Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 127, de 17/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 127
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 123
celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre
la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 12 y 13 de diciembre en
Luxemburgo (número de expediente 210/000011) (Página 6659)
Preguntas (Página 6690)
*
*
*
*
*
*
*
*
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre la
reunión del Consejo Europeo celebrada los días 12 y 13 de diciembre en
Luxemburgo (Página 6659)
Comparece ante la Cámara para dar cuenta de lo ocurrido en el Consejo
Europeo de Luxemburgo celebrado los días 12 y 13 del presente mes de
diciembre el señor Presidente del Gobierno (Aznar López). En primer
lugar, antes de entrar a hacer un análisis de la cumbre, se refiere a la
condena que el Consejo Europeo realizó del criminal atentado de ETA en la
persona del concejal del Ayuntamiento de Rentería, José Luis Caso, hecho
sin precedentes en la historia de la Unión Europea, que supone sin duda
un impulso y una ayuda inestimable al pueblo español.
Pasando ya a las deliberaciones del Consejo Europeo, expone que éstas se
centraron en el inicio de una ampliación de la Unión Europea y en algunas
cuestiones pendientes del marco futuro de la Unión Económica y Monetaria,
además de abordar otros asuntos de interés. Manifiesta que para él ha
sido un honor representar a España en un Consejo Europeo que sin duda
será recordado en la historia por haber tomado la decisión de iniciar la
ampliación de la Unión Europea. Hace un análisis del proceso seguido
hasta el momento y asegura que la Unión Europea experimentará una
transformación considerable con la entrada escalonada de once posibles
nuevos miembros. Afirma que España ha luchado por una ampliación que
abarcase al mayor número posible de candidatos sin más condiciones que el
cumplimiento por estos países aspirantes de unos criterios objetivos
políticos y económicos, sin condiciones restrictivas de tipo financiero,
tesis que, compartida por otros países, finalmente ha prosperado. No
obstante, añade, la ampliación puesta en marcha a partir de este
planteamiento global, debe acontecer al mismo tiempo que se produce una
profundización del proceso de integración europea. A continuación pasa a
detallar el contenido de los acuerdos logrados en el Consejo sobre la
ampliación, habiéndose decidido iniciar un proceso de adhesión en el
marco de la aplicación del artículo O del Tratado con diez países de la
Europa Central y Oriental y con Chipre, que será puesto en marcha el 30
de marzo de 1998. Resalta el esfuerzo realizado por los países candidatos
por asentar el Estado de Derecho y vivir en democracia, esfuerzo que sin
duda debe ser alentado por la Unión Europea. En cuanto a Turquía, España
ha apoyado que se evalúe la legítima aspiración de pertenecer a la Unión
Europea a partir de los mismos criterios objetivos con los que se
examinan las aspiraciones de los hoy denominados países candidatos, pero
como Turquía, hoy por hoy, no cumple esas condiciones, se ha definido una
estrategia para facilitar su camino hacia la Unión. A pesar de la
reacción turca de desencanto y rechazo al no conseguir su aspiración
máxima, el señor presidente confía en que Turquía pondrá en marcha las
reformas necesarias y cambiará las realidades que aún la separan del
resto de los países europeos, afirmando que el Gobierno español hará
todos los esfuerzos y promoverá acciones para animar y sostener su
vocación europea.
Sobre las próximas perspectivas financieras de la Unión Europea, no
oculta su satisfacción ante la decisión de la Unión Europea de dar luz
verde a la ampliación, sin condicionarla a que se respeten parámetros
financieros concretos sobre los que no se han analizado todavía sus
implicaciones. Ello significa que la Presidencia del Consejo ha recogido
en su documentación final la posición defendida por España y otros países
del Consejo Europeo de no vincular la ampliación con el establecimiento
de un límite a su coste financiero, por lo que España deberá contribuir
con su parte proporcional a pagar el coste de la ampliación, pero en
ningún modo puede verse perjudicada por falta de esfuerzos adicionales de
otros Estados miembros.
Por otra parte, expone que el Consejo Europeo, al tiempo que ponía en
marcha la ampliación, ha conseguido seguir profundizando en el proceso de
integración europea, es especial mediante la adopción de algunas
decisiones pendientes sobre las funciones del llamado Euro-X que servirá
para la coordinación de políticas económicas entre los países que accedan
a la moneda única. Explica la postura favorable de España a que se
reconozca que los países del euro puedan reunirse entre sí para tratar
temas que les conciernen y ha procurado mediar para que los llamados
países «out» reciban información sobre lo tratado en el Euro-X e,
incluso, estén en estas reuniones cuando en un examen caso por caso el
asunto así lo requiera.
Por otra parte destaca que el Consejo ha acogido favorablemente la
presentación por la Comisión del proyecto de reglamento para garantizar
de forma eficaz la libre circulación de mercancías y ha invitado al
Consejo y al Parlamento Europeo a tramitar
rápidamente esta propuesta. También constata los notables avances
realizados en la aplicación del plan de acción en la lucha contra la
droga en Iberoamérica y en el Caribe, iniciativa que España defendió con
firmeza desde sus orígenes.
En el marco de las relaciones exteriores de la Unión, el Consejo también
ha considerado la actitud de España de cara al conflicto de Oriente
Medio, y en las conclusiones se reiteran las posiciones de la Unión en
asuntos tan delicados como trascendentales para alcanzar la necesaria
convivencia entre comunidades profundamente separadas: los asentamientos,
la reanudación de los redespliegues en los territorios palestinos
ocupados o la negociación del estatuto final. Por otra parte, el
compromiso activo y fecundo queda plasmado en dos iniciativas concretas:
el código de conducta y el comité permanente de seguridad. Explica que se
trata de instrumentos que pretenden anticipar y prever las tensiones
originadas en medidas unilaterales o en actos terroristas, que tanto
entorpecen y dañan las negociaciones y contactos entre palestinos e
israelíes. Asimismo señala que el Consejo Europeo acordó una declaración
con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos en la que se recuerda que la Unión está basada en los principios
de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales, que constituyen el auténtico contenido esencial de un
texto cuyo valor y vigencia trascienden la mera consolidación política
del marco en el que fueron adoptados hace ahora medio siglo. Destaca las
iniciativas tendentes a lograr una mayor universalidad de los elementos
jurídicos internacionales de defensa y promoción de las libertades y el
desarrollo de la asistencia técnica para programas de formación,
sensibilidad y pedagogía en el contexto de estas libertades y derechos
fundamentales, y pone de manifiesto la adhesión inquebrantable de España
a la filosofía que inspira dicha declaración conmemorativa.
A continuación intervienen en el debate los señores Almunia Amann, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Anguita González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Molins i Amat, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Anasagasti Olabeaga, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; el señor Chiquillo Barber, las
señoras Lasagabaster Olazábal y Almeida Castro y el señor Rodríguez
Sánchez, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; y el señor De Grandes
Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Contesta el señor Presidente del Gobierno (Aznar López).
Preguntas (Página 6690)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera
que el Sr. Almunia recibió el trato que corresponde al líder del primer
partido de la oposición con ocasión de la entrevista mantenida con usted
el 9 de diciembre? (Número de expediente 180/000959) (Página 6690)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué razones ha tenido el Gobierno para vetar
el acceso a la plaza de Fiscal del Tribunal Supremo del Sr. Javier
Moscoso? (Número de expediente 180/000960) (Página 6691)
Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco
(EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuál es la actitud del Ministerio de
Justicia ante la situación de los testigos protegidos en el sumario
15/1995 del Juzgado Central de Instrucción n.º 1? (Número de expediente
180/000968) (Página 6692)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Estima el
Gobierno que existirán suficientes peticionarios para cubrir las
incorporaciones anuales de tropa profesional necesarias para llegar a
tener 120.000 profesionales en el año 2003, teniendo en cuenta la
necesaria selección de los solicitantes? (Número de expediente
180/000951) (Página 6693)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
el Convenio de Colaboración firmado por el
Ministerio de Defensa para promover el uso de gas natural en las
instalaciones militares? (Número de expediente 180/000957) (Página 6694)
Del Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior:
¿Considera apropiada el Gobierno la detención y el arresto en las
dependencias de la Guardia Civil de Cádiz de los miembros del Comité de
Huelga de Trasmediterránea, ordenada por la Subdelegación del Gobierno en
Cádiz, el pasado 7 de diciembre de 1997? (Número de expediente
180/000967) (Página 6695)
Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas contempla el
recientemente elaborado Programa Extraordinario de Seguridad Vial que
tiene por objeto reducir el número de accidentes con víctimas? (Número de
expediente 180/000935) (Página 6696)
Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del
Ministerio de Fomento de realización de la autovía Córdoba-Antequera?
(Número de expediente 180/000953) (Página 6697)
Del Diputado don Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previsto
llevar a cabo el Ministerio de Fomento en la
N-630 para su transformación en autovía? (Número de expediente
180/000954) (Página 6698)
Del Diputado don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno cuál es
la situación actual del proyecto de construcción de una nueva pista de
vuelo en el aeropuerto Madrid-Barajas? (Número de expediente 180/000955)
(Página 6699)
Del Diputado don Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo autorizó el Sr. Ministro
de Fomento la transmisión de acciones de Antena 3 TV en favor de
Telefónica Multimedia, S. A.? (Número de expediente 180/000966) (Página 6700)
Del Diputado don Manuel Francisco Alcaraz-Ramos, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno
en orden a la fijación del salario mínimo interprofesional para 1998?
(Número de expediente 180/000947) (Página 6701)
Del Diputado don Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno adoptar
nuevos enfoques en la política de empleo y traer un Proyecto de Ley,
dialogando con los agentes sociales, a este Parlamento que conduzca la
jornada laboral a 35 horas semanales? (Número de expediente 180/000969)
(Página 6702)
Del Diputado don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con
los ataques de los agricultores franceses a los productos hortofrutícolas
españoles? (Número de expediente 180/000948) (Página 6704)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué resultados pueden
deducirse para la flota española de la XV reunión del ICCAT celebrada en
Madrid? (Número de expediente 180/000950) (Página 6705)
Del Diputado don Francisco Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno
para
solucionar el problema planteado por los rendimientos del maíz en regadío
atribuidos a la región de Extremadura, que supone una pérdida de más de
20.000 hectáreas de dicho cultivo? (Número de expediente
180/000964) (Página 6706)
Del Diputado don José Ramón Calpe
Saera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formla al
Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo
para la puesta en marcha de la Comisión de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?
(Número de expediente 180/000949) (Página 6707)
Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones del cese o
dimisión de la Directora General de Farmacia? (Número de expediente
180/000963) (Página 6708)
De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Comparte el Ministro de Sanidad y Consumo las disposiciones del
Proyecto de Ley de Condiciones Generales de la Contratación que van a
suponer unos ingresos adicionales para los Registros de la Propiedad de
50.000 millones de pesetas? (Número de expediente 180/000965) (Página 6709)
Del Diputado don Antonio Jesús Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué infraestructuras de
regulación hidráulica, previstas en el Pacto del Agua de Aragón, se van a
poner definitivamente en marcha en el año 1998? (Número de expediente
180/000952) (Página 6710)
De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se considera satisfecha la Ministra
de Medio Ambiente de los resultados de la Cumbre de Kioto? (Número de
expediente 180/000962) (Página 6712)
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:
-- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA INFORMAR SOBRE
LA REUNION DEL CONSEJO EUROPEO CELEBRADA LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE EN
LUXEMBURGO (Número de expediente 210/000011)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Ocupen sus escaños. Vamos a
reanudar la sesión.
Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de
la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del
Reglamento, para informar sobre la reunión del Consejo Europeo celebrada
los días 12 y 13 de diciembre en Luxemburgo.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra su presidente, don José María
Aznar.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, comparezco hoy ante ustedes para darles cuenta de lo ocurrido
en el Consejo Europeo de Luxemburgo celebrado hace tan sólo unos días.
El Consejo Europeo centró sus deliberaciones en una decisión
trascendental como es el inicio de la ampliación de la Unión Europea y
debatió con intensidad algunas cuestiones pendientes del marco futuro de
la Unión Económica y Monetaria, además de abordar otros asuntos de
interés a los que también me referiré.
Pero antes de hacer cualquier análisis de la cumbre, quisiera referirme a
la condena que el Consejo Europeo realizó en la mañana del viernes día 12
de diciembre del criminal atentado de ETA en la persona del concejal del
Ayuntamiento de Rentería, José Luis Caso. Esta condena de los jefes de
Estado y de Gobierno, en los términos en que fue formulada, constituye
un hecho sin precedentes en la historia de la Unión Europea y supone sin
duda un impulso y una ayuda inestimable al pueblo español, que no cesa de
manifestar su rechazo a los terroristas y de manifestar sus deseos de
vivir en democracia y en paz.
Pasando ya, señorías, a las negociaciones celebradas a lo largo del
Consejo y a sus conclusiones, debo decirles que para mí, además de una
satisfacción, ha sido un profundo honor representar a España en un
Consejo Europeo que será recordado en la historia por haber tomado la
decisión de iniciar la ampliación de la Unión Europea. Ha sido éste un
acuerdo político de gran calado, que borra las injustas fronteras del
continente europeo trazadas en Yalta, fruto del orden bipolar con el que
se inauguraba la posguerra mundial. Hace diez años era muy difícil, por
no decir imposible, vaticinar que en tan poco tiempo se empezaría a
negociar la ampliación de la Unión Europea con un número elevado de
países de la Europa central y oriental y con Chipre. Sin embargo, tras el
Consejo Europeo de Luxemburgo es posible anunciar que los pueblos
europeos se reencontrarán en la unidad, la democracia y la prosperidad
económica al final de un siglo que, desgraciadamente, ha sido un siglo
marcado por las guerras y por las divisiones.
La Unión Europea, en consecuencia, experimentará una transformación
considerable con la entrada escalonada y posible de once nuevos miembros.
La ampliación modificará la cultura política de la Unión y los contornos
de su incipiente ciudadanía y nos llevará a reformar sus mecanismos de
toma de decisiones, así como su estructura financiera. La complejidad y
las dificultades de este proceso de crecimiento son grandes, pero en
ningún caso son comparables a la envergadura del reto histórico contenido
en esta ampliación.
Señorías, España ha luchado por una ampliación que abarcase al mayor
número posible de candidatos, sin más condiciones que el cumplimiento por
estos países aspirantes de unos criterios objetivos políticos y
económicos. No hemos querido que se sometiese a condiciones restrictivas
de tipo financiero la decisión de iniciar la ampliación y nuestra tesis,
compartida por otros países, finalmente ha prosperado. Por ello, creo que
los resultados del Consejo de Luxemburgo han sido buenos y positivos para
España. Y es que, señorías, la ampliación que acabamos de lanzar
acelerará la transformación de los países que entren en la Unión. Gracias
a la perspectiva ahora asegurada de su futura pertenencia a la Unión
Europea estos países completarán en unos años sus transiciones políticas
y económicas y podrán anclarse verdaderamente en la Europa de las
libertades, a la que pertenecen en pleno derecho por valores, por cultura
y por historia.
Los Estados candidatos quieren aportar y eso es seguro, lo mejor de sí
mismos a la Unión y extraer de su participación en la aventura europea
beneficios de estabilidad y de progreso. El Gobierno tiene una
sensibilidad particular hacia este enfoque de los países del Este y por
eso hemos apoyado decididamente el inicio de negociaciones de adhesión
con el número mayor posible de países candidatos, tal y como se ha
acordado.
En los meses pasados habíamos asistido a un debate sobre cómo ampliar y a
cuántos países. El dictamen de la Comisión Europea del verano pasado
inició una discusión viva, en la que proliferaron, por cierto, distintas
metáforas deportivas --procedimiento regata, la salida Fórmula 1, la
primera y segunda división--, imágenes más o menos afortunadas. Y, aparte
de esas imágenes, España ha mantenido el objetivo de que no se
discriminase innecesariamente entre los países candidatos.
España tiene la satisfacción de haber visto recogida por el Consejo
Europeo la fórmula abierta a todos los candidatos que ha mantenido desde
el principio. Como afirman las conclusiones, el proceso será inclusivo y
evolutivo y cada uno de los once Estados candidatos avanzará a su propio
ritmo, según su grado de preparación.
No obstante, la ampliación puesta en marcha a partir de este
planteamiento global debe acontecer al mismo tiempo que se produce una
profundización del proceso de integración europea. En los próximos meses
se pondrá en marcha la moneda única y antes de que la ampliación se haga
efectiva, se negociarán las nuevas perspectivas financieras y se
acometerá de nuevo la reforma de las instituciones pendientes desde el
Consejo Europeo de Amsterdam. Esta reforma institucional es cada vez más
necesaria, no sólo ante el mañana de una Europa de más de veinte o
incluso de veinticinco Estados, a la que no le sirven muchas reglas de
toma de decisiones de la Europa de los años cincuenta aún vigentes, sino
por la necesidad actual también de reforzar la legitimidad del poder
europeo.
Permítanme que les detalle, señorías, algo más el contenido de los
acuerdos logrados en el Consejo que acabamos de concluir. Sobre la
ampliación y descendiendo a aspectos más concretos, el Consejo Europeo ha
decidido lo siguiente: La Unión Europea iniciará un proceso de adhesión,
en el marco de la aplicación del artículo O del Tratado, con diez países
de la Europa central y oriental y con Chipre, proceso que será puesto en
marcha el 30 de marzo de 1998 con una reunión de ministros de Asuntos
Exteriores. Este foro multilateral volverá a repetirse y a reunirse
cuando sea necesario.
La Unión Europea abrirá, en primavera de 1998, conferencias
intergubernamentales bilaterales con seis de estos países candidatos
--Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, República Checa y Eslovenia--, para
una negociación sobre las condiciones de admisión y la adaptación de los
tratados. Estos seis Estados son aquellos que, por sus condiciones
objetivas, pueden avanzar
más deprisa en las negociaciones de adhesión. Con el resto de países
candidatos, es decir, Rumanía, Bulgaria, Letonia, Lituania y Eslovaquia,
la Unión Europea negociará acciones de preparación de la adhesión y
estará dispuesta a iniciar conferencias intergubernamentales con ellos
cuando su situación política y económica así lo permita.
Además, el Consejo Europeo pone en marcha una estrategia de preadhesión,
preadhesión reforzada dirigida a todos los países candidatos, que
incluye, en primer lugar, las nuevas relaciones de asociación o de
partenariado basadas en la profundización del programa Phare, cuyos
objetivos serán el refuerzo de la capacidad administrativa y judicial de
los países candidatos y las inversiones realizadas con la asimilación del
acervo comunitario. De otro lado, esta estrategia de preadhesión se
centra en el otorgamiento de las nuevas ayudas preadhesión, de modo que
se facilite la preparación de cada Estado candidato con vistas a su
definitiva adhesión a la Unión Europea a partir del año 2000,
especialmente en el sector agrícola y en lo que se refiere a la cohesión
económica y social.
A diferencia de ampliaciones anteriores, señorías, los países candidatos
son muy distintos a los que pertenecen a la Unión. En conjunto, son
países más pobres y con un recuerdo de la tiranía totalitaria
extremadamente próximo. Sus esfuerzos por asentar el Estado de Derecho y
vivir en democracia deben sin duda ser animados por la Unión Europea.
También se ha decidido, señorías, la creación de una conferencia europea,
en la que se reunirán los países candidatos y a la que se ha invitado
especialmente a Turquía, cuyo primer encuentro podía tener lugar en marzo
de 1998, en Londres.
En lo que respecta a Turquía, España ha apoyado que la Unión evalúe sus
legítimas aspiraciones a partir de los mismos criterios objetivos con los
que se examinan las aspiraciones de los hoy denominados países
candidatos. El texto de las conclusiones acepta este enfoque, ya que
confirma expresamente la capacidad de Turquía para adherirse a la Unión
Europea y manifiesta que será juzgada conforme a los mismos criterios que
se aplican a los demás Estados candidatos. Como Turquía, hoy por hoy, no
cumple esas condiciones, se define una estrategia para facilitar su
camino hacia la Unión Europea.
Ha habido una reacción turca de desencanto y rechazo al no conseguir su
aspiración máxima, que era estar en la misma línea de salida de todos los
países candidatos. Quiero decirles que confío en que Turquía ponga en
marcha las reformas necesarias y transforme las realidades que aún la
separan del resto de los países europeos. Mi voluntad ha sido y será que
Turquía se acerque lo más posible a la Unión Europea, y tengo esperanza
en que Turquía mantenga sus aspiraciones de formar un día parte de
nuestra Unión. Para animar y sostener la vocación europea de Turquía, el
Gobierno hará todos los esfuerzos y promoverá acciones hacia este país,
como las recogidas en las conclusiones, según las cuales la Unión se
ofrece a intensificar la unión aduanera, otorgarle ayuda financiera,
incluida su participación en los programas preadhesión, y asistirle para
que asimile el acervo comunitario de un modo paulatino.
Sobre otros asuntos de la Agenda 2000 distintos de la ampliación, pero
sin duda relacionados con ella, como el asunto de las próximas
perspectivas financieras de la Unión Europea, el Consejo se ha limitado a
trazar unas orientaciones generales y a pedir a la Comisión que complete
sus estudios, de modo que se pueda avanzar en este debate conociendo
todos los datos y teniendo en cuenta cómo se afectaría a los equilibrios
financieros existentes.
No puedo ocultarles mi satisfacción ante este resultado del Consejo, ya
que se ha aceptado plenamente la tesis española de dar luz verde a la
ampliación sin condicionarla a que se respeten parámetros financieros
concretos, sobre los que no se han analizado todavía sus implicaciones.
Las perspectivas financieras del período 2000-2006 se abordarán en
consecuencia en los próximos dos años.
Por tanto, en lo que respecta a la vinculación del proceso de ampliación
de la Unión Europea a los países del este y del centro de Europa, con la
fijación de un techo para los gastos que conlleva, la Presidencia del
Consejo se ha limitado a expresar en sus conclusiones que las propuestas
de la Comisión que figuran en la Agenda 2000 constituyen una buena base
de trabajo para proseguir las negociaciones que permitan compatibilizar
las políticas de la Unión y el futuro marco financiero.
Ello significa, señorías, que la Presidencia del Consejo ha recogido en
su documentación final la posición defendida por España y otros países en
el Consejo Europeo de no vincular la ampliación con el establecimiento de
un límite a su coste financiero. Se respeta así la agenda establecida en
el Consejo Europeo de Madrid, de diciembre de 1995, según la cual la luz
verde para iniciar la ampliación no estaba condicionada a los resultados
de la negociación de las próximas perspectivas financieras. Será, por
tanto, durante los dos próximos años, como digo, cuando se lleve a cabo
esa negociación de la financiación futura de las políticas de la Unión,
un proceso que sin duda será intenso y difícil. De ese proceso, el
Gobierno seguirá defendiendo el mantenimiento de las políticas europeas
de cohesión económica y social, la no discriminación de los cultivos
mediterráneos en las reformas que se hagan de la política agrícola común.
España debe contribuir con su parte proporcional a pagar el coste de la
ampliación, pero en ningún modo puede verse perjudicada por falta de
esfuerzos adicionales de otros Estados miembros.
Este Consejo Europeo, al tiempo que ponía en marcha la ampliación, ha
conseguido seguir profundizando
en el proceso de integración europea, en especial mediante la adopción de
algunas decisiones pendientes sobre las funciones del llamado Euro-X, que
servirá para la coordinación de políticas económicas entre los países que
accedan a la moneda única. El Consejo Europeo ha tomado nota de los
principios y formas de coordinación económica reforzada entre los Estados
que compartirán la moneda única, así como entre éstos y los Estados que
no estén todavía en condiciones de participar en el euro.
El debate, señorías, fue muy intenso y creo que la solución a que se ha
llegado es razonable: el Consejo Ecofin seguirá siendo la instancia en la
que se decidirá sobre las grandes orientaciones de la política económica,
pero los países participantes en la zona del euro podrán reunirse entre
ellos para discutir las cuestiones específicas relacionadas con su
pertenencia a la moneda única. Ello no será obstáculo para que los países
fuera de la zona del euro participen en el Ecofin en las discusiones
sobre las cuestiones de interés común.
España se ha mostrado favorable a que se reconozca algo que además de un
derecho será una necesidad, que los países del euro puedan reunirse entre
sí para tratar temas que les conciernen. Al mismo tiempo, España ha
procurado mediar para que los llamados países out reciban información
sobre lo tratado en el Euro-X e incluso estén en estas reuniones cuando,
en un examen caso por caso, el asunto así lo requiera.
Las conclusiones de la Presidencia del Consejo han venido así a recoger
sustancialmente una posición que también compartía España con otros
países, defendiendo la existencia de un grupo informal constituido por
los países del euro, en razón de la especificidad, que significa la
existencia de una moneda común, un banco central, una política monetaria
y un tipo de cambio.
Debo asimismo señalar que el Consejo ha aprobado con satisfacción que
tras las decisiones del Consejo extraordinario de los días 20 y 21 de
noviembre ya se ha puesto en marcha el dispositivo para la aplicación
anticipada del capítulo sobre el empleo del nuevo Tratado de Amsterdam y
que el Consejo de Asuntos Sociales acaba de aprobar las directrices para
la política europea de empleo en 1998.
Por otra parte, quiero destacar que el Consejo ha acogido favorablemente
la presentación por la Comisión del proyecto de reglamento para
garantizar de forma eficaz la libre circulación de mercancías y ha
invitado al Consejo y al Parlamento Europeo a tramitar rápidamente esta
propuesta. Como ustedes saben, señorías, estamos ante el resultado de una
iniciativa y de una necesidad española. En el Consejo de Amsterdam
solicitamos a la Comisión la presentación de esta propuesta. En este
contexto, también quiero mostrar mi satisfacción por la reciente
sentencia del Tribunal de Justicia, reafirmando la obligación que tienen
todos los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la libre circulación de mercancías en el mercado interior.
Las conclusiones del Consejo en asuntos de Justicia e Interior ponen de
relieve, señorías, que ya se están poniendo las primeras piedras en la
construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia definido en
Amsterdam, con la puesta a punto de sendos convenios, uno sobre
cooperación entre entidades aduaneras y otro sobre competencia,
reconocimiento y ejecución de resoluciones en asuntos matrimoniales,
convenio este último que tendrá un impacto importante en la vida de los
ciudadanos de la Unión. Por otro lado, el Consejo constata los notables
avances realizados en la aplicación del Plan de acción en la lucha contra
la droga en Iberoamérica, también en el Caribe, iniciativa que España ha
defendido con firmeza desde sus orígenes.
En el marco de las relaciones exteriores de la Unión, y al margen de lo
ya expuesto, en lo que concierne al gran diseño de la apertura a los
países del centro y del este de Europa, el Consejo también considera
nuestra actitud de cara al conflicto de Oriente Medio. Preocupa a todos
los países, también a España, y mucho, el deterioro del proceso de paz.
Desde hace tiempo, la Unión Europea no está escatimando ningún género de
esfuerzo para intentar alcanzar una paz global, justa y duradera. En esta
línea, y como venimos haciendo en las recientes reuniones de los
Consejos, se ha de inscribir nuestra reflexión actualizada y valorativa
de dicho proceso.
En las conclusiones se reiteran las posiciones de la Unión en asuntos tan
delicados como trascendentales para alcanzar la necesaria convivencia
entre comunidades profundamente separadas: la cuestión de los
asentamientos, la reanudación de los redespliegues en los territorios
palestinos ocupados o la negociación del estatuto final.
Por otra parte, nuestro compromiso activo y fecundo queda plasmado en dos
iniciativas concretas que, como españoles y como participantes activos en
la política exterior de la Unión, nos interesa enormemente que tengan
éxito: el código de conducta y el comité permanente de seguridad. Se
trata de instrumentos que pretenden anticipar y prever las tensiones
originadas en medidas unilaterales o en actos terroristas, que tanto
entorpecen y dañan las negociaciones y contactos entre palestinos e
israelíes.
Además de la cuestión de Oriente Medio --que, como es fácil de entender,
va a estar muy presente en el marco de nuestras atenciones en la política
exterior de la Unión--, he de señalar que el Consejo Europeo acordó una
declaración con motivo del cincuentenario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. En ella se recuerda que la Unión está basada en los
principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y
libertades fundamentales, que constituyen el auténtico contenido esencial
de un texto cuyo valor
y vigencia trascienden la mera consolidación política del marco en el que
fueron adoptados hace ahora medio siglo. En esta ocasión la Unión
aprovecha la oportunidad para relanzar de una manera particularmente
activa nuestra política en el campo del respeto a los derechos humanos.
Destacan las iniciativas tendentes a lograr una mayor universalidad de
los elementos jurídicos internacionales de defensa y promoción de las
libertades y el desarrollo de la asistencia técnica para programas de
formación, sensibilidad y pedagogía en el contexto de estas libertades y
derechos fundamentales. Ni que decir tiene, señorías, que España, que
hace defensa de las libertades y del fomento de las relaciones de los
regímenes democráticos una de las referencias esenciales de su política
exterior, suscribe íntegramente la filosofía que inspira esta declaración
conmemorativa.
Estas, señorías, son las conclusiones de un Consejo sin duda importante,
trascendental para el futuro político y económico de Europa, para la
ampliación de la Unión Europea y, por supuesto también, para todos y cada
uno de nuestros países.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Tiene ahora la palabra, en nombre de Grupo Parlamentario Socialista, su
presidente, don Joaquín Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señor presidente del Gobierno, comienzo mi intervención como comenzaba la
suya, valorando en toda su entidad la condena firme y clara que todos los
jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Luxemburgo realizaron ante el
atentado que dio con la muerte del concejal de Rentería, señor Caso,
militante de su partido. En aquel momento --me encontraba yo todavía en
Luxemburgo-- formulé una condena nítida y firme de similar contenido,
como no podía ser de otra manera, a la que formularon los jefes de Estado
y de Gobierno reunidos, y de viva voz a usted, a sus compañeros de
partido y de grupo quiero expresarles nuestra más plena solidaridad y
nuestro más firme compromiso en la lucha contra la violencia, contra el
asesinato y contra la muerte.
Sin ninguna duda, el Consejo de Luxemburgo, de Luxemburgo 2, ha sido el
Consejo de la ampliación de la Unión Europea a los países del centro y
del este de Europa, además del que ha ratificado la decisión ya adoptada
de iniciar negociaciones para la adhesión de Chipre. La importancia de
esta ampliación es evidente, usted la ha calificado de trascendental y yo
me sumo sin ninguna dificultad a esa valoración, a esa adjetivación.
Desde que cayó el muro de Berlín, en 1989, todos hemos sido conscientes
de que las fronteras de Europa, de la Europa comunitaria, de la Europa
democrática, de la Europa libre, se extendían hacia el centro y el este
de Europa y de que en un tiempo razonable las instituciones de la Unión
Europea, las mesas donde nos reunimos los Estados miembros de la Unión
Europea, tenían que abrirse para acoger a esos países que aspiran --como
aspiramos nosotros en su día, cuando salíamos de la larga noche del
franquismo-- a integrarse con plenitud, con ilusión y con ganas de
colaborar en un proyecto común en esa Europa que lleva construyéndose ya
varios decenios y que afronta el siglo XXI con la necesidad imperiosa de
dar un paso adelante, un paso de naturaleza política en pos de su unidad,
en pos de la profundización de nuestro proyecto común. Luxemburgo ha sido
el primer paso, pero ha sido un paso de indudable trascendencia política
en pos de una ampliación de la que somos firmes partidarios sin ningún
género de duda, sin ninguna sombra de duda, de forma indudable, clara y
nítida, a pesar de ser, a la vez que firmes partidarios de la ampliación,
plenamente conscientes de las dificultades que ese proceso iniciado en
Luxemburgo el viernes pasado acarrea para la Unión Europea y para nuestro
propio país como país miembro de la Unión. Más adelante me referiré a las
dificultades que afectan directamente a España.
Los retos que plantea la ampliación al conjunto de la Unión Europea son,
en buena medida, aquellos definidos en el Consejo Europeo de Madrid en el
año 1995, al final de nuestra Presidencia, y son retos que la Conferencia
Intergubernamental finalizada en Amsterdam hace unos meses
desgraciadamente no supo resolver.
La Unión Europea necesita para culminar el proceso de ampliación reformas
institucionales que todavía no han sido abordadas, necesita reforzar la
política europea común, exterior y de seguridad, la PESC, necesita
profundizar más todavía de lo que lo va a hacer en estos días, hoy mismo,
con la decisión de impulsar una nueva estructura militar integrada de la
OTAN, con una identidad reforzada de seguridad europea; necesita
profundizar también en mecanismos de defensa común para dar seguridad,
para crear un espacio mucho más amplio que el actual con la misma
seguridad, con la misma garantía de paz y libertad para todos sus
ciudadanos que en la actual Unión Europea. La ampliación no puede ser el
único instrumento para realizar y culminar esos objetivos; la ampliación
es un paso político necesario de indudable trascendencia, pero necesita
ir acompañada, a lo largo de los próximos años y antes de que uno solo de
estos países se integre en la Unión Europea, de reformas y de
profundización del llamado segundo y tercer pilar, cosa que hemos
intentado hasta ahora con pocos resultados o con frutos más exiguos que
nuestras aspiraciones. De no ser así, la ampliación corre el riesgo de
diluir la entidad política de la Unión Europea y de hacer casi imposible
la toma de decisiones. Y el Consejo de Luxemburgo, que ha dado el paso
político de la ampliación, ha esquivado el
debate sobre estos problemas ligados a la ampliación y que no pueden
separarse de la misma. Se ha dado --por seguir hablando en términos
deportivos-- una patada al balón hacia adelante, se ha despejado el balón
de Luxemburgo y se ha colocado el balón, la toma de decisiones sobre
aspectos muy importantes, en la Presidencia alemana que se iniciará el 1
de enero de 1999.
Por supuesto, por encima de estas dificultades, reitero, está la
aspiración legítima de los países que quieren pertenecer como nosotros a
la Unión Europea, para los cuales se ha adoptado la decisión de iniciar
un proceso de adhesión y, con varios de ellos, un proceso de
negociaciones para su incorporación a la Unión Europea, proceso que se
inicia --como usted ha dicho-- en pocos meses. Por tanto, nos felicitamos
de esa decisión alcanzada en Luxemburgo, pero esconderíamos nuestro
propio pensamiento si no manifestamos a la vez nuestra plena conciencia
de los problemas que se le avecinan a la Unión por haber dado este paso
en Luxemburgo. Una prueba de los problemas de la Unión la hemos tenido en
el caso de Turquía, en la discusión de Luxemburgo. Ha sido el único
problema espinoso que no se ha esquivado como debate de la cumbre de
Luxemburgo. Creo que todos coincidimos en que, hoy por hoy, Turquía no
reúne condiciones para pertenecer a la Unión Europea, no cumple los
llamados requisitos de Copenhague, no cumple los criterios mínimos
políticos, democráticos, de respeto a los derechos humanos para ser
miembro de la Unión Europea, pero también creo que coincidimos todos en
que la Unión Europea y nosotros, como miembros de la Unión Europea,
necesitamos encontrar cuanto antes un marco estable y satisfactorio de
relaciones entre Turquía y la Unión. No podemos desconocer las
aspiraciones de quienes desde Turquía quieren pertenecer con nosotros a
un proyecto común europeo --no podemos dar la espalda a esos sectores
importantes del pueblo turco, de la sociedad turca--, ni tampoco podemos
desconocer los enormes problemas que nos puede acarrear a quienes ya
pertenecemos a la Unión Europea una Turquía enfrentada o una Turquía
situada a espaldas de la Unión Europea. Por eso es deseable encontrar ese
marco de relaciones estable con Turquía, por eso es muy negativo que la
respuesta de Turquía a la oferta de la conferencia permanente haya sido
hasta ahora negativa, por eso es de desear que cambie la posición de
Turquía, que pueda participar en la conferencia y que esa conferencia
sirva, entre otras cosas, para ofrecer ese marco estable de relaciones en
tanto Turquía no cumple los requisitos políticos mínimos para iniciar
unas negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Entre otras cosas, si
la relación con Turquía no sólo no mejora sino que empeora a raíz de la
decisión de Luxemburgo, la negociación con Chipre tendrá problemas; todos
lo sabemos, lo saben los chipriotas y lo sabemos nosotros como miembros
de la Unión Europea.
También nos parece positivo el acuerdo adoptado por el Consejo Europeo en
relación con el llamado Consejo informal Euro-X --podríamos denominarlo
ya Euro-11-- y la continuidad en la toma de decisiones para poder acordar
definitivamente la entrada en vigor de la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria a principios de mayo, en el Consejo extraordinario,
siguiendo los pasos iniciados en Madrid y proseguidos en Dublín y en
Amsterdam. Todo está preparado ahora, casi todo está preparado ahora,
todo lo importante ya está decidido para que en primavera se tomen las
decisiones de puesta en marcha del euro, de puesta en marcha de la
tercera fase de una unión monetaria a la que perteneceremos once países
de la Unión. Así lo reconocen ya los mercados financieros y así se acepta
políticamente incluso por quienes más contrarios se han venido
manifestando en los últimos tiempos a una unión monetaria amplia, a una
unión monetaria en la que participemos todos los países que deseamos
participar en ella, salvo el único que a todas luces no cumple todavía
los requisitos de Maastricht, es decir, Grecia. La idea de un grupo
selecto, de una unión monetaria muy restringida, la idea de un euro lo
más firme, lo más duro posible ha cedido paso al realismo político y a la
comprobación estadística, no sólo económica sino estadística, de que
muchos países cumplimos los requisitos de convergencia de Maastricht por
lo menos en las mismas condiciones en las que los cumplen los abanderados
de esa unión monetaria restringida, de ese euro reservado a unos pocos
países.
El Consejo informal del euro ha salido adelante, es verdad que en una
versión edulcorada respecto de lo que pretendía su principal impulsor que
era Francia. Yo creo que es bueno que haya sido así, creo que es bueno
que no se haya creado un Consejo que, por muy informal que fuese, hubiera
supuesto un desafío y un contrapeso a las funciones que el Ecofin, el
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, tiene encomendadas por el
Tratado y que reserva decisiones con capacidad de voto a los países que
pertenezcamos a la moneda única, y que, aun perteneciendo al Consejo y
participando en sus deliberaciones, excluye de las decisiones, del voto,
a aquellos países que, siendo miembros de la Unión, no sean miembros de
la unión monetaria.
Es verdad que el futuro nos irá mostrando nuevos problemas que ni
siquiera hoy podemos quizá percibir en toda su dimensión por el simple
hecho de integrar nuestras monedas en una moneda única, problemas que es
lógico que sean analizados con mayor detenimiento, con mayor detalle, con
mayor interés por quienes participemos y pertenezcamos a la unión
monetaria. Pero también es verdad que contribuir con una decisión no
suficientemente meditada de un Consejo informal, con competencias más
allá de lo razonable, a influir en las opiniones públicas de los países
cuyos gobiernos quieren también pertenecer a la unión monetaria y todavía
tienen opiniones públicas reticentes
hubiese sido una decisión políticamente muy equivocada. En ese sentido,
creo que el Consejo Europeo ha obrado con sentido común y con buen tino
político.
Volviendo a la ampliación, que es el tema más importante de los que han
sido acordados, una vez valorada su importancia, su trascendencia
política, a partir de ahora nos toca afrontar sus consecuencias sobre la
Unión Europea y sobre los intereses de cada uno de los países, y a
nosotros en particular nos toca reflexionar sobre el modo en que la
ampliación afecta a nuestros intereses nacionales. A mi juicio, se puede
avanzar en la reflexión planteando tres preguntas básicas: cuántos países
deben participar en la Unión Europea del futuro, cuándo se debe producir
la integración de esos países y en qué condiciones se debe producir esa
integración.
Sobre cuántos, la respuesta a Luxemburgo avanza en la clarificación: once
países --seis en una primera fase, cinco en una segunda-- han sido
considerados países candidatos a la adhesión, pero Luxemburgo no ha
resuelto definitivamente por dónde se trazan las fronteras de la Unión
Europea en el siglo XXI. ¿Se acaba en los once más Turquía, cuando
Turquía esté en condiciones políticas y quiera avanzar hacia la
integración? ¿Qué respuesta daremos a otros países que ya anticipan su
petición de adhesión? ¿Qué pasará cuando Croacia, en su momento, o
Moldavia o Ucrania digan que también ellos quieren estar sentados en la
Unión Europea? ¿Hasta dónde llegan las fronteras de la Unión? Ese debate
se ha clarificado en parte, pero no se ha cerrado en Luxemburgo. Queda
para los próximos años hacer un esfuerzo adicional de objetivación de los
límites de la Unión Europea; queda diseñar con mayor precisión que hasta
ahora la relación entre la Unión Europea del futuro y aquellos países del
Continente, antiguos países pertenecientes a la Unión Soviética u otros,
que no formen parte de la Unión Europea ni puedan formar parte de ella;
queda analizar con mayor precisión la relación entre la Unión Europea y
la Alianza Atlántica en su nueva versión; queda analizar el papel de la
OSCE; quedan muchas preguntas que todavía, como no podía ser de otra
manera, Luxemburgo no ha podido responder pero que tendremos que ir
respondiendo en los próximos años.
¿Cuándo se debe producir la ampliación? Ha habido, como usted decía,
señor presidente, discusiones con figuras deportivas sobre cómo debía
iniciarse el proceso de adhesión y con quiénes se debía iniciar un
proceso de negociación. Ahora, decidida ya esa primera parte de la
incógnita, tenemos que pasar a reflexionar sobre la segunda: cómo se
acaba la negociación, qué expectativas damos a quienes no puedan
integrarse en una primera fase, qué consecuencias puede tener para los
países que no se integren en una primera fase el hecho mismo de no haber
podido integrarse, qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para la
minoría húngara de Rumanía el ver que Hungría se pueda integrar en la
Unión Europea y que Rumanía no tenga en ese momento --y ojalá que sí las
tenga-- las expectativas despejadas en cuanto a calendario, condiciones,
plazos y requisitos. Por citar un caso de los muchos casos importantes,
difíciles de resolver, que se plantean una vez que se pone en marcha el
proceso de ampliación, el proceso de adhesión y las negociaciones que
conducen a la integración de algunos países, sin poder responder de una
sola vez y para siempre a todas las demandas en el mismo momento y en las
mismas condiciones. Habrá que ir, por tanto, despejando incógnitas y las
mismas ayudarán a que el proceso de ampliación se desarrolle de la manera
más armoniosa y menos conflictiva posible, no ya dentro de las fronteras
de la actual Unión Europea, sino entre los países que aspiran a
pertenecer con nosotros a la Unión Europea del futuro.
Tercera pregunta, ya mas relacionada con los intereses y con las
preocupaciones de nuestro país, de nuestra sociedad: en qué condiciones
se va a producir la ampliación, cuáles son las consecuencias para la
actual Unión Europea de la ampliación a nuevos miembros. Todo indica que
las negociaciones que van a iniciarse en pocos meses van a provocar en la
Unión Europea la aparición en nuestro seno, entre los Quince, de nuevos
problemas sin antes haber logrado resolver algunos de los que ya tenemos
en la Unión Europea a Quince. O, dicho de otra manera, salvo que se
optase --y no parece que políticamente sea aconsejable-- por un
calendario muy dilatado de negociaciones, las adaptaciones de los nuevos
Estados miembros para soportar, conforme a sus intereses propios y a sus
necesidades, la integración en la Unión Europea, adaptaciones necesarias
que van a ser muy superiores a las que tuvimos que hacer los anteriores
países candidatos, se van a producir en lo sustancial no antes de su
integración sino cuando ya estén integrados. No hay tiempo para programar
una negociación que puede durar cuatro, cinco o seis años, como se estima
en las previsiones de la Comisión Europea, y, a la vez, aprovechar ese
tiempo para que los países candidatos, incluso quienes están en mejores
condiciones relativas, puedan superar todas y cada una de las
dificultades que les va a suponer para su tejido productivo, para su
ordenamiento jurídico, para su propia forma de organizar sus
instituciones, la integración en la Unión Europea. Por ello, no será
extraño que en un período de tiempo posterior a la integración de esos
países vayan a reforzarse, una vez dentro, sus peticiones de ajuste sobre
las condiciones de integración y sus peticiones de más apoyo, de más
ayuda que las que ahora somos capaces de prever para ayudar a facilitar
su proceso de integración y su primera instalación en la Unión Europea. Y
aquí entramos en un debate que no se ha tenido en Luxemburgo pero que se
abre a partir de Luxemburgo. ¿Basta con los recursos financieros de que
dispone hoy la Unión Europea para acometer ese reto? Creo que todos
estamos de acuerdo en que no parece que con los actuales recursos y con
los que la Comisión Europea prevé en su proyecto de perspectivas
financieras hasta el año 2006 sea posible financiar los costes de la
ampliación y, a la vez, financiar las reformas internas que deben
producirse antes de la ampliación o coincidiendo con los primeros años de
la ampliación. Ni siquiera es seguro que, con independencia de la
ampliación, el famoso 1,27 por ciento como techo máximo de recursos de la
Unión Europea para los próximos años sea suficiente para financiar la
reforma de la política agrícola común, las políticas estructurales de los
próximos años y el resto de las políticas de la Unión, que representan
aproximadamente una quinta parte del total de su presupuesto. Es decir,
no es seguro que haya dinero para resolver nuestros problemas internos,
con independencia del dinero que habrá que encontrar para facilitar el
proceso de adhesión y las consecuencias de la integración de nuevos
países en la Unión Europea. Esto es algo que nosotros decimos aquí y
reiteramos, pero cuando salimos fuera y nos encontramos con el resto de
nuestros socios, de los países miembros, de nuestros amigos, no
escuchamos muchas voces que coincidan con nuestro análisis. Es verdad que
ahora en Luxemburgo hemos coincidido o han coincidido con nosotros
Alemania y Holanda por razones tácticas, por razones opuestas a los
intereses de fondo que nosotros tenemos que defender en la reforma de las
perspectivas financieras que necesariamente tiene que producirse para
facilitar la adhesión y para asimilar la integración de nuevos países. En
el Consejo Europeo de Luxemburgo l, en el del empleo, que debatíamos hace
poco, nos quedamos solos, se quedaron ustedes solos. En esta ocasión
hemos tenido compañía, pero una compañía táctica, una compañía
accidental, una compañía que cuando llegue esa Presidencia alemana, en el
primer semestre de 1999, girará 180 grados y defenderá posiciones, en
cuanto a perspectivas financieras, frontalmente opuestas a las que
nosotros defendemos y tendremos que seguir defendiendo dentro de un año.
Igual que nos hemos quedado solos --y eso sí, en relación con temas que
habrá que debatir en los próximos años-- o se han quedado ustedes solos
ya en los primeros escarceos de debate sobre la reforma de la política
agrícola común, precisamente por discrepancias sobre cuánto dinero se
necesita tener en el presupuesto de la Unión Europea para financiar una
reforma de la política agrícola común y, a la vez, seguir manteniendo e
incrementando políticas estructurales y políticas de cohesión que no van
a ser menos necesarias en la futura Unión Europea, sino que precisamente
van a ser más necesarias en una Unión Europea con más miembros y con
mucha mayor desigualdad entre sus miembros.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALMUNIA AMANN: Sí, señor presidente.
El problema, por lo tanto, que se abre a partir de ahora radica en que se
pacta iniciar la ampliación sin recursos adicionales. Y si los
contribuyentes netos, básicamente Alemania y Holanda, quieren pagar menos
y los nuevos miembros que van a acceder a la Unión Europea quieren
recibir más de lo que aporten, o se reducen los gastos de la política
agrícola común, lo cual parece inviable, o la ampliación tendrá que ser
pagada en las actuales condiciones por los países que hoy nos
beneficiamos de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, lo cual
es inaceptable por nuestra parte, por la parte de Portugal, por la parte
de Grecia, al menos por esos tres países, y ojalá hubiese más países que
lo viesen como lo vemos nosotros.
No sólo hay problemas económicos; hay problemas de otra naturaleza que
afectan ya al conjunto de la Unión y no especialmente a nosotros, como
las carencias todavía de segundo y tercer pilar y, sobre todo, la reforma
institucional pendiente, la reforma de los mecanismos de toma de
decisiones, la ponderación de votos en los Consejos de Ministros, el
número de comisarios y la lista de asuntos que pueden ser decididos por
mayoría cualificada. Es verdad que en los últimos 20 años la Unión
Europea ha sido capaz de ampliarse y, a la vez, profundizar en la
intensidad de sus políticas o en la ambición de sus objetivos, pero a
partir de ahora, en la siguiente ampliación, parece que existe bastante
mayor dificultad que en el pasado para superar a la vez el reto de la
ampliación y la necesidad de la profundización de la construcción
europea. Se avecinan tiempos cruciales, tanto para el porvenir de la
construcción europea como para la defensa de los intereses nacionales en
el seno de la Unión Europea. Una Europa que cobra una dimensión distinta
y que todavía no sabe cómo se va a adaptar a esa nueva dimensión que ha
decidido políticamente adoptar. Y nuestra opción como país, señor
presidente, no puede ser la renuncia a la defensa de nuestros intereses y
tampoco el aislamiento frente a los demás. Ni podemos ceder ni podemos
estar siempre vetando decisiones. España tiene que volver a jugar un
papel protagonista en Europa, y ese protagonismo tiene necesariamente que
basarse en una visión de Europa y no sólo en una enumeración de nuestras
reivindicaciones frente al resto de Europa.
Pensar en Europa y apostar por su profundización como un proyecto común
no sólo no es contradictorio con la defensa de nuestro interés nacional
sino que es el requisito indispensable para garantizar nuestras
aspiraciones. Como españoles, como país, tenemos que estar en el centro
de los debates europeos que se inician con esta ampliación decidida en
Luxemburgo y no debemos quedar aislados en ninguno de esos debates.
Tenemos que participar en esos debates con propuestas
globales, compatibles con nuestros intereses nacionales. No podemos
evitar que haya debates, lo que tenemos que hacer es argumentar y
ganarlos. Y para ello hay que ser tenaces y europeístas en la misma
medida, no se puede ser lo uno sin lo otro. Si su Gobierno actúa así,
nadie le va a llamar a usted pedigüeño, ni en Europa ni en esta Cámara.
Más bien pienso que, actuando así, usted podría recibir el respaldo de la
inmensa mayoría de la Cámara. Y la postura de España se robustece cada
vez que en esta Cámara hay una amplísima mayoría apoyando al Gobierno
cuando el Gobierno defiende nuestros intereses nacionales en un Consejo
Europeo o en un Consejo de Ministros. Y en lo que va de legislatura y
desde el Partido Socialista le hemos venido prestando ese apoyo, salvo en
el último debate sobre empleo, donde por tratarse de una cuestión, hasta
ahora al menos, más de política nacional que de política europea ustedes
eligieron una táctica equivocada y nosotros se la denunciamos aquí hace
15 días. Pero nuestro estilo de oposición --lo sabe usted bien, señor
presidente-- en cuestiones de Estado, y la política europea lo es, no es
un estilo de oposición como el que ustedes practicaban hasta marzo de
1996. En este año y medio hemos sabido distinguir los temas que requieren
consenso, en los que hay que anteponer los intereses generales a los
intereses de partido, y sabemos actuar en consecuencia con esa
distinción, pero también estamos comprobando que ustedes no acaban de
distinguir unos temas de otros. Ni lo hicieron en la oposición ni lo
hacen ahora, desde el Gobierno. En los últimos días hemos tenido ocasión
unas cuantas veces de comprobar que lo que digo está avalado por los
hechos. Por eso hay que recordar --y con ello acabo, señor presidente--
que el consenso exige una voluntad común de llegar a acuerdos; exige la
renuncia a la rentabilización en exclusiva de los logros y la disposición
a corresponsabilizarse todos en la asunción de los costes; exige
información e intercambio abierto y franco de opiniones, de criterios y
de posibles soluciones alternativas. Sobre todo, el consenso exige, señor
presidente, lealtad mutua, respeto mutuo y un cuidado exquisito con las
reglas del juego. ¿Quiere usted ese consenso, es usted capaz de gobernar
así? De su respuesta a estas preguntas y de su actitud va a depender,
señor presidente, que el consenso en política europea y en otras materias
sea posible o quede arruinado. Por mi parte le adelanto que, de estar en
su lugar, respondería afirmativamente a las dos preguntas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
su presidente, don Julio Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
nuestro grupo parlamentario se suma a la condena que los jefes de Estado
y de Gobierno reunidos en Luxemburgo han hecho del último atentado
terrorista y saluda la iniciativa. Nos solidarizamos con usted y con su
partido en el dolor y en la condena de todo acto terrorista.
Señor presidente del Gobierno, sin que impliquen mis palabras ninguna
censura acre ni ganas de polemizar, ya va siendo habitual que cada seis
meses el presidente del Gobierno venga a esta tribuna, nos cuente los
acontecimientos que han tenido lugar en la última cumbre, nos informe de
los resultados y haga algún que otro comentario leve sobre los mismos.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El primer comentario que surge es el siguiente. Tenemos los resultados de
la cumbre desde hace varios días, sabemos leer, entendemos perfectamente
lo que ahí viene y, por lo tanto, la intervención del señor presidente
del Gobierno, a nuestro juicio, debiera de enfocar cada cumbre en el
proceso de construcción europea, en el proyecto, es decir, ver cada
cumbre en un proceso dinámico y no en una foto fija. Hace muchos años
esta Cámara dio su apoyo a la integración de lo que entonces se llamaba
la Comunidad Económica Europea y cuando lo hizo sabía perfectamente que a
cambio de unos logros que se le planteaban a nuestro país, iniciábamos, a
veces, una senda de sacrificios, que después resultaron mayores de lo que
se esperaba. Es decir, aquella integración tenía repercusiones sobre el
acero, sobre el carbón, sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre
la educación, sobre la industria y sobre un largo etcétera. Cuando esta
Cámara da su aprobación y se convence al pueblo español de que
emprendíamos un camino sin duda de renuncias pero importante sabía que
iniciábamos un proceso y yo estoy seguro que esta Cámara debe entrar a
discutir cómo va ese proceso: si lo que entonces se dijo que se iba a
construir es lo que se está construyendo, adónde conduce esto, y en cada
jalón del camino, es decir, en cada cumbre europea, podemos hacer un
análisis de si el proceso es correcto. Es lo mismo que si cada seis meses
el tren se para en una estación, se ve si los vagones funcionan, pero
nadie pregunta si el camino que va a recorrer es correcto o no.
Cada seis meses estamos ante lo mismo. Cada cumbre es extraordinaria,
cada cumbre es magnífica, se van cumpliendo los proyectos, pero no se
dicen cuáles. Cada cumbre tiene después una especie de apelativo: la
cumbre del empleo, que fue la cumbre extraordinaria de Luxemburgo; la
Conferencia Intergubernamental, que marca el reto de la construcción
europea, y ahora estamos ante una cumbre de Luxemburgo de extraordinaria
importancia, porque significa ni más ni menos que el orden mundial
trazado en Yalta y Postdam haga que muchos países de la antigua órbita
soviética se incorporen a esta Unión Europea, pero el
problema es que aquí todavía no se ha discutido cuál es el proyecto de
construcción europea, y a eso mis palabras tienden esta tarde, aunque
seguramente a SS. SS. les suenen a repetidas, pero es que repetida una y
otra vez es la intervención de los distintos presidentes de Gobierno
aquí, contando un texto que leemos todos, haciendo cuatro comentarios,
pero no entrando a debatir si lo que se está construyendo es realmente
aquello que se dijo aquí que se iba a construir.
Por tanto, vamos a empezar a hablar de esta cuestión, pero uniéndola a
otra que figura en los titulares de los periódicos y que no se
interrelaciona. Cada vez que hay una cumbre europea y el señor presidente
de Gobierno viene aquí, dos o tres días antes, dos o tres días después,
surge la misma expresión, la necesidad de otra reforma del mercado
laboral, es decir, el anuncio de otra vuelta de tuerca, y parece que son
cosas que no tienen nada que ver con lo anterior, cuando están
íntimamente vinculadas e íntimamente ligadas.
Cuando aquí se viene a plantear la ampliación de la Unión Europea a los
países del Este, la primera pregunta que teníamos que hacer desde este
proceso es: ¿ampliación de qué, de qué construcción europea estamos
hablando? La segunda: ¿en qué marco se hace? La tercera: ¿con qué método?
Y la cuarta, que es la importante: ¿cuál es la lógica de este proceso?
Empezaré por contestar, con los documentos delante de mí, qué estamos
construyendo. Vamos a refrescar ligeramente la memoria, señorías; sus
señorías la tienen tan buena como yo, sin duda, pero no está mal que en
el «Diario de Sesiones», por enésima vez, este portavoz vuelva a
recordarles a SS. SS. lo que votaron aquí y parece que han olvidado.
Recordemos someramente el año 1969, cumbre de La Haya. Se les dice a los
ministros de Asuntos Exteriores que empiecen a construir la unidad
política de Europa: unión política. 1972, cumbre de París, vuelta a decir
lo mismo; se va vendiendo el mensaje, el mensaje ilusionado de que hay
que construir la unión política de Europa. 1984, el Parlamento Europeo, a
través del Tratado de Roma, plantea las cuestiones en su justo término:
Europa tendrá una unión política o lo que llamamos construcción europea
será otra cosa, pero no construcción europea. Nada menos que diez
Parlamentos se suman de manera entusiasta y el Consejo Europeo se ve
obligado, en 1987, a aprobar el Acta Unica europea, como un paso
importante de respuesta a algo que el Parlamento Europeo había puesto en
marcha. Volvamos otra vez a esa Acta Unica europea. Tiene dos objetivos
clarísimos: uno, el mercado único y, otro, el que está contenido en el
artículo 130 del Acta Unica europea que paso a leerles a SS. SS. Dice
así: «A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la
Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar
su cohesión económica y social. La Comunidad se propondrá, en particular,
reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas
regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas...»
Pues bien, señorías, el último informe de la Comisión Europea dice que
las diferencias regionales han seguido aumentando. Vamos a hacer el
primer análisis. Se crean unos fondos que intentan paliar las diferencias
regionales y, exactamente, a los doce años del Acta Unica europea nos
encontramos que las diferencias regionales no se han cerrado, sino que se
están separando. Esto ¿a qué conclusión lleva? ¿O seguimos repitiendo
cada seis meses el mismo estribillo sin pararnos a estudiar el proceso de
lo que está ocurriendo en Europa? Ya tienen el primer dato, no sirve de
nada la llamada política de cohesión económica y social basada
exclusivamente en unos fondos, que bienvenidos sean, pero esa no es la
cohesión económica y social, porque los datos de la propia Comisión nos
dicen que las diferencias de las regiones de Europa cada vez son mayores.
Es la primera evaluación que habría que hacer para ver si cada seis meses
lo que ustedes, jefes de Gobierno y jefes de Estado, debaten es concorde
con lo que aquí se votó y con lo que se dijo que se iba a crear.
Ahora bien, en 1990 --y sigo con la memoria porque es la que afecta a
esta Cámara, lo que aquí se dijo y lo que aquí se debatió--, el 20 de
noviembre, tiene lugar el encuentro de los Parlamentos nacionales en
Roma. Es la cuarta vez que lo cuento; seguramente no será la última.
¿Cuál es el acuerdo al que llegan los representantes de los pueblos
europeos y, por tanto, ustedes, señorías, representados allí el 20 de
noviembre de 1990? ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que aprueban? Que la
construcción europea exige un doble imperativo, el de la justicia social
y el de la democracia económica. Puede que a algunos de ustedes
seguramente este término les suene algo extraño: democracia económica; es
más, la democracia no es solamente una participación electoral, sino la
intervención en todo, también en la propia economía. Es un concepto que
definen los parlamentarios que nos representan entonces allí al hablar de
la democracia económica, una Unión Europea fundada en una base federal y
cuando plantean la creación de una Europa federal están hablando de una
creación eminentemente política, la organización de un supraestado, de
una supranacionalidad o la aproximación a este contexto; una unión
política que implica una política exterior común. Juzguen ustedes,
señorías, métanse la mano en el pecho, si tiene la Unión Europea y si
ustedes allí han hablado desde hace seis meses de una auténtica política
exterior. Digan si han conseguido articular siquiera una política
estrictamente europea.
Naturalmente, también plantean la política social común. Esto ha
desaparecido totalmente de las discusiones y los debates que ustedes han
tenido y plantean algo que parece que es una flor extraña, pero que está
en el meollo mismo del auténtico proyecto que aquí se
debatió en los orígenes hace muchos años: la constitución europea. No es
de extrañar que divorciados ya del auténtico sentido que significaba la
apuesta que se le vendió al pueblo español desde esta Cámara, nos
encontremos que el 8 de febrero de 1994 un señor llamado don Marcelino
Oreja Aguirre, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores, quiera
llevar al Parlamento Europeo el primer anteproyecto de constitución
europea y que los dos grupos aquí representados, en su traducción
europea, impidan que ese proyecto de constitución europea se pueda
discutir en el plenario.
¿Qué ha pasado entre la reunión de Roma y el intento de discusión en el
Parlamento Europeo? Maastricht. Y no es por demonizar ninguna expresión,
pero voy a bajarme a los datos concretos que SS. SS conocen tan
perfectamente como yo. Para empezar, lo que prima en Maastricht es la
convergencia hacia la moneda única; es decir, lo que prima en Maastricht,
como después va a denunciar el Parlamento Europeo, tal y como dije aquí
en mi última intervención, es poner el esfuerzo de la gente al servicio
de que los números encajen, no al revés, que los números estén al
servicio del bienestar social. En Maastricht, señorías, desaparece el
concepto de unión política, ya nunca más se ha vuelto a hablar de la
unión política europea. ¿Dónde están los discursos de los ilustres
tribunos y portavoces de las fuerzas políticas en los años anteriores? Se
los ha llevado el viento. Europa, para empezar, en Maastricht es
simplemente la convergencia hacia la moneda única, no hay unión política
y, naturalmente, desaparece toda alusión con enjundia y con contenidos a
una política exterior de seguridad común.
En 1995 tiene lugar la Conferencia Intergubernamental. Parece ser que se
puede revisar Maastricht, parece ser que se puede corregir el
despropósito, es decir, el proyecto que ya no tiene nada que ver con lo
que fue inicialmente. Pues no. Para empezar, el meollo del asunto, que es
la cuestión económica y financiera, la moneda única, desaparece: no, esto
no se revisa. Podíamos decir: bueno, quedan dos cuestiones a revisar, la
política exterior y de seguridad común: no, no, eso es competencia de la
OTAN. Y aquí hay una dejación importante. Los parlamentos europeos, los
jefes de Estado y de Gobierno y, por ende, los que apoyaran eso renuncian
a tener una política europea y la enajenan en la OTAN; es decir, es un
golpe bajo a la creación de una autentica construcción europea, ante el
silencio de muchos y la complicidad de casi todos. Naturalmente, apenas
se entra en la reforma institucional.
1997, cumbre de Amsterdam. Vamos a reformar lo reformable. No se reforma
nada. Ni se toca la convergencia nominal, ni hay política exterior, y la
reforma institucional es puramente una operación de afeite estrictamente
superficial. Eso sí, hacen una operación, por la presión que tiene el
Gobierno francés, pero ya en la convocatoria de la cumbre del empleo
muestran ustedes dónde está el fallo: el tema del empleo no se puede
tratar en Amsterdam; lo trataremos en una cumbre extraordinaria en
noviembre. Yo lanzo una pregunta: ¿pero cómo se puede debatir de empleo
cuando no se debate de política económica? ¿Qué es eso de quitar la
política económica en un debate del empleo? Aquí estuvo la primera
trampa, llegar a discutir sobre el empleo sin hablar de política
económica y financiera. ¿Para qué? Para que la opinión pública, otra vez
engañada, creyera que se estaba hablando en serio de la creación de
empleo. No se ha hablado en serio, porque no se puede hablar de empleo
sin hablar de los mecanismos económicos y políticos.
Pues bien, cumbre ordinaria de Luxemburgo, la que nos ocupa, la
ampliación hacia el Este. Nos encontramos con lo mismo. Dígame, señor
Aznar, en su réplica o en su comentario, si puede, si han hecho ustedes
alguna alusión a Oriente Medio en la política exterior común de Europa;
qué han analizado, adónde van, qué han añadido, qué han comentado, cuál
es su proyecto de política exterior de eso que se llama Europa, por lo
menos, desde la memoria histórica de este Parlamento de esa construcción
europea.
¿Qué han hablado ustedes de unión política? Nada. Desde el Tratado de
Maastricht aquí ya no hay unidad política; puramente moneda única, pero
de unión política, nada en absoluto, ya ni la mencionan, se cayó. Bueno,
¿lo dejamos caer? ¿Hay alguna alusión? ¿Se muere por olvido? ¿Dónde está
la expresión unión política, que era el meollo que nos unía a todos en
ese proyecto común y que han ido dejando caer en el transcurso de estos
años?
La ampliación al Este, características. Señorías, la incorporación de
nuevos países de la antigua Europa del Este no es una ampliación
política, porque no hay política, ni es una ampliación a otro modelo de
política de defensa, porque tampoco lo tiene. Simplemente es la
ampliación de una zona de librecambio. Vuelta a empezar. Esto que se dice
aquí de que vamos a acabar con el orden que se instituyó en Yalta y
Postdam es una metáfora, pero no tiene ningún contenido. El problema
fundamental, repito, es que no se incorporan a una entidad política; se
incorporan simplemente a una zona de librecambio. Se han abandonado todos
los sueños y las propuestas de construcción de una entidad. Por cierto,
en sus expresiones y en las de otros oradores, aquella expresión que
circulaba por aquí de «Europa, desde la isla de Hierro a los Urales»,
comienza ya a ser puesta en cuestión. Aquello que se vendió al pueblo
español de una construcción paneuropea comienza a ser abandonado y tiene
su lógica. En la medida en que ustedes renunciaron y echaron por la borda
el proyecto de construcción política, les viene ancha esta ampliación
puramente económica, no saben cómo manejarse dentro de ella. Pues bien,
hay una ampliación y al aire de la misma le pediríamos dos cuestiones.
Para empezar, si es posible que se pueda demandar una conferencia
intergubernamental,
antes del 2000 o al filo del 2000, para poder hablar de las
modificaciones en las instituciones europeas. Es que no se ha hecho nada,
absolutamente nada y antes de que se incorporen estos países a la zona de
librecambio, a ver si es posible que una conferencia intergubernamental
pueda poner las cosas medianamente en orden. Otra cuestión, ¿es posible
crear en este Parlamento --si lo demanda el partido mayoritario y los
demás están de acuerdo-- una comisión permanente para que podamos
discutir aquí del ingreso de cada país y hagamos el seguimiento del
proceso? ¿Es mucho pedir?
Ahora bien, sobre el problema de la financiación que aquí se ha tocado,
saben SS. SS. que el Parlamento Europeo ha sido extremadamente duro con
la posición de la Comisión, porque no se puede hablar de ampliar esto que
ustedes llaman Europa sin hablar de reformas institucionales, de reformas
políticas, de reformas económicas y de reformas financieras. Es decir,
hablamos para que entren seis más y aquí no ha pasado nada y, claro, el
debate lo tienen ustedes que lo han querido obviar. Para empezar, saben
SS. SS. --y el orador que me ha precedido ha hablado de ello-- cómo se
fijó el límite del 1,27 por ciento del producto nacional bruto: que un
0,46 por ciento era para los fondos estructurales, un 0,6 por ciento para
la política agraria común y el resto para otras políticas comunitarias.
Ahora bien, ¿qué dice la Comisión? No se puede subir más del 1,27 por
ciento, que, por cierto, viene ya desde hace mucho tiempo. Por tanto, los
demás países que se incorporen, que entren con la cantidad a repartir
entre más. El problema es simple, el dividendo es el mismo, se aumenta el
divisor y, por tanto, el cociente, a lo que toca a cada país, es cada vez
menor. Hacen un informe, como dice el Parlamento Europeo, increíble. En
unos casos manejan moneda corriente, en otros constante; es decir,
manejan datos heterogéneos, en absoluto de fiar y, a partir de ahí, entra
el cuento de la lechera, la suposición de que el 1,27 por ciento --que yo
sé que todavía no se ha agotado-- es correcta en lo siguiente. Los países
de la Unión Europea tienen que crecer al 2 por ciento y los países del
este de Europa que quieran entrar tienen que crecer al 4 por ciento.
¿Cómo se prevé eso, en función de qué? Además tienen que mantener un
nivel de inflación media del 2 por ciento.
¿Qué ha hecho su señoría? Dilatar el debate. Evidentemente, para el
Gobierno español y para los intereses de España, que necesita de esos
fondos estructurales, había que hacer lo mejor y lo más conveniente,
pero, como también se ha dicho aquí, nos hemos puesto a guardar las
ovejas con el lobo, porque Alemania y Holanda están esperando que se
celebren las próximas elecciones. Saben ustedes perfectamente que el
canciller Kohl y sus ministros de Economía ya han pedido también el
cheque inglés o el cheque de devolución. No quieren ser los que paguen
más de Europa y, por tanto, desde la posición reforzada de ganar unas
elecciones, ya hablaremos si se queda en el 1,27 por ciento, más o menos.
Para entonces habrá que tener otras alianzas y forzar éstas.
Por otro lado, nos encontramos con que para la convergencia de esos
países, a los cuales se les sitúa en una carrera de ajuste permanente,
tendrá que haber un seguimiento, porque cumplen las condiciones
políticas, pero, señorías, esos países vienen de una economía totalmente
distinta. No caigamos en aquella inmensa tontería defendida por muchos
jefes de Estado y de Gobierno europeos cuando decían que la Unión
Soviética podía pasar del antiguo sistema económico al capitalismo en 500
días. Tonterías como esta se han escrito, se han mantenido y no ha pasado
nada, pero hay que denunciarlas para que no se vuelva a incurrir en el
mismo error en esto que ustedes llaman ampliación europea.
Nuestra opción era, y coincidíamos con el Gobierno, lo que usted ha
llamado operación regata, porque en el caso de Turquía --yo quisiera
refrescar la memoria de sus señorías-- hubo un diputado del Parlamento
Europeo que fue de nuestro grupo político, de Izquierda Unida en el
Parlamento Europeo, don Carlos Carnero, que fue nombrado ponente para que
informara sobre si Turquía podía entrar en la unión aduanera. El ponente
señor Carnero dio el informe que tenía que dar: en Turquía hay permanente
violación de los derechos humanos, no es solamente el problema de los
kurdos. Pues bien, señorías, sus compañeros allí, contra el dictamen y
las demostraciones que hacía nuestro ponente y el ponente del Parlamento
Europeo, votaron que sí a la entrada de Turquía. Ahora el Consejo tiene
que decir que nuestro ponente tenía razón y que se columpiaron aquellos
que en el Parlamento Europeo le dieron el pescozón de entrada a Turquía,
sin parar en mientes en un documento razonado y bien fundado.
Las consecuencias, por tanto, de Luxemburgo son que, para empezar, las
economías y las sociedades de los países candidatos van a tener que
afrontar el permanente Pacto de estabilidad y el ajuste también
permanente, y, en segundo lugar, el abigarramiento y profusión de entes y
marcos de diálogo. Por una parte, está la recién creada Conferencia
europea, quince más once. Se ven los quince que están ahora, más los
once, que están en dos tandas, los primeros y los segundos de los once.
Por otra parte, están la propia Unión Europea de quince miembros, el
Consejo del Ecofin, los encuentros particulares con cada país que quiere
entrar, el Banco Central Europeo, el sistema de bancos centrales y la
creación del Euro-X. Esa X está por despejar, cuando se sepa qué países
entran en la moneda única, y es a la que quiero referirme en la parte
final de mi intervención.
El Euro-X, y leo del acta, está para la supervisión y coordinación
reforzadas de las políticas económicas de los Estados miembros de las
zonas del euro. Los
objetivos son la estrecha supervisión de la evolución macroeconomica de
los Estados miembros para asegurar una convergencia sostenida --y lanzo
aquí esta idea en aras a una próxima intervención mía-- que significa
déficit cero y después superávit, es decir, ajuste permanente; la
supervisión de las situaciones y políticas presupuestarias de conformidad
con el Tratado y con el Pacto de estabilidad y crecimiento; y la
supervisión de las políticas estructurales de los Estados miembros en
relación al mercado de trabajo, mercado de productos y servicios y
tendencia de los costes y precios.
Para empezar, tenemos una Europa a varias velocidades. ¡Cuánta tinta se
ha gastado el «Diario de Sesiones» de esta Cámara! «No consentiremos una
Europa de varias velocidades; esto es incompatible con el proyecto de
construcción europea». Pues ya tienen ustedes una construcción europea a
cuatro velocidades: la del euro; la de los países que están dentro de la
Unión Europea, pero no están dentro del euro; la de los seis primeros
países que van a entrar, y la otra, de los que quedan en posición de
diálogo: cuatro. Además, ¿por qué hablo de velocidades, a pesar de que
hagan así con la cabeza? ¿Por qué han creado ustedes el Euro-X?
Simplemente porque tienen que retomar un profundo error. Hay procesos en
la política económica que tienen que ser dirigidos siempre por la
política. Esa barbaridad, ese tremendo error, ese disparate monstruoso de
hacer que un banco central europeo sea el que dirija la política
monetaria han tenido ustedes que corregirlo a medio gas y saben que ese
proceso necesita de decisiones políticas tomadas por los gobiernos
democráticos, y crean el Euro-X, pero, ¿cuál es el problema? Que lo crean
al servicio de lo que se diseña en el Pacto de estabilidad y de
crecimiento, es decir, la convergencia duradera que se aprueba en Madrid
y, a partir de ahí, permanentemente, en ese ajuste constante y duradero,
son varias las velocidades y ello va a imprimir una velocidad a esos
países que estén en la zona del llamado Euro-X que va a afectar a las
negociaciones con los demás. La asimetría está servida.
La Europa de círculos concéntricos, de la que se habló hace seis años y
se dijo en esta Cámara que era un disparate y se negó, ya está ahí,
traída simplemente de esta visión de construcción europea, que de
construcción europea no tiene nada y sí mucho de creación de una zona de
librecambio. Claro, a continuación, los próximos años, seguramente,
vendremos aquí a hablar de lo bien que se está construyendo todo. Estamos
esperando lo que va a ocurrir con el empleo. Ya le adelanto que no
creemos que ocurra nada. Veremos lo que ocurre en estos países y veremos
las luchas internas que se establecen en el marco del Euro-X con respecto
a los países de los Quince que no entren en ese marco.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Anguita, le
ruego concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy terminando.
En definitiva, otra cumbre para venir a hablar de lo mismo, sin hacer
nunca un debate sobre el proceso, y yo haría la última petición al señor
presidente del Gobierno, porque creo que está en sus facultades. ¿Se
puede hacer un debate al margen de las cumbres, donde vengamos aquí a ver
el proceso desde el año 1986, en el que analicemos lo que dijimos y cómo
lo vemos ahora? ¿Podemos debatir qué es lo que se está construyendo sin
tener que estar comentando lo que ha ocurrido en Luxemburgo, en Dublín o
en Florencia? ¿Podemos relajarnos y hablar tranquilamente para saber que
lo que se votó aquí en esta Cámara tiene en estos momentos sentido o no,
o seguimos como el personaje calderoniano de La vida es sueño?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Anguita.
En nombre del Grupo, Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias Señor presidente. Señor presidente del
Gobierno, señoras y señores diputados, revisando simplemente el orden del
día de la última cumbre de Luxemburgo da idea del carácter, a nuestro
entender absolutamente trascendente e histórico, de los hechos que nos
corresponde juzgar o valorar políticamente hoy y que estamos
protagonizando los Estados miembros de la Unión Europea.
Fundamentalmente fueron dos los tipos de problemas o de decisiones que
debían tomarse en esa cumbre y que se afrontaron en Luxemburgo: por una
parte, la unión monetaria; por otra, la ampliación de la Unión Europea.
Esos son los dos grandes temas de la cumbre de Luxemburgo. Como digo, el
hecho de la reiteración de consejos cada seis meses creo que nos debe
llevar a un cierto alto en el camino, como hacía referencia el orador que
me ha precedido en el uso de la palabra, y valorar en sus justos términos
qué es lo que estamos haciendo.
Por una parte, la unión monetaria, es decir, unos Estados se reúnen para,
sin perder la soberanía, establecer una única moneda para las
transacciones comerciales que le represente una única moneda a nivel de
los intercambios comerciales. Ese es un hecho trascendente en el sentido
histórico, en el sentido de que hasta hoy, nunca, desde que se crearon
las monedas, ningún Estado ha hecho lo que hoy estamos haciendo los diez,
once --veremos cuántos acabamos siendo-- Estados miembros de la Unión,
que a partir de mayo del año próximo, estableceremos una moneda única.
Por tanto, este es un hecho absolutamente trascendente.
El segundo seguramente para muchos lo es todavía más. Se trata
prácticamente de ampliar el establecimiento de una Unión Europea a nivel
de todo el ámbito geográfico de Europa. Creo que una unión de tan amplias
fronteras no existía desde hace 800 o 900
años. Se había intentado hasta ahora no precisamente por métodos
pacíficos, sino por métodos armados, pero es la primera vez, insisto, que
en 800 o 900 años se intenta por métodos pacíficos, y todo parece indicar
que con éxito. Por tanto, insisto, sólo hace falta mirar el orden del día
de la cumbre de Luxemburgo para darse uno cuenta de la trascendencia
histórica de los hechos que estamos protagonizando.
Por primera vez, probablemente, en los últimos tres o cuatro años la
Unión Monetaria no ha sido la gran protagonista de la cumbre, lo ha sido
la ampliación, pero eso precisamente también puede dar idea de hasta qué
punto es importante la ampliación; es decir, un hecho como el de la unión
monetaria pasa casi desapercibido. Y ha sido importante esta cumbre
también para la constitución de la moneda única. Es bien cierto que al
llegar a Luxemburgo el euro contaba ya en primer lugar con un pacto de
estabilidad y crecimiento, pacto de estabilidad y crecimiento que
garantiza y acentúa la convergencia nominal de las economías en el euro,
y también con un estatuto jurídico del que se había dotado en las cumbres
anteriores. Pero después de Luxemburgo el euro sale con un calendario
concreto confirmado. La confirmación de ese calendario para los Estados
que como nosotros hemos puesto como gran objetivo político la
constitución del euro y la entrada de España en ese euro en primera
velocidad, para los Estados que como nosotros hemos hecho un esfuerzo e
incluso más de un sacrificio para conseguir ese objetivo, es una muy, muy
buena, buenísima noticia. En ese calendario, en la última semana del mes
de febrero del año próximo, los Estados miembros debemos publicar las
estadísticas correspondientes a 1997. Antes de fin de marzo de 1998 la
Comisión Europea y el Instituto Monetario Europeo han de publicar los
informes de convergencia y designar de hecho a los Estados miembros que
se han hecho acreedores de constituir en primera velocidad la moneda
única y, por tanto, los Estados miembros que participarán en la tercera
fase del euro. El día 3 de mayo se determinarán los tipos de cambio y el
día 1 de enero del 2002 se iniciará la circulación física del euro.
Insisto en lo dicho anteriormente, en la confirmación del calendario para
Estados que, como nosotros, hemos hecho de la política de convergencia
europea un leit motiv de la política económica en los últimos cuatros
años; es una muy buena noticia.
Todo parece indicar, como decía anteriormente, que seremos once los
Estados miembros que participaremos del euro. En cierta forma para
participar o no participar del euro está ya echada la suerte. De hecho,
esa publicación de estadísticas, como decía, obedece a las variables
económicas de convergencia hasta 31 de diciembre de 1997. Faltan, por
tanto, 14 días nada más y, por ello, poco vamos a poder hacer ya en estos
días que nos quedan para establecer ese tipo de variables
macroeconómicas. La suerte está echada; la política que se ha hecho --lo
hemos dicho muchas veces desde esta tribuna-- ha sido acertada y
estaremos con toda seguridad entre esos Estados que en marzo de 1998 la
Comisión y el Instituto Monetario Europeo confirmarán como susceptibles
de constituir la moneda única en primera velocidad. La suerte está echada
prácticamente en todo, excepto, probablemente, en el tipo de cambio. Esta
decisión se toma, como he dicho antes, el 3 de mayo de 1998. Es una
decisión que interesa a todos los Estados miembros. Ya se ha comentado
muchas veces que un tipo de cambio sobrevalorado de nuestra moneda con
respecto al euro, como ocurrió cuando España se integró en el Sistema
Monetario Europeo, hace disminuir nuestra competitividad en nuestra
producción interna, lo cual quiere decir que redundaría, inevitablemente,
en una disminución del crecimiento económico y, por consiguiente, en un
incremento del paro. Por tanto, debemos tomar buena nota de que no
interesa en el tipo de cambio una sobrevaloración de nuestra divisa. Una
divisa infravalorada, un tipo de cambio infravalorado, incrementaría el
coste de las importaciones, importaciones que en un momento de
crecimiento económico, como el que estamos protagonizando, son
importantes, se incrementan también y, por tanto, ello podría redundar en
un incremento de la inflación. Por consiguiente, hay que ser capaces --no
conviniendo ni la sobre ni la infravaloración-- de introducir un tipo de
cambio en los niveles en los que actualmente nos estamos moviendo, es
decir, con una paridad equivalente al tipo actual de cambio con el marco.
El marco es la moneda más estable, es la moneda más próxima a la paridad
central en el Sistema Monetario Europeo actual y, como consecuencia,
entiendo que debemos seguir aplicando la misma política.
En este sentido valoramos positivamente la disminución de 0,25 puntos en
el tipo de interés, que nos permite seguir acercándonos no sólo al
criterio de convergencia de Maastricht relativo a los tipos de interés,
sino también confirmando el crecimiento económico y no permitiendo la
sobrevaloración de nuestra moneda que podría perjudicar a nuestros
parámetros de crecimiento y, sobre todo, a la creación de ocupación.
En el seno de la cumbre de Luxemburgo se produjo una discusión --ya se
hizo referencia a ella los días previos a dicha cumbre-- relativa a la
creación del comité Euro-11, Euro-X, y la asistencia o no a ese consejo
de los Estados miembros que no participen del euro en primera velocidad
y, sobre todo, de la prelación o no del Ecofin respecto a las decisiones
en política económica en el marco de la Unión Europea. Creo que la
decisión también ha sido valorada así por el presidente del Gobierno; ha
sido la más ajustada a nuestros intereses --y en esto quisiera insistir--
y a los intereses del conjunto de los miembros de la Unión. El Ecofin
debe seguir siendo el lugar donde se toman las decisiones,
de acuerdo con los tratados constitucionales de la Unión, y nadie puede
impedir --no se ha impedido tampoco-- la posibilidad de constituir, los
miembros que así lo requieran, un comité ad hoc al que pueden y deben ser
invitados los miembros que queden fuera de esa moneda única cuando se
traten temas de interés general. Nos parece que se ha tomado en
Luxemburgo --insisto-- la decisión justa y lógica, por otra parte la
posición que defendía el Gobierno español.
Quisiera resaltar, dentro del tema relativo a la moneda única, señor
presidente, la necesidad de incrementar la coordinación de las políticas
económicas en esta segunda fase --que iniciaremos pronto-- de la Unión
Monetaria. Esa coordinación, que ha sido muy importante en su primera
fase, va a ser absolutamente imprescindible en la segunda fase, en la que
la moneda ya será única y, por tanto, la coordinación de la política
monetaria poco va a poder disponer y, sin embargo, será más necesaria que
nunca la actuación coordinada en el conjunto de las políticas económicas,
políticas presupuestarias y políticas fiscales. Por tanto, esa
coordinación que ya ha existido en la primera fase es más necesario
todavía dentro del marco de estabilidad previsto, que se realice en la
segunda fase. Quizá en esta segunda fase sería bueno --teniendo en cuenta
la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo celebrada hace pocas semanas--
que en las reuniones del Ecofin se coordinaran las políticas económicas,
conjuntamente con la Comisión, y que en dichas reuniones pudiera
participar también el Consejo de Política Social y los ministros de
Trabajo para coordinar esa política económica, no sólo con la finalidad
del equilibrio de las grandes variables económicas, de la finalidad de la
convergencia nominal de las economías europeas, sino también con el fin
de combinar el crecimiento y esa convergencia nominal con la creación de
empleo.
Sabe, señor presidente del Gobierno, que somos, como usted, defensores y
patrocinadores de que no hay mejor política creadora de empleo que la
política económica que se está aplicando. En nuestro caso, hemos tenido
probablemente la gran fortuna de que la necesidad de una política
económica para el crecimiento, para la creación de empleo, coincidiera
con la política económica de convergencia europea que debíamos adoptar
también. Nos ha cogido con el pie en el buen sentido, es decir, la
política necesaria de convergencia era también la política necesaria para
crear ocupación. Pero cuando no dispongamos ya en nuestras manos de todas
las variables económicas, entre otras de la moneda única, va a ser
necesario --porque puede no ocurrir así-- coordinar mejor la política
económica con las políticas necesarias para la creación de empleo. Se
dice que uno de los motivos fundamentales por los que Gran Bretaña no
desea participar en la primera velocidad en la constitución del euro es,
precisamente, que la salida de la crisis ha sido anterior en Gran Bretaña
que en el resto de países de la Unión Europea, y que hoy la política de
crecimiento que requiere le lleva a mantener, por ejemplo, unos tipos de
interés más elevados de los que están en este momento en la convergencia
del resto de Estados europeos; esa es la política que le conviene y por
eso no le interesa en este momento constituir la moneda única. Es obvio
que en el caso de Gran Bretaña existen otros problemas de tipo político
que debemos de respetar y que respetamos, pero hay una razón también de
tipo estrictamente económico. Insisto, señor presidente del Gobierno, en
nuestra convicción de que la necesaria coordinación de las políticas
económicas que se realiza a través del Ecofin --que no sólo no disminuye
sino que se incrementa en la segunda fase de constitución del euro--,
políticas económicas de todo tipo, presupuestarias, fiscales, etcétera,
deben coordinarse también con las políticas de creación de ocupación, que
en nuestro caso concreto sigue constituyendo el principal de los
problemas sociales, reales, que tiene planteado no sólo nuestra economía
--insisto-- sino también nuestra sociedad.
Con esto, señor presidente, acabo la revisión de las conclusiones de la
cumbre de Luxemburgo en lo que hace referencia a la unión monetaria, y
entro en lo que ha sido el protagonismo básico y de mayor contenido
político de la cumbre de Luxemburgo, que son las decisiones respecto a la
ampliación de la Unión Europea hacia once nuevos Estados. Como digo, la
Unión Europea se abre a los once Estados que han expresado su voluntad de
adhesión, más Turquía, con quien ya teníamos establecido un tipo
determinado de relaciones, y que representa un problema que ya ha sido
valorado aquí. Esperamos y confiamos en que esa reacción un poco abrupta
de Turquía en los primeros días sea revisada y que la propia Turquía
establezca algún nexo de unión con la Unión Europea, que nosotros
desearíamos que se estableciera. Es evidente que, por mucho que sea
necesario para el equilibrio geopolítico del mundo, Europa no debe
permitir que se conformen en su seno, que entren y se adhieran Estados
que no respetan los derechos humanos, que no se mueven en un marco
estricto de libertades. Por tanto, no debemos aceptar la adhesión de
Estados que, como Turquía en estos momentos, no los cumplen. Al mismo
tiempo, deberíamos ser capaces de encontrar la manera de que Turquía no
se sienta rechazada por esa Europa en la que sigue queriendo participar y
con la que sigue deseando establecer relación. Debemos saber encontrar la
forma de hacerlo. Insisto en que lo importante ha sido la decisión de la
Unión Europea de abrirse hacia esos once Estados. Era importante, muy
importante, en esta cumbre saber dar respuesta a los once que lo
solicitaban. En este sentido coincidíamos --ya lo dijimos anteriormente a
la cumbre-- en la necesidad de saber dar respuesta a esos once, no
establecer lo que, de alguna manera, podía entenderse que era la
propuesta de la Comisión como una respuesta distinta a seis, y a
cinco con posterioridad, de los once que lo habían solicitado. Son, como
aquí ya se ha dicho, Estados de culturas diversas pero, sobre todo,
Estados que provienen de dictaduras recientes, que no tienen la cultura
de la democracia y de la libertad, que no la han podido adquirir a lo
largo de los últimos años porque no les han dejado --sí obviamente a lo
largo de la historia--, porque en estos últimos años han tenido una
dictadura establecida en su seno. Su transición a la democracia merece
todo nuestro apoyo y el mejor apoyo que les podíamos dar en esa
transición hacia la democracia era precisamente abrir las puertas de la
negociación, de la adhesión y eso es lo que Europa ha hecho. El mejor
apoyo --insisto-- en su transición a la democracia era iniciar el proceso
de adhesión y eso es lo que Europa ha sido capaz de hacer en la cumbre de
Luxemburgo. Somos plenamente conscientes de los temas pendientes,
importantísimos todos ellos --ahora los revisaré--, pero insisto en la
importancia que tenía el que supiéramos dar respuesta, tender la mano a
aquellos que nos habían requerido expresamente para realizar internamente
una transición pacífica a la democracia. No hace falta ser muy viejo para
recordar cómo los demócratas españoles estuvimos en algunos momentos en
esa misma situación, pensando en lo positivo que podía ser para nosotros
la ayuda en la transición hacia la democracia, y así estuvimos
insistiendo desde 1977 hasta 1986. Para los demócratas españoles supuso
mucho la mano abierta, la mano tendida, el apoyo de la Europa democrática
que teníamos al lado y, desde el punto de vista del desarrollo económico,
estábamos en circunstancias distintas; mucho más supone para estos once
países, para estos once Estados que han solicitado pertenecer a la Unión
Europea. Requerían nuestra respuesta positiva y hemos sido capaces de
darla, insisto, en la cumbre de Luxemburgo. Por ello, nos felicitamos,
señor presidente del Gobierno, siendo conscientes de las limitaciones de
las decisiones que se han tomado en Luxemburgo o que, para ser más
exactos, se han dejado de tomar en Luxemburgo. En primer lugar, reformas
internas pendientes.
Esa voluntad de dar respuesta positiva con la ampliación a los Estados
que solicitan la adhesión no nos debe llevar a olvidar que lo peor que
podría ocurrirnos es que esa adhesión pusiera en crisis a la propia Unión
Europea; de nada nos serviría a nosotros mismos ni a los Estados que han
solicitado la adhesión que esa ampliación pusiera en crisis a la propia
Unión Europea. Por tanto, debemos realizar aquello que no fuimos capaces
de realizar en la reunión de Amsterdam: las reformas institucionales. A
partir de ahora, las reformas institucionales que se aplazaron en
Amsterdam ya no tendrán espera; profundización en el control democrático
de las decisiones europeas; las decisiones que se deben tomar respecto a
la composición del Colegio de Comisarios --debemos pensar con mentalidad
europea--; la defensa de los intereses de los Estados miembros, que es
absolutamente legítima, a la que no debemos renunciar y que se ha de
realizar no por el mecanismo de la constitución del Colegio de
Comisarios, sino por el control democrático de las decisiones europeas
por un lado y, obviamente, por la actuación del Consejo de Ministros por
otro --no hemos de poner el acento en la composición del Colegio de
Comisarios porque, de ponerlo todos los Estados miembros, daríamos al
traste con la necesidad de las reformas institucionales, también en la
constitución del Colegio de Comisarios-- y, sobre todo y por encima de
todo
--ha sido mencionado ya por otros oradores que me han precedido en
el uso de la palabra--, en la profundización en la política exterior y de
seguridad común de la Unión Europea. Esa es una pieza que está retrasada
respecto al equilibrio que debe haber en el avance de esa unión política
europea por la que todos, y nuestro grupo también, clamamos. Por tanto,
ha llegado el momento de dar el paso adelante en las reformas
institucionales y en la profundización de la política exterior y de
seguridad común --PESC-- de la Unión Europea. Insisto en lo que decía el
principio: de nada serviría una ampliación que, por darle prioridad,
retrasara las reformas institucionales o la unidad política europea; al
contrario, la utilidad de esa Unión Europea, también para los Estados que
han solicitado su adhesión, viene precisamente del reforzamiento interno
de la propia Unión Europea hoy existente. Por tanto, reformas
institucionales, profundización en la política exterior y de seguridad
común y en las perspectivas financieras, tema del que se ha hablado aquí
ya y que era otro de los temas que estaban en discusión en la cumbre de
Luxemburgo. Nuestra posición coincidía con la que ha defendido el
Gobierno y con la que finalmente se ha tomado en la cumbre de Luxemburgo,
que consiste en la decisión lógica de no condicionar los costes de la
ampliación a un incremento limitado al 1,27 por ciento de incremento del
PIB de la propia Unión Europea. Como ha especificado el presidente del
Gobierno en su intervención, es ilógico poner límites al crecimiento de
los gastos cuando todavía no se ha podido valorar cuál será exactamente
el crecimiento de los costes. Por tanto, no tenía ninguna lógica fijar
ahí ese límite del 1,27 por ciento. Antes, obviamente, debemos conocer
los costes, como el propio presidente del Gobierno ha dicho desde esta
tribuna, lo cual demuestra la consciencia de las dificultades de ese
camino de dos años que tenemos ante nosotros: dificultades sobre la
discusión en los fondos estructurales, los costes y modificaciones en la
PAC, en la política agrícola común, los fondos de cohesión, etcétera. Esa
es una realidad que deberemos afrontar con sumo cuidado.
Yo creo que sería bueno que pusiéramos en común estas dificultades con
otros Estados miembros que tienen en estos momentos los mismos objetivos
que nosotros, que objetivamente deberían buscar los mismos
objetivos que nosotros. Estoy seguro que podríamos encontrar su concurso.
Probablemente --ya ha sido dicho desde la tribuna-- no son los que nos
apoyaron más en esta cumbre de Luxemburgo, probablemente son otros que
hoy tienen otros problemas prioritarios, entre otros el conseguir
alcanzar la unión monetaria con un desahogo que hoy su situación concreta
no se lo permite, pero en la perspectiva de esos dos años muy
probablemente algunos de esos Estados que hoy no están con nosotros
pueden estarlo en esa discusión --usted lo decía, señor presidente del
Gobierno-- extraordinariamente seria e importante que tenemos ante
nosotros, cual es la relativa a los fondos estructurales, los costes y
modificaciones de la PAC, en definitiva la de las perspectivas
financieras de la propia Unión para afrontar los costes que
inevitablemente tendrá esa ampliación que todos deseamos a esos once
países, once Estados que hasta hoy han solicitado su adhesión.
En definitiva, señor presidente del Gobierno, para nuestro grupo
parlamentario el gran reto hoy de la Unión Europea es la profundización
en la propia unión política europea. De nada serviría, insisto, abrirnos
a ese debate entre profundización y ampliación, que creo que es un debate
incierto, un debate que no existe realmente, si al propio tiempo no
fuéramos capaces de ampliarnos, capaces de profundizar en nuestras
políticas comunes, de profundizar en la unión política europea, en la
unión real europea, porque esa no profundización al lado de la ampliación
nos llevaría a una Europa sin cohesión, a una Europa que, de hecho, no
constituiría lo que todos deseamos que constituya: un espacio único no
sólo económico sino también político en el mundo de hoy.
Este, por tanto, sería nuestro esfuerzo, señor presidente del Gobierno,
para los próximos, como mínimo dos años. Yo creo que esta será una
cuestión más larga, tanto la ampliación como la profundización. ¿Por qué?
Porque Estados como el nuestro, que tuvo una transición por lo menos de
diez años para la adhesión y teníamos, como aquí ya se ha recordado, una
estructura económica mucho más parecida a la de los Estados que entonces
conformaban una Unión Europea que, por otra parte, no era más allá que un
mercado común, con mucha más razón hoy, cuando Europa constituye en sí
misma la Unión Europea actual y es una unión mucho más fuerte, mucho más
potente, mucho más ligada entre sí de la que representaba en el año 1986,
frente a unos Estados que vienen, insisto, de una realidad muy diferente
a la de los que hoy conformamos, para suerte de todos los que estamos
ahí; esa Unión Europea que deseamos más profunda, más política en los
años próximos.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Molins.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, no es muy agradable,
aunque sea necesario, comenzar a analizar la pasada cumbre de Luxemburgo
hablando de terrorismo ni que en la propia reunión el nombre de lo vasco
pueda asociarse, por culpa de una minoría fanatizada, a un hecho luctuoso
y abominable como el asesinato de un servidor público. Usted sabe, señor
presidente, que, además de esta condena, nosotros hemos querido estar muy
cerca del Partido Popular en este difícil momento y que, por encima de
cualquier discrepancia democrática, todos estamos con su partido en esta
difícil coyuntura, en lo político y en lo personal, para lo que sea
conveniente emprender.
Pero, vayamos a la cumbre de Luxemburgo. El Consejo Europeo que cierra la
Presidencia luxemburguesa y que se ha celebrado este pasado fin de
semana, ha lanzado un proceso histórico: el de la reunificación europea.
Todavía, hace ocho años, que en la historia es un lapso brevísimo, un
muro dividía el continente europeo en dos mundos que nos dábamos
mutuamente la espalda. Nadie hubiese sido capaz en aquel momento de
pronosticar que, a los ocho años, la unión europea fuese a iniciar un
proceso de adhesión hacia los países del centro y del este de Europa. La
caída del muro de Berlín supuso la reunificación alemana y hoy, ocho años
después, ha comenzado el proceso de la reunificación europea y para los
que creemos y trabajamos por un espacio político europeo sin fronteras
es, sin duda, una buena noticia.
En este sentido, no podemos sino valorar de forma positiva la principal
conclusión de esta cumbre que es la de lanzar el proceso de ampliación. Y
por encima de otros aspectos, también importantes, como son las reformas
institucionales necesarias para proceder a la ampliación, las
perspectivas financieras para afrontarla o la reforma de las políticas de
cohesión o agrícolas, subrayamos el aspecto positivo de lanzamiento de
una ampliación que es clave para el mantenimiento de la paz y la
estabilidad en la futura Europa. Es positivo que el Consejo afirme que la
ampliación es un proceso global y que se desarrollará por etapas en
función de los ritmos propios de cada Estado candidato, en función de su
preparación. Sin embargo, el establecimiento de dos grupos de facto, como
lo supone la mención a la apertura de negociaciones con Polonia, Estonia,
República Checa, Hungría, Eslovenia y Chipre, en la próxima primavera,
dejando buenas palabras para Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania y
Bulgaria, no nos parece la mejor de las recetas. Salvo el caso eslovaco,
en el que existe una preocupante falta de cumplimiento en relación con
los derechos humanos, no hubiese sido malo haber dado una señal más
convincente a los otros cuatro países, alguno de los cuales está llevando
a cabo esfuerzos titánicos desde la democracia para crear sociedades
estables y en crecimiento partiendo de situaciones de miseria. No podemos
dar la impresión de que Europa es un club de ricos, que no abre
suficientemente sus puertas a todos nuestros pueblos afines o hermanos
del Este y quizá hubiese sido mejor una fórmula de lanzamiento simultáneo
de todos los procesos de negociación, salvo en el caso eslovaco, y un
avance progresivo en función de la situación socioeconómica de cada país.
Ahí todos se hubiesen sentido en condiciones similares no
discriminatorias. Pero más nos preocupa la elegibilidad de Turquía como
candidato a la adhesión a la Unión Europea. Afortunadamente, el consejo
de Luxemburgo ha dejado claro que las condiciones políticas y económicas,
que permiten llevar a cabo las negociaciones de adhesión, no se cumplen
en el caso turco. Queremos subrayar fundamentalmente las políticas,
porque al día de hoy en Turquía no se dan ni las mínimas garantías
democráticas para el inicio de una negociación para su entrada en la
Unión Europea. Por un lado, el proceso de progresiva ilegalización del
Partido Islamista del Bienestar, que hasta hace escasos meses tenía la
máxima responsabilidad del Gobierno, lleva a escenarios peligrosos para
el futuro de la democracia. No olvidemos las consecuencias que decisiones
similares han tenido en la cercana Argelia. Y, por otro lado, no podemos
olvidar la represión brutal, continua, que Turquía ejerce sobre el pueblo
kurdo, absolutamente desposeído de los derechos que le corresponden.
Pero la ampliación también tiene consecuencias sobre otras políticas de
la unión. La primera de ellas, sobre el diseño institucional de la misma.
Si los déficit de funcionamiento y democráticos que al día de hoy tiene
la Unión Europea no son despreciables, esta situación se agravará en una
Europa a veinte o a veinticinco miembros, con instituciones diseñadas
para seis o diez miembros. La reciente reforma de Amsterdam no ha
resuelto estas materias, pero estos cambios son necesarios previamente a
que la ampliación se lleve a cabo. En este sentido, saludamos con agrado
la iniciativa del Parlamento Europeo para proceder a una reforma previa a
la ampliación, proceso en el que cada vez tendrían más peso las propias
instituciones europeas, Comisión y Parlamento, y menos los gobiernos de
los Estados miembros.
Otra consecuencia importante de la ampliación es la influencia de la
misma en el futuro de la financiación de las políticas comunitarias. La
ampliación no debe ir en perjuicio de la solidaridad interna entre los
países de la actual Unión Europea y de una mínima lógica solidaria que
implica que, si bien estas políticas de cohesión deben adaptarse a medida
que las diferentes regiones de la Unión Europea mejoran su situación de
atraso estructural, el mantenimiento de esta solidaridad supone que los
presupuestos de la Unión Europea aumenten con dicha ampliación.
No es de recibo, señor presidente, pretender atender las necesidades
actuales y acometer la entrada de los nuevos socios con los mismos
recursos que tenemos ahora mismo. Si hace diez años alguien se hubiese
negado a reunificar Europa y conseguir la paz por un coste de un 1 por
ciento del PIB comunitario le hubiesen tachado de falta de visión. Hoy
hay desgraciadamente en Europa muchos que defienden que ni siquiera un
0,1 o un 0,2 por ciento del PIB debe ser incrementado. En Luxemburgo no
ha habido acuerdos concretos en la materia, y, dada la situación
presente, quizás es mejor así, porque una decisión hubiese ido
probablemente en la línea de la congelación de recursos y hubiese puesto
en riesgo las políticas de cohesión. No era el momento, se dice. Quizá
sea verdad. Podemos considerar positiva la propuesta aprobada de
presentación de un borrador en otoño, sobre todo teniendo en cuenta que
las elecciones alemanas ya se habrán celebrado y que la presión electoral
del corto plazo que pesa sobre algunos Estados de los llamados
contribuyentes netos habrá desaparecido del horizonte inmediato, lo cual
puede permitir alcanzar acuerdos más favorables.
Nosotros entendemos que el Gobierno debe seguir trabajando en busca de
este acuerdo, pero el mismo no puede limitar la solidaridad a aquellas
áreas de la Unión Europea con rentas bajas, sino que las prioridades de
la política estructural deben ser mantenidas: apoyo a las áreas de
elevado desempleo y problemas estructurales de reconversión industrial,
apoyo al desarrollo rural y apoyo a la reconversión pesquera. Ese enfoque
también es positivo desde una visión global del Estado. No olvidemos que
ya al día de hoy, según Eurostat, de las 25 regiones europeas de menos
renta sólo hay tres españolas, pero de las 25 regiones con más paro hay
14 comunidades autónomas del Estado. El mantenimiento de nuestros fondos
europeos estará cada vez más vinculado a la globalidad de las políticas
estructurales.
La reflexión sobre la política agrícola común europea que se ha llevado a
cabo en Luxemburgo también es interesante. Una agricultura que deberá
reformarse previamente a la ampliación pero que, como la propia
declaración dice, deberá ser multifuncional, repartida sobre todo el
territorio y asegurando unas rentas justas. Por supuesto que deberá ser
más competitiva, pero no sobre las bases de una agricultura ultraliberal
que confinaría a aquellas áreas de agricultura de montaña o con problemas
agrícolas y estructurales al desierto demográfico y al riesgo
medioambiental. Esperamos que Luxemburgo suponga también una apuesta por
la agricultura equilibrada, que permita el desarrollo rural y mantenga
una equilibrada ordenación del territorio.
Por último, señor presidente, una conclusión positiva de este Consejo
Europeo es la mejora de la coordinación de las políticas económicas entre
los Estados
que vayamos a estar en el euro. La moneda única será una revolución que
va a obligar a Europa a acordar en mayor medida algunas políticas
económicas. El euro estará en marcha en un año y van a ser necesarios
nuevos órganos políticos para vigilar las políticas monetarias y para
seguir de cerca la evolución de la tasa de cambio del euro. En
definitiva, la moneda única va a ir creando un nuevo marco de
coordinación económica que, estamos seguros, obligará a la Unión Europea
a profundizar su unión política en un futuro próximo. En resumen, una
cumbre en general positiva, en la que la unión ha hecho una apuesta clara
por su ampliación al centro y este de Europa, y que dentro de pocos años
seremos más. Esperamos que entre tanto seamos capaces de avanzar en todo
aquello que hemos dejado aparcado en el camino: la necesaria reforma
institucional, la financiación de la Unión Europea, las políticas de
cohesión y solidaridad y la política agrícola común.
Esta nueva Europa, a la que todos ya apremian, podrá funcionar a
condición de que, dejando de lado los intereses nacionales, surja
progresivamente un sentimiento de pertenencia a un proyecto común
económico y también político, a condición de que todos los europeos
descubran que esta unión les puede aportar más en la defensa de sus
intereses y en la consideración de sus preocupaciones en materia de
empleo o de seguridad. Nada sería peor que los recién llegados de la
Europa central oriental, apenas salidos de las angustias de la dominación
soviética, piensen que su participación en la unión es un simple medio de
conseguir recuperarse de sus retrasos económicos, sin preocuparse por la
visión política.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Anasagasti.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, señor presidente
del Gobierno, en primer lugar, Coalición Canaria se suma también a esa
aportación positiva que usted ha conseguido entre sus colegas en la Unión
Europea para condenar y rechazar el terrorismo en nuestra nación. Creo
que es un mérito político suyo, personal, que ha tenido eco y que, por
primera vez, el Consejo ha hecho causa común con la solidaridad europea,
no solamente en temas sociales, laborales o económicos, sino precisamente
con uno de sus socios que padece la lacra del terrorismo. A eso también
se suma con satisfacción Coalición Canaria.
El Consejo Europeo de Luxemburgo tiene para nosotros una lectura
fundamentalmente política. Así como otros consejos han tenido un análisis
en profundidad sobre el acervo comunitario, de tipo económico, nosotros
entendemos que el Consejo de Luxemburgo, al situarse políticamente en la
decisión de ampliación de la Unión Europea hacia países de la Europa
central y del este, ha dado una lección histórica fundamental.
La aplicación que algunos gobiernos, como el francés, han querido hacer
de decir si amplío vamos a decidir el marco económico y el techo, hubiera
sido complicar la cumbre de Luxemburgo. Nosotros nos sumamos a la táctica
que ha seguido el Gobierno español, y usted como presidente del mismo, de
no haber caído en la trampa de vincular ampliación al coste financiero
económico de la misma, porque tiempo habrá de llegar a ese punto. Creo
que ha sido ortodoxa y correcta la postura del Gobierno español,
posiblemente porque no tiene una servidumbre electoral en este momento,
como la tiene Alemania. Ya veremos dentro de dos años, cuando haya
Presidencia alemana y el señor Kohl repite, como europeísta convencido
que es
--y me consta que lo es--, si piensa en restricciones para haber
coincidido teóricamente con España y Portugal en no plantear la cuenta
económica, ya que ahora está condicionado por las elecciones que tiene
encima y hablar de restricción de gastos parece que siempre encuentra
acogida electoral. Señor presidente, puede usted estar tranquilo porque
yo no hago augurios --como alguien ha hecho hoy en esta Cámara-- de que
dentro de dos años la Presidencia alemana puede cuestionar este asunto.
Creo que estará en la misma línea de europeidad y de reforzar los
cimientos financieros de la ampliación de la Unión Europea.
Hay algo que sí merece destacarse y es el no complicar la agenda de
trabajo. La Unión Europea tiene que avanzar semestre a semestre y año a
año, y no puede permitirse el lujo de complicar las agendas de trabajo
con temas conflictivos. Es preferible sacar bien un tema en un semestre o
en un año a que la Unión Europea salga con destrozos en temas
verdaderamente conflictivos. Tarde o temprano el coste de la ampliación
será abordado, pero eso se hará cuando estemos en el euro. Vuelvo a decir
que nos ha parecido correcta la postura del Gobierno español de haberse
sujetado al calendario que se elaboró en la reunión de Madrid. Primer
punto cumplido, moneda única, el euro; segundo, la ampliación y, tercero,
los costes de esa ampliación, pero cuando entre en vigor el euro, porque
lo que no se puede hacer es un planteamiento con monedas distintas para
una financiación. Las naciones que, como España --lo esperamos, deseamos
y apoyamos al Gobierno español--, se encuentren dentro de los países que
accedan a la moneda única van a tener mucho que decir. Ese será el
momento en que Europa tendrá que replantearse estas actuaciones.
Quiero destacar de la cumbre de Luxemburgo, señor presidente, dos
valores, porque a veces hay que destacar lo que no figura o lo que es
pura retórica, como es el caso de la Agenda 2000. Hubiera sido un error
que Luxemburgo hubiera entrado a discutir formas y contenidos de la
Agenda 2000, como esa figura retórica de
tomar en cuenta y tomar en consideración. El papel que ha jugado el grupo
de trabajo de la Agenda 2000 nos parece correctísimo, señor presidente,
porque hay todavía mucho que debatir --y España se juega mucho en ello--
sobre el contenido y alcance de la Agenda 2000, incluso para sectores
sensibles como la agricultura.
Hay otros asuntos en los que sí ha entrado --y ha ocupado casi tres
folios del informe de la Presidencia del Consejo-- la cumbre de
Luxemburgo. Son los aspectos económico-financieros internos de la Unión
Europea. ¿En qué sentido lo digo? En el de que se ha tomado una decisión
importante: había que buscar un órgano que, sin ser el supremo de los
presidentes y jefes de Gobierno de los países miembros de la Unión
Europea, tuviera todas las condiciones de análisis técnico y económico,
como es el Ecofin. Desde nuestro punto de vista, es importante que
ustedes hayan podido realzar el papel fundamental que tiene que jugar el
Ecofin para ordenar las dificultades financieras que puedan surgir.
No me resisto, señor presidente, a hacer una somera referencia al punto
41 que han aprobado respecto a la Unión Económica y Monetaria, que dice
que tenemos que tomar conciencia, sobre todo los países que vamos a
entrar en la moneda única en la primera fase, de que los tipos de cambio
bilaterales que se emplearán para determinar los tipos de conversión del
euro se anunciarán el 3 de mayo de 1998 para los Estados miembros que
participen en el euro desde el principio. Mayo va a ser una fecha muy
carismática porque en ese mes la Presidencia la ocupará Inglaterra.
Veremos qué posición adopta Tony Blair con un organismo X en el que
quieren participar sin estar en la moneda única, ya que va a hacer falta
que el Gobierno británico se comprometa con el principio de la
solidaridad. Mayo va a ser también el inicio para que los parlamentos
europeos aprueben y sancionen la modificación del Tratado de Maastricht
que ha introducido el acuerdo de Amsterdam.
Coalición Canaria hace una valoración positiva de lo que ha sido el
balance del año 1997, balance positivo para el Gobierno español y balance
positivo para el Gobierno canario. Hemos llegado a diciembre y tanto
usted como el presidente del Gobierno canario pueden sentirse satisfechos
de haber conseguido en Amsterdam la modificación del artículo 227 y la
designación de Canarias como región ultraperiférica. Ayer el Colegio de
Comisarios de la Unión Europea aprobó definitivamente la sanción por la
Unión Europea del régimen económico y fiscal de Canarias. Quisiera hacer
una reflexión, señor presidente, porque no se puede mantener a Canarias
ni al Gobierno español en un sobresalto e incertidumbre como en los que
hemos estado en los últimos seis meses. Parece ser que hay comisarios que
no acaban de entender el hecho diferencial económico y fiscal canario. En
primer lugar, tenemos al comisario responsable de la competencia, el
señor Van Miert, que se empeña en poner dificultades y objeciones. Debo
destacar que ha habido una actuación conjunta de los gobiernos central y
canario, se ha realizado una labor tripartita por los representantes y
portavoces del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Gobierno
canario con sus consejeros respectivos, y su ministro de Economía y
Hacienda y sus colaboradores inmediatos, sobre todo los de la Secretaría
de Estado.
Es una buena señal de coordinación política que se haya vencido el último
obstáculo, recurriendo incluso a las gestiones del Gobierno español ante
el gabinete del señor Santer, pues el segundo comisario no acaba de
entender y comprender el hecho diferencial canario, aunque no se haya
ratificado por los parlamentos el carácter de región ultraperiférica y
los beneficios que tal carácter le otorga. El Gobierno canario ha
mantenido una postura de satisfacción moderada, sin echar las campanas al
vuelo, porque no hemos salido tan mal como se esperaba, pero tal vez
tampoco todo lo bien que algunos muy optimistas hubieran deseado. Hemos
salido con una posición positiva, decorosa, y estamos a la espera de que
el reglamento de inversiones del Estado lo solucione definitivamente.
Quiero reconocer que de los sectores sensibles, agricultura y pesca, se
ha hecho un reconocimiento muy importante. Esto ayuda a una cohesión de
políticas internas de Estado entre el Gobierno central, que usted
representa, señor Aznar, y el Gobierno canario, que representa don Manuel
Hermoso. Esto es sentido de Estado y esto es eficacia.
Quisiéramos, señor presidente, que esto sirva de lección a todos, a
técnicos de su Ministerio de Economía y Hacienda y a los técnicos del
Gobierno canario, para que se den cuenta de que hay que negociar desde el
primer momento y no dejar zonas en sombra, no dejar que el señor Monty,
el comisario para el mercado interior y los asuntos financieros, vuelva a
plantear una serie de objeciones que sobresaltaron al sistema
administrativo y político de ambas administraciones, la central y la
periférica canaria. Y, sobre todo, que tomen nota del acervo canario. Si
estamos hablando de un acervo europeo que quiere consolidar la Unión
Europea, sobre todo ahora, de cara a una futura ampliación, debemos
hacerlo así.
Señor presidente, quiero volver al hilo conductor de los acuerdos que se
han tomado, que pueden ser muy positivos para la política exterior
española. Me refiero al caso de Turquía, en el que se ha producido una
exclusión. Muchos recordamos cómo hace años, en una conferencia en el
Senado, el que fue canciller alemán, Helmut Schmidt, planteó la
ampliación en conceptos culturales, ideológicos y de civilización y, sin
citar a Turquía, la puso prácticamente fuera de una posible ampliación. Y
no sólo porque cumpla o incumpla los derechos humanos, de terrorismo, con
actuaciones de
un régimen sometido al control de los militares kemalistas --me refiero a
Kemal Ataturk-- y a su guerra contra los kurdos, etcétera, sino por un
modelo de civilización y de cultura de la que a veces nadie quiere hablar
pero que está ahí.
¿Qué va a suponer la decisión que acaba de tomar el Gobierno turco? Algo
de lo que la próxima semana tendrán usted o su Gobierno que informar a la
Cámara. En lo que va a ocurrir con Turquía y su situación con Grecia en
la Unión Europea, a mi juicio, va a ser importantísimo el papel español
en el Mediterráneo, en el área de la defensa, junto a Italia. Porque si
nos integramos en la estructura militar de la OTAN los dos únicos países
del Mediterráneo occidental que están en la misma estructura y sintonía
van a ser España e Italia, porque Francia no se incluye en esa
estructura. Está el mando de Nápoles, netamente norteamericano y con
otros puntos de vista distintos a una seguridad estrictamente
mediterránea. Contará con nuestra comprensión y estímulo para que España
desarrolle esta política y haga valer después, dentro de la Unión
Europea, esas condiciones de territorialidad que le van a permitir jugar
este papel destacado. Mucho me temo que con estas cuestiones del acuerdo
de Luxemburgo la situación greco-turca y, por tanto, la seguridad del
fondo oriental del Mediterráneo, sea una zona de inseguridad de la cual
ni la misma OTAN se fíe.
El tema que nos ha traído hoy aquí, señor presidente, es pedirle que,
respecto a Canarias, toda modificación que se trate de hacer en lo
sucesivo, en las aproximaciones económicas y financieras que quedan por
resolver por la Unión Europea, se la tome el Gobierno central con el
máximo interés y como si fuera una política de Estado, porque Canarias le
hace ese mismo reproche a determinados comisarios que, como le decía, no
se han enterado del acervo histórico, fiscal y económico canario ni de la
importancia del equilibrio. Al señor Monti hubo que decirle que Canarias
no trataba de meterle ningún gol por detrás a la Unión Europea, ni crear
paraísos fiscales especiales, ni llevar de contrabando actuación alguna
con un régimen especial aduanero. Queríamos que entendiera que estábamos
exigiendo lo que se nos había reconocido precisamente en Amsterdam, el
encarecimiento y las dificultades por ser región ultraperiférica. Europa
nos va a tener a su disposición como la zona más avanzada y meridional y
la más pegada al continente africano, al Magreb, pues somos --la
geografía lo ha impuesto-- el territorio de la Unión Europea separado
sólo por cien kilómetros de la costa africana.
Señor presidente, le trasladamos también al Gobierno español esta
inquietud porque el tema de la zona especial de Canarias ha quedado
pendiente de negociación. El espíritu que ha reinado en el acuerdo que
han tomado ustedes en Luxemburgo en lo referente al mercado interior,
área de tutela del señor Monti --hay que estar muy vigilante con este
dichoso comisario--, debe servir de precedente para que la negociación
española sobre la zona especial canaria, así como aquellos otros aspectos
del régimen económico y fiscal que han quedado en una especie de sombra,
no sea una incertidumbre para nadie.
Señor presidente, tiene usted esa lealtad que el Grupo de Coalición
Canaria ya le ofertó en el debate de investidura y que luego ratificamos
en el debate sobre el estado de la Nación. Nosotros nos consideramos
comprometidos con ese debate, con el compromiso que usted adquirió con
Canarias. Dado que el acuerdo no era todo lo cómodo que hubiéramos
querido para sentirnos con la misma proclamación de principios con que se
hizo la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que nos sintamos
comprometidos, señor presidente, para que cuando el Gobierno español
juegue en la cancha europea tenga presente que esa cancha es la de todos
los españoles, y que vaya por delante esa singularidad canaria. Usted
tiene que verse obligado a cumplir con ese principio de solidaridad por
la especificidad y la singularidad de nuestro Archipiélago, como se hizo
--quiero reconocérselo estando presente en su gabinete el señor ministro
de Defensa-- cuando jugamos con estos factores de europeidad ante una
modificación de la estructura de mandos en la OTAN, en la que al señor
ministro de Defensa le ha correspondido jugar a veces un papel amargo e
incomprendido en esas actuaciones. Esta no es la contraprestación que
pide Canarias, señor presidente, sino lo que nosotros entendemos por una
política de Estado, que es la que le reclamamos.
En ese principio de solidaridad, de que funcionemos ambas
administraciones --la central que usted preside y la canaria del señor
Hermoso y del Gobierno que compartimos entre Coalición Canaria y el
Partido Popular--, queremos que en una política de Estado obtengamos los
beneficios que nos hagan sentirnos orgullosos por el hecho de que cuando
usted dirige el equipo en la cancha europea estemos jugando bajo la misma
bandera, bajo el mismo concepto de Estado y de nación. Esa es nuestra
satisfacción: un lenguaje de cordialidad, de firmeza y de exigencia, con
el apoyo a una sesión de investidura, apoyo que nos gustaría mantener
hasta el final. Esta es la mejor oferta que le hacemos.
Nada más y muchas gracias, señorías, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
¿Quiénes de SS. SS. desean intervenir por el Grupo Mixto? (Pausa.)
En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señorías, intervengo en
nombre de Unió Valenciana para fijar la posición y dar las opiniones
respecto a esta cumbre, a este Consejo Europeo celebrado los días 12 y 13
de diciembre, en Luxemburgo.
Es de justicia empezar mostrando gratitud por un gesto de gran
importancia: los socios europeos han dado muestras de que existe la
Europa de la solidaridad respaldando, comprendiendo, alentado al Estado
español y siendo conocedores de la problemática del terrorismo que nos
azota día sí, día no. Creo que es de justicia empezar esta intervención
reconociendo esa actitud solidaria de la Unión Europea hacia un Estado
miembro como el Estado español.
En esta cumbre se ha cometido un pequeño error, pero creo que lo
importante es el objetivo prioritario: avanzar. Avanzar aunque sea poco,
pero siempre con el paso firme hacia adelante; aunque sea un paso corto
en el recorrido, lo importante es siempre ir hacia adelante. Nosotros
pensamos que se debería haber incidido un poco más en cuestiones
medioambientales, agrarias, de empleo --a pesar de que ya hubo esa cumbre
del empleo--, de sanidad, las redes transeuropeas. Indudablemente, se
puede valorar esta cumbre como un éxito; una cumbre de futuro, que va a
ser clave para el futuro de la Unión Europea, esa Europa fuerte y unida
del siglo XXI que empieza a diseñarse y de lo cual esta cumbre ha sido
ejemplo. Esa ampliación a los países del este y centro de Europa y
Chipre.
Sin ninguna duda, una de las cuestiones que no acaban de agradarnos es la
referente al techo presupuestario de la Unión Europea más allá del año
2000, para el período 2000-2006, y el actual techo vigente desde el año
1993, como se ha comentado. Desde nuestro punto de vista, se dedican unas
cantidades que para nosotros son inadmisibles y ello puede ser, en ese
futuro ampliado de la Unión Europea, lesivo a nuestros intereses. Ese
techo vigente desde el año 1993, situado en el 1,27 por ciento del PIB
comunitario, puede ser muy insuficiente, dado que en el año 2006 van a
incorporarse nuevos miembros a la Unión Europea.
El marco financiero y presupuestario de futuro es esencial para nuestro
Estado, pero ha quedado aplazada la decisión sobre ese marco
presupuestario. Apoyamos la política de nuestro Gobierno en la línea de
exigir un marco financiero que permita ampliar pero que, al mismo tiempo,
no deje de lado las grandes políticas de cohesión que nuestro Estado
necesita y debemos luchar para que se mantengan más allá del siglo XXI.
Unión Valenciana apuesta por la ampliación a los países del este y del
centro de Europa, pero no debemos consentir que se recorten las
prestaciones de esas políticas comunes que son importantes para nuestro
Estado. La base de trabajo de futuro que es ese documento, la Agenda
2000, abre numerosas incertidumbres para el Estado español, su
agricultura y su futuro desarrollo regional. Las infraestructuras y
calidad de vida y los fondos estructurales en la Comunidad Valenciana en
concreto y en otras comunidades del Estado español objetivo número 1, son
básicas para su futuro. Espero que el Gobierno siga en la línea de exigir
que esos fondos, ese marco presupuestario no sea lesivo a nuestros
intereses. En ese camino, va a tener nuestro apoyo, nuestra comprensión y
nuestra aportación positiva.
España ha encontrado un aliado en clave electoral, que es la posición
alemana, pero eso es una mera anécdota. Esperamos y deseamos que en esa
primera conferencia europea, que se va a celebrar en Londres en marzo de
1998, se avance con firmeza y en el semestre británico se impulse esa
efectiva Unión Europea por la que todos estamos trabajando; en lo
económico, como se ha impulsado en esta cumbre; en lo social y en la
creación de empleo, como se impulsó en la pasada cumbre extraordinaria.
El año 1998 es clave en lo económico y en el objetivo de creación de
puestos de trabajo, pero también esperemos que en este año 1998 se avance
en lo social y en la política de infraestructuras y se tengan en cuenta
las demandas de aquellas regiones de la Unión Europea, como la Comunidad
Valenciana, que esperan mucho de esa Unión Europea.
En ese camino queremos participar y ponemos a la disposición del Gobierno
el apoyo de Unión Valenciana para que esa Unión Europea que está
trabajando de cara al siglo XXI sea fuerte, tenga en cuenta lo social, lo
económico, las infraestructura y, sobre todo, la creación de puestos de
trabajo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra, en segundo lugar, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señorías, quiero iniciar mi intervención
--aunque sea brevemente no puedo dejar de hacerlo-- sumándome a la
condena lógica, que hemos hecho reiteradamente y en todos los casos, por
el atentado al ciudadano José Luis Caso, porque como cualquier ciudadano
no se puede atentar contra su vida y porque representaba a otras
personas, por lo que consideramos que es un atentado contra toda la
sociedad. Además, era convecino mío de la ciudad de Irún y, por tanto,
lamento personalmente el atentado, ya que conozco a su familia.
Entrando ya en la materia y lamentando que en esa cumbre se haya tenido
que hablar de esa manera del País Vasco (esperamos el día que se pueda
hablar de otro modo y desesperamos por que se hable de estos temas),
entrando ya en la cumbre y sus conclusiones, a pesar de que se han
tratado doce cuestiones, todas
ellas muy importantes, porque importante es hablar de los derechos
humanos, porque importante es hablar, por supuesto, del empleo, lo
trascendente, como se ha señalado aquí en este foro, ha sido la decisión
de lanzar la ampliación de la Unión Europea a otra serie de ciudadanos,
que lo están esperando, de la Europa Central y del Este. Creemos que esos
tres puntos entrelazados, como no podía ser de otra manera --aunque no se
quieran entrelazar ahora y de modo detallado-- la ampliación, la Agenda
2000 y la Unión Económica y Monetaria son los tres puntos claves.
Consideramos, como lo hacía el Parlamento Europeo, que no era oportuna
esa decisión tan firme de la Comisión de simplemente apreciar el inicio
de las conversaciones exclusivamente con seis países. Ese lanzamiento de
conversaciones podría suponer enormes perjuicios para los países que
estuvieran dentro de ese club de los seis y para los que hubieran quedado
rezagados. Por ejemplo, hablando de Lituania o de Letonia, considerábamos
que podría ser muy perjudicial que no entraran en ese primer lanzamiento,
sin perjuicio de los detalles y concreciones que en su momento y en
conferencias intergubernamentales habrá que hacer el próximo año. Por eso
estamos de acuerdo en la decisión que se ha tomado, sin perjuicio de que
probablemente, de forma lógica, las velocidades, como aquí se ha dicho y
no voy a reiterar, vayan a ser distintas.
En segundo lugar, creemos que no establecer un techo o un tope financiero
puede ser muy adecuado, lo que no impide que en próximas ocasiones y de
forma breve tengamos que plantearnos cuáles van a ser los resultados de
esa importante decisión. La ampliación contra la profundización, un
debate que hasta hace poco se consideraba como de cuestiones
contradictorias, creo que ha sido superado en la medida en que no nos
queda más remedio que plantearnos ambas cuestiones. No podemos ampliar
sin profundizar y no podemos profundizar sin tener en cuenta la
ampliación. En este sentido, nos planteamos un reto importante y que debe
ser objeto de una amplia discusión y debate en este foro, como en muchos
otros: cómo hacer para que ese déficit democrático no exista, cómo hacer
para que a través de esos entes subestatales, en cuya toma de decisiones
legítimamente reclamamos nuestra presencia, podamos estar presentes en
una Europa que ya no sólo va a ser de quince sino que puede ser de
veinte, veinticinco o veintiséis Estados miembros, incluso más. Este es
un reto muy importante, cuya puerta se ha abierto, sin que hasta el
momento tengamos muy claro cuáles pueden ser las soluciones más
ventajosas para todos los ciudadanos. Ciertamente nos vamos a encontrar
con que el techo financiero va a plantear, si tiene que existir o no,
múltiples cuestiones a todos los ciudadanos en función de la problemática
que cada uno percibe dentro de su propio territorio. ¿A dónde van a tener
que ir dirigidos esos fondos financieros? ¿A la ampliación, al
mantenimiento de la cohesión? Incluso dentro de esa cohesión, ¿qué es lo
que se tiene que primar? ¿Habrá que primar el empleo u otra serie de
cuestiones? Esto va a ser un elemento clave para determinar en el futuro
la participación financiera de todos los Estados, tanto aquellos que
tienen una capacidad financiera más importante como aquellos que tienen
que ser objeto de ayudas, ya sea de preadhesión, ya sea de cohesión o de
otra índole. Por eso creo que en el fondo esta cumbre, sin perjuicio de
alegrarnos por lo que ha sido y por lo que ha supuesto en el plano
político, va a ser una puerta abierta a grandes retos, grandes debates y
grandes dificultades, y en este momento creo que nadie puede ver cuáles
van a ser las soluciones.
En tercer lugar, hablando de la Unión Económica y Monetaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, le ruego que concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy concluyendo, señor presidente.
Creo que la solución ha sido, como no podía ser de otra manera, de
equilibrio. Determinar que el Ecofin sea el marco formal de determinación
de las políticas económicas y financieras puede y debe ser lógico y
comprensible. Pero también era lógico y comprensible que aquellos países
que puedan estar en el euro, o en el llamado consejo Euro-X informal,
realmente pudieran tener la ocasión de reunirse y de hablar de las
problemáticas que se plantean. La solución puede ser de equilibrio,
aunque ciertamente creemos que su enunciado no nos va a servir como
elemento clave para determinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Muy
probablemente tengamos que observar cuáles son los pasos que se dan,
cuáles son las actuaciones de unos y otros países en el marco de toda
esta dinámica y, en el fondo, determinar cuáles son las mejores
soluciones tanto para los que queden fuera como para los que queden
dentro.
En conclusión, señorías, creo que se ha abierto la puerta a importantes
retos que tendremos que estar en situación de afrontar, aun cuando no
planteemos las mismas soluciones, tanto dentro del Estado como con otros
Estados que pertenecen ahora o que pertenezcan en el futuro a la Unión
Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Saura. Perdón, la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes. Como han hecho los demás grupos parlamentarios, en nombre de
Iniciativa per Catalunya y del Partido Democrático de la Nueva
Izquierda queremos manifestar nuestra solidaridad política, nuestra
solidaridad personal, nuestra solidaridad humana y nuestra solidaridad
institucional, porque creemos que el golpe que han sufrido ustedes, como
el que ha sufrido este país durante mucho tiempo, tiene esa amplia
solidaridad que nosotros queremos destacar aquí por la muerte de José
Luis Caso. Queremos darle sentido institucional para animarles a ustedes
y a todos los grupos de la Cámara a que sigamos haciendo la labor de
representación de los ciudadanos, porque cualquier amenaza a nosotros es
una vigencia de la misma amenaza que tienen hoy los ciudadanos de nuestro
país. Por eso queremos expresar esta solidaridad institucional para que
estén convencidos de que todos y todas estamos detrás de esa ayuda y de
esa representación.
Es la primera vez que intervenimos en el debate sobre una cumbre de
éstas, sobre todo hablando de Europa. Cuando el presidente me ha nombrado
como señor Saura, he pensado: Hombre, para una vez que viene una a hablar
de Europa... Desde nuestro grupo le queremos manifestar, por un lado,
nuestro apoyo y, por otro, nuestras preocupaciones. Las cumbres siempre
tienen un nombre rimbombante; ésta se va a llamar la de la ampliación.
Quizá ya es repetida porque la Unión Europea se ha ampliado muchas veces,
pero nosotros creemos que ésta tiene un especial significado. Se ha
hablado de la caída del muro de Berlín. A mí me da la impresión de que se
descorre un telón, el llamado durante muchos años telón de acero, detrás
del que se descubren vivencias, personajes, inquietudes, culturas,
aportaciones sociales, políticas, etcétera. Yo creo que al descorrer el
telón aumenta la cohesión política y social de una Europa que estaba
previamente separada, sin habernos separado sus ciudadanos. Por tanto, el
encuentro de los ciudadanos de esos países en esta cumbre nos parece muy
importante. En ese sentido, y en lo que tiene de positivo y de crítico la
forma en que se está haciendo la cohesión política en la Comunidad
Europea, nosotros nos queremos alegrar porque queremos que sea positiva
nuestra cohesión política y la apertura a los países del Este. Ello
confirma y ayuda a la aspiración de unidad que teníamos los europeos,
pero no una unidad meramente económica sino de cohesión social. Sabemos
de la preocupación del Gobierno --aunque discrepamos un poco de la
verdadera buena fe de esa preocupación-- por que la ampliación se haga
con aumento de recursos. Como tengamos que repartir lo que tenemos con
mucha más gente nos va a tocar menos.
En esta cumbre se le ha hecho a usted algún reproche porque es difícil
exigir cuando vamos a recibir ayuda y cuando, como en la cumbre de
Luxemburgo del empleo, hay que comprometerse en unas políticas directas,
uno elude su responsabilidad y dice: No manden en mi dinero porque lo voy
a gastar como quiero. Se ha quedado un poco en entredicho en esa
exigencia de nueva ayuda porque se le ha visto, como se dice vulgarmente,
el plumero. Todos queremos que se aumenten las ayudas, pero ¿por qué lo
queremos? No es sólo porque sepamos pedir --y no voy a nombrar la palabra
pedigüeño, que se ha usado siempre-- sino porque queremos fortalecer las
estructuras de la unidad europea. Queremos que se ayude a esos países
porque sabemos que no es una ayuda desinteresada, como tampoco lo es la
nuestra, ya que devolvemos a los países con muchas posibilidades de
consumo de un montón de riqueza, a los que también les va a repercutir.
Por tanto, hay que tener generosidad para poder fortalecer no solamente
la cohesión económica sino también la cohesión política y social.
Otra preocupación que queremos manifestarle respecto a esta ampliación es
lo que ha pasado con Turquía. ¿Cómo vamos a ser nosotros los que nos
quejemos de que no se respeten los derechos humanos? Lo recordaba el
señor Anguita cuando ha hablado del informe que ha hecho Carlos Carnero.
A mí me parece que se es muy estricto en este terreno y, sin embargo, se
olvidan mucho los derechos humanos cuando se trata de ingresar a Turquía
en la OTAN --que la tenemos ahí sin derechos humanos y sin lo que sea-- o
en la Unión Aduanera. A nuestro grupo le preocupa que el que no ingrese
Turquía pueda servir de obstáculo a abrir la comunidad en un tema un poco
espinoso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Un minuto.
Ha dicho el señor Mardones de una forma bastante sincera que sospecha que
en Turquía hay gente muy diversa y tan ajena.
Lo que a nosotros nos preocupa es que este desprecio a su integración no
se entienda sólo como un respeto a los derechos humanos, que debíamos
ayudarle a cumplir, sino como un cerrarle las puertas a la ayuda que
necesitan. Por eso estamos preocupados y queremos que se fuerce la
solidaridad de la Comunidad Europea.
Una última preocupación --porque el tiempo no nos da para más-- es la
relativa a una Europa de distintas velocidades que al haber creado el
Euro-X, el Euro-11 como lo ha llamado el señor Almunia, o el euro que
sea, en base a diferenciarlo del Ecofin, deje fuera a países que tienen
mucho que ver en la Comunidad Europea; que Inglaterra se haya quedado
fuera, haciendo uso de su derecho, Dinamarca o Suecia y no Grecia...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Ahora mismo.
Nos parece que esa separación no profundiza en una mayor cohesión
europea. Es verdad que hay intereses,
pero yo creo que tendríamos que ser ágiles en la vigencia del euro para
atraer a esos países y que cuantos menos tapadillos o distintas
estructuras haya, mucho mayor será la coherencia europea. En esa labor de
comprometerse con todo, para pedir y para dar, para invertir en las
políticas sociales en nuestro país, nosotros estamos dispuestos a se
críticos aunque también a apoyar lo que nos parezca positivo y, desde
luego, intentar que la cohesión europea se haga desde la cohesión social,
desde la madurez política, desde la diversidad cultural y no desde el
mero comercio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor presidente del Gobierno,
aunque los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en las
cuestiones referidas a la ampliación de la Unión Europea, desde el Bloque
Nacionalista Galego pensamos que vale la pena pararse en el perfil, en el
retrato de lo que llaman Unión Europea a partir específicamente del
Consejo Europeo de Luxemburgo. Lo que venimos denunciando desde hace
meses en relación con este proyecto de carácter económico parece que se
perfila cada vez con más precisión. Hemos catalogado siempre esta
política de economicismo monetario. No otra cosa se puede deducir de un
documento que por fin deja claro que las intenciones explícitas y
verdaderas de la Unión Europea son exclusivamente el mercado único en el
traslado de mercancías y de capitales en servicios financieros; una
política monetaria única, que por cierto empezará a funcionar con la
moneda única el 1 de enero de 1999, sin que haya habido un debate claro
sobre las consecuencias para la política económica en el Estado español;
el establecimiento del tipo de cambios a partir del 3 de mayo de 1998,
sin que tampoco se nos diga cuál va a ser la posición del Gobierno
respecto a los tipos de cambio, y lo que es más preocupante, se nos
anuncia el control y la supervisión del gasto de los Estados, de sus
presupuestos y de la política fiscal, caso de poner en peligro la
estabilidad financiera del conjunto. En base a todos estos criterios, a
pesar de que parece que quedan en un instrumento político las decisiones,
tenemos que hacer alguna salvedad y algún matiz que reincide en este
carácter economicista del proyecto de la Unión Europea.
Es curioso que el anexo diga claramente que va a ser el Ecofin el que se
va a encargar, nada más y nada menos, que de la cohesión de la Unión
Europea; un Ecofin que estará en diálogo permanente con el sistema de
bancos centrales europeos y con el Banco Central Europeo, que es ni más
ni menos que una entidad que actuará con criterios independientes para
aplicar lo que llaman política económica, que antes describimos. En base
a todo esto nos hacemos una pregunta en el Bloque Nacionalista Galego.
Está claro que se opta por mantener el aparato de los actuales Estados
que constituyen la Unión Europea. Pero, ¿cómo va a hacer el Estado
español una política estructural en lo económico? ¿Con qué instrumentos
económicos? ¿Cómo va a hacer una política laboral que no sea más de lo
mismo, dejarse llevar por el mercado, por esa economía de mercado, por
esta libre economía en términos eufemísticos? Y curiosamente, además,
¿qué va a hacer el Estado español representando, sin embargo, a un
espacio político-económico, como el que hoy tiene, en organismos
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, donde vamos a
estar todos y nos imaginamos que algunos por libre y con una capacidad
que el Estado español no tiene? Desde el punto de vista nacionalista, ¿no
correremos el peligro de que, sin aclarar la estructura del Estado, se
convierta el actual Estado en una auténtica tentación continua de imponer
un criterio ideológico para mantener uniformes los servicios, mantener
unos salarios por debajo de la media europea y sentirse prácticamente
inerme para poder crear empleo? ¿Y cómo se puede seguir hablando del
término soberanía cuando vemos que va a quedar clarísimamente limitada y
solamente en correlación con el actual aparato de poder existente en cada
uno de los Estados y su base económica correlativa a la que cada uno
tenga detrás?
Señor presidente del Gobierno, nos parece que el documento es
tremendamente irreflexivo y contradictorio cuando habla de la política
agraria. Un dato. No se puede decir que se va a seguir haciendo la misma
política competitiva y continuista en el terreno agrario --puesto que ya
vemos los resultados que dio en concreto en zonas del Estado español--
para no dejarnos competir, por supuesto, y después decir que se va a
optar por que todos los sectores, todos los productores y todas las
regiones cuenten con alguna base agraria, o por lo menos eso parece
deducirse del texto.
Por fin, señorías, sobre el perfil político interno y la extensión de la
Unión Europea desde el Bloque Nacionalista Galego se nos ocurre una
reflexión. ¿No es llamativo que los Estados llamados a entrar en el
primer pelotón, dentro de unos años, sean Hungría, que ya está en la
OTAN, Polonia, que ya está en la OTAN prácticamente, Chequia, que ya está
en la OTAN y, por supuesto, Chipre? ¿No es llamativo que estamos con
aparatos militares que llevan siempre la ventaja a los aparatos políticos
e incluso a los económicos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez, le
ruego concluya.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Acabo ya, señor presidente.
Nos parece que el tema de la seguridad alimentaria, señor Aznar, merecía
otro cuidado. Vacas locas, alimentación de hormonas, soja transgénica, y
así sucesivamente, merecían otra atención.
Para finalizar, señorías, llamo la atención de todos los aquí presentes
sobre que cada vez vamos hacia una política más dicotómica entre poder
político y poder económico en una Europa de los Estados donde los propios
gobiernos van a estar atomizados. Creo que a partir de ahora el señor
ministro de Economía va a ser realmente, en compañía de los banqueros,
quien va a gobernar la Unión Europea, lo cual abre una fisura en los
propios gobiernos democráticos que los ciudadanos elegimos de forma
indirecta. Por supuesto que las desigualdades territoriales y sociales en
el Estado español van a aumentar. Es una pena que todo esto no se debata
antes de mayo. El Bloque Nacionalista Galego intentará, en lo que esté en
su mano, que este debate aparezca en la sociedad.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor De
Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular quiere expresar al presidente del Gobierno y a la
Cámara su satisfacción por los resultados del Consejo de Luxemburgo, que
dan cumplida respuesta a los deseos de este grupo y de esta Cámara tal y
como fueron expuestos al Gobierno, la pasada semana, en el ámbito de la
Comisión Mixta para la Unión Europea por los distintos portavoces
parlamentarios.
Como ha señalado el presidente del Gobierno, la pasada cumbre de
Luxemburgo, la cumbre de la ampliación, como se la recordará en los años
venideros, culmina un proceso y abre un nuevo período de dimensiones
históricas en Europa. El resultado del Consejo de Luxemburgo simboliza el
final para siempre del conflicto Este-Oeste al abrir las puertas de la
Unión a los once candidatos de la Europa Central y del Este. A partir de
ahora, el viejo proyecto de los fundadores del Tratado de Roma adquiere
una dimensión continental, extendiendo su esquema de paz, estabilidad y
progreso a todos los pueblos de Europa. Creemos además que en las
conclusiones de la cumbre de Luxemburgo se ha diseñado una ruta razonable
y nos cabe la satisfacción de que España ha contribuido en gran medida a
ello. Desde el principio de la negociación nuestro Gobierno, con el apoyo
de este Parlamento, señaló la necesidad de que el próximo proceso de
ampliación se abriera sin discriminación a todos los países candidatos
que cumplieran con los requisitos políticos y económicos y estuviesen en
situación de aceptar el acervo comunitario. La defensa por parte de
nuestro Gobierno de lo que se ha dado en llamar el método regata ha
tenido como consecuencia que en la fórmula adoptada por el Consejo
Europa, fórmula abierta a todos los candidatos, no se discrimine
innecesariamente entre unos países y otros y se inicie el proceso de
adhesión con todos ellos.
Señor presidente, señorías, todavía tenemos fresca en la memoria todos la
sensación de aislamiento de aquellos años en los que España trataba de
recuperar su puesto en Europa y participar con el resto de los países de
la Europa de las libertades en la senda del progreso, de la paz y de la
justicia social. Recordamos lo importante que resultaba para nuestro
propio proceso de transformación interna, a todos los niveles, cualquier
señal de la Europa comunitaria tendente a incorporarnos a su proyecto.
España tiene, pues, una sensibilidad particular hacia este enfoque de los
países del Este y coherente con su concepción del proceso de construcción
europea se ha mostrado desde el principio solidaria. Bien es cierto que
en la primavera de 1998 la Unión Europea abrirá solamente con seis de los
países candidatos conferencias intergubernamentales, en términos
bilaterales, para una negociación sobre las condiciones de admisión y de
adaptación a los tratados. Son estos los Estados que la Comisión de forma
objetiva ha identificado como aquellos que pueden avanzar más deprisa en
las negociaciones de adhesión, pero no es menos cierto que para el resto
de los países candidatos, países que por sus características específicas
necesitan todavía de importantes transformaciones de orden político,
económico y social, la Unión Europea negociará acciones de preparación
para la adhesión y estará dispuesta a iniciar conferencias
intergubernamentales cuando su situación política y económica lo
permitan. Cada aspirante avanzará a su propio ritmo, según su nivel de
preparación, y nada impedirá que algunos de los países que en estos
momentos asisten a la apertura solemne de negociaciones con el título de
rezagados puedan ser objeto de repesca si progresan suficientemente. Creo
sinceramente que este diseño de la ampliación servirá de estímulo para
todos los países candidatos, independientemente de su grado de
preparación. En ese sentido, la puesta en marcha de una estrategia de
preadhesión reforzada, que incluye de un lado las nuevas relaciones de
asociación basadas en la profundización del programa Phare y, de otro
lado, el otorgamiento de nuevas ayudas, resulta de especial importancia.
Señor presidente, señorías, el proceso de ampliación que a todos nos
interesa es un propósito de extender la solidaridad; solidaridad de la
Unión con los países candidato a los que se debe hacer partícipes de las
políticas comunitarias que han estado desde siempre en la base del diseño
comunitario. Por ello y como en repetidas ocasiones ha señalado José
María Aznar, no había que mezclar la ampliación de la Unión Europea con
la discusión de las perspectivas financieras. No se
puede poner el techo a una casa que todavía no se ha acabado de
construir. La estrategia española, por consiguiente, consistía en impedir
que del Consejo Europeo salieran unas directrices estrictas que
impidieran, en el futuro, acordar un aumento del techo financiero frente
a la ampliación del Este. Existía el riesgo de haber prosperado la
postura de algunos países comunitarios, de limitarnos a una ampliación
barata a costa de reducir las actuales políticas de solidaridad y
agrícola en la Unión Europea, convirtiendo a los nuevos miembros en
socios de segunda categoría y creando una división en Europa mediante la
nacionalización de ciertas políticas, con graves consecuencias en lo
económico y en lo social. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Solamente la buena negociación global de nuestro Gobierno, así como la
firmeza demostrada a nivel sectorial, y en coherencia con nuestras
propuestas en consejos como el de Agricultura, han hecho posible el éxito
final. El Consejo Europeo, en este sentido, ha aceptado plenamente la
tesis española de dar luz verde a la ampliación, sin condicionarla a que
se respeten parámetros financieros concretos de los que no se han
analizado todavía todas sus implicaciones. Asimismo y por razones de
transparencia se realizará una clara distinción en la presentación y en
la puesta en práctica del futuro marco financiero entre los gastos que
corresponden a la Unión, en su composición actual, y los reservados a los
futuros miembros en concepto de ayuda de preadhesión o para la propia
adhesión.
Señor presidente, el debate sobre la coordinación de políticas económicas
en torno a la moneda única ha sido intenso. España y nuestro Gobierno han
participado con la legitimidad y la fuerza que les da el haber invertido
la tendencia de la situación económica de nuestro país y haberla puesto
en la senda del pacto social, del crecimiento económico y del empleo.
Creemos que la solución a la que hemos llegado es buena. Hemos creado un
nuevo foro, llamado Euro-X, en el que de manera informal coordinarán sus
posturas los países que como el nuestro formarán parte del grupo del euro
desde el primer momento por haber sido capaces de pasar la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria. Nuestro país se ha mostrado favorable
a que se reconozca algo que será una necesidad: que los países de fuera
de la zona euro sean invitados a participar en las discusiones sobre las
cuestiones de interés común. La mediación de España en este punto ha sido
decisiva para lograr un consenso que al principio revestía la máxima
dificultad.
Señor presidente, esta cumbre, que como he dicho al comienzo de mi
discurso supone un hito para los que creemos en la Europa de la paz y de
las libertades, se ha visto ensombrecida por el brutal asesinato
perpetrado por ETA segando la vida de un inocente. El Consejo de
Luxemburgo se ha unido al dolor de los españoles mediante la aprobación
de un comunicado de condena por el asesinato de este ciudadano español y
europeo. Creo que también esta ocasión es buena para renovar nuestro
compromiso y nuestro esfuerzo unidos en consecución de la paz.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Grandes.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, quiero en primer lugar agradecer a todos los portavoces que han
intervenido en esta sesión y en este debate sus palabras, su voluntad y
su sentimiento en relación con los atentados terroristas en general y muy
en particular con el último.
Quiero empezar repasando alguno de los comentarios, siguiendo el mismo
orden de las conclusiones del Consejo, que SS. SS. han hecho al propio
Consejo y a sus conclusiones. Distintos portavoces han hablado de
cuestiones relativas a la unión política y a la necesidad del impulso
político necesario en la construcción de la Unión Europea. Tal vez para
eso, si se mira hacia atrás --sin necesidad, me lo permitirá el señor
Anguita, en mi opinión, de hacer una retrospectiva hasta el año 1986, que
puede hacerse desde otro punto de vista pero no desde el punto de vista
del debate parlamentario--, a lo largo del año 1997 --como he tenido
oportunidad de recordar durante estos días-- ha habido un importante y
profundo impulso de la construcción europea en todas sus vertientes,
también en su vertiente política. Quiero recordar a SS. SS. que en este
año 1997 se ha terminado la Conferencia Intergubernamental, se ha
aprobado la reforma de los tratados y ha nacido un nuevo tratado, el
Tratado de Amsterdam, que evidentemente tiene todavía sus cuestiones por
resolver. Pero se ha terminado un mandato y hay un nuevo tratado. Se
acaba de dar señal a una operación ciertamente de trascendencia histórica
como es la ampliación de la Unión Europea; se acaba de dar esa señal. Se
acaban de cerrar, también, en Luxemburgo, los últimos detalles y
requisitos que determinarán que se puedan tomar decisiones, en el mes de
mayo, relativas a la puesta en marcha de la moneda única europea. Se ha
avanzado además en cuestiones relativas a lo que significa el tratamiento
en conjunto y en común de políticas relativas al empleo. Desde el punto
de vista de la seguridad, se ha abordado una de las decisiones que Europa
y el mundo occidental tenían que tomar de la manera más importante y más
determinante antes de final de siglo, que es la reforma de la Alianza
Atlántica y su ampliación, y la reforma de la estructura de mandos,
necesaria para acomodar esa ampliación.
Por tanto, quiero decir que, en lo que es el ejercicio de 1997, en el
ámbito de lo que es el impulso de construcción política en sus distintas
vertientes, propiamente
política, económica, de seguridad, ha sido un año muy intenso y
especialmente importante hacia el futuro. Es evidente que quedan
muchísimas cosas por resolver, muchísimos problemas que resolver.
Tampoco, que yo sepa, nadie aspiraba a resolver todos los problemas en
este Consejo Europeo.
He apreciado, con algunas excepciones, en las intervenciones de SS. SS.
una coincidencia general en la valoración positiva de los resultados de
este Consejo. No en la valoración de lo que puede significar un
planteamiento global, general, abierto, sobre todos los aspectos que
pueden incidir en la construcción europea, tanto desde el punto de vista
político-económico como de seguridad, por una sencilla razón, porque el
Consejo Europeo --se lo quiero recordar muy especialmente y, por
supuesto, sin ánimo de abrir debate, sino sólo a efectos de recordatorio,
al señor Anguita--, trabaja, afortunadamente, sobre unos órdenes del día
concretos. Y no podemos estar todos los días o todos los consejos
europeos yendo al comienzo de los tiempos para ver si resolvemos todo;
simplemente se está encerrado un tiempo, que en algunas ocasiones es un
tiempo largo, a veces hasta dos días, y llega un momento en que, cuando
se termina el orden del día, uno o todos los que están allí tienen la
aspiración razonable de volver a casa. Y luego ya se hará otro Consejo
Europeo con un orden del día distinto. Pero no se pueden plantear todos
los temas, todos los consejos, todos al mismo tiempo, porque es
sencillamente imposible.
De los tres temas fundamentales que ha abordado este Consejo, quisiera
hacer algunos comentarios. En primer lugar, lo que se refiere a la
operación relativa a la ampliación de la Unión. Es verdad que esta
ampliación, por razones históricas, por razones políticas y por razones
de los países a los que afecta, no es una ampliación parecida a las
anteriores, ni es una ampliación parecida a la última, relativa a dos
países nórdicos más Austria, ni parecida tampoco a la de España y
Portugal, ni parecida a la de Grecia, ni parecida a la de Dinamarca. No.
Es una ampliación que tiene un contenido y un significado histórico
distintos, nacida evidentemente de un nuevo mapa histórico en Europa, que
se produce como consecuencia de la caída del muro de Berlín en el año
1989. Y ese sentido histórico es el que se trata de rellenar ahora.
Por eso, cuando se pregunta dónde van esos países, hay que decir que van
a buscar esa Unión Europea de la que desean formar parte y que para
sobrevivir necesita inevitablemente reformarse y transformarse. Ese es el
proceso que se está viviendo, que nadie pensará que se puede agotar ni en
un golpe, ni en dos golpes, ni en tres actos. No. Necesitará mucho
tiempo, pero, afortunadamente, el proceso se ha puesto en marcha. Y, si
se mirase diez años para atrás, nadie hubiese sido tan optimista para
prever que estaríamos hoy en esta situación. Nadie, absolutamente nadie.
Ahora de lo que se trata es, en mi opinión, de aprovechar esa
oportunidad. Por eso, cuando hablamos de ampliación, señorías, estamos
hablando de una decisión esencial, fundamentalmente política, porque si
la planteamos en términos económicos de conveniencia o inconveniencia
para un país que hoy forma parte de la Unión Europea, estaríamos hablando
de otras cosas, y probablemente no se podría hacer. Estamos hablando de
una operación política, con todo lo que eso supone en el más amplio
sentido de la palabra.
A la hora de abordar esa operación de contenido político había distintas
posiciones. Había un grupo de países que, siguiendo el informe de la
Comisión, pensaba que tenía que reducirse el proceso de ampliación y de
adhesión a cinco países más uno --los países que he citado, Polonia,
República Checa, Hungría, Eslovenia y Estonia, más Chipre-- y otro grupo
de países que pensábamos que era mejor, más justo, políticamente, más
razonable, comenzar el proceso de adhesión con todos, con independencia
de que luego, la propia situación de cada país determinase que unos
pudiesen ir más rápido que otros. Porque, evidentemente, estamos ante
muchos países, ante situaciones diferentes y ante procesos que
inevitablemente van a ser largos, muy largos. Estamos hablando de la
situación de esos países y alguien recordaba, creo que era el señor
Molins, la situación de ingreso de España; se tardó ocho o diez años y,
en algunas políticas, hasta quince o más, si no recuerdo mal, en
conseguir la integración. Sobre esa posición es sobre la que hubo que
determinar distintas acciones y distintas tomas de decisión por unos y
otros países.
La Comisión había planteado su informe, su posición, respondiendo a un
encargo del Consejo Europeo, pero también lo había hecho en la idea, en
la filosofía, de que una cosa es comenzar las negociaciones y otra
terminar las negociaciones y que, por tanto, el hecho de comenzar no
garantizaba nada. Porque, como digo, unos pueden terminar antes que
otros.
España prefirió, junto con otros países, un enfoque más amplio, porque,
si ése era el enfoque de la Comisión, no había ninguna razón para excluir
a otros cinco países de ese mismo enfoque de que una cosa era comenzar y
otra cosa era terminar. Además, desde el punto de vista político, nos
parecía un mensaje más positivo enviar a esos países candidatos un
mensaje de aliento en su proceso de consolidación democrática, de
transformación de sus estructuras, de reforma y de aliento en el trabajo
para formar parte de la Unión Europea.
El siguiente punto que se abordó es si, en la mecánica del Tratado
vigente, el llamado artículo O era un artículo que, en términos de
adhesión, sólo se aplicaba a cinco más uno o se aplicaba a todos. ¿Qué
significa el artículo O? El artículo O es el que ancla a esos países en
un procedimiento de adhesión. Nosotros fuimos partidarios de que esos
países quedasen anclados en un procedimiento de adhesión. El resumen
final es que
hay un procedimiento global de adhesión, un procedimiento que engloba a
todos y, dentro de ese procedimiento global de adhesión, hay un punto de
adelantamiento, que es la negociación inmediata, convocando conferencias
intergubernamentales en la primavera de 1998.
Yo les puedo decir a todos, a los portavoces y a
SS. SS., que, en líneas generales, el proceso ha sido visto por todos con
satisfacción, porque todos reconocen las diferentes posiciones, pero lo
que es muy importante es que la adhesión, considerada globalmente, se
pone en marcha para todos y las conferencias intergubernamentales, en
sentido estricto, se ponen en marcha para un primer grupo de países. ¿Qué
ocurre si uno de esos países que queda en el grupo amplio de la adhesión
va más adelantado, o adelanta, o en el plazo de los años que estamos
hablando puede tener un nivel más amplio de desarrollo que los países que
tienen abierta la conferencia intergubernamental? Pues que les puede
sobrepasar y que se puede convocar una conferencia intergubernamental.
Eso es lo que significa que el punto de salida es exactamente igual para
todos. Por tanto, esta decisión es un aliento, un aliciente para todos a
la hora de seguir en las políticas que todos teníamos interés que se
desarrollasen, de transformación, etcétera.
Ese posicionamiento español, compartido por otros países, es el que se ha
reflejado, y así ha sido reconocido por todos los países candidatos. En
el almuerzo que tuvo lugar el último día, con los diez países candidatos,
tuve la oportunidad de recoger el reconocimiento y el agradecimiento de
esos países a la posición española. Y, por supuesto, también es muy
importante haber colaborado o cooperado, en general, a la consecución de
una resolución favorable para todos esos países, desde el punto de vista
histórico del proceso de la Unión Europea, también considerado en
términos políticos.
Cuestión con otras singularidades, de las cuales han hablado todas SS.
SS., es la que se refiere a Turquía, que plantea distintas
circunstancias. Son circunstancias específicas, que afectan a Turquía, y
son circunstancias, por decirlo de esta manera, de distinta sensibilidad,
que afectan, en relación con Turquía, a algunos países que forman la
Unión Europea. Se trata, en mi opinión, de hacer con Turquía una triple
política de alguna manera hacia el futuro, que parta de la necesidad
--para mí, necesidad muy clara-- de anclar a Turquía en lo que es el
ámbito europeo y que no exista el riesgo para Turquía de que pueda
producirse, por evidentes razones estratégicas pero también por evidentes
razones políticas, un desgajamiento de Turquía de lo que significa el
ámbito europeo. Por tanto, cualquier política que pueda interpretarse
como un desprecio o como un hostigamiento a Turquía es una política que
tiene sus condicionantes, muy importantes de cara al futuro, y conviene
que se sepa.
En segundo lugar, nosotros partimos de la necesidad de ofrecer a Turquía
una perspectiva de integración. A lo mejor es una perspectiva de
integración más larga que la de los otros países, porque sus diferencias
con esos países son muy notables. Evidentemente, no es lo mismo, insisto,
esa situación. Pero hay que ofrecer una perspectiva de integración. Lo
que no se puede hacer es tener a un país como Turquía, un país de sesenta
y tantos millones de habitantes y que naturalmente tiene detrás una
historia, una cultura, una fortaleza y una potencialidad, sin un
horizonte real de relación con la Unión Europea o de integración.
Por último, está la necesidad de ofrecer también a Turquía unas
relaciones llamemos evolutivas con la Unión Europea, donde se vaya
perfeccionando un proceso de relación singular entre la Unión Europea y
Turquía, que también tiene, desde el punto de vista político, a nuestro
entender, la formulación de la pertenencia de Turquía a la Conferencia
Europea. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la
pretensión de Turquía de partir en pie de igualdad, exactamente en la
misma situación que todos los demás países no ha sido una posición que se
podía aceptar. ¿Por qué? Por tres razones básicas, aparte de las
diferencias singulares, en las cuales no quiero insistir. Primero, por la
evidente necesidad de mejora en el tema de derechos humanos que hay en
Turquía; segundo, porque, dentro de lo que es el funcionamiento
comunitario, hay un gran conflicto entre Turquía y Grecia en relación con
distintas islas en el mar Egeo y es conveniente reconocer la jurisdicción
y la capacidad de decisión de los tribunales internacionales para su
resolución, cosa que no acepta Turquía; y, tercero, por la situación de
Chipre, que viene a complicar aún más cualquier posible decisión en
relación con Turquía.
En todo caso en este momento, como ya he dicho anteriormente en mi
intervención, creo que debemos seguir trabajando para encontrar una
solución positiva y que no se produzca un elemento de ruptura entre la
Unión Europea y Turquía. La Unión Europea debe mantener una posición
clara, desde el punto de vista de su solidaridad interna, pero debe tener
también una posición activa, desde el punto de vista de hacer el esfuerzo
de atracción suficiente de Turquía hacia la Unión Europea. No se puede
reaccionar si no se ofrece algo a cambio, evidentemente, y si sólo se
establecen, desde ese punto de vista, exigencias.
Lo último que quiero decir sobre la ampliación, ya que he citado esas
cuestiones, y evidentemente quiero entrar en el detalle de problemas que
habría que subsanar o que afrontar, es insistir en subrayar la
importancia histórica del proceso de ampliación, que, sin duda, es muy
importante en la historia global europea y va a tener gran trascendencia
en todos nuestros países, tanto desde el punto de vista institucional
como desde la configuración general de la Unión Europea.
El siguiente punto que trató el Consejo, de una manera general, por
cierto, menos extensamente de lo que algunos pensaban, es el relativo a
la Agenda 2000. Nosotros siempre defendimos el mantenimiento de la
lógica, como he dicho antes, establecida en Madrid, es decir, conferencia
intergubernamental, decisión de ampliación, moneda única, debate de
perspectivas financieras. Esa es la lógica. Eso es lo acordado y eso, sin
mezclar cuestiones, es lo que nos parecía más conveniente en este
momento.
Les quiero decir a SS. SS. que ése --como les he dicho antes y como saben
muy bien-- ha sido el resultado. Para llegar a ese resultado,
evidentemente, ha habido que modificar de un modo importante, de un modo
intenso, el proyecto de conclusiones, porque no reflejaba exactamente
esto que yo estoy diciendo. El proyecto de conclusiones reflejaba el
tratamiento parcial de cuestiones relativas a la Agenda 2000, tanto desde
el punto de vista de determinadas afirmaciones en relación con las
perspectivas financieras como en la política agraria, con lo que nosotros
no estábamos de acuerdo. Y está claro que el planteamiento de fondo que
hay a la hora de debatir las perspectivas financieras es si los recursos
actuales o los techos actuales son suficientes o son insuficientes para
financiar la ampliación.
Nuestra posición, la conoce todo el mundo, es que son insuficientes y la
posición de otros países es que son suficientes. Dicho de otra manera,
porque aquí tampoco hay grandes secretos, ningún país, en la perspectiva
de la ampliación, quiere pagar más, y ningún país, en la perspectiva de
la ampliación, quiere recibir menos. Así de sencillo. Por tanto, ésa será
la discusión que se realice durante los dos próximos años, que no va a
ser una discusión fácil. En este momento lo importante no es decir si uno
coincide por razones de fondo --que ya se sabe que no va a coincidir y
sería verdaderamente extraordinario que se coincidiera-- o por razones de
coyuntura táctica; lo importante es que en este momento era muy
conveniente no mezclar las cuestiones. Y ése es un paso adelante. En los
siguientes consejos --y yo creo que tardará todavía un poco, porque
necesitarán trabajos previos-- habrá que seguir trabajando en esas
cuestiones.
Evidentemente, había una inmensa mayoría de países, tantos prácticamente
como 14, que eran favorables a esta posición y había alguno favorable a
otra posición bastante distinta, por sus razones, razones que es lógico
que se pongan encima de la mesa del Consejo.
Lo mismo puedo decir en relación con la política agraria comunitaria.
Quiero decir, señorías, que, mientras España no vea que sus productos
mediterráneos y las OCM que afectan a los productos mediterráneos están
razonablemente salvaguardados en lo que es la política agraria común, no
vamos a levantar la reserva sobre la política agraria común. No se trata
de estar solo, ni de estar acompañado, que es una música bastante
aburrida; es cuestión de defender los intereses de España, porque da la
casualidad de que, a diferencia de otros, son las cuestiones que nos
afectan a nosotros, sea en el aceite de oliva, sea en el vino o sea en lo
que se quiera. Por tanto, mientras eso no se garantice, y de alguna
manera está dicho en las conclusiones del Consejo que para avanzar, desde
el punto de vista de la política agraria, hacia el futuro, es necesario
incluir los productos mediterráneos, que ya nos cuidamos bien que
figurasen en las conclusiones del Consejo, sin levantar nuestra reserva
en el último Consejo de agricultura, nosotros no vamos a mover nuestra
posición hasta llegar a una fórmula satisfactoria. Como esperamos --y no
queremos adelantar ningún debate-- en lo que pueda significar el debate
respecto de las perspectivas financieras en el seno de la Unión Europea
hacia el futuro, que dependerá mucho del planteamiento que se haga, mucho
de cómo vayan las negociaciones de adhesión y mucho de las perspectivas
que haya hacia el futuro, de cómo se quieran plantear los períodos
transitorios de los países candidatos y que puedan incorporarse en un
momento determinado en la Unión Europea.
Todas esas cuestiones hay que verlas y hay que ir fijando posiciones de
debate en relación con el futuro. Nosotros --cosa que también tiene su
razón de ser y su relevancia, dentro de la política interna, de nuestra
política nacional, en las distintas afirmaciones que se hacen sobre temas
de financiación, etcétera-- defendemos que no se puede hablar en el seno
de la Unión Europea de flujos presupuestarios netos, porque hay, desde el
punto de vista económico, muchos otros flujos, que benefician a los
países. Y no se puede mantener esa posición rígida, que coincide con la
posición de la Comisión. Evidentemente, se sabe que, desde el punto de
vista económico y comercial, la ampliación favorece más a unos países que
a otros. Eso habrá de tenerse en cuenta, como es lógico. No se puede
hablar solamente en términos de saldos presupuestarios netos, porque eso,
sólo eso, insisto, no refleja en ningún caso lo que es la realidad
económica y el futuro de la Unión Europea. Estas son las cuestiones y los
términos en los que se ha desenvuelto el debate sobre las perspectivas
financieras, en las cuales se pudo llegar a un acuerdo muy positivo.
La tercera cuestión que estaba planteada y que quiero comentar es la
relativa a la Unión Económica y Monetaria. Después de escuchar a SS. SS.,
quiero hacer tres comentarios, si me lo permiten. El primero. Me parece
que ha sido el señor Molins quien ha dicho que en este tema la suerte
está echada. Como la suerte está echada, yo me alegro mucho de que la
suerte se haya echado también en favor de España y me alegro mucho de que
se reconozca que España estará desde el primer momento en la moneda
única, cosa que, por cierto, hace poco no era así. Ahora es así. Me
alegro
mucho de que se reconozca; sobre todo me alegro mucho porque creo que es
muy positivo para nuestro país. Ya que hablamos de soledades, es muy
positivo para nuestro país estar en solitario en la moneda única europea,
por decirlo de esa manera.
En segundo lugar, quiero hacer referencia a lo que es el planteamiento
del Consejo Euro-X o del Ecofin. Se ha hablado de posibles divisiones
europeas, etcétera. El único debate que hay en relación con el Euro-X, el
único debate real es un debate bastante sencillo. En la unión monetaria o
en la moneda única no se está por dos razones: porque uno no puede, como
es el caso de algún país que no cumple las condiciones, o porque uno no
quiere. El único debate es que algunos de los que no quieren estar en el
primer momento de la unión monetaria quieren no estar y quieren
participar en las decisiones de la unión monetaria. Eso no puede ser. Y
el debate consiste en establecer el mecanismo, como es lógico, porque
sería una discusión absurda pensar que se puede crear una moneda única y
que los que forman parte de la moneda única no se van a reunir para
coordinar sus políticas económicas. No tiene el más mínimo sentido. Es
absurdo. Otra cosa distinta es que se reúnan en ocasiones con los que han
quedado fuera, cuando tengan asuntos que debatir. El gran problema que se
planteaba era quién invita, quién ejerce. ¿Es un derecho a participar, es
en el sentido de decir: yo voy cuando quiero y cuando no quiero, no voy?
Y la posición general es decir que quienes forman parte de la moneda
única y del Consejo también tendrán que tener alguna opinión respecto a
cuándo un asunto es de interés general o no es de interés general. Sobre
ese tema, sobre la base de que, para decisiones de interés general, el
Ecofin es el Consejo que vale, y allí están todos, es evidente que la
lógica, el sentido común lleva a las reuniones del Consejo Euro-X, y eso
no establece ningún tipo de división. Lo que establece es la misma lógica
del proceso, porque, si no, el proceso sería imposible. ¿Cuándo se puede
hacer? Si se dice: ya tienen ustedes cuatro Europas, la del Euro-X, la de
los que están fuera del Euro-X en la Unión Europea, los que van a empezar
las conferencias intergubernamentales y los otros, ¿cuál es la
alternativa? ¿No hacer nada? ¡Esto no tiene sentido! Si hay once países
que pueden formar parte de la moneda única, lo lógico, lo normal, lo
natural, es que se pongan de acuerdo plenamente en ello.
Ese es el elemento básico de lo que ha sido el debate en relación con la
Unión Económica y Monetaria, debate que puede tener, en relación con el
futuro, otra serie de consideraciones, otra serie de elementos, sin duda
importantes, a los que se han referido algunos de los señores portavoces,
respecto de lo que son las consecuencias, en la vida política española,
en la vida económica española, de la coordinación de políticas
económicas, etcétera.
Yo quiero decirles que mi convicción es que todos los países, y España,
como es natural, viene obligada y necesitada y además le viene bien, en
mi opinión, deben acelerar un proceso o fomentar cada vez con más
decisión un proceso importante de reformas, para buscar unas mayores
posibilidades de flexibilidad, de competitividad, en nuestra economía,
derivadas de la pérdida de soberanía monetaria, derivadas del pacto de
estabilidad y derivadas de la necesidad de mantener unas ganancias de
competitividad, que tienen que venir por la senda de unos sectores
productivos extraordinariamente en forma, desde el punto de vista de su
regulación y de sus posibilidades de competencia, para mantener las
ventajas competitivas de la economía española, que tienen y pueden
traducirse ventajosamente, en mi opinión, en términos de empleo.
Voy a hacer simplemente dos comentarios, señor presidente, relativos a
dos cuestiones que se han planteado. El primero es el que ha expuesto el
señor Mardones en relación con el régimen económico y fiscal de Canarias.
Yo creo que, en lo que es la situación de Canarias en el marco de la
Unión Europea, a lo largo de este año también se ha avanzado de una
manera muy determinante. Empezamos el año con enormes dudas, como
recordarán SS. SS., y lo hemos terminado con el reconocimiento del
carácter ultraperiférico de Canarias nada menos que en el Tratado de la
Unión y con el acuerdo en relación con el régimen económico-fiscal de
Canarias.
Es evidente, y tiene razón S. S., que hay que seguir trabajando digamos
en buscar una mayor sensibilidad para muchos temas de algunos
representantes institucionales en el marco de la Unión. Eso será siempre
así. Lo que hace falta es que sigamos trabajando de común acuerdo
intentando resolver estos objetivos, que son muy importantes para
Canarias, y en los cuales yo estoy convencido de que la comunidad y todos
los ciudadanos canarios pueden compartir un elemento muy importante de
satisfacción para el futuro. Y no tenga ninguna duda de que el Gobierno
considera esos temas, como no podía ser de otra manera, como temas de
Estado, que es lo que son, y es lo que desea compartir especialmente con
todos los ciudadanos canarios y, por supuesto, con toda la Cámara.
Y quiero contestar a dos cuestiones concretas que suscitaba el señor
Anguita. Ha hecho dos preguntas, la primera relativa a si es posible la
realización de una conferencia intergubernamental antes del año 2000.
Como posible, lo es. Sabe usted que conferencias intergubernamentales se
abren con cada país, pero en el propio Tratado de Amsterdam lo que esta
previsto es que, si se sobrepasase de 20 países miembros en la primera
ampliación, un año antes habría que convocar una conferencia
intergubernamental. Eso no lo vamos a saber por lo menos hasta un año
antes de que se vayan a terminar las negociaciones de ampliación. ¿Podría
convocarse, en todo caso, por acuerdo de todos, una conferencia
intergubernamental para reordenar todo el proceso? Podría, pero yo creo
que esa es una
decisión que en este momento no está madurada, desde el punto de vista de
lo que es la responsabilidad de los distintos Gobiernos de los Estados
miembros.
La segunda cuestión que ha planteado el señor Anguita es la relativa a la
creación de una comisión permanente en relación con el proceso de
ampliación. Yo le quiero decir al señor Anguita que estoy totalmente de
acuerdo. El día 21 de julio de 1997, según la propuesta que yo hice aquí
el día 25 de junio, contestando precisamente al señor Molins, el Grupo
Parlamentario Popular presentó la creación de una subcomisión de
seguimiento encargada de estudiar y discutir el proceso de ampliación de
la Unión Europea en el marco de la Comisión Mixta Congreso-Senado para
las relaciones con la Unión Europea. Me dicen que hay algún grupo
político, especialmente el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene
alguna dificultad en aceptar esta propuesta, porque entiende que se trata
de detraer del Pleno elementos de debate respecto a la ampliación. Yo
quiero decir que ese no es en absoluto el propósito ni la intención. A mí
no me parece posible que el Pleno, en su conjunto, haga un seguimiento
permanente del proceso de ampliación, sino que el Pleno trate del
procedimiento del proceso de ampliación cuando le parezca oportuno, pero
que los trabajos concretos se desarrollen en el marco de esa ponencia y
de esa subcomisión, que podría estar creada ya, insisto, desde el mes de
julio pasado.
Por último, quiero decir al líder del Grupo Socialista, señor Almunia,
que, por supuesto, se mantienen el propósito y los deseos de consenso. No
hace falta reiterarlos, siempre ha sido así, es un acervo muy importante
de España; así se reconoce en todos los países y así debemos seguir
manteniéndolo hacia el futuro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA
QUE EL SEÑOR ALMUNIA RECIBIO EL TRATO QUE CORRESPONDE AL LIDER DEL PRIMER
PARTIDO DE LA OPOSICION CON OCASION DE LA ENTREVISTA MANTENIDA CON USTED
EL 9 DE DICIEMBRE? (Número de expediente 180/000959)
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto IV del orden del día, pasamos al
punto V, preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 26, que formula al Gobierno el portavoz del Grupo
Socialista, don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, el día 9 de diciembre, mientras usted se
entrevistaba con el señor Almunia, alguien que obedece al apellido de
fuentes de la Moncloa y por nombre tiene Miguel Angel se encargaba de
proferir todo tipo de descalificaciones contra el líder del primer grupo
de la oposición. ¿Lo hacía por su cuenta, señor Aznar, o lo hacía
siguiendo instrucciones suyas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, el
nuevo líder del principal partido de la oposición, una vez que solicitó
la entrevista, fue recibido en un plazo muy breve, en menos de una
semana. Se trataron en esa entrevista, como es bien conocido, todos los
temas que interesaban al señor secretario general del Partido Socialista.
Sabe también S. S. que es la tercera entrevista que se produce en el
plazo de seis meses desde que es secretario general del Partido
Socialista, y quiero anunciarle, si no le importa a usted y con su
permiso, que el presidente del Gobierno piensa convocar, pocas semanas
después del comienzo del año nuevo, al señor secretario general del
Partido Socialista para seguir manteniendo esas conversaciones con un
trato que siempre espero que sea fluido y cordial, como hasta ahora lo ha
venido siendo. (Rumores.--El señor Cercas Alonso pronuncia palabras que
no se perciben.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. ¡Señor Cercas!
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, me temo que quiere usted
salirse por peteneras, pero lamento decirle que estamos ante una cuestión
extraordinariamente seria.
Hay dos posibilidades, pero una de las dos tiene usted que elegir: o bien
don Miguel Angel Rodríguez actuó por su cuenta, en cuyo caso no sé qué
hace en el palacio de La Moncloa suplantando la tarea del Gobierno y de
su presidente --esta es una decisión suya y debiera tomarla
inmediatamente en ese caso--; o, segundo, don Miguel Angel Rodríguez
actuó como portavoz del Gobierno --y usted no lo ha desmentido aquí--, en
cuyo caso, señor presidente, estamos ante un tema muy serio porque usted
como presidente y su
portavoz no pueden descalificar al líder de la oposición, no pueden
hacerlo aunque no les guste lo que diga, no pueden pretender siquiera
tratar de condenar al silencio a la oposición. ¿Recuerda, señor
presidente, que la oposición está precisamente para pensar de forma
distinta que el Gobierno? ¿Recuerda quizás haber leído en algún sitio que
esto es el fundamento básico de la democracia?
Señor presidente, estamos ante un tema serio; no es un tema de urbanidad,
no es un tema de educación. Yo no quiero gastar un segundo en discutir si
don Miguel Angel Rodríguez es un bocudo, es un boquirrubio o es
simplemente un bocazas. No es esa la cuestión. La cuestión, señor
presidente, es cuál es la talla de la que se hablaba. Estamos hablando de
su talla, una talla que a mí se me antoja que no es grande, que es
pequeña. Usted tiene que tomar una decisión importante. Ya acuñó en su
momento aquella frase famosa, aquello de «váyase usted, señor González»,
que no sé si quiere ahora redoblarlo con «no venga usted, señor Almunia».
Pero decida, señor presidente. Si el problema no es don Miguel Angel
Rodríguez, entonces yo me temo que el problema puede ser usted.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, con
mucho gusto, y a pesar de lo que acabo de oír, seguiré dando un tono muy
contenido a mi respuesta.
Amistosamente, señor Eguiagaray, tengo que decir con toda franqueza que a
mí me parece que esta pregunta efectuada por S. S. sobra en esta Cámara.
Y sobra una cuestión que no es cuestión, en mi opinión. Tengo que decir
que, en primer lugar, no entiendo por qué el señor Almunia, en un asunto
que teóricamente se refiere a él, no habla por él mismo y necesita un
intermediario para hablar; no lo puedo entender. (Rumores.--El señor
Cercas Alonso: ¡Esto es el colmo!) Probablemente es demasiado chusco el
plantear esta cuestión por uno mismo, porque yo creo que eso demuestra
que la situación es absolutamente artificial y que hay cosas, señor
portavoz, que se pueden arreglar perfectamente con una conversación de un
minuto, si es que hay alguna queja, o simplemente con una conversación
telefónica. Pero artificialmente no es necesario crear cuestiones ni
estados parlamentarios. (Rumores.)
En segundo lugar, le quiero decir al señor portavoz que parece que S. S.,
como por otra parte viene siendo bastante habitual, tiene la memoria en
ese sentido un poco floja. Nosotros sí le podríamos hablar de lo que es
un elemento continuo de descalificaciones y una catarata continua de
insultos y de descalificaciones cuando estábamos en el ejercicio de la
oposición, con motivo de cualquier visita. Por cierto, no hace falta que
S. S. apele a ninguna conversación privada, basta con que repase
simplemente las referencias de los Consejos de Ministros, por ejemplo, de
los tres últimos años. A nosotros, por lo tanto, no nos pueden hablar
razonablemente de trato correcto.
En último lugar, creo sinceramente que las relaciones entre el presidente
del Gobierno y el secretario general de un partido importante y de un
partido serio en esta cuestión no deben durar ni un minuto. Ahora bien,
también le tengo que decir que después de esta pregunta y de su actuación
de ayer empiezo a tener alguna dificultad para seguir considerándoles un
partido serio.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE RAZONES HA TENIDO EL GOBIERNO PARA VETAR
EL ACCESO A LA PLAZA DE FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DEL SEÑOR JAVIER
MOSCOSO? (Número de expediente 180/000960)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, una queja, si me lo permite. La pregunta iba dirigida al
señor vicepresidente primero del Gobierno porque éste nos comunicó la
semana pasada que no estaría la ministra de Justicia. Ya veo, señor
Alvarez-Cascos, que prefiere no contestar.
En fin, vamos a ello. Señora ministra, don Javier Moscoso solicitó en el
oportuno concurso una plaza de fiscal del Tribunal Supremo. El Consejo
Fiscal, por unanimidad, aceptó esta propuesta. El fiscal general del
Estado la hizo suya, se la trasladó al Gobierno y, sin embargo, ustedes
nombraron a otra persona para ese puesto. ¿Por qué este veto al señor
Moscoso?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, ante todo quiero hacerle una aclaración. Efectivamente, yo no
iba a estar hoy porque tenía la
firma de un convenio en París, a la que finalmente ha acudido el
vicepresidente segundo del Gobierno.
Respecto a su pregunta concreta, señoría, los hechos ocurren como
ocurren. (Risas.) El Consejo Fiscal formula una propuesta de nombramiento
y situación de servicios especiales del señor Moscoso, que es vocal del
Consejo General del Poder Judicial, y el Ministerio de Justicia comunica
al fiscal general del Estado que, en opinión del Ministerio de Justicia,
no es un nombramiento que se pueda producir porque existe una prohibición
en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un vocal del Consejo General del
Poder Judicial no puede ser nombrado para cargo discrecional en cuya
decisión tenga relevancia la valoración de méritos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señora ministra, débiles excusas
jurídicas. (Risas.) Aquí hay un trasfondo político mucho más importante.
Preguntada usted por su apoyo y por el nombramiento del señor Fungairiño
el día 2 de diciembre, contestó: «El respeto a la autonomía del
ministerio fiscal obliga al Ejecutivo a reconocer las propuestas del
fiscal general del Estado. Las propuestas del fiscal general del Estado
siempre son aceptadas por el Gobierno. Todas las que han sido elevadas
las hemos aceptado por respeto a la autonomía del ministerio fiscal.» Sin
embargo, también el fiscal general del Estado les ha propuesto el
nombramiento del señor Moscoso y no han aceptado en esta ocasión. ¿Cómo
se llama eso? Se lo voy a decir: sectarismo. (Rumores.)
Señora ministra, ustedes han cesado al señor Urculo, se supone que por
incompetente, y sin embargo le han premiado con una Fiscalía Antidroga. Y
a un experto profesional, como es el señor Moscoso, ex ministro, ex
fiscal general del Estado, miembro del Consejo General del Poder
Judicial, ustedes le vetan. ¿Como se llama esto? Desviación de poder,
señora ministra. (Rumores.)
Ustedes han apoyado de forma firme, rotunda y cerrada a un fiscal, el
señor Fungairiño, que justifica golpes de Estado y dictaduras militares.
(Varios señores diputados: ¡Falso!--Aplausos.) ¿Cómo se llama eso, señora
ministra? Pisoteo de los derechos y de los valores que están inscritos en
nuestra Constitución. Esto es lo que ustedes hacen. (Rumores.) Pero lo
más grave de todo, señora ministra, es lo siguiente: ustedes están
condicionando toda la estructura del ministerio fiscal a sus decisiones.
Yo no sé si usted es consciente de esta manipulación y del daño, con
mayúscula, que está haciendo a la justicia. Me temo que no, los
ciudadanos sí y sitúan en sus preocupaciones este problema como uno de
los más graves que tiene este país. Y yo me pregunto, y creo que ha de
preguntárselo la Cámara, señoría, ¿para qué nos sirve usted entonces como
ministra de Justicia? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, ya veo que después de toda la serie de calificativos que ha ido
poniendo hay uno que usted no entiende, que es la aplicación de la ley.
(Rumores.) Usted, cuando se le habla de ley, dice: débiles argumentos
legales. Pues mire usted, señoría, una de las primeras cosas que tiene
que hacer un Gobierno es cumplir escrupulosamente con la ley, y cuando se
adopta una resolución contraviniendo la ley eso tiene un nombre y tiene,
además, un tipo en el Código Penal, señoría. Por eso este Gobierno no lo
hará, aunque usted no crea en el respeto a la ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE JUAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA ACTITUD DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA ANTE LA SITUACION DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS EN EL
SUMARIO 15/1995 DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO 1? (Número de
expediente 180/000968)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula al Gobierno el
diputado don José Juan González de Txabarri Miranda.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor presidente.
(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Señora ministra de Justicia, ¿cuál es la actitud del Ministerio de
Justicia ante la situación de los testigos protegidos en el sumario Lasa
y Zabala?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
González de Txabarri.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la actitud del Ministerio de Justicia no puede ser otra, de
acuerdo con la Ley Orgánica 14/1994,
que prestar toda la colaboración que sea requerida por el tribunal
competente, que, como sabe S. S., en este caso es un Juzgado Central de
la Audiencia Nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministra.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor presidente.
Pues parece mentira, señora ministra, porque en la actualidad tres
personas tienen el estatuto de testigos protegidos en este sumario Lasa y
Zabala, y, en vista de que la colaboración de estas personas suponía
sacrificios y riesgos, el juzgado se dirigió al Ministerio de Justicia en
sucesivas ocasiones para solicitar una asignación económica para estos
testigos. Ante estas solicitudes, lo que le consta a este grupo
parlamentario es que sólo en una ocasión el Ministerio de Justicia ha
respondido favorablemente y además en una cuestión menor relacionada con
el traslado domiciliario de un testigo protegido que fue agredido. El
resto de solicitudes ha tenido respuesta negativa. En concreto, el
Ministerio de Justicia, por respeto, participa oficialmente al juzgado
--y así consta-- la imposibilidad de atender los pagos correspondientes
de acuerdo con el articulado de la ley que usted misma ha citado. El
desánimo de estos testigos, señora ministra, es evidente y, además,
razonable. Están perdiendo la fe en la justicia y tienen la creencia de
que ni la ley ni la justicia les protege. Asimismo, estos testigos se
quejan del agravio comparativo que sufren en relación con otras personas
que sí reciben aportaciones económicas con cargo a fondos reservados de
otro Ministerio.
Es por todo esto por lo que le dirigimos esta pregunta, señora ministra:
¿cuál ha sido la actitud del Gobierno en casos similares, o es que es
distinta la justicia para ricos y para poderosos? Desde otra perspectiva,
¿es el terrorismo inaceptable dependiendo de quién mata? ¿Es la justicia
de una forma cuando el terrorismo es revolucionario y radicalmente
distinta cuando el terrorismo es de Estado? O lo que es peor, llevando
las conclusiones más adelante, ¿son distintas las actuaciones del
Ministerio de Justicia dependiendo de la orientación de los sumarios y de
las personas que son objeto de investigación?
Señora ministra, desde el Grupo Parlamentario Vasco le instamos a que
cumpla lo que usted ha dicho en su primera intervención, a que colabore
con la justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, yo he hecho mención a la ley al principio de mi intervención
porque lo que establece esa ley aprobada en el año 1994 es que podrán
dotarse cantidades económicas para el traslado de trabajo o de domicilio
exclusivamente, no otras cantidades de asignación mensual, que es lo que
se ha pedido para algunos testigos. Evidentemente, no teniendo amparo
legal, la Ministra de Justicia no tiene la posibilidad de efectuar pagos
de ninguna naturaleza.
Desconozco lo que dice S. S. acerca del trato diferenciado a otros
testigos protegidos. Por parte del Ministerio de Justicia no, señoría.
Puede estar absolutamente seguro de que no existe trato diferenciado
ninguno. Si se refiere a otro departamento, señoría, entonces tendría que
efectuar la pregunta a ese otro departamento.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTIMA EL
GOBIERNO QUE EXISTIRAN SUFICIENTES PETICIONARIOS PARA CUBRIR LAS
INCORPORACIONES ANUALES DE TROPA PROFESIONAL NECESARIAS PARA LLEGAR A
TENER 120.000 PROFESIONALES EN EL AÑO 2003, TENIENDO EN CUENTA LA
NECESARIA SELECCION DE LOS SOLICITANTES? (Número de expediente
180/000951)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 19,
que formula don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como consecuencia de los acuerdos de gobernabilidad y expresado
así por boca del presidente del Gobierno, el Gobierno del Partido Popular
se ha propuesto el objetivo y la meta de alcanzar unas Fuerzas Armadas
plenamente profesionales en el año 2003. Para conseguirlo llevamos un año
trabajando en el seno de una ponencia de una Comisión Mixta
Congreso-Senado. Gracias a la responsabilidad de determinados grupos
políticos que entienden que no se puede violentar este proceso y menos el
proceso de transición de un modelo de recluta universal a un modelo
plenamente profesional, y después de haber ejercido esa responsabilidad
en el día de ayer y de haber rechazado una proposición de ley que hoy, de
haber salido adelante, hubiera impedido que se hubiera podido efectuar
esta pregunta, es por lo que pregunto al señor ministro
de Defensa si estima el Gobierno que existirán suficientes peticionarios
para cubrir las incorporaciones anuales de tropa profesional necesarias
para llegar a tener 120.000 profesionales en el año 2003, teniendo en
cuenta la necesaria selección de los solicitantes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno tiene confianza en que las plazas de tropa y
marinería profesionales necesarias para concluir el proceso en marcha de
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas van a ser cubiertas
satisfactoriamente tanto en el aspecto cuantitativo como en el
cualitativo. Habrá suficientes soldados, que tendrán la calidad adecuada,
para alcanzar el volumen de efectivos fijado por el Gobierno.
Hasta ahora el ritmo de incorporación solía girar en torno a los 5.000
por año. Este año están fijadas en los Presupuestos Generales del Estado
cantidades necesarias para poder profesionalizar 12.500, lo cual
constituye un ensayo casi al cien por cien del ritmo que habrá que
mantener en los próximos años, que oscilará alrededor de 15.000. Por
tanto, es el ritmo que permitirá que los 120.000 efectivos previstos para
nuestras Fuerzas Armadas en el año 2003 puedan ser totalmente
profesionales. Es más, la franja de población a la que se dirige, entre
los 18 y los 25 años, será el año 2003, al final del proceso, suficiente
--más de dos millones de personas, hombres y mujeres--, y las encuestas
llevadas a cabo hasta el momento por el Centro de Investigaciones
Sociológicas reflejan que hasta aproximadamente un 20 por ciento de esta
franja de población, 25 por ciento varones y 13 por ciento mujeres, se
siente bastante o muy inclinada a formar parte de las Fuerzas Armadas
profesionales. De manera que la proporción sería más que suficiente para
una recluta de 15.000 al año y para una franja de población como la que
acabo de mencionar.
De todas formas, creo que tiene razón S. S., no hay preocupación en lo
que se refiere a la capacidad cuando estén establecidas plenamente las
Fuerzas Armadas profesionales; lo que es un riesgo evidente hoy es el
período de transición. Si ha sido deseo muy mayoritario el que
desaparezca el servicio militar obligatorio y sean totalmente
profesionales nuestras Fuerzas Armadas, es poner en gravísimo riego ese
proceso --que interesa, entre otros, al 60 por ciento de la población--
intentar hacer modificaciones sustanciales en el statu quo vigente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
EL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA
PROMOVER EL USO DE GAS NATURAL EN LAS INSTALACIONES MILITARES? (Número de
expediente 180/000957)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 25,
que formula don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el necesario acoplamiento de las preguntas en
el Pleno de control hace que desde que presenté la pregunta hasta este
momento haya pasado algún tiempo. Ello no quiere decir que la misma haya
perdido actualidad ni eficacia.
Nosotros creemos, señor ministro, desde que tuvimos conocimiento hace mes
y medio del convenio que se firmó entre el Ministerio de Defensa y la
empresa de Gas Natural, con objeto de facilitar el uso en las
instalaciones de Defensa del gas natural para potenciar el ahorro
energético y la protección del medio ambiente y a la vista de las líneas
generales del mismo, que ese era un buen convenio. Y lo era, señor
ministro --y de ahí el objeto de la pregunta--, por dos aspectos
fundamentales: uno, por la propia reducción de los costes energéticos
--cuando se presentó la pregunta tenía alguna relación con el estudio que
estábamos haciendo de las líneas maestras del presupuesto del
Ministerio-- y, en segundo lugar, porque iba incardinado en la reducción
del impacto medioambiental que, como S. S. sabe, también era preocupación
no sólo mía --pues le he hecho varias preguntas por escrito y en esta
Cámara--, sino también del grupo parlamentario al que represento.
Por tanto, señor ministro, a nosotros nos ha parecido un buen convenio y
teníamos interés en que S. S. lo explicara en la Cámara. Hemos creído que
esta era una buena ocasión, aprovechando el control al Gobierno y
utilizando el turno de preguntas orales, para interpelarle por las líneas
generales del mismo. También le agradecería, si S. S. tuviera la
amabilidad de contestarme aunque quizá no está obligado a hacerlo, que me
dijera si el convenio prevé también la realización de estudios
energéticos de los diversos centros e instalaciones militares
dependientes del Ministerio, como paso previo para dotarlos de sistemas
de producción de energía, que utilicen el gas natural como combustible y
que supongan una mejora de la eficacia energética y, por tanto, de esa
protección medioambiental que decía.
Así, señor ministro, aprovechando la presencia suya en el Pleno de
control, le reitero la pregunta: ¿cómo valora el Gobierno el convenio de
colaboración para promover y potenciar el uso del gas natural en las
instalaciones militares, firmado entre el Ministerio y la empresa de Gas
Natural?
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gutiérrez.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, como es conocido, el Ministerio de Defensa tiene el empeño de
promover todas aquellas actuaciones encaminadas al fomento de la gestión
más eficiente de la energía y a la utilización de los combustibles
limpios que supongan, por un lado, un ahorro de los recursos naturales
escasos y, por otro, que promuevan la protección del medio ambiente en
los centros e instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa. Por
esa razón se estableció un convenio con la empresa Gas Natural con un
doble objetivo: en primer lugar, llevar a cabo un análisis de la
situación en la que se encuentran los distintos centros e instalaciones
dependientes del Ministerio de Defensa en cuanto a la gestión y
optimización energética; en segundo lugar, los estudios de viabilidad
técnico-económica para dotar a los centros de suministro o instalaciones
de producción de energía que utilizando como combustible el gas natural
supongan una mejora de la eficiencia energética, todo ello en el caso de
que se apruebe por los respectivos cuarteles generales y, naturalmente
--no hay que decirlo--, respetando los procedimientos establecidos en la
Ley de contratos de las administraciones públicas.
En concreto, se han establecido estudios de viabilidad para la
instalación de plantas de cogeneración en diversos centros militares
tales como el Hospital Gómez Ulla, del Ejército de Tierra, el Hospital
Naval Mediterráneo, la base de Torrejón, el Hospital del Aire de Madrid y
el Centro Logístico de Transmisiones, también del Ejército del Aire.
Asimismo se han iniciado conversaciones con alguna empresa
automovilística, en concreto con Iveco-Pegaso, para poder dotar un
prototipo de autobús ecológico que utilizará como combustible gas
natural, en una experiencia piloto, para su utilización por parte de las
Fuerzas Armadas. Además el convenio prevé la elaboración de publicaciones
y material audiovisual para distribuirlos en los establecimientos
militares, con el fin de conseguir esas dos finalidades: un ahorro del
coste energético y, por otro lado, un menor impacto medioambiental o la
mejor preservación del medio ambiente.
En resumen, es una experiencia piloto que se valora muy favorablemente y
que creemos que tendrá un impacto concreto inmediato en los Presupuestos
Generales en el capítulo de energía en este y sucesivos años, conforme se
vaya ampliando, y otro genérico, de más larga duración, que será la
protección del medio ambiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR:
¿CONSIDERA APROPIADA EL GOBIERNO LA DETENCION Y EL ARRESTO EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA GUARDIA CIVIL DE CADIZ DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE
HUELGA DE TRANSMEDITERRANEA, ORDENADA POR LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO
EN CADIZ, EL PASADO 7 DE DICIEMBRE DE 1997? (Número de expediente
180/000967)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 34,
que formula don Salvador de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Interior, ¿considera apropiada el Gobierno la detención
y el arresto en las dependencias de la Guardia Civil de Cádiz de los
miembros del comité de huelga de la Compañía Transmediterránea, ordenada
por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el día 7 de diciembre de
1997?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De la Encina.
Señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, el
comportamiento de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el
comportamiento de la Guardia Civil fue plenamente ajustado a Derecho,
plenamente ajustado a la ley a la hora de la descarga del buque
correspondiente de un conjunto de mercancías perecederas, plátanos y
tomates, y de acuerdo siempre con el marco de los servicios mínimos que
habían sido regulados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, entiendo que usted aquí hoy no tenga más remedio que
intentar justificar un tema de suma gravedad, pero lo cierto es que la
actuación del subdelegado del Gobierno en Cádiz ha sido a todas luces
desproporcionada, zarandeando el derecho de huelga, tratando a los
legítimos representantes de los trabajadores como verdaderos
delincuentes, ordenando el despliegue del grupo móvil de la Guardia Civil
para detenerles y ficharles. Y es que este subdelegado del Gobierno que
tenemos en Cádiz vuelve una vez más a actuar de forma autoritaria,
haciendo que a todos los demócratas se nos enciendan las luces de alarma
ante sus continuos ataques a las libertades públicas, pues ya ha tenido
actuaciones similares con los estibadores portuarios en el puerto de
Cádiz, con los cargos públicos que nos manifestamos contra la política de
peajes del Gobierno en la autopista Cádiz-Sevilla, abriendo expediente a
esos cargos públicos, contra los trabajadores en huelga de la base naval
de Rota, contra el secretario provincial del Sindicato Unificado de
Policía ante la Ryder Cup porque se manifestaba en protesta por la
política del Gobierno, etcétera.
Señor ministro, actuaciones de este tipo tienen que ser cortadas de raíz
puesto que ponen en peligro, y gravemente además, las libertades públicas
que tanto ha costado conseguir a los demócratas de este país. El Gobierno
no puede ni debe permitir que se utilicen esos métodos que recuerdan
tiempos felizmente superados pero que, por lo visto --y este es un claro
ejemplo--, añoran profundamente algunas personas. El Gobierno no puede
seguir manteniendo por más tiempo a un subdelegado en Cádiz que si ha
demostrado algo es que sabe mandar ordenando a la Guardia Civil que
reprima a la sociedad civil, que actúe contra los trabajadores, contra
los sindicatos o contra los legítimos representantes de un comité de
huelga, como hizo el otro día contra Trasmediterránea. Ustedes no pueden
seguir manteniendo en el cargo a una persona que demuestra con sus
actuaciones ser el mejor referente de una dictadura franquista de la que
mediáticamente ustedes pretenden renegar, pero que la realidad tozuda nos
viene a demostrar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De la Encina.
Tiene la palabra el señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Una vez más modifica el orden de las preguntas que deben hacerse. La
primera pregunta es si los miembros del comité de huelga cumplieron la
ley o la incumplieron. Luego valore usted la actuación del subdelegado
del Gobierno, pero la primera pregunta es si cumplieron o no cumplieron
la ley.
Este no es un debate de inoportunidad o de oportunidad, no es un debate
de habilidad de un delegado o de torpeza, no es un debate de una
actuación apropiada o no apropiada. No deben existir espacios de
impunidad, sean comités de huelga, sean consejos de administración, sean
partidos políticos de izquierda, de derecha, sean mesas nacionales de
unas coaliciones u otras. No hay espacios de impunidad, no hay
legitimidad en función de si se es sindicalista o empresario, si es un
partido de izquierdas o es de derechas; el referente es: cumple o no
cumple la ley. En este caso he de decirle, señor diputado, que no
cumplieron la ley, porque, ante una cuestión similar, en la exposición
del 9 de diciembre los planteamientos del comité de huelga sí que fueron
estrictos en el cumplimiento de la ley, pero no lo habían sido en aquella
fecha y he de decir que lo relevante y determinante es que no habían
cumplido la ley y no hay espacio posible de impunidad. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS CONTEMPLA EL
RECIENTEMENTE ELABORADO PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD VIAL QUE
TIENE POR OBJETO REDUCIR EL NUMERO DE ACCIDENTES CON VICTIMAS? (Número de
expediente 180/000935)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 13,
que formula don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
El pasado mes de octubre, el Ministerio de Fomento anunció que en 1998 va
a invertir más de 10.500 millones de pesetas en obras de señalización en
carreteras y en otras actuaciones en seguridad vial. Al mismo tiempo,
hemos tenido noticias de que el Ministerio de Fomento ha elaborado un
programa extraordinario de seguridad vial que supone la ejecución de 233
actuaciones concretas, con una inversión total de 23.600 millones de
pesetas. En ambos casos el objetivo es el mismo: rebajar los índices de
siniestralidad en nuestras carreteras.
Señor presidente, la seguridad vial se ha convertido en una profunda
preocupación y en una legítima aspiración de la sociedad española, que
asiste impotente a la desgracia que supone la pérdida cada año de más de
5.000 vidas humanas en nuestras carreteras, y se ha
convertido también en un elemento prioritario en la lucha del Gobierno
contra la siniestralidad en las carreteras, dando respuesta y solución a
esta preocupación social.
En la seguridad vial intervienen tres factores: el factor humano o
conductor; el factor del vehículo y el factor de la carretera. Los tres
factores inciden de distinta manera, según las condiciones y
circunstancias del conductor, del vehículo y de la carretera. Sin
embargo, las competencias legales sobre cada uno de estos tres factores
corresponde a distintos departamentos ministeriales: el vehículo a
Industria, la carretera a Fomento y el conductor a Interior, lo que exige
un extraordinario esfuerzo de coordinación para conseguir que las
políticas activas de seguridad vial alcancen su máxima eficacia, como han
puesto de manifiesto las nevadas caídas el pasado día 4 y ayer mismo,
porque la coordinación entre los distintos centros directivos competentes
en la materia ha minimizado extraordinariamente los perjuicios que
algunos agoreros pronosticaron. Para lograr dicha coordinación y eficacia
se creó en 1981 el Consejo superior de Tráfico y Seguridad de la
Circulación Vial y el pasado mes de octubre se creó la Comisión
interministerial de Seguridad Vial, en la que articipan todos los
departamentos ministeriales con competencias o intereses en la materia.
No podemos por menos que mostrar nuestra satisfacción al comprobar que el
Ministerio de Fomento, en ese marco de lucha coordinada contra la
siniestralidad vial, adopta medidas en beneficio de la seguridad vial.
Por eso, señor presidente, formulo al señor ministro de Fomento la
siguiente pregunta: ¿qué medidas contempla el recientemente elaborado
programa extraordinario de seguridad vial que tiene por objeto reducir el
número de accidentes con víctimas?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Seco.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, como expresión de la preocupación del Gobierno por el incremento
de siniestralidad se ha aprobado un plan extraordinario de actuaciones de
seguridad vial que comprenderá 236 actuaciones, con un presupuesto
aproximado de 36.300 millones de pesetas. De esos 36.000 millones de
pesetas 24.000 millones consistirán en inversión real repartidos en tres
anualidades, a razón, aproximadamente, de 8.000 millones de pesetas
anuales. Es decir, que este plan extraordinario duplica la inversión que
se venía realizando en ejercicios anteriores en el ámbito de la lucha
contra la siniestralidad. De esas 236 actuaciones, 191 se van a referir a
los llamados tramos de concentración de accidentes, donde se invertirán
17.800 millones de pesetas para modificar o mejorarlos. Al mismo tiempo,
el plan extraordinario incluye 102 actuaciones preventivas, con un
presupuesto de 18.500 millones de pesetas, que corresponden a instalación
de sistemas de contención de vehículos, barreras de seguridad, refuerzos
de la señalización, mejoras de travesías, intersecciones, construcción de
enlaces, modificaciones locales de trazado, tratamiento de las márgenes y
del firme, reordenación de accesos, iluminación y ampliación de la
sección transversal de algunas carreteras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO DE REALIZACION DE LA AUTOVIA
CORDOBA-ANTEQUERA? (Número de expediente 180/000953)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 21,
que formula don José María Gil..., perdón, don José María Robles Fraga,
del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente, por la oportuna
corrección de mi nombre y apellido.
La autovía Córdoba-Antequera es una de las obras públicas más prometida,
más paseada y más esperada, pero más aplazada y postergada en la historia
de las obras públicas de este país. En ese triste itinerario de promesas,
de bonitas palabras y de titulares de prensa, el Partido Socialista de
Andalucía ha tenido un protagonismo inevitable e inexcusable. Es la obra
faraónica más gloriosa de esa mezcla de dejadez, desidia y demagogia con
la que las obras públicas fueron tratadas por los gobiernos anteriores.
Es cierto que los andaluces y cordobeses no merecían esto, porque es una
obra fundamental, no solamente para la unión entre Córdoba y el valle del
Guadalquivir con Málaga y la Andalucía oriental, sino para la misma
integración, unión y articulación territorial de la provincia de Córdoba
y de la misma Andalucía. Como usted sabe, señor ministro, es la obra que
daría solución a los problemas de esa comarca --la subbética cordobesa--
en la que existen ciudades tan importantes como Lucena, Baena, Cabra,
Priego, Puente Genil, Montilla y tantos otros pueblos y ciudades de la
provincia de Córdoba; y daría asimismo posibilidades de desarrollo y
pujanza bien merecidas para todos los cordobeses y andaluces. Felizmente
por fin, el Gobierno de la nación se ha comprometido a realizar esa
obra y figura como tiene que figurar, con una partida y con fondos
bastantes y suficientes en los presupuestos del Estado.
Por eso le pregunto, señor ministro, ¿qué previsiones de realización de
la autovía Córdoba-Antequera tiene el Ministerio de Fomento. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Robles.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, el tramo Córdoba-Antequera de la autovía A-92 ha sido objeto de
un estudio informativo que ha sido aprobado definitivamente en el
presente mes de diciembre, tras el período de información pública y la
emisión de la declaración de impacto ambiental por el Ministerio de Medio
Ambiente. Seguidamente, se ordenará --puedo decir que se ha ordenado ya--
la redacción de los correspondientes proyectos de trazado y construcción,
para lo cual el anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del
Estado, como ha referido S. S., contiene una partida de 720 millones de
pesetas. Para trascender el lenguaje administrativo y ponerlo en lenguaje
accesible a los ciudadanos, puedo trasladar a S. S. que los servicios
técnicos de la Dirección General de Carreteras están comprometidos en que
las obras se puedan iniciar de manera efectiva en el primer semestre del
año 1999.
Quiero concluir con la aclaración, porque ha sido objeto también de
debate, aun cuando a ello no se haya referido su señoría, de que será una
autovía gratuita y en ningún caso de peaje.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON AMADOR ALVAREZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTO LLEVAR A CABO EL MINISTERIO DE FOMENTO EN LA N-630 PARA SU
TRANSFORMACION EN AUTOVIA? (Número de expediente 180/000954)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Pregunta número 22, que formula don Amador Alvarez Alvarez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Alvarez.
El señor ALVAREZ ALVAREZ: Gracias, Señor presidente.
Señor ministro, Extremadura, un poco más que Córdoba, ha sido
secularmente olvidada, unas veces por estar situada en la periferia
interior de España y otras por el carácter de los extremeños, noble,
sacrificado y generoso, que lo ha permitido, confiando siempre y
esperando de los gobiernos de la nación el reconocimiento sincero y
solidario de nuestras carencias. Para que sea posible la incorporación de
Extremadura y los extremeños al progreso y bienestar del que disfrutan
otras regiones españolas es necesario, ineludiblemente, vertebrar el
oeste español transformando la carretera N-630 en la autovía de La Plata,
porque, señor ministro, la experiencia nos ha enseñado que la periferia
litoral se ha desarrollado principalmente por la influencia turística, y
este asunto, el de la carretera
N-630, está en este momento en una encrucijada: o articulamos el oeste
español con la autovía ruta de La Plata o el desarrollo se orientará por
el litoral portugués, con la consiguiente bolsa de pobreza y
subdesarrollo que se produciría desde Zamora hasta Huelva, pasando por
Salamanca, Cáceres y Badajoz.
Los gobiernos socialistas tampoco en este caso, señor ministro, a lo
largo de 14 años, dieron solución a esta vieja reivindicación y sólo nos
dejaron declaraciones de ministros, compromisos y promesas incumplidas,
engaños que el tiempo se ha encargado de poner al descubierto. Sin
embargo, ahora, con descaro, desfachatez y falta de memoria histórica, se
ponen al frente de cualquier movimiento reivindicativo, olvidando que por
culpa de la negligencia y falta de interés del PSOE y de sus gobiernos no
tenemos esta vía de desarrollo fundamental para Extremadura y para todo
el oeste español, y se permiten sembrar inquietud y desasosiego entre los
extremeños. El propio presidente de la comunidad autónoma se ha
incorporado al coro de confusión, diciendo que sobran 27.000 millones del
presupuesto, olvidando un compromiso suyo público de que la comunidad
autónoma aportaría 10.000 millones para esta autovía.
El Gobierno del PP se caracteriza por ser riguroso y desde este rigor
exigido por todos los ciudadanos y desde el derecho a conocer la verdad,
le formulo la pregunta: ¿Qué actuaciones tiene previsto llevar a cabo el
Ministerio para transformar la N-630, a su paso por Extremadura, en
autovía?
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos en los bancos
socialistas.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alvarez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Las señorías de la oposición hacen muy bien en aplaudir al diputado del
Partido Popular, porque está defendiendo los intereses de su región.
(Aplausos.-- Rumores.)
Señoría, es una pregunta que tiene extensa contestación y no sé si seré
capaz de encajarla en el tiempo reglamentario.
Habría que distinguir tres grupos de tramos. Hay un primer grupo que
tiene el estudio informativo en elaboración: Benavente-Zamora Norte y
Zamora Norte-Zamora Sur; son tramos que tienen un estudio informativo
pendiente y también está pendiente la declaración de impacto ambiental.
En segundo lugar, hay otros tramos que tienen ya el estudio informativo
definitivamente aprobado: Zamora Sur-Salamanca Norte, Salamanca
Norte-Sur, Salamanca Sur-Guijuelo y Guijuelo-puerto de Béjar. En tercer
lugar, hay otro grupo de tramos que tienen ya el procedimiento mucho más
avanzado. Es el caso del tramo del puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino,
por importe de 9.100 millones de pesetas, cuyo proyecto está redactado y
aprobado en agosto del presente año. Está previsto licitar las obras en
los primeros meses de 1998, para lo cual se cuenta con la correspondiente
dotación presupuestaria. El tramo Aldeanueva del Camino-Plasencia Sur
tiene el estudio informativo en redacción, con licitación del
correspondiente proyecto prevista para el próximo año, con un presupuesto
estimado de 14.417 millones de pesetas. Plasencia Sur-Cáceres Sur cuenta
con un presupuesto de 32.000 millones de pesetas, dividido en varios
tramos, y la aprobación definitiva del proyecto para el tramo principal
está prevista para principios del próximo año; se trata del tramo
Plasencia-Cañaveral, cuyas obras se podrán licitar en el primer semestre
del año 1999. El tramo Cáceres Sur-Mérida está también pendiente de
algunos trámites administrativos y la licitación del proyecto de
construcción y de trazado está prevista para el próximo ejercicio
presupuestario de 1998. Y, fundamentalmente, está el tramo Mérida-Zafra,
con un presupuesto de 27.500 millones de pesetas, que se ha dividido en
dos tramos: Mérida Almendralejo, con un presupuesto de 14.183 millones de
pesetas, y Almendralejo-Zafra, con un presupuesto de 13.300 millones;
está prevista la licitación de ambos tramos en los primeros meses de
1998.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO CUAL
ES LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PISTA DE
VUELO EN EL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS? (Número de expediente 180/000955)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23,
que formula don Ismael Bardisa, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, Madrid-Barajas es actualmente el aeropuerto
español más transitado y el octavo de Europa en volumen de pasajeros. Hay
una media diaria de 70.000 viajeros y 800 aviones. El aeropuerto de
Madrid-Barajas absorbe el 22 por ciento del tráfico nacional de
pasajeros, el 21 por ciento de aeronaves y el 50 por ciento de la carga
aérea del país, pero está al límite de su capacidad operativa; cada hora
se producen 50 operaciones, entre despegues y aterrizajes. En 1996 hubo
22 millones de pasajeros y en el año 2000 se calcula que serán alrededor
de 28 millones.
Señor ministro de Fomento, usted va a tener que hacer lo que no se ha
hecho en 12 años de Gobierno socialista. El plan de ampliación de Barajas
nunca se ha afrontado por los anteriores gobiernos y usted va a tener que
hacer frente a dicho plan. Está claro que los acontecimientos del 92
relegaron a Madrid a un segundo plano y nunca los anteriores gobiernos se
preocuparon por el principal aeropuerto de España. La construcción de la
tercera pista de vuelo es fundamental para terminar con la saturación
actual del tráfico aéreo de dicho aeropuerto, pero, además, potenciar el
aeropuerto de Barajas es también importante de cara a Europa y de cara a
América. Es un nudo de comunicaciones aéreas del sur de Europa y tiene
además una situación estratégica privilegiada frente a sus competidores
del resto de Europa, tanto desde el punto de vista logístico como desde
el punto de vista geográfico. Está a sólo 9 kilómetros del centro urbano
de Madrid y es la puerta de entrada de los vuelos de América en Europa.
Está claro que el señor ministro tendrá que afrontar esa reforma que se
debió hacer mucho antes.
Por ello, desde el Grupo Popular, le formulo la siguiente pregunta:
¿Puede explicar el Gobierno cuál es la situación actual del proyecto de
construcción de una nueva pista de vuelo en el aeropuerto de Madrid
Barajas?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bardisa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, este Gobierno, a los seis meses de tomar posesión, ordenó el
comienzo de las obras de la tercera pista del aeropuerto de Barajas. La
fecha contractual de finalización de las mismas sería exactamente el 27
de diciembre de 1998. No obstante, a fecha de hoy,
la obra tiene un adelanto de aproximadamente diez semanas con respecto a
la fecha planificada para su finalización. De la misma manera, respecto a
la nueva torre de control, necesaria para que sea viable la tercera
pista, se podrá empezar con los entrenamientos para su utilización hacia
el verano del próximo año 1998.
En lo que afecta al nuevo edificio terminal, se ha adjudicado
recientemente el proyecto...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego se dirija al micrófono porque, si no, es imposible escucharle.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): En lo que afecta
al edificio terminal, se ha adjudicado recientemente el proyecto y tiene
un plazo para su confección de un año.
La única obra que lleva un ligero retraso con respecto a la programación
inicial es la plataforma de aeronaves que habrá de servir a la tercera
pista y cuyo retraso se debe fundamentalmente a las obras para la
realización de un túnel por debajo de la misma y su ubicación dependiente
de la configuración del edificio terminal. Por el contrario, el
balizamiento, a fecha de hoy, tiene un adelanto de 23 semanas con
respecto a la fecha planificada para la finalización de esta obra.
En síntesis, señoría, le puedo transmitir que a finales del próximo año
la tercera pista del aeropuerto de Barajas empezará a estar operativa y
alcanzará su plenitud en el transcurso del primer trimestre de 1999.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JENARO GARCIA-ARRECIADO BATANERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO AUTORIZO EL
SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO LA TRANSMISION DE ACCIONES DE ANTENA 3 TV EN
FAVOR DE TELEFONICA MULTIMEDIA, S. A.? (Número de expediente 180/000966)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 33,
que formula don Jenaro García-Arreciado, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra con vergüenza por intervenir en el mismo turno de quienes
lo han hecho anteriormente (Rumores.) demostrando que empieza a
proliferar en esta Cámara el tipo de diputado felpudo, que es una cosa
que se pone en la puerta de las casas para que los señores cuando entren
se limpien los zapatos. (Risas.--Protestas.) Ahora que tienen ustedes los
zapatos limpios, les debería dar vergüenza... (Continúan las protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
García-Arreciado, le ruego no entable diálogo...
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: No, no, debería usted haber
intervenido... (Fuertes protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señor
García-Arreciado, le llamo al orden! (Continúan las protestas.) Le ruego
no establezca diálogos... (El señor Vera Pro pronuncia palabras que no se
perciben.)
¡Señorías, les ruego silencio! ¡Señor Vera!
Señor García-Arreciado, le ruego que no entable
S. S. diálogos con el resto de los diputados de la Cámara y se limite a
formular la pregunta en los términos que considere apropiados.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: No voy a entablar diálogo, señor
presidente.
Una vez que están limpitos los zapatos en el felpudo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
García-Arreciado, le ruego tenga en consideración algo a lo que S. S.
está obligado, que es la cortesía parlamentaria. (Rumores.) Formule la
pregunta en los términos que considere apropiados, respetando la cortesía
parlamentaria.
Un señor DIPUTADO: ¡Que retire lo que ha dicho!
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Siento que la cortesía parlamentaria
no sea un bien compartido, pero bueno.
¿Qué día autorizó usted la transmisión de acciones de Antena 3 a
Telefónica Multimedia, señor ministro?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
García-Arreciado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): El 24 de julio
de 1997. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Comprendo que, extenuado por el
esfuerzo intelectual que ha tenido que hacer para responder a las
preguntas anteriores, la respuesta haya sido tan concisa. (Risas.)
Lo hizo usted, señor ministro, antes de tiempo, en fraude de ley y en
perjuicio de terceros. Lo hizo usted antes de tiempo porque, en
documentación interna que nos ha sido remitida por usted mismo, las
propias empresas reconocen que cerraron el acuerdo el día 25; usted
autorizó entonces el día 24 algo cuyos contenidos exactos no conocía y
eso tiene una única explicación: el Gobierno no sólo conocía, sino que
amparaba y apoyaba una operación de contenidos económicos y políticos muy
concretos.
Lo hizo usted fuera de la ley, porque la ley prohíbe que ninguna persona
física o jurídica tenga acciones en más de una televisión, y hay dos
entidades financieras, por lo menos, BBV y La Caixa, que forman parte de
Telefónica y, por lo tanto, de Antena 3 y, al mismo tiempo, son
accionistas de Sogecable. Lo hizo usted violando la ley. Lo hizo usted
violando la ley porque la ley prohíbe que haya ningún acuerdo de
sindicación de acciones que otorgue a un accionista un poder de control
sobre la empresa superior al máximo del 25 por ciento y hay una
comunicación de hechos destacables de Telefónica a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores donde la misma Telefónica reconoce que ha
sindicado con los otros accionistas para tener el dominio efectivo y el
control del consejo de administración.
Y lo ha hecho usted en perjuicio de terceros, porque cuando grupos, con
interés legítimo, de conformidad con la ley, quisieron personarse en el
expediente les dijo usted que no podía ser porque se había culminado el
expediente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana) Muchas gracias,
señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Culminó usted un expediente de 50.000
millones por fax y en 24 horas, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
García-Arreciado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, lamento decirle que está usted profundamente equivocado. Se han
equivocado ustedes tantas veces con esto de Telefónica y de Antena 3 que
les diría que visitaran ustedes al psicólogo para tranquilizarse, porque
se ponen nerviosísimos. (Rumores.)
Yo lo autoricé --tengo la firma delegada en el secretario general de
Comunicaciones-- el día 24 de julio, porque el día 24 de julio se
presentó la solicitud de algo que se llama, señoría, autorización previa
para poder cerrar una operación. En segundo lugar, no confunda usted los
términos, señoría. Quien hace la solicitud no es Telefónica de España, S.
A.; es Telefónica Multimedia, cuyos accionistas no tienen nada que ver
con los accionistas de ninguna otra empresa concesionaria de televisión.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON MANUEL FRANCISCO ALCARAZ RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES
DEL GOBIERNO EN ORDEN A LA FIJACION DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL
PARA 1998? (Número de expediente 180/000947)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15,
del señor Alcaraz Ramos, que formula don Ricardo Peralta, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor ministro, teniendo en cuenta que el
salario mínimo interprofesional de este año 1997 para los trabajadores
mayores es de 66.630 pesetas, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno
para la fijación del mismo en el año 1998?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Señor diputado, el Gobierno, como sabe, tiene que efectuar un período de
consulta con los agentes sociales. El Gobierno es partidario de que se
continúe la equiparación del salario mínimo para los menores de 18 años y
el Gobierno también es partidario, independientemente de esas consultas
sociales, de que no crezca el salario mínimo por encima del IPC previsto
para 1998.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor ministro, por su respuesta.
Permítame que en nombre de Nueva Izquierda le haga algunas
consideraciones. En primer lugar, en cuanto al método, creemos que no
bastan unas simples
consultas; hace falta una verdadera negociación, que nos parece que sería
la forma en la que el Gobierno se pondría a la altura de ese espíritu de
diálogo y de acuerdo que han manifestado los agentes económicos y
sociales de nuestro país.
En cuanto al fondo del asunto, los criterios de revisión, es evidente que
legalmente ha de estarse a lo que marca el Estatuto de los Trabajadores,
pero políticamente hay otros criterios que nosotros, Nueva Izquierda,
entendemos que han de atenderse, y se los voy a decir rápidamente: en
primer lugar, la necesaria mejora del nivel de vida de los sectores más
débiles, los que no son afectados por la negociación colectiva; en
segundo lugar, un reparto equitativo de riqueza, y basta atender los
beneficios empresariales, 20 por ciento de incremento en lo que va de año
1997, o los niveles bursátiles; en tercer lugar, la homologación europea.
Le recuerdo, señor ministro, que la Carta Social Europea recomienda que
el salario mínimo sea el 68 por ciento del salario medio; hoy, en nuestro
país, está en el 42 por ciento. Finalmente, está el desarrollo de la
reforma laboral. En este punto la equiparación de salarios de los menores
y mayores de 18 años depende del Gobierno, como la protección social de
los contratos formativos y a tiempo parcial, que también está pendiente
de desarrollo, y me permito recordárselo.
Por todo ello, señor ministro, nosotros no estamos de acuerdo con ese
criterio de que no suba el salario mínimo más allá del IPC. Quiero
decirle que este criterio nuestro no sólo es compatible con el
crecimiento económico, como se ha puesto de manifiesto este año, sino que
además es el fundamento de un mayor consumo privado que debe ganar
protagonismo en ese crecimiento. Por tanto, señor ministro, en línea con
lo que reclaman los sindicatos, en primer lugar, negocie y, en seguido
lugar, manifieste una mayor generosidad hacia los sectores sociales más
débiles de nuestro país.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Quería agradecer el tono del señor diputado en su pregunta y decirle que
la respuesta que tengo que darle la tengo que situar, en primer lugar, en
el marco legal. El ha hablado de referencias europeas, pero es que en
España existe una regulación, aprobada legítimamente en las Cortes
Generales, de lo que significa el salario mínimo interprofesional, y esa
regulación obliga al Gobierno --y lo hacemos con sumo gusto-- a consultar
a los agentes sociales, pero no obliga en ningún caso a negociar con los
agentes sociales. Yo estoy convencido de que si el señor Peralta lo
suscita en el Congreso de los Diputados planteará una modificación legal,
pero, desde luego, el Gobierno, si la ley le dice que consulte, consulta,
y con sumo gusto, y le quiero decir que este Gobierno, como bien sabe, no
tiene ningún reparo, sino todo lo contrario, en las negociaciones con los
agentes sociales, porque en año y medio ha participado en la elaboración
de, al menos, seis acuerdos sociales.
En segundo lugar, ha planteado una incógnita con respecto a los
trabajadores de menos de 18 años. Se lo he contestado anteriormente, la
voluntad del Gobierno es la equiparación plena a partir de 1998, una vez
que hayamos hecho las consultas sociales.
En tercer lugar, S. S. plantea una serie de criterios, pero es que la ley
también nos marca los criterios y nos dice que tenemos que tener en
cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional,
el incremento de la participación de las rentas de trabajo en la renta
nacional y la coyuntura económica general. Está muy bien que me hable de
criterios políticos, pero, desde luego, la propuesta del Gobierno irá en
la dirección que plantea la propia ley.
Finalmente, permítame que le haga una consideración. Lo mejor para los
desempleados, para las personas con rentas bajas y para los pensionistas
es el comportamiento de la inflación, lo mejor de lo mejor. Eso ha
significado que las personas que tienen un salario mínimo hayan ganado
poder adquisitivo en 1996, por la diferencia del incremento con respecto
al IPC real --tres décimas-- y eso va a significar en 1997 que también
haya un incremento del poder adquisitivo por encima del previsto. Por
tanto, el Gobierno no hará nada que ponga en cuestión la evolución de la
inflación, pues la mejor noticia para las rentas más desfavorecidas es un
buen comportamiento de la misma.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
-- DEL DIPUTADO DON PEDRO VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO
ADOPTAR NUEVOS ENFOQUES EN LA POLITICA DE EMPLEO Y TRAER UN PROYECTO DE
LEY, DIALOGANDO CON LOS AGENTES SOCIALES, A ESTE PARLAMENTO QUE CONDUZCA
LA JORNADA LABORAL A 35 HORAS SEMANALES? (Número de expediente
180/000969)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 36,
que formula don Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo de Izquierda Unida.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
El paro ha aumentado en 21.000 personas más en noviembre y se han
incrementado en 767.901 los contratos precarios. ¿Piensa el Gobierno
adoptar nuevos enfoques en la política de empleo y traer a este
Parlamento un proyecto de ley dialogado con los agentes sociales que
conduzca a la jornada laboral de 35 horas semanales?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, el Gobierno a diario está pensando en nuevos enfoques de la
política de empleo por la tasa de desempleo que, desgraciadamente,
todavía soportamos en España. No obstante, el Gobierno sabe también que
nuestro país es hoy el que está creando más empleo en Europa y el
Gobierno no piensa traer en el plano legal ni en decisión de Consejo
Ministros la reducción de jornada por decreto a 35 horas, sino que piensa
que el diálogo social es el mejor vehículo para estudiar la
reorganización del tiempo de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, su Gobierno no tiene política de empleo ni la quiere
tener. Desmantelando el Inem, transfiriendo las competencias sobre las
políticas activas a las comunidades autónomas y escudándose en la
negociaciones entre sindicatos y patronal para reformar el mercado
laboral y para reorganizar la jornada de trabajo sin recortarla, con
esto, con estas dos cosas, legítimas ambas, el Gobierno cree que ya tiene
cubiertas las obligaciones sobre el empleo. Se equivoca de medio a medio,
pues los tres millones y pico de parados y la estabilización de la
precariedad en el 34 por ciento son hechos que demuestran que con los
temas del empleo sus recetas neoliberales se estrellan una y otra vez.
Por un lado, la reforma laboral no ha creado empleo, pues ni siquiera era
ése su objetivo, pero tampoco ha conseguido, como quería, reducir la
precariedad, pues si en 1996 se realizaban 719.803 contratos precarios de
media al mes por 17.020 contratos indefinidos, en 1997 se realizan
844.599 contratos precarios por 19.409 contratos indefinidos, contando
los ordinarios y los «estables» de la reforma. Siguen haciéndose 933
contratos indefinidos/día por 27.220 precarios/día y, para colmo, el paro
se ha incrementado por tercera vez consecutiva en noviembre en 21.000
personas, mientras que la ridícula reducción media del mismo no se
corresponde con el crecimiento de la economía ni con el 20 por ciento de
beneficios obtenidos desde enero a septiembre por las grandes empresas
del país, siendo la reducción del paro en los meses que van del año
inferior a la producida en los meses correspondientes de los años 1995 y
1996, a pesar de que el incremento de la población activa en 1997 ha sido
inferior al de 1996.
Esta ausencia de política de empleo y de compromiso ha merecido un justo
tirón de orejas del resto de los miembros de la Unión Europea en la
reciente cumbre de Luxemburgo sobre el empleo y siguen sin enmendarse. Su
respuesta insiste en la falta de compromiso con la necesaria reducción de
jornada a 35 horas y en...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Es la primera vez que tengo que calificar una intervención del señor
Vaquero como absolutamente carente de rigor. En España, según la EPA del
tercer trimestre, se han creado 336.000 empleos de 1996 a 1997.
El señor Vaquero dice que en Europa nos han dado un tirón de orejas. El
último informe de la Unión Europea dice que el año que viene la Unión va
a crear el 0,5 en empleo y España el 2,7. Señorías, hay que aguantar que
nos dan un tirón de orejas cuando somos el país de Europa que más empleo
está creando.
Según la EPA del tercer trimestre, el desempleo se ha reducido en 190.000
personas. Según el Instituto Nacional de Empleo el paro registrado se ha
reducido en 122.000 personas en lo que va de año y desde que asumimos las
responsabilidades de Gobierno en 241.000 personas.
Dice el señor Vaquero que no se ha reducido la precariedad, y en 1996 en
España se hicieron 333.000 contratos indefinidos y en el mes de noviembre
ya se han hecho 606.000 contratos indefinidos. Y dice que no se ha
reducido la precariedad. El señor Vaquero plantea los datos del mes de
noviembre y dice que ha habido un incremento del paro registrado, pero se
le olvida decir que en el mes de noviembre del año 1996 hubo un 4 por
ciento de contratos indefinidos y en este mes de noviembre ha habido un
9,8 por ciento.
Señor Vaquero, las altas en la Seguridad Social han supuesto en lo que va
de año 641.000 afiliados más. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra política de
empleo en función de sus propuestas, señor Vaquero, si ocurren dos cosas,
la primera que no las conozco y la segunda que usted no conoce ni la
evolución del empleo?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA EN RELACION CON
LOS ATAQUES DE LOS AGRICULTORES FRANCESES A LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS
ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000948)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 16,
que formula don José Ramón Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace aproximadamente diez años se inició el ataque a camiones
españoles en su recorrido por Francia, camiones españoles cargados
principalmente con frutas y hortalizas. Ante la impunidad de los ataques
por parte de agricultores franceses, por parte de las autoridades
francesas y por parte de las autoridades de la Unión Europea, se creó una
organización agrícola de carácter radical, la denominada coordinadora
rural, que reivindicaba constantemente sus actividades, sus apariciones
sistemáticas todos los años en contra de los ataques a camiones
españoles, en un principio, que posteriormente fue a más, señorías,
pasando a ataques y amenazas no solamente a los camiones, como digo, sino
también a almacenes y a centros de distribución que trabajaban con
productos españoles. Pero, señorías, esto no solamente era atacar al
valor de la mercancía de los camiones, no era solamente una protesta por
la situación agrícola de los productos agrarios en Francia, sino que
había algo mucho más profundo, algo mucho más peligroso, que era el
ataque a los mismos canales de comercialización españoles ante Europa,
ante la Unión Europea, creando, por lo tanto, una inseguridad en el
abastecimiento de estos productos y, por tanto, teniendo que irse los
importadores de la Unión Europea a abastecer de estos productos a otros
países terceros, países competidores con España, con nuestros productos y
con la dificultad añadida que conlleva recuperar estos canales de
comercialización.
Señorías, la sensación de impotencia por parte no sólo de los
agricultores españoles sino de los transportistas o de los exportadores
ha ido creciendo año tras año. La inoperancia de la Unión Europea ha ido
también creciendo año tras año por la falta de cumplimiento del tratado
de la libertad de tránsito de mercancías y se ha llegado a cuestionar la
utilidad de la Unión Europea.
Por lo tanto, ante la importancia de la sentencia recientemente habida,
señora ministra, ¿cómo valora el Gobierno la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en relación con los ataques de los
agricultores franceses a los productos hortofrutícolas españoles?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pascual.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
Pues obviamente con enorme satisfacción por cuanto que supone una condena
sin paliativos al Gobierno francés en su falta de actuación a lo largo de
todos estos años para evitar la acción violenta de unos grupos aislados,
unos grupos minoritarios pero muy violentos, de agricultores franceses.
Supone, además, sentar jurisprudencia y un paso muy importante, en
nuestra opinión, para garantizar el libre tránsito de nuestras mercancías
por el territorio francés, no sólo para su distribución dentro Francia
sino además de cara a la distribución en los otros países de la Unión
Europea, por cuanto que el territorio francés es paso obligado.
El Tribunal además ha desestimado todas las alegaciones planteadas por el
Gobierno francés y le ha acusado de no haber actuado con suficiente
diligencia. A esta sentencia del Tribunal de Luxemburgo, importantísima,
se une el acuerdo adoptado en el último Consejo de jefes de Estado y de
Gobierno instando a la aprobación por parte de la Comisión de la remisión
al Parlamento y al Consejo correspondiente de una normativa que
establezca un sistema de condena automático por parte de la Comisión
hacia cualquier país que por acción o por omisión no garantice el libre
tránsito de mercancías y de bienes a través de su territorio. Esto va a
servir para agilizar la indemnización a nuestros camioneros afectados,
pero va a servir, sobre todo, para que de cara al futuro las autoridades
francesas tengan que actuar con mucha mayor rotundidad por cuanto una
nueva actuación negligente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado franceses ante unos ataques de violentos
agricultores en su territorio supondrá, a instancia de España y de la
Comisión, una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo cuyo final será
inevitablemente una sanción económica importantísima, es decir, una multa
muy importante para el Gobierno francés por no garantizar precisamente el
cumplimiento de los tratados, el libre tránsito.
Por lo tanto, ha supuesto una satisfacción y una mejor garantía para el
suministro y el abastecimiento y, por tanto, todo en beneficio de nuestro
sector hortofrutícola.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RESULTADOS PUEDEN
DEDUCIRSE PARA LA FLOTA ESPAÑOLA DE LA XV REUNION DEL ICCAT CELEBRADA EN
MADRID? (Número de expediente 180/000950)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18 que formula don Luis Marquínez,
del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en los años que felizmente pasé en el Parlamento de
Andalucía, cuando se producía el turno de control al Gobierno, la
oposición guiada por la cortesía parlamentaria y de un cierto buen humor
--que no ha de faltar en los parlamentos-- llamaba a las
intervenciones del Grupo Socialista, cuando mandaba el Grupo Socialista,
el turno de acción de gracias. En este caso, me he quedado sorprendido al
ver las desafortunadas intervenciones que se producen en este momento,
desafortunadas e injustificables, solamente justificables considerando
que quien lo dice cree que el ladrón piensa que todos son de su
condición.
Dicho esto, señora ministra, voy a recordar aquí a la Cámara, y muchos de
los presentes se acordarán --el señor Chiquillo no nos honra con su
presencia--, que en el mes de octubre del año pasado se aprobó una
proposición no de ley en este Parlamento mediante una transaccional
presentada por el Grupo Popular, que me honré en llevar la representación
del grupo, con motivo de una actuación del señor Chiquillo en la que
proponía medidas de protección en relación con la flota que pesca el atún
rojo en el Mediterráneo. Esa proposición no de ley, consensuada por todos
los grupos, contenía cuatro puntos que le recuerdo a la señora ministra,
aunque sin duda lo recordará ella también. El primer punto era recomendar
medidas al Iccat de reforzamiento del control de la gestión y de la
preservación de los recursos en relación con el atún rojo en el
Mediterráneo. La segunda medida era trasladar también esta recomendación
al Iccat, a la propia Unión Europea, porque como recordará la señora
ministra, la Unión Europea no pertenecía en aquél momento al Iccat, sino
simplemente era un mero observador dentro de ese organismo internacional.
La tercera recomendación se basaba en la revitalización o regeneración de
un censo de esa modalidad para el control de los buques que pescaban el
atún rojo y así poder controlar también la preservación de los recursos.
Y la cuarta recomendación que hacíamos en esa proposición no de ley era
el hecho de controlar las descargas en los puertos, habida cuenta de que
si tomábamos medidas para preservar el recurso había que tomar medidas
para que esa preservación se produjera y las descargas en los puertos así
lo reflejaran.
Posteriormente se ha producido en octubre pasado una reunión del Iccat en
Madrid y vemos con satisfacción todos los que intervinimos en aquel
momento, y me atrevería a decir que todos los que estaban en la Comisión
también, que los cuatro puntos en los que hacíamos estas recomendaciones
al Gobierno se han visto reflejados en la reunión del Iccat, con lo cual
felicitamos al Gobierno en ese sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Marquínez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
He de decir que coincido con lo dicho por S. S., en lo del sentido del
humor. Obviamente yo también había oído en gobiernos anteriores cómo los
parlamentarios de su grupo le preguntaban por los logros y lo que se iba
a hacer por parte del Gobierno, como hacen los parlamentarios del Grupo
Popular que apoyan al Gobierno. Eso no se había llamado de acción de
gracias, sino de incienso. Y no pasábamos de ahí. Indudablemente, hay
quien carece del más mínimo sentido del humor, pero lo peor de todo no es
que se carezca del sentido del humor, sino que se carece también de la
memoria y de la buena educación. (Rumores.) Pero eso es otra historia.
(Aplausos.)
Vamos a hablar del Iccat. El Iccat ha tomado una serie de medidas para
proteger el atún rojo y el pez espada. En cuanto al atún rojo, se han
establecido unos tax y unas cuotas asignadas por países, que van a
suponer que en el año 1998 España va a pescar 5.322 toneladas. Además
como quiera que la Unión Europea ya se ha incorporado a Iccad tendrá que
poner en marcha algo que España había venido exigiendo y es que se
prohíba la importación de atún rojo desde países que utilizan banderas de
conveniencia; es decir, Honduras, Belice y Panamá, que no respetan los
criterios de Iccat. Además, se han establecido unos tax para los años
1998 a 2000 sobre pez espada al sur del paralelo 5 Norte, en 14.642
toneladas, de las cuales a España le corresponderá el 40 por ciento, es
decir, 5.848 que se suman al 41 por ciento que captura España en el
Atlántico Norte, que corresponden a 4.537 toneladas.
También se han adoptado medidas respecto a los túnidos tropicales, y
concretamente toda la cuestión se ha apoyado en el programa de
investigación sobre patudo y establecimiento en el año 1998 de un
registro de buques que pescan túnidos tropicales con vistas a examinar la
posibilidad de establecer un límite del número de barcos dedicados a
estas capturas. Hay que señalar, además, que se ha establecido, dentro
del mismo Iccat, la obligación por parte de los países signatarios de
establecer
al menos un 10 por ciento de su flota, controlada vía satélite. España
tendrá que desarrollar un esfuerzo superior por su pertenencia a la Unión
Europea, donde estamos haciendo un esfuerzo muy importante.
Por último, quiero señalar que, como muy bien sabe S. S., específicamente
para el atún rojo España ha extendido la zona de protección pesquera en
el Mediterráneo para garantizar su reproducción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO AMARILLO DOBLADO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO
PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA PLANTEADO POR LOS RENDIMIENTOS DEL MAIZ EN
REGADIO ATRIBUIDOS A LA REGION DE EXTREMADURA, QUE SUPONE UNA PERDIDA DE
MAS DE 20.000 HECTAREAS DE DICHO CULTIVO? (Número de expediente
180/000964)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Pregunta número 31 que formula don Francisco Amarillo Doblado, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para solucionar el
problema planteado por los rendimientos del maíz en regadíos atribuidos a
la región de Extremadura, que supone una pérdida de más de 20.000
hectáreas de dicho cultivo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señor presidente, señor Amarillo, sabe usted que yo
siempre pretendo contestarle con la mayor concreción a sus preguntas,
pero no entiendo lo que dice su pregunta. Lo siento. Le pediría
explicaciones porque la encuentro contradictoria en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Sí que es de lamentar que la ministra no me
entienda, porque eso sí que hace que entienda yo otras cosas.
Señora ministra, las 20.000 hectáreas a que me refiero son 15.000
hectáreas de la superficie histórica que nos tenía que haber
correspondido y 5.000 más que nos correspondería si se optimizase la
producción de maíz. Usted, por orden de 11 de septiembre de 1997,
distribuye la cuota de maíz entre las distintas comunidades autónomas,
causando un grave perjuicio a los agricultores extremeños, cifrado en más
de 3.000 millones de pesetas. Señora ministra, esto es un claro exponente
de la dejación por su parte --y espero que ahora ya me vaya entendiendo--
de algo que nos preocupa, que es el cumplimiento de un imperativo
constitucional, y esta es la cuestión central o un imperativo
constitucional que implica que usted tiene que defender la ordenación
general de la economía del Estado, tal y como nos dice la Constitución.
Por tanto, señora ministra, usted no puede ampararse en la actuación de
ningún consejero de agricultura en la conferencia sectorial para
justificar una decisión y menos para tergiversar las actuaciones de
alguno de ellos. Es usted, señora ministra, la única responsable de la
orden ministerial en la que se recoge un reparto tan injusto, y yo, desde
luego, supongo que las órdenes ministeriales que usted firma al menos se
las lee. Espero, señora ministra, que si no se la ha leído, se la lea, y,
por tanto, la derogue. Deróguela, deróguela y cuando confeccione la nueva
orden ministerial racionalice los criterios de reparto. El reglamento
comunitario le permite un juego muy amplio. Optimice, como es su deber,
la empresa maicera; vea series históricas largas, contemple suelos y
climas idóneos, evalúe crecimientos y rendimientos y ... (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo, ha
concluido su tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Amarillo.
Mire, sólo se ha referido a una parte, a la de las superficies. Había
mezclado dos cosas y por eso no entendía. Los rendimientos de maíz es una
cuestión, y el problema es que su consejero mezcló las dos cuestiones, el
problema de los rendimientos asignados al
maíz y a los cereales en general con lo que era la atribución y
distribución de superficies de maíz entre las distintas comunidades
autónomas. Eso impidió que en la conferencia sectorial se pudiera
aprobar, con el concurso de la mayoría de las comunidades autónomas, no
todas porque, por ejemplo, Castilla y León se oponía, un reparto, una
distribución de superficies de maíz que otorgaba a Extremadura 70.000
hectáreas, que no obedecía a ningún criterio objetivo, únicamente a un
acuerdo alcanzado entre los representantes de las distintas comunidades
autónomas mayoritariamente, aunque insisto en que Castilla y León se
oponían, y yo
estaba dispuesta a respaldar. En el momento en que una de las partes y,
concretamente, la más favorecida, rechaza ese acuerdo alcanzado entre los
representantes de las comunidades autónomas, lamentablemente, si quiere
usted, yo tengo que asumir la responsabilidad y aplicar criterios
objetivos, y apliqué el criterio objetivo que entendía que era el más
correcto en esa situación que es coger los dos últimos años de siembra de
maíz, uno con los datos exactos y otro con los avances que me habían
proporcionado las distintas comunidades autónomas. ¿Por qué los dos
últimos años, señoría? Porque son los únicos años en que ha habido agua
suficiente en toda España para regar sin problemas. Si yo hubiera cogido
una serie más larga y hubiera incluido, por ejemplo, los últimos siete
años, a Extremadura le hubiera tocado mucho menos, porque, como muy bien
sabe S. S., Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha no han podido
regar con normalidad en esa época, y hubieran quedado mucho más
favorecidas Castilla y León, Aragón o Cataluña.
Señoría, he aplicado con criterios objetivos el sistema que más favorecía
precisamente a las regiones que habían sufrido la sequía, por un lado, e
insisto, no pude aplicar el primer criterio porque no era un criterio
objetivo sino nada más que un acuerdo y precisamente Extremadura, que era
uno de los más beneficiados, lo impugnó desde el primer momento. Lo
siento, lo he tenido que hacer. De todas formas estoy buscando soluciones
para ver cómo, de cara al futuro, se consigue mejorar, a pesar de todo,
la situación de Extremadura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VlCEPRESlDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señora ministra.
-- DE DON JOSE RAMON CALPE SAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA COMISION
DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000949)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Pregunta número 17 que formula don José Ramón Calpe, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, los usuarios de los servicios sanitarios
públicos exigen que las prestaciones que reciben incorporen las más
modernas tecnologías, siendo ésta una exigencia o aspiración a la que las
administraciones sanitarias deben dar adecuada respuesta y, por otra
parte, no dudo que se le quiere dar adecuada respuesta.
Ahora bien, la incorporación de esas nuevas tecnologías incide de manera
sustancial en el gasto sanitario y ello requiere su correcta evaluación y
el establecimiento de prioridades para su incorporación al catálogo de
prestaciones.
Supongo que, en base a estas consideraciones, y quizá a otras, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es un órgano
permanente de comunicación e información entre los diversos servicios
sanitarios, tanto los que dependen de las comunidades autónomas como el
propio Instituto Nacional de la Salud, adoptó en diciembre de 1994 el
acuerdo de crear el grupo de trabajo de evaluación de tecnologías
sanitarias. En este acuerdo previó un plazo de dos años para que se
realizaran diversos estudios encaminados a establecer un sistema de
evaluación de tecnologías y a establecer las prioridades para su
incorporación al sistema. Sin embargo, en los meses inmediatamente
posteriores a la adopción del acuerdo, la pasividad de los entonces
responsables de la Administración sanitaria, que no sé si obedece a su
indolencia o a otras causas no explicadas a la opinión pública, poco
hicieron. Ahora, transcurridos tres años desde la adopción de aquel
acuerdo, le ruego que nos informe sobre las actuaciones y previsiones que
su departamento está realizando para la puesta en marcha de esa comisión
de evaluación de tecnologías sanitarias del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Calpe.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Contesto con mucho gusto, señor diputado, a su pregunta, que se refiere a
una cuestión de gran importancia para el buen funcionamiento del Sistema
Nacional de Salud.
Los hechos son que efectivamente el pasado 17 de febrero el pleno del
Consejo Interterritorial aprobó un mandato para el grupo de trabajo de
evaluación de tecnologías, para que presentara un documento propuesta
sobre los siguientes puntos: plan de trabajo para elaborar una lista
priorizada de tecnologías que deben ser evaluadas en el marco de la
ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo
los criterios de priorización y lista inicial tentativa; sistema de
información coordinada que permite detectar las tecnologías emergentes;
programa de actividades y calendario para la evaluación de tecnologías
sanitarias
que se fijen como prioritarias; directrices sobre la experimentación de
nuevas tecnologías previas a su inclusión en el Sistema Nacional de
Salud.
El grupo de trabajo, en el que están representadas todas las comunidades
autónomas y las cuatro agencias españolas de evaluación de tecnología (la
estatal y las de Cataluña, País Vasco y Andalucía), han elaborado los
siguientes documentos o informes que han sido presentados en el pleno del
Consejo Interterritorial en su reunión del 21 de julio: un listado
inicial de tecnologías que deben ser evaluadas, que contiene tanto
tecnologías que pueden ser consideradas como nuevas, como otras de uso
más generalizado; se trata de una lista abierta y sujeta a las
modificaciones oportunas en base a las nuevas contribuciones que se vayan
recibiendo; un documento preliminar en el que se analizan las
características esenciales que debería reunir un sistema de información
para inventariar las técnicas y procedimientos disponibles en centros y
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, facilitando muy
especialmente la detección de tecnologías emergentes; una propuesta de
inclusión en el Plan nacional de investigación científica y técnica de un
apartado dedicado específicamente a investigación evaluativa, orientada a
generar conocimientos sobre el impacto sanitario, económico, ético y
social de aquellas tecnologías en las que la evidencia disponible no sea
suficiente para realizar el proceso formal de evaluación. Se está
trabajando también en unas fichas técnicas de cada una de las tecnologías
del listado elaborado. Estas fichas se elevarán, junto con el listado de
las tecnologías objeto de priorización, al Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud a lo largo del primer semestre de 1998.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS I BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES DEL CESE O
DIMISION DE LA DIRECTORA GENERAL DE FARMACIA? (Número de expediente
180/000963)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 30,
que formula don Josep Corominas, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Corominas tiene la palabra.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
En mayo de 1996 S. S. nombró a la directora general de Farmacia. Cabe
suponer que en aquel momento dicha persona asumía el puesto con interés,
ilusión y proyectos. Un año y medio después deja el puesto, lo que lleva
a distintas fuentes del sector a manifestar su sorpresa y al Ministerio
que usted dirige a señalar que la directora general ha dimitido porque
está interesada por el puesto de jefe de la Delegación de Hacienda de
Madrid. Además de esta razón formal esgrimida, ¿cuáles son, señor
ministro de Sanidad y Consumo, las razones reales del cese o dimisión de
la directora general de Farmacia?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
presidente.
La única razón real del cese, a petición propia, de la directora general
de Farmacia, doña Ana Naveira, es la que acaba de decir S. S.: su deseo
de hacerse cargo de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Madrid, que le había sido ofrecida por las
autoridades competentes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Realmente es curioso que en el momento de este cambio de interés de la
directora general de Farmacia haya un momento muy delicado en el
Ministerio de Sanidad. En efecto, en los momentos en que se produce este
cambio de interés se estaba negociando entre el Gobierno y las
comunidades autónomas un nuevo modelo de financiación del Sistema
Nacional de Salud, con el medicamentazo incluido. No se avanzaba en la
implantación de fármacos genéricos, sólo se habían comercializado 14,
hallándose por tanto muy lejos de los 80 o 100 medicamentos que S. S.
prometió estarían en el mercado antes de final de año. Sobre todo, y
especialmente, quería referirme a otro tema que se produce ahora, que es
la aprobación, dentro del proyecto de ley de acompañamiento, de la
Agencia Española del Medicamento, Agencia española que S. S. calificó con
las siguientes palabras: Con esta medida vamos a modernizar nuestra
administración del medicamento. ¿Es que hasta entonces no funcionaba la
administración del medicamento?
Veamos algunas de las cuestiones que se plantean especialmente con el
tema de la Agencia Española del Medicamento. ¿Por qué se le han atribuido
a la Agencia española funciones administrativas que estaban en la
Dirección General de Farmacia? ¿No funcionaba la Dirección General de
Farmacia? ¿No era de su confianza
la directora general? ¿Por qué estas funciones administrativas no se
recogían en la referencia del Consejo de Ministros en el que se aprobó
este proyecto de ley, sino que simplemente se señalaba que las
finalidades de la Agencia eran las de incentivar la evaluación e
investigación de medicamentos en nuestro país?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Podía buscar usted una ocasión mejor para hacer esos alegatos, señor
Corominas. La directora general de Farmacia, en la carta que me dirige
con motivo de su dimisión, me dice que no es fácil, para un responsable
que ha visto durante algo más de un año y medio el apoyo a las
iniciativas que desde su área ha propuesto, plantear el deseo de cambiar
de responsabilidad, pero la oferta de asumir la dirección de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Madrid resulta demasiado atractiva para un profesional de la Hacienda
pública.
Añade la señora Naveira: Las principales líneas estratégicas de
definición de una nueva política farmacéutica están marcadas y, lo que es
fundamental, ello no hubiese sido posible sin un trabajo conjunto del
equipo que tú diriges, que combinando ideas de los diferentes integrantes
hubiera llevado a la práctica los planteamientos no siempre fáciles que
la convergencia europea impone.
Señor Corominas, cuando no se ha avanzado en los fármacos genéricos fue
en los 13 años que ustedes gobernaron. Nosotros, en año y medio, hemos
puesto en vigor la legislación oportuna. Hace dos o tres días había ya 22
medicamentos genéricos con precinto; 35 más aprobados, y van a estar
aprobados antes de fin de año los 80 o 100 medicamentos a los que me he
referido varias veces, lo que supone un récord en lo que son las
administraciones farmacéuticas europeas.
La Agencia Española del Medicamento es una iniciativa en la que la señora
Naveira trabajó, con una propuesta suya, con un gran interés, con una
gran capacidad y haciéndolo muy bien, y gracias a eso y a la sensibilidad
del Gobierno para estas cuestiones se consiguió dotar a España de una
Agencia Española del Medicamento, porque era uno de los cuatro países de
Europa que no la tenían.
Señor Corominas, la modernización de la Administración farmacéutica la
empezamos nosotros, la empezó la señora Naveira, y la vamos a seguir
porque tenemos todos las mismas ideas en este punto. Y hacía mucha falta,
pero no mucha falta en los últimos meses, hacía mucha falta en los 13
años en que ustedes gobernaron.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO:
¿COMPARTE EL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO
DE LEY DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION, QUE VAN A SUPONER
UNOS INGRESOS ADICIONALES PARA LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE 50.000
MILLONES DE PESETAS? (Número de expediente 180/000965)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32,
que formula doña María Teresa Fernández de la Vega, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, su Gobierno pretende sacar adelante un proyecto de ley
sobre condiciones generales de la contratación que, bajo la falaz
cobertura de proteger a consumidores y usuarios, es decir a todos
nosotros, los ciudadanos, va a suponer el negocio del siglo para 600
registradores de la propiedad que, en una estimación a la baja, señor
ministro, van a embolsarse a nuestra costa, a costa de los ciudadanos y a
costa de nuestros derechos, unos 50.000 millones de pesetas al año.
¿Comparte el ministro el contenido de esta ley?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, con independencia de la valoración económica que hace sobre los
posibles efectos de este proyecto y que no puedo compartir, dado que
parten de hipótesis no reales, debo decirle que, como ministro de Sanidad
y Consumo, considero que el proyecto de ley de condiciones generales de
contratación representa un instrumento valiosísimo en orden a la defensa
y promoción de los derechos de los consumidores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor ministro, usted ha hecho una
dejación absoluta de sus funciones y responsabilidades, como ministro de
Consumo, en la protección de los consumidores. Esperábamos que, al menos,
el ministro de Consumo hiciese que ese registro público que se crea para
favorecer a los ciudadanos, fuera público. Primero, que fuera público y
que los ciudadanos tuviésemos acceso a él de forma gratuita, incluso por
cualquier medio electrónico y, desde luego, sin papeleo alguno; que ese
registro, señor ministro, estuviera en el Ministerio de Consumo. Pero no,
ustedes crean ese registro y, ¿saben lo que hacen?: se lo entregan a los
registradores de la propiedad. Se lo entregan en mano a 600 personas ante
las cuales vamos a tener que pasar los ciudadanos para
--previo pago evidentemente de sus honorarios profesionales-- tener
derecho a cosas tan obvias como, por ejemplo, conocer, a la hora de
suscribir un contrato de luz, de agua o de electricidad, si existe alguna
cláusula abusiva. Pues bien, para conocer eso tendremos que ir al
registrador de la propiedad, pagar sus honorarios y, a continuación,
tener una cierta información.
Señor ministro, para saber si nos engañan vamos a tener que pagar. Pero
es que ustedes, no contentos con esa tienda que les montan a los
registradores de la propiedad --le ruego que haga los cálculos si no los
ha hecho--, hacen otra cosa todavía más curiosa, dicen: vamos a ampliar
sus competencias. ¿Y sabe lo que hacen? Privatizan el Registro de la
Propiedad, con lo cual, a partir de ahora, cuando un ciudadano quiera
conocer, a la hora de comprarse un piso, si tiene una hipoteca o si tiene
cargas o gravámenes, se va a tener que ir al registrador de la propiedad
y decirle: señor registrador de la propiedad, me quiero comprar un piso,
¿me da usted la información? Y el registrador de la propiedad --previo
tratamiento profesional-- veremos si se la da o no. Y a esto le llaman
ustedes, señor ministro, protección de los consumidores. Pero nos va a
costar, señor ministro, más de 50.000 millones de pesetas a los
ciudadanos, y creo que con los derechos de los consumidores no se debe
hacer negocio. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Este texto traspone la directiva 93/13, cuyo artículo 10 determina como
fecha límite de la trasposición el 31 de diciembre de 1994, una fecha ya
un poco antigua, y ustedes no lo habían hecho. El texto incrementa la
protección del consumidor por encima de lo señalado en la normativa
europea, ha establecido un marco global de regulación de las comisiones
generales de contratación y regula la letra pequeña de los contratos, es
decir, las cláusulas-tipo predispuestas por una de las partes
contratantes y a la que el consumidor no hace más que adherirse,
exigiendo que estén redactadas con claridad, concreción y sencillez y que
sean realmente conocidas y aceptadas por el adherente. Para la defensa de
los intereses de los consumidores se establece un mecanismo para lograr
la máxima transparencia de las condiciones de los contratos, como es la
inscripción de las cláusulas generales en el registro de condiciones
generales de contratación.
Uno de los elementos que orientan todo el articulado del proyecto de ley
es la necesaria información a los consumidores. En orden a preservar los
intereses de los consumidores, los registradores de la propiedad pueden
desempeñar un importante papel al equilibrar la situación de las partes
contratantes a través de un asesoramiento profesionalizado. Es conocida
la confianza que despierta en el consumidor la intervención de esos
profesionales que, en cierta manera, otorgarán protección, lo cual no
supone menoscabar la libertad de contratar.
En relación con los supuestos 50.000 millones de pesetas de ingresos
adicionales, señora diputada, para el Registro de la Propiedad no deja de
ser una valoración que, por su vaguedad y por las incorrecciones de los
supuestos cálculos en que se basan para llegar a esa cifra, invalida el
resultado, tal y como se ha puesto de manifiesto ya en una nota
facilitada por el Ministerio de Justicia en la que se concluye que, en el
más amplio de los supuestos, el coste estaría en torno a los 80 millones
de pesetas. Usted ni siquiera se ha tomado la molestia de ver los errores
que había en esos cálculos, cálculos que parten de la base de suponer que
200.000 contratos por 10.000 pesetas dan un total de 20.000 millones. Si
hace usted bien las cuentas, verá que el resultado no son 20.000
millones, sino 2.000. Esto nos da una idea de la poca seriedad y el poco
rigor de sus cálculos, que, con fundamento, le puedo decir que quedan
reducidos a 80 millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO JESUS SERRANO VINUE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INFRAESTRUCTURAS DE
REGULACION HIDRAULICA, PREVISTAS EN EL PACTO DEL AGUA DE ARAGON, SE VAN A
PONER DEFINITIVAMENTE EN MARCHA EN EL AÑO 1998? (Número de expediente
180/000952)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 20,
que formula don Antonio Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUE: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, el pacto del agua se consensuó con la
unanimidad de las fuerzas políticas con representación en las Cortes
aragonesas en 1992 con el convencimiento de que, con su entrada en vigor,
se aseguraban nuestras demandas históricas y de alguna manera se alejaban
viejos fantasmas y viejas amenazas. Al día de hoy, el desarrollo de esta
pieza básica en la planificación hidráulica de la cuenca del Ebro viene
acumulando en los últimos años un considerable retraso, haciendo
indispensable el desbloqueo del calendario de ejecución de las obras
previstas. Usted, ya como ministra, en alguna ocasión ha declarado que
entre las obras hidráulicas que el Gobierno considera prioritarias
figuran las del pacto del agua en Aragón. Hasta el momento sólo se ha
hablado de proyectos, con grandes declaraciones y promesas de inversiones
millonarias, compromisos de licitación tales como Santa Liestra en 1997,
Jánovas en 1998 y otros más o menos hetéreos, como la Loteta, Monte
Aragón, Lechago, Biscarrués, etcétera. Convendrá conmigo, señora
ministra, que es necesaria una mayor concreción y ratificación de estos
compromisos en el Congreso, pudiendo dar definitivamente actuaciones,
fechas y presupuestos asignados. Sin duda, la propia constitución hoy en
Zaragoza de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro supondrá un
revulsivo fundamental para la agilización y puesta en marcha de estas
obras hidráulicas.
En relación con el desarrollo del pacto del agua en Aragón, desde el
Partido Aragonés queremos incidir en dos aspectos que entendemos son
básicos. Por una parte, algo que estamos seguros vamos a obtener del
Ministerio, una especial sensibilidad y generosidad con las
compensaciones para aquellos territorios, aquellas zonas afectadas por la
construcción de embalses, y, por otra, la revisión de los convenios ya
firmados con el entonces Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno
aragonés, entendiendo que, al ser estas obras de interés general del
Estado, es a éste a quien le corresponde asumir los costes, como las
expropiaciones, las inversiones y los planes de reestructuración.
En este contexto, señora ministra de Medio Ambiente, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué infraestructuras de regulación hidráulica
previstas en el pacto del agua de Aragón se van a poner definitivamente
en marcha en el año 1998?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Serrano.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Comprendo la inquietud de S. S., puesto que desde el año 1992 estaban
esperando el desarrollo de ese pacto del agua. Quiero decirle --y S. S.
lo recordaba-- que la constitución ya hoy de la sociedad estatal Aguas
del Ebro está indicando que era una prioridad para este Gobierno el poner
en marcha estas obras, y a eso nos hemos dedicado en estos 18 meses. Por
eso puedo decirle que ese pacto del agua no solamente comprende obras de
regulación. Sabe usted que también son muy importantes en Aragón obras
para abastecimiento a poblaciones, de modernización de regadíos, de
encauzamiento de ríos y, en definitiva, de lucha contra la contaminación.
Puedo decirle al día de hoy que durante el año 1998 se van a poner en
marcha y está previsto acometer ya el embalse de la Loteta; los embalses
de regulación interna en el canal de Aragón y Cataluña; la continuación
de las obras del embalse de Monte Aragón y el embalse de Mora de
Rubielos, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Asimismo se pondrán en marcha, a través de la sociedad Aguas del Ebro,
que hoy ha quedado ya constituida (y le recuerdo que no ha hecho falta
más que cuatro meses desde que se inició la posibilidad de encontrar vías
de financiación, acudiendo también a financiación privada), el embalse
Santa Liestra y plan de restitución territorial del valle del Esera; el
embalse de Jánovas que está ligado, como sabe S. S., a la aprobación del
estudio de impacto ambiental; el embalse de Biscarrués y el plan de
restitución territorial. Asimismo, aunque no son obras de regulación pero
forman parte también de ese pacto del agua, serán impulsadas en el año
1998, unas a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro y otras en
la propia sociedad Aguas del Ebro, la modernización del canal de Lodosa,
en su segunda, tercera y cuarta fase; la modernización del canal imperial
de Aragón, en los puntos kilométricos 31 a 77; el abastecimiento a
Alcañiz, Calanda y otros, así como las depuradoras de Jaca, Sabiñánigo y
otros núcleos pirenaicos. Quiero decirle, por último, que experimentarán
un impulso considerable durante el año 1998 --lo sabe también S. S.-- el
abastecimiento de aguas a Zaragoza y el corredor del Ebro; la red de
saneamiento del río Huerva, para lo cual hubo que aumentar el presupuesto
de 30.000 a 43.000 millones de pesetas en esa sociedad que se ha
constituido hoy; la adecuación del canal imperial de Aragón en el tramo
urbano de Zaragoza y las elevaciones para los regadíos de la ribera alta.
Creo, señor diputado, que el poner en marcha estas obras en el plazo de
18 meses indica algo más que una simple voluntad política de desbloquear
unas obras que eran esenciales para Aragón y que estaban durmiendo el
sueño, no sé si de los justos, pero, desde luego, me parece a mí que
bastante injusto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE CONSIDERA SATISFECHA LA MINISTRA
DE MEDIO AMBIENTE DE LOS RESULTADOS DE LA CUMBRE DE KIOTO? (Número de
expediente 180/000962)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29,
que formula doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuál es su valoración de los resultados de la reciente
cumbre del clima en Kioto?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Creo que la señora Narbona ha tenido ocasión de escuchar en estos cinco
días, desde mi regreso de Kioto, la valoración que he hecho que, en
cualquier caso, es de una moderada satisfacción.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente. Gracias, señora
ministra. Comprendemos, pero desde luego no compartimos, su moderada
satisfacción por unos resultados que están muy alejados de lo que exige
la salud de nuestro planeta. Comprendemos su satisfacción porque usted
misma ha contribuido a la pobreza y al relativo fracaso de la cumbre del
clima, y no suele usted reconocer sus fracasos.
La posición española fue objeto de durísimas críticas por parte de
expertos, de ONG y de numerosos países que no podían entender cómo
España, con niveles elevados de desarrollo y de capacidad tecnológica,
defendía su derecho a seguir aumentando sus emisiones.
Usted ha criticado, con gran cinismo, a Estado Unidos por su escaso
compromiso y se ha amparado en una posición europea, globalmente
ambiciosa, que le permitía a España seguir aumentando sus emisiones. En
síntesis, la obstinación de España ha debilitado profundamente la
posición negociadora europea al abrirle frentes de crítica justificada.
¿Se siente usted satisfecha de este protagonismo como ministra de Medio
Ambiente?
El Partido Popular no incluyó ningún compromiso concreto en su programa
electoral en materia de reducción de emisiones, aunque el Partido
Socialista sí lo hizo. Se comprometió a estabilizar, en el año 2005, el
nivel de emisiones al nivel de 1990 y a comenzar, a partir de esa fecha,
un proceso de reducción gradual de las emisiones. Defenderemos, por
tanto, esta posición como compromiso mínimo a exigir al Gobierno.
Exigiremos que se desarrollen con urgencia las medidas concretas que
incluso ya se habían aprobado en la anterior legislatura, como el
proyecto de ley por el que se vinculaban las ayudas públicas a la
vivienda a la eficiencia energética y al uso de tecnologías limpias.
Apoyaremos las medidas concretas que le van a proponer el próximo sábado
los miembros del Consejo asesor de medio ambiente y las posteriores de
la, al parecer, renovada Comisión nacional del clima, que no han reunido
ni una sola vez en este año y medio.
No basta, señora ministra, como usted ha declarado, con que reclame de la
Unión Europea que mantenga su compromiso inicial en cuanto a las
emisiones a reducir en los próximos años. Queremos un compromiso concreto
del Gobierno español sobre reducción futura de emisiones. Queremos que se
note, señora ministra, por una vez, que hay un Ministerio de Medio
Ambiente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Señora Narbona, me sorprende su absoluto desconocimiento de esta materia
cuando S. S. ha estado en el Gobierno como secretaria de Estado y debería
haberse preocupado de estos temas que son tan graves porque afectan no
solamente a nuestros ecosistemas, sino a la salud de los ciudadanos. Como
digo, me sorprende ese desconocimiento porque no quiero pensar que es
mala fe la intervención que acaba de tener en este momento.
Usted debería saber como ex responsable de medio ambiente y como
secretaria de Estado que la política ambiental es una política
comunitaria y que, por tanto, España ha reducido en gran medida lo que
ustedes habían pleneado, aumentar las emisiones al año 1997, ya hoy casi
el 25 por ciento con relación al año 1990 según el Plan energético
nacional que nos dejaron, al no aumentar las emisiones más allá del 17
por ciento, no porque España lo haya pedido, señora Narbona, sino porque
en el reparto de las emisiones que tiene que cumplir la Unión Europea
para no alcanzar más allá del 15 por ciento da la casualidad que a España
le ha correspondido simplemente ese 17 por ciento.
Señora Narbona, si ustedes tenían alguna preocupación no entiendo por qué
esas declaraciones que hace
ahora no les llevaron en los años que estuvieron en el Gobierno, catorce
años nada menos, a plantear lo único que es esencial en este momento: una
estrategia nacional de lucha contra el cambio climático. Eso es lo que
tenían que haber hecho cuando tuvieron responsabilidades de Gobierno.
Como ustedes no lo hicieron nos toca a nosotros hacerlo ahora --esperemos
llegar a tiempo-- con toda una serie de medida que no se está usted
inventando en este momento, señora Narbona. La política medioambiental es
comunitaria y lo que usted nos está contando de eficiencia energética, de
uso de energías renovables, de usos de energías alternativas, de
aislamiento término en los edificios, de una política distinta en el
transporte es lo que tuvieron que haber hecho porque se lo mandaba la
Unión Europea. No hicieron caso y es lo que este Gobierno va a poner en
marcha no como una imposición sino dialogando con los sectores en el
Consejo asesor de medio ambiente, en la conferencia sectorial y, desde
luego, en un marco de diálogo y de negociación como es la política del
Ministerio de Medio Ambiente a través de la Comisión nacional del clima
que ustedes crearon pero a la que no dieron contenido alguno.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Muchas gracias, señorías.
La sesión se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.