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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 132, de 10/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 132
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 127
celebrada el martes, 10 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:
--De la Asamblea de Madrid, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
137.1, de 30 de diciembre de 1997 (número de expediente 127/000005)
(Página 6890)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación
del Código Penal en lo relativo a los delitos contra la Hacienda Pública
y contra la Seguridad Social (Orgánica) «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 121.1, de 14 de octubre de 1997 (número de
expediente 122/000103) (Página 6901)
Proposiciones no de Ley:
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y de Coalición Canaria, sobre
sistemas complementarios de Previsión Social en desarrollo de la
Recomendación número 14 del Pacto de Toledo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, números 229 y 239, de 5 de enero y 10 de febrero de
1998, respectivamente (número de expediente 162/000199, procedente del
número de expediente 161/000791) (Página 6910)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
cesar de inmediato al Fiscal General del Estado y a la remoción del
Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, número 227, de 30 de diciembre de 1997 (número
de expediente 162/000191) (Página 6922)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las
actuaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía en relación a las denuncias
ante los Tribunales españoles de violaciones de los derechos humanos
ocurridas en Chile y Argentina. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, número 238, de 9 de febrero de 1998 (número de expediente 162/000198)
(Página 6922)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Almeida y Sr. Saura), relativa a la
condena de los crímenes contra la humanidad y las violaciones de los
derechos humanos, especialmente los ocurridos en las Repúblicas de
Argentina y Chile, y por la que se insta al cese inmediato del Fiscal
General del Estado y a la remoción del Fiscal Jefe de la Audiencia
Nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 227, de 30
de diciembre de 1997 (número de expediente 162/000193) (Página 6922)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
--Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las
actuaciones desarrolladas por ENDESA en relación con el control de la
sociedad chilena ENERSIS, formulada por 83 Diputados del Grupo Socialista
del Congreso (número de expediente 156/000008) (Página 6937)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Intervenciones de los señores Barrionuevo Peña y Eguiagaray Ucelay por
alusiones producidas en la sesión de la Diputación Permanente celebrada
el 20 de enero de 1998 (Página 6888)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía
(Página 6890)
De la Asamblea de Madrid, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid (Página 6890)
Intervienen pidiendo el voto favorable a la reforma del Estatuto de la
Comunidad de Madrid los señores De Luxán Meléndez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Lissavetzky Díez, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Cobo Vega, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, todos ellos diputados de la
Asamblea de Madrid.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor López de
Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las
señoras Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y
el señor Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, se aprueba por 316 votos a favor y una
abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6901)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación
del Código Penal en lo relativo a los delitos contra la Hacienda Pública
y contra la Seguridad Social (Orgánica) (Página 6901)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
explicando que tiene como objetivo abordar uno de los problemas
fundamentales que no ha sido solucionado a pesar de varias actuaciones al
respecto, como es el fraude fiscal. Considera que es muy grande la
distancia que existe entre lo que se pudiera llamar la realidad del
fraude fiscal y la actuación administrativa y penal, porque todas estas
actuaciones se alejan del mandato constitucional del articulo 31.1 que
dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún
caso, tendrá alcance confiscatorio. Expone que este mandato
constitucional fue dañado por la reforma del Código Penal del año 1995 y
con su proposición de ley pretenden modificar el artículo 305 del mismo,
por considerar que el fraude fiscal ha de entenderse más como una
conducta reprobable y delictiva que como una conducta lesiva para la
Hacienda Pública.
Explica a continuación el contenido de su proposición de ley y solicita
el voto favorable de la Cámara, mostrando la disposición de su grupo para
estudiar y consensuar las enmiendas que puedan presentar los distintos
grupos parlamentarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se
rechaza por 18 votos a favor, 305 en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 6910)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y de Coalición Canaria, sobre
sistemas complementarios de Previsión Social en desarrollo de la
Recomendación número 14 del Pacto de Toledo (Página 6910)
Intervienen en la presentación y defensa de la proposición no de ley los
señores Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gómez
Rodríguez, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley por el
Grupo Parlamentario Mixto, intervienen los señores Peralta Ortega y
Vázquez Vázquez (don Guillerme).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Frutos Gras,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Martínez Noval, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Para rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor
Martínez-Pujalte López.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios
Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y
de Coalición Canaria, se aprueba por 173 votos a favor, 153 en contra y
dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso por la que se insta al
Gobierno a cesar de inmediato al Fiscal General del Estado y a la
remoción del Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (Página 6922)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a las
actuaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía en relación a las denuncias
ante los tribunales españoles de violaciones de los derechos humanos
ocurridas en Chile y Argentina (Página 6922)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Almeida y señor Saura), relativa a
la condena de los crímenes contra la humanidad
y las violaciones de los derechos humanos, especialmente los ocurridos en
las Repúblicas de Argentina y Chile, y por la que se insta al cese
inmediato del Fiscal General del Estado y a la remoción del Fiscal Jefe
de la Audiencia Nacional (Página 6922)
Se tramitan conjuntamente las tres proposiciones no de ley, interviniendo
el señor Belloch Julbe en defensa de la presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso; el señor Guardans i Cambó, en
defensa de la presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y la señora Almeida Castro, en defensa de la presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez
Sánchez y las señoras Lasagabaster Olazábal y Rahola Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen los señores Belloch Julbe y Ollero
Tassara.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 158 votos a favor y
173 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 329 votos a
favor, uno en contra y una abstención.
Sometida a votación, en tercer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, se rechaza por 159 votos a favor y 172 en contra.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación (Página 6937)
Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las
actuaciones desarrolladas por Endesa en relación con el control de la
sociedad chilena Enersis, formulada por 83 diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso (Página 6937)
El señor Hernández Moltó, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, presenta la solicitud de creación de una comisión de
investigación sobre las actuaciones desarrolladas por Endesa en relación
con el control de la sociedad chilena Enersis. Hace un breve recorrido
por la historia de lo que ha sido la mayor operación económica de
inversión en el extranjero y plantea la necesidad de crear una comisión
de investigación que aclare las incognitas que existen en relación con la
situación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el papel que
han jugado la SEPI, Enersis y Endesa así como sobre el coste real de la
operación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso
del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Peón
Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la solicitud de creación de una comisión de
investigación, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, se rechaza por 139 votos a favor, 160 en contra y una
abstención.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
INTERVENCIONES DE LOS SEÑORES BARRIONUEVO PEÑA Y EGUIAGARY UCELAY, POR
ALUSIONES PRODUCIDAS EN LA SESION DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL 20 DE
ENERO DE 1998:
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados. Les
ruego ocupen sus escaños. Vamos a comenzar la sesión. (Pausa) Gracias,
señorías.
Se abre la sesión.
Antes de desarrollar el orden del día, y, en concreto, su punto primero,
ha solicitado la palabra el señor Barrionuevo, del Grupo Socialista.
Señor Barrionuevo.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, he solicitado la palabra para, haciendo uso de las
atribuciones que da a la Presidencia el artículo 71 del Reglamento,
tratar de contestar a una alusión, que considero ofensiva e injuriosa,
del
diputado del Partido Nacionalista Vasco José Juan González de Txabarri,
que no está presente. Yo no pude replicarle en aquella sesión de la
Diputación Permanente precisamente porque, al no ser miembro titular de
la misma, no estaba presente. El Reglamento, como bien conoce el señor
presidente, establece que se debe contestar en la misma sesión o en la
siguiente. Yo, para que no pasara lo mismo que me ha pasado a mí en la
Diputación Permanente, dejaría en su mano la facultad de elegir el
momento en el que debo contestarle, porque no me gustaría que pasara algo
similar a lo que me sucedió y él no tuviera la oportunidad de estar
presente y de alegar lo que le pareciera conveniente.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrionuevo, señorías, en efecto, el señor
Barrionuevo planteó a la Presidencia, como ahora formaliza ante el Pleno,
lo que consideraba un derecho, por turno de alusiones, derivado de la
última sesión de la Diputación Permanente.
Como el propio diputado ha señalado, el artículo 71 del Reglamento
faculta al aludido, si así lo estima la Presidencia, a defenderse y
manifestar lo que considere oportuno, en defensa de su derecho, en la
sesión siguiente. Haciendo una interpretación integradora de los
artículos 71 y 58 del Reglamento, la Presidencia estima que, aunque, en
efecto, el señor González de Txabarri no se encuentra en este momento
presente, la alusión que trae su causa de la última reunión de la
Diputación Permanente compete a S. S. y, por tanto, debe despacharse en
el primer momento del Pleno, justamente en éste, antes de comenzar el
desarrollo del orden del día.
Tiene la palabra, en consecuencia, por tres minutos.
El señor BARRIONUEVO PEÑA: Yo hubiera preferido que el señor González de
Txabarri estuviera presente, pero por supuesto que acepto la
interpretación que hace el señor presidente.
La intervención que realizó el señor González de Txabarri en la
Diputación Permanente creo que del 20 de enero pasado, en ámbito
extraparlamentario yo la califiqué, y ahora lo reitero en ámbito
parlamentario, fundamentalmente, de una necedad, dada la comparación que
estableció, pero creo que fue algo más, fue una inmoralidad, porque, con
una ofensa y con una injuria, trató de encubrir un voto vergonzante.
Voy a hacer dos recordatorios y una conclusión solamente. Un recordatorio
es, en primer lugar, que mi actuación en cargos públicos se ha realizado
siempre de acuerdo con nuestro ordenamiento, siempre en defensa de la
convivencia y de los derechos democráticos, y siempre en defensa del
sistema constitucional. En segundo lugar, que mi partido, al que me honro
en pertenecer, nunca ha sido complaciente, comprensivo, equívoco, ni
ambiguo hacia los totalitarismos ni hacia los defensores de las
dictaduras. Y no lo ha sido ni en Buenos Aires, ni en Santiago de Chile,
ni en Madrid, ni en Bilbao, ni siquiera en Santoña.
Y una conclusión, señor presidente. De todas las acciones humanas, por
mezquinas o de mala fe que sean, creo que debemos extraer alguna
enseñanza, alguna consecuencia más optimista. En este caso, yo creo que
la consecuencia a obtener es la de la grandeza y la gran generosidad de
la democracia española. Mi maestro, el profesor Tierno, decía que los
únicos ejemplos vivientes que permanecían de la España más vieja, más
caduca, más intolerante y más partidaria de los procedimientos
inquisitoriales se conservaban en el País Vasco.
Este desagradable incidente, que viene de la que he calificado necia
intervención, creo que nos muestra, parafraseando lo que decía uno de los
grandes poetas nacionales, esa generosidad de la democracia, porque la
España inferior, que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza,
todavía tiene representación en esta Cámara, como demostró ese incidente
protagonizado por el señor González de Txabarri.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos)
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la
palabra.)
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Como S. S sabe, el artículo 71 habla en su apartado tercero de alusiones
que puedan afectar al decoro o a la dignidad de un grupo parlamentario.
Señor presidente, como portavoz del grupo parlamentario, sólo quería unir
mi voz a la del señor diputado Barrionuevo para expresar con cuánto
enfado, con cuánta capacidad, sin embargo, de aguantar la intolerancia,
pero al mismo tiempo con cuánta admiración hacia quienes han trabajado
por el sistema democrático, tenemos que manifestar nuestro apoyo y
nuestra solidaridad con personas como don José Barrionuevo, cuando han
sido comparados, de una forma manifiestamente mezquina, manifiestamente
injusta y arbitraria, con personas que simplemente guardan en el recuerdo
de los historiadores el papel de aquellos que han matado las libertades y
que han atentado contra los derechos democráticos, el papel de los
dictadores. Por eso, señor presidente, solamente quería dejar constancia
de que el Grupo Parlamentario Socialista, aunque no expresó en la
Diputación Permanente lo que era su sentimiento profundo, sí le expresó a
usted, señor presidente, la conveniencia de que, en uso de sus
atribuciones como presidente de esta Cámara, hiciera llegar al señor
González de Txabarri la indignación del Grupo Parlamentario Socialista y
de los muchísimos demócratas de este país porque se pudieran hacer
comparaciones tan vejatorias, tan indignas,
tan injustas y tan profundamente rechazables desde el punto de vista
democrático.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
--DE LA ASAMBLEA DE MADRID, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. (Número de expediente 127/000005)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, debate de totalidad de la
propuesta, formulada por la Asamblea de Madrid, de reforma del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Antes de dar la palabra a los tres parlamentarios de la Asamblea de
Madrid que, en representación de sus grupos, van a defender la iniciativa
ante el Pleno del Congreso, quiero saludar en nombre de la Cámara al
presidente de la Asamblea de Madrid y a su Mesa, que nos acompañan en la
tribuna institucional.
En primer lugar, tiene la palabra don Adolfo de Luxán Meléndez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (De Luxán Meléndez): Señor
presidente, señorías, muy buenas tardes.
Comparezco ante ustedes para defender el proyecto de reforma de Estatuto
de la Comunidad de Madrid y lo hago como diputado de su Asamblea y como
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad en dicha
Cámara.
Quiero comenzar por hacer una reflexión retrospectiva, ya que la última
vez que nuestro grupo subió a esta tribuna, en el año 1994, fue para
oponerse a la reforma que en aquel momento se propugnaba. Lo hacíamos
entonces --y el tiempo nos ha dado la razón-- por dos motivos. Uno, de
carácter aparentemente formal, que era que la reforma se hacía desde unos
acuerdos de los partidos Popular y Socialista de carácter estatal,
olvidando a las instituciones de la Comunidad de Madrid y a los partidos
madrileños. Y el segundo, de carácter competencial, ya que dejaba en el
olvido un campo tan esencial como era y es el terreno de las competencias
sanitarias. Resumíamos nuestra postura de entonces señalando que
Izquierda Unida ha criticado el ámbito estatal de estos acuerdos y no los
ha suscrito porque entendemos que son acuerdos que establecen un
igualitarismo a la baja. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento,
señor De Luxán.
Señorías, guarden silencio.
Ya saben que el sistema de megafonía del hemiciclo está siendo revisado y
si hay rumores es muy difícil que pueda seguirse la intervención del
señor De Luxán y estoy seguro que también desarrollarla por el mismo.
Continúe, señoría.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (De Luxán Meléndez): Gracias,
señor presidente.
En esta nueva comparecencia, Izquierda Unida quiere mostrar su
satisfacción por el consenso alcanzado y esta propuesta que estamos
defendiendo viene avalada por la totalidad de los diputados de la
Asamblea de Madrid y el acuerdo expreso de sus partidos respectivos.
La reforma que planteamos tiene, como refleja en su exposición de
motivos, dos ejes fundamentales. De una parte, el hacer del órganos
representativo, la Asamblea de Madrid, una cámara que pueda cumplir
dignamente su contenido por funcionalidad, períodos de sesiones y
dedicación de sus diputados. De otra, aumentar y perfeccionar la asunción
de competencias, con el fin de hacer posible la prestación de los
servicios básicos a los ciudadanos de nuestra región.
Podíamos haberles traído un proyecto donde se hubiera desarrollado dentro
del Estatuto el actual artículo 6, que, como SS. SS. saben, se refiere a
la ley de capitalidad. Hubiera sido el deseo de mi grupo, pero esperamos
que dicha ley pueda ver la luz en esta legislatura. Lo esperamos desde el
ya lejano año de 1983.
Decíamos ante la asamblea de Madrid --y hoy lo repetimos con más
énfasis, si cabe-- que no nos ha guiado al Grupo de Izquierda Unida un
afán competitivo con otras comunidades y mucho menos un madrileñismo
casticista a todas luces inútil y desfasado. Basta leer la reforma que
proponemos al artículo 1º.
Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiaridades
características, sociales, económicas, históricas y administrativas, en
el ejercicio del derecho a la autonomía que la Constitución Española
reconoce y garantiza, es una comunidad autónoma que organiza su
autogobierno de conformidad con la Constitución Española y con el
presente estatuto, que es su norma institucional básica. Reconocemos,
lejos de antiguas polémicas sobre las competencias de los estatutos,
según los artículos que se referencian, 151 o el 143. La Comunidad de
Madrid nace del 144, esto es, del interés nacional, y esta referencia no
es, a nuestro juicio, baladí, ya que enmarca la doble función que debe
cumplir el estatuto. En primer lugar, el bienestar de los ciudadanos
madrileños, el ejercicio de sus derechos, en tanto que ciudadanos con
capacidad de autogobierno, el control sobre los servicios que la
sociedad, a través de las diferentes instituciones del Estado, tiene
obligación de prestar. En segundo lugar, no por ello menos importante, el
cumplimiento del artículo 2º de la Constitución, que reconoce y garantiza
el derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la
solidaridad entre todas ellas.
El desarrollo de este precepto constitucional nos lleva a nuestro grupo a
reflexionar sobre la necesidad de no entender el modelo del Estado como
un mosaico de comunidades que a través de sus diferentes estatutos y de
manera estanca se relaciona con el Gobierno central. Estamos, y están
ustedes, en una legislatura donde SS. SS. están estudiando las reformas
estatutarias de diferentes comunidades autónomas. El resultado final no
va a ser, y eso es bueno, una uniformidad institucional o competencial,
pero sí una homogeneidad que puede y debe hacer posible abrir una nueva
etapa constitucional, mientras se desarrollan las transferencias
competenciales que los estatutos reconocen, comenzar desde esta nueva
situación una reforma del Senado que haga de esa Cámara una auténtica
cámara de representación territorial.
El paradigma federal que Izquierda Unida propugna se va haciendo cada
vez más necesario para poder aunar los derechos políticos, sociales y
económicos residenciados en los ciudadanos, con independencia de su lugar
de nacimiento o de residencia. Y debemos hacerlo con las nuevas
instituciones de autogobierno de las nacionalidades y territorios. Si no
se crean las instituciones que puedan aunar ambos derechos será imposible
la solidaridad y los principios de igualdad que la Constitución reconoce,
o, con las mismas palabras de su preámbulo, proteger a todos los
españoles y los pueblos de España en el ejercicio de los derechos
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Nos
corresponde a todos aunar esfuerzos para hacer lo posible.
Nuestro grupo parlamentario de la Comunidad de Madrid espera de SS. SS.
el voto favorable a la toma en consideración de este proyecto de reforma
de estatuto.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Luxán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea, tiene la palabra
don Jaime Lissavetzky Díez.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (Lissavetzky Díez): Señor
presidente, señorías, el 14 de junio de 1982, en el castillo de
Manzanares el Real, la asamblea mixta de parlamentarios y diputados
provinciales, bajo la presidencia del senador don José Prat, tomó la
decisión de construir y consolidar la comunidad de Madrid. Menos de un
año después, el 28 de febrero de 1983, el Congreso de los Diputados
aprobó, en su calidad de ley orgánica, el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad. Con ello, Madrid cerraba el mapa autonómico e iniciaba un
camino que se mostraba como un desafío nada fácil, en el que habríamos de
implicarnos todas las fuerzas políticas y, más allá, los movimientos
sociales, los ayuntamientos, los ciudadanos y ciudadanas de la región.
Hoy, en 1998, 15 años después de aquel Pleno del Congreso, podemos
afirmar que el Estatuto y la acción de las fuerzas políticas y sociales
han hecho realidad aquel objetivo de consolidar la Comunidad de Madrid, y
lo han hecho, no sobre la base de una identidad cultural histórica, no
sobre una identidad lingüística, sino sobre dos señas de identidad muy
distintas: su condición de comunidad abierta, hospitalaria y tolerante y
sus capacidades como institución para dar respuestas reales y eficaces a
las necesidades cotidianas de los madrileños. El estatuto y sus
ulteriores desarrollos han potenciado su doble carácter de comunidad
abierta y de comunidad útil; también su condición de comunidad con una
clara vocación municipalista.
En ese ya largo camino hemos de enorgullecernos de haber contribuido a
consolidar asimismo un modo de hacer política, imprescindible cuando de
desarrollar las instituciones se trata, y que hunde sus raíces en el
propio proceso de elaboración de la Constitución, en el inicio de la
transición, o sea, el consenso. El consenso presidió la elaboración del
estatuto y gracias a él las fuerzas políticas madrileñas han podido, a lo
largo de los años, llenarlo de contenido, convertir su articulado en un
conjunto de instrumentos legales dirigidos a mejorar la calidad de vida
de los únicos destinatarios posibles de la acción política: las ciudades
y pueblos de Madrid, los ciudadanos y ciudadanas que en esa región viven
y trabajan.
Hoy damos un paso más. Esta sesión plenaria del Congreso de los Diputados
es la evidencia de que el test al que a lo largo de estos meses se ha
sometido la cultura política madrileña ha sido aprobado por las fuerzas
políticas de la región con notoria suficiencia y con generosidad. Todos
hemos antepuesto los intereses de los madrileños y madrileñas a los
propios de cada partido. Reafirmamos hoy ante esta Cámara ese espíritu,
dando continuidad al apoyo unánime que hace tres meses la Asamblea de
Madrid otorgó a la reforma estatutaria. Se trata de una reforma no
gratuita, no caprichosa, sino fundada en sólidas razones políticas y
orientada a hacer aún más útil la comunidad a los madrileños.
El presupuesto de nuestra comunidad, los recursos que gestiona, se han
multiplicado por veinte desde que en 1983 se constituyera el primer
Gobierno regional. Con esta reforma, en efecto, se eleva el techo
competencial de Madrid otorgándole el rango de exclusividad que sustituye
en su artículo 28 al algo ambiguo de plenitud. Ese cambio, con ser
importante, no es el componente esencial. A partir de la aprobación de
esta reforma por las Cortes Generales, la comunidad podrá gestionar
íntegramente la sanidad en su territorio. También tendrá competencias de
desarrollo legislativo en materia de protección de medio ambiente, cuya
importancia es de primer orden en un territorio con un ecosistema
especialmente vulnerable como el nuestro.
De igual modo, la Comunidad de Madrid podrá contribuir con eficacia a una
mejor prestación de los servicios de los tribunales de justicia. No por
casualidad dotamos a esa institución de mayores atribuciones para acercar
la justicia a los ciudadanos, una demanda especialmente sentida por muy
amplios colectivos sociales.
Asimismo, la apuesta por una Administración más transparente, por un
control más eficaz de los caudales públicos y de su destino, se concreta
en la creación de un órgano específico y a nuestro juicio imprescindible:
la cámara o sindicatura de cuentas de la Comunidad de Madrid.
Todas estas modificaciones, junto a otras de menor relieve, configuran un
Estatuto más avanzado, con mayores posibilidades de actuación para
mejorar la calidad de vida de los madrileños y madrileñas.
Ese notable avance no debe, sin embargo, conducirnos a la
autocomplacencia. Si antes decía que las fuerzas políticas madrileñas han
aprobado con solvencia el test al que ha sido sometida su cultura
política, no puedo ocultar que aún quedan asignaturas pendientes.
Resaltaré dos.
Ustedes saben, o creo que debían saber, que Madrid tiene como hecho
diferencial albergar en su territorio la capital del Estado. A nuestro
parecer es necesario desarrollar la ley de capitalidad de la Villa de
Madrid. Todos los grupos debemos comprometernos a superar de una vez por
todas ese déficit. La misma generosidad de que hemos hecho gala en la
negociación de la reforma estatutaria debería mostrarse a corto plazo en
la búsqueda de una solución equilibrada y satisfactoria para todos a esa
asignatura no aprobada.
La otra asignatura pendiente es el desmedido retraso de las
transferencias en enseñanza no universitaria, cuyas competencias debería
haber comenzado a gestionar este año la Comunidad de Madrid. Todas las
fuerzas políticas madrileñas debemos empeñarnos en que éstas sean
transferidas a corto plazo y con suficiencia financiera; tenemos esa
esperanza. No es un problema puramente competencial, señorías, sino una
exigencia inherente a un modelo de región que apuesta por el futuro, y
apostar por la educación, por una educación de calidad, es apostar por el
futuro. Madrid no puede ni debe temer al futuro, y retrasar las
transferencias no sólo es limitar las capacidades de gestión de la
comunidad, sino hurtarle atribuciones y posibilidades de construir el
futuro de centenares de miles de madrileños y madrileñas.
Hemos mejorado, en definitiva, el instrumento legal que la sociedad pone
a nuestra disposición y con el que Madrid abordará los nuevos desafíos
del siglo XXI equiparándose a las comunidades autónomas con mayores
niveles competenciales e incrementando el peso de esta región en lo que
el Título VIII de nuestra Carta Magna define como Estado de las
Autonomías. Este paso adelante debe convertirse en la reafirmación de una
vocación histórica antigua, pero adaptada a las exigencias que nos
plantea el inminente horizonte del nuevo siglo: influir en la
configuración de un Estado autonómico que no se resigne a los
desequilibrios entre territorios y ciudadanos; acrecentar su papel como
región dinámica, solidaria y con capacidad para generar pensamiento
político y propuestas institucionales que condicionen y modifiquen
positivamente la realidad autonómica de España. Decía
don Manuel Azaña, al referirse a Madrid: La destinaron a ciudad federal
de las Españas y en lugar de presidir la integración de un imperio no
hizo sino registrar hundimientos de escuadras y pérdidas. Creo que ese
fatalismo ha sido felizmente superado los últimos 20 años. Pero no es
menos cierto que Madrid no ha logrado todavía traducir su condición de
región abierta y solidaria, a la que antes me refería, en un auténtico
liderazgo en favor de un Estado autonómico equilibrado en el que todos
los ciudadanos tengan igualdad de derechos políticos, económicos y
sociales, con independencia del territorio en que residan.
Señorías, hoy cerramos un proceso en el que nos hemos implicado con
lealtad todos los grupos presentes en la Asamblea de Madrid. Se abre una
nueva realidad ante nosotros. De la reforma del estatuto saldrá una
comunidad más sólida, más capaz, más solvente para dar respuesta a los
problemas de los madrileños. El trabajo desarrollado no ha sido fácil.
Por ello, es obligado expresar en este tramo final de mi intervención mi
reconocimiento a la labor no siempre visible que en ese trayecto han
llevado a cabo durante los últimos meses los diputados regionales de los
distintos grupos parlamentarios. También, a la labor desarrollada por los
diferentes gobiernos regionales a lo largo de la historia del estatuto,
presidido durante 12 años por Joaquín Leguina, hoy presente en esta
Cámara, y en quien los madrileños, sea cual sea su ideología y sus
creencias, reconocemos al arquitecto de una comunidad hoy viva y
consolidada; un reconocimiento que, por supuesto, extiendo a quienes hoy
gobiernan la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al presidente
de la Asamblea, Juan Van-Halen, y a quienes han presidido en ese dilatado
período de tiempo la Asamblea de Madrid.
Termino, señorías, insistiendo en la necesidad de trascender el enorme
avance que supone esta reforma y reafirmando la importancia que para las
fuerzas políticas madrileñas tendrá en el futuro reflexionar sobre el
desafío al que antes aludía: fortalecer el papel de Madrid en el
concierto autonómico de España. José Ortega y Gasset evocaba en su
trabajo La idea del darma un diálogo entre una mujer y un filósofo.
Comentaba el filósofo: Pero señora, yo no vivo --le respondo-. Entonces,
¿usted qué hace? --preguntó la mujer--. Yo asisto a la vida de los demás
--respondió el filósofo--.
Madrid no debe asistir impávido a la vida del resto de las comunidades.
No debe mostrarse ajena al devenir
de un Estado de las autonomías cuya solidez y perdurabilidad va a residir
en el logro de una situación en la que nadie se sienta discriminado.
Madrid está profundamente arraigado en la historia de la democracia
española. Su papel ha sido decisivo en momentos nada fáciles para su
consolidación y supervivencia. Debe, en el futuro, hacer honor a tan
meritorio pasado para proyectarse hacia el conjunto de España, y más
allá, en la Europa que apunta en el nuevo siglo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea, tiene la palabra don
Manuel Cobo Vega.
El señor DIPUTADO DE LA ASAMBLEA DE MADRID (Cobo Vega): Gracias, señor
presidente.
Buenas tardes, señorías. Hace algo más de cuatro años tuve el honor de
defender en esta misma Cámara, como diputado del Grupo Popular en
representación de la Asamblea de Madrid, la anterior reforma del Estatuto
de la Comunidad de Madrid. Los importantes cambios habidos en este tiempo
con otras mayorías en las Cortes Generales, en la Asamblea de Madrid,
gobiernos de la nación y en la Comunidad de Madrid, también diferentes de
los que había entonces, no suponen planteamientos distintos de los que
expusimos en la defensa de la anterior propuesta de reforma de estatuto y
que es obligado reiterar en esta ocasión.
Sigue teniendo total vigencia lo manifestado por José María Aznar en el
sentido de que es imprescindible, en todos aquellos asuntos que afecten
directamente a la esencia misma del Estado, tal y como está estructurado
en nuestra Constitución, un consenso fundamental entre las diversas
fuerzas políticas. El término «consenso fundamental» al que se refería
José María Aznar es el mismo que posteriormente se empleó en la
exposición de motivos de la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de
transferencia de competencias a comunidades autónomas que accedieron por
la vía del artículo 143 de la Constitución, cuyas bases fueron fijadas
por el pacto autonómico suscrito el 28 de febrero de 1992 por el Gobierno
de la nación, el Partido Socialista y el Partido Popular. En este mismo
sentido debemos reconocer y agradecer al presidente de la Comunidad de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, su voluntad de acuerdo y su decisivo
impulso a la reforma estatutaria.
En el debate sobre la orientación política general del Consejo de
Gobierno, más conocido como debate sobre el estado de la Región, del año
1996, el señor Ruiz-Gallardón manifestó la necesidad de solicitar un
nuevo pacto autonómico. Le cito textualmente: Y ello, señorías, exige un
consenso, un consenso previo de los grupos madrileños para una reforma
institucional en profundidad; una reforma de nuestro estatuto para poder
solicitar del Gobierno de la nación y del resto de las comunidades
autónomas de España ese nuevo pacto en el que se negocien las
transferencias de la Administración central, ampliándolas a materias no
incluidas en anteriores acuerdos, especialmente las de gestión de las
prestaciones sanitarias del Insalud y todas aquellas que puedan
incrementar los niveles de competitividad regional. Y añadió el mecanismo
desde el que, a su juicio, debería plantearse esa equiparación
competencial: a través de una propuesta consensuada de modificación del
estatuto de autonomía que naciera de este Parlamento.
Señorías, ese consenso fundamental es el que ha impregnado la reforma del
Estatuto de la Comunidad de Madrid que defiendo en estos momentos. Si la
anterior reforma de estatuto contó con el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, que representábamos una
gran mayoría de la Asamblea de Madrid, esta reforma cuenta con el
respaldo unánime de todos los representantes de los ciudadanos de Madrid,
por lo que no cabe mayor consenso fundamental.
La profunda reforma del Estatuto de la Comunidad de Madrid que hoy se
presenta a la consideración de SS. SS. --y aprovecho para agradecer a
esta Cámara y a su presidente la prontitud de su tramitación-- se
fundamenta en el derecho a la autonomía que reconoce el artículo 2 de
nuestra Constitución y en la solidaridad regional que también establece
ese mismo artículo.
La solidaridad de la Comunidad de Madrid con el resto de comunidades es
algo intrínseco, natural, nuclear de los madrileños, y los madrileños,
señorías, no debemos sentir, y no sentimos, ningún complejo a la hora de
reivindicar nuestra identidad como comunidad autónoma y, en consecuencia,
a la hora de reivindicar nuestros derechos con firmeza y responsabilidad,
pero sin olvidar la vocación de ser una comunidad fundamentalmente
solidaria. ¡Cómo no lo vamos a ser! Basta con decir que, en la todavía
corta historia de nuestra comunidad autónoma, ha habido diputados nacidos
en cada una de las diecisiete comunidades autónomas. La Comunidad de
Madrid tiene profundas raíces entrelazadas con las del resto de España, y
por su tronco corre la misma savia, la de innumerables generaciones de
todos los lugares, que, como decía el clásico, han hecho de Madrid el
rompeolas de todas las Españas.
Señorías, nuestro derecho a la autonomía, que se desarrolla con la
asunción de nuevas competencias, como las contenidas en la reforma del
estatuto cuya aprobación solicitamos, tiene un objetivo básico, que, en
palabras del presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, es nuestra principal razón
de ser: la Comunidad de Madrid no se justifica por razones históricas, ni
culturales, ni lingüísticas, ni geográficas, ni socioeconómicas; nuestra
principal razón de ser, nuestra principal justificación es que seamos
capaces de construir una Administración más eficaz, más útil, a menor
coste y más próxima a los ciudadanos. Este criterio de eficacia es el que
ha imperado a la hora de solicitar nuevas transferencias; por un lado,
hemos elevado el nivel competencial dentro del marco constitucional, pero
sólo en aquellas materias en las que creemos que podemos prestar un mejor
servicio a los ciudadanos, manteniendo la titulación competencial de la
Administración general del Estado en aquellas otras que consideramos que
pueden gestionarse más eficazmente que desde la autonomía.
Termino, señorías, solicitando su aprobación a la reforma del Estatuto de
la Comunidad de Madrid, que ha contado con el apoyo de su Gobierno, de la
Mesa de la Asamblea, presidida por don Juan Van-Halen, y de los tres
grupos parlamentarios, que, con un ejemplar grado de responsabilidad
política, han alcanzado el consenso fundamental que permitirá que podamos
mejorar la calidad de vida de los madrileños.
Gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cobo.
Tras las intervenciones de los grupos parlamentarios de la Asamblea
proponente, ¿grupos parlamentarios del Congreso que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, miembros de la Asamblea de Madrid de los
distintos grupos, he bajado aquí porque creo que no solamente desde el
escaño debo apoyar, como diputada por Madrid y en nombre del Grupo de
Nueva Izquierda y también de Iniciativa per Catalunya, esta proposición
de ley.
Cuando escuchamos el himno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid,
aquel primitivo himno que Joaquín Leguina le encargó a alguien tan
exótico como García Calvo, recuerdo que se decía que éramos un corro
agarrados de las manos del resto de las comunidades, y que en este corro
nos habían dejado solos. Pero yo creo que ese corro de alguna manera
envolvía a todo el mundo, y aunque parecía que nos hacía centralistas de
un Gobierno o de un Estado, quería ser mucho más libre, y lo mismo que se
liberó el Estado con todas las autonomías que se hicieron, también Madrid
se reconoció en sí misma, dejó de ser esa capital de alguna manera
opresora de otras, para convertirse en una capital que podía dedicarse
como comunidad a la defensa de los intereses, a veces muy desiguales, que
hay en Madrid. Por eso, cuando se creó esta autonomía parecía que nacía
un poco forzada, pero yo creo que hoy Madrid se ha convertido en una
comunidad que por haber vivido la experiencia, quizás de una manera
negativa, de la tolerancia y de la concurrencia de gentes, hoy es una
comunidad que desde la libertad ha establecido la solidaridad, la
generosidad, la tolerancia y la capacidad de abrirse a todo el mundo.
Ese estatuto yo creo que nació con una gran alegría, pero también con
unas miras que han sido superadas con el tiempo, y me alegra que se
supere el tiempo para tener más conciencia autonómica. Yo creo que hoy la
ampliación del Estatuto de la Comunidad de Madrid, la necesidad de asumir
sus propias transferencias, la necesidad de buscar su propio presupuesto
para acabar con desigualdades y también, cómo no, superar las
deficiencias que todavía tiene al ser considerada, como se ha dicho por
algunos de los representantes de los grupos de la Asamblea, su
capitalidad del Reino, va a beneficiar no sólo a los madrileños, sino al
conjunto de ciudadanos.
Yo sé que soy una vecina de Madrid, no nacida en Madrid, pero me siento
absolutamente madrileña porque tuvo la capacidad de acoger a todo el
mundo, y hoy, hablando también en nombre del Grupo de Iniciativa per
Catalunya, tengo que decir que creemos que precisamente de esa apertura,
de ese desarrollo autonómico tiene que venir la solidaridad. Sé que
todavía este estatuto se tiene que reformar más, esperemos que sea
precisamente para reconocer más capacidad de libertad; que todavía tendrá
deficiencias, pero que en el gran consenso que han conseguido los grupos
políticos mayoritarios de la Asamblea nosotros no vamos a ser una voz
discordante. Sabéis que vais a tener nuestro apoyo, que además ese apoyo
no solamente es egoista para la Comunidad de Madrid, sino generoso para
el resto de las autonomías. Y esa generosidad, esa libertad y esa
conciencia autonómica Madrid la necesita para conseguir que no se crea
que es la capital que ahoga las diferencias o que tiene mayores
posibilidades, sino que también tiene enormes desigualdades con su sierra
pobre o con su zona norte. Nosotros creemos que todo eso, con una
conciencia autonómica y solidaria, va a ayudar a avanzar hacia adelante.
Hoy os daremos nuestro voto favorable porque el consenso a que habéis
llegado y el esfuerzo que habéis hecho en absoluto van a ser
distorsionados por quien os habla, que se siente vinculada al acuerdo de
Madrid como diputada y, sobre todo, como persona acogida en esta
comunidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Recuerdo a los invitados que está prohibido manifestar asentimiento o
discrepancia en las tribunas.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para fijar nuestra posición y anunciar el voto favorable
de mi Grupo de Coalición Canaria a esta propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Lo hago, en primer lugar, por el principio de solidaridad que siempre ha
mostrado mi grupo ante todas las iniciativas de los parlamentos
autonómicos, en este caso de la Asamblea de Madrid. Somos solidarios y
creemos en el Título VIII de la Constitución Española, que trata del
Estado de las autonomías y cuyo fundamento y expresión institucional y
territorial son precisamente los gobiernos autonómicos y sus respectivas
asambleas y parlamentos.
Lo hago también con una gran satisfacción personal, porque puedo decir
que en mi larga vida y experiencia parlamentarias, afortunadamente --en
este caso para la Comunidad de Madrid--, he votado más veces el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid y sus modificaciones orgánicas que
el Estatuto de Autonomía de mi propia Comunidad Autónoma de Canarias.
El día 25 de este mes de febrero se van a cumplir quince años desde que
votamos aquí la Ley Orgánica con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Después hicimos la votación también de las leyes
orgánicas modificadoras números 2/1991 y 10/1994. Quiere esto decir que
ha transcurrido un tiempo de quince años en los cuales ha habido un
proceso de reflexión, de madurez, de modernización, de adecuación a las
circunstancias, de eso que tan elegantemente, con un amplio sentido
político, se proclama precisamente en el párrafo primero del artículo 1
del proyecto que aquí viene. Principios reconociendo la singularidad,
dentro del Estado español, de Madrid como capital del Reino; de Madrid
como un proyecto de convivencia en común donde los valores sociales,
económicos, históricos y administrativos se van a mezclar también con lo
que dice el párrafo tercero de este artículo 1, los valores fundamentales
de defensa de una Constitución de un Estado democrático y de Derecho, es
decir, los principios fundamentales de libertad, de justicia y de
igualdad.
Pues bien, llegado a este punto, y como bien han expresado los señores
representantes de las tres fuerzas políticas de la comunidad y de su
Asamblea, podemos comprobar que se ha obtenido un consenso, y la
experiencia nos dice que cuando no ha habido un consenso de las fuerzas
principales que la expresión de la soberanía popular ha llevado a la
Asamblea, estos estatutos quedan cojos, no tienen un grado de aceptación,
y éste sí la tiene. Se han cumplido todos los requisitos constitucionales
que consagran las leyes vigentes para la tramitación de estos estatutos.
Por tanto, reúne el principio de constitucionalidad, reúne el principio
democrático obtenido por la Asamblea de Madrid, y es lógico que esta
Cámara dé todo su apoyo institucional porque, junto a las correcciones
técnicas que el tiempo ha hecho evidentes --mejoras técnicas, como se
dice en el texto--, hay dos principios fundamentales que es necesario
amparar después de estos quince años de transcurrir democrático, de
maduración, de reflexión y de llegada al punto de hoy también un mes de
febrero como el originario de hace quince años, que son garantizar unos
aumentos competenciales en lo que son las potestades del autogobierno.
Pero en un sistema democrático de control de garantías esto quedaría cojo
si no estuviera también aquí lo que es la renovación en un marco
institucional de conseguir una serie de actuaciones en aquellos
principios que tiene fundamentalmente todo cuerpo legislativo, toda
asamblea, todo parlamento autonómico, que son dos consagraciones
constitucionales. En primer lugar, control al Gobierno, porque si se
piden más competencias de autogobierno que ejercerá la Comunidad
Autónoma, tiene que haber también una correlación de capacidad de la
Asamblea de control y de estímulo a ese Gobierno, que utilice todo lo que
le vamos a dar como instrumento de autogobierno. En segundo lugar,
señalar el marco institucional de la Asamblea de Madrid para ejercer
precisamente estas dos competencias nobles, democráticas y
constitucionales.
Por esta razón, con plena satisfacción por ser la cuarta vez que lo voy a
hacer, el voto de Coalición Canaria va a ser positivo a esta iniciativa.
Le deseo el mejor bienestar y avance democrático al pueblo de Madrid.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero cumplir con el deber de cortesía, en nombre del Grupo
Vasco, de saludar a los representantes de la Comunidad Autónoma de Madrid
y felicitarles por el consenso obtenido para presentar la modificación de
su estatuto.
He oído decir a su presidente que con este texto aprobado Madrid
alcanzaría su mayoría de edad como comunidad autónoma, y así será si así
se desea por sus legítimos representantes en lo que de mi grupo dependa.
Esta reforma contempla, además de la elevación de su techo competencial,
importantes modificaciones, introduciendo, por ejemplo, la posibilidad de
disolución anticipada de su parlamento, que antes sólo el estatuto vasco
contemplaba y que hubiese solucionado problemas reales de la Comunidad de
Madrid que conoce muy bien por su experiencia en pasadas legislaturas.
No se ha introducido, sin embargo, limitación de mandatos presidenciales
como en plan novedoso sí se hizo en el Estatuto de Castilla-La Mancha,
pero obviamente esta es una decisión política.
Incluye la proposición aspectos técnicamente muy correctos que no me
resisto a citar, como es la plasmación que se hace de la reserva del
reglamento de la Cámara en el artículo 1.14, redactando el artículo 16 de
su estatuto.
En fin, señorías, sin mayores pormenores, perteneciendo como pertenezco a
un partido defensor del autogobierno vasco, el mismo criterio que
seguimos para nosotros lo aplicamos a los demás, y puesto que la
Constitución plasma el principio dispositivo, creemos que cada comunidad
autónoma debe tener el nivel de competencias que desee y que se sienta
razonablemente capaz de administrar.
Nuestra actitud en la tramitación será de respeto, por tanto, a lo
decidido por la Comunidad Autónoma de Madrid a través de sus órganos y
por supuesto votaremos a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a fijar nuestra posición ante esta propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía que nos plantea la asamblea legislativa de Madrid y también
decir, junto a la salutación a nuestros colegas de la Asamblea
legislativa de Madrid, que nosotros vamos a apoyar esta nueva reforma de
su estatuto. Vamos a hacerlo, primero, por tradición. Nuestro grupo
parlamentario nunca se ha negado a una iniciativa que venga de una
asamblea legislativa de comunidad autónoma y menos cuando ésta hace
referencia de manera absolutamente sustantiva y nuclear a su estatuto de
autonomía.
En segundo lugar, por convicción. Nosotros entendemos, tal como han
expresado los dignos representantes de la Asamblea legislativa de Madrid
y como se ha descrito en el propio preámbulo de esta proposición de ley,
que nadie mejor que la propia comunidad para saber cuál es el momento
idóneo para subir uno, dos, tres peldaños de la autonomía y, por tanto,
desde su conocimiento interno, saber hasta dónde puede llegar, en un
momento dado, su grado de autonomía.
Si han creído insuficientes las reformas que se han llevado a cabo
después de practicarlas, y a partir de esta praxis nace la necesidad de
una reforma en los dos ámbitos, tanto en el ámbito institucional de
gobierno y de parlamento como en el ámbito competencial, nuestra
convicción se incrementa en el sentido, repito, de que cada comunidad
autónoma es muy libre de acometer aquellas reformas estatutarias para
mejorar, para incrementar en este caso su desarrollo autonómico, su marco
competencial autonómico.
Hay una cuestión que creemos que no es menor y que probablemente la
propia Asamblea de Madrid se la haya planteado, señor presidente,
señorías, y que tal vez se suscite a lo largo de la tramitación; esta
cuestión no menor hace referencia a la propuesta de su artículo 19,
cuando el presidente de la Comunidad de Madrid puede disolver la Cámara
legislativa en un marco muy condicionado, que nosotros reconocemos en su
redacción, pero que puede comportar, en un momento dado, disuelta la
Asamblea, que la nueva legislatura sólo tenga una duración de un año y
unos meses. Ese artículo 19 está redactado tan alambicado que esa
potestad nueva que tendría el presidente de la Comunidad de Madrid está
muy sujeta a distintos aconteceres que no sólo pueden darse en el seno de
la propia Comunidad de Madrid, sino que la mayoría de ellos son externos
a ella. Así lo decimos, señor presidente, desde el respeto más absoluto a
cuanto ha convenido --además, parece que por consenso-- la Asamblea
legislativa de Madrid. Pero quizá sea un punto sobre el que las Cortes
Generales, Congreso de los Diputados y Senado, debamos meditar en
beneficio, obviamente, de la línea política argumental que expone la
Asamblea legislativa de Madrid.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y como diputada elegida por esa formación política
--Izquierda Unida-- y por la circunscripción de Madrid. Comienzo dando la
bienvenida y saludando a los representantes de la Comunidad de Madrid e
intervengo para fijar nuestra posición con respecto a la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Hoy en nuestro grupo nos alegramos de ser partícipes del consenso
alcanzado en la Asamblea de Madrid, que viene a recoger, si no la
totalidad, las más importantes propuestas que nuestro grupo formuló en el
año 1994 a través de una enmienda a la totalidad con texto alternativo a
la propuesta inicial de reforma del Estatuto de Autonomía del año 1983.
Esta propuesta de reforma fue presentada en aquel momento por el Grupo
Socialista y por el Grupo Popular y estaba condicionada, inevitablemente,
por el pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista;
presentaba no pocas contradicciones con compromisos, análisis e
intervenciones efectuadas con anterioridad, incluso en la propia Cámara
autonómica, y que han quedado perfectamente reflejadas en los respectivos
«Diarios de Sesiones».
Nuestro grupo, Izquierda Unida, siempre consideró que la insuficiencia de
aquella reforma, finalmente aprobada, significaría un retraso a la hora
de plantear y abordar soluciones políticas ajustadas a la realidad
madrileña. De ahí que estemos hoy aquí y las veces que ha tenido que
votar el representante de Coalición Canaria.
Es una comunidad que tiene características especiales, no exentas de
contradicciones y de tensiones, generadas, en gran parte, desde su
condición de albergar en su seno la capital del Estado y ser sede de las
más importantes instituciones, lo que no pocas veces la hace víctima de
la identificación con el centralismo, impidiendo con frecuencia la
visualización de su realidad como comunidad y de sus no pocas
necesidades. Es una comunidad con grandes aglomeraciones urbanas que
provocan fuertes desajustes y alteraciones ambientales, además de un
doble esquema de desigualdad territorial y social, que han marcado un
desarrollo compulsivo, desequilibrado y en ocasiones insostenible.
El representante del PP en el debate para esta última reforma que hoy
discutimos se lamentaba porque en 1994 no había podido convencer a
Izquierda Unida para su adhesión a la misma. Nuestro grupo defendía, en
el fondo del debate y en los contenidos concretos de nuevas
transferencias, cuestiones muy parecidas a las que hoy sigue defendiendo,
y que ahora sí han sido recogidas, si no en su totalidad, en una parte
muy importante: las transferencias en sanidad para poder gestionar la red
sanitaria, mayores competencias en el ámbito de trabajo, industria o
desarrollo legislativo de protección al medio ambiente y, con todo ello,
una mayor capacidad para la propia Asamblea o la creación de la cámara de
cuentas. Todo eso significaba entonces, y significa hoy, elementos
indispensables para culminar el desarrollo de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Por tanto, son ustedes --si me permiten la precisión-- los que han
cambiado y hoy consideran posible plantear estas transferencias para
nuestra comunidad, con firmeza, responsabilidad y sin servilismos, como
les gusta señalar a los portavoces del Partido Popular. Así pues, sin
entretenernos en reproches, hoy coincidimos por fin todos los grupos, si
no en el momento en que pudo ser, en los más importantes contenidos de
esta reforma, convencidos de que la firmeza y la responsabilidad la vamos
a aplicar todos, sin servilismos, para la solución de los principales
problemas de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma de
Madrid, con el desarrollo urgente y generoso desde esta reforma y desde
la consideración de que la Comunidad Autónoma de Madrid no puede
permitirse unos déficit en atención sanitaria, en atención educativa, en
el tratamiento de los importantes problemas medioambientales o en la
pérdida de tejido industrial y empleo.
En consecuencia, nuestro compromiso político consiste en contribuir a
buscar y reclamar soluciones desde la exigencia del cumplimiento de este
nuevo marco del que hoy nos estamos dotando. Por tanto, no queremos con
nuestra intervención mirar al pasado sino entrar en una nueva etapa. Pero
avanzando más allá de los beneficios que la reforma puede significar para
los aspectos imprescindibles de desarrollo de la comunidad, que antes
señalábamos, nuestra comunidad quiere y debe participar también en las
propuestas globales para asumir nuevos retos, que deberían culminar en un
amplio acuerdo entre las fuerzas políticas y las instituciones de las
comunidades autónomas para completar el actual Estado de las autonomías,
y con un modelo de financiación transparente, consensuado, solidario y
corrector de desequilibrios.
Nosotros entendemos que sólo desde esta perspectiva podremos avanzar
hacia un modelo de Estado más federal, que nosotros defendemos, como
fórmula que podría dar solución consensuada a mayores cotas de
autogobierno y a los problemas políticos derivados de la realidad
plurinacional y plurirregional de España, de su diversidad cultural y
lingüística. Desde esta perspectiva de globalidad y de comprensión de
todos estos elementos queremos participar; desde las necesidades de la
Comunidad Autónoma de Madrid y desde el conjunto de las necesidades del
Estado.
Finalmente, no sería justo obviar que en esta reforma han quedado algunos
aspectos que afectan fundamentalmente al artículo 6º y a la ciudad de
Madrid, como ya se ha dicho aquí. La ciudad de Madrid es sede de
instituciones del Estado; en ella viven más del 50 por ciento de los
ciudadanos y ciudadanas de la comunidad y necesita también que se plantee
su propia descentralización y un adecuado marco de participación
ciudadana. Su gran población, su realidad socioeconómica y su
consideración como capital serían razones suficientes para haber
encontrado un estatuto más ajustado a esta realidad. Por tanto, dejamos
algunas aspiraciones y propuestas a las que no renunciamos y que, en
nuestra opinión, hubieran mejorado la reforma del texto del estatuto.
Pero, como ya manifestó nuestro portavoz en la Asamblea de Madrid,
recogidos los principales elementos, hemos antepuesto el valor del
consenso a nuestras máximas aspiraciones.
Quiero terminar, como ya han apuntado o formulado otros portavoces,
destacando la necesidad de que para la tramitación de esta reforma, dado
el grado de consenso alcanzado, se proceda con la máxima celeridad que
permita el Reglamento de la Cámara, porque sería una buena noticia para
los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Madrid poder
celebrar en mayo, junto con las fiestas de la comunidad, la incorporación
de estas reformas al estatuto de autonomía, y que sirviera, finalmente,
para recuperar el tiempo que en sucesivas reformas, no suficientemente
completas, se ha perdido para avanzar y mejorar la realidad de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sabanés.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, señorías, portavoces de los
grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, sometemos hoy a
consideración de esta Cámara la proposición de ley de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobada con el consenso
de todos los grupos parlamentarios el pasado día 5 de diciembre de 1997
por la Asamblea de Madrid.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se aprobó, como es
sabido, en febrero de 1983 y fue, como ya se ha indicado, modificado en
dos ocasiones: en marzo de 1991 y en marzo de 1994; en esta última
ocasión como consecuencia de los pactos autonómicos de 1992 y a fin de
incorporar al estatuto nuevas competencias.
La Asamblea de Madrid ha considerado que las anteriores reformas del
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que fueron necesarias y
oportunas en su momento, hoy resultan insuficientes para poder atender a
los intereses de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
La reforma del Estatuto de Autonomía, que hoy se debate, representa una
modificación sustancial, tanto en el marco institucional como en el
competencial. Vaya por delante que el Grupo Socialista va a apoyar esta
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid
en línea con nuestra disposición para el consenso en política autonómica,
plasmado claramente en los pactos autonómicos de 1992, que representaron
en su momento un paso decisivo para dar mayor autonomía a las comunidades
autónomas, incluida la de Madrid, y cuyo desarrollo todavía no ha
terminado.
La reforma institucional afecta al gobierno autonómico y a sus mecanismos
de control: Asamblea y Tribunal de Cuentas; se refuerzan las funciones de
la Asamblea y se cambia la organización y el funcionamiento, así como el
Estatuto de los Diputados. En efecto, a partir de esta reforma, se
amplían los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea, se elimina la
limitación anterior y quedan establecidos, al igual que en esta Cámara,
dos períodos de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio.
Aún más relevante resulta la modificación que afecta al Estatuto de los
Diputados: se suprime la prohibición de que los diputados puedan percibir
retribuciones fijas (hoy sólo perciben dietas) y se establece que
percibirán una asignación que será fijada por la Asamblea, que también
determinará el régimen de incompatibilidades.
Merece destacarse la facultad, que con esta reforma se introduce, de
disolución de la Asamblea, con ciertos límites, por parte del presidente
del hoy Consejo de Gobierno, que también cambia su denominación y pasa a
llamarse Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a la nueva Cámara de Cuentas que se crea, ejercerá el control
económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio del
que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en
la Constitución.
En lo que alude al ámbito competencial, se eleva la capacidad de
autogobierno, ampliando las competencias exclusivas de las que gozaba
hasta ahora la comunidad; se agrupan las competencias económicas,
incluyendo materias de tanta importancia como comercio interior y se
aumentan las competencias de la Comunidad de Madrid en relación con la
Administración de justicia y con las notarías y registros de la propiedad
y mercantiles.
En suma, señor presidente, señorías, con este nivel de autogobierno que
contiene la proposición de ley de reforma del Estatuto de la Comunidad de
Madrid, se reducen las desigualdades tan notables que tenía Madrid con
respecto a otras comunidades autónomas. La importancia de las
competencias que se asumen es extraordinaria. Sólo con la incorporación
de las materias educativas (pendientes de transferencias) y sanitarias se
duplicará el presupuesto actual y, naturalmente, los efectivos personales
correspondientes.
El presupuesto de la comunidad en su conjunto se va a incrementar cuando
se asuman las futuras competencias, lo que significará aumento de la
actividad de control al Gobierno y de la potestad legislativa. Así, la
reforma del Estatuto viene marcada, entre otras razones, también por la
eficacia exigible a las instituciones (Gobierno autónomo y Asamblea)
encargadas de gestionar tan significativas competencias.
Madrid, con una población muy alta, grandes concentraciones urbanas y muy
complejos problemas sociales y económicos, requería esa asunción de
competencias que hoy se trae a esta Cámara para su tramitación por la vía
de reforma del Estatuto.
Dentro de pocos días, en este mismo mes de febrero, se cumplirán 15 años
desde la constitución de la autonomía madrileña. Muy pocos creían
entonces en el proyecto y casi nadie que llegaría a alcanzar unos niveles
de autogobierno como los que ahora traemos a esta Cámara. Con la
aprobación del Estatuto de autonomía en febrero de 1983 se cerraba, como
se dijo entonces, el mapa autonómico y se afrontaba una larga e
ilusionada trayectoria. Se ha dicho que aquel 14 de julio de 1982 en el
Castillo de Manzanares el Real la Asamblea Mixta de Parlamentarios y
Diputados Provinciales, bajo la Presidencia de don José Prat, el
recordado y querido senador hoy ausente, decidió comenzar la andadura
para construir por primera vez en
la historia de las instituciones madrileñas la comunidad autónoma.
En esa trayectoria también han desempeñado un importante papel los
municipios, no sólo por su participación en el proceso como
representantes de la soberanía popular, sino, y sobre todo, como parte
integrante del avance y progreso que ha significado su actuación a lo
largo de estos 15 años. Pero la Comunidad de Madrid, hoy también asentada
como una realidad regional en el ámbito europeo, es singular, y lo es en
el conjunto del mapa autonómico español, y ello también ha marcado su
proceso de desarrollo y de consolidación.
Como decía el pasado 5 de diciembre en la Asamblea de Madrid el portavoz
del Grupo Socialista, Jaime Lissavetzky, y hoy ha recordado aquí, 15 años
después, nuestro Estatuto y la acción de las fuerzas políticas y sociales
han hecho realidad aquel objetivo de consolidar la Comunidad de Madrid,
no sobre la base de una entidad cultural e histórica, tampoco sobre la
base de una entidad lingüística, sino sobre dos señas de identidad muy
distintas,...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: ... y yo añadiría muy importantes: su condición
de comunidad abierta, hospitalaria y tolerante y sus capacidades como
institución para dar respuestas reales y eficaces a las necesidades
cotidianas de los madrileños.
Y no quiero dejar de mencionar en esta breve intervención a quien fue el
primer presidente de la autonomía de Madrid, el socialista don Joaquín
Leguina, figura ya señera en la historia de la Comunidad y que durante
tantos años trabajó junto con sus equipos de gobierno con tesón y
claridad de ideas en la construcción y consolidación de la autonomía
madrileña.
La Comunidad de Madrid ha trabajado desde el principio por el
reequilibrio social y territorial, por las zonas con más dificultades,
por el sur y el corredor del Henares; en suma, por el desarrollo
económico basado en la solidaridad. Somos conscientes aún de las
profundas diferencias que tenemos con otros grupos políticos en el nivel
autónomico de la financiación, del modelo de financiación o del modelo
del sistema de financiación de la sanidad, pero ello no obsta para
busquemos el consenso y, en temas como el que nos ocupa, estemos por
encima de las diferencias ideológicas y de partido, mostrándonos todos de
acuerdo para dotarnos de mejores y más eficaces instrumentos para la
acción política de los diputados, de los grupos parlamentarios, de la
Asamblea y del Gobierno de la Comunidad.
Y, aunque, como se ha dicho, quedan temas pendientes (la ley de la
capitalidad de la Villa de Madrid y también las transferencias de
enseñanza no universitaria), tendremos que ser capaces de resolverlos
también, como hemos ido haciendo en otros asuntos quizá, si cabe, más
complicados.
El señor PRESIDENTE: Concluya señora Alberdi, por favor.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente, ya termino.
Deseo una rápida y eficaz tramitación de este proyecto de reforma, que
contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para ver
culminada esta aportación a la construcción y consolidación del Estado de
las autonomías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Ismael Bardisa
El señor BARDISA JORDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es un honor para este diputado subir esta tarde a esta tribuna
para fijar la posición favorable del Grupo Parlamentario Popular en la
toma en consideración de esta Cámara de la proposición de ley de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Y lo es por el hecho
de haber sido diputado de la Cámara autonómica proponente durante tres
legislaturas y haber vivido, por tanto, el nacimiento y el camino
recorrido por Madrid en el Estado de las autonomías.
Quiero, en primer lugar, felicitar a los parlamentarios de la Asamblea de
Madrid que han comparecido en esta tribuna para la defensa de dicha
reforma, señores De Luxán, Lissavetzky y Cobo; felicitación que hago
extensiva a todos los diputados de la Asamblea de Madrid, representados
hoy en la tribuna por su presidente, don Juan van Halen, y por la Mesa de
la Asamblea de Madrid. Y también deseo felicitar al Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid y a su presidente, señor Ruiz-Gallardón, por el
alto grado de consenso y de acuerdo conseguido en el texto de reforma de
dicho estatuto. También quiero recordar al antiguo presidente, hoy
diputado aquí con nosotros, don Joaquín Leguina, que en mucho ha
contribuido a la trayectoria de la autonomía de Madrid.
Señorías, ésta es la tercera reforma que se produce en el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid y creo que es la más profunda e
importante desde que fue aprobado, mediante ley orgánica, en el año 1983.
La primera reforma, en el año 1991, fue de escaso volumen, pero de gran
relevancia institucional, ya que supuso la inclusión de la Comunidad de
Madrid en un calendario común de elecciones para todas las comunidades
autónomas. Y la segunda reforma, en el año 1994, por la que la Comunidad
de Madrid asume
nuevas competencias, una vez superado el plazo de cinco años establecido
en el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución española.
Esta tercera reforma que hoy se trae a esta Cámara, y que ha sido
consensuada por los tres grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid,
es la más importante, tanto a nivel institucional como en la asunción de
nuevas transferencias para Madrid. En el campo institucional, se
garantiza la estabilidad de la comunidad autónoma, la confianza de los
madrileños en su autonomía. Madrid no es una comunidad histórica; la
cultura de Madrid es la cultura de España; la historia de Madrid es la
historia de España; la lengua de
Madrid es la lengua común de todos los españoles. Madrid es una comunidad
uniprovincial en la que radican las más altas instituciones del Estado.
La Comunidad de Madrid justifica su existencia en la eficacia de sus
servicios, en la cercanía de éstos al ciudadano. Por eso, la Comunidad de
Madrid se constituyó por motivos de interés nacional en virtud del
artículo 144 de la Constitución. El objetivo de la Autonomía de Madrid ha
sido construir una administración más cercana y más eficaz para los cinco
millones de habitantes de su comunidad.
Y si analizamos el comienzo del proceso autonómico de Madrid, en junio de
1981, con el Pleno extraordinario de la Diputación Provincial, celebrado
en el histórico castillo de Manzanares El Real, vemos lo que se ha
avanzado desde entonces hasta nuestros días, principalmente en el sentir
de los ciudadanos, en la propia institución. Hoy en día, la Comunidad de
Madrid forma parte de la vida diaria de los madrileños, que necesitan y
sienten su propio autogobierno para hacer frente a sus necesidades, a sus
problemas, a sus proyectos.
Hoy, la Comunidad Autónoma de Madrid cree en su futuro porque se sabe
asimiladora, hospitalaria, ejemplo de solidaridad y sus acciones y
alternativas políticas constituyen un reto permanente para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
El principal logro institucional, fomentado por todos los grupos
políticos que forman la Asamblea de Madrid, ha sido que los ciudadanos
sientan la institución, la Comunidad de Madrid, y la consideren un
instrumento político eficaz. Los madrileños hoy en día sienten a su
comunidad autónoma como el medio de participación en la vida política, en
la vida económica, en la vida cultural y social, donde aspiran a hacer
realidad los principios de libertad, de justicia e igualdad para todos
los madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad entre
todas las nacionalidades y regiones. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un
momento, señor Bardisa.
Señorías, vuelvo a pedir que guarden silencio y les insisto en que, tanto
para el orador como para quienes intentan seguir su discurso, es muy
difícil el conseguirlo si los rumores son tan altos. (Rumores.) Silencio,
señorías, por favor.
Adelante, señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Muchas gracias, señor presidente.
Con esta reforma, además, se asumen importantes competencias, como es,
fundamentalmente, la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, además de otras, tales como la incorporación de transferencias en
materia de transportes terrestres, en protección del medio ambiente y en
prestación de los servicios a los tribunales de justicia.
Hay en la reforma novedades ingeniosas entre los estatutos de autonomía
nacidos del artículo 143 de la Constitución, como es la creación de un
órgano de fiscalización externa de la comunidad, la Cámara de Cuentas o
la posible disolución del Parlamento por el presidente de la comunidad
previa deliberación de su Gobierno.
Es importante el refuerzo que se hace del Parlamento regional,
dignificando la figura de los diputados y haciendo posible su labor
legislativa y de control.
Esta reforma, señor presidente, que tiene ahora su trámite parlamentario
en estas Cortes Generales, hay que enmarcarla dentro de las reformas que
se han llevado a cabo en esta legislatura: los estatutos de autonomía de
Aragón, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de Murcia y ahora de la
Comunidad de Madrid. Todas estas reformas vienen marcadas por la
necesidad de profundizar de manera significativa en el proceso de
asunción competencial previsto en el artículo 148.2 de la Constitución,
para elevar el nivel de las competencias en los términos que resulten
constitucional y estatutariamente posibles. En este sentido, estas Cortes
Generales deberán velar por la cohesión del Estado resultante de este
proceso autonómico; un modelo de Estado en el que los elementos de
homogeneidad y diferenciación han de tener en cuenta la viabilidad y
estabilidad del conjunto de las competencias de las autonomías surgidas
del artículo 143 de la Constitución.
Es importante señalar, como ya he indicado al inicio de mi intervención,
el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara a la
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en
coherencia, además, con el programa electoral con el que concurrimos a
las elecciones generales de 1996, ...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Bardisa. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor BARDISA JORDA: Concluyo enseguida, señor presidente.
... donde se establecía que el Gobierno del Partido Popular impulsaría
las reformas estatutarias que tuviesen
su origen en sus respectivas comunidades autónomas.
Por último, señorías, quisiera resaltar la importancia del consenso
estatutario. Sería muy deseable por nuestra parte que en la tramitación
de este proyecto de ley, tanto en este marco del Congreso de los
Diputados como en el Senado, se alcance el mismo nivel de consenso que
han conseguido los grupos parlamentarios de la Asamblea regional
proponente.
En la vida política es necesaria muchas veces la renovación del consenso
constitucional, y no olvidemos que el consenso estatutario es una
prolongación del consenso constitucional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bardisa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad sobre la propuesta de la Asamblea de Madrid de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 316; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MODIFICACION
DEL CODIGO PENAL EN LO RELATIVO A LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA
Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL (ORGANICA). (Número de expediente
122/000103)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre modificación del Código Penal en lo relativo a los
delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
(Rumores.) Señorías, ruego que quienes deban abandonar el hemiciclo para
atender a otras obligaciones parlamentarias lo hagan con la mayor
celeridad y en silencio para que pueda continuar el desarrollo del orden
del día.
Silencio, señorías. Silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Ríos. (Rumores.) Señor Vázquez, señor Belloch, señora
Fernández, señor Núñez, señora García-Alcañiz y compañía, es imposible
que el señor Ríos pueda comenzar su intervención porque no se le puede
oír ni desde la Presidencia. (Pausa.)
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar dar,
en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, los argumentos a favor de
una proposición de ley orgánica que tiene como objetivo abordar uno de
los problemas fundamentales que en nuestro país ha tenido varias
actuaciones que no han sido efectivas. En suma, voy a intentar defender
una propuesta que obedece a la constatación de la realidad, a cómo ha
funcionado una reforma del Código Penal que se aborda en el año 1995 y de
qué manera los ciudadanos han percibido esos mensajes legales y una mayor
efectividad.
En el debate de aquella reforma, cuando discutíamos las enmiendas
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, se venía a decir que
el objetivo de la ley estaba en lograr la mayor eficacia para la Hacienda
pública. Por tanto, frente a lo que era el objetivo defendido entonces
por nosotros, en el que debería de abordarse más el tema de la
Constitución española y tenerse más en cuenta la valoración de una
conducta del ciudadano que no quiere comprometerse con el interés
público, que no quiere comprometerse de forma solidaria y progresiva con
lo que son sus obligaciones constitucionales, se venía a decir que el
mayor objetivo era lograr una eficacia de la función recaudatoria de la
Hacienda pública, que la reforma que entonces se abordaba del Código
Penal iba a significar mayores ingresos y más eficacia en la lucha contra
el fraude fiscal.
Señor presidente, después de haberlo visto funcionar, el primer informe
que tenemos en nuestras manos del año 1995 sobre cómo se ha actuado sobre
el fraude fiscal determina que no ha sido así. Después de esta reforma,
el informe que hace la inspección de la Hacienda pública viene a decir
que las reformas, y en particular la elevación a 15 millones, han
significado una reducción del número de casos a inspeccionar y de la
capacidad de ingresos. Los efectos que entonces se produjeron según este
informe del año 1995 revelan que en nuestro país ha habido 15.000
millones de pesetas menos en actas de la inspección de Hacienda; que
apenas 372 expedientes han terminado en proceso de fraude fiscal ante la
Administración de justicia, y que de los 203 contribuyentes sometidos a
este procesamiento en el año 1995 se han resuelto con sentencia
condenatoria sólo 31, siete han sido condenas absolutorias y las
restantes, hasta las 203, han seguido un camino meramente administrativo.
En suma, esa actuación dirigida a que en lugar de la conducta se tuviese
en cuenta los resultados de la acción sobre la Hacienda pública y ese
incremento de lo que podríamos llamar el umbral de la declaración de 5 a
15 millones, ha significado que ha existido menos eficacia en la
depuración
de delitos contra el fraude fiscal cuando todos sabemos que el fraude
fiscal en nuestro país se ha situado en torno a 3,5 billones de pesetas.
Pero, además de todo lo que han sido los procesos que han terminado en la
Administración de justicia, la evolución de lo que pudiéramos llamar
actuación administrativa también ha tenido una caída, una reducción de la
eficacia. Las unidades de inspección a nivel regional han tenido una
deuda tributaria inferior a la del año 1994 en más de 11.000 millones de
pesetas, las unidades provinciales han tenido una reducción de casi
10.000 millones de pesetas y, lo que es más importante, lo que pudiéramos
llamar la actuación inspectora de la ONI, la actuación a nivel central,
que se dirige a lo que son las empresas con mayores declaraciones, con
mayor actuación económica. Nos estamos refiriendo a los datos económicos
de empresas que significan un resumen de operaciones de 36,2 billones de
pesetas, más dinero del que ha movido el Estado y resulta que las
actuaciones sobre estas empresas también se han reducido en más de 15.000
millones de pesetas, y todas las acciones inspectoras han logrado una
eficacia de una deuda de 115.000 millones de pesetas. Por cierto, todas
las actuaciones administrativas inspectoras dirigidas a través de esa ONI
a las grandes actuaciones empresariales significan un esfuerzo inspector
menor que el dirigido a lo que pudiéramos llamar pequeña declaración, la
declaración regional y la declaración provincial, hay incluido menos
dinero y se ha logrado menos carga tributaria dirigida hacia ese
objetivo. En suma, la reforma que se puso en marcha no ha conseguido
hincar el diente, incrementar la eficacia contra el fraude fiscal. En el
año 1995 se ha reducido de manera importante y apenas hemos llegado en
actuaciones inspectoras a 433.000 millones de pesetas. La diferencia
entre lo que pudiéramos llamar realidad del fraude fiscal a la acción
oficial, medida la actuación administrativa y la actuación penal, se
queda muy distante, el Gobierno no ha hecho frente a una obligación
importante, que es la equidad.
¿Cuál es el objetivo de nuestra proposición de ley? Partir del mandato
constitucional que se establece en el artículo 31.1 de nuestra
Constitución y que dice textualmente: Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Este
mandato constitucional es el que se ve dañado con lo que fue aquella
reforma y es al que nosotros con nuestra propuesta de reforma del Código
Penal queremos hacer frente. Quiero dejar claro que esto no funciona por
sí sólo, que con la reforma del Código Penal no sería suficiente, ya que
habría que ir a una reforma de la Ley tributaria, habría que ir también a
un plan de actuación concreto.
¿Cuál es el objetivo de la reforma que nosotros proponemos?
Fundamentalmente modificar el artículo 305 del vigente Código Penal
introduciendo el criterio que antes decía respecto a que para nosotros,
en cuanto a la tipificación de la figura del delito, es mucho más
importante entender que hay una conducta reprochable que lo que podríamos
llamar un resultado dañoso para la Hacienda pública.
Este planteamiento que hacemos nosotros, ahora que está tan en boga
hablar del proceso europeo, funciona en el ámbito europeo en muchos
países de nuestro entorno, por lo menos funciona en países como Italia y
Francia, donde el criterio más importante es el de la conducta, aunque en
Alemania es verdad que no funciona así, es verdad que también hay otros
condicionantes. Pero a mí me gustaría entender cuál ha sido el cambio
sustantivo de lo que ahora mismo significa mayoría que gobierna.
El señor Costa, en el debate que tuvimos cuando la reforma del año 1995,
en el Pleno del Congreso del día 1 de diciembre de 1994, decía que
debería de primar la valoración de la conducta frente al resultado; que
la cuantía sea una mera condición objetiva de punidad y no un elemento
integrante del tipo penal. Debería, por tanto, no permitir en el futuro
que un delincuente, por el mero hecho de reparar el daño causado, pasara
a convertirse en un contribuyente honesto. Esto lo decía el señor Costa
cuando discutíamos esta relación. Sin embargo, hoy el planteamiento es
totalmente diferente, hoy el planteamiento se evade de esa realidad.
Nosotros proponemos que en el Código Penal prime lo de actuar frente a
una conducta que consideramos reprochable. ¿Por qué? Porque está
creciendo la sensación de que, en general, con lo que es público, con lo
que es de todos podemos hacer lo que queramos porque lo importante es lo
privado, lo mío, y uno es capaz de hacer en la calle lo que no hace en su
casa, lo que uno no quiere para él, lo hace en otro lado. Las conductas
penales, los 31 procesos que han existido en este año, no tienen nada que
ver con lo que ha sido la actuación penal en lo que pudiéramos llamar
pequeño robo, delitos ligados a la pequeña sustracción o a la sustracción
con otra actuación de delito, que tiene un porcentaje altísimo, duro y
fuerte --el tirón del bolso, el robo en una gasolinera-- en lo que
pudiéramos llamar mass-media social más humilde. Ahora bien, para lo que
es delito de cuello blanco, para las personas organizadas, para eso hay
una actuación más benévola en porcentaje, en número y en cuantía, y eso
es lo que queremos corregir ya que no es posible abordarlo así. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El
segundo objetivo que persigue nuestra reforma es lograr --y esto funciona
tanto en Alemania, como en Italia y Francia-- que la organización que
facilita el fraude, lo que son las actuaciones de terceras personas que
facilitan y fomentan la defraudación, tanto estatal
como autonómica y local, sea también un objetivo para establecer delito
por su actuación hacia la Hacienda pública, y no sólo del contribuyente.
Por tanto, queremos introducir a esta organización que facilita que el
fraude crezca, que exista ese funcionamiento de paraísos fiscales o
actuaciones de multiplicidad de la propiedad y fragmentación del
patrimonio, actuaciones en muchos núcleos empresariales. En suma, lo que
es la idea pícara de ver cómo engaño al interés general, cómo engaño en
mi aportación, desde una organización financiada que actúa desde grandes
despachos y a un precio importante. Por tanto, pretendemos que esa
actuación también sea tenida como delito.
Por último pretendemos dos actuaciones más. Una, que la regularización
que se produzca de forma espontánea no tenga eficacia, como tiene ahora
mismo, cuando concurre falsedad o simulación de titularidad del hecho
imponible y, sobre todo, que ese arrepentimiento de haber actuado mal se
dé antes de conocer una actuación de la Administración, antes de que se
detecte que uno ha actuado de forma fraudulenta, porque si se produce
después de haber actuado no hay un cambio sustantivo entre el ciudadano
que quiere cumplir con la normativa y el ciudadano que lo que quiere es
evitarse pagar el máximo posible.
Por otro lado, pretendemos que se actualicen lo que son las conductas de
actuación o fraude hacia nuestra relación europea. Nosotros proponemos
que lo que ahora mismo es una cifra cuantificada por el artículo 305.3 en
50.000 ecus se reduzca a 3.000 ecus. ¿Por qué? Pues por poner una cifra
similar a la que funciona en nuestro país en la otra relación. Si hemos
puesto 5 millones de pesetas como acumulación cuando proponemos una
actuación en un año, también proponemos una suma de hasta 15 millones de
pesetas siempre y cuando no pasen tres años, así como en una suma de
actuaciones delictivas del contribuyente en relación con la Hacienda
pública, para que tenga una previsión similar. Por eso planteamos que en
lugar de 50.000 ecus, ese delito contra la Hacienda pública europea de
las comunidades se eleve a 30.000 ecus.
En suma, el objetivo de la propuesta de Izquierda Unida es abordar hoy
con esta reforma uno de los pasos, no él único, para luchar contra el
fraude fiscal, para que no se incremente el fraude fiscal sino que se
reduzca, junto con la reforma de la Ley tributaria.
Yo tengo que reconocerles, señorías, que en la legislación europea no se
hace residir el delito fiscal dentro del Código Penal sino dentro de la
Ley tributaria. A nosotros nos daría igual que fuera en una ley o en
otra, pero lo que sí queremos dejar claro es que el mandato
constitucional es el que debe de primar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor presidente.
Entendemos que debe haber una relación de daños con la Hacienda pública y
que, de verdad, no vale cruzarse de brazos. A lo largo de todo este
tiempo se han hecho muchas intervenciones, muchas declaraciones en esta
tribuna en nombre del Gobierno y de los grupos parlamentarios sobre que
hay que luchar contra el fraude fiscal, que hay que acabar con esa
conducta deshonesta de los ciudadanos que, usando y abusando de
artilugios o de fórmulas legales o paralegales, van buscando no
participar en lo que significa el desarrollo solidario o el equilibrio
financiero del Estado que al final son mejores servicios públicos, mejor
calidad de vida para los propios ciudadanos. Esa declaración de
intenciones tiene que pasar también por ser eficaz, y lo que hemos
constatado es que la reforma abordada, cuando se amplió de 5 a 15
millones y cuando se fue a un criterio de resultados en lugar de a
conducta deshonesta, lo que ha provocado es menos procesos ante los
tribunales y menos cuantía encontrada por las actas de nuestra propia
inspección, tanto a nivel administrativo como de actuación en nuestros
tribunales.
Si esta reforma es tomada en consideración, lógicamente se presentarán
enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios que nos
podrían llevar a cómo hacerla más viable o a cómo precisar algunas de las
articulaciones que nosotros hemos propuesto, puesto que no estamos
cerrados; a lo que sí estamos cerrados es a cruzarnos de brazos.
Esperamos que en este trámite parlamentario tenga eco lo que no lo tuvo
en el año 1995, y no porque queramos cambiar el ritmo de las cosas, sino
porque la realidad ha demostrado que las medidas fueron equivocadas o
cuando menos insuficientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, simplemente para anunciar
nuestro voto positivo a esta proposición de ley de modificación del
Código Penal en relación al delito fiscal, porque pensamos que es una
proposición de ley que plantea la superación o la resolución de algunas
de las insuficiencias importantes que actualmente tiene el Código Penal,
fundamentalmente en relación a la elevación del delito fiscal de 5 a 15
millones que se produjo recientemente. Entendemos que esta es una
cuestión trascendente porque el delito fiscal para nosotros no ha de ser
un delito tipificado en base a los resultados sino en base a la conducta
y, por tanto, es necesario volver a la situación anterior.
Lo mismo diría de la articulación de la excusa absolutoria, pero sobre
todo quiero subrayar, tal como ha indicado el señor Ríos, que los
resultados de la lucha contra el fraude fiscal en estos momentos son
deficientes y que espero que el Grupo Popular vote favorablemente. Voy a
ahorrar la lectura de la intervención del actual secretario de Estado de
Hacienda en diciembre de 1994, cuando se discutían estos temas y el señor
Costa en aquellos momentos decía claramente que había que tipificar el
delito fiscal en razón de la conducta, que no se podía permitir el
desarrollo de la excusa absolutoria como ahora está planteado y que
tampoco era posible permitir que el delito fiscal se distribuyera en el
tiempo por impuestos o por años.
Por tanto, espero, y con esto acabo, que el Grupo Popular, coherente con
lo que el propio secretario de Hacienda actual dijo hace cuatro años,
vote favorablemente la proposición de ley de Izquierda Unida y podamos
dar hoy un paso adelante en la necesaria lucha contra el fraude fiscal
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Hay una larga historia desde 1977 cuando aprobamos en esta Cámara la Ley
número 50, porque en aquella consolidación ética y administrativa de la
democracia y del Estado de Derecho en España, después de la dictadura,
era necesario introducir la figura del delito fiscal.
Yo recuerdo los debates que tuvimos aquí, años después, sobre esta figura
recogida ya en el artículo 319 del Código Penal de entonces con motivo de
la enmienda de totalidad con texto alternativo que presentó el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida al proyecto de ley que había mandado el
Gobierno en 1994. Lo debatimos ampliamente y fue después, en 1995, cuando
aprobamos la Ley número 6, ley que hay que ver en correlación con la Ley
Orgánica 10/1995, del nuevo Código Penal.
Ahora el grupo proponente centra en el debate dialéctico que la
innovación más trascendente que aborda esta proposición de ley, según
dice su propia exposición de motivos --y es así desde el punto de vista
del proponente-- es la tipificación de la figura del delito fiscal como
un delito, leo textualmente, que comprende una conducta reprochable y un
resultado dañoso, mejorando su anterior carácter de delito únicamente de
resultado. En esto me quiero mantener en el criterio que votó mi grupo
cuando en la Ley Orgánica del Código Penal 10/1995 quedó así claramente
establecido. Es decir, había un predominio del delito de daño para un
Derecho positivo, el delito únicamente de resultado a efectos de la
Hacienda pública. Pero ahora, aquí, la figura que trae el grupo
proponente es la de primar un concepto ético-jurídico. Me parece bien
desde un punto de vista de pedagogía ciudadana, pero esto puede
introducir una dislocación con lo que se ha venido creando en estos pocos
años de existencia del Código Penal, y mi grupo no quiere, salvo causas
muy justificadas, podar el vigente Código Penal, porque estamos dando
picotazos por todos lados. Y en este Código Penal, que bastante trabajo
dialéctico nos costó en la Cámara sacar adelante --bien lo recuerda el
entonces ponente oficial, señor Belloch, como ministro de Justicia del
Gobierno-- para dotarnos de un principio de durabilidad y de solidez,
contemplamos el tema del delito fiscal. Eran dos figuras las que
discutíamos, el umbral mínimo, cuando se dijo de 5 a 15 millones
millones, y después se introdujo la figura de la excusa absolutoria.
Lo que veo ahora en la proposición que nos trae Izquierda Unida es que
podemos entrar en los criterios, que no comparte mi grupo, de modificar
en esta materia del delito fiscal el Código Penal, porque nos parece que
hay que dar tiempo a que se siga consolidando una jurisprudencia y una
doctrina que persiga el delito fiscal mediante los instrumentos con los
que estamos dotados en el vigente Código Penal y no entrar aquí en una
incertidumbre e inseguridad jurídica a través de la figura de este
principio de criterio ético-- jurídico. Eso está muy bien en la campaña
de mentalización del ciudadano para que no defraude, pero para mí se
comete un error técnico en el texto de la proposición al modificar los
tipos por una especie de suma o de adición, incluso apareciendo la figura
que se trata aquí de sacar fuera de contexto, como es configurar como
delito autónomo la conducta de facilitar a terceros la defraudación.
Tengamos cuidado con esto si pretendemos hacer una modificación del
Código Penal, porque aunque desde un punto de vista de un discurso
pedagógico yo también lo comparta, creemos que no es éste el instrumento
para llegar a la conciencia del ciudadano que tenga intención de
defraudar. Dejemos que el vigente Código Penal y el principio de
actuación judicial, los señores jueces y magistrados, continúen abriendo
el surco de la doctrina y del criterio de la jurisprudencia para que en
un momento determinado volvamos a hacer una reconsideración si se estima
pertinente. Desde luego, hacer este fundamento sería entrar en una
inseguridad jurídica que incluso privaría a la Hacienda pública del
resarcimiento, porque si de lo que se trata es solamente de castigar por
cometer el delito ético-jurídico y no el delito de sustracción o
finalista sobre la Hacienda pública, mal resultado tendremos en la
práctica en cuanto a que el resarcimiento de la Hacienda pública pueda
corregir determinadas actuaciones.
Ahí estaba, señor Ríos, la clave de los debates que tuvimos con la figura
de la excusa absolutoria. Se trataba de hacer algo viable en una sociedad
donde impera el principio de practicidad --vamos a llamarle así-- y, en
relación con esto, la excusa absolutoria motivó una serie de debates y de
consideraciones y de hacer posible el que lo mejor es enemigo de lo
bueno. Nosotros nos queremos mantener en esa línea y, por tanto, no vamos
a apoyar con nuestro voto la toma en consideración de esta proposición no
de ley, no negando lo que usted dice ni negando el principio de la
pedagogía ética; siempre habrá discusiones abiertas en temas de fraude
fiscal o de la Seguridad Social, como puede ser la figura del umbral
mínimo. Podemos discutir otra vez si el umbral son cinco o quince
millones o si, en una sociedad cada vez más amplia en sus actividades de
derecho civil, la Administración es capaz de hacer determinadas
persecuciones cuando bajemos del umbral, salvo en una superburocracia.
Por eso, yo creo que fueron sensatos los debates que se tuvieron aquí en
esta materia cuando aprobamos la Ley 6/1995 y, sobre todo, la Ley
Orgánica 10/1995, sobre el vigente Código Penal. Respecto a esa figura,
queremos dar tiempo a que se siga generando la doctrina y la
jurisprudencia pertinente.
Por esa razón, señor presidente, no vamos a votar favorablemente esta
proposición de ley. Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, anuncio que, al igual que el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) votará en contra de la
toma en consideración de esta iniciativa, que coincide sustancialmente
con el tenor de la enmienda a la totalidad presentada en su día por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida con motivo del debate de
la ley que actualmente regula el delito fiscal.
Se ha citado por el grupo proponente el artículo 30 de la Constitución,
precepto de evidente carácter programático y que no nos lleva a la
justificación de que toda conducta atentatoria a la solidaridad fiscal
que en el mismo se plasma deba estar incursa en el Código Penal.
Analizando el contenido del texto que se somete a nuestra consideración,
indicaremos que el apartado segundo del artículo 305 pretende convertir
el elemento cuantitativo en una condición objetiva de punibilidad. En la
redacción del actual artículo 305.1 el elemento cuantitativo aparece como
resultado lesivo de la acción defraudadora. Creemos que ahora es un
elemento claramente constitutivo del tipo delictivo. Además, para que el
delito exista, no sólo se requiere su presencia, sino que el dolo alcance
dicho resultado. Según la proposición, el delito sería un delito de
actividad y el resultado sería una condición de punibilidad. Por mucho
que quiera destacarse el bien jurídico solidaridad, entendemos que la
Hacienda pública y sus ingresos siguen siendo el bien jurídico protegido
por la norma penal de que se trata. En nuestra creencia, la cuantía de la
defraudación tiene que seguir siendo elemento del tipo del injusto y el
delito tiene que seguir siendo un delito de resultado, pues, repito, esto
es fundamental desde la perspectiva del bien jurídico protegido.
Nos parece especialmente desafortunada la introducción de un inciso en el
apartado cuarto del artículo 305, en el que se habla de forma espontánea.
La obligada relación de la excusa absolutoria con la prevención especial
está suficientemente lograda con la fijación objetiva del elemento
temporal que se hace en el propio artículo 305.4. A través de su
fijación, la ley establece una presunción iuris et de iure de que el
sujeto actúa voluntariamente manifestando una voluntad de reparación del
daño del delito, lo cual, como queda dicho, conecta la excusa absolutoria
con consideraciones propias de la prevención especial, respetando la
naturaleza de tal institución, del levantamiento de la pena de modo
suficiente y guardando el necesario equilibrio con la otra finalidad de
la regulación: favorecer la recaudación tributaria. La incorporación del
inciso «de forma espontánea» remite a valoraciones morales propias de la
antigua concepción de la circunstancia de arrepentimiento y obligaría a
los jueces a arriesgadas e imprecisas indagaciones del ánimo de los
autores. Lo dicho sobre este precepto vale igualmente para la redacción
que se pretende del artículo 307.3.
Interesante, aunque creemos que no llega a justificar una reforma
legislativa, es la regulación que se propone del segundo párrafo del
artículo 305.4, pues la obligada relación de la excusa absolutoria con
consideraciones de prevención especial requiere exigir no sólo la
reparación material del daño económico, sino la clarificación de los
elementos o instrumentos sobre los que actúa el fraude.
No nos parece acertada, en cambio, la previsión que se hace en el propio
apartado cuarto del artículo 305, porque creemos que es excesivo excluir
la excusa absolutoria cuando la defraudación se cometa concurriendo
falsedad o simulación. Y lo creemos así desde mi grupo porque las
falsedades instrumentales son frecuentísimas en los delitos fiscales, de
tal manera que la regulación criticada tendría como efecto práctico la
casi desaparición de la excusa absolutoria, y ésta es importante no sólo
porque atiende a consideraciones de prevención especial, que siempre
deben estar presentes en la determinación en concreto de la pena, sino
también porque persigue fines de política criminal y de política
recaudatoria.
Especial referencia me interesa hacer a las irregularidades contables, ya
que es mayoritaria la doctrina y existe, además, una abundantísima
jurisprudencia que entiende que el desvalor jurídico-penal de tales
irregularidades queda consumido en el desvalor del delito fiscal.
Tampoco nos parece oportuna la eliminación de las circunstancias de
agravación previstas en las letras a) y b) del actual artículo 305.1 del
Código Penal. Más sugerente podría ser, pero no para regularse en la
actualidad, la limitación del efecto de la excusa absolutoria a la pena
de privación de libertad.
Creo haber señalado un número suficiente de defectos en la norma que se
nos propone, que nos llevan a considerar no necesaria ni adecuada su toma
en consideración.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a ser la de
no apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, referente a la modificación del Código Penal en lo
relativo a los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad
Social, en base a las siguientes consideraciones.
En primer lugar, porque este debate ya se produjo con gran intensidad
durante el año 1995, en base a una propuesta de modificación de dichos
delitos hacia la Hacienda pública y hacia la Seguridad Social, presentada
por el entonces Gobierno socialista, y que básicamente nucleaba en dos
aspectos fundamentales: en la modificación en la elevación de la cantidad
que se pudiera considerar como delito fiscal y en base también a la
cláusula absolutoria. En dicho debate --repito, intenso y que duró
muchísimos meses durante los años 1994 y 1995-- nuestro Grupo
Parlamentario de Convergéncia i Unió introdujo dos enmiendas para la
elevación de dicho límite de cinco millones a quince millones, así como
también consensuamos con el Partido Socialista, entonces en el Gobierno,
la posibilidad de introducir una cláusula absolutoria para todas aquellas
regularizaciones de aquellos contribuyentes que antes de que recibieran
la notificiación, bien a través de la Agencia Tributaria o del juzgado,
pudieran perfectamente regularizar y no estuvieran tipificados dentro del
contexto del delito fiscal. Nuestro grupo parlamentario introdujo dichas
enmiendas básicamente en función de modernizar nuestro sistema fiscal,
también lógicamente en base a homogeneizar nuestra legislación fiscal,
similar a la legislación fiscal aplicable y vigente en países socios de
la Unión Europea y socios, por descontado, de España, como Alemania,
Inglaterra, Francia, Holanda, Luxemburgo, etcétera.
En segundo lugar, hay una cuestión de fondo por la cual nuestro grupo no
va a apoyar dicha iniciativa, ya que en definitiva si atendemos a la
exposición de motivos presentada en dicha proposición de ley, da la
impresión de que la principal justificación de la modificación del Código
Penal sea --y leo literalmente-- el exiguo grupo de sujetos pasivos que
tiene la posibilidad de defraudar una cuota superior a los quince
millones de pesetas. Es decir, que la principal preocupación del Grupo de
Izquierda Unida no es la certeza de que haya más conductas merecedoras de
sanción penal, ya que hay otras defraudaciones y sanciones lógicamente en
la vía administrativa, sino la intuición de que habrá pocos delincuentes,
y ustedes quieren más.
Hay una tercera cuestión de fondo que ustedes pretenden en su iniciativa,
que es la de volver a rebajar la cuota de los quince millones a los cinco
millones. Nosotros --ya lo he dicho anteriormente en mi exposición--
debatimos con intensidad dicha propuesta, y consensuándolo con la mayoría
de fuerzas políticas de la Cámara presentes en dicho año conseguimos
limitar dicha cuota a los quince millones de pesetas.
Hay otra cuarta consideración a nuestro entender importante, y es que la
cuantía de la cuota defraudada deja de ser, según la proposición de ley
presentada por ustedes, elemento del tipo sobre el que debe recaer el
conocimiento y la voluntad del sujeto, con los correspondientes efectos
en caso de error, para convertirse en una condición objetiva de
punibilidad; lo que supone, si no una clara vulneración, sí una
devaluación del principio de culpabilidad, en el sentido de que cualquier
defraudación que sea superior a los cinco millones de pesetas pudiera
estar inmersa en delito fiscal y también, lógicamente, suponiendo que
dicha iniciativa prosperara, no habría posibilidad de admitir el error.
Por último, también entendemos que hay una consideración importante, que
es la quinta, en la cual ustedes establecen como requisito para la
aplicación de la excusa absolutoria de regularización, que tiene su base
en el arrepentimiento espontáneo, el efecto del ingreso de las cuotas
defraudadas; posición favorecedora de vuelta a la prisión por las deudas
no pagadas. Entendemos que este es un principio que no se ajusta a la
Constitución y lo que está claro es que este sincero arrepentimiento será
penado si carece de los recursos para efectuar el ingreso. Por contra,
quien tenga la suficiente cantidad o capacidad económica podrá, pagando,
eludir la prisión. Más lógico parece el sistema actual, que siempre exige
la espontaneidad en el sentido de que, siempre y cuando el contribuyente
no haya recibido la notificación por parte de la Agencia Tributaria o por
parte del juzgado, si este arrepentimiento sincero se ve claramente
definido a través de la presentación
de la complementaria veraz, lógicamente no estaría inmerso dentro del
delito fiscal.
Por todas estas consideraciones, y entendiendo que hay otros cauces más
positivos y más efectivos para luchar contra el fraude fiscal, nuestro
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar negativamente la
propuesta presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Para manifestar, en este trámite de fijación de posición, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, nuestro voto en contra, nuestro criterio
negativo en torno a la necesidad o a la posibilidad de transformar el
marco legislativo penal en la lucha contra el fraude fiscal al día de
hoy.
¿Por qué emitimos este voto contrario y nos pronunciamos en contra de
esta iniciativa, de esta proposición de ley y, por tanto, de su toma en
consideración? Porque, como muchos de los portavoces han reiterado,
estamos ante una normativa que fundamentalmente proviene del Código Penal
de 1995, por la incorporación al mismo de la reforma parcial que, también
en 1995, el 15 de junio, esta Cámara decidió aprobar. Y lo hizo, además,
con un amplio consenso. Un consenso que se refiere a 1995 en una materia
tan importante para la estabilidad económica, para la estabilidad
jurídica, como es el Código Penal. Creo, por tanto, señor presidente,
señoras y señores diputados, que es prematuro quebrar la regulación
penal. Es preciso en esta materia hacer un balance con cierta perspectiva
histórica, y sólo desde esa perspectiva se podrían buscar los elementos
correctores del sistema y, sobre todo, las deficiencias que se pudieran
evidenciar en nuestro ordenamiento penal.
Además, creo que en esta materia hay que garantizar la estabilidad
económica. Este tema tiene una especial repercusión en materia de
estabilidad económica. Un movimiento normativo aquí podría generar
consecuencias irreparables también para nuestro sistema económico.
Hablaba también de las reflexiones y, por poner un ejemplo, ¿qué
reflexiones se han hecho en esta materia por el Consejo General del Poder
Judicial, que en sus informes analiza la aplicación de los textos
normativos? ¿Qué valoraciones críticas se han formulado en las memorias
de la Fiscalía General del Estado que se elevan al Gobierno y de las que
conoce esta Cámara?
Si repasamos, por ejemplo, las memorias recientes de la Fiscalía, veremos
que no se ha puesto en crisis en ningún pasaje la regulación de este
delito. No estoy hablando del fiscal general del Estado, sino de la
Fiscalía, del conjunto de los fiscales que en España conocen la
aplicación del Derecho, o del órgano de gobierno del Poder Judicial, que
recoge las sugerencias en esta materia y también del funcionamiento de
nuestros tribunales. Según la propia memoria de la Fiscalía general del
Estado de 1997 referida a 1996, el número de diligencias previas
instruidas sobre estos delitos ascendió a 122 asuntos: 97 delitos de
defraudación tributaria, 11 fraudes comunitarios, 9 contra la seguridad
social, un fraude de subvenciones y cuatro delitos contables.
En la citada memoria se considera prematuro incluso hacer un balance del
funcionamiento en la represión del frasude fiscal, balance del
funcionamiento de la propia Fiscalía anti corrupción, que se crea en el
año 1995. En la propia memoria, por poner un ejemplo también, se repasan
las distintas sugerencias críticas en materias jurídicas. Pues bien, en
relación al delito fiscal sólo aparecen dos menciones: una consulta sobre
la consideración penal del impago de la cuota obrera de la Seguridad
Social y una reflexión por parte también de una fiscalía sobre la figura
del fraude comunitario.
¿Por qué hago estas reflexiones? Para indicar que en los textos, en las
memorias, en los informes por parte de los que están muy cercanos al
funcionamiento de nuestros tribunales no se ha levantado la más mínima
voz de alarma ni un planteamiento crítico sobre la regulación de nuestro
ordenamiento jurídico en esta materia.
¿Pero qué ha hecho además esta Cámara? Esta Cámara ha tenido la ocasión,
en el marco de una comisión de investigación, de elevar también
conclusiones sobre el funcionamiento de la Agencia Tributaria,
conclusiones sobre la adopción de determinadas medidas en materia de
inspección fiscal y ninguna se refiere tampoco a la necesidad de
modificar el ordenamiento jurídico, en concreto el Código Penal y los
artículos 305 y siguientes en lo que hace referencia a la regulación de
los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.
¿Qué nos propone hoy Izquierda Unida? Me ha parecido entender de la
exposición del portavoz de Izquierda Unida en esta materia que la
fundamentación clave para esta reforma es la disminuición que se ha
verificado en la recaudación fiscal. Una modificación penal de este
calibre no puede estar basada en ningún caso en una mentalidad
recaudadora, porque ello además es contrario no ya con nuestro orden
constitucional, sino con un principio elemental que informa también
nuestro ordenamiento jurídico, cual es el principio de mínima
intervención penal.
La lucha contra el fraude fiscal hay que hacerla y abordarla desde un
punto de vista global y ni siquiera
el Código Penal es el más útil de todos los instrumentos. Si analizamos
una deficiente política en los últimos tiempos en materia de recaudación
fiscal o de gestión presupuestaria y tributaria por parte del actual
Gobierno, no hay que plantear la solución por vía de un cambio normativo
tan importante como puede ser el Código Penal, sino por la vía de la
propia gestión o del análisis de qué falla en el ordenamiento
administrativo, no necesariamente en el ámbito penal.
No hay nada nuevo en la proposición que hoy nos ocupa, porque como
apuntaba la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco estamos prácticamente
ante una reproducción autómata de lo que fue el texto alternativo a la
reforma del Código Penal de 1995, enmienda de texto alternativo que
presentaron ya en 1994 los diputados de Izquierda Unida. Y aquí,
efectivamente, no hay nada nuevo bajo el sol.
Se reproducen también --fíjense SS. SS.-- las mismas carencias y defectos
que en 1994. Por ejemplo, en la proposición de Izquierda se echa en falta
el tipo agravado, que en cambio sí figura en el vigente artículo 305, es
decir, la aplicación de las penas en su mitad superior cuando en el
delito de defraudación fiscal concurrieren algunas de las circunstancias
siguientes: la utilización de persona o personas interpuestas de manera
que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario o la
especial trascendencia o gravedad de la defraudación atendiendo al
importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa
que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios.
Este elemento agravado no figura porque no figuraba tampoco en el
planteamiento de Izquierda Unida en el año 1994 y creemos que es algo muy
útil y muy positivo que está recogido en nuestro ordenamiento vigente, en
el artículo 305.
Pero también hay en este caso algún error o algún efecto que consideramos
inoportuno, y es en relación, por ejemplo, al artículo 307. Estamos
hablando ahora de la defraudación a la Seguridad Social. En el año 1994
Izquierda Unida establecía el umbral de este delito --estamos hablando ya
de la defraudación a la Seguridad Social-- en 15 millones --digo en el
año 1994, cuando criticaban la reforma que se hizo--, y hoy, no sabemos
por qué, hacen una nueva pirueta y pasan de quince a cinco millones el
umbral de la defraudación de la cuota, en el delito recogido en el
artículo 307. No entendemos bien esta figura.
Si hoy se aceptara esta proposición estaríamos creando una situación
anómala en España, y es que estaríamos diciendo a una serie de españoles
que en este país el Parlamento considera que durante año y medio se
rebajaba la persecución penal o los niveles de incriminación del fraude
fiscal y que pasado ese año y medio volvíamos a las magnitudes y a las
regulaciones de 1985. Pues bien, cuando se habla de los quince millones
como umbral para la sanción penal, para la aplicación del Código Penal,
no hay que olvidar que detrás de la cantidad que se fija en 1995, es
decir, la referida a los quince millones, hay una operación de
actualización económica de las propias cantidades que se reflejaban en la
legislación de 1985; repito, hay una actualización. Se acoge, además, un
sentido doctrinal, desde el punto de vista jurídico, casi unánime, con
anterioridad a 1995. Es decir, el ordenamiento de hoy garantiza, además,
un planteamiento de estabilidad, porque esa cantidad va a permitir que en
esta materia no haya coyunturalismo; y no debe existir coyunturalismo en
un tema que afecta a derechos fundamentales, porque cuando hablamos de
represión penal tenemos que hablar también del principio de mínima
intervención penal. Nosotros hemos observado que en esta proposición se
está haciendo una confrontación con ese principio que ha informado la
importante reforma en la que hemos estado de acuerdo un amplio espectro
político y social --y seguimos estándolo--, que ha sido la reforma de
nuestro Código Penal, ya no sólo en lo referente al delito fiscal, sino a
la concepción, en general, del derecho penal, el principio de mínima
intervención. Esta proposición que hoy nos ocupa se contradice, está
claramente en contra y no acoge el principio de mínima intervención
penal.
Ello nos lleva, en defensa de la estabilidad, en defensa de la creencia
de que el marco legal existente es acertado en estos momentos, sobre todo
desde el punto de vista penal, a la conclusión de que hay que votar
negativamente la toma en consideración de esta proposición de ley de
Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señor presidente.
Sobre el contenido de la proposición de ley no voy a decir nada nuevo,
como prácticamente ninguno de los argumentos con que mi grupo se
manifieste en este momento van a ser nuevos, porque han sido expuestos
por el resto de los portavoces, complementados unos con otros. Pero lo
cierto es que, como decía la señora Uría, en lo fundamental, la
proposición de ley que presenta en esta ocasión Izquierda Unida es una
repetición del debate de totalidad que en su momento tuvo lugar en esta
Cámara en la legislatura anterior, con ocasión del debate del proyecto de
Ley Orgánica relativo a los delitos contra la Hacienda y la Seguridad
Social, que posteriormente se unió en el Código Penal, en la Ley 10/1995.
En primer lugar hay que decir --como han dicho también otros portavoces--
que en aquel momento ya se produjo un interesante y más que amplio debate
por todos los grupos, se aportaron todas las ideas que hoy
se han vuelto a exponer y, además, está reciente esta modificación del
Código Penal; esta modificación de aquella ley orgánica tiene una
vigencia temporal corta y estamos ante un cuerpo normativo recientemente
modificado al que hay que acercarse, según nuestra opinión, con muchas
cautelas.
El Código Penal no es --como a todo el mundo se le antoja-- un texto
jurídico cualquiera, que resista modificaciones sustantivas en tan poco
espacio de tiempo, sin una justificación más clara que la que hoy aporta
el Grupo de Izquierda Unida, y que responda a una necesidad evidenciable
por el fracaso de la puesta en escena de las medidas acordadas y
aprobadas en su día. En aquel debate de 1995, también se puso de
manifiesto que la mayor parte del arco parlamentario
--como parece que va a ocurrir en este momento-- estaba en contra de
las propuestas que hacía, y hace hoy de nuevo, el Grupo de Izquierda
Unida. Esta es la primera de las razones por las que nuestro grupo va a
votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley
orgánica, y ello por razones de oportunidad.
En segundo lugar, intentando ir de modo sintético a las propuestas que se
introducen en la proposición, se configura, como se hizo en su día, el
delito contra la Hacienda pública --como también ha sido dicho por varios
portavoces-- no como un delito únicamente de resultados, sino que
comprende una conducta reprochable y, por otro lado, un resultado dañino.
Para ello, la cuantía defraudada se configura como una condición de
punibilidad y no como un elemento del tipo, lo que puede constituir --y
de hecho constituye en la actualidad-- un marco de discusión doctrinal
que está dando lugar a un buen número de artículos en las revistas
profesionales, pero consideramos que no tiene objeto el que sea
trasladado a una modificación como la que se insta del Código Penal.
Además, la doctrina de todos modos, a pesar de lo que se diga, se sigue
inclinando por configurar la cuantía como un elemento del tipo, de modo
que la sanción penal esté condicionada a la existencia de un efectivo
perjuicio para la Hacienda pública y no en el sentido al que SS. SS. de
Izquierda Unida hacían referencia.
También ha sido dicho por otros portavoces, por lo que no lo voy a
reiterar, que no parece adecuado plantearse de nuevo el ya largamente
debatido asunto sobre el umbral cuantitativo de las penas, para
diferenciar lo que deba ser una simple infracción administrativa en el
ámbito de la Hacienda pública o una infracción administrativa en el
ámbito de la Seguridad Social, porque sigue siendo para nosotros
plenamente vigente --como ha aludido el señor Cuesta en su intervención--
el principio de mínima intervención, con el que estamos de acuerdo. Más
aun, porque nuestro grupo está más persuadido por otro tipo de medidas
que la simple modificación, que en algún momento puede ser necesaria, de
un texto jurídico tan importante como es el Código Penal. Estamos más de
acuerdo con otro tipo de medidas, como por ejemplo, el plan de
modernización de la Agencia Tributaria que ya ha sido anunciado por el
Gobierno y que en breves fechas será presentado por el secretario de
Estado de Hacienda, Juan Costa, en esta sede parlamentaria, en la
Comisión de Economía y Hacienda. Allí tendrán ocasión de preguntarle
sobre los criterios de lucha contra el fraude fiscal, ya que, según
parece, alguna de SS. SS. entendía que había cierta contradicción con lo
que se dijo en su día. No hay tal contradicción si echan un vistazo a
todas las intervenciones del señor Costa a lo largo del debate y trámite
parlamentario de la ley 6/1995. En todo caso, este plan de modernización
de la Agencia Tributaria es una medida que a nosotros nos parece más
saludable y mucho más eficaz --como esperamos se ponga de manifiesto en
fechas posteriores-- que la simple y pura modificación de los umbrales
cuantitativos, como se hacía referencia en la proposición que nos traen
hoy a debate.
Lo esencial no es cuantificar o cualificar la conducta de los
defraudadores para agravarla y convertir, además, en delincuentes a
aquellos que tienen conductas fraudulentas. Consideramos que lo
verdaderamente importante es implementar políticas que desarrollen una
disminución de este tipo de conductas y no simplemente agravar con tipos
penales la conducta defraudatoria.
En tercer lugar, no estamos de acuerdo en lo que para nosotros es una
ruptura conceptual de lo que significa la defraudación tributaria, que
siempre se caracterizó por entender, en una parte, el sujeto activo y
pasivo de la relación tributaria y, en otra, un sólo tributo, que
pasaría, según la proposición que debatimos, a configurarse como un
delito en el que hay que hacer un examen global de la conducta de los
contribuyentes en un lapso de tiempo, y esto nos parece que, además de
romper los criterios jurídicos que se establecen en la actualidad sobre
qué relaciones son las que ha de comprender el Código Penal para apreciar
la existencia de un delito perseguible por los tribunales, no sería tan
eficaz como parece que entendería el grupo proponente.
Por otro lado, se configura, como se ha dicho también por varios
portavoces, como delito autónomo la conducta de facilitar a terceros la
defraudación , y sería crear una nueva figura delictiva que no vemos en
qué se diferencia con la figura de la coautoría. Por tanto, tampoco vemos
dónde está la utilidad de esta propuesta y, además, creeemos sinceramente
que no contribuiría al objetivo de mejorar la lucha contra el fraude
fiscal, sino que supondría, a nuestro juicio, con toda claridad y según
el modo en que esta redactada la propuesta de Izquierda Unida, un
obstáculo para la consecución del objetivo de lucha contra el fraude, al
dificultar, en cierto modo, la aplicación de la nueva pena, porque la
convertiría en excesivamente compleja.
Creemos, como digo, más en otro tipo de medidas, como el plan de
modernización de la Agencia Tributaria, que controla, por ejemplo, la
creación de unidades de inspección especializadas en la investigación de
actividades empresariales ocultas al fisco, que tendrá ocasión de
explicar el secretario de Estado de Hacienda, y que actuarán además en
zonas donde el fraude fiscal es especialmente intenso y grave, todo lo
cual nos parece de mayor utilidad.
En cuarto lugar y en cuanto a la segunda de las propuestas de la
proposición, al hablar de la excusa absolutoria, al alcance de su
regularización y al exigir que ésta se pueda producir de manera
espontánea, se está exigiendo, de algún modo, que esto deba ser apreciado
por el juez y, en términos técnico-jurídicos, se trataría de hacer una
valoración de un elemento de la acción que se nos antoja dificilmente
cognoscible, puesto que no sabemos de qué modo podría el juez apreciar
esta espontaneidad. Con todo, y si fuera posible, la consecuencia obvia
sería que, en el ámbito del procedimiento tributario, todas las
regularizaciones deberían de ser traspasadas al ministerio fiscal para
que el órgano judicial calificara la existencia de esta conducta
espontánea o no a la hora de establecer si puede ser apreciada la
regularización o no. Por tanto, nos parece que introduciría un elemento
de acumulación de procesos en las unidades de la Administración de
justicia que no nos parece conveniente.
Para finalizar, puesto que los argumentos han sido básicamente
reproducidos por otros portavoces, con los que estamos prácticamente de
acuerdo, y con relación a los delitos contra la Seguridad Social, llama
la atención, entre otras cosas, que tan sólo se establezca, con respecto
a la gradación de las penas, la posibilidad de aplicar las penas de los
delitos contra la Seguridad Social, en contra de lo que ocurre en el
resto de los delitos contra la Hacienda publica y en el resto del elenco
de los delitos que aparecen en el Código Penal, tan sólo en el grado
máximo, condición y circunstancia que ciertamente no comprendemos.
En definitiva, señor presidente, cinco razones que son las que
básicamente hacen que nuestro grupo considere inadecuada la propuesta de
Izquierda Unida, entre las que resaltaría la primera de ellas, en
concreto, la de su poca oportunidad y falta de eficacia en la lucha
contra el fraude que, en definitiva, es en lo que estamos todos los
grupos parlamentarios y que nos servirían a los fines expuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, sobre modificación del Código Penal en
lo relativo a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la
Seguridad Social.
Comienza la votación.(Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 18; en contra, 305; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO), VASCO (EAJ-PNV) Y DE COALICION CANARIA, SOBRE
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PREVISION SOCIAL EN DESARROLLO DE LA
RECOMENDACION NUMERO 14 DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente
162/000199, PROCEDENTE del número de expediente 161/000791)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, proposiciones no de
ley. En primer lugar, la suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular,
Convergència i Unió y Nacionalista Vasco, más Coalición Canaria, sobre
sistemas complementarios de previsión social, en desarrollo de la
Recomendación número 14 del Pacto de Toledo.
Para su presentación, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo
Popular, el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hoy presentamos una proposición no de ley
que recoge textualmente las conclusiones de la subcomisión parlamentaria
sobre previsión social, que, por un problema formal, no han podido ser
aprobadas como informe de la subcomisión. Esa subcomisión estuvo
trabajando durante más de año y medio y, después de haber consultado a
todos los agentes sociales, porque era objetivo de la misma lograr el
mayor consenso social y político posible, se han elaborado unas
recomendaciones al Gobierno que dan cumplimiento a la base 14 del Pacto
de Toledo. Los grupos aprobamos en la subcomisión parlamentaria --ese
informe no se ha podido traer al Pleno-- la necesidad de desarrollar y
fomentar los sistemas complementarios de pensiones, en el marco del
artículo 41 de la Constitución, que establece un nivel obligatorio
público y por reparto y un nivel complementario por capitalización y
voluntario. Hasta ahora, el sistema complementario ha tenido un
desarrollo muy pequeño y limitado casi exclusivamente a la opción
individual y a las empresas públicas y multinacionales. La ley del
Partido Socialista de 1987 sobre previsión social complementaria, sobre
planes de pensiones no ha tenido el desarrollo esperado, como reconocía
alguna portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, y actualmente el
ahorro-previsión no llega ni a la quinta parte de todo el ahorro en
fondos de inversión.
El objetivo principal de esta proposición no de ley consiste en que la
mayoría de los ciudadanos españoles, sobre todo los ciudadanos de rentas
medias y bajas, puedan disponer de una pensión pública en una mano y de
una pensión complementaria en la otra en el momento de la jubilación.
Esta proposición no de ley busca que todos los ciudadanos españoles,
sobre todo los de rentas medias y bajas, no tengan una brusca disminución
de su poder adquisitivo, no tengan una disminución de su capacidad de
renta después de la jubilación.
Así pues, y en tanto en cuanto que las pensiones públicas han quedado
absolutamente garantizadas por el Pacto de Toledo, estamos en el momento
óptimo para plantear un desarrollo coherente del sistema de pensiones
complementarias. El actual momento económico que vive España de un
crecimiento sano, estable y sostenido, que se está convirtiendo en
generador de empleo, establece una base para el desarrollo de un sistema
complementario y ahora sólo falta crear un marco que propicie ese
desarrollo.
La proposición no de ley plantea que en ese marco, en el marco de
desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones, se dé un
tratamiento favorable a las rentas, o lo que se llama salarios diferidos,
que se destinen a ahorro a largo plazo con el objeto de lograr una
pensión complementaria y, sobre todo, primar aquel ahorro a largo plazo
que se realice colectivamente por los trabajadores.
Las virtualidades del ahorro a largo plazo nadie las discute. El ahorro a
largo plazo contribuye a consolidar los pilares de la sociedad del
bienestar, porque garantiza un futuro más justo a los mayores. Asimismo,
logra incrementar la capitalización de la economía y, por tanto, aumentar
los niveles de inversión y de empleo, y, además, cuando se hace de forma
colectiva, ayuda a mejorar las relaciones laborales en el seno de la
empresa.
Por estas razones, los diputados de los grupos Vasco (PNV), Catalán
(Convergència i Unió), Coalición Canaria y Popular hemos presentado esta
proposición no de ley, que insta al Gobierno a que mejore el marco legal
de todos los instrumentos de previsión social complementaria. Además,
instamos al Gobierno a que regule en la nueva Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas un tratamiento fiscal para este tipo de
ahorro que permita la obtención de una rentabilidad financiero-fiscal más
favorable que la de cualquier otra figura de ahorro. Y también pedimos al
Gobierno que empiece a sentar a negociar a los agentes sociales, cosa que
nos parece muy importante, para que ellos consensuen las reformas
necesarias para que en el marco de la negociación colectiva y, sobre
todo, en las pequeñas y medianas empresas, se destine una parte de los
incrementos salariales a previsión social complementaria. De esa manera
se conseguiría que todos los ciudadanos españoles, y no sólo aquellos que
tienen renta suficiente, puedan disponer de una pensión complementaria en
el momento de su jubilación.
En la proposición no de ley buscamos que las tres figuras que están
enmarcadas dentro de la previsión social complementaria, tanto los
seguros de vida, individuales o colectivos, como las mutualidades o los
fondos y planes de pensiones, jueguen un papel importante y tengan un
tratamiento neutral entre ellos. Señala la proposición su preferencia a
favor de los planes colectivos frente a los individuales y a favor de la
prestación en forma de renta frente a la prestación en forma de capital.
Los planes complementarios efectuados de forma colectiva, sobre todo si
se hacen en el marco de la negociación colectiva, pueden facilitar que
muchos más españoles tengan una pensión complementaria en el futuro;
pueden hacer que muchas personas, que no se plantearían el ahorro a largo
plazo de modo individual, tengan acceso al mismo y puedan, por tanto,
percibir una pensión complementaria en el momento de su jubilación.
Además, queremos primar la prestación en forma de renta sobre la
prestación en forma de capital, para que los ciudadanos puedan percibir
esa pensión de manera complementaria a la pensión pública, aunque también
es verdad que en la proposición no de ley pedimos al Gobierno que dé un
tratamiento más favorable a las prestaciones en forma de capital. Pedimos
que se clarifique todo el proceso de externalización o exteriorización
que se marcaba en la Ley de ordenación y supervisión del seguro privado.
En definitiva, señorías, esta proposición no de ley, que recoge las
conclusiones de la subcomisión, da un apoyo social y político a la
previsión social complementaria y marca el camino de su desarrollo.
Un crecimiento del producto interior bruto por encima de la inflación
puede facilitar enormemente el comienzo de este proceso. En mi opinión,
esta proposición no de ley, estas conclusiones son positivas. Permitirán
que la sociedad que estamos creando sea cada vez más justa, permitirá que
todos los españoles puedan percibir un salario digno tras el momento de
su jubilación y pueden hacer, además, que nuestra economía sea más
competitiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, vaya terminando.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Concluyo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su atenta consecución del tiempo
marcado por la Presidencia, señor Martínez-Pujalte.
El grupo firmante está acompañado también por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Intervengo para adherirme a la posición favorable de mi grupo a la
aceptación, por parte de toda la Cámara, de la proposición no de ley que
hemos planteado conjuntamente con otros grupos parlamentarios. Señorías,
mi grupo hubiera deseado no tener que llegar al extremo de haber
planteado esta iniciativa política a través del instrumento de la
proposición no de ley. Se trata de las conclusiones de una subcomisión
constituida en esta Cámara para desarrollar lo que podía ser un principio
de recomendaciones y de reformas a desarrollar a lo largo de los próximos
años, para asentar en nuestra sociedad el sistema complementario al
sistema público de la Seguridad Social. Esta subcomisión, que ya se
constituyó en la anterior legislatura y en la que todos los grupos
parlamentarios nos comprometimos a trabajar para elaborar unas
recomendaciones al Gobierno, dando cumplimiento a la base 14 del Pacto de
Toledo, se constituyó nuevamente en esta legislatura y no ha tenido la
suerte que deseaba mi grupo parlamentario. Deseábamos que se hubiera
podido formalizar un pacto político entre todos los grupos parlamentarios
para establecer una relación de principios, criterios y bases para
desarrollar el sistema complementario de previsión social. Señorías, este
acuerdo, de haberse podido alcanzar, hubiera sido muy positivo. Desde su
comienzo, el Partido Socialista ya tuvo unas actitudes recelosas,
desmarcándose de este posible final de esta subcomisión, y los grupos
firmantes de la proposición no de ley nos vimos en la obligación de,
cuando menos, formalizar y elevar al Pleno de la Cámara las conclusiones
que, desgraciadamente, por aspectos técnicos y de procedimiento, han
tenido que instrumentarse mediante una proposición no de ley. Pero,
señorías, el contenido es exactamente el mismo. El contenido tiene
trascendencia política, tiene importancia, tiene el acierto de poner
sobre un documento de categoría parlamentaria y de base de reflexión
parlamentaria lo que son los elementos clave del desarrollo de un sistema
complementario al sistema público de pensiones. ¿Estamos hablando de
cualquier sistema complementario? No. En esas recomendaciones se
establecen unos elementos estructurales, unos objetivos y principios y se
insta al Gobierno a tomar una serie de decisiones jurídicas y tributarias
para potenciar el sistema actual de previsión social complementaria en
España.
Señorías, nosotros consideramos que es una lástima que esta proposición
no de ley, que se aprobará con seguridad puesto que los titulares de las
iniciativas permitirán la mayoría suficiente, no pueda tener la
transcendencia que tuvo en su día el Pacto de Toledo. Aquella reforma fue
positiva, fue un buen marco político para, después, tomar las decisiones
que se están tomando en estos momentos, y es absolutamente conveniente y
necesario que se tomen muchas decisiones en el ámbito jurídico y fiscal
para poder desarrollar todo el sistema complementario y, dentro de éste,
especialmente en lo que podría ser la línea de los compromisos
colectivos.
Nuestro grupo político quisiera en estos momentos, señorías, instar a
toda la Cámara a que no desaprovechemos este último trámite del debate en
torno a esta cuestión para poder transmitir a la sociedad la conveniencia
de potenciar en un futuro inmediato todo el sistema complementario hoy
existente, para consolidarlo y para poder desarrollar el papel que debe
jugar en relación con el sistema público. No desaprovechemos esa
oportunidad -- llevamos años con un cierto retraso en relación con otros
países de Europa-- para tomar aquellas medidas que se recomiendan en esta
proposición no de ley con el fin de alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es el
objetivo central que se persigue en estas recomendaciones que han
elaborado los grupos parlamentarios que suscriben la iniciativa y que se
constituyeron en la subcomisión? En primer lugar, estas recomendaciones
van a permitir consolidar el sistema público de pensiones en España,
permitiendo paralelamente adoptar las medidas que se tienen que tomar en
el ámbito público. En segundo lugar, señorías, va a mantener el poder
adquisitivo de las personas a partir del momento de la jubilación; se
trata de que, a través de comportamientos individuales y colectivos de
ahorro, el ciudadano pueda mantener su capacidad adquisitiva en el
momento en que causa baja en su situación de activo. Y, en tercer lugar,
se persigue potenciar una fuente de ahorro finalista a largo plazo, que
es clave en el desarrollo económico del país.
Por esas tres razones, para poder contribuir a garantizar el sistema
público, para poder sustentar unas líneas que nos permitan mantener el
poder adquisitivo de las personas cuando llegan a la edad de jubilación y
para poder instrumentar con fuerza e incidencia en la economía unas
fuentes de ahorro finalista, nos parecen muy importantes estas
recomendaciones sobre la consolidación de un sistema complementario al
sistema público.
No hablamos de prestaciones de todo orden, sino que se establecen cuatro
prestaciones preferentes y se opta por tres instrumentos. Las
recomendaciones no se inclinan por ninguna prestación específica ni por
ningún instrumento frente a cualquier otro. Se mantiene el objetivo de
que el ahorro debe tener el carácter finalista de previsión social y, por
lo tanto, son unas determinadas prestaciones las destinatarias de todo el
marco jurídico y fiscal dentro del sistema complementario de previsión
social; además, no se opta por ningún instrumento en exclusiva, sino que
se permite que este ahorro de previsión social, a largo plazo finalista,
con componentes sociales, pueda instrumentarse mediante un plan de
pensiones, una mutualidad de previsión social o un instrumento de seguro,
tanto individual como colectivo, y se aconseja que si estos instrumentos
no cumplen con los requisitos de naturaleza social que se establecen en
la recomendación no puedan entrar en lo que se denomina sistema
complementario y en el ámbito de potenciación mediante instrumentos
fiscales que se establece en estas conclusiones.
Señorías, nuestro grupo considera que España tiene en estos momentos un
gran retraso de instrumentación de ahorro colectivo mediante instrumentos
de previsión social complementaria. En Alemania, Italia e Inglaterra está
más asentado el sistema de previsión social complementaria de naturaleza
colectiva, y es necesario que el ciudadano con rentas medias, incorporado
en el mundo laboral, pueda tener opción a participar en instrumentos de
ahorro con finalidad social que puedan complementar en su día la
prestación pública que le garantiza, y siempre le garantizará, el sistema
público de la Seguridad Social.
Señorías, se trata de tomar, lo más rápidamente posible, unas medidas
para favorecer ese comportamiento colectivo que agentes sindicales y
empresarios deben hacer efectivo en los próximos años para instrumentar
de forma positiva ese ahorro complementario a las pensiones públicas.
Señor presidente, no me voy a extender más. Mi grupo da su apoyo a esta
proposición no de ley en cuya redacción ha participado. Es un marco
general que puede lograr un amplio consenso en esta materia, que le
permite al Gobierno un abanico de desarrollo suficientemente amplio como
para no tensionar matices de posiciones políticas que podría haber en
esta Cámara. No obstante, lamentamos que ese acuerdo, que sí se ha
alcanzado con los grupos que suscriben la proposición no de ley, no pueda
ser apoyado por los demás grupos que no son autores de la misma.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Zabalía, si S. S. lo desea puede hablar desde el escaño, pero no
quiero interrumpir su acercamiento a la tribuna. Me permito recordar a
los grupos que es mucho más conveniente, cuando se trata de un turno tan
largo, que lo hagan desde el escaño, porque así se va acortando el tiempo
de un orden del día tan largo como el de esta ocasión.
Señor Zabalía, ocupe la tribuna y procure ser breve.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente. Procuraré ser todo
lo breve posible.
Esta proposición no de ley sobre los sistemas complementarios de
previsión social, que presenta mi grupo parlamentario junto con los
grupos Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria, es el resultado
de los estudios y del análisis realizado en el seno de la subcomisión de
estudios sobre los sistemas privados de previsión social. Con ello se da
cumplimiento al mandato constitucional y se desarrolla el punto 14 del
Pacto de Toledo que recomienda abordar la ordenación de la previsión
social complementaria, actualizando y mejorando los actuales incentivos
fiscales, con especial atención a los sistemas colectivos, contribuyendo
a generar una fuente de ahorro a largo plazo.
El camino recorrido para llegar a estas conclusiones ha sido largo y
complicado, dado que nos impusimos el compromiso de lograr el mayor
consenso posible, no sólo en el ámbito político sino también entre los
agentes sociales y los sectores, instituciones e interesados. Hemos
pretendido presentar a este Parlamento una propuesta seria y rigurosa,
que contribuya al establecimiento de una normativa sobre la previsión
social con vocación de continuidad en el tiempo.
Esta proposición no de ley cumple, a mi entender, con todos los objetivos
señalados a través del modelo óptimo de previsión social complementaria
que se propone, un modelo de previsión social cuyos fines son
principalmente el complementar el sistema público. No es un sistema
alternativo, como algunos han querido hacer ver. Ni lo es ahora ni lo
será en el futuro porque su fin no es sustituir sino complementar, servir
de apoyo y de ayuda a la consolidación del sistema público y universal,
perfectamente definido en el mismo Pacto de Toledo. Tiene que quedar
claro que desarrollar y potenciar el ahorro privado hacia planes de
pensiones no va en detrimento de la pensión pública sino todo lo
contrario, como tampoco lo fue cuando el anterior Gobierno socialista
promulgó la Ley de planes y fondos de pensiones.
El futuro de la previsión social pública es un problema que está siendo
estudiado y debatido en todos los Estados de la Unión Europea; la propia
Comisión de las Comunidades Europeas lo reconoce en su informe sobre la
modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea. Un
problema en el que una de sus vertientes es la adaptación de la
protección social al envejecimiento demográfico de las sociedades
europeas. En este sentido, el Libro Verde sobre pensiones complementarias
determina los elementos principales de un marco normativo a nivel
europeo, con vistas a garantizar un contexto seguro para los regímenes
complementarios de pensiones. No es un problema exclusivo del Estado
español, es un problema de futuro para todos los países de la Unión
Europea.
Otro de los fines que persigue este modelo de previsión social que
proponemos es el de que abarque una gran base social, que alcance al
mayor número de personas, para lo cual es muy importante que en los
convenios colectivos se establezca de forma habitual el destinar parte de
los incrementos salariales a un fondo de previsión social. Se pretende,
en definitiva, impulsar los planes de empresa y los planes colectivos. No
va dirigido al gran ahorrador, al ahorrador con altos ingresos, sino al
ahorrador medio y bajo, a los colectivos de personas que, a través de sus
pequeños ahorros, van a ir constituyendo un capital o salario
complementario para el momento de su jubilación.
Finalmente, se pretende incentivar, discriminando positivamente, el
ahorro-previsión, un ahorro finalista no especulativo, no un ahorro que
venga buscando rentabilidad fiscal financiera a corto plazo. Para este
tipo de ahorro ya existen otros productos en el mercado. De ahí que para
conseguir estos fines es necesario que este modelo cumpla una serie de
requisitos como son su iliquidez, salvo en los casos excepcionales de
enfermedad grave o de paro de larga duración; una mayor movilidad, de
forma que de los derechos consolidados tengan una mayor portabilidad
posible; debe de ser lógicamente un sistema de capitalización,
estableciéndose los controles y cautelas necesarios que garanticen la
estabilidad del sistema; y debe tener un tratamiento fiscal cualificado
en las aportaciones y prestaciones, de forma que su tributación sea más
ventajosa que cualquier otro producto de ahorro-previsión o ahorro puro.
Todo ello recogido en un texto legislativo que refunda la dispersa
normativa existente, dando mayor seguridad jurídica y estabilidad de
futuro.
Este modelo óptimo de previsión social es un sistema independiente del
instrumento que lo gestione --planes de pensiones, mutualidades de
previsión social o seguros de vida--, de forma que cualquiera de estos
instrumentos puede establecer este modelo si cumple todos los requisitos.
El objeto de estudio no ha sido los instrumentos que existen en el
mercado y que se ocupan de la previsión social. Lo que esta proposición
no de ley contiene es el desarrollo de un sistema al cual pueden acceder
estos instrumentos. También hemos sido conscientes de que partimos de una
realidad. Hoy la previsión social privada se está desarrollando a través
de estos tres instrumentos, regulada por una profusa, dispersa,
complicada y, en parte, confusa normativa. Pero el resultado ha sido más
bien pobre. Si acaso los planes individuales han tenido un cierto
desarrollo, no así los planes de empresa y los planes colectivos. Era,
por tanto, necesario acometer, de forma inmediata, una serie de
modificaciones legislativas como paso previo hacia el establecimiento de
este modelo de previsión social. Estas modificaciones legislativas se
concretan en la preparación de estos instrumentos para que puedan acceder
al modelo en igualdad de condiciones, principalmente equiparando las
mutualidades de previsión social a los planes y fondos de pensiones. Se
propone realizar las modificaciones legislativas necesarias para
establecer los supuestos excepcionales de liquidez o de portabilidad de
los derechos, así como la regulación de las comisiones de control. Se
recomienda aprovechar la próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para introducir los cambios en el tratamiento
tributario del ahorro-previsión. Se acuerda eliminar la limitación y la
concurrencia en la previsión social complementaria del sector público y,
como una de las actuaciones más urgentes, es imprescindible desarrollar
la regulación de la exteriorización de los compromisos de pensiones,
dando contenido a lo establecido en la disposición transitoria de la Ley
de ordenación y supervisión de los seguros privados, fijando el
calendario y las condiciones para que las empresas acometan su plan de
exteriorización de sus fondos.
Señor presidente, señorías, la marcha de la economía española y la
deseable mejora del mercado de trabajo hacen prever un incremento del
ahorro privado en los próximos años. Es necesario, por tanto, que las
diversas formas de canalización de este ahorro tengan un tratamiento
tributario claro, preciso y estable en el tiempo. Un tratamiento
tributario que priorice el ahorro-previsión sobre el ahorro puro, que
priorice los planes de previsión colectivos y de empresas sobre los
individuales.
El futuro de las pensiones públicas está garantizado por ley y por el
compromiso político de todos los grupos parlamentarios que suscribimos el
Pacto de Toledo, pero nadie ha garantizado, ni es posible hacerlo, cuál
va a ser el nivel de prestación del sistema público dentro de 10, 15 ó 20
años. Muchos factores van a influir en este proceso. De mantenerse las
actuales tendencias del sistema, puede incrementarse el actual
desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Será
necesario vigilar la marcha de la economía y la evolución del empleo.
Influirá decisivamente la evolución demográfica, donde el paulatino
envejecimiento de la población producirá un previsible aumento de los
gastos sanitarios no suficientemente compensado con la reducción de otros
gastos, lo que hace que sea muy escaso el margen de reordenación del
gasto público.
En definitiva, sin pretender ser alarmista sino simplemente constatando
una realidad, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el
que cada ciudadano se plantee cuál puede ser y cuál quiere que sea su
nivel de ingresos el día de mañana y, en base a estas previsiones,
establezca su plan complementario de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Zabalía, por favor.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Concluyo, señor presidente.
Desde los poderes públicos debemos no sólo garantizar una pensión digna,
sino también establecer las condiciones más favorables para que cada
ciudadano, cada ahorrador, libremente tenga un abanico de posibilidades
de canalizar su ahorro de la forma que estime más conveniente.
Ahora bien, la política tributaria sobre el ahorro es competencia de la
Administración y de este Parlamento. La utilización de dinero público,
como es el beneficio fiscal para incentivar una u otra figura de ahorro,
es responsabilidad nuestra. Por eso, en estos momentos creemos que debe
incentivarse el ahorro-previsión sobre cualquier otra figura de ahorro.
Esto es lo que persigue esta proposición no de ley, a través de las
conclusiones y recomendaciones que contiene y que espero que tenga el
apoyo de sus señorías.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Gómez Rodríguez, por el Grupo de Coalición Canaria, último en
suscribir esta proposición no de ley.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
El próximo día 15 se cumplirá el cuarto aniversario de la aprobación por
este Congreso de la proposición no de ley de CiU por la que se creaba una
ponencia con la finalidad de analizar, entre otros problemas, los
estructurales del sistema de Seguridad Social. Como consecuencia de ello,
el 6 de abril, un año y un mes más tarde, se aprobó, con el consenso de
todas las fuerzas políticas, el informe llamado Pacto de Toledo, con sus
acertadas quince recomendaciones, dedicándose la catorce al sistema
complementario objeto de esta proposición no de ley. Este Pacto supuso un
hito en la historia de la previsión social española, continuado
posteriormente con otro hito, como fue el pacto de Comisiones Obreras y
UGT hasta el año 2000, y con un tercero, cual fue la Ley 24/1997, de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social.
Se creó también en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, en el
año 1996, una ponencia para el estudio sobre los sistemas privados de
previsión social, a iniciativa del Grupo Vasco y hoy, en este Pleno, se
trae a debate y aprobación esta proposición no de ley cuyo contenido
coincide plenamente con el de la citada ponencia, y con una fecha que
también coincide con la proposición no de ley que dio origen al Pacto de
Toledo. Coalición Canaria va a apoyar la aprobación de la misma, que
viene también firmada por los grupos Popular, CiU, PNV, lamentando que
los estimados grupos políticos restantes en esta Cámara no hayan
participado.
Todos, señor presidente, señorías, hemos trabajado intensamente, con Jon
Zabalía al frente; todos hemos escuchado autorizadas opiniones nacionales
y foráneas para, por fin, proponer estas soluciones concretas que
deseamos conduzcan a la mejora de la solidaridad con los mayores y a
defender, de una forma especial, el carácter público del sistema, ya que
ello es una conquista incuestionable del Estado de bienestar.
Los sistemas complementarios (planes de pensiones, mutualidades, seguros
de vida y ahorro, y entidades de previsión social voluntarias en el País
Vasco) son las cuatro fórmulas existentes en la actualidad para
complementar, de forma privada, las futuras prestaciones de la Seguridad
Social en materia de jubilación. Se calcula que en la actualidad hay unos
diez billones de pesetas invertidos en estos productos por
aproximadamente cuatro millones de ahorradores, pero todavía se está muy
lejos de los ratios de los países de nuestro entorno. Las causas de
atraso están en la previsión y ahorro a largo plazo y se deben, por un
lado, a la escasa capacidad de ahorro individual y, en segundo lugar, a
la rígida e insuficiente normativa que pesa sobre estos productos,
especialmente en lo que concierne a liquidez de la inversión y a
tratamiento fiscal. Para luchar contra ello, la ponencia partió de la
base del carácter público del sistema, como hemos señalado, y también de
la aceptación de que el sistema complementario tiene carácter voluntario,
ya que no es obligatorio ni sustitutorio ni delimitador de las pensiones
públicas.
Señorías, tenemos que ser realistas. Estamos convencidos de que para
borrar el desnivel que existe entre el salario activo del trabajador y
las pensiones que recibe en su día, es necesario fomentar el sistema
complementario. No vemos otra solución. Nadie puede discutir que los
gastos públicos de la previsión social se van incrementando como
consecuencia del envejecimiento de la población, el mayor número de
pensionistas, la mayor esperanza de vida, el aumento de gastos, la justa
revalorización de las pensiones, etcétera. Así, los gastos consolidados
de la Seguridad Social en 1981 ascendieron a dos billones de pesetas; en
el año 1998, el presupuesto se calcula en 12,8.
En resumen, apoyamos los razonamientos y argumentos expuestos en los
cuatro apartados de la proposición no de ley que se comenta y en sus 19
conclusiones. Es decir, apostamos por conseguir que la mayoría de los
ciudadanos accedan a un régimen de previsión social que permita percibir
prestaciones en forma de renta a través del fomento del ahorro finalista,
recomendando el mismo en la negociación colectiva y destinando una parte
de los incrementos salariales pactados a constituir nuevos planes de
pensiones en el marco de la empresa.
Podríamos enumerar las diferentes conclusiones a las que se han llegado
en el informe. Esto haría muy larga la intervención y, como se ha
argumentado por parte de los comparecientes que me han precedido, les
ahorraré a SS. SS. este martirio. Todas estas medidas tendrían, en
nuestra modesta opinión, una coyuntura actual bastante fácil, ya lo ha
dicho Martínez Pujalte. Estamos viviendo un nivel de vida cada vez más
elevado y hay que aprovechar la tendencia de los clientes al abandono del
tradicional sistema de ahorro bancario, inclinándose por otras fórmulas
como planes y fondos.
Entre 1993 y 1996, el dinero invertido sólo en pensiones privadas ha
crecido un 81 por ciento, hasta 8,32 billones de pesetas. Sería necesario
la adopción de dos clases de medidas: unas muy urgentes y otras que
fuesen introducidas con más sosiego en la esperada ley de previsión
social complementaria.
Con las conclusiones de esta proposición estimamos que habría base
suficiente para que esa ley se convirtiese en el cuarto hito en el camino
histórico de la consolidación del ya indestructible sistema público de
Seguridad Social. Sus señorías tienen la palabra y, después, el Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
A la proposición no de ley han presentado enmiendas el Grupo
Parlamentario Mixto, señores Vázquez, Peralta y Saura. ¿Desean
defenderlas? (Pausa.)
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es conveniente recordar que en el Pacto de Toledo, en el que se
estableció una reflexión sobre el conjunto de los sistemas de previsión
social tanto públicos como privados, se acordó por todas las fuerzas
políticas que ese proceso de reflexión debería conducir a la adopción de
medidas concretas de mejora y adaptación de la Seguridad Social a la
realidad actual. Se decía literalmente: Para ello resulta necesario un
acuerdo político lo más amplio posible. Asimismo, sería conveniente que
este acuerdo político contara con el mayor respaldo de los agentes
sociales.
Queda claro, por tanto, que en ese Pacto de Toledo en el que se contiene
una previsión número 14 sobre sistemas privados de previsión social en la
que se hace hincapié en la importancia de esos sistemas atendiendo a la
necesidad de procurar sistemas de previsión social complementaria, bien
sea porque se queda fuera del sistema público de previsión, bien sea
porque estamos ante un marco de libertad que tiene que posibilitar dicha
actuación, como atendiendo también a la necesidad de favorecer el ahorro
a largo plazo, todas las fuerzas políticas sin excepción suscribieron
determinados criterios que deberían regular el desarrollo de actuaciones
en relación con los sistemas de previsión social complementaria.
En desarrollo del Pacto de Toledo, en su día, este Congreso, por
unanimidad, acordó constituir una ponencia que ejecutara esas previsiones
del Pacto de Toledo. Creo que es bueno recordar también esa unanimidad de
las fuerzas políticas, de todas sin excepción, para abordar este tema a
la luz de los criterios del Pacto de Toledo. Sin embargo, señorías, hay
que decir --y no ha sido mencionado por quienes han intervenido-- que en
el funcionamiento de esa ponencia, de esa subcomisión, se ha podido
constatar la voluntad de las derechas de este país, de poco más de la
mitad de esta Cámara, por dejar fuera de juego a la otra mitad. Esa es la
realidad, señorías, y eso no ha sido dicho. Y no es voluntad de esta casi
mitad de la Cámara quedarse fuera. No lo fue en el Pacto de Toledo, no lo
fue en la constitución de esta ponencia y es, sin lugar a dudas, el
resultado de las actuaciones que han impuesto las fuerzas de derechas de
este país. Hay que decirlo así de claro, señorías. Han actuado como no lo
hizo la izquierda de este país en el Pacto de Toledo, que podía haber
utilizado la mayoría que tenía en esa legislatura para resultados que no
fueran aceptables y, sin embargo, se alcanzó un consenso. Ese consenso,
tan pronto se ha producido un cambio político, es roto por la actuación
de las derechas que, además, conscientes de su mayoría y de su capacidad
de excluir a la minoría, han entrado en un proceso casi de rapiña, me
atrevería a decir, que ha dado lugar a que tarden incomparablemente más
que en la reflexión que hicimos todas las fuerzas políticas en consenso
sobre el conjunto de sistemas de protección social. Aquí sólo se
reflexionaba sobre los sistemas privados, pero, como lo hacían ellos
solos, han comenzado a disputarse quién controlaba una cosa, quién otra,
cómo se daba más o cómo se daba menos. El resultado final es que se ha
hecho un informe saltándose todos los plazos, porque eran incapaces de
ponerse de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino inmediatamente, señor presidente.
Señorías, el resultado final es ciertamente no asumible. Esto que hoy se
nos presenta por las fuerzas de derechas de esta Cámara es un fraude
procedimental: intentar burlar por la vía de un procedimiento
reglamentario legítimo lo que, sin lugar a dudas, ellos fueron incapaces
de acordar dentro del plazo que esta Cámara les había concedido. Además,
y esto es lo más preocupante, es una quiebra política del Pacto de
Toledo. Dejar fuera a casi la mitad de la Cámara en un tema de la máxima
importancia, en un tema respecto al cual todos fuimos conscientes del
consenso, es un gravísimo error político, que, desde luego, no contribuye
de ninguna manera a esos objetivos tan ampulosos que se proclaman, a esa
seguridad y a esa corresponsabilidad de todos, que es necesaria en lo que
son los sistemas de previsión social. Por eso, señorías, sería bueno que
reflexionaran sobre la enmienda que les hemos presentado, que
posiblemente ni se han leído. A ver si comparten esos principios y están
en condiciones de apoyarla.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que se somete a
consideración hoy por diversos grupos --Popular, Catalán, Vasco y
Coalición Canaria-- nos propone agotar las disposiciones legales y
realizar los desarrollos necesarios para permitir la extensión del
sistema complementario de previsión social. Para ello propone una serie
de pautas, de manera que se consiga extender este sistema a la mayoría de
la sociedad: trabajadores, funcionarios, autónomos, etcétera.
Conviene recordar que durante años los trabajadores lucharon por
conseguir un mejor reparto de la riqueza, por conseguir una serie de
mejoras sociales que alejasen a los sectores más desfavorecidos del
fantasma de la marginación y de la indigencia, que proporcionasen
seguridad ante las contingencias del futuro. Esas demandas fueron
concretándose en conquistas sociales como el derecho a la salud, a la
educación, a las prestaciones por desempleo, a las pensiones de
jubilación, etcétera. El Estado, gestionando las aportaciones de los
individuos, era el garante de esas prestaciones, contribuyendo así a la
redistribución de la riqueza. Se fue configurando el denominado Estado de
bienestar, que en los últimos años está siendo cuestionado y comenzando a
desmantelarse. Se introducen sucesivas reformas dirigidas a que el Estado
pierda peso en las prestaciones y a que éstas pasen a manos privadas. La
proposición no de ley que hoy discutimos propone avanzar en ese camino,
en este caso en el tema de las pensiones.
Efectivamente, en los últimos tiempos asistimos a excesivos recortes de
las prestaciones que proporciona el sistema en materia de pensiones,
basándose en la imposibilidad de sostenerlas financieramente. Es evidente
que la última reforma supuso una disminución en las prestaciones futuras
de los pensionistas y ahora los proponentes nos hablan de extender el
sistema complementario de previsión social. La pregunta es: ¿Por qué
extender el sistema privado de pensiones si el Estado garantiza
prestaciones dignas? Desde nuestro punto de vista, sólo cabe una
explicación. En primer lugar, porque se intenta ir sentando las bases de
la privatización total o parcial del sistema de pensiones. En segundo
lugar, porque existe un fuerte interés por parte de las entidades
financieras de hacerse con las aportaciones que genera el sistema
complementario y, en tercer lugar, porque se prevé que el Estado
garantice, cada vez más, una menor cuantía en las pensiones que perciba
el ciudadano.
La extensión del sistema complementario que se propone quiere basarse en
la Constitución y en el Pacto de Toledo, sin embargo, el artículo 41 de
la Constitución habla fundamentalmente de que los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social que garantice la
existencia de las prestaciones sociales. La existencia de prestaciones
complementarias será libre. Por tanto, lo que defiende es un sistema
público de prestaciones, siendo la existencia de prestaciones
complementarias accesoria. La recomendación 14 del Pacto de Toledo
también afirma que el sistema público de la Seguridad Social puede
complementarse voluntariamente con sistemas externos a la Seguridad
Social que tengan como objetivo exclusivo mejorar el nivel de
prestaciones que otorga la Seguridad Social. Por tanto, desde nuestro
punto de vista, en ambos textos lo que se defiende es que el Estado debe
garantizar el sistema público y los sistemas privados supondrían, en todo
caso, algo voluntario y marginal respecto a este sistema.
Los esfuerzos de este Congreso, señores diputados, deberían ir en la
dirección de poner los mecanismos precisos para garantizar ese sistema
público, el único capaz de garantizar que las prestaciones alcancen a
toda la población, tengan la dignidad suficiente, actúen como elemento
redistribuidor de riqueza y corrijan en parte las desigualdades sociales.
Garantizado esto, es evidente que pueden existir sistemas complementarios
que, efectivamente, deben ser regulados, a lo cual nosotros no nos
oponemos. Es evidente que los ciudadanos pueden decidir dedicar su ahorro
a lo que crean conveniente, incluido naturalmente la mejora de las
prestaciones que el Estado les garantiza. Sin embargo, el texto de la
proposición no de ley propone no simplemente que se regulen los fondos
complementarios, sino que se adopten medidas fiscales legislativas para
que el modelo privado se extienda a una buena parte de la población;
trata de incentivar el modelo y, en buena medida, obliga a los ciudadanos
a participar en él, vulnerando, desde nuestro punto de vista, lo
establecido en el Pacto de Toledo sobre el carácter voluntario del
sistema complementario. Lo hace, por ejemplo, al proponer que el Gobierno
incentive que parte de los aumentos salariales derivados de la
negociación colectiva se destinen a fondos complementarios y ahí no hay
decisión individual, o establecer beneficios fiscales para este sistema
restándoselo a otras formas de ahorro, etcétera. Por todo ello, se trata
de configurar un modelo de sistema privado de previsión social con
vocación de permanencia.
Al Bloque Nacionalista Galego le parece que este modelo abre una vía
peligrosa en la que es seguro pretenderán profundizar en el futuro sus
defensores y mucho nos tememos que conlleva la descapitalización
progresiva del sistema público, con consecuencias negativas para muchos
ciudadanos. Me dirán ustedes, señoras y señores diputados: ¿cotizarán la
mayoría de los asalariados y los autónomos al sistema público y al
privado, o más bien se incrementarán sus aportaciones al sistema privado,
disminuyendo la aportación al público en la misma proporción? Ese peligro
es más que evidente si el modelo se introduce a fondo, como es la
pretensión, y por tanto estaremos ante la creación
de dos modelos: uno, público, que garantizará prestaciones cada vez
menores, y otro complementario, que las complementaría, pero, desde
luego, para aquellos sectores que hoy o en el futuro inmediato tuviesen
capacidad de aportar a ese sistema privado.
Además de la desigualdad entre los individuos, tengan en cuenta que este
sistema va a abrir también desequilibrios aún mayores entre los
territorios. En función del actual y previsible desarrollo económico, es
evidente que los ciudadanos de aquellos territorios con menor nivel de
renta, con más paro, etcétera, podrán contribuir menos al modelo privado,
con lo que evidentemente también percibirán en el futuro rentas menores,
agudizando las diferencias que ya existen en la actualidad y
contribuyendo a un mayor desequilibrio territorial.
Por todo eso nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, proponemos una
enmienda de sustitución que va en el sentido de que, efectivamente, se
regulen los sistemas complementarios, se mantenga su carácter voluntario
y fundamentalmente complementario, dejando claro que el sistema público
de Seguridad Social es quien tiene que garantizar las prestaciones a
todos los ciudadanos con un nivel digno y suficiente en el futuro.
En cuanto a la proposición no de ley, tal y como está redactada, nuestro
voto será negativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
¿Grupos que deseen fijar su posición, si no han suscrito la proposición
ni han presentado enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, señoras y señores diputados, yo
no sé por qué pero hablan ustedes tan bien que hasta tengo una buena
predisposición a creerles. Casi me han convencido de las virtudes de esta
proposición no de ley. Aunque tengo que añadir inmediatamente: ¡Ay,
aquellas aguas que trajeron ahora estos lodos¡ !Aquel punto 14 del Pacto
de Toledo! Estos lodos vienen ya de otros análisis, de otras
valoraciones, valoraciones triunfalistas: que sería este país un remanso
de paz social que nuestros pensionistas tenían asegurado; valoraciones
que se hicieron, es verdad, por todos los grupos y por determinados
diputados de algún grupo. Y no sé por qué, tengo la impresión de que
ustedes, el cuarteto que presenta esta proposición no de ley -- el
cuarteto, es igual, urbi et orbi--, quieren hacerme pagar dos veces por
lo mismo. Y que conste que yo tengo alguna posibilidad de pagar, pero los
hay que no la tienen, los hay que no la tienen.
Han hablado ustedes aquí todo el rato, y muy especialmente el señor Homs,
de las clases medias; las clases medias, las clases medias... Da la
impresión de que en este país ya no hay salario mínimo interprofesional,
ya no hay pensiones --creo que son más o menos el 70 por ciento-- que no
llegan a este salario mínimo interprofesional; es decir, que todo va
bien, como dice el señor Aznar. Que todo va bien.
Yo tomo la palabra para decir que nosotros nos vamos a posicionar en
contra. No queremos ni complicidad ni tibieza con esta proposición no de
ley, porque esta proposición no de ley, a nuestro entender, es una
baldosa más al nivel de derechos sociales colectivos. En estos momentos,
a través de toda una batería de legislación, estos derechos sociales
colectivos que se han conquistado históricamente y que han venido
determinados también por el desarrollo de las fuerzas productivas están
pasando a una relación cada vez más individual de la persona con el
poder, de la persona con el empresario, de la persona con el dinero.
Frente a todo esto, nosotros tenemos, no ya una mosca, sino un elefante
detrás de la oreja y pensamos que esta proposición no de ley abunda en lo
mismo.
Además, ustedes han tenido oportunidad de presentar una proposición de
ley, no una proposición no de ley, o de hacer propuestas --otras veces lo
han hecho, lo utilizan mucho-- en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. No lo han hecho porque quieren tener las manos libres y por eso
dicen: proposición no de ley, lo iremos viendo en la comisión pertinente,
pero, al mismo tiempo, ustedes, los del Poder Ejecutivo, el Gobierno,
legislen, legislen, tiren pa'lante, háganlo irreversible.
En segundo lugar, lo presentan como proposición no de ley para no
facilitar el debate y las enmiendas que podamos hacer desde la oposición.
Y, en tercer lugar, en esta línea de argumentaciones, porque quieren
ocultar a la opinión pública el final del trayecto, cuyo final es ni más
ni menos que reducir derechos sociales colectivos y legislados desde hace
mucho tiempo --algunos de ellos desde hace muchísimo tiempo-- y potenciar
esto que podríamos llamar, traduciendo del inglés, la lucha por la vida,
struggle for life, es decir, reducir derechos sociales colectivos e ir a
una relación más individual de cada una de las personas con el poder
económico y con el poder político.
En definitiva, dan un mensaje, y es lo que nosotros queremos denunciar
desde esta tribuna: que el que no tiene dinero, o no tiene suficiente
dinero, no tiene complemento, aunque trabaje toda la vida como una bestia
de carga. Por tanto, clases medias, efectivamente, clases medias, pero
cada vez más potenciadas. Clases medias cada vez con un nivel diferente
de lo que entendíamos históricamente como clases medias.
La proposición no de ley tiene como objetivo, a nuestro entender, no
consolidar el sistema público, sino ir avanzando progresivamente,
progresivamente, sin darnos cuenta, que la gente no se dé cuenta y no
pueda explotar determinada inquietud social, e ir llevando
a la gente a que se espabile, a que individualice su relación, también de
cara a las pensiones, con los poderes económicos o los poderes políticos,
porque no habrá más cera que la que arde. Esto es lo que habrá.
Pensamos, por tanto, que va en contra del sistema público de pensiones.
Los beneficios fiscales aumentarán el gasto fiscal. Las aportaciones de
las empresas
--suponiendo que haya aportaciones de las empresas, cuando se
plantee--, en relación al carácter que debe tener el salario diferido, no
se van a considerar a efectos de cotización de la Seguridad Social.
Por tanto, esto --y ustedes lo reconocen en la ponencia, más o menos lo
ven, alertan un poco del peligro y siguen adelante, pero ustedes se dan
cuenta-- puede producir un agujero en la Seguridad Social en el futuro.
Ustedes lo ven, lo dicen en la ponencia.
La competencia que se puede originar por la distinta eficiencia del
sistema público y del privado puede conducir a una exigencia de reducción
de las cotizaciones a la Seguridad Social, produciendo más beneficios
para el sistema privado, más rendimientos, lo cual redundará en un
desarrollo social más desequilibrado e injusto.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, concluya, por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Señor presidente, si me lo permite, querría decir
que han intervenido veintisiete ponentes defendiendo la proposición no de
ley, ha intervenido prácticamente todo el Grupo Mixto. Por tanto, me
permitirá que me extienda un poquito más; si no, mi grupo puede sentirse
discriminado en este debate importante sobre esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, los distintos grupos han fijado de una
manera genérica su posición, han apoyado la proposición, pero han tenido
muy escaso tiempo. Puedo garantizarle que S. S. está teniendo tiempo
comparable con el que más ha tenido. Y le ruego que vaya concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: El fin de esta proposición no de ley y de lo que
vendrá después es para los que tengan un trabajo estable y tengan más
posibilidad de ahorro. Esto vuelvo a reiterarlo. Clases medias. Más
posibilidad de ahorro. Continuarán desarrollando una división social que
se producirá de forma progresiva, gradual, sin darnos apenas cuenta. Los
grandes beneficiarios de todo esto serán, a nuestro entender, como lo han
sido hasta ahora, los grandes bancos y empresas privadas. En conjunto,
habrá más desprotección y más desregulación de todo el sistema público de
pensiones.
Nosotros, en definitiva, continuamos defendiendo el derecho inalienable y
constitucional de que haya un sistema de pensiones público adecuado,
garantizado por los poderes públicos. Y el carácter libre de los sistemas
complementarios, al cual dan tanta importancia y en el que ponen tanto
énfasis --gastan mucha tinta y dicen muchas palabras en este hemiciclo en
relación a los sistemas complementarios--, nunca puede conducir a lo que
conduce a nuestro entender, a un conflicto, ni a la equiparación final de
todo este proceso entre el sistema público y el sistema privado.
Si ustedes quieren desarrollar un sistema complementario de pensiones,
nosotros les vamos a hacer una propuesta, una propuesta concreta: En el
marco del sistema público de pensiones, veamos cómo las gentes que puedan
aportar algo más a una pensión complementaria, en este marco del sistema
público de pensiones, puedan encontrar un marco para una pensión
complementaria, Y los ahorros de estos pagos para una pensión
complementaria que se utilicen para sanear de forma estructural y
sistemática el conjunto del sistema de pensiones público y el sistema
complementario de pensiones. Les vamos a facilitar una vía; no la de que
las empresas privadas, los bancos continúen haciendo su agosto, como lo
están haciendo desde hace bastante tiempo y como continuarán haciendo en
el futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.
Tiene pedida la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Martínez
Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Sigo sus consejos para tratar de economizar el tiempo. Además, hay
ciertas manifestaciones de algunos portavoces que comparto y que, por
tanto, me sirven como argumento en la defensa de la posición de mi grupo
parlamentario, que es una posición negativa, absolutamente negativa,
totalmente negativa, en relación con el contenido de esta proposición no
de ley.
Quiero empezar por decir que mi grupo parlamentario, que el gobierno
socialista, es el autor, en el año 1987, de la Ley de planes y fondos de
pensiones, y posteriormente, en el año 1995, de la Ley de ordenación del
seguro privado, que renovó la normativa de las mutualidades de previsión
social y que en unas disposiciones adicionales y transitorias modificó
parte importante, importantísima, diría yo, de la Ley de planes de 1987.
Por tanto, ¿apoyo político y social por parte del Grupo Parlamentario
Socialista a instrumentos de ahorro finalista para previsión social
complementaria? Todos, señorías, todos. En parte, lo he repetido más de
una vez en esta Cámara, los socialistas somos los padres de la
legislación española en relación con los seguros colectivos de vida, con
los planes y fondos de pensiones y con las mutualidades de previsión
social de nueva planta; quede claro eso. Pero quede claro también,
señorías, que nosotros, los socialistas,
no queremos participar en el apoyo político y social a esta reformulación
de lo que se llama el sistema de previsión social complementaria, porque,
sin duda, esta reformulación y estos cambios que se tratan de operar
desde estas recomendaciones que quiere aprobar esta Cámara conducen
necesariamente, lo hemos repetido una y otra vez, al debilitamiento de la
Seguridad Social.
Yo no digo, no estamos diciendo que quienes esta tarde en esta Cámara
han defendido el contenido de esta proposición no de ley sean los agentes
que debilitan el sistema público de Seguridad Social. No, el proceso es
mucho más sibilino. Probablemente de buena fe, los portavoces que esta
tarde defienden esta proposición lo que hacen es tratar de fomentar, de
potenciar, de desarrollar, de impulsar, el sistema privado de pensiones.
Fuera de esta Cámara, hay, y hoy mismo, señorías, quien se ocupa de
debilitar en paralelo el sistema público y va a seguir haciendo el mismo
trabajo de propaganda política en torno al debilitamiento del sistema
público que se hizo en torno al fortalecimiento de las pensiones privadas
desde fuera de esta Cámara, con muchos medios mediáticos, con muchos
medios financieros.
Hoy, precisamente hoy, el presidente de la patronal española dice --y lo
dice, además, de un modo reflexivo, serio, nada espontáneo-- que él es
partidario --él y con él supongo que todo el empresariado español-- de
limitar, de congelar el límite máximo de las bases de cotización a la
Seguridad Social, eso que ahora se llama topar, y, a la vez, de perpetuar
la rebaja del 50 por ciento del tipo del 28,3 de cotización por
contingencias comunes a la Seguridad Social pública en aquellos contratos
indefinidos que vienen como consecuencia del acuerdo social entre
patronal y sindicatos. Por tanto, partidario de perpetuar en los
contratos indefinidos un tipo de cotización por contingencias comunes del
14 por ciento.
Señorías, eso es lo que está ocurriendo en paralelo: el fortalecimiento
de las pensiones privadas y el debilitamiento del sistema público por
todos los medios al alcance de aquellos que están defendiendo de manera
sibilina este proceso en paralelo, pero de direcciones contrarias; los
planes de pensiones privados reforzados y el sistema público de Seguridad
Social debilitado. Y nosotros, señorías, no vamos a participar, tenemos
absoluta legitimidad para no participar en ese proceso, para no aportar
ni un solo grano de arena en un proceso que se ve venir.
Lamento de verdad, en ausencia del señor Homs
--quería decírselo personalmente--, contradecirle, porque entiendo y
estimo muy sincero su punto de amargura en relación con la no
participación de media Cámara, de medio Congreso de los Diputados, en el
apoyo a ese texto que esta tarde ustedes van a aprobar. Desde esa
perspectiva y en ese contexto, señorías, nosotros no mejoraríamos las
palabras del señor Peralta sobre las consecuencias políticas que pueden
derivarse del rompimiento del acuerdo, en relación con la recomendación
14 del Pacto de Toledo. Tiene consecuencias políticas, sin duda. Y ahorro
tiempo, simplemente adhiriéndome a las palabras y a los argumentos que
utilizó el señor Peralta.
Nosotros estamos muy en desacuerdo, señorías, con casi todas las
cuestiones que este documento plantea, tanto en la primera parte,
reflexiva, expositiva, como en la segunda, que es mucho más conclusiva.
No podemos estar de acuerdo con un tratamiento fiscal de los planes de
pensiones que mejore el de las pensiones públicas, lo hemos repetido una
y otra vez, por activa y por pasiva, y lo vamos a seguir repitiendo. No
hay ninguna razón, no hay ningún argumento que avale esa pretensión que
tienen ustedes de que las prestaciones de las pensiones privadas sean
divididas en dos y una parte tenga el tratamiento de rentas del trabajo y
otra el tratamiento de renta del capital o de incremento patrimonial. Se
lo he dicho una y otra vez. ¿Se han dado cuenta ustedes de la enorme
incongruencia que supone que vayan a dar a una parte de las pensiones un
tratamiento, consecuencia de sus modificaciones del sistema fiscal, que
implica que a algunos trabajadores españoles se les grave el rendimiento
de sus aportaciones a los planes de pensiones con un tipo del 20 por
ciento, cuando su tipo efectivo medio hoy es del 18 por ciento? ¿Qué le
ocurre al que tiene un tipo efectivo medio del 40? Que se le rebaja al
20. Y eso a ustedes les parece razonable. ¿Es lógico y, un poco más,
justo, señorías? ¿Es acaso eso justo?
El pueblo español espera otra cosa de ustedes en este terreno, y una
parte del pueblo español, los empresarios españoles, esperan de ustedes
que sean capaces de publicar un reglamento que desarrolle la
exteriorización de los planes de pensiones. Llevan esperando por él desde
diciembre del año 1995; han pasado muchos meses, se acerca el plazo que
señalaba esa ley del año 1995 y ustedes, erre que erre, sin publicar ese
reglamento; y cuando dan a conocer un borrador para que los operadores
del sector...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, le ruego que concluya.
El señor MARTINEZ NOVAL: Concluyo, señor presidente.
Decía que cuando dan a conocer un borrador para que los operadores del
sector lo conozcan, ¿saben ustedes, señorías, sabe el portavoz del Grupo
Popular, que el borrador que se les da después de tantos meses es un
borrador que existía en la Dirección General de Seguros desde abril del
año 1996, hecho por el Gobierno socialista? ¿Había que esperar tantos
meses para que ustedes desempolven un reglamento, un borrador, que ya
existía en el año 1996? Son ustedes, con su incapacidad, los que están
deteriorando las posibilidades
de que las empresas españolas externalicen o exterioricen sus compromisos
por pensiones. Porque además --y se lo digo, para concluir, señor
presidente, con su connivencia-- les digo que se lean ustedes bien la
sentencia tan reciente del Tribunal Constitucional, del 26 de noviembre
de 1997, que declara plenamente constitucional la Ley 8/1987 de Planes y
Fondos de Pensiones. La única amargura que le queda a uno es que han
pasado diez años desde la presentación de los recursos hasta que el
Tribunal sentenció la cuestión de constitucionalidad. Pero al margen de
ese tema, léanse bien la sentencia. Esa sentencia dice dos cosas, dos,
una menos importante porque ya se sabía, pero otra muy importante.
Primero, que los planes de pensiones y fondos de pensiones no son
Seguridad Social, materia sobre la que ya había doctrina constitucional;
y segundo --y muy importante, porque tiene que ver con sus pretensiones
de igualar las mutualidades de previsión social con los planes de
pensiones--, el Tribunal dice con claridad que los planes de pensiones no
son instituciones de previsión social; son instrumentos particulares de
ahorro, son contratos mercantiles. No son, en modo alguno, instrumentos
de previsión social.
Por tanto, señorías, en estas condiciones, sean respetuosos con la
doctrina constitucional, sean respetuosos con la más elemental justicia
social, en este caso con la justicia fiscal, y muestren, por favor, el
mismo grado de convicción y de fortaleza en la defensa del sistema
público que muestran ustedes --creo yo que de manera muy sesgada-- en la
defensa del sistema privado de pensiones, que está implícito en este
documento que van a aprobar esta tarde.
Gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
(El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
A los solos efectos, señor Martínez-Pujalte, de aceptar o rechazar las
enmiendas, trámite previsto por el Reglamento, y entiendo que en nombre
de todos los grupos que con el suyo firman la proposición no de ley.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: A los efectos de manifestar nuestra
posición respecto a las enmiendas, aunque me parece que los grupos tanto
de Izquierda Unida como Socialista han hecho un turno en contra o así lo
han manifestado ellos.
Señor presidente, mi grupo va a proponer al resto de los grupos firmantes
de la proposición el voto en contra de las enmiendas presentadas por el
Grupo Mixto.
La subcomisión parlamentaria estuvo trabajando buscando el consenso de
todos los grupos. El señor Peralta participó en la ponencia. El Grupo
Socialista estuvo participando en la subcomisión. Y el Grupo Socialista y
el grupo del señor Peralta entonces, Izquierda Unida, no quisieron
plantear ningún tipo de enmienda en el seno de la subcomisión. No me
extraña la posición que hoy ha mantenido aquí el señor Martínez Noval,
otra vez el recurso al miedo.
Hemos dicho, señor Martínez Noval --y no vamos a aceptar la enmienda,
porque entendemos que el texto está suficientemente claro--, que esta
proposición no de ley recoge con absoluta claridad que vamos a defender
el sistema público, que queremos el desarrollo del Pacto de Toledo...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, un momento, por favor.
Señoría, el Reglamento está para cumplirse y un servidor, para hacerlo
respetar, y estoy seguro de que S. S. para colaborar con la Presidencia
en su respeto.
Su señoría ha tenido tiempo para manifestar con toda claridad sus
posiciones en defensa de la proposición no de ley. Por si ello hubiera
sido insuficiente, lo han hecho también largamente los portavoces de los
grupos que con el de S. S. suscriben la proposición. No continúe S. S.
con la argumentación en favor de la proposición, que ya le puedo asegurar
que, a juicio de la Presidencia, está suficientemente defendida y
debatida. El trámite es exclusivamente, con arreglo al artículo 194, para
que S. S., en nombre de los grupos proponentes, acepte o rechace las
enmiendas que le han sido planteadas.
Por tanto, señor Martínez-Pujalte, cíñase a la aceptación o rechazo de
las enmiendas.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, muchas gracias. Creía
que estaba hablando del contenido de las enmiendas y de por qué mi grupo
no las iba a apoyar. (Rumores.) Nosotros creemos, señor presidente --y
concluyo rápidamente--, que lo que han manifestado tanto el señor Peralta
como luego, posteriormente, acogiéndose a esas enmiendas, el señor
Martínez Noval, se contradice con lo que él mismo y portavoces de su
grupo manifestaron en esta Cámara y con lo que dice su programa
electoral. De todas maneras, ya estamos acostumbrados a estas
contradicciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la proposición no de ley de los grupos parlamentarios
Popular, Convergència i Unió, Nacionalista Vasco y Coalición Canaria,
sobre sistemas complementarios de previsión social en desarrollo de la
recomendación número 14 del Pacto de Toledo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a
favor, 173; en contra, 153; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley debatida.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
CESAR DE INMEDIATO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y A LA REMOCION DEL
FISCAL JEFE DE LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL. (Número de
expediente 162/000191)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), RELATIVA A LAS
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE LA FISCALIA EN RELACION A LAS DENUNCIAS
ANTE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
OCURRIDAS EN CHILE Y ARGENTINA. (Número de expediente 162/000198)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ALMEIDA Y SEÑOR SAURA), RELATIVA
A LA CONDENA DE LOS CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD Y LAS VIOLACIONES DE LOS
DERECHOS HUMANOS, ESPECIALMENTE LOS OCURRIDOS EN LAS REPUBLICAS DE
ARGENTINA Y CHILE, Y POR LA QUE SE INSTA AL CESE INMEDIATO DEL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO Y A LA REMOCION DEL FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA
NACIONAL. (Número de expediente 162/000193)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley de los grupos Socialista,
Catalán (Convergència i Unió) y Mixto (señora Almeida y señor Saura), que
se tramitarán conjuntamente. La primera insta al Gobierno a cesar de
inmediato al fiscal general del Estado y a la remoción del fiscal jefe de
la Fiscalía de la Audiencia Nacional; la segunda, relativa a las
actuaciones llevadas a cabo desde la Fiscalía en relación a las denuncias
ante los tribunales españoles de violaciones de los derechos humanos
ocurridas en Chile y Argentina; y la tercera, a la condena de los
crímenes contra la humanidad y las violaciones de los derechos humanos,
especialmente los ocurridos en las repúblicas de Argentina y Chile. Por
ellas se insta al cese inmediato del fiscal general del Estado y a la
remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Intervendrán, en primer lugar, los grupos proponentes para no sólo
presentar ante el Pleno su iniciativa, sino para fijar posición respecto
de las restantes iniciativas. En el Grupo Mixto, lo harán todos sus
componentes, aunque no sean suscriptores directos de la proposición no de
ley, pero lo harán en un turno, como corresponde a un solo grupo,
repartiéndose la intervención en los términos que han convenido con la
Presidencia.
En primer lugar, para la presentación ante el Pleno de la proposición del
Grupo Socialista, tiene la palabra don Juan Alberto Belloch Julbe.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta propuesta para
tratar de obtener el voto favorable a la proposición no de ley en que se
solicita el cese del fiscal general del Estado y la remoción del fiscal
jefe de la Audiencia Nacional. (Rumores.) La remoción, insisto, del
fiscal jefe de la Audiencia Nacional. A partir de ahí...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Belloch.
Señorías, el señor Belloch se ha limitado a enunciar la proposición no de
ley. Si sólo el enunciado ya merece cierto alboroto, me temo que vamos a
tensar en exceso el debate. Les llamo a la serenidad y si es posible a la
concordia.
Continúe, señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchísimas gracias por su protección, señor
presidente.
Vamos a tratar de sistematizar los motivos que han justificado o que
justifican esta proposición.
El primero de esos motivos la verdad es que el Gobierno lo conocía ya
antes de nombrarlo. Eran las dificultades, llamémoslo así, que el señor
Cardenal, cuando era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, tuvo ya con la Constitución. En particular, en un
acontecimiento, en su momento de gran repercusión social. En la memoria
de 1994, el señor Cardenal mostró su oposición al divorcio, al
reconocimiento de las parejas homosexuales, a la demandada posibilidad de
que éstos puedan adoptar a menores, a la despenalización y, en un futuro
próximo, a la ampliación del aborto, a la protección oficial a la
difusión de anticonceptivos, a la libre circulación de la industria
pornográfica y otras del mismo calibre, señalando --y esta es la parte
que efectivamente nos preocupa-- de manera literal lo siguiente el señor
Cardenal: Este clima de pluralismo sólo beneficia a los extremos viciosos
o a la media mediocre. Es el mismo que posteriormente afirmó su crítica
contra las leyes permisivas del aborto, el divorcio o la homosexualidad,
que, según él, llevan a la confusión de que eso, por el hecho de ser
legal, sea tenido por moral.
Todo esto es anterior al nombramiento. Y que estas manifestaciones
estaban fuera del marco constitucional no lo dice el Grupo Parlamentario
Socialista solamente;
lo dijo en su momento el pleno del Consejo General del Poder Judicial, y
por unanimidad, con ocasión de tener que informar el nombramiento,
después de reconocer en su primer apartado la idoneidad técnica para el
ejercicio de su profesión, añadía en el párrafo b) lo siguiente: Este
consejo, para su consideración por el Gobierno, acuerda mostrar su
preocupación por las concretas manifestaciones institucionales efectuadas
por don Jesús Cardenal en la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco de 1994 --las que les he leído a SS. SS.--,
por entender --dijo por unanimidad el Consejo-- que no son acordes con
algunos principios básicos de la Constitución española.
Con estos precedentes fue nombrado. Y muy poco tiempo después --recuerden
SS. SS. que lleva nueve meses en el cargo-- tuvo ya ocasión de manifestar
esa tendencia a no respetar estrictamente los modelos de legalidad y de
constitucionalidad deseables en el que tiene como función preservar ese
principio de legalidad.
El segundo motivo que alegamos para pedir su cese viene derivado de la
propuesta de nombramiento al Gobierno del señor Fungairiño como fiscal
jefe de la Audiencia Nacional. No se trata de si el nombramiento es legal
o no, pues, como saben SS. SS., está pendiente de un recurso ante el
Tribunal Supremo y, por tanto, habrá que esperar a que dicho Tribunal se
pronuncie. Cuando lo haga, y en función de ese pronunciamiento, habrá que
depurar o no las correspondientes responsabilidades políticas. La razón
para alegarlo en este momento como motivo para pedir su cese se reduce a
lo siguiente. Días después de su nombramiento consideró oportuno declarar
al ABC y al Mundo al mismo tiempo una opinión que, por otro lado, era la
unánimemente mantenida por todos los gobiernos democráticos, incluido
UCD, desde la vigencia del estatuto, esto es, que para promover a alguien
a la categoría de fiscal de sala era necesario el dictamen preceptivo y
vinculante del Consejo Fiscal.
Eso es lo que dijo y lo que habían sostenido todos los gobiernos, porque
una cosa es el dictamen para nombramientos y otra el dictamen para
ascensos. Ahora bien, esta opinión mantenida por el fiscal general, señor
Cardenal, recién nombrado fue, eso sí, anterior a la reunión del Consejo
Fiscal que tenía que estudiar la viabilidad del nombramiento del señor
Fungairiño. El señor Fungairiño tuvo cero votos en el Consejo Fiscal, no
lo votó ni el señor Cardenal. Días después, sin embargo, tras una
adecuada conversación con el ministro que fuere, o con el Gobierno,
cambió bruscamente de opinión en horas y pasó a considerar que no era
necesario para nada el dictamen del Consejo Fiscal.
Ese momento, sin duda uno de los más negros de su biografía, determinó la
desconfianza, de la que ya no ha podido salir, del conjunto de las
asociaciones fiscales y de la carrera fiscal. Es esa indignidad
institucional que supone variar en horas su criterio previamente
manifestado sólo en función de la obediencia debida lo que articula el
segundo motivo por el que los socialistas pedimos su cese.
Hay un tercer motivo. Ahora ya no se habla tanto de él, pero en un
momento determinado era casi uno de los temas recurrentes. Me refiero a
su extraña actuación con relación a la querella interpuesta contra
Sogecable. En esta misma Cámara, y en la Comisión de Justicia e Interior,
el señor Cardenal ratificó todos y cada uno de los comportamientos del
señor Fungairiño, que apoyó sistemáticamente las posiciones del juez
Gómez de Liaño, pese a que fueron anuladas cinco veces seguidas por el
Tribunal Superior y, finalmente, como no podía ser menos, archivada la
disparatada querella que, bajo el supuesto delito de apropiación
indebida, se había formulado sólo para una cosa muy concreta: para
perjudicar a aquellos medios de comunicación que, en la lectura un tanto
simplista del Gobierno, se consideraban no adictos al régimen, en
definitiva, contra Prisa, que era accionista de Sogecable.
Del tema ya no se habla hoy, probablemente no le interesa tanto a las
plataformas, pero a los socialistas sí, porque es intolerable que la
institución del fiscal general del Gobierno y del fiscal jefe de la
Audiencia Nacional se utilice para ventilar intereses tan privados como
la forma de favorecer a los adversarios de aquella plataforma que se
entendía no representaba la doctrina oficial del Gobierno. Se trataba, en
suma, de perjudicar moral y económicamente a los que eran competidores de
la plataforma que en aquel momento el Gobierno trataba de propiciar. Así
pues, tercer motivo: ambos fiscales han actuado para perjudicar a los que
eran considerados como adversarios del Gobierno violando el principio de
legalidad.
Intimamente vinculado con lo anterior también han sido utilizados los dos
fiscales para lo contrario, es decir, para favorecer a los amigos
personales del Gobierno; a los amigos personales del señor Aznar, para
más señas. (Rumores.) Con ocasión de un célebre vídeo porno,
supuestamente atribuido a un amigo personal del presidente del Gobierno,
el señor Fungairiño y el señor Cardenal, que lo ratificó, consideraron
oportuno sostener la competencia del que podíamos llamar el juez natural
del Gobierno, el señor Gómez de Liaño, para que conociera de esas
actuaciones frente a un juzgado ordinario de Plaza de Castilla que ya
tenía conocimiento de las mismas, bajo un pretexto tan delirante como
establecer una conexión entre el GAL y la presunta vida sexual del amigo
del señor Aznar. Este es un cuarto motivo para pedir el cese: la
utilización arbitraria de la institución de la Fiscalía General y de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional para favorecer a los amigos personales
del señor Aznar. (Aplausos.) Quinto motivo. Confunde intereses privados e
intereses generales de la carrera fiscal y del prestigio global
de la justicia. ¿Por qué? A estas alturas sigue vacante la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Señores diputados, ¿a quién
beneficia que esté vacante quizá el órgano más sensible, después de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, del conjunto de la Fiscalía? ¿A qué
interés general beneficia que esté vacante ese cargo? (Varios señores
diputados del Grupo Parlamentario Socialista: A Cardenal.) Unica y
exclusivamente a los intereses personales del señor Cardenal. Es
lamentable que, por mantener su plaza (es verdad que motivos tiene,
porque cualquier día lo cesan ustedes), sea capaz de generar una vacante
en un puesto de extremada sensibilidad para el ejercicio de la justicia.
Por tanto, quinto motivo: anteponer sus intereses privados a los
intereses generales de la justicia.
Sexto. Menosprecio permanente al conjunto de la carrera fiscal, no sólo a
sus asociaciones. Tiene el extraño récord de ser el único fiscal que ha
logrado la plena unanimidad en su contra, en el ámbito de los mecanismos
de representación y también en sus órganos institucionales: Junta de
fiscales de sala y Consejo fiscal. Se encuentra, en definitiva, en la más
absoluta soledad, fruto, sin duda, de la pérdida de autoridad moral. Esa
pérdida de autoridad moral genera pérdida de eficacia y, finalmente,
desprestigio de la justicia. Por ello, por su soledad absurda,
disparatada, conectada exclusivamente con el Poder Ejecutivo, hay un
sexto motivo para los socialistas que justifica su cese.
Séptimo. Su menosprecio llega también al Poder Legislativo. Y no me
refiero sólo a las actitudes que mantuvo en la última comparecencia (por
cierto, los señores y señoras diputadas que se lo perdieron pueden
consultarlo en el «Diario de Sesiones»), es un comportamiento respecto
del que algún diputado --no de mi grupo-- dijo que era la primera vez en
su vida que le echaban una bronca en el ejercicio de la actuación de
control parlamentario, porque efectivamente eso es lo que hizo, echó una
bronca global. Su actitud, quizá, sólo tenía un precedente --extrañamente
vinculado, por cierto, al origen de casi todos estos problemas-: la
actitud que también, poco antes --hace algún tiempo--, un tal Mario Conde
mantuvo ante una Comisión de este Congreso (Rumores.), actitud de
desprecio absoluto frente a quien habla, y que desconoce, como buen
autoritario, cuál es el significado de los representantes de esta Cámara.
Sin embargo, no es sólo la actitud que mantuvo, porque en definitiva eso
sería un tema lamentable, pero no el más importante. Más importante es
que, de manera constante, ha hecho intromisiones en el Poder Legislativo.
Lo ha hecho a propósito de mantener sistemáticamente --claro está-- las
posiciones políticas del Partido Popular con ocasión de cualquier ley que
se le cruzara por medio. Y, más gravemente, cuando estábamos todos los
grupos parlamentarios tratando de consensuar una reforma fundamental --la
relativa al terrorismo en su modalidad de violencia callejera-- y
teníamos conversaciones --que, por cierto, fructificaron de manera
positiva--, no consideró oportuno hacer otra cosa que entrometerse en la
polémica, generando más bien esa polémica --que no existía-- y
proponiendo fórmulas que no eran las que estábamos discutiendo los
parlamentarios. Desconoce, en definitiva, la autoridad del Parlamento y
el significado de esta Casa.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Sólo me faltan tres. Muchas gracias. (Rumores.)
Octavo. Las amenazas a los representantes de las asociaciones de
fiscales. Hay dos cosas bastante evidentes. Primero, un fiscal no puede
realizar críticas ni juicios políticos en el ejercicio de su función;
segundo, el representante de una asociación de fiscales tiene el derecho,
constitucional y legal, de expresar sus opiniones de política judicial,
es el único cauce que la Constitución le reserva. Pues bien, en ambos
casos el fiscal ha hecho lo contrario de lo que dice la Constitución. En
el primero, respecto de los representantes de las asociaciones
--literalmente, a través de quien tiene la obligación de ejercer la
función disciplinaria: el inspector fiscal--, les dijo que se pusieran
firmes. Sin embargo, el fiscal jefe de Toledo --noveno motivo, la
pasividad--, en el ejercicio de su función jurisdiccional, hizo un
auténtico mitin político intolerable, tratando de colocar frente a la
opinión pública, en un tema tan sensible como es el asesinato de una
joven, el nuevo Código Penal --que aprobó esta Cámara, sin ningún voto en
contra, por cierto--, y diciendo que generaba poco menos que la
impunidad. Días después resultaba que el tribunal tuvo que aplicar el
Código Penal anterior porque era aquél el que trataba más benignamente
esos delitos. Y esa frase la dijo, ¿por qué?, ¿por ignorancia? Debe ser
cesado. ¿Por deshonestidad? Debe ser cesado, y en este caso, además,
expedientado disciplinariamente.
Y, décimo, el más grave de todos, su actitud intolerable con relación a
lo ocurrido en Chile y Argentina respecto a la investigaciones judiciales
en marcha por los delitos de genocidio y terrorismo en ambos países. La
inicial banalización del problema y la comparecencia realmente patética
--no por propia iniciativa, aunque legalmente debe proponerla algún
grupo, sino a propuesta estrictamente del PP, previa exigencia sin duda
de Convèrgencia i Unió-- dio un resultado contrario al que seguramente
esperaban sus promotores. Hubo una primera intervención escrita que fue
razonable y después una segunda intervención improvisada, que sólo pudo
hacer él, que nadie le había escrito, siendo su resultado verdaderamente
catastrófico incluso para quienes con buena voluntad pretendían una
rectificación, en forma, de sus planteamientos.
En resumen, la posición de los socialistas es la siguiente. No se trata
de un párrafo, parágrafo o frase, sino que del contexto global del
documento se infiere la legitimación del golpe en Chile y Argentina, la
legitimación originaria del golpe en dichos países. Es verdad que a
continuación se dice que no son partidarios --eso tampoco-- de los
crímenes ni del genocidio. Evidentemente que no. Si se hubiera mostrado
partidarios de los crimenes cometidos dentro de esa dictadura imagino que
hasta el propio Gobierno le hubiera cesado. Nadie le acusa de eso. Le
acusan de haber justificado originariamente el golpe porque las
circunstancias excepcionales justificaban restablecer el orden
constitucional perturbado, y eso no es una frase, eso es la totalidad del
informe. Y la totalidad del informe del señor Cardenal es apoyar y decir
que es perfectamente compatible con el sistema democrático semejante
disparatada afirmación.
A partir de ese doble planteamiento nosotros creemos que el vínculo de
lealtad que debe unir a un funcionario público con la Constitución es
algo tan sumamente sensible y frágil que una vez roto no se pueden
recomponer los trozos.
El señor PRESIDENTE: Señor Belloch, concluya de inmediato.
El señor BELLOCH JULBE: Sí, señor presidente, ahora mismo.
Sinceramente creemos que su presencia no ha arreglado nada, al revés, ha
complicado las cosas, ha llevado a la institución a un deterioro no
imaginable. Por primera vez en 20 años de democracia un fiscal general
del Estado tuvo que acudir a esta Cámara para decir que no era golpista
ni partidario de los crímenes, torturas o desapariciones. ¿Cuándo se ha
visto que la institución haya llegado más bajo? Por tanto, la dignidad
institucional exige su cese inmediato.
Resumiendo, dos únicas acusaciones podrían reducir las diez que hemos
formulado los socialistas. Primero, no ha actuado conforme a los
principios de legalidad e imparcialidad, sino con estricta obediencia a
los intereses del Gobierno para apoyar a sus amigos y perjudicar a sus
adversarios políticos o de otra índole. Segundo, ha quebrado la lealtad
que debe vincular a todo funcionario público con la Constitución
española.
Por todo ello, pedimos, señorías, el cese del señor Cardenal y la
remoción del señor Fungairiño. Nada más y muchas gracias. (Fuertes
aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor presidente, señorías, comparezco en
nombre de mi grupo para defender la proposición no de ley presentada ante
esta Cámara por el Grupo Parlamentario Catalán.
Nos encontramos ante un debate en el que se han mezclado de forma confusa
los términos jurídicos y los políticos, y si los primeros son
técnicamente complejos, los segundos pueden levantar legítimas pasiones
en cualquiera que se proclame demócrata.
No está de más señalar que, mientras en España unas confusas y equívocas
expresiones del Ministerio público, al hilo de dos instrucciones
judiciales en la Audiencia Nacional, nos han traído hasta aquí, en
Argentina se cuestiona en el Parlamento, casi con virulencia, la
derogación de la ley de punto final, y en Chile los demócratas
contemplan, con preocupación y cierta vergüenza, cómo el dictador está a
punto de ocupar un escaño en su Cámara Alta.
No es, pues, este un debate superficial, no es un debate creado de forma
artificial para el desgaste de unos u otros; es la lógica reacción de
quienes representamos a una sociedad altamente sensible a los valores del
Estado de Derecho, al respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales. ¿Reacción a qué? Reacción a sendas intervenciones
gravemente desafortunadas en su expresión literal que llevaron a muchos
ciudadanos a cuestionarse qué noción de democracia tenían aquellos que
las habían suscrito.
Nada hubiera dicho este Parlamento, o al menos no con el apoyo de este
grupo, si no se hubiera sacado la discusión del plano estrictamente
jurídico. La cuestión de si pueden o no pueden los tribunales españoles
juzgar en España a las cúpulas de las dictaduras chilena y argentina no
debe ni puede ser tratada en esta Cámara; serán los tribunales quienes la
resuelvan de conformidad con el derecho vigente, incluidos, eso sí, los
tratados internacionales. Lo contrario sería una invasión del Legislativo
en el ámbito propio del Poder Judicial. Pero lamentablemente sendos
informes de la Fiscalía sobre la cuestión saltaron, del ámbito jurídico
que les era propio, al terreno político. En un caso, por cuanto parecía
otorgarse cierta legitimidad de origen a las dictaduras, concretamente a
la de Argentina, que se habría perdido posteriormente con el ejercicio
del poder. En otro caso, en cuanto que se establecía una cuando menos
equívoca comparación entre el acceso de los militares al poder en tales
países y lo dispuesto en la Constitución española.
Ambos documentos provocaron el más enérgico rechazo de amplios sectores
de la sociedad, y también de este grupo parlamentario desde el primer
instante. Sólo desde una concepción de que en política todo vale con tal
de hacer oposición pueden explicarse algunos ataques injustificados por
parte de algún ilustre representante socialista capaz de afirmar que
Convergència i Unió mostraba alguna veleidad o la más mínima duda en la
condena de los sistemas dictatoriales y de sus responsables. Se dijeron
cosas muy fuertes, señorías.
El Grupo Parlamentario Catalán, tras rechazar la celebración de un Pleno
extraordinario para debatir una
cuestión que había sido suscitada cuatro meses atrás, optó por traer a
esta Cámara un texto claro y rotundo que permitiera el pronunciamiento,
claro y rotundo también, de todas las fuerzas políticas sobre el fondo de
la cuestión, exigiendo al tiempo una aclaración por parte de quienes
podían darla, para disipar, de una vez por todas, los equívocos. Se
produjo esa aclaración, se produjo la comparecencia del fiscal general
del Estado ante la Comisión de Justicia e Interior en los términos que
son conocidos, pero que brevemente voy a leer en alguno de sus fragmentos
más importantes. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Cito literalmente algunas de las expresiones
utilizadas por el señor fiscal general en su comparecencia ante la
Comisión de Justicia e Interior: Considero que la actuación de los
militares argentinos y chilenos constituyó un directo e injustificable
ataque contra el orden constitucional de sus respectivos países, mediante
la implantación de regímenes políticos dictatoriales que suprimieron
ilegítimamente las instituciones democráticas e instauraron una forma de
ejercicio del poder basada en el terror y en el más absoluto desprecio de
los derechos humanos.
Sigo citando: Con independencia de cuáles fueran las razones que los
militares golpistas adujeran para tratar de justificar su injustificable
proceder, lo cierto es que en ningún momento la actuación de las fuerzas
armadas argentinas y chilenas estuvo amparada por la legalidad. En
particular, esta actuación no podía ampararse en disposiciones sobre
estados excepcionales, que son normales en un Estado democrático.
Finalmente --decía el fiscal general--, creo que ninguno de los informes
cuya explicación motiva esta comparecencia contiene frases o expresiones
que contradigan lo que acabo de exponer. No obstante, si alguno de los
pasajes de estos informes pudiera entenderse en sentido contrario, en
sentido distinto a lo que
he manifestado en esta comparecencia, entiéndalos SS. SS.
rectificados a tenor de lo que en este momento he afirmado. Tengan SS.
SS. la seguridad de que si tanto el señor Fungairiño como yo mismo hemos
podido incurrir en alguna deficiencia de expresión, nuestro pensamiento
es y ha sido siempre el que he resumido en los puntos anteriores.
Llegados a este punto, mi grupo entiende que no son precisas ya más
aclaraciones, ni se justifica ninguna otra petición de responsabilidades
por el tratamiento dado a esta cuestión, pues ésta y no otra es la que
nos ha traído a este debate.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Catalán ha pedido la retirada del
punto 5º de su proposición no de ley. Se mantiene, en cambio, la plena
vigencia de nuestra propuesta de que el Congreso de los Diputados se
pronuncie de forma unánime, si es posible, e inequívoca reafirmando su
condena a los crímenes contra la humanidad y a las violaciones de los
derechos humanos, cualquiera que sea el lugar de su comisión y aun cuando
tengan lugar bajo la apariencia de un sistema legal. No hay ley que pueda
legitimar la tortura, el secuestro sistemático organizado desde el poder,
las ejecuciones masivas, el robo de niños con suplantación de su
personalidad o la alteración de su personalidad civil, por citar sólo
algunos ejemplos. Los familiares y las víctimas, cuando así sea posible
--y algunos de tales familiares nos acompañan hoy desde la tribuna-- han
de saber que tienen el pleno apoyo y la solidaridad de todos.
Creemos que es oportuno también manifestar todo el respeto a las
actuaciones que los jueces españoles están llevando a cabo en relación
con tales crímenes. Respeto, digo, pues es lo máximo que podemos decir
sin prejuzgar la posibilidad de que carezcan de jurisdicción para ello.
Finalmente, y en íntima relación con lo anterior, mi grupo propone que se
haga un pronunciamiento explícito en favor de la creación de un tribunal
penal internacional de carácter permanente. Como es sabido, las Naciones
Unidas han convocado para el próximo mes de junio una conferencia
internacional con el fin de aprobar un convenio por el que se cree tal
tribunal. Es obvio que si ya existiera hoy no tendríamos todos la
sensación del riesgo de impunidad ante la posible falta de competencia de
los tribunales españoles.
Por eso, porque existieron los desaparecidos, porque existió Camboya y
Pol Pot, Ruanda, Svrenica y el Kurdistan y tantos otros lugares que
evocan matanzas y otros crímenes contra la humanidad, es hora de que
existan medios independientes para exigir las responsabilidades. España
debe asumir ahí el papel de mayor liderazgo que le corresponde para poder
lograr ese objetivo.
Por todo ello, confiamos que esta proposición no de ley reciba el apoyo
mayoritario, si no unánime, de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, para la
presentación de su proposición no de ley, la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que suena un poco a música esto
de la dimisión del señor Cardenal, porque se ha intentado por todos los
medios que esto se discutiera aquí, pero también se ha tratado de eludir
por todos los medios esa discusión en esta Cámara.
Queremos recordar algo, y es que nos ha dicho el portavoz de Convergència
i Unió que esto paso hace cuatro meses. No es así, señor portavoz. Lo que
pasó
hace cuatro meses, quizá, son las posiciones de la Fiscalía en los
asuntos de Chile y Argentina. Lo que pasó hace menos de cuatro meses
fueron las declaraciones de Fungairiño. Lo que provocó la alarma en la
sociedad fueron precisamente esas declaraciones. Y dentro del Grupo
Mixto, los dos portavoces que estamos, el señor Saura y ésta que habla,
doña Cristina Almeida, escribimos precisamente al fiscal general del
Estado mostrándole nuestra preocupación por esas declaraciones de
Fungairiño, diciéndole que le removiera porque nos parecía tremendo que
se hiciera esto. ¿Y qué pasó? Que nos contestó el fiscal general del
Estado, y cuando leímos lo que nos contestó nos quedamos de piedra porque
era peor todavía que lo que había dicho Fungairiño. Entonces escribimos a
la ministra, porque como en el estatuto no venía esa comparecencia del
fiscal, lo teníamos que hacer por esos medios. Espero que en la reforma
del estatuto nos pongamos todos de acuerdo para que el fiscal general del
Estado pueda venir a algo más que a presentar la memoria, aunque lo tenga
que traer disfrazado de no se qué, más bien de demócrata, el portavoz del
PP a una comparecencia en la Comisión. Vamos a ver si lo arreglamos para
que venga a más cosas. Nuestro Grupo no va a esperar a la reforma de la
Constitución. Hemos presentado ya una proposición de ley para que tenga
que comparecer en la Comisión de Justicia e Interior y no se convierta en
el fiscal general del Gobierno sino que sea el fiscal general de la
sociedad.
Pero nos escribió esa cartita, una cartita no sólo justificadora de
Fungairiño, sino diciendo lo que le salía de dentro, y fue terrible lo
que le salía de dentro. A nosotros no nos sorprendió, porque, como mujer,
como persona demócrata, ya le habíamos calado hace mucho tiempo; que él
piense lo que quiera no nos preocupa, porque no vamos a entrar en el
arcano de la conciencia que decían los juristas, pero que lo exponga...
Ya lo dijo públicamente, como ha manifestado el portavoz del Grupo
Socialista, cuando fue nombrado. Ya le hicimos el cargo entonces
diciéndoles que habían elegido a una persona que se había destapado como
demócrata, pero ustedes le nombraron; le nombraron pese a la oposición
del Consejo fiscal, sin ningún voto; luego preguntaron: ¿qué les parece
éste para fiscal de la Audiencia? Eso ni se vota; no, no, votar por si
acaso. Le dijeron: nos parece fatal; y como se le nombró, pese a que todo
el mundo le había dicho que les parecía fatal, al final ha resultado
fatal.
Es verdad que vino a la Comisión pero, y se lo dije a él en esa Comisión
de Justicia, daba un poco de pena, porque le dieron por escrito una
página. Algún portavoz de otro grupo le dijo: le van a hacer escribir a
usted como en la escuela cincuenta veces, para que no se le olvide, que
tiene que ser usted demócrata. Cuando la leyó allí quedaba estupendo; yo
le dije que iba a ir a los anales de la democracia. Es más, para que no
diga que tengo veleidades con Convergència i Unió, casi diría que se la
han escrito ustedes (Rumores.), porque yo creo que tienen más experiencia
democrática (Risas.--Aplausos.). Es decir, les reconozco el derecho a
escribir esa declaración democrática, que a mí les confieso que me gustó.
Pero no me agrada que a los fiscales generales del Estado que defienden a
la sociedad les tengamos que escribir páginas de democracia, porque ésta
tiene que ser el respeto a los valores que están en nuestra Constitución.
Yo siento que, aunque ustedes estuvieron preocupados por esa falta de
democracia que había en esas palabras, hoy digan que se quedaron
contentos. Yo hago una declaración democrática de apoyo a unas personas
que están exigiendo justicia todavía; porque aún hay delitos. Se trata de
los desaparecidos, de los niños y niñas de españoles que estaban allí, y
sus abuelas están esperando que se les haga justicia aquí. Tampoco quería
nadie determinar si tenía que haber competencia de los tribunales
españoles. Admitimos que el señor fiscal diga lo que quiera, que se
oponga, que diga que no hay razón, porque son los tribunales quienes lo
van a resolver, no este Parlamento, a no ser que establezcamos métodos en
convivencia internacional, y estamos de acuerdo con el Tribunal
Internacional Penal. Lo que nos preocupa es que a quien representa los
valores de la sociedad se le escriba la página.
Ustedes estuvieron (estuvimos además sentados muy juntitos) en la
Comisión de Justicia y cuando el señor Cardenal se salió de la página
escrita se le vio el plumero otra vez, y no sólo el plumero sino la falta
de democracia; cuando empezó a decir --y yo creo que le paró el propio PP
porque si no le tenían que cesar allí mismo--: como les cuente a ustedes
cómo estaban las cosas en la Argentina cuando se levantaron los
militares, yo pensé: madre mía, lo que nos va a contar aquí. Es verdad
que en el fondo lo que quería era justificar esos delitos y pronunciarse
sobre una situación de no democracia.
No estamos jugando aquí a decir si nos gustan o no los nombramientos.
Nosotros estamos dispuestos a que la sociedad española no se tenga que
avergonzar de tener unos representantes que defiendan los valores de
todos los ciudadanos y...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO:...debamos esperar a que Convergència i Unió,
porque ahora está apoyando al Gobierno del PP, les diga: como no me
escribáis esto le vamos a hacer dimitir, porque tenemos la mayoría para
hacerlo.
Es un triste papel el que hace el Gobierno y quienes le apoyan. Queremos
hacer una reprobación en este Congreso; que el Gobierno haga lo que
quiera, pero nosotros le queremos decir que este fiscal general del
Estado no nos inspira confianza democrática, ya que
se ha convertido en el fiscal general de un Gobierno. Siendo un Gobierno
democrático y elegido por los ciudadanos, tendría que cesarlo porque no
representa los valores que incluso han permitido su acceso al Gobierno.
Por eso, nuestro grupo no se ha quedado sólo en esto. Hemos hecho
preguntas, proposiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Ahora mismo termino, señoría.
Y hemos pedido que se nombre de otra manera al fiscal general del Estado.
Queremos estar defendidos todos los ciudadanos y, con independencia de
que haya competencia o no, deseamos que se haga justicia en este país
contra lo que creemos que son aberraciones antidemocráticas, para que no
haya la más mínima duda de que nuestros valores han superado precisamente
el apoyo a situaciones como las que crearon el señor Cardenal o el señor
Fungairiño. Por eso, por pura defensa de valores, pedimos a los que
tienen la potestad de hacerlo, por un lado, que se remueva de su cargo al
señor Fungairiño y, por otro lado, que se cese inmediatamente al fiscal
general del Estado, señor Cardenal. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en segundo
lugar y para la defensa de su enmienda, el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Es deber del Bloque Nacionalista Galego no convertir el problema de la
democracia en otro de apariencia, de hipocresía o de banalidad, y está
claro, señorías, que en los parlamentos, que tienen mucho de apariencia,
no nos podemos dejar guiar por este juego. Decimos esto porque la
fragilidad del régimen democrático y su vaciado comienzan siempre por
enunciados o discursos brutales desde dentro de los órganos encargados de
la protección jurídica de las libertades y los principios democráticos. Y
no cabe duda alguna de que los personajes, las altas autoridades del
Estado a las que nos estamos refiriendo no actuaron en nombre personal o
en una conversación de café o en un programa radiofónico, sino enunciando
argumentos en nombre de órganos unipersonales y, por tanto, no cabe
valorar un informe fiscal como una especie de desliz personal. Decimos
esto porque, como grupo político, pensamos que no se puede enunciar desde
ninguna alta magistratura del Estado un discurso favorable a la impunidad
internacional en materia de fortalecer la barbarie, el asesinato o el
terrorismo de Estado, que, sin duda, existe legalmente y está tipificado
en nuestro Código Penal.
Señorías, pensamos que ningún tipo de discurso formalizado debe proteger
a golpistas, a asesinos, a torturadores, sino que incluso debe servir
como un mensaje para que todo esto, que es legítimo y legal, pueda ser
aceptado por una Cámara de representación popular, como es el Congreso de
los Diputados del Estado español. Esto vaya dicho desde la convicción de
una fuerza política que es escrupulosa en cuanto a no inmiscuirse en los
procesos políticos evolutivos internos de otros Estados. No negamos,
desde luego, el derecho de la sociedad chilena o de la sociedad argentina
a evolucionar conforme a sus criterios, pero sí negamos el propio derecho
o la incapacidad del Estado español a no entender de crímenes que sí han
afectado y afectan a ciudadanos del Estado. Y, desde el punto de vista de
una sociedad que se globaliza cada vez más y que justifica la
globalización en el terreno económico, sería también imperdonable, y
desde luego haríamos un flaco servicio a la democracia, que no
aceptásemos, cuando menos, la legitimidad a opinar de crímenes gravísimos
contra los derechos humanos y actos de genocidio incalificables que se
puedan cometer en cualquier parte de la tierra, incluido el Estado
español.
En nombre de todo esto, señorías, pensando que ninguna persona actúa por
libre sino, sin duda, en relación con una serie de intereses de grupos,
que en este caso pueden ser grupos represivos y autoritarios, nada menos
que utilizando instituciones de carácter judicial, y que no son opiniones
particulares sino de órganos, creemos que es deber del Congreso de los
Diputados no participar lo más mínimo en la cobertura de estas
actuaciones. Pensamos que debemos garantizar, en la medida de nuestros
esfuerzos, la libertad, la democracia, la justicia, los derechos humanos
y, desde luego, nunca avalar ninguna argumentación que sitúe a las
Fuerzas Armadas por encima de la voluntad popular, de los derechos
humanos y de los principios del Estado democrático.
En el Estado español tenemos experiencia lejana y próxima y, desde el
punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, en este momento haríamos
un gran servicio a los criterios que antes anuncié si, además de pedir el
cese de estos órganos unipersonales, lo contemplamos desde la perspectiva
de la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal conforme a unos
criterios de mayor independencia, así como con el criterio de cierta
visión o control por el Congreso de los Diputados y, desde luego, de
respeto a las decisiones mayoritarias de los órganos colegiados en cuanto
al ministerio fiscal, y, sobre todo, y es lo más importante, si le
mandamos una proclama al Gobierno para considerar legales y legítimas,
con amparo diplomático y político, las situaciones jurisdiccionales de
órganos españoles a la hora de defender a ciudadanos del Estado de
crímenes contra la humanidad y, por supuesto,
el derecho legítimo de todos los ciudadanos a pronunciarse en contra de
los crímenes que se cometan en cualquier parte del mundo.
En este sentido van nuestras enmiendas a la proposición no de ley del
Grupo Socialista.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En tercer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente. Seré
breve, porque tengo poco tiempo.
Me hubiera gustado presentar una proposición que había realizado, pero,
al parecer, no ha tenido el consenso de todos los grupos en la Junta de
Portavoces. En cualquier caso, quiero señalarles que dijimos lo que
teníamos que decir en la comparecencia, pero no fue suficiente lo que nos
señaló el fiscal general. Creemos que éste es un tema vital, que afecta a
una de las cuestiones más básicas de todo el sistema democrático: la
defensa de los derechos humanos.
Creemos que en la actuación del fiscal general --por cierto, ya
conocíamos su talante conservador; nadie nos tiene que decir a los que
vivimos en el País Vasco cuál es el contenido de sus memorias y lo hemos
visto actuar a lo largo de casi este año, ya que todavía no ha llegado al
año en el cargo-- hay que resaltar como más importante o más grave las
manifestaciones efectuadas por escrito en cartas o informes sobre un tema
vital, vuelvo a señalarlo: la defensa de los derechos humanos, sea aquí o
en cualquier lugar del mundo.
Creemos que la comparación que realizaba el señor fiscal general entre
un golpe de Estado y una situación de estado de excepción en un orden
constitucional es nada jurídica, muy política y que responde a un
criterio claro; comparar un golpe de Estado con una actuación de estado
de excepción, desde nuestro punto de vista, es poco democrático.
No tenemos mucho que decir, salvo que estas manifestaciones no responden
a la confianza en quien debe ser la cabeza de un ministerio público que
tiene como principal misión velar por el cumplimiento de la justicia y de
los derechos y deberes de todos los ciudadanos. No hablamos del artículo
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la competencia o no de
los tribunales españoles, sino de las manifestaciones, del carácter, del
talante, de las actuaciones y actitudes de aquel que se permite
confundir, tener un error en tema tan vital y no defender a los
ciudadanos, sean o no del Estado español, y que no tiene claro qué es lo
que se espera de él, qué es lo que se espera de un fiscal general, qué es
lo que se espera de un ministerio público. Si no lo tiene claro, nosotros
creemos que no es la persona más adecuada ni eficaz para cumplir al
estilo demócrata las misiones que encomienda al ministerio fiscal el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, por tanto, votaremos a favor
de su cese.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En cuarto y último lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente. Voy a ser breve,
puesto que no tenemos más tiempo.
El cese del fiscal general de Estado y la remoción del fiscal jefe de la
Audiencia Nacional, desde nuestro punto de vista, no son de debate; son
de necesidad democrática. Estamos ante unos hechos que son profundamente
graves, no por un tipo de funcionamiento o incluso por un tipo de ideas o
de planteamientos de dos personas vinculadas a la Fiscalía y, por tanto,
de dos máximos responsables de la Fiscalía del Estado, sino porque
estamos ante un hecho que pone en evidencia la falta de comportamiento y
convicción democrática de quienes son los máximos responsables tanto de
la Fiscalía general como de la Audiencia Nacional.
Desde nuestro punto de vista, el cese y la remoción son absolutamente
necesarios, porque estos dos fiscales han roto las reglas de juego
democráticas; han puesto en evidencia cómo piensan y lo que piensan y, en
consecuencia, nos dejan en una absoluta indefensión. Cuando se piensa lo
que se piensa de las muertes, de los crímenes, de la barbarie que ocurrió
en Chile y Argentina, es evidente que tenemos la obligación de creer que
se opina lo mismo en cualquier parte del mundo. Me refiero al fiscal
general del Estado y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional; actúan en
este Estado. ¿Cómo van a proteger los derechos humanos en este Estado?
¿Qué garantías tenemos de que en un caso excepcional actúen de manera
democrática? ¿Respetan los valores de la Constitución? ¿Respetan los
valores y las reglas de juego democrático que nos amparan a todos? Desde
mi punto de vista, se ha puesto en evidencia que estamos ante dos
fiscales que no tienen en cuenta ni los valores democráticos ni los
valores de los derechos humanos, que no creen en ellos y que, en
consecuencia, tienen incapacidad para respetarlos y consolidarlos.
Desde nuestro punto de vista, por tanto, el cese del fiscal general del
Estado y la remoción del fiscal jefe de la Audiencia es una necesidad, es
una autoprotección. No sólo ha sido una barbaridad decir lo que opinaban
de los terribles crímenes que se cometieron en Chile y Argentina, que
forman parte de nuestra memoria colectiva, sino que además es evidente
que quien cree eso de Chile o Argentina, opina así en todas las partes
del mundo, también en España.
Por tanto, más allá de otros debates y por falta de tiempo, consideramos
que por necesidad democrática,
por vulneración del espíritu de la propia Constitución, por vulneración
de las reglas de juego democráticas que nos amparan a todos, estos dos
fiscales son un peligro democrático, son un peligro en contra de los
valores humanos y, en consecuencia, tenemos que protegernos de ellos
precisamente como demócratas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con gran
brevedad, porque éste es ya el tercer debate que a lo largo de los meses
de enero y febrero ha tenido este diputado, en nombre de Coalición
Canaria, para expresar las convicciones de mi grupo, haciendo un análisis
de lo que son valores constitucionales, democráticos de un Estado de
Derecho, como es el español, en comparación con los hechos ocurridos en
las Repúblicas de Argentina y de Chile. Pero no quisiera sentirme
contrariado, por una circunstancia de procedimiento parlamentario, al
votar mi grupo a favor o en contra, teniendo que ostentar o no una
especie de valoración de si se es más o menos demócrata. No creo que ésa
sea la cuestión y, por tanto, en una libre expresión de una voluntad
parlamentaria digo lo siguiente.
Ante estas iniciativas, incluida la cuarta que ha presentado, por vía de
enmiendas, el Grupo Mixto, nosotros queremos sujetarnos al fondo, como
bien ha señalado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
pero también a la forma; es decir, los motivos explícitos e indicados en
la justificación o exposición de motivos que las tres iniciativas han
traído aquí. Nosotros nos ajustamos al procedimiento formal que ya
mencionamos ante la Comisión de Justicia e Interior de la semana pasada,
en la comparecencia del señor fiscal general del Estado. Mi grupo había
exigido también a esta institución y al Gobierno que hubiera una
declaración de principios del fiscal general del Estado clara, rotunda,
contundente e inequívoca de sus principios democráticos y
constitucionales, ajustándose en un todo a los principios que inspiran
nuestra Constitución y nuestro Derecho que la desarrolla, en todos los
órdenes, sin entrar, por supuesto, en lo que muchos portavoces habíamos
coincidido, en un principio jurídico de si los tribunales españoles
tenían la competencia que se pudiera discutir. Para nosotros sí es
indiscutible que puede darse protección jurídica a todo ciudadano español
que haya sufrido cualquier atentado a sus derecho humanos, a su dignidad,
a sus principios de justicia y de libertad en cualquier país. De aquí que
vayamos a apoyar toda petición de un tribunal penal internacional que
haga la persecución en todas las órbitas internacionales de cualquier
delito de genocidio, de conculcación de derechos humanos, de desaparición
de personas, de asesinatos, de terrorismo de Estado, etcétera, como lo
apoyamos en el caso del tribunal para la ex Yugoslavia.
Dicho esto, señor presidente, y empiezo con la propuesta que ha
presentado el Grupo Mixto con la señora Almeida, apoyaríamos el punto 2 y
el punto 3, que se refieren a una apreciación y valoración concreta de
puntos que también están implícitos; y me estoy refiriendo a la forma de
lo que se ha expuesto aquí, no a otras cuestiones que se han planteado
por algunos portavoces sobre críticas a actuaciones en otros terrenos
distintos del que nos trae formalmente aquí para pedir la destitución del
señor fiscal general del Estado.
Sobre este punto y ante la Comisión de Justicia se cumplió nuestra
exigencia --en la que habían participado también otros grupos, entre
ellos el Grupo Catalán y el Grupo Vasco-- de una declaración de
principios, que hizo el fiscal general del Estado y que consta. A ese
momento procesal nos referimos para no enredarnos y complicarnos en algo
que nos parece demasiado delicado y sensible en los procedimientos de
otras cuestiones que, siendo importantes, son en este momento
circunstanciales respecto al fondo que nos trae aquí.
Estamos satisfechos por lo que fue aquella enunciación del señor Cardenal
de tres principios en su declaración programática: convicción
democrática, constitucional y de derecho; con una explícita rectificación
de lo que se había manifestado y que pudiera ser objeto de una
interpretación fuera de contexto en cualquiera de las apreciaciones que
se pudieran hacer. Pero no nos vamos a sumar a la petición de destitución
del fiscal general del Estado al haber mantenido precisamente las
exigencias de esa rectificación que se ha producido formalmente. Está
pendiente en este momento la forma de la resolución de la impugnación del
fiscal jefe de la Audiencia Nacional para que pueda ser removido, y a
ella nos limitamos.
Vamos a apoyar los cuatro puntos, junto a estos dos que he dicho --los
puntos 2 y 3 de la proposición no de ley del Grupo Mixto defendida por la
señora Almeida--, que se han señalado por la iniciativa del Grupo Catalán
de Convergència i Unió porque entendemos que se ajustan al fondo y a la
forma del debate que hemos circunscrito aquí, con esas limitaciones
específicas para no entrar en un sistema maniqueo de si somos o no somos
demócratas porque pagamos o no pagamos el diezmo al César.
Es importante para mi grupo dejar constancia de esto aquí por un sentido
de interpretación de nuestra responsabilidad con estas instituciones del
Estado, en las que no deseamos que haya ningún deterioro. Por nuestra
parte, queremos contribuir con una palabra de responsabilidad y de
prudencia; prudencia en las formas, no prudencia en las profundidades de
la interpretación o en el fondo democrático de nuestro planteamiento.
Porque demócratas somos todos los que estamos en esta Cámara, es
solamente una interpretación de formas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Por esa razón, sobre la proposición no de ley que ha
presentado el Grupo Catalán votaremos afirmativamente sus cuatro puntos,
una vez que se ha retirado el punto quinto por la rectificación hecha por
el señor fiscal general del Estado.
En cuanto a la petición socialista, refiriéndome concretamente a los dos
puntos, compartiendo aspectos que ha señalado su portavoz el señor
Belloch...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Mardones, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
...en otras cuestiones que no se relacionan aquí en la exposición de
motivos, sino claramente con ésta, nosotros, señor presidente, no vamos a
votar favorablemente la solicitud de destitución inmediata del señor
fiscal general del Estado. Prudencia para esta institución; y, después de
lo que ha recibido, tengamos las garantías suficientes en esta Cámara de
que estos procesos deben ser aclarados siempre desde el principio.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), la señora Uría tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el que las cuestiones puedan llegar a la Cámara por distintos
conductos y bajo distintas formas hace que sea necesario precisar con
carácter previo a qué se está refiriendo uno en cada caso.
En la comparecencia del jueves pasado, como nota incidental, hice
constar que ésa era la primera vez en la que mi grupo se manifestaba en
cuanto al fondo del asunto que se debatía, es decir, lo referido a las
manifestaciones sobre las dictaduras de Chile y Argentina, ya que en la
sesión de la Diputación Permanente se debatía --y así lo entendimos-- si
debía o no convocarse un pleno extraordinario.
También con carácter de inciso manifesté que el pertenecer a un partido
centenario con ochenta años de presencia en esta Cámara, sólo
interrumpida, por cierto, en los períodos de dictaduras, evita muchas
explicaciones. En nuestra trayectoria sólo hay ejemplos de alineación del
lado de la democracia, del Estado de derecho y de la defensa de las
libertades, eso sí, con nuestro criterio, que en ocasiones no gusta a
unos o a otros.
Pensaba aligerar mi intervención, pero circunstancias referidas al
comienzo de la sesión parlamentaria de hoy me llevan a repetir en parte
en qué se plasma esa postura, y pido por ello perdón a los señores
diputados que forman parte de la Comisión de Interior y Justicia.
Se debatía --y así lo decía en la Comisión de la semana pasada-- si la
justicia española tiene jurisdicción para conocer de los asesinatos,
secuestros y desapariciones masivas ocurridas en Argentina y Chile
durante los años sesenta. Lo que debía ser una cuestión tecnico-jurídica
centrada en la interpretación del artículo 23 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y, por tanto, resuelta dentro de los procesos, pasó a
dirimirse en la plaza pública no sin culpa de la propia Fiscalía y que,
por cierto, fue muy ayudada por los medios. Lo que debía ser un trámite
procesal pasó a ser un debate público cuando se lleva a la junta de
fiscales de sala un informe supuestamente del señor Fungairiño en el que
se contiene la maldita frase de que no se pretendía sino la sustitución
temporal del orden constitucional, etcétera, a la que tantos grupos se
han referido. Es una afirmación --y mi grupo así lo dijo desde el primer
momento-- gravísima, que parece justificar las dictaduras militares y la
suspensión de derechos si su pretexto es restaurar la democracia.
Le manifesté también al señor fiscal general del Estado --y así lo hago
también ahora-- que el segundo acto de esta cuestión no fue más feliz, ya
que el informe explicativo emitido por la propia Fiscalía General del
Estado esbozó un singular paralelismo entre el derecho de excepción
español y las medidas tomadas por la junta militar argentina --entre
comillas-- «para subsanar las deficiencias del orden constitucional en
este país». Señalé, aunque sea una obviedad, que era preciso citar al
profesor Pérez Serrano para decir que en un estado de excepción se entra
con arreglo a Derecho, se transita con arreglo a Derecho y con arreglo a
Derecho se liquidan las consecuencias después incluso exigiendo
responsabilidades a los órganos que se hubieran extralimitado.
Dije allí que no es esto lo que pasó en Argentina, como bien conocen
quienes hoy nos visitan en la tribuna, ni tampoco lo que supimos que iba
a pasar indefectiblemente quienes estábamos viendo la televisión la tarde
del 11 de septiembre del año 1973 y junto a los bombardeos oímos el bando
militar derogando preceptos constitucionales mientras se bombardeaba,
repito, la Casa de la Moneda.
Le manifesté al señor fiscal general del Estado que su informe no había
hecho sino empeorar las cosas, si bien le reconocí que en días
posteriores el mismo había llegado a afirmar que la frase inicial del
informe del señor Fungairiño era ciertamente desafortunada.
El señor fiscal general del Estado hizo la semana pasada una
rectificación solemne --así lo entendió mi grupo y así fue también
titulado en diversos medios de comunicación-- del informe del señor
Fungairiño con un documento-proclama que leyó y que mereció el elogio
de todos los representantes de los grupos y que ha sido glosado muy
adecuadamente por el diputado señor Guardans, por lo que me limito a
referirme a lo que por él ha dicho.
Desde la perspectiva de mi grupo, lo que falla, creemos, es el propio
modelo del ministerio fiscal; se le contempla --y en ello hay consenso en
los dos grupos mayoritarios-- como ejecutor de la política criminal del
Gobierno y se vincula al fiscal general, por su sistema de nombramiento
por el Rey a propuesta del Gobierno y desde luego por la práctica
consolidada de los gobiernos anteriores, al Poder Ejecutivo, pese a la
proclama de que se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial.
Nosotros siempre hemos propugnado su vinculación parlamentaria y la
necesidad de que para su nombramiento se exijan determinadas mayorías.
Así lo defendimos con ocasión de la interpelación presentada por el señor
Castellano en el mes de mayo y, sin embargo, no se pudo recoger así en la
moción consensuada precisamente por oponerse a ello los dos grupos
mayoritarios. Lo que iba a ser exigencia de la confianza de la Cámara
quedó en mera comparecencia del candidato, sin ninguna vinculación.
Evidentemente, quien gobierna, o quien aspira legítimamente a hacerlo,
tiene en el sistema actual un importante instrumento, aunque seamos tan
angélicos de pensar que sólo se influye o se tiene capacidad decisoria en
el nombramiento. Cuando el Gobierno decidió el nombramiento del señor
Cardenal lo hizo él solo, porque así es el modelo existente; entonces
manifesté a la señora ministra, en su comparecencia ante la Comisión
correspondiente, mi respeto y aprecio por el nombrado señor Cardenal,
porque se cumplían los requisitos constitucionales e incluso los legales,
lo que no siempre ha sido así en la historia reciente, ya que es obvio, y
nadie lo niega, que el señor Cardenal es jurista de reconocido prestigio,
con más de quince años de ejercicio profesional.
Puse, sin embargo, un pero que ahora repito. Las manifestaciones vertidas
en la famosa memoria de la Fiscalía vasca, a la que han aludido numerosos
portavoces antes que yo, aún reconociendo que todo el mundo tiene derecho
a expresar sus opiniones, las referidas a las críticas a los males del
pluralismo político, nos inquietaban como grupo. Literalmente manifesté
que el Gobierno expresa su ideología en el nombramiento de este cargo y
ello nos parece respetable porque respetamos las ideologías, pero en este
punto mi grupo no lo comparte. «Diario de Sesiones» del 20 de mayo de
1997.
Mientras el nombramiento del fiscal general sea exclusiva facultad del
Gobierno, es, cumplidos los requisitos legales, una decisión política en
la que sólo él participa y respecto de la que los diputados, al menos los
de mi grupo, no nos sentimos responsables. Los aciertos o errores del
nombrado, si se le mantiene o no, forman parte del elenco de cuestiones
que los ciudadanos deberán valorar como aciertos o errores del Gobierno a
la hora de depositar su voto cuando sean llamados a las urnas.
Nosotros propugnamos nuestra intervención, la de los diputados, en el
nombramiento. Si no es así, que sea el Gobierno --hoy, por cierto,
clamorosamente ausente-- quien asuma el peso de sus decisiones y que los
ciudadanos las valoren.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Concluyo en seguida, señor presidente.
Manifesté al señor Cardenal que aceptaba sus exculpaciones y, conociendo
su ideología conservadora y sus postulados ideológicos, políticos y
religiosos, le exhortaba y le rogaba que en su actividad pública se
atuviera al respeto al pluralismo que la Constitución consagra. Le
indiqué igualmente que lo referido a sus manifestaciones sobre las
dictaduras en países sudamericanos se lo anotábamos en la columna de su
negativo, mientras que la rectificación del otro día, que se la
aceptábamos como tal rectificación, se la anotábamos en la columna del
positivo.
Por estas razones, porque aceptamos la exculpación, apoyaremos la
iniciativa del Grupo Catalán, que nos parece íntegramente interesante, y
sin embargo no las otras dos presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Alguien debería habernos evitado el penoso trámite de hoy y nos lo
debería haber evitado, en primer lugar, el propio interesado. Sea justo o
injusto, duela o no duela, en política hay que saber asumir cuándo
alguien es ya incapaz de poder dirigir una institución; repito, sin
entrar, a lo mejor, en las consideraciones que otros hayan podido hacer.
Es obvio que la situación del ministerio público y de su regiduría es
insostenible, pero dado que el propio interesado piensa, desde su
perspectiva en que se confunde lo político con lo técnico, que no ha
pasado nada, no estaría de más que el Gobierno, atendido el interés
general, hubiera ya tomado alguna decisión. No ha sido así y por eso nos
vemos en este trámite que para nosotros, como ustedes comprenderán, no es
nada grato y es más bien penoso. Quizá lo único que tenga de positivo es
que ha servido para manifestar la sensibilidad de la Cámara en un tema
tan importante cual
es --y que no se olvide, porque a veces parece ser que aletea pero nadie
quiere hablar de él-- la penosa situación que atravesaron los pueblos
chileno y argentino; sensibilidad que, por cierto, nos hubiera gustado
ver en los grupos de esta Cámara haciendo --y no queremos constituir un
ejemplo para nadie-- lo que otros hemos hecho: formular la
correspondiente acusación y pedir a los tribunales que actúen, sin
utilizar, bajo ningún concepto, la situación de Chile o Argentina --como
alguien pudiera pensar-- como un pretexto para dirimir agravios que
lógicamente se han producido fuera de ese contexto. Pero como el que
siembra vientos recoge tempestades, hoy aquí recogemos el fruto de no
haber querido considerarlo, y no lo digo para la generalidad de la
Cámara, porque hemos tenido una enorme satisfacción al oír la
intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Vemos
con satisfacción que hay ya quien empieza a pensar que además de los
problemas partidistas y de la pelea entre los fiscales del PP y los
fiscales del PSOE, hay un problema que nace de la estructura y se empieza
a dar razón a tantas y tantas iniciativas como llevamos promovidas para
que, de una vez por todas, el puesto de fiscal general del Estado, aún
siendo propuesto por el Gobierno y nombrado por el Rey, tenga el respaldo
de esta Cámara y responda también ante ella. Es el fruto de una
inevitable politización en la que sería bueno que el grupo del poder y el
primer partido de la oposición no estuvieran echándose nada en cara,
cuando sus comportamientos son exactamente los mismos y basta con repasar
el comportamiento de los fiscales anteriores y el comportamiento de los
fiscales sucesivos. (Rumores.) Aún así, es un hecho cierto que el que
ahora nos ocupa es el que ocupa --y perdonen la redundancia-- dicho
puesto, y la prueba de que hay una pelea larvada la ha puesto de
manifiesto el señor Belloch cuando ha hecho todo un catálogo de agravios
en el que, por cierto, nos hubiera gustado oír algún otro, por ejemplo,
esa situación insostenible del enfrentamiento entre el fiscal general del
Estado y una Junta de Fiscales que, obviamente, tiene otra orientación,
el enfrentamiento entre el señor fiscal general del Estado y el inspector
jefe, que evidentemente responde a otros criterios. Y todavía, pese a la
última convocatoria o comparecencia del fiscal general del Estado,
seguimos sin saber quién mintió en cuanto a las instrucciones que se
cursaron a las dos asociaciones profesionales de los fiscales. No es
ajeno a esta situación el que incluso el nombre de un antiguo fiscal
general del Estado, señor Moscoso, sea propuesto por la Junta de Fiscales
para ocupar un cargo en el Tribunal Supremo y no merezca el ser nombrado.
¿Por qué? Porque no nos engañemos, seamos mínimamente honestos, aquí hay
una guerra larvada de carácter partidista en la que se instrumentaliza al
ministerio público. Algunos podemos denunciar esa situación porque no
hemos tenido todavía ocasión de nombrar a ningún fiscal general del
Estado y esperemos que el día que tengamos ocasión de ello intervenga el
Parlamento y con él compartamos nuestra responsabilidad.
En todo caso, ustedes comprenderán que no puede ser nada grato el que
esté hoy abocado este Congreso, ni más ni menos, que a hacer una
declaración de democracia. Es absolutamente insólito que se pueda
proponer a este Congreso que reafirme su condena de toda clase de
regímenes dictatoriales o que manifieste su solidaridad con las víctimas
allí donde se han producido; repito, es absolutamente insólito. Yo creo
que, por el simple hecho de haber llegado aquí en el año 1977 y aprobar
una Constitución, esto se daba por sabido. Pero, en fin, valga; sea
bienvenido. Ahora, que sea bienvenido en toda su extensión, tal como nos
propone la proposición de los compañeros del Grupo Mixto y para que
tengamos claro que las violaciones graves y sistemáticas de los derechos
humanos no pueden ser objeto de indulto, aministía o medida de gracia
alguna que dejen impunes a los responsables de los mismos, estando
obligados los tribunales a juzgar a los criminales en cualquier tiempo y
lugar, no vaya a ser que haya equívocas interpretaciones de esta
proposición que puedan conducir a una situación, en alguna medida,
esquizofrénica.
El tema que hoy nos ocupa, aparte de las culpas propias y ajenas del
señor fiscal general del Estado y del poco afortunado comportamiento del
señor Fungairiño sobre todo lo que importa, que es oponiéndose a que
nuestros tribunales entren seriamente a dirimir las responsabilidades
contraídas por aquellos que usurparon el poder legítimo del pueblo en
Chile y en Argentina, mediante levantamientos militares, y de esto yo
creo que esta Cámara tiene que saber algo, nace también para que se apoye
a esos tribunales y que puedan castigar o, por lo menos, condenar, aunque
fuere retóricamente, a aquellos responsables.
Repetimos que la situación es insostenible. El señor Cardenal, deba
parecerle a él justo o injusto, no ha demostrado ni capacidad ni
idoneidad para poder estar al frente de esa institución. Por ello,
nosotros vamos a votar favorablemente la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista, pero queremos dejar bien claro que la votamos,
coincidiendo en lo que es su finalidad, con la mirada puesta en que se
recupere el prestigio de esa institución, que vuelva a funcionar, pero
que no la votamos asumiendo al cien por cien ese conjunto de
manifestaciones que aquí se han hecho, que son absolutamente legítimas y
que pertenecen a su muy particular polémica, que nosotros contemplamos
con interés porque de ella vamos aprendiendo algo. Ahora, no basta con
eso.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Hace falta que, de una vez por todas,
el Gobierno remita a esta Cámara, como se ha comprometido, el proyecto de
reforma del Estatuto del ministerio fiscal; hace falta que ese proyecto
de reforma por lo menos contenga lo que fue objeto de aprobación por esta
Cámara en aquella proposición no de ley que se respaldó unánimemente;
hace falta también que, de una vez por todas, haya un compromiso no
escrito de respeto a los tribunales y de respeto a los fiscales en todo
lo que se refiere a las actuaciones judiciales; hace falta además tener
siempre presente la solidaridad con las víctimas, no solamente con
nuestros ciudadanos, sino con todos aquellos ciudadanos chilenos y
argentinos que sufrieron, ni más ni menos, que esa actuación
absolutamente criminal, repito, de los usurpadores del poder; hace falta
que también ayudemos a nuestros propios tribunales, y me dirijo
específicamente al Gobierno, porque obviamente si recaba para él el
derecho de nombramiento del fiscal general del Estado y recaba el poder
darle si no instrucciones, sí de hacerle llegar su sentir, también es
necesario que no se oponga bajo ningún concepto a que los tribunales
pongan de manifiesto esa solidaridad, limpiando cualquier posible sentido
de permisividad a través de una actuación auténticamente clara y
contundente. Hace falta, en suma, queridos compañeros, diputadas y
diputados, que a partir de hoy hagamos lo necesario para que esta lucha
por instrumentalizar el ministerio público acabe, de una vez por todas,
porque, sinceramente, o se toman medidas en esta otra línea o esto no
pasará de ser más que una ceremonia litúrgica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, dentro de este
abigarrado conjunto de proposiciones no de ley hay un primer aspecto que,
sin duda, es para nuestro grupo muy positivo. Me refiero al hecho de que
hasta dos grupos parlamentarios hayan querido que nos ocupemos hoy,
cuando estamos celebrando el 50 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de las violaciones de los
derechos humanos ocurridas en Chile y Argentina --en el caso de la
proposición del Grupo Catalán-- y de los crímenes contra la humanidad y
las violaciones de los derechos humanos, especialmente las ocurridas en
las repúblicas de Argentina y Chile
--en el caso del Grupo de Nueva Izquierda, dentro del Grupo Mixto--.
Creo que es positivo que nos ocupemos de estos hechos y que en estas dos
proposiciones se solicite una condena de estos crímenes contra la
humanidad y se pida la creación de un tribunal internacional penal
estable que pueda convertir en realidad las declaraciones solemnes y
bienintencionadas como la que ahora cumple 50 años. Porque, sin duda, lo
peor que puede ocurrir con determinadas conductas es que acaben siendo
olvidadas y, sin duda también, sería el modo más eficaz de que vuelvan a
repetirse.
No puedo olvidar ahora mi entrevista en Buenos Aires, gracias a los
buenos oficios de mi colega de la universidad de Buenos Aires, el
profesor Zuleta, por cierto, hoy aquí, en la tribuna, con Graciela
Fernández Meigide, que, de ser una ciudadana como otra cualquiera, pasó a
la vida política precisamente por ser la madre de un desaparecido, por
utilizar el eufemismo, y se convirtió en una figura, primero, del Frepaso
y luego, actualmente, de la Alianza Opositora. Mi conversación con ella
me hizo entender lo que es una tragedia de ese calibre y las
posibilidades de lucha política que de ella cabe extraer. Por eso esa
petición de apoyo a los familiares de las víctimas tampoco nos resulta
especialmente ajena.
Por supuesto habrá que apoyar a los tribunales españoles para que, en la
medida en que las leyes se lo permitan, apoyen la investigación de estos
delitos. En una enmienda que determinado grupo ha presentado se solicita
que se considere legítimo y legal que los órganos jurisdiccionales
españoles puedan perseguir crímenes contra ciudadanos del Estado español
cometidos en el extranjero. Eso es legal hoy, pero es legal en los
términos en que nuestras leyes lo permiten, y si nuestras leyes no
permiten perseguir crímenes como los que todos aquí deploramos, no es
culpa precisamente de los fiscales, será en todo caso culpa de los
legisladores. Por tanto, aquí sólo caben dos opciones: repasar esos tipos
penales e intentar modificarlos para que puedan englobar conductas de ese
tipo o reconocer que es sólo en un tribunal internacional penal estable
donde, sin llegar a la contradicción, cabe eficazmente perseguir esos
crímenes. Lo que no cabe es hacer fuegos artificiales ni declaraciones
retóricas negando luego la realidad del Derecho, que, nos guste o no,
tiene sus límites.
Hasta aquí el aspecto positivo de esta reunión, porque luego, con estas
reflexiones que todos los grupos han ofertado, se han mezclado
razonamientos realmente mezquinos y se nos ha intentado convertir esto
que es tan serio en un capitulito más de esa serie ya inaguantable de
diez capitulitos de acoso y derribo al fiscal general del Estado; serie
en la que, por cierto, se esconde precisamente un documental previo
--llámenle un No-Do, ya que les gusta tanto, si quieren-- donde se
explicaba perfectamente por qué el Grupo Socialista, que ha equiparado
hoy la tragedia de Argentina y Chile con las amenazas de los fiscales y
el caso Sogecable --todo un alarde de rigor y de falta de sensibilidad--
plantea dentro de ese curioso escenario de capitulitos el que nos ocupa
hoy. Y eso tiene una respuesta muy fácil porque está en los diarios y en
las hemerotecas.
Por cierto, señor Belloch, usted ha citado reiteradamente, con gran
énfasis, el informe del Consejo General del Poder Judicial previo al
nombramiento del señor Cardenal. En efecto, el culebrón que usted ha
venido aquí hoy una vez más a representar empezó mucho antes de su
nombramiento. Le voy a leer una frase de una persona que seguro que
merecerá su respeto o el de algunos de su grupo, sin duda --desde luego
merece el mío y tuve la suerte hace pocos días de compartir con él una
actividad académica--, el profesor Rubio Llorente, 15 años magistrado
constitucional, que escribió lo siguiente a propósito de ese informe que
usted tanto ha citado: El Consejo General del Poder Judicial no ha
encontrado mejor medio de encubrir sus divisiones internas que el de
formular por unanimidad una reserva de dudosa pertinencia y cuyo único
efecto discernible, aparte de la dicha, es la de erosionar la autoridad
de alguien que la necesitaría muy entera. Eso dijo el señor Rubio
Llorente, ajeno a luchas partidistas y con un rigor que he echado muy en
falta en su lamentable intervención. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!) Ya entonces, en ese No-Do previo a los diez capitulitos que usted
ha tenido a bien citar --y menos mal que fueron diez, porque si no lo de
Argentina y Chile se queda fuera--, en ese No-Do hay unas declaraciones
de un presunto colaborador del señor Cardenal que ya dejaba bien claro el
día 10 de mayo, antes de que lo nombraran, que la clave de su ejecutoria
iba a estar en el nombramiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
insistiendo en que tenía que ser un fiscal ajeno a la Audiencia Nacional.
En unas declaraciones del 5 de mayo, anteriores incluso, el titular que
mereció esa entrevista era el siguiente: Los fiscales de la Audiencia nos
están echando un pulso inaceptable. Nos están echando. No sé si utilizaba
el plural mayestático o si se refería a su partido, pero eso ya está
dicho días antes del nombramiento del señor Fungairiño. Curiosamente, el
día 11, usted mismo, señor Belloch, insiste en lo mismo: el nombramiento
futuro del fiscal jefe de la Audiencia Nacional va a ser la clave de la
ejecutoria del señor Cardenal. Porque ustedes sólo han tenido una idea
clara sobre el ministerio fiscal desde hace nueve meses, y es:
Fungairiño, no. Sus razones tendrán, pero desde luego el debate de hoy es
mucho más serio que eso, y eso es bueno que no lo olvidemos nunca.
(Rumores.) El motivo fundamental del debate, como ya se ha dicho, era un
informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional española que se refería
a los lamentables hechos producidos, por cierto, en Argentina, porque en
ese informe en ningún momento se dice ni una sola palabra de Chile y
tampoco en el informe del señor Cardenal. Lo que pasa es que leer
informes no es el vicio que tenemos algunos en esta Cámara. En ese
informe --y para que quede constancia no sólo a las personas que honran
hoy con su presencia en la tribuna a este Pleno, sino también en el
«Diario de Sesiones»-- describe lo que hicieron los militares argentinos,
lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura militar, del siguiente
modo: aniquilamientos sistemáticos de sectores de población mediante
asesinatos, secuestros, torturas en dependencias militares y
desapariciones de las víctimas en fosas comunes o por lanzamiento de los
cadáveres al mar, por razones escalonadas de disidencia política,
primeramente sospecha de pertenencia a grupo terrorista Montonero,
después meras sospechas de izquierdismo subversivo, finalmente meras
relaciones amicales o familiares con dichos sospechosos. Así justificaba
el señor Fungairiño la situación argentina.
Ese informe, jurídicamente, será discutible, aunque aquí nadie ha querido
discutirlo jurídicamente. Jurídicamente será discutible --y nosotros sí
lo hemos discutido-- pretender que hubiera ni la mínima sombra de
legitimidad de origen en aquella barbarie. Insisto, de la chilena no se
hablaba. Eso sería discutible jurídicamente, pero aquí no se ha querido
discutir, salvo por el Grupo Popular, que ha dejado bien claro que no
comparte ese planteamiento jurídico.
¿Qué consecuencia política cabría derivar de la interpretación menos
favorable para los autores de esos informes? Simplemente que a raíz de
eso se convirtieron en ocasión o excusa para cometer crímenes
particularmente reprobables. No hay justificación alguna en ese informe.
Quiero también referirme a la propuesta de Nueva Izquierda, en la que se
dice que esa afirmación es la que justificaría jurídicamente esas
atrocidadades; no es cierto; o la que justificaría jurídicamente que
nuestros tribunales no persigan esas atrocidades; no es cierto. Esas
atrocidades no son perseguibles por nuestros tribunales porque no cabe
entender, según la Fiscalía, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que
las fuerzas armadas de un país sean una banda armada y porque el delito
de genocidio, tal como se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, no
es aplicable al caso. Por tanto, si se quita ese famoso pasaje del
informe, seguiría diciendo lo mismo. Lo mismo que dijo el informe hecho
cuando el señor Belloch era ministro y don Carlos Granados fiscal
general, que con el ordenamiento jurídico español en mano no cabe
perseguir esos delitos. El que quiera cambiarlo que lo cambie, si cree
que es posible jurídicamente. Eso se cambia aquí, no en la Fiscalía. Esa
es la realidad.
¿Cabe atribuir una intencionalidad de justificación política a esas
palabras? El contexto lo descarta. Acabo de leer uno de los doce párrafos
donde el señor Fungairiño llama asesinos a los militares argentinos, y el
contexto lo descarta. Las declaraciones expresas hechas por el señor
Fungairiño y el señor Cardenal desde el mes de diciembre en televisión y
las que han tenido oportunidad de hacerse posteriormente en esta Cámara,
en tres sesiones consecutivas en el plazo de un mes, no dejan lugar a
dudas de que no es ésa la intención política de los que las han
pronunciado. Resulta un
empecinamiento cómico que desde el Partido Socialista se insista en que
han querido decir lo que no han dicho y, sobre todo, se les prohiba la
posibilidad de rectificar. Es un asunto que no tiene nada que ver con el
juego democrático; según creen algunos, tiene que ver, precisamente, con
la posibilidad de rectificación y con la posibilidad de aclarar aquello
que esté confuso. En fin, esta es la realidad.
Usted, señor Belloch, ha consumido un turno en contra de su propia
proposición no de ley, ya que ella no habla del fiscal general sino para
pedir su cese. Lo único que dice del fiscal general su proposición no de
ley --que no ejemplifica esos diez capitulitos que usted ha escenificado
aquí y cuando además cada vez tiene menos audiencia ese programa-- es que
el señor Cardenal nombró al señor Fungairiño. Por tanto, en coherencia
con su papel, ustedes tienen que pedir su cese por haber nombrado al
señor Fungairiño, que es lo que dice su papel. No se refiere para nada a
Argentina ni a Chile, sino simplemente de cesar al señor Cardenal, que
pasaba por allí, porque el resto del asunto no tiene nada que ver con él.
(Rumores.) En todo caso, hay que reconocer que su proposición no de ley,
ésa que usted ha enmendado, ha hecho gala de notable mesura, porque el
señor Serra, que por lo visto tiene una vista mucho más larga, vio que
también pasaba por allí la ministra de Justicia y declaró que no se
pondrá orden en la justicia --a propósito de lo que estamos hablando
ahora-- hasta que no se sustituya a la ministra Margarita Mariscal de
Gante. O sea que hay que reconocer que ustedes han sido más moderados en
ese intento. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Ollero, vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Nuestro grupo está satisfecho de que hoy aquí se
haya hablado de las atrocidades de Chile y Argentina, de que se haya
constatado esa unanimidad a la hora de reprobar esos hechos y de hacer lo
que esté en nuestra mano, quizás cambiar leyes incluso para que quepa una
persecución judicial. De lo contrario, apoya la creación de un tribunal
internacional penal estable y lamenta algunas anécdotas que no eran
dignas de esta sesión.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.-- El señor Belloch Julbe pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
Señor Belloch, a los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda
presentada y planteada por el Grupo Mixto.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que vamos a votar a favor de la
proposición de Grupo Catalán (Convergència i Unió). Es obvio que la
consideramos insuficiente, pero estamos de acuerdo con los puntos que
mantiene y, por lo tanto, el que no nos satisfaga completamente no debe
motivar una votación distinta a la del voto afirmativo.
En segundo lugar, vamos a votar desde luego afirmativamente, en sus
términos, la proposición formulada dentro del Grupo Mixto por la señora
Almeida.
Con respecto a la formulada por el Bloque, dentro también del Grupo
Mixto, vamos a votar a favor de los dos últimos puntos, el cuarto y el
quinto, pero no vamos a votar a favor del tercero porque entendemos que
el problema que plantea sustancialmente debe ser abordado a la hora de
discutir el estatuto y no en este momento, puesto que, en definitiva, es
el problema clave de cualquier futura reforma. Por lo tanto, no por
razones de fondo, sino porque no consideramos que éste sea el momento
adecuado para plantear la cuestión.
Con respecto a la intervención del Partido Popular, debo decir dos cosas.
La primera, que el fiscal Carlos Granados... (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Señor Belloch, el turno es para aceptar o rechazar las
enmiendas.
El señor BELLOCH JULBE: Perdón, señor presidente, el artículo 73...
El señor PRESIDENTE: Deje la interpretación reglamentaria en manos de la
Presidencia, señor Belloch.
Por cierto, a la hora de aceptar o rechazar las enmiendas, le quiero
pedir una aclaración. La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto tiene
tres puntos, los numerados como 3, 4 y 5. ¿Cuáles ha dicho S. S. que
acepta?
El señor BELLOCH JULBE: Los números 4 y 5.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluya su intervención, señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Comentaba para responder a dos cuestiones de la
argumentación formulada por el representante del Partido Popular
(Rumores), porque mientras que en el caso de Carlos Granados ordenó
expresamente no recurrir la competencia del juez Garzón, por orden del
señor Aznar, tal como declaró de manera expresa El Mercurio, de Chile, se
ordenó al fiscal lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Ese es el cambio político, entre nuestro Gobierno
y el suyo.
Nada más. Gracias. (Aplausos.--Rumores y protestas)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch. (El señor Ollero Tassara
pide la palabra)
Señor Ollero, el señor Belloch ha intentado iniciar un turno de
contradicción, que ha liquidado en medio minuto. Tiene S. S. medio
minuto.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a repetir algo dicho en una sesión anterior. El señor Almunia, hace
unos días, le ha asegurado al presidente Frei, de Chile, hace dos días,
que él es partidario de que sean las leyes chilenas las que se ocupen de
esos crímenes, incluido el cometido contra el español Soria.
Nada más. Gracias. (Aplausos) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Vamos a proceder a la votación o votaciones.
Entiendo que por el señor Mardones se ha solicitado la votación separada
de los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto. Quiérese decir que procederemos a la votación de los puntos 2 y 3
en una votación y del resto en otra.
El señor MARDONES SEVILLA: No, señor presidente. Decía que los puntos 2 y
3, que eran aceptables para mi grupo, están recogidos en el texto
articulado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Están
recogidos y, por lo tanto, lo que votaremos a favor es el texto del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Entonces no se producirá ninguna votación separada y se someterán a
votación las tres proposiciones no de ley.
Votaciones relativas a la toma en consideración de las proposiciones no
de ley debatidas en forma acumulada.
En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Socialista, por la
que se insta al Gobierno a cesar de inmediato al fiscal general del
Estado y a la remoción del fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 158; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), relativa a las actuaciones llevadas a cabo desde
la Fiscalía en relación a las denuncias ante los tribunales españoles de
violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile y Argentina.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 329; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por la
señora Almeida y el señor Saura, relativa a la condena de los crímenes
contra la humanidad y las violaciones de los derechos humanos,
especialmente los ocurridos en las Repúblicas de Argentina y Chile, y por
la que se insta al cese inmediato del fiscal general del Estado y a la
remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a
favor, 159; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LAS
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR ENDESA EN RELACION CON EL CONTROL DE LA
SOCIEDAD CHILENA ENERSIS, FORMULADA POR 83 DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 156/000008)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Solicitud de creación de
comisiones de investigación. Solicitud de creación de una comisión de
investigación sobre las actuaciones desarrolladas por Endesa en relación
con el control de la sociedad chilena Enersis, formulada por 83 diputados
del Grupo Socialista.
Para su defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.--Rumores) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede comenzar, señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente y muchas
gracias a los diputados y diputadas presentes.
Aunque el tema que vamos a discutir hoy suene a muy debatido, bien sabe
quien tenga que saberlo que no es por culpa del Grupo Parlamentario
Socialista, ya que desde el mes de octubre estamos intentando dar
solución a un problema que sin duda alguna afecta a la opinión pública
española, afecta al prestigio del sector público empresarial y supongo
que afectará al conjunto de las preocupaciones de todas sus señorías.
Es cierto que hace tan sólo unas fechas discutíamos algo similar, pero no
idéntico, a lo que hoy debatimos: la necesidad, la urgencia de debatir en
un pleno lo que tuvimos la ocasión de tratar en una Diputación Permanente
de este mismo Congreso en el mes de enero. Digo esto para que algunos
diputados de otros grupos, interesados por aclarar este asunto hasta sus
últimas consecuencias, no se refugien en que entonces ya tomaron
posiciones o criterios sobre este tema.
Recuerdo a SS. SS. que cuando este asunto se empezó a discutir en esa
Diputación Permanente tan sólo debatíamos la oportunidad de que se
celebrase un Pleno o no. Quiero decir con esto que están todos los grupos
absolutamente libres de tomar posición para apoyar la constitución de
esta comisión porque lo que entonces se votaba era otra cosa.
En cualquier caso, señor presidente, yo creo que sería oportuno hacer el
recorrido de por qué el Grupo Parlamentario Socialista solicita hoy esta
comisión de investigación; una comisión de investigación que todos
ustedes saben, igual que yo, que se haría en cualquier Parlamento del
mundo que tuviera aprecio de sí mismo. Es una comisión que está tratando
sobre un asunto que afecta a la operación de inversión extranjera más
importante que haya hecho este país a lo largo de toda su historia; una
operación en la que la empresa española Endesa pretende tomar una
posición mayoritaria en el sector eléctrico chileno a través de un camino
que, pensando por los dirigentes del sector público empresarial español y
del propio Gobierno que iba a ser un atajo, la evidencia, la realidad ha
puesto de manifiesto que fue una de las peores decisiones de estrategia
industrial y de decisión empresarial que se han adoptado sin duda alguna
en los últimos veinte años de este país, por algo fundamental, porque ha
puesto en entredicho al sector público empresarial, al prestigio de las
instituciones españolas, al propio Gobierno español, dando una cara que
hasta este momento era inédita para las posiciones españolas en el
extranjero.
Es bien sabido que todas las operaciones españolas de carácter económico
y político que se han venido realizando en los últimos años en
Latinoamérica han sido no sólo bien recibidas, sino que muchas de ellas
han sido incluso a invitación de parte. Sin embargo, es la primera vez
que se produce una seria ruptura de lo que era un proceso de expansión,
de incorporación, de presencia, de defensa de intereses latinoamericanos
y españoles en aquel terreno.
Haré brevísima historia del recorrido. Endesa-España. El Gobierno el día
1º de agosto de 1997 autoriza que la empresa pública Endesa compre por
valor de 1.500 millones de dólares, casi 250.000 millones de pesetas, en
una toma mayoritaria de la empresa Enersis, a través de unas empresas que
estaban en la periferia del grupo central que se llamaban Chispas. La
operación se anuncia a bombo y platillo.
Es verdad que siempre nos ha sorprendido la fecha un tanto significativa,
casi en el límite de la normalidad política, que el día 1º de agosto se
informase de esa decisión. Hago referencia a esta fecha límite porque
mañana, que por cierto comparece el señor Martín Villa en la Comisión de
Industria, habrá ocasión de que nos explique algunas otras fechas límite
también, frontera, que añaden dudas a todo el proceso de falta de
transparencia, uniéndolas a la falta de diligencia, capacidad,
profesionalidad, oportunidad, de una serie de carencias que adornan este
proceso de inversión pública en el extranjero.
Para hacer memoria a SS. SS., les diré que en aquella operación el grupo
eléctrico español pretendía comprar a un grupo de responsables, que se
llamaban gestores clave, con un tipo de acciones, llamadas acciones B,
que estaban fuera del circuito tradicional del mercado, su participación
de control en el grupo Enersis, que no llegaba más que al 0,06 por ciento
del capital social de dicha compañía. Esa era la participación de que
disponía ese grupo de gestores clave, capitaneados por un responsable del
sector eléctrico chileno, que se llamaba Yurazseck. Y por ese 0,06 por
ciento --repito, seis centésimas del capital social de esa empresa-- el
grupo Endesa estaba dispuesto a pagar el 33 por ciento de la operación,
es decir, 500 millones de dólares, pagando por el resto del 99,94 por
ciento, el otro 66 por ciento, 1.000 millones de pesetas.
Es verdad que no le preocupó al Gobierno, que no le preocupó a la SEPI y
que no les preocupó a los responsables de Endesa una desproporción que,
sin duda alguna, iba a traer una colisión de intereses como, de hecho, se
produjo. Mañana tendrá ocasión el señor Martín Villa --y no es que esté
anunciando por entrega los misterios de la reunión de mañana-- de
acreditar con qué garantías el Gobierno de España tomó la decisión el día
1º de agosto de esa operación, con qué garantías jurídicas, con qué
solvencia se estaba realizando, repito, la operación más importante de la
historia de este país.
Pues bien, unos días mas tarde, lo que era un globo sonda, una vez más,
tuvo la ocasión de ser pinchado, y lo que era la operación del siglo --lo
que en la prensa chilena y en determinados ámbitos políticos y sociales
chilenos se ha denominado el robo del siglo-- puso en evidencia al sector
público empresarial español. ¿Cómo? Desautorizando la operación que había
aprobado la Sociedad Española de Participaciones Industriales, el
Gobierno de España y los órganos de decisión de la
propia Endesa; desautorizando una operación que puso en evidencia que el
Gobierno, a través de SEPI y de Endesa, estaba negociando con personas
desautorizadas por la propia empresa que decían representar.
Ya comprenderán que eso, hecho y dicho con cualquier empresa privada que
se les pueda ocurrir, debe tener un alcance económico determinado; pero
hecho por una de las banderas de los estandartes del sector económico,
del sector público y, desde luego, del sector eléctrico español, tiene
que tener unas consecuencias que, hasta ahora, no han sido explicadas.
Es verdad que el presidente de Endesa --en una comparecencia que, por
cierto, no era como tema principal informar de este asunto-- ofreció una
información que nunca más volvió a reiterar, información que jamás dio en
el seno de la Comisión.
Ya sé que el Grupo Popular ha intentado solucionar lo que, sin duda
alguna, coincidirán conmigo que es un gran desaguisado. Ha habido un
montaje sobre el que mañana el señor presidente viene a informar acerca
de un asunto del que ya anticipo que poco nos va a poder decir, por lo
que manifestó el propio señor Martín Villa, ya que pedía ámbitos
restringidos de información para podernos explicar --y decía que
convencer-- que la operación se había hecho escrupulosamente.
Pero aquí hay muchas incógnitas que dudo que puedan ser despejadas en un
sitio distinto de lo que es una comisión. Por cierto, no es una de esas
comisiones de antaño y que podría identificar con el nombre de algunos
diputados incluso que fueron partícipes de ella, pero no quiero recordar
tiempos pasados. Es otro tipo de comisiones; comisiones cuyo objeto no es
simplemente descalificar, insultar, calumniar, mentir, sino que tienen
simplemente la finalidad de investigar. Por ejemplo, comisiones que
tienen el frontispicio de decir que no queremos penalizar este proceso,
que queremos simplemente que el Parlamento, que los grupos parlamentarios
--y lo he dicho en alguna ocasión-- tomen la autoestima de cumplir su
función. ¡Pero qué Parlamento, que tenga estima de sí mismo, puede pasar
por delante, como si tal cosa, la investigación, la información de la
mayor operación económica de inversión extranjera que haya hecho en su
historia! Yo espero que tampoco sea el Parlamento español. Desde luego
sorpresas por la falta de interés, o incluso de curiosidad de este
Parlamento, han demostrado ya en otras instancias. Investigación sobre
esta operación se ha realizado ya en el Parlamento chileno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández
Moltó, le ruego que vaya concluyendo.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy concluyendo.
Investigación en la que, por cierto, veremos cuáles son los resultados,
pero estamos hablando también de una operación que ha sido sancionada en
las instancias financieras chilenas, acusando a la propia Endesa de haber
actuado en esta operación nada más y nada menos que con información
privilegiada. Desde la operación del Gobierno, a la situación de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, al papel que ha jugado la SEPI,
al papel que ha jugado Enersis, al papel que ha jugado Endesa, a que nos
cuenten qué acciones ha emprendido Endesa para defender esta operación, a
que nos cuenten cuál ha sido el coste real de la operación, a que nos
cuenten cómo está en este momento el compromiso. Les recordaré en medio
segundo que en esta operación, además de los intereses chilenos, nos
jugábamos los intereses españoles, donde Endesa ofreció nada más y nada
menos que un 5 por ciento del capital y su presencia en el consejo de
administración a lo que se ha puesto de manifiesto que eran unos
delincuentes. Así han jugado los responsables de Endesa y de la SEPI.
Yo creo, señoras y señores diputados, que si eso no excita su celo
parlamentario, su responsabilidad, desde luego estarán haciéndole un
flaco favor incluso a las personas o las instituciones que ustedes creen
defender.
En cualquier caso, yo les vuelvo a invitar a salir de la tibieza, de esa
tibieza en la que al final no sabe uno si cual lamprea es carne o
pescado, es decir, a posicionarse con responsabilidad, con valentía ante
este asunto, que intuyo que no será ni mucho menos la última vez que
tratemos en este Parlamento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
La posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a ser la de
no apoyar la iniciativa parlamentaria que ha presentado el Grupo
Socialista respecto a la posibilidad de la creación de una comisión de
investigación sobre las inversiones de la empresa española Endesa sobre
la empresa chilena Enersis.
Básicamente los motivos de nuestro grupo parlamentario van a coincidir,
como no podía ser de otra forma, con los argumentos que nuestro Grupo ya
planteó el pasado 20 de enero del presente año, cuando su grupo
presentaba la iniciativa de celebrar un Pleno extraordinario para
proponer la creación de esta comisión de investigación.
Nosotros nos vamos a oponer a dicha iniciativa, en primer lugar, porque
justamente mañana va a comparecer
ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo el presidente de Endesa
para que nos aclare de qué forma y manera se ha realizado esta inversión
española en la compañía Enersis; inversión que, por descontado, ha sido
la más importante que ha mantenido una empresa española en el mercado
internacional y que asciende a los 1.500 millones de dólares.
También aprovechando dicha comparecencia nuestro Grupo va a preguntarle
al presidente de Endesa cuáles van a ser las estrategias de
internacionalización de dicha compañía, cuáles van a ser los planes de
expansión en Latinoamérica, cuáles son los problemas internos que han
surgido en el seno de Enersis en base a dicha inversión que ha realizado
Endesa y también le vamos a preguntar si dicha inversión ha afectado a
aspectos patrimoniales de Endesa y cuál es su participación en la gestión
de Enersis en el próximo consejo de administración de dicha compañía.
También vamos a tener la oportunidad de preguntarle al presidente de
Endesa si dicha inversión ha afectado a la cotización de esa compañía.
Hay otra segunda cuestión de fondo por la que nuestro grupo va a votar en
contra de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Básicamente coincide con las manifestaciones que el señor Hernández Moltó
hizo en la Comisión de Industria el 29 de octubre de 1997, en la cual
manifestaba su interés en la no creación de una comisión de investigación
para analizar dicha inversión. En esa comparecencia el presidente de
Endesa manifestaba que el mecanismo adecuado para poder analizar dicha
inversión era la creación de una subcomisión dentro del seno de la
Comisión de Industria para poder analizar estas privatizaciones. Es
cierto que en esa fecha dicha subcomisión no estaba creada. Sin embargo,
el señor Hernández Moltó ahora sabe perfectamente que esa subcomisión
está creada, y nuestro grupo parlamentario invita al Grupo Parlamentario
Socialista para que en el seno de la misma todos los grupos
parlamentarios podamos analizar con detalle cuáles han sido todos los
extremos y objetivos por los que Endesa invirtió.
Otra cuestión también de fondo esque próximamente, en este trimestre, va
a haber una privatización de un porcentaje importante de la compañía
Endesa y estimamos que no sería oportuno que dichos trabajos de la
comisión de investigación, en el caso de que fuera aprobada dicha
iniciativa, coincidieran con la privatización de un sector importante de
la misma. Nosotros estimamos que podría lesionar los intereses del Estado
español.
Por todas estas consideraciones, teniendo en cuenta que nosotros vamos a
ampliar mañana la información que tenemos, vamos a votar negativamente la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida va a apoyar la propuesta del Partido
Socialista de creación de una comisión de investigación, entre otras
cosas porque ya en el mes de octubre, cuando tuvimos ocasión de conocer
por parte del señor Martín Villa una primera información, anunciamos que
nos parecía un tema muy grave y que quizá el foro adecuado para poder
profundizar en el análisis de esta situación era en una comisión de
investigación.
Me alegro de que con el tiempo seamos más grupos los que compartamos esta
posición. Hay que recordar, como ya también se ha dicho, que el señor
Martín Villa ofreció un foro más reducido para dar explicaciones en
profundidad, porque quizá entendía que en aquel momento no se podían
hacer públicas, pero también hay que decir que hasta mañana no va a
comparecer y, además, en un foro que no era el anunciado. Por tanto, me
parece adecuada esta comisión de investigación, donde tranquilamente
podamos analizar en profundidad qué es lo que ha sucedido, y tratando de
no reiterar alguno de los argumentos ya expuestos, con el único matiz de
que el señor Moltó tuvo un pequeño lapsus, ya que estamos hablando de
millones de dólares, no de pesetas; es decir, se pagaron por el 99,94 por
ciento mil millones de dólares, no mil millones de pesetas, y a los
señores propietarios de las acciones B se abonaron 500 millones de
dólares. A mí lo que me sorprende es que, ante un error de este calibre,
calificado por el señor Martín Villa en su comparecencia anterior como
que no calibraron la sensibilidad con la que podía responder el país, en
este caso Chile, y en concreto los accionistas A, que son los fondos de
pensiones, no se hayan tomado ningún tipo de medidas internas en primer
lugar, que es lo que se hace en cualquier empresa responsable cuando
alguien se equivoca. Durante mes y medio los señores Rafael Miranda,
delegado de Endesa, y don Alfredo Llorente negociaron en secreto, por lo
menos ante los organismos chilenos, con el señor Yurazseck, cuyo origen y
actuaciones durante la dictadura del general son conocidas, y con don
Marcos Zylberberg, y hoy la propia Endesa reconoce que parece ser que
actuaron de mala fe, que fueron sorprendidos en esta buena fe a
escondidas y que provocó la situación ya conocida.
Lo que se intentó, en mi opinión, hablando en castellano, fue comprar las
voluntades de los propietarios de las acciones B para poder luego acceder
a las operaciones en Bolsa de los propietarios de las acciones A. Y eso
tiene un nombre muy claro en castellano. Lo que pasa es que la operación
salta por los aires porque del
resto de accionistas, los fondos de pensiones se sienten perjudicados. Al
mismo tiempo fueron perjudicados, y reconocido por el señor Rato
públicamente, los futuros accionistas de Endesa. En aquel momento estaba
saliendo a Bolsa una parte de sus acciones y el señor Rato evaluó en más
de 100.000 millones la repercusión del fracaso de esa operación. Ante
eso, lo que se quiere es pedir esas responsabilidades en una comisión y
conocer el alcance y la situación en este momento para ver las
repercusiones en relación con Endesa, saber por qué todavía no se ha
podido cerrar un acuerdo digno para la propia Endesa y para los fondos de
pensiones y, por tanto, conocer el estado real de la cuestión. Desde
luego, a mí me parece que una actuación de este calibre deja en muy mal
lugar a nuestro país y que es suficiente para pedir éstas y otras
responsabilidades mientras Endesa continúe teniendo capital público.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, pedía algún portavoz de algún grupo de la Cámara que no se
produjeran pronunciamientos tibios. Señor Hernández Moltó, vamos a votar
que no a la creación de la comisión de investigación porque, de verdad,
creemos que la propuesta, en el supuesto de que fuera bienintencionada,
pretende matar moscas a cañonazos. Decimos que pretende matar moscas a
cañonazos porque, efectivamente, éste es un debate que puede sonar a
viejo, sobre todo a aquellos diputados que pertenecemos a la Comisión de
Industria o a aquellos que pertenecen a la Diputación Permanente, pero no
ocurre así con otras señorías, que, por algunas cosas que se han dicho
aquí, pueden llevarse una visión distorsionada de lo realmente ocurrido
con esta operación.
En primer lugar, tenemos que decir --y es importante que quede claro--
que los responsables de Endesa no han cometido ninguna ilegalidad, no han
quebrantado en ningún momento el ordenamiento jurídico chileno. Esto es
algo que ha sido reconocido por todos los grupos en otros debates, así
como por las propias autoridades chilenas, hasta el punto de que la
comisión de investigación que se creó en Chile no lo fue tanto para
investigar el proceso concreto de lo ocurrido con Endesa y Enersis, como
para analizar la bondad o no de la legislación chilena en cuanto a
operaciones que tienen que ver con la transmisión de acciones de los
llamados grupos de control en las sociedades de Chile y el papel que
corresponde realizar a los entes administrativos chilenos que tienen que
velar por estos procesos. Es decir, que las autoridades chilenas, la
opinión pública, política y social, se ha visto en la necesidad de
plantearse si la legislación con la que estaban operando hasta ese
momento evitaba situaciones que pudieran beneficiar a unos accionistas
minoritarios en perjuicio de otros mayoritarios. Por otra parte, desde el
punto de vista del fondo de la operación se trata de saber si la
participación de Endesa, que supone el control máximo que permite la
legislación chilena de Enersis, era adecuada o no para los intereses de
Endesa y del sector empresarial español y eso tampoco admite discusión y
todos los grupos de la Cámara lo han reconocido así, hasta el punto de
que no es una operación diseñada por los actuales gestores, sino que ya
venía diseñada por los gestores anteriores, que, en muchos casos
continúan siendo los mismos que con el anterior Gobierno. Por tanto,
desde el punto de vista de la estrategia del grupo empresarial español no
hay ninguna variación en lo que hacen los actuales gestores respecto a lo
que hacían antes del cambio político en nuestro país.
Hay que recordar que Enersis es la principal empresa eléctrica en
Latinoamérica, la más importante y seguramente también la empresa chilena
más importante, ya que tiene una capitalización bursátil de 5.000
millones de dólares, tiene inversiones y operaciones en países de
Latinoamérica como Colombia, Perú, Brasil, y en todas esas operaciones
exteriores al propio Chile Enersis ya estaba consorciada con la empresa
española Endesa. Por tanto, desde el punto de vista de la estrategia
empresarial nada más coherente que lo decidido por los gestores de
Endesa: tratar de controlar mayoritariamente el propio grupo Enersis.
Ahora bien, en esta operación tenían que contar, como he dicho antes, con
la propia legislación chilena. Aquí se ha dicho algo que a nosotros nos
preocupa que no quede claro: que se intentó comprar las voluntades de los
titulares de las acciones de la serie B, de las llamadas sociedades
chispas, es decir, la filiales del grupo Enersis y que otorgaban la
mayoría, el control de la sociedad. Señor Santiso, no se trató de
adquirir las voluntades, se trató de comprar los derechos de los
titulares de las acciones, pero es que eso es algo tan lícito, que forma
parte de la propia dinámica mercantil en cualquier país, en Chile o en
España; ésa es la dinámica mercantil, comprar derechos a un precio que se
estima razonable. Y los titulares de la serie B, aunque fueran
simplemente titulares del 0,06, tenían la titularidad de los derechos
políticos, es decir, eran los que podían nombrar al consejo de
administración, y era la legislación chilena la que lo permitía, no la
española, no la actuación de los gestores de Endesa. Como consecuencia
del proceso de transición política, como consecuencia del proceso de
privatizaciones empezado ya por el régimen político chileno anterior, los
grupos políticos chilenos llegaron al convencimiento de que era mejor no
cuestionar en ese momento la bondad o no de esa legislación que,
efectivamente, daba unos
derechos muy importantes a unos gestores que se habían hecho con una
cantidad mínima de acciones. ¿Que se ha producido un debate diferente en
un momento en que Chile --lo recordamos, señorías, porque puede tener
interés el dato-- se encontraba en proceso electoral? ¿Que porque en
diciembre del año pasado se hayan producido las legislativas chilenas,
alguien ha alentado el debate político y social sobre si esa legislación
garantizaba suficientemente los intereses de los accionistas chilenos
mayoritarios? Es legítimo, y para nosotros nos merece todo el respeto la
actuación de las autoridades chilenas, del Congreso chileno, de las
instituciones que han querido introducir ese debate en la sociedad de ese
país hermano. Pero eso no nos puede llevar a pretender que ése sea el
debate político en nuestro país, porque no es ése. Aquí no se ha
vulnerado ninguna norma del ordenamiento jurídico español, insistimos, ni
siquiera del ordenamiento jurídico chileno.
En cuanto al precio, es absolutamente razonable, reconocido por todos los
analistas. Si la capitalización bursátil del consorcio Enersis es de
5.000 millones, es fácil hacer números y comprobar que con esta operación
Endesa se ha hecho con el control del 30 por ciento prácticamente, el
máximo que permite la legislación chilena, con una inversión del orden de
200 millones de dólares menos de lo que hubiera sido necesario. ¿Lo que
es bueno para Endesa es malo para Chile, es malo para Enersis? Pues no,
señorías. Hoy mismo aparece el anuncio de una alianza estratégica
empresarial de dos empresas como Endesa y el Banco Central Hispano, donde
determinan que van a hacer de Chile su centro de operaciones de expansión
internacional en Latinoamérica, y ya Endesa ha comprometido una inversión
de 1.500 millones de dólares en Chile, más 1.000 millones más que está
dispuesta a comprometer, precisamente para insuflar fondos en Enersis
para esa estrategia de expansión e internacionalización en Latinoamérica,
que es buena para Chile, para Enersis, para las empresas chilenas y para
las empresas españolas implicadas, y ése es nuestro convencimiento.
¿Qué es entonces lo que se pone en cuestión, señorías? Parece que se pone
en cuestión el procedimiento, como hemos dicho antes, pero no porque se
haya quebrado ninguna norma jurídica de ninguno de los dos países, ni de
Chile ni de España, sino porque se suscita un debate sobre esas acciones
de la serie B, con unos derechos políticos excesivos en la representación
del conjunto del capital social, pero también porque en esta Cámara,
señorías, y en este país hay un grupo político que se empeña en poner en
cuestión el prestigio del sector público empresarial español, el Gobierno
de España y poco menos que el decoro y la autoestima de esta Cámara.
Señorías, a nosotros nos parece que eso es una exageración absoluta,
primero, porque el decoro y la autoestima de esta Cámara yo creo que se
gana, de la misma manera que se respeta a las instituciones chilenas, a
las autoridades chilenas a la hora de tomar las decisiones que han creído
oportunas sobre esta cuestión y, al mismo tiempo, se exige --y estoy
convencido de que se obtiene-- el mismo respeto a la soberanía de las
instituciones españolas, de este Congreso, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, de la propia actuación de los gestores empresariales
de Endesa a la hora de tomar las decisiones soberana y autónomamente en
función de nuestro propio contexto político y empresarial. Y, señorías,
no es una falta de decoro para esta Cámara decir que en este momento
crear una comisión de investigación por esta cuestión aquí, en España,
supone realmente una desproporción. Es una desproporción, porque si de lo
que se trata es de obtener explicaciones añadidas a las ya conocidas,
muchos de los portavoces desde esta tribuna ya han explicado dónde había
algunas lagunas, dónde había algunas interpretaciones extrañas, y desde
la modestia de nuestra intervención hemos procurado aclarar al menos
aquello que nos parecía más llamativamente erróneo. Pero, insisto, si
existe alguna cuestión que pueda permanecer aún sometida a la sombra de
la duda, ya se ha puesto algún portavoz también el parche antes de la
herida cuando reiteradamente reconocía que mañana mismo comparece en la
Comisión de Industria...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego que concluya.
El señor PEON TORRE: Voy terminando ya, señor presidente.
...comparece mañana mismo en la Comisión de Industria el presidente de
Endesa. Y cuando se dice que comparezca mañana el presidente de Endesa es
para que realmente los grupos parlamentarios puedan realizar esos
interrogantes y puedan obtener la contestación pertinente del responsable
máximo de la empresa española.
Por último, señorías, queremos recordar que en este momento el Estado
tiene una importante participación en Endesa, un 40 por ciento, y va a
tener bastante menos antes del verano. Se ha anunciado ya el proceso de
privatización de un nuevo tramo. De hecho, según la legislación española,
no tiene ya la consideración de empresa pública, sino que se encuentra en
este momento encuadrada plenamente en el sector privado, sometida a la
competitividad del sector privado, en un marco como el eléctrico, con
reformas legislativas importantes y beneficiosas para los consumidores,
pero exigentes también para las empresas como consecuencia del protocolo
eléctrico. Por tanto, introducir por parte de esta Cámara, respecto a una
empresa concreta, un plus de exigencia en el control de determinadas
actuaciones estrictamente empresariales, podría distorsionar esa libre
competencia que tanto necesitan,
no sólo Endesa, sino todas las empresas de nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego que concluya de forma inmediata.
El señor PEON TORRE: Termino, señor presidente, reiterando, una vez más,
que si es sincero ese ofrecimiento de los grupos de esta Cámara de actuar
mediante esta iniciativa, tratando de salvar la autoestima de este
Congreso, por ese mismo respeto a las instituciones españolas no tengan
inconveniente en aceptar el rechazo democrático por esta Cámara a esa
petición de comisión de investigación y remitan sus preguntas y sus
interrogantes a los cauces previstos reglamentariamente.
Nada más. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peón.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la solicitud formulada
por 83 diputados del Grupo Socialista de creación de una comisión de
investigación sobre las actuaciones desarrolladas por Endesa en relación
con el control de la sociedad chilena Enersis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 139; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de creación de la
comisión de investigación.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Buenas noches.
Eran las diez y quince minutos de la noche.