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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 126, de 16/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 126
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 122
celebrada el martes, 16 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre supresión de los
delitos contra el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y
contra el deber de prestación del servicio militar (Orgánica). «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 127-1, de 31 de octubre de
1997 (número de expediente 122/000110) (Página 6591)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se modifica el artículo
263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 116-1, de 23
de septiembre de 1997 (número de expediente 122/000097) (Página 6603)
*
*
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la
acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras
actividades ilícitas conexas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 89-1, de 14 de abril de 1997 (número de expediente 122/000070)
(Página 6603)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre adopción de
medidas para paliar las carencias de los enfermos de Alzheimer y de sus
familias. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 191, de 17
de octubre de 1997 (número de expediente 162/000170) (Página 6610)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para
la protección social de la enfermedad de Alzheimer. «BOCG. Congresos de
los Diputados», serie D, número 15, de 27 de mayo de 1996 (número de
expediente 162/000019) (Página 6611)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre necesidad de establecer un
nuevo proceso para la reforma de la enseñanza de las Humanidades. «BOCG.
Congresos de los Diputados», serie D, número 210, de 28 de noviembre de
1997 (número de expediente 162/000179) (Página 6617)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre reforma de la
enseñanza de las Humanidades. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie
D, número 214, de 5 de diciembre de 1997 (número de expediente
162/000180) (Página 6617)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
materia de desarrollo de la realidad plurilingüe del Estado (número de
expediente 173/000057) (Página 6641)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general en relación a
la reforma de la financiación de la Sanidad (número de expediente
173/000058) (Página 6647)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre criterios del
Gobierno sobre la financiación y reducción progresiva de las
desigualdades sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y
origen y reparto de los recursos adicionales acordados (número de
expediente 173/000059) (Página 6647)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6591)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre supresión de
los delitos contra el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y
contra el deber de prestación del servicio militar. (Orgánica) (Página 6591)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Castellano Cardalliaguet que, tras quejarse del
escaso interés que muestran los Diputados a juzgar por su asistencia,
pasa a exponer los motivos por los que una vez más su grupo trae a la
consideración de la Cámara una situación absolutamente injustificada como
es la de aquellos ciudadanos que, haciendo uso legítimo de las facultades
que les otorga el artículo 30 de la Constitución, han decidido objetar en
conciencia para no hacer el servicio militar ni la prestación social
sustitutoria. Sale al paso de la posible contradicción entre esta
proposición de ley y la posición que mantuvo su grupo en el debate del
nuevo Código Penal diciendo que la situación de hoy es absolutamente
distinta, puesto que, por fin, se ha aceptado la necesidad de cambiar el
modelo de servicio militar obligatorio por el de un ejército profesional,
razón suficiente para que haya que replantearse cuál es la situación de
aquellos que no queriendo hacer hoy el servicio militar ni la prestación
social sustitutoria, simplemente por el mero transcurso del tiempo y la
finalización de los trabajos en esta Cámara, van a ver cómo otros
ciudadanos en idénticas condiciones no van a ser objeto de ninguna clase
de punición ni de represión. Considera
inaceptable la penalización de la insumisión y entiende que se podría
solucionar el problema acudiendo a un tratamiento administrativo, como se
está dando en relación con otra clase de figuras que en su día fueron
delictivas y ahora han dejado de serlo. Por otra parte, estima que la
primera de las razones jurídicas que avalan su postura es que no hay
ninguna clase de delito y se está sometiendo a medidas de represión a
unos ciudadanos que están ejerciendo un derecho constitucional a través
de una conducta que no se puede calificar ni de asocial ni de peligrosa y
que no daña ningún bien jurídico protegible. No es de recibo, según su
opinión, seguir penando con la privación de libertad a quienes se nieguen
a hacer el servicio militar o la prestación social sustitutoria en razón
de que este Congreso de los Diputados todavía no ha acabado sus trabajos
acerca de cómo se va a organizar el ejército profesional. Esta situación
le causa vergüenza y sonrojo y añade que en su proposición de ley que se
somete a la consideración de la Cámara no se dice que queden exentos de
cualquier otro tratamiento, lo único que se pide es que queden exentos
del tratamiento penal y punitivo. Recuerda el criterio del Defensor del
Pueblo en el informe que presentó en la Comisión Mixta y en el Pleno en
el sentido de que las conductas de insumisión no deberían conllevar penas
de prisión y que la sanción que merecieran debería ser proporcionada al
interés jurídico que se pretendiera proteger. Se adelanta a los turnos de
fijación de posiciones de los otros grupos y les pide que, por respeto a
los que están hoy privados de libertad, no utilicen la argumentación de
que hay que esperar a que terminen los trabajos de la Comisión que está
estudiando la profesionalización de las Fuerzas Armadas y recuerda que en
esta discusión no sólo se trata de que un conjunto de ciudadanos puedan
gozar de la libertad, sino que se está haciendo una separación clara y
neta entre quienes leen la Constitución con criterios de libertad y de
respeto al ser humano y quienes interpretan la Constitución, quizá, como
interpretaron en su día las leyes fundamentales del Movimiento.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber,
las señoras Lasagabaster Olazábal y Almeida Castro, el señor Vázquez
Vázquez (don Guillerme), todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; y los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Moya Milanés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y
Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre supresión de los
delitos contra el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y
contra el deber de prestación del servicio militar, se rechaza por 161
votos a favor, 162 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se modifica
el artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (Página 6603)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la
acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras
actividades ilícitas conexas (Página 6603)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso el señor Gago López. En primer lugar se refiere al informe
aprobado por unanimidad por la Comisión Mixta para el estudio del
problema de la droga y resalta algunos párrafos relativos a la lucha
contra el blanqueo de dinero y contra las nuevas formas de movimiento de
dinero mediante instrumentos no financieros, en la que todos los
esfuerzos materiales y humanos son necesarios. Dice también el informe
que es preciso abordar una reforma procesal penal que, sin merma de las
garantías constitucionales, permita una mayor eficacia en la acción de la
justicia, abordando el estudio de la intervenciones telefónicas, efectos
de prueba, protección a testigos, agente colaborador o entregas vigiladas
de dinero. Considera que la presente proposición de ley supone dar un
paso legislativo más en el camino de la lucha contra el crimen
organizado, favoreciendo la investigación de los delitos y la consecución
de los elementos probatorios y facilitando así la detención de sus
autores, su procesamiento y enjuiciamiento. Por ello se propone la
modificación del artículo 263 bis y la creación de un nuevo artículo 282
bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular las figuras de la
circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas, y la
del agente encubierto, instrumentos que el Estado de Derecho puede y debe
emplear legítimamente en su lucha contra estas formas de criminalidad y
que no han tenido acogida plena en el ordenamiento jurídico. Solicitan el
voto favorable a esta proposición de ley en la seguridad de que en el
trámite de enmiendas será
posible una mejora del texto definitivo con las aportaciones que puedan
realizarse, y anuncia el voto favorable de su grupo a la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso sobre la misma materia.
Para la presentación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso interviene la señora Cava de Llano i Carrió.
Comienza su intervención refiriéndose a la Convención de las Naciones
Unidas de 20 de diciembre de 1988 en la que se instaba a las partes,
entre ellas España, a adoptar las medidas que fueran necesarias,
incluidas las de orden legislativo y administrativo, para hacer frente
con mayor eficacia a la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico
y al blanqueo de capitales, que generalmente actúa en ámbitos
transnacionales, por lo que ha sido necesario modificar el ordenamiento
jurídico y adaptar el Derecho interno a los convenios internacionales
suscritos por España. Estas prácticas delictivas están en constante
cambio y cuentan con ingentes medios tanto materiales como humanos,
siendo insuficientes las medidas para la consecución de pruebas
inculpatorias en la comisión de estos delitos. Añade que el Consejo de
Ministros del 24 de enero de 1997 aprobó una serie de medidas que
constituyen un auténtico plan global contra la droga y se dirigían, por
un lado, a planificar una firme política de prevención y ayuda a los
drogodependientes y, por otro, a luchar contra la oferta promoviendo las
medidas necesarias para reducir la disponibilidad de drogas en el
escenario social. Concreta su iniciativa en dos reformas procesales,
modificando el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
extendiendo la entrega vigilada a las investigaciones relacionadas con
los delitos de blanqueo y de comercio ilícito de precursores, y añadiendo
el artículo 282 bis, regulador de la figura del agente encubierto y de
las figuras delictivas incluidas en dicha delincuencia.
A continuación expone los antecedentes parlamentarios sobre la materia
que ponen de manifiesto la evidente y clara voluntad de su grupo de
proceder a la reforma que hoy por fin se debate, y pasa a explicar el
contenido concreto de la proposición que consta de dos artículos, una
disposición derogatoria y una disposición final. Termina su intervención
anunciando su voto favorable a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en coherencia con
su postura siempre favorable a consensuar todos los temas relacionados
con la lucha contra la droga.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida Castro,
el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los
señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso por la
que se modifica el artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de
perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el tráfico
ilegal de drogas y otras actividades ilícitas conexas, se aprueba
asimismo por unanimidad.
Proposiciones no de ley (Página 6610)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre adopción de medidas
para paliar las carencias de los enfermos de Alzheimer y de sus familias
(Página 6610)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para la
protección social de la enfermedad de Alzheimer (Página 6611)
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso interviene el señor Caneda Morales, que muestra su
alegría por defender una iniciativa de su grupo que es compartida por
todos los grupos parlamentarios, después de añadir un cuarto punto que
dice lo siguiente: Las medidas aquí señaladas, junto con la que el
Gobierno estime oportuno presentar, vendrán recogidas en un plan que el
Ejecutivo remitirá a las Cortes en un plazo máximo de seis meses.
Considera lógico que se haya producido este acuerdo en relación con una
enfermedad que afecta a más de cuatrocientas mil personas y que se estima
que puede afectar dentro de veinticinco años a más de dos millones
trescientos mil ciudadanos que superen los ochenta años y a más de ocho
millones quinientos mil que superen los sesenta y cinco
años. Opina que es una enfermedad en que existen dos afectados: el
enfermo y la familia. En cuanto al enfermo es cierto que la ciencia
avanza muy lentamente, pero la sociedad y los poderes públicos pueden
ayudar a la familia mucho más de lo que se viene haciendo. Explica que en
su proposición no de ley se pide el desarrollo de un sistema de atención
domiciliaria de carácter sociosanitario que responda a las necesidades
del enfermo y sus familiares, con personal que sepa enseñar a afrontar la
enfermedad a las familias y que les proporcione la información y la
instrucción necesarias, y un plan de centros de día y residencias, que
permitan las estancias temporales para descanso o contingencias de los
cuidadores o estancias diurnas y centros de carácter sociosanitario que
proporcionen terapias y las medidas técnicas oportunas. Asimismo se piden
fórmulas que permitan compatibilizar el empleo con el cuidado del
enfermo, regulación de permisos laborales, reducciones de jornada,
posibles cotizaciones del Estado en determinados casos y otras ayudas
similares. Termina su intervención diciendo que éste es un problema de
todos que crece de manera alarmante y en el que es preciso abordar su
tratamiento y prevención.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene
la señora Sabanés Nadal para defender la proposición no de ley de su
grupo sobre las medidas a tomar para la protección social en torno a la
enfermedad de Alzheimer, que crece alarmantemente al incrementarse la
población superior a los sesenta y cinco años, puesto que es a partir de
esa edad cuando se manifiesta. Expone que es en el entorno familiar donde
mejor se cuida a estos enfermos, pero esto no debe liberar a las
administraciones públicas de establecer servicios específicos de atención
sanitaria, redes de servicios sociales públicos, residencias, centros de
día, etcétera, que den la cobertura suficiente a las necesidades de los
enfermos y de sus respectivas familias.
Explica que el tema es prioritario y necesita del consenso de todos los
grupos parlamentarios, por lo que han hecho el esfuerzo de presentar un
texto común, añadiendo un punto en el que se estableciera que el
Ejecutivo remitiría a esta Cámara en un plazo no superior a seis meses un
plan que permitiera conocer, concretar y evaluar mejor las posibles
soluciones para el tratamiento de los enfermos y de las familias.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso a las proposiciones del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, interviene el señor Madrid López.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber,
la señora Almeida Castro, el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), todos
ellos del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometido a votación el texto consensuado sobre la adopción de medidas
para paliar las carencias de los enfermos de Alzheimer y sus familias y
para la protección social de tal enfermedad, se aprueba por 323 votos a
favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre necesidad de
establecer un nuevo proceso para la reforma de la enseñanza de las
humanidades (Página 6617)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre reforma de la
enseñanza de las humanidades (Página 6617)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso interviene la señora Díez de Baldeón García, que quiere
dejar claro desde el primer momento que el texto de la enmienda
transaccional a la moción presentada por el Grupo Popular sobre la mejora
de la enseñanza de las humanidades, que se aprobó el pasado día 2 de
diciembre en el Senado, y el texto de la proposición no de ley que hoy
presentan ante la Cámara coinciden en tres aspectos esenciales: en primer
lugar, ambos hablan de la necesidad de actuar desde el principio,
diagnosticando cuál es la situación de la enseñanza de las humanidades en
la educación secundaria en las distintas comunidades autónomas a través
de un dictamen serio y riguroso; en segundo lugar, establecen la
conveniencia de abrir un debate social que permita, dentro del marco de
los objetivos de la Logse, definir las enseñanzas mínimas; y, en tercer
lugar, consideran indispensable alcanzar en este tema un deseable
consenso de toda la comunidad educativa y de las comunidades autónomas,
sin el cual cualquier decreto resultará bastante ineficaz. Añade que la
Logse nació con el consenso de todas las partes implicadas y no puede
verse amenazada al poco de nacer por fórmulas apresuradas que no susciten
general asentimiento. Reconoce que la señora ministra tiene atribuciones
para establecer las enseñanzas mínimas en el marco legal definido por la
Logse, pero le resultaría inconcebible que un gobierno democrático se
empecinara en mantener como
base de diálogo un decreto que ha resultado ser la manzana de la
discordia. Considera ingenua la afirmación de la señora ministra de que
el debate no debería haber salido nunca del ámbito académico, puesto que,
inevitablemente, ha de ser también político, igual que ha ocurrido en
otros países, por lo que está especialmente necesitado del consenso.
Opina que se debe evitar por todos los medios la confrontación entre el
nacionalismo español centralista y los nacionalismos periféricos y que
alentar el entendimiento es tarea de todos, lo que considera incompatible
con el mantenimiento del actual decreto, porque han de ser las propias
comunidades autónomas y las instituciones de la comunidad educativa y
científica quienes deben hacer sus propias propuestas. Añade que el
Gobierno, en la próxima reunión del día 22 de diciembre de la Conferencia
sectorial de consejeros de educación, debe brindar la oportunidad de
llegar a un acuerdo a partir de un nuevo proceso. Así demostrará que
tiene verdadero interés en solucionar el conflicto de la falta de
enseñanzas comunes, allí donde se pueda haber producido. De lo contrario,
dará la sensación de que sólo le interesa su aparente solución, sin
intervenir de forma efectiva.
En defensa de su proposición no de ley interviene la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, que empieza su intervención
diciendo que la historia no existe, sino que existen las interpretaciones
que de ella se hacen, y generalmente se impone la interpretación de los
vencedores. Hace una crítica de la enseñanza de la historia en los
tiempos del franquismo y la compara con el objetivo número 5 del decreto
que hoy se debate que hace referencia a estudiar el carácter unitario de
la trayectoria de España. Considera, por otra parte, que en el decreto no
se ha priorizado nada que tenga que ver con la mejora de la enseñanza de
las humanidades, sino que se ha priorizado una reforma ideológica
claramente partidista en todos sus aspectos y conscientemente jacobina,
centralista en el sentido más ortodoxo, porque se ha menospreciado la
enseñanza de las clásicas y de la filosofía y porque con el rótulo de
carácter unitario de la trayectoria de España se ha demostrado, sin
tapujos, la intencionalidad política, que no pedagógica, de la reforma.
Critica algunos aspectos del decreto y confía en que, a pesar de la
postura inflexible mantenida desde el principio, el decreto sea retirado,
sintiendo un gran orgullo por protagonizar, junto con otros muchos, la
obligatoriedad de esa retirada.
Interviene en nombre del Gobierno la señora Ministra de Educación y
Cultura. Manifiesta que sube a la tribuna para participar en el debate
promovido por iniciativas parlamentarias del Partido Socialista Obrero
Español y del Partido de la Independencia de Cataluña porque la primera
obligación del Gobierno ante los ciudadanos es explicar las razones de
las decisiones adoptadas y hacerlas inteligibles. Considera que la
mayoría de la opinión pública demanda hoy que se alcance un acuerdo
fecundo e inteligente y que no se convierta una cuestión crucial para el
sistema educativo en una batalla estéril entre políticos, siendo voluntad
del Gobierno llegar a acuerdos operativos para poner en marcha todas las
acciones conducentes a conseguir que las humanidades desempeñen el papel
central que les corresponde en la formación de las nuevas generaciones.
Intentará demostrar a lo largo de su intervención que el proyecto que
plantea el Ministerio de Educación y Cultura es una reforma necesaria que
ha sido reclamada por profesores, académicos, intelectuales y padres de
alumnos, y que el plan de mejora de las humanidades ha sido elaborado con
transparencia, con participación y rigor, en cumplimiento estricto de lo
que establece la Logse, habiendo sido concebido desde el principio como
una invitación al diálogo con todas las personas y con todas las
instituciones que tienen responsabilidades en la materia y, muy
especialmente, con las comunidades autónomas. Se muestra totalmente
abierta a todas las sugerencias y propuestas que se quieran hacer,
incluso a estudiar textos alternativos, pero a lo que no puede renunciar
es al objetivo que demanda la sociedad española, que es mejorar la
calidad de la enseñanza de las humanidades. Para conseguir este
compromiso el Gobierno tiene que ejercer las atribuciones que le confiere
el artículo 4.º de la Logse, es decir, que el Gobierno fijará los
aspectos básicos del currículum que constituirán las enseñanzas mínimas y
las administraciones educativas de las comunidades autónomas establecerán
el plan de estudios que tiene que incorporar las correspondientes
enseñanzas mínimas.
A continuación expone sus argumentos contrarios a las intervenciones de
las señoras Díez de Baldeón y Rahola. Espera haber disipado los recelos
de algunas formaciones nacionalistas que comprende que pueden haber sido
confundidas por manipulaciones deformadoras que hacían creer que este era
un proyecto de nacionalismo españolista. Sin embargo, la señora ministra
asegura que ella también rechaza la concepción imperialista o
adoctrinadora de la historia y que su proyecto parte del reconocimiento
de la realidad plural y enriquecedora de España y pretende que todos los
alumnos españoles
lleguen a conocer y a apreciar esa realidad plural de España en lo
histórico, en lo lingüístico y en lo literario.
A continuación muestra su total extrañeza ante la postura del Grupo
Parlamentario Socialista en el debate y hace un breve repaso de la
cambiante línea argumental del Partido Socialista. Entiende que la
sociedad, la comunidad académica, los intelectuales no van a entender su
actitud ni la irresponsabilidad de no atender con urgencia el problema
del deterioro de las humanidades denunciado por todos, y les hace de
nuevo un llamamiento al sentido común para que voten simplemente lo mismo
que ya votaron hace catorce días en el Senado, logrando superar los
prejuicios, las posiciones partidistas y las actitudes cerradas que
impiden que las humanidades sean un espacio común de enriquecimiento
cultural de todos los españoles.
En turno de réplica intervienen las señoras Díez de Baldeón García y
Rahola i Martínez, duplicando la señora Ministra de Educación y Cultura.
En defensa de las enmiendas presentadas a las dos proposiciones no de ley
intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, Rivadulla Gracia, y el
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras
Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno por alusiones interviene el señor González de Txabarri Miranda.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas intervienen
las señoras Díez de Baldeón García y Rahola i Martínez.
Sometidas a votación las proposiciones no de ley presentadas por los
grupos Socialista y Mixto en relación a la enseñanza de las humanidades,
en los términos resultantes del texto aceptado por los grupos proponentes
y los enmendantes, se aprueban por 180 votos a favor, 151 en contra y dos
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 6641)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia
de desarrollo de la realidad plurilingüe del Estado (Página 6641)
En nombre de Nueva Izquierda y de Iniciativa per Catalunya interviene el
señor Saura Laporta, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto. Reconoce,
en primer lugar, que el Estado español ha evolucionado positivamente
hacia un tipo de Estado con una mayor descentralización, pero añade que
desde la óptica de la estructura territorial del Estado, hoy existen aún
dos grandes retos o asignaturas pendientes que son el reconocimiento real
y efectivo de la plurinacionalidad del Estado español y el reconocimiento
real y efectivo del plurilingüismo del Estado español, lo que, unido a
algunos hechos que se han producido últimamente, ha llevado a su grupo a
presentar la interpelación urgente de la semana pasada y la moción de
hoy. Explica que su moción consta fundamentalmente de dos puntos: uno, en
el que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la
consecución de seis grandes objetivos mediante políticas y propuestas
concretas, que pasa a explicar, y otro, trasladar a la Comisión
Constitucional la necesidad de que se constituya en su seno una
subcomisión que haga una propuesta de revisión de aquellas legislaciones
que puedan vulnerar los aspectos planteados en la moción.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso interviene la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso interviene el señor Clotas i Cierco
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Gil
i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene
el señor Saura Laporta.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
política del Gobierno en materia de desarrollo de la realidad plurilingüe
del Estado en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas
del Grupo Popular por el grupo proponente, se aprueba por 308 votos a
favor, uno en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general en relación a
la reforma de la financiación de la sanidad (Página 6647)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre criterios del
Gobierno sobre la financiación y la reducción progresiva de las
desigualdades sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y
origen y reparto de los recursos adicionales acordados (Página 6647)
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso interviene la señora Amador
Millán. Manifiesta que el acuerdo producido en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de
financiación de la sanidad para el período 1998/2001 no es un buen
acuerdo ni tiene el apoyo de todas las comunidades autónomas, no
garantiza la suficiencia financiera del sistema y ni siquiera permite
cancelar las deudas. Por otra parte, considera que el reparto de los
fondos adicionales no es equitativo, sino injusto y peligroso para la
viabilidad del sistema. Expone que el Grupo Socialista a través de la
moción ofrece una salida razonable y es que la vigencia del acuerdo no
exceda de diciembre de 1998, comprometiéndose el Gobierno a presentar
ante la Cámara en el primer semestre del año próximo un nuevo modelo de
financiación que recoja principios esenciales, medidas de política de uso
racional del medicamento y un sistema bien hecho de reparto de los fondos
de atención a pacientes desplazados.
Para defender la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene la señora Maestro
Martín. Expone en primer lugar que el presupuesto básico ineludible en el
que se basan los puntos de su moción es que el Gobierno remita a esta
Cámara los datos acerca del volumen total del déficit acumulado en los
territorios y su distribución por comunidades autónomas. Reitera la
preocupación de su grupo por la introducción de formas de gestión
privadas que conllevan la eliminación de controles públicos y permiten un
endeudamiento generalizado. Añade que su grupo parlamentario defiende la
necesidad de un incremento del gasto público en materia de sanidad, pero
vinculado al desarrollo de infraestructuras sanitarias públicas y
teniendo como eje rector del desarrollo de las mismas las necesidades de
salud definidas en los planes integrados de salud. A continuación pasa a
explicar las medidas contenidas en su moción encaminadas a sacar el
debate de la financiación sanitaria del perverso mecanismo de reducción
de prestaciones en materia de medicamento o de incapacidad laboral
transitoria. En cualquier caso, la moción que presenta Izquierda Unida
pretende atacar de una vez los males fundamentales que tienen planteada
la sanidad pública, que tienen que ver con una insuficiencia de recursos
sanitarios públicos, un aumento desmesurado de la atención sanitaria
privada, que afecta al gasto inadecuado en medicamentos, y con una
actuación sanitaria que se encuentra muy lejos de estar a la altura de
las necesidades de la población, y ofrece una serie de medidas en materia
de política del medicamento que jamás pueden ser aisladas si no que
tienen que contemplar todos los factores que intervienen en la cadena de
prescripción, dispensación y uso de los medicamentos.
En defensa de las enmiendas presentadas a las dos mociones intervienen
los señores Saura Laporta y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Ben,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas a las
mociones intervienen las señoras Amador Millán y Maestro Martín.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
sobre política general en relación a la reforma de la financiación de la
sanidad, en los términos resultantes del debate, se rechaza por 136 votos
a favor, 164 en contra y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre la financiación y reducción progresiva de las desigualdades
sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y origen y
reparto de los recursos adicionales acordados, en los términos expuestos
por su portavoz, se rechaza por 136 votos a favor, 164 en contra y una
abstención.
Se suspende la sesión a las once y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE SUPRESION DE LOS
DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA Y
CONTRA EL DEBER DE PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR (ORGANICA) (Número de
expediente 122/000110).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Buenas tardes,
señorías. Vamos a comenzar la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, sobre supresión de los delitos contra el cumplimiento de la
prestación social sustitutoria y contra el deber de prestación del
servicio militar.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Venciendo la lógica tentación de pedir quórum, a la luz de la aplastante
mayoría que ocupa los escaños, que puede ser realmente premonitoria de la
atención que para las señoras y señores diputados tiene el que pueda
haber en estos momentos 84 u 85 personas en la cárcel por el tema que
vamos a tratar, voy a entrar a exponer cuáles son los motivos por los que
nuestro grupo parlamentario vuelve una vez más a traer a consideración de
este Parlamento un tema que, por lo menos a nosotros, nos produce
auténtica vergüenza y auténtico sonrojo. También es verdad que alguno
puede decir que cada uno se administra su vergüenza y su sonrojo con
arreglo a la categoría de valores que uno mismo tiene, siendo evidente
que el valor de la libertad humana, el valor de la propia personalidad no
es un valor que merezca para todos la misma consideración. Por eso,
lógicamente, debe haber una separación entre posiciones de progreso y
posiciones absolutamente
reaccionarias.
Nuestro grupo político y nuestro grupo parlamentario, a través de
múltiples preguntas, petición de comparecencias, interpelaciones,
repetidas proposiciones no de ley y hasta discusiones parlamentarias con
motivo de la ley de presupuestos, ha venido insistiendo machaconamente,
golpeando en hierro frío, acerca de una situación absolutamente
injustificada, que es la de aquellos ciudadanos que, haciendo uso
legítimo de las facultades que le otorga el artículo 30 de nuestra
Constitución, han decidido objetar en conciencia para no hacer el
servicio militar. Y considerando además que la prestación social
sustitutoria que se les impone, por mucho que se disimule, es una especie
de pena vergonzante porque no han querido servir a los ejércitos, por
negarse a ella están siendo condenados por los tribunales, en muchos
casos, la verdad sea dicha, con un esfuerzo inaudito de fiscales y
magistrados para no aplicar rigurosamente la ley. No obstante, están
siendo condenados y muchos de ellos se ven privados de libertad.
Es verdad que este tema también fue objeto de discusión cuando hubo que
elaborar el nuevo Código Penal, y antes de que algún grupo parlamentario
pueda señalar la posible contradicción entre traer esta proposición de
ley y la posición que tuvo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en
él, lógicamente tenemos que salir al paso de tal intento de confusión
poniendo encima de la mesa que es que hoy nos encontramos en una
situación absolutamente distinta. Cuando aquel Código Penal fue objeto de
redacción, no estábamos en presencia de un anuncio importantísimo, cual
ha sido ya el que por fin se acepte por la mayoría de la Cámara la
necesidad de cambiar el modelo del servicio militar obligatorio por el de
un ejército profesional, dato suficiente y bastante para que haya que
replantearse cuál es la situación de aquellos que no queriendo hacer hoy
el servicio militar ni la prestación social sustitutoria, simplemente por
el mero transcurso del tiempo y los trabajos de esta Cámara van a ver
cómo ciudadanos en idénticas condiciones, dentro de dos años, no van a
ser objeto de ninguna clase de punición ni de ninguna clase de represión.
Es muy triste, hablando del Código Penal, que un día se le pueda decir a
un ciudadano que a él le tocó la época anterior, por la cual fue privado
de libertad y hasta estigmatizado como un delincuente, y los demás fuimos
de mejor fortuna porque los trabajos de la Cámara habían avanzado lo
suficiente como para que hubiera desaparecido la figura punitiva y, en
consecuencia, fuéramos ciudadanos de pleno derecho.
Además de porque ha cambiado la situación con este anuncio y este
compromiso del Gobierno adquirido en el debate de investidura y
ratificado a lo largo de múltiples intervenciones, traemos de nuevo el
tema de la penalización de la insumisión a esta Cámara porque los hechos
no se detienen, porque no hay quien ponga puertas al campo. Crece la
objeción de conciencia, crece la figura de la insumisión y crece el
aspecto represivo con el que se quiere dar contestación a un fenómeno de
esta importancia, que efectivamente algunos pueden decir que nace de una
ley legítimamente emanada de este Congreso de los Diputados, y es verdad,
pero también es verdad que el artículo 30 de la Constitución no impone
que cuando se haga uso de ese derecho legítimo a la objeción de
conciencia, la respuesta tenga que ser mi más ni menos que de orden
punitivo,
precisamente con un cuerpo jurídico, un Derecho penal --con el que parece
ser todos estamos de acuerdo-- que se rige por el principio de mínima
intervención pudiendo solucionarse los problemas que se causaran pura y
sencillamente con un tratamiento administrativo; tratamiento
administrativo que, por cierto, se está dando a otra clase de figuras que
en su día fueron delictivas y que han dejado de serlo.
Por lo tanto, no estamos asomándonos a nada nuevo. Nos asomamos una vez
más a cómo se contemplaban ciertas conductas en tiempos que se pueden
llamar paleolíticos y hoy lógicamente, porque no hay inspiraciones de
orden moral ni patriótico, han desaparecido de nuestros códigos y cómo,
sin embargo, frente a este tema seguimos manteniendo la actitud
empecinada de contestar con medidas represivas en vez de contestar con la
racionalidad y con la lógica.
Hay razones jurídicas fundamentales, señoras y señores diputados, y la
primera de ellas es que aquí no hay ninguna clase de delito. No se puede
convertir en delito lo que cada uno de nosotros nos dé la gana y mucho
menos por quienes no han tenido el menor empacho en que desapareciera del
Código una determinada figura delictiva como la falsedad cuando ha
convenido a los intereses de los poderosos o que en otros momentos
históricos, cuando ha existido una figura penal como el adulterio, haya
desaparecido también o incluso haya desaparecido del Código la
interrupción libre o voluntaria del embarazo.
Hay que preguntarse con qué razón ética y moral les vamos a explicar a
unos ciudadanos, a los que estamos sometiendo a medidas de represión por
el ejercicio de un derecho constitucional a través de una conducta que no
se puede calificar ni de asocial ni de peligrosa, absolutamente cívica,
que no daña ningún bien jurídico protegible que merezca el respeto hoy y
aquí, en el espacio y en el tiempo, que cae sobre ellos un llamado peso
de la ley que les conduce, ni más ni menos, que a la pérdida de libertad.
Hay que preguntarse qué respuesta les vamos a dar el día de mañana cuando
nos pidan cuenta minuto a minuto del tiempo que han estado privados de
libertad y de la estigmatización que hemos volcado sobre ellos.
Yo no creo que se vayan a sentir conformes porque alguien les diga que
este Congreso todavía no había acabado sus trabajos acerca de cómo vamos
a organizar el ejército profesional, y que a nosotros nos toca esperar
tranquilamente sentados en los sillones mientras a ellos les toca
esperar, no tan tranquilamente, sentados en la celda de cualquier
establecimiento penitenciario. Por ello entenderán ustedes que me
reafirme en lo que les he dicho al principio de mi intervención. Esta
situación causa vergüenza y sonrojo. Esta es una situación que con
arreglo a la más elemental lógica y racionalidad no se tiene en pie,
porque además la proposición de ley que se somete a su consideración no
dice que queden exentos de cualquier otro tratamiento, lo único que les
pide es que queden exentos del tratamiento penal y punitivo. En el debate
de la proposición, en el trámite del estudio de las enmiendas es posible
que encontremos medidas que no sean tan absolutamente impresentables como
la privación de libertad, si es que es necesaria de corrección una
actitud que tiene su apoyo ni más ni menos que en los preceptos
constitucionales.
No hay delito, repito, porque aquí no hay ninguna conducta reprochable
social y moralmente. Todos ustedes, a quienes gusta tanto repasar e
invocar las encuestas del CIS, de Demoscopia o de cualquier otra
organización dedicada a ver cuál es la opinión de los ciudadanos,
asómense a ellas y miren cuál es el grado de reproche que merece a los
ciudadanos, a nuestra ciudadanía la objeción de conciencia o la
insumisión. Verán ustedes que la ciudadanía no puede entender bajo ningún
concepto que se esté condenando a unos ciudadanos por no querer hacer la
prestación social sustitutoria, y menos todavía cuando últimamente se ha
procedido a exonerar del servicio militar, ni más ni menos que
aleatoriamente y por sorteo, a un conjunto de ciudadanos. Ahora resulta
que la posibilidad de hacer o no el servicio militar puede ser
perfectamente aleatoria y nadie nos llevamos las manos a la cabeza. Pero
si alguien que no ha sido incluido en el sorteo, que ha objetado en
conciencia, no quiere hacer la prestación social sustitutoria, en lugar
de darle una solución, la acomodada al caso con un carácter
administrativo, la única respuesta que se nos ocurre es que vaya a
prisión. Repito que si no se produce la condena con todo el formulismo y
el formalismo de la ley es porque nuestros jueces y magistrados están
atemperando enormemente sus resoluciones, porque saben que ese delito,
porque saben que esa represión no tiene detrás de sí la verdadera
legitimidad de lo que significa el castigo de una conducta reprochable.
El delito debe ser entendido como una conducta que pone en peligro el
patrimonio moral individual o colectivo, que pone en peligro el
patrimonio material de los ciudadanos, que pone en peligro bienes
protegibles a lo largo del tiempo y de la historia, no bienes
ocasionales. Aquí mismo durante muchísimo tiempo se ha estado
sancionando, por ejemplo, la evasión de divisas o el incumplimiento de la
Ley de Control de Cambios y, cuando ha llegado el momento determinado,
eso ha desaparecido de nuestro Código. Yo creo que tiene mucha más razón
para desaparecer de nuestro Código algo que es bastante más importante
que atesorar riqueza y sacarla del país, que es pura y sencillamente
manifestar, con arreglo a la propia conciencia y a la propia dignidad,
que se desea sencillamente, sin ofender a nadie, no cumplir un servicio
militar del que además, repito, hemos anunciado que dentro de muy pocas
fechas va a dejar de existir.
El bien protegible en este caso es, por lo tanto, circunstancial,
aleatorio, temporal y hasta políticamente
intercambiable, pues puede ocurrir que el día de mañana cualquier otro
partido político que ganara unas elecciones quisiera modificar el sistema
defensivo. Ello no tiene por qué llevar aparejado que los que antes
tuvieron otro modelo incurrieran en ninguna clase de inducción a ninguna
clase de delitos. Son unos bienes de tal entidad que si merecen alguna
protección jurídica, que pueden merecerla, no puede ser la de carácter
punitivo. No se protege, por tanto, un bien universalmente aceptado; se
protege un bien que tiene su raíz mucho más en un viejo eslogan que yo
creí que había sido superado, el Todo por la Patria. Yo creí que después
de la Constitución de 1978 lo que iba a regir en nuestro país era todo
por la libertad y por la dignidad humana; todo por el hecho del ser
humano como un ser irrepetible, por el derecho a su conciencia, por el
derecho a la administración de su propio comportamiento sin ninguna clase
de proscripciones y sin ninguna clase de intentos de carácter pedagógico
para que opere, según nos tememos.
Yo no sé si de verdad, y lo digo estando delante el ministro de Defensa,
las razones que tiene esta Cámara para haber ido rechazando una por una
nuestras postulaciones en este tema nacen del ejercicio soberano que le
da el haber sido respaldada por la ciudadanía o nacen de la presión de
determinados uniformes o de determinados fajines. Me temo muy seriamente
que en este tema deben nacer de esa presión, porque somos la única
institución que se está atrincherando en nadie sabe qué causas para no
dar un serio paso adelante, el que se espera de nosotros. Por ejemplo,
del Defensor del Pueblo, que cuando presentó aquí su informe, alabado por
todos los grupos políticos, en la Comisión Mixta y en este Pleno, dijo
claramente que quería dejar constancia del criterio que se recogió en su
comunicado, en el sentido de que estas conductas --la insumisión-- no
deberían conllevar penas de prisión y que la sanción que merezcan --de
merecer alguna-- debía ser proporcionada al interés jurídico que se
pretende proteger.
En cuanto al crédito que merece este delito, absolutamente formal --y
luego haremos una reflexión sobre lo que significa que en un Estado
democrático haya delitos formales--, ni más ni menos que para
asociaciones de jueces, de magistrados y de fiscales, y sobre todo --lo
que es más importante--, la consideración que merece para los propios
diputados de esta Cámara, yo les pido que, por favor, me eviten el
esfuerzo de tener que recordar a algunos --por ejemplo, al Grupo de
Convergència y Unió-- lo que dijo la señora Amorós i Sans cuando opinó
sobre el informe del Defensor del Pueblo. Dijo categóricamente: No tiene
ninguna lógica que se persiga judicialmente a los que se niegan a
integrarse en el ejército o a cumplir la prestación social sustitutoria,
con la correspondiente angustia del afectado, sus familiares y allegados,
y el gasto para el Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy concluyendo, señor presidente.
Pero me permitirá que me extienda porque no parece nada serio que les
podamos seguir diciendo a los ciudadanos que el derecho del acceso a
funciones y cargos públicos del artículo 23 es un acceso aleatorio,
depende de: cuándo nacieron y cuándo quisieron desarrollarlo, de que sean
un poco más jóvenes o les toque el día de mañana. El artículo 14, de la
igualdad ante la ley, también es un artículo que parece ser que en
nuestra Constitución está regido por el criterio de temporalidad, y será
verdad, en su día, para aquellos que gocen del beneficio de haber podido
asistir al nacimiento de un nuevo modelo de ejército, pero no lo es para
aquellos que en estos momentos hacen uso de la objeción de conciencia y,
sobre todo, de lo que es más importante: de la negativa a la prestación
social sustitutoria; que, por cierto y además, señor presidente, no es un
ejemplo de funcionamiento ni en la adjudicación de puestos a aquéllos a
los que se les atribuye ni en la remuneración que perciben ni siquiera ya
--y hasta el propio Defensor del Pueblo hubo de llamar la atención-- en
el derecho a gozar del correspondiente vestuario, y que además, como es
público y notorio --y ya se ha dicho en muchas ocasiones--, es una forma,
como otra cualquiera, de impedir que haya trabajadores que ocupen esos
puestos.
Señor presidente, repito que acabo. Los vergonzantes turnos en contra que
se producirán a continuación, disfrazados de fijación de posiciones, yo
no sé lo que me van a decir. Sería lo más honesto que salieran como
turnos en contra y tuviéramos réplica y tuviéramos debate. Pero por si
acaso dicen que tenemos que esperar a que se acaben los trabajos de esta
Comisión, yo les pediría que, por favor, por respeto a los que están hoy
privados de libertad, no utilicen esa argumentación. Que digan claramente
que consideran que la Constitución se equivocó al recoger el derecho a la
objeción de conciencia, que digan claramente que para ellos, por encima
de lo que es la conciencia de cada ciudadano y el derecho a la libertad,
hay, nadie sabe qué intereses abstractos y que, lógicamente, de esa
manera en alguna medida, puedan paliar la situación de los que sufren la
privación de libertad. Porque, hoy por hoy, conociendo cuál es el debate
que se está desarrollando en nuestra sociedad, la pena de estar privados
de libertad la tienen que ver incrementada por la pena de ver que no
existe ninguna razón para ello.
En todo caso, señor presidente, en esta discusión
--no se engañen ustedes-- no nos estamos jugando sólo el que pueda
haber un conjunto de ciudadanos que gocen de la libertad. Estamos
haciendo una separación clara y neta entre quienes leemos la Constitución
con criterios de libertad y de respeto al ser humano y quienes
interpretan la Constitución, quizá, como interpretaron en su día las
leyes fundamentales del Movimiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Castellano.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida
sobre la supresión de los delitos contra el cumplimiento de la prestación
social sustitutoria y contra el deber de prestación del servicio militar.
Dedico esta intervención a un joven insumiso valenciano, cuya causa está
vista para sentencia por la lentitud en esta reforma pedida a gritos por
la sociedad española; un joven insumiso, un periodista valenciano,
Vicente Mifsud, cuya causa está vista para sentencia, y no vamos a llegar
a tiempo de adoptar una iniciativa legislativa y un cambio en el Código
Penal que, inexcusablemente, le va a llevar entre rejas como a cientos de
jóvenes que han optado libremente por la insumisión como manera de
encauzar sus planteamientos ante esta cuestión. Por lo tanto, el apoyo a
esta toma en consideración se la dedicamos a este joven entre tantos como
hay en esta lamentable situación y apostamos por la despenalización de
los delitos de insumisión.
Pensamos que en el año 1995 se perdió una gran oportunidad, y si
avanzamos hacia una mili voluntaria poco más allá del año 2000, no parece
razonable mantener este delito dentro de una regulación del servicio
militar, actualmente obligatorio, con una prestación social sustitutoria
también obligatoria. Pensamos que la sociedad no considera esta actitud
libre de la insumisión como delito y no entendemos cómo el Legislativo,
todos nosotros, vamos tan despacio adoptando lo que es un clamor de la
sociedad española.
Por lo tanto, apoyamos la toma en consideración de esta proposición de
ley y manifestamos, si sirve para algo, nuestro saludo y nuestra
solidaridad con aquellos que sufren la injusticia de una ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
En nombre de Eusko Alkartasuna, y como no podía ser de otra manera en
virtud de la coherencia que tratamos de mantener en política, aprobaremos
la toma en consideración de esta iniciativa. Ciertamente, criminalizar
una conducta que socialmente no es reprochable, supone y genera
muchísimos problemas sociales, judiciales y de toda índole. Creemos que
el Congreso y el Senado no pueden vivir de puertas hacia adentro, sino de
puertas abiertas; en este sentido, tendremos que hacer una reorientación
de determinadas políticas y, en concreto, adaptarnos a lo que la realidad
social piensa y decide.
En nuestros territorios, Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad
Foral de Navarra, tenemos a mucha gente que apoya la insumisión, y ello
genera muchísimos problemas. Se criminaliza una conducta que no es para
nada reprochable, generando problemas no solamente a los propios
individuos que, en virtud de su propia conciencia, establecen su
posición, sino también a los propios ayuntamientos y a los alcaldes. Hay
una adaptación y aceptación por parte de la sociedad que se representa no
sólo en instituciones como el Parlamento vasco, que de forma unánime, o
casi unánime, apoya la insumisión, sino también en el Defensor del Pueblo
del País Vasco o en el Defensor del Pueblo del Estado, así como a través
de los jueces, que en todas sus sentencias van solicitando los indultos;
y ello por no hablar de asociaciones de jueces que nos están pidiendo a
gritos que cambiemos la legislación.
Creemos que no puede ser mantenida una legislación que penaliza una
conducta que no es reprochable y, ciertamente, no estamos a favor de
políticas regresivas, de penalizar cualquier asociación que lo único que
pretende es que la sociedad esté al límite y con la sociedad. Por eso,
tampoco estamos de acuerdo con que se penalicen o se insten querellas
contra ayuntamientos o contra alcaldes, que lo único que pretenden es
fomentar determinadas ideas. Eso son delitos de opinión y, desde luego,
nosotros no lo aceptamos ni lo aceptaremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra, en tercer lugar, la señora
Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Mixto y tanto en nombre del Partido Democrático de la
Nueva Izquierda como de Iniciativa per Catalunya, vamos a apoyar la toma
en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo de
Izquierda Unida.
Nos parece que además de las razones que ha expuesto el portavoz de dicho
grupo, y que compartimos en su totalidad, hay algo más que también nos
preocupa. Quizá cuando se hizo este Código Penal (y nosotros
votamos en Comisión en contra de este artículo, aunque luego se votara
apoyando el Código Penal) no existía ni siquiera la razón que luego el
Partido Popular anunció respecto a la profesionalización progresiva de
las Fuerzas Armadas, con lo cual hizo un encaje que en cuestión de unos
años está creando una artificialidad en la comisión de delito que en
absoluto pueden hacer a los que han luchado precisamente para conseguir
lo que hoy ha sido una concesión del propio Partido Popular al decir que
iba a ir a la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Quiero recordar que, con los datos sociales que en este momento hay, el
gran rechazo que hay al ejército es precisamente por la obligatoriedad,
ya que más de un 65 por ciento de la sociedad rechaza al ejército por su
obligatoriedad, y no precisamente por ser un ejército. Si queremos sanear
ese concepto hacia la sociedad, no lo podemos hacer cargando a jóvenes
que luchan por otra forma de entender el servicio a la patria, no lo
podemos hacer creando una falsa delincuencia que los haga estar en la
cárcel. Además, cuando sabemos que el plazo es para cinco años, para dos
o tres, que sólo por intereses económicos, por razones presupuestarias,
tengamos a gente joven delinquiendo falsamente y en la prisión.
Nos parece que un Congreso de los Diputados, que tiene que amparar lo que
es la conciencia social y lo que es la orientación de la sociedad, puesto
que somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas, no puede hacer
oídos sordos, más aún cuando hoy muchos jueces ya están aplicando
sentencias absolutorias intentando aplicar la equidad y no sólo la
legalidad y también algunas asociaciones de jueces nos están pidiendo que
modifiquemos la ley.
Creo que es un principio que, no sólo por un insumiso valenciano, sino
por la cantidad de insumisos, como ha dicho el compañero Chiquillo, que
hay en toda España, merece un resolución y merece que lo tomemos en
consideración para que, con las modificaciones que veamos necesarias, se
apruebe la propuesta del Grupo de Izquierda Unida por entender que es
coherente con los deseos de la sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
En nombre del Grupo Mixto, en último lugar, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por Izquierda Unida relativa a la
despenalización de la insumisión. Desde nuestro punto de vista, es
evidente que la situación actual resulta claramente injusta para muchos
jóvenes que, por motivos de conciencia se niegan a realizar el servicio
militar obligatorio.
Volvemos a insistir en que es evidente que este modelo de servicio
militar obligatorio está en crisis desde hace ya bastante tiempo. Muchos
jóvenes se niegan a realizar el servicio militar, aumentan por tanto los
objetores, cada vez se disparan más, aumentan los insumisos, por no
hablar de aquellos otros jóvenes que, queriendo hacer la prestación
social sustitutoria, ni siquiera plazas tienen para ello. Estamos ante un
batiburrillo al que es necesario darle una solución y no precisamente la
que está proponiendo el Código Penal, mediante el que se modificaron las
penas contra el incumplimiento del servicio militar obligatorio y la
prestación social sustitutoria, y se hizo, desde nuestro punto de vista,
en un sentido restrictivo, endureciendo las penas.
Ya que nadie lo citó, podemos recordar que en el artículo 527 se habla de
que se castigue con inhabilitación absoluta de ocho a doce años y multa
de doce a veinticuatro meses a aquellos que incumplan la prestación
social sustitutoria; que en el artículo 604, para los insumisos se
propone seis meses a dos años de prisión e inhabilitación absoluta de
diez a catorce años en tiempo de paz y dos a cuatro años de prisión e
inhabilitación absoluta de diez a catorce años en tiempo de guerra,
inhabilitación absoluta que no es necesario recordar a SS. SS. que supone
la muerte civil de muchos jóvenes.
Por tanto, las penas establecidas en el Código Penal para el
incumplimiento de la prestación social sustitutoria e insumisión son
desproporcionadas al hecho. No solamente se trata de que pueden ser
condenados a prisión, sino también a inhabilitación. Por lo tanto, las
penas actuales lo único que hacen es tratar de poner aún más de
manifiesto que estos jóvenes tienen un carácter insolidario con la
sociedad al ser opositores del servicio militar. Por cierto, al margen de
esto, pero acompañándolo, otros muchos comportamientos insolidarios que
se producen en esta sociedad desde luego no son castigados con este tipo
de penas ni por asomo. Por ello, estamos ante un código que lo único que
está haciendo es casi decir que no se reconoce el derecho a objetar.
Las penas son más aberrantes cuando se está planteando abolir el actual
servicio militar obligatorio en el año 2002, 2003. Es evidente que la
despenalización de la insumisión viene siendo demandada por muchas
personas e instituciones, y por lo tanto nosotros esperamos que se tome
en consideración esta proposición de ley, de manera que se ayude a
debatir y solucionar un problema que es real y que está causando
innecesarios perjuicios a muchos jóvenes, y en ese trámite desde luego el
Bloque Nacionalista Galego hará sus propuestas concretas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Subo a la tribuna para solemnizar de alguna manera la posición del Grupo
de Coalición Canaria, que no quiere, señor Castellano, ser una posición
vergonzante, y dando ya por supuesto que mi grupo va a votar en contra de
la toma en consideración de esta proposición de ley. No le quede duda
ninguna de que nosotros consideramos que sí sirve de mucho que la
Constitución española reconozca el derecho a la objeción de conciencia.
Yo hoy no voy a ser insolidario con los insumisos que sufren el peso de
una ley aprobada por esta Cámara, y estoy en sintonía con la línea
seguida por el último informe del Defensor del Pueblo de no penalizar
determinadas conductas, cuya justificación social de criminalidad no se
alcanza muchas veces, con la privación de la libertad, pero algo hay que
hacer para que las leyes generales que velan por el bien común del Estado
tengan un efecto disuasorio para los otros. No voy a ser, por tanto, en
mi fijación de posiciones, insolidario con los insumisos. Sí quiero ser
solidario con los miles de jóvenes españoles que cumplen con la ley del
servicio militar y con los que se declaran objetores de conciencia y
cumplen la prestación social sustitutoria. Así quiero que se valoren mis
palabras y la votación que seguirá a esta fijación de posiciones:
solidario con los que cumplen con la ley y prestan servicio en el
ejército español, en las Fuerzas Armadas, en un deber constitucional, y
con los que, también acogiéndose a la ley, se declaran objetores de
conciencia, pero no insumisos, y esperan con todas las dificultades los
turnos de plazas que las distintas corporaciones vienen ofertando para
cumplir con la objeción de conciencia en la prestación social
sustitutoria.
Hay razones morales y éticas en gran parte de la justificación o la
exposición de motivos que trae su alegato, señor Castellano, pero
justificar que se despenalice la insumisión por las cinco condiciones que
se ponen en el primer párrafo de esta exposición de motivos es algo que
yo no acepto. Serían cuestiones a exigir al Gobierno y al señor ministro
de Defensa, alegando que la calidad de la vida en los cuarteles no cubre
los mínimos necesarios, alegando que el servicio militar en España se
plantea como una cuestión de derechos humanos, alegando el diferente
sistema de valores que se mantiene dentro del ejército... Yo creía que
nuestro ejército era constitucional y sus mandos y todos los principios,
hasta el control de esta Cámara, los somete al principio de legalidad y
de legitimidad constitucional. Esta es una aseveración muy fuerte. Puede
ser que en otros momentos pasados de la historia de España se pudieran
tener estas sombras y estas dudas. Cuando dicen aquí que con el servicio
militar obligatorio se menoscaba lo educativo y lo profesional y se
utiliza a los soldados para funciones no directamente relacionadas con la
seguridad del Estado, ¿cuántas veces hemos controlado aquí al Gobierno
por actos que han ocurrido en cuarteles puntuales de los que se ha
citado, o ha comparecido el ministro de Defensa de turno en ese momento,
de los gobiernos de UCD, del Gobierno socialista o del Gobierno del
Partido Popular a dar cuenta de las medidas disciplinarias aplicadas? De
aquí a derivar que hay que despenalizar la insumisión en estas
circunstancias va un abismo en todos los frentes de legalidad y de
legitimidad.
Segundo argumento. Este problema enojoso, por supuesto, porque nos es a
todos incómodo en la circunstancia de lo que percibimos, es algo que
forma parte de una fórmula trinomial, es decir, hay tres factores que van
encadenados unos a otros: primer factor, la obligatoriedad del servicio
militar; segundo factor, la objeción de conciencia, y tercer factor, las
leyes disuasorias, porque no se puede traer aquí solamente la filosofía
del reglamento de justicia militar o del último Código Penal que hicimos,
con sus penalizaciones respectivas, ni traer aquí tampoco cuestiones que
están más relacionadas con las leyes procedimentales de la Ley General
Penitenciaria, que tienen la finalidad fundamental de educación y
reinserción social. Efectivamente, no se va a reeducar ni a reinsertar
socialmente en esta figura. Pero algo tiene que haber para que, dentro de
las leyes, los actos de objeción de conciencia tengan los principios de
disuasión que son legítimos en un Estado democrático. La disuasión no es
algo perverso por sí mismo. La disuasión la pueden emplear los regímenes
dictatoriales y autoritarios para conculcar derechos humanos y
libertades, pero no la puede emplear una sociedad democrática,
libremente, para ese segmento de población, que todos deseamos que sea
pequeño, para conculcar las leyes que una sociedad democrática se da. Y
yo le digo, señor Castellano, que yo pienso, cuando estoy ante una ley de
éstas, en mojarme, en ver las consecuencias que trae una ley; es decir,
no deslizarme por el tobogán fácil y oportunista de decir, ¡viva este
tema! Porque este tema se va a resolver cuando se resuelvan los otros dos
factores en la profesionalización de los ejércitos. Aquí insistiría una
vez más, como lo he hecho, al Gobierno y al señor ministro de Defensa
para que se acelere todo el proceso técnico, presupuestario, profesional
y legal para que nuestro ejército sea un ejército profesional. En ese
momento se caerán de la percha que los vincula la cuestión de la objeción
de conciencia y, por supuesto, de la insumisión. Y que siga siempre
presente en nuestra Constitución el principio de la objeción de
conciencia, porque, a lo mejor, habrá que mantenerlo con un ejército
profesional en circunstancias bélicas o de situaciones extremas en que
haya que tener esas exigencias con los profesionales. Lea usted un
discurso magnífico que hizo aquí, cuando se trató de modificar con una
enmienda la Constitución de 1931 de la República, el
ministro de la Guerra, entonces don Manuel Azaña, cuando vino a este
hemiciclo a defender el mantenimiento de la máxima penalización en las
Fuerzas Armadas, en la pena de muerte que se quitaba para el estamento
civil, porque hay un sentido de responsabilidad. Y cuando yo he puesto
este sentido de responsabilidad sobre las consecuencias que se pueden
derivar de aprobar esto, las consecuencias las tengo que poner en un
orden de valores: qué prioridad doy aquí, ¿el derecho individual, para el
cual siempre dejo abierta la puerta de los tribunales de justicia, en un
principio de solidaridad, o qué otro valor meto en la alternativa? Ese
otro valor se llama bien de Estado, bien general, en este caso, vinculado
a la defensa nacional. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa
la Presidencia.) El resto de los millones de ciudadanos españoles,
mujeres y hombres, que ya están lejos del cumplimiento del servicio
militar, tienen el derecho por la Constitución a tener garantizada su
defensa. Esa defensa se la dan las Fuerzas Armadas. Con esto se puede
abrir un portillo y habría que cerrar hasta los cuarteles porque no
habría ni soldados para llenar los contingentes normales.
No estoy en contra o soy insolidario de los que merecen su iniciativa;
soy solidario en este momento con los que están cumpliendo la Ley del
Servicio Militar y de la objeción de conciencia. Por tanto, señor
presidente, dichas estas razones, votaremos en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley, abierto siempre a cualquier
otra medida que, con consenso de todos los grupos parlamentarios, lleve a
una solución en el Código Penal que permita el equilibrio de este bien
general común de la defensa de la nación.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
También sin ningún tipo de complejos, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a posicionarse en la toma en consideración de
esta proposición de ley que nos ha planteado Izquierda Unida.
Se ha dicho que este no es un debate nuevo en esta Cámara, ni, muchísimo
menos, es un debate nuevo en el conjunto de nuestra sociedad. En el
contexto del creciente proceso de desestimación del servicio militar a
mediados de la década de los ochenta, dentro del movimiento
antimilitarista, dentro del movimiento pacifista, se abrió un debate
sobre la respuesta a dar a la Ley de la Objeción de Conciencia del año
1984. Ese debate llevó a la creación de dos líneas de actuación dentro
del movimiento pacifista: aquellos que optaron por la utilización del
marco legal, por tanto, optaron por desarrollar aquello que estaba
previsto en la ley de 1984, que fueron las principales asociaciones de
objetores de conciencia y que, en el caso de Cataluña, fueron las
asociaciones mayoritarias y que, por tanto, optaron por la creación de un
sistema de plazas para la prestación social, y aquellos otros grupos que
optaron por enfrentarse radicalmente a la Ley de Objeción de Conciencia.
De ese debate en el momento pacifista nació la respuesta política que
supone la insumisión.
Yo creo que tenemos que situar el debate en esta perspectiva, que es en
su perspectiva originaria, porque si no seguramente nos estaríamos
equivocando; un debate que al llegar la reforma del Código Penal
continuó, en el que se mantuvieron posiciones diferentes. Todo el mundo
sabe las posiciones que mantuvieron los diversos grupos parlamentarios.
Convergència i Unió optó por defender que tanto en la insumisión al
servicio militar como a la prestación social no debían existir penas de
prisión. Tuvimos éxito en el caso de la insumisión a la prestación
social; no lo tuvimos en el caso de la insumisión al servicio militar.
Hoy --y en su intervención el señor Castellano lo recordaba--afrontamos
este debate de manera diferente de lo que lo podíamos haber hecho a
mediados de los años ochenta y diferente de cuando discutíamos el nuevo
Código Penal. Lo abordamos en el momento en que en esta Cámara se están
tramitando dos iniciativas políticas que cambian absolutamente el
escenario: una, la reforma de la Ley de Objeción de Conciencia y, otra,
la Comisión Mixta Congreso-Senado, que afronta la supresión del servicio
militar. Dos iniciativas que van al núcleo del problema desde la
perspectiva de Convergència i Unió, no quizá al núcleo del problema de
los movimientos que se reclaman insumisos. Dos iniciativas que, a nuestro
entender --y si quieren ustedes de manera muy modesta--, tienen también
su origen en nuestro grupo parlamentario. Con la modificación de la Ley
de Objeción de Conciencia afrontamos las críticas que tenía en los años
ochenta aquella legislación; con la creación de la Comisión Mixta para la
supresión del servicio militar abordamos el problema principal.
Pero les decía que no sé si ese es el debate que nos plantean los
movimientos de la insumisión, porque si leemos mínimamente los papeles
que generan esos grupos, vemos que lo que hoy nos cuestionan de manera
legítima, pero no compartida, es la propia existencia de los ejércitos.
Ese es el debate que nos plantea el movimiento de la insumisión. Si hoy
esta proposición de ley fuese tomada en consideración, no tendríamos
mañana el aplauso de los movimientos de insumisión, ni muchísimo menos,
eso no es lo que nos proponen cuando nos plantean el reto de la
insumisión.
Desde esa perspectiva, me gustaría compartir con las señoras y señores
diputados una anécdota. Hace unos meses, en un colegio privado del centro
de Barcelona, los Jesuitas de Caspe, hubo una reunión de un
colectivo denominado de cristianos por la insumisión, donde se debatía la
estrategia del colectivo cristiano por la insumisión, y en la mesa
redonda que allí se celebraba un jesuita, partidario de la insumisión,
recomendaba a sus condiscípulos, gente cristiana de base, que en ningún
momento tenían que replantear un cambio de la legislación, una supresión
de los artículos del Código Penal que les condenaban a penas de prisión.
Les recordaba que su actitud era fundamentalmente de testimonio ante una
situación injusta que el conjunto de la sociedad debía resolver.
Pues bien, yo acepto que los movimientos de insumisión nos recuerden a
nosotros la injusticia del servicio militar, y yo creo que la sociedad
política les ha dado la respuesta, que es trabajar para suprimir el
servicio militar. Pero tampoco pretendo que me trasladen un sentimiento
de culpabilidad que no quiero tener y que no tengo. Por tanto, afronto
este debate desde la conciencia de que hay alguien que hace testimonio
para que nosotros, el conjunto de los diputados y diputadas, podamos
avanzar hacia un mundo más justo, desde su testimonio y desde el sentido
de responsabilidad que creo que debemos tener como legisladores.
Precisamente desde ese sentido de la responsabilidad como legisladores
también tenemos que decir que hoy, en este contexto, nos repugna el
planteamiento que hace el Código Penal. Es evidente que a partir del
momento en que esta Cámara --esperemos que en el año 1998-- haya decidido
situar el fin del servicio militar en un horizonte temporal claro, no va
a tener sentido la existencia, tal como hoy está configurado, el actual
Código Penal. El bien jurídico que protegemos deberá tener una protección
jurídica diferente, pero seguramente ese delito, que va a ser caduco, no
va a poder mantenerse en la configuración del Código Penal.
Por tanto, en ese contexto deberemos encontrar las soluciones políticas y
jurídicas que expresen --y el señor Mardones lo ha dicho-- el respeto del
conjunto de la Cámara para aquellos ciudadanos que están cumpliendo hoy
sus obligaciones. Porque, señorías, a mí me sería muy difícil explicarle
a un joven que le recomiendo que se haga objetor de conciencia que al
mismo tiempo soy partidario de que aquel joven que no cumple con su
obligación de realizar la prestación social sustitutoria quede exento de
respuesta por parte las administraciones. Me parecería, por mi parte,
profundamente irrespetuoso con ese ciudadano que cumple con su
obligación.
Por tanto, en este contexto de transición hacia la supresión del servicio
militar, tenemos un Código Penal que seguramente ya no da respuestas
desde su propia lógica, pero también tenemos que mantener un sistema
legal de cumplimiento de las obligaciones. Nosotros entendemos que en el
marco del informe que la Comisión Mixta Congreso-Senado deberá evacuar en
las próximas semanas deberemos avanzar soluciones en esta materia y que
sería bueno que el conjunto de grupos políticos de la Cámara, y
especialmente el Grupo Parlamentario Popular, acelerase los trabajos en
relación, tanto a la elaboración del informe que ha de conllevar la
definición de ese marco de supresión del servicio militar obligatorio
como, al mismo tiempo, la tramitación parlamentaria de la modificación de
la Ley de Objeción de Conciencia. En este contexto, evidentemente,
entendemos que están las cuestiones de fondo, y una vez éstas estén en
marcha y claramente enfocadas, podremos avanzar en la necesaria reforma
del Código Penal.
También tenemos que plantear, aprovechando la presencia hoy en este
debate del ministro de Defensa, la necesidad de articular un discurso que
realmente legitime las funciones de defensa que el Estado debe asumir. Si
hoy la insumisión encuentra eco en escaños que en la anterior legislatura
no había encontrado y en los medios de comunicación, es porque quizá
socialmente no hemos legitimado las funciones de defensa y seguridad del
Estado. Ese es el debate pendiente que entendemos que esta proposición de
ley de Izquierda Unida no afronta, y nos parece que es el debate
importante que algún día el conjunto de los grupos políticos de la Cámara
deberemos afrontar.
En este contexto, señores, nuestro grupo parlamentario, con mucha
tranquilidad, votará que no a esta toma en consideración. Estamos
convencidos de que a lo largo de 1998, entre todos, vamos a encontrar las
vías para resolver lo que hoy nos plantea, seguramente ya mal, el Código
Penal, la necesidad de que los ciudadanos cumplan sus obligaciones y la
necesidad de que el período de transición hacia el fin de la mili
obligatoria se haga desde la lógica.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Pedro Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una iniciativa que se repite en el tiempo, no sé
si es la cuarta o quinta vez, a lo largo de diversas legislaturas, que
por parte de Izquierda Unida se presenta una iniciativa en términos, yo
diría, casi idénticos. Se podría decir que es la misma iniciativa para
todos los tiempos. Es una iniciativa prácticamente atemporal.
Yo creo que en esta iniciativa hay un elemento esencial. Esta iniciativa
tiene una página escrita, que es la página que siempre ha escrito; pero
tiene una página en blanco, que es la página que nunca ha escrito. La
página escrita es la de la despenalización. Izquierda Unida pone de
manifiesto en esta proposición de ley la conveniencia, una vez más, de
proceder a la despenalización de conductas, que se encuentran en el
Código
Penal, que suponen el cumplimiento del deber de prestación del servicio
militar obligatorio y del deber de la prestación social sustitutoria.
De entrada, tengo que decir que con esta página escrita hoy mi grupo está
de acuerdo. Probablemente, mucha gente se preguntará por qué el Grupo
Socialista hoy está básicamente de acuerdo con esta propuesta de
despenalización y no lo estaba en ocasiones anteriores. Puedo asegurarle,
señor Castellano, que no es por haber pasado del gobierno a la oposición,
no es porque ahora podamos permitirnos ciertas alegrías que antes no
podíamos, sino porque estamos ante contextos radicalmente diferentes.
Usted, que es buen jurista, convendrá conmigo que el contexto en el que
se debate esta iniciativa no tiene nada que ver con el que se debatieron
iniciativas similares en tiempos anteriores.
¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado que cuando existía un horizonte
de servicio militar obligatorio, con carácter indefinido en cuanto a su
temporalidad, el Código Penal se adaptó a esa circunstancia, previó unas
sanciones para unas conductas determinadas con las que su grupo estaba en
desacuerdo, pero era un horizonte determinado. Pero ese horizonte no es
el de ahora. Hace ya algún tiempo se ha producido por parte del Gobierno
un anuncio explícito y público de proceder a la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, de poner plazo fijo a ese proceso y, por tanto, de poner
plazo fijo a la finalización del servicio militar obligatorio.
Desde el punto de vista del sentido común --no es necesario apelar a
otros factores--, es bastante coherente decir que cuando hay un ejército
profesional anunciado a plazo fijo, las conductas que son de
incumplimiento con respecto al servicio militar obligatorio no van a ser
delictivas en un plazo determinado. Estamos determinando que tienen ya un
plazo de caducidad, más corto o más largo, depende del momento en que se
instaure el final del servicio militar obligatorio. Pero desde el
Gobierno, desde la solemnidad de las instituciones, incluso desde todos
los grupos de esta Cámara, estamos diciendo que a corto plazo esas
conductas, hoy reprochables desde el punto de vista de la legislación,
van a dejar de serlo dentro de muy poco tiempo.
Si eso es así, es de sentido común entender que no se puede mantener el
mismo reproche social en estas circunstancias que el que se mantenía en
circunstancias anteriores. De hecho no lo es, porque la sociedad y el
legislador, si no pierde, al menos amortigua claramente su capacidad de
reproche para conductas que él mismo ha delimitado y que tienen un plazo
de caducidad. Es bastante elemental, no sólo en cuanto al sentido
omnicomprensivo y evolutivo de lo que es la sociología jurídica, sino
también lo que es la propia sociología psicológica o la psicología social
de una sociedad.
Me parece fundamental que un partido político tenga que tener en cuenta
esta realidad, por sentido de adaptación a la misma, por sentido de
realismo con la misma y por sentido de justicia y de equidad también con
la misma. No deja de ser una incongruencia que desde las instancias
políticas, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, se esté amparando,
alumbrando y anunciando un diseño que va a dejar fuera de cualquier
sanción, del tipo que sea, unas conductas determinadas y, al mismo
tiempo, mantener la ficción de una penalización muy dura durante un
período de transición, hasta las cero horas del día en que desaparezca
esa obligatoriedad.
Mi grupo, sensible con esta circunstancia, que me parece que no es
coyuntural, ni siquiera puramente anecdótica, sino verdaderamente
esencial, entendió hace tiempo que debía de procederse a una reforma
transitoria de esta situación. Por eso, en el último congreso del partido
ya anunció medidas en la línea de proceder a una despenalización y a
sustituirla por otro tipo de sanciones fuera del Código Penal. Eso ha
dado lugar posteriormente --hace un mes-- a la presentación por parte del
Grupo Parlamentario Socialista de una iniciativa donde ya se expresa
claramente la necesidad de tipificar unas nuevas sanciones que sustituyan
a la despenalización de estas conductas. Eso ha llevado más
recientemente, hace tan sólo 48 horas, a la presentación en esta Cámara
de una proposición de ley orgánica en el sentido de despenalizar y
sustituir estas penas por unas sanciones de carácter administrativo.
Básicamente, con la página escrita de esta proposición de ley mi grupo
tiene que manifestar su acuerdo. Y como manifiesta su acuerdo con lo que
es esencial, sencillamente no encuentra otra vía que la de tomar en
consideración esta proposición de ley para, evidentemente, luego tratar
de reformarla en trámites posteriores. ¿De qué manera? Con lo que no está
escrito en esta iniciativa, con la página no escrita que decía yo
anteriormente. ¿Por qué? Porque la proposición de Izquierda Unida no
prevé ningún sistema sancionador alternativo, cosa que jurídicamente a mi
grupo le parece inaceptable porque el incumplimiento de una obligación
contenida en las leyes, aunque tenga un carácter transitorio, no tiene
más remedio que acarrear algún tipo de sanción. No tiene ninguna lógica
jurídica mantener en las leyes obligaciones de orden constitucional cuyo
incumplimiento no acarreara ningún tipo de sanción. Desde la pura lógica
jurídica, desde la propia coherencia del Estado de Derecho, esa
obligación dejaría de ser tal obligación si no contuviera en sus propias
leyes algún tipo de sanción. Pero incluso también desde el propio punto
de vista de lo que es la organización de la defensa.
Usted convendrá conmigo que si se aprobara, después de todos los trámites
de esta proposición de ley, después de pasar por Comisión, esta
iniciativa en los términos en los que se encuentra, eso supondría la
muerte súbita del servicio militar obligatorio porque
estaría constatando que los incumplimientos del servicio militar no
tendrían ningún tipo de sanción, ningún tipo de punidad. Eso lógicamente
llevaría al colapso del sistema. Yo no sé si eso en el fondo lo pretende
Izquierda Unida. Mi grupo no lo pretende. Y como no lo pretende, sí ha
propuesto un sistema de sanciones alternativas, de carácter también
disuasorio, para llevar al ánimo, durante este período de transición, de
todos que esta obligación debe cumplirse, con un tipo de sanciones que se
alejan de la dureza extrema de lo que son en este momento las penas del
Código Penal previstas para una situación histórica y temporal diferente.
La naturaleza o la filosofía sancionadora de nuestra proposición de ley,
que ya está presentada en el registro, es administrativa, que lleva, en
definitiva, a la reciprocidad por parte de la Administración de la falta
de colaboración del administrado. Si el administrado está obligado por
las leyes, aunque sea transitoriamente, a adoptar determinadas conductas
y no lo hace para con el Estado... (Rumores)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Moya.
Señorías, les ruego silencio porque prácticamente ni por la Presidencia
es posible seguir al interveniente. Señor Caldera, por favor.
El señor MOYA MILANES: La naturaleza o la filosofía sancionadora de
nuestra propuesta deriva de la reciprocidad que exige la falta de
colaboración o contribución, por las razones que sean, de un administrado
para desarrollar tareas que son propias del Estado y que se encuentran en
las leyes. Ello requiere, a nuestro juicio, que por parte de la
Administración se ejerza una labor punitiva en el ámbito del derecho
administrativo sancionador en los términos, como ya digo, recíprocos por
esa falta de colaboración o contribución.
Nosotros hemos previsto unas sanciones que se circunscriben al ámbito
administrativo, que hemos querido que tengan su efecto disuasorio, que
tienen una duración temporal máxima prevista en torno a cuatro o seis
años, que es lo que se prevé que va a durar el período de transición del
servicio militar obligatorio. Por tanto, son la respuesta de la
Administración para la cobertura de sus propias necesidades en el ámbito
de la defensa y, al mismo tiempo, para exigir una garantía de
cumplimiento de los deberes derivados de las leyes que obligan al
cumplimiento del servicio militar o de la prestación social.
Por tanto, básicamente de acuerdo con la página escrita de la proposición
de ley de Izquierda Unida, es una llamada de atención sobre la página no
escrita que la hemos querido visualizar y expresar no solamente con
palabras desde esta tribuna, sino trayendo este texto que ya se encuentra
en la Cámara para que, en su momento, se tramite como proposición de ley
de carácter orgánico.
La posición coherente para marcar la esencia de nuestra postura en torno
a este tema --que se justifica como consecuencia del nuevo contexto en
que se encuentra el problema de la profesionalización y del servicio
militar obligatorio-- supone, en definitiva, la toma en consideración de
la iniciativa que hoy plantea Izquierda Unida pero, al mismo tiempo,
anunciando que haremos valer nuestro texto en la tramitación subsiguiente
y que, lógicamente, si esta iniciativa hoy queda aprobada por la mayoría
de los votos de la Cámara, nosotros utilizaremos nuestro texto como texto
alternativo en las tramitaciones subsiguientes de esta proposición de
ley.
Creemos que es una posición coherente con lo que nosotros pensamos,
coherente también con la esencia de lo que se plantea hoy en este debate
y, por tanto, hecha desde el rigor, desde la responsabilidad y, por
supuesto, sin ningún tipo de complejos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de
Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Señor presidente, señoras y
señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la
posición en relación con la proposición de ley orgánica que presenta el
Grupo Federal de Izquierda Unida y que tiene por objeto dejar sin efecto,
derogar los artículos 527, 528 y 604 del vigente Código Penal. Por tanto,
la proposición que hoy debatimos no pretende ni suavizar, ni rebajar, ni
modificar las penas por infracción de las obligaciones derivadas del
deber de cumplimiento del servicio militar y de la prestación social
sustitutoria, sino simplemente la supresión de las penas derivadas de tal
incumplimiento, es decir, la supresión sin más de los conocidos delitos
de insumisión. Lo primero que debemos preguntarnos ante una iniciativa de
tal naturaleza es si los valores o bienes jurídicos que se protegían con
estos delitos se han desvanecido o han dejado de existir desde la
reciente, yo diría recientísima aprobación del Código Penal. (Rumores)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Bermúdez, espere un
momento a ver si conseguimos que se haga el silencio en la Cámara. ¡Señor
Vázquez, por favor! ¡Señor Vázquez Vázquez, por favor!
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que lo primero que debíamos preguntarnos ante una iniciativa de tal
naturaleza es si los valores o bienes jurídicos que se protegían con
estos delitos se habían desvanecido o habían dejado de existir desde la
reciente, recientísima aprobación del Código Penal. Digo esto porque esta
proposición de ley no presenta en su articulado alternativa alguna en
cuanto al régimen sancionador que se deroga, por lo que su aprobación
conllevaría la paradoja de que el incumplimiento de determinados deberes
establecidos en normas legales vigentes carecería de toda consecuencia
desfavorable para el infractor. No debería ser necesario recordar en esta
tribuna que en nuestro ordenamiento, para que un deber pueda ser
calificado de jurídico es preciso, en primer lugar, que sea imperativo y
que la reacción del Estado se manifieste de alguna manera en caso de
incumplimiento. Si faltan estos requisitos, los deberes previstos en las
normas no podrán ser considerados jurídicos, serán morales, cívicos o
sencillamente dejarán de ser deberes. Suprimir, como se pretende, la
reacción coactiva del Estado ante el incumplimiento de un deber jurídico
tendría la misma consecuencia práctica que derogar la propia norma que
establece el deber. Sin reacción del Estado no habrá cumplimiento del
deber; la ley no tendrá valor alguno, ni siquiera será ley.
Esta insuficiencia es de tal calado que bastaría por sí misma para
fundamentar nuestro voto negativo a la proposición que el Grupo de
Izquierda Unida nos presenta esta tarde. Pero en este debate subyace, en
realidad, un problema de mayor trascendencia que la simple derogación de
determinados preceptos del Código Penal. Me refiero al problema de la
defensa de España, porque la defensa de España es, por encima de todo, un
valor constitucional y, en cuanto tal, digno de amparo y necesitado de
protección. Esto es así porque, como SS. SS. conocen, la Constitución
recoge en su título I una serie de principios y valores que no sólo
informan el conjunto del ordenamiento jurídico, sino que marcan también
las pautas de la convivencia política que los españoles nos hemos
otorgado. Uno de esos valores es el de la defensa y, por eso, el artículo
8 de nuestra Constitución encomienda a nuestras Fuerzas Armadas no sólo
la misión de salvaguardar la integridad de nuestro territorio, sino
también la misión, la función, de proteger el propio ordenamiento
constitucional como fórmula pacífica y democrática de convivencia.
Precisamente porque la defensa nacional es un valor protegido
constitucionalmente, es por lo que tiene su reflejo y su traducción en el
artículo 30, donde se establece el derecho y el deber de los españoles de
defender a España; derecho y deber --creo que esto es muy importante en
este debate-- que, en tanto no se cambie el modelo de nuestras Fuerzas
Armadas, se concreta para los jóvenes españoles en una obligación legal,
que es la realización del servicio militar, y, para aquellos jóvenes que
sean reconocidos como objetores, en la obligación de realizar una
prestación social de carácter sustitutorio. Dejar impunes los
incumplimientos derivados de esa obligación equivaldría a vaciar de
contenido las leyes sobre las que se sustenta el vigente modelo de
Fuerzas Armadas al carecer de respuesta jurídica su desobediencia. Esta
impunidad, además de poder forzar un cambio brusco del modelo de Fuerzas
Armadas, podría comprometer gravemente el valor constitucional de la
defensa, al que antes me he referido, y eso es algo que nuestro grupo
parlamentario necesariamente debe rechazar.
Tampoco debemos aceptar planteamientos, como se nos han expuesto en esta
tribuna, que pretenden desligar la prestación social que han de realizar
los objetores de conciencia del valor constitucional de la defensa. A mi
juicio, ése es un planteamiento equivocado. Cuando un objetor es
reconocido como tal no queda exento del deber de defender a España, sino
de hacerlo de una manera concreta; queda exento de una forma del deber,
pero no del deber mismo. La norma general de defender a España sigue
vinculando al objetor de conciencia.
Señorías, este Gobierno apostó, en virtud de un acuerdo de gobernabilidad
suscrito con otras fuerzas políticas, por dar un impulso definitivo a la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, modelo que sustituirá al
actual sistema de reclutamiento, que tan categóricamente se rechaza en la
exposición de motivos de la proposición de ley que hoy debatimos. Pues
bien, el desarrollo de la plena profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas debería inducir, precisamente porque estamos en un período de
tránsito, a adoptar posturas de prudencia y responsabilidad para no
perjudicar ni el tránsito de un modelo a otro ni la propia función de
nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, a nuestro juicio, no se debería
utilizar el Código Penal como instrumento para cambiar el modelo de
Fuerzas Armadas porque, de aprobarse esta iniciativa --no sé si es lo que
se pretende con ello--, se podría condicionar bruscamente el resultado de
los trabajos de una comisión, que es la Comisión Mixta de
profesionalización de Fuerzas Armadas creada por esta Cámara. Es en el
seno de esa Comisión donde deben realizarse las propuestas y no utilizar
el Código Penal como instrumento para condicionar el adelanto de un
proceso de tránsito, que espero que todos los grupos parlamentarios
coincidamos en que deberá hacerse de la manera más responsable y pacífica
posible.
Cosa distinta sería, señor Castellano, que una vez conocido el informe y
los resultados de esa Comisión mixta, en la medida en que avance ese
proceso de tránsito en el que año a año nuestras Fuerzas Armadas se van
dotando de un mayor número de soldados profesionales y, por tanto, en la
medida en que la cobertura del bien jurídico protegido
constitucionalmente, que es la defensa, dependa cada vez menos del
contingente de reemplazo, nuestro grupo parlamentario esté dispuesto a
realizar una reflexión que conduzca a modificar algunos aspectos del
régimen sancionador aplicable a estos incumplimientos, teniendo en cuenta
--eso sí-- los resultados del informe
de la Comisión mixta, en tanto en cuanto no se perjudiquen ni las
necesidades de defensa ni el proceso de tránsito hacia la
profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. En todo caso, y puesto
que ésta no es la proposición que debatimos, creo que tiempo habrá para
abordar iniciativas que persigan modificaciones de esa naturaleza.
También se ha expuesto que en estas penas no existe finalidad
resocializadora no reeducadora, dado que no hay reproche social. Las
penas que prevé el Código Penal para estos incumplimientos, con
independencia de su gradación, son penas que, como cualquier otra,
cumplen o pueden cumplir los fines de resocialización marcados en el
artículo 25 de nuestra Constitución. Decir que no nos encontramos ante la
necesidad de reeducar a jóvenes porque su actitud no merece reproche
social alguno, creo que es un argumento engañoso. El incumplimiento de un
deber legal siempre debe merecer reproche en un Estado de Derecho, que
exige el respeto a la ley y el sometimiento pleno al Derecho. De lo
contrario, de acuerdo con ese discurso, si admitiéramos el hecho de que
muchos ciudadanos, utilizando el símil fiscal, consideraran que pagan
demasiados impuestos o que se distribuyen mal y decidan defraudar al
fisco, ¿acaso ello supondría que automáticamente esta Cámara tendría que
plantearse despenalizar los delitos contra la Hacienda pública?
Evidentemente, sería un contrasentido.
Tampoco podemos compartir el argumento de que con la pena o sanción no se
pretende evitar la repetición de estas conductas puesto que, según
ustedes, tal y como recoge la exposición de motivos, dicha posibilidad es
inexistente sólo si incumple, en una sola ocasión, el deber de
prestación. Es más, si se justificasen y amparasen hoy las convicciones
del insumiso, que se niega a realizar tanto el servicio militar como la
prestación social sustitutoria, en lo que se denomina en la exposición de
motivos una posición o actitud de marcado carácter social, cuando
finalice el día de mañana el proceso de profesionalización del ejército y
deje de ser exigible la obligación de prestación del servicio militar y
prestación social sustitutoria, convirtiéndose así una obligación de
carácter personal en una obligación de carácter económico de contribuir
al sostenimiento del nuevo modelo basado en soldados profesionales, se
podría estar amparando y justificando, por esas mismas convicciones, la
negativa del insumiso a contribuir económicamente al sostenimiento del
nuevo modelo de Fuerzas Armadas.
Señorías, nuestro grupo --y voy terminando, señor presidente-- no sólo
considera que no deben ser amparadas dichas conductas, sino que deben ser
sancionadas, sencillamente porque la insumisión es un claro ejemplo de
desobediencia civil, un acto de quebrantamiento público de la norma y, a
mi juicio, un acto insolidario. Además, vulnera uno de los principios de
nuestro ordenamiento --el de igualdad-- en la medida en que los insumisos
rehúsan hacerse cargo de uno de los deberes que corresponden a todos los
españoles, según la ley, y que tiene como fin proteger el valor
constitucional de la defensa. Fin que sería de imposible cumplimiento si
no es asumido por todos, porque en lugar de utilizar los procedimientos
democráticos para impugnar las normas que se consideran injustas, los
insumisos deciden violarlas o no cumplirlas.
Es también un acto insolidario frente a los miles de jóvenes que realizan
cada año el servicio militar y un acto de insolidaridad con los objetores
de conciencia que cumplen con la prestación social. Y si se amparase, sin
sanción, a quien incumple lo que la mayoría cumple, se estaría otorgando
al insumiso carta de naturaleza especial, una posición de privilegio
respecto al resto de los ciudadanos, y no creo que sea precisamente ése
el significado exacto del principio de solidaridad.
Finalmente, hay que decir que también actúan al margen de nuestra
Constitución. Porque si nuestra Constitución ampara el derecho del
objetor a no realizar el servicio militar, no ampara el derecho a negarse
a cumplir el servicio militar y, a la vez, la prestación social
sustitutoria porque, como ha reiterado en varias sentencias el Tribunal
Constitucional, recientemente en la número 55 de 1996, los objetores de
conciencia al servicio militar tienen reconocido el derecho a no realizar
el servicio militar, pero la Constitución no les reconoce ningún derecho
a negarse a realizar la prestación social como medio para imponer sus
particulares opiniones acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o
de su radical supresión. Fin de la cita.
En conclusión, señorías, nuestro grupo considera que, mientras exista la
obligación de cumplir con un deber jurídico, debe existir una norma, una
decisión coercitiva que reprima su incumplimiento y, por tanto, no se
puede justificar o amparar sin sanción el acto de insumisión.
Creemos, finalmente, que este Parlamento no debería adoptar medidas que
comprometieran la defensa, la minorasen gravemente o la dejasen inerme.
Podemos cambiar el modelo de Fuerzas Armadas y de hecho lo estamos
cambiando, pero no podemos perjudicar el valor de la defensa si queremos
cumplir el mandato constitucional. Y precisamente porque la defensa es un
valor constitucional sigue siendo un bien jurídico, susceptible,
necesitado y digno de protección.
Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bermúdez
de Castro.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre supresión de los delitos contra el
cumplimiento de la prestación social sustitutoria y contra el deber de
prestación del servicio militar, que se pretende con naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 161; en contra, 162; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley. (Rumores.)
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO
263 BIS Y SE CREA UN NUEVO ARTICULO 282 BIS EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL (Número de expediente 122/000097)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DE
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA
ACCION INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS Y OTRAS
ACTIVIDADES ILICITAS CONEXAS (Número de expediente 122/000070)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones de ley de los grupos parlamentarios
Socialista y Popular. La del Grupo Socialista, por la que se modifica el
artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. La del Grupo Popular, sobre modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de la
acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras
actividades ilícitas conexas. Se van a tramitar de manera conjunta.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Para la presentación de la proposición del Grupo Socialista, tiene la
palabra don Javier Gago. (Continúan los rumores.--Pausa.)
Señorías, guarden silencio para que pueda empezar su intervención el
señor Gago.
Cuando quiera, señor Gago.
El señor GAGO LOPEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista para defender la toma en consideración de
la proposición de ley presentada por mi grupo en esta Cámara, por la que
se modifica el artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, y lo hago, señorías, con el firme
convencimiento de la necesidad de las modificaciones propuestas, y por
tanto de la bondad de su finalidad, que no es otra que permitir la
consecución de una mayor eficacia en la acción de la justicia a la hora
de enfrentarse con el encausamiento y enjuiciamiento de los delitos
cometidos por la delincuencia organizada. (Rumores.--Varios señores
diputados abandonan el salón de sesiones.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gago.
Señorías, les ruego guarden silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante.
El señor GAGO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Hace dos años, en noviembre de 1995, la Comisión mixta para el estudio
del problema de la droga aprobaba, por unanimidad de sus componentes que
representaban a todos los grupos de la Cámara, el informe del que para la
ocasión que nos ocupa reseñamos los siguientes párrafos: Las Cortes
Generales proclaman que la lucha contra el narcotráfico, contra las
organizaciones criminales y sus métodos, así como la lucha contra el
blanqueo de dinero y contra las nuevas formas de movimiento de dinero
mediante instrumentos no financieros, constituye una política de Estado
en donde todos los esfuerzos materiales y humanos son necesarios. La
legislación penal debe perfeccionar los tipos criminales y especialmente
la nueva fenomenología de la delincuencia organizada. Es preciso, además,
abordar una reforma procesal penal que, sin merma de las garantías
constitucionales, permita una mayor eficacia en la acción de la justicia
abordando el estudio de temas como las intervenciones telefónicas,
efectos de prueba, protección a testigos, agente colaborador, y entregas
vigiladas de dinero.
Pues bien, la presente proposición de ley responde también a otra
necesidad, la de dar otro paso legislativo más hacia adelante en el
camino de la lucha contra el crimen organizado favoreciendo la
investigación de los delitos y la consecución de los elementos
probatorios facilitando así la detención de sus autores, su procesamiento
y enjuiciamiento.
Se propone, pues, la modificación del artículo 263 bis y la creación de
un nuevo artículo 282 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
regular las figuras de la circulación o entrega vigilada de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras
sustancias prohibidas, y la del agente encubierto, instrumentos que el
Estado de Derecho puede y debe emplear legítimamente en su lucha contra
estas formas de criminalidad y que no han tenido acogida plenamente en
nuestro ordenamiento jurídico.
Se trata, insisto, de dar cobertura legal a las figuras mencionadas
regulando las condiciones en que deben operar y dando respuesta a las
preguntas de quién debe autorizarlas, en qué supuestos, con qué fines,
para qué conductas delictivas y con qué garantías jurídicas. Se trata
también, por supuesto, de regular legalmente el marco de actuación de las
citadas figuras y la fórmula a aplicar para la exención de
responsabilidad criminal de los agentes de la Policía judicial que
debidamente autorizados las utilizan, y todo ello con absoluto respeto al
sistema de derechos y garantías que la Constitución reconoce a todo
imputado, pues tal y como se recoge en la exposición de motivos de la
proposición de ley, por más abyectas que sean las formas de delincuencia
que se tratan de combatir ello no justifica la utilización de medios
investigadores que puedan violentar garantías constitucionales. Debemos
evitar, citando al magistrado Ruiz Vadillo, situaciones de inequívoca
inmoralidad, pues no es lícito provocar desde el poder para después
condenar. Por ello, es absolutamente necesario que las pruebas que hayan
de servir de plataforma a la condena penal sean obtenidas con arreglo a
los principios, mandatos y exigencias constitucionales. Sentimos la
necesidad de acoger en nuestro ordenamiento jurídico estas figuras para
que el Estado de Derecho gane en eficacia en la lucha contra el
narcotráfico, el blanqueo de dinero y el crimen organizado, del mismo
modo que sentimos la demanda cada vez más urgente que nos hace llegar la
sociedad para que esa lucha enérgica y constante no ceda ni un ápice en
la tarea de perseguir estos delitos que destruyen vidas, arruinan
familias y contaminan gravemente la sociedad. Pero aún así y, a pesar de
la amenaza real y creciente, nunca deberemos olvidar --vuelvo a citar--,
que la finalidad del proceso penal, y por ello de la policía, es
encontrar la verdad real histórica o auténtica, verdad que ni siquiera
puede obtenerse a cualquier precio sino únicamente con sujeción rigurosa
al sistema de garantías. Creemos, pues, que nuestra proposición de ley se
asienta en bases sólidas: primera, la reiterada necesidad de dotar a
nuestro ordenamiento jurídico de figuras que lo hagan más eficaz en la
lucha contra el crimen organizado; la segunda el respeto al sistema de
garantías y exigencias constitucionales a la hora de obtener las pruebas
necesarias para encontrar la verdad real.
Pedimos, por tanto, el voto favorable de los demás grupos parlamentarios
a esta proposición de ley en la seguridad de que en el trámite de
enmiendas será posible, si cabe, una mejora del texto definitivo con las
aportaciones que puedan realizarse.
Por último, señorías, también anuncio el voto favorable a la toma en
consideración de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado sobre esta misma materia. Nos hubiese parecido más lógico
que la iniciativa se hubiera presentado por el Gobierno acompañada de
informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial,
pero en todo caso, tratándose de una materia sobre la que siempre hemos
ofrecido consenso, esperamos y deseamos que los dos textos, que persiguen
el mismo objetivo pero difieren en determinados aspectos en la forma
jurídica de alcanzarlo, consigan su nexo de unión en el trámite
parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gago.
Para presentación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, la persecución de los fenómenos relacionados con la
delincuencia organizada ha provocado desde siempre la preocupación y la
reacción internacional. Esta preocupación quedó reflejada en la
Convención de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1988 en la que se
instaba a las partes, entre ellas a España, a adoptar las medidas que
fueran necesarias, incluidas las de orden legislativo y administrativo,
para hacer frente con la mayor eficacia a estos fenómenos. Ha sido, pues,
el crecimiento y la consolidación de las organizaciones delictivas
dedicadas al narcotráfico y al blanqueo de capitales, que generalmente
actúan en ámbitos transnacionales, lo que nos ha obligado ya a modificar,
como ustedes saben, parte de nuestro ordenamiento jurídico y a adaptar
nuestro Derecho interno a los convenios internacionales suscritos por
España.
En estas modalidades delictivas que se caracterizan por su gran y
complejo grado organizativo y por contar con ingentes medios no sólo
materiales sino también humanos, el sistema actual es claramente
insuficiente, tanto desde una perspectiva normativa como de los órganos
policiales y judiciales para reprimir este tipo de delincuencia. Pero es
que además el fenómeno de la droga es un problema que se halla en
constante evolución y exige una permanente revisión de objetivos y
estrategias para hacerle frente con responsabilidad y eficacia. En base a
esa evolución de la que les hablaba, las medidas para la consecución de
pruebas inculpatorias en la comisión de los delitos de narcotráfico y
blanqueo de capitales utilizadas hasta ahora son insuficientes. En la
mente de todos nosotros está una reciente sentencia que se saldó con un
montón de absoluciones precisamente por la poca consistencia de las
pruebas inculpatorias. De ahí que se hace preciso la búsqueda de otras
técnicas de investigación que tiendan a buscar soluciones más efectivas y
de ahí la necesidad, también, de diseñar una política criminal que
permita investigar estas organizaciones delictivas, penetrando en su
propia estructura, con el fin de conocer su funcionamiento, sus
integrantes y su financiación.
Por eso, señorías, el Consejo de Ministros aprobó el 24 de enero de este
año una serie de medidas que constituyen un auténtico plan global contra
la droga.
Estas medidas se dirigían, por un lado, a planificar una firme política
de prevención y ayuda a los drogodependientes y, por otro lado, a luchar
contra la oferta promoviendo las medidas necesarias para reducir
precisamente la disponibilidad de drogas en el escenario social, tanto
desde los aspectos normativos como de coordinación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y Vigilancia Aduanera, como de
cooperación con el exterior, porque saben ustedes que en el tema de la
droga no existen fronteras. Pues bien, dentro de esas medidas normativas
del plan integral aprobado por el Consejo de Ministros, se creyó abordar
una serie de reformas procesales que, sin merma alguna de los derechos
constitucionales, permitieran una mayor eficacia en la acción de la
justicia. Entre dichas medidas, se hacía mención a la modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante la extensión de la figura de la
entrega vigilada a los supuestos de investigaciones por delitos de
blanqueo de bienes y comercio ilícito de precursores, y mediante la
regulación de la figura del agente encubierto. Por eso, mi grupo
parlamentario presentó la proposición de ley que hoy debatimos. Nos
hubiera gustado, tal y como manifestó el Ministro del Interior ante la
Comisión mixta celebrada el 20 de marzo de 1997, que hubiera sido
suscrita por el resto de grupos parlamentarios, pero eso no fue así. El
Grupo Parlamentario Socialista presentó después otra proposición de ley,
que coincide sustancialmente con la de mi grupo, y que después analizaré.
En síntesis, nuestra iniciativa introduce dos reformas procesales,
modificando el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
extendiendo la entrega vigilada --hasta ahora referida únicamente al
tráfico de drogas-- a las investigaciones relacionadas con los delitos de
blanqueo y comercio ilícito de precursores, y añadiendo también un
artículo, el 282 bis, regulador de la figura del agente encubierto, en el
marco de la delincuencia organizada, y de las figuras delictivas
incluidas en dicha delincuencia.
Lo cierto es que tanto la revisión y ampliación de la figura de entregas
vigiladas como la regulación innovadora del agente encubierto han sido
dos materias sobre las que parlamentariamente se ha venido produciendo
una clara coincidencia entre todos los grupos políticos. Las
discrepancias han versado sustancialmente en torno al marco jurídico que
diese cobertura a esta regulación. Existen innumerables antecedentes
legislativos parlamentarios, a los cuales me voy a referir de forma muy
somera. En la IV Legislatura se aprobó la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de
diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de tráfico de drogas; con ello se daba cumplimiento
al artículo 73 del Convenio de Schengen y consistió en incorporar el
artículo 263 bis a dicha ley, en el que se regulaba el régimen de las
entregas vigiladas de estupefacientes. Es curioso resaltar que, durante
la tramitación parlamentaria de esta ley --en concreto en el Pleno del
Congreso de 12 de noviembre de 1993--, el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apuntó que en la modificación
que efectuaba el proyecto --decía textualmente-- quizá se nos ha escapado
que se pueda autorizar la circulación o entrega vigilada no sólo de
estupefacientes, sino del dinero procedente de blanqueo --estaba muy
acertado el portavoz de Convergència i Unió--, y manifestó que, en fase
de enmiendas en el Senado, supliría esta deficiencia; pero, por
desgracia, no se presentó. En la V Legislatura se presentó una
interpelación urgente por parte del Grupo Parlamentario Popular, que se
debatió el 26 de octubre de 1994. En la moción consecuencia de esa
interpelación, que se debatió el 2 de noviembre de 1994, figuraba como
punto seis la regulación de las entregas controladas de capitales con el
fin de hacer más efectiva la lucha contra el blanqueo procedente de
narcotráfico, así como regular la figura del agente infiltrado; el
contenido de la moción fue rechazado. Posteriormente, se presentó otra
proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular, sobre el
estatuto del agente colaborador, que fue debatida el 28 del febrero de
1995 en la Comisión mixta. Los grupos intervinientes en la fase de
fijación de posiciones, consideraron que si bien era necesaria la
regulación de las instituciones, al tenerse que modificar la Ley de
Enjuiciamiento Criminal era mejor dejarlo para un momento posterior. Se
presentó una nueva proposición de ley orgánica por parte del Partido
Popular, sobre entregas vigiladas de dinero, en la que se instaba a
modificar el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el
mismo sentido que hoy proponemos. En el debate de esta proposición en el
Pleno, que se celebró el 14 de marzo de 1995, los grupos manifestaron
otra vez que era mejor dejarlo para cuando se efectuara la modificación
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Existen más antecedentes parlamentarios, pero me quiero referir al
informe de la ponencia para el estudio del problema de la droga, que se
aprobó por unanimidad el 22 de noviembre de 1995 en la Comisión mixta, en
cuyo apartado 4 se recomienda efectuar una reforma penal que permita
mayor eficacia, abordando el estudio de temas como intervenciones
telefónicas, efectos de prueba, protección a testigos, agente colaborador
y entregas vigiladas de dinero.
Otro tanto pasó en la VI legislatura, ya bajo Gobierno del Partido
Popular. La ministra de Justicia, en comparecencia efectuada en Comisión
los días 20 y 26 de junio de 1996 en el Congreso y Senado,
respectivamente, anunció la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en el sentido que hoy estamos regulando. También es preciso
hablar de la comparecencia del fiscal jefe de la Fiscalía especial para
la prevención y represión de tráfico ilegal de drogas, efectuada el 29 de
octubre de 1996, en la que a preguntas de esta diputada
sobre su opinión acerca de la figura del agente encubierto y la
modificación de entregas vigiladas se mostró absolutamente de acuerdo con
su regulación. Finalmente, la comparecencia del ministro del Interior el
20 de marzo de 1997 ante la Comisión mixta, para informar del Plan de
medidas para la lucha contra las drogas, aprobado por el Consejo de
Ministros, anunció la existencia de un texto de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y ofreció a todos los portavoces de los grupos
políticos la posibilidad de que pudiera aparecer como una iniciativa
parlamentaria conjunta de todos los grupos en forma de proposición de
ley, de forma que no apareciese únicamente como una iniciativa de
Gobierno; eso sí, encareciendo la urgencia --y quizá debido a eso no se
pudo aceptar por parte del Grupo Socialista-- para que tal iniciativa no
se retrasase y pudiera verse en este período de sesiones. No hay ninguna
crítica en ello, simplemente constatación de hechos.
Con estos exhaustivos antecedentes parlamentarios he pretendido demostrar
de forma clara y evidente la voluntad de mi grupo parlamentario de
proceder a la reforma que hoy por fin se debate. ¿Cuál es el contenido de
esa proposición de ley? Esta proposición de ley tiene dos artículos, una
disposición derogatoria y una disposición final. En el artículo primero
se modifica el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
completando la regulación de la entrega vigilada, que hasta este momento
estaba referida únicamente a tráfico de drogas, para extenderla también a
las investigaciones relacionadas con los delitos de blanqueo de dinero y
de comercio ilícito de precursores. Es curioso observar que estos dos
tipos de delitos, a pesar de haber sido incluidos en nuestro ordenamiento
penal en virtud de la Ley Orgánica 8/1992, de modificación del Código
Penal, quedaron sorprendentemente excluidos de la reforma procesal
paralela que se efectuó en la misma ley, con lo cual se dio la paradoja
de que no se podía utilizar dicha técnica de investigación en los delitos
de blanqueo de dinero y comercio ilícito de precursores.
Esta extensión que hoy estamos estudiando sobre la entrega vigilada está
en concordancia con la obligación impuesta a los Estados parte en el
artículo 11 de la convención de Naciones Unidas. Dicho artículo
establece: Si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos
ordenamientos jurídicos internos, las partes adoptarán las medidas
necesarias para que se pueda utilizar de forma adecuada en el plano
internacional la técnica de entrega vigilada.
En el artículo segundo de la proposición de ley se incorpora a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo, que será el 282 bis, por el
que se faculta al Ministerio del Interior a dotar de identidad supuesta a
funcionarios de la Policía judicial. A estos agentes se les faculta para
utilizar los medios de investigación que estimen oportunos y se les
excluye de responsabilidad criminal por su intervención en dichos actos
ya que sólo se podrá proceder contra ellos mediante resolución motivada
del órgano judicial que los haya habilitado y previo informe del
ministerio fiscal. Con esta regulación del agente encubierto se legaliza
en los supuestos y bajo las condiciones previstas en la misma la
utilización de una identidad supuesta.
En modo alguno se trata de legalizar la figura conocida por la doctrina y
la jurisprudencia como el agente provocador, pues los actos que ampara la
proposición de ley que presentamos se refieren no a la incitación del
delito sino que pretendemos afloren esos delitos para que sean
desarticulados los conciertos de personas organizadas para delinquir en
negocios ilícitos.
El párrafo cuarto del expresado artículo establece una auténtica excusa
absolutoria, excluyendo de responsabilidad criminal al agente encubierto
por su intervención en los actos de investigación, estableciéndose como
he dicho anteriormente, que sólo se podrá proceder contra el mismo
mediante resolución judicial motivada por el órgano habilitante y previo
informe del ministerio fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano, vaya concluyendo, por favor.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Estas son, señorías, las modificaciones
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que contiene nuestra proposición de
ley.
En cuanto a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, que
es coincidente con la por nosotros presentada, mantiene ciertas
diferencias como son fijar el contenido de la resolución autorizando
entre la vigilada la circulación de drogas, circunscribir la circulación
o entrega a los procedentes de actividades delictivas relacionadas con
determinados delitos contra la salud pública, atribuir al juez de
instrucción, al ministerio fiscal, la competencia para autorizar a los
funcionarios de la Policía judicial su actuación bajo identidad supuesta,
y añadir los delitos relativos a la prostitución a las otras seis
figuradas delictivas tipificadoras de la delincuencia organizada.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, siempre hemos manifestado
nuestra firme voluntad de consensuar todos los temas relacionados con la
lucha contra la droga. Esta declaración de voluntad que venimos
repitiendo y reiterando a lo largo de toda la legislatura vuelve hoy una
vez más a hacerse realidad. Es por ello por lo que mi grupo parlamentario
va a votar a favor de la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista con el objetivo de llegar a una redacción de
consenso en fase de ponencia.
Estoy convencida de que la sociedad española altamente sensibilizada con
el problema de la droga espera de todos nosotros técnicas eficaces como
las que hoy proponemos con independencia de quien las formule. No
pretendemos ponernos medallas en este tema
tan doloroso, insisto no pretendemos ponernos medallas, lo único que
pretendemos es buscar entre todos soluciones, y ahí, créanme, nos
encontrarán siempre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cava de Llano.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de las
iniciativas presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Popular?
(Pausa.) El señor Castellano ¿hará turno en contra? (Denegaciones.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, deben repartir su tiempo la señora Almeida y el señor
Vázquez.
Adelante, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a apoyar la iniciativa presentada por ambos grupos,
tanto por el Partido Socialista como por el Grupo Popular, en el sentido
de tomarlas en consideración, si bien quiere hacer ya algún tipo de
advertencia.
Es un tema candente, porque ya ha habido muchísimas situaciones, y sin
estar abiertamente regulado se ha dado la actuación de agentes con
entregas parciales no reguladas legalmente, que también han contribuido a
crear jurisprudencia, incluso tesis doctorales, en la idea del agente
provocador que muchas veces ha estado rayando la no intervención en la
provocación del delito.
Por tanto, aunque vemos que de verdad hay que clarificar, en ambas
proposiciones nos parece que son demasiadas las autoridades que pueden
autorizar este tipo de actuaciones, y cuando estamos viendo la
implicación en temas de droga que a veces llega a corromper a muchas
instituciones y a muchas organizaciones, nosotros también creemos que
debe haber un control más judicial de todas estas cosas, incluso de la
Fiscalía antidroga y a lo mejor hay que tener tendencia a este proceso de
vigilancia de una forma mucho más detenida. (El señor vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Como estamos en el trámite de la toma en consideración y no de las
enmiendas que podamos presentar, nos parece que se deben tomar en
consideración ambas proposiciones de ley y en el trámite de enmiendas
intentaremos que se perfeccionen estas propuestas, porque estamos muy
preocupados con la posibilidad de que, de no haber un estricto control
judicial, se puedan dar situaciones de provocación, de aprovechamiento,
que irían en contra de lo que se pretende y, como es verdad que estamos
ligados a pactos internacionales, sin eludir esos pactos hemos de hacerlo
siempre con la garantía de que no vale resolver los delitos a cualquier
precio, sino con el cumplimiento de todas las garantías que cualquier
procesado o cualquier implicado debe tener, y que en ese sentido haya un
mayor control al que en lo que pueda este grupo va a colaborar, tanto en
nombre de Iniciativa per Catalunya como de Nueva Izquierda, presentando
las enmiendas que aseguren el ejercicio de esos derechos y que, sin
embargo, estimulen la legalización de algunas situaciones que hoy son
bastante irregulares.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Almeida.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
La proposición de ley sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para mejorar las investigaciones relacionadas con diversas
actividades ilegales nos propone la legalización de la figura del agente
encubierto y de sus actividades, una figura que, por cierto, ya existe en
la actualidad aunque sin ese aval legal. No cabe duda de que esta figura
puede ayudar al esclarecimiento de delitos y, por tanto, aportar pruebas
que lleven a la condena de personas que estén implicadas en actividades
ilegales consideradas como delincuencia organizada. Nosotros no vamos a
dudar de su posible eficacia. También es verdad que se viene demandando
desde diversos ámbitos, y así lo hizo constar algún portavoz que
intervino anteriormente, la legalización de esta figura. En todo caso,
también conviene decir que se abren interrogantes sobre la aplicación en
la práctica de las nuevas prerrogativas legales de estos agentes. No cabe
duda de que con esta nueva figura se va a permitir que se pueda estar
actuando constantemente en lo que se llama el filo de la legalidad y se
abre también la preocupación por hacer compatible combatir el delito con
el respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Está claro que la mayoría de esta Cámara va a apoyar la toma en
consideración de las proposiciones de ley. Nosotros esperamos que en los
sucesivos trámites parlamentarios se garantice, con las aportaciones de
los grupos políticos, incluido el nuestro, una regulación que haga
posible el control de esta figura y el respeto a los derechos
democráticos. En todo caso, nosotros vamos a votar favorablemente a la
toma en consideración de ambas proposiciones de ley, aunque, como decía,
tenemos dudas de que los beneficios que se deriven de esta legalización
superen o compensen los riesgos que se puedan producir si no se aquilata
convenientemente su papel.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Ya recordábamos que la Convención de Viena de 1988, de Naciones Unidas,
sobre la lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, a la vista de la organización de grupos criminales y de
que la delincuencia organizada se dotaba de unos sofisticados medios
tecnológicos profesionales acordes con los avances que todo proceso
técnico tiene, en este caso puestos al servicio de la delincuencia y del
crimen, que tenía por tanto que tener una estructura de organización,
recomendó a los Estados signatarios del acuerdo, entre ellos España, que
combatieran con eficacia esa delincuencia y criminalidad organizada, pero
hay que combatirla dentro del propio terreno en que ellos la desarrollan,
con medios tecnológicos y de ingeniería técnica, en todos los órdenes
físicos y materiales, para que tenga eficacia. De ahí las distintas
figuras del agente infiltrado, etcétera, con que los Estados de derecho
han tratado de defenderse.
Creemos que, en cuanto a este fondo y a la forma, las dos iniciativas
legislativas afortunadamente coinciden, son ensamblables, porque en
muchos aspectos son complementarias, si no coincidentes, en esta
definición de dotar al Estado de derecho de medios para la lucha contra
el crimen organizado en el terreno del tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, en el mundo de la droga. Tenemos que estar
preparados. De aquí que nos es cómodo, en este momento, anunciar nuestra
intención de voto favorable a las dos iniciativas y que en los trámites
correspondientes de ponencia y Comisión obtengamos --creo que será muy
fácil por estar en esta sintonía de forma y de fondo-- el texto común que
nuestra legislación necesita, no en balde recientemente, ante la Comisión
de Justicia e Interior de este Congreso de los Diputados, el señor Fiscal
General del Estado, al presentar la memoria del ejercicio de 1996,
dedicaba un capítulo específico precisamente a la lucha contra el crimen
y la delincuencia organizada. Y en este tema estaba fundamentalmente
poner coto, junto a los delitos económicos, al blanqueo de dinero que
muchas veces es correlativo al tráfico de estupefacientes y de droga, no
solamente con las normas jurídicas, en este caso adaptando nuestra Ley de
Enjuiciamiento Criminal en aquellos procedimientos que usa la Policía
judicial o los fiscales especiales, así como los magistrados y jueces,
para disponer de todos los elementos de lógica, de logística y de
inteligencia técnica, en una palabra, para la lucha contra esta lacra
social.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo Vasco (PNV),
tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco aplaude ambas iniciativas. Es un dato que la criminalidad
organizada crece y que los poderes públicos necesitan dotarse de
instrumentos para reprimir tales conductas. Es necesario actualizar la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduciendo en ella nuevas técnicas de
investigación que con todas las garantías que sean precisas permitan
penetrar en el corazón de las tramas organizadas. Ambas iniciativas son
loables, si bien la socialista es técnicamente más correcta en aspectos
que señalaré.
Me referiré, en primer lugar, a la mención que ya en su exposición de
motivos se hace a los límites, aspecto que ha preocupado a varios de los
intervinientes antes que a esta portavoz. En efecto, la búsqueda de
medios eficaces no debe comportar detrimento de la plena vigencia de los
principios, derechos y garantías constitucionales, la preservación de los
cuales exige, siempre que exista conflicto, inclinarse a favor de los
derechos y garantías aun renunciando a la eficacia.
En el contenido del artículo 1, al regular las entregas vigiladas, la
iniciativa popular menciona los artículos 301.1 y 301.2 del Código Penal,
referidos a la receptación y a otras conductas afines, y lo hace
inmatizadamente. El método que se propone, como excepcional que es, sólo
debe ser procedente respecto de ciertos delitos, lo que ofrece mejor
resuelto la iniciativa del Grupo Socialista cuando alude a la actividad
delictiva tipificada en el artículo 301, en relación con los delitos de
los artículos 368 a 372 del Código Penal, en determinadas circunstancias.
Igualmente correcta nos parece la referencia a la resolución fundada para
adoptar tal medida.
El artículo 2 de la iniciativa popular tiene, desde nuestra óptica, un
defecto grave, si es que hemos entendido bien su dicción y su propósito.
Alude a que es el Ministerio del Interior quien otorga la falsa
identidad. ¿También quien la autoriza? Desde nuestra óptica, en esto debe
haber monopolio judicial, lo que es más claro en el texto socialista. El
punto 2 de esta iniciativa nos parece adecuado cuando se menciona que
ningún funcionario de la Policía judicial podrá ser obligado a actuar
como agente encubierto. Muy interesante nos parece, desde la óptica de
nuestro grupo, la matización de que la información obtenida por un agente
encubierto deberá aportarse al proceso en su integridad y su testimonio
no será, por sí solo, prueba suficiente para fundamentar una sentencia
condenatoria si no es corroborada por otros medios de prueba válidos. Un
principio de prueba tasada, frente al principio general de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de apreciación en conciencia, justificado por la
cierta contaminación investigadora del agente encubierto. Su testimonio
tendrá, llamémosle, prejuicios de culpabilidad que deben ser tamizados
por el contraste con otras pruebas. Elimina, sin embargo, el texto
socialista
lo que aparece en el punto 3 de la iniciativa popular, cuyo mantenimiento
creemos adecuado, referido a la necesidad de autorización judicial para
según qué actuaciones. Por muy encubierto que sea un agente necesitará
autorización judicial para una intervención telefónica, por ejemplo, y
creemos que está bien que esto sea aclarado. Sin embargo, nos parece
inaceptable el punto 4 de la iniciativa popular al excluir la
responsabilidad criminal en términos tan amplios, concediéndoles casi una
inviolabilidad --si se me permite decirlo-- similar a la del rey o una
inmunidad como si fuesen representantes de la soberanía popular. La
exención de responsabilidad deberá circunscribirse
--entendemos-- a actos realizados en el desarrollo de la
investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la
finalidad de la misma, no excedan de los términos de la autorización
judicial correspondiente y no constituya su actuación una inducción o
incitación a cometer delitos. Es decir, deberá recogerse en este punto la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre
el agente provocador. Para proceder, en principio creemos que debe ser
igual que cualquier ciudadano; quizá deba exigirse algún tipo de informe
previo, pero la autorización judicial nos parece un privilegio
exorbitante.
En definitiva, creemos que son dos buenas iniciativas. Cualesquiera de
las críticas que hemos hecho pueden ser abordadas con enmiendas
parciales, una vez sean tomadas en consideración, como es el propósito de
nuestro grupo votando a ambas favorablemente.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor presidente.
Como ha comentado la portavoz del Grupo Popular en su intervención, en la
tramitación de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal mi
grupo manifestó su preocupación por la regulación de este tema y, en
comparecencias sucesivas del ministro del Interior y del secretario de
Estado de Seguridad en la Comisión de Justicia e Interior, en muchas
ocasiones hemos hecho notar nuestra preocupación por la actual regulación
y por las lagunas que pueda tener la misma, tanto procesal como incluso
en algún caso sustantiva, en el ámbito de la delincuencia organizada,
particularmente la procesal, así como los medios concretos de
investigación. Por tanto, no podemos sino aplaudir las dos iniciativas
que se traen hoy a la Cámara y que sin duda deberán tramitarse
conjuntamente.
Estamos hablando en su conjunto de la delincuencia organizada, no sólo
del tráfico de drogas sino de algo mucho más amplio de lo que el tráfico
de drogas es un exponente, probablemente el más importante, puesto que
algunos otros elementos de delincuencia organizada, como el blanqueo de
capitales, muchas veces está íntimamente relacionado con el tráfico de
drogas, aunque merezca un tratamiento separado. Estamos en plena sintonía
con la necesidad de que el Derecho y el Estado de Derecho se doten de
nuevos instrumentos jurídicos para la lucha contra esta clase de
delincuencia. Ello está en sintonía también no sólo con convenios
internacionales, como el que ya ha sido citado y se cita en la exposición
de motivos de una o de las dos proposiciones, sino también con
resoluciones de calado más político adoptadas, por ejemplo, en el seno
del G-8, incluso recientísimamente en la propia cumbre del Consejo
Europeo de Luxemburgo, donde también a la hora de hablar de los distintos
temas que preocupan al Consejo Europeo se incluye la lucha contra la
delincuencia organizada. Por tanto, este Parlamento, al empezar a
tramitar esta ley, se pone en perfecta sintonía con algo que es inquietud
de todos los Estados de Derecho de nuestro entorno.
Ello no obsta para que, muy en sintonía con las palabras de la portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco, hagamos una serie de enmiendas a la
literalidad de los textos, quizá alguna más al texto del Partido Popular
puesto que nos parece técnicamente más correcto el presentado por el
Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que hay algunos extremos que
quedan un poco en el aire, y lo diré muy telegráficamente puesto que ha
sido mejor desarrollado y con más detalle por la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco. La propuesta del Partido Popular, por ejemplo, deja
en manos del Gobierno, del ministro del Interior, la atribución y la
aprobación de esa identidad encubierta. A nuestro juicio, la adjudicación
concreta de la identidad es lógico que venga del Ministerio del Interior,
pero eso está filtrado y depende de una tutela judicial y sólo en manos
del juez ha de estar esa decisión. Por la misma razón, la exclusión de la
responsabilidad criminal que se establece para los agentes encubiertos,
en los términos en que se formula en la proposición del Grupo Popular,
nos parece a todas luces excesiva, absolutamente indeterminada y quizá va
mucho más allá de lo que los propios redactores de la ley querían en el
momento de redactarla. Es posible que estemos ante una simple
discrepancia de forma, que queramos decir lo mismo pero que no se haya
dicho de la forma más correcta.
Voto, pues, por parte de nuestro grupo favorable a la tramitación de las
dos proposiciones de ley, con la reserva de introducir posteriormente
enmiendas parciales que estoy seguro mejorarán el contenido
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Guardans.
Finalmente, por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario no puede ocultar que recibe con un enorme
recelo ambas iniciativas. Y las recibe con un enorme recelo, que ya ha
puesto de manifiesto en otras modificaciones legislativas que se amparan
genéricamente en la necesidad de modernización o de adecuación de los
instrumentos de investigación y de represión de la delincuencia más
moderna y sofisticada, porque la realidad es que muchas de estas
iniciativas ignoran cuál es la situación de nuestros juzgados e ignoran
cuál es el acervo o el catálogo de medidas y de medios del que puede
disponer un juez de instrucción para llevar adelante una investigación.
Unase a ello el que venimos clamando en el desierto, hace mucho tiempo,
por que se defina un modelo de policía judicial que dependa orgánica y
funcionalmente del juez, y mientras la policía judicial dependa también
del Ministerio de Interior tenemos que ver con mucha cautela el que,
entre otras cosas, en estas dos proposiciones se trate ni más ni menos
que de autorizar a la propia policía judicial, a la que sea, a tomar la
decisión de la utilización de determinados materiales o sustancias.
También sigue estando pendiente la definición del modelo de ministerio
fiscal; un modelo del ministerio fiscal que todavía no sabemos si le
podemos encargar funciones investigadoras o le podemos, por otra parte,
considerar como ellos quieren, una parte más del poder judicial o, como
algunos pretendemos, le daríamos una enorme cantidad de facultades si
dependiera, en el modelo que nosotros sostenemos, sin perjuicio de
mejores criterios, de fiscal parlamentario.
Por tanto, todo este conjunto de medidas viene cargado de un importante
voluntarismo pero, lógicamente, también a chocar con una realidad que no
es tan perfecta como algunos la pintan, que tiene bastantes
inconcreciones, incluso --me atrevería a decir-- sobre la propia figura
del magistrado juez instructor, porque últimamente se están limitando sus
actuaciones, a lo mejor con una cierta lógica, con una evidente situación
de sospecha, de modo tal que habría que hacer un esfuerzo muy serio por
poner los pies en tierra. En todo caso, aquí tienen ustedes una ventaja,
que este es el único grupo parlamentario que cada vez que se presenta
cualquier iniciativa nunca dice que no, porque piensa que la iniciativa
debe entrar en la Cámara, ser objeto de discusión y, en todo caso, nunca
va a ser peor de como ha entrado; la prueba la tenemos en algunos de los
proyectos de ley enviados por el Ministerio de Justicia, que todos han
salido convertidos en proyecto de ley aunque entraran en esta Cámara pura
y simplemente revestidos de chapuza. Por eso sencillamente no nos vamos a
oponer. Entremos en el debate, pero habrá que hacer todo un conjunto de
enmiendas en la línea que otros intervinientes han señalado, procurando
acentuar el control judicial, más que el control judicial la
responsabilidad de los jueces, y procurando lógicamente, sin ignorar la
realidad, que este conjunto de agentes que podríamos decir infiltrados
tenga mejor suerte que la que están teniendo ahora los llamados testigos
protegidos, porque son tan protegidos que al día siguiente sale su nombre
y apellidos en todos los periódicos. Ignorar esta realidad supondría
estar legislando pura y sencillamente en una barra de hielo.
Por tanto, repito, vamos a votar favorablemente, pero no nos hacemos esas
ilusiones tan optimistas que se hacen todos ustedes, que generalmente
acometen la reforma y cuando llega el momento de, primero, ver la
estructura no conseguimos jamás que se mejoren las estructuras sobre las
que esas reformas han de operar y, por tanto, luego las frustraciones las
tenemos más que ganadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castellano.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las dos proposiciones de ley.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de las
proposiciones de ley, de los grupos Socialista y Popular, sobre
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Votamos, en primer
lugar, la proposición del Grupo Socialista por la que se modifica el
artículo 263 bis y se crea un nuevo artículo 282 bis en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda así aceptada por unanimidad del Pleno la toma
en consideración de la proposición de ley.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley, del
Grupo Popular, sobre modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en
materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con
el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas conexas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 324.
El señor PRESIDENTE: Queda así también aprobada por unanimidad del Pleno
la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ADOPCION DE
MEDIDAS PARA PALIAR LAS CARENCIAS DE LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER Y DE SUS
FAMILIAS (Número de expediente 162/000170)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS PARA
LA PROTECCION SOCIAL DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (Número de expediente
162/000019)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, tramitación conjunta de las proposiciones no de ley del
Grupo Popular y del Grupo Federal de lzquierda Unida, la primera sobre la
adopción de medidas para paliar las carencias de los enfermos de
Alzheimer y de sus familias y la segunda sobre medidas para la protección
social de la enfermedad de Alzheimer.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de la
iniciativa, tiene la palabra el señor Caneda Morales. (Rumores.)
Cuando quiera, señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna a defender una iniciativa del Partido
Popular y a explicar el voto sobre otra iniciativa, la de Izquierda
Unida, referente también al Alzheimer. Afortunadamente, con gran alegría
puedo pasar a defender una iniciativa que compartimos todos los grupos de
la Cámara y que tiene su base en la original del Partido Popular,
añadiendo un cuarto punto que paso a leer: Las medidas aquí señaladas,
junto con las que el Gobierno estime oportuno presentar, vendrán
recogidas en un plan que el Ejecutivo remitirá a las Cortes en un plazo
máximo de seis meses. Creo que es a tal punto lógico que esto haya
ocurrido que discutimos hoy, en esta Cámara, cómo aunar los esfuerzos de
la sociedad y los poderes públicos ante los efectos de una terrible
enfermedad que probablemente padeceremos uno de cada seis de nosotros y
seguramente el cien por cien la sufriremos en alguien de nuestro entorno.
Hoy ya afecta a 400.000 españoles. Consecuentemente son muchas las
familias afectadas. Teniendo en cuenta la evolución de la esperanza de
vida, junto al incremento progresivo de la prevalencia de la enfermedad
con los años --hasta un 16 por ciento en las personas de más de 80 años y
un 30 por ciento en las personas de más de 85 años--, las cifras para
dentro de 25 años serán realmente alarmantes. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Entonces habrá en España más de 2.300.000 ciudadanos que superen los 80
años y más de 8.500.000 los 65, donde la prevalencia está ya entre un 5 y
un 8 por ciento. Es tiempo, pues, de abordar este tema en esta Cámara.
Difícilmente el doctor Alzheimer podía sospechar, allá en 1907, cuando
describió por primera vez esta enfermedad, que estaba describiendo una de
las patologías que alcanzaría mayor trascendencia sociosanitaria a final
de siglo. Esta es una enfermedad que se asume que no tiene cura, pero
permítanme, señorías, que diga que esto no es cierto, al menos no lo es
en... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Caneda. Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Decía que se asume que esta enfermedad no tiene cura, y no es cierto al
menos en un 50 por ciento. Digo esto porque esta enfermedad tiene dos
afectados: el enfermo y la familia. En el primero, la ciencia realmente
avanza con mucha lentitud; en el segundo, la sociedad y los poderes
públicos pueden ayudar muchísimo más de lo que estamos haciéndolo. Hacia
los dos afectados se dirige esta iniciativa.
Al enfermo le afecta al sistema nervioso central produciéndose una
degeneración en las neuronas y un déficit de neurotransmisores que
provocan una destrucción progresiva de la información que se ha ido
acumulando en el cerebro a lo largo de nuestra vida, es decir, se
destruye nuestra capacidad de raciocinio y nuestra inteligencia; aquellas
características que nos hacen específicamente humanos se van perdiendo a
lo largo de años de enfermedad. Esa evolución del proceso genera un alto
riesgo de descomposición emocional en el entorno familiar y, sin embargo,
la asistencia por parte de la familia y su atención en el domicilio
constituyen una de la soluciones más beneficiosas para el enfermo, porque
es en ella donde encuentra seguridad afectiva y se facilita la
estimulación psicológica y física.
En su progresión implacable, los efectos sociales van cambiando en
función de la fase en que se encuentre la enfermedad. En una primera fase
es donde puede apreciarse un cambio de personalidad con irritabilidad,
depresión, pérdida de interés y de memoria ocasionaria, pérdida de
vocabulario y habilidades. Aquí, detectarla y aprender a asumirla es muy
importante, y esto no se hace sólo con tratamientos médicos. Los
conflictos que pueden originar esos cambios inexplicables pueden ser
amortiguados.
En la segunda fase, donde la enfermedad es ya evidente, se necesitan
mayores cuidados. La dificultad de comprender hechos nuevos y ubicar
sucesos en el tiempo o reconocer familiares destrozan la vida en común.
Empieza a sentirse miedo por la pérdida de orientación y una gran
ansiedad en la familia, que tendrá que comprender acciones extrañas,
incluidas alucinaciones. Tampoco esto son problemas que se atiendan sólo
con medicinas. En la fase final se produce la pérdida profunda de
memoria, de lenguaje, incapacidad para los actos íntimos de aseo y
vestido, incontinencia
urinaria y fecal o falta de movilidad, que exige el cuidado durante
veinticuatro horas diarias y la necesidad de atención total, por lo que
esta fase resulta agotadora.
Pues bien, señorías, esta terrible enfermedad, que afecta hoy a 400.000
españoles, como decía al principio, tiene muy pocas ayudas públicas.
Recae su cuidado sobre las familias, unas familias que pasan de la
negación o duda a la angustia y el temor. Se esconde, se rechaza, se
avergüenza hasta llegar a la rabia y a la frustración. De la tristeza
inicial por la pérdida moral de un ser querido a veces se pasa a un
rechazo y a una impotencia hacia la enfermedad que puede llegar a la
agresividad contra el enfermo y el resto del mundo.
¿Pueden los poderes públicos mirar a otro lado? Entendemos que no. Si
queremos seguir manteniendo esta situación privilegiada ante los países
de nuestro entorno, en que la familia todavía soporta sola los problemas
sociales, hay que ayudarla. El enfermo de Alzheimer repercute
negativamente en las relaciones familiares y en la salud de sus
cuidadores, o, mejor dicho, en su cuidadora, porque fundamentalmente es
el ama de casa.
Pero la familia ha cambiado y sigue cambiando. El número de sus
integrantes ha disminuido; el tamaño de la vivienda también. La mujer se
ha incorporado al trabajo o lo quiere hacer, y todo ello hace que el
sistema actual de cuidados informales no sea mantenible en la soledad.
Precisamente para que siga pudiéndose mantener ese cuidado en familia,
que es lo mejor, hay que arbitrar medidas interdisciplinares que apoyen,
alivien o incluso sustituyan, en caso necesario, el peso que supone esta
carga. Por eso se pide el desarrollo de un sistema de atención
domiciliaria de carácter sociosanitario que responda a las necesidades
del enfermo y sus familiares, con personal que sepa enseñar a afrontar la
enfermedad a las familias, que les proporcione la información y la
instrucción necesarias para responder a las múltiples preguntas que se
formulan en estas situaciones.
Por otro lado, se pide un plan de centros de día y residenciales que
permitan las estancias temporales para descanso o contingencias de los
cuidadores, o estancias diurnas para poder ir al trabajo y no tenerlo que
abandonar por atender a un enfermo; centros de carácter sociosanitario
que proporcionen terapias y las medidas técnicas oportunas.
Por último, se piden fórmulas que permitan compatibilizar el empleo con
el cuidado del enfermo: regulación de permisos laborales; reducciones de
jornada, como se prevén para otras situaciones como guarda legal a
menores de seis años a su cargo; posibles cotizaciones del Estado en
determinados casos, y otras ayudas similares.
En definitiva, señor presidente, creo que éste es un problema grave, que
crece y que es de todos, y todos debemos implicarnos en su prevención y
tratamiento. Si hacemos énfasis en que éste es un problema eminentemente
social es porque creemos que la parte sanitaria, al tener un sistema y
ser el principio de universalidad un principio básico en ese sistema,
está relativamente cubierta. Si existe alguna necesidad de medicamentos,
también los tienen cubiertos al atenderse, en la mayoría de los casos, a
los mayores de 65 años o inválidos por ser una enfermedad incapacitante
total. En síntesis, somos partidarios de planteamientos más integradores
y sociosanitarios que simplemente sanitarios, basándonos para ello en los
conocimientos técnicos de los que hoy disponemos.
Por ello, y como decía al principio, con la alegría del consenso, que
refleja que toda la Cámara comprende y asume el problema y se pone en
marcha para solucionarlo, que ya es grave pero lo va a ser más en el
futuro, doy las gracias a todos. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para la protección social de la
enfermedad de Alzheimer, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
para defender nuestra proposición no de ley sobre medidas a tomar para la
protección social en torno a la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad
no ha surgido recientemente y, sin embargo, por su escasa incidencia, no
se recogía como tal.
Como consecuencia del aumento de la población que supera los 65 años, se
constata la importancia creciente de la enfermedad, dado que a partir de
estas edades es donde se sitúa el riesgo de contraerla. En España, a
principios del siglo XX, sólo un 5 por ciento aproximadamente superaba
los 64 años, y se calcula que hacia el año 2000 la población de estas
edades se podría situar en torno al 15 por ciento. En resumen, la
población española va a envejecer notablemente en los próximos años. Por
tanto, la configuración de los servicios y prestaciones sociales, así
como la incidencia en gasto sanitario, deberían de abordar modificaciones
importantes acordes con estas nuevas realidades.
En España, en la actualidad --lo decía en su intervención el diputado del
Partido Popular--, aproximadamente unos 400.000 ciudadanos y ciudadanas
padecen la enfermedad de Alzheimer, de los cuales una gran mayoría es
atendida por las propias familias. Los cuidados que requieren dichos
enfermos son muy costosos. Por ejemplo, una residencia para enfermos
internos puede suponer entre 200.000 y 250.000 pesetas al mes y, en la
actualidad, muchas familias que no pueden costear este gasto deben
decidirse por la solución
de que algún miembro de la unidad familiar abandone su puesto de trabajo
para atender al enfermo de Alzheimer. Además, esta situación suele recaer
mayoritariamente en las mujeres.
También parece cierto y reconocido que la calidad de vida de los enfermos
y enfermas es mejor si se quedan en su entorno familiar, mientras ello
sea posible. No obstante, en ningún caso esta opción debiera liberar a
las diferentes administraciones de establecer servicios específicos de
atención sanitaria, redes de servicios sociales públicos, residencias,
centros de día, etcétera, que den la cobertura suficiente a las
necesidades de los enfermos y de sus respectivas familias.
Hemos de tener en cuenta que, de forma general, la enfermedad tiene una
evolución en la que se van incrementando las necesidades de atención y
asistencia, donde es preciso planificar de forma progresiva necesidades
económicas de adecuación de vivienda, necesidades asistenciales
complementarias o el ingreso en residencias u hospitales especializados,
si ello fuera preciso. Para estas necesidades crecientes resulta
imprescindible la clara implicación de las diferentes administraciones
competentes, que permita planificar el futuro respecto a una enfermedad
que de momento sigue una evolución progresiva y que implica una compleja
situación sanitaria y social.
La proposición no de ley que hoy presentamos incluye algunas propuestas
asimilables a las que, en los mismos términos, presentaba el Partido
Popular, y asimismo asimilables a algunas enmiendas que planteaba el
Grupo Socialista a las dos proposiciones. Por tanto, y en función de un
problema que entendemos que es prioritario y que debería atenderse desde
el consenso y la participación de todos los grupos parlamentarios, hemos
hecho el esfuerzo de plantear un texto común en el que pudieran
participar todos los grupos, añadiendo al conjunto de las propuestas un
punto que era importante, sobre todo para nuestro grupo y para el grupo
que plantea las enmiendas, y es que se pudiera recoger el establecimiento
de un plan que el Ejecutivo remitiría a esta Cámara en un plazo no
superior a seis meses, lo que nos permitiría conocer, concretar y evaluar
mejor las posibles soluciones para el tratamiento de los enfermos y de
las familias.
Entendemos que esa solución aportada en un texto común, con el compromiso
del Ejecutivo de presentar un plan, permite plantear una proposición no
de ley con unos objetivos más ambiciosos y que, de alguna manera, tenga
la posibilidad de no quedarse en una mera declaración de intenciones sino
que incluya una ejecución planificada y progresiva en la que sea posible
la intervención de los grupos que hemos presentado la proposición no de
ley y también de aquellos que se vayan a sumar al consenso, que esperamos
que en este caso sea mayoritario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
Han sido presentadas enmiendas a esta proposición no de ley por parte del
Grupo Parlamentario Popular, que han sido defendidas ya en la
presentación de la iniciativa del propio grupo, y por parte del Grupo
Parlamentario Socialista también, que se han presentado a ambas
proposiciones no de ley, a la del Grupo Parlamentario Popular y a la del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas y señores diputados, el aumento de la esperanza de vida
que se ha producido en nuestro país en estos últimos años, unido a un
importante grado de bienestar, permite que nuestros mayores y nosotros
mismos tengamos un horizonte y un período de vida más largo que en los
últimos años. Quizá este hecho sea uno de los exponentes más
significativos y gratificantes que han transformado nuestra sociedad,
haciendo justicia a los que nos precedieron.
Probablemente, uno de los elementos más claros, tangibles e indiscutibles
del Estado del bienestar, del avance social, sea efectivamente éste del
horizonte de vida. No obstante, estas amplias expectativas de vida
significan nuevos retos para la sociedad, para la familia y para las
instituciones. En este sentido, se pueden incluir determinados males,
como puede ser la enfermedad del Alzheimer, resultando para las personas
que lo padecen, así como para sus familias, dificultades imposibles de
atender en ocasiones.
Organizaciones de familiares, voluntarios y ONG están desarrollando una
tarea encomiable, intentando, con más entusiasmo que medios, dar
respuesta a los propios enfermos y aliviando a la familia. Como es
conocido, esta cooperación necesita, en primer lugar, yo diría, un
reconocimiento social, un reconocimiento de los poderes públicos, y qué
mejor reconocimiento que desde esta Cámara, que representa la voluntad
popular. Pero también son necesarias, para su propio estímulo y para que
esa capacidad de atención a este mal pueda ser aliviada, ayudas tanto en
el aspecto técnico y científico como en el económico.
A pesar de lo que se diga, señor presidente, señorías, esta Cámara, como
en tantas otras ocasiones, también atiende situaciones que interesan a
los ciudadanos, que nos reconfortan y nos justifican como personas que
están atentas a los problemas de la sociedad. Ojalá esos ruidos
innecesarios nos permitieran, con mayor sosiego, debatir aquellos
problemas que afectan a nuestros conciudadanos con la necesaria cordura y
sentido de lo que estamos haciendo.
He tenido la satisfacción, en lo personal pero también en representación
de mi grupo, de tratar con pasión
y con emoción las consecuencias humanas de un mal como el Alzheimer. Les
aseguro que, frente al dolor de este mal, está la grandeza de ciudadanas
y ciudadanos, familiares y voluntarios, que tratan de paliar con su
esfuerzo y con su voluntad, como decía antes, con más entrega, ilusión y
entusiasmo a veces que con medios económicos. Por tanto, no hacemos nada
más que recoger en este caso una voluntad activa de los ciudadanos que
voluntariamente están atendiendo estas situaciones de esos enfermos y a
veces de los familiares próximos. Es necesario que nosotros, como sus
representantes democráticos que somos, estemos a la altura de su
magnífica lección. Por eso, creo que hablo no solamente en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, sino del sentir mayoritario, como se ha
expresado en ese esfuerzo de acercamiento, volviendo una vez más a
recuperar, para asuntos concretos, el acuerdo y el consenso, la
satisfacción de todos nosotros, pero también el homenaje de esta Cámara a
aquellos que intentaron, con su atención y con su esfuerzo, paliar en lo
posible este mal moderno de una sociedad avanzada y solidaria. Sólo
aquellas sociedades que tratan bien a los niños y que dedican atención,
medios económicos y todo lo que tienen los aparatos del Estado, a través
de los gobiernos y las instituciones, a los temas de la solidaridad, de
la atención, merecen el calificativo de solidarias y avanzadas.
Yo quiero que hoy sea un día también para que nos felicitemos toda la
Cámara, porque todos hemos hecho un gran esfuerzo, aunque haya sido desde
distintas posiciones y visiones en cuanto a la estrategia y a los
contenidos, incluso el hecho de haber cedido tanto los proponentes como
las enmiendas que mi grupo presentaba en aras a conseguir, sobre todo, la
eficacia. Y nos gustaría que el Gobierno lo recogiera con el mismo cariño
y con el mismo esfuerzo que nosotros lo hemos recogido de la propia
sociedad, para que, si puede, incluso antes del plazo de los seis meses
que se va a aprobar, nos presente un plan con la finalidad de, con
sosiego posterior, poder avanzar en el compromiso del conjunto de las
instituciones. Que este día de hoy sea también un alivio para los
ciudadanos que padecen el mal, para sus familiares y para aquellas
personas que voluntariamente han estado trabajando y que seguirán
haciéndolo, y yo estoy seguro que desde este día trabajarán con mayor
estímulo.
Señor presidente, naturalmente nos unimos a este acuerdo que ha sido
consensuado por todos los grupos y una vez más creo que la Cámara tiene
que felicitarse.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madrid.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo con mucha brevedad para fijar la posición de Unión Valenciana
con respecto a estas proposiciones no de ley referentes a la problemática
que provoca la enfermedad de Alzheimer sobre las personas que lo padecen
y su entorno familiar, que indirectamente también lo padecen.
En primer lugar, quiero felicitar a los grupos proponentes por la
oportunidad y el sentido de las propuestas que hoy estamos debatiendo y,
sobre todo, felicitarnos por el amplio consenso que se va a alcanzar en
torno a una cuestión que creo que a todos nos une, porque hemos conocido
y conocemos casos más o menos lejanos relacionados con la situación que
atraviesan estos enfermos y aquellas personas de su entorno, tales como
sus familiares.
Desde la demanda de una mayor atención de la sanidad pública, desde la
demanda de una mayor solidaridad de todos los ciudadanos con este
colectivo de enfermos, creo que es de justicia el que este consenso
empuje hoy a que se apruebe esta iniciativa, que creo va a ser muy
agradecida por ese casi medio millón de ciudadanos que sufre esta
enfermedad en diverso grado de afección y, sobre todo, por aquellas
familias que tan de cerca viven el drama familiar que supone la
enfermedad de Alzheimer, por su coste económico, por el sufrimiento y por
el grado de compromiso que ello le supone con ese familiar directo que
tienen a su cargo.
Es importante incidir en esta cuestión porque ya en la ponencia de la
familia se habló de aquellos núcleos familiares que tienen en su seno una
persona mayor, una persona de la tercera edad con una enfermedad que le
puede llevar a la postración definitiva y a una situación de incapacidad
total y absoluta. Por tanto, el día de hoy creo que es importante y que
estos ciudadanos que sufren esta enfermedad pueden sentirse orgullosos
del trabajo que vamos a empezar a hacer por ellos, sin despreciar aquí el
que ya se ha hecho, pero creo que es fundamental este consenso
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra, en segundo lugar, la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Quiero
expresar también, en nombre del Grupo de Nueva Izquierda y de Iniciativa
per Catalunya, el apoyo a este acuerdo, que es verdad que nace de
proposiciones distintas, pero todas con una misma finalidad: intentar dar
una salida a lo que hoy es un problema de enfermedad, pero también de
generosidad, de sacrificio y de solidaridad de la sociedad.
Yo creo que esta Cámara no puede ser ajena a una enfermedad que mueve
tantísimas cuestiones, sobre todo porque nosotros tenemos la obligación,
y fundamentalmente
el Gobierno, de dar soluciones que ya no son de solidaridad, sino de
exigencia de justicia. Todos sabemos que la enfermedad de Alzheimer, y
nos lo ha dicho también el portavoz del PP, ya no tiene incluso el
carácter de incurable, lo que nos lleva a que tengamos que estar muy
cercanos a las investigaciones que se están haciendo en el conjunto de
los países no sólo para prevenir sino para, cuando ya se detecta la
enfermedad, procurar la posible cura. Pero, por otro lado, es verdad que
en tanto ésta se descubre, tenemos una serie de necesidades que aplicar
que tienen que imponerse en la sociedad con solidaridad, con cariño y con
afecto, evitando el mayor sacrificio. No podemos sacrificar a la gente, y
creemos que el Estado tiene obligaciones que pueden evitar que el afecto
tenga que convertirse en un sacrificio de penosidad para alguno de los
miembros de la familia.
La existencia de centros de día con personal especializado y un montón de
ayudas que se pueden llevar a cabo no sólo van a favorecer al enfermo,
sino que también van a mitigar el dolor de los familiares que están
cerca. Aunque haya cuestiones de solidaridad y, repito, de afecto
familiar y de voluntariado, también hay obligaciones que se tienen que
dar en este plan que, efectivamente, se retrasa seis meses y lo único que
pedimos es que esos seis meses no sean un plazo a agotar sino un plazo
durante el cual se reflexione, se consensúe y se den soluciones a este
tipo de situaciones. Si es sólo retrasar vamos a causar desilusión; si es
ejecutar vamos a causar una profunda esperanza, que es de lo que tiene
necesidad en este momento la sociedad, no sólo por esos enfermos sino
porque una sociedad que protege, como se ha dicho aquí, a sus niños y a
sus ancianos es una sociedad que nos protege a todos y a todas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Las proposiciones no de ley sobre medidas a adoptar para ayudar a los
enfermos afectados por el mal de Alzheimer y que presentan el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo de Izquierda Unida, son oportunas y
hacen referencia a un problema social muy relevante que afecta a un
importante número de ciudadanos y ciudadanas y a su entorno familiar.
Está claro que la ayuda que necesitan estas personas está obligando a
otras muchas, especialmente a las mujeres, a un esfuerzo de gran
envergadura con costes personales muy importantes, porque el sistema
asistencial existente hoy no da respuesta a las necesidades de estos
enfermos.
Las proposiciones que se presentan a debate ofrecen diversas medidas
concretas para intentar mitigar este problema, y todas ellas son medidas
a considerar, especialmente las que hacen referencia a la responsabilidad
de los poderes públicos en este tema. Quiero alabar, por tanto, el
esfuerzo de los grupos proponentes y enmendante para llegar a un texto a
aprobar que quizá resulta más concreto y mejor.
En todo caso, lo que resulta evidente es que hay que tomar medidas, y
tomarlas ya, para resolver lo mejor posible el grave problema que sufren
estos enfermos y sus familiares. Y, eso sí, en las ayudas que se pongan
en marcha, desde nuestro punto de vista las instituciones sanitarias y
sociales públicas deben jugar el papel fundamental. El Bloque
Nacionalista Galego, por tanto, va a votar favorablemente ese texto
consensuado y transaccionado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para decir que Coalición Canaria ve con
ilusión y con optimismo el futuro sanitario y social de este país tras la
lectura de las proposiciones no de ley que se han presentado por los
grupos proponentes.
Estamos de acuerdo tanto en la exposición de motivos como en el contenido
de la iniciativa. También estamos de acuerdo con las palabras acertadas
del portavoz socialista y con los compañeros del Grupo Mixto.
Nosotros consideramos que para este mal que tantos problemas está
originando a la sociedad española --y no solamente a los que sufren esta
enfermedad sino a sus familiares y amigos del entorno, ya que también los
amigos sufrimos cuando vemos que mentes que fueron brillantes se van
obnubilando-- es necesario un texto unánime aprobado por esta Cámara. Por
ello nos adherimos al texto consensuado esperando que colaboren todas las
administraciones y toda la sociedad, y estamos seguros que hoy será un
motivo de orgullo para la solidaridad nacional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
El Alzheimer, como ya se ha dicho en esta Cámara, es una enfermedad de
demencia presenil que se manifiesta clínicamente por trastornos en la
memoria, desorientación temporal y espacial, incapacidad de reconocer
personas u objetos, incapacidad de realizar
movimientos coordinados para realizar un fin y pérdida de la facultad de
expresión hablada o escrita en sus fases más avanzadas. Es, por tanto, un
proceso degenerativo de las neuronas del que por desgracia hoy en día la
medicina, que yo tenga entendido, sólo ha conseguido ralentizar su
evolución, no prevenir la enfermedad ni curarla.
Se calcula que en el Estado español más de 400.000 personas padecen esta
enfermedad. Dicen los expertos y los familiares de los afectados de
Alzheimer que es una enfermedad muy cruel. Quienes la padecen acaban
siendo extraños para las familias y, lo que es peor, éstas acaban siendo
extrañas para los enfermos. Quien sufre de Alzheimer, a medida que la
enfermedad va evolucionando, precisa inexcusablemente de alguien que le
cuide las 24 horas del día. Los datos más rutinarios y elementales de la
vida cotidiana como asearse, vestirse o alimentarse se hacen inaccesibles
o impracticables para quienes padecen la enfermedad. El hogar se
convierte en una fuente imprevisible de peligros para el propio enfermo y
para los que con él conviven. En la mayoría de los casos son las
familias, especialmente las mujeres, las que se ocupan de los enfermos y
enfermas afectados por esta patología. La problemática es más social que
sanitaria. Los que están diagnosticados tienen prescrito un tratamiento
que no precisa de servicios sanitarios permanentes. Pero lo que hace hoy
que en esta Cámara estemos debatiendo la necesidad de instar al Gobierno
a tomar medidas concretas, a realizar, a presentar un programa concreto
es la conciencia, que sin duda todos los grupos parlamentarios aquí
representados tenemos, aunque ha sido iniciativa parlamentaria del Grupo
Popular y de Izquierda Unida, loable iniciativa pero consensuada por el
resto de los grupos, de la necesidad de dar una respuesta social a esta
problemática.
Nuestro grupo parlamentario considera que el Gobierno debe tomar medidas
concretas que permitan dar respuestas también concretas y distintas según
las necesidades del enfermo y de su entorno. A nadie se le escapa que las
familias con recursos económicos tienen muchas más posibilidades de hacer
la situación más llevadera que aquellas a las que sus posibilidades no
les permiten comprar servicios --entre comillas-- que les aligeren de las
múltiples cargas que se derivan del cuidado de estos enfermos. En este
saber dar respuestas distintas de acuerdo con la realidad socioeconómica
pensamos que radica el verdadero sentido de las políticas sociales
llamadas de bienestar.
La mejor manera de luchar por el Estado del bienestar es a nuestro modo
de ver la de no tratar por igual las realidades, las situaciones, las
personas que son profundamente desiguales. Por eso nuestro grupo
parlamentario comparte hoy con satisfacción esa propuesta que todos
asumimos: instar al Gobierno a que tome medidas concretas para
desarrollar la política que ya el Ministerio de Sanidad y Consumo viene
haciendo de atención domiciliaria y profundizar en los planes de
formación del personal, cuestión ésta muy importante. Hay que educar, hay
que profesionalizar a las personas que trabajan en los centros
sociosanitarios para convivir con estos enfermos y habrá que educar
también a las familias para hacerles más llevadera la situación.
Instamos al Gobierno para que elabore un plan especial de centros de día
y de dotación de plazas de residencias para enfermos de Alzheimer.
Instamos al Gobierno para que estudie fórmulas que hagan compatible la
actividad cotidiana --laboral, familiar, social-- con la del cuidado de
las personas que padecen esta enfermedad. Además le ponemos un plazo al
Gobierno, un plazo razonable. Somos conscientes de que es complicado y
complejo elaborar un programa que contemple todas estas situaciones, pero
de no fijar esta Cámara un período razonable lo que estamos haciendo hoy
aquí, con ser muy bonito y muy humano, podría ser simplemente un brindis
al sol.
Por este motivo, todos los grupos parlamentarios consideramos que es
bueno concretarlo en un cuarto punto que hemos añadido a la proposición
que dice: Las medidas aquí reseñadas, junto con las que el Gobierno
estime oportuno presentar, serán recogidas en un plan que el Ejecutivo se
compromete a remitir a estas Cortes en el plazo de seis meses para que
pueda ser estudiado en la Comisión pertinente.
Para terminar, queremos congratularnos una vez más de que, por lo menos
de vez en cuando, en temas que afectan a la sensibilidad de tantas
personas, los grupos de esta Cámara somos capaces de llegar a grandes
acuerdos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
Al existir un texto consensuado entre todos los grupos parlamentarios, no
ha lugar al turno de aceptación o denegación de las enmiendas. Por lo
tanto, vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tras el debate acumulado de las
proposiciones no de ley de los grupos Popular y Federal de Izquierda
Unida, sobre la adopción de medidas para paliar las carencias de los
enfermos de Alzheimer y sus familias y para la protección social de tal
enfermedad, y al haberse alcanzado un único texto por acuerdo entre los
grupos proponentes, es éste el que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 323; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley con
arreglo al texto resultante de
la enmienda de modificación aceptada por los grupos proponentes.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE NECESIDAD DE ESTABLECER UN
NUEVO PROCESO PARA LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES (Número
de expediente 162/000179)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE REFORMA DE LA
ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES (Número de expediente 162/000180)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley, que se tramitarán
acumuladamente, de los grupos Socialista y Mixto (señora Rahola), sobre
necesidad --dice la primera de las proposiciones-- de establecer un nuevo
proceso para la reforma de la enseñanza de las humanidades y --según
recoge la del Grupo Mixto (señora Rahola)-- sobre la reforma de la
enseñanza de las humanidades.
Intervendrá, en primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario
Socialista, a continuación la señora Rahola y, posteriormente, aquellos
grupos que han presentado enmiendas a una u otra proposición no de ley.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista, tiene
la palabra doña Clementina Díez de Baldeón. (Rumores.)
Silencio. Señorías, guarden silencio para que pueda continuar el
desarrollo del orden del día. (Pausa.)
Adelante, señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado día 2 de diciembre se aprobó en el Senado, con los
votos favorables del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, una enmienda
transaccional al texto de la moción presentada por el Grupo Popular sobre
la mejora de la enseñanza de las humanidades.
Tanto el texto de la enmienda aprobada en el Senado, basado en la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista con anterioridad
el pasado 20 de noviembre, como el que hoy discutimos en el Pleno de esta
Cámara, son básicamente coincidentes en tres aspectos esenciales.
Primero, ambos hablan de la necesidad de actuar desde el principio,
diagnosticando cuál es la situación de la enseñanza de las humanidades en
la educación secundaria en las distintas comunidades autónomas a través
de un dictamen serio y riguroso; segundo, establecen la conveniencia de
abrir un debate social sobre la enseñanza de las humanidades en la
educación secundaria que permita dentro del marco de los objetivos y los
fundamentos conceptuales, educativos y didácticos de la Logse, definir
las enseñanzas mínimas que todos los escolares de España deben conocer;
tercero, consideran indispensable alcanzar en este tema un deseable
consenso de toda la comunidad educativa y de las comunidades autónomas,
sin el cual cualquier decreto resultará bastante ineficaz.
Señorías, quisiera dejar claro que la propuesta de esta proposición no de
ley está en total sintonía con el texto aprobado en el Senado y en
absoluto es contradictoria con el mismo, tal como han venido manteniendo
algunos representantes del Partido Popular en diversos medios de
comunicación posiblemente con el ánimo de confundir a la opinión pública.
Ambos textos reclaman la necesidad de comenzar el proceso de reforma de
las humanidades desde el principio, paralizando la situación y abriendo
un debate hasta llegar a un acuerdo. Un consenso sólo se rompe con otro
consenso, y la Logse, que nació tras un largo diálogo de la conformidad
de todas las partes implicadas, no puede verse amenazada al poco de nacer
por fórmulas apresuradas que no susciten general asentimiento.
Por esta razón, entre otras, el proyecto de decreto de reforma de las
humanidades ha sido rechazado por la mayoría de los grupos políticos en
el seno del Congreso y del Senado y por cuatro comunidades autónomas con
competencias en educación --Cataluña, Andalucía, Canarias y el País
Vasco-- que han solicitado oficialmente que no se publique este decreto
de cuya existencia se enteraron muchos de ellos a través de la prensa.
Quisiera despejar también otra cuestión. Es evidente, señora ministra,
que usted tiene atribuciones para establecer las enseñanzas mínimas en el
marco legal definido en la Logse y, por tanto, no necesita los votos de
esta Cámara para llevar al «BOE» este decreto o cualquier otro que estime
conveniente. Podemos votar hoy aquí su retirada y no tendrá validez
nuestra negativa para impedir que este decreto vea la luz si la ministra
de Educación persiste en mantenerlo como punto de partida para cualquier
negociación posterior, pero sin duda, señora ministra, esa actitud
tendría muy negativos efectos. Ese decreto, si usted hace eso, sería hijo
de la imposición y no del consenso. Se produciría así una situación de
difícil salida política.
Señorías, estamos en un sistema democrático, donde el diálogo no es sólo
una cuestión de forma sino que lo es también sobre todo de fondo, y
resultaría inconcebible que un gobierno democrático se empecinara en
mantener como base de ese diálogo un decreto que ha resultado ser --usted
lo sabe-- la manzana de la discordia.
El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado reiteradamente su
intención de contribuir con el Gobierno y con las restantes fuerzas
sociales y políticas a dar una salida a la conflictiva situación creada.
Sin embargo, desde el Gobierno se nos ha acusado de estar
alimentando la polémica por intereses partidistas. Nada más lejos de la
realidad. Nuestro deseo, nuestro sincero deseo, es encontrar una solución
consensuada. Por eso, para darle una salida digna a usted, señora
ministra, el Grupo Socialista votó con el Grupo Popular, en el Senado, la
enmienda transaccional que conocen SS. SS. y que he comentado al
principio, por la que el Partido Popular retiraba el punto de la moción
donde se aludía a mantener el decreto de reforma de las humanidades,
mientras que por su parte el Grupo Socialista renunciaba a pedir
expresamente la retirada del decreto. Lo sorprendente vino luego con las
diversas manifestaciones a esta situación.
Para los socialistas proponer un nuevo proceso que partía de cero
implicaba de hecho no tomar en consideración ese proyecto de decreto, o,
si prefieren, que esa propuesta durmiera el sueño de los justos en un
cajón. No pedir expresamente su retirada era una forma de que la ministra
de Educación no saliera desairada. Suponía, señora ministra, ponerle en
bandeja de plata una solución al conflicto que usted y sólo usted había
venido manteniendo al proclamar y al sostener contra viento y marea un
texto que cuenta con múltiples detractores. Pues bien, lejos de
interpretar nuestro silencio en esa clave, el Grupo Popular se apresuró a
decir que ese proyecto de decreto no se retiraba, permitiéndose incluso
insinuar la división del Grupo Socialista y distinguiendo entre los
partidarios del acuerdo y los intransigentes, pero se equivocan. Todos
los socialistas, y subrayo, todos y todas, somos partidarios del acuerdo
y de la colaboración para encontrar una salida consensuada a un tema tan
importante como éste. Pero, señora ministra, señorías, no nos pidan que
dialoguemos sólo a partir de este proyecto de decreto, no nos pidan un
doble lenguaje y que por segunda vez callemos o nos veamos forzados a
utilizar un eufemismo que suponga la retirada del texto pero sin decirlo
expresamente.
Señorías, la credibilidad de la clase política, como la de cualquier
colectivo, se basa en la transparencia. Juguemos limpio. El Grupo
Socialista, a través de esta proposición no de ley, pretende dejar claro
lo que hay que hacer en un asunto tan importante como éste, que incluye,
por cierto, áreas de conocimiento tan necesitadas del consenso general
como la historia. Usted, señora ministra, utilizando la expresión de
pasar de las musas al teatro, se ha referido a la necesidad de que el
tema pase del debate político al académico, que es, dice, de donde nunca
debería haber salido. Sin duda esta es una afirmación ingenua, puesto que
no estamos hablando de asignaturas neutrales y objetivas, como pueden ser
las matemáticas o la química, sino de materias que encierran un gran
calado ideológico-político. Ni la historia ni la cultura son inocentes ni
son asépticas. El pasado ha sido casi siempre reinterpretado para
justificar el presente. Vemos lo que quedó atrás con las gafas de nuestra
visión del mundo y de la vida, y esas gafas no son, señorías, iguales
para todos. Ese pasado fue múltiple y complejo, en el caso de España
especialmente rico por la aportación de múltiples culturas diferentes,
todas válidas, todas reivindicables. Por eso este debate de las
humanidades no puede ser únicamente académico, sino que es
inevitablemente también político, igual que ha ocurrido en otros países
de nuestro entorno, y por eso, señorías, está especialmente necesitado
del acuerdo, del consenso.
Deberíamos evitar, señorías, por todos los medios lo que, desde mi punto
de vista, es una de las consecuencias más nefastas de esta polémica.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, vaya concluyendo, por favor.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Acabo ya, señor presidente.
Me refiero a la confrontación entre el nacionalismo español centralista y
los nacionalismos periféricos. La Logse, en línea con nuestra
Constitución, elaboró en 1990 un marco educativo en el que tenían cabida
tanto los conocimientos de la historia y la cultura común de España, como
la de otras nacionalidades españolas. Alentar el entendimiento es tarea
de todos. Por eso, si se sospecha de la existencia de historias
fragmentadas y excluyentes, que no fomenten el conocimiento común ni la
convivencia pluralista, deben ser, antes de nada, bien diagnosticadas.
Resulta imprescindible y previo a cualquier medida posterior emitir un
dictamen serio y concluyente sobre la situación de la enseñanza de las
humanidades en las diferentes comunidades autónomas, que incluya el
análisis de los libros de texto, verdadero guión de los contenidos que se
imparten. En cualquier caso, resultará esclarecedor abrir un amplio
debate social sobre qué enseñanza de las humanidades queremos y cómo
articularla, tal como han hecho otros países de nuestro entorno, a partir
de un documento de trabajo, elaborado por los expertos que propongan las
comunidades autónomas y las distintas instituciones de la comunidad
científica y educativa, y que permita establecer, dentro del ámbito de
los objetivos y de los fundamentos educativos y didácticos de la Logse, y
también desde el diálogo y el consenso, aquellos contenidos mínimos que,
en el área de las humanidades, nuestros escolares deberán conocer.
Consideramos, señorías, que este proceso es incompatible con el
mantenimiento del actual decreto. Los autores que lo han realizado
merecen todo nuestro respeto a su capacidad científica y a la honradez de
su proposición, pero consideramos conveniente que sean las propias
comunidades autónomas y las instituciones de la comunidad educativa y
científica quienes hagan sus propias propuestas. Si queremos dialogar
desde un clima de confianza, elaboremos un nuevo borrador que surja de un
análisis riguroso. Lo contrario
implicaría obcecación e intransigencia, no por parte del Grupo Socialista
ni de otros grupos, sino en este caso del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón. concluya, por favor.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Acabo ya, señoría.
Sería un buen gesto por parte de usted, señora ministra, que en la
próxima reunión del día 22 de diciembre, en la conferencia sectorial de
consejeros de educación, les brinde la oportunidad de llegar a un acuerdo
a partir de un nuevo proceso Pero ese clima de entendimiento no podemos
garantizarlo unilateralmente los grupos políticos y las comunidades
autónomas sino que quien debe de mover ahora ficha, con sensibilidad y
respeto, es el Gobierno. Si así lo hace, este Gobierno demostrará que
tiene verdadero interés en solucionar el conflicto de la falta de
enseñanzas comunes, allí donde se puede haber producido, si es que
existen casos donde esto ocurre. (Rumores.) De lo contrario, dará la
sensación de que sólo le interesa su aparente solución, sin intervenir de
forma efectiva.
A nadie se le escapa que limitarse a poner más epígrafe a los temas de
las distintas asignaturas, como hace el actual borrador de decreto, no es
por sí mismo una garantía de solución. Este Gobierno debería ganar las
batallas en la realidad y no sólo en las apariencias. Debe convencer y no
imponer y debe tener un concepto de España que integre y sume, y no
enfrente, a los habitantes de los diferentes territorios. (Rumores.) Este
Gobierno debería ser consecuente y poner en práctica una solidaridad que
consagra el artículo 2 de nuestra Constitución, reduciendo desigualdades
territoriales a través de una redistribución de los recursos.
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, concluya en 30 segundos.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Al mismo tiempo que trata, con
sensibilidad, la diversidad, practicando, señorías, un continuo diálogo
y, sobre todo, debe tener claro que España es una realidad plural que se
enriquece con una permanente y fluida comunicación entre sus diferentes
culturas. Por eso, frente a la existencia de historias y culturas,
ensimismadas en burbujas aisladas, es necesario que reivindiquemos una
enseñanza de la historia y de las humanidades abierta a Europa y al mundo
que forme hombres y mujeres tolerantes y demócratas. (Rumores.)
La educación encierra un tesoro, titula el informe Delors, un tesoro
imprescindible para la construcción del futuro, de nuestro futuro;
enseñar a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser, son las líneas
fundamentales que ese informe desarrolla. Eduquemos a nuestros niños, a
nuestras niñas, a nuestros jóvenes en conocimientos pero también en
valores que destaquen la tolerancia y el respeto a la diferencia,
eduquemos para la paz y destaquemos todo aquello que nos une para
construir entre todos nuestra memoria compartida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Para la defensa de su proposición, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
La historia no existe; existen las interpretaciones que de ella se hacen
y generalmente se impone la interpretación de los vencedores. Esta frase
que, en términos parecidos, recordó Carme Laura Gil en su comparecencia
en Comisión, es uno de los pocos lugares comunes que podemos aceptar como
indiscutibles. En todo caso, es evidente que todos los regímenes
dictatoriales o abusivamente ideológicos han tenido en la manipulación de
la historia su máximo instrumento de control ideológico. Milan Kundera
explicaba en uno de sus libros sobre la primavera de Praga cómo habían
sido recortadas las caras de los rebeldes de las fotos oficiales; se les
había excluido de la historia. Y en nuestra inmemoria reciente no hace
falta ir más allá que a la escuela de nuestra infancia para encontrar uno
de los ejemplos más aberrantes de manipulación y perversión de la
historia. Hace muy poco de todo ello, señora ministra. Está en nuestra
memoria biográfica, en ese florido pensil de las aulas del franquismo,
donde aprendimos, a golpe de desmemoria, desinformación y agresividad
ideológica, lo que significa utilizar, desde un poder perverso y
pervertido, la enseñanza de la historia.
¿Sabe usted cuál era el concepto que justificaba y aglutinaba la
desinformación, la manipulación pedagógica de aquel régimen? En términos
más o menos exactos, el mismo concepto que hoy se escoge como el objetivo
número 5 de historia en su borrador de reforma: estudiar el carácter
unitario de la trayectoria de España.
No es de extrañar, señora ministra, que cuando leemos ese objetivo 5 en
Cataluña, en Galicia o en Euskadi, coincidamos con la reacción de Jordi
Pujol cuando dice: Es una música conocida y la consecuencia siempre es
una enseñanza que nos menosprecia.
Señora ministra, usted no ha priorizado en la decisión tomada para
plantear esta reforma nada que tenga que ver con la mejora de la
enseñanza de las humanidades, sino que ha priorizado una reforma
ideológica claramente partidista en todos sus aspectos y conscientemente
jacobina, centralista en el sentido más ortodoxo.
¿Por qué me atrevo a afirmarlo con rotundidad? Primero, porque usted ha
menospreciado lo único que sí
significaba una reforma no ideologizante de las humanidades: la enseñanza
de clásicas y de filosofía. Fíjese usted, tanto hablar de humanidades y
ha menospreciado estos dos grupos de pedagogos, los que más habían
luchado por mejorar estas disciplinas.
Segundo, porque con el rótulo de carácter unitario de la trayectoria de
España usted ha enseñado, sin tapujos ni complejos, la intencionalidad
política, que no pedagógica, de su reforma. De ahí que nos encontremos
con barbaridades... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, un momento.
Señorías, guarden silencio.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Es el florido pensil, que les pone
nerviosos.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rahola.
Guarden silencio. Ruego a los servicios de megafonía que eleven el tono
de los altavoces de sonido del Pleno, porque algunos diputados y
diputadas tienen dificultades para seguir la intervención de la señora
Rahola. Les ruego guarden silencio. No me gustaría tener que llamarles al
orden.
Adelante, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Segundo, porque con el rótulo de carácter
unitario de la trayectoria de España usted ha enseñado sin tapujos ni
complejos la intencionalidad política, que no pedagógica, de su reforma.
De ahí que nos encontremos con barbaridades como esa de España eslabón
entre la cristiandad, el islam y el judaísmo. ¿Qué España, señoría?
¿Dónde sitúa usted esa España en el tiempo? ¿En la época de los godos?
¿En la Biblia directamente? ¿En el origen de los tiempos?
Ahora empiezo a entender aquello de la unidad de destino en lo universal.
¡Si parece que España para algunos ya salía en el Génesis! Pues no,
señora ministra, ni carácter unitario de la trayectoria, ni eslabón de
nada cuando ni tan sólo existía como concepto social.
La historia común parece que va a ser más común para los que tuvieron
como antepasado al Mío Cid que para los que tuvimos a Roger de Llúria;
esa es la trampa. Se inventan ustedes un tiempo donde sitúan la creación
de España. Eliminan de un plumazo las historias independientes, incluso
contrapuestas, de los distintos pueblos, y en una línea de continuidad
con el franquismo nos inventan los referentes históricos, nos reescriben
la memoria, nos silencian nuestra propia memoria.
Tercero, señora ministra, es una reforma ideológica, que no pedagógica,
porque usted no ha aumentado el contenido humanístico, sino que sólo ha
incidido en los contenidos. Ha hecho de censora, de policía ideológica,
no de ministra. Ya sé que me va a decir que naciones como Cataluña tienen
competencias plenas y pueden incidir en el proyecto curricular, pero
¿cómo?, si usted ha multiplicado por siete los temas mínimos. Ha pasado
de 25 a más de 180. Sabe perfectamente que acaba de destruir de un
plumazo curricular la capacidad competencial autonómica.
Cuarto, señora ministra, porque ustedes solos se delatan. Ahí tienen,
entre más de 40 contenidos, sólo uno hablando de la realidad plurilingüe
del Estado. De toda la literatura catalana, por ejemplo, sólo existe
Ausiàs March, y poco más. Y cuando nos preguntamos dónde están los
términos constitucionales de nacionalidad histórica en su reforma de la
historia, nos encontramos con su secretario general de Educación diciendo
que el decreto no tiene que posicionarse sobre la España plurinacional:
frases textuales. Lo deja a manos de la interpretación de los profesores,
y casi repito esto aturdida. O sea, que los profesores son tan poco de
fiar, y tan poco de fiar las autonomías, que los obligan a un currículum
enciclopédico tan horrorosamente detallado, que parece la enciclopedia
Alvarez; pero, en cambio, no les parece necesario poner en el marco de
los mínimos el marco constitucional de la pluriculturalidad. ¿Quiere más
ideología que esta, señoría?
Finalmente, señora ministra, el carácter arcaico, premoderno, casi
jurásico, en la línea de los sectores más ultraconservadores de la
pedagogía, de volver a los planteamientos memorísticos y enciclopedistas
en contra de los criterios de cambio y continuidad de la historia.
Encima, han eliminado el carácter de ciencia social y casi desaparecen la
educación ambiental y las opciones de sociología y economía. Volvemos,
pues, a la inefable lista de los reyes godos del florido pensil.
Afortunadamente, quedan hoy lejos de las aulas los cuadros de reyes,
batallas y fechas que provocaban el odio por la historia de unos
estudiantes que estaban obligados a un aprendizaje memorístico del todo
irracional; es una frase de Carlos Martínez, secretario de la Ustec,
sindicato de enseñanza. Toca la médula del segundo aspecto problemático
de su reforma. Es ideológica por centralista, por jacobina, por
antiautonómica, por unitarista, y es ideológica por premoderna, por
ultraconservadora.
En fin, señoría, parece ser que, finalmente, vamos a conseguir hacerle
retirar su reforma, a pesar de la inflexibilidad de su postura desde el
principio. Es la grandeza del debate parlamentario, pero personalmente
siento un enorme orgullo de poder protagonizar, junto con muchos otros,
la obligatoriedad de esa retirada. Con ello alejamos, como mínimo por
ahora, un peligro real, el peligro de volver a la memoria de nuestra
adolescencia, es decir, esa memoria que significaba la desmemoria de
muchos de nosotros, la desmemoria de un pueblo, la negación de sus
orígenes, la destrucción de su identidad. Ya sé, como asegura esa pluma
de alta brillantez literaria que es el ABC, que ustedes
creen que representamos la rebelión de la aldea frente a lo universal. Lo
creen porque sólo conciben la historia de los vencedores, sólo conciben
la uniformidad frente a la diversidad, sólo conciben su memoria
unilateral frente a la complejidad de las diversas memorias. Su reforma
no tiene nada que ver con la pedagogía. Usted, que se ha convertido
voluntaria o involuntariamente en la avanzadilla de las posturas más
centralistas, más antiautonómicas y más ultraconservadoras, ha hecho una
reforma a la medida de su historia y de su ideología; esa historia y esa
ideología que, desgraciadamente, mamamos todos hace tiempo, pero que unos
conseguimos superar y otros no.
En fin, Cataluña tiene su historia propia, como la tiene Euskadi, como la
tiene Galicia, a pesar del intento de que perdamos la memoria. Y España
no nació con el Génesis, eso es así, aunque vía decreto lo quieran negar.
Hoy retiran su reforma, pero lo digo para el futuro: si lo vuelven a
intentar en estos términos, Cataluña va a luchar con todas sus fuerzas
para que no nos vuelvan otra vez a la oscuridad de nuestra identidad, de
nuestros orígenes, a la desmemoria; ni vía decreto, van a conseguir que
olvidemos lo que hemos sido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna para participar en el
debate promovido por las iniciativas parlamentarias del Partido
Socialista Obrero Español y del Partido de la Independencia de Cataluña,
coincidentes en el contenido de sus proposiciones.
La voz del Gobierno no podía quedar hoy silenciosa en esta Cámara, porque
no estamos ante una nueva refriega parlamentaria en torno a una cuestión
baladí. La primera obligación que tenemos ante nuestros representados,
ante el conjunto del pueblo español, es explicar las razones de nuestras
decisiones y de nuestras posturas; hacérselas inteligibles. Todos hoy
estamos sometidos al juicio inapelable de la opinión pública. Yo creo que
la mayoría de la opinión nos demanda hoy que alcancemos un acuerdo
fecundo e inteligente, nos demanda que no convirtamos una cuestión
crucial para nuestro sistema educativo en una batalla estéril o en un
campo de enfrentamiento entre políticos.
El debate en nuestra sociedad sobre la enseñanza de las humanidades ha
sido y está siendo enormemente enriquecedor. No demos la espalda en esta
Cámara a lo que se nos demanda, que no es otra cosa que diálogo, acuerdos
operativos y voluntad de poner en marcha todas las acciones conducentes a
conseguir que las humanidades desempeñen el papel central que les
corresponde en la formación de las nuevas generaciones.
Pretendo demostrar a SS. SS. que el proyecto que plantea el Ministerio de
Educación y Cultura es una reforma necesaria que ha sido reclamada por
profesores, académicos, intelectuales y padres de alumnos, y que el plan
de mejora de las humanidades ha sido elaborado con transparencia, con
participación y con rigor, en cumplimiento estricto de lo que establece
la Logse, y que, desde el primer momento, ha sido concebido como una
invitación al diálogo con todas las personas y con todas las
instituciones que tienen responsabilidades en la materia, y muy
señaladamente con las comunidades autónomas, en un diálogo que me
gustaría que extrajera de este debate, también, algunas aportaciones de
interés.
El plan de mejora de las humanidades, señorías, tiene como finalidad el
incremento de la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos
españoles. Desde mi punto de vista, la enseñanza de las humanidades es
básica para lograr la formación integral que permita a cada ciudadano
comprender el presente en el que vive con conciencia del legado cultural
recibido y así poder ejercer su libertad sin las ataduras de la
ignorancia y los prejuicios.
Es opinión común la importancia del estudio de las materias humanísticas
(la filosofía, la cultura clásica, la historia, la lengua, la
literatura), y creo que también es opinión compartida el que en los
últimos tiempos se ha producido un empobrecimiento preocupante en el
aprendizaje de estas materias. Hay una amplia mayoría social que es
consciente de este deterioro y que exige una mejora que ponga fin a estas
carencias. Es un verdadero clamor que empezó en el mundo académico,
intelectual y docente, y que de ahí ha saltado al primer plano de las
preocupaciones ciudadanas en materia de educación. Yo creo que sería una
grave dejación de nuestras responsabilidades quedarnos en la resignación
o el conformismo ante este fenómeno del empobrecimiento de nuestro
sistema educativo.
Muchos profesores se han hecho eco de esta preocupación por las lagunas
formativas que padece una parte significativa de nuestros estudiantes y
reclaman soluciones. Hay estudios que demuestran que las incorrecciones
de ortografía, de gramática o de léxico están a la orden del día, y
algunos profesores universitarios denuncian el hecho de que jóvenes que
están matriculados en la licenciatura de historia no recuerdan haber oído
hablar en su vida de Prim, de Jovellanos o de los Episodios Nacionales,
de don Benito Pérez Galdós. Estos son los motivos que nos han llevado a
proponer un plan de mejora de la enseñanza de las humanidades, que
pretende atajar este problema en todos los niveles del sistema educativo.
Señorías, en los últimos tiempos se han publicado manifiestos que han
firmado intelectuales de primer orden, se han pronunciado las academias,
las facultades universitarias, las asociaciones de profesores, la
sociedad de estudios clásicos, y todos lo han hecho reclamando
al Gobierno que ejerza las competencias que la Logse le atribuye y que
reforme la enseñanza de las humanidades. Y eso es lo que el Gobierno ha
propuesto, y lo ha hecho de la manera más transparente, dialogada y
rigurosa que podía hacerse, con un proceso de elaboración abierto y
pausado, como me propongo exponerles a continuación.
En esta misma tribuna del Congreso, el 4 de mayo de 1996, el hoy
presidente del Gobierno recibió la confianza de la Cámara tras un
discurso de investidura en el que se comprometía a lograr la ampliación
de los contenidos humanísticos, en sintonía con lo que recogía el
programa electoral del Partido Popular. Nadie pudo llamarse a engaño,
sabíamos de lo que hablábamos: de reformar las enseñanzas mínimas comunes
para mejorar las asignaturas humanísticas. Pero quise explicar con mayor
detalle la posición del Gobierno en la apertura de curso de las reales
academias en octubre de 1996. Mis palabras fueron muy claras y quise que
nadie desconociera los proyectos del Gobierno, por lo que tuve interés en
enviárselas y pedir opinión sobre las mismas a los consejeros de
Educación de las comunidades autónomas. Pero desde luego nunca he querido
que este debate de las humanidades fuera sólo entre políticos. Quería que
opinaran los profesores, los que cada día en el aula intentan rellenar
con su buen criterio y su profesionalidad las lagunas de nuestras
enseñanzas mínimas. Por eso pedí también opinión a todos y cada uno de
los departamentos de geografía e historia de los institutos de educación
secundaria. Varios centenares de profesores nos respondieron con sus
reflexiones, fruto de la práctica diaria en el instituto. La mayoría
coincidían con el planteamiento del ministerio, y sus opiniones,
valiosísimas todas, han sido tenidas en cuenta y reflejadas en la
elaboración del plan de humanidades del que hoy hablamos, como no podía
ser de otro modo.
El proceso de elaboración de este plan de mejora de las humanidades
continuó en esta tónica de transparencia y en noviembre de 1996 se
constituyeron comisiones de expertos encargadas de elaborar el dictamen
base de estos proyectos de regulación. La prensa y la comunidad docente y
científica tuvieron conocimiento de ello. Y me gustaría detenerme un
instante, señorías, en esas comisiones, porque se han vertido sobre ellas
algunas acusaciones que no son justas.
Creo firmemente que no son los políticos ni los funcionarios quienes
deben hacer el trabajo académico ni, por tanto, nos corresponde a
nosotros, políticos, fijar si esta o aquella cuestión histórica,
geográfica o literaria debe estar en los planes de estudio. Quienes deben
decidir eso son los que saben de estas materias, los expertos, y a ellos
se les encargó. Pero ni siquiera quise ser yo quien designara a estos
expertos. En el caso de la historia, pensamos que una institución
prestigiosa e independiente como la Fundación Ortega y Gasset podía hacer
este trabajo y a ella se lo encargamos. El perfil profesional y la
independencia política se pusieron por encima de cualquier otra
consideración. Los nombres de Antonio Domínguez Ortiz, Celso Almuiña,
Julio Valdeón, José Varela Ortega, Fernando García de Gortazar o
Peramolas, que formaron parte de la comisión, junto con los de Juan Pablo
Fusi o José María Jover, que fueron consultados, indican bien a las
claras estas características de profesionalidad y de independencia. Lo
mismo cabe decir de los que se ocuparon de lengua y literatura, cuya
presidencia se le encargó a don Víctor García de la Concha, secretario
perpetuo de la Real Academia. Formaron parte de esa comisión José Manuel
Blecua o Miguel García Posada. Los trabajos de las comisiones fueron
seguidos por la prensa. En ellos participaron no sólo los integrantes de
las mismas, sino muchas asociaciones de profesores y de especialistas.
Yo estoy convencida de que jamás unos planes de estudio han sido
esbozados en nuestro país con tanta participación y tan cualificada como
lo han sido en esta ocasión. Concluyeron los trabajos de las comisiones
dictaminando la necesidad de reformar en profundidad las enseñanzas
mínimas vigentes en las asignaturas de humanidades de la enseñanza
secundaria obligatoria y del bachillerato, y dejaron también sentado un
conjunto de conocimientos que, a su juicio, no debía ser desconocido por
ningún alumno español cualquiera que fuera el lugar del territorio donde
estudiara. Porque exactamente de eso se trata con la reforma de las
enseñanzas mínimas que ha propuesto el Gobierno, un conjunto de temas o
de epígrafes absolutamente aséptico. No se trata de entrar en
valoraciones de ninguna clase, ni se da orientación alguna. El Gobierno,
desde luego, no pretende imponer ninguna visión de la historia. Es cada
profesor en cada aula el que, en ejercicio de su libertad de cátedra y de
su deber deontológico, transmite a sus alumnos los conocimientos y
apreciaciones generados por la comunidad científica sobre cada hecho o
sobre cada época histórica.
Querer imponer desde el poder, desde cualquier poder estatal o
autonómico, una determinada visión de la historia, aparte de ser a la
larga una operación inútil e incluso contraproducente, provoca
indeseables antagonismos. Nosotros, desde luego, estamos en las antípodas
de pretender que la Ilustración o la Restauración, por poner ejemplos, se
enseñen desde uno u otro punto de vista. Lo que nuestra propuesta de
enseñanzas mínimas se limita a decir es que se deberá explicar a todos
los alumnos la Ilustración y la Restauración, algo que sencillamente es
de sentido común.
Finalmente, señorías, para ampliar la participación en la elaboración de
este proyecto, quisimos que la opinión pública, la comunidad académica y
las administraciones educativas de las comunidades autónomas pudieran
formular cuantas observaciones quisieran hacer. Por eso expuse una
propuesta concreta, la
única que hay sobre la mesa hasta el momento, la expuse en rueda de
prensa y la remití por escrito a las comunidades autónomas. Y ¿qué hemos
conseguido? Hemos conseguido algo tan saludable, que tanta falta le hacía
a nuestro sistema educativo, como generar un debate de amplio alcance
sobre lo que deben estudiar nuestros jóvenes en los institutos españoles.
Quiero recalcar, porque me parece de una magnitud extraordinaria la
importancia de este debate, que en él han participado intelectuales,
escritores, académicos, profesores, maestros y, sobre todo, han
participado los ciudadanos. Yo creo que una amplia mayoría social ha
respaldado al Gobierno en su propósito, y personalidades tan destacadas y
tan representativas de los diferentes posicionamientos ideológicos como
Fernando Savater, Antonio Muñoz Molina, Carlos Seco Serrano, Julián
Marías, Francisco Rodríguez Adrados o Rafael Lapesa, han considerado
razonable lo que proponíamos, lo mismo que las Reales Academias de la
Historia, de la Lengua, la Asociación de profesores de geografía e
historia, los profesores de filosofía, los decanos de las facultades,
etcétera.
Por tanto, el plan de humanidades se ha gestado con la mayor
transparencia y con la máxima participación a lo largo de todo un año,
sin apresuramiento, como se dice en su proposición, señora Díez de
Baldeón, a lo largo de todo un año, y lo que hemos considerado desde el
primer momento es que nuestra propuesta era una invitación al diálogo. Lo
que estábamos diciendo es: aporten ustedes sus sugerencias. Tan abierta
estaba al diálogo nuestra propuesta que, en el Senado, la Cámara donde el
partido que sostiene al Gobierno tiene la mayoría absoluta, renunciamos a
imponer, como ha dicho muy bien la señora Díez de Baldeón, nuestro
criterio; renunciamos a imponerlo unilateralmente y apostamos de nuevo
por el diálogo en aras del deseable acuerdo que siempre hemos perseguido.
Y es que, señorías, yo no pienso que nuestra propuesta sea inamovible; al
contrario, debe ser corregida y mejorada a la luz de todas las
observaciones que se nos han formulado y las que se nos puedan formular.
Lo he dicho en esta Cámara y en todo lugar en el que he sido preguntada.
Esto era exactamente lo que pretendíamos cuando lo presentamos: recabar
ideas que mejoraran nuestra propuesta. De tal manera estamos abiertos a
las sugerencias que se nos puedan hacer que yo misma he dicho en varias
ocasiones, y hoy lo repito, que aceptamos estudiar incluso textos
alternativos, pero, de todas maneras, aunque estudiemos todos los textos
alternativos que se nos remitan lo que no podemos hacer es renunciar al
objetivo que nos demanda la sociedad española, que es mejorar la calidad
de la enseñanza de las humanidades en nuestro sistema. Este es el
compromiso del Gobierno y para lograrlo tiene que ejercer las
atribuciones que le confiere la ley. Y es que la ley en esta materia,
señorías, la Logse, no puede ser más clara en esta cuestión. En el
artículo 4.2 dice literalmente: el Gobierno fijará los aspectos básicos
del currículum que constituirán las enseñanzas mínimas, con el fin de
garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los
títulos correspondientes. Los contenidos básicos de las enseñanzas
mínimas --sigue diciendo la ley-- en ningún caso requerirán más del 55
por ciento de los horarios escolares de las comunidades autónomas que
tengan lengua oficial distinta del castellano y el 65 por ciento para
aquellas que no la tengan.
De acuerdo, por tanto, con la distribución de competencias que se deriva
de la Constitución, y conforme a lo establecido en el artículo 4.3 de la
Logse, les corresponde a las administraciones educativas de las
comunidades autónomas --ahí, sí-- establecer el cien por cien del
currículum escolar. Ellas son las que tienen que establecer el plan de
estudio, pero en todo caso los mencionados currículum o planes de estudio
tienen que incorporar las correspondientes enseñanzas mínimas que, de
acuerdo con la ley, debe fijar el Gobierno. Es decir, señorías, el
legislador de 1990 quiso que existiera un sustrato formativo común en
todo nuestro sistema educativo, y quiso también que fuera el Gobierno el
que determinara ese sustrato común a través de las enseñanzas mínimas,
que abarcarían el 55 o el 65 por ciento del currículum escolar, pero
elaborado éste en su integridad por las comunidades autónomas. Por tanto,
fue en 1990 cuando se hizo el debate competencial y así quedó resuelto.
El artículo 4 de la Logse, que por cierto fue fruto de una enmienda del
Grupo Vasco, repartió los papeles con toda claridad. ¿Por qué se intenta
ahora reabrir un debate competencial? Esto va contra la ley, señorías; lo
que procede ahora no es discutir competencias, porque esas están ya
clarísimamente fijadas por la ley. Lo que ahora corresponde es el debate
científico y el académico, qué deben estudiar o no los alumnos en los
institutos y, en ese debate, señorías, estoy convencida de que vamos a
encontrar espacios de acuerdo con todos los grupos de esta Cámara. En el
otro, sencillamente no, porque no depende de su voluntad ni de la mía en
tanto que la ley no sea objeto de reforma. Sin embargo, se nos dice que
el plan que propone el Gobierno invade las competencias de las
comunidades autónomas. Es falso, es absolutamente falso, no lo digo yo,
lo dice el Tribunal Constitucional, cuya doctrina reiterada dice
literalmente: La competencia del Gobierno para fijar las enseñanzas
mínimas lleva aparejada, como medio natural para su ejercicio efectivo,
la concreción de su contenido.
Más claro no puede ser el alto tribunal: sin una suficiente y razonable
concreción, no hay tales mínimos. Por tanto, la finalidad que persigue el
artículo 4.2 de la Logse es asegurar una formación común, mínima, sí,
pero suficiente, en orden a garantizar a todos los españoles un
determinado bagage de conocimientos, y todo lo que no sea concretar
razonablemente los contenidos
no sirve para proporcionar esa garantía que legalmente nos está exigida.
También se dice --lo ha dicho hoy la señora Rahola-- que se está
incrementando excesivamente el grado de concreción de las enseñanzas
mínimas, especialmente en el caso de la historia, y que es imposible
abarcar en clase todo lo que nuestra propuesta contiene sin merma del 35
o el 45 por ciento que completa la correspondiente comunidad autónoma.
Sin perjuicio de que estemos abiertos a debatir qué es lo que sobra --y
es muy probable que sobren muchas cosas--, yo creo que quienes esto dicen
no se han leído bien la propuesta del Gobierno, porque fíjense SS. SS. lo
inabarcable de lo que proponemos. Los cuatro grandes bloques de
contenidos en historia, que es lo más polémico, para los cuatro cursos de
la ESO --es para cuatro cursos, de los doce a los dieciséis años--, son
los siguientes: primer curso, de la prehistoria a Roma; segundo curso,
historia medieval e historia moderna; tercero, de la revolución francesa
a la II guerra mundial; y cuarto curso, de la II guerra mundial hasta
nuestros días. Si esto se considera sobrecargar el programa docente, es
que aquí se está hablando sin conocer nuestra propuesta o con manifiesta
mala fe.
También se argumenta, muy equivocadamente a mi juicio, que el plan de
humanidades propuesto por el Gobierno viene a ser una reforma encubierta,
o al menos una desnaturalización de la Logse. No es ésa en absoluto la
intención del Gobierno; no hay motivos para alterar la ley; lo que se
pretende es modificar su desarrollo reglamentario, esos decretos de
enseñanzas mínimas desde el año 1991 que, desde el punto de vista de los
expertos, no son completamente satisfactorios. Me gustaría que quedara
claro hoy que las deficiencias no son de la Logse. La Logse dice cuatro
cosas y cuatro cosas muy claras. Primero, que tiene que haber unas
enseñanzas mínimas que garanticen una formación común de todos los
españoles. Segundo, que al Gobierno corresponde disponer cuáles son esas
enseñanzas mínimas. Tercero, que las enseñanzas mínimas no pueden abarcar
más del 55 por ciento del currículum de las comunidades autónomas con
lengua propia y el 65 por ciento en las restantes. Cuarto, que las
comunidades autónomas elaborarán el plan de estudios que, eso sí, deberá
incluir las enseñanzas mínimas. Son cuatro cosas que la Logse define con
claridad y de manera muy acertada, a mi juicio; pero la Logse no dice
nada más, no dice si se debe estudiar o no la literatura universal o si
este o aquel hecho histórico debe formar o no parte de los planes de
estudio. Eso lo regulan los correspondientes decretos de enseñanzas
mínimas y, según nuestra opinión, los que ahora están vigentes son
inconcretos, vagos y, en algunos extremos, carentes de rigor.
Por tanto, señorías, queda claro que la propuesta del Gobierno consiste
precisamente en el cumplimiento de la Logse conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional y que ni competencial ni pedagógicamente es
atentatoria contra nada salvo contra la ignorancia. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos.)
A estas alturas, señorías, me gustaría haber dejado claros algunos
puntos. El plan de humanidades es una propuesta para el diálogo; que se
ha hecho con transparencia, con participación y con rigor de los
expertos; que responde a una necesidad evidente de mejora de la calidad
del sistema educativo, y que no es ninguna imposición ni ningún trágala
para los gobiernos autonómicos, porque sus observaciones las vamos a
recoger, estamos abiertos a ellas y seguimos abiertos a todas las que nos
quieran enviar.
Ahora quiero decir una cosa, señorías. Yo comprendo, en cierto sentido,
los recelos que hayan podido albergar quienes representan a formaciones
nacionalistas. He intentado disipárselos y me gustaría haberlo
conseguido, si no es así lo seguiré intentando. Y he podido comprender
esos recelos porque quien no haya estudiado con detenimiento y de una
manera personal y directa nuestra propuesta ha podido ser confundido por
manipulaciones deformadoras, y así ha podido creer que éste es un
proyecto de nacionalismo españolista, que iba a resucitar la historia al
modo en que se enseñaba en los años cuarenta o cincuenta. Pero nuestro
proyecto nada tiene que ver con eso, sino todo lo contrario.
También rechazo la concepción imperialista o adoctrinadora de la
historia. Lo dije hace unas semanas en la Comisión de Educación de esta
Cámara y lo repito ahora. En la historia que yo y la mayor parte de SS.
SS., que tienen más de 30 años, estudiamos no había lugar para una
concepción plural de la historia de España. No se prestaba suficiente
atención a las realidades no castellanas ni a sus aportaciones
históricas, lingüísticas y literarias. Muchos de los momentos de nuestra
historia, en especial los de la historia reciente, eran tergiversados. Yo
rechazo totalmente esas manipulaciones, como cualesquiera otras que
entonces o ahora se quieran hacer con la realidad histórica, con la
finalidad de adoctrinar conciencias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!) Pero es que nuestro proyecto no tiene nada que ver con esto.
Nuestro proyecto parte del reconocimiento de la realidad plural de
España. Aún más, parte de que precisamente la pluralidad, diversa y
enriquecedora, es un rasgo constitutivo de nuestro pasado y de nuestra
cultura común, sin la cual éstos --el pasado y la cultura común-- no
podrían entenderse. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Los contenidos de las enseñanzas mínimas que hoy proponemos así lo
reconocen y precisamente lo que pretenden es que todos los alumnos
españoles lleguen a conocer y a apreciar esa realidad plural de España en
lo histórico, en lo lingüístico y en lo literario. Queremos que los
alumnos, todos los alumnos españoles, cualquiera que sea el lugar donde
hayan nacido o donde
estudien, conozcan las singularidades históricas de las demás
nacionalidades y regiones; que sepan qué fueron y qué significaron, por
ejemplo, los decretos de nueva planta o las guerras carlistas; que
aprecien y conozcan en sus rasgos básicos las lenguas propias de las
demás comunidades autónomas; que estudien a los grandes escritores,
cualquiera que sea la lengua en la que hayan escrito. (Aplausos.-- Varios
señores diputados: ¡Muy bien!)
Yo creo, señorías, que si todos los españoles hubieran dispuesto de unas
enseñanzas de las que hubieran podido extraer el conocimiento y el
aprecio de las singularidades culturales de los demás, nos ahorraríamos
muchas de las incomprensiones, y aun de los rasgos de intolerancia y
antagonismo que queremos desterrar de nuestra convivencia. Por eso invito
una vez más a los grupos nacionalistas a que aborden el plan de
Humanidades sin prejuicios, Sin caricaturizar lo que, en todo caso, es un
paso muy importante para trasladar al ámbito educativo la realidad plural
que refleja la Constitución.
Pero si comprensible puede ser la actitud de los grupos nacionalistas, la
que no hay manera de entender, salvo que la cambien ahora, es la actitud
del Grupo Socialista. (Una señora diputada: ¡Sólo faltaría!-- Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-- Aplausos.)
Errática en un primer momento. (Rumores)
El señor PRESIDENTE: Señorías, seriedad, silencio.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Yo
no entiendo la actitud del Grupo Socialista . (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Nuevos rumores.) Señorías,
guarden silencio. Continúe, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): En
un primer momento pareció reconducirse hacia el deseable y constructivo
entendimiento con el acuerdo alcanzado días atrás en el Senado; hoy,
asistimos a una nueva e inexplicable pirueta política, para la que
sinceramente yo no encuentro explicación, y mucho me temo que tampoco la
van a entender algunos ciudadanos. (Aplausos.)
No me resisto a repasar brevemente los diferentes hitos de la cambiante
línea argumental del Partido Socialista. En el primer momento, SS. SS. se
opusieron frontalmente, estaban muy bien las cosas como las había dejado
el Gobierno socialista y no había ninguna necesidad de cambiarlas. El día
29 de octubre, la señora Díez de Baldeón ya aseguraba todo lo contrario:
compartía con el Gobierno el deseo de reformar la enseñanza de las
humanidades. Pero días más tarde el único Gobierno autonómico del Partido
Socialista con competencias educativas, la Junta de Andalucía, remitía al
Ministerio un documento oficial en el que afirmaba: no comparte la
necesidad de modificación de las enseñanzas mínimas, dado que el real
decreto vigente se considera muy adecuado. (Aplausos.) Yo creo que lo
razonable...(Rumores.) tiende a prevalecer... (Nuevos rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio y corrección.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Yo
creo que lo razonable tiende a prevalecer y por eso una amplia mayoría de
gentes que votan al Partido Socialista, las asociaciones de docentes, los
intelectuales cercanos a sus posiciones, les dijeron bien claro que el
proyecto del Gobierno era sensato, políticamente neutral y muy necesario;
se lo dijeron, señorías. Gracias a eso, y a la altura de miras de sus
senadores, fue posible el acuerdo alcanzado el pasado día 2 de diciembre
en el Senado. No fue un acuerdo fácil. Todos pusimos de nuestra parte.
Coalición Canaria y el Grupo Popular, pese a contar con mayoría absoluta,
apostó --apostamos todos juntos-- por incrementar el diálogo y por
avanzar en un acuerdo deseable. Fue algo que la opinión pública recibió
yo creo que muy positivamente. Pero, por desgracia, este verdadero
sentido de la Política, con mayúscula, la que atiende al interés
ciudadano, ha sido derrotado por la actitud de oportunismo político, de
corto vuelo que hoy ustedes están escenificando. (Aplausos.)
La sociedad española no va a entenderles, señorías. ¿Van ustedes a desoír
el clamor de la ciudadanía, de los intelectuales, de los profesores?
(Varios señores diputados: No.) Nadie va a comprender por qué. ¿Le van a
negar al Gobierno su capacidad de aplicar la ley de forma mesurada y
dialogada? (Varios señores diputados: No.) Es claro que piensan ustedes
pasar mucho tiempo en la oposición y por eso les tiene sin cuidado las
atribuciones legales del Gobierno. (Aplausos.) Por mi parte, señorías,
les hago un nuevo llamamiento al sentido común y les pido que voten
simplemente lo mismo que ya votaron hace 14 días en el Senado, tan
sencillo como eso, porque la sociedad, la comunidad académica, los
intelectuales, no van a entender su actitud ni la irresponsabilidad de no
atender con urgencia el problema del deterioro de las humanidades,
denunciado por todos.
El Gobierno no puede hacer dejación de su responsabilidad ni dejar de
aplicar las competencias que la ley le atribuye en exclusiva, y menos
ante un problema y una demanda social tan clara que, salvo que el mandato
legal contenido en el artículo 4 de la Logse fuera modificado, de momento
no tenemos más remedio que aplicarlo. Por eso el Gobierno no renuncia ni
hace
dejación y mantiene su voluntad y su deseo de llevar adelante un plan de
mejora de las humanidades desde el diálogo y con la participación de la
comunidad científica, académica, de las comunidades autónomas, de los
grupos políticos, de los intelectuales, de quien quiera participar, de
todos los que quieran participar. Por eso hago un llamamiento a la
responsabilidad de todas las fuerzas políticas y les pido, una vez más,
que participen de manera constructiva en la solución del primer problema
educativo que tiene planteado nuestra sociedad.
Y termino, señor presidente, con una cita de uno de los pensadores más
lúcidos de nuestro país en estas materias, Fernando Savater, que hacía
una reflexión a propósito del debate de humanidades. Decía Savater
--luego no me lo atribuyan a mí-- que la sospecha que tenemos es que hoy
no se está educando en España para la convivencia pluralista, sino para
diecisiete formas de autismo divergente, cuando no de antagonismo. Si
alguien como Fernando Savater escribe esto, yo creo que hay motivos para
la preocupación. Por eso apelo de nuevo a su responsabilidad y lo hago
porque no puedo creer que entre todos no seamos capaces de superar los
prejuicios, las posiciones partidistas y las actitudes cerradas, que
impiden que las humanidades sean lo que deben ser, un espacio común de
enriquecimiento cultural de todos los españoles.
Señorías, los particularismos sólo sirven para generar actitudes de
antagonismo y lo que la sociedad nos pide no es confrontación, sino
acuerdo.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Cultura.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, yo creo que aquí la única que verdaderamente
hace piruetas es usted. (Rumores)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Díez de Baldeón.
Les ruego que uno y otro lado del hemiciclo abandonen la costumbre de
corear, porque, si no, es imposible mantener un discurso. Señorías, se lo
ruego encarecidamente. Ahora ha sido un lado y antes ha sido el otro. No
coreen a los oradores.
Cuando quiera, señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias.
Señora ministra, ¿cree usted de verdad que si este proyecto de decreto
fuera tan sensato y políticamente neutral estaríamos en el lío en el que
estamos? ¿De verdad lo cree usted? Yo le dije aquí un día que creía en
sus buenas intenciones y que usted realmente tenía buenas intenciones,
cosa que, por cierto, no piensa usted de nosotros, y se equivoca, porque
nuestras intenciones, por lo menos, son tan buenas como las suyas.
Nuestro deseo de mejorar no sólo las humanidades, sino toda la educación,
ha sido permanente a lo largo de los trece años de Gobierno que hemos
estado. (Aplausos.) Señora ministra, no solamente ha sido un deseo, sino
una realidad, de tal forma que su presidente, el señor Aznar, dijo que se
encontraba con la generación de jóvenes mejor preparada de la historia.
Eso lo ha dicho su presidente, pero no lo han hecho ustedes, porque
ustedes, de momento, en el tiempo que llevan en el Gobierno, lo único que
han hecho ha sido recortar el año pasado un 2,5 por ciento el presupuesto
en educación, siendo por primera vez que en veinte años se recorta la
educación. (Aplausos.)
Centremos el debate. A nosotros nos interesa muchísimo la educación,
también las humanidades y la enseñanza de la historia. Señora ministra,
nosotros le hemos dicho que nuestra intención era colaborar sinceramente
con usted, pero es que usted sola se ha metido en un lío fenomenal. Usted
está en este momento en la situación en la que se encuentra, que no es
muy buena, por su actuación, porque usted, señora ministra, ha acabado
con una cita de Fernando Savater y ha dicho que si se sospecha. No
podemos partir de sospechas; hay que comprobar si eso es una sospecha o
es una realidad, porque le voy a decir algo que le recordó a usted ayer,
por cierto, en Barcelona, un votante del Partido Popular y una persona
que parece que es de la ideología de su partido político. Ayer en el
debate, un señor que se confesaba votante del Partido Popular le dijo a
usted, señora ministra (Rumores.), que lo que estaba diciendo usted que
ocurría en Barcelona no era cierto. Eso se lo dijo ayer, pero no podemos
partir de las sospechas. (Continúan los rumores.)
Por favor, señorías, les rogaría educación.
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señora Díez de Baldeón.
Señorías, guarden silencio.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señora ministra, el Gobierno nunca
puede partir de sospechas. El Gobierno tiene que comprobar. Por eso
nosotros estamos diciendo que, puesto que parece ser que hay este clamor
--que no conocemos todavía, pero al que nosotros nunca nos hemos
cerrado-- sobre la reforma de la enseñanza de las humanidades, hay que
iniciar un proceso que empiece diagnosticando la situación, porque
empezar por la sospecha sería un mal comienzo y usted lo sabe. Lo primero
sería hacer una evaluación rigurosa y, lo segundo, abrir un amplio debate
social. Por cierto, no se trata de que traigamos aquí un montón de
ocurrencias, un montón de decretos, cada uno el suyo, sino que hay que
ordenar el debate.
Señora ministra, ya le he dicho antes en mi intervención lo que ha
ocurrido, pero se lo repito porque es muy importante decirle esto. Lo que
ocurrió, señora ministra, es que usted, presentando precipitadamente ese
proyecto de decreto sin consultar ni a la comunidad educativa, ni a las
comunidades autónomas, ni a esta Cámara, rompía un consenso que se
consiguió en 1990 después de dos años de diálogo. Ese es el verdadero
problema y lo que sus socios nacionalistas principalmente le están
reprochando a usted y también lo que nosotros le estamos reprochando.
Insisto en que es muy posible que usted tenga buenas intenciones y las
personas que han elaborado ese proyecto de decreto también, pero es que
hay que contar con todas las partes implicadas antes de nada y, sobre
todo, antes de romper un consenso no se puede alegremente decir: veremos
a ver qué ocurre. Lo que ha ocurrido ha sido este lío morrocotudo en el
que estamos metidos y no hay aquí ninguna pirueta extraña en nuestra
posición.
En el Senado, señora ministra, le dijimos claramente que había que
empezar el proceso desde el principio, exactamente lo mismo que le
estamos diciendo hoy y exactamente lo mismo que decimos en nuestra
proposición no de ley. Eso debe quedar meridianamente claro.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Acabo ya, señor presidente.
No nos lleven ustedes a una situación en la que parece que los
socialistas no estamos interesados en una historia común; lo estamos y
mucho, por lo menos tanto como usted, pero déjenos ayudarla. ¡Si es que
usted no se deja! (Rumores.) Cada vez que nosotros hablamos de empezar el
proceso usted sostiene que ese decreto se tiene que mantener contra
viento y marea. Señora ministra, no mantenga usted una postura soberbia y
diga que este papel son las Tablas de la Ley, porque no lo son ni deben
serlo. No tiene que ser así.
Segundo, empecemos diagnosticando la situación, que la Logse acaba de
nacer. Por favor, usted, que es la ministra de Educación, no sospeche de
esa ley fundamental en la que parece creer, pero a la hora de la verdad
permanentemente sospecha de cómo está funcionando. Hemos de empezar
evaluando porque acabamos de ponerla en práctica. Seamos sensatos, seamos
serios, abramos todo el proceso. Queremos ayudarla. Otra vez más se lo
vamos a decir: La queremos ayudar. Queremos mejorar la enseñanza de las
humanidades y la enseñanza en general, pero déjese ayudar, señora
ministra. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Tomaba unos apuntes para intentar ser exacta en lo que usted decía
mientras estaba interviniendo cuando he oído el nombre de Fernando
Savater y he pensado: ¡Hombre, no me extraña! Si lee lo que Fernando
Savater dice sobre Cataluña o sobre los nacionalismos positivos y
defensivos, entiendo perfectamente que a usted le parezca un intelectual
de su mesilla de noche; no es el mío y dudo mucho que sea el de la
mayoría de los nacionalistas comprometidos. Por tanto, vaya usted citando
al señor Savater para justificar esta reforma.
Usted ha justificado, si no me equivoco, la reforma en cinco puntos. Es
una reforma pactada, es una reforma liberal, es una reforma respetuosa,
es una reforma moderna y, finalmente, sensible con las culturas. Respecto
a la reforma pactada. señoría, para ser una reforma pactada, primero,
usted la trae a esta Cámara porque le obligan dos proposiciones y,
segundo, usted está a punto de obligar al Grupo Popular a encajar una
derrota histórica; increíble realmente cómo se puede tener pactada una
reforma que puede significar que el partido que gobierna y que tiene un
pacto estable con otras formaciones no consigue ni la mayoría
parlamentaria.
En todo caso, ¿cómo puede decir que ha habido un amplio debate sobre esta
reforma si rechazan su reforma pedagogos, sindicatos, intelectuales y los
gobiernos de las autonomías con competencia plena? ¿No será que han
consultado sólo con los suyos? ¿No será que ha habido un amplio debate en
un lado solamente? ¿No será, en definitiva, que han sido precisamente los
intelectuales cercanos a su ideología, a sus planteamientos, los más
ultraconservadores, los que han participado en el debate? Al listado de
intelectuales y de catedráticos que han participado en la reforma le
podemos contraponer un larguísimo listado de intelectuales que no han
participado ni tan solo en el debate.
Usted decía que era una reforma liberal. Pues para serlo interviene en
casi todo lo que de ideológico puede tener la historia. ¿Cómo puede
decir, por ejemplo, que no es intervencionista, que es liberal si ni tan
solo acepta un hecho objetivo reconocido por el propio dictador, es
decir, que la época de Franco era una dictadura? ¿Ni tan solo esto pueden
encajar sus ideologías, sus planteamientos ideológicos? Para no ser
intervencionista interviene incluso en la propia definición que de su
propio régimen tenía el dictador. No es intervencionista y, sin embargo,
sitúa a España en la época del Islam, el judaísmo, el cristianismo. No es
intervencionista y, sin embargo, dice en su objetivo número 5 que
precisamente se plantea criterios unificadores de la historia.
Dice que es respetuosa, pero destruye la capacidad de maniobra
autonómica; convierte en común y universal la historia de uno solo de los
pueblos del Estado. Dice usted, por tanto, que es respetuosa porque es
autonómica y, en cambio, ustedes han inventado una fórmula nueva para
recentralizar sus decisiones, para recuperar poder, el que estaba en las
autonomías, por la vía de inundar, de llenar, hasta el punto de que nos
dejan sin maniobra posible. Usted dice, por tanto, que es respetuosa con
las autonomías, pero imposibilita que ellas puedan plantear los mínimos
que por ley tienen, los máximos en el caso de Cataluña, y que su reforma
va a impedir.
Dice que es moderna, y vuelven a la lista de los reyes godos. ¿Cómo puede
justificar en perspectiva de modernidad y liberal una reforma que recoge
dos aspectos básicos del puro franquismo pedagógico; es decir, la
historia unificada y unificadora, por un lado, y volver a convertir la
enseñanza de la historia en un ejercicio enciclopédico? ¿Cómo puede
decir, por tanto, que es moderna cuando se está volviendo a los
planteamientos más arqueológicos?
Finalmente, usted dice que es sensible con las culturas. Intentar
vendernos como un ejercicio de pluralidad lo que es una reunificación de
la memoria de los pueblos me parece casi sarcástico. ¿Quieren ustedes ser
sensibles con las culturas? Se debatirá dentro de unos momentos una
moción del Grupo Mixto para garantizar precisamente la pluralidad
lingüística del Estado. ¿Ustedes quieren ser sensibles? No destruyan la
lengua en el país valenciano. ¿Quieren ser sensibles? Conviertan el
Senado en una Cámara territorial. ¿Quieren ser sensibles? Retiren esta
reforma porque de sensible con los diferentes pueblos del Estado no tiene
nada. (Rumores.)
En fin, no me extraña nada que usted esté satisfecha. No me extraña
tampoco que jaleen con tanto entusiasmo SS. SS.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego que concluya.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Con esto acabo.
No me extraña que usted esté satisfecha porque usted ha conseguido volver
a tener contentos a los sectores más ultraconservadores, más derechistas,
más centralistas, los que tenían la piel más sensible con el pacto de
convergencia. (Rumores.) Usted hace ese papel en el Grupo Popular; hace
ese papel ultraconservador; está recuperando las peores sensibilidades
(Rumores.), las más centralistas, las más jacobinas. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Por eso está
satisfecha, porque hace su papel dentro de su partido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señora Díez de Baldeón, yo claro que creo en sus buenas intenciones, pero
usted me tiene que dar alguna prueba y aportar a este debate algún
documento en el que se ponga de manifiesto el interés que tiene por
colaborar en esta materia. (Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: señorías, dejen hablar y no entorpezcan al orador.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Si
no, lo que tendré que creer es que el oportunismo político es lo que les
ciega a ustedes y que es una incoherencia, señorías, porque ustedes han
votado una cosa en el Senado hace quince días y ahora van a votar otra
distinta. Vamos a ver cómo se lo explican ustedes a la sociedad española,
vamos a ver cómo se lo explican a los senadores de su propio partido, que
hace exactamente catorce días votaron una cuestión absolutamente
diferente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con S. S. en que se haga diagnóstico o que
se haga una evaluación y que, a la vista de lo que haya, se elabore el
proyecto. Precisamente lo que nosotros hemos presentado a debate de la
opinión pública es un proyecto, pero ustedes lo que quieren es que se
retire. ¿De dónde lo voy a retirar? ¿Usted sabe lo que define como
proyecto el diccionario? Pues dice: proyecto es el primer esquema o plan
de trabajo que se hace a veces como prueba, antes de darle a una cosa
forma definitiva. Exactamente es lo que hemos presentado, un primer
esquema de trabajo, anterior al que verá la forma definitiva. No se puede
pedir la retirada de un proyecto y a la vez decir, como ha dicho S. S.,
que hay que reforzar las humanidades. Esto es engañar a la opinión
pública. (Rumores.) No se puede reconocer que existe un problema
--por cierto, creado por ustedes--, pedir soluciones, reclamar
diálogo y, al mismo tiempo, excluir a priori la única propuesta que está
sobre la mesa, que, por el momento, es la del Gobierno, aunque el
Gobierno está abierto a cualquier otro texto. Hemos dicho que estamos
abiertos a un texto alternativo. A nosotros nos parece que nuestra
propuesta, que nace con vocación de ser dialogada, que nace por obra de
quien tiene la competencia legal para regular esta materia, no puede ser
retirada porque, ¿cómo se retira lo que es una propuesta para el diálogo
y para el debate?
A mí me parece que lo que en definitiva se apruebe, después de las
evaluaciones y de todo el proceso, va a ser muy distinto de lo que hay
hoy, seguro que va a ser distinto. Ya ha tenido modificaciones. El
término unitario, yo misma lo retiré el primer día. Por lo tanto, se
añadirán unas cosas, se quitarán otras, lo que indique el rigor
científico y el deseo de aunar voluntades en torno a un proyecto que la
sociedad española está reclamando. Pero lo que ustedes no me pueden
pedir, señorías, es que no aplique la ley. La ley me obliga a fijar unas
enseñanzas mínimas que garanticen una formación común a todos los
españoles, a eso me obliga la
ley. Ustedes mismos reconocen que el Gobierno tiene esa capacidad. Si
ustedes no lo reconocieran, si de lo que estamos hablando es de que le
negaran al Gobierno las competencias para fijar las enseñanzas mínimas,
entonces estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, su grupo se habría
confundido de instrumento parlamentario. No debían haber presentado una
proposición no de ley, sino una proposición de ley orgánica para la
reforma del artículo 4 de la Logse. Eso es lo que tenían que haber
presentado (Aplausos.) Háganlo, señorías. Cuando SS. SS. presenten una
proposición de ley orgánica para reformar el artículo 4 de la Logse --si
es que no les gusta que el Gobierno fije las enseñanzas mínimas
comunes--, con mucho gusto debatiremos si tiene que existir o no un
mínimo común en nuestro sistema educativo. (Rumores.) Pero mientras no lo
hagan, no me pidan que no aplique la ley, porque no podré cumplir su
deseo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
A estas proposiciones no de ley se han presentado enmiendas,
prácticamente, por la totalidad de los grupos parlamentarios: por el
Mixto, por el de Coalición Canaria, por el Catalán (Convergència i Unió)
en unión del Grupo Vasco (PNV), por el Grupo Federal de Izquierda Unida y
por el Grupo Popular.
En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Quiénes
van a intervenir por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) La señora
Lasagabaster, la señora Rivadulla y el señor Rodríguez han de distribuir
su tiempo.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en este debate para defender las enmiendas planteadas y
también fijar la posición, lógicamente, respecto a las dos proposiciones
no de ley en relación con el proyecto sobre enseñanza de las humanidades.
Mantenemos y aprobamos el primer punto de ambas proposiciones, que es la
solicitud de retirada del proyecto de decreto de enseñanza de las
humanidades, ésa es la principal finalidad de ambas proposiciones, y lo
hacemos porque desde Eusko Alkartasuna entendemos, y en este caso
apoyados por Unión Valenciana, que se trata de un proyecto presentado a
la opinión pública de manera unilateral por el Ministerio de Educación.
Hemos tenido conocimiento muy a posteriori, al igual que nuestros
responsables de educación del Gobierno Vasco, dirigido por un responsable
de Eusko Alkartasuna. Además, entendemos que el pretendido Plan de mejora
de las humanidades no plantea variación alguna en la carga horaria de las
asignaturas humanísticas; es decir que frente a un aumento exponencial de
contenidos, no se plantea medida alguna que amplíe el tiempo disponible
para su transmisión.
Creemos que este proyecto, de modo sintético, atenta directamente contra
las competencias recogidas en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución,
en relación con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. El planteamiento del proyecto no es sólo una
modificación de las enseñanzas mínimas de la ESO, sino una importantísima
ampliación del concepto de mínimos del que tanto se ha hablado en esta
tribuna, que de hecho anula la capacidad competencial de nuestra
comunidad autónoma. Por ejemplarizar esto último, cuando en el decreto
anterior se planteaban 31 temas para desarrollar conjuntamente las
materias de geografía e historia, el proyecto actual propone 175 temas
para ambas materias, que además ahora se desdoblan; es decir, que el
número de temas se multiplica por seis y se mantiene la misma carga
horaria. ¿Dónde cabe el desarrollo del currículum propio?
El cambio propuesto en los objetivos y en la calidad y cualidad de muchos
de sus contenidos no resulta asumible para Eusko Alkartasuna. Por
ejemplo, se sustituyen objetivos como valorar la diversidad lingüística
cultural como derecho de los pueblos e individuos a su identidad,
manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas, por lo
siguiente: comprender y valorar el carácter unitario de la trayectoria
histórica de España con sus diversidades lingüístico-culturales. Para
nada es lo mismo. Hay objetivos excesivos y discutibles. Faltan objetivos
claros y taxativos en ámbitos muy relevantes, por no hablar, por ejemplo,
de las distintas valoraciones de épocas históricas. ¿Por qué hablar del
estancamiento del socialismo y de la época de Franco sin ninguna
valoración?
Desde el punto de vista educativo y didáctico, las divergencias también
son notables. Se apuesta por un aprendizaje memorístico frente a un
aprendizaje comprensivo; desaparecen muchos objetivos y contenidos más
explícitamente educativos, que son sustituidos por objetivos más
académicos de conocimiento puro. Así podríamos seguir.
En definitiva, dada la forma en que la propuesta ha sido formulada, no
resulta viable pretensión alguna de reconducción. Ni tan siquiera podemos
tomarlo en consideración como base de discusión. Por eso creemos, y así
hemos planteado, que el primer punto de ambas proposiciones es básico: la
retirada del proyecto de decreto de las humanidades. Sin embargo, hemos
creído conveniente hacer dos enmiendas, que además coinciden
sustancialmente, si no de forma idéntica, con otros grupos. Se trata de
modificar el punto segundo de la propuesta del Grupo Socialista, en
cuanto a especificar que aquellos que tienen que intervenir en este
dictamen tienen que ser los responsables con competencias en materias
educativas; responsables educativos de comunidades autónomas con
competencias en materia educativa. Creemos que eso es clave porque son
aquellos que tienen que establecer
su propio currículum. También hemos querido mejorar el punto tercero, si
se nos permite, en la medida que no prejuzgamos la necesidad de un libro
blanco. Simplemente, creemos que es necesario hacer un debate en el que
se determine si realmente merece la pena o no seguir adelante con un
libro blanco y, por tanto, con este proyecto.
Por todo ello, votaremos a favor de las dos proposiciones y solicitaremos
a ambos proponentes que admitan nuestras enmiendas que, como decía
anteriormente, coinciden sustancialmente con las de otros grupos
parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, desde Iniciativa
per Cataluña-Els Verds y el Partido Democrático de Nueva Izquierda,
estamos completamente de acuerdo con el punto primero de las dos
proposiciones no de ley. Consideramos indispensable la retirada del
proyecto de decreto porque creemos que tiene como objetivo, señora
ministra, sobre todo distraer a la comunidad educativa de la única
reivindicación que tienen consensuada, que es el manifiesto en favor de
la educación. Hace muy pocos días los distintos grupos de la cámara los
hemos recibido y tienen propuestas muy concretas: El tanto por ciento del
producto interior bruto para la enseñanza, asignar recursos a la Logse y
una ley de financiación.
Usted, señora ministra, me temo mucho que está distrayendo del verdadero
objetivo que tiene planteado hoy mismo la comunidad educativa.
Pedimos también la retirada de este proyecto de decreto porque
consideramos improcedente utilizar decretos para modificar los contenidos
de la Logse, una ley que no le gusta --ya sabemos que su partido no la
votó--, en pleno proceso de aplicación de dicha ley y sin participación
del Consejo Escolar del Estado ni de las comunidades autónomas. También
pedimos la retirada de este proyecto porque sobre todo no se puede hacer
sin una evolución rigurosa de la reforma y sin la dotación de recursos
que garantice el correcto desarrollo de la misma.
Pero, señorías, señora ministra, este proyecto de decreto tan
modernizador, tan novedoso, tan profundo que usted nos presenta nos lleva
a unas metodologías anteriores a la Ley general de Educación de 1970,
unas metodologías meramente transmisoras, mecanicistas y memorísticas, en
contra de todo lo que están propugnando los movimientos de renovación
pedagógica, que hablan de currículum abierto, de autonomía pedagógica de
los centros y capacidad del profesorado para adaptar el currículum a la
necesidad del alumnado. ¿Qué tipo de historia se quiere enseñar? ¿Qué
listado de acontecimientos y de personajes expuestos de forma lineal?
Este decreto, señora ministra, rompe el equilibrio entre los contenidos
conceptuales y procedimentales entre otros. Pero es que además refleja de
forma clara un deseo de uniformizar, una visión centralizada de la
realidad del Estado español y subyace en todo el proyecto un
desconocimiento profundo de las realidades que constituyen las
nacionalidades históricas y sus realidades cultural, social e histórica.
Usted ha dicho, señora ministra, que es un proyecto aséptico. Es un
proyecto tan aséptico que ya tuvo ocasión de decirle la comisión que para
hablar de la dictadura de Franco en este informe se habla de la época de
Franco. No me extraña, señora ministra, si el fiscal Fungairiño habla de
las dictaduras de Chile y de Argentina como de realidades necesarias, aún
le debemos agradecer, señora ministra, que en este informe no ponga la
etapa necesaria, refiriéndose a la dictadura de Franco.
La verdad, señora ministra, es que usted ha hablado de una amplia mayoría
social que solicitaba la modificación de los currículos. No nos ha dicho
en qué comunidades autónomas no se enseñaba quién era Shakespeare,
todavía no nos lo ha dicho. Habla usted de muchos profesores y que en
muchos estudios se estaba solicitando la reforma de humanidades.
Quiero decirle, señora ministra, que usted tiene la obligación sobre todo
de cumplir la ley, y la ley dice que hay un organismo, el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, que es el encargado ex profeso de
proponer a las administraciones educativas cuántas iniciativas y
sugerencias puedan contribuir a favorecer la calidad y mejora de la
enseñanza. Es este instituto, señora ministra, y, después, con el informe
preceptivo del Consejo Escolar del Estado. Usted se lo ha saltado; este
trámite, sencillamente se lo ha saltado.
Por eso en nuestra enmienda, tras aceptar los dos puntos primeros de las
dos proposiciones no de ley, señalamos que debería ser sustituido el
apartado segundo por el siguiente tenor: Solicitar al Instituto Nacional
de Calidad y Evaluación la elaboración de un informe sobre la aplicación
de la reforma y de modo urgente sobre la enseñanza de las humanidades en
la enseñanza obligatoria, etapas primaria y secundaria obligatoria en
todas y cada una de las comunidades autónomas y todo ello de acuerdo con
lo que establece el Título IV, artículo 62, punto 4, a) y b), de la
Logse.
En segundo lugar, consideramos que este informe debería ser remitido a la
Conferencia de consejeros titulares de educación de las comunidades
autónomas, bajo la presidencia de la señora ministra de Educación y
Cultura para su valoración, tal como establece el artículo 28 de la LODE;
y, en tercer lugar, señalamos que este informe deberá ser sometido al
dictamen preceptivo del Consejo Escolar del Estado, como señala el
artículo 32 de la LODE.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Rivadulla, por favor.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, acabo, señor Presidente.
El artículo 32 de la LODE dice que la ordenación general del sistema
educativo y la determinación de los niveles mínimos de rendimiento y
calidad deberán pasar por el informe preceptivo del Consejo Escolar del
Estado.
Por último, sustituiríamos el apartado tercero por otro texto, que diría
lo siguiente: Abrir un amplio debate social sobre la base de dicho
informe. Tenemos un informe que habrá salido de algún sitio, y nosotros
consideramos que tiene que salir del Instituto Nacional de Evaluación que
anteriormente he señalado. Por tanto, ese informe es con el que se tendrá
que abrir un amplio debate, en el que se establezcan, dentro del marco de
objetivos y fundamentos conceptuales de la Logse, los contenidos mínimos
que todos los escolares de España deben conocer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, un gran historiador inglés de la
revolución soviética y que además elaboró un estupendo libro titulado
¿Qué es la historia?, un historiador inglés de nombre Carr, advertía a
todos los lectores y a todos los interesados que era imposible hacer una
historia que no tuviese una óptica nacional determinada, una óptica de
clase determinada, e incluso una visión del pasado que está muy
determinada por la visión que tenemos del presente y por el futuro que
queremos para todos los ciudadanos, en este caso de un Estado. No cabe
duda de que la historia que hemos padecido todos mayoritariamente,
hegemónicamente, y la que aún están recibiendo nuestros alumnos y
nuestras alumnas hegemónicamente, de forma mayoritaria, responde a una
ideología y a una visión superestructural de España que está basada en la
creencia de que España siempre existió.
Nosotros no vamos a discutir la legitimidad inevitable de carácter
científico de que esto fuera así y sea así, pero sí queremos pedir
legitimidad también para investigaciones rigurosas que se están haciendo
en función de intereses nacionales, de intereses de clase, de una visión
del pasado en función de ópticas del presente y del futuro que no son
irresponsables, porque están basadas también documentalmente, y que en
todo caso son interpretativas.
La señora ministra habló con mucha precisión y con mucho entusiasmo de la
ignorancia, de que nosotros queríamos mantener a la gente en la
ignorancia. Yo le preguntaría si no es ignorancia que un currículum
establecido por escrito, formalizado por investigadores y por
científicos, a los que yo respeto pero que no tengo el deber científico
de compartir sus tesis, elimine el reino visigodo de toda la programación
del Ministerio de Educación y Cultura y elimine totalmente el reino
suevo. ¿Es que podemos seguir manteniendo la ignorancia de los niños y
niñas españoles en este sentido? Me pregunto si los cinco reinos
peninsulares van a seguir odiando, y por el número lo odian, al reino de
Galicia, testimonialmente comprobable, empíricamente comprobable. Yo me
pregunto, si estamos por que los niños escriban, lean y piensen, no es
normal que un ciudadano del Estado español piense cómo es posible que
exista Portugal como Estado independiente y todo el resto sean Estados
unificados. Esto es inseparable de una explicación correcta de lo que fue
el reinado de los Reyes Católicos, de la dialéctica interna de la
monarquía hispánica, y desde luego sin explicar el conflicto de la
Beltraneja y el apoyo de determinados reinos peninsulares como Galicia es
imposible explicarse la existencia del reino de Portugal. ¿O no es
ignorancia también, señora ministra, que prácticamente el cien por cien
de esta Cámara seguramente desconozca que la gran casa nobiliaria que
figura como los Trastamara de Castilla es un título nobiliario
originariamente gallego? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Qué pasó hasta
finales de la Edad Media? ¿Esto no es historia del actual Estado español?
¿Es ignorancia o no, o no es versión política ideológica tergiversada que
se hable en un programa de la rebelión de Cataluña? En todo caso será la
guerra con Cataluña, en el mejor y menos ponderado de los casos, con un
mínimo de rigor. Como gallego les tengo que decir que estoy harto de mi
ignorancia, estoy harto de mi ignorancia supina no estrictamente sobre mi
propio país, sino sobre la dialéctica de lo que es Galicia en relación
con el conjunto del Estado.
Les voy a dar un dato alarmante: hasta ayer creí toda mi vida que en
Ferrol no había viñedos, que no los hubo nunca. Pues, resulta, que acabo
de leer una carta del clérigo del castillo de San Felipe, esa joya
artística que está en la ría de Ferrol, dirigiéndose a S. M. el Rey en
1610, pidiéndole clemencia por el trato terrible, prácticamente colonial,
que se dio a la población de Ferrol, precisamente por la Armada del Rey
Felipe II: vigas de las casas arrancadas, maderas todas utilizadas para
las embarcaciones, destrucción de todos los viñedos, y no lo digo yo, lo
dice el Rey de S. M. católica. ¿Es que los niños van a seguir pensando
que el Rey Felipe II fue la escuadra Invencible solamente o hablaremos y
tendremos derecho a hablar también de esta otra dialéctica?
Por eso, señora ministra, lo único que le pido es amparo para la
pluralidad; amparo para la diversidad. Lo mejor que puede hacer el
Ministerio es tolerar todas
las investigaciones científicas, toda la divulgación pedagógica, con tal
de que tenga coherencia y sea mínimamente rigurosa. Eso es lo que hay que
hacer en el terreno de las ciencias sociales, no otra cosa.
Además, usted sabe muy bien que estas ciencias son relativas, no son
estáticas. Mire hasta qué extremo tienen mucho que ver con lo que pasa en
el presente que, a pesar de la documentación asombrosa que hay en nuestro
país, para poder nosotros estar con capacidad científica de demostrar que
Galicia fue el reino peninsular occidental más importante de los de
occidente hasta el siglo XIII, hemos tenido que esperar a 1990. ¿A qué se
debe esa dialéctica? Eso está en relación con lo que pasa, con la toma de
conciencia del país.
Quiero acabar con una cuestión: nosotros participamos de la tesis de que,
efectivamente, hay un problema de lectura, hay un problema de escritura,
porque hay un problema también de hablar, de comunicarse, de pensar, y
eso no se arregla con un programa erudito. Eso se arregla, ¿sabe usted
con qué? Dejando el debate libre, abierto y que en los profesores haya
pluralismo. Es mejor que un profesor se equivoque, dando una
interpretación inexacta o errónea, si es que hay una documentación
mínimamente fehaciente, a que sea un loro que repita textualmente lo que
ponen los libros hegemónicos y piensen que es la verdad histórica
inapelable, y las verdades históricas son apelables, no solamente por la
conciencia sino también por la construcción y con datos nuevos.
Por eso presentamos una enmienda, y acabo, donde no le pedimos que
popularice esta visión de la historia, sino que la ampare en nombre del
rigor, en nombre de la ciencia y en nombre del pluralismo pedagógico y en
nombre de una cosa muy importante: la libertad de cátedra. Solamente así
habrá pensamiento libre, lectura libre, y escritura dentro de unos
límites lógicamente de lo que es la enseñanza secundaria.
Nada más, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación a la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo fondo, desarrollado
aquí por su portavoz, nosotros compartimos en la medida que trata de ser
una enmienda puente, una enmienda moderada; una enmienda que trata de
reconducir y recuperar el espíritu que se obtuvo en el Senado,
precisamente cuando el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario Socialista y Coalición Canaria, en su grupo del Senado
dentro del Grupo Mixto, encontramos un texto de consenso. Aquel texto se
aprueba en el debate del Pleno del Senado el pasado día 2 de este mes de
diciembre y parece que satisfacía a las fuerzas que lo habíamos suscrito.
Pero, señora ministra, un pacto y un consenso se hacen dentro de unas
circunstancias y, a veces, el imperativo de las circunstancias no
escritas dan ambiente y condicionan fundamentalmente el texto.
Nosotros queremos separar dos debates. Uno, lo que es la necesidad de la
mejora de los estudios en la enseñanza secundaria obligatoria de las
humanidades, y otro del proyecto de decreto en sí mismo anunciado por la
ministra.
Nosotros buscamos un punto de encuentro. Coalición Canaria tiene ese
punto de encuentro en lo que es el debate general de la necesidad de
modernización, adecuación y actualización de la enseñanza de las
humanidades precisamente en el discurso de investidura del presidente
Aznar así como en el debate ultimo sobre el estado de la Nación que
nosotros apoyamos.
Ahora bien, ese planteamiento del presidente del Gobierno, señora
ministra, que nosotros apoyamos plantea una pregunta: ¿Cómo y en qué
dirección? Y el cómo o en qué sentido o dirección es lo que se le ha
encomendado a usted como tutora responsable de la administración de la
enseñanza. Ahí es donde creo, señora ministra, que empiezan nuestras
discrepancias, porque entramos ya en la materia del texto del proyecto de
decreto.
Mi grupo parlamentario recoge aquí el mensaje y el sentir que en este
momento el Gobierno autónomo de Canarias y su Consejería de Educación
mantienen a este respecto, y le dice que no estamos conformes en el fondo
ni en la forma. Pero es una cuestión salvable políticamente, no es una
cuestión cerrada; corresponde a la habilidad negociadora y a la
inteligencia del negociador ponente responsable entenderlo.
No tenga usted duda ninguna, señora ministra, de que nosotros desde
Coalición Canaria no le vamos a coartar la libertad y la obligación del
Gobierno de cumplir con la ley. ¡Cómo vamos a vetar eso en un Estado de
Derecho!
Señora ministra, la Constitución española obligó a los sucesivos
gobiernos desde que la aprobamos a desarrollar preceptos constitucionales
con normas de rango de ley, y ningún Gobierno se metió a desarrollar un
concepto constitucional, es decir por el imperativo de la ley, sin buscar
el consenso de las fuerzas políticas parlamentarias. Esa es una cuestión
de talante democrático; si habíamos hecho una Constitución por consenso,
las leyes que la desarrollan tienen que ser por consenso. De la misma
manera que una ley, en este momento la Logse, que tiene determinado grado
de consenso tiene que ser desarrollada también en el marco del consenso.
Nosotros cuando apelamos a la Logse queremos apelar al sentido político
que tiene dicha ley, que no se trata de evaluar los conocimientos de un
alumno, sino los progresos que hace ese alumno dentro de una determinada
enseñanza.
Llegamos al tema de las humanidades y, usted señora ministra junto a
cumplir la ley, debe tener la sensibilidad
a que obliga su cumplimiento, porque estamos hablando de una materia que
legítimamente, en el Estado de las autonomías, distintos colectivos
tienen que opinar sobre un tema tan opinable, porque forma parte
noblemente de la subjetividad humana, que es la enseñanza de las
humanidades.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy concluyendo, señor presidente.
Nosotros creemos que se ha errado en el cómo y en el sentido que debe
tener de consenso. Las humanidades no solamente es saberse una lista de
nombres históricos o geográficos. Yo no sé, señora ministra, si usted
sabe en las placas que hay en esta Cámara --hemos hecho pruebas
recientemente con el día de puertas abiertas--; de los nombres que
figuran a diestra y a siniestra de esta tribuna quiénes eran Ruiz
Mendoza, Juan de Luna, o Diego Heredia. Lo que no se puede es terminar
diciendo que son nombres del callejero de Madrid, porque cuando las
Cortes en una lección de humanidades pusieron esos nombres ahí fue para
dar ejemplo de lo que era oponerse al invasor o al poder totalitario del
absolutismo monárquico.
Esas cuestiones hay que respetarlas y, señora ministra, el proyecto de
decreto, el borrador que usted hace teóricamente al amparo de la Logse
confunde la metodología, y nosotros queremos construir una historia de
España de la suma de las historias de todos los territorios que
constituyen España. Eso es cambiar la metodología, como se ha hecho con
el proyecto de decreto. No admitimos que se vaya de lo universal a lo
particular; nosotros queremos ir de lo particular y de lo próximo a lo
universal, a lo que da cohesión y aúna.
Señora ministra, nosotros firmamos el convenio en el Senado en el buen
entendimiento de que el texto del proyecto del Gobierno era un documento
del Gobierno para poner encima de la mesa, con el consenso de todas las
fuerzas políticas parlamentarias y de todas aquellas representaciones de
las comunidades autónomas. Por eso, se aprobó el quinto y último punto en
la cuestión del Senado, de recabar e intensificar el marco de la
conferencia de educación, donde están representadas las comunidades
autónomas, y no solamente esto sino todas las mesas de expertos y de
conocedores en el campo de la enseñanza, que están obligados profesional
y moralmente a opinar en la materia. Sobre esto no se puede abrir un
frente de beligerancia, señora ministra. Nosotros pedimos sosiego en una
materia que, por formar parte de las señas de identidad de la nación
española, de todo el Estado español y de las distintas nacionalidades,
comunidades y regiones que constituyen el Estado constitucional, merece
ser tenida en consideración y respeto.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya concluyendo, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Se trata, sencillamente, de reconducir esa
fórmula en el sosiego.
Con nuestra enmienda (y vamos a apoyar la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque también va dirigida al
punto 1) no deseamos forzar al Gobierno a retirar su borrador o proyecto
de decreto; será un documento más de trabajo. Apoyaremos la enmienda del
Grupo de Izquierda Unida, que está en la línea de no forzar al Gobierno a
una situación violenta y embarazosa. En este debate, señora ministra, no
puede haber vencedores ni vencidos, porque entonces haría daño a las
enseñanzas de las humanidades y a lo que hay detrás, como un proyecto de
estado formativo en la juventud que tiene que recibir estas enseñanzas.
Si este compromiso no se adquiere por el Gobierno, nosotros, en la
defensa de nuestra enmienda, votaremos a favor de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra de Educación y Cultura, desde el Grupo
Parlamentario Vasco entendemos que se ha equivocado de debate. Le
alabamos el gusto de estar presente hoy, no es una postura muy habitual
en el Gobierno, y le alabamos el coraje de afrontar el debate. Es uno de
esos momentos en que el Congreso vibra con un tema sensible, que está en
la opinión pública, que es de actualidad, y eso, los que nos dedicamos a
la política, quisiéramos que fuera mucho más habitual. Sin embargo el
debate, señora ministra, no está en los términos en que usted lo ha
establecido. La mayoría estamos de acuerdo en que hay que reforzar las
humanidades, que hay que mejorar la enseñanza y la calidad del sistema
educativo, desde el reforzamiento de estas áreas. Es un objetivo
compartido por la mayoría de los grupos parlamentarios, y yo diría que
por todos. No es ese el debate; lo que se cuestiona, señora ministra, son
los puntos de partida sobre los que están redactados unos borradores que
están en circulación.
Usted sabe mejor que nadie, señora ministra, que el Grupo Parlamentario
Vasco adoptó una actitud constructiva desde que tuvo conocimiento de que
esos borradores, esos grupos de trabajo, estaban funcionando. Yo diría,
incluso, que tuvo un exceso de responsabilidad al intentar que el
Gobierno encontrara los apoyos necesarios para encauzar un tema que, en
origen, había empezado viciado. Sin embargo, señora ministra,
nos ha decepcionado. Torpeza tras torpeza, usted sigue insistiendo en
fundamentar un tema tan importante como el de las humanidades en unas
bases que, a nuestro entender, no son las correctas. Le tengo que
reconocer, señora ministra, que algunos compañeros de grupo tenían razón
en el análisis que realizaban. Usted ha desautorizado actitudes que han
intentado estar cerca del objetivo central del tema que nos ocupa, que es
el reforzamiento de las humanidades. Uno que es de letras, ha sido
profesor de estas materias, conoce el tema bastante de cerca porque
además tiene hijos en ESO y otros niveles, comparte muchos de los
diagnósticos que se realizan; pero usted, señora ministra, se ha empeñado
en ir sola. Se ha empeñado en basarse en un grupo de personas que está
muy cerca de usted en el ministerio, que cuanto más liberales son, señora
ministra, actitudes más fundamentalistas muestran. Yo no sé el
liberalismo español qué concepción tiene de la vida y de las cosas. Usted
misma, que predica el liberalismo, nos presenta unos decretos
superintervencionistas. ¿Cómo se digiere esto en política, señora
ministra? Vamos a poner un ejemplo.
Del análisis de los temas de historia y geografía que se presentan en
esos borradores se debiera derivar que el curso escolar se prolonga casi
ad infinitum o que no hay que dar matemáticas en el sistema educativo.
¿Comparte usted que no hay que dar matemáticas en el sistema educativo?
Estábamos tratando de buscar nuevos equilibrios entre los currícula
educativos y el sitio que las humanidades nunca debieron perder. Nosotros
compartíamos ese objetivo. Pero del desarrollo del artículo 4 de la
Logse, que como usted bien ha dicho el Grupo Parlamentario Vasco apoyó, y
el Grupo Popular rechazó de plano, si entroncamos en los parámetros
educativos, didácticos, de la Logse estos borradores que están circulando
en este momento, nos encontraremos con una auténtica barbaridad. Por eso
entendemos, señora ministra, que es caminar en torpeza tras torpeza y
empeñarse en andar sola cuando desde el Grupo Parlamentario Vasco le
hemos ofrecido nuestro acompañamiento.
Usted habla de autismo. Yo le digo que lo suyo es autismo político. Habla
de autismo en las comunidades autónomas. Yo le preguntaría, señora
ministra, si es capaz de sostener que en la Comunidad Autónoma del País
Vasco existe autismo en el tema de las humanidades con datos basados en
lo que le dice el Instituto de Evaluación. ¿Usted se cree que se pueden
realizar afirmaciones de ese nivel cuando el instituto que usted preside
le está dando, año tras año, en las evaluaciones que realiza datos
completamente distintos? Usted se está basando en la Cope y en el ABC.
Ese es el problema, Están intentando establecer unos tópicos que en nada
responden a la realidad. El propio Instituto Nacional de Evaluación del
Ministerio lo va desmintiendo sistemáticamente en referencia a los datos
de Cataluña y Euskadi, por ejemplo. Pero nada, erre que erre. ¡Qué fácil
es, señora ministra, vivir instalada en el tópico! Usted ha hecho unos
grupos de trabajo que viven encantados fundados en ese tópico.
Señora ministra, nosotros creemos que hay que potenciar las humanidades,
pero hay que hacerlo de una forma integral. A nosotros también nos
gustaría que los niños españoles supieran quien fue Juan Sebastián
Elcano, y que cuando visitan Getaria y ven el templete que está presidido
por una frase que dice primus circumdedisti me sepan de lo que están
hablando y entiendan el mensaje. Nos gustaría, por seguir un ejemplo que
usted cita a menudo, que cuando se estudie a Cervantes o a Shakespeare se
estudie también a Bernard D'Etxepare, que es el primer autor de lengua
vasca de la misma época, y tengan alguna referencia sobre linguae
vasconum primitiae. Nos gustaría, señora ministra, que cuando usted actúa
como ministra de Educación y va a San Millán de la Cogolla diga, con
referencia, que allí además de estar las primeras palabras del romance
castellano curiosamente también están las primeras palabras escritas en
lengua vasca, que estaban en ese templo lingüístico riojano, y no mire
para otro lado ante el pasmo de los académicos.
Ha hecho usted, señora ministra, una clara referencia al academicismo de
estos trabajos. Pero usted misma ha reconocido que así, de un plumazo, ha
retirado la palabra unitario. Deje a los políticos el trabajo que nos
corresponde a los políticos, que fijemos las orientaciones legislativas,
sobre todo a los grupos que apoyamos al Gobierno, y que el Ministerio de
Educación y Cultura pueda actuar dentro de unos parámetros también
educativos. Por eso, señora ministra, entendemos que lo de hoy poco tiene
que ver con las humanidades. Lo de hoy es más un castigo político por una
forma de proceder. Así hay que entender el voto que se puede producir
próximamente. Lo que deseamos la mayoría, señora ministra, es volver al
punto cero del debate. Sí a las humanidades, sí a la reforma de las
humanidades, señora ministra, pero no cite tanto el diálogo, no cite
tanto el consenso. Me recuerda al señor Mayor Oreja, señora ministra de
Educación. ¿Es de la misma escuela ahora? ¡No! No estábamos hablando de
consenso y de diálogo para decir amén a lo que dicen unos grupos de
trabajo que están circulando por ahí. Sabe perfectamente, señora
ministra, que en temas de Interior, para relajar un poco el debate,
cuando alguien silba el silbador es malo, pero cuando le silban al señor
Arzalluz quien es malo es el señor Arzalluz. Esa es la grave equivocación
que ustedes no entienden, y para un grupo que sostiene al Gobierno es una
actitud de fondo que no puede ser.
Termino, señor presidente. Señora ministra, usted se ha retratado en su
última cita. Ha citado a Fernando Fernández Savater. Cada uno elige los
amigos que quiere. Señora ministra, no está en el plantel de nuestros
amigos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra Gil i
Miró.
La señora GIL I MIRO: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, hoy de nuevo revivimos una escena que jamás debió ser escrita
y releemos un libreto que ya fue rechazado en Comisión. Pero antes de
proseguir deseo comentar sólo dos puntos de la exposición que nos ha
hecho la señora ministra, que ya nos era conocida ya que nada nuevo nos
ha aportado desde el día de su comparecencia en la Comisión. Quizá no
tiene la señora ministra corazón de alumna ni sensibilidad suficiente
para aprender y autocorregir.
Señora ministra, el Gobierno sin duda debe ejercer sus competencias, pero
debe hacerlo del modo que la realidad político territorial de este Estado
requiere, que es con el diálogo profundo, honesto y sincero con las
administraciones educativas competentes. Cuando se hizo el desarrollo
normativo de la Logse, el consenso llegó después de dos años de
aprendizaje recíproco y fecundo. Y sólo un apunte: un proyecto significa,
más allá de lo que diga el diccionario, algo que se lanza hacia adelante.
Le puedo apuntar algo más: cuando se lanza algo hacia adelante y se hace
a través de los medios de comunicación y con una rueda de prensa, se
retira de la misma manera que se lanzó, haciendo una rueda de prensa y
diciendo que aquello que entonces se dijo ya no sirve. Pero que nadie hoy
se llame a engaño porque no estamos hablando aquí de educación, sino de
política, y en el fondo estamos discutiendo sobre un modelo de sociedad y
sobre el modelo de Estado de este país. Desde este análisis y en nombre
del Grup Parlamentari Catalá expondré las motivaciones de nuestra
enmienda y nuestra posición frente a la proposición no de ley que ha
defendido el Grupo Socialista y a la proposición no de ley que ha
defendido Pilar Rahola.
Educación y política, señoras y señores diputados, es un binomio
indisociable. No existe propuesta educativa alguna, sea individual o
colectiva, que no traduzca necesariamente una posición ideológica, una
decisión política. Nada hay, pues, inocente, nada hay aséptico en el
ámbito de la educación, porque una elección educativa es la traslación de
un proyecto de sociedad, de una interiorización de ésta. El Gobierno del
Estado español ha presentado públicamente un proyecto de decreto bajo la
bandera de un plan para la mejora de las humanidades, una decisión
política de cambio sustancial del currículum más vulnerable, desde las
ciencias llamadas sociales --la geografía, la historia-- hasta las
humanidades --la literatura, la lengua--. De ello hablaremos. Pero el
proyecto es por él mismo un signo y también un resultado. Es el signo de
una decisión largamente gestada, es el eslabón de una cadena de actitudes
contrarreformistas que se iniciaron con la elevación ridiculizante de la
anécdota a la categoría universal y dogmática, y que se concreta en un
programa devastador: la revisión también del programa de física y
química, este proyecto de decreto, cambios en el bachillerato y en la
educación secundaria obligatoria, retorno a las calificaciones
algorítmicas humillantes y estigmatizadoras y un largo etcétera,
anunciando que conforman el resultado del rechazo a lo que no es propio,
aunque sea de todos y de todas. Es la evidencia del rechazo a la
sustancia de una ley comprometida con una sociedad futura más
igualitaria, más justa y más humanista. La Logse es un compromiso de
corrección de las desigualdades existentes para ofrecer a otras
generaciones la igualdad en el acceso al saber y la dignidad de la
persona. El futuro de los escolares es un futuro de autoestima en que
experimenten la autosatisfacción de aprender de acuerdo con sus
diferentes capacidades y limitaciones para que todas y todos, gracias a
su capital escolar, se vean protegidos de la humillación o de la soberbia
por el hecho de ser diferentes. ¿Es esta, cree usted, una ley sin valores
humanistas? Porque hubo una complicidad general en el ámbito educativo
con la necesidad del cambio y hoy quiere quebrarse.
Conocido el origen del rechazo, analicemos la decisión política
subyacente. El Gobierno del Estado español emplea como fórmula
publicitaria la mejora de las humanidades. ¿Pero qué son las humanidades
para ustedes, señoras y señores diputados del Grupo Popular? ¿Un listado
de autores o de obras ilustres? ¿Un panteón de héroes famosos? ¿Un
programa memorístico? ¿O las humanidades son el vehículo para infundir
valores humanistas? Valores que han sido sustituidos por valores
materialistas, pero ¿por qué? Porque son los principios liberales a
ultranza los que han celebrado el triunfo individual identificado con el
económico a costa del olvido de la relación social. Yo denuncio que usen
ustedes como coartada las humanidades porque no están ustedes legitimados
para hacerlo, porque deben recordar que su propio Gobierno, su ministra
de Educación y Cultura ha defendido con vehemencia en este hemiciclo los
principios más duros de la ideología neoliberal, la de la aplicación del
libre mercado en la educación, considerando --y así lo dijo-- que la
educación es una mercancía, un negocio como el vestido y el calzado. Yo
reitero que no pueden ustedes hablar en defensa de las humanidades o
escandalizarse falsamente cuando en un libro de texto no aparece
Shakespeare, porque fue el secretario de Estado de Cultura quien
explicitó su proyecto cultural públicamente diciendo que si un
espectáculo de determinada actriz, determinada actriz que solamente actúa
con libretos de sal gorda y tópicos, si esta determinada actriz llenaba
los teatros, este teatro tendría subvención, pero que si Hamlet --así
dijo-- dura dos días porque el público no quiere asistir no tendrá
subvención. Que dure dos días.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Gil, le
ruego vaya concluyendo.
La señora GIL I MIRO: Es evidente, pues, que la mejora de las humanidades
es sólo una escenografía, una frase y una coartada. ¿Cuál es, pues, el
verdadero motivo que ha conducido al Gobierno a usar la educación como un
instrumento político y de partido? Diversos son los signos, los indicios
de una nueva dirección. ¿El himno, la conciencia militar, la
reintroducción del concepto caduco de cultura hispánica, la
reinstauración de la sacralización de tiempos anteriores, una falsa
unidad? ¿O es que quizá recuperando una falsa unidad inexistente quieren
contrarrestar los efectos plurales derivados de la organización político
territorial constitucional? ¿Quieren resucitar quizá un país que no
existe? ¿Quieren resucitar a Lázaro? ¿O quieren oscurecer la evidencia
espléndida de la existencia de naciones diversas en el Estado español, de
historias milenarias y de culturas universales distintas?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Gil, le
ruego concluya.
La señora GIL I MIRO: Detrás de este proyecto hay una ideología
conservadora, y yo diría que con ribetes para destruir lo nuevo y
restaurar lo que ya está en desuso. Por ello yo denuncio que sin
evaluación, sin análisis previo, se modifique lo que hoy empieza. ¿Qué
creen ustedes que nuestros niños y niñas de doce años, que han iniciado
este curso la enseñanza secundaria, ya no saben humanidades? ¿Ya deben
saberlas? ¿Ya han asimilado los valores humanistas o han asimilado los
que nosotras y nosotros les hemos inculcado, hijos e hijas de una
educación represora y selectiva? Yo denuncio que se use a nuestros niños
y niñas como conejillos de Indias, denuncio que se consideren las aulas
como laboratorios ideológicos y denuncio la irresponsabilidad de haber
generado desconfianza en la sociedad educativa. No me duele pedir que
recapaciten y no me duele pedir que no destruyan puentes que nos pueden
llevar, en el ámbito de la educación, a lugares de encuentro; puentes que
fueron difíciles de construir y que pueden ser más difíciles de
reconstruir.
Recuerden que desde Cataluña, desde mi Gobierno y desde este grupo hemos
desbrozado caminos para encontrarnos en algún lugar con otros gobiernos,
y también con el suyo, y que en el ámbito de la educación hay sin duda
espacios para explorar conjuntamente y para lograr una sociedad más
solidaria y humanista. Y recuerden que rectificar es de gobiernos sabios,
que la corrección implica siempre autoridad y que la imposición implica
el sucedáneo reprobable de la autoridad, lo que es conocido como
autoritarismo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!--
Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, señora ministra,
subo hoy a esta tribuna con la voluntad política de ser especialmente
útil a la comunidad educativa y colaborar con esta Cámara en la
resolución de un conflicto como es el plan de mejora de las humanidades,
que está siendo utilizado por el Gobierno y gran parte de la oposición
como un arma partidaria del fraccionamiento social. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento señora
Aramburu.
Señorías, les ruego guarden silencio.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Decía que, en primer lugar y para situarnos a
todos y a todas, nadie ose interpretar a otra fuerza política. Insisto,
que nadie ose interpretar a otra fuerza política. Izquierda Unida no
necesita demostrar, ni con el grito ni con el titular, que está
rotundamente en contra del decreto de humanidades, del decreto de doña
Esperanza Aguirre, en contra de sus métodos y en contra, en general, de
la política educativa del Gobierno Aznar.
Señorías, escúchenme. Puesto que he oído algún verbo envenenado, quiero
decirles que las únicas pinzas que yo he conocido en este hemiciclo no
tienen nada de plástico sino de acero, son las que han hecho el PP y el
PSOE con la OTAN, Maastricht, reforma laboral y, recientemente, con la
comisión de investigación de la Expo. Por tanto, sean prudentes y
reserven sus bríos para resolver los problemas de los ciudadanos. Como el
objetivo de mi formación política no es utilizar la enseñanza como
juguete electoral y sí ofrecernos para conseguir una alternativa al plan
de humanidades para que no se parezca en nada al de doña Esperanza
Aguirre, porque es manifiestamente mejorable, voy a trabajar
incansablemente para que las comunidades autónomas y el conjunto de las
fuerzas sociales, políticas y sindicales sean protagonistas, junto con el
Ministerio de Educación, que tiene las competencias, en la elaboración
del mejor plan de humanidades posible. Por ello permítanme, señorías,
algunos argumentos de las razones de nuestra oposición frontal al decreto
de humanidades.
Con respecto a las cuestiones de fondo, en primer lugar, en el citado
plan se incluye una reforma parcial del Real Decreto 1007/1991, de
enseñanzas mínimas, concretamente de su anexo primero, y sobre este punto
queremos hacer algunas consideraciones. Primero se acomete la reforma de
las enseñanzas mínimas sin hacerse una evaluación de la aplicación del
decreto en vigor, pese a que el Gobierno posee los instrumentos
necesarios: Alta Inspección, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
Segundo, se introduce un criterio reduccionista en el ámbito de la
ciencias sociales, por
cuanto se identifica con la geografía y la historia exclusivamente,
olvidando la importancia que tienen para la formación humanística del
alumnado ciencias como la sociología, la antropología, la economía,
etcétera, que desaparecen por completo de los bloques de contenido.
Tercero, se amplían los contenidos de manera desproporcionada, olvidando
muy probablemente el carácter de mínimos que tiene el citado texto, así
como a las comunidades autónomas con lengua propia, que deben añadir un
45 por ciento a esto y las castellanoparlantes un 35 por ciento. Cuarto,
se introducen términos ambiguos, peligrosos --esperamos que no
deliberadamente--, como es la alusión a la época de Franco en lugar de a
la dictadura franquista, que es su nombre verdadero, asociando además
esta época, nefasta para este país, a connotaciones de desarrollo.
Quinto, se considera objetivo importante el refuerzo del estudio
cronológico de los períodos históricos, desde los reyes godos. Sexto, se
eliminan de los objetivos generales la mayoría de los que corresponden a
formación en valores, desarrollo del espíritu crítico, trabajo en equipo,
etcétera. Séptimo, resta autonomía en el proyecto curricular del centro
al conjunto de los centros educativos, rompe la libertad de cátedra.
Octavo, cuestiona la concepción plurinacional y pluricultural reconocida
en la Constitución. Por si acaso esto fuera poco, se amenaza con seguir
el mismo procedimiento, vía comisión de expertos, para la reforma de los
contenidos mínimos en la educación primaria, concretamente en las áreas
de conocimiento del medio natural, social y cultural en lengua castellana
y lenguas extranjeras. De la misma forma se aborda vagamente la posible
reforma de las enseñanzas de la cultura clásica en la ESO. Otro objetivo
sería la extensión de la filosofía a los dos cursos de bachillerato, la
inclusión del latín como asignatura obligatoria en el bachillerato de
humanidades y ciencias sociales, así como la modificación de los
contenidos, objetivos generales y criterios de evaluación de siete
asignaturas del bachillerato.
La fuerza política enmendante, señorías, considera que el departamento de
Educación y Ciencia intenta, por la puerta de atrás, atentar contra el
carácter comprensivo de la Logse, y con esto la señora ministra está
olvidando que la etapa objeto de este debate abarca la totalidad del
alumnado hasta los 16 años, sin distinción de etnia, nivel sociocultural,
así como de nivel intelectual.
En lo referente a la forma, quiero reiterar a doña Esperanza que ni las
comunidades autónomas ni las fuerzas políticas sociales y sindicales, en
su conjunto, van a permitir ningún método impositivo que signifique
decretazos. Por tanto, todo lo que no esté avalado por el diálogo y
amparado por el consenso, señora ministra, en democracia no tiene
posibilidad de recorrer ningún camino. Olvídese de sus modelos
thatcherianos y oiga a la comunidad educativa, porque la historia,
señorías, señora ministra, la escriben los pueblos y no los ganadores.
Señorías, porque no tengo confianza en el gabinete Aguirre --insisto,
porque no la tengo-- planteo una transaccional entre el texto del Partido
Socialista y la letra y el espíritu del Partido Popular. El punto primero
de la proposición del PSOE puede significar que hoy se retire el decreto
y mañana el gabinete, que tiene las competencias que le otorga la ley,
nos traiga un proyecto bis, retocado y maquillado. Para que esa
posibilidad no se contemple, planteo sustituir el punto primero por una
cláusula de garantía que diga lo siguiente: Que se recabe de las
comunidades autónomas y de las fuerzas políticas del arco parlamentario y
sindicatos de la enseñanza las propuestas correspondientes de cada una de
ellas para el desarrollo del plan de humanidades, a fin de que junto con
el borrador del Ministerio sean estudiadas todas las aportaciones con el
objetivo de buscar, mediante el diálogo, el acuerdo que permita la
redacción de un texto de consenso que ponga en marcha un plan de
humanidades. Esta es, señorías, la aportación de Izquierda Unida a un
debate que nos tiene en tablas, que empantana la profesionalidad del
sector, el conocimiento del alumnado, el diseño de unas ciencias sociales
objetivas y también, por qué no decirlo, la configuración democrática y
federal del Estado español.
Señorías, la biografía de la fuerza política que represento está
impregnada del discurso del cumplimiento de la Constitución, del
cumplimiento de las leyes, algo que en algunas ocasiones ustedes tachan
de mesianismo y en otras, cuando a SS. SS. les faltan argumentos para
descalificar, vulgarizan los acuerdos legítimos con la sociedad o con sus
representantes cuando los haya, que no es el caso, tildándonos de
mercadeo; viga en el ojo ajeno, que dirían algunos. Yo creo que ayudarían
profundamente, señorías, gestos como los que hoy les invito a hacer para
recuperar la credibilidad de esta Cámara y de los políticos, trabajando
para construir y no parlamentando para erosionar. Izquierda Unida,
señorías, no se va a separar ni un ápice de esta posición en positivo, de
colaborar con todos y todas, desde la crítica constructiva, para sacar
adelante los problemas del conjunto del Estado español, como es en este
caso la alternativa al plan de humanidades.
Y termino, señorías, con el pulso firme de saber que estamos al lado de
la comunidad educativa, que estamos al lado de la razón social, que
estamos al lado de la razón de la izquierda transformadora y que
lideramos, desde la construcción en positivo, la oposición al plan de
humanidades, que lideramos la solución a un conflicto que está
perjudicando a nuestros hijos y a los enseñantes, que lideramos, como he
dicho siempre desde esta tribuna, la denuncia de la utilización maniquea
de la educación. Por tanto, estaremos siempre enfrente de las posiciones
conservadoras y privatizadoras de la enseñanza y al lado de los que
defienden una enseñanza pública y de calidad. En este sentido, señorías,
no estamos de acuerdo con la chaquetería de
algunos nacionalismos ni con la demagogia del Partido Socialista y mucho
menos con el látigo del PP. Por tanto, no vamos a estar nunca de parte de
los que instrumentalizan la educación para dar bofetadas al Gobierno o,
lo mismo me da, para dar bofetadas a la oposición. Por todo esto,
señorías, nosotros vamos a apostar por una enmienda de consenso o por una
transaccional de acuerdos que resuelva democrática y participativamente
los problemas de la enseñanza en este país. Por ello, mi posición es hoy
de petición con un solo lema, señorías: frente a la imposición diálogo y
frente a la confrontación consenso. Y acabo, señorías, desde una posición
autónoma, diciéndoles lo siguiente: estamos donde estuvimos ayer y donde
estaremos mañana.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señoras y señores
diputados, señores ministros, del debate de hoy yo creo que ha salido
algo positivo que ya salió en la Comisión, y es que todos los grupos
parlamentarios que se han expresado a través de sus portavoces están de
acuerdo en la necesidad de profundizar en las humanidades. Este no es un
tema que preocupa solamente en España. Esto ha preocupado, por ejemplo,
en Francia y el propio ex presidente Mitterrand convocó una comisión para
que se estudiase el tema de las humanidades en la enseñanza francesa.
Pero es que además unos y otros han repetido que es necesario profundizar
en el tema de las humanidades. Asimismo, señorías, nadie ha dicho aquí
que no se deba modificar. Tampoco ha dicho nuestro grupo ni la señora
ministra que este sea un tema que provenga de la Logse. Ya antes de la
Logse --los estudiantes que hoy tienen 16 y 17 años y no están en el
sistema anterior--se tiene una preocupación por el problema de las
humanidades, llámese geografía de España, llámese historia común del
conjunto de los pueblos que forman España, llámese filosofía, llámese
latín y la necesidad de que en un curso del bachillerato haya latín para
nuestros alumnos.
Sin embargo, yo creo que de esa concepción conjunta ha habido luego unas
posiciones que realmente no comprendería ningún enseñante que estuviese
fuera de esta Cámara ni ninguno de los alumnos o los padres de los
alumnos, porque, si todos estábamos conformes en que había que reforzar
el plan de humanidades, no era difícil el ponerse de acuerdo en esta
reforma del plan de humanidades. Pero es que esto que se ha dicho hoy se
ha repetido también en la Comisión. Un ilustre portavoz, con quien tengo
gran amistad, decía en la Comisión lo siguiente: El Grupo Parlamentario
Vasco sistemáticamente ha pedido una necesaria reforma en torno al tema
de las humanidades. Yo creo que es un clamor en todas las comunidades
educativas que éste sea uno de los temas que, por decirlo coloquialmente,
haya de ser puesto en su sitio. Y a continuación decía: Nosotros no vamos
a solicitar que retire los borradores que tiene. Creemos que a partir de
esos borradores se pueden abrir las vías pluridimensionales necesarias
para llegar al objetivo que nos habíamos propuesto.
En esa misma Comisión, así como en el Senado, los diferentes
representantes de los grupos parlamentarios reiteraron una y otra vez la
necesidad de la reforma del plan de humanidades. Pero es que, además,
señorías, la propia ministra, en dicha Comisión y también hoy, ha dicho
que se llegará a los acuerdos que sean necesarios y que se modificará lo
que se tenga que modificar, y en esta postura estoy hablando en nombre
del Partido Popular.
Si de la concepción de la necesidad de las humanidades pasamos al aspecto
jurídico, nadie ha discutido aquí, en primer lugar, que está en vigor el
artículo 4.2 de la Logse, en donde se encomiendan al Gobierno las
enseñanzas mínimas en un 55 o 45 por ciento; nadie lo ha discutido. Se ha
dicho aquí por la señora ministra que si esta Cámara no desea que esté en
vigor el artículo 4.2, lo que se tiene que hacer, indudablemente, es
traer un proyecto de ley orgánica que modifique la Logse en estos
aspectos.
Pero es que si jurídicamente pasamos a contemplar qué significa un
proyecto o un borrador de proyecto de decreto, resulta que jurídicamente
eso no es nada, es decir, jurídicamente puede haber un proyecto de ley,
jurídicamente puede haber un decreto-ley, jurídicamente incluso puede
haber un decreto que es competencia exclusiva del Gobierno, previo paso
por el Consejo de Estado, etcétera, y algunas fuerzas políticas se
empeñan en retirar algo que jurídicamente no existe, como es el borrador
del proyecto de un decreto; me van a perdonar SS. SS., pero llevo muchos
años en el Parlamento y nunca se ha pedido que se retire un borrador de
proyecto de decreto. En estos momentos, señorías, en los diferentes
ministerios hay alrededor de 45 borradores de proyectos de decreto, los
cuales se estudian, se ponen o se quitan, siendo los señores ministros,
en ruedas de prensa o como les parezca oportuno, los que indican que
tienen un borrador de proyecto. Señorías, esto es algo que estoy seguro
que cualquier constitucionalista no lo rebatirá: es absolutamente una
incoherencia el que la Cámara indique que se retire algo que
jurídicamente no existe.
En relación con este borrador de decreto, yo creo que hubiera sido
fundamental por parte del Ministerio de Educación y Cultura el que
hubiera hecho las consultas pertinentes en el Consejo escolar, el que
hubiera hecho las consultas en las comunidades autónomas, remitirlo al
Consejo de Estado para el dictamen y llevarlo a la aprobación del Consejo
de Ministros. Sin
embargo, eso no se ha querido. Lo que se ha querido es que se abriera en
España, en el conjunto de nuestro Estado, un informe sobre qué precisa la
reforma de las humanidades, y de ahí --no lo voy a repetir porque se dijo
múltiples veces en Comisión-- que se hayan realizado estos estudios.
Yo querría repetir una frase con la que ha terminado la portavoz del
partido que presenta la proposición no de ley. Decía: Eduquemos a
nuestros niños en la tolerancia, en la paz, en los valores democráticos.
Pues bien, en eso está el Partido Popular, y estamos abiertos a que sea
así cualquier modificación, pero es indudable que estos estudios que se
han hecho y este borrador de proyecto tienen que servir como parte del
trabajo.
Por eso, señorías, por coherencia, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda que es el texto literal de lo que se aprobó en el
Senado, con los votos del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo
de Coalición Canaria, etcétera, en donde hubo toda clase de intentos para
que borradores de otras fuerzas políticas se admitieran. Sin embargo, en
un momento dado pidieron instrucciones y se les dijo que no lo aprobaran.
Señor presidente, por coherencia con lo que se ha aprobado en el Senado
nuestro grupo ha presentado una enmienda exactamente igual a la que se
aprobó allí, pero en aras al acuerdo y a que esto sea el futuro decreto
con el máximo de consenso, nosotros admitiríamos la enmienda de Izquierda
Unida en caso de que el Grupo Socialista también la admitiera. Nosotros
creemos que ese es un punto de consenso, ya que se pide que se recabe de
las comunidades autónomas y de las fuerzas políticas del arco
parlamentario y sindicatos de la enseñanza las propuestas
correspondientes, a fin de que junto con el borrador del Ministerio sean
estudiadas todas las aportaciones.
Señorías, si hoy esta Cámara no llega a un acuerdo sobre una base, ésta o
similar, yo me llevaré un gran disgusto como parlamentario. No lo
comprenderían ni los padres de los alumnos ni los enseñantes ni los
intelectuales españoles, ni tampoco gran parte de la Cámara, vote o no
vote esta cuestión. Yo creo que en el fondo estamos todos abiertos a que
haya un acuerdo en beneficio de los chicos, en beneficio de la mejora de
la educación, que es lo único que debemos perseguir y conseguir.
Si esto es así, lo recibirán los padres y la sociedad gustosamente. Si no
es así, aténganse a las incoherencias que supone que un partido político
vote algo en una Cámara que es colegisladora y rechace una enmienda que
es exactamente el mismo texto que se aprobó en el Senado. (Aplausos.)
Muchas gracias. (El señor González de Txabarri Miranda pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Señor González de Txabarri, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Por alusiones, señor presidente.
El señor Guerra Zunzunegui ha leído varios párrafos de mi intervención en
la Comisión de Educación y Cultura. He sido citado y contradicho.
Solicito la palabra en base al artículo 73 del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. La
palabra durante tres minutos.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
En la cita que hacía el señor Guerra Zunzunegui de mi intervención decía
que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no había solicitado la
retirada del borrador de humanidades basado en la línea siguiente, que
también ha leído el señor Guerra Zunzunegui, que dice textualmente:
Esperando que se abran dichos borradores a concepciones
pluridimensionales. Y aquí precisamente radica el problema, señor
presidente. Esa es la labor que no ha realizado el Gobierno. ¿Sabe, señor
Guerra Zunzunegui, por qué no se aceptaron en el Senado las enmiendas que
presentó el grupo parlamentario de senadores vascos? Porque hablaban de
la dimensión plurinacional, de la dimensión pluricultural y de la
dimensión plurilingüe. Eso es lo que rechazaba el Grupo Popular en el
Senado, y ahí radica el secreto del tema.
Precisamente por no haberse abierto a concepciones pluridimensionales en
la perspectiva de las humanidades solicitamos ahora la retirada del
proyecto, porque el Gobierno no ha cumplido su palabra, torpeza tras
torpeza se empeña en avanzar en una huida hacia adelante. Sabe el señor
Guerra Zunzunegui que las humanidades tienen sus santos, sus liturgias,
hasta sus dogmas, sus catecismos, sus hermenéuticas; el problema es de
actitud, de cómo se percibe la realidad de la enseñanza de las
humanidades.
A la señora ministra me atrevería a darle un consejo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor González de
Txabarri, le ruego que no reabra el debate.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: No reabro debates. En opinión del
Grupo Parlamentario Vasco, señor presidente, el problema que nos ocupa en
el día de hoy radica en un grupo de personas que anida en el Ministerio
de Educación y Cultura que son muy fundamentalistas; ése es el problema,
que no aceptan la concepción pluridimensional del tema educativo, hoy
referido a las humanidades. Por eso el Grupo Popular del Senado rechazó
las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Vasco, y creo, señor
presidente, que el Ministerio de Educación y Cultura debe de actuar en
contra, repito, de un grupo muy fundamentalista que está haciendo un gran
mal a la educación en este país.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Guerra Zunzunegui pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra, S. S.
sabe que en el turno por alusiones no hay posibilidad de contrarréplica.
No tiene S. S. la palabra.
Tanto la señora Díez de Baldeón como la señora Rahola, que han actuado de
portavoces de sus grupos, deben expresar la aceptación o no de las
enmiendas planteadas a sus iniciativas. Recuerdo a la señora Díez de
Baldeón que a la iniciativa del Grupo Socialista se han presentado
enmiendas, dentro del Grupo Mixto, por parte del señor Rodríguez, señora
Lasagabaster y señora Rivadulla, así como enmiendas del Grupo Popular,
del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo de Coalición Canaria.
Su señoría tiene la palabra.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista presenta una enmienda transaccional recogiendo las
aportaciones ofrecidas por Convergència i Unió, PNV y el Grupo Mixto. El
texto quedaría de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a: 1.º Retirar el proyecto de decreto de enseñanza de las
humanidades. 2.º Efectuar un dictamen riguroso sobre la situación actual
de la enseñanza de las humanidades, comparándola con otros países de
nuestro entorno y analizando la situación en todas las comunidades
autónomas con la participación de los responsables educativos de las
comunidades autónomas con competencias en materia educativa. 3.º A partir
de las conclusiones del mencionado dictamen, impulsar un amplio debate
sobre la enseñanza de las humanidades para posibilitar la redacción de un
documento consensuado que, dentro del ámbito de los objetivos y de los
fundamentos conceptuales, educativos y didácticos de la Logse y con la
participación de las fuerzas políticas del arco parlamentario, de las
comunidades autónomas, de la comunidad educativa y de la científica y de
los sindicatos de enseñanza, oriente las concreciones de mejora de los
contenidos educativos incluidos en las áreas del ámbito de las
humanidades. 4.º Al término de este proceso, y con el debido consenso, el
Gobierno presentará, si es el caso, un nuevo proyecto que deberá tener en
cuenta aquellas orientaciones.
Señora ministra, me comunican que es también transaccional con Izquierda
Unida. Yo invito a los restantes grupos políticos de esta Cámara a que se
sumen a esta iniciativa. Creo sinceramente que es una iniciativa que
busca el consenso, que empieza a intentar rectificar algunos errores
cometidos, y pienso francamente que es la voluntad de todos encontrar un
diálogo absolutamente imprescindible en este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Díez de Baldeón.
En primer lugar, ¿algún grupo parlamentario se opone a la enmienda
transaccional? (Pausa.) En segundo lugar, ¿todos los grupos que han sido
mencionados por la señora Díez de Baldeón retiran formalmente sus
enmiendas? (Pausa.) Se da por entendido que la señora Díez de Baldeón no
acepta, por tanto, las enmiendas de los otros grupos que no forman parte
de la transaccional. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Aunque mi grupo no ha sido expresamente citado
por la señora portavoz socialista, y entendiendo que en el texto está
recogido lo que se consensuó con mi grupo en el Senado y lo que es el
contenido formal de las enmiendas, también las retiro, señor presidente,
para sumarnos a la enmienda de consenso general.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
Ruego a la señora Díez de Baldeón que haga llegar el texto a la Mesa.
Señora Rahola, le corresponde expresar la aceptación o no de las
enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto que S. S. ha
presentado, recordándole que hay enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de la señora
Rivadulla dentro del Grupo Mixto, así como la enmienda conjunta del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario
Vasco.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Yo presento la misma enmienda transaccional que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco, del Grupo
Parlamentario Mixto, con el añadido de Coalición Canaria, según parece, y
también de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
Señora Aguilar, ¿qué desea?
La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, quiero comunicar la extrañeza
de nuestro grupo parlamentario, ya que habíamos participado en esa
enmienda transaccional porque se había incorporado a ella la
enmienda que había presentado Izquierda Unida, y no entendemos la forma
de proceder del grupo proponente. Nosotros pedimos que se haga una
rectificación en este Pleno del Congreso y que quede constancia en el
«Diario de Sesiones» de que se ha recogido íntegramente la enmienda que
proponía Izquierda Unida, para que se proceda a la votación de esa
enmienda transaccional. De lo contrario, desde luego nosotros no podemos
votar la propuesta que se ha hecho, cuando se ha excluido de esa enmienda
--no sabemos por qué razones-- a este grupo. (Rumores.--La señora Díez de
Baldeón García pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Aguilar.
Señora Díez de Baldeón, tiene la palabra.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Pido disculpas al Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida. Inicialmente no había considerado que este grupo
parlamentario también estaba en esto y lo he omitido. Es un error mío y
repito que pido disculpas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Díez de Baldeón.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley presentadas
por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto en relación a la
enseñanza de las humanidades, en los términos resultantes del texto
aceptado por los grupos proponentes y los enmendantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a
favor, 180; en contra, 151; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley en los
términos resultantes del texto transado. (La señora ministra de Educación
y Cultura, Aguirre y Gil de Biedma, abandona el hemiciclo entre fuertes
aplausos del Grupo Parlamentario Popular y protestas de otros grupos
parlamentarios.) (Varios señores diputados: ¡Dimisión! ¡Dimisión!)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE DESARROLLO DE LA REALIDAD PLURILINGÜE DEL ESTADO (Número de
expediente 173/000057)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes. (Fuertes rumores.)
Sosiéguense sus señorías, aun quedan tres puntos del orden del día.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política
del Gobierno en materia de desarrollo de la realidad plurilingüe del
Estado.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra el señor Saura.
Señorías, despejen la escalera para que pueda acceder a la tribuna el
señor Saura. (Rumores.)
Guarden silencio, señorías. Cuando quiera, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, paso a defender, en nombre de Nueva Izquierda y de Iniciativa
per Catalunya, la moción consecuencia de la interpelación urgente que se
sustanció la semana pasada en relación al desarrollo de la realidad
plurilingüe del Estado español.
Esta moción, de alguna manera debate o propone aspectos que ya han sido
tratados en la proposición anterior en relación al tipo de Estado, al
tipo de cultura del Estado y al tipo de lenguas del Estado.
He de decir que es cierto que desde la recuperación de la democracia,
desde la promulgación de la Constitución, el Estado español ha
evolucionado muy positivamente en relación a la descentralización del
gasto público, en relación a las transferencias de competencias y
servicios a las comunidades autónomas o en relación al incremento
importante de la capacidad de autogobierno que las diversas comunidades
autónomas han tenido. Todo esto es cierto, es decir, en estos dieciocho
años de promulgación de la Constitución, el Estado español ha
evolucionado positivamente hacia un tipo de Estado con una mayor
descentralización.
Pero quiero decir que no es menos cierto que desde la óptica de la
estructura territorial del Estado, hoy aún en el Estado español existen
dos grandes retos o dos grandes asignaturas pendientes. En primer lugar,
la asignatura del reconocimiento real y efectivo de la plurinacionalidad
del Estado español y, en segundo lugar, el reconocimiento real y efectivo
del plurilingüismo del Estado español.
La primera asignatura pendiente, el reconocimiento real y efectivo de que
el Estado español es un Estado plurinacional, se expresa de forma
clarísima en que hasta hoy ha habido una incapacidad manifiesta de
proceder a la reforma del Senado. El Senado actual no se corresponde con
un Estado plurinacional, con un Estado que sea la expresión de la suma de
voluntades de las comunidades autónomas, y pienso que esta imposibilidad
expresada hasta hoy de reformar esa Cámara en la dirección de un Estado
plurinacional, pone
de manifiesto las dificultades de hacer efectiva la propia realidad del
Estado español.
No se me escapa que en estos momentos en el Senado se está realizando un
trabajo importante para proceder de inmediato a su reforma, pero quiero
dejar constancia hoy de que hasta ahora ha sido imposible reformar el
Senado, un Senado que se debe adaptar a esta realidad plurinacional.
La segunda asignatura pendiente que les decía que resta por afrontar
desde la promulgación de la Constitución es que, a pesar de que la
Constitución reconoce la riqueza y el patrimonio cultural que significa
el plurilingüismo del Estado español, creo que se puede afirmar que
después de dieciocho años de la promulgación de la Constitución el
balance que se puede hacer de los trabajos, de los impulsos que la
Administración central ha realizado para hacer evidente y de forma
efectiva la realidad plurilingüe del Estado español es muy poca, por no
decir nada.
Se podría hacer otra pregunta, si en estos dieciocho años se ha avanzado
de forma efectiva en el reconocimiento de que el Estado español es un
Estado con cuatro lenguas. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
Estas son las reflexiones que hubieran motivado la necesidad de
presentación de una interpelación como la que hicimos la semana pasada y
de una moción en los términos que planteamos hoy. Pero además esta
interpelación hemos creído oportuno realizarla en estos momentos porque
en las últimas semanas en el Estado español se han producido algunos
hechos que a nuestro entender pueden significar retrocesos en la
concepción del Estado plurilingüe español, o incluso pueden manifestar
incomprensiones o alarmas que es necesario de forma rápida intervenir.
En este sentido, la moción que presentamos hoy está hecha de entrada con
la voluntad de consenso, es una moción hecha para que la cuestión de las
lenguas no sea un problema, sino que hoy podamos dar un paso adelante, un
paso constructivo. Nuestra moción consta fundamentalmente de dos puntos,
y por el primero de ellos el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a avanzar en la consecución de seis grandes objetivos mediante políticas
y propuestas concretas que hacemos. ¿Cuáles son estos seis grandes
objetivos en los que pensamos que es necesario que el Gobierno
instrumente políticas para alcanzarlos?
El primer objetivo es que es necesario fomentar el conocimiento general
de la población española en relación a la plurinacionalidad, a las
diferentes culturas del Estado y a las diferentes lenguas. Para este
objetivo proponemos una serie de medidas, entre las que quiero destacar
la necesidad de que también desde la Administración central se impulsen
campañas donde se explique la realidad plurinacional, campañas que
signifiquen que también desde los medios de comunicación públicos,
especialmente desde Radiotelevisión Española y desde las radios públicas,
se considere que hoy las culturas y las lenguas en el Estado español no
son sólo la castellana, y por tanto que se fomente y que se impulse la
aparición de las otras lenguas, o, como hoy hemos anunciado en una rueda
de prensa, la necesidad de que símbolos tan importantes como los billetes
o las monedas del Estado español puedan leerse, como pasa en otros
países, en las diversas lenguas de esos Estados. Hoy he presentado en una
rueda de prensa que en países como Suiza o Bélgica, de modo simbólico, en
prácticamente todas las instancias del Estado están presentes las
diversas lenguas. Esto es posible hacerlo hoy también en el Estado
español, que en las nuevas emisiones de papel moneda se contemple que
este Estado no es sólo un Estado monolingüe.
El segundo gran objetivo es la necesidad de que desde la Administración
central se promueva un conocimiento básico de todas las lenguas del
Estado español. Esto significa la posibilidad de que el gallego, el
catalán o el vasco se puedan estudiar no sólo en Cataluña, en el País
Vasco o en Galicia, o que por ejemplo se puedan impartir licenciaturas de
filología en todas las lenguas españolas.
El tercer gran objetivo lo planteamos en relación a garantizar el respeto
efectivo a la realidad plurilingüe del Estado español. El otro día, en la
interpelación que formulamos, mi compañero Manolo Alcaraz hizo una
exposición de cuántas veces se habían expresado cantantes en catalán, en
vasco o en gallego durante un año en Televisión Española, y si no
recuerdo mal hizo referencia a que sólo en cuatro ocasiones durante todo
un año en Televisión Española se habían ofrecido canciones interpretadas
no sólo en castellano, sino en otras lenguas. En este objetivo de
garantizar el respeto efectivo a la realidad plurilingüe planteamos la
necesidad de avanzar en señalizaciones bilingües en las comunidades
autónomas que además del castellano tienen una lengua propia.
El cuarto objetivo trata de garantizar la presencia de la realidad
plurilingüe en las instituciones. En Cataluña, pero estoy seguro de que
también en el País Vasco, en Galicia, en el País Valenciano o en las
Illes, a menudo existen dificultades para que este derecho, esta
presencia de las diversas lenguas se materialice en la Administración,
siendo especialmente grave esta problemática en el ámbito de la
Administración de justicia.
El quinto objetivo trata de garantizar que cualquier ciudadano pueda
dirigirse a la Administración en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia
hablando en su idioma propio y que sea entendido y atendido,
contestándosele en el idioma que el funcionario o el trabajador laboral
quiera, pero sin que la persona de Cataluña, del País Vasco o de Galicia
haya de cambiar su lengua propia.
El último objetivo es que la necesidad de promocionar y de difundir aún
mas la lengua castellana más
allá de nuestras fronteras, sea también acompañada de la necesidad de la
promoción exterior de las demás lenguas. No sólo se ha de promocionar la
lengua castellana, y más, internacionalmente, sino que es necesario
también que la Administración central contemple la necesidad de
promocionar y difundir en el exterior las cuatro lenguas. Estos son los
seis objetivos de este primer punto.
En el segundo punto simplemente planteamos la necesidad de trasladar a la
Comisión Constitucional que creemos necesario y oportuno que en ella se
constituya una subcomisión que haga una propuesta de revisión de aquellas
legislaciones que puedan vulnerar los aspectos que antes he dicho.
Estos son los dos únicos puntos de nuestra moción. Entendemos que estas
propuestas pueden salir hoy de esta Cámara con una gran mayoría o
consenso. Creemos, y lo he dicho al comienzo, que el tema de las lenguas,
el tema de la riqueza que representan las diversas expresiones
lingüísticas y culturales de este Estado no han de ser problema, sino que
han de ser vividos como una riqueza y, por tanto, hoy en este debate
político tan importante no hay que retroceder sino avanzar. En
definitiva, se trata de aceptar, de fomentar, de impulsar, de vivir en un
Estado donde la existencia de cuatro lenguas se viva como un patrimonio
de todos y sirva para el enriquecimiento cultural y personal de todas las
mujeres y hombres del Estado español, vivan donde vivan.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Saura.
A esta moción, consecuencia de interpelación, se han presentado enmiendas
por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la
palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta moción, que
espero que el proponente nos pueda aceptar porque el sentido de nuestro
voto, en general y con estas pequeñas salvedades que hemos presentado por
la vía de enmienda, es favorable a la moción.
Nuestro grupo cree que el Gobierno, desde el inicio de su mandato, ha
estado trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en el
sentido que hoy señala esta moción, que indica extensamente el trabajo
que se puede marcar para el desarrollo del plurilingüismo. El Gobierno ha
trabajado hasta ahora, deprisa, con convicción, con decisión y también
sin autosatisfacción porque queda mucho por andar y, entre otras cosas,
porque lo único que hacía así era cumplir con la obligación de
desarrollar la cooficialidad, en lo que todavía queda por hacer, de
apoyar la normalización donde se necesite y, por supuesto, reconociendo
la identidad de las lenguas.
Prueba de que el Gobierno ha trabajado en este sentido es que del total
de puntos que nos marcan hemos contado trece sobre los que el Gobierno
está actuando. Por ejemplo, ya se ha hecho el convenio de la publicación
de las normas en las lenguas oficiales con la única comunidad que lo ha
demandado y desde primeros de año se publicarán las normas en este
idioma; o, por ejemplo, en cuanto a la formación de funcionarios en el
plurilingüismo se ha pasado de más de 8.000 millones a casi 47.000
millones para acelerar esto. Por tanto, puesto que este es un camino
emprendido que nos parece correcto y que marca sistemáticamente el
trabajo para la Cámara y para el Gobierno, nos vamos a sumar a ello.
Nos parece que también son muy correctos, y me alegra, poderlo señalar,
el tono y los términos elegidos en esta moción. Creo que son rigurosos y
exigentes, pero también son prudentes y no son enfáticos. Acabamos de
salir de un debate donde yo creo que ha sobrado un poco de énfasis, a
veces vacuo. Creo que han medido muy bien este tono, que puede marcar en
general lo que va a ser el trabajo de la subcomisión que se cree y, por
tanto, entramos en un cauce que avanza en una materia que a veces ha
suscitado una cierta visceralidad y para el que se nos propone un tono
que nos parece sosegado, exigente y prudente, y desde luego rápido porque
vamos a acordar una serie de cuestiones importantes.
Por último, el señor Saura volvía a señalar lo que dijimos el pasado
miércoles y que nos parece muy importante, que es plantear de modo
sistemático no sólo el desarrollo de la cooficialidad y la normalización
en aquellas comunidades que tienen dos lenguas, sino también el artículo
3.3 de la Constitución, que ha sido poco desarrollado hasta ahora, es
decir, hacer participar a todos los ciudadanos españoles de la riqueza
que supone el plurilingüismo, no limitarlo a las seis comunidades con
lengua propia.
Por estas razones y porque el conjunto de la moción básicamente nos
parece correcto, aunque cada uno podríamos hacer interpretaciones como
las que ha hecho concretamente sobre la moneda, si nos aceptan la
enmienda, podemos votarla favorablemente.
La enmienda, como ya habrá visto el señor Saura, pretende sencillamente
delimitar el ámbito de la cooficialidad, ajustándolo a lo que podríamos
interpretar que se salía un poco de lo que la Constitución, y dice:
Limitar también el ámbito competencial no sólo entre las Administraciones
sino incluso dentro de la propia Administración. Por otro lado,
intentaríamos también no adquirir unos compromisos presupuestarios que en
algún caso pueden parecer innecesarios y que el desarrollo del trabajo ya
dirá si son precisos.
Termino pidiendo que nos admitan esta enmienda, que yo creo que es de
matiz, anunciando, si es así,
nuestro voto favorable y alegrándonos una vez más de que esta Cámara y
este Gobierno trabajen deprisa y con sistemática en una asignatura
todavía pendiente, pero en la que yo creo que todos estamos de acuerdo en
cuanto a la importancia de desarrollarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora
Rodríguez-Salmones.
Para presentar la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Señor presidente, señorías, una vez más nos
toca prácticamente finalizar la sesión --hoy todavía no acabamos, pero
esperemos que no se prolongue mucho-- con un tema de una gran
trascendencia como es el de la realidad plurilingüe de España.
El pasado miércoles, en la interpelación quedaron claros algunos puntos.
Quedó clara la ausencia de un proyecto por parte del Gobierno del Partido
Popular respecto a esa realidad; quedó claro que ninguna iniciativa se ha
producido por parte del Gobierno en esta materia; quedó claro también que
en los últimos años, con el desarrollo de los distintos estatutos, en las
comunidades autónomas con lengua propia se ha producido un avance, sobre
todo en lo que hemos llamado la normalización lingüística.
Es verdad también que se han producido avances en el conocimiento mutuo,
en el respeto a las distintas culturas. Sin embargo, es también evidente
que ese avance en el conocimiento mutuo de las distintas lenguas, incluso
muchas veces en el respeto, no es suficiente. Lo dijimos ya la semana
pasada en la interpelación y se han recordado también aquí algunos hechos
muy desagradables que demuestran que todavía hay un trecho por recorrer;
trecho que no podrá recorrerse si no hay un proyecto claro, si no hay una
voluntad, en primer lugar del Gobierno, y también del conjunto de la
Cámara.
Quedó claro también que en esta Cámara hay una voluntad mayoritaria de
avanzar de una manera decidida hacia el pleno reconocimiento de esa
realidad pluricultural de España. En este sentido, señorías, el Grupo
Socialista ha estudiado con mucho detenimiento, con atención, la moción
presentada por el Grupo Mixto, por los señores Alcaraz Ramos y Saura.
Debo decir que coincidimos plenamente en todos los objetivos y así lo
hemos recogido en la enmienda que presentamos. Coincidimos plenamente en
todos y cada uno de los objetivos de esa moción. Sin embargo, al Grupo
Socialista le hubiera gustado que la decisión de esta Cámara se hubiera
producido con mayor tiempo, quizá con mayor consenso en las propuestas y
con menor precipitación, lo que hubiera evitado algunos defectos de forma
que observamos en la moción.
Por eso el Grupo Socialista presenta hoy una enmienda a esta Cámara por
la cual solicita al Gobierno que, en el plazo de seis meses, presente un
programa de actuaciones destinado a hacer realidad lo que es la realidad
--valga la redundancia-- plurilingüe de España, destinado a promover el
conocimiento de las distintas lenguas oficiales en el conjunto del país,
destinado a garantizar que las distintas lenguas tengan el reconocimiento
institucional y a garantizar el derecho de todos los ciudadanos de
dirigirse a la Administración en la lengua que elijan. Son las grandes
cuestiones que necesitan un desarrollo, que lo tienen en la moción que
nos ha presentado el Grupo Mixto, y nosotros hubiéramos deseado que con
esta enmienda se hubiese podido trabajar con mayor detenimiento y
consenso.
Como al parecer la enmienda que presenta el Grupo Popular puede ser
aceptada, quiero decir aquí dos cosas. En primer lugar, que nos satisface
enormemente la enmienda del Grupo Popular, que nos produce una cierta
sorpresa --diré inmediatamente por qué-- y que representa una aceptación
de los objetivos de la moción presentada. ¿Por qué digo que nos produce
una cierta sorpresa? Porque en Cataluña vivimos una situación muy
distinta, y me gustaría que el Grupo Popular nos explicara la coherencia
que puede existir entre lo que implica la enmienda que acaba de defender
la portavoz y lo que implican las posiciones que el Grupo Popular
defiende en Cataluña en la discusión de una importante ley para el avance
de la normalización lingüística en Cataluña.
Dicho esto, señorías, quiero terminar recordando que en este grupo --como
dije también el otro día-- van a encontrar siempre colaboración para el
trabajo en profundidad y para llegar a los consensos más amplios y
rigurosos posibles, a fin de conseguir no que no sean abucheadas las
personas que recitan un verso de Rosalía de Castro o de Maragall en sus
lenguas propias, porque esto sería muy miserable, ni siquiera para
conseguir que una gran mayoría de los españoles puedan citar en sus
lenguas propias estos versos sino para algo que puede parecer más
sencillo, pero que es mucho más serio y quizá nos va a costar un poco
más. Simplemente para que se puedan ejercer los derechos lingüísticos con
naturalidad, para que se pueda vivir la realidad plurilingüe de España
con naturalidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Clotas.
¿Grupos distintos de los enmendantes que desean fijar su posición en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Como cereza tras cereza, empalmamos un debate con otro dentro de la misma
dimensión, reconfirmado los puntos que solicitaba el Grupo Parlamentario
Vasco en el debate anterior. Por ello, no podemos más que estar de
acuerdo con la moción que presenta el Grupo Mixto a la Cámara.
En su conjunto es todo un plan de política lingüística. Oímos con agrado
la intervención de la portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que
gran parte de los puntos que presenta la moción están recogidos. Así
quisiéramos que fuera y que el Gobierno, diligentemente, estuviera
atendiendo los programas que están planteados en esa moción. La realidad
nos dice todo lo contrario. Llevamos muchos años en los que el tema de
las políticas lingüísticas está remitido a las comunidades autónomas.
Cada comunidad autónoma ha hecho sus propias leyes y sus programas de
normalización lingüística, y el Estado y sus instituciones miran para
otro lado. Son distintos los ritmos y los contenidos de las distintas
comunidades autónomas, pero el conjunto de lo que es el Gobierno del
Estado y sus instituciones están empeñados en lo que les concierne, en
mirar para otro lado. Entendemos, señor presidente, que el Estado también
debe asumir sus responsabilidades en política lingüística. Esto no es una
cuestión de buena voluntad, corresponde materializar con hechos, con
leyes, con programas políticos la asunción de los puntos que aquí se
plantean.
Reiteradamente se ha dicho en los últimos años por los gobiernos
socialistas que en las materias que correspondían al Estado no era
conveniente abrir el melón lingüístico. Nosotros creemos que es una crasa
equivocación, porque a lo que lleva esto es a que cada uno vaya
funcionando por su cuenta --lo que es el Estado periférico funciona con
unas dinámicas centrípetas y el Estado no asume sus funciones--, por lo
que al no existir la debida conexión, los debidos ritmos entre lo que
están realizando las administraciones locales o las comunidades
autónomas, nos vamos encontrando muchas veces con auténticas situaciones
que no hay por dónde cogerlas.
Por ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que las
instituciones del Estado deben asumir la realidad plurilingüe del Estado
y deben conocer una situación legal, programática y política que asuma
esa situación. Lamentamos que la moción de origen no recoja ninguna
iniciativa legislativa al respecto. Entendemos que sea razonable que el
Congreso asuma la responsabilidad de plantear una ley de normalización
lingüística del conjunto del Estado, no para inmiscuirse en las
competencias que tiene cada una de las comunidades autónomas sino para
asumir el tema lingüístico en su conjunto, tanto en lo que corresponde al
castellano como en lo que corresponde a las demás lenguas.
En esta moción se hace la insistencia debida en la construcción
plurilingüe del Estado, pero del debate anterior podemos concluir, al
reivindicar el tema de las comunidades que también el castellano necesita
su política lingüística y que también está dejado de la mano. Observamos
a otros gobiernos que tienen sus propias políticas dentro del propio
Estado, en su dimensión internacional, también para la lengua que es
oficial en el conjunto del Estado, y nosotros tenemos que asumir que por
no abrir el melón lingüístico en su conjunto, tampoco se asume la
política lingüística que corresponde al castellano.
Por ello, señor presidente, entendemos que es una moción muy ambiciosa la
que se nos presenta hoy. Nos gustaría que fueran ciertos los comentarios
que tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista han manifestado aquí. No quisiéramos
que las intervenciones quedaran en consideraciones de buena voluntad y
que durante quince o veinte años más estuviéramos en esta situación.
Entendemos que tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el
punto de vista cultural es una crasa equivocación seguir en esta política
de laissez faire, en el convencimiento de que el tiempo irá poniendo las
cosas en su sitio. En estas cuestiones, señor presidente, el tiempo suele
ir poniendo las cosas en su peor sitio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra doña Carme Laura Gil.
La señora GIL I MIRO: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, hace apenas una semana con motivo de la interpelación yo hice
en este hemiciclo una pregunta y pedía una respuesta para hoy. La
pregunta era: ¿Las comunidades autónomas son Estado o sólo forman parte
del Estado español? ¿Las lenguas oficiales y propias de las comunidades
autónomas son lenguas del Estado, son lenguas de Estado? Y hoy hemos
tenido un avance de respuesta, respuesta por la cual sentimos una enorme
satisfacción. Se nos ha mostrado una faceta distinta del Gobierno,
inteligente, dialogante y comprensiva con el Estado autonómico
plurinacional, plurilingüístico y pluricultural. Yo creo que este avance
sustancial de la enmienda que presenta el Partido Popular, y que
esperemos que sea aceptado, nos conduce del pasado a la contemporaneidad,
y creo además que va a servir como una muestra de pedagogía activa de la
diferencia ante toda la sociedad de este país. Y aunque no lo sepamos, y
ahora me permito una pequeña licencia breve que ustedes deberán
perdonarme, fuera es casi Navidad; fuera hay unas luces, unos villancicos
y aquí quizá no lo sabemos. Yo quiero darles un breve mensaje de Navidad
respecto a la lengua, recordarles muy brevemente la fábula bíblica de
Babel, cuando los hombres y las mujeres hablaban
con los dioses y entendían el canto de los pájaros y entendían los
silencios de las cosas. Y hubo un hombre entre todos que quiso unir a
todo el género humano, encerrarlo, y que tuviera una sola lengua. Y quiso
hacerlo dentro de un zigurat, una torre tan alta que tenía que llegar al
cielo para ser él también un dios. Este hombre Nemrod, fue el primer
tirano de la historia. Pero Yahvé tuvo compasión del género humano, no
quiso que pasara su largo cautiverio dentro de este zigurat, castigó la
soberbia del tirano Nemrod e hizo que hombres y mujeres hablaran
distintas lenguas. Y al hablar estas distintas lenguas, estos hombres y
mujeres salieron del zigurat libres y formaron pueblos y naciones. Y de
estos pueblos y naciones que no llegaban a ser 60, hoy tenemos muchos
pueblos, muchas naciones y casi 10.000 lenguas, y en este país,
milagrosamente vivas, cuatro. Yo creo que de esta fábula debemos tomar
lección y, por ello, aprovecho este momento para desear a todas las
diputadas y a todos los diputados unas felices fiestas, una feliz Navidad
y un feliz año, y que con el trabajo de todas y todos --modesto, pobre, a
veces mezquino-- podamos hacer un futuro mejor para toda la sociedad de
este país, y que recordemos todos cada día aquella plegaria hebrea que
dice: ¡Oh Yahvé, oh Dios nuestro, bendito porque has hecho la diferencia!
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que la
moción fruto de la interpelación que, en nombre de los diputados de
Iniciativa y de Nueva Izquierda, ha defendido el señor Joan Saura viene a
trasladar aquí una realidad, pero, de todas maneras, me da la impresión
de que el traslado que se hace es más bien voluntarista que realista a la
hora de medir la propia toma de decisión que se nos propone al Pleno.
La primera está dirigida a que el Congreso de los Diputados en el plazo
más breve posible consiga del Gobierno que proceda a tomar unas medidas,
y para eso propone seis grandes objetivos sobre la realidad pluricultural
y plurilingüística. La segunda, como una fórmula de control, propone que
el Pleno de la Cámara acuerde trasladar a la Comisión Constitucional que
estudie la conveniencia de crear una subcomisión en el seno de dicha
Comisión.
Yo no creo que la mejor fórmula para que este Pleno tome una decisión sea
que el Pleno, que es el órgano máximo de representación popular, decida
trasladar a una comisión que estudie la viabilidad para tener una
actuación. La mejor fórmula podía ser que de este Pleno saliera una
proposición para que fuese a la Comisión y fuera debatida. Desde mi punto
de vista rebaja lo que es la capacidad de definición del propio Pleno. En
todo caso, como el objetivo fundamental es constatar una realidad y
demandar del Gobierno que se aborde esa realidad para superar algo que ha
venido siendo una demanda a lo largo de mucho tiempo, nosotros no nos
vamos a oponer. En todo caso, nos gustaría que el Grupo Mixto precisara
cuáles son las enmiendas que se van a aceptar, si las enmiendas son del
tenor de la que propone el Grupo Socialista, que en realidad lo que dice
es que a la Cámara venga un programa de actuación del Gobierno,
fundamentalmente con tres grandes bloques de medidas: por un lado,
promover el conocimiento de las lenguas españolas en el conjunto del
Estado; segundo, que se garantice la presencia de esa realidad
plurilingüística en las instituciones y, por otro lado, la relación de
los ciudadanos con las administraciones, es decir, tres de los grandes
objetivos que se han propuesto por parte del grupo proponente, o si las
enmiendas son las seis que ha planteado el Grupo Popular.
Si el camino va por las seis enmiendas que ha planteado el Grupo Popular,
iríamos a precisar o a recortar algunas de las definiciones que hace la
moción origen, y, en ese sentido, podría haber una facilidad, puesto que
el Gobierno va a cumplir estos requisitos. Pero sepan SS. SS. que nuestra
posición, en función de lo que decida el grupo proponente, va a ser un
tanto escéptica. Nos da la sensación de que es más una declaración de
intenciones que un compromiso medido, por lo que decía la propia portavoz
del Grupo Popular; no hay compromiso de financiación, no hay compromiso
de desarrollo legal y, sin que tenga que haber un gran marco legal
general, lógicamente lo que aquí se va a aprobar es una declaración de
voluntad. Como declaración de voluntad, todos estamos dispuestos a
defender un modelo de Estado federal, solidario, con una realidad
pluricultural y plurilingüe.
Por tanto, no va a haber gran dificultad por nuestro grupo para que sea
apoyada, pero lamentamos que el compromiso no vaya más allá de una mera
declaración de intenciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ríos.
El señor Saura tiene la palabra a los efectos de manifestar la aceptación
o no de las enmiendas presentadas por los diversos grupos.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Nosotros aceptaremos las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular,
porque de hecho son enmiendas que no afectan al contenido central de la
moción, tanto del punto 1 como del punto 2, que he visto que no todo el
mundo ha entendido qué dicen, pero que ahora no voy a volver a explicar.
Por tanto, aceptaríamos las enmiendas del Grupo Popular, creemos que
simbólicamente es muy importante que por primera vez desde la
promulgación de la Constitución en esta Cámara se apruebe una moción en
los términos que se va a aprobar hoy. Simbólicamente los temas de
identidad y de cultura son fundamentales para, después, proceder a
concretarlo. En cambio, no aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista
porque pensamos que en buena parte ya está recogida en el punto 2,
apartado tercero. Por tanto, la propuesta que hacemos es mantener nuestra
moción con las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, con todas
ellas incorporadas a nuestra moción.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Saura. ¿Señor
Clotas?
El señor CLOTAS I CIERCO: Señor presidente, simplemente quiero manifestar
que, en coherencia con lo que he dicho en mi anterior intervención y en
aras de que la moción salga con el mayor consenso, mi grupo va a apoyar
también la moción en los términos que quedará después de la aceptación de
la enmienda del Grupo Popular. En consecuencia, retiramos la enmienda.
Quiero añadir únicamente que se trata más bien de una diferencia
metodológica. Es decir, creemos que nuestra enmienda y la moción
coincidían plenamente, aunque quizá con una diferencia en el método para
llegar a los mismos objetivos. Por tanto, nos sentimos muy satisfechos de
poder votar la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Clotas.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto
sobre la política del Gobierno en materia de desarrollo de la realidad
plurilingüe del Estado en los términos resultantes de la aceptación de
las enmiendas del Grupo Popular por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 308; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos referidos.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL EN RELACION
A LA REFORMA DE LA FINANCIACION DE LA SANIDAD (Número de expediente
173/000058)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE lZQUIERDA UNIDA, SOBRE CRITERIOS
DEL GOBIERNO SOBRE LA FINANCIACION Y LA REDUCCION PROGRESIVA DE LAS
DESIGUALDADES SOCIALES Y TERRITORIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Y
ORIGEN Y REPARTO DE LOS RECURSOS ADICIONALES ACORDADOS (Número de
expediente 173/000059)
El señor PRESIDENTE: Mociones del Grupo Socialista relativa a política
general en relación a la reforma de la financiación de la sanidad, y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre criterios del
Gobierno sobre la financiación y reducción progresiva de las
desigualdades sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y
origen y reparto de los recursos adicionales acordados. Las mociones se
tramitarán acumuladamente.
Para la defensa de la moción del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Amador. (Rumores.)
Silencio, señorías, para que pueda finalizar el Pleno.
Cuando quiera, señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, señorías, voy a defender la
moción consecuencia de interpelación que tuve ocasión de presentar la
semana pasada en el Pleno en relación con el modelo de financiación para
la sanidad, y lo voy a hacer con brevedad y agradeciendo a SS. SS. que a
esta hora atiendan a esta exposición. (El señor vicepresidente, López de
Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Señorías, se ha producido un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para establecer el nuevo modelo de financiación de la sanidad
para el período 1998/2001. Ese acuerdo se ha traducido a los Presupuestos
Generales del Estado, a través de una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, y ese acuerdo no tiene el apoyo, a nuestro juicio
indispensable, para que durante cuatro años el Sistema Nacional de Salud
tenga la estabilidad, la viabilidad financiera y el apoyo necesarios.
No tiene el apoyo, señorías, de todas las comunidades autónomas. No es
cierto lo que dice el Gobierno cuando dice que es un acuerdo unánime. No
lo es. De hecho, la Comunidad Autónoma de Navarra, gobernada por el
Partido Popular, se abstuvo en la votación y, como es público y notorio,
señorías, las Comunidades Autónomas de Extremadura y de Castilla-La
Mancha no sólo han expresado su desacuerdo, sino que han anunciado que
van a recurrir a la vía jurisdiccional para impugnarlo.
El acuerdo, señorías, no es un buen acuerdo. No es bueno para muchas
comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular y que,
por obvias razones de disciplina política, no han puesto encima de la
mesa lo que ese acuerdo significa para sus respectivos
servicios de salud. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana,
y es el caso, señorías, de la Comunidad de Castilla y León. Es el caso,
en definitiva, de todas las comunidades autónomas que no ven atendidas
sus necesidades de financiación para el inmediato futuro.
Señorías, el acuerdo, tal como se ha plasmado, no puede garantizar la
suficiencia financiera: 52.000 millones más no garantizan la suficiencia
financiera del sistema. Ni siquiera permiten cancelar las deudas que el
sistema tiene. Esta misma mañana se ha celebrado un debate sanitario
organizado por Fenin, la asociación de proveedores sanitarios, que han
vuelto a expresar su preocupación, que ya han llevado a instancias
comunitarias en forma de denuncia, y la verdad es que con esta
financiación es difícil poder hacer frente a sus reclamaciones.
Por otra parte, señorías, vamos a ver en este Pleno, no esta noche pero
sí en este Pleno, un adelanto de tesorería, aprobado por el Gobierno a
través de un decreto-ley, que sin duda tiene mucho que ver con las
dificultades financieras del sistema. Además no está cuantificado el
déficit; el Gobierno ha reconocido que no sabe cuál es el déficit, y si
no lo conoce difícilmente va a poder subvenir a él con esta financiación.
El ahorro de 65.000 millones de pesetas en gasto farmacéutico, señorías,
que significa 260.000 millones en el período, plantea un serio problema
al sector, a la industria, pero, sobre todo, y lo que más nos preocupa,
plantea enorme preocupación cuando pensamos en el paciente y en la
calidad de la prestación farmacéutica. ¿Porque de verdad creen SS. SS.
que en el año 2000 el gasto farmacéutico va a ser un 30 por ciento
inferior al actual y que ello se va a conseguir por esta vía sin merma de
la calidad de la prestación farmacéutica y sin que se haya de recurrir a
otras medidas que supongan el esfuerzo del paciente? El ahorro de 200.000
millones, señorías, que se pretende en la incapacidad temporal tampoco
parece que sea un asunto como para despachar con esta rapidez. Es un
objetivo discutible, cuando menos, señorías. A través del sistema de las
altas médicas que el Gobierno ha decidido, es todavía más discutible.
Repartido de forma que reciba más quien más ahorre, señorías, lo que
supone es premiar la ineficiencia. Quien más fraude tenga en la
incapacidad temporal, más financiación va a recibir. Y eso, señorías,
tampoco es admisible.
Finalmente, el sistema de reparto de los fondos adicionales no es
equitativo, no es razonable y no es aceptable. Es, por el contrario,
discriminatorio, injusto y peligroso para la viabilidad del sistema.
Cuatro años, señorías, de sobrefinanciación para unos y de
infrafinanciación para otros va a producir en el Sistema Nacional de
Salud un daño irreparable, y en los derechos de los ciudadanos de este
país, en lo que se refiere a la protección de la salud, inadmisible. Por
eso no lo van a aceptar las comunidades autónomas, por eso están
anunciando recursos jurisdiccionales. ¿Cómo se van a hacer, señorías, las
transferencias de las competencias de sanidad a las comunidades que
todavía no las tienen con este acuerdo?
Señorías, señores del Grupo Popular, acaban de oír ustedes en este Pleno
que rectificar es de sabios, y ustedes, que apoyan al Gobierno, cuya
ausencia en este debate la verdad es que es descorazonadora, deberían
considerar el contenido de esta moción, porque no es una moción crítica,
destructiva; es una moción que da una salida al problema que se ha
generado con un acuerdo que es malo, que ha sido improvisado, que no ha
conseguido poner en común los problemas puestos de manifiesto por los
distintos responsables y que es una mala salida.
El Grupo Socialista, a través de esta moción, señorías, les ofrece una
salida, y una salida razonable, una salida digna; les pedimos que este
acuerdo no exceda su vigencia de diciembre del año 1998. Y les pedimos
que hagan las cosas bien y que presenten a esta Cámara, en el primer
semestre del próximo año, un nuevo modelo de financiación que recoja
principios esenciales que no deberíamos tener que estar discutiendo
nuevamente aquí; que recoja medidas de política de uso racional del
medicamento, estudiadas y adoptadas en el ámbito sanitario; que recoja un
sistema bien hecho de reparto de los fondos de atención a pacientes
desplazados. Ese porcentaje de los fondos que hay que repartir de manera
desigual, señorías, hay formas de hacerlo, es posible hacerlo bien. Y es
posible hacerlo sin dañar a nadie, consolidando la viabilidad financiera
del sistema, manteniendo la equidad imprescindible del Sistema Nacional
de Salud e impidiendo un debate, señorías, que es peligroso. No es bueno
el debate del agravio territorial, y no es bueno que ustedes planteen la
imposición de un acuerdo que exigiría de los responsables políticos
sanitarios hacer dejación de sus respectivas responsabilidades. Ustedes
no les pueden pedir a los responsables políticos sanitarios de las
comunidades autónomas del Insalud que estén de acuerdo con este modelo de
reparto; no se lo pueden pedir desde ningún punto de vista. Por tanto, no
nos conduzcan a soluciones y al planteamiento del debate en otros foros.
Reconsideren esa decisión, rectifiquen y apoyen la moción que mi grupo
presenta hoy.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Amador.
Para defender la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre criterios del Gobierno
sobre la financiación y reducción progresiva de las desigualdades
sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y origen y
reparto de los recursos adicionales acordados, tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, tras el debate de las interpelaciones que tuvo lugar la semana
pasada, paso a defender los puntos de la moción de Izquierda Unida que
parten, a nuestro juicio, de un presupuesto básico ineludible. Es
necesario que el Gobierno remita a esta Cámara los datos acerca del
volumen total del déficit acumulado en los territorios y su distribución
por comunidades autónomas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señora
Maestro.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Puede continuar, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, que, como saben SS. SS., se preocupa enormemente
por el proceso que se está desarrollando en nuestro país en relación con
la introducción progresiva de formas de gestión privada, cree
indispensable que el Gobierno haga una valoración de las razones que han
acumulado un monto de deuda desconocido, pero que, a juicio del interés
de los grupos parlamentarios por lograr fórmulas de financiación que
permitan subsanarla, debe de ser elevado.
Señorías, a lo largo de los días que han transcurrido desde el debate de
la interpelación hasta hoy se han producido noticias, curiosamente
generadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, relativas a las fórmulas
de gestión que la Generalitat de Cataluña pretende introducir en el
Servicio Catalán de Salud, y que han venido exactamente a corroborar las
preocupaciones de Izquierda Unida acerca de que la introducción de formas
de gestión, en las cuales se eliminan los mecanismos de intervención y de
control del derecho público en la gestión de presupuestos públicos, tiene
como consecuencia incrementos en la deuda que no tienen su justificación
en la mejora de los niveles de calidad.
Se decía estos días que el Departamento de Economía y Hacienda de la
Generalitat catalana teme que la autonomía de gestión de los centros
pueda conducir a un endeudamiento incontrolado y que ha sido el principal
obstáculo con que ha topado el proyecto, es decir, se está ante un
proceso de reforma que elimina controles públicos y que permite un
endeudamiento generalizado.
Me voy a permitir, en el momento de la defensa de la moción, rebatir un
argumento esgrimido aquí por el ministro de Sanidad hace exactamente una
semana. Decía que las fórmulas de gestión privada iban a redundar en un
incremento de la actividad sanitaria y, por lo tanto, en mayores niveles
de eficiencia. Las señoras diputadas y los señores diputados que asisten
a los debates sobre política sanitaria conocen cuántas veces desde este
grupo parlamentario se ha argumentado diciendo que esos mecanismos de
gestión privada potencian, sí intervenciones sanitarias, pero
intervenciones sanitarias de dudosa eficacia, que suponen un atentado,
por cuanto incrementan el riesgo de la población y también un mayor gasto
no justificado.
En un congreso celebrado en Barcelona los días 4 y 5 de diciembre se
presentó un estudio realizado en hospitales de uso público por parte de
Cataluña, en el cual se analizaban siete intervenciones de dudosa
indicación clínica. Se hacía un estudio sobre hernias, extracciones de
vesícula, apendicitis, extracción de útero, amigdalitis, próstata y
cataratas. La conclusión del estudio dice exactamente que hay una
variabilidad importante en este tipo de intervenciones entre unos
hospitales y otros. Entre el mismo tipo de población hay diez por cien
mil intervenciones de amígdalas y en otros hospitales sesenta por cien
mil. Algo parecido ocurre con las apendicitis y con las intervenciones de
cataratas que, además, se han comparado con poblaciones de mayor
envejecimiento, y curiosamente en las poblaciones más pobres y más
envejecidas de la comunidad catalana se dan menos intervenciones de
cataratas cuando, como SS. SS. saben, el diagnóstico de este tipo de
patologías es bien claro.
Insisto, señorías, en que estamos ante un proceso absolutamente
irresponsable de eliminación de los mecanismos de control público sobre
la gestión de los presupuestos sanitarios que, al igual que ha ocurrido
en otros países, produce un incremento de la actividad, pero de los
procesos más rentables y de dudosa justificación clínica.
Por lo tanto, mi grupo parlamentario defiende la necesidad de un
incremento del gasto público en materia de sanidad, pero ineludiblemente
vinculado al desarrollo de infraestructuras sanitarias públicas y
teniendo como eje rector del desarrollo de las mismas las necesidades de
salud definidas en los planes integrados de salud.
Asimismo, en la moción se plantean una serie de medidas que pretenden
hurtar el debate de la financiación sanitaria del perverso mecanismo de
conseguirlo reduciendo prestaciones en materia de medicamento o de
incapacidad transitoria. Eso no quiere decir que Izquierda Unida
desconozca que hay muchísimo por hacer en la mejora del uso racional del
medicamento en nuestro país. Por eso mi grupo parlamentario ha presentado
una serie de enmiendas concretas que mejorarían el uso nacional del
medicamento redundando en una mejora de los indicadores de salud y, en
definitiva, en un ahorro del gasto farmacéutico injustificado.
Se propone como primer eje del uso racional del medicamento el desarrollo
de la atención primaria de salud, de manera que el medicamento no ocupe
esa función de placebo, una función sustitutoria de una atención primaria
de calidad, como se está planteando en unas consultas masificadas en las
que el medicamento
casi ocupa una función de orden público en el sistema sanitario. Se
plantea la necesidad de mejorar los presupuestos en el desarrollo de
funciones de educación para la salud y de formación de los prescriptores,
de los profesionales sanitarios, impidiendo que la formación continuada,
entre comillas, de estos profesionales esté absolutamente mediatizada por
los intereses comerciales de la industria farmacéutica.
Asimismo se propone algo urgente, señorías, cual es la mejora de los
planes de estudio de formación pregrado, de manera que los futuros
médicos conozcan en profundidad algo que las facultades de medicina hoy
ofrecen de manera precaria, que son los conocimientos fundamentales en
materia de política del medicamento. Se plantea, por tanto, un abordaje
integral desde muchas parcelas que influyen en el factor medicamento en
relación con las necesidades de salud y, en definitiva, con un gasto
adecuado a esas necesidades.
Se incluye en la moción uno de los elementos centrales en política del
medicamento. Sus señorías conocen cómo el principal experto,
prácticamente el único que ha hablado de política del medicamento en la
subcomisión, calificaba como elemento central en la política integral del
medicamento la inclusión de la cláusula de necesidad para el registro de
nuevos fármacos. Esta enmienda fue una de las fundamentales que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida defendió con motivo del debate y
aprobación de la Ley del Medicamento. Esto, señorías, junto con el
desarrollo del programa de revisión selectiva del medicamento, permitiría
que el registro de fármacos existente en nuestro país sea realmente el
que se adecue a las necesidades de salud de la población y no en función
de criterios comerciales ajenos o, por lo menos, subordinados a las
necesidades de salud de la población.
Se presenta una enmienda modesta, señorías, una propuesta modesta que
también constituyó una de las más concretas que nuestro grupo
parlamentario planteó cuando el debate de la Ley del Medicamento. Se
propone que se exija a la industria farmacéutica que todo tipo de envase
de medicamentos contenga el número de unidades que se contemple en las
indicaciones más frecuentes.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): señora Maestro, vaya
terminando.
La señora MAESTRO MARTIN: Estoy terminando, señor presidente.
Y también que no se produzca, como está sucediendo en estos momentos, un
despilfarro injustificado que, por un lado, hace que se dispensen envases
con un número de unidades muy superior al que se necesita, con el
correspondiente riesgo para la salud que supone su almacenamiento en las
farmacias caseras y, por otro, al incluir un número de unidades inferior
a las necesidades del tratamiento, determina que o bien haya que comprar
dos envases del mismo producto, y así sobraría más de la mitad, o bien se
sigan inadecuadamente los tratamientos, fomentando algo que SS. SS.
conocen y es el desgraciado récord de nuestro país en uso irracional del
medicamento en la Unión Europea, medido en la resistencia a los
antibióticos que muestra nuestra población.
Se propone la actuación del Gobierno con la industria farmacéutica para
limitar los gastos en publicidad que, como SS. SS. conocen tan bien como
yo, sobrepasan en mucho el objetivo de información a los profesionales y
son auténticos mecanismos de presión en manos de la industria
farmacéutica para conseguir que se prescriban aquellos medicamentos que
permiten...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro, termine
ya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino ya, señor presidente.
Se pretende también la eliminación de la publicidad en los medios de
comunicación. No entendemos, señorías, cómo se pretende la disminución
del gasto sanitario público en materia de medicamentos y se piensa en que
aquellos medicamentos que dejen de obtener financiación pública puedan
ser objeto de publicidad en los medios de comunicación generales.
En cualquier caso, señorías, la moción que presenta Izquierda Unida
propone atacar de fondo los males fundamentales que tiene planteada
nuestra sanidad pública, que tienen que ver con una insuficiencia de
recursos sanitarios públicos, un aumento desmesurado de la atención
sanitaria privada, que afecta a ese gasto inadecuado en medicamentos, y
con una actuación sanitaria que está muy lejos de estar a la altura de
las necesidades de la población española. Ofrece asimismo una serie de
medidas en materia de política del medicamento que jamás pueden ser
aisladas y que tienen que contemplar todos los factores que intervienen
en la cadena de prescripción, dispensación y uso de los medicamentos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Maestro.
A estas mociones han presentado enmiendas los grupos parlamentarios Mixto
y Socialista. Entiende la Presidencia que el Grupo Socialista en su
intervención ya ha defendido la enmienda correspondiente a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y, por
tanto, nos quedan sendas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto.
Para la defensa de la primera de ellas, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias señor presidente. Intervendré de forma
rápida.
Hemos presentado dos enmiendas a la moción del Grupo Socialista y las
mismas a la del Grupo de Izquierda Unida. Tratan en el primer caso de
mostrar la necesidad de reducción del gasto farmacéutico sin que en
ningún caso eso signifique ni disminuir la calidad de las prestaciones ni
aumentar la aportación económica de las personas. También hay otra
enmienda que se repite en las dos mociones encaminada a situar como
objetivo del gasto sanitario la necesidad de su crecimiento para que
alcance el gasto medio que se produce en los países de la Unión Europea.
A la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
hemos presentado un par de enmiendas más. Por un lado, intentamos
clarificar su propuesta de plan de financiación, distinguiendo la deuda
sanitaria en el pasado y la necesidad de financiación en el futuro. Por
otro lado, dado que de la comparecencia del mejor experto de farmacia en
el Estado español se deducía que reducir el gasto farmacéutico hoy es,
fundamentalmente, aplicar una política de precios de referencia o de
listas positivas, nuestra enmienda concreta en ese sentido la moción de
Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Saura.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Volvemos a discutir en este Congreso acerca de la financiación sanitaria,
en esta ocasión como consecuencia de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, a la que el Bloque Nacionalista Galego presenta una enmienda
de adición que incide en los criterios que nos parece que han de regir un
modelo de financiación para el futuro, sobre todo desde el punto de vista
de una comunidad autónoma como la de Galicia, infradotada en materia
sanitaria respecto a la media estatal. También se debate una moción del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en el mismo sentido.
Desde luego, en las discusiones sobre financiación sanitaria en este
Congreso, para ser útiles, habría que llegar, al menos, a algunos
acuerdos. Por ejemplo, sobre cuánto dinero se necesita para financiar la
sanidad pública y de dónde se obtiene, qué ahorros se pueden conseguir
mejorando, haciendo eficaz la gestión y evitando los derroches
innecesarios, y sobre todo qué criterios de distribución se siguen para
conseguir una efectiva nivelación entre los distintos servicios de salud
y, por lo tanto, garantizar la igualdad de los ciudadanos en lo que
respecta a sus niveles de salud. Pero mientras debatimos en este Congreso
el modelo de financiación de la sanidad --supongo que el futuro--, cuando
menos para el próximo año ya ha sido aprobado sin que el Gobierno, por
cierto, en ninguna de sus fases, haya informado con claridad a esta
Cámara sobre esos criterios acerca de cómo conseguir aumentar el gasto en
sanidad, de dónde obtener los fondos y cómo repartirlos entre los
distintos servicios de salud.
En todo caso, para el Bloque Nacionalista Galego es necesario, desde la
premisa de garantizar la asistencia sanitaria pública, dedicar más fondos
a esa asistencia, garantizar la financiación suficiente del sistema y
corregir, además, las diferencias que en materia de recursos existen
entre las distintas comunidades autónomas. Unos recursos que nosotros
pensamos que deben provenir de los impuestos que pagan los ciudadanos y
que, desde luego --yo estoy seguro--, desearían que se dediquen a cuidar
su salud, en vez de otras cuestiones.
Dicho esto, creo que es de justicia hablar de la necesaria nivelación de
los recursos. Para eso, hay que contar, en primer lugar, con el déficit
de recursos existente en cada servicio de salud y, en segundo lugar, con
el coste real de las prestaciones; si no, hablamos en abstracto. Y voy a
hacer referencia --cómo no-- a la Comunidad Autónoma de Galicia, cuya
sanidad estuvo durante muchos años financiada por debajo del tanto por
ciento de población protegida, respecto al tanto por ciento del gasto
estatal en sanidad. Esto ocasionó que en el momento de las transferencias
sanitarias, en el año 1991, tanto el número de camas como el de personal
sanitario fuese inferior a la media del Estado; situación que hoy sigue
sin ser corregida. Por lo tanto, la sanidad gallega parte de una
situación de desigualdad en los recursos.
Cuando se habla de un nuevo modelo de financiación, para que sea justo,
debe contemplar en primer lugar --como decía antes-- esta realidad. Pero
es que en el coste real de la salud influyen otros factores, como pueden
ser la dispersión geográfica y el envejecimiento relativo de la
población. La dispersión geográfica influye en la accesibilidad a los
recursos sanitarios, lo que obliga a un mayor esfuerzo que en la dotación
de los que serían necesarios en el caso de una población poco dispersa, y
esta situación incide especialmente en la atención primaria. Les voy a
dar solamente un dato al respecto. El número de entidades de población
por cada 100 kilómetros cuadrados es de 106 en Galicia, frente a 11 en la
media estatal. En cuanto al envejecimiento de la población, no es
necesario insistir que es causa de mayor gasto sanitario, farmacológico o
de utilización de centros hospitalarios. No voy a señalar aquí por qué la
población en Galicia está más envejecida que la media del Estado, pero
también podríamos hacer referencia a eso. Por lo tanto, este factor debe
pesar con fuerza como criterio del reparto territorial del presupuesto
dedicado por el Estado a la sanidad.
En resumen, hay dos mociones presentadas. Nosotros, en principio,
apoyaríamos la de Izquierda Unida,
que en su punto segundo propone la realización de un plan extraordinario
de financiación destinado a superar la deuda histórica y los
desequilibrios de las comunidades, lo que da respuesta en parte a lo que
nosotros proponemos en este sentido. En cuanto a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, la apoyaríamos si admite nuestra enmienda, ya
que su moción, en su punto segundo, entra a considerar un criterio para
el modelo de financiación que tenga en cuenta los pacientes desplazados.
Nosotros pensamos que, ya que se entra en esos criterios, nuestra
enmienda aportaría otros que consideramos necesarios desde el punto de
vista de nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto de estas dos mociones?
(Pausa.)
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente
Señorías, el elevado crecimiento del gasto sanitario es un motivo de gran
preocupación en el Estado español por la dificultad de adaptar la
capacidad de financiación pública al crecimiento del gasto sanitario. Por
un lado, el control de crecimiento del gasto exige la adopción de mejoras
en la gestión de los recursos destinados a la sanidad pública; por otro
lado, el crecimiento se debe a diversos factores exógenos a la propia
gestión tales como el aumento de las expectativas de los ciudadanos en
cuanto a las prestaciones sanitarias y demanda de cuidados sanitarios y
mayores posibilidades de curación, incorporación de nuevas tecnologías,
envejecimiento de la población, etcétera. Estas presiones estructurales
sobre el gasto sanitario exigen la adopción de medidas igualmente
estructurales para hacer viable financieramente el sistema sanitario
público a medio plazo. Es preciso establecer una base presupuestaria
realista, tanto como punto de partida para el próximo cuatrienio como en
lo relativo a los criterios de crecimiento interanuales.
Estas posiciones las ha puesto en práctica el Partido Nacionalista Vasco
en su responsabilidad al frente del departamento de sanidad en el
Gobierno Vasco, consiguiendo una sanidad pública de calidad y,
prácticamente, con una situación sin déficit. Y estas posiciones las ha
mantenido y defendido el Grupo Vasco (EAJ-PNV) en la elaboración del
informe por parte de la subcomisión de consolidación y modernización del
sistema estatal de salud; subcomisión que fue abandonada en su momento
por el Grupo Socialista en vez de haber defendido con seriedad y rigor
sus posiciones donde hay que defenderlas, es decir, en el trabajo diario.
Con anterioridad a la aprobación del nuevo acuerdo financiero para el
cuatrienio 1998-2001, en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 1997
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a partir de las
propuestas iniciales presentadas por el Gobierno español, se han
determinado los recursos adicionales a aportar al sistema estatal de
salud en el ejercicio 1998 con una base presupuestaria adecuada y
realista, en opinión del Grupo Vasco, y con un acuerdo mayoritario
suficiente, aunque también es cierto que sin obtener la unanimidad de
todas las comunidades autónomas. Ayer mismo se reunió el Consejo
Interterritorial de Salud, consiguiéndose un amplio consenso, respecto al
acuerdo de financiación, con el apoyo de todas las comunidades autónomas
con competencias sanitarias transferidas y del Insalud; acuerdo que es
equitativo y que permitirá mejorar la situación de todas las comunidades
autónomas; acuerdo que representa un importante esfuerzo en la
financiación, con un incremento en relación con este año de 386.000
millones. Además, en el caso de Euskadi sigue siendo de aplicación lo
previsto en la disposición adicional primera de la Ley General de Sanidad
para las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra.
Por todo ello, no vamos a apoyar las mociones presentadas. Muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Caballero.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Brevemente, señor presidente, porque estamos discutiendo aún en esta
Cámara, a las once y cuarto de la noche, los puntos de esta moción. Por
respeto a todos los miembros de la Cámara y del Gobierno, que están
todavía aquí a estas horas, procuraré ser concisa para no alargarnos más
de lo necesario. Voy a resumir mi intervención e intentar dar respuesta a
las dos mociones a la vez, a la del Partido Socialista y a la de
Izquierda Unida.
Señorías, tengo la impresión --impresión que, por otra parte, se confirma
reiteradamente-- que desde que la subcomisión que se creó para el estudio
y reforma de la sanidad aprobó un dictamen, del que se excluyeron
desgraciadamente los grupos Socialista e Izquierda Unida (y digo
desgraciadamente porque al menos la voluntad de mi grupo parlamentario, y
pienso que la de la mayoría de los miembros de la Cámara, era que se
hubiera podido conseguir un amplio acuerdo donde hubieran estado
presentes todos los grupos que son representativos, pero no fue posible),
con cierta frecuencia vemos que en esta Cámara se debaten cuestiones que,
dejando al margen desde luego su legitimidad, el cuestionar políticas que
no se comparten o
no se comprenden, tienen también un objetivo, que es el de conseguir
diluir la buena imagen, el buen mensaje que los partidos políticos que
hemos llegado a un acuerdo deberíamos ser capaces de transmitir a la
sociedad.
Quiero ser también sincera y honesta y reconocer que ni por parte del
Gobierno, ni por parte de los grupos que damos soporte al Gobierno,
muchas veces esta transmisión de valores positivos no es muy afortunada.
Tampoco sería justo dejar a los partidos de la oposición toda la
responsabilidad en el tema.
Llevamos ya varios meses hablando de financiación de la sanidad. En el
dictamen que se aprobó en la subcomisión se acordó que lo que hacía
referencia a financiación de la sanidad se estaría al acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera. Finalmente, hubo un acuerdo, fue largo y
laborioso, pero incluso después del acuerdo tenemos una cierta capacidad
de transmitir un tipo de mensajes a veces contradictorio, que no sirve
para trasladar a la opinión pública lo que sería deseable, y es que va a
haber más dinero para la sanidad. No quiero entrar en el cuánto, señora
Amador, pero va a haber más dinero para la sanidad. Esto es mucho mejor
que haya menos dinero. Este acuerdo se ha tomado y es positivo.
Además se toman otras medidas. Se toman acuerdos de racionalización del
gasto sanitario. Compartimos plenamente los criterios expresados por la
señora Maestro, de Izquierda Unida, sobre racionalización del uso
farmacéutico, porque lo ha dicho el Gobierno y otros grupos y lo comparte
nuestro grupo parlamentario es que el «medicamentazo» --entre comillas--
por sí solo no tiene posibilidad de conseguir grandes ahorros. Debo
recordar en esta Cámara que el ministro Romay en una comparecencia se
comprometió a no sacar un medicamento que no pudiese ser sustituido. No
se conseguiría un gran ahorro sacando medicamentos de baja eficacia
terapéutica si no va compaginado con otras medidas, como pueden ser los
genéricos, la racionalización de los envases, el que se prescriban
realmente las dosis que hace falta, que no se almacenen pequeñas
farmacias en los domicilios de cada usuario. Si todas estas medidas se
toman conjuntamente, posiblemente conseguiremos además un ahorro añadido.
Opina también nuestro grupo, señora Amador, que sí que se puede conseguir
ahorro teniendo una política bastante más controlada de las incapacidades
laborales transitorias.
No quiero hablar de fraude, no quiero decir que vamos a controlar a las
clases más desfavorecidas, a los trabajadores, no quiero entrar en este
discurso demagógico.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Riera, vaya
terminando, por favor.
La señora RIERA I BEN: Sí, termino, señor Presidente.
Sí quiero decir que el conjunto de estas medidas va a repercutir en una
mayor financiación para la sanidad. Y esto es positivo.
Pensamos que algunas de las propuestas que ustedes hoy presentan a esta
Cámara son positivas, que están asumidas ya en el acuerdo y otras tienen
por finalidad dispersar los verdaderos objetivos.
No es verdad, señora Maestro, que en Cataluña tengamos una especial
inclinación por la privatización del sistema sanitario.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Riera, vaya
terminando. Ya ha agotado el tiempo.
La señora RIERA I BEN: Sí, termino, señor Presidente.
En Cataluña, señora Maestro, utilizamos los recursos de manera que
sacamos el mayor provecho al menor coste. Al menos es lo que intentamos.
Y cuando tenemos que hacer apuestas por la sanidad pública las hacemos y
al máximo.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que el voto de nuestro
grupo parlamentario será negativo a las dos mociones.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Riera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, en nombre del Grupo Popular, para fijar la posición de mi
grupo parlamentario con respecto a las dos mociones consecuencia de
interpelación.
Señor presidente, la semana pasada el Gobierno, por boca del ministro de
Sanidad, dio la cifra, los criterios, las medidas que se iban a tomar
para una mejor financiación del sistema sanitario. Creo que dio las
cifras adecuadas y que hizo una explicación lógica de lo que era la
financiación. Por eso me sorprende no sólo el debate que se ha tenido a
lo largo de estos días, sino la línea de las mociones presentadas por los
grupos de la oposición, porque no atienden a las explicaciones del
ministro de Sanidad.
Voy a ser breve, señor Presidente. Hay que decir que los dos acuerdos de
financiación que ha habido hasta el momento, el acuerdo de 1994/1997 y
este acuerdo de 1998/2001, que se basa en las conclusiones de la
subcomisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, establecen que la
financiación tiene que ser suficiente y estable, que el crecimiento tiene
que ser en base al PIB nominal y que la distribución de los recursos
entre las comunidades debe ser en base al criterio capitativo. Por todo
eso, señor Presidente, se incorpora una cifra muy importante al sistema
sanitario dentro
de lo que son los recursos financieros, estableciéndose en un total de
321.000 millones, aparte de las medidas de ahorro que se puedan llevar a
cabo en el gasto farmacéutico.
Por todo eso, por la cantidad en sí misma de la financiación del sistema
sanitario, y respecto a los dos fondos que se establecen de reparto, un
fondo general sobre la población protegida del padrón de 1996, que es el
98,2 por ciento, y un fondo de atenciones específicas, nosotros
consideramos que el acuerdo de financiación aprobado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera es bueno y cumple con las conclusiones de la
subcomisión. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor,
silencio.
Prosiga, señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Nunca se habían incorporado al sistema sanitario
recursos económicos tan importantes como los que se incorporan para el
año 1998 y se establece también la relación entre lo que es la
financiación y la gestión en base a otro de los acuerdos, como es ligar
nueva financiación a objetivos de asistencia sanitaria, ya sean de
calidad o de listas de espera
Por todo eso, señor presidente, vamos a votar en contra de las dos
mociones.
El señor VICEPRESlDENTE (López de Lerma i López):
Gracias, señor Villalón.
Señora Amador, a la moción consecuencia de interpelación urgente que ha
formulado su grupo han sido presentadas dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto. A los efectos de manifestar si las admite o no,
tiene la palabra.
La señora AMADOR MILLAN: Sí, señor Presidente, están admitidas ambas.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López):
Señora Maestro, a la moción de su grupo han presentado enmiendas el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Socialista.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Con respecto a las cuatro enmiendas que presenta el señor Saura, debo
decir que aceptamos tres de ellas. Sin embargo, no aceptamos la última,
porque entendemos que sería incrementar el carácter restrictivo de las
listas negativas, de las listas de medicamentos excluidos, si se hicieran
listas de medicamentos financiados. Por tanto, no estamos en condiciones
de aceptarla.
Aceptamos la enmienda planteada por el Grupo Socialista. Además, nos
congratulamos de que aspectos fundamentales que constituyeron enmiendas
de Izquierda Unida a la Ley del Medicamento en 1990 hayan sido asumidas
en este momento como propias por el Grupo Socialista, que constituyen los
ejes fundamentales de una política racional del medicamento.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro, para
una mejor comprensión de la Presidencia, respecto de la enmienda
presentada por el señor Saura, ¿admite todos los puntos excepto el
último?
La señora MAESTRO MARTIN: No acepto el último punto.
He olvidado decir que propongo una enmienda a la señora Amador, que
consiste en una pequeña introducción de una frase en el segundo punto de
su enmienda, que hace referencia a que las necesidades de salud de la
población vengan definidas por un plan integrado de salud.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Amador, ¿acepta
esa transaccional? (Asentimiento.)
Se procede a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las mociones del Grupo Socialista y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Votamos, en primer lugar, la moción del Grupo Socialista, sobre política
general en relación a la reforma de la financiación de la sanidad, en los
términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 136; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
en los términos del debate, como ha quedado expuesto por su portavoz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 136; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que continuará mañana a las cuatro de la tarde
Eran las once y treinta minutos de la noche.