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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 110, de 28/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 110
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 106
celebrada el martes, 28 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 5560)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unia-Iniciativa per
Catalunya, sobre defensa de la pluralidad y de la transparencia en la
propiedad de los medios de comunicación. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 109-1, de 30 de junio de 1997 (número de
expediente 122/000090) (Página 5561)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre revalorización de pensiones.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 114-1, de 15 de
septiembre de 1997 (número de expediente 122/000096) (Página 5571)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
modificación de la Orden Ministerial de 2 de marzo de 1982, por la que se
establecen las condiciones para la obtención del permiso temporal de
pesca en aguas no sometidas a la jurisdicción española. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 85, de 16 de diciembre de 1996 (número
de expediente 162/000074) (Página 5584)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias para la inmediata publicación de las
cifras oficiales de población resultantes de la renovación del padrón
municipal referidas a 1 de mayo de 1996. «BOCG. Congresos de los
Diputados», serie D, número 191, de 17 de octubre de 1997 (número de
expediente 162/000171) (Página 5589)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre situación del sector lácteo
como consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota adicional de
un millón de toneladas por parte de la Unión Europea (UE) y del plan de
reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha el Gobierno.
«BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 192, de 21 de octubre
de 1997 (número de expediente 173/000051) (Página 5597)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de transferencias del Gobierno en materia de
educación. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 192, de 21
de octubre de 1997 (número de expediente 173/000052) (Página 5606)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 5560)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 5561)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre defensa de la pluralidad y de la transparencia en la
propiedad de los medios de comunicación (Página 5561)
Defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz Masats.
Comienza su intervención aludiendo a la conexión que siempre ha existido
entre la concentración de los medios de comunicación y el aumento del
poder político, puesto de manifiesto en películas como «Ciudadano Kane» o
en obras literarias como «Luces de Bohemia». Considera superada la
batalla digital, en la que también se daba el fenómeno de la
concentración de medios de comunicación, pero avisa que el duopolio al
que se ha dado lugar puede afectar a la libertad de expresión, a la
libertad de información y comunicación y a la libertad de acceso a dichos
medios de comunicación, libertades consagradas en el artículo 20 de la
Constitución. Opina que este bipartidismo mediático afecta a las
minorías, a la libertad de acceso, a la defensa de la infancia, de la
juventud, a los propios contenidos y al funcionamiento mismo de algo
esencial en una democracia como es el sector audiovisual y singularmente
la televisión. Explica que los tres pilares fundamentales en los que se
basaban los medios de comunicación --la línea editorial, la opinión y la
información propiamente dicha-- se mezclan ahora de una manera confusa, a
lo que hay que añadir la fuerza de la publicidad, con las consecuencias
enormes que tiene para el trabajo de los periodistas. Por todo ello, y
teniendo en cuenta además la última directiva sobre la televisión sin
fronteras, en la que se dice que los países miembros de la Unión Europea
deben empezar a legislar contra la concentración de los medios, considera
llegado el momento de tomar medidas en este sentido, para que la batalla
mediática no afecte, como de hecho está afectando, a la esencia misma de
la democracia.
A continuación expone los puntos fundamentales que se contemplan en su
proposición de ley: publicidad total en la titularidad y venta de la
acciones; la creación de la figura del Consejo de la comunicación,
entidad de Derecho público que dependería del Ministerio de Cultura, y la
fijación de unos límites en la participación accionarial.
Confía en que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Socialista votarán a favor de la toma en consideración de la proposición
de ley, sobre la que ya manifestaron su buena disposición, así como otros
grupos minoritarios, con independencia de que interpongan cuantas
enmiendas parciales consideren necesarias. De lo contrario, las críticas
que se hagan en cuanto a la concentración de medios, a la injerencia en
la vida política, a los contenidos y a las consecuencias para los
periodistas no tendrán ninguna autoridad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz Ramos
y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García-Arreciado
Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora
Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre defensa de la pluralidad y de la transparencia en la propiedad de
los medios de comunicación, se rechaza por 148 votos a favor y 151 en
contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre revalorización de pensiones
(Página 5571)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso la señora López i Chamosa, quien se muestra satisfecha por tener
el honor de defender ante la Cámara, en nombre de su grupo, una
proposición de ley en la que cree realmente, como es solicitar el voto
favorable para algo que es de justicia social. Recuerda que su grupo voto
afirmativamente el artículo 11 de la Ley 24/1997, que modificaba el
artículo 48.3 de la Ley General de la Seguridad Social, pero no su
párrafo 3 que hace referencia a las posibles ganancias de la capacidad
adquisitiva si la inflación real es inferior a la prevista. Asimismo
recuerda que su grupo presentó en este sentido una interpelación, la
posterior moción y la presente proposición de ley, proposición que
estaban dispuestos a retirar si se cumplía el compromiso del presidente
del Gobierno ante una pregunta de un diputado del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en el sentido de que no se iba a descontar de
las pensiones la diferencia entre el IPC previsto y el real. Sin embargo,
como en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado ha quedado
en entredicho lo que se va a hacer con esta diferencia, se han visto
obligados a presentar esta proposición que lo único que pretende es
acabar definitivamente con las dudas, dejando establecido por ley que las
pensiones se revalorizarán anualmente sin descontar el diferencial del
IPC.
Considera que, a pesar de los discursos que se hagan, la inmensa mayoría
de los pensionistas tienen dificultades para llegar a fin de mes y es una
cuestión de generosidad política el no descontar una miseria a alguien
que tiene poco. Piensa que un país que no honra a sus mayores, a sus
jubilados, es un país que crece y vive sin orgullo, por lo que, al pedir
a los grupos que apoyen la toma en consideración de esta proposición de
ley, les está brindando la oportunidad de transmitir un mensaje de
respeto y cariño a los pensionistas.
En turno en contra interviene el señor Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turnos de réplica y dúplica intervienen varias veces la señora López i
Chamosa y el señor Camps Devesa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basáñez, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre revalorización de
pensiones, se rechaza por 146 votos a favor, 162 en contra y una
abstención.
Proposiciones no de ley (Página 5584)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
modificación de la Orden Ministerial de 2 de marzo de 1982, por la que se
establecen las condiciones para la obtención del permiso temporal de
pesca en aguas no sometidas a la jurisdicción española (Página 5584)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende la
proposición no de ley el señor Mantilla Rodríguez. Manifiesta que su
grupo presenta esta iniciativa a causa de la lentitud que existe en la
tramitación de los permisos temporales de pesca y para paliar las
dificultades que vienen atravesando la concesión de estos permisos desde
1983. Explica que la concesión de los permisos temporales de pesca tienen
su antecedente en el Real Decreto-ley 681, de 28 de marzo de 1980, que es
un documento imprescindible para que los barcos puedan salir a faenar en
aguas internacionales o en terceros países. Este Real Decreto-ley ha sido
desarrollado por la Orden del 2 de marzo de 1982, que se pretende
modificar con la proposición no de ley que se presenta a la Cámara. La
orden establece en su articulado la forma de conceder estos permisos, le
otorga carácter de autorización administrativa, indica la prohibición de
salir de los puertos a los buques sin el oportuno permiso temporal de
pesca, obliga a llevarlos a bordo y no establece ningún plazo para esta
concesión por la Dirección General de Pesca, para lo que hay que
remitirse a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que es la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, que indica que a falta de la
fijación de cualquier plazo, el permiso se dará para tres meses. Su grupo
considera que este largo plazo no se puede contemplar en una actividad
pesquera, porque una demora en la concesión de un permiso temporal de
pesca puede suponer gravísimas repercusiones económicas para los
armadores. Asimismo estima que no se puede catalogar a los armadores en
buenos y malos y conceder los permisos arbitrariamente como se venía
haciendo, y pretenden con esta proposición no de ley que la
Administración pesquera española conceda los permisos de pesca en el
plazo de veinte días.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley por el
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene la señora Varela
Vázquez, que presta su conformidad a la modificación del Real
Decreto-ley, mediante la aceptación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, pero propone reducir el plazo de 20
días que figura en el texto a 15 días hábiles, por considerarlo mucho más
concreto, preciso y exacto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A los solos efectos de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, interviene el señor Mantilla Rodríguez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la modificación de la Orden
Ministerial de 2 de marzo de 1982, por la que se establecen las
condiciones para la obtención del permiso temporal de pesca en aguas no
sometidas a la jurisdicción española, se aprueba por 305 votos a favor y
dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la inmediata publicación
de las cifras oficiales de población resultantes de la renovación del
padrón municipal referidas a 1 de mayo de 1996 (Página 5589)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, el señor Perales Pizarro. Manifiesta que el
motivo de la proposición no de ley es solicitar del Congreso de los
Diputados que se publique el padrón municipal de manera inmediata en el
«Boletín Oficial del Estado», con efectos inmediatos en la financiación
de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de la sanidad y en la
financiación y aportación del Fondo de Compensación Interterritorial.
Considera que el Gobierno está confundiendo a los ciudadanos y regateando
lo que es una decisión técnica que no admite discusión, y añade que los
hechos son que el Consejo de Ministros aprobó el padrón el 11 de julio de
1997, que no lo publicó por razones que se desconocen pero que se
sospechan, y que ahora es preciso que el Congreso de los Diputados inste
al Gobierno a que publique inmediatamente el padrón.
Manifiesta que esta actitud del Gobierno ha generado una extraordinaria
inseguridad jurídica a los ciudadanos, a los partidos políticos y a las
instituciones, y es impropia de un país europeo. Opina que el Gobierno
adopta un retraso deliberado porque no quiere reconocer que el padrón
tiene consecuencias en las financiación de las comunidades autónomas,
como las tiene en la financiación de las corporaciones locales, de la
sanidad y en los fondos de compensación interterritorial. Por todo ello
es necesario que el Gobierno publique el censo inmediatamente.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso interviene el señor Soto García, que manifiesta la
imposibilidad de aceptar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso en los términos en que está planteada. Rechaza
totalmente la afirmación que viene haciendo el Grupo Parlamentario
Socialista de que existe relación directa entre el nuevo padrón y la
financiación de las comunidades autónomas y pasa a analizar algunas de
las apreciaciones y descalificaciones hechas por el portavoz socialista.
Por el contrario está totalmente de acuerdo en que la variable de
población tiene vinculación en la determinación de la participación de
los municipios en los tributos del Estado en cada ejercicio
presupuestario. Manifiesta que con la enmienda que presenta su grupo se
pretende acercar posiciones, dado que lo importante es contar de forma
inmediata con los datos renovados de un padrón municipal.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A los efectos de proponer una enmienda transaccional en la que se añada a
la enmienda del Grupo Parlamentario Popular: «que tenga los efectos
pertinentes en la participación de las corporaciones locales, en los
tributos del Estado y en la financiación de las comunidades autónomas»,
interviene el señor Perales Pizarro.
Para aceptar la enmienda transaccional, interviene el señor Soto García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las
medidas necesarias para la inmediata publicación de las cifras oficiales
de la población resultantes de la renovación del padrón municipal
referidas a 1 de mayo de 1996, en los términos de la enmienda
transaccional, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5597)
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre situación del
sector lácteo como consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota
adicional de un millón de toneladas por parte de la Unión Europea y del
plan de reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha el
Gobierno (Página 5597)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Blanco
López, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que
explica que la presentación de la moción obedece a la preocupación del
Grupo Parlamentario Socialista, de los socialistas de las comunidades
autónomas donde el sector lácteo tienen una especial incidencia y a la
suya personal como ciudadano de un país, Galicia, y de una provincia,
Lugo, donde el sector lácteo es estratégico desde el punto de vista
socioeconómico. Considera un fracaso la negociación llevada a cabo por la
Ministra de Agricultura en el seno de la Unión Europea para conseguir un
millón de toneladas de incremento de la producción láctea y no está de
acuerdo con que este debate se tenga que producir al hilo de la discusión
de la OCM que se empieza a estudiar en estos momentos, porque los
productores no pueden estar campaña tras campaña sin saber lo que va a
pasar al final. Afirma que el sector lácteo afecta a la economía de
muchos territorios del país, por lo que no puede ser utilizado como
moneda de cambio en ninguna negociación que se plantee en el seno de la
Unión Europea y no entiende que se ponga en marcha un plan de reajuste
del sector, que lo único que pretende es equilibrar la producción de
nuestro país con la cuota que ya tiene asignada. Muestra su preocupación
ante el hecho de que se hayan ocultado los datos de producción a la Unión
Europea, contribuyendo al desprestigio de nuestro país, y considera que
se deben adoptar los mecanismos necesarios para evitar en el futuro que
se vuelvan a producir situaciones como las de la campaña actual. Defiende
un programa de ordenación global del sector acordado con las comunidades
autónomas, con los productores, con los sindicatos agrarios, etcétera,
basado fundamentalmente en tratar de potenciar explotaciones familiares
eficientes y competitivas, así como un sector industrial técnicamente
avanzado.
En defensa de las tres enmiendas presentadas a la moción intervienen el
señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Castro Masaveu, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Vázquez Vázquez
(don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas interviene
el señor Blanco López.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre situación del sector
lácteo como consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota
adicional de un millón de toneladas por parte de la Unión Europea y del
plan de reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha el
Gobierno, se rechaza por 144 votos a favor y 157 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política de transferencias del Gobierno en materia de
educación (Página 5606)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Aramburu del Río, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Manifiesta que el debate de hoy
constituye el gran reto descentralizador del sistema educativo e insta al
Gobierno de Aznar a no perder de nuevo la ocasión de reequilibrar el
poder territorialmente y de conseguir una autogestión autonómica de los
recursos financieros, con las suficientes cláusulas de garantías para
resolver gradualmente el conflicto de las desigualdades sociales, fruto
de los ritmos y los criterios competenciales en los que, según su
opinión, está instalado el Ejecutivo. Opina que no se aborda con rigor el
problema de las desigualdades territoriales en relación con la educación
ni desde la política autonómica ni desde la política presupuestaria y que
la ausencia de una legislación específica sobre financiación de la
educación, la indefinición del modelo de Estado, la existencia de dos
sistemas en las comunidades autónomas --el de conciertos para Navarra y
Euskadi y el común para los demás--, amén de las radicales insuficiencias
de este último para la realización de políticas de Estado solidarias, han
contribuido decisivamente al mantenimiento de unos niveles de desigualdad
educativa interregionales francamente inaceptables y denunciables.
A continuación expone las exigencias que, desde su punto de vista,
debería satisfacer el proceso de transferencias autonómicas en educación.
Primero, que el proceso sea participativo y controlado socialmente;
segundo, que se parta de un análisis riguroso de la realidad educativa, y
tercero, que se establezca un modelo financiero de compensación.
Dado lo avanzado de la hora, expone brevemente las ocho propuestas que
contiene su moción y que supone que ya serán conocidas por los señores
diputados. Primera, arbitrar los mecanismos necesarios para dar un mayor
protagonismo a los ayuntamientos, comarcas y administraciones implicadas
en los distritos escolares, así como organizar la participación social y
política a través de la creación, potenciación y desarrollo de los
consejos escolares de las distintas comunidades autónomas pendientes de
recibir las competencias; segunda, dar cumplimiento de la memoria
económica de la Logse; tercera, garantizar el desarrollo del artículo 5.º
de la misma; cuarta, retomar la iniciativa legislativa popular; quinta,
realizar una auditoría participada socialmente; sexta, constituir una
comisión paritaria Estado y comunidades autónomas; séptima, desarrollar
un fondo de compensación interterritorial, y octava, remitir al Congreso
de los Diputados en el próximo período de sesiones un proyecto de ley de
financiación del sistema educativo incluida la universidad.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso interviene el señor Bayona Aznar.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de dar lectura a una enmienda transaccional
interviene la señora Aramburu del Río.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre la política de transferencias del Gobierno en materia de educación,
se rechaza por 134 votos a favor y 154 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Con carácter previo al desarrollo del orden del día
que conocen las señoras y señores diputados, vamos a proceder a la toma
de compromiso
y acatamiento a la Constitución, por medio de la expresión de juramento o
promesa del nuevo diputado que sustituye a don Emilio Pérez Touriño, que
ha presentado su renuncia y ha sido admitida y tramitada por la Mesa del
Congreso.
Don Bonifacio Borreiros Fernández, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor BORREIROS FERNANDEZ: Sí, prometo. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias.
En consecuencia, don Bonifacio Borreiros Fernández ha adquirido la
condición plena de diputado.
Bienvenido y enhorabuena.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE DEFENSA DE LA PLURALIDAD Y DE LA TRANSPARENCIA EN LA
PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION (Número de expediente 122/000090)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, toma en consideración de
proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre defensa de la pluralidad y de la transparencia en
la propiedad de los medios de comunicación. Para su presentación ante el
Pleno, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, en la película Ciudadano Kane,
película ciertamente campanuda de Orson Welles, aparece un personaje que
compra un periódico y al final de su vida logra tener una cadena de 36
diarios. En un momento determinado se ve en la película cómo se conecta
la concentración de medios de comunicación con el poder y el aumento del
poder. Este personaje es consciente de todo su poder, incluso en una
conversación telefónica con alguien que se encuentra en una nación
colonial le dice: tú pon las mujeres que yo pondré la guerra.
Al final de sus días, este poder y en función de su influencia le lleva a
intentar el asalto democrático de la primera magistratura del Estado, la
de presidente de los Estados Unidos. Solamente le impide este hecho un
fotógrafo colocado debajo de la cama.
A otro nivel, en Luces de Bohemia, de Valle-Inclán, en un momento de la
pelea, del follón --con perdón-- que los bohemios tienen en el Ministerio
de la Gobernación, don Latino de Híspalis se vuelve hacia Max Estrella y
exclama abochornado: ¡Qué dirá mañana la prensa! Y le contesta Max
Estrella: lo que le manden.
En función de esta mirada hacia el futuro que puede marcar la línea de
Ciudadano Kane, y la mirada retrospectiva, teniendo en cuenta lo que
pasaba en la España de Larra y de Valle-Inclán, nos encontramos hoy aquí
con este problema de manera muy sucinta, muy directa y muy singular.
Acabamos de superar la batalla digital en la que también nos hemos
encontrado con problemas de concentración de medios de comunicación que
hemos afrontado de distinta manera, con ciertos y relativos logros que es
preciso nombrar aquí. El hecho de que en la ley de la televisión digital
se haya aprobado el límite del 25 por ciento, por lo menos hasta
diciembre de 1998 y a propuesta de Izquierda Unida, es algo interesante
para documentar esta intervención.
Asimismo, está el tema de que no existiese como tal, ya que hasta ahora
ha sido así, un mercado cautivo en función de la concesión de una
televisión codificada, de un descodificador cerrado u otros temas que
afectan también a la caracterización cerrada y muy duradera de las
exclusivas relativas a los encuentros de fútbol. Todo esto ya se ha
solucionado prácticamente, además con la anuencia de la Unión Europea, lo
cual ha significado algunos pasos, si bien muy tímidos, en el camino de
legislar para que no exista la patología de concentración de medios de
comunicación, como han dicho en el Parlamento Europeo, para que no
existan grupos de concentración que puedan impedir la auténtica libertad
de expresión.
Estamos viviendo un momento que puede afectar a la libertad de expresión
en función de la alimentación de dos tendencias que originen en este país
un auténtico duopolio. Si hasta ahora se podía hablar de una
concentración excesiva en pocas manos, actualmente se ha respondido con
una trinchera similar y posiblemente no se esté luchando desde fuera de
esta matriz, intentando legislar para que no se produzcan
concentraciones, sino intentando constituir otro grupo mediático, otro
grupo multimedia. Este es un momento que estamos viviendo de manera muy
preocupante porque afecta al artículo 20 de la Constitución, roza la
libertad de expresión, la libertad de información y comunicación y la
libertad de acceso a dichos medios de comunicación que consagra nuestra
Carta Magna, la Constitución española de 1978.
Se ha iniciado una batalla --después de la lucha digital--, que podíamos
considerar se desarrolla a nivel político, a nivel económico y también a
nivel informativo. A nivel político podría hablarse de la batalla de la
alternancia, un grupo político intenta mantenerse en el poder
fundamentalmente basado en una estrategia de comunicación o, en todo
caso, una estrategia de comunicación muy importante para la conservación
de ese poder de cara al próximo período a medio plazo, y otro grupo
político, en función también de grupos mediáticos
y grupos multimedia, por intentar alcanzar de nuevo el poder, basándolo
todo, por tanto, en esta especie de desplazamiento de soberanía que se
está operando desde las sedes institucionales y desde el trabajo de los
ciudadanos y ciudadanas y sus representantes a las sedes de los medios de
comunicación en esta carrera de concentración que está constituyendo un
auténtico duopolio en este país.
Estamos asistiendo a un auténtico bipartidismo mediático que afecta a las
minorías, que afecta a la libertad de acceso, que afecta a la defensa de
la infancia, a la defensa de la juventud, que afecta a los propios
contenidos y que afecta al funcionamiento mismo de algo esencial en una
democracia, como es el sector audiovisual y singularmente la televisión.
Nos encontramos en este momento con un fenómeno (de ahí nuestras críticas
concretas en el debate de los presupuestos respecto a las presiones de
cara a Radiotelevisión Española) que incluso puede afectar a la propia
dimensión de aquel medio que debe ser el garante de la pluralidad y el
derecho de acceso, Radiotelevisión Española, y que está afectando ya de
lleno a la propia libertad de los periodistas y al ejercicio al cien por
cien de la objeción de conciencia en cuanto derecho fundamental, que
incluso puede afectar y de hecho está afectando al tema del secreto
profesional. Por tanto, señorías, nosotros pensamos que es el momento de
empezar a tomar medidas en esta dirección.
Hasta ahora clásicamente los medios de comunicación estaban distribuidos
en tres pilares fundamentales: el sector o pilar editorial, el pilar de
la opinión, y la vertiente de la información propiamente dicha. La
propiedad se expresaba fundamentalmente a través de la línea editorial.
La opinión personal, la opinión libre, en función de lo que se ha venido
en denominar líderes o creadores de opinión, se expresaba a través de
tertulias o de los articulistas o columnistas correspondientes. Los
periodistas fundamentalmente funcionaban a través de la información.
Todo esto se está mezclando de manera confusa, dándose una especie de
confusión entre línea editorial, opinión e información propiamente dicha.
Aparece la propiedad, influyendo de manera determinante tanto más si es
un grupo fuerte, tanto más si se produce a través de un fenómeno de
concentración en todo lo que es opinión y todo lo que es información, y
aparece intentando enmascarar la situación a través del concepto de
credibilidad, porque si un medio en una sociedad democrática no tiene
credibilidad no vende; de ahí que estos temas sean de muy difícil
publicación
--este debate apenas va a traspasar la frontera de este Congreso de
los Diputados--, y la pluralidad que se mantiene en estos medios de
comunicación en general, estoy hablando fundamentalmente de lo que
suponen grupos de concentración, es una pluralidad a la mínima, que
responde en todo caso a los mínimos para mantener el concepto de
credibilidad de cara a no perder audiencia y, consecuentemente, de cara a
no perder publicidad.
La publicidad en estos momentos, con total ausencia del control
democrático del Gobierno, está superando todos los límites establecidos,
fundamentalmente en televisión, incluida la televisión pública;
publicidad que manda en los contenidos, publicidad que es también la
causa de la televisión basura y de todos los efectos a que estamos
asistiendo en los medios de comunicación, y publicidad que tiene
importancia radical. Recuerden SS. SS. que en los años sesenta un
periódico laborista inglés, el Daily Herald, que publicaba desde el punto
de vista de la izquierda inglesa y que tenía 4.700.000 lectores, muy por
encima incluso de los que sumaban el Financial Times y algún otro, tuvo
que cerrar sus puertas porque se le declaró boicot publicitario. Por
tanto, hay aquí una determinación fortísima que es el reparto de la tarta
y naturalmente cómo influye el tema de la publicidad a la hora de poder o
no publicar opiniones que afecten directamente a las empresas en litigio.
Al mismo tiempo, claro está, las consecuencias sobre los periodistas son
de enorme importancia; importancia mucho más aguda en este momento que
recuerda la etapa de Larra en la que se está con uno o contra otro; no se
puede estar de otra manera. Los periodistas en este momento poco a poco
se pueden estar convirtiendo simplemente en redactores, gente que redacta
las noticias en función de previsiones, en función de un espacio que le
dan o en función de la selección del tema que te asignan y el titular que
te entregan. Periodistas que teniendo en cuenta su caracterización
constitucional deben depender solamente de su fuente y de la verdad, en
estos momentos no responden a estas circunstancias y, naturalmente,
sufren contratos eventuales, contratos de aprendizaje, contratos de obra,
porque hay que tener bajo mínimos a los periodistas de cara a poder
ejercer el periodismo de una determinada manera.
Ante todo esto, teniendo en cuenta además la última directiva sobre
comunicación sin fronteras, televisión sin fronteras, y teniendo en
cuenta que en esta directiva se dice que los países miembros de la Unión
Europea deben empezar a legislar contra la concentración de los medios y
teniendo en cuenta, además, que esta directiva no espera a la próxima, y
entre que sea aprobada por el Parlamento y traspuesta en los distintos
parlamentos nacionales puede tardar dos años, puesto que es un derecho de
la soberanía de las distintas naciones de Europa incita incluso a
legislar sobre el tema de la concentración de medios, creemos que es el
momento de empezar aquí a legislar para que esta batalla mediática que
estamos sufriendo todos no afecte, como de hecho ya está afectando, a la
esencia misma de la democracia.
En nuestra proposición de ley se contemplan, fundamentalmente, tres
puntos. El primero es el tema de la
transparencia. Cuando nosotros decimos al Gobierno que tenga en cuenta
empresas que a través de personas interpuestas o a través de distintos
procedimientos opacos están participando en televisiones privadas por
encima del porcentaje exigido en las leyes, nos dicen desde el Gobierno y
desde el partido que lo sustenta que no tienen medios para controlar a
alguien que está vulnerando la ley. Por tanto, hay que ir a las acciones
nominativas, hay que ir a que cuando se vende una acción tenga que pasar
por un fedatario público, haya que conceder autorización administrativa
para el cambio de las acciones y un control diario permanente de
transparencia, de publicidad total en la titularidad de las acciones y en
la venta de las distintas acciones. Es dar al Gobierno un instrumento que
posiblemente en estos momentos esté soportando pasivamente que distintas
empresas superen los límites exigidos en la ley respecto a la
participación accionarial, concretamente en la televisión. Por tanto, en
nuestra propuesta de ley todo este tipo de cosas se contemplan de manera
muy pormenorizada, dando competencia al Consejo de la comunicación para
que ejerza esta labor directora, ordenadora y vigilante, que desde el
punto de vista democrático le corresponde y que tiene en este momento el
Gobierno que por ahora no ejercita esta acción porque dice no tener
medios para hacerlo.
Creamos una autoridad mediática en este país que está absolutamente
huérfano de ella, contrastando vivamente con el resto de países de la
Unión Europea. En esta ley se recoge la figura del Consejo de la
comunicación, una entidad de Derecho público que dependería del
Ministerio de Cultura, y debiera tener en cuenta temas como la
pluralidad, la concentración y los contenidos, con respeto y salvaguarda
de los intereses de la infancia y de la juventud y, naturalmente, los
temas de los procesos de concentración que hasta este momento se están
dando de manera absolutamente impune. Este Consejo de la comunicación,
similar a otros consejos que existen en el resto de países de Europa,
estaría compuesto, a nuestro juicio --aunque esto se puede negociar--,
por seis miembros procedentes de las asociaciones de periodistas, seis
personas procedentes de las empresas, consecuente con el tema que estamos
viendo, diez personas de extracción parlamentaria nombradas por el
Congreso de los Diputados, y otras cinco personas nombradas por el
Senado. Por tanto sería un consejo no gubernamental, con una composición
independiente que permitiría controlar y ordenar la comunicación en este
país, marcando el modelo de cara al siglo XXI.
Al mismo tiempo ofertamos unos límites en la participación accionarial
--voy terminando, señor presidente--; límites que derivamos
fundamentalmente del Libro Verde que aprobó la Unión Europea hace
aproximadamente cinco anos y límites que extraemos también de leyes que
funcionan en el seno de países democráticos de la Unión Europea y de
otros continentes, como es la ley francesa sobre concentración.
Respecto a los medios escritos hablamos de un 15 por ciento para los de
tirada estatal o un 15 por ciento para los de tirada autonómica o
regional, y si se participara en los dos a la vez y al mismo tiempo en
los de titularidad local sólo se podría trascender el 10 por ciento del
accionariado. Hablamos de que no se puede estar en más de dos sectores
cuando éstos dependen de una concesión administrativa. También hablamos
de que no pueden darse casos de desaparición o absorción no controlada,
como le ocurrió a Antena 3 Radio cuando fue comprada por otra cadena de
emisoras.
Respecto a la televisión recogemos el 25 por ciento de la Ley de
televisión privada y el 25 por ciento que también recoge, al menos hasta
diciembre de 1998, la Ley de televisión digital, así como otra serie de
temas que en todo caso se pueden adaptar, se pueden negociar, incluso
algunos de ellos se pueden posponer teniendo en cuenta la directiva de la
que están pendientes. A nuestro juicio, señorías, lo que no podemos hacer
es que todo el espectro parlamentario empiece a luchar desde una
trinchera contra la otra y desde la otra contra la una, entrando todos en
una guerra bipartidista en la que por descontado Izquierda Unida no va a
entrar.
Sabemos que el Grupo Parlamentario Popular, que se va a oponer a esta
iniciativa, va a utilizar unos argumentos que no son fácilmente
defendibles desde el rigor y desde la propiedad de la situación mediática
en la que nos encontramos aquí en Europa. Primer argumento: la nueva
Directiva de televisión sin fronteras encarga ya, incita ya a los países
miembros a que legislen; no tienen que esperar a la próxima directiva.
Eso en primer lugar. En segundo lugar, la legislación sobre la
concentración a favor de la pluralidad es soberanía de todas las naciones
integradas en la Unión Europea; no depende de las directivas ni va a
depender de la próxima que se puede trasponer en este país dentro de año
y medio o dos años. Y decimos más. Si ahora nosotros establecemos
criterios adecuados, dada la situación que se está viviendo y las
críticas constantes en medios de comunicación, en todo caso, después
podremos corregir algo pero marcaremos un camino que no hará que todo el
país se convierta en una ley de la selva en los próximos dos años. Vamos
a marcar este camino. Es lo lógico y razonable. Marquemos la
transparencia en el accionariado y creemos, por fin, el consejo de la
comunicación para estar a la altura del resto de los países de la Unión
Europea.
El Partido Popular saludó de manera positiva la presentación de esta
proposición de ley, de esta iniciativa. Don Miguel Angel Rodríguez dijo
que le parecía correcta esta presentación y, por tanto, nosotros
pensábamos que si era adecuada al tiempo, si estaba en el marco de lo
posible, teniendo en cuenta directivas y posiciones colectivas del
Parlamento Europeo, sería
lógico que se tomara en consideración en este acto, con independencia de
que después se interpusiesen cuantas enmiendas parciales se consideraran
oportunas. El Grupo Parlamentario Socialista parece que va a votar a
favor. De un tiempo a esta parte viene criticando los monopolios, incluso
don Felipe González ha hablado de duopolio, reconociendo, por tanto, que
existía previamente un monopolio si se habla teniendo en cuenta lo que
significa la palabra duopolio.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, concluya, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Por tanto, desde ese punto de vista son
consecuentes con las críticas que desde hace unas semanas vienen
haciendo. Quizá otros grupos minoritarios también apoyen nuestra posición
respecto a la discusión en nuestro Parlamento, puesto que nos
corresponde, corresponde a nuestra soberanía el momento de discutir la
política de concentración de medios. Si no se hace así, nosotros pensamos
--y termino, señor presidente-- que a partir de este momento las críticas
que se hagan a la concentración de medios, a cómo esta dinámica de
concentración se injiere en la vida política y a cómo tiene consecuencias
en la vida de los periodistas y en los contenidos singularmente
televisivos, no tendrían ninguna autoridad y habría una contradicción, a
la hora de la verdad, respecto a los titulares que se vienen barajando de
un tiempo a esta parte. Por tanto, señor presidente, nosotros seremos muy
críticos con aquellos grupos parlamentarios que han saludado esta
iniciativa y que hoy pueden votar en contra de su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto han
de repartir su tiempo el señor Alcaraz y el señor Rodríguez. Rogaría que
la toma de posición la hicieran desde el escaño.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La intervención de este portavoz del Partido Democrático de la Nueva
Izquierda pretende anunciar el apoyo a la iniciativa porque, obviamente,
Nueva Izquierda coincide con las intenciones y al mismo tiempo agradece y
acepta la invitación a la negociación que formulaba el portavoz de
Izquierda Unida. Ciertamente no sería el caso si entendiéramos que esta
ley va contra alguien (en ese caso nuestro voto sería negativo) pero
entendiendo que lo importante son esas buenas intenciones, creemos que
debe ser tomada en consideración.
Sin ninguna duda, Nueva Izquierda está a favor de la transparencia y
contra la concentración excesiva de los medios. La libertad de expresión
exige ir completándose con el concepto de igualdad de expresión o al
menos de igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de
comunicación significativos. Sin embargo, no cabe duda de que cuando
llega a esta Cámara un proyecto o una proposición de ley que tenga que
ver con los medios de comunicación sentimos un cierto temor. Se ha
producido una inflación legislativa en esta materia más que notable, que
empieza a ser preocupante desde el punto de vista de la propia seguridad
jurídica. Codificar todas las normas relacionadas con los medios de
comunicación creemos que va a ser de una urgencia insoslayable. Por otro
lado, destacaba el señor portavoz de Izquierda Unida que hay una enorme
cantidad de leyes que se están incumpliendo cotidianamente, degradando
los contenidos de los medios, fundamentalmente de la televisión. Por otra
parte, aunque nos gusta la música y las intenciones de la ley, no nos
gusta buena parte de su contenido porque entendemos que es técnicamente
deficiente.
Hay contradicciones con otras normas que no quedan resueltas en la parte
dispositiva de ésta, hay solapamiento de normas y existen numerosos casos
de conceptos jurídicos indeterminados que, caso de que se aprobara
definitivamente la propuesta, darían lugar a un incremento de esa
inseguridad jurídica. Existen ambigüedades y olvidos que entendemos que
son notables. Por ejemplo, la distinción tan tajante que se hace entre lo
público y lo privado, que compartimos en las intenciones, choca con una
realidad más que cambiante que debería ser contemplada. Se ha hablado de
plataformas digitales. No se contempla en la proposición la posibilidad
de convenios de servicio público con entes de Derecho privado, entidades
diversas, etcétera. Hay un exceso en algunas de las limitaciones en
detrimento de empresas españolas, que podrían verse nítidamente
perjudicadas con la aplicación de nuevas tecnologías desde Estados
vecinos o vía satélite. Hay un criterio de limitación en la prensa
escrita basado en la difusión, lo cual nos llevaría a pensar que se pide
que los propios directores quisieran que bajara su difusión. Y hay una
cierta confusión en la prensa entre los diarios locales, regionales o
nacionales; una distinción que si fuera en los términos de la proposición
estaría superada por la realidad y encontrándonos, además, con problemas
específicos no contemplados. Por ejemplo, determinados tipos de
concentraciones necesarias para afrontar la normalización lingüística de
esta materia en algunas comunidades autónomas. Igualmente el artículo 18,
sobre plantillas de redacción, introduce unos conceptos indeterminados
que podrían volverse contra la intención de la propuesta. Nos parece
también que hay un rigor excesivo en la concentración en la radio. En
cuanto al consejo de la comunicación, la idea nos parece francamente
buena pero se encuentra
como metida con calzador en el resto de la propuesta. Creemos que la
composición no recoge toda la pluralidad social que debe recoger y hay
alguna confusión en sus funciones con otros órganos vigentes. La
limitación que se establece entre redes y operadores nos parece muy
interesante. También nos parece interesante delimitar con rotundidad la
propiedad entre televisiones nacionales y locales. Y, sobre todo, nos
gusta el título II dedicado a la transparencia. Nos parece una necesidad
ineludible para el cumplimiento material de determinados aspectos de la
libertad de expresión.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Votamos, pues, a favor del debate necesario, con
la firme voluntad --como creo que se desprende de nuestra intervención--
de presentar muchas enmiendas que espero serán aceptadas en ese espíritu
negociador anunciado y esperamos el mismo espíritu constructivo del resto
de los grupos parlamentarios. En definitiva, esta proposición es un reto
a la imaginación que es, no solamente desde esta ley sino desde un
conjunto de actividades políticas y normativas, la redefinición de todo
el espacio del diálogo democrático.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la proposición de ley de
Izquierda Unida en defensa de la pluralidad y de la transparencia en la
propiedad de los medios de comunicación. Y lo hacemos conscientes de la
gravedad del momento histórico que estamos viviendo en cuanto a los
medios de comunicación al estar creando la realidad virtual que se
enfrenta muchas veces a la realidad existente. En este sentido, la ley,
en la medida en que conduce a un combate contra el monopolio informativo,
nos parece que es no solamente saludable sino muy oportuna.
De todas maneras tenemos que hacer mucho hincapié en que si los medios de
titularidad pública tuviesen una actitud informativa más claramente
plural, democrática y respetuosa con la realidad, los medios de
titularidad privada estarían en otra disposición de ánimo. En este
sentido pensamos que el pluralismo del Estado español no solamente es
informativo --muy importante y fundamental-- sino también cultural y
lingüístico, y habría que mirar hasta qué extremo los medios de
titularidad estatal están siendo respetuosos con este pluralismo al que
me refería. Por otro lado, el problema de la pluralidad, aunque está muy
vinculado a las limitaciones de la propiedad, pensamos que también debe
estar vinculado a los mecanismos para proteger a los trabajadores de los
medios de comunicación y al público al que se destina la práctica
informativa de estos medios, sean de titularidad pública o privada. En
este sentido, pensamos que habría que completar la ley con algún tipo de
mecanismo que lograse la transmisión más objetiva posible de los hechos
noticiosos, dejando a salvo, naturalmente, el derecho a la línea
editorial de cada medio de comunicación. Nos parece que algunos de los
mecanismos que plantea la proposición de Izquierda Unida son limitados.
Por poner dos ejemplos, el artículo 19, cuando establece la plantilla de
redacción, debería ser mucho más clara y defender un consejo de redacción
frente a los derechos de la propiedad. Y cuando se habla del supuesto de
interposición, pensamos que va a ser de muy difícil verificación en la
práctica con la actual evolución del capitalismo. Incluso cuando se habla
del consejo de comunicación, en el artículo 23, creemos que la saludable
composición con presencia de la patronal, de los sindicatos y del
Congreso no debería obviar la participación de las comunidades autónomas
que tienen algo que decir en el pluralismo informativo, cultural y
lingüístico.
En todo caso, apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de
ley por su finalidad antioligopólica, que efectivamente es una finalidad
saludable en la actual situación del Estado español, y aspiraremos a la
transformación de la ley para completar los deberes de la propiedad en
relación con los trabajadores y los destinatarios de la información para
que se cumpla el objetivo de pluralidad y transparencia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, una proposición de ley
es una iniciativa legislativa de sujetos legitimados por el Reglamento de
la Cámara que no es el Gobierno. El Gobierno realiza su política
legislativa, para la que ha contado con la investidura, a través de los
proyectos de ley. Esta reflexión inicial la realizamos desde Coalición
Canaria en un intento de comprender por qué en un tema de la naturaleza
del que se propone la iniciativa la toma un grupo parlamentario. No
alcanzamos a entender, por más que leemos la exposición de motivos de la
proposición de ley, cuál es el fundamento último de lo que se pretende
que legislemos. La invocación que se hace al artículo 20 de la
Constitución, esto es, el derecho fundamental a expresar, difundir,
comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión, parece estar amenazada en la regulación actual, puesto que se
pretende que se tomen medidas de claro sentido intervencionista que
inciden en el contenido de la libertad de empresa que se recoge en el
artículo
38 de texto constitucional. No nos consta esa amenaza y quizás a través
de los cauces administrativos ordinarios el Gobierno pueda tener datos al
respecto; si es así, que presente el correspondiente proyecto de ley.
Hemos intentado sin éxito --quizá SS. SS. dispongan al respecto de más
datos que nosotros-- encontrar en el Derecho comunitario europeo la
normativa que dé sustento a lo que se propone. Son públicamente conocidos
los problemas que algunas normas españolas en materia de comunicación
están teniendo o han tenido ante las autoridades europeas de la
competencia por contravenir los principios del Derecho comunitario. En
ese marco queremos analizar la proposición de ley y cuestionarnos si las
limitaciones y la intervención pública que la inspiran sirven realmente a
la pluralidad y a la transparencia en la propiedad de los medios de
comunicación.
Se afirma que los procesos de concentración de medios de comunicación en
nuestro país, así como en otros países de nuestro entorno cultural y
político, constituyen una seria amenaza para los derechos de dar y
recibir los ciudadanos información veraz y de interés público, compromete
gravemente el ejercicio efectivo de los derechos de expresión y libre
información. Esto es lo que dice la proposición de ley. ¿Por qué,
señorías? ¿Se vulneran las normas de la libre competencia en los procesos
de concentración de los medios de comunicación? ¿Se vulneran las normas
de publicidad con la actuación de los medios? ¿Se lanzan mensajes
ideológicos o políticos? Busquemos la respuesta a esos interrogantes y en
esa búsqueda tengamos en cuenta que el mercado de los medios de
comunicación es, afortunadamente, un mercado libre y abierto en el que
las normas de la libre competencia impiden los monopolios y que éstas son
sustancialmente idénticas a las que rigen en los demás países de la Unión
Europea. Para garantizar la transparencia se nos proponen medidas de
diversa índole: limitaciones a la participación de empresas extranjeras
en sociedades de comunicación, autorización administrativa a los actos de
disposición de las acciones, intervención de fedatario público, creación
de un registro especial de sociedades de comunicación en el que se
inscriban los transmisores, auditorías externas, publicidad de las
acciones; medidas todas que parten de que el control o intervención
pública sirve a la transparencia y se supone que, como fin último, al
derecho constitucional a recibir información veraz. Hay que partir de que
la proposición de ley excluye a los medios de titularidad pública de
estos controles; suponemos que porque considera suficientes los controles
que ejercen los consejos de administración de los correspondientes entes
públicos.
En el título III de la proposición de ley, que regula la defensa de la
pluralidad, se establecen límites a la posesión y control de diarios
nacionales, regionales o locales, condicionándolos a la difusión. Es
decir, aparte de lo indeterminado que resulta el grado de difusión de un
periódico, que siempre estará vinculado a un período concreto de tiempo,
se castiga al empresariado de la comunicación, que deberá tratar de que
la difusión de sus diarios no pase los límites previstos porque ello le
impediría conservar la titularidad de los medios. En lugar de buscar la
rentabilidad de su empresa vendiendo más, deberá cuidarse de no pasar los
límites de difusión. En materia de radiodifusión y televisión, se
considera un demérito para optar a nuevas concesiones el tener otra
obtenida con anterioridad. No es, pues, garantía de experiencia y
profesionalidad, sino demérito con un sentido patrimonial estatal del
dominio público radioeléctrico que entendíamos superado. Se crea un nuevo
órgano, el consejo de comunicación, del que se predica su independencia
funcional que, de un lado, asume funciones que hoy tiene el servicio de
defensa de la competencia y, de otro, recibe funciones solapadas con las
de la recién creada Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Por último, no queremos dejar de hacer mención a un artículo, el 28, que
nos recuerda la polémica suscitada respecto a la ley del fútbol. Con
carácter general el consejo de la comunicación decidirá aquellos
acontecimientos deportivos, culturales o de cualquier otro tipo de
carácter oficial para su emisión abierta. No sabemos si se ha reparado en
que esa concepción nos lleva al resultado que tratábamos de evitar: lo
que no esté catalogado para emisión abierta podrá emitirse de forma
cerrada, por lo que estamos invirtiendo la regla del mercado según la
cual la mayor demanda exigirá una proyección abierta y mayores ingresos
por publicidad.
En fin señorías, creemos que la proposición de ley olvida que hablamos de
empresas que buscan una rentabilidad y que esa libertad de empresa debe
ejercerse con respeto a todos los derechos constitucionales. Contamos con
normas que garantizan esto último: la Ley 16/1989, de Defensa de la
Competencia; la Ley 25/1994, que incorpora la Directiva 89/552, sobre el
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva; la Ley 12/1997, de
liberalización de las telecomunicaciones. En consecuencia con todo ello,
Coalición Canaria votará en contra de la proposición de ley presentada
por Izquierda Unida. (Rumores.)
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
López de Lerma.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario coincide con buena parte del análisis que ha
realizado el señor Alcaraz en representación del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, tanto respecto de la conformación de la opinión
pública, del papel que desarrollan y desempeñan los medios de
comunicación en esa conformación de la opinión pública, como también de
la necesidad de fomentar la diversidad de opiniones y, cómo no, el
derecho a difundir, a expresar libremente pensamientos, ideas, opiniones
y el derecho, además --a veces nos olvidamos, algunos especialmente se
olvidan--, a recibir información veraz, como dice nuestra Constitución.
También coincide nuestro grupo con la preocupación expresada por
Izquierda Unida en relación a los llamados procesos de concentración de
los medios de comunicación; procesos que se dan en nuestro país
--es evidente, es obvio que se han producido a lo largo de estos
últimos años y se están produciendo todavía-- y que también se producen
en nuestro entorno europeo, incluso con la novedad, que ya no lo es
tanto, de que medios de comunicación de origen estatal distintos --es
decir, de Estados distintos y, por tanto, dirigidos a ciudadanos
distintos-- se agrupan dentro de la Unión Europea, incluso más allá de la
Unión Europea, para conformar un medio de comunicación único o al menos
integrarse en un único grupo de comunicación. Nos preocupa la
concentración en sí misma porque resta, se quiera o no --y estoy
absolutamente de acuerdo con el señor Alcaraz--, pluralidad informativa y
nos preocupa también la homogeneización cultural, ideológica y de todo
tipo que ello puede comportar, al menos en teoría, y que también comporta
en la práctica.
Pero a pesar de esa coincidencia en la descripción de los hechos y en la
preocupación derivada de esos hechos, discrepamos en cómo pretende
resolver Izquierda Unida la problemática existente. No porque exista una
norma --por ejemplo, este proyecto de ley si algún día viera la luz como
ley-- el problema se disuelve o desaparece, creemos que puede seguir
existiendo; no porque se cree un consejo de comunicación, considerado,
además, como ente de Derecho público, integrado por expertos, por
miembros de sindicatos y de corporaciones empresariales, la solución
aparece como definitiva, como mágica, como la plausible; y no porque se
hagan más normas, hasta en los más mínimos detalles, como en algunos
aspectos de la proposición de ley que nos trae Izquierda Unida, se
asegura el pluralismo informativo.
Tal como se plantea esta proposición de ley, señor presidente, el
intervencionismo del Estado es total o casi total, prácticamente
absoluto, y esto está reñido, naturalmente, con nuestro pensamiento
político y con nuestro modelo de sociedad. En nuestro modelo el Estado
puede ejercer una función arbitral, si así lo desea el Parlamento, pero
ese Estado no lleva de la mano a la sociedad ni mucho menos tiene la
tutela de arriba a abajo hasta decidir por dónde debe ir, por dónde no
debe pasar, qué es lo que debe hacer y aquello que no puede cometer. Se
nos insistirá, señor presidente, en la necesidad de garantizar la
inexistencia de monopolios y diremos que estamos de acuerdo, que está
garantizado por el Tratado de Maastricht, por nuestra norma interna, por
el Tribunal de Defensa de la Competencia, etcétera. Pero no podemos
aceptar, finalmente, señor presidente, la rigidez existente en el
desarrollo de esta propuesta legislativa que nos hace Izquierda Unida.
(Rumores.) No podemos aceptar que el régimen de propiedad de los medios y
de las infraestructuras esté totalmente regulado, que esté también
regulado el capital social mínimo, incluso la forma societaria de la
empresa, la exigencia de nacionalidad española cuando el tratado de
Maastricht ha derribado todo tipo de fronteras. el control exhaustivo por
parte de la Administración de todos los negocios jurídicos relativos a
estas sociedades y, para colmo, un omnipresente...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, guarden silencio. Señor Hernández Moltó, por favor, señora
Romero, señor Trías Sagnier.
Continúe y vaya concluyendo, señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que no podemos estar de acuerdo con todo ello y menos todavía con
el consejo de la comunicación que aparece en la propuesta que nos hace
Izquierda Unida como un órgano consultivo del Gobierno y de las Cortes
Generales, que asume incluso servicios que hoy están en el Tribunal de
Defensa de la Competencia, que emite dictámenes sobre anteproyectos en
los que está trabajando el Gobierno y que tiene un larguísimo etcétera
competencial. En definitiva, señor presidente, estando de acuerdo en la
presentación del problema que ha hecho el señor Alcaraz, en nombre de
Izquierda Unida, porque realmente pone el dedo en una llaga que puede
dañar, al menos teóricamente --y yo creo que lo ha estado dañando en la
práctica--, el pluralismo que debe existir en una sociedad democrática,
estando de acuerdo con ello, no podemos apoyar esa propuesta por el
contenido concreto de la misma.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
Creo que no debiera extrañar a ningún grupo de esta Cámara --como he
creído escuchar-- la presentación de esta iniciativa, comparta o no los
contenidos de la misma y la vote a favor o en contra. Esta preocupación
no es nueva en las Cortes Generales. No es nueva en el Senado, donde hubo
una ponencia sobre esta cuestión
precisamente y cuyas conclusiones tuvieron el apoyo casi unánime de los
miembros de la Cámara; no es tampoco nueva en este Congreso de los
Diputados, donde ha habido diferentes iniciativas al respecto, en los
últimos años con suerte bastante diversa; y no es nueva, desde luego, en
los países de nuestro entorno, donde el Parlamento Europeo, en función de
sus comunicaciones en los años 1990 y 1992 y del Libro Verde, insta a
redactar una directiva de la Comisión Europea. Esto debiera llevarnos a
todos, en situación normal, a tener la prudencia de esperar a que la
Unión Europea redacte esta directiva para posteriormente proceder
nosotros a desarrollar, con el carácter subsidiario que tiene que tener
la normativa estatal, los contenidos de esta directiva. Pero el problema
es político, señor presidente. El problema es que mientras sale esta
directiva --que está teniendo algunos problemas para poderla culminar-- o
el reglamento que la sustituya o la simple resolución, mientras esto
ocurre en unos meses o quizás en un par de años, ¿qué pasa en este país
no solamente con la concentración de los medios sino con la oscuridad en
la que se desenvuelve la propiedad de los medios, o la falta de control,
incluso del cumplimento de la normativa vigente en materia de topes
máximos accionariales? La experiencia reciente que tenemos es que la
obsesión mediática del Gobierno y su afán por intervenir en estos asuntos
son lo suficientemente voraces como para ofrecerles el festín de dos años
más de barra libre sin ninguna norma que lo pueda limitar. (Rumores.) Por
eso consideramos oportuna la presentación del texto que estamos
discutiendo hoy en el que sin entrar a fondo, como debería ser la norma
en una norma (perdón por la redundancia)...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor García-Arreciado. Señorías, señor
Ollero, señor Acebes, silencio por favor. Continúe señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: ... en una norma cuyo contenido
específico no es el que se somete hoy a consideración de la Cámara, sino
la envolvente general de las propuestas que nos formula, está bastante de
acuerdo con las resoluciones de la Comisión Europea, se ciñe bastante;
desde luego, lo hace casi milimétricamente en el Título Segundo, cuando
habla de la obligada transparencia de la propiedad del capital de los
medios de comunicación, del carácter nominativo de sus acciones, de la
exigencia de que esa información sea pública, de la necesidad de
intervención administrativa previa para proceder a cualquier cambio en
los paquetes accionariales correspondientes.
Del Título Cuarto, compartimos poco más que la creación de una comisión
de lo audiovisual de la comunicación que controle los procesos del
fenómeno de masas más importante que se va a producir en el siglo XXI y
del que no es suficiente controlar los condicionamientos tecnológicos,
que ya hace la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sino los
procesos competenciales y la garantía de que sus contenidos se ajustan a
las normas establecidas. Y no es suficiente para ello el Tribunal de
Defensa de la Competencia, y le voy a decir por qué. Porque el Tribunal
de Defensa de la Competencia no tiene facultades sancionadoras. Se limita
a proponer al Gobierno una actuación concreta o una sanción específica, y
es el criterio político del Gobierno el que acepta o no el informe de la
Comisión. Por tanto, no es el órgano independiente que está llamado a
regular los contenidos y las transparencias en el capital de un sector
tan importante como el de los medios.
Más allá de eso, el modelo es distinto del que nosotros teníamos
concebido y posiblemente presentemos una iniciativa del rango de la que
hoy estamos viendo para regular nuestro modelo de consejo de la
comunicación.
Donde nuestras diferencias son más grandes es en el Título Tercero de la
ley. En contra de lo que han dicho todos los señores intervinientes hasta
ahora, la concentración no nos preocupa, ni preocupa a la Comisión
Europea ni preocupa al Gobierno europeo. La concentración en sí ni es
buena ni es mala. Si produce un efecto positivo de ampliación de las
libertades de prensa a territorios que antes no la tenían, la
concentración es buena; si produce la desaparición de medios, la
concentración es mala.
El valor jurídico que está en elaboración en Europa, en la Comisión y en
el Gobierno, es la diversidad informativa, que es muy distinto de la
concentración, y nos parece que la diversidad informativa no se garantiza
mediante porcentajes y cuotas, como se entiende en el proyecto de ley que
estamos viendo, sino a través de lo que nos propone la Unión Europea: a
través de controlar las cuotas de mercado de los dos controladores
principales, es decir, de los dos dueños principales de medios de
comunicación del país. Desde ese punto de vista, España no tiene ningún
problema; es la sociedad europea con mayor diversidad informativa en este
momento, hasta el extremo de que los dos grandes grupos, El Correo y
Prisa, sumados, apenas tienen un 22 por ciento de la cuota del mercado
nacional, mientras que en el Reino Unido, el paradigma de estas
libertades, los dos grandes controladores superan el 60 por ciento del
mercado.
Por tanto, damos nuestro apoyo a la toma en consideración de un problema
importante, quizá no urgente hoy día, pero importante, porque en el
futuro diseño de la sociedad de la información la comunicación tiene un
papel relevante y la transparecencia de la propiedad de los medios es un
factor esencial para garantizar el control político, en el buen sentido,
del desarrollo del sector.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra
posición respecto a la proposición de ley sobre concentración y
transparencia de los medios de comunicación que ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida. Proposición que podemos compartir en su enunciado pero
no en su contenido, lo que al final nos lleva a no poderla votar
favorablemente.
Decía el señor Alcaraz que nuestro grupo iba a votar en contra de esa
proposición porque estábamos esperando una directiva europea. Ciertamente
todos los grupos parlamentarios saben que la Unión Europea lleva ya
varios años estudiando directivas y tratando de hacer una directiva
europea para que todas las legislaciones de los países miembros fueran
complementarias entre sí y no hubiera discrepancias entre ellas, pero no
es precisamente esa causa la que hoy nos impide votar favorablemente este
texto.
En una sociedad democrática es esencial la existencia de una pluralidad
de medios de comunicación libres. El Partido Popular, en el año y medio
que lleva gobernando, ha apostado por la liberalización del sector de la
comunicación, de tal manera que se han abierto las puertas a que
solamente inconvenientes técnicos sean los que impidan que haya nuevos
medios de comunicación. Por tanto, señorías, ése es un camino hacia la
libertad que sin duda alguna es la mejor garantía para evitar la
concentración, en el sentido positivo que nosotros entendemos de
liberalizar la concentración.
Se me puede decir que la simple liberalización de los medios de
comunicación, la apertura del mercado, garantizan la existencia de medios
de comunicación pero no el pluralismo, y en eso también podríamos estar
de acuerdo. Creemos que es precisa una normativa mínima, unas medidas
pequeñas que eviten la concentración de medios de comunicación en unas
mismas manos y que eso impida, al final, que haya libertad de expresión y
libertad de información. En la actualidad, nuestra legislación --aunque
es cierto, y hay que decirlo, en asuntos parciales, en lo que es
televisión o televisión por cable-- ya impone unas limitaciones
destinadas, precisamente, a la salvaguarda del pluralismo y la
transparencia.
La Comisión Europea, como decía antes, también está pendiente de
regularlo y está claro que cualquier medida o norma que se apruebe en
esta Cámara deberá tener en cuenta tanto la legislación nacional como la
legislación europea.
La proposición de ley que ha presentado hoy Izquierda Unida constituye
una iniciativa que, repito, en principio podría estimarse positiva, por
cuanto viene a dar una respuesta global a un problema que hasta la fecha
ha recibido soluciones parciales intercaladas en cada una de las leyes de
televisión que se han aprobado en España. Sin embargo, el análisis
pormenorizado de la misma, con objeciones básicas, anula su utilidad como
punto de partida para regular esta materia, puesto que en la tramitación
parlamentaria sería necesario realizar modificaciones sustanciales que
afectarían radicalmente a los principios que la inspiran.
En primer lugar, esta proposición de ley --si me lo permiten-- está
materialmente poco elaborada. Diría que es un calco de la presentada el
22 de septiembre de 1994, por lo que contiene reiteraciones y
contradicciones con la normativa actualmente en vigor. Quiere esto decir
que desde la fecha en que se presentó esa proposición, en el año 1994, se
ha aprobado la Ley de Telecomunicaciones por Satélite, la Ley de
Telecomunicaciones por Cable, la Ley de Televisión Local, la Ley de
Liberalización de las Telecomunicaciones, la Ley de Televisión Digital y
la Ley que regula las retransmisiones de acontecimientos y eventos
deportivos, legislación que el Grupo de Izquierda Unida no ha tenido en
cuenta a la hora de presentar esta proposición.
En segundo lugar, esta proposición establece medidas de control que
consideramos desproporcionadas en relación con los objetivos que se
pretenden. Las restricciones impuestas a la libertad de comunicación y a
la libertad de expresión, sometidas a un régimen de autorizaciones y
controles, son excesivas y más propias de un régimen intervencionista de
concesiones de servicio público que del mercado liberalizado de la
comunicación que nosotros estamos propugnando.
La proposición afecta a tres áreas diferentes: en primer lugar, normas
sobre la transparencia. Estamos todos de acuerdo en este punto, y así se
ha manifestado esta tarde por los distintos portavoces; queremos que
exista transparencia en la propiedad y en el control de los medios de
comunicación; hay que saber exactamente a quién pertenecen los medios.
Pero también es cierto que el texto que presenta Izquierda Unida tiene
algunas medidas que son de dudosa utilidad, por ejemplo, la mención
obligatoria al comienzo de las emisiones de televisión de la propiedad de
los medios de comunicación, porque usted sabe que algunos medios de
comunicación, algunas televisiones en este caso, comienzan sus emisiones
a las seis de la mañana, y creo que será de dudosa utilidad para el que
vea la televisión que figure la titularidad de los medios a las seis de
la mañana.
Respecto a las normas para evitar la concentración, proponen tres
limitaciones. La participación en el capital. Estamos de acuerdo en que
ya existe una limitación de participación en el capital del 25 por ciento
por parte de la Ley de Televisión Privada, limitación que hasta ahora no
se ha cumplido por la falta de rigor, la desidia y la dejadez, diríamos,
del Grupo Socialista
en la época en que tuvo la responsabilidad de controlar esas
transmisiones de acciones.
En segundo lugar, limitan la concentración monomedia. En este caso,
aunque parezca sorprendente, ustedes no contemplan la limitación de las
concentraciones en una región o en una localidad, sino que lo extienden a
cadenas regionales en el conjunto del territorio nacional. En los niveles
actuales de difusión de la prensa, la propuesta de porcentajes que
establecen ustedes en la proposición --que para nosotros es demasiado
baja-- equilvadría a prohibir más de un órgano de prensa en cada una de
las comunidades autónomas y la desaparición de las actuales cadenas
regionales.
En cuanto a los límites a la concentración multimedia, nosotros creemos
que no está justificado el régimen arbitrario que ustedes imponen, puesto
que bien saben que a la prensa se le permite entrar en otros medios, no
así a la televisión, que se la impide entrar en otros medios de
comunicación o por lo menos se valora como elemento negativo ser titular
de una concesión de televisión.
Por último, proponen la creación del consejo de la comunicación. Este
órgano tendría algunas competencias compartidas con el consejo que se
contempla y regula en la ley de retransmisiones de eventos deportivos,
que se ha aprobado recientemente en esta Cámara y también, por supuesto,
con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que, como sabe S.
S., ha sido aprobado por esta Cámara y tiene competencias también para
controlar la concentración de medios audiovisuales.
Por último, señorías, no quería dejar de destacar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Vaya concluyendo, señora Mato, por favor.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente.
No quería dejar de destacar que se les ha olvidado a ustedes hacer
mención a lo que supone la posible concentración de cadenas públicas de
televisión. Parece innegable que la normativa que impida la concentración
excesiva, máxime si partimos de un criterio mínimo de intervención, según
el cual sólo debe impedirse aquella concentración que resulte perjudicial
para el pluralismo, sin ninguna duda también tiene que afectar a los
medios de comunicación públicos.
Señorías de Izquierda Unida, cuando ambos grupos estábamos en la
oposición compartíamos un gran esfuerzo para evitar la concentración de
medios. Nosotros, ahora desde el Gobierno, estamos pasando de las
palabras a los hechos. El Gobierno, en beneficio de la pluralidad, ha
presentado el plan de frecuencias, ha puesto en marcha los concursos de
cable, la Ley de Televisión Digital para facilitar y posibilitar la
competencia en materia de televisión de pago y la creación de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones. (Rumores.) Se ha hecho todo esto
porque creemos que, en contra de...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Concluya, señora Mato, por favor.
La señora MATO ADROVER: Concluyo en un momento, señor presidente.
Se ha hecho todo esto porque creemos que, en contra de la concentración,
la mejor política es la que liberaliza, la que abre, la que garantiza la
competencia. Esa es la visión positiva de la concentración. La libertad y
la competencia son la mejor arma contra la concentración en pocas manos
de los medios de comunicación. Estoy segura de que, lo mismo que la etapa
de gobierno del Partido Socialista puede recordarse como una etapa que
alienta y promueve la concentración, la etapa del Gobierno popular
terminará con más medios de comunicación, con más periódicos, con las
modalidades de televisión desarrolladas y, por supuesto, con cadenas de
radio en igualdad de condiciones a la hora de competir.
Señorías, termino ya. Quiero decir que estos hechos que he relatado
pueden llevarse a cabo porque, a partir de ahora, contamos con una
comisión, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Termine, por favor.
La señora MATO ADROVER: ... comisión que, como todos ustedes bien saben,
está compuesta por un número de personas y con una composición plural.
Por otro lado, quiero destacar también que es verdad que hay medidas
puntuales que se pueden llevar a cabo, pero lo más importante es que haya
libertad de medios de comunicación, que haya libertad de empresas y que
se defiendan las líneas editoriales de cada una de las empresas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre la defensa de la pluralidad y de la transparencia en la propiedad
de los medios de comunicación. (Rumores.) Silencio señorías. (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 148; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de
ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REVALORIZACION DE PENSIONES
(Número de expediente 122/000096)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Socialista sobre
revalorización de pensiones.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra la señora López i
Chamosa. (Rumores.) Silencio señorías. (Pausa.) Silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señoras y señores diputados, tengo el honor y
la satisfacción personal de defender, en nombre de mi grupo, la
proposición de ley sobre la revalorización de las pensiones. Digo el
honor, porque mi grupo me ha encargado esta tarea, y la satisfacción,
porque voy a defender algo en lo que realmente creo, y porque pienso,
además, que lo que esta proposición pretende es de justicia social.
Señorías, no hace mucho, en esta Cámara se aprobó la ley 24/1997, cuyo
artículo 11 modificaba el artículo 48.3 de la Ley General de la Seguridad
Social. Permítanme recordarles que esto se aprobó con el voto favorable
de mi grupo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento señora López i Chamosa. Señor Recoder y
señor Ortiz. (Pausa.) Señor Gil Lázaro. (Pausa.) Señora Conde. (Pausa.)
Adelante, señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Permítanme recordarles, además, que todo esto
--repito-- fue con el voto favorable de mi grupo parlamentario, pero el
compañero Alejandro Cercas dejó bien claro que nuestro voto era a la ley
y que, además, era al artículo, pero no en concreto a este párrafo 3, que
hacía y hace referencia a las posibles ganancias de capacidad adquisitiva
si la inflación real es inferior a la prevista.
Ante las noticias publicadas este verano sobre la voluntad del Gobierno
de descontar la diferencia, el Grupo Socialista presentó esta proposición
de ley; pero también presentó una interpelación. Durante el mes de
septiembre se debatió en esta Cámara esa interpelación y la posterior
moción. El Partido Popular nos acusó desde esta tribuna de falta de
rigor, de oportunistas y de cambiar de posición; repito y subrayo lo de
oportunistas. Pero al día siguiente (esto era un martes), en contestación
a una pregunta del portavoz de mi grupo, el presidente del Gobierno dijo,
24 horas después, que no se iba a aplicar dicho descuento para 1998.
Ustedes lo tienen que recordar, porque aplaudieron entusiásticamente la
afirmación del presidente del Gobierno.
Mi grupo estaba dispuesto a retirar esta proposición de ley, puesto que
entendíamos que había el compromiso, la palabra del presidente del
Gobierno, de que eso se iba a hacer tal como había afirmado aquí. Pero
cuando han llegado los presupuestos a esta Cámara (y aquí habría que
decir lo que dice una amiga mía asturiana) y los hemos leído, vuelta la
burra al «prao» otra vez; y de nuevo vuelve a quedar en entredicho qué se
va a hacer con la diferencia entre el IPC previsto y el real. Por eso
estamos hoy aquí debatiendo esta proposición, que la única pretensión que
tiene es acabar definitivamente con las dudas, dejar establecido por ley
que las pensiones se revaloricen anualmente y no se descuente, si algún
año, por casualidad, el IPC previsto es superior al real. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor ministro de Trabajo dijo el mes pasado aquí en esta tribuna, en
un debate sobre este tema, contestando a mi compañero señor Cercas, para
defender el descuento del diferencial del IPC, que los pensionistas de
este país estaban mucho más contentos, vivían mucho más felices con el
Gobierno del PP, que habían revalorizado sus pensiones y ganaban mucho
más. La verdad es que oyéndolo yo llegué a pensar que con el Gobierno del
PP los pensionistas de este país, todos, se iban a hacer
multimillonarios, pero la realidad es bien distinta y, por eso, yo les
pido que apoyen esta proposición de ley. No les estamos pidiendo nada
extravagante. Varias veces a lo largo de nuestra historia reciente han
subido las pensiones más que el IPC real. He de decirles que, desde el
año 1982 a 1996, la pensión mínima con cónyuge a cargo subió un 76 por
ciento más que el IPC en esos años. Las pensiones de los años 1983, 1987,
1988, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1996 subieron por encima del IPC, y esto
se ha hecho porque, como ustedes saben, de 1989 a 1993 las pensiones se
incrementaban en función del IPC pasado, es decir, del año anterior, y
ustedes recordarán que a mi Gobierno algunas veces le fallaban las
previsiones, pero lo evidente es que desde que llegamos hasta que nos
fuimos el IPC bajó en picado y, por consiguiente, los pensionistas sí
vieron revalorizada su percepción. Además, esa fórmula fue un acuerdo que
se adoptó con los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, para ir aplicando
los incrementos. Y, a pesar de todo esto, a pesar de que subiera por
encima del IPC, nuestro país siguió avanzando, no pasó nada y, como ven,
lo que les estamos pidiendo ahora es que no les descontemos, si se
produce lo que ha sucedido este año.
Mirando los presupuestos del Estado para el próximo año, viéndoles y
escuchándoles cuando dicen que los presupuestos del Estado y los de la
Seguridad Social tienen una salud envidiable, puesto que ustedes dicen
que tenemos más cotizantes a la Seguridad Social que nunca, que se están
incrementando las cotizaciones a un ritmo impresionante; si a todo eso le
añadimos que tenemos un presidente del Gobierno que es milagrero, señores
del PP, apoyen esta proposición, porque creo que los milagros están para
hacer cosas como ésta.
Miren ustedes: a pesar de todo lo que digamos aquí, de los discursos que
hagamos, la inmensa mayoría de
los pensionistas de nuestro país tienen dificultades para llegar a final
de mes, muchas dificultades; unos más que otros, es cierto, pero tienen
dificultades. Algunos viven gracias a los esfuerzos de ahorros que
hicieron a lo largo de su vida laboral y otros gracias a la contribución
de sus hijos para que puedan llegar a final de mes. Así y todo, algunos
tienen dificultades para llegar. Los jubilados de nuestro país han
trabajado toda su vida y yo diría que han sido el motor (porque los
trabajadores en activo somos el motor) para la transformación que España
ha sufrido en los últimos años, y con el esfuerzo diario han contribuido
a que este país sea más rico. Y ¿cómo se lo quiere pagar nuestro
Gobierno? Diciéndoles: Como hay una pequeña diferencia, yo se la quito. Y
miren ustedes que estamos hablando de no consolidarles en torno a las 500
pesetas; estamos hablando de una cantidad miserable. Y ya que hablamos de
este tema, yo creo que a veces es más una cuestión de generosidad
política el no meternos a quitarle una pequeña miseria a alguien que
tiene poco.
Siempre he pensado que un país que no honra a sus mayores, a sus
jubilados, es un país que crece y vive sin orgullo. Y yo quiero un país
orgulloso de sí mismo, generoso y con una justicia social, y por eso
realmente estoy defendiendo esto hoy aquí. Pero sé que es muy difícil
pedirle peras al olmo; el peral te da peras. Si tenemos un Gobierno que a
primeros de año, en enero y febrero, les descontó por error (eso sí, por
error, ¿eh?) a los pensionistas exentos de hacer declaración 600 pesetas
a unos, 700 pesetas a otros, de IRPF, y cuando estas personas fueron a
reclamar les dijo: Disculpen, ha sido un error; en el mes de marzo ya no
vendrá. Y no vino. Pero cuando le preguntaron: ¿Y cuándo nos devolverá,
las 1.200 pesetas? Les contestó: Tiene usted que esperar al año que
viene. Haga la declaración de la renta y le devolveremos las 1.200
pesetas. Pero, hombre, ¿cómo se le puede decir a una persona mayor que no
hace declaración de renta, porque está exenta, que para recuperar sus
1.200 pesetas tiene que hacer declaración? Saben que no la va a hacer.
Pues claro; un Gobierno que ha hecho esto, yo entiendo que pueda no
querer apoyar esta proposición.
El viernes pasado en la ciudad de Barcelona, cuando paseaba por un parque
cercano a mi casa, le pregunté a un pensionista que qué opinaba de esta
medida. No les diré la primera parte de su contestación, porque seguro
que el presidente me llamaría al orden, pero me dijo: Mire usted; cuando
el IPC sube por encima de lo que a mí me suben, yo tengo que esperar casi
un año y medio para cobrar mi diferencia, y eso lo tiene el Gobierno y
hace con ello lo que quiere. A mí desde el primer mes me descuentan --en
este caso le tenían que descontar-- un porcentaje del IRPF, y lo tiene el
Gobierno; y ahora que me he pasado un poco, 500 pesetas por encima ¿me lo
quieren descontar? Y decía: Pero, ¿qué ley es ésta? ¿Es una ley de goma,
que se estira en función de lo que le interese al Gobierno? Creo que no
reconocer esto sería una actitud miserable.
Además, este señor me decía que en este país va a llegar el momento en
que sólo van a poder vivir las personas de 25 a 45 años. Decía que tenía
un nieto de 20 años sin empleo, y que al que lo pierde a partir de los 45
le queda la pensión mínima. Y añadía: Y, encima, fíjese cómo nos tratan
(o cómo nos quieren ustedes tratar, porque nos metía a todos en el mismo
saco).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López, le
ruego vaya concluyendo.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Y me acabó diciendo: A lo mejor, como dice la
tele, esto va bien. Pero irá bien para los de siempre, para los de toda
la vida; para los que apencamos todos los días a lo largo de nuestra
historia, va como siempre.
Señorías, el Grupo Socialista, al pedirles que apoyen esta proposición,
les está brindando la oportunidad a todos los grupos para que seamos
capaces de aprobar por unanimidad esta proposición de ley y transmitamos
un mensaje a nuestros mayores, a nuestros pensionistas, de cariño, de
respeto, diciéndoles que nos ponemos de acuerdo, cosa que no es tan
habitual, pero que se lo merecen, para garantizarles la revalorización de
pensiones para el futuro, al margen de quien gobierne, gobiernen ustedes,
gobernemos nosotros. Dejarlo zanjado de una vez para siempre creo que es
una buena oferta que deberían considerar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López, le
ruego concluya.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: En seguida termino, señor presidente.
Esta diputada les está hablando de pensiones, les está hablando del 0,4 y
les pediría que, por favor, apoyen esta proposición. Si no la apoyan, lo
que les pide esta diputada es que al subir a la tribuna me den argumentos
para explicar a los jubilados el porqué les negamos 500 pesetas a los que
cobran 90.000 pesetas, o menos --que hay muchos que cobran menos--, y, a
cambio, les van ustedes a subir un 30 por ciento a los secretarios de
Estado, que cobran más de 600.000 pesetas al mes. Explíquenmelo, por
favor, porque yo quiero saberlo para poderlo explicar.
A los señores diputados de CiU les diría que a mí, como a ellos, me gusta
llevar para Cataluña todo lo que podamos; que esta proposición garantiza
el equilibrio, garantiza el que a cada pensionista se le dé lo suyo, poco
o mucho, y los de Cataluña lo gasten en Cataluña y los de Andalucía en
Andalucía; es decir, que lo poco o mucho que corresponda a nuestros
pensionistas lo gasten en Cataluña para que contribuyan al crecimiento
del país.
Por último --ya termino--, cuando suba a esta tribuna el portavoz del PP
no me diga lo mal que lo ha hecho el Gobierno socialista, ya lo sabemos
(Risas.), repito y subrayo lo mal que lo hemos hecho, porque esta
diputada se siente orgullosa del balance positivo de los años de gobierno
socialista, especialmente en el tema de pensiones, que ha garantizado una
pensión a todos y cada uno de los pensionistas. (Aplausos.) Les deseo que
ustedes se sientan tan orgullosos, ya que se declaran herederos políticos
de la UCD, de todo lo que hicieron, tanto para lo bueno como para lo
malo. Apoyen nuestra propuesta y conseguiremos llevar la tranquilidad a
los pensionistas, que de verdad se han ganado el derecho a tener una
revalorización de pensiones, y no lo utilicemos políticamente ni unos ni
otros.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López i Chamosa.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, señorías, me tranquiliza
enormemente saber que los diputados del Grupo Parlamentario Socialista
saben lo mal que lo hicieron cuando gobernó un partido de su mismo signo.
En ese mismo sentido, entiendan este turno del Grupo Parlamentario
Popular no simplemente como un turno en contra de lo que podrían ser sus
argumentaciones, que serán contradichas, no se preocupe, señora diputada,
o el propio contenido de su proposición, sino también como un intento de
recomponer un consenso a todas luces necesario en una materia tan
sensible como es la consolidación de nuestro sistema de protección
social. Nada mejor para ello que recordar unas palabras de abril de 1995,
en esta misma tribuna, de distinto portavoz de Grupo Parlamentario
Socialista, pero del Grupo Parlamentario Socialista, cuyas palabras
fueron bien distintas de las que usted hoy ha podido pronunciar.
En aquellos días, el que era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
dijo, como conclusión a su intervención en el debate en plenario respecto
del informe de lo que hoy conocemos como el Pacto de Toledo, las
siguientes palabras: los diputados socialistas, señor presidente, hemos
trabajado --estimo-- con rigor y generosidad para que este acuerdo fuera,
como es hoy, una realidad. Hoy anunciamos nuestro voto favorable ante la
Cámara y aseguramos también ante la soberanía nacional nuestra lealtad a
todas y cada una de sus partes. Solicitamos ese mismo voto al resto de
los grupos parlamentarios y pedimos también en paralelo la misma lealtad
a los compromisos que hoy solemnemente todos asumimos.
Pues bien, hoy el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular, el
Gobierno del Partido Popular, vuelve a reafirmar desde esta tribuna su
compromiso de lealtad con aquel pacto, con aquel que ustedes mismos nos
pidieron desde aquí, y solicita esa misma lealtad a todos aquellos grupos
parlamentarios que también lo suscribieron.
No obstante, hoy las palabras de quien ha sido la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señorías, se alejan cada vez más de aquel
compromiso inicial en vez de reafirmarse cada vez más en el mismo. ¿Cuál
puede ser el cambio de esa actitud política? ¿Qué ha cambiado desde
entonces? En el plano político es muy sencillo, principalmente que
ustedes eran Gobierno y ahora son oposición. Nosotros éramos oposición y
ahora somos Gobierno. Se llegó a un compromiso, a un acuerdo con un
gobierno responsable, al menos en esta materia, que era el de ustedes, y
una oposición que también lo era, que éramos nosotros. Este compromiso se
rompe con un gobierno igual de responsable al menos que el anterior,
nosotros, pero con una oposición que ha dejado de serlo, ustedes. Fueron
ustedes un gobierno y un partido político responsable cuando reconocieron
la situación de gravedad por la que atravesaba nuestro sistema de
protección social y cuando contribuyeron, junto con el resto de grupos
parlamentarios de esta Cámara, a sentar las bases que permitieron no sólo
evitar una quiebra del mismo, sino también garantizar su pervivencia para
las generaciones futuras.
En cambio, son ustedes una oposición irresponsable cuando vuelven, con la
presentación de proposiciones como la de hoy, a la estrategia de mantener
permanentemente abierto el debate de las pensiones, aunque ello suponga
menoscabar la tranquilidad de nuestros mayores.
Cierto es que el Partido Socialista Obrero Español nunca acabó de dejar
de lado la utilización partidista de las pensiones como arma electoral
arrojadiza, tal y como entendíamos el resto de esta Cámara que debía
haber sucedido tras la suscripción de los Pactos de Toledo, pero también
es cierto, al menos durante el inicio de esta legislatura, que volvieron
ustedes a reafirmar su compromiso con el citado pacto. Cierto es,
asimismo, que fue otro portavoz distinto al que hoy nos ha hablado, pero
cierto es que reafirmaron su compromiso con el mismo.
Han ido ustedes dando bandazos políticos desde entonces. De mostrarse
firmes defensores del pacto han pasado a cuestionarlo en cuestión --y
valga la redundancia-- de meses para a renglón seguido volver a
reafirmarse en él, presentando proposiciones de ley como la que hoy
debatimos, que menos a planteamientos rigurosos para el mantenimiento y
consolidación de nuestro sistema público de protección social pueden
obedecer a cualquier razonamiento.
Esta proposición de ley, señorías, se incardina dentro de la crónica de
una ruptura anunciada, materializada
incluso antes del debate de la Ley de consolidación y racionalización en
el Senado, y que encuentra su fundamento en meros criterios de
oportunidad política que dan lugar a la reutilización de las pensiones de
una forma partidista, interesada e irresponsable.
Su actual secretario general, ausente hoy de este debate, en su primer
discurso ante esta Cámara como tal, anunció un nuevo estilo de oposición,
claro en las discrepancias y también claro en los consensos en aquellos
temas en que fuera necesario.
El Partido Popular entendía y entiende, entonces y ahora, que en nuestro
sistema público de pensiones no debería existir diferencias profundas,
diferencias infranqueables entre todos los grupos políticos de esta
Cámara, ya que es mucho más importante aquello que nos une que aquello
que nos separa. Ustedes parecen opinar todo lo contrario, sólo les
interesa el consenso cuando gobiernan.
La coherencia les ha durado poco más de un año en la oposición y la
responsabilidad política prácticamente lo mismo. Pero ello es legítimo y
no seré yo quien lo critique. Simplemente tengan el valor de expresarlo
públicamente, de decirlo en esta Cámara y fuera de ella, de manifestar
sin duplicidades, sin confusiones, sin ambigüedades calculadas, su
posición rupturista respecto de todo aquello que fue y que es el Pacto de
Toledo; que los pensionistas de este país, y aquellos que aspiramos a
serlo algún día, sepamos quién está por analizar con rigor los
principales problemas de nuestro sistema, señalando la estricta dimensión
de los mismos y continuando el desarrollo de las recomendaciones útiles y
flexibles del Pacto de Toledo, que es la única manera de asegurar el
futuro de nuestras pensiones, y quién está por realizar manipulaciones
catastrofistas e interesadas, buscando una realidad política y electoral
inexistente en detrimento de la tranquilidad de nuestros mayores.
Cuando, sin ir más lejos, señorías, este fin de semana han aparecido
noticias en prensa respecto a informes cuyas conclusiones no eran en
exceso positivas
--si me permiten la expresión-- para nuestro sistema de Seguridad
Social, ustedes, en vez de arrimar el hombro a la causa común, que no la
casa común, prefieren echarse al monte con la demagogia y la
irresponsabilidad como sus mejores armas.
Señorías, y ahí van los argumentos, la Ley 24/1997 es un buen desarrollo
legal y leal de los Pactos de Toledo. No hay una sola línea que entra en
contradicción con los mismos y, además, goza de un amplísimo respaldo
social, como lo demuestra el acuerdo alcanzado con las organizaciones
sindicales.
Ya lo sabe este portavoz, no hace falta que se lo digan. Ustedes
prefirieron gobernar frente a la sociedad. Nosotros, en cambio,
preferimos gobernar desde la sociedad, preferimos gobernar desde el
consenso social, preferimos gobernar con un talante bastante distinto al
que ustedes lo hacían porque, señorías, el Pacto de Toledo, así como el
subsiguiente acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones
sindicales, venían a reconocer, y no se les olvide, la necesidad de
garantizar a los pensionistas del sistema el mantenimiento del poder de
compra, del poder adquisitivo de las pensiones, a través de la
revalorización de sus cuantías, cualesquiera que fueren las previsiones
del Gobierno, que los beneficiarios no deberían tener en cuenta a la hora
de mantener convenientemente actualizado el poder adquisitivo de sus
pensiones.
Señores de la bancada de la izquierda, lo que ni el Pacto de Toledo, ni
el acuerdo con las organizaciones sindicales, ni por supuesto la Ley de
consolidación y racionalización de nuestro sistema de Seguridad Social,
preveían una revalorización por encima de la evolución real del IPC o, lo
que es lo mismo, la elevación del poder adquisitivo de las pensiones por
encima de las evoluciones de este índice.
Como es sabido --y tiene usted, señora López Chamosa, grandes expertos en
su grupo parlamentario que se lo podrían decir--, el elemento más
distorsionador del equilibrio financiero del sistema en su modalidad
contributiva es precisamente la revalorización de las pensiones en
función del IPC, incluso, como dicen los teóricos, impensable esa
revalorización en un sistema puro de reparto. La aplicación de este
mecanismo, por encima del incremento real del IPC, que es lo que ustedes
pretenden, resulta --y lo saben-- insostenible en el tiempo, toda vez que
el sistema no podría generar recursos suficientes para su financiación.
No podemos olvidar que el Pacto de Toledo, el acuerdo con las
organizaciones sindicales y, por tanto, la ley aprobada por este
Parlamento que ahora rige esta materia, lo que persigue principalmente es
garantizar la pervivencia a futuro de nuestro actual sistema de
pensiones, para lo cual resulta imprescindible mantener el equilibrio
financiero que lo haga viable.
Lo anterior debió pensarlo el Grupo Parlamentario Socialista cuando ese
doble mecanismo de revalorización y de absorción, establecido en el
artículo 11 de la ley, fue valorado positivamente por el mismo, y además
también fue votado a favor en el debate que hubo en este Parlamento, no
así después, ya lo sé; y en un ejercicio ejemplar que podría definir de
incoherencia política hoy ustedes, los que lo valoraron positivamente,
los que lo votaron a favor, están pidiendo su derogación. No sé si les
traicionó su subconsciente cuando votaron a favor de este artículo de la
ley que hoy pretenden derogar, pero han realizado ustedes un ejercicio de
funambulismo político que les ha hecho caer en innumerables
contradicciones. Por un lado, la presentación de dos proposiciones de
ley, una ya retirada y otra la que hoy debatimos, que con la misma
argumentación, exactamente con la misma, sólo cambiaba una línea de una a
otra, una afectaba a dos millones y medio de pensionistas y la otra
afecta a más de siete millones de pensionistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Por otro lado, el hecho de que la modificación legal que hoy pretenden no
era ninguna de las cuestiones que su grupo entendía como esenciales
cuando se produjo el debate de la ley. Sabe usted, señora López Chamosa,
y saben los portavoces de su grupo, que en la Comisión de Política Social
y Empleo y en este Pleno hubo una serie de enmiendas que calificaron como
esenciales en cuanto a su contenido respecto a no romper lo que era el
consenso político de esta Cámara en referencia al Pacto de Toledo. Lo que
ustedes han presentado con esta proposición de ley no era ninguna de
aquéllas. Fíjese si no era ninguna de aquéllas, que el que entonces fue
su portavoz en el debate en este Pleno no hizo una sola mención a lo que
hoy para ustedes es básico, imprescindible y fundamental. En cambio, lo
que para ustedes hace dos meses era básico, imprescindible y fundamental,
hoy no ha merecido ni siquiera la pena de que presenten en este
Parlamento una proposición de ley que recoja sus pretensiones.
Esta ley pretende reforzar el principio de solidaridad que, según
ustedes, también fundamenta su propia proposición no de ley. Y a esos
efectos la ley, y ustedes lo conocen, ya recogió una serie de medidas que
beneficiaban, tanto en duración como en cuantía de la pensión, a viudas y
huérfanos. Esta ley también pretende, como ya he dicho, mantener el
equilibrio financiero de nuestro sistema de protección social. ¿Y ustedes
creen que es serio, apenas hace dos meses que ha entrado en vigor esa
ley, cuando no se pueden valorar todavía sus efectos beneficiosos, que se
cuestione la aplicación de algunos de sus preceptos?
La entrada en vigor de la ley, y ustedes han sido Gobierno durante más de
13 años y deberían saberlo, no permite consolidar o racionalizar el
sistema, ni mucho menos tampoco mantener ya el perseguido equilibrio
financiero, sino que estos objetivos sólo resultarán alcanzados tras su
adecuada aplicación. La ley debe ser valorada y aplicada en su conjunto,
porque si no puede verse distorsionada en cuanto a los efectos positivos
que pretendemos. En consecuencia, no parece posible soslayar esa primera
impresión de oportunismo político que produce esta proposición de ley. A
ello, y reitero argumentos, contribuye indudablemente: uno, la falta de
rigor técnico en su redacción, que evidentemente la redactaron ustedes
deprisa; dos, la contradicción de su texto normativo con la exposición de
motivos del mismo; tres, su fecha de presentación, sólo un mes después de
la promulgación de aquella que pretende reformarse; y, además, porque en
este texto normativo, a todas luces --reitero-- de redacción precipitada,
ni siquiera hacen ustedes una referencia a los artículos que pretenden
reformar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
Busquen las referencias al artículo 11 de la actual ley o al artículo 48
que modificaba ese artículo 11.
En la exposición de motivos de su proposición de ley, ustedes justifican
la falta de absorción en la necesaria redistribución en favor de las
pensiones más bajas. Pero es que ustedes se han equivocado de proposición
de ley. Esa era la exposición de motivos de la que han retirado, en
aquella que pedían que se aplicaran las pensiones más bajas, no en ésta
en que generalizan todas las pensiones, porque lo que consiguen
justamente es el efecto contrario. No me imaginaba a ustedes en ningún
momento --y se lo digo de corazón-- defendiendo a los que más tienen para
quitar a los que menos tienen, pero justamente con su proposición, con
esta subida lineal, es verdad que lo que consiguen es que el sistema no
tenga reserva suficiente para, como dispone la ley, en algún momento
poder elevar las pensiones más bajas. Con su proposición de ley, si se
aprobara, esa posibilidad quedaría vedada, cerrada. Resulta, pues,
evidente que esa proposición beneficiaría a quien más tiene, perjudicaría
a las generaciones futuras y, permítanme que yo me preocupe por ello,
dificultaría la mejora efectiva con la consiguiente discriminación para
quienes perciben hoy los mínimos de pensiones. Sólo razones ajenas a
planteamientos rigurosos traen consigo que se puedan presentar
proposiciones como la que hoy nos ocupa.
Pero no quiero acabar, señor presidente --y termino ya, apenas treinta
segundos--, sin formular un deseo. El deseo es del Partido Popular, del
Gobierno popular, y es procurar la elevación de las cuantías de las
pensiones más bajas, finalidad que parece perseguir su proposición de
ley, pero que no se podría conseguir nunca con su aprobación.
Sólo tras la aplicación de la Ley de consolidación y racionalización del
sistema de la Seguridad Social podrán evaluarse las disponibilidades
reales del sistema, y sólo después de eso podríamos tomar en
consideración una proposición de ley como la que ustedes han presentado
hoy aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, S. S.
debe concluir de forma inmediata.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo de forma inmediata, señor presidente.
Nosotros abrigamos la esperanza de que si en un momento determinado
ustedes son responsables vuelvan al camino que nunca debieron abandonar:
el del consenso, el del equilibrio y la concordia. Sé que mis palabras no
les llevarán a ello. Para ello permítanme
--y permítame, señor presidente-- hacer una cita que a lo mejor resultará
de autoridad para ustedes. Alguien manifestó en esta Cámara, allá por el
mes de marzo de 1995, lo siguiente: Hoy podemos decir a los españoles que
aquí hay un compromiso serio de mantenimiento de los rasgos fundamentales
del sistema público de pensiones, que nosotros nos jubilaremos con
idénticas técnicas a como se han jubilado nuestros padres y nuestros
abuelos, que el sistema no está peligro porque hay una voluntad política
de que este sistema se mantenga, dadas las grandes aportaciones de todo
orden que hace a la convivencia nacional.
Hoy, señor presidente, nosotros suscribimos aquellas palabras de la a a
la zeta. Esperamos que hoy aquellas palabras que pronunció el señor
Cercas Alonso sean también suscritas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Le he de decir, señor Camps, que lo siento
mucho, pero yo soy muy optimista y nunca me doy por vencida. Soy como el
Alcoyano, que aunque pierda por once sigo pidiendo prórroga porque aspiro
a ganar.
Usted en esta tribuna ha estado echando balones fuera en términos
futbolísticos, pero no nos ha dicho si realmente se van a respetar esas
cantidades.
Voy a contestarle a dos o tres menciones que usted ha hecho. El 70 por
ciento de las pensiones en nuestro país están por debajo del salario
mínimo interprofesional --me lo acaba de recordar un diputado de
Izquierda Unida-- y les estamos cuestionando 500 pesetas, el 0,4 por
ciento. Y usted me da un argumento que --permítame que le diga-- es de
risa. Dice que si se aprueba la proposición no habrá beneficios en la
Seguridad Social y dentro de unos años no se podrán subir las pensiones
más bajas. Las pensiones más bajas corresponden a las personas más
mayores. Si esperamos tanto a revalorizarles la pensión se lo tendremos
que llevar a la tumba porque ya no estarán.
Como yo aspiro a que esas personas disfruten en vida, que es cuando lo
necesitan, por eso les pido la revalorización ahora. Y usted me habla del
Pacto de Toledo. Ese librito que tiene usted me lo he repasado yo de cabo
a rabo. No hay ni un solo artículo que diga que esto que yo estoy
proponiendo no se pueda hacer. Lo que sí he deducido de su lectura es que
el Grupo Socialista no ha cambiado de posición, y los que tampoco han
cambiado son ustedes. Lo que está manifestando hoy aquí se desprende de
la posición que mantienen ustedes.
Dice usted que nosotros hemos hecho una propuesta a los dos meses de
publicada la Ley 24/1997. Señor Camps, qué memoria más frágil tiene. La
semana pasada, no tan lejos, usted mismo defendió una proposición de ley
en la Comisión de Política Social y Empleo que, si no me equivoco,
pretendía reformar la Ley 24/1997. Y la retiró --eso sí-- después de
debatir consigo mismo un cuarto de hora, ya que han incluido esa
modificación en la ley de acompañamiento. ¿O es que se puede reformar la
Ley 24/1997 por unos sí y por otros no? ¿O es serio que sí lo hagan unos
y no lo es el que lo hagan otros? Todo es serio y todo está realmente
legislado.
Para ir contestando a lo que usted plantea, en cuanto a que toca un año
de coherencia en la oposición, yo creo que tenemos un año y pico ya de
oposición coherente, y vamos a tener más, pero coherencia no significa ir
contra nuestros principios y no defender a quienes tenemos que defender.
Coherencia significa que en el momento en que ustedes toquen cosas
fundamentales se acabó lo que se daba y hay que defenderlas, y lo
defenderemos aquí y fuera de aquí.
Por otra parte, en todo su discurso se ha quedado sin decir al final qué
argumentos le va a dar usted a un pensionista que cobra 60.000 ó 90.000
pesetas cuando le diga: no le vamos a subir el 0,4 porque le tengo que
subir el 30 por ciento a los secretarios de Estado, que con 600.000
pesetas los pobrecitos no pueden vivir. Pero además a los secretarios de
Estado no les quedará fijado el salario para el futuro, parece que esto
no va a cuenta del Estado, que éstos no cobran de los presupuestos
generales. Tanto cobra uno como otro, y lo que no es posible es ser
cicatero con los que menos tienen para dárselo a los que más tienen, y
encima, subir a esta tribuna y decir que yo vengo a defender aquí a los
que más tienen. Yo vengo a defender aquí a los pensionistas, a los que
cobran poco especialmente, pero de paso también a todos los pensionistas,
por qué no, y repito, yo no quiero que dentro de veinte años haya
superávit en la Seguridad Social para revalorizar las pensiones mínimas
de hoy, puesto que muchos ya no vivirán.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López i
Chamosa, le ruego concluya.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Concluyo.
Para atenerme, por una vez y sin que sirva de precedente, a la petición
del presidente, voy a terminar leyéndole a usted también un parrafito que
no es mío, es una respuesta del señor Aznar, presidente del Gobierno, al
señor Eguiagaray. No le voy a leer todo para no cansarle. Dice así:
Pueden estar tranquilos, su poder adquisitivo --se refería a las
pensiones-- está garantizado, y las décimas de ganancia que van a tener
en 1997 serán íntegramente respetadas.
Toda su argumentación, más que referirse a mi proposición, ha sido para
rebatir lo que el presidente del Gobierno ha dicho aquí. Entonces, es
verdad, ustedes cambian.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López, le
ruego concluya.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Ustedes cambian de posición y no tienen ningún
problema en admitirlo, ni siquiera se ponen colorados cuando lo admiten,
pero, por favor, respeten un poco más a su presidente del Gobierno. Ello
me reafirma en que la proposición es correcta. Si no lo conseguimos hoy
no piense que no seguiremos peleando por defender las pensiones de
nuestros mayores, y de paso también las nuestras para cuando nos
jubilemos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): El señor Camps
tiene la palabra.
El señor CAMPS DEVESA: Señor presidente, señorías, a veces uno tiene la
impresión en este hemiciclo, en ciertos debates como el de hoy, de
asistir a un curso de demagogia acelerada. No tergiversen las palabras de
este portavoz. No nos acuse de decir lo que nunca hemos dicho ni nos
acusen de hacer lo que nunca hemos hecho. Además, deberían ser
consecuentes, al menos la responsabilidad política así lo pide, con las
propias proposiciones de ley que presentan. Yo creía, señora López
Chamosa, que hoy no estábamos discutiendo aquí lo que ya dejó claro el
presidente del Gobierno; yo creía que estábamos discutiendo una
modificación legal que intentaba cambiar una ley en lo venidero. Porque
no parecieron enterarse hace quince días, cuando el presidente del
Gobierno --que no sé si les merece poco crédito, lo repetiré yo por si
les merece mi persona un mayor crédito-- les dejó bien sentado y a las
claras que el año que viene los pensionistas de este país iban a percibir
una subida de sus pensiones del 2,1, en relación con el índice de precios
al consumo, sin que se aplicara cláusula de absorción alguna. Y que ello
era, evidentemente, no porque los señores del Grupo Socialista se
hubieran cansado de crear alarmismo social durante los meses anteriores,
sino porque había informes jurídicos que así lo entendían y decían que
era la manera de aplicar la ley a la que tanto hemos hecho referencia.
Señora López Chamosa, yo no le he dicho a usted que venían a defender
aquí a los que más tienen contra los que menos tienen. Usted misma ha
manifestado que muchos de nuestros pensionistas viven hoy gracias a los
capitales que pudieron ahorrar durante su etapa productiva. Supongo que
serán aquellas personas que tanto denosta usted porque tienen rentas del
capital, ya que si viven de ello será porque les dan esas rentas, y
ustedes no se han cansado en esta Cámara de decir que cómo no subimos el
IPC a los pensionistas cuando, en cambio, las rentas de capital están
generando lo que generan en nuestro país. Pues esa política económica, y
usted lo ha reconocido, está trayendo consigo que muchos pensionistas que
tienen rentas, mejoren también su capacidad adquisitiva al margen de la
mejora que se produce cada año vía Presupuestos Generales del Estado.
Usted ha dicho: ¿van a ser tan cicateros de no subirles 500 pesetas a los
pensionistas? ¿Sabe quiénes son los únicos en este país que se han
quedado 500 pesetas de los pensionistas en sus bolsillos? Ustedes, sus
gobiernos, cuando fijaban índices de precios al consumo muy por debajo de
los que iban a ser los precios al consumo reales, y durante todo un año
esas cuantías las tenían para destinarlas a otros fondos y en detrimento
de los bolsillos de los pensionistas. Con ustedes, los pensionistas de
este país, durante un año entero, tenían menos dinero del que les
correspondía, y sólo al final ustedes les daban, y además que pareciera
de forma graciable, una paga extraordinaria como si se la regalara quien
estaba en el poder. Eso, señores, en este país se ha acabado. (Aplausos.)
Los pensionista ganan mes a mes poder adquisitivo con un Gobierno del
Partido Popular y no hace falta ninguna paga graciable al finalizar el
año o al principio del siguiente, que no se sabía muy bien de dónde
venía. Con el Gobierno del PP eso son hechos y no juicios de intenciones.
Los pensionistas no sólo mantienen su capacidad adquisitiva, sino que
además mejoran ese poder adquisitivo. Ya sé que ustedes dicen que a
algunos les venía del cielo, recuerdo que a su líder le llamaban dios,
tal vez por eso hagan esa comparación. Pero no se pongan nerviosos, no
caigan en incoherencias, no caigan en contradicciones porque no todo vale
para el fin que ustedes persiguen.
Lo que ha sucedido, señorías, es que el guión que ustedes tenían
preparado no ha salido. Aquí tenía que llegar un Gobierno del Partido
Popular y acabar con el sistema público de protección social. (Varios
señores diputados: !Oh!) Aquí tenía, señorías, que llegar un Gobierno del
Partido Popular y reducir o dejar de pagar las pensiones. (Varios señores
diputados: !Oh!) Aquí tenía, señorías, evidentemente, que llegar un
Gobierno del Partido Popular y poner en quiebra lo que ustedes denominan
Estado del bienestar. Y la realidad ha sido muy distinta. Ha llegado un
Gobierno del Partido Popular que no sólo paga las pensiones, sino que
mejora la capacidad adquisitiva de los pensionistas y, además, hace
denodados esfuerzos para mantener el sistema para la pervivencia de las
generaciones futuras. Aunque --y eso sí que es verdad, señorías, y no sé
si ahora me acompañará el coro de voces que antes he oído-- hicieron
ustedes lo posible para que eso no ocurriera.
Recuerden ustedes, y hay algunas personas en su grupo parlamentario...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Hay algunas personas en su grupo parlamentario que tenían
responsabilidades de gobierno entonces. ¿Recuerdan ustedes que en el año
1996 no contemplaron partida presupuestaria alguna para la subida del
3,5? ¿No querían entonces que se pagaran las pensiones? ¿Recuerdan
ustedes que tomaron un acuerdo de no disponibilidad de 178.000 millones
de pesetas justamente en el crédito a la Seguridad Social? ¿Recuerdan
ustedes, ya en esta legislatura, que se negaron a apoyar en este
Parlamento un crédito para tapar las insuficiencias de las que ustedes
eran responsables y que sirvió para pagar la extraordinaria de diciembre
del año pasado de los pensionistas?
Señores de la oposición, del principal grupo de la oposición, sus
palabras muestran preocupaciones que los hechos desmienten. Intentan
ustedes, sin conseguirlo, crear alarmismo social allá donde no existe.
Porque ¿recuerdan ustedes también ciertas cartas de consejeros de sus
comunidades autónomas diciendo que ellos iban a ser, tras la rebaja de
las pensiones que iba a efectuar el Partido Popular, quienes las pagaran
sin encomendarse ni a Dios ni al diablo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
Y todo esto como si tuvieran patente de corso. O les refresco la memoria
más cercana. ¿Recuerdan ustedes manifestaciones suyas en esta Cámara
donde el señor Cercas dijo claramente que el sistema de Seguridad Social
no iba bien? O como han manifestado algunos portavoces autorizados fuera
de esta Cámara que dijeron que el sistema de Seguridad Social está en
crisis. Si ustedes tienen datos para hacer afirmaciones tan graves,
explíquenme, señorías, como traen proposiciones de ley a esta Cámara que
lo único que pueden suponer son incrementos de gasto. Si el sistema está
mal, ¿quieren acabar de cargárselo? Unicamente si el sistema está bien
tendrían justificación para hacer lo que hacen. Pónganse de acuerdo con
ustedes mismos y luego vengan a esta Cámara e intenten convencernos a los
demás, porque, señorías--termino, señor presidente--, no existe
intranquilidad entre nuestros pensionistas; la única intranquilidad,
nerviosismo y alarma es la que tienen ustedes, están ustedes nerviosos,
alarmados e intranquilos. (Rumores.) Pero no se preocupen, con
actuaciones como la de hoy, con actitudes como la de hoy van a tener
mucho tiempo para tranquilizarse en la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos.--La señora López i Chamosa pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Señora López i Chamosa, el turno de réplicas está concluido.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Se han introducido elementos que no habían
sido dichos en la primera intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López i
Chamosa, el turno de réplica y contrarréplica se cierra en el momento de
la intervención...
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Le pediría medio minuto. Piense que esta
diputada es nueva y por un minuto no le va a pasar absolutamente nada a
la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López i
Chamosa, por supuesto que no le va a pasar nada a la Cámara, pero le
ruego que no consuma ni tres minutos y que, efectivamente, se refiera a
un asunto que no haya sido considerado en los turnos de réplica y
contrarréplica. En caso contrario, le quitaré la palabra a su señoría.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Sólo dos cosas. Usted ahora mismo ha utilizado un argumento contrario a
lo que me ha dicho en la primera intervención. Me dice que no se puede
aceptar esta proposición de ley porque el que las pensiones suban por
encima del IPC es malo y no se puede aguantar, y acto seguido me dice que
durante el Gobierno socialista las pensiones han crecido por debajo. Si
han crecido por arriba no han crecido por abajo.
Usted dice --y termino con esto--: lo que no entiendo es que acepten para
1998 la subida tal como dice usted y que luego lo nieguen para años
venideros. Yo sólo le digo que es mejor tener un dios que no tener nada.
(El señor Camps Devesa pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, ruego
a S. S. que intervenga con la misma brevedad y simplemente en los asuntos
que la señora López ha planteado para cerrar el debate de réplicas y
contrarréplicas.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Intentaré ser absolutamente breve teniendo la conciencia de que va a ser
imposible convencer o explicar algo a quien no lo quiere entender. Pero,
señora López i Chamosa, el último diputado de esta Cámara al que oí decir
que era laico era de su grupo, no del mío. Además, ese mismo diputado
tenía bastante más claras las cuestiones sobre Seguridad Social que
usted, que ha demostrado en su discurso que las tiene bastante en la
nebulosa.
Este diputado nunca ha dicho que ustedes subieran las pensiones por
debajo del IPC; lo que ha dicho es que durante un año entero ustedes se
quedaban
con el dinero de los pensionistas en el bolsillo para abonar una paga
graciable al principio del año siguiente, y lo hacían año tras año.
(Rumores.) Y lo que ha dicho este diputado es que con un Gobierno del
Partido Popular los pensionistas tienen ese dinero en sus bolsillos mes a
mes y no hace falta abonarles esa paga al año siguiente. Lo que también
ha dicho este diputado es que para el año 1998, y en virtud de dictámenes
jurídicos que así lo estiman, no es de aplicación lo dispuesto en ese
artículo que ustedes hoy pretenden modificar y que, por tanto, no será
aplicable la cláusula de absorción que en el mismo se dispone. Y los
pensionistas de este país tendrán un aumento del 2,1, que es el IPC
previsto, en relación con la pensión que hoy vienen recibiendo. Lo que ha
dicho este diputado es que lo que ustedes pretenden con la proposición
que han presentado en el día de hoy en esta Cámara simplemente es que los
pensionistas que más tienen ganen más y que los pensionistas que menos
tienen no tengan posibilidad de ver mejoradas sus pensiones porque
ustedes lo impiden con esa proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Camps.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Peralta,
que compartirá su tiempo con el señor Vázquez.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a la vista de las derivaciones teológicas a que ha dado lugar
este debate sobre las pensiones, me viene a la memoria, aprovechando la
presencia del señor Carrillo en la tribuna de invitados de esta Cámara,
un debate, hace años, en el que esta persona se permitía dirigirse a los
grupos mayoritarios pidiéndoles razón sobre el tema que estaba en
discusión.
Es bueno recordar que estamos hablando de revalorización de pensiones, y
es bueno saber que éste era un tema muy importante en nuestro país por
dos razones. En primer lugar, porque veníamos de una realidad sociológica
de pensiones muy bajas, por el sistema de bases tarifadas, muy por debajo
del salario real que en este país existía en la dictadura. Esa realidad
sociológica obligaba, por justicia, a la revalorización de pensiones.
Primera razón.
La segunda razón es el coste económico importante que tenía esa
revalorización, hasta tal punto, señorías --y hay que decirlo aquí--, que
el sistema privado de pensiones no garantiza eso y lo garantiza el
sistema público; es bueno, insisto, decirlo aquí. Y hay que decir
también, señorías, que ese objetivo tan importante de la revalorización
de pensiones en nuestro país hoy está conseguido por el esfuerzo de
todos, pero en buena medida por el esfuerzo de los gobiernos socialistas,
que lo plasmaron en ley, en primer lugar, en el año 1995, y, finalmente,
por el impulso de una mayoría progresista en la anterior legislatura, que
consiguió el Pacto de Toledo, desarrollado en esta legislatura, pero que
nació, repito, en la anterior por el impulso de una mayoría progresista.
Se ha conseguido y es bueno que reconozcamos esa historia.
Ahora se plantea un supuesto excepcional, el del año 1998, en el que
resulta que el IPC previsto queda por encima del IPC real. Ese tema,
señorías, hoy ya está resuelto, y creo que es bueno también decir que lo
ha conseguido, fundamentalmente, la presión del Grupo Socialista, porque
el Gobierno del Partido Popular dudaba de ese tema, daba largas, hablaba
de informes jurídicos, y un día decía una cosa y otro día otra; ha sido,
finalmente, la presión del Grupo Socialista la que ha conseguido que ese
tema quede resuelto, pero, insisto en ello, ya está resuelto. Harán
ustedes bien en apuntarse ese tanto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta, se
está usted apartando del micrófono y es imposible que se pueda escuchar a
su señoría en la sala.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Lo que ustedes plantean aquí va más lejos. Tiene un coste económico muy
importante. En un informe publicado durante la época de un gobierno
socialista se decía que un punto anual de revalorización por encima del
incremento del IPC para el año 2030 supone que el gasto de protección
social sea cuatro puntos más sobre el PIB, una desviación muy notable. Me
permitiría decir, en base a esa situación, que no utilicemos este tema,
porque creemos que necesita un consenso político y social muy importante
que aquí no se ha planteado por el Grupo Socialista, pero que tampoco lo
planteó el Grupo Popular cuando expresó que las pensiones de viudedad se
pudieran mantener después de casarse, si es que se sigue haciendo ese
tipo de utilización. Sería bueno que no llegáramos, si es posible, a que
un tema que está resuelto se convierta en un elemento de división de la
Cámara.
Nosotros, hechas estas consideraciones, tenemos que decir que apoyaremos
la proposición, pero nos parece que no es bueno para el consenso
necesario en este tema que este tipo de debates se produzcan, cuando el
Partido Popular y el Gobierno se han comprometido a respetar la
desviación del año 1997 y eso ha sido, sin lugar a dudas, un mérito de la
oposición.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Voy a intervenir brevemente, en
nombre del Bloque Nacionalista Galego, para apoyar la toma en
consideración de la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista y
que pretende la modificación parcial de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Efectivamente, en su actual redacción, esa ley permite que si el IPC
previsto es inferior al IPC real, la diferencia a favor de los
pensionistas pueda ser absorbida en la revalorización que corresponda
realizar en el siguiente ejercicio. Es verdad también que el Gobierno se
comprometió a que tal posibilidad no se llevase a efecto en el año 1998,
aunque inicialmente hubo opiniones favorables a aplicar --tal cual-- la
ley vigente. Sin embargo, convendría --tal y como se dice en la
proposición de ley-- que no pudieran aparecer dudas en ese sentido en
años venideros, y para eso nada mejor que no dejar abierta la posibilidad
legal de absorción de la diferencia positiva para los pensionistas,
porque aquí, en esta Cámara, todo el mundo (y el Gobierno también) afirma
que uno de sus objetivos es mantener y mejorar las pensiones; unas
pensiones que, efectivamente, no hace falta insistir, en muchos casos
alcanzan una cuantía de subsistencia y, por cierto, más aún en una
comunidad autónoma como la de Galicia, donde los pensionistas reciben
cantidades muy por debajo de la media del Estado en un proceso que se
agudiza año tras año. En esta situación no parece justo ni solidario que
se detraigan las décimas de más que pudiesen percibir como consecuencia
de esa diferencia de previsión entre IPC previsto e IPC real, y más aun
cuando, efectivamente, el Gobierno no cesa de afirmar que la economía va
bien. En ese contexto parece aún más razonable que también la economía de
los pensionistas --que trabajaron y cotizaron durante muchos años-- pueda
ir algo mejor.
Por tanto, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a comenzar por hacer una reflexión a los
dos grupos mayoritarios, al grupo que apoya al Gobierno --al Grupo
Popular-- y al principal grupo de la oposición --el Grupo Parlamentario
Socialista--, y es que tengamos mucho cuidado en no volatilizar el
patrimonio común que tenemos con el Pacto de Toledo. A mí me preocupa
tremendamente que nos separemos de lo que en 1995 fue un consenso logrado
por todas las fuerzas políticas y plasmado en ese documento; no debemos
separarnos ni de la letra ni del espíritu.
El Pacto de Toledo viene a consagrar dos principios fundamentales. El
primero es garantizar el sistema público de pensiones, que se fundamenta
en el principio del equilibrio financiero, pero el equilibrio financiero
no es una frase retórica, es algo objetivable. Y derivada de esta primera
cuestión está la segunda, que es el mantenimiento del poder adquisitivo
de las pensiones mediante la fórmula de su revalorización o su
actualización automática, para lo cual se busca la referencia al índice
de precios al consumo, por tanto, a la inflación y la atemperación para
mantener siempre la garantía del equilibrio financiero.
Este debate parece que trae causa de una buena situación económica,
porque cuando no teníamos el referente de una inflación por debajo de la
estimación del Gobierno, decíamos que el IPC siempre estaba saliendo por
encima de la estimación pues estaba funcionando la fórmula de
actualización, y ahora se ha planteado este asunto de un IPC por debajo
de la estimación. Ha habido debates aquí en 1995, en 1997 con la Ley
24/1997, de 15 de julio, y el mes pasado en razón de una interpelación y
una moción consecuencia de interpelación que trajo el Grupo Socialista,
oportunamente, y que sirvió para clarificar posiciones sobre estos
aspectos. Pues bien, nosotros pedimos que haya respeto al espíritu y a la
letra de los Pactos de Toledo, porque si jugamos con fórmulas que alteren
el equilibrio financiero no habrá quién nos mantenga la garantía del
sistema público de pensiones. Ahí están para confirmarlo todos los
estudios económicos que están saliendo, que hablan de que si dentro de 15
años, que si dentro de 25 años va a pasar o a dejar de pasar.
De la exposición de motivos que trae la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista tengo que destacar unos párrafos con los que
coincido, que son, el primero, cuando invoca el principio que rigió la
Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social para la revalorización anual, porque es importante, y
segundo, cuando emplea por dos veces la referencia a las pensiones de
baja cuantía. Nosotros consideramos que la propuesta de la iniciativa que
trae el Grupo Parlamentario Socialista, a nuestro juicio, adolece de dos
incongruencias con su propia exposición de motivos, y éstos son la razón
y el fundamento por los que mi grupo no va a apoyar su iniciativa.
En primer lugar, porque creemos que no es justo, no es de justicia social
la generalización, pues saben ustedes que la horquilla de pensiones es
muy amplia, y ustedes, que están en la salvaguarda del espíritu de los
Pactos de Toledo, se van a las pensiones de menor cuantía. Nosotros
queremos, y hemos presentado una enmienda a la ley de acompañamiento a
los Presupuestos Generales del Estado, que estas pensiones de baja
cuantía estén señaladas por el límite del salario mínimo
interprofesional, de ahí para abajo. Pero, ¿cómo vamos a aplicar el mismo
sistema generacional a las pensiones altas? Ahí sí que quiebra el
principio de justicia social. No se puede generalizar una medida
cuando tenemos esa horquilla tan amplia de pensiones verdaderamente
lamentables, muy por debajo del salario mínimo interprofesional, y otras
pensiones que ustedes saben qué cuantía tienen por arriba. Yo me alegro
por los que han podido cotizar de manera que tengan estas pensiones, pero
lo que no puedo es aplicar el principio de justicia social a los dos
extremos de la horquilla, porque la estaría aplicando a los de abajo,
pero, por agravio comparativo, no la aplicaría a los de arriba.
En segundo lugar, nosotros creemos que la propuesta que ustedes traen,
por ser generalista, por no circunscribirse sólo a las pensiones de menor
cuantía, a las que están por debajo del salario mínimo interprofesional,
no es rigurosa en términos de equilibrio financiero, porque esto puede
alterar muy sensiblemente ese equilibrio financiero, y como lo alteremos,
aquí no hay garantía del sistema público de pensiones. O está garantizado
el equilibrio financiero de la Seguridad Social en la vía de las
pensiones o el sistema quiebra en un crack que cae por su propia
estructura.
Pero no olvidemos, señorías, que en los Pactos de Toledo, junto a estos
principios de mantenimiento, los dos fundamentales que he señalado, tanto
en lo que se refiere al mantenimiento del sistema financiero y la
garantía como a la actualización de las pensiones, hablamos de hacer un
seguimiento, dado que el sistema financiero es objetivable por los
parámetros que lo definen. Lo que no nos parece, por tanto, de recibo es
que la norma que se trata de implantar con esta iniciativa, sea una norma
fija. Esta norma tiene que ser anual. Al señor Cercas, en el debate de
septiembre, le dije que esperábamos a la presentación por el Gobierno del
proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de las medidas de
acompañamiento para hacer, en esta ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, las enmiendas pertinentes año tras
año, porque los Pactos de Toledo nos obligan, en su letra y en su
espíritu, a que las medidas correctoras sobre la garantía financiera se
hagan anualmente, ya que varían las circunstancias, y qué más
circunstancia ejemplar ha variado que el IPC, incluso la posición que
todos teníamos de mantener la rutina de creer que el IPC real estaba
siempre por encima de la estimación del Gobierno para la actualización de
las pensiones.
Por estas razones, señorías, no podemos renunciar en esta Cámara a la
exigencia que nos impone el Pacto de Toledo sobre el seguimiento y
evaluación periódica de las magnitudes que intervienen en el equilibrio
financiero para tomar las decisiones, y estas decisiones tienen que ser
anuales. Este es el motivo por el que, repito, hemos presentado una
enmienda en relación con las medidas de acompañamiento, para que esta
acción de justicia social sobre las pensiones en su actualización se
concrete y se refiera, únicamente, por este principio de justicia social
y de salvaguarda, de hacerle el menor daño posible al equilibrio
financiero, a las pensiones que están por debajo del salario mínimo
interprofesional, porque creemos que no se puede jugar con esto.
Termino como empecé, con una llamada a que, entre todas las fuerzas
políticas --al margen de cualquier debate circunstancial y del
oportunismo legítimo que tienen para presentar estos planteamientos--,
mantengamos en salvaguarda el patrimonio que nos dimos de garantía del
sistema público de pensiones, lo que constituye el espíritu y la letra de
los Pactos de Toledo.
Señorías, por todo esto nosotros vamos a votar en contra de la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que recientemente este
Parlamento, a través de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación
y racionalización del sistema de Seguridad Social, en su artículo 11, ya
estableció, la revalorización anual de las pensiones, conforme a la
evolución del índice de precios al consumo.
De acuerdo con lo establecido en el Pacto de Toledo se ha racionalizado
una situación, aclarando momentos anteriores de incertidumbre para los
pensionistas. La citada ley está pendiente de diversas reglamentaciones
que la desarrollen, a través de las cuales habrá que concretar
situaciones como las que plantea esta proposición de ley, así como otras
que eviten debatir continuamente aspectos de carácter reglamentario y que
dan origen a diversos planteamientos con cierto tufo oportunista.
Asimismo, este desarrollo reglamentario, que regule de forma clara y
permanente la reciente legislación, debe introducir garantías y
seguridades para los afectados, evitando incertidumbres a los
pensionistas. Por tanto, no nos parece oportuno en este momento
desarrollar otra ley que se solape sobre una reglamentación aún no
claramente desarrollada y que puede ser el origen de nuevas, continuas y
oportunistas proposiciones.
Por todo ello, no vamos a apoyar esta proposición de ley, pero, al mismo
tiempo, instamos al Gobierno español a que desarrolle, a la mayor
brevedad posible, la reglamentación que corresponde a la Ley 24/1997, de
15 de julio, entre otros aspectos en lo relativo a la revalorización
anual de las pensiones.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Muchas gracias, señor presidente.
El 15 de febrero de 1994 el Grupo Parlamentario Catalán presentaba una
proposición no de ley que, en su proceso final, llevó a los Pactos de
Toledo. Entonces se planteaba esta iniciativa desde el Grupo
Parlamentario Catalán, y creo que era asumida por todos los grupos de
esta Cámara, con el objetivo de evitarnos debates como el de hoy.
Los portavoces de los grupos de dimensión menor que los grupos Socialista
y Popular, que me han precedido en el uso de la palabra, han recordado
este hecho. El Pacto de Toledo tenía dos objetivos: el que expresaba su
literalidad, que era conseguir que el sistema público de pensiones fuese
viable hoy y en el futuro más inmediato y, sobre todo, evitarnos que
estas cuestiones fueran moneda de acusaciones de tipo estrictamente
partidista, a veces con afirmaciones de un tono verdaderamente
demagógico. Pero el debate con que nos han obsequiado esta tarde los
portavoces de los grupos parlamentarios Socialista y Popular se aleja
absolutamente del espíritu del Pacto de Toledo, y creo que en todos los
grupos de la Cámara ha creado un nivel importantísimo de incomodidad; de
incomodidad por las formas y de incomodidad por el fondo.
Nuestro grupo, en este debate y en el futuro, va a intentar que aquello
que constituía el núcleo esencial del pacto, que era la voluntad de
situar más allá de la polémica partidista la cuestión de las pensiones,
se mantenga. En este sentido entendemos que la Ley de racionalización que
se aprobó hace escasísimos meses, responde en su literalidad al espíritu
del Pacto de Toledo, porque fue resultado del consenso con los agentes
sociales --el texto que el Gobierno hizo llegar a la Cámara respondía a
lo pactado con UGT y Comisiones Obreras-- y, además, en la votación final
que tuvo lugar en esta Cámara también se reflejó esa unanimidad. Incluso
en la votación del artículo hoy objeto de esta iniciativa del Grupo
Socialista, también se reflejó ese consenso. Una ley, hija del Pacto de
Toledo, que pretendía estabilizar ese sistema público de pensiones y que
lo hacía desarrollando la recomendación número 11 del citado pacto.
Afrontar hoy reformas de esta ley tan sólo nos lo podemos plantear desde
la perspectiva con que se planteó el proceso del Pacto de Toledo, con la
voluntad de llegar a un consenso, estudiando las consecuencias reales de
las medidas que imponemos y no desde la frivolidad de imponer medidas que
pretendemos entender que pueden crear un impacto positivo entre la
ciudadanía.
El Pacto de Toledo, en su recomendación número 15, ya plantea la
necesidad de la revisión de los acuerdos. Entendemos que los acuerdos no
constituyen un sistema cerrado, sino que, por necesidad, cada determinado
tiempo --y en principio cada cinco años-- ese pacto debe ser revisado.
Entendíamos que estábamos ante una cuestión con la que no se podía jugar
y que, por lo tanto, cualquier proceso de reforma, cualquier proceso de
avance, cualquier proceso de generalización del sistema, debería ser
tratado con mucha delicadeza. Por ello creemos que la propuesta que hoy
se nos plantea y el debate que se genera nos aleja de esta idea.
Debemos observar cómo en los próximos años se desarrollan las previsiones
contenidas en la ley. Debemos avanzar en aquello a lo que otros
portavoces se han referido, como es la necesidad de incidir donde
realmente se produce una situación de injusticia, que es en aquellas
pensiones más bajas, en las pensiones de viudedad. Hemos de ser capaces
de lograr el aumento de esas pensiones sin romper la base del sistema en
el corto plazo y, sobre todo, sin romperla en la perspectiva de los
próximos quince años. Creo que las personas que participaron activamente
en los procesos que concluyeron en el Pacto de Toledo saben que la
cuestión de la revalorización sobre el índice de precios al consumo tiene
consecuencias financieras para el sistema según con qué parámetros se
realice. Ello implica que el debate debemos afrontarlo con muchísima
responsabilidad.
Nosotros vamos a estar atentos a este proceso. En el marco de los
presupuestos generales, vamos a estudiar las posibles enmiendas que vayan
en este sentido, pero vamos a procurar que políticamente los grupos
mayoritarios de esta Cámara no sitúen esta cuestión estrictamente en el
terreno de la confrontación partidista y desde posiciones demagógicas,
porque entendemos que desde estas posiciones no avanzamos en aquello que
era fundamental en el Pacto de Toledo: preservar para el futuro un
sistema público de pensiones que garantizase el Estado del bienestar en
el Estado español.
Por ello queremos anunciar nuestro voto negativo a la toma en
consideración de esta proposición del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señorías, la verdad es que la proposición de ley
que hoy estamos discutiendo, más que oportunista es oportuna. Voy a decir
por qué es oportuna y después diré por qué a nosotros nos gusta más la
música que la letra, ya que va precedida de un preámbulo y exposición de
motivos que nos gusta y hubiéramos ido más allá. ¿Saben ustedes por qué
es oportuna? Por dos razones. Porque desde Presidencia del Gobierno hay
quien no para de barear las pensiones. Y en el mes de septiembre el señor
Barea dice
que uno de los sitios para reducir y tener un déficit más ajustado sería
el diferencial de lo que ha sido la previsión del IPC sobre la pensión.
En el mes de septiembre eso fue así. Por eso había incertidumbre entre
los pensionista respecto a si este año se deduciría o no del 2,6 la
diferencia entre el 2,1 --que al final ha resultado el 2,2-- y el resto.
Además, después de la actuación de este señor, que está por ser
permanentemente noticia, se han presentado los presupuestos y el texto
articulado de la ley tampoco solventa este problema, no despeja la duda.
Es más, en la explicación de las clases pasivas de los funcionarios,
entre las tres razones para subir el capítulo 1, de las clases pasivas,
se habla de la subida de la pensión al 2,1, de las personas que se van a
jubilar de más y del diferencial que puede existir. Es decir, en el texto
que se ha presentado para clases pasivas de la Función pública se recogía
esa posibilidad, por tanto, no estaba despejada.
¿Qué hace la propuesta? Despejar eso y decir que no se podrá hacer; que
si el Gobierno se equivoca en la previsión, si el Gobierno dice que va a
subir el IPC un dinero y las pensiones suben para el año siguiente,
después no se pueda descontar. Estamos trabajando sobre cifras que alguna
de SS. SS. ha dado a bote pronto. No, no se trata de las pensiones de
viudedad, sino de la pensión de un jubilado sin personas a su cargo
--saben que ahora cuando uno es jubilado con personas a su cargo cobra
una pensión igual al salario mínimo--, un jubilado normal y corriente
recibe 56.000 pesetas. Hoy tenemos 4,5 millones de pensionistas por
debajo del salario mínimo interprofesional, que es la grandiosa cuantía
de 66.000 pesetas; 4,5 millones de pensionistas en este país cobran menos
de eso. La proposición lo que dice es: Si les han subido durante todo el
año 1997, y ya han percibido un dinero, que ahora no se les descuente, ni
de golpe, ni poco a poco, ni en lo sucesivo tampoco. Eso es lo que viene
a decir la proposición.
Por tanto, creo que hay un exceso de tortícolis, de mirar excesivamente
hacia atrás; vamos a pasar lo de atrás y vamos a mirar hacia delante.
Esta propuesta no la veo en contradicción con nada, ni con el texto de la
ley de acompañamiento, que lo pueden ustedes leer, ni con la ley de
presupuestos, que en una disposición adicional, la decimotercera o la
decimocuarta, saca el tema de la revalorización automática de las
pensiones y establece esto por ley.
¿Cuál es el pero que nosotros le pondríamos a esta propuesta? ¡Hombre!,
que en la exposición de motivos dice textualmente: Se trata de modificar
la actual regulación, permitiendo que también los pensionistas puedan
participar del actual proceso de creación de riqueza, al que
contribuyeron con su propio esfuerzo de trabajo. Eso estaría bien si
fuese acompañado de la revalorización de las pensiones mínimas por encima
del IPC. Eso podría ser una conclusión, y así se defendió en los Pactos
de Toledo. Yo subí a esta tribuna y mantuve un voto particular a los
Pactos de Toledo sobre eso: ¿cómo explicamos al país que hemos crecido
ocho billones de pesetas en tres años, que este año vamos a crecer cuatro
billones y que no hay para subir pensiones mínimas que son de cuantías
tan grandiosas como 25.000 pesetas? Hay 600.000 españoles que tienen
pensiones de 25.000 a 35.000 pesetas y hay 850.000 de 35.000 a 40.000
pesetas. ¿Cómo les explicamos que en esos cuatro billones no hay para
subirles un punto por encima del IPC y acercar su pensión al salario
mínimo? ¿Cómo se lo explicamos? Yo lo defendí en los Pactos de Toledo
--participé en su elaboración y aquí en el debate final-- con un voto
particular, que mantuvimos, y también presentamos una enmienda al
artículo 11 de la última Ley de pensiones para que se recogiera, porque
no es justificable.
Por eso decía que la propuesta se nos queda solamente en la incertidumbre
de lo que podía ser un incremento detraído posteriormente, pero no llega
a esto que aquí se plantea como filosofía. En la exposición de motivos
hay una filosofía que comparto al cien por cien, y que podíamos haber
trasladado a un compromiso en la próxima discusión presupuestaria, sin
mirar hacia atrás. Sea lo que sea lo que haya hecho el Gobierno que
gobernaba antes, ahora podemos hacer lo que queramos, lo que se decida
aquí. La voluntad política es lo que vale, y con esa voluntad política
podemos acometer una revalorización de las pensiones de manera estable,
para acercar la pensión mínima al salario mínimo. En todo caso, estoy
convencido de que esta propuesta viene bien porque da la casualidad de
que se tramita en un momento en el que sería efectiva para el año que
viene, hecho que todavía no se ha producido. De palabra sí, pero, ¿saben
ustedes lo poco que he aprendido de la discusión de presupuestos? No ya
que lo que está se puede no hacer, sino que hay mucho que no está. Tanto
es así que el grupo que apoya al Gobierno, hoy ha pedido ampliación de
plazo para poder presentar una enmienda y ver cómo ajustan ahí un par de
cientos de miles de millones. ¿Por qué no pueden salir 30.000 millones de
pesetas para esto? ¿Por qué no? Falta la voluntad política, y eso es lo
que yo recrimino a los grupos mayoritarios. Con voluntad política se
puede acometer esto, sin voluntad política, no. Ustedes vencerán con la
mecánica, pero no convencerán con el argumento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la
proposición no de ley del Grupo Socialista sobre revalorización de
pensiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 146; en contra, 162; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de
ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
MODIFICACION DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 2 DE MARZO DE 1982, POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OBTENCION DEL PERMISO TEMPORAL DE
PESCA EN AGUAS NO SOMETIDAS A LA JURISDICCION ESPAÑOLA (Número de
expediente 162/000074) El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del
día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la
modificación de la Orden ministerial de 2 de marzo de 1982, por la que se
establecen las condiciones para la obtención del permiso temporal de
pesca en aguas no sometidas a la jurisdicción española.
Para su defensa tiene la palabra el señor Mantilla. (Rumores.) Silencio,
señorías. Ruego a quienes hayan de abandonar el hemiciclo que no formen
corrillos en las puertas de acceso y de salida. Señor Sanz, señor
Llorens. (Pausa.) Cuando quiera, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario, preocupado profundamente por la
lentitud en la tramitación de los permisos temporales de pesca, tiene el
honor de presentar esta proposición no de ley para paliar las
dificultades que vienen atravesando las concesiones de estos permisos
desde 1983. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) La concesión de los permisos temporales de pesca tiene su
antecedente en el Real Decreto 681, de 28 de marzo de 1980. El permiso
temporal de pesca, conocido en el sector pesquero como PTP, es un
documento imprescindible para que los barcos pesqueros puedan salir a
faenar en aguas internacionales o de terceros países. Repetimos que el
Real Decreto 681, de 28 de marzo de 1980, en su artículo 4.º, apartado 3,
establece la obligación de que cualquier barco pesquero que pretenda
faenar en aguas internacionales o de terceros países tenga
obligatoriamente el permiso temporal de pesca, con independencia de la
oportuna licencia para poder faenar.
Este real decreto ha sido desarrollado por la orden del 2 de marzo de
1982, que nuestra proposición no de ley pretende modificar. Esta orden
establece entre su articulado la forma de conceder estos permisos; le
otorga categoría o carácter de autorización administrativa; indica la
prohibición de despachar, es decir, de permitir salir de los puertos a
estos buques sin el oportuno permiso temporal de pesca; obliga a llevarlo
a bordo; y, por último, que es el gran problema, no establece ningún
plazo para la tramitación de esta concesión por los órganos competentes,
en estos momentos la Secretaría General de Pesca a través de la Dirección
General de Pesca. Al no fijar el plazo para su concesión, hay que
remitirse a la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, del régimen jurídico de
las Administraciones públicas, que indica que, a falta de la fijación de
cualquier plazo, el permiso que se establece será de tres meses.
Obviamente, este largo plazo supone un inconveniente que no se puede
contemplar en una actividad pesquera. No se puede contemplar por muchos
aspectos. En primer lugar, porque la concesión del permiso es
tremendamente sencilla; la autoridad pesquera española conoce
perfectamente toda la flota pesquera que existe en España, tiene censos
de todos los buques, tiene censos de cada uno de los caladeros, sabe
perfectamente cuáles son las cuotas que cualquier tercer país tiene
asignadas a nuestra flota, conoce los acuerdos de la Unión Europea con
cualquier otro tercer país, y por tanto, es perfectamente conocedora de
las vicisitudes por las que pasa cualquier buque según se le conceda de
forma más o menos inminente ese permiso temporal de pesca.
En segundo lugar, tenemos un órgano totalmente competente y capacitado
para conceder ese permiso. Nuestra Secretaría General de Pesca tiene
personas perfectamente capacitadas para conceder de forma más o menos
inminente ese permiso. Por descontado, cabe decir que el número de
permisos que hay que conceder cada año no es elevado ni voluminoso.
Generalmente, por desgracia, cada buque pesquero puede faenar una vez,
tan sólo puede tener una marea en el año, lo cual en definitiva supone
tener un permiso temporal de pesca cada año.
Decíamos antes que la Ley 30/1992, del régimen jurídico de
Administraciones públicas, propugna la eficacia de la Administración
pública. La Administración pública tiene que apoyar la libertad de
empresa, tiene que apoyar en definitiva que las empresas puedan
defenderse perfectamente, sin ponerle ningún tipo de impedimento.
Señorías, una demora en la concesión de un permiso temporal de pesca
supone gravísimas repercusiones económicas a un armador. Hay que tener en
cuenta que un armador para que pueda poner en posición de salida su barco
tiene que pertrecharlo y tener a su vez los permisos pertinentes. Estos
pertrechos cuestan decenas y decenas de millones de pesetas y lógicamente
hay que pagarlos a su vencimiento. Por tanto, cualquier aplazamiento en
la salida de este barco está causando gravísimos problemas a los
armadores.
No se puede pretender, como se ha venido haciendo, seguir distinguiendo
entre armadores buenos y armadores malos, armadores a los que se daban el
permiso de forma más o menos inminente y armadores a los que se dilataba
su permiso. Repito que decenas y decenas de millones de pesetas estaban
amarrados al muelle pendientes de capturar el pescado correspondiente con
que poder pagar todas esas facturas.
Hay que tener en cuenta que la actividad pesquera tiene una programación
a medio y largo plazo. Recordemos, señorías, que un barco de gran altura
puede tener cuarenta y cinco tripulantes a bordo, que ya es una mediana
empresa, y esta mediana empresa tiene que programarse, como decimos, a
medio y largo plazo, no puede estar pendiente para conceder esa salida de
un mero papel que, repetimos, es un simple impreso que hay que firmar.
Hay que recordar, y tenemos que recordárselo a algún portavoz que ha
venido aquí protestando de alguna situación, que se ha impedido ir a
faenar y a pescar la gallineta por no conceder el permiso temporal de
pesca oportuno. Hay que recordar que en estos momentos hay diecisiete
capitanes de pesca sancionados, por un importe del orden de los 50
millones de pesetas, porque no tenían el permiso temporal de pesca
oportuno cuando la famosa guerra del fletán. Es decir, armadores que han
intentado ir al fletán sin permiso temporal de pesca o armadores que han
intentado ir al fletán con otro permiso temporal de pesca, por ejemplo,
para los caladeros suboccidentales. Eso ha ocurrido, y eso es lo que
estamos intentando solucionar con esta proposición no de ley, que no haya
ni buenos ni malos armadores y que la Administración sea lo
suficientemente ágil como para conceder los permisos de pesca de la forma
más rápida y oportuna. Por tanto, tenemos que indicar que hubo momentos
en que la Administración pesquera española calificó a los armadores de
buenos y malos, a unos no les concedió permisos para ir a pescar fletán y
sí los concedió a otros; no concedió permisos para ir a pescar gallineta,
no concedió permisos para pescar en el Hatton Bank o en el mar de
Irminger, y así tener esa cuota histórica que tanto nos hacía falta y no
protestar posteriormente por no conseguir cuotas más altas en la
gallineta. Ese fue el problema por no conceder los permisos temporales de
pesca en su momento oportuno.
Termino diciendo que esos permisos son tremendamente repetitivos y
sencillísimos. De ahí que consideremos que dar a la Administración
pesquera española veinte días para la concesión de estos permisos es
tiempo más que suficiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mantilla.
A la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Varela Vázquez.
La señora VARELA VAZQUEZ: Señor presidente, señorías, el permiso temporal
de pesca, el PTP, es según las normas jurídicas pesqueras españolas un
documento imprescindible para que los pesqueros puedan ejercer su
actividad tanto en aguas sometidas a jurisdicción extranjera como en las
zonas de alta mar, estén o no reglamentadas por organizaciones
internacionales de pesca.
La orden que regula el permiso temporal de pesca no establece ningún
plazo máximo para la resolución de la solicitud cursada a tal efecto.
Esto conlleva que en ocasiones se pueda demorar la concesión o denegación
en un plazo excesivamente largo, lo que supone una serie de perjuicios
económicos para todos los implicados en la actividad.
El grupo parlamentario al que represento tiene una especial sensibilidad
por la problemática del sector pesquero y por ello siente la necesidad de
defender a ultranza los legítimos intereses de este importantísimo
colectivo, que sufre en múltiples ocasiones las consecuencias de una
excesiva burocracia, cuando no, las más de las veces, los perniciosos
efectos para la economía de las empresas, derivados de la
discrecionalidad legitimadora de acciones prepotentes aplicada a ciertos
actos administrativos.
Esta anómala situación justifica ya en sí misma, la voluntad política de
nuestro grupo de apoyar cualquier acción tendente a neutralizar conductas
desviadas y a ajustarse al Estado de Derecho en materia de pesca. Con
estas premisas, coincidiendo en los fines nuestra posición con la
propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, expresamos
nuestro deseo de cooperar a la corrección del marco legal adecuándolo a
las necesidades de nuestra flota para una correcta y racional explotación
económica de la misma.
Se trata, pues, de actualizar la legislación pesquera, actualización
extremadamente urgente en determinadas materias en tanto no se apruebe
una ley de pesca de carácter nacional debidamente desarrollada que
elimine las situaciones administrativas que pueden afectar negativamente
al sector pesquero, interrumpiendo, cuando no entorpeciendo, la labor
habitual de esta importante actividad empresarial.
En apoyo de lo dicho, debo subrayar que de la interpretación subjetiva de
la norma derivan determinadas acciones administrativas incongruentes,
fruto del no siempre acertado criterio del funcionario, que adopta
determinadas medidas que causan un grave perjuicio a este sector como
consecuencia de la imprecisión que se contiene en la normativa legal
aplicable.
Desde la publicación del Real Decreto 681/1980, de 28 de marzo, sobre
ordenación de la actividad pesquera
nacional, se ha venido aplicando este real decreto que constituye el
marco jurídico de apoyo al desarrollo de la pesca en España, y naciendo
así el concepto de permiso temporal de pesca, PTP, que ha sido utilizado
profusamente con carácter coercitivo en razón de su contenido de
discrecionalidad. Para ejemplarizar con datos concretos, cabe señalar el
sistema conocido por el sector pesquero de los buques que, estando
ejerciendo la actividad en un caladero determinado, se les ha obligado a
regresar a puerto español para recoger un nuevo permiso temporal de pesca
como paso previo para acceder a otro nuevo caladero, actitud a todas
luces injustificada.
Señorías, esta actitud es consecuencia del desconocimiento de la
problemática pesquera por parte de los funcionarios que no consideran el
hecho de que un buque inactivo representa una perdida cuantiosa para el
patrimonio de la empresa pesquera, que incide muy negativamente no sólo
en la economía de la empresa sino, lo que es más grave, sobre los
trabajadores, dado que la mayoría de ellos tienen un régimen retributivo
a la parte que hace depender sus ingresos de las capturas obtenidas.
Los perjuicios que ocasiona el retraso en la concesión del permiso
temporal de pesca contrastan con la naturaleza del mismo, creado más como
un control administrativo de cara al despacho de los buques que como un
obstáculo insalvable que --valga la redundancia-- obstaculice la
actividad del buque. De hecho, la propia orden en su artículo 5.º recoge
con carácter de excepcionalidad la posibilidad de obviar este requisito
cuando se acumulasen numerosas solicitudes para determinadas aguas y
previa resolución de la Dirección General de Relaciones Pesqueras
Internacionales. Esto no supone que el permiso temporal de pesca sea un
instrumento innecesario y a extinguir, sino que debe ser agilizado,
estipulando un plazo máximo dentro del cual deberá resolver la
Administración la solicitud presentada. Además, podría dotarse a esta
concesión de mayor contenido si la Administración verificase la situación
de las tripulaciones de los buques comprobando si las mismas han cumplido
con los períodos de vacaciones y descanso preceptivos antes de volver a
hacerse a la mar. Ello sería importante no sólo desde el punto de vista
de cumplimiento de la normativa laboral, sino también desde una
perspectiva de seguridad del buque y prevención de accidentes.
Debemos considerar objetivamente, y de nuevo nos reiteramos, el daño que
ocasionan actitudes derivadas de una excesiva burocracia; igualmente
debemos tener en cuenta el coste que representa la paralización de un
buque en puerto, pues paralizada su actividad en lugar de cumplir con el
objetivo para el que el buque fue diseñado, para pescar, se provoca una
disminución de los ingresos por pesca, un incremento de los costes y una
afectación directa al marco social. Todo lo anterior podría ser subsanado
con suma facilidad por cuanto la extensión de este documento no ofrece
dificultad alguna, y por ello proponemos que se establezca un sistema que
impida superar el número de días suficientes para extender el permiso
temporal de pesca.
Mi grupo, finalmente, en defensa de los intereses del sector pesquero,
presta su conformidad a la modificación del real decreto mediante la
aceptación de la proposición no de ley, y acepta que se limite el número
de días para la extensión de tan preciado documento.
Señorías, en aras de la sensibilidad que sentimos por este sector,
pretendiendo evitar los gastos ocasionados por una excesiva paralización,
y en aras a la precisión exacta que debe contener la normativa legal
aplicable, proponemos un cambio en el redactado, y en lugar de 20 días
que marca la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, nos
parece mucho más concreto, preciso y exacto la sustitución por el plazo
de 15 días hábiles.
El Grupo Parlamentario Socialista propone sea aprobada la proposición con
la enmienda que en este momento acabo de formular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Varela.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, brevemente para decir que
apoyaremos, y votaremos por tanto afirmativamente, la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular, una proposición que, por cierto,
trata de estimular al Gobierno para que simplifique y agilice la
concesión del permiso temporal de pesca.
Señor diputado proponente, a mí me preocupa que en estas cosas tan
sencillas y que ya debería tener resueltas el Gobierno, porque como usted
dice en la exposición de motivos son asuntos sencillos, haya cierta
lentitud por parte del Gobierno para resolverlas. Uno se puede preguntar
si estas cosas sencillas tarda en resolverlas, qué hará con otras más
complicadas.
En todo caso, bienvenido sea el estímulo aunque sea desde el grupo que
apoya por mayoría al Gobierno. Aprovecho para decir, ya que usted hizo
mención al problema de los capitanes de aquellos barcos pesqueros que
fueron sancionados en algunos casos con multas de cuantía millonaria por
pescar sin permiso temporal de pesca, y se supone, obviamente, que fueron
a pescar sin permiso temporal de pesca por orden de los correspondientes
armadores que ahora se encuentran sin el respaldo de las empresas, en
algunos casos porque los abandonaron y en otros porque las empresas
ya no existen, este problema sigue sin resolver, y aprovechemos para
darle impulso entre todos los grupos a fin de que de una vez por todas
dejen de pender sobre los capitanes las multas correspondientes. En eso
viene insistiendo el BNG y espero que el Grupo Popular también lo haga.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Adelanto con toda rapidez que el voto de mi grupo va a ser favorable a
esta proposición no de ley. Me he quedado verdaderamente sorprendido con
la misma y estoy en la sintonía de lo que acaba de decir el compañero del
Grupo Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego. Algún problema
burocrático tiene que haber, la iniciativa que presenta el Grupo
Parlamentario Popular tiene entrada en la Cámara el 28 de noviembre de
1996, y se trata de modificar una orden ministerial. Llamen por teléfono
urgentemente a la ministra de Agricultura y Pesca a fin de que el
director general correspondiente retraiga la orden. Estamos aquí
discutiendo si 15 ó 20 días para una pieza jurídico-administrativa que
huele a cosa arcaica, a fósil, porque hablamos de una legislación
pesquera española antes de entrar España en la entonces Comunidad
Económica Europea; una orden de 1982 en pleno último Gobierno de la Unión
de Centro Democrático. Si desde el año 1982 estamos en la consideración
de que no somos flota pesquera española sino flota pesquera comunitaria
de la Unión Europea para la pesca en caladeros internacionales, bien en
aguas jurisdiccionales de otro país, bien en aguas abiertas, no alcanzo a
saber dónde está el problema, salvo que algún burócrata de turno haya
hecho aquí la historia del banco pintado. Esto se resuelve con rapidez
verdaderamente superior a los plazos que se quieren señalar a la
Administración. En el «Boletín Oficial del Estado» de cualquier día de la
próxima semana puede estar publicada la orden ministerial
correspondiente, si esta pieza administrativa del permiso temporal de
pesca está todavía dentro de la normativa de la legislación comunitaria.
Yo no conozco que algún pesquero español pueda salir a faenar en una
marea sin licencia sobre los caladeros donde va y sin el correspondiente
control de la comisaría de pesca de la Unión Europea, que rige hoy todo
nuestro ordenamiento jurídico pesquero.
Por estas razones, señor presidente, y para no quitar tiempo a que se
publique la orden ministerial correspondiente después de 1982, previo
ingreso de España en 1986 en la Unión Europea, doy mi voto afirmativo
anticipadamente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Real Decreto 681/1980, de 28 de marzo,
sobre ordenación de la actividad pesquera del Estado español, en su
artículo 4.3 enuncia que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
fijará las condiciones para obtención del permiso temporal de pesca que
habilitará la actividad en las zonas no sometidas a la jurisdicción
española.
La orden ministerial del 2 de marzo de 1982 establece las condiciones
para la obtención de ese permiso temporal, y si analizamos la misma
observamos que de los siete artículos de dicha orden cuatro regulan cómo
deben realizarse los trámites y, entre ellos, el artículo 5 ya prevé la
posibilidad de que se produzca acumulación de solicitudes de permisos
temporales de pesca, en cuyo caso es posible el despacho de los barcos
sin la necesidad de presentar documento administrativo que acredite la
obtención del permiso. Por tanto, ya se prevé que se produzcan cuellos de
botella y que haya retrasos, pero siempre de carácter excepcional.
Para solicitar el permiso temporal de pesca se pide una documentación
que, ciertamente, como han dicho los anteriores portavoces, no es
compleja de obtener; pero no es menos cierto que, a pesar de esa aparente
simplificación, los permisos temporales para pescar en aguas que no están
bajo la jurisdicción del Estado español suelen tardar más de lo deseable,
colocando al armador, que tiene unos costos fijos muy altos, en situación
de indefensión, ya que ese retraso en la expedición de la autorización le
acarrea costes no asumibles que pueden hacer peligrar la rentabilidad de
su empresa. Una Administración moderna debe ser ágil, y si no lo es, como
mínimo no debe situar a nuestros empresarios en condiciones que les
dificulte la libre competencia. Por tanto, es bueno que el partido
mayoritario proponga medidas para la agilización, pero sería bueno que el
Gobierno al modificar la orden ministerial y en aras a la rapidez
habilitara un mecanismo de obtención automática y desde el mismo
territorio del permiso para aquellas peticiones que presenten la
documentación en regla.
Señor presidente, señoras y señores diputados, esperamos que la
tramitación para modificar esa orden ministerial sea lo más rápida
posible, lo que irá en beneficio del sector pesquero.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Companys.
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: También muy brevemente, señor presidente, para
señalar que, efectivamente, el Grupo Popular nos propone una iniciativa
que nosotros consideramos interesante porque viene a apuntar un problema
de nuestros pescadores que tienen que salir a pescar fuera de las aguas
españolas. La realidad es que, como bien se ha dicho, las solicitudes de
permiso no solamente tardan mucho tiempo en resolverse sino que a veces,
como bien ha señalado el portavoz popular, da la impresión de que se
resuelven con bastante discrecionalidad. Yo no llego a decir lo de buenos
y malos, pero esa es la sensación que realmente se ha dado en ocasiones.
Por tanto, creemos que es una propuesta que merece el voto favorable de
nuestro grupo.
Dicho esto, permítanme que, como bien ha manifestado el representante de
algún otro grupo, una vez más mostremos nuestra extrañeza porque el Grupo
Popular presente este tipo de iniciativas que son más propias de grupos
de la oposición que del grupo que sostiene al Gobierno en este momento.
Nosotros entendemos que si tan convencido está el Grupo Popular, como
bien dice el texto de la iniciativa y como ha defendido el portavoz
popular que, dicho sea de paso, en la mayor parte de su intervención
parecía que estaba hablando desde la oposición en lugar de hablar desde
el grupo que apoya al Gobierno, repito, si tan convencido está no
entendemos por qué razón no se ha resuelto ya. Realmente, el trámite para
su resolución es bastante sencillo y no necesitaría de una proposición no
de ley que inste al Gobierno a resolver ese problema que, además, repito,
presenta el propio Grupo Popular.
Por consiguiente, nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que no existe
esa comunicación entre el Grupo Popular y su Gobierno y que necesite
venir a esta Cámara a instarle salvo que el Gobierno sea tan insensible
que los diputados populares necesiten presionar de alguna manera a su
Gobierno para que tome en serio a este sector. De esta manera, podríamos
entender que el diputado popular tratara en cierto modo de presionar
públicamente a su Gobierno y lograr de esta manera lo que no ha podido
conseguir por los canales naturales y lógicos que debe haber entre todo
grupo mayoritario y el Gobierno al que sustenta. Además en este caso, y
se puede deducir de la explicación que ha dado el portavoz popular, se
desprende que el problema no es solamente la modificación de la ley,
modificación que puede ser interesante; el problema no se centra en la
modificación solamente porque, como bien se ha dicho, la tramitación es
bastante sencilla y, por tanto, no solamente se puede mejorar esa
tramitación modificando la ley. En realidad, el portavoz del Grupo
Popular ha venido a reconocer la incapacidad de su Gobierno para hacer
que funcione la Administración. Ha venido a reconocer que el Gobierno del
Partido Popular no es capaz de conseguir que funcione el Ministerio de
Agricultura y Pesca. Esa es la conclusión que se puede extrapolar de su
intervención, del mismo texto y de la misma discusión de esta proposición
no de ley. Aquí es donde nosotros encontramos realmente el sentido de
esta iniciativa. Nosotros entendemos que el Grupo Popular pretende
disimular con esta iniciativa la mala gestión de su Gobierno, la
incapacidad de su Gobierno para resolver un problema. Mañana puede decir,
como bien ha insinuado el portavoz popular, que se empieza a resolver el
problema, pero eso no es cierto. Una proposición no de ley no indica que
se inicie la resolución del problema; el problema se resuelve cuando el
Gobierno actúa. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Por tanto, repito, nos podíamos haber ahorrado este debate si su Gobierno
hubiese actuado, como tenía que haber hecho, desde el día siguiente a la
presentación de su iniciativa. Vemos solamente un sentido propagandístico
de intento de ocultar esa incapacidad de Gobierno. No vamos a repetir
argumentaciones ya señaladas; creemos que todos han redundado en la
necesidad de esta actuación y creemos inminente, repito, que no se agoten
los plazos, sino que mañana mismo, en la próxima reunión del Gobierno se
resuelva esta situación que no merece mucho más tiempo ni mucha más
discusión.
Quisiera terminar señalando que el sector pesquero no está para estos
juegos parlamentarios, y el Partido Popular se debe convencer de ello de
una vez, el sector pesquero está para que ustedes tomen medidas de
Gobierno, medidas legislativas. No sé si la siguiente puede ser una
proposición no de ley de su grupo para instar a la presentación en esta
Cámara de la ley de pesca. Esa puede ser una idea en la línea que ustedes
han emprendido, ya que la ministra parece que tampoco les hace caso en
este sentido. Repito que los pescadores, por ejemplo los pescadores
andaluces que han sido ametrallados, no están para estos juegos
parlamentarios; están para que su partido gobierne. Nuestro grupo va a
votar favorablemente, pero junto a ese voto favorable también está
nuestra crítica a la actuación de su Gobierno, Gobierno que necesita que
su propio partido le recuerde sus deberes, porque realmente la
consideración de la pesca es totalmente marginal en la acción del
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Para contestar exclusivamente a la aceptación o rechazo de la enmienda,
tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lógicamente, la enmienda del Partido Socialista tiene mucha enjundia y,
por tanto, va a ser aceptada.
También quiero decir a algún portavoz que los diputados no estamos aquí
de meros oyentes y que esta
proposición no de ley ya ha sido presentada en la anterior legislatura.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mantilla.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la
modificación de la orden ministerial por la que se establecen las
condiciones para la obtención del permiso temporal de pesca en aguas no
sometidas a la jurisdicción española, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda formulada por el Grupo Socialista y aceptada
por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 305; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA INMEDIATA PUBLICACION DE LAS
CIFRAS OFICIALES DE POBLACION RESULTANTES DE LA RENOVACION DEL PADRON
MUNICIPAL REFERIDAS A 1 DE MAYO DE 1996 (Número de expediente 162/000171)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, por la
que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la
inmediata publicación de las cifras oficiales de la población resultante
de la renovación del padrón municipal referidas al 1.º de mayo de 1996.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Perales.
(Rumores.--Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.)
Un momento, señor Perales.
¡Señorías! (Un señor diputado: ¡Señorías!)
Ruego a quienes tratan de auxiliar a la Presidencia en términos tan
estentóreos que se abstengan de hacerlo. Agradezco su buena voluntad,
pero contribuirán al silencio si no colaboran de esa manera.
Cuando quiera, señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no ha sido habitual que el Congreso de los Diputados se ocupe
de la discusión sobre el padrón municipal, de su aprobación y de sus
consecuencias. Ha sido más frecuente que el Congreso de los Diputados
trate del censo electoral, sus consecuencias y, en relación con el
proceso electoral, todo lo que ello comportaba.
Pues bien, el motivo de esta proposición es hablar del padrón municipal y
solicitar del Congreso de los Diputados que se apruebe la proposición no
de ley de manera que el padrón municipal se publique en el «Boletín
Oficial del Estado» y tenga efectos inmediatos en la financiación de los
ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de la sanidad y en la
financiación y aportación del Fondo de Compensación Interterritorial.
Por tanto, ¿cuál es el motivo por el que hoy presentamos esta proposición
no de ley? Sencillamente porque el Gobierno nos confunde y regatea lo que
debe ser una decisión técnica que no admite discusión. El 11 de julio el
Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el nuevo padrón municipal a fecha
1.º de mayo de 1996; así se puede comprobar en la voz y en la imagen del
secretario de Estado, señor Rodríguez, portavoz del Gobierno. El señor
Rodríguez decía: A propuesta del Instituto Nacional de Estadística, el
Consejo de Ministros ha dado carácter oficial al padrón municipal de
habitantes con referencia 1.º de mayo de 1996. Concluía el señor
Rodríguez portavoz del Gobierno: En España, según esa cifra, vivimos
39.652.742 habitantes. El señor Rodríguez, portavoz del Gobierno, salió a
la opinión pública y comunicó textualmente lo que acabo de leer.
Se puede comprobar también en la referencia oficial del Consejo de
Ministros. Tenemos el documento donde consta como aprobado el padrón
municipal de habitantes, y hoy mismo a las cinco y treinta y ocho minutos
de la tarde hemos accedido a través de Internet a la página de Moncloa en
la que constan todos los acuerdos del Consejo de Ministros aprobados y a
las diecisiete treinta y ocho en dicha página de Moncloa consta el texto
del decreto y la aprobación del Consejo de Ministros.
El común de los responsables o interesados suponíamos que ya estaba
aprobado y sólo la intervención del señor Mardones, diputado de Coalición
Canaria, puso alerta a la Cámara sobre esa aprobación. El señor Mardones
hizo una pregunta al señor Rato, vicepresidente segundo del Gobierno, y
pudimos comprobar que no se había aprobado el 11 de julio, pero no sólo
que no se había aprobado, sino que era muy confusa y opaca, según el
señor Rato, la fecha de aprobación definitiva y, sobre todo, las
consecuencias de su aprobación. Nos alertó sobre un incumplimiento, a
todas luces gravísimo, y sobre todo nos alertó sobre las consecuencias
que según el señor Rato debía tener --ninguna prácticamente--, en la
financiación del Fondo de Compensación, en la de las comunidades
autónomas, ni en la de la sanidad; en la de los ayuntamientos tampoco.
Era una respuesta peligrosa por opaca y contradictoria. Pues bien, a raíz
de esa intervención en el Congreso, todos
recurrimos a la ficha oficial y el señor Rato, desde Luxemburgo, nos
acusó de mentir a todos los que afirmábamos, basándonos en la referencia
oficial del Consejo de Ministros, que eso estaba aprobado. El señor Rato
nos acusó de mentirosos a todos porque no se había aprobado; a
continuación el señor Alvarez Cascos, vicepresidente primero del
Gobierno, respaldó esa afirmación y más tarde, más generoso con la
opinión pública, el señor Rodríguez justificó la situación. Dijo el señor
Rodríguez que no se había aprobado porque hubo un error entre el índice
verde y la aprobación final.
Pues bien, ayer mismo se reunió el Consejo de Empadronamiento y daba el
visto bueno a las cifras que proponía el Instituto Nacional de
Estadística; se reunió ayer mismo, deprisa y corriendo, cuando pudo
haberlo hecho en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de
septiembre o en el mes de octubre. Ayer el Consejo de Empadronamiento
adoptó la decisión que tiene que adoptar: cuando hay contradicción entre
las cifras de un ayuntamiento y el Instituto Nacional de Estadística, el
Consejo de Empadronamiento decide y respalda al Instituto Nacional de
Estadística y esas cifras se elevan a oficiales para que se aprueben en
el Consejo de Ministros. Estos mismos requisitos innecesarios, porque la
Comisión de Subsecretarios ya aprobó el padrón antes del 11 de julio, se
pudieron haber cumplido en el mes de julio o en el mes de agosto. Es
decir, todo esto para no aceptar, al final, las cifras del Ayuntamiento
de Baena ni las cifras de Monforte de Lemos. Por tanto, hay dos
ayuntamientos en los que todavía existen discrepancias con el Instituto
Nacional de Estadística. Por esta regla no podían ustedes hoy decir que
el Consejo de Empadronamiento ni el Instituto Nacional de Estadística
elevan a definitivas las mismas cifras.
Los hechos son así de claros. El Consejo de Ministros aprobó el padrón el
11 de julio de este año, no lo publicó por razones que no conocemos pero
que sospechamos, y hoy es preciso que el Congreso de los Diputados inste
al Gobierno a que eso sea así. ¿Qué explicaciones podemos tener para
justificar esta decisión? La primera, el retraso sufrido en el padrón,
achacado a los ocho ayuntamientos, no es una justificación ni técnica ni
jurídicamente aceptable. El padrón de 1986 fue aprobado el 8 de abril y
publicado cinco días después. El censo del año 1991 fue aprobado el 24 de
abril de 1992 y publicado tres días después. Por tanto, no ha habido no
sólo tres meses, ni siquiera una semana, entre la aprobación por el
Consejo de Ministros y la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por eso la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que el Gobierno
haya dejado pasar tanto tiempo, si fuera cierto que no se aprobó en el
Consejo de Ministros, para rectificar ante la opinión pública? Un
gobierno que inunda las redacciones de los medios de comunicación con
desmentidos que denomina «El Gobierno informa» ¿cómo es posible que no
haya emitido un desmentido diciendo que el 11 de julio hubo un error y no
se aprobó el padrón municipal? ¿Por qué el Gobierno maltrata a la opinión
pública dejando pasar días y meses sin rectificar, sin molestarse en
desmentir lo que todos los que estamos aquí creíamos --no sabemos si el
Partido Popular-- que era una decisión firme del Consejo de Ministros?
Aún sigue apareciendo en las páginas de Internet, como he mencionado,
como una aprobación firme del Consejo de Ministros.
A partir de ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la situación en la
que nos encontramos? La primera es que el Gobierno, aunque sea el
Gobierno del Partido Popular, no puede retrasar arbitrariamente estas
decisiones. El artículo 103 de la Constitución establece que la
Administración sirve con objetividad a los intereses generales con
sometimiento pleno a la ley y al derecho. De manera que no hay ninguna
razón para que el Gobierno apruebe el padrón y no lo publique
inmediatamente. Esta situación del Gobierno ha generado una
extraordinaria inseguridad jurídica y deja absolutamente indefensos a los
ciudadanos, partidos políticos e instituciones. Esta actitud es impropia
de un país europeo; está más cercana a una república bananera en la que
los gobiernos no se sujetan a ninguna norma y hacen, periódica y
habitualmente, lo que les da la real gana en cada decisión. Por tanto,
creemos que el Gobierno del Partido Popular, como cualquier gobierno,
tiene la obligación de cumplir la ley, y este Gobierno no ha cumplido la
ley evitando la publicación del padrón en el «Boletín Oficial del
Estado». Este Gobierno, además, adopta una actitud impropia de un país
democrático, impropia de un país europeo, acercándose peligrosamente a
los comportamientos de una república bananera en la que no hay ninguna
ley que cumplir y ninguna norma que aceptar.
Por último, ¿tiene o no consecuencias en la financiación de las
comunidades autónomas y en los ayuntamientos? Si hacemos caso de lo que
los portavoces del Partido Popular han dicho en relación con este asunto
y con lo que dijo el señor Rato al diputado de Coalición Canaria, señor
Mardones, hay que decir que no va a tener ninguna consecuencia. Hace muy
pocos días, el vicepresidente primero del Gobierno, preguntado sobre las
consecuencias que tendría el padrón municipal, decía en el Senado que del
padrón municipal no depende la financiación de las comunidades autónomas
que no han aceptado el nuevo modelo; no depende la financiación sanitaria
vigente, que se apoya en datos de población del Instituto Nacional de
Estadística del año 1991; no depende la cuantía del Fondo de Compensación
Interterritorial para el año 1998; no depende el nuevo modelo de
financiación sanitaria. Por tanto, ¿qué efecto tiene el padrón municipal
si según el vicepresidente primero del Gobierno no afecta a nada de lo
que acabo de leer? Para nada. Según decía hace escasos días el
vicepresidente primero del Gobierno, la aprobación del padrón es para
colocarlo en
un marco y mirarlo de vez en cuando porque no tiene ninguna consecuencia;
lo que estoy leyendo es una referencia oficial extraída del «Diario de
Sesiones» del Senado. Por tanto, estamos aquí en un debate en que el
Gobierno se reserva, salvo que el portavoz del Grupo Popular
explícitamente admita aquí que tiene consecuencias para la financiación
sanitaria, la que va a empezar a regir ahora, que tiene consecuencias
para el Fondo de Compensación, que tiene consecuencias para la
financiación de las comunidades autónomas y que, naturalmente, tiene
consecuencias para la financiación de las corporaciones locales, como el
artículo 72 de los presupuestos establece de manera clarísima y
meridiana.
Nosotros creemos, señorías, que el Gobierno adopta un retraso deliberado
porque reconocerlo tiene consecuencias en la financiación de las
corporaciones locales, en la financiación de la sanidad y en los fondos
de compensación interterritorial. Según los portavoces del Partido
Popular, parece que el Gobierno no quiere aceptar que tenga consecuencias
en la financiación de las comunidades autónomas. Ayer mismo, un periódico
nada sospechoso de ser proclive a las posiciones del Partido Socialista
decía que el argumento del Gobierno, al remitirse a la decisión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de febrero, no se ajusta
al espíritu de la Lofca, la ley mencionada. Si una comunidad ha crecido
en población es lógico que le correspondan mayores recursos. Señorías, se
trata de que el Gobierno, el Partido Popular y el resto de los grupos
presentes en la Cámara acepten nuestra proposición no de ley, que se
publique de manera inmediata en el «Boletín Oficial del Estado» y que
tenga las consecuencias que tiene que tener. No podemos aceptar ninguna
fórmula vaga, vacía y que nos someta a una discusión interminable sobre
cuáles son los efectos jurídicos pertinentes que va a tener. No es
posible aceptarlos. Los efectos jurídicos pertinentes que va a tener los
acaba de decir, según el Partido Popular, el vicepresidente...
El señor PRESIDENTE: Señor Perales, concluya por favor.
El señor PERALES PIZARRO: Termino, señor presidente.
Los efectos jurídicos acaban de ser expresados, con absoluta claridad,
por el vicepresidente primero del Gobierno, señor Rato, que algo tendrá
que decir en el Gobierno y en el Partido Popular. Para este ministro y
vicepresidente primero del Gobierno no hay ninguna consecuencia, según
este «Diario de Sesiones» del Senado de hace pocos días. Por tanto,
señorías, se trata de pedir al Gobierno que actúe lealmente ante los
intereses generales.
Decía hace poco un profesor de universidad que este Gobierno en el verano
de 1996, a fin de justificar la subida de determinados impuestos
especiales, descubrió un déficit oculto de la anterior Administración
valorado en más de 600.000 millones de pesetas. En enero de 1997, el
Gobierno del Partido Popular justificó la congelación salarial de los
funcionarios en la amnistía fiscal a los amiguetes ricos del PSOE por
valor de 200.000 millones de pesetas. En julio de este año aprobó el
Gobierno un padrón, pero no ordenó su publicación para que no influyera
en la financiación de las comunidades autónomas. Recientemente el señor
Aznar, en comparecencia parlamentaria, afirmó que la deuda que había
recibido de Radiotelevisión Española el Gobierno del Partido Popular era
el doble de la que en
realidad había recibido. Y esta semana, en el debate de
presupuestos, hemos sabido que el Gobierno se salta a la torera un
informe del secretario de Estado responsable de la Oficina
Presupuestaria, el profesor Barea, que advierte de la existencia de un
déficit oculto por valor de 600.000 millones de pesetas. Por tanto,
señoría, el Gobierno parece empeñado en un permanente ejercicio de
confusión a través del cual intenta que el foco siempre se sitúe en la
gestión del Gobierno anterior, dificultando o imposibilitando de esta
forma la gestión propia de quien tiene la responsabilidad de gobernar,
que no es otro que el Gobierno del Partido Popular. Están empezando, poco
a poco, a jugar con fuego. No hay nada que resulte más insoportable para
los ciudadanos que advertir que el Gobierno practica el juego sucio con
demasiada reiteración. En este caso lo ha hecho, desde luego, con el
padrón municipal, porque si se aprobó el 11 de julio el Gobierno tenía la
obligación ineludible de publicarlo en el «Boletín Oficial del Estado», y
si ahora dice que no lo aprobó el 11 de julio tenía la obligación de
explicarlo a la opinión pública de manera inmediata y no dejar que
permaneciera en la confusión hasta que aquí, en la Cámara, se descubrió
que efectivamente el Gobierno no lo había aprobado el 11 de julio y que
mentíamos todos los que lo habíamos afirmado. Por tanto, la falta de
lealtad a las reglas de juego se acaban pagando y el Partido Popular, en
este caso, lo acabará pagando.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perales.
A la proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo
Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Soto.
El señor SOTO GARCIA: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular no
puede apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre la
publicación de las cifras resultantes de la renovación del padrón
municipal en los términos en que viene redactada; y no puede apoyarla
porque queremos evitar que esta Cámara convalide el montaje escénico, muy
bien representado por el señor Perales en estos momentos, y el
espectáculo que el Partido Socialista está generando para tapar un
evidente engaño. Me estoy refiriendo al engaño de que ha sido objeto un
importante medio de comunicación por parte del Partido Socialista Obrero
Español, que ha transmitido a dicho medio como incuestionable y legal --y
veo que lo sigue manteniendo-- la influencia directa entre la renovación
del padrón de habitantes y la distribución de la financiación de las
comunidades autónomas. Para camuflar este grave error de apreciación del
Partido Socialista Obrero Español, que sigue manteniéndolo, estamos
asistiendo en ambas Cámaras y en los medios de comunicación a unos
persistentes y reiterados argumentos del Grupo Socialista sobre esa
relación directa entre el nuevo padrón y la financiación de las
comunidades autónomas; argumentos que yo entiendo que están faltos del
más mínimo rigor técnico y jurídico. Analizaremos, si a usted no le
parece mal, señoría, algunas apreciaciones además de las
descalificaciones que usted ha emitido hacia parte del Gobierno y hacia
mi grupo y que, desde luego, no voy a entrar a analizar.
Vamos a decirlo claro, señoría, la financiación de las comunidades
autónomas para el quinquenio 1997/2001 no depende, para nada, de la
renovación del padrón municipal de habitantes que, por cierto, está a
punto de aprobar el Gobierno. Señor Perales, en estos momentos no existe
modelo alguno en España que permita o prevea acomodar la financiación de
las comunidades autónomas a la evolución o actualización del censo de
población. Téngalo usted claro. Por tanto, señorías del Grupo Socialista,
carece de toda base jurídica y financiera cualquier afirmación, como la
que ustedes siguen insistiendo en hacer, que pretenda vincular la
financiación de las comunidades autónomas a la financiación por
habitante. Quisiera detallar brevemente algunos de los soportes donde se
sustentan estas afirmaciones que acabo de hacer, que creo que S. S.
debería conocer.
La financiación que reciben las comunidades autónomas que han consensuado
y aceptado el nuevo modelo de financiación es la suma de tres conceptos y
tres componentes claros: el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, la participación territorializada en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y la participación en los ingresos
generales del Estado. Esos son los tres conceptos. Y las comunidades
autónomas, que usted bien conoce, que no han aceptado el nuevo modelo se
financian exclusivamente mediante la participación en los ingresos
generales del Estado. Así de claro. Los dos primeros componentes que he
citado de la financiación autonómica se basan en las cuotas líquidas del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas declaradas por los
residentes en cada comunidad autónoma cada año del quinquenio, por lo que
los recursos que obtienen esas comunidades por estos dos tramos citados
en nada dependen del censo de población que aprueba el Gobierno, sino que
dependerán, lógicamente, de los residentes en cada comunidad autónoma que
declaren y tributen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Este es el esquema y no otro.
Y ahora, si no le parece mal, quisiera que S. S. analizara el tercer
componente: qué sucede con los recursos por la participación en los
ingresos del Estado. En la justificación que ha hecho de la proposición
no de ley creo que está usted interpretando de forma específicamente
parcial el artículo 13 de la Lofca, de la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas. Justamente ese artículo señala que las
comunidades autónomas dispondrán de un porcentaje de participación que se
negociará entre las comunidades autónomas y el propio Estado con las
siguientes bases. Una de ellas es el coeficiente de población, otra puede
ser el esfuerzo fiscal y otros muchos, por no citar todo el artículo 13
de la Lofca. Es decir, la Lofca establece que el porcentaje de
participación en los ingresos del Estado es el resultado de una
negociación entre todas las comunidades en las que se tendrán que tener
en cuenta distintas variables. La población es una de ellas, la renta per
cápita es otra, el esfuerzo fiscal otra, etcétera. Esto es exactamente lo
que se ha hecho en este caso, lo que han hecho el Gobierno y las
comunidades autónomas.
Señor Perales, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de
septiembre de 1996 se acordó utilizar para el quinquenio 1997/2001 las
mismas variables, ponderaciones y valores utilizados en el quinquenio
anterior. Eso es lo que se acordó tanto para la variante del coeficiente
de población de aquellas comunidades que han aceptado el modelo como de
las que no lo han aceptado. Por tanto, en ese Consejo de Política Fiscal
y Financiera todas las comunidades autónomas podían perfectamente haber
planteado que se utilizasen otros datos u otras ponderaciones que
aumentasen su propia participación en detrimento de otras comunidades.
Eso es legítimo. En cualquier caso, podría haberse hecho. Seguramente
habrá sido ésta la razón por la que se decidió utilizar las mismas
variables que en el quinquenio anterior para conseguir ese acuerdo,
porque si no hubieran sido muy divergentes las posiciones de todas las
comunidades. Y Andalucía precisamente estaba de acuerdo en que nada
cambiase, salvo --¡oh sorpresa!-- el dato de población, que efectivamente
le beneficiaba porque le permitía aumentar su participación en esos
ingresos. Obviamente, esta mejora de Andalucía iba en detrimento de otras
comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia, que podrían
perder parte de su financiación si se asumía el criterio unilateral de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Quisiera que S. S. me contestase a una
simple pregunta. Ustedes, señores del Grupo Socialista, ¿han explicado a
los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Extremadura que al plantear la
actualización del dato de población en las variables de la distribución
de la financiación en las comunidades
autónomas se produciría una disminución de los ingresos de esas
comunidades? ¿No se lo han explicado? Explíquenselo porque va a ser muy
interesante. No sé si contestarán adecuadamente cuando se lo explique.
No parece razonable, por tanto, pretender que lo que beneficia de la
anterior fórmula del anterior quinquenio siga igual y lo que perjudica a
una determinada comunidad autónoma haya que cambiarlo para que ésta
mejore en detrimento no de las demás, sino fundamentalmente del acuerdo
entre todas las comunidades autónomas. A la vista de la defensa que ha
hecho el Partido Socialista del dato de población actualizado --el que
sigue utilizando usted, señor Perales--, a uno le asalta una interrogante
que me gustaría que me aclarase usted específicamente. ¿No estarán
ustedes, en el Grupo Socialista y en Partido Socialista Obrero Español,
poniendo en duda el importante papel de consenso y de encuentro entre
comunidades autónomas y Estado, dentro del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, a la vista de que no pueden imponer en su seno determinados
planteamientos de partido muy concretos? Me gustaría que me contestara a
esta pregunta.
Señoría, estoy casi seguro de que lo que no pretende su grupo es que el
Gobierno de la nación modifique unilateralmente los acuerdos mayoritarios
que se adoptan por el citado Consejo, porque eso sería más grave todavía.
No obstante, sí le sugiero que esté especialmente vigilante ante algún
compañero de la Cámara Alta que ha emitido al respecto una afirmación muy
cercana a la duda que yo no tengo: que el Consejo de Política Fiscal y
Financiera pueda ser desautorizado por el Gobierno. Ustedes han lanzado
ese mensaje y quisiera que me quitara cualquier tipo de duda. Si este es
el esquema de financiación de las comunidades autónomas que han adoptado
el nuevo modelo, debo señalar que la financiación de las comunidades
autónomas que no asumieron el nuevo modelo, y que S. S. conoce muy bien,
es provisional, a cuenta de la financiación que les corresponda, en
función del modelo que éstas adopten en su día, bien sea el modelo que
han adoptado las demás --invito a SS. SS. a que inciten a sus comunidades
a que lo hagan-- bien sea otro modelo. Por ello, transitoriamente las
entregas provisionales que reciben a cuenta las comunidades que no han
aceptado el modelo se calculan sobre la base de unas cifras determinadas
en el método del quinquenio anterior. Por tanto, olvídese S. S. de que
con los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda
hacerse otra cosa distinta de la que se está haciendo; es decir, que
pueda utilizarse otro modelo y otras variables de población distintas a
las que estaban ya en vigor en el anterior quinquenio, cuyo modelo siguen
las que no han aceptado el nuevo.
Señor Perales, sé que le ha quedado muy claro
--después de mi exposición más que claro, por si no lo tenía antes,
que creo que sí-- que a la vista de estos argumentos su grupo no debería
haber asumido lo que señala en su proposición no de ley: que las cifras
de población del renovado padrón municipal afecten a la financiación de
las comunidades autónomas en 1998. Creo que no debía usted haber escrito
eso en la proposición no de ley, porque es una manipulación, ocultando
otras realidades. Por el contrario, puedo estar totalmente de acuerdo con
usted en que la variable de población sí tiene vinculación en la
determinación de la participación de los municipios en los tributos del
Estado en cada ejercicio presupuestario, tal y como determina la propia
Ley Reguladora de Haciendas Locales que usted conoce perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Soto.
El señor SOTO GARCIA: Voy terminando, señor presidente.
La población que se toma en cuenta es la oficial vigente a 1 de enero de
cada año. En este sentido, S. S. y los ayuntamientos de España pueden
estar totalmente tranquilos porque el nuevo padrón se va a aplicar a la
distribución de esa participación de los municipios en los ingresos del
Estado el día 1 de enero de 1998, con toda seguridad. Esa seguridad ya se
la ha dado a sus compañeros de la Cámara Alta el vicepresidente primero
del Gobierno, señor Alvarez-Cascos, que les afirmaba --y lamento que
usted vea las cosas parcialmente-- una cosa clarísima: la financiación
municipal --estas son palabras del señor vicepresidente primero-- sí
depende de los padrones, pero la del año 1996...
El señor PRESIDENTE: Señor Soto, ha de concluir.
El señor SOTO GARCIA: Voy concluyendo.
La del año 1996 depende del padrón vigente el día 1 de enero. Por tanto,
el padrón del año 1996 sólo influirá en la financiación municipal del año
1998 a partir del 1 de enero. Con esto el señor vicepresidente
tranquilizaba a todos los ayuntamientos y a la señoría que le interrogó.
Por consiguiente, sí hay contestaciones claras por parte del Gobierno.
Le voy a citar, simplemente por citar, el tema del Fondo de Compensación
Interterritorial, que también está previsto cómo se financia de cara a
1998. Lógicamente se calcula de acuerdo con los últimos datos disponibles
a nivel regional, de manera coherente, para todas las variables que
intervienen en dicho cálculo, siempre según lo dispuesto en la Ley 29
--como usted conoce--, del Fondo de Compensación Interterritorial. Los
datos que se van a aplicar para 1998 recogen el valor añadido bruto
regional correspondiente a 1995, por lo que dicho año ha sido el último
utilizado para el cálculo del referido Fondo de Compensación
Interterritorial. Esos son los datos que usted debería conocer.
También se tiene claro cómo en 1998 se debe distribuir y gestionar el
Fondo de Compensación Interterritorial; usted no lo tiene. Yo creo que
usted tendría que haber aprendido algunas cosas que se han dicho en el
Senado y se tenía que haber leído expresamente las contestaciones...
El señor PRESIDENTE: Señor Soto, ya lleva consumido el tiempo de que
dispone para la defensa de su enmienda y creo que, en consecuencia, puede
centrarse en la conclusión y eludir alusiones como, por ejemplo, los
debates del Senado. Concluya de inmediato, señor Soto, por favor.
El señor SOTO GARCIA: De acuerdo, señor presidente.
Simplemente la enmienda lo que pretende es acercar, de alguna forma,
ambas posiciones: la suya, a través de su texto, y la propuesta de
nuestra enmienda, dado que usted en definitiva lo único que quiere es
contar de forma inmediata con los datos renovados de un padrón municipal.
El Gobierno ya tiene la realidad, que usted mismo ha citado, de que ese
padrón ya está aprobado e informado favorablemente por el Consejo de
Empadronamiento en relación con todos los municipios. No quiero entrar
para nada en el debate de si el padrón ya estaba aprobado en el mes de
julio o no lo estaba, por una razón muy sencilla, porque esas
contestaciones ya se han dado en otra Cámara y en otros foros; usted
debería conocerlas. En cualquier caso, le propongo justamente esta
enmienda porque creo que acercaría claramente su objetivo final a lo que
en estos momentos está siendo la gestión del Gobierno, que creo que es
perfectamente acertada y no tiene nada de nada de república bananera,
señor Perales.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Señor Perales, sabe S. S. que tiene que pronunciarse sobre la enmienda.
¿Prefiere hacerlo ahora o después de que los grupos tomen posición sobre
su iniciativa de enmienda? (El señor Perales Pizarro: Después, señor
presidente.) De acuerdo.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Perales, si fuera representante del Grupo Popular no
hubiera vacilado en decirle que esta proposición no de ley que usted ha
defendido es una prueba clara del tipo de oposición irresponsable, de
mala fe, que ustedes practican. Cómo pueden ustedes pedir explicaciones
al Gobierno de por qué no ha aprobado el Consejo de Ministros una cosa
que dice que ha aprobado. Sabe usted de sobra, señor Perales, que eso no
puede ser, no existe explicación lógica. Es decir, la explicación es del
tipo de la que se nos ha dado: que eso no sirve para nada, y si no sirve
para nada al final resulta que el vicepresidente del Gobierno reconoce en
el Senado que, efectivamente, se va a tener en consideración en la
financiación municipal, que se va a tener en cuenta en el tema de la
participación en los ingresos generales del Estado y que estén ustedes
tranquilos. Yo, como no soy representante del Grupo Popular, tengo que
decirles que comparto plenamente lo que ustedes han dicho y que, desde
luego, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley que
ustedes han presentado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
A estas alturas del debate y de todo el proceso que se desencadenó con
motivo de la pregunta que este diputado que habla le dirigió en el Pleno
pasado al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda sobre el porqué de la demora en la publicación del
censo de población o padrón municipal de habitantes, nosotros lo que
deseamos es que se cumplan los dos requisitos fundamentales de nuestro
ordenamiento jurídico: que el Consejo de Ministros apruebe el real
decreto con el padrón municipal y que inmediatamente se publique en el
«Boletín Oficial del Estado» para que todo el Derecho que se derive de
esa publicación tenga virtualidad, principio de legalidad y legitimación,
hecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, de todas las causas,
las reales o las que se piensa que lo son.
Cuando nosotros hicimos esta pregunta al señor ministro de Economía y
Hacienda era porque nos sentíamos en una inseguridad para defender
nuestros argumentos, desde Coalición Canaria, en aquellos aspectos en que
el padrón municipal nos es imprescindible, porque es el parámetro de
medida, de referencia de una serie de actos administrativos, de índole
económica, sobre todo (sin perjuicio de lo que se deriva de los
llamamientos a filas de los mozos en los reemplazos), para los que la
financiación municipal del archipiélago canario, que viene precisamente
del conocimiento concreto y exacto de los censos de población, necesitaba
estar actualizada, y más en una comunidad autónoma donde eran evidentes
los hechos censales de un aumento significativo de su población, pasando,
en cifras absolutas, casi de un millón y medio de habitantes a un millón
seiscientos y pico mil. Nosotros queremos, por tanto, esa definición.
Nos parece de oportunidad política parlamentaria la iniciativa que ha
tomado el Grupo Parlamentario Socialista. Además, se ha presentado una
enmienda del
Grupo Parlamentario Popular con la que nosotros estamos de acuerdo
también, porque estamos de acuerdo con el fondo de lo que se pretende
resolver que, desde nuestro punto de vista, es el que he dicho:
aprobación del real decreto en Consejo de Ministros y su inmediata
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Algo se tiene que estar moviendo, porque, como bien se ha recordado aquí,
ayer se reunió el Consejo de Empadronamiento y ha tomado ya las
decisiones oportunas respecto al censo que le pasa el Instituto Nacional
de Estadística.
Pues bien; yo no sé si se ha de hacer en las comisiones económicas o
instituciones económicas correspondientes, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en la financiación del Fondo de Compensación
Interterritorial, pero tengan en cuenta, señorías, que dentro de breves
fechas va a venir al Pleno el debate del informe que ha redactado la
ponencia o subcomisión que estudia el denominado modelo de modernización
y consolidación del Sistema Nacional de Salud. Ahí, en ese documento,
hemos escrito que el parámetro fundamental de referencia para la
financiación sanitaria está en el padrón municipal de habitantes. Eso lo
vamos a aprobar próximamente. Sería un verdadero contrasentido que,
definiéndose la Cámara para esta modernización y consolidación del modelo
sanitario con este parámetro de referencia, no lo tuviéramos.
Pero yo iría más lejos. Yo creo que quienes tenemos derecho, después de
un año, a saber cuántos españoles somos en este Estado somos los propios
ciudadanos, tenga efecto o no en cualquier parámetro de medir. Hay un
derecho fundamental de todo ciudadano del Estado a saber cuál es el
componente de la población del que forma parte y a que todas las cifras
estén perfectamente actualizadas. Yo pienso que casi un año después de
disponer de esas macrocifras, de ese número de habitantes, según el
padrón municipal, tenemos derecho a conocerlo.
Como de lo que se trata es de buscar una solución y se ha presentado la
enmienda, más simplificada, porque no hace valoraciones, del Grupo
Popular, que nosotros apoyamos, únicamente queremos solicitar al Grupo
parlamentario proponente, al Grupo Popular, que dé entrada a algo que ya
está dicho en el primer encabezamiento de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista: a la inmediata publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», para que no nos enredemos en futuras discusiones
sobre si se aprobó o no. Para nosotros lo que tiene efectos jurídicos
totales y absolutos no es tanto la aprobación en sí, formal, por
supuesto, previa del real decreto del Consejo de Ministros, sino la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Pediríamos que se
recogiera en él.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra, por Convergència i Unió, la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo y yo personalmente consideramos que el contenido de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, más allá de su
redacción, pone en evidencia una posición del Gobierno del Estado español
empecinado en el error, producido por la máquina administrativa
probablemente quizá de la Secretaría de Estado para la Comunicación, o
del portavoz del Gobierno --y esto tampoco nos debería extrañar--. Pero a
mí no me parece que, per se, sea una situación dramática la que ocurrió
el 11 de julio ni que las sucesivas informaciones oficiales
contradictorias hayan sido un acto perverso del Gobierno del Estado
español. Hechos así ocurren, han ocurrido, y ustedes lo saben
perfectamente. Se han firmado antaño convenios ya existentes, se llama a
filas a venerables ancianos y ancianas, siguen todavía en nómina
cadáveres hechos polvo y, además, se han leído discursos oficiales que
habían sido publicados como artículos de opinión firmados por otras
personas. En fin, esto ustedes lo conocen bien, y en las hemerotecas está
disponible un amplio repertorio de actos ejemplares de cualquier
gobierno.
Por tanto, probablemente lo que ha habido ha sido una información
errónea, un control perfectamente descontrolado de la información, el
desconcierto, un cierto sentimiento de culpa, un hacerla y no enmendarla,
el yo me rompo pero no me doblo; pero al final también llegó el acto de
contrición, que quería decir el acto de corrección.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes desean, señores y señoras diputados del
Grupo Socialista? ¿Desean ustedes castigar con un acto imposible el error
o el empecinamiento, o van a exigir ustedes, como exigiríamos todos, que
el Gobierno del Estado español realice con rigor su tarea, que declare
oficiales lo antes posible, mediante el real decreto correspondiente, los
datos del empadronamiento, y que lo publiquen en el «Boletín Oficial del
Estado», pero que lo publique cuando este padrón sea fiable, esté
completo y no tenga errores? Esto es lo que la gente de este país querría
y, además, lo quieren los estudiosos y los interesados en los diversos
sectores sociales y, en especial, las administraciones autonómicas y
locales. Porque la variable población es --como alguien ya ha dicho-- un
elemento común del núcleo fundamental de criterios cuantificables para la
financiación de las administraciones locales, y de importancia, por su
repercusión también global en el gasto sanitario público y
particularmente en su distribución territorial. Además, los datos
visibles de la población son más que elementos cuantificables de
financiación; son también la fuente esencial para el conocimiento de este
país.
Por ello, a nosotros nos agradaría que se aceptara por parte del Grupo
Socialista, o se llegara a transigir
con el Partido Popular, la enmienda propuesta. En este caso, nuestro
grupo votaría favorablemente su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que aprendemos en la escuela es a contar y a contarnos. En la
época moderna, en la que la informática es tan avanzada, los registros se
actualizan al día, son automáticos en los municipios. Por eso yo no
alcanzo a comprender que un censo hecho desde el mes de julio el mes de
octubre todavía no se haya podido aprobar por decreto. Si los efectos son
solamente saber los que somos, nominalmente no tiene utilidad ninguna. El
padrón funciona en la medida en que afecta a lo que se denomina el coste
por servicios asumidos y el volumen de servicios que prestamos a un
número de habitantes; y utilizando un ejemplo de este padrón, no es lo
mismo llevar la educación a 6.800.000 habitantes que llevarla a 400.000
más, porque hacen falta más escuelas, más profesores y más sanitarios.
Por eso, aunque aquí se dice que este padrón no tendría relación con
algunas cosas, me gustaría saber qué es lo que se está concretando en una
enmienda ahora mismo sobre la sanidad. ¿Se está hablando para la
valoración de la sanidad, competencia autonómica cedida a las comunidades
autónomas en esta materia? ¿El padrón sí o no? ¿Es lo mismo que se tenga
en cuenta el padrón de 1996 para ese dinero que se va a repartir, sean
150.000 millones, sean 200.000 ó 40.000, que ya hay que multiplicar panes
para que 40.000 lleguen a 200.000? ¿Se va a utilizar uno u otro? Hay
financiación autonómica, porque la competencia de la sanidad la tienen
comunidades autónomas, ¿o ahora lo prestan los municipios? No,
comunidades autónomas. Por tanto, sí que va a afectar a una cosa u otra.
En cualquier caso, yo reconozco que cuando discutíamos el modelo de
financiación autonómica yo defendí la actualización de variables, yo la
defendí allá arriba, y no fue aceptada. Si se hubiese hecho, la
actualización se hubiese realizado sobre este censo, porque lo aprobamos
en el año 1997. Se podía haber utilizado el censo de 1996, y no es lo
mismo para las comunidades autónomas aplicar una que otra.
¿Por qué nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Socialista? Porque dice que se publique el decreto y que
tenga valor para lo que debe tener. Claro, si lo que aprobamos es esto,
fíjense ustedes la enmienda lo que sería. Dice: Una vez subsanados los
problemas... A mí me gustaría que nos dijeran cuáles son los problemas
subsanados, porque se podría haber publicado un padrón, como se ha hecho
muchas veces, dando un plazo de un mes para que los municipios que no lo
han hecho lo hagan; para que los que estén en contra, lo recurran, para
que hagan otra cosa, otra realidad. Eso se podía haber hecho en el mes de
julio, y ya lo tendríamos adelantado.
Por eso no vale hoy decir que, una vez superados o subsanados los
problemas, poder aprobar. Luego, dentro de la propuesta del Grupo
Socialista, se plantea: para que sean tenidos en cuenta en lo que es la
financiación municipal y la autonómica.
Señorías, yo sé que no es lo mismo un verbo que otro, no es lo mismo
deber que poder. Dicen: Es que podríamos hacer esto; deberíamos hacer
esto. Sí, deber, sí, pero ¿lo van a hacer? ¿Pueden? Las perífrasis
verbales, según como las cojamos, son de obligación o son de orientación.
Yo estoy convencido de que se podría tener en cuenta este censo, este
padrón, para lo que se quiera actuar en la negociación. Aquí se han dicho
muy bien las variables que componen la financiación autonómica; una de
ellas es la población. Es más ¿qué renta per cápita hacemos? ¿Es la misma
en una población que en otra? Es que hay variables que están íntimamente
ligadas a ella.
Por eso, señor presidente --termino--, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida cree que es bueno que tengamos el padrón publicado, que
sería bueno que lo tuviéramos ya, y que lo que se añade en la
proposición, que simplemente es que este Parlamento marca una voluntad
política, es que le demanda al Gobierno que adopte las medidas, las
negociaciones para proponer al órgano correspondiente que se tenga en
cuenta esto. Le puedo asegurar que en torno a 100.000 millones variarían
en financiación autonómica si se aplicara; si no se aplica, no, pero si
se aplicara, sí.
Yo insisto en que hay comunidades autónomas como la andaluza que varían
en 365.000 habitantes, la valenciana, en 236.000, la murciana, en 81.000,
o la de Madrid, en 180.000. Eso estamos diciendo, y hay que decir a los
que han bajado de población que porque tienen menos población tienen
menos servicios para prestar. Tampoco pasa nada. ¡Hombre, la casualidad
es la casualidad! Pero lo cierto es que este es el uso que se debería
dar.
En suma, señor presidente, yo creo que ya es tiempo de que estemos
contados todos, que estemos censados todos, y que la época aquella de los
empadronamientos a caballo, al sitio de origen de uno, ya se han
terminado, y automáticamente se puede hacer.
Yo creo que no es un buen ejemplo aprobarlo en 1996 y estar finalizando
1997 sin tenerlo. Ese ejemplo, señor presidente, que va uno por cualquier
zona rural y dice: ¿Dónde está la casa de fulana? Y le contestan: Al
pasar la loma. Pasa usted la loma y le dicen: Sí, ahí, al pasar; y cuando
ha hecho uno sesenta kilómetros dice: Hombre, aquí hemos llegado. Y eso
le ha pasado al Gobierno, que lleva pasando lomas hace meses y no termina
de encontrar el padrón.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Para aceptar o rechazar la enmienda que ha defendido el señor Soto, tiene
la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Si, señor presidente.
Señorías, no podemos aceptar la enmienda tal y como la ha presentado el
señor Soto. Si hubiéramos tenido la oportunidad de oír una declaración
explícita y clara de que la publicación del padrón tendría efectos
pertinentes en la financiación de las corporaciones locales y en la de
las comunidades autónomas, luego se podría discutir la ponderación de
cada uno de los conceptos y variables que constituyen el sistema de
financiación.
No hemos tenido la oportunidad de oír esa intervención, de manera que no
podemos aceptarla así. Queremos que el Gobierno publique de manera
inmediata el padrón, si es posible en este Consejo de Ministros. Tenemos
aquí el decreto que se aprobará probablemente y la pregunta que nos
hacemos es que, si el padrón no tiene ningún efecto, para qué queremos el
padrón, ¿para ponerle un marco y colocarlo como decoración? Porque es
indudable que tiene efectos; por tanto, ¿qué hacemos con 95.000
ciudadanos y ciudadanas de Cataluña más, que hacemos con 139.000
ciudadanos y ciudadanas canarias más y qué hacemos con 360.000 andaluces
más?
Consecuentemente, si el señor presidente me lo permite, le ofrecería una
enmienda transaccional al Grupo Parlamentario Popular aceptando su
enmienda pero añadiéndole: que tenga los efectos pertinentes en la
participación de las corporaciones locales en los tributos del Estado y
en la financiación de las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.
Señor Soto.
El señor SOTO GARCIA: Señor presidente, lamentablemente la nueva
redacción transaccional del señor Perales es difícilmente justificable
porque es prácticamente el mismo texto de la proposición no de ley que ha
presentado. Desde luego, el padrón sirve para muchas más cosas, aunque no
sirve para lo que usted pretende: cambiar la financiación de las
comunidades autónomas que está acordada por las que ya tienen un modelo
nuevo y por las que no quieren un modelo nuevo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto. (Pausa.)
Señorías, antes de proceder a la votación, y a efectos de que todas SS.
SS. tengan el debido conocimiento de cuál es el resultado del debate, por
el señor Perales se va a proceder a la lectura del texto de la enmienda
transaccional, limitándose a ese punto, señor Perales, como hemos
convenido, y por el señor Soto a manifestar la posición de su grupo
definitivamente en relación a esta enmienda transaccional.
Señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor presidente, sería aceptar la enmienda del
Partido Popular que dice: «Una vez subsanados los problemas que impedían
disponer de cifras de población a 1 de mayo de 1996 para todas las
provincias y comunidades autónomas, así como para el total nacional,
proceda a la aprobación oficial definitiva de las cifras resultantes de
la última renovación del padrón». Añadiríamos: que tenga los efectos
pertinentes en la participación de las corporaciones locales en los
tributos del Estado y en la financiación de las comunidades autónomas.
Eso es lo que leí hace dos minutos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.
Señor Soto.
El señor SOTO GARCIA: Tal como he entendido ahora (que antes no se oía
excesivamente bien desde aquí atrás, la última frase concretamente no la
había captado), estamos de acuerdo totalmente con esa redacción.
Unicamente, señor presidente, si me permite, a efectos de anotar la
enmienda transaccional, creo yo entender que los grupos de Coalición
Canaria y Convergència i Unió habían introducido la obligación de
publicar el padrón en el «Boletín Oficial del Estado».
El señor PRESIDENTE: Parece que efectivamente consta en la enmienda
transaccional, cuyo texto, en consecuencia, aceptado por ambos grupos, es
el que se somete a votación.
Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Socialista por la que
se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la inmediata
publicación de las cifras oficiales de la población resultante de la
renovación del padrón municipal referidas al 1 de mayo de 1996, en los
términos de la enmienda transaccional, como ha quedado esclarecido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno. (Aplausos.)
III. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SITUACION DEL SECTOR LACTEO
COMO CONSECUENCIA DEL FRACASO EN LA OBTENCION DE UNA CUOTA ADICIONAL DE
UN MILLON DE TONELADAS POR PARTE DE LA UNION EUROPEA (UE) Y DEL PLAN DE
REORDENACION DEL SECTOR QUE TIENE PREVISTO PONER EN MARCHA EL GOBIERNO
(Número de expediente 173/000051)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la del Grupo Socialista sobre situación del sector
lácteo como consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota
adicional de un millón de toneladas por parte de la Unión Europea y del
plan de reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha el
Gobierno. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la
presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Blanco. (Rumores.) Señorías, les ruego
silencio.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Blanco. (Pausa.)
Puede comenzar, señoría.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que discutimos en el día de hoy es consecuencia de la
interpelación que formulamos el pasado 8 de octubre y obedece a la
preocupación del Grupo Parlamentario Socialista, de los socialistas de
las comunidades autónomas donde el sector lácteo tiene una especial
incidencia, de la preocupación, señorías, que también tengo yo como
miembro de un país, Galicia, y una provincia como Lugo, donde el sector
lácteo es un sector estratégico, desde el punto de vista socioeconómico,
desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de garantizar
el futuro a miles de personas que no tienen otras alternativas de
producción ni de empleo, que llevan invertidos muchos recursos, algunos
de ellos públicos y en muchos casos con muchas hipotecas para garantizar
unas explotaciones rentables, unas explotaciones competitivas. Ahora,
señorías, no podemos negarles la posibilidad de seguir creciendo para que
sus explotaciones se acerquen a la media de producción de la Unión
Europea, para que tengan garantizado su medio de vida precisamente en el
sector lácteo.
Estamos, señorías, preocupados, y nuestra preocupación obedece, en primer
lugar, al fracaso, como dije el día que discutíamos la interpelación, de
la ministra del Gobierno en la negociación en el seno de la Unión Europea
para conseguir un millón de toneladas en el incremento de nuestra
producción láctea. La señora ministra planteó, aunque el Consejo de
Ministros de Holanda fuese un Consejo informal, la posibilidad de que se
incrementase en un millón de toneladas nuestra capacidad de producción, y
no ha conseguido resultado alguno. Por tanto, hemos tenido una respuesta
que es el fracaso de ese planteamiento.
El otro día el Gobierno, en respuesta a la interpelación, nos planteaba
que ese debate se tenía que producir al hilo de la discusión de la OCM
que se empieza a debatir en estos momentos.
Yo tengo que reafirmar que hay precedentes de ampliación en este país sin
esperar a que se discuta la OCM. Pero además, señorías, no se puede tener
a los ganaderos de nuestro país en tensión todos los años, en cada
campaña, con la incertidumbre de si va a haber multa o sanción. No
podemos permitir que nuestros productores estén campaña tras campaña con
el desconcierto de lo que va a pasar al final de la campaña. No podemos
estar permanentemente alentando la leche comprimida o que esté
apareciendo, como está aflorando, un mercado de leche oculta que en nada
beneficia los intereses de nuestro país ni los intereses de nuestros
ganaderos. Además, como saben SS. SS., el documento para la reforma de la
OCM, el documento Santer, no contempla la ampliación de la cuota y el
sistema de compensaciones que plantea es lesivo para los intereses de
nuestros ganaderos.
Por eso nosotros decimos que el sector lácteo, que afecta a la economía
de muchas personas, que afecta a la economía de muchos territorios, debe
ser un tema prioritario de negociación en el seno de la Unión Europea y
que, por tanto, no puede ser moneda de cambio de ninguna situación, de
ninguna negociación que se plantee también en el seno de la misma.
Tenemos la impresión de que el sector lácteo puede ser una moneda de
cambio, y también tenemos la impresión de que el Gobierno ha arrojado la
toalla en la posibilidad de ampliar esta cuota adicional para nuestro
país. ¿Por qué tenemos esa sensación? Porque no podemos entender --y lo
hemos explicado en el debate de la interpelación--, cuando estamos
hablando de que el sector lácteo es estratégico, cuando estamos hablando
de que por cuestiones socioeconómicas es necesario dar respuesta, cuando
estamos hablando de que el sector lácteo genera miles de empleos en
nuestro país, que se ponga en marcha un plan de reajuste del sector que
lo único que pretende es equilibrar la producción de nuestro país con la
cuota que tenemos asignada. Eso, a nuestro entender, es arrojar la
toalla, eso es abandonar por la vía de los hechos la capacidad de
ampliación de nuestro país. Eso es tanto, señorías del Partido Popular,
como renunciar por la vía de los hechos a la ampliación, a los niveles de
producción alcanzados. Eso es, en definitiva, decir a miles de ganaderos
que los van a expulsar del sector porque sus explotaciones no son viables
en el propio sector.
A nuestro juicio no es compatible un plan de reajuste con una negociación
seria en el seno de la Unión Europea en defensa de nuestro incremento de
producción; un plan de reajuste que significa que las empresas, por el
sistema de retención obligatoria, aplicarán la supertasa desde el momento
en que los ganaderos se sobrepasen, afectando esta medida
fundamentalmente
a las pequeñas y medianas explotaciones, precisamente a aquellas que
tienen más dificultades para poder desarrollarse, eliminando a los
primeros compradores. Ustedes saben que suprimiendo a primeros
compradores pequeños --no estoy en contra de que se les pueda controlar
con los mecanismos que sean necesarios-- estamos eliminando la
posibilidad de que se pueda recoger la leche en muchos territorios, en
pueblos de muchas comunidades autónomas, de forma especial en la
Comunidad Autónoma de Galicia, y poniendo en marcha un plan de calidad
por una normativa comunitaria que entra en vigor a partir del 1 de enero
sin que se haya articulado, primero, una explicación del mismo y,
segundo, sin que se haya dispuesto de los recursos necesarios para poder
abordar este plan de calidad. Y no se dispuso de los recursos necesarios
porque sabe bien el Gobierno y el Partido Popular que los destinados a la
mejora de la calidad del sector lácteo fueron desviados precisamente para
otros menesteres como la peste porcina, lo que demuestra el escaso
interés del Gobierno de España por el sector lácteo.
Nos preocupa, señor presidente, que este Gobierno haya ocultado los datos
de producción de la campaña que finalizó el 31 de marzo, anteponiendo los
intereses partidarios del Partido Popular a los intereses generales de
este país. Y ha ocultado los datos de producción esperando a que pasara
el día 19 de octubre para que no se soliviantaran los ganaderos gallegos
al anunciarles el Gobierno que tenían que pagar la supertasa por decisión
del propio Gobierno. Y han ocultado los datos a pesar de que la Unión
Europea les haya anunciado que les iba a poner una sanción. Y han
ocultado los datos, señorías, contribuyendo ello al desprestigio de
nuestro país en el seno de la Unión Europea, lo cual es un mal precedente
para una posible negociación en el marco de la misma Unión Europea. Y han
ocultado los datos apelando a que no los podían facilitar porque los
primeros compradores no se los habían facilitado al Ministerio de
Agricultura. Pues ya les anuncio que, para saber si es verdad que tenían
dificultad en tener los datos de los primeros compradores, formularé una
pregunta al Gobierno para que me diga qué primeros compradores no han
facilitado los datos antes del 1 de septiembre y qué medidas ha adoptado
contra esos primeros compradores por vulnerar la normativa legal, porque
yo tengo la convicción de que ningún primer comprador a 1 de septiembre
había ocultado los datos al Gobierno. Todos habían facilitado los datos
antes del 1 de septiembre, fecha tope que tenía el Gobierno para
presentarlos en el seno de la Unión Europea. Pero lo sabremos cuando el
Gobierno me responda a la pregunta que formulo en este momento.
Señorías, por todo ello creemos que se deben adoptar los mecanismos
necesarios en orden a evitar en el futuro que se vuelvan a reproducir
situaciones como las de la campaña actual y que los datos --y esto va en
beneficio del prestigio de nuestro país-- sean entregados a la Unión
Europea en tiempo y forma. Es la primera vez que sucede, por cierto, que
los datos se entregan fuera de plazo. Nos gustaría, además, que se
conocieran de verdad cuáles han sido las causas de este retraso. Debemos
otorgar la máxima prioridad, y la máxima prioridad no es una declaración
de intenciones, no es una manifestación de que se va a negociar; la
máxima prioridad es emprender una negociación en serio, una negociación
basada en razones socioeconómicas, de empleo, de estrategia para algunas
comunidades autónomas o territorios que posibilite el incrementar nuestra
capacidad de producir. Por eso no es compatible esto con un plan de
ajuste, por eso no es compatible esto con maquillar ciertos datos, por
eso no es compatible esto con otras situaciones que se están dando en el
sector lácteo, ¿Sabe por qué no es compatible? Porque no podemos indicar
a la Unión Europea que tenemos un excedente que seguramente no se
corresponde con la realidad del sector, y luego decirle que nos
incremente nuestra capacidad de producir por encima de los datos que
aportamos al seno de la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco, le
ruego concluya.
El señor BLANCO LOPEZ: Estoy concluyendo, señor presidente.
Por eso, decimos que es incompatible la negociación y la ampliación con
el programa de ajuste, que supondrá la eliminación de miles de
explotaciones, precisamente muchas de ellas en Cantabria, Asturias,
Castilla y León, pero fundamentalmente en Galicia, que ustedes quieren
expulsar del sector para así equilibrar la producción a la cuota
asignada. Por eso defendemos que es necesario un programa de ordenación
global del sector. Defendemos que este plan de ordenación global tiene
que ser acordado con las comunidades autónomas y también con el sector,
con los productores, con los sindicatos agrarios, etcétera, basado
fundamentalmente en tratar de potenciar explotaciones familiares
eficientes y competitivas, así como un sector industrial técnicamente
avanzado.
Señorías, por esta razón presentamos esta moción. No quiero concluir sin
decirles que en el último debate que tuvimos sobre la interpelación se
acusó al Grupo Parlamentario Socialista de plantear un debate por razones
electorales. Yo les dije que del sector lácteo hablaríamos antes y
después de las elecciones, y les anuncio que mientras sea diputado por
Galicia, y por la circunscripción de Lugo, mientras los problemas de los
agricultores sigan sin resolverse, mientras el Gobierno no dé una
alternativa a la supertasa, hasta tanto no se consiga la ampliación en un
millón de toneladas para evitar que la misma recaiga sobre los ganaderos,
entre tanto no consigamos una ordenación global del sector, consensuada y
acordada entre todos, mientras no consigamos
esto, este diputado y este grupo parlamentario traerá cuantas veces crea
conveniente --y desde luego serán bastantes-- este tema a consideración
de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
Han sido presentadas a esta moción tres enmiendas por parte de los Grupos
Federal de Izquierda Unida, Popular y Catalán (Convèrgencia i Unió). Para
la presentación y defensa de la enmienda, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señorías, asistimos hoy a la
segunda parte del debate sobre la situación del sector lácteo. Segunda
parte que se realiza en un contexto diferente al de hace dos semanas. Han
pasado las elecciones gallegas y esperamos sinceramente que se hayan
tranquilizado un poco los ánimos. También, por desgracia, se han
confirmado los temores que ya manifestamos hace dos semanas. Nuestro país
ha sido nuevamente sancionado, tanto por sobrepasar la cantidad de
producción permitida como por retrasar la comunicación de los datos a la
Unión Europea, a pesar de lo que aquí se dijo, tanto por la ministra como
por otros portavoces del Partido Popular.
Pero si el contexto puede ser diferente, la realidad de fondo es la
misma. Nuestro ingreso en la Europa comunitaria se hizo a costa, entre
otros, del sector lácteo y hoy seguimos pagando las consecuencias de esa
mala negociación. Por eso, a pesar de la gravedad, de la sospecha
plenamente justificada de que el Gobierno y la ministra de Agricultura,
en concreto, ocultaron durante semanas datos, tanto al conjunto de la
sociedad como al Congreso de los Diputados, en el debate de hace dos
semanas, y los ocultaron por un interés claramente electoralista; como
digo, con ser esto grave, no es lo principal.
La ministra mostró la semana pasada su preocupación porque se perdiera
una sola peseta de la Hacienda pública en el pago de multas. Pues bien,
la multa se ha producido y espero que ahora se responda claramente a la
pregunta. ¿Quién va a asumir las responsabilidades? ¿Quién va a asumir la
responsabilidad política de ese error? ¿O es que la ministra solamente
mostraba su preocupación hace dos semanas de cara a la galería? Para
nosotros, la responsabilidad política está claramente situada en el
Ministerio de Agricultura; y está situada ahí porque, como decía, o bien
se conocían los datos y no se han dado y de esta forma se mintió
deliberadamente, o el Gobierno desconocía la situación, el Gobierno
desconocía esos datos y, sinceramente, no sabemos qué es peor, si la
ocultación de la información o la incapacidad. En ambos casos, lo que
está claro es que el Gobierno debe indicar a esta Cámara quién y cómo se
asumen esas responsabilidades.
Como decía, con ser esto grave no es lo peor. Lo
realmente grave para nosotros es la situación del sector lácteo.
Situación que, por desgracia, no se deriva ni de la falta de
competitividad ni de la falta de calidad o de la retracción del mercado,
circunstancias todas ellas que explicarían una situación problemática. El
drama del sector lácteo español es que las condiciones que impone la
Unión Europea condenan a la desaparición a un importante número de
producciones; producciones que, evidentemente, son las más desprotegidas
social y económicamente hablando. No es justo, señorías, que no se nos
deje producir ni siquiera la cantidad que necesitamos para el consumo
interno.
Por todo esto es importante que asumamos de una vez por todas las
desastrosas condiciones, las desastrosas consecuencias, que tuvo nuestro
ingreso en la Unión Europea; consecuencias desastrosas no solamente para
el sector lácteo, sino también para otros sectores. Nosotros consideramos
que un poco de autocrítica no viene mal, y este es el sentido de nuestra
enmienda que esperamos sea aceptada por el grupo proponente. No les
pedimos que coincidan con nuestra certeza de que en las condiciones de
nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea primaron mucho más los
intereses del anterior presidente del Gobierno de situarse, de
convertirse en un líder europeo, que la defensa de los intereses
nacionales . Porque hoy nadie puede discutir que en el fondo del problema
que estamos viendo están las condiciones de nuestro ingreso en la
Comunidad Económica Europea. Creemos que es fundamental esta autocrítica
porque solamente después de admitir esa mala negociación se puede hoy
plantear una renegociación de esas condiciones.
Por otra parte, también tenemos que mostrar nuestras dudas. Estamos
convencidos de que no es precisamente el actual presidente del Gobierno
el que se caracteriza por su capacidad de enfrentarse a las decisiones de
la Unión Europea. Aquí parece ser que lo importante es aparecer como un
dócil europeísta, aunque sea necesario para ello claudicar en la defensa
de nuestros intereses. Sinceramente, no tenemos ninguna confianza en que
el presidente Aznar y su Gobierno planten cara a las autoridades de la
Unión y les obliguen a la renegociación de las condiciones que tiene que
soportar nuestro sector lácteo. ¿O es que alguien piensa que de alguna
otra manera se puede resolver que nos aumenten la cuota en un millón de
toneladas?
Señorías, frente a eso el Gobierno prefiere tomar el camino más fácil, el
camino de la sumisión a las directrices de la Unión, porque detrás de
gestos más o menos altisonantes de la ministra lo que se esconde es un
plan de reconversión salvaje del sector lácteo, porque es mucho más fácil
sacrificar a decenas de familias que han dedicado generaciones enteras a
la industria
láctea que intentar replantear las condiciones, las relaciones de poder
dentro de la Unión Europea.
Por otra parte, no vamos a repetir argumentos ya señalados hace dos
semanas, y no los vamos a hacer porque estamos convencidos de que en este
caso, como en otros muchos, no se trata solamente de tener razón; se
trata, sobre todo, de tener la decisión de imponer las razones por encima
de los intereses internacionales, porque a estas alturas yo creo que
nadie duda en esta Cámara, ni en el conjunto del Estado, de que el sector
lácteo es vital para amplias zonas del Estado español, de forma
fundamental para Galicia y la cornisa cantábrica, donde comarcas enteras
tienen una economía dependiente de la producción láctea y de las
industrias que se derivan de la leche, que suponen una de las pocas
actividades viables en un marco económico que no es precisamente
halagüeno.
También todos coincidimos en que la cuota asignada a España es claramente
insuficiente y discriminatoria, pero hay que insistir en que nuestro país
no puede hacerse responsable de que el Gobierno en su día no entregase
los datos adecuados. Nuestro país no puede en estos momentos soportar los
excedentes lácteos de la Unión Europea. La realidad es que no es justo
castigar a los ganaderos que tienen que alcanzar ciertos niveles de
producción para hacer rentable su propia economía.
Como decía, esas son las razones, cuando estamos frente a intereses de
terceros países que lo que pretenden es atrofiar nuestro sector lácteo
para ocupar ellos el mercado con sus excedentes. Por tanto, el Gobierno
español, su ministra de Agricultura, tiene obligación de dar soluciones.
Hemos defendido la necesidad de ser críticos con el Gobierno anterior.
Pero solamente para criticar a gobiernos anteriores no se presenta nadie
a unas elecciones. Todos nos presentamos con la obligación de gobernar en
caso de ser así elegidos por el pueblo español. Por tanto, hoy aquí la
ministra de Agricultura y el Gobierno del Partido Popular tienen que
resolver la situación y asumir su fracaso, que por cierto hay que sumar a
otros muchos en el sector agrícola y ganadero.
Es una realidad, y así lo hemos venido diciendo, que el Gobierno recibió
el sector lácteo en un total desorden. Pero después de más de un año de
gobierno el sector lácteo no sigue solamente en desorden, sino que está
también a punto de ir a la ruina y amenazado por una reconversión salvaje
que recaerá sobre quien lleva mucho tiempo trabajando, y ahora se le dice
que por razones de intereses comunitarios sobra en su propia tierra.
Con certeza, señorías, hoy votaremos a favor de la moción que se nos
presenta. Sin embargo, tengan por seguro que por muchas mociones que
aprobemos --y ya han sido varias en esta Cámara-- no se va a solucionar
el problema si no existe esa decisión del Gobierno de enfrentarse a la
Unión Europea. Pero ese es otro debate en el que habría que revisar las
relaciones de España con la Unión Europea, habría que revisar el propio
papel de la Unión Europea. Como decía, este es otro debate, al que no
quiere hacer frente la mayoría de esta Cámara porque significaría
replantearse las propias relaciones de poder, la propia democratización
de la Unión Europea. Lo que estamos planteando es transformar los
actuales intereses comunitarios y que Europa sea solidaria y apueste de
verdad por el desarrollo de los sectores productivos de este país. En
concreto, que Europa pueda servir de soporte para el desarrollo de
nuestro sector lácteo y, por consiguiente, para el desarrollo de amplias
zonas del Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en los últimos meses muchos han sido los debates que sobre el
tema del sector lácteo hemos tenido en esta Cámara. Comparecía el 17 de
junio en Comisión la ministra para explicar la política que estaba
siguiendo su departamento, lo hacían posteriormente los consejeros de la
cornisa cantábrica, planteándonos a todos los grupos un documento que
habían elaborado conjuntamente y de acuerdo con el Ministerio y que ellos
habían elevado a Bruselas. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular
presentó una proposición no de ley por la que instaba al Gobierno a
solicitar ante la Unión Europea el incremento de la insuficiente cuota
láctea asignada a nuestro país, y ahora tenemos la oportunidad de debatir
esta moción consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario
Socialista que habíamos visto hace escasas fechas.
Quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular se congratula de que
ustedes planteen este tipo de iniciativas en esta Cámara, porque ello
significa que comienzan a ser conscientes de la importancia que el sector
lácteo tiene para una serie de comunidades autónomas, como son Galicia,
Asturias, Cantabria, en definitiva, toda la cornisa cantábrica. Es un
sector estratégico que afecta a multitud de familias de la cornisa
cantábrica y, por tanto, nos alegramos de que ustedes comiencen ya a
darse cuenta de esto que es una realidad.
Al Grupo Parlamentario Popular le parece de vital importancia ordenar el
sector, y por eso nuestra ministra ha planteado y ha consensuado con
todos los sectores afectados y con las comunidades autónomas un plan de
reordenación del sector, que a ustedes no les gusta, y yo lo lamento. Es
lógico que no les guste y es lógico también que a nosotros no nos guste
lo que ustedes
plantean, porque está demostrado --y a los hechos me remito-- que
respecto al sector lácteo han fracasado en la política que han llevado a
cabo durante los años de Gobierno socialista.
Desde hace muchos años venimos denunciando la situación en la que se
encuentran nuestros ganaderos, como consecuencia de una mala negociación
en nuestro ingreso en la Unión Europea. Ya sé que a usted le gustaría que
la negociación hubiese sido distinta, y a nosotros también. Estoy segura
de que a todos nos gustaría que España hubiese entrado en la Unión
Europea de otra forma. Pero no fue así. En 1995, en esta Cámara se aprobó
una iniciativa de mi grupo, por la que se instaba al Gobierno a solicitar
ese incremento de cuota. Curiosamente, esa proposición no de ley, que fue
aprobada con el voto favorable de todos los grupos, contó también con el
voto favorable de quienes hasta entonces se habían mostrado contrarios a
ese tipo de iniciativas.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno seguimos avanzando en la
misma línea, porque nosotros no hemos cambiado respecto a nuestra
política. Nosotros seguimos diciendo exactamente lo mismo que hemos
manifestado desde hace años. Hoy, a pesar de las expresiones inaceptables
de todo punto que usted ha vertido en esta tribuna, y que aparecen
reflejadas en la exposición de motivos de su moción, vamos a hacer un
esfuerzo por llegar a un acuerdo con ustedes, y para ello hemos
presentado una enmienda. Las expresiones que usted ha formulado desde
esta tribuna y que figuran en su exposición de motivos son inaceptables
para nosotros porque son rotundamente falsas. En primer lugar, ustedes
dicen que el Ministerio ha fracasado en la obtención de la cuota
adicional para España.
¿Cómo va a fracasar el Ministerio si todavía no está tomada la decisión?
Usted nos ha dicho aquí que la cuota no iba a ser incrementada para
nuestro país; debe tener una información privilegiada, de la que no
disponemos el resto de los grupos, y que ni siquiera la tienen en el
Ministerio, porque usted sabe --repito-- que la decisión no está tomada.
No sé si lo que usted pretende es engañar a los ganaderos o confundirlos.
Creo que a estas alturas, con esta política, a los ganaderos españoles ni
siquiera los pueden engañar, porque estoy convencida de que éstos,
después de lo que han visto durante 14 años de Gobierno socialista, ni
tan siquiera les escuchan.
Tampoco fracasó la ministra en Holanda. Usted lo ha dicho, el Consejo de
Ministros era a título informativo; por tanto, en un Consejo de Ministros
que es informativo, orientativo, en el que se van a examinar por parte de
los países todos los temas de la actual OCM de la leche, difícilmente se
toman decisiones. Usted lo sabe. En ese Consejo de Ministros no se tomó
ninguna decisión; por tanto, es falso que la ministra haya fracasado.
Se ha hablado aquí también de que nosotros utilizamos el tema del sector
lácteo como moneda de cambio. ¿Cómo es posible que usted haya olvidado la
historia de la política del Grupo Socialista cuando estaba en el
Gobierno? En la interpelación de hace quince
días en esta Cámara, consecuencia de la cual es esta moción, la
señora ministra le comentaba a usted un párrafo en el que don Fernando
Morán reconocía que, en el momento de negociar la entrada de España en el
Mercado Común, el Grupo Socialista tuvo que ceder ante los intereses de
otros sectores en perjuicio del sector lácteo. Está escrito en un libro
del señor Morán. De modo que dígale al señor Morán que no manifieste esas
cosas porque después se contradice con lo que usted afirma.
El plan de abandono es voluntario y, por lo tanto, lo que usted está
diciendo también es falso. Quiere hacer creer a los ganaderos que la
ministra pretende obligar con ese plan de abandono, y es falso, como lo
son también las afirmaciones que dicen que el fracaso de la negociación
se debe a la falta de firmeza de la ministra y de su estrategia. Eso es
lo que dice el Grupo Socialista en la exposición de motivos. Si los
ministros socialistas de turno hubiesen defendido con el rigor y con la
rotundidad con la que lo hace la ministra el tema del sector lácteo, a
buen seguro en estos momentos no estaríamos debatiendo en esta tribuna
este tema porque probablemente estaría ya todo solucionado. Precisamente
por ese fracaso socialista, por el fracaso de sus respectivos gobiernos,
es por lo que hoy nuestra ministra ha tenido que defender --y sigue
teniendo que defender-- lo que ustedes no supieron hacer ayer. Ustedes
han tenido diez años, hay que recordarlo, desde la entrada de España en
el Mercado Común en 1986, hasta 1996 en que estuvieron en el Gobierno,
para defender al sector lácteo y, la ministra, quiero recordarle que
lleva año y cuatro meses al frente de su departamento.
Habla usted del pago de la multa y tampoco se quieren enterar de cuál es
la normativa comunitaria, aunque lo saben perfectamente, pero no les
gusta. Yo siento que no les guste, pero es de obligado cumplimiento y,
por lo tanto, el Estado no puede hacer frente --como lo ha venido
haciendo en años anteriores-- al pago de esa supertasa que costó 200.000
millones de pesetas a todos y cada uno de los españoles, y también a SS.
SS. Asimismo, quiero recordarle que ustedes hicieron frente a la política
que nosotros estamos hoy planteando, y es que sean los ganaderos los que
paguen esa supertasa. Es una irresponsabilidad, señoría, el que
demagógicamente trate de vender a los ganaderos lo que impiden llevar a
cabo las normas de la Unión Europea y usted lo sabe, pero lo oculta.
En beneficio de nuestros ganaderos y en defensa de los intereses de este
sector --que creemos que bien se lo merece después de tantos años--, lo
que nosotros queremos es aprobar su moción y, por lo tanto, hemos
presentado una enmienda; una enmienda que esperamos que ustedes acepten
porque recoge perfecta y fielmente
lo que es la problemática del sector y las tres necesidades fundamentales
en este momento según lo entendemos nosotros. Por una parte, adoptar los
mecanismos que permitan entregar en plazo los datos de la producción
láctea a la Unión Europea. Usted dice que hemos ocultado los datos. ¿Cómo
me puede decir --cuando la campaña ha terminado el 31 de marzo de 1997 y
estamos en octubre-- que estamos ocultando los datos? ¿Cómo me puede
decir que es la primera vez que esto sucede cuando la campaña del año
1995 (ya se lo he dicho en Comisión, pero lo tengo que volver a repetir,
y yo lamento ser reiterativa) terminó el 31 de marzo y no entregaron
ustedes los datos hasta el año 1996? Usted es nuevo en esta Cámara y yo
también, pero es que hay que enterarse de las cosas que pasaron con
anteriores gobiernos. (Una señora diputada: ¡Muy bien, Alicia!). El
retraso no va a costar nada, no se preocupe, esté usted tranquilo y no
pretenda confundir una vez más.
En segundo lugar, en nuestra enmienda seguimos solicitando el incremento
de la cuota láctea para nuestro país, ya que creemos que es un objetivo
irrenunciable tanto para el Partido Popular como para nuestra ministra.
La tercera parte de nuestra enmienda se define por continuar con la
política de diálogo con las comunidades autónomas --como viene llevando a
cabo nuestra ministra-- y con todos aquellos sectores implicados para el
desarrollo de ese plan de reordenación, que lamentamos que no les guste,
pero estamos convencidos de que es la única posibilidad de poner orden y
de llevar adelante una política positiva para nuestros ganaderos. Quiero
decirle que lo que nosotros pretendemos con ese plan de reordenación es
seguir negociando su desarrollo con las comunidades autónomas y con los
sectores implicados.
Espero que el Grupo Parlamentario Socialista admita esta enmienda del
Grupo Parlamentario Popular en beneficio de los ganaderos que, en
definitiva, creo que es lo que importa a las señorías que están presentes
en esta Cámara. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Castro.
Para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
diputados, una vez más estamos debatiendo un tema importante sobre el
contexto agrario ganadero del Estado español. El Grupo Parlamentario
Socialista presentó una interpelación a la ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y ahora, a través de la moción, nos pronunciamos al
respecto.
El debate que estamos realizando, en términos parecidos ya lo hemos
sustanciado en la Comisión de Agricultura y en otros Plenos. No obstante,
dada la importancia del tema, tengo la impresión de que, como ya ha
adelantado el portavoz del Grupo Socialista, continuaremos hablando de
ello el resto de la legislatura.
Una moción, como saben SS. SS., está formada de dos partes: una parte
expositiva, donde se analizan las motivaciones, y otra parte en la que, a
través de las conclusiones, se insta al Gobierno a adaptar la política a
esas necesidades. Si bien nuestro grupo parlamentario podría estar de
acuerdo con una parte importante de las propuestas de la moción original,
entendemos que la parte expositiva no centra el tema y, en algunos casos,
incluso la acidez en la crítica puede hacer peligrar la razón que la
moción pueda tener.
La intervención del portavoz del Grupo Socialista y la exposición de
motivos de la propia moción, parte, a mi entender, de una premisa que es
inexacta, ya que la situación actual no es un problema achacable a
realizaciones de la actual legislatura, sino más bien el resultado de una
negociación poco afortunada y la aceptación de una cuota que, como afirma
el señor Blanco, todos estamos de acuerdo en que es absolutamente
insuficiente.
Argumentar como base de la moción que la aplicación del plan de
reorganización o reestructuración del sector es la marcha atrás y una
renuncia en los niveles de producción alcanzados con el esfuerzo de
muchos ganaderos, a nuestro entender no se ajusta a la realidad, ya que
esa limitación, que nadie niega que existe, es realmente un escollo para
el desarrollo del sector y el resultado de unas cuotas que en su momento
se aceptaron.
Intentar desvincular las considerables superproducciones de los ganaderos
puede ser una posición. No obstante, creo que hay que ser valientes y la
pregunta que nos tenemos que hacer es sencilla: ¿Estamos o no estamos de
acuerdo con las cuotas? Este, a mi entender, es el núcleo de la cuestión,
that is the question. sí o no a las cuotas. Si estamos de acuerdo y
entendemos que gracias a ellas el precio de la leche se mantiene en unos
límites razonables, ¿por qué no intentar hacerlas cumplir? Si, por el
contrario, no estamos de acuerdo con las cuotas, hay que decirlo claro y,
en ese caso, ¿para qué cumplir la normativa europea, para qué exigir
responsabilidades en la superproducción y por qué no facilitar que todo
el mundo produzca lo que quiera, que también tendría que ser otra
posibilidad? ¿O quizá lo que se pretende es otra cosa? Decir que sí a las
cuotas, decir que sí a la superproducción y que pague el Gobierno la
multa. Por tanto, hay que decirlo de una forma clara y, desde luego,
nosotros no estaríamos en esa línea.
Oponerse a un plan de calidad, como se hace de alguna manera en la
exposición de motivos --no en su intervención--, a nuestro entender sería
una marcha atrás en la estrategia seguida por todos los gobiernos y, sin
duda, la demostración de un desconocimiento de
la normativa comunitaria, que obligará, a partir del día 1 de enero de
1998, nos guste más o nos guste menos, a que sólo se pueda comercializar
la leche catalogada como de tipo A. En todo caso, eso sí que se desprende
no de su intervención, repito, pero sí de la exposición de motivos.
Defender la no necesidad de la ordenación del sector de primeros
compradores, no exigiéndoles el cumplimiento de sus deberes con Hacienda
o con la Seguridad Social y una buena gestión de sus propias cuentas, lo
encontramos básicamente inexplicable. ¿O acaso alguien puede estar de
acuerdo con unos primeros compradores si demuestran que son incapaces de
llevar un mínimo de control de sus propias compras? ¿Qué garantía podrían
ofrecer a los productores ese tipo de primeros compradores? Ninguna. Por
tanto, estamos a favor, como decimos en el texto de la resolución, de
que, de acuerdo con las comunidades autónomas, se pongan en marcha unos
mecanismos para el control de esos primeros productores.
Por último, como filosofía global nos parece del todo injusto que los
problemas sociales que sin duda existen en algunas zonas del Estado
español --y que en algunos casos coinciden con un tipo de estructuras
productivas de leche que nada tienen que ver con el modelo de explotación
diseñada en Europa--, que esa problemática social, que esa disfunción
entre lo óptimo y lo existente se intente solucionar solamente con
aportaciones del propio sector lácteo, cuando la responsabilidad de la
cohesión social en el conjunto de la sociedad, en el conjunto del Estado
español, es una responsabilidad de todos. Por eso nos parecería una
propuesta poco realista hacer que sea el propio sector el único
responsable de la situación actual. ¿Alguien puede imaginarse qué pasaría
con el sector del carbón si las ayudas que van al mismo tuviesen que
salir sólo del propio sector? Realmente, la situación sería difícil.
Por tanto, hay que diferenciar entre dos problemas que, a nuestro juicio,
corren paralelos: la ordenación del sector, que asegure la viabilidad del
mismo así como la convergencia con el modelo europeo, y las medidas de
carácter social, con aportación del conjunto de la sociedad, que permitan
dar una solución a esa problemática que realmente existe en algunas zonas
del Estado.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario está de acuerdo
con algunos puntos de la propuesta de la moción pero no con la
argumentación, no con el texto expositivo y no con la eficacia de la
misma. Por ese motivo hemos presentado la siguiente enmienda de
sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a
que, de acuerdo con las comunidades autónomas, ordene el sector de los
primeros compradores para que, adaptándose a las peculiaridades de cada
zona productora, cumplan con la obligación de su propia gestión, a la vez
que ofrezcan suficientes garantías al productor. Segundo, a adoptar los
mecanismos necesarios para dotar al sector de la máxima transparencia en
lo que se refiere a la producción láctea. Tercero, a otorgar la máxima
prioridad en la negociación con la Unión Europea para que nos permita un
aumento de un millón de toneladas de leche, y a potenciar un acuerdo con
las comunidades autónomas y la mesa de la leche, y un plan de ordenación
del sector, teniendo en cuenta que el futuro de muchas pequeñas
explotaciones no puede pivotar únicamente sobre el propio sector, y que
en esa acción, que sin duda hay que acometer, será necesaria la
colaboración del conjunto de la sociedad.
Señor presidente, señoras y señores diputados, ésta es la propuesta que
hemos presentado y esperamos que el Grupo Socialista la acepte para
poderla votar.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señora y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca
de la moción que presenta el Grupo Socialista. Una moción que es oportuna
también en el tiempo porque desgraciadamente, una vez más, vuelve a estar
de actualidad el exceso de producción y, por tanto, la correspondiente
supertasa.
El Bloque Nacionalista Galego insiste de nuevo ante este Congreso en la
importancia estratégica del sector lácteo en Galicia, un sector que, por
cierto, está amenazado por directrices políticas contrarias a sus
necesidades. Señoras y señores diputados, este tema no lo podemos tratar
con planteamientos más o menos técnicos acomodaticios o burocráticos. Si
estamos hablando de un sector estratégico estamos hablando de la
necesidad de salvar ese sector y de las consecuencias que se derivarían
de que se destruyera o disminuyera su importancia. Es un sector que sí
hizo un importante esfuerzo de modernización, que es capaz de competir en
precio y calidad con las leches producidas en otros países europeos, por
cierto, con precios inferiores a los existentes allí, un sector que sufre
la escasez de cuota asignada por la Unión Europea al Estado español en el
momento de la negociación. Y conviene decir que la mayoría de los grupos
presentes en esta Cámara votaron a favor de esa negociación, en una
situación que no fue corregida por los sucesivos gobiernos, incluido el
actual. Y no conviene resaltar más veces, porque se ha hecho en muchas
ocasiones, que son otros Estados miembros los causantes de los excedentes
de producción láctea, porque la cuota asignada al Estado español no
alcanza siquiera a cubrir el consumo
interno. En resumen, un sector que vuelve a verse amenazado con las
políticas que en su día adoptaron otros gobiernos. Pero el actual ha
decidido poner en marcha un nuevo intento --y ya lo denunciamos en otras
ocasiones-- de meter en cintura al sector lácteo y dar satisfacción a las
pretensiones europeas.
Si en los últimos años el número de explotaciones y, por tanto, el empleo
agrario cayó alarmantemente en Galicia, sin que dicha caída fuese
absorbida por otro sector de la producción, la aplicación de la política
diseñada por el Ministerio de Agricultura no hará más que empeorar la
situación actual. Se sigue condenando a una sociedad al paro, al
subempleo o a la emigración.
El primer punto de la moción plantea que se hagan públicos los datos de
producción de la pasada campaña 1996-1997, finalizada el 31 de marzo;
datos que deberían conocer productores e industrias, ya que es más
importante que el que los conozcan en la Unión Europea; datos que en su
día se comprometió el Ministerio de Agricultura --y aquí está presente la
señora ministra-- a facilitar con periodicidad a este sector, por cierto,
promesa que tampoco se cumplió; datos que ahora aparecen en medios de
comunicación y que hablan de 3.660 millones de multa, de los que el 50
por ciento le corresponderían a Galicia, pero oficialmente, que yo sepa,
seguimos sin conocer; datos que se ocultaron --y eso es así-- con el fin
de narcotizar a una parte del electorado gallego ante el pasado proceso
electoral de 19 de octubre.
Ahora, el sector, señoras y señores diputados, se enfrenta a varios
problemas. Un problema es adaptarse al plan de calidad láctea exigido por
la Unión Europea, que entra en vigor el próximo 1 de enero y que no va a
permitir a numerosas pequeñas explotaciones cumplir con sus exigencias,
entre otras cosas porque no se les prestó ninguna ayuda para adaptarse a
esta situación. La Xunta habla de la posible desaparición de 19.000
explotaciones. Efectivamente, hay problemas añadidos, como la aplicación
a ultranza al sector de la actual cuota basándose el Ministerio en dos
premisas: el productor que sobrepase la cuota tiene que pagar, es decir,
litro pasado, litro pagado, y banco de cuotas basado, naturalmente, en el
plan de abandono de la producción, es decir, con la misma cuota, menos
productores. Esto, inevitablemente, conllevará a la desaparición de
explotaciones y a la adaptación de la producción láctea a la cuota
asignada por la Unión Europea.
Una vez que el Ministerio y los que defienden su política consigan estos
objetivos, es decir, cuando consigan igualar la producción a la cuota
asignada, ¿cómo va a justificar el Gobierno español la necesidad de
aumentar la cuota si la producción está acorde con la actual? ¿Cómo lo va
a justificar ante Europa? Creo que a estas alturas es evidente, se vea
como se vea, que el Gobierno no tiene intención de pelear por la defensa
del derecho a producir del sector lácteo, por el derecho a disponer de
igualdad de condiciones que tienen otros Estados miembros. Es evidente
que el Gobierno, con esa política, pone de manifiesto que no tiene
ninguna intención ni confianza en aumentar la cuota asignada al Estado
español ante la próxima reforma de la OCM de la leche.
Y hablando de comparecencias, decían los consejeros de la cornisa
cantábrica que Europa está de acuerdo en casi todo lo que le planteamos,
menos en aumentar la cuota asignada al Estado español. Curiosa
coincidencia de los intereses del Estado español con la Unión Europea.
Por lo tanto, insistimos, no puede haber reestructuración del sector y
defensa de un sector lácteo competitivo si previamente no se aumenta la
capacidad actual de producción. No se coopera tampoco para cumplir este
objetivo si el Gobierno sigue intentando aplicar la supertasa. Lo diga
quien lo diga.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta moción, a
pesar de que tenemos alguna diferencia de matiz, porque desde nuestro
punto de vista plantea tres cuestiones básicas y defendibles: la
publicación de datos, no al pago de la supertasa sin aumento previo de
cuota y, sobre todo, la paralización de los planes actuales que el
Gobierno tiene para el sector. Señoras y señores diputados, un sector
que, sin duda, volverá a pelear para evitar su deterioro, no lo duden; un
sector que peleará por su derecho a producir, a poder vivir de su
trabajo. En esa batalla, nosotros, como siempre, estaremos a su lado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor Blanco, tiene S. S. la palabra para expresar la aceptación o no de
las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, me hubiera gustado poder aceptar
alguna de las enmiendas planteadas por los diferentes grupos
parlamentarios, pero yo creo que los temas sustanciales no se abordan
mediante las enmiendas, tanto del Partido Popular como de Convergència i
Unió, sobre todo dos que para mí son fundamentales. En primer lugar, que
se paralice el plan de ajuste puesto en marcha por el Gobierno. En
segundo lugar, que se haga frente al tema de la supertasa. Incluso me
sorprende cuando se dice que eso no se puede tocar porque es una
normativa comunitaria; díganselo también a las administraciones
autonómicas, que son administración y que en la campaña pasada utilizaron
avales para hacer frente a la supertasa. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, concluyo.
Por esas razones, porque entendemos que las enmiendas se desvían de lo
que es el fondo del tema, en orden a evitar que la supertasa recaiga
sobre los ganaderos, en orden a evitar que el plan de ajuste se ponga en
marcha, es por lo que no podemos aceptar ninguna de las enmiendas que han
planteado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Socialista del Congreso sobre situación del sector lácteo como
consecuencia del fracaso en la obtención de una cuota adicional de un
millón de toneladas por parte de la Unión Europea y del plan de
reordenación del sector que tiene previsto poner en marcha.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 144; en contra, 157.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUÑA, SOBRE LA POLITICA DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE
EDUCACION (Número de expediente 173/000052)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida sobre la política de transferencias del Gobierno en materia de
educación. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Para la presentación de la
moción, en nombre del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, y, cómo no,
también dedicado a la gran ausente, en plena resaca de la última cacicada
de doña Esperanza Aguirre, que, insisto... (Protestas.--Aplausos.)
Como iba diciendo, en plena resaca de la última cacicada de doña
Esperanza Aguirre... (Rumores.--Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
(Rumores.) Un momento, señora Aramburu. (Rumores.) Por favor, silencio.
(El señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que no se perciben.) Señor
Martínez Sanjuán, guarde silencio, por favor.
Cuando quiera, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Como iba diciendo, en plena resaca de la
última cacicada de doña Esperanza Aguirre... (Aplausos.-Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Continúe, señora Aramburu.
(Rumores.)
La señora ARAMBURU DEL RIO: Lo podemos corear todos a la vez, si les
parece. ¿Lo hacemos?
En plena resaca de la última cacicada de doña Esperanza Aguirre...
(Risas.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Aramburu, continúe, por
favor. (Rumores.)
La señora ARAMBURU DEL RIO: Seguimos.
Además, considerada pedrada en la frente a la pluralidad nacional y a la
inteligencia española estética y ética que define a una ministra
paleolítica (Rumores.), insisto, paleolítica. (Rumores.)
Decía justamente que en plena cacicada de doña Esperanza Aguirre sobre el
reverso de las humanidades... (Rumores.) Hay que ver, con la educación
que se recibe en la derecha, es increíble que no la practiquen.
(Risas.--Rumores.) Como iba diciendo, sobre el reverso de las humanidades
me dispongo a centrar --señor presidente, usted no me contabilice el
tiempo anterior-- el interés de esta Cámara sobre una de las cuestiones
que desde el punto de vista educativo tiene un carácter sólidamente
estructural en el marco de la configuración federal del Estado.
Estamos hoy en el debate sobre el gran reto descentralizador del sistema
educativo, en el que vamos a instar al Gobierno de Aznar a que no se
protagonice un nuevo episodio de ocasión perdida para el reequilibrio
territorial del poder y la proximidad de la gestión de los servicios; en
definitiva, una autogestión autonómica de los recursos financieros, con
las suficientes cláusulas de garantía para resolver gradualmente el
conflicto de las desigualdades sociales fruto de los ritmos y los
criterios competenciales en los que este ejecutivo está instalado.
La envergadura de esta moción también está determinada por la cuantía de
afectados que pueden ser susceptibles de un deterioro o de una mejora de
la calidad de su enseñanza: nada más y nada menos que 2.780.402 alumnos,
que representan el 37 por ciento de los escolarizados en la educación no
universitaria. Estamos tratando unas macrotransferencias tremendas, tanto
por las cifras económicas barajadas como por el personal, por los medios
y por el volumen de las estructuras a negociar. En resumidas cuentas,
estamos decidiendo sobre los 140.000 profesores que van a estar
implicados y los más de 1.500 centros de titularidad pública sujetos
activos del proceso, con unos costes que se han cifrado en 820.000
millones de pesetas y con un llamativo y misterioso montante de
desconocida
procedencia que asciende a 230.000 millones para años sucesivos. Estos
son los perfiles del estado de la cuestión, objetivados por las frías
cifras de doña Esperanza Aguirre.
El contexto en el que se van a producir las transferencias educativas
está caracterizado porque ni desde las políticas educativas ni desde las
autonómicas ni desde las presupuestarias se aborda con rigor el problema
de las desigualdades territoriales; sólo se actúa para cuasi cubrir las
necesidades básicas, y en la mayoría de los casos mediante una
distribución desigual de los recursos. La ausencia de una legislación
específica sobre financiación de la educación, la indefinición del modelo
de Estado, la existencia de dos sistemas de comunidades autónomas --el de
conciertos para Navarra y Euskadi--, por necesidad del guión tal vez, y
el común para los demás, amén de las radicales insuficiencias de este
último para la realización de políticas de Estado solidarias, han
contribuido decisivamente al mantenimiento de unos niveles de desigualdad
educativa interregionales francamente inaceptables y denunciables.
Conocido y constatado el programa electoral del PP y el contenido de los
pactos de gobernabilidad, donde no se hace mención alguna a fondos de
compensación ni de nivelación, se cede a las comunidades autónomas la
capacidad normativa sobre aspectos básicos en un tramo del IRPF. Todos en
su conjunto estamos haciendo funcionar la prueba del algodón para
verificar la quiebra de un modelo de financiación autonómica solidaria.
En este sentido, la pregunta del qué hacer vuelve a prologar mi posición
sobre las exigencias que deberían satisfacer, desde nuestro punto de
vista, el proceso de transferencias autonómicas en educación.
Primero, el proceso debe ser participativo y controlado socialmente, y
para ello es indispensable la inmediata creación de preconsejos escolares
en cada autonomía. En algunas ya existen, con representación de todos los
sectores de la comunidad educativa y de la administración autonómica y
local; estos órganos deberían contar con el equipo técnico de apoyo que
pudiera aportar la documentación necesaria para un mejor conocimiento de
la realidad educativa de cara a formular diagnósticos y propuestas de
actuación.
A nivel local sería igualmente indispensable crear o, en su caso,
revitalizar o impulsar consejos escolares municipales, o comarcales en
determinados ámbitos geográficos, que deberían trabajar en coordinación
con el consejo escolar de autonomía, y que jugarían un papel esencial
como germen de un modelo descentralizado de administración, que operara a
través de una red de distritos educativos en cada autonomía. El proceso
de transferencias, señorías, es actualmente de un hermetismo absoluto,
como caracteriza a doña Esperanza, tan sólo se supone que deben existir
comisiones técnicas, mixtas, MEC, consejerías de educación que estarán
preparando el traspaso, momento en el que parecen aflorar tensiones entre
el transmisor y el receptor por la cuantificación económica al servicio
que se transfiere.
En segundo lugar, entendemos que el proceso debe partir de un análisis
riguroso de la realidad educativa. La transferencia de competencia
educativa exige contar con una radiografia que describa ajustadamente la
situación educativa de cada comunidad. Sólo así el poder ejecutivo y
legislativo de cada comunidad podrá valorar adecuadamente las acciones a
corto y medio plazo que será necesario abordar para hacer frente a los
déficit y necesidades del Estado; analizar, por supuesto, las partidas
presupuestarias que acompañan a los servicios que se transfieran,
permitiendo o no tales acciones. Para ello, es necesario fijar una serie
de parámetros descriptores de la situación educativa, que deben permitir
apreciar en qué grado cualitativo y cuantitativo la comunidad analiza u
ofrece servicios educativos de calidad. Los parámetros que describen
deben ser las diferentes partidas de gasto medio por aula y por alumno,
de funcionamiento y de personal, gastos de inversión y reposición.
También los diferentes programas educativos, sus proyectos y
financiación, la red de formación del profesorado en ejercicio, programas
de becas y ayuda al estudio, comedores y transportes. También la ratio
por unidad, por profesor, los márgenes de variabilidad alrededor de la
ratio media de las plantillas, los cupos de enseñanza pública, la
presencia de especialistas, la asistencia de afines, la oferta de otra
actividad en Logse, la atención a la diversidad, el mapa de oferta
educativa al término de la ESO, con particular atención a los ciclos de
FP específica, y el mapa de oferta de enseñanza de régimen especial.
Termino diciendo con respecto a esto --no se crean que voy a acabar-- la
ratio de unidades públicas concertadas, su evolución en los últimos años,
la ratio respectiva, todo esto como datos esenciales para analizar cada
comunidad en sí misma y comparativamente con otras o con la media del
Estado. El proceso debe ser un buen momento para avanzar en la decisión
de qué es la enseñanza de calidad. La referencia a la media estatal no
debe interpretarse ni como referencia de calidad ni como búsqueda de
uniformidad. Las diferencias que pueden alumbrar ciertos parámetros al
comparar distintas comunidades pueden responder a circunstancias
específicas que las justifiquen y traten de corregirlas vía de igualación
compensación que puede acentuar, paradójicamente, las diferencias entre
comunidades. Por ejemplo, los gastos medios de funcionamiento por aula o
los gastos medios de transporte por alumno pueden variar de una comunidad
a otra y la exigencia de mejorar la calidad del servicio puede obligar a
modificar esa diferencia. Asumir la referencia de una ratio máxima no
significa que calidad sea que en ninguna comunidad autónoma se supere lo
que sería criterio uniformador, sino que puede significar discriminar
positivamente, introduciendo diferencias
determinadas por razones objetivas entre comunidades o entre distritos o
comarcas dentro de una misma comunidad autónoma.
También el proceso debe establecer un modelo financiero de compensación.
Por lo que hemos apuntado, un proceso de transferencia va unido siempre a
un análisis de la realidad educativa y a un programa de actuación de
mejora de la calidad que debe contar con financiación adecuada, y la
insuficiencia de recursos a nivel de Estado está claramente explicitada
en el diferencial del porcentaje del PIB respecto a la media de la Unión
Europea.
La primera cuestión abierta es si con la financiación actual de la
enseñanza es posible actuar compensatoriamente, es decir si hay partidas
que actualmente
sean de gasto ordinario y que en un futuro próximo pudieran
alimentar fondos de compensación. A nuestro entender es insuficiente lo
que se podría ahorrar de gasto educativo generalizado para trasvasarlo a
compensación. Sin ir más lejos, un presupuesto como el de 1998
--insisto--, como el de 1998, que se intenta vender como alzado, recoge
incrementos de gasto de personal, de funcionamiento y de concierto que
absorben la práctica totalidad del incremento. No obstante, la evolución
demográfica de la población española debería hacernos reflexionar sobre
cómo enfocar el ajuste de oferta teniendo en cuenta la LODE.
La disminución notable de efectivos en los nuevos cortes de población que
se produjo a finales de los 70 y principios de los 80, ha ido produciendo
una menor demanda de usuarios, situación que, comenzando por los cursos
iniciales, la extinguida EGB, avanza a lo largo del sistema. Donde la
oferta de puestos escolares superaba la demanda, las administraciones
educativas ha optado mayoritariamente por la supresión de unidades en
colegios públicos e incluso el cierre o transformación de los mismos, y
esto ha ocurrido en zonas donde las unidades concertadas no han sufrido
modificación, teniendo incluso unas ratio de escolarización por encima
incluso de lo autorizado.
Releyendo la LODE, está claro que la cuantía global de los fondos
públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se
establecerá en los Presupuestos Generales del Estado y en su caso en los
de las comunidades autónomas, el artículo 49, y tendrán preferencia para
acogerse al régimen de conciertos aquellos centros que satisfagan
necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares en
condiciones socio-económicas desfavorables. Recuerden ustedes el artículo
48.3.
En consecuencia, la red de centros concertados hay que contemplarla
dinámicamente. Haber concertado en su día significa algo distinto a sine
die. La evolución de la población justifica que las partidas
presupuestarias dedicadas a conciertos vayan acomodándose a la red de
centros concertados. ¿A qué red? La necesaria y suficiente para atender
la escolarización que desde la enseñanza pública no puede satisfacerse,
con aplicación estricta de los criterios preferentes cuando hay un exceso
de centros privados que deseen conciertos en una zona que la propia LODE
establece. Lógicamente, lo anterior supone, en el momento actual de
evolución demográfica, la disminución progresiva de la partida de
conciertos en los presupuestos generales. Esos fondos pueden actuar,
señorías, compensatoriamente.
Se podrá argumentar que la no renovación de conciertos puede producir
cierre de centros, que ese impacto puede ser corregido por una doble vía.
El profesorado es un recurso aprovechable, aunque ustedes no lo crean,
por su experiencia en apoyo a la red pública, pues es una de las medidas
de mejora de calidad, pasando por el desarrollo de la atención a la
diversidad que hoy no se aborda por insuficiencia de efectivos. Las
infraestructuras pueden ser reciclables por la iniciativa privada o por
la pública para finalidades de tipo cultural o educativo.
La segunda cuestión abierta es si es posible establecer un modelo
consensuado de calidad al que todas las comunidades autónomas tendieran a
aproximarse. Parece claro que las respuestas pueden no ser positivas. Las
distintas posiciones políticas reservan o identifican al sistema
educativo con determinadas funciones que no son en absoluto coincidentes.
En consecuencia, sería posible y legítimo que en el Estado convivieran
diferentes políticas educativas con prioridades presupuestarias no
coincidentes.
De este modo, los ciudadanos y ciudadanas podrían notar el significado de
las alternativas políticas reales, rompiendo las inercias del pensamiento
único que llevan a que se perciba como indiferente qué opción política es
la que gobierna. Sería deseable --voy acabando-- que se identificaran
determinados elementos de calidad que merecieran un consenso universal
del arco parlamentario. Sería deseable que las actuaciones de
compensación de los déficit en ese elemento que pudieran identificarse en
una comunidad determinada pudieran ser financiados a cargo de un fondo de
compensación. No sería deseable que los fondos de compensación fueran
utilizados por la Administración central para alterar, vía financiación
finalista, la política educativa que desarrolla un Ejecutivo autonómico.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Aramburu, le ruego
concluya, por favor.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Voy concluyendo.
Si para una Administración autonómica no es prioritario desarrollar un
programa de atención a la diversidad, pero ésta considera que es elemento
de calidad, podría ser subvencionada desde los fondos de compensación
para realizarlo.
Señorías, tal como está la noche y a estas horas de la misma, me parece
que sería más adecuado ir concluyendo y así al menos tener en la Cámara
quórum para
poder votar algo tan importante como es la educación. Por tanto, me
imagino --es mucho pensar-- que habrán leído las ocho propuestas que mi
grupo político formula para que sean consensuadas por el conjunto de esta
Cámara. Creo que ha obtenido un apoyo limitado, pero a pesar de todo voy
a dar lectura aséptica de ello con la conciencia de que les pueda
convencer.
Primera, arbitrar los mecanismos necesarios para dar un mayor
protagonismo a los ayuntamientos, comarcas y administraciones implicadas
en los distritos escolares, así como organizar la participación social y
política a través de la creación, potenciación y desarrollo de los
consejos escolares de las distintas comunidades autónomas pendientes de
recibir las competencias. Segunda, cumplimiento de la memoria económica
de la Logse. Tercera, garantizar el desarrollo del artículo 5.º de la
misma. Cuarta, retomar la iniciativa legislativa popular. Quinta,
realizar un auditoría participada socialmente. Sexta, constituir una
comisión paritaria Estado y comunidades autónomas. Séptima, desarrollar
un fondo de compensación interterritorial. Octava, remitir al Congreso de
los Diputados, en el próximo período de sesiones, un proyecto de ley de
financiación del sistema educativo, incluida la universidad.
Ahora sí, señorías, termino habiéndoles ahorrado esta noche la lectura de
muchas páginas, pero a medio camino entre la cólera de los dioses y la
sabia paciencia china, apelando al conjunto de la Cámara a situar las
políticas educativas por encima de los ribetes partidarios. Un solo gesto
de esta magnitud, señorías, podría ayudar a recuperar la credibilidad de
la clase política. Hay suficientes afectados como para que el interés
general se superponga sobre el particular. No es un frente común contra
el PP, es un frente único contra las privatizaciones, los desequilibrios
sociales y territoriales, contra los déficit democráticos y de
participación. Es un frente común, señorías, contra las malas artes en
política educativa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Aramburu.
A esta proposición ha presentado una enmienda el Grupo Socialista. Para
su presentación, tiene la palabra el señor Bayona. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El
señor BAYONA AZNAR: Señor presidente, señorías, de la interpelación y de
la moción del grupo proponente los socialistas compartimos la
preocupación y la inquietud --esto quedó claro ya en el debate de la
interpelación hace algunas semanas-- por la insuficiente financiación de
la reforma educativa, insuficiencia que se ve más clara al analizar las
partidas presupuestarias para 1998 y la falta de garantías de unas
transferencias para las comunidades autónomas que están pendientes de
recibirlas, sobre todo, después de que la ministra ha demostrado su
incapacidad para cumplir el calendario legislativo y que la
transferencia, tal como había comprometido no sólo ella, sino el
presidente del Gobierno, se hiciera el 1 de enero de 1998. Por tanto,
compartimos esa preocupación y esa inquietud.
Seguramente estos días la señora ministra debería dedicar más energía en
hacer que las transferencias se realicen de manera adecuada y en velar
para que el sistema educativo sea realmente un factor de cohesión social
y no dedicar sus energías (alguien diría que la señora Aguirre dedica su
cólera) a imponer autoritariamente una determinada concepción de la
historia de España.
Cuando esto sucede en pleno debate de presupuestos y pendientes unas
transferencias, sin duda es que se trata de lanzar una cortina de humo
para ocultar la incapacidad política, para ocultar la flaqueza del
presupuesto. Si no fuera así, si el presupuesto fuera bueno y la ministra
se hubiera metido ella sola en la situación en que está, evidentemente
demostraría una enorme torpeza política. Por tanto, una de dos, o es
políticamente culpable o responsable de una torpeza desde luego sin
antecedentes o, por el contrario, de lo que se trata es de que en
educación se hable de todo menos de lo que hoy debe ser el tema
fundamental: en qué condiciones se transfiere a las comunidades autónomas
que están pendientes de recibir las transferencias, y qué financiación
tiene la reforma educativa en toda España, también en las comunidades
autónomas que ejercen ya las competencias, por la vía del artículo 151 o,
por delegación, por la vía del 150.2.
Junto a esta coincidencia e inquietud, que compartimos con el grupo
proponente, tengo que decir también que nuestro grupo ve la necesidad de
reformular las peticiones que aparecían en la moción. No me voy a
extender, puesto que no se trata ahora de hacer un análisis de su texto,
sino de defender la enmienda. Por ejemplo, no se puede mandatar al
Gobierno a que retome una iniciativa legislativa popular que el
Parlamento ha rechazado.
Por tanto, compartiendo la preocupación y la inquietud y buscando una
redacción que para nosotros fuera aceptable, proponemos una enmienda en
torno a tres puntos, una enmienda en torno a tres compromisos centrales,
una enmienda que engloba muchas de las cosas que están en torno a la
financiación y a las transferencias, y que además incluye un calendario y
recoge compromisos del Gobierno y del Grupo Popular. Ese es el esfuerzo
que hemos hecho.
En primer lugar, pedimos al Gobierno que envíe un libro blanco, que haga
un diagnóstico de la situación del sistema educativo, que detecte las
necesidades y que incluya un plan plurianual de financiación.
En un segundo punto pedimos que haya una partida presupuestaria para la
financiación de la Logse en el presupuesto de 1998. Esto lo votó ya el
Grupo Popular
en la Comisión, por tanto, queremos saber si ahora vota en contra del
compromiso que tiene un plazo también temporal, que es antes de terminar
este ejercicio presupuestario de 1997, para incluir una partida durante
la tramitación de los presupuestos de 1998. Esto es lo que plantea
nuestro segundo punto.
El tercero propone un proyecto de financiación de la educación, porque
hemos visto que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 1998
no garantiza, lo decía antes, ni las transferencias ni la reforma. Pero
esto es más grave todavía, porque en el debate de la interpelación de la
cual deriva esta moción la ministra dijo algo que antes no se había
dicho. La ministra dijo que los 230.000 millones de financiación de la
reforma no eran adicionales, sino que se consumían cada año en el
incremento vegetativo del presupuesto, es decir, que desaparecían, que se
evaporaban los famosos 230.000 millones.
Eso nos obliga, después de haber aprobado en Comisión una proposición no
de ley que parecía que era un compromiso que el Gobierno y el Partido
Popular aceptaban, a volver a replantearlo en el Pleno porque ese
compromiso no solamente no está garantizado sino que está desmentido por
la ministra en esta tribuna con ocasión de la interpelación.
Esta es la enmienda y, como ven, nada que no pudiera o no debiera apoyar
el Grupo Popular. El Grupo proponente de Izquierda Unida ha entendido que
la misma podía ser una base de negociación y ha presentado un texto
transaccional --al que por nuestra parte tampoco habría inconveniente--
añadiendo un cuarto punto en el que se insiste de manera fundamental en
impulsar la participación, puesto que ésta se resiente últimamente desde
que el Gobierno está en manos del Partido Popular, y también una mayor
insistencia en la compensación de las desigualdades territoriales que
padece el sistema educativo y que debería ser quizá una de las
preocupaciones fundamentales de la ministra, y no otras sino ésta: la de
garantizar que el sistema educativo sea un factor de cohesión social, la
de garantizar que haya una igualdad básica ante el sistema educativo,
sobre todo en el momento de producirse las transferencias.
Esta es la enmienda que nosotros presentábamos y el texto transaccional
con las modificaciones se acaba de entregar a la Mesa de la Cámara. Nos
gustaría que el PP no se desdijera de sus compromisos y pudiera votar
también ese texto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bayona.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Es difícil siempre ejercer la neutralidad imposible, y hoy lo es más ante
una moción en materia educativa al Gobierno del Estado español. Pese a
ello, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán, y en el mío
propio como portavoz de educación, debo decir no a la moción presentada
por el Grupo de Izquierda Unida, y todavía Iniciativa por Cataluña,
porque ni con objetividad, ni con rigor, podemos respaldar su contenido.
Por ello, y especialmente porque creemos que el Congreso no puede ni debe
suplantar la responsabilidad y la autoridad de los diez gobiernos
autonómicos, que han entablado ya la negociación del proceso de
transferencias educativas a su territorio y que son los legítimos
representantes políticos y administrativos de su comunidad --con
mayúscula-- y no los partidos políticos que por naturaleza somos parte y
no todo.
Voy a ilustrar nuestra disconformidad respecto a los contenidos de su
moción. Por lo que respecta a los puntos 1 y 6, debo recordarle que la
Ley Orgánica 4/1985 del Derecho a la Educación ya estableció la
participación de la Administración local y sectores sociales con la
configuración de los consejos escolares en sus diversos niveles. A su
vez, debo también recordarle, que en su artículo 28 constituyó la
conferencia sectorial de educación, foro de encuentro político donde los
miembros de los gobiernos estatal y autonómico tratan y dirimen las
cuestiones de interés común, de tal manera que deberíamos concluir que
son estas administraciones las que deben ser actrices del proceso de
búsqueda de soluciones.
Por lo que respecta a los puntos 2 y 8, sobre financiación, son
redundantes entre ellos y ambos contradictorios con el contenido de la
proposición no de ley que a mediados de septiembre se aprobó por
unanimidad de todos los grupos, entre ellos, obviamente, aquél al que
usted pertenece, en la Comisión de Educación y Cultura. Tampoco querría
que aquí se concluyera que los mismos grupos parlamentarios consideramos
de manera jerárquica de mayor soberanía este Pleno que aquella nuestra
Comisión.
Con especial atención me refiero al punto 4, donde habla usted de retomar
la iniciativa legislativa popular. Debo también recordar aquí que la
iniciativa popular legislativa es también la de esta Cámara y que sólo
una vez y con éxito la educación ha sido planificada y gestionada por las
fuerzas populares, y esto ocurrió precisamente en Cataluña, once días
después del 18 de julio de 1936, la única alternativa educativa
revolucionaria, como se sabe, que jamás ha existido. Experiencia y
afirmación teórica tan insólita y tan extraordinaria que todavía hoy
ningún cambio ni reforma del sistema educativo ha podido superar.
En cuanto al punto 7, no puedo al enjuciarlo dejar de recordarle también
que tanto la Constitución, en su artículo 158, como la Lofca en el 16,
regulan ya el Fondo de Compensación Interterritorial y que lo definen
como un instrumento de solidaridad interterritorial
cuya finalidad es la de reducir las diferencias de renta y riqueza entre
los habitantes de las distintas comunidades autónomas. Además, les
recuerdo que este fondo es distribuido por estas Cortes Generales. Y
recuerdo también aquellas variables por las que se distribuye, como la
inversa de la renta per cápita, la tasa de población emigrada de los
últimos diez años, el porcentaje de desempleo sobre la población activa,
etcétera. Es, pues, claramente un instrumento de desarrollo en favor de
las regiones con menor renta y riqueza. Pero es que, además, en la Lofca
ya existen las llamadas asignaciones de nivelación, cuya finalidad es
simplemente conseguir que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español
dispongan de los servicios fundamentales con un nivel mínimo garantizado.
Por todo ello, nuestra posición es contraria a que prospere su moción,
pero que nadie en el hemiciclo suponga que nuestro no es un sí al
Ministerio de Educación y Cultura, a su ministra y a su Gobierno. No
crean ni por un instante, señoras diputadas y señores diputados del
Partido Popular, que nuestro no es un sí a su Gobierno en materia
educativa. Porque rechazamos sus actuaciones contra la reforma,
rechazamos que bajo la metáfora neoliberal de la libertad y el humanismo
se estén aplicando los principios de un conservadurismo duro y de un
centralismo jacobino, nostálgico, en que se rechaza la diferencia y la
existencia de naciones y culturas distintas y milenarias en el Estado
español. (Rumores.) Díganlo así a su Ministra de Educación y Cultura y
díganle también que mi Gobierno, y la Generalitat de Cataluña, las
escuelas catalanas, la mayoría de las fuerzas políticas de Cataluña, que
mi país, en suma, Cataluña, no va a permitir que se intente hurtar desde
el Gobierno del Estado español nuestra memoria histórica y cultural
diferenciada, que se desconfíe de la profesionalidad de nuestros
docentes, de nuestra espléndida tradición pedagógica historiográfica y
que se intente por los hechos menoscabar nuestras competencias e impedir
de alguna manera que podamos realizar nuestra política educativa propia,
y, además, tampoco permitiremos que se intente coartar el proceso de
democratización que entraña la aplicación de la Logse.
Entiendan, pues, todos y todas ustedes, que nuestra posición de hoy ante
la moción responde a la coherencia con nosotros mismos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil i Miró.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de fijar la posición de nuestro grupo quiero hacer notar que los
grupos intervinientes, especialmente el que ha presentado la moción, han
dicho que la educación debe estar por encima de las controversias y de
las banderías políticas. Esto es algo de lo que participamos todos. Sin
embargo, ha iniciado su discurso afirmando --y permítame la Cámara que lo
repita-- que también el circo está en el Ministerio de Educación y
Cultura, pero no es el momento de discutir al respecto. (Rumores.)
Por todo ello, quiero ceñirme nada más que a la moción y al contenido de
la misma. Algunos de los puntos que en ella se recogen están integrados
dentro de la Logse y que no hace falta remachar, como es el punto
tercero, garantizar el desarrollo del artículo 5.º de la Logse. Todos
estamos de acuerdo en los diez años de educación obligatoria y gratuita,
de los seis a los dieciséis años. Esto lo ratificamos aquí porque parece
como si el Grupo Popular dudara en algún momento de este tema. Lo hemos
dicho y lo diremos siempre. Pero consideramos que ratificar en una moción
algo que está vigente en una ley es, al menos, absolutamente innecesario.
En lo que respecta a las transferencias, ya lo ha dicho la portavoz del
Grupo Catalán, esto está perfectamente claro en el artículo 4.º de la Ley
de 1985. Saben perfectamente SS. SS. que estas transferencias las están
debatiendo en estos momentos cada una de las diez comunidades autónomas
que todavía no las tienen con el Gobierno central, y ésa es la única
manera de discutir las transferencias.
Por lo que respecta a las necesidades de cada una de ellas, lo hemos
dicho en Comisión y lo reiteramos aquí. La conferencia sectorial, a
propuesta de un consejero y de la única comunidad que está regida por el
Partido Socialista, solicitó la elaboración de un libro blanco, lo que
fue admitido por unanimidad y, en un plazo de dos o tres meses, deberá
presentarlo con las necesidades de las diferentes comunidades.
En cuanto a retomar la iniciativa legislativa popular, se debatió
suficientemente en este Congreso. Quiero recordar, eso sí, algunas frases
que se mencionaron no entonces sino anteriormente, cuando un ilustre
representante, no del partido proponente sino de otro, dijo que la mejor
ley era un buen presupuesto. No estamos del todo de acuerdo, pero sí
queremos dejar bien claro que para el Gobierno la educación ha sido una
de las prioridades importantes del presupuesto de 1998, con un 6,4 por
ciento de aumento, que podría ser el 6,8 si realmente estudiamos las
partidas que pasan este año a administraciones públicas. No quiero entrar
en algunas cosas que se han dicho aquí, porque eso es debate de
presupuestos, y en su momento, cuando SS. SS. presenten, hasta esta noche
a las doce, las enmiendas correspondientes, se estudiarán y se verán
cuáles son exactamente las posibles modificaciones que proponen los
grupos de la oposición. Pero sí quiero decir que este presupuesto, con un
aumento del 6,4, en un año en el que la inflación es del 2,2, es el más
importante desde el año 1991, si se tiene en cuenta la subida y la
inflación correspondiente.
Finalmente, saben SS. SS. que el Fondo de Compensación Interterritorial
existe, se ha dicho también aquí, pero no se puede hacer un Fondo de
Compensación Interterritorial para cada uno de los departamentos,
educación, agricultura, etcétera. Existe constitucionalmente un Fondo de
Compensación Interterritorial para el conjunto.
Por todo ello, y no queriendo hacer observaciones respecto de la enmienda
que ha presentado el Grupo Socialista, que nos llevarían a un debate más
largo, aunque en algunos puntos podríamos coincidir, nuestro grupo tiene
que rechazar la moción presentada por Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Señora Aramburu, tiene la palabra para expresar si acepta la enmienda
transaccional presentada por el señor Bayona, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, y, por tanto, someterla a votación en esas
condiciones.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Con exquisita brevedad, y permítame, señor
presidente, que por alusiones utilice no más de dos renglones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señora
Aramburu. Sabe S. S. que en este trámite exclusivamente debe expresar la
aceptación o no de la enmienda y de la transacción. No se ha abierto
ningún debate distinto al que supone la fijación de posición en torno a
la iniciativa del resto de los grupos. Le ruego, por tanto, que en ese
tenor sea lo más breve posible.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Siendo muy respetuosa con la presidencia y
entendiendo que mi derecho y mi libertad de expresión han sido lesionados
--lo haré por escrito--, paso escuetamente, como decía, con una
elegancia que no todo el mundo tiene y con exquisita brevedad a leer la
enmienda transaccional a la que hemos llegado, de acuerdo con aquellos
grupos que han querido priorizar la educación por encima de los intereses
partidarios. Dice, en cuatro puntos, lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, primero, a elaborar, con
la participación del Consejo Escolar de Estado y de la Conferencia de
Educación, un libro blanco que describa la situación y detecte las
necesidades del sistema educativo español e incluya, en cumplimiento de
los artículos 157.3 y 158 de la Constitución, un plan plurianual de
compensación y nivelación de los servicios educativos para asegurar a
todos los españoles el acceso a la educación de calidad, en condiciones
básicas de igualdad.
Dicho libro blanco deberá proponer también los instrumentos adecuados de
seguimiento de los procesos de transferencias, a fin de fortalecer el
sistema educativo como factor de cohesión social.
En segunda instancia, planteamos remitir a la Cámara, antes de terminar
la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuestos Generales de
Estado para 1998, las conclusiones del estudio sobre financiación de la
aplicación de la Logse, de acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional vigésimo quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1997, a fin de incluir las partidas presupuestarias que en su caso
correspondan al ejercicio 1998.
En tercer lugar, remitir a la Cámara en el próximo período de sesiones un
proyecto de ley de financiación de la educación en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, que garantice el
desarrollo del artículo 5 de la Logse, actualice la memoria económica de
dicha ley y satisfaga los objetivos de planificación educativa necesarios
para aplicación de la reforma, en línea con la iniciativa legislativa
popular, y compense las deficiencias detectadas en el libro blanco, a fin
de lograr, como prevé el artículo 15 de la Lofca, la nivelación del
servicio educativo.
Y termino con un cuarto punto que dice lo siguiente: Arbitrar los
mecanismos necesarios para dar mayor protagonismo a los ayuntamientos,
comarcas y diferentes administraciones implicadas en el sistema
educativo, así como impulsar la participación social y política
favoreciendo la creación y potenciación de los consejos escolares en el
territorio de gestión del Ministerio de Educación y Cultura.
Gracias por su benevolencia. Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre política
de transferencias del Gobierno en materia de educación, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a
favor, 134; en contra, 154.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción.
El Pleno se reanudará mañana a las dieciséis horas. Se suspende la
sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.