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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 99, de 16/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 99
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 95
celebrada el martes, 16 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència y Unió), sobre transferencias de competencias ejecutivas en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad
Autónoma de Catalunya. (Orgánica) «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 105-1, de 9 de junio de 1997 (número expediente
122/000087)(Página 4972)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas presupuestarias
aplicables al Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 102-1, de 9 de junio de 1997 (número de expediente
122/000084)(Página 4980)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el sector
remolachero. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 163, de 2
de julio de 1997 (número de expediente 162/000158)(Página 4986)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno para la defensa y potenciación del
sector remolachero y azucarero español. «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 118, de 24 de marzo de 1997 (número de expediente
162/000112)(Página 4986)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a tomar en el sector
de la industria azucarera a fin de evitar la potencial desaparición del
cultivo de la remolacha en el campo español. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 126, de 14 de abril de 1997 (número de
expediente 162/000117)(Página 4986)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre construcción de la Variante
Ferroviaria Norte-Noroeste. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 142, de 21 de mayo de 1997 (número de expediente 162/000140)(Página 4996)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Antes de entrar en el orden del día, el señor Presidente se refiere al
fallecimiento de don Máximo Rodríguez Valverde, parlamentario ejemplar
durante dieciocho años y presidente de la Mesa de edad en cinco
ocasiones, expresando el sentimiento del Pleno.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4972)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán
(Convergència i Unió), sobre transferencia de competencias ejecutivas en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad
Autónoma de Catalunya. (Orgánica.) (Página 4972)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular interviene el señor Seco
Gordillo, que somete a la consideración de la Cámara la proposición de
ley sobre transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico
y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya,
presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso y Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar manifiesta que la razón política que sustenta dicha
proposición de ley son los acuerdos de investidura y gobernabilidad
suscritos entre el Partido Popular y Convergència i Unió. Considera que
se podrá discrepar acaso de la oportunidad del compromiso, pero lo que no
se puede discutir es la existencia del mismo y que los acuerdos están
para ser respetados y los compromisos para ser cumplidos, por lo que las
críticas deberían dirigirse hacia otros aspectos de la proposición de
ley, aspectos que sin duda serán tenidos en cuenta.
Por otra parte, fundamenta dicha iniciativa en tres argumentos: en primer
lugar, en la posibilidad que ofrece el artículo 150, párrafo segundo, de
la Constitución, que autoriza a las Cortes Generales a transferir a todas
o a algunas de las comunidades autónomas competencias reservadas al
Estado, como son las relativas al tráfico; en segundo lugar, en el hecho
de que Catalunya ostenta competencias en materia de seguridad ciudadana;
y, en tercer lugar, en que Catalunya dispone de una policía autonómica
dotada de la infraestructura necesaria para hacer viable la transferencia
de las facultades que en esta proposición de ley se contienen. Pasa a
explicar la proposición de ley, que consta de tres artículos, una
disposición transitoria y una disposición final. En el artículo 1.º se
pretende la transferencia a Catalunya de las facultades de ejecución de
legislación estatal en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor, con excepción de las facultades que se retienen por la
Administración del Estado, fundamentalmente las relativas a los permisos
y licencias de conducir y a la matriculación y permisos de circulación de
vehículos. El artículo 2.º establece las condiciones a que habrá de
ajustarse el ejercicio de las competencias que se transfieren, sobre la
base de los principios de coordinación y mutua información, con respecto
a las garantías constitucionales referidas al tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal. Y
en el artículo 3.º se retrasa el ejercicio de las facultades que se
transfieren al momento en que tenga efectividad el traspaso de los medios
personales, materiales y presupuestarios precisos, previo acuerdo de la
Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat de Catalunya y su
formalización a través del correspondiente real decreto. Por último, la
disposición transitoria establece el calendario de implantación de las
unidades de tráfico de la policía autonómica.
Termina su intervención manifestando que la tramitación parlamentaria de
esta proposición permitirá discutir por la vía de las enmiendas todas las
críticas que el texto de esta iniciativa pueda plantear y todos los
defectos que la misma pueda tener, mostrándose dispuesto el Grupo Popular
a conseguir el máximo nivel de acuerdo y consenso.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
interviene para presentar la misma proposición de ley el señor López de
Lerma i López. Manifiesta que la proposición de ley se inscribe no sólo
en el vigente marco constitucional español y estatutario catalán, sino en
algo que no puede ser acotado por un texto jurídico temporal, que es el
deseo y la capacidad del pueblo catalán de autogobernarse como nación con
más de mil años de historia, con los requisitos y las exigencias de cada
momento. Añade que la justificación de la propuesta es, por un lado,
estrictamente constitucional y estatutaria, puesto que dicha cesión de
las competencias en materia de tránsito y circulación de vehículos viene
a completar un modelo policial propio, reglado por el Parlament de
Catalunya y puesto en práctica por el gobierno catalán; y por otro,
porque a realidad distinta hay que dar un distinto tratamiento.
Considera que el contenido de la proposición de ley está muy claro, y es
transferir a la Generalitat de Catalunya las facultades de ejecución del
Estado en materia de trafico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Destaca del texto que proponen los grupos Popular y Catalán los
principios de coordinación y colaboración con la Administración del
Estado como instrumentos precisos para la obligada eficacia de la
transferencia. Añade que la transferencia de estas competencias se
asumirá gradualmente desde el año 1998 hasta el 2000, y asegura que si la
Cámara da su voto favorable a la toma en consideración de esta propuesta
legislativa estará poniendo en práctica una previsión constitucional y
estatutaria, en el sendero de la legalidad vigente, porque Catalunya no
desea ser otra cosa que una fuerza tranquila, serena y constructiva en el
seno del Estado y sólo reclama el reconocimiento diferencial que comporta
ser nación.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Jover Presa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de
los grupos parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), se
aprueba por 310 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas presupuestarias
aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados (Página 4980)
El señor Martinón Cejas defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista. Expone que la Ley 36/95, de 11
de diciembre, tiene dos objetivos: el primero, regular el destino de los
bienes adjudicados al Estado por sentencia firme en aquellos delitos
relacionados con el tráfico de drogas; y el segundo, la creación de un
fondo que se nutra de esos bienes adjudicados al Estado por sentencia
firme. Como fines del fondo la ley fija la atención a los
drogodependientes y la dotación de medios a las fuerzas de seguridad del
Estado para combatir el narcotráfico. Añade que con dicha ley se
pretendía dar respuesta a una demanda social muy sentida por los
colectivos afectados en el sentido de que el dinero que se adjudicara al
Estado procedente de los narcotraficantes revirtiera en la atención a los
drogodependientes y en la lucha contra el narcotráfico.
Señala también que el año 1996 fue el primer ejercicio en el que el
Gobierno tuvo la responsabilidad de gestionar ese fondo y, en opinión de
su grupo, tal gestión fue deficiente, como han tenido ocasión de exponer
en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, toda vez
que de los 289 millones de pesetas con que se nutrió el fondo, 196 fueron
devueltos al Tesoro público al no haberse gastado, perdiéndose
consiguientemente ese dinero para los fines previstos en la ley del
fondo. Este es el motivo principal que ha llevado al Grupo Socialista a
presentar la proposición de ley. Piensan que con
una gestión más eficiente las dificultades habidas se hubieran podido
salvar y, en consecuencia, se hubiera podido destinar la cantidad
mencionada a los fines previstos en la ley.
Concluye manifestando que la proposición consta de sólo dos artículos y
una disposición transitoria proponiendo que los 196 millones en cuestión
se incorporen al ejercicio de 1997, aumentando así la cuantía del fondo.
Asimismo, solicitan que los remanentes que puedan producirse en las
partidas de que se nutre el fondo, por no haberse gastado, se incorporen
automáticamente al ejercicio presupuestario siguiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y señoras Riera i Ben, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sabanés Nadal, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Cava
de Llano i Carrió, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, fue aprobada la proposición de ley debatida por 309
votos a favor.
Proposiciones no de ley (Página 4986)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el sector
remolachero (Página 4986)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno para la defensa y potenciación del
sector remolachero y azucarero español (Página 4986)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a tomar en el sector de
la industria azucarera a fin de evitar la potencial desaparición del
cultivo de la remolacha en el campo español (Página 4986)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular interviene el señor Núñez
Pérez, que manifiesta que el hecho de que se presenten tres proposiciones
no de ley sobre el sector remolachero y azucarero demuestra la inquietud
que tiene este sector por su futuro y por mejorar. Añade que aunque las
tres proposiciones no de ley miran al futuro, es necesario acordarse del
próximo pasado, no para adjudicar errores y responsabilidades sino para
tener un mejor enfoque del problema y ser más eficaces y ágiles en la
solución. Destaca tres hechos que, desde la adhesión de España a la
Comunidad Económica Europea, han conseguido situar al sector en las cotas
actuales de producción y competitividad. En primer lugar, el aumento del
rendimiento de la remolacha que, expresado en azúcar, ha pasado de 5
toneladas por hectárea a 6,5 de azúcar ensacada; en segundo lugar, la
aplicación de nuevas tecnologías a los cultivos; y en tercer lugar, la
reducción de costes por las industrias azucareras. Todo ello ha sido
posible gracias al esfuerzo de los agricultores, de los productores, de
las industrias y de la propia Administración, así como de los gobiernos
de las comunidades autónomas que tienen producción remolachera,
destacando la Junta de Castilla y León que ha invertido más de 13.500
millones de pesetas. Considera que el futuro del sector no puede
apartarse de ese camino, y que esa preocupación late en las tres
proposiciones no de ley.
A continuación pasa a exponer y defender la proposición no de ley de su
grupo y a fijar su posición respecto de las otras dos, ofreciendo, en
base a unos denominadores comunes presentes en las tres iniciativas, un
texto transaccional que pudiera ser votado por todos, que sirviera de
apoyo y de impulso al Gobierno y que paliara las angustias y los temores
que determinados productores y agricultores tienen por razón de las
versiones más o menos partidistas que se han vertido sobre este problema.
En segundo lugar, defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la señora
Rivadulla Gracia, que resalta las repercusiones de la fusión entre Ebro
Agrícola y Sociedad General Azucarera, con la consecuencia de la creación
de una gran empresa que acapararía el 80 por ciento de la producción de
azúcar y con una facturación superior a los doscientos mil millones de
pesetas.
Considera que aunque las tres proposiciones no de ley pueden parecer
similares, a entender de su grupo no lo son tanto, porque en relación a
los temas agrícolas, sobre todo aquellos que hacen referencia a
organizaciones comunes de mercado, su grupo ha instado siempre al
Gobierno a actuar de una determinada manera en defensa de los intereses
de España y se ha encontrado con que el Grupo Popular no ha tenido
interés en consensuar. Reconoce, sin embargo,
que en el momento actual se ha producido por parte del Grupo Popular un
intento de consenso en torno a un texto con el que podrían estar de
acuerdo en algunos puntos, puesto que se recoge la necesidad de que las
cuotas sean por países, pero echan en falta la implicación del sector
cooperativo y, sobre todo, la falta de transparencia en este proceso de
fusión y de reordenación del sector. Expone que no están dispuestos a
consensuar si no se acepta la necesidad de crear una mesa nacional del
azúcar donde estén representados los trabajadores azucareros, los
agricultores de la remolacha, la industria del azúcar y las
administraciones central y autonómica para diseñar, elaborar y debatir un
plan estratégico para todo el sector azucarero.
Por otra parte, se extraña de que ahora se diga que es técnicamente
imposible adoptar las medidas necesarias para que los agricultores de la
remolacha obtengan un derecho de hasta un 50 por cien de las cuotas de
producción a nivel nacional, a sabiendas de las dificultades con que
contará en la Unión Europea, cuando en las Cortes de Castilla y León se
votó favorablemente no sólo el 50 por cien, sino el cien por cien.
Por todo ello anuncia que su grupo se abstendrá en la proposición no de
ley que presenta el Grupo Popular y votará a favor de la que presenta el
Grupo Socialista en la que se da un papel importante al sector
cooperativo.
En tercer lugar, el señor Amarillo Doblado defiende la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista del Congreso, haciendo constar que
el hecho de que después de un año largo se esté debatiendo la misma
cuestión demuestra que, a veces, las decisiones de la Cámara son
totalmente ignoradas por el Gobierno o se actúa en contra de lo que se
dice.
Expone que en el fondo lo que se está debatiendo es si Générale Sucrière
va a conseguir el control del sector azucarero español o no, porque si lo
consigue, en el año 2001 las cuotas podrían pasar a las industrias,
perdiéndose la regionalización que ahora tienen y corriéndose el riesgo
de que el cultivo de la remolacha desaparezca de la mayoría del Estado
español.
A continuación pasa a exponer la situación de Générale Sucrière hace un
año y medio y en la actualidad, y explica los pasos dados para llegar a
tener el 20 por ciento del conjunto del sector azucarero español. Se
refiere a la intervención del portavoz del Grupo Popular en junio de
1996, cuando se debatió una proposición no de ley muy similar a la
actual, en la que recordaba las manifestaciones efectuadas por la señora
Ministra de Agricultura en orden a no autorizar la venta de una de las
cuatro azucareras españolas a una sociedad de capital no español. Por
ello no les merece ninguna credibilidad la posición actual del Grupo
Popular, pero opina que, de todas formas, se está a tiempo de que
Générale Sucrière no obtenga la mayoría si se toma una drástica decisión
por unanimidad de todos los grupos. Por otra parte se muestra dispuesto
al consenso en base a los denominadores comunes que ha propuesto el Grupo
Popular, siempre que se asegure una interlocución ágil con el sector, con
todas las organizaciones profesionales agrarias y con el movimiento
cooperativo para debatir en profundidad un plan general estratégico.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Companys Sanfeliu,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A efectos de precisar los contenidos de la enmienda transaccional y
posibilitar el voto unánime de todos los grupos de la Cámara, interviene
de nuevo el señor Núñez Pérez.
Sometido a votación el texto transaccional resultante de las
proposiciones no de ley presentadas por los grupos Popular, Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, se aprueba por
unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre construcción de la variante
ferroviaria norte-noroeste (Página 4996)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre construcción
de la variante ferroviaria norte-noroeste el señor Pérez Touriño.
Considera que se trata de una actuación en materia ferroviaria sobre la
que existe un amplio consenso del conjunto de fuerzas sociales y
políticas, de los expertos y de la propia compañía operadora Renfe sobre
su necesidad, prioridad e importancia. La variante norte, cuyo coste
oscila previsiblemente en unos 200.000 millones de pesetas, consiste
básicamente un unir Madrid con Valladolid con un diseño de alta
velocidad, acortando la distancia actual en torno a unos 50 kilómetros y
reduciendo el tiempo de viaje en aproximadamente una hora y treinta
minutos. La importancia estratégica y territorial de la variante radica
en su influencia directa sobre todo el cuadrante noroeste de la Península
al constituir de hecho un tronco común sobre el que se han de soportar
y articular las distintas conexiones ferroviarias entre Madrid y el País
Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, una amplia zona de
influencia que supone, tanto en términos de superficie como de población,
más del 30 por ciento del total nacional, por lo que un amplísimo
conjunto de comunidades autónomas se beneficiarían de la construcción de
esta variante. Añade a todas estas razones el que en todos los trabajos
y estudios que se han desarrollado respecto al Plan director de
infraestructuras aparece siempre como una de las líneas con la mejor
relación coste-beneficio, suponiendo su construcción y explotación un
salto cualitativo en la modernización del sistema de transportes en
nuestro país.
A continuación pasa a explicar la finalidad que se persigue con la
proposición no de ley y asegura que no se plantea desde un criterio
meramente coyuntural o de oportunidad política, ni desde una posición de
confrontación con otras opciones ferroviarias, sino desde la convicción
rigurosa y profunda de que estamos asistiendo a un bloqueo y a un retraso
significativo en esta materia que hacen necesario el impulso político de
la Cámara. Manifiesta que con esta proposición no de ley se pretende
suscitar un acuerdo conjunto que permita impulsar la finalización del
estudio informativo tal y como está planteado y, por tanto, que en el año
1998 se redacten los proyectos constructivos y se ponga en marcha el
proceso de licitación de las obras. Considera que, a pesar del retraso,
es posible alcanzar este objetivo y muestra su preocupación por algunas
características alarmantes en relación con el desarrollo de la política
ferroviaria del Gobierno.
Por último manifiesta que no les parece posible aceptar la enmienda
transaccional que ha planteado el Grupo Popular en relación con la
materia, fundamentalmente porque, más allá de la declaración de
prioridad, no fija un calendario y, por tanto, no establece un compromiso
concreto. Su grupo entiende que es difícil iniciar las obras en el año
1998, pero considera que es necesario hacer los proyectos, aprobarlos y
licitar las obras en ese año, de tal forma que en 1999 se pudieran
comenzar las obras de la variante del Guadarrama. Por ello presenta un
texto alternativo que, quizás, logre la confluencia de las voluntades de
los grupos para intentar desbloquear este proyecto tan necesario para el
sistema de transportes en todo el occidente español.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, interviene el
señor Carreño Rodríguez-Maribona.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Santiso del Valle, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Socialista y aceptada por el Grupo Popular, se aprueba por 305 votos a
favor y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y veinticinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Antes de dar comienzo al orden del día que nos convoca --rogaría
silencio, por favor--, y como todos sabemos, lamentablemente hace unos
días ha fallecido Máximo Rodríguez Valverde, político de vocación
profunda y sincera, parlamentario ejemplar durante dieciocho años. Máximo
fue, además, presidente de la Mesa de edad en cinco ocasiones y desempeñó
siempre, hasta el último día de su permanencia en esta Casa, con la misma
ilusión y dedicación esforzada sus tareas parlamentarias, cualesquiera
que ellas fueren. Jugó un papel importante durante los años de la
transición política y contribuyó decisivamente a la construcción de un
orden democrático desde la reconciliación social y la convivencia en paz
y en libertad.
Creo expresar el sentir del Pleno al reconocerlo así y al renovar nuestro
compromiso para continuar todos en ese mismo empeño.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO) SOBRE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN
MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CATALUÑA. ORGANICA (Número de expediente 122/000087)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto primero del orden del día: Toma
en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo
Popular y del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre transferencia de
competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos
a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se presenta con el carácter
de orgánica.
Para su presentación, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra el
señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, intervengo para
presentar la proposición de ley que el grupo al que represento y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) someten conjuntamente a esta
Cámara para su toma en consideración, que tiene por objeto la
transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña;
norma legal que, por las razones que luego veremos, deberá revestir la
forma de ley orgánica.
Antes de explicar la forma y contenido de dicha proposición de ley,
permítanme SS. SS. que les recuerde la razón política que la sustenta.
Digo que voy a recordar, y no a revelar, la razón política que la
sustenta porque ésta encuentra su origen en algo que es público y
conocido por todos: los acuerdos de investidura y gobernabilidad
suscritos entre el Partido Popular y Convergència i Unió, en cuyo
apartado 11, párrafo tercero, el Partido Popular manifiesta su voluntad
política de avanzar en el estudio y la negociación correspondiente para
que la Generalitat de Cataluña asuma las competencias en materia de
tráfico en el contexto de las decisiones a adoptar para desarrollar el
modelo policial catalán.
Se podrá discrepar de la oportunidad de ese compromiso, aunque en ese
debate no creo que debamos entrar porque el Grupo Popular considera que
era y es un compromiso contraíble, como lo demuestra que lo contrajo...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Seco.
Señorías, comprendo que el reencuentro del Pleno es propicio para
intercambiar primeras impresiones y trabajos o proyectos de ellos, pero
les rogaría que lo hagan en sus despachos o en las dependencias anejas.
Continúe, señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Decía que se podrá discrepar de la oportunidad del compromiso, pero lo
que no se puede ahora discutir es que ese compromiso existe y que, como
consecuencia del mismo, el Grupo Popular tiene perfecto derecho y
perfecta legitimidad para presentar esta iniciativa, cosa no poco
importante para quienes pensamos que los acuerdos están para ser
respetados y los compromisos para ser cumplidos. En consecuencia,
cualquier manifestación de sorpresa ante esta iniciativa que pudieran
hacer otros grupos de la Cámara podría considerarse fuera de lugar por
desmemoriada y, del mismo modo, cualquier crítica de oportunidad política
a la misma podría considerarse fuera de lugar por pertenecer al ámbito
estricto de la autonomía de la voluntad de este grupo parlamentario, en
este caso conjuntamente con el de Convergència i Unió, la fijación de sus
objetivos políticos y la ejecución de los actos necesarios para
lograrlos. Por tanto, las críticas, que evidentemente las habrá, deberían
dirigirse hacia otros aspectos de esta proposición de ley y en ese ámbito
sin duda serán tenidas en consideración.
El fundamento de esta iniciativa hay que situarlo en los tres siguientes
argumentos. En primer lugar, la posibilidad que ofrece el artículo 150,
párrafo segundo, de la Constitución, que autoriza a estas Cortes
Generales a transferir o delegar, en todas o en algunas de las
comunidades autónomas, facultades o competencias reservadas al Estado,
como es el caso de las referidas al tráfico.
En segundo lugar, el hecho de que Cataluña ostenta, como así lo reconoce
el artículo 13.4 de su Estatuto de Autonomía, competencias en materia de
seguridad ciudadana y, en la medida en que la ejecución de las
competencias de vigilancia del tráfico y circulación de vehículos está
vinculada, como no podía ser de otro modo, a las de seguridad pública,
éstas constituyen un complemento y suplemento necesario de aquéllas.
En tercer lugar, y no de menor importancia, la consideración de que
Cataluña dispone de una policía autonómica, los mossos d'esquadra,
dotados de la infraestructura necesaria para hacer viable y efectiva la
transferencia de las facultades que en esta proposición de ley se
contienen.
El carácter orgánico de la norma legal que surja de esta iniciativa
deriva, por lo demás, del artículo 150, párrafo segundo, de la
Constitución, al que antes me refería, que así lo exige, y la obediencia
constitucional nos obliga a dar tal carácter a la iniciativa, por lo que
parece innecesario insistir sobre ello.
La proposición de ley presentada consta de tres artículos, una
disposición transitoria y una disposición final. El artículo 1.º pretende
la transferencia a Cataluña de las facultades de ejecución de la
legislación estatal en materia de tráfico y circulación de vehículos a
motor, con excepción de las facultades que se retienen por la
Administración del Estado y que seguirán siendo ejercidas por ésta, y que
son, fundamentalmente, las relativas a los permisos y licencias de
conducir y las referidas a la matriculación y permisos de circulación de
vehículos.
Cualquier crítica, por otra parte, que pretenda hacerse a estas
facultades que se transfieren, desde el punto de vista de las garantías
constitucionales, debe ser rechazada con el argumento de que los
principios constitucionales básicos, y especialmente el principio de
igualdad de derechos, vienen garantizados por reservarse el Estado, en
virtud de esta iniciativa, la facultad de legislar; es decir, la
iniciativa legislativa y reglamentaria en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor. Pero es que, además, refuerza este
argumento el hecho de que la Comunidad Autónoma vasca ostenta las
competencias sobre el tráfico desde 1982, y hasta ahora, que se sepa,
todos hemos convenido, y nadie ha discutido, en la constitucionalidad del
traspaso de dichas competencias y, lo que es aún más importante, en la
ausencia de distorsiones o de desigualdades en la aplicación de dicha ley
en el País Vasco.
Por lo demás, las facultades que se transfieren quedan perfectamente
delimitadas en la iniciativa si se interpretan conjuntamente en su
artículo 1.º y en el artículo 5.º del Real Decreto legislativo 339/1990
por el que se aprueba la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
El artículo 2.º de la proposición establece las condiciones a que habrá
de ajustarse el ejercicio de las competencias o facultades que se
transfieren, sobre la base de los principios de coordinación y mutua
información, con respecto a las garantías constitucionales referidas al
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Pero creo que
es importante destacar que dichos principios actúan no sólo como
criterios básicos que deben inspirar el ejercicio de las facultades que
se transfieren, sino también, y al mismo tiempo, como mecanismos de
control a los efectos previstos en el artículo 150, párrafo segundo, de
la Constitución.
El ejercicio de las facultades que se transfieren en virtud de esta
proposición de ley se retrasa, según su artículo 3.º, y como no podía ser
de otro modo, al momento en que tenga efectividad el traspaso de los
medios personales, materiales y presupuestarios precisos, previo acuerdo
de la Comisión Mixta de transferencias Estado-Generalitat de Cataluña, y
su formalización a través del correspondiente real decreto de traspasos.
Me parece importante destacar, en orden a este precepto, dos
consideraciones: por un lado, que el traspaso de competencias significa,
asimismo, el de los funcionarios afectos a los servicios que se
transfieren, lo que le otorga un carácter de neutralidad financiera, que
determina que el traspaso no podrá tener ninguna incidencia en lo que
pueda significar incremento de gasto público, como consecuencia del
mismo. Y, por otro lado, que en la dotación de los mossos d'esquadra que
ejecutarán estas competencias transferidas se ha reservado, según hemos
tenido noticias, un porcentaje importante, el 15 por ciento, para
aquellos componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que
opten por incorporarse a dicha dotación. Podremos discutir si este
porcentaje es alto o bajo o si debería haber sido mayor o menor. A juicio
del Grupo Parlamentario Popular, se trata de un porcentaje equilibrado y
que no distorsionará las necesidades de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Pero lo que parece fuera de toda discusión es que se trata
de una medida inteligente de los mossos d'esquadra, que dotará a este
cuerpo de un contingente que, además de contar con la preparación
necesaria, tiene acreditada una amplia experiencia en la vigilancia del
tráfico, lo que sin duda redundará en beneficio de todos. Y es importante
porque en el pasado, con responsabilidad de otros gobiernos, se han
transferido competencias en esta reserva de plazas para los funcionarios
que venían ejerciéndolas, con el consiguiente hándicap inicial en la
efectividad del ejercicio de las competencias transferidas.
Por último, la disposición transitoria establece el calendario de
implantación de las unidades de Tráfico de la policía autonómica, que por
ser conocido no voy a mencionar, aunque sí parece importante destacar que
hasta tanto dicho calendario no se haya cumplido la Guardia Civil
continuará ejerciendo las funciones de vigilancia del tráfico en las vías
interurbanas, bajo la dependencia de la Dirección General de Tráfico, del
Ministerio del Interior, salvaguardando así el ejercicio de estas
facultades y, por tanto, la correcta vigilancia del tráfico en este
período transitorio.
En conclusión, y con ello termino, señor Presidente, se trata de una
iniciativa cuyos fundamentos políticos y jurídicos y cuyos objetivos en
el marco del desarrollo autonómico están, a juicio del Grupo
Parlamentario Popular, fuera de toda discusión, por las razones que antes
hemos apuntado. Sin embargo, quiero ofrecerles desde esta tribuna a todos
los grupos de la Cámara la disposición del Grupo Parlamentario Popular
--y estoy convencido de que también la del Grupo Catalán (Convergència i
Unió)-- para discutir, negociar y acabar consensuando el contenido, es
decir, la literalidad de los preceptos que se contienen en esta
proposición de ley.
La tramitación parlamentaria de esta proposición permitirá discutir, por
la vía de las enmiendas, todos los criterios particulares, todas las
críticas que el texto de esta iniciativa pueda plantear y todos los
defectos que la misma pueda tener, aunque, en mi opinión, éstos sean
pocos y, sobre todo, poco importantes. Ahí encontrarán al Grupo Popular
dispuesto a conseguir el máximo nivel de acuerdo y consenso que las
circunstancias puedan plantear.
Por todo ello, señor Presidente, y reiterando el ofrecimiento de diálogo,
solicito el voto favorable de los grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
La iniciativa, al haberse presentado de forma conjunta con el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), va a ser también defendida por un portavoz
de ese grupo en el mismo turno y compartiendo el tiempo.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que me cabe el honor
de exponer y defender en este trámite, que ha sido avalada por los Grupos
Parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), se inscribe no
sólo en el vigente marco constitucional español y estatutario catalán,
sino en algo que no puede ser acotado por un texto jurídico temporal, que
es el deseo y la capacidad del pueblo catalán de autogobernarse como
nación --como nación con más de mil años de historia-- y de gobernarse,
además, con los requisitos y bajo las exigencias de cada momento. En
definitiva, de ejercer el autogobierno con responsabilidad. Sin ese deseo
de ser nación y de ser autogobierno de esa nación --deseo que trasciende
a partidos políticos y, por supuesto, a ciclos históricos-- no pueden
entenderse algunas cosas, como, por ejemplo, la presente iniciativa, que
tiene la virtud de enlazar el restablecimiento de la Generalitat de
Cataluña en plena transición política con la transferencia de los mossos
d'esquadra, practicada en octubre de 1980, es decir, con la Generalitat
ya recuperada y con la vigencia del actual Estatuto de Autonomía, su
desarrollo como policía de la Generalitat mediante Ley del Parlament de
Cataluña, de julio de 1994, la expansión y el despliegue de la misma que
se está llevando a cabo desde hace años y con el hecho cierto, también,
de que esta institución, los mossos d'esquadra, data del siglo XVII, fue
la primera fuerza de policía profesional de Cataluña y fue la fuerza
pionera de policía profesional en todo el Estado español.
La justificación de la propuesta que nuestros grupos parlamentarios
defienden es doble. Por un lado, estrictamente constitucional y
estatutaria, como ha dicho mi colega del Grupo Parlamentario Popular, y,
además, como queda subrayada en la propia exposición de motivos que la
acompaña, por el hecho cierto de que la cesión de las competencias en
materia de tránsito y circulación de vehículos, así como de seguridad
vial, como es el caso, viene a completar un modelo policial propio,
precisamente el modelo reglado por el Parlament de Cataluña y el modelo
practicado por el Gobierno catalán. Por otro lado, es igualmente
constitucional y estatutaria, pero tiene una justificación de mayor
calado político o de mayor cualificación política. A realidad distinta,
señorías, distinto tratamiento. Es decir, que Cataluña vaya a cerrar su
propio concepto de seguridad ciudadana y de policía integral pone sobre
el papel que el hecho diferencial encuentra, primero, acomodo
constitucional, que es posible legalmente, pero, sobre todo, deseo,
reconocimiento explícito por parte de las Cortes Generales de que así sea
si este Congreso de los Diputados hoy da luz verde a la tramitación de
esta proposición de ley.
¿Cuál es el contenido de este proyecto legislativo? Yo diría que el
objeto está muy claro: transferir a la Generalitat de Cataluña las
facultades de ejecución del Estado en materia de tráfico, circulación de
vehículos y seguridad vial. Por lo tanto, se aplica --de hecho se aplica
por primera vez, cosa no menos importante-- el artículo 150, párrafo
segundo, de la Constitución, y se transfiere una competencia a una
comunidad autónoma cuyo propietario inicialmente, por decirlo de alguna
manera, por decirlo de forma coloquial, es el Estado. Se propone hacerlo,
lo proponemos hacer mediante un texto nada detallista, como pueden
ustedes observar; un texto que, eso sí, concreta las materias que no son
objeto de transferencia y que siguen estando en manos de la
Administración del Estado.
El texto que proponen el Grupo Popular y el Grupo Catalán destaca los
principios de coordinación y colaboración con la Administración del
Estado como instrumentos precisos --por válidos, por exigibles-- para la
obligada eficacia de la transferencia.
Finalmente, la proposición de ley encara esa transferencia mediante una
asunción gradual de las competencias que nos lleva desde el año 1998
hasta el año 2000, es decir, que se encara, que se hace, con toda la
inteligencia posible y con la exclusión de la imprudencia.
Acabo por donde he empezado, señor Presidente. Si ustedes, señorías, dan
su voto a la toma en consideración de esta propuesta legislativa, sepan
que están practicando una previsión constitucional y estatutaria; nos
movemos, señorías, en el sendero de la legalidad vigente. Sepan, además,
que impulsan de una manera decisiva el modelo policial catalán diseñado
por el Parlament de Cataluña y aprobado por el Gobierno de la
Generalitat, con la inestimable colaboración del actual y de los últimos
gobiernos del Estado, de los gobiernos de España, y sepan, sobre todo,
que consolidan un modelo policial propio que ayuda a la distinción, pero
que también invita a la mejora; y si bien lo distinto está amparado por
la Constitución y los estatutos de autonomía --las leyes-- mejorar,
modernizar o progresar son verbos que deben ser conjugados por los
gobiernos y ratificados o no por el cuerpo electoral, pues todo, de
hecho, comporta una responsabilidad, cada oportunidad comporta una
obligación y cada posesión conlleva un deber. Al fin y al cabo, señorías,
Cataluña no desea ser otra cosa que una fuerza tranquila, serena y
constructiva en el seno del Estado y sólo reclama para ello el
reconocimiento diferencial que comporta ser nación.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Defiendo,
en nombre del Partit per la
Independençia, esta proposición de ley por diversos motivos, algunos de
los cuales me parecen más que indiscutibles. Primero, por voluntad de
ser. Cataluña no sólo es una nación con voluntad de gobierno, sino que es
una nación que se ha gobernado de manera soberana y que ha vivido en
plenitud su pluralidad nacional. Forma parte, pues, de su trayectoria
histórica, de su capacidad y de sus derechos el aumentar su poder
político, su soberanía política de manera gradual y, por tanto,
conseguir, en materias fundamentales, tener capacidad de decisión.
Segundo, porque de los distintos fundamentos de la soberanía el orden
público, sin lugar a dudas... (Rumores.)
Me cuesta un poco oírme, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rahola.
Señorías, guarden silencio.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Segundo --decía-- porque de los distintos
fundamentos de la soberanía el orden público es, sin lugar a dudas, uno
de los más relevantes y decisivos y, en consecuencia, es absolutamente
necesario para que una nación se sienta plena y realizada.
Y, finalmente, porque estamos hablando de los mossos d'esquadra, cuerpo
emblemático en Cataluña y que entendemos nosotros tiene que ser la única
policía en Cataluña, y porque hablamos de una reivindicación antigua, de
una reivindicación que probablemente llega tarde pero a la que, en todo
caso, no se puede decir no cuando llega. Por tanto, en consecuencia,
damos nuestro sí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria anuncia que votará afirmativamente esta proposición de
ley que nos traen conjuntamente el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Lo fundamentamos, retomando casi la expresión que ha utilizado el
portavoz señor López de Lerma, en que la norma se ajusta en un todo a un
principio de legalidad reflejado en el orden constitucional, en los
artículos 149 y 150, que están referidos a las competencias del Estado y
a la capacidad de transferir a la comunidad autónoma respectiva. En este
orden constitucional concuerda también con lo que dice el artículo 13 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por esta razón, y fundamentalmente
porque se dan las dos premisas para la eficacia del servicio
transferido... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías, les ruego guarden silencio. Es imposible, no ya escuchar, oír
medianamente al señor Mardones.
Continúe, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Se dan dos circunstancias objetivas y objetivables de causa material que
permiten la confianza no solamente en el principio de legalidad, sino en
el principio de eficacia de la norma transferida. Por un lado, la
comunidad autónoma, la Generalitat de Cataluña, dispone ya de los cuadros
humanos, a través de su policía autonómica, para ejercitar esta función.
Por otro lado, se hace uso de un principio relacionado con el orden
público y la custodia de los bienes, que son responsabilidad de una
administración, en este caso la seguridad vial y el tráfico, y que
existiendo los medios humanos y materiales ya en la propia policía
autonómica catalana se dan también estos principios de similitud para
ejercitar la función. Hay la reserva que trae el artículo 1.º de esta
iniciativa, lo que queda en el ámbito de la competencia estatal, que son
las licencias y permisos tanto para los conductores como para los
vehículos a motor.
Hecha esta mención de reserva en el principio de jurisdicción del Estado,
está algo muy importante que queremos destacar, que es el artículo 2.º,
en la medida en que en competencias que se ejercen sin solución de
continuidad --una persona que circula en un vehículo a través de
comunidades autónomas del Estado español, puede ser la aragonesa o la
valenciana-- se salvaguarda ahora un principio importante de coordinación
y de cooperación para las regulaciones del tráfico y de vehículos de
motor entre la comunidad autónoma catalana y la Administración del
Estado.
Nosotros desearíamos que hubiera estos principios de coordinación y de
colaboración, así como el intercambio simultáneo y recíproco entre ambas
administraciones para suministrar y acceder a datos básicos y
fundamentales (multas, etcétera) en el ordenador.
En esta línea de congruencia y respeto a lo que es un acceso de una
comunidad autónoma a un bien jurídico que sanciona positivamente nuestra
Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo
13, y que está amparado en el principio de legalidad, Coalición Canaria,
señor Presidente, va a dar su apoyo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del
Grupo Vasco comparto el entusiasmo
manifestado por los representantes de los grupos proponentes y, desde
luego, entendemos que se vota la toma en consideración de una iniciativa
relativa a las competencias en materia de tráfico y seguridad vial por
tradición administrativa, vinculadas a la seguridad ciudadana, a la
seguridad pública, cometido de toda policía con vocación de ser integral.
Es, por tanto, creemos, una cuestión esencial y muy simbólica de la
apuesta de la Comunidad Autónoma catalana por la tenencia de una policía
propia.
Es una propuesta que, según se trasluce en los medios de comunicación, se
vive con ilusión por el pueblo catalán y que ha sido recogida en algún
artículo de prensa en la idea de que hay pocas naciones que tengan la
oportunidad histórica de construir de nuevo una institución tan esencial.
Como representante del Grupo Vasco, como ciudadana vasca, es obligado que
haga mención al proceso de creación de la Ertzaintza, reciente en el
tiempo, y cuyos parámetros normativos son ciertamente distintos.
En el caso vasco, el artículo 17 del Estatuto de Guernica remite, en
primer término, a la actualización del régimen foral previsto en la
disposición adicional primera de la Constitución; engancha, si se me
permite utilizar una expresión tan gráfica, con la salvaguarda
constitucional de los derechos históricos; y, lo que es más importante,
en el propio apartado 5 de este artículo, se establece ya en el propio
momento estatutario que existe la policía autónoma por la disponibilidad
de los millones de la Diputación Foral de Alava y se restituye en ese
mismo momento --tiene en este aspecto carácter fundacional-- el Cuerpo de
Miñones y Miqueletes de Vizcaya que, como digo, y esto es fundamental
para entender el resto del proceso, se reinstituyen en el mismo momento
del proceso estatutario.
Bastó, por tanto, luego un simple Real Decreto, el 2903/1980, de 22 de
diciembre, regulador de estos cuerpos, para basar todo el proceso
posterior, que no es ocasión de exponer en este momento ante la Cámara.
Esta articulación --repito-- hizo innecesario el acudir a un instrumento
como el que ahora se utiliza, a pesar de tratarse de una materia
comprendida en el 149.1.21 de la Constitución. En el caso catalán, su
previsión estatutaria es distinta y, por ello, sí ha sido preciso acudir
a este instrumento que, por cierto, fue introducido en el texto de la
Constitución, en el debate constituyente, por una enmienda del propio
grupo al que yo ahora represento, el Grupo Vasco. La utilización de esta
vía del 150.2, en los casos en los que se ha hecho, no ha estado exenta
de polémica, pero creemos que en el caso presente su utilización es
impecable y así resulta de la propia exposición de motivos, que es
especialmente acertada a la hora de plasmar el mecanismo.
Me gustaría, sin embargo, concluir mi intervención haciendo un reproche
al contenido del articulado. En su artículo 1.º se plasma una limitación
a la competencia de las facultades que se transfieren a la Generalitat,
que es la misma que existe, por cierto, en el caso vasco. Creemos que
esta excepción no se justifica y que carece de base real, ya que el que
los requisitos deban ser idénticos respecto de los títulos de
habilitación para conducir en todo el Estado no justifica que la gestión
deba ser también efectuada siempre desde las autoridades del Estado. En
tiempos de tan singulares avances en cuanto a la comunicación de datos y
en los que se habla de espacios europeos, no existe base real para
entender que esta competencia deba reservarse en manos del Estado. Sin
embargo, esta dualidad de administraciones, sobre todo en materia
sancionadora, crea, como tuve ocasión de exponer ante la Cámara con
motivo de una pregunta oral efectuada al ministro del Interior,
importantes problemas de inseguridad jurídica, de bis in idem, e incluso
de desproporción en la respuesta punitiva, que creemos que es posible
resolver y que esperamos que se haga por vía de enmiendas durante la
tramitación parlamentaria, y que, por supuesto, el Grupo Vasco apoya.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
anuncio el voto favorable... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.
Señorías, vuelvo a llamar al orden a la Cámara. Es imposible escuchar al
orador. (Continúan los rumores.)
Señor Burballa. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Anuncio, pues, el voto favorable de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de
transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya.
Creemos, efectivamente, que supone un gran avance en el proceso de
autogobierno y que a todas las fuerzas que nos proclamamos federalistas
nos debe llenar de satisfacción. Por otra parte, el programa de
Iniciativa per Catalunya, en el capítulo de una seguridad al servicio de
la población, señala que las policías autonómicas tendrán todas las
competencias de seguridad, incluido el tránsito. En consecuencia, nuestro
voto a favor
al contenido de esta proposición de ley. Pero, señorías, señor
Presidente, nuestro grupo debe manifestar su más absoluto rechazo y
discrepancia en la forma en que se ha realizado este proceso de
transferencia de las competencias de tráfico en la provincia de Girona,
que es en la primera que se ha llevado a cabo. Señorías, nos parece
absolutamente inadmisible la obsesión de Convergència i Unió de no
contaminar a la unidad de tráfico de los Mossos d'Esquadra con la Guardia
Civil. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) El proceso que se ha desarrollado en Girona, señorías, ha
defraudado a los guardias civiles y a sus familias; guardias civiles que
llevan muchos años ejerciendo su actividad en Cataluña y que han dado lo
mejor de sí mismos para garantizar la seguridad en las carreteras de la
comunidad autónoma catalana. Se les había prometido, señorías, que el
traspaso no sería traumático, que no se tendría que ir nadie, y hoy se
sienten absolutamente engañados y estafados. La delegada del Gobierno ha
llegado a decir que de los 1.200 guardias civiles que hay actualmente en
Cataluña, 699 se tendrán que ir. Por mucho que se les ha dicho que
podrían ir a hacer funciones de policía fiscal, la realidad es que muchos
guardias civiles, que no quieren, se tendrán que ir de la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Y esto, señorías, nos parece una injusticia
absolutamente inadmisible.
Se les ha asignado solamente un 15 por ciento de las plazas, que
corresponden a 33 plazas, cuando han sido 79 las solicitudes que se han
presentado, y todo ello, señorías, cuando las plazas que correspondían a
los Mossos d'Esquadra no se han llegado a cubrir porque no ha habido
suficientes solicitudes.
La forma también ha obligado a presentar las solicitudes de nuevo destino
en seis días y se les va a obligar a tener conocimientos de catalán
equivalentes a nivel B --y diré a las señorías que no lo conozcan que es
un nivel alto-- en un período de dos meses, con el objetivo claro de que
la Guardia Civil no nutra la nueva unidad de tráfico de los Mossos
d'Esquadra.
Por todo ello, señorías, consideramos que, aunque la ley es buena y
nosotros la vamos a apoyar, el proceso --como se está desarrollando-- es
absolutamente desgraciado e injusto.
Y la farsa llega hasta el final; por una parte, el señor Alberto
Fernández Díaz, presidente del Partido Popular de Cataluña, nos dice, y
sale en los medios de comunicación, que la forma en que se ha realizado
ese traspaso es un verdadero ejercicio de miopía policial y política, y
añade que el gobierno catalán es prisionero de los sectores más
nacionalistas de Convergència i Unió. Por otra parte, Convergència i Unió
nos dice que ha sido un acto absoluto de generosidad, ya que Interior no
pidió nada, no pidió ni una sola plaza para los guardias civiles; es más,
el conseller Pomés dice que el ministro Oreja, al parecer, mostró su
sorpresa cuando se lo propuso el propio conseller.
Señorías, por todo ello, no podemos más que manifestar, una vez más,
nuestra absoluta disconformidad por esta injusticia que se está
realizando contra un cuerpo, el de la Guardia Civil en Cataluña, que ha
visto cómo sus mujeres han tenido que salir en defensa de los derechos de
sus propias familias a quedarse en el territorio de Cataluña, y
esperamos, señorías, que se produzca una rectificación de este modelo,
porque, siendo la ley buena (desde luego, nuestro grupo parlamentario va
ha votar a favor), estamos absolutamente en contra por las razones que
anteriormente he expuesto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar también a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, y vamos a hacerlo,
fundamentalmente, por dos razones. Una de ellas, la más clara, ya se ha
expuesto aquí. No se trata solamente de que queremos también ahondar en
la profundización del autogobierno de Cataluña, sino que además se trata,
lógicamente, de una medida totalmente razonable, a partir del momento en
que estamos hablando de una comunidad autónoma que ya tiene, desde hace
años, una policía propia, que, de acuerdo con su estatuto de autonomía,
dispone de competencias para la seguridad ciudadana y para la protección
de la seguridad y los bienes de las personas, y, por tanto, de acuerdo
con esta condición de policía integral de la que aquí ya se ha hablado,
parece lógico y totalmente razonable que estas competencias en materia de
tráfico y seguridad vial sean transferidas a la Generalitat de Cataluña.
Pero, además, hay otra razón, que desde el punto de vista de mi grupo es
especialmente importante, y es que las transferencias a las que se
refiere esta proposición de ley se van a realizar como consecuencia de un
proceso largo, de un proceso que no empieza hoy; esta proposición de ley
no llega, por así decirlo, por generación espontánea, sino que es el
resultado de un largo proceso de negociación que ya se inició y avanzó en
la pasada legislatura, y quiero recordar que fue, concretamente, en el
año 1994 cuando se llegó a acuerdos importantes que permitieron el
despliegue en Cataluña de los Mossos d'Esquadra. Es más, sin estos
acuerdos, sin este despliegue que se acordó en la pasada legislatura,
sería imposible que hoy acordásemos estas transferencias.
Por tanto, por parte de mi grupo, ninguna sorpresa, ninguna crítica a la
oportunidad y, por supuesto, la más mínima duda respecto a la
constitucionalidad de esta transferencia. Si alguien ha pensado que mi
grupo
iba a plantear críticas en esta materia, se ha equivocado. Estamos
absolutamente de acuerdo con que se transfieran estas competencias y,
además, estamos de acuerdo con el modelo de sustitución, que quede claro.
Después me referiré a este tema.
Ahora bien, dicho esto, establecido este acuerdo de principio básico,
entusiástico --diría yo--, con el objeto central de la proposición de
ley, mi grupo parlamentario no puede dejar pasar la ocasión de plantear
algunas discrepancias, no tanto con lo que dice la proposición de ley
como con lo que no dice; no tanto con su contenido como con lo que en
ella falta, y, además, discrepancias importantes en relación a la forma
en que parece que se quiere producir este proceso de transferencia a
través del acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la
Generalitat.
Para empezar, nos encontramos, señoras y señores diputados, ante una
situación un tanto curiosa, porque resulta que esta proposición de ley
hoy día, previsiblemente, la vamos a tomar en consideración,
probablemente en el plazo de dos o tres meses estará aprobada, podrá ser
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y, sin embargo, resulta que
el Gobierno de la Generalitat ya la está aplicando ahora, ya está tomando
decisiones, ya está ejecutando decisiones con cargo a una ley que todavía
no existe; ya se ha decidido cuántas plazas habrá en la futura división
de tráfico de los Mossos d'Esquadra, ya se ha decidido qué pruebas y qué
concursos tendrán que hacerse para ir a esta división, ya se están
realizando estas pruebas y, lo que es más, ya se ha decidido qué
porcentaje de estas plazas se reservará para los actuales funcionarios
que forman parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y todo
esto se ha decidido, y no solamente ya se ha decidido sino que se está
ejecutando, ya se están haciendo los concursos en base a una ley que
todavía no existe, en base a una ley que todavía no está aprobada, que
será este Parlamento el que la aprobará, porque quiere, no por otra
razón, y solamente el día que esté aprobada, el día que esté publicada,
con las modificaciones que aquí se introduzcan, será cuando realmente
puedan ejecutarse las competencias.
Pero es que, además, esto no es nada nuevo, esto lo dice la propia
proposición de ley, que en su artículo 3.º dice textualmente: el
ejercicio de las competencias transferencias será --futuro-- asumido por
la comunidad autónoma en el momento en que tenga efectividad la
transferencia de los medios personales, materiales y presupuestarios
precisos, instrumentado mediante acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias y el correspondiente real decreto de traspasos y
servicios. Que yo sepa, no se ha asumido esa competencia, no se ha
dictado el real decreto de transferencia ni se ha acordado nada al
respecto por la Comisión Mixta, y sin embargo el Gobierno de la
Generalitat ya está haciendo pruebas para cubrir estas plazas.
Me pregunto yo, ¿en base a qué habilitación legal se puede hacer esto?
Además, no olvidemos una cosa, señor Presidente, señoras y señores
diputados: no olvidemos que esta competencia no está prevista en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en absoluto, no es una competencia que
ya tenga Cataluña, de acuerdo con su estatuto, y que para ejercerla
solamente sea necesario el acuerdo de la Comisión Mixta; no, no. Esta es
una competencia que no está en el estatuto de autonomía y que, por tanto,
adquirirá en su día el Gobierno de la Generalitat en base a una ley
orgánica de transferencias que es ésta, por eso hoy aquí lo estamos
discutiendo; es la primera vez que para Cataluña se hace una ley orgánica
de transferencias de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución. Es
decir, un sistema excepcional, especialísimo, que requiere por ello un
tratamiento determinado. Y bien: resulta que este Parlamento aún no se ha
pronunciado sobre ello, resulta que estas Cortes Generales, el Congreso
y el Senado, aún no han dicho nada al respecto, hoy dirán la primera
palabra, y sin embargo esta futura norma jurídica, que hoy todavía no es
más que un documento parlamentario, ya se está aplicando.
A nuestro juicio, señor presidente, señoras y señores diputados, esto no
es aceptable ni desde una perspectiva política, ni desde una perspectiva
jurídica. No es aceptable desde una perspectiva jurídica porque no hace
falta ser ningún experto en derecho para saber que toda disposición
reglamentaria necesita de una habilitación legislativa, y aquí las
resoluciones que han puesto en marcha este proceso no tienen ninguna
habilitación legislativa todavía.
Pero es que, además, políticamente, es todavía mucho más grave, porque
está prefigurando la decisión de este Parlamento, la decisión soberana de
esta Cámara y del Senado, que todavía no han tomado, y que además, a lo
largo de todo el trámite parlamentario, como ha dicho aquí el
representante del Grupo Popular, se puede modificar. De esta manera,
estamos prefigurando una decisión que puede ser muy grave. Imaginemos qué
sucedería si, a lo largo del trámite parlamentario, en esta proposición
de ley decidimos todos que la futura división de tráfico de los Mossos
d'Esquadra reservará un 25, un 30, un 35 por ciento de plazas para los
integrantes actuales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Sencillamente, tendrían que rehacerse las pruebas otra vez, porque lo que
se ha decidido, no se sabe de acuerdo con qué ley, es que ese porcentaje
sea sólo del 15 por ciento. Creo que eso es suficiente, señor presidente,
para que marquemos una diferenciación, una discrepancia respecto a este
proyecto.
La segunda, y con ello acabo, señor Presidente, ya se ha expresado aquí
por parte de otros portavoces parlamentarios. Esta, se ha dicho muchas
veces, es una transferencia de sustitución. No es una transferencia
ordinaria, como todas las que se han hecho hasta ahora,
que significaba que los funcionarios adscritos eran transferidos a la
Generalitat, sino que es una transferencia de sustitución en la cual la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil será sustituida por la división
de tráfico de los Mossos d'Esquadra.
Que quede claro que mi grupo está de acuerdo con este modelo, que no lo
discute. Es más, fue durante el período 1993-1996 cuando se diseñó este
modelo. Por cierto que entonces el Grupo Popular no parecía estar muy de
acuerdo con él; afortunadamente, ahora sí lo está. Nosotros estamos
plenamente de acuerdo con este modelo de sustitución. Ahora bien, el
hecho de que las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil sean
sustituidas por la división de tráfico de los Mossos d'Esquadra no
significa que se deba intentar aprovechar al máximo la experiencia
profesional de todos estos integrantes de las agrupaciones de tráfico de
la Guardia Civil para poder integrarlos en los Mossos d'Esquadra. En este
sentido, yo quiero insistir en lo que aquí ya se ha dicho.
Señor presidente, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario
está absolutamente en desacuerdo con esa medida, que no está en la ley,
que no sabemos dónde está, pero que ya se está aplicando, de reservar
solamente un 15 por ciento de plazas de la futura policía de tráfico
catalana a integrantes actuales de la Guardia Civil. Y está en completo
desacuerdo por dos razones: primero, por una razón de eficacia, porque de
esta manera estamos renunciando a la aportación de funcionarios que
tienen una gran experiencia en la materia, una gran profesionalidad, que
quieren integrarse en la policía autonómica de Cataluña y a los cuales
cicateramente se les da solamente un porcentaje absolutamente ridículo de
33 plazas. Esto es todavía más grave si se tiene en cuenta que en las
pruebas que se han realizado hasta el momento para las 187 plazas que
estaban previstas procedentes de Mossos d'Esquadra, hasta ahora, de los
162 que se han presentado, 28 fueron suspendidos y solamente 134 han
pasado la primera criba. Esto parece ridículo. Pero, además, hay otra
razón que ya se ha dicho aquí y es una razón de naturaleza humana: una
serie de personas que viven desde hace muchos años en Cataluña, que están
plenamente integradas en Cataluña, que quieren seguir en Cataluña, que se
sienten catalanes, que tienen a sus hijos estudiando en Cataluña, tendrán
que abandonar Cataluña contra su voluntad, porque el Gobierno de la
Generalitat y el Gobierno del Estado no han tenido, de momento, la
suficiente valentía para admitir un porcentaje más elevado y no este
ridículo 15 por ciento.
Señor Presidente, espero que a lo largo del trámite parlamentario que
todavía queda por delante se puedan resolver estas disfunciones.
Agradezco al representante del Grupo Popular su oferta de diálogo, que
nosotros retomamos inmediatamente, confiamos, por tanto, que a lo largo
de este trámite parlamentario se puedan resolver estos problemas, y en
base a esta confianza, pero también en base, como decía antes, a que
estamos plenamente de acuerdo con que la Generalitat de Catalunya asuma
estas competencias, votaremos a favor de la toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jover.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular y Catalán
(Convergència i Unió) sobre transferencia de competencias ejecutivas en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311;
a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS
APLICABLES AL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE
DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS (Número de expediente 122/000084)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas presupuestarias
aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.
Para su exposición y defensa tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, el señor Martinón. (El señor Vicepresidente, López de Lerma
i López, ocupa la Presidencia.)
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, presento ante ustedes la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas
presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
La Ley del Fondo, la 36/1995, de 11 de diciembre, tiene dos objetivos. Un
primer objetivo es regular el destino de los bienes adjudicados al Estado
por sentencia firme en aquellos delitos relacionados con el tráfico de
drogas. El segundo objetivo de la ley es la
creación del fondo que se nutre de esos bienes adjudicados al Estado por
sentencia firme. La ley fija dos fines a ese fondo. Hay un primer fin que
es la atención a los drogodependientes y hay un segundo fin que es dotar
de medios a las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el
narcotráfico. Esta ley ya contiene una medida de carácter presupuestario,
que entra en vigor en el mismo momento en que entra en vigor la ley, al
considerar los créditos ampliables que sean nutridos con el fondo hasta
el límite de los ingresos que constituyen el fondo y que, por tanto, al
entrar en vigor la ley, la Ley de Presupuestos de 1995 y la Ley de
Presupuestos de 1996, que es prórroga de la de 1995, los créditos que se
pudieran nutrir con el fondo quedan automáticamente ampliados hasta el
límite de los ingresos y no en la cuantía de los 500 millones que
figuraban inicialmente.
Con esta ley las Cortes Generales pretendían dar respuesta a una demanda
social; una demanda muy sentida por los colectivos afectados de que aquel
dinero que se adjudicara al Estado y que procediera de los
narcotraficantes fuera un dinero que revertiera en la atención a los
drogodependientes y en la lucha contra el narcotráfico.
Lo he dicho ya --y permítanme que lo repita, aunque pudiera resultar
trivial y superfluo para alguna de SS. SS.--, la Ley del Fondo, la ley
36/1995, crea el fondo, y no como en algún momento han llegado a decir el
secretario de Estado de Comunicación, el propio ministro de Interior, el
delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas; el fondo no se crea
mediante un decreto, el decreto del reglamento de esta ley, sino que el
fondo fue creado en la propia ley, es decir, el fondo fue creado por las
Cortes Generales.
El fondo se gestiona por primera vez el año 1996. Es el primer ejercicio
en el que el Gobierno tiene la responsabilidad de gestionar este fondo.
En nuestra opinión esa fue una gestión deficiente. Lo hemos discutido en
la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas, pero no es
este el sitio ni el momento de debatir acerca de esa gestión.
Hay dos formas de decir cómo fue esa gestión. El Gobierno dice que el
fondo en 1996 se nutrió con 561 millones de pesetas, de los cuales 93
fueron gastados en convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos,
272 se incorporaron al presupuesto de 1997 y 196 fueron devueltos al
Tesoro público. Nosotros lo decimos de otra forma. Decimos que el fondo
de 1996 se nutrió con 289 millones de pesetas, de los cuales se gastaron
93 y 196 fueron devueltos al Tesoro público.
Se interprete de una forma o de otra, tanto el Gobierno como los que no
estamos en él lamentablemente opinamos algo en común: 196 millones de
pesetas del fondo de 1996 fueron devueltos al Tesoro público porque no se
gastaron. Al devolverse, se pierde ese dinero para los fines previstos en
la ley del fondo, y este es el motivo principal que ha llevado a nuestro
grupo a presentar esta proposición de ley.
Han surgido dificultades en la gestión que algunos consideran casi
imposibles de salvar, y así lo estima el Gobierno. Nosotros pensamos que
con una gestión más eficiente esas dificultades se hubieran podido
superar. Pero, insisto, es inútil discutir ya si la gestión de 1996 fue
buena, mala o regular. Hay un dato cierto, y es que queremos que hoy este
Congreso de los Diputados inicie los pasos para que sean corregidos los
errores; 196 millones de pesetas del fondo se han devuelto al Tesoro y,
por tanto, no se han destinado ni está previsto que se destinen a los
fines previstos en la ley.
Estas son las razones, señorías, que nos han llevado a presentar la
proposición de ley. Es muy breve. Consta de dos artículos y una
disposición transitoria. En la disposición transitoria proponemos que los
196 millones que fueron devueltos al Tesoro se incorporen al ejercicio de
este año 1997, aumentando así la cuantía del fondo. Hay dos artículos que
contienen medidas de carácter presupuestario aplicables a dicho fondo, no
sólo para los años 1997 y 1998, sino con carácter indefinido. El artículo
primero de nuestra propuesta dice que los remanentes que pudieran
producirse en aquellas partidas que se nutren con el fondo y que no se
hayan gastado --repito, los remanentes--, se incorporen automáticamente
al ejercicio presupuestario siguiente. Es decir, que lo que ahora
pretendemos resolver con la disposición transitoria, en el futuro quede
resuelto de forma indefinida con este artículo primero. De modo que si
una gestión deficiente o una gestión prudente por parte del Gobierno
aconseja no gastar todo el dinero de las partidas que se nutren con el
fondo, que ese dinero se incorpore de forma automática a las partidas del
fondo del ejercicio presupuestario siguiente.
El segundo artículo pretende que no se apliquen a las partidas que se
nutren con el fondo las restricciones que están previstas en el artículo
70 de la Ley General Presupuestaria. En la Ley de Presupuestos de 1997
hemos aprobado, a propuesta del Gobierno, que aquellas partidas
presupuestarias que se nutren con el fondo no estén limitadas por la
transferencia de créditos de una partida a otra. El artículo 70 de la Ley
General Presupuestaria dice que aquellas partidas que sean ampliables no
pueden estar sometidas a transferencia. La Ley de Prepuestos Generales
del Estado de 1997 dice que esa limitación no debe aplicarse a las
partidas que se nutren con el fondo, y nosotros queremos extender esa
liberalización, esa facilidad, no sólo al año 1997, que ya la tiene, sino
a los ejercicios presupuestarios siguientes, y que si en algún momento el
legislador se olvidara de esa cautela, esta ley cubra esa posibilidad.
Resumiendo, señorías, con los dos artículos queremos facilitar la gestión
del fondo que quien esté gobernando no se vea atenazado por la
imposibilidad de transferir de una partida a otra. Por tanto --cosa que
es insólita-- desde un grupo de la oposición se le están
dando facilidades al Gobierno para que haya transferencias, para que haya
una gestión más eficaz y que los remanentes de los ejercicios se
incorporen automáticamente al siguiente. Y, desde luego, queremos
resolver el que esos 196 millones de pesetas que se perdieron en su
momento se incorporen de nuevo a los fines previstos en la ley.
Señorías, presentamos esta proposición de ley con una actitud abierta al
diálogo con todos los grupos parlamentarios, dispuestos a perfeccionar
este texto, que seguro que podrá ser perfeccionado, podrá ser mejorado,
y siempre en la línea, espero, de que cualquier reforma y cualquier
mejora sirva para que los fines previstos en la ley del fondo puedan
efectivamente cumplirse. Por eso les pido el voto, para que sea efectivo
que el dinero que el Estado logra incautar a los narcotraficantes sea un
dinero que se destine a lo que está previsto en la ley, que se destine a
combatir a esos narcotraficantes y que se destine, sobre todo, a atender
a las víctimas del narcotráfico: a los drogodependientes. En una palabra,
señorías, que el valor simbólico que la ley del fondo tuvo en su momento,
cuando estas Cortes la aprobaron, que ese valor simbólico quede
garantizado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Martinón.
¿Grupos que deseen hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Grupo Mixto, Coalición
Canaria, Grupo Catalán, Izquierda Unida y Grupo Popular.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo para expresar la posición favorable del Bloque Nacionalista
Galego a la toma en consideración de la proposición de ley que presenta
el Grupo Socialista acerca de que se garantice el destino del fondo
procedente de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados con ellas a los fines previstos. Desde nuestro punto de
vista es necesario garantizar que sea así.
No es preciso insistir en las enormes necesidades existentes para
mitigar, cuando menos en parte, los problemas asistenciales o de
reinserción social que padecen aquellas personas que tienen la desgracia
de caer en las garras de las drogas ilegales. Tampoco es necesario
insistir en que existe una fuerte demanda de los colectivos de lucha
contra la droga en el sentido de conseguir que parte de la enorme riqueza
acumulada por los que se dedican a este tráfico criminal revierta
precisamente en la atención de aquellos que sufren sus consecuencias. A
veces resulta triste pensar que ni siquiera los escasos fondos
procedentes de los bienes decomisados son utilizados en su integridad
para los fines que están previstos por la ley que se destinen. Es, por
tanto, oportuno que se tomen las medidas precisas para que esta situación
cambie y realmente vayan a donde tienen que ir.
En todo caso, queremos hacer algunas consideraciones. En primer lugar, es
preciso garantizar la agilidad en la gestión del fondo y, por tanto,
garantizar que los recursos lleguen con rapidez a donde se necesiten. En
segundo lugar, que en la distribución de ese fondo se tenga en cuenta el
origen de lo recaudado, es decir, que revierta mayor cantidad en aquellas
comunidades autónomas en las que se producen más decomisos. Todo esto es
una realidad en Galicia, donde se producen más aportaciones al fondo de
las que posteriormente recibe. Este planteamiento, por cierto, está
respaldado por todas las fuerzas políticas, y así lo han manifestado en
los foros públicos donde tuvieron ocasión de intervenir. Y, en tercer
lugar, desde nuestro punto de vista convendría discutir a qué se dedican
los fondos. En nuestra opinión, deberían dedicarse, en exclusiva, a la
prevención, tratamiento y reinserción de los drogodependientes, debiendo
contar con la intensificación de las labores de represión y medios
provenientes de las partidas presupuestarias habituales.
Sobre todos estos aspectos tendremos ocasión de pronunciarnos si se toma
en consideración esta proposición de ley que nosotros vamos a votar
favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Fue muy importante que a finales de la legislatura anterior,
concretamente en el año 1995, se promulgara la ley de creación del fondo
procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados, ley que fue reglamentada en el ejercicio de 1996.
Pero produce indignación, a primera vista, que de un fondo creado con un
fin determinado, no se utilice más de un 30 por ciento y que la cantidad
restante pase en el ejercicio siguiente a los fondos del Estado como
ingresos generales.
Recuerdo las grandes carencias que existen en todas esas actividades
relacionadas con la droga que nosotros siempre calificamos como de las
cuatro erres: la actividad de rechazo o prevención, la de la recuperación
o asistencia, la reinserción social y la represión. Recuerdo, en
concreto, mi tierra canaria, con siete islas y entrecrucijada del
continente, donde la Guardia Civil no tiene una lancha para luchar contra
el narcotráfico. Pues bien, nosotros vamos a votar favorablemente
esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista,
y lo vamos a hacer desde la convicción de que, aun reconociendo que para
el ejercicio de 1998 la situación está resuelta porque hubo previsión del
actual Gobierno en los presupuestos de 1997 para que se recogiera,
nosotros consideramos que el dinero de la droga tiene que volver a la
droga. Estos remanentes tienen que ser destinados a los fines que dice la
ley. Y como son fondos carenciales y son insuficientes para la gran lucha
contra el narcotráfico, nosotros vamos a votar favorablemente esta
proposición de ley, esperando que en el tramite parlamentario no
solamente se consiga una legislación que señale que de forma automática
se transfieran estos fondos en ese mismo ejercicio, sino que también
sería conveniente que la mesa de coordinación, la que distribuye los
fondos según las directrices que marque el Consejo de Ministros, se reúna
con más frecuencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a
la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre las medidas presupuestarias aplicables al fondo
procedentes de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados.
La ley 36/1995, de 11 de diciembre --como ha expuesto muy claramente el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, reguló la creación de un
fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos, y reguló también, en su artículo primero, el destino de los
bienes y efectos decomisados en aplicación de los artículos 344 bis e) y
546 bis f) del Código Penal; la creación de un fondo de titularidad
estatal que se nutriría con el producto de aquellos bienes, sus rentas e
intereses, efectos e instrumentos.
El artículo segundo de dicha ley establece los fines a los que se
destinará este fondo, que son, por una parte, los programas de prevención
de toxicomanías, asistencia a drogodependientes y reinserción social y
laboral de los mismos y, por otra, intensificación y mejora de las
actuaciones de prevención e investigación.
Esta misma ley, en su artículo séptimo, determina que el Gobierno, dentro
del primer trimestre de cada ejercicio, remitirá a las Cortes Generales
un informe completo sobre la actividad del fondo, en donde se recogerá
tanto el detalle de las principales operaciones como de los datos
económicos más destacados que permitan conocer el alcance de las
actuaciones con relación a los fines legalmente atribuidos.
El informe remitido por el Gobierno a las Cortes Generales en
cumplimiento de este artículo séptimo ha puesto de manifiesto, tal y como
recoge la proposición de ley del Grupo Socialista que hoy tomamos en
consideración, que de los casi 289 millones de pesetas que constituían
las cantidades liquidadas al fondo en 1996, sólo se gastaron 93 millones,
y que los 196 millones restantes se revirtieron al Tesoro público.
Nuestro grupo parlamentario quiere expresar, al igual que han hecho otros
portavoces aquí, en este hemiciclo, la perplejidad que este hecho nos
ocasiona, pues de todos es conocido y reiterado el argumento en la
Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, de que siempre
los recursos de los que disponemos para luchar contra esta terrible plaga
son escasos, siempre las necesidades son superiores a las disposiciones
que tenemos. Por tanto, no entendemos cómo y por qué motivo se produjo
este remanente que se reinvirtió en el Tesoro público. En este sentido,
quiero reiterar que mi grupo parlamentario considera que tanto el
artículo primero, como el artículo segundo, como la disposición
transitoria de la proposición de ley del Grupo Socialista, regulan de
alguna manera que la situación que se ha dado en este ejercicio no pueda
volver a repetirse en lo sucesivo, y que aseguremos, por otra parte, que
el espíritu de la ley 36/1995 se cumple al asegurar que los fondos de los
bienes decomisados al narcotráfico se reinvierten en el objetivo que
realmente se pretende.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para fijar nuestra posición
sobre la proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas
presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Efectivamente, la ley de diciembre de 1995 creó un fondo procedente de
los bienes decomisados por tráfico de drogas que iba a ser el encargado
de distribuir estos recursos entre programas de prevención, asistencia e
inserción de drogodependientes fundamentalmente. Se ponían así en
práctica las conclusiones de la Comisión Mixta para el estudio del
problema de la droga y una demanda social expresada por todos los
colectivos relacionados. Estos fondos se distribuirían con cargo a los
créditos presupuestarios anuales de la Delegación del Gobierno para el
Plan nacional sobre drogas.
En el informe remitido por el Gobierno a las Cortes Generales
correspondiente al año 1996 se reconoce que se ha producido un gasto
inferior a los créditos existentes para estos programas, por lo que ha
procedido una reversión al Tesoro público de más de 195 millones. Todos
los grupos lo han expresado y nuestro grupo no va a entrar en este
momento a analizar por qué se ha producido esta situación. La realidad es
que la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista pretende
subsanar esta situación creada y para un futuro, si bien es cierto que lo
hace, a nuestro entender, mediante la iniciativa de una ley distinta a la
ya citada del año 1995, lo que redunda en perjuicio de la necesaria
homogeneidad que debe presidir el ordenamiento jurídico. Por ello,
hubiera sido preferible, seguramente, que la proposición de ley se
dirigiera a reformar la ley vigente, ampliándola de manera que los dos
artículos de la proposición formaran parte de la ley 36/1995. Esto no nos
impide, sin embargo, valorar positivamente esta iniciativa, reservándonos
la posibilidad de modificar su sistemática mediante enmiendas parciales
para adecuarlo a lo que hemos expuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, es bien cierto que cuando preparaba la
intervención del día de hoy no estaba en mi ánimo entrar a polemizar
sobre este tema, sino simplemente ceñirme al contenido de la proposición
de ley. De todas formas, al leer hoy un medio de comunicación y al
escuchar ahora las intervenciones tanto del grupo proponente como del
resto de los grupos de la Cámara, podría interpretarse por parte de SS.
SS. como si de alguna forma se culpabilizara al actual Gobierno de que no
se hubiera gestionado la totalidad del fondo de los bienes decomisados.
Esto no es así, y en aras a aclarar el tema me veo obligada a explicar
secuencialmente cómo ocurrieron los hechos.
En el año 1996, concretamente en el mes de mayo, hay un nuevo Gobierno de
un color político distinto al anterior. El delegado del Gobierno, en el
momento en que se incorpora a su despacho, se encuentra con la siguiente
situación: no se había aprobado el reglamento que por imperativo legal
debía aprobarse en un plazo de tres meses desde la promulgación de la
ley; no se había constituido la mesa de coordinación de adjudicaciones,
creada por el artículo 6.º de la ley; no existía en la Delegación ningún
dato sobre los bienes adjudicados al Estado por sentencia firme en virtud
de lo establecido en el Código Penal; no había en la Delegación ninguna
unidad ni ningún funcionario destinado a la gestión del fondo; la cuenta
líquida del Banco Bilbao Vizcaya estaba a cero pesetas y no porque en el
fondo no existiera dinero líquido, sino porque había habido un error en
cuanto a que en vez de incluirlo en el concepto 100-396 correspondiente
a los ingresos procedentes de los bienes decomisados por el tráfico de
drogas, los ingresos se estaban ejecutando en otro concepto
correspondiente a los recursos eventuales de la Delegación de Hacienda.
Pero aún hay más, señorías, y aquí está la explicación a todo este tema.
Según la estructura presupuestaria de la ley de 1995, confeccionada por
el Gobierno socialista --que es la misma que la de 1996, puesto que los
presupuestos fueron prorrogados--, se imposibilitaba la transferencia de
los créditos del capítulo 2 al capítulo 4, y limitaba el gasto
exclusivamente a estudios técnicos y trabajos al no estar exceptuado este
concepto de las previsiones del artículo 70 que ha leído el señor
Martinón y no poderse, por tanto, realizar transferencias a otros
capítulos o a otras unidades de la Administración del Estado, lo que
limitaba totalmente las posibilidades de la distribución de las
cantidades.
Es decir, el escenario con el que nos encontramos es: sin reglamento, sin
mesa de coordinación de adjudicaciones, sin ningún dato sobre bienes
adjudicados por sentencia firme, sin ningún funcionario destinado a la
gestión del fondo, con la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya que no se sabía
dónde estaba y con la imposibilidad de destinar el dinero del fondo a
otra cosa que no fueran estudios técnicos y trabajos, dada la falta de
previsión y las lagunas de la Ley de Presupuestos 1995-1996 del Gobierno
socialista.
Ustedes se preguntarán: ¿Y qué hizo entonces el nuevo delegado del
Gobierno en el Plan nacional de drogas? Lo que hizo, señorías, fue salvar
todos los obstáculos habidos y por haber, y así, en fecha 25 de octubre
de 1996 se constituyó la mesa de coordinación de adjudicaciones; en fecha
22 de noviembre de 1996 el Consejo de Ministros estableció los criterios
de distribución del fondo; se solventó el error en la cuenta bancaria; la
Delegación del Gobierno se puso en contacto con las comunidades autónomas
y con todos los ayuntamientos que contaban con plan municipal de drogas
con el objeto de celebrar convenios para financiar estudios y trabajos
técnicos de interés para la prevención, asistencia y rehabilitación en
materia de drogas, dado, insisto, que las limitaciones presupuestarias no
permitían que esos bienes se destinaran a otros fines distintos de los
señalados en el capítulo 2, y, por fin, el 12 de diciembre se procedió a
la distribución de las cantidades que pudieran acogerse a los requisitos
a que me he referido y se otorgó subvención a comunidades autónomas y a
distintos ayuntamientos.
Quiero aclarar que, efectivamente, tal como se ha dicho por todos los
grupos parlamentarios, únicamente se gastaron 93 millones de pesetas,
pero en base a eso que he comentado antes de que parece que de alguna
forma se está culpabilizando al actual Gobierno de lo ocurrido, tengo que
decir que precisamente gracias a la reforma que el Gobierno popular hizo
de la ley de Presupuestos del año 1997... (Rumores.) Sí, señorías,
gracias a eso se han podido transferir 272 millones de pesetas que se
están usando este año procedentes del fondo anterior. Por tanto, de los
561 millones que englobaban el fondo del año 1995 lo que de verdad se ha
usado son 266 millones de pesetas y no, como ustedes dicen, 95 millones.
Insisto, pues, en que por parte de la Delegación del Gobierno se tomaron
las precauciones necesarias para subsanar las imprevisiones dimanantes de
la estructura de la Ley de Presupuestos de 1995 y los prorrogados de
1996, todo ello con el fin de no volvernos a encontrar con las
limitaciones anteriores. Así, ya en la estructura de la Ley de
Presupuestos de 1997 se estableció, primero, que el crédito no sólo fuera
ampliable hasta los 500 millones que previó el anterior Gobierno sino
hasta el límite de los ingresos de la ley del fondo, sean cuales sean
esos ingresos. Segundo, que se pudieran hacer transferencias del capítulo
2 a otros capítulos, exceptuando para ello la aplicación del artículo 70
de la Ley General Presupuestaria. Tercero, que los fondos del último
trimestre pudieran ser traspasados al siguiente ejercicio presupuestario.
Quiero también decirles que lo mismo va a hacerse con los presupuestos de
1998, en los que, además, se va a proponer que los remanentes de posible
incorporación comprendan el último semestre, es decir, no los tres meses
últimos, sino el último semestre del ejercicio anterior.
Por todo ello, señorías, creo que ha quedado claro que el actual Gobierno
solventó inmediatamente las dificultades surgidas en los anteriores
ejercicios haciendo las oportunas previsiones en la ley de presupuestos
de cada año para que las anteriores limitaciones legales --insisto,
limitaciones legales-- no se opusieran a los fines que se persiguen y que
todos queremos ver contemplados en la ley del fondo.
Todas estas previsiones ya fueron explicadas en su día en la Comisión
celebrada el día 15 de octubre de 1996, sobre Presupuestos Generales del
Estado para 1997, y en la comparecencia ante la Comisión Mixta para el
estudio del problema de la droga, del 24 de junio de 1997. Es decir, lo
que ahora se pide que se haga se hizo por el Gobierno del Partido
Popular, pero utilizando otra vía. Fíjese que lo que se pretende --tal y
como se ha explicado en la proposición de ley que hoy estudiamos-- es, en
síntesis, lo siguiente. Primero, que los remanentes generales al
finalizar el ejercicio presupuestario se apliquen al ejercicio siguiente,
se incorporen automáticamente a los presupuestos del fondo. Segundo, que
las transferencias de crédito de partidas con el carácter de ampliables
no estén afectadas por las limitaciones del artículo 70 de la Ley General
Presupuestaria. Tercero, que el remanente de 1996, por valor de 195
millones de pesetas aproximadamente, se incorpore a los presupuestos de
1997.
En definitiva, el fin perseguido, tanto por el grupo proponente como por
el grupo al que represento, es garantizar que la gestión del fondo
atienda a los fines previstos en la ley 36/1995. Lo que ocurre, como
digo, es que hemos utilizado vías distintas: nosotros lo hacemos vía
presupuestos y ustedes lo quieren hacer vía modificación de la ley. De
todas formas, y en aras al consenso que debe imperar en todos los temas
relacionados con la droga, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor
de la toma en consideración de la proposición de ley, anunciando desde
ahora la presentación de enmiendas para intentar corregir y mejorar su
contenido.
Por último, y para que el grupo proponente esté tranquilo sobre la
gestión que se viene efectuando por parte del actual delegado del
Gobierno en el Plan nacional sobre drogas, me remito al informe sobre
gestión presupuestaria, efectuado por la Oficina Presupuestaria, en el
que literalmente se dice: En el ámbito del Ministerio del Interior casi
todos los servicios han mejorado su ejecución presupuestaria respecto al
ejercicio anterior. Sigue diciendo: Destaca especialmente la Delegación
del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas con un 95,49 por ciento
del gasto comprometido en el año 1996, frente al 69,94 en el año 1995, y
un 95 por ciento de las obligaciones reconocidas en 1996, frente a un
69,92 en el año 1995. Resumiendo en el año 1995 el Gobierno socialista
gestionó el 69,72 por ciento del presupuesto y dejó de gestionar el 31
por ciento del mismo, mientras que el Gobierno del Partido Popular ha
gestionado el 95,99 por ciento, dejando de gestionar sólo el 4,9 del
mismo. Por tanto, entiendo la preocupación por la delegación del Gobierno
para el Plan nacional sobre drogas, pero esté tranquilo el grupo
proponente porque la falta de gestión del período socialista esperamos
que no se vuelva a repetir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Cava de
Llano.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor Martinón
Cejas pide la palabra.)
Señor Martinón, ¿a qué efectos?
El señor MARTINON CEJAS: Quería hacer una brevísima intervención, por un
lado, para agradecer a los grupos el apoyo que han prestado a la
proposición de ley y, por otro, para decir a la portavoz del Grupo
Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martinón, no
están previstos en el Reglamento agradecimientos de ningún tipo y no ha
observado la Presidencia que la señora Cava de Llano introdujera
contradicciones abiertas, hasta el punto de
que ha anunciado el voto favorable de su grupo. Por tanto, no ha lugar a
ninguna intervención.
Muchas gracias, señor Martinón. (Rumores.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo
Socialista sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente
de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL SECTOR
REMOLACHERO (Número de expediente 162/000158)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO PARA LA DEFENSA Y POTENCIACION DEL
SECTOR REMOLACHERO Y AZUCARERO ESPAÑOL (Número de expediente 162/000112)
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE MEDIDAS A TOMAR EN EL SECTOR
DE LA INDUSTRIA AZUCARERA A FIN DE EVITAR LA POTENCIAL DESAPARICION DEL
CULTIVO DE LA REMOLACHA EN EL CAMPO ESPAÑOL (Número de expediente
162/000117)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de
ley (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
Se van a tramitar conjuntamente las presentadas por los Grupos Popular,
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, todas
ellas relativas a la defensa y protección del sector de la remolacha y
azucarero español. Intervendrán en defensa de las tres proposiciones los
ponentes de los respectivos grupos para defender su proposición y tomar
posición respecto de las demás y, a continuación, se abrirá turno de
fijación de posición de los restantes grupos parlamentarios que deseen
hacerlo.
Tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Núñez. Señorías, si han de abandonar el hemiciclo, ruego que lo
hagan en silencio y con la máxima celeridad para que pueda continuar el
desarrollo del orden del día. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las tres proposiciones no de ley sobre el sector remolachero y
azucarero que vamos a debatir conjuntamente son una demostración palpable
de la inquietud que tiene este sector por su futuro y por mejorar y
superarse a sí mismo de campaña en campaña. La proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, como las presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, miran al futuro, pero es bueno y
necesario acordarse del próximo pasado no para adjudicar errores y
responsabilidades, sino para tener un mejor enfoque del problema y ser
más eficaces y ágiles en la solución. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Desde nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea hay que destacar
tres hechos que han conseguido situar a este sector en las cotas actuales
de producción y competitividad: en primer lugar, el aumento del
rendimiento de la remolacha que, expresado en azúcar, ha pasado de 5
toneladas por hectárea a 6,5 de azúcar ensacada y que tiene su origen en
los aumentos de producción de la raíz y de la mejor calidad de ésta; en
segundo lugar, la aplicación de nuevas tecnologías a los cultivos que
constituyen un seguro de continuidad de los mismos; y, en tercer lugar,
la reducción de costes por las industrias azucareras gracias a las
inversiones que sistemáticamente han ido llevando a cabo desde principios
de la década, al mismo tiempo que se producía la reestructuración
numérica de las industrias en aras a una mayor eficacia y a la mejor
defensa de los puestos de trabajo. Sin estos tres objetivos cumplidos,
sin estas tres mejoras, no se encontraría el sector en la situación
actual, e incluso hubiese podido llegar a desaparecer al menos en grandes
zonas.
Todo esto ha sido posible, y sería injusto ocultarlo, gracias al esfuerzo
de los agricultores, de los productores, de las industrias y de la propia
Administración. En este contexto es de justicia reconocer no sólo la
decidida actuación del Gobierno en defensa del sector, sino también la de
los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen producción
remolachera y, muy en particular, de la Junta de Castilla y León que
aplicó un plan de ayudas directas a la producción de remolacha en el que
ha invertido más de 13.500 millones de pesetas. El futuro del sector no
puede apartarse de este camino y todos los grupos, igual que todos los
interesados, debemos aportar los elementos adecuados y los apoyos
necesarios para asegurar el cultivo y la producción de azúcar de una
forma conjunta y responsable.
En las tres proposiciones no de ley late esta preocupación, pero yo voy
a exponer y a defender la que presenta mi grupo fijando brevemente la
posición respecto a las otras dos y ofreciendo, si fuera posible, un
texto transaccional que pudiera ser votado por todos.
Nuestra iniciativa tiene en cuenta no sólo el volumen económico y el
volumen de mano de obra, sino también las características del sector
remolachero y azucarero, sin olvidar que estamos tratando de una
actividad ubicada en zonas agrarias con especiales dificultades para la
implantación de producciones alternativas, y sin olvidar tampoco que
estamos refiriéndonos a una población con escasas posibilidades de
reconversión industrial. Las 170.000 hectáreas que España dedica al
cultivo de remolacha, que ocupan directamente a más de 5.000 personas,
cuentan con unos 40.000 empresarios y proporcionan el equivalente a
10.000 puestos de trabajo. Dentro de estas cifras no podemos dejar de
señalar que de las dieciocho fábricas con que cuentan las compañías
azucareras en España trece están ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en la cuenca del Duero, en la que se da una de las
mayores tasas de población activa en el campo y donde el envejecimiento
de la población es asimismo de los más altos. Cualquier cambio profundo
en el actual statu quo de la industria azucarera y de la producción de
remolacha tendría serias implicaciones no sólo para Castilla y León, sino
también para otras zonas de España donde el cultivo de la remolacha
constituye una actividad estratégica y un cultivo insustituible, como
ocurre en los regadíos de las cuencas del Ebro y del Guadalquivir, en los
regadíos de Extremadura y Castilla-La Mancha y en los secanos del sur de
España; implicaciones, repito, ante las que razones de política social y
de equilibrio económico-territorial aconsejaron una decidida actuación de
los poderes públicos, que trataron de disipar todos los temores y
angustias que algunos irresponsablemente han sembrado entre agricultores
y trabajadores del sector, dando por sentado la pérdida de la mayoría
española en el accionariado de nuestras empresas y concluyendo que ello
supondría la reducción de la cuota que fija para España la OCM del
azúcar.
Pues no va a ocurrir ni una cosa ni otra, y vayamos por partes. La futura
fusión de los grupos azucareros Ebro Agrícolas y Sociedad General
Azucarera es, efectivamente, el punto de partida de la consolidación
definitiva del cultivo de la remolacha en España y la garantía de su
futuro en tanto conlleve las reformas necesarias para adecuar la
competitividad remolachera industrial a niveles de la Unión Europea.
Está claro que, por la importancia estratégica del cultivo de la
remolacha y de la configuración del mayor grupo agroindustrial español
derivado de la fusión, deben existir garantías hacia el futuro desde la
propia estructura del accionariado tenedor de la mayoría del capital de
la nueva entidad. Esto es lo que hay que garantizar a toda costa y esto
es lo que le recordamos hoy al Gobierno que siga haciendo, a diferencia
de otras proposiciones que se lo piden como si éste no hubiera hecho nada
hasta la fecha.
En este sentido, disentimos claramente del texto de las iniciativas
parlamentarias de los otros grupos por parecernos sus pronunciamientos
--en la exposición de motivos que no en el texto de la proposición--
desafortunados y alejados de la realidad, como lo fue lo que en su día
pronunció un diputado del Grupo Socialista al formular una pregunta oral
a la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, atreviéndose
a calificar de fracaso la estrategia del Gobierno en defensa del sector
remolachero. No quisiera analizar hoy la política del anterior Gobierno,
pero sí decir, utilizando la réplica de la señora ministra, que si el
anterior Gobierno hubiera actuado como lo está haciendo el actual, otro
gallo nos cantara, ya que seguramente la situación sería mucho mejor de
la que tenemos en este momento.
Siguiendo con los antecedentes inmediatos, tampoco podemos olvidar que
los posibles problemas para el sector, frente a los que ahora pretendemos
prevenirnos, arrancan de la entrada de KIO en el capital de Ebro con el
58 por ciento y que esta operación se efectuó en 1988, con un Gobierno
del Partido Socialista y con el incumplimiento de algunos requisitos
legales entonces en vigor. Fue el actual Gobierno el que, en una
coyuntura similar, propició que el 50 por ciento del capital de la
Sociedad General Azucarera, puesto a la venta por el BCH, terminara en
poder de accionistas españoles tan estables como la Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria, con el 24 por ciento; Ebro, con el 20 por ciento; y
Mercasa con el 5 por ciento. Si en el caso del Banco Santander no se
alcanzó una solución semejante fue a pesar de la voluntad del Gobierno,
en cuyo poder no estaba alterar el funcionamiento normal del mercado y
que, a través de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
lamentó públicamente la operación que supuso la adquisición por parte de
la Générale Sucrière del 14,7 del capital de Ebro.
Queden estas cuestiones claras a la hora de evaluar comportamientos de
unos y otros en defensa de los intereses del sector productor de azúcar
español y vayamos a lo que importa, a lo que importa de aquí en adelante
a tal propósito. Para ese futuro, reclamamos y confiamos obtener la
acción unánime y coordinada de todas las fuerzas parlamentarias, con la
necesaria implicación de los interlocutores del sector. Se trata, en
primer lugar, de mantener, ante la reforma de la organización común de
mercado del azúcar, prevista para el 2001, el régimen de cuotas por
Estado o por países miembros rechazando cualquier otra propuesta. Se
persigue con ello evitar hipotéticos riesgos que pudieran derivarse de la
entrega de cuotas a las empresas y, consiguientemente, que la presencia
de capital extranjero en las empresas españolas del sector azucarero
pudiera acarrear perjuicios para los productores españoles de remolacha.
Se trata, cómo no, de una prevención, innecesaria a la vista de la
composición del actual accionariado y de las perspectivas de futuro, así
como del potencial y nivel de productividad de nuestro sector, pero
aconsejable en razón de la preocupación y alarma que, repito, han cundido
entre los cultivadores de remolacha, y porque en materia comunitaria toda
prevención es compatible con la condición de miembro entusiasta y leal de
la Unión Europea.
En segundo lugar, nuestra proposición insta al Gobierno para que no ceje
en sus denodados esfuerzos de cara a alcanzar un incremento de la cuota
actual de azúcar para España hasta equipararla al consumo nacional, en el
que deberán computarse por lo menos las 60.000 toneladas correspondientes
a Canarias, Ceuta y Melilla. El desequilibrio actual entre el consumo
español de azúcar, que se cifra en 1.200.000 toneladas, y la cuota
asignada no tiene justificación por parte de la Unión Europea. La señora
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación ya solicitó, en los últimos
presupuestos de la Comunidad, el aumento de la cuota y no cejará en su
empeño para conseguirlo, como solicitan las tres iniciativas
parlamentarias.
Como tercera cuestión, también se insta al Gobierno para que, dentro de
las reglas de mercado, lleve a cabo cuantas acciones contribuyan a que el
capital que pueda integrar un nuevo grupo empresarial azucarero goce de
las necesarias garantías de permanencia, estabilidad y compromiso con el
sector remolachero. Al respecto, cobraría especial significado el fomento
de medidas que permitan el acceso de productores de remolacha al
accionariado de las empresas azucareras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy concluyendo, señor Presidente, pero es que
tengo que fijar también la posición sobre las otras tres proposiciones,
pues estamos haciendo un debate triple en uno solo. Le ruego que tenga
conmigo un poco de consideración, señor Presidente.
Nos consta que el Gobierno viene adoptando cuantas medidas están en su
mano para lograr esas garantías de permanencia, estabilidad y compromiso
en la composición del capital que resulte del actual proceso de fusión,
pero no estaría de más reforzar su posición con el impulso de la Cámara.
Y, en sintonía con lo anterior, se insta al Gobierno a propiciar una
estructura final del accionariado del grupo resultante del actual proceso
de fusión que garantice, además del futuro de la actividad
agroalimentaria, la presencia mayoritaria del capital español en el
mismo.
Como corolario de los dos puntos anteriores, en tanto no se alcancen los
objetivos propuestos en el mismo, a juicio del Gobierno, se insta a
gestionar el aplazamiento de la fusión de los grupos azucareros Ebro
Agrícola y Sociedad General Azucarera.
Finalmente, como complemento indispensable de las propuestas, se insta al
Gobierno para que estudie la aplicación de medidas encaminadas a mejorar
la estructura de la industria azucarera y el cultivo de la remolacha.
Para esta tarea, el Gobierno impulsaría la interlocución de las partes
implicadas, en el marco de los vigentes acuerdos interprofesionales.
Aun cuando ya hemos aludido, a lo largo de nuestra intervención, a las
iniciativas parlamentarias de los otros dos grupos, quisiera referirme
respecto a la presentada por el Grupo Socialista y corregir dos
inexactitudes que figuran en su exposición de motivos. En primer lugar,
Ebro Agrícola no ha cedido el 49,83 por ciento de las acciones a la
Sociedad General Azucarera, sino el 21, comprado por el Banco Central
Hispano. Y, en segundo lugar, la cuota de Ebro Agrícola no es del 79 por
ciento, como se afirma sino que esta empresa tiene el 54 por ciento en la
cuota de azúcar.
Por lo que se refiere a las propuestas, coincidimos, cómo no, con la
primera. En cuanto al complemento de la españolidad y estabilidad del
accionariado de las empresas, coincidimos también en los términos que ya
se han señalado, al mismo tiempo que entendemos que el sector de la
producción de remolacha no debe ser ajeno a la toma de decisiones
empresariales. A estos efectos, se impulsarán las medidas tendentes a
facilitar el acceso a las acciones empresariales por parte de los
productores de remolacha. No obstante, convendría señalar que la posición
hegemónica de las empresas extranjeras en el sector remolachero fue
propiciada y aplaudida por el anterior Gobierno socialista. Nos parece
muy bien que el Grupo Parlamentario Socialista solicite en esta
iniciativa lo que el anterior Gobierno no supo o no quiso hacer.
En cuanto a la cuota azucarera, este Gobierno del Partido Popular ha
solicitado reiteradamente, como dije antes, el aumento de la cuota
española, habiéndose defendido, si mal no recuerdo, esta postura por
última vez con motivo de la discusión de precios agrarios de la campaña
1997-98.
Respecto a la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, valen las mismas consideraciones que se han hecho en cuanto a
la cuota, así como a la españolidad y estabilidad del accionariado de
empresas.
Sobre la constitución de una mesa nacional del azúcar, quisiera hacer la
siguiente consideración: el sector remolachero español, desde hace muchos
años, viene dando muestras de una gran madurez, sobre todo a través de
los múltiples acuerdos interprofesionales que se han venido suscribiendo
a lo largo de los últimos años. El actual acuerdo interprofesional
español, que regula las relaciones entre los industriales y las
organizaciones profesionales agrarias, y que tiene un período de duración
hasta el año 2001, establece la constitución de una mesa de estudio y
planificación, que tiene como función entender en aquellos asuntos que
afecten a los procesos de promoción, reestructuración y desarrollo de las
actividades agrícolas industriales. En
esta mesa participan todas las empresas azucareras y las organizaciones
profesionales agrarias. Creemos que esta mesa, ya constituida, debe ser
el foro adecuado para debatir los planes futuros del sector.
Referente a la fusión Ebro Agrícola y Sociedad General Azucarera, hay que
decir que su finalidad es lograr la mejor competitividad del sector,
abordando el proceso de reestructuración que se estime más conveniente.
En esta línea, la nueva empresa negociará con las centrales sindicales,
como siempre lo han hecho las empresas del sector, la forma de realizar
los ajustes laborales pertinentes, con los menores traumas posibles.
Y termino, señor Presidente, ofreciendo --porque hay unos cuantos
denominadores comunes en las tres iniciativas parlamentarias--, sobre la
base de esos denominadores comunes, una transacción, para que, si están
de acuerdo los grupos que han presentado la suya, podamos votar por
unanimidad, o con la mayoría más amplia posible, un texto que sirva de
apoyo y de impulso al Gobierno y que desde luego garantice y palie los
temores, las angustias y la falta de esperanzas que determinados
productores y agricultores tienen por razón de las versiones más o menos
partidistas que se han vertido sobre este problema.
La proposición no de ley diría lo siguiente en el texto transaccional:
Primero, mantener ante la reforma de la OCM del azúcar prevista para el
2001 el régimen de cuotas por Estado o por países miembros, rechazando
cualquier otra propuesta.
Segundo, continuar instando a la Unión Europea a que acepte un incremento
de la cuota actual de azúcar para el Estado español que al menos
contemple las 60.000 toneladas correspondientes a Canarias, Ceuta y
Melilla y la equipare al consumo nacional, que es de 1.200.000 toneladas.
Tercero, impulsar las medidas encaminadas a que el capital social de las
sociedades que pueden integrar un nuevo grupo empresarial azucarero tenga
la vocación necesaria de permanencia, estabilidad y compromiso con el
sector remolachero. En este sentido, se fomentarán medidas que permitan
el acceso de los productores y cooperativas de remolacha a los
accionariados de las sociedades azucareras.
Cuarto, propiciar una estructura final del accionariado del nuevo grupo
alimentario resultante de la fusión que garantice, además del futuro de
su actividad agroindustrial, una mayoría de capital español.
Quinto, en tanto no se logren los objetivos anteriores, a juicio del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gestionar el
aplazamiento de la fusión de los grupos azucareros Ebro Agrícola y
Sociedad General Azucarera.
Sexto, facilitar las medidas que favorezcan la interlocución de todos los
sectores implicados para posibilitar un debate riguroso del plan
estratégico del sector azucarero, que debe contemplar como objetivo
prioritario el mantenimiento de la actividad económica.
Eso es todo lo que nuestro grupo parlamentario ofrece como fórmula
transaccional: sencillamente que se conjuguen y armonicen las
preocupaciones y planteamientos que laten en las otras dos iniciativas
con la parte en que coinciden sustancialmente con las nuestras, en el
mejor deseo de favorecer los intereses de los agricultores y de los
industriales del sector azucarero y remolachero y de favorecer, por lo
tanto, los intereses generales que afectan a todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Núñez. Le ruego que haga llegar a la Presidencia el texto de la
enmienda transaccional.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del
Gobierno para la defensa y potenciación del sector remolachero y
azucarero español, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, creo que la
importancia de que es objeto este tema se ve claramente cuando tres
grupos de la Cámara han presentado una proposición no de ley en defensa
del sector azucarero
Efectivamente, las repercusiones de la fusión entre Ebro Agrícola y
Sociedad General Azucarera, con la consecuencia de la creación de una
gran empresa que acapararía el 80 por ciento de la producción de azúcar
y con una facturación superior a 200.000 millones de pesetas, es un tema
de capital importancia dentro del sector agroalimentario de nuestro país.
La preocupación que se ha manifestado por parte del grupo que me ha
precedido, y también por lo que he podido leer de la proposición no de
ley del Grupo Socialista, es que, de resultas de esta fusión, el capital
puede ir a manos extranjeras, y si añadimos a eso que en la reforma de la
organización común de mercado del año 2001 hay sectores que tienen la
intención de que los cupos vayan por empresas y no por países, podría ser
que nuestro país se encontrase sin tener el control de una empresa de
esas características, con las graves repercusiones que tiene en materia
socioeconómica.
Las tres proposiciones no de ley, señorías, parecen similares, pero, a
nuestro entender, no lo son tanto. Nuestro grupo, que en relación a los
temas agrícolas, sobre todo aquellos que hacen referencia a
organizaciones comunes de mercado, siempre ha planteado instar al
Gobierno a actuar de una determinada manera en defensa de los intereses
de nuestro país, sorpresivamente se ha encontrado con que hoy el Grupo
Popular no tiene interés de llegar a un acuerdo ni tiene interés de
consensuar. Señorías, la proposición no de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya que debatimos hoy no es más que una proposición no de ley
que ya se votó en las Cortes de Castilla y León; que tuvo el voto
favorable del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y
que supone el compromiso que mi grupo y los demás grupos adquirieron con
los sectores agrarios, con los sindicatos agrarios y con las cooperativas
de trasladar al Congreso de los Diputados los acuerdos que se habían
producido en el Parlamento autonómico. Por tanto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya cumple hoy con ese compromiso. En ese
sentido, por parte del Grupo Popular se ha producido un intento de
consenso en torno a un texto con el que podríamos estar de acuerdo en
algunos puntos, por cuanto recoge la necesidad de que las cuotas sean por
Estado; se hablaba de un incremento de las cuotas, en relación al cual
hemos tenido que decir que por lo menos ha de llegar a 1.200.000
toneladas, porque la nota de consenso que nos daba el Grupo Popular no
sumaba lo que realmente se estaba defendiendo; faltaba la implicación del
sector cooperativo, pero, a nuestro entender, faltaba sobre todo uno de
los puntos que es de capital importancia para el sector azucarero, para
los productores de azúcar y para las cooperativas, y es que, señorías, se
está denunciando por parte de esos sectores que todo este proceso se está
llevando por parte del Gobierno con una gran opacidad. No hay
transparencia en este proceso de fusión y de reordenación del sector
azucarero. No se ha informado sobre las fábricas que podrían cerrar ni
sobre las repercusiones que tendría sobre el empleo; no se ha informado
sobre dónde podrían ir las cuotas que saldrían de esas fábricas que
previsiblemente cerrarían, y, señorías, esto crea un gran desasosiego en
el sector. Por ello este tema es muy importante, no es un aspecto
puramente formal y no es cabezonería de nuestro grupo no querer
consensuar. Creemos que en este momento es muy importante que de aquí
salga la necesidad de que el Gobierno adopte aquellas medidas precisas
para que se cree una mesa nacional del azúcar donde estén representados
los trabajadores azucareros, los agricultores de remolacha, la industria
del azúcar y las administraciones central y autonómica para diseñar,
elaborar y debatir un plan estratégico para todo el sector azucarero. Si
no, señorías, si no se da entrada a esa gran transparencia y
participación de todo el sector, no son creíbles las manifestaciones de
la ministra Loyola de Palacio, que dice estar muy preocupada por lo que
ha pasado con la venta de acciones del Banco de Santander. Esa
transparencia y participación dentro del sector agrícola se consiguen con
las mesas sectoriales, con las mesas en las que estén presentes todos los
sectores afectados más Administración central y, por supuesto, la
autonómica, porque se supone que deberá haber esfuerzos por parte de las
dos administraciones. Así pues, yo no entiendo por qué el Grupo Popular
se obstina en no querer aceptar lo de la mesa del azúcar. Se trata de
implicar a todos los sectores para elaborar un plan estratégico que, a
nuestro entender, debería sentar las bases de la reordenación del sector
y debería tener como punto principal el mantenimiento de la actividad
económica y del empleo. Hemos intentado que este punto se incluyera en el
documento de consenso que nos ha entregado el Grupo Popular, pero
desgraciadamente el consenso no se va a poder producir por parte de
nuestro grupo porque ese punto no se ha aceptado.
Señorías, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los cupos tienen
que ser por países. Estamos todos de acuerdo en que la cantidad
garantizada para nuestro país debe ser de 1.200.000 toneladas. En nuestra
proposición no de ley decimos que se adopten las medidas necesarias para
que los agricultores de remolacha obtengan un co-derecho o derecho de
hasta un 50 por ciento de las cuotas de producción a nivel nacional.
Sabemos que eso es difícil, que implicaría una batalla en la Unión
Europea, pero me extraña que si es tan difícil, el Grupo Popular haya
votado esto en las Cortes de Castilla y León y conste en su «Diario de
Sesiones» que no solamente sea el 50 por ciento sino el cien por cien. Yo
no entiendo cómo se producen unas votaciones en un Parlamento autonómico
y aquí se dice que técnicamente es imposible.
Por todo ello es por lo que nuestro grupo se abstendrá en la proposición
no de ley que presenta el Grupo Popular y votaremos a favor de la que
presenta el Grupo Socialista, en primer lugar, porque da entrada de forma
importante al sector cooperativo. Nosotros creemos que esto es relevante.
En un sector en el que la mano de obra, el empleo y la actividad
económica son la pieza clave, aparte de que podamos ser un gran país
productor de azúcar, y nos parece muy importante. Además, con el Grupo
Socialista hubiésemos podido llegar realmente a un acuerdo de consenso,
que hemos ofrecido a Convergència i Unió y al Grupo Popular, pero ha sido
imposible porque se está hablando de que mesa no y plan estratégico
tampoco.
Señorías, yo creo que se hace difícilmente creíble que la ministra hable
de paralizar un proceso de fusión, que ahí no vea intervencionismo y lo
vea, de una forma muy importante, en constituir una mesa sectorial. A
nosotros, si previamente no hay una elaboración de un plan estratégico en
el que se sienten las bases de reordenación del sector azucarero, no nos
valen declaraciones para la galería de que se va a parar, porque ocurrió
algo que no hubiésemos querido con las acciones del Banco de Santander;
ahora, por lo visto, hay una promesa de KIO de que avisará en el caso de
que quiera vender, pero lo que está claro es que cuando sí nos
enteraremos de cómo está el asunto será si conseguimos reunir a todas las
partes implicadas y se va a un proceso serio, claro, riguroso y
transparente acerca de qué medidas queremos acordar todos para el sector
azucarero.
Por todo ello, señorías, yo someteré la proposición no de ley de nuestro
grupo a votación de esta Cámara y nos pronunciaremos absteniéndonos en
relación a la del Grupo Popular y votando a favor de la que presenta el
Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la
presentación de la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre medidas a tomar en el sector de la industria azucarera a
fin de evitar la potencial desaparición del cultivo de la remolacha en el
campo español, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor Presidente, señores diputados, volvemos
a traer una vez más a esta Cámara, después de un año largo, justamente
desde el 10 de septiembre de 1996, cuando tuvimos, según consta en el
«Diario de Sesiones», el último debate sobre el tema del azúcar, la misma
cuestión, en el fondo, exactamente, la misma cuestión. Es un claro y
triste ejemplo de que a veces las decisiones de esta Cámara son
totalmente ignoradas por el Gobierno, y no sólo son ignoradas, sino que
se hace exactamente lo contrario de lo que se dice.
En el fondo de la cuestión, lo que estamos debatiendo es si un grupo
internacional muy fuerte, como es Générale Sucrière, va a conseguir el
control del sector azucarero español o no, porque, si lo consigue,
sabemos que en el año 2001, cuando las cuotas pudieran pasar --ojalá no
suceda-- a las industrias y perder la regionalización que ahora tienen,
corremos el gravísimo riesgo de que el cultivo de la remolacha
desaparezca de la mayoría del Estado español y tan sólo pueda conservarse
en algunas zonas del valle del Guadalquivir. ¿Cómo era la situación? Hace
año y medio Générale Sucrière tenía el 20,35 por ciento de General
Azucarera, que a su vez constituía el 24,9 por ciento --el 25 por
ciento-- del total del azúcar español; es decir, Générale Sucrière
representaba el 5 por ciento del conjunto del azúcar en España. ¿Y que
tiene Générale Sucrière ahora? Générale Sucrière ahora es el 20 por
ciento, cuatro veces más que hace un año. Estos son los hechos. ¿Cómo lo
ha conseguido? Pues lo ha conseguido de una manera triangular. En primer
lugar, cuando se hizo la venta de las acciones del Banco Central Hispano
nosotros ya dijimos en esta Cámara que era muy importante que los grupos
cooperativos entrasen en el accionariado y que el capital nacional nos
asegurase la presencia y la permanencia del cultivo. Se llegó a una
situación intermedia y fue Ebro Agrícolas el que compró, pero --mira por
dónde-- el 15 por ciento de Ebro Agrícolas pertenecía al Banco de
Santander y un buen día nos despertamos y resulta que el señor Botín,
dueño del Banco de Santander, había vendido el 15 por ciento de las
acciones. Todos nos enteramos de esta venta --yo creo que la señora
ministra también-- por la prensa. ¿Y por qué lo hizo el señor Botín?
Recuerdo que en la campaña electoral me extrañaron mucho unas breves
declaraciones que duraron unos ocho segundos, en las cuales se
pronunciaba claramente a favor del Partido Popular, y yo pensaba ¿pero
qué necesidad tiene un banquero tan importante como es el señor Botín de
apoyar a uno u otro partido? Realmente fue un pensamiento muy inocente
por mi parte, porque las ganancias del Banco de Santander en esta
operación --que ha sido de 34.000 millones-- son del orden de 8.000
millones, con lo cual toca a 1.000 millones por segundo, lo que supone un
cachet importante. Por lo tanto, la factura está pasada.
La poca credibilidad del Grupo Popular la demuestra el «Diario de
Sesiones». Les voy a leer, brevemente, lo que decía el portavoz de dicho
grupo en septiembre de 1996, cuando debatíamos una proposición no de ley
muy similar a la de ahora. Decía lo siguiente: «En el tercer punto de la
proposición no de ley queremos interpretar, porque tampoco se dice muy
claramente, que lo que se pide es la tutela por parte del Ministerio de
Agricultura para evitar la venta de alguna empresa azucarera de capital
español a una sociedad de capital extranjero. Este supuesto peligro...»
--nos decían los señores del Grupo Popular-- «... se ha señalado por
parte del portavoz del Grupo Socialista y, asimismo, lo ha reiterado el
portavoz de Izquierda Unida. En este punto, señorías, y en nombre del
Grupo Popular, debo recordar las distintas actuaciones y las repetidas
manifestaciones efectuadas por la ministra de Agricultura en orden a no
autorizar la venta de una de las cuatro azucareras españolas a una
sociedad de capital no español. Esto ha sido dicho y reiterado por parte
del Gobierno y por boca de su ministra de Agricultura. Aquí no hacemos,
en este caso no hace el Gobierno...» --el portavoz del Grupo Popular se
dejaba llevar por el entusiasmo y nos ponía el siguiente ejemplo-- «...
más que seguir el ejemplo de nuestros socios y competidores, como Francia
o Inglaterra. De todos es conocido que hace muy pocas fechas, la sociedad
azucarera Compagnie Française de Sucrière, con 360.000 toneladas de
cuota, fue vendida a tres sociedades de capital francés, al vetar el
Ministerio francés de Agricultura la entrada de socios extranjeros,
quedando fuera ofertas de compra presentadas por compañías del Reino
Unido o de Alemania. Lo mismo ocurrió hace años al vetar el Gobierno
británico la compra de la compañía inglesa British Sugar por parte del
Gobierno italiano (Ferruzzi). En este sentido, reitero nuevamente la
postura del Ministerio de Agricultura y del Gobierno en su nombre, porque
lo hemos oído por activa y por pasiva, puesto que la postura es clara y
firme y no habrá venta de azucareras españolas a firmas extranjeras.»
Esto es lo que decían ustedes hace más de un año. ¿Y qué es lo que han
hecho? Han hecho exactamente lo contrario. Con estos antecedentes, ¿qué
credibilidad podemos tener en su posición? ¿Qué credibilidad
puede haber? La verdad es que ninguna. Nosotros no creemos que esta falta
de credibilidad se deba claramente a la ministra de Agricultura. A
nosotros nos hubiera gustado que hubiera estado sentado aquí el señor
Rodrigo Rato, Vicepresidente económico del Gobierno, porque tenemos la
sensación, casi la seguridad, que es realmente él quien dicta la política
azucarera y que digan lo que digan, después se hará lo que sea. No se
concibe de otra manera nada más que desde una posición de enorme
debilidad de la ministra de Agricultura dentro del gabinete que haya
ocurrido lo que ha ocurrido, pero esperemos que todo el Gobierno, no sólo
la ministra de Agricultura, tome conciencia de la delicadísima situación
en la que se encuentra el sector azucarero. Y estamos a tiempo de que ese
20 por ciento no se transforme en un 30 por ciento, en un 40 después y en
un 51 finalmente y tenga el grupo Générale Sucrière mayoría total, con
los peligros que ello conlleva.
Repasando como está el reparto de acciones según el documento de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, no es para estar nada
tranquilos y les leo solamente lo siguiente: el señor le la Rosa Martí,
cuyo nombre les sonará, tiene el 10,38 por ciento, el grupo kuwaití tiene
el 34,6 por ciento, el grupo Torras tiene el 27 por ciento. Si no tomamos
una drástica decisión --y este Parlamento la debiera tomar y debiera
hacerlo por unanimidad de todos los grupos y siendo conscientes del
peligro que corremos de perder el cultivo y de perder el control del
sector--, vamos a perder una ocasión, de lo cual nosotros de ninguna
manera queremos ser responsables. Nosotros estamos dispuestos al
consenso. Nosotros queremos, precisamente, llegar a denominadores
comunes, como el portavoz del Partido Popular nos ha dicho, y queremos,
además, llegar ahora, y espero que podamos hacerlo, de tal manera que
nosotros aseguremos algunas cuestiones que son fundamentales. Es
fundamental asegurar una interlocución ágil con el sector, con todas las
organizaciones profesionales agrarias y con el movimiento cooperativo. El
movimiento cooperativo en el sector azucarero representa en estos
momentos más del 15 por ciento de la producción y de la cuota azucarera,
controlada por ellos. Es enormemente importante y, además, está muy
localizado. Hay un plan general estratégico del sector azucarero. Este
plan tiene que debatirse en profundidad y no es ajeno a los cambios
accionariales que hay. Se tiene que garantizar clarísimamente, por otro
lado, que va a haber una presencia de capital español, de capital de las
cooperativas, de los agricultores, de las cajas de ahorros del sector,
que permita que el sector empresarial azucarero tenga continuidad y que,
por lo tanto, el cultivo de la remolacha esté asegurado porque sus
accionistas lo van a defender. Piensen que lo que quiere Générale
Sucrière es mercado, para nada le interesa el cultivo; le interesa
nuestra cuota de mercado y nosotros debemos de evitar la pérdida o la
venta de nuestra cuota de mercado porque es la única manera que tenemos
de mantener la actividad económica y los puestos de trabajo en las zonas
azucareras.
Con esto prácticamente termino recordando que la remolacha se cultiva en
zonas de regadíos extensivos, en los cuales la alternativa es
prácticamente imposible, ya que solamente se cultiva remolacha o patata.
En la patata, por oscilaciones de precio, un año es muy bueno y otro es
muy malo. El elemento estabilizador en la cuenca del Duero, Tajo y
Guadiana de los remolacheros y de los agricultores es precisamente el
cultivo de la remolacha. Si subyace este denominador común sobre la letra
en la propuesta de transición que nos ha hecho el Grupo Popular, que ha
recogido las iniciativas que el Grupo Socialista, junto a otras
proposiciones de Izquierda Unida le proponíamos, sobre el papel al menos,
y que ha recogido la producción de 1.200.000 toneladas para que sea
negociada en Bruselas y la consigamos, entonces, hoy la ministra, si
votamos a favor de este texto, se compromete precisamente a que en la
nueva negociación de la OCM del azúcar consigamos 1.200.000 toneladas.
Si, afortunadamente, en estos instrumentos de interlocución de los que
nos hablaba el Grupo Popular, incorporamos organizaciones profesionales
agrarias y grupos cooperativos, si aseguramos que de ninguna manera se va
a producir la fusión entre General Azucarera y Ebro Agrícolas hasta que
estos problemas no estén resueltos y que vamos a garantizar la presencia
de capital cooperativo, la presencia de las cooperativas y la presencia
de las cajas de ahorros, algunas de las cuales ya están, entonces
nosotros, con gusto además, vamos a votar favorablemente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Amarillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
A la vista de las tres iniciativas presentadas, Coalición Canaria
comienza por decir a través de este portavoz que vemos un hilo conductor
de homogeneidad de una preocupación común que está muy compartida en el
fondo de los textos, junto a formas distintas, en las tres iniciativas
que afectan a la situación, en este momento expectante, del sector
remolachero y azucarero español. Late un principio fundamental de tener
bajo control administrativo, empresarial, societario y agrario la
producción de remolacha y la producción de azúcar español. Creo que todos
tratamos de evitar que en una futura OCM del azúcar, prevista para
principios del siglo venidero, inmediato, para el año 2001, ocurra con la
remolacha y sobre todo con el azúcar lo que ha pasado con el aceite de
oliva en España. En Canarias
tenemos la experiencia, hasta este momento positiva y favorable --veremos
qué avatares suceden en el futuro--, con la OCM del plátano. De lo que se
trata aquí es de armonizar algo muy importante, la producción remolachera
con la producción del refinado de la misma como materia prima para
producir azúcar. Entonces, nosotros entendemos que el Gobierno español
debe ir adoptando ya, con el mayor apoyo posible de las fuerzas políticas
parlamentarias, una postura de consenso y de unión para definir la
postura que tiene que adoptar nuestra Administración ante los dos
fenómenos fundamentales de fondo que están implícitos en las tres
iniciativas legislativas que aquí nos traen, que son, en primer lugar, el
mantenimiento del régimen de cuotas por países o Estados, que es como ha
venido funcionando desde hace muchos años en la Unión Europea el mundo de
la remolacha y del azúcar, y que no se pase la cuota a las empresas. ¿Por
qué? Porque aquí es donde está el talón de Aquiles del sistema español.
Si empresas agroalimentarias europeas --por llamarles de una manera
genérica a las que tienen su razón y base social y fiscal en Francia, en
Alemania o en Italia-- ven una fisura por la que, a través de la
penetración de empresas, pueden obtener cuotas que tradicionalmente han
venido siendo asignadas a los países o Estados miembros de la Unión
Europea, podemos estar en un situación de vulnerabilidad. No olvidemos,
señor Presidente, que quitando los casos especiales que hay para Portugal
y el Reino Unido, España está sometida al régimen de cuotas de refinado
--es el único país de la Unión Europea que lo está--. Jurídicamente,
tenemos que saber si estamos hablando de remolacha o estamos hablando de
azúcar. El régimen de cuotas de azúcar y el régimen de refinado afectan
fundamentalmente a España. ¿Qué ha ocurrido? Que la Unión Europea
solamente nos da bajo protección de garantía hasta un 85 por ciento de la
cuota del consumo interior de mercado que tiene España. Por tanto,
tenemos un déficit de un 15 por ciento.
A nosotros, en principio, llegados a este punto, nos parece mucho más
positiva y que contempla todos los aspectos que aquí voy a enunciar la
iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular; es más
completa. Sin embargo, nos preocupa, nos llama la atención y pediríamos
la retirada o que no se ponga encima de la mesa de negociación el tema de
las 60.000 toneladas que corresponden a Canarias, Ceuta y Melilla. Este
es un error de negociación. Cuantificar aquí cantidades, y más de
comunidades autónomas como éstas, extraperiféricas peninsulares, lo
consideramos un error táctico y le pediríamos a la señora ministra que no
lo ponga encima de la mesa, porque el régimen canario va bajo un
principio de abastecimientos especiales. Además, las 60.000 toneladas de
Canarias, Ceuta y Melilla no nos resuelven nada, porque si estamos ante
un déficit de cuota propia para autoabastecer a España con la producción
de su remolacha y de su correspondiente cantidad de refinado de azúcar,
si son unas 200.000 toneladas o un poco más, o ponemos 200.000 toneladas
para aumentar la cuota española o no pongamos ninguna. Nos parecen mejor
los principios genéricos que se enuncian: conseguir con carácter general
un incremento de la cuota actual de azúcar para el Estado español o
seguir gestionando incremento. Gestiónese ese incremento, y posiblemente
necesitemos techos del orden de las 200.000 toneladas, pero poner a la
Unión Europea encima de la mesa 60.000 toneladas no resuelve para España
el problema del sector remolachero y azucarero, y vuelvo a distinguir
entre sector remolachero y sector azucarero, porque los que producen
remolacha son los agricultores; las fábricas de refino lo que producen es
azúcar. Nos tenemos que dar cuenta que la Unión Europea puede tirar por
la calle de enmedio y decir: me es más fácil controlar 60 refinerías de
azúcar que tengo por toda Europa que controlar a 335.000 o 400.000
agricultores de remolacha, si hay que ir por esas vías. Por tanto, aquí
hay que llevar este tema con un gran sentido común y una gran
responsabilidad.
Qué duda cabe que también nosotros compartimos el deseo de que haya un
control empresarial financiero, y apoyamos la postura de la ministra de
Agricultura, porque en el caso de que exista una penetración o una
agresividad por parte de empresas francesas, italianas, alemanas o las
que sean --en este caso fundamentalmente se trata de una empresa
francesa-- de utilizar una penetración por vía empresarial y hacerse con
el dominio accionarial de alguna de las dos grandes empresas azucareras
españolas, a nosotros nos parece necesario conseguir la fusión de los
grupos azucareros Ebro Agrícolas y la Sociedad General Azucarera, que nos
llevará a ese objetivo que nosotros compartimos.
En cuanto a las mesas de trabajo, nos mantenemos en lo que existe, es
decir, en los acuerdos interprofesionales que hay entre el sector del
refino y el sector de las agrupaciones u organizaciones profesionales
agrarias, junto con el primero de los industriales. Ya hay una mesa de
estudio y planificación. No realicemos un intervencionismo estatal donde
no se debe. Mantengamos a la Administración en la orientación política de
cara a la defensa ante lo que pueda pretender alguien en la Unión
Europea. Por estas razones, señor Presidente, nosotros vamos a apoyar en
primera línea la propuesta inicial del Grupo Parlamentario Popular.
Por lo que respecta a la alternativa que han ofrecido aquí, quiero
solicitar que no se mencione para nada la cuantificación de las 60.000
toneladas de Canarias, porque en este momento, teniendo en cuenta el
desconocimiento del Gobierno canario, el régimen especial de
abastecimiento y el régimen de precios del azúcar para el consumo que
existe en Canarias, si esto no se repercute de alguna manera en el
precio, nos parecería inaceptable.
Nada mas. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar y con relación a las proposiciones no de ley que
debatimos en este punto del orden del día, quiero manifestar, en nombre
del Grupo Vasco, que estamos de acuerdo con la oportunidad del debate de
estas iniciativas dado el momento de cambio en la estructura empresarial
que está experimentando el sector en el Estado español, así como por la
necesidad de incidir en la futura reforma de la OCM del azúcar. Aunque
estas iniciativas puedan ser oportunas para el sector, en opinión del
Grupo Vasco cualquier planteamiento de futuro debe partir de la
elaboración de un riguroso plan estratégico para todo el sector azucarero
estatal que analice la situación actual en su conjunto, producción y
transformación, las tendencias condicionantes futuras que incidirán sobre
el mismo, y, además, proponga medidas de actuación que permitan una
evolución progresiva del sector y definan una estrategia consensuada a
nivel del Estado de cara a la reforma del año 2001 de la actual OCM del
azúcar y, sobre todo, que mantenga el régimen de cuotas de producción.
Desde nuestro punto de vista, la elaboración del plan estratégico debería
apoyarse conjuntamente por los componentes del acuerdo marco
interprofesional y las principales comunidades autónomas productoras de
remolacha. Lógicamente, se deberá reclamar un incremento del cupo de
azúcar asignado al Estado que equilibre el consumo interno, y para ello
es necesaria una redistribución de la cuota entre Estados. Para el Grupo
Vasco es fundamental defender el mantenimiento del sistema de cuotas por
Estados miembros y no por industrias, y, además, ligar los derechos a los
productores de remolacha para que puedan mantener su cuota
individualizada, como ocurre en otras producciones agropecuarias.
Quiero indicar también, señorías, que nos inquieta la posibilidad de que
la mayoría del capital de la futura sociedad resultante de la fusión de
los grupos azucareros caiga en manos de las cajas de ahorro de sólo una
comunidad autónoma. Nos preocupa por las repercusiones que puede tener el
traslado de las cuotas de remolacha de unas regiones a otras. Ahora que
está presente la ministra de Agricultura, quiero decirle que al Grupo
Vasco le preocupa la actuación del Ministerio de Agricultura en el
proceso de fusión de los grupos azucareros, puesto que no ha informado a
las comunidades autónomas a las que va a afectar la fusión de los dos
grupos. En cualquier caso, para nuestro grupo, señorías, la prioridad
sectorial pasa por la elaboración de un riguroso plan estratégico y no
por iniciativas que sólo recogen algunos problemas del sector.
Nosotros entendemos que estas proposiciones que hoy debatimos se
enriquecerían con el compromiso formal del Gobierno de elaborar el plan
aludido anteriormente en un corto plazo y con la participación de las
comunidades autónomas productoras de remolacha.
Como grupo desearíamos que se alcanzara un acuerdo entre los grupos
proponentes en cuanto al texto que se someta a votación. Si ello no se
logra, quiero indicar que apoyaremos la proposición no de ley del Grupo
Popular y nos abstendremos ante las dos proposiciones no de ley del Grupo
Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. La apoyaremos porque entiendo,
señores del Partido Popular, que se va a mantener el compromiso que
figura en el punto 6 de la enmienda transaccional que ustedes ofrecen. Si
la acepta el resto de los grupos proponentes, mucho mejor. En caso
contrario, anuncio que apoyaríamos la del Grupo Popular precisamente
porque se mantiene el compromiso que figura en la transaccional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, desde el escaño mismo y con la máxima
brevedad, quiero decir que una vez más tenemos encima de la mesa un tema
preocupante, como es el futuro del sector remolachero, debate que en cada
legislatura se va reproduciendo, no exactamente en los mismos términos,
pero sí con la misma voluntad, cual es la de asegurar la viabilidad del
sector.
No voy a entrar a valorar la importancia que el sector remolachero
representa para algunas zonas del Estado español, porque de todos es
conocida. En aras a la brevedad, no hablaré tampoco de la necesidad de
modernizar y hacer más competitiva nuestra industria de transformación,
ni de la voluntad de que se cumplan las resoluciones que se aprobaron por
unanimidad en el Senado y en el Congreso de los Diputados en los años
1994 y sucesivos, en donde se mostraba la creciente preocupación por la
entrada masiva de capital extranjero en el sector de la transformación,
que nos podría llevar a que este sector estratégico pudiese estar en
manos de multinacionales, a que los intereses de éstas no pivotasen en el
Estado español y, por tanto, al posible incumplimiento de las
resoluciones aprobadas, como decía antes, en el Congreso y en el Senado
por unanimidad, en las que se decía textualmente que había que dar
prioridad a aquellos promotores que tuvieran una mayor vocación de
permanencia en las zonas
españolas donde la actividad se ha desarrollado de forma tradicional.
¿Cuál es la situación en el día de hoy? Tenemos dos problemas que
resolver. La reforma de la OCM del azúcar se realizará previsiblemente el
año 2001. Aparte de intentar aumentar la cuota hasta 1.200.000 toneladas,
hecho que nos permitiría ser autosuficientes, habrá que hacer un esfuerzo
para que estas cuotas tengan carácter estatal y que en ningún caso estén
ligadas a las empresas ya que, de ser así, se plantearían dos problemas
a nuestro entender muy graves. Primero, el sector productor, que es el
receptor de la política comunitaria, quedaría excluido y, según como
quedase redactada la normativa comunitaria, las industrias podrían tener
la posibilidad de deslocalizar sus producciones, pudiéndose llegar a la
incoherencia de que, por intereses de carácter meramente económico, a un
Estado tradicionalmente productor y consumidor de azúcar no se le
permitiese seguir produciendo. En segundo lugar, intentar que el pool
resultante de las diferentes fusiones garantice el futuro de la actividad
agroindustrial, así como tomar las medidas necesarias para evitar que
exista una participación accionarial hegemónica con intereses que no
pivoten sobre el Estado español.
Una vez más, con las matizaciones que queramos, los diferentes grupos
políticos tenemos una preocupación que es común denominador para todos,
cual es asegurar la viabilidad del sector agroindustrial y, como
consecuencia, del sector productor de remolacha. En esta línea de hacer
un frente común, ya que otro planteamiento no se entendería desde el
propio sector, nuestro grupo cree que sería bueno que el debate se
terminara votando por unanimidad una propuesta consensuada entre todas
las fuerzas políticas con representación en esta Cámara. Repito que eso
sería bueno para el sector y para todos.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias señores diputados.
Espero que seamos capaces todos los portavoces de presentar una propuesta
consensuada y que se apruebe por unanimidad. (El señor Núñez Pérez pide
la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
Señor Núñez, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, como ha habido intervenciones
posteriores a la mía, en la que ofrecía un texto transaccional para
conjugar las peticiones de las tres proposiciones no de ley que estamos
debatiendo conjuntamente, con objeto de perfilar y precisar aún más los
contenidos de la enmienda transaccional y posibilitar el voto unánime de
todos los grupos de la Cámara, ofrecemos el siguiente texto que modifica
en parte el que antes leí en mi primera intervención.
El primer punto se mantendría exactamente igual. El segundo, después de
oír las intervenciones del señor Mardones, quedaría de la siguiente
manera: Continuar instando a la Unión Europea a que acepte un incremento
de la cuota actual del azúcar para el Estado español que la equipare al
consumo nacional, que son 1.200.000 toneladas. El tercero, cuarto y
quinto quedan exactamente igual. El sexto tendría el siguiente añadido:
Estudiar la aplicación de medidas encaminadas a mejorar la estructura de
la industria azucarera y el cultivo de la remolacha, y a favorecer la
interlocución con todos los sectores implicados para posibilitar un
debate riguroso del plan estratégico del sector azucarero, que debe
contemplar como objetivo prioritario el mantenimiento de la actividad
económica y el empleo. Y señalaría un séptimo punto, señor Presidente,
que diría lo siguiente: Adoptar las medidas necesarias para que se cree
una mesa nacional del azúcar, donde estén representados los sectores
afectados y las administraciones central y autonómica para diseñar,
elaborar y debatir un plan estratégico para todo el sector azucarero.
Eso es todo, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Núñez.
¿Aceptan el texto leído por el señor Núñez los grupos que presentan
iniciativa, Izquierda Unida y el Grupo Socialista? (Pausa.)
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, quiero decir que nuestro
grupo ha modificado su intención de voto después de las autoenmiendas que
ha hecho el señor Núñez, pero creemos que en el punto tercero falta la
referencia a las cooperativas. (Pausa.) ¿Están las cooperativas?
(Asentimiento.) Sólo quería saber si se recogía la referencia a las
cooperativas. Como consta la necesidad de la interlocución con todos los
sectores afectados y la constitución de la mesa nacional del azúcar para
la elaboración del plan estratégico, nuestro grupo votará favorablemente
este texto único.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Quiero anunciar brevemente que una vez que se
han incorporado la mayoría, por no decir la casi totalidad, de las
sugerencias que hizo el Grupo Socialista, y pensando aquello de que más
alegría hay por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que
perseveran, vamos a votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación del texto
transaccional resultante de las proposiciones no de ley presentadas por
los Grupos Popular, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y Socialista, al haberse aceptado por los tres grupos proponentes el
texto que ha sido leído a la Cámara y entregado a la Mesa, que es el que
sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310;
a favor, 310.
El señor PRESIDENTE: El texto transaccional queda aprobado por unanimidad
del Pleno.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONSTRUCCION DE LA VARIANTE
FERROVIARIA NORTE-NOROESTE (Número de expediente 162/000140)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre
construcción de la variante ferroviaria norte-noroeste. Para su
presentación, tiene la palabra el señor Pérez Touriño. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor PEREZ TOURIÑO: Señoras y señores diputados, traemos hoy a la
consideración de la Cámara una proposición no de ley relativa a una nueva
línea ferroviaria, denominada la variante norte-noroeste, también
conocida como la variante Guadarrama.
Se trata de una actuación en materia ferroviaria sobre la que existe un
amplio consenso entre el conjunto de fuerzas sociales, fuerzas políticas,
expertos y la propia compañía operadora, Renfe. Un consenso amplio sobre
su necesidad, sobre su prioridad y sobre su importancia. La variante
norte, cuyo coste oscila previsiblemente en unos 200.000 millones de
pesetas, es una actuación que consiste, básicamente, en unir Madrid con
Valladolid, con un diseño de alta velocidad, acortando la distancia
actual en el entorno de los 50 kilómetros y reduciendo el tiempo de viaje
en aproximadamente una hora y treinta minutos, por el efecto conjunto de
la menor distancia y la introducción de la alta velocidad.
La importancia estratégica y territorial de la variante radica en su
influencia directa sobre todo el cuadrante noroeste de la Península, al
constituir de hecho un tronco común sobre el que se han de soportar y
articular las distintas conexiones ferroviarias entre Madrid y el País
Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León; una amplia zona de
influencia que supone, por decirlo en términos numéricos, tanto de
superficie como de población, más del 30 por ciento del total nacional.
En definitiva, un amplísimo conjunto de comunidades autónomas de nuestro
país obtendrán los beneficios de la construcción de esta variante, con
reducciones de tiempo muy importantes y con modificaciones vitales para
su sistema de comunicaciones y de transportes.
Es un corredor ferroviario que en las condiciones actuales, es decir, sin
introducir estas modificaciones y modernización, sobrepasa ya el millón
y medio de pasajeros-año, lo que viene a significar algo así como el 10
por ciento del total nacional. Son razones todas ellas que avalan esta
nueva línea. En todos los trabajos y estudios que se han desarrollado
respecto al Plan director de infraestructuras aparece siempre como una de
las líneas con mejor relación coste-beneficio; en definitiva, con una muy
alta y destacada rentabilidad social. Su construcción y explotación
supondrá un salto cualitativo en la modernización y el futuro del sistema
de transportes en nuestro país. Sin ella realmente el ferrocarril en el
oeste de España no tiene presente ni futuro, ante la mejora radical que
han tenido las comunicaciones en el transporte diario en la última
década, así como las modificaciones de mejora en el propio sistema de
transporte aéreo. Hoy es imposible mantener el ferrocarril en términos de
viabilidad y competitividad con los demás modos, incluso desde una
perspectiva de rentabilidad social en todo el oeste español, a lo largo
de ese conjunto de comunidades autónomas, si no se acomete ya y
prioritariamente esta actuación.
Si este es el marco de referencia en el que se sitúa la proposición no de
ley que hoy traemos a la consideración de esta Cámara, un marco que
confío y creo que puede ser más o menos compartido en sus líneas
generales por el conjunto de los grupos parlamentarios, por todas SS.
SS., ¿cuál es el sentido entonces de la proposición no de ley, cuál es su
motivación y, en definitiva, su finalidad?
Trataré de expresarlo con la mayor claridad posible. No planteamos la
proposición, señorías, desde un criterio meramente coyuntural o de
oportunidad política. Tampoco lo hacemos desde una posición de
confrontación o enfrentamiento con otras opciones ferroviarias, con otras
necesidades del sistema ferroviario español. Presentamos la proposición,
señorías, desde la convicción rigurosa y profunda de que estamos
asistiendo a un bloqueo y a un retraso significativo en esta materia que
hacen necesario el impulso político de esta Cámara, un impulso conjunto
que permita avanzar este proyecto y recuperar los retrasos que el
Gobierno ha introducido en el mismo. Más allá de las palabras, más allá
de las retóricas, más allá de las vagas definiciones, esta actuación,
señorías, permanece estancada y con un elevado riesgo de bloqueo en
relación con el futuro de la misma.
En efecto, en el inicio de 1996 el anterior gobierno adjudicó a la
redacción del estudio informativo, con el apoyo pertinente para la
información pública, un plazo de trece meses de realización. Por el
contrario, en el momento presente el estudio informativo no se ha
concluido y, además, se ha concedido una prórroga de once meses más, por
lo que no estará terminado hasta 1998. En tan sólo un año de gobierno, el
actual gabinete ha introducido prácticamente un año de paralización y de
retraso en el procedimiento para sacar adelante este proyecto tan vital
e importante. Se aduce para ello el estudio de nuevos planteamientos más
ambiciosos; así se califican. Se trata, en definitiva, de la propuesta
del Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid de que se proyecte un
nuevo túnel, de 24 kilómetros de longitud, entre Miraflores de la Sierra
y San Ildefonso de la Granja. Es una propuesta cuya consideración, no
digamos su carácter factible, desde el punto de vista de su construcción,
desde el punto de vista de operación de los trenes, del coste del
proyecto --que más que lo duplica, lo eleva a 500.000 millones de
pesetas--, desde el punto de vista de los plazos, puesto que los alejaría
indefinidamente en el tiempo, plantearía un auténtico bloqueo del
objetivo, tal y como está definido actualmente el proyecto en el estudio
informativo.
Con esta proposición no de ley estimamos que conviene suscitar un acuerdo
conjunto que permita impulsar la finalización del estudio informativo tal
y como está planteado, que permita, por tanto, que en el año 1998 se
redacten los proyectos constructivos y se ponga en marcha el proceso de
licitación de estas obras. ¿Eso es posible? Nosotros creemos que sí. Es
difícil por el retraso introducido, pero creemos que todavía es
alcanzable este objetivo. Con determinación y con voluntad política
debería ser posible que finalice este estudio informativo en el año 1997,
que se realice la información pública en lo que quede de año, y a partir
de ahí nos quedarían doce meses para la realización de la declaración de
impacto ambiental y la elaboración del proyecto en construcción. Un plazo
justo, ajustado, pero razonable si realmente se toma por las riendas este
proyecto y se saca de su situación actual.
Nuestro problema --y yo quería aludir a ello finalmente--, nuestras dudas
y preocupaciones vienen no tanto de las disculpas que se ponen en forma
de nuevos proyectos o planteamientos llamados más ambiciosos pero que
suponen un boicot, una paralización y un bloqueo del mismo, como del
desarrollo de la política de infraestructuras del Gobierno, del
desarrollo de la política ferroviaria del actual Gobierno, que presenta
algunas características alarmantes en relación con este tema.
En este último año se han declarado compromisos, señorías, con numerosas
e importantes actuaciones, mientras que frente a esos compromisos se
retrasaban las obras que estaban en marcha. Se inician estudios sobre
propuestas irrealizables en el futuro inmediato, mientras que las que se
están realizando no se acaban por modificaciones que se incorporan sin
rigor. Se crea el GIF, el órgano gestor de infraestructuras ferroviarias,
para obtener financiación adicional, pero lo que se hace en realidad es
disminuir las inversiones reales. Señorías, si echamos cuentas del
conjunto de propuestas que están en consideración del Gobierno, tan sólo
en alta velocidad y grandes variantes --comprometidas, como digo, por el
Gobierno actual-- sale una cuenta cercana o incluso superior a los tres
billones de pesetas, frente al 1,9 que estaba en principio previsto en el
Plan director de infraestructuras, que se decía que no era financiable.
Frente a esta acumulación de compromisos, la realidad es que el
Ministerio ha dedicado a inversiones en infraestructuras en el año 1997
47.000 millones de pesetas; es decir, exactamente un 30 por ciento menos
que el año anterior. A ellas habrá que añadir, es cierto, en torno a
10.000 millones, que será lo que sea capaz de consumir el GIF. En todo
caso, el total, en el mejor de los supuestos, es un 15 por ciento menos
de inversión que la presupuestada en el año 1996.
Señorías, consideramos que, más que nunca, es preciso definir
necesidades, valorar esas necesidades y fijar un calendario de ejecución
ligado a las posibilidades financieras y en función de las prioridades
que se definan. Decir que todo es posible al mismo tiempo es no decir
nada, es lo mismo que decir no a todo al mismo tiempo. Reclamamos la
necesidad de un esfuerzo planificador y programador en esta materia y que
no estemos asistiendo a lo que parece pudieran ser maniobras permanente
de distracción para alejarnos de una realidad que cada vez se hace más
palmaria y más obvia en esta materia: que no hay discurso, no hay
política, no hay proyecto, y de verdad, al final, no hay ni siquiera
pesetas. Lo que tenemos son palabras, declaraciones de buena voluntad y
compromisos asumidos aquí y allá al hilo de situaciones coyunturales. Por
eso --y voy terminando la fijación de posición de mi grupo--, no nos
parece oportuno aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Popular en relación con esta materia, fundamentalmente por un motivo:
porque, más allá de la declaración de prioridad, no fija un calendario,
deja abierto el tema una vez más y, por tanto, no establece un compromiso
concreto ni insta al Gobierno al compromiso concreto que es necesario
desbloquear aquí, hoy, en esta Cámara.
En ese sentido nosotros podemos entender y estar abiertos a pensar que,
después del año de retraso acumulado, es probable que en 1998 cueste
mucho trabajo, sea altamente difícil el inicio de las obras. Pero no
puede irse más allá de la consideración de que en el año 1998 es
necesario hacer los proyectos constructivos, aprobarlos, licitar las
obras de tal forma que en 1999 veamos todos el comienzo de las obras de
la variante del Guadarrama.
Por ello hemos redactado un nuevo texto alternativo, que entregaré a la
Presidencia que permitiría quizá lograr la confluencia de las voluntades
de los grupos en el ánimo de intentar --insisto-- desbloquear este
proyecto tan necesario para el sistema de transportes en todo el
occidente español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez Touriño.
Si hace entrega del texto la Presidencia se encargará de hacerlo llegar
a los grupos parlamentarios.
A esta iniciativa del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, unos breves comentarios de introducción en función de la
intervención del portavoz del Grupo Socialista. Coyuntura es la que
señalaba al decir que se había adjudicado en enero de 1996, es decir,
convocadas las elecciones generales, el estudio informativo de la
variante norte o noroeste, variante de Guadarrama, de una red ferroviaria
obsoleta no por el último año, sino en los últimos años de esa década
triunfalista de inversiones en infraestructuras en las que fue
copartícipe el señor portavoz del Grupo Socialista.
Coyuntura fue la del aeropuerto de Barajas, cuya declaración de impacto
ambiental dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid puede suponer un
precedente de las tremendas dificultades que ofrece cualquier obra de
infraestructura importante que tenga que entrar o salir o entrar y salir
de Madrid.
Coyuntura era la del PP, que en su programa electoral de las elecciones
de 1996 incluyó como gran acción de vertebración territorial de la red
ferroviaria la variante de Guadarrama Hasta esa fecha del programa
electoral y de las elecciones de marzo de 1996, fue desechada una
posibilidad de que las salidas desde Madrid, tanto hacia Barcelona por el
AVE y hacia Valladolid, de esta red hacia el norte-noroeste fueran
coincidentes.
Como consecuencia de ello se plantearon con esta variante del Guadarrama,
fundamental para la mejora de las comunicaciones de Madrid con el
norte-noroeste --ya se han citado las comunidades autónomas que de forma
importante y directamente son afectadas o beneficiadas--, las lógicas
discusiones sobre la siempre difícil salida de Madrid que ya he citado.
Los estudios iniciales --y así lo recoge el texto de la proposición del
Grupo Socialista-- valoran el tramo Madrid-Valladolid en unos 200.000
millones de pesetas. Pero así como en la Comunidad de Castilla y León hay
acuerdo, hay conformidad con el Ministerio de Fomento para el trazado de
esta vía, no ocurre lo mismo en la Comunidad de Madrid, que por razones
medioambientales muy respetables propone la solución del túnel con una
longitud de casi treinta kilómetros. Esta alternativa es comparable a las
grandes obras subterráneas del continente e incluso trascontinentales: el
túnel del Canal de La Mancha o los proyectados túneles bajo el Estrecho
de Gibraltar o el enlace entre Lyon y Turín. Esta obra exige un muy
concienzudo estudio previo por las grandes desviaciones de su coste, que
pueden variar nada menos que entre 12.000 y 20.000 millones de pesetas
kilómetro; he dicho bien entre 12.000 y 20.0000 millones de pesetas
kilómetro. Por los problemas ambientales que plantean incluso las obras
del túnel; los escombros tienen que ir hacia las bocas de salida y supone
colocar en algún sitio cuatro o cinco millones de metros cúbicos de
escombros. Por los posibles problemas que para su financiación tendría un
proyecto incompleto o sujeto a importantes modificaciones posteriores en
los cortos plazos que requiere la urgente necesidad de esta variante.
En todo caso, el estudio informativo, muy avanzado, está tan sólo --nada
menos, puede también opinarse-- pendiente de esta decisión
técnico-económica-ecológica, cuya solución urge en Galicia, Asturias,
Cantabria, País Vasco, Castilla y León. Pero los plazos son ineludibles.
Un estudio informativo requiere la preceptiva información pública,
período de alegaciones y respuestas a las mismas; no es terminarlo en
diciembre de este año, requiere no menos de cuatro meses e inmediatamente
la declaración de impacto ambiental para, a continuación, llevar a cabo
la contratación del proyecto de construcción; éste, sea cual sea la
decisión sobre la traza, precisará hasta su aprobación del orden de diez
o doce meses. Por tanto, deseándolo cuando menos tanto como el Grupo
Socialista, deseando que su presupuesto coincida definitivamente con las
previsiones iniciales ya citadas de 200.000 millones, pero con el
realismo de la gran necesidad social y del propósito prioritario del
Gobierno, que podrá verse, además, inmediatamente reflejado en el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998, el imperativo
técnico, no menos realista, nos hace, nos hacía hasta hace un momento, en
primer lugar, rechazar la proposición no de ley del Grupo Socialista,
corrigiéndola con nuestra enmienda.
Se han citado compromisos del Gobierno y estudios; ojalá hubieran
existido, a principios de mayo de 1996, estudios y proyectos ya aprobados
que permitieran tener opciones y señalar las prioridades, porque esas
prioridades garantizan su ejecución en tiempo y precio.
Es tal la voluntad del Gobierno de llevar a cabo con urgencia estas obras
--voluntad que obviamente conocemos-- que el Grupo Popular acepta y hace
suya la transaccional propuesta por el Grupo Socialista que modifica
nuestra enmienda, comprometiendo el inicio de las obras en 1999.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carreño.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Consideramos que es fundamental que el Congreso de los Diputados debata
la problemática del ferrocarril en el Estado español. Pero la
problemática del ferrocarril en el Estado español no se puede centrar en
una obra de infraestructura más o menos faraónica que vendría solamente
a desequilibrar lo que ya está desequilibrado.
El problema fundamental del ferrocarril en el Estado español es que no se
apostó por él como una forma complementaria, alternativa a la carretera
y al transporte aéreo y, además, que no se empleó para equilibrar
territorialmente el Estado en cuanto a las infraestructuras básicas. En
este sentido, cuando el proponente nos habla de las posibles
consecuencias del abandono del ferrocarril, tenemos que decir, desde el
punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, que Galicia es un caso
paradigmático de abandono de las infraestructuras ferroviarias, que no se
explica si no es por una visión estratégica de lo que debe ser el Estado
español en esta materia, y no precisamente la Península Ibérica en su
conjunto.
Me gustaría llamar la atención de SS. SS. en relación con datos muy
elocuentes. A nadie se le oculta que hay una importante población que
está prácticamente centrada en lo que se llama eje atlántico, que si
contamos, además, con los núcleos de Porto y Lisboa es el equivalente,
incluso superior, al eje Barcelona-Valencia, incluso Málaga. Pues bien,
el eje atlántico resulta que no solamente está discriminado, sino que, a
pesar de servir hoy para trasladar a dos millones de viajeros con los
servicios que se prestan, precisamente mejorables, es la única parte de
la periferia del Estado español que no tiene servicio de cercanías, la
única; ni Asturias ni Santander ni el País Vasco ni Andalucía ni Murcia
ni Valencia ni Cataluña. Estamos sin cercanías, sin doble vía, sin
electrificación en el país que produce, en términos relativos, más
energía eléctrica del Estado, y con un trazado que impide, incluso aunque
Renfe ponga la tracción diesel más moderna, circular a una velocidad
superior a 80 kilómetros comerciales. No les voy a hablar de que en ese
eje atlántico se deja de lado a una población de medio millón de
habitantes, que es la que reúne el eje Coruña-Ferrol, por supuesto, sin
ningún estudio de mercado, ningún estudio comercial que lo justifique; o
que sigamos teniendo en esa población, en ese hinterland de medio millón
de habitantes, velocidades de 48 kilómetros por hora y los servicios
pagados además por la Administración autonómica. Ustedes comprenderán que
con esta casuística, si hablamos de abandono del ferrocarril en el Estado
español, no es muy de recibo que nos presenten una obra faraónica más,
que respetamos, que comprendemos, pero que desde una óptica gallega no
podemos colaborar en ella.
Es más, todo el mundo sabe, cuando se monta en el ferrocarril de largo
recorrido en A Coruña o en Vigo, que el tren no puede correr hasta que
llega a León; y no puede correr y corre mal hasta que llega prácticamente
a Medina del Campo. No creo que la línea Zamora-Medina del Campo vaya a
ser beneficiada precisamente con esta obra faraónica, y habría que pensar
para cuánto daría de equilibrio territorial del Estado español los
200.000 o 500.000 millones de pesetas, según otras cuantificaciones, que
se van a gastar en esta obra de infraestructura.
Vamos a dejar ya el problema interno al que me referí, gravísimo en el
caso de Galicia, porque va a quedar con una línea incompleta, un metro
malo A Coruña-Vigo, y a pesar de la movilización popular no se quiere
hacer caso de estas reclamaciones mínimas que no son de alta velocidad.
Las comunicaciones en el Estado español no son solamente con Madrid, son
con Portugal, con Lisboa, con Porto, con Barcelona, con Euskadi, por
supuesto con Sevilla. No habría que pasar por Madrid para llegar a
Sevilla desde una óptica gallega, y así sucesivamente. Hay un total
abandono. Ni siquiera tenemos conectados los ordenadores portugueses con
los de las estaciones de ferrocarril de A Coruña o Vigo.
Hace un año este mismo Congreso de los Diputados rechazó una negociación,
con partidas plurianuales, a acordar entre la Xunta de Galicia y el
Gobierno del Estado, por lo que nosotros no podemos dar alegremente
nuestro voto favorable a esta alternativa que hoy se nos presenta.
Es más, esta obra pensamos que es legítimo que se contemple, pero su
prioridad no deja de ser discutible y, desde una óptica gallega,
comprenderán que es totalmente inasumible cuando el Estado da el trato
que da, con la mayor naturalidad, a las infraestructuras y a los
servicios ferroviarios en Galicia.
No nos opondremos, pero no vamos a colaborar con nuestro voto a esta
visión alegre del problema del ferrocarril, que pensamos que no es
correcta, y, en el caso particular de Galicia, es tan injusta como
discriminatoria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, lo que hay que reconocer es que es importante que, de vez en
cuando, podamos tener un pequeño debate sobre la política ferroviaria en
nuestro país.
En primer lugar, quiero decir que me alegro de esta inquietud y de esta
urgencia que ahora el Grupo Socialista mantiene, porque la comparto. Pero
también tengo que reconocer que la exposición de motivos tiene un pequeño
error técnico, porque la no realización de esta actuación o los retrasos
en su inicio conllevaron inevitablemente a la situación de deterioro que
tiene hoy el ferrocarril en nuestro país. Porque yo tengo aquí el
programa de inversiones presentado por don Abel Caballero en el año 1986,
donde preveía precisamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Santiso, la fijación de
posiciones es con respecto al contenido. Sabe usted que después no hay
turno de réplica. Por lo tanto, la Presidencia no puede permitirle que
entre en un turno de contradicción con el portavoz socialista porque
tendría que darle después a él un turno que no está previsto en un debate
de estas características.
El señor SANTISO DEL VALLE: No estoy contradiciendo al portavoz del Grupo
Socialista, sino explicando la historia de la variante del Guadarrama,
que es la que es. El plan de transporte ferroviario...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No se sorprenda entonces si
solicita la palabra y le dé un turno.
El señor SANTISO DEL VALLE: No me importa, por supuesto, porque lo único
que estoy relatando es que el equipo del señor Caballero tuvo el acierto
de proponer esta variante --hay que reconocerlo y aquí está el cuadro de
inversiones--, que preveía su terminación en el año 1992.
Lamentablemente, esto no ha podido ser así, entre otras razones por
algunas de las que se han explicitado aquí. También tengo que decir que
me preocupa bastante la intervención del portavoz del Grupo Popular en
este momento porque ya empieza a ver dificultades, aunque se agradece la
claridad porque refleja la situación actual de este proyecto, tan
importante y también tan difícil de llevar a cabo.
Dicho esto, es ineludible afrontar cuanto antes la variante. Por tanto,
vamos a apoyar el texto transaccional que se pueda conseguir o si no
apoyaremos la propuesta inicial del Partido Socialista. Insisto en que no
es bueno jugar con esas cosas, como se ha citado desde la tribuna, y me
preocupa también porque el Grupo Popular parece que está entrando en la
misma dinámica, es decir, ahora todo el mundo pide alta velocidad. En mi
opinión, la alta velocidad abortó en el año 1989, por su improvisación,
la posibilidad de haber cumplido los plazos del Plan de Transporte
ferroviario. El propio Plan director de infraestructuras, que la
contempla como prioritaria y también en su momento apoyamos, planteaba
una financiación que era inviable, puesto que más de uno y pico billones
de pesetas era de financiación extrapresupuestaria. Por tanto, queremos
que sirva al menos para aprender de los errores pasados y que permita que
esta realización sea viable. Yo estoy convencido que encontrará el apoyo
prácticamente de toda la Cámara en un proyecto que lleva esperando muchos
años, pero al mismo tiempo no puede ser tampoco la excusa para no
afrontar una renovación del ferrocarril en el norte-noroeste que está
provocando graves dificultades para poder «competir» --entre comillas--
con otras comunidades en el impulso de su propia economía.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.
Dado que en la primera intervención del portavoz del Grupo Socialista ha
sido propuesta una enmienda transaccional que ha sido aceptada por el
Grupo Popular, vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que
ha sido aceptada por el Grupo Popular, dice lo siguiente: Se insta al
Gobierno a que considere de la máxima prioridad la construcción de la
variante ferroviaria norte o variante de Guadarrama, redactando los
proyectos en 1998, licitándose a continuación para iniciar las obras en
1999.
Este es el texto que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308;
a favor, 305; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la enmienda
transaccional.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.