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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 128, de 18/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 128
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 124
celebrada el jueves, 18 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 13.205.257.360 pesetas para
atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos («BOE» núm.
292, de 6 de diciembre de 1997) (número de expediente 130/000035) (Página 67205
)
--Real Decreto-Ley 26/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 2.878.325.603 pesetas para
atender obligaciones derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios
e inversiones en hospitales militares y otros gastos del Ministerio de
Defensa. («BOE» núm. 298, de 13 de diciembre de 1997) (número de
expediente 130/000039) (Página 6720)
--Real Decreto-Ley 28/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 11.509.761.347 pesetas para
atender subvenciones a tipos de interés, en los préstamos concedidos con
motivo de las sequías de los años 1994 y 1995, y otros gastos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. («BOE» núm. 298, de 13
de diciembre de 1997) (número de expediente 130/000041) (Página 6720)
--Real Decreto-Ley 25/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 5.895.826.962 pesetas para
atender comunicaciones postales y telegráficas y otros gastos del
Ministerio de Justicia. («BOE» núm. 298, de 13 de diciembre de 1997)
(número de expediente 130/000038) (Página 6720)
--Real Decreto-Ley 23/1997, de 5 de diciembre, por el que se autoriza la
concesión de un anticipo de tesorería al INSALUD por importe de 40.000
millones de pesetas a cuenta de la financiación sanitaria de 1998, así
como la distribución de la parte correspondiente entre las Comunidades
Autónomas con gestión transferida. («BOE» núm. 292, de 6 de diciembre de
1997) (número de expediente 130/000036) (Página 6720)
--Real Decreto-Ley 27/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 8.956.161.394 pesetas para
atender obligaciones derivadas de gastos corrientes de bienes y
servicios, inversiones y otros gastos del Ministerio del Interior. («BOE»
núm. 298, de 13 de diciembre de 1997) (número de expediente 130/000040)
(Página 6720)
--Real Decreto-Ley 24/1997, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales de viento acaecidos los días 5 y 6 de noviembre de 1997.
(«BOE» núm. 298, de 13 de diciembre de 1997) (número de expediente
130/000037) (Página 6720)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 86.1, de 10
de octubre de 1997 (número de expediente 121/000083) (Página 6742)
Informes de Subcomisiones:
--Informe de la Subcomisión, constituida en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo, para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional
de Salud mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un
marco financiero estable y modernizar el Sistema Sanitario manteniendo
los principios de universalidad y equidad en el acceso. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 205, de 17 de noviembre de 1997
(número de expediente 154/000003) (Página 6753)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Página 6720)
Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 13.205.257.360 pesetas para
atender compensaciones de tasas universitarias y otros gastos (Página 6720)
Real Decreto-Ley 26/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 2.878.325.603 pesetas para
atender obligaciones derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios
e inversiones en hospitales militares y otros gastos del Ministerio de
Defensa (Página 6720)
Real Decreto-Ley 28/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 11.509.761.347 pesetas para
atender subvenciones a tipos de interés en los préstamos concedidos con
motivo
de las sequías de los años 1994 y 1995, y otros gastos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Página 6720)
Real Decreto-Ley 25/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 5.895.826.962 pesetas para
atender comunicaciones postales y telegráficas y otros gastos del
Ministerio de Justicia (Página 6720)
Real Decreto-Ley 23/1997, de 5 de diciembre, por el que se autoriza la
concesión de un anticipo de tesorería al Insalud por importe de 40.000
millones de pesetas a cuenta de la financiación sanitaria de 1998, así
como la distribución de la parte correspondiente entre las comunidades
autónomas con gestión transferida (Página 6720)
Real Decreto-Ley 27/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe total de 8.956.161.394 pesetas para
atender obligaciones derivadas de gastos corrientes de bienes y
servicios, inversiones y otros gastos del Ministerio del Interior
(Página 6720)
Real Decreto-Ley 24/1997, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales de viento acaecidos los días 5 y 6 de noviembre de 1997
(Página 6720)
La señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma)
presenta el Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre, por el que se
conceden diversos créditos extraordinarios por un importe total de
13.205.257.360 pesetas para atender obligaciones de ejercicios anteriores
de su Ministerio. Explica los motivos y el contenido de dicho real
decreto-ley para el que solicita su convalidación.
El señor Ministro de Defensa (Serra Rexach) presenta ante la Cámara para
su convalidación el Real Decreto-Ley 261997, de 12 de diciembre, por el
que se conceden al Ministerio de Defensa créditos extraordinarios por un
valor total de 2.878.325.603 pesetas, que permitirán atender obligaciones
generadas en ejercicios anteriores pendientes de imputar
presupuestariamente que no pueden ser aplicadas al ejercicio corriente,
de acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado. Explica que los créditos permitirán saldar deudas en bienes y
servicios en tres facetas bien diferenciadas: cursos de formación
profesional para la tropa y marinería, asistencia hospitalaria del
Ejército de Tierra y gastos de locomoción de la Armada.
Comparece ante la Cámara la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi) para solicitar la
convalidación del Real Decreto-Ley 28/1997, de 12 de diciembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios por importe total de
11.509.761.347 pesetas, para atender subvenciones a tipos de interés en
los préstamos concedidos con motivo de las sequías de los años 1994 y
1995 y otros gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A continuación expone el contenido y las razones de este Real Decreto-Ley
que se aprobó por el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 12 de
diciembre, por considerar el Gobierno que concurrían las razones de
extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la
Constitución.
La señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón) comparece ante
la Cámara para presentar en trámite de convalidación el Real Decreto-Ley
25/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe de 5.895.826.962 pesetas para atender
comunicaciones postales y telegráficas y otros gastos del Ministerio de
Justicia. Explica que estos créditos extraordinarios tienen como
finalidad dotar de cobertura presupuestaria a obligaciones generadas en
ejercicios anteriores que se encuentran pendientes de aplicación en el
presupuesto, dándose las razones de urgencia en su aplicación
presupuestaria y de inexistencia de crédito requeridas por el párrafo 1
del artículo 86 de la Constitución y del artículo 64 de la Ley General
Presupuestaria para dictar, mediante real decreto-ley, la norma que
permite dotar los créditos precisos para la liquidación de estos gastos.
El señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría) comparece ante la
Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto-Ley 23/1997, de 5
de diciembre, por el que se autoriza la concesión de un anticipo de
tesorería al Insalud por importe de 40.000 millones de pesetas a cuenta
de la financiación sanitaria de 1998, así como la
distribución de la parte correspondiente entre las comunidades autónomas
con gestión transferida. Explica el contenido y la razón de urgencia del
real decreto-ley en base al acuerdo adoptado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera sobre la financiación de los servicios de Sanidad
para el período 1998-2001.
Comparece ante la Cámara el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja) para
proceder al trámite de convalidación del Real Decreto-Ley 27/1997, de 12
de diciembre, por el que se conceden créditos extraordinarios por un
importe de 8.856.161.394 para atender obligaciones derivadas de gastos
corrientes de bienes y servicios, inversiones y otros gastos del
Ministerio del Interior. A continuación hace el desglose por partidas y
programas de los créditos extraordinarios.
Asimismo, el señor Ministro de Interior presenta ante la Cámara para su
convalidación el Real Decreto-Ley 24/1997, de 12 de diciembre, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones y temporales de viento acaecidos los días 5 y 6 de noviembre
de 1997 que tuvieron especial incidencia en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de forma más relevante en Badajoz, causando graves
inundaciones en muchos términos municipales. Explica una serie de
actuaciones dirigidas a paliar, en la medida de lo posible, los daños
causados, aclarando que la especificación de los términos municipales y
núcleos de población afectados destinatarios de las ayudas se realizará
posteriormente, mediante orden ministerial, al igual que se hizo en el
Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre.
En turno de fijación de posiciones a los reales decretos-leyes que
figuran en el orden del día intervienen los señores Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Homs i Ferret y Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Ríos
Martínez y la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; los señores Fuentes Gallardo y Borrell Fontelles, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Matador de Matos
y el señor Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
El señor Borrell Fontelles hace constar su protesta por no poder hacer
uso de la palabra en virtud del artículo 71 del Reglamento.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 22/1997, de 5
de diciembre, se aprueba por 313 votos a favor y 3 en contra.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del presente Real
Decreto-ley, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 23/1997, de 5
de diciembre, se aprueba por 301 votos a favor y 15 abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del presente Real
Decreto-Ley, se rechaza por 149 votos a favor y 167 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 25/1997, de 12
de diciembre, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del presente Real
Decreto-Ley, se rechaza por 146 votos a favor y 170 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 25/1997, de 12
de diciembre, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 26/1997, de 12
de diciembre, se aprueba por 313 votos a favor, uno en contra y dos
abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 27/1997, de 12
de diciembre, se aprueba por 314 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-Ley 28/1997, de 12
de diciembre, se aprueba por unanimidad.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 6742)
Proyecto de ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
(Página 6742)
El señor Ministro de Defensa (Serra Rexach) presenta el proyecto de ley
Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que viene a
sustituir la actual Ley Orgánica de 1985, que entró en vigor
simultáneamente con el Código Penal Militar el 1 de junio de 1986. Expone
los objetivos fundamentales de ambos textos legales, por un lado, lograr
una efectiva separación entre la esfera penal, comprensiva de conductas
delictivas, y la esfera disciplinaria, que recoge aquellas conductas cuya
sanción y castigo se reserva al mando militar como
instrumento para el mantenimiento de la disciplina, y por otro, hallar el
necesario equilibrio entre la protección a esta disciplina --esencial
para el correcto funcionamiento de las Fuerzas Armadas-- y las garantías
individuales recogidas en el texto constitucional. Asimismo explica las
razones que justifican la elaboración de una nueva ley orgánica que, en
síntesis, son el incompleto, unas veces, y defectuoso, otras, tratamiento
legal dado a algunos extremos esenciales del régimen disciplinario, la
dispersión legislativa producida por las sucesivas reformas parciales y
la necesidad de reflejar en un texto legal los criterios contenidos en la
jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y del propio
Tribunal Constitucional. Añade que también se ha tenido en cuenta el
proceso ya iniciado de profesionalización de las Fuerzas Armadas para
sustituir paulatina y progresivamente el actual modelo mixto por otro
estrictamente profesional y la profunda reorganización en la que se
encuentran inmersas las Fuerzas Armadas, muy especialmente el Ejército de
Tierra. A continuación pasa a detallar las modificaciones concretas que
introduce el proyecto de ley respecto a la ley actual, agrupándolas en
modificaciones materiales y formales.
Termina su intervención manifestando que el proyecto que hoy se presenta
pretende lograr el punto de equilibrio entre la esfera penal y la
disciplinaria del modo más apropiado para el umbral del siglo XXI, en el
que se contará con unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por Iniciativa per
Catalunya y Nueva Izquierda, interviene la señora Rivadulla Gracia, del
Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el señor
Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica interviene la señora Rivadulla Gracia, duplicando el
señor Padilla Carballada.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Meyer Pleite, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Moragues Gomila, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución formulada por
el Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por tres votos a favor, 296 en
contra y 14 abstenciones.
Informes de subcomisiones (Página 6753)
Informe de la Subcomisión, constituida en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo, para avanzar en la consolidación del Sistema Nacional
de Salud mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un
marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario manteniendo
los principios de universalidad y equidad en el acceso (Página 6753)
Se inicia el debate con la presentación por la señora Amador Millán del
voto particular de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo lugar, el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende el voto particular de totalidad presentado por Nueva Izquierda.
En tercer lugar, y para la presentación de una serie de votos
particulares parciales, interviene el señor Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno en contra de los votos particulares interviene el señor Villalón
Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican la señora Amador Millán y el señor Peralta Ortega, duplicando el
señor Villalón Rico.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y las señoras Riera i
Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Maestro
Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometido a votación el voto particular de totalidad presentado por el
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 135 votos a favor, 168 en
contra y una abstención.
Sometido a votación el voto particular de totalidad de devolución
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza
por 134 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el informe de la Subcomisión, se aprueba por 170
votos a favor, 134 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 22/1997, DE 5 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 13.205.257.360 PESETAS PARA
ATENDER COMPENSACIONES DE TASAS UNIVERSITARIAS Y OTROS GASTOS. (Número de
expediente 130/000035)
--REAL DECRETO-LEY 26/1997, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 2.878.325.603 PESETAS PARA
ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
E INVERSIONES EN HOSPITALES MILITARES Y OTROS GASTOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA. (Número de expediente 130/000039)
--REAL DECRETO-LEY 28/1997, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 11.509.761.347 PESETAS PARA
ATENDER SUBVENCIONES A TIPOS DE INTERES EN LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS CON
MOTIVO DE LAS SEQUIAS DE LOS AÑOS 1994 Y 1995, Y OTROS GASTOS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION. (Número de expediente
130/000041)
--REAL DECRETO --LEY 25/1997, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 5.895.826.962 PESETAS PARA
ATENDER COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS Y OTROS GASTOS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de expediente 130/000038)
--REAL DECRETO-LEY 23/1997, DE 5 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AUTORIZA LA
CONCESION DE UN ANTICIPO DE TESORERIA AL INSALUD POR IMPORTE DE 40.000
MILLONES DE PESETAS A CUENTA DE LA FINANCIACION SANITARIA DE 1998, ASI
COMO LA DISTRIBUCION DE LA PARTE CORRESPONDIENTE ENTRE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS CON GESTION TRANSFERIDA. (Número de expediente 130/0000036)
--REAL DECRETO-LEY 27/1997, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 8.956.161.394 PESETAS PARA
ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y
SERVICIOS, INVERSIONES Y OTROS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
(Número de expediente 130/000040)
--REAL DECRETO-LEY 24/1997, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES Y
TEMPORALES DE VIENTO ACAECIDOS LOS DIAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 1997.
(Número de expediente 130/000037)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto VI del orden del día,
convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
En la reunión de la Junta de Portavoces del pasado martes, el Gobierno y
los grupos parlamentarios, a través de sus portavoces, se comprometieron
a buscar una fórmula que agilizara la presentación y debate de la
convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. Se me hace
llegar que parece existir un acuerdo en torno al siguiente esquema.
Intervendrían, en primer lugar, los diferentes miembros del Gobierno que
han de defender cada uno de los decretos-leyes y a continuación los
grupos parlamentarios, agotando el turno en tantas intervenciones, dentro
del tiempo razonable, como crean oportunas los diferentes portavoces de
cada grupo, pero, eso sí, ordenados dentro de cada grupo para hacer así
un solo turno. Me aseguran que existe un acuerdo sustancial entre grupos
parlamentarios en torno a este esquema de debate. ¿Lo confirman SS. SS.?
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Comenzamos por las intervenciones del Gobierno y, dentro de ellas, en
primer lugar, para el Real Decreto-ley 22/1997, de 5 de diciembre, por el
que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 13.000
millones de pesetas para atender compensaciones de tasas universitarias y
otros gastos, para cuya defensa tiene la palabra la ministra de Educación
y Cultura, señora Aguirre. (El señor Borrell Fontelles pide la palabra.)
Perdón, señor Borrell. Tiene la palabra.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, para que no tengamos
confusiones posteriores, quiero recordar que el acuerdo al que mi grupo
ha llegado es que el decreto-ley referente a los gastos ocasionados por
las inundaciones en Extremadura será objeto de una intervención
específica, y el resto de decretos-leyes de créditos extraordinarios y de
anticipo de tesorería al Insalud, conjuntamente, de otra. Por tanto,
habría dos intervenciones por grupo.
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell, ya he aclarado que, en efecto, los
grupos pueden ordenar las intervenciones, dentro de una sola, de los
portavoces que estimen oportunos. Quiero decir que si el Grupo
Socialista, después de las intervenciones del Gobierno
--que sí parece vayan a ser en un primer bloque--, desea que haya
dos portavoces para singularizar uno de los decretos-leyes, puede hacerlo
porque creo que en ese punto hay un principio de disponibilidad. Gracias.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el pasado día 6 de diciembre se publicó en
el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 22/1997, por el que se
conceden diversos créditos extraordinarios por un importe total de
13.205.257.360 pesetas, para atender obligaciones de ejercicios
anteriores del Ministerio de Educación y Cultura. Estas obligaciones
proceden de ejercicios anteriores, que estaban pendientes de imputar
presupuestariamente y que no pudieron ser objeto de aplicación al
presupuesto del presente ejercicio por la redacción que daba la Ley
11/1996, de medidas de disciplina presupuestaria, al artículo 63 de la
Ley General Presupuestaria, y cuyo pago no puede demorarse más para
evitar agravar el perjuicio que supone para los terceros acreedores.
Por otra parte, el citado artículo 63 ha sido objeto de desarrollo
reglamentario mediante el Real Decreto 612, de 25 de abril, que en su
exposición de motivos establece que, en los casos en que las obligaciones
no puedan imputarse al ejercicio corriente por no darse los requisitos
que establece el mismo, deberán atenderse a través de la tramitación de
un crédito extraordinario mediante norma con rango de ley. Por ello,
señorías, al darse la situación indicada, y en cumplimiento de las normas
de disciplina presupuestaria, es necesario que las obligaciones se
apliquen al presupuesto, sin más demora, a través de los créditos
extraordinarios concedidos por Real Decreto-ley de 5 de diciembre que
ahora tengo el honor de presentarles para su convalidación.
Las obligaciones para las que se han aprobado créditos extraordinarios y
sus cuantías son las siguientes. En relación con el presupuesto del
Estado, más concretamente con la sección 18, que corresponde a Educación
y Cultura, se ha previsto un total de 13.190.443.616 pesetas, que se
financiarán con deuda pública.
Por servicios, el desglose de las cantidades es el siguiente. Para la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia se
destinan 2.073.614.342 pesetas, que en su totalidad corresponden a gastos
derivados de inversiones universitarias efectuadas con anterioridad a los
traspasos de universidades a las comunidades autónomas correspondientes.
Estos gastos se han generado desde el año 1988 y su liquidación va a
satisfacer expropiaciones, honorarios, liquidaciones de obras y
diferencias de IVA, así como intereses de demora y ejecuciones de
sentencia.
A la Dirección General de Personal y Servicios, concretamente en el
programa de educación en el exterior, quedan por pagar 908.539.255
pesetas, en concepto de gastos de traslado de funcionarios en el
exterior, y se trata de devengos reglamentarios del personal del
departamento destinado en el exterior, como gastos de desplazamiento,
dietas, etcétera, correspondientes a los años 1995 y 1996, conforme a lo
previsto en el capítulo cuarto del Real Decreto 239/1988, de 4 de marzo,
de indemnizaciones por razón del servicio.
Por lo que respecta a la Dirección General de Formación Profesional y
Promoción Educativa, las deudas se refieren a las cuotas del seguro
escolar, y se han destinado 2.534.154.436 pesetas para cancelar las
deudas pendientes de la cuota del seguro escolar correspondientes a los
años 1993, 1994, 1995 y 1996. Como SS.SS saben, estas cantidades
corresponden a las aportaciones que el Estado debe realizar a la
Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con la Ley del Seguro
Escolar de 17 de julio de 1953, que establece que las cargas del seguro
serán cubiertas en un 50 por ciento por el Ministerio de Educación y
Cultura y en el otro 50 por ciento por los alumnos matriculados en los
niveles postobligatorios.
Finalmente, la cuantía más importante es para compensación de tasas
universitarias, para lo que se han solicitado 7.674.135.583 pesetas.
Estas se incluyen en el programa becas y ayudas a estudiantes y
corresponden a becas del curso 1995-1996 que no han sido satisfechas
todavía. Las cantidades comprenden la compensación que hay que efectuar a
las universidades por las ayudas de exención de tasas académicas
correspondientes a los 283.226 alumnos universitarios becarios o que han
alcanzado la ayuda exclusiva de extensión de tasas en el curso 1995-1996.
Estas compensaciones se encuentran recogidas en la Orden del Ministerio
de Educación y Ciencia de 15 de junio de 1995, por la que se convocaban
becas y ayudas al estudio de carácter general para el curso 1995-1996 en
el marco del Real Decreto 2.298/1983, de 28 de julio, por el que se
regula el sistema de becas y ayudas al estudio.
Hay, señorías, otras partidas de menos cuantía que también están
pendientes y que corresponden a los presupuestos de organismos autónomos
del Ministerio, como la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado. Son de
menor cuantía, y así, se ha solicitado para la Biblioteca Nacional un
crédito extraordinario por valor de 14 millones de pesetas, que se va a
financiar con remanente de tesorería del propio organismo, y se destinará
a liquidar las obligaciones del año 1996 correspondientes a suministros
de energía, gastos de locomoción y traslados.
Para terminar, en relación con el Museo Nacional del Prado se ha previsto
un crédito de 770.117 de pesetas que, al igual que en el caso anterior,
se financia con el remanente de tesorería del organismo. Este crédito se
va a destinar a la atención de las obligaciones correspondientes a 1996,
relativas a gastos de locomoción del personal del organismo y gastos de
suministro de energía.
Por todo ello, señorías, solicito de esta Cámara la convalidación del
real decreto-ley cuyo contenido acabo de exponer sustancialmente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Cultura.
Tiene la palabra el ministro de Defensa para la presentación del Real
Decreto-ley 26/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe de 2.000 millones de pesetas para atender
obligaciones derivadas de gastos corrientes en bienes y servicios e
inversiones en hospitales militares y otros gastos del Ministerio que
regenta.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, tengo el honor de venir a presentarles hoy para su
convalidación el Real Decreto-ley 26/1997, de 12 de diciembre, por el que
se conceden al Ministerio de Defensa créditos extraordinarios por un
valor total de 2.878.325.603 pesetas.
Tengo que comenzar diciendo que estos créditos extraordinarios permitirán
atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores pendientes de
imputar presupuestariamente que no pueden ser aplicadas al ejercicio
corriente de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, en concreto con
el artículo 63. Con esta medida, por tanto, se pretende saldar una deuda
pendiente que, por razones contables, y a pesar del propósito del
Gobierno de acabar con todas las deudas anteriores, no pudo ser liquidada
en el ejercicio anterior. Concretamente, los créditos permitirán saldar
deudas en bienes y servicios en tres facetas bien diferenciadas. Primero,
cursos de formación profesional para la tropa y marinería; segundo,
asistencia hospitalaria del Ejército de Tierra, y, tercero, gastos de
locomoción de la Armada.
En primer lugar, y en relación a los cursos de formación profesional para
la tropa y marinería, debo decir que, como consecuencia de la firma de un
convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía en enero
de 1994 para impartir cursos de formación profesional a la tropa y
marinería, se concedieron unos anticipos de las subvenciones aprobadas
por dicha comunidad autónoma a fin de poder iniciar los cursos. No
obstante, un retraso en el pago de las cantidades a satisfacer por la
citada comunidad impidió que se pudiese imputar la deuda contraída en el
ejercicio siguiente, y en 1996 tampoco se pudo realizar la imputación al
no contar con remanente presupuestario al cierre de dicho ejercicio. En
la medida en que la liquidación de esta deuda no puede retrasarse más, ya
que supone un evidente perjuicio para los acreedores, es por lo que se ha
tenido que recurrir a la figura del crédito extraordinario.
En segundo lugar, la asistencia hospitalaria del Ejército de Tierra. Los
créditos sirven para hacer frente a la deuda acumulada por dicha
asistencia hospitalaria. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(Isfas), en contraprestación a los servicios que los hospitales militares
del Ejército de Tierra prestan a sus afiliados, viene efectuando unos
abonos a la asistencia sanitaria del Ejército de Tierra que generan
crédito en su presupuesto. Debido a unas expectativas de pago del Isfas
superiores a las realmente percibidas, se han producido en los últimos
años insuficiencias presupuestarias que han dado origen al desplazamiento
del déficit a años posteriores. El objeto del actual crédito
extraordinario es hacer frente a la deuda acumulada sobre el año anterior
y que por falta de remanente no se pudo imputar al ejercicio del año
pasado.
Por otro lado, es evidente que la deuda contraída responde a la necesidad
de mantener las adquisiciones de material sanitario, suministros y
mantenimiento de los servicios médico-quirúrgicos, imprescindibles para
el buen funcionamiento de la red hospitalaria.
Por último, gastos de locomoción de la Armada. En tercer lugar, con este
crédito extraordinario queremos paliar la situación generada por la
facturación de empresas de transportes con las que el Ministerio tiene
suscritos convenios --Iberia, Renfe, etcétera--, que facturan los costes
de desplazamientos del personal nombrado en comisión de servicios. La
deuda acumulada se ha debido a la necesidad de hacer frente a unos gastos
de desplazamiento por parte del personal de la Armada que no estaban
presupuestados, ya que en los últimos ejercicios se ha optado por una
reducción de los gastos corrientes que en determinadas situaciones pueden
producir el desajuste contable al que ahora se hace frente.
En conclusión, señorías, dado que la actual Ley General Presupuestaria,
en su artículo 63, sólo permite la imputación al ejercicio corriente de
obligaciones de ejercicios anteriores cuando hubiera existido crédito
disponible en el ejercicio de procedencia, y no siendo éste el caso en
las deudas a las que me acabo de referir, es por lo que los fondos
necesarios para cancelar dichas deudas se han debido tramitar como
créditos extraordinarios a través de un real decreto-ley para el que pido
a SS. SS. su convalidación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación para la
presentación del Real Decreto-ley
número 28/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe total de 11.509 millones de pesetas, para
atender subvenciones a tipos de interés en los préstamos concedidos con
motivo de las sequías de los años 1994 y 1995 y otros gastos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante todos ustedes para solicitar la convalidación
por la Cámara del Real Decreto-ley 28/1997, de 12 de diciembre, por el
que se concede un crédito extraordinario por importe total de
11.509.761.347 pesetas, para atender subvenciones a tipos de interés en
los préstamos concedidos con motivo de las sequías de los años 1994 y
1995 y otros gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A continuación expondré a la Cámara el contenido y las razones de este
real decreto-ley que se aprobó por el Consejo de Ministros en su reunión
del pasado 12 de diciembre, por considerar el Gobierno que concurrían las
razones de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de
la Constitución.
Aunque los diversos créditos extraordinarios que se conceden por el
mencionado real decreto-ley se destinan a finalidades varias, coincide en
ellos la circunstancia de que las obligaciones a que han de hacer frente
proceden de ejercicios anteriores, sin que puedan ser imputadas al
ejercicio corriente por faltar los requisitos que establece el artículo
63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en la redacción
dada al mismo por la Ley 11/1996, de medidas de disciplina
presupuestaria. Si a ello añadimos las fechas en que nos encontramos para
terminar el año, se explican las razones de urgencia.
El importe total de los créditos extraordinarios que concede el real
decreto asciende, como he dicho, a casi 11.510 millones de pesetas, que
se destinarán a satisfacer las necesidades siguientes. Se concede, en
primer lugar, un crédito extraordinario por una cuantía de 6.323.806.834
pesetas, que se destinan a subvencionar tipos de interés de préstamos que
se concedieron para reparar los daños producidos por las sequías de los
años 1994 y 1995. Estas obligaciones nacen de lo establecido en una serie
de normas con rango de ley aprobadas a lo largo de los años 1994, 1995 y
1996, normas en las que, con la finalidad mencionada, se establece la
concesión de bonificaciones de hasta seis puntos de interés a los
préstamos que concedan las entidades de crédito a los titulares de
explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco de los convenios
suscritos por dichas entidades con la Administración del Estado a través
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Asimismo, en la disposición adicional segunda de la Ley 8/1996, de 15 de
enero, y en el Real Decreto 4/1995, de 12 de mayo, se contempla la
subvención al coste del aval de un punto anual, así como la posibilidad
de suscribir con este objeto convenio con la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria, Saeca. Con los convenios suscritos con las entidades de
crédito, el Ministerio asumió la obligación de abonar la subvención de
determinados intereses, lo que no fue posible en el año 1996 por razones
de índole administrativa y presupuestaria. Para el cumplimiento efectivo
de esta obligación se solicita, por tanto, el crédito extraordinario de
6.323 millones, que es la mayor cuantía del conjunto otorgado por este
real decreto-ley.
Se concede, por otra parte, un crédito extraordinario de 2.950.740.824
pesetas, que se destinarán al pago de subvenciones a las organizaciones
de productores agrarios. Estas ayudas se conceden conforme a la normativa
comunitaria contenida en los reglamentos de la Comunidad Económica
Europea números 1035/1978, 1360/1978 y 389/1982 y en la Ley 29/1972, así
como la ayuda suplementaria de las organizaciones de productores de
frutos de cáscara y algarroba. Las ayudas se destinan a subvencionar los
gastos de constitución y funcionamiento de las mencionadas
organizaciones, para lo cual se comprometió, a lo largo del año 1996, la
mencionada cantidad, que es preciso abonar ahora para satisfacer la
totalidad de las peticiones que se formularon en aquel momento y que,
como les decía, estaban comprometidas y sin embargo no tenían cobertura
de crédito suficiente a lo largo del año 1996, por lo cual han sido
arrastradas hasta este año 1997 y me veo en la obligación de plantearlas
al amparo de este real decreto-ley.
El real decreto-ley también va a suponer un crédito extraordinario por
importe de 138.460 pesetas para satisfacer unos intereses de demora que
era preciso desagregar del concepto de gastos por obra, en este caso
correspondientes a las obras de reforma del laboratorio de sanidad y
producción animal de Algete. Además, hay un importe de 31.728.764 pesetas
que se destinarán a pagar los gastos de recogida, transporte y
destrucción de las artes de deriva que, por estar en situación ilegal,
fueron decomisadas en el año 1994. Las artes así confiscadas debieron ser
trasladadas a un vertedero, troceadas, enterradas y selladas las fosas
con hormigón, lo que supuso el gasto a cuyo fin se aplica el crédito en
esta cuantía de 31.728.174 pesetas, cuyo pago estaba pendiente desde el
año 1994.
Incluye, asimismo, el real decreto-ley un crédito extraordinario por
importe de 2.177.432.194 pesetas, y, de esta cifra, la mayor parte, 2.158
millones de pesetas, se dirige a satisfacer gastos de infraestructura
producidos en ejercicios anteriores como consecuencia del convenio de
infraestructuras suscrito por el Ministerio y el Instituto Andaluz de
Reforma Agraria. El resto del crédito extraordinario se destina a
satisfacer gastos financieros.
Para hacer frente a necesidades derivadas de la política pesquera del
departamento se ha aprobado un crédito extraordinario, dentro de estas
cuantías, de 25.914.871 pesetas, que se aplicará al abono de intereses de
demora derivados de una sentencia judicial a subvencionar a la flota
pesquera por uso de carburantes líquidos y a satisfacer indemnizaciones.
Estos expedientes de crédito se derivan también de obligaciones generadas
en ejercicios anteriores.
Concluyo, con ello, señorías, la exposición del contenido del real
decreto-ley. Las finalidades que persigue hacen evidente la necesidad de
su aprobación y, por ello, solicito su voto favorable ya que, de no ser
así, no se podría hacer frente a todas estas obligaciones que venimos
arrastrando desde ejercicios anteriores y que en la nueva legislación no
tienen cabida, salvo mediante una norma de este rango.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Agricultura.
Corresponde ahora el turno al Real Decreto-ley número 25/1997, de fecha
12 de diciembre, que será presentado por la ministra de Justicia, por el
que se conceden créditos extraordinarios por importe total de 5.895
millones de pesetas para atender comunicaciones postales y telegráficas y
otros gastos del Ministerio de Justicia.
Señora Mariscal de Gante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer
ante la Cámara para presentar en trámite de convalidación el Real
Decreto-ley 25/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe de 5.895.826.962 pesetas para atender
comunicaciones postales y telegráficas y otros gastos del Ministerio de
Justicia.
Los créditos extraordinarios que se conceden por el real decreto-ley que
se somete a convalidación tienen como finalidad dotar de cobertura
presupuestaria a obligaciones generadas en ejercicios anteriores que se
encuentran pendientes de aplicación al presupuesto.
La determinación a lo largo de 1997 de estas obligaciones y la
imposibilidad de atenderlas con cargo al presupuesto corriente, donde no
fue posible dotarlas por no estar cuantificadas en su totalidad, hace
imprescindible la dotación de recursos extraordinarios para atender estos
gastos. Se dan, efectivamente, las razones de urgencia en su aplicación
presupuestaria y de inexistencia de crédito, requeridas por el párrafo 1
del artículo 86 de la Constitución y del artículo 64 de la Ley General
Presupuestaria, para dictar, mediante real decreto-ley, la norma que
permite dotar los créditos precisos para la liquidación de estos gastos.
La modificación presupuestaria se ha configurado como crédito
extraordinario y no como suplemento de crédito, teniendo en cuenta que,
según he indicado, los gastos a los que se da cobertura han tenido su
origen en ejercicios económicos ya cerrados, anteriores al de 1997. Estas
obligaciones provienen, en su mayor parte, del capítulo 2, de los estados
de gastos del presupuesto, que recoge, como SS. SS. conocen, los recursos
destinados a atender los gastos corrientes de bienes y servicios,
necesarios para el ejercicio de las funciones y actividades que este
Ministerio de Justicia tiene encomendadas.
Del total de los créditos extraordinarios concedidos se dedican
4.313.758.296 pesetas a atender los gastos de servicios postales y
telegráficos de los que el 99 por ciento corresponden al programa 142.A,
tribunales de justicia y ministerio fiscal, gastos imprescindibles para
el normal funcionamiento de las comunicaciones y notificaciones de los
órganos judiciales y ministerio fiscal.
La causa de que no se haya efectuado el pago de estas obligaciones,
generadas hasta el 31 de diciembre de 1996, encuentra su origen, aparte
de en la falta de previsión presupuestaria, en la supresión de las
franquicias postales y telegráficas que llevó a cabo la Ley 31/1990, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en su
artículo 99, apartado 4.
Las previsiones contenidas en la citada ley sobre ajuste de los
presupuestos para incorporar el aumento de gasto que iba a suponer la
entrada en vigor de tal medida no se llevó a efecto, y desde la supresión
efectiva de las franquicias en el ejercicio de 1994 hasta el ejercicio de
1996 se han producido reiteradas insuficiencias en las partidas
destinadas a atender tales gastos.
De este modo, en el período comprendido entre los años 1994 y 1996, la
deuda contraída con el organismo autónomo Correos y Telégrafos se fue
acumulando sin que las consignaciones presupuestarias disponibles en cada
anualidad pudieran hacer frente al gasto corriente imputable a tales
conceptos.
En definitiva, señorías, este real decreto-ley que hoy presento ante esta
Cámara responde a la necesidad de liquidar obligaciones no atendidas de
años anteriores, que no es posible asumir con cargo al presupuesto
ordinario del ejercicio.
La imposibilidad de prolongar una situación que alteraría sin duda
principios de disciplina presupuestaria irrenunciables es la razón que me
lleva a solicitar ante esta Cámara, en nombre del Gobierno, la
ratificación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
El Real Decreto-ley número 23, de 1997, de fecha 5 de diciembre,
corresponde al Ministerio de Sanidad, y
por él se autoriza la concesión de un anticipo de tesorería al Insalud
por importe de 40.000 millones de pesetas a cuenta de la financiación
sanitaria de 1998, así como la distribución de la parte correspondiente
entre las comunidades autónomas con gestión transferida.
Para su presentación tiene la palabra el titular del departamento, señor
Romay Beccaría. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco ante la Cámara para solicitar la
convalidación del Real Decreto-ley 23/1997, de 5 de diciembre, por el que
se autoriza la concesión de un anticipo de tesorería al Insalud por
importe de 40.000 millones de pesetas a cuenta de la financiación
sanitaria de 1998, así como la distribución de la parte correspondiente
entre las comunidades autónomas con gestión transferida.
La subcomisión constituida por este Congreso para el estudio de las
reformas necesarias para modernizar el sistema sanitario y garantizar su
viabilidad futura, entre las propuestas planteadas en materia de
financiación sanitaria, instó al Gobierno para que en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera se abordasen las bases de un nuevo
acuerdo de financiación cuatrienal para el período 1998-2001en el que,
respetando los principios de suficiencia y estabilidad financiera, se
dotase al presupuesto sanitario de los recursos necesarios para cubrir la
financiación de las prestaciones y servicios que ofrece el Sistema
Nacional de Salud. En este contexto, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en su reunión del 27 de noviembre de 1997, ha alcanzado un
acuerdo de financiación de los servicios de sanidad para el período
1998-2001.
Adicionalmente este acuerdo de financiación insta al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias en el menor plazo posible, para efectuar en
1997 una entrega a cuenta de la financiación que proceda transferirle al
Insalud en 1998 por un importe de 40.000 millones de pesetas.
A su vez, el Insalud debe proceder a remitir a las comunidades autónomas
con gestión transferida, con el mismo carácter de entrega a cuenta, la
cuantía proporcional de dicho importe respecto a la financiación total
que han de recibir en el ejercicio 1998 por el nuevo modelo del sistema
de financiación de los servicios sanitarios.
Dicho acuerdo fue debatido en esta Cámara como consecuencia de
interpelaciones formuladas por los grupos parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida y, con ocasión de ese debate, tuve la oportunidad de
señalar que el acuerdo adoptado supone una muy importante inyección de
recursos al Sistema Nacional de Salud en orden a lograr su modernización
y consolidación.
La aprobación del modelo de financiación que se va a aplicar a la sanidad
pública durante el próximo cuatrienio constituye una apuesta decidida del
Gobierno para garantizar su viabilidad financiera mediante un presupuesto
realista que incorpora 386.000 millones de pesetas a su financiación en
1998, en momentos especialmente difíciles en cuanto al cumplimiento de
los principales parámetros de convergencia con la Unión Europea.
Esta aportación de recursos adicionales debe entrar en vigor desde el
inicio del ejercicio de 1998 para poder traducir sus efectos hacia una
mejora de la calidad asistencial y una racionalización del gasto que
permita otorgar con eficacia y equidad las prestaciones propias del
Sistema Nacional de Salud.
Por ello, para dar cumplimiento al acuerdo de referencia y atender la
recomendación en él contenida, se considera necesario y urgente autorizar
la concesión de un anticipo de tesorería al Insalud por importe de 40.000
millones de pesetas en concepto de entrega a cuenta de la financiación
sanitaria de 1998.
Esta autorización debe, por otra parte, instrumentarse mediante norma con
rango de ley para poder hacerse efectiva conforme a los dispuesto en el
artículo 43.1 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. La
finalidad del real decreto-ley consiste en dotar a los servicios de salud
de recursos financieros para cubrir las necesidades de funcionamiento
inminentes que posibiliten un rendimiento más eficaz y eficiente de los
servicios sanitarios que se otorgan a la población desde el mismo momento
del inicio del cuatrienio, conforme establece el acuerdo alcanzado.
El Gobierno, mediante la aprobación de este real decreto-ley, autoriza la
concesión de un anticipo de tesorería a satisfacer por el Tesoro público
a favor del Insalud, para poder dotar al presupuesto del Sistema Nacional
de Salud de 40.000 millones de pesetas, con carácter de entrega a cuenta
de la capacidad de financiación aprobada para 1998.
La distribución del anticipo de tesorería entre los distintos servicios
de salud se realiza, en cumplimiento del acuerdo tercero del nuevo modelo
de financiación aprobado para el próximo cuatrienio, de forma
proporcional a la capacidad total de financiación prevista para 1998 para
cada servicio de salud. En consecuencia, la distribución del anticipo de
tesorería se lleva a cabo de la siguiente forma: Andalucía, 7.228
millones de pesetas; Canarias, 1.609; Cataluña, 6.505; Galicia, 2.770;
Navarra, 538; País Vasco, 2.176; Valencia, 4.052; Insalud gestión
directa, 15.119 millones. Se trata, por tanto, de hacer efectiva, en el
ejercicio de 1997, una parte de la financiación aprobada para 1998, con
el fin de evitar tensiones financieras en el Sistema Nacional de Salud
desde el inicio del período de vigencia del acuerdo aprobado para el
período 1998-2001.
La regularización de este anticipo de tesorería, conforme se establece en
el acuerdo tercero del sistema de
financiación aprobado, se realizará mediante deducciones de las entregas
efectivas que se hagan a lo largo del ejercicio de 1998 por doceavas
partes.
En conclusión, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
aprobado con el apoyo de todos los servicios de salud que gestionan
directamente la sanidad, representados en dicho Consejo, insta al
Gobierno a adoptar esta medida, y el Gobierno instrumentaliza dicho
acuerdo mediante la aprobación del real decreto-ley objeto de
convalidación.
El importe de este anticipo, como antes he dicho, se regularizará a lo
largo del ejercicio 1998 mediante deducciones por doceavas partes de las
entregas que se hagan efectivas durante 1998. Con la presentación por
parte del Grupo Parlamentario Popular de la enmienda a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 y la aprobación del real
decreto-ley 23/1997, de 5 de diciembre, se ha instrumentalizado y
asegurado que los recursos financieros aprobados para la sanidad pública,
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se hagan efectivos en los
plazos establecidos en el acuerdo.
Algunos han querido ver que el anticipo de tesorería a cuenta de la
financiación sanitaria acordaba, para el año 1998, una vulneración de lo
dispuesto en la Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria, que obliga a
que los anticipos de tesorería queden cancelados en el ejercicio en el
que se concedan, mientras que el anticipo aprobado por este real
decreto-ley se cancelará con cargo a los créditos del ejercicio de 1998.
En efecto, la Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria modificó el
artículo 65 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria,
relativo a la concesión de anticipos de tesorería, con objeto de
disciplinar que su cancelación se realizara en el ejercicio en que se
concediera. La razón de la modificación de esta norma, cancelación del
anticipo en el ejercicio de su concesión, fue la de atajar la práctica,
frecuentemente utilizada con anterioridad, mediante la cual se hacía
frente a las obligaciones presupuestarias generadas en un ejercicio a
través de ese tipo de intermediación, fondos del Banco de España o
retención directa en los envíos procedentes de la Unión Europea, que
luego no eran objeto de la oportuna dotación crediticia y, por tanto, no
se aplicaban a presupuesto.
En el caso del anticipo concedido mediante este real decreto-ley, la
situación es justo la contraria. El anticipo que se concede en este caso
se efectúa como consecuencia del acuerdo tomado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, en el que se dispone que su cancelación se
haga por doceavas partes con cargo a las entregas mensuales del
Ministerio de Sanidad y Consumo en el ejercicio de 1998.
El propio Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria contempla
operaciones de tesorería similares a la de la sanidad en su artículo 154,
cuando prevé que se puedan efectuar anticipos a las comunidades autónomas
a cuenta de los recursos que hayan de percibir de los Presupuestos
Generales del Estado, y que cuando sean a cuenta de la liquidación
definitiva de la participación en los ingresos del Estado, se cancelen al
hacerse efectiva ésta, es decir, al ejercicio siguiente al de su
concesión. La Ley de disciplina ataja el abono de gastos presupuestarios
al margen del presupuesto, sin proceder a su cancelación en el ejercicio
del que proceden, y el Real Decreto 23/1997 que sometemos a convalidación
da cobertura a una entrega a cuenta de un gasto presupuestario de 1998
que cuenta con su dotación en ese ejercicio, cuestiones claramente
diferentes si no contrapuestas.
Por todo lo expuesto, pedimos a la Cámara la convalidación del Real
Decreto-ley 23/1997 de 5 de diciembre.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Real Decreto-ley 24/1997, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales de viento, acaecidos en los días 5 y 6 de noviembre de 1997, y
Real Decreto-ley 27/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios para atender obligaciones derivadas de gastos
corrientes de bienes y servicios, inversiones y otros gastos del
Ministerio del Interior.
Para su presentación, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Comparezco hoy ante SS. SS. para proceder al trámite de convalidación por
esta Cámara del Real Decreto-ley 27/1997, de 12 de diciembre, por el que
se conceden créditos extraordinarios por un importe de 8.856.161.394 para
atender obligaciones derivadas de gastos corrientes de bienes y
servicios, inversiones y otros gastos del Ministerio del Interior.
El desglose de los créditos extraordinarios que se conceden a través del
presente real decreto-ley es el siguiente. El programa 222.A, seguridad
ciudadana, Dirección General de la Policía, 5.890 millones de pesetas, y
dentro de esta cantidad, las partidas más relevantes son: 1.424 millones
de pesetas para atender deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
y 1.995 millones de pesetas para el pago de deudas contraídas con la
Compañía Telefónica en concepto de comunicaciones telefónicas; deudas
existentes con diversas compañías eléctricas, que suponen un total de 200
millones de pesetas; para atender los intereses de demora de diversas
deudas, 582 millones de pesetas y 595 millones de pesetas para atender a
diversas inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios.
El programa 222.A, de la seguridad ciudadana, Dirección General de la
Guardia Civil, son 2.140 millones de pesetas, y dentro de estas
cantidades, cabe destacar la de 845 millones de pesetas para atender el
gasto de teléfono y correos; 802 millones de pesetas para atender gastos
de locomoción y traslados y 255 millones de pesetas para atender gastos
de diversas inversiones asociadas al funcionamiento de los servicios.
En lo que se refiere al programa 144.A, centros e instituciones
penitenciarias, la cantidad alcanza los 915 millones de pesetas, y dentro
de estas cantidades, las más relevantes son 599 millones de pesetas para
atender conciertos de asistencia sanitaria en varios ejercicios con
diversos hospitales y clínicas; 68 millones de pesetas para atender el
pago de productos farmacéuticos y 92 millones de pesetas para atender el
pago de energía eléctrica y combustible.
Por último, en lo que se refiere al programa 223.A, de protección civil,
la cantidad alcanza los 9.992.000 pesetas, y dentro de esta cantidad se
pueden resaltar como partidas de mayor relevancia la de 3.942.000
pesetas, para atender gastos en anteriores ejercicios por reuniones y
conferencias, y la de 2.205.000 pesetas, para atender inversiones
asociadas al funcionamiento de los servicios.
Estas son las cantidades que, como ustedes saben, se financiarán con
cargo a deuda pública.
Señorías, paso a presentarles ahora, cumpliendo el trámite de
convalidación, el Real Decreto-Ley 24/1997, de 12 de diciembre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones y temporales de viento acaecidos los días 5 y 6 de noviembre
de 1997. Como SS. SS. conocen, durante los pasados 5 y 6 de noviembre se
produjeron fuertes termporales de lluvia y viento con especial incidencia
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de forma más relevante en
Badajoz, causando graves inundaciones en muchos términos municipales.
Como consecuencia de la fuerte tromba de agua caída, se produjeron
numerosos daños en bienes e infraestructuras públicas y privadas, así
como en los servicios de suministro de fluido eléctrico, redes de
comunicación telefónica, carreteras, red ferroviaria, redes de agua y
saneamiento de las zonas afectadas. Solamente en Badajoz capital, que
estuvo prácticamente inundada durante la madrugada y mañana del día 6, y
en las pedanías de Balboa y Alcazaba, sufrieron daños de consideración
1.230 viviendas, teniendo que ser realojados provisionalmente sus
ocupantes en centros habilitados al efecto. Las lluvias produjeron
también daños, si bien de menor entidad, en la provincia de Huelva, donde
había comenzado a llover unos días antes. Pero el efecto más lamentable,
que es irreparable, ha sido la pérdida de 21 vidas humanas y un
desaparecido. Esta situación, que sólo podemos calificar como
catastrófica, ha hecho necesaria, desde el principio constitucional de
solidaridad, la aprobación del Real Decreto-Ley 24/1997, de 12 de
diciembre, por el que se regulan una serie de actuaciones dirigidas a
paliar, en la medida de lo posible, los daños causados. La especificación
de los términos municipales y núcleos de población afectados
destinatarios de las ayudas se realizará posteriormente mediante orden
ministerial, al igual que se hizo en el Real Decreto-Ley 18/1997, de 31
de octubre.
Las medidas recogidas en esta norma son las habituales en este tipo de
sucesos, salvo las ayudas por daños personales y materiales, ya que el
elevado número de víctimas mortales, la repercusión social de la
catástrofe y otras circunstancias han aconsejado ampliar el régimen
ordinario de las mismas. Es importante destacar que las acciones
reparadoras de los daños producidos por estas inundaciones han de estar
presididas --y quiero poner de manifiesto que están presididas-- por el
principio de coordinación entre la Administración general del Estado,
comunidad autónoma y corporaciones locales afectadas. Creo que es
importante destacar el esfuerzo conjunto realizado por las tres
administraciones, el importante e imprescindible grado de colaboración
entre las mismas en la adopción de medidas reparadoras y en las
correspondientes concesiones de ayudas.
En concreto, las medidas que podrían denominarse como de aplicación
general, son las siguientes: Primera, subvención estatal de un 50 por
ciento para los proyectos de las entidades locales destinados a la
reparación de sus infraestructuras y equipamientos. Segunda,
indemnización de los daños directos causados por las lluvias,
inundaciones o arrastres de aguas sobre producciones agrarias asegurados,
cuando los riesgos causantes del daño sean susceptibles de cobertura por
la póliza del seguro agrario combinado. Tercera, declaración de
emergencia de las obras de reparación de infraestructuras hidráulicas, de
restauración hidrológica forestal, de conservación de suelos en las
cuentas hidrológicas afectadas, así como las obras de reposición de
infraestructuras agrarias y rurales de uso colectivo que sea necesario
ejecutar por el Ministerio de Agricultura. Cuarta, concesión de una
moratoria de tres meses en el pago de los créditos hipotecarios
pignoraticios y cualesquiera otros vencidos o que venzan entre el 5 de
noviembre de 1997 y el 4 de febrero de 1998 cuando los bienes gravados
por dichos conceptos hayan sufrido daños y estén situados en el ámbito de
aplicación del real decreto-ley. Quinta, exenciones tributarias en los
siguientes impuestos: sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y
urbana, sobre actividades económicas para las empresas cuyos locales
hayan sufrido los efectos de las inundaciones temporales y sobre
determinados medios de transporte, exención de tasas por matriculación de
la Jefatura Central de Tráfico en relación con vehículos siniestrados,
reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades económicas afectadas,
y quiero decir que es una novedad que incluya no sólo las agrarias.
Sexta, medidas relativas a los expedientes de regulación de empleo que
sean consecuencia de estos fenómenos, los cuales tendrán la consideración
de ocasionados por fuerza mayor, exención de cuotas a la Seguridad Social
y prestaciones por desempleo. Séptima, líneas de préstamo a bajo interés
--3,5 por ciento T.A.E.-- por parte del Instituto de Crédito Oficial, por
un importe de 5.000 millones de pesetas para anticipar la reparación o
reposición de instalaciones industriales y mercantiles, explotaciones
agrarias y ganaderas, locales de trabajo afectados y automóviles. Quiero
decir que la inclusión de estas líneas de préstamo para la adquisición de
automóviles es también una novedad.
En cuanto a las medidas que podrían denominarse especiales, es decir
ayudas por daños personales y materiales, quiero indicar que se establece
un régimen más amplio y más generoso al previsto en la orden del
Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993, que por tanto es
inaplicable en este caso, y cabe resaltar las siguientes medidas. En
primer lugar, ayudas por daños personales: indemnizaciones de dos
millones de pesetas por fallecimiento o incapacidad absoluta permanente
cuando ésta se haya producido como consecuencia de la catástrofe de
referencia, y también se prevé el abono de los gastos de hospitalización
cuando no estén cubiertos por ningún sistema público o privado de
asistencia sanitaria. Las novedades que se introducen, ninguna en
relación con cónyuge o conviviente, afectan a los beneficiarios de estas
ayudas; en síntesis, para los hijos mayores de edad o para los padres de
las víctimas se sustituye el requisito de dependencia económica por el de
perjuicio económico patrimonial relevante debidamente acreditado. Otra
novedad es la inclusión de los hermanos como posibles beneficiarios,
aunque en este caso sí se exige la dependencia económica dada su mayor
lejanía en el parentesco.
Segunda cuestión particular específica en cuanto a las ayudas por daños
materiales. Hay que tener en cuenta que en este caso la comunidad
autónoma ya ha dictado una normativa particular, un decreto y una orden
de desarrollo recogiendo las ayudas económicas para la reparación de la
práctica totalidad de los daños, lo cual ha obligado en cierta medida a
variar los mecanismos habitualmente empleados por la Administración del
Estado.
En concreto, el Estado financiará el 50 por ciento de las ayudas
otorgadas por la Administración autonómica o local destinadas a la
reposición de enseres del ajuar doméstico, reparación de viviendas o el
pago de alquileres mientras tiene lugar el realojo en la otra vivienda.
Así mismo, se prevé que el Ministerio de Fomento financiará,
conjuntamente con la comunidad autónoma, la construcción de 1.200
viviendas, cuyo coste para el citado departamento ascenderá a 4.000
millones de pesetas a cargo del crédito extraordinario mencionado en el
próximo párrafo.
Todas estas ayudas se van a financiar con cargo a este crédito
extraordinario que se habilita en el real decreto-ley, cuya cuantía ha
sido fijada por el Ministerio de Economía y Hacienda y que asciende a
10.000 millones de pesetas.
Por último --y con ello finalizo, señorías--, con el objeto de aplicar
estas medidas, se crea una comisión interministerial, como es práctica
habitual, en la que están representados los departamentos ministeriales
afectados, así como los delegados del Gobierno en las comunidades
autónomas en las que es de aplicación el real decreto-ley.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria. tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención será sobre todos los reales decretos-leyes presentados
aquí para su convalidación. Los voy a dividir en tres grupos por su
distinta naturaleza y temática.
En primer lugar, con respecto al Real Decreto-ley 24/1997, de 12 de
diciembre, referente a las medidas urgentes para reparar los daños
causados en las inundaciones y temporales de viento de los días 5 y 6 de
noviembre de 1997 y cuyas ayudas, como acaba de presentar el señor
ministro del Interior, van dirigidas a las Comunidades Autónomas de
Extremadura --por los daños acaecidos en la provincia de Badajoz-- así
como la de Andalucía --por los daños acaecidos en la provincia de
Huelva--, Coalición Canaria va a dar su voto positivo, en su línea
consecuente de solidaridad con todas las comunidades autónomas que se
vean afectadas por calamidades meteorológicas de este tipo.
Con respecto a la convalidación del Real Decreto-ley 23/1997, de 5 de
diciembre, por el que se viene a autorizar la concesión de un anticipo de
tesorería al Insalud por importe de 40.000 millones de pesetas, queremos
singularizar nuestro voto de apoyo, dado que se trata de dar cumplimiento
a un acuerdo del pasado 27 de noviembre del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Tanto el Gobierno autónomo de Canarias, como nuestro grupo
parlamentario aquí, en el Congreso de los Diputados, habían demandado las
financiaciones que correspondan a estos ejercicios precisamente para
aquellas siete comunidades autónomas, dentro de las cuales está incluida
la de Canarias, que tienen la gestión transferida de estos servicios de
salud pública. Por la urgencia del caso, nos parece acertada la fórmula
de haber recurrido a este anticipo de tesorería, con
una entrega a cuenta para la financiación sanitaria de 1998, que no podía
tener demora alguna para que los distintos servicios de salud pública de
las comunidades autónomas referidas en el texto del real decreto-ley
puedan hacer uso de ella. Entendemos que se ha dado pleno cumplimiento al
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la línea de dar
este anticipo para atender las razones que se especifican en la
exposición de motivos. Por esta razón, y estando afectada aquí también la
Comunidad Autónoma de Canarias con cerca de 1.600 millones de pesetas,
vamos a dar nuestro voto favorable.
Una última intervención, señor presidente, con respecto al resto de los
reales decretos-leyes: el número 22/1997, de 5 de diciembre; el Real
Decreto-ley 25/1997, de 12 del mismo mes; Real Decreto-ley 26/1997, del
mismo mes; Real Decreto-ley 27/1997, del mismo mes; y Real Decreto-ley
28/1997, de 12 de diciembre. Como todos ellos traen una causa de
exigencia de disciplina presupuestaria común, que es, precisamente, el
artículo 63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y
estamos plenamente de acuerdo en que el Gobierno debe ser consecuente con
la propia Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de disciplina
presupuestaria --que fue motivo de una intervención del propio señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda que
nosotros suscribimos y apoyamos-- y entendemos que para que el Gobierno
se mantenga en esta línea de medidas de disciplina presupuestaria, es
conveniente ordenar todos los débitos anteriores. Lo que no puede ocurrir
es que, por una exigencia de incumplimiento del artículo 63 del régimen
de la Ley General Presupuestaria, tengamos a acreedores terceros
pendientes de cobrar; y en cualquiera de las áreas de los ministerios de
Justicia, de Agricultura, de Interior o de Educación y Cultura no pueden
estar pendientes de cobro una serie de acreedores que tienen su actividad
profesional en una prestación de servicio o de bienes a los ministerios
respectivos. Esta no es la línea de ejemplaridad que una Administración
correcta debe tener con sus administrados, en este caso con los que son
sus acreedores por haber hecho prestación de bienes o servicios a un
ministerio. Por esta razón, y para evitarles mayores perjuicios de demora
en la exigencia de cobro de sus obligaciones, vamos a dar nuestro voto de
apoyo a la convalidación de esta serie de reales decretos-leyes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra, en primer lugar, el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias.
Voy a referirme, señor presidente, a los seis reales decretos sobre los
que voy a explicar la posición de mi grupo, y al real decreto-ley de
anticipo de tesorería al Insalud.
En primer lugar, el Real Decreto-ley 22, por el que se concede crédito
extraordinario por 13.000 millones de pesetas para compensar las tasas
universitarias. Nuestro grupo, señorías, está tentado de no convalidar
ese real decreto-ley, no porque no estemos de acuerdo con que deba
procederse a convalidar estos gastos realizados y no especificados en los
presupuestos relativos a compensaciones por tasas universitarias, por las
razones que nos ha explicado la ministra, con las que en principio
estamos de acuerdo. Nuestra preocupación es que hay más conceptos que
deberíamos atender por casi las mismas razones por las que se atienden
los gastos que en estos momentos se contemplan dentro de este crédito
extraordinario.
Señorías, en el año 1994 la ley aprobó un derecho de incorporación de una
exención parcial en las tasas universitarias por razón de familia
numerosa. Las universidades, a partir del año 1995, 1996, 1997 y 1998,
han visto cómo les ha afectado la decisión que tomó esta Cámara al ver
minorar sus ingresos a causa de estas exenciones en tasas por razón de
familia numerosa.
Durante varios años se ha estado considerando la necesidad de compensar a
las universidades por esta minoración de ingresos y esta decisión no se
ha tomado. En el año 1996, cuando debatimos en esta Cámara los
Presupuestos Generales de Estado, el Gobierno y el Partido Popular
tomaron conciencia del problema y asumieron el compromiso de estudiar, a
lo largo de este año 1997, la trascendencia económica de estas exenciones
en tasas por familia numerosa, cuantificando su repercusión en las
universidades para luego proceder a tomar la medida oportuna.
Estamos ya al final de 1997 y ya se han hecho algunas estimaciones. Mi
grupo parlamentario en el debate de los presupuestos para 1998, en el
trámite del Congreso y también en el del Senado, ha presentado la
conveniente enmienda para dotar de recursos al Ministerio de Educación,
con el fin de que pueda compensar por esa reducción en las tasas que
sufren en estos momentos las universidades, por razón de cumplimiento
estricto de la ley, que concede estas exenciones parciales por familia
numerosa.
Señorías, esta propuesta que hicimos en el Congreso y en el Senado no se
ha podido atender, pero consideramos que, si hay razones que justifican
tomar la decisión de conceder un crédito extraordinario para poder
compensar esas minoraciones de ingreso que experimentaron las
universidades por disminución de tasas académicas, por seguro escolar o
por gastos de traslado de personal, creemos que también está justificado
atender la minoración de ingresos por razón simplemente de cumplimiento
de la ley y por eso pensamos que este crédito extraordinario debería
extenderse.
Ahora no procede establecer la cuantía de la extensión, no la planteamos.
Simplemente planteamos, señorías,
que, si se admite la tramitación como proyecto de ley de este crédito
extraordinario, nuestro grupo lo convalidaría con la esperanza de poder,
en la tramitación que se abriría, cuantificar estos gastos no compensados
y resolver de una forma definitiva las compensaciones a las universidades
por la reducción de
las tasas por razón de familia numerosa correspondiente a los año
1995, 1996, 1997 y, por qué no, también 1998.
Esta es la razón que nos ha llevado a tener esta posición dubitativa
inicial en torno a la tramitación de la convalidación de este real
decreto-ley, pero anunciamos que si por el portavoz del Partido Popular y
por los demás portavoces se nos expresa la voluntad de tramitarlo como
proyecto de ley, nuestro grupo entonces está dispuesto a convalidarlo,
porque estamos de acuerdo con el contenido estricto del real decreto-ley
que se nos propone.
Señor presidente, en cuanto a las demás tramitaciones de convalidación
de reales decretos, debo referirme ahora también al real decreto-ley de
anticipo de tesorería del Insalud. Nuestro grupo va a votar con
satisfacción este anticipo de tesorería y no con satisfacción plenamente
satisfecha --y permítanme la redundancia--, porque con este real
decreto-ley no se resuelven todos los problemas de la sanidad, claro
está, pero sí se da un paso adelante en la línea de irlos resolviendo.
Este real decreto-ley es consecuencia del acuerdo que se ha alcanzado de
nueva financiación para todo el sistema sanitario, acuerdo del que
nuestro grupo, como saben, ha sido uno de los principales promotores e
instigadores. Llevamos casi dos años en esta Cámara insistiendo sobre la
conveniencia de reconocer una insuficiencia en el sistema sanitario, y
ahora, por primera vez, nos encontramos ante un acto normativo,
legislativo, para convalidar una decisión política tomada por el Gobierno
para dotar al sistema de más recursos. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo
con esa decisión? Lo hacemos con satisfacción, sin duda, porque gracias a
nuestra insistencia durante todo este tiempo al final todo el sistema va
a recibir más dinero, más recursos.
Curiosamente, ¿cómo se reparte ese incremento de 40.000 millones para el
sistema sanitario? Se reparte, señorías, con los mismos criterios con que
se estaban repartiendo los recursos en el sistema sanitario en la etapa
anterior al nuevo acuerdo que se ha alcanzado. El Grupo Parlamentario
Socialista no puede estar más conforme con estos criterios, fueron los
que ustedes implantaron en su momento. Los criterios para la distribución
cuantitativa de esos 40.000 millones entre las seis comunidades autónomas
que tienen competencia en materia de sanidad y el Insalud son exactamente
los criterios con que ustedes repartieron los recursos cuando estaban
gobernando. Ahora ponemos 40.000 millones más en el sistema y se
distribuyen en base a esos criterios. Podrán decirme que no están de
acuerdo, no por este contenido, sino por otras cuestiones que ustedes
querían que se adoptaran, pero estrictamente sobre el contenido de ese
real decreto-ley de concesión de anticipo de tesorería no pueden ustedes
estar más de acuerdo.
Todos los diputados y diputadas que hemos formado parte de la
subcomisión, que hemos estado durante más de un año y medio discutiendo
la reforma de la sanidad, hemos ido reiterando en nuestras intervenciones
que el sistema necesitaba más recursos, y todos hemos hablado en
infinidad de ocasiones de la conveniencia de cuantificar y de indicar
exactamente cuántos recursos más. Podemos estar en desacuerdo porque los
que hoy se ponen sobre la mesa no son suficientes. Podía algún grupo
decir que son excesivos, no lo creo, porque siempre hemos estado hablando
de cifras más elevadas que 40.000 millones de pesetas; pero ahora se hace
un anticipo para dotarle al sistema de más recursos para poder
distribuirlos a todos los órganos administrativos responsables en materia
sanitaria. Sin embargo, nadie puede estar en desacuerdo con esa decisión
si es coherente con lo que hemos estado diciendo en la subcomisión, que
es la conveniencia de reconocer la insuficiencia del sistema y la
necesidad de dotarle de más recursos. Ahora se toma una decisión política
de dotar con más recursos al sistema y, coherentemente, deberíamos estar
todos satisfechos al menos con la cantidad que se aporta ahora.
Mi grupo lo hace con satisfacción, repito, no con la plena satisfacción
de que se resuelvan todos los problemas de la sanidad, porque no es así,
pero, desde la perspectiva estrictamente económico-financiera, es un paso
más para dar unos recursos a un sistema de servicio público que lo
requiere, que lo necesita y que, en el futuro, va a necesitar más.
Señor presidente, vamos a tener oportunidad de discutir el alcance y el
contenido de esa reforma sanitaria en otros trámites, y vamos a tener
también la oportunidad de discutir la conveniencia de aplicar esa reforma
y los contenidos que tiene la reforma que se ha acordado políticamente en
el Congreso de los Diputados, pero a nuestro grupo le parece positivo el
paso que contempla este real decreto-ley de anticipo de tesorería al
Insalud por 40.000 millones de pesetas.
En cuanto a los reales decretos-leyes 25, 26 y 27, que hacen referencia a
los Ministerios de Justicia, Defensa e Interior, para atender gastos
diversos que hacen referencia a los capítulos 2 y 4 del presupuesto del
Estado, gastos que se contemplan desde el ámbito de las comunicaciones
postales, los gastos telegráficos, gastos de inversiones en hospitales
militares y también gastos corrientes de bienes y servicios en el ámbito
del Ministerio del Interior, nuestro grupo, en cuanto al contenido de
esos gastos, poca cosa tiene que añadir, pero sí señorías tenemos que
levantar una voz cautelar en cuanto a que deberíamos tomar otras medidas,
no
exactamente de créditos extraordinarios, para poder evitar en un futuro
esas circunstancias.
Ya sé que lo que digo es una reiteración de lo que hemos estado
discutiendo en cantidad de ocasiones en la Comisión de Presupuestos, en
general en los debates presupuestarios, sobre la conveniencia de ajustar
las previsiones presupuestarias a los gastos reales; los gastos que
estamos hoy contemplando son aquéllos, digamos, de difícil control. Pero,
señorías, hay que tomar más medidas para poder garantizar y evitar la
desviación de gastos corrientes como los que hoy estamos contemplando.
Señor presidente, por último, nuestro grupo está de acuerdo con el Real
Decreto-ley 28, que hace referencia al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y, por tanto, lo va a convalidar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Mi intervención es relativa al Real Decreto-ley 24, de 1997, sobre las
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones de
los días 5 y 6 de noviembre, principalmente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en concreto, muy directamente, en Badajoz, y también
parcialmente en la provincia de Huelva.
El pasado 27 de noviembre se convalidaba un decreto de similares
características respecto a las tormentas habidas entre el 1 de mayo y el
1 de septiembre pasados. Decía entonces que el decreto-ley no hacía
referencia a las tormentas de Extremadura --hoy han llegado las tormentas
a Extremadura--; también decía que aún quedaban pendientes las que
aquellos mismos días, alrededor del 20, 22, 23, 24 de noviembre, habían
ocurrido. Hoy podemos decir que nos quedan pendientes éstas de noviembre
y posiblemente los daños que ocasionarán las tormentas del día de ayer.
En aquella intervención hacía una reflexión sobre el hecho de que
posiblemente no hacemos lo suficiente para solventar estos problemas. Ya
sé --lo sabemos-- que no se puede dominar la meteorología, pero sí se
pueden evitar algunas de las consecuencias que de ella se derivan.
Podríamos prever lo que luego no somos capaces de resolver. Decía y digo
que el tema hidrológico es una asignatura pendiente que siempre dejamos
para una próxima ocasión. Lo que nosotros haremos será insistir en ello y
quizá deberemos preparar alguna iniciativa para establecer algún plan que
complete lo que se ha dicho desde el Ministerio de Medio Ambiente en
cuanto a hacer un inventario de puntos de posible conflicto y promover
que desde los Ministerio de Medio Ambiente y de Fomento no sólo se haga
ese inventario, sino que se corrija toda una serie de circunstancias que
después provocan catástrofes como las que hoy queremos paliar.
No nos preocupa el coste que todo ello pueda tener, porque, al fin y al
cabo, el coste se produce igualmente, y no hay más que ver los pasados
sucesos. Creo que sería muy interesante que, con tranquilidad --porque
hay que ir con mucho cuidado no sólo al hacer el inventario, sino al
intentar resolver el tema--, desde los Ministerios de Fomento y de Medio
Ambiente se dieran soluciones a muchos puntos en los que sí se puede
hacer algo para que no sucedan cosas como las que han sucedido, sobre
todo, pienso en este momento, para que no suceda lo mismo que en Badajoz,
donde se había construido una zona de viviendas en un barranco que
atravesaba la población, y que no deberían estar allí. Debe hacernos
recapacitar todo lo que está sucediendo, todo lo que contínuamente viene
aquí, y, como es lógico, nosotros vamos a convalidar los decretos para
paliar los daños. Hay que prevenir antes de curar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, me da la sensación,
al ver este volumen de decretos leyes que el Gobierno está tramitando en
esta Cámara con créditos extraordinarios más los que anuncia para la
semana que viene, de que, aprovechando elementos que son razonables para
solicitar un crédito extraordinario, quieren colocar todos los pequeños
agujerillos que tiene cada ministerio y van a intentar que les demos un
sobreingreso para poder gastarlo en cada ministerio.
¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos ante siete decretos o
propuestas que vendrían a ser como pecadillos veniales en la actuación
presupuestaria de 100.000 millones de pesetas. Todavía no han vuelto del
Senado para ser aprobados los presupuestos de 1998 y nos encontramos con
la petición de una autorización de crédito de este Congreso de unos
100.000 millones de pesetas --después me referiré a que uno de ellos no
fija ni siquiera la cantidad definitiva, aunque establece una cantidad
inicial-- para que los distintos ministerios hagan frente a algunas
actuaciones poco extraordinarias.
Diría que estos decretos leyes manifiestan tres grandes limitaciones del
Gobierno. La primera es la improvisación. Algunos de los decretos que
tenemos hoy son fruto de una improvisación, cuando no un exceso de
verborrea a la hora de prometer, a la hora de anunciar reducciones de
gasto, a la hora de acometer determinadas previsiones para el año 1997, y
hay que tener en cuenta que aquí se liquidan algunos gastos de 1994, de
1995 y de 1996. Por tanto, estaban encima de la mesa antes de acometer la
previsión presupuestaria de 1997, en la que podían haber entrado.
Es inseguridad, porque no sabemos cómo vamos a actuar presupuestariamente
para algunas previsiones --después me referiré a cada una de las
previsiones que aquí se recogen a la hora de los gastos-- que no tienen
que ver con los grandes volúmenes que se introducen en previsión de los
gastos de teléfono, por ejemplo. El Gobierno no sabía el costo de los
teléfonos cuando hizo los presupuestos de los años anteriores, puesto que
tiene que añadir unas actuaciones más extraordinarias en algunos
ministerios para pagar los gastos de teléfonos, los gastos de
actuaciones, los gastos de transportes, los gastos de combustible,
algunas dietas, algunas indemnizaciones, y eso de carácter extraordinario
no tiene nada. Algunos sí tienen carácter extraordinario y se deben a
hechos que han acaecido durante el año anterior o los años anteriores.
Yo creo que hay una cierta incapacidad para actuar, para que
presupuestariamente sepamos, cuando iniciamos el año, cómo se van a
prestar algunos servicios, de qué manera se prevé la aplicación de los
ingresos. Muchos de estos decretos van a ser financiados con deuda
pública. Me gustaría referirme a uno de ellos, porque una parte de esos
13.000 millones de pesetas en principio figuraron como remanentes de
tesorería. Recuerdo que el año pasado, cuando discutimos en Comisión los
presupuestos, se admitieron las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) por un
valor de unos 7.000 millones de pesetas y dijeron que se iban a financiar
con remanentes de tesorería. Cuando vinieron al Pleno se quitaron dichas
enmiendas y no tuvimos que extraer ese importe del remanente de
tesorería. Fue un alivio, aunque me dije que con qué facilidad sacaban
estos hombres 7.000 millones de pesetas de un cajón y lo difícil que les
resultaba añadir un millón o dos para una obra concreta que les
proponíamos.
En suma, algunas de las propuestas que vienen aquí son más una especie de
picaresca de los ministerios para colar de rondón algunas actuaciones.
Voy a poner algunos ejemplos. El primer decreto, el del Ministerio de
Educación y Cultura, hace referencia a compensaciones de tasas
universitarias. Si eso fuese así, estaríamos de acuerdo con algunas de
las previsiones que hay, pero también figuran dietas de locomoción,
energía y combustible, otros gastos del ministerio, 900 millones de
pesetas para indemnizaciones por razón del servicio... La verdad es que
se puede decir que una previsión presupuestaria no está muy cuantificada
al inicio del ejercicio cuando necesita 900 millones de pesetas que
duplican la previsión originaria. No tiene nada que ver con las tasas.
Es verdad que aquí hacemos frente a una previsión que es la compensación
por tasas universitarias en 1995 y 1996, pero hay otra más: dedica 2.500
millones a cuotas del seguro escolar ¿Este Gobierno no sabía al inicio
del ejercicio que tenía que pagar el seguro escolar de los
universitarios? ¿No sabía que tenía que añadir esa previsión? ¿Pues saben
ustedes de qué año es? Desde los años 1993 a 1996. ¿Por qué tiene que
venir esto por un crédito extraordinario al final del año? ¿Por qué no
figuró en la previsión inicial de 1997? ¿Por qué no va en la previsión
presupuestaria del año 1998? Los presupuestos estaban aquí en septiembre.
Desde 1993 a 1996 ¿2.500 millones del seguro escolar? La verdad es que
algún ratoncillo se ha escapado del contable de turno que le hace la
propuesta a la ministra.
En el segundo decreto, el del Insalud, no me detendré. Lo va a hacer mi
compañera Nines y explicará los razonamientos de algo que nosotros
consideramos que no se puede hacer con efecto retroactivo. Pero no
tenemos ninguna complicación. Y dejo para el final los decretos de las
inundaciones, en algunas de cuyas previsiones me quiero detener.
Ministerio de Justicia. Siento que la ministra no esté aquí, pero la
propuesta de crédito extraordinario de 5.800 millones del Ministerio de
Justicia es otro presupuesto paralelo en cada una de las direcciones; les
voy a poner un ejemplo. En la subsecretaría, energía eléctrica, 14
millones de pesetas; Telefónica, 40 millones; tributos, 17 millones de
pesetas. ¿No sabían que había que pagar los tributos? ¿No sabían que
había que pagar los impuestos de esta actuación? Indemnización por razón
de servicio, 13 millones de pesetas; transportes, 62 millones de pesetas;
inversión nueva para el funcionamiento operativo de los servicios, 325
millones de pesetas. Aquí hay una que son comunicaciones postales y
telegráficas, 4.000 millones de pesetas. Le han subido mucho los gastos
telegráficos a la ministra de Justicia o han hecho muchas llamadas que no
tenían previstas. Esto quizá sea razonable que se haya producido porque
no conocieran el número de juzgados que iban a funcionar, porque no
conocieran cómo debía actuar cada uno. Pero las otras actuaciones no las
entiendo. Meten hasta los alquileres. Reparación y conservación,
arrendamientos, 79 millones de pesetas. No entiendo por qué esto tiene
que venir dentro de un crédito extraordinario. Y hay uno que resalta.
Viene reiterado en otro y es: labores de la Fábrica de la Moneda y
Timbre. ¿No sabían que había que hacer monedas durante este año? Es poco
dinero, son 81 millones de pesetas. ¿Esto es un crédito extraordinario?
Esto es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que estamos a
final del ejercicio, colocar unos gastos a los que había que hacer
frente, por un lado; se ponen aquí y se ahorra el gasto en la previsión
que tenemos para este año y la podemos dedicar a otra cosa. Le hemos
añadido un dinero para que la ministra pueda decidir en esta actuación. Y
esto sucede en cada una de las direcciones generales: en la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado, en la Dirección General de
Relaciones y Administraciones de Justicia, en la Dirección
General de Registros y Notarías. Son unas previsiones que nosotros no
entendemos.
Hay otro decreto, que es el de inversiones y gastos de funcionamiento en
hospitales militares y otros gastos de defensa, que también nos choca que
sea un crédito extraordinario. La verdad es que no se trata de un gasto
excesivo. Estamos hablando de 2.800 millones de pesetas. Pero esta cifra
está prevista para indemnización por razón del servicio y reuniones y
conferencias: 26 millones de pesetas. Yo no sé por qué esto es un crédito
extraordinario del Ministerio de Defensa y por qué tiene que hacer esa
participación en reuniones.
Es verdad que en otros suministros del Ejército de Tierra, porque en su
apoyo logístico hubo una mala previsión, hay 2.100 millones de pesetas;
es una partida grande. Por ejemplo, en asuntos económicos de la Armada
hay 233 millones en indemnización por locomoción. No preveían que la
Armada tenía que desplazarse y, por tanto, hay aquí una partida de
doscientos y pico millones de pesetas para este servicio.
En el Ministerio de Interior hay otro crédito extraordinario que tiene
una previsión de 8.900 millones de pesetas, con deuda pública. Después me
referiré a si esto haría falta pagarlo con deuda pública, cuando vamos a
tener una previsión de mayores ingresos en este año, aproximadamente de
un 6 por ciento, y esta Cámara decidió que esos mayores ingresos se
dedicaran a reducir el déficit público. Es gracioso; como ingresamos más,
el dinero lo gastamos en cubrir el déficit público, pero cuando tenemos
un gasto extraordinario, nueva deuda pública. Antes de un nuevo préstamo,
lo que cualquiera debe hacer es utilizar los mayores ingresos para pagar
las deudas extraordinarias que le han surgido. Pues, no; aquí no se hace
eso. Aquí se autoriza nueva deuda pública, pero destinando los mayores
ingresos a levantar déficit público. Si es que van a renegociar un
préstamo que esté en peores condiciones, yo lo entiendo.
Pero vamos al Ministerio de Interior. Hay un crédito extraordinario para
una serie de programas; primero, para el ministerio y sus secretarías y
servicios generales. Hay uno que es para material, suministro de 1.400
millones de pesetas por labores que va a hacer la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre; 1.900 millones de pesetas para Telefónica; 500 millones
de pesetas para intereses de demora. Esto puede ir ligado a otras
actuaciones del Ministerio del Interior, pero permítanme SS. SS. que diga
que la inversión de 600 millones de pesetas para reposición es colocar
aquí una inversión que no figuraba en los presupuestos porque ustedes
iban a ser austeros, iban a recortar. Hicieron un recorte en el capítulo
2 y ahora se han dado cuenta de que no deberían haberlo hecho. Pero
ustedes anunciaron, con grandes alharacas, que iban a ser austeros, que
iban a ahorrar en la gestión, que iban a reducir. Ese fue un leit motiv
de la discusión presupuestaria del año 1996, pero no ha sido así, porque
ahora tenemos créditos extraordinarios para hacer frente a otras
realidades.
Termino haciendo referencia a dos créditos. Uno, en relación con la
sequía, por importe de 11.000 millones de pesetas. Es una ironía hablar
ahora de la sequía, con la que está cayendo, pero eso es lo que nos pasa
por tener una reacción a veces lenta desde el propio Gobierno. Me voy a
detener en el decreto --que nosotros vamos a apoyar-- que hace referencia
a las inundaciones en Extremadura, porque consideramos que algunas de las
actuaciones que recoge el decreto son poco precisas. Fíjense ustedes que
ya tenemos que pensar en nuevas actuaciones por las inclemencias del
tiempo en estos días, pero estamos haciendo frente a otras anteriores,
que fueron muy importantes, con el siguiente tenor: Artículo 3: Se
faculta al Ministerio de Agricultura para declarar zona de actuación
especial las áreas afectadas. Artículo 4: Se faculta al Ministerio de
Medio Ambiente para poder declarar zona de atención especial las áreas
afectadas. Artículo 5: Se faculta al Ministerio de Fomento para poder
declarar zona de actuación especial las áreas afectadas. Permítanme que
les diga que, después de dos meses, venir aquí a decir que facultamos al
ministerio para que haga una declaración, la verdad es que da una
sensación de poco rigor. Esto se podía haber hecho ya y venir aquí con
una propuesta más articulada, digo yo. Entiendo poco (yo sé que ser
ministro y gobernar es complicado, incluso hay que tomar decisiones,
dentro de unas prioridades), pero traer ahora un decreto --cuando han
pasado dos meses y la gente se ha tenido que enfrentar a unas
realidades-- en el que se faculta a un ministro para que pueda declarar
zona de atención especial las áreas afectadas, da sensación de poca
seguridad. Desde luego, votando a favor de esto, yo no sé lo que voto ni
sé qué cuantificación ni qué efectos va a tener. Sé que autorizo a un
ministro a hacer una declaración, después de dos meses de una realidad
que ya está valorada, presupuestada y que conocemos muy bien. Lo que la
gente necesitaría es que en este decreto se dijera: tanto dinero para
esta actuación; para tal previsión, tantos recursos voy a poner en sus
manos. Eso es lo que creo que deberíamos de hacer aquí, pero lo que
estamos haciendo no es eso.
Hay también otras actuaciones en relación con los préstamos del ICO, pero
no me quiero extender en esto. Yo no sé si al 3,5 por ciento será muy
caro o no el dinero que vayamos a darles como préstamo. La verdad es que
hoy el precio de los préstamos camina para abajo, sobre todo el de los
preferenciales, y ¿qué hay más preferente que la gente que necesita esto?
Además, deberíamos darles una previsión mayor. No creo que esto supusiera
un gran esfuerzo.
Creemos que son muy positivos los artículos 11 y 12 de este decreto,
estamos de acuerdo y yo lo demandaba cuando aprobábamos la semana pasada
otro decreto
con relación a inundaciones anteriores. Aquí hay ayudas directas, aquí
hay subvenciones directas a los ciudadanos, no préstamos; la gente se
harta de pagar préstamos. Los agricultores de mi región --Murcia--,
cuando íbamos a las zonas afectadas, me decían: ¿cómo me van a dar
préstamos ahora, cuando estoy pagando la sequía de 1994 y las
inundaciones de 1995? ¡Si llevo más préstamos que una cruz! No es posible
que ésa sea la solución. Pues aquí hay una cosa positiva. En el artículo
12 se participa en el 50 por ciento de todas las valoraciones de daños
que se puedan hacer, en vivienda y en enseres, a las personas afectadas.
Esta es una buena actuación para incluir en las demás previsiones que
hagamos.
Termino, señor presidente, diciendo que lo mejor, en lugar de esta lluvia
de decretos, sería tener una ley básica que estableciera las condiciones
para todas estas actuaciones, provocadas por lo que pudiéramos llamar
accidentes meteorológicos, imprevisión o incapacidad de reacción de la
ciudadanía o de la propia Administración. Tendríamos que tener una
regulación legal y que las actuaciones fueran automáticas. (Rumores)
Señor presidente, el que tenga prisa que salga corriendo. Estoy
defendiendo siete decretos y yo creo que el tiempo está para llover en
algunos sitios y en otros, para sequía. Por tanto, señorías, termino
diciendo que sería mejor tener una ley que articule una reacción rápida y
automática para estos casos de emergencia, para que el Gobierno no tenga
que venir con una serie de decretos, en cada caso y en cada punto. Por
desgracia, este Gobierno tendrá que hacer más decretos y eso significa
aplazamiento de actuaciones y demora de la urgencia, con la consiguiente
angustia de la gente que se ve implicada en algo que significa limitarle
su propiedad, su vivienda, su capacidad de reacción, incluso su capacidad
de poder tener ingresos para alimentarse.
Estoy convencido, señor presidente, de que hoy damos al Gobierno créditos
extraordinarios de 100.000 millones de pesetas porque en algunos casos no
supo, no quiso o no pudo ponerlo en los presupuestos generales; lo vamos
a hacer con el convencimiento de que esto será de una vez por todas, de
forma que no tengamos cada final de año lluvia de créditos
extraordinarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para dejar constancia de la posición de mi grupo
parlamentario en relación con la convalidación del Real Decreto-ley
23/1997 y para poner de manifiesto, una vez más, que en el tema de la
financiación de la sanidad se están alcanzando cotas de incoherencia y de
opacidad absolutamente desconocidas en esta Cámara.
Evidentemente, el agujero de la sanidad en las comunidades autónomas con
transferencias sanitarias debe tener dimensiones cósmicas; dimensiones
cósmicas de agujero negro porque se desconocen por parte de esta Cámara.
El Gobierno se ha negado sistemáticamente y de forma reiterada a decir a
esta Cámara a cuánto asciende la deuda contraída por las comunidades
autónomas con transferencias sanitarias; y hoy, con la tramitación
absolutamente irregular de este real decreto, se deduce que la urgencia y
el volumen del agujero son considerables.
Mi grupo parlamentario no puede negarse a la convalidación de un real
decreto que supone que los servicios sanitarios de las comunidades
autónomas han contraído deudas que deben ser sufragadas. Sin embargo,
entraríamos en complicidad con un sistema de financiación de la sanidad,
que está negando la lógica y el sentido común más elementales al estar
esta Cámara incapacitada para conocer cuál es el alcance de la deuda a la
que nos estamos enfrentando, los motivos y razones por los que se ha
engrosado una deuda de estas proporciones y, por lo tanto, a adoptar las
medidas necesarias para que en el futuro la deuda pueda ser evitada en el
caso --como sospecha mi grupo parlamentario-- de que carezca de
justificación sanitaria alguna.
A mí me gustaría que después de convalidar este real decreto ningún grupo
parlamentario se atreviera a subir a esta tribuna esgrimiendo argumentos
como la eficacia y la eficiencia de la gestión empresarial aplicada a la
sanidad. La ineficiencia e ineficacia de mayores dimensiones se están
mostrando en mayor medida, precisamente, en comunidades autónomas, como
la catalana, donde el 70 por ciento de los recursos sanitarios son
privados y donde se está incrementando el gasto desproporcionadamente sin
que --insisto una vez más-- tenga la menor repercusión en la mejora de
infraestructuras sanitarias o en la calidad de la asistencia. Como ha
demostrado la historia en diferentes países, la gestión empresarial y
privada aumenta el gasto sanitario en la misma medida que aumenta la
burocracia en la gestión, incrementando además el pago a los
interventores privados.
El otro día hacía referencia a que el departamento de Economía y Hacienda
de la Generalitat de Cataluña está negándose a atribuir a la gestión de
la sanidad catalana lo que la Ley 15/1997 le permite, que es introducir
plenamente el régimen jurídico del derecho privado en la gestión
sanitaria. Se incrementa el gasto desproporcionadamente, hasta tal punto
que se adoptan medidas tan irregulares y urgentes como ésta que se nos
plantea aquí esta mañana, y al mismo tiempo se pretende levantar todo
tipo de control del régimen jurídico del derecho público por parte de la
Intervención General del Estado para algo tan elemental como es
garantizar a los ciudadanos la transparencia y eficacia en la gestión de
recursos sanitarios públicos, en las infraestructuras y presupuestos
públicos y en la prestación de un servicio público.
La demostración de la ineficiencia y de la ineficacia de la gestión
empresarial de someter a la sanidad a criterios de mercado está puesta de
manifiesto esta mañana. No obstante, mi grupo parlamentario no va a votar
en contra porque creemos que se está sometiendo a esta Cámara a una
trampa, en donde votar en contra sería mostrar la imposibilidad de que
los servicios sanitarios hagan frente a deudas contraídas por suministros
y por servicios ya prestados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Voy a finalizar, dejando patente en esta
tribuna que se está contribuyendo a una estrategia de incoherencia y de
opacidad, que está haciendo que el sistema sanitario público esté
financiándose con criterios ajenos cada vez más a los intereses de la
propia sanidad pública.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Maestro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, tiene la
palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista
para expresar nuestra posición sobre el decreto relacionado con las
inundaciones que tuvieron lugar en Extremadura y en la provincia de
Huelva.
Antes que nada, quisiera manifestar desde esta tribuna el agradecimiento
por la solidaridad demostrada con nosotros desde todas las partes de
España, desde las comunidades autónomas a colectivos culturales o
deportivos, medios de comunicación, entidades financieras y cientos de
miles de ciudadanos.
Queremos manifestar desde el principio que vamos a votar a favor de este
decreto-ley, aunque desde nuestro punto de vista contiene varias
deficiencias y algunas ambigüedades.
El decreto-ley contiene, por un lado, medidas relacionadas con la parte
de competencias del Gobierno de España, y, por otro, medidas relativas a
participar en los gastos, en los costes, que suponen los acuerdos y los
decretos aprobados por la Junta de Extremadura. Hay que recordar que,
prácticamente a las 48 horas de producirse la catástrofe, la Junta de
Extremadura había instalado unas oficinas de información para que los
ciudadanos pudiesen manifestar su situación y tener un balance de la
misma, oficinas que han seguido funcionando hasta hoy de forma
ininterrumpida, incluso durante los días festivos.
No habían pasado ni cinco días de la catástrofe cuando la Junta de
Extremadura publicó algunos decretos mediante los cuales tendrían una
nueva casa todas las personas afectadas, bien porque habían perdido sus
casas, porque habían quedado en malas condiciones o porque las mismas
estaban dentro de los límites que la Confederación Hidrográfica señalaba
como peligrosos. Mientras tanto, la Junta adoptó la decisión de que todas
las personas estarían en un piso de alquiler, sufragando sus gastos la
Junta de Extremadura.
Al mismo tiempo, otra parte de personas, porque no había más viviendas de
alquiler en el mercado, podían ser alojadas en viviendas prefabricadas
puestas a disposición de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la
Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que quiero resaltar una vez más
nuestro agradecimiento a su presidente, señor Ruiz-Gallardón. Otras
personas buscaron acomodo en pisos de familiares. Por ello hay que buscar
medidas económicas para compensar estos gastos que tiene la familia.
Hoy podemos decir que hay 342 familias que están viviendo en pisos de
alquiler, que hay 35 --y llegarán en los próximos días a cien-- que están
en viviendas prefabricadas y 170 que viven con otros familiares. Lo que
queremos conseguir es que el día 23 de este mes todos estén ya bien en
una casa de alquiler, en una prefabricada o con familiares y puedan pasar
estas fiestas de la mejor forma posible.
La Junta también acordó ayudas económicas para las familias que perdieron
algún miembro en la riada y ayudas de hasta un millón de pesetas a fondo
perdido para los empresarios y autónomos. Todas estas medidas, más la
construcción de 1.200 viviendas, es lo que el decreto contempla sufragar
al 50 por ciento de los gastos que va a realizar la Junta de Extremadura.
Ahora bien, en cuanto a las medidas que tienen relación con las
competencias del Gobierno de la nación, el decreto contempla varias de
ellas y tenemos que expresar algunas críticas. En primer lugar, dos de
carácter general. La eficacia de las medidas que plantea el decreto queda
supeditada a ulteriores decisiones ministeriales y, de no producirse
éstas o de hacerlo de forma restrictiva, todas las anunciadas en el
decreto variarían de forma sustancial y podrían quedar en papel mojado.
Otra crítica de carácter general. El Ministerio de Interior va a tener
capacidad de decisión en futuras actuaciones. Si no se tiene claro por
parte del Ministerio que es necesario atender las opiniones y
observaciones que puedan hacer otras administraciones públicas más
cercanas a los problemas, bien mediante una fase de informe o de consulta
previa, se corren grandes riesgos de tomar decisiones equivocadas.
En cuanto a los aspectos concretos que el decreto contempla, por nuestra
parte tenemos que hacer alguna
crítica. En primer lugar, el artículo 6º establece las normas referidas a
los préstamos hipotecarios. Las moratorias solamente van a tener vigor
del 5 de noviembre al 4 de febrero, es decir, tres meses. Nos parece
insuficiente. La esencia de esta medida del decreto es que aquellos cuyos
bienes y haciendas han sido víctimas de la riada no tengan encima el
problema del préstamo. Razonablemente, la única forma que tienen ellos de
no verse ahogados por estos préstamos es cuando recuperen la actividad
económica. Cuando la empresa recupere la actividad económica será cuando
podrán pagar esos préstamos. ¿Por qué el día 4 de febrero, tres meses
sólo? Nos parece un plazo muy reducido y debería ampliarse.
Otro aspecto. A fin de garantizar la suficiente financiación de
corporaciones locales, como consecuencia de las exenciones fiscales que
figuran en el artículo, el decreto debería arbitrar un mecanismo de
entregas a cuenta. De esta forma las propias corporaciones locales podían
tener fondos para paliar los daños de las inundaciones.
Respecto a las ayudas por fallecimiento, que se fijan en dos millones,
nos parece que debería ser la cantidad mínima, pero que a partir de ahí
hay circunstancias desiguales, porque no es lo mismo cuando el fallecido
es un cabeza de familia que cuando se da otra circunstancia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fuentes, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FUENTES GALLARDO: Voy terminando, señor presidente.
En cuanto a la línea de financiación, se establece en el 3 por ciento los
tipos de interés. Nos parece que debería cambiarse, porque si dentro de
pocos meses los tipos de interés están al 4 por ciento estaremos
subvencionando 0,5 puntos, menos de lo que hacen los bancos con sus
clientes preferenciales. Debería establecerse que fueran subvenciones a
los créditos hasta el 50 por ciento del interbancario.
Finalizo mi intervención repitiendo mi reconocimiento a la solidaridad
recibida. Creemos que todas estas críticas deberían llevar a la
consideración de tramitar este decreto como proyecto de ley como forma de
solucionarlo. Después de casi un mes y medio de las inundaciones, nunca
hemos caído en la tentación de utilizar de forma partidaria el drama que
ha sufrido nuestra comunidad autónoma. Nadie entendería que mientras hay
gente con grandes problemas estuviésemos los partidos criticándonos sobre
las posibles deficiencias. Ahora bien, no debemos confundirnos. Cuando se
solucionen todos estos problemas tendremos que responder a muchas
preguntas y analizar muchas situaciones. Veinticinco muertos, señorías,
son muchos para que se pueda decir que aquí no ha pasado nada o que sólo
se debe a una catástrofe natural. Algunas cosas se pudieron haber
evitado, y de todas ellas tendremos que hablar en algún momento en esta
Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fuentes.
Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, movidos, sin duda, por su declarada intención de gobernar con
rigor, con austeridad, con eficacia, con buena gestión y mejor previsión,
el Gobierno ha aprobado en 15 días siete reales decretos-ley. Un crédito
extraordinario por valor de 140.000 millones de pesetas y otro de
anticipo de tesorería, por 40.000 millones más, lo que hacen 180.000
millones de pesetas. Súmenle a ello lo que habían aprobado antes, por
valor de 100.000 millones de pesetas, y se encuentran con una cifra
cercana a los 300.000 millones de pesetas; es decir, casi 1.000 millones
de pesetas de gasto extraordinario, no presupuestado, por cada día
laborable de 1997. No está mal. Para ser rigurosos, austeros, previsores
y buenos gestores, casi 1.000 millones de pesetas por día laborable de
aprobación extraordinaria de créditos es todo un récord, señorías. En
algunos casos, como en el del Ministerio del Medio Ambiente, la
desviación presupuestaria es sólo del 17 por ciento. Un ejemplo de buena
presupuestación. Sí, señor.
Pero es que ustedes en su verborrea, que consiste en sumar todos los
adjetivos de tono positivo del diccionario y mezclarlos en una especie de
discurso reiterativo y tautológico, el 6 de junio pasado aprobaron
pomposamente un plan de ahorro racional y racionalizador y de austeridad
austera de la Administración, según el cual iban a ahorrar entre un 3 y
un 6 por ciento de los gastos de funcionamiento; es decir, según ustedes,
entre 30.000 y 60.000 millones de pesetas. Publicado en el BOE, repicado
mediáticamente en todos los medios, a bombo y platillo, una vez más
escudados detrás de las palabras mágicas de la austeridad y del rigor,
les dijeron a los españoles que, siendo racionales, por métodos
racionales ahorrarían este año entre 30.000 y 60.000 millones de pesetas,
gracias a procedimientos, también publicados en el BOE, que mueven a la
risa.
Pues bien, en el presupuesto de 1998 ustedes han incorporado una
previsión de liquidación del presupuesto de 1997, por el que estiman que
en el capítulo 2 contraerán obligaciones por 350.000 millones de pesetas,
cuando el presupuesto aprobado para 1997 era de 304.850; es decir, una
desviación al alza del 13 por ciento.
¿Dónde está su plan de austeridad y rigor? ¿En qué ha quedado? ¿Cuánta
agua de borrajas han vertido ustedes sobre la opinión pública? Iban a
ahorrar entre
30.000 y 60.000 millones de pesetas, y mandan a la Cámara un documento
que reconoce que se van a desviar en 46.000 millones al alza con respecto
al capítulo 2 aprobado para el año 1997. ¿No se les cae a ustedes la cara
de vergüenza? No. Y para que no se les caiga, ni siquiera vine al
Parlamento el señor Ministro de Economía y Hacienda.
Díganme: ¿Estoy equivocado? ¿Lo que estoy diciendo es falso? (Varios
señores Diputados: Sí) ¿Es falso, señorías? No sean ustedes mecánicamente
adictos a su causa. (Rumores.) Piensen un poco. Si es falso ¿por qué lo
es? ¿Es o no es verdad que ustedes presentan una previsión de liquidación
donde dicen que van a gastar 46.000 millones más de lo presupuestado y
que esto es una desviación del 13 por ciento? ¿Es o no es verdad que
ustedes prometieron en junio ahorrar con racionalidad y rigor entre
30.000 y 60.000 millones? ¿Se dan cuenta ustedes en qué está quedando
toda su verborrea presupuestaria? ¿Se dan cuenta ustedes de la procesión
de sepulcros blanqueados que el Gobierno ha hecho esta mañana? Los
sepulcros más blanqueados desde el Nuevo Testamento han desfilado hoy por
el Parlamento, repitiendo todos la misma cantinela: No tenemos bastante
dinero, pero, eso sí, el gasto, saben ustedes, viene de antes. ¿De cuándo
de antes? ¿De un antes que les hizo imposible preverlo en el mes de julio
en su decreto del famoso agujero? ¿Que también les hizo imposible
preverlo cuando presentaron el presupuesto de 1997? ¿Que también les ha
hecho imposible preverlo cuando presentaron el presupuesto de 1998?
Se lo dijimos, señorías; se lo dijimos claramente y repetimos una vez más
estas palabras pomposas del señor Rato, hoy gloriosamente ausente,
diciendo que nunca jamás un anticipo de tesorería se concedería sino para
ser cancelado en el propio ejercicio, salvo los procedentes de fondos
europeos. Les advertimos que la vida era más complicada que su visión
angelical y demagógica y que había circunstancias que exigían que hubiera
créditos o anticipos de tesorería que no pudieran ser cancelados.
Hoy vienen ustedes aquí, el ministro de Sanidad, también ausente, para
decir que quiere un crédito o un anticipo de tesorería por 40.000
millones de pesetas el día 18 de diciembre, a cuenta del acuerdo de
financiación sanitaria, y cambian por ley la famosa Ley de disciplina
presupuestaria que a bombo y platillo dijeron que les impediría hacer lo
que ahora hacen.
Para ocultar lo que hacen se extrapola hasta lo indecible el contenido
del acuerdo de financiación sanitaria, porque dicen ustedes, ni más ni
menos, señores del Gobierno, que lo que hacen es atender a las
necesidades de funcionamiento --estoy leyendo su literatura-- que exigirá
el nuevo modelo sanitario a partir del 1 de enero de 1998. ¿Qué es eso
del nuevo modelo sanitario? Sabíamos o creíamos que se estaba aprobando
un nuevo sistema de financiación, no un nuevo modelo sanitario. ¿Qué es
eso de un nuevo modelo sanitario? ¿En qué consiste el nuevo modelo, señor
ministro de Sanidad, cuyo respeto por el Parlamento es tan grande que ni
siquiera se queda a escuchar las razones de la oposición? ¿Nuevo modelo?
¿Nuevo modelo, señor Homs, que clama equivocando quién es Gobierno y
quién es oposición, dirigiéndose a las bancadas socialistas y diciendo
que nadie puede estar en desacuerdo con lo que proponen sus socios? Hable
por usted mismo, señor Homs. Los demás tenemos nuestro propio criterio y
permítanos que lo defendamos. ¿En qué consiste el nuevo modelo? No es un
nuevo modelo, sino una financiación que, siendo lógicos, tendríamos que
analizar y preguntarnos a qué va destinada. Seamos mínimamente lógicos,
vamos a ver.
Se aprueba ahora un anticipo de tesorería, ¿a qué va destinado? ¿Va
destinado a cubrir el déficit de liquidez del año 1997? Si es así, y si
con este anticipo ustedes financian déficit de 1997 y lo regularizan a
cuenta de las entregas del año 1998, lógicamente en 1998 les va también a
faltar liquidez, en cuyo caso tendrán que volver a conceder anticipos de
tesorería a finales de 1998, deduciéndolos de la financiación de 1999, y
así in saecula saeculorum.
Si no es así, entonces, señorías, están ustedes haciendo un brindis al
sol, porque este anticipo es completamente innecesario habida cuenta que
falta 13 días para acabar el ejercicio. Pero ustedes no aclaran para qué
es y se escudan detrás de un inexistente nuevo modelo de financiación.
A pesar de eso votaremos a favor, por una razón bien sencilla, porque en
el último Consejo de Ministros (El señor Homs i Ferret pronuncia palabras
que no se perciben.), señor Homs, sabe usted perfectamente que el
Gobierno socialista estaba dispuesto a conceder un crédito extraordinario
para cubrir deficiencias que sabíamos que existían ya entonces, que
ustedes se negaron y han tardado año y medio en satisfacer. Por tanto,
con mucho retraso y con grandes costes para el sistema hacen al fin lo
que les sugerimos que hicieran y se negaron, en ese proceso, al que me
refería antes, de extremo cinismo y mayor demagogia.
Luego viene la cantinela de que esta es una historia del pasado. Señora
ministra de Justicia, a quien agradezco la cortesía de su presencia, ¿me
puede usted explicar cómo es posible que en el año 1997 haya usted tenido
un presupuesto un 30 por ciento menor que el del año 1996, y en 1998
tenga un presupuesto un 60 por ciento mayor que en 1997? En algún año a
usted le falta o le sobra dinero. Seamos también mínimamente lógicos. Si
en 1997 tiene un 30 por ciento menos que en 1996 y en 1998 un 60 por
ciento más que en 1997, en algún año le ha faltado o en algún año le va a
sobrar dinero, porque no puede ser que se pueda financiar la justicia con
tanto más o tanto menos de forma tan irregular y cíclica. ¿Sabe qué les
pasó? Lo que les dijo nuestra portavoz, que en 1997 quisieron hacer gala
de austeridad, sacaron pecho y dijeron: estos despilfarradores
socialistas; nosotros lo hacemos todo con menos. Se les contesto: miren
ustedes, las comunicaciones postales no es un problema de despilfarro, es
del coste de los telegramas. Ahora viene usted y dice: 4.000 millones
más, para comunicaciones postales, para tapar el agujero del año 1997.
(Un señor diputado: No pagabais). Ustedes tampoco.
Eso sí, la cantinela es la misma: esto viene de antes. Valiente sesión de
hipocresía presupuestaria nos han dedicado ustedes esta mañana, todos
ustedes, señores ministros. (Aplausos.) Todos han desfilado por aquí, uno
tras otro, recitando con voz monótona y cansina unos decretos-- leyes
hechos a multicopista, diciendo todos lo mismo: es que ya se sabe, no hay
dinero, pero es de antes. ¿De antes de cuándo? ¿De antes de que les
advirtiéramos que los recortes que ustedes introdujeron en el capítulo 2
eran mera propaganda, eran un brindis al sol para justificar su discurso
demagógico de las elecciones, que estaban colocando por debajo de la
línea de flotación el funcionamiento de la Administración pública en
sectores vitales como interior, justicia, defensa o educación? Ese
discurso ahora se demuestra, y cada día se demostrará más, que era una
construcción falsaria de la realidad utilizado como instrumento
demagógico de su campaña. A pesar de eso, le vamos a votar los decretos--
leyes. (Rumores.) Sí, señorías, sí, porque nosotros no queremos hacer la
oposición vocinglera que ustedes hicieron. (Continúan los rumores.) No
queremos una oposición de sinrazón y pataleo; queremos una oposición que
demuestre la incoherencia del Gobierno, pero que asigne los recursos
públicos de forma necesaria para atender las necesidades públicas.
Sabemos lo que necesita el Ministerio de Justicia para funcionar. Se lo
dijimos en el debate presupuestario, y como ahora ustedes reconocen que
teníamos razón en lo que les dijimos, y se ocultan en el manto protector
del pasado, queremos reponer lo que ustedes cortaron artificialmente para
que funcionen bien los servicios públicos y para evitar que ustedes
continúen con la dialéctica de cuanto peor mejor, para tener excusa
después y privatizarlo todo. Su estrategia de deterioro permanente de
cualquier servicio público, su estrategia de abandono de las funciones
básicas del Estado, de privatización de cualquier función y activo, es la
coartada previa para a continuación pasar a un desmantelamiento de lo que
son las funciones que nosotros defendemos. Fueron ustedes
extraordinariamente cínicos e hipócritas en sus discursos electorales, lo
fueron todavía más en la presentación de los presupuestos, lo han vuelto
a ser hoy, pero día a día, cifra a cifra, hecho a hecho, la razón
demostrará que toda su construcción se desmorona o se funde como un
cubito de hielo al sol. Por eso, a finales del próximo año, cuando vengan
de nuevo diciendo que les faltan recursos, tendremos que recordarles,
como ahora hago, lo que dicen las actas de las sesiones parlamentarias
que hoy son el mejor argumento contra unos planteamientos que poco a poco
demuestran su falsedad.
Nosotros no tenemos nada contra el capítulo 2, absolutamente nada. No
tenemos nada en contra de que la Administración de justicia mande
telegramas para convocar a los tribunales a los que tengan que ir; ni
tenemos nada en contra, señor ministro de Justicia, de que funcionen los
tribunales, los hospitales, el Ministerio de Defensa. Son de antes. ¿De
cuándo antes, señor ministro de Defensa? ¿Quizá de cuando era usted
secretario de Estado del mismo Ministerio? Quizá no tan antes, verdad,
pero seguro que era con tiempo suficiente para que lo hubieran previsto
en julio de 1996, en septiembre de 1996, en septiembre de 1997 o cuando
han mandado ustedes la previsión de liquidación, hace cuatro días, donde
milagrosamente no se sabía nada de que hubiese 40.000 millones de pesetas
de gastos pendientes en actuaciones que se consumen día a día y se
facturan prácticamente día a día. Por eso no está hoy el señor Rato aquí;
por eso la mayoría de los ministros se han marchado también. Agradezco a
los que se han quedado su cortesía parlamentaria, pero día a día quedarán
ustedes más en evidencia, hasta que sea imposible continuar por ese
camino.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias, señor Borrell.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Se ha dicho por parte del portavoz de algún grupo parlamentario si no se
nos cae la cara de vergüenza por pertenecer al Grupo Popular. Yo tengo
que decir que no, que me da mucha satisfacción, igual que me da
satisfacción subir por primera vez a esta tribuna, y mayor satisfacción
me produce la celeridad con que ha actuado el Gobierno en Extremadura con
la promulgación del Real Decreto-ley 24/1997, de 12 de diciembre. Creemos
que el Gobierno ha cumplido con Extremadura.
Todos tenemos aún en la mente los lamentables y desgraciados
acontecimientos ocurridos en Extremadura, especialmente en mi ciudad,
Badajoz, con motivo de las inundaciones y temporales de viento que nos
sorprendieron los días 5 y 6 de noviembre del año en curso. Las
consecuencias fueron desastrosas: 23 muertos y un desaparecido, así como
considerables daños y pérdidas materiales de muy diversa índole en
agricultura, vivienda, comercio, industria, etcétera.
Desde aquí como extremeña, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
quiero felicitar al Gobierno por la preocupación constante que ha
demostrado con el problema sobrevenido a Extremadura y por aprobar
en un tiempo récord, un mes y seis días y no tres meses como ha señalado
el portavoz de Izquierda Unida, una serie de medidas urgentes conducentes
a paliar los daños causados y todo ello, como se ha dicho aquí ya por el
señor ministro, en aplicación del principio constitucional de
solidaridad.
Otro de los principios que ha funcionado de manera ejemplar con motivo de
las riadas en Extremadura, ha sido el principio de coordinación entre las
distintas administraciones. Si ya he elogiado la labor eficaz del
Gobierno a la hora de adoptar las medidas urgentes contempladas en el
Real Decreto-ley 24/1997, también tengo que decir, y creo que debemos
congratularnos todos, que tanto el Ayuntamiento de Bajadoz como la Junta
de Extremadura han propiciado ese clima de colaboración ejemplar a la
hora de adoptar todas aquellas medidas tendentes a que volviese la
normalidad a la comunidad extremeña. También tengo que decir que ni el
Gobierno de José María Aznar, ni el grupo que apoya a este Gobierno, han
utilizado jamás este tema de forma oportunista; ya lo ha dejado claro
también el portavoz del Grupo Socialista. Sin embargo, tengo que precisar
y matizar algunas declaraciones que se han hecho por parte de algún
dirigente regional, aunque no voy a entrar a valorarlas; nosotros vamos a
hacer oídos sordos de todo lo que se puede decir en este sentido. Vamos a
seguir manteniendo y aplaudiendo el espíritu que ha presidido las
actuaciones tras los lamentables hechos ocurridos en Badajoz, que ha
sido, como he resaltado desde el inicio de mi intervención, colaboración
y coordinación entre todas las administraciones e instituciones, sin
olvidar el importantísimo papel, que se ha destacado aquí, que ha
desempeñado el voluntariado y también toda la sociedad en general puesto
que la sociedad entera se ha volcado con Extremadura. Yo, personalmente,
quiero mostrar mi más sincero agradecimiento.
El Grupo Parlamentario Popular votará afirmativamente la convalidación
del Real Decreto 24/1997, de 12 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y
temporales de viento, acaecidos los días 5 y 6 de noviembre de 1997.
Todos sabemos que los efectos más lamentables han sido las 23 vidas
humanas que se han perdido y el desaparecido que tenemos todavía. Estos
daños son irreparables, pero dada la magnitud de los hechos y la
repercusión que han tenido, el Gobierno se ha visto obligado a incluir
medidas novedosas, así como ampliar el número de las mismas respecto al
régimen habitual de medidas que se suelen adoptar en este tipo de
sucesos.
Ya nos ha expuesto el señor ministro las distintas medidas de carácter
general y especial recogidas en este real decreto, que tienen un coste de
10.000 millones de pesetas. Quiero resaltar uno de los graves problemas
en que se encuentra la mayoría de las personas afectadas, y es que han
perdido lo poco que tenían y lo que habían logrado acumular tras una vida
de trabajo. Han sido sus casas y sus pequeños negocios. Por ello es una
gran noticia saber que en el plazo de año y medio se van a construir
1.200 viviendas, que el Ministerio de Fomento financiará conjuntamente
con la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cuyo coste ascenderá a 4.000
millones de pesetas a cargo de ese departamento. Tanto el Gobierno
autonómico como el Gobierno central se marcaron como prioridad afrontar
los gastos del realojo de las familias que se quedaron sin hogar como
consecuencia de los desbordamientos de los arroyos Rivilla y Calamón.
Estas 1.200 viviendas que se prevén construir es donde irán a vivir las
familias de ese barrio que en estos momentos tienen su casa en la zona
inundable y otras que están alojadas en viviendas de alquiler. Al igual
que el portavoz del Grupo Socialista, también quiero agradecer y dar las
gracias al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid por esas 100
viviendas para la población extremeña.
Desde el Grupo Popular consideramos que el principal objetivo de este
real decreto ha sido la adopción de distintas medidas tendentes a
disminuir las cargas tributarias, la concesión de créditos privilegiados,
ayudas a los ayuntamientos y particulares, todas ellas financiadas con
cargo al crédito extraordinario que se habilita en dicho real decreto y
cuya cantidad asciende, como ya he dicho antes, a 10.000 millones de
pesetas. Creemos que estas medidas intentarán paliar en la medida de lo
posible los daños ocurridos en Extremadura, y reitero nuestro voto
favorable a la convalidación.
Respecto a lo que ha planteado el portavoz del Grupo Socialista sobre
intereses y moratoria, usted es consciente de los peligros que puede
acarrear la tramitación de este real decreto como ley ordinaria, puesto
que rompe la disciplina presupuestaria y afectaría a la eficacia del real
decreto. Consideramos que estos temas pueden negociarse en un momento
posterior a la convalidación del real decreto, pues bien sabe S. S.,
sabemos todos, y ya lo he recalcado yo en muchas ocasiones, que en todo
este asunto ha funcionado un ejemplar clima de diálogo entre el Gobierno
central, Gobierno autonómico y ayuntamientos.
Por todo ello, no vamos a apoyar la tramitación como ley ordinaria.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Matador.
Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Consideraba que desde los bancos socialistas, en el presente año y en
venideros, iba a haber como mínimo un grado de humildad cuando se hablara
de la institución presupuestaria española. En la intervención del
señor Borrell, que nos ha confirmado que está por la labor de votar
favorablemente los créditos extraordinarios que hoy se presentan, he
notado que no ha habido más que un intento de calificar actitudes
presupuestarias del Grupo Popular, y me parece como mínimo prudente
recordar al señor Borrell que él ha tenido algún tipo de responsabilidad
en la ejecución presupuestaria de los gobiernos socialistas y que no ha
sido el Grupo Popular quien se lo ha dicho, ha sido la Academia, ha sido
el Tribunal de Cuentas que vino a decir que la laxitud y el
desbordamiento incontrolado del presupuesto de gastos era la práctica
habitual en la ejecución presupuestaria de los gobiernos socialistas. Fue
tal el desbordamiento y la laxitud con que se operó en la ejecución
presupuestaria de los mandatos socialistas, que fue a la institución
presupuestaria de aquellos gobiernos a la que Europa tuvo que abrir un
aviso de expediente de déficit excesivo. También quisiera decirle al
señor Borrell que tenga aquí el coraje político de reconocer cuántos
criterios de convergencia en materia fiscal --a saber: deuda, déficit--
cumplía el Gobierno socialista y cuántos criterios en materia
presupuestaria y monetaria cumple el Gobierno popular. (El señor Cercas
Alonso: No nos dejan ahora hablar.) Hablen ustedes cuanto tengan por
conveniente, pero tengan el coraje de subir a esta tribuna y reconocer
que durante sus mandatos España degradó a tales niveles la institución
presupuestaria, que hasta el Tribunal de Cuentas tuvo que ir año tras año
valorando la Cuenta General del Estado con frases tales como que los
gastos y los estados de cuentas de los presupuestos y liquidaciones de
los años sucesivos no representaban la situación patrimonial, la
situación financiera y la situación económica de las cuentas del Estado.
Eso lo dijo el Tribunal de Cuentas, no el Grupo Popular que en aquel
momento estaba en la oposición; fue el Tribunal de Cuentas el que les
vino a decir que no representaban la realidad del hecho económico,
financiero y patrimonial del Estado.
Por si fuera poco, en aquellas fiscalizaciones que el Tribunal de Cuentas
realizó y como he dicho anteriormente, dejó inmersa a la institución
presupuestaria en un expediente de déficit excesivo. Recuerden ustedes.
Dejaron el déficit en el 6,6; hoy España cerrará el déficit en el 2,9.
Los autores de aquel déficit (6,6 por ciento) eran ustedes. Ustedes
cogieron la deuda en España aproximadamente en el 25 por ciento del PIB y
cuando abandonaron el Gobierno dejaron la deuda cercana al 65 por ciento,
una senda absolutamente explosiva de crecimiento de la deuda; dejaron
ustedes los tipos de interés al 9 por ciento y hoy están al 4,75. Y no
tengo que decirles cómo dejaron ustedes la inflación y en qué situación
se encuentra en este momento.
Quisiera subrayar que el Gobierno en este momento ha presentado una
propuesta ajustada a la aprobación de la Ley de disciplina presupuestaria
en los términos de ejecución presupuestaria de 1997.
En los años que ustedes gobernaban, las obligaciones reconocidas un año
se pagaban en el ejercicio posterior, de esa manera conseguían ustedes
construir una bola de nieve, un embalse de deuda, y permanentemente iban
pagando en años sucesivos deudas de ejercicios anteriores. Nosotros hemos
pretendido con la Ley de disciplina presupuestaria que no se pueda
adquirir ningún compromiso presupuestario que no esté dotado de crédito,
por tanto que todos los créditos y los gastos que se produzcan en un año
sean realizados con cargo a ese año, y no como ustedes que diferían
permanentemente a años posteriores los gastos que realizaban de manera
absolutamente desbordada en cada ejercicio; ésa fue la tónica de las
ejecuciones presupuestarias.
La institución presupuestaria española, repito, llegó a tales niveles que
la propia Comisión Europea tuvo que abrirnos un expediente de déficit
excesivo, con las consecuencias que eso hubiera tenido si el Gobierno del
Partido Popular no hubiera controlado, poco a poco, aquellos desmanes y
aquellas laxitudes que en este momento no se dan. Y para más a más, estos
créditos que hoy se están aprobando no tensionan para nada los objetivos
de déficit que tiene el Gobierno para 1997 sino que, por el contrario, ha
sido tan austera la ejecución presupuestaria de 1997 que incluso podemos
llegar a revisar nuestro objetivo de déficit, que como sabe S. S. era del
3 por ciento y que cerraremos en torno al 2,9 por ciento. Por tanto,
querido señor Borrell, no sé cómo se atreven desde los bancos socialistas
a hablar de sepulcros blanqueados. Sería muy bueno que SS. SS. no
hablaran de la materia de los sepulcros porque de eso saben excesivas
cosas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--Rumores.--El señor Caldera
Sánchez-Capitán: Muy mal.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aguirre. (El señor Borrell Fontelles pide la palabra.)
¿A qué efectos solicita la palabra, señor Borrell?
El señor BORRELL FONTELLES: Por el artículo 71, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, han
sido dos fijaciones de posición, obviamente no coincidentes, pero SS. SS.
se han expresado en ambas ocasiones en los términos que han considerado
oportuno; por tanto, no tiene
S. S. la palabra.
Vamos a proceder a la votación. (Rumores.) El señor BORRELL FONTELLES:
Señor presidente, permítame rogarle que conste en acta... (Rumores.) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, no
tiene S. S. la palabra.
El señor BORRELL FONTELLES: Me quiero dirigir a la Presidencia.
(Continúan los rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Borrell, ha expresado S. S. la razón por la cual me
solicitaba la palabra y le he dicho ya que no se la concedo en este
momento. (Fuertes rumores.)
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Está usted conculcando la libertad de
expresión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Desea S. S.
expresar algún nuevo argumento?
El señor BORRELL FONTELLES: Sólo quiero, señor presidente... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, respeto su decisión, como
no puede ser menos, pero le ruego que permita que conste en acta que no
puedo contestar a las preguntas desafiantes que se me han hecho porque S.
S. no me da la palabra. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Borrell.
Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 22/1997, de 5 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios para atender compensaciones de tasas universitarias y
otros gastos. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 316; a favor, 313; en contra, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
Votación correspondiente a la tramitación como proyecto de ley del
presente real decreto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 315.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada por
unanimidad la tramitación de este real decreto como proyecto de ley.
Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 23/1997, de 5 de diciembre, por el que se autoriza la
concesión de un anticipo de tesorería al Insalud, a cuenta de la
financiación sanitaria de 1998, así como la distribución de la parte
correspondiente entre las comunidades autónomas con gestión transferida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 301; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
¿Algún grupo parlamentario solicita que sea tramitado como proyecto de
ley? (Pausa.)
Votación correspondiente a la tramitación del presente real decreto como
proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 149; en contra, 167.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No será tramitado
el real decreto como proyecto de ley.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 24/1997, de 12 de
diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las inundaciones y temporales de viento acaecidos los días 5
y 6 de noviembre de 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 315.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
¿Algún grupo parlamentario desea que sea tramitado como proyecto de ley?
(Pausa.)
Votación correspondiente a la tramitación como proyecto de ley del
presente real decreto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 146; en contra, 170.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No será tramitado
como proyecto de ley.
Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto
25/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios para atender comunicaciones postales y telegráficas y
otros gastos del Ministerio de Justicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 316.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
¿Algún grupo parlamentario desea que sea tramitado como proyecto de ley?
(Pausa.)
Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 26/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios para atender obligaciones derivadas de gastos corrientes
en bienes y servicios e inversiones en hospitales militares y otros
gastos del Ministerio de Defensa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 313; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
¿Algún grupo parlamentario desea que sea tramitado como proyecto de ley?
(Pausa.)
Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 27/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios para atender obligaciones derivadas de gastos corrientes
de bienes y servicios, inversiones y otros gastos del Ministerio del
Interior.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 314; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
¿Algún grupo parlamentario desea que sea tramitado como proyecto de ley?
(Pausa.)
Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 28/1997, de 12 de diciembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios para atender subvenciones a tipos de interés en los
préstamos concedidos con motivo de las sequías de los años 1994 y 1995, y
otros gastos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 316.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.
¿Algún grupo parlamentario desea que sea tramitado como proyecto de ley?
(Pausa.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS
ARMADAS. (Número de Expediente 121/000083)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VII del orden
del día, debate de totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas,
al que ha sido presentada una enmienda de totalidad por parte del Grupo
Mixto.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el señor Ministro de Defensa. (El señor vicepresidente, Marcet
i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra
Rexach): Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde el honor de presentar un proyecto de ley
orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Este proyecto
viene a sustituir a la actual Ley orgánica de 1985, que entró en vigor,
simultáneamente con el Código Penal Militar, el 1 de junio de 1986.
Los objetivos fundamentales de ambos textos legales fueron, por un lado,
lograr una efectiva separación entre la esfera penal, comprensiva de
conductas delictivas, y la esfera disciplinaria, que recoge aquellas
conductas cuya sanción y castigo se reserva al mando militar como
instrumento para el mantenimiento de la disciplina. Por otro lado, hallar
el necesario equilibrio entre la protección a esta disciplina, esencial
para el correcto funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y las garantías
individuales recogidas en nuestro texto constitucional.
Las razones que justifican la elaboración de una nueva ley orgánica son,
en síntesis, las siguientes: en primer lugar, el incompleto, unas veces,
y defectuoso, otras, tratamiento legal dado a algunos extremos esenciales
del régimen disciplinario, lo que ha creado en ocasiones lagunas,
inseguridad jurídica y perjuicios para la propia disciplina y, en otras,
ha obligado a acudir a normas de aplicación subsidiaria que no contemplan
específicamente las peculiaridades de la organización militar. La segunda
razón es la dispersión legislativa producida por las sucesivas reformas
parciales. Y la tercera, la necesidad de reflejar en un texto legal los
criterios contenidos en la jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo y del propio Tribunal Constitucional.
Por otra parte, en la redacción de este proyecto de ley se ha tenido en
cuenta el proceso, ya iniciado, de profesionalización de las Fuerzas
Armadas, para sustituir paulatina y progresivamente el actual modelo
mixto por otro estrictamente profesional. Esta circunstancia impone
conjugar un régimen disciplinario dirigido sobre todo a un personal
profesionalizado en su práctica totalidad, sin olvidar el personal de
reemplazo que durante el período transitorio seguirá formando parte de
las Fuerzas Armadas. Asimismo, se ha tenido presente la profunda
reorganización en la que se encuentran inmersas las Fuerzas Armadas y muy
especialmente el Ejército de Tierra.
Las modificaciones concretas que introduce el proyecto respecto a la Ley
actual son muy numerosas, pudiendo destacarse las siguientes, que voy a
agrupar en modificaciones materiales y modificaciones formales.
Por lo que respecta a las modificaciones materiales, debe hacerse
referencia, en primer lugar, al tratamiento del consumo de bebidas
alcohólicas. Se da un tratamiento sustancialmente más riguroso que en la
Ley vigente, sancionándose como falta leve tan sólo los actos episódicos
de su consumo durante el servicio o con ocasión del mismo, y como falta
grave estos mismos supuestos cuando son en servicio de armas o portando
armas. Se reserva a la causa de responsabilidad disciplinaria
extraordinaria el caso de la embriaguez habitual.
Dada la trascendencia, la peligrosidad y el reproche social de las
conductas relacionadas con el consumo de drogas, se ha optado asimismo
por elevar a la categoría de falta grave la introducción, tenencia y
consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
considerándose su consumo habitual también como una causa de
responsabilidad disciplinaria extraordinaria.
En la tipificación de las infracciones se ha realizado una
predeterminación normativa de las infracciones disciplinarias, que impone
el principio de legalidad sancionado en el artículo 25.1 de la
Constitución. En este sentido, se ha efectuado una reformulación de las
faltas de las que se sigue responsabilidad disciplinaria en el artículo
17 del proyecto, en relación con el artículo 59 de la Ley actual, para,
siguiendo los dictados del Tribunal Constitucional, sustituir la actual
descripción de las conductas sancionables, en términos propios de una
tipología de autor, por otra basada en la realización de actos externos e
individualizables que ponen en peligro o lesionan intereses o bienes
jurídicamente protegidos. Por otra parte, la incorporación de nuevos
tipos disciplinarios se ha limitado a los estrictamente imprescindibles,
bien mediante su formulación autónoma, bien mediante una nueva redacción
de los ya existentes, sólo en aquellos supuestos en los que se ha
considerado preciso ampliar la conducta reprochable a modalidades,
elementos o circunstancias no previstos en la legislación vigente.
También se ha procurado en la medida de lo posible restringir y eliminar
conceptos jurídicos indeterminados, que, especialmente en faltas leves,
no parece conveniente mantener en aras de la mejor seguridad jurídica.
Otra novedad importante es que se reduce el límite máximo de la sanción
de arresto por falta grave de tres a dos meses. Las razones que
justifican esta reducción se encuentran en el Derecho disciplinario
comparado de los países de nuestro entorno occidental, en el que pocos
prevén sanciones de arresto de dos meses de duración y en ninguno se
superan. Esta reducción permitirá, señorías, que el límite mínimo de la
pena de prisión prevista en el Código Penal Militar pueda bajar en
determinadas circunstancias, sin confundirse por ello con la sanción
disciplinaria.
Las disposiciones adicionales quinta y sexta modifican, respectivamente,
la legislación reguladora del régimen del personal de las Fuerzas Armadas
y del cuerpo de la Guardia Civil, al objeto de introducir la
rehabilitación cuando aquellos pierdan su condición como consecuencia de
pena principal o accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo
público hasta tres años. La rehabilitación podrá ser concedida por el
ministro de Defensa, si bien, tratándose de miembros del cuerpo de la
Guardia Civil, se requerirá propuesta motivada del Ministerio del
Interior.
Esta modificación está en consonancia con la operada en la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y por el artículo 105.3 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y de
Orden Social, si bien para el personal militar profesional y para los
miembros del cuerpo de la Guardia Civil el régimen de concesión es más
riguroso que el de los funcionarios civiles, ya que a aquéllos se les
exige, a diferencia de a éstos, que la duración de la inhabilitación
especial no sea superior a tres años y que se hubiese cumplido la pena.
Por lo que respecta a las modificaciones formales, señorías, las más
sustanciales, en resumen, son las siguientes: En primer lugar, aunque
permanece la división bipartita de las infracciones en leves y graves,
tradicional en el Derecho militar, se abandona la regulación separada y
autónoma de las causas de responsabilidad disciplinaria extraordinaria,
por no ser sustancialmente distintas de aquellas, tal como lo ha expuesto
el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, la potestad disciplinaria
continúa descansando fundamentalmente en el mando militar que lo ejerce y
habilita para sancionar al personal que se encuentra directamente
subordinado, si bien este criterio general se matiza por un conjunto de
reglas especiales que, unas veces por razón de la persona, otras por
razón de la función, y otras por razón del lugar, demandan un tratamiento
singularizado. Entre aquéllas, cabe destacar el ejercicio de la potestad
disciplinaria en las unidades o grupos temporales desplazados fuera del
territorio nacional, a bordo de los buques, o respecto de los alumnos de
los centros de formación y de quienes ejercen funciones judiciales en la
jurisdicción militar.
En materia de potestad disciplinaria, también merece destacarse la
modificación introducida respecto de la competencia sancionadora sobre
los militares que ejercen funciones judiciales. Esto, señorías, es de
gran interés. La ley actual atribuye la potestad disciplinaria sobre los
miembros de los cuerpos jurídicos que ejerzan funciones judiciales al
ministro de Defensa o a los jefes de sus propios cuerpos, de los que
dependan orgánicamente. En cambio, el proyecto residencia la misma, por
falta leve, en los presidentes de los tribunales militares territoriales
y, en su caso, en el auditor
presidente del Tribunal Militar Central, quien también sancionará las
faltas graves. Es una aplicación más del principio de separación de
poderes o, si lo prefieren SS. SS., de independencia de la función
judicial.
En este sentido se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de competencia y
organización de la jurisdicción militar, en el sentido de exigir para la
imposición de las sanciones disciplinares extraordinarias a los militares
que ejerzan funciones judiciales propuesta favorable de la Sala de
Gobierno del Tribunal Militar Central. La Ley actual exige únicamente que
sea oída la citada Sala de Gobierno. Repito que estas modificaciones
tienen por finalidad reforzar la autonomía e independencia de los
militares que ejerzan funciones judiciales.
Sobre procedimiento, señorías, se regulan sustancialmente dos. Uno, oral,
para sancionar faltas leves; otro, escrito, para sancionar faltas graves
y con determinadas especialidades para imponer sanciones disciplinarias
extraordinarias mediante el expediente gubernativo. En ambos casos se ha
procurado avanzar en el reconocimiento de las garantías y derechos
personales adaptados a las características de cada procedimiento.
En el reconocimiento de garantías y derechos, se ha procurado encontrar
el punto necesario de equilibrio entre la protección de los intereses de
la disciplina, repito que, como es evidente, esencial para el
establecimiento castrense, y las garantías personales que deben
respetarse en todo procedimiento sancionador. Además de las garantías
fundamentales exigidas constitucionalmente, se han incorporado
determinados derechos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, adaptándolos a las características del
procedimiento sancionador. Así, el acceso al expediente, la obtención de
copias y un precepto general sobre plazos. En materia de garantías,
destaca la exigencia de motivación del acuerdo denegatorio en la práctica
de las pruebas solicitadas por el expedientado y su notificación al
mismo, para que, en su momento y si a su derecho conviene, pueda
reproducir la petición y el asesoramiento, que podrá ser prestado de
oficio por un militar cuando así lo solicite el militar de remplazo al
que se siga un expediente. Cabe destacar también la introducción de la
cancelación de las notas desfavorables por el simple transcurso del
tiempo, sin necesidad de petición expresa del interesado, así como una
regulación más completa de la prescripción de infracciones y sanciones,
manteniéndose el transcurso del tiempo, concretado en diversos plazos,
según el tipo de faltas y sanciones, como causa de prescripción.
Por último, señorías, el proyecto de ley orgánica modifica parcialmente
la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, con el
objeto de adaptar en la medida posible el régimen disciplinario de ésta
al proyectado régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
En conclusión, señorías, la finalidad del proyecto de ley que hoy les
presento consiste en mejorar y perfeccionar el régimen disciplinario,
atender y dar respuesta a las exigencias de la disciplina de un ejército
moderno, situado en los umbrales del siglo XXI, y otorgar al mando
militar un instrumento eficaz. Todo ello sin menoscabo ni merma de las
garantías y derechos reconocidos a toda persona.
Y termino, señorías, señor presidente, como comencé, haciendo una
referencia a la legislación vigente, en la que, desde la Ley Orgánica y
el Código Penal Militar, se inició este camino de separación entre la
esfera penal y la disciplinaria y el intento de hallar el mejor
equilibrio, de acuerdo con las circunstancias de cada momento, entre el
necesario ejercicio de la disciplina y el respeto a las garantías
individuales recogidas en la Constitución. El que hoy se les presenta,
señorías, es un intento que pretende recoger esos puntos de equilibrio en
el modo que entendemos más apropiado en las circunstancias de 1997 y, en
definitiva, del umbral del siglo XXI, en el que tendremos unas Fuerzas
Armadas plenamente profesionales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Como se ha señalado, a este proyecto de ley se ha presentado una enmienda
de totalidad por parte del señor Saura y de la señora Rivadulla, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y de Nueva
Izquierda, intervengo para presentar la enmienda de devolución al
proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas, enmienda que nuestro grupo ha centrado en aquellos aspectos de
la ley que afectan más directamente a los soldados de reemplazo y
militares de rango inferior, ya que, de la experiencia que tenemos
acumulada, podemos deducir que se aplicará a estos colectivos de forma
casi exclusiva.
Señorías, que este proyecto de ley es manifiestamente mejorable se puede
deducir fácilmente del examen de las enmiendas que los diferentes grupos
parlamentarios han presentado a su texto, sobre todo las referidas a la
tipificación de las faltas y al procedimiento sancionador. Nosotros hemos
presentado una enmienda de devolución principalmente para proteger y
garantizar los derechos de miles de jóvenes que cada año se incorporan a
las Fuerzas Armadas, para garantizar la totalidad de sus derechos
constitucionales, todo ello a falta de una ley, la del estatuto del
soldado, que reiteradamente hemos demandado de los diferentes gobiernos.
Es una enmienda que tiene muy en cuenta, señorías, el informe del
Defensor del Pueblo de 1996, en el que señala que la disciplina militar,
en un Estado democrático, debe armonizarse con los derechos fundamentales
de los ciudadanos a ella sometidos y que, por tanto, la potestad
disciplinaria de las Fuerzas Armadas debe entenderse como instrumento de
garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas del militar.
Señor ministro, señorías, como señalamos en la exposición de motivos de
nuestra enmienda, estamos sinceramente convencidos de que este proyecto
de ley está principalmente pensado para el militar de rango inferior, el
soldado. Es un texto en el que la ambigüedad y la indeterminación de
muchos de sus preceptos crea una auténtica inseguridad jurídica, como
queda de manifiesto en el gran número de enmiendas presentadas a los
artículos 7 y 8 del proyecto de ley. Términos tales como inexactitud,
ligera irrespetuosidad, leve desobediencia o la manifestación de tibieza
o disgusto al servicio abren, sin duda, las puertas a una amplia
discrecionalidad por parte del superior sancionador. A esta arbitrariedad
que permite la vaguedad de los preceptos debemos añadir la indefensión
que genera en el subordinado el hecho de que la potestad disciplinaria se
encomiende fundamentalmente al mando militar.
Este proyecto de ley, señorías, a nuestro entender, también conculca el
principio jurídico non bis in idem, por cuanto en él se contempla que un
mismo hecho va a tener una doble sanción, la sanción penal y la sanción
disciplinaria, que no queda interrumpida por el procedimiento sancionador
penal.
En relación con el procedimiento, consideramos que no se ajusta a la
jurisprudencia constitucional, que reiteradamente ha señalado que las
garantías procesales establecidas en el artículo 24.2 de la Constitución
son aplicables, además de al procedimiento penal, a los procedimientos
administrativos, cifrando tales garantías en el derecho de defensa, la
presunción de inocencia y la actividad probatoria. El Defensor del
Pueblo, en el informe de 1996 --y me extraña, señorías, cómo el Gobierno
no ha tenido en cuenta todo lo que el Defensor del Pueblo ha señalado en
relación con el procedimiento oral que se establece para las faltas
leves--, señala que el derecho de defensa presupone el derecho a conocer
los cargos antes de la imposición de la sanción, cosa que no sucede en el
procedimiento por faltas leves, en el que, aun siendo preferentemente
oral, la ausencia de toda documentación previa a la resolución
sancionadora podría suponer una vulneración de lo previsto en el artículo
24.2 de la Constitución. Además, señorías, en el caso de los soldados de
reemplazo, incluso puede sustituirse la notificación de la sanción por su
publicación en el cuadro de arrestos de la unidad, como contemplan los
artículos 49 y 50. Todo ello es especialmente grave si tenemos en cuenta
que la acumulación de cuatro faltas leves da lugar a una sanción por
falta grave, impidiendo esta circunstancia que, en muchos casos, el
soldado de reemplazo pueda pasar a la situación de reserva militar, una
vez acabado el período del servicio militar, hasta el total cumplimiento
de la sanción.
Sobre las faltas graves, consideramos que en todos los casos, sin
excepción --porque, señorías, este proyecto de ley discrimina en el
artículo 53.2 al soldado de reemplazo--, el asesoramiento de oficio
debería asignarse a profesionales independientes de la institución.
Entendemos también, señorías, que lo establecido en el artículo 57 genera
indefensión en el expedientado, al establecer que el instructor podrá
negar el acceso al expediente en determinados casos, contrariamente a lo
que ha dicho el señor ministro, que ese acceso estaba generalizado. No.
La ley dice que en determinados casos no se entregará el expediente.
Igual sucede con la posibilidad de que no se permita recurso contra la
resolución que deniega las pruebas solicitadas por el expedientado.
Nos parece también excesivo, señorías, el arresto preventivo de un mes
que contempla el artículo 55 del proyecto, sobre todo si tenemos en
cuenta que la sanción máxima es de dos meses, situación que se agrava por
el hecho de que nada se dice en relación con las comunicaciones externas
del expedientado. En este sentido, Iniciativa per Catalunya-Els Verds y
Nueva Izquierda proponemos limitar el tiempo, estableciendo además la
obligación de la autorización preceptiva del juez togado militar a partir
de las 72 horas de arresto. Por lo que se refiere a los recursos, el
artículo 67 los fija en un escaso plazo de 15 días, cuando la ley de
procedimiento administrativo señala el plazo de un mes.
Todo ello configura, señor ministro, señorías, a nuestro entender, una
situación en la que el militar de rango inferior y el soldado de
reemplazo se encuentran en una posición de no respeto de sus derechos
fundamentales y en la que, además, ve coartada su libertad de expresión
por lo establecido en el artículo 8.17 del proyecto de ley, que sanciona
como falta grave hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones
contrarias a la disciplina, o basadas en aseveraciones falsas, realizadas
a través de los medios de comunicación o formuladas con carácter
colectivo.
Si tenemos en cuenta, como informa reiteradamente la oficina del defensor
del soldado, que raramente prosperan las reclamaciones individuales y que
sólo gracias a los medios de comunicación han podido ser conocidas y
sancionadas actuaciones de malos tratos y abusos de autoridad --como el
caso, que todos recordamos, de los 18 soldados de Mallorca--, podemos
deducir que este artículo introduce limitaciones importantes en el
derecho de defensa del soldado. No establece tampoco el proyecto de ley
medidas cautelares para preservar la seguridad física y moral del
inferior que haya denunciado malos tratos, abusos de autoridad o
novatadas. Creemos que en nada se distorsionaría el funcionamiento
interno de las instituciones
militares si se arbitraran medidas de permisos temporales o cambios de
destino para estos supuestos.
En suma, señorías, este proyecto de ley, a juicio de Iniciativa per
Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda, configura un régimen sancionador
máximo y desproporcionado, cosa que, por otra parte, ya se reconoce en la
exposición de motivos y que ha señalado también el ministro, al decir que
pocos países de nuestro entorno occidental prevén sanciones de arresto de
dos meses y que en ninguno se supera. Y eso, señor ministro, que en
alguno de ellos se aplica a un marco de ejército profesional completo.
Por todo ello, señorías, presentamos esta enmienda de devolución. Si bien
nos felicitamos por lo que en este proyecto puede haber de avance en
relación con la normativa anterior, reiteramos que lo consideramos
insuficiente para la democratización de nuestras Fuerzas Armadas y para
propiciar un mayor acercamiento a la sociedad civil, factor éste tan
importante en el proceso que vamos a iniciar de profesionalización de las
Fuerzas Armadas.
Termino mi intervención, señor presidente, señor ministro, preguntándole
si cree usted que, de prosperar este proyecto de ley en su configuración
actual, estará el Gobierno español en condiciones de levantar la reserva
a los artículos 5 y 6 del Convenio europeo para la protección de los
derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rivadulla.
Para turno en contra de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo
Popular, el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Popular formaliza a través de esta intervención un
turno en contra de la enmienda de totalidad del Grupo Mixto y, dentro de
él, de la diputada de Iniciativa-Els Verds, señora Rivadulla, y del
diputado señor Saura.
En primer lugar, he de decirles, con toda cortesía, que cualquier
enmienda de totalidad a un proyecto legislativo, como cualquier otra
enmienda --pero con mucha mayor razón una de totalidad--, implica una
censura, una crítica a ese proyecto de ley, y sobre todo al planteamiento
de una iniciativa legislativa. Naturalmente, toda crítica puede tener un
sentido positivo o puede tener un sentido de matiz fundamentalmente
negativo. Ustedes intentan, como creo que debe ser siempre en una buena
crítica, plantearlo desde una perspectiva, a su juicio, positiva, pero
nuestro grupo entiende que fundamentalmente está dominado por un cierto
aspecto negativo, y les voy a explicar por qué.
Un proyecto como este no deben olvidar que se enmarca en el ámbito de una
relación especial de poder, que es la que existe entre el militar y el
Estado y entre otras tantas situaciones, que van desde las de los
funcionarios hasta las de los concesionarios de servicios públicos, o la
relación entre el Estado-poder y los ciudadanos fuera de la mera relación
de ciudadanía, en la que hay una ideología de fines.
El gran problema que ustedes tienen, y que de alguna manera sustenta esta
enmienda de totalidad, es que probablemente no entienden bien lo que es
la relación especial del poder del militar con el Estado. Ustedes quieren
proyectar una serie de principios que son razonables, perdiendo de vista
la idea de que esa relación especial de poder tiene un sentido y unos
fines que suponen la modulación de una serie de derechos, y el primer
problema es que discrepan de la idea de disciplina.
En esta enmienda de totalidad subyace, en el fondo, una reserva mental al
valor de lo que puede ser la disciplina, yo ya no sé exactamente si es a
la disciplina militar o a todo tipo de disciplina. Saben ustedes bien que
la disciplina militar no es la única disciplina que existe; la
responsabilidad y la potestad disciplinaria están presentes en muchos
ámbitos de la regulación de las organizaciones, incluso de las
organizaciones públicas.
Ha habido una polémica histórica en relación a lo que es la potestad
disciplinaria y si realmente hay similitud entre lo que es esa potestad
de corrección, que incluso está presente hasta en el ámbito del derecho
de familia, de los padres en relación con los hijos. Sobre ese aspecto,
como les digo, ha habido una gran reflexión, y la verdad es que la
doctrina dominante ha llegado a la conclusión de que hay especificidades
propias en lo que se podía denominar la potestad disciplinaria del
Estado. Yo les añadiría que además hay unas notas esenciales en atención
a los fines que persiguen las Fuerzas Armadas en las que también se puede
creer o no creer, y yo pienso que parte del problema de esta enmienda de
totalidad está en esa asunción del papel de las Fuerzas Armadas para
llegar a la conclusión de la corrección o la incorrección de un
determinado proyecto de ley que pretende disciplinar, establecer, regular
lo que es la disciplina militar.
Ustedes comentan que se les plantean dudas sobre la inexactitud de los
términos, que ustedes creen que afecta a la seguridad jurídica y al
principio de igualdad. Pues bien, todo ello ha sido objeto de un análisis
reiterado por parte del Tribunal Supremo. Les voy a citar una sentencia
muy reciente del 20 de mayo de 1996, donde la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo, que como saben está integrada por cuatro magistrados de
la carrera judicial y cuatro generales togados del Cuerpo
jurídico-militar que se incorporan a este tribunal, recuerda que la
imposición de límites, por ejemplo, de lo que ustedes dicen de la
libertad de expresión a los militares, responde a los principios de
jerarquía y subordinación básicos para el cumplimiento eficaz de sus
misiones. En ese caso, el Tribunal Supremo está examinando el
ordenamiento jurídico en su
conjunto y está extrayendo de él esas conclusiones para analizar
precisamente una manifestación concreta de un miembro de las Fuerzas
Armadas cuya conducta es enjuiciada en esa sentencia.
Esos términos que ustedes entienden poco definidos y que pudieran
generar una cierta inseguridad jurídica, a su juicio, son analizados en
esta sentencia, que, al hablar de la relación de subordinación entre los
militares en su distinta composición jerárquica, dice que todo militar
debe ser respetuoso con sus jefes, y analiza a esos efectos el artículo
37, por ejemplo, de la Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que se
refiere al buen modo con que siempre ha de producirse el inferior en
relación con el superior, que es una de esas manifestaciones que a juicio
de ustedes es poco definida, porque resulta que la infracción de ese buen
modo al final hay que trasladarla, como infracción de un deber militar,
al régimen disciplinario.
También analiza la Sala del Tribunal Supremo, sin establecer ninguna
censura ni cautela en relación a ese contenido definitorio de una
conducta, el artículo 201 de esas mismas Ordenanzas, que se refiere al
buen modo como esencial en las actuaciones ante sus jefes de los
subordinados, y hace una referencia al ejercicio del mando.
Si ustedes afirman, por ejemplo, que es una circunstancia preocupante que
la atribución de competencia sancionadora se haga por la ley
disciplinaria militar al mando militar, yo les tendría que preguntar a
quién quieren ustedes atribuir la potestad disciplinaria en las Fuerzas
Armadas, porque están ustedes negando la organización misma. ¿Pretenden
ustedes acaso concentrar exclusivamente en el Ministro de Defensa toda la
posibilidad de ejercicio de potestad disciplinaria en las Fuerzas
Armadas? Entonces ustedes sujetan a toda la organización, a todos
aquellos que están ejerciendo el mando militar dentro de la organización
de las Fuerzas Armadas, a una especie de sospecha de incapacidad o quizá
de falta de preparación o de buen arbitrio, y les puedo insistir en que
ahí es donde yo creo que subyace esa falta de comprensión, de aprehensión
hacia lo que es la organización militar.
En cuanto a su afirmación de que como mínimo debiera existir una figura
perteneciente a la carrera judicial que garantizara su independencia
respecto al Ministerio de Defensa y a la estructura militar y que tuviera
la competencia de suspender la ejecución de dichas sanciones, les diré
que el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse en cuanto
a las relaciones que existen entre el Ministerio de Defensa y la
estructura de la justicia militar, y entendió que no había ninguna de
estas circunstancias, que ustedes creen que solamente pueden predicarse
de la carrera judicial, que faltara en la relación de relativa
dependencia que pudiera haber entre el nombramiento de los integrantes de
la justicia militar y el Ministerio de Defensa.
Hay que decir, además, que ustedes están negando un hecho evidente.
Históricamente, en el Código de Justicia Militar de 1945, en su última
manifestación, esta relación de sanciones y de faltas disciplinarias
estaba todavía en un estadio anterior, estaba integrando lo que podíamos
denominar el Derecho penal militar, aunque probablemente en un estadio
intermedio porque había allí manifestaciones que, aun recogidas en ese
Código, no se podían considerar como parte del corpus jurídico penal de
ese Código de Justicia Militar.
La ley actualmente vigente supuso un avance muy importante en dos
direcciones: en primer lugar, hacia establecer claramente el carácter
jurídico-administrativo de las faltas disciplinarias militares y del
ejercicio mismo de la potestad disciplinaria militar, y, en segundo
lugar, hacia establecer un ámbito claro de control jurisdiccional, es
decir, está jurisdiccionalizado ese elemento que es la disciplina militar
a través de los correspondientes recursos, que, como ustedes deben saber,
concluyen, en los casos que con arreglo a las normas de competencia
corresponden, en la propia Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
Incluso en este aspecto concreto, señorías, entendemos que el proyecto
avanza en esa jurisdiccionalización del control de los actos de
manifestación de la potestad disciplinaria militar y, por tanto, avanza
en esa línea de perfeccionamiento que supone sujetar a todos los
controles del Estado de Derecho el ejercicio de esa potestad, supeditando
ese control, que en lo esencial se desarrolla en plenitud, a los fines
esenciales que la misma disciplina militar supone, en la que, y concluyo
con las mismas palabras que empezaba, hay que entender si es un valor
efectivo, y si ese valor efectivo justifica precisamente en el ámbito de
la Constitución un régimen de excepciones en cuanto a lo que es la
relación especial de poder entre el Estado y los integrantes de las
Fuerzas Armadas, o, en definitiva, no se considera que eso sea un fin que
justifique lo que la misma Constitución establece.
Le voy a dar solamente un detalle, señoría, para que vea que ustedes
tienen una visión absolutamente sesgada en su enmienda de totalidad.
Decía usted, como una cosa que le preocupaba mucho, que le parece
absolutamente incorrecto que cuatro faltas leves constituyan una falta
grave. Pues para la relación general de los funcionarios la Ley de
medidas de 1984 establecía, y está vigente, señoría, que tres faltas
leves son una falta grave para cualquier funcionario.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Padilla.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, voy a contestar a los
argumentos del portavoz del Grupo Popular y a tranquilizarle.
Nosotros, como grupo parlamentario serio, responsable y copartícipe en lo
que son las labores de Estado, entendemos la necesaria disciplina en las
instituciones militares y lo importante que es como factor de cohesión en
toda organización social. Lo que pasa es que nosotros pensamos que,
dentro de esos objetivos, que son asumidos por todo el mundo, nada
implicaría el hecho de reconocer una serie de garantías que, a nuestro
juicio, en este momento no están reconocidas en este proyecto de ley.
¿Me podría decir el portavoz del Grupo Popular en qué entorpecería la
disciplina el negar el expediente al expedientado? ¿En qué entorpecería
la disciplina no hacer pagar la copia del expediente al expedientado y
que hubiese posibilidad de recursos, cuando se deniegan pruebas que pide
el expedientado? ¿En qué entorpecería la disciplina la posibilidad de que
tuviese el expedientado un abogado de oficio profesional e independiente
del Ejército?
Señoría, usted ha dicho que nosotros no entendemos lo que significan las
cuatro faltas leves y que eso existe también en la Ley de Procedimiento
Administrativo para la Función Publica. Pues bien, yo quiero decirle que
no se respetan las garantías mínimas en el procedimiento oral, es un
procedimiento no escrito y no tiene las garantías que tiene el otro para
faltas graves. Por tanto, si tenemos en cuenta que cuatro faltas leves,
que las puede imponer el mando jerárquico superior, pueden llevar a penas
de arresto de un mes y pueden comportar después una falta grave de
arresto, de privación de libertad de hasta dos meses, puede entender S.
S. que estemos realmente preocupados porque no hay una garantía jurídica
para la regulación de esas faltas leves.
Entendemos que tampoco entorpecería en nada a la disciplina el que el
arresto preventivo fuera inferior y que, además, a partir de unas
determinadas horas, interviniese el juez togado militar. Creemos que es
un gran error del proyecto de ley conculcar el principio non bis in idem.
Por tanto, me ratifico en que con este proyecto de ley se establece una
doble sanción para los mismos hechos, porque, una vez abierto el
procedimiento, que después puede dar lugar a una sanción de tipo penal,
sigue abierto el procedimiento que da lugar a una sanción que se cumple
inmediatamente y que quiere decir que ese mismo hecho va a ser sancionado
por dos vías.
Es por todo ello, señorías, que nosotros mantenemos esta enmienda de
devolución. Efectivamente, si lo comparamos con el sistema anterior
supone un paso adelante, pero nosotros creemos que va destinado, sobre
todo, a los soldados de reemplazo y al militar de rango inferior. Dice
usted ¿a quién quiere que se dirija? ¿A quién quiere usted que imponga la
sanción el mando militar?
¿Qué entorpecería, señorías, el hecho de que la autoridad judicial
interviniera en el caso de la privación de libertad? No lo decimos
nosotros, sino que la Convención Europea de Derechos Humanos establece,
en sus artículos 5 y 6, que para las penas de privación de libertad
intervendrán tribunales, intervendrán jueces, cosa que no sucede en
nuestro país, y por eso nosotros ratificamos esos dos artículos de la
Convención Europea de Derechos Humanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rivadulla.
Señor Padilla, tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señor presidente.
Insiste S. S. en los mismos principios de su enmienda de totalidad. Yo
creo que en lo primero que deben ustedes reparar es en que en este
momento hay una ley reguladora del régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas, es decir, no se trata de introducir algo que no existe. Hay una
ley en la que, desde luego, le puedo asegurar que todos esos aspectos que
le preocupan a S. S. están mucho más acentuados. Este proyecto claramente
mitiga algunas de las circunstancias que a S. S. le preocupan, de tal
suerte que de alguna manera la propia enmienda de totalidad es una
contradicción. ¿Pretende acaso S. S. que se mantenga vigente íntegramente
un régimen en el que se acusan más todos esos elementos de preocupación
que S. S. manifiesta? En definitiva, el nuevo proyecto le da oportunidad
a S. S. de intentar su corrección estableciendo y manteniendo las
enmiendas al articulado, que van a permitir mejorarlo si la justificación
y el fundamento de las mismas lo permiten.
Yo creo que no me ha entendido en la referencia que yo he hecho a la idea
del mando. Lo que ustedes decían en su enmienda, y es en lo que yo hice
hincapié y puse énfasis, es que no les parece correcto que la mayoría de
las potestades disciplinarias que el proyecto recoge, como lo hace por
supuesto la ley vigente y como lo hacía el ordenamiento anterior a esa
ley, atribuye al mando militar fundamentalmente las potestades
disciplinarias. Le vuelvo a insistir, señoría, en que me diga usted, en
una ley disciplinaria militar, a quién quiere que se le atribuyan las
potestades disciplinarias, salvo que esté hablando de otra cosa que no
son las Fuerzas Armadas.
Efectivamente, no había hecho yo hincapié en algo en lo que insiste de
nuevo S. S., y es en esa idea que ustedes interpretan, a mi juicio desde
no sé qué elemento de sospecha, de que esta ley fundamentalmente va
dirigida a los soldados, a los elementos de las Fuerzas Armadas que no
tienen graduación jerárquica. Mire usted, la organización militar está
jerarquizada, y lo está de forma piramidal, de tal manera que no va a ir
dirigida fundamentalmente al elemento superior de la pirámide, primero,
porque son muy pocos y, segundo, porque en gran medida esos elementos
superiores de
la pirámide observan lo que podríamos denominar la autodisciplina, ya que
deberían estar fuera de la cadena de mando militar los que podrían en
algún momento corregirles.
Si usted profundizara en la materia podría observar en el Código Penal
Militar que en algunos casos hay una llamada concreta a quién es el
necesario sujeto activo. Por ejemplo, el centinela, que puede cometer un
delito de abandono de ese servicio, no suele ser un oficial general,
señoría, no hay ninguna posibilidad de que se le nombre para ese
servicio. Si se está protegiendo con esta ley el aseguramiento de la
prestación correcta de un servicio, hay momentos en que es necesario
llamar al sujeto por su nombre. Sólo en esos casos hay una identificación
del elemento de la clase de tropa o marinería --que es como se denomina
técnicamente--, y la infracción y, por tanto, la sanción. En todos los
demás casos se está hablando del militar, y el militar son todos, también
el soldado, que por cierto, como sabe S. S., en breve tiempo, de acuerdo
con lo que el Gobierno en su programa tiene establecido, va a dejar de
ser el militar de llamamiento de reemplazo, de conscripción obligatoria,
y va a ser también un profesional, de suerte que con mucha más razón la
voluntariedad de acceso a esa función supone la asunción de las
consecuencias de la misma.
En definitiva, no ha aportado S. S., en este turno de réplica, nada nuevo
que pueda hacernos ver, desde otra perspectiva, lo que es su enmienda de
totalidad. Le aconsejo lo que debe ser positivo, y es que aprovechen
ustedes la buena oportunidad que da este proyecto para mejorarlo con sus
enmiendas, en el convencimiento --en eso no tenga duda, ya es una
realidad-- de que mejora la situación anterior. Estoy seguro de su buena
intención --después de lo que ha manifestado--, de que su deseo es
mejorar la regulación de la disciplina militar en España, y que
preferirán ustedes un nuevo proyecto que mejore la situación que el
mantenimiento del régimen actual, que claramente es inferior en relación
a los principios, a los deseos y fines que ustedes persiguen con esta
enmienda de totalidad, que entiendo que hasta deberían retirar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Padilla.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar en contra de la toma en consideración de
esta iniciativa de la señora Rivadulla, que en nombre del Grupo Mixto ha
presentado.
Se han cumplido ya en noviembre doce años desde la aprobación en esta
Cámara de la vigente Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
Armadas. Creo recordar que fue en un Consejo de Ministros del primer
Gobierno socialista del señor González, en 1984, donde se aprueba el
primitivo proyecto de su época para traer aquí lo que al año siguiente
sería la vigente Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Se han producido una serie de hechos en el mundo militar, a la vista de
la evolución de los tiempos, de los que quisiera destacar los siguientes.
En primer lugar, está el referéndum de incorporación plena de España a la
OTAN, y la vía final, que se producirá en breve, de incorporación a la
estructura militar. En segundo lugar, una incorporación de España de
pleno derecho, desde 1986, a la Unión Europea. Después, un cambio de
modelo de Fuerzas Armadas mixto, aprobado en 1991 en esta Cámara, y
estamos en las puertas, prácticamente, del nuevo modelo profesional. Eso
requiere un nuevo código, adaptado a los tiempos, como se han requerido
nuevas fórmulas tecnológicas o nuevos uniformes.
Sobre los motivos que la señora Rivadulla ha dado para pedir la
devolución al Gobierno de este proyecto no se me alcanzan razones de
fondo. Mi grupo ha presentado algunas enmiendas a cuestiones de forma o
de procedimiento en la ley. Por lo que he escuchado a la señora
Rivadulla, coincidimos en cuestiones como el principio de non bis in
idem. Pedimos también una tipificación de todas las faltas, para evitar
una tendencia que hubo desde el siglo pasado, diría que casi desde
tiempos de Carlos III, de tener una generalización de las faltas de
disciplina en las Fuerzas Armadas. Los códigos modernos, los principios
de legalidad exigen una tipificación e individualización de todas estas
figuras. Qué duda cabe que hay que tener presente un modelo de tipo
profesional. Me da la sensación de que estas observaciones, en muchas de
las cuales coincido, no son razón para pedir una devolución, sino para
enmiendas parciales al articulado.
Hay una especie de situación de defensa de los intereses del soldado de
tropa o de marinería, cuando dice que el planteamiento del Gobierno
presupone que el soldado es el que cometerá el mayor número de faltas. En
esto tengo que recordar una vieja frase que hay en los códigos militares,
que dice que un militar es más proclive a jugarse la vida que a jugarse
la carrera, porque cuando se entra en las estructuras de mando superior,
no de los soldados conscriptos de tropa y marinería obligatorios --y este
reglamento afecta también a toda la estructura hacia arriba--, ahí es
donde se juegan la carrera profesional, a través de la vía de
imposibilidad o pérdida de preferencias en ascensos, y todo eso tiene que
ser valorado. Pero fundamentalmente hay un principio de conducta --lo
decía el señor Padilla con otras palabras-- de a quién se refiere esa
potestad disciplinaria. Porque nos encontramos con una estructura que no
es la de una empresa civil, sino que necesita un principio de coerción
disciplinaria para
que funcione, de la misma manera que un reglamento de funcionarios
civiles lo tiene o un reglamento deportivo lo tiene ¿O es que el
reglamento deportivo del fútbol internacional no da una acumulación de
tarjetas amarillas para que se transforme en un tipo de sanción superior
muy distinta? Y esto se acepta como una norma del juego, porque, si no,
sería imposible jugar. Esto es así; si acumula usted tarjetas amarillas,
señor jugador, aténgase a las consecuencias.
Hay otra cuestión de principio. La señora Rivadulla alega que en la
disciplina militar hay que tener en cuenta que se trata de no sancionar
como falta grave el incumplir un deber militar por temor a un riesgo
personal. Pero en unas fuerzas armadas, en un parque de bomberos o en una
institución como la polícia tiene que haber el riesgo personal, que es
una de las cuestiones de servidumbre y de mérito. Ese riesgo personal,
cuando se pone en juego, es merecedor de distinciones que no existen ni
siquiera en la esfera civil más estricta.
Por tanto, hay una cuestión de riesgo personal para quien ha escogido esa
actividad o está obligado a prestarla: el principio de seguridad general
de todo el bien protegido, en este caso la seguridad y defensa del
Estado. Imagínese la confianza de los ciudadanos civiles de a pie si para
los cuerpos que tienen que protegernos (el de las Fuerzas Armadas, el de
Bomberos o el de la Policía) el tema del riesgo personal fuera una
cuestión baladí, eso no puede ser; tiene que ser sometida, para quien
quiera escaparse de la misma, a una cuestión disciplinaria.
Otro tema es que las limitaciones físicas, que se deducen de una tabla
médica de exenciones, sean motivo de exclusión. Recuerdo las recientes
palabras del ministro de Defensa, con motivo de los sorteos militares
para el excedente de cupo, en las que manifestaba que se va a tener en
cuenta subir la tabla de exenciones médicas por las deficiencias físicas
que pueda tener una persona para merecer una exclusión por excedente de
cupo, en este caso de la prestación del servicio militar.
Hay cuestiones que es necesario resaltar en la evolución de nuestro
Derecho militar. En 1985, el Gobierno, atinadamente y de acuerdo con los
pactos entre las fuerzas políticas de esta Cámara, aprobó la Ley Orgánica
12/1985, que entró en vigor al año siguiente, simultáneamente con el
Código Penal Militar, porque había que armonizar esas dos figuras para
que no fuera cada una por su lado, y buscar ese sentido de legitimidad y
de principio de legalidad de crear una protección general.
Por consiguiente, hay que reservar también, como se dice en el proyecto
de ley del Gobierno, la sanción y el castigo al mando militar como
instrumento de disciplina. ¿Por qué ? Porque es el mando el que da
órdenes, y cuando se tienen que dar con gravedad, incluso por prestigio o
por seguridad, es necesario que ese mando tenga también capacidad para
imponer la disciplina, si no, no se entendería la correlación entre
obediencia a la orden dada con la preparación para la misma, como exige
el sentido de la disciplina.
Este proyecto mantiene todo lo bueno de la ley actual, la 12/1985, y
cambia aquello que hay que adecuar y atemperar, por ejemplo, los nuevos
tipos disciplinarios. Ha habido casos de embriaguez en cuarteles, y ya se
han dictado normas para imponer la correspondiente sanción por consumo de
bebidas alcohólicas en acuartelamientos, por consumo de drogas o por
abusos sexuales a inferiores. Todas esas nuevas figuras se tipifican y se
incluyen en el proyecto ¿por qué? Porque se trata de hacer un código que
tenga una calidad técnica aceptable. Cuando vamos a integrarnos
plenamente en la estructura militar de la OTAN, y vamos a homologarnos
con países que tienen códigos al respecto, no podemos tener un código de
disciplina militar distinto en cuanto a sanciones y a tipificación de
faltas. Un cuartel general de cualquier tipo de mando que tenga la
estructura de la Alianza Atlántica no puede encontrarse con personal
militar de distintos países, con reglamentos de disciplina diferentes. Es
como es si en una competición de fútbol un equipo se rige por una
disciplina y otro por otra.
No me explico el árbitro con qué reglamento tendría que poder arbitrar
esa confrontación.
Todas estas razones y muchas más --no quiero cansar a la Cámara, señor
presidente-- nos llevan a rechazar a enmienda de totalidad y a apoyar el
proyecto del Gobierno, con las enmiendas, por supuesto, que todo grupo
tiene derecho a presentar en los trámites posteriores. Creemos que es
algo positivo y, por tanto, lo vamos a defender y nos oponemos a esta
iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente tenemos la posibilidad de entrar en el debate de
la reforma de la nueva ley del régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas, sin duda un debate preciso y necesario. Estamos en un momento de
transición en las Fuerzas Armadas, que va a concluir con el fin del
servicio militar obligatorio y unas nuevas Fuerzas Armadas profesionales,
pero indistintamente de su tamaño y de las características que se darán
finalmente, tras su trámite en la Comisión Mixta y una vez que la Cámara
lo discuta, desde la perspectiva del siglo XXI, tendremos que abordar
este debate sin ningún tipo de dogmas. La posición de fondo que va a
mantener Izquierda Unida es la misma que ha sostenido en el debate de
profesionalización y en los posteriores en esta Cámara, que las Fuerzas
Armadas
que deben preservar la seguridad en esa perspectiva del siglo XXI deben
ser Fuerzas Armadas que tengan garantizados plenamente en su seno todos
los derechos constitucionales, incluido el de asociación, el de reunión,
manifestación, por supuesto sin armas, en tiempo de paz. Por tanto, no
hay dogmas sobre este asunto, porque hay ejércitos europeos que son
capaces de combinar unas Fuerzas Armadas que cuyo interior se garantizan
plenamente los derechos y libertades, prácticamente sin limitaciones,
salvo, como decía, el uso de las armas de fuego, para llegar, a partir de
esa consideración, a la conclusión de que es compatible ese tipo de
Fuerzas Armadas con la eficacia en combate. Por tanto, en ese debate de
fondo nosotros nos vamos a posicionar por unas Fuerzas Armadas en las que
exista la posibilidad de desarrollar prácticamente la totalidad de los
derechos y libertades como cualquier otro ciudadano.
En el debate que nos ocupa --la enmienda de totalidad presentada por el
Grupo Mixto--, aunque compartimos prácticamente la justificación de esa
enmienda a la totalidad, nos vamos a abstener porque el camino que
preferimos utilizar desde Izquierda Unida es el de, por la vía de
enmiendas, intentar mejorar el texto en aquellos puntos que consideramos
que todavía no democratizan suficientemente a las Fuerzas Armadas, pero
desde la consideración de que, si se devolviera este proyecto, estaríamos
en peores condiciones porque partiríamos de un ley que todavía nos
convence mucho menos. Por tanto, vamos a utilizar la vía del debate de
las enmiendas, tenemos prácticamente unas 50 enmiendas presentadas al
texto, para intentar mejorar lo que significa el proyecto de ley de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
En la cuestión de fondo del propio texto entendemos que, efectivamente,
era evidente la necesidad de su reforma para profundizar en esta
democratización del régimen interior de las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
entendemos que el texto sigue adoleciendo de un elevado grado de
discrecionalidad, uso de términos jurídicos indeterminados y se aleja del
procedimiento administrativo común. Sigue primando el principio de
jerarquía y obediencia debida sobre el respeto a la legalidad vigente, y
se perpetúa así su uso como mecanismo de represión de aquellos militares
que invocan la supremacía de la ley. Resulta realmente esperpéntico que
no establezca claramente que las órdenes a cumplir sean las legales y
legítimas y no todas las órdenes. En este asunto hemos tenido casos que
realmente hablan por sí mismos. Hemos tenido casos de jefes de
acuartelamiento que han recibido una orden ilegítima e ilegal de un
superior, y precisamente por no cumplir esa orden, por no hacer caso a
esa orden ilegítima e ilegal, ese oficial ha sido sancionado. Esto,
claramente, hay que resolverlo. Hay que dividir con claridad lo que es en
el procedimiento sancionador una orden legal y legítima de una orden que
no es legal ni legítima, preservando siempre a aquellos jefes y oficiales
que están en la línea de la orientación de la ley, de la legalidad, de la
Constitución.
Otra cuestión de fondo que nos preocupa es que, a diferencia del
procedimiento administrativo común, que es previo a una sentencia en
contencioso-administrativo, en el ámbito militar se realiza primero un
procedimiento penal que puede dar lugar a sentencia o a auto negando la
existencia de delito, pero en este ámbito esa sentencia puede ser
ignorada y abrirse un procedimiento disciplinario que acabe igual y eso
tras haberse adoptado medidas como el arresto o la suspensión y tras la
tensión psicológica que supone un nuevo procedimiento, con lo que se
desvirtúa su finalidad y se convierte en un mecanismo represivo. El juez
militar debe poder dictaminar no sólo que no hay delito sino también que
no hay falta, ya que quien puede lo más puede lo menos y se vulnera el
principio de non bis in idem.
Algunas conductas --y este es un asunto que nos preocupa-- que suponen
corruptelas que dañan la disciplina y la imagen de las Fuerzas Armadas
son consideradas como faltas leves cuando deberían de ser catalogadas
como graves, como el ordenar la ejecución de prestaciones de tipo
personal ajenas al servicio, tales como limpieza, reparación de vehículos
personales, soldados que son utilizados como camareros, etcétera.
Falta también, señorías, una referencia importante a la responsabilidad
por ordenar, incitar o inducir a la realización de faltas disciplinarias,
o por no informar de la comisión de las mismas o no tomar las medidas
oportunas para, teniendo conocimiento previo, impedirlas.
La asistencia al expedientado no debe de ser sólo jurídica o militar sino
ambas juntas y se debe contar con un asesor militar y con un abogado para
garantizar al máximo la correcta defensa.
Desde estas consideraciones presentaremos en su momento enmiendas a los
artículos 1, 8.1 y 7.2 en relación con las órdenes que sean recibidas y
las catalogaciones de faltas leves o graves, pero dejando claro que las
órdenes deben de ser legales y legítimas.
En relación con uno de los asuntos que más ha preocupado en este periodo
del actual modelo de Fuerzas Armadas, como es el consumo del alcohol,
también debe de existir una redacción que garantice de una vez por todas
que cuando se presta servicio no se permite el consumo del alcohol. En
el caso de la colaboración de los profesionales de las Fuerzas Armadas
con organizaciones civiles, no nos convence el texto porque, tal como
está redactado, se podría dar el caso de que cualquier miembro de las
Fuerzas Armadas que colabore, por ejemplo, con cualquier grupo
parlamentario sea expedientado cuando esto es una norma habitual, ya que,
lógicamente, todos los grupos tienen profesionales que colaboran de forma
desinteresada y habría que enmendar en este sentido el texto.
Creemos que el tema del acoso sexual, tal como está explicitado, merece
también una reconsideración, ya que entendemos que no se le da el mismo
tratamiento que en la sociedad civil. Este es un asunto que debe de
llegar al conjunto de las Fuerzas Armadas tal cual se ha caracterizado en
la sociedad civil, porque hay que adaptar a la vida de las Fuerzas
Armadas esa nueva conceptualización de acoso sexual, castigándose las
conductas entre compañeros y no sólo las dirigidas hacia un inferior
jerárquico, es decir tampoco tiene sentido exigir que la conducta se
realice prevaleciendo su condición de oficial a inferior.
Tenemos también que resolver mejor todo lo que han significado las
novatadas. Las novatadas se van a poder seguir dando incluso en el
próximo modelo de Fuerzas Armadas, en el profesional, y desde luego esta
es una cuestión que hay que preservar para que cualquier orden de
ejecución de acciones que pueda significar una indignidad o un mal trato
a cualquier profesional de las Fuerzas Armadas sea inmediatamente
castigada.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Meyer, le ruego que
concluya, por favor.
El señor MEYER PLEITE: Voy terminando.
En definitiva, un conjunto de enmiendas que también garantice, en todo lo
que es el procedimiento sancionador, que prevalezca siempre la
posibilidad de una buena defensa de las personas que sean susceptibles de
ser sancionadas. En este sentido, hay que llevar también el espíritu de
la sociedad civil al conjunto de las Fuerzas Armadas, para que en el
momento en que una persona sea susceptible de recibir un castigo, una
sanción grave o leve, tenga la posibilidad de la defensa con todas las
garantías jurídicas y constitucionales.
Por lo tanto, desde esta posición de fondo y compartiendo la
justificación --prácticamente en su totalidad-- de la enmienda que
presenta el Grupo Mixto, vamos a abstenernos para facilitar que por la
vía de las enmiendas, en el debate que tendremos en Comisión, entre todos
los grupos políticos seamos capaces de mejorar este proyecto en la línea
de plantear una democratización profunda de las Fuerzas Armadas en este
período de transición que estamos viviendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Meyer.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Muy brevemente, señor presidente, para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, que va a ser desfavorable a
la enmienda a la totalidad presentada, fundamentalmente por tres razones.
En primer lugar, porque pensamos que es necesaria una norma de estas
características, incluso a pesar de toda la controversia
político-jurídica que se puede originar, como ya se originó en el
anterior debate del texto actualmente en vigor y que la proposición del
Gobierno va a modificar. En segundo lugar, porque valoramos positivamente
los cambios introducidos en la ley que, como he dicho, pretende modificar
una norma aprobada en el año 1985, a la cual necesariamente deben
incorporarse tanto la doctrina jurídica sentada a lo largo de estos años,
como las modificaciones de los supuestos sancionables a los que esta ley
debe responder y, por supuesto, su adecuación a la profunda
reestructuración producida en las Fuerzas Armadas en los últimos años. En
tercer lugar, porque creemos que los razonamientos expresados por la
portavoz del grupo enmendante, con los que mantenemos un alto grado de
coincidencia, pueden y deben dar lugar a una profunda reflexión y a un
fecundo debate en el seno de la ponencia y de la Comisión, para mejorar
un texto que, a nuestro entender, puede serlo con la participación de
todos los grupos parlamentarios.
He dicho que era necesario contar con una norma disciplinaria de este
tenor, y lo digo con la autoridad moral que me da hablar en nombre del
Grupo Socialista y cuyo Gobierno fue el responsable de redactar y de
iniciar el debate y la aprobación del texto que vamos a reformar en los
próximos trámites parlamentarios; texto que ya en su día suscitó debates
y controversias parecidas a las que mantenemos en el día de hoy:
establecer una adecuada diferenciación o deslinde entre el campo de lo
penal y el disciplinario, la gradación de las faltas y sanciones, el
expediente gubernativo, las garantías en la instrucción de los
procedimientos, la posibilidad de recurso y tutela, etcétera, eran ya
temas a debate en esta Cámara el lejano 14 de marzo de 1985.
Por encima de todo ello, mantenemos la convicción, expresada en nuestra
defensa al texto de la ley 12/1985, y que reiteramos hoy en el debate del
proyecto presentado por el Gobierno, de que el mayor bien a proteger por
esta norma, en el estricto ámbito militar en el que se aplica, y también
lo que diferencia este régimen disciplinario de cualquier otro, es el de
la subordinación jerárquica y la disciplina. Principios recogidos en la
sentencia del Tribunal Constitucional 21/81 en la que se deja claramente
sentado --y cito textualmente-- que en el ámbito militar, en el que la
subordinación jerárquica y la disciplina constituyen valores
primordiales, el procedimiento de carácter disciplinario no puede, por su
propia naturaleza, quedar sometido a las garantías procesales
generalmente reconocidas para los procesos judiciales, pues su razón de
ser reside en la prontitud y rapidez de la reacción frente a las
infracciones de la disciplina militar.
Hace unos instantes hacía referencia a la autoridad moral que me da
hablar en nombre de un grupo parlamentario que ha mantenido a lo largo de
los años
una postura coherente con el objeto de esta ley, pero he de añadir que se
refuerza esta autoridad moral ante los cambios de postura de otros grupos
de la Cámara, que defendían enmiendas de supresión o de modificación en
temas que no han sufrido cambios sustanciales en el proyecto de ley del
Gobierno, alguna de cuyas cuestiones ahora mantenidas fueron utilizadas
como argumento para sustentar una enmienda a la totalidad.
El Grupo Socialista no ha ejercido el derecho a presentar una enmienda a
la totalidad por este convencimiento responsable y reflexivo de la
necesidad y oportunidad de la ley. Por ello deja al margen otras
consideraciones de carácter coyuntural, actitud que otros grupos no
tuvieron en el debate de 1985 con el que hemos querido establecer algún
paralelismo.
Es cierto que el debate producido en aquel momento fue mucho más intenso
y extenso de lo que, presumiblemente, será el que nos ocupa, puesto que
estaba inmerso en la labor de adecuar la legislación penal y
disciplinaria a la Constitución. Este proceso se culminaría algunos años
más tarde con la promulgación de la Ley Orgánica Procesal Militar y el
régimen jurídico del militar profesional. Nos parece bien, señor
presidente, que, tras doce años de intensa vigencia de la ley aprobada en
1985, se produzca una modificación de su texto para adecuarla a la nueva
jurisprudencia, a la nueva configuración de las Fuerzas Armadas y a una
nueva sensibilidad social ante comportamientos y conductas punibles o
sancionables que deben tener su reflejo en esta norma disciplinaria.
Por ello, señorías, vamos a apoyar la reforma de la ley, porque los
socialistas, de haber gobernado hoy, la habríamos propuesto. También por
ello hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales que, según
nuestro criterio, ayudarán a mejorarla.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moragues.
Vamos, por tanto a proceder a la votación sobre la enmienda de totalidad.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación
de la enmienda de totalidad de devolución formulada por el Grupo Mixto al
proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, tres; en contra, 296; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de
devolución.
INFORMES DE SUBCOMISIONES:
--INFORME DE LA SUBCOMISION CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE
SANIDAD Y CONSUMO, PARA AVANZAR EN LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD MEDIANTE EL ESTUDIO DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR UN
MARCO FINANCIERO ESTABLE Y MODERNIZAR EL SISTEMA SANITARIO MANTENIENDO
LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y EQUIDAD EN EL ACCESO. (Número de
Expediente 154/000003)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Informe de la
subcomisión constituida en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo,
para avanzar en la consolidación del sistema nacional de salud mediante
el estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero
estable y modernizar el sistema sanitario manteniendo los principios de
universalidad y equidad en el acceso.
¿Algún miembro de la Comisión de Sanidad va a efectuar la presentación
del informe? (Pausa.-- El señor Gómez Rodríguez pide la palabra.) Señor
Gómez Rodríguez, estoy convocando al representante de la Comisión o de la
subcomisión que va a presentar el informe, no a los defensores de votos
particulares, que será a continuación.
¿Algún miembro de la Comisión o de la subcomisión va a presentar el
informe? (Denegaciones.)
Al informe de la Comisión se han presentado dos votos particulares de
totalidad, con los que se iniciará, en consecuencia, el debate. En primer
lugar, el presentado por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender el voto particular que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó a las conclusiones de la subcomisión de sanidad con
la intención de que no fueran elevadas a este Pleno, lo que no
conseguimos en el trámite en Comisión.
Señorías, culminan hoy los trabajos de una subcomisión creada en un
ambiente de enormes expectativas, con un planteamiento que el Grupo
Socialista apoyó, porque compartíamos las afirmaciones del señor Aznar,
del presidente del Gobierno, cuando en su discurso de investidura explicó
ante esta Cámara que la sanidad era una cuestión demasiado importante y
que debería sustraerse al debate y buscar un acuerdo político sobre el
futuro del sistema sanitario.(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.) Lo cierto, señorías, es que empezamos
con entusiasmo unos trabajos en la subcomisión, acotando, desde
el inicio, cuál era el objetivo de esa subcomisión y definiendo con toda
claridad que no se trataba de cambiar el modelo sanitario que tenemos en
España, sino de analizar los problemas que tiene en su funcionamiento y
que nadie discute, y se trataba de buscar el consenso para garantizar su
viabilidad futura, su viabilidad financiera, dentro --insisto-- de unos
principios que nadie nunca discutió ab initio. Pero, señorías, llegamos a
una conclusión que creo que tenemos que lamentar todos, a la conclusión
de que no sólo no hay consenso, sino que no puede haberlo; que no es
posible el consenso en materia sanitaria y que, además, de manera
paladina, el Partido Popular no lo quiere.
Anteayer el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular expresó
en público su alegría partidaria --dijo-- porque el Grupo Socialista no
está en este acuerdo y, por tanto, no se va a beneficiar de sus
resultados, expresión que tengo que lamentar aquí, porque nosotros sí
creíamos, como el señor Aznar, que el acuerdo en esta materia debía estar
por encima de las alegrías partidarias. No obstante, no puede haber
consenso, señorías, porque la subcomisión --ésta como otras y se va
viendo con el transcurso de los días-- ha sido una estrategia del
Gobierno y del grupo parlamentario que le apoya para sustraer el debate
sanitario, para entretener el debate sanitario, para legitimar
actuaciones del Gobierno con las que no ha habido acuerdo, para
neutralizar la oposición en las decisiones sanitarias del día a día.
Se ha producido un resultado, a nuestro juicio, muy grave, porque cuando
la subcomisión de Sanidad empezó a trabajar había consenso sobre los
principios básicos del modelo, y cuando termina la misma (cuyas
conclusiones, por cierto, señorías, nadie defiende hoy en este Pleno) no
hay acuerdo mínimo sobre esos principios. De manera que la situación es
peor, es más grave y lo que hay es una discrepancia sobre los fundamentos
básicos del modelo, de los principios que informan el Sistema Nacional de
Salud. Es grave, señorías, porque lo más valioso que se ha hecho en los
trabajos de la subcomisión han sido las aportaciones de los expertos que
han comparecido; expertos propuestos por todos los grupos que, en ningún
caso --y si hay algún caso les ruego me lo recuerden--, han cuestionado
esos principios.
No ha habido nadie que haya cuestionado en la subcomisión el seguro
público único, que haya defendido la competencia entre aseguradoras, que
haya defendido la ruptura del seguro público, no ha habido nadie que haya
discutido la necesidad de dotar de suficiencia a la financiación
sanitaria, nadie ha cuestionado el reparto equitativo de los fondos y,
por el contrario, los expertos han puesto encima de la mesa la necesidad
de consolidar ese modelo, la necesidad de garantizar la viabilidad
financiera y la necesidad de adoptar medidas estructurales que garanticen
que la gestión del dinero público en sanidad se hace correctamente.
Como expresó uno de los expertos de manera gráfica y brillante, no se
trata sólo de poner gasolina cuando el motor de un vehículo tiene un
agujero, se trata de repararlo. No basta con poner más dinero en sanidad,
hay que adoptar medidas estructurales. Todo ese consenso, a lo largo de
meses, en la opinión de los expertos, se ha visto quebrado de manera
incomprensible por el cuestionamiento final en estas conclusiones de esos
principios.
La actitud del Grupo Parlamentario Socialista a lo largo de los trabajos
de la subcomisión está avalada por sus actuaciones concretas. El Grupo
Parlamentario Socialista, que ha venido denunciando constantemente que el
Gobierno adoptaba todas y cada una de las decisiones que ha adoptado al
margen de la subcomisión, ha venido, sin embargo, contribuyendo de manera
constructiva a enderezar esas decisiones, y voy a citar algunos ejemplos
a lo largo del tiempo, porque el último se ha producido anteayer.
Cuando el Gobierno aprueba, nada menos que por decreto-ley, la
privatización del Sistema Nacional de Salud, el Grupo Parlamentario
Socialista ha trabajado a lo largo de diez meses para que ese decreto-ley
se transformara en la Ley de Gestión que aprobamos en esta Cámara con los
votos del Grupo Parlamentario Socialista.
Cuando el Gobierno decide poner en marcha sus nuevas formas de gestión,
al margen de esas discusiones sobre la Ley de Gestión, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley en abril de
1997 pidiendo la adaptación de esos estatutos de los hospitales de las
fundaciones de Alcorcón y Manacor a la nueva ley. Por cierto, esa
proposición no de ley se aprobó con los votos del Grupo Popular, instando
al Gobierno a que se produjera esa adaptación y a que se promulgara el
reglamento que la ley prevé antes del día 1 de septiembre. Señorías, al
día de hoy ese reglamento todavía no está, todavía no se ha producido esa
adaptación.
Pero cuando se ha producido la adopción de ese modelo de financiación
fuera del Parlamento, cuando estaba en pleno debate, el Grupo
Parlamentario Socialista presentó una moción el día 23 de septiembre de
1997 exponiendo en puntos muy concretos cuáles eran las premisas de dicho
modelo; tampoco el Grupo Popular quiso aceptar esa propuesta. La última
ha sido anteayer, señorías; ante un modelo de financiación aprobado que
es inaceptable, hemos hecho una nueva propuesta constructiva para que el
Gobierno no se empeñe en mantener durante cuatro años un modelo de
financiación que, como mínimo, es contestado por comunidades autónomas
que, con toda legitimidad, están seriamente preocupadas por lo que ese
modelo representa, sobre todo si se prolonga su vigencia durante cuatro
años. Pues bien, anteayer hemos vuelto a encontrar la incomprensión, la
terquedad del Gobierno y del grupo que le apoya pero que simultáneamente
dice
defender el consenso y lamentar que el Grupo Socialista no esté en él.
Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas, señorías, porque, como hemos
tenido ocasión de decir siempre, nos importa más el Sistema Nacional de
Salud que cualquier otra consideración, pero ustedes no pueden decir que
están buscando el consenso. Ustedes están buscando la adhesión, la
coartada a las medidas que están adoptando y que constituyen serio riesgo
para el Sistema Nacional de Salud.
Ustedes han roto, con esas conclusiones plasmadas en el acuerdo, el
seguro público único, y lo han roto no sólo en la definición que dan en
ese apartado de las conclusiones, sino que lo han roto con decisiones
concretas; el hospital de Alcira es una de ellas, el hospital de Manacor
es otra. Como he tenido ocasión de referirme al hospital de Alcira en
esta tribuna, hoy voy a hacer una referencia al de Manacor.
La Fundación Hospital de Manacor, señorías, que es un hospital público,
construido con fondos públicos y que forma parte del Sistema Nacional de
Salud, acaba de concertar con una aseguradora privada la atención
sanitaria de todos los asegurados de esa compañía privada. La pregunta,
que no me contestan, señores del Gobierno y señores del Grupo Popular,
es: ¿qué está pagando un asegurado, ciudadano español, que tiene derecho
a acudir a ese hospital, porque es público, cuando paga una prima a una
compañía privada que lo que le garantiza es que se le atienda en ese
hospital público? ¿Qué son esos costes de intermediación? ¿A quién
benefician? ¿Qué es lo que se está pagando? ¿Qué modelo es ése de seguro
público único y universal?
Con ese modelo de financiación, señorías, que hemos tenido ocasión de
debatir aquí han quebrado la solidaridad y la equidad en la financiación
del sistema. La financiación no es suficiente, y he explicado por qué. No
se conoce el déficit, no se cuantifica, y los fondos adicionales
realmente puestos encima de la mesa en ningún caso alcanzan las
expectativas ni las recomendaciones de la subcomisión. Y luego, señorías,
se ha hecho un reparto del 1,8 por ciento del total de la financiación
inadmisible, incomprensible por razones sanitarias; un reparto que deja a
las diez comunidades del Insalud en una situación de serio riesgo; un
reparto que prima la desigualdad; un reparto que pone más dinero donde
más oferta sanitaria hay y menos donde hay menos oferta. Eso no arregla y
no palia la desigual oferta sanitaria; eso la consolida. Por tanto, es un
reparto injusto, no equitativo, que no vamos a aceptar.
En cuanto a las prestaciones, señorías, el horizonte no es menos
preocupante. Las conclusiones hablan de redefinir las prestaciones
sanitarias, que están por cierto en un catálogo del que no se hace
ninguna mención, pero las decisiones que se están tomando, en el marco de
la financiación, suponen que en cuatro años se va a reducir la factura
farmacéutica en 300.000 millones de pesetas. Y, claro, ¿alguien puede
sostener que la calidad de la prestación farmacéutica y las condiciones
en que se presta al paciente va a ser la misma con una reducción de unos
300.000 millones de pesetas, de la que lo único que sabemos es la cifra,
sin saber cuáles van a ser los instrumentos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador, le
ruego concluya.
La señora AMADOR MILLAN: Voy concluyendo, señor presidente.
Se van a reducir 200.000 millones en la prestación de incapacidad
temporal. Se van a redefinir las prestaciones sanitarias con criterios de
coste-efectividad. Fíjense la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular
presenta a las conclusiones de la subcomisión, que es muy cortita. Donde
dice: estructurar, dentro de la asistencia sanitaria pública, una
adecuada red de centros de atención a la salud mental, debe decir:
estructurar una red de centros y servicios para la asistencia a pacientes
psiquiátricos de larga duración, complementaria de la asistencia
sanitaria pública. Por si queda alguna duda de por dónde van los tiros,
señorías, ésta es una enmienda que el Grupo Popular presenta a sus
propias conclusiones en relación con la salud mental.
Señorías, han debilitado el sistema. Cuando establecen tiempos máximos de
espera y, simultáneamente, liberan a los médicos de la dedicación
exclusiva y anuncian ajustes de plantillas, señorías, es bien claro el
reconocimiento de la incapacidad del sistema. Cuando crean la Agencia del
Medicamento que han creado, financiada con fondos privados, mezclando las
funciones de autoridad con las de evaluación, están debilitando la
Administración pública. Cuando crean más espacio para las mutuas en la
incapacidad temporal, negándoselo a la actuación de la Seguridad Social,
están debilitando el ámbito público.
Señorías, en esas conclusiones no hay ni una palabra sobre la salud
pública, sobre la atención primaria, sobre la prevención de la
enfermedad, sobre la formación de los profesionales, sobre la
investigación. ¿Qué es eso, señorías, de incentivar a las familias para
que atiendan a los enfermos y a las personas mayores en sus domicilios?
¿Qué es eso de menos redes públicas y más sacrificio privado?
Señorías, no hay acuerdo político en sanidad, no puede haberlo con estas
conclusiones que ustedes han conseguido de manera tormentosa. No hay
posibilidad de entendimiento con este acuerdo frágil, en el que los
socios que apoyan al Gobierno han contribuido a que no se quedaran
ustedes solos, y para eso han tenido que encontrar redacciones ambiguas,
redacciones poco comprometedoras, pero que no pueden desvirtuar cuáles
van a ser las verdaderas intenciones del Gobierno en materia sanitaria.
Este es un acuerdo frágil, es un acuerdo coyuntural, es un acuerdo de
intereses. Ustedes
no pueden presentar este acuerdo como el gran acuerdo sanitario porque en
él faltamos muchos, porque no podemos estar de acuerdo. Y no es una
estrategia política, no vuelvan a decirme eso, porque los hechos están
ahí, las diferencias están ahí. Lo que sucede, señorías, es que estamos
ante dos modelos sanitarios...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador, le
ruego concluya.
La señora AMADOR MILLAN: Concluyo, señor presidente.
Estamos ante dos modelos sanitarios, como estamos ante dos modelos de
sociedad, señorías. El modelo de la derecha conservadora, neoliberal,
insolidaria. Es un modelo legítimo y es un modelo conocido, pero
defiéndanlo ustedes, defiéndanlo con gallardía y expliquen qué es lo que
van a hacer. Lo que no es legítimo, lo que no es admisible es que se
pretenda explicar que todos defendemos lo mismo, que todos queremos lo
mismo y que no hay diferencias en el modelo sanitario. Hay diferencias
abismales, señorías. Nosotros defendemos la mejora del sistema público
que tenemos. Ustedes están dando pasos continuos en una dirección que no
puede confundir a nadie: en la dirección de desmantelar el sistema
sanitario público que hoy tenemos. Esto es así, señorías, y se ve cada
día. Nosotros vamos a poder seguir diciendo lo mismo que decíamos;
ustedes, cada día, menos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Amador.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto y para la presentación del voto
particular a la totalidad del acuerdo, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, presidente.
En nombre de Nueva Izquierda paso a defender el voto particular de
totalidad que hemos presentado a las conclusiones de una subomisión que
en su día se creó por mandato de este Pleno con un objetivo inicial y una
denominación determinada y que, finalmente, el Pleno la constituyó con el
objetivo de elaborar un informe de medidas encaminadas a avanzar en la
consolidación del Sistema Nacional de Salud mediante el estudio de las
medidas necesarias para garantizar un marco financiero estable y
modernizar el sistema sanitario manteniendo los principios de
universalidad y equidad. Detrás de esta denominación, resultado de la
enmienda planteada por el Grupo Socialista, apoyada por nosotros, se
encontraba una filosofía: la filosofía que comparte, defiende y apuesta
por la profundización del Estado de bienestar. Este Estado es un modelo
que se ha impuesto en la Europa occidental; que tiene, obviamente,
especificidades en cada país, resultado de su historia, de su economía,
de su cultura..., pero es un modelo que sin lugar a dudas avanza y que va
íntimamente unido al esfuerzo y a las luchas de las fuerzas progresistas
políticas y sociales en cada uno de los Estados. Este es un modelo que
avanza porque tiene ventajas; ventajas que democráticamente son
respaldadas por los ciudadanos que votan libremente. Entre esas ventajas
se encuentran las que se refieren a la salud, que se concretan
gráficamente en el alargamiento de la esperanza de vida de los
ciudadanos, que crece de manera muy notable y que tiene consecuencias
obvias y evidentes, y es el peso creciente de lo que se conoce por
tercera edad o población de mayores.
Precisamente por eso, uno de los elementos básicos, uno de los pilares
fundamentales del Estado de bienestar es el sistema sanitario. Sistema
sanitario que, como todo el Estado de bienestar, se ve sometido a
determinadas limitaciones. Una parte significativa de esas limitaciones
derivan de la convivencia de un Estado de bienestar, de un sistema
sanitario, en definitiva, de instituciones que tienen como objetivo
central el bienestar de los ciudadanos, con otro tipo de actividades o
entidades cuyo objetivo central no es ése sino otros, legítimos, por
ejemplo el beneficio, que no persiguen la salud o el bienestar de los
ciudadanos sino otro tipo de criterios y, en consecuencia, tienden a
socializar los resultados negativos que se producen en su propio
desarrollo. Pensemos, por ejemplo, las consecuencias que, en el ámbito de
la salud, producen actividades económicas en las que no se atienden
adecuadamente la seguridad o la higiene de los trabajadores, e incluso en
otro tipo de actividades como el urbanismo, los medios de transporte,
etcétera.
En definitiva, para los que apostamos por el Estado de bienestar, el
sistema sanitario sigue siendo una pieza básica. En concreto, en el voto
particular que nosotros planteamos decimos, en nombre de Nueva Izquierda
y de Iniciativa per Catalunya, que nuestra propuesta sanitaria configura
y apuesta por un sistema sanitario público financiado a partir de
impuestos, gestionado públicamente, con carácter universal y gratuito en
el momento del uso, centrado en el usuario y en su satisfacción como
ciudadano, participativo, integrado, descentralizado, eficiente y
equitativo --tomando como base la promoción de la salud--, adecuado a los
nuevos perfiles de morbilidad que se producen en la sociedad moderna y a
las necesidades de esa sociedad y, en definitiva, concebido también como
un instrumento de redistribución social. Sobre esta base y con esta
apuesta, obviamente, nosotros tenemos que discrepar de las conclusiones
que hoy se nos presentan.
De manera resumida, diremos que las razones de nuestra discrepancia son
las siguientes: en primer lugar, en cuanto al propio método de
elaboración de este informe, tenemos que decir que, si inicialmente se
apostaba por el consenso, finalmente, es obvio que el
resultado de esta subcomisión no tiene el consenso, y buena prueba de
ello es el abandono de la misma por parte del principal grupo de la
oposición. Se ha roto el consenso y eso se escenifica en ese abandono.
Pero es más, los grupos que han permanecido en esa subcomisión han sido
incapaces de cumplir el mandato de la Cámara, no ya el mandato finalista
de la Cámara, sino el mandato temporal de la Cámara. Tenían una
legitimación para actuar en un determinado plazo y ese plazo ha caducado.
No hay por tanto fundamento reglamentario para que se presente en este
Pleno ese informe, y nosotros creemos que eso deslegitima absolutamente
su contenido, más allá de que esos grupos que han permanecido en la
misma, con la mayoría que ellos tienen en este Pleno, hoy puedan
ratificar ese informe. Pero lo que es obvio es que es un informe que ha
sido obtenido con fórceps y al margen de las previsiones reglamentarias.
Por tanto, por razones de método, en lo fundamental en cuanto al consenso
pero también en cuanto a la vigencia temporal de la legitimación que
tenía esa subcomisión, nosotros creemos que este informe no debe ser
ratificado por el Pleno.
En cuanto al contenido del mismo, brevemente, en el apartado primero, que
hace referencia a aseguramiento y prestaciones, manifestamos nuestra
disconformidad aunque se hable del aseguramiento único sólo en términos
de pasada. Para el futuro hay que redefinir --dice el informe-- esa
característica que para nosotros es fundamental. Las excepciones que hay
hoy en la realidad de nuestro país son precisamente excepciones y tiene
que avanzarse en la dirección de su supresión, no en la dirección de
convertirlas en norma general. En este sentido, cuando se hace
referencia, y debe hacerse, lógicamente, al papel de esas entidades que
hoy existen, en nuestra opinión debe contemplarse sólo en el aspecto de
aseguramiento, nunca en el de previsión, y así se dice en los términos de
ese informe. Nosotros estamos en contra claramente de algo que nos parece
que es un ataque a la línea de flotación de lo que debe ser el Sistema
Nacional de Salud y un sistema sanitario coherente con el Estado de
bienestar que nosotros defendemos.
Nos parece absolutamente inadecuado hablar de financiación selectiva de
prestaciones con cargo al Sistema Nacional de Salud. Nosotros --lo he
dicho anteriormente-- apostamos porque las prestaciones que se incluyan
en el catálogo deben ser gratuitas. De la misma manera, no nos parece
adecuado, ni desde el punto de vista de modernización ni desde el punto
de vista de coherencia, que se plantee la disgregación y la separación de
la asistencia sociosanitaria de lo que es la propia asistencia sanitaria.
Precisamente por las ventajas y las consecuencias positivas del Estado de
bienestar hay que tratar a una población a la que no sólo se le debe
prestar la asistencia sanitaria clásica, sino que esa nueva atención
forma parte las obligaciones del Sistema Nacional de Salud, y nosotros
nos oponemos a cualquier disgregación en ese sentido, porque nos parece
que atentaría a ese carácter integral e integrado que en nuestra opinión
debe tener el servicio sanitario público.
Las medidas que se proponen en este informe para la racionalización de la
prestación farmacéutica son obviamente limitadas, aparte de ambiguas, y
se prestan a que posteriormente puedan incluirse medidas muy diversas,
pero son limitadas. Nosotros creemos que debe hablarse en este informe de
la reestructuración de la distribución de medicamentos, previendo, por
ejemplo, una modificación de los canales de distribución que contemplen
el suministro de medicamentos y otros productos en los centros de salud y
hospitales, y, en definitiva, avanzando en formas mucho más económicas
que mantengan el principio de equidad en el acceso.
El apartado segundo del informe, relativo a la financiación sanitaria, en
nuestra opinión es objetable, porque no aclara cómo se va a producir esa
financiación y, sobre todo, no precisa que se mantendrá la financiación
exclusivamente pública, que, seguimos insistiendo, es fundamental. Ese
epígrafe de este apartado que hace referencia a la equidad en la
distribución territorial --¿qué quieren que les diga, señorías?-- me
gustaría que fuera realidad hoy y que hubiera sido realidad en el
reciente acuerdo sobre financiación sanitaria. Los datos ponen de
manifiesto que no ha habido de ninguna manera equidad en el reciente
acuerdo de financiación sanitaria y que se ha producido una distribución
claramente injusta, con perjuicio notable para una parte sustantiva de la
población española en ese último acuerdo.
El apartado tercero, relativo a organización y gestión, en nuestra
opinión es francamente insuficiente y utiliza términos ambiguos, por
ejemplo el de autonomía, que sería aceptable por nuestra parte si fuera
acompañado de la garantía del carácter público de los centros, que es
esencial para garantizar el control democrático de los mismos. En ese
sentido, nos parece que la referencia al protagonismo de los
profesionales es positiva, siempre que se reconozca que el verdadero
protagonismo, en un sistema sanitario dentro de un Estado de bienestar,
es el de los ciudadanos.
Finalmente, en el apartado relativo a coordinación territorial tenemos
que denunciar una grave laguna que se produce, y es la práctica
inexistencia de referencias a los ayuntamientos, que son los grandes
olvidados en este epígrafe, apenas se cita su papel, y no puede caber la
menor duda --y esta es la propuesta de Nueva Izquierda-- de que los
ayuntamientos son la vía más directa, más efectiva y democrática de
participación de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud, y es
también la mejor vía para la descentralización de la gestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta, le
ruego vaya concluyendo.
El señor PERALTA ORTEGA: Nosotros planteamos con claridad que también
tienen que ser objeto de audiencia en el Consejo Interterritorial de
Salud.
En definitiva, señorías, la posición de Nueva Izquierda e Iniciativa per
Catalunya es una posición de rechazo a este informe. Nos parece que este
informe, con palabras ambiguas, con palabras medidas, persigue claramente
un objetivo que se posibilita con esto, y es el de provocar un grave daño
a un Sistema Nacional de Salud, a un sistema sanitario público que, en
nuestra opinión, es pieza básica de un Estado de bienestar por el que
nosotros apostamos, pero que hoy la mayoría de fuerzas de esta Cámara
parece que claramente están dispuestas a disminuirlo y a recortarlo de
una manera notable.
Gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para la
presentación de una serie de votos particulares parciales, tiene la
palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, retiramos nuestros votos particulares y entramos de lleno en
nuestra valoración de esta subcomisión sanitaria. Es un tema que
consideramos importantísimo por venir integrado dentro de todas esas
políticas que constituyen el Estado de bienestar. Como se ha dicho aquí,
en su día se decidió, por acuerdo de este hemiciclo, la constitución de
una subcomisión o ponencia para recoger una serie de medidas destinadas a
garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario
público, y todo ello dentro del marco de los principios de universalidad
y equidad.
Han sido quince meses en los que la subcomisión creada al efecto, bajo la
acertada coordinación del señor Blázquez Sánchez, ha trabajado con
intensidad y, desde nuestra óptica --yo respeto todos los criterios--,
con eficacia y con eficiencia. Al final se ha logrado un texto que supone
un avance, no un desiderátum. Somos conscientes de que muchos temas no se
han tratado por aquella cláusula que está en la ley cambial y que se
llama valor entendido. Me refiero a temas como la primaria, la
investigación tecnológica, como la salud, que vienen tratados
magníficamente en la Ley General de Sanidad. De haber permanecido en la
subcomisión mis estimadas y respetadas Angeles Amador y Angeles Maestro,
portavoces respectivas de los grupos políticos PSOE e Izquierda Unida,
quizá hubiésemos profundizado en estos temas, porque se trata de dos
diputadas que tienen conocimiento pleno y muy estimable en materia de
sanidad. Lo cierto es que, aunque eran temas del Estado del bienestar, a
los grupos nacionalistas nos produjo malestar, porque se trataba de
ausencias valiosísimas.
No obstante, Coalición Canaria se encuentra satisfecha de haber
intervenido, de haber colaborado, de haber aprendido, de haber dado
marcha atrás en muchas de las enmiendas, de muchas de nuestras
iniciativas, en aras a la consecución de un avance más, nunca
finalizable, en la mejora sanitaria de cualquier Estado del mundo.
Hoy hemos retirado nuestros votos particulares porque esperamos, a través
de una mejor vía, donde haya un cambio de opinión, presentarlos como
iniciativas en el seno de la Comisión de Sanidad porque nos interesa la
opinión de todos los grupos.
No obstante, señorías, señor presidente, permítanme que brevemente
realice unos comentarios a las enmiendas que nos han sido admitidas y
también a las que no nos han sido aceptadas. Somos conscientes y estamos
satisfechos porque el balance es positivo, ya que nos han aceptado más
enmiendas de las que nos han rechazado.
En el capítulo I, de los cuatro que contienen 13 recomendaciones, se
recogió como criterio unánime nuestra propuesta de consignar el carácter
de aseguramiento público. Dentro de este capítulo, en la recomendación 4,
se nos aceptó la enmienda sobre la necesidad de regular la libertad de
prescripción facultativa sobre principios activos y no sobre
especialidades, a fin de que las administraciones sanitarias dispongan de
instrumentos adecuados para implantar la política de medicamentos
genéricos y precios de referencia.
Saltando otras enmiendas, llegamos a la que para nosotros era
importantísima como materia que ocupa un puesto central en la
problemática sanitaria. Me refiero a la financiación. Así como nuestra
España, nuestro Estado o nuestro país se acerca, cada día más, a los
criterios de Maastricht, cada vez se integra más en la Unión Europea y
llegamos a hablar de moneda única, y llegará un día en que tendremos que
hablar de fiscalidad única y de ejército único, en esa gran Europa, sin
embargo se han rechazado las palabras que se referían a que en materia
sanitaria, en el ratio gasto sanitario y producto nacional bruto medio,
España tiene que tender a llegar a esa meta, pero insistiremos en
Comisión.
También estamos satisfechos porque se ha tenido en cuenta el último
padrón en materia de población. El recuento de población se hace para
algo, no para guardarlo, y la ponencia sanitaria aceptó el censo con las
modificaciones al 31 de diciembre de 1996.
También estamos satisfechos porque es un precepto que está en la
Constitución española, porque es una realidad de nuestro Estado, que es
la existencia archipielágica, la existencia de las islas. Coalición
Canaria agradece que se haya tenido en cuenta la insularidad y
la consideración como elemento a modificar en la fórmula econométrica que
se haga en la financiación. También hemos pedido solidaridad con los
pueblos de Castilla, habida cuenta la dispersión geográfica.
Igualmente valoramos que se tenga en cuenta como factor de corrección en
esa fórmula el tema de los desplazados. Señorías, pensemos que Canarias,
con 1.693.000 personas que constituyen su población, recibe al año 10
millones de visitantes que se desplazan al archipiélago.
Se nos admitieron otras cuestiones a las que no me voy a referir. Pero
tengo que hacer hincapié en que estamos preocupados por el posible reino
de taifas que se va a originar en nuestro Estado con la diferente
regulación en los negocios jurídicos de esas oficinas de farmacia, que
son privadas pero que prestan un servicio público, al dejar al libre
albedrío de cada comunidad que las regule como estime conveniente.
Creemos que hay una parte sustancial en el Derecho español y occidental,
el derecho privado, que nunca debe ser pisoteado por el derecho público.
Esto lo discutiremos en Comisión.
En la recomendación décima, sobre potenciación del protagonismo de los
profesionales como verdaderos sujetos activos de la oferta sanitaria, se
nos aceptó instar al Gobierno a resolver urgentemente el problema de las
titulaciones pendientes, profundizando en el sistema de formación
especializada, dando paso a especialidades emergentes y promoviendo las
áreas de capacitación específica. Recordarán SS. SS. que en esta Cámara
se aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular y de Coalición
Canaria sobre los médicos generalistas o comunitarios y sobre los mestos
en el sentido más amplio de la palabra. Pues bien, la Administración ha
sido receptora de esta iniciativa y me consta que antes de tres meses
tendremos por lo menos un decreto sobre médicos comunitarios y dentro de
seis meses sobre los mestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le
ruego concluya.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Concluyo, señor presidente.
No se recogió, y seguiremos insistiendo en Comisión, el hacer consignar
el papel de las corporaciones locales en la asistencia socio-sanitaria.
Nuestra modesta opinión es que ha sido un trabajo perfeccionable, pero
también creo que ha sido un paso adelante en materia sanitaria. Nosotros,
como es lógico, porque creemos en el parlamentarismo (parlamentarismo
viene de parlar, de hablar), en el intercambio de opiniones aunque no nos
gusten, vamos a votar favorablemente, porque es muy importante para la
sanidad española, estas trece conclusiones que ha redactado la
subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
¿Grupos parlamentarios que desean utilizar un turno en contra de los
votos particulares? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Villalón.
El señor VILLALON RICO: Señor presidente, señoras y señores diputados, en
nombre del Grupo Popular quiero utilizar un turno en contra de los votos
particulares presentados por los diferentes grupos de la oposición al
dictamen de la subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y
también, con el permiso del señor presidente, para defender, si cabe en
este momento, el dictamen de dicha subcomisión sobre modernización del
sistema sanitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, S.
S. podrá utilizar el turno en contra, como máximo, fijación de posición
de su grupo parlamentario; la presentación de la subcomisión no ha tenido
lugar, por tanto, se deberá limitar al turno en contra con la fijación de
posición en el mismo tiempo.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Popular sobre el dictamen de la
subcomisión.
Señoras y señores diputados, con este debate de aprobación definitiva del
dictamen de la subcomisión, por parte del Pleno del Congreso de los
Diputados, se termina el proceso parlamentario iniciado en los primeros
días de la legislatura y que, sin lugar a dudas, ha levantado amplia
expectación en los sectores interesados por todos aquellos temas
relacionados con la sanidad.
Han sido múltiples las conferencias, coloquios y mesas de debate
organizados en diferentes foros, y muchas de SS. SS. que hoy participan
en este debate han participado también en ellos porque han sido
transmisores de los trabajos y objetivos que pretendía alcanzar la
subcomisión. La realidad no podía ser de otra forma, señoras y señores
diputados, porque una sociedad que se desarrolla y que mejora en sus
niveles, tanto económico como social y cultural, demanda de los poderes
públicos unos mayores y mejores servicios sanitarios y es más exigente
con los responsables públicos que administran el sector sanitario. Esto
es lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de los trabajos de la
subcomisión y a lo largo de todo este tiempo de debate, tanto en el
Congreso de los Diputados, como en los diferentes foros a los que antes
me he referido.
Seguramente es necesario hacer un breve recordatorio histórico de cómo se
originó esta subcomisión, cuáles fueron las iniciativas y cuál fue el
talante, no solamente del candidato a presidente del Gobierno en el
debate de investidura, sino del grupo parlamentario que apoyaba al
presidente Aznar. En el debate de investidura todos recordarán que el
presidente del Gobierno hizo una propuesta de consenso para el estudio y
reforma del sistema sanitario, con la constitución de una ponencia
parlamentaria que estableciera las medidas a tomar para modernizar el
Sistema Nacional de Salud. Como no podía ser de otra forma, el Grupo
Parlamentario Popular hizo suya esta propuesta y presentó ante la Cámara
--ya se ha recordado a lo largo de esta mañana-- una proposición no de
ley para la constitución de una ponencia que estudiara las reformas
necesarias para consolidar y modernizar el Sistema Nacional de Salud y
garantizar su viabilidad futura, y fue aprobada, como todos recordarán,
por unanimidad.
Constituida la subcomisión en el mes de junio, inicia formalmente sus
trabajos en el siguiente período de sesiones. A través de un documento
presentado ante la subcomisión por el Grupo Popular, se establecen cuatro
grandes capítulos para el estudio y posterior debate en el seno de esa
subcomisión. Son los capítulos de aseguramiento y prestaciones
sanitarias, la financiación del sistema, la organización y gestión y la
coordinación territorial. Bien es verdad que, coincidiendo con el inicio
de este debate en la subcomisión, el Gobierno presenta el Real
Decreto-ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud que, como todos saben, se tramitó posteriormente como
un proyecto de ley, y fue el inicio del gran debate sanitario en nuestro
país y en esta Cámara. Podríamos decir que el debate sanitario se inicia
con el debate en sí mismo de la gestión y finaliza, como todos recuerdan,
hace unos días con el debate de la financiación del sistema sanitario.
A lo largo de los meses, los trabajos de la subcomisión, las
comparecencias de los diferentes técnicos, expertos sanitarios y
políticos, han constituido lo que se ha venido en denominar los trece
grandes epígrafes de lo que es el dictamen de la subcomisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados. Si hubiera que hacer una valoración del
dictamen de la subcomisión, ésta tendría que ser global sobre el mismo.
Nosotros creemos que ha sido un buen trabajo el realizado. El documento
que se ha debatido y, como decía antes, con aportación, no sólo política,
sino de los técnicos, ha sido el resultado de estas trece propuestas o
conclusiones. Estas propuestas se constituyen en las bases de un sistema
sanitario que pretende ser eficaz, moderno, participativo y, sobre todo,
eficiente, que es una de las cuestiones más preocupante dentro del
sistema sanitario, porque no hay una eficiencia, sino un buen control del
gasto.
Con el documento de consolidación y modernización del Sistema Nacional de
Salud, nuestro país se incorpora al resto de los países de la Unión
Europea donde, a lo largo de los últimos años, se han realizado reformas
de mayor o menor calado político, de mayor o menor calado desde el punto
de vista técnico. Desde el principio de solidaridad social hasta el
objetivo de una mejora en la calidad asistencial, es lo que ha marcado el
dictamen y los trabajos para intentar cubrir las insuficiencias que
creemos que existen en el sistema sanitario de nuestro país.
Bien es verdad que hay que hacer una valoración parcial de los cuatro
grandes capítulos de la subcomisión. Los cuatro son importantes en sí
mismos, los cuatro capítulos se complementan unos con otros y los cuatro
constituyen lo que puede ser la estructura del sistema sanitario. Aunque
en esta sesión haga especial hincapié en el capítulo de gestión y en la
financiación, porque seguramente han sido motivo de mayor debate o mayor
preocupación por responsables, tanto políticos como sanitarios, de
diferentes aspectos, sí que es obligado hacer una referencia a los
capítulos de coordinación territorial y de las prestaciones y del
aseguramiento público.
El acuerdo parlamentario apuesta claramente por la necesaria
modernización organizativa del sistema, con el fin de lograr una mejor
adecuación a la realidad social y económica de nuestro país, y alcanzar
mayores niveles de calidad y eficiencia en los servicios sanitarios.
Igualmente, la subcomisión apuesta por la separación de funciones,
planificación, financiación, compra y provisión de servicios,
incorporando una mayor capacidad de autonomía y responsabilidad a los
gestores de los centros sanitarios, así como el establecimiento de
diversas formas de gestión, dentro de lo que puede ser la pluralidad de
formas de provisión. Además, hay una especial consideración sobre los
protagonistas a los que va dirigida la sanidad, como no puede ser de otra
forma, que son los usuarios del sistema sanitario, donde se les da una
activa participación, donde se les permite, no sólo lo que es la
capacidad de libre elección del centro del facultativo, sino el hecho de
que adquieran información y hagan posibles propuestas a la Administración
para mejorar todo el sistema sanitario en su conjunto.
Hay una referencia obligada a lo que es el gran activo del sistema
sanitario, que son los profesionales. Se apuesta por una modernización
del régimen del personal a través del nuevo estatuto marco, mejorando la
participación y los compromisos de los profesionales en los centros donde
prestan sus servicios sanitarios.
Hay que hacer obligada referencia a la Ley 15/1997, de nuevas formas de
gestión, que ya fue motivo de discordia, si se me permite la expresión, y
fue el primer motivo de amenaza de separación de algunos miembros de la
subcomisión en representación de sus grupos parlamentarios. A lo largo de
los últimos días, incluso de los últimos meses, hemos visto que la
entrada en vigor de esta ley de habilitación de nuevas formas de gestión,
a través fundamentalmente de las fundaciones, la puesta en marcha de dos
hospitales, como
son el de Manacor y el de Alcorcón, pone de manifiesto que este sistema
de gestión es mucho mejor, es mucho más ágil, desde el punto de vista de
lo que es la gestión y desde el punto de vista de lo que es la
administración de los hospitales convencionales como los conocemos hasta
ahora.
El otro día anunciaba en una mesa de debate que el hospital de Alcorcón
ha tardado un mes en entrar en funcionamiento, en atender las consultas
externas, desde que se incorpora el gerente a dicho centro sanitario,
cuando la realidad es que en los centros sanitarios con administración o
con gestión convencional suelen transcurrir entre doce y catorce meses
desde la incorporación del gerente hasta las nuevas prestaciones
sanitarias.
Con respecto al aseguramiento y prestaciones sanitarias, me parece
oportuno hacer referencia a que en este capítulo se propone al Gobierno
que, mediante una iniciativa legislativa, se fijen los contenidos y
caracteres del derecho a la asistencia sanitaria como derecho público,
subjetivo, personal y no contributivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le
ruego vaya concluyendo.
El señor VILLALON RICO: Concluyo, señor presidente.
Se ha hecho referencia a lo largo de esta mañana a la ruptura del
aseguramiento público y único, y realmente no es así. En el dictamen de
la subcomisión el aseguramiento público queda como estaba hasta la
actualidad, no hay ninguna modificación y, seguramente, éste es un debate
más filosófico que de otra índole, porque si se tiende a la
universalización efectiva de la asistencia sanitaria, si se tiende a
hacer realidad el mandato constitucional de la prestación de los
servicios sanitarios a los ciudadanos, el aseguramiento público y único
está seguramente en el ambiente filosófico, pero no en el debate en
concreto con respecto a lo que es la seguridad de los ciudadanos para que
se les presten las prestaciones, valga la redundancia, sanitarias. Las
prestaciones sanitarias se establecen desde un punto de vista básico a
nivel estatal, y se les da competencias a las comunidades autónomas para
que incorporen aquellas otras prestaciones que consideren más indicadas
en su territorio. Las prestaciones sanitarias se aseguran a través de una
ley. Uno de los fundamentos en los que se basan las prestaciones
sanitarias es la seguridad de los ciudadanos y, por tanto, una de las
cuestiones que se plantean desde el punto de vista de la seguridad en la
asistencia sanitaria. También hay que hacer lógica referencia a la oferta
farmacéutica desde el uso racional del medicamento, la posible
financiación selectiva de medicamentos, la implantación de genéricos y la
separación entre registro y financiación del sistema.
La coordinación territorial, a la que anteriormente se hacía referencia,
creo que es uno de los aspectos que menos discusión ha creado, por lo
menos en el seno de la subcomisión. Ha sido uno de los aspectos donde ha
habido mayor acuerdo desde el principio hasta el final, aunque
seguramente el diputado que intervenía antes hacía referencia a este tema
por desconocimiento de lo que fue el debate en el seno de la subcomisión.
Desde el reforzamiento del Consejo interterritorial, a la redefinición de
la alta inspección, pasando por la función financiera y la coordinación
normativa de lo que es el Sistema Nacional de Salud, son aspectos
fundamentales que yo creo que no pueden llevar a ningún debate serio y
riguroso.
Señor presidente, el cuarto capítulo, el que hemos referido últimamente
en el debate, que ha sido motivo incluso de nuevas iniciativas por parte
de los grupos de la oposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le
ruego concluya.
El señor VILLALON RICO: Sí, señor presidente.
Aspecto fundamental, lógicamente, como SS. SS. pueden comprender, es la
financiación del sistema sanitario. El dictamen de la subcomisión, en los
puntos 5 y 6, establece la suficiencia y estabilidad financiera del
sistema y en base a estas premisas se marcan las grandes líneas de lo que
es la financiación: medidas estructurales para financiar la sanidad
debido a que las causas del gasto sanitario son fundamentalmente
estructurales, el crecimiento de la financiación debe ser en términos de
PIB nominal y la distribución de los recursos entre las comunidades debe
ser según el criterio capitativo, tomando como referencia la población en
el padrón de 1996.
Posteriormente, como todos conocemos, se ha llegado a un acuerdo en el
marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (el pacto de
financiación para el sistema sanitario) que sin lugar a dudas ha sido el
mejor acuerdo posible, y sin lugar a dudas también, señoras y señores
diputados, ha sido el mejor acuerdo logrado nunca en lo que es la
financiación del sistema sanitario.
Hace unos días, en el debate de la moción presentada en esta Cámara, ya
hice referencia a lo que suponía el incremento de la financiación y de
los recursos económicos al sistema sanitario. Se incrementa en un 10,5
por ciento con respecto a los presupuestos del año 1997 para 1998,
representando un total de 321.000 millones.
Dada la premura de tiempo, no voy a hacer referencia a las cifras que en
algunos momentos se han pretendido manipular y se han pretendido
tergiversar cuando se dice que la financiación es insuficiente. La
realidad de esas cifras, que nunca son frías sino que son la realidad de
la incorporación y del esfuerzo presupuestario por parte de todos, es que
se reparten en base a dos fondos de distribución: un fondo general según
la población protegida (como decíamos antes, padrón de 1996), que
constituye el 98,2 por ciento, y un fondo de atenciones específicas, que
constituye el 1,8. Toda esta financiación se liga a la gestión y a la
consecución de objetivos con respecto a los dos últimos años del acuerdo
de financiación.
Para terminar, señor presidente, sí que hay que hacer referencia,
lógicamente, a la intervención de los distintos grupos que han presentado
sus votos particulares.
Yo tengo que felicitar al diputado de Coalición Canaria por su
inteligencia al retirar esos votos particulares que había mantenido para
el Pleno; votos particulares que a nosotros nos parecen muy interesantes
y que los vamos a estudiar con el mismo cariño que tenemos a este
diputado y a su grupo parlamentario; me parece muy inteligente debatirlo
y estudiarlo en otro foro, como puede ser la Comisión de Sanidad, fuera
del Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, S.
S. debe concluir de forma inmediata. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor VILLALON RICO: Señor presidente, tengo que contradecir a la
portavoz del Grupo Socialista cuando manifiesta que no ha habido talante
de consenso. Todos somos conocedores de las amenazas sistemáticas que,
desde el punto de vista de la retirada de la subcomisión, como decía
anteriormente, ha hecho el Grupo Socialista y algún otro grupo
parlamentario, y también somos conscientes de que en el Grupo Socialista
impera el pequeño interés partidista por encima de los intereses
generales, como se puso de manifiesto el pasado día con otro debate en el
sector de la educación.
Nosotros creemos que el talante del Gobierno ha sido el del consenso; el
talante del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular ha sido el del
acuerdo, como ha quedado de manifiesto con la firma de cuatro grupos
parlamentarios y, por tanto, rechazamos totalmente el hecho de que la
diputada del Grupo Socialista diga que no ha habido intención de
consensuar y de acordar el dictamen de esta subcomisión.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para dejar constancia de la estupefacción de mi grupo
parlamentario ante la intervención del diputado del Grupo Popular.
Si esta subcomisión ha tenido una andadura, como mínimo, poco ortodoxa,
este final, señor presidente, va a quedar en el triste recuerdo de este
Pleno. No se ha defendido por parte de ningún grupo, ni por el Popular ni
por los que le apoyan, el dictamen de la subcomisión y se ha utilizado el
turno de fijación de posición para hacernos esa relación de éxitos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador,
discúlpeme, el turno que ha utilizado el señor Villalón, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, ha sido en contra, no un turno de fijación
de posición, como S. S. ha mencionado.
La señora AMADOR MILLAN: Efectivamente, señor presidente, de ahí la
estupefacción porque no se ha expresado en contra de nada ni ha dado un
solo argumento. Yo creo que es una elocuente manifestación del contenido
de las conclusiones de la subcomisión y de la falta de argumentos del
Grupo Popular para contestar una sola de las afirmaciones que hemos
hecho.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Sinceramente, no pensábamos utilizar este turno en la medida que la
respuesta que se ha dado a nuestro voto particular por parte del
representante del Grupo Popular ha sido prácticamente volvernos a contar
el texto del informe al que nosotros votábamos. Utilizar como referencia
ese informe es desconocer que nosotros pretendíamos con nuestro voto
particular contrastar los términos y las propuestas de ese informe con lo
que son los requisitos del Sistema Nacional de Salud, tal como es
concebido en las leyes que lo definen, tal como es definido en la
Constitución y en ese modelo de estado social y democrático de derecho
que proclama nuestra Constitución. Por tanto, la inexistencia de esas
referencias en la intervención Grupo Popular hacía que estuviéramos
hablando desde dos perspectivas absolutamente distintas, lo cual es
normal: la perspectiva de la derecha y la perspectiva de un grupo que se
sitúa en la izquierda y en la oposición.
Nos ha movido a utilizar esta replica las referencias que se han hecho a
amenazas por parte de grupos de la oposición en relación con el
funcionamiento de la subcomisión. Sinceramente, no ha habido la menor
amenaza, ha habido el funcionamiento de una subcomisión que,
teóricamente, tenía que elaborar propuestas de medidas, y la realidad, en
paralelo, de un Gobierno legislando en contra y al margen de esa
subcomisión. Esa ha sido la realidad, señor representante del Grupo
Popular y ante esa realidad, en un momento determinado grupos
significativos de la oposición deciden abandonar esa subcomisión porque
es
absolutamente inútil y una vez se ha producido ese abandono nos
encontramos con que es inútil incluso para los que se han quedado dentro,
que son incapaces de elaborar un informe y actuar dentro de plazo y con
arreglo al mandato de este Pleno.
No diga que no ha habido voluntad de consenso. Buena prueba de esa
voluntad de consenso es que aquí, en este Pleno, un real decreto-ley que
desarrolla ese acuerdo de financiación autonómica --que hemos criticado
desde la oposición-- ha recibido nuestro voto favorable. Esa es la prueba
clara de nuestra voluntad de consenso, que nosotros hemos tenido y que no
se ha practicado por parte del grupo mayoritario de la oposición y de
quienes apoyan este informe.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Para contestar a la diputada del Grupo Socialista hay que
hacer referencia al texto de lo que ellos llamar voto particular al
dictamen de la subcomisión. Realmente no es un voto particular
propiamente dicho, entendiendo como tal un texto alternativo, porque una
de las cuestiones que se ha puesto en evidencia a lo largo de todos estos
meses es la escasa capacidad de alternativas por parte del Grupo
Socialista, no solamente como grupo de la oposición sino teniendo en
cuenta que durante muchos años fueron Gobierno.
¿En qué consisten los votos particulares del Grupo Socialista al dictamen
de la subcomisión? Consisten en consideraciones de carácter
procedimental, en interpretaciones de lo que ellos llaman intenciones
ocultas y en juicios de valor. Ese es el texto del voto particular del
Grupo Socialista, así como un ataque al Gobierno y al Partido Popular,
como si fuera el único grupo que hubiera redactado el texto del dictamen,
cuando ese dictamen está apoyado por cuatro grupos parlamentarios, como
decía antes.
Quiero también contestar al diputado del Grupo Mixto y decirle que
seguramente desconoce cómo fue el proceso y desarrollo del debate, así
como las cuestiones de estudio en la subcomisión.
Desde el mes de septiembre diferentes grupos, dos grupos parlamentarios
en particular, estuvieron sistemáticamente haciendo presión para que se
modificaran cuestiones que nosotros tampoco consideramos fundamentales;
cuestiones que había que modificar porque si no se iban de la subcomisión
y nos ponían --como ellos decían-- en amenaza de lo que es el consenso
parlamentario para temas sanitarios.
Tengo que decir también, señor presidente, que ante los resultados del
trabajo de la subcomisión y de las trece propuestas que se han elaborado,
nosotros tenemos la satisfacción de que dentro de unos años se vea
quiénes son los que consideraron las demandas y preocupaciones de los
ciudadanos en la política sanitaria y quiénes son aquellos que se
desmarcaron por intereses partidistas.
Nada más y muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor
Villalón
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Abordamos en este Pleno el informe de la subcomisión para avanzar en la
modernización del sistema sanitario. Abordamos, pues, un tema tan
importante, trascendente y complejo como es el estudio y modernización
del sistema estatal de salud.
El Grupo Vasco (EAJ-PNV) ha mantenido en el trabajo de esta subcomisión
su visión sobre el tema y la encuentra en buena medida recogida en el
informe que nos ocupa. Por tanto, lo hemos apoyado y lo apoyamos.
Hemos defendido, en primer lugar, que la configuración organizativa del
sistema estatal de salud debe ser, al igual que lo es el Estado, plural.
Cada servicio autonómico de salud debe dotarse, conforme a sus recursos,
de las estructuras organizativas y de gestión que más se ajusten a sus
necesidades, lo cual en modo alguno significa que en Euskadi vayamos a
utilizar y a aplicar fórmulas ajenas al ámbito de la Administración
pública. En Euskadi, la administración y gestión de los recursos
adscritos al sistema sanitario vasco corren a cargo del Ente Público
Osakidetza; es decir, que la gestión se efectúa y se efectuará desde y
por la Administración institucional de Euskadi.
Por otro lado, la política sanitaria, el modelo sanitario no constituye
aquí ni en ningún lado, una concepción económica, técnica o social
autónoma. Es, por el contrario, el fiel reflejo de la riqueza del país,
del modelo de sociedad y del subsiguiente concepto de salud, conceptos
ambos totalmente ideológicos. En la realidad social que es la Unión
Europea, donde todas las políticas macroeconómicas están coordinadas, las
diferencias entre las ideas de progreso y las que no lo son radican en el
propugnado grado de desarrollo de la protección social y en la intensidad
de la redistribución de la renta por parte de los poderes públicos. A
nadie puede escapársele que la sanidad pública conforma en buena parte el
núcleo duro de ambas políticas.
Para el Partido Nacionalista Vasco es esencial la defensa de un modelo
sanitario público, cuyas características básicas e irrenunciables sean
las de un sistema
de salud capaz de satisfacer las necesidades sanitarias del conjunto de
la población bajo las premisas de universalidad, equidad y calidad de sus
prestaciones y que actúe con eficacia y eficiencia. Pensamos que en la
corrección de los desequilibrios y deficiencias que el actual sistema
presenta en el Estado no deben tenerse en cuenta como único referente las
razones de naturaleza económica, sino también el proyecto social que se
pretende construir. Afortunadamente, en las democracias la política está
por encima de la economía, aunque bien es cierto que el margen de
maniobra se está estrechando progresivamente. Además, hay que tener en
cuenta que la sanidad no es solamente un sector generador de gasto
consuntivo; es también un importante sector de la vida económica, tanto
por el empleo que directa o indirectamente genera, como por su capacidad
de arrastre respecto a los sectores proveedores de bienes y servicios y
por su capacidad para configurar, junto con otros sectores,
principalmente educación, unos recursos humanos de calidad sin los cuales
el desarrollo económico no es posible.
Dicho lo anterior, cabe preguntarse si el sistema estatal de salud está
en crisis. A nuestro entender, no. Su arquitectura básica, en términos
generales, sigue siendo valida. Sus límites y deficiencias no se
encuentran en una presunta incapacidad para producir bienes y servicios
ni tampoco en los niveles alcanzados de gasto. Nunca como ahora la
ciudadanía ha disfrutado de mayores ni mejores coberturas sanitarias ni
su estado de salud ha sido más satisfactorio. La esperanza de vida es
excelente, las expectativas de vivir los años con una calidad de vida
aceptable mejoran día a día, y nuestro patrón de morbi-mortalidad es
plenamente convergente con el de los Estados centrales de la Unión
Europea.
Estas realidades hacen que mucha gente, tanto en Euskadi como en España,
apueste por el modelo que el sistema estatal de salud representa, es
decir un sistema de financiación y aseguramiento públicos y provisión
mixta con aprovechamiento de todos los recursos existentes en orden a
alcanzar una máxima calidad y rentabilidad, y es que con las prestaciones
que proporciona tanto a agudos como a crónicos no hay alternativa
posible. Es una de las cosas buenas que se tienen y hay que preservarla.
En el ámbito de la financiación pensamos que es preciso establecer una
financiación suficiente y estable del sistema sanitario que teniendo en
cuenta el continuo incremento de la demanda permita atender con
suficiencia y calidad las necesidades asistenciales de los ciudadanos.
Para ello será necesario alcanzar acuerdos que permitan determinar en
términos PIB y sin ingeniería presupuestaria la financiación pública del
servicio estatal de salud.
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que nuestro gasto sanitario
público está por debajo del que realizan otros Estados de la Unión
Europea de igual o semejante potencial económico, pero que el margen para
incrementar la presión fiscal es cuando menos escaso, razones que en
orden a garantizar el futuro en las prestaciones obligan a buscar
soluciones más comprometidas que las actualmente propugnadas.
Dotar al sistema estatal de salud de los recursos financieros y
organizativos que permitan su consolidación y mejora hace aconsejable la
existencia de un marco consensuado y estable que lo facilite. Para su
consecución es preciso acometer una reflexión seria y sosegada sobre
cuáles son, a medio y largo plazo, las fortalezas y límites del sistema
y, en consecuencia, acordar las líneas estratégicas de actuación para un
dilatado período de tiempo.
El actual catálogo de prestaciones del servicio estatal de sanidad es
además de gratuito prácticamente ilimitado y sin duda uno de los más
amplios del mundo. Procede, a nuestro entender, estudiarlo
desapasionadamente y tomar en su caso las correspondientes medidas. Estas
deben dirigirse a la racionalización del gasto público, aplicando con
rigor y racionalidad lo dispuesto en el Real Decreto 63/1995, de
prestaciones sanitarias del sistema estatal de salud. En el momento
actual, por ejemplo, se siguen pagando prestaciones excluidas, por
ejemplo taxis, y la incorporación de nuevas técnicas o procedimientos
diagnóstico y terapéutico se siguen introduciendo en muchos casos sin
estudios que permitan valorar su idoneidad. En todo caso, consideramos
que toda nueva prestación debe venir acompañada de la financiación
correspondiente, de no ser así la estabilidad financiera quedaría más
pronto que tarde negativamente afectada.
Además, la existencia en el sistema estatal de salud de un catálogo de
prestaciones no debe suponer la uniformidad que puedan proporcionar los
distintos servicios que lo conforman. Las comunidades autónomas con
competencias son libres de dedicar recursos complementarios a la sanidad
y, en consecuencia, ampliar su cartera de prestaciones. Si el Gobierno
vasco, por ejemplo, considera que es más importante dedicar más recursos
a educación, carreteras o sanidad que a otras actividades de carácter
menos social pero más espectaculares, en ejercicio de sus competencias
debe poder hacerlo.
En lo que a la contención del gasto farmacéutico se refiere es
conveniente acometer un conjunto articulado de medidas que permitan
corregir su sostenido y desbocado crecimiento. Estas medidas deben
afectar a todos cuantos intervienen en el mismo: administración
sanitaria, fabricantes, prescriptores, dispensadores y consumidores. En
todo caso, cualquier medida que se adopte en materia farmacéutica debe
ser objeto del necesario grado de acuerdo y formar parte de un todo
destinado a resolver los problemas de sanidad, así como estar plenamente
estudiada y planificada antes de ser trasladada a la sociedad.
En lo que a la coordinación entre administraciones públicas se refiere,
cualquier planteamiento debe partir
de un compromiso cierto y claro para culminar la descentralización del
servicio estatal de salud. En este sentido, la transferencia del Insalud
gestión directa a las comunidades autónomas constituye una prioridad
objetiva. En esta perspectiva es donde la necesaria coordinación de las
administraciones sanitarias adquiere singular trascendencia en orden a
garantizar la equidad del sistema y la más adecuada utilización de los
recursos.
En este escenario, el papel del Ministerio de Sanidad debe ser el
desarrollo normativo, en la medida que le corresponda, de las
competencias exclusivas del Estado en los términos señalados en el
artículo 149.1.16ª de la Constitución española. En todo caso, en su
actividad normativa pensamos que el Ministerio deberá manifestarse
plenamente respetuoso con la autonomía normativa de organización y
gestión de las comunidades autónomas y viceversa, no cayendo en
tentaciones uniformizadoras. Estos requisitos son consustanciales a la
conformación del sistema estatal de salud y base necesaria para la
consecución de acuerdos.
Por otro lado, mejorar la coordinación entre administraciones sanitarias
requiere una potenciación y ampliación de las competencias del Consejo
Interterritorial; su actual papel, órgano de comunicación e información
de determinados aspectos sectoriales, debe enriquecerse con la asunción
de funciones en materia de dirección estratégica para el conjunto del
sistema.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caballero, le
ruego que concluya.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Sí, señor presidente.
Como conclusión de todo lo expuesto, sirva la síntesis siguiente. El
modelo que representa el sistema estatal de salud no está en crisis; que
el problema más importante que aqueja al mismo es la insuficiencia de los
recursos públicos puestos a su disposición; que las rigideces y
deficiencias que presenta el sistema pueden y deben ser reconducidas
mediante la articulación de medidas que permitan una gestión más ágil y
eficiente; que la organización de los servicios de salud de las
comunidades autónomas es competencia de las mismas, debiendo el
Ministerio de Sanidad centrarse en el desarrollo de las atribuciones y
competencias que la Constitución española reserva al Gobierno central y
que en aras a la necesaria coordinación entre administraciones es preciso
potenciar las funciones y competencias del Consejo interterritorial.
Finalmente, debemos alegrarnos del suficiente consenso alcanzado en la
subcomisión, lamentando que algún grupo abandonase prematuramente la
misma sin haber tratado de defender sus posiciones con rigor y eficacia.
Por todo ello, apoyamos el informe elaborado y no estamos de acuerdo con
los votos particulares de rechazo presentados.
Nada más. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
El 11 de junio del pasado año, el Pleno del Congreso de los Diputados
acordó por unanimidad crear una subcomisión en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo para avanzar en la consolidación y modernización del
Sistema Nacional de Salud. El dictamen de la subcomisión fue aprobado el
21 de octubre de este año en la Comisión de Sanidad, con los votos del
Partido Popular, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Partido
Nacionalista Vasco.
Durante este período la subcomisión ha celebrado 55 reuniones de trabajo,
y ha tenido la oportunidad de oír a más de 200 expertos propuestos por
los distintos grupos políticos. Comparecientes han sido también el
Ministerio de Sanidad, el de Economía y Hacienda y el de Trabajo y
Asuntos Sociales; los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas
con competencias transferidas en materia de sanidad y los que aún no las
tienen; instituciones, escuelas de salud pública, centros universitarios,
consejos generales de médicos, enfermeros, farmacéuticos, sindicatos,
organizaciones de consumidores y usuarios, asociaciones. Todos y cada uno
de ellos aportaron según su leal saber, conocimientos, experiencias y
sugerencias y a todos sin excepción, en nombre de mi grupo parlamentario,
quiero darles las gracias por el trabajo que realizaron.
La subcomisión ha sido para esta diputada una oportunidad única, y
probablemente excepcional, para ampliar conocimientos sobre política
sanitaria y para profundizar y reflexionar sobre las propuestas
presentadas que, por ser plurales y diversas, configuraban un amplio
abanico de que lo que desde distintas perspectivas políticas se entiende
que debía afrontar la modernización y consolidación del Sistema Nacional
de Salud.
Por encima de cualquier acuerdo, creo quedó bien patente una premisa: los
grupos parlamentarios de esta Cámara estamos orgullosos del Sistema
Nacional de Salud que este Estado democrático ha sabido ir creando a lo
largo de veinte años. Nadie se cuestiona la bondad de un sistema
sanitario público resultado del esfuerzo colectivo de varias
generaciones, que es un importante elemento de justicia redistributiva y
de cohesión social y que se ha de consolidar atendiendo a los principios
básicos de universalidad, equidad, solidaridad y aseguramiento público.
Esta afirmación, este principio compartido por todos, no es cuestionable
y no es legítimo, a nuestro modo de ver, que algún grupo político intente
vender a la opinión pública su voto negativo hoy al dictamen de la
subcomisión con argumentos tan demagógicos como se está haciendo, en el
sentido de que el dictamen vaya
en contra de principios de asegurar y consolidar el Sistema Nacional de
Salud. Aún es menos legítimo cuando después de haber estudiado los
distintos informes de los expertos que han comparecido se llega a la
conclusión de que no hay unanimidad de criterios entre los distintos
ponentes llamados a consulta o a opinar por el mismo grupo parlamentario,
a la hora de buscar fórmulas organizativas y de gestión para modernizar y
consolidar el Sistema Nacional de Salud.
Por consiguiente, mi grupo parlamentario cree que el dictamen que hoy
vamos a aprobar no es la piedra filosofal, no es la esencia de nada que
no pueda ser algún día quizá cuestionado o modificado, pero sí es el
mejor acuerdo al que hemos sabido llegar hoy los que optamos por trabajar
en el seno de la subcomisión, siguiendo el mandato de la Cámara, para
buscar fórmulas que permitan modernizar y consolidar el sistema.
Hemos discutido ya en tantas ocasiones en este hemiciclo y en Comisión
las posiciones que mantenemos sobre los modelos de gestión que reabrir
hoy este debate no creo que aportase nada nuevo. A modo de resumen quiero
resaltar aquella parte del acuerdo que pensamos es más positiva. El
dictamen apuesta por promover dentro del sistema la separación de las
funciones de financiación, compra y provisión; impulsa la autonomía de
los centros, sobre todo en lo que afecta a la gestión de las relaciones
humanas; flexibiliza el régimen laboral y la reforma del estatuto del
personal; impulsa la atención sociosanitaria y la salud mental; implanta
las cartas de servicios sanitarios; limita las listas de espera, según
patologías; promueve la libertad de elección de médico y de centro;
incorpora el concepto de nuevas prestaciones vinculadas a fondos
específicos; impulsa las medidas de control del gasto farmacéutico a
través de genéricos, precios de referencia y financiación selectiva;
redefine la función del Ministerio de Sanidad y Consumo como de
coordinación logística y la del Consejo Interterritorial asignándoles
mayores responsabilidades e impulsa la transferencia de competencias a
las comunidades autónomas que aún no las tienen.
En cuanto al sistema de financiación, la subcomisión se sujetó al acuerdo
que al respecto tomase el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
acordando dicho Consejo el volumen total de recursos y la manera de
repartirlos. Tuvimos ocasión de hacer el martes pasado el debate de la
financiación sanitaria, el debate del acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, a raíz de las mociones que el Grupo Socialista e
Izquierda Unida presentaron. Dejé claro el punto de vista de mi grupo y
hoy mismo, con motivo de la aprobación del Real Decreto-ley 23/1997, por
el que se acuerda un anticipo de tesorería al Insalud por importe de
40.000 millones de pesetas, el portavoz para asuntos económicos de mi
grupo parlamentario, señor Homs, ha reiterado nuestra posición.
Insisto, no obstante, en que lo fácil es limitarse a afirmar que el
Sistema Nacional de Salud precisa de más recursos por los motivos que
todos sabemos, compartimos y no voy a repetir. Lo difícil, señorías, lo
políticamente comprometido es mojarse y buscar fórmulas. Mi grupo
parlamentario siempre ha querido prestar apoyos parlamentarios a quien
las urnas ha dado responsabilidades de Gobierno. Con esta actitud
pensamos que no sólo cumplimos el compromiso que tenemos de trabajar para
y por Cataluña, sino que con ello colaboramos también con eficacia y
solidaridad a construir mejoras para el conjunto del Estado español.
Señorías, el tiempo dirá si la aprobación hoy de este dictamen es
acertada o no. Espero que el tiempo nos dé la razón y espero también por
este motivo que los grupos parlamentarios que hoy van a votar en contra
tengan tiempo de reconsiderar su posición e incorporarse a este amplio
acuerdo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, un desafortunado error administrativo, en cualquier caso no
atribuible a los servicios de la Cámara, ha impedido que en este momento
se pueda someter a debate y votación el texto que con carácter de
alternativa global Izquierda Unida planteó antes que ningún otro grupo
parlamentario, incluso previamente a finalizar los debates de la
subcomisión, con el objetivo político de mostrar y hacer patentes los
desacuerdos de fondo de Izquierda Unida y la existencia de alternativas
globales al modelo de servicios sanitarios que desde diferentes
planteamientos, y no solamente por el acuerdo de la subcomisión, avanzan
actualmente.
Izquierda Unida, junto a otros grupos parlamentarios, como SS. SS. saben,
abandonó la subcomisión parlamentaria en el momento que, al margen de
dificultades de procedimiento que se pusieron de manifiesto, tuvo
conocimiento del texto del Partido Popular que se proponía como elemento
para el consenso parlamentario y que a juicio de mi grupo no tenía
siquiera los requisitos mínimos para entrar en su discusión, máxime
cuando durante los trabajos de la Comisión el Grupo Popular presentó un
proyecto de real decreto, que fue después transformado en la Ley 15/1997,
que también contó con el voto en contra del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. No me voy a detener a señalar las consecuencias que
dicha ley ha tenido y está teniendo para el conjunto del sistema
sanitario. Me interesa dejar constancia hoy, al menos en el «Diario de
Sesiones», de que las preocupaciones de Izquierda Unida acerca de las
posibilidades que abría dicha ley para introducir plenamente la gestión
privada en el sistema sanitario público hoy son una realidad.
Situaciones como la que está planteada en el país valenciano en el área
sanitaria de Alcira, en la cual la construcción y gestión de un hospital
se ha atribuido a una unión temporal de empresas constituida por Dragados
y Construcciones, por una empresa sanitaria privada, Adeslas, y una
constructora local, hoy están plenamente amparadas por dicha ley y, por
tanto, la generalización, tal y como se plantea en el acuerdo de la
subcomisión y el futuro plan estratégico del Insalud, puede generalizar
(desde luego hay voluntad política para ello), la gestión privada en el
conjunto del sistema sanitario público.
Voy a leer a SS. SS. algunos párrafos del acuerdo de la subcomisión que
entiendo hablan con claridad, más que cualquier otro argumento, de cuál
es la voluntad de los grupos parlamentarios que han sostenido dicho
acuerdo. Se propone lo siguiente: proseguir en los esfuerzos por separar
las funciones de planificación, financiación, compra y provisión de
servicios configurando los centros asistenciales como organizaciones
autónomas. Unan a esto, señorías, la posibilidad legal, vigente en este
momento, de atribuir la gestión a empresas privadas y tendremos una de
las piezas claves del desmantelamiento de la sanidad pública y de su
privatización.
Quiero insistir una vez más y dejar patente la evidencia de que la
preocupación de los grupos que sostienen el acuerdo no es en absoluto la
modernización y reforma de la sanidad, sino encontrar los mecanismos
legales y políticos que permitan que la gestión privada, que el lucro
privado pueda obtener beneficios de la gestión de la sanidad pública. A
la hora de enunciar el objetivo de garantizar la universalidad en la
atención sanitaria, se olvida el hecho de que este tipo de aseguramiento
sea público y único. Y no es por casualidad, señorías. En otro punto se
plantea, como objetivo de la reforma del sistema sanitario público,
profundizar en los esfuerzos ya iniciados para reconocer el derecho a la
elección de proveedor y acometer las reformas organizativas que lo hagan
efectivo, tanto en lo que afecta al paciente como a la financiación de
las instituciones sanitarias. Más adelante, se reitera este objetivo,
hablando de impulsar la competencia entre proveedores, en el marco de un
mercado sanitario regulado.
Señorías, no se está hablando sólo de libre elección de médico y de libre
elección de hospital, y nuestro grupo parlamentario lo ha denunciado
reiteradamente como una falacia destinada a hacer creer a la población
que es la población quien elige. Se está hablando ya de libre elección de
proveedor. Señorías, el castellano, con todo el respeto por otras lenguas
del Estado español, tiene una definición muy clara para lo que quiere
decir proveedor y la frase libre elección de proveedor no quiere decir
otra cosa que libre elección de empresa proveedora de servicios, de
recursos o de atención sanitaria. Se instaura, por lo tanto, la libre
elección de sistema, público o privado, manteniendo una financiación
pública, señorías, que es necesaria, hoy, ante una iniciativa privada que
hasta este momento no se ha planteado con recursos propios competir con
el sistema privado por la atención sanitaria. Se plantea la financiación
pública hasta que se demuestre que la elección que realizan las empresas
privadas --y que jamás realiza la población-- de aquellos recursos y de
aquellos pacientes que garanticen mayores niveles de beneficios a la
empresa que los presta lo pueda sostener.
Con este sistema, señorías, en pocos años se habrá hecho evidente la
profecía de que el sistema sanitario público es insostenible, es un
agujero sin fondo que cada vez reclama más recursos sanitarios, porque
todo aspecto rentable de la sanidad pública habrá pasado a ser gestionado
por manos privadas y la sanidad pública que quede tendrá que hacerse
cargo del resto de los procesos.
Señorías, a mí me asombra que los medios de comunicación no hayan
reflejado la enorme trascendencia de una de las recomendaciones de la
subcomisión, que es claramente complementaria de lo anterior. Ante el
convencimiento de que el sistema sanitario público no va a poder mantener
la financiación de las prestaciones sanitarias a las que hoy tiene
derecho prácticamente la totalidad de la población española, el acuerdo
de la subcomisión recomienda que una ley, señorías, una ley que se
pretende traer a esta Cámara, determine la financiación selectiva de
prestaciones sanitarias. Eso quiere decir que, al igual que está
ocurriendo con la financiación selectiva de medicamentos, habrá un
listado positivo, un listado que recoja las prestaciones sanitarias a
financiar con recursos públicos y, por lo tanto, toda aquella atención
sanitaria no incluida en un listado de financiación selectiva tendrá que
ser financiado al cien por cien por la población.
Se rompe, además, con el criterio de homogeneidad en el conjunto del
Estado, para los ciudadanos de todas las comunidades autónomas, cuando,
en coherencia con un sistema de financiación profundamente desigual entre
territorios, se afirma que aquellas comunidades autónomas que cuenten con
recursos propios podrán ampliar este listado de prestaciones financiadas
y, evidentemente, aquélla que no cuente con recursos suficientes no podrá
hacerlo.
Se plantea la extensión al conjunto del sistema sanitario del modelo de
gestión que la Ley 15/1997 permite. Insisto, señorías, lo único que está
demostrado en nuestro país y en el resto de países tanto del ámbito
europeo como de otros continentes es que la gestión privada deteriora la
calidad de la asistencia y multiplica las intervenciones sanitarias.
Señor ministro, ese 20 por ciento de aumento de la actividad sanitaria
que usted propugna o que dice que es posible conseguir con el nuevo
sistema de gestión será, y ya está demostrado porque está empezando a ser
una realidad, incremento de la actividad de procesos rentables de dudosa
indicación
clínica que están realizándose, sin ninguna justificación, hasta seis
veces más en aquellos establecimientos públicos o privados que adopten
modelos de gestión y de financiación de los recursos basados en el pago
por proceso y en la actividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vaya concluyendo,
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor presidente.
Finalmente señalaré que, desde el punto de vista del personal del sistema
sanitario público, este acuerdo de la subcomisión habla con toda claridad
de adecuar las parcelas no rentables hoy de la sanidad pública a
criterios de rentabilidad económica, para lo que es necesario una
intervención decidida sobre las plantillas sanitarias de la sanidad
pública que, aparte de demostrarse insuficientes para atender las
necesidades de la población, tal y como demuestran las listas de espera
existentes, están siendo hoy, en su cuantía, el triple en la sanidad
pública que en la sanidad privada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor presidente.
Se plantea tomar las medidas, respecto a las relaciones laborales, que
permitan la adecuación de las plantillas a las necesidades, no de la
atención sanitaria, sino de la rentabilidad económica de las
instituciones.
Termino, señor presidente, diciendo que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida tiene voluntad política de presentar a la Cámara una
alternativa global del sistema sanitario público que permita, por lo
menos, hacer patente ante los ciudadanos del Estado español que existen
alternativas, desde el punto de vista financiero, organizativo, de
personal, para conseguir de verdad el único objetivo que hoy parece
patrimonio del conjunto de la Cámara, pero que cada vez es en mayor
medida una falacia. Atender las necesidades de salud de la población,
disminuir los procesos que son hoy evitables desde el punto de vista de
la ciencia y de la técnica de la salud, sólo es posible con un sistema
sanitario único, público, participado en la toma de decisiones por los
ciudadanos y por los trabajadores de la salud y gestionado públicamente.
Cualquier otro objetivo que introduzca, como se está introduciendo,
parcelas crecientes del interés privado, del beneficio empresarial, del
beneficio privado, en la sanidad pública, es el final del derecho a la
salud de todos los ciudadanos en igualdad de circunstancias, en función
de sus necesidades de salud.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las
votaciones de los votos particulares y del informe que acaba de
debatirse.
Votamos, en primer lugar, el voto particular de totalidad, presentado por
el Grupo Parlamentario Mixto, suscrito por la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 135; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el voto particular también de totalidad de devolución, que
ha presentado y defendido el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 134; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Votación del informe de la subcomisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 170; en contra, 134; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.