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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 124, de 10/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 124
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 120
celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 6482)
Interpelaciones:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general en relación
a la reforma de la financiación de la Sanidad (Núm. expte. 172/000060)
(Página 6507)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre criterios
del Gobierno sobre la financiación y reducción progresiva de las
desigualdades sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y
origen y reparto de los recursos adicionales acordados (Núm. expte.
172/000062) (Página 6507)
-- Del Grupo Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de
desarrollo de la realidad plurilingüe del Estado (Núm. expte. 172/000061)
(Página 6521)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Preguntas (Página 6482)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué ha
discriminado el Gobierno a los ciudadanos del territorio gestionado por
el INSALUD en la reforma de la financiación de la Sanidad? (Número de
expediente 180/000922) (Página 6482)
Del Diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Gobierno cuál ha sido, en líneas generales, la posición española en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, celebrada
en Kyoto recientemente? (Número de expediente 180/000932) (Página 6483)
Del Diputado don Pablo Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Considera el Sr. Presidente del Gobierno que con motivo de la
nevada del pasado día 4 de diciembre los servicios de Protección Civil
han puesto de manifiesto un aceptable grado de eficacia y coordinación?
(Número de expediente 180/000945) (Página 6484)
Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para
hacer efectivo el cese de don Luis Herrero como director del programa
Debate de TVE, solicitado por su Consejo de Administración? (Número de
expediente 180/000924) (Página 6486)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista en el
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cuál es el Balance del II Plan de Liberalización de
la economía aprobado por el Gobierno el 21 de febrero de 1997? (Número de
expediente 180/000926) (Página 6487)
Del Diputado don José Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿En qué
resultados electorales están basados los datos que aporta el Ministerio
de Justicia en su informe de fecha 13 de mayo de 1997 en respuesta a la
Comunicación G/SO 215/1 SPAIN 583 a la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra? (Número de expediente 180/000887) (Página 6489)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el
Gobierno para poder cubrir la jefatura de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco? (Número de expediente 180/000917)
(Página 6490)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a instalar el
Ministerio de Justicia un Registro Mercantil y de la Propiedad en el
Ayuntamiento de Mogan (Gran Canaria) o, en su caso, una Delegación del
que depende actualmente Guía de Gran Canaria? (Número de expediente
180/000920) (Página 6490)
De la Diputada doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué no se ha procedido a la
cobertura de la plaza de Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco? (Número de expediente 180/000928) (Página 6491)
Del Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno conceder el
indulto solicitado por el Pleno del Congreso de los Diputados a los
doctores Julio Robres y Gerrit Jan Bosma condenados por la Audiencia
Provincial de Barcelona por un delito de aborto? (Número de expediente
180/000929) (Página 6492)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración realiza el Gobierno respecto al acuerdo alcanzado en Bruselas
el 2 de diciembre sobre la nueva estructura militar de la Alianza
Atlántica? (Número de expediente 180/000933) (Página 6493)
Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuándo el
Gobierno tiene previsto presentar el Proyecto de Ley de prohibición total
de minas antipersonales? (Número de expediente 180/000943) (Página 6494)
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué planes concretos tiene el Ministerio
de Industria y Energía respecto al futuro de la Empresa Pública «Hijos de
J. Barreras», ubicada en Vigo? (Número de expediente 180/000918) (Página 6495)
Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado el
Gobierno para dar cumplimiento a la Resolución del Congreso de los
Diputados, de 20 de mayo pasado, en lo relativo a la paralización del
Plan Estratégico de Binter-Canarias? (Número de expediente 180/000921)
(Página 6496)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión tiene el Sr. Vicepresidente
Primero del Gobierno sobre la operación de Endesa con la empresa chilena
Enersis? (Número de expediente 180/000923) (Página 6497)
Del Diputado don Javier Fernández Fernández, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Ministro de
Industria la posición de la Comisión Europea sobre el Plan del Carbón
español? (Número de expediente 180/000930) (Página 6499)
Del Diputado don Antonio Landeta Alvarez-Valdés, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno
que el desarrollo de la Ley 34/1992, de Ordenación del Sector Petrolero,
es suficiente para resolver los problemas que sufren los distintos
agentes sociales y económicos relacionados de una u otra forma con el
sector? (Número de expediente 180/000936) (Página 6500)
De la Diputada doña Carmen Matador de Matos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
participación española en el Programa EF-2000 (EFA), y cuál es su
repercusión en la Industria Española? (Número de expediente 180/000940)
(Página 6501)
Del Diputado don José Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
explicar las medidas adoptadas para la lucha contra el SIDA a propósito
de la celebración el 1 de diciembre, del Día Mundial de la enfermedad?
(Número de expediente 180/000934) (Página 6502)
Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones llevarían
al Gobierno a considerar una ampliación
de la lista negativa de medicamentos financiados por la Seguridad Social?
(Número de expediente 180/000937) (Página 6503)
De la Diputada doña María Amparo Valcarce García, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo aprobará el Gobierno el
Segundo Plan Nacional de Formación Profesional? (Número de expediente
180/000927) (Página 6504)
Del Diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está tomando el
Ministerio de Educación y Cultura para favorecer a los alumnos que
realizan sus estudios en zonas rurales? (Número de expediente 180/000938)
(Página 6505)
Del Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se han
adoptado para mejorar los rendimientos en los procesos de formación de
personas con minusvalías sensoriales? (Número de expediente 180/000939)
(Página 6506)
Interpelaciones urgentes (Página 6507)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre política general
en relación a la reforma de la financiación de la Sanidad (Página 6507)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre criterios del
Gobierno sobre la financiación y reducción progresiva de las
desigualdades sociales y territoriales del Sistema Nacional de Salud, y
origen y reparto de los recursos adicionales acordados (Página 6507)
Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso la
señora Amador Millán. Manifiesta que su única aspiración al presentar la
interpelación es clarificar de una vez las cifras sobre el gasto en
sanidad que, de manera reiterada, se han anunciado por miembros del
Gobierno y con las que no está en absoluto de acuerdo, pasando a hacer un
análisis detallado de las mismas. Llega a la conclusión de que el
esfuerzo tan extraordinario que hace el Gobierno por la sanidad son
52.000 millones de pesetas, nada más, y de que se reparten mal los fondos
adicionales. Considera que el reparto que se hace es inaceptable porque
imposibilita la equidad del sistema y consolida la desigualdad. Pregunta
a continuación sobre la enmienda del Grupo Popular en el Senado mediante
la que se añaden 5.000 millones de pesetas para el Insalud gestión
directa, sobre si esos millones se consolidan o no, ya que están fuera
del modelo y no están en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal, y
sobre si las comunidades autónomas del Insalud transferido conocían esa
magnanimidad de última hora y cómo se ha producido.
Se refiere asimismo al supuesto ahorro de los 65.000 millones en
medicamentos, asunto que considera verdaderamente escandaloso, puesto que
no se puede decir que se está dialogando esa rebaja del gasto
farmacéutico con los profesionales del sector cuando en el Senado ya está
decidido. Termina su intervención diciendo que no tiene nada que ver la
cifra final, que espera que hoy se aclare definitivamente, con las
necesidades de salud de la población española, porque no se pueden
cuadrar las cuentas sanitarias a espaldas del Parlamento y de todos los
sectores interesados.
Para la presentación de la interpelación que plantea el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el mismo tema, interviene
la señora Maestro Martín. Expone en primer lugar que su grupo considera
indispensable que el señor ministro explique ante el Pleno el acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, clarifique el alcance final de
las partidas presupuestarias y, sobre todo, termine con la política de
opacidad y confusión seguida hasta el momento. Opina que el acuerdo sobre
financiación del Sistema Nacional de Salud que fue remitido al Consejo de
Política Fiscal y Financiera no es otra cosa que un intento de dar
satisfacción a Convergència i Unió en sus demandas económicas para la
financiación de la sanidad catalana y así obtener el voto imprescindible
para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
A continuación manifiesta que, al contrario que la señora Amador que se
ha referido a aspectos contables, ella se va a centrar en el problema de
fondo, y es la modificación de los criterios y de la cuantía con que se
financiará el Sistema Nacional de Salud a instancias de las comunidades
autónomas que tienen transferidas totalmente las competencias
sanitarias. Por otra parte, pregunta por la cuantía de la deuda acumulada
entre 1994 y 1997 por las diferentes comunidades con competencias
sanitarias plenas y su distribución territorial y por las razones que, a
juicio del Ministerio de Sanidad, han contribuido a que se genere una
deuda de alcance desconocido pero de cuantía importante, a juzgar por las
presiones de algunos grupos parlamentarios. La señora Maestro opina que
el motivo del agujero generado son fundamentalmente los procesos de
privatización en curso. Asimismo pregunta cuál es la razón de que no se
haya tenido en cuenta, a la hora de distribuir la financiación por
comunidades, los criterios de envejecimiento de la población y de
dispersión geográfica, y de dónde se van a sacar los recursos
adicionales, porque no está de acuerdo en que sea con los 42.000 millones
que dicen que se van a ahorrar luchando contra el fraude en la prestación
de la incapacidad laboral transitoria ni con los 65.000 millones de
ahorro en medicamentos.
En nombre del Gobierno contesta a las dos interpelaciones el señor
Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En primer lugar
manifiesta que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues la señora
Amador se olvida de la cantidad que va a recibir la sanidad como
consecuencia del ahorro en la incapacidad laboral transitoria que, con el
fondo de garantía de cobertura, más los 9.000 millones netos que figuran
en los presupuestos, pasan a incrementar los fondos adicionales. Se
refiere a continuación al criterio de envejecimiento, que sí ha sido
tenido en cuenta de alguna manera, según su opinión, y al movimiento de
los desplazados, que se ve reflejado en el fondo de asistencia
hospitalaria.
Considera que las cifras son clarísimas y la cifra total de 386.000
millones supone un hito histórico en la financiación del Sistema Nacional
de Salud del que todos deberían sentirse orgullosos. Se refiere a
continuación a la situación en la que se encontraban algunas comunidades
autónomas en cuanto a los servicios sanitarios y a las inversiones que se
realizaron en años anteriores al Gobierno del Partido Popular.
Afirma que se están modificando los sistemas de gestión del Insalud y los
del Sistema Nacional de Salud, para lo que cuentan con el apoyo de la
mayoría de la Cámara, aunque no con el del grupo de la señora Maestro,
que prefiere modelos de corte burocrático, y reconoce que no sabe cuál es
la deuda de los servicios de salud de otras comunidades autónomas ni por
qué se han endeudado, pero opina que la afirmación de la señora Maestro
de que todo se debe al proceso de privatizaciones es totalmente falsa.
Por último se refiere al ahorro en gasto farmacéutico que va a ir a parar
al Sistema Nacional de Salud.
En turno de réplica intervienen las señoras Amador Millán y Maestro
Martín, duplicando el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Del Grupo Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de desarrollo
de la realidad plurilingüe del Estado (Página 6521)
Presenta la interpelación el señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario
Mixto. Manifiesta que es la primera vez que los miembros de Nueva
Izquierda-Iniciativa els Verts, integrados en el Grupo Mixto, presentan
una interpelación en la Cámara y cree que también es la primera vez que
se va a producir en la Cámara un debate general sobre política
lingüística. Considera que el pluralismo lingüístico es un elemento
absolutamente clave en la construcción y desarrollo del Estado autonómico
y se refiere al artículo 3 de la Constitución, del que subraya cuatro
aspectos fundamentales: es un sistema basado en la cooficialidad; es
asimétrico, por la preeminencia del castellano; existe una ausencia de
referencia explícita al pluralismo lingüístico en el título de derechos,
y contiene un principio de territorialidad no estricto. Por otra parte
considera que hay que contemplar el pluralismo lingüístico desde una
triple perspectiva: se tiene que evitar que las lenguas sean o puedan ser
fuente de conflicto; han de servir para salvaguardar un patrimonio
cultural básico y único, y se tienen que asegurar los derechos de los
ciudadanos, afirmando que todo esto no puede dejarse en manos de un
pensamiento liberal lingüístico, sino que se hace precisa la intervención
de los poderes públicos que deben hacer una interpretación extensiva y
progresista del artículo 3 de la Constitución. Pregunta al Gobierno qué
se va a hacer sobre el tema y anuncia una moción de su grupo con
propuestas concretas.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Educación y Cultura
(Aguirre y Gil de Biedma). Afirma que la realidad plurilingüe de España
está reconocida en el ordenamiento constitucional de forma inequívoca,
refiriéndose igualmente al artículo 3 de la Constitución. Añade que se
atribuyen a las respectivas comunidades autónomas las competencias
exclusivas para regular y promover el uso y conocimiento de su lengua
propia, y pasa a analizar
la evolución que se ha experimentado en este sentido desde la aprobación
de la Constitución. En lo que se refiere al Ministerio de Educación y
Cultura, y más concretamente a educación, afirma que la normalización
lingüística ha alcanzado en buena medida los objetivos para los que se
pusieron en marcha las correspondientes políticas por parte de las
comunidades autónomas, y señala, por otra parte, que las enseñanzas
mínimas, cuya fijación corresponde al Gobierno, incluyen objetivos y
contenidos que inciden directamente en el conocimiento, respeto y
valoración de la diversidad lingüística y cultural de España.
A continuación pone de relieve que la Comisión de Educación y Cultura
aprobó el 25 de septiembre de 1997 una proposición no de ley por la que
se instaba al Gobierno a ofrecer créditos optativos de todas las lenguas
españolas distintas del castellano en el ámbito de la enseñanza no
universitaria, y hace un seguimiento del grado de cumplimiento de dicha
proposición no de ley. Asimismo se refiere a la promoción de las lenguas
distintas del castellano dentro de España a través de actuaciones de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con exposiciones
bibliográficas, ayudas a empresas e instituciones sin fines de lucro o el
fomento de la edición de libros españoles con destino a bibliotecas
públicas, entre otras. Asegura que es voluntad del Gobierno y del
Ministerio promocionar las lenguas españolas oficiales distintas del
castellano dentro y fuera del territorio español y destaca el papel del
Instituto Cervantes en este terreno. Termina su intervención diciendo que
el patrimonio cultural, histórico y lingüístico de España es
importantísimo y es deber del Gobierno proporcionar a todas las personas
que lo deseen, ya sea dentro o fuera de las fronteras, la posibilidad de
acceder sin limitaciones a esa riqueza y a esa variedad cultural y
lingüística.
Replica el señor Alcaraz Ramos.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Clotas i
Cierco del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora
Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUE HA
DISCRIMINADO EL GOBIERNO A LOS CIUDADANOS DEL TERRITORIO GESTIONADO POR
EL INSALUD EN LA REFORMA DE LA FINANCIACION DE LA SANIDAD? (Número de
expediente 180/000922)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 12, que formula al Gobierno el diputado don Juan Manuel
Eguiagaray Ucelay, portavoz del Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, buenas tardes. Me pregunto qué poderosa
razón le ha llevado a tomar una decisión que discrimina a los ciudadanos
dependiendo de que vivan en el territorio del Insalud o en el territorio
en el que la gestión del Insalud ha sido transferida a las comunidades
autónomas. ¿Cómo es posible que el 61 por ciento de la población se lleve
el 84 por ciento, aproximadamente, de los nuevos fondos de la sanidad o
cómo es posible, por decirlo de una manera más explícita, que el 15,75
por ciento de la población se lleve nada menos que el 45 por ciento de
los nuevos fondos atribuidos a la financiación sanitaria, en tanto que el
38 por ciento de las personas que viven en el territorio en el que la
gestión del Insalud no ha sido transferida sólo se llevan el 16 por
ciento de estos fondos?
Señor presidente del Gobierno, ¿por qué ha discriminado usted a los
ciudadanos dependiendo del lugar donde vivan?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Como sabe su señoría, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por
unanimidad, de acuerdo con todas las comunidades autónomas que tienen
competencias transferidas en materia de sanidad, aprobó el nuevo sistema
de financiación del sistema de la sanidad para los años 1998-2001. Eso
supone que al sistema de sanidad
se le aportan 316.000 millones de pesetas más sobre los consignados en
1997, además de 65.000 millones por racionalización del consumo de
medicinas, lo cual supone que, per cápita, aumente la financiación de
sanidad en 8.920 pesetas por cada ciudadano español. Como usted sabe muy
bien, un 98,2 por ciento de ese fondo se reparte en función de la
población y el 1,8 por ciento restante en función de determinados fondos,
respecto de los cuales es muy difícil que haya discriminación, señor
diputado, por la razón de que pasa del 14,85 al 19 por ciento la
participación en esos fondos del territorio que controla y gestiona
directamente el Insalud.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente del Gobierno, la aritmética
es muy terca. Una de las cosas que nunca se podrá demostrar es que haya
todo ese aumento de financiación que usted ha dicho, entre otras razones
porque ni siquiera saben ustedes cuántos fondos más habrá; están todavía
hasta negociando con la industria farmacéutica y no se sabe ni en qué
condiciones terminará esa negociación.
Le diré algo más. Una comunidad autónoma, para unos fondos ciertos que se
dice que se ponen a través de una enmienda en el Senado y que implican
68.000 millones de pesetas, comunidad autónoma que tiene el 15,75 por
ciento de la población --se llama Comunidad Autónoma de Cataluña-- va a
recibir el 45,09 por ciento de ese aumento de financiación. El resto del
territorio del Insalud, que son diez comunidades autónomas y que tienen
el 38 por ciento de la población, van a recibir el 16 por ciento de esa
financiación. Se lo digo de otra forma, señor presidente del Gobierno. De
esos fondos, y más aún teniendo en cuenta que han dado incluso una
propina de 5.000 millones de pesetas porque les ha debido parecer
absolutamente vergonzosa la situación en la que quedaba el territorio del
Insalud, resulta que los habitantes de esas diez comunidades autónomas
van a recibir una financiación adicional por habitante de 768 pesetas.
¿Sabe usted cuánto reciben los ciudadanos de todas las comunidades del
territorio transferido? 2.475 pesetas. ¿Y sabe cuánto recibe
especialmente una? 5.221 pesetas por habitante.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias...
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente del Gobierno, la aritmética
es muy difícil de negar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray...
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Ustedes están discriminando a unos ciudadanos
respecto de otros y, encima, están haciendo una propaganda...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray, ha concluido su
tiempo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: ... que simplemente este país no se merece.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray. Señor presidente del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sin duda. señoría, tiene
razón, en que la aritmética es muy difícil de negar; también parece algo
difícil entender las cosas, porque ninguna comunidad recibe el 15 por
ciento del total de financiación, como usted ha dicho, sino, en el mejor
de los supuestos a su favor, el 15 por ciento del 1 por ciento, que es
bastante distinto de lo que usted ha planteado. Aquí lo que pasa es una
cosa sencilla, señor diputado. Ustedes han apostado desde hace tiempo por
que nosotros íbamos a desmantelar el Sistema Nacional de Salud; vieron
que no era así. Dijeron luego que lo íbamos a recortar; vieron que
tampoco era así. Ahora añadimos gasto sanitario, aumentamos la
financiación sanitaria per cápita, la hacemos de acuerdo con las
comunidades autónomas, y comprendo que les moleste, pero su preocupación
debería ser una, en este tema como en algunos otros, y es procurar alguna
vez, aunque sea por casualidad, decir lo mismo en las distintas mesas en
las que ustedes se sientan. (Aplausos.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LUIS MEDINA TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBlERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL
GOBIERNO CUAL HA SIDO, EN LINEAS GENERALES, LA POSICION ESPAÑOLA EN LA
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO, CELEBRADA
EN KYOTO RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/000932)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
diputado don Antonio Luis Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, en la próxima entrada del siglo XXI
indudablemente todas las formas de energía son necesarias para garantizar
un adecuado nivel de vida y de prosperidad de las generaciones futuras.
Sin embargo, un uso racional de las tecnologías disponibles exige estar
atentos a las repercusiones que las mismas tienen sobre en medio ambiente
y, muy en especial, sobre el clima, con el fin de garantizar que el
citado desarrollo sea eficazmente un desarrollo sostenible. Este es un
problema de gran envergadura que exige una solución a escala planetaria,
en la cual indudablemente tiene que existir una solución justa que
implique un acuerdo entre países desarrollados y países en vías de
desarrollo. A este diputado le consta la sensibilidad y la preocupación
del Gobierno y, en particular, de su presidente por este tema. (Aplausos
en los bancos del Grupo Socialista.--Un señor diputado: ¡Bien!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Medina, continúe.
El señor MEDINA TOLEDO: Insisto en el tema y estoy absolutamente de
acuerdo con la manifestación de júbilo de los escaños de la oposición.
Por eso, señor presidente, es por lo que le formulo la siguiente
pregunta: ¿Podría explicar el señor presidente del Gobierno cuál ha sido,
en líneas generales, la postura española en la cumbre del clima, la
llamada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de
Kyoto?
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Varios
señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Medina.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias señor presidente.
Le contesto con mucho gusto, señor diputado, sabiendo que están
pendientes de llegar y de conocerse las últimas conclusiones de la cumbre
climática de Kyoto. Sí quiero decirle que, en primer lugar, valoramos muy
positivamente la celebración de esa conferencia. Toda conferencia que se
celebre sobre medio ambiente, en la cual se puedan definir objetivos
cuantificables y concretos, nos parece sin duda un avance muy positivo
para la humanidad en general y la definimos y la consideramos como buena
en sí misma.
Es bueno que progresivamente se tome conciencia de un problema que nos
afecta a todos y es positivo también que empecemos a actuar en base a
objetivos, como digo, cuantificables y no simplemente en base a
declaraciones más o menos retóricas. España ha participado de una manera
activa en la toma de una posición común de la Unión Europea con la cual
ésta ha ido y ha comparecido en la Conferencia de Kyoto y sobre la que ha
versado una buena parte de los trabajos de la conferencia. En función de
los objetivos de limitación del 7,5 por ciento hasta el año 2000 y del 15
por ciento hasta el año 2010 de las emisiones de C02 a la atmósfera, para
España suponía un esfuerzo del 17 por ciento de limitación de crecimiento
de las emisiones de C02, de metano y de óxido nitroso hasta el año 2000,
con arreglo a la base de cálculo de 1990. Evidentemente, al reafirmarse
lo que es una posición de acuerdo en el seno de la conferencia, pero
llegando a su vez a una reformulación de los objetivos, habrá que
rediseñar en el marco de la Unión Europea esta posición española. En todo
caso, el Gobierno, bien por medio de la ministra de Medio Ambiente, bien
directamente a través del presidente, está con mucho gusto a disposición
de la Cámara para valorar, espero que con un resultado positivo, los
trabajos finales y los acuerdos de la Conferencia de Kyoto. (Aplausos.--
El señor García-Arreciado Batanero: ¡Muy mal!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE, CON MOTIVO
DE LA NEVADA DEL PASADO DIA 4 DE DICIEMBRE, LOS SERVICIOS DE PROTECCION
CIVIL HAN PUESTO DE MANIFIESTO UN ACEPTABLE GRADO DE EFICACIA Y
COORDINACION? (Número de expediente 180/000945)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno, en
sustitución de la presentada por el señor Meyer Pleite, don Pablo
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
¿Considera el señor presidente del Gobierno que, con motivo de la nevada
del pasado día 4 de diciembre, los servicios de Protección Civil han
puesto de manifiesto un aceptable grado de eficacia y coordinación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBlERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, conviene recordar
que el día 4 pasado se produjo una situación verdaderamente excepcional
en algunas partes del territorio nacional, en la que tengo que decir que
tanto los servicios de la Dirección General de Tráfico, como los
servicios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los de
Protección Civil o los del Ministerio de Fomento pusieron todos los
medios humanamente posibles a disposición de lo que significaba limpiar
las vías de comunicación, facilitar el tránsito y atender
fundamentalmente --que era la parte más importante en esa situación-- a
los necesitados.
Hubo miles de personas que fueron atendidas, pero sé bien, señoría, que
hubo un número, que no puedo cuantificar en este momento, de personas que
se quedaron atrapadas en las carreteras, a las cuales no les llegó de
manera diligente la ayuda precisa o la ayuda que necesitaban. Por esa
situación, sin duda, yo quiero pedir, especialmente a esas personas,
excusas, porque me gustaría que se hubiese planteado un situación
diferente, pero con toda la información disponible, puedo afirmarle a S.
S. que se hizo todo el esfuerzo posible en función de las circunstancias.
Sirva esto para evaluar la posibilidad de que haya que dotar mejor
algunos servicios para que puedan llegar con más celeridad en caso de
necesidad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente del Gobierno, lo que
usted considera como una situación excepcional no lo es. El día 8 de
enero de este año 1997 tuvo entrada en la Comisión de Justicia e Interior
una petición de comparecencia del señor ministro de Fomento para que nos
explicara qué había pasado con el caos producido en nuestras carreteras
por un motivo exactamente igual: una nevada. Hace un año de ello y no se
ha tramitado esa iniciativa, pero todos recordamos que aquello fue, en
fiestas navideñas, ni más ni menos que una auténtica tragedia para muchas
familias.
Yo no dudo que todos y cada uno de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Agrupación de Tráfico y todo el
conjunto de fuerzas de las que se dispone para Protección Civil hayan
hecho lo indecible por tratar de paliar esa situación, como lo han hecho
también, por cierto, los vecinos de los pueblos que estaban más próximos
a ese auténtico conglomerado de vehículos que no tenían salida por ningún
sitio. Es un hecho cierto que cuando esto se repite no podemos hablar de
situaciones excepcionales y es un hecho cierto que no podemos invocar la
llamada autoprotección, en virtud de la cual los ciudadanos no tienen
derecho a exigir, aun cuando fueren responsables de alguna negligencia,
que funcionen esta clase de servicios.
No es la segunda ni la tercera ni la cuarta vez. No basta con pedir
disculpas, señor presidente del Gobierno, que está muy bien y que,
efectivamente, obra en su favor. Basta con que, de una vez por todas,
pongamos los medios. Este grupo político ha subido a esta tribuna por
motivos similares en materia de protección civil y ha dicho que nunca iba
a hacer de estos temas un arma arrojadiza. Ahora, que no queramos
nosotros hacer de ello un arma arrojadiza no significa que tengamos que
dimitir de la responsabilidad de pedir que a los ciudadanos se les dé la
protección que necesitan. Por ello, señor presidente, no nos podemos
manifestar conformes con su respuesta y, es más, aparte de poner de
futuro los medios necesarios, cuando esto sucede ya un año después de lo
que ocurrió antes, yo creo que es inexcusable, absolutamente inexcusable,
poner encima de la mesa una auténtica exigencia de responsabilidades
políticas, porque, si no hay responsabilidades política, no hay un Estado
medianamente democrático ni medianamente ordenado. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, comparto
en buena medida su exposición, si no toda. Si usted me permite
recordarle, recientemente, la semana pasada, recibí la visita del primer
ministro de Luxemburgo, presidente del Consejo europeo, el cual me
contaba que el día anterior, justamente, trasladándose de Luxemburgo a
Bruselas, recorrido en el que se tarda normalmente una hora, estuvo
atrapado seis horas por una nevada en la carretera. (Risas.) Eso no
significa... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor presidente, por favor.
Señorías, guarden silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Estoy diciendo, señor
diputado, que sin duda al Gobierno se le pueden imputar todas las culpas
y todas las responsabilidades que se quiera, pero hay algunas culpas y
responsabilidades que no se le pueden imputar al Gobierno. De todas las
informaciones disponibles le quiero decir, señoría, que se hizo todo lo
posible. Sobre que se hiciese todo lo posible con la mayor efectividad y
que, por ejemplo, cuando se atendieron a 2.200 personas en una zona de la
Comunidad de Madrid o a 400 en determinadas zonas de la provincia de
Toledo se tenía que haber llegado a más, le diré que había sitios, según
las informaciones disponibles, a los cuales ni siquiera se pudo llegar.
Había helicópteros que por el temporal no pudieron volar. Probablemente
haya que encontrar un medio para poder llegar cuando ni andando ni por
aire se puede acceder al lugar y cuando las máquinas no dan abasto. Es
posible encontrar un método. Yo, desde luego, en nombre del Gobierno,
estoy dispuesto a buscarlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno...
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): En todo caso, me parece
muy bien que S. S. exija responsabilidades y que le parezca bien que el
Gobierno, a los que han necesitado ayuda, les pida excusas y le digo que
creo que los servicios han cumplido y deseo establecer el nivel de
exigencia para que cumplan más.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA EL GOBlERNO TOMAR ALGUNA MEDIDA PARA
HACER EFECTIVO EL CESE DE DON LUIS HERRERO COMO DIRECTOR DEL PROGRAMA
DEBATE DE TVE, SOLICITADO POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION (Número de
expediente 180/000924)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor presidente.
El pasado 14 de octubre el consejo de administración de Radiotelevisión
Española aprobó el cese del director del programa Debate. Ante el
incumplimiento del acuerdo, ayer se volvió a aprobar por seis votos a
favor, tres en contra, mayoría de dos tercios incluida. Votaron a favor
del cese los consejeros de Convergència i Unió, Partido Nacionalista
Vasco, Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español y votaron en
contra los dos del PP y el director general. Los acuerdos se tomaron al
amparo del apartado a) del artículo 8 del Estatuto de Radiotelevisión
Española, que establece la competencia del consejo para velar por el
cumplimiento de los principios generales de televisión --a lo mejor le
suenan--: imparcialidad, objetividad, defensa del pluralismo, etcétera.
¿Qué piensa hacer el Gobierno para establecer la legalidad democrática?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señoría, ni el Gobierno ni
el consejo de administración tienen competencia para hacer nombramientos
dentro del personal directivo de Radiotelevisión Española, porque esta
competencia, de acuerdo con el artículo 11.f), pertenece al director
general de Radiotelevisión Española. Por tanto, como no tiene esas
competencias, no va a tomar ninguna iniciativa que contravenga el
ordenamiento jurídico vigente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Mire usted, señor Alvarez, si al director de
Radiotelevisión Española lo nombra usted, esta será, el cese del director
del programa, la única orden que usted le ha dado que no ha cumplido; por
tanto déle la orden y verá como la cumple.
Si el presidente del Consejo General del Poder Judicial se negase a
ejecutar un acuerdo tomado por dicho Consejo, estaríamos ante un problema
de Estado. Esto pasa en Televisión. Están ustedes despreciando a un
consejo elegido democráticamente por las Cortes Generales. Ustedes
utilizan la democracia cuando les conviene y la ignoran o desprecian
cuando piensan que les perjudica. (Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor AGUIRIANO FORNIES: En este país están pasando cosas muy graves.
(Fuerte rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano, un momento.
Señorías, si no permiten que el miembro del Gobierno que ha de hacer
frente a la pregunta y la Presidencia puedan escuchar la intervención del
señor Aguiriano, tendré que descontar el tiempo que SS. SS. pierdan en el
clamor que están organizando, así que les ruego silencio.
El señor AGUlRlANO FORNIES: Gracias, señor presidente.
Decía que en este país están pasando cosas muy graves. Hoy se repone la
película Raza, según la obra de Franco, en Televisión Española. (Fuertes
rumores.) Se hace apología del franquismo, en Radiotelevisión Española y
en documentos internos de su partido. Hay periodistas con procesos
judiciales abiertos cuyo único delito es no agachar la cabeza ante Aznar.
(Fuertes rumores.) Esto no pasaba en España desde la época anterior en
que ustedes tuvieron responsabilidades de gobierno. (Fuertes rumores.)
España es un país demócrata gobernado por un gobierno, elegido
democráticamente, que no es demócrata. (Fuertes rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Isasi, señor Madero, señorías, respeten el uso
de la palabra.
Saben SS. SS. que en este turno, concebido por el Reglamento y ampliado
por una resolución en términos muy estrictos, hay que respetar el uso de
la palabra.
Un señor DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO: Es que
ha dicho un insulto. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. El Gobierno tiene
derecho a contestar en su momento y estoy seguro de que lo hará en
términos que merecerán mejor comportamiento de sus señorías.
Por favor, guarden silencio.
Adelante, señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Ni son demócratas ni se comportan como tales.
(Aplausos.--Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano, vamos a mantenernos dentro de la
cortesía parlamentaria con el hemiciclo. Le ruego que guarde la cortesía.
Continúe.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Si me lo permiten, terminaré. (El señor
Hernando Fraile: ¡Actúa en un circo!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Tengo que reconocer que en la campaña
electoral los socialistas nos equivocamos. Comparado con la realidad, el
dóberman era un caniche.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, el problema del
señor Aguiriano y del Grupo Socialista, que ya formuló estas preguntas la
semana pasada, es un problema que trasciende de la propia programación de
Radiotelevisión Española. Es, sencillamente, la particular concepción de
los socialistas en torno a las libertades. En relación con las
libertades, ¿cuál es el concepto de un debate? Un debate requiere,
fundamentalmente, dos condiciones: imparcialidad en la dirección y
pluralismo en las voces que se expresan en el mismo. En los trece
programas de don Luis Herrero no se puede demostrar --y usted no ha dado
un solo dato-- que falle la imparcialidad o no se respete el pluralismo.
Concretamente, en los trece programas han participado diez representantes
del Partido Socialista y siete del Partido Popular o afines al Gobierno
del Partido Popular. No sigo para no consumir más tiempo, señor
presidente.
Señor Aguiriano, un programa de debate es todo lo contrario del
pensamiento único, del pensamiento oficial o incluso del pensamiento de
la mayoría. Un programa de debate obedece al artículo 20 de nuestra
Constitución, que permite y ampara la expresión y la difusión libre de
las opiniones y de los pensamientos y, si usted quiere, al artículo 19 de
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Ya que cita usted el franquismo, señor Aguiriano, quiero decirle que,
efectivamente, en los años posteriores a la muerte del dictador, en
España se constituyó un problema, un estado de opinión que se llamaba el
franquismo sociológico. Gracias a Dios la sociedad española ha avanzado y
lo ha superado y hoy no nos queda más que el problema del franquismo
socialista, que espero ustedes resuelvan desde la oposición.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente primero del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL ES EL BALANCE DEL II PLAN DE LIBERALIZACION DE
LA ECONOMIA APROBADO POR EL GOBIERNO EL 21 DE FEBRERO DE 1997? (Número de
expediente 180/000926)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, ¿cuál es el balance del II
Plan de liberalización de la economía española que el Gobierno aprobó el
21 de febrero de 1997?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA
(De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
El balance de liberalización e impulso de la actividad económica,
aprobado en febrero de este año, en opinión del Gobierno es muy
satisfactorio tanto desde el punto de vista del cumplimiento del
calendario normativo previsto como por su contribución a la estabilidad,
el crecimiento y la creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señorías, señor presidente. Nosotros no nos
explicamos por qué ustedes consideran que ese balance es satisfactorio.
Cuando los resultados de ese Plan de liberalización se examinen
probablemente haya muchísimos españoles, los que se acerquen a él, que no
darán crédito a lo que ven sus ojos.
Le voy a poner tres ejemplos. Han liberalizado ustedes Correos muy
recientemente. Liberalizan ustedes una parte del mercado del correo, el
de la carta urbana, y se incrementan las tarifas un 66 por ciento, señor
Rato. Liberalizan ustedes las tarifas aéreas y se produce una decisión
cartelizada de las compañías por elevar las tarifas. Liberalicen ustedes
lo que liberalicen conduce inexorablemente a un incremento de las tarifas
de todos esos servicios que en el pasado estaban administrados.
Curiosamente, señor Rato, lo que ocurre en la vertiente contraria es
sorprendente porque las tarifas que se reducen son las que ustedes no
liberalizan, por ejemplo, las eléctricas. El sector eléctrico no está
liberalizado y, sin embargo, se reducen las tarifas. Se reducen también
las tarifas del gas y parece ser que van ustedes ya por la tercera
liberalización del gas en un período que no llega a los 18 meses.
Nosotros le aconsejamos, señor Rato, que revise usted los criterios de
ese pomposamente llamado segundo Plan de la liberalización, porque cuando
ustedes liberalizan algo la consecuencia inmediata siempre es el
incremento de precios, el aumento de las tarifas y la elevación de los
precios públicos. Tienen ustedes otro criterio mucho más sencillo, que es
el de aquellos sectores en los que ustedes no han liberalizado
absolutamente nada; se los he recordado. Mire a ver, señor Rato, con qué
criterios prosigue usted ese proceso de liberalización porque, desde
luego, ni mucho menos conducen a incrementar el bienestar de los
españoles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señor
diputado.
Señor Martínez Noval, sin duda hacer un debate sobre el proceso de
liberalización en España o su repercusión en los precios no es lo más
incómodo para el Gobierno. Quiero recordarle que cuando llegamos al
Gobierno la inflación estaba por encima del 4 por ciento y, en este
momento, está por debajo del 2 por ciento, por lo tanto, debería hacer un
esfuerzo para contribuir al proceso de liberalización en el que S. S. no
cree. En ese esfuerzo nos puede usted encontrar.
Ha puesto usted el ejemplo de Correos. Es verdad que hemos regulado el
sector de correos, que no lo estaba y, en algunos casos, estaba sometido
a competencia desleal precisamente para el sector público. Seguramente S.
S. coincidirá conmigo en que el sector público debe competir en igualdad
de condiciones con el sector privado, pero no en desigualdad de
condiciones, y eso es lo que se ha producido.
En cuanto a las compañías aéreas, S. S. es plenamente consciente de que
lo que ha hecho el Gobierno es, desde sus atribuciones de defensa de la
competencia, examinar qué acuerdos se han podido producir que conculquen
la competencia.
Desde el punto de vista de la electricidad, no coincido con S. S. Creo
que hemos cambiado un marco a un proceso más liberal que el que estaba
antes. Su señoría puede no coincidir en ello, pero eso es lo que nosotros
hemos hecho. Se ha producido una reducción de las tarifas y vamos a ir
liberalizando más sectores. Aunque S. S. crea que la evolución de la
inflación en España es una cosa que nada tiene que ver con la
liberalización, yo creo que S. S. está equivocado y la experiencia le irá
demostrando que lo está.
Con respecto al segundo plan, quiero decirle que hemos cumplido ya el 60
por ciento, que antes de finales de año habremos cumplido el 70 por
ciento y que espero que el resto de las medidas sean aprobadas en el
primer trimestre del año que viene. Si S. S. cree que esto no tiene
efectos sobre los ciudadanos, quiero recordarle que, por ejemplo, para
los pensionistas la reducción de las presiones inflacionistas supone que
han mejorado su poder adquisitivo constantemente, mes a mes, entre 1996 y
1997. Lo mismo podemos decir de lo que se ha producido en el mercado
laboral, al que se han incorporado 250.000 jóvenes, con contratos
estables y más de 350.000 españoles, por no hablar de las cuestiones que
se refieren a las hipotecas, a la reducción de los costes energéticos,
del precio de la luz, de la bombona de butano y de los propios precios de
los servicios que están hoy un punto por debajo que hace un año.
Por lo tanto, señor diputado, yo espero que las propuestas de su partido
sobre liberalización sean un poco más contundentes, aunque tengo que
reconocer que la última que han hecho sobre farmacia va en el camino
adecuado y se lo agradezco porque es una buena contribución al debate.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE JOAN GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
RESULTADOS ELECTORALES ESTAN BASADOS LOS DATOS QUE APORTA EL MINISTERIO
DE JUSTICIA EN SU INFORME, DE FECHA 13 DE MAYO DE 1997, EN RESPUESTA A LA
COMUNICACION G/SO 215/1 SPAIN 583 A LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN
GINEBRA? (Número de expediente 180/000887)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7 que formula al Gobierno el
diputado don José Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco
(PNV).
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, ¿en qué resultados electorales están basados
los datos que aporta el Ministerio de Justicia en su informe de fecha 13
de mayo de 1997, en respuesta a la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra?
Muchas gracias.
El señor PRESlDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señoría, los datos manejados para destacar el descenso
electoral fueron el examen comparativo entre los mejores resultados
obtenidos por HB en las elecciones al Parlamento Europeo del año 1987 y
las últimas elecciones generales de marzo de 1996. Esos fueron los datos
utilizados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, los datos que se proporcionan en este informe son
sencillamente falsos, no ya carentes de valor o sometidos a cualquier
aritmética comparativa; no, están exentos de todo viso de verosimilitud.
Señora ministra, usted es la notaria mayor del Reino y es usted
precisamente la que no se puede permitir estas alegrías en informes
oficiales. Cuando se dice que se hacen constar resultados electorales hay
que decir qué resultados electorales son los que se citan. Y cuando se
han producido en esa circunscripción en concreto --se hace referencia a
la circunscripción electoral de Guipúzcoa--, en qué año y en qué tipo de
elecciones.
En el Grupo Parlamentario Vasco entendemos, señora ministra, que el
Gobierno pierde credibilidad ante las organizaciones internacionales al
emitir informes que no responden a la realidad y, además, decepciona a
grupos, como el Grupo Parlamentario Vasco, que ayuda a la gobernabilidad
del Gobierno y de esta Cámara, precisamente por sectarismo y por una
parcialidad ilimitada. Existen, sin duda, en ese tipo de informes ámbitos
subjetivos y opinables, sometidos a distintas consideraciones dependiendo
del punto de vista que se adopte en el análisis, pero no es ése el caso
electoral. Transcribir la realidad electoral de forma interesada se
denomina en política manipulación. ¿Cómo se le llama, señora ministra, en
el mundo de la justicia? Que la notaria mayor del Reino emita un informe
a la ONU alterando interesadamente el mapa electoral vasco tiene un
alcance político que no se le oculta. La conclusión se impone:
rectifique, señora ministra, anule ese informe, ajústese a la realidad
sociológica y electoral de Euskadi, le guste o no.
Negada la premisa mayor, el informe se cae de las manos. Es difícil
encontrar en un informe oficial de dimensión internacional tanta
arbitrariedad y subjetividad. Desde el Grupo Parlamentario Vasco le
queremos decir que lo retire, que lo rectifique. De la notaria mayor del
Reino se espera que dé fe pública cuando menos de los resultados
electorales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, los datos sobre los que está basada la respuesta que ha dado el
abogado del Estado jefe ante la Comisión son, en concreto, que Herri
Batasuna ha pasado de representar el 20 por ciento de los votantes vascos
a ser votada solamente por el 12 por ciento, por el 18 por ciento en
Guipúzcoa y por menos del 10 por ciento en las otras dos provincias
vascas. Estos eran los datos que se daban exclusivamente. Era un añadido
a un informe mucho más complejo, que S. S. conoce, en el que lo que se
quería destacar exclusivamente era el descenso electoral que estaba
sufriendo la coalición HB a lo largo de los diez últimos años. Este era
el sentido del informe y no la relevancia de los datos contenidos
específicamente respecto a las elecciones.
Señoría, si los datos no son correctos pido disculpas a S. S. y serán,
como no puede ser de otra forma, rectificados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL
GOBIERNO PARA PODER CUBRIR LA JEFATURA DE LA FISCALIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO? (Número de expediente 180/000917)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, que formula al Gobierno la
diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (PNV).
Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para poder cubrir la
jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno tiene las siguientes previsiones. En primer lugar,
tener una propuesta del fiscal general. Como S. S. conoce, el actual
fiscal general del Estado es el fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, si bien en servicios especiales. Es por ello por
lo que esta plaza no puede salir a concurso para su provisión normal y
corriente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el artículo 186 del Reglamento prohíbe las preguntas que
supongan consulta de índole estrictamente jurídica. Por ello no le
preguntaba por el mecanismo legal. Conozco lo que dicen los artículos 13
y 36 del Estatuto del Ministerio Fiscal y cómo se regulan los servicios
especiales en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo le preguntaba,
porque creo que éste es el foro adecuado, por la decisión política. Si
gobernar es prever o hacer posible lo necesario, cuando se decidió
proponer a Su Majestad el Rey por el Gobierno el nombramiento de don
Jesús Cardenal, ¿qué pensó el Gobierno respecto a la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: dejarla vacante, que don
Jesús Cardenal podía renunciar a su plaza o ni siquiera se previó?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, a preguntas cuya contestación es exclusivamente legal la
ministra de Justicia no puede dar otra contestación más que lo que dice
la ley. Como S. S. sabe y ha puesto de relieve, tanto los artículos del
Estatuto como de la Ley orgánica del Poder Judicial establecen la
situación de servicios especiales. No se le pidió al fiscal general que
renunciase a su plaza y no se ha sacado su plaza a concurso porque,
evidentemente, el señor fiscal general del Estado, consultado por la
ministra de Justicia, entiende que no puede salir a concurso porque su
cargo es de duración no determinada, es indeterminado, y no es
inamovible, que son los requisitos esenciales para que una plaza pueda
salir a concurso. La ministra de Justicia no le ha pedido al fiscal
general del Estado que renuncie a su plaza en propiedad.
Esa es la previsión que le puedo decir a S. S. y con la que el señor
fiscal general del Estado en este momento está absolutamente de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A INSTALAR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA UN REGISTRO MERCANTIL Y DE LA PROPIEDAD EN EL
AYUNTAMIENTO DE MOGAN (GRAN CANARIA) O, EN SU CASO, UNA DELEGACION DEL
QUE DEPENDE ACTUALMENTE GUIA DE GRAN CANARIA? (Número de expediente
180/000920)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10 que formula al Gobierno el
diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuándo se va a autorizar un registro de la propiedad en
el municipio de Mogan o, en su caso, una delegación dependiente del de
Guía de Gran Canaria que está a casi dos horas en taxi?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
La implantación en Mogan de una oficina registral por parte del
registrador de la propiedad de Guía, a quien corresponde la demarcación,
está ya informada favorablemente por el Ministerio de Justicia y
exclusivamente
está pendiente de ejecución por parte del Ayuntamiento de Mogan.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio. Señora
Aramburu, señor Castellano, guarden silencio, por favor. El señor Gómez
Rodríguez ha tenido que permanecer en pie atento a la respuesta de la
ministra de Justicia.
Señor Gómez Rodríguez, puede hacer su segunda intervención.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, no entiendo por qué tiene que buscar el local el
Ayuntamiento de Mogan cuando ya lo tiene autorizado en su pleno
--concretamente la localidad de Arguineguin está preparándolo--, nosotros
preguntamos cuándo va a tener lugar allí la autorización. Yo espero que
en una localidad que reúne nada más y nada menos que más de la mitad de
la población del municipio, con una riqueza inmobiliaria importante y que
además, de aprobarse, la ley del time sharing va a originar el
otorgamiento de más de 25.000 escrituras, haya un registro y más
notarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez. Señora
ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Yo estoy
absolutamente de acuerdo con las observaciones que ha efectuado, pero
insisto en que, habiendo sido informada favorablemente la ubicación de
esta oficina registral, exclusivamente queda pendiente la ubicación por
parte del ayuntamiento, que es a quien corresponde y quien se ha
comprometido a efectuarla en el plazo más breve posible. Por lo tanto, es
cuestión de breves fechas el que esta oficina registral se encuentre en
el municipio de Mogan.
Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTXA MENDIZABAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE NO SE HA
PROCEDIDO A LA COBERTURA DE LA PLAZA DE FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO? (Número de expediente 180/000928)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18 que formula al Gobierno la
diputada doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, es evidente que la plaza de fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco está vacante. Usted ha contestado con
argumentos puramente jurídicos a la pregunta que le ha formulado otra
diputada, pero parece insólito que una situación que preocupa a la
ciudadanía se despida con argumentos jurídicos. La Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco es una de las más importantes de
España. Es una Fiscalía que tiene encomendada la política criminal de
persecución del terrorismo y de la violencia callejera. Ante esta
situación no se puede contestar con argumentos jurídicos. Además, existe
un cierto malestar, como S. S. sabe, entre los fiscales del País Vasco
que ha llevado, incluso, al fiscal jefe de San Sebastián a presentar una
denuncia para que investiguen su propio trabajo. Esta situación es
preocupante, por eso su responsabilidad es política, no valen los
argumentos jurídicos. Yo le pido que, por favor, nos conteste a esta
pregunta desde su responsabilidad política: ¿Cuándo se va a cubrir el
cargo de fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal. Señora ministra de
Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señora
Mendizábal, me ha cambiado usted la pregunta, porque me preguntaba...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra. Como sabe S. S., sólo
tiene obligación de contestar la pregunta que expresamente fue formulada
por escrito con carácter previo al Pleno.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Como creo que
he contestado antes a por qué no se ha procedido, le voy a responder,
señoría, que efectivamente existen argumentos legales que son los que se
tienen que aplicar. Desde el punto de vista de los argumentos prácticos,
no ha salido a concurso la plaza de fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco. Por otro lado, les consta a todos los fiscales
destinados en el País Vasco el buen hacer de la teniente fiscal que se
está ocupando interinamente de esa jefatura de la Fiscalía del Tribunal
Superior del País Vasco.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. Señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señora ministra, nadie pone en duda el
buen hacer de nadie, y menos de los fiscales en el País Vasco. Vaya eso
por delante. Yo le estoy hablando de la Fiscalía, que es un órgano
jerarquizado que está en una situación en la que
hay que aplicar --insisto-- una política criminal específica, que es la
lucha antiterrorista y contra la violencia callejera y, que, por tanto,
no puede estar en una provisionalidad permanente.
Como veo que la señora ministra está totalmente convencida de la
aplicación del artículo 118 de la Ley Orgánica del Consejo General del
Poder Judicial, está totalmente convencida de que los argumentos
jurídicos son los que valen, no tiene más que decirle al señor Cardenal
que dimita, que presente la dimisión de su cargo de fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No se trata en estos
momentos de decir si el señor Cardenal es juez y parte en este tema,
porque no es eso; se trata de hablar de su responsabilidad política. No
estamos hablando de argumentos jurídicos, sino de la responsabilidad que
la ministra de Justicia tiene en todo aquello que atañe al ministerio
fiscal. No se puede usted lavar las manos. Responda. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, no me lavo las manos. Cuando se da una respuesta, aunque a usted
no le guste, la respuesta queda y queda constancia en el «Diario de
Sesiones». Yo insisto en que no existe ninguna situación preocupante en
la Fiscalía del País Vasco, sino todo lo contrario. Lo que existe es una
jefatura muy bien desempeñada por la teniente fiscal que, al parecer,
hasta que yo la he mencionado usted no reconocía que está desempeñando
esa jefatura. Siendo responsables con las altas responsabilidades que
allí tienen los fiscales y estableciendo la continuidad de la lucha
antiterrorista que los fiscales evidentemente abanderan, la ministra de
Justicia no le ha pedido ni le va a pedir al fiscal general del Estado
que dimita de su puesto como fiscal jefe del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Justicia.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO CONCEDER EL
INDULTO SOLICITADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A LOS
DOCTORES JULIO ROBRES Y GERRIT JAN BOSMA CONDENADOS POR LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE BARCELONA POR UN DELITO DE ABORTO? (Número de expediente
180/000929)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 que formula al Gobierno la
diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 20 de mayo de 1997 el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó, por amplísima mayoría, una moción del Grupo Socialista
por la que se instaba al Gobierno a que, previa tramitación en turno
preferente --repito, en turno preferente-- del oportuno expediente,
procediera a acordar la concesión del indulto total solicitado por los
doctores don Julio Robres y don Gerrit Jan Bosma, en relación con la
condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito
de aborto.
Señora Ministra, han transcurrido ya siete meses desde que se aprobó
dicha iniciativa y no se ha obtenido respuesta alguna por parte del
Gobierno. Sabemos lo poco que le preocupa a usted y a su Gobierno que las
mujeres o los facultativos que las ayudan vayan a la cárcel por abortar.
Pero hoy no se trata de eso señoría, hoy se trata simplemente de saber si
cumplen ustedes o no los mandatos del Parlamento. Por eso le pregunto:
¿Cuándo piensa el Gobierno conceder el indulto solicitado?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno atendió con toda prontitud el mandato del
Parlamento. Con fecha 29 de mayo de 1997 se pide a la Audiencia
Provincial de Barcelona que informe sobre si la sentencia fue revisada a
efectos de liquidación de condena. El 24 de junio de 1997 se interesa de
la Audiencia para que informe si los penados se encuentran a disposición
del tribunal. En la actualidad, el 13 de octubre de 1997, el Ministerio
reiteró de nuevo la petición del 24 de junio al no haber recibido
contestación. El 20 de octubre, la Audiencia Provincial de Barcelona
informa que los penados se encontraban a disposición del Tribunal y que
la liquidación de condena que había de practicarse se encontraba
pendiente de la contestación de los oficios remitidos por el Tribunal, el
30 de septiembre de 1997, al departamento de Sanidad y Seguridad Social
de la Generalitat de Cataluña, al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
y al jefe superior de Policía de Barcelona. En cuanto estén estos
trámites en el Ministerio --insistiremos para que sea lo más rápidamente
posible-- se tramitará con la urgencia que el caso requiere y que SS. SS.
le dieron.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señora ministra, ¡siete meses! Señoría,
¡siete meses!, pero siempre encuentra usted un informe, un trámite, algo
de lo que echar mano. Ya le he dicho que no se trataba de eso. Se trata
de resolver los problemas reales del país, de cumplir los acuerdos del
Congreso, de esta Cámara, y de hacerlo con la diligencia debida. Usted no
puede, señoría, seguir confundiendo la moral con el derecho, ni actuar
como ministra de Justicia pensando en su ideología.
Señora ministra, han hecho ustedes del sectarismo y de la confusión una
forma de hacer política, sin interés alguno por resolver los problemas de
la gente. Esta pregunta, y sobre todo su respuesta o su no respuesta, es
todo un símbolo de cómo actúan ustedes con todo aquello que afecta a las
libertades y del poco caso que le prestan al Parlamento.
Señora ministra, sea usted, al menos por esta vez, justa, resuelva pronto
y conceda por fin el indulto. Todo lo demás, señoría, son cuentos que no
valen. Sus incumplimientos, una vez más, hoy nos resultan clamorosos a la
par que indignantes. Cumpla, señora ministra, con el Parlamento, que a lo
mejor al Parlamento le viene bien y a usted en ningún caso le va a hacer
daño.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, no solamente voy a cumplir con el Parlamento, como no podía ser
de otra forma, sino también con la ley. Da la casualidad de que para
poder llevar el indulto a la Mesa del Consejo de Ministros me hacen falta
unos informes que le he demostrado a S. S. que han sido pedidos de forma
reiterada y no remitidos. Para ver si así pueden llegar más pronto, junto
con
la repetición del informe al Tribunal, mandaré lo que S. S. ha dicho
en esta Cámara respecto a por qué no se está tramitando el indulto. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Muchísimas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION REALIZA EL GOBIERNO RESPECTO AL ACUERDO ALCANZADO EN BRUSELAS
EL 2 DE DICIEMBRE SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA MILITAR DE LA ALIANZA
ATLANTICA? (Número de expediente 180/000933)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 22,
que formula don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro de Defensa, hace aproximadamente un año se abría
un proceso de adaptación de la Alianza Atlántica, que se inscribía en un
contexto de definición de una nueva arquitectura europea de la seguridad
y defensa, y que comprendía dos procesos: un proceso de adaptación
externa de la Alianza, con incorporaciones de nuevos países, que ya se ha
ido produciendo, y un proceso de adaptación de las estructuras y
procedimientos internos de la Alianza Atlántica, con una cadena de mando
más flexible y ligera.
La pasada semana se producía un hecho importantísimo para España que, sin
ningún triunfalismo para el Grupo Parlamentario Popular pero con toda
realidad y objetividad, se puede calificar de gran éxito para España,
después de las dos reservas que había presentado el Reino Unido en
relación con las peticiones que formulaba España en el seno de la Alianza
Atlántica: disponer de un mando subregional ubicado en nuestro suelo y la
dependencia de todo el territorio nacional de ese submando regional.
Con estas coordenadas, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular,
que felicita al Gobierno por tal consecución, quisiera preguntarle cuál
es la valoración que realiza el Ministerio de Defensa de las causas de la
retirada de las dos reservas del Reino Unido y las consecuencias de esa
retirada en el acuerdo alcanzado en Bruselas, el pasado día 2 de
diciembre, sobre la nueva estructura militar de la Alianza Atlántica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
La valoración que hace el Gobierno es muy parecida a la que acaba de
hacer su señoría. Sin ningún triunfalismo, creemos que es un gran éxito
para España, entre otras cosas porque ya se permite la normalización de
la participación española en la Alianza Atlántica. Efectivamente, el
pasado día 2 de este mes, en la reunión
del comité militar, se aprobó definitivamente la nueva estructura militar
de la Alianza Atlántica, que cumple enteramente los requisitos que fueron
expuestos ante esta Cámara en sesión de 14 de noviembre de 1966 y, como
ha dicho S. S., se consigue una estructura realmente nueva, flexible y
reducida --se pasa de 65 cuarteles generales a 20--, se establece en
Madrid la sede del mando subregional conjunto que incluye en su ámbito de
responsabilidad las islas Canarias, se traslada el límite estratégico del
5,55 al 7,19, de Barbate a Ayamonte, y por tanto incluye todo el
territorio nacional, se desarrolla de modo notable la identidad europea
en materia de seguridad y de defensa y se racionalizan los mandos del
cuarto nivel, donde estaba incluido el mando de Gibraltar, Comgibmed. En
resumen, se cumplen las condiciones y puede ser una realidad ese deseo
del Gobierno de la plena normalización de la participación en la Alianza.
Su señoría me pregunta por las causas. Ha sido un proceso largo, pero al
final creo que toda la Cámara puede felicitarse, ya que se ha conseguido
alcanzar el objetivo. En primer lugar, se ha superado el problema de los
límites estratégicos con Portugal, en octubre, y se han superado también,
como ha dicho S. S., las reservas con el Reino Unido. Yo creo, de verdad,
que esto se debe a que la posición negociadora española ha sido
coherente, seria y firmemente mantenida a lo largo de todo el proceso; a
que ha existido --no digo que sea la primera vez, pero hay que
felicitarse de que haya sido así-- una magnífica coordinación entre los
servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y los de Defensa,
naturalmente bajo la batuta del presidente del Gobierno; y por último, a
que se ha conseguido --y esto lo juzgo extraordinariamente importante--
una comprensión de todos los aliados, facilitada por el creciente respeto
que España está obteniendo en Europa y por el papel que está jugando en
los últimos años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY DE PROHIBICION TOTAL DE
MINAS ANTIPERSONALES? (Número de expediente 180/000943)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31,
que formula don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
El pasado 4 de diciembre, 125 Estados firmaron en Ottawa la convención
que prohíbe el empleo y la producción de minas antipersonales. Culminaba
ese día una etapa del proceso hacia la plena erradicación de esta plaga
que constituyen las minas. El Estado español firmó la convención y hemos
de esperar que de manera rápida inicie el proceso de ratificación de la
misma. Recordemos que para que ésta entre en vigor deben ratificarla 40
Estados. Asimismo, esperamos que el Gobierno avance junto a estos Estados
para que los que se han quedado al margen puedan también participar de
este proceso. Ahora bien, el 25 de febrero el Congreso aprobó por
unanimidad una resolución que instaba, aparte de a participar en el
proceso de Ottawa, a presentar a la Cámara un proyecto de ley sobre
prohibición de minas antipersonales. Nuestra pregunta al Gobierno es:
¿Cuándo tiene previsto presentar este proyecto de ley?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana). Muchas gracias,
señor Campuzano.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, le puedo comunicar que el pasado mes de noviembre el Ministerio
de Defensa ha remitido un anteproyecto de ley para ser informado por los
ministerios de Economía y Hacienda y de Asuntos Exteriores sobre la
prohibición total de minas antipersonales y armas de efecto similar.
Estos informes se han solicitado ya y esperamos que el anteproyecto pueda
ser aprobado por el Gobierno y antes de que finalice el mes de enero
tenga entrada en esta Cámara.
El texto, como no podía ser de otra manera, no sólo da cumplimiento a las
recomendaciones de Ottawa sino que cumple las establecidas por la
proposición no de ley a la que ha hecho referencia S. S., aprobada el 25
de febrero, con una modificación importante relativa al plazo. Vamos a
intentar, y así se va a proponer en el proyecto de ley, que se acorte el
plazo que fija la convención de Ottawa, que sería de cuatro años a partir
de la entrada en vigor, que, como ha dicho usted, necesita la adhesión de
40 países. La idea es que antes de que se produzca ese plazo, obteniendo
las habilitaciones presupuestarias pertinentes, España pueda ver
destruido, exceptuando lo que permite Ottawa --la cantidad mínima
necesaria para cubrir las necesidades de instrucción y adiestramiento en
las técnicas de detección y limpieza--, todo el arsenal en el plazo
máximo de tres año, y así dar cumplimiento sobradamente a la convención
de Ottawa y a la proposición no de ley de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
Nos alegramos de la información que nos da el ministro, pero desconocemos
el borrador del que nos habla. Estamos convencidos de que la resolución
del 25 de febrero es inequívoca sobre el contenido del mismo, en especial
en lo que hace referencia a la destrucción de todo tipo de minas
antipersona, incluyendo las bombas de racimo y armas de efecto similar,
así como sus componentes, por tanto sin ningún tipo de excepción.
Esperamos también que ese proyecto de ley regule el stock, que sea bueno
que regule un plazo más corto que el que marca la convención de Ottawa y
que sirva para comprometer de manera más evidente al Estado español en el
desminado y en la asistencia y rehabilitación de las víctimas. En ese
terreno también sería bueno que el proyecto supusiese un verdadero
compromiso del Gobierno.
Por último, va a ser importante que en el marco que regula las minas
antipersonales avancemos también en una legislación que nos garantice una
verdadera transparencia para poder controlar desde esta Cámara que en el
Estado español ni se fabrican minas ni se exportan. En esta línea el
Gobierno va a encontrar el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Me alegro de su intervención, señoría. Tengo que decirle que el Gobierno
español ya está cumpliendo, de facto, con esas prescripciones. Como bien
sabe S. S. y con la máxima transparencia que permite el juego de la
división de poderes que tiene establecida la Constitución, España no
produce, no adquiere, no exporta este tipo de armas, minas
antipersonales, y de efectos similares. Pero no sólo eso, señoría. España
desde hace tiempo está comprometida, está cooperando al levantamiento de
las minas que hay en las distintas partes del mundo, con medios
financieros como sucede en Centroamérica o con medios humanos como sucede
en Bosnia. Hemos realizado lo mejor que sabemos una labor para que la
convención de Ottawa sea lo más universal y pueda ser exigible a todos,
de manera que esto no hará más que remachar la conducta del Gobierno.
Muchas gracias.
-- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLANES CONCRETOS TIENE EL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA RESPECTO AL FUTURO DE LA EMPRESA PUBLICA HIJOS DE
J. BARRERAS, UBICADA EN VIGO? (Número de expediente 180/000918)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Pregunta número 9, de don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro, la empresa Barreras, como usted bien sabe, es una empresa
clave en el sector naval de la comarca de Vigo. Esta comarca y el sector
naval gallego en general sufrieron una fuerte reconversión, aunque eso es
un eufemismo; lo que sufrieron fue una gran pérdida de empresas y puestos
de trabajo, por decirlo claramente. En esta empresa se hizo un esfuerzo
en el que los trabajadores participaron en gran medida para que fuera
viable y para ello se firmó, entre otras cosas, el plan estratégico de
competitividad. En el momento en que se ve salida a la empresa empiezan
los anuncios de privatización, por cierto sin demasiada concreción,
cuando menos desde el punto de vista oficial. Por ello le formulamos la
siguiente pregunta: ¿Qué planes concretos tiene el Ministerio de
Industria y Energía respecto al futuro de la empresa pública Hijos de J.
Barreras, ubicada en Vigo?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, los planes que tenemos en relación al sector público en general
y en los astilleros en particular están recogidos de forma fehaciente y
concreta en el acuerdo que tomó el Consejo de Ministros el pasado mes de
junio de 1996. Dicho acuerdo va destinado a la modernización del mismo, a
la realización de todas las acciones necesarias para su saneamiento y
consolidación, a dotarlo de capacidad competitiva y a obtener su
rentabilidad. En ese contexto hay un proceso de privatización tendencial
en el que está ya buena parte del sector público y está dando muy buenos
resultados. Parece que ha llegado el momento de considerar la posibilidad
de la privatización de Barreras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Si esa es la concreción, esperemos en futuras comparecencias especificar
más este asunto. En todo caso, permítame que le diga, señor ministro, que
esa privatización tendencial que está dando buenos resultados no se la
cree la gente, cuando menos en la comarca de Vigo y otras muchas. La
mayoría social de Vigo, como usted sabe, está en contra de la
privatización, incluidas todas las fuerzas políticas presentes en el
ayuntamiento; por cierto, también su propio partido. A lo mejor es porque
las experiencias anteriores en esa comarca no resultaron tan alentadoras
como usted nos dice. Basta ver lo que pasó con el grupo de empresas
Alvarez. Motores Deutz, etcétera.
Señor ministro, nosotros no tenemos nada en contra de la iniciativa
privada, pero es evidente que en una economía periférica y débil, como la
gallega, el sector público puede y debe jugar un papel dinamizador de la
economía y, por tanto, contribuir al equilibrio económico y social. Tengo
que decírselo así. Con esa especie de fundamentalismo que ustedes
practican respecto a la privatización, a nosotros nos parece que se abren
futuros muy preocupantes para esta empresa y para sectores económicos en
general. A mí me gustaría, como siempre, equivocarme. En todo caso, señor
ministro, ustedes parecen empeñados en seguir aplicando esta política de
privatizar todo el sector público. No dude de que la comarca de Vigo se
va a oponer y nosotros también. En fin, aunque sin ninguna esperanza, le
invitamos a reflexionar y reconsiderar esta decisión porque nos parece
muy negativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
presidente.
Señoría, nosotros estamos dispuestos al diálogo y a la reconsideración
permanente de cualquier cosa, pero en el bien entendido de que Vigo es un
buen ejemplo de lo que puede dar de sí la iniciativa privada y el
protagonismo de los empresarios. Por tanto, como no me gusta hacer
fundamentalismo a pesar de lo que usted diga, le pediría que usted
tampoco lo hiciera porque estamos hablando del futuro de las empresas, y
el futuro de las empresas va mucho más ligado a la existencia de un plan
industrial, a la capacidad de capitalización, a proyectos de futuro o a
compromisos con el empleo que a la mera titularidad de las acciones. Por
consiguiente, les rogaría que ustedes hicieran un esfuerzo, y es mirar
los planteamientos que se están poniendo encima de la mesa --si quiere
puedo ser mucho más concreto-- porque creo que son muchísimo más
favorables para el futuro de Barreras, para el futuro de sus trabajadores
y para el futuro de Vigo. Hay un compromiso con el empleo, puede haber
--y además lo vamos a solicitar así-- un compromiso en términos de
ampliación de capital, un compromiso de mantener la presencia en la
compañía y de no comportamientos especulativos. Termino diciéndole que no
se preocupe. No vamos a hacer nada que se parezca lo más remotamente a lo
que se hizo con el grupo de empresas Alvarez.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL
GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS, DE 20 DE MAYO PASADO, EN LO RELATIVO A LA PARALIZACION DEL
PLAN ESTRATEGICO DE BINTER-CANARIAS? (Número de expediente 180/000921)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 11,
que formula don Paulino Rivero Baute, del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado mes de mayo, por unanimidad de esta Cámara, se
aprobó una moción sobre política del Gobierno en materia de transportes
aéreos. ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para dar cumplimiento a la
resolución del Congreso de los Diputados, de 20 de mayo pasado, en lo
relativo a la paralización del plan estratégico de Binter-Canarias?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno, como no puede ser de otra forma, ha sido respetuoso
con ese planteamiento del Congreso y abrió de inmediato conversaciones
con el Gobierno canario que están dando ya sus primeros frutos y que,
además, pretenden que no se produzca ningún paso ni medida que pueda
considerarse irreversible en cuanto a la aplicación del plan estratégico
de Binter-Canarias. A
partir de ahí, ha habido ya una materialización de ese esfuerzo en un
acuerdo de intenciones que se firmó el pasado 23 de octubre entre el
vicepresidente del Gobierno canario y consejero de turismo y transportes,
los representantes de Sodican y de las cajas insular y general de ahorros
de Canarias y el director general del grupo Iberia en relación con
Binter-Canarias. Los puntos de ese principio de acuerdo, que estamos
desarrollando a través de un grupo de trabajo entre ambos gobiernos, son
que se aborde la rápida privatización de Binter-Canarias con el pleno
respeto a los procedimientos establecidos por el acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de junio de 1996, el compromiso de Iberia de mantener
informadas a las entidades firmantes de cualquier decisión estratégica
que pudiera afectar a Binter-Canarias y, por tanto, con respeto al
espíritu de la resolución del Congreso de los Diputados, y la puesta en
marcha de una comisión bilateral de cooperación. Espero que ese trabajo
se pueda complementar con la eventual definición de la aplicación de
obligaciones de servicio público para determinadas líneas que se están
discutiendo entre todas las partes afectadas y que le anticipo que vamos
a plantearnos con toda la apertura de mente que sea necesaria.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco mucho la información que me ha facilitado en
torno al documento de intenciones sobre la privatización de la empresa
Binter, pero, en este caso, planificar los transportes aéreos en los
territorios insulares significa tanto como organizar la forma de vida de
la población de las islas: gestiones en centros administrativos, visitas
a centros hospitalarios ubicados en las islas mayores, movilidad desde el
punto de vista estudiantil --las universidades están en las islas
mayores--, organización de compras, gestiones comerciales y
empresariales, además de lo que significa para las islas,
fundamentalmente para la economía basada en el turismo.
Quizá algunos no conozcan la auténtica realidad de vivir en una isla,
sobre todo periférica. A los que no conozcan esta realidad les pueden
parecer unas consideraciones simplistas las que estoy haciendo. Les
aseguro que no. No es lo mismo vivir en una isla que pasar 15 días de
vacaciones en ella. A la sensibilidad mostrada por unanimidad de esta
Cámara, la respuesta del grupo Iberia, señor ministro, ha sido
contundente: insensibilidad, prepotencia, desprecio a los intereses
insulares. Se concreta esto en lo siguiente: subida abusiva de las
tarifas; retirada en mayo de dos DC-9 y anuncio de retirada de los dos
restantes de la flota; de siete ATR necesarios para operar en las islas
sólo cinco están operativos; eliminación de las líneas con El Hierro, La
Palma y Fuerteventura; disminución de la oferta de plazas en un 20 por
ciento. Consecuencia de todo ello es la cancelación de vuelos,
imprevisión absoluta, en distintas ocasiones pasajeros aislados en una
isla sin posibilidad de salir de ella. El último acontecimiento ha sido
la pasada semana con un centenar de pasajeros bloqueados en los
aeropuertos. Por ello, señor ministro, desde Coalición Canaria le pedimos
que se declaren urgentemente las obligaciones de servicio público, a su
departamento o al que corresponda, por parte del Gobierno; que prevea en
los presupuestos, que aún está a tiempo, las cantidades necesarias para
atender a esas obligaciones de servicio público; que cumpla los acuerdos
pactados por su grupo en materia de transporte, porque si no va a haber
problemas, señor ministro, muchos problemas en las islas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rivero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, le aseguro que tenemos la máxima sensibilidad, pero después del
panorama tan apocalíptico y catastrófico que me ha planteado lo
volveremos a mirar, porque si hago caso de sus palabras parece que
estamos ante una situación insostenible, desde cualquier punto de vista.
No se preocupe que nos vamos a ocupar de esta cuestión.
Estoy seguro de que hay problemas, pero no estoy nada seguro de que se
planteen en términos tan dramáticos como usted lo hace. Lo que sí le
quiero recordar es que se ha formado una comisión entre el Gobierno de
Canarias y el Gobierno español en la que lógicamente participa también la
compañía afectada, y estamos analizando punto por punto las necesidades y
les vamos a dar respuesta concreta. Por tanto, le pediría un poco de
paciencia y algo menos de alarmismo respecto a la situación real.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE OPINION TIENE EL SEÑOR
VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO SOBRE LA OPERACION DE ENDESA CON LA
EMPRESA CHILENA ENERSIS? (Número de expediente 180/000923)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 13,
que formula don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, como recordará, el pasado mes de agosto el
Gobierno aprobó la propuesta de SEPI por la que se autorizaba a Endesa
las inversiones correspondientes, a través de la compañía Enersis, en
Chile. Desde aquel momento hasta la fecha han pasado muchas cosas. Ha
sucedido que todo el mundo ha coincidido en que la operación de la
empresa pública española ha aprovechado fragilidades del mercado
financiero chileno; todo el mundo ha coincidido en que era más la
operación de una empresa pícara que de una empresa de prestigio
internacional; la compañía Endesa, en este momento, es objeto de demandas
judiciales por parte de los fondos de administraciones de pensiones
chilenas; el señor presidente de Endesa ha sido puesto a caldo --si se me
permite la expresión-- por la comisión de investigación del Parlamento
chileno y la imagen del país, sin duda alguna, ha sido puesta en
evidencia. Podríamos seguir, pero con todo este tipo de cuestiones, don
Josep, ¿qué me dice? ¿Qué opina el Gobierno sobre todo lo que ha pasado
en esta desdichada operación en Chile, en estos meses, que por cierto aún
no ha concluido?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, yo lamento --y sabe usted que lo lamento de verdad-- no
coincidir con usted una vez más, porque cuando dice que todo el mundo ha
coincidido en no sé cuántas cosas tengo que decirle que por lo menos
alguien no coincide con usted, que soy yo. Y le voy a decir por qué.
Porque creo que la operación de Endesa en Chile es una magnífica
operación desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista
empresarial y desde el punto de vista de los intereses de España como
país. Es verdad que en una operación de esa envergadura y por su
complejidad ha habido dificultades, todavía las hay, pero se están
encarrilando correctamente y todos debemos hacer un esfuerzo de
responsabilidad para que finalmente el tema se cierre de la manera más
beneficiosa posible, que ya lo está de hecho, pero conviene no poner más
obstáculos en el camino de los que han podido existir no por el hecho de
que Endesa quiera invertir en Chile, sino por problemas internos de
Chile, que en eso, sí, todo el mundo está de acuerdo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Permítaseme proclamar el afán sobrecogedor que produce a este diputado el
sentido de protección que
el ministro de Industria tiene respecto a problemas que en
definitiva dependen de él. Coincidirá conmigo --menos usted coinciden
todos los demás, en eso estamos de acuerdo-- en que esto ha sido una
auténtica chapuza.
Señor ministro, no debería en esta Cámara sentirse orgulloso de una
operación por la que una empresa pública española ha sido acusada por la
comisión del mercado de valores chileno, o la equivalente, de información
privilegiada, una operación por la que el Parlamento chileno ha tenido
que constituir una comisión de investigación, una operación por la que
cinco millones de chilenos que tienen sus pensiones depositadas en unos
fondos se han sentido defraudados y por la que cinco millones de chilenos
han demandado a una empresa pública española. Señor ministro, espero que
las próximas faltas de coincidencia sean de otra categoría que ésta,
porque ésta además de una falta de coincidencia es una auténtica falta de
responsabilidad por parte del Gobierno español. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien, muy bien!-- Aplausos)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias.
No salgo de mi asombro. ¿Cinco millones de chilenos dice usted que se han
sentido defraudados? No sé. Los juzgados chilenos, los tribunales de
Chile deben estar absolutamente colapsados. No tengo esa conciencia, en
absoluto. Y le voy a decir otra cosa. Problemas en inversiones de esa
envergadura los ha habido siempre, los hay siempre, y le puedo citar
ejemplos de hace unos años. Le puedo mencionar, por ejemplo, inversiones
de Telefónica en Perú o en Argentina. Pero es que no es ese el punto. El
punto es que estamos hablando de una operación absolutamente seria,
absolutamente importante, absolutamente esencial para los intereses de
nuestro país, y no es de recibo que desde aquí demos argumentos a sus
enemigos. No ponga usted esa cara porque hay que ser responsable y serio,
y hay que apoyar esa posición porque sabe usted que conviene a los
intereses de nuestro país.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL MINISTRO DE
INDUSTRIA LA POSICION DE LA COMISION EUROPEA SOBRE EL PLAN DEL CARBON
ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000930)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Pregunta número 20, que formula don Javier Fernández Fernández, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Señor ministro, en julio de este año usted
firmó un acuerdo con los sindicatos mineros que tiene que ser refrendado
por la Comisión Europea. Ciertamente, ese refrendo aún no se ha producido
ni hay una posición de la Comisión, pero sí hay unas observaciones y una
postura de los servicios de la Comisión que está definida en esa famosa
carta de cinco hojas que usted conoce perfectamente y que cuestiona
íntegramente el plan que usted suscribió. Lo cuestiona en producciones,
lo cuestiona en ayudas, lo cuestiona en recolocaciones, absolutamente en
todo. Ello ha generado una profunda preocupación en la sociedad de las
comarcas mineras y en los que de verdad queremos que se cumpla ese plan
que usted ha firmado. También ha generado una cierta perplejidad, señor
ministro, porque pensábamos que durante esos largos diez meses de
negociación ustedes estaban negociando también con la Comisión que tenía
que aprobar el plan. Parece que o no ha sido así o, desde luego, esas
conversaciones no han sido un éxito. En todo caso, me gustaría conocer
cuál es su opinión sobre esas observaciones y sobre esa primera toma de
posición de los servicios de la Comisión, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
presidente.
Señoría, primero le quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. No hay
motivos especiales para la inquietud. Todas las cosas hay que hablarlas y
negociarlas, y no todo se resuelve de una sola vez, entre otras razones
porque es muy difícil resolver de una sola vez y con un solo acuerdo el
cúmulo absolutamente espectacular y --si se me permite la palabra--
escandaloso de incumplimientos de los gobiernos anteriores en relación
con los cumplimientos del plan del carbón. Todas las cartas que hemos
recibido en el Ministerio de Industria, en términos institucionales, no
las que ha recibido este ministro sino el Ministerio de Industria, desde
hace bastante tiempo, excepto la última, eran una constatación del
permanente incumplimiento y la permanente falta de respeto a los
principios que orientan la política del carbón en la Unión Europea por
parte del entonces Gobierno de España. Por primera vez esta carta dice, y
dice con toda claridad, que estamos avanzando en la buena dirección, que
contiene elementos muy positivos, pero que debido a los incumplimientos
anteriores nos pide ahora un ajuste adicional que conviene negociar. No
es una posición de la Comisión Europea, son unas opiniones y una demanda
de información que nos solicitan. Vamos a contestarla y vamos a defender
el plan, pero abiertamente, con transparencia y con voluntad de cumplir
las cosas. (Aplausos.)
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lo menos relevante de esta carta que todos conocemos son
precisamente los incumplimientos anteriores, pero es que además usted
está concernido en esos incumplimientos. El plan 1994-1997 lo están
gestionando ustedes en parte. Le diré otra cosa. Uno de los
planteamientos que se hace en esa carta es que hay que reducir la
producción, que no se había reducido lo suficiente. Aplíqueselo, señor
ministro, porque ustedes, nada más llegar, aumentaron los cupos
carboneros en 700.000 toneladas. Pero en lugar de ir mirando por el
retrovisor, con lo que no va a conducir a la minería española a ninguna
parte, lo que tiene que hacer es aplicarse en que efectivamente le
aprueben ese plan; plan que por lo visto no había negociado
suficientemente, señor ministro, plan que necesitan las cuencas mineras,
plan que le han arrancado a usted los sindicatos mineros y que nosotros
los socialistas queremos que ejecute en todos sus términos. No un plan
más parecido a aquel que mostró usted a los sindicatos mineros hace más
de un año y que significaba, pura y simplemente, la liquidación de la
minería y que usted quizá quiera ahora aplicar amparándose en la Unión
Europea.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): No se preocupe.
Vamos a cumplir. Vamos a defender el plan en la medida de lo posible.
Usted sabe que nunca se puede decir que las cosas
cuando están en la mesa de negociación se pueden cumplir al cien por
cien, pero lo vamos a defender de verdad con total coherencia.
Le digo otra cosa. Es la última vez que voy a mirar al retrovisor, pero
como usted ha hecho mención a unos incumplimientos por parte de este
Gobierno, permítame que mire por última vez el retrovisor y le recuerde
lo siguiente. La Administración socialista, sin previa autorización de la
Comisión y habiendo comunicado a la misma, ante reiteradas peticiones de
información sobre la situación de los contratos-programa de Hunosa y
Figaredo, en carta de 16 de enero de 1996, dice que no existen
contratos-programa en vigor, que se están negociando con las empresas y
que por tanto ya avisará, y firma un contrato-programa con Hunosa el 23
de febrero de 1996 y el 26 de febrero del mismo año con Minas La Camocha,
adquiriendo en ambos casos obligaciones no autorizadas por la Comisión y
no comunicadas a la misma. Por tanto, no volveré a mirar el retrovisor,
pero, por favor, tengan ustedes presente ese pasado también. (Aplausos.)
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LANDETA ALVAREZ VALDES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA
EL GOBIERNO QUE EL DESARROLLO DE LA LEY 34/1992, DE ORDENACION DEL SECTOR
PETROLERO, ES SUFICIENTE PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE SUFREN LOS
DISTINTOS AGENTES SOCIALES Y ECONOMICOS RELACIONADOS DE UNA U OTRA FORMA
CON EL SECTOR? (Número de expediente 180/000936)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 25,
que formula don Antonio Landeta, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor presidente, señor ministro, la Ley
34/1992, de Ordenación del Sector Petrolero, preveía como objetivo
fundamental la liberalización de las actividades del sector petrolero
como consecuencia de la extinción del monopolio de petróleo. Sin embargo,
el desarrollo insuficiente y parcial de la ley, a través de distintos
reglamentos, ha puesto en cuestión el carácter liberalizador de la ley o
ha afectado de forma sistemática a distintos agentes de momento. De hecho
han pasado episodios sectoriales conflictivos generados muchas veces por
los propios desarrollos reglamentarios de la ley. Valga la consideración
que tienen de la distribución al por menor los transportistas y las
cooperativas de consumo, que sirvió para avivar un conflicto de otras
perspectivas; también la existencia de distintos precios entre gasóleos,
liberalizados el 6 de julio de 1996 o de los precios máximos de las
gasolinas; la posición final de los distribuidores respecto a lo
reglamentado, incluso la tensión creada con el sector de estaciones de
servicio, por todo lo anterior, que con nuevos distribuidores como las
superficies comerciales y con las pérdidas de mercado a favor de
consumidores especiales ven cómo aumenta la incertidumbre de sus propios
negocios de esas 7.000 gasolineras que existen actualmente en España.
En definitiva, la difícil conciliación de los intereses presentes en el
sector exige una reglamentación general y transparente que asegure la
libertad de empresa y la eficiente prestación de los servicios de
suministro de combustible. A la vista de las tensiones que producirá
indiscutiblemente la futura guerra de precios en beneficio del consumidor
y el desarrollo de la propia ley, cabe hacer al Gobierno de la nación la
siguiente pregunta: ¿Considera el Gobierno que el desarrollo de la Ley
34/1992, de Ordenación del Sector Petrolero, es suficiente para resolver
los problemas que sufren los distintos agentes sociales y económicos
relacionados de una u otra forma con el sector?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Landeta.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, tengo que darle una respuesta que creo que estaba ya implícita
en su pregunta. La Ley de Ordenación del Sector Petrolero, actualmente
vigente, no da una respuesta suficiente a las necesidades de todos los
agentes del sector. Es una ley que tuvo su sentido en el momento del
proceso llamado de desmonopolización de Campsa, del monopolio de
petróleos, y que culminaba una serie de etapas de progresiva adaptación
de nuestra normativa a lo derivado de nuestra adhesión a la Comunidad
Económica Europea. Pero es evidente que hoy resulta insuficiente para
resolver los problemas existentes. Ello exige que pensemos en mecanismos
que eliminen gran parte de las limitaciones que aún se contemplan en esa
ley, que dificultan la entrada de nuevos agentes, imponen restricciones a
la actividad de los diferentes actores, especialmente en lo que respecta
a la distribución al por menor y, por lo tanto, limitan la competencia y
el funcionamiento eficiente del mercado.
Para dar una respuesta global a las necesidades del sector, se está
elaborando un anteproyecto de ley del sector de hidrocarburos, que espero
presentar al Consejo de Ministros del próximo día 19 --en cualquier caso
antes de que acabe este año--, que tiene por objeto
renovar, integrar y homogeneizar la distinta normativa legal en el ámbito
de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos en el
ámbito de los productos derivados del petróleo, y en particular los gases
licuados del petróleo, el conocido butano, y las industrias del gas
natural. En el caso del gas natural lo que se plantea es adaptar de
inmediato la directiva que aprobó el pasado lunes el Consejo de Ministros
de la Energía de la Unión Europea, y que supone la liberalización del
sector en términos de acceso a las redes existentes, autorización de
comercializadores y entrada de nuevos operadores. En el caso de los gases
licuados del petróleo lo que se pretende también es la liberalización
mediante la eliminación de determinadas restricciones que afectan a su
distribución.
Finalmente, en lo que se refiere estrictamente a los hidrocarburos, se
consagra en ese proyecto de ley, que espero que apruebe el Gobierno, como
digo, antes de final de año, la libre iniciativa empresarial para las
actividades de refino de crudo, transporte, almacenamiento, distribución
y venta de productos petrolíferos, supeditada solamente, y eso es muy
importante, a las disposiciones relativas a la seguridad, ordenación del
territorio y medio ambiente. En definitiva, se trata de una mejor y más
amplia respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MATADOR DE MATOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA
PARTICIPACION ESPAÑOLA EN EL PROGRAMA EF-2000 (EFA), Y CUAL ES SU
REPERCUSION EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000940)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29,
que formula don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro de Industria, el pasado día 28 de noviembre el Consejo de
Ministros en Santa Cruz de Tenerife daba luz verde al programa del avión
europeo de combate EFA-2000, autorizando al Ministerio de Defensa a la
firma y suscripción del memorando de entendimiento con el Reino Unido,
Italia y la República Federal Alemana, para la adquisición de 87 aviones
y la construcción de 194 motores. Sin mirar a ningún espejo retrovisor,
señor ministro, pero teniéndolo muy en cuenta, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que la política que ha iniciado el Ministerio de
Industria con cargo al capítulo 8 de su presupuesto ha sacado del
ostracismo a cantidad de empresas públicas y, sobre todo, a las que
dependían del Ministerio de Defensa, que en lugar de dedicarse a pagar el
paro, en lugar de dedicarse a dar bajas incentivadas y jubilaciones
anticipadas a personas con 50 y 48 años en sus casas, con
externalizaciones de deudas hoy en esas empresas públicas, que le están
costando mucho a este Gobierno, se ha dedicado a realizar políticas
activas de empleo, y a través de ese capítulo 8 permitir que en el
Ministerio de Industria, con el Ministerio de Defensa, seamos capaces de
construir fragatas en la Empresa Nacional Bazán, de sacar adelante el
carro de combate Leopardo, en lugar de cerrar Santa Bárbara, o de llevar
adelante la construcción del avión europeo de combate, el EFA-2000, algo
insólito en la historia europea de la industria de la defensa, y que por
primera vez planta cara a la hegemonía de Estados Unidos en cuanto a
construcción de material militar.
En ese sentido, señor ministro, pregunto al Ministerio de Industria cuál
es la repercusión que el encargo de esta compra y participación en la
construcción del avión europeo de combate va a tener en la industria
española de la defensa, en Construcciones Aeronáuticas, CASA, y otras
industrias de la defensa y, sobre todo, qué puestos de trabajo en la
industria civil no se van a perder por una política inteligente del
Ministerio de Industria del Gobierno actual.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente. Muchas gracias, señoría, porque creo que usted ha hecho
un buen resumen de lo que está siendo el cambio de política en relación a
la industria de defensa. Efectivamente, hasta ahora no había una ligazón
entre las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas y las potencialidades,
las capacidades de nuestra industria de defensa. El mejor ejemplo lo
podemos tener --es un ejemplo concreto para que todo el mundo lo
entienda-- en la compra de los F-18 en su momento para atender las
necesidades de nuestro Ejército del Aire. Las contrapartidas eran
estrictamente comerciales, a través de un programa que se conocía como el
programa FACA. Dicho en términos muy coloquiales, comprábamos aviones de
combate a cambio de que nos dejasen exportar naranjas. Ahora hemos
cambiado completamente el esquema, y de lo que se trata es de cubrir las
necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre la base de que
nosotros mismos, nuestra propia industria produzca ese material, ese
equipamiento que necesitamos, y lo haga además adquiriendo
toda la tecnología necesaria y haciéndolo sobre la base de programas de
cooperación internacional. Ha mencionado usted el programa Leopard, el
programa de las fragatas y, finalmente, también el programa EFA-2000, que
es el que está más maduro. Desde luego va a tener efectos muy
sustanciales sobre nuestro tejido industrial, sobre nuestra industria
aeronáutica, electrónica, mecánica, porque supone un programa que viene a
representar en torno a un billón de pesetas de demanda añadida a nuestra
industria, y que se va a repartir a lo largo de una serie de años, que va
a ser propiciada por el esfuerzo de financiación que está haciendo el
Ministerio de Industria sobre esa base de
política industrial y tecnológica, y que va a dar lugar
--respondiendo ya más concretamente a su pregunta-- a una carga de
trabajo que podemos cifrar en la creación, en media anual durante todo el
período, de unos 22.000 empleos. De ellos, unos 3.000 en el sector
aeronáutico, otros 4.000 en suministradores de bienes de equipo,
electrónica, mecánica, etcétera, y del orden de unos 15.000 inducidos en
otros sectores. Van a participar en ese programa en torno a 300 empresas
españolas, lideradas por una agrupación de interés económico formada por
CASA e ITP, pero de la que forman parte también empresas señeras de
nuestro país como Indra, Sener, Enosa, CESA, Tecnovit, Gamesa, AEG
Ibérica, la Empresa Nacional Santa Bárbara, el INTA, etcétera. Por tanto,
creo que se trata de un programa que posibilita el afianzamiento y
consolidación internacional de la industria española en esos sectores y
que permite además participar plenamente en ese esfuerzo conjunto de
defensa en esa Europa en la que siempre hemos querido estar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE FRANCISCO HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL
GOBIERNO EXPLICAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA LUCHA CONTRA EL SIDA A
PROPOSITO DE LA CELEBRACION EL 1 DE DICIEMBRE, DEL DIA MUNDIAL DE LA
ENFERMEDAD? (Número de expediente 180/000934)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23
que formula don José Francisco Herrera, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 1 de diciembre se celebró, con el lema Los
niños en un mundo con sida, el Día mundial de esta enfermedad, que en
menos de 20 años se ha convertido ya en un problema de primer orden para
todos los gobiernos del mundo. En España el problema es especialmente
preocupante, si tenemos en cuenta determinados datos. Con 50.000 casos
declarados desde el año 1981, nos encontramos a la cabeza en cuanto a la
tasa por millón de habitantes, y no sólo eso, sino que además nos
encontramos a la cabeza en nuevos casos, que es probablemente el dato más
preocupante. Por otra parte, hay un colectivo especialmente afectado,
como son los jóvenes. Cuatro de cada cinco casos se producen entre
jóvenes y con especial incidencia también en los niños, que al problema
propio de la enfermedad añaden el de la habitual enfermedad terminal de
los padres. Otro dato preocupante es el incremento en transmisiones por
vía heterosexual, lo que ha multiplicado el índice de mujeres afectadas
por la enfermedad en un número bastante importante. Por todo ello,
resulta claro que es necesaria una actuación desde diversos frentes y de
una manera coordinada; es necesario trabajar desde un frente educativo,
incidiendo en lo que es la difusión de las vías de transmisión y de los
métodos que pueden evitarla; es necesario trabajar en lo que es el
aspecto social de la enfermedad, evitando la marginación de los enfermos;
y por último es necesario también trabajar en el aspecto sanitario,
tratando de procurar a los enfermos cuidados paliativos en tanto aparece
el esperado remedio contra esta enfermedad.
Por todo ello, señor ministro, le formulo la pregunta que figura en el
orden del día y que tiene por objeto conocer los trabajos desempeñados
por el Gobierno con motivo del Día mundial de la enfermedad.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Herrera.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Efectivamente, como muy bien señala S. S., el problema del sida en
nuestro país es un problema grave y, a pesar de los avances conseguidos,
no sólo no podemos bajar la guardia, sino que debemos extremar nuestra
preocupación y nuestras actividades en ese campo.
Con motivo del Día mundial del sida, se hizo una reflexión, que tuvo
notorio eco en los medios de comunicación, en torno a la recomendación de
que las mujeres gestantes, con consentimiento informado, se realicen la
prueba del VIH durante el embarazo, ya que, como sabe S. S., la
posibilidad de dar tratamiento específico con antirretrovirales disminuye
en casi tres cuartas partes el riesgo de transmisión de VIH de la
madre infectada al recién nacido. A pesar los logros alcanzados a través
de las estrategias de prevención y de los tratamientos antirretrovirales
en el control de la epidemia del sida en España, que ha dado lugar a un
descenso de casos de un 9,5 por ciento en relación con igual período del
último año, la intención del Gobierno y del Ministerio de Sanidad y
Consumo es alentar las actividades de prevención de la infección a través
de un plan de movilización multisectorial para los próximos tres años.
Concretamente se reforzarán con especial énfasis dos de las estrategias
actualmente en marcha: la reducción de los daños asociados al consumo de
drogas por vía parenteral y el fomento de los hábitos sexuales
saludables, en particular de los jóvenes. Las intervenciones estarán
destinadas a reducir los comportamientos de riesgo en las dos principales
circunstancias en las que se transmite el VIH: las relaciones sexuales y
el consumo de drogas por vía parenteral, dos circunstancias tan
personales que nuestra principal tarea será la de facilitar a los
individuos, con todos los medios a nuestro alcance, el ejercicio de su
responsabilidad de protegerse frente al riesgo de transmisión de
enfermedades. Para eso, los presupuestos contemplan para el próximo año
un incremento de la partida destinada a estas finalidades de 2.000
millones de pesetas, que supone triplicar el presupuesto del año anterior
con esta finalidad y que se aplicarán, fundamentalmente, en convenios con
las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales para
llegar a los sectores más desprotegidos de la población.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
RAZONES LLEVARIAN AL GOBIERNO A CONSIDERAR UNA AMPLIACION DE LA LISTA
NEGATIVA DE MEDICAMENTOS FINANCIADOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de
expediente 180/000937)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26,
que formula don Eugenio Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, días atrás hemos asistido a un aluvión de declaraciones
en los medios de comunicación referidas a temas de medicamentos, bien por
parte de grupos políticos, de agentes sociales o de la industria
farmacéutica, que sin duda han podido llevar a los ciudadanos y
profesionales sanitarios a un cierto grado de confusión.
Antes de cualquier consideración, quiero dejar claro desde nuestro grupo
político que cualquier medicamento que ha pasado por el proceso de
evaluación sanitaria y ha conseguido el registro sanitario por el
Ministerio de Sanidad y Consumo ha ofrecido y ofrece al enfermo las
condiciones de calidad, seguridad y eficacia que son exigidas por la
Organización Mundial de la Salud a todo medicamento, siendo éste --el
trámite del registro sanitario-- la garantía sanitaria a que el enfermo
tiene derecho cuando se somete a un tratamiento con farmacoterapia.
Señor ministro, señorías, de todos ustedes es conocida la firme voluntad
del Gobierno del Partido Popular de hacer viable un sistema sanitario
público, universal y equitativo. También es conocido de todos ustedes
que, para conseguir la estabilidad de un sistema sanitario por todos
aceptado, es preciso tomar una serie de medidas correctoras. Una de estas
medidas correctoras, que entra dentro de las competencias del Ministerio,
que es la posibilidad de evaluar un aumento de la lista negativa de
medicamentos financiados por la Seguridad Social, quiero aclarar que
forma parte de un conjunto de medidas que, desde el año 1995, se pusieron
en marcha por el Ministerio de Sanidad con la idea de darle una nueva
inclinación a la inflexión de la línea de equilibrio del gasto por
medicamentos. Yo creo que eso se ha conseguido, se va consiguiendo. Ese
equilibrio desde nuestro grupo se considera indispensable para asegurar
una buena asistencia farmacéutica dentro del sistema sanitario español,
pero creemos que las consideraciones no sólo son de tipo económico. Por
ello, señor ministro, le pregunto qué razones llevarían al Gobierno a
considerar una ampliación de la lista negativa de medicamentos
financiados por la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castillo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor diputado, por primera vez el Sistema Nacional de Salud va a
contemplar una financiación suficiente para la atención de las
necesidades que se presentan. Esa financiación va a suponer un incremento
del orden de 200.000 millones anuales sobre lo que sería la financiación
de acuerdo con el modelo de financiación vigente hasta ahora. Ante la
necesidad de encontrar esos 200.000 millones de pesetas adicionales para
el Sistema Nacional de Salud ha sido preciso no sólo acudir a los fondos
del Tesoro que van a nutrir básicamente esa masa de recursos --del orden
de
130.000 millones de esos 200.000 van a salir de recursos del Tesoro--
sino que los responsables sanitarios hemos tenido que hacer una reflexión
también para ver de dónde podríamos obtener ahorros que pudieran
contribuir a satisfacer las necesidades que nosotros mismos planteamos.
Nosotros decimos que hay que seguir construyendo hospitales, que hay que
remozarlos, que hay que abrir quirófanos por las tardes, que hay que
hacer planes de atención integrada a la mujer, que hay que ampliar las
horas de consulta de los centros de salud por las tardes y para eso
necesitamos 200.000 millones más. Y hemos tenido que buscar 65.000
millones en alguna partida susceptible de algún ahorro para poder
completar esa cifra global de los 200.000 millones. Y a la hora de buscar
de dónde podíamos ahorrar y dónde podíamos economizar en la gestión
sanitaria hemos vuelto a ver que en el gasto farmacéutico. Aun a pesar de
los esfuerzos que se han hecho y de lo que se ha conseguido para
ralentizar el crecimiento de esa partida del gasto, todavía estamos por
encima de los módulos europeos, todavía se gasta aquí en España un
porcentaje del gasto sanitario en medicamentos superior a las medias
europeas. Por eso hemos pensado que en materia de medicamentos teníamos
que seguir haciendo un esfuerzo y el esfuerzo lo hemos dirigido a medidas
que representaran el menor perjuicio para la calidad de la asistencia
sanitaria, el menor perjuicio para la prestación farmacéutica y el menor
perjuicio para los usuarios. Y en ese sentido hemos pensado que esa
medida podía consistir en una ampliación de la lista negativa de
medicamentos, con medicamentos de limitada utilidad terapéutica, de baja
utilidad terapéutica, no de nula utilidad terapéutica. Por tanto, pueden
seguir en el registro legítimamente y estar en él, pero no merecen la
financiación del sistema público y por eso hemos tomado esta medida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO VALCARCE GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO APROBARA EL GOBIERNO EL
SEGUNDO PLAN NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL? (Número de expediente
180/000927)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17
que formula doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor presidente.
¿Cuándo aprobará el Gobierno el segundo Plan nacional de formación
profesional?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno tiene el propósito de aprobar el segundo programa
nacional de formación profesional en una fecha próxima que podrá
determinarse muy pronto, cuando el órgano de participación en esta
materia, que es el Consejo General de Formación Profesional, haya
ultimado su propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Los hechos son que este Gobierno ha sido incapaz de presentar y aprobar
el segundo plan nacional de formación profesional a lo largo de todo un
año, puesto que el 1 de enero de 1997 debía estar ya presentado y en
marcha. Esta negligencia es especialmente grave porque el segundo plan
nacional es el marco de las acciones para el desarrollo de la formación
profesional. Indudablemente esto lo único que evidencia es el absoluto
abandono en el que el Gobierno está sumiendo la formación profesional en
España. ¿Qué ha hecho, sin embargo, el Gobierno a lo largo de este año?
Lo que ha hecho son al menos dos cosas: una --y son los datos que el
propio Gobierno ha facilitado a este Congreso--, han desaparecido 50.000
plazas escolares de formación profesional, porque la primera medida que
adoptó el Gobierno del Partido Popular fue impedir la puesta en marcha de
numerosos ciclos formativos de formación profesional. Además, la segunda
medida que adoptó fue impedir la implantación de nuevos ciclos previstos
en el mapa escolar que había elaborado el anterior Gobierno, de
responsabilidad socialista.
¿Qué ha supuesto esto? La pérdida de 50.000 plazas escolares para los
jóvenes españoles. Pero hay algo más. Este Gobierno, además, no se ha
comprometido, en absoluto, con la garantía social, con los programas
orientados a los jóvenes entre 16 y 20 años, que garantizan su inserción
profesional. Si hay 100.000 jóvenes que demandan estos programas, sin
embargo el propio Gobierno, en los datos que ha facilitado, se ha
comprometido a crear 12.000 plazas de garantía social en cuatro años. ¿En
qué se ha comprometido este Gobierno presupuestariamente para el año
1998? Sólo ofertará
315 plazas, menos del 10 por ciento, que el propio Gobierno considera
indispensable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Creo que S. S. no está bien informada. En primer lugar, el Gobierno ha
implantado títulos de formación profesional de grado medio y de grado
superior en una cuantía muy importante, nuevas titulaciones que se han
ido aprobando a través de reales decretos en los distintos Consejos de
Ministros. En segundo lugar, señoría, el programa de garantía social en
el presupuesto de 1998, que esta Cámara aprobará en los próximos días, ha
sufrido un incremento notabilísimo. Otra cosa es, señoría, que los
programas de garantía social en una parte muy importante van a
organizaciones no gubernamentales, que son las que tienen establecidos
esos programas de garantía social que hacen posible que los niños que
terminan la enseñanza secundaria obligatoria y no pueden aprobar la
formación profesional ni van al bachillerato tengan esa garantía social
de formación para el empleo, que es lo que tienen.
Pero, señoría, la pregunta era el nuevo programa de formación
profesional. Tengo que decir a S. S. que el Consejo General de la
Formación Profesional, que fue creado como órgano consultivo por la Ley
19/1997, de 9 de junio, fue modificado precisamente para incorporar ese
Consejo a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla que hasta entonces estaba formado por la Administración del
Estado, por las organizaciones sindicales y las organizaciones
empresariales. El reglamento de ese Consejo se promulgó hace justamente
un mes. Pero no crea, señoría, que eso ha hecho que sufra ninguna
dilación el procedimiento, porque paralelamente las comunidades
autónomas, los agentes sociales, han hecho posible que se constituya un
grupo de trabajo que está elaborando --está prácticamente ultimado-- el
nuevo programa nacional de formación profesional que la próxima semana
estudiará el Consejo general. Tengo que decir a S. S. que realmente los
objetivos del anterior primer Plan de formación profesional, que eran
prestigiar socialmente la formación profesional, no se cumplieron, y
buena parte de las razones por las que no se cumplieron hay que
achacárselas a los anteriores gobiernos. Y ese descenso que S. S. ha
señalado en la matrícula de formación profesional es el que está poniendo
de relieve esa realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON ADOLFO ABEJON ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA TOMANDO EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA PARA FAVORECER A LOS ALUMNOS QUE
REALIZAN SUS ESTUDIOS EN ZONAS RURALES? (Número de expediente 180/000938)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 27,
que formula don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Abejón.
El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, el programa del Partido Popular
establece una política educativa basada en los principios de calidad y
libertad que deben aplicarse plenamente en los pueblos y zonas rurales.
La aplicación de una política educativa de calidad debe suponer, en
primer lugar, aumentar los recursos personales de la educación infantil y
primaria en la España rural, estableciendo plantillas adecuadas y
especializadas a cada centro, fomentando las lenguas extranjeras y
facilitando la formación necesaria al profesorado en distintas áreas y
materias adecuadas a las zonas rurales. En segundo lugar, incrementar los
recursos materiales en educación infantil y primaria en todos los
pueblos, realizando construcciones donde sea necesario, ampliando y
reforzando los edificios existentes, dotando de materiales, equipos y
mobiliario modernos, proporcionando ordenadores para que las niñas y
niños puedan iniciarse en el lenguaje informático, así como equipando las
aulas de tecnología en los centros de primaria que imparten el primer
ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria. En tercer lugar, ampliar
los medios en educación secundaria, implantando nuevos ciclos formativos
de formación profesional y apoyando estas enseñanzas en las zonas rurales
con servicios de transporte y comedor.
La aplicación de una política educativa de libertad para los pueblos debe
conllevar hacer efectivo el derecho que asiste a los padres a elegir el
tipo de educación para la formación de sus hijos, establecer la gratuidad
en la educación desde los 3 a los 16 años, manteniendo escuelas rurales
con pocos alumnos para favorecer la escolarización infantil y desarrollar
el principio de igualdad de oportunidades mediante una política de becas
y ayudas al estudio para que nadie quede excluido por problemas
económicos.
Para el Grupo Popular un aspecto primordial del futuro educativo de
nuestros pueblos lo constituye la posibilidad de desarrollar en la
escuela rural las nuevas tecnologías de la información y los nuevos
servicios educativos vinculados a las mismas. El mantenimiento y mejora
de la enseñanza rural es un objetivo prioritario
para el grupo que sustenta al Gobierno. Por ello le formulo la siguiente
pregunta: ¿qué medidas está tomando el Ministerio de Educación y Cultura
para favorecer a los alumnos que realizan sus estudios en las zonas
rurales?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Abejón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señoría, para el Gobierno la atención a la escolarización en el mundo
rural constituye una prioridad muy importante. Como ya he dicho muchas
veces en esta Cámara, la posición del Gobierno es que tenemos que hacer
compatible la calidad de la educación con la calidad de vida en las zonas
rurales. Por eso, en este curso en el que hemos escolarizado a 350.000
alumnos en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, tenemos 3.243
maestros itinerantes que son profesores especialistas que, de acuerdo con
la ley, este curso se desplazan para impartir sus especialidades.
El Ministerio mantiene unidades escolares de infantil y primaria en todas
aquellas localidades en las que hay al menos cinco alumnos, pero no cinco
alumnos de la misma edad sino cinco alumnos comprendidos entre los tres y
los doce años. Creo que éste no es un requisito excesivamente exigente y
son unidades como mínimo de cinco alumnos, una parte de las cuales están
organizadas, como sabe S. S., en los colegios rurales agrupados, en los
CRA. Estos colegios tienen aulas en varias localidades, cada una de ellas
con maestros tutores, y además tienen maestros itinerantes --a los que me
he referido antes-- que se desplazan para impartir la materia de su
especialidad. Con el fin de atender a los niños que viven en localidades
en las que ni siquiera es posible contar con cinco niños entre los tres y
los doce años, el Ministerio tiene en funcionamiento 66 escuelas-hogar.
De lunes a viernes los alumnos son atendidos en estos centros en lo que
concierne a los servicios propios de una residencia de carácter educativo
en cuanto a la atención docente y acuden a un colegio público de esa
localidad.
Dentro de las actuaciones que me gustaría señalar a S. S. y que tienden a
mejorar la calidad educativa en las zonas rurales, está el proyecto Aldea
Digital; el proyecto Aldea Digital es el que trata de hacer llegar las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información a las zonas más
aisladas y más deprimidas de todas las zonas rurales españolas. Este año
se está implantando con carácter experimental en la provincia de Teruel,
precisamente para garantizar la conexión con equipos de ordenadores
multimedia, con vídeos y televisión, las conexiones a Internet y con todo
el software educativo necesario para conseguir mejorar la labor,
particularmente difícil, de los profesores de estos centros, facilitando
su comunicación y proporcionándoles instrumentos educativos de especial
calidad y eficacia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON TEOFILO DE LUIS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS SE HAN
ADOPTADO PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS EN LOS PROCESOS DE FORMACION DE
PERSONAS CON MINUSVALIAS SENSORIALES? (Número de expediente 180/000939)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 28
que formula don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Gracias, presidente.
Señora ministra, nuestro grupo parlamentario desde hace muchos años viene
preocupándose por la integración social de los minusválidos, en línea con
lo establecido en el artículo 49 de la Constitución que reconoce a este
grupo de personas los mismos derechos que al resto de los ciudadanos.
Nosotros consideramos, sin embargo, que en el proceso de integración hay
un dato capital, que es su incorporación al mundo del trabajo, para lo
cual entendemos que es imprescindible mejorar su nivel de formación.
En el caso de los sordos y ciegos, es decir, minusválidos sensoriales o
personas con minusvalías sensoriales, consideramos que con un determinado
apoyo
--bien sea en educación o en formación profesional-- sus
rendimientos académicos pueden mejorar sustancialmente, de tal forma que
estén en condiciones de encontrar un puesto de trabajo que, por una
parte, les permita su plena realización como personas y, por otra, les
facilite una independencia económica, imprescindible desde todo punto de
vista. Nosotros comprendemos que desarrollar por parte del Gobierno una
línea de trabajo en este sentido tiene grandes dificultades. Entre otras,
por ejemplo, es evidente la dispersión del colectivo en toda la geografía
nacional, la dispersión por centros educativos y de formación, por
distintos niveles de educación y formación. Por otra parte, el colectivo
afectado tiene distintas edades. Sin embargo, entendemos que cualquier
esfuerzo merece la pena a los efectos de garantizar a estas personas los
mismos derechos que al resto de los ciudadanos.
Por estas razones, le formulo la pregunta que figura en el orden del día
del Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De Luis.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no hace falta que le diga que el Ministerio de Educación y
Cultura, como el grupo parlamentario, es muy sensible a las necesidades
de los alumnos de educación especial. Esta sensibilidad ya se hizo
patente a la hora de definir los criterios que orientarían la política
educativa, que no eran otros que equidad, libertad e igualdad, y con el
fin de mejorar de forma significativa la atención a esos alumnos a los
que se refería S. S., en el presente curso se ha incrementado la dotación
de profesorado especialista en 279 profesores. Sin duda, es un esfuerzo
muy importante que significa un crecimiento con respecto al curso
anterior de un 5,3 por ciento.
En relación con las dos minusvalías a las que S. S. ha hecho referencia,
el Ministerio ha firmado recientemente dos convenios que tienen especial
relevancia por las dotaciones que llevan consigo y por los fines que
persiguen. Me refiero a los convenios que se han firmado con la
Organización Nacional de Ciegos españoles y con la Confederación Nacional
de Sordos de España. De acuerdo con el primero, entre el Ministerio y la
ONCE, el convenio pretende desarrollar la atención educativa a los niños,
jóvenes y adultos con ceguera y deficiencia visual desde el momento de su
detección, para la adecuada orientación a sus familias y a los centros
escolares a los que asistan. Para ello se estructuran equipos específicos
de atención educativa para personas ciegas y deficientes visuales
integrados por profesionales del Ministerio y de la Organización Nacional
de Ciegos, y además se desarrollan actividades conjuntas que garantizan
al alumnado su atención educativa, tanto la general como la específica,
para que rentabilicen los recursos de ambas instituciones de la forma más
eficaz posible. Así, se ha definido el campo de actuación de ambas
instituciones, señalando que el Ministerio atenderá a los alumnos ciegos
y deficientes visuales que estén escolarizados en los centros sostenidos
con fondos públicos y que será la ONCE la que atenderá a los alumnos
matriculados en centros privados y colaborará también en la educación de
los alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos.
En cuanto al alumnado con deficiencias auditivas, se ha firmado un
convenio con la Confederación Nacional de Sordos y se ha acordado
continuar con la dotación de los intérpretes de lengua de signos y los
asesores de sordos a los centros docentes para el curso 1997/1998. Con
este fin, el Ministerio aporta a la Confederación Nacional de Sordos un
total de 36.500.000 pesetas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL EN RELACION
A LA REFORMA DE LA FINANCIACION DE LA SANIDAD (Número de expediente
172/000060)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE CRITERIOS
DEL GOBIERNO SOBRE LA FINANCIACION Y REDUCCION PROGRESIVA DE LAS
DESIGUALDADES SOCIALES Y TERRITORIALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, Y
ORIGEN Y REPARTO DE LOS RECURSOS ADICIONALES ACORDADOS (Número de
expediente 172/000062)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VII del orden
del día, interpelaciones urgentes. Comenzaremos este punto del orden del
día con la presentación de las interpelaciones números 32 y 34, que son
sobre temas coincidentes, empezando por la interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso sobre política general en relación
a la reforma de la financiación de la sanidad, para cuya presentación
tiene la palabra la señora Amador. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista interpela al Gobierno con la esperanza de que
esta vez podamos clarificar los números de la financiación sanitaria, y
ello, señorías, porque bien es sabido que la esperanza es lo último que
se pierde.
Desde el inicio del debate sobre la financiación sanitaria hemos asistido
a anuncios por parte del Gobierno --como ya he tenido ocasión de decir en
esta tribuna-- ante los medios de comunicación, no en esta Cámara, en el
sentido de que la sanidad era una prioridad presupuestaria para el año
1998 y para los sucesivos.
El baile de cifras, señorías, es realmente espectacular, y basta con
echar un vistazo a los titulares de prensa para recordar que desde la
presentación que hizo el vicepresidente de Economía, el señor Rato, de
los Presupuestos Generales en esta Cámara anunciando un
crecimiento del gasto sanitario del 8,6 por ciento, hasta las
manifestaciones que hemos tenido ocasión de oír hoy mismo en el Pleno
nada más que al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad, se nos
ha hablado de un crecimiento del gasto sanitario que, por fin, colmaba
todas las expectativas. Se ha hablado de 390.000 millones de pesetas de
aumento de gasto para el año 1998; se ha hablado de un crecimiento del
10,9 por ciento, que algún optimista ha querido redondear yéndose al 11
por ciento; se nos ha dicho hoy que hay 316.000 millones de pesetas más
para la sanidad en el año 1998, y lo ha dicho el señor Aznar; el señor
ministro de Sanidad nos acaba de decir que hay 200.000 millones de
pesetas más, además del crecimiento del PIB. Bueno, pues mi única
aspiración, señorías, créanme, al subir hoy a la tribuna es tratar de
clarificar unas cuentas que, por otra parte, deberían ser bastante
sencillas. Porque no es verdad, nada de lo que acabo de repetir y que han
dicho miembros del Gobierno se corresponde con las cifras que nosotros
hemos tenido oportunidad por fin de manejar tras la presentación de
enmiendas en el Senado.
El presupuesto aprobado en el Congreso, señorías, presentado a esta
Cámara por el Gobierno --página 25 del tomo correspondiente al Insalud,
que tengo aquí-- consigna un crecimiento del gasto sanitario del 4,83 por
ciento y una cifra redonda 3 billones 734.068 millones de pesetas. Esto
es lo que se ha aprobado en el Congreso, señorías, 3 billones 734.068
millones de pesetas. Y en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda de adición, que dice traducir el acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 83.362 millones de pesetas.
Este es el dinero disponible para la sanidad, señorías, el que sale de la
suma de lo que se presenta en una enmienda con lo que se aprobó en el
Congreso. Es una simple suma y, por tanto, hasta esta modesta diputada es
capaz de hacerla. La cifra que arroja el total del gasto sanitario para
el año 1998 son 3 billones 817.000 millones de pesetas. Y ya sé,
señorías, que hablar de números es árido, es confuso y se presta, además,
a perder el interés de los diputados que tienen la atención de estar en
el hemiciclo hoy, pero si la aspiración de esta interpelación es aclarar
las cuentas, ustedes dispensarán que tenga que hacer necesariamente
referencia a alguna cifra.
Más allá de la propaganda política, más allá de los dossieres, más allá
de las ruedas de prensa sucesivas, más allá de los faxes remitidos a los
medios de comunicación a altas horas de la noche sobre la maravilla del
presupuesto sanitario, aquí hay un presupuesto presentado al Congreso con
una cifra que se aprobó y aquí hay una enmienda del Grupo Popular, que es
la número 1298, que propone un alta por 83.362 millones de pesetas. Y
esta es la cifra, señorías. ¿Y qué representa esta cifra? Pues miren, si
cogemos el presupuesto del año 1997 y le aplicamos el modelo anterior,
ése que aprobó el Gobierno anterior, es decir, le aplicamos el
crecimiento del PIB nominal, el 5,7 por ciento, por las buenas, resulta
que nos sale una cifra que, en relación con lo que el Gobierno trae,
supone nada más que una diferencia de 52.000 millones de pesetas; o sea
que como el debate del presupuesto sanitario de este año se ha convertido
en un mercado persa, pues no son ni 390.000 ni 300.000 millones de
pesetas ni 316.000 ni 290.000 millones de pesetas. Señorías, el dinero de
más que hay en el presupuesto sobre el crecimiento del PIB son 52.541
millones de pesetas, señor ministro. Es una suma y una resta. Si fuera
más complicado, a lo mejor pedía ayuda para explicarlo porque no estaba
tan claro, pero es que son 52.000 millones de pesetas, señor ministro.
Esto supone un crecimiento sobre el crecimiento del PIB del 1,47 por
ciento. Este año el dinero de más para sanidad encima de la mesa son
255.000 millones de pesetas, señor ministro, incluyendo el PIB, lo
adicional, lo magnífico, todo eso que nos llevan anunciando y para lo que
se creó la subcomisión en el Parlamento, los compromisos reiterados, el
Consejo de Política Fiscal. Ese esfuerzo tan extraordinario que este
Gobierno hace por la sanidad son 52.000 millones de pesetas, señor
ministro, estas son las cifras. Y como esto es lo que hay, yo creo que
ustedes deberían haberlo planteado con claridad, con seriedad, con
dignidad, señor ministro, haberlo explicado y haberlo defendido. Y no
tenían que haber llenado la cabeza al conjunto de los ciudadanos con
números absolutamente irreales, con unas construcciones que yo me niego a
admitir que sean ni contabilidad creativa ni nada. Esto es trampa, señor
ministro, no se pueden hacer los números así. El acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que ya tenemos --cuando debatimos el
presupuesto aquí no lo conocíamos, porque ni siquiera se había producido
esa reunión para darle forma--, nos dice de dónde sale el presupuesto de
sanidad: página 6, a) La cifra para 1998 es el presupuesto contenido en
el proyecto de ley (figura en esta hoja, señor ministro, está fotocopiado
porque todos los tomos no los he podido subir aquí), la cifra del
presupuesto de 1998 en tramitación en las Cortes Generales. Esta cifra
--dice-- asciende a 3 billones 719.000 millones e incluye 25.000
millones. Pues no, esta cifra es 3 billones 734.000 millones, no 3
billones 719.000 millones. Ya sé que los números son farragosos y que
desde esta tribuna es difícil transmitir esto, pero produce verdadero
escándalo. Porque como no es posible que sea un error material, aquí
faltan 30.000 millones sobre lo que se está diciendo que se va a
construir. Y a partir de ahí, hacen falta muchos números para entender el
proceso. Pero sea cual sea el vericueto por el que se llega, lo cierto es
que la cifra final tiene que ser la que aquí se ha aprobado más la que se
pone en el Senado, y si no, le ruego, señor ministro, que me lo aclare. Y
sumando esas dos cifras, insisto, lo que hay de más sobre el crecimiento
del PIB son 52.000 millones,
que está muy bien, pero no nos digan lo que nos vienen diciendo desde
hace meses.
Por tanto, la suficiencia financiera --como le ha dicho a usted el
senador de Convergència i Unió en la interpelación que el Grupo
Socialista presentó en el Senado-- la veremos, señor ministro. Yo deseo
que sea suficiente el presupuesto porque, como he tenido ocasión de
decirle muchas veces, me importa más el Sistema Nacional de Salud que
cualquier otra consideración y, por tanto, deseo que sea suficiente, pero
la veremos, señor ministro, porque 52.000 millones más no son como para
tirar tantos cohetes como este Gobierno se ha permitido tirar desde hace
meses.
Después llegamos a ver cómo se reparte ese dinero, y por mucho que
quieran enredar, nosotros no estamos diciendo que todo el presupuesto se
reparte mal, no; decimos que se reparte mal el 1,8 que significan los
fondos adicionales, y el 1,8 del presupuesto total es un dinerito. Ese
1,8, esos 68.000 millones adicionales se reparten no mal, señor ministro,
se reparten de una forma intolerable. Le quiero decir que no es admisible
ese sistema de reparto, que significa nada menos que el 87,1 por ciento
vaya al Insalud transferido y el 12,9 vaya al 38,18 de la población, que
es el que está cobijado en el Insalud gestión directa, muy mal cobijado
en esta ocasión. Ese reparto no es admisible, señor ministro, porque
insisto en que una cosa es compensar la desigual oferta de servicios
sanitarios, que es una cosa que nadie discute, mientras que naturalmente,
y de manera simultánea, se hace un esfuerzo por reequilibrar, y otra cosa
es primar la desigualdad. Y como ustedes consignan en su presupuesto, en
el que ha hecho el Gobierno y presenta a esta Cámara, la compensación por
desequilibrios territoriales en el modelo anterior estaba cifrada en más
de 16.000 millones, y estos 16.000 y pico ustedes los convierten en
68.000 millones. Aquí es donde está la adición, únicamente aquí, señor
ministro. Y en esa adición es donde ustedes se permiten hacer un reparto
en el que, lejos de que el dinero siga al paciente, al enfermo, lo que va
a pasar, señor ministro, es que el paciente va a tener que seguir al
dinero y para siempre. Porque con este reparto, señor ministro, donde han
puesto ese dinero adicional es donde más oferta sanitaria hay y, por
tanto, como el modelo es para cuatro años, se va a consolidar que donde
más oferta hay vaya a haber más y donde menos hay vaya a haber menos.
Este reparto, señor ministro --y esto es así-- es inaceptable porque hace
imposible la equidad del sistema y porque consolida la desigualdad. No me
contesten, por favor, que este es un recurso retórico, porque el
territorio del Insalud está estudiando los números cuidadosamente en
todas las comunidades autónomas. Yo no estoy defendiendo a ninguna
comunidad autónoma gobernada por ningún partido, estoy defendiendo un
reparto equilibrado de los recursos, no un reparto que grabe en piedra la
desigualdad, que es lo que significa este reparto. Este sistema es
inaceptable para nosotros, señor ministro; es inaceptable y lo va a
seguir siendo si es que se consolida, si ustedes no rectifican y se
mantiene durante cuatro años. El tiempo, las cifras y el análisis de los
números usted sabe que nos van a dar la razón. Tan es así que en el
Senado alguien --aquí dicen el Ministerio de Economía y Hacienda-- añade
fuera del modelo 5.000 millones más para el Insalud gestión directa. Esto
qué ha sido, señor ministro, ¿un arrepentimiento de última hora, un
esfuerzo final? ¿Qué ha sido esto, señor ministro? ¿O ha sido que ha dado
vergüenza ver este reparto y se añaden 5.000 millones al Insalud gestión
directa en la enmienda del Partido Popular? Sobre ellos les quiero
preguntar si se consolidan o no, ya que están fuera del modelo y no están
en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal, porque la diferencia es
sustancial, es del doble a la mitad para el Insalud. Por tanto, dígame si
estos 5.000 millones, que alguien de manera magnánima ha introducido a
última hora, se van a consolidar, cómo se van a traducir al modelo y si
las comunidades autónomas del Insalud transferido conocían esta
magnanimidad de última hora y cómo se ha producido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Amador, por favor, vaya
concluyendo.
La señora AMADOR MILLAN: Termino, señor presidente.
Finalmente, en la interpelación hacemos una referencia al supuesto ahorro
de los 65.000 millones en medicamentos, señor ministro, que constituye un
asunto verdaderamente escandaloso. Permítame que utilice esa expresión
que no me gustaría tener que utilizar. Porque mientras siguen ustedes
diciendo en los medios de comunicación, que es donde están más cómodos
hablando, que se está negociando con la industria farmacéutica suavizar
la lista, bajar los precios y no sé qué cosas, ustedes han introducido ya
la decisión en la enmienda del Grupo Popular en el Senado, ya han
reducido 65.000 millones en la partida de gasto farmacéutico. Y como no
está hecha esa lista, como esa lista no se ha hecho en Sanidad, como no
está consensuada, como los profesionales no saben nada y como lo único
que tenemos es una raya debajo de la cual hay 65.000 millones de ahorro,
señor ministro, pues estamos indignados, si me permite la expresión. No
es de recibo utilizar la política de uso racional del medicamento y la
política de que hay demasiados medicamentos y no se consumen
adecuadamente para justificar un recorte final en el último momento de
65.000 millones; que cuando ya esta presentado en el Senado, firmado y
decidido
--porque ya lo está-- sigan ustedes diciendo que se está dialogando
a ver si la lista es más o menos amplia, que si la bajada de precio,
etcétera. De manera que la única decisión que ustedes han tomado es
reducir la factura farmacéutica en 65.000 millones de pesetas, y
como esa decisión se ha tomado por criterios estrictamente
presupuestarios, tenemos la mayor de las preocupaciones. Además, nos
parece una falta de respeto a los pacientes, que están preocupados, como
usted sabe, y no porque el Partido Socialista haya hecho nada de lo que
hizo el Partido Popular en otra ocasión, sino que están preocupados
porque leen los periódicos; es una falta de respeto a los grupos
políticos que estamos debatiendo los presupuestos; es una falta de
respeto a la industria farmacéutica, que se sorprende todos los días,
según dice, en los periódicos. Es inaceptable, señor ministro, que se nos
diga que están dispuestos a considerar poner en los envases: «de baja
utilidad terapéutica». ¿Pero esto qué es, señor ministro? O sea, que van
a poner ustedes en los envases de los medicamentos que no sirven o que
sirven poco. Mire usted, eso va a producir en los pacientes una situación
absolutamente injusta que nada tiene que ver con el uso racional del
medicamento y que va a afectar una vez más a los más desvalidos, que en
el caso de los pacientes somos casi todos, señor ministro, porque cuando
un médico nos receta no sabemos qué utilidad terapéutica tiene lo que
allí ha puesto. Por tanto, señor ministro, nos parece absolutamente
intolerable la forma en que se ha adoptado esta medida en relación con la
reducción del gasto farmacéutico.
Señor ministro, este es un ejemplo escandaloso de cómo no se puede hacer
un presupuesto. Cualquier coincidencia entre la cifra final, que espero
que hoy me aclare definitivamente, y las necesidades de salud de la
población española será pura casualidad. No es de recibo cuadrar las
cuentas sanitarias así, a espaldas del Parlamento, a espaldas de todos
los sectores interesados, y además pretendiendo quedar bien todo el
tiempo con todo el mundo, señor ministro, que es una cosa que este
Gobierno intenta, pero cada vez con menos éxito.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Amador.
Para la exposición de la interpelación presentada sobre la misma cuestión
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ha estimado indispensable traer al señor ministro al Pleno del
Congreso de los Diputados a explicar el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, a clarificar el alcance final de las partidas
presupuestarias y, sobre todo, a terminar con lo que sin duda ha
conseguido hacer característica básica del tiempo de su estancia en el
Gobierno: la opacidad y la confusión más absoluta. Estaba reunida la
subcomisión parlamentaria cuando ustedes hacen un real decreto y luego un
proyecto de ley que altera fundamentalmente los criterios previos de
gestión del Sistema Nacional de Salud. Está cerrado el acuerdo de la
subcomisión parlamentaria y ustedes remiten al Consejo de Política Fiscal
y Financiera un acuerdo sobre financiación del Sistema Nacional de Salud
que a duras penas es otra cosa que el intento de dar satisfacción, y así
lo ha percibido el conjunto de la población española, a Convergència i
Unió en sus demandas económicas para la financiación de la sanidad
catalana, para obtener a cambio el voto imprescindible para la aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado.
Al margen de los procesos de contabilidad a los que la señora Amador ha
hecho referencia, yo quiero centrar el contenido de mi interpelación en
lo que me parece el problema de fondo, que ya se ha planteado ante el
Pleno del Congreso de los Diputados y que hoy se plantea por segunda vez.
Se propone la modificación de los criterios y de la cuantía con que se
financiará el Sistema Nacional de Salud y se propone fundamentalmente a
instancia de las comunidades autónomas que tienen plenamente transferidas
las competencias sanitarias. Señor ministro, es preciso, es indispensable
que usted responda aquí esta tarde a una pregunta que se negaron a
contestar votando negativamente una moción de Izquierda Unida que contó
con el apoyo de los grupos Socialista y Mixto de esta Cámara: ¿cuál es la
cuantía de la deuda acumulada por los diferentes territorios con
competencias sanitarias plenas? Quisiéramos saber cuál es la cuantía
total y cuál es la distribución territorial. Es una pregunta bien
concreta, señor ministro, y esto es una interpelación, un mecanismo de
control al Gobierno y usted tiene que responder aquí a cuánto calcula el
Ministerio de Sanidad que asciende la deuda acumulada, fundamentalmente
por las comunidades autónomas de gestión transferida, entre 1994 y 1997.
Hay otra pregunta complementaria, indispensable, que usted tiene que
responder esta tarde, si no le aseguro que le va a perseguir, porque es
la pregunta central del debate en torno a la financiación de la sanidad:
¿cuáles son las razones, a juicio del Ministerio de Sanidad, que han
contribuido a que se genere una deuda de alcance desconocido pero de
cuantía importante al tener en cuenta la presión de los grupos
parlamentarios que pueden condicionar la acción del Gobierno mediante su
voto a los Presupuestos Generales del Estado? Porque ese es un tema
central, señor ministro. ¿Cómo se ha generado esa deuda? Y yo le planteo
varias hipótesis que son razonables: ¿qué ha sucedido en las comunidades
autónomas con Insalud transferido en estos tres años? ¿Han ocurrido
desastres? ¿Ha habido epidemias? ¿Ha habido problemas imprevistos que han
originado ese gasto y han generado mayores necesidades de salud? ¿Es que
esas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, han
acometido
la construcción de nuevos hospitales, de nuevos centros de salud? ¿Han
contratado más personal para la atención sanitaria en la sanidad pública?
Usted sabe bien que no, señor ministro. Ustedes y los economistas
vinculados al Partido Popular, que son tan aficionados a publicar
artículos de prensa preocupadísimos por la elevación del gasto sanitario
público, preocupadísimos por una sanidad pública que cada vez se
convierte más en infinanciable, no hablan de cuál es el motivo del
agujero sanitario. Yo se lo voy a decir, y si no es así, contradígame en
esta tribuna, señor ministro: el motivo del agujero generado es
fundamentalmente que se han producido intensísimos procesos de
privatización que han llevado a que empresas intermediarias privadas que
han recibido de forma desmesurada conciertos, contratas, etcétera, han
sido las generadoras de esa deuda. Esa razón la esgrimía ya el Tribunal
de Cuentas en noviembre de 1994; el Tribunal de Cuentas decía entonces
que en el Insalud en gestión directa se estaba incumpliendo la Ley de
Contratos del Estado en un 77 por ciento de los casos y se estaban
comprando prótesis quirúrgicas entre unos hospitales y otros por una
cuantía que oscilaba entre un 30 y un 60 por ciento más, incluso superior
a la forma en la que la sanidad privada accedía a esas mismas compras.
Lo que está ocurriendo, señor ministro, es que cuando se genera deuda
sanitaria que no es producto de la cobertura de las necesidades de la
población sino de procesos de privatización en curso, a ustedes no les
preocupa en absoluto que ese gasto sanitario aumente; muy al contrario,
establecen medidas que en absoluto van a contribuir a paliar las razones
que generan ese aumento del gasto. Sorprendentemente, las medidas de
introducción del régimen jurídico del Derecho privado, es decir, de la
desaparición de los controles públicos en la compra de suministros en
conciertos, en contrataciones, la extienden al conjunto del Sistema
Nacional de Salud. Sucede un caso bien concreto y bien identificado,
señor ministro, como ha demostrado el Tribunal de Defensa de la
Competencia, en la comunidad autónoma que usted ha gobernado cuando era
consejero de Sanidad; sucede que la sociedad anónima Medtec, prestadora
de servicios de alta tecnología sanitaria en la zona sur de Pontevedra,
está facturando al Servicio Gallego de Salud exactamente el doble que lo
que están facturando las clínicas privadas que prestan los mismos
servicios y sin que nadie diga nada al respecto. Se trata, señor
ministro, de un proceso intenso --que ahora se plantea hacer extensible
al conjunto del Estado-- de privatización de los beneficios, pasando
después los costes al conjunto del sistema sanitario. Y esto no es nuevo,
señoría. Usted o los representantes del Partido Popular han podido
escuchar cómo en procesos semejantes de introducción de criterios de
mercado en el Sistema Nacional de Salud en Gran Bretaña se ha
incrementado el gasto público, en tres años, en un 1 por ciento del
producto interior bruto, en un proceso en el que no se ha aumentado
infraestructura sanitaria, no se ha aumentado la calidad de la atención,
pero sí han aumentado los gastos administrativos y las cuentas de
resultados de las empresas que facturan a los servicios sanitarios
públicos.
¿Hace falta más gasto sanitario? Evidentemente que sí, usted sabe que mi
grupo parlamentario comparte ese criterio, pero ¿de dónde tiene que salir
ese incremento del gasto sanitario? De los ingresos de los Presupuestos
Generales del Estado. Yo quiero señalar ante esta Cámara, por si le ha
pasado desapercibido a algún diputado o diputada, que una cantidad
semejante a la que el Partido Popular busca en la reducción de
prestaciones farmacéuticas o en la reducción de prestaciones por
enfermedad es exactamente el ahorro que la memoria de beneficios fiscales
para 1998 establece en función de la reducción de ingresos por impuesto
de plusvalía y por los gravámenes sobre planes de pensiones privados. Es
decir, lo que ustedes pretenden trasladar al conjunto de la población,
fundamentalmente a la población enferma, a la que utiliza los servicios
sanitarios, es lo que ustedes ahorran de la tributación por plusvalía y
de la tributación por planes de pensiones privados. Es una muestra más,
entre las miles que se podían decir, de cómo se detraen recursos de la
población con más necesidades para transferirlos a la población con
mayores ingresos.
Propugnan un reparto absolutamente desigual, injusto, de esos ingresos
extra que parecen haber conseguido. La señora Amador se ha extendido en
esos aspectos, pero quiero señalar aquí un elemento que me parece
injustificable que no se haya tenido en cuenta y que afecta a su
comunidad autónoma. Señor ministro, cuando se habla de las razones por
las cuales se aumenta el gasto sanitario, se alude al envejecimiento de
la población. ¿Cómo es posible que el criterio envejecimiento de la
población o el criterio dispersión geográfica, que introduce dificultades
adicionales en el acceso a los servicios sanitarios, no se hayan tenido
en cuenta a la hora de distribuir la financiación por comunidades
autónomas? Quiero detenerme en otro aspecto, ¿de dónde van a sacar
ustedes los recursos adicionales? En el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera ustedes plantean que se van a ahorrar exactamente
42.000 millones de pesetas en la lucha contra el fraude en la prestación
de la incapacidad transitoria. Le pregunto formalmente, señor ministro,
está usted aquí, no está el ministro de Trabajo, pero a usted le
corresponde responder en nombre del Gobierno. ¿Qué estudios ha realizado
el Gobierno? ¿Qué resultados tiene el Gobierno acerca de investigaciones
en el fraude por enfermedad? ¿Dónde está el fraude por enfermedad? y, por
tanto, ¿de dónde pretenden ustedes detraer esos 42.000 millones, sin
lesionar derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras de
este país, a la prestación de la Seguridad Social por enfermedad?
Se han dicho cosas por parte de altos cargos del Gobierno que son un
verdadero insulto en la cara de los trabajadores. Se ha dicho que
llamando por teléfono, los trabajadores que están de baja por enfermedad
acuden al puesto de trabajo. Eso es un insulto, señor ministro; es un
insulto a los hombres y mujeres que temen que una llamada anónima, porque
no se conoce su procedencia, pueda intervenir directamente sobre las
posibilidades de ver renovado su contrato de trabajo. No existe fraude en
la prestación por enfermedad, existe, por el contrario, una autocensura
terrible por parte de los trabajadores pues temen que sus dificultades de
salud, sus procesos de enfermedad puedan interferir en el acceso o la
renovación de su contrato de trabajo.
En cualquier caso, le pregunto señor ministro, ¿dónde está el fraude? ¿Es
que acaso piensa el Gobierno del PP que los trabajadores introducen algún
tipo de prima al médico de la sanidad pública para que mantenga la
prestación por enfermedad? ¿Dónde está el fraude, señor ministro? ¿Cómo
es posible --lo va a ser a través de la votación de la ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado-- que un
trabajador esté de baja por enfermedad porque su médico de la sanidad
pública así lo indica y, sin embargo, a juicio de un inspector del
Instituto Nacional de la Salud o más aún de una mutua patronal entienda
que se le suspende la prestación por enfermedad?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya concluyendo.
Gracias.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor presidente.
Hay otro aspecto sobre el que es necesario que usted responda aquí esta
tarde. Los 65.000 millones que piensan ustedes obtener de ahorro en
medicamentos; ¿de dónde van a salir, señor ministro? Ha respondido usted,
de manera quizá apresurada me atrevo a decir --ahora tendrá más tiempo
para matizar--, diciendo que se van a eliminar medicamentos de baja
eficacia terapéutica. ¿Quién ha determinado qué medicamentos tienen baja
eficacia terapéutica? Los responsables de las agencias de evaluación de
tecnología sanitaria, señor ministro, denuncian que ninguno de ellos ha
sido consultado para determinar la lista de medicamentos. ¿Qué lista de
medicamentos es, señor ministro, y quién la ha elaborado? ¿Cuál es la
responsabilidad, señor ministro? Si son medicamentos que han quedado
obsoletos, si son medicamentos inadecuados respecto a las indicaciones
para las que ha sido autorizado su registro, ¿quién garantiza la eficacia
y la seguridad de los medicamentos en el registro? No es de recibo, señor
ministro, que se retire la financiación pública a medicamentos aludiendo
a su baja eficacia terapéutica y ustedes los mantengan en el registro,
máxime cuando sabe usted muy bien que eso no impide que se prescriba un
medicamento, lo que impide es que el paciente al que se le prescriba
pueda obtener la financiación correspondiente por parte de la sanidad
pública.
Además, usted sabe, señor ministro, que el hecho de eliminar la
financiación pública para un medicamento supone inmediatamente su entrada
plena en la publicidad del mismo en los medios de comunicación. Las
medidas que pretenden adoptar, señor ministro, nada tienen que ver y, por
otra parte, la puesta en escena que ustedes han hecho se ha encargado de
dejarlo perfectamente claro. Ustedes no persiguen nada que tenga que ver
con el uso racional de los medicamentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, le ruego
concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino enseguida, señor presidente.
Otras muchas medidas, que serán objeto de propuesta en esta Cámara,
habría que tomar en relación con el medicamento. Ustedes están
persiguiendo, ni más ni menos, señor ministro, que reducir prestaciones
por enfermedad, reducir prestaciones farmacéuticas sin la menor cobertura
científica, sin la menor cobertura de los profesionales que puedan avalar
los criterios científicos por los cuales se eliminan los medicamentos, en
una transferencia de rentas inaceptable, con un incremento de las
desigualdades territoriales en la distribución de los recursos sanitarios
y que va destinada fundamentalmente, sin que a nadie le preocupe lo más
mínimo, a tapar agujeros ocasionados por procesos de privatización en las
comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Para contestar a las interpelaciones, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Contesto con mucho gusto a la interpelación de
SS. SS. Señora Amador, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En su
intervención se ha olvidado de esa partida de 40.000 millones que va a
recibir la sanidad para financiación, como consecuencia de ahorros que
efectivamente se van a conseguir en la incapacidad temporal. Va a ser una
partida destinada a la financiación de la sanidad, de acuerdo con el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, y naturalmente se va a proceder
al ingreso de esos recursos en el Sistema Nacional de Salud, a lo largo
de 1998, para completar la financiación del sistema, cuyas cifras están
clarísimas para el que las quiere ver; para el que no las quiere ver
seguramente son confusas todas.
En el presupuesto presentado en la Cámara está el crecimiento del gasto
sanitario, de acuerdo con el modelo anterior, y 25.000 millones más, pero
no hay cantidad alguna para desplazados, con lo cual en realidad ese neto
adicional es de 9.000 millones nada más, porque los desplazados suponían
16.000 millones anuales, por tres años en el modelo anterior, como bien
sabe usted. Eso figura en el presupuesto de 1998. Tenemos el crecimiento
con arreglo al PIB y hay 9.000 millones más.
Los fondos adicionales, de los que estamos hablando, incluyen esos 40.000
millones que van a ingresar en el Sistema Nacional de Salud, como
consecuencia de los ahorros en incapacidad temporal --y volveré sobre
ello-- y 10.000 millones más con un fondo que entra en el fondo general y
se llama de garantía de cobertura, que da una mayor aportación del fondo
general de 50.000 millones a los que habría que añadir los 9.000 millones
más líquidos y netos, que aparecen en el presupuesto que se está
tramitando en la Cámara.
Hay después otro punto de modulación financiera, que tiene por objeto que
ninguna comunidad de las que pierden población en términos relativos vea
sus presupuestos reducidos en un porcentaje superior al 0,25 por ciento y
que, por su misma naturaleza, incorpora el criterio de envejecimiento de
la población, porque las comunidades y los territorios que ven reducido
su porcentaje de población es porque tienen población envejecida, y, por
tanto, de alguna manera se recoge en ese fondo el criterio de
envejecimiento. Está el fondo de asistencia hospitalaria, que trata de
compensar los mayores gastos que algunas comunidades autónomas tienen
como consecuencia de sus actividades docentes y del movimiento de los
desplazados, criterio ciertamente ya asumido en el modelo de financiación
anterior con cantidades menores pero que corresponde a una realidad
innegable en un país como el nuestro, donde masas importantes de la
población se desplazan en unas épocas del año a determinadas costas con
demanda de servicios sanitarios en esos lugares y la consiguiente
reducción de la demanda de los servicios sanitarios en sus lugares de
origen, y es razonable que esto se tenga en cuenta en el momento de la
financiación. También hay comunidades autónomas, localidades, ciudades
que por la calidad de los servicios que ofrecen ejercen atracción sobre
las demás y eso les ocasiona unos gastos sanitarios que resulta razonable
se les compense.
Esto da una mayor aportación, de acuerdo con estos fondos finalistas, de
68.000 millones. Habíamos dejado la mayor aportación del fondo general en
50.000 que con los 9.000 que ya estaban serían 59.000, y con los 68.000
de esta finalidad estamos en 127.000 millones, 127.000 millones de
aportaciones netas que va a recibir el Sistema Nacional de Salud, más los
65.000 millones de ahorro del gasto farmacéutico que completan esa cifra
cercana a los 200.000 millones de la que yo he hablado. Es la mayor
financiación que va a tener el Sistema Nacional de Salud, la financiación
de una cifra próxima a los 200.000 millones de pesetas, que si se suma a
la financiación que ya está incorporada en los presupuestos y que
corresponde a la aplicación del modelo anterior, nos lleva a los 381.000
millones de los que se puede hablar, o a los 386.000 si sumamos los 5.000
millones que aparecen como mayor financiación de los centros nacionales
que gestiona el Insalud y que no venían financiados en las cantidades
globales del Sistema Nacional de Salud. Esto que estoy diciendo es
rigurosamente cierto y al céntimo, es rigurosamente cierto esto que estoy
diciendo; lo demás es tratar de confundir. Es tratar de confundir, porque
las cosas están clarísimas: 127.000 millones netos más, 65.000 millones
procedentes del ahorro farmacéutico, sobre lo que me extenderé, y eso da
la cifra total de 386.000 millones que supone realmente un hito histórico
en la financiación del Sistema Nacional de Salud, y por encima de esas
disquisiciones numéricas creo que ustedes se debían de alegrar de ello.
Por primera vez el Sistema Nacional de Salud va a tener financiación
suficiente que todos deseábamos sin necesidad de que se produzcan nuevos
endeudamientos o nuevos saneamientos, que desgraciadamente era lo
habitual en nuestro país hasta este momento.
Ya me he referido a los desplazados. Es de justicia incorporar cantidades
para esa finalidad, y en este contexto el territorio del Insalud recibe
el trato equitativo que le corresponde, hasta el extremo de que si
dividimos toda la financiación por la población protegida del Insalud,
cosa que no es razonable porque el Insalud evidentemente no tiene tantas
costas y tantos movimientos de población en determinadas épocas del año
hacia sus costas, por tanto no tiene tantos desplazados como los demás y
es natural que eso se tenga en cuenta, aun olvidándose de eso, de que las
cantidades para desplazados no deberían entrar en estas decisiones,
resulta que el Insalud sale de esta operación con una financiación per
cápita de 103.864, que está muy cerca de la financiación de Andalucía,
que son 104.100, está por encima de Valencia, que son 103.434, y está
ligeramente por encima de Canarias que son 103.000. Todas están
moviéndose en ese entorno de los 103.000, 104.000, 105.000 o 106.000
pesetas por habitante. Esas cantidades salen, además, del 98,6 por
ciento, porque realmente el fondo de modulación financiera se puede decir
también que es un fondo que se distribuye por población protegida, y
teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, estamos hablando de
que el 98,6 por ciento se ha dividido por población protegida.
Es verdad que en la asignación de estos recursos por desplazados hay
diferencias que dejan al Insalud siendo la cuarta comunidad autónoma en
nivel de financiación, por encima de Valencia y de Canarias, que han
aceptado todos estos repartos; todos los que tienen
servicios transferidos han votado en favor de este modelo de
financiación.
Mire usted, señora Amador, de verdad era intolerable e inaceptable lo que
estaban haciendo ustedes con algunas comunidades autónomas, cuyos
servicios sanitarios gestionaba el Insalud. Era intolerable tener a
Castilla y León como la tenían ustedes, con los niveles de inversión con
que la tenían, que era el 80 por ciento de la media nacional. Era
intolerable lo que hacían ustedes con Extremadura y con Castilla-La
Mancha, donde tenemos que duplicar las inversiones para situarlas en el
lugar que les corresponde. Eso de verdad era mucho más intolerable que la
participación del Insalud en el concepto de desplazados, que era del 18
por ciento si no recuerdo mal; cuando ustedes repartían esos recursos era
del 15,83 por ciento, y la participación del Insalud en el fondo de
desplazados, teniendo en cuenta esos 5.000 millones que naturalmente se
refieren a los centros nacionales que atienden a desplazados, pasa a ser
ahora del 19,95 por ciento. Antes, el Insalud recibía el 15,83 por ciento
de los desplazados y ahora va a recibir el 19,95. Antes, Cataluña recibía
el 45 por ciento y ahora va a recibir el 44,1. Ya sé que son fondos mas
importantes, pero estos son los criterios de distribución. Andalucía, que
recibía el 19 por ciento del fondo para desplazados, va a recibir el
23,3. Era intolerable lo que hacían ustedes con algunas comunidades
autónomas en las que, como digo, vamos a tener que hacer esfuerzos
importantísimos en los próximos años para situar sus infraestructuras y
sus equipamientos sanitarios en el lugar que les corresponde.
A inversiones en Castilla-La Mancha le dedicaron ustedes en el período
1992-1996, 11.158 millones; vamos a dedicarle 26.525 millones en el
período 1997-2001. Eso es hacer justicia entre las comunidades y el
equilibrio territorial.
En Extremadura, por darle alguna otra referencia que le pueda interesar,
se gastaron ustedes 5.660 millones para inversiones en el período
1992-1996, y, de acuerdo con el plan de financiación del nuevo modelo y
las previsiones de inversión que tenemos, nos vamos a gastar 10.431
millones en el período 1997-2001, duplicando la cifra del anterior
período.
Era intolerable la situación de las listas de espera en Extremadura y en
Castilla-La Mancha. Era intolerable e inaceptable que más de 5.000
personas estuvieran esperando más de un año para ser intervenidas. Eso sí
que era intolerable. Nosotros estamos haciendo una distribución
equitativa de los recursos dotando al Sistema Nacional de Salud, por
primera vez en mucho tiempo, de financiación suficiente, apostando por
nuestro modelo público de salud, por nuestro Sistema Nacional de Salud,
señora Maestro.
No es un escándalo, señora Amador, que vayamos a ahorrar 65.000 millones
en la prestación farmacéutica, escándalo es la situación en que
encontramos la prestación farmacéutica y la ordenación farmacéutica del
país, eso sí era un escándalo. Es un escándalo que no hubiera genéricos
en nuestro país y estuviera toda esa regulación colapsada. Es un
escándalo que hayamos tenido que ser nosotros los que bajamos los
márgenes de las oficinas de farmacia y de los almacenes. Era un escándalo
que no estuvieran contemplados los precios de referencia; un escándalo
que el crecimiento del gasto farmacéutico estuviera en los niveles del
14, del 12, del 13 por ciento anual, que era lo que ustedes nos dejaron.
Eso sí es un escándalo, cuando tenemos todavía un gasto farmacéutico que
supera en términos medios el porcentaje del gasto farmacéutico que
dedican otros países de nuestro entorno, nos planteemos la necesidad de
seguir avanzando y conseguir que el Sistema Nacional de Salud ahorre en
esa partida, que puede hacerlo, en favor de otras en donde son muy
necesarios los recursos. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
No quiero hablar de la situación en que nos encontramos la red
hospitalaria del Insalud y otras muchas necesidades. Tenemos que ahorrar
en la prestación farmacéutica para hacer esas inversiones en Castilla-La
Mancha y en Extremadura, donde las necesitan mucho y en Castilla y León,
donde tendremos que invertir 36.000 millones en el próximo cuatrienio,
para dotar a esa comunidad de las infraestructuras sanitarias necesarias
para que con dignidad pueda prestar el servicio a su población y
equipararla al conjunto del país, frente a la situación que venía
padeciendo. Eso sí me parece un escándalo y no lo que nosotros estamos
haciendo en estas materias.
Señora Maestro, qué quiere que le diga. Modificamos los sistemas de
gestión del Insalud y los del Sistema Nacional de Salud y para eso
contamos con el apoyo del Partido Socialista. Usted no nos lo quiso dar y
sigue prefiriendo modelos de corte burocrático. Se está quedando usted
sola, se lo tengo que decir; eso ya no se aplica en ninguna parte de
Europa. Nosotros estamos tomando medidas, nos sentimos muy satisfechos de
que en estas medidas nos acompañe la mayoría de la Cámara, y en este
punto el principal partido de la oposición. Estamos tratando de
incorporar nuestro modelo organizativo a lo que son los modelos
organizativos sanitarios europeos. Si usted sigue creyendo que lo bueno
es el modelo burocrático y centralista, tengo que decirle que se está
quedando sola en esa posición.
Este modelo de financiación lo han apoyado Convergència i Unió, la
Generalitat de Catalunya, representada en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera; lo ha apoyado Andalucía, gobernada por otro partido, que ha
votado a favor de ese modelo; lo ha votado el Gobierno de Coalición
Canaria y el Gobierno del PNV. Nos sentimos muy bien acompañados con
todas estas comunidades autónomas y lo que representan en esta operación.
No conozco la deuda de las comunidades autónomas. Me lo puede preguntar
S. S. todas las veces que
quiera, y le diré siempre lo mismo. No lo sé, ni tengo por qué saberlo.
No sé cuál es la deuda del Servicio Andaluz de Salud. A lo mejor se lo
pueden decir otras personas, tal vez se lo pueda conseguir algún
colaborador suyo en otros parlamentos, pero yo no conozco las deudas de
los servicios de salud de otras comunidades autónomas. Me lo puede
preguntar todas las veces que quiera. Tampoco sé por qué se han
endeudado, pero usted sí; usted tiene un prejuicio que le explica todo,
señora Maestro. Con el prejuicio de la privatización resuelve todos los
problemas. Ya me dirá que privatizaciones han hecho en Andalucía, si es
verdad que tenían deudas, como dice, porque no parece que sea un Gobierno
muy proclive a las privatizaciones. Es proclive a la modernización
organizativa del Sistema Nacional de Salud, y hace muy bien, pero
Andalucía no es un modelo de privatizaciones. Busque otra explicación
para esos presuntos endeudamientos que conoce de las comunidades
autónomas, pero eso de la privatización póngalo en cuestión, porque por
ahí no encuentra mucha luz.
Cuando hable de Medtec le rogaría dijera que es una sociedad anónima,
pero pública. No vaya a inducir a confusión. Es una empresa cien por cien
pública, a través de la cual el Servicio Gallego de Salud gestiona
determinados servicios sanitarios, muy bien por cierto y con gran
satisfacción de la población, en competencia, supongo que deseable para
usted, con algunas clínicas privadas que ocupaban el espacio que está
ocupando ahora Medtec, y lo está haciendo muy bien. No me diga que lo que
cobra Medtec es más que lo que cobraban esas clínicas privadas, porque no
se puede comparar lo que hace Medtec con lo que hacían las clínicas
privadas.
Señora Maestro, usted debía tener sensibilidad para distinguir estas
cosas, y no presentarse aquí en contra de Medtec, que es una empresa
pública, y parece que a favor de las clínicas privadas, víctimas --entre
comillas--, de la competencia desleal de Medtec. Señora Maestro, estas
fórmulas de gestión de las modernas administraciones sanitarias consiguen
una mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Yo no tengo
datos seguros del Reino Unido, en donde por cierto las innovaciones del
modelo organizativo de la sanidad se van a respetar a pesar del cambio
político, lo cual hace pensar que la experiencia no está resultando tan
mala, pero de Suecia sí tengo datos de que las innovaciones introducidas
en su modelo de gestión, en la línea de lo que nosotros estamos
intentando hacer en nuestro país, han determinado incrementos de
actividad del 20 por ciento con el mismo soporte financiero.
Me pregunta de dónde salen los recursos para la sanidad. Pues está claro,
está muy claro: 127.000 millones del Tesoro y 65.000 del ahorro
farmacéutico. ¿Que el Tesoro lo consigue porque se ahorra en incapacidad
temporal? Bueno, pero ese ahorro no va al Tesoro, viene a la sanidad. Por
tanto, 127.000 del Tesoro. ¿Qué tiene que ver eso con las plusvalías? Los
ingresos del Estado también van bien y gracias a ello se pueden dedicar
127.000 millones para esto. No se han subido los impuestos, no se han
subido las aportaciones de los ciudadanos, no ocurre nada de eso, el
Estado pone 127.000 millones más y nos dice a los sanitarios: ustedes
tienen que conseguir también ahorros de 65.000 millones priorizando sus
necesidades, y por eso vamos al gasto farmacéutico. Así de claro, por eso
vamos a ahorrar ahí. Por tanto, ¿de dónde sale eso? Pues del sistema
fiscal. El sistema fiscal da para atender estas necesidades del gasto
social, con una atención desconocida del gasto social, al mismo tiempo
está contribuyendo a la mejora de la situación económica, y supongo que
usted verá con la misma satisfacción que yo la creación de empleo que se
está consiguiendo gracias a la política económica del Gobierno y al
conjunto de las medidas, entre las que también cuentan las medidas
fiscales. Creo que todo eso es algo que contribuye más que nada, porque
la creación de empleo es lo mejor que se puede hacer contra la exclusión
social; el mejor gasto social que se puede hacer es el que ayuda a crear
empleo y riqueza para que podamos seguir sosteniendo los servicios
sanitarios y los servicios oficiales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Concluyo, señor
presidente.
De verdad creo que estamos ante una ocasión que todos deberíamos
celebrar, en la que el Gobierno está haciendo un esfuerzo importantísimo
para la dotación financiera suficiente del Sistema Nacional de Salud.
Esos 65.000 millones que vamos a ahorrar de gasto farmacéutico no se los
va a quedar el Tesoro, van a quedar en el Sistema Nacional de Salud, son
para poderlos gastar en otras cosas. Saldrán fundamentalmente, como he
tenido ocasión de explicar, de la exclusión de determinados medicamentos
del Sistema Nacional de Salud, siguiendo una práctica que ya tiene
precedentes, aunque es cierto que en esta ocasión la medida está arropada
por otras muchas y puede desplegar más eficacia que en ocasiones
anteriores, y para lo demás conseguiremos alcanzar los 65.000 millones
con reducciones de precios de algunos medicamentos y con los acuerdos que
podamos alcanzar con la industria farmacéutica, sobre la base de que
serán 65.000 millones anuales lo que sacaremos de ahí y naturalmente
procurando que sea lo mejor para la calidad de la asistencia que damos,
lo mejor para la propia industria farmacéutica y lo mejor para los
usuarios.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, señor ministro, quiero
decirle, en primer lugar, que celebro haberle oído por fin a usted en
este Pleno defender y hablar de la financiación sanitaria, porque hasta
ahora lo habían hecho otros, y yo creo que es bueno que sea usted el que
hable de la financiación. Después, si me lo permite, también quiero
decirle que celebro haberle oído decir algunas cosas claras, porque hasta
ahora la verdad es que no era fácil saber lo que S. S. pensaba, y hoy ha
hecho usted unas cuantas afirmaciones a las que yo quiero contestarle.
Respecto a los números, señor ministro, tiempo vamos a tener y le aseguro
que nos vamos a empeñar en aclarar esto, porque no es recibo, y, desde
luego, yo no voy a admitirlo, que diga que estamos sembrando confusión.
Por tanto, le digo hoy aquí con toda claridad que no vamos a cejar hasta
aclarar definitivamente cuál es el dinero que hay en la sanidad, que no
puede ser una cosa tan arcana ni tan difícil.
Usted se pone a hacer cuentas y yo no sé si se da cuenta, pero
contabiliza las mismas cosas dos veces. Entonces, claro, suben los miles
de millones. Fíjese si suben que ha vuelto usted a dar ahora mismo aquí
la cifra de 386.000 millones, cuando el señor Aznar nos ha dicho hace
tres horas que eran 316.000. (El señor ministro de Sanidad y Consumo,
Romay Beccaría, hace gestos de denegación.) No puede ser tan complicado,
señor ministro, porque el objeto de esta interpelación es aclarar los
números. Usted no puede decir que no contabilizamos 65.000 millones de
ahorro farmacéutico, porque, cuando uno lee los periódicos todos los días
está viendo que la industria farmacéutica le amenaza con romper el
acuerdo que tienen. ¿Cómo puede usted afirmar que va a ahorrar 65.000
millones al año, señor ministro, y decir que esa es una cantidad que
tenemos que dar como financiación adicional? ¿Pero en qué cabeza cabe?
Mire, si se ahorran 65.000 millones en farmacia, será una reasignación
interna, y lo que se gastaba hasta hoy en farmacia mañana se podrá gastar
en otra cosa, nunca será financiación adicional, no es dinero adicional,
señor ministro; es una reasignación interna.
Con la incapacidad temporal pasa lo mismo, considerando la función
bienestar social. Quitan ustedes 40.000 millones del INSS, incapacidad
temporal, y los pasan al Insalud. Si es que se pasan --que todavía no
están, y la prueba es que en la enmienda del Senado no están, señor
ministro--, habrá una reasignación interna en la función bienestar
social, pero no me diga que hay financiación adicional y no me diga que
aquí (informe económico-financiero del Gobierno, página 209) está el PIB
nominal menos 9.000; no, menos todo lo que está en la columna y que no
voy a aburrir a SS. SS. citándolo --página 209 del informe
económico-financiero--; se deduce todo esto --uno, dos, tres, cuatro,
cinco conceptos-- y se suman los 25.000 y los 14.000. No salen las
cuentas, señor ministro. Lo que esta Cámara ha aprobado son 3 billones
734.000 millones y lo que el Senado aporta son 83.000 millones, y ese es
el dinero disponible para la sanidad y eso no da las cifras que ustedes
citan.
Déjeme decirle alguna cosa en relación con los desplazados y los
comentarios que se ha permitido hacer S. S. y que tienen especial
relevancia para esta diputada, porque usted conocía bien este tema y el
modelo anterior. Conocía la distribución y conocía la opinión de los
consejeros de Sanidad cuando se aprobó dicho modelo anterior y, por eso,
sus afirmaciones de hoy aquí tienen para nosotros especial relevancia. No
me puede decir que los fondos de desplazados se han distribuido con
arreglo al criterio de población, porque, como han envejecido, donde han
desaparecido han envejecido. No, mire, por población protegida, las
cifras que resultan hacen que, por ejemplo, una comunidad autónoma que
tiene el 4,07 de población protegida reciba de estos fondos el 1,6 por
ciento; otra que tiene el 15,7 reciba el 45 por ciento; otra que tiene el
10 reciba el 4,8, y así sucesivamente, señor ministro, porque ninguna
coincide con la población, de manera que, simple y llanamente, usted no
puede permitirse en este Parlamento hacer esa afirmación.
Y el Insalud no tiene costas, señor ministro. Este sí que es un argumento
nuevo. No, es verdad, en eso tiene usted razón: ni Extremadura, ni
Castilla-La Mancha, ni Castilla y León tienen costa, pero tienen una
insuficiencia histórica de infraestructuras sanitarias, tienen una
insuficiencia en oferta de recursos sanitarios y, por tanto, desplazan
pacientes a Madrid, señor ministro. Y como mi grupo parlamentario no está
azuzando conflictos territoriales, sino que está tratando de defender un
modelo equilibrado, yo no estoy atacando a ninguna comunidad autónoma en
beneficio o en perjuicio de otra, porque si usted en el Insalud hace el
mismo reparto que ha hecho con el Insalud transferido, tampoco estaremos
de acuerdo, señor ministro, pero que niegue usted que Madrid tiene
seguramente el mayor número de pacientes desplazados o, si no, muy
parecido al de otras es negar la evidencia, porque los desplazados no los
motivan las costas, señor ministro; esos son los que hacen turismo, que
son los que se van más a gusto. No, los desplazados son los que tienen
que venir a hacerse una prueba diagnóstica a Madrid desde Castilla-La
Mancha o desde otros sitios porque no tienen esos recursos en su
territorio. Que me saque usted el argumento de la costa, señor ministro,
como mínimo, me parece frívolo y en usted no me lo esperaba, la verdad.
Señor ministro, hay que trabajar con el objetivo de que los desplazados
sean estrictamente los indispensables, los que la eficiencia sanitaria
aconseja, no la desigualdad, y por eso este modelo no es justo y por eso
nos oponemos a él, aunque reproduzca usted dentro del Insalud el reparto
con Madrid y las demás comunidades autónomas, porque hay que compensar la
desigualdad,
no primarla, y usted lo que está haciendo es poner más donde más hay.
Finalmente, señor ministro, es una pena que con esos anuncios que acaba
usted de hacer para Castilla-La Mancha, para Extremadura y para Castilla
y León, tan extraordinarios que remedan injusticias históricas según
acaba usted de decir, no estén contentos. Explíqueselo bien porque, que
yo sepa, no están nada contentos. Su consejero de Sanidad del Gobierno
popular en Castilla y León salió en primera plana de los periódicos
diciendo que era intolerable la medida; es verdad, señor ministro, que a
los cuatro días rectificó y dijo que no se le había entendido bien. Pero
Extremadura no está muy contenta con este reparto, ni Castilla-La Mancha.
Es verdad que han tenido pocas inversiones en los últimos años, señor
ministro, usted lo sabe bien...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador, le
ruego concluya.
La señora AMADOR MILLAN: Concluyo, señor presidente.
¿Sabe por qué? Porque se hizo un esfuerzo enorme por cumplir el
presupuesto en el territorio Insalud y se ralentizaron mucho las
inversiones, y la compensación a ese esfuerzo y a un territorio que no ha
hecho déficit es el reparto tan injusto que usted le hace ahora.
Por último, señor ministro, respeto, como no podía ser de otra manera,
que lo que usted se ha encontrado en el Ministerio de Sanidad le parezca
un escándalo, que es la primera vez que se lo oigo. Lo que no acierto a
entender es cómo después de año y medio de Gobierno lo único que hacen
ustedes es copiar las medidas que se han encontrado, porque, mire, ni el
decreto de financiación selectiva se les ha ocurrido a ustedes --lo que
se les ocurrió a ustedes fue el nombre de medicamentazo--, pero usted hoy
puede plantear la reducción de la lista porque el decreto lo aprobó el
Gobierno socialista anterior; ni la bajada de precios se le ha ocurrido a
usted ahora, señor ministro, porque resulta que estaba acordada y se hizo
en el año 1993; ni ninguna de las medidas que está usted repasando se les
ha ocurrido a ustedes. Le digo que me cuente una sola novedad que haya
introducido usted en la política sanitaria. Por otra parte, le veo todo
el día inaugurando, y lo celebro, los hospitales y los centros de salud
que se han construido con el Gobierno anterior, de manera que si le
parece a usted tan mal el sistema sanitario, se está usted luciendo mucho
a costa de lo que se hizo antes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, evidentemente usted se está acostumbrando a
subir a esta tribuna estafando absolutamente el trámite parlamentario que
en estos momentos es de respuesta a una interpelación que se hace desde
la oposición y a la cual está usted obligado a responder, señor ministro;
está usted obligado a responder porque es la primera autoridad sanitaria
de este país, y no sé si mañana van a reproducir algo de este debate los
medios de comunicación, pero si los ciudadanos de este país se enteran de
que el señor ministro de Sanidad piensa reducir la lista de medicamentos
financiados por la sanidad pública y reducir las prestaciones por
enfermedad en base a un incremento en la financiación sanitaria que se
produce por una deuda que desconoce, supongo, señor ministro, que la
irritación de dichos ciudadanos va a pasar de castaño oscuro y le aseguro
que es ya bastante alta.
¿Cómo es posible, señor ministro, que usted suba aquí y diga que
desconoce el alcance de la deuda sanitaria por territorios? ¿A usted le
parece de recibo que su Ministerio desconozca qué es lo que se ha gastado
de más sobre el acuerdo anterior, teniendo en cuenta que se ha negociado
otro acuerdo diferente que evidentemente tiene que ir encaminado a
solucionar los déficit o los problemas que se hayan acordado
anteriormente? ¿Es de recibo que usted reduzca prestaciones sanitarias
para obtener recursos adicionales, como usted dice, para saldar una deuda
que desconoce, para equilibrar una financiación que se ha producido en
exceso sobre lo acordado con el Gobierno anterior y que usted tiene la
desfachatez de decir que ni la sabe y, prácticamente, que ni le importa?
No le importa en función de qué se está generando esa deuda en las
comunidades autónomas. Desde luego, señor ministro, supongo que en el
sueldo que le corresponda como primera autoridad sanitaria de este país
está saber qué es lo que está pasando con las comunidades autónomas con
Insalud transferido. Otra cosa muy diferente es que a usted no le
interese decir aquí que ese aumento del gasto sanitario no tiene nada que
ver con las necesidades de salud de la población. Por eso no se trata y
es un debate perverso, es un debate mistificado el de poner a Cataluña
frente a Extremadura o frente a Castilla y León. Los ciudadanos de
Cataluña no van a tener mejor sanidad con esta financiación acordada. Van
a ser las empresas intermediarias privadas las que van a recibir el
exceso de financiación acordado.
Usted también puede acusar a este grupo parlamentario de defender modelos
burocráticos, pero, señor ministro, eso no es ideología, eso son cifras,
son cifras. Los sistemas sanitarios públicos con gestión directa tienen
aproximadamente un 3 por ciento de su presupuesto en gastos de
administración. Los sistemas de mercado, como los que ustedes están
introduciendo aquí, como los que introdujo Margaret Thatcher, como el de
Suecia, están triplicando los gastos administrativos. Llámelo usted como
quiera, pero el modelo de
gestión directa tiene la tercera parte de los gastos administrativos que
los modelos de mercado.
¡Claro que aumenta la actividad con el modelo, señor ministro! No sé si
usted se ha ocupado alguna vez de leer a los expertos en salud pública.
¡Claro que incrementa la actividad! Eso no se lo voy a negar, pero ¿qué
actividad aumenta, ha seguido usted leyendo que actividad aumenta?
Aumentan las cesáreas, aumentan las extirpaciones de amígdalas, aumentan
las apendicectomías, aumentan la colecistectomías; es decir, aumentan
todas las intervenciones económicamente rentables y de dudosa indicación
clínica. Todo eso aumenta porque produce beneficios económicos a las
empresas, es decir, se consigue exactamente lo que ustedes pretenden,
someter el sistema sanitario, someter los recursos públicos y los
presupuestos públicos a criterios de mercado y de beneficio económico.
Señor ministro, yo le he hecho más preguntas que usted tiene que
responder aquí. Ustedes están haciendo una campaña en los medios de
comunicación, que, insisto, es un insulto a los trabajadores enfermos.
¿Dónde están los estudios que permiten hablar con rigor de fraude en la
prestación por enfermedad? ¿Dónde están? Exhíbanlos, porque si no lo que
están haciendo es pura propaganda de la peor calidad para justificar
recortes en la prestación por enfermedad.
Otra pregunta, señor ministro. ¿A cuánto alcanza el acuerdo económico
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas
patronales para su intervención en exámenes clínicos y pruebas de
laboratorio en relación con la prestación de la incapacidad temporal? Es
una pregunta que le hago, señor ministro, porque según los datos que
obran en mi poder, a pesar de que ustedes calculan que se van a ahorrar
42.000 millones de pesetas en la prestación por enfermedad, no en la
lucha contra el fraude sino en disminución de la prestación por
enfermedad --y si no dígame dónde está el fraude--, a pesar de eso,
prácticamente se están doblando los acuerdos con las mutuas patronales
por exámenes clínicos y pruebas de laboratorio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego que concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino en seguida, señor presidente.
Lo que está sucediendo aquí, señor ministro, es que sólo importa el
fraude cuando es motivo de propaganda para encubrir recortes de
prestaciones. Aquí sólo importa el aumento del gasto sanitario público
cuando va a cubrir necesidades de la sanidad pública. Y usted, señor
ministro, dígame --y con esto termino-- cuál es la lista, por lo menos
qué grandes grupos de medicamentos pretenden excluir. ¿Es cierto o no que
están estableciendo un acuerdo con Farmaindustria? ¿En qué consiste ese
acuerdo? Recuerda usted, señor ministro, que, evidentemente, el efecto
del real decreto de financiación selectiva de medicamentos fue,
exactamente al año siguiente, un incremento del gasto farmacéutico
público de 51.000 millones de pesetas, exactamente igual que lo que
decían su grupo parlamentario y el mío, no por nada sino porque es lo que
ocurre en todos aquellos países en los que se excluyen de la financiación
pública aquellos medicamentos cuya eliminación no plantea problemas a la
industria farmacéutica, es decir, medicamentos baratos y medicamentos que
dejan pocos beneficios comerciales, porque hay dos posibilidades, señor
ministro, o usted interviene excluyendo medicamentos importantes,
medicamentos muy usados, medicamentos que se utilizan para la solución de
problemas de salud, o el ahorro que ustedes pretenden no se va a
conseguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Esas son preguntas que hace falta responder,
señor ministro, son preguntas que van incluidas en su responsabilidad de
primera autoridad sanitaria y son preguntas cuyas respuestas está
esperando una población que, ante el caos informativo que está generando
su Ministerio, lo que sí está claro es que está agolpándose en las
consultas intentando hacer acopio de aquellos medicamentos que no se sabe
si pueden ser excluidos de la financiación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señora Amador, estoy seguro de que usted no quiere confundir, pero, de
hecho, confunde. Aquí se ha hablado hoy de 316.000 millones, de 381.000
millones y de 386.000 millones, pero todo muy clarito: 316.000 millones
sin los 65.000 del ahorro farmacéutico; si suma usted los 65.000, son
381.000, y si suma usted los 5.000 más que hay para el Insalud, que no
están en el sistema global de financiación, salen los 386.000. Está
clarísimo, pero si no lo quieren entender...
Me dice S. S. que no es una financiación adicional el ahorro
farmacéutico. ¡Pues ya lo creo que es adicional! Mire usted, con los
22.000 millones que nos vamos a ahorrar este año de prestación
farmacéutica en relación con lo que hubieran sido las previsiones del año
anterior vamos a poder hacer muchas cosas, y con eso vamos a lograr un
crecimiento espectacular en el anexo de inversiones del Insalud que se
está tramitando en las Cámaras, que no tiene su origen en un aumento de
financiación --realmente el aumento de financiación que aparecía en los
presupuestos cuando llegaron aquí era de 9.000 millones--; se trata de un
aumento de las inversiones de más del 20 por ciento en el Insalud, que
salen básicamente del ahorro en el gasto
farmacéutico, y gracias a eso podemos construir hospitales nuevos y
mejorar los que hay, que buena falta les hace. Naturalmente, esa es una
sobrefinanciación que vamos a conseguir para otras necesidades, a costa
de introducir ahorros estructurales en la prestación farmacéutica y de
eso va a poder disponer, gracias a una medida de buena gestión, el
Sistema Nacional de Salud, que va a encontrar recursos para hacer muchas
cosas, porque la prestación farmacéutica, que lastra tanto el
funcionamiento de estos servicios, se va a ver reducida, no en merma de
la calidad o de la atención a los ciudadanos, señora Maestro --que sabe
usted que no van por ahí las cosas-- sino gracias a medidas acertadas en
relación con esta cuestión.
Se introducen también dudas cuando se confunde el módulo que tiene por
objeto compensar a las comunidades que pierden población con el módulo de
desplazados. Eso no tiene nada que ver con los desplazados. Hay un fondo
de 20.000 millones para compensar a las comunidades que pierden
porcentaje de población y que ninguna pierda más del 0,25, por razones
que son muy fáciles de entender. No es posible ajustar con esa facilidad
el tamaño de los servicios a la reducción de la población a la que se
atiende. Por tanto, hay que tener en cuenta esto si lo que se quiere es
financiar suficientemente los servicios, y hay ahí un fondo de 20.000
millones que se dedica a esas compensaciones y que viene a coincidir con
lo que es el envejecimiento de la población, porque justamente esas
comunidades que reciben esos fondos son las que tienen más población
envejecida y ven por ahí atendida esa mayor demanda de servicios que
supone el envejecimiento de la población.
Señora Amador, el territorio del Insalud tiene muchas costas, pero a
donde van las grandes masas de población en demanda de servicios
sanitarios sobre todo de primaria, en determinadas épocas del año no es
al territorio del Insalud. Los desplazados, en relación con la demanda
que Madrid recibe, están equilibrados en el territorio del Insalud,
porque se neutralizan de alguna manera las atenciones de unos y otros y
el global del Insalud, que va a recibir más de 10.000 millones por este
concepto, atendidas las dos partidas, aumenta su participación en el
porcentaje de desplazados.
No primamos las desigualdades, las estamos tratando de corregir y las
vamos a hacer muy activamente con previsiones como a las que antes me he
referido, corrigiendo déficit históricos de infraestructuras y de
dotación de los servicios sanitarios en algunas comunidades autónomas
donde los venían padeciendo bien agudamente, y me he referido a Castilla
y León, a Castilla-La Mancha y a Extremadura como casos paradigmáticos en
los que eso ocurría y en los que nos proponemos corregir esas
desigualdades.
Si no están contentos ahora en Extremadura y en Castilla-La Mancha,
cuando con este modelo de financiación van a poder ver mejorado su
servicio sanitario, yo no entiendo cómo podían estarlo con la situación
anterior, me resulta dificilísimo de entender. Van a mejorar muy
claramente con estas previsiones financieras y, por tanto, a cualquier
descontento para mí hay que buscarle otro tipo de explicaciones y no
justamente las derivadas de las políticas redistributivas que se propone
hacer el Gobierno precisamente en relación con esas comunidades.
Yo lo siento mucho, pero medidas de política farmacéutica pudimos copiar
pocas, señora Amador. Nos encontramos con la necesidad ineludible de
fomentar la aparición de genéricos en nuestro país y con una situación
legislativa y práctica bloqueada que hemos tenido que desbloquear. Hemos
tenido que traer aquí el año pasado, en la Ley de acompañamiento de los
presupuestos, medidas legislativas para facilitar en lo posible la
implantación de genéricos en España y tenemos la satisfacción de poder
decir que hay más de catorce ya con el cupón-precinto, y, por tanto, en
condiciones de comercializarse, y van a ser entre 80 y 100 los que estén
aprobados a final de año. Ese es un ritmo de introducción de genéricos
muy superior al de los países de nuestro entorno, que están tomando
medidas parecidas. Esa es la realidad, frente a nada en trece años. Esa
es la situación. Los precios de referencia no estaban considerados; hemos
tenido que traerlos aquí nosotros. La reducción de los márgenes de los
farmacéuticos la tuvimos que hacer nosotros, no estaba tomada, y las
medidas de mejora de la prescripción farmacéutica por parte de los
servicios de salud de nuestro territorio han conocido también en los
últimos tiempos novedades muy importantes por la vía de las guías
farmacológicas, de los protocolos para las patologías prevalentes, todo
lo cual está contribuyendo a esa reducción del gasto farmacéutico, y sin
apenas genéricos, sin poder aplicar todavía los precios de referencia,
con sólo algunas de estas otras medidas que hemos tomado, hemos
conseguido que el crecimiento del gasto farmacéutico este año se haya
reducido de más del 11 por ciento en 1996 a algo más del 4 por ciento,
que es el crecimiento que tenía este año a final de octubre, y esas son
medidas de gestión de prestación farmacéutica, no para dejar de gastar en
otras cosas, sino para poder dedicar esos recursos a necesidades que
consideramos prioritarias frente al uso excesivo del medicamento en
nuestro sistema. Otro tipo de medidas, como la exclusión de la prestación
farmacéutica de algunos medicamentos de baja utilidad terapéutica o para
síndromes menores, contra lo que aquí se dijo por alguien, produjo sus
efectos en los años 1993 y 1994, pero para que los produzca en toda su
plenitud tiene que ir acompañado de las medidas a las que antes hice
referencia.
Señora Maestro, no estamos hablando de reducir prestaciones --lo acabo de
decir--, estamos tratando de gestionar mejor y de asignar rigurosa y
seriamente los recursos, y es preferible gastarse menos en estos
medicamentos de baja utilidad terapéutica, que pueden estar en el
registro y que están en todas partes, pero la financiación pública no
llega en ningún país europeo al cien por cien --ustedes conocen esto
también--. Los países más ricos de Europa tienen las listas negativas,
éstas que estamos aplicando nosotros; los menos ricos tienen listas
positivas. Nosotros tenemos una prestación farmacéutica que sigue siendo
amplísima, pero no tiene justificación la financiación pública de estos
medicamentos de baja utilidad terapéutica, lo cual es compatible con que
sigan en el registro, los conozcan los profesionales y los conozcan los
usuarios --toda la información que tengan será buena--, pero que sepan
también de qué se está tratando y por qué está cada cosa en su sitio.
Le repito que no conozco la deuda de los servicios de salud transferidos.
Estamos en un Estado autonómico, cada uno tiene sus responsabilidades y
su autonomía. No sé si no le gusta a usted tampoco el Estado autonómico.
Esta es la situación. Con un Estado más centralista a lo mejor se podrían
conocer las cosas de otra manera, pero yo conozco muy bien las
necesidades. Toda esta financiación no es para pagar deudas, no se
contempla para nada la situación de endeudamiento; no es para pagar
deudas, es para atender necesidades, y necesidades sí sé que las hay, y
las hay, y muy grandes, en el territorio del Insalud también, que no
tiene deudas, ciertamente, pero tiene muchas necesidades. A lo mejor
otros tienen deudas y tienen menos necesidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego concluya.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
En el Insalud tenemos muchas necesidades y tenemos que atenderlas y las
vamos a poder atender afortunadamente con este nuevo modelo de
financiación que nos va a permitir acometer inversiones muy importantes.
Sobre los gastos administrativos, pregúntese usted por la eficiencia de
los servicios, no por si gastan un poco más o menos en administración; se
puede gastar muy poco en administración y administrar muy mal, ser muy
caros y dilapidar y despilfarrar en otros sectores. Los modelos de
competencia interna y de mercado interior a los que usted se refiere
están consiguiendo eficiencia en el manejo de los recursos, y le sobran a
los sistemas de salud mecanismos para tratar de impedir la actividad
excesiva que no redunda en la calidad de los servicios en favor de la que
sí lo hace, así como de la que redunda en la satisfacción de los
usuarios.
En cuanto a los recursos procedentes de la IT son recursos que las
comunidades autónomas se han comprometido a ahorrar mediante su gestión
respecto a la incapacidad temporal. Eso se va a producir en la realidad
mediante esa mejor gestión de la prestación de incapacidad temporal
generando ahorros que van a permitir atender mejor las necesidades
sanitarias. Por lo demás, los acuerdos entre el INSS y las mutuas los
desconozco.
En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados, creo que
estamos ante unas fechas históricas en lo que se refiere a la
financiación del Sistema Nacional de Salud y ante su consolidación
definitiva, lo cual confirma la apuesta decidida del Gobierno por nuestro
sistema público nacional de salud y su capacidad de entendimiento con las
comunidades autónomas, porque ha conseguido que este nuevo modelo de
financiación sea aprobado por todas las comunidades autónomas que tienen
servicios de salud transferidos, con independencia de su ideología y del
color de su gobierno.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la primera propuesta que realizó el señor Aznar a la Cámara en
su discurso de investidura fue que era necesario reformar la sanidad y
conseguir un amplio consenso en este tema. Usted podrá convenir conmigo,
esta semana y la que viene en que discutiremos la reforma de la sanidad,
que se ha logrado el disenso, la opacidad, la ruptura en principios
sanitarios básicos que hasta ahora todos los grupos parlamentarios tenían
y, además, se ha logrado supeditar la reforma de la sanidad en función de
la necesidad de mayorías estables de gobierno. Usted podrá decir que de
esto somos responsables todos, posiblemente sí. Pero quien tiene la mayor
responsabilidad, después de un año y medio de trabajos en la Comisión de
Sanidad, hoy, en el Estado español, por primera vez después de la
recuperación de la democracia en el tema sanitario, de salud; quien es el
responsable de que hoy exista una ruptura política importante es el
Gobierno. Yo creo que esto es lo relevante de este debate y del que
tendremos la semana que viene.
En este año y medio han aparecido dos líneas de pensamiento sobre la
sanidad. Una línea neoliberal, que usted hoy ha defendido aquí, que viene
a decir que es insostenible el sistema público sanitario tal y como está,
que es ineficaz porque es público y, por lo tanto, lo que hay que hacer
es reducir prestaciones o --usted no lo dice, lo han dicho otros grupos
parlamentarios, pero en su programa estaba-- romper el aseguramiento
único sanitario. Ante esto ha habido otros grupos
parlamentarios que hemos defendido la necesidad de que si hay que
reformar el sistema sanitario es simplemente porque los retos sanitarios
de la sociedad española hoy son distintos de los de hace veinte años.
La pregunta es: Con su propuesta de reforma sanitaria, ¿a qué nuevos
retos hacen frente ustedes? No hacen frente a ninguno. Hoy discutimos el
tema de la financiación y es paradójico que, por interpelaciones de la
oposición, tenga usted que venir aquí a explicar la financiación, cuando
usted debió venir a explicarlo abiertamente y la semana que viene
discutiremos la ruptura o la propuesta política que hace.
Permítanme que en relación a la financiación base mi argumentación en dos
bloques de ideas. La primera, en relación al incremento de financiación.
Señor ministro, usted no puede decir que no conoce el déficit que tienen
las comunidades. En la subcomisión, cuando vino el conseller de Cataluña,
el Grupo Socialista le formuló una pregunta, entre otras muchas. Le
preguntó, señor conseller, ¿nos puede usted decir cuál es el déficit
acumulado de la sanidad catalana? Yo no sé si usted sabe lo que contestó.
Dijo que no sería él el primer conseller que dijera este déficit, porque
antes lo dijo otro conseller. Yo le puedo decir las cifras --y no me
equivocaré mucho-- del déficit sanitario catalán. Yo diré que son 280.000
millones y usted me podrá decir que son 250 o 300.000, pero el déficit
sanitario en Cataluña es superior a un cuarto de millón de pesetas. Usted
sí que tendría que preguntar al conseller cuál es el déficit y no debería
admitir que no le respondiera. Porque el conseller nos puede decir a los
miembros de la Comisión que no nos quiere responder, pero a usted le
tiene que responder. ¿Se lo ha preguntado usted? ¿No cree que usted tiene
la obligación de preguntarle al conseller de Sanidad de Cataluña cuál es
el déficit?
Le puedo decir, aunque no tengo mucho tiempo, cómo se ha producido una
parte del déficit. Porque es cierto --usted lo ha dicho-- que una parte
del déficit sanitario de las comunidades que tienen traspasada la sanidad
es producto de insuficiencias financieras, pero hay otra parte que se
debe a la mala gestión. En Cataluña --sólo le pondré dos ejemplos, porque
no tengo tiempo-- el hospital privado La Alianza ha hecho durante mucho
tiempo una doble facturación, reconocido por el conseller de Sanidad. La
Alianza ha facturado por un mismo acto médico a la mutua privada y al
sistema público. ¿Sabe usted cuánto dinero? Ocho mil seiscientos millones
de pesetas. Le pondré otro ejemplo. El gran intento de hospital de una
parte de la burguesía catalana, el Hospital General de Cataluña, pasa por
una situación de crisis, con avales por valor de diez y doce mil millones
de pesetas y derivación de pacientes del sistema público al Hospital
General de Cataluña. Le podría citar muchos más ejemplos. Lo que estamos
diciendo es que no es posible que en estos momentos una parte de la
financiación de la sanidad sea para paliar, para premiar en definitiva,
la mala gestión que han hecho algunas comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente, con la segunda idea. ¿De
dónde sale este dinero? Ustedes dicen que una parte importante va a salir
del medicamentazo, aunque el medicamentazo no va a disminuir el gasto
farmacéutico. Usted tiene ejemplos en otros países de Europa con los
precios de referencia que aquí no se están aplicando, señor ministro, se
aplican de forma mínima o con las listas positivas que significarían
hacer frente al excesivo gasto farmacéutico.
Usted hablaba hace un momento de la lucha contra el fraude de las
personas con bajas laborales y yo quería darle un consejo. Ayer salió una
noticia en los medios de comunicación importante: en España sólo hay
12.000 personas que declaran ingresos por rentas del trabajo superiores a
25 millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: He oído a este Gobierno hablar continuamente del
fraude de los trabajadores. Aún no he oído una sola vez que este Gobierno
hable del fraude de los sectores más poderosos.
Señor ministro, acabo. Ustedes han producido en este año y medio una
ruptura política peligrosísima, sobre la que se ha basado el consenso
sanitario de este país, y han realizado una propuesta de financiación que
no va a significar una mejora de la sanidad para Cataluña y para
Andalucía, sino que simplemente va a servir para premiar la mala gestión
de estos Gobiernos.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
-- DEL GRUPO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE
DESARROLLO DE LA REALIDAD PLURILINGÜE DEL ESTADO (Número de expediente
172/000061)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
materia de desarrollo de la realidad plurilingüística del Estado.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, subo a la tribuna a defender esta interpelación, que es
la primera que presentan en esta Cámara los diputados y diputadas de
Nueva Izquierda-Iniciativa-Els Verds. Si no estoy equivocado, es también
el primer debate general que se va a producir en esta Cámara sobre
política lingüística, sobre el pluralismo lingüístico. Quiero pensar que
a las señoras y señores diputados les preocupa el tema más de lo que
demuestra su presencia, pero intervendremos por lo menos para el «Diario
de Sesiones» aunque esté exclusivamente redactado en castellano.
Nos ha movido a elegir este tema para esta primera interpelación el
entender que nos encontramos ante un elemento absolutamente clave de la
construcción y desarrollo del Estado autonómico. La lengua es símbolo y
realidad de las enriquecedoras diferencias que conviven en el Estado
español. Sin necesidad de insistir mucho más en números, baste recordar
que 15 millones y medio de españoles y españolas viven en comunidades
autónomas con una lengua declarada cooficial.
Cuando se redactó la Constitución española, el artículo 3 supuso una gran
innovación, un avance notable en la historia de España, aunque
seguramente no es perfecto, o afortunadamente la realidad o la evolución
histórica han hecho que ese redactado no sea perfecto. Se entendía por
parte de los constituyentes que buscar fórmulas constitucionales en este
sentido suponía un instrumento de pacificación; instrumento que aparece
efectivamente en ese artículo 3, que tiene cuatro rasgos: en primer
lugar, es un sistema basado en la cooficialidad de la que se deducirán
efectos jurídicos para los poderes públicos y los ciudadanos; en segundo
lugar, es un sistema asimétrico, con preeminencia del castellano, por la
obligatoriedad de su conocimiento; en tercer lugar, hay una ausencia de
referencia explícita al pluralismo lingüístico en el título de derechos,
no aparece configurado el uso de la lengua propia como un derecho
fundamental, salvo la referencia que hace el artículo 20, cuando habla de
los medios de comunicación públicos que deben respetar el pluralismo
lingüístico y, en cuarto lugar, el principio de territorialidad, aunque
--luego me referiré a él-- no estricto. El conjunto del sistema se define
por un protagonismo de las comunidades autónomas en su ámbito, pero
también por la obligación de hacer políticas activas para todos los
poderes públicos, incluido el Estado central y, lógicamente, el Gobierno
del Estado.
Cuando hablamos de pluralismo lingüístico hay que contemplarlo desde una
triple perspectiva: evitar que las lenguas fueran, sean o puedan ser
fuente de conflicto, salvaguardar un patrimonio cultural básico y único y
asegurar los derechos de los ciudadanos. Conseguir todo ello no puede
dejarse en manos de un pensamiento liberal lingüístico. No es tan
sencillo como afirmar que cada cual hable la lengua que quiera, con lo
que el Gobierno quedaría justificado con no impedir que los ciudadanos
pudieran expresarse en su propia lengua.
La realidad sociolingüística habla de procesos de desigualdad, de
diglosia, de opresión sobre los hablantes de lenguas minorizadas. Además,
hay que recordar que ese sistema de equilibrio que establece el artículo
3 de la Constitución es muy frágil porque, como he dicho hace un momento,
existe una asimetría favorable al castellano si no es compensada con
políticas activas. Por eso, todos los poderes, comenzando por el
Gobierno, están convocados a cooperar en la defensa del pluralismo
lingüístico.
Hablar de esa situación de desigualdad o de opresión no es lamento, no es
el agravio constante, sino la constatación de un hecho. Si se admite la
tesis del liberalismo lingüístico, de la pasividad, de la abstención de
los poderes públicos, se instrumenta una interpretación restrictiva y
esos tres ejes a los que aludía --evitar el conflicto, el patrimonio
cultural y los derechos-- giran, la lengua se convierte en fuente de
conflicto, las lenguas minorizadas retroceden y quedan abocadas a su
desaparición o a ser un mueble entrañable para hablar en la intimidad,
como nuestro presidente del Gobierno tuvo a bien decir creyendo que hacía
una gracia cuando estaba definiendo una situación bien molesta para
muchas personas, y, finalmente, los derechos de los ciudadanos que se
expresan en esas lenguas quedan o pueden quedar relegados. La conclusión
es que las lenguas son formalmente cooficiales, pero no materialmente, y
que la obligatoriedad de conocer el castellano se convierte en la única
cláusula jurídica auténticamente relevante.
Por otro lado, desde la aprobación de la Constitución en España han
sucedido cosas que deben ser contempladas: el ingreso en la Unión
Europea; el impacto de nuevas tecnologías; los fenómenos de inmigración,
de los que alguna vez tendremos que hablar para dar respuesta al derecho
a su identidad, etcétera. Por todo ello, para evitar desencuentros,
conflictos y merma de derechos, se hace precisa la intervención de los
poderes públicos y también se hace preciso que esa intervención se haga
desde una interpretación extensiva y progresista del artículo 3, como fue
evolucionando el Tribunal Constitucional, y todo ello a la luz del
artículo 9.2 de la Constitución cuando indica que es misión de los
poderes públicos remover los obstáculos que dificultan la plena igualdad
y la participación.
Pues bien, en este punto y valga esta, si se quiere, larga introducción
--como decía es el primer debate de globalidad que se tiene y creo que
merecía la pena recordar algunas cosas--, no podemos criticar algo que el
Gobierno ha hecho mal, simplemente criticamos que el Gobierno no ha hecho
nada, no ha habido ningún impulso, no ha habido ninguna iniciativa y
parece que hay un inmenso agujero en la imaginación de nuestros
gobernantes cuando hablamos de esto. Que no se recuerde aquel extraño
decreto, aquella aberración
jurídica que vino del Consejo de Ministros cuatro días antes de que en
esta misma Cámara debatiéramos proposiciones de ley para la publicación
del «BOE» en las diversas lenguas del Estado. De aquel decreto no se sabe
qué ha sido y el problema de la inseguridad jurídica sigue abierto.
Además, el Gobierno ha desoído acuerdos en la Comisión de Educación y
Cultura sobre la enseñanza en institutos, sobre el desarrollo en
universidades, sobre la difusión --algo tan sencillo-- de la Declaración
universal de Derecho lingüístico, aprobada en Barcelona en 1996. Han
desoído recomendaciones del Defensor del Pueblo y, lo que es peor, no han
venido ni se anuncian propuestas de mejora y en los últimos tiempos se
están reiterando sucesos preocupantes, crispaciones que quisiéramos
olvidar.
No quisiéramos recordar la tradición negra de la derecha española ante
esta cuestión y no sabemos si esa tradición planea en el subconsciente
del Gobierno; no sabemos si planea en el subconsciente del Partido
Popular en muchas comunidades autónomas o si, desgraciadamente, estos
sucesos preocupantes, estas crispaciones, son una respuesta ultramontana
a ciertos pactos de gobierno que, por cierto, no tuvieron en cuenta por
ninguna de sus partes la normalización de las diferencias y el pluralismo
cultural. De ahí surgen algunos problemas ¿O es preciso traer a colación
la enseñanza de las humanidades? Lo haremos otro día, aunque quizá sí, de
la historia de la que hablamos, pero no ahora de la historia como cuenta
del pasado, sino de la historia abierta, construcción de un futuro de
tolerancia sin fantasmas ni amenazas.
Esta interpelación quiere ante todo exigir al Gobierno que diga qué va a
hacer, ya que difícilmente va a poder decir qué ha hecho. Y en segundo
lugar, anunciamos una moción con propuestas concretas. Esta interpelación
no va contra nadie.
Quisiera hacer un paréntesis. Sería una conclusión absolutamente falsa,
falaz, que a veces se ha utilizado, aquella que parte de la idea de que
la normalización del catalán, del vasco y del gallego van contra el
castellano. Es algo que no se sostiene por muchas razones. Al revés, un
conflicto abierto impide que el castellano, como lengua internacional y
sustento de industrias culturales, desarrolle toda su potencialidad. Por
cierto, ¿que proyecto de desarrollo del castellano tiene el Gobierno más
allá de vacuas declaraciones de intenciones? Cerremos este paréntesis.
Es evidente que la mayoría de las competencias en esta materia de
normalización lingüística las tienen las comunidades autónomas y así debe
ser. Nadie debe esperar ni pretender una ley armonizadora ni nada por el
estilo. Pero el Estado y, por tanto, el Gobierno en sus funciones de
dirección política tienen responsabilidades concretas y, sin agotar el
tema, tiene la responsabilidad o puede tenerla de promover la enseñanza
de las lenguas fuera de las comunidades autónomas respectivas. ¿Qué ha
hecho el Gobierno, señora ministra? Puede promover la formación de las
lenguas en las universidades. ¿Qué se ha hecho, señora ministra? Puede
promover el conocimiento de estas lenguas en el exterior y procurar
acuerdos con Estados próximos en los que se hablan las mismas lenguas.
¿Qué se ha hecho, señora ministra? Puede fomentar la presencia de las
lenguas en programas culturales, intercambios internacionales e
industrias culturales y tecnológicas. ¿Qué se ha hecho, señora ministra?
Puede y debe cumplir con el principio de disponibilidad establecido por
el Tribunal Constitucional, por el cual es su obligación que en todas las
dependencias administrativas, también en las de la Administración
periférica del Estado, se pueda y se deba atender en la lengua de
elección del ciudadano. ¿Cuántos cursos de reciclaje ha habido? Hay
problemas. Voy a poner un simple ejemplo, una respuesta de hace apenas un
mes: El Gobierno reconoce que le ha sido imposible hacer el Programa
Padre --el programa que sirve de ayuda a la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas-- en otra lengua distinta del
castellano porque es el último producto --utiliza este lenguaje--
relacionado con la campaña de renta del patrimonio que se aprueba y, por
tanto, no tiene tiempo. Esta respuesta me parece vergonzosa en España a
finales del siglo XX y reconoce un fracaso más que considerable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, señor presidente. Pero, además, el Gobierno
puede y tiene la obligación de cumplir con las normas autonómicas en
señalización vial o de edificios. Aquí hay muchas lagunas y hay
desconocimiento e incumplimiento de recomendaciones del Defensor del
Pueblo en señalización, con el argumento de los gastos.
Le voy a poner un ejemplo, señora ministra. Cuando el Gobierno civil pasó
a ser Subdelegación del Gobierno en mi provincia, Alicante, pusieron un
letrero glorioso en letras doradas, solamente en castellano. Hice una
pregunta al Gobierno sobre por qué no se había cumplido la norma que
obliga a que sea bilingüe. La respuesta fue asombrosa: No había dinero
para poner las veintiún letras que en valenciano costaría ponerlo. Sin
embargo, el Partido Popular, con algunos de sus aliados, ha rechazado en
el Presupuesto Generales del Estado enmiendas que presentamos para hacer
posible todo esto.
Finalmente, es obligación del Gobierno, y tiene los instrumentos legales
y políticos para hacerlo, el favorecerlo en los medios de comunicación
públicos, obligación impuesta por el artículo 20 de la Constitución, y
nos encontramos ahí con una situación vergonzosa. Además, es necesaria y
posible una innovación legislativa en un doble sentido: adaptar
sistemáticamente las
normas a una visión avanzada del artículo 3 de la Constitución y adaptar
las normas que por su contenido limiten el derecho de los ciudadanos a
relacionarse con los poderes públicos en la lengua de su elección,
rompiendo con una interpretación estricta y estrecha del principio de
territorialidad que, por cierto, ya se ha roto con la tímida y bastante
limitada reforma del Reglamento del Senado y esperamos que se incluya
cuando se reforme el Senado, como ya pidió y advirtió de su importancia
Tomás y Valiente. Habría que actualizar normas como la Ley Orgánica del
Poder Judicial, todo lo que afecta al derecho de petición, la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional o las quejas que se dirigen al
Defensor del Pueblo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ RAMOS: Concluyo inmediatamente.
La moción que presentaremos versará sobre todo esto.
Respecto al objetivo, es más encuentro y más libertad. El profesor García
de Enterría, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua
Española, mostraba cómo los revolucionarios franceses estaban convencidos
de que sólo el francés era la lengua de los derechos, la lengua de la
libertad. Afortunadamente, en España hemos aprendido que la libertad se
expresa en todas las lenguas. Si me permiten, acabaré con una cita en mi
lengua, como escribió Joan Fuster: «No hauriem de cansar-nos de
repetir-ho: totes les llibertats són solidàries».
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la realidad plurilingüe de España está reconocida en nuestro
ordenamiento constitucional de forma inequívoca. Así, la Constitución en
su artículo 3, que atribuye al castellano el carácter de lengua oficial
del Estado y establece para todos los españoles el deber de conocerla y
el derecho a usarla, prevé que las demás lenguas españolas serán también
oficiales en las respectivas comunidades de acuerdo con sus estatutos. El
apartado tercero de dicho artículo confiere también a las distintas
modalidades lingüísticas de España el valor de patrimonio cultural, que
serán objeto de especial respeto y protección. Además, los estatutos de
autonomía de las comunidades con lengua propia han determinado, en unos
casos, el carácter oficial de la lengua propia de las comunidades
autónomas --así sucede en Cataluña, Illes Balears, Galicia, Navarra, País
Vasco y Comunidad Valenciana--, y han considerado en otros casos otras
lenguas o modalidades lingüísticas que deben ser objeto de especial
protección y promoción: Aragón y Principado de Asturias.
En todos los casos, señorías, se atribuyen a las respectivas comunidades
autónomas competencias exclusivas para regular y promover el uso y
conocimiento de su lengua propia. En el ejercicio de esas competencias,
los parlamentos de las comunidades han aprobado las denominadas leyes de
normalización lingüística. Estas leyes, con sus correspondientes
desarrollos reglamentarios, constituyen el marco jurídico en el que se
han articulado las distintas actuaciones de los poderes públicos para
hacer efectivo el mandato constitucional que atiende los legítimos
derechos de los ciudadanos en relación con el conocimiento y uso de las
lenguas oficiales de España.
Normalización lingüística. Si con todo rigor analizamos la evolución que
el uso y el conocimiento de las lenguas de España ha experimentado desde
la fecha de la aprobación de la Constitución, hace casi 20 años, no cabe
duda que los avances en este sentido han sido notables, incluso, me
atrevería a afirmar que difícilmente hubieran sido imaginables en los
primeros años de la década anterior, aunque no es menos cierto que la
consecución de una efectiva situación de bilingüismo exige una especial
atención y dedicación de los poderes públicos. Lo exige ahora y,
probablemente, lo continuará exigiendo en el futuro.
En este sentido, señoría, tengo que referirme al ámbito del Ministerio de
Educación y Cultura. En lo que se refiere directamente a educación puede
afirmarse que la normalización lingüística ha alcanzado, en buena medida,
los objetivos para los que se pusieron en marcha las correspondientes
políticas por parte de las comunidades autónomas. Las administraciones
educativas, que se hallan en pleno ejercicio de sus competencias en esta
materia, han regulado la enseñanza de y en la lengua propia y han
proporcionado los medios necesarios para su aplicación. Por su parte, el
Ministerio de Educación y Cultura ha promovido el conocimiento y el uso
de las lenguas propias de las comunidades autónomas que aún no han
asumido las funciones y servicios en materia educativa, estableciendo
mecanismos de cooperación con las correspondientes comunidades. Citaré
como ejemplos los convenios de colaboración suscritos con las Islas
Baleares, Aragón y Principiado de Asturias, cuyo principal objetivo es
impartir las enseñanzas de lengua y cultura propias de cada una de esas
comunidades y la disposición de los medios materiales y personales
necesarios para atender la demanda que se ha producido.
Por otra parte, hay que señalar que las enseñanzas mínimas, cuya fijación
corresponde al Gobierno, incluyen objetivos y contenidos que inciden
directamente en el conocimiento, respeto y valoración de la diversidad
lingüística y cultural de España. Sin duda, es en
el ámbito escolar donde deben iniciarse las bases para que todos los
españoles identifiquen esta diversidad como un patrimonio común que hay
que preservar y valorar.
Al hilo de esta cuestión, me gustaría hacer una precisión en torno al
proyecto de mejora de la enseñanza de humanidades porque, precisamente en
este proyecto, estas nuevas enseñanzas mínimas hacen especial hincapié en
reflejar la realidad plural de España en lo cultural, en lo literario, en
lo histórico y, por supuesto, en lo lingüístico. Es más, se intenta
acercar lo más relevante de la historia, de la lengua y de la literatura
de cada una de las comunidades autónomas al conjunto de todas ellas. Con
independencia del lugar donde viva, intentamos que el estudiante conozca
las singularidades más destacadas de otros puntos de España distintos de
aquellos en los que vive; que conozcan la pluralidad del patrimonio
cultural español, que es precisamente la que lo constituye y enriquece.
En cuanto a la propuesta de incluir como materia optativa, a partir de la
enseñanza secundaria, el aprendizaje de las lenguas españolas distintas
del castellano, conviene advertir que es una decisión que compete a cada
una de la administraciones educativas que están en el pleno ejercicio de
sus competencias en educación. No obstante, la Comisión de Educación y
Cultura, en su sesión del día 25 de septiembre, aprobó una proposición no
de ley por la que se instaba al Gobierno a ofrecer créditos optativos de
todas las lenguas españolas distintas del castellano en el ámbito de la
enseñanza no universitaria.
En cuanto al grado de cumplimiento de esa proposición no de ley, tengo
que decir a S. S. que el Ministerio, atendiendo a ese mandato, inició los
trabajos conducentes a proporcionar a los estudiantes esa posibilidad.
Así en Baleares, en Huesca, en Teruel, en Zaragoza y en León, que son las
provincias limítrofes con otras comunidades que tienen otra lengua
oficial distinta del castellano y que dependen del ámbito de gestión del
Ministerio, se imparten clases de lenguas cooficiales distintas del
castellano. Concretamente, en Huesca, en Zaragoza y en Teruel se imparten
el catalán y, en la provincia de León, el gallego. También he de resaltar
que en Asturias hay cien profesores que atienden un centenar de colegios
públicos e institutos para impartir la lengua asturiana o bable, que
hasta la fecha no es considerada como lengua cooficial del Estado.
En el ámbito de la política de promoción de las lenguas distintas del
castellano dentro de nuestras fronteras --luego hablaré de la promoción
que se hace fuera de nuestras fronteras, sobre lo que ha preguntado
S. S.-- la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas lleva a
cabo numerosas actuaciones tendentes a favorecer el conocimiento en todo
el Estado de las diversas culturas que se expresan en lenguas distintas
del castellano. Por eso, con una periodicidad anual, se convocan las
ayudas para el fomento de la traducción y edición entre lenguas oficiales
españolas, de autores españoles, distintas del castellano. Esta
convocatoria tiene como objetivo contribuir a la intercomunicación de las
distintas culturas que conforman el legado cultural español, promoviendo
la traducción y la edición de obras entre las distintas lenguas
españolas. Las obras seleccionadas en esta convocatoria se envían a las
principales bibliotecas públicas con el fin de incrementar sus fondos en
literatura catalana, gallega, vasca, etcétera. Asimismo, en las
convocatorias de ayudas a empresas e instituciones sin fines de lucro,
editoras de revistas de cultura y en las ayudas para el fomento de la
edición de libros españoles con destino a bibliotecas públicas, se han
seleccionado revistas y libros en catalán, gallego y euskera y se han
remitido a 850 bibliotecas públicas, a fin de difundir las producciones
culturales en todas las lenguas del Estado. Además, las exposiciones
bibliográficas que se organizan incluyen la producción literaria en todas
las lenguas del Estado, tanto en las ferias y exposiciones dentro de
España como en las que se realizan en el exterior.
Por otro lado, en la composición de los jurados de los premios nacionales
están presentes la Real Academia de la Lengua Vasca, el Instituto de
Estudios Catalanes, la Academia de la Lengua Gallega, y en 1996 se han
otorgado los premios nacionales de narrativa, literatura infantil y
literatura dramática a obras en otras lenguas, en este caso el catalán y
el gallego, y, en 1997, a dos obras escritas en gallego y catalán,
respectivamente. La Dirección General del Libro también promueve
numerosos actos académicos con presencia de autores que escriben y editan
en catalán, en gallego y en euskera, y hay que destacar especialmente los
encuentros y jornadas que promueven la relación entre escritores,
críticos, editores y traductores, catalanes, gallegos, vascos y, por
supuesto, castellanos.
Señorías, la voluntad del Gobierno y del Ministerio no puede ser más
clara: la promoción de las lenguas españolas oficiales distintas del
castellano, que no sólo se realiza dentro de nuestro territorio sino
también más allá de nuestras fronteras, y con esto respondo a la pregunta
de S. S. Así, la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
en todos aquellos programas que desarrolla en el exterior tiene muy en
cuenta la diversidad cultural y lingüística de España, en especial a
través de los programas que se desarrollan en las universidades de
Estados Unidos y Japón. Esta política también se refleja en el programa
de fomento de la cultura y del libro español, mediante la traducción y
edición en lenguas extranjeras de obras literarias o científicas de
autores españoles, donde se incluyen, como no podía ser de otra forma,
las obras de autores que escriben en lenguas españolas oficiales
distintas del castellano.
Y siguiendo en este ámbito, en el del exterior, no puedo dejar de
referirme, atendiendo a lo que S. S. ha
preguntado, a la actuación del Instituto Cervantes. Este instituto ha
intensificado su labor de divulgar y enseñar las diferentes lenguas de
España fuera de nuestras fronteras. Y así, para el presente curso
1997-1998 ha programado clases de catalán en Chicago, en Milán, en
Munich, en Nápoles, en Nueva York, en París y en Roma; de gallego,
también en Chicago, en Milán y en París; y de euskera, en París y en
Nueva York.
Señorías, el Gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura, desde su
responsabilidad de establecer las bases para garantizar una formación
común básica de los españoles, ha asumido el compromiso de fomentar el
conocimiento del conjunto de la historia de la cultura de nuestro país en
toda su riqueza y su pluralidad lingüística y cultural. Este es el marco
de las competencias en que puede y debe actuar el Gobierno de la nación
en lo que se refiere al sistema educativo. Dentro de este marco, con el
máximo respeto a las competencias propias de las comunidades autónomas,
el Ministerio de Educación y Cultura reitera su plena disponibilidad a
considerar cuantas propuestas o iniciativas contribuyan a incrementar la
calidad de nuestro sistema educativo y a fomentar el conocimiento y la
comprensión de la realidad pluricultural y plurilingüe de España, como
base indispensable, por supuesto, para conseguir una sólida formación de
nuestros escolares.
Termino ya, señor presidente, diciendo, señorías, que nuestro patrimonio
cultural, histórico y lingüístico es importantísimo, que es lo que
constituye y enriquece precisamente ese patrimonio, y que es nuestro
deber proporcionar a todas las personas que lo deseen
--ya sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas-- la
posibilidad de acceder sin limitaciones a esa riqueza y a esa variedad
cultural y lingüística.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
El señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Ya me imaginaba yo, señora ministra, que este iba a ser un infierno
empedrado de buenas intenciones. Las altisonantes palabras con que usted
iniciaba y concluía su intervención, perdóneme que le diga, no nos han
conmovido.
Yo lamento mucho que usted haya tenido que venir --supongo que enviada
por quien corresponda-- a dar la cara en esta interpelación. Agradezco
alguna información que usted nos ha dado, que siempre puede ser útil,
pero estamos hablando de políticas que atraviesan a todo el Gobierno, y
no solamente al Ministerio de Educación y Cultura, porque, entre otras
cosas, reducir el problema de la lengua a la educación y la cultura es
empobrecer el problema, y por tanto empobrecer las soluciones. O
atraviesa al conjunto de la política del Estado o no se entiende la
importancia que tiene para la vertebración estatal y para la convivencia
de los españoles la cuestión. No se trata de dar unos premios o hacer
unas exposiciones. Eso está muy bien. Le vamos a felicitar siempre, pero
no es ese el problema. Esa es la guinda de algún pastel. El pastel, la
sustancia que nos hubiera gustado escuchar está en otros lugares. Se dice
que se va a favorecer el que los niños y los jóvenes del Estado español
conozcan esa realidad plurilingüe. ¡Faltaría más que a estas alturas no
se quisiera que ese fuera uno de los objetivos de la educación! Se hace
alusión a una proposición no de ley. La conozco entre otras cosas porque
la presenté yo, pero esperamos algo más que el que haya convenio con
comunidades autónomas que tienen por lengua oficial sólo el castellano
pero que también tienen una lengua fronteriza con otra comunidad
autónoma. Estamos hablando de algo más, porque todas las zonas que usted
citaba se referían a eso.
En definitiva, el problema es que no hay un auténtico impulso, ni
siquiera de su ministerio. No hay un impulso. ¿Sabe usted lo que es un
impulso? Lo que se supone que va a hacer su ministerio, según su
Gobierno, pero seguramente lo va a hacer el ministro de Defensa para
inculcar a los niños la cultura de la defensa; esa serie de actividades
programadas, con recursos, con presencia en medios de comunicación,
etcétera. Todo ese tipo de actividades que usted plantea están muy bien,
pero ¿cómo llegan al conjunto de la sociedad? ¿Llegan, por ejemplo, a
través de Televisión Española? ¿Sabe usted, señora ministra, cuántas
actuaciones ha habido en lengua distinta del castellano en los dos
canales estatales de Televisión Española en el último año? No lo digo yo,
lo dice el Gobierno: ha habido cuatro actuaciones, cuatro días de 365,
una en gallego, actuó Milladoiro, otro día en gallego Juan Pardo cantó
una canción, otra noche actuó María del Mar Bonet, Lluis Llach y Joan
Manuel Serrat en catalán, y dice el Gobierno que en valenciano --no sé
con qué criterio lingüístico para distinguirlo del catalán-- Raimon actuó
en el homenaje a Miguel Angel Blanco. Eso son los instrumentos de una
sociedad de cultura de masas. Está muy bien lo de los premios y las
traducciones. Hay que hacerlo, pero siempre será insuficiente. Las
actuaciones en el extranjero están muy bien, pero ¿qué se ha hecho en el
ámbito de la Unión Europea? ¿Ha habido algún contacto con los Estados
limítrofes de España con los que compartimos lenguas? Eso es hacer
política. Eso es ir al meollo y a la sustancia del problema.
Ya me sorprende cuando usted cita amablemente una respuesta que me
remitía el Gobierno, que está en el boletín del día 3 de diciembre, donde
se dice lo que usted ha leído y por tanto ya no tengo que leer, que alude
a que con la universidad de Estados Unido ha habido cooperación y
comunicación cultural. Pero también se dice --y esto es interesante-- que
cuando
se ha realizado alguna actividad se ha atendido a la calidad,
independientemente de la lengua o de otras cuestiones. En el concepto de
calidad cultural que ofrece el conjunto de la riqueza del Estado español
no es indisociable la existencia del plurilingüismo; es una
característica fundamental. Pero no todo acaba ahí. Usted no ha seguido
leyendo. Sus señorías me van a permitir que lea esta pequeña joya. En la
política cultural, cuando pregunto por la aplicación de la realidad
plurinacional del Estado español en el plan elaborado por la Comisión
delegada de asuntos culturales, dice el Gobierno: No sólo se atiende
aquello que se refiere a la España actual, sino que, conscientes de
nuestro pasado histórico, se fomentan todas las actividades que tengan
que ver con España y el español, en el sentido más amplio. Por ello sí es
posible definir en la práctica el concepto de cultura hispánica, que
engloba todas las manifestaciones culturales en su pluralidad y
diversidad referentes a España, a la antigua Hispania, a los pueblos que
formaron parte de ella y a los pueblos que han tenido y tienen una
especial vinculación con ella. No sé, señora ministra, si va a ampliar
las traducciones y exposiciones a la lengua íbera, lo cual sería un
bonito impulso para poder acabar leyéndola, o si vamos a tener que
elaborar, como se dice, las leyes en verso como hacían los tartesos. Creo
que se constata la falta de impulso, la falta de ideas, la falta de rigor
en la política central del Gobierno en esta materia. También queda en el
aire una pregunta: ¿Hay previsto algún proyecto legislativo? ¿El Gobierno
está trabajando en la elaboración de algún proyecto legislativo del tipo
de los que he nombrado anteriormente?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sin embargo, pese a todas estas ideas, nosotros
estaremos dispuestos a colaborar con la señora ministra, y con cualquier
otro, porque evidentemente usted no ha hablado de muchísimos de los temas
que yo he citado por exceder las competencias de su ministerio. No es
excusa; quizá para usted sí pero no para el Gobierno. Esperamos que esas
buenas intenciones se vean reflejadas en el apoyo del Partido Popular y
de los otros grupos de la Cámara a la moción que presentaremos, donde le
mostraremos, señora ministra, que el campo de competencias legales y
políticas es mucho más amplio, que queda mucho por hacer, y ojalá se
pueda hacer con el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a exponer no la posición, simplemente algunos apuntes
o pautas para entender la interpelación de hoy y lo que quizá será la
moción de mañana. Creo que la interpelación de hoy y lo que aquí se ha
oído es como una metáfora viva de la distancia vacía que hay entre el
discurso político y la realidad del Estado español. El Estado español es
plurilingüe, lo dice el Gobierno, no lo dice así la Constitución
española, aunque sí admite que existen otras lenguas además de la
castellana o española. En el contexto concreto del Estado español tenemos
la suerte de que se encuentran milagrosamente vivas cuatro lenguas
distintas, tres de ellas derivadas del latín y una de origen incierto.
Esto se da en otros países, en otros Estados plurinacionales, en otros
Estados plurilingües y pluriculturales. Comprendemos cuando dice la
señora ministra o cuando dice el Gobierno que se deben proteger --no se
dice difundir-- y conservar estas lenguas. Lo que demuestra la existencia
de las cuatro lenguas y de la realidad de este Estado plurilingüe es que
las relaciones de las cuatro lenguas con el Gobierno del Estado español
no son ni equilibradas ni equilibradoras.
En la respuesta que se pueda llegar a dar a la moción del próximo día
quizá yo también hallaré la respuesta a una pregunta que he hecho en
innumerables debates y en comparencencias, no de la señora ministra de
Cultura pero sí de otros ministros de este Gobierno, de otros gobiernos y
en otros debates, sobre si las comunidades autónomas somos Estado. En
ningún lugar jurídico de las leyes de este Estado español, ni siquiera la
Constitución define lo que es Estado. Tenemos otras definiciones jurídica
pero legalmente no se sabe qué es el Estado. Por eso nosotros podemos
definirlo como Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe. En todo
caso es un órgano de competencias y de poder. Yo volveré a preguntar si
la Comunidad Autónoma de Cataluña es Estado. No si forma parte del Estado
español; si es Estado, si su lengua propia y oficial, que es la catalana,
es una lengua del Estado y una lengua de Estado, como sólo lo es la
lengua castellana. Entonces sí habría protección real. No puede ser que
se envíe un escrito en lengua catalana, gallega o vasca a la
Administración del Estado, que es la Administración general del Estado, y
se devuelva porque no es la lengua oficial del Estado, porque no es la
lengua del Estado.
Espero, pues, que de las buenas palabras de la señora ministra en su
ámbito, pero como miembro del Gobierno del Estado español, quien deba
responder a la moción o presentar la posición del grupo que apoya y forma
parte de este Gobierno, nos diga de una vez si las comunidades autónomas
somos Estados, y así sabremos si formamos o no parte de este Estado
español, y si nuestra lengua propia, por ejemplo, en este caso el
catalán, es o no una lengua de este Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición que tiene el Grupo
Federal de Izquierda Unida en la interpelación que el Grupo Mixto
presenta al Gobierno, pidiendo y demandando medidas que no sólo vayan
acompañadas con decisión y o declaraciones de instituciones, sino con el
apoyo y los recursos legales suficientes.
Estamos de acuerdo con el enunciado de la interpelación que es bastante
amplio. Es verdad que hasta ahora (cuando digo hasta ahora en el texto es
en estos dos años y en todo el tiempo que llevamos hasta la fecha) no se
ha favorecido un mayor conocimiento de las lenguas españolas no
castellanas fuera del ámbito de las comunidades en las cada una de estas
lenguas se utiliza social y oficialmente. Estamos de acuerdo en que esto
ha sido así. La interpelación introduce elementos que el interpelante
considera que podrían tenerse en cuenta en esas medidas que se demandan.
Me imagino que en la proposición no de ley quedarán más explícitas y
podremos pronunciarnos con mayor rigor. Pero si partimos de la tolerancia
y el encuentro, del respeto y el ansia de conocerse todos y cada uno de
los pueblos que componen el Estado español, no por una orden, no por una
obligación, sino por una mutua decisión, se puede avanzar muchísimo en
ese conocimiento de las lenguas en las que se expresan todos y cada uno
de los pueblos que componen el conjunto de España y que no son fomentadas
y ayudadas en el resto del territorio. Parece como si a priori
entrelazáramos los dedos cuando escuchamos una lengua fuera de su ámbito
oficial, que para mí no es el ámbito político el que la define. La
lengua, por suerte o por desgracia, supera nuestras fronteras y el
catalán se habla fuera de Cataluña. Podríamos ir a Baleares, a Valencia y
veríamos dónde se habla, igual que otras lenguas se hablan fuera por las
personas que siendo catalanas viven fuera de su territorio, aunque el
habla que predomina sea el castellano.
Aquí se indican soluciones, caminos, vías que pueden servir. Desde que la
Administración general del Estado, donde se instale, facilite el uso de
la lengua materna, la lengua oficial que allí se establezca, hasta
promover programas o encuentros, introducir la segunda o la tercera
lengua dentro en la etapa de formación y, por tanto, facilitar el que se
conozca fuera de cada una de estas comunidades como opción, porque puede
ocurrir que en la región de Murcia, de Extremadura o de Madrid o en
Andalucía haya personas que quieran tener conocimiento de esta lengua. En
suma, una serie de medidas que yo creo que tratan de dar más carácter de
realidad a lo que existe; y digo carácter de realidad en la relación
humana, en la relación personal, porque la comunicación --al margen de
que ahora haya muchos vehículos-- se da fundamentalmente por la forma de
expresión básica que uno domina. Yo he visto aquí cómo compañeros que son
diputados hacen un esfuerzo de traducción a la hora de expresarse,
incluso no precisan algunas expresiones porque usan una traducción que a
veces es simultánea.
Creo que la interpelación es oportuna porque estamos en medio de una
agudización de tensión y confrontación entre pueblos que componen el
conjunto del territorio del Estado español que voluntariamente debemos
llevar por otro camino. Yo estoy convencido de que las partes resolutivas
de la proposición van a encontrar eco en nuestro grupo. A mí me gustaría
que ese pronunciamiento de la Cámara, el que se pudiera consensuar por
todos los grupos, no se quedara en el sueño de los justos, es decir, no
se aprobara para salir del paso, sino que fuera lo suficientemente
exigente y lo suficientemente concreto como para que en lugar de hacer un
listado muy grande de muchas cosas hiciéramos algo que pudiéramos medir
en un año. Ese sería el mejor ejemplo que aportaríamos en esta Cámara a
esa moción; marcarnos metas que podamos medir y que podamos hacer
eficaces, porque si no será una declaración más que podrá salir de la
Cámara. No podemos entrar en la contradicción de decir: uno pone esto,
pues yo más; otro pone esto, pues yo más. Eso no compromete después al
Ejecutivo ni a nosotros mismos, que somos los que tenemos la
responsabilidad de ponerlo en práctica.
Por tanto, señor presidente, esperando esa proposición, anunciamos que
estamos de acuerdo con el espíritu de la interpelación, porque es
oportuno, no oportunista, y porque puede ser positivo para añadir
racionalidad al curso del debate de estas cuestiones en el conjunto del
país, que falta nos hace a la hora de discutir estos temas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Señora ministra, tengo la penosa impresión de
que usted no ha entendido el alcance de esta interpelación y no ha
entendido tampoco su oportunidad. Señora ministra, usted nos ha
contestado recordándonos algunos principios constitucionales, algunas de
las iniciativas que ha llevado a cabo en el ámbito estricto de su
ministerio, pero tengo que decirle, señora ministra, que ni una sola de
esas iniciativas son del Grupo Popular. Las encontró usted en marcha
cuando llegó a su Ministerio y las ha seguido ¡solo faltaría!, pero usted
no ha entendido que se estaba hablando de una cosa distinta. Es verdad
que
los procesos de normalización en las comunidades autónomas con lengua
propia han avanzado mucho en los años de Gobierno socialista. Es verdad
que se ha avanzado en algunas iniciativas, como las que usted ha dicho,
en reconocimiento de la pluralidad cultural. Pero es verdad, señora
ministra, que queda mucho por hacer y que no se puede asumir el Gobierno
de España sin tener un proyecto sobre lo que hay que hacer en esta
materia.
No me resisto a leerle un texto y no he encontrado ni una sola línea en
este sentido en ninguno de los papeles del Grupo Popular. Un texto que es
una resolución congresual del Partido Socialista del año 1981. Decíamos:
Hemos de mentalizarnos de que el problema lingüístico no es algo que
afecte exclusivamente a las comunidades con lengua propia, sino que
incide plenamente en la política del Estado. El Estado, en su globalidad,
está afectado por este problema. No es su gestión la que hoy se está
interpelando en esta Cámara; es la gestión del Gobierno. Creo que el
Gobierno no la ha tratado bien mandándola hoy a afrontar esta
interpelación. Ustedes no tienen un proyecto global; ustedes no tienen ni
convicciones firmes en este tema. Están a la defensiva, cuando no están
llenos de desconfianza y recelo. Yo no he encontrado una sola afirmación
positiva en sus papeles sobre esto.
Señora ministra, la oportunidad de esta interpelación es que hay síntomas
de que podamos estar retrocediendo. Hemos avanzado bien; quizá menos de
lo que querrían algunos. Los socialistas pensamos que en estos temas, que
son muy delicados, hay que avanzar con rigor y con el máximo consenso.
Hemos avanzado, pero tenemos la impresión no sólo de que podamos estar
parados por un Gobierno que no tiene un proyecto, sino de que hay
síntomas que hemos vivido, y quizá los interpelantes anteriores han sido
más prudentes que yo pero yo quiero decirlo claramente. En Televisión
Española, señora ministra, hemos asistido a abucheos por un solo verso en
lengua catalana, y el presentador del programa, puesto y defendido
ardientemente por el director general de Televisión, ha dicho que ese
abucheo era libertad de expresión. Eso, señora ministra, no es de recibo.
Aquí tiene que venir el Gobierno y explicar un proyecto, una concepción
global de lo que va a hacer en una política que nos afecta a todos los
españoles, que atraviesa todas las gestiones; no lo que hace su
Ministerio, que, como le he dicho antes, sigue lo que ha heredado más o
menos bien.
Señora ministra, el Grupo Socialista espera que esta interpelación no sea
inútil, espera que en la próxima semana podamos votar una moción que
lleve a alguna política. Pero, señora ministra, tengo que acabar con un
profundo escepticismo porque de un partido que no tiene las ideas claras,
que no tiene proyecto en este sentido, cabe esperar muy poco. Aunque hoy
se ha demostrado que parece ser el Grupo Popular el único que no entiende
este problema de la realidad plurilingüe de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Clotas.
En nombre de Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Yo querría no caer ahora en la tentación de contestar directamente al
último interviniente, porque creo que los anteriores han estado de
acuerdo en no utilizar la lengua como un arma arrojadiza. Creo que esto
es importantísimo que lo salvemos y lamento mucho el tono de la
intervención. Me parece que hoy, con un tono crítico, como es lógico, los
dos interpelantes que firmaban la interpelación que estamos ahora
debatiendo planteaban una cuestión de enorme interés, que creo que otro
de los intervinientes ha recogido muy bien, que se ha recogido en general
y en la que a mí me importa centrarme. Insisto, quiero y freno
voluntariamente las ganas de contestar al último interviniente para no
hacer de esto un arma arrojadiza.
Me parece que lo que está planteado aquí lo ha defendido el señor Alcaraz
y el señor Ríos lo ha recogido bien, es la cuestión muy importante de
cómo desarrollar el artículo 3.3 de la Constitución. Insisto en que es
uno de los puntos que a nosotros nos interesa. Existen dos tipos de
planteamientos. Primero, ¿qué es lo que está sucediendo en las seis
comunidades que tienen una lengua propia, además del castellano, dos
lenguas oficiales? Segundo, ¿qué es lo que está sucediendo en torno al
plurilingüismo en la recepción de este Estado plurilingüe en todo el
país; Estado plurilingüe que la Constitución en mi opinión consagra y
que, sin embargo, hasta ahora se ha circunscrito mucho su desarrollo en
las seis comunidades que tienen una lengua oficial. Esta es una parte
extraordinariamente importante y en contra lo que dicen sí creo que el
Gobierno tiene un proyecto. La ministra lo ha desarrollado de forma
contundente. Creo que menospreciar que sea un ministerio de Educación y
Cultura precisamente el que defienda esto me sorprende. Por supuesto que
es una acción que tiene que cruzar horizontalmente a toda la
Administración. Ojalá creáramos en la moción de mañana una subcomisión
que pudiera canalizar la acción horizontal. Pero menospreciar la
importancia que para un Estado plurilingüe tienen la educación y la
cultura, cuando son los núcleos centrales de cualquier política
lingüística, eso sí que es reconocer que no se tiene política
lingüística. Es decir, sí creemos --y ha sido muy importante lo que ha
expresado la ministra de Educación-- que en el núcleo del plurilingüismo,
a largo plazo y para sentarlo, con sus raíces y no con acciones solamente
puntuales, está la educación y por supuesto está la cultura.
Hasta ahora, a pesar de ciertos términos alarmados por no decir más, se
ha avanzado, y este Gobierno ha avanzado. Efectivamente, todo lo que
hacemos bien lo hemos heredado del Partido Socialista, cuestión que jamás
aceptan cuando se hace algún reproche. Es decir, si se reprocha es que no
tenemos manera de hacer gobierno y sólo hacemos oposición; si se hace
algo bien se hereda del Partido Socialista. El caso es que se ha
avanzado, y se ha avanzado para mi gusto extraordinariamente. Se ha
avanzado de un Estado de verdadera opresión lingüística a un Estado de
normalización. Por supuesto que no se ha llegado a desarrollar del todo
que en este momento haya el reconocimiento de la identidad que supone
tener una lengua propia, el Estado legal desarrollado --todavía quizá no
del todo, pero en ello se avanza y deprisa-- que supone la cooficialidad
y la normalización que está llevando a la superación de las diferencias,
decir que no se ha avanzado es realmente una cosa absurda. Estamos de
acuerdo en que se tiene que avanzar más. Sin embargo, no ha habido un
debate sistemático --y es la primera vez que lo está habiendo en esta
Cámara, que yo recuerde y en lo que he mirado de antecedentes
parlamentarios-- de cómo hace que ese 60 por ciento de la población, que
no vive en comunidades que tienen dos lenguas oficiales, participe y se
enriquezca con el plurilingüismo de este país que la Constitución
reconoce.
Termino inmediatamente, señor presidente. Por tanto, creo que hoy
deberíamos abrir el doble debate --que me parece que el señor Ríos ha
recogido muy bien-- de cómo profundizar en aquellas comunidades con
lengua propia y de cómo sistematizar la acción y plantear el debate en
aquellas comunidades --60 por ciento de la población-- que son castellano
hablantes. Es verdad que hay hechos que a todos nos han dolido y que han
significado una falta de aceptación de este Estado plurilingüe. Pues se
reconoce y vamos a trabajar en ese sentido. Eso hoy sería muy positivo.
No hagamos de esta materia un arma arrojadiza, es un disparate hacerlo.
Pasemos de esa babel, que a otra interviniente le gusta señalar. En el
lenguaje español ordinario babel quiere decir caos, y nos ha recordado la
interpelante socialista que babel --no digo ahora, digo en general-- no
sólo es el símbolo del caos, sino que es el símbolo de la libertad, del
don de lenguas y de la lucha contra la tiranía. Traslademos esa metáfora
a la realidad y a la normativa, no hagamos de esto un arma y aprovechemos
la oportunidad que hoy nos están brindando.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rodríguez-Salmones.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.