que empresas que sacan gran parte de su dinero en nuestro
territorio, que tienen grandes actividades económicas o que afectan
gravísimamente al ecosistema no puedan tener siquiera un control en
debate político con la presencia de sus directivos. Por lo tanto, el
sentido de nuestra enmienda es que la obligación de comparecer de los
cargos directivos o del consejo de administración de estas empresas se
extienda también, en caso de que tengan actividad importante en una
comunidad autónoma, a sus parlamentos respectivos. Pensamos que si este
Congreso de los Diputados está quedando vacío de contenido con el proceso
de privatización, imagínense ustedes los parlamentos autonómicos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Sánchez.
¿Grupos que sin haber presentado enmiendas desean intervenir? (Pausa.) En
nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Nos encontramos ante una iniciativa que ha expuesto sobradamente en sus
argumentos políticos el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Hernández Moltó. Mi grupo se ha encontrado con el problema de
entender qué es lo que se pretende con el enunciado de la iniciativa y el
articulado. El articulado es tan heterogéneo y complejo que a nuestro
juicio se aparta indebidamente, porque es posible que una regulación de
este tipo de incompatibilidades de los altos cargos de empresas públicas
privatizadas tenga que ser atendida en alguna medida por la Cámara, bien
en las iniciativas legislativas que mande el Gobierno, bien en las que
salgan de los grupos, bien en el propio Reglamento de la Cámara. ¿Por qué
digo esto? Porque de aceptarse en sus términos literales el punto primero
de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista va a
plantear unos principios de inseguridad jurídica tremendos, ya que si hay
que proceder a la destitución inmediata del cargo de presidente y demás
miembros del consejo de administración de una sociedad mercantil que pasa
del ámbito de propiedad pública a propiedad privada se está entendiendo
que pasa al régimen de sociedades anónimas. Posiblemente lo que hubiera
que hacer es modificar la Ley de Sociedades Anónimas, porque veo muy
difícil que se pueda resolver este problema jurídico de fondo que subyace
aquí sin modificar la Ley de Sociedades Anónimas.
Quiero recordar que este diputado y su grupo votaron favorablemente en su
día, en 1995, la Ley 12 relativa al régimen de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos administrativos
del régimen general del Estado, donde se incluían precisamente los
presidentes de las empresas públicas. Al entrarse en la valoración del
mismo, el propio texto de la exposición de motivos del grupo proponente
reconoce muy acertadamente que la Ley 12/1995 estableció un severo
régimen de incompatibilidades. Estábamos también en un ambiente político
interno y externo de exigencia en cuanto a las personas que desempeñaban
estas responsabilidades. Pues bien, parece ser que lo que ha ocurrido es
que en la Ley 12/1995 no se previó el supuesto de qué sucedía con los
presidentes y miembros del consejo de administración de una empresa
pública que se privatizaba. Eso no lo trae la ley, se nos pasó o el
legislador entendió en aquel momento --y esa es mi postura-- que se
contemplaba en las excepciones del artículo 1.2 letra f), porque a nadie
se le obligó a no poderse dedicar durante dos años al final de su
ejercicio, de la potestad que estaba ejerciendo, a estar en un régimen de
incompatibilidades profesionales como se les exigía y se les exige a los
miembros del Gobierno en una actividad similar a la que venían
desempeñando. El punto 2 lo relaciono con esto en cuanto que pide una
derogación de la exclusión a la que hace referencia el artículo 2.4 de la
citada Ley 12/1995. Creo que la vía tiene que ser otra. El tercero no
tiene nada que ver con las incompatibilidades de altos cargos. Este
diputado, en la ponencia que estudia la modificación del Reglamento de la
Cámara ya ha manifestado su opinión en relación con empresas que han sido
públicas y están en el régimen de privadas por las privatizaciones que
vienen realizando los sucesivos gobiernos, tanto el anterior socialista
como el actual del Grupo Popular. Hemos hecho la observación de que los
presidentes de unas empresas que siendo ahora privatizadas en régimen de
sociedades anónimas, sometidas por tanto a la disciplina que tienen que
tener los cargos de presidente y de consejo de administración de
sociedades anónimas, estén obligados a comparecer ante el Congreso de los
Diputados por ser empresas de interés general, de intereses de servicios
públicos fundamentales, como puede ser la telefonía, la electricidad o
los combustibles. Por tanto, no tiene nada que ver con un régimen de
incompatibilidades la regulación de comparecencias ante el Congreso. Creo
que es a través de la vía del Reglamento del Congreso la forma en que
podemos hacer obligatoria esta exigencia de comparecencia para que no
ocurran casos como el que ha sucedido con el presidente
de Telefónica. Nosotros nos sumamos a los planteamientos del señor Moltó
y del Grupo socialista porque no nos parece de recibo que el Congreso de
los Diputados no pueda citar a comparecer a un presidente, sea del tipo
de sociedad que sea en este momento, pública o privada, pero que tiene,
bien por régimen de concesión administrativa, bien por cualquier otra
vía, la responsabilidad de un bien común, de un bien general o de un bien
de servicio público en estos aspectos.
Por estas razones, señorías, y por entender, señor presidente, que debe
ser otra la vía, nosotros no vamos a apoyar con nuestro voto esta
iniciativa legislativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como inciso inicial, quiero señalar que pertenezco a un partido
con un férreo sistema de incompatibilidades interno que también ha
trasladado a las administraciones donde gobierna. La primera ley de
incompatibilidades en el ámbito vasco data del año 1983. Desde esta
óptica nos enfrentamos a la iniciativa que ahora examinamos.
Creemos que, aunque redactada en términos de venganza o de ajuste de
cuentas, la proposición plantea una cuestión interesante, y es que se dé
la consideración de altos cargos a los directivos de los entes
empresariales que son objeto de privatización, a fin de incluirles en el
sistema de incompatibilidades establecido para aquéllos en la Ley 12/1995
y, también, para someterlos a la obligación de comparecer ante las
comisiones parlamentarias, lo que ahora no es posible porque la
legislación ciertamente no lo permite. En opinión de nuestro grupo, las
propuestas que se hacen en la iniciativa pueden contribuir a perfeccionar
el actual sistema de incompatibilidades haciendo realidad la sujeción a
un mismo régimen de todas las personas que desempeñan cargos, puestos o
funciones que forman parte de la Administración pública, entendida en su
más amplio concepto, con independencia de que su actividad y la
titularidad formal de las entidades en las que trabajen sea
jurídico-pública o jurídico-privada. Coincidimos en la idea de que si en
la práctica existe una posición dominante por parte de algún órgano o
entidad pública que le permita dirigir, siquiera sea indirectamente, las
actuaciones de los directivos de empresas participadas minoritariamente
por el Estado, de manera análoga a como se hace con los altos cargos de
la Administración que forman la estructura directiva de los ministerios,
lo lógico es que se les extienda el mismo tratamiento. El problema
estriba, obviamente, en el acierto a la hora de definir los supuestos de
hecho que hagan posible tal extensión y los mecanismos que verifiquen la
ruptura del vínculo jurídico-público que puede ocasionar la privatización
de las entidades empresariales del Estado. Por eso creemos que puede ser
de utilidad estudiar las alternativas jurídicas que sirvan al propósito
general que, como ya he indicado, compartimos con los promotores de la
iniciativa. Por otra parte, también es conveniente dilucidar si el
fenómeno de las privatizaciones, que no fue contemplado en la Ley
12/1995, a diferencia, por ejemplo, con lo que se hizo más tarde en la
ley de acompañamiento, Ley 13/1996, al regular la incidencia de las
privatizaciones en la situación administrativa de excedencia voluntaria
de los funcionarios por prestación de servicios en el sector público;
repito, si las privatizaciones han podido propiciar el incumplimiento de
la obligación de intervenir en actividades privadas previsto en el
artículo 2.4 de la citada Ley 12/1995, o si se trata de un supuesto
distinto al que motivó su establecimiento. Tal aclaración despejaría
cualquier duda sobre la situación de algunos directivos y consejeros de
importantes empresas de capital mayoritario exclusivamente privado que ya
ocupaban esos cargos cuando eran públicas.
Ahora bien, que estemos de acuerdo con que estos temas se estudien y se
examinen, y se formulen propuestas concretas de carácter normativo o de
otra índole, que hagan efectivo el sometimiento del personal directivo de
empresas que pierdan su condición de públicas, no significa que
compartamos los argumentos descalificadores que emplea en su iniciativa
el Grupo Socialista. Es más, entendemos que encaminarse por el sendero de
las acusaciones, de los tópicos y del tremendismo hace un mal servicio a
una iniciativa que contiene propuestas muy sugerentes y que a todos
--quiero suponer que al Gobierno antes que a nadie-- les interesa
que se atiendan, no sólo por razones éticas sino también de eficacia en
la gestión y, desde luego, para salvaguardar que el control parlamentario
se ejerza sobre todo, absolutamente todo el sector público empresarial,
sin que se le puedan oponer las barreras formales que la utilización del
velo jurídico-privado pudiera erigir.
Así, pues, mi grupo manifiesta su apoyo a que se lleven a cabo las
actuaciones contenidas en la parte dispositiva de la proposición para que
se alcance el objetivo de revisar la aplicación de la Ley 12/1995 en
relación con los directivos de empresas privatizadas y su sometimiento,
cuando exista posición dominante de la Administración, al régimen de
incompatibilidades de altos cargos y a su control parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo de Convergència i Unió, en base a la propuesta de
la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, sobre el
régimen de incompatibilidades de los altos cargos de las empresas
públicas, será no apoyar dicha iniciativa, presentada y defendida por el
señor Hernández Moltó, en función de las siguientes consideraciones.
En primer lugar, porque el Grupo Catalán (Convergència i Unió) entiende
que en estos momentos no existe un fundamento legal dentro del marco
jurídico y mercantil vigente en nuestro país para proceder al cese de los
administradores, de los presidentes y consejeros de las diferentes
empresas públicas que, siendo públicas, han pasado al sector privado.
Nuestro grupo parlamentario considera que en el actual sistema de
incompatibilidades, establecido precisamente en la etapa del Gobierno
socialista y con el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), siempre ha estado latente la idea de la coexistencia entre empresa
pública y empresa privada. Por ello, entendemos que no se ajusta
realmente a lo que persigue la proposición no de ley del Grupo
Socialista, ya que en la mayoría de empresas públicas objeto de dicha
proposición no de ley, el cien por cien del accionariado de la mayoría de
empresas públicas ya ha pasado al sector privado. Nuestro grupo entiende
que en el caso de que votáramos favorablemente el punto número 1 de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista añadiríamos una
serie de cuestiones que implicarían necesariamente la modificación de la
actual Ley de Sociedades Anónimas, en el sentido de que incorporaríamos
nuevos motivos al cese de los administrativos o presidentes de los
consejos de administración; asimismo, entendemos que, en caso de que
prosperara dicho punto número 1, tendría que haber importantes
modificaciones en el seno de las sociedades anónimas e incorporaríamos
serias limitaciones a las decisiones de los nuevos accionistas. Por
tanto, desde nuestra perspectiva, consideramos que la soberanía en la
actual legislación, en el actual marco de las sociedades anónimas, de las
juntas generales de accionistas de las sociedades deben ser suficientes
para regular dichas situaciones y deben dejarse en manos de los socios
las decisiones de cesar o no a los consejeros nombrados anteriormente por
los que en su momento fueron socios y que no lo son hoy por haber pasado
al sector privado. Aquí creemos que deben prevalecer los criterios
profesionales y no regular situaciones en las que las prácticas
cotidianas se muestran mucho más ágiles que la dinámica burocrática y
administrativa.
Respecto al punto 2 que plantea la proposición no de ley socialista, en
cuanto a la derogación de la exclusión a que hace referencia el artículo
2.4 de la Ley 12/1995 para aplicación íntegra de las mismas a los
presidentes de los consejos de administración en el sentido de que dichas
personas dejen de percibir indemnización cuando cesen en el cargo de
presidente y que tampoco lo puedan compatibilizar con actuaciones
profesionales en el mismo sector, entendemos que en estos momentos ha de
seguir vigente necesariamente la legislación aprobada por el Grupo
Socialista durante el año 1995 --repito, con el apoyo de Convergència i
Unió-- y que el no cobro de las indemnizaciones correspondientes por los
presidentes de las empresas públicas que pasen al sector privado no dejan
de ser relaciones laborales y, desde esta perspectiva, procede aplicar la
legislación vigente. También es cierto que en estos momentos existe el
borrador de un proyecto de ley sobre el nuevo estatuto de la función
pública, y quizás sea en este procedimiento parlamentario donde podamos
analizar con más profundidad algunas de las cuestiones que hoy nos
presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto al punto número 3, sobre la posibilidad de que los presidentes
de empresas antes públicas y hoy privadas puedan comparecer en las
comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados, pensamos que
es una buena iniciativa. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) siempre ha sido partidario de procedimientos como el hearing, para
que cargos públicos puedan acceder a las comparecencias antes de ser
nombrados por el Gobierno o por el Ejecutivo, y quizá podríamos ver
recogida esta interesante propuesta del Grupo Socialista en el futuro
nuevo reglamento que se está discutiendo en la Cámara. Desde luego,
brindo la posibilidad al Partido Socialista para que podamos analizar
esta propuesta en esta recién creada subcomisión de privatizaciones, en
el seno de la Comisión de Industria, que --repito-- no deja de ser
interesante para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por tanto, la posición de nuestro grupo parlamentario va a ser la de no
votar a favor de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida va a respaldar esta proposición no de
ley, primero, por el objetivo que persigue, que es hacer frente a la
realidad de que estamos vendiendo empresas, privatizando; y, segundo,
porque el papel de los gestores en todo ese proceso de privatización no
puede verse implicado en lo que sean ventajas posteriores para quien las
compra ni para quien después puede continuar trabajando en esa empresa.
Por tanto, en cuanto a la forma, porque lo que quiere conseguir es
reformar una legislación que tenemos y hacer efectivo que los que hoy
dirigen, presiden, o pueden decidir, puesto que están en los consejos de
administración de estas empresas, no puedan tener la sensación vista
desde fuera de que se ha hecho una especie de reparto de sectores
productivos, reparto de tipos de empresas dentro de cada sector, a la
hora de poder colocarlas en el mercado, para que vuelvan o sigan
administrándo los antiguos sectores una vez que estén en la iniciativa o
en la actividad privada.
De todas formas, nos gustaría decir que a nosotros nos parece positiva
esta propuesta porque pretende corregir algo que en 1995 nadie adoptó
medidas para tomar la previsión, ni el Gobierno que estaba entonces ni
los grupos que apoyaron la ley. Nosotros teníamos entonces la misma
opinión que tenemos hoy, y es entender que son altos cargos también los
presidentes de las sociedades mercantiles en las que el capital es
mayoritariamente del Estado. Creíamos entonces, cuando estaba esta ley, y
creemos hoy que esa manera de entenderlo como altos cargos debe también
afectar a la hora de lo que establecen las incompatibilidades.
Fíjense las incompatibilidades que marcaba esta ley: primero, que durante
dos años siguientes a la fecha de poder actuar haya una incompatibilidad;
y, segundo, que las excepciones que establece esta ley es que los
presidentes de sociedades mercantiles funcionen o actúen mientras están
percibiendo una asignación, como llaman aquí, indemnizaciones,
asignaciones, dietas, etcétera, y, si funcionan esos dos años, también
aunque hayan renunciado a la parte económica; por tanto, la ley tomaba
una previsión, que mediante esa excepción no se hacía efectiva a los que
eran los presidentes. Por consiguiente, por el objetivo que persigue y
por el contenido que tiene, a nosotros nos parece oportuna hoy.
En aquel momento, en 1995, se había iniciado alguna privatización. De
Telefónica se había iniciado la primera en mayo, es verdad que el 12 por
ciento nada más, no la totalidad, pero iba a evolucionar después; en
abril, se puso en marcha la tercera venta de Repsol. En suma, había un
incipiente problema o desarrollo, que después se ha visto y se ha
constatado. Por eso, a nosotros no parece positivo, y es importante
abordar el problema, una vez constatado el volumen de privatizaciones que
va a producirse y los efectos importantes, porque son empresas rentables,
Argentaria, Telefónica, Repsol, Endesa, y son empresas que inciden en una
realidad económica.
En todo caso, tanto el objetivo de evitar la continuidad de los que están
para después de ser vendidas, como la idea de no volver a ser elegido o
designado para evitar que haya un trato de favor (porque yo dirijo la
privatización y puedo estar favoreciendo al que me la va a comprar, que
después me paga o me prima colocándome una vez más dirigiendo esta
empresa), es decir se quiere corregir un posible trato de favor,
favoreciendo a los amigos o a las personas que van a ser clientes hoy, y
mañana dueñas de la propia empresa.
Si el grupo proponente la acepta, nosotros vamos a apoyar la enmienda
presentada porque recoge una realidad. Hay una ley en Canarias que
precisamente hace partícipe a la comunidad autónoma en todas las empresas
públicas que tienen implantación en la comunidad autónoma; por tanto, hay
una ley específica para Canarias y ahora estamos discutiendo si se
generaliza en otros ámbitos. A mí me parece bien que precisamente en las
comunidades autónomas donde una empresa tenga fuerte implantación también
puedan comparecer para conocer ese centro de la empresa, ya que hay
empresas que funcionan por centros o por unidades de negocio, y poder
realizar el control.
Hay algunas redacciones que nosotros no las hemos enmendado, aunque no
las compartimos, no porque no sean de necesidad sino por la forma a la
hora de redactarlas.
Fíjense ustedes en las excusas que se han puesto aquí, que no existe
problema alguno para no respaldarlas, porque en el párrafo que introduce
la proposición no de ley se insta al Gobierno a remitir al Congreso todas
las modificaciones que se precisen; por tanto, si es preciso que se
modifique la Ley de Sociedades Anónimas, que se modifique; que es
necesario modificar otra ley, pues que se modifique. No hay ningún
problema para apoyarlo, porque lo que dice la proposición es que se inste
al Gobierno para que en un plazo de tiempo cumplan unas medidas; medidas
que, además, deben tener muy estudiadas, por tanto, no hay problema.
Pero en la proposición se mezclan, y es lo que a nosotros no nos gusta de
la redacción, cosas que no corresponden al Gobierno, que corresponden a
esta Cámara y que nosotros creemos deben quedar aquí. Por ejemplo, insta
al Gobierno para que en el plazo de un mes elabore y remita al Congreso
para su tramitación por procedimiento de urgencia... El procedimiento lo
veremos aquí; eso no lo hace el Gobierno, lo hacemos nosotros.
Estamos de acuerdo en la regulación de todas las empresas que desarrollen
una actividad, sujetas a una regulación administrativa, aunque estén
privatizadas, pero dice: de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
del Congreso y del Senado. Eso nos dificulta hacerlo ahora, y la prueba
la han tenido ustedes cuando han querido traer a responsables de
Retevisión, y nosotros hemos querido traer a otras empresas. Yo estoy de
acuerdo con la filosofía, aunque quizá la fórmula esté mas o menos a
falta de precisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
En cualquier caso, como el objetivo es positivo, pretende dar
transparencia y control, la parte segunda propone que se haga una
investigación desde la Inspección de Servicios y que se remita aquí el
informe que haya hecho, como se remite ahora este informe que el
Ministerio de Administraciones Públicas hace sobre incompatibilidades. A
nosotros nos parece positivo en el objetivo y en la forma que se propone,
modificando la ley y los reglamentos que sean precisos, y esperemos que
inclusive algunas precisiones no sean de facto ¿sabe usted por qué, señor
presidente? Pues, porque hemos aprobado en el último año 60 proposiciones
entre Comisión y Pleno, que han instado al Gobierno y, no se preocupen
ustedes, el Gobierno no se ha movido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para decir que el grupo parlamentario al que represento
no va a apoyar la presente proposición no de ley.
Quiero empezar agradeciendo el tono de la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, no la exposición de motivos, por cuanto
ésta transgrede las formas que parlamentariamente deben inscribirse en un
documento, ya que hay expresiones desafortunadas.
A lo largo de la intervención del señor Hernández Moltó se ha ido
produciendo una subida paulatina en las expresiones. Se ha hablado de la
situación paradójica que podría darse con los presidentes de empresas que
hubieran sido privatizadas, y del déficit legislativo al respecto. Tengo
que decir que hubo tres iniciativas legislativas del Gobierno anterior,
traídas a esta Cámara y formuladas por el Grupo Socialista, una del año
1983, otra del año 1991 y finalmente la del año 1995, la Ley 12, que mi
grupo parlamentario respaldó cuando justamente podríamos decir que
ustedes pensaban que la legislatura se iba a agotar. A pesar de todo era
una constricción de actuaciones de gobiernos futuros que nosotros creímos
oportuno respaldar, lo cual creo que es digno de cierta defensa por parte
de la actuación del grupo parlamentario al que represento.
El señor Moltó ha hablado también --y lo digo como portavoz, no de forma
personalizada--, de situaciones que no se daban antes de la reforma del
año 1995. Usted tiene que hacer memoria porque los procesos de
privatización de Repsol y Argentaria fueron iniciados antes y el Gobierno
socialista tampoco cesó después a los presidentes de ambas entidades.
Sobre favorecer a los amigos, cabría utilizar el mismo argumento cuando
ustedes nombraban a los presidentes de empresas públicas, puesto que
dentro de la afinidad de personas con arraigo profesional y con
experiencia en la gestión de empresas, también ustedes procedían a
nombrar a determinadas personas cuyo criterio para nosotros hubiera
podido ser el mismo que invocan ustedes en este momento.
Respecto a la información privilegiada, y no repetiré la misma
reiteración que acabo de hacer, creo que sus referencias han sido
desafortunadas, señor Moltó. El sistema español en cuanto a
incompatibilidad de miembros del Gobierno y de altos cargos de la
Administración central del Estado es uno de los más rígidos de Europa.
Llevar a las últimas consecuencias a personas que ostentan la presidencia
del consejo de administración de una empresa que inicialmente ha sido
pública y que posteriormente pasa a nuevos accionistas, al ser
privatizada en virtud de oferta de adquisición de acciones, es ir más
allá que el propio ámbito de esta Administración central del Estado y que
el propio Gobierno.
Entrando en el análisis de los puntos que ustedes proponen en la presente
proposición no de ley, en cuanto al cese automático en los cargos de
presidente y demás miembros del consejo de administración de estas
sociedades que han sido privatizadas, tengo que decirle que el criterio
de regulación no es el mismo para ambos, una cosa es el presidente y otra
bien distinta --que regula la Ley de Sociedades Anónimas-- es la
responsabilidad del resto de miembros del consejo.
Si analizamos el apartado número 2 de la proposición no de ley que
ustedes presentan a esta Cámara vemos que existe una contradicción
importante, por cuanto si se propone que se cese automáticamente a los
presidentes de una empresa que ya está privatizada, no cabe argüir que se
derogue la exclusión a que hace referencia el artículo 2.4 de la ley
12/1995, porque si ya están cesados no cabe atribuir mayor rigor a esas
incompatibilidades.
Hay que decir también que una vez privatizada las normas que habría que
modificar si se tuvieran en cuenta los puntos 1 y 2 de la presente
proposición no de ley no sólo sería la Ley 12/1995, de 11 de mayo, sino
que también habría que proceder a una revisión de la Ley de Sociedades
Anónimas y, además, a una modificación de la propia legislación laboral
en cuanto a las gratificaciones y remuneraciones que pueden percibir los
presidentes de esta empresas privatizadas. Nos meteríamos en un inmenso
número de iniciativas legislativas para poder acceder a lo que ustedes
plantean.
En cuanto a la obligación inexcusable de comparecer ante las comisiones
legislativas cabe esgrimir similares argumentos, pero sí puedo decir que,
al amparo de la Constitución y de la Ley Orgánica 5/1996, está previsto
que a través de la creación de comisiones de investigación se pueda
efectuar la comparecencia, pero no dentro del ámbito de control del Poder
Legislativo al Ejecutivo, porque el presidente de una sociedad privada no
está dentro del ámbito del sector público.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Montseny, le
ruego concluya.
La señora MONTSENY MASIP: Voy terminando, señor presidente.
El Poder Legislativo tiene la facultad de control del Poder Ejecutivo,
pero no de empresas que se regulan en el ámbito privado, en la
legislación mercantil vigente en este momento.
Finalmente, en cuanto a la propuesta de comprobación por parte de la
inspección del Ministerio de Administraciones Públicas en cada sociedad
que haya seguido el proceso de cambio de mayoría, tengo que decir que a
lo sumo en el momento del cese habría que supervisar, por parte de dicha
inspección, si se ha infringido alguno de los puntos del régimen de
incompatibilidades.
Por tanto, mi grupo pone en conocimiento de esta Cámara que el voto va a
ser negativo a la presente proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Montseny.
Señor Hernández Moltó, S. S. ha de expresar si acepta o no la enmienda
presentada por el Grupo Mixto, por el señor Rodríguez Sánchez.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Se acepta, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Hernández Moltó.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley
del Grupo Socialista, relativa al régimen de incompatibilidades de altos
cargos de las empresas públicas, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 152; en contra, 167; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EXCLUSION DE MEDICAMENTOS DE
LA FINANCIACION PUBLICA. (Número de expediente 173/000063)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia
de las interpelaciones urgentes debatidas en el Pleno de la semana
pasada. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre
exclusión de medicamentos de la financiación pública. (Pausa.--El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor
VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Para la presentación de la moción, en
nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Amador.
(Pausa.--Varios señores diputados abandonan el salón de
sesiones.--Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a defender la
moción consecuencia de la interpelación urgente que tuve ocasión de
defender la pasada semana, y que se refiere a la propuesta que ha hecho
el Gobierno para excluir medicamentos de la financiación pública.
Nuestra moción contiene seis puntos que tratan de centrar cuáles deben
ser los objetivos de una correcta política de uso racional del
medicamento, una política que racionalice el consumo farmacéutico que,
como consecuencia, excluya de la financiación pública los medicamentos
cuya utilidad terapéutica no justifica esa financiación, que además
suponga un ahorro de gasto público, y todo ello con el objetivo
fundamental que debe guiar la política sanitaria para ser considerada
tal, que es velar por una correcta atención de los problemas de salud de
los ciudadanos. Para ello, hemos formulado esta moción, articulando cuál
es la propuesta del Grupo Socialista, la alternativa que el Grupo
Socialista ofrece al Gobierno y somete a la consideración de todos los
grupos de la Cámara.
Pedimos, en primer lugar, que se dé estricto cumplimiento al acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, suscrito por las comunidades
autónomas y el Gobierno central. Ese acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, esgrimido en los últimos días en un debate confuso,
difuso y engañoso, no dice ni más ni menos que se decide el recorte del
gasto público farmacéutico en 65.000 millones de pesetas anuales durante
cuatro años, y que eso se va a hacer limitando la financiación pública de
los medicamentos cuyo escaso valor terapéutico no justifica esa
financiación y previo debate, previo acuerdo, previa discusión en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Señorías, tuve
ocasión de leer el texto en el debate de la interpelación, está recogido
en las actas, y a él me remito. Además, se acuerda impulsar una política
de medicamentos genéricos.
Por tanto, el primer punto de nuestra moción no hace sino pedir el
cumplimiento de lo previsto en el apartado
9 del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Espero,
señorías, de la coherencia de todos nosotros que nadie tenga dificultad
en ratificar lo que ya ha sido acordado, que no ha sido ninguna lista de
medicamentos, que no ha sido el acuerdo con la industria farmacéutica,
que no ha sido todo eso que en estos días se dice a la opinión pública
tratando de inducir a la confusión.
En el punto 2 pedimos, en consecuencia con el cumplimiento del apartado
anterior, que se retire la propuesta que ha hecho el Gobierno, porque no
reúne ninguno de esos requisitos. Ni los medicamentos que ha incluido
dice el Gobierno que son de baja utilidad terapéutica, sino que dice que
son seguros eficaces y de calidad, ni se ha debatido en ningún sitio ni
con ningún interesado, ni se ha sometido al Consejo Interterritorial y,
por tanto, la propuesta del Gobierno ha omitido el cumplimiento de este
acuerdo. Pero es que, además, ese acuerdo que impulsa una política de
genéricos tampoco se ha visto cumplido en el acuerdo que el ministro de
Sanidad ha firmado con Farmaindustria.
En tercer lugar, señorías, pedimos que el Ministerio de Sanidad y
Consumo, a la vista de este acuerdo y de su cumplimiento, convoque un
proceso que necesariamente tiene que contar con las comunidades
autónomas, que necesariamente tiene que contar con los expertos, con los
agentes sociales, con los consumidores y con los pensionistas, que
reproduzca ni más ni menos el mismo proceso que hizo posible la
aprobación por consenso del decreto de financiación selectiva del año
1993, que entonces sí recibió el apoyo de los sindicatos, de los
pensionistas y de los agentes sociales. Pedimos al Ministerio de Sanidad
y Consumo que, cumpliendo lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, empiece la tramitación de una nueva propuesta con todos esos
agentes, para que en el seno del Consejo Interterritorial se formule una
propuesta de uso racional del medicamento que concluya en lo que
constituye el objetivo de lo que debe ser una correcta política
farmacéutica, que es que todos los medicamentos eficaces, seguros y de
composición adecuada sean financiados por el Sistema Nacional de Salud.
Ese es el punto de llegada, señorías: que todos los medicamentos
eficaces, seguros y de composición adecuada sean garantizados por el
Sistema Nacional de Salud. Eso lo decida quien lo tiene que decidir, es
decir, todas las autoridades sanitarias del país con el respaldo de los
científicos, de los expertos, a través del diálogo con los afectados y
con las fuerzas sociales.
Señorías, nuestra moción pide a continuación que se rescinda el convenio
firmado con la industria farmacéutica. Lo hacemos porque es imposible
llevar a cabo estos objetivos de política farmacéutica manteniendo un
convenio que, como ya tuve ocasión de explicar en el debate de la
interpelación, condiciona neutralizando la política de medicamentos
genéricos en la medida en que todo lo que se ahorre por medicamentos
genéricos se deduce de la aportación de la industria; neutraliza la
política de los precios de referencia por la misma razón; hace recaer
sobre las espaldas de los consumidores, pacientes y pensionistas la
subida de los precios para compensar a la industria farmacéutica; se ha
suscrito sin la presencia, sin la concurrencia, sin la firma, de los
consejeros de las comunidades autónomas; en definitiva, solicitamos que
se enmiende lo que consideramos un gravísimo error por parte del
Ministerio de Sanidad.
Pedimos también que se cumpla el compromiso del Ministerio de impulsar de
manera efectiva, y no sólo de palabra, una política de medicamentos
genéricos. Esa es una alternativa que todo el mundo defiende en esta
Cámara y fuera de ella, y no podemos entender cómo ese objetivo
irrenunciable se puede condicionar y neutralizar por ningún acuerdo con
la industria farmacéutica.
Finalmente, señorías, pedimos que se desarrolle el compromiso de
implantar los precios de referencia, explicando cómo entendemos este
mecanismo. Se trata de que con relación a todos los medicamentos, los
principios activos disponibles --disponibles en el mercado y en la
financiación--, el Sistema Nacional de Salud se comprometa a comprar y a
prescribir los de precio más bajo. Pedimos que el Ministerio, que ha
anunciado ya esa medida, desarrolle los instrumentos necesarios para
ponerla en práctica.
Señorías, este es el contenido de la moción que el Grupo Parlamentario
Socialista somete hoy a la consideración de esta Cámara. No hacemos sino
culminar la coherencia de un discurso que hemos mantenido desde el primer
momento. No estamos de acuerdo con la medida que ha propuesto el
Gobierno, ni con su contenido, ni con su planteamiento, ni con la
instrumentación. Estamos de acuerdo con una política de uso racional del
medicamento que, además, reduzca el gasto público en farmacia, que es un
objetivo urgente, inaplazable y compartido. Lo que queremos, señorías, es
que se lleve a efecto; lo que queremos es que sea posible y lo que
queremos es que, en ese conflicto de intereses --todos legítimos, por
cierto-- que supone tomar decisiones en esta materia, en esa colusión
primen los derechos de los pacientes que se encuentran en una situación
de indefensión en la medida en que este debate de todos estos días le
sitúa al paciente ante la tesis de que decida si tiene que hacer frente
con su bolsillo a unos medicamentos que le prescriben, que le están
diciendo desde la autoridad sanitaria que son eficaces, pero que dejan de
pagárselos.
Señorías, estamos ofreciendo la vía para enmendar un grave error que ha
suscitado una enorme contestación ciudadana y que el Gobierno y el grupo
que le apoya tienen hoy ocasión de reconducir. Debemos evitar un debate
que está excediendo seguramente las propias previsiones del Gobierno.
Debemos evitar ese
rosario de manifestaciones de responsables políticos de todo orden, de
todas las administraciones públicas, que se están desmarcando de manera
contundente de esta supuesta medida de ahorro, porque no olvidemos que lo
que esto plantea es ahorrar en farmacia para dedicarlo a otras cosas,
según nos explica el ministro. Hay responsables políticos que cuando se
han enterado a costa de qué es ese ahorro, de dónde va a salir ese
ahorro, y cuando se han dado cuenta de que ese supuesto ahorro que nos
ofrece el Gobierno va a salir del bolsillo de los pacientes y de los
pensionistas han decidido no ahorrar tanto y bajar el listón del ahorro.
Aquí nadie está diciendo que va a haber financiación adicional. Lo que
están diciendo responsables políticos en el cumplimiento de su más
importante responsabilidad, que es la de garantizar el cumplimiento de la
Constitución y de la Ley General de Sanidad, es que ese objetivo que se
decidió en el ámbito de Economía y Hacienda de ahorrar 65.000 millones en
farmacia, cuando se comprueba que es a costa del bolsillo de los
pacientes, pues no, gracias, no queremos ahorrar tanto, queremos mantener
la equidad y la efectiva tutela de la salud de los pacientes.
Señorías, creo que el Gobierno y el grupo parlamentario que le apoya
harían bien en considerar seriamente la propuesta que el Grupo
Parlamentario Socialista hace hoy, en reconducir una decisión inaceptable
y en modificar esas decisiones que, por mucho que se levante la voz, no
pierden un ápice de lo que tienen de injustas, de arbitrarias, de
inoportunas y de costosísimas en todos los órdenes, empezando por el de
la equidad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i
Morera): Muchas gracias, señora Amador.
A esta moción han presentado enmiendas diversos grupos. En primer lugar,
y para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Vasco, que se expresó
tanto en este Congreso como, en su momento, ante la Comisión de Sanidad,
así como al frente de su responsabilidad en el departamento de sanidad
del Gobierno vasco, es la de colaborar en la racionalización del consumo
farmacéutico y no sólo en la mera participación de medidas de ahorro.
Estamos a favor de un proceso de racionalización de la prestación
farmacéutica en la medida que favorezca la salud de los ciudadanos.
Entendemos que la financiación selectiva debe ir acompañada de medidas
complementarias tales como separación de registro y financiación, un
decidido desarrollo de los medicamentos genéricos, la introducción de
protocolos farmacológicos para que un medicamento considerado de baja
utilidad terapéutica no tenga alternativa financiada y un decidido
control del fraude farmacéutico. Por ello estamos en contra de que se
adopten solamente medidas de restricción farmacéutica en la intención de
conseguir un ahorro en el gasto sanitario, aunque dicho ahorro se destine
a satisfacer otras necesidades sanitarias. La experiencia nos ha
demostrado, como demuestra la exclusión de medicamentos financiados por
el Sistema Nacional de Salud en 1993, que los ahorros previstos en la
práctica no se producen. Es más, transcurrida una primera fase, los
medicamentos excluidos son sustituidos por otros.
En relación con la moción presentada por el Grupo Socialista, no estamos
de acuerdo con el punto 2 que propone la retirada de la lista de
exclusión de fármacos de la financiación pública propuesta
provisionalmente por el Gobierno, ni tampoco con el punto 4 que solicita
que se rescinda el convenio firmado por el ministro de Sanidad con
Farmaindustria el 19 de enero de 1998. En ese sentido hemos presentado
nuestra enmienda con el fin de alcanzar dentro del Consejo
Interterritorial de Salud el consenso necesario sobre la lista definitiva
de medicamentos que se vean excluidos de la financiación pública para que
se inicien las correspondientes conversaciones con las comunidades
autónomas con competencias transferidas. En esta enmienda indicamos
asimismo que es necesario que se sigan adoptando las medidas oportunas
para implantar precios de referencia en el Sistema Nacional de Salud y,
finalmente, que se siga impulsando de forma decidida una política activa
de genéricos.
Por último, estaríamos dispuestos a aceptar fórmulas transaccionales que
vayan en la línea que hemos propuesto en nuestra enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Han presentado también enmiendas los Grupos Popular y Catalán
(Convergència i Unió).
Para la defensa de esta enmienda tiene, en primer lugar, la palabra la
señora Riera y, en segundo lugar, el señor Villalón.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Voy a referirme, con brevedad porque si no vamos a reiterar mucho los
argumentos, en primer lugar, a lo que ha manifestado la portavoz
socialista y, en segundo lugar, a la exposición del portavoz del Partido
Nacionalista Vasco. Afortunadamente mi grupo parlamentario está de
acuerdo en la esencia de lo que se expone. Estamos de acuerdo con el
primer punto de la moción del Grupo Socialista, como no podría ser de
otra manera, porque este punto se contempla en el
acuerdo que se tomó en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y, como sabe perfectamente el Grupo Socialista, mi grupo
parlamentario lo apoyó. Por tanto, no hay ninguna objeción al respecto
pues lo compartimos.
Sin embargo, no compartimos el segundo punto que, según expone la
portavoz socialista, se deriva del primero. Nosotros no lo interpretamos
de la misma manera. El Gobierno ha presentado una lista inicial de
medicamentos a tener en consideración que, en principio, serían los que
se propondría que fuesen excluidos del Sistema Nacional de Salud. El
ministro dijo en la comparecencia del miércoles de la semana pasada ante
la Comisión de Sanidad que esta lista no era definitiva, que estaba
abierta a las consideraciones que los técnicos y expertos pudieran
hacerle llegar. Pues bien, doy por válida y me acojo a la observación que
hizo el señor ministro. Mi grupo parlamentario presenta una enmienda que
incide en este aspecto. En ella se insta al Gobierno a que promueva, con
el máximo consenso posible, en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, y a partir del criterio aportado por los
órganos de competencia técnica acreditada en este ámbito, una lista final
de medicamentos excluidos de la financiación de la Seguridad Social que
mantenga la cobertura de las necesidades básicas de salud de la
población. Creo que no estamos tan lejos en cuanto a planteamientos.
En el punto tercero de nuestra enmienda instamos al Gobierno a que
continúe trabajando en pro de la política de genéricos. También
coincidimos con lo que dicen, aunque hay un matiz en relación con el
texto. En la exposición la señora Amador ha rectificado, me ha parecido
entender que decía que el Gobierno ya está trabajando en ello y
solicitaba que se incentivara la política de genéricos. Pues bien, estoy
de acuerdo con el matiz que usted misma ha hecho, por contra no lo estoy
en dar a entender que hasta ahora el Gobierno no ha hecho nada en cuanto
a los genéricos, porque algo ha hecho. Estoy de acuerdo en decir que es
urgente incentivar este aspecto, porque, además, es una condición sine
qua non para que se cumpla este acuerdo que tiene que favorecer el ahorro
de estos 65.000 millones. Por tanto, volvemos a estar de acuerdo.
También coincidimos, y es el punto cuarto de nuestra enmienda, en que es
necesario implantar los precios de referencia. Su grupo ha dicho lo mismo
y da una explicación que no tengo ningún problema en compartir, porque
los precios de referencia tienen que servir para que, de los medicamentos
que considera adecuados el Sistema Nacional de Salud, financie los que
tengan mejor precio o el coste más ajustado. Estamos de acuerdo. Ni
siquiera sería legítimo expresarlo de otra manera. Me atrevería a pedir
al Grupo Socialista, ya que sus propuestas no están lejos de las que mi
grupo parlamentario presenta, que tenga a bien votarlas a favor. A ver si
somos capaces unos y otros de transmitir a la opinión pública, en un tema
que nos preocupa mucho, que hemos llegado en esencia a acuerdos en lo que
realmente es importante, que prescindimos de los matices y que vamos a
trabajar conjuntamente para que esta lista definitiva sea la adecuada.
Lo mismo puedo decirle al portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
Estamos, señor Caballero, fundamentalmente de acuerdo con lo que S. S.
manifiesta. Disentimos de la moción que presenta el Grupo Socialista en
los mismos aspectos, si no he entendido mal. Por tanto, le hago la misma
petición. Le ruego que tengan a bien apoyar la enmienda que presentamos,
que al ser una enmienda que asume el Partido Popular, no tendría que
darse otra interpretación a la misma que la de que aclara o ayuda a
reconducir un debate que en estos últimos días se ha visto excesivamente
tergiversado y que se ha prestado a muchas confusiones y comentarios que
se alejan de lo que pretendemos, y me atrevo a decir también que de lo
que pretende el Gobierno.
En consecuencia, les pido que, por favor, voten afirmativamente nuestra
enmienda, que posibilitemos este acuerdo, que se pongan a trabajar los
expertos para que, acogiéndonos a las palabras del ministro, la lista
final (porque nadie se está cuestionando que sea necesario hacer una
lista, si lo entiendo bien) sea la adecuada. Dado que estamos
fundamentalmente de acuerdo, vamos a ver si conseguimos plasmarlo en una
votación y somos capaces de transmitir a la población un sentimiento de
serenidad, de seguridad y de confianza en sus representantes políticos.
Sería bueno --aunque quizás llega un poco tarde y después de un debate
que en alguna parte nos hubiésemos podido ahorrar-- que, al final, los
ciudadanos y las ciudadanas del Estado español supiesen que sus
representantes, el Gobierno, el partido mayoritario de la oposición, los
nacionalistas, los partidos de Izquierda Unida y de Nueva Izquierda,
estamos de acuerdo en un único punto: en que es necesario hacer la
financiación selectiva de medicamentos y, lo más importante, que no nos
equivoquemos en el modelo de lista que vamos a escoger.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Riera.
Para la misma enmienda, tiene la palabra, en segundo lugar, el señor
Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Popular, tomo la palabra
para defender el texto alternativo a la moción presentada por el Grupo
Socialista, consecuencia de la interpelación del pasado miércoles.
Diferentes portavoces han hecho referencia a alguno de los puntos de los
que consta esta moción del Grupo Socialista. Por nuestra parte,
tendríamos que decir que
si es verdad que algunos de los puntos son asumibles por el Grupo
Popular, no podemos estar de acuerdo con otros aspectos de esta moción.
Estos aspectos podrían ser los puntos número 2 y 4 de la moción del Grupo
Socialista que pretenden poner al Gobierno contra las cuerdas, que el
Gobierno no esté en sintonía con las intervenciones que ha manifestado a
lo largo de los últimos días e incluso de los últimos meses.
Señor presidente, en aquellos puntos donde decimos que podríamos estar de
acuerdo sólo se nos ocurre recordar el tiempo. Cuando el Grupo Socialista
solicita que se cumpla el compromiso del Ministerio de impulsar una
política de medicamentos genéricos, y en el punto 4 pide que se implanten
los precios de referencia, la primera pregunta que nos hacemos es cómo
tienen tanta prisa cuando después de varios años de Gobierno, trece y
medio exactamente, señor presidente, en ningún momento tomaron esas
decisiones. Dejando aparte estas cuestiones y teniendo en cuenta estas
posibilidades de aceptación de algunos de los puntos de la moción del
Grupo Socialista, presentamos un texto alternativo que, desde el punto de
vista gramatical e incluso político, es más asumible en cuanto a la
acción del Gobierno, concretamente, del Ministerio de Sanidad.
También tengo que hacer referencia, señor presidente, al texto que ha
presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Nosotros
coincidimos --lo ha dicho la portavoz del Grupo Catalán-- con los tres
puntos del texto alternativo del Grupo Vasco y, si el Reglamento lo
ampara, nosotros refundiríamos el punto número 4 del texto alternativo
presentado por el Grupo Popular con el punto número 3 del presentado por
el Grupo Vasco. Consideramos que de esta manera sería asumible por la
mayoría de la Cámara y, por supuesto, se establecería una relación
directa con lo que ha sido la acción de Gobierno a lo largo de los
últimos meses.
Señor presidente, señoras y señores diputados, seguramente en la vida hay
muchos aspectos que pueden ser incontestables, y en aquellas cuestiones
de la política sanitaria, en concreto la política farmacéutica, parece
ser que es incuestionable --ningún grupo ha manifestado duda alguna sobre
cuál es la realidad del mercado de nuestro país en los productos
farmacéuticos-- que el mercado es excesivamente amplio, que hay muchos
medicamentos, más que en el resto de los países de la Unión Europea y que
el gasto farmacéutico en nuestro país es excesivo. Los últimos datos de
los que disponemos hablan de que el gasto farmacéutico puede estar en
torno al 25 por ciento del gasto sanitario, lo que supondría en el año
1998 un gasto de un billón de pesetas con respecto a los 4 billones de
pesetas del presupuesto aprobado para el año 1998 en la política
sanitaria.
Pues bien, en razón de un mercado excesivo y de un gasto excesivo, la
subcomisión del Congreso de los Diputados en aquel apartado dedicado a
política farmacéutica establecía la posibilidad de financiación selectiva
de algunos medicamentos, aunque hay que añadir que esto tampoco es
novedoso porque la Ley del medicamento, en su artículo 94, ya mencionaba
esta hipótesis y el Gobierno anterior, en el año 1993, recordado por
todos, ya estableció la financiación selectiva de los medicamentos. Por
lo tanto, que el partido que tenía responsabilidades de Gobierno en el
año 1993 no critique aquellas cosas que hicieron en su momento.
Señor presidente, las prestaciones farmacéuticas, como todos saben, son
competencia del Estado, del Gobierno de la nación y a lo largo de estos
últimos días hemos oído declaraciones e intervenciones de responsables
políticos de algunas comunidades autónomas que han pretendido soslayar la
competencia básica en prestación farmacéutica. Las prestaciones
farmacéuticas --seguramente se olvida decirlo porque se tiene interés
partidista o político-- siguen en este momento como han estado a lo largo
de los años, es decir, los pensionistas no contribuyen económicamente con
sus pensiones a sufragar las recetas de la Seguridad Social y los
trabajadores en activo contribuyen con el 40 por ciento. Los acuerdos de
la financiación de la sanidad establecían en uno de sus apartados la
posibilidad de ahorro en el gasto farmacéutico y que este ahorro fuera
destinado a otras inversiones desde el punto de vista de lo que es la
sanidad.
Señor presidente, decía antes que durante días hemos oído diferentes
declaraciones con respecto a los criterios con los que se ha realizado
esta lista excluyente de medicamentos, que es provisional pues está
pendiente de que se acuerde por el Consejo Interterritorial de Salud,
pero seguramente es necesario añadir que se han seguido criterios basados
en el uso racional de los medicamentos, en criterios científicos y
presupuestarios en relación con el acuerdo del Consejo de Política Fiscal
y Financiera del mes de noviembre. Se han realizado críticas con respecto
a algunos medicamentos que el Ministerio barajaba la posibilidad de
excluir de la financiación de la sanidad. Incluso el gobierno de alguna
comunidad autónoma ha hablado de los mucolíticos, lo que va en
contradicción con los que publican en sus boletines. Se han vertido
críticas desde aquellos planteamientos con respecto a lo que podrían ser
los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando hay
constancia de que responsables políticos de la Consejería de Sanidad de
alguna comunidad autónoma acordaron que esas medidas de ahorro eran
satisfactorias no solamente para los gobiernos de las comunidades
autónomas, sino para los ciudadanos de nuestro país.
Se han establecido criterios sobre las medidas que se podían tomar, desde
el punto de vista de situaciones especiales, para que los enfermos
crónicos no sufrieran las consecuencias de esta financiación selectiva. Y
cuando uno echa la vista atrás, ve que ya se tomaron esas medidas que
ahora se plantean.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Villalón, concluya, por
favor.
El señor VILLALON RICO: Ya termino, señor presidente.
Cuando desde algún grupo político se argumenta que las circunstancias no
son las mismas, no sólo de la financiación de la sanidad en su conjunto,
sino en este caso del decreto de financiación selectiva, hay que decir
que es verdad, que no son las mismas, que la financiación de la sanidad
se ha acordado, en tiempo y hora, con lo que corresponde al próximo
cuatrienio, es decir, se ha aprobado, por acuerdo de las comunidades
autónomas, en noviembre del año 1997, para que entre en vigor el 1 de
enero de 1998 y hasta el 2001, cosa que no pasó en el año 1994, cuando se
aprobó el anterior acuerdo de financiación.
También se dice que no es igual este decreto de financiación selectiva de
los medicamentos. Es verdad, porque ésta es una medida que ha tomado el
Gobierno dentro de un conjunto de ellas, como pueden ser los genéricos,
los precios de referencia, el decreto de márgenes y los acuerdos con la
industria farmacéutica. Algunas de las cuestiones que plantea la portavoz
del Grupo Socialista ya están en vigor; algunas de las cuestiones, como
pueden ser los genéricos o los precios de referencia, ya se están
gestionando, pues hay que recordar que lo aprobamos en la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998.
Nosotros, apoyando en algunos términos las cuestiones de los genéricos y
de los precios de referencia, no podemos apoyar impulsando, como dice el
texto, porque no se impulsa, sino que ya se está realizando. Por eso,
señor presidente, mantenemos la enmienda que hemos presentado con el
Grupo de Convergència i Unió y, si es posible, haríamos una transaccional
con la enmienda del Grupo del PNV, como decía al principio.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Villalón.
¿Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo, en nombre de Unió Valenciana, para fijar la posición respecto
a la moción y las enmiendas que se han presentado como consecuencia de la
interpelación urgente sobre la cuestión del medicamentazo, cuyo debate
está ocupándonos las últimas semanas y que tuvo el anterior asalto en la
Comisión de Sanidad la pasada semana. Unió Valenciana mantuvo un criterio
claro y rotundo, el mismo criterio claro y rotundo que mantuvo ya en esta
tribuna en el año 1993, cuando se presentó el anterior decreto regulador
de la exclusión de medicamentos a financiar por la sanidad pública.
Desde el mismo planteamiento que en el año 1993, en 1998 estamos en
contra de esa propuesta, que puede ser provisional pero que está ahí, que
establece unas listas negativas de productos que son necesarios. Se
excluyen diciendo que no son válidos para atenuar o corregir
enfermedades; pues que se retiren del registro sanitario; pero mientras
estén ahí, pensamos que deben seguir estando en esa lista de utilidad
para los ciudadanos que libremente acudan a ese medicamento después de la
prescripción médica.
En esa Comisión de Sanidad de la pasada semana, igual que en 1993, ya
pedimos que, por insolidarias e injustas respecto a las capas sociales
más desfavorecidas, jubilados y pensionistas, se congelaran esas listas
negativas de medicamentos, casi 900, que iban a estar excluidos de la
financiación pública. Coincidimos con algunos de los argumentos que se
han puesto de manifiesto tanto en la propuesta del Grupo Socialista como
en las enmiendas y pensamos que hay otras cuestiones prioritarias. Habría
que abordar si tiene que haber o no una lista y cuáles tienen que ser los
productos a incluir en esta lista; si tienen que ser uno, diez,
quinientos o ninguno.
Pensamos que, en primer lugar, el Ministerio de Sanidad tiene que fijar
unas prioridades. Es indudable que tendrían que abordarse cuestiones de
una manera conjunta y coordinada, como es la educación para un uso
responsable de los medicamentos; un control en las prescripciones;
reforzar e individualizar la atención primaria; hacer un control férreo,
firme, sobre las bolsas de fraude existentes, lo cual ahorraría varios
miles de millones anualmente.
Los acuerdos que debe adoptar el Ministerio de Sanidad tienen que tener
en cuenta estas líneas. Después habrá que recurrir a los argumentos de si
se debe mantener o ampliar esa lista de medicamentos y que nosotros no
entendamos que es injusta e insolidaria. Sobre todo es preciso poner el
acento en un argumento claro y rotundo, y el Ministerio no lo está
poniendo, según pensamos nosotros, la implantación de medicamentos
genéricos. Los portavoces que han intervenido saben que España está en la
cola en el porcentaje del uso de los medicamentos genéricos, dentro de
los países de la Unión Europea, como pueden ser Dinamarca, los Países
Bajos, Reino Unido o Alemania, y muy lejos de países como Estados Unidos
y Japón. Por lo tanto, yo creo que debería incentivarse el uso de los
medicamentos genéricos hasta las últimas consecuencias, sin miedo a
nadie.
Y, como último remedio, después de aplicar políticas activas en estas
líneas, debe plantearse el debate de si hay que excluir o no medicamentos
de la financiación pública.
Yo creo que aún estamos a tiempo, como propone el Grupo Socialista en su
punto segundo, de retirar esa propuesta, que es provisional. Creemos que
se debe congelar esa lista provisional de exclusión de fármacos de la
financiación pública y que deberían incentivarse otras líneas. En último
caso, podría irse a esa exclusión de productos, pero hay otras políticas
prioritarias para ahorrar de una manera firme y decidida en el gasto
farmacéutico. Todos debemos poner el empeño en garantizar una sanidad
pública de calidad para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que se
van a ver perjudicados si esta lista llega a aprobarse vía real-decreto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
En segundo lugar, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya indicamos en nuestra intervención cuando se presentó la
interpelación urgente y como hemos manifestado toda la semana pasada, en
nombre de Nueva Izquierda y de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes, vamos
a apoyar la moción a que ha dado lugar la interpelación del Grupo
Socialista.
Nos hubiera gustado que se hubieran incorporado --lo pensábamos haber
hecho desde nuestro grupo y sólo por haber pasado el plazo no lo hemos
podido hacer-- algunos de los elementos contenidos en la enmienda que
había presentado el PNV, ya que ciertos aspectos, en cuanto a los
genéricos y a los envases, nos parecían importantes. Estábamos
esperanzados en una transaccional que se pudiera presentar, pero en
cualquier caso lo vamos a hacer.
Creemos que el ministro de Sanidad --y se lo hemos dicho-- se ha
equivocado y ha empezado al revés. Antes de consultar, ha llegado a un
acuerdo con la industria, cuando lo que tenía que haber hecho era una
consulta a nivel social. Debe pensar que los grupos parlamentarios somos
tontos, somos peores, o que no queremos arreglar el problema. Y aunque el
portavoz del Grupo Popular dijo el otro día que algunos no sabemos de qué
hablamos, le tengo que decir que sabemos bastante de lo que hablamos. Si
hay medicamentos inútiles, hay que quitarlos y todos lo sabemos; pero
sospechamos que no son tan inútiles, cuando se deja que se prescriban en
recetas de otro tipo para que se subvencionen en el cien por cien por los
pacientes. Me parece que eso es un error. Hoy venimos de una rueda de
prensa y de una presentación de una plataforma de consumidores contra esa
propuesta. Si de verdad queremos mejorar la sanidad, me extraña que se
quede tan solo el señor ministro. Y si lo que quiere es ahorrar con la
industria farmacéutica, no vamos a estar en esa lucha.
La moción da idea de que toda la rebeldía que hay en las comunidades se
debe a la falta de diálogo. Por lo tanto, retomemos el diálogo, retomemos
el diálogo con los interesados de verdad en el asunto y luego traigamos
una moción que nos valga para normalizar el uso del medicamento y no para
ahorrar dinero a costa del recorte de prestaciones, que es lo que
significa, a nuestro entender, este recetazo.
Nosotros vamos a apoyar la moción y vamos a seguir trabajando, porque una
cosa es mejorar la sanidad --y en eso estamos apostando todos-- y otra
cosa es privatizar la sanidad y recortar las prestaciones, en lo que no
vamos a colaborar ninguno de este grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Almeida.
Tiene la palabra, por el Grupo Mixto también, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Brevemente quiero decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar
favorablemente la moción que presenta el Grupo Socialista. Los argumentos
en contra de la medida adoptada por el Gobierno de excluir de la
financiación pública una serie de medicamentos ya tuvimos ocasión de
exponerlos en otros debates y más en concreto durante el debate de la
interpelación, que ha dado origen a esta moción. Por lo tanto, me remito
al «Diario de Sesiones».
Resumiendo, nos parece, en primer lugar, una medida que no es casual o
fruto de una determinada coyuntura, sino que se enmarca dentro de la
filosofía económica y global que sostiene el Gobierno y va dirigida a
profundizar otras medidas, todas ellas en una misma dirección: disminuir
el gasto público, disminuir el gasto social, y en este caso repercutiendo
una parte del coste de la sanidad, a través del gasto farmacéutico, a los
usuarios, naturalmente en la vía de ir disminuyendo las prestaciones
sociales y que se vayan haciendo cargo de las mismas los ciudadanos, cada
uno según sus medios y sus posibilidades económicas.
En segundo lugar, es una medida antisocial, con mayores repercusiones
para los enfermos con un menor poder adquisitivo, entre ellos los
pensionistas o lo enfermos crónicos. Para nosotros es evidente que no
debe existir ninguna lista negativa; en todo caso, basta con retirar del
vademécum los medicamentos ineficaces.
Decía que vamos a votar favorablemente la moción, aunque el punto
primero, y lo quiero aclarar, no nos convence, porque está claro que su
redacción abre la
puerta a interpretaciones diversas. Tan es así, que coincide con el punto
primero de la enmienda presentada conjuntamente por el Grupo Popular y
Convergència i Unió, que, por cierto, sí son partidarios de excluir
medicamentos de la financiación pública. Pero vamos a votar
afirmativamente porque la moción sí que contiene cuestiones básicas, como
que se retire por el Gobierno la lista negativa, que se garantice la
financiación pública de todos los medicamentos que sean eficaces para
cualquier problema de salud, que se impulse los genéricos, que se
implanten los precios de referencia o que se anule el pacto del
Ministerio de Sanidad con Farmaindustria por inútil.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria en
relación con la moción consecuencia de interpelación del Grupo
Socialista, sobre exclusión de medicamentos de la financiación pública.
Señorías, todos estamos de acuerdo en que el gasto farmacéutico está
disparado, no desde ahora, sino desde hace muchos años. De ahí que en el
año 1993 el Gobierno socialista hiciese recortes y que ahora el
Gobierno del Partido Popular también los haga. Dentro del ranking
europeo, ocupamos el primer lugar del gasto farmacéutico, y, dentro del
gasto sanitario, tenemos nada menos que una cuota del 25 por ciento. No
voy a repetir ahora los argumentos que se adujeron en la Comisión de
Sanidad. Son hartamente conocidos, ya que ha sido este un tema, el del
llamado medicamentazo, muy trillado y muy tratado por la mediática y
también por muchísimos grupos sociales, económicos y profesionales, todos
los cuales han querido intervenir en este importantísimo tema, que afecta
nada menos que al Estado llamado del bienestar.
Analizando detenidamente el texto de la moción del Grupo Socialista, las
enmiendas del Grupo Popular y las de Convergència i Unió, conjuntamente
con las del Grupo Vasco, afirmamos que es una auténtica lástima que no se
haya llegado a un acuerdo unánime en algo tan importante como es el
medicamento. En el fondo estamos todos de acuerdo en la necesidad del
recorte. Vamos a dejarnos de reproches mutuos. Todos los grupos políticos
admiten la necesidad del recorte del gasto farmacéutico dentro del gasto
sanitario y, sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo conjunto.
A nosotros nos gustaría que en ese texto --si se lograra-- armónico,
transaccional, no se solicitase la retirada de la financiación pública de
la lista de fármacos anunciada por el Gobierno y que tampoco se
solicitase la rescisión del convenio firmado por el ministro de Sanidad y
Farmaindustria el 19 de enero de 1998. ¡Claro que también nos hubiese
gustado que las comunidades autónomas hubiesen intervenido!
Nos gustaría --y en esto coinciden todos los grupos políticos-- que se
diera estricto cumplimiento al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera en lo previsto en el apartado 9º, de medidas administrativas
en el Sistema Nacional de Salud. Esto lo dice el PSOE y lo dice el PP.
Que se apoye la continuidad e impulso en la implantación de medicamentos
genéricos, criterio también unánime, señorías. Que se inicie urgentemente
por el Ministerio de Sanidad y Consumo el correspondiente proceso de
negociaciones, el diálogo político, señores, dentro del Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para lograr una lista
final de medicamentos excluidos de la financiación de la Seguridad
Social, que hay que retocar. Que mantenga la cobertura de las necesidades
básicas de salud de la población. Que se apoye la implantación de precios
de referencia en el plazo previsto, materia en la que todos los grupos
políticos están de acuerdo. Y nosotros nos atrevemos a proponer, como
medida complementaria a todas las que acabo de señalar, que se impulse la
implantación armónica y eficaz de la tarjeta magnética, para lograr el
conocimiento instantáneo, por parte de los farmacéuticos y de los
profesionales sanitarios, de las condiciones sanitarias y económicas de
sus titulares.
Nos gustaría que se llegara a ese acuerdo armónico. En caso de que no se
llegara, votaremos en contra de la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Finalmente, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida en
relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Compartimos la mayor parte de los puntos que en ella se plantean, tanto
aquellos que se refieren a la retirada de la propuesta, a la rescisión
del acuerdo con Farmaindustria, a medidas que --eso sí, yo creo-- son de
acuerdo general, y a algunas de las medidas que deben integrar una
política de uso racional del medicamento, como es el impulso de la
política de genéricos y los precios de referencia.
No obstante, señorías, tengo que manifestar que discrepamos de un hecho
importante que es que medicamentos ineficaces, no por ello exentos de
efectos secundarios e indeseables, sean mantenidos en el registro que,
tal y como permite la ley, sean objeto de
publicidad en medios de comunicación masiva y que, además, según el
acuerdo del Gobierno con la industria farmacéutica, se les permita
elevaciones de precios que se calculan en torno al 30 por ciento.
Se ha publicado, señorías, un documento interno del Ministerio de Sanidad
y Consumo en el cual se analizan las características, en cuanto a
eficacia y seguridad, de los grupos de medicamentos a los que se pretende
retirar la financiación. En la mayoría de ellos, dice lo siguiente: No
está justificado utilizar estas asociaciones de principios activos; se
carece de la bibliografía científica que avale su utilización; no se
recomiendan asociaciones, porque uno de los medicamentos puede empeorar
la infección; se requiere un ajuste individualizado de las dosis, así
como un tiempo de utilización diferente para cada componente, por lo que
no se recomienda la utilización conjunta; se presentan como estimulantes
inmunitarios sin específico, pero no hay documentación científica que
avale su eficacia.
Señorías, ¿hay alguien que en su sano juicio pueda entender que una
autoridad sanitaria, encargada de avalar la eficacia, seguridad y calidad
de los medicamentos con un número de registro de la Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios, respalde la presencia en el registro de
determinadas asociaciones farmacéuticas? ¿Es que está exento el
Ministerio de Sanidad de la responsabilidad de garantizar su eficacia y
seguridad por el hecho de retirarles la financiación? ¿Hay quien pueda
sostener el argumento de que la gente puede envenenarse, si quiere, con
medicamentos inútiles y con efectos secundarios, si se los paga al cien
por cien?
Señorías, las listas negativas de medicamentos son uno de los elementos
fundamentales de incremento en la irracionalidad en el uso de los
medicamentos. Se hace publicidad de medicamentos, evidentemente
ensalzando una eficacia inexistente, y se traslada la responsabilidad de
su utilización a personas ausentes de cualquier tipo de recomendación
sanitaria y que no están en condiciones de evaluar su eficacia y
seguridad. La medida de intervenir sobre el registro podrá retrasarse
sine die, pero mientras no se intervenga sobre un registro que contiene
medicamentos cuya justificación técnica no existe tendremos un gasto no
elevado, un gasto profundamente inadecuado a las necesidades de salud y
un uso profundamente irracional del medicamento.
Por otra parte, se pretende retirar de la financiación productos de
eficacia reconocida y garantizada, y eso no puede entenderse más que como
una medida que pretende expulsar de la sanidad pública determinados
síndromes menores y, así, declarar extinguida la responsabilidad
sanitaria con aquellos grupos de personas que no estén en condiciones de
financiar al cien por cien la llamada receta blanca.
Nosotros vamos a votar favorablemente todos los puntos de la moción
presentada por el Grupo Socialista, excepto, si la señora portavoz de
dicho grupo aceptara su votación separada, los puntos números 1 y 3, por
las razones que he indicado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Maestro.
Señora Amador, para manifestarse sobre la aceptación o no de las
enmiendas presentadas por los grupos que así lo han hecho.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo mantiene la moción en los términos en los que ha sido
presentada, y, si me lo permite S. S., me gustaría contestar al portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Amador, sabe que no
puede responder a las intervenciones de los grupos, salvo exclusivamente
para fijar si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo
Nacionalista Vasco (PNV) y por el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
junto con el Partido Popular.
A estos efectos, tiene la palabra, no para abrir un nuevo debate con los
intervinientes.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Entonces diré que no podemos aceptar las enmiendas, y, si me lo permite,
me gustaría manifestar el estupor que produce que la enmienda que ha
presentado y defendido el portavoz del Grupo Popular sea la misma que que
presenta Convergència i Unió. En otra ocasión lo explicaré. Y quiero dar
las gracias a los demás grupos que han expresado el apoyo a la moción del
Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amador.
Vamos a proceder a la votación de la moción.
Señora Maestro, la Presidencia ha entendido que usted solicitaba la
votación separada, que sí puede realizarse, ya que no se ha aceptado
ninguna enmienda, de los puntos 1 y 3. (Asentimiento.--El señor
presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la
moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre exclusión de
medicamentos de la financiación pública.
Vamos a proceder a dos votaciones. En primer lugar, los puntos 1 y 3 y
luego el resto de la moción.
Se someten a votación los puntos 1 y 3.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 135; en contra, 185; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 y 3 de la moción.
Resto de la moción del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 151; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también el resto de la moción del
Grupo Socialista sobre exclusión de medicamentos de la financiación
pública.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO DIRIGIDA
A REDUCIR, DE MANERA SIGNIFICATIVA, LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL
EN NUESTRO PAIS. (Número de expediente 173/000064)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política del Gobierno dirigida a reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señorías, les ruego silencio.
Puede comenzar, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada tuvimos en esta Cámara un debate urgido sin
lugar a dudas por la realidad, por la más que preocupante evolución
negativa de las cifras de siniestralidad laboral en nuestro país. Esa
preocupación era compartida por todos los grupos de la Cámara, también
por el propio Gobierno, y todos los intervinientes manifestaron su
voluntad de contribuir a mejorar las actuaciones que se están llevando a
cabo, en la conciencia de que las mismas no estaban produciendo los
resultados deseados (Continúan los rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Peralta, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Decía, señorías, que por parte de todos los intervinientes se manifestó
la voluntad de contribuir a mejorar las actuaciones que actualmente se
están llevando a cabo, en la conciencia de que las mismas no estaban
produciendo el resultado deseado y esperable y de que, por tanto, era
necesario mejorar y reforzar dichas medidas. Por parte de Nueva Izquierda
se ha presentado, señorías, una moción en la que se contemplan diversas
medidas que hacen referencia, por una parte, a una mejora y a una
potenciación de la corresponsabilidad en esta materia. Desde ese punto de
vista nos parece que es necesario el desarrollo urgente de la disposición
adicional quinta de la Ley de prevención de riesgos laborales y la
constitución consiguiente de la fundación prevista en dicha disposición.
Asimismo se hace necesario llegar a acuerdos con las administraciones
locales para fomentar y promover la corresponsabilidad de las mismas en
aquellas obras que son de su competencia, pero no sólo basta con promover
y fomentar la corresponsabilidad, sino que es necesario también ultimar
el desarrollo normativo de la Ley de prevención de riesgos laborales, que
especialmente en el ámbito de la Administración pública, incluida la
Administración militar, tiene un retraso notable.
Como tercer eje de actuaciones nos parece que es necesario también
reforzar una política de prevención. En este sentido, señorías,
planteamos la necesidad de que se ejecute con urgencia, en opinión de
Nueva Izquierda, el plan que suscribió el ministro de Trabajo con las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y los
sectores de más siniestralidad. En esta misma perspectiva de promover una
labor preventiva nos parece que es urgente coordinar las actuaciones de
la Administración en materia educativa, incluido todo el tema referido a
la formación profesional y la previsión de programas específicos para
funcionarios de las distintas áreas relacionadas con la prevención de
riesgos. Desgraciadamente no basta con las áreas y las actuaciones
indicadas, sino que es necesario reforzar el papel de la Inspección de
Trabajo, porque desafortunadamente en nuestro país existe un elevado
nivel de incumplimiento de la normativa y no se ha conseguido hasta la
fecha hacer que cale en la conciencia social la convicción y la confianza
de que es mucho más rentable evitar los accidentes de trabajo, no sólo ya
desde el punto de vista de la vida, de la integridad y de la salud de las
personas, sino también desde el ámbito económico, pero no hemos
conseguido que cale esa conciencia en los empresarios y en el conjunto de
la sociedad y es necesario insistir y reforzar la labor de la Inspección.
Por tanto, nos parece que es importante reforzar el papel de la misma
ajustándolo a parámetros europeos, de tal manera que la homologación con
Europa se plantee también en este tipo de asuntos, los asuntos sociales,
que a nuestro entender deben ir y correr en paralelo con la
homogeneización en temas económicos, financieros y demás. La eficacia de
la Inspección depende no sólo de su actuación importante, rigurosa,
puntual y urgente, sino
también de que las posteriores actuaciones de la misma sean eficaces y de
que las sanciones que imponga se cumplan realmente. Desde ese punto de
vista es necesario que por el Ministerio se avance en una labor de
coordinación con las comunidades autónomas, de la misma manera que es
necesario conseguir la publicidad adecuada de esas sanciones, porque no
vale para nada decir en la ley que las empresas sancionadas por
infracciones en materia de seguridad laboral tendrán limitaciones para
contratar con la Administración, si no hay ningún registro de ese tipo de
sanciones. Por eso en la moción se plantea que se establezcan los
procedimientos adecuados en ese sentido.
Finalmente y en el ámbito más grave, en el de la represión penal, se
interesa la más adecuada colaboración con la Fiscalía General del Estado
para que la labor de la misma en vigilancia de la normativa penal sobre
delitos contra la seguridad y salud laboral sea ejercida en los términos
más eficaces posibles.
Igualmente nos parece que es necesario adoptar algunas medidas
complementarias que se proponen también en nuestra moción. Así, por
ejemplo, como es conocido por SS. SS., en fechas en que se acercan las
elecciones entra una cierta fiebre de inauguraciones. Nos parece que es
importante que en la ejecución de las obras públicas prime por encima de
todo el criterio de la seguridad y salud de los trabajadores, así como
que se impulse a través del diálogo social la limitación del número
máximo de horas extraordinarias en los sectores y profesiones con más
siniestralidad. Esta es una vía de avance que contiene la moción al
valorar la incidencia de las condiciones laborales en la salud y en la
seguridad de los trabajadores, y yo estoy convencido de que será un punto
importante para que todos juntos avancemos en esa dirección también con
la colaboración de los agentes sociales. En definitiva, señorías, y ese
es el punto último de nuestra moción, se trata de tomar una serie de
medidas que mejoren la seguridad y salud de los trabajadores, visto el
tema desde una perspectiva integral.
Quiero dejar constancia de que esta moción presentada por Nueva Izquierda
ha sido remitida a todos los grupos con el mensaje explícito de que
estábamos con la mejor voluntad para atender sus sugerencias y con ese
espíritu hemos estudiado las enmiendas que se han presentado por los
grupos y manifiesto nuestro deseo --y creo que se explicitará así en el
transcurso de este debate-- de alcanzar una moción unánime de esta
Cámara, porque nos parece que el tema es importante y preocupante y
requiere, insisto, un acuerdo unánime de la Cámara en medidas que mejoren
y contribuyan a quebrar esa tendencia y a mejorar la seguridad y salud de
millones de nuestros ciudadanos.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Han sido presentadas enmiendas por parte del Grupo Federal de Izquierda
Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular y Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, para la presentación de las enmiendas del Grupo Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en coherencia con el discurso que venimos practicando desde la
semana pasada en la interpelación y en otros debates que ha habido en
esta Cámara sobre el tema de la siniestralidad laboral, hemos elaborado
varias enmiendas a la moción que hoy se nos presenta.
En primer lugar, tenemos que decir que nos satisface ver que la moción
presentada por el Grupo Mixto contempla muchas de las cuestiones que sin
duda alguna, desde nuestro punto de vista, son importantes para que se dé
un impulso fundamental desde esta Cámara al cumplimiento de la ley, una
ley progresista y que entendemos que era por sí misma elemento de
dinamización de la seguridad en los centros de trabajo y en el mundo
laboral, pero que no ha cubierto todas las expectativas, precisamente en
función de que existen cuellos de botella de la Administración laboral,
falta de efectivos en la Inspección de Trabajo, sanciones que no llegan a
cumplirse, planes de prevención que las empresas no ponen en marcha,
etcétera, e insisto en que esta moción contempla muchos de esos aspectos
y, por tanto, creemos que puede ser un pilar importante para que en el
futuro esa ley se dinamice y obtenga los resultados apetecidos.
Sin embargo, entendemos que la moción podría ser mejorada en la medida en
que se incluyese, como ya observamos que se recoge en un texto
transaccional que se nos ha ofrecido, la adopción de las medidas
necesarias para que por parte de las empresas se cumplan los requisitos
mínimos exigibles a fin de garantizar la seguridad y proteger la salud de
los trabajadores a través de mecanismos como podrían ser la realización
en todas las empresas de la evaluación inicial de los riesgos, la
elaboración de los planes de prevención a partir de la evaluación de
aquéllos, la obligación de la empresa a informar a los trabajadores sobre
los riesgos existentes y especialmente en el caso de los trabajadores
pertenecientes a contratas, subcontratas y grupos de empresas; la
formación de los trabajadores en materia preventiva centrada
específicamente en el puesto de trabajo; medidas de emergencia como
pueden ser primeros auxilios, lucha contra incendios o evacuación de
trabajadores, y la vigilancia de la salud de los mismos en función de los
riesgos inherentes al trabajo. Todas ellas son medidas que vienen
recogidas en ese texto transaccional, que entendemos es un gesto de
coherencia respecto al ofrecimiento que planteaba el proponente de
la moción de integrar al máximo posible aquello que pueda contribuir a
que la moción sea perfectamente asumida por unanimidad de esta Cámara.
Planteamos otra serie de enmiendas que no han sido recogidas para
integrarlas en la moción. Son enmiendas que vienen a proponer un cambio
en la legislación laboral, en el sentido de que se limite la realización
de los destajos y del número de horas extraordinarias, que se introduzca
la limitación de la jornada laboral a 35 horas, que se legisle sobre la
caracterización de los grupos de empresas, contratas y subcontratas y de
las distintas responsabilidades de estos agentes empresariales en los
accidentes laborales y finalmente que se legisle en el sentido de volver
la página de la historia para obtener una normativa laboral más
garantista procurando que la regla general sea la contratación estable y
no la contratación precaria. Estos aspectos no pueden ser ajenos a la
discusión sobre la siniestralidad laboral. Ponerse una venda en los ojos
sobre esta realidad es algo que en último término va a ensombrecer el
resultado final de este debate. Por ello nuestra obligación era insistir
en esta cuestión.
El proponente parece que encuentra un cierto consenso incluyendo la
primera parte de nuestras enmiendas, pero no la segunda, esta parte del
debate que consideramos esencial. En cualquier caso, por parte de
Izquierda Unida no vamos a ser los que rompamos la unanimidad en esta
Cámara, si ella fuera posible, porque el tema de la siniestralidad
laboral requiere el esfuerzo y la contribución de todos. Creemos que la
solución no es completa, pero apostamos por contribuir a ella, aunque sea
incompleta, para bien de los trabajadores de este país, que no merecen
estar sometidos al riesgo y a la insalubridad en los centros de trabajo
con resultados incluso de muerte. En ese sentido aceptaríamos ese texto
transaccional que se nos ha ofrecido para contribuir a la unanimidad de
esta Cámara, si ello fuera posible.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores Diputados, como ha dicho el portavoz de Nueva
Izquierda, del Grupo Mixto, en relación a la moción que presenta, nos
encontramos con un problema de enorme importancia. Todos los grupos
coincidimos no sólo en el debate de la interpelación y en la moción
consecuencia de la misma, sino que ya en la anterior interpelación y
consiguiente moción de hace unos meses también hubo bastante unanimidad
en manifestar la importancia del problema, que no sólo es lo que se ve en
cuanto a las estadísticas de accidentes y de enfermedades profesionales,
sino que todo el mundo sabe que las consecuencias en el ámbito de lo
laboral y en lo que es la salud son mucho mayores. En cualquier caso, es
un problema que hay que afrontar con la unánime voluntad de todos de
encontrar soluciones.
La unanimidad de la Cámara, que creo que sin duda existe y se manifiesta
claramente, podrá empezar a tener algún problema si el Gobierno no puede
presentar ante esta Cámara una mejor situación de los datos de
siniestralidad o de accidentes de trabajo. Lo digo porque, si no, se va a
generar una situación de frustración en el conjunto de la sociedad, y
aunque manifestemos la unanimidad y la voluntad de dar apoyo al Gobierno
para que sea capaz de tomar el conjunto de iniciativas necesarias en un
tema de la importancia del que nos ocupa, va a llegar un momento en que
habrá que analizar los datos dando por supuesto que el Gobierno va a
tener más responsabilidades, puesto que es el Gobierno, y lo digo en el
siguiente sentido.
El Gobierno no sólo tiene que cumplir una política determinada para
resolver este problema o para mejorarlo --no para resolverlo, porque doy
por supuesto que siempre existirá-- bajo el planteamiento de que
interpreta o entiende que lo que hay que hacer es desarrollar las leyes
que actualmente existen y elaborar normas. Es cierto que hay competencias
en las comunidades autónomas, es cierto que también incide el problema en
las empresas y en los trabajadores, pero en cualquier caso el Gobierno va
a tener que afrontar la responsabilidad de que no sólo consiste en hacer
normas, sino en gestionarlas e impulsar su cumplimiento. Yo creo que el
problema que se suscita permanentemente en el debate de fondo tiene que
ver un poco con la concepción y la percepción que se tiene --todos
coincidimos porque hemos apoyado un conjunto de leyes y de normas-- en la
que en el fondo subsiste una variación de lo que es el modelo de fondo
que nos hemos dado en España respecto a la prevención de riesgos
laborales. Es un modelo complejo, mixto entre lo público y lo privado, y
la impresión que podemos empezar a tener es que desde el Gobierno se
tiene una cierta tendencia a pensar que desde lo privado se puede
resolver el problema. A mi juicio, se ha producido un cierto
desequilibrio a favor del sector privado, cuando en temas de prevención
es indudable que es necesario un impulso fuerte de lo público para que se
restablezca ese equilibrio necesario para resolver un aspecto de esta
importancia. En ese sentido, cuando presentamos las enmiendas a la moción
pretendemos incidir en esa misma línea, como lo hemos hecho en otros
momentos, y que sin ninguna duda coincide con lo que están planteando
otros grupos, es decir, hay que reforzar el papel de lo público para
conseguir que ese equilibrio entre lo público y privado funcione de una
forma eficaz para mejorar los resultados de lo que es la prevención de
los accidentes y de
las enfermedades profesionales. Es de esperar que en los próximos meses a
lo largo del año en que nos encontramos podamos hablar y discutir de unos
datos de incidencias en accidentes y enfermedades profesionales mejores
que los que tenemos en estos momentos, porque si no habrá que empezar a
pensar que existe también una responsabilidad en la gestión de una
política y de unos instrumentos de los que se dota al Gobierno.
En cualquier caso, coincidiendo con el señor Peralta en la presentación
de la moción y coincidiendo también con el texto que de alguna manera ya
nos ha dado a conocer a lo largo de la tarde de hoy, que creo que va a
transaccionar con el conjunto de las enmiendas, nos volvemos a alegrar de
que podamos llegar a un consenso, pero vuelvo a recordar, señor
presidente, que a pesar de este consenso, en algún momento a alguien va a
haber que hacerle responsable de si se mejora o no la situación de
accidentes y enfermedades profesionales, y no puede ser otro que al
Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gimeno.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Alcalde.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Estamos hoy aquí de nuevo debatiendo una cuestión importante y
fundamental en el mundo laboral español --hoy mismo el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales calificaba la siniestralidad como el primer
problema del mercado de trabajo-- y lo hacemos, como han dicho los que me
han antecedido en el uso de la palabra, desde el diálogo y desde la
voluntad de alcanzar un consenso, como así ha sido. Sin embargo, hay que
dejar claro aquí, y es mi obligación hacerlo en nombre del grupo que
sustenta al Gobierno, que no se está partiendo de cero a pesar de la
extensión y de la preocupación de las cuestiones que aborda dicha moción.
El camino que ha seguido el Gobierno del Partido Popular hasta el momento
entiende mi grupo que es el correcto. Se están llevando a cabo las
actuaciones necesarias, pero los frutos, desgraciadamente, no se pueden
ver a corto plazo. Señor Peralta, las medidas que usted decía, y tiene
razón, que no están dando un resultado aceptable evidentemente no lo
están dando para aquel que esperara que de la noche a la mañana se
podrían alcanzar esos objetivos. Son resultados, sin lugar a dudas, a
medio plazo y son medidas las que se han tomado que no son suficientes
por sí solas, que precisan, como es conocido de toda la Cámara, de un
cambio de cultura de la sociedad, precisan del cumplimiento de las
obligaciones que contempla la legislación que ha desarrollado ampliamente
el Gobierno por parte de todos los sectores implicados, no sólo de la
Administración, sino también de empresarios y trabajadores y sin lugar a
dudas con un cambio en la concienciación, en los hábitos y en la actitud
de la sociedad en general hacia el problema.
Entrando ya en la moción que nos ocupa, moción que, como se ha comentado,
hemos consensuado entre los distintos grupos a través de las enmiendas,
tengo que destacar también que buena parte de las propuestas --como ya se
ha comentado-- ya figuraban en la anterior moción. No importa, lo que
abunda no estorba, volvámoslas a contemplar. También tengo que recalcar
que la inmensa mayoría de esas propuestas o medidas que incluye la moción
ya las está poniendo en marcha el Gobierno y me voy a referir a unas
cuantas.
Respecto a la fundación, tengo que anunciar a esta Cámara que ya va en el
orden del día del plenario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo la creación de un grupo de trabajo para abordar su puesta
en marcha, para elaborar sus estatutos y su reglamento interno. Hay que
recordar a esta Cámara que no es competencia exclusiva y unilateral del
Gobierno poner en marcha esta fundación, que va anexa a la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la que forman parte no
sólo el Gobierno sino las comunidades autónomas y los interlocutores
sociales, empresarios y sindicatos, y que el acuerdo para su puesta en
marcha y la aprobación de los estatutos ha de ser por una mayoría de dos
tercios. El Gobierno querría que el acuerdo fuera no sólo por una mayoría
de dos tercios, sino que fuera de alguna manera unánime, puesto que el
tema que nos ocupa es fundamental y es de un gran calado social.
Obviamente, estamos de acuerdo con la moción, como no puede ser de otra
manera, en impulsar la participación de los trabajadores y sus
representantes en todas las cuestiones relacionadas con la prevención de
los riesgos laborales, ya lo dice la ley al respecto y entendemos que el
firmante de la moción aquí se refería a experiencias muy válidas en
grandes ciudades, como en Sevilla con la Expo, en Barcelona con las
Olimpiadas, o en su comunidad autónoma, que entendemos que son positivas
y que hay que apoyar, pero habría que tener en cuenta que exigirían un
acuerdo entre las distintas partes, puesto que si no habría que modificar
la legislación. También en las pequeñas obras serían importantes esas
medidas, pero deben exigir un acuerdo entre las partes.
Respecto a la colaboración de las administraciones locales en la
vigilancia de la normativa, estamos también de acuerdo. La normativa que
ha dispuesto el Gobierno para obras de construcción ya tiene en cuenta de
alguna manera esas obligaciones de los promotores, y en este caso los
ayuntamientos serían promotores respecto de las obras de su competencia.
Son aceptables las propuestas incluidas en el punto tercero respecto a la
prevención de riesgos laborales
en la Administración del Estado y en los establecimientos militares, y el
Gobierno ya ha enviado dos proyectos de real decreto a la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que los informe
preceptivamente y próximamente darlos a la luz.
Estamos también de acuerdo en el punto cuarto de la moción respecto al
acuerdo de las mutuas, que ya se incluía el pasado 5 de octubre y que ya
se está ejecutando. Su aceleración se hará en función de las
posibilidades que contempla el propio acuerdo, pero ya se está
ejecutando. Aprovecho también para decir que tampoco podemos considerar
las mutuas como estamentos puramente privados, sino que son mutuas de
accidentes y de enfermedades profesionales de la Seguridad Social y, como
tales, unas instituciones semipúblicas.
Sobre mejora de la educación en materia preventiva, creemos que es un
punto clave de la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, no
sólo lo consideramos aceptable sino además necesario. Es importante y
fundamental que la educación sobre prevención de riesgos laborales sea
una materia transversal en los planes de estudio tanto de primaria como
de secundaria. En lo que respecta a la formación profesional, la
coordinación que propone la moción queda asegurada con el nuevo Plan
nacional de formación profesional y también se ha avanzado con el Real
Decreto 949/1997 respecto al certificado de profesionalidad de la
ocupación de técnico en prevención, y el Ministerio de Educación tiene
avanzado un proyecto de real decreto que establecerá el técnico de grado
superior en prevención de riesgos laborales.
El papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es importante y
fundamental sin duda para vigilar y controlar el cumplimiento de la
normativa. No es solamente con la actuación de la Inspección de Trabajo
como podemos alcanzar los objetivos que nos marcamos, es evidente. Este
año la Inspección de Trabajo, como anunciaba el señor ministro la semana
pasada, ha duplicado las cifras en cuanto a vigilancia y control de
prevención de riesgos laborales y, sin embargo, han aumentado los
accidentes. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay una relación directa entre
actuaciones de la Inspección y menor número de accidentes, sino que
confluyen, como sin lugar a dudas estamos todos de acuerdo, muchos
factores y muy complejos que otro día podríamos analizar. No obstante,
está haciendo el Gobierno también un esfuerzo importante. Van a cubrirse
ahora 20 plazas y en marzo van a empezar los ejercicios de otra nueva
oposición con otras 20 plazas. Sin embargo, estamos de acuerdo en que hay
que dotar mejor, humana y materialmente, a la Inspección de Trabajo.
Lo mismo diría de nuestro acuerdo respecto a la eficacia de las
actuaciones sancionadoras en la materia, recordando, por supuesto --no se
puede olvidar--, que la Administración central del Estado sólo tiene
competencias en Asturias, en Ceuta y Melilla, el resto de competencias en
materia de recaudación de las sanciones corresponde a las comunidades
autónomas; ha de ser en coordinación con las mismas como debemos
potenciar esta cuestión.
También somos favorables a cualquier actuación en materia de hacer
públicas, de la forma que se determine reglamentariamente, las sanciones
impuestas por infracciones muy graves, pero teniendo en cuenta siempre
que está ahí la Ley de contratos para las administraciones públicas que
no podemos soslayar.
Es aceptable, asimismo, el punto 9, que hacía referencia al fiscal
general del Estado, pero incluyendo, cómo no, a las comunidades autónomas
que son también copartícipes y que son también las responsables, las
competentes en ejecución de legislación laboral. El punto 10 también es
aceptable para nuestro grupo, respecto al criterio para la adjudicación
de obras por las administraciones públicas, para que haya la máxima
garantía, sin lugar a dudas, de seguridad y de salud en el trabajo.
Respecto al punto 11, sin lugar a dudas el Gobierno ha basado toda su
política en materia de prevención de riesgos laborales en el diálogo
social, desde la creación de la Comisión tripartita sobre prevención de
riesgos laborales, pasando a continuación a la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese marco del diálogo social es donde el
Gobierno debe impulsar la limitación del número máximo de horas
extraordinarias en aquellos sectores y en aquellas profesiones con más
siniestralidad laboral.
No voy a extenderme más, señorías. En definitiva mi grupo considera que
en esta materia que hoy nos ocupa debe prevalecer, primero, el diálogo,
como así ha sido; segundo, el consenso, como también ha sido así, pues es
fundamental. Creo que debemos volver a felicitarnos, como hacíamos en la
moción que promovió el Grupo Socialista el 5 de octubre, porque esta
moción va a ser sin duda aprobada por una amplia mayoría. De ello nos
felicitamos y estoy convencido que dará en un futuro no muy lejano los
frutos que todos deseamos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcalde.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente. Haré mi
intervención desde el escaño, tanto para presentar las enmiendas a esta
moción como para expresar nuestra postura sobre el texto final que ya
conocemos.
Quiero agradecer a Nueva Izquierda y al señor Peralta la oportunidad de
volver a debatir en el Pleno del Congreso sobre una cuestión de evidente
preocupación ciudadana. El conocimiento del balance de 1997
en esta materia justificaba que esta Cámara tuviese este debate y tuviese
un nuevo pronunciamiento. Reincidimos en cuestiones en las que ya
efectivamente, como se recordaba ahora, el pasado 5 de octubre y a raíz
de una propuesta del Grupo Socialista tuvimos oportunidad de plantear.
Aquel y este debate demuestran dos evidencias: la grave situación que
vive el Estado español en esta materia. Somos el Estado de la Unión con
un mayor índice de siniestralidad laboral y esto constituye una evidente
preocupación. Al mismo tiempo, todos los grupos políticos, y el propio
Gobierno, manifiestan su voluntad política de tomar medidas para intentar
paliar esta situación. Hemos de procurar que una de estas dos evidencias
disminuya y en la otra, a través de iniciativas como ésta, seamos
capaces, efectivamente, de romper esta situación. En el debate del pasado
miércoles el propio ministro reconoció estas cifras preocupantes,
situándolas también, claro está, en un evolución positiva que a lo largo
de estos años hemos tenido.
Las dos mociones, la del 5 de octubre y la de ahora, plantean la
necesidad de incrementar las acciones en el terreno de la formación, de
un mayor compromiso de los agentes sociales en esta materia, de acabar
con la precariedad laboral, como un elemento que influye excesivamente en
esta cuestión, en la necesidad de desarrollar normativamente el marco
legal. El Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante de adaptación y de
incorporación a la legislación española de las directivas comunitarias al
respecto. El señor Vaquero hablaba de una ley progresista y,
efectivamente, la ley es progresista, pero incluso más allá de las
voluntades políticas que se deben concretar en las actuaciones del
Gobierno, todos coincidiremos en afirmar que estamos delante de un
problema cultural, de comportamientos individuales y colectivos, porque
seguramente seamos el Estado de la Unión Europea con mayor índice de
accidentes en el mundo del trabajo, y choca con esa realidad: que existe
una ley progresista y una voluntad política de los gobiernos, del
Gobierno socialista y del Gobierno del Partido Popular de avanzar en esta
materia.
Debemos ser conscientes de que tan solo con un cambio de comportamiento
de trabajadores, de empresarios, de sindicatos, de administraciones en
esta materia, seremos capaces de reconducir una situación que no tiene su
única justificación en los defectos que puedan tener las leyes. Por
tanto, en la medida en que esta moción y el resultado de las diversas
enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios nos permite
avanzar en esta línea, nuestro grupo va a apoyarla con entusiasmo.
Tan sólo quiero recordar una cuestión. Para nosotros es preocupante que a
estas alturas de la existencia de la ley el Gobierno aún no haya
constituido la fundación que le marcaba la Lisos. El señor Alcalde ha
informado de que dentro de dos días se va a crear un grupo de trabajo en
el seno de la Comisión nacional. Quiero hacer llegar al Grupo
Parlamentario Popular la preocupación del Grupo Parlamentario Catalán
porque aún no esté definitivamente cerrada esta cuestión. Nos parece que
este es un instrumento importante para poder desarrollar esta política y
a nosotros se nos escapa por qué no está constituida aún la fundación.
Dicho esto, anunciamos nuestro voto favorable al conjunto de la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
Entiendo que todos los grupos enmendantes conocen y aceptan el texto
transaccional presentado por el señor Peralta. (Asentimiento.) Muchas
gracias.
Vamos a proceder, por tanto, a la votación. (Pausa.--El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la política del Gobierno dirigida a reducir, de manera
significativa, los índices de siniestralidad laboral en nuestro país, en
los términos resultantes de la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 303; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la moción en los
términos de la referida transacción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, ACERCA DE LA
POLITICA A LLEVAR A CABO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE LA QUE SON
VICTIMAS LAS MUJERES. (Número de expediente 173/000065)
El señor PRESIDENTE: Moción, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, acerca de la política a llevar a cabo para erradicar la violencia
de la que son víctimas las mujeres.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra doña María Jesús
Aramburu. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, en
una tarde con algunos tintes feministas, donde las protagonistas están
siendo las mujeres... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio. Espere un
momento señora Aramburu. (Pausa.)
Puede comenzar, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señorías, les prometo brevedad por respeto al
cansancio, a la hora y al ajetreo de la tarde.
Como iba diciendo, señor presidente, señorías, en una tarde con algunos
tintes feministas, donde las protagonistas están siendo las mujeres,
trato de demostrar que si el principio de discriminación positiva
estuviese instalado en todas y cada una de las vértebras del sistema
democrático, incluidas sus instituciones, estaríamos en condiciones de
recomponer la ancestral y actualizada marginación que sufren la mayoría
de las mujeres, siendo la violencia doméstica un exponente más, quizá el
más grave de los exponentes, del escaso valor que tiene la vida de las
mujeres para la sociedad oficial. Hace pocos días me estremecieron las
palabras de una ciudadana. Decía: Da la impresión de que estamos en
guerra. Cada semana es asesinada una mujer. Estamos cayendo como moscas,
pero no sabemos por qué.
Igualmente de escalofriante es que en sólo unos días las autoridades
informen que hay más muertes --pueden sobrepasar las 91-- y 24.000
denuncias, 8.000 más, realizadas mayoritaria y paradójicamente en
primavera. Además los informes indican que en torno al 80 por ciento de
los maltratadores son hijos o testigos en su infancia de la violencia
doméstica.
Efectivamente, señorías, estamos ante un conflicto social que tiene
diferentes magnitudes, tanto en el ámbito de lo privado como de orden
público, por lo que el tratamiento debe ser multidisciplinar. Si el
concepto dominante que hay sobre la mujer es que es invisible para el
proceso productivo, de carne y hueso para el reproductivo y de uso y
abuso para lo demás, el hilo conductor de esa salvaje e imperante cultura
lleva al hombre, claro está, interesado, a creer que ellas son objeto de
su propiedad, que pueden golpear y romper hasta destrozar. Esta barbarie
de la civilización que incita a los malos tratos, que mantiene
connivencia con los delincuentes conyugales, que no presta auxilio a
quien lo necesita, empieza a resquebrajarse en lo que son sus cimientos
fundamentales, como son los valores democráticos, el respeto, la
tolerancia, la solidaridad. Por ello, ante esta epidemia casi endémica de
terrorismo conyugal y de violación de los derechos humanos, mi grupo
emplaza al Gobierno a que, en el plazo de un mes, traiga un plan acabado,
solvente y suficientemente cuantificado, tal como se comprometió el
ministro de Trabajo en este hemiciclo. A esta Cámara le pido el voto
favorable para una batería de medidas que pueden ayudar a paliar los
efectos de lo que hoy hemos convenido en denominar la lacra del siglo XX.
Las medidas, señorías, son 17.
Primera medida: la creación de unidades especiales de policía con
formación concreta en el tema de violencia doméstica, así como implantar
estas unidades de la Guardia Civil en las zonas rurales.
Segunda medida: garantizar la seguridad de la mujer maltratada a través
del alejamiento del agresor del domicilio familiar y garantizar
igualmente la protección policial a la mujer cuando ella lo requiera o lo
aconseje la reiteración de la violencia y amenazas de muerte.
Tercera medida: garantizar la asistencia integral a las mujeres
maltratadas que incluya la asistencia jurídica gratuita, asistencia
letrada en turno de oficio y asistencia psicológica.
Cuarta medida: garantizar juicios ágiles, así como que se prescinda del
requisito de reiteración de violencia para que se considere delito y se
produzca el arresto del agresor.
Quinta medida: personación de las instituciones como acusación particular
en los juicios.
Sexta medida: elaborar planes de formación y reinserción para el
maltratador, poniendo énfasis en el psicólogo y en el asistente social
como complemento a las medidas penales.
Séptima medida: garantizar un salario de emergencia a aquellas mujeres
maltratadas sin recursos y/o dependientes económicamente de su
maltratador, incorporándolas a los programas de formación y/o reciclaje y
reinserción laboral creados a tal efecto, facilitándoles becas para el
acceso a los cursos de formación profesional.
Octava medida: crear y dotar suficientemente un fondo de pensiones
impagadas para hacer posible el cobro de las pensiones a las mujeres
víctimas de malos tratos.
Novena medida: habilitar, a través de los conciertos oportunos, una línea
de créditos blandos para las mujeres que lo soliciten y estén afectadas
por malos tratos.
Décima medida: conseguir de los medios de comunicación que fomenten la
repulsa social a la violencia contra las mujeres, así como la elaboración
de un código ético para la emisión de una programación e información que
respete los valores del no sexismo y la igualdad entre hombres y mujeres.
Undécima medida: garantizar la asistencia sanitaria psicológica a las
mujeres maltratadas formando al personal sanitario, policial y
asistencial para su atención.
Duodécima medida: coordinar con todas las instituciones públicas planes
específicos que incluyan la prestación de servicios sociales para las
mujeres maltratadas.
Decimotercera medida: proceder a la ampliación y reforma de las casas de
acogida, que darán independencia y libertad a las mujeres en lugar de
tutela, y hacerlas corresponsables de su gestión.
Decimocuarta medida: establecer en el sistema curricular un área
específica de igualdad de oportunidades y no violencia, incorporando esta
materia complementaria en la educación reglada.
Decimoquinta medida: posibilitar la concesión de asilo político a las
mujeres procedentes de zonas donde no se respeten los derechos de las
mujeres y/o estén perseguidas por su no aplicación.
Decimosexta medida: inclusión del criterio de mujeres víctimas de
violencia doméstica en el baremo de viviendas sociales en régimen de
alquiler o compra.
Ultima medida: creación de un comité de coordinación entre el movimiento
de mujeres, colectivos profesionales implicados e instituciones para la
valoración, seguimiento y evaluación de medidas y hechos en relación a la
violencia doméstica.
Termino, señor presidente, señorías, firme en la convicción de que no
podemos bajar la guardia, que no se puede ceder, pero la voluntad de
consenso para defender unánimemente a las mujeres hace que esté
absolutamente predispuesta a incorporar o mejorar el texto en los
términos de erradicar la violencia doméstica.
Y concluyo, señor presidente, señorías, recordándoles que tan culpable es
quien lo hace como quien lo consiente. Este humillante fenómeno necesita
una respuesta superior, no sólo social, política y jurídica sino
fundamentalmente presupuestaria. Para eso hace falta decir basta ya y
hace falta demostrar que hemos dicho basta ya.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Han sido presentadas enmiendas por el Grupo Socialista y, de forma
conjunta, por el Grupo Parlamentario Popular y Catalán (Convergència i
Unió).
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Socialista,
tiene la palabra, en primer lugar, la señora Martínez.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, el título de la moción, erradicar
la violencia de la que son víctimas las mujeres, sigue teniendo una fatal
actualidad. El grave problema de la violencia contra las mujeres en
nuestra sociedad tiene una presencia vergonzante en nuestras vidas. Hoy
mismo, sin ir más lejos, la información nos golpea con la noticia de la
muerte de dos mujeres, a manos de su esposo la una y a manos de su ex
marido la otra.
La presente moción y la interpelación del pasado miércoles nos permiten
hablar de políticas concretas que persigan la erradicación de la
violencia. Hay políticas que llevan varios años en vigor, pero hay otras
que profundizan y amplían la cobertura social que creemos necesaria. En
nuestro país voy a recordar que el Instituto de la Mujer se creó en 1983,
es decir, con el Gobierno socialista, y se le puso nombre a este
problema; se le denominó malos tratos. Se organizaron campañas de
sensibilización social, se abrieron las primeras casas de acogida para
mujeres maltratadas, unas dependientes de la Administración y otras
dependientes de organizaciones no gubernamentales. Igualmente, se crearon
los centros de información de los derechos de la mujer; se desarrollaron
programas muy importantes entre el Ministerio de Interior, el Instituto
de la Mujer y la Comisión para la investigación de los malos tratos; se
impartieron cursos de formación a la Policía; se comenzaron a publicar
los datos sobre las denuncias que se presentaban ante la Guardia Civil y
la Policía; se puso en marcha el teléfono gratuito, por parte de la
Comisión para la investigación de los malos tratos, subvencionado por el
desaparecido Ministerio de Asuntos Sociales... Muchas han sido las
políticas que se pusieron en marcha. Sabemos que no suficientes y sabemos
ahora que es muy difícil acabar con la violencia contra las mujeres
porque, como decía en mi intervención del miércoles pasado, es un hábito,
es una costumbre de muchas familias españolas, que no ha tenido el
rechazo social, que ni siquiera parte de la familia se ha pronunciado; ha
habido un silencio, se ha considerado tabú. Ampliar esas políticas,
modificar aquéllas que lo necesiten y diseñar otras nuevas serán siempre
iniciativas apoyadas por el Grupo Socialista.
Mi grupo ha presentado a la moción de Izquierda Unida varias enmiendas.
Creemos que esta moción concreta una serie de medidas que son necesarias.
Habla de la formación para la Policía, para la Guardia Civil, que es la
primera que recibe la denuncia que presenta una mujer después de haber
estado pensando mucho tiempo en qué hacer con su vida; habla del
alejamiento del agresor de la víctima; de módulos que se incorporen en
los planes de formación dentro de las prisiones que hablen de la
igualdad, de la no discriminación y de los valores no sexistas, para que
los hombres que han maltratado a sus esposas, que están condenados,
puedan reflexionar sobre su conducta. Incorpora --y nosotros, desde
luego, hemos intervenido-- una redacción que entendemos que clarifica y
que profundiza la propuesta de la moción: la creación y la dotación del
fondo de garantía de pensiones. Ustedes saben que en esta Cámara se
aprobó un fondo de garantía de pensiones en caso de separación o
divorcio, pero resulta que se aprueban las cosas y, si no se llevan
después a los Presupuestos Generales del Estado y no se ponen en marcha,
simplemente se quedan en un papel, y el papel lo aguanta todo. Ponemos
5.000 kilos sobre un papel y el papel no se rompe, el papel lo aguanta.
El papel aguanta acuerdos que se hacen en esta Cámara pero que no tienen
ningún valor si realmente no se cumplen. Por lo tanto, en las enmiendas
que nosotros hemos presentado figura la creación y dotación del fondo de
garantía de pensiones. Asimismo, en nuestras enmiendas solicitamos a la
Comisión de los Derechos de la Mujer que se profundice sobre cómo deben
ser las casas de acogida y la posible creación de ese comité de
coordinación entre organizaciones no gubernamentales, instituciones y la
propia Comisión.
Nosotros vamos a apoyar esta moción porque, según me ha dicho la señora
Aramburu, va a incluir nuestras enmiendas, que, como digo, no es que
cambien sustancialmente la moción, pero sí profundizan, amplían y
concretan quizás mejor las propuestas que presenta hoy la moción de
Izquierda Unida. No nos parece riguroso seguir proponiendo medidas que
aplazan sine die la concreción de las políticas necesarias y, sobre todo,
creemos que es una actitud que dilata en el tiempo las intervenciones
necesarias y urgentes que el problema necesita. Por lo tanto, como he
dicho antes, vamos a votar favorablemente la moción que hoy presenta
Izquierda Unida.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Martínez.
En cuanto a la enmienda presentada conjuntamente por los grupos de
Convergència i Unió y Popular, desean intervenir dos portavoces. En
primer lugar, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que me dirijo a esta Cámara para hablar en
contra de la violencia hacia las mujeres. En nombre de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, he manifestado
reiteradamente mi rechazo a la violencia doméstica en esta Cámara y ante
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. Erradicar esta práctica
delictiva no es tarea fácil, ya que requiere modificar estructuras
profundas de nuestra sociedad, cambios radicales en la concepción de
hombres y mujeres; requiere cambiar normas y valores que fomentan y
toleran la violencia y todo aquello que refuerza actitudes sexistas;
requiere unidad y apoyo mutuo entre las mujeres a través de la creación
de una red estatal poderosa de cooperación con las ONG vinculadas a la
protección y ayuda de mujeres maltratadas; requiere, señorías, programas
de acción formulados por el Gobierno y respaldados por una financiación
adecuada y personal experto y sensibilizado; requiere medidas que
resumiría en: protección a la víctima, sanción, tratamiento y reinserción
del agresor, independencia económica de la mujer y libertad afectiva;
requiere, en fin, un gran esfuerzo de coordinación. Por ello, señorías,
valoramos positivamente todas las iniciativas que al respecto se han
llevado a cabo por todos los grupos parlamentarios y la resonancia que el
tema ha tenido en los medios de comunicación, pero ha llegado el momento
de ordenar estas iniciativas a través de medidas positivas y concretas,
que desde el Gobierno se apliquen con inmediatez y eficacia. Es por eso
que hemos presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno aplique las medidas
urgentes aprobadas en el Consejo de Ministros del 16 de enero de 1998
sobre agilización de los juicios, ayudas a las ONG, vinculación de las
casas de acogida al empleo, módulos formativos para las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y sensibilización de la sociedad. Asimismo, que
tenga en consideración las medidas ya aprobadas por el Pleno del Congreso
de los Diputados los días 16 de noviembre de 1997 y el pasado 17 de
febrero.
Esperamos que el Gobierno presente en breve, ante el Pleno, habiendo
escuchado previamente las conclusiones de la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer, el plan de acción contra la violencia hacia las
mujeres, que están elaborando conjuntamente los ministerios de Trabajo y
Asuntos Sociales, Interior, Justicia, Educación y Cultura y Sanidad y
Consumo, en colaboración con las comunidades autónomas. Señorías, una vez
presentado este plan, nuestro grupo hará las enmiendas necesarias para
contribuir a la erradicación de esta lacra social y, por supuesto,
haremos el seguimiento minucioso de la aplicación de éste. Por ello,
pedimos a todos los grupos parlamentarios el voto afirmativo a nuestra
enmienda, hasta ver el resultado de la aplicación de estas medidas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, hoy nos vuelve a ocupar el grave tema de la
violencia contra las mujeres, que siempre nuestro grupo ha señalado como
un importante problema social y que --como esta Cámara bien conoce-- no
es nuevo, ha existido desde tiempo inmemorial, ya que tiene su origen en
la desigualdad histórica que sufren las mujeres. Afortunadamente, en
estos últimos meses se ha producido una creciente toma de conciencia de
la sociedad y de la opinión pública, que rechaza cada vez más claramente
la existencia de esa violencia.
La semana pasada hubo varios debates en el Congreso y en la Comisión
Mixta referidos a este problema. Se aprobaron, como SS. SS. conocen
perfectamente, dos iniciativas por unanimidad y se presentó también una
interpelación por parte de Izquierda Unida. En ella, el Gobierno expresó
las medidas que está realizando para tratar el problema y para evitar, en
lo posible, sus consecuencias. Acciones que el actual Gobierno inició con
la inclusión de un área específica del tema de la violencia en el III
Plan de Igualdad, con medidas integradas, consciente de que no sólo era
necesario intensificar las medidas existentes sino iniciar otras que
pudiesen ser más eficaces.
Por otro lado, el Gobierno, por primera vez, celebró una conferencia
sectorial monográfica con las comunidades
autónomas, en donde se acordó elaborar un plan de acción para el conjunto
del Estado en el mes de marzo --es decir, en el próximo mes--, sin
olvidar que también se ha constituido una Comisión interministerial que
está haciendo propuestas constantemente y que son valoradas por esta
Comisión que está trabajando entre las comunidades autónomas y la
Administración central.
Señorías, nuestro grupo considera que el procedimiento que se está
siguiendo es el razonable, teniendo en cuenta las distintas actuaciones
que son necesarias y que son diversas en el tratamiento de este grave
problema y, por otro lado, el esquema competencial de nuestro Estado.
Pero como el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales recordó el miércoles
pasado en esta Cámara, el Consejo de Ministros, en el mes de enero,
también planteó una serie de medidas que consideró urgentes e
imprescindibles y que anteriores gobiernos no habían tomado, lo que sin
duda echa por tierra también algunas manifestaciones que hemos escuchado
el miércoles pasado de que el actual Gobierno permanece impasible. Sin
duda, todos tenemos muy presente que aquí, en el Congreso de los
Diputados, el 16 de noviembre del año pasado y el 17 de febrero del año
en curso se aprobaron importantes medidas, y además se hizo,
afortunadamente, por unanimidad. Por ello, señorías, hay que decir que el
Gobierno está trabajando desde el primer momento en la dirección que
consideramos adecuada, y lo hace además con la participación y
colaboración de las administraciones competentes y buscando, junto a la
eficacia, el mayor de los acuerdos posibles.
Esta Cámara ha dado, por otro lado, hasta la fecha ejemplo de unidad en
el tratamiento de un problema que no es privado, aunque lo sea
individualizadamente sobre algunas mujeres, sino social y público. La
grandeza de una sociedad democrática estriba en que se debe dar respuesta
a algo en lo que todos coincidimos que es un problema muy grave. La
democracia permite estrategias conjuntas en temas de interés social como
éste, que tienen el objetivo de fortalecer moralmente a nuestra sociedad,
y este es el tema que fundamentalmente hoy nos mueve.
Por ello, convencidos de que se está trabajando bien, consideramos de
interés presentar, junto con el Grupo Catalán, una enmienda de
sustitución de la moción de Izquierda Unida, y no porque no estemos de
acuerdo con muchas medidas, sino porque algunas se están ya aplicando,
otras ya han sido aprobadas --como hemos dicho-- en esta Cámara o se
enmarcan en el área de trabajo encomendado a la Comisión Mixta y, sobre
todo, porque no podemos olvidar que existe una Comisión interministerial
que, colaborando con el Instituto de la Mujer y las comunidades
autónomas, está ultimando un plan de acción que el otro día el ministro
se comprometió a presentar en el mes de marzo y que llevaría asignada la
partida presupuestaria que lo avalase.
Hay, por lo tanto, señorías, señor presidente, una estrategia de
globalidad que nos parece claramente acertada. Por este motivo, señor
presidente, nuestro grupo hace una llamada al grupo proponente y a los
demás grupos para que apoyen esta enmienda presentada conjuntamente por
el Grupo Catalán y por el nuestro, que recoge las medidas aquí ya
aprobadas y que solicita que se apliquen las recientemente aprobadas
también en el Consejo de Ministros, reafirmándose en la necesidad de
elaborar el primer plan de acción contra la violencia que sufren las
mujeres, para que podamos afrontar con más eficacia estos delitos, al
tiempo que conseguimos que la mujer agredida se pueda sentir amparada
legal y socialmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora SAINZ GARCIA: Termino, señor presidente.
Creemos que con ello seguimos trabajando de la mejor manera para
conseguir poner término --ojalá sea así algún día-- a semejante ruindad y
crueldad. El mejor camino es la colaboración de todos, el esfuerzo de
todas las administraciones y con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, como nuestro grupo desearía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
¿Grupos que sin haber presentado enmiendas desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, llevamos una semana en la que hemos tenido ocasión de
hablar de este tema en numerosas ocasiones, pero también ha sido una
semana en la que se han dicho cosas desagradables sobre este tema y no
precisamente en el Parlamento. Habla la prensa en el día de hoy de dos
nuevos asesinatos de mujeres, acompañados además de la muerte de sus
respectivos asesinos: uno por designio del infarto y, el otro, porque se
ha suicidado; es decir, que la violencia genera impotencia y una serie de
problemas. El haber hablado de ello muchas veces no va a hacernos
encontrar una solución rápida, pero sí nos hace tomar el pulso de cuál es
el reproche que la sociedad se tiene que hacer.
En este Parlamento, como consecuencia de esta discusión, hoy se presenta
una moción consecuencia de aquella interpelación, que a su vez recoge
otras muchas resoluciones que hemos adoptado a lo largo de los debates, y
todo ello indica que estamos preocupados por la solución del problema. Es
verdad que nuestro
grupo va a apoyar la moción presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida y defendida por María Jesús Aramburu y, además, admite también
algunas de las enmiendas que ha planteado el Partido Socialista que a
veces representan una mejora, porque se dice que hay que dotar al fondo
de garantía de presupuesto cuando ni siquiera se ha creado el fondo de
garantía, un compromiso que se adoptó en esta Cámara y que no lo ha
cumplido ni el Partido Socialista ni, por lo visto, lo va a cumplir el
Partido Popular, aunque lo esté preparando. Lo que queremos es que se
haga de una vez.
La verdad es que no vamos a votar a favor de la moción del Grupo Popular
porque me parece que estas cosas no deben ir en enmiendas de sustitución.
Lo que queremos es colaborar, y yo creo que esa moción colabora con lo
que ya es una obligación del Gobierno, pero presentarnos una enmienda
para que jaleemos al Gobierno me parece un poco duro, primero, porque el
Gobierno ya tiene la obligación de cumplir los acuerdos de la conferencia
sectorial sobre la violencia contra la mujer, ya que se ha comprometido a
ello. Segundo, porque el Gobierno tiene la obligación de cumplir el
decálogo que aprobó unilateralmente, por lo tanto, no nos puede pedir que
nosotros le pidamos que lo cumpla, porque lo tendrá que hacer. Lo que
queremos es ayudar a introducir más medidas, y esas medidas están
contenidas en la moción. Yo creo que muchas es verdad que se pueden estar
ya aplicando, otras ya se han aprobado, pero queremos dar una visión
global.
Lo que sí nos gustaría es que esa intercomunicación que se hace para
solucionar el problema, que es muy complejo, no se haga a nivel
institucional y burocrático, como pretenden el Partido Popular y
Convèrgencia i Unió a través de la unión de los ministerios. Creemos que
es importante crear el Consejo de la mujer; el año que viene va a ser
declarado año internacional contra la violencia hacia la mujer, y yo creo
que estaría muy bien que desde aquí pusiéramos las bases para hacer un
plan de choque que nos permitiera tener un año de reflexión colectiva en
todos los niveles para plantear este tema.
Como me parece que las ideas que se contienen en la moción de Izquierda
Unida son ideas que ayudan a aumentar el nivel de conciencia, nosotros
las vamos a apoyar; espero que no admitan la enmienda de sustitución y
que la representante del Grupo Popular que ha intervenido hoy se ocupe de
que su Gobierno cumpla sus compromisos, que para eso los ha adoptado, y a
ver si puede además sumar los compromisos que desde la oposición le
queremos transmitir a través de la moción de Izquierda Unida, que nuestro
grupo va a apoyar con las enmiendas transaccionales que admitan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; y lo hacemos conscientes de que
vivimos en sociedades violentas que tienen su causalidad en fuertes
desigualdades sociales, en un alto índice de paro, en un consumo
desmesurado para el que no llegan recursos salariales o en un consumo
escaso para el que tampoco llegan muchas veces los recursos que uno
tiene, en la insuficiencia de servicios sociales, en una educación y
cultura imperantes que no están a la altura de las circunstancias, y todo
eso provocando tensiones sociales, laborales y políticas que tienen su
peor expresión cuando la tensión es individual y va destinada a
resarcirse de frustraciones personales, yendo al campo más fácil de
atacar al débil. Todo esto está cruzado por un machismo de base ya
secular pero que encuentra su campo fértil precisamente en este contexto,
para hacerse efectivo y formalizarse a través de un machismo violento que
tiene algunos aspectos novedosos en relación con el machismo paternalista
y jerárquico del pasado. Ellas siguen siendo propiedad, pero además con
una visión cultural que indica una hondísima desigualdad entre sexos. Es
cierto que seguramente, señorías, las denuncias y los maltratos que hoy
conocemos distan de ser el número de los reales.
Nosotros apoyaremos la moción de Izquierda Unida, porque pensamos que
efectivamente no se puede ir por la vía de la reforma del Código Penal de
1996, que tiene armas suficientes para combatir este tipo de delitos de
malos tratos. Pensamos que la moción hace muy bien en focalizar medidas
de apoyo a las mujeres maltratadas dentro de una cobertura significativa
de carácter institucional, para que esta mujeres puedan salir del ámbito
familiar y de la habitualidad a la que están sometidas con violencia
continua. Significa la moción un compromiso institucional que lleva
consigo desembolso económico, lleva consigo justicia y lleva consigo
también un cambio de educación y cultura, empezando por las instituciones
que más tienen que velar por la seguridad de las personas. Por todo esto,
vamos a apoyar esta moción, siendo conscientes de que nos quedará mucho
camino por delante, porque la causalidad última exige un cambio de modelo
social.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
A mi grupo, después del debate que tuvimos el martes de la semana pasada
aquí, con las iniciativas que habían presentado el Grupo Parlamentario
Socialista y
el Grupo Parlamentario Popular, le han surgido una serie de
preocupaciones. Todos estamos de acuerdo y sensibilizados por este
problema y hubiera sido mucho más deseable que todos los grupos
parlamentarios hubiéramos hecho un documento conjunto en la declaración
de principios y sobre las medidas que se iban a instar. Quiero recordar
unas palabras muy acertadas que pronunció la señora Almeida en el debate
de la semana pasada, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Decía la
señora Almeida que estábamos repitiéndonos y volvíamos a hacer un debate
sobre una materia que, desgraciadamente, tiene una triste y lamentable
actualidad a la que todos debemos de poner coto.
Estoy pensando, señor presidente, si lo que hemos votado y aprobado la
semana pasada se mantiene, porque me extraña que, después de haber votado
lo que votamos la semana pasada, en una iniciativa afortunada que tuvo el
Grupo Parlamentario Socialista y que yo glosé de alguna manera, que era
instar al fiscal general del Estado para que diera inmediatamente una
instrucción a todos los fiscales de poner el máximo celo en el
cumplimiento y velar por el principio de legalidad, no aparezca en
ninguno de los dos documentos base que ahora estamos tratando aquí, ni en
la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ni en la
enmienda que presentan conjuntamente el Grupo Popular y el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Entrando en esta materia y en la toma de posiciones, quiero decir que mi
grupo va a votar favorablemente la enmienda de modificación que han
presentado conjuntamente el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Catalán (Convergència i Unió). ¿Por qué? Porque prácticamente con el
primer punto, que contempla los cuatro aprobados en la conferencia
sectorial extraordinaria, estaría en vías de atenderse esta materia en
sede parlamentaria, fundamentalmente porque hay que dejar tiempo para que
trabaje la Comisión interministerial y para que llegue aquí el plan de
acción. El plan de acción contempla un índice de materias razonables que
están recogidas en la segunda parte de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y están
también en la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Quiero llamar la atención a los enmendantes del Grupo Popular de que
suena un poco extraño que se inste al Gobierno a cumplir los acuerdos del
Consejo de Ministros. Se da por supuesto que el Gobierno cumple los
acuerdos del Consejo de Ministros, para ponerle después el decálogo que
viene a continuación.
Por tanto, nosotros entendemos que se puede cumplir con el primer punto y
las cuatro agrupaciones que desarrollan la conferencia sectorial
extraordinaria, fundamentalmente el trabajo de la Comisión
interministerial y el plan de acción, para no entrar --y se lo digo como
un análisis constructivo a la portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-- en un detalle casuístico con el que se entraría en
competencias sobre las que no debemos instar al Consejo de Ministros,
como es conseguir que los medios de comunicación fomenten la repulsa
social a la violencia contra las mujeres y a la elaboración de un código
ético. Esto debe ir en otro marco que no sea el del intervencionismo
gubernamental en esta materia. Hay que tener cuidado cuando se pide la
inclusión del criterio de mujeres víctimas de violencia doméstica en el
baremo de viviendas sociales en régimen de alquiler o en compra, hay que
estudiar los efectos peculiares en la picaresca que eso pudiera tener, no
vaya a ser que vayamos a caer en un error.
No creo que sea función del Gobierno el crear un comité de coordinación
entre el movimiento de mujeres, colectivos profesionales e instituciones,
tal y como se recoge en el punto 17. Hay que dejar que sea la sociedad
civil, con la situación que en este momento se da, por un lado, de alarma
social y, por otro, de sensibilización, la que lo consiga.
Por estas razones, señor presidente, deseando que tengamos todos un
criterio unitario y dejando que funcione lo que hasta el momento hemos
logrado, volvemos a insistir, para que por lo menos quede en el discurso
de hoy de este portavoz, en lo que fue iniciativa feliz del Grupo
Parlamentario Socialista para que el fiscal general del Estado inste a
los fiscales a velar por el principio de legalidad, y anuncio que
votaremos a favor de la enmienda alternativa de modificación de los
grupos parlamentarios Popular y Catalán.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Señora Aramburu, S. S. debe expresar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas a su iniciativa.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Como ustedes comprenderán, un texto alternativo como el que presenta el
PP --que, de alguna manera, invalida la posición que este grupo político
trae hoy a la Cámara-- no podría de ninguna manera ser aceptado. No
podemos dar cheques en blanco al Gobierno. Pensamos que es creíble, pero
cuando sea cuantificado y presupuestado; a partir de ese momento,
podremos volver a hablar.
Con respecto a lo que plantea el grupo canario, he de decirle que lo que
hoy no se trae es porque está aprobado, y por eso no han venido recogidas
las proposiciones de ley.
En cuanto a las enmiendas del Partido Socialista, la moción que plantea
mi grupo parlamentario quedaría en los siguientes términos: El primer
punto, tal como está. En el segundo aceptaríamos un añadido del Grupo
Socialista que sería: tras el domicilio familiar, añadir: y aquellos
frecuentados por la víctima.
En el tercer punto añadiríamos la siguiente frase propuesta por el Grupo
Socialista: dotando con más medios económicos el servicio. El cuarto
punto lo mantendríamos tal como está. El quinto, también. El sexto lo
sustituiríamos en los siguientes términos: introducir en los planes de
formación penitenciarios módulos de igualdad y no discriminación como
complemento a las medidas penales del maltratador. En la medida número 7
aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista, suprimiendo: creados a tal
efecto. En la número 8 aceptaríamos la enmienda del Partido Socialista.
La número 9 sería intocable. En la número 10 aceptaríamos la sustitución.
La medida número 11 es intocable, al igual que la número 12. En la número
13 aceptaríamos la modificación. La número 14 es intocable, al igual que
la número 15. En la número 16 aceptaríamos la modificación y también en
la 17.
Este es el cúmulo de enmiendas transaccionales y adicionales que acepta
mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE:
Votación de la moción, del Grupo de Izquierda Unida, acerca de la
política a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son
víctimas las mujeres, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 132; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Núm.
reg. 44384)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de
la tarde.
Eran las diez y diez minutos de la noche.