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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 113, de 11/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 113
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 109
celebrada el martes, 11 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 5753)
Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:
--De la Asamblea Regional de Murcia, sobre reforma de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 115-1, de 16
de septiembre de 1997 (número de expediente 127/000004) (Página 5753)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
Consejo Económico, Ecológico y Social. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 104-1, de 9 de junio de 1997. Corrección de error: «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 104-2, de 12 de junio de
1997. (número de expediente 122/000086) (Página 5762)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 196, de 31 de octubre de 1997
(número de expediente 162/000172) (Página 5768)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la puesta en marcha de una
campaña publicitaria que tenga como objetivo concienciar a la sociedad
sobre los malos tratos, psíquicos y físicos, que sufren las mujeres y
niños. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 135, de 29 de
abril de 1997 (número de expediente 162/000120) (Página 5768)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre habilitación
de oficinas de asistencia en las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para atender las denuncias de las mujeres y víctimas
de delitos dolosos y violentos de lesiones corporales, de daños graves en
la salud física o mental y de delitos contra la libertad sexual. «BOCG.
Congresos de los Diputados», serie D, número 135, de 29 de abril de 1997
(número de expediente 162/000126) (Página 5768)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre adaptación de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas a los usos y recomendaciones
efectuadas por la Comisión de las Comunidades Europeas. «BOCG. Congresos
de los Diputados», serie D, número 135, de 29 de abril de 1997 (número de
expediente 162/000124) (Página 5780)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas del Gobierno para
asegurar los objetivos de inversión previstos por el Ministerio de
Fomento. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 202, de 11
de noviembre de 1997 (número de expediente 173/000053) (Página 5789)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adopción de
medidas para reducir la jornada laboral a 35 horas y las horas
extraordinarias. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 202,
de 11 de noviembre de 1997 (número de expediente 173/000054) (Página 5794)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 5753)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía
(Página 5753)
De la Asamblea Regional de Murcia, sobre reforma de la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia (Página 5753)
Para la presentación ante el Pleno de la propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia en relación con la Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio, intervienen los señores Dólera López, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes; Plana Plana, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Garre López, del Grupo Parlamentario Popular,
todos ellos representantes de la Asamblea Regional de Murcia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Ortiz Molina, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
y Gamir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la propuesta sobre reforma de la Ley Orgánica 4/1982,
de 9 de junio, del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, se
aprueba por unanimidad.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 5762)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
Consejo Económico, Ecológico y Social (Página 5762)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, presenta la
proposición de ley la señora Urán González, que manifiesta que su grupo
lo único que pretende con esta proposición de ley es ampliar el Consejo
Económico y Social, que se aprobó en 1991, al Consejo Económico,
Ecológico y Social, atendiendo a la necesidad de que las políticas que se
vienen desarrollando por los diferentes gobiernos sean informadas por un
Consejo que no trate exclusivamente los aspectos económicos, sociales y
laborales, sino que tenga también en cuenta el aspecto medioambiental. Lo
solicitan en base a que cada vez se hace más patente la necesidad de la
defensa del medio ambiente de una forma global, por lo que se hace
imprescindible que el Consejo Económico, Ecológico y Social sea hoy
refrendado por la mayoría de los grupos de la Cámara. A continuación
plantea la necesidad de la ampliación de los miembros de los órganos del
Consejo Económico, Ecológico y Social, porque es absolutamente necesario
que se incluya en él a las comunidades autónomas. También considera
indispensable que los entes territoriales y las organizaciones no
gubernamentales se vean reflejados en este Consejo. Termina su
intervención manifestando que no son muchas las modificaciones que
proponen en el funcionamiento del Consejo Económico y Social, porque lo
único que pretenden es que la defensa del medio ambiente se haga de una
manera globalizada, dentro del desarrollo de las políticas económicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Saavedra Acevedo, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora De Lara Carbó,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
Consejo Económico, Ecológico y Social, se rechaza por 24 votos a favor,
288 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 5768)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prevención
y erradicación de la violencia contra las mujeres (Página 5768)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la puesta en marcha de una
campaña publicitaria que tenga como objetivo concienciar a la sociedad
sobre los malos tratos, psíquicos y físicos, que sufren las mujeres y
niños(Página 5768)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre habilitación de
oficinas de asistencia en las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para atender las denuncias de las mujeres y víctimas
de delitos dolosos y violentos de lesiones corporales, de daños graves en
la salud física o mental y de delitos contra la libertad sexual (Página 5768)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene la
señora Sainz García, para presentar la proposición no de ley de su grupo
y fijar posición respecto de las otras presentadas por los grupos
parlamentarios Socialista del Congreso y Federal de Izquierda Unida.
Expone que en su proposición no de ley se abordan acciones concretas para
prevenir y eliminar la violencia y el maltrato que sufren numerosas
mujeres, problema que afecta a la dignidad de la persona y al conjunto de
la sociedad y supone una violación de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, siendo un obstáculo importantísimo en el camino
hacia la igualdad.
A continuación hace una exposición del fenómeno de la violencia doméstica
en nuestro país y se refiere a las estadísticas ocultas porque, la
mayoría de las veces, los casos no salen a luz debido al miedo de las
mujeres a denunciar a sus propios familiares. Asimismo, el ámbito
doméstico dificulta su tratamiento judicial y policial por la falta de
pruebas. Considera necesario salvar estas dificultades y poner todos los
medios para prevenir y ayudar a las víctimas desde todos los frentes,
tanto el humano
como el social, el policial y el judicial. También hay que concienciar a
la sociedad en general y a los agentes que están en contacto con estos
casos, como los médicos, jueces, policía, vecinos e, incluso, familiares.
Reconoce la preocupación del Gobierno por este problema y las actuaciones
que, en aras de prevenir y eliminar la violencia, se están tomando y
explica los puntos concretos de que consta la proposición no de ley de su
grupo, como, por ejemplo, la colaboración con las comunidades autónomas
y con las ONG, la introducción en las comisarías y en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de unidades específicas de atención a la
mujer víctima de agresiones sexuales y malos tratos, integradas
fundamentalmente por personal femenino y cualificado, y la promoción de
estudios específicos de investigación sobre el problema, sus causas y
consecuencias en nuestro país, con el objetivo de adoptar aquellas
medidas más adecuadas para la prevención y la erradicación.
En relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que se refiere a la preparación y celebración de
campañas de publicidad, manifiesta que es una contribución más al
objetivo compartido por todos, extremo que hace extensivo, en cuanto a su
calificación, a la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Por último, confía en que todos los grupos puedan
consensuar un texto que recoja lo fundamental.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso interviene la señora Varela Vázquez. Manifiesta
que su grupo no pretende definir la violencia, ni los tipos de violencia
existentes o tipificados, sino poner de relieve que en España la
violencia contra las mujeres y los menores es frecuente y persistente,
siendo cometida generalmente por personas que tienen un vínculo afectivo
con la víctima. Añade que constituye un atentado contra el derecho a la
vida, a la seguridad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica
y supone, por tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad
democrática. Relaciona este fenómeno de violencia doméstica que sufren
las mujeres con el de los malos tratos a menores dentro del mismo núcleo
familiar, pues en muchas ocasiones se produce al mismo tiempo. Opina que
es prácticamente imposible conocer el volumen de los malos tratos y de la
violencia doméstica en España, pero se barajan cifras impresionantes en
cuanto a los malos tratos a menores. El Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso piensa que la violencia contra las mujeres y los menores
tiene que tratarse como un problema político, dentro de los derechos
humanos, porque es un tema de política nacional, y sabe que la
rehabilitación es muy costosa en pesetas, en vidas, en salud y en tiempo,
pero más vale prevenir que sufrir. Añade que una forma de prevenir es
informar, para que pueda haber un cambio de mentalidad y actitud, por lo
que insta al Gobierno, a través de su proposición no de ley, a que en el
plazo más breve posible ponga en marcha una campaña publicitaria que
tenga como objetivo concienciar a la sociedad sobre este grave problema
e informar a la mujer y al menor de sus derechos, así como de las
instituciones que pueden prestarle el debido asesoramiento y ayuda.
En relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso se muestra sorprendida ante la propuesta de desarrollar
campañas de sensibilización en la sociedad, dirigidas a romper los
estereotipos sexistas, etcétera, porque en la campaña electoral varias
diputadas del Grupo Parlamentario Popular manifestaron que en un año se
iba a proceder al cierre de los centros de información de la mujer.
Asimismo se sorprende de que esta proposición no de ley sea una
reproducción del III Plan de igualdad de oportunidades de la mujer, plan
que, recuerda, ha sido aprobado hace varios meses. Esperaban que el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno presentara una proposición no de
ley concreta y no ésta que consideran ambigua, inconcreta y globalizada.
Anuncia que si se somete a votación en los términos en que ha sido
presentada se abstendrán. Sin embargo, siendo conscientes de que las
medidas recogidas en el plan se deben ir cumpliendo, han presentado
diversas enmiendas a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, que
esperan que sean tenidas en cuenta, aceptadas y aprobadas.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la
proposición no de ley la señora Aramburu del Río. Manifiesta que se está
ante un debate de condenable tratamiento sensacionalista que puede ser
considerado como marginal, pero que pone en peligro el más elemental de
los principios constitucionales, que es el de los derechos humanos.
Denuncia que hay cerca de 164.000 agresores que andan sueltos bien por el
pago de fianzas, bien por la falta de pruebas, asesinos incluso que no
cumplen condena, y plantea la necesidad de insertar en la legislación
laboral una definición del acoso sexual y de su regulación específica que
permita trabajar en los centros con dignidad. Estima que la situación de
inseguridad en que se encuentran las mujeres tiene su causa en la
transmisión
de unos valores que pertenecen a la ideología dominante, que considera a
la mujer como un objeto de uso y consumo, como un patrimonio privado
donde, en numerosos casos, las violaciones físicas y psicológicas
pertenecen a la cotidianidad conyugal, siendo el número de víctimas
superior al de las muertes por accidentes de circulación. Considera que
el país permanece impasible y que el Parlamento no acaba de estremecerse;
siente profundamente, al igual que su grupo, la pasividad del Gobierno y
de los señores diputados y les invita a reflexionar sobre que, en los
albores del siglo XXI, haya mujeres que mueren o son maltratadas por el
sólo hecho de ser mujeres.
A continuación pasa a explicar el contenido concreto de su proposición no
de ley instando al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que se
habiliten las oficinas de asistencia necesarias en las dependencias de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para atender las denuncias de las
mujeres víctimas de delitos dolosos y violentos, de lesiones corporales,
de daños graves de la salud física o mental y de delitos contra la
libertad sexual, aun cuando éstos se perpetraran sin violencia.
Por otra parte, mantiene sus enmiendas a los textos de las proposiciones
no de ley de los grupos Popular y Socialista, en aras de lograr un texto
común.
En defensa de las enmiendas presentadas a las tres iniciativas
intervienen las señoras Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de presentar una enmienda transaccional sobre los tres
textos presentados y las enmiendas, interviene la señora Sainz Garcia.
Sometidas a votación las proposiciones no de ley de los grupos Popular,
Socialista e Izquierda Unida en los términos resultantes de la enmienda
transaccional aceptada por los tres grupos, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre adaptación de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas a los usos y recomendaciones
efectuadas por la Comisión de las Comunidades Europeas (Página 5780)
Para presentar la proposición no de ley interviene el señor Morlán
Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Fundamenta la
proposición de su grupo en el artículo 116 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que trata de la subcontratación de la obra o
servicio sacado a licitación pública por parte de la empresa contratista.
En él se hace una referencia explícita al pago del precio pactado,
estableciendo que el contratista se obliga a abonar a subcontratistas y
suministradores el pago de dicho precio en los plazos y condiciones que
no sean más desfavorables que los establecidos en el artículo 100.4, que
hace referencia a dos meses para las relaciones entre la Administración
y el contratista. Sin embargo, esta regulación que se recoge en la Ley de
Contratos no se cumple por los contratistas, por lo que las pequeñas y
medianas empresas están pasando por un auténtico calvario. Expone que hay
180.000 empresas que se encuentran en esta situación, y como su grupo
deseaba la supervivencia de esas empresas fue por lo que apoyó que en el
artículo 116.2.c) se hiciera especial referencia a los subcontratistas y
suministradores, en un marco legal en el que surge la duda de si en la
legislación de la contratación administrativa pública debe contemplarse
aspectos de la contratación privada. Entiende que esa duda debe ser
superada y que los recursos públicos que se gastan en obras públicas
deben llegar a quienes efectivamente ejecutan su prestación. También se
refiere a la recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas,
que pronto se convertirá en directiva, que invita a los Estados miembros
a que adopten medidas para que, entre otros aspectos, se respete el plazo
de los 60 días para el pago del precio en este tipo de deudas, con lo que
queda superada la duda de si tiene que ser aplicada o no la normativa de
la contratación privada a este tipo de contratos entre contratistas y
subcontratistas de las administraciones públicas. Desarrolla el contenido
de la proposición no de ley y anuncia la aceptación de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), interviene el señor Homs i Ferret.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Cámara Rodríguez-Valenzuela,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar la transaccional ofrecida por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso intervienen los señores Morlán
Gracia y Homs i Ferret.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso sobre adaptación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas a los usos y recomendaciones efectuadas por la
Comisión de las Comunidades Europeas, en los términos resultantes del
texto ofrecido por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se
aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5789)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas del Gobierno para
asegurar los objetivos de inversión previstos por el Ministerio de
Fomento (Página 5789)
Para la presentación de la moción consecuencia de interpelación urgente
interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el
señor García-Arreciado Batanero. Manifiesta que la presentación de esta
moción tiene un doble objetivo: en primer lugar, trasladar al Gobierno la
preocupación por el alarmante descenso que se está produciendo en la
inversión pública y los efectos que ello pudiera tener en un plazo corto
sobre el sistema económico en su conjunto, sobre la accesibilidad de los
territorios de España y sobre la capacidad de competencia del conjunto
del Estado y de sus territorios; y en segundo lugar, conseguir del
Gobierno el acuerdo necesario para establecer un conjunto de medidas y de
actuaciones que permitan corregir ese camino descendente de la inversión
pública y produzcan algún tipo de reactivación a lo largo del próximo
ejercicio presupuestario. Estima que el señor ministro, en la
contestación a la interpelación urgente de la semana pasada, estuvo
cortés en las formas, austero en el fondo y parco en la palabra, siendo
por el contrario mucho más locuaz en las jornadas anuales que organiza en
Madrid un diario económico inglés, donde ha dicho cosas que les hubiera
gustado oír en la Cámara. Expone que el señor ministro anunció su
intención de mantener las cosas como están para el próximo ejercicio
presupuestario y que los socios del Gobierno colaboraron en esa postura,
por lo que se han visto obligados a presentar una moción en la que se
pide al Gobierno que planifique en un horizonte sectorial de tres, cuatro
o cinco años, tanto en carreteras como en ferrocarriles, y que, si no
planifica, explique trimestralmente en qué se está gastando el dinero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Ortiz González, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1, 2 y 5 de la moción,
se rechazan por 142 votos a favor y 163 en contra.
Sometidos a votación, en segundo lugar, los puntos 3 y 4, con la
corrección técnica propuesta, se aprueban por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adopción de
medidas para reducir la jornada laboral a 35 horas y las horas
extraordinarias (Página 5794)
Para la presentación de la moción consecuencia de interpelación urgente,
en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, interviene
el señor Vaquero del Pozo. Expone que su grupo pretende con esta moción
que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que adopte en el
plazo de tres meses las siguientes medidas: en primer lugar, enviar a la
Cámara un proyecto de ley que establezca la obligación de que en el año
2000 la jornada máxima de trabajo sea de 35 horas semanales, con
prohibición de las horas extraordinarias que no sean consideradas como de
fuerza mayor, descripción de los incentivos y medidas que el Estado
adopte a fin de coadyuvar a la consecución de la jornada laboral de 35
horas y de la supresión de horas extraordinarias antedichas y los cambios
organizativos y financieros de los procesos productivos que ello pueda
significar, así como los mecanismos de negociación entre los agentes
sociales y económicos para articular la aplicación de la medida de
reducción de la jornada y de horas extraordinarias; en segundo lugar, que
el Gobierno elabore el proyecto de ley en el plazo de un mes y convoque
a los sindicatos y a la patronal a fin de que, en el plazo de dos meses,
emita informe, a ser posible consensuado; y en tercer lugar, que en el
mismo plazo el Gobierno realice la negociación colectiva con los
trabajadores y los funcionarios al servicio de las
administraciones y empresas públicas dependientes del mismo, conducente
a reducir la jornada laboral de la función pública a 35 horas semanales,
así como a la eliminación de horas extraordinarias que no sean de fuerza
mayor también en el ámbito de las administraciones públicas.
Por otra parte, no se muestra receptivo a la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, salvo que se llegara a algún tipo de enmienda
transaccional, y se muestra abierto a un proceso de negociación para
llegar a un entendimiento.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso interviene el señor Griñán Martínez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto;
Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de rechazar la enmienda propuesta por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, interviene el señor Vaquero del
Pozo.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre adopción de medidas
para reducir la jornada laboral a 35 horas y las horas extraordinarias,
se rechaza por 22 votos a favor, 161 en contra y 112 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a proceder a
la toma del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de la
nueva diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña
María del Carmen Silva Rego, en sustitución de don Abel Caballero
Alvarez.
Doña María del Carmen Silva Rego, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
La señora SILVA REGO: Sí, prometo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En consecuencia, la señora Silva ha adquirido la plena condición de
Diputada. Bienvenida y enhorabuena.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
-- DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA
4/1982, DE 9 DE JUNIO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA LA REGION DE
MURCIA. (Número de expediente 127/000004)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: debate de totalidad de la
proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia, que eleva la Asamblea Regional de Murcia en relación con la Ley
Orgánica 4/1982, de 9 de junio. Damos la bienvenida a los parlamentarios
que van a presentar ante el Pleno la propuesta de reforma en nombre de la
Asamblea Regional, y también al presidente de la Asamblea Regional y a
los parlamentarios que le acompañan.
En primer lugar, tiene la palabra don Joaquín Dólera López, del grupo
parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Dólera López):
Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados, es un honor, como
diputado en la Asamblea Regional de Murcia, representar a nuestra
comunidad autónoma en la presentación hoy ante esta Cámara de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia,
tal y como la aprobó la Asamblea Regional en su sesión de 22 de julio de
este mismo año.
La primera característica que hay que resaltar, antes de entrar en
contenidos, es que este es el primer texto de estatuto de autonomía que
nace del consenso de los tres grupos parlamentarios presentes en nuestra
máxima institución representantiva. Es un texto en el que la Asamblea
Regional tiene el máximo protagonismo, en el que la Asamblea Regional no
se ha limitado, como en otras ocasiones, a bendecir o hacer un mero
trámite de lo que han pactado dos fuerzas políticas a nivel de todo el
Estado. Por tanto, la reforma que presentamos nace en el seno de la
Asamblea Regional, elaborada a través de una ponencia que, tras varios
meses de trabajo, alumbró el texto que mereció
la unanimidad de la Cámara. Lógicamente, cualquier consenso supone
cesiones de quienes a él concurren y quizás habrá que esperar a otra
ocasión para institucionalizar la figura del Defensor del Pueblo, para
asumir algunas nuevas competencias o para hacer una circunscripción única
electoral, ya en el estatuto de autonomía. Pero lo importante es que
hemos sido capaces de acordar unánimemente un texto que supera, que
avanza, que progresa respecto al hasta ahora vigente.
Si hubiéramos de resumir el contenido de esta reforma, diríamos que
supone más autonomía para la Región de Murcia y un Parlamento más amplio,
una Cámara ágil, viva y dinámica, en consonancia con esas nuevas parcelas
de autogobierno y con lo que de nosotros esperan los ciudadanos y
ciudadanas de nuestra región. Efectivamente, hay una ampliación
competencial, operada por la vía de la reforma, para poder gestionar cada
vez más competencias desde una mayor cercanía a la ciudadanía. Entre las
que se asumen de forma exclusiva podemos citar la ordenación del litoral,
importante en una región con más de 200 kilómetros de costa; industrias
agroalimentarias, fuertemente imbricadas en nuestra estructura económica;
aguas superficiales y subterráneas, de vital trascedencia en una región
azotada por la sequía y que debe racionalizar sus recursos si no quiere
ver cómo avanza el fenómeno de la desertización; instituciones
relacionadas con la asistencia y el bienestar social, parcelas del ámbito
cultural, cajas de ahorro, comercio interior, denominaciones de origen,
etcétera, todas ellas importantes por las características de nuestra
región. En desarrollo legislativo y ejecución, pretendemos la asunción de
sanidad e higiene y ordenación farmacéutica, montes y aprovechamientos
forestales, así como algo muy importante desde el terreno de la
participación, como son las consultas populares de comunidad autónoma vía
referéndum y también las consultas locales. En ejecución, entre otras, la
gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Queremos llamar la atención sobre tres competencias que se asumen ahora
o que ya estaban, y que son muy necesarias en este momento para nuestra
región. En primer lugar, la de régimen local, ampliada sobre la
denominación y el contenido que hasta ahora tenía, pero observando las
cautelas necesarias y haciendo las reservas constitucionales precisas. Es
necesaria para poder acometer con garantías el pacto local, entendido
como transferencia de competencias y recursos a las entidades locales, y
para garantizar una adecuada regulación de las entidades de ámbito
inferior al municipal, en una región como la nuestra en la que abundan
núcleos pequeños de población alrededor de lo que son los grandes núcleos
urbanos; núcleos pequeños que reclaman sus competencias, que reclaman sus
recursos y que reclaman también la elección de sus órganos de gobierno
por sufragio universal. También quiero destacar las competencias
sanitarias y las educativas; estas últimas ya estaban, pero para su
efectiva asunción hará falta desde la Administración central la
sensibilidad necesaria para aparejar a ellas las infraestructuras y los
medios económicos, materiales y humanos necesarios para corregir los
desequilibrios de gastos que tenemos en estas materias en relación a la
media de las regiones y nacionalidades del Estado. Así se corregirán
desigualdades y se eludirá que se amplíe la deuda histórica que la
Administración central tiene con la Región de Murcia.
En el aspecto institucional se ha procurado dotar de nuevas competencias
a la Asamblea, pero nuestro esfuerzo ha ido dirigido sobre todo a remover
obstáculos existentes para que nuestra máxima institución representativa
pueda dar respuesta eficaz e inmediata a lo que de ella demandan los
ciudadanos que mediante sufragio universal eligen a sus componentes. En
esta línea se amplía el abanico hasta los 55 diputados, del máximo de 45
que se tiene en la actualidad. Somos la tercera comunidad autónoma que
menos diputados tiene en relación al número de habitantes. Hemos
suprimido la restricción de los períodos de sesiones a cuatro meses al
año, ya que en este momento subsiste en el estatuto de autonomía una
restricción irreal por cuanto nos vemos obligados a usar ordinariamente
los períodos extraordinarios para poder resolver las cuestiones. Hemos
suprimido la imposibilidad de retribución del diputado, estableciéndose
también la posibilidad de disolución de la Cámara por el presidente, con
determinadas cautelas y limitaciones y siempre coordinando con el
calendario electoral general.
Otras reformas van en la línea de suprimir el número máximo de miembros
del Consejo de Gobierno, en coherencia con el ejercicio de las nuevas
competencias asumidas. La redefinición técnica del papel de municipios y
comarcas y la recogida del derecho consuetudinario y sus órganos,
particularmente en materia de aguas, en consonancia con el reconocimiento
del Consejo de Hombres Buenos que parece se hace ya en la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
El señor PRESIDENTE: Señor Dólera, concluya, por favor.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Dólera López):
Voy concluyendo, señor Presidente.
Esta antiquísima institución ha evitado con su arbitraje gran número de
litigios en materia de agua.
Para finalizar, solicitamos que, sin merma de la soberanía y de las
competencias de esta Cámara, se apruebe el texto que propone la Asamblea
Regional de Murcia porque es fruto de la voluntad unánime de nuestro
pueblo, plasmada en la unanimidad de la Asamblea Regional. Y si alguna
modificación ha de hacerse en este trámite parlamentario, que ésta tenga
lugar al menos con el mismo grado de consenso que entre las fuerzas
parlamentarias ha merecido el texto en su tramitación en la Cámara
representativa de la Región de Murcia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dólera.
Tiene ahora la palabra don José Plana Plana, del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea Regional.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Plana Plana):
Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, formando parte de la delegación que
la Asamblea Regional de Murcia nombra para la defensa del proyecto de
reforma del estatuto de autonomía, me dirijo a la Cámara en la doble
condición de miembro de esa delegación y diputado del Grupo Socialista en
dicha Asamblea.
En este sentido, nuestra intervención es breve y formal. Breve no sólo
por cuestiones de tiempo, sino porque no hay más que pedir la reforma del
estatuto de autonomía. El estatuto es una ley orgánica y, como tal, su
aprobación es competencia de las Cortes Generales. El estatuto es una ley
con una tramitación especial que comienza en la Asamblea Regional y que
finaliza aquí.
Esta no es la primera reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia. Tuvo una primera reforma para adecuar la fecha de las elecciones
a un proceso universal en el país, que unificaba la fecha en el cuarto
domingo de mayo con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. También hubo otra reforma con motivo de los Pactos
Autonómicos de 1992, cuyo contenido principal era el aumento de
competencias, pero aunque el traspaso de funciones y servicios se ha ido
produciendo en estos últimos años, aún no está culminado. De las
competencias que entonces se asumieron, todavía quedan elementos
importantes que no han sido efectivamente traspasados, cual es el caso de
la educación en los primeros niveles; no así de la universitaria, cuyas
transferencias ya se plasmaron.
El actual proceso arranca de un acuerdo del pleno de la Asamblea de julio
de 1996, que crea una ponencia en su seno y que culmina, en la primavera
del año en curso, con el acuerdo unánime de que se modifique el estatuto.
Tiene tres aspectos fundamentales que me parece que han sido expuestos
por el anterior portavoz y que serán repetidos, sin duda, por el
siguiente. Muy brevemente quiero decir que lo que a nuestro juicio
representa es la asunción de nuevas competencias, modificaciones
institucionales y alguna pequeña reforma de tipo exclusivamente técnico,
ya que se ha aprovechado la reforma del estatuto para precisar algunos
conceptos o la modificación de algunas expresiones gramaticales. La mayor
parte de las nuevas competencias son asumidas ex novo como profundización
o intensificación de algunas otras para intentar que aquellas que eran de
tipo ejecutivo pasen a ser de desarrollo legislativo o, incluso, a ser
competencia exclusiva o plena; también hay otras que han sido
consecuencia de posiciones que el Tribunal Constitucional ha ido fijando
con el paso del tiempo.
Además de esta profundización o modificación de competencias, ha habido
otras variaciones institucionales, como la desaparición de las
limitaciones que había en el estatuto para actividades de la Cámara, que
fijaba los períodos de sesiones de una forma que con el devenir de los
tiempos se ha visto que era excesiva; realmente habíamos llegado a una
interpretación forzada que producía de hecho --podríamos decir-- un
incumplimiento de tales limitaciones. También ha habido una desaparición
de la limitación del número de diputados que en relación con el número de
habitantes parecía que era muy bajo; teníamos una horquilla entre 35 y 45
y el estatuto propone ahora una horquilla entre 45 y 55 diputados.
Paralelamente, se establece la posibilidad de modificar el número de
miembros del Consejo de gobierno, también limitado. Se establece la
capacidad de disolución de la Cámara, fuera de aquellos casos que ya se
recogían, como consecuencia de la imposibilidad de elección de
presidente, pero con especificaciones suficientes que de hecho limitan
muchísimo tal capacidad de disolución, puesto que la nueva Cámara que
surja nunca lo será por más tiempo del que tenga de mandato la originaria
que se disuelve, en el sentido de que no se pueda hacer ni muy pronto ni
muy al final ni con un intervalo menor de un año, tampoco cuando haya una
moción de censura en marcha o cuando esté convocado un proceso electoral
de carácter nacional.
Otra modificación de tipo institucional --se ha referido a ella nuestro
colega anterior, pero es necesario resaltarla-- es la introducción de los
tribunales consuetudinarios, reforma que al propio tiempo que en el
estatuto, se ha propiciado también en la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que está todavía pendiente de sanción por esta Cámara,
para introducir la figura, recogida en la tradición murciana, del Consejo
de Hombres Buenos como el Tribunal de las Aguas de la Vega del Segura.
En definitiva, éstas son, a grandes rasgos, las características de la
modificación de nuestro estatuto. Como decía al principio, es un trabajo
de las Cortes que SS. SS. tienen a partir de ahora, tanto en el Congreso
como en el Senado. Señorías, en la medida en que se adecue al bloque de
constitucionalidad y que la Asamblea no haya hecho --como estamos
convencidos-- un uso inadecuado de sus facultades, en este caso de
modificación y de propuesta, pedimos que sea objeto de los mínimos
retoques posibles, aunque indudablemente siempre podrá ser objeto de
mejora y de enriquecimiento.
Me resta, señoras y señores diputados, finalizar como comencé, diciendo
que pedimos la reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Plana.
Tiene la palabra, don Alberto Garre López, del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Garre López):
Gracias, señor Presidente, querido paisano y compañero.
Señoras y señores diputados, en 1978 los españoles aprobamos nuestra
Constitución, texto que fue fruto del consenso desde planteamientos
históricos e ideológicos muy distintos. Se quiso y se hizo una
Constitución absolutamente para todos; todos cedieron, a nadie satisfizo
plenamente, pero nadie podía rechazarla porque el texto era el mejor para
la generalidad, impregnado de la vocación de permanencia que evita el
recurso a la reforma según la exigencia política del Gobierno de turno.
Con la misma voluntad de diálogo se abordó la reforma de nuestro estatuto
de autonomía y con el mismo resultado de unánime consenso cristalizó el
22 de julio último, instando la consecución de nuestro pleno desarrollo
estatutario, al tiempo que se impulsan los traspasos competenciales,
profundizando en nuestra capacidad de autogobierno y reforzando el
funcionamiento del Parlamento regional.
En un rápido repaso a la reforma que planteamos, destacamos en el
artículo 8 el derecho consuetudinario en materias de aguas, en otro
tiempo rechazado por la mayoría absoluta de esta Cámara, a fin de que la
figura institucional del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia
que desde 1267 nos otorgase como privilegio el rey Sabio tenga pleno
amparo legal.
Entre las competencias exclusivas más importantes que abordamos figuran
las de nuestro litoral, las de transporte marítimo entre puertos de
nuestra comunidad autónoma y las industrias agroalimentarias. En materia
de política solidaria destaca un nuevo apartado respecto a la promoción
de la mujer. Sin detrimento de su dependencia jerárquica, pretendemos
legislar sobre los objetivos, funcionamiento y facultades de la Policía
local. Solicitamos ahora como exclusivas anteriores competencias de
desarrollo como la de régimen local, ordenación de instituciones de
crédito, colegios profesionales, comercio interior y denominaciones de
origen. Como competencias de desarrollo incorporamos la sanidad e higiene
y la ordenación farmacéutica. Finalmente, dentro del ámbito competencial,
pretendemos incorporar como competencia de ejecución la gestión de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
En el plano institucional, reformamos el artículo 24.2, estableciendo
ahora un número de miembros de la Cámara no inferior a 45 ni superior a
55, a fin de que pueda racionalizarse el mayor trabajo de la institución
como consecuencia de la asunción de nuevas competencias. Adicionamos al
artículo 24.3 una cautela electoral, sin perjuicio de lo que dispongan
las Cortes Generales, al objeto de evitar la dispersión de procesos
electorales. Suprimimos el apartado cuarto del artículo 25 que impedía
cualquier retribución fija del trabajo de los diputados y establecía como
única compensación el sistema de dietas.
En cuanto al régimen de sesiones de la Cámara, pretendemos formalizar de
manera ordinaria lo que venía siendo práctica habitual extraordinaria,
estableciendo un régimen de sesiones en dos períodos, comprendido el
primero entre septiembre y diciembre y el segundo entre febrero y junio.
Adicionamos ex novo una nueva fórmula de disolución de la Asamblea
Regional, como facultad del presidente del Gobierno autónomo, con las
condiciones y limitaciones previstas para --entre otras cosas--
posibilitar el desbloqueo a situaciones de crisis padecidas por gobiernos
autonómicos como consecuencia de comportamientos políticos individuales,
poco deseables en pura esencia democrática.
Por las mismas razones de asunción de mayores competencias suprimimos en
la reforma la limitación impuesta a la composición del Consejo de
gobierno, atribuyendo ahora al presidente del Gobierno autónomo el
nombramiento o separación del vicepresidente --en su caso-- y de los
consejeros.
Señor presidente, el estatuto de autonomía cuya reforma acabo de
presentar lo es de todos los murcianos, como la Constitución lo es de
todos los españoles. Después de 18 años de nuestra Constitución y de 15
de nuestro estatuto de autonomía, todos los españoles --y entre ellos los
murcianos-- hemos ido avanzando en la consolidación de nuestras
instituciones democráticas y en la edificación del Estado de las
autonomías. En este devenir de permanente impulso constitucional y
estatutario, Murcia, como región, y sus legítimos representantes, sin
hacer abstracción de nuestras ideas ni de la posición de cada grupo,
derivada de la soberanía popular, hemos acertado a entender que nuestra
región, además de un territorio físico, es un marco de convivencia de
determinados seres humanos, cuyos representantes, desde las distintas
ideas y el intercambio sosegado de pareceres, dialogamos y consensuamos
para que el territorio y la convivencia se fortalezcan en un ordenado y
perdurable marco jurídico. Hemos sido capaces de reflexionar con
sinceridad acerca de lo que somos y de lo que queremos los murcianos,
desde el principio incuestionable de que en España no cabe otra nación
que la española, integradora de todos y cada una de las formas de vivir
y sentir de cada una de sus regiones y nacionalidades, como hecho plural
e indiscutido que forma parte de la propia historia y cultura de la
España a la que pertenecemos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, con mayoría absoluta en la
Asamblea Regional de Murcia, desde esas ideas, desde ese pensamiento de
lo español y desde ese sentimiento murciano, solicita de esta Cámara el
voto favorable a la totalidad de la propuesta de reforma de nuestro
estatuto de autonomía, en la seguridad de que con ella nos reafirmamos en
dos principios constitucionales: el principio de unidad y el principio de
autonomía, afianzando el Estado español y el Estado de las autonomías, al
tiempo que se consolida nuestra región.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garre, gratitud que reitero a
la delegación de la Asamblea Regional de Murcia.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Comienzo por dar una cordial bienvenida a los señores miembros de la
Asamblea Regional de Murcia que acaban de intervenir. Anuncio, señor
presidente, que por parte de Coalición Canaria vamos a votar
afirmativamente la toma en consideración de esta propuesta de reforma del
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en concordancia con la
línea política que mi grupo viene manteniendo sobre todas las iniciativas
que las distintas entidades parlamentarias de las comunidades autónomas
han traído a la Cámara. Tienen, por tanto, ustedes nuestra solidaridad,
en el fundamento del Título VIII de la Constitución española, para la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Murcia de 1982, que ya
ha tenido esas modificaciones intermedias que nos han recordado. Después
de estos 15 años transcurridos han adquirido plenamente el derecho que se
justifica en la acogida por la sociedad murciana, debido a un acuerdo por
unanimidad de la propia Cámara proponente, al cumplirse exquisita,
reglamentaria y democráticamente todos los principios que deben inspirar
un voto de apoyo positivo en esta Cámara, y para cualquier otra objeción
que pudiera presentarse están los trámites en ponencia y en Comisión,
donde se harán las adecuaciones pertinentes a todo el ordenamiento
estatutario español.
Por estas razones, porque entendemos que la propuesta da satisfacción a
un deseo vehemente y democráticamente expresado por el pueblo murciano,
a través de sus órganos institucionales representativos de las fuerzas
políticas de la Asamblea Regional de Murcia, es por lo que nosotros, en
esta prueba de solidaridad y de respeto a los principios constitucionales
y al pronunciamiento de la soberanía de la Asamblea Regional de Murcia,
damos, señor presidente, nuestro voto afirmativo a la iniciativa.
Deseamos a los representantes murcianos en nombre de la institución que
alcancen la satisfacción plena a la que tienen derecho constitucional y
democráticamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar cordialmente en nombre de mi grupo a los
parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia que están hoy presentes
en la Cámara y felicitarles por el consenso obtenido en ese foro sobre el
desarrollo de sus competencias de autogobierno mediante la reforma de su
estatuto de autonomía, transcurridos 15 años desde la aprobación del
texto inicial por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio.
En segundo lugar, quiero manifestarles a ellos y a la Cámara que contarán
en su tramitación con el apoyo por parte del Grupo Vasco. Nosotros, que
defendemos nuestro propio sistema de articulación institucional y
nuestros contenidos competenciales, somos enormemente respetuosos con lo
que cada comunidad autónoma haya decidido asumir y gestionar a través de
lo manifestado en su órgano representativo de la soberanía popular, que
es su propio Parlamento. En la creencia de que nuestro sistema
constitucional se basa en el principio que supone que cada comunidad
autónoma debe tener el nivel de autogobierno que desee, dentro de los
parámetros establecidos y conforme al procedimiento señalado también en
la propia Constitución, por la vía del artículo 143.2 y del 148, como es
en el caso de Murcia, respetamos la decisión de la Asamblea Regional de
Murcia y ese respeto nos lleva a dar ahora nuestro voto favorable a la
posibilidad de la tramitación del texto.
Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en primer lugar para dar la
bienvenida a los dignísimos representantes del Parlamento de la Región de
Murcia y en segundo lugar para señalar, como en tantas otras ocasiones en
que hemos tratado entre todos de elevar los
techos competenciales de los estatutos de autonomía, que nuestro voto va
a ser indudablemente positivo a la toma en consideración de esta
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Y
lo vamos a hacer, en primer lugar, llevados por nuestra convicción
autonomista, es decir, por creer en el derecho de las naciones y de las
regiones que integran el Estado español a disponer de aquellos mecanismos
de autogobierno que precisen, como ha señalado un dignísimo diputado de
la Asamblea Regional de Murcia, para estar más cerca de los ciudadanos y
resolver, por lo tanto, con mayor eficacia sus problemas. La vamos a
votar positivamente, señor presidente, llevados también por nuestra
convicción de que el llamado Estado de las autonomías no es algo cerrado,
al menos no lo es para nosotros, sino que es algo en permanente
evolución, que tiene, eso sí, un marco preceptivo y un marco referencial,
hoy la Constitución de 1978, y mañana quizás otra, la cual debe ser
interpretada y aplicada --ambas cosas-- con serenidad de espíritu,
indudablemente, pero también --a veces se nos olvida-- con ambición de
futuro, es decir, de manera inteligente, porque nada más absurdo que
cerrarse a realidades y a posibilidades, a aspiraciones posibilistas que
tienen su anclaje en la propia evolución del Estado, de las comunidades
autónomas y, por qué no, del conjunto de la sociedad del Estado español.
Y vamos igualmente, señor presidente, señorías, a votar favorablemente la
toma en consideración llevados por nuestra solidaridad, en este caso
respecto a la Región de Murcia; por nuestra solidaridad no medida en
cifras, sino mediante las letras que posibilitan un sustantivo incremento
de la capacidad de autogobierno de Murcia, asumiendo, por lo tanto, más
y mejores competencias su Gobierno y su Parlamento y reforzando a la vez
el papel de estas dignísimas instituciones.
Sólo me permito añadir, señor presidente, una constatación. Cuando se
trata de elevar los techos competenciales de distintos estatutos de
autonomía se hace siempre desde la voluntad de todos los grupos
parlamentarios de apoyar esas iniciativas con sinceridad y con
unanimidad. Cuando de lo que se trata no es de incrementar lo que está
escrito en ciertos estatutos de autonomía, pongamos por caso el de
Cataluña o el de Euskadi, sino de cumplimentarlos --es decir, de llevar
a la práctica aquello que está previsto en la Constitución y en el
estatuto--, muchas son las voces que se alzan, muchas más, señor
presidente, que las oigo en este momento y que me distraen profundamente.
Señor presidente, usted me ha entendido perfectamente.
Señorías, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar
defender el voto favorable del Grupo Federal de Izquierda Unida a la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia
que han presentado los portavoces de todos los grupos parlamentarios de
la Asamblea. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Ríos.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, vamos a dar nuestro voto favorable y no sólo porque sea una
reforma que viene de la propia Asamblea, sino por dos razones
fundamentales, porque en la forma y en los contenidos Izquierda Unida
está de acuerdo. Quiero dejar constancia hoy aquí de la amplia presencia
del Parlamento murciano, que yo saludo, y les felicito por el amplio
consenso que han encontrado. Indudablemente las tareas de gobierno han
impedido una igual representación del Gobierno regional.
Quiero señalar, señorías, lo que son elementos positivos de esta reforma.
Por primera vez viene con una voluntad de autogobierno. No ha venido
precedida de lo que pudiéramos llamar acuerdo de los grandes partidos. Yo
tuve la oportunidad de participar en la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia en 1982 en el palacio de La Almudí y a
aquel estatuto, que era nuevo para la región y que era aprobado por el
pacto de UCD con el Partido Socialista, nosotros le demandábamos dos
medidas o complementos para corregir dos grandes deficiencias, la primera
de las cuales era el techo competencial; el pueblo de la Región de Murcia
debía tener la posibilidad de acceder desde su estatuto de autonomía al
mismo techo competencial que otras comunidades autónomas, como
manifestación de su propio autogobierno. La segunda medida era que no
había que hacer un Parlamento chico o menor de edad, sino que debía tener
las mismas condiciones que todos los parlamentos en cuanto a períodos
ordinarios, composición, funcionamiento y a protagonismo frente al
Ejecutivo. Esas eran las demandas que hacíamos entonces.
Yo también tuve la oportunidad de intervenir en esta Cámara por primera
vez en el debate de la reforma en 1993 y en aquel momento, fruto del
acuerdo que entonces era del Partido Popular con el Partido Socialista,
volvíamos a demandar que se resolvieran esas dos mismas limitaciones.
¿Por qué era bueno para la Región de Murcia no tener algunas competencias
como sanidad u otras actuaciones no tan importantes, pero que se daban a
otras comunidades? ¿Por qué tramitar lo que se había hecho por igual en
todos los parlamentos y no darle unas señas de identidad? Entonces
resaltábamos
por qué La Rioja tenía posibilidad de denominación de origen y la Región
de Murcia, que tiene tan buen vino como puede tener La Rioja --o por lo
menos eso creemos los que allí nos hemos criado--, no la tenía.
En suma, señor presidente, hay una gran ventaja. Hoy viene con el grado
de unanimidad que se ha podido lograr allá, con las demandas y la
manifestación de lo que es el derecho de autogobierno, pero hay otra gran
ventaja, señor presidente, que viene como no han venido las otras tres
reformas. Esta viene pactada por todas las fuerzas políticas. Viene
respaldada por la unanimidad de la representación del pueblo de Murcia
para superar esas dos limitaciones. En 1993 aprobamos una reforma del
estatuto para la Región de Murcia que le daba las competencias de
educación y, no se extrañen SS. SS., no las tenemos todavía. Pero no es
ese solamente el símbolo. En el artículo 3 de nuestro estatuto de
autonomía figura que Murcia, en cuanto a capacidad de autogobierno, se
organiza en municipios y comarcas y, sin embargo, no se han constituido
las comarcas como capacidad o como previsión de autogobierno. ¿Qué
intento decir con esto? Que no por el mero hecho de que esté en el papel,
por el mero hecho de que aparezca en el estatuto se ha desarrollado ya la
competencia. Por eso, lo que viene a decir el estatuto es que la Región
de Murcia podrá incorporarse a todas estas competencias en función de las
decisiones que vaya adoptando y tiene un techo competencial y una
capacidad de funcionamiento similar a todas las comunidades autónomas.
Por eso, señorías, esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía,
al igual que ya sucedió con la de Castilla-La Mancha, que vino apoyada
también unánimemente, cuenta con el apoyo de Izquierda Unida. Yo creo que
si hoy el Parlamento, como solicita Izquierda Unida y, al parecer, todos
los grupos parlamentarios van a hacer, por lo que han sido sus
intervenciones, aprueba la toma en consideración y pasamos a las
enmiendas al articulado, la Región de Murcia estará de enhorabuena,
porque habrá sido partícipe no sólo de un proceso para la Región de
Murcia sino de una voluntad nueva de caminar hacia el autogobierno desde
todos los pueblos de nuestro país. Es decir, estamos profundizando en el
Estado de las autonomías en un proceso federalizante para que cada pueblo
vaya marcando su capacidad de acción y de decisión. En ese sentido, si
hoy se admite aquí esta reforma del estatuto de autonomía para que, tras
las enmiendas del Senado, pueda caminar y ser recibida allá en la
comunidad, habremos dado ese paso adelante; paso positivo que es bueno
por las competencias y por la reforma institucional, aunque hay cosas que
han quedado en el camino.
Quisiera terminar, señor presidente, diciendo que nos encontramos ante un
paso adelante que nosotros apoyamos y que esperamos que abra las puertas
para nuevos avances que signifiquen un sistema electoral de
circunscripción única y que tengamos un voto, como decía en el año 1982
el señor Alfonso Guerra, no en función de las tahúllas sino en función
del número de habitantes y que no haya circunscripciones de tres
diputados, en las que la proporcionalidad brilla por su ausencia; que
tengamos una institución como el Defensor del Pueblo, que otras
comunidades autónomas tienen; que tengamos capacidad de disolución; que
tengamos un trato preferencial en un elemento importante como es la
inmigración, que afecta a toda la región. En suma, es un paso importante;
estamos de enhorabuena --quien les habla indudablemente también-- y
estamos convencidos de que este paso adelante irá unido a otros muchos
que habrá después.
Lo que sí que demandamos, y con esto termino señor presidente, es que en
relación a lo que aquí se apruebe, teniendo en cuenta el grado de
consenso que trae de la Asamblea de Murcia, no se produzca en el trámite
parlamentario una adecuación excesiva, que no se produzca, como en el
caso de Aragón, la presentación de 30 o 40 enmiendas, porque si eso se
hace, nosotros anunciamos que presentaremos enmiendas para que el centro
se sitúe donde debe, para que el centro actual no se radicalice para otro
lado y nos descentre la propuesta que viene de la Asamblea. Es decir, si
hay un consenso, que también se produzca aunque sea para enmendarla. Como
estoy convencido de que eso será así, estaremos de enhorabuena, porque el
país avanza hacia un proceso federalizante y porque Murcia mejora
competencial e institucionalmente.
Nada más, señor presidente, nada más señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Ortiz Molina.
El señor ORTIZ MOLINA: Señor presidente, señorías, en este trámite formal
en el que prácticamente está asumido de buen grado por todos que no hay
grandes pretensiones en lo que pudiera ser el fondo del debate político
de la cuestión que tratamos, precisamente por ese principio de autonomía
que todos reconocemos a las instituciones de autogobierno de la Región de
Murcia, se somete a la consideración del Congreso de los Diputados la
proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de
Murcia, estatuto que fue aprobado hace ya 15 años y que se pretende
someter a una segunda modificación relevante, puesto que hay una primera
del mismo tenor en 1992.
Sean mis primeras palabras para felicitar a los parlamentarios que han
comparecido para la defensa de la citada reforma. Vaya mi felicitación
para ellos y para la Asamblea legislativa que representan, pues el texto
que nos traen es fruto del acuerdo, tal y como se ha dicho, asentado sin
duda sobre el debate crítico, pero
que ha alcanzado en su conformación final el consenso de todos los grupos
parlamentarios que constituyen el Parlamento regional murciano, salvando
lo que los portavoces de Izquierda Unida han considerado una virtud, que
era la falta de acuerdo a nivel nacional, y que, por el contrario, los
socialistas pudiéramos considerar un defecto.
Con esta premisa, qué duda cabe que el Grupo Parlamentario Socialista, al
que represento, va a otorgar su voto favorable a la tramitación de la
propuesta. Desde que el 9 de junio de 1982 fuera aprobado el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, es mucho el tiempo que ha transcurrido,
más de 15 años de progreso y de solidaridad, de autogobierno responsable.
Estos más de quince años de autonomía han sido testigos de la madurez de
murcianos y murcianas en su capacidad para decidir por ellos mismos;
capacidad para decidir sobre aquellos asuntos que sólo a ellos afectaban
y capacidad también para participar responsable y solidariamente en otras
decisiones cuya trascendencia se proyectaba más allá del propio ámbito
regional, asumiendo siempre de manera generosa la cuota parte de
responsabilidad y compromiso solidario que les correspondía para que el
conjunto del país alcanzara metas colectivas que precisaban del concurso
de todos.
Cuando, tras el período transitorio, en las primeras elecciones
autonómicas de 1983, a los socialistas nos fue renovada la confianza de
los ciudadanos, las deficiencias de todo orden que presentaba la región
de Murcia eran numerosas y graves: en infraestructuras de todo tipo, en
servicios públicos básicos, en prestaciones hoy consagradas como un
derecho, en el sistema productivo, en la articulación social. Así
podríamos seguir enumerando deficiencias para terminar, sin lugar a
dudas, abordando la trascendencia que el abandono y la discriminación
histórica supuso en la configuración del deficiente perfil que presentaba
aquella tierra en el inicio de la década de los ochenta. Los años
transcurridos desde entonces --años de trabajo, de imaginación, de
esfuerzo y de confianza-- han dado lugar a una región distinta, más
moderna, más competitiva; una región en la que el trabajo y la
solidaridad son convicciones arraigadas en su población, ese más de un
millón de murcianos y murcianas que, con sus instituciones de
autogobierno, han sido los únicos y auténticos protagonistas de ese
período de avance y de progreso.
Siendo yo socialista, y habiendo correspondido a mi partido ser
depositario de la confianza mayoritaria de los ciudadanos para gobernar
durante la casi totalidad del período a que me refiero, pudiera parecer,
al ser parte interesada, que no soy suficientemente objetivo; por eso, me
van a permitir que refiera la valoración que, en 1995, tras el relevo en
esa confianza, que tuvo lugar en favor del Partido Popular, hiciera el
nuevo presidente del Legislativo, militante de ese partido, que, el día
de la Región del presente año de 1997, decía: el 9 de junio de 1982 es
una fecha que merece la pena celebrar porque supuso el derecho a la
autonomía. Desde entonces acá han pasado quince años en los que,
paralelamente a la consolidación del Estado de las autonomías, Murcia ha
acumulado una experiencia de autogobierno inédita en su historia; quince
años en los que nuestra región ha experimentado un considerable avance y
ha alcanzado mayores cotas de prosperidad. La confluencia en la
valoración, más allá de las diferencias partidarias, avalan el juicio
positivo sobre el tiempo transcurrido.
Pero lo dicho y compartido no conlleva complacencia alguna, pues el
camino que se ha de continuar recorriendo exige grandes dosis de
autoexigencia. La posición de la región de Murcia, en relación a otras
regiones españolas y del resto de la Unión Europea, referencias obligadas
del espacio común en el que nos desarrollamos y competimos, exige un
permanente esfuerzo crítico de superación, y en ese objetivo se enmarca
la actuación parlamentaria que nos ocupa.
Siendo especialmente relevante la reforma a que fue sometido el Estatuto
de Autonomía para la Región de Murcia en 1992, incorporando competencias
tales como universidad, Inserso, cooperativas y educación, entre otras,
no deja de ser importante la reforma actual, pues, aunque en materia
competencial lo más sobresaliente que se plantea es la gestión de la
asistencia sanitaria, las modificaciones que se proponen de carácter
institucional alcanzan un alto grado de notoriedad. En la celebración del
décimo aniversario del estatuto, el entonces presidente del Parlamento
murciano, señor Navarro Molina, decía que diez años de autonomía permiten
alcanzar nuevas metas en el desarrollo del autogobierno, en la asunción
de nuevas competencias y en la obtención de un mayor grado de autonomía
dentro del conjunto armónico y solidario acordado que constituye el
Estado. El paso que se nos propone hoy da clara respuesta a aquella
legítima aspiración manifestada por medio de unas palabras que hoy, cinco
años después, cobran absoluta actualidad. Pero nuevos pasos en la
construcción de un nuevo Estado han de suponer, si estamos
suficientemente despiertos, nuevos retos y nuevos esfuerzos en la
dirección correcta.
La reordenación de lo público, y el desarrollo autonómico lo es, nos da
nuevas oportunidades que no podemos desaprovechar y nos ofrece nuevos
retos a los que no debemos renunciar. Desde la perspectiva socialista,
hemos trabajado en la configuración de un Estado que se justifica en sí
mismo en la medida en que genera bienestar para los ciudadanos y
ciudadanas a los que sirve.
Nuestra razón de ser en política se ha asentado en la configuración del
Estado del bienestar, empresa de la que ha sido partícipe como elemento
consustancial la autonomía murciana. Y esa orientación en momentos
como éste, no sólo no debe ser cuestionada, sino que, por el contrario,
debe ser reafirmada. Así lo hacemos, aun a pesar de esa corriente crítica
de cierta actualidad en la política española que considera que las
políticas de bienestar han creado una corriente igualitaria tal que ha
llevado al ciudadano a perder la apreciación del valor y del coste de los
bienes que ofrece el sector público.
Entendemos, por el contrario, que el desarrollo autonómico, con lo que
conlleva de cercanía en la toma de decisiones, en la configuración y
prestación de servicios al ciudadano, refuerza la conciencia ciudadana,
haciendo cada día más irreversibles los logros alcanzados. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
La región de Murcia, señor presidente, señorías, puede y debe contribuir
a que esto sea así, y al proponernos ampliar su capacidad de autogobierno
se está incorporando con mayor compromiso a esa tarea.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, por favor, concluya.
El señor ORTIZ MOLINA: Acabo inmediatamente, señor presidente.
Hay peligros en este envite, sin lugar a dudas, y muchos de ellos de
confusa percepción, al ocultarse la mayoría de las veces en falsas e
interesadas argumentaciones. Parece recurrente, cuando se plantea la
asunción de nuevas competencias o el desarrollo de las instituciones de
autogobierno, como pretende la autonomía murciana, que surja la inquietud
sobre las dimensiones de la Administración que estamos construyendo, para
a renglón seguido contraponer lo privado a lo público en un corto
recorrido de largo alcance. Ese es nuestro reto. Quizá con hechos y en
momentos como éste hay que demostrar que no es posible andar por ese
camino y, por el contrario, esa cercanía al ciudadano lo que hace es
consolidar, a lo que sin duda no estamos dispuestos a renunciar.
Señor presidente, señorías, para finalizar permítame hacer nuestras las
palabras que el señor Plana Plana, que hoy nos honra con su presencia,
defendiendo la propuesta del Parlamento murciano, pronunciara en esta
misma Cámara en el año 1982, cuando al debatirse la aprobación del
Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, en representación del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, dijo que el estatuto debe
servir para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
Como creemos que esto es así y como consideramos que la reforma que se
nos propone refuerza ese compromiso, desde la reflexión que hemos
planteado, y sin perjuicio del enriquecimiento que la tramitación
parlamentaria aportará, reitero el voto favorable del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso y nuestra felicitación de nuevo a la Asamblea
Regional de Murcia.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor presidente, señoras y señores diputados,
quisiera empezar con una triple cita que tiene algo de simbólico, una
triple cita a los tres portavoces de tres formaciones políticas que hoy
nos acompañan, porque algunas de la palabras pronunciadas el 22 de julio
de este año, cuando fue aprobada por la Asamblea de Murcia esta propuesta
de estatuto, las han vuelto a expresar en esta sesión.
El señor Dólera ha manifestado su satisfacción porque el sistema de 1992
que se ha seguido en este caso implicara un mayor grado de iniciativa de
la Asamblea murciana. Estoy de acuerdo con el señor Dólera en dicha
manifestación. El señor Plana ha manifestado el carácter sui generis que
tiene esta normativa, que requiere una doble aprobación simultánea: una
incluso con mayoría especial en la Asamblea murciana y, al mismo tiempo,
como ley orgánica por la Cortes Generales.
Por otra parte, lo que voy a recoger de lo dicho por el señor Garre, en
cierto grado se imbrica con esta triple cita. Destacaba allí, como ha
destacado hoy, el carácter de consenso de esta norma, e incluso se
remitía a nuestra Constitución de 1978, al hablar del carácter de
consenso.
Precisamente tuve el privilegio de pertenecer al Parlamento que aprobó
aquella Constitución de 1978. Creo que en la vida política aquellas
normas que son básicas, que van a enmarcar el resto de la vida política,
el resto de la vida ciudadana, es muy positivo que se hagan por consenso,
en lo posible. Mientras que en el resto de la vida política se puede
llegar a un acuerdo cuando es posible y cuando no, se impondrá el libre
juego de mayorías y minorías decididas democráticamente por la sociedad
española. Insisto en que ha sido adecuado, en este caso, que se hiciera
por consenso, porque, sin duda, es la norma que enmarca la vida política,
la vida de la ciudadanía murciana.
Paso a un segundo tema. En esta reforma estatutaria se plantea un cambio
institucional y una profundización en las competencias. Se han referido
ya a este tema otras personas que me han precedido en el uso de la
palabra, por lo que lo trataré muy esquemáticamente. En el campo
institucional he de recordar el consejo de hombres buenos, las reformas
sobre el número de diputados, sobre el número de consejeros y también
sobre el presupuesto que permite, precisamente al ser dos meses antes,
discutirlo de una manera más eficaz al poder conocer con anterioridad los
presupuestos del Estado.
En el campo de las competencias, éstas son muy diversas, como son las de
sanidad, a las que ya se ha referido otro de los portavoces, o temas que
van desde
las denominaciones de origen, la industria agroalimentaria, los
aprovisionamientos hidráulicos, o problemas muy varios como son las
competencias en la normativa sobre la promoción de la mujer en centros
culturales, en temas como los nombramientos de notarios, registradores de
la propiedad, en temas que afectan, por ejemplo, a las cámaras de
comercio, a las cámaras agrarias, a las cofradías de pescadores, los
colegios profesionales, etcétera. Encontramos, pues, una importante
profundización en la competencia aparte de los campos institucionales.
Quizá --y paso a otro punto-- esta reforma que va a tener ahora su
trámite parlamentario en las Cortes Generales habría que enmarcarla en
las reformas que se han hecho en esta legislatura en cuanto a los
estatutos, por un lado, de Aragón y de Canarias, que ya tenían
antecedentes precisamente en la legislatura pasada y que han tenido su
tramitación completa en esta legislatura, en el Estatuto de Castilla-La
Mancha y ahora en la reforma del Estatuto de Murcia.
En este sentido, estas Cortes Generales tendrán que realizar, si lo
consideran adecuado, una labor de homogeneización en cuanto a la
profundización en las competencias de las autonomías del artículo 143,
pero, al mismo tiempo, sin duda, una labor importante de profundización
y de intensificación de esas competencias y de incidencia en su vida
institucional.
Acabaría con dos notas. La primera, es que preparando esta intervención
he tenido la curiosidad de consultar el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española para ver cómo definía la autonomía, y me he
encontrado con dos acepciones que ninguna de ellas cuadra, lo cual nos
puede plantear un cierto impulso a una definición más coherente con lo
que hoy se está creando en las autonomías de nuestro país. Una de estas
definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
que es la más amplia, dice que es el estado y condición del pueblo que
goza de entera independencia política. Sin duda, no es éste el rasgo de
estos estatutos de autonomía, pero quizá la que parece concretarse más a
los mismos es la que se refiere a la potestad que dentro del Estado
pueden gozar municipios, regiones u otras entidades para regir intereses
peculiares de su vida interior. Quizá, también, es demasiado estrecha
esta segunda definición y habría que promover otra acepción de la palabra
autonomía, entre ambas definiciones. Prueba de ello, precisamente, es
esta profundización en las competencias que implica la reforma que hoy
inicia su trámite parlamentario.
En el caso de que en el trámite del Congreso o del Senado se produzca
algún tipo de modificación de lo que de esa manera unánime y por consenso
nos envía la Comunidad de Murcia, deberíamos hacer un especial esfuerzo
porque sería muy deseable que estas Cortes alcancen el mismo grado de
consenso que el conseguido por parte de la Asamblea regional, lo que nos
puede servir como ejemplo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gamir.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que
formula y presenta ante la Cámara la Asamblea Regional de Murcia, sobre
reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308;
a favor, 308.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de la Asamblea Regional
de Murcia por unanimidad del Pleno. (Aplausos.) Enhorabuena a los
proponentes.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACION DEL
CONSEJO ECONOMICO, ECOLOGICO Y SOCIAL (Número de expediente 122/000086)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Debate sobre la proposición de ley
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de creación del Consejo
económico, ecológico y social.
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en 1991 se aprobó la ley de creación del Consejo Económico y
Social, con unas determinadas funciones que incluían la emisión de
informes con carácter preceptivo en algunos de los proyectos de ley,
incluso de los reales decretos que tenía que dictar el Gobierno. (El
señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia). Todo
ello atendiendo a los artículos constitucionales que encomendaban a los
poderes públicos la posibilidad o la defensa en la participación de la
sociedad civil, es decir, de las organizaciones sindicales,
empresariales, de las organizaciones no gubernamentales en la vida
política, económica, cultural y social de nuestro país.
Pues bien, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al presentar
hoy esta proposición de ley lo que viene a pedirles es sencillamente
ampliar el Consejo Económico y Social al Consejo económico, ecológico y
social. Hacemos este planteamiento atendiendo
a la necesidad de que las políticas que se vienen desarrollando por los
diferentes gobiernos, incluso las leyes y las proposiciones de ley que
aprobamos en esta Cámara, se vean informadas por un consejo que no
atienda sólo y exclusivamente a los aspectos económicos, sociales y
laborales sino que, además, contemple de una manera mucho más amplia
también el aspecto medioambiental que debe influir en el desarrollo de la
política económica.
Señorías, cada vez es más patente la necesidad de la defensa del medio
ambiente de una forma global; es decir, no podemos ver el medio ambiente
sólo y exclusivamente como la preservación de la naturaleza, sino también
como una forma de vida diferente, unas formas de consumo distintas que
deben configurar unas relaciones completamente diferenciadas entre los
ciudadanos, la creación de productos y la manufactura de los mismos.
Por tanto, se hace imprescindible que el Consejo económico, ecológico y
social se vea hoy aquí refrendado por la mayoría de los grupos de la
Cámara para que así podamos tener una visión de conjunto de aquellas
iniciativas que van a desarrollar los aspectos económicos de nuestra vida
en el Estado español.
Para ello planteamos que, en la configuración de la composición de los
órganos del Consejo económico, ecológico y social, tiene que haber un
aumento de sus miembros, por la sencilla razón de que creemos
completamente necesario y fundamental que se incluya en este consejo a
las comunidades autónomas. Hoy, las comunidades autónomas disfrutan en
gran parte las competencias en materia de medio ambiente, por lo que
creemos totalmente necesario que ellas estén en este Consejo.
Además, al ser las entidades locales las que tienen que poner en práctica
muchas de las medidas que se aprueban, como los entes territoriales con
más proximidad al ciudadano, también es necesario que, a través de la
Federación de Municipios y Provincias, se vean representadas a la hora de
informar los proyectos de ley o reales decretos, así como aquellos
informes que crean conveniente emitir. Por tanto, es necesaria esta
ampliación, y también que las organizaciones no gubernamentales, que
luchan por la defensa del medio ambiente, vean reflejada su participación
en este Consejo.
Incluimos una modificación que también nos parece a todas luces
necesaria, como es informar el anteproyecto de ley de los Presupuestos
Generales del Estado. Toda la política económica que se va a desarrollar
durante un año en nuestro país está reflejada en las cuentas que se
presentan a debate en la Cámara a través de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Por tanto, si el Consejo económico, ecológico y
social debe informar los aspectos económicos, sociales, laborales y
ecológicos, desde nuestro punto de vista es totalmente necesario que
informe también el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado.
No incluye muchas modificaciones respecto a lo que era ya el
funcionamiento del Consejo Económico y Social. Solamente hemos pretendido
establecer este matiz, en el sentido de defender el medio ambiente de una
manera mucho más globalizada dentro del desarrollo de las políticas
económicas. No hay más modificaciones con respecto a lo ya conocido. Lo
único que pretendemos es lo que ya he expuesto en mi intervención, que el
aspecto ecológico impregne todas las medidas que se tengan que adoptar,
tanto por esta Cámara como por el Gobierno, informadas por un consejo que
también tenga como perspectiva el aspecto ecológico.
Cuando en nuestro país se están tomando decisiones económicas
importantes, cuando la Unión Europea está tomando decisiones económicas
importantes, es necesario que éstas se vean también informadas desde el
aspecto ecológico, que sepamos si el desarrollo económico que estamos
realizando es compatible con el medio ambiente y si las formas de consumo
que estamos planteando a través del desarrollo económico son compatibles
con el medio ambiente. Desde nuestro punto de vista, no, por lo que
planteamos la necesidad de que se configure un consejo económico que
tenga como punto de referencia el ecológico.
En las intervenciones que se producen por los grupos de esta Cámara, el
medio ambiente parece tener interés y ser una necesidad para todo el
mundo. Esperemos que se vea reflejado en la votación que se tiene que
producir a partir de nuestra iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Urán.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de esta proposición de ley
avalada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición respecto de la misma? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Voy a intervenir brevemente. Sólo deseo expresar la posición favorable
del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de la
proposición de ley de creación del Consejo económico, ecológico y social;
una proposición que trataría de modificar el actual Consejo Económico y
Social dando participación en el mismo a las organizaciones ecologistas
y a algunos otros sectores, de manera que las orientaciones que emanen de
este Consejo se impregnen de una nueva visión sobre el desarrollo
económico y social, una nueva visión en la que la conservación de los
recursos y la calidad de vida tengan un papel importante.
Es evidente que hoy la visión dominante, el desarrollo económico, es una
visión, desde nuestro punto de
vista, reduccionista, en la que lo que prima es en exclusiva el beneficio
económico y a cualquier precio. Sin embargo, está cada vez más claro que
el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente pueden y deben ser
conceptos compatibles y no antagónicos; pueden y debe serlo porque de ese
equilibrio depende el futuro de la humanidad. Por lo tanto, nos parece
acertada la propuesta de creación de ese organismo, con la inclusión de
representantes de las organizaciones ecologistas. Es seguro que sobre la
composición tendremos alguna diferencia de criterio, pero tiempo habrá de
discutirlo si se aprueba la toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Respecto a la iniciativa que nos trae el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida debemos decir por adelantado --y se comprobará cuando justifiquemos
nuestra posición de voto-- que Coalición Canaria, sin menoscabo, por
supuesto, de la política de otros grupos, es gran defensora de los
valores ecológicos y medioambientales. Estará siempre en nuestro norte
hacer valer este principio en cualquier iniciativa defensora del valor
ecológico y medioambiental.
Al traerlo al marco de una institución de funcionamiento orgánico,
burocrático y administrativo, creemos que lo que se pretende en el fondo
está atendido por las dos leyes que vienen a regular el marco económico
y social: la Ley de 1991 y la Ley 24/1994, del Consejo Asesor del Medio
Ambiente.
Señorías, hagamos un recuerdo histórico de lo que nos costó desarrollar
el principio constitucional relativo al Consejo Económico y Social.
Aprobada la Constitución, hasta el año 1991, con la Ley número 21 de ese
año, no conseguimos aprobar en esta Cámara el desarrollo del mandato
constitucional del Consejo Económico y Social. En el espíritu del
legislador constituyente, cuando definió la creación de este Consejo
Económico y Social, estaba la planificación económica, para que los dos
sectores afectados, el empresarial y el laboral, es decir, el social,
tuvieran la garantía de un órgano de encuentro en primer lugar y después
una proyección de sus declaraciones, de sus trabajos, sobre el Ejecutivo
en toda el área que en la planificación económica pudiera estar
influyendo, pero no la protección de otras actividades o bienes
genéricos, como puede ser la ecología, el medio ambiente o cualquier otra
actividad, que no está dirigida a un sector productivo, empresarial o
laboral, sino a un bien general.
Hacer aquí ahora un híbrido con el Consejo Económico y Social, que sí
tiene soporte constitucional, y la figura ecológica, existiendo un
Consejo Asesor del Medio Ambiente, creemos que no es pertinente, ya que
éste es el marco en el que tiene su acogida toda cuestión que se refiera
a este bien general de la ecología y del medio ambiente. No veo que un
órgano como el Consejo Económico y Social, de raigambre constitucional,
se pueda ver perturbado por esta figura. Si, además, en el híbrido que
creamos metemos una serie de representaciones de las corporaciones
locales, las comunidades autónomas, órganos regionales, organizaciones no
gubernamentales que se llamen a la parte en el tema del medio ambiente y
la ecología y convocamos ese Consejo económico, ecológico y social, puede
ser ya cuestión asamblearia y no sé qué puede salir de ahí constructivo
para la Administración.
Nuestro grupo propone que dejemos que funcione lo que ya está creado por
ley, que fue bienvenido en 1991 con la Ley del Consejo Económico y
Social, y en 1994 con el Consejo Asesor del Medio Ambiente, que es donde
están los marcos institucionales bien ordenados. Lo demás será meternos
en terreno constitucional y conculcar estatutos de autonomías de
comunidades autónomas que tienen competencias en medio ambiente y
ecología. Este es un tema muy preocupante. No estamos por una
burocratización y centralización de este tema, porque, vuelvo a decir,
conculca estatutos de autonomía. Que sean las relaciones bilaterales,
Gobierno central del Estado-comunidades autónomas, las que encuentren el
cauce de resolución.
Por estas razones, señor Presidente, no vamos a votar a favor de esta
toma en consideración. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: La toma en consideración de esta
proposición de ley de Izquierda Unida introduce un debate sugerente en
muchos aspectos, como es el avanzar hacia el desarrollo sostenible en
función de la asociación de tecnologías ecológicamente sostenibles, idea
que figura en la exposición de motivos de su iniciativa; el vincular la
reflexión y la perspectiva medioambiental a decisiones de orden económico
y social, que nos puede parecer --insisto-- una vía sugerente,
interesante y moderna, pero el planteamiento que hace el Grupo de
Izquierda Unida es equivocado. La vinculación de las decisiones de
política económica y social a la creación de un nuevo órgano, o el
aprovechar el órgano ya existente de asesoramiento y participación en el
terreno económico y social dándole un carácter más amplio, no va a
resolver los problemas que ustedes nos suscitan. Proponen
que las políticas económicas y sociales tengan en cuenta el principio de
desarrollo sostenible, a través de una fórmula aparentemente fácil:
dándole al Consejo esa nota ecológica, esa mayor participación del mundo
no gubernamental que representa el mundo ecológico, pero nada más.
Nuestro grupo parlamentario entiende que el tema es lo suficientemente
complejo, interesante e importante como para que busquemos fórmulas más
inteligentes y eficaces, que incidan más en el proceso de toma de
decisiones de esta Cámara, para que el Gobierno tenga más en cuenta una
reflexión medioambiental.
Desde esta perspectiva, no podemos votar a favor la toma en consideración
de su proposición de ley. Podemos compartir esa filosofía, pero no
creemos que resuelva nada. Es más, corremos el riesgo de convertir el CES
en un órgano inoperante, más burocrático, de difícil gestión y que entre
en contradicción con políticas que se desarrollan desde otros órganos de
asesoramiento que ya tiene el Gobierno o las Cámaras. Por tanto, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará que no a esa toma en
consideración. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría. Esta Presidencia no había observado la petición de palabra en su
momento y, por lo tanto, le pido excusas, señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. Soy yo quien pide
excusas a la Presidencia por haber estado ausente en el momento en que se
concedía la palabra.
Con esta iniciativa de Izquierda Unida se suscita un interesante debate,
al referirse a un precepto constitucional muy discutido y con varios
intentos de desarrollo hasta la creación del Consejo Económico y Social
por la Ley 21/1991, cuyo artículo 131 está dedicado a la planificación de
la actividad económica general . Al aludir a su punto segundo, el
profesor García Pelayo expresó que otorga una potestad cuyo ejercicio
deja luego paso a una decisión política. Y por no decir, la Constitución
ni siquiera le otorga nombre a este órgano.
Tras numerosas vicisitudes, que comenzaron en el debate del programa
económico del Gobierno ya en 1979, este precepto fue objeto de especial
pronunciamiento en la sentencia relativa a la Loapa. Tuvo numerosos
intentos de articulación a partir de la III Legislatura, hasta la
culminación, como he indicado, en el texto de la Ley 21/1991, que fue
recibido de forma positiva por el grupo al que represento, tal como
acredita la intervención del entonces diputado, señor Olabarría, en el
Pleno de 9 de mayo de 1991, que he tenido ocasión de repasar.
De la articulación actual nos gusta que en el modelo existente se
desvincula al Consejo de un concepto tan perturbador, desde la óptica de
un partido nacionalista, como es el de la planificación, y también se
aleja del modelo de tercera cámara corporativa que en algún momento
pareció contemplarse en su plasmación. Hoy es sólo un órgano consultivo
en materia socioeconómica y laboral, que podría encuadrarse en los
principios que también el texto que hoy se nos presenta recoge del
artículo 9.2 de la Constitución. Pero en el texto que se nos propone se
pretende el desarrollo del artículo 131.2, que nosotros creemos que se
vincula exclusivamente al 149.1.3.ª en cuanto a título competencial, es
decir, a la ordenación general de la economía. La introducción en la
denominación y en el contenido de otro título, como es el medioambiental,
nos suscita los recelos propios de quien ve que por esta vía es posible
una incidencia en competencias propias.
Es evidente que la planificación económica o las competencias de
ordenación general de la economía tendrán que respetar los principios
rectores de la política económica, entre los que están los
medioambientales, pero eso materialmente ya lo hacen las comunidades
autónomas y, sobre todo, los territorios históricos en nuestro caso. Es
un melón que no nos gustaría abrir, porque seguidamente puede hablarse
del respeto a los derechos de los consumidores, a la relevancia de las
comunicaciones y a cualesquiera otros títulos, pues todos ellos tienen
incidencia en la planificación económica.
En la proposición se incluye además la presencia de las comunidades
autónomas en la composición del Consejo, y desde nuestra óptica esto no
es aceptable. La alusión que hace el artículo 131.2 a las comunidades
autónomas la entendemos como independiente de una forzada presencia en el
Consejo, presencia que siempre va a ser minoritaria, nunca decisoria y,
desde luego, legitimadora de una institución que sólo nos satisface
relativamente.
Creemos que los foros de alocución de las comunidades autónomas con el
Estado están ya explicitados en los distintos niveles sectoriales. Aunque
nos parece sugerente el debate que la iniciativa suscita, nuestro grupo
votará en contra de su toma en consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Saavedra.
El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señor presidente.
La portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha dado muestras
de inteligencia y de gran habilidad en la defensa de esta proposición de
ley, porque plantea un objetivo que compartimos, pero oculta otros que no
se han señalado en su intervención y que sí se reflejan en la exposición
de motivos de la proposición de ley.
Con esta proposición se trata, en definitiva, de insistir --a ver si a la
tercera va la vencida-- en iniciativas presentadas en esta Cámara en el
año 1986, en el año 1994 y hoy de nuevo, en torno al desarrollo, como se
ha señalado por la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, del artículo
131.2 de la Constitución. A ello debemos añadir también la posición
adoptada en su momento en el debate de la Ley 21/1991, que regula la
creación y funcionamiento del Consejo Económico y Social respecto a este
órgano que hoy tiene ya un prestigio adquirido, cuyos dictámenes son
analizados con máximo interés por los especialistas, por los
interlocutores sociales y por la opinión pública, y que está desempeñando
perfectamente las tareas que le encomendó la Ley del año 1991.
No se trata, pues, de resucitar intenciones, de compartir ideas o de
hablar de una planificación general de la economía. Se habla hoy de
planes sectoriales, de planes a corto plazo, pero nunca de una
planificación general, de un gran plan, que ha perdido utilidad como
instrumento económico y que ha sido sustituido por otros más específicos,
basándose naturalmente en la variabilidad de las condiciones económicas,
en la dinámica que están produciendo las organizaciones supranacionales
de carácter económico y en otros factores que son de todos conocidos. Sin
embargo, como decíamos al principio, hay un objetivo que compartimos y
que la señora Urán ha expresado claramente en su intención de ampliar el
Consejo Económico y Social. Este objetivo bueno que compartimos es la
conveniencia de integrar los aspectos medioambientales --no los
ecológicos, que tienen un sentido etimológico distinto-- en los informes
sectoriales, sea sobre un plan de infraestructuras o sobre cualquier otro
que se presente por el Gobierno y que requiera el informe preceptivo,
como establece la legislación vigente, del Consejo Económico y Social.
En esta misma línea está la referencia del artículo 45 de la
Constitución, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el V
Programa de acción en materia medioambiental de la Comisión Europea o la
Declaración de Río sobre desarrollo y medio ambiente. Todos estos son
elementos que compartimos: nuestra preocupación por subrayar el interés
de los efectos medioambientales en planes de contenido económico o de
otra naturaleza. Efectivamente, estaríamos dispuestos, mediante una
iniciativa de distinto signo, a una modificación de la Ley de 1991 que
incorporase esos aspectos, pero sin llegar a todas las conclusiones y
consecuencias que se contienen en esta proposición de ley respecto a la
composición, funcionamiento y funciones que se le atribuyen y se recogen
en esta proposición.
Se han indicado igualmente las dificultades que tendría, en el mejor de
los casos, esta incorporación de los aspectos medioambientales por el
actual Consejo Económico y Social, debido a las competencias que las
comunidades autónomas tienen. Pensemos, por citar una, qué tendría que
decir este Consejo económico, social y medioambiental --ésa sería la
mejor denominación-- ante un plan de carreteras y de infraestructuras
para una Comunidad Autónoma como la canaria que tiene las competencias
totales y cuyo Parlamento autonómico tiene la competencia de definir o
controlar los impactos medioambientales que contenga un plan de estas
características, plan que, por otro lado, sería elaborado en aquella
Cámara autonómica. Si a esto añadimos los errores que se contienen en la
iniciativa respecto a la denominación a la que ya he aludido, a la
composición o a las funciones, la conclusión a la que llega el Grupo
Socialista es la no conveniencia de apoyar esta proposición de ley.
El grupo proponente debería reflexionar, en la línea que acabo de
señalar, sobre la incorporación al Consejo Económico y Social de estas
competencias en materia de informe preceptivo de carácter medioambiental
porque a las observaciones que acabo de hacer sobre la denominación de
este Consejo económico, ecológico y social --como así se propone--, se
añaden las dificultades del crecimiento de este nuevo órgano, que pasaría
a estar compuesto por 95 miembros, representando a tres administraciones
públicas. La iniciativa cae en la confusión de considerar --y así se dice
en el artículo 2-- que éste es un órgano consultivo del Estado, cuando,
si está en desarrollo el artículo 131.2 de la Constitución, claramente
ahí se dice que es un órgano consultivo del Gobierno en materia de
planificación general. Ser órgano de consulta del Gobierno y estar
presente en la composición de la propia Administración General del
Estado, nos llevaría a una confusión de roles que no produciría efectos
positivos para la sociedad. A eso añadamos también la imprecisión con la
que se determina la presencia de tres representantes de organizaciones no
gubernamentales en materia medioambiental. No se define su creación, su
fijación, ni su presencia; se exige únicamente que sean miembros del
Consejo Asesor de Medio Ambiente, pero no se determina cómo se eligen, ni
se dice si el grado de implantación o el carácter más o menos
representativo que se puede aplicar por extensión a este tipo de
organismos decidiría su presencia o no en ese Consejo económico,
ecológico y social.
Finalmente, en materia de funciones, da la sensación de que sobre esa
iniciativa pasada se han añadido las funciones medioambientales, pero
luego resulta que en el texto no se recoge la competencia de este Consejo
para informar preceptivamente en proyectos de ley o reales decretos
legislativos en materia medioambiental, porque no figura en la
enumeración de funciones que se recoge en el artículo 14, ni tampoco este
informe preceptivo relacionado con el plan general al que hace referencia
el artículo 131.1 de la Constitución. No digamos ya en cuanto al
funcionamiento, porque el presidente es nombrado a propuesta del
Ministerio de Economía y Hacienda y no sabemos por
qué ni siquiera es una propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y del Ministerio de Medio Ambiente, sino que queda
adscrito exclusivamente al Ministerio de carácter económico.
En definitiva, señorías, la idea es buena en cuanto a mostrar la
preocupación, la importancia y el interés por poner las preocupaciones
sobre medio ambiente en el órgano ya existente, pero creemos que el
camino que ha escogido el grupo proponente, que es la creación de un
nuevo Consejo, sustituyéndolo por el actual, que desaparece, pero cuyos
recursos materiales y humanos serían absorbidos por el nuevo órgano, es
equivocado.
Por estas razones, nuestro grupo no podrá apoyar esta proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Saavedra.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida propone la sustitución del actual Consejo Económico y Social,
regulado por Ley 21/1991, de 17 de junio, por un nuevo ente denominado
Consejo económico, ecológico y social, órgano de participación
democrática institucional y con carácter consultivo del Estado en materia
social, económica y medioambiental.
Para el Grupo Popular la iniciativa tiene dos aspectos positivos. Por un
lado, pone de manifiesto la necesidad de participación de las
organizaciones profesionales no gubernamentales, sindicatos, en las
directrices básicas de la política medioambiental. Por otro, asienta la
idea de que esa política medioambiental debe estar impregnada de otras
políticas básicas del Estado como la económica o la social.
Dicho esto, conviene hacer una serie de matizaciones. En primer lugar,
como ya se ha dicho aquí esta tarde, existe ya un Consejo Económico y
Social creado, como he dicho, por Ley de 17 de junio de 1991, Consejo que
no es ajeno a las consideraciones medioambientales, ya que a estos
efectos cuenta con una comisión de trabajo de carácter permanente. Ese
Consejo tiene apenas seis años de vida y está casi empezando a
desarrollar sus funciones de forma eficaz. De hecho, el texto de la
proposición de ley es similar a la mencionada ley, introduciendo pequeñas
modificaciones para dar al citado Consejo un carácter medioambiental.
Modificar sustancialmente su composición y funciones no llevaría más que
a iniciar un nuevo período de adaptación y reestructuración interna,
durante el cual no sería eficaz en el desarrollo de las antiguas
funciones ni en la asunción de las nuevas.
En segundo lugar, existe ya el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que
tiene las funciones consultivas en materia de medio ambiente y que supone
un cauce de participación para las organizaciones profesionales y las no
gubernamentales dedicadas a la protección medioambiental. Este Consejo
está también iniciando su andadura, ya que fue creado por el Real Decreto
224/1994, de 14 de febrero, y modificado por los reales decretos de
agosto de 1996 y febrero de 1997.
Las modificaciones introducidas por estos reales decretos en su texto,
además de adecuar la composición de dicho Consejo Asesor a la nueva
distribución competencial entre departamentos ministeriales, al haberse
creado el Ministerio de Medio Ambiente, se justifican para garantizar que
sea el auténtico instrumento de transmisión de inquietudes ambientales de
la sociedad y de todos y cada uno de los sectores económicos y sociales
que la componen, sin exclusiones ni protagonismos de ningún tipo.
En tercer lugar, en la exposición de motivos de la proposición de ley que
presenta Izquierda Unida se afirma la necesidad de un nuevo modelo
económico que avance hacia un desarrollo sostenible. El Grupo Popular
debe decir que la preocupación por las cuestiones medioambientales ya
forma parte del modelo de desarrollo que el Gobierno impulsa, y prueba de
ello la constituye la creación del Ministerio de Medio Ambiente por el
actual Gobierno.
En cuarto lugar, y respecto a que la composición del Consejo pase de los
61 miembros actuales a 95, creemos que no es oportuno, por varias
razones. En primer lugar, por el consiguiente aumento de gasto público
que conllevaría, sin que se justifique funcionalmente un incremento tan
elevado en el número de miembros. Por cierto, que en el incremento
producido, de 61 a 95, choca la escasa representatividad que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida ha concedido a los representantes de las
organizaciones no gubernamentales --sólo 3 miembros de 95-- en relación
con la atención que se otorga en la proposición de ley a las materias de
índole medioambiental.
Por otra parte, la propuesta de participación autonómica plantearía una
modificación substancial de la naturaleza jurídica del Consejo, ya que si
hasta ahora se configura como un órgano de participación social en
determinadas materias de actuación administrativa del Estado, la
incorporación autonómica pone en relación al Consejo con los denominados
órganos de cooperación Estado-comunidades autónomas y, de forma
indirecta, con las conferencias sectoriales que pueden resultar
cuestionadas ante la posible duplicidad de funciones que plantearía la
aprobación de la proposición de ley. Tampoco nos parece adecuada la
inclusión de miembros designados por el Gobierno, ya que ello alteraría
la esencia del órgano consultivo independiente que la ley confirió al
Consejo Económico y Social, en cumplimiento de lo previsto por la
Constitución.
Finalmente, no estamos de acuerdo tampoco con el artículo 14 de la
proposición de ley, en el que se incluye como función primordial de ese
nuevo Consejo económico, ecológico y social la emisión de un dictamen
preceptivo del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Grupo Popular entiende que la elaboración de los presupuestos y su
presentación para la correspondiente tramitación parlamentaria
corresponde al Gobierno, en cumplimiento de las previsiones del artículo
134 de la Constitución y de la Ley General Presupuestaría.
Como resumen, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que las
necesidades de participación y asesoramiento que justifican la propuesta
de creación del Consejo económico, ecológico y social están cubiertas en
la actualidad por dos órganos distintos: el Consejo Económico y Social y
el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Su reciente creación hace que sólo
ahora comiencen a funcionar de forma efectiva, y su modificación,
supresión o fusión sólo conllevaría ineficacias.
Por todo lo anterior, no parece adecuado apoyar la toma en consideración
de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Quiero, no obstante, hacer una lectura positiva de ella
en el sentido de que la política de protección del medio ambiente no debe
ser una política aislada y no sería eficaz si no impregnara otras
políticas, en particular, la económica y la social. En este sentido, en
el sentido de que los valores de la protección del medio ambiente
presidan las decisiones políticas, es en el que está trabajando el
Gobierno de José María Aznar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora De
Lara.
Terminado el debate vamos a proceder a la votación de esta proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de creación
del consejo económico, ecológico y social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 24; en contra, 288; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida. (Rumores.)
Señora Chamosa, por favor, sosiéguese. (Rumores.)
PROPOSICIones NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (Número de
expediente 162/000172)
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA
CAMPAÑA PUBLICITARIA QUE TENGA COMO OBJETIVO CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD
SOBRE LOS MALOS TRATOS, PSIQUICOS Y FISICOS, QUE SUFREN LAS MUJERES Y
NIÑOS (Número de expediente 162/000120)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE HABILITACION
DE OFICINAS DE ASISTENCIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO PARA ATENDER LAS DENUNCIAS DE LAS MUJERES Y VICTIMAS
DE DELITOS DOLOSOS Y VIOLENTOS DE LESIONES CORPORALES DE DAÑOS GRAVES EN
LA SALUD fIsica O MENTAL Y DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (Número
de expediente 162/000126)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, proposiciones no de
ley. Proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso relativa a la prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Esta proposición no de ley se tramitará conjuntamente con la del Grupo
Socialista sobre la puesta en marcha de una campaña publicitaria que
tenga como objetivo concienciar a la sociedad sobre los malos tratos,
psíquicos y físicos, que sufren las mujeres y los niños, y con la del
Grupo de Izquierda Unida sobre habilitación de oficinas de asistencia en
las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para
atender las denuncias de las mujeres y víctimas de delitos dolosos y
violentos de lesiones corporales, de daños graves en la salud física o
mental y de delitos contra la libertad sexual.
Los proponentes presentarán, en una primera intervención, los proyectos
de sus respectivos grupos y fijarán posición sobre el de los restantes
grupos parlamentarios. Intervendrán, a continuación, los grupos que no
han tomado la iniciativa para fijar su posición. Insisto, los portavoces
expondrán su proposición y fijarán posición sobre la de los otros grupos
y, a continuación, intervendrán los grupos que no hayan presentado
iniciativa para fijar su posición respecto de las tres. (Rumores.)
Silencio, señorías. Señor Soriano, señor De Luis, les ruego silencio.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Sainz. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para presentar, en nombre del Grupo
Popular, una proposición no de ley en la que se abordan acciones
concretas para prevenir y eliminar un problema, el problema grave de la
violencia o el maltrato que sufren numerosas mujeres. Es un asunto sin
duda grave que afecta a la dignidad de la persona, al conjunto de la
sociedad, y que no puede consentirse, además, en una sociedad libre y
democrática. Estamos, por tanto, ante un problema social de una gran
magnitud, que supone una violación de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y que, sin duda, no deja de ser un obstáculo
importantísimo en el camino hacia la igualdad.
La violación en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, es un
fenómeno social demasiado generalizado, también es cierto que sin
fronteras, y del que nuestro país habla por sí solo con las estadísticas.
En 1996, señor presidente, murieron 64 mujeres por este motivo, cifra
escalofriante que llegó a sobrepasar incluso, año tras año, en estos
últimos tiempos las producidas por la lacra del terrorismo, y también en
1996 tenemos que hablar de más de 16.000 denuncias de malos tratos de
maridos a esposas. Pero estas últimas, señor presidente, señorías,
tenemos que saber que son cifras que se mueven en estadísticas ocultas,
porque la mayoría de las veces no salen a la luz por miedo de las propias
mujeres que no acaban denunciándolas.
Nos movemos en un ámbito doméstico de personas, en muchas ocasiones, como
sabemos, más allá de la dependencia afectiva, de la dependencia
económica; conocemos que el ámbito en donde se desarrollan los malos
tratos es la familia, la pareja o también la convivencia dentro de un
espacio doméstico, al fin y al cabo privado, que hace que este fenómeno
no sea transparente, que sea más complejo, y también, por ello, mucho más
difícil de prevenir, de erradicar y de ayudar a las víctimas. Víctimas,
por otra parte, ignorantes en muchas ocasiones de sus derechos, con una
falta de recursos que les lleva a retraerse, y los problemas que
representan los hijos les lleva también a caer en el miedo, en el
aislamiento y en la vergüenza, que en ocasiones, por qué no decirlo,
también les frena a salir de esa situación degradante.
Por otro lado, constatamos cómo el ámbito de lo doméstico dificulta
también su tratamiento judicial y policial como delito. La dificultad de
la prueba beneficia la impunidad del delito, como se comprueba en
muchísimo casos. Es necesario, por tanto, salvar estas dificultades. Es
preciso poner todos los medios para prevenir, y sobre todo para ayudar a
las víctimas desde todos los frentes, tanto el humano, que consideramos
fundamental, como el social, el policial y el judicial. También es
necesario concienciar a toda la sociedad en general y a los diversos
agentes en contacto: a los médicos, a los jueces, a la policía, a los
vecinos e incluso, señorías, a los familiares.
Conocemos la preocupación del Gobierno y las actuaciones que en aras de
prevenir y eliminar la violencia se están tomando. Desde la aprobación
del reglamento de ayuda a las víctimas hasta la creación de la Comisión
nacional de ayuda a estas víctimas, en la que se acaba de incorporar un
representante del Instituto de la Mujer. Igualmente conviene saber que se
está desarrollando un plan para la puesta en marcha en los órganos
judiciales de oficinas de ayuda a las víctimas, porque yo hacía hincapié
en que la ayuda es la principal acción a la que tenemos que dirigir todos
nuestros esfuerzos, junto con la prevención.
Como SS. SS. saben, en el III Plan de igualdad de oportunidades se
introduce un área especial para la eliminación de la violencia en la
mujer, en la que se establecen unas líneas de actuación muy claras
engarzadas con las actuaciones del Ministerio de Justicia, del Ministerio
de Interior y, por supuesto, del de Trabajo y Asuntos Sociales, todo ello
enmarcado en la plataforma de acción de la IV Conferencia de Beijing.
Estas propuestas el Grupo Popular considera de interés impulsarlas y hoy
las retoma en esta proposición no de ley como una contribución positiva
a un objetivo prioritario. En relación con ello va nuestro primer punto,
que estima fundamental en todos los ámbitos de actuación la colaboración
con las comunidades autónomas, de ahí que se retome en este primer punto,
para tratar conjuntamente en el marco de la conferencia sectorial, el
elaborar políticas eficaces consensuadas. También pensamos que es de gran
interés realizar protocolos de actuaciones conjuntas, tanto judiciales
como sanitarias y policiales, para prevenir y erradicar la violencia, así
como que se recojan campañas de información que tengan como objetivo
cambiar la actitud de las propias mujeres, y hago un especial hincapié en
esto. Hasta la fecha las campañas iban dirigidas, sobre todo, a que las
mujeres pudieran denunciar, pero junto a ello también hay que señalar el
interés de que en las campañas publicitarias se cambie, a través de
ellas, la consideración social de esos malos tratos para llegar a
descalificarlos directamente; para que los comportamientos agresivos,
unidos a la censura más clara, sean un reflejo en la sociedad de la
gravedad que entrañan esas conductas violentas.
Sus señorías coincidirán conmigo en que no todo se arregla con las leyes.
Por eso también proponemos que se estudie la legislación actual, con el
fin, en su caso, de impulsar, si se llega a un acuerdo, las
modificaciones legislativas necesarias, de la misma manera que pedimos
que se revisen las actuaciones judiciales que
se consideren de interés para conseguir la eficacia en la aplicación de
las leyes y en la defensa de las víctimas.
El apartado tercero destaca la colaboración con las ONG y el interés de
seguir impulsando, como así solicitamos en ese apartado, las
organizaciones de las mujeres que en estos momentos también luchan para
eliminar la violencia. Hay que destacar que ya en 1996 se han dedicado
205 millones y en 1997 se han dedicado 213 millones a subvencionar
asociaciones que asesoran a las mujeres que sufren estos problemas.
En el campo de la atención policial las mujeres valoramos muy
positivamente lo que desde el Ministerio de Interior se viene adoptando,
en línea con los compromisos que el ministro asumió en esta Cámara la
semana pasada. Solicitamos, por tanto, la introducción en las comisarías
y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de unidades
específicas de atención a la mujer víctima de agresiones sexuales y malos
tratos, integrados fundamentalmente por personal femenino y cualificado.
También se considera de gran eficacia el introducir en los procesos de
formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y de la judicatura módulos específicos para esa mejor atención que
consideramos fundamental que se preste a las mujeres en los momentos más
delicados, después de sufrir tantos atropellos y tantas vejaciones. De
alguna forma, sabemos que el personal especializado puede contribuir a
ayudar, y a paliar también, esos malos tratos.
Una de las causas que llevan a que las mujeres no denuncien los malos
tratos parece ser la escasa información que poseen, tanto de sus derechos
como de los recursos de los que disponen, por lo que nuestro grupo
solicita, en otra de las propuestas, reforzar y coordinar; así, pedimos
que esos servicios de información sean coordinados y sean reforzados por
las diferentes administraciones.
De la misma manera, se recomienda también que en el ámbito de asuntos
sociales se potencien los servicios de asistencia a las mujeres víctimas
de violencia; primeros recursos en ocasiones imprescindibles para poder
sobrevivir después de estas agresiones.
Terminamos incorporando, señor presidente, un último apartado referente
a promover estudios específicos de investigación sobre el problema, sobre
sus causas y sobre las consecuencias en nuestro país, con el objetivo de
adoptar aquellas medidas más adecuadas para la prevención y la
erradicación, como ofrecemos genéricamente en nuestra proposición no de
ley. Proposición no de ley, por tanto, amplia, que precisamente me va a
ahorrar, señor presidente, el extenderme ahora en la fijación de posición
sobre las iniciativas hoy presentadas por Izquierda Unida y por el Grupo
Socialista.
Una de estas iniciativas, la del Grupo Socialista, se refiere a la
preparación y celebración de campañas de publicidad, que nuestro grupo
considera, como no podía ser menos, una contribución más, como la
nuestra, ante el objetivo superior compartido, estoy segura, por todos.
Extremo que hacemos extensivo también, en cuanto a su calificación, a la
iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, que sin duda coincide, además,
no sólo con lo que de forma genérica se solicita en uno de los puntos de
nuestra proposición no de ley, sino también con el compromiso asumido,
como refería hace un momento, recientemente en esta Cámara por el
ministro del Interior.
Por último, señor presidente, nuestro grupo confía en que todos los
grupos podamos llegar a un acuerdo en un texto en el que se recoja lo
fundamental, en línea con lo que nuestro grupo ha venido trabajando ya
con el resto de los portavoces, y que, en su caso, ofertaríamos después
de haber escuchado la intervención de los diferentes grupos
parlamentarios y de escuchar su posición ante las propuestas, o las
enmiendas en su caso, que han presentado a la del Grupo Popular.
Proposición del Grupo Popular --repito-- en la que se han recogido
numerosas propuestas, todas ellas dirigidas a conseguir el mejor de los
objetivos: salvar las dificultades, los muchos problemas que tienen estas
mujeres, y tratar, sobre todo, no sólo de ayudarlas sino de erradicar esa
lacra social que sin duda es la violencia que hoy sufren muchas mujeres
en España.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Sainz.
Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, para la puesta
en marcha de una campaña publicitaria que tenga como objetivo concienciar
a la sociedad sobre los malos tratos psíquicos y físicos que sufren las
mujeres y los niños.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Arrate.
La señora VARELA VAZQUEZ: Gracias señor presidente, gracias señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista no pretende, aquí y ahora, definir la
violencia, ni los tipos de violencia existentes o tipificados, ya que
cuando hablamos de violencia nos encontramos, generalmente, con
diversidad de criterios y con diversidad, repito, de tipos de violencia
más o menos cuantificables, como acoso en el trabajo, agresiones,
violaciones, comercio de mujeres y menores, prostitución, homicidios,
infanticidios, etcétera. Tampoco pretende definir los factores
desencadenantes de esa violencia, sino que sólo quiere poner de
manifiesto que, en nuestro país, la violencia contra las mujeres y contra
los menores es frecuente y persistente. Esta violencia y abuso físico y/o
emocional es cometida por un agresor que tiene, generalmente, un vínculo
afectivo con la persona agredida o maltratada: marido, compañero, padre
o hermano, constituyendo
un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la dignidad y
a la integridad física y psíquica de la víctima, y suponiendo, por tanto,
un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. Además, el
fenómeno de la violencia doméstica que sufren las mujeres está
íntimamente relacionado con el que sufren los menores dentro del mismo
núcleo familiar o de convivencia. En muchas ocasiones se produce al mismo
tiempo y, en otras, los daños para los menores derivados de la
contemplación del maltrato cotidiano de su madre son psíquicos, con
graves consecuencias para su estabilidad emocional y para su aprendizaje
de actitudes ante la vida. Los jóvenes se socializan en un ambiente de
violencia, una violencia que se transmite de un miembro a otro de la
familia y de generación en generación, haciendo que las víctimas terminen
por hacer víctimas a la vez.
Y no levantamos la voz con la potencia necesaria para denunciar las
agresiones de todo tipo que componen el síndrome del niño maltratado. No
se sabe cuántos hay, no se puede calcular cómo ni qué gravedad tiene el
maltrato, porque si la agresión física a veces se puede evidenciar, en
ningún caso se puede evaluar el otro maltrato, el maltrato psicológico,
frecuente y duro, y que va desde la tortura hasta el abandono. Las
quemaduras producidas por la brasa de un cigarrillo, los hematomas tras
una paliza y las fracturas son las muestras más evidentes del maltrato
físico, que, con ser grave, quizá no es el peor. El otro maltrato, el de
más difícil solución, son los niños abandonados total o parcialmente,
porque entre ellos hay toda una sintomatología difícil de resolver y de
prevenir, ya que por lo menos un 25 por ciento de los niños abandonados
demuestra un carácter agresivo, a lo que se une que un 15 por ciento más
es rencoroso, y todo ello puede traducirse en que más de la mitad de esos
niños, en cuanto cumplan los dieciséis años, serán marginados y pasarán
a formar parte del inframundo de la delincuencia y de la prostitución.
Es prácticamente imposible conocer el volumen de malos tratos que hay en
España. De todos modos, respecto a malos tratos al menor se barajan
cifras impresionantes. El profesor Delgado Rubio, catedrático de
pediatría, en su monografía sobre el tema, especifica que en España puede
haber 400.000 casos de maltrato por golpes, quemaduras y productos
químicos. El informe señala que cada año hay 40.000 denuncias, lo que,
aplicando los factores correctores en todo el mundo, nos daría esos
400.000 casos. Se denuncian 90 muertes por esa causa, lo que equivale a
decir que podrían producirse 900 muertes reales.
El informe de la Comisión Nacional del Día del Niño cifra en 477.000 los
menores que sufren malos tratos físicos, en 864.000 los niños que padecen
malos tratos psicológicos, en 807.000 niñas y 266.000 niños los que
padecen abusos sexuales, y hay que tener en cuenta que un 31 por ciento
de los abusos sexuales tienen lugar dentro del ámbito familiar. Si a ello
añadimos --son datos del Instituto de la Mujer-- las 16.378 denuncias por
malos tratos de los maridos a sus esposas durante 1996, si además
añadimos las muertes de mujeres como consecuencia de los malos tratos,
muertes que superan a las víctimas de terrorismo y que suponen una media
de una a la semana, y aplicamos el índice corrector, nos haremos una idea
de la magnitud del tema y de que el problema del maltrato doméstico no es
un asunto privado, sino de primera importancia en el ámbito de lo
público, en el ámbito de las relaciones sociales en nuestra sociedad.
Así, las consecuencias de la violencia contra la mujer y el menor en el
ámbito doméstico se configuran como un problema social por su magnitud y
por sus repercusiones.
El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que sigue existiendo
un cierto tabú para no reconocer esa violencia diaria, sencillamente
porque tiene lugar, sobre todo, en el sector privado, en la propia
familia, en la convivencia dentro de un espacio doméstico privado, y
precisamente esa consideración de privado trae, por un lado, una
ocultación social de su existencia y, por otro lado, una falta de
conciencia de la sociedad en general y de los diversos agentes en
contacto: jueces, médicos, vecinos, testigos y familiares.
Ante la violencia y los malos tratos que sufren las mujeres y los menores
en la familia, el Gobierno debe mirar por la salvaguarda de la dignidad
de éstos como materia de prioridad y tarea principal. El Grupo
Parlamentario Socialista piensa que la violencia contra las mujeres y los
menores tiene que tratarse como un problema político, dentro de los
derechos humanos, porque entiende que es un tema de política nacional, y
sabe perfectamente que la rehabilitación es muy costosa en pesetas, en
vidas, en salud y en tiempo, y que más vale prevenir que sufrir; una
forma de prevenir es informar para que pueda haber un cambio de
mentalidad y actitud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno, a
través de una proposición no de ley, a que en el plazo más breve posible
ponga en marcha una campaña publicitaria que tenga como objetivo
concienciar a la sociedad sobre el grave problema que suponen los malos
tratos a la mujer y al menor e informar a ésta de sus derechos, así como
de las instituciones que puedan prestarle el debido asesoramiento y
ayuda.
Consciente también de toda esta problemática, el Grupo Parlamentario
Popular presenta una proposición no de ley que debo decirles, señorías,
nos causó un gran asombro, fundamentalmente por dos razones.
La primera de esas razones es por encontrarnos en esta proposición con el
punto cuarto, que dice: desarrollar campañas de sensibilización a la
sociedad dirigidas a romper los estereotipos sexistas, etcétera. Nos
asombramos de encontrar este punto porque en la campaña electoral varias
diputadas del Partido Popular,
hoy y ahora sentadas en sus escaños, manifestaron que en un año el
Gobierno del Partido Popular iba a proceder al cierre de los centros de
información de la mujer. Por ello nos alegramos de que se haya
rectificado y se hayan dado cuenta de que lo que pretendían era un grave
error, ya que la información es fundamental, primero, por ser un derecho
y, segundo, por entender que los medios de comunicación son
imprescindibles para llegar a la mayor parte de la sociedad y poder
sensibilizarla y concienciarla sobre esta lacra que sigue afectando a una
sociedad que está a punto de entrar en el siglo XXI.
La segunda razón por la que seguimos asombrados es porque nos encontramos
con una proposición no de ley que es una reproducción del III Plan de
igualdad de oportunidades de la mujer, y queremos recordar a esta Cámara
que el citado Plan ya ha sido aprobado hace varios meses; por tanto, no
entendemos la razón o el porqué se presenta en forma de proposición no de
ley para su aprobación parte de un texto que ya --repito-- está aprobado.
Esperábamos que cuando el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno
nos presentara una proposición sobre el tema que nos ocupa, fuera algo
concreto; que no fuesen infinitivos sino presentes; que no fuese una
proposición ambigua, inconcreta y globalizada, difuminada como la que nos
han presentado, porque, al final, nos tememos que sea sólo una
declaración de buenas intenciones, un canto a la luna.
Obviamente, si se somete a votación tal cual ha sido presentada, no vamos
a votar en contra por entender que votamos en contra del III Plan de
igualdad de oportunidades; como mucho, nos abstendremos. El Grupo
Socialista, sabiendo que las medidas que en ese Plan se recogen se deben
ir cumpliendo, es por lo que ha presentado las enmiendas a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por entender que concretan las
acciones a llevar a cabo por el Gobierno y evitan formulaciones
abstractas y no operativas. Esperamos que las enmiendas sean tomadas en
cuenta, aceptadas y aprobadas, sobre todo --y aquí quiero hacer
hincapié-- en el punto segundo de la enmienda presentada por mi grupo,
que dice textualmente: Instar al fiscal general del Estado para que dicte
una instrucción por la que ordene a todos los fiscales jefes de las
audiencias provinciales que persigan con especial diligencia y atención
las denuncias de las mujeres víctimas de delitos dolosos y violentos, de
lesiones corporales, de delitos graves en la salud física y mental y de
delitos contra la libertad sexual, aun cuando éstos se perpetraran sin
violencia, ya que nos parece sumamente importante que el fiscal general
del Estado promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en
orden a la defensa del interés público.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
doña María Jesús Arrate.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
sobre habilitación de oficinas de asistencia en las dependencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender las denuncias de
las mujeres y víctimas de delitos dolosos y violentos de lesiones
corporales, de daños graves en la salud física o mental y de delitos
contra la libertad sexual.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes, señor presidente y señorías.
Estamos ante un debate de condenable tratamiento sensacionalista que la
mayoría de ustedes es posible que consideren marginal, pero no les quepa
la menor duda de que las consecuencias de este acentuado fenómeno del
siglo XX pone en peligro el más elemental de todos los principios
constitucionales, que es el de los derechos humanos.
La violencia, señorías, y los malos tratos ejercidos hacia las mujeres y
los menores, pública y privadamente, son el síntoma más relevante de la
decadencia de esta sociedad. La ola que recorre España, tanto social como
territorialmente, y de forma transversal, tiene rostro masculino y huele
a enfermedad social. El terror y la galopante feminización de la pobreza
impiden la justa denuncia, en muchos casos, señorías, producida por
vecinos y familiares cuando ya la víctima ha muerto.
Señorías, no estamos hablando de bajos fondos ni de alcantarillas.
Estamos denunciando que hay cerca de 164.000 agresores que andan sueltos
por las calles, bien por el pago de fianzas, bien por la falta de
pruebas, asesinos incluso que no cumplen condena.
Igualmente, señorías, quería plantearles la necesidad de la consideración
imprescindible de insertar en la legislación laboral una definición del
acoso sexual y de su regulación específica que permita trabajar en los
centros con dignidad. Señorías, la situación de inseguridad e
indefinición en que se encuentran las mujeres tiene responsabilidades en
la transmisión de unos valores que pertenecen a la ideología dominante y
que consideran a la mujer como un objeto de uso y consumo, como un
patrimonio privado donde las violaciones físicas y psicológicas
pertenecen a la cotidianidad conyugal, en numerosos casos, siendo el
número de víctimas superior al de las muertes por accidentes de
circulación.
Por el contrario, este país permanece impasible y este Parlamento no
acaba de estremecerse. Despierten, señorías, y dejen la pose de cartón
piedra, que vamos a entrar en el euro y todavía hay compañeros de su sexo
que maltratan a sus mujeres por ser más débiles que ellos, por ser de
otro género diferente. ¡Qué ironía!, ¿verdad, señorías?
Yo siento profundamente, al igual que el conjunto de mi grupo, la
pasividad de este Gobierno, de esta Cámara
y de los señores diputados y les invito a reflexionar sobre el hecho de
actualidad, y es que haya todavía, en los albores del siglo XXI, mujeres
que mueren o son maltratadas por el simple hecho de ser eso: mujeres.
Fatídica realidad.
Los datos son los siguientes, señorías: sólo se denuncian algo más de un
10 por ciento; es decir, la cifra mágica dada y reiterada, 17.378. De
ellos el 41,43 por ciento se refieren a malos tratos físicos, el 31,17 a
malos tratos psíquicos y el 21,40 a malos tratos sexuales. Estas
escalofriantes cifras, señorías, nos obligan a un plan de choque de todas
las administraciones y del conjunto de la sociedad que erradique el virus
machista o masculino --como ustedes lo quieran llamar--, transmisor de
esta lacra social, que está golpeando impunemente a miles de mujeres
inocentes.
Mi grupo político ha conocido el informe enviado por el Gobierno,
cumpliendo el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
donde dice que muy pocos son los municipios y muy escasas las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cuentan
con personal femenino cualificado y oficinas de asistencia para atender
las denuncias de las mujeres víctimas de delitos de lesiones o delitos
contra la libertad sexual. Esta situación hace que, a la hora de
presentar una denuncia por parte de mujeres que han sido víctimas de
dichos delitos, tratos domésticos o delitos contra la libertad sexual,
estas denuncias se realicen sin la debida atención, en lugares públicos,
sin ninguna privacidad y, por tanto, en condiciones muy traumáticas. La
carencia de personal femenino bien formado para atender estas situaciones
debidamente, la falta de oficinas de asistencia a víctimas en las
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han
provocado siempre tremendas dificultades a la hora de relatar los hechos
que conforman la denuncia pertinente.
Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen entre
sus funciones, según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, investigar los delitos cometidos. Por muy
diferentes razones, sólo un 10 por ciento --como les he dicho
anteriormente-- son los denunciados por las víctimas, y la escasez de
medios para presentar denuncias en las debidas condiciones de las
dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, en las capitales de
provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos ya establecidos
y también en las dependencias de la Guardia Civil para los núcleos
rurales contribuye, todavía más, a reducir el índice de las mismas.
La ley 35/1995 regula de forma genérica, entre otras cosas, la asistencia
a las víctimas de delitos dolosos y violentos, de lesiones corporales, de
daños graves en la salud física o mental, y de delitos contra la libertad
sexual, aun cuando éstos se perpetraran sin violencia. Dicho texto
legislativo establece en su artículo 15, apartado 3.º, que en todas las
fases del procedimiento de investigación el interrogatorio de la víctima
deberá hacerse con respeto a su situación personal, a sus derechos y a su
dignidad. También se establece en su artículo 16 la obligación por parte
del Ministerio de Interior de implantar las oficinas de asistencia a
víctimas de dichos delitos.
Por todo ello, señorías, mi grupo y yo misma presentamos esta proposición
no de ley, instando al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que
se habiliten las oficinas de asistencia necesarias en las dependencias de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender las denuncias
de las mujeres víctimas de delitos dolosos y violentos, de lesiones
corporales, de daños graves en la salud física o mental y de delitos
contra la libertad sexual, aun cuando éstos se perpetraran sin violencia.
En segundo lugar --y voy terminando--, estas oficinas se establecerán en
todas las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en las capitales de
provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos ya
establecidos, en las dependencias de la Guardia Civil para los núcleos
rurales, y la prioridad será siempre en las capitales de provincia.
En tercer lugar, que se adscriba a cada una de las dependencias de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nombradas en el apartado 1.º,
el personal femenino cualificado, para atender en condiciones de
privacidad y apoyo psíquico adecuado las denuncias de las mujeres
víctimas de delitos dolosos, violentos, de lesiones corporales, de daños
graves en la salud física o mental y de delitos contra la libertad
sexual, aun cuando éstos se perpetraran sin violencia.
Por todo lo dicho y que vuelvo a reiterar, y con el espíritu con que
inicié mi intervención, si yo pudiera, señorías, les pondría la
penitencia --insisto, si yo pudiera-- de recordar todos los días la
declaración de Naciones Unidas según la cual la violencia contra la mujer
es el crimen encubierto más numeroso en el mundo. A la luz de lo oído, de
lo que les he dicho, ¿les parece irrelevante, señorías, trabajar para,
por y con las mujeres?
En función de todo lo comentado, de todo lo explicitado, y por razones
evidentes, yo mantengo mis enmiendas a los textos de los Grupos Popular
y Socialista, pero siempre en aras de un texto común que podamos
consensuar. Por eso, una vez más, señorías, les emplazo a que la igualdad
se imponga sobre la desigualdad y la razón sobre la locura de un mundo
fracturado en masculino y femenino, de un mundo fracturado en vencedores
y vencidos, de un mundo fracturado en agresores y agredidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Han presentado también enmiendas a estas tres iniciativas los grupos
Catalán (Convèrgencia i Unió) y Mixto.
Tiene en primer lugar la palabra, para la presentación de las enmiendas,
en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la
señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sufrir malos tratos es sin duda una de las vivencias más
traumáticas que puede experimentar una persona. Las agresiones a las
mujeres son, desgraciadamente, un fenómeno muy generalizado y que tiene
su origen en la estructura social dentro de la cual nos encontramos
inmersos. El maltrato no supone sólo una agresión física o psíquica, sino
que comporta una agresión contra la libertad de la persona y una
limitación a su desarrollo autónomo como ser social.
El maltrato doméstico se refiere a las agresiones físicas, psíquicas,
sexuales o de otros tipos llevadas a cabo reiteradamente por parte de un
familiar, habitualmente el marido o compañero, y que causan daños físicos
y/o psíquicos y vulneran la libertad de otra persona, habitualmente la
mujer. Se produce en el ámbito doméstico o familiar, aunque a veces
también en el ámbito público o político, con manifestaciones verbales que
atentan a la dignidad de la mujer, como ha sucedido recientemente, de
forma lamentable, protagonizadas por veteranos políticos o periodistas.
(Aplausos.)
El concepto de maltrato incluye diferentes dimensiones de la violencia o
agresión, desde la estrictamente física a la psíquica, sexual o verbal,
con independencia de su contenido o tipología. Ninguna de estas
dimensiones resulta automáticamente más grave que la otra, obligando a
analizar la gravedad de la agresión en función del daño o perturbación
causada a la persona afectada. El miedo, el terror es a veces superior al
dolor de las agresiones, según palabras de las propias mujeres. El
maltrato se caracteriza, no sólo por tener consecuencias físicas o
psíquicas en la persona afectada, sino también por las consecuencias
sociales sobre ella. Concretamente, nos referimos al hecho de que
constituyen una agresión contra la libertad de la persona que la sufre
limitando el desarrollo autónomo de la persona en su entorno social.
Además, si analizamos las cifras de las denuncias por malos tratos
observamos que aunque haya una clara tendencia a incrementarse, continúan
denunciándose sólo una parte muy reducida de las que en realidad se
producen. Anualmente, más de 16.000 mujeres presentan denuncias de
agresiones en el Estado español. Sin embargo, según estudios realizados,
se calcula que esta cifra representa un 10 por ciento de los malos tratos
que se producen. En el presente año 1997 más de 50 mujeres han muerto ya
en el Estado español como consecuencia de los malos tratos, y todas ellas
denunciaron con anterioridad ser víctimas de violencia. Si se hubieran
atendido sus denuncias, es probable que se hubiera evitado su muerte. Muy
pocas veces las mujeres agredidas reaccionan violentamente contra el
agresor, aunque de manera casi anecdótica se da algún caso en que la
mujer, con tal de liberarse de los constantes malos tratos, recurre al
homicidio.
Las enmiendas que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió están en
la misma línea de trabajo que está desarrollando el Instituto Catalán de
la Mujer en el marco de la Conferencia Sectorial de la Mujer. La
Conferencia Sectorial de la Mujer se reúne el próximo día 26 para
presentar las conclusiones de sus sesiones de trabajo sobre malos tratos
y violencia contra las mujeres que consensúan medidas de actuación
globales. Esta presentación coincide con la celebración el día 25 de
noviembre del Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres,
dedicado a la reflexión y la denuncia contra las distintas formas de
violencia que sufren las mujeres, violación, acoso sexual en el trabajo,
violencia en los medios de comunicación, violencia familiar, doméstica,
entre otras.
El Grupo de Convergència i Unió también ha tenido en cuenta en la
redacción de su enmienda las conclusiones del estudio de opinión sobre
victimización de la mujer en Cataluña que ha realizado el Instituto
Catalán de la Mujer. Entre sus conclusiones destaca que el 10 por ciento
de las mujeres se sienten maltratadas física o psíquicamente y que los
principales motivos para no denunciar los malos tratos son el miedo al
agresor en un 73 por ciento y la falta de información en un 14 por
ciento.
Con el fin de dar soluciones a la problemática de los malos tratos a
mujeres, es necesaria una política social que tenga en consideración los
diferentes aspectos que van desde la comprensión de los condicionamientos
ideológicos, que están en la base de las diferentes situaciones
planteadas, hasta la creación de medidas asistenciales concretas y
puntuales. Las actuaciones contra la violencia deben girar en torno a
tres ejes básicos: la información, la formación y la creación de recursos
existenciales.
Para erradicar la violencia doméstica se ha de trabajar en el terreno de
la prevención de forma permanente. La educación es la medida más
importante a largo plazo, es el vehículo que transmite las normas y
valores tradicionales y, como tal, tiene un papel fundamental en la
cristalización de los estereotipos masculino y femenino. En este sentido,
hay que tener como objetivo la supresión de los contenidos sexistas de la
enseñanza y el fomento de actuaciones igualitarias mediante la
transmisión de unos sistemas de valores abiertos, una educación basada en
la transmisión de valores igualitarios que evite confrontaciones y que
éstas se resuelvan por la vía del diálogo.
Otra actuación preventiva es la información, que tiene una doble
variante: concienciar y sensibilizar a la población respecto a la
problemática de la violencia familiar, dar a conocer a las víctimas los
recursos asistenciales existentes, fomentar las denuncias por parte de
las mujeres maltratadas, dar a conocer la existencia
de los servicios de ayuda y atención a las víctimas. Hay que informar a
la mujer victimizada sobre los recursos asistenciales existentes y sobre
las actuaciones que hace falta llevar a cabo en caso de malos tratos:
dónde y cómo presentar una denuncia, proporcionar asesoramiento jurídico
y canalizar el caso hacia los centros asistenciales, si es necesario.
La información es un paso imprescindible sin la cual las mujeres que
tienen que buscar una salida a su situación no se decidirán a tirar
adelante, sólo lo harán si ven claramente posible una protección por
parte de las instituciones. Por eso nos parece acertada la proposición no
de ley sobre una campaña publicitaria en contra de la violencia que se ha
presentado hoy en esta sala.
Otro de los ejes primordiales para solucionar la problemática de los
malos tratos es la formación del cuerpo policial que atienda a las
mujeres victimizadas en el momento de la denuncia. Tradicionalmente, las
mujeres que sufren malos tratos se han encontrado con una respuesta poco
sensible por parte de la sociedad y muchas veces se tenían que enfrentar
con una actitud claramente machista cuando presentaban la denuncia. El
concepto de que el hombre es propietario, dueño, amo, de su mujer
persiste aún en algunas mentes.
Para poner fin a esta situación, se han impartido cursos de formación
sobre el trato de la violencia doméstica dirigidos al cuerpo de policías
y fuerzas de seguridad del Estado y a las policías de las comunidades
autónomas en el caso de Cataluña. El objetivo de estos cursos es acabar
con un posible trato discriminatorio a las afectadas y proporcionar a los
funcionarios policiales una formación específica que les permita tener
elementos de juicio y de actuación para responder en cada caso que se les
presente.
La asistencia policial, aparte de la tramitación de la denuncia, ha de
incluir la información a las mujeres de sus derechos y de los recursos
disponibles desde los propios servicios sociales que tratan la
problemática, así como la derivación a un centro hospitalario para que la
mujer obtenga un certificado médico de lesiones.
La forma policial de atender los malos tratos es esencial para defender
los derechos de las víctimas. Hace falta tener en cuenta en todo momento
las causas y las consecuencias de los malos tratos y el entorno de las
mujeres víctimas, pero a la vez se ha de tratar este tipo de denuncias de
la misma manera que se hace con las ocasionadas por cualquier otro delito
y no como un asunto de ámbito privado.
Entre los recursos asistenciales hay que destacar las casas de acogida.
Estas casas son centros destinados a acoger a las mujeres y a sus hijos
que sufren malos tratos por parte del marido o compañero, con tal de
paliar la situación de desamparo que sufren cuando deciden abandonar su
domicilio habitual. En Cataluña existen en la actualidad cuatro casas de
acogida y la quinta se abrirá en el próximo mes de diciembre en Girona.
Las casas de acogida intentan conseguir dos objetivos diferentes. El
primero, de carácter social, es que haya una repercusión lo más amplia
posible, denunciando públicamente la violencia de que es objeto la mujer.
El segundo es atender las necesidades individuales de las afectadas,
tanto a nivel personal como material. A nivel personal, se intenta
mostrar que existen otras formas de vida que pueden estar a su alcance y
los caminos para acceder; que puedan encontrar en la casa un marco de
convivencia, unas pautas que rijan la vida diaria para facilitar su
posterior autonomía. A nivel material, se intenta cubrir sus necesidades
más inmediatas y las de sus hijos, a fin de que a la salida tengan
resueltos los problemas de trabajo, de vivienda y de escolarización de
menores. La capacidad idónea del centro es de veinte a treinta plazas,
que supone de seis a diez mujeres con sus hijos.
En resumen, señorías, conocer la realidad de los malos tratos a las
mujeres ha de servir para sensibilizar y concienciar a la población de la
gravedad del problema; un problema que trasciende el ámbito personal para
tener consecuencias de tipo social...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Solsona, le
ruego vaya concluyendo.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Sí, señor presidente.
Los malos tratos a mujeres no pueden continuar siendo un asunto guardado,
privado, que afecta sólo a una parte de la población, porque son una
muestra de los sustratos culturales y sociales en los que vivimos.
Solucionar esta problemática es tarea de las instituciones, de la
Administración pública, pero también de las actitudes que todos y cada
uno de nosotros adoptemos en nuestra vida cotidiana y muy especialmente
en la educación de las nuevas generaciones.
Insistimos en la oportunidad de estas proposiciones de ley sobre la
campaña publicitaria y de establecer oficinas de atención a las víctimas,
pero, señorías, con esto no basta. Los malos tratos inciden de un modo
directo en la conservación de la vida y en la integridad de las personas
y, en la actualidad, las dramáticas estadísticas demuestran que se han
convertido en una lacra social. Este terrorismo doméstico o terrorismo
familiar es consecuencia de una especie de brutal ajuste de cuentas
marital, la mayoría de las veces causa de la petición de separación de la
mujer.
A nosotros, como legisladores, nos corresponde elaborar las leyes
necesarias que impidan actuar impunemente a los agresores, a fin de
terminar de una vez por todas con tanta barbarie. Por ello, señorías,
nuestro grupo anuncia desde esta tribuna que presentará una serie de
iniciativas legislativas a fin de proteger a las víctimas y castigar al
agresor. Concretamente, nuestro grupo cree necesario proponer
modificaciones legislativas tendentes a reforzar la protección de los
cónyuges
víctimas de malos tratos por un lado, proceder a la modificación del
vigente Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, y, por otro lado, la modificación de la proposición de ley
orgánica reguladora de la tutela cautelar penal. La mayor parte de las...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Solsona, le
ruego concluya.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Sí, finalizo, señor presidente.
La mayor parte de las denuncias se resuelven como meros juicios de faltas
y la pena se reduce a una simple multa o a un arresto domiciliario; es
decir, se encierra a la víctima con su verdugo, cuando habría que
encerrar y rehabilitar a los maltratadores, ya que evidentemente
necesitan ayuda psicológica.
Nos congratulamos de las proposiciones no de ley aquí presentadas y las
apoyamos y nos congratulamos igualmente de las medidas que por el
Gobierno se están llevando a cabo y de las cuales nos rindió cuenta la
ministra de Justicia en la reciente comparecencia ante la Comisión de la
Mujer. Y como la señora ministra nos instó en dicha comparecencia a que
les exigiéramos a ella y al Gobierno que fueran cada vez más rápidos y
cada vez en mayor sintonía con lo que reclamaba la sociedad, tengan por
seguro, señores del Gobierno, que es lo que nuestro grupo seguirá
haciendo por sentido de la justicia y de la responsabilidad.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, señorías, voy a ser breve
porque las diputadas que me han precedido en el uso de la palabra han
explicado suficientemente la importancia del tema que hoy estamos
debatiendo. Esta importancia podemos ver que se refleja en la
preocupación de cuatro grupos parlamentarios que en este momento
presentan iniciativas. En realidad, son cinco partidos políticos, porque
la proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida estaba
firmada por la diputada Cristina Almeida, actualmente miembro del Partido
Democrático de la Nueva Izquierda, y por esta diputada que les habla,
miembro de Iniciativa per Catalunya.
El problema, efectivamente, señorías, es grave, es gravísimo. Estamos
hablando de malos tratos a las mujeres, estamos hablando de malos tratos
a los niños, estamos hablando de agresiones sexuales y estamos hablando,
a finales del siglo XX, en una sociedad en la que el principio de la maté
porque era mía sigue tan vigente como las rancheras mejicanas.
Señorías, nuestro grupo plantea hoy una serie de enmiendas y queremos
hacerlo con un sentido máximo de eficacia. Hemos debatido sobre este tema
en la Comisión Mixta de la Mujer. Yo creo que en esta Cámara el conjunto
de diputados y diputadas somos conscientes de lo que estamos tratando y
lo que nos preocupa ahora fundamentalmente es poner los medios para
solventar esta cuestión.
¿Cómo no apoyar la proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo
Popular? Efectivamente, cada uno de sus puntos es esencial para poner
remedio a la situación que estamos debatiendo. En sus puntos séptimo y
octavo se recoge la necesidad de formar a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y también la creación de unidades específicas para
recoger las denuncias de estos delitos. Esta proposición no de ley del
Grupo Popular, igual que la que presenta el Partido Socialista, es digna
de ser votada favorablemente. Lo que propongo, que supongo ya está en el
ánimo de los distintos grupos políticos que han presentado hoy
proposiciones no de ley, es que se llegue a un consenso para sacar un
texto en el que se recojan los puntos más importantes.
Yo quiero centrarme en la proposición no de ley que ha presentado la
diputada señora Aramburu, del Grupo Federal de Izquierda Unida, que se
refiere, fundamentalmente, a que en las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado se habiliten unas áreas especiales para
atender estas denuncias y para que se forme a esos cuerpos de policía y
de seguridad en esta situación dramática de los malos tratos y de las
agresiones sexuales. Creemos que esta es la primera barrera con la que se
encuentran las mujeres. Es muy importante la sensibilización de la
sociedad, es muy importante el asociacionismo, es muy importante la
información, pero también es muy importante que esa primera barrera con
la que topa la mujer, que es cuando se dirige a una Comisaría de Policía
o a un Cuartel de la Guardia Civil en las zonas rurales, se encuentre
delante a un funcionario --nosotros decimos a una funcionaria-- que tenga
una formación específica para atender este tipo de denuncias, y que pueda
darle la atención informativa y psicológica que el caso requiere.
Estamos completamente de acuerdo con la proposición no de ley que
presenta Izquierda Unida, entre otras cosas porque la redactó esta
diputada cuando formaba parte del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Pero, señorías, estamos en un momento
importante en el que se van a debatir en esta Cámara los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1998. Iniciativa per Catalunya ha
presentado una serie de enmiendas en las que se recoge la necesidad de
dotar presupuestariamente con partidas de 100 millones de pesetas la
formación específica de los cuerpos de seguridad del Estado para atender
las denuncias de agresiones sexuales y de violencia y malos
tratos y, por otra parte, una partida de 200 millones de pesetas para
habilitar dependencias para los cuerpos de policía y de seguridad del
Estado, y también los de la Guardia Civil en las zonas rurales.
Nos parece muy importante, aparte del enunciado del problema, aparte de
las grandes manifestaciones que acostumbramos a hacer cuando hablamos de
estos temas, que empecemos a dar soluciones de tipo efectivo. Por tanto,
nuestro grupo parlamentario ha propuesto una serie de enmiendas,
concretamente a la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. En el apartado décimo, cuando se habla de procesos
de formación de la judicatura, nuestra enmienda es de adición y dice lo
siguiente: procesos de formación de la Judicatura, pero también de la
Fiscalía. Nos parece muy importante que la Fiscalía tenga también esa
formación específica. En el punto número doce de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular, señalamos la necesidad de añadir que se
habiliten los créditos necesarios para llevar a cabo, de forma urgente,
la introducción de oficinas de asistencia y adscripción de personal
femenino cualificado necesario en las dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y las dependencias de la Guardia Civil
para los núcleos rurales, para atender las denuncias de las mujeres
víctimas de delitos dolosos y violentos y contra la libertad sexual.
Señorías, sólo estamos instando a que se dé cumplimiento a la Ley 35/1995
de Ayuda a las víctimas de actos violentos y de agresiones sexuales,
aunque no tengan ese carácter de violencia, que en su artículo 16 dice
que en todas las fases del procedimiento de investigación el
interrogatorio de la víctima deberá hacerse con respeto a su situación
personal, a sus derechos y a su dignidad.
Esta diputada que les habla --y supongo que otras señorías que están en
este hemiciclo-- ha tenido oportunidad de acompañar a varias mujeres a
prestar declaración ante comisarías de policía y ha padecido, junto con
la víctima, una situación absolutamente degradante, porque
independientemente de la buena voluntad que puedan tener los funcionarios
que atienden estas denuncias, la situación objetiva es que la víctima
debe presentar esta denuncia ante un mostrador público en el que hay
otras personas prestando declaración y otro tipo de denuncias, ante un
funcionario que normalmente está a un metro y medio de ese mostrador, al
que, a voz en grito, se le tienen que ir reseñando las circunstancias de
la agresión, lo que constituye en sí mismo, señorías, una nueva agresión
moral para la víctima. Por ello que consideramos importantísimo que estas
dependencias se empiecen a hacer ya. He tenido oportunidad de preguntar
al Gobierno cuántas dependencias de comisaría de policía tienen personal
preparado y formado específicamente para atender este tipo de denuncias
y cuántas tienen dependencias habilitadas a tal efecto. En todo el Estado
español solamente hay seis, y cuatro están en las principales ciudades,
como pueden ser Barcelona o Madrid, mientras que el resto estamos en una
situación de penuria total y absoluta.
La proposición no de ley del Grupo Popular, que se puede suscribir en su
totalidad, creemos que debería ser completada con la enmienda que
sometemos a su consideración, y es que se presente, en el plazo de tres
meses, para el efectivo cumplimiento de la presente proposición no de
ley, un plan de medidas en el que consten los créditos presupuestarios
necesarios que hagan viable dicho cumplimiento. Porque si se leen la
proposición no de ley, señorías, todo es desarrollar, reforzar, promover,
potenciar, introducir, fomentar, impulsar. Está bien, sabemos que todo
eso tiene que tener una traducción presupuestaria, pero no todo es
dinero, se requieren más cosas que las asignaciones presupuestarias,
aunque son importantes. Nosotros no tenemos una actitud maximalista de
que se haga todo ahora y ya, pero en lo que se refiere a la dotación de
personal femenino cualificado para atender las denuncias, pensamos que
debería haber un plan y que se empezase por las capitales de provincia
para ir extendiendo este servicio como una mancha de aceite por todo el
territorio del Estado.
Señorías, la portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha hablado
de esta situación en relación a Cataluña en pretérito, como si fueran
situaciones del pasado. No son situaciones del pasado, son situaciones
del presente. En Cataluña, como en cualquier otra comunidad autónoma, se
da la misma situación que tenemos planteada a nivel del Estado. Los temas
que afectan a las mujeres quedan siempre en último lugar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rivadulla,
le ruego vaya concluyendo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, gracias, señor presidente.
Una diputada se ha dirigido a la Cámara diciendo que, de alguna manera,
ésta tendría que despertar ante esta situación. Como ya he dicho, la
información la tenemos, la sensibilización la tenemos, pero, por más que
yo creo que sí es necesaria esa campaña a la que insta el Grupo
Socialista --a través de su proposición no de ley--, creo que tenemos que
poner los medios. Al comienzo de mi intervención he dicho que me iba a
limitar a una cosa muy sencilla, muy pequeña, y es que reclama de la
dignidad de todos nosotros el que una mujer cuando se dirige a un cuartel
de la guardia civil en una zona rural o a una comisaría de policía en
nuestras ciudades, tenga personal femenino cualificado al que pueda
dirigir la denuncia en condiciones de privacidad y dignidad, y eso
requiere dependencias específicas para la prestación de este tipo de
declaraciones. Es poca cosa lo que se pide, cuantificado en los
presupuestos de este año, en total entre formación y habilitación de
dependencias son 300 millones.
Por tanto, señorías, acabo diciendo que espero que de este debate pueda
surgir una proposición no de ley común, que pueda ser suscrita por el
conjunto de los grupos políticos de la Cámara, y también desearía y
demandaría de la sensibilidad de SS. SS. que tuviesen en cuenta las
enmiendas que presenta Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
¿A qué efectos solicita la palabra, señor Rodríguez? ¿A efectos de fijar
posición? (Pausa.) Entendía que el Grupo Parlamentario Mixto presentada
enmiendas.
Tiene S. S. la palabra y le ruego que no exceda un tiempo máximo de cinco
minutos para fijar la posición de su grupo, en primer lugar, y, a
continuación, tendrá la palabra la señora Uría para fijar la posición de
su grupo parlamentario.
Adelante, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición en relación con la proposición no de
ley objeto de debate, en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque
Nacionalista Galego.
Fijamos posición teniendo en cuenta que es inevitable tomar medidas
punitivas y represivas en relación con las agresiones a las mujeres, pero
también hay que hacer una pedagogía que conduzca a nuestra sociedad en
otra dirección porque es un problema en el que está involucrada toda la
sociedad, que no deja de ser cómplice de la violencia que sufren las
mujeres. Violencia que se expande por la administración policial, por la
guardia civil, por la administración de justicia, jueces y fiscales, por
la familia, por los medios de comunicación e, incluso también, por la
escuela, en la medida en que se participa de una visión sexista y se hace
una valoración moral que sitúa al hombre como individuo, como controlador
y como dominante respecto de la mujer. La mujer que es concebida en esta
valoración moral como objeto erótico, como esclava, como posesión, como
ser débil e indefenso contra el cual se pueden proyectar todo tipo de
frustraciones cuando no es el objeto con el que se contrasta la identidad
sexual, la teórica identidad sexual de los hombres que agreden.
En ese sentido nos parece gravísima la actitud de representantes
políticos, con poder simbólico y ejecutivo, que llegan a afirmar que lo
único interesante es el escote de determinada diputada. O cuando desde la
Administración se contribuye a que existan misses de la tercera edad, en
una especie de concursos que están patrocinados por consellerías de
sanidad, o bien cuando se habla de misses turísticas en concursos pagados
por la diputación, caravanas de mujeres a ayuntamientos como Samos o,
simplemente, cuando desde un ayuntamiento se hace propaganda sobre la
importancia de la carne gallega poniendo una vaca con exuberantes ubres,
que no son precisamente las de una vaca sino las de una mujer, y se dice:
la gallega está buena; y así sucesivamente.
Es grave también cuando vemos que jueces, sin duda imbuidos por esta
valoración moral, convierten malos tratos solamente en una falta y
esperan a que haya tres juicios por faltas para convertirlo en delito y
antes solamente recurren a multas, arrestos de fin de semana o
amonestaciones. Es muy grave que se juzguen las conductas de las mujeres
y no los delitos. Hay algún político que incluso ha llegado a hablar de
quién es el provocador, quién es el acosado cuando la señorita de turno
iba tan provocativamente vestida a su trabajo. Y, en definitiva, las
autoridades laborales tendrían que aplicar la legislación vigente en
materia laboral para que las mujeres no se sientan indefensas por ejemplo
en trabajos que realizan en fábricas de conservas o en otro tipo de
fábricas ocupadas básicamente por personal femenino, donde muchas veces
se encuentran desprotegidas frente a acosos.
En definitiva, menos palabreo, más voluntad política y consigamos que,
por lo menos a corto plazo, exista policía y guardia civil con secciones
al efecto, que estén atendidas por mujeres agentes y también, por qué no,
por hombres que estén dispuestos a cumplir esta función y preparados para
tal fin; que los planes del Instituto de la Mujer se cumplan; que la
judicatura realmente esté a la altura de las circunstancias y que los
medios de titularidad pública actúen consecuentemente, no emitiendo
continua basura sobre este aspecto.
La alternativa presentada por Izquierda Unida nos parece la más concreta,
a pesar de que es parcial; la del Grupo Parlamentario Socialista incide
en un aspecto parcial pero de importancia y nosotros creemos que habría
que centrarlo mucho en los medios de titularidad pública; y la del Grupo
Popular, la más extensa, adolece, sin embargo, de estar planteada un poco
en el terreno de la mera indicación y no del carácter prescriptivo. Por
eso pensamos que es bueno que se haya llegado a la transaccional, que
apoyaremos Eusko Alkartasuna y el Bloque Nacionalista Galego.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco, pese a no tener presentadas iniciativas en esta materia,
participa del sentir que las alienta. Hoy en día, hablar de la violencia
específica que se
ejerce sobre las mujeres es hablar de un grave problema social, debido a
su gran incidencia en nuestra población y a la gravedad de las secuelas,
tanto físicas como psicológicas, que produce en las víctimas. Es un
problema que se da en todos los grupos de edades, niveles educativos y
socioeconómicos. El maltrato doméstico contra las mujeres provoca,
además, un gran impacto en los niños y niñas, quienes tienen mayores
probabilidades de padecer problemas sociales y educativos. Se ha
comprobado que los niños que crecen en hogares en los que las mujeres son
agredidas es más fácil que se conviertan en agresores, mientras que las
niñas --lo dicen las estadísticas-- son más tendentes a establecer
relaciones en las que serán a su vez agredidas, ya que, según se conoce,
la mayoría de las mujeres maltratadas crecieron en un ambiente de malos
tratos. Estamos, pues, ante un problema sobre el que es imposible no
pronunciarse.
No hemos presentado iniciativas, decía, pero en el ámbito en el que
nuestro partido tiene responsabilidades de gobierno sí se han adoptado
numerosas acciones que coinciden en parte con las que ahora, para el
ámbito estatal, se proponen en las iniciativas respecto de las cuales nos
gustaría pronunciarnos. En cuanto a la sensibilización con campañas, en
la actualidad se está celebrando, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco una denominada No más violencia contra las mujeres, con
muy ambiciosos objetivos. Respecto a la atención a las víctimas, a partir
del año 1993 existen protocolos de atención a las víctimas de agresiones
en cada uno de los territorios de nuestra comunidad y se han creado
servicios de atención jurídica y atención psicológica a las víctimas de
los malos tratos.
Las propuestas de resolución que se nos presentan aluden a medidas en el
ámbito policial. En el País Vasco, en cuanto a medidas operativas, existe
una instrucción de 1994, relativa a la actuación de la Ertzaintza en caso
de agresiones, y en todas las comisarías de la Ertzaintza y en todos los
turnos hay por lo menos una mujer policía. Se ha elaborado, además, en
colaboración con el departamento de Interior, un protocolo estadístico,
universal y homegeneizado, que facilita la labor de recogida de datos en
este tipo de denuncias.
En cuanto a la formación de la policía --que se introduce como novedad en
las proposiciones que se van a votar--, ya existe en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, y en los cursos de acceso a la Función
pública policial se abordan de forma básica aspectos relacionados con
este tipo de delitos. Además, en los cursos de reciclaje y ascenso existe
un módulo denominado La mujer como víctima y en los cursos de formación
dirigidos a policías locales se dan pautas de actuación ante delitos
cometidos contra mujeres.
Sí nos gustaría traer a la Cámara una última novedad que creemos que sólo
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha puesto en
práctica, y es la atención a la figura del maltratador. Según un estudio
realizado en un programa de prevención de la violencia familiar, en los
juzgados de instrucción de San Sebastián, en los años 1990-1991, se vio
la importancia de introducir estos nuevos servicios de carácter no
coactivo, puesto que en la práctica las mujeres maltratadas suelen seguir
conviviendo con su pareja por falta de recursos económicos o, en muchos
casos, por dependencia afectiva o por falta de propia identidad. En estos
supuestos, el tratamiento recibido por la víctima es importante pero
insuficiente si no se actúa, además, sobre el hombre. De ahí que si no se
pone remedio lo más probable es que la situación de maltrato se
reproduzca y se extienda, incluso, al resto de la familia. Por este
motivo, un tratamiento integral del maltrato doméstico que sufre la mujer
debe contemplar la atención psicológica del hombre maltratador, bien
porque éste continúa conviviendo con la víctima, bien porque existen
hijos o bien porque, aún en caso de separación o ruptura, puede reincidir
en el futuro con otra mujer. Los resultados que se nos dice que se están
evidenciando indican que la medida es extraordinariamente positiva y
resulta beneficiosa en un porcentaje altísimo de supuestos.
Concluyo indicando que el debate traído a la Cámara ha sido
extraordinariamente interesante y que se han suscitado un montón de
cuestiones, por lo que nos parecía adecuado introducir en él las
experiencias que desde nuestro ámbito, en el que tenemos
responsabilidades de Gobierno, se han ido poniendo en práctica. En todo
caso, hemos visto con atención el texto y esperamos que finalmente sea
consensuado alrededor del planteamiento que proponía el Grupo
Parlamentario Popular, que asume y redacta casi todas las propuestas y
que tendrá nuestro voto afirmativo.
Gracias, señor presidente. (La señora Sainz García pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Señora Sainz, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
La señora SAINZ GARCIA: Señor presidente, a efectos de poder ofrecer un
texto que, de alguna forma, fue consensuado previamente, y que sería una
oferta hecha a todos los grupos políticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Entiende, señoría,
que es una enmienda transaccional, por lo tanto sobre los tres textos y
sobre las enmiendas?
La señora SAINZ GARCIA: Efectivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Algún grupo
parlamentario se opone a la
presentación de la enmienda transaccional? (Denegaciones) Proceda, S. S.,
a la lectura del texto propuesto.
La señora SAINZ GARCIA: Señor presidente, con el mejor deseo de buscar
ese contexto en un tema en el que, sin duda, unir los esfuerzos será lo
que la sociedad nos agradezca a todos los grupos políticos y de una
manera especial las víctimas: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a la adopción de las siguientes medidas: Uno. Impulsar, en el
marco de la Conferencia sectorial de la mujer, políticas de colaboración
a desarrollar por todas las administraciones, así como elaborar
protocolos de actuaciones conjuntas, tanto judiciales como sanitarias y
policiales, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Dos. Estudiar la legislación actual, con el fin de impulsar aquellas
modificaciones legislativas que procedan, tendentes a reforzar la
protección de las mujeres víctimas de malos tratos, y agilizar los
procedimientos judiciales; estudiar la posibilidad de crear una fiscalía
especial para este tipo de delitos.
Tres. Promover el movimiento asociativo e impulsar mediante ayudas los
programas que las organizaciones de mujeres desarrollan para eliminar
esta forma de violencia familiar.
Cuatro. En el plazo más breve posible, poner en marcha una campaña
publicitaria que tenga como objetivo concienciar a la sociedad sobre la
gravedad de los malos tratos a la mujer y a los menores, e informarles de
sus derechos y de las instituciones que puedan prestarles el debido
asesoramiento y ayuda.
Cinco. Reforzar y coordinar la información que se presta desde las
diferentes administraciones a las mujeres y realizar actividades
formativas del personal que trabaja en los organismos que tratan estos
asuntos para mejorar la calidad de atención que se presta a las mujeres.
Seis. Potenciar la creación de servicios dirigidos a mujeres víctimas de
violencia.
Siete. Introducir en los procesos de formación del personal de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la judicatura, y me atrevo
a incluir, con el beneplácito de todos los grupos, la sugerencia hecha
por el Grupo Mixto, y de la Fiscalía. Sería por lo tanto: Introducir en
los procesos de formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de la judicatura y de la Fiscalía, módulos
específicos para una mejor atención y asistencia a mujeres víctimas de la
violencia.
Ocho. Habilitar las oficinas de asistencia necesarias en las dependencias
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender las
denuncias de las mujeres víctimas de la violencia, tanto física como
mental y de delitos contra la libertad sexual. Estas oficinas se
establecerán en todas las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, en
las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos
urbanos ya establecidos y en las dependencias de la Guardia Civil para
los núcleos rurales; la prioridad será las capitales de provincia. Se
adscribirá a cada una de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, mencionadas en el apartado primero, el personal
femenino cualificado para atender en condiciones de privacidad y apoyo
psíquico adecuado las denuncias de las mujeres víctimas de delitos
violentos, de lesiones corporales, de daños graves en la salud física o
mental y de delitos contra la libertad sexual.
Nueve. Promover investigaciones sobre las causas que dan lugar a ejercer
la violencia contra las mujeres y mejorar las estadísticas existentes
para obtener un mejor diagnóstico de la situación real.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz. Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley de los
Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida que se han presentado y
debatido, en los términos resultantes de la transaccional aceptada por
los tres grupos, que es la que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319;
a favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Señorías, todos los votos son favorables al texto
transaccional, que queda así aprobado por unanimidad del Pleno.
(Aplausos.)
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ADAPTACION DE LA LEY DE
CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A LOS USOS Y RECOMENDACIONES
EFECTUADAS POR LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Número de
expediente 162/000124)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Socialista, sobre
adaptación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas a los
usos y recomendaciones efectuadas por la Comisión de las Comunidades
Europeas.
Tiene la palabra don Víctor Morlán. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden silencio.
Señorías, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el «Boletín Oficial del Estado» de los días
18 y 19 de mayo de 1995 publicó, tras un amplio debate en esta Cámara, la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En su artículo 116 se
presta una especial atención al aspecto que hoy nos lleva a esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
que es la subcontratación de la obra o servicio sacado a licitación
pública por parte de la empresa contratista.
El punto 2, c) del citado artículo hace una referencia explícita al pago
del precio pactado, estableciendo que el contratista se obliga a abonar
a subcontratistas y suministradores el pago de dicho precio con unos y
con otros, en plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los
establecidos en el artículo 100.4, que hace referencia a dos meses para
las relaciones entre la Administración y el contratista.
Esta regulación que se recoge en la Ley de contratos sin embargo no acaba
de ser atendida por los contratistas y sigue sin cumplirse. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor Morlán.
Guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor MORLAN GRACIA: Digo que sigue sin cumplirse no ya que el pago se
produzca en el plazo de dos meses, sino que el subcontratista o el
suministrador reciba el pago del precio convenido al menos en el mismo
plazo con que la Administración paga al contratista.
Los datos obtenidos de la central de balances del Banco de España son
bastante elocuentes del calvario por el que están atravesando estas
pequeñas y medianas empresas y para muestra valgan unos ejemplos que creo
que indicarán la validez de esta aseveración que acabo de hacer.
En 1990 los contratistas cobraban de sus clientes en 115 días y pagaban
a sus proveedores en 150 días de media. En 1991 los contratistas cobraban
en 112 días de la Administración y pagaban en 142 días de media. En 1992
cobraban en 129 días y pagaban en 157 días. En 1993 todavía la diferencia
es mayor: cobraban en 129 días, igual que en 1992, y pagaban en 193 días.
En 1994 cobraban en 118 días --la Administración agilizaba el pago de sus
deudas-- y, sin embargo, pagaban en 215 días. Y en los años 1995 y 1996
la situación se ha degradado de tal manera que, manteniéndose el plazo de
cobro, los pagos se producían en cifras superiores a los 250 días de
media.
En esta proposición no de ley estamos hablando de un conjunto de sectores
que trabajan de manera indirecta para las administraciones públicas, que
engloban a más de 180.000 pequeñas y medianas empresas, para las que
están trabajando más de un millón de personas; empresas que facturan al
año cuatro billones de pesetas, que representan el 9 por ciento del PIB.
Estamos hablando, señorías, de un numeroso grupo de empresas y
trabajadores que ven cómo las empresas contratistas cobran sus deudas de
la Administración en unos plazos inferiores, con derecho a percibir
intereses de demora más el 1,5 por ciento cuando superan los dos meses,
mientras que ellas no gozan de esos privilegios. Se trata de empresas que
en los últimos años han visto cómo la subcontratación se ha incrementado
de manera considerable, de tal manera que han crecido sus plantillas, han
tenido que hacer frente a fuertes inversiones en equipos de obra, han
tenido que desarrollar sus estructuras empresariales y mientras tanto
veían cómo las empresas contratistas se convertían progresivamente en
entidades financieras, en empresas con mucha cualificación técnica y poco
número de trabajadores y con poca maquinaria.
Señorías, nosotros no cuestionamos en absoluto la existencia de esas
empresas. Lo que nosotros sí cuestionamos es el mejor trato recibido
respecto a las pequeñas y medianas, a los contratistas y suministradores,
porque entendemos que se encuentran en una situación de discriminación
respecto a aquellas otras. Sí entendemos que la Administración, como es
lógico, pague intereses de demora y que pague ese 1,5 por ciento más y
que si el contratista cumple el contrato en el plazo que está establecido
por la ley, de dos meses, cobre. Lo que no entendemos es que el
subcontratista o el suministrador no tenga otro recurso, no para cobrar
los intereses de demora sino para cobrar la deuda que tienen con él, que
acudir a la vía civil o a la vía contencioso-administrativa.
Mi grupo, señorías, desea la supervivencia de esas 180.000 pymes y de ese
millón de puestos de trabajo y quiso que el artículo 116.2.c) hiciera esa
especial referencia a los subcontratistas y suministradores en un marco
legal en el que surge la duda de si en la legislación de la contratación
administrativa pública debe contemplarse alguna referencia especial a la
regulación sobre los aspectos de la contratación privada. Entendemos que
esta duda debe ser superada y que ha de dejarse de lado, porque aun si en
cierta medida puede ser lógico pensar así, la tozudez de los hechos
demuestra que los recursos públicos que se gastan en obras públicas, de
servicios, etcétera, de la Administración pública, prestados por empresas
a las que les ha sido concedida su gestión, deben llegar a quienes
efectivamente los ejecutan. Asimismo, al elaborar la Comisión de las
Comunidades Europeas, en mayo de 1995, una recomendación, que pronto se
va a convertir en directiva, invitando a los Estados miembros y, por lo
tanto, a sus gobiernos, a que se adopten medidas para, entre otros
aspectos, respetar el plazo de los 60 días para el pago del precio en
este tipo de deudas, nos hace pensar que debamos superar esa duda sobre
si tiene que ser aplicada o no la normativa de la contratación privada
a este tipo de contratos entre contratistas y subcontratistas de las
administraciones públicas.
Estamos hablando, por lo tanto, de contratos entre empresas en el ámbito
de lo público, puesto que lo que regulan es la ejecución de una obra o
servicio o la prestación de un suministro del que es titular la
Administración pública, de tal forma que nos podemos encontrar con
circunstancias curiosas que exigen una decidida acción política del
Gobierno. Como creo que los ejemplos son la mejor manera de entender el
problema y la razón por la que hacemos este tipo de planteamientos, les
diré que pueden darse casos curiosos como el que les voy a contar. La
Administración desea licitar una obra, lo hace y la adjudica a una
determinada empresa contratista. En la licitación se produce una baja, en
algunos casos temeraria pero normalmente una baja, que, como es lógico,
se repercute a la hora de proceder a su subcontratación. En el desarrollo
de la obra se produce un modificado, un proyecto que viene a variar la
estructura del anterior, a justificar que tiene que haber un aumento de
precios, pero este modificado no se repercute en los precios que se están
pagando a los subcontratistas, pudiendo darse el caso de que el
subcontratista o suministrador, además de no haber incrementado su precio
en razón al modificado presentado, ve dilatada la percepción del precio
de la obra o de la gestión que está haciendo en el desarrollo de esa
licitación, con lo cual alguien pueden pensar que de esta manera quien
asume todos los riesgos respecto a la pervivencia de la empresa y a la
continuidad de las plantillas es el subcontratista, en quien repercuten
muy pocos de los beneficios.
El Grupo Socialista, señorías, con esta proposición no de ley que
sometemos a su consideración pretende dar un paso más en la senda
iniciada con la Ley de contratos de 1995 para que los contratistas
cumplan con sus obligaciones de pago del precio y las cumplan en los
plazos y en las condiciones en los que ellos las perciben de la
Administración; cumplan con sus obligaciones tal y como quieren que se
cumplan con ellos y, desde luego, pretendemos garantizar que estas
180.000 empresas y este millón de trabajadores tengan asegurada su
continuidad y su pervivencia y puedan dormir tranquilos, porque a partir
de la acción política del Gobierno tras esta proposición no de ley, que
espero que SS. SS. acepten, va a haber una garantía clara y precisa de
que su futuro y su porvenir están asegurados.
Por eso, señorías, el Grupo Socialista, presenta en el día de hoy esta
proposición no de ley, cuyos dos puntos me voy a permitir leer
brevemente, instando al Gobierno --en el punto 1-- a que en el plazo de
tres meses elabore el correspondiente desarrollo normativo que posibilite
la equiparación del plazo de pago de los precios pactados entre
contratistas y subcontratistas o suministradores entre sí al regulado
para el pago a los contratistas por las Administraciones públicas; y --en
el punto 2-- a que en el menor plazo posible, elabore un proyecto de ley
en el que se recojan las recomendaciones efectuadas por la Comisión de
las Comunidades Europeas con fecha 15 de mayo de 1995, relativas a los
plazos de pago en las transacciones comerciales.
Por parte del Grupo de Convergència i Unió se ha presentado una enmienda
que estamos dispuestos a aceptar con la finalidad de llegar a un
entendimiento y que este problema que planteamos sea asumido por todos
los grupos, como así se ha hecho concretamente en las enmiendas que se
han presentado a los presupuestos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Morlán.
Efectivamente, a esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para defender la
enmienda que hemos propuesto a la proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista sobre una problemática respecto a la cual
mi grupo se siente extremadamente solidario y sobre la que en otras
ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de debatir en esta Cámara, y,
transcurrido el tiempo, señorías, las cosas siguen igual. Mi grupo
lamenta que se ponga de manifiesto que los problemas siguen igual en la
calle y sin resolverse, a pesar de los esfuerzos realizados en su momento
en la revisión de la actual Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, que se materializó en el año 1995, y a pesar de aquellas
modificaciones que, curiosamente, impulsó mi grupo parlamentario estando
el Partido Socialista entonces en el Gobierno, cuando insistimos y
trajimos a colación y a debate la misma problemática que ustedes hoy nos
presentan y que llevó a que incorporáramos una modificación en el
artículo 116 de la Ley de contratos.
Por tanto, bienvenida sin duda esa iniciativa, bienvenida porque cuando
los problemas no están resueltos --y se constata que no lo están--, esta
Cámara debe afrontarlos y tomar iniciativas políticas. A lo mejor hicimos
mal la ley entonces; a la vista de los resultados, la hicimos mal. El
tiempo ha puesto de manifiesto que aquella iniciativa del Gobierno,
entonces socialista, enmendada por mi grupo con la voluntad de intentar
resolver las cosas, no nos ha resuelto los problemas, y ahora,
curiosamente, ustedes, desde la oposición, nos vuelven a traer una
solución a dicho problema instándole al Gobierno a que lo resuelva. ¿Y
por qué no resolvemos el problema en esta Cámara? ¿Por qué no resolvemos
en esta Cámara el problema de fondo? Como
saben SS. SS., mi grupo parlamentario ha presentado unas enmiendas a la
ley de medidas, enmiendas que pretenden ser equilibradas y que tienen
como finalidad no solamente resolver la problemática bilateral de la
materia que estamos discutiendo sino también la perspectiva más general
y más global, atendiendo también otras realidades vinculadas a lo que es
el tema del pago en las relaciones contractuales con la Administración
pública y entre los subcontratistas, suministradores y las empresas
contratistas.
Podría resolverse en este trámite, es cierto, y quizá no tendríamos
oportunidad de volver a discutir sobre la materia, pero mi grupo entiende
que esta es una cuestión que no solamente afecta a los grupos
parlamentarios, sino que también afecta a la Administración. Si realmente
queremos resolver el problema de fondo, la Administración y el Gobierno
deben comprometerse a articular unos procedimientos que aseguren los
procesos de pago en las relaciones contractuales en las administraciones
públicas y que garanticen los procesos posteriores entre los contratistas
y los suministradores o los subcontratistas. Eso debe hacerse en un marco
de pleno convencimiento; no volvamos hacer modificaciones precipitadas
articuladas desde una perspectiva bilateral. Hagamos el esfuerzo de,
mediante un diálogo y una voluntad política de consenso, intentar
formular una solución definitiva a la problemática que hoy tienen miles
y miles de empresas en el país. Mi grupo quiere resolverla
definitivamente y bien; lo quisimos entonces y llegamos hasta donde
llegamos y lamento que, transcurrido el tiempo, el resultado nos diga que
entonces nos quedamos cortos, porque si se cumpliera la ley, quizá no
estaríamos discutiendo. El problema está en que la ley no se cumple y,
por tanto, debe revisarse e incorporar mecanismos y garantías más
amplias, así como mejores procedimientos que aseguren el pago efectivo
que debe darse en todas las relaciones contractuales entre la
Administración pública y la sociedad.
Señorías, políticamente, mi grupo quiere resolver bien esta cuestión y
volvemos a levantar la voz en esta Cámara para ofrecer de nuestra parte
el esfuerzo que podamos hacer para consensuar bien la solución a este
problema, que no es de color político sino de eficacia en el
procedimiento, en el transcurrir de las relaciones económicas que
vinculan la Administración pública y la sociedad. Por tanto, hagamos un
esfuerzo. Mi grupo ha propuesto una enmienda con el espíritu de consenso,
con el ánimo de reafirmar la voluntad política de la Cámara para que este
problema se resuelva en breve plazo. Si esta enmienda es útil y puede
servir y en torno a ella puede instrumentarse y alcanzarse un consenso,
mi grupo pondrá de su parte todo lo posible para lograrlo. El grupo
proponente ya se ha manifestado partidario de aceptarla; conozco de los
matices que quieren hacerse a la redacción literal de la enmienda que
hemos planteado. Hay un tema de plazos. En los compromisos políticos
siempre tenemos un problema de plazo. ¿Cuánto plazo le damos al Gobierno
para tomar la iniciativa a la que le instamos? Por el Grupo Socialista se
plantea que sean seis meses desde la aprobación de la proposición no de
ley. Mi grupo también entiende razonable ese plazo de seis meses; quizá
se necesite un plazo un poco más largo. Discutamos esta cuestión, pero,
en todo caso, definamos un plazo. Sin un plazo, mi grupo no puede aceptar
un compromiso político; solamente si hay un plazo, aceptará mi grupo un
compromiso político.
Por otro lado, no solamente deberíamos abordar la problemática de su
proposición no de ley, que comparto, la relativa a la relación
contractual entre contratistas y suministradores o subcontratistas, que
es importante, nos preocupa, la compartimos y queremos resolverla; es que
además hay otros aspectos vinculados a la relación contractual a los que
deberíamos ser sensibles también, y el compromiso político que se eleva
al Gobierno no debería circunscribirse estrictamente a la naturaleza de
la iniciativa política que hace el Grupo Socialista, sino que deberíamos
poder generalizarlo e incorporar otras realidades que están relacionadas
con la aplicación de la Ley de contratos.
Señorías, mi grupo en esta tramitación y en este momento de la discusión
de esta proposición no de ley quiere reiterar que hemos anticipado
posibles soluciones que se han propuesto mediante enmiendas a la ley de
medidas. Podrá discreparse de ellas, podríamos alcanzar una solución y un
consenso y articular ya a partir del primero de enero de 1998 un ámbito
jurídico y económico distinto modificando la Ley de contratos y
resolviendo estas cuestiones. Se podría hacer y mi grupo está
predispuesto a confiar en que en ese plazo las cosas se van a resolver si
hay un compromiso político del Gobierno y de la mayoría de la Cámara para
traer en breve plazo una modificación de la Ley de contratos, pero
señorías, vaya por delante un anuncio y no entiendan ustedes que es una
amenaza. Del plazo al que nos comprometamos en esta sesión de hoy y de la
voluntad política de traer a la Cámara una solución del problema mi grupo
ya no podrá ir más allá, en el sentido de que o se resuelve bien esta vez
o las cosas tendrán que tramitarse y conducirse por otros derroteros.
Vamos a dar ese margen de tolerancia, pero, por favor, ciñámonos ya, de
una vez por todas, a resolver ese conflicto, porque hoy mismo, en mi
propia comunidad autónoma y en el resto de España, existen conflictos por
la paralización de obras a raíz de este problema de fondo que estamos
debatiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Homs, le ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, termino.
Simplemente me queda reiterar mi predisposición a alcanzar el consenso en
torno a nuestra enmienda, que no trata más que de lograr un compromiso
político serio y responsable para resolver el problema que nos preocupa
a todos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Homs.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista pone de
manifiesto una realidad evidente --las intervenciones que está habiendo
en esta Cámara así lo constatan-- y es que tienen lugar graves
repercusiones sobre empresas y trabajadores. La Ley de contratos del
Estado no se cumple desgraciadamente, por lo que a pesar de esas
disposiciones legales no es infrecuente que empresas contratadas por la
Administración subcontraten, a su vez, obras a otras empresas menores y
éstas o reciben los pagos que acordaron en un plazo demasiado largo, lo
que pone en peligro su estabilidad económica, o en algunos casos ni
siquiera perciben lo pactado. Lo mismo sucede en ocasiones respecto a las
empresas suministradoras. De esta situación que pone en peligro además
muchos puestos de trabajo se vienen quejando numerosos empresarios,
aunque en demasiadas ocasiones, como todos sabemos, en silencio --dicho
esto entre comillas--, ante el temor evidente de no acceder a otra
oportunidad de subcontratación. Estamos, por tanto, ante un problema de
envergadura y que desde nuestro punto de vista presenta algunos flecos.
En primer lugar, hay un exceso o una práctica demasiado extendida de la
subcontratación. Algo que debería ser relativamente ocasional constituye
casi una práctica habitual. Determinadas empresas con cierta capacidad
concurren a contratos con la Administración sin ninguna intención de
llevar a cabo una determinada obra y sólo con el propósito de
subcontratarla. Las subcontratas a su vez recurren a medios ajenos para
llevar adelante determinado compromiso. Estas prácticas, señoras y
señores diputados, están generando también inestabilidad laboral,
explotación de los trabajadores, etcétera. Es fácil entender que comienza
a haber demasiados intermediarios en la cadena, con los consiguientes
beneficios, lo que inevitablemente conduce a unas condiciones peores,
laborales y salariales, de los trabajadores, además de lo ya comentado de
problemas graves para muchas empresas. En segundo lugar, conviene
advertir que algunas administraciones demoran los pagos acordados con las
empresas más allá de lo pactado o lo razonable, lo que efectivamente
incide en lo que decíamos. En todo caso, nos parece bien que la
Administración presente una normativa capaz de corregir estas anomalías,
que, desde nuestro punto de vista, debería incluir alguna medida
coercitiva y disuasoria de tales prácticas, porque si modificamos la ley
--como se acaba de decir-- y no existe un mecanismo coercitivo, yo me
preguntó: ¿se cumplirá? Seguramente deberíamos preguntárnoslo casi todos.
Como al Bloque Nacionalista Galego le preocupa este asunto, acaba de
presentar una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos
para intentar cortar de raíz estas prácticas. Nosotros proponemos que en
caso de incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de las
empresas que contraten con la Administración con las empresas
subcontratadas a su vez, sean inhabilitadas para contratos posteriores,
lo que puede parecer muy drástico, pero nosotros intentamos buscar una
solución de raíz a este problema. Parece que se ha llegado a un acuerdo
entre los grupos para someter a votación una enmienda transaccional, que
nosotros apoyaremos con la esperanza de que esas medidas sirvan para
solucionar este problema y no para seguir demorándolo en el tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su momento,
consagró la voluntad de los grupos políticos de esta Cámara para que la
Administración pusiera fin a una práctica que se había mostrado muy
extendida en nuestro país por parte de todas las administraciones de
todos los colores políticos, consistente en la demora en el pago de sus
obligaciones con las empresas que habían contratado con la
Administración. De pasada, aquella ley contempló también las relaciones
de estas empresas contratistas de la Administración con otras que, a su
vez, mantenían vínculos contractuales con ésta. Se pretendió que,
efectivamente, estas empresas contratistas de la Administración, una vez
que habían cobrado sus deudas de la misma, cumpliera sus obligaciones con
esas empresas con las que mantenían relaciones contractuales. El tiempo
que ha transcurrido desde entonces nos permite comprobar cómo si bien se
ha mejorado en relación con el cumplimiento por parte de la
Administración de sus obligaciones con las empresas que contratan con
ella, sin embargo, no se ha experimentado el mismo avance en las
relaciones entre las empresas contratistas de la Administración y las
empresas subcontratistas o que mantienen cualquier tipo de vinculación
con aquéllas. De ahí que hoy venga esta proposición no de ley a la Cámara
en la que se pretende
que, ante esa realidad, se adopten medidas que, efectivamente, permitan
corregir una situación que atenta, sin lugar a dudas, a lo que son las
reglas de la economía de mercado y de la libre y sana competencia.
Creemos que es necesario avanzar en la solución de este tema. Si bien el
contenido de la proposición no de ley presentada inicialmente adolece de
inconcreción, marca un plazo cuyo mantenimiento nos parece necesario. En
cuanto al contenido, creemos que es necesario adoptar las medidas
oportunas de tipo sancionador que garanticen que si las empresas han
cobrado efectivamente de la Administración, no se prevalgan de una
posición dominante para incumplir su compromiso sin ningún fundamento con
otras empresas que desempeñan un papel importante y que han permitido a
las que ya han cobrado que cumplieran sus contratos con la
Administración.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley en los
términos que finalmente recogen el sentir mayoritario de la Cámara,
porque nos parece que es necesaria para seguir avanzando en un problema
en el que, hasta la fecha, tenemos que reconocer que todavía no hemos
encontrado la solución adecuada.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando tuvieron lugar los debates de 1995 para aprobar la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas afortunadamente ya hicimos la
previsión en esta Cámara, en el artículo 100, referido a las condiciones
de pago en cualquier contrato de obra pública o de servicio del Estado,
sobre las garantías de cobro de los contratistas desde la Administración.
Después, ese espíritu se llevó al artículo 116.2, donde se venía a decir
que, en relación al pago y a los plazos, cuando el contratista que había
licitado y obtenido la licencia para la construcción de una obra pública
determinada tuviera, a su vez, que atender las obligaciones de pago con
suministradores de bienes y servicios, es decir, con los subcontratistas
en una palabra, las condiciones sobre plazos de pago no fueran más
desfavorables que las que existían entre la Administración y el
contratista principal.
Qué duda cabe que en la realidad de las obras públicas estamos ante un
mundo en que solamente las grandes empresas que son capaces de tener
gabinetes de redacción del proyecto acceden a estos concursos, pero estas
mismas empresas, que se han definido más como grandes empresas de obras
públicas, con gabinetes de estudio para el proyecto, redacción y
ejecución del mismo por supuesto, no son empresas especializadas o que
dispongan a su vez de pequeñas empresas especializadas en todos aquellos
componentes y circunstancias de servicio que constituyen la
subcontratación para aquellas actividades muy especializadas que vienen
a formar parte de los grandes proyectos de ingeniería y de arquitectura.
Por tanto, ese mundo de los subcontratistas va a seguir existiendo,
porque es un mundo de especialistas, de pequeñas empresas, porque esa es
su dimensión, que viven en esa cadena de transformación.
Por tanto, para mí ha sido --y así la juzgo-- oportuna y muy conveniente
la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque trae aquí el
problema que se ha producido por un desfase y por falta de aplicación y
ejecución --incluso por falta de penalización, porque no la tiene-- del
artículo 116.2 de la Ley de contratos. Estamos de acuerdo con lo que ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
señor Homs, en su intervención, porque ha sido congruente y consecuente
con lo que aquí debatimos cuando estudiamos la Ley del comercio respecto
a las obligaciones de pago, para que no se produjeran períodos de
indefinición muy largos entre la gran superficie o la gran empresa
comercial y los proveedores de bienes y servicios a estas grandes
superficies. Entonces se denunció aquí el problema existente de la
dilación de los períodos con que estas empresas o grandes superficies de
distribución pagaban a sus suministradores de bienes y de servicios, y en
la misma línea de congruencia viene hoy aquí esta proposición no de ley.
Nos congratulamos de que este problema haya sido recogido con
sensibilidad por la iniciativa socialista y esperamos que con la enmienda
anunciada se llegue al consenso en un tema en el que estamos todos de
acuerdo y que aquí nos emplacemos para que el Gobierno, en un plazo fijo,
concreto y determinado, aporte la única solución posible que es la
modificación en el sentido en que estamos todos pronunciándonos aquí de
la Ley de contratos de 1995, a los dos o tres meses de cuya aprobación,
curiosamente, la Unión Europea dicta su resolución --fundamentalmente se
trata de una recomendación-- para ordenar este mundo de los pagos y de
sus períodos desde las grandes a las pequeñas empresas de subcontratación
de servicios y de aprovisionamiento de bienes a estas otras
instituciones.
En esta línea y por parecerle al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
afortunada y positiva, señor presidente, anunciamos que vamos a apoyar
con nuestro voto este texto de la enmienda de consenso que hemos conocido
los portavoces, por entender que con la modificación de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se contempla la solución
a este problema para evitar la quiebra de estas pequeñas empresas
suministradoras o subcontratistas, imprescindibles en todo el tejido
empresarial español --están ahí casi reflejadas las pymes--, a las que un
corte el
suministro financiero las está llevando al crash o a la suspensión de
pagos, con la desaparición del factor competitivo que este sector
requiere. Por tanto, vamos a hacer esta labor, que es obligatoria para el
legislador y que dará una garantía, repito, a todo ese entramado de las
pequeñas empresas, de las pymes, que constituyen el mundo de los
subcontratistas y de los proveedores.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la sensibilidad del Grupo Vasco con lo que propone la
iniciativa del Grupo Socialista es total y se evidencia en la enmienda
que tenemos presentada con el número 315 a la llamada ley de
acompañamiento, en la que proponemos la modificación del artículo
34.3.f), del artículo 100, del 116.2.a) y del 116.2.c), de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. La experiencia en el tiempo
trascurrido desde la entrada en vigor de la ley 13/1995 nos enseña que,
de hecho, se producen injustas situaciones que han referido ya quienes me
han precedido en el uso de la palabra, sobre las que no insistiré, y que,
además, los usos se alejan de las recomendaciones de la Comisión de las
Comunidades Europeas.
Conocedores de la enmienda transaccional que se propone, en la que el
Gobierno asume el compromiso de abordar la modificación en un concreto
plazo, nos parece satisfactorio lo que hace, pues así se pone fecha
cierta a la solución de lo que es un problema real. Por ello nuestro voto
será favorable a la propuesta tal y como se contempla en la transacción
que se ofrece a la Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo de Izquierda Unida en
relación con la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista en
esta Cámara. Debo comenzar mi intervención diciendo que mi grupo tiene el
compromiso, con todos los sectores que en este país se dedican a
suministrar o subcontratar trabajos con las grandes empresas, de
presentar o apoyar iniciativas tendentes a mejorar la situación que
sufren los contratistas directos de las administraciones públicas.
Estamos comprometidos con subcontratistas y suministradores de materiales
a que se cumpla la Ley de Contratos del Estado y se modifiquen aquellos
aspectos que afectan negativamente a muchas empresas y a un volumen
importante de trabajadores. No es la primera vez que nosotros hablamos en
esta Cámara sobre la situación de las empresas que se dedican a la
subcontratación. Reiteradamente hemos puesto de manifiesto nuestra
preocupación por las pequeñas y medianas empresas que se dedican a
realizar el trabajo que otros contratan directamente con las
administraciones públicas.
En esta legislatura, en la primera comparecencia del ministro de Fomento
en la Comisión de Infraestructuras, hicimos varias consideraciones al
señor Arias: la primera de ellas era que las inversiones en obras
públicas debían de mantenerse estables; la segunda, que la Ley de
Contratos del Estado se estaba y se está incumpliendo sistemáticamente
por los adjudicatarios; y la tercera, que las grandes empresas de
construcción de obras públicas falsean normalmente la documentación en
los pliegos de condiciones.
El que no haya cierta uniformidad y continuidad en las inversiones
públicas supone mantener en la inestabilidad constante a miles de
empresas y miles de trabajadores que no pueden tener plantillas con
trabajadores estables. De hecho, la disminución de la inversión pública
en 1996 y en 1997 ha supuesto la pérdida de cuantiosos puestos de trabajo
en empresas de obras públicas y proveedores de los contratistas.
Decía anteriormente que la Ley de Contratos del Estado se incumple casi
sistemáticamente por parte de los adjudicatarios de obras. La obligación
del adjudicatario de informar a la Administración de los contratos que
efectúa con terceros es incumplida generalmente, así como la obligación
de disponer de los equipos adecuados para la ejecución de la obra a
realizar. En la mayoría de los casos el volumen de subcontratación es
superior al 50 por ciento permitido por la Ley de Contratos del Estado.
También anteriormente decía que las grandes empresas de construcción de
obras públicas en numerosas ocasiones falsean los datos al acudir a las
licitaciones. Los falsean al aportar los medios propios de que disponen
para la ejecución de obra. Normalmente, las empresas certifican que
tienen maquinaria y medios suficientes cuando, en realidad, por todos es
conocido que las grandes constructoras carecen de equipos suficientes
para hacer los trabajos que les encomienda la Administración a través de
sus contratos. Esto quiere decir que los que realizan las obras son en
realidad los pequeños y medianos constructores, los autónomos, que tienen
los medios humanos, mecánicos y técnicos suficientes para este tipo de
trabajos.
Sectores representativos de los subcontratistas llevan ya más de un año
denunciando ante las distintas administraciones públicas, y también ante
los distintos
grupos políticos de esta Cámara, las fraudulentas formas de pago que las
grandes empresas constructoras utilizan en detrimento de los
subcontratistas. La Ley de Contratos del Estado prevé que el contratista
abone al subcontratista y suministradores el pago del precio pactado por
uno y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que
los establecidos en el artículo 100.4, es decir, dentro de los 60 días
siguientes a la certificación. Queda claro que la Administración, salvo
excepciones, paga al contratista en los 60 días siguientes de haberse
producido la certificación. En todo caso, si se producen demoras en el
cumplimiento del plazo, existe una penalización, que consiste en el
incremento del tipo de interés vigente más 1,5 puntos de las cantidades
adeudadas. Resumiendo, el subcontratista, legalmente, debe cobrar del
contratista en el mismo plazo que éste.
Veamos cuál es la realidad que está soportando el sector de la
subcontratación. Tengo por aquí el negocio de las cinco constructoras más
grandes del país y, a través de este estadillo, se puede ver que
incumplen sistemáticamente lo que establece la Ley de Contratos del
Estado. En 1990, estas cinco grandes empresas facturaron en torno a
649.000 millones, cobraron a 115 días y pagaron a 140. En la actualidad,
el volumen de negocio de estas grandes empresas supera el billón de
pesetas, cobran a 118 días de media y pagan a 215, es decir, una
diferencia de casi cien días entre la fecha de cobro y la fecha de pago.
Eso nos da una idea de cuál es la situación de este sector tan importante
para nosotros como son los subcontratistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Fernández, le ruego
concluya, por favor.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor presidente.
Como estoy muy limitado de tiempo, quiero decir ya, para ir concluyendo,
que apoyamos la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista,
en la cual insta al Gobierno a una determinada serie de cosas, y también
apoyaremos la transaccional que presenta el Grupo Popular, porque lo más
probable es que el Grupo Socialista esté de acuerdo con ella; aunque
demora algo el plazo que plantea el Grupo Socialista, entiendo que recoge
el espíritu de todos los grupos de esta Cámara, que es dar una solución
satisfactoria al problema de la subcontratación .
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición sobre la
proposición no de ley defendida por el Grupo Socialista y la enmienda
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Vaya por delante
que compartimos, como no podía ser de otra manera, la preocupación
unánime de todos los grupos que han intervenido por la situación
existente en la actualidad por los retrasos en los pagos que se producen
en el ámbito de la contratación administrativa. No voy a hacer
referencia, porque el tiempo me lo impediría, a los casos concretos que
mencionó el señor Morlán, que compartimos en su totalidad, y que ponen de
manifiesto un problema muy serio respecto al ámbito de la contratación
administrativa y en relación a los pagos a subcontratistas. Esta es una
preocupación que no sólo se pone de manifiesto en esta Cámara como
consecuencia de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista sino que, además, se pone de manifiesto en varios documentos
emitidos ya por la Comisión de la Comunidad Europea, porque es una
preocupación común en toda Europa la generalización en los
incumplimientos en los plazos de pago, no sólo en la contratación
administrativa, sino en todas las transacciones comerciales en las que
interviene una simple factura. Además, en el plan de acción de mercado
único, que la Comisión remitió a la recientemente celebrada cumbre de
Amsterdam, se hace renglón aparte de las operaciones comerciales y, en
concreto, en la acción denominada 3 se establece la necesidad de mejorar
el marco para que las operaciones transfronterizas se produzcan sin los
problemas de incumplimiento en los períodos de pago a que he hecho
referencia.
Se manifiesta también en este plan de acción del mercado único que los
mayores perjudicados son las pequeñas y medianas empresas, ya que éstas
tienen más dificultades en cuanto a liquidez, rentabilidad y
competitividad que las de mayor tamaño. En este plan de acción, además,
se hace un llamamiento al sector público, que hoy trae el Grupo
Socialista a esta Cámara, y que es un intento que desde luego agradece
nuestro grupo, y se anuncia la publicitación de un informe, con fijación
de un plazo que acabaría al final de este año, con la propuesta de una
directiva destinada a reducir la demora en los pagos en el ámbito de la
Unión Europea.
Esta, señorías, es la situación actual. La situación actual es que este
informe anunciado por el plan de acción de mercado único vio la luz en el
diario de las Comunidades Europeas el pasado 17 de julio de este mismo
año, es decir, en fechas bien recientes, en el que no sólo quedaba
acreditado el problema manifestado y documentado por el señor Morlán,
sino que además figuraba España en el ranking de países donde la
problemática era especialmente grave. El incumplimiento de los plazos se
cifraba en una media de 74 días, mientras que en países como Alemania se
hablaba de un
plazo medio de 34. En este aspecto quiero puntualizar que el plazo medio
se refiere a todas las transacciones comerciales y no sólo a las que
tienen que ver con la Administración. No obstante, en esta comunicación
se hacía una breve mención al sector público, indicando que en este
sector se producían especiales problemas como los manifestados hoy tanto
por el señor Homs como por el señor Morlán, referidos al cumplimiento de
los plazos de pago, que en el caso de la Administración pública podían
llegar a rondar los 250 días. Sin embargo, mayor concreción es la que
aportaba la recomendación de la que parte todo este debate, que no es ni
más ni menos que la recomendación 95/198, de 12 de mayo, que hacía
referencia a la necesidad de regular, en el ámbito de la contratación
administrativa, la garantía del cumplimiento de las obligaciones, no sólo
ya en la Administración con sus contratistas, sino que incluso hacía
referencia a las relaciones entre contratistas y subcontratistas.
En este sentido, hay que señalar que la Comisión, en la mencionada
comunicación de julio de este año, hace referencia al caso español como
el único país de Europa en el que se había articulado una posible
solución. Esa posible solución es la que se ofrecía en el texto de la
recomendación 13/95, en su número 116.2.C. Pero, ciertamente --y en eso
han coincidido todos los grupos y el nuestro comparte esta opinión--, no
ha resuelto los problemas que se evidenciaban entonces y se siguen
evidenciando con mayor gravedad en la actualidad.
Quedaría un debate por hacer, que sería conveniente realizar en un
trámite posterior, sobre la conveniencia de que la Administración pública
regulara aspectos relacionados con el derecho privado, con las relaciones
comerciales entre contratistas y subcontratistas. En todo caso, esta es
una discusión que debe producirse en el marco de un debate de mayor
calado, que sería el de una reforma de aspectos importantes que hoy son
necesarios retocar en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Se debería aprovechar no sólo el problema que hoy se trae a
esta Cámara con esta proposición no de ley con respecto a los plazos de
pago a los subcontratistas, sino también otros aspectos que han sido
recogidos en multitud de enmiendas presentadas por otros grupos a la ley
de acompañamiento de este año, en concreto la 315 del Partido
Nacionalista Vasco, otras de Convergència i Unió y alguna del Bloque
Nacionalista Galego, en el sentido de modificarlos, porque existen
problemas ciertos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. Este es un compromiso que nuestro grupo quiere consolidar en
este día, en el sentido que se ha manifestado por otros grupos. Por ello,
nuestro grupo ha puesto a disposición de todos los portavoces de los
grupos parlamentarios de esta Cámara una propuesta de acuerdo que
cifraría el plazo del 30 de junio de 1998, en el transcurso del cual el
Gobierno presentaría un proyecto de ley de modificación de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Aprovechando este trámite, dicha ley contendría, entre otras, las
enmiendas presentadas por los grupos y las aportaciones que en su día
haga el grupo de trabajo, que está constituido en el seno del Ministerio
de Economía y Hacienda, para modificar esta ley y dar desarrollo
reglamentario a la Ley de Contratos, y en concreto esta proposición no de
ley que trata de posibilitar que desaparezca definitivamente el problema
en el marco de la contratación administrativa, sin perjuicio de que, en
una ocasión posterior, se aborden las recomendaciones establecidas por
esa comunicación, que dará paso previo a la directiva comunitaria de
reforma y afianzamiento de las relaciones y transacciones de carácter
comercial.
Voy a dar lectura al texto que ha sido entregado a los portavoces de los
grupos, y que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a presentar ante la Cámara, antes del 30 de junio de 1998, un
proyecto de ley de reforma de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, con la finalidad de solucionar la
problemática planteada en la aplicación de esta ley y, entre otras
cuestiones, el cumplimiento de las obligaciones de pago en la
contratación administrativa, así como lo relativo al pago de los
subcontratistas, en consonancia con la recomendación 95/1998 de la CEE,
de 12 de mayo de 1995, de las Comisiones de las Comunidades Europeas.
Con esta redacción se cumple con los intereses de la proposición no de
ley y con todo lo manifestado por el resto de los grupos. Se puede llevar
a cabo en un cierto plazo una reforma que solucione definitivamente los
problemas planteados por la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cámara.
Le ruego que haga llegar a los servicios de la Cámara y a la Presidencia
copia de lo que se propone para votación.
Aunque por parte del Grupo Socialista se ha hecho referencia a que
aceptaba la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tanto el
señor Morlán como el señor Homs deberán manifestarse sobre la aceptación
de la transacción que propone el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias a todos los grupos por las
aportaciones que han hecho en el debate. El Grupo Parlamentario
Socialista quiere pedir al Grupo Parlamentario Popular que haga una
modificación técnica en la enmienda que ha presentado y es la siguiente.
Cuando dice: así como lo relativo al pago de los subcontratistas, que se
añada y suministradores.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Nuestro grupo no tiene
inconveniente en que se incluya la expresión y suministradores. Si bien
hay que reseñar que no tiene un reflejo legal en la Ley de Contratos,
porque se entiende perfectamente a qué se refiere la palabra
suministradores, nuestro grupo acepta la modificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cámara.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: De acuerdo con la aceptación de esta
modificación, el Grupo Parlamentario Socialista va a arriesgarse a
aceptar que antes del 30 de junio de 1998 se presente esta ley, porque
entendemos que se da solución a un problema que todos los grupos hemos
detectado y que también todos tenemos ganas de que se solucione.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Morlán.
El señor Homs, como enmendante, ¿está de acuerdo con la transacción
aportada por el Grupo Parlamentario Popular?
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, estamos de acuerdo con la
propuesta de transacción a nuestra enmienda que, a la vez, debe ser
aceptada por el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a proceder a la
votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre adaptación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas a los usos y recomendaciones efectuadas por la
Comisión de las Comunidades Europeas, en los términos resultantes del
texto que ha sido leído al final del debate por el portavoz señor Cámara,
recogiendo las distintas aportaciones que hacen de ello una transacción.
Se somete, por tanto, ese texto a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316;
a favor, 316.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto por unanimidad del Pleno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA
ASEGURAR LOS OBJETIVOS DE INVERSION PREVISTOS POR EL MINISTERIO DE
FOMENTO (Número de expediente 173/000053)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la del Grupo Socialista, sobre medidas del Gobierno para
asegurar los objetivos de inversión previstos por el Ministerio de
Fomento.
Para su presentación, tiene la palabra el señor García-Arreciado
Batanero.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el miércoles pasado presentábamos la
interpelación, de la que trae causa esta moción, con el doble objetivo de
trasladar al Gobierno la preocupación, no gratuita ni solitaria de este
grupo parlamentario, por el alarmante descenso que se está produciendo en
la inversión pública y los efectos que ello pudiera tener, en un plazo
más bien corto que largo, sobre el sistema económico en su conjunto,
sobre la accesibilidad de los territorios de España y sobre la capacidad
de competencia del conjunto del Estado y de sus territorios. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El segundo objetivo era conseguir del Gobierno el acuerdo necesario para
establecer un conjunto de medidas, de actuaciones, que permitiesen
corregir ese camino descendente de la inversión pública y produjesen
algún tipo de reactivación a lo largo del próximo ejercicio
presupuestario.
El resultado fue confuso, en el sentido de que no sé si conseguimos
trasladar al Gobierno bien nuestra preocupación por la situación en que
se encuentran las inversiones en infraestructuras públicas, por la
creación de stock de capital fijo en el país; pero sí es seguro que
fracasamos en el segundo de los objetivos, que era conseguir del Gobierno
que estableciera un conjunto de actuaciones y de medidas que sirviesen
para paliar la situación de desánimo en la que se encuentran el sector
por los daños inmediatos a nuestro sistema económico como consecuencia
del alarmante descenso de las inversiones en los últimos años.
El señor ministro estuvo cortés en las formas, austero en el fondo y
parco en la palabra. Hay que reconocer que hoy, en las jornadas anuales
que organiza en Madrid un diario económico inglés, ha estado mucho más
locuaz y ha dicho cosas que nos hubiera gustado escuchar en esta Cámara,
tales como que ya hay 240.000 millones de inversión privada para el plan
de peajes; que se pretende construir con ellos 450 kilómetros de autovía
(en su comparecencia en la Comisión habló de 330; bienvenidos sean esos
120 kilómetros más, algún
día preguntaremos dónde están); que en la primavera del próximo año se
van a licitar las autopistas radiales de acceso a Madrid; que el modelo
alemán ha movilizado este año 100.000 millones. Supongo que se los habrán
mandado en un autobús blindado de un Ministerio a otro, porque no ha
generado ninguna obra viva en el próximo año, y que la expectativa
ilusionada para el que viene es de 105.000 millones. El acuerdo del
Consejo de Ministros del día 7 (que cierra el capítulo, a mi entender,
porque ya no se puede endeudar en más del 30 por ciento del crédito
correspondiente de la sección) es escasamente de 63.000 millones. Apunta
una serie de reconocimiento de prioridades, que constan como tales en el
Plan Director de Infraestructuras y con las que estamos de acuerdo, y
anuncia cosas tan sorprendentes como que el modelo alemán se derogará a
partir de 1998, con lo que cada vez queda más claro que ha sido un simple
mecanismo de centrifugación del gasto hacia ejercicios económicos
futuros.
Todas estas cosas se las hubiésemos querido escuchar al señor ministro en
la interpelación, pero, como digo, la corrección en la forma estuvo
revestida de una verdadera parquedad en las palabras. El señor ministro
se mostró, sobre todo, satisfecho por el rumbo tomado durante los dos
últimos años en inversión en infraestructuras; y afectado, posiblemente,
por el virus de autosuficiencia que ataca a la mayoría del Gobierno,
anunció --en esa autoestima en la que están instalados-- su intención de
mantener las cosas tal y como estaban para el próximo ejercicio
presupuestario, sin modificar de ninguna manera el rumbo equivocado que
tomaron las inversiones en los presupuestos anteriores y en los
precedentes a estos últimos.
En este contexto de negación de la colaboración precisa del grupo que
apoya al Gobierno y, en consecuencia, de los socios del Gobierno para
establecer ninguna medida que incentive la inversión en infraestructuras
y que palie la situación alarmante en la que se encuentra el sector,
solamente cabía un tipo de moción y es la que hemos presentado. Una
moción en la que se le dice al Gobierno que por lo menos priorice, que
por lo menos planifique, porque es insostenible, señores del grupo que
apoya al Gobierno y socios que le brindan su colaboración, que el
Ministerio del territorio, el Ministerio de las infraestructuras, el
Ministerio planificador e inversor por excelencia no traiga a esta
Cámara, en casi dos años que van de Gobierno, un documento en el que se
establezca la planificación en un horizonte sectorial de tres, cuatro o
cinco años, si me apuran ustedes, tanto en carreteras como en
ferrocarriles, que son los dos vectores fundamentales de inversión del
Ministerio. Se lo volvemos a decir al Ministerio. Estoy seguro de que los
que le apoyan van a volver a hacer oídos sordos y de que algún que otro
grupo, que predicaba hace unos días que no se puede negar el pan y la sal
permanentemente al Grupo Socialista, volverá a apoyar al Gobierno en algo
tan evidente como es la necesidad de una planificación inversora, sobre
todo en aquellas actuaciones que, por su carácter plurianual, necesitan
de no menos de ocho o diez años para madurar completamente.
Los dos primeros puntos de la moción van dirigidos claramente al Gobierno
y a recordarle cuáles son sus obligaciones. Si no los aceptan, tomo nota
de que el Gobierno no acepta que la oposición le recuerde cuáles son sus
obligaciones. Los dos siguientes puntos de la moción son elementos de
garantía para la oposición. Ya que usted no planifica, ya que usted no
manda aquí un documento del que sea responsable y en virtud del cual
pueda ser sometido a control parlamentario por cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones que se derivan de ese documento de
planificación, por lo menos dígame usted, con carácter trimestral, en qué
se está gastando el dinero. De manera que cada tres años las inversiones
contenidas en los grandes programas de inversión, el 513.A y el 513.D, de
infraestructuras del transporte ferroviario y de creación de
infraestructuras de carreteras que, por lo menos, sean objeto de la
remisión a la Cámara de un documento que nos permita una posterior
comparecencia de la autoridad que se designe por el Ministerio para hacer
una evaluación del seguimiento de aquello que el Gobierno decida hacer.
Que por lo menos tengamos esa información ampliada a los órganos
tutelados por el Ministerio que sin ser inversión estrictamente
presupuestaría, manejan cantidades importantes, como es Aeropuertos, el
holding Puertos del Estado --que Dios tenga en su gloria, porque este año
ustedes han anunciado su fallecimiento-- y Renfe; en fin, los grandes
centros inversores dependientes del Ministerio.
El último punto es muy fácil: vamos a terminar con el dinero negro
parlamentario, a efectos presupuestarios. Aquí hay unas cantidades que
van a no se sabe qué suministradores de infraestructuras de transporte
por carretera y de transporte ferroviario --cuyo incumplimiento no voy a
resaltar otra vez ante la Cámara, pero el año pasado han sido
manifiestamente insuficientes-- que están ajenas a los controles
estrictos del gasto presupuestario; salen del presupuesto por una
adquisición de supuestos activos financieros y ahí se les pierde la
pista. Lo que solicitamos es que al menos las consignaciones que se doten
en el capítulo 8 del Ministerio de Fomento se adecuen, más o menos, a las
previsiones de inversión de esos supuestos proveedores de
infraestructuras de transporte terrestre, por carretera o ferrocarril, y
que no se produzca la desmesura del último año que de los 100.000
millones transferidos se ejecutaron 3.000, y la previsión que tenemos
para el próximo año es que de los 120.000 millones transferidos no se
podrán ejecutar, IVA incluido, más allá de 15.000 o 18.000 millones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Arreciado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Mi intervención va a ser breve, en lo que cabe, por cuanto parece ser que
esta moción va a tener una transacción final. Nuestro grupo, a la espera
de esa transacción final, si se produce, fijará su voto.
La primera impresión que tenemos respecto a los cinco puntos de la moción
es que pedir que en el plazo de tres meses se presenten unos planes de
carreteras para tres años y un plan de actuaciones ferroviarias para
otros tres, de 1998 a 2000, nos parecen unos plazos cortos. Creemos que
el Gobierno no debe presentar todavía un plan de carreteras, porque ¿qué
hacemos con el PDI? ¿Existe el PDI o no? Era un documento del otro
Gobierno pero muchas de las explicaciones que se nos dan --incluso el
otro día lo decía el propio ministro-- nos lo ofrecen como un buen
instrumento o herramienta de trabajo. Si verdaderamente definiésemos los
puntos válidos del PDI y sobre él se nos presentase un plan de
carreteras, sería interesante pero a un plazo mucho más largo para poder
incluir en él todo lo relativo a carreteras e, incluso, una
reglamentación muy fuerte respecto a la calidad de las obras que se han
realizado. La calidad de la primera generación de autovías, con la
muestra más clara de todas como puede ser la autovía Madrid-Zaragoza, es
desastrosa porque prácticamente está intransitable.
En cuanto al plan de actuaciones ferroviarias, también hemos de decir que
en 1989 teníamos un plan de transportes ferroviarios y la construcción
del AVE se cargó totalmente dicho plan, no habiendo existido en años
anteriores. No nos preocupa que todavía no lo tengamos, aunque deberíamos
de tenerlo. En consecuencia, nuestro grupo solicita un plazo mayor para
que esta Cámara reciba los planes de carreteras y de actuaciones
ferroviarias. También hubiésemos querido que el plazo para remitir a la
Cámara la información relativa a grados de ejecución hubiese sido
semestral en vez de trimestral, si es una documentación que cualquier
grupo puede pedir al Ministerio, y a finales del período de cada sesión,
es decir, en junio y diciembre.
Como he dicho al principio, nuestro grupo, dependiendo de las posibles
transacciones que pueda haber, fijará el sentido de su votación en ese
momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si nos encontráramos ante unos auténticos presupuestos por programas, con
unos objetivos concretos, tendríamos que convenir todos en que si algo
hay que concretar son las inversiones, porque éstas son las que hacen
posible cumplir un objetivo determinado. Permanentemente desconocemos la
evolución de la ejecución presupuestaría del Gobierno. Se hacen informes,
trimestrales o semestrales, con lo que pudiéramos llamar valoración de
los 50 grandes programas en su conjunto, desde el capítulo 1 al capítulo
4, a todos y cada uno de ellos, pero no logramos un compromiso plurianual
de la inversión, que nos daría una imagen para poder ver qué obra se
empieza este año, que aunque no se haya podido hacer se hará el
siguiente; nos daría una idea en cada momento de la evolución de la
actuación del Gobierno, o del ejercicio de la inversión; nos daría una
radiografía de cómo se van solventando los problemas que tienen los
ciudadanos o las demandas de prestación de servicios.
La última actuación de carreteras ordenada que teníamos era el
programa-puente de carreteras. En la anterior legislatura el entonces
portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Infraestructuras era el
señor Posada. Recuerdo las actuaciones del señor Posada en toda la
legislatura pasada criticando que no se hubiese podido pasar del
plan-puente de carreteras, que evolucionaba de todas las obras no
cumplidas en el plan de carreteras anterior. Entonces criticábamos
aquello, pero es que ahora carecemos de todo instrumento; no sabemos
cuáles son, las que quieran. Indicativamente están en el anexo de
inversiones del año 1997; indicativamente se proponen para este año, pero
desconocemos cuáles se van a hacer, que es lo que propone la moción que
ha defendido el portavoz del Grupo Socialista: preséntenlas en un plazo
determinado. Dicen tres meses, si se necesitan cuatro, cuatro, no voy a
establecer el plazo, pero para febrero o marzo traigan un plan de
carreteras que nos diga qué carreteras tenemos hoy y qué carreteras,
después de cuatro años de actuación, vamos a tener al final de toda esa
actuación, y así poder medir cuáles son las prioridades cuáles se van a
hacer el primer año, cuáles el segundo, cuáles el tercero... Esa es una
actuación programada, una planificación o previsión plurianual de
inversión, con lo cual podríamos seguir como venían añadidas en el famoso
PDI. Yo recuerdo que iban incluso actuaciones concretas en cada uno de
los departamentos.
Tuvimos, en su momento, un plan de ferrocarriles, un plan de actuación
ferroviaria, un PTF. Hoy tampoco los tenemos. El PTF será que ahora va a
actuar en Guadarrama, pero no actuamos; ahora vamos a actuar en Zaragoza,
pero no actuamos en otro sitio. No. Digan qué actuaciones concretas:
cuáles se van a hacer en el tren de alta velocidad, cuáles en lo que es
la red convencional, cuál es la velocidad alta del ferrocarril,
con qué prioridades, cuáles hacemos el primer año, cuáles el segundo,
cuáles el tercero... Eso es lo que demanda el punto 2 de la moción y por
ello nosotros vamos a apoyar este punto 2.
Los puntos que van en la parte resolutiva de la interpelación vienen a
facilitar --no sé si trimestralmente es la fecha más adecuada o si puede
ser más amplia, aunque me daría con un canto en los dientes si se pudiera
hacer cada seis meses-- un balance del volumen de las inversiones que ha
hecho el Gobierno, qué ha invertido en los programas. Es poco exigente lo
que propone el Grupo Socialista. Hace la previsión solamente de
carreteras y ferrocarriles, pero no pide mucho más. En eso y en todo lo
que es inversión, porque también hay un organismo en Educación que
significa el cumplimiento de la Logse; hay inversión en Medio Ambiente;
hay inversión propiamente en Interior; hay inversiones en determinados
departamentos. Es verdad que las mayoritarias están en Fomento y en Medio
Ambiente. Pues bien, un seguimiento trimestral o semestral sería bueno
porque veríamos cómo van cumpliéndose esos objetivos.
Termino, señor presidente, con la última parte. A mí no me gusta cómo
está redactado el punto número 5 --se lo acabo de decir al portavoz del
Grupo Socialista--, pero no por el objetivo que persigue, que para mí es
meridiano. El artículo 8 viene a decir, en lo que son activos
financieros, que el año pasado pusieron 100.000 millones de pesetas en
esta economía creativa para que se gastaran en ferrocarriles y en
carreteras. Como solamente se han 3.000 millones de pesetas, ahí queda un
número de miles de millones de pesetas. Para este año hay una previsión
de 120.000 millones de pesetas, no recuerdo la cifra exacta. Hay una
declaración inicial de unos 16.000 ó 20.000 millones de pesetas. ¿Los
demás en qué se van a gastar? ¿Al socaire de como vaya viniendo el
tiempo? Precisen, dice la moción, hagan una previsión real de qué
inversiones se van a acometer. No nos las digan de oído, de palabra;
pongan la previsión en el papel y dígannos de qué manera van a
evolucionar esos activos patrimoniales en obras concretas, para que no
quede como prioridad el tren de alta velocidad Madrid-Zaragoza y las
otras cosas son estudios. ¡Hay que ver lo que están estudiando! Este
Gobierno está gastándose en estudios lo que no se podía ni uno imaginar.
Aparecen 56 millones, 60 millones, cien millones... Todo es para
estudios. Vamos a estudiar. Hay cosas que no hace falta estudiarlas,
están recogidas en el PDI, valoradas y presupuestadas.
Me gustaría una redacción más concreta que dijese, desde lo que
pudiéramos llamar aportación patrimonial para este año, en qué
inversiones se va a hacer todo lo no previsto. Eso sería una previsión de
lo que aquí viene a proponer en el programa 511.D, en el capitulo 8. En
todo caso, nosotros vamos a votar, señor presidente, esta propuesta
porque nos hubiera gustado que hubiera sido el punto de partida para que
el Gobierno actuara presupuestariamente e, incluso, que otros gobiernos
lo hubieran hecho con anterioridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No quiero reabrir el debate, ni mucho menos reproducir el debate de la
interpelación de la pasada semana del que trae causa la presente moción,
pero sí quiero de entrada desmentir y rechazar rotundamente tres
afirmaciones que están presentes o que subyacen en el intento de
reproducción, aunque sea sintético, del debate de la semana pasada por
parte del grupo autor de la moción.
La primera afirmación es la de que el Ministerio de Fomento, el Gobierno
en definitiva, carece de instrumentos de planificación. La segunda es que
los recursos para inversiones son insuficientes. Y la tercera, menos
explícita en esta ocasión pero absolutamente explícita en el espíritu y
en lo que subyace la moción, es la de que el Ministerio de Fomento, el
Gobierno, no gasta y no paga los recursos que las Cámaras legislativas le
aprueban y le asignan para la política de inversiones. Voy a ser muy
breve, señor presidente, porque es la infraestructura --si me permite la
expresión-- de la posición que adopta el grupo en relación con la moción.
La primera afirmación es incierta, tanto en carreteras como en
ferrocarril. Por una parte, hay que decir que el Plan Director de
Infraestructuras está vivo, fue objeto de resoluciones, pero está vivo
con la vida que puede tener. Era un plan irreal a largo plazo, con un
planteamiento de financiación absolutamente disparatado que sólo puede
servir de marco general de actuación. Y como marco general de actuación
lo está respetando y, en la misma medida, desarrollando el Ministerio de
Fomento.
En lo que concierne a la petición de que en tres meses se elabore un plan
de carreteras, deberá convenir conmigo el señor García-Arreciado que es
utópico. Es utópico en términos de puro Derecho positivo. Los artículos
16 y 18 del Reglamento de carreteras, que S. S. sin duda conoce, impiden
que un plan tan complejo, con tales requisitos, esté elaborado en un
plazo de uno, seis, nueve meses o, incluso, un año. Entre otros
requisitos requiere un trámite de consulta (artículo 18) a las
comunidades autónomas para que manifiesten sus sugerencias o sus
discrepancias.
En la actualidad el Ministerio de Fomento cuenta, en materia de
carreteras, con un marco de planificación en el programa de actuaciones
prioritarias en carreteras --Papca--, que se está desarrollando y cuya
programación y ejecución va a estar viva en el curso de
los próximos años. Por otra parte, el Gobierno tiene la intención de
incorporar un programa que permita encajar las actuaciones en un ámbito
especial localizado o de alguna tipología específica: programa de
autovías, programa de conservación, programa de autopistas, etcétera. La
creación de esta figura de programa nos acercará, por otra parte, a los
países de nuestro entorno, donde figuras como ésta están perfectamente
contempladas. Consiguientemente, no es cierta la carencia de instrumentos
de planificación en carreteras.
Otro tanto hay que decir en lo que concierne a ferrocarriles. Aparte de
la apelación al Plan Director, que, como recordaba muy oportunamente el
portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), feneció como
consecuencia de la construcción del AVE a Sevilla, hay que decir que el
Ministerio de Fomento ha anunciado en repetidas comparecencias del
ministro, en Pleno y en Comisión, cuáles son las actuaciones que está
siguiendo el Ministerio y a qué se dedica el GIF; qué actividad ha tenido
el GIF desde su creación; cómo ha sido necesario aprobar el reglamento de
su funcionamiento y constitución; cómo el año 1997 se han transferido
60.000 millones de pesetas que, evidentemente, en estos momentos estarán
en cuentas financieras pero que, según el compromiso que el presidente
del GIF hizo en su comparecencia en Comisión y que S. S. recordará,
estarán gastados no antes de que finalice el próximo trimestre del año en
curso y los primeros meses del año 1998. Consiguientemente, las
prioridades que le preocupan a S. S. en materia de infraestructuras
ferroviarias están expuestas y son perfectamente conocidas, con
independencia de las actuaciones ordinarias dedicadas al mantenimiento de
la red en niveles de seguridad y de otros extremos dentro de la
responsabilidad de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
La segunda afirmación, relativa a que los recursos son insuficientes,
hemos tenido oportunidad de debatirla en Comisión con ocasión de los
presupuestos. Le recuerdo que este año 1997, y desde luego 1998, se
cumple la regla de oro en materia presupuestaria, que es que el volumen
de déficit sea menor que el volumen de inversiones. El volumen de
inversiones referido al Ministerio de Fomento crece el 8,9 por ciento con
respecto a la cifra de 1997. Por tanto, señor García-Arreciado, no
podemos aceptar sus afirmaciones en cuanto a la insuficiencia de los
recursos y su apelación --que no ha hecho hoy pero que hizo el otro día
con ocasión de la interpelación-- a la falta permanente de 150.000
millones de pesetas, para llegar a ese nivel mítico de los 700.000
millones a que ha hecho repetida referencia su señoría. Con el modelo
alemán y con otras fórmulas de inversión, como las de anticipos
reintegrables a autopistas, se cubre sobradamente esta cifra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ortiz, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Acabo, señor presidente.
Entrando ya en los extremos de la moción, quiero manifestar la posición
de mi grupo. No podemos aceptar, por las razones expuestas, los apartados
1 y 2. Tampoco podemos aceptar el apartado 5 por una razón conceptual:
una programación económico-financiera no es una programación de
inversiones reales. Las aportaciones previstas en el capítulo 8 tienen
una naturaleza financiera y deben ser consideradas como tales, deben
entenderse en el marco de la programación económico financiera y no
tienen por qué acomodarse a la ejecución de la inversión real, tal como
se plantea en la moción. Desde luego, no tengo más remedio que rechazar,
señor presidente, la expresión de dinero negro presupuestario para
referirse a los créditos del capítulo 8 que, como capítulo
presupuestario, está sometido al control político de esta Cámara y al
control de la Intervención General de la Administración del Estado y del
Tribunal de Cuentas.
Respecto a los apartados 3 y 4, que se refieren a la remisión de
información al Congreso de los Diputados sobre las carreteras, programas
513.D y 513.A, o sobre Renfe y las inversiones efectuadas por el Ente
Gestor de Infraestructuras, no queremos de ninguna manera negarnos a
suministrar información, aunque podíamos poner en evidencia que todos los
grupos parlamentarios tienen resortes, según el Reglamento de la Cámara,
para pedir tanta información como necesiten del Gobierno, que se tramita
a través de los cauces reglamentariamente establecidos. Con todo, para
que no se nos acuse de opacidad, estamos dispuestos a aceptar ambos
apartados si se hace referencia a una información de carácter
cuatrimestral, modificando el período que figura --repito-- en los
apartados 3 y 4. En el caso de que se aceptara este planteamiento, y dada
la inexistencia de enmiendas, solicitaríamos votación separada de estos
dos apartados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entiendo, señor
Ortiz, que S. S. plantea no solamente el hecho de la votación separada,
sino una enmienda transaccional, sin existencia previa de enmiendas.
Mi primera pregunta es si aceptan todos los grupos parlamentarios este
planteamiento y, a continuación, si fuese así, la opinión del portavoz
del Grupo Socialista, señor García-Arreciado, al cual le concedo la
palabra a los efectos exclusivos de aclarar esta duda que se plantea la
Presidencia.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor presidente.
Por seguir su indicación, intervengo a los únicos efectos de fijar la
posición de mi grupo respecto a las
enmiendas y no para reabrir un debate con el señor Ortiz, que ya no tiene
sentido.
Nosotros aceptamos esas dos enmiendas siempre que tengan un carácter
técnico, es decir, que el pasar de tres meses a cuatro no suponga que se
impide votar luego la moción punto por punto. En esas condiciones
nosotros aceptamos las enmiendas que tienen un carácter estrictamente
técnico.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Si se introducen
enmiendas --que en buena medida es, demás, contradictorio con la oferta
que hace el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- no es posible la
votación separada. La propuesta del señor Ortiz supone que no hay
posibilidad posterior, con lo cual S. S. puede mantener la postura de
solicitar, si así lo considera, separar unos puntos o no. Le reitero que
si se introducen enmiendas, la votación separada de puntos no es posible,
habría que pasar a una votación global de la moción.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Que se proceda a una votación global
y que cada palo aguante su vela.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
García-Arreciado, entiendo que no acepta las enmiendas y solicita la
votación separada de los 5 puntos. (Asentimiento.)
Gracias, señoría.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Según el Reglamento y la praxis de la Cámara,
entiendo que no es posible la votación separada punto a punto. Mi grupo
solicita en este caso la votación del conjunto de la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Señor Ortiz si no existen enmiendas aceptadas, si no existen ni siquiera
enmiendas presentadas formalmente a priori y si algún grupo parlamentario
solicita votación separada, es posible la votación separada y así es como
vamos a proceder. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, a efectos de clarificar las votaciones,
vamos a proceder a realizar dos, si no hay objeciones por parte de otros
portavoces.
En primer lugar, someteríamos a votación los puntos 1, 2 y 5 de la
moción, y luego, conjuntamente pero en otra votación, los puntos 3 y 4,
con la corrección técnica consistente en sustituir «remitir
trimestralmente» por «remitir cuatrimestralmente», tanto en el 3 como en
el 4.
¿Les parece correcto a los portavoces este sistema de votación?
(Asentimiento.)
Se someten a votación, en primer lugar, los puntos 1, 2 y 5 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305;
a favor, 142; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1, 2 y 5.
Se someten a votación los puntos 3 y 4 con la corrección técnica de que
donde dice trimestral figure cuatrimestral.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306;
a favor, 306.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos 3 y 4 por unanimidad del
Pleno.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ADOPCION DE
MEDIDAS PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL A 35 HORAS Y LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS (Número de expediente 173/000054)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
sobre adopción de medidas para reducir la jornada laboral a 35 horas y
las horas extraordinarias.
Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Vaquero. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.--Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden silencio,
por favor. Señor Torres Sahuquillo, guarde silencio. Señor Cercas, señora
Rubiales, doña Laura Gil, guarden silencio.
Señor Vaquero, cuando quiera puede comenzar.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta hoy, como
continuación del debate de la interpelación urgente, una moción por la
que se pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que
adopte, en el plazo de tres meses, las siguientes medidas. Primero, que
envíe a esta Cámara un proyecto de ley que establezca la obligación de
que en el año 2000 la jornada máxima de trabajo sea de 35 horas
semanales, con prohibición de las horas extraordinarias que no sean
consideradas como de fuerza mayor, descripción de los incentivos y
medidas que el Estado adopte a fin de coadyuvar a la consecución de la
jornada laboral de 35 horas y de la supresión de horas extraordinarias
antedichas, y los cambios organizativos y
financieros de los procesos productivos que ello pueda significar, así
como los mecanismos de negociación entre los agentes sociales y
económicos para articular la aplicación de la medida de reducción de la
jornada y de horas extraordinarias.
En segundo lugar, que el Gobierno elabore el proyecto de ley en el plazo
de un mes y que, al cabo de dicho plazo, convoque a los sindicatos y a la
patronal a fin de que, en el plazo de dos meses, emita informe, a ser
posible consensuado, sobre los términos del mismo.
Finalmente, que en el mismo plazo el Gobierno realice la negociación
colectiva con los trabajadores y los funcionarios al servicio de las
administraciones y empresas públicas dependientes del mismo, conducente
a reducir la jornada laboral de la función pública a 35 horas semanales,
así como a la eliminación de horas extraordinarias que no sean de fuerza
mayor, también en el ámbito de las administraciones públicas.
No nos cansaremos de repetir que es el artículo 40.1 de la Constitución
el que propone, como objetivo central del Estado social y democrático de
Derecho, que es el Estado español, el pleno empleo. Por muy utópica que
parezca nuestra propuesta, si Izquierda Unida es profética, iluminada y
utópica, más lo es la Constitución que todos consensuamos, señorías,
cuando aún estaba muy presente el pasado de la dictadura y la falta de
libertades. Lo que ha llovido desde entonces no han sido, precisamente,
puestos de trabajo; justo lo contrario. El modelo económico ha
priorizado, así como la reestructuración salvaje del capital, y desde
entonces el paro se ha multiplicado por cinco, mientras que la
productividad ha crecido un 39 por ciento y el producto interior bruto
una media del 2,3. Por tanto, el problema es muy fácil de diagnosticar.
El crecimiento económico y el incremento de los beneficios ha corrido en
paralelo al incremento del paro y la segmentación social, olvidándose
nuestro sistema de que la economía debe estar al servicio del hombre, del
conjunto de la sociedad y no al revés. Podría haber sido de otra forma,
se podrían haber distribuido mejor esos ingentes incrementos de riqueza
y de productividad, pues, en definitiva, éstas son frutos del ingenio y
del trabajo humano a través de las nuevas tecnologías y no sólo del
capital. No ha sido así. Se ha empleado una lógica económica precrítica,
incluso anterior a la de los padres del liberalismo.
Stuart Mill no era tan dogmático, como lo son ahora los
ultraneoliberales, cuando decía: ¿es que la economía política no puede
hacer otra cosa que objetarlo todo y demostrar que no se puede hacer
nada? Si así fuera, la tarea asignada a la economía política sería acaso
necesaria, pero no dejaría de ser melancólica e ingrata. Si todo esto
hubiera de continuar así, no existiría nada, que yo sepa, que hiciera que
una persona razonable pudiera interesarse por el destino del género
humano, pero no hay razón para contemplar los asuntos humanos desde este
punto de vista, decía Stuart Mill.
Algunos neoliberales empiezan a verle las orejas al lobo y por eso
discuten. Discuten, por ejemplo, en una posición Buchanan, erre que erre,
con sus dogmas neoliberales; en otra posición Lester Thurow, más abierto
a contemplar correcciones sociales y ecológicas. El problema está
servido. No es un problema que nos inventemos nosotros ahora, los
iluminados y los dogmáticos, es un problema real, es un obstáculo real a
este modelo de economía. El reto, en cualquier caso, señorías, está ahora
en no perder más tiempo, en no discutir más. Nos urge a nosotros más que
al resto de Europa, pues ahora que estamos en vísperas de converger en el
euro, los muchos sacrificios realizados no servirán ni siquiera para
prever los que nos quedan por abordar para garantizar la estabilidad de
la moneda única si seguimos sin habilitar las políticas necesarias para
enrasar con la Unión Europea en el gran diferencial que nos separa de
Europa, que es el empleo, ya que --todo hay que decirlo-- partimos del
récord vergonzoso de tener el doble de paro que la media europea. Y si el
resto de la Unión Europea no lo hiciera, el Estado español estaría
obligado a repartir el trabajo mediante fórmulas, las que haya que
habilitar, con tal de crear empleo para todos.
Nuestra propuesta de reducir la jornada laboral máxima de 35 horas
semanales es una medida entre otras, evidentemente, y después de haberse
intentando muchas. Se ha intentado abrir un abanico de contrataciones a
la carta para incentivar la contratación temporal y se ha precarizado el
empleo de tal forma que en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1998 vamos a tener que gastarnos cientos de miles de millones de
pesetas para paliar el escandaloso dato del 98 por ciento de contratos
precarios, reduciéndolos al 92 por ciento. ¿Compensa?
Se han financiado multitud de políticas activas, y algo se habrá
conseguido, pero marginal. El problema sigue ahí y no vale vanagloriarse
de que un tercio del empleo comunitario creado lo haya sido en España y
que nos hemos pasado, unas décimas de nuestro diferencial, de ese listón
de tener el doble del empleo comunitario. Porque si seguimos así, a este
ritmo, ¿cuántos años nos quedarán todavía para conseguir el pleno empleo
o, al menos, el enrasar con la media comunitaria? Contando con que España
vaya bien durante otros 50 años, puede ser que ni siquiera llegáramos. Es
imposible, por tanto, asentar sobre este desmesurado optimismo la
política de empleo del Gobierno, luego hay que rectificarla.
Aparte de otras políticas activas, hay que reducir la jornada laboral sin
demora. ¿O no es la creación de empleo la prioridad número uno de esta
Cámara, del Gobierno y del país entero? Debemos hacer lo que decimos sin
dobles discursos. Algunos anuncian que la cumbre monográfica de
Luxemburgo sobre el empleo va a ser un fiasco. Hay posiciones distintas
entre los gobiernos europeos. Alemania ni siquiera quiere una política de
empleo común para toda la Unión; Francia
apuesta por la adopción de una política de empleo europea que incluya la
reducción de jornada y que se plasme en una ley, y asimismo los
italianos. España debería estar más cerca de Francia que de Alemania y,
en cualquier caso, debería, por sí sola, decidir la urgencia de la
reducción de jornada.
Tienen razón Dominique Strauss-Kahn y el último informe de la Comisión
Europea sobre empleo cuando dice que existen posibilidades de crear doce
millones depuestos de trabajo y reducir al 7 por ciento el desempleo en
Europa. Los miedos de Wigel, Rato y otros ministros de Economía deberían
disiparse, y para ello nada mejor que leer a sus propios clásicos, Stuart
Mill, ya citado, y Adam Smith, todavía más clásico si cabe, cuando dice:
Si los patronos obedecieran los dictados de la razón y del humanitarismo,
se dedicarían a suavizar las condiciones de sus obreros en vez de
endurecerlas cada vez más. Sí, señorías, de endurecer cada vez más las
condiciones de trabajo y, en concreto, la jornada laboral.
Porque, señorías, puede que alguno de ustedes, de forma bienintencionada,
diga: reducción de jornada sí, pero que sea por negociación colectiva
entre los agentes sociales. ¿Por negociación colectiva? Permítanme que
les resuma el último informe sobre negociación colectiva de Comisiones
Obreras, fechado el 9 de octubre de este año, hace un mes. Si en el año
1993 la jornada anual pactada era de 1.763,8 horas, en 1996, fue de
1.769,2 horas, seis más, y en el primer semestre de 1997 lo ha sido de
1.776,77 horas, creciendo. Y si vemos solamente los convenios
directamente negociados por los agentes sociales, que son los del sector,
la media es todavía más alarmante. En 1993, la jornada media pactada era
de 1.768,78 horas, y en 1997 es de 1.782,2 horas, consumidas tanto en
1995 como en 1996.
Respecto a las horas extraordinarias, el comentario del mismo informe de
Comisiones Obreras es claro y taxativo. Dice así: El total de horas
extraordinarias declaradas realizadas por trabajador contratado a tiempo
completo viene aumentando en España desde 1993, año en el que se rompe la
tendencia a la baja que se venía registrando desde principios de la
década. Y continúa el informe: Este dato cobra aún más importancia si se
tiene en cuenta que la jornada efectiva de estos trabajadores también
rompe su tendencia a la baja en 1993 y empieza a aumentar a partir de
dicho año. Es decir, a partir de 1993 cada vez se trabajan más horas
ordinarias y extraordinarias por trabajador. Aquí acaba la cita de este
informe de Comisiones Obreras. ¿Hace o no hace al caso recordar a los
ultraliberales patronos y gobernantes españoles la cita del padre del
liberalismo Adam Smith?
¿Podemos confiar sensatamente en que la negociación colectiva por sí sola
va a reducir la jornada laboral? No. Pero si la negociación colectiva
finalmente redujera la jornada laboral, ¿podemos confiar sensatamente en
que la negociación colectiva por sí sola va a reducir la jornada laboral
en las proporciones necesarias para crear empleo? No. La razón y los
datos dicen no. ¿Por qué ustedes se obstinan entonces en decir sí?
La moción que planteamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vaquero, vaya
concluyendo, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
La moción que Izquierda Unida plantea hoy es equilibrada. Se trata de
crear una ley marco que permita la negociación, combinar el mandato de la
ley que fijaría la consecución de la jornada de 35 horas para el año 2000
con la negociación colectiva de los sindicatos y la patronal, que irían
marcando sus ritmos, contrapartidas, condiciones, etcétera, y con la
acción incentivadora del Estado, que fijaría las subvenciones,
bonificaciones y medidas necesarias para acompasar los resultados de esa
negociación, permitiendo así ir a tiro fijo para la creación de empleo y
no teniendo que echar cientos de miles de millones de pesetas para
incentivar un contrato «indefinido», entre comillas, que hay que anunciar
en los periódicos como si se tratara de vender crecepelo; contrato que no
ha reducido el 34 por ciento de precariedad ni la rotación, y por el que
algunos empiezan ya a entonar el réquiem.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda al texto de la moción que
nosotros ofrecemos. Tenemos que llegar a la conclusión de que el Grupo
Socialista está de acuerdo con nosotros en que hay que incitar a los
interlocutores, y en esto ciertamente es positivo el que se haya
realizado esta enmienda, pero nosotros creemos que en los términos
exactos en que se propone no es aceptable por el Grupo de Izquierda
Unida, salvo que se presentara algún tipo de enmienda transaccional a la
propia enmienda que se nos propone.
Nosotros estamos dispuestos, sin duda alguna, a dejar lastre en el camino
para llegar a un entendimiento y que, efectivamente, haya una medida que
por parte de este Congreso de los Diputados pueda exigir al Gobierno el
que plantee la consecución de las 35 horas semanales. No creemos que
nuestra moción sea la última palabra, ni mucho menos, pero, en cualquier
caso, nosotros tenemos que decir que si no se inicia un proceso
legislativo, ¿qué garantías reales hay de que, efectivamente, esa
incitación se vaya a producir, en las condiciones en que estamos
actualmente, con los datos de la negociación colectiva que acabo de
citarles?
Nosotros quisiéramos ofrecerles algún tipo de alternativa a esa enmienda
que nos proponen para ir ganando tiempo. Obviamente, podrá haber otros
momentos de discusión de este tema, pero quisiéramos que en ese texto de
la enmienda se cambiasen los términos de la oración gramatical y al final
se conjugase algo que pudiese ser realmente conducente a un consenso.
Nosotros plantearíamos que en el primer párrafo, sin modificar el resto
--y ustedes tendrán la palabra para poder asumir finalmente su
enmienda--, se dijera que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que ponga en marcha un proceso legislativo tendente a obtener una
reducción del tiempo de trabajo con vistas a la concreción de la semana
laboral de 35 horas, una mejor reordenación anual del mismo y un control
estricto de las horas extraordinarias y la consiguiente negociación de
los agentes sociales.
Es evidente que son los mismos términos, pero el rompecabezas se articula
de una forma mucho más racional, en la medida en que concreta
efectivamente un procedimiento que, dejando abiertos los cauces de la
negociación, plantea que, de forma definitiva, va a haber una ley. En eso
no nos pasamos del marco en que el Gobierno francés, con sus aliados, ha
planteado el tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vaquero, concluya, por
favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente. Acabo ahora mismo.
Simplemente quiero animar a que esta Cámara haga un esfuerzo colectivo
para que se abra ese proceso. Es necesario, es importante que nadie tenga
la verdad absoluta. Nosotros hacemos dejación en nuestra moción de cosas
importantes; que otros hagan lo propio.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Como se ha señalado, a esta moción ha presentado una enmienda el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Vaquero, a la enmienda que presentamos en su momento en la Cámara
añadimos los siguientes elementos, a los que doy lectura para su
conocimiento.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte medidas,
incluidas las legislativas, que favorezcan el proceso de negociación de
los agentes sociales tendentes a obtener una reducción del tiempo de
trabajo con vistas a la creación de la semana laboral de 35 horas, una
mejor reordenación anual del mismo y un control estricto de las horas
extraordinarias. El Gobierno informará periódicamente a la Cámara de los
avances registrados en la negociación colectiva respecto a la reducción
del tiempo de trabajo, así como de las medidas que se propongan adoptar
para favorecer la consecución de este objetivo, y en octubre de 1999 se
analizarán en la Cámara los resultados de la negociación en ese momento,
con el fin de obtener conclusiones y propuestas a la vista de los mismos
y decidir la vía más adecuada para conseguir el objetivo propuesto.
Es una enmienda transaccional que proponemos, a la vista de que sigue
literalmente el recorrido del Gobierno francés. Este es el documento del
Gobierno francés, la reducción del tiempo de trabajo, modalidades
flexibles y negociables. Martine Aubry dice textualmente: En este marco,
los poderes públicos quieren añadir una señal a empresarios y asalariados
a través de la ley de orientación anunciada por el primer ministro a la
Conferencia nacional el 10 de octubre, que fijará el objetivo de la
duración legal de 35 horas el 1.º de enero del año 2000 para las empresas
de más de diez asalariados o un umbral próximo, definido después de
consultar, en el año 1999, con los agentes sociales.
En el entretanto, es decir, después de señalar el objetivo a alcanzar y
dar prioridad a los procesos de negociación colectiva, señala un cuadro
de medidas incentivadoras con las que se compromete el Gobierno a
favorecer ese proceso de negociación colectiva. Nuestra enmienda va en
ese sentido: negociación, incentivación por parte del Gobierno, análisis
de la situación y, en 1999, incluidas medidas legislativas, promover el
escenario que pretendemos. Eso es lo que intentamos con la enmienda y es
exactamente la propuesta del Gobierno francés.
Miren, señorías, la lucha por la reducción de la jornada laboral ha sido
una constante histórica de los partidos socialistas, una lucha que
durante muchos años se vivió de forma dramática, pero que hoy,
afortunadamente, ha terminado siendo objeto del reconocimiento público.
Todos los años, todos, el 1 de mayo el mundo civilizado recuerda y
conmemora esa lucha obrera por la jornada de ocho horas. Nuestra
historia, por tanto, la historia de este siglo que ahora estamos
terminando, se ha escrito con el esfuerzo solidario de millones de
trabajadores que arriesgaron todo precisamente por dignificar su trabajo
y mejorar sus condiciones. Y yo no creo que sea una simple anécdota de
recorrido recordar en esta tribuna que las dos únicas leyes de limitación
de jornada con las que cuenta el acervo jurídico de este país fueron
consecuencia de sendas propuestas de ministros socialistas: Largo
Caballero en 1931, Joaquín Almunia en 1983.
Los socialistas creemos, por tanto, que la reducción de la jornada
laboral es un objetivo indeclinable que forma parte de lo más noble de
nuestra cultura. Pero hoy creemos también que es un objetivo que no
solamente hay que plantearse para mejorar las condiciones de trabajo de
quienes ya lo tienen, sino al mismo tiempo para conseguir que tengan una
oportunidad de empleo los que no lo tienen, los que lo buscan y no lo
encuentran. Es verdad que hay una relación inequívoca entre reducción de
tiempo de trabajo y empleo, una relación que, es cierto también, habrá
que convenir que necesita contar con un elemento más, con una variable
más de apoyo, con una válvula de regulación, que es la productividad.
Por eso, nuestro objetivo fundamental, en un mundo que vive la
globalización económica y que asiste a una crisis generalizada del empleo
en Europa, es conseguir que las ganancias de productividad no se dirijan
exclusivamente a aumentar beneficios y salarios, sino sobre todo a
reducir la jornada de trabajo. Hay algo indiscutible: la productividad ha
venido creciendo mucho más deprisa de lo que ha sido capaz de reducirse
la jornada de trabajo. Esto, en términos generales, puede conspirar
contra el empleo.
Hace veinte, hace treinta años, incluso hace cuarenta, el objetivo
prioritario en la negociación colectiva era mejorar las condiciones de
trabajo. El sistema industrial, un sistema taylorista de producción en
masa, con economías cerradas, permitía simultáneamente aumentar rentas,
aumentar beneficios y crear empleo. Hoy las cosas, sin embargo, parece
que han cambiado y necesitamos priorizar en la negociación colectiva. Por
eso nosotros apostamos por el objetivo de la reducción de la jornada en
la negociación colectiva. Las garantías de productividad o las ganancias
que puedan conseguirse en el proceso de negociación se deben orientar
fundamentalmente no tanto a rentas, no tanto a aumentos salariales y de
beneficios, sino a crear nuevos empleos. Por otra parte, los sindicatos
españoles así lo han decidido, abriendo un proceso de negociación con la
patronal. Creo que, además, esto no basta; creo que es necesario que el
Gobierno apoye con medidas incentivadoras, con medidas fiscales y con
medidas de todo tipo que consigan no solamente una dedicación de las
ganancias de productividad, mejorar la relación entre empleo y tiempo de
trabajo, sino que se produzca, además, un reparto equitativo de la
productividad entre los distintos sectores económicos. Si no, habrá
sectores económicos de altísina productividad que consigan inmediatamente
la reducción de jornada y sectores de baja productividad que tengan
muchas más dificultades para poder conseguir este objetivo, y para eso es
necesaria una política fiscal que redistribuya, dentro del sistema
económico, las ganancias de productividad.
Por eso, negociación colectiva, apoyos e incentivos del Gobierno y, en su
caso, legislación. Ese es el proceso lógico que también se plantea en
Francia y que planteamos nosotros. Sin ir más lejos, en la ley de
presupuestos hemos votado una enmienda (que por cierto, señor Vaquero,
hemos perdido, porque usted ha votado a favor de ella) para que el
Gobierno incentivara, con medidas de apoyo, este proceso de negociación
colectiva que tienda a una reducción de jornada.
Creemos que es necesario el apoyo del Gobierno para un reparto equitativo
de la productividad entre los distintos sectores económicos. Medidas
fiscales, medidas incentivadoras. Por lo tanto, esa enmienda, unida a lo
que proponemos aquí, posiblemente pueda solucionarlo todo. Sería una pena
que no nos pusiéramos de acuerdo en un tema como este. El camino en esta
materia siempre fue largo y es verdad que la izquierda tiene paciencia,
porque al final los objetivos se alcanzan por toda la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Griñán.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la moción que
presenta Izquierda Unida, y lo hace porque pide que el Gobierno plantee
las modificaciones legales necesarias para fijar la jornada máxima de
trabajo en 35 horas, en el camino de conseguir la jornada de 32, según
proponen los sindicatos europeos, y para que se prohíban las horas
extraordinarias que no sean consideradas de fuerza mayor, debate que,
efectivamente, recorre hoy Europa en un intento de conseguir un mayor
nivel de empleo, en un intento de repartir, de alguna manera, el empleo
actual.
La disminución de la jornada laboral es una vieja aspiración. Hubo quien
afirmó que con la implantación de la técnica esa aspiración casi se
conseguiría por sí sola, y paradójicamente la realidad camina más bien en
sentido contrario. A nosotros nos parece bien que se plantee este tema,
por más que dudemos tanto de su implantación por el Gobierno como de que
constituyan medidas eficaces por sí solas. Porque, desgraciadamente,
desde nuestro punto de vista, el contexto filosófico y económico
dominante no sólo no tiende a la disminución de la jornada de trabajo,
sino, al contrario. Y eso, a pesar de las leyes en vigor. Por tanto,
insisto, apoyamos las reformas legales encaminadas a reducir la jornada
de trabajo, pero, sobre todo, apoyaríamos el cambio de la filosofía
económica actual en un sentido en que, por ejemplo, distribuya los
beneficios en mayor medida a lo que hace en la actualidad, o que permita,
por ejemplo, el derecho a producir en algunas zonas periféricas de la
Unión Europea, entre ellas Galicia, o que fije condiciones de igualdad
para la competitividad de las empresas, etcétera. Probablemente en ese
contexto sería más fácil la creación de empleo y la reducción de la
jornada de trabajo.
Por último, señor presidente, la moción también plantea la necesidad de
que el Gobierno negocie el proyecto que presente, si lo presenta, con las
organizaciones sindicales. En este punto queremos recordar que la
negociación debiera realizarse con todas las centrales sindicales,
aquellas que tienen el carácter de más representativas, y no sólo las
centrales sindicales habituales. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En Nueva Izquierda saludamos la interpelación, cuya moción debatimos en
estos momentos, porque nos parece que hay una realidad social que nos
obliga a adoptar medidas.
La reducción del tiempo de trabajo, su reordenación, cualquiera que sea
la denominación que se le dé, es una medida inteligente, necesaria y
justa, una medida para avanzar en esa dirección, porque la realidad es
preocupante. Una realidad que no sólo afecta a nuestro país, sino a otros
muchos, a la generalidad de los países desarrollados. Eso pone de
manifiesto que la causa de esta realidad no se encuentra ni mucho menos,
obviamente, en la Constitución española o en el proceso democrático que,
al contrario, vino a plantar el inicio de un trabajo como no se conocía
hasta ese momento en nuestro país: el trabajo en condiciones de dignidad,
el trabajo con derechos sindicales. Tampoco se encuentra la causa de ese
problema en el proceso de construcción europea. Cualquiera sabe que las
estadísticas de paro en nuestro país se disparan justo antes de la
incorporación de nuestro país al proceso de construcción europea, y que
hoy en Europa, como se pone de manifiesto en la moción, existen
preocupaciones en Francia, en Italia, en Inglaterra del tipo de las que
en esta moción se intentan recoger. Por tanto, nos parece importante esta
moción y coincidimos con la preocupación sobre la que esta moción se
articula.
Dicho esto, señor presidente, tenemos que decir que ciertamente nos
parecen más satisfactorias en nuestro planteamiento las posiciones que se
contienen en la enmienda formulada por el Grupo Socialista. Este diputado
tuvo ocasión ya en el año 1995 de hacer en esta misma Cámara una
intervención sobre este mismo tema, y en aquella intervención ya
planteábamos la necesidad de que el Consejo Económico y Social, la
representación de los empresarios y trabajadores, iniciara un diálogo
sobre ese tema, porque si nos parece mal que se produzcan intervenciones
legislativas para reducir la indemnización por despido, lógicamente
también nos debe parecer mal que se produzcan intervenciones legislativas
en un ámbito en el que la Constitución reconoce la autonomía de los
agentes sociales. Y cuando se hablaba de garantía, la garantía está en
que si hay negociación colectiva puede cambiar la ley, pero la
negociación colectiva sigue siendo válida. Por tanto, hace falta que los
agentes sociales avancen en ese terreno. Hoy en nuestro país,
recientemente en virtud de una reforma laboral que nuestro grupo, Nueva
Izquierda, defendía, se ha avanzado en este terreno, posiblemente de
forma tímida. Lo que hace falta --y hoy ése es el problema-- es que desde
la Administración, como hacen otros países europeos, se asuma una
posición activa de promoción de ese acuerdo social necesario que
posibilite que en el futuro, cualquiera que sean las mayorías
parlamentarias --y la que hay en estos momentos en esta Cámara no es
especialmente favorable--, los agentes sociales sean los que garanticen
el avance en ese terreno. Yo creo que es bueno recordar --y lo ha dicho
algún interviniente-- que la historia de la industrialización, la
historia del movimiento obrero es la historia de la reducción de la
jornada de trabajo, y ésa la han hecho fundamentalmente los trabajadores
y fundamentalmente en la negociación colectiva. Nosotros tenemos
confianza en esos sindicatos. Nosotros tenemos confianza en el ámbito de
la negociación colectiva, y creemos que es necesario apoyar ese ámbito,
reforzar el papel de los sindicatos, de los más repesentativos,
especialmente Comisiones Obreras y UGT, y su unidad de acción.
Nosotros creemos, en definitiva, que el tenor literal de esa enmienda
planteada por el Grupo Socialista da una respuesta en la línea de lo que
son los planteamientos europeos sobre esta materia, en la línea de lo que
han sido las posiciones que hemos defendido nosotros tradicionalmente y
en la línea de las posiciones que hoy en nuestro país defienden los
sindicatos. Creemos que es en ese terreno donde las fuerzas progresistas
tenemos que hacer una piña para conseguir que en un tema difícil y
complicado se pueda avanzar con la unidad de todos, y no busquemos
elementos que puedan dividirnos en un tema que todos reconocemos que es
muy importante.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
En distintas ocasiones ante esta Cámara Coalición Canaria ha expuesto su
posición favorable a la reforma laboral de 1997; reforma laboral que se
instrumentó por el Gobierno mediante decreto-ley, pero que traía causa de
un importantísimo acuerdo social entre empresarios y sindicatos. Esta es,
sin duda, una referencia necesaria para manifestar nuestra posición sobre
la moción que se debate hoy, cuyo ejemplo es que el Gobierno presente un
proyecto de ley para la reducción de la hornada laboral a 35 horas y para
la prohibición de las horas extraordinarias que no sean de fuerza mayor.
Proponer la reducción de la jornada laboral sobre la base del principio
de trabajar menos para trabajar todos es, sin duda, un tema frente al que
resulta difícil explicar a los ciudadanos otra posición que no sea la de
la adhesión, la de sumarse sin más a la propuesta. Coalición Canaria
tiene dentro de sus objetivos
políticos prioritarios la lucha contra el desempleo, y en la búsqueda de
medidas propuestas o acuerdos para lograr ese objetivo nos encontrará
siempre. Somos una fuerza política de una comunidad en la que más del 21
por ciento de su población está en paro. Desde la responsabilidad que
tenemos en el Gobierno de Canarias hemos apostado por la formación y la
puesta en marcha de un plan integral de empleo que ayude a combatir esa
situación. Desde nuestra responsabilidad como grupo parlamentario con
compromisos en la gobernabilidad del Estado, hemos apoyado abiertamente
la reciente reforma laboral, cuyo primer objetivo es la lucha contra el
desempleo, pero un apoyo que parte de una concepción constitucional
moderna, desde la apuesta por la autonomía de las partes en el diálogo
social, desde la creencia de que empresarios y sindicatos son sujetos
legitimados para proponer soluciones y llegar a acuerdos en cualquier
cuestión de la relación laboral, sin renunciar a la iniciativa política
que en cada momento puedan tener quienes tengan la responsabilidad de
gobernar, pero desde el respeto a la negociación colectiva laboral que el
artículo 37 de la Constitución atribuye a los sindicatos y a las
organizaciones empresariales.
Señorías, si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a partir del
debate de la interpelación respecto de la que esta moción trae causa,
hubiera planteado un texto que fuera capaz de reconocer ese valor a la
negociación colectiva como base para la consecución de empleo a través de
la reducción de la jornada laboral, habrían encontrado a Coalición
Canaria en un acuerdo. Pero no podemos prestar nuestro apoyo a una
iniciativa que ignora a los agentes económicos y sociales y nos sitúa,
como a los legisladores de principios de siglo, en el marco en que el
Estado es el único capaz de poner coto a los problemas del sistema
productivo. No compartimos esa concepción centralizadora y dirigente de
las relaciones laborales.
Como ustedes saben, y aquí se puso de manifiesto en el debate de la
interpelación correspondiente, en los últimos acuerdos de concertación
social las organizaciones empresariales y sindicales acordaron iniciar el
diálogo social sobre los efectos, consecuencias y beneficios en el
desempleo de la distribución del tiempo de trabajo. Se están
desarrollando las conversaciones. En algunas comunidades, como Canarias,
están a punto de firmarse acuerdos en los que empresarios y sindicatos
asumen la supresión de las horas extraordinarias y, para las que se
realicen por necesidad, se establece su compensación en tiempo de
descanso. ¿Qué interés puede haber en acabar con el diálogo social? ¿Por
qué no esperar a sus resultados?
Señorías, los próximos días 20 y 21 de noviembre tendrá lugar en
Luxemburgo la cumbre extraordinaria sobre el empleo de la Unión Europea.
Afortunadamente, los criterios de convergencia económica de 1992 se
tratan de conjugar, desde hace poco más de un año, con otros criterios
más sociales. En la Unión Económica y Monetaria es preciso que haya un
sistema de relaciones laborales homogéneo en el que las conquistas
sociales de Europa se asienten y en donde la mejoría de la productividad
se rentabilice en términos de empleo.
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el debate de la
interpelación, nos aportaba datos sobre una regulación de la jornada
laboral en Europa. En este sentido, estamos entre los más avanzados, con
una jornada laboral de cuarenta horas por semana. El debate para su
reducción ya ha comenzado donde tenía que comenzar: en aquellos foros de
negociación colectiva en los que podrá hacerse realidad trabajar menos
para trabajar todos. La contribución de España a la cumbre europea debe
apostar por el diálogo social y por la configuración de un marco de
relaciones laborales que favorezcan la creación de empleo. Apartarse de
esa posición y pretender que el Estado regule, sin más, una determinada
jornada, representa un divorcio con los agentes económicos y sociales y,
por tanto, un fracaso en el objetivo de luchar contra el paro.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, al Grupo Vasco le parece importante que se plantee este tema
abriendo un debate que permita ir tomando medidas de cara al futuro, pero
siempre con la debida prudencia y flexibilidad. Resulta también
importante ir conociendo los resultados que se van produciendo en las
experiencias de aquellos Estados, como es el caso del Estado francés, que
están poniendo en marcha medidas de este tipo, para poder sacar
consecuencias.
En este sentido, el Gobierno vasco, por cierto, a propuesta del Partido
Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, ha realizado un modelo de
simulación dentro del cual, entre diversas condiciones, ponía como base
un mantenimiento constante del crecimiento del PIB y un aumento constante
de la productividad. Dicho modelo --que, por cierto, repito, propuso el
Partido Socialista de Euskadi--, de cara a los puntos que estamos
debatiendo, en cuanto a las horas extraordinarias se plantea su supresión
con un control estricto en las empresas de más de cien trabajadores, pero
con mucha más flexibilidad en las de menos de cien trabajadores; y, en
relación con el punto de las 35 horas, se plantea dentro de la
negociación colectiva y nunca a través de normativa legislativa ni de
ley.
Por consiguiente, de acuerdo con las posiciones que se están manteniendo
en este momento dentro del Gobierno
vasco, no vamos a apoyar esta moción de Izquierda Unida, porque creemos
que no reúne las condiciones de flexibilidad a las que brevemente he
aludido, ni tampoco la enmienda transaccional introducida por el Grupo
Socialista, en tanto en cuanto contiene la expresión «incluidas las
medidas legislativas».
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
Como comentaba ahora mismo el portavoz del Grupo Vasco, afrontamos con
esta moción un debate absolutamente presente en el escenario europeo y
también en el del Estado español. La próxima cumbre comunitaria sobre el
empleo, las últimas decisiones de los gobiernos francés e italiano de
avanzar en esta materia, lo sitúan.
Debemos recordar, de entrada, que seguramente esos dos gobiernos, el
francés y el italiano, ponen en marcha estas iniciativas en función de
situaciones políticas específicas. Un gobierno francés que tiene que
hacer frente a sus promesas electorales, que fueron las que le llevaron
a ese triunfo, y un gobierno italiano que ha necesitado del apoyo de
Refundación Comunista para continuar desarrollando su acción legislativa
y que, por tanto, ha tenido que incorporar, no de manera entusiasta,
estas propuestas.
Este es, por tanto, un debate actual y en el marco de las decisiones que
toman Estados vecinos al nuestro. Pero este debate no es nuevo; el
informe Rocard de hace unos cuantos años, la misma posición de la
Confederación Europea de Sindicatos apuntan en esta dirección. Es un
debate, incluso, que va más allá de estos últimos tiempos. Desde los
inicios de la revolución industrial, desde la aparición del movimiento
obrero, la necesidad de la reducción de la jornada laboral ha estado
presente; y ha estado presente no desde la perspectiva de la generación
de empleo, sino desde la perspectiva de la dignidad de vida de los
trabajadores y desde la perspectiva de la calidad de esa vida de los
trabajadores.
¿Está, por tanto, vinculada la reflexión de la necesidad de la reducción
de la jornada laboral a la creación de empleo? Necesariamente, no;
históricamente, no. En todo caso, este es un debate mucho más reciente,
porque hoy, señorías, el debate en Europa, en el Estado español, es el
debate sobre la creación de empleo. Y cuando planteamos como solución
mágica la semana de 35 horas, estamos constatando un fracaso colectivo,
un fracaso de la mayoría de los Estados de Europa para hacer frente a un
problema acuciante que es la existencia de estos paros endémicos.
El impacto de la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías, la
creación de una nueva cultura del trabajo, la aparición de un nuevo tipo
de empresas, la aparición de un nuevo marco de relaciones laborales, unas
nuevas necesidades sociales que hay que satisfacer, son los elementos que
de verdad creo que, cuando reflexionemos sobre qué medidas debemos
impulsar en la creación de ocupación, debemos afrontar. No busquemos
soluciones fáciles donde ya no existen; y plantear propuestas como la que
hoy se plantea son soluciones fáciles que crean expectativas en la
ciudadanía que no vamos a poder cumplir. Desenfocamos el núcleo del
problema que tendremos que afrontar. Porque, señorías, no hay criterios
unánimes sobre la eficacia de estas medidas para la creación de empleo y
menos por ley y menos de manera generalizada.
Se plantean problemas de competitividad con otros sectores; se plantean
problemas de incrementos de costes laborales; se plantean problemas de
reducción de salarios; se plantean problemas de afectación de derechos
pasivos en el terreno de las pensiones o en el de las prestaciones por
desocupaciones. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que afrontar en la
discusión de la semana de las 35 horas? En Europa hoy realmente nadie lo
tiene claro, nadie que de verdad esté en condiciones de tomar decisiones
lo tiene claro.
Nuestro grupo entiende que hay cinco líneas para avanzar en esta materia.
En primer lugar, el debate y la toma de decisiones en el marco europeo.
Tan sólo en el marco europeo podemos estar en condiciones de avanzar en
esta línea de la reducción de la jornada laboral.
En segundo lugar, a través del debate social. Una propuesta como la que
hoy trae a esta Cámara Izquierda Unida debería haber venido refrendada de
un amplio debate de los propios agentes sociales, sindicatos y
organizaciones empresariales. El señor Peralta lo ha dicho, de la misma
manera que avanzamos en la reforma laboral recientemente aprobada,
debemos procurar que el debate entre los agentes sociales nos lleve a
apuntar soluciones.
En tercer lugar, desarrollar la legislación vigente. La anterior reforma
del Estatuto de los Trabajadores del año 1994, en su artículo 34, y en
sus puntos 3 y 7, permiten al Gobierno y a los agentes sociales avanzar
en esta línea. Existen posibilidades absolutamente sin explotar, en
concreto, señor presidente, voy a leer el punto 7 del artículo 34 que
dice que el Gobierno, a propuesta del Ministerio, previa consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá
establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la
jornada de trabajo, para aquellos sectores y trabajos que por sus
peculiaridades se lo requieran. Señorías, tenemos ya una legislación que
nos permite avanzar en esta materia; con
cautela, a través de la fórmula de convenios colectivos, conociendo a los
sectores, que en eso puede tener éxito. Entiendo que algunos de los
portavoces que han hecho uso de la palabra en esta sesión precisamente se
pueden considerar padres de este artículo 34 en su punto 7. Nosotros no
entendemos que tengamos que avanzar en ninguna legislación nueva; ya la
reforma de 1994 avanzaba en esta línea.
Y en cuarto lugar, creo que el Gobierno ha anunciado --y los grupos ya
han manifestado su posición favorable-- la potenciación de la
contratación a tiempo parcial y la penalización de las horas
extraordinarias; son las dos vías concretas que nos pueden permitir
incidir de verdad en esa reducción de la jornada laboral y en ese inicio
de reparto del trabajo.
Por tanto, señorías, nos parece que la moción que nos plantea Izquierda
Unida es una moción voluntarista, que no afronta los problemas; y la
enmienda que presenta el Partido Socialista afirma lo obvio, que se
impulse una legislación, cuando esta legislación hoy ya existe y nos
permite perfectamente profundizar en aquellos objetivos que todos nos
tenemos marcados, que yo diría que no son los de que todo el mundo
trabaje menos para que trabaje todo el mundo, sino que el objetivo
prioritario que tenemos en Europa es que la gente simplemente trabaje. A
ese objetivo yo creo que debemos concentrar nuestros recursos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cualquier debate sobre empleo es siempre oportuno, además
coincide con uno importante que se va a celebrar en la cumbre, los días
20 y 21 de este mes, en Luxemburgo. Independientemente de que hablemos de
reparto del tiempo de trabajo, es necesario y no se ha hablado aquí...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señora Camilleri.
(Pausa.)
Puede continuar.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señor presidente. Estaba diciendo
que, independientemente de que hablemos de reparto del tiempo de trabajo,
vamos a hablar también de creación de empleo, no vayamos a transmitir a
los españoles la sensación de que hemos tocado techo en la creación de
empleo y que sólo nos limitamos a intentar repartir más adecuadamente el
empleo que tenemos en este momento; no es un dato objetivo. No es
propaganda que el crecimiento económico se ha ido acercando al
crecimiento de empleo. Todos los informes de la Unión Europea, en este
momento, ponen de manifiesto que en España es donde se están dando los
mayores crecimientos económicos y también los mayores crecimientos de
empleo de Europea. Hay una previsión de creación de empleo de 335.000
puestos de trabajo para 1997 y de 318.000 para 1998. En 1996 comenzó un
proceso de recuperación del empleo que condujo a una tasa de crecimiento
del 1,5 por ciento en España, frente a un 0,4 por ciento en la Unión
Europea; para 1997 se sitúa en 2,7 por ciento en España, frente a un 0,5
por ciento en la Unión Europea. La tasa esperada de creación de empleo
para 1997 es aproximadamente cinco veces superior a la media del conjunto
de los países de la Unión Europea; las previsiones para 1998 se sitúa en
un crecimiento de empleo del 2,5 para España, y de un 0,8 para la Unión
Europea. En conjunto, el programa plurianual de empleo, recientemente
presentado, prevé para el período 1997-2000 la creación de un millón de
nuevos empleos, lo que significa un crecimiento de empleo de un 2 por
ciento en tasa anual.
El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo en el incremento de las políticas
activas para 1998 y confiamos en la eficacia de las mismas, pensando muy
especialmente en los parados mayores de 45 años, que son los que tienen
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, junto a los
discapacitados, las mujeres y los jóvenes. También --y a título de
ejemplo, según anunció el secretario general de Empleo el pasado viernes
en Sevilla-- los contratos indefinidos aumentaron un 75,8 por ciento en
Andalucía entre enero y octubre; hago referencia a este dato de
Andalucía, no sólo porque soy de Sevilla y andaluza, sino porque es donde
hay más paro de todas las comunidades autónomas. Este espectacular
aumento se ha producido desde mediados de mayo, principalmente a raíz de
la entrada en vigor de la reforma laboral pactada por sindicatos y
empresarios e impulsada por el Gobierno.
Por todo ello, señorías, vuelvo a insistir en lo dicho al comenzar, en
que no vayamos a trasladar a la sociedad la sensación de que hemos
llegado a techo en la creación de empleo y que tenemos que repartir lo
que hay. Ni el desempleo crónico y masivo es un problema nuevo ni nueva
es la solución del reparto de trabajo. Ya Tomás Moro propugnaba, en 1516,
una duración semanal de trabajo de 36 horas y casi 500 años después
perseguimos todavía esa meta.
La idea del reparto de trabajo goza de enorme popularidad entre quienes
buscan una solución solidaria al problema de paro, sobre todo en
Alemania, Italia y España. Nace del siguiente principio: nuestra
sociedad no es capaz de generar más trabajo, además, las nuevas
tecnologías y la globalización de la economía han reducido el umbral del
empleo, por tanto, la solución más solidaria es la redistribución del
papel entre más trabajadores. Frente a esta teoría, existe un enfoque
alternativo muy desarrollado en Escandinavia, que propone una solución
que parte de un principio opuesto que establece que el trabajo crea
trabajo y, según sus partidarios, la solución más solidaria es una
política de empleo activa y expansiva. ¿Qué principio se ajusta más a la
realidad?
Por todo ello, el grupo al que represento considera que no resulta
conveniente en el momento actual plantear una reducción de la jornada de
trabajo a través de una regulación por ley, fundamentalmente por dos
razones. En primer lugar, no se ha demostrado que una reducción
generalizada de la jornada de trabajo traiga consigo un aumento de
puestos de trabajo e incluso podría ser negativo en aquellas empresas
cuyo funcionamiento puede verse obstaculizado por esa reducción. Habría
que estudiar detenidamente los efectos económicos de la reducción, que
depende de cuánto se reduce el tiempo, de 40 a 35 horas; de cómo se
realiza, con o sin acuerdo de los agentes sociales, con o sin reducción
de salarios, con o sin vinculación de la productividad, etcétera. Habría
que estudiar los efectos sobre el empleo, sobre la inflación, sobre las
cuentas exteriores, sobre las cuentas públicas.
En segundo lugar, señor Vaquero, en un sistema de relaciones laborales
como el nuestro, con amplio protagonismo y capacidad de las partes a
través de la negociación colectiva para acordar las condiciones de
trabajo, protagonismo que el Gobierno ha desarrollado de forma creciente,
consideramos que el debate sobre reordenación, flexibilización y, en su
caso, reducción de jornada de trabajo debe ser abordado por los propios
interlocutores sociales. De hecho, los interlocutores sociales lo están
estudiando ya en contactos que, para tratar esta materia, han iniciado el
pasado mes de octubre como consecuencia de lo acordado en el acuerdo
interconfederal para la estabilidad de empleo que firmaron el 28 de
abril. En dicho acuerdo las partes convinieron estudiar durante el primer
año de vigencia del mismo todo lo relacionado con la gestión del tiempo
de trabajo, la duración y redistribución de la jornada. El Gobierno, por
tanto, pretende ser muy respetuoso con el debate abierto con sindicatos
y empresarios en un tema tan esencial como es el de la organización de la
empresa y la vida de los trabajadores.
En el plano comunitario, el Gobierno español propone como objetivos
concretos a promover en la cumbre de Luxemburgo, entre otros, una mayor
flexibilidad de la organización del tiempo de trabajo, prioritariamente
a través de la negociación colectiva, que permitirá preservar la
competitividad de la economía europea y arbitrará importantes
posibilidades a la generación de nuevos puestos de trabajo. Señorías, es
triste que algunos ya vaticinen su fracaso porque ellos no van a
participar.
El último punto de la moción que hoy nos presenta Izquierda Unida se
refiere a la eliminación de las horas extraordinarias que no sean de
fuerza mayor. Es preocupante, por supuesto, el excesivo número de horas
extraordinarias a veces injustificadas. Por ello es intención del
Gobierno introducir medidas que desincentiven y penalicen la realización
de horas extraordinarias, tanto en términos de su mayor cotización a la
Seguridad Social como en el no cómputo de las retribuciones
correspondientes en la base reguladora de las prestaciones. Tales medidas
se hallan ya previstas en el artículo 87 de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1988 y en la disposición adicional decimoctava
del proyecto de ley de medidas de acompañamiento, que debatiremos y
aprobaremos la semana que viene.
Por tanto, mi grupo parlamentario no va a aprobar esta moción ni, en
consecuencia, las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, sobre la
base de los datos que he mencionado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Camilleri.
Señor Vaquero, tiene la palabra para manifestar la aceptación o no de la
enmienda transaccional planteada por el Grupo Socialista.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Intervengo para decir, sin melancolía de ningún tipo, que, efectivamente,
constatamos que el grupo enmendante ha acercado posiciones respecto a
algo que es importante en el contenido fundamental de nuestra moción,
como es la prioridad del ámbito legislativo y, en cualquier caso, su
articulación con la negociación colectiva, que nunca hemos negado. Por
tanto, desde ese optimismo de comprender que, efectivamente, nuestra
posición va abriéndose camino e incluso precisamente por el argumento...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No me reabra los debates,
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Como decía, precisamente por el argumento que
se me planteaba de Tomás Moro, nos ratificamos en que no vamos a poder
aceptar la enmienda porque Tomás Moro es el ejemplo definitivo de por qué
es efectivamente necesaria ley: para que no pasen otros 500 años.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Entiendo que no aceptan la
enmienda. Muchas gracias.
Vamos a proceder, por tanto, a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre adopción de medidas para reducir la
jornada laboral a 35 horas y las horas extraordinarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295;
a favor, 22; en contra, 161; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión, que continuará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y diez minutos de la noche.