CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 92



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 89



celebrada el miércoles, 11 de junio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comunicación del Gobierno:



-- Comunicación del Gobierno para el debate de política general en
torno al estado de la Nación (número de expediente 200/000003)
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SUMARIO



Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al
estado de la Nación (Página 4578)



Interviene el señor Presidente del Gobierno (Aznar López) manifestando,
en primer lugar, la solidaridad del Gobierno con los españoles víctimas
de la vileza terrorista, y poniendo de relieve, en segundo lugar, la
coincidencia de la celebración de este debate con el vigésimo aniversario
de las primeras elecciones generales libres. A continuación expone que
con este debate sobre el estado de la Nación, primero que se celebra en
la presente legislatura, el Gobierno ha querido dar continuidad a una
iniciativa política que forma parte ya de los usos parlamentarios, donde
los españoles esperan que se examinen las grandes cuestiones que afectan
a la convivencia, al bienestar y al porvenir de la nación. Afirma que
España tiene ahora la formidable oportunidad de participar de modo activo
y determinante en los acontecimientos que van a configurar el futuro de
Europa, y añade que este objetivo requiere políticas encaminadas a
movilizar todas las energías de la sociedad. Para ello era necesario,
después del resultado de las elecciones de marzo, lograr un amplio
acuerdo capaz de sostener un Gobierno estable, y expresa su
agradecimiento a los grupos parlamentarios que le otorgaron su confianza
y que hicieron posible una fecunda colaboración. Asimismo pone de
manifiesto la madurez y el sentido de responsabilidad que durante este
primer año de legislatura ha caracterizado el comportamiento de las
instituciones, de los agentes sociales y económicos y de los ciudadanos.

Por otra parte, reconoce que el problema más importante de la economía
española en las últimas décadas ha sido su incapacidad para generar
empleo estable y suficiente para todos, lo que sigue siendo un gran drama
social y un gran desequilibrio económico. Por ello, el cambio de rumbo de
la política económica está encaminado básicamente a lograr un crecimiento
sostenido generador de empleo, para lo que es preciso un marco estable
definido por precios controlados, tipos de interés bajos, reducción del
déficit público y una balanza equilibrada, basada en el vigor de las
exportaciones, con una economía en la que la iniciativa privada sea el
auténtico motor y en la que impere la creatividad. Añade que es
consciente de que las reformas profundas y duraderas sólo son posibles si
cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad, y resalta, en el nuevo
ambiente de colaboración con los agentes sociales, la firma del Acuerdo
por el empleo y la aprobación de dos Reales Decretos-leyes que recogen lo
pactado e incluyen un conjunto de incentivos a la contratación
indefinida, así como el Acuerdo sobre las pensiones que ha hecho posible
iniciar el desarrollo del Pacto de Toledo y el cumplimiento de la
exigencia moral y política de mantener el poder adquisitivo de todas las
pensiones, las contributivas y las no contributivas.

Se refiere a continuación al Plan de liberalización y de impulso de la
actividad económica, aprobado en febrero, con actuaciones concretas en
materia de telecomunicaciones, suelo, defensa de la competencia,
servicios públicos, infraestructuras, sistema financiero y previsión
social, transporte, energía, aguas y calidad ambiental, que está
destinado a aquellos sectores donde existe menor competencia de precios y
da respuesta tanto a las necesidades de los consumidores como a las
exigencias de la Unión Econonómica y Monetaria.

En cuanto al programa de reforma del sistema tributario que expusó en el
discurso de investidura, manifiesta que el Gobierno ha adoptado las
primeras medidas orientadas a mejorar la fiscalidad del ahorro familiar y
a favorecer la actividad económica, en particular la de las pequeñas y
medianas empresas, y destaca la reforma efectuada en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, que evitará los bruscos incrementos que se producían en
la revisión de los valores catastrales. Sin embargo, considera que la
disminución del déficit, el saneamiento de las finanzas públicas y los
objetivos de convergencia aconsejan acompasar de modo responsable la
ejecución de estas reformas con la consecución de los objetivos
macroeconómicos, mostrándose optimista en cuanto al objetivo de hacer
compatible la reducción de la presión fiscal individual con la
disminución del déficit público de aquí al año 2000. Asimismo, en este
apartado, se refiere a una próxima reforma del Impuesto sobre las
Personas Físicas y a la lucha contra el fraude fiscal.

Plantea como otro de los objetivos fundamentales de la política del
Gobierno la mejoría del tejido productivo español, refiriéndose al
fomento de factores clave como el desarrollo tecnológico, la innovación,
la seguridad y la calidad, el apoyo al sector del automóvil o la
potenciación de las actividades relacionadas con las necesidades de la
defensa nacional, prestando especial atención a las medidas adoptadas
para favorecer la pequeña y mediana empresa, como, por ejemplo, la rebaja
del Impuesto sobre Sociedades y la mejora de la tributación por



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módulos, así como las condiciones más favorables para el acceso de estas
empresas a los mercados financieros. Por otra parte, expone que la
política de privatizaciones, contenida en el Programa de modernización
del sector público empresarial, se ajusta a la tendencia seguida en la
mayor parte de los países occidentales.

A continuación manifiesta que la primera tarea que se impuso el Gobierno
al hacerse cargo de la nación fue restaurar la disciplina y el control en
el gasto público, siendo un exponente claro del cambio los Presupuestos
Generales del Estado para 1997, tanto desde el punto de vista de la
evolución de los gastos como de las reformas del control presupuestario.

Destaca que, en un contexto de contención presupuestaria, se hizo un gran
esfuerzo para mantener el nivel de inversión en obras públicas, como, por
ejemplo, la autovía de Valencia y los accesos a Galicia. Añade que hace
un año no se cumplían ninguno de los criterios de convergencia y ahora se
cumplen tres: inflación, estabilidad cambiaria y tipos de interés; se
está en condiciones de cumplir el del déficit, en los próximos meses
comenzará a descender el nivel de la deuda pública y la tasa de
crecimiento se está acelerando progresivamente, lo que hace suponer que
en el segundo trimestre se habrá superado el 3 por ciento, consecuencias
todas ellas extraordinariamente positivas para la creación de empleo.

En cuanto a la configuración del modelo del Estado del bienestar se
refiere al gran pacto de solidaridad, inspirado en las ideas de justicia
y de protección de los más débiles. Educación y sanidad, junto con un
sistema de pensiones suficientes y un régimen de protección social que
ampare las situaciones de especial necesidad, son los pilares de la
acción de los poderes públicos en esta materia. Añade que la
consolidación y reforma del Sistema Nacional de Salud ha sido y será una
de las prioridades del Gobierno y señala que el presupuesto para Sanidad
en 1997 se ha incrementado en un 6 por ciento mientras que los
Presupuestos Generales del Estado lo han hecho en un 11,7 por ciento,
mostrándose receptivo a reanudar la reflexión conjunta sobre dicha
reforma. Se refiere asimismo, en este apartado, a las listas de espera, a
la ordenación farmacéutica y a la contención del gasto farmacéutico,
haciendo especial mención al Plan de medidas para la lucha contra la
droga.

En el ámbito de la política medioambiental hace mención del problema del
agua, al que se ha dado rango de cuestión de Estado, y considera que la
reciente aprobación del Plan de cuenca del Tajo y la conclusión de los
otros dos planes de cuenca pendientes -Júcar y Segura- despejan el camino
hacia la aprobación del esperado plan hidrológico nacional, que se
coordinará con el Plan Nacional de Regadíos.

A continuación, considera que el Gobierno ha respondido a la voluntad,
expresada en la sesión de investidura, de fortalecer los valores
constitucionales y restaurar el clima imprescindible de confianza en las
instituciones democráticas y en quienes las sirven, debiendo dejar que la
Justicia funcione, con pleno respeto a su independencia, y está dispuesto
a colaborar en lo que aquélla requiera y a acatar siempre sus
resoluciones. Asimismo pone de manifiesto que ha sido objetivo prefente
del Gobierno el restituir al Parlamento el papel central de la vida
política, no dejando de tener reflejo en el debate parlamentario ningún
asunto que haya suscitado la atención de los españoles, y acometiéndose
otros compromisos programáticos como la reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados, la creación de la Oficina Presupuestaria o el
proyecto de reforma de la financiación de los partidos políticos.

Por otra parte, defiende la idea de un Estado no injerente, velando por
la fortaleza de los poderes y las instituciones que cumplen sus funciones
irrenunciables y legitimadoras. Reafirma, un año después de su
investidura, las convicciones y los propósitos sobre el pleno
cumplimiento de los principios constitucionales y el logro de una
Justicia que sirva eficazmente a la sociedad, para lo que se debería
asumir el compromiso de distanciar, en lo posible, al Poder judicial del
debate partidario.

En el ámbito normativo pone de relieve su compromiso en la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y las iniciativas parlamentarias que se
van a poner en marcha para la reconsideración parcial de la Ley del
Jurado y del Código Penal, así como la reforma de la jurisdicción
contencioso-administrativa y de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y
Criminal. No quiere dejar de referirse, por otro lado, a las reacciones
suscitadas con ocasión del nombramiento de un alto funcionario del
Ministerio Fiscal. Manifiesta en este sentido que el Gobierno está
convencido de haber actuado con respeto escrupuloso a la legalidad, en el
ejercicio de atribuciones que inequívocamente le corresponden y que, por
criterios de oportunidad, debía ejercer sin más dilación.

Pasa a continuación a referirse al esfuerzo realizado este año por
mejorar las relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Hace
mención en este sentido al próximo proyecto de ley del Gobierno, que
subsana una notable laguna en el ordenamiento jurídico, a la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado, que ha
eliminado el carácter disperso y heterogéneo de su



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normativa, y al Estatuto del Contribuyente, ya remitido a la Cámara.

En cuanto a la política antiterrorista manifiesta que el Gobierno se ha
basado en la continuidad de los acuerdos suscritos entre las fuerzas
democráticas en Ajuria Enea, Pamplona y Madrid, y ha perseverado con
energía en la acción policial, garantizando la estricta aplicación de la
ley. En este sentido resalta la cooperación internacional y agradece a la
Cámara la permanente y leal colaboración recibida de las fuerzas
políticas.

Se refiere a continuación al debate del Estado de las autonomías,
celebrado en el Senado en el mes de marzo, donde se examinaron en
profundidad los asuntos relativos a este ámbito. En este sentido reitera
los tres objetivos básicos perseguidos por el Gobierno: conseguir el
pleno desarrollo estatutario y completar los traspasos competenciales;
aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica, y reformar la
Administración general del Estado para adecuarla cabalmente a la
organización territorial nacida de la Constitución.

Por otra parte, pone de relieve el prestigio alcanzado por España en los
últimos veinte años en la escena internacional, destacando la
incorporación de compatriotas a puestos de la más alta responsabilidad, y
recuerda las cumbres internacionales a celebrar en las próximas semanas:
la reunión de Amsterdam, en la que España pretende reforzar un auténtico
espacio de libertad, justicia y seguridad en Europa, así como conseguir
un estatuto especial para las regiones ultraperiféricas que se incorpore
a los Tratados; y la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Alianza Atlántica, que se celebrará en Madrid los próximos 8 y 9 de
julio. Añade que el Gobierno reclama un mayor peso de España en el seno
de las instituciones europeas y ratifica su empeño de contribuir a la
construcción europea, sin poner en duda criterios, calendarios o
resultados de laboriosas negociaciones.

Hace asimismo mención a la atención prioritaria prestada durante estos
meses a las relaciones con Iberoamérica, que se reflejan en el creciente
comercio y en la importante presencia inversora de las empresas
españolas, y a la actuación de España en el Mediterráneo, desarrollando
los conceptos de estabilidad, entendimiento y progreso que emanaron de la
Conferencia Euromediterránea de Barcelona y que han tenido su continuidad
en la reciente Conferencia de Malta.

Concluye su exposición ante la Cámara explicando algunas ideas que se
encuentran en la base de su actuación y que constituyen su hilo
conductor: que España pertenezca al grupo de cabeza de países de la Unión
Europea, sin deterioro de los niveles de protección social que los
españoles consideran deseables, y que se lleven a cabo reformas
estructurales, mayoritariamente comprendidas y aceptadas, que aseguren el
éxito una vez integrados en el seno de la Unión Económica y Monetaria.

Considera que es esencial mantener el clima de estabilidad, optimismo y
confianza, porque la unión basada en la convicción y en la confianza es
garantía segura del éxito. Afirma, asimismo, que el bienio 98-99 es
crucial para la prosperidad de España y ésta no ha de ser sólo económica
sino también política y social. Confía en que todos los grupos de la
Cámara tengan una percepción análoga del interés superior de España, más
allá y por encima de comprensibles inquietudes particulares o de
impaciencias explicables, y asegura que España está cambiando, porque los
españoles así lo han decidido, en su organización territorial, política,
económica y administrativa y en su concepción del futuro. Se muestra
satisfecho por este cambio y es plenamente consciente de que no es fruto
exclusivo de este Gobierno, pues nada hubiera sido posible sin la
contribución de toda una sociedad transformada por veinte años de
convivencia democrática. Reitera su voluntad de trabajar en todo aquello
que signifique mejorar, vigorizar, adaptar a los tiempos el Estado
español, pero opina que no se podrá avanzar con la autoridad y la
fortaleza necesarias si se cuestiona a diario la legitimidad de cada
cual, pues eso ya lo han resuelto veinte años de democracia. Termina su
intervención manifestando que ha comparecido hoy ante la Cámara para
explicar y debatir su labor, animado por los logros de un año positivo en
su conjunto, un año de trabajo esforzado de toda la sociedad española, al
servicio de lo que la inmensa mayoría quiere: que España sea un proyecto
global, una gran nación europea y occidental.

Se suspende la sesión a la una y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor González
Márquez, coincidiendo con el señor Presidente del Gobierno en que es un
momento oportuno para condenar una nueva acción terrorista que hoy toca a
una persona próxima a los socialistas, pero que en cualquier momento
puede ser una persona próxima a otros, puesto que todos están amenazados
por el fenómeno del terrorismo.

También coincide con el señor Presidente en que es un momento oportuno
para recordar la celebración



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de las primeras elecciones democráticas hace veinte años y hacer, aunque
brevemente, un cierto balance de la transición política basado
fundamentalmente en no vindicar el pasado y reivindicar un futuro de
convivencia libre y pacífica, una vocación aperturista hacia el exterior,
con la aspiración común de participar en la construcción europea, y una
vocación también de gestión del poder y reconocimiento del pluralismo y
de los hechos diferenciales, etcétera. Durante esta etapa de veinte años
los socialistas participaron estando seis años y medio en la oposición y
trece años y medio en el Gobierno.

Está, asimismo, de acuerdo en que vivimos un momento de desafíos críticos
que requieren de un gran esfuerzo colectivo, un esfuerzo de diálogo y
entendimiento para los próximos años, apostando, como hace un año --y más
allá de cualquier impaciencia o inquietud que no siente-- por la
estabilidad política como un factor clave para conseguir objetivos.

Sobre este particular alude a las que considera áreas de consenso en las
que deberían hacer un esfuerzo para abarcar al mayor número de fuerzas
políticas, sociales y económicas para defender intereses de carácter
general. Menciona como la primera de estas áreas o políticas
transversales la articulación territorial del Estado, respecto de la que
ya fijaron su posición en el debate en el Senado. Sin embargo, fue
rechazada su oferta de discutir la financiación autonómica, sin que en
este momento conozca aún el coste global de la misma y el reparto de ese
coste. No quiere plantear este tema en los términos de ruptura de la
solidaridad ni en los términos de agravio comparativo respecto de
Cataluña, que es una comunidad que por su posición económica contribuye a
la solidaridad global más que ninguna otra, sino que pretende hablar de
un modelo que articule España manteniendo elementos claros de cohesión
que en este momento no ve. Agrega que únicamente desea que haya una
negociación que permita garantizar esa articulación y sabe que dicha
negociación llegará porque es una necesidad para todos. Está claramente a
favor de la corresponsabilidad fiscal, pero considera que no se puede
ejercer en los términos actualmente previstos. Reitera, por tanto, su
oferta, que califica de meditada y seria, al considerar que la
articulación de España debe ser un problema de todos resuelto mediante el
consenso. Como segunda área o política transversal se refiere a la
política exterior de España, con alusión a la próxima cumbre de
Amsterdam, que se presenta con desafíos y problemas importantes, en
primer lugar, porque no ha madurado la Conferencia Intergubernamental y,
en segundo lugar, porque un tercio de los ciudadanos europeos ha cambiado
el signo del Gobierno en el último mes, con programas diferentes a los
anteriores, creando una situación de incertidumbre. En este sentido, le
gustaría conocer qué posición va a adoptar el Gobierno español sobre los
seis, ocho o diez problemas específicos de la Conferencia
Intergubernamental, a sabiendas de que difícilmente se llegará a un
acuerdo sobre la totalidad del contenido de la Conferencia. En todo caso,
desea que quede claro que personalmente piensa que hay que mantener el
calendario del euro y también el pacto de estabilidad, que es una
necesidad más alemana que de otros, pero considera que hay que respetar
esa necesidad de un país clave, que busca una salida que puede apuntar en
la dirección de desarrollar el artículo 103 del Tratado. Añade que la
Comisión tiene que elaborar de aquí a mitad de julio una parte de lo que
se ha dado en llamar Agenda 2000, ofreciendo todo su apoyo al Presidente
del Gobierno para defender las políticas de cohesión, sin que le vaya a
considerar un pedigüeño, como ocurrió en el pasado.

Pero en política exterior, los españoles tenemos algunos problemas más,
como el tema del asilo, garantizando al Gobierno el apoyo al pacto al que
llegue sobre esta materia. Menciona otros problemas como el del plátano,
la Ley Helms-Burton, el problema del olivar, el caso de Cuba, donde, a su
juicio, se ha cometido un error, y finalmente, respecto de la Cumbre en
Madrid de la Alianza Atlántica, desearía que se diera una orientación de
cómo se va a producir la integración plena de nuestro país y,
fundamentalmente, cómo va a ser la articulación de nuestros intereses con
Portugal y Gran Bretaña. Asimismo pregunta sobre la postura a mantener
para resolver los problemas estratégicos en el Estrecho de Gibraltar y en
relación con algunos de nuestros territorios.

En política económica y social estima comprensible que el Gobierno se
apunte todos los méritos de una indudable mejora de la situación
económica en términos de inflación, déficit y de aproximación a la
convergencia, aunque se sabe que en política todo lo exagerado puede
terminar siendo ridículo. Reconoce que las cifras macroeconómicas son
buenas y, por tanto, hay que intentar contribuir a generar confianza. El
empleo, un punto de referencia siempre clave, cree que va bien, como lo
fue en los dos últimos años, aunque no proceden los triunfalismos.

En esta materia apoya los acuerdos de los sindicatos y la patronal al
considerarlos un avance importante, al igual que apoyaron en su díá el
Pacto de Toledo, si bien sobre este último les inquieta que no se hayan
aceptado las enmiendas del Grupo Socialista.




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Discrepa, por otra parte, en la política de ingresos y de gastos, aunque
no en los objetivos que llevan a la convergencia, porque tiene la
impresión de que el abanico de la renta se abre en lugar de cerrarse en
una época de crecimiento económico. En cuanto a la sanidad, considera que
no está arreglado el problema financiero, o por lo menos no lo estaba la
noche anterior, y en enseñanza, sin entrar en ninguna guerra de cifras,
en su opinión se está produciendo una regresión en la inversión en la
enseñanza pública. Otro tanto cabría decir de las inversiones públicas
cuando el país necesita seguir manteniendo un esfuerzo de modernización
de las infraestructuras físicas en todos los sentidos.

Seguidamente, expresa su preocupación en este aniversario de las
elecciones de 1977 por algunos problemas que afectan a las reglas del
juego que durante muchos años nos hemos dado. Aun reconociendo que los
socialistas hubieran cometido errores, considera que a los responsables
actuales de la mayoría y del Gobierno no les sirve de justificación para
cometerlos ellos a su vez, y cree que la crispación depende mucho de las
formas y de las reglas del juego.

Señala que en las políticas transversales la lucha contra el terrorismo
es importantísima y le gustaría que hubiera unidad de criterios cuando
públicamente se expresa la opinión del Gobierno para poder mantener la
cohesión entre las fuerzas democráticas en dicha lucha. Lo mismo ocurre
en justicia, necesitada claramente de mejoras, y en cuya dirección
realizarán algunas propuestas para buscar un acuerdo.

Volviendo a las reglas del juego, expone que la única comisión de
investigación que ha aprobado la Cámara se refiere al Gobierno anterior y
nace de una afirmación del Presidente del Gobierno y de los responsables
de la Agencia Tributaria sobre la existencia de 600 expedientes que
habrían costado 200.000 millones de pesetas a la Hacienda. Transcurridos
cinco meses desde la constitución de la Comisión solamente quiere pedir
que esos 600 expedientes se presenten en todo caso, que se diga que no se
disponía de ellos cuando se hizo esta afirmación y que, por tanto, no se
respetó la verdad.

Por último, respecto a la televisión digital, aclarando que no tienen
intereses en ningún grupo, preferiría que se llegase a un acuerdo,
acuerdo que personalmente no le afectará para nada. En todo caso, piensa
que el Decreto-ley y la Ley de Televisión Digital no sólo son
inconstitucionales, sino que rompen una regla del juego a nivel europeo
y, por tanto, habrá responsabilidades ante el Tribunal Europeo de
Estrasburgo que se traducirán en indemnizaciones.

Finalmente, en cuanto a la crisis de los fiscales, resalta el hecho de
que los casi 1.400 fiscales existentes muestran su inquietud porque les
parece que se ha roto una regla que estaba vigente desde la Constitución
y el desarrollo estatutario de 1981.

Contesta el señor Presidente del Gobierno, replicando el señor González
Márquez y duplicando el señor Presidente del Gobierno.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya interviene el señor Anguita González, haciendo constar que
sus palabras no van dirigidas solamente a los Diputados que están en el
hemiciclo sino, muy especialmente, a las ciudadanas y ciudadanos que
sigen desde la radio y la televisión este debate, porque considera que
hablar de la situación de España es preocuparse por cómo viven, cómo
sueñan, cómo padecen o cómo ven el porvenir los españoles, pero hay que
hacerlo, por respeto, con sencillez y claridad para que todos los
españoles y españolas entiendan cuál es el sentido auténtico de este
debate. Para su grupo, debatir sobre el estado de la Nación es asumir el
reto y abordar con decisión la manera de aunar, en lo concreto, la unidad
del Estado español con la capacidad y la voluntad de autogobierno de las
nacionalidades y regiones que lo conforman, desde la solidaridad y la
corresponsabilidad; es constatar, en discusión parlamentaria, si nuestra
democracia funciona, si sus leyes se cumplen y, sobre todo, si nuestra
Constitución se desarrolla y aplica. Y para que el debate no se
transforme en una especie de zafarrancho de combate en el que cada uno
intenta dar el espectáculo a su público, considera imprescindible una
prudente autorregulación y una autocontención, y es por lo que su grupo
parlamentario plantea el debate en torno a dos ejes expositivos: en
primer lugar, que este acto parlamentario es fundamentalmente un análisis
y una crítica a la acción del Gobierno y, en segundo lugar, que también
se debe dar cuenta de lo que han hecho los demás, de las propuestas y de
los proyectos.

Por otra parte considera que el discurso del señor Aznar ha sido hecho
desde una óptica dulce y edulcorada, con cifras estadísticas goblales,
pero sin entrar en el fondo, y compara la situación de hace trece meses
con la de estos momentos y con la de otros países europeos. Así, por
ejemplo, reconoce que las cifras porcentuales del paro han bajado de un
22,9 por ciento a un 21,5 por ciento, pero se pregunta sobre el tipo de
empleo que se está creando y sobre la estabilidad de los puestos creados.

Hace también alusión al descenso constante de la cobertura al desempleo,
puesto que en 1996 los



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parados registrados en el Inem con prestación económica han descendido,
en relación con los de 1995, en 118.000 personas; a la tasa de
siniestralidad en accidentes laborales, a la moderación salarial
consolidada en nuestro país desde hace muchos años, en contraste con el
permanente incremento de los beneficios empresariales; a la cuantía de
las pensiones, y a la crítica feroz del Defensor del Pueblo acerca de las
condiciones de amplios sectores de la población en cuanto a necesidades
primarias no cubiertas y a derechos y libertades.

Se refiere a continuación a la continuidad en la política económica y
social, plasmada en el Plan de convergencia, aprobado en esta Cámara con
los únicos votos en contra de su grupo parlamentario, y que persigue dos
objetivos: uno, que los salarios crezcan menos que la productividad, y
dos, conseguir un Estado más pequeño en lo económico y social, junto con
una menor capacidad de intervención de los poderes públicos en pro de los
más desfavorecidos, pero mayor a la hora de imponer las líneas de
política económica planificadas en Maascricht. Según su opinión ya se han
visto las consecuencias en los restrictivos Presupuetos Generales de
1997, refiriéndose brevemente a la congelación del gasto corriente y de
la inversión, a la privatización del sector público hasta sus últimas
consecuencias y al aumento y creación de nuevas tasas para ciertos
servicios públicos. Reconoce que se gobierna para todos, pero considera
que no es verdad que se gobierne en favor de todos, porque cuando se
gobierna en favor de alguien, se gobierna también en contra de alguien.

Lo que ocurre es que el buen gobernar es gobernar para la mayoría. Opina
que puesto que se ha hablado de la necesidad de recortar el gasto,
también se debería hablar de los ingresos y explicar que la presión
fiscal se ha ido reduciendo desde 1992, siendo una de las más bajas de
Europa, aclarando que esta reducción la perciben fundamentalmente las
rentas de capital, los grandes contribuyentes y ciertas empresas que se
han beneficiado de reducciones sustanciales de la carga impositiva.

Pregunta al señor Aznar sobre la política industrial, las previsiones en
cuanto a la creación de empleo, y expone brevemente su posición en cuanto
a la reforma de la OCM del aceite de oliva, considerando que ésta debe
garantizar el mantenimiento y desarrollo de la actividad productiva, la
salvaguardia del medio ambiente, el empleo, la actividad económica y la
vertebración del tejido social en el medio rural de las zonas
productoras.

En cuanto a la construcción europea, opina que no habrá tal construcción
europea si no hay una polílica de creación de empleo y que la moneda
única no tendrá base firme porque se estará montando sobre una auténtica
inestabilidad social, hechos que han sido comprendidos por los pueblos
británico y francés.

A continuación plantea una serie de preguntas al señor Aznar sobre los
5.000 altos cargos que prometieron suprimir, la renuncia a la libre
designación, el reparto equilibrado del gasto público entre las tres
administraciones del Estado, la independencia de la Justicia y la
igualdad de todos ante la Ley, la politica penitenciaria y la
jurisdicción militar. Considera que la regeneración democrática que
España está necesitando no será posible si no quedan al descubierto,
jurídica y politicamente, todas las tramas y complicidades en relación
con los GAL, la malversación de los caudales públicos, los fondos
reservados y la corrupción.

A continuación plantea una serie de medidas, en contestación a la
afirmación de que no había otra propuesta alternativa, en cumplimiento
del Título I de la Constitución: encaminadas a pleno empleo, pensiones,
viviendas, cultura, defensa de lo público, regeneración de la vida
democrática, lucha contra la corrupción, federalización del Estado
español, reforma de la Justicia, modernización y democratización de las
instituciones del Estado, otra Europa y otros valores.

Contesta el señor Presidente del Gobierno (Aznar López), replicando el
señor Anguita González y duplicando el señor Presidente del Gobierno.

En nombre de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
interviene el señor Molins i Amat, reconociendo que un año después de
consitutido el nuevo Gobierno, la situación, en términos objetivos, es
ciertamente mejor que la de un año atrás. Recuerda el hecho de que están
aquí en representación de todos los ciudadanos, aunque les hayan elegido
unos concretos para defender sus intereses legítimos en base a un
compromiso adquirido con sus electores. Opina que si esto se tuviera en
cuenta más a menudo, se evitarían muchos espectáculos de crispación como
los que se han dado a los ciudadanos. Continúa su reflexión manifestando
que su grupo tiene un compromiso con Cataluña, pero los intereses que
defienden no sólo son compatibles sino, incluso, complementarios con los
del conjunto de ciudadanos del Estado. Añade que para cumplir con sus
electores, y en base a los resultados del 3 de marzo, suscribieron un
pacto con el Partido Popular y seleccionaron de entre los objetivos
esenciales respectivos aquellos que permitieran que las cosas
funcionaran. Se refiere a continuación a los objetivos nacionales de
Cataluña, a



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la plasmación política institucional de que España es un Estado
plurinacional, plurilingüístico y pluricultural, considerando notable el
avance dado en este sentido, aunque en relación con los temas
lingüísticos los logros han sido exiguos y no siempre satisfactorios.

Pasa a continuación a analizar los objetivos esenciales de su grupo
parlamentario en el ámbito social, reiterando que el mantenimiento y
mejora del Estado del bienestar se convierte para ellos en una prioridad.

Se refiere, en concreto, a la obligación de todas las administraciones
competentes en la materia a aplicar la Logse, sea cual sea la opinión que
sus contenidos les merezcan, y recuerda que su grupo solicitó más
recursos para la implantación de la Logse. Siguiendo en el ámbito social,
hace referencia a los problemas en la Sanidad, a la situación de la
familia, a la aplicación de la Ley de integración social de los
minusválidos, al impulso que necesitan las políticas de integración de
los inmigrantes no comunitarios, al objetivo de creación de empleo,
pasando a analizar con mayor detenimiento otro de sus objetivos
esenciales: la política económica. Considera que la política económica
necesaria para la creación de empleo es la que se conforma con rigor
presupuestario: disminución del déficit, disminución de los tipos de
interés y de la inflación y estabilidad cambiaria, complementada con una
política fiscal, laboral y de cargas sociales selectiva, en apoyo del
empleo y de la economía productiva. Dentro de la política económica hace
un breve repaso a la política presupuestaria y a su desarrollo, afirma
que uno de los mayores impulsos de la actividad económica debe venir de
la desregulación de sectores de actividad económica, y entra a analizar
otro de sus objetivos esenciales: la Unión Europea. Considera que la
política económica de rigor, imprescindible para la creación de empleo,
es básica también para el cumplimiento de los parámetros de convergencia
para la creación de la moneda única. Convergencia europea y compromiso de
estabilidad son el camino del euro y son también el camino para la
creación de empleo.

Hace a continuación algunos comentarios sobre la voluntad de su grupo de
trabajar, desde la realidad, en pos de un mundo solidario, en paz, en
progreso y con un crecimiento sostenible.

Termina su intervención analizando el último de sus objetivos esenciales,
que bien podría ser el resumen de todos los anteriores: que la cosa
funcione, que se progrese, que exista confianza en el futuro y que, en
definitiva, exista un buen clima. La opinión de su grupo en relación con
este objetivo es positiva, si bien es cierto que a esta situación se ha
llegado no sólo por la actuación del Gobierno, sino aprovechando una
situación internacional favorable y una especie de complicidad social que
hubiera sido imperdonable no utilizar.

Termina su intervención manifestando que mantienen su compromiso de dar
estabilidad a una legislatura en base a una acción de gobierno en la
dirección acordada, y confía en que el Gobierno sabrá encontrar la manera
de llevarlo a cabo.

Contesta el señor Presidente del Gobierno (Aznar López), replicando el
señor Molins i Amat y duplicando el señor Presidente del Gobierno.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), interviene el señor
Anasagasti Olabeaga. Se pregunta qué es lo que de verdad interesa a la
sociedad, contestándose a sí mismo que el paro, la educación, una sanidad
eficaz, una justicia rápida y profesional, la profunda renovación de la
vida pública, la política puesta al servicio del hombre, el desempleo
juvenil, el reto en el horizonte al que llaman euro, la modernización de
la economía y algo que considera fundamental, que son las relaciones
humanas. Opina que, quizá, el descontento que manifiesta la ciudadanía no
es propiamente contra la politica, sino contra la forma en que los
partidos políticos la plantean. Por eso, considera que no pasa nada más
que lo que ocurre en cualquier sociedad democrática, que tiene intereses
y los pone en juego. No están en peligro las libertades, porque si así
fuera, su grupo estaría totalmente en contra.

Pasa a continuación a analizar cuestiones concretas, pactadas en el
acuerdo de investidura, como la actualización del concierto económico y
la aprobación de una ley quinquenal de cupo para el período 1997-2001, y
agradece el cumplimiento de tal acuerdo, a pesar del desgaste que haya
podido suponer para el Gobierno. Asimismo se refiere al proyecto de
formación continua, que también ha sido resuelto, y al patrimonio
incautado a los partidos políticos con motivo de la guerra civil, asunto
sobre el que se presentará a la Cámara, en breve, un proyecto de ley.

Añade que, ademas de estos tres puntos del acuerdo, se han visto
obligados cada semana a tomar posición sobre distintos aspectos que no
estaban pactados, puesto que el acuerdo era sólo de investidura,
recordando al señor Presidente la segunda fase del acuerdo bajo el
epígrafe de planteamiento de futuro. En el se decía que ambas formaciones
políticas se comprometían a proseguir las negociaciones emprendidas con
objeto de consolidar en la medida de lo posible acuerdos específicos en
materia de desarrollo estatutario que doten a la política gubernamental
de unos principios de estabilidad desde el ámbito parlamentario. También
en relación a aspectos no abordados hace referencia



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a las transferencias del Inem y de la Seguridad Social.

Por otra parte, hace especial hincapié en el acuerdo logrado entre
organizaciones empresariales y sindicatos, recordando que lo que
garantiza un empleo estable no es el modelo de contrato sino la
competitividad de las empresas. Manifiesta su preocupación sobre la
negociación colectiva y pide al señor Presidente que haga de la lucha
contra el paro el eje central de sus políticas. Encuentra positivo, por
otra parte, la iniciativa sobre la profesionalización de las Fuerzas
Armadas, pero considera que mientras llega el momento será necesario
actuar e impulsar medidas para evitar las situaciones de encarcelamiento
o de inhabilitación sufridas por los insumisos y por las autoridades
municipales que han decidido apoyarles.

Se refiere a continuación al terrorismo que persiste en nuestro país
después de iniciarse y consolidarse el proceso democrático, lo que
provoca una honda preocupación en la ciudadanía, que se pregunta sobre la
capacidad para hacer frente al fenómeno y buscar la solución adecuada.

Reconoce los efectos positivos de los pactos, cuya virtud principal ha
sido la concienciación de la sociedad ante el sinsentido de la violencia,
aunque, con frecuencia, han sido tratados de manera reduccionista y, en
vez de haber sido desarrollados como una auténtica oferta de
normalización y pacificación, han sido utilizados por algunos para
configurar un mero frente antiterrorista. En este ámbito considera
fundamental una valiente actitud del Gobierno, aceptando no sólo el
planteamiento de movimientos ciudadanos, sino de la propia Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento vasco.

Expone que en las propuestas de resolución hará hincapié en otros asuntos
que les preocupan y que, debido a la hora, sólo va a esbozar, como el
euro, el desequilibrio del desarrollo existente en buena parte de la red
ferroviaria, la Justicia, la necesidad de prevenir y eliminar las causas
de marginación social y de desigualdad que afectan a las personas con
minusvalías, el equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia
social, y la cualificación laboral. Considera que queda mucho por hacer,
para lo que hace falta un mínimo de sosiego, y valora las primeras
acciones del Gobierno hechas desde la política con austeridad y
sensibilidad contra la corrupción.

Termina su intervención manifestando que en este año de Gobierno ha
habido errores, como en toda obra humana, pero también aciertos notables,
y confía en que en los tres años que quedan de legislatura se vayan
corrigiendo las disfunciones que hayan podido existir. Reconoce que el
Presidente del Gobierno ha tenido el coraje de abordar los acuerdos con
partidos nacionalistas, a pesar de la demagogia de quienes prefieren
enconar las situaciones e insultar y descalificar a los partidos
nacionalistas con la argumentación de que se está vendiendo España,
Contesta el señor Presidente del Gobierno (Aznar López), replicando el
señor Anasagsti Olabeaga y duplicando el señor Presidente de Gobierno.

En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interviene el
señor Mauricio Rodríguez, anunciando una breve intervención por el
cansancio producido por las largas horas de debate. Se refiere en primer
lugar a los cinco grandes objetivos que fijaron en su pacto con el
Gobierno: el compromiso europeo, la modernización de la economía
española, la defensa del Estado del bienestar, una política de desarrollo
autonómico y el reforzamiento de las instituciones democráticas,
iniciándose una política de regeneración democrática que ayudara a
corregir los efectos y errores del período anterior, añadiendo a estos
cinco compromisos, los problemas específicos de Canarias. A continuación
hace una reflexión sobre cómo entiende su grupo que se han desarrollado
estos compromisos a lo largo de este año.

En cuanto al proyecto europeo, considera que ha habido una política de
desarrollo equilibrado en lo económco y en lo social, puesto que se han
conseguido pactos sociales al mismo tiempo que progresos económicos, pero
lamenta que en el terreno de la Europa politica no se avance de la misma
manera. Espera que en la cumbre de Amsterdam se defienda, en primer
lugar, que el empleo y la política social se consiguen con un pacto de
convergencia y de equilibrios económicos y sociales; segundo, que los
fondos estructurales son políticas progresistas europeas; y tercero, que
la agricultura española tiene que tener instrumentos de defensa.

Asimismo se refiere a la cumbre de la OTAN en Madrid, en la que confía
que no solamente se defenderá que Canarias esté en el mando subregional
español, compromiso formulado varias veces en el Congreso de los
Diputados por el Presidente del Gobierno, sino que el espacio entre
Canarias y el territorio español, las aguas internacionales, queda
integrado también en el mando español.

En otro orden de cosas, trae a colación lo que para los canarios es un
problema de Estado, que es que el Estado no es solamente un Estado
plurinacional, como dice el señor Molins, sino también un Estado
pluricontinental, debido a que Canarias se encuentra en un espacio
económico y geoestratégico distinto, cosa que no es bien entendida por la
Comisión



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Europea. Los canarios esperan un compromiso claro del señor Aznar, a
pesar de lo avanzado de la hora, en cuanto a que en el pacto histórico
con España cabe también un pacto histórico con la Unión Europea y a que
el Gobierno español va a utilizar toda su autoridad personal e
institucional para explicar a Europa que para España la defensa de las
peculiaridades canarias --el carácter ultraperiférico, el estatuto
permanente de Canarias como plataforma de paz y su régimen económico y
fiscal-- es una cuestión de Estado tan importante como cualquier otra.

Se refiere a continuación a los otros puntos que han formado parte del
acuerdo de apoyo parlamentario como es la modernización económica y la
defensa del Estado del bienestar, en los que considera que el Gobierno ha
cumplido con sus compromisos, aunque considera que en este país haría
falta también un gran acuerdo sobre la educación. Sobre la regeneración
democrática y el funcionamiento normal de las instituciones, opina que se
puede hacer un balance positivo, a pesar de la crispación y de la lucha,
a veces descarnada, de las fuerzas políticas. Explica que el
desequilibrio que se ha podido dar en las instituciones democráticas
tiene su origen en los hechos ocurridos hace dos o tres años, fenómenos
muy graves en la democracia española --el escándalo de los fondos
reservados, el GAL, etcétera-- mostrándose de acuerdo con el Presidente
del Congreso de los Diputados cuando dice que este país necesita un gran
pacto de estabilidad democrática. Termina su intervención felicitando al
Gobierno por sus éxitos, pero aconseja al señor Aznar que acepte también
las críticas, porque los elogios desmesurados sólo conducen a que los
gobernantes adquieran una actitud de prepotencia y arrogancia que no
siempre ayuda a bien gobernar.

Contesta el señor Presidente del Gobierno (Aznar López), replicando el
señor Mauricio Rodríguez.

Se suspende la sesión a las doce y veinte minutos de la noche.




Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




COMUNICACION DEL GOBIERNO:



-- COMUNICACION DEL GOBIERNO PARA EL DEBATE DE POLITICA GENERAL EN TORNO
AL ESTADO DE LA NACION (Número de expediente 200/000003)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Punto único del orden del día: comunicación del Gobierno para el debate
de política general en torno al estado de la Nación.

Para la presentación de la comunicación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra su Presidente, don José María Aznar.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, señoras
y señores diputados, al comparecer ante la Cámara en el debate de
política general sobre el estado de la Nación, quiero que mis primeras
palabras sean para expresar la solidaridad del Gobierno con los españoles
víctimas de la vileza terrorista. El pueblo español se siente unido a
ellos y vive como propio el dolor de sus familias. Estoy seguro de que
ninguno de estos odiosos delitos va a quedar impune. Creo que no hago
otra cosa que expresar el sentir de todos los demócratas al reafirmar mi
seguridad en que los terroristas serán derrotados por el Estado de
Derecho.

Señorías, el azar del calendario ha hecho coincidir, casi exactamente, la
celebración de este debate con el vigésimo aniversario de las primeras
elecciones generales libres. Todos hemos convenido en que aquel 15 de
junio fue el punto de partida del camino en pos de la recuperación de las
libertades, que encontró y encuentra en nuestra Constitución su
plasmación más fecunda. Se trata de una Constitución que incorpora un
doble valor. En primer lugar, el simbólico, como prenda de paz civil y
reconciliación. La Constitución, entendida como norma, es también un
elenco de derechos y libertades individuales cuya regulación sólo debemos
abordar con decidida voluntad expansiva.

Es éste el primer debate sobre el estado de la Nación que se celebra en
la presente legislatura. Al promoverlo, el Gobierno ha querido dar
continuidad a una iniciativa política que forma ya parte de nuestros usos
parlamentarios. El sentido de este debate es acercar el Parlamento a la
opinión pública. Los españoles esperan, pues, que examinemos las grandes
cuestiones que afectan a nuestra convivencia, al bienestar y al porvenir
de la Nación.

España se encuentra en un momento crucial y pleno de posibilidades.

Tenemos una formidable oportunidad de participar, de modo activo y
determinante, en los acontecimientos que van a configurar el futuro de
Europa. Quiero comenzar afirmando mi completa confianza en la capacidad
de nuestra Nación para afrontar con éxito unos retos de los que depende,
en buena medida, nuestro futuro como comunidad.

Esta gran oportunidad , señorías, y este desafío estimulante, eran ya
patentes en las elecciones generales de marzo de 1996. En ellas los
españoles optaron por el cambio político y otorgaron su confianza al
Partido Popular, que concurrió a los comicios junto con el Partido
Aragonés y la Unión del Pueblo Navarro. El Partido



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Popular se presentó en aquellas elecciones con un mensaje claro y con una
propuesta inequívoca: España necesitaba un nuevo impulso político para
avanzar con decisión en su modernización social y política, para renovar
su vida pública, para afianzar sus libertades y el Estado de Derecho,
para mejorar el bienestar de todos y para alcanzar unas condiciones
idóneas con las cuales superar nuestros desafíos en el mundo. Resulta
evidente que la consecución de estos objetivos requería y requiere un
gran esfuerzo nacional, requería y requiere políticas encaminadas a
movilizar todas las energías de la sociedad. Nada se obtiene
graciosamente. Cada individuo y cada pueblo alcanzan las metas que se
proponen con el tesón, el trabajo, la cooperación y el esfuerzo
compartido.

Los resultados de las elecciones de marzo obligaban a lograr un amplio
acuerdo capaz de sostener un Gobierno estable como requisito para llevar
adelante el impulso político que nos animaba. Los pactos públicos
suscritos con Convergència i Unió , con el Partido Nacionalista Vasco y
con Coalición Canaria constituían la mejor garantía para una colaboración
leal, fecunda y transparente que permitiera desarrollar, al servicio de
los ciudadanos, la acción del Gobierno.

Los pactos han funcionado. Los acuerdos sobre las orientaciones básicas
de la acción de gobierno han demostrado una notable solidez. La conducta
responsable de quienes los sostuvieron garantiza la estabilidad política.

El Gobierno, al subrayar ante la Cámara esta fecunda colaboración, quiere
expresar su reconocimiento a los grupos parlamentarios que le otorgaron
su confianza, al tiempo que reitera su voluntad de perseverar en el
desarrollo de los compromisos suscritos. Señorías, las ambiciosas metas
que nos propusimos no sólo exigen un marco estable basado en sólidos
apoyos parlamentarios. Tal y como manifesté en el discurso de
investidura, esta legislatura reclamaba, además, un mayor diálogo y una
mayor capacidad de acuerdo. Lo dije por mi convicción de que el diálogo
es inherente a una concepción integral de la democracia y porque creía,
además, que representaba, en nuestra circunstancia, una verdadera
necesidad nacional.

Como evocaba al principio, desde el comienzo mismo de la transición, los
españoles hemos sabido aunar nuestros esfuerzos para los grandes
objetivos compartidos. Es ésta la experiencia más fructífera de nuestra
reciente democracia. Conjugar las diferencias de proyectos políticos
diversos con el mantenimiento de acuerdos sobre las grandes cuestiones
nacionales, ha sido la clave de nuestro progreso democrático.

Hace un año, los españoles sabían que era necesario abrir una nueva
etapa, abordar nuevas políticas, buscar nuevos horizontes para construir
un futuro mejor. Ese era el sentido de la renovación política que nos
pedían. El Gobierno hizo suyo este deseo, y por ello, desde el primer
momento consideré que nuestra obligación era ésa: mirar al futuro y poner
rápidamente en marcha las reformas y medidas que favoreciesen el
dinamismo de la sociedad española. Quiero poner de manifiesto aquí la
madurez y el sentido de la responsabilidad que durante este primer año de
la legislatura ha caracterizado el comportamiento de las instituciones,
de los agentes sociales y económicos y de los ciudadanos. Los importantes
avances en la modernización social y económica se deben, en gran parte, a
que han imperado en nuestra vida colectiva tales conductas. Los españoles
nos podemos sentir, por ello, legítimamente orgullosos y optimistas. Buen
ejemplo son los acuerdos para mejorar y garantizar el futuro de las
pensiones y para modernizar el marco laboral y propiciar la creación de
puestos de trabajo, patentes muestras del comportamiento responsable de
sindicatos y de empresarios. Una nota caracteriza a esos acuerdos y al
talante que lo ha hecho posible: su ausencia de demagogia en el sentido
más estricto del término. Nadie ha buscado el aplauso banal, porque la
mayoría de los españoles se da cuenta de que con promesas fáciles no se
construyen soluciones ni válidas ni perdurables.

Señor Presidente, el problema más importante de la economía española en
las últimas décadas ha sido su incapacidad para generar empleo estable y
suficiente para todos. Este sigue siendo nuestro gran drama social y
nuestro gran desequilibrio económico. El cambio de rumbo de la política
económica tiene como objetivo básico lograr un crecimiento sostenido
generador de empleo. Nuestra economía necesitaba confianza y
credibilidad, y para ello era preciso un marco estable definido por
precios controlados, tipos de interés bajos, reducción del déficit
público y una balanza equilibrada, basada en el vigor de las
exportaciones. Queremos, por ello, una economía en la que la iniciativa
privada sea el auténtico motor y en la que impere la creatividad; una
economía capaz de garantizar un sistema de prestaciones sociales saneado,
duradero y solidario.

A las distintas políticas sectoriales les está correspondiendo
contribuir, de forma coordinada, a que esta nueva orientación sea una
realidad. En particular, la política de reformas estructurales está
aportando un marco laboral más flexible, unos mercados de factores de
bienes y servicios más eficientes, un sector privado más competitivo y un
sector público más ajustado y eficaz.

Soy consciente de que las reformas profundas y duraderas sólo son
posibles si cuentan con el apoyo mayoritario de la sociedad. Por ello, se
ha hecho un gran esfuerzo para facilitar un debate serio, riguroso e
intenso sobre las reformas necesarias, y está dando sus frutos. Avanzar
mediante el acuerdo es avanzar con paso firme; es marcar caminos que no
tendrán que ser desandados; es compartir responsabilidades y también
hacer comunes los éxitos.

Hace ahora poco más de un año anuncié ante esta Cámara la voluntad del
Gobierno de contribuir a la



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consolidación de un clima de diálogo y de entendimiento entre los agentes
sociales. Creía entonces que la sociedad española debía recuperar la
confianza en sus propias posibilidades, en su capacidad de iniciativa y
de innovación. Creo que los resultados están ratificando esa convicción.

Fruto de este nuevo ambiente de colaboración se ha logrado firmar, como
ya he señalado, el acuerdo por el empleo, que es un ejemplo de
responsabilidad y una esperanza para la sociedad española. El acuerdo
crea un nuevo contrato para la formación, que sustituye y mejora el de
aprendizaje; refuerza la causalidad en la contratación temporal; crea un
nuevo contrato indefinido dirigido a grupos con especiales dificultades
para encontrar empleo; clarifica las causas del despido objetivo y
potencia la negociación colectiva. Para hacerlo operativo, apenas dos
semanas después de su firma, el Gobierno aprobó dos decretos-leyes que
recogen lo pactado e incluyen un conjunto de incentivos a la contratación
indefinida. Más de un millón cuatrocientos mil trabajadores desempleados
se podrán beneficiar de estas medidas, y más de cuatro millones de
españoles con contrato temporal tienen la aspiración de ver estabilidad
en su empleo.

La política económica del Gobierno está contribuyendo de forma
determinante a que en España se cree empleo. Los datos disponibles no
pueden ser más elocuentes. De acuerdo con la encuesta de población
activa, depurada de desviaciones históricas, en marzo de 1997 estaban
trabajando 300.000 españoles más que un año antes. Esta misma semana
hemos sabido que la tasa de paro registrado ha alcanzado su nivel más
bajo desde 1981 y se va a seguir creando empleo en el futuro.

Todos tienen nuevas responsabilidades en este marco favorable. Las
empresas han de aprovecharlo al máximo para crear empleo y que el nuevo
empleo sea estable. Y también quiero subrayar, una vez más, la
importancia de que los salarios evolucionen en función de la
productividad. Es necesario ello para no poner en riesgo nuestra
creciente competitividad internacional y el proceso de creación de
empleo.

Hoy los trabajadores, los empresarios, los ahorradores saben que se
encuentran en un escenario estable y creíble, que goza de los más
acreditados avales. La inflación descontrolada es cosa del pasado y nadie
necesita protegerse de ella. Las organizaciones empresariales, los
sindicatos y el Gobierno han logrado cuajar su decidida voluntad de
cooperación en cinco grandes acuerdos. Además, el acuerdo sobre las
pensiones ha hecho posible iniciar el desarrollo del Pacto de Toledo, en
el primer intento serio de preservar reformándolo el sistema de
protección social que consagra la Constitución española.

La exigencia moral y política de mantener el poder adquisitivo de todas
las pensiones, las contributivas y las no contributivas, ha sido
cumplida. Con ello no sólo se han satisfecho los compromisos adquiridos,
sino que se ha puesto efectivamente en marcha --déjenme subrayarlo-- uno
de los puntos contenidos en el llamado Pacto de Toledo, firmado en 1994 y
no desarrollado hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Hoy los
pensionistas saben que el compromiso que adquirí con ellos en el discurso
de investidura está cumplido y que van a tener garantizado por ley el
poder adquisitivo de sus pensiones.

Los acuerdos de apoyo al empleo agrario, sobre la formación profesional,
sobre las solución extrajudicial de conflictos laborales y sobre la salud
y los riesgos laborales, demuestran, sin lugar a dudas, que el diálogo
social era necesario, ha sido posible y resultará fecundo.

Señorías, la lucha contra el fraude es para el Gobierno una exigencia de
solidaridad y de rigor ético. La aprobación del plan de lucha contra el
fraude y la morosidad en la Seguridad Social ha permitido ahorrar, en
1996, más de 88.000 millones de pesetas, y se espera ahorrar a todos los
españoles más de 200.000 millones este mismo año. El fraude es
inaceptable en sí mismo y perjudica gravemente a los más necesitados.

Además de impulsar, respetar y traducir legislativamente los acuerdos
sobre el empleo, el Gobierno ha defendido una concepción activa de la
política de empleo que, más allá de la puramente pasiva, prima todas las
acciones conducentes a la creación efectiva de puestos de trabajo. De
forma inmediata, el Gobierno aprobará el programa plurianual de empleo
para impulsar, en una estrategia integrada, las actuaciones de todos los
ministerios. En virtud del mismo, se coordinarán las acciones del segundo
programa nacional de formación profesional, la modernización del mercado
de trabajo, las políticas activas de empleo o los mecanismos de apoyo a
las pymes.

Señor Presidente, al mes de su toma de posesión, el Gobierno aprobó el
primer paquete de medidas urgentes de reactivación y liberalización de la
economía. Se trataba de un conjunto de medidas orientadas al fomento del
empleo y la liberación de recursos de nuestra economía hacia fines
productivos. El Gobierno ha proseguido en esta línea de actuación. Su
último paso lo constituye el plan de liberalización y de impulso de la
actividad económica, aprobado en febrero, con actuaciones concretas en
materia de telecomunicaciones, suelo, defensa de la competencia,
servicios públicos, infraestructuras, sistema financiero y previsión
social, transporte, energía, aguas y calidad ambiental. Este plan está
destinado a aquellos sectores donde existe menor competencia de precios,
y da respuesta tanto a las necesidades de los consumidores como a las
exigencias de la Unión Económica y Monetaria.

Quiero destacar los avances conseguidos en la reforma del sector
eléctrico. Sus efectos ya se han dejado sentir en la economía de los
españoles con una rebaja media de la tarifa eléctrica del 3 por ciento.

Por primera vez en el comienzo de un año, las tarifas eléctricas



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no sólo no han subido, sino que han bajado en términos reales, lo que
continuará produciéndose en los años venideros. En un plazo de cinco
años, las tarifas eléctricas descenderán entre un 20 y un 30 por ciento.

En el sector de las telecomunicaciones las medidas ya tomadas desde junio
pasado, junto con la futura ley general, están suponiendo un profundo
cambio. Los consumidores y las empresas van a disponer de una oferta
creciente y asequible de servicios de telecomunicación. La próxima
privatización de Retevisión permitirá la efectiva puesta en marcha de un
segundo operador de servicios telefónicos de ámbito nacional al que, a
partir de enero de 1998, se irán añadiendo, en el ámbito de sus
demarcaciones, los operadores de cable. Este proceso culminará el 1 de
diciembre de 1998 con la liberalización total del sector.

Hoy comprar una vivienda resulta también más asequible y barato a los
españoles. La bajada de los tipos de interés y la reducción del coste de
las hipotecas lo han hecho posible. Pero podemos y debemos ir más allá.

El Gobierno ha tomado, desde junio del año pasado, medidas destinadas a
incrementar y abaratar la oferta del suelo con esa finalidad. El proyecto
de ley del suelo, que actualmente se está tramitando en esta Cámara,
permitirá afianzar esta tendencia. El Gobierno ha aprobado, además, un
nuevo plan de vivienda que ofrece tipos de interés al 5,55 por ciento,
más de tres puntos inferior a los vigentes hace un año. Este plan, con
182.000 beneficiarios, incrementa un 33 por ciento el número de
actuaciones previstas.

Señor Presidente, complemento indispensable de la liberalización son unos
mecanismos de defensa de la competencia que prevengan y persigan
eficazmente las conductas de aquellos que distorsionen el funcionamiento
de los mercados. Por ello, antes de que acabe el año, se remitirá un
proyecto de ley que refuerce los mecanismos y órganos encargados de la
defensa de la competencia. Esta es para nosotros una cuestión capital. La
competencia exige definir un marco regulatorio adecuado que garantice el
interés general y los derechos de todos. Ninguna empresa o sector debe
quedar al margen de ese proceso. Los que en el pasado disfrutaron de
monopolios legales o de hecho tendrán que adaptarse a la nueva situación,
ciertamente menos cómoda, pero generadora también para ellos de nuevas
oportunidades. Que nadie piense que una economía libre es aquella en la
que el primero que llega o el más fuerte se queda con todo. Los
beneficiarios del proceso de liberalización vamos a ser a la postre los
consumidores, es decir, todos los españoles.

Señorías, en cumplimiento del programa de reforma del sistema tributario
que expuse en el discurso de investidura para desarrollar a lo largo de
esta legislatura, el Gobierno ha adoptado las primeras medidas orientadas
a mejorar la fiscalidad del ahorro familiar y a favorecer la actividad
económica, en particular, de las pequeñas y medianas empresas. El nuevo
sistema de tributación de los incrementos de patrimonio permite a todos
los españoles rentabilizar sus ahorros sin distorsiones fiscales. También
quiero destacar la reforma efectuada en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que evitará los bruscos incrementos que se producían en la
revisión de los valores catastrales, y que están en el recuerdo de todos.

La disminución del déficit, el saneamiento de las finanzas públicas y los
objetivos de convergencia aconsejan acompasar, de modo responsable, la
ejecución de estas reformas con la consecución de los objetivos
macroeconómicos. El escenario previsto en el programa de convergencia
hasta el año 2000 permitirá, sin embargo, hacer compatible la reducción
de la presión fiscal individual con la disminución del déficit público.

Los excelentes resultados de las medidas de saneamiento emprendidas nos
invitan a contemplar, en el horizonte del año próximo, el comienzo de la
trascendental reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, transformación indispensable para lograr un sistema fiscal más
justo y moderno. Una vez queden concluidos los trabajos de la Comisión
creada al efecto someteremos sus conclusiones al correspondiente debate
parlamentario.

El fraude fiscal, señorías, causa una grave injusticia y un inmenso daño
social. Hay que obrar con energía contra quienes actúan de forma tan
insolidaria y tan reprobable. Esta es la mejor defensa de los millones de
contribuyentes que cumplen lealmente con sus obligaciones. El plan
bianual, elaborado por el Gobierno para reforzar la lucha contra el
fraude fiscal, ya está dando resultados positivos. Entre enero y abril,
la Inspección de Hacienda ha descubierto una deuda de casi 180.000
millones, es decir, un 53 por ciento más que el año anterior.

Señorías, un objetivo fundamental de la política del Gobierno es mejorar
el tejido productivo español. El camino idóneo para ello es asegurar la
estabilidad. Me referiré luego a este asunto, pero quiero recordar que un
marco caracterizado por precios estables, tipos de interés bajos, menor
coste de la energía o una oferta mayor de suelo, constituyen la mejor
política de apoyo a la industria.

El fomento de factores claves, como el desarrollo tecnológico, la
innovación, la seguridad y la calidad, el apoyo al sector del automóvil o
la potenciación de actividades relacionadas con las necesidades de la
defensa nacional, es un buen ejemplo del apoyo del Gobierno a la
industria española. El Gobierno presta especial atención a la pequeña y
mediana empresa. Las pequeñas y medianas empresas contribuyen, de manera
singular, a la creación de empleo y al aumento de la competencia. Entre
las medidas adoptadas, quiero destacar la rebaja del Impuesto sobre
Sociedades y la mejora de la tributación por módulos. Asimismo, se ha
facilitado, en condiciones más favorables, el acceso de estas empresas a
los mercados financieros.




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Modernizar el sector público empresarial del Estado es también una tarea
necesaria para conseguir un sistema productivo eficiente al servicio del
empleo. Hemos abordado esta política mediante la reestructuración de
empresas públicas, la privatización de muchas de ellas y la potenciación
de sus relaciones con las comunidades autónomas donde operan. Con
transparencia y voluntad negociadora es posible crear un futuro viable y
esperanzador para empresas y sectores en especial dificultad.

Nos ha preocupado, por su dimensión social, la situación de las áreas en
crisis. El programa de reindustrialización aprobado por el Gobierno está
generando, con unos recursos presupuestarios de 30.000 millones,
inversiones que superan el triple de esa cifra. Se trata de contribuir a
crear las condiciones que faciliten el desarrollo de un sector industrial
sólido en las zonas afectadas, mediante la capacitación profesional y el
desarrollo de las infraestructuras necesarias. El liderazgo y el
protagonismo de la reindustrialización se traslada a la iniciativa
privada, evitando convertir al Estado en un agente empresarial
sustitutorio cuyos fracasos los asumen, al final, todos los
contribuyentes.

La política de privatizaciones, contenida en el programa de modernización
del sector público empresarial, se ajusta a la tendencia que en los
últimos años se ha seguido en la mayor parte de los países occidentales.

Hemos elaborado un plan de actuación global, explícito y coherente, que
pretende dar vigor y credibilidad a las reformas emprendidas.

El rigor y la transparencia con los que se han llevado a cabo en estos
meses las privatizaciones han permitido obtener unos resultados
espectaculares y han despertado la confianza en los mercados nacionales e
internacionales. Son millones los españoles que están confiando en esta
política y que, participando de modo masivo en los procesos de venta, se
comprometen con el futuro de las empresas españolas.

El proceso de privatización continuará en los próximos años. Hoy, los
españoles saben que el mejor destino para sus ahorros es la inversión en
la economía real de nuestro país. Las medidas que está adoptando el
Gobierno para impulsar el desarrollo y la transparencia de los mercados
financieros contribuyen a reforzar las garantías de los inversores.

Señorías, restaurar la disciplina y el control en el gasto público fue la
primera tarea que se impuso este Gobierno. A los cinco días de tomar
posesión se aprobó un acuerdo de no disponibilidad del gasto por importe
de 200.000 millones de pesetas, con objeto de poder cumplir el objetivo
de déficit en 1996. El déficit público de 1995 había sido
considerablemente mayor que el previsto, como consecuencia del
afloramiento de insuficiencias presupuestarias procedentes de ejercicios
anteriores. Ello exigió redoblar el esfuerzo de contención del déficit y
de austeridad para poder cumplir los objetivos de convergencia
establecidos. Además, el Gobierno impulsó la aprobación por el Parlamento
de la Ley de disciplina presupuestaria, para hacer imposible la
vulneración sistemática de las propias previsiones presupuestarias. No
podemos olvidar que su incumplimiento en el pasado tuvo la nefasta
consecuencia de mermar el crédito, no de la Administración o del Estado,
sino de toda la economía española.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 constituyen el exponente
más perceptible del cambio, tanto desde el punto de vista de la evolución
de los gastos como de las reformas del control presupuestario. Han sido
los presupuestos más austeros de la democracia y sus efectos están siendo
beneficiosos para nuestra economía. Y lo más importante, señorías: se
están cumpliendo. El déficit público acumulado en el primer cuatrimestre,
por debajo de lo previsto, representa un 0,7 por ciento del producto
interior bruto, cuando el objetivo para todo el año es del 2,5 por
ciento.

En este contexto de contención presupuestaria quiero destacar el esfuerzo
que se ha hecho para mantener el nivel de inversión en obras públicas.

Proyectos que llevaban años estancados o retrasados, como la autovía de
Valencia o los accesos a Galicia, se han impulsado con celeridad y están
hoy en plena ejecución. (Rumores.) Señor Presidente, en los primeros
meses de 1997, la economía española ha consolidado los avances
registrados en 1996, lo que permite que España esté en condiciones de
participar desde el primer momento en la Unión Monetaria. Hace un año no
cumplíamos ninguno de los criterios de convergencia. Ahora cumplimos
tres: la inflación, la estabilidad cambiaria y los tipos de interés.

Estamos a punto de cumplir el del déficit y en los próximos meses veremos
cómo comienza a descender el nivel de la deuda pública.

Nuestra tasa de crecimiento se está acelerando progresivamente y todos
los indicadores, señorías, permiten suponer que en el segundo trimestre
se habrá superado un crecimiento del 3 por ciento. Nuestras exportaciones
en 1996 se aproximaron a los trece billones de pesetas, cifra histórica
para nuestra economía. Siguen aumentando, y la demanda interna está
contribuyendo, cada vez de forma más sólida, al crecimiento.

Las consecuencias de todo ello son extraordinariamente positivas para la
creación de empleo. En efecto, el pasado mes de mayo las afiliaciones a
la Seguridad Social se situaron en el umbral de los trece millones de
afiliados, que constituye también una cifra histórica. El número de
parados inscrito en las oficinas del Inem es el menor desde agosto de
1982. En estas condiciones, señorías, la creación de empleo va a ser
duradera.

La inflación sitúa en abril su tasa interanual en el 1,7 y todo hace
pensar que en este mes de mayo se va a situar en un porcentaje inferior.

Su reducción, junto con el control del déficit, ha permitido que los
tipos de interés del Banco de España desciendan hasta el 5,25.




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Hace tan sólo un año, la inflación era del 3,8 y el tipo del Banco de
España se situaba en el 7,5.

El Programa de Convergencia, que cuenta con el respaldo de la Cámara y de
las instituciones europeas, así como con la confianza de los mercados,
expresa la firme voluntad de continuar en el futuro por el nuevo camino
que nos hemos trazado. Con él, estaremos en las mejores condiciones de
acceso para participar en la tercera fase de la Unión Monetaria en los
plazos fijados.

Quiero destacar, señorías, que este compromiso no es circunstancial ni
está condicionado por examen alguno. Con o sin Maastricht estamos
haciendo lo que debíamos hacer y el Programa de Convergencia es la
proyección del nuevo rumbo económico que hemos emprendido con el esfuerzo
de todos y que debemos consolidar.

En coherencia con ello, el presupuesto para 1998, que es crucial para el
futuro económico de nuestro país, será necesariamente austero. El
Gobierno espera contar con una mayoría parlamentaria suficiente que,
consciente de las oportunidades que se presentan para España, apoye esta
política económica y presupuestaria.

Señorías, los españoles, al configurar el modelo de Estado social de
Derecho, suscribimos un gran pacto de solidaridad orientado a promover el
bienestar, inspirado en las ideas de justicia y de protección de los más
débiles. Para el Gobierno este compromiso es irrenunciable y,
precisamente por ello, la política económica, cuyas líneas básicas acabo
de exponer, tiene su fundamento en la necesidad de disponer de una base
sólida que permita los avances progresivos en el bienestar general de las
futuras generaciones.

Educación y sanidad, junto con un sistema de pensiones suficientes y un
régimen de protección social que ampare las situaciones de especial
necesidad, son los pilares de la acción de los poderes públicos en esta
materia.

El ejercicio del derecho a la educación de todos los españoles en las
mejores condiciones de calidad es objetivo prioritario del Gobierno. El
esfuerzo realizado desde el comienzo de la democracia permitió una gran
expansión de la escolarización en todos los niveles y su universalización
en los niveles básicos y obligatorios. Pero ello no es suficiente.

Debemos dar un nuevo impulso para promover el sistema educativo que
necesita la sociedad española de hoy y del futuro así como para
modernizar y completar la red de nuestras instituciones educativas. Hemos
destinado este año más de 33.500 millones de pesetas en inversiones
dirigidas a centros públicos. Incrementaremos en los próximos años ese
esfuerzo, que se orientará también a proporcionar las dotaciones
tecnológicas que requerirán los centros del futuro y a mejorar la calidad
de nuestras enseñanzas.

A tal fin, se está abordando una reforma de los planes de estudio que
refuerce, en los niveles no universitarios, las materias humanísticas,
esenciales para una educación equilibrada y de más calidad. Asimismo, el
Gobierno aprobó unas nuevas directrices de los planes de estudio
universitarios, que darán mayor peso a las asignaturas fundamentales.

La política de ayudas al estudio ha experimentado igualmente un
incremento en los fondos destinados a las becas, lo que ha permitido
ampliar su aplicación respecto al año anterior. Las becas de educación
infantil han beneficiado a niños de hasta tres años. Y hemos dado
respuesta a una demanda de las familias españolas: ampliar sus
posibilidades de elección entre los distintos centros sostenidos con
fondos públicos, lo que es una exigencia de una sociedad plural que
pretende expandir la libertad a todos los ámbitos de la vida social.

La amplia descentralización operada en el ámbito educativo culminará en
los próximos meses con el traspaso de competencias de educación no
universitaria a las diez comunidades autónomas que todavía no la han
asumido. Este hecho trascendental constituye a la vez una gran
oportunidad y un notable desafío e impone la máxima colaboración entre
las administraciones educativas. El Gobierno, para ello, se dispone a
impulsar el correspondiente acuerdo en el marco de la Conferencia
sectorial de educación.

Es imprescindible, por otra parte, concordar las prioridades de política
educativa y las medidas a tomar, para que el sistema educativo esté en
condiciones de alcanzar en los próximos años los altos objetivos que le
son propios. A ellos deberán contribuir todos los integrantes de la
comunidad educativa. Representa un objetivo nacional lograr un sistema
que, desde la educación infantil a la universitaria y la formación
profesional, sea eficaz, moderno, estable y dotado de recursos
suficientes. Así ganaremos la batalla de la calidad y contribuiremos a la
formación de ciudadanos preparados para el mundo del trabajo, libres y
responsables.

En cuanto a la investigación, el Gobierno ha emprendido una política de
potenciación en este campo tan estratégico para nuestro futuro. Se han
incrementado un 20 por ciento los recursos invertidos, reforzando la
coordinación entre los diferentes departamentos y creando los centros de
innovación y tecnología para dinamizar la transferencia de conocimientos
a las empresas y aumentar, lo cual es fundamental, la participación de
éstas en programas de investigación y desarrollo. En este sentido,
esperamos presentar en las próximas semanas un paquete de medidas para
mejorar la coordinación en el seno de la Conferencia interministerial de
ciencia y tecnología, que agilice la relación entre investigación y
desarrollo.

La creación de la Comisión delegada del Gobierno para asuntos culturales
es buena muestra del impulso que se está dando a una política que tiene
como ejes conservar y enriquecer nuestro gran legado cultural, estimular



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en un clima de libertad la creación intelectual, literaria y artística y
potenciar la presencia de la cultura española en el mundo. Con el Plan
especial de inversiones en grandes instituciones culturales, y las demás
acciones emprendidas, el Gobierno está atendiendo su ineludible
compromiso con la cultura de España.

Señorías, la consolidación y reforma del Sistema Nacional de Salud ha
sido y será una de las prioridades del Gobierno. La mejor prueba de lo
que acabo de decir es el hecho de que el presupuesto para sanidad se ha
incrementado para 1997 en un 6 por ciento, mientras que los Presupuestos
Generales del Estado lo han hecho en un 1,7 por ciento. Si hace un año ya
expresé nuestra voluntad de consenso en materia de tan honda repercusión
social, hoy quiero transmitir a todos los grupos, como hice en este
hemiciclo hace quince días, nuestra disposición a reanudar la reflexión
conjunta sobre la reforma.

El Gobierno ha propuesto que las grandes líneas de la reforma lleven, en
primer lugar, a crear un marco financiero estable y suficiente que, sin
olvidar los desequilibrios territoriales, atienda también las futuras
transferencias. En segundo lugar, es preciso desarrollar las
organizaciones sanitarias autónomas, con unos fines muy definidos:
incrementar la participación de los profesionales sanitarios en su
gestión, buscar la eficiencia y la calidad y ampliar el espacio de
libertad del ciudadano, al darle la posibilidad de elegir centro y
médico. Finalmente, hay que hacer frente al reto que suponen para nuestra
sociedad la aparición de nuevas enfermedades y los cambios demográficos,
por su extraordinaria repercusión social y económica.

Sin duda, las listas de espera son uno de los problemas más importantes
de los sistemas sanitarios, ya que menoscaban gravemente el principio de
equidad. El Gobierno que presido se trazó como objetivo inmediato reducir
la listas de espera quirúrgicas. En junio de 1996, la espera media se
situaba en siete meses; en diciembre del mismo año, se había reducido ya
a cuatro meses y medio. Los datos referidos al primer año de gestión nos
permiten asegurar que la demora media, a final de año, será de tres
meses.

En cuanto a la ordenación farmacéutica, era evidente que la situación
llevaba años estancada. Hemos liberalizado los horarios, estimulado la
apertura de nuevos establecimientos y garantizado la calidad del servicio
con la presencia de más profesionales, con pleno respeto todo ello a las
competencias autonómicas. El Gobierno ha hecho un esfuerzo en la
necesaria contención del gasto farmacéutico. Los acuerdos suscritos con
la industria y la reducción de los márgenes de distribución y de ventas
en las oficinas de farmacia ahorrarán al Sistema Nacional de Salud 26.500
millones de pesetas en 1997. Además, el precio medio de venta al público
de los medicamentos ha disminuido en un 3,9 por ciento como consecuencia
de las medidas adoptadas.

En fin, como una muestra más de nuestro compromiso con el bienestar,
quiero recordar que el conjunto de las políticas sociales
complementarias, integradas en la rúbrica Asuntos Sociales, experimentó
un incremento presupuestario del 5,93 por ciento.

Señor Presidente, por desgracia, la drogodependencia en España y en los
países de nuestro entorno sigue siendo un problema sanitario y de orden
público importante. Además, en los últimos años, ha descendido la edad en
que se empieza el consumo. La erradicación de la drogodependencia debe
ser el objetivo preferente, no sólo de la Administración, sino también de
la familia, la comunidad escolar, las organizaciones no gubernamentales,
los medios de comunicación, es decir, de la sociedad en su conjunto. Por
eso, el Gobierno aprobó un Plan de medidas para la lucha contra la droga,
con el que se pretende incidir en los tres ejes básicos del problema: la
prevención, la asistencia y la reducción y el control de la oferta.

Señor Presidente, garantizar también el bienestar de las generaciones
futuras exige impulsar políticas específicas dirigidas a preservar y
enriquecer el entorno natural. Ha sido motivo de especial atención del
Gobierno, en el ámbito de la política medioambiental, el problema del
agua, al que se ha dado rango de cuestión de Estado. A partir de un
riguroso enfoque de solidaridad interterritorial y con el objetivo de
asegurar el abastecimiento de nuestras ciudades y cultivos, se ha
emprendido una política hidráulica que procure una gestión más eficaz del
agua. El libro blanco, cuya elaboración impulsa el nuevo Ministerio de
Medio Ambiente, debe ser el punto de partida para la definición de una
ambiciosa política del agua, que sea fruto de un amplio debate social.

La reciente aprobación del Plan de cuenca del Tajo, con el acuerdo
unánime de las comunidades autónomas implicadas y de los usuarios, y la
conclusión de los otros dos planes de cuenca pendientes, el Júcar y el
Segura, despejan el camino hacia la aprobación del largamente esperado
Plan Hidrológico Nacional, que se coordinará con el Plan Nacional de
Regadíos.

Señorías, a lo largo del primer año de gestión, el Gobierno ha respondido
a la voluntad, expresada en la sesión de investidura, de fortalecer los
valores constitucionales y restaurar el clima imprescindible de confianza
en las instituciones democráticas y en quienes las sirven.

El cambio político de marzo de 1996 expresó con elocuencia suficiente la
voluntad de cancelar una etapa, con todas las perturbaciones que
caracterizaron su final, y de abrir otra. Aquellos hechos han quedado
relegados al pasado. Nuestro deber consiste en dejar que la justicia
funcione con pleno respeto a su independencia, con voluntad de colaborar
en lo que aquélla requiriere y con la disposición de acatar siempre sus
resoluciones.

He manifestado mi aspiración y mi propósito de no proyectar sobre el
cuerpo social y de no revivir en el



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debate político los antagonismos y las tensiones que, derivados de
aquellas circunstancias, se produjeron en un pasado que se aleja de
nosotros. Así, he entendido como primera obligación fijar la vista en el
futuro y situar el contraste civilizado de las propuestas y las
soluciones como el eje de nuestro debate público.

Hoy, la situación política es ciertamente distinta y ciertamente mejor y
más serena que aquélla en la que se desarrolló el precedente debate sobre
el estado de la Nación. Hablar ahora de crispación, si comparamos la
actualidad con los sobresaltos de entonces, no deja de ser una interesada
exageración.

Entendimos que, en ese camino de restitución de la confianza, la
devolución al Parlamento de su papel central en la vida política era un
objetivo preferente. A lo largo de este año, ni un solo asunto que haya
suscitado la atención de los españoles, aunque se tratase quizá de
cuestiones que agotaban su trascendencia en la actualidad más perecedera,
ha dejado de tener reflejo en el debate parlamentario.

A los 49 días de la constitución del Gobierno, todos los ministros habían
rendido cuenta de sus propósitos de actuación ante las comisiones
respectivas. Ellos mismos, o las autoridades de la alta Administración,
han comparecido en sesiones de control ante ambas Cámaras en 853
ocasiones y han respondido a más de 1.300 preguntas. El Gobierno ha
declinado la utilización de las facultades reglamentarias para bloquear
iniciativas de la oposición y, a través de nuestro grupo parlamentario,
contribuyó a la voluntad de la Cámara de ampliar el plazo de presentación
de las preguntas urgentes.

Expresión de la voluntad de dar a la Cámara el protagonismo que
anunciamos es su papel de sede de reflexión e impulso para una reforma de
tan profundo calado histórico como la profesionalización plena de las
Fuerzas Armadas, que, siendo responsabilidad del trabajo de una Comisión,
espero que también finalice próximamente.

Otros compromisos programáticos o de investidura, como el apoyo a la
reforma del Reglamento de esta Casa y, en su marco, la creación de la
oficina presupuestaria, progresan a buen ritmo con el concurso del
trabajo de nuestro grupo; aunque, en materia de cumplimiento
presupuestario, puedo tranquilizar a SS.SS. sobre el sometimiento más
escrupuloso de todo el gasto --y de todos y cada uno de los gastos-- a
los más estrictos términos de la autorización que este Congreso confirió
el pasado mes de diciembre. Enunciar el cumplimiento de la Ley de
presupuestos podría parecer una obviedad, de no representar realmente,
como representa, una auténtica innovación respecto a lo que habíamos
conocido en el pasado inmediato.

En la misma teoría de propósitos --legalidad, austeridad, transparencia y
recuperación de la confianza ciudadana-, se inscribe el proyecto de
reformar la financiación de los partidos políticos, empeño en el que este
Congreso se ocupa y en el que confío podamos alcanzar un nivel de
coincidencia casi unánime.

Señor Presidente, quienes defendemos la idea de un Estado no injerente
debemos velar al mismo tiempo por la fortaleza de los poderes y las
instituciones que cumplen sus funciones irrenunciables y legitimadoras.

Es el caso, de forma principalísima, de la función de la justicia, sobre
cuyo funcionamiento persiste un significativo nivel de insatisfacción
entre los españoles.

Reafirmo, un año después, las convicciones y los propósitos que enuncié
en el discurso de investidura sobre el pleno cumplimiento de los
principios constitucionales y el logro de una justicia que sirva
eficazmente a la sociedad, y sostengo que los resultados de este año, aun
en una materia en la que los propósitos de reforma deben estar precedidos
de una muy madurada reflexión, avalan el rigor de nuestras intenciones.

Pero la restauración de la confianza en la justicia y la mejora de la
satisfacción de los ciudadanos por su administración no pueden fiarse en
exclusiva a determinadas reformas legislativas, ni incumben sólo a la
responsabilidad del Gobierno. Antes, hay que afirmar la necesidad de
restablecer una atmósfera de respeto a tribunales y jueces, de fundada
templanza en la crítica de sus resoluciones y de moderación cuando se
debate de tan delicada materia.

Deberíamos asumir todos el compromiso de distanciar en lo posible al
Poder Judicial del debate partidario. No basta con respetar la
independencia de los jueces; hay que velar por que esta independencia sea
efectiva y no se vea perturbada. La sociedad, los medios de comunicación,
este Parlamento y, sobre todo, el Consejo General del Poder Judicial
tienen mucho que decir y mucho que aportar.

En el ámbito normativo hemos progresado en la reforma comprometida de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para separar más diáfanamente la
eventualidad del desempeño de cargos políticos por jueces y magistrados,
de su retorno al cometido jurisdiccional. Hemos abierto o vamos a abrir,
en sede parlamentaria, iniciativas para la reconsideración parcial de la
Ley del Jurado y del Código Penal; esta última, con el fin de robustecer
la protección sexual de los menores.

Y, en fin, con el ritmo obligadamente pausado que imponen los grandes
cuerpos legislativos, nos enfrentamos, y ya se ha remitido a la Cámara, a
la reforma de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
exponente más agudo de acumulación de litigiosidad, resueltamente
inspirada por el propósito de fortalecer las garantías de los ciudadanos
frente a las acciones indebidas de los poderes públicos. Le seguirá la
reforma de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, en pos de la
justicia pronta y eficaz demandada por los ciudadanos. En este horizonte
de reformas, esperamos, con el más vivo interés, el libro blanco cuya
redacción ha emprendido el Consejo General del Poder Judicial.




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Me importa poner de manifiesto ante SS.SS. que no son precisamente
pruritos de perfeccionamiento técnico los que impulsan estas reformas.

Hay un hilo conductor de todas ellas que remite a un proyecto de
Gobierno: el proyecto, enraizado en el modelo y los valores
constitucionales, de emplazar los derechos individuales de los ciudadanos
como un eje de una política animada siempre por la pasión moral de la
libertad.

No quiero dejar de referirme a las reacciones suscitadas con ocasión del
nombramiento de un alto funcionario del ministerio fiscal. El Gobierno
está convencido de haber actuado con respeto escrupuloso a la legalidad y
en el ejercicio de atribuciones que inequívocamente le corresponden y
que, por criterios de oportunidad, debía ejercer y ha ejercido sin más
demora.

Señor Presidente, durante este primer año se ha realizado un gran
esfuerzo para mejorar las relaciones entre la Administración y los
ciudadanos. Un importante compromiso programático está en vías de
cumplimiento, el proyecto de ley del Gobierno que subsana una notable
laguna de nuestro ordenamiento jurídico resuelve la confusión entre los
conceptos de Gobierno y Consejo de Ministros, regula la figura del
Gobierno en funciones, establece una nueva regulación del procedimiento
para el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad
reglamentaria y, lo que más me importa subrayar ante SS.SS., somete su
acción al pleno control jurisdiccional.

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado
ha eliminado el carácter disperso y heterogéneo de su normativa. La
regulación queda así integrada, por vez primera, en una sola norma
adaptada al Estado de las autonomías. La profesionalización de los
directivos públicos, que será completada con el futuro estatuto de la
Función pública, la simplificación de la tipología institucional de la
Administración y el nuevo diseño de la estructura periférica son las
principales novedades introducidas en este texto legal.

Queda mucho por avanzar en materia de Función pública, pero algunas
actuaciones ya han sido adelantadas con notable éxito. Entre ellas, cabe
destacar la flexibilización de la edad de jubilación de los funcionarios
públicos con carácter voluntario. La política de recursos humanos ha sido
el complemento bien ajustado de un proceso de reorganización desarrollado
en un momento de difíciles restricciones presupuestarias. La oferta de
empleo público para 1997, muy selectiva sin duda, ha integrado por vez
primera la totalidad del sector público estatal no empresarial.

En relación con los funcionarios públicos, es de justicia reconocer el
esfuerzo singular que se les ha reclamado en este ejercicio
presupuestario de austeridad. Como ya he anunciado, los empleados
públicos mantendrán su poder adquisitivo el año próximo.

En el ámbito de la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la
Administración, quiero subrayar el estatuto del contribuyente --ya
remitido a la Cámara-- con el que se pretende facilitar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales con un mínimo coste y en el que se recoge el
catálogo de los derechos de los contribuyentes, incrementando su
seguridad jurídica.

Señorías, el Gobierno ha basado su política antiterrorista en la
continuidad de los acuerdos suscritos entre las fuerzas democráticas en
Ajuria Enea, Pamplona y Madrid, y ha perseverado con energía en la acción
policial, garantizando en todo caso la estricta aplicación de la ley. La
cooperación internacional se ha intensificado y ha registrado, en la
enorme dureza de esta lucha, alentadores progresos. Estamos poniendo
todos los medios a nuestro alcance para dotar a las Fuerzas de Seguridad
del Estado de los mejores instrumentos legales y técnicos con los que
llevar a cabo su tarea. Se encuentra actualmente en tramitación el
proyecto de ley de videovigilancia y se ha incrementado notablemente la
actividad en la lucha contra la violencia callejera.

El Gobierno, junto con su empeño en la lucha antiterrorista, ha
promovido, como una obligación de justicia, la garantía institucional de
protección a las víctimas del terrorismo.

Quiero expresar a la Cámara el reconocimiento del Gobierno a la
permanente y leal colaboración recibida de las fuerzas políticas, en esta
batalla que une a todos los demócratas contra la barbarie, y evocar
especialmente el dolor de las familias de las víctimas del terrorismo, de
cuyos sentimientos todos nos hacemos partícipes.

Señor Presidente, el pasado mes de marzo se celebró en el Senado el
debate sobre el Estado de las autonomías. Aun cuando en la Cámara de
representación territorial se examinaron con profundidad los asuntos
relativos a este ámbito, quiero reiterar tres objetivos básicos
perseguidos por el Gobierno: conseguir el pleno desarrollo estatutario y
completar los traspasos competenciales, aprobar un nuevo modelo de
financiación autonómica y reformar la Administración general del Estado,
para adecuarla cabalmente a la organización territorial nacida de la
Constitución, tema al que ya me he referido.

Quiero, en primer lugar, destacar por su importancia el proceso de
modificación de determinados estatutos de autonomía. Se ha concluido la
reforma de los estatutos de Aragón y de Canarias, y se concluirá en breve
la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Nuestro propósito es que
las comunidades autónomas que iniciaron su camino a través de la vía del
artículo 143 de la Constitución ejerzan plenamente las competencias que
sus propios estatutos establecen. Con los traspasos de la educación no
universitaria, de los que ya he hablado, se habrá culminado el
cumplimiento del Pacto de 1992.




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En este proceso de perfeccionamiento del modelo de distribución
competencial, deberá también completarse el desarrollo de los estatutos
de las comunidades que alcanzaron su autonomía por la vía del artículo
151. En este sentido, quiero resaltar el trabajo bilateral que ha
permitido concluir, en estos primeros meses, nuevos acuerdos de traspaso
con estas comunidades.

El programa de Gobierno que expuse en la sesión de investidura incluía
expresamente la aprobación de un nuevo modelo de financiación, coherente
con los postulados constitucionales y con la nueva organización
territorial del Estado e inspirado en los principios de suficiencia
financiera, solidaridad y corresponsabilidad. La puesta en práctica de
los acuerdos de 1992 ha incrementado significativamente la capacidad de
gasto de las comunidades autónomas. Esta circunstancia, entre otras, ha
determinado la conveniencia de pasar de un modelo basado en el gasto a
otro en el que las comunidades autónomas se hagan corresponsables con el
Estado de la obtención de los recursos necesarios para financiar los
servicios que prestan. Este nuevo modelo de financiación, que perfecciona
sustancialmente el anterior, es más coherente con la realidad de un
Estado de las autonomías, políticamente más maduro y socialmente
consolidado. El reciente acuerdo para la renovación del concierto
económico con el País Vasco, la próxima actualización del régimen fiscal
navarro y la permanencia de la singularidad canaria completan el modelo.

La dotación de los fondos estatales de garantía y nivelación y el
desbloqueo del Fondo de Compensación Interterritorial certifican que la
autonomía financiera puede progresar sin merma del fundamental principio
de solidaridad.

Finalmente, en el marco de la redistribución territorial del poder que
impulsamos, las corporaciones locales deben tener un mayor protagonismo.

El pacto local ha de ser el medio que permita la consecución de ese
objetivo. Reitero la voluntad del Gobierno de alentar las negociaciones
pertinentes para llevarlo a cabo.

Señor Presidente, a lo largo de los últimos 20 años el prestigio de
España en la escena internacional ha progresado de manera indiscutible.

De ser un país marginado de los grandes centros de decisión, hemos pasado
a ser una nación integrada plenamente en las instituciones europeas y en
el mundo occidental, y protagonista en todos los foros que nos son
propios.

España está en todos los lugares apropiados y ejerce con plenitud sus
derechos y responsabilidades. La continuidad de la política exterior de
la democracia es el signo más visible de su madurez, es el que
corresponde a una comunidad nacional histórica con unos sólidos vínculos,
fraguados durante siglos y consciente de sus intereses permanentes. Los
últimos meses han sido testigos de una intensa actividad internacional
del Gobierno que presido. España está cada día más presente y con más
vigor en Europa y en el mundo.

El prestigio alcanzado por nuestro país en las dos últimas décadas ha
hecho posible la incorporación de destacados compatriotas a puestos de la
más alta responsabilidad internacional. En los últimos meses, esta
presencia se ha reforzado con la elección del Presidente del Parlamento
europeo, de los Presidentes de las Asambleas parlamentarias de la OSCE y
de la UEO, así como de las importantes misiones especiales encomendadas a
diplomáticos españoles tanto en Oriente Medio como en Bosnia.

Por primera vez en más de cien años, España está en condiciones de
participar desde su inicio en el diseño del sistema público y de
seguridad que enmarcará las relaciones futuras en el mundo occidental. Es
un momento decisivo, y ahora, más que nunca, resulta esencial la leal
colaboración de todos.

Durante las próximas semanas se celebrarán al menos dos cumbres
internacionales de gran importancia. La reunión del Consejo Europeo de
Amsterdan deberá dar el impulso decisivo a las reformas del Tratado de la
Unión Europea, discutidas desde hace más de un año en la Conferencia
Intergubernamental. La cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid definirá
en gran medida la nueva estructura de seguridad occidental.

La Conferencia Intergubernamental debe terminar los trabajos de su
reforma de los mecanismos de toma de decisiones, de tal manera que se
refuerce su legitimidad democrática y queden asegurados los equilibrios
políticos, económicos y demográficos. España considera esencial que su
peso institucional se corresponda con la importancia de nuestro país.

El Gobierno reclama ese equilibrio y ese mayor peso de España en el seno
de las instituciones europeas, a la vez que reafirma su compromiso con el
proceso de integración. La nuestra es una apuesta decidida, tanto por la
construcción política europea, como por la Unión Económica y Monetaria.

Quiero ratificar, especialmente en estos momentos, el empeño del Gobierno
de contribuir a la construcción europea, sin poner en duda ni criterios
ni calendarios ni resultados obtenidos después de muy laboriosas
negociaciones.

La reunión de Amsterdam debe ser también importante para la aspiración
española de reforzar un auténtica espacio de libertad, justicia y
seguridad en Europa. La nueva definición del derecho de asilo, junto con
la aprobación del convenio de extradición y el reforzamiento de los
mecanismos de cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo,
están permitiendo avanzar con decisión en esta crucial materia.

Conseguir también un estatuto especial para las regiones
ultraperiféricas, que se incorpore a los tratados, es una aspiración a la
cual el Gobierno está plenamente comprometido. Se trata de garantizar
también para Canarias un marco jurídico apropiado a sus particulares
circunstancias. Los sectores agrícola, ganadero y pesquero han ocupado
buena parte de nuestro esfuerzo internacional, y partiendo de una
situación muy



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comprometida se han alcanzado acuerdos beneficiosos en la Organización
Común del mercado de frutas y hortalizas así como, por ejemplo, en la del
vacuno. En este momento, la salvaguarda de sectores como el del olivo y
el del plátano concentran nuestra atención con el decidido respaldo de
los sectores afectados.

La reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, que
se celebrará en Madrid los próximos días 8 y 9 de julio, será sin duda
una de las cumbres más importantes de cuantas se hayan celebrado hasta
ahora. Si bien aún no está decidida la agenda definitiva, quiero
adelantar a SS.SS. algunos de sus aspectos. La cumbre sin duda tomará la
decisión de invitar a nuevos países a negociar su integración en la
Alianza Atlántica, lo que sin duda reforzará la estabilidad en Europa. Es
importante destacar el significado histórico de esta decisión; la
superación de divisiones antagónicas pone fin a una Europa enfrentada y
dividida y abre una nueva era de estabilidad y de cooperación.

Quiero en este punto hacer expresa mención de la satisfacción del
Gobierno por la firma en París, el pasado mes de mayo, del Acta
fundacional para las relaciones entre la Alianza Atlántica y Rusia, que
confirma la apertura de esa nueva etapa, y quiero trasladar públicamente
mi felicitación al Secretario General de la Alianza Atlántica por su
labor negociadora.

En la cumbre de Madrid se firmará también otro acuerdo trascendental, que
será la Carta de relaciones entre la Alianza Atlántica y Ucrania. En
Madrid se avanzará en la reforma de la estructura de mandos, lo que
permitirá la plena participación de España en la Alianza Atlántica, de
acuerdo con la decisión del Gobierno, respaldada por la gran mayoría de
esta Cámara el pasado mes de noviembre.

Por último, quiero reseñar que a iniciativa española se decidirá la
constitución del llamado Grupo de Coordinación Mediterráneo, que estoy
convencido que permitirá aumentar el diálogo hasta ahora mantenido entre
la Alianza y los países de la ribera sur.

Sobre los resultados de la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Alianza, el Gobierno ofrecerá la oportuna información a la Cámara.

Señor Presidente, unas Fuerzas Armadas bien preparadas y convenientemente
dotadas son el factor imprescindible para hacer posible la participación
de España en operaciones de mantenimiento de la paz. Esta vertiente de
nuestra actividad internacional cuenta con un amplísimo respaldo social,
que refleja la voluntad de todos los españoles de contribuir de forma
activa a la estabilidad y seguridad en el mundo.

En los últimos meses se ha mantenido la presencia de tropas españolas en
Bosnia. Asimismo se decidió atender la llamada del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y participar en la operación de mantenimiento de
la paz que se está desarrollando en Albania. Quiero expresar el
reconocimiento del Gobierno a la esforzada tarea de nuestros soldados por
y al servicio de la paz.

El papel de España en el mundo, cuyas coordenadas básicas acabo de
reseñar, reclama nuevos modos de presencia inernacional en los cuales la
sociedad sea directamente protagonista. Ello incluye la responsabilidad
de cooperar con nuestros recursos al desarrollo de las áreas menos
favorecidas del planeta, y en especial con aquellas que tenemos mayores
vínculos. Es preciso ordenar el caudal de energía que, partiendo de una
multiplicidad de actores, pretende dirigirse a la cooperación
internacional.

No debe ser sólo la Administración del Estado, sino el conjunto de las
instituciones públicas y privadas, quien ha de canalizar este impulso
social. El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley de
cooperación internacional para el desarrollo que cree el marco adecuado
para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
disponibles.

Durante estos meses hemos prestado también especial y prioritaria
atención a Iberoamérica para mantener y profundizar nuestras
tradicionales relaciones culturales, políticas y económicas con esa
región del mundo. Lo intenso de la relación se refleja en el creciente
comercio y en la importante presencia inversora de nuestras empresas, que
crean vínculos reales y contribuyen al relanzamiento de las economías.

La declaración de Viña del Mar, aprobada por unanimidad en la última
cumbre iberoamericana, estableció con claridad y certeza unos principios
para la gobernabilidad basados en la democracia, la libertad y la
protección de los derechos humanos. El cumplimiento de lo pactado en ésta
y en anteriores cumbres es objetivo irrenunciable de nuestra política
iberoamericana.

El Mediterráneo es también un área de actuación prioritaria en la que
desarrollamos los conceptos de estabilidad, entendimiento y progreso que
emanaron de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona y que han tenido
su desarrollo también en la reciente Conferencia de Malta. El
acercamiento económico y el diálogo entre las dos riberas son una
garantía de paz. En este ámbito privilegiamos las relaciones con el
Magreb, especialmente con Marruecos, país con el que se ha consolidado un
denso entramado de relaciones bilaterales.

Quiero expresar también nuestra preocupación por la presente situación en
Oriente Medio. El Gobierno ha apoyado discretamente el proceso de paz a
través de cuantas gestiones las partes nos han solicitado.

Queda por delante una gran tarea. El reto de situar a España entre las
naciones más libres, justas y desarrolladas del mundo nos ha unido desde
el comienzo de la transición democrática. Es preciso, en adelante,
mantener el esfuerzo y la ilusión colectiva que han hecho posible avanzar
en la buena dirección a lo largo de estos últimos 20 años.

Señor Presidente, señorías, a lo largo de esta intervención he expuesto
las principales realizaciones de



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un año de gobierno y he procurado trazar las líneas fundamentales y
objetivos de nuestra actuación futura. Nuestros pasos están dirigidos por
nuestra voluntad de modernizar España, de asegurar el bienestar de los
españoles, de contribuir a la revitalización democrática y de reforzar la
presencia de nuestra nación en el mundo.

Quiero concluir esta exposición a la Cámara con algunas ideas que se
encuentran en la base de nuestra actuación y que constituyen su hilo
conductor. Este Gobierno quiere que España pertenezca al grupo de cabeza
de países de la Unión Europea, y quiere conseguirlo sin deterioro de los
niveles de protección social que los españoles consideran deseables. Este
Gobierno quiere reformas estructurales, mayoritariamente comprendidas y
aceptadas, que nos aseguren el éxito, una vez integrados en el seno de la
Unión Económica y Monetaria.

Si me permiten la paradoja, el euro no es una moneda; es el nombre que
nos hemos dado a nuestra capacidad para ganar confianza, seguridad y
ambición. Por eso el reto es tan importante y, por eso, hemos de
afrontarlo sin demora.

Durante este primer año de gobierno hemos abandonado la falta de rigor
para tomar la senda del realismo y la responsabilidad. Este Gobierno no
promete una cosa para hacer la contraria; únicamente se compromete a lo
que está en condiciones de cumplir.

Hay que acometer las acciones pendientes mediante acuerdos sólidos,
amplios y suficientemente madurados, que el Gobierno ha de fomentar y
posibilitar. Tanto o más importante que recorrer el camino correcto es
hacerlo todos juntos.

Es esencial mantener el clima de estabilidad, de confianza y de
optimismo. No podemos, ni debemos perder una brizna de las energías de la
sociedad española en trifulcas menores. La unión basada en la convicción
y en la confianza es segura garantía del éxito.

El bienio 1998-1999 es crucial para la prosperidad de España. La
estabilidad que hemos aportado ejemplarmente --que es mérito de todos-,
con vistas al proceso europeo, no ha de ser sólo económica. Ha de ser
también política y social; y el Gobierno, consecuente con ese
convencimiento y esta responsabilidad, hará cuanto esté en su mano para
evitar perturbaciones innecesarias en la etapa inicial de la Unión
Monetaria.

Esperamos de todos los grupos de la Cámara una percepción análoga del
interés superior de España, más allá y por encima de comprensibles
inquietudes particulares o de impaciencias explicables. España está
cambiando porque los españoles así lo han decidido. Está cambiando
significativamente; y espectacularmente en algunos casos: en su
organización territorial, política, económica, administrativa; en su
concepción del futuro.

Estamos satisfechos del trabajo realizado, alejados de cualquier tipo de
euforia. Soy plenamente consciente de que este cambio no es fruto
exclusivo del Gobierno y de que nada hubiera sido posible sin la
contribución de una sociedad transformada por 20 años de convivencia
democrática. En todo aquello que represente mejorar el estado de España,
vigorizarlo, adaptarlo a los tiempos y a la naturaleza plural de nuestra
sociedad civil, allí estará el Gobierno.

Pero, créanme, señorías, no podremos avanzar con la fortaleza necesaria
si nos enredamos en disquisiciones sobre lo que a cada uno le parece el
otro. Nuestro problema no puede ser cuestionar a diario la legitimidad
del rival; eso ya lo han resuelto 20 años de democracia. Nuestro problema
--y nuestra responsabilidad-- es el hacer, y el hacer bien, con seriedad
y a tiempo las responsabilidades y las obligaciones que tenemos por
delante.

He comparecido hoy ante la Cámara para explicar y debatir nuestra labor,
animado por los logros de un año positivo en su conjunto, un año de
trabajo esforzado de toda la sociedad española, al servicio de lo que la
inmensa mayoría de los españoles quieren: que España sea un proyecto
global, una gran nación europea y occidental.

Gracias, señor Presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.

El Pleno se reanudará esta tarde, a las cuatro.

Se suspende la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Continúa el orden del día, cuyo único punto está constituido por el
debate sobre el estado de la Nación. Tras la intervención del Presidente
del Gobierno, saben SS. SS. que el orden del debate previsto con arreglo
a los precedentes consiste en la intervención de los grupos
parlamentarios, sus presidentes o portavoces, ordenados de mayor a menor
en representación numérica en la Cámara. En consecuencia, tiene la
palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, su
presidente, don Felipe González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Señor Presidente, señorías, he seguido con
atención y con algún esfuerzo la intervención de la mañana (Rumores.), y
quiero empezar por decir que coincido en que es un momento oportuno, no
sólo lógicamente por la coyuntura, para condenar una nueva acción
terrorista que hoy le toca a una persona próxima a nosotros, pero en
cualquier momento próxima a otros; puede ser un ertzaina, un



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policía nacional, un guardia civil, una mujer que va al supermercado o
cualquier otra persona. Lo más dramático es que se hable de errores, como
dicen que han cometido en este caso. Alguno de nuestros compañeros ha
dicho que el único error, de acuerdo con su filosofía, es el de no
haberlo matado, que era lo que pretendían; lo demás no son errores. Es
verdad que todos estamos amenazados por ese fenómeno.

Coincido con usted, señor Presidente, en que también es un momento
oportuno para recordar que en esta fecha se celebraron las primeras
elecciones democráticas hace veinte años. Veinte años de transición
política es un buen momento para hacer, aunque sea brevemente, un poco de
balance de lo que han sido; veinte años que se han basado en algunos
elementos claves que tal vez convenga no olvidar. La transición que se
inicia con ese proceso del 15 de junio como fecha simbólica, aunque los
esfuerzos anteriores no fueron baldíos, se basó fundamentalmente en no
vindicar el pasado y reivindicar un futuro de convivencia libre y
pacífica. Esta fue la primera clave; no fue la única, naturalmente: una
vocación de apertura de España y de ruptura del aislamiento, imposible de
conseguir durante el régimen anterior, una vocación de distribución del
poder y de reconocimiento del pluralismo y de los hechos diferenciales,
un modo de convivencia completamente distinto, una apertura y una
modernización de la economía, una participación en los asuntos
internacionales y fundamentalmente en la construcción europea como
aspiración común, etcétera. A nosotros nos tocó estar seis años y medio,
hasta la fecha de hoy, en la oposición durante ese período de veinte años
y trece años y medio en el Gobierno. Por tanto, la valoración, sea cual
sea la que se haga de ese período, dentro del conjunto de los aciertos y
de los errores de esos veinte años, es que en trece años y medio
contribuimos desde el Gobierno, en seis y medio desde la oposición.

Estoy de acuerdo también en que vivimos un momento de desafíos críticos.

Es verdad que eso se dice con frecuencia en cualquier período de la
historia, pero en este momento es verdad, es cierto, y no porque tengamos
una cierta visión milenarista en estos finales del siglo XX o en los
albores del siglo XXI, sino porque hay desafíos por delante que son de
una gran trascendencia y que requieren un gran esfuerzo colectivo, un
gran esfuerzo de entendimiento, un gran esfuerzo de diálogo, un gran
esfuerzo para los próximos dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Y dentro
de ese esfuerzo quiero recordar, como hace un año, más allá de cualquier
impaciencia o inquietud, que no siento, quiero recordar que el año pasado
aposté, ya estando en la oposición, por la estabilidad política como un
factor clave para conseguir objetivos. Por tanto, ahora, desde la
oposición, reitero que es buena la estabilidad política y que es bueno
agotar las legislaturas. Se tienen que dar las condiciones para esa
estabilidad política, mayorías parlamentarias que la sostengan, programas
u acciones de Gobierno, espíritu abierto de diálogo y de construcción,
sobre todo cuando los desafíos son fuertes, y no sólo en los discursos
sino también en los comportamientos cotidianos. Estuve de acuerdo en que
hubiera un pacto con el nacionalismo moderado, aunque salvé la
responsabilidad sobre los contenidos que no negociamos. Vuelvo a decir
que eso me parece, históricamente, una operación positiva si se lleva a
buen término y si beneficia a los intereses generales de España, que yo
no creo que pueda patrimonializar desde el grupo que represento, ya sea
cuando estuve en el Gobierno ni cuando estoy en la oposición. Los
intereses generales probablemente no son de nadie y son de todos. Por
tanto, a veces se discrepa con las acciones políticas, y la no
coincidencia con el Gobierno no significa que uno esté en contra de los
intereses de España o de los intereses generales, significa simplemente
que se discrepa, que se tiene una visión alternativa y distinta, y esa es
la base de la convivencia, la esencia misma de la democracia.

Voy a centrar mi intervención, al hilo de lo que he oído, en cuatro
reflexiones para llegar a una conclusión. La primera se basa en aquello
que considero que son áreas necesarias de consenso, por tanto áreas en
las que deberíamos hacer un esfuerzo transversal que no se refiriera a
tal o a tal alternativa política, sino que fuera capaz de abarcar al
mayor número de fuerzas políticas y de fuerzas sociales y económicas para
defender intereses de carácter general. No quiero hacer una oposición en
la que la característica fundamental sea qué dice usted para yo decir lo
contrario o para saber cuánta distancia tomo. Y me voy a referir a los
cuatro temas que creo que exigen una política transversal. No son nuevos,
pero conviene reiterarlos porque algunos se han expresado esta mañana
desde esta tribuna. En dos me extenderé y en otros no, porque no habrá
tiempo.

Primero, la articulación territorial del Estado. Podremos llamarle Estado
de las autonomías, desarrollo de la articulación o del proyecto de
España, como quieran ustedes. Ya hemos fijado posición en el debate en el
Senado y dedicaré algunas consideraciones a este tema. Hemos sido
invitados --algo que siempre queda confuso ante los ciudadanos-- a
renovar el pacto de 1992 sobre el desarrollo competencial de las
autonomías del articulo 143, y ha sido rechazada nuestra oferta de
discutir la financiación autonómica, financiación ordinaria, financiación
de la sanidad, financiación a través del Fondo de Compensación
Interterritorial, financiación a través del fondo de nivelación, si es
que significa algo con 10.000 millones, aunque sea la primera apuesta que
se hace, de muy difícil aplicación, y financiación a través de otros
instrumentos complementarios, como puede ser la participación en fondos
estructurales y en fondos de cohesión. Quiero que se entienda claramente
--ya que algunas veces se



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nos imputa no querer dialogar-- por qué no nos parece lógico discutir de
transferencias de competencias y no de la financiación para cubrir los
servicios o las competencias que se transfieren. Parece incoherente que
se pueda discutir qué tipo de competencias se transfieren o no, incluso
llegar a un acuerdo, pero que se excluya de la discusión cómo se
financian. Recordarán ustedes que sólo hice una pregunta en el debate de
investidura de hace un año: coste global de la financiación autonómica
--era una estimación lo que pedía-- y reparto de ese coste. Ha pasado un
año, conocemos un decreto de mitad de abril de 1997, conocemos los
presupuestos, pero no se puede hacer una estimación del coste. Todavía
hay distintos cálculos y distintas cifras sobre financiación ordinaria.

Yo comprendo además las razones en las que se puede basar que se diga que
sólo se puede hacer una estimación, pero eso es un presupuesto: una
estimación de ingresos y de gastos y se pueden o no producir
desviaciones. Eso es un plan de convergencia, una estimación de evolución
de ingresos y gastos, y nosotros lo que pedíamos hace un año era esa
estimación de acuerdo con un modelo pactado en el que no habíamos
participado. En el Senado tuve la impresión de que se respondía a cosas
que no planteábamos porque se presuponía que íbamos a hacer el discurso
de la ruptura de la solidaridad y tal y tal, no es cierto, no queríamos
plantearlo en esos términos ni en los términos de agravio comparativo
respecto de Cataluña, tan de moda y tan al uso durante tantos años.

Cataluña es una comunidad que contribuye más que ninguna otra --y su
posición económica así lo exige-- a la solidaridad global. Por tanto,
sería ridículo hablar en términos de solidaridad contra Cataluña o
diciendo que Cataluña aprovecha o no aprovecha, independientemente de
algunos errores de lenguaje, sean o no sean dividendos.

Por tanto, nosotros no estamos hablando de principios. Si todos vamos a
compartir los principios de solidaridad, de corresponsabilidad, de no sé
cuántos, este no es el problema. Por lo menos el discurso todos lo vamos
a compartir. Nosotros pretendemos hablar de un modelo que articule
España, que mantenga elementos claros de cohesión, y ese modelo no lo
vemos. No decimos que tengamos la verdad, simplemente queremos que haya
una negociación que permita garantizar esa articulación, y sabemos que
esa negociación llegará, esperamos que no demasiado tarde pero llegará,
porque es una necesidad para todos. ¿Estamos por la corresponsabilidad
fiscal? Naturalmente que sí. ¿Lo garantiza la desarmonización fiscal del
territorio? No. No es el equivalente a la capacidad normativa; no es la
corresponsabilidad fiscal equivalente a capacidad normativa. La
corresponsabilidad fiscal puede articularse de otra manera. Yo sugiero
una sólo a título de ejemplo. Se puede participar en la recaudación de
uno, dos, tres o todos los impuestos en cada comunidad autónoma. Y más
allá de la evolución normativa de los impuestos, de la recaudación o de
la previsión presupuestaria, para hacerme entender con claridad, se puede
premiar el esfuerzo de cooperación en la recaudación a aquellas
comunidades que lo consigan, y eso corresponsabiliza en la recaudación y
corresponsabiliza naturalmente en los resultados, incluso mejorando la
financiación.

Veamos una situación, si me lo permiten --no es un exceso-- tanto los
socialistas catalanes como Convergència i Unió, los representantes del
Partido Popular y del Grupo Mixto de Cataluña. Si el modelo de
financiación pactado para Cataluña y para el resto de las comunidades que
lo han aceptado se aplica de acuerdo con la evolución del IRPF en el año
1996, saben ustedes que con esa evolución en Cataluña no sólo no hay una
mejora desde el punto de vista de la financiación, sino que habría
--permítanme la libertad-- una peora, si se aplicara, repito, el modelo
de acuerdo con la evolución del IRPF 1996, 30 por ciento, imagínense si
fuera el 60 por ciento. No digo que no acepte el 30 por ciento, como
alguien, para simplificar y confundir, repite una y otra vez. Muy bien,
el 30 por ciento cuantitativamente no es más que el doble del 15 por
ciento. Repito que este no es el problema. (Rumores.) Sobre esa
financiación ahora, por ejemplo, que se ha hecho en un decreto-ley lo que
se llaman las entregas a cuenta con la previsión presupuestaria, ¿cuándo
vamos a saber la liquidación de esa cuenta? Lógicamente, la del año que
viene se basará en la recaudación de este año y la liquidación se hará en
los presupuestos de 1999, declaración de la renta por medio, por
aplicación del nuevo sistema de 1998. Entonces empezaremos a saber algo
de lo que puede ser la cuantificación del modelo, del resultado real.

Pero además en la capacidad normativa en Cataluña me parece que no hay
atípicos, hay ingresos y gastos ordinarios, por tanto, los déficit hay
que soportarlos sobre el equilibrio de ingresos y gastos; ni siquiera el
Palau de la Generalitat es privatizable, porque me parece que no
pertenece a la institución sino a otra institución. Por tanto, como no
hay atípicos son puros ingresos y gastos, y el equilibrio hay que
buscarlo --por eso la angustia de la financiación sanitaria, no sólo en
Cataluña sino en otras comunidades-- de otra manera. ¿Hay margen para
utilizar la capacidad normativa? Para bajarlo no y para subirlo me temo
que tampoco. Por tanto, está ahí, pero la corresponsabilidad, créanme
ustedes, no se puede ejercer en los términos previstos. ¿En qué horizonte
temporal? En el que uno puede prever en política. No sé. ¿Les parece
bien, cinco, diez, quince años? En ese horizonte temporal no parece
posible.

Por consiguiente, me gustaría que se entendiera que la oferta que hoy
reitero es una oferta meditada y seria. La articulación de España, desde
el punto de vista del desarrollo competencial y desde el punto de vista
del equilibrio para la financiación de ese desarrollo



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competencial, debe ser un problema de todos y debe ser resuelto mediante
el consenso. No vean en esto una crítica acerba a uno u otro modelo. Yo
creo honradamente que éste no va a funcionar, incluso me inquietan
algunos desarrollos competenciales, porque el problema no es entrar en
una subasta para que todo el mundo tenga el mismo nivel de competencias.

Hay un problema mucho más importante, que es que todos los ciudadanos
tengan un nivel de prestación de servicios razonablemente igual,
independientemente de quién sea el responsable de la prestación de
servicios, incluso aplicando de manera razonable el principio de
subsidiariedad y la aceptación de los hechos diferenciales. Por tanto,
incluso esta evolución competencial debería tener una cierta perspectiva.

Ultimamente hemos aceptado una cierta modalidad diferenciada en la
fiscalidad para Baleares. ¿Se va a llevar adelante? ¿Cuántos modelos de
fiscalidad diferenciada podemos soportar al mismo tiempo, incluso con el
modelo de capacidad normativa para todas las comunidades respecto de un
tramo del IRPF? Si algunos quieren pensar, por ejemplo, que no acepto
decisiones constitucionales se equivocan. En la Constitución está
previsto un sistema de concierto y de cupo y un amejoramiento del fuero
como financiación de Navarra y del País Vasco. No lo cuestionamos ni lo
cuestionaremos. Podemos y tenemos derecho a discutir entre nosotros sobre
los contenidos y la aplicación, no sobre el modelo. ¡Si el modelo no es
más que un tipo diferente de recaudación y la fijación de la solidaridad
global a través de un procedimiento de cupos! Por tanto, esto no es
cuestionable, está constitucionalizado y me parece tan aceptable que
nadie debe confundirse. Igual que la defensa de un régimen especial y
fiscal para Canarias. ¿Por qué para Canarias y no para Baleares, si son
islas? Porque la situación de Canarias es radicalmente distinta y la
podemos entender y comprender todos, seamos o no canarios.

Por tanto, primera reflexión, para no seguir abundando en este tema: creo
imprescindible que haya un esfuerzo de aproximación para que nuestro
modelo funcione con elementos de cohesión. Segunda política transversal:
la política exterior de España. Les diré que hay una tercera y una
cuarta, los temas de lucha antiterrorista y la justicia, que ha sido
ofrecida por el Presidente del Gobierno esta mañana, me parece, en el
discurso que hemos oído. Pero entraré sobre todo en la política exterior.

En la política exterior no podemos dejar pasar este debate sabiendo que
el lunes hay una cumbre en Amsterdam, sabiendo que hay problemas y
desafíos importantes que llamamos de política exterior por llamarles
algo, porque son tan de política interior como la política interior, sea
en el desafío del euro, sea en el de las políticas de coordinación
económica y de empleo, sea en los temas que interesan a nuestro país
específicamente: el problema del asilo, el problema de la organización
común de mercado del olivar, el problema del plátano o cualesquiera
otros. Son problemas de política interior en los que hemos hecho algunas
transferencias de soberanía para compartirlas con otros países de la
Unión Europea. Por tanto, no podemos dejar pasar este momento sin hacer
una reflexión que nos permita orientar posiciones, que permita al
Gobierno además tener apoyo en la defensa de posiciones si comparte esas
posiciones, y tener apoyo para estar en la cumbre de Amsterdam del
próximo lunes y martes. ¿Se ha complicado esa cumbre? Sí. En primer lugar
porque no ha madurado la Conferencia Intergubernamental y, en segundo
lugar --de eso no haré uso, en absoluto--, porque un tercio de los
ciudadanos europeos en un mes han cambiado el signo del gobierno con
programas que son diferentes de los que eran anteriormente. Cuando hay
ese trasvase político en un plazo de tiempo tan corto, antes de tomar una
decisión fundamental como la que afecta a la Conferencia
Intergubernamental, o unas decisiones como las que afectan a la
construcción monetaria y económica europea, se crea una situación de
incertidumbre, y hay que intentar dar los pasos para orientar una
posición. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué posición va a adoptar
el Gobierno español sobre los seis, ocho o diez problemas básicos de la
Conferencia Intergubernamental. No se va a discutir en la cumbre el
articulado de la Conferencia Intergubernamental. No habrá tiempo para
eso. En Maastricht se pasó prácticamente artículo por artículo, todos en
los que había discrepancia, porque la cumbre se centró en eso, pero ésta
en el orden del día inevitablemente va a tener que discutir el Pacto de
Estabilidad y el encaje de las propuestas francesas o británicas dentro
de ese Pacto de Estabilidad. Cuando se agote esa discusión, que no
sabemos cuánto va a durar y si va a dar resultado, no habrá materialmente
tiempo para discutir la Conferencia Intergubernamental. Se podrán fijar
posiciones políticas sobre los puntos básicos, si es que se llega a un
acuerdo, pero difícilmente se llegará a un acuerdo sobre la totalidad del
contenido de la Conferencia Intergubernamental. Y como forma parte de un
proceso que en los próximos 30 o 40 días --lo saben muy bien el
Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores-- se va a
desencadenar, en otros aspectos, lo que llaman en el argot de la Comisión
la Agenda 2000, que se aprobó en Madrid en diciembre de 1995, no hay más
remedio que calcular qué efectos va a tener esto durante todo el proceso.

Me gustaría que quedara claro que yo no sólo creo que hay que mantener el
calendario del euro --nada nuevo, lo he dicho muchas veces y soy de los
responsables, para algunos de los culpables, de la firma del Tratado de
Maastricht, de lo que no me arrepiento--, sino también el Pacto de
Estabilidad, porque es una necesidad más alemana que de otros, pero hay
que respetar la necesidad de un país clave que tiene que cambiar



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marco por euro dando garantías a sus ciudadanos. Y el Pacto de
Estabilidad, de verdad, tiene algunos defectos tal como se ha
configurado. Cualquier ministro o vicepresidente que haya estado en la
negociación sabe que el sistema de penalizaciones es tan grave como si en
la religión católica, que ha ido evolucionando hacia una mayor
comprensión y tolerancia, se volvieran todos talibanes y, por tanto,
integristas radicales (Risas), de tal manera que el sistema de sanciones
produciría tales efectos que lo razonable sería pensar que no se va a
aplicar nunca. ¿Por qué? Porque el Pacto de Estabilidad es inexorable. No
hay una apuesta de estabilidad para un examen; hay una apuesta de
estabilidad como cambio de cultura en la política económica y monetaria.

Por tanto, está bien que haya un compromiso de estabilidad, y los
mercados son suficiente mecanismo como para castigar a quien después no
cumpla la estabilidad; pero el Pacto de Estabilidad creo que no se puede
mover y no se va a mover en la cumbre de Amsterdam, por tanto, hay que
buscar una salida, y esa salida creo que se puede apuntar en la dirección
de desarrollar el artículo 103 del Tratado. No recuerdo muchos artículos
--no tengo la capacidad del señor Fernández de Trocóniz--, pero el
artículo 103 lo recuerdo porque lo discutí. (Risas.) Por tanto, se puede
desarrollar el artículo 103; se puede aumentar la coordinación de las
políticas económicas y, además, se pueden desarrollar las propuestas de
Delors, incluso con un comité de empleo. Esto no tiene que ser una
alteración del Pacto de Estabilidad, sino un protocolo anexo con el mismo
carácter obligatorio del Pacto de Estabilidad. Esta podría ser una vía de
salida de lo que es una situación muy delicada: la situación de la cumbre
de Amsterdam. Espero que se apunte esa vía de salida. Por tanto, me
preocupa esa cumbre y --repito-- no sólo por eso, sino porque la
Conferencia Intergubernamental va seguida, señor Presidente, de algunos
efectos que son importantes.

La Comisión tiene que elaborar de aquí a mitad de julio, con una
previsión de entregarlo al Parlamento Europeo el 26 de julio, una parte
del cumplimiento de eso que hemos dado en llamar Agenda 2000. Entre otras
cosas, previsiones presupuestarias y el planteamiento de la ampliación
que no es separable de las previsiones presupuestarias. Tiene todo
nuestro apoyo, señor Presidente, para defender las políticas de cohesión.

No va a pasar como en el pasado; no le vamos a decir que sea pedigüeño
porque exija el mantenimiento de la política de cohesión. Fondos
estructurales, fondos de cohesión y cohesión en todas las materias,
también en investigación y desarrollo y en otros. ¿Hay cierto riesgo de
que esto se debilite? Sí, muy serio. Y hay que reaccionar desde el primer
momento en la primera propuesta de la Comisión que ya está preparada,
está al caer y dispuesta para presentarse. No es cierto lo que algunos
dicen, incluso próximos a mí, porque no han entendido lo que es la
cohesión y menos aún los fondos de cohesión. No es cierto que sea una
política que acaba con el cumplimiento de los criterios de convergencia.

Si eso fuera así, si ahí acabara todo, ni siquiera haría falta el Pacto
de Estabilidad. La cohesión es una política complementaria del esfuerzo
necesario para mantener una estabilidad macroeconómica, sin tener que
sufrir las consecuencias de unas diferencias de renta y de riqueza que no
es aceptable ni soportable. Por tanto, si alguien argumenta en esa
dirección, creo que hay que decir con claridad que los países con menos
del 90 por ciento de la renta media de la Comunidad tienen derecho a
mantener esas políticas de cohesión. Tendrá todo nuestro apoyo para
defender eso. Creo que en un debate europeo se deben y se pueden ganar
unas perspectivas financieras que sean razonables para España.

En política exterior tenemos algunos problemas que son problemas
españoles. El tema del asilo. Quiero garantizar al Gobierno que vamos a
apoyar el pacto al que lleguen en política de asilo. Que abandonen
cualquier temor de que vamos a decir no. Saben ustedes que en política
exterior prácticamente es un error, como cualquier otra exageración,
vender la piel antes de cazar el oso. Ese error no se debe cometer; si se
cometió en Dublín, ahí está, y hay que llegar hasta donde se pueda.

Tendrán nuestro apoyo; desde luego, en temas fundamentales, como la
violencia política y el terrorismo, hay que llegar a un acuerdo. Es
inquietante la posición del Gobierno belga hoy cuando veta la última
posición negociadora, que no es la primera ni la segunda, sino la
tercera. Como yo comprendo que eso es así, hay que conseguir lo máximo
posible dentro de la restricción de ese derecho que no puede ser aplicado
a la violencia política y al terrorismo, pero quizá hay que aprender con
la experiencia que es malo --repito-- vender la piel sin haber cazado el
oso. La política exterior no es una política inmediata, sino que es una
política de medio y de largo plazo. Es como una cucaña: se sube con
dificultad y se baja a toda velocidad. Por tanto, hay que intentar no
descender en la cucaña.

Tenemos algunos problemas más, problemas españoles relacionados con la
política exterior. Yo no los quiero citar todos, sería absurdo, pero sí
diré que en el plátano perdimos una oportunidad. Señor Ministro de
Asuntos Exteriores, la OCM del plátano la hemos perdido en el panel que
presentaron algunos países en la Organización Mundial de Comercio. Pienso
desde hace meses que deberíamos haber condicionado la suspensión de la
demanda contra Estados Unidos sobre la ley Helms-Burton. En esa
Organización Mundial de Comercio teníamos que haberla condicionado a que
desapareciera el panel sobre la OCM del plátano, pero esto es
recuperable. Es posible pactar con los países que todavía están en esa
demanda, sea Ecuador o sea Guatemala, con un plan de cooperación en
relación con la Unión Europea, que le importa mucho; importa



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mucho a Guatemala, y desde el punto de vista nacional y europeo algo
tenemos que decir.

No creo que sea buena orientación pensar que favorecemos a los países de
América Central incluyéndolos en la Convención de Lomé; creo que se me
entiende bien. Hay más financiación per cápita para América Central de la
que hay para el conjunto de países de la Convención de Lomé, y no sólo
hay más financiación per cápita desde la Comunidad Europea, sino que,
además, hay un sistema de preferencias generalizadas que favorece las
exportaciones. Si se produjera una homologación con los países de Lomé,
podíamos abandonar toda esperanza de arreglar el problema de la
producción de plátano a nivel nacional, a nivel español.

Lo mismo debería decir sobre el REF y sobre la consolidación de un status
para las regiones ultraperiféricas, que tienen que ser ultraperiféricas y
no se pueden confundir con algunas regiones muy próximas a las costas.

Es cierto que también podríamos avanzar en el tema del olivar, tema
grave, tema serio del que seguramente todos estamos pendientes con
preocupación. Aparte del disparate que podría suponer la financiación por
árbol independientemente de la producción que hay que evitar a toda
costa, probablemente hay que buscar una fórmula que combine lo que es
posible dentro de los acuerdos europeos, es decir una financiación a las
rentas relacionadas con la producción. Creo que por ahí puede haber un
camino pero, en todo caso, tenemos que saber utilizar los instrumentos a
nuestra disposición, y como algunas OCM que afectan básica y
fundamentalmente a otros países --no sólo a nosotros-- se van a reformar,
como la del cereal o tal vez la de la carne, nosotros no podemos dejar
pasar esa reforma sin arreglar el problema del olivar y, por tanto, sin
fijar una reforma del aceite de oliva que satisfaga nuestras
pretensiones. En ese sentido, y como consideración de política exterior,
quiero decir que sí somos un país mediterráneo; no somos un club, pero
somos un país mediterráneo con intereses mediterráneos, y sería una buena
costumbre no meter el dedo en el ojo a algún vecino mediterráneo que
después nos puede ayudar para resolver problemas de determinada
importancia para nosotros como el del olivar. Por tanto, sí somos un país
mediterráneo. ¡Qué remedio nos queda! Estamos aquí desde el principio de
los tiempos y seguiremos aquí hasta el final de los tiempos, sobre todo
si se es Ministro de Asuntos Exteriores, para decirle que no es
mediterráneo; inexorablemente mediterráneo. Creo que eso habría que
calcularlo y estudiarlo bien.

Tenemos una cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, pero me gustaría
que el Presidente del Gobierno nos diera una orientación sobre cómo se va
a producir, qué perspectiva hay de que se produzca el encaje de nuestro
país en esa integración plena, fundamentalmente en relación con dos
socios y vecinos: Portugal y Gran Bretaña. En qué sentido vamos avanzando
para resolver problemas estratégicos en el estrecho de Gibraltar y
problemas estratégicos en relación con algunos de nuestros territorios.

En política exterior, sólo una mención al caso de Cuba, si me lo permite.

Yo creo que nos equivocamos. A estas alturas puedo decir que confirmo la
idea de que nos habíamos equivocado. No creo en la política de quien
mueve pieza o quien no mueve pieza, porque nosotros soportamos ahora que
alguien, a mi juicio injustificadamente, ha movido pieza y somos el único
país de la Unión que no tiene acreditación con un embajador en Cuba. Hay
una pieza que se ha movido, yo he protestado en ese sentido porque me
parece inaceptable lo que ha pasado por parte del Gobierno cubano, en
este caso; pero nuestra política en relación con Cuba hasta ahora lo
único que ha producido es que no tenemos representante allí y sí tienen
el resto de países europeos. Eso no quiere decir que no nos vayan a dar
un golpecito en la espalda diciendo más o menos que están de acuerdo. No
quiero mencionar algunos casos más dolorosos porque no conozco a
franceses que estén sometidos a procesamientos en Estados Unidos y sí
conozco a algunos españoles, por tanto, mucha gratitud parece que tampoco
nos tienen en esa actitud.

Creo que hemos cometido un error, y ese error no es fácil de rectificar o
de reorientar, pero como soy partidario de que haya una política exterior
lo más consensuada posible, y esa política no la cambiamos nosotros,
respeto la legitimidad para cambiarla pero simplemente llamo la atención
de cómo reconducimos esa situación para conseguir objetivos que, en
definitiva, yo creo que todos compartimos.

Señor Presidente, ha hecho usted una larga exposición sobre situación
económica y situación social, a la que voy a dedicar la siguiente
reflexión de mi intervención, saliendo de lo que pueden ser políticas de
consenso, aunque estas políticas obviamente no tienen límite, pueden ser
cuantas se quieran. En política económica y social. ¿qué es comprensible
que haga el Gobierno? Es comprensible que se apunte todos los méritos de
una indudable e incuestionable mejora de la situación económica en
términos de inflación, en términos de déficit, en términos de
aproximación a la convergencia; incluso es comprensible que no haya
límites en ese esfuerzo, aunque ya saben que en política todo lo
exagerado puede terminar siendo ridículo. Es comprensible y esto forma
parte de las reglas de juego. Es comprensible incluso que se piense que
nuestras empresas se han preparado para la exportación como fruto del
primer presupuesto del Gobierno, que es el de los últimos cinco meses del
año. Todo esto es comprensible aunque se pueda matizar y se pueda decir
que las empresas españolas hace muchos años que abren mercados en el
exterior, que han hecho un gran esfuerzo de modernización, como usted
mismo ha dicho



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cuando ha hablado de los veinte años que nos distancian desde 1977 hasta
ahora.

Hay buenas cifras macroeconómicas, incluso hay un buen nivel de
crecimiento, y quien lo niegue únicamente contribuirá a generar
desconfianza que, como saben ustedes, en esta ciencia de la economía que
es capaz de predecir lo que ha pasado pero no lo que va a pasar no es una
pieza menor. Por tanto, hay que intentar contribuir a generar confianza,
y como compartimos los objetivos de entrar en el euro, incluso las dudas
que tenemos sobre la evolución de los equilibrios en la Seguridad Social
u otros, son dudas que nos reservamos y podemos discutir tranquilamente a
lo largo del tiempo aunque las tengamos.

Las cifras macroeconómicas son buenas, las de crecimiento son buenas.

Ahora, como siempre, se pone especial énfasis en el empleo, y creo que es
razonable ponerlo, incluso se puede decir: se descuidó antes, no se
descuida ahora, hemos vivido tasas de crecimiento del 5 por ciento
durante cuatro o cinco años en una determinada época, entre 1986 y 1990,
etcétera. El empleo es un punto de referencia sin duda clave, y yo creo
que va bien, sin triunfalismos va bien, y cuando digo sin triunfalismos
--ahora que tenemos la ocasión porque estamos en la oposición--, estamos
tratando de aproximarnos a un lenguaje común inteligible, tratando de
aproximamos a la utilización de los datos de la manera más seria posible.

Por ejemplo, ¿importa cómo van las afiliaciones a la Seguridad Social?
Sí, es un buen dato; pero cuando nosotros decíamos cómo iban hace dos
años, era un dato irrelevante y no tenía nada que ver con el empleo. Pues
no, es un buen dato. También lo era hace dos años, cuando se producía, y
hace tres; es un buen indicador. Por ejemplo, en el año 1995, saliendo de
la crisis económica y mejorando la situación de la economía española,
pero con un crecimiento todavía escaso del 2 por ciento, en los cinco
primeros meses del año, señor Presidente del Gobierno --que son los que
podemos medir de 1997--, disminuyó el paro registrado. Se puede hacer
también el modelo EPA, pero alguna vez tenemos que decir: vamos a
utilizar paro registrado. Cuando cambiemos de modelo y utilicemos paro
EPA, vamos a tener que decir: ahora estamos hablando del paro a través de
la encuesta de población activa, que no detecta entre 800.000 y un millón
de personas que están en activo, y que justifica la diferencian --nunca
aceptada cuando gobernábamos, pero que hay que aceptar, para que se
enteren los ciudadanos-- entre hablar de 3.200.000 o 2.200.000/2.300.000
parados. Eso lo explica y lo justifica. Pues bien, en el año 1995, en los
cinco primeros meses del año, disminuyó el paro registrado --que es un
referente tan bueno como cualquier otro-- en 97.200 personas; en el año
1996 --con un crecimiento modesto--, en los cinco primeros meses del año
--con 20 o 25 días de Gobierno del Partido Popular en el mes de mayo--,
disminuyó en 109.200 personas; y en el año 1997, en 91.400 personas.

Estas son las cifras, y son buenas señor Ministro, pero no hay que tirar
cohetes, simplemente hay que decir que esto evoluciona bien; aunque sí
hay que plantearse algunas preguntas en serio y constructivamente.

¿Por qué, creciendo menos, disminuye más el paro? Debo anticiparle que no
tengo la respuesta. Probablemente, porque es el rebote de una destrucción
de empleo intensísima en la crisis de 1993, y una vez que se produce ese
rebote, en el año 1995 o incluso en 1996, la tendencia vuelve a ser
diferente. Probablemente tiene algo que ver la reforma de 1994. Todavía
recuerdo que, en 1993, en la reforma del mercado de trabajo, cuando
estimulábamos un acuerdo social que no se produjo, nos decían ustedes
desde la oposición --usted mismo, señor Aznar--: esto del pacto social es
un burladero detrás del que se esconde el Gobierno para no tomar las
decisiones que tiene que tomar. ¡Cómo cambia la vida! (Rumores.) Yo ahora
le digo que apoyo la reforma laboral, que apoyo el acuerdo de los
sindicatos y de la patronal, lo mismo que lo apoyaba entonces, incluso
cuando no se producía, pero me parecía el mejor método. ¿Es la solución
perfecta? No. Siempre habrá quien proteste dentro de los sindicatos y
dentro de la patronal. Es un avance, y un avance importante, que nosotros
apoyamos. Lo apoyamos estando en la oposición --lo cual es una novedad--,
igual que apoyamos el desarrollo del Pacto de Toledo.

¿Qué nos inquieta? Del desarrollo del Pacto de Toledo nos inquieta --cómo
no-- que ustedes y sus socios parlamentarios no hayan aceptado nuestras
enmiendas. Quiero decirles que el desarrollo del Pacto de Toledo está
previsto, en sus efectos, para el año 2015. Es verdad que estas reformas,
que afectan a la Seguridad Social y al sistema de pensiones, son reformas
que se piensan a 20 años. No nos tranquiliza nada que se garanticen hasta
el año 2000. Ha habido otros pactos de pensiones, aunque parezca que no
los ha habido nunca. Nos inquieta que las prestaciones no contributivas
no hayan quedado claramente separadas, en su financiación, de las
contributivas.




El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que vaya concluyendo.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Tiene usted razón, y le pido excusas. Voy a
intentar ser breve, pero no tengo más remedio --si me lo permite, señor
Presidente-- que hacer alguna consideración más.




El señor PRESIDENTE: Adelante.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Gracias.

Nos inquieta que en las prestaciones contributivas tampoco haya una
previsión de la evolución de esa financiación a medio y largo plazo. Si
algún miembro del Gobierno --como le he oído decir públicamente--



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nos garantiza que para los mayores de 60 años o que hasta el año 2000 no
hay ningún riesgo para el sistema público de pensiones, creo que hay que
intentar ver qué ocurre con el horizonte del 2015. Por tanto, estamos de
acuerdo con los temas positivos y van bien, no tomamos distancia, no
decimos que el Gobierno se esconde mientras pactan los sindicatos; al
contrario, está muy bien que sindicatos y patronal pacten y está muy bien
que haya una mejora de la situación económica.

Le voy a decir en qué discrepamos, y ya lo dijimos en el debate de
presupuestos: es en la política de ingresos y en la política de gastos.

Es lógico que discrepemos, pero no en los objetivos que nos llevan a la
convergencia. Además, tengo la impresión que demostrará el tiempo, que el
abanico de la renta se abre, no se cierra. Esto ha ocurrido en Estados
Unidos, ha ocurrido en Gran Bretaña, es propio que ocurra con un Gobierno
conservador; si quieren, conservador-liberal o, si quieren, de centro
derecha. Es propio, pero va a ocurrir en una época de crecimiento
económico cuando nosotros creemos que hay que cerrar el abanico de renta
y hay que distribuir un poco más, aprovechando el crecimiento,
aprovechando la mejora de la situación económica. Eso lo puede entender
toda la sociedad.

Aparte de esta observación sobre la situación socioeconómica, con sus
luces absolutamente claras y con sus sombras no menos claras, en relación
con esa política, quiero hacer alguna referencia a lo que podríamos
llamar, para hacernos entender por todos, la mejora del capital humano y
del capital físico. Hoy se han dado dos cifras de incremento
presupuestario, una para sanidad y otra para política social, sin tener
en cuenta que algunas políticas sociales importantes, como la igualdad de
la mujer, etcétera, creo que han retrocedido; sin tener en cuenta esto y
sin entrar en una guerra de cifras, si el volumen de los presupuestos ha
aumentado 1,7, según he creído oír esta mañana, y la financiación de la
sanidad el 6 por ciento, pero me parece que no está arreglado el problema
financiero de la sanidad (por lo menos anoche no estaba arreglado, a lo
mejor hoy ya lo está y espero saberlo), si en los próximos 18 o 20 meses
se ha arreglado el problema de la financiación de la sanidad, se habrá
arreglado no por la previsión presupuestaria que me parecía
insatisfactoria. Es verdad que ahí sí se ha hecho una priorización, en
otros sitios no se habrá hecho.

Voy a poner tres ejemplos de lo que quiero decir. Me preocupa que en
capital humano, ya que la referencia de los veinte años se ha hecho
tantas veces esta mañana, haya habido por primera vez un retroceso en
gastos en educación. No es verdad, al menos eso dicen los especialistas y
los investigadores, que se haya aumentado en I+D, que se hayan aumentado
los gastos en investigación; aunque sea verdad que ha habido una
importante partida en investigación por un compromiso de defensa, no es
verdad que se haya aumentado.

No quiero entrar en una guerra absurda de cifras. En mi opinión, se está
produciendo una regresión en la inversión en el sector público educativo,
en la enseñanza pública, y un aumento relativo en el esfuerzo hacia la
enseñanza privada, además de haber hecho nuevas reglamentaciones que se
presentan como una mayor libertad de opción para los padres, siendo una
mayor libertad de opción para los centros, pero esta orientación hacia la
privatización y hacia el descuido de la enseñanza pública me parece que
es peligrosa y grave, no comparto la opinión del ministerio o de la
Ministra cuando dice que en los últimos 14 años del Gobierno hemos
condenado a la ignorancia a toda una generación --eso he oído en una
declaración pública-- porque es exactamente la contraria de la que le oía
decir al hoy Presidente del Gobierno hace 16 o 17 meses cuando se dirigía
a la juventud, diciendo que era la juventud mejor preparada de nuestra
historia. O es una cosa cierta o es otra, y, si es cierta, como todo es
mejorable hay que mejorarlo, pero mejorarlo defendiendo la enseñanza
pública, porque la enseñanza pública es la garantía de la no
discriminación, la de todos, y no quiero hacer un rosario de ejemplos que
están en la mente de todos y en los medios.

En la sanidad, señor Presidente, acepté la oferta que hizo hace un año,
una oferta para estar en una subcomisión que estudiara la reforma y la
mejora del Sistema Nacional de Salud. Llevamos un año en esa subcomisión,
y todavía no se ha presentado el plan de reforma y de mejora. Es verdad
que nos hemos impacientado un poco --un poco después de un año--, entre
otras cosas porque oyendo lo que decía el Presidente del Gobierno esta
mañana sobre las medidas que se ha tomado en gestión, en política
farmacéutica, etcétera, daba la impresión de que cuando se pregunta por
la reforma de la sanidad nada tiene que ver con la reforma de la gestión,
con la reforma del gasto farmacéutico, o con otras medidas. Algo debe
tener que ver. Por tanto, nosotros queremos que haya un planteamiento en
la subcomisión para estar en ella, un planteamiento de reforma del
Sistema Nacional de Salud para hacer una política consensuada sin que se
tomen medidas complementarias que después tenemos que discutir cubriendo
con el paraguas de una pretendida subcomisión.

Me gustaría que no fuera verdad, señor Ministro, señor Presidente, que se
han encargado a empresas multinacionales especialistas algunos estudios
de privatización sobre 60 grandes centros sanitarios. Si es verdad que se
ha encargado ese estudio, por favor, den por liquidada la subcomisión,
hagan la política de salud que quieran, pero no cuenten con nosotros ni
siquiera para esperar sentados en la subcomisión. Si es para reformar y
mejorar el Sistema Nacional de Salud, aquí estamos dispuestos a
discutirlo; en otro caso, por favor, no cuenten con nosotros, porque no
creemos en esa alternativa.




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Lo mismo diría de las inversiones. Agotado como tengo el tiempo, señor
Presidente, digo que si han aumentado determinados gastos --los de
inversiones también--, nosotros hemos pensado muchas veces, como
cualquiera, durante los debates del Consejo de Ministros, cómo hacer unas
políticas de inversiones que no carguen en los presupuestos que cada año
se tienen que presentar para que se cumplan los objetivos de déficit; es
decir, cómo centrifugar una parte del gasto o cómo aplazarlo a través de
no sé qué mecanismos. Algunos los llaman mecanismos alemanes, pero
¡cuidado! para hacer mecanismos alemanes, primera condición, hay que ser
alemanes; después hay otras más, entre ellas, que sean de verdad los
mismos mecanismos. En todo caso lo cierto es que las inversiones están
paradas, que han descendido las inversiones públicas y como el país
necesita seguir manteniendo un esfuerzo de modernización de las
infraestructuras físicas en todos los sentidos y tenemos, además, una
necesidad de ajuste presupuestario, las políticas estructurales y las
políticas de cohesión de ninguna manera se pueden parar, y habrá que
repensar en nuevos equilibrios presupuestarios, no para el año 1998, sino
para 1999, 2000, 2001 y 2002; habrá que pensar en otros equilibrios,
porque seguimos necesitando converger desde el punto de vista real y eso
significa --lo saben ustedes muy bien-- mejorar las infraestructuras, es
decir, el capital físico de nuestro país y desde luego el capital humano,
que está muy de moda ahora que desde Estados Unidos, desde Washington a
Londres, se oye la misma voz: el futuro depende de la mejora de la
educación. Es verdad que se podrían hacer milagros, en economía incluso
se dice que hay actuaciones milagrosas, pues bien, yo no las creo. No
creo mucho en los milagros, sobre todo en los milagros que están escasos
de financiación, y en la educación me parece difícil.

Finalmente una consideración que me importa hacer en este XX aniversario
de las elecciones de 1977. Estamos preocupados --y algunos pensaban que
íbamos a dedicar el debate a eso-- por algunos problemas que afectan a
las reglas del juego que durante mucho tiempo nos hemos dado. No digo que
no hayamos cometido errores, sí hemos cometido errores, incluso les digo
por anticipado que aun cuando esos errores sean ciertos a ustedes, como
responsables actuales de la mayoría y del Gobierno, no les sirve de
justificación para también cometerlos, pues lo que espera la sociedad es
que en lo que sea verdad que nos equivocamos no se equivoquen. Por tanto,
si hemos cometido errores no podemos servir de paraguas para volver a
cometerlos.

Me preocupan las reglas de juego, me preocupa por tanto el respeto a lo
que podrían ser esas reglas. Voy a poner tres ejemplos, y en uno siento
discrepar con el Presidente del Gobierno. Como ven, la crispación depende
mucho de las formas y de las reglas de juego y depende mucho de algunos
problemas muy importantes. He dicho que en las políticas transversales la
lucha contra el terrorismo es una importantísima, yo no la voy a analizar
en público y mucho menos para discrepar, lo sabe perfectamente el
responsable de Interior. Me gustaría que hubiera unidad de criterio
cuando públicamente se expresa la opinión del Gobierno sobre los
problemas del terrorismo, no digo una única voz sino unidad de criterio,
para nosotros poder mantener eso que nos parece muy serio, que es la
cohesión entre las fuerzas democráticas en la lucha contra el terrorismo.

También en justicia me parece bueno que haya una política transversal. No
voy a entrar --¿cómo se llama?-- en el agobiante calendario judicial que
a algunos nos oprime, sino en los problemas de la preocupación por el
funcionamiento de la justicia. Es un poder del Estado y un servicio
público, lo sabe todo el mundo. Desde el punto de vista del poder del
Estado, no creemos tener la verdad; desde luego la independencia está
superconsagrada por la Constitución en mayor medida que en cualquier país
de nuestro entorno democrático. Es verdad que, a veces, se altera, no por
debates políticos; por debates políticos, mediáticos, etcétera, no se
altera, se afecta, esto es cierto; pero la independencia está
garantizada.

Yo tengo algunas discrepancias, por ejemplo: creo que no todo es
reversible jurisdiccionalmente. El Poder Judicial es un poder
independiente del Estado, en equilibrio con otros poderes. Si usted manda
soldados a Albania, creo que ningún juez puede decir si eso se ajusta o
no a no sé qué ley. Honradamente, creo que no se puede decir. Pongo este
ejemplo que me parece poco discutible. Pues bien; alguien puede hacer una
demanda y llevarle a usted a la Sala Tercera, a la Cuarta, a la Quinta o
a la Primera del Tribunal Supremo --espero que a la Tercera, más suave--
para decirle si tiene o no capacidad para mandar soldados a la crisis de
Albania. Yo creo que esto no es posible. Esto no es razonable, desde el
punto de vista del respeto al equilibrio entre poderes, y, sin duda, hay
que mejorar el servicio. Haremos propuestas en esa dirección para buscar
un acuerdo. Propuestas para saber si definimos un papel de la Fiscalía,
si definimos un papel en la instrucción, si definimos reformas
procedimentales, etcétera.

Pongo tres ejemplos, como les decía, entre muchos que se podían poner
(pero para no hacerlos muy irritantes, que a mí me preocupan), que
afectan a distintas cuestiones.

En cuanto a las reglas de juego, la única comisión de investigación que
ha aprobado la Cámara se refiere al Gobierno anterior; la única --eso
respeta o no las reglas de juego, no me preocupa mucho--, y nace de una
afirmación hecha por el Presidente del Gobierno y las autoridades
económicas del país y responsables de la Agencia Tributaria. La
afirmación es muy simple, por eso el ejemplo y la respuesta deberían
servir también



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para que todo el mundo se enterara. La afirmación es: 600 expedientes han
costado 200.000 millones a la Hacienda. Se varía entre negligencia y
prevaricación, amiguismo o no sé cuánto del Gobierno socialista. Pero eso
se dice el 14 y el 15 de enero y se repica, como no podía ser menos, por
distintos portavoces. Cinco meses y pico después, la comisión sigue
investigando. Me da igual. No sé si ha recibido ya 2.800, 3.400 o 18.500
expedientes. Ha habido algunos insultos que, cuando se refieren a mí, me
preocupan menos; cuando se refieren a alguno de los compañeros, como
Pedro Solbes, que lleva tantos años dedicado a prestar servicios al
Estado, me producen una especial irritación. Cuando se duda de su
honorabilidad me producen, debo reconocerlo, aunque no lo exprese, una
especial irritación. El ejemplo es muy simple: si el día 14 y 15 de enero
había 600 expedientes que costaban 200.000 millones es porque se estaba
diciendo la verdad y esos expedientes se tenían y se había hecho el
cálculo de los 200.000 millones. Cinco meses después, únicamente pido, y
pido seriamente, que esos 600 expedientes por valor de 200.000 millones
se presenten. Y, si no, que se diga que no se disponía de ellos cuando se
hizo esa afirmación y, por tanto, no se respetó la verdad; porque cinco
meses después no se puede decir que no se encuentran. (Aplausos.) Porque
si no se encuentran ahora es que entonces no se tenían. Y si no se tenían
no se podía afirmar. Podemos hacer lo que queramos con la política,
incluso confundir todo con todo, pero esto es tan claro y tan rotundo que
exige, por favor --no es malo--, una rectificación pura y simple sobre
esa afirmación.




El señor PRESIDENTE: Señor González, concluya, por favor.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Segundo y tercer ejemplo, y concluyo.

Señorías, hay un problema a partir del mes de diciembre en relación con
la televisión digital que se ha convertido en un debate sobre intereses
generales e intereses particulares, que yo nunca he logrado entender en
esos términos, porque no me parece un interés más general el de Televisa
o Telefónica, que el del grupo Prisa o el de Antena-3. Me da igual.

Además, no tengo acciones, créanlo, en ningún grupo. Y prefiero que
lleguen a un acuerdo, si pueden. No me afectará para nada, ¡para nada! Lo
que pienso es que el decreto-ley y la ley de la televisión digital no
sólo es inconstitucional, sino que rompe unas reglas de juego a nivel
europeo. Está bien que cumplamos los criterios de convergencia que están
en el Tratado de Maastricht, pero les aseguro, porque los he leído, que
también están los artículos 30 y 59, en los que se exige el respeto a la
libertad de comercio, que exigimos a Francia para el paso de nuestras
mercancías, y el respeto a la libertad de prestación de servicios, de
acuerdo con unas directivas que podíamos haber traspuesto en diciembre,
octubre, septiembre de 1996, y que ahora no están bien aplicadas.

Como nosotros conocemos Europa --seríamos rematadamente tontos si después
de estar diez años trabajando en Europa no conociéramos cómo funciona
eso--, sabemos que la orientación de los técnicos va en la dirección de
decirle al Gobierno que esto no es aplicable al derecho europeo y, por
tanto, que habrá responsabilidades ante el Tribunal Europeo de Justicia,
y esas responsabilidades se traducirán en indemnizaciones. Si alguien
dice, incluso a coro, que las indemnizaciones las pagará la otra empresa,
tan privada como la anterior, simplemente está diciendo una barbaridad,
pero una barbaridad no digo desde el punto de vista jurídico, sino desde
el punto de vista del sentido común. Si alguien, en cumplimiento de una
ley, se queda con una determinada actividad, ¿por qué va a tener que
indemnizar a nadie? Será quien hace la ley quien tenga que indemnizar, es
decir, los ciudadanos. Es de puro sentido común. ¿Cómo alguien va a
indemnizar a otro porque le transfieren, a través de ese mecanismo
diabólico?
Ayer, cuando no nos ayuda la intención nos ayuda la torpeza...




El señor PRESIDENTE: Señor González, por favor, concluya.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Sí, ahora mismo, sólo me queda un último
ejemplo.




El señor PRESIDENTE: Concluya definitivamente.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Ayer en el Parlamento Europeo un representante
del Partido Popular español, no europeo, le preguntó al comisario
Bangemann, y el comisario Bangemann, que creo que no trabaja para el
grupo Prisa y, por tanto, no ha perdido su independencia, y que creo que
no es ajeno a los intereses generales que compartimos en el ámbito de la
Unión Europea, dijo: Mire usted, es que no entendemos nada, hay una
empresa que funciona, los técnicos dicen que con descodificadores tan
abiertos como los otros, pero funciona, y tiene clientes que parecen
satisfechos, y hay otra empresa que ni existe, que además tiene
descodificadores que no están en el mercado, y resulta que la opción de
la ley propuesta por el Gobierno y sus socios es la de que el único
descodificador que hay es el que no se puede comprar a la Philips o a
cualquier otro, me da lo mismo, el que no existe todavía en el mercado.

Es decir, rizar el rizo.

Este no es un problema sólo de libertad de empresa o de libertad en el
terreno de los servicios, sino que, desde mi punto de vista, es un
problema importante de reglas de juego.

En la crisis de los fiscales, señor Presidente, le he oído poner un
ejemplo de que nosotros nombramos a



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un fiscal que después el Tribunal Supremo dijo que no cumplía con
determinados requisitos legales; es verdad que se corrigió esa
jurisprudencia y respetamos la sentencia, pero el Estatuto de la Fiscalía
se puede discutir, incluso se podía haber modificado el derecho; el
Gobierno tenía derecho a haber modificado el Estatuto de la Fiscalía,
pero hasta ahora siempre se ha interpretado de una manera.

Es más, le diré algo que no se ha dicho. En el ascenso de los fiscales
creo que el Consejo Fiscal tiene la facultad de emitir un dictamen, que
es vinculante o conforme, pero que debe ser un dictamen de legalidad, no
de oportunidad. En eso sí que creo que hay una posible discusión pero, en
todo caso, es así, y créame (debe haber como 1.380 fiscales --quizá
alguien me pueda ayudar--, casi 1.400) no son un coro, créame no están en
este caso en una reacción corporativa. Están inquietos porque les parece
--pueden estar equivocados-- que se ha roto una regla de juego que estaba
vigente desde la Constitución y el desarrollo estatutario de 1981.

Puse tres ejemplos para no hacer ninguna contribución que pueda parecer
de crispación. Pero, señor Presidente, créame, los intereses generales,
no los particulares, ni las impaciencias, no son de unos o de otros, los
intereses generales son de todos. Todos los pueden defender según sus
criterios. Ustedes pueden defenderlos según los criterios que tengan y
otros según otros criterios. Es mucho mejor hacer un esfuerzo, cuando
afectan a problemas estructurales y de futuro, para defender todos los de
todos, y a eso estamos dispuestos.

Gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, he escuchado con mucha atención, y también con algún
esfuerzo... (Rumores.) también con algún esfuerzo la intervención del
señor González, que es el mismo modo que tuvo de empezar el debate de
investidura. Con la misma atención y con el mismo esfuerzo con el que
escuché su intervención en el debate de investidura, lo escucho ahora en
este debate sobre el estado de la Nación.

Su intervención, señor González, ha sido en un tono, que yo también he
procurado mantener esta mañana, lo más constructivo posible, abierto a
los acuerdos, abierto al diálogo y, por supuesto, haciendo compatible lo
que son las legítimas discrepancias del ejercicio de gobierno. Porque, al
fin y al cabo, estamos en un debate sobre el estado de la Nación en el
que se trata de controlar la gestión del Gobierno, y esta gestión, que ha
sido expuesta esta mañana, algunos piensan que hasta exhaustivamente,
también tiene la parte de las propuestas positivas, de las ideas que se
pueden aportar a la marcha de la nación, si es que se tienen esas
propuestas o esas ideas, y, sinceramente, después de escucharle, tengo
mis dudas respecto a las conclusiones que podamos sacar de las propuestas
de su intervención.

Pero quiero reseñar la parte en la que S. S. ha empezado retomando mi
intervención de esta mañana respecto de acuerdos con cierto contenido
histórico. Es verdad que los 20 años transcurridos desde el inicio de la
democracia en España nos deben llenar de orgullo y de satisfacción
legítima a los españoles. Es verdad que forman un capital político en la
vida de los españoles, no sólo histórico sino de futuro, para las
generaciones venideras que nos tenemos que preocupar claramente en
preservar. Es verdad que esos acuerdos se hicieron, entre otras
cuestiones, sobre la idea de no vindicar el pasado, de no estar
pendientes de reescribir innecesariamente, hurgando en la historia, para
no caer en la tentación, que tantas veces ha habido en la historia de
nuestro país, de arrojarnos la historia a la cabeza como si fuesen
pedradas, y de procurar mirar hacia el futuro recuperando cada uno la
parte de responsabilidad que tiene y proyectándola en beneficio de la
comunidad, en beneficio de la sociedad.

En mi opinión, ese aspecto fundamental del inicio de la transición
democrática, cuyos 20 años vamos a cumplir dentro de muy pocos días, que
se contiene, como he dicho esta mañana, en el gran pacto que fue la
Constitución, no sólo un pacto político, sino también un pacto en la
solidaridad --a él me referiré luego-- también conviene respetarlo,
porque, cuando se habla de reglas del juego, es bueno acordarse de todas
y procurar respetarlas todas, las que se refieren a las reglas del juego
político y las que se refieren también a las reglas del juego
económico-sociales, no vaya a ser que alguien, pidiendo respeto a las
reglas del juego, se olvide del cumplimiento de algunas. Puede ocurrir.

Digo simplemente que hay que hacer el esfuerzo de respetar las reglas del
juego, en sentido general, a que se refiere nuestra Constitución, tanto
en lo que tiene de contenido político como social, más allá de lo que
significan los acuerdos o desacuerdos coyunturales de una acción política
concreta.

Evidentemente, pasar de un régimen dictatorial a un régimen de libertades
en una democracia consolidada, el pasar de un Estado profundamente
centralizado a un Estado descentralizado, el pasar de una situación de
precariedad o, si se quiere, de aislamiento internacional a una situación
de prestigio, de fortaleza, de presencia internacional, acompañada
también por una transformación económica muy importante, de una economía
cerrada a una economía abierta, es un patrimonio común que naturalmente
debemos conservar. Es un patrimonio común que hemos sabido conservar a lo
largo de estos últimos 20 años. Yo, señor González, señorías,
naturalmente estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que me
corresponde en este momento como Presidente del Gobierno, y por supuesto



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también en nombre de mi grupo y de mi partido, para, sin ningún tipo de
reservas y sin ningún tipo de condiciones previas, no sólo mantenerlo,
sino perfeccionarlo mirando al futuro de nuestro país y pensando en las
futuras generaciones de españoles. Estoy dispuesto a asumir esa
responsabilidad, tanto más, cuando eso coincide con la existencia de unos
retos importantes, en los que estamos también de acuerdo, en los cuales
efectivamente no basta el esfuerzo, ni siquiera que se reconozca o no se
reconozca el acierto de un Gobierno, sino que naturalmente se requiere un
esfuerzo colectivo muy importante, muy determinado, muy decidido, para
poder superar esos problemas y llegar a esas ambiciones y metas a las que
deseamos llegar nosotros. Por tanto, a partir de ese momento es bueno que
los hechos respondan.

En la intervención que yo he hecho esta mañana, señor González, he
llegado a una primera conclusión y es que, en ese espíritu, en esas
circunstancias, en ese ambiente, para provocar y conseguir la culminación
de esas ambiciones o de esos retos, podemos estar razonablemente
satisfechos cuando los hechos respaldan lo que es un camino positivo de
la sociedad española, de la economía española y de la posición
internacional de España hacia el futuro. Para eso es muy bueno --lo he
dicho esta mañana--que se mantenga claramente un clima de estabilidad
política, y esa estabilidad política se ha conseguido merced a unos
acuerdos firmados entre el Partido Popular y los nacionalismos moderados,
que tienen la virtualidad de ser acuerdos públicos, cosa que --no estoy
criticando nada, solamente marcando un hecho-- antes no ocurría. Ahora
son unos pactos de carácter público que naturalmente son criticables,
enjuiciables, tanto en el pacto en sí mismo como en lo que significa la
aportación de los nacionalismos moderados a la estabilidad, a la
gobernabilidad y a la marcha de las cosas.

Dicho eso, naturalmente se pueden plantear los criterios de
discrepancias, de acercamientos que se consideren necesarios, y S. S. ha
planteado algunos de ellos.

Ha mencionado --si no he seguido mal su intervención; si la he seguido
mal espero que se me corrija-- unas áreas de consenso que ha definido
necesarias. En el ejercicio del derecho de oposición, naturalmente, uno
puede marcar las áreas de consenso que estime lógicas y oportunas. Su
señoría ha marcado algunas áreas de consenso que comentaré con alguna
brevedad.

La primera área de consenso es la que se refiere al Estado de las
autonomías; de consenso o de intento de consenso, porque ya he dicho
antes que es uno de los activos que tenemos, que puede ser un patrimonio
interpretable, matizable, opinable, pero lógicamente no cuestionable. No
creo que nadie cuestione la marcha atrás del proceso; que nadie cuestione
el paso de un Estado fuertemente centralizado, o totalmente centralizado
si se quiere, a un Estado profundamente descentralizado, al Estado de las
autonomías.

Lo que yo quiero decir, señor González, es que el Gobierno ha ofrecido,
en todo caso, un diálogo abierto a las comunidades autónomas y a los
grupos parlamentarios y la verdad es que tengo que decir que se ha
conseguido un razonable grado de acuerdo en distintos puntos, excepto con
su grupo y con su partido y no es porque no se haya intentado. De tal
manera que si S. S. hace una apelación al acuerdo, a la negociación, yo
tengo que decir que no puedo estar más conforme con ella. Lo que hace
falta es, a partir de ese momento, intentar conservar una posición que
pueda ser articulable, que pueda ser defendible. Digo una posición, si
usted me permite; no diecisiete posiciones distintas, que al final se
traducen en una única posibilidad, y es que lo que diga el Gobierno no, y
se esté cambiando de posición cada dos por tres en lo que significa el
planteamiento de cuestiones que tienen que ver con el Estado de las
autonomías.

Usted ha hablado de la financiación autónoma y de los acuerdos a los que
se podía llegar. Yo quiero recordarle, señor González, que yo firmé, con
usted, un acuerdo sobre desarrollo del Estado autonómico de las
comunidades del artículo 143 y no lo condicioné a la financiación, ni se
me ocurrió condicionarlo a las negociaciones que pudiese haber o no sobre
el concierto económico y el cupo vasco. Nosotros lo firmamos, y se hizo
un acuerdo de financiación, y se hizo un acuerdo autonómico. A partir de
ese momento yo le quiero decir: ¿por qué se tiene que condicionar la
posibilidad de hacer un pacto autonómico de desarrollo del modelo
constitucional y estatutario de una manera cerrada, completa, a disponer
de un acuerdo de financiación y además añadirle el acuerdo sobre el
concierto? salvo que no se quiera llegar a ningún acuerdo.

Tengo que recordar que, hablando del concierto económico, el Gobierno ha
negociado con el Gobierno vasco, del cual forma parte el Partido
Socialista. Bueno, usted mueve la cabeza..., pero no sé si forma parte o
no forma parte (Rumores.--Risas.); si se está marchando; si se está
quedando. Yo también deseo en ese caso la mayor estabilidad posible,
créame; deseo la mayor estabilidad para ese Gobierno y que también se
cumpla la legislatura en el País Vasco. Pero ¿me quiere explicar S. S.,
por favor, cuál es la posición del Partido Socialista respecto al
concierto económico y al cupo vasco? ¿Tiene la amabilidad de explicármela
y de decírselo a la Cámara? ¿Cuál es: la que quieren los socialistas
vascos, la que quieren los de Guipúzcoa, la que quieren los de Vizcaya,
la que quieren los de Alava, la que quieren los de Madrid? ¿Cuál es?
Dígame, por favor, por qué lo que vale para una parte de España no vale
para otra. (Rumores.) Dígame usted si no es bueno el afirmar y reafirmar
el marco institucional y el marco estatutario en el País Vasco. Dígamelo.

Señoría, es bien sencillo. Conviene decir si se está de acuerdo o no; si
se va a votar a favor o no o qué se va a hacer con el concierto
económico. Diga usted si se ha



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seguido la misma metodología que ustedes establecieron para negociar el
cupo o si, por el contrario, se ha seguido una distinta. Dígame usted si
las variaciones en cuanto a la capacidad normativa que el estatuto les
reconoce a las instituciones vascas, a los territorios forales son
inasumibles o son asumibles.

Dígame también, por favor, por qué ustedes pueden aumentar la capacidad
normativa de la Comunidad de Navarra y no pueden aumentar la de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Dígame usted por qué se niegan a
aumentar la capacidad normativa en otras comunidades autónomas y pueden
aumentar otros años la de Navarra y ahora abstenerse, a lo que parece, en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero ofrézcame, por favor, señoría,
un discurso, una interpretación para poder establecer, en su caso, un
principio de negociación, de diálogo o de acuerdo.

Yo quiero recordar a S. S. en este punto que hemos hecho un debate sobre
el estado de las autonomías en el Senado y allí quedaron de manifiesto
claramente algunas cuestiones. Una de ellas es que ustedes defendían la
capacidad normativa de las comunidades autónomas en aplicación del
principio de corresponsabilidad.

Ahora se escuchan grandes discursos sobre la solidaridad, sobre la
corresponsabilidad. La solidaridad (y hay distintas formas de
interpretarla y luego naturalmente se reconocerá que alguna nos
corresponde) nosotros la hemos puesto en marcha fortaleciendo el Fondo de
Compensación Interterritorial o haciendo también una aportación
importante y poniendo en marcha el Fondo de nivelación; es verdad. Se
podrá decir que 10.000 o 15.000 millones no es mucho; pues, mire usted,
más que nada desde luego. Es lo que es posible en este momento para
ponerlo en marcha. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando el sistema.

Naturalmente, lo que quiero decir es que no se puede defender un sistema
sólo en una parte. Cojo las declaraciones de sus compañeros de Cataluña,
y usted ha hablado mucho de declaraciones, y veo que defienden la
corresponsabilidad de la capacidad normativa con todas sus consecuencias,
a lo cual se oponen otros, y otros dicen que de acuerdo, pero con
matices, y otros dicen que no. Hace falta tener un modelo. Nosotros hemos
puesto un modelo encima de la mesa, y ahora, con toda franqueza, señor
González, usted nos ha propuesto no un modelo, sino un lío, porque la
corresponsabilidad fiscal o es capacidad normativa, señor González, o no
es nada. Será coparticipación en gestión, será coparticipación en
recaudación, que ya me dirá usted cómo luego se organiza eso y cómo se
hace eso, pero la corresponsabilidad fiscal, aquello que consiste en
compartir la responsabilidad de pedirle dinero a los ciudadanos, eso
tiene que tener una traducción normativa. Y usted podrá decir: sobran los
tributos cedidos. Pues dígalo. Antes decía: sobran los tributos cedidos.

Ahora ya lo ha retirado del discurso; ahora ya ni los tributos cedidos ni
la renta ni nada; y si lo que no quieren es corresponsabilidad fiscal,
presente un modelo encima de la mesa que diga: no queremos
corresponsabilidad fiscal, y no vamos a acordar con ustedes ningún modelo
de financiación para las comunidades autónomas. Sencillamente, es eso.

(Aplausos.) Una propuesta que sea algo distinto de la marcha atrás.

La segunda área de acuerdo que S. S. ha mencionado, es decir, donde
podemos hallar puntos de encuentro suficientes y, naturalmente, acuerdos
también, por qué no decirlo, es la relativa a la política exterior. Es
verdad que en este momento, y yo lo he dicho esta mañana, parece que hay
dos elementos muy importantes, dos elementos trascendentales para lo que
significa la evolución al menos de Europa en el futuro inmediato en sus
distintas vertientes.

En primer lugar, hay una decisión trascendental, que en su caso debería
tener un carácter irreversible, y al cual nosotros le damos la mayor
trascendencia, por eso procuramos cumplir nuestras obligaciones, que es
la de la puesta en marcha de la moneda única, la Unidad Económica y
Monetaria. En segundo lugar, hay otra cumbre especialmente importante y
trascendente, que es aquella a la que se refiere, en sus distintas fases,
a la seguridad europea, que es la cumbre de la Alianza Atlántica, que se
celebrará en Madrid.

Yo le quiero decir que en relación con la Unión Económica y Monetaria y
con la moneda única, naturalmente sé que compartimos esa aspiración. Me
hubiese resultado absolutamente extraño, por no decir totalmente
extravagante, el que, por algunos discursos que se están haciendo ahora
en algunos países europeos, que ponen en duda la Unión Económica y
Monetaria, y suponiendo alguna identificación de carácter ideológico, S.

S., que, como ha dicho, es uno de los firmantes del Tratado de
Maastricht, ahora hiciese un discurso contrario. Yo creo que en este
momento están apareciendo algunos discursos dudosos, confusos, porque hay
una pregunta difícil de responder también cuando se habla de la Unión
Económica y Monetaria o de otras cuestiones, y es decir: ¿y usted qué
propone? Y cuando ahora se oyen algunos discursos diciendo que hay que
cambiar el rumbo de la construcción de Europa, se puede decir: oiga, ¿y
hacia dónde? ¿Y usted qué propone? Hasta ahora no se ha propuesto nada.

Lo digo a efectos de saber las dificultades que tenemos. Hasta ahora no
se ha propuesto absolutamente nada. Lo único que se ha propuesto es
decir: no hagamos nada. Pero proponerse, no se ha propuesto nada desde el
punto, además, de lo que significa algo que se quiere vincular, que es
una posición más activa de defensa del empleo en razón de lo que
significa su presunta incompatibilidad, la presunta incompatibilidad de
la creación de empleo con el cumplimiento de los objetivos de la Unión
Económica y Monetaria; posición, tengo que decir, con la que yo no estoy
de acuerdo, entre otras cosas porque se está demostrando lo



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contrario, que se pueden cumplir los criterios de convergencia y, al
mismo tiempo, crear empleo. Y S. S. o cualquiera podría decir: y puede
darse también lo contrario, que no se cumplan y que se cree empleo. Pues
sí. Y puede darse también que se cumplan y no se cree empleo, o puede
darse que no cumpliéndose tampoco se cree empleo. Se pueden dar todos los
supuestos (Rumores.), pero lo que se está demostrando aquí, en nuestro
país, es que se cumplen y se crea empleo, y eso es muy importante, entre
otras cosas porque hay una diferencia también importante entre una
actitud actual y unas actitudes pasadas que yo no quiero entrar a
considerar ni a juzgar. Estoy refiriéndome a hechos. Señoría, he dicho
esta mañana, y es verdad, que hace un año no se cumplían ninguno de los
criterios de convergencia y ahora sí; se cumplen tres y no vamos a tener,
espero, excesivos problemas, haciendo el esfuerzo que estamos haciendo,
en cumplirlos todos, porque como usted sabe muy bien el de la deuda se
cumple por un criterio tendencial que va a comenzar este mismo año en su
descenso. En consecuencia, es una diferencia muy importante. Quiero decir
que España no está sólo en la posición en este momento de hacer un
discurso favorable a la Unión Económica y Monetaria, está cumpliendo las
condiciones de la Unión Económica y Monetaria y esa es una diferencia
fundamental, no solamente desde el punto de vista de la perspectiva
económica española, no solamente desde el punto de vista de nuestras
expectativas y de nuestras ambiciones, también desde el punto de vista
político de la posición española. Me parece que es más importante, más
seguro para las posibilidades de España, cumplir y estar en la moneda
desde el primer momento que no estar a ver lo que pasa. Por tanto, quiero
decir que la cuestión de la Unión Económica y Monetaria es muy
transcendente, en la que hay que distinguir los discursos y los
cumplimientos. Creo que antes había discursos y no había cumplimientos y
ahora por lo menos los discursos coinciden con los cumplimientos y con
las posiciones del país.

Quiero decirle también al respecto que en ese punto es donde usted ha
mencionado el Pacto de Estabilidad, que fue negociado de una manera muy
dura y muy difícil en Dublín y es, evidentemente, una garantía. No
solamente es, como S. S. ha dicho, la garantía que un país tan importante
como Alemania tiene que ofrecer a sus ciudadanos para conseguir un apoyo
de transformación del marco en euro, no solamente eso, es también un
pacto de garantías para un funcionamiento del sistema que se aspira a que
sea correcto en todo caso y sobre todo que no tenga distorsiones desde el
comienzo. Y también, por supuesto, que ese pacto (lo cual no tiene por
qué gustar, pero como sabe S. S. en las negociaciones es importante
llegar a una conclusión y en esas conclusiones evidentemente no se asumen
siempre las posiciones de nadie y en este caso no se asumió al cien por
cien la posición de nadie) tiene un carácter disuasorio, duro, si se
quiere, pero tiene un carácter también de estabilidad, disuasorio y de
garantía. Eso es el Pacto de Estabilidad.

Yo creo, señor González, que no debe usted hacer el favor a los
contrarios --estoy convencido de que lo ha hecho sin querer--, a los
contrarios a la Unión Económica y Monetaria y a la moneda única, de
decirles que no se va a aplicar el Pacto de Estabilidad, porque si no se
va a aplicar el Pacto de Estabilidad, como usted ha dicho, o que es mejor
que no se aplique, evidentemente puede usted contribuir a empeorar un
discurso y una situación que es en este momento de alguna dificultad.

Pero, además, no lo complemente --por lo menos se lo sugiero, lo hago
como sugerencia-- diciendo que es razonable que no se aplique porque los
mercados ya se encargarán de corregir la situación del que no lo cumpla,
porque eso no es del todo verdad; justamente por la moneda única, la
incorrección del que no cumple afecta a todos los demás y justamente por
eso es por lo que algunos quieren establecer --y los demás hemos
contribuido y hemos aceptado-- el Pacto de Estabilidad; es decir, que el
déficit de un país no lo corrige sólo el mercado en ese país, la
corrección tiene efectos en todos los países y esa es la lógica, entre
otras cosas, como es natural, del Pacto de Estabilidad.

Por tanto, no veo una incompatibilidad en lo que se refiere a la puesta
en marcha de la moneda única con lo que significa articulación de
políticas de empleo. Su señoría sabe que en la Conferencia
Intergubernamental hemos planteado un capítulo sobre el empleo que
naturalmente puede recoger perfectamente lo que son coordinación de
políticas comunes y justamente lo que usted ha mencionado es en gran
medida la propuesta que la Comisión ha hecho al nuevo Gobierno francés,
que no ha dicho por el momento ni que sí ni que no, ha dicho simplemente
que la tendrá que estudiar y ver en el futuro y habrá que estar atento a
lo que pase en los próximos días.

Tiene usted mucha razón, y estoy totalmente de acuerdo, en que en sí
misma hay que respetar lo que es la Agenda 2000 por encima de lo que
significan algunas apetencias sobre las nuevas perspectivas financieras
en la Unión Europea, en sí mismas también, y con las perspectivas de la
ampliación. Sabe S. S. que sobre los fondos estructurales. sobre los
fondos de cohesión a veces hay una apetencia desmedida, por decirlo de
otra manera, extraordinaria, de muchos países que no quieren,
efectivamente, tener que hacer, en la perspectiva de la ampliación, ni
siquiera ahora, un debate sobre ingresos, sobre suficiencia de ingresos o
de recursos, sino simplemente decir: Vamos a limitar fondos de cohesión o
fondos estructurales fundamentalmente. Naturalmente, hay una cosa
inaceptable, que es una proposición que dice: Todo aquel que esté en la
Unión Monetaria, que participe en la moneda única y reciba fondos de
cohesión, en el mismo momento que ingrese en la moneda única debe dejar
de



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percibir los fondos de cohesión. Eso, ni tiene lógica, ni se mantiene en
pie en lo que significa el espíritu del Tratado, como sabe muy bien S.

S., en lo que se refiere a la cohesión, a la solidaridad, por otra parte
desvinculada de lo que es el empleo, pero que es claramente uno de los
ejes fundamentales sobre los que se ha construido en este momento la
arquitectura institucional, política y social europea. Por tanto, esa es
una cuestión que se debatirá en el futuro, aunque, efectivamente, se
adelantan pasos, se quieren adelantar pasos en un sentido, del mismo modo
que nosotros podemos adelantar pasos, y adelantamos pasos, en sentido
contrario.

Luego están distintas propuestas españolas que S. S. ha dicho que están
sujetas a problemas. Sí, naturalmente, todas las cuestiones que se
plantean en una conferencia están sujetas a un mayor o menor grado de
problemas. Sabe S. S. perfectamente que en el Consejo Europeo de
Florencia se consiguió llegar a un acuerdo sobre el convenio de
extradición europeo, que también hemos llegado a acuerdos de aplicación
anticipada respecto del convenio de extradición con algunos países y que
ese, naturalmente, es un paso adelante en lo que es una aspiración
española de construcción de ese espacio de libertad, de justicia, de
seguridad que, naturalmente, es uno de los ejes fundamentales de la
construcción europea y uno de los motores más importantes de lo que puede
significar una cercanía en este momento, en el discurso político, de la
Unión a los ciudadanos.

En ese marco hemos recogido la propuesta presentada precisamente por
ustedes, que es la del derecho de asilo, que tiene dificultades y que,
naturalmente, se va a hacer, y se está haciendo el mayor esfuerzo por
sacarla adelante. Son dificultades que han presentado distintos países y
creo que una posición responsable, desde el punto de vista español, es
ser sensible a esas dificultades para intentar contribuir también a
ayudar a superarlas, porque lo que nos debe importar de modo especial son
los resultados, resultados de los que puede producirse una mejora en los
mecanismos de coordinación y de cooperación internacional en materia de
lucha antiterrorista. De lo que se trata es de que nadie pueda
beneficiarse de actos terroristas o de actos de violencia política
utilizando atajos, triquiñuelas o pseudonormas legales que no responden a
lo que significa un espacio judicial europeo, como nosotros pretendemos
conseguir, no solamente en el ámbito policial y de seguridad, sino
también en el ámbito judicial.

Existen otras cuestiones que S. S. conoce muy bien, como es la relativa a
la reforma institucional y a la ponderación de voto en el Consejo, lo que
sin duda es muy importante y que sabe S. S. que está pendiente de la
anterior ampliación; existe el llamado compromiso de Ioannina, que es un
compromiso que más o menos se respeta, pero que no existe la garantía de
que el desequilibrio que sufrió España en la anterior ampliación y que no
pudo evitarse en aquel momento, se respete; en este momento se tiene que
evitar el de la anterior ampliación y pensar también en el de la
siguiente.

También ha mencionado S. S. lo que se refiere al reconocimiento de las
regiones ultraperiféricas, cuestión que, evidentemente, es importante
para Canarias y para su singularidad, por su especial situación. El otro
día contestaba yo una pregunta del portavoz de Coalición Canaria en el
sentido de lo que ya está en el proyecto de reforma de tratados,
repartido por la presidencia holandesa, que me parece razonablemente
satisfactorio para las aspiraciones españolas y, en este caso particular,
para las aspiraciones de Canarias.

Hay otras muchas cuestiones, cuestiones del olivar, del plátano,
etcétera, donde la negociación está abierta, donde hay mayor o menor
grado de dificultades; en unos casos es posible el recurso, llegar a
acuerdos con países productores; en otros casos naturalmente hay que
mantener una actitud de firmeza, de presión y, al mismo tiempo, de
negociación, que es como se suelen hacer las cosas en ese punto.

En relación con la cumbre de la OTAN, sin tener que hacer demasiado
hincapié en lo que significa para el futuro de Europa, teniendo en cuenta
una visión histórica --ya lo he dicho esta mañana-- de la trascendencia
de la firma del acta fundacional de relaciones entre la Alianza Atlántica
y Rusia, que firmamos en París, en lo que va a ser la firma de la Carta
con Ucrania --muy importante, como S. S. sabe bien, a efectos de
estabilidad y de seguridad--, en lo que se refiere también a la decisión
sobre la ampliación, que sin duda es trascendente desde el punto de vista
de lo que es históricamente el marco de cooperación y de estabilidad,
pero también, por supuesto, claramente de lo que es la eficacia y el
mantenimiento de la cohesión en el seno de la Alianza, también España
tiene su natural interés en la cumbre de la Alianza por dos razones
fundamentales, además lógicamente de que se celebre en Madrid. La primera
es, ya expuesta esta mañana, la intensificación del diálogo mediterráneo
con los países del Magreb, y la segunda es la determinación de nuestra
posición; es decir, el Congreso de los Diputados, a propuesta del
Gobierno, tomó el acuerdo y autorizó al Gobierno para dar los pasos
necesarios en orden a la integración plena de España en la estructura de
mandos renovada de la Alianza Atlántica.

¿Existe en este momento un acuerdo cerrado respecto a la estructura de
mandos? No existe. ¿Es posible que exista el acuerdo en Madrid?
Evidentemente en este momento se dan distintas circunstancias para tener
dudas razonables en ese punto. ¿Va a estar, por otra parte, el nuevo
Gobierno francés en condiciones de tomar una decisión, si es que no lo ha
tomado ya en sentido contrario, respecto a lo que es su integración en la
estructura? Bueno, en todo caso, en relación con España yo creo que
podemos tener, como he dicho aquí, una clara garantía y es que nadie
discute, por supuesto, que la totalidad de nuestro territorio, y como no



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podía ser de otra manera, el archipiélago canario, está bajo mando
español. Eso no se discute. Por tanto, es una cuestión sobre la que no
deberíamos volver a hablar ni se deberían hacer declaraciones sin ningún
tipo de fundamento que puedan inquietar a los canarios. No existe esa
cuestión, y quien apele a esa cuestión sencillamente no está diciendo la
verdad o está haciendo un planteamiento absolutamente falso y absurdo.

¿Existen en este momento discusiones sobre los límites, si tiene que
haber un límite más en un sentido o más en otro sentido, dependiendo del
mando estratégico europeo o del mando estratégico que está en Norfolk?
Existe ese debate sobre límites. Unos son partidarios de una cosa, otros
no tienen inconveniente en hacerlo. ¿Tenemos que resolver algunos
problemas con nuestros vecinos portugueses? Lo tenemos que hacer. Y lo
quiero hacer, señoría, con total discreción y contribuyendo también a que
este asunto, como otros, no sea motivo de discrepancia ni de discordia
entre España y Portugal. Creo que podemos llegar a una solución y a una
conclusión positiva.

Naturalmente, en relación con Gibraltar, sabe S. S. también que se han
producido fenómenos y se ha producido un calendario que no ha facilitado
precisamente unas conversaciones que de por sí no son fáciles, habida
cuenta de que ha habido unas elecciones, un proceso electoral y ha habido
también un cambio de gobierno en Gran Bretaña, con el que, evidentemente,
se ha empezado ya a tratar ese tema. En todo caso, es evidente y
clarísimo que España no puede aceptar en ese punto ninguna solución ni
ningún planteamiento que cuestione el fondo de lo que es la reclamación
de la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar, que hemos conservado también
como un activo no solamente de todos los grupos, sino de la política
española desde hace tantos años.

Y, por último, en relación con la mención que ha hecho S. S. de
Iberoamérica y de Cuba, no quiero entrar en muchas polémicas que pueden
ser, señoría, opinables. Quiero decir que yo he firmado un documento en
defensa de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia en
Viña del Mar. Y lo han firmado los demás jefes de Estado y de Gobierno. Y
se supone que ese documento es un compromiso político y un elemento de
movilización de voluntades políticas. Como también hemos llegado a un
acuerdo con todos los países de la Unión Europea en tener una posición
común respecto de Cuba. Esto quiere decir que cuando se habla de la
posición española, además de lo que es el interés propio, que no hace
falta aquí resaltar, el interés bilateral, más allá de lo que puede
significar un interés empresarial o comercial, nuestra posición en
Iberoamérica con nuestra posición en Europa, hay una posición común
europea y hay una posición común también iberoamericana. Además, hay una
relación singular española. Yo he dicho ya muchas veces --y quiero
repetir hoy aquí-- que nuestro único interés en este punto --que espero
compartir con S. S.-- es que Cuba, mediante un proceso ordenado de
transición pueda, en poco tiempo y en breve plazo, disponer de unos
niveles de libertades, de democracia y de respeto a los derechos humanos,
al menos como en nuestro país. Porque nosotros deseamos también para Cuba
lo mismo que deseamos para nuestro país. (Aplausos.) Pero que eso se
pueda hacer por ese sistema de transición pacífica y ordenada.

Ha hablado también S. S. de la situación económica y social. He tenido la
sensación de que comparte los resultados; no estoy seguro de si comparte
los instrumentos, aunque debe compartir los instrumentos, porque sería un
poco complicado compartir los resultados y no compartir los instrumentos
que llevan a esos resultados. Yo creo que S. S. no ha entrado en una
crítica de lo que es la política económica, no ha entrado en una crítica
de la situación económica; creo sinceramente que SS. SS. no esperaban esa
situación, contaban con otro escenario. Pero, al mismo tiempo, me
reconocerá S. S. que en gran medida eso se debe a un cambio de rumbo.

Esta mañana yo no me he querido apropiar especialmente de nada. No. Si he
dado esa sensación, desde luego lo lamento, porque no era mi intención.

También tengo que decir que he tenido buen cuidado en no hablar
específicamente, ni siquiera en terrenos económicos, en ninguno, con
detenimiento, de lo que han sido cuestiones de herencia. Yo me he
referido hace poco a que no cumplíamos ninguno de los criterios.

Naturalmente ha habido que hacer una corrección intensa. ¿En qué? En
inflación. En inflación hemos pasado del 3,8 al 1,6, este mes; en tipos
de interés, que se han reducido; naturalmente en déficit, también. El
déficit no era el que nosotros esperábamos o el que creíamos.

Desgraciadamente ha sido más, y digo simplemente eso, que
desgraciadamente ha sido más. A mí me gustaría haber emprendido una tarea
de gobierno no teniendo que hacer un ajuste de 200.000 millones de
pesetas ni aflorando 700.000 millones. Y lo he tenido que hacer.

(Rumores.) Por tanto, no me diga usted que yo me apropio de nada. Yo
reconozco los esfuerzos que ha hecho todo el mundo y también los
esfuerzos que han hecho ustedes, también en materia de política económica
y social. ¡Cómo no se van a reconocer los esfuerzos! Yo creo que nadie
puede tener el monopolio del esfuerzo. Ni el monopolio del esfuerzo ni el
monopolio de la libertad ni ningún monopolio, porque los monopolios no
son buenos para nada. (Aplausos.) Eso es como si S. S. dijera que no
somos capaces de reconocer los buenos sentimientos. ¡Hombre, por Dios!
Los buenos sentimientos nosotros se los reconocemos a todos, y yo
personalmente; a usted también le reconocemos los buenos sentimientos.

(Rumores.) Pero eso no tiene nada que ver con la herencia que uno recibe,
eso no tiene nada que ver con lo que significa administrar un ajuste o
una afloración, sin duda dura, que perturba el cumplimiento de criterios
de convergencia



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y de déficit. Por ello, le quiero decir que tener un déficit del 6,6, a
finales del año 1995, bajarlo al 4,4 y ahora bajarlo al 3, ¡oiga!, es una
tarea dura, ¿eh? Y, al mismo tiempo, mantener la coherencia de los
programas de convergencia. Porque la diferencia entre lo nuestro y lo
suyo es que aquí no viene nadie a decir: los presupuestos son éstos y
basta; yo me lo creo y con eso ya es suficiente. No; aquí nuestros
presupuestos se los creen los mercados internacionales, los nacionales,
los ahorradores, los inversores, y crean un marco estable. Y, además, se
cumplen. Aquí ya no basta decir: la mía es la única política económica
posible. Pues no; ni era la única ni era la mejor, había otras que, desde
luego, están consiguiendo bastante mejores resultados en casi todos los
terrenos. (Aplausos.)
Estoy absolutamente de acuerdo con usted --la frase es suya, literal-- en
que el empleo va bien. (Una señora Diputada pronuncia palabras que no se
perciben.) No he terminado todavía; ha dicho que va bien. Ya somos dos
los que creemos que va bien; cada vez vamos siendo más, vamos siendo
mayoría los que lo creemos. Otras cosas van bien, pero ésta también; sin
triunfalismos, evidentemente. ¿Cómo vamos a tener triunfalismos en un
país --contabilice por donde quiera, señor González-- con los problemas y
la tasa de paro que tiene España? Eso es imposible. Se nos podría ocurrir
decir que el empleo está bien, pero decimos que va bien. Nadie podría
decir: tengo las garantías de que el empleo va a mejorar de una manera
espectacular, pero creemos sinceramente que se ha demostrado que hemos
sentado las bases para un crecimiento estable del empleo en el entorno
macroeconómico de nuestro país, en el entorno presupuestario y en el
entorno de lo que significa el apoyo a la actividad productiva, el apoyo
a la actividad creativa, fundamentalmente el apoyo a la pequeña y mediana
empresa. Porque está claro que cuando se consiguen unos mecanismos de
estabilidad en inflación, en tipos de interés, en deuda, en todo aquello
que supone una mayor iniciativa, un mayor incentivo para lo que significa
la actividad productiva, cuando se adoptan medidas fiscales en virtud de
las cuales se rescata el ahorro de los españoles y, como hemos dicho en
muchas ocasiones, se pone ese ahorro a trabajar, o cuando se rebaja el
Impuesto sobre Sociedades a la pequeña y mediana empresa, se producen
resultados positivos. Por vía de la EPA, con corrección, le he dicho que
en este momento había 300.000 --algunos más-- trabajadores más que hace
un año; sin corrección son 400.000, pero con corrección son 300.000. Y
ahora hay en torno a 150.000 parados menos de un año para otro. ¿Qué
espero? Que esa tendencia siga siendo positiva.

Hemos planteado también el dato de lo que es la afiliación a la Seguridad
Social. Del 31 de enero al 9 de junio se han producido más de 435.000
altas en la Seguridad Social, llegando en este momento a 12.955.000
afiliados. Le quiero recordar que esa es una cifra histórica. ¿Qué quiere
decir? Que evoluciona bien, que la evolución es positiva. En el año 1991
se llegó a 12.781.000; ahora tenemos más. ¿Qué quiere decir eso? Que se
ha mejorado y, por lo tanto, que se está practicando una política que da
resultados y que en el futuro tiene, puede y debe mantenerse claramente.

Si además de eso se consigue llegar a acuerdos con empresarios y
sindicatos en aspectos básicos de la política económica y de la política
social, a mí me parece, o por lo menos lo presento como un elemento --lo
he dicho esta mañana-- no eufórico, pero sí de razonable satisfacción. No
es cuestión de burladeros, es cuestión de políticas. Usted tuvo la
desgracia de no llegar a unos acuerdos en ese sentido, y acuérdese de
cómo se hizo la última reforma laboral. Con nosotros --o, si quiere
usted, a pesar nuestro--, empresarios y sindicatos han llegado a un
acuerdo que el Gobierno respalda, que respalda plenamente y que creo que,
al menos, puede producir dos cosas: una, contribuir, en el sentido de dar
confianza y credibilidad, a la buena marcha de la economía española y,
dos, contribuir a algo que me parece trascendental: que además de crearse
más empleos se puedan crear más empleos estables. Eso se hace desde el
diálogo social, desde el acuerdo y desde la contribución de todos,
poniendo su esfuerzo empresarios y sindicatos en materia de empleo; lo
hemos intentado hacer también en materia de pensiones.

Ha mencionado el respeto a las reglas de juego. Ya le he hablado antes de
reglas de juego políticas y de reglas de juego sociales, y le he hablado
de un pacto de solidaridad en la Constitución. Se lo digo con la mayor
cordialidad, pero el estar sembrando dudas o miedos políticos o dudas y
miedos sociales no es bueno, y nosotros hemos aguantado muchos miedos
sociales a lo largo de estos años, indebidamente provocados. (Rumores.) Y
ahora, evidentemente, se ha demostrado --por cierto, sin que nadie
corrija lo que fue su posición-- con toda claridad que eso era incierto,
y que cualquier apelación o cualquier disquisición sobre lo que pueden
ser intentos o juicios de intenciones respecto a cuestionar el pacto de
solidaridad constitucional o respecto a cuestionar políticas de bienestar
en España es absolutamente infundado (Aplausos.), y no debe volver a
repetirse en ningún caso, y en este punto tampoco.

Y quiero decir aquí que lamento que hoy su grupo parlamentario en el
Senado haya votado en contra de la llamada ley de pensiones. Lo siento,
lo siento y lo lamento, y espero que ese voto, que se produce después de
que en esta Cámara se han aceptado importantes enmiendas del Grupo
Socialista a esa ley, lo reconsideren. Yo se lo pido a SS. SS., porque no
me gustaría ver dentro de poco que se vuelve exactamente a los mismos
mensajes o a los mismos artilugios que en este momento estoy diciendo.

Eso, señoría, no es aceptable, y cuando se hace un esfuerzo como este
Gobierno



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ha hecho, no sólo de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones
sino, además, de garantizar esas pensiones por ley para el futuro, creo
que eso merece una reconsideración del Grupo Socialista claramente.

(Aplausos.)
Por lo que se refiere a lo que se ha dado en denominar políticas de
bienestar, etcétera --iré abreviando--, S. S. puede criticar lo que le
parezca oportuno y marcar la serie de desacuerdos, faltaría más, puede
criticar lo que le parezca oportuno. Otra cosa distinta es cómo lo haga,
si lo hace con mayor o menor fundamento. En este punto le voy a decir que
me parece --y lo digo también con toda cordialidad-- escaso de fundamento
y de rigor, escaso de fundamento y de rigor. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Presidente. ¡Silencio, señorías!



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Pero le quiero decir que
yo creo que el debate, como S. S. lo ha planteado, entre la enseñanza
pública y la enseñanza privada, sencillamente es un debate que no tiene
ninguna virtualidad, ninguna razón de ser, y es un debate que corresponde
absolutamente al pasado. (Rumores.) Corresponde absolutamente al pasado.

(Rumores.) Es un planteamiento del pasado, y no sé si es que esos
planteamientos de pasado en algunos ámbitos, en éste o en algunos otros
ámbitos, se empiezan a poner de moda. (Rumores.) Yo lo que quiero decir,
señor González, es que yo no voy a echar una carrera a ver quién defiende
más la escuela. Yo la defiendo porque entra dentro de ese Pacto de
Solidaridad, y porque la defiendo procuro hacer también
presupuestariamente todos los esfuerzos necesarios para mejorar la
calidad de la enseñanza pública. (Rumores.) Y, evidentemente, he dicho
que no solamente en algunos ámbitos --creo recordar que lo he dicho esta
mañana y, si no, lo digo ahora--; evidentemente se ha hecho un esfuerzo
muy grande en materia educativa y de universalización del sistema
educativo en distintos ámbitos, en la enseñanza infantil, en la primaria,
en la secundaria, también en la universidad, pero no basta eso. Ahora hay
que hacer una apuesta bien clara por la calidad, y cuando uno invierte en
las disponibilidades de un presupuesto con tantas condiciones como el del
año 1997, treinta y tantos mil millones en hacer nuevos centros, cuando
se amplía la libertad de elección, cuando se está trabajando en la
reforma de enseñanzas para que los niños españoles, entre otras cosas,
aprendan un poco de humanidades y aprendan a estudiar también la historia
de nuestro país, que bien merece la pena, cuando se intenta reorganizar
el sistema de reforma universitaria en virtud de lo cual no haya lo que a
mí me parece un grave error que son 16 o 23 asignaturas en un solo curso
en algunas carreras universitarias, tengo que decir que me parece un
esfuerzo razonable. Y cuando el gasto per capita en enseñanza, en el
territorio del Ministerio de Educación y Cultura, aumenta este año un
3,8, se está haciendo un esfuerzo de gasto público en materia de
enseñanza. Si tiene usted alguna duda, señor González, pregunte y revise
si es comparable ese esfuerzo con el esfuerzo que alguna comunidad
autónoma significativa que gobiernan ustedes está haciendo exactamente en
sentido contrario, desde el punto de vista de los fondos presupuestarios
y de los recursos públicos. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Respecto de la sanidad, entiendo que el presupuesto es difícilmente
criticable porque ha subido un 6 por ciento. (Rumores.) Quiero decir que,
además de subir el presupuesto un 6 por ciento, hemos metido 70.000
millones de pesetas más en el sistema este año 1997 para cubrir
insuficiencias, y que, naturalmente, nuestro deseo --y lo vamos a cumplir
de esa manera-- es que esa Subcomisión, de aquí a lo que significa la
aprobación de los presupuestos, pueda tener claramente determinado lo que
es el nuevo modelo de financiación de la sanidad, con la idea básica que
a nosotros nos acompaña, que es el pleno respeto al Sistema Nacional de
Salud y el aprovechamiento de todos los recursos disponibles del sistema.

Lo hemos hecho así, para favorecer a los ciudadanos, por ejemplo, cuando
hemos reducido las listas de espera. Lo hacemos así, porque hay que
gestionar en tanto el acuerdo llega, cuando hemos reducido el precio de
los productos farmacéuticos, que usted creo que, en lugar de criticar,
debería elogiar porque es bueno. Las medicinas cuestan menos, son más
baratas en este momento. Estamos haciendo un esfuerzo de ordenación del
sector farmacéutico y hemos bajado el crecimiento del gasto farmacéutico
del 12 por ciento al 5 por ciento. En consecuencia, ese esfuerzo se puede
y se debe mantener, como se puede y se debe mantener claramente el
esfuerzo en infraestructuras, también con las dificultades que tenemos en
este momento desde el punto de vista presupuestario, pero que creo que
pueden dar lugar a una acción muy decidida y muy determinante desde el
punto de vista de la recuperación del sector de la construcción y desde
el punto de vista de la contribución de ese sector --como ya está
ocurriendo en su inversión-- a la marcha de la economía española. Por
otra parte, desde el punto de vista del bienestar, me parece bastante
claro que los datos, desde la perspectiva de cumplimiento y de evolución
económica, contribuyen también de una manera solidaria y activa,
probablemente tanto como cualquier política sectorial o más --empezando,
como es lógico, por la del empleo-- al cumplimiento de esos objetivos de
bienestar que nos acompañan.

Termino, señor Presidente. El señor González ha finalizado su exposición
hablando de tres preocupaciones y de las reglas del juego. Ya me he
referido al cumplimiento de las reglas del juego, que espero que sea,



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naturalmente, por todas las partes y en los ámbitos que corresponden a
esa interpretación que al menos yo le he dado. No me gustaría que nadie
se olvide de eso y que nadie se olvide de que no me parece a mí una
política correcta, en este espíritu, el ir sembrando esas actitudes de
miedo social o de miedo político. Usted ha hablado de determinadas
declaraciones en relación con situaciones de crispación o no. Yo no voy a
entrar en esa cuestión de declaraciones. (Rumores.) No, si ustedes me lo
permiten; podría hacerlo. Yo he escuchado hasta que estábamos en el
umbral de la guerra civil --¡fíjense ustedes si hemos escuchado!--, que
ya es escuchar, pero no quiero entrar ahí. (Rumores.) No me parece un
buen camino. Me he limitado a decir esta mañana, con claridad, que me
parecía --y me parece-- que, comparado con lo que ocurría en nuestro país
hace año y medio, las cosas, desde el punto de vista político, han
mejorado. Tengo la sensación de compartir ese criterio y esa estimación
con la mayoría de los españoles --tengo esa sensación--, y espero hacer
todo el esfuerzo por contribuir a ello; lo procuro hacer y lo seguiré
haciendo. Pero espero que se haga por todas partes, aquí en nuestro país
y fuera de nuestro país, cuando se habla en términos políticos y cuando
se habla en términos sociales, cuando se habla de la justicia y cuando se
habla de medios de comunicación, o cuando se habla de medios de
comunicación y se habla de las reglas del juego.

Porque el segundo elemento de preocupación que usted ha citado, señor
González, es el de la justicia. Hay momentos y hay elementos,
naturalmente de antiguo, de preocupación sobre la situación de
insatisfacción ciudadana respecto a las cosas de la justicia. Yo no
quiero entrar en consideraciones en ningún caso de carácter singular o
personal, simplemente me limito a decir que siempre hay que tener una
actitud de respeto y de acatamiento a las decisiones de los tribunales y,
por lo tanto, de respeto y acatamiento a las decisiones de los tribunales
de Justicia. Siempre. Si me permite, creo que a veces se puede cometer
algún exceso. Entonces, no creo que contribuya a ello, por ejemplo, una
declaración llamando descerebrados a miembros del Poder judicial, cuando
se supone que algunos de ellos eran los mismos miembros del Poder
judicial que cuando dejaron de ser miembros del Poder judicial iban en
sus listas electorales. No me parece una posición ni correcta ni prudente
ni razonable. Yo pido respeto, pido que el Estado de Derecho se aplique
en todo caso y pido, naturalmente, que se sepa contener, sobre todo
cuando se tienen responsabilidades y se han tenido responsabilidades.

Posteriormente, se puede discrepar en lo que significa, por ejemplo, el
control jurisdiccional. Nosotros hemos interpretado que un
fortalecimiento de las garantías de derechos y libertades y un
fortalecimiento también de lo que significan los controles
jurisdiccionales podíamos abordarlo, como lo hemos abordado hasta ahora,
por tres normas: una ley de Gobierno --que estaba pendiente-- que
fortalece el control jurisdiccional del Gobierno; el estatuto del
contribuyente, que fortalece las garantías de los contribuyentes frente a
la Administración, y la ley de jurisdicción contencioso-administrativa,
que fue remitida el viernes pasado por el Gobierno a esta Cámara. Es el
momento oportuno para discutir sobre el control jurisdiccional. Yo no le
oculto, señoría, que la interpretación general en este momento, la
interpretación de la doctrina, la tendencia de los países es a una clara
limitación de eso que S. S. llama el acto político por un control
jurisdiccional, distinguiendo entre los actos que están reglados y los
que no están reglados. Y no es un acto reglado, obviamente, una decisión
de Gobierno de mandar unas tropas a Bosnia. Otra cosa distinta es que esa
decisión tenga elementos reglados que puedan ser sujetos de acción
jurisdiccional. Eso es ya completamente distinto, pero ese es un debate
que se puede hacer aquí. A mí me corresponde afirmar en este momento que
la posición del Gobierno es que nadie pueda confundir un área de Gobierno
con un área de impunidad, en absoluto, sino que la garantía del Estado de
Derecho tiene que estar en la mayor parte posible --desde luego que aquí
se decida, y yo espero que sea mucha-- sometida a control jurisdiccional
como garantía esencial de un Estado social y democrático de Derecho
moderno. Y ha puesto S. S. --creo que ha sido para terminar-- tres
ejemplos más, en los que entraré con brevedad.

El primero creo recordar que ha sido el de unos problemas en la Hacienda
pública, unos problemas respecto a la prescripción de unas actas de
inspección. Tengo que decirle a S. S. que está mal informado; esas actas
están depositadas en la correspondiente Comisión en el Congreso de los
Diputados y que desgraciadamente los hechos son bastante determinantes.

Yo he hablado esta mañana de fraude en la Seguridad Social, de fraude
fiscal; no quiero entrar en ello. Quiero decir que los hechos son que
220.000 millones de pesetas fueron dejados de ingresar en la Hacienda
pública. Esos son los hechos, y por lo tanto ese es el perjuicio causado
a la Hacienda pública. Naturalmente, aquí no se trata de cuestionar,
porque eso no está puesto en cuestión, la honorabilidad ni la honradez de
nadie. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡No, qué va!) No señor, y del
señor Solbes, de ninguna manera; aquí de lo que se trata es que los
hechos determinan que, por las razones que fuera, no fueron cobrados
220.000 millones de pesetas causando un perjuicio a la Hacienda pública y
a todos los contribuyentes españoles. Esos son exactamente los hechos y
los datos que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Cámara.

En segundo lugar, ha hecho usted una referencia a lo que significa la
televisión digital vinculada a lo que son reglas de juego y entendimiento
de una política de libertades. Es verdad que históricamente, cuando se



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ha discrepado --en unos casos públicamente--, algunas personas, como
siempre, han recibido determinadas imputaciones como sospechosas de
actitudes no democráticas, etcétera. Eso también ocurrió en tiempos de
Adolfo Suárez o de Leopoldo Calvo-Sotelo. No hay nada nuevo, por tanto,
en ese punto; es lo mismo que escuchábamos hace muchos años y que yo
también deseo sinceramente que no se siga repitiendo. El problema de la
televisión digital, señoría, no es un problema que tenga nada que ver con
las libertades --y vamos a hablar claro--, es un problema de intereses
económicos, y ya está bien de confundir y de intentar confundir a la
opinión mezclando los intereses económicos o las cuentas corrientes con
las libertades de los españoles (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.) Ya está bien. Aquí se puede venir a defender lo que se quiera,
y probablemente con mayor o menor acierto, con toda la razón del mundo o
con menos razón; lo que se quiera. Se pueden venir a defender los
monopolios, se puede venir a defender la restricción de la competencia,
se puede venir a defender una política contra las liberalizaciones, se
puede venir a defender la independencia de una parte del país; lo que se
quiera, todo eso es perfectamente legítimo. Se puede incluso poner un
partido, un grupo o una persona al servicio de lo que se quiera, pero lo
que yo pido es que no se confundan intereses económicos ni cuentas
corrientes con libertades, porque no es serio ni de recibo pensar que las
libertades en España van bien según unas cuentas corrientes suban y van
mal según esas cuentas corrientes bajen. Eso no es serio ni posible ni
razonable ni deseable, y a nadie se le ocurre en este momento. (Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Le quiero decir que aquí en lo que hay
que manifestarse con claridad es en si uno es partidario de los
monopolios o no, si es partidario de la televisión en abierto o no, si es
partidario de la competencia o no, si es partidario de que los españoles
puedan ver acontecimientos deportivos en su casa sin pagar o no, eso es
lo que hay que manifestar, y en ese punto es donde yo espero alguna
propuesta también de S. S., no en la mezcolanza de intereses económicos y
políticos.

Por último, respecto a lo que significa la situación de los fiscales, me
he pronunciado con la mayor prudencia. Existía una situación de vacante
en la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, se hicieron las
correspondientes propuestas al Consejo Fiscal, que votó mayoritariamente
por un candidato. Ese candidato tuvo el rechazo de distintas partes de la
opinión alegando circunstancias que afectaban a ese candidato. Tengo que
decir que esa propuesta nunca fue realizada al Gobierno; nunca. En
segundo lugar, se produce que el Consejo Fiscal no plantea ningún
resultado ni ninguna votación sobre nuevas propuestas. En este punto
quiero decirle que lo único que ha hecho el Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, es respaldar una propuesta del Fiscal General del Estado
realizada en el ámbito de las suyas. Naturalmente, si es sujeta a
recurso, nos atendremos --como se tiene que atender todo el mundo, y
nosotros, por supuesto-- a lo que determinen los tribunales. Quiero decir
que estamos hablando del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, no del
Fiscal General del Estado actual ni de los anteriores, ni siquiera de uno
cuyo nombramiento fue declarado ilegal, y, como no podía ser menos, esa
sentencia fue naturalmente aceptada por el Gobierno entonces. Estamos
hablando de ese punto concreto, y ante esa situación el Gobierno ha
entendido que el comportamiento del Fiscal General del Estado era
correcto y se atenía al principio de legalidad en función del mandato
constitucional y de lo dispuesto en el estatuto orgánico del Consejo
Fiscal. Usted puede mantener una posición contraria, pero yo le ruego que
me diga, suponiendo que, además de cinco meses, el Consejo Fiscal se
tomase otros cinco o diez más, o los que quisiera, para hacer una
propuesta de nombramiento o para ejercer un derecho de veto --que al
menos legalmente a mí me parece que no tiene reconocido--, qué es lo que
haría usted exactamente en esa situación. Porque a nosotros nos ha
parecido que, por razón de legalidad y de oportunidad, hemos cumplido con
nuestra obligación. Naturalmente, si hay recursos, respetaremos lo que
los recursos digan.

Señorías, creo haber contestado las cuestiones que el señor González ha
planteado y en este momento me corresponde cerrar esta intervención
diciendo que del trabajo realizado a lo largo de este año se puede
colegir, y yo he llegado a esa conclusión, que naturalmente hemos
conseguido avances económicos, avances en el bienestar, avances en lo que
significan las posibilidades de España para el futuro; que tenemos muchos
problemas y muchas dificultades que superar, pero que, sin duda, está
mereciendo bien la pena el esfuerzo en una gestión que se podrá criticar
en las partes que se considere conveniente, pero que ha sido expuesta,
que es intensa y espero que esté dando resultados positivos. Pero lo más
importante a estos efectos es que, siendo los retos del país tan
importantes, la voluntad de diálogo, de acuerdo y de cooperación del
Gobierno está puesta encima de la mesa, y la mía, como la del Gobierno,
es de carácter permanente.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Tiene la palabra el señor González.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Señor Presidente, señorías, señor Aznar, tengo
la impresión de que me contesta exactamente igual a las cosas en las que
le digo que estoy de acuerdo como a las cosas en las que le digo que no
estoy de acuerdo. Lo cual revela, en el fondo, que hay una cierta
desconfianza, porque cuando le digo que estoy de acuerdo es que estoy de
acuerdo, si



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no, no se lo diría. Además, le agradezco mucho que me haya explicado en
qué consiste el Pacto de Estabilidad y algunas otras cosas relacionadas
con estos temas del desafío y de la construcción europea.

En los temas autonómicos quizá me he extendido mucho. Ya fijamos una
posición en el Senado y me gustaría avanzar en una línea que tuviera una
cierta coherencia lógica, y siempre, como en otros temas, parece que no
avanzamos lógicamente y creamos campos de confusión. Por ejemplo, usted
ha presumido de que todos los acuerdos con los grupos nacionalistas, a
diferencia de lo que ocurría antes (¿se acuerda usted, señor Molins?,
antes no era ninguno público, eran secretos, eran clandestinos, los
fijábamos no sé en qué sitio, ¿se acuerda usted?), ahora son todos
públicos. ¿El de anoche también? Nos hemos enterado hoy en el debate de
que anoche se llegó a un acuerdo y hoy está perfectamente explicado. Todo
el mundo lo sabe, ¿a que sí? (Risas.) Todo el mundo sabe en qué consiste
el acuerdo de anoche. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Fíjese, señor Aznar, yo no le he criticado que haya hecho un acuerdo, si
lo ha hecho, o un preacuerdo; no se lo he criticado. Ni siquiera le he
preguntado a qué hora terminó, puesto que era por la noche. Me da igual.

Muy bien. Pero fíjese lo fácil que es esta dialéctica: antes eran opacos
y ahora son transparentes. Pues no es verdad; no es verdad. (Rumores.)
Tengan un poco de paciencia. No es verdad. Usted cerró algunos acuerdos
en Moncloa, y no me parece mal, con los dirigentes del PNV, con el
Presidente del Gobierno Vasco, en relación con concierto y cupo. Repito:
no me parece mal. Pero fue exactamente ése el marco de la discusión.

En el tema autonómico usted me ha intentado pasar por el examen de si
estamos de acuerdo con la capacidad normativa o no, si tenemos o no
modelo. Menos mal que, al final, ha reaccionado y ha dicho que no
significara volver al pasado, como si el que ha durado hasta el 31 de
diciembre de 1996 fuera una catástrofe; hasta el 31 de diciembre
funcionó. Cuando en 1992 hicimos un acuerdo de desarrollo competencial, y
no hay más que situarse en el tiempo, en ese momento había un sistema de
financiación acordado por todos --por todos-- y absolutamente pacificado.

Repito: por todos, en 1992. Por tanto, no se planteaba la cuestión de la
financiación, se planteaba el desarrollo competencial. Usted me pide que
le explique la lógica de vincular la financiación al servicio que se
transfiere. ¿Realmente eso necesita explicarse? Si tenemos que discutir
la transferencia de un servicio a una comunidad, el que sea, el de
educación, y me dice usted: ¿por qué no discute usted la competencia y
despreocúpese de la financiación? Hombre, esto es lo que no tiene lógica;
eso es lo que hay que explicar. Pero me lo ha preguntado usted aquí --lea
la transcripción-- exactamente así, que le explique la lógica con el
modelo con que ustedes lo hicieron en el año 1992. Repito, no estaba
cuestionada la financiación. Esas cosas políticamente, además, al final
terminan enredando más que desenredando.

Me pregunta usted: ¿por qué son partidarios de aplicar determinadas cosas
en una parte del territorio y no en otra parte del territorio? Por
ejemplo, la capacidad normativa en Navarra y no en el País Vasco. Y
podríamos seguir diciendo en otro sitio, y en otro, y en otro. Yo creo
que el amejoramiento del Fuero tiene una especificidad constitucional;
que el concierto y el cupo tienen una especificidad constitucional. Es
lógico, además, que si en Navarra, con acierto o con error, el
amejoramiento produce unas competencias, sean las competencias de
Navarra; es también lógico políticamente que en el País Vasco se reclamen
las mismas competencias que en Navarra; y es lógico, después del acuerdo
con el País Vasco en el sistema de conciertos, con la transferencia de
competencias, incluso de capacidad normativa y recaudatoria en impuestos
que no tiene Navarra, que en Navarra pidan lo que se le han dado al País
Vasco porque el País Vasco no lo tenía antes --y en Navarra tampoco-- y
ahora lo tienen; es lógico que lo pidan. También es lógico que esa
dinámica pudiera, según lo que usted ha explicado aquí, extenderse al
resto del territorio. No es posible. Son normas constitucionales, repito;
el concierto y su metodología, todo lo que usted quiera, y el cupo.

Incluso acepto que el concierto, de no haber llegado a un acuerdo,
llevaría a una prórroga de la situación anterior --esto es cierto, es así
como funciona-- hasta el año 2001. Yo no estoy en contra del concierto,
sería ridículo; estoy a favor del sistema de concierto
constitucionalizado y del cupo. Esto no significa --lo analizaremos con
los datos-- que esté de acuerdo con una determinada fórmula o un
determinado compromiso. Por ejemplo, ¿tiene lógica transferir los
impuestos especiales? No lo discuto, puede tener lógica. ¿Pero tiene
lógica que el argumento para que no formen parte del paquete financiero a
cualquier otra comunidad, o del sistema de financiación, sea el de la
imposibilidad técnica? No, no tiene lógica. Si es imposible técnicamente,
no es posible que técnicamente lo sea para el País Vasco. Esta es la
situación.

Señor Aznar, ¿capacidad normativa para impuestos cedidos? Sí; ¿capacidad
normativa en general para impuestos básicos? Creo que no es razonable. Ni
siquiera estoy defendiendo una posición cerrada, digo que creo que no es
razonable que se produzca una ruptura de un cierto grado de armonía
fiscal en el conjunto de España. Incluso en una situación específica como
la de Canarias, en el fondo la discusión que tenemos en Bruselas es la
excepcionalidad del REF, el carácter excepcional en el conjunto de la
Unión, esa es la discusión que tenemos y esas son las dificultades que
tenemos. Lo digo en primera persona del plural, no me quiero sacudir
ninguna responsabilidad, aunque no tengo la capacidad negociadora. Esa es
la dificultad. ¿Vamos a



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multiplicar esa dificultad por 17, o por 12, o por 13, o por 10?
Imposible; imposible. No podemos llenar Bruselas de problemas
hispanoespañoles, no es posible. (Rumores.) Cuando hablo de que la
quiebra de una armonía fiscal tiene sus límites, estoy hablando de algo
muy serio para el funcionamiento del sistema en muchos aspectos.

Le ruego, señor Presidente, que, antes de contestar más o menos a bote
pronto, lo piense. Es verdad que cada uno podemos utilizar una frase.

Espero que ésta no sea ofensiva para nadie.

Hubo un acuerdo del señor Rato con el representante del Gobierno vasco en
materia de cupo y en materia de conciertos que no iba, de ninguna manera,
a alterar una interpretación leal de lo que es el pacto constitucional, y
una declaración del Lehendakari vasco, tres días después, diciendo que se
consideraban el número 16 de los Estados de la Unión desde el punto de
vista de la soberanía fiscal. No sé si formaba parte del acuerdo que
habían firmado unos días antes esa apreciación política. No tiene ni más
ni menos importancia que la que tiene; ninguna más que la que tiene.

Todavía no lo he oído decir nunca en Navarra. Yo creo que no hay 16
Estados en la Unión, al menos no los conozco --puede haber 18 o 19--,
pero tiene una cierta trascendencia política.

En cuanto a Europa, señor Presidente del Gobierno, he hecho un esfuerzo
por aportar algún tipo de ayuda, de orientación, de soluciones o de lo
que sea, desde mi opinión, que es una opinión --y la de mi grupo--
constructiva. No he cambiado el discurso desde la firma del Tratado de
Maastricht. Es verdad que hemos pasado por períodos de divergencia en
lugar de convergencia, nosotros y todos los Estados miembros. Para colmo,
Alemania, que es el primero de la clase, pasa ahora por un período de
divergencia en lugar de convergencia, o tiene dificultades de
convergencia. Esto ocurre. Todos los países han pasado por períodos de
dificultad en la convergencia y, por tanto, por divergencia. Yo no he
cambiado de discurso. Y no se preocupe, no voy a cambiar. Y no se me va a
confundir. La política macroeconómica, la de convergencia, es una
condición necesaria para la estabilidad en el crecimiento de la economía
y, por tanto, para cualquier política finalista, de empleo o social. Lo
he dicho multitud de veces: es una política instrumental con o sin
Maastricht. Con esa intención lo firmamos, incluso, con los problemas de
divergencia coyuntural que habían existido. Quiero que me entienda
perfectamente. No es incompatible, ni yo lo hago, convergencia y empleo.

Yo no he cambiado mi posición desde la firma del Tratado de Maastricht
hasta hoy. Créamelo. Decía usted en esta tribuna que no sería lógico que
yo cambiara la posición. Sí, lo decía. Yo sólo le quiero responder que es
más lógico que la cambie usted. Es más lógico, que hace tres años decía
que no estaba de acuerdo. Por favor, no perdamos la memoria histórica. Da
igual, qué más da. Ahora está de acuerdo con los criterios, con el
calendario y con el cumplimiento de los plazos, y me parece muy bien,
puesto que hemos ampliado el acuerdo, pero hace tres años, no. Y lo
reiteraba permanentemente aquí, por cierto, y en Bruselas, no sólo aquí.

Y tenía derecho a hacerlo, y nadie consideró por eso que estuviera
rompiendo un interés general. Era una posición tan legítima como la otra,
o como la del otro, o como la del otro. Por cierto, cuando dice usted que
ha llegado a un acuerdo de financiación autonómica con todo el mundo
menos con el Partido Socialista, la verdad es que esto no me hace
sentirme solo. El Grupo Socialista es un grupo importante y se puede
quedar solo en algún momento. Esto ocurre. Incluso el Partido Popular, en
esta etapa, se ha quedado solo en alguna votación. Eso ocurre y no pasa
nada. Pero en este caso me parece que no es correcto. Pero, en fin, yo no
voy a decir si todo el mundo está de acuerdo o no con el sistema de
financiación. Algunos no. Por tanto, entiéndame bien cuando hablo del
Pacto de Estabilidad. He dicho cuáles son las razones. Además, los que
saben conocen cuáles son las razones del sistema de sanciones. No es que
esté en contra del Pacto de Estabilidad. Estoy a favor. Lo que digo es
que hay que buscar una respuesta en Amsterdam para que, manteniendo el
Pacto de Estabilidad, pueda haber una salida a la reunión, que es
coherente, por cierto, con la intención que se tiene desde hace cuatro o
cinco años, cuando se trata de poner en práctica el libro blanco sobre
crecimiento, competitividad y empleo. Es posible y es una buena ocasión,
porque un cambio en la relación de fuerzas global lo puede facilitar.

Nosotros no tenemos que cambiar nada porque nuestro objetivo, como el de
todo el mundo, es el del empleo.

Le he hecho algunas preguntas sobre la OTAN. Veamos cómo es el curso de
la negociación. Sólo quiero aclararle que en el tema francés la
competencia, según la Constitución, es del señor Presidente de la
República, del señor Chirac. Por tanto, él tendrá que tomar la decisión,
más allá del cambio de mayoría. Como sabe usted, no siempre es fácil la
cohabitación, pero el señor Chirac tiene exacta y estrictamente la
competencia en esto. Por tanto, si cambia o no cambia, si se soluciona o
no el problema no depende del voto de hace unos cuantos días, como usted
sabe.

En cuanto a la situación económica, ya se lo he dicho. Ha hablado usted
de herencias, de déficit... Algunos de los déficit, a nuestro juicio, no
existían, algunos de los que ustedes dicen que han tenido que añadir o
soportar. A nosotros nos parecía, lo hemos dicho claramente, que era una
operación no razonable, los 700.000 millones de déficit, etcétera. Ahora
fíjese en lo que le digo. Nuestras preocupaciones sobre la evolución
macroeconómica, también en temas de déficit, tratamos de expresarlas con
una extraordinaria discreción, porque sabemos lo que nos jugamos. Es
verdad que nos jugamos en parte una cierta credibilidad nacional e
internacional, es verdad, en estas cuestiones



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también. Y como durante los años anteriores hemos vivido lo que supone
una crítica, justa o injusta, a una evolución macroeconómica razonable,
no queremos repetir una situación de esa naturaleza, porque no nos
conviene como país; no como oposición, que importa poco, sino como país,
y como no nos conviene, somos discretos y algunas de nuestras
preocupaciones en esta materia no las expresamos. (Rumores.) No me
estimulen, señores del Partido Popular, a que las exprese. Déjenme que
mantenga un cierto grado de discreción.

Digamos que el objetivo es el empleo y que las políticas macroeconómicas
son instrumentales para conseguir responder a uno de los problemas más
importantes que tiene nuestro país, que es el empleo. Yo le he dicho que
eso va bien. No repito que España va bien o va mal. No hago esas
simplificaciones. He dicho que eso va bien y he tratado de explicarle
algo que parece no haber entendido, por la respuesta que me ha dado.

Cuando nosotros hemos ido dando los datos del crecimiento de afiliación a
la Seguridad Social, en esta tribuna, una y otra vez, ustedes como
oposición han dicho que eso no sirve para nada. Y yo hoy quiero
devolverle la pelota y decirle que sí sirve, para fortalecer su posición
como Gobierno, defendiendo que el dato de afiliación a la Seguridad
Social sirve, y no por estar en la oposición hay que ningunearlo, ni
menos confundir. Por tanto, sirve. Y cuando le pregunto qué pasa con el
empleo, le estoy diciendo que en el año que ha transcurrido, señor Aznar,
en los cinco meses del presupuesto, incluso con algunos ajustes
presupuestarios o medidas económicas, puede haber habido un milagro,
incluso ser usted el milagro, pero en otras materias; en materia de
empleo, créame, no. Le he dicho que eso va bien, que es una buena
evolución y le he dado las cifras de 1995, de 1996 y de 1997. ¿Para qué?
Sólo para que las tengamos en cuenta, por favor. Las cifras de 1995, con
un crecimiento del 2 por ciento de la economía, en los cinco primeros
meses del año eran un poco mejores que las de 1997, y las de 1996 en los
cinco primeros meses del año, con un crecimiento del 2 por ciento de la
economía, eran un poco mejores que las de 1997, con casi el 3 por ciento
de crecimiento de la economía.

En consecuencia, ¿qué quiero decir? Que si la relación política
macroeconómica-empleo es imprescindible establecerla, tenemos que
averiguar qué otros factores inciden en la política de empleo para no
dejarlo reducido a la pura banalidad de decir que hemos descubierto algo
milagroso porque hay 91.400 parados menos registrados en cinco meses; que
no es el resultado de la política económica de los últimos diez o doce
meses, porque si fuera así, estaríamos todos complacidos en que así
fuera, pero la política del año anterior, que produjo una reducción de
110.000, en términos de empleo sería mejor, y no es verdad, porque la
relación de causa-efecto no está establecida. Por tanto, no quiero
apuntarme ningún tanto, al contrario; ni siquiera decirle que no se los
apunte, si es razonable que incluso los utilice diciendo que todo va
bien.

Que no cumplíamos ningún criterio de convergencia no es verdad, uno sí,
pero ¿para qué lo vamos a discutir? Prácticamente ningún país los
cumplía, salvo Luxemburgo, y ahora Portugal, Italia y otros muchos países
están cumpliendo la mayor parte de los criterios, y está bien. Argentina
también los cumple en este momento y no quiere entrar en la Unión
Europea.




El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que concluya, por favor.




El señor GONZALEZ MARQUEZ: Está bien, porque era nuestro objetivo, tiene
usted razón.

Estamos a favor de los acuerdos laborales, señor Aznar. Van a ser mejores
para la contratación de jóvenes; van a ser delicados para las personas
con 45 y 50 años, repito, delicados en sus efectos -- a mí estas cosas me
gusta analizarlas con seriedad-- y hay una cierta incertidumbre por esos
efectos, una cierta incertidumbre de cuánto coste financiero tendrá para
la Seguridad Social el desarrollo temporal de los acuerdos. Dicho esto,
que no es tampoco banalizar un asunto importante como un acuerdo en esa
materia, quiero añadirle que lo hemos apoyado y lo apoyamos.

Con las pensiones ocurre lo mismo. En el año 1985 hubo una ley de
pensiones, en el año 1993 un acuerdo de pensiones, etcétera. La ley de
pensiones no la votaron ustedes; el acuerdo de pensiones no lo
respaldaron. La propuesta de acuerdo social dijeron que era un... da
igual, qué más da; todo eso es pasado y pasado está. Y ahora lo que le
digo es que en el proyecto de ley que ustedes tienen actualmente en el
Senado no han aceptado nuestras enmiendas, que tratan de conseguir un
objetivo muy simple, que el Pacto de Toledo se cumpla. Es muy simple, que
se cumpla. No quiero entrar en la certidumbre o la incertidumbre, en las
frases de unos o de otros, porque esto de las frases va por barrios.

Respecto de este tema ha habido auténticas joyas que hemos dejado pasar,
justamente para no crear incertidumbre. Simplemente le hablo de las
previsiones sobre financiación de las no contributivas. Probablemente
crea la gente que este es un problema de especialistas, pero todos los
pensionistas saben lo que digo. Los aspectos sobre las no contributivas y
sobre la complementariedad previsible a medio plazo en las contributivas
para no aumentar las cargas sociales a las empresas no están en este
proyecto de ley, que apoyamos en cuanto desarrollo del Pacto de Toledo,
pero queremos que sirva para cumplirlo en la perspectiva del 2015. No sé
si esto es bien entendido cuando lo formulo claramente y usted me hace
una apelación a que cambiemos el voto. Acepten, porque es razonable, las
enmiendas que dan cumplimiento al Pacto de Toledo, no para crear
certidumbre o incertidumbre, sino porque esta no es una legislación para
el año 2000 --con



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un pacto de legislatura hubiera sido bastante--. Esta es una legislación
para garantizar algo que usted llama pacto social o reglas de juego
establecidas constitucionalmente para garantizar un sistema público de
pensiones.

Puede que el problema de la enseñanza, para no discutir cifras, sea de
percepción, pero le aseguro que la mayor parte de los ciudadanos piensan
que la enseñanza pública, mal; la privada, bien. Y se lo dice alguien
que, por haber estado tanto tiempo, no por sus propios méritos sino haber
estado tanto tiempo en el Gobierno, ha pasado de una financiación casi
cero de la enseñanza privada a la actual mediante el sistema de
conciertos. Por tanto, no se lo está diciendo alguien que haya librado
una batalla contra el sistema de conciertos, en absoluto; que lo ha
desarrollado prácticamente desde su nacimiento hasta que ustedes lo han
recibido, sin descuidar la mejora y el fortalecimiento de la enseñanza
pública y un sistema de selección. En la universidad, solo le quiero
decir, señor Presidente, que puede que con los rectores pase como con los
fiscales. Todos creen que la autonomía universitaria está en riesgo, y
puede que sea el mismo caso que el de los fiscales, que todos pertenecen
a un coro corporativo que no sabe de qué va. Lo mismo le podría decir de
otras materias.

Usted me ha recordado una palabra que empleé, incluso se la ha atribuido
a un juez concreto: descerebrado. Usted ha dicho que se podría referir a
alguien que iba en las listas. Creo que en ese caso no se dio por
aludido, creo, pero da igual. Esto es indiferente. Es verdad que el grado
de respeto con los jueces y con la judicatura en general tiene que
mantenerse, incluso fortalecerse y, al mismo tiempo, pedir a los jueces
concretos que tengan respeto por el Parlamento y por el Ejecutivo. Yo no
estoy dispuesto a demonizar el Ejecutivo, ni siquiera el que usted
preside. (Risas.-- Aplausos.) No me parece que el Ejecutivo sea la suma
de todos los males y el Judicial la garantía de todos los bienes. No es
verdad, en ninguna parte; aquí tampoco. Si lo analizamos en términos
históricos y de transición, realmente la diferencia que hay entre el
Ejecutivo y el Judicial, analizado desde el punto de vista de la
composición, es que el Ejecutivo se puede cambiar cada cuatro años, y el
Judicial se cambia, digamos, biológicamente, por renovación biológica. En
consecuencia, la garantía de equilibrio en el Poder Judicial --y esto
quiero defenderlo en nombre del Ejecutivo que usted representa-- es que
se atenga estrictamente a la legalidad. Su legitimidad, señor Presidente,
la suya, nace de este Parlamento y de la voluntad popular; la de un juez
nace de aplicar la ley, no de otra cosa. Ni tiene la voluntad popular
detrás ni tiene el control parlamentario, ni lo pido; simplemente nace de
aplicar la ley. Así pues, el equilibrio entre poderes me parece muy
importante en cuanto a reglas de juego.

Ha recordado usted el pasado. Voy a rendir homenaje público al esfuerzo
que hicieron los responsables de la transición, y en particular Adolfo
Suárez, con el que tuvimos enfrentamientos, sin duda. Nunca llegué a
decirle que habría que sacarlo del poder con lanzallamas, porque no lo
creía; más bien creía en algún momento que tenía muchas ganas de irse.

Nunca llegué a decírselo.

Después, usted ha colocado el problema de la televisión digital en
términos puramente de intereses económicos o de monopolios o no
monopolios. Muy bien. Hay quien defiende los monopolios y quien no,
perdóneme, quien defiende los intereses generales de nuevo, televisión
abierta, más o menos partidos... Coloquémonos en ese terreno, en el de
los intereses económicos. ¿En qué le parecen más razonables los que
defiende la propuesta del Gobierno que cualesquiera otros, los de este
grupo o de otro? ¿En qué? ¿Por qué le parece más legítimo darle dos meses
de plazo para negociar a una empresa y a una medio empresa, en el sentido
de la constitución y del desembolso del capital, y si no se ponen de
acuerdo, decir que es la segunda empresa la que tiene razón,
independientemente de que la tenga o no? ¿En qué le parece más razonable,
repito, desde el punto de vista de la defensa de los intereses económicos
o de las cuentas corrientes que dice usted, colocado en ese terreno? ¿Por
qué los intereses generales los defiende mejor Televisa o Telefónica? Por
cierto, hasta que no acabe la liberalización, ya le anticipo que ésta no
podrá formar parte de una sociedad, tendrá que seguir siendo un carrier,
y esto ya lo ha dicho una vez Europa, justamente contra Prisa y
Sogecable, y ahora lo va a volver a decir en la nueva plataforma cuando
se plantee; todavía no se ha planteado, pero ya se lo advierto. Pero ¿por
qué los intereses generales van a ser ésos y no van a ser puro y duro
interés económico, si es que quiere colocarlo en ese terreno? Si es en el
del populismo, más o menos demagógico, si usted propone diez partidos en
abierto, yo le digo que, por favor, treinta; si usted propone treinta, yo
le digo que, por favor, sesenta; y si usted propone sesenta, yo le digo
que, por favor, ciento ochenta. Y en esa subasta, ningún problema: todos
en abierto, siempre que no se plantee ningún problema para financiar esa
programación en abierto en esta Cámara. Pero ya no se discute eso más que
de cara a la opinión pública. Eso en la ley ya no está, ahora hay otras
cosas. Eso ya no se discute en ningún país europeo. Y para algo, más que
para decir que queremos ser uno de los cuatro o cinco primeros países de
Europa, nos tiene que servir pertenecer a ese grupo, entre otras cosas
para respetar unas reglas de juego que sirvan para todos. Señor
Presidente, créame, detrás de esto, en mi opinión, y se lo digo
modestamente, no sólo hay un problema económico, no sólo hay eso, que
también; no sólo hay un problema de libertad de empresa, que también; hay
un problema político y se llama --es lo único que voy a decir



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que puede sonar duro hoy, aunque no he oído cosas blandas-- abuso de
poder. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. Señor Presidente del
Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Con mucha brevedad, señor
Presidente, y, por supuesto, sin perder en absoluto el tono que nos ha
acompañado desde el comienzo de este debate.

Quiero decirle en relación con las autonomías, señor González, que una
cosa es plantearlo como área de acuerdo y otra cosa es hacer propuestas
positivas que configuren un acuerdo. Es evidente que nadie discute que el
traspaso de una competencia debe tener la valoración correspondiente de
la financiación. Desde que se inventó el método del traspaso de
competencias --en el cual, por cierto, participé-- y se inventó el coste
efectivo de los servicios, eso no está sometido a discusión. Lo que le he
preguntado es cuál es su modelo, si se tiene, y que lo explique, porque
en la réplica se ha referido usted a una cosa distinta de la que ha dicho
en su discurso, ya que en la réplica ha dicho que es partidario de la
capacidad normativa de los impuestos cedidos, que es un discurso
anterior, y lo que se trata de saber es de cuál modelo es usted
partidario, si del que decían hace unos años, si del que dicen sus
compañeros catalanes, si del que defienden sus compañeros andaluces, si
del que ha dicho usted al principio del discurso o del que ha dicho ahora
en esta última intervención.

En relación con el concierto económico, simplemente deseo recordarle
varias cosas. Primero, si se está de acuerdo en el concierto y si se está
de acuerdo en la metodología del cupo --que entiendo que sí porque la
metodología del cupo la hicieron ustedes y en ese tema estarán de acuerdo
con ustedes mismos--, si se está de acuerdo en los distintos sistemas de
financiación constitucionalmente establecidos, como el del concierto, y
si ustedes modificaron, por ejemplo, el cupo y concertaron nada menos que
el Impuesto sobre el Valor Añadido con las diputaciones forales y los
territorios históricos del País Vasco y se mantiene la metodología, ¿me
quiere usted decir por qué no se apoya el cupo? No se puede entender. ¿Me
quiere explicar por qué no se apoya? ¿Porque no se ha hablado con
ustedes? Entonces, ¿me quiere usted decir cuándo un gobierno que usted
presidiera dialogó con la oposición sobre el concierto económico y el
cupo? Yo se lo voy a decir: nunca. Lo que pasa es que entonces --no
conviene inventarse las cosas-- naturalmente no se condicionaba ni el
procedimiento ni el contenido de lo que es constitucionalmente, por el
Estatuto de Autonomía vasco y por la propia Ley del Concierto Económico,
un acuerdo entre el Gobierno y el Gobierno vasco, no se condicionaba, y
menos aún puede alegar uno falta de información cuando al menos
nominalmente se forma parte del Gobierno vasco. En consecuencia, esa es
la situación y lo que hace falta es, si se tiene, como digo, traer un
modelo. Aprecio mucho sus esfuerzos al respecto, pero hasta ahora, por lo
que se ve, no están dando buenos resultados.

Efectivamente, no he dicho que respecto a la Unión Económica y Monetaria
usted haya cambiado de posición. Reconozco que ha mantenido la misma. Lo
que digo es que ahora existen discursos y que a mí no me parecería
coherente que usted hubiera cambiado de posición y permítame que le
reconozca que en ese tema es usted coherente, permítame que se lo
reconozca; en otros a lo mejor no se lo reconozco, pero en ése, sí. Por
eso he dicho que sería bastante absurdo e incoherente haber firmado el
tratado y ahora pedir o defender otra cosa distinta. Lo importante ahora
es que se cumplan por España las condiciones y que naturalmente se ponga
en marcha la moneda única, y tenemos que conseguir esas dos cosas, la
primera con el esfuerzo común. Yo me responsabilizo, naturalmente, de la
tarea de Gobierno y del cumplimiento de las condiciones. Ya no vamos a
hablar de si hace un año se cumplían o no. Ahora estamos en condiciones
de formar parte de la moneda única desde el primer momento. Eso es
exactamente lo que a mí me corresponde y para eso pido el esfuerzo
solidario de la sociedad española, para eso que implica muchos esfuerzos,
que se reflejan en datos económicos y también, por supuesto, se refleja
en el dato del déficit.

Me parece un poco duro que usted diga que no tiene claro lo de las
insuficiencias presupuestarias. Sería naturalmente un caso bastante
espectacular el hecho de un Gobierno que tuviese el placer masoquista de
aumentar el impuesto del tabaco y el de los alcoholes inventándose unas
insuficiencias presupuestarias. Sería absolutamente extraordinario. Más
bien corresponde decir que esa insuficiencia no solamente está reconocida
y puesta de manifiesto por el Gobierno; ya que se apela en tantas cosas a
la Unión Europea, también, por supuesto, está señalada por la Unión
Europea. Lo que nosotros decimos es que eso lo vamos cumpliendo y que del
6,6 de déficit en 1995 se ha pasado al 4,4 y se va a pasar al 3. Esa es
la secuencia exactamente de lo que significa una política de control del
déficit y reducción del gasto.

En razón del empleo no volvamos a discutir sobre los sistemas de medición
ni sobre lo que usted dice que se decía no sé cuándo respecto de la
Seguridad Social. Parece bastante importante la medición y las altas en
la Seguridad Social a efectos de la existencia, del mantenimiento, del
futuro y del porvenir de la Seguridad Social, entre otras cosas. Lo que
es importante saber es que si podemos consolidar las condiciones
macroeconómicas de creación de empleo, ojalá seamos capaces de crear
empleo a una tasa mayor, en un porcentaje mayor y con más velocidad de lo
que lo estamos haciendo en este momento. ¿Qué le corresponde



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ahí al Gobierno? Plantar las bases de la estabilidad macroeconómica. Le
correspondía impulsar la reforma laboral. Pues ya está hecho.

Naturalmente no digo que ahí se quede la responsabilidad del Gobierno.

Digo que me complace mucho que en España hayamos conseguido hacer eso con
un razonable acuerdo, con diálogo social y sirviendo yo creo que
razonablemente bien a nuestros ciudadanos y al progreso de nuestro país.

Me temo, señoría --y no insistiré en ello--, el camino que se va a
emprender en relación con el Pacto de Toledo; me lo temo. Lo he dicho
antes y desde que he visto el voto negativo en el Senado me temo que
dentro de poco tiempo empiecen a escucharse algunos discursos en nuestro
país. Quiero decir que el sistema y el acuerdo que el Gobierno está
defendiendo son los que se establecen en el Pacto de Toledo. Los
pensionistas tienen garantizado por ley su poder adquisitivo y lo van a
seguir teniendo en el futuro, señorías, y la interpretación de que o se
aceptan unas enmiendas o se pone en riesgo todo es sencillamente
interesada y creo que muy demagógica en todo caso.

En relación con la enseñanza dice S. S. que la mayoría tiene la misma
preocupación que usted. Pues ya me dirá usted cómo mide el sentimiento de
las mayorías. Yo le digo que no tengo esa percepción y que, naturalmente,
el esfuerzo que se ha hecho y se va a seguir haciendo en la enseñanza
pública, como le he explicado, bien merece la pena. Lo mismo en relación,
como es lógico, con la universidad.

En lo que significa el respeto de los jueces, junto con otras cuestiones
que usted ha citado sobre el principio de legalidad, desde luego, insisto
y pido que en todo caso se respete la legalidad, que en todo caso se
respete a los jueces, que en todo caso, cada uno desde la responsabilidad
que tiene, unos en su legitimidad, por la aplicación de la ley, otros por
tener el voto popular, sepamos respetar lo que es ese equilibrio de
poderes. Y no intentemos crear confusiones en lo que significa la
arquitectura institucional de reparto de poderes en nuestro país, ni
convertir a quien no es un poder independiente constitucionalmente
reconocido en un poder independiente, ni alentar actitudes que puedan
pretenderlo o que puedan, sin duda, impulsarlo, porque creo que eso
significa claramente un error.

En relación con lo que ha expuesto usted al final, respecto a la
televisión digital, conste, señoría, que usted es el que ha sacado el
tema; yo no lo he traído a este debate ni lo he traído en mi discurso de
esta mañana, claramente. Aquí ha habido un ejercicio de demagogia muy
claro, y es plantear ese asunto como un asunto vinculado a las
libertades. Señoría, eso sí que es hacer demagogia, cuando ni por asomo
estamos hablando de reglas del juego; estamos hablando de intereses
económicos, señoría. Porque sobre reglas del juego le puedo plantear
algún ejemplo, señoría. Recuerde usted cuando hace algunos meses
--estaban ustedes en el Gobierno-- una compañía, la Compañía Telefónica,
firmó un acuerdo con una empresa en virtud del cual sólo esa empresa
podía utilizar la infraestructura de Telefónica, sólo. Imagínese usted
que se llegase ahora a un acuerdo en el que, por ejemplo, la Renfe
pudiese establecer un acuerdo sólo con una empresa diciendo: sólo las
mercancías de esa empresa circulan por la infraestructura de Renfe. Aquí
hay que decir, señoría, si se está --como le he preguntado-- por los
monopolios o por la competencia; si se quiere que los españoles, que no
tienen por qué pagar más si cambian o cuando cambien de compañía
telefónica ni adquirir otro aparato, que no cambian ni tienen por qué
cambiar de tensión eléctrica cuando cambian de vivienda o cuando puedan
cambiar de compañía eléctrica, tienen que pagar dos veces o todas las
veces que sean necesarias para tener acceso a plataformas digitales. Eso
es lo que se está debatiendo, y se está debatiendo el derecho, no
multiplicado por cien ni por sesenta, a que los españoles reciban en
abierto determinados acontecimientos importantes, que es lo que está
ocurriendo en otros países europeos y nosotros deseamos que ocurra en
España. ¿Se puede defender lo contrario? A mí no me parece razonable,
pero, por lo menos, que se tenga el cuidado de no defenderlo en nombre de
la libertad, porque aquí la libertad la puede defender todo el mundo,
pero confundir la libertad con los intereses económicos eso ya es más
problemático.

Gracias. (Aplausos --El señor González Márquez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor González, sabe que no tiene turno ahora. Creo que además nadie
podrá discutir que el uso del tiempo ha sido generoso y constituiría, en
tercer lugar, un precedente que podría entorpecer el desarrollo previsto
del debate. Muchas gracias. (Rumores.)
Señorías, los que deseen abandonar el hemiciclo transitoriamente háganlo,
por favor, con el máximo silencio y con celeridad para que pueda
continuar el debate.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya tiene la palabra su Presidente portavoz, don Julio Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
inicio mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haciendo constar que mis
palabras no sólo van a estar dirigidas a este hemiciclo, sino muy
especialmente a las ciudadanas y ciudadanos que sigan desde la radio y la
televisión este debate. Y, por cierto, tengo que denunciar que el acuerdo
conseguido por unanimidad en el consejo de Radiotelevisión Española para
que fuese televisado este debate para el colectivo de sordomudos no se ha



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cumplido. Constatamos, por tanto, el incumplimiento y el desprecio a una
decisión parlamentaria.

Señorías, hablar de la situación de esa realidad histórica llamada España
es preocuparse por cómo viven, cómo siente, cómo sueñan, cómo padecen o
cómo ven el porvenir los españoles y las españolas, pero también y por
mor del respeto, sobre todo es hablar con sencillez y claridad para que
esos españoles y españolas entiendan cuál es el sentido auténtico de este
debate.

Decir que España mejora porque las grandes cifras económicas se van
reduciendo en sus guarismos, y no reparar en la vida cotidiana de los que
conforman la mayoría de la sociedad, especialmente los jóvenes, es
practicar un cierto nivel de escapismo manipulando la realidad. Debatir
sobre el estado de la Nación es asumir el reto de abordar con decisión la
manera de aunar, en lo concreto, la unidad del Estado español con la
capacidad y la voluntad de autogobierno de las nacionalidades y regiones
que lo conforman, y ello desde dos principios fundamentales: el de
solidaridad y el de corresponsabilidad. Debatir sobre el estado de la
Nación es constatar, en discusión parlamentaria, ésta, aquí y ahora, si
nuestra democracia funciona, si sus leyes se cumplen y si sobre todo
nuestra Constitución se desarrolla y aplica. Para que esto sea así y el
debate no se transforme en una especie de zafarrancho de combate en el
que cada uno intenta dar el espectáculo a su público, se impone una
prudente autorregulación y una autocontención necesarias para hacer de
este acto un ejercicio de dignidad política, y eso mueve a nuestro grupo
parlamentario a situar nuestra intervención en torno a dos ejes
expositivos. El primero es que este acto parlamentario es
fundamentalmente un análisis y una crítica a la acción del Gobierno, y el
segundo, que también es dar cuenta de lo que hemos hecho los demás, de
nuestras propuestas, de nuestros proyectos y de nuestra predisposición a
contribuir a mejorar la situación de nuestra sociedad.

Señor Aznar, su señoría ha venido a esta Cámara esta mañana y ha
desarrollado en la intervención una serie de datos y cifras enmarcados en
una óptica dulce, edulcorada: reducción de la inflación, reducción del
déficit, bajada de los tipos de interés, reducción del paro, etcétera.

Esas son las cifras globales estadísticas, es cierto, pero ¿qué hay
debajo de ellas? En el debate de investidura, hace ya trece meses, le
hice una radiografía de la situación de la España que S. S. aspiraba a
gobernar. Comparemos la situación de hace trece meses con la de estos
momentos. España, con un 22,9 por ciento, era el primer país de la Unión
Europea en porcentaje de paro. Hoy seguimos ocupando el primer puesto con
un 21,5 por ciento. El país que nos sigue, Finlandia, tiene un 15 por
ciento. Si nos atenemos a las cifras globales, debemos reconocer y
reconocemos una disminución del paro en este tiempo, pero la pregunta que
aquí está subyaciendo es la siguiente: ¿Pero qué tipo de empleo se está
creando? ¿Qué estabilidad tienen los puestos creados? Porque sobre todo
cuando se ha hecho referencia esta mañana a los 57.000 puestos de trabajo
creados en el mes de mayo, hay que decir también que en los últimos
quince años baja el desempleo en una media de cincuenta mil y pico,
debido a la estacionalidad por mor del inicio de la campaña turística.

Pero fundamentalmente estas cifras tienen que manejarse en torno a un
objetivo que es el siguiente. ¿Marca este descenso una tendencia hacia el
cumplimiento de lo que la Constitución española señala en su artículo 40:
el pleno empleo? ¿Va hacía ahí ese camino? Cuando S. S. vino a esta
Cámara a pedir la investidura, la precariedad en el empleo estaba en el
34 por ciento. Ocupábamos también el primer puesto de toda la Unión
Europea. Actualmente estamos en un 35 por ciento, seguidos también de
Finlandia, con un 16,3 por ciento, en el marco además de una media
europea de precariedad situada en el 11,4 por ciento. Si hubiese una
manera de resumir esta situación con un solo dato basta decir que, en
1996, 400.000 españoles y españolas han debido hacer quince contratos en
un solo mes. Los afectados en su mayoría son los de siempre: jóvenes,
parados de larga duración y mujeres. Aquí hay un efecto importantísimo a
la hora de hablar de las cuotas de la Seguridad Social, que es el efecto
rotación, que creo que se ha escapado en las dos intervenciones que ha
habido en el transcurso del debate.

Hace un año le demostré con cifras el descenso constante de la cobertura
al desempleo; una cobertura que no sólo es una cuestión de justicia, ya
que el parado no lo está por voluntad propia, sino que además es una
obligación para los poderes públicos, emanada del cumplimiento del
artículo 41 de nuestra Constitución, cuando plantea la obligatoriedad de
mantener un régimen público de Seguridad Social, y dice la Constitución
que especialmente en caso de desempleo. En 1996, en relación con 1995,
los parados registrados en el Inem con prestación económica han
descendido en 118.000 personas. También seguimos siendo el primer país de
la Unión Europea en accidentes laborales. Esta cuestión no se ha tocado
aquí; parece que no existe. En 1996 la siniestralidad ha crecido un 16
por ciento, a pesar de que desde el 10 de febrero del año pasado contamos
con la Ley de Salud Laboral. Han sido 1.573 los trabajadores fallecidos
en accidentes de trabajo. Un 88 por ciento de las empresas españolas no
respeta la normativa laboral.

La moderación salarial es un hecho consolidado en nuestro país desde hace
muchos años; una moderación que en el caso de los funcionarios es la
absoluta congelación de sus sueldos. El modelo de crecimiento económico
distribuye la renta de manera desigual y perjudicial para los
asalariados. Los costes laborales unitarios crecen menos que la inflación
y, además, cuando se dan estos datos de lo bien que va la economía, hay
que decir que sólo hay un país en toda la Unión Europea que tenga los
costes laborales más bajos



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que España: Portugal. El contraste más sangrante con los datos anteriores
relativos a la moderación salarial lo constituye el permanente incremento
de los beneficios empresariales. La central de balances del Banco de
España nos muestra un crecimiento de los beneficios del 8,1 por ciento en
1994, del 11,6 por ciento en 1995 y del 15,2 por ciento en 1996.

Los datos que expuse hace un año sobre pensiones siguen siendo
exactamente iguales. El 70 por ciento de las mismas es inferior al
salario mínimo interprofesional; por cierto, un salario mínimo
interprofesional que apenas llega al 34 por ciento del salario medio
existente en España. Y, desde luego, los datos de pobreza que le expresé
en el debate de investidura no han variado en absoluto. La edad media de
los más pobres es de 22 años y el 75 por ciento de esos mismos tiene
menos de 25 años.

Señor Aznar, estamos hablando de los y las que son el futuro de nuestro
país. El último informe del Defensor del Pueblo acerca de las condiciones
de amplios sectores de la población en cuanto a necesidades primarias no
cubiertas y a derechos y libertades es una crítica feroz, desde los
datos, a la política que de manera autocomplaciente S. S. ha expuesto
aquí esta mañana. Su señoría puede argumentar que un año es poco para
corregir tantas injusticias y, sin duda, tal formulación es correcta como
enunciado teórico, pero en el caso concreto de su acción de gobierno no
es aplicable, y ello por dos razones: la primera, que la tendencia global
que manifiestan los datos no hace sino mostrar un mantenimiento, cuando
no un incremento, de la gravedad de los problemas y, la segunda, que las
medidas que el Gobierno de S. S. ha tomado o anuncia para el futuro no
sirven, en absoluto, para mejorar esta situación. Su Gobierno no aporta
nada nuevo, continúa con la misma política que ha producido estos
resultados. Y es curioso, mandan ustedes una comunicación a este
Parlamento, una comunicación del Gobierno para motivar el debate. ¿Saben
lo que dice esa comunicación del Gobierno? En su página 2, al referirse a
las reformas que van a poner en marcha, dice --y cito textualmente--: Se
trata en muchos casos de reformas parcialmente iniciadas en anteriores
legislaturas que se han intensificado o completado en los últimos meses.

Más claro, agua. Se trata, pues, de continuar profundizando aún más, con
algún que otro añadido, en la misma política económica y social. Además,
la intervención del orador que me ha precedido, al hablar de que estaba
de acuerdo con la política económica y social, me excusa que siga
hablando de este término.

Los hechos hablan por sí solos. Esta Cámara ha aprobado el plan de
convergencia económica para el trienio 1997-2000 con los únicos votos en
contra de nuestro grupo parlamentario, y este plan, señor Aznar,
señorías, persigue dos objetivos: primero, que los salarios crezcan menos
que la productividad y, segundo, conseguir un Estado más pequeño en lo
económico y en lo social; un Estado más pequeño junto con una menor
capacidad de intervención por parte de los poderes públicos en pro de los
más desfavorecidos, pero un Estado fuerte para imponer las líneas de
política económica planificadas en Maastricht --como he dicho en otras
ocasiones, Maastricht y Pacto de Estabilidad, qué gigantesco acto de
planificación en teoría-- y, a su vez, un Estado débil para paliar los
resultados sociales de esa misma política. Las consecuencias de esta
política ya se han visto en los Presupuestos Generales del Estado para el
presente año, y por lo que S. S. ha anunciado esta mañana, hablando y
advirtiendo --lo ha dicho en su intervención-- que había unos
presupuestos para el año que viene bastante restrictivos, voy a hacer un
simple listado de aquellas incidencias en las políticas concretas: una,
congelación del gasto corriente y de la inversión; dos, continuidad de
las privatizaciones del sector público hasta sus últimas consecuencias,
es decir, hasta que el pueblo español se quede sin ninguna propiedad
pública industrial; tres, aumento y creación de nuevas tasas para ciertos
servicios públicos; aquí ustedes han ido más allá de lo que venía siendo
habitual.

Por cuestión de tiempo, como decía antes, me limitaré a hacer un rápido
repaso. Primero, las inversiones públicas, que son un motor
importantísimo para generar empleo, se han visto notablemente recortadas.

Se prioriza la construcción de autopistas con un marcado carácter privado
en detrimento de la inversión en ferrocarril. El protocolo propuesto por
el Ministro de Industria conlleva el pago de dos billones,
aproximadamente, por parte de los consumidores de la electricidad a fin
de pagar las inversiones de las empresas eléctricas, y a eso hay que
añadir el billón que los ciudadanos pagamos en el recibo de la luz como
consecuencia de la moratoria nuclear. Se sigue considerando que el único
factor determinante del precio de la vivienda es el suelo, olvidando
otras variables: fiscalidad, gestión, promoción y construcción. Tampoco
se potencia la vivienda de alquiler, no se aborda el problema que está en
la raíz de la ocupación de las viviendas, y no se quiere afrontar el
hecho de que el esfuerzo para adquirir una vivienda es de seis veces y
media el salario anual.

La primera medida del Gobierno de S. S. en educación, a las pocas
semanas, ha sido aplicar un recorte presupuestario que ha paralizado
inversiones comprometidas, lo que ha significado dejar de construir
nuevos centros universitarios y no universitarios. Al volver de las
vacaciones escolares, los equipos docentes de los centros públicos se han
encontrado con una circular del Ministerio de Educación y Cultura en la
que se dan instrucciones que atentan flagrantemente contra normativas
anteriores de rango superior y que contribuyen también a deteriorar la
calidad de la enseñanza. Como observo, quizá complacido porque se



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me está escuchando, que alguno de los ministros agita unos papeles para
contestarme, yo quiero que esas expresiones vengan a través del señor
Presidente del Gobierno para que en mi turno de réplica le pueda decir
exactamente en qué han disminuido las inversiones. Gracias, por tanto, a
la señora Ministra de Educación y Cultura.

Con el voto en contra de nuestro grupo parlamentario se aprobó el
proyecto de ley por el que se habilitan nuevas formas de gestión del
Insalud. Hemos planteado al Defensor del Pueblo que interponga recurso de
inconstitucionalidad contra la misma por entender que se lesionan
derechos importantes, se trasladan progresivamente fondos públicos a la
gestión privada, se introducen también elementos de la gestión privada en
un servicio como es la sanidad pública, buscando fundamentalmente la
rentabilidad económica.

Se anuncia una modificación de la Ley de Aguas que introduce mecanismos
de mercado, con lo que se abre paso a la privatización de dicho recurso.

Se privatizan las aguas desaladas provenientes del mar, se facilita la
explotación de los acuíferos, se disminuyen los caudales ecológicos y se
sustrae del debate social las grandes obras hidráulicas.

Señor Aznar, gobernar es elegir, gobernar es priorizar, gobernar es optar
ante una serie de posibilidades que se le ofrecen al gobernante desde la
realidad. Es cierto que se gobierna para todos, pero no es cierto que se
gobierne en favor de todos. Hay que desmitificar, hay que desenmascarar
ese dicho de que gobernamos en favor de todos. No. Se gobierna para
todos, pero cuando se gobierna a favor de alguien se gobierna también en
contra de alguien. Lo que ocurre es que el buen gobernar significa
gobernar para la mayoría. Gobernar es también, más allá de la
intencionalidad, tomar medidas que objetivamente benefician o dañan a
terceros. ¿A quién o a quiénes beneficia su política o a quiénes
perjudica? Se dice desde el Gobierno que es necesario una política de
austeridad y de recorte del gasto público. Sin embargo, S. S. no parece
acordarse de la otra parte que conforma el presupuesto, los ingresos. Se
habla de los gastos. Hablemos de los ingresos. ¿Y por qué no aumentar los
ingresos? Está bien que se recorten gastos superfluos o inútiles, pero
¿no es acaso propio de una política inspirada en la Constitución atender
suficientemente las inversiones y los servicios públicos que conforman
una sociedad moderna y avanzada? El artículo 31 de nuestra Constitución
plantea, sin la menor tibieza, el principio de progresividad fiscal con
carácter imperativo, es decir, la obligación de pagar más los que más
tienen. En nuestro país, la presión fiscal se ha ido reduciendo desde
1992 y es una de las más bajas de Europa. La diferencia con la media
europea es de 7 puntos y con respecto a algunos países las diferencias
son las siguientes: 7 puntos con Italia, 9 con Alemania y Austria, 10 con
Francia y Holanda, 11 con Finlandia, 12 con Bélgica, 14 con Suecia y 19
con Dinamarca. Y que no se argumente que los otros países han reducido
también su presión fiscal. La media comunitaria se ha mantenido y en
bastantes países --Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca y Gran
Bretaña-- se ha incrementado esa presión fiscal.

Es posible que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que están
siguiendo mi intervención se estén sorprendiendo cuando escuchen mi
afirmación de que en los últimos años se ha reducido la presión fiscal,
porque ellos tienen exactamente la sensación contraria, y es que los
impuestos que ellos pagan han aumentado, pero los que perciben rentas del
capital, los grandes contribuyentes, ciertas empresas se han beneficiado
de reducciones sustanciales de la carga impositiva. Y para mayor
clarificación, ahí están los gastos fiscales, es decir, bonificaciones,
deducciones y exenciones, a las empresas y a otras entidades, por valor
de 3,8 billones de pesetas; cifra reflejada en los Presupuestos Generales
del Estado para este año. Y otro más, por si aún resultara insuficiente
el ejemplo anterior: en 1994, las rentas del trabajo representaban el 76
por ciento del IRPF y en 1995, el 85 por ciento. Y como corolario de todo
lo que vengo manifestando, veamos los contenidos básicos de los
decretos-leyes del 7 de junio del año pasado sobre esta materia. Se da un
tratamiento desigual a las rentas del capital y a las rentas del trabajo.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se desglosa en dos
tributos: uno de carácter progresivo para las rentas del trabajo y otro
proporcional y a un tipo inferior al 20 por ciento para las rentas del
capital. Y el segundo eje de estos decretos: mediante la regularización
de balances se conceden importantes rebajas fiscales a los empresarios
para los próximos años, por un montante que oscila, en las distintas
calificaciones, entre el billón y los dos billones de pesetas. En lo
tocante a la persecución y erradicación del fraude fiscal, S. S. no ha
planteado sino una relación de obviedades. Erradicar el fraude fiscal es
encarar con medidas enérgicas la economía sumergida, las facturas falsas,
las empresas guadiana, el cobro en negro, los montajes de ingeniería
fiscal, la planificación fiscal internacional entrecomillada, etcétera.

Cuando en un país como el nuestro el sector público es el único capaz de
impulsar, desarrollar y vertebrar una auténtica actividad industrial tan
necesaria, la única política industrial que ustedes continúan es la de la
privatización de ese sector público. No hay empleo sin industrialización
y sólo el sector público es capaz de hacer un esfuerzo inversor en
investigación más desarrollo. Mientras que la media comunitaria en esto
es el 2,5, aquí estamos todavía en el 0,8 por ciento. El llamado programa
de modernización del sector público empresarial del Estado no es otra
cosa que una propuesta de desmantelamiento de lo que queda del mismo. Su
señoría apela a la iniciativa privada al hablar



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de la industrialización. Aquí discutimos una vez un documento, traído por
el anterior Gobierno, que planteaba que en los últimos 20 años el sector
industrial privado no había creado ni un solo puesto de trabajo. Señor
Aznar, en sus previsiones de Gobierno, qué cálculos tiene sobre la
creación de empleo --someramente--; qué sectores de la economía son los
que pueden aportar más puestos de trabajo --también con una
aproximación--; en qué horizonte temporal se espera percibir con claridad
la creación de puestos de trabajo; cómo entiende S. S. el mandato
imperativo del artículo 40 de nuestra Constitución cuando atribuye a los
poderes públicos que --y leo textualmente-- «De manera especial
realizarán una política orientada al pleno empleo.»
Señor Aznar, es conocida nuestra posición sobre la reforma de la OCM del
aceite de oliva. Voy a exponer brevemente nuestra posición, porque
prefiero que S. S. nos dé su opinión sobre esta posición, que ha sido muy
clara. No se puede tomar en consideración cualquier propuesta que
represente el más mínimo riesgo de destrucción de empleo. Consideramos
que el apoyo económico debe estar en función de la producción real, único
modo de sostener la realidad del sector y evitar situaciones
fraudulentas. Nos oponemos a cualquier intento de parcelar el apoyo por
Estados, y mucho menos si supone legitimar el fraude. Consideramos que la
OCM debe garantizar siempre el mantenimiento y desarrollo de la actividad
productiva, la salvaguardia del medio ambiente, el empleo, la actividad
económica y la vertebración del tejido social en el medio rural de las
zonas productoras. ¿Cuál es su posición, señor Aznar? ¿Qué orientaciones
va a defender el Gobierno para garantizar la supervivencia de la política
agraria comunitaria, asegurando su financiación ante la eventual
ampliación de la Unión Europea con los países de la Europa Central y
Oriental? ¿Piensa el Gobierno exigir mayor firmeza a la Comisión en las
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio? ¿Piensa su
Gobierno, en el contexto de la Conferencia Intergubernamental, adherirse
a la propuesta italiana para garantizar que no se vuelvan a repetir las
vergonzosas actuaciones contra nuestros productos y transportistas en
territorio francés?
Señor Presidente, sería muy cómodo por mi parte y también muy fácil
imputar exclusivamente esta política económica al neoliberalismo y al
carácter de derechas de su Gobierno. Es cierto que un Gobierno como el
suyo cree que esta política es la mejor de las posibles, pero el problema
está, señor Aznar, en la justificación con que se pretende defender la
misma, la construcción europea y la moneda única. Dicho de otra manera,
para que se me entienda perfectamente en esta Cámara y en la calle, lo
grave no es la política económica que S. S. hace, porque S. S. hace la
política económica que sus presupuestos políticos teóricos e ideológicos
le manden; lo grave es el consenso que esta política tiene en esta
Cámara. Eso es lo grave, el apoyo a esa política económica y social
ampliamente reflejado en esta Cámara.

La construcción europea es algo mucho más importante, más grandioso, más
complejo, más completo y más profundo que el acceso a una moneda única.

Una construcción europea es una auténtica Unión Económica y Monetaria; es
decir, una Hacienda europea, un presupuesto europeo digno de tal nombre,
una armonización fiscal y una convergencia en torno a políticas
económicas de bienestar social. Una verdadera construcción europea
significa además una unión política, y esto es básico. Sin unión política
no se construye en absoluto Europa; se construye, y ya veremos cómo, una
moneda única, por tanto, una política exterior de seguridad compartida
sin OTAN, exclusivamente europea. En resumen, la construcción europea que
necesitamos significa erradicar el paro de esta Europa que ya tiene más
de dieciocho millones de parados, mientras que la construcción europea no
significa acabar con el paro, lo que se está construyendo es simplemente
una torre de Babel sobre arenas movedizas.

Su señoría planteaba esta mañana, y es objeto de los debates, lo que ha
ocurrido en Francia. Lo que ha ocurrido en Francia, señoras y señores
Diputados, es que el Gobierno francés ha pedido un tiempo para estudiar
las consecuencias de algo que se llama el Pacto de Estabilidad; lo que ha
ocurrido es que el Gobierno francés ha tenido en cuenta algo que no se
tiene en cuenta en esta llamada construcción europea: el empleo. ¿Cuántas
veces he subido yo a esta tribuna, y compañeros y compañeras, para
demostrar con los datos de la cumbre de Florencia y la cumbre de Dublín
que el empleo no es el objetivo prioritario ni principal, ni siquiera un
objetivo de la llamada Unión Monetaria. Pues bien, ha habido un Gobierno
que por lo pronto yo no sé si claudicará o no, si revisará su posición o
no, pero que ha sabido meter el dedo en la llaga, que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya viene planteando aquí en solitario año
tras año. No hay construcción europea si no hay una política de creación
de empleo. La moneda única incluso no tendrá base firme porque estaremos
montando el edificio de esa moneda única sobre la auténtica inestabilidad
social. Lo que ha ocurrido, señorías, es simplemente que el pueblo
británico y el pueblo francés junto a otros han decidido, con sus
votaciones, que hay que cambiar la política económica que sustenta la
moneda única.

Se dice y con razón que si Maastricht no hubiese existido se habría
inventado para justificar la política económica y social que se está
imponiendo a los asalariados de toda Europa. Es decir, con Maastricht o
sin Maastricht harían lo mismo. El caso, señor Aznar, es que nadie salvo
Luxemburgo, hoy por hoy, cumple las condiciones que marca la convergencia
europea. Se han entregado ustedes a un juego yo diría que incluso
delicioso cuando uno se separa de los problemas, que



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ha sido a ver quién engañaba a los demás: los italianos con un impuesto
especial, los franceses utilizando la caja de los jubilados de la
telefónica, los alemanes revaluando sus divisas en oro, y aquí poniendo
en marcha la famosa contabilidad creativa, es decir, el arte al servicio
de la contabilidad. ¿Por qué? Porque había que llegar a la fecha fatídica
con el déficit en el nivel que se desea sin saber qué es lo que va a
ocurrir. Claro, lo que va a ocurrir después ya está asegurado con el
famoso Pacto de Estabilidad.

Sobre el pueblo español llueven incesantemente ideas propias de la
competición futbolística: seremos los primeros, nos adelantaremos a otros
países. Esto se ha dicho y se lanza a la cabeza de los españoles, y ese
espíritu de competitividad que marcan la Liga de fútbol y otras ligas
termina por caer y a partir de ahí gritamos «Maastricht, ra, ra, ra», sin
saber qué es lo que va a venir después de ese Maastricht, después de ese
Amsterdam y después de ese Pacto de Estabilidad. Porque ¿qué se opina y
qué opina este Gobierno del dictamen del Parlamento Europeo, según los
trabajos del Diputado señor Kem Coates cuando afirma, después de
consultar a once prestigiosos institutos europeos, que el mantenimiento
de las condiciones de convergencia aumentaría el paro en once millones de
personas más?
El señor Ministro de Economía y Hacienda y también Vicepresidente del
Gobierno aseguró hace poco que el Gobierno comparte y aplica «las
recomendaciones de la OCDE para que nuestro país esté a la altura exigida
por la Unión Monetaria.» ¿Cuáles son esas recomendaciones? Es decir, ¿qué
es lo que nos espera? ¿Qué hay después de la Unión Monetaria? ¿Qué viene
después de la mano del Pacto de Estabilidad? Veamos en un somero repaso:
recortar el gasto público, reformas en los sistemas de pensiones, cambios
en la sanidad pública, moderación salarial, reducción en las cargas
fiscales, recorte de los beneficios al desempleo, mejora de la educación
--me gustaría ver cómo, y lo agradeceríamos--, reformas de las ventajas
fiscales, aumento de la flexibilidad de los costes salariales y laborales
y de la jornada de trabajo --¿la flexibilidad hacia dónde? porque la
flexibilidad se mueve hacia un lugar o hacia otro; yo me temo hacia el
sitio en que va--, endurecer las jubilaciones anticipadas,
reestructuración y privatización de las empresas públicas, liberalizar
los horarios comerciales, flexibilizar --otra vez la palabra
flexibilizar, que causa auténtica angustia-- las indemnizaciones por
despido, descentralizar la negociación salarial, sustituir el PER por
ventajas fiscales, reducir las indemnizaciones por despido del subsidio
de desempleo. ¿Podría el señor Aznar en su réplica ratificar o desmentir
las medidas económicas y sociales que acabo de reseñar?
Señorías, que a diecinueve años de la aprobación de la Constitución
española el Título VIII de la misma esté sin desarrollar es grave, y es
grave además que los desarrollos parciales que se están haciendo del
mismo estén marcados por un pacto al que ustedes hacen referencia en la
comunicación del Gobierno mandada a esta Cámara. También podemos leer en
esa comunicación del Gobierno que ustedes plantean --y leo--culminar el
pacto autonómico suscrito en 1992 entre los grupos parlamentarios más
representativos. Los más representativos tenían que ser el Partido
Popular y el PSOE, porque son los que lo firmaron. Por tanto, ustedes
tratan de desarrollar un pacto suscrito con los bancos que están aquí a
la izquierda en 1992. El Gobierno de S. S., desde nuestro punto de vista,
carece de un modelo de Estado, y esa carencia la está sustituyendo por
sistemáticos acuerdos bilaterales que S. S. no ha negado esta mañana,
imperativo naturalmente quizás de no tener mayoría absoluta. Ha
transformado un proceso autonómico en compensaciones puntuales por el
regateo presupuestario y el goteo de las transferencias. Ha impuesto un
modelo de financiación autonómica que puede acrecentar las divergencias y
la competencia desleal de las distintas comunidades autónomas, y ello
porque no ha sabido o no ha querido combinar tres elementos
fundamentales: el primero, la corresponsabilidad fiscal con capacidad
normativa; el segundo, la solidaridad y nivelación de servicios efectiva;
y el tercero, límites armonizadores de las divergencias. Han debilitado
la Administración y los servicios públicos al congelar los sueldos y la
oferta pública de empleo. Y lanzo dos nuevas preguntas, y le pido
disculpas al señor Presidente del Gobierno si estoy lanzándole pregunta
tras pregunta, pero me gustaría que me desvelase algunos aspectos que no
han quedado muy claros en su intervención. La primera, ¿qué ha pasado con
los 5.000 altos cargos que anunciaron suprimir? Y la segunda, ¿qué ha
pasado con la renuncia que hicieron ustedes a la libre designación?
Pero hay todavía una cuestión de mayor enjundia y que afecta al meollo
mismo del Estado contemplado en la Constitución de 1978. Esta
Constitución plantea de manera clara que el Estado está compuesto --no
tiene, está compuesto-- por tres administraciones: la central, la
autonómica y la local. La Administración local sigue siendo la cenicienta
de este país. Lejos de avanzar hacia un reparto más equilibrado del gasto
público entre las tres administraciones del Estado, se advierte un
descenso del porcentaje de participación de las entidades locales.

Las medidas para la liberalización del suelo y el anteproyecto de la
nueva ley del suelo reducen la cesión de terreno a los ayuntamientos por
parte de los promotores y constructores. Ello no sólo priva a los
ayuntamientos de equipamientos para los ciudadanos, sino que los
imposibilita para intervenir en el futuro de su ciudad. Sigue siendo ya
una asignatura pendiente la aprobación de una ley de financiación para el
transporte público, así como también una necesaria ley de grandes
ciudades.




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Al llegar aquí, señor Presidente, señor Presidente del Gobierno, las
diferencias entre la derecha y la izquierda son grandes --esto es una
obviedad--, y en algunas cuestiones yo diría que son abisales. Nos
separan concepciones del mundo, valores, toda una historia, apuestas y,
sobre todo, el proyecto de sociedad para hoy y para el futuro. Sin
embargo, hay que reconocerlo sobre todo en esta sede parlamentaria, hay
ocasiones, como en la redacción de nuestro texto constitucional, en las
que el acuerdo en torno a la construcción de un marco democrático obliga
al entendimiento y al compromiso, y si eso es en el diseño del marco
constitucional, no lo es menos en la observancia y en el desarrollo de
los contenidos del Estado democrático de Derecho.

Que la justicia sea igual para todos, que la justicia sea independiente
de verdad, o que los poderes públicos velen porque dicha justicia se
aplique, es algo que no puede admitir ninguna interpretación partidaria o
ideológica distinta de las que se resuelven en el concepto común del bien
común. Velar por un eficaz cumplimiento de la justicia y colaborar a que
su imagen se prestigie ante los ciudadanos, es algo que está dentro de
las competencias del Ejecutivo y aquí, señor Aznar, su Gobierno ha
naufragado. Pese a las promesas, el mundo de la justicia sigue abandonado
e hipotecado; abandonado en lo que no importa al poder político,
hipotecado precisamente en lo que le afecta.

El Consejo General del Poder Judicial, elegido por el pacto partidario y
mutilado en sus competencias, esenciales tropieza con dificultades
extraordinarias para ejercer su función de amparo y defensa de la
independencia judicial. Un ministerio fiscal independiente es pieza
decisiva de la independencia real de la justicia. Como ha dicho el Fiscal
jefe de Ginebra, no se puede afirmar, sin mentir, que se es partidario a
la vez de la independencia judicial y de la situación de dependencia y
postración de un ministerio fiscal subordinado al poder político.

El origen de los conflictos recientes, de las revueltas de los fiscales
--y lo entrecomillo, entiéndanlo así-- hay que encontrarlo en esa
política absurda consistente en mantener, por una parte, la dependencia
del ministerio fiscal y potenciar su autonomía corporativa. Sólo desde
esta perspectiva se entienden los conflictos provocados por el
nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. La revuelta
--nuevamente entrecomillo-- ha sido incitada en gran medida por la
torpeza del Gobierno, de la señora Ministra de Justicia y de los dos
últimos fiscales generales. Así no se puede seguir.

Tampoco se puede seguir sin una verdadera policía judicial, cuya
inexistencia constituye un atentado contra la independencia y la plenitud
de nuestra justicia penal. Y ¡qué decir de unas instituciones
penitenciarias integradas en el Ministerio del Interior! Cuando más
necesario era potenciar el control judicial del sistema penitenciario,
sustrayendo del Poder Ejecutivo el régimen de ejecución de las penas, el
Gobierno decide en sentido contrario.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que vaya concluyendo.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

Así es más fácil convertir la política penitenciaria en instrumento de la
conveniencia del Gobierno y a determinados reclusos en rehenes del poder
político. Pero ningún recluso debe ser rehén de nada, ni de nadie. El
régimen de ejecución de las penas debe ser judicializado al máximo.

¿Y la jurisdicción militar? El escandaloso espectáculo del juicio contra
el coronel Perote ilustra sobradamente la necesidad de que en tiempos de
paz la jurisdicción militar quede abolida o se limite estrictamente al
campo disciplinario. De no ser así, la justicia castrense será la
justicia particular del Gobierno o de un Ministro de Defensa situado al
margen del Gobierno.

¿Qué se hace frente a las feroces campañas de difamación y linchamiento
de muy concretos jueces instructores? ¿Cuándo de verdad se da justicia a
la justicia? Sin ella o contra ella, la sociedad civil y la sociedad
política funcionaran como mafias.

La regeneración democrática que España está necesitando con la
perentoriedad y urgencia del mucho tiempo perdido, no será posible si
todas las tramas, todas las implicaciones y todas las complicidades
activas o pasivas no quedan al descubierto jurídica pero también
políticamente, insisto pero también políticamente. Me refiero,
obviamente, al terrorismo de Estado, los GAL, la malversación de caudales
públicos, los fondos reservados y la corrupción, y desde luego, señor
Aznar, entre lo dicho por ustedes cuando estaban en la oposición a lo
hecho cuando están gobernando hay un auténtico abismo.

Debate tras debate venimos plantando ante SS. SS., y ante los ciudadanos
y ciudadanas que nos siguen a través de la radio y de la televisión,
nuestras propuestas y alternativas para aquí y para ahora en el eje de un
proyecto, el nuestro, que tiende a conseguir para España su inserción en
la auténtica modernidad. ¡Cuántas barbaridades se hacen y se dicen en
nombre de la modernidad! Como he dicho tantas veces, y quiero que conste
nuevamente en el «Diario de Sesiones», el concepto de modernidad surge
con el renacimiento y es fundamental, básica y exclusivamente centralidad
humana y, por tanto, que la economía, que las políticas concretas se
supediten a esa centralidad humana. Esa modernidad es la que está
necesitando nuestro país.

Debate tras debate venimos planteando, por tanto, una serie de medidas
que yo rápidamente esbozo ante ustedes. Cumplimiento del Título I de
nuestra Constitución:



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pleno empleo, pensiones, viviendas, cultura; defensa de lo público;
regeneración de la vida democrática; lucha contra la corrupción;
federalización del Estado español; reforma de la justicia; modernización
y democratización de las instituciones del Estado; otra Europa, otros
valores, y otro proyecto.

Señor Aznar, contestando S. S. al señor González me ha parecido entender
que negaba la posibilidad de que hubiese otra propuesta alternativa. En
esta Cámara está, la hemos entregado, es producto de muchas reflexiones y
producto, además, de las razones que nos vienen dando la propia realidad
europea.

Aquí se ha dicho muchas veces en tono descalificatorio que, como no
compartíamos el proyecto, que reconozco mayoritario en esta Cámara, no
teníamos proyecto. Pues no, tenemos proyecto, lo que pasa es que no es
del ustedes, es uno más incardinado en todo lo que se ha venido
elaborando, desde Altiero Spinelli, desde el proyecto de constitución
europea, desde las propuestas económicas, y que desemboca en una Europa
totalmente distinta, ésta que está siendo cuestionada por muchos
electores en Gran Bretaña, en Francia y en otros lugares. Por tanto, sí
hay propuesta alternativa, lo que pasa es que no es la suya, pero la hay
y desarrolla además acuerdos tomados en muchas instancias europeas.

Independientemente de estas líneas, y acabo señor Presidente, hay una
serie de propuestas y de opciones que suelen ser eclipsadas por los
titulares, debates y discusiones en torno a los contenidos económicos de
los criterios de convergencia o del pacto de estabilidad. Voy a hacer
referencia, para terminar, a estas visiones, a estas propuestas que no
suelen venir con frecuencia a esta Cámara.

No estamos de acuerdo con la supresión del derecho de asilo entre los
Estados miembros de la Unión Europea. Mantenemos, junto con Amnistía
Internacional, que mientras la Unión Europea no constituya un sólo Estado
--en nuestro caso federal--, y como tal se adhiera a la Convención de
Ginebra, todas las restricciones al derecho de asilo dentro de la Unión
Europea constituirán una grave violación de dicha Convención, así como
del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Hablar de la construcción europea es abordar un tema importante, el
problema de nuestra emigración, pero también el problema de los
inmigrantes.

Antes de las elecciones generales ustedes plantearon ante el Consejo
General de la Inmigración un catálogo de nueve puntos, que dijeron
llevarían a cabo si conseguían gobernar. Aquellas propuestas iban desde
la instauración de senadores para la inmigración hasta la reforma de la
Ley de Nacionalidad, pasando por la ampliación de las prestaciones
sociales, la revisión de los tratados bilaterales en esta materia, o la
creación de un organismo que coordinara las políticas hacia la
emigración, dispersas en una maraña de departamentos y de ministerios.

Han pasado trece meses y no han hecho nada; si han hecho algo, me
gustaría escucharlo, señor Aznar.

Desde nuestro rechazo al acuerdo de Schengen y a la concepción de una
Europa fortaleza, seguimos denunciando la Ley de Extranjería que genera,
junto a la represión, una inseguridad jurídica manifiesta y, además,
posibilita la sobreexplotación y la marginación de amplios colectivos de
trabajadores y trabajadoras inmigrantes. La apuesta por la integración,
ahora que estamos a tiempo, es la mejor manera de evitar la confrontación
que pueden aprovechar los Le Pen o los Haider de turno subvirtiendo la
naturaleza misma del Estado democrático.

Señor Aznar, una de las filosofías más perniciosas y menos concordes con
la situación actual de Europa es anclar el concepto seguridad en una
concepción militar de la misma. Es urgente desmilitarizar el concepto
seguridad. La seguridad se ha relacionado más con el Estado nación que
con la gente. Para una inmensa mayoría, la seguridad simboliza la
protección contra el hambre, la enfermedad, el desempleo, el delito, la
represión política y los riesgos del medio ambiente. En definitiva, la
seguridad humana se expresa en un niño que no muere, en una enfermedad
que no se difunde, en un empleo que no se elimina, en una tensión étnica
que no explota en violencia y en un disidente que no es silenciado. Estas
consideraciones que asumimos íntegramente, nos llevan a nuestra oposición
a la permanencia de España en la OTAN y todo lo que se deriva y se va a
tratar, consecuentemente, en España en el mes de julio: al mantenimiento
de los arsenales nucleares y al diseño de la PESC como zona autónoma en
el ámbito de la OTAN.

Una política que tienda a conseguir este modelo de seguridad, debe
graduar de manera creciente sus posiciones y las acciones que conduzcan a
la realización total de sus aspiraciones. Consideramos de urgente
necesidad, en nombre de la seguridad, que se cumpla la asignación del 0,7
por ciento, del PIB a la cooperación para el desarrollo, y seguimos
planteando, según esta argumentación y con estos valores, la
despenalización de la insumisión y la objeción de conciencia.

El capítulo de política internacional lo voy a pasar, sólo quiero hacer
un comentario. Ese comentario está ligado a Cuba. Aparte de un país del
Caribe, Cuba es una historia, una parte de la historia de España. Cuba,
señor Aznar, forma parte de los sentimientos mayoritarios del pueblo
español. Cuba también forma parte, seamos más prosaicos pero hay que ser
prosaicos, de intereses económicos españoles que se han sentido muchas
veces molestos ante las incomprensiones o actuaciones del Gobierno de S.

S. con Cuba. Es urgente que se restauren, que se reanuden las relaciones
con el nombramiento de nuestro embajador.

En resumen, señor Aznar, nuestro país se encuentra a finales del siglo XX
en una tesitura parecida a la que



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se encontraba a finales del XIX. Y no es jugar con las cifras, 1898-1998,
simplemente estamos en una encrucijada. El reto es el mismo, el reto al
que respondieron desde su óptica los Lucas Mallada, los Macías Picavea y
después Joaquín Costa, o Julio Senador, el problema fundamental de la
auténtica modernización de este país, y modernizar hoy por hoy significa
centrar la actividad política en torno a tres ejes. Primer eje. Caminar
hacia una sociedad de pleno empleo, mandato constitucional basado en un
desarrollo económico, ecológica y socialmente sostenible; es ahí donde
hay que ubicar las propuestas de reparto de trabajo y la reducción de
jornada. Segundo eje. Una política de paz, de supresión de los armamentos
nucleares y de reducción paulatina de las armas convencionales, todo ello
en el marco de una auténtica construcción europea en la mejor línea del
sueño de Altiero Spinelli. En tercer lugar, la consecución de una
democracia avanzada, en la que las conquistas del Estado social y
democrático de Derecho estén aseguradas como parte inherente al
desarrollo social.

Señor Presidente, señor Aznar, todo ello es realizable. No se puede decir
que es imposible, es realizable y, además, es constitucionalmente
posible. Toda esta propuesta que estoy realizando no se aparta ni un
ápice del texto constitucional. Esa es nuestra propuesta. Desde ella nos
hemos constituido, y seguimos constituidos, en oposición de izquierdas,
en este caso al Gobierno de S. S. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, con mucho gusto procuraré contestar una parte de las cuestiones
que ha planteado el señor Anguita.

Si me permite, señor Anguita, antes de nada le quisiera dar una
información. Ha empezado usted su intervención haciendo una protesta
porque Televisión Española no estaba transmitiendo este debate de forma
que lo pudieran seguir los sordos. Tengo que decirle que sí. La
información exacta es que en la página 144 del teletexto de Televisión
Española los sordos pueden seguir este debate. (Una señora Diputada: ¡Muy
bien!) Esta es la información que me dan. La señora Aguilar dice que no
es correcta. Si no es correcta, lo siento; es la que me dan, pues yo no
lo he podido comprobar. En todo caso, ruego que lo compruebe porque me la
acaban de facilitar. No nos vamos a pelear por eso. Si es posible que
puedan seguir el debate, que lo sigan. Me limito a transmitirles esa
información.

Quiero decirle que he escuchado con toda atención y respeto la
intervención del señor Anguita, consciente de la importante
representación que, como cualquiera en esta Cámara, tiene el señor
Anguita; una representación popular de dos millones largos de españoles,
de ciudadanos se merece un respeto, una consideración y una atención que
es el respeto, la consideración y la atención con que yo escucho siempre
sus palabras y estando ahora al frente del Gobierno no pienso tener un
comportamiento diferente del que he tenido siempre. Por tanto, yo siempre
voy a mantener esa actitud de respeto.

Quiero decir que aprecio el tono en que el señor Anguita ha realizado su
intervención, a pesar del fondo de dureza que contiene la misma que, por
otra parte, es lógico. Siento no poder estar de acuerdo en casi nada de
lo que ha dicho el señor Anguita, pero aprecio su coherencia. El señor
Anguita ha tenido el gesto de decir: No estoy de acuerdo en casi nada de
lo que usted hace, pero es coherente con lo que usted piensa. Yo debo
decir: No estoy de acuerdo en casi nada de lo que usted dice, pero
entiendo que es coherente con lo que usted piensa. La coherencia, sin
duda, es un valor aunque se hagan planteamientos distintos y buena prueba
de ello son los profundos planteamientos divergentes que se han hecho en
materia de política económica y social o en materia de política exterior.

También tengo que decir que el respeto a su coherencia no me impide decir
que una buena parte de sus propuestas las considero inasumibles,
inaplicables o sencillamente pronunciadas fuera de tiempo
histórico-político. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
En todo caso quiero decirle que, a pesar de esas divergencias, a pesar de
esas discrepancias, a pesar de ese planteamiento tan diferente de las
cosas, rogaría que tuviese en cuenta su oferta de diálogo. No estar de
acuerdo no significa ser ajeno a las preocupaciones, a las que puede
tener usted, a las que puedo tener yo o a las que podamos compartir,
porque teniendo visiones distintas, teniendo ideas distintas, se pueden
compartir preocupaciones.

Quiero decirle también, señor Anguita, que por mi parte esa oferta de
diálogo va a estar abierta y que, por tanto, siempre va a tener una
actitud receptiva del Presidente del Gobierno, aunque sólo sea para
constatar profundas divergencias o puntos de vista distintos. Esa
actitud, ese planteamiento positivo y esa disponibilidad siempre la va a
tener usted.

Creo que una prueba manifiesta y palpable de esa profunda diferencia a
que yo me refería, es la explicación que ha hecho el señor Anguita del
modelo económico-social que defiende o la crítica a la política económica
del Gobierno. La diferencia en su caso --es perfectamente legítimo marcar
diferencias-- no está sólo en la crítica respecto a una gestión o a una
política económica distinta, está en cuanto al modelo. Es decir, no se
cuestiona sólo la política; se cuestiona también el modelo. Ahí existe
una discrepancia total, porque evidentemente en este momento histórico no
me parece planteable un modelo económico y social



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diferente, distinto del que nosotros vamos desarrollando.

Usted ha preguntado si se han producido o no cambios en política
económica. Tengo que decirle que sí, que se han producido cambios
importantes. En mi opinión, es evidente que nada o casi nada nace en
política de un punto cero, y que en materia de política económica no nace
casi nada de un punto cero, aunque es evidente que hay políticas
diferentes que pueden producir cambios de rumbo. Yo creo que la política
económica de este Gobierno ha producido un cambio claro de rumbo respecto
de la que se venía planteando. Por tanto, tengo que decirle, no como
crítica a su posición, tampoco para estimularle sino para fijar bien la
posición del Gobierno, que efectivamente se han producido unos cambios
importantes. ¿En qué sectores? En distintos sectores, señor Anguita. Se
han producido cambios importantes en la política de liberalización. He
mencionado antes una lista muy completa de sectores de la economía
española que se han liberalizado o están en trance de liberalización,
desde el sector de las telecomunicaciones hasta el suelo. Con muchos de
ellos vamos a seguir; queremos proseguir con esa política porque
sinceramente creemos que añadir competencias es añadir oportunidades y
posibilidades en términos de progreso económico, no sólo macroeconómico
sino en términos de bienestar ciudadano, como luego espero poder
demostrarle. Hemos cambiado una política de profundo saneamiento de las
cuentas públicas; ha habido que hacerla, lo que ha supuesto un profundo
cambio de rumbo y además ha dado una enorme credibilidad a las decisiones
del Gobierno, sin que ésas sean unas decisiones y unas políticas fáciles,
sino más bien difíciles y complicadas; pero en la tarea de Gobierno,
gobernando para todos, hay que hacer lo que uno debe: cumplir las
obligaciones y, naturalmente, las hemos cumplido.

Hemos planteado una opción presupuestaria clara que antes no pasaba, un
cambio determinante con el que se puede estar o no de acuerdo, pero ha
sido la nuestra. En primer lugar, ha sido la primera vez en la historia
económica reciente de España en la que el presupuesto de gastos ha
crecido por debajo del PIB nominal; en este caso, además, por debajo de
la previsión de precios. En segundo lugar, va a ser 1997 el primer año de
la historia económica reciente de España --lo que para nosotros al menos
es un dato extraordinariamente positivo--, en el que la economía va a
crecer por encima de la inflación. Eso significa, junto con los datos que
usted conoce de la misma inflación, de los tipos, del control del
déficit, del superávit de nuestra balanza por cuenta corriente o de
nuestra balanza comercial, merced al comportamiento, entre otras cosas,
de nuestras exportaciones, que estamos en la senda de un crecimiento
sano, de un crecimiento saneado que puede producir cada vez más creación
de empleo en nuestro país.

Nos hemos fijado antes en los datos de creación de empleo. No hay que
fijarse tanto en los datos como en la intensidad de la creación de
empleo. Se está creando empleo actualmente con extraordinaria intensidad.

Su señoría me pregunta: ¿podemos conseguir el objetivo de pleno empleo?
Le voy a decir que yo sería un completo irresponsable si plantease en
esta Cámara un objetivo de pleno empleo. Tengo que decir que me parece
completamente irresponsable no solamente que yo lo pudiese plantear, sino
que lo hiciera cualquiera. No estoy diciendo que usted lo haya hecho,
digo que lo plantee cualquiera. Cuando se tiene el 21 por ciento, según
unos cálculos, 13 por ciento según el paro registrado de empleo, y cuando
se lleva un año de Gobierno no se puede tener la actitud de decir: voy a
crear tanto empleo o pretendo llegar al pleno empleo.

He explicado en algunas ocasiones que el Gobierno no crea empleo, que al
Gobierno le corresponde crear las condiciones para que lo haya. Le voy a
decir más, desde mi posición cuando el Gobierno crea empleo directo,
malo. El Gobierno tiene que crear las condiciones para que en las
empresas pueda crearse empleo, lo que está ocurriendo ahora, y para que
en las empresas pueda crearse empleo hace falta un escenario
macroeconómico estable, que las empresas, señoría, obtengan resultados
razonables, que los puedan reinvertir, que puedan contratar trabajadores,
que puedan invertir en formación, que puedan invertir en tecnología, en
investigación, que puedan vender sus productos. Así se crea empleo y así
es como se establece el crecimiento y la prosperidad de los países. Ese
es el modelo, basado en gran medida en este caso y en este cuarto de hora
concreto en el impulso importante de la exportación, que está promoviendo
este Gobierno, con unos resultados apreciables, que yo comprendo se
discutan desde su posición. Me pregunta: en función del plan de
convergencia dígame qué cifra aproximada de creación de empleo puede
haber al año 2000. Está en el programa de convergencia: entre 200.000 y
230.000 empleos anuales. Haga usted el cálculo. He dicho antes que hay
trabajando 300.000 personas más que el año pasado. Tenemos un crecimiento
de empleo en este momento importante, en torno al 2,5 y está descendiendo
el paro, están aumentando las cifras de afiliación a la Seguridad Social,
se puede producir un crecimiento este año en torno a eso, doscientos y
pico mil. ¿Es una previsión disparatada o irrealizable? Yo creo que no,
con una condición: que seamos capaces de mantener los parámetros
económicos y la estabilidad económica en los términos que lo estamos
haciendo en este momento.

Su señoría me plantea también --y le pido excusas si a lo mejor desordeno
el orden de su intervención-- su preocupación por la precariedad, por la
estabilidad. Estoy absolutamente de acuerdo; totalmente de acuerdo.

Cuando se tiene un mercado laboral en el cual el 35 por ciento de los
contratos son precarios, hay razones



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para estar preocupado y, por tanto, hay que actuar en consecuencia. ¿Qué
ha hecho el Gobierno? El Gobierno ha impulsado una negociación, ha
respetado una negociación que permite tener no solamente más esperanzas,
sino más posibilidades de transformar empleo precario en empleo estable.

Es verdad que en los diez primeros días de la reforma votada en esta
Cámara se han creado en torno a 4.000 empleos estables más. Me dirá usted
que es una cifra muy baja. Pues sí, tiene usted razón, es una cifra baja,
pero si la comparamos debemos saber si esa cifra empieza a suponer una
tendencia, y que los empresarios se den cuenta que es importante, no
solamente para ellos sino para el trabajador y también, por supuesto,
para el país, cambiar esos empleos precarios en empleos estables. Por
tanto, del mismo modo he de decir que animo en las negociaciones de los
convenios colectivos animo a mantener los objetivos salariales limitados,
señoría, y no quiero poner en este momento ejemplos. Con una inflación
que puede estar en el 1,6 o en el 1,5, hay que tenerla en cuenta, si no
la tenemos en cuenta corremos el riesgo grave de truncar, de quebrar ese
proceso en este momento de creación de empleo en la economía española.

Por tanto, la respuesta que hemos dado es apoyar la reforma. Comprendo
que se puede estar o no de acuerdo; ustedes han votado en contra de la
reforma y lo respeto, pero no lo comparto.

Le quisiera dar unos datos, que usted ha mencionado, sobre siniestralidad
laboral. Fue firmado el acuerdo sobre prevención de riesgos laborales
entre sindicatos y empresarios; en agosto de 1996 fue creada la Comisión
Nacional de Seguridad e Higiene con los empresarios, los sindicatos, los
gobiernos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hemos
aprobado ya el reglamento general de servicios básicos y hemos
incorporado ocho directivas comunitarias. En 1996 la siniestralidad
laboral se redujo en más de seis puntos respecto a la de 1995. Seguro que
hay que hacer más cosas, pero en este caso, como en los demás, me
pregunta lo que hemos hecho, y le contesto. Entiendo que usted me diga
que no es suficiente. Pues a lo mejor no es suficiente, pero esto es lo
que hemos hecho, que significa que algo vamos progresando.

Sin duda, en lo que se refiere a la aplicación de esas políticas
económicas hay al final un mensaje diferente. Creo que todo ese marco de
estabilidad, todas esas posibilidades realmente favorecen la economía y
favorecen el bienestar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Usted
y yo estaríamos de acuerdo en varios datos básicos: primero, hay más
bienestar si hay más empleo. Parece bastante lógico, yo por lo menos lo
entiendo así, y en España en este momento hay más empleo y se crea
empleo. Segundo, como hemos dicho antes, el dato de inflación a la
Seguridad Social permite decir que también en términos de prestaciones
sociales aumenta razonablemente el bienestar. Tercero, el tener un
horizonte de crecimiento de precios limitado a los efectos de lo que
significa disponibilidad, planificación --digamos que esa sería su
terminología preferida--, previsión razonable de qué hace uno con sus
ahorros, es bastante lógico también que esa previsión de inflación sea
tenida en cuenta favorablemente en términos de bienestar. Digamos que no
es lo mismo tener una inflación del 1,6 que del 8, no es que no sea lo
mismo cuantitativamente, no es lo mismo en términos de bienestar.

El crecimiento es una base esencial del bienestar y parece que el
crecimiento en este momento en el segundo trimestre --digo que parece--
puede estar creciendo algo por encima del 3 por ciento.

Los tipos de interés. Ha mencionado usted algunas cosas en relación con
vivienda. Mire usted, los tipos de interés han ahorrado centenares de
miles de millones de pesetas al Estado de pagos de intereses de deudas,
han ahorrado decenas de miles de millones de pesetas a las empresas y
familias españolas de pago de sus créditos. Le puedo decir que una
hipoteca tipo medio de diez millones a quince años se ha reducido un 17
por ciento. ¿Cómo le llama usted a eso? Se le puede llamar de muchas
maneras, yo digo que hay aumento de bienestar y que hay aumento de la
renta de esa persona en términos objetivos y eso se produce como
consecuencia de políticas distintas; es decir, no se bajan los tipos de
interés por capricho, se bajan porque los precios están controlados, el
déficit está controlado y el endeudamiento va decreciendo, por eso se
bajan exactamente. Si hay un marco de estabilidad interna y si hay un
marco de estabilidad externa y aunque usted no crea en ella la Unión
Monetaria es importante en ese marco de estabilidad externa, la rebaja de
tipos de interés ha sido muy importante ya y esperemos que se siga
prolongando en el futuro, si nadie, desde el punto de vista exterior o
internacional, provoca elementos de inestabilidad. Todo eso son factores
positivos.

Habla de bienestar, por ejemplo, en términos de vivienda. Le quiero decir
--ya que le he dado el dato de hipotecas, como antes el de la
siniestralidad que me pedía-- que en el plan de vivienda de 1996 había
136.000 actuaciones previstas por el Gobierno; en el de 1997 hay 182.000;
que la financiación prevista de 1996 era de 699.000 millones y la
financiación prevista de 1997 es de 885.000 millones. Eso significa en
términos de inversión pública, según previsiones del Plan de
Convergencia, un 3 por ciento, en líneas generales, del PIB en 1997 y un
3,3 en el año 2000, y si se compatibilizan además gastos públicos de
capital salen unos porcentajes aún mayores. En todo caso, quiero decir
que el descenso de tipos de interés favorece el descenso de tipos en
ayudas a viviendas de protección, que está en este momento en el 5,50,
según aprobó recientemente el Gobierno.

Entrando en otras cuestiones, me ha planteado S. S. su posición en torno
a la reforma de la organización común de mercado sobre el aceite de
oliva. En este



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punto tengo que decir que comparto plenamente su preocupación y que,
naturalmente, debemos hacer todos los esfuerzos para que no se produzca
una reforma que, tal como se había planteado, ha provocado no solamente
la reacción de la sociedad española, plenamente justificada, también la
reacción del Gobierno, y que no creo que se haya planteado esa propuesta
en términos razonables, más bien en términos irracionales. Creo que ahí
sí tiene muy buen sentido una consideración que ha hecho S. S. en
relación con el empleo, porque evidentemente no se debe hacer una reforma
de ese tipo y nosotros estamos a favor de que se mantengan las ayudas a
la producción, con las reformas que sean necesarias para evitar, por
decirlo de forma suave, alguna picaresca que se produce o que se puede
producir, no tanto en España como en otros países; pero somos partidarios
de que se mantenga la ayuda a la producción, entre otras razones, porque,
evidentemente, somos conscientes de la trascendencia social que tiene que
se haga una reforma sobre la organización común de mercado del aceite de
oliva lo suficientemente razonable y, además, aceptable para nuestro
país.

Quiero decirle que hemos hecho la propuesta correspondiente a la
Conferencia Intergubernamental sobre las agresiones a nuestros
transportistas. Es verdad que en este momento hay una descompensación
entre los distintos poderes que tiene la Comisión Europea. La Comisión
Europea tiene poderes importantes respecto a las áreas de competencia y,
en cambio, tiene unos poderes muy escasos respecto al mercado interior.

En consecuencia, es bueno que se determine una asunción progresiva de
competencias por parte de la Comisión que establezca garantías para el
respeto de lo que significa el mercado interior y, dentro del mercado
interior, la libre circulación de mercancías entre todos los Estados que
forman parte de la Unión.

Ha planteado S. S. su desacuerdo --ya conocido, por otra parte-- respecto
de la moneda única, pero lo ha planteado pidiendo más construcción
europea. Quiero decirle que, desde el punto de vista de construcción
europea, se pueden hacer más cosas que la moneda única, pero la moneda
única es mucho hacer desde el punto de vista de la construcción, pero
mucho hacer. Créame que el hecho de que quince Estados se pongan de
acuerdo para crear una moneda, desde el punto de vista de construcción
europea es difícil encontrar algo que suponga más que eso, muy difícil.

Pero eso lo une con una crítica de incompatibilidad de las condiciones de
convergencia con la creación de empleo. Lo que plantea S. S. es que no es
posible, como acaba de ocurrir en algún país, mantener esas políticas sin
que se produzca una reivindicación en favor de unas políticas activas de
empleo.

No voy a decir lo que van a hacer o no van a hacer otros países; le
quiero decir que todavía no he escuchado ninguna propuesta para decir:
añádase esto, quítese esto, ni de los acuerdos de moneda única, ni de los
criterios, ni del pacto de estabilidad. No la he escuchado. No sé si la
voy a escuchar; digo que no existe esa propuesta. Podrá existir la
voluntad de plantearla, pero al día de hoy esa propuesta no existe. Mi
opinión, y la que mantiene el Gobierno, que es firmemente partidario de
que España cumpla las condiciones, como lo demuestra, y de que entremos
en la moneda única, mi opinión, repito, es que las condiciones de
convergencia, o, dicho de otra manera, con Maastricht o sin Maastricht,
es bueno tener un cuadro estable, igual al que yo me he referido,
parecido, y si es posible mejor, al que yo me he referido, justamente
para que se den las condiciones de posible creación de empleo. Porque si
alguien piensa que en un cuadro de inestabilidad de precios, de déficit
descontrolado o de fuerte endeudamiento puede haber una política social
efectiva, creo que se equivoca. En gran medida, no sólo en única medida,
digo en buena o en gran medida, el impulso de creación de empleo viene
también de la posibilidad y de la práctica de políticas de reformas
estructurales que se hagan en los países; ahí, en gran medida, estamos de
acuerdo. Naturalmente, el sistema laboral, la reforma laboral o las
telecomunicaciones o la vivienda o el suelo, la energía, todo eso
favorece condiciones de competitividad y, por tanto, favorece claramente
condiciones de empleo. Le doy la razón en eso. Con Maastricht o sin
Maastricht esta política me parece, no digo la única posible, digo la más
correcta y sin duda la mejor que conozco hasta este momento.

Respecto a la OCDE, hace una lista de recomendaciones que no son
obligatorias; con unas se puede estar de acuerdo y con otras puede que no
se esté de acuerdo. En todo caso, conviene tenerlas presentes.

Me ha dicho S. S. en este ámbito europeo una cuestión que me preocupa,
que es que SS. SS. no apoyan la posición del Gobierno respecto a la
reforma del derecho de asilo en la Unión Europea.

Sin perjuicio de que no quiero entrar en detalle concreto de lo que
significa esa posición, quiero recordarle --y no tengo ningún
inconveniente en hacerlo, sino más bien me parece, como he dicho esta
mañana y he reiterado esta tarde, una prueba de buen sentido en la
política exterior de un país-- que esa propuesta fue hecha a la
Conferencia por el Gobierno anterior y que este Gobierno la ha mantenido.

Evidentemente, conforme avanza la Conferencia, hace falta incrementar los
capítulos de negociación, y aparecen dificultades que, por otra parte, se
podía intuir que se podían producir, porque las cosas no son fáciles.

Pero señoría, quiero que sepa una cosa para que lo entienda y, si es
posible, revise esa posición. Sin perjuicio de que yo me ofrezca, y me
ofrezco, a darle toda la información necesaria para saber cómo se puede
utilizar el mecanismo del derecho de asilo para sacar ventajas desde el
punto de vista del ejercicio de la violencia política y del terrorismo,
contra el cual S. S. --a mí me consta y lo sé y he agradecido su
posición-- está



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absolutamente, lo que quiero es que en ningún país de la Unión Europea, y
de una Unión Europea que está trabajando en sentido político,
institucional y económico, nadie pueda obtener una ventaja por
utilización de la violencia política, nadie, ni pueda haber argucias
legales...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Presidente. Sin duda algún
artefacto de esos inalámbricos ha sonado y está interfiriendo el sonido.

Yo les ruego encarecidamente que apaguen cualquiera de esos utensilios en
el hemiciclo.

Puede continuar, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Quiero decir que nadie
utilice esas argucias, y que, por tanto, pudiésemos llegar a una
conclusión positiva.

El Gobierno tiene un mandato y todos los Estados miembros del Consejo
Europeo de Dublín. Bien, eso es un mandato, no una recomendación, fíjese,
para que se suprima el derecho de asilo. Pero yo he dicho antes que hay o
puede haber dificultades. El Gobierno lo que plantea es que el derecho de
asilo no pueda ser utilizado para sacar ventaja por quien utiliza la
violencia política. Y eso es bastante lógico, bastante coherente en una
Unión que está haciendo un espacio de seguridad común, que está haciendo
un espacio de libertades, que está hablando de cómo hacer una policía
--Europol-- operativa y efectiva, que está hablando de cómo incrementa la
cooperación judicial, que está hablando de cómo incrementa la cooperación
policial. Y, naturalmente, yo sé que para la Ministra de Justicia, para
el Ministro del Interior es importante tener en cuenta esos instrumentos,
porque pueden ser útiles para cercenar expectativas de operaciones
violentas y, por tanto, para ayudar razonablemente a progresar en la
lucha contra el terrorismo en nuestro país. Como sé que su planteamiento
está hecho desde la buena intención, por las preocupaciones que tienen
algunas personas, yo le he ofrecido esta explicación, que no sé si era
necesaria o S. S. conocía. En todo caso, para no alargarme en esta
intervención, me ofrezco a darle la información correspondiente que S. S.

me demande.

Respecto a lo que significan las autonomías, no hay dudas en relación al
modelo de Estado; es decir, el modelo de Estado es el de la Constitución.

Por tanto, no vamos a discutir el modelo de Estado. El Estado de las
automías es el previsto en la Constitución y es el que hay que
desarrollar y el que procuramos desarrollar. Hemos hecho algunas reformas
importantes, hemos hablado antes de financiación autonómica, hemos
hablado de la reforma de la Administración; en fin, no quiero agotar el
tema, pero vamos avanzando en ese modelo autonómico, que es el modelo de
Estado diseñado en la Constitución.

Le puedo decir, y es otra de las preguntas que S. S. me ha hecho, que el
número de altos cargos se ha reducido en un 20 por ciento exactamente y
que el número de funcionarios de libre designación era, en el registro
general, a la llegada de este Gobierno 6.758. Creo que es exactamente lo
que me ha preguntado.

Respecto a lo que ha dicho S. S. sobre la justicia --y voy terminando,
señor Presidente--, podemos compartir preocupación. No comparto,
sinceramente, señoría, alguna de sus expresiones ni desde luego participo
de la idea que tiene de que en estos ámbitos de la justicia la distancia,
según creo que ha dicho, de lo que se hacía en la oposición a lo que se
hace en el Gobierno es abismal. Creo que no. Yo en la oposición he
exigido siempre el respeto al Estado de Derecho y exijo desde el
Gobierno, siempre, el respeto al Estado de Derecho. Y le pido, señoría,
que si alguna vez en algún ámbito del Gobierno ve usted alguna desviación
respecto de lo que es el cumplimiento del Estado de Derecho, nos lo diga.

Se lo agradeceré mucho, porque nunca me voy a salir de lo que significa
la aplicación del Estado de Derecho.

Ahora, eso no significa que yo comparta todo lo que usted ha dicho. Yo
creo que el Consejo General del Poder Judicial se ha constituido
rápidamente, razonablemente bien y cumple sus funciones. Y creo que me
veo obligado a dar una explicación en relación con una polémica, en mi
opinión, absolutamente desorbitada, que ha sido la polémica respecto del
nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y del ministerio
fiscal. Señorías, la Constitución y el estatuto orgánico del ministerio
fiscal no definen el ministerio fiscal como un poder, como usted ha
dicho, independiente del Estado. El poder independiente del Estado es el
Judicial.

Si usted lee con concreción el artículo 2 del estatuto orgánico del
ministerio fiscal, ahí se dice que el ministerio fiscal goza de autonomía
funcional en el ámbito del Poder Judicial. Eso es exactamente lo que
dice, no dice nada más que eso. Y se pueden tener actitudes diferentes en
torno a la Fiscalía. Por ejemplo, se puede nombrar fiscal a un fiscal
profesional de carrera o se puede nombrar fiscal a un compañero de
partido, por ejemplo. Yo he preferido nombrar fiscal a un fiscal de
carrera. ¿Por qué? Porque justamente en ese concepto de automía, aunque
el fiscal lo nombre el Gobierno y, en mi opinión --no sé, las propuestas
son las que se quieran--, lo debe seguir nombrando el Gobierno y,
diciendo la Constitución y el estatuto que los fiscales están sujetos a
un principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, me
parece que esa autonomía funcional hay que garantizarla; la autonomía
funcional, señoría, no otra cosa; la autonomía funcional plenamente
garantizada y, por tanto, en ese ámbito de la autonomía funcional,
también respaldamos las propuestas del Fiscal General del Estado, por el
respeto a esa autonomía, siempre que cumplan, razonablemente



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en nuestra opinión, el principio de legalidad. Y no habrá visto S. S. a
este Gobierno hacer un juicio sobre personas, no. Nos ha preocupado que
al frente de la Fiscalía General y al frente de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional estén personas expertas en algo que nos preocupa
mucho, que es la lucha antiterrorista. Y esas dos personas tienen más que
probada capacidad y experiencia en ese ámbito y yo espero que tengan
éxito. Pero, naturalmente, hemos respetado una decisión del Fiscal en el
ámbito de lo que son las competencias del Gobierno, como él lo ha hecho
en el ámbito de las suyas.

Por último, señorías, dos comentarios. Uno, en relación con la Alianza
Atlántica. Me temo que en ese tema no me voy a extender mucho, porque es
bien conocida la diferencia de posiciones en relación con la Alianza
Atlántica. Yo estoy contento de que por lo menos hayamos llegado a este
punto después de haber firmado la Carta Fundacional de relaciones entre
la Alianza Atlántica y Rusia, pero me temo que, si hablásemos de Rusia, a
lo mejor tampoco estaríamos en todas las ocasiones de acuerdo. En el tema
de la Alianza Atlántica espero que España pueda plantear la opción
decidida por el Gobierno y respaldada por el Congreso de los Diputados de
una manera razonable y se cree ese espacio de cooperación lo más
rápidamente posible.

En relación con el problema que usted ha planteado respecto a Cuba, me
remito a lo dicho anteriormente. Es posible que haya mucha gente que
desee buenas relaciones, las mejores posibles o el más rápido
restablecimiento de relaciones con Cuba, sin duda no imputables, porque
nosotros no hemos retirado el plácet de nadie ni lo vamos a hacer en
relación con Cuba. Espero que eso sea posible.

En todo caso, señor Anguita, espero que en esta manifestación de lo que
pueden ser desacuerdos, posiciones distintas, políticas diferentes,
modelos divergentes, haya cuestiones que permitan llegar a algunos
acuerdos. Espero que no desdeñe S. S. esa oferta de diálogo y esa
disponibilidad abierta que tienen el Gobierno y su Presidente.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.

Señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores diputados, para resolver ya el primer problema, diré
que lo que se está haciendo es dar en el teletexto unos resúmenes, pero
que no es el acuerdo al que se llegó el día 3 de junio.

Señor Aznar, yo comparto con usted la actitud de respeto; ya dije en mi
intervención que tenemos que debatir duramente de las cuestiones, pero no
añadir ni aquí ni fuera tensión gratuita. Yo soy partidario de aquella
expresión que dice: suave en las formas y duro en el fondo. Creo que el
pueblo español lo agradecería bastante.

A partir de ahí su exposición es muy curiosa. Su exposición respeta la
mía, entiende que es bienintencionada, que tengo derecho a manifestarla,
pero, a partir de ahí, desliza un calificativo: es inasumible, o sería
irresponsable plantear una política económica que hablase del pleno
empleo.

Naturalmente, el que está en esta tribuna, siquiera sea por los años,
sabe perfectamente que plantear un objetivo como el pleno empleo no
implica la necesidad de que ya, inmediatamente, podamos conseguir unos
resultados extraordinariamente positivos, pero en mi intervención he
dicho algo que era bastante importante: que las medidas que se toman ya
marcan la tendencia de la política económica. Mi posición, la posición
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
inserta plenamente en la Constitución española. Muchas señoras y señores
diputados y diputadas han hecho la tentativa de plantear que nuestro
discurso está inmerso en un marco que es irreal. Al contrario, son los
contenidos de la Constitución española.

Cuando yo traigo a este hemiciclo el título I y hablo del artículo 31, la
progresividad fiscal; del artículo 35, el derecho al trabajo; del
artículo 40, hacia una sociedad de pleno empleo; del artículo 41, el
subsidio en caso de desempleo, estoy planteando, señor Aznar, el pacto
que signamos los que estamos aquí, y es la convicción de nuestra
relación, y estamos de acuerdo con él en la medida en que eso que está en
nuestra Constitución se vaya cumpliendo. Por tanto, estamos planteando
una serie de objetivos legalizados, legitimados en referéndum por el
pueblo español.

En consecuencia, cuando en nuestra posición planteamos una serie de
objetivos sociales, estamos planteando lo que recoge nada menos que el
título I de nuestra Constitución. A partir de ahí, ya podemos discutir si
es asumible o inasumible.

Se plantea que nosotros nos cuestionamos el modelo. Evidentemente; pero
es que, ¿qué ha traído el modelo? El paro en Europa ¿aumenta o disminuye?
Señorías, el paro en Europa aumenta y nadie es capaz de marcar cuáles son
las cifras siguientes que impliquen una disminución. Le he traído aquí el
ejemplo del Parlamento Europeo, que vota y debate el informe del señor
Kem Coats. Yo he leído el informe y es extraordinariamente ilustrativo.

¿Por qué? Porque las políticas que están sustentando lo que se llama la
creación de la moneda única no contemplan la creación de empleo sino como
consecuencia del cumplimiento de unas cifras que se tienen que dar: la
estabilidad en cuanto a los déficit, la estabilidad en cuanto a la
inflación, objetivos macroeconómicos.

Señor Aznar, la moneda única es un reflejo de la economía, la moneda
única es un objetivo que tiende



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a hacer posible el que, en un momento determinado, todas las monedas
dejen de existir y solamente exista una, y el problema es a cambio de qué
se hace. ¿Cómo puede haber una moneda única cuando hay economías
distintas? ¿Cómo puede haber una moneda única cuando no hay una hacienda
europea, ni un presupuesto europeo? Pero, además, señor Aznar, ¿cómo
puede haber una moneda única cuando los impuestos y la fiscalidad --por
cierto, no me ha contestado nada de impuestos, absolutamente nada-- no
son comunes? ¿Me puede explicar cómo es posible que habiendo como hay en
España ilustres banqueros o empresarios que han sabido y han cogido
fondos de inversiones se han llevado el dinero cogido en España,
legalmente, y lo han invertido en otros países porque tienen otra
fiscalidad? ¿Cómo podemos hablar de una Unión Económica y Monetaria
cuando hay una moneda única pero no hay unos impuestos comunes? Esto es
lo que venimos planteando desde la más estricta de las racionalidades.

Pero, insisto, ¿cómo es posible plantear como política económica unos
objetivos macroeconómicos cuando el paro no está en el centro de la
consecución de la política europea?
Ustedes plantean que si arreglamos la macroeconomía, si tenemos
estabilidad monetaria, si tenemos menos déficit, menos inflación eso
vendrá por añadidura. Pues, señor Aznar, la experiencia, salvo
desviaciones de 90 u 80.000 parados más demuestra que con crecimiento
económico no se ha creado empleo, que es el nuevo hallazgo que han
encontrado muchos economistas cuando han visto que ha crecido la
economía, pero no ha tenido un correlato en la creación de empleo.

Y aquí hay otro problema: la creación de empleo. ¿Qué empleo? Yo creo que
hay derecho a mantener a finales del siglo XX un empleo estable. ¿O crear
empleo es simplemente rotar el mismo puesto de trabajo? ¿O crear empleo
es estos 15 contratos mensuales que han hecho en España 400.000 personas?
¿Qué llamamos cada uno crear empleo? ¿Empleo estable? ¿Empleo fijo? ¿O
simplemente rotar constantemente ante nuevos contratos? Porque podemos
hablar de crear empleo. Hagamos un contrato todos los días, que rote el
personal, que rote la gente. ¿A qué llamamos crear empleo? A una
situación que implica una estabilidad económica. Y crear empleo porque se
desarrolla el tejido productivo, y no se desarrolla el tejido productivo
en este país concreto, llamado España, señor Aznar, porque la iniciativa
privada ha sido incapaz, no ha sabido, no ha querido crear en el sector
industrial ni un solo puesto de trabajo en los últimos 20 años, y, por
tanto, implica una opción en la cual el sector público es el motor
fundamental, y está en la Constitución.

Estamos planteando un fuerte impulso al sector industrial, planteamos una
política fiscal progresiva, artículo 31 de la Constitución, planteamos la
atención a una serie de derechos y planteamos el ejercicio de los
artículos 38 y 131 que no gustarán, pero que están ahí y que plantean la
cuestión de la planificación que, como usted sabe, puede ser
planificación indicativa, vinculante, las previsiones, como usted quiera.

Es decir, cuando se hizo la Constitución se estaba hablando de un modelo
económico concreto, con unas perspectivas concretas y unos objetivos
concretos centrados en lo que tiene el Estado social y democrático de
Derecho.

¿Cuál es el discurso que aquí se plantea como más racional? Señores, el
objetivo son las grandes cifras. Consigamos el déficit del 3 por ciento;
consigamos bajar la inflación; consigamos reducir las demás cifras. Muy
bien. ¡Ah! A partir de ahí, este bálsamo de Fierabrás, este ungüento
mágico va creando empleo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Se me pueden indicar unas
cifras de este mes de mayo cuando sabemos, como he dicho anteriormente,
que en los últimos 15 años la oscilación ha sido en 50.000 empleos?
¿Dónde está, repito, la creación de empleo en Europa? ¿Dónde está? ¿Dónde
están las previsiones? Pero es más, señor Aznar. Cuando la cumbre de
Florencia termina, coloca entre las obligaciones de la Unión Europea, y
después de los países componentes de la misma, la creación de empleo.

Llega la cumbre de Dublín --la del Pacto de Estabilidad-- y sitúa la
responsabilidad justamente al contrario. En primer lugar, los países son
los que tienen que crear empleo, y la Unión Europea de manera
subsidiaria. La pregunta es la siguiente: si cada país tiene que hacer la
política que está diseñada en los criterios de convergencia y en el Pacto
de Estabilidad, ¿dónde está la libertad de cada país para decidir con qué
política económica combate el paro? Simplemente es repetir constantemente
lo mismo, y esto es lo que yo he planteado. No es que sean dos modelos a
los cuales usted y yo tenemos derecho. Son dos modelos confrontados, son
dos modelos que se combaten, son dos modelos que se autoexcluyen --vamos
a decirlo claro-- y son dos modelos que no pueden pactar ni
transaccionar, porque usted y yo partimos de presupuestos radicalmente
distintos y, desde luego, el mío es constitucional, está en esa
Constitución. No digo que el suyo no lo sea. Digo que el nuestro es
constitucional. Y ese problema viene manifestándose en la actitud del
Gobierno francés, pero en la actitud de otros colectivos. El problema del
empleo está ahí como un hecho fundamental que no está siendo atacado como
debiera con estas medidas, que se centran en la macroeconomía. ¿Dónde
están --repito-- las iniciativas? ¿Por qué no recordamos un poco la
historia europea de estos tres últimos años?



El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, vaya concluyendo, por favor.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Un día, el señor Jacques Santer propone un
plan de empleo para crear 15 millones de puestos de trabajo, y es la
propia Unión



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Europea la que dice que no puede ir porque no hay fondos. Anteriormente,
fue el señor Jacques Delors. ¿Dónde están las actividades, dónde están
los compromisos, las macrocifras, las grandes cantidades? El que está
aquí hablando, señor Presidente, sabe perfectamente que la inflación y el
déficit son dos realidades que hay que domeñar, que hay que llevar, pero
lo que no se puede hacer, de manera dogmática, es sacrificar
absolutamente todo al cumplimiento de unas cifras que ya van llevando a
un resultado desastroso. Esto es lo que se plantea aquí y lo que venimos
a decir. Porque cuando yo le he preguntado, señor Aznar, qué calcula en
sus previsiones, yo no quiero que S. S. haga un ejercicio de adivinación,
sino que nos diga, simplemente, qué tienen pensado, qué sectores de la
producción, qué tipo de industria, qué tipo de servicios, cómo se prevé
la inserción dentro de la economía europea, qué tipo de inversión en I+D,
qué previsiones hay. Y cuando yo preguntaba aquí a anteriores gobiernos
qué previsiones había, nadie me ha contestado y éste es el drama. Todos
se fían a la moneda única y al subsiguiente Pacto de Estabilidad. Es como
llegar a un lugar donde no sabemos lo que va a ocurrir, porque ya un aura
benéfica nos llevará por el buen camino. Y la previsión, la
planificación, lo que ustedes quieran, es algo fundamental en unos
momentos tan difíciles como estos de Europa, porque lo que ustedes están
haciendo es una planificación. Contra viento y marea hay que llegar al 3
por ciento de déficit; contra viento y marea hay que cumplir las
condiciones de Maastricht; caiga quien caiga hay que cerrar sectores
productivos; caiga quien caiga hay que acabar con una parte del sector
público, porque hay que conseguir esos datos. ¿No es un acto de
planificación? ¿Por qué se rehuye el concepto planificación cuando lo que
ustedes están haciendo es una planificación?
Pero es más, cuando planteamos nuestras propuestas, nos gustaría discutir
un día tranquilamente en esta Cámara acerca de lo que se busca, sin que
hubiese ningún apriorismo, ni de ustedes ni de nosotros ni de otros
grupos parlamentario. Vamos a ver. Usted dice que la moneda única es algo
muy importante. Pero, ¿de qué sirve una moneda única, presentada dentro
del concepto más amplio de Unión Europea, sin unión política? ¿Dónde está
la política fiscal común, la política económica común? ¿Dónde está el
centro de decisiones? Porque incluso una moneda única implicaría un poder
político que tomaría decisiones en el ámbito homogéneo en el cual se
inserta la moneda única. ¿Quién toma las decisiones? ¿El sistema de
bancos centrales? ¿Saben SS. SS. cuál es el problema que hay aquí? Que en
el momento en que traspasemos las responsabilidades sobre la política
económica a ciertos entes o institutos que no provienen directamente del
voto popular, estaremos negando la capacidad de la democracia de poder
decidir todos sobre todo.

En el fondo, la filosofía que hay, expresada magistralmente por el señor
Tietmeyer cuando dice que los políticos deben saber hoy que tienen que
obedecer a los dictados del mercado, está sustrayendo la capacidad del
político, sobre todo en democracia, de poder decidir sobre las líneas que
orientan una política económica alternativa, porque se parte de un
presupuesto tremendamente dogmático: no hay más política económica que
ésta, las demás no existen. Claro, a partir de ahí, todo lo que
signifique desarrollar la política económica es concorde con el dogma
inicial. Por eso, no nos entenderemos, pero quiero que sepa cuáles son
nuestras argumentaciones, sabiendo que lo que ustedes plantean y lo que
yo estoy planteando tiene dificultades tremendas para poder entenderse.

Partimos de otra concepción, partimos de la Constitución. Yo no niego que
ustedes no partan de ella, pero partimos de una interpretación de la
Constitución, que fue la que generó y la que creó un gran consenso.

Habla del modelo pero, ¿cuáles son las condiciones del modelo? ¿En qué
basan ustedes su política para que este modelo se desarrolle? Vamos a
recordar: privatización del sector público, moderación salarial,
beneficios fiscales a las empresas y naturalmente intentar hacer algo
creyendo que puede resolver el problema, como lo que se votó aquí el otro
día y que reflejaba, a través del real decreto-ley, el acuerdo entre la
patronal y los sindicatos, pero desde luego sobre creación de empleo no
abundaba gran cosa. Sabe S. S. cuál fue la posición que tiene Izquierda
Unida a este respecto. No me extenderé más.

Aparte de eso, ¿qué hay? ¿Saben SS. SS. cómo los grandes consensos
obtenidos en este hemiciclo, condenando al ostracismo y a la soledad a
Izquierda Unida, están dando al cabo de unos meses un aspecto totalmente
distinto? Nos acabamos de enterar que este grupo ha votado en el Senado
exactamente lo mismo que mantuvimos allí y fuimos insultados y quedamos
en solitario en el Senado. Exactamente lo mismo. Se está produciendo una
reconsideración, y esta reconsideración que comienza a operarse aquí en
España a distintas fuerzas políticas se está haciendo en Europa. Cuando
se ha votado al señor Blair o se ha votado al señor Jospin, se está
votando la salida de una situación que no ve un horizonte en torno al
grave problema del desempleo. Esto es lo que pretendemos decir.

Seguiremos discutiendo. Lo único que yo quiero dejar aquí claro es que
hay otro modelo, que lo hay. ¿Cuál es el otro modelo? Vamos a ver, señor
Aznar. Construyamos Europa, y eso significa un proceso constituyente, que
no le marco tiempo, y significa que la Unión Monetaria y la moneda única
o son en el contexto de una unión política o no son. Lo que hay en el
horizonte por nuestra parte es la construcción federal de Europa, es ir
hacia algo más, es ir a la creación de un ámbito homogéneo con un poder
político, con un legislativo con un judicial, tárdese lo que se tarde, en
un proceso



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constituyente, con varios sujetos constituyentes, no solamente el Consejo
o la Comisión sino también los pueblos europeos, los parlamentos
nacionales, el Parlamento Europeo. Y de entre sus filas está la persona
que encabezó la redacción en una comisión de un proyecto de constitución
europea, que murió porque no llegó al pleno del Parlamento Europeo,
porque ambas formaciones políticas a nivel europeo se encargaron de que
esto prosperase. Esa es nuestra apuesta.

Hablar de Unión Económica es basarnos en lo que dice el Acta Unica. La
creación de esa Europa se basa en una Unión Económica y Monetaria, por
supuesto que sí. ¿Cómo podemos nosotros hablar de la unión de Europa si
no hay Unión Económica y Monetaria? Pero a continuación dice: La cohesión
económica y social. ¿Y qué es la creación económica y social? La creación
de un espacio económica y socialmente integrado. Señor Aznar, para que
pueda haber un espacio económica y socialmente integrado, tiene que haber
un poder político que distribuya el gasto, que distribuya los impuestos,
que tome decisiones y, a partir de ahí, la Unión Económica y Monetaria
más la unión política, más una política exterior exclusivamente europea,
nos dan el diseño de esa Europa que nosotros venimos defendiendo.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino.

Señorías, en un discurso como el que se trae aquí y que se responde con
unos datos que sin duda el señor Aznar ha estado manejando, pero que no
responde a las preguntas en el sentido de hacia dónde se quiere ir, ¿cómo
voy a plantear yo el pleno empleo para mañana? Pero sí puedo plantear si
esa perspectiva existe, porque me podría decir S. S.: Es que no sabemos
la capacidad de riqueza que puede tener nuestro país para crear puestos
de trabajo para todos y para todas. De acuerdo, vamos a hablar del
reparto del trabajo, de la reducción de la jornada, de las horas
extraordinarias, del pluriempleo, de la creación del fondo obligatorio de
inversión, con las exenciones fiscales necesarias para que ese fondo
prospere y donde estén los sindicatos; vamos a hablar de las medidas que
son posibles y que en otros lugares comienzan a manifestarse siquiera
tímidamente, pero que esta fuerza política, que en el momento que estoy
aquí hablando represento, ha manifestado ya con anterioridad.

Para terminar, aquí hay un proyecto que no es en estos momentos, ni
muchísimo menos, mayoritario, que se basa en la Constitución española, en
unos objetivos clarísimos, que cree que hay otros instrumentos de
política económica, incluyendo, repito, los fiscales, a los cuales S. S.

no me ha contestado --espero que ahora me aclare algunas dudas--, y que
seguiremos manteniendo con la seguridad que da contemplar en el paso del
tiempo cómo tantos y tantos que nos dijeron cosas durísimas en este
hemiciclo comienzan a reconsiderar sus posiciones y en otros hemiciclos,
en otros lugares representativos de la democracia, comienzan a modificar
sus posiciones. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias. Brevemente,
señor Presidente.

Planteado, señor Anguita, el tema del pleno empleo en términos
constitucionales, yo no le puedo decir nada más que estoy absolutamente
de acuerdo. Es decir, si se deriva el objetivo de pleno empleo en un
plazo razonable, el cumplimiento de una obligación constitucional,
sinceramente le debo decir que no conozco a nadie que no pueda estar de
acuerdo con ese objetivo. Yo no digo que sea irresponsable tener ese
objetivo, sino que, en función de las políticas que se desarrollan, y
partiendo de los niveles de los que exactamente partimos, lo que hace
falta es practicar unas políticas que vayan reduciendo los niveles de
desempleo, dando más ocupación y más empleo.

Su señoría ha preguntado cuántos parados hay en Europa --hay muchos
parados, excesivos parados--, cuánto se está destruyendo en Europa. Pero
permítame que le haga una pregunta, ¿por qué no se pregunta cuánto empleo
se está creando en España? Y si me ha preguntado antes cuánto empleo
podemos seguir creando podemos traducir unos objetivos razonables si se
mantienen las condiciones de la política económica en términos de
estabilidad. Eso es lo que me parece razonable, que no significa tener un
criterio absolutamente dogmático, sino simplemente decir que esta
política me parece mejor, y tampoco decir que uno está dispuesto a
condenar al altar de la moneda única cualquier posibilidad de empleo,
porque está viendo S. S. que no es así. En mi opinión --y por eso he
dicho esta mañana con Maastricht o sin Maastricht--, es bueno justamente
para la creación de empleo. Estamos en desacuerdo, como le he dicho, en
este punto, y tengo que decir, si me permite la expresión, que lo gordo
sería que estuviésemos de acuerdo, eso sí que sería gordo, en este punto
eso sí que sería una conclusión importante, casi revolucionaria de este
debate, no compartir preocupaciones, sino que S. S. y yo estuviésemos de
acuerdo de alguna manera en políticas económicas a aplicar en ese punto.

Ha planteado S. S. el tema de la fiscalidad. Quiero ser lo más breve
posible en la respuesta. Nosotros tenemos una concepción de la
fiscalidad, aparte de las concepciones derivadas de un principio de
equidad moral, ético y de justicia, al servicio de la actividad y de la
economía productiva. Hemos desarrollado algunas acciones en materia de
fiscalidad dentro, naturalmente, del modelo fiscal y de las limitaciones
vigentes; hemos reducido el Impuesto sobre Sociedades a las



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pequeñas y medianas empresas en cinco puntos para los primeros 15
millones. Me parece muy importante. ¿Por qué? Por una razón que usted
comprenderá aunque no comparta, y es que el 95 por ciento de las empresas
españolas son pequeñas y medianas, y en torno a esas empresas se
concentra el 95 por ciento de la generación de empleo en España. Por
tanto, o tenemos buenas pequeñas y medianas empresas y un entorno
favorable o no vamos a ninguna parte en términos de empleo. Hemos
procurado que la transmisión de las empresas, sobre todo si son pequeñas
y medianas y tienen un contenido familiar, pueda hacerse sin que el
negocio desaparezca. Parece bastante razonable que se pueda transmitir
una empresa a la siguiente generación y que el producto de la venta no
sea que se acabe la empresa, sino que se pueda seguir la actividad
productiva y, en su caso, mejorarla.

Sabe S. S. que en España hay aproximadamente 11 millones de propietarios
de viviendas. Sabe S. S. lo que pasaba con las revisiones catastrales y
las situaciones de injusticia que se podían producir. Pues bien, en favor
de 11 millones de propietarios de viviendas, hemos hecho un sistema en
virtud del cual las elevaciones catastrales se van subsumiendo a lo largo
de diez años, que parece bastante razonable.

Hemos planteado una reforma de la fiscalidad del ahorro, ¿con qué
objetivo? Con el objetivo de poner el ahorro a trabajar. Y en vez de
decir: Tenga usted el ahorro quieto durante 20 años y no pague impuestos,
decimos: Mueva usted su ahorro y pague un 20 por ciento de impuestos. En
un país donde el 80 por ciento de las plusvalías que se declaran son de
menos de un millón de pesetas, y las que son de 200.000 pesetas para
abajo están gravadas cero, ¿qué es lo que eso significa? Tener una
política activa de movilización del ahorro y que no deje nadie, por
razones fiscales, pudriéndose el ahorro; póngase el ahorro al servicio de
la economía productiva. Eso significa tomar una decisión en función de la
rentabilidad del ahorro y no en función de una penalización fiscal
absolutamente exorbitante.

Le quiero decir que, desde ese punto de vista, estoy contento de cómo se
ha producido el proceso de privatizaciones en nuestro país. No sé que le
habrá parecido a usted. Pero a mí, que unos dos millones de pequeños
ahorradores españoles se hayan convertido en accionistas de empresas, me
parece una política sana y positiva. Y no tenga usted la menor duda de
que esa reforma de la fiscalidad del ahorro se ha producido en favor de
ese movimiento de la rentabilidad y de las inversiones de los pequeños
ahorradores.

Ha mencionado usted el fraude fiscal. Estoy absolutamente de acuerdo en
la penalización por el fraude fiscal. Me he referido esta mañana a los
datos sobre el fraude fiscal.

Por último, para terminar, señor Anguita, no he dicho, ni diré, que S. S.

no tenga proyecto, sin duda lo tiene, pero digo y diré que, mientras S.

S. no lo cambie, yo su proyecto, que respeto, no lo puedo compartir.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz don Joaquim Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores diputados, un
año, un mes y creo exactamente que ocho días después de constituir este
Gobierno nos encontramos, como es tradición, debatiendo sobre cómo nos
van las cosas, sobre cómo nos han ido en este tiempo transcurrido, sobre
cómo estamos hoy y también hacia dónde deberíamos dirigir nuestros
esfuerzos. El señor Presidente del Gobierno nos lo ha expuesto esta misma
mañana y no ha podido sustraerse a una valoración, no sólo altamente
positiva sino incluso triunfalista, en cierta manera, de la situación.

Era previsible que así lo hiciera por cuanto, un año después de
constituido el Gobierno, la situación en términos objetivos es
ciertamente mejor que un año atrás.

Permítame iniciar el repaso de esta situación, señor Presidente, en
nombre de mi grupo reflexionando en voz alta y con toda modestia sobre
quiénes somos nosotros, todos los que estamos aquí. Ninguno de nosotros
ha nacido con el escaño, ni ninguno de nosotros morirá con el escaño.

(Risas.) A lo mejor «en», y eso no se lo deseo a nadie, pero no «con».

La institución del Parlamento democrático es anterior a nosotros y
continuará su existencia cuando no estemos. El hecho de que el próximo
domingo se cumplan veinte años de las primeras elecciones democráticas,
después de un largo paréntesis de opresión, nos debería llevar a recordar
el mandato democrático que aquí nos trae. Estamos aquí en representación
de todos los ciudadanos, aunque aquí nos envían unos electores concretos
para defender sus intereses legítimos en base a un contrato o a un
compromiso adquirido con esos electores. Esto es, pensarán ustedes, una
evidencia, y probablemente tendrán razón. Pero si con mayor frecuencia
tuviéramos presente esa evidencia ahorraríamos a los ciudadanos más de
una crispación, más de un espectáculo deplorable, más de un paso atrás en
nuestro trabajo en beneficio del interés general. Y si para muestra basta
un botón, la sesión de mediodía y tarde de la pasada semana bien sirve
para ello. Nunca se hubiera producido esa sesión en la forma en que se
produjo si cada uno de nosotros hubiéramos estado pensando y actuando,
como es nuestra obligación, en la línea del interés general y del
concreto de nuestros electores.

Continúo en la reflexión iniciada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el
Grupo de Convergència i Unió, a quién represento? Somos gente con un
compromiso



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concreto con Cataluña, con sus ciudadanos, que son nuestros electores,
electores cuyos intereses creemos que son no sólo compatibles sino
incluso complementarios con los del conjunto de ciudadanos del Estado.

Para cumplir nuestro compromiso con el elector, y en base a los
resultados del 3 de marzo, concluimos con ustedes, con el Partido
Popular, un pacto. Se trata, por tanto, de un pacto instrumental, hecho
desde la diferencia, que tanto usted, señor Presidente del Gobierno, como
yo mismo remarcamos en el debate de investidura. Ni ustedes nos eligieron
a nosotros, ni nosotros les elegimos a ustedes; fue el resultado
electoral quien eligió por nosotros. Con este mandato electoral ustedes y
nosotros seleccionamos, de entre nuestros objetivos esenciales
respectivos, aquellos que nos permitieran hacer funcionar las cosas. Es
el espíritu y el contenido concreto de nuestro pacto.

¿Cómo están hoy, señor Presidente, señorías, un año después, esos
nuestros objetivos esenciales? Permítanme iniciar el repaso por aquel de
nuestros objetivos que nos es más preciado: los objetivos nacionales de
Cataluña, de los nacionalistas catalanes, del catalanismo político, si
ustedes lo prefieren. No soy yo, en nombre de mi grupo, ni siquiera somos
nosotros, Convergència i Unió, los primeros que aquí hemos venido a
defenderlos, y detrás nuestro, pueden estar seguros, vendrán otros,
buscando lo mismo, trabajando en un mismo objetivo: el reconocimiento de
Cataluña como nación o, si lo prefieren, la plasmación política
institucional de que España es un Estado plurinacional, plurilingüístico,
pluricultural.

De nuestras reivindicaciones en este terreno nuestro pacto contemplaba
algunas: mayores competencias legislativas y de gestión, y mejora
cuantitativa y cualitativa del sistema de financiación de las comunidades
autónomas. Hoy, un año después, el avance en esta materia ha sido
notable. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado ha sido aprobada, y la figura de los gobernadores
civiles, en ella contemplada, suprimida. El INEM, en sus políticas
activas, ha sido transferido a Cataluña. Las leyes de puertos y la del
suelo están ya en discusión en esta Cámara, transfiriendo gestión o
competencias legislativas a las comunidades autónomas de manera mucho más
respetuosa con la Constitución de lo que lo hacían las anteriores, y
confiamos que en un próximo futuro, y aún con retraso respecto al
compromiso adquirido, el Gobierno apruebe la reforma de la Ley de Costas.

La policía autonómica está siendo desplegada en Cataluña en sustitución
de la Policía y Guardia Civil, de acuerdo con lo convenido entre el
Gobierno y la Generalitat en la legislatura anterior, no sólo sin
problemas, sino con notable armonía y colaboración.

El Grupo Popular y el nuestro firmamos y presentamos conjuntamente ante
el registro de esta Cámara el pasado 29 de mayo la proposición de ley de
transferencia de competencias en materia de tráfico a la Generalitat de
Catalunya. Su contenido nos satisface plenamente. Lo hemos dicho y me
complace repetirlo hoy aquí.

Por último, con los Presupuestos Generales del Estado y disposiciones
posteriores, ha entrado en vigor un nuevo sistema de financiación de las
comunidades autónomas, que las dota a todas no sólo de más recursos sino
también de mayor autonomía y mayor responsabilidad en los ingresos. Es
este un momento adecuado para agradecer al Grupo Popular, al Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) y al Grupo de Coalición Canaria, el apoyo que
prestaron a esa modificación, al tiempo que lamentar el desacuerdo de
otros grupos de esta Cámara, y en particular, señor González, el del
Grupo Socialista. Seguimos sin entender las razones por las cuales no
contó con su soporte, particularmente por las razones que dan: la
capacidad normativa sobre un tramo del IRPF que el nuevo sistema confiere
a las comunidades autónomas. Algún día deberán explicarnos, no sólo a
nosotros, sino a los catalanes, en dónde encuentran razones para creer
que unas determinadas comunidades autónomas pueden ejercer esas
competencias y Cataluña no. La falta de unanimidad, sin embargo, no
empaña, señor Presidente, nuestra satisfacción por el cumplimiento de
éste y de todos los acuerdos convenidos en la materia, como ya he
expresado.

Algunos comentarios, señor Presidente del Gobierno. El nuevo sistema de
financiación, como todos los anteriores por otra parte, enmascara los
flujos económicos de solidaridad que fluyen de unas comunidades autónomas
a otras. La consecuencia de ese enmascaramiento es que todos quedamos
indefensos ante la utilización abusiva y demagógica de la solidaridad,
sin que el Estado, el Gobierno, pueda dar fe, a través de un sistema
transparente, respecto a cuál es la realidad de esa solidaridad. Es
necesario dotar de transparencia al sistema, conocer cuánto genera cada
quien y cuánto reciben. Por eso, señor Presidente del Gobierno, y en la
línea defendida por el Presidente de la Generalitat y nuestro grupo
parlamentario en el debate en el Senado al respecto, anuncio ya que una
de nuestras resoluciones, conclusión de este debate, irá en este sentido:
solicitar el cálculo de esa transparencia.

Finalmente, en el repaso de este nuestro primer objetivo esencial, los
temas lingüísticos. En el año transcurrido ha habido logros, pero exiguos
y no siempre satisfactorios. Algún paso adelante: la publicación oficial
de la legislación del Estado en las lenguas propias de las comunidades
autónomas que así lo deseen y convengan. Otro imperceptible paso
adelante, que sólo parcialmente rectifica el lamentable paso atrás que
produjo en su día una normativa del Gobierno anterior en materia de
etiquetaje. No estamos satisfechos, y por ello nuestro grupo seguirá
intentando encontrar con ustedes, y con todos los grupos de la Cámara, el
mayor consenso posible para dar solución definitiva a



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este tema. Por cierto, transcurridos los tres meses de plazo, el Gobierno
no ha procedido a la modificación normativa convenida.

Otro paso adelante, aunque con cierto sabor amargo: la resolución de la
Comisión de Educación y Cultura de este Congreso que obliga al Gobierno a
respetar la unidad de la lengua catalana que se habla bajo denominaciones
y con modalidades diversas en la Comunidad Valenciana, las Illes en
Cataluña, en una parte de Aragón, de Salses a Guardamar y de Fraga hasta
Mahón, como dije hace un año en el debate de investidura. Nos apena que
el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular les excluyera
voluntariamente del amplio consenso, tan generosamente buscado por el
resto de grupos de la Cámara. Esa no es, ya lo sabe usted, señor
Presidente del Gobierno, una diferencia anecdótica para nosotros.

Paso, señor Presidente, señorías, al repaso de nuestros objetivos
esenciales en el ámbito social. Desde esta tribuna he tenido ocasión ya
de reiterar hasta qué punto el llamado Estado del bienestar se ha
convertido en una de las argamasas fundamentales de cohesión de nuestra
sociedad, y cómo, en consecuencia y para nosotros, su mantenimiento y
mejora se convierte en una prioridad. Establecido el principio, y
entrando en el ámbito de lo concreto, el acuerdo sobre mantenimiento del
poder adquisitivo de las pensiones va en esa línea, así como el acuerdo
sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social,
del que ya se ha hablado aquí, y hoy en el Senado, como desarrollo de los
pactos de Toledo. Educación y Sanidad conforman, junto con el sistema de
pensiones y el seguro de paro, los componentes básicos de ese Estado del
bienestar.

No se nos escapan, señor Presidente del Gobierno, las divergencias
expresadas por su partido y su grupo parlamentario en el momento del
debate y aprobación, en su día, de la Logse. Sucede, sin embargo, que
todas las administraciones competentes tienen, mientras la ley no se
modifique, la obligación de aplicarlas, sea cual sea la opinión que sus
contenidos le merezcan. Y sucede, como usted sabe bien, que unas
comunidades autónomas han desarrollado la ley con la diligencia exigida
--Cataluña, y tengo entendido que también Galicia entre ellas-- y otras
no. Nuestro grupo parlamentario planteó ya en los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 una enmienda solicitando más recursos para
aplicación de la Logse. Nuestra responsabilidad con el déficit público
--a veces, créame señor Presidente del Gobierno, nos preguntamos si quizá
es excesiva-- nos llevó a retirarla aceptando una transaccional en la que
se sustituían recursos por un estudio; estudio a realizar por el Gobierno
para valorar el coste de aplicación de la Logse. Es imprescindible, señor
Presidente del Gobierno, disponer cuanto antes de esas valoraciones en
las que, obviamente, deben intervenir las comunidades autónomas que
tienen la experiencia de estarlo aplicando, porque los presupuestos de
1998 deberán incluir las previsiones, las que sean, que de ese estudio se
desprendan.

Existe, asimismo, como usted sabe muy bien, un grave problema en el campo
de la sanidad. Digo que usted lo sabe muy bien, porque fue a partir de
una propuesta suya en el debate de investidura que se creó una
Subcomisión, como aquí se ha recordado, para su estudio y propuesta de
soluciones. Ahora, junio de 1997, la Subcomisión tiene planteado
finalizar sus trabajos. No puede dejar de hacerlo. El 30 de septiembre el
Gobierno ha de aprobar unos presupuestos que deben incluir la nueva
fórmula de financiación sanitaria para el período 1998-2001. Sabe, señor
Presidente, que puede contar con nosotros para dar solución real a ese
problema teniendo en cuenta los compromisos contraídos respecto al
déficit público, pero ni ustedes ni nosotros deberíamos aprobar unos
presupuestos de sanidad que intenten seguir encubriendo necesidades
reales de unas prestaciones sanitarias que todos nos damos prisa en
defender en la teoría, pero pereza en pagar en la práctica. Confiamos,
señor Presidente, en solucionar este problema a través de las
resoluciones de la Subcomisión y, como he dicho antes, particularmente a
través de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Siguiendo en el campo social, la Cámara tiene previsto aprobar, en un
próximo Pleno, el informe sobre la situación de la familia en España
realizado por la Comisión de Política Social. A partir de ese informe
nuestro grupo, que es plenamente consciente --insisto-- de las
limitaciones presupuestarias, pretende implementar una parte de las
medidas en dicho informe contempladas. No en vano nuestro grupo fue el
impulsor de la ponencia y el relator de sus conclusiones. Le anuncio
también el interés de nuestro grupo en revisar el estado de aplicación de
la Ley de Integración Social de los Minusválidos, así como el interés de
nuestro grupo en el impulso de políticas que tengan como norte la
integración en la sociedad de los inmigrantes no comunitarios como
mecanismo para evitar el crecimiento del racismo y la xenofobia. El hecho
de que 1997 sea el Año Europeo contra el Racismo no hace más que
recordarnos esa necesidad.

Con el repaso al objetivo de la creación de empleo, todavía en el ámbito
de la política social, entraré, señor Presidente, señorías, de hecho en
el análisis de otro de nuestros objetivos esenciales: la política
económica. Como ya tuve ocasión de afirmar en el debate de investidura,
la creación de empleo es y debe ser el parámetro principal a la hora de
diseñar una política económica. La política económica necesaria para
crear empleo, como la realidad demuestra, es la que se conforma con rigor
presupuestario --disminución del déficit, disminución de los tipos de
interés y de la inflación, estabilidad cambiaria-- complementada con una
política fiscal, laboral y de cargas sociales selectiva,



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en apoyo del empleo y de la economía productiva. Un marco de equilibrio
de las grandes variables macroeconómicas es el único que hoy puede
garantizar con continuidad en el tiempo un crecimiento económico que, si
bien de magnitudes modestas, es más sano y, como decía antes, con mayor
garantía de continuidad que otros del pasado. Como ya he dicho en otras
ocasiones desde esta tribuna, se trataba de pasar de una etapa en la que
el crecimiento se producía en base al consumo interno, la importación y
el ahorro exterior, a otra en la que el crecimiento se fundamenta en la
inversión, la exportación y el ahorro interno. Desde 1993 nuestro grupo
parlamentario impulsa esa política en este Parlamento, y desde los
presupuesto de 1994 esta política, en grados diversos, se está llevando a
cabo --hoy ya con resultado perceptible-- con el concurso de nuestro
grupo parlamentario en todas las medidas que en esta legislatura han
adoptado su Gobierno y las Cortes Generales.

España crece por encima de la media europea y, lo que es más importante,
en España se crea más ocupación, más empleo que en cualquier otro país
europeo. En ese esfuerzo debemos seguir, porque sigue siendo el paro, y
más en concreto nuestra bajísima tasa de ocupación, el problema social y
también económico de mayor envergadura. Se debería impulsar la inversión
productiva, la que genera ocupación que, a su vez, generará ahorro y,
tarde o temprano, consumo, nueva inversión y nueva ocupación, y además
genera ingresos fiscales, no lo olvidemos, y disminuye gastos del Estado.

Fruto de ese esfuerzo continuado --que, como digo, se inicia, a nuestro
entender, en 1994--, nuestra economía ha entrado ya en un círculo
virtuoso en contraposición al vicioso de otras épocas. Se crea empleo,
pero debíamos afrontar también el problema de su precariedad. La
conclusión del acuerdo entre sindicatos y empresarios y la ratificación
la pasada semana por esta Cámara de los decretos-ley de reforma laboral y
de impulso a la contratación deben llevar a la solución o, por lo menos,
a la disminución paulatina del problema. La reforma debe ser considerada
como el marco estable de las relaciones laborales de los próximos años.

En ese marco deben las empresas intensificar su esfuerzo de
competitividad y de creación de empleo. El debate en la Cámara esta
semana pasada me exime de mayores comentarios.

Dentro de la política económica, un breve repaso a la política
presupuestaria y su desarrollo. Los presupuestos para 1997, aprobados no
sólo con el concurso sino también con la participación activa de nuestro
grupo parlamentario, se están mostrando, como preveíamos, como el marco
idóneo para obtener los objetivos buscados y tres llamadas de atención a
su desarrollo, señor Presidente. Pese a nuestras reiteradas advertencias
para la reducción de los gastos corrientes, sólo este último viernes
hemos tenido noticia de que se hayan tomado medidas al respecto. Deberán
ser ciertamente eficaces para que surtan los efectos deseados en el plazo
previsto.

En segundo lugar, conscientes de la aportación imprescindible al
crecimiento del producto interior bruto que suponen las inversiones
públicas y a la necesidad de compensar la disminución del 15 por ciento
en las partidas de los capítulos de inversión VI y VII, que contemplaban
los presupuestos, se arbitraron en esos mismos presupuestos y en la Ley
de acompañamiento una serie de mecanismos para conseguir inversión puente
extrapresupuestaria. Debo decir que, en tanto que inversión puente, el
fracaso en su realización va a ser del ciento por ciento. En el
Ministerio de Fomento, el GIF (Gestión de Infraestructuras Ferroviarias)
prácticamente no ha empezado a andar, y lo hará con tales controles
establecidos desde el Ministerio que prácticamente anulan, a nuestro
entender, las posibles ventajas en eficacia que contemplaban los
mecanismos previstos en la Ley de acompañamiento. Hoy mismo, por otra
parte, hemos conocido el retraso --ahora ya reconocido-- en las
inversiones del tren de alta velocidad. Las inversiones con el llamado
método alemán (inversión hoy y pago en diferido) han sido discutidas en
cuanto a su mecanismo durante meses entre el Ministerio de Fomento y el
de Economía y Hacienda, de tal manera que, en el mejor de los casos, la
primera inversión real que podrá llevarse a cabo no se producirá hasta
los meses iniciales del próximo año. Lo mismo puede decirse de las
inversiones extrapresupuestarias previstas en el Ministerio de Medio
Ambiente. Fracaso, pues, insisto, desde ese punto de vista, de inversión
puente para el año 1997 en estos capítulos tan necesarios para el
crecimiento económico previsto y también para el crecimiento del empleo;
fracaso que además comporta en este caso el flagrante incumplimiento de
compromisos adquiridos con nuestro grupo parlamentario y con la Cámara en
cuanto a inversiones en Cataluña.

Por cierto, y dentro de los compromisos adquiridos en los presupuestos,
el 1 de septiembre es la fecha contemplada para reducir en el 7 por
ciento --7,7 exactamente-- el coste del peaje de todos los usuarios de
autopistas. Y la reducción de ese coste debe venir, de acuerdo con lo
contemplado en los presupuestos, por la vía de la reducción de los
ingresos del Estado, a través la reducción del IVA, o bien, si esa vía no
se elige, por la vía de la subvención del Estado a las concesionarias
para que éstas a su vez reduzcan el coste a los usuarios. Es una
reducción, por tanto, al usuario a costa de los ingresos del Estado, no a
costa del propio usuario por la vía del incremento de la vida de la
concesión u otros mecanismos varios. Deseo aclararlo porque nos llegan
informaciones contradictorias respecto a lo que se está intentando hacer
o a cómo se interpreta el artículo presupuestario a que hago referencia
desde el Ministerio de Fomento --lo siento, otra vez usted, señor
Arias-Salgado--; artículo, por otra



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parte, cuyo redactado no deja lugar a interpretaciones tan absolutamente
gratuitas.

Por último, y en este capítulo de política económica, uno de los mayores
impulsos de la actividad económica debe venir de la desregulación de
sectores de actividad económica. También aquí, señor Presidente del
Gobierno, la aplicación de las reformas se eternizan en unos casos --por
ejemplo, en telefonía tendremos, por fin, según parece, segundo operador
dentro de un par de meses, ¿y para cuándo las resoluciones de los
concursos del cable?--, y en otros se ponen trabas al libre fluir del
mercado por defender determinados intereses, televisión digital, por
ejemplo. La lentitud debería solucionarse; los entorpecimientos,
entendemos, no deberían repetirse.

De la mano de la política económica entro, señor Presidente, señorías, en
otro de nuestros objetivos esenciales: la Unión Europea. Esta política
económica de rigor, imprescindible para la creación de empleo...




El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya concluyendo.




El señor MOLINS I AMAT: Sí, señor Presidente.

Esta política es básica también para el cumplimiento de los parámetros de
convergencia para la creación de la moneda única. España cumplirá, a 31
de diciembre, los parámetros de inflación, tipos de interés, nivel de
cambio de la peseta y déficit público, y la deuda habrá iniciado en 1997
el proceso de reducción. Nosotros, como usted, señor Presidente del
Gobierno, creemos y deseamos que el primer paso en la creación de la
moneda única se dará en abril de 1998; si se da, España estará dentro.

Respecto a esa polémica, no confirmada ni planteada formalmente por el
nuevo Gobierno francés, aceptar los argumentos que parecen plantear sería
tanto como aceptar que rigor y creación de empleo son incompatibles.

Nuestra realidad enseña precisamente lo contrario. Convergencia europea y
compromiso de estabilidad son el camino del euro y son también el camino
para la creación de empleo. Lo importante, sin embargo, es percatarse de
que, sea lo que sea lo que venga, nuestra política económica --y en esto
coincido plenamente con usted-- debe seguir siendo la misma: continuidad
en el esfuerzo y en el rigor presupuestario, impulso a la actividad
productiva y a las reformas estructurales, en particular las de la propia
Administración y las del sector público en general.

Quiero hacer algunos comentarios, aunque sean necesariamente breves,
sobre otro de nuestros objetivos esenciales, el de trabajar desde nuestra
realidad en pos de un mundo solidario, en paz, en progreso y crecimiento
sostenible. En primer lugar, la credibilidad y capacidad de influencia de
la Unión Europea en la escena internacional exige de una política
internacional común, soportada por una política de seguridad y defensa
común. Debe disponer, por tanto, la Unión Europea de mecanismos autónomos
para aplicar sus decisiones en materia de paz y seguridad, y debe hacerlo
sin poner en duda el vínculo transatlántico y sin duplicar, obviamente
inútilmente, los medios y estructuras de la OTAN.

En segundo lugar, el Mediterráneo es un foco de conflictos potenciales.

Europa está redescubriendo esa realidad como prueba la celebración de la
Conferencia Euromediterránea de Barcelona. El esfuerzo iniciado en esa
Conferencia no debe parar; al contrario, debe de incrementarse.

En tercer lugar, un mundo solidario y en paz se ayuda a construir de
muchas maneras. La crisis de los Grandes Lagos ha sacado los colores a
Occidente, como ya sucedió en la crisis de Bosnia. Hemos sido incapaces
de dar una respuesta colectiva a la altura del drama. Debo decir, en pro
del Gobierno, que mantuvo una posición decidida y, en vez de adoptar la
cómoda actitud de dejarse arrastrar, tomó la delantera y ofreció su
colaboración en una fuerza pacificadora multinacional que no llegó a
cuajar. Esa debe seguir siendo nuestra actitud, aunque la comunidad
internacional la acabe convirtiendo sólo en testimonial.

Por último, la política de paz y solidaridad pasa por conseguir el
desarrollo y el progreso de todos los pueblos de la tierra, desarrollo y
progreso que debe ser necesariamente sostenible; es decir, que el uso de
los recursos permita sostener el crecimiento. Se trata, en definitiva, de
dar cumplimiento al programa 21 de la Cumbre de Río, con el que España y
la comunidad internacional deberían comprometerse de lleno.

Acabo ya, señor Presidente, y lo hago analizando el último de nuestros
objetivos esenciales, que bien podría ser el primero o que es el resumen
de todos los anteriores: que la cosa funcione, que progresemos, que
avancemos, que estemos mejor que antes, que exista confianza en el
futuro, que exista buen clima, en definitiva.

Señor Presidente, señorías, a mi entender, a juicio de nuestro grupo
parlamentario, la cosa funciona. Progresamos, avanzamos prácticamente en
todos los campos, como he ido revisando a lo largo de mi intervención;
hoy estamos mejor que ayer y creo que, perseverando en el esfuerzo,
mañana podemos estar mejor que hoy. Es bien cierto que a esta positiva
situación se llega no sólo por la actuación del Gobierno, sino
aprovechando, sobre todo en el ámbito económico, una onda internacional
favorable y aprovechando, y eso es lo más importante a nuestro entender,
una especie de complicidad social favorable que sería imperdonable
desaprovechar, y usted hacía mención de este hecho, señor Presidente.

Con los resultados de las elecciones de marzo de 1996 la gran mayoría de
los ciudadanos depositó en la nueva situación una enorme confianza.

Deseaban poder confiar en el futuro, en una mejor convivencia, con



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menos crispación, sin buenos y malos, sin tener que estar con éste o
contra éste, buscando juntos, a través del esfuerzo común, un mejor
futuro. Pienso que ese clima se mantuvo a lo largo de 1996, ¡cómo si no
hubiera sido posible culminar con éxito acuerdos y pactos tan importantes
como los referidos!, ¡cómo sin esa cierta complicidad hecha de querer
tener confianza, esperanza en el futuro! Incluso hoy, aunque algo
deteriorado, ese clima sigue existiendo. Esa confianza, ese ambiente, ese
clima hace avanzar a las colectividades tanto o más que los propios
aciertos de un Gobierno. Su mantenimiento es, de hecho, el mejor acierto
de cualquier gobernante.

Sabe, señor Presidente del Gobierno, lo que nos ha gustado y lo que no
nos ha complacido de su acción de gobierno. Lo hemos expresado con
nuestra opinión y con nuestro voto a lo largo de este año de legislatura;
lo he concretado en este debate. Hace algo más de un año nos
comprometimos con nuestro voto de investidura a dar estabilidad a una
legislatura en base a una acción de su Gobierno en la dirección acordada.

Nuestro compromiso sigue en pie para esa obra de gobierno que he
intentado describir en mi intervención. De usted, de las acciones de su
Gobierno depende, pues, el contar o no con nuestro apoyo. Tenemos la
confianza de que sepa encontrar la manera de contar con él.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins. Señor Presidente del
Gobierno, tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías. Tengo que decir, señor Molins, que cuando ha empezado su
intervención y solemnemente ha dicho lo de: llevamos un año, un mes y
ocho días, no sabía seguro si iba a continuar en términos de condena, tal
como lo ha solemnizado, o en términos, digamos, favorables. Al final le
quiero agradecer sinceramente el apoyo de su grupo parlamentario y la
valoración positiva que ha hecho de la acción de gobierno durante el año,
el mes y los ocho días, esperando, si es posible, el mantenerlo durante
toda la legislatura. Porque estamos de acuerdo sin duda en ese esfuerzo
de mantener la estabilidad política en España, la estabilidad
parlamentaria y prolongarla en el tiempo, que nos sirva desde el punto de
vista político y económico para conseguir los grandes objetivos que
compartimos, y que sin duda tenemos en este momento al alcance de
nuestras posibilidades. Este será, sin duda también, en mi opinión, un
ejercicio de responsabilidad política y, por tanto, un aprovechamiento
correcto de oportunidades para todos. Por tanto, agradezco el apoyo de su
grupo durante todo este tiempo, así como agradezco la intervención que S.

S. acaba de hacer.

Quiero decirle que ese apoyo arranca --me he referido a ello esta
mañana-- de los pactos que suscribimos con su grupo político, con el
Grupo de Convergència i Unió en su conjunto, con la coalición
Convergència i Unió. Ese acuerdo, como he dicho, ha funcionado, y tampoco
hemos aspirado a ponernos de acuerdo en todo. Nos hemos puesto de acuerdo
en muchos capítulos importantes; ahí es nada ponerse de acuerdo en lo que
significa objetivos europeos, política económica, política de bienestar
social o, en gran medida, lo que significa el desarrollo del modelo
constitucional de autonomías; es muy importante. Por tanto, unos acuerdos
que en sí mismos, en su formulación, en su definición, son, sin duda,
importantes y trascendentes. Evidentemente, no agotan todo y, como es
lógico, en algún determinado momento puede producirse --y siempre hay que
trabajar por que no ocurra-- algún elemento menor de desencuentro que no
afecte, efectivamente, al cumplimiento objetivo de esos pactos.

Tengo la impresión de que hubo gente que no solamente es que no deseara
aquellos pactos, no nos vamos a engañar, es que tampoco los desean ahora,
evidentemente, y se hará todo lo posible por que los pactos duren el
menor tiempo posible; es decir, si nuestra aspiración es el horizonte de
una legislatura, hay otras aspiraciones que son que terminen mañana, como
es lógico. Eso ya lo sabemos. Por tanto, yo creo que los pactos no se
esperaban y creo que esos pactos, además de dar la estabilidad razonable
al país, al Gobierno, y contribuir a la gobernabilidad, dieron un doble
sentido. Me parece que, desde el punto de vista partidario, eran unos
pactos importantes en la naturaleza política de lo que significa un
acuerdo partidario, en sí mismos, es decir, como puntos de encuentro de
dos formaciones políticas capaces de entenderse en esos asuntos y que
pueden tener, y efectivamente tienen, visiones diferentes de algunas
cosas. Me parece que históricamente era un pacto también de
trascendencia, porque servía para un intento de acercamiento, de
comprensión o de aproximación a la resolución de algunos problemas que
pueden haberse planteado históricamente en nuestro país. Digo que
contribuye, ni siquiera digo que desde la visión de uno o desde la visión
de otro tuviésemos la ambición o la aspiración de resolverlo todo.

Insisto en que ese es el significado de decir: no estamos de acuerdo
tampoco en todo y no pasa nada, porque entonces no tendríamos
responsabilidades en formaciones políticas diferentes. Lo importante es
saber si ese pacto era razonable para el conjunto de la estabilidad y la
gobernabilidad, y desde luego los hechos demuestran que así es --los
hechos--, si es razonable y positivo para la estabilidad política y
parlamentaria de España, y los hechos demuestran que así es, y si es
razonable también para el impulso de modernización, de mejora en términos
económicos, sociales, de bienestar y en términos también de nuestros
objetivos europeos. Mi impresión es que también. Por tanto, cuando yo
decía esta mañana que los pactos funcionan y funcionan correctamente,



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es que están orientados en un sentido que, en mi opinión, nos permite
mantener ese esfuerzo hacia el futuro con la voluntad de hacerlos
estables, si se dan todas esas circunstancias, pero, sobre todo, de
perseverar en un camino que para mí tiene la virtualidad que usted mismo
ha dicho, y es que hoy, según su definición, las cosas están mejor que
hace un año; se ha avanzado, se ha progresado y, en consecuencia, ese
esfuerzo es razonable mantenerlo de cara al futuro. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.).

Haremos el mayor esfuerzo por superar las dificultades que se vayan
planteando, tanto en lo que significa la acción del Gobierno como en lo
que significa también un acercamiento histórico de posiciones entre
nuestros grupos, entre nuestros partidos y también en el entendimiento y
en la valoración, a veces coincidente, a veces diferente, de algunas
cuestiones.

Sí debo decir que, en mi opinión --si me permite usted marcar un matiz,
una diferencia--, cuando yo he dicho también esta mañana que estábamos
mejor que hace un año y que estaba razonablemente optimista de lo hecho,
he dicho: sin caer --porque no hay ninguna razón para ello-- en la
euforia. Creo que es un poco exagerado decir que mi discurso de esta
mañana ha sido triunfalista, sobre todo porque personalmente tengo un
concepto extraordinariamente estricto de lo que son mis obligaciones y
procuro, además, saber lo que significa el cumplimiento de unas
responsabilidades y unas obligaciones que yo entiendo que son positivas
desde el punto de vista de los objetivos de nuestro país. En
consecuencia, debo decirle que creo que debemos y podemos seguir en ese
camino sin adjetivarlo, sabiendo que hace falta continuar en un esfuerzo
extraordinariamente duradero e importante para el futuro de nuestro país.

En su intervención durante la sesión de investidura S. S. manifestó que
en todos esos acuerdos tenía que reconocer que yo había elegido el camino
más difícil. Creo que eso es un valor añadido también si se lo podemos
poner a ese pacto. No me importa haber elegido ese camino más difícil. Lo
que me importa es que ese camino --con sus dificultades, como digo-- esté
produciendo resultados, y creo sinceramente que va a seguir produciendo
esos resultados. Y ha mencionado S. S. cinco grandes capítulos que
comentaré sobre lo que es el eje vertebrador de una acción, de un
respaldo, de un compromiso y de unas aspiraciones que vamos a ver si
podemos seguir razonablemente manteniendo.

Ha mencionado, en primer lugar, el capítulo autonómico. Yo creo que lo
importante es que de nuestros acuerdos y nuestra política se deriva una
coherencia sustancial en el modelo; es decir, no se cuestiona el modelo,
antes yo lo decía. No estamos hablando nada más que del modelo
constitucional y, en este caso, del modelo determinado en el Estatuto de
Autonomía de Cataluña. Y no quiero decir que no se puedan tener otros
objetivos u otras ambiciones o que no se puedan dar otros calificativos.

Probablemente ahí entramos en un punto en el que puede haber visiones
distintas, que es lo que distingue a un partido nacionalista de un
partido que no lo es. Digo que respaldamos y respetamos e impulsamos ese
modelo, como quedó puesto bien de manifiesto en el debate del Estado de
las autonomías, desde el punto de vista constitucional y estatutario, que
ha producido una transformación histórica formidable en nuestro país en
los últimos 20 años. No quiero añadir a esto elementos de satisfacción
personal, de satisfacción de corta política, sino que, desde el punto de
vista de lo que es la perspectiva de un proceso, el proceso autonómico en
España ha sido impresionante en su magnitud e impresionante en la
velocidad en la que se ha producido, en las dos. Por lo tanto, eso es
también un activo junto al desarrollo. No quiere decir que no se pueda
plantear evidentemente que hay cuestiones de desarrollo. Creo que se ha
actuado históricamente con corrección y que, en mi opinión, es bueno, es
razonable seguir manteniendo esa línea histórica en el futuro. Prueba de
que existen nuevos elementos de desarrollo es justamente el desarrollo de
esos pactos. Ha mencionado usted dos que yo quiero destacar, que me
parecen de especial importancia, como son la Ley Orgánica de
Funcionamiento de la Administración del Estado y la financiación
autonómica. Fíjese si se han dado distintos horizontes. La transformación
de la Administración periférica del Estado, acoplada a lo que es el
desarrollo razonable de la competencia y de la presencia de la
Administración general del Estado entre distintos territorios españoles,
ha sido y va a ser todavía mucho más profunda. Naturalmente eso enmarca
un proceso racional del que todo el mundo se beneficia, como todo el
mundo se beneficia de lo que significa también el desarrollo de la
financiación autonómica. Hay otro tipo de competencias, llámense puertos,
llámense costas, que tienen una limitación derivada de una situación
geográfica, no derivada de una voluntad política, que sería lo grave,
sino, naturalmente, una limitación derivada de un supuesto estricta e
inevitablemente geográfico. Por eso uno de los valores de ese acuerdo es
la aportación global al proceso en términos de reformas que sirven para
todos, y es muy importante porque no se está haciendo algo que solamente
sirve para uno, que también; se está contribuyendo a reformas que son
útiles para todos y que tienen una dimensión muy importante, como es
--insisto entre otras-- la reforma de la ley de financiación, la reforma
de la Administración, como puede ser el tratamiento de las políticas
activas de empleo, etcétera. En consecuencia, creo que hay un modelo y un
pacto en nuestro desarrollo, desde el punto de vista autonómico, sin duda
muy significativo a tener en cuenta. Y luego se puede añadir, y se añade
legítimamente, la singularidad que se quiera, y esa singularidad



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es absolutamente respetable. Ahí pueden existir matices de
diferenciación, pero, en mi opinión, son lógicos desde el punto de vista
de lo que es una visión política, a la cual se le puede dar una mayor o
menor trascendencia en un momento determinado. Sin duda es altamente
evaluable y en todos los sentidos positiva la aportación de su grupo
parlamentario en ese proceso que significa cambios de extraordinaria
importancia en la marcha del Estado de las autonomías en nuestro país.

En segundo lugar, ha mencionado S. S. los temas relativos al bienestar
social. Ha hablado de pensiones, de la sanidad y de la educación. Yo he
hablado de eso también esta mañana y estamos bastante de acuerdo en el
enfoque general de las cuestiones. No creo que en la aplicación del Pacto
de Toledo y lo que significa la garantía del poder adquisitivo de las
pensiones como un elemento básico tengamos graves dificultades. Estamos
conversando con ustedes, con su grupo parlamentario, con la Generalitat
de Cataluña y con otras comunidades autónomas sobre cómo podemos llegar a
unas conclusiones positivas en algo que sabemos que es un problema, sobre
el que tenemos una voluntad activa y positiva para intentar solucionarlo,
como es la financiación de la sanidad. Estamos en ello. Se ha referido
antes S. S. a lo que es no solamente el cumplimiento de los criterios de
convergencia sino también el rigor del cumplimiento de unos criterios de
déficit. Sabe S. S. perfectamente que a la hora de administrar,
efectivamente se administra lo que hay y lo que razonablemente se vaya
creando si las expectativas son positivas. Sabe S. S. que además del
incremento de sanidad en un 6 por ciento en el presupuesto de 1997, hemos
introducido, como he recordado esta tarde, 70.000 millones de pesetas
más, consolidadas en el Sistema Nacional de Salud, y, naturalmente,
sabemos que hay distintas dificultades, tanto en aquellas comunidades que
tienen la responsabilidad de la gestión de la sanidad como en el llamado
territorio Insalud en su conjunto. Espero que a lo largo de estas
semanas, concluidos los trabajos de la subcomisión parlamentaria, cuyas
resoluciones me parecen, sin duda, muy importantes y dignas de ser
alentadas, respetadas y tomadas en consideración, podamos llegar en los
Presupuestos Generales del Estado a una solución positiva. Por lo tanto,
esa sensibilidad respecto de lo que es un problema real que puede afectar
a la atención sanitaria de ciudadanos de nuestro país es algo que
comparte perfectamente el Gobierno en su diagnóstico y en su tratamiento.

Respecto de lo que significan los elementos de la política educativa, he
hablado de ellos. Como en todo, tengo que decir que nos gustaría ir más
deprisa, pero vamos como podemos ir. He explicado el esfuerzo de la
inversión pública, pero vamos como podemos ir si no queremos producir un
desequilibrio grande en la situación financiera de nuestro país, que
estoy seguro que no es la intención de nadie. Antes se recordaba lo
importante que es efectuar las transferencias con una fuente de
financiación segura y estable. No ha ocurrido siempre y lo que hay que
procurar es que, en la medida de lo posible, no ocurra así en el futuro.

Hay que procurar en este momento administrar una situación en la cual,
conforme he explicado, se ha ido avanzando, pero somos conscientes de
que, naturalmente, hay expectativas u obligaciones que se tienen, que se
pueden o se quieren asumir, que incitan a una mayor perspectiva de
inversión financiera en el sector educativo.

Ha hablado S. S. de propuestas en relación con la familia, lo que me
parece sumamente positivo, y ha mencionado el empleo como el último
factor --el último por orden-- en el apartado del capítulo social, porque
era el umbral de la exposición de política económica que estaba
desarrollando. En este punto creo que hay una coincidencia grande desde
lo que significa la economía productiva y el valor que tiene poner en
marcha esa economía productiva para la creación de empleo en nuestro
país. Como ha dicho S. S. al final, creo que la cosa va marchando, que
esa cosa marcha, por decirlo de alguna manera, y que la cosa del empleo
marcha. Creo que ha sido S. S., no sé si en este debate o en uno
anterior, quien decía que las obligaciones del Gobierno eran: sanear,
plantar y sembrar, y ahora no estoy hablando de agricultura, señora
Ministra. En cuanto a sanear, se ha hecho el esfuerzo de saneamiento que
S. S. conoce; se ha hecho con gran trabajo, pero había que hacerlo. Se
han establecido unas bases de estabilidad que están permitiendo mejorar
lo que realmente importa en la economía productiva. Por ejemplo, y como
decía antes, ¿cuánto se han ahorrado las pequeñas y medianas empresas por
el descenso de tipos de interés? Cuando se habla de que hay que ayudar a
este sector o a ese otro, y a veces se habla con razón, hay que decir:
sume usted todas las ayudas y sume todo lo que se ha ahorrado por la
rebaja de tipos y vea lo que eso significa para una familia o para una
empresa desde el punto de vista productivo. Hagan las cuentas y verán que
es mucho más productiva la política que consigue hacer que desciendan los
tipos de interés que la política que por tener los datos macroeconómicos
no estabilizados incide puramente en las subvenciones. Se obtiene
muchísimo más desde el punto de vista productivo y de oxígeno financiero
para las empresas y también para las familias, y como sabe S. S. y he
explicado antes, la política fiscal que hemos desarrollado ha ido
orientada a eso. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas forman el tejido
industrial de Cataluña? ¿Decenas de miles, centenares de miles? ¿Cuál ha
sido su situación financiera y la posibilidad que han tenido de mejorarla
en razón del crecimiento de exportaciones o de la mejora de esa situación
financiera? Realmente, eso muy importante; es muy importante para ésas y
para todas las pequeñas y medianas



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empresas españolas. Sin duda, ese esfuerzo de crecimiento hay que
continuarlo.

En este momento --lo he dicho ayer o anteayer, pero quiero repetirlo-- no
es aventurado decir que la economía española está creciendo un poco por
encima del 3 por ciento, no por casualidad. ¿Sólo por mérito? ¡Qué va! Ni
del Gobierno ni de nadie. Lo que digo es que el cambio de rumbo y el
impulso que se ha producido nos permite ese crecimiento, que es un
crecimiento que hay que mejorar. Naturalmente, eso también tiene una
traducción presupuestaria que S. S. conoce muy bien y que he citado
antes, pero lo quiero reiterar porque me parece sumamente importante.

Desde el punto de vista de la credibilidad y de la confianza para que se
produzcan esos resultados, que en mi opinión son resultados que no han
tocado suelo, es decir, que se puede seguir haciendo una política que
todavía estabilice más los datos y las cifras macroeconómicas, es muy
importante que el presupuesto crezca por debajo del crecimiento del PIB
nominal de la economía, y es lo que se ha hecho. Es muy difícil, porque
sin duda es una política dura, de fuertes obligaciones para quien la
hace, que exige pedir el esfuerzo de la sociedad --y luego me referiré a
eso que S. S. ha planteado al final--, pero también es muy importante que
el resultado sea el que se está produciendo ahora y se va a producir a
fin de año, que la economía crezca por encima de la inflación. Ese es
exactamente el círculo virtuoso, que no es una presuntuosidad
triunfalista, sino la definición en términos económicos de un país que
consigue una economía que logra funcionar con esos parámetros exactamente
y que antes, por referencia al círculo vicioso, no existía. Pasar del
círculo vicioso al virtuoso es una pequeña ventaja, y perseverar en ese
virtuosismo, por decirlo de esa manera, me parece un objetivo bastante
razonable.

Desde ese punto de vista vamos a seguir haciendo presupuestariamente los
esfuerzos necesarios. Yo he dicho esta mañana que el presupuesto para el
bienio 1998-1999 iba a ser muy trascendente desde el punto de vista
económico. Creo que compartimos esa opinión y esa expectativa. He dicho
que el presupuesto de 1998 iba a ser un presupuesto necesariamente
austero. Tenemos que consolidar y perseverar en esta política y, por
tanto, ajustar nuestras previsiones y nuestras prioridades en el marco de
la misma. Naturalmente, debemos ponernos en marcha en el marco de los
acuerdos y de la estabilidad parlamentaria, sabiendo, si estamos de
acuerdo en los objetivos generales --y no veo ninguna razón, en ningún
caso y desde ningún punto de vista, de que no hagamos el esfuerzo
correspondiente--, que se puede hacer también en materia de inversiones y
con la comprensión mutua de que algunos retrasos pueden ser inevitables
en función de las cosas y de lo que significa la puesta en marcha de esos
presupuestos. Y seguiremos haciendo esos esfuerzos, como los hacemos, por
ejemplo, en el capítulo de gastos corrientes o en la puesta en marcha de
los planes de compras o en la puesta en marcha de planes de austeridad
para cada ministerio o en la puesta en marcha de la reforma de la
Administración, es decir, mirando en cada coma, en cada recoveco, en cada
curva del presupuesto para ver qué se puede ahorrar.

Si S. S. ha escuchado mi intervención esta mañana, que creo que sí, sabrá
que he citado, por ejemplo, dos cifras que tienen que ver con un plan de
lucha contra el fraude en la Seguridad Social, que ha dado un resultado
de 88.000 millones en 1996 y una previsión de 200.000 millones en 1997.

Eso quiere decir que estamos dispuestos a ver hasta dónde podemos llevar
el esfuerzo del Gobierno con todos los mecanismos posibles de aportación
de lo que significa una política presupuestaria creíble y con confianza
suficiente de cara al futuro. Naturalmente, se van haciendo cosas. Las
telecomunicaciones se van liberalizando, como usted ha dicho muy bien;
está en marcha la privatización de Retevisión; hay concursos de cable que
se van resolviendo; el 1 de enero de 1998 estará resuelta prácticamente
toda la liberalización de telecomunicaciones, etcétera. En todo caso es
importante poner en marcha y seguir esa senda presupuestaria haciendo el
esfuerzo correspondiente cada uno por su parte.

Respecto a la política europea, estoy absolutamente de acuerdo en lo que
significa la moneda única y la puesta en marcha de la Unión Económica y
Monetaria. Le quiero decir al respecto que me parece también muy
importante y relevante el mensaje que usted ha dejado aquí esta tarde,
señor Molins, que no por un criterio de dogma, ni mucho menos de
capricho, sino porque se producen resultados favorables como consecuencia
de una política, es bueno cumplir los criterios y las condiciones
establecidas. Me parece claramente una equivocación establecer
distorsiones en ese discurso. Yo sé muy bien que la aspiración europea es
una aspiración histórica en lo que es el catalanismo político y
nacionalismo moderado catalán, y la respeto profundamente. En esa
aspiración europea poco a poco van abriéndose caminos de cumplimiento al
menos de algunas de las ambiciones europeas históricamente manifestadas
en sus actitudes y en sus comportamientos políticos por el catalanismo
político. En consecuencia, espero --es nuestra obligación al llegar
aquí-- que lo podamos cumplir. Le quiero decir cuál era la nuestra, la
mía como Presidente del Gobierno, la de los que apoyan al Gobierno
fundamentalmente y la que yo siento que era una obligación general: poner
a España en condiciones de estar en la moneda desde el primer momento. Es
lo que estamos haciendo. Es el cumplimiento de un objetivo político
trascendental y fundamental y yo creo, como S. S. dice bien, que debemos
mantenerlo, porque es positivo y va a ser más positivo en el futuro.

He tomado nota de su propuesta en relación con la integración --así lo he
entendido yo-- de la Unión Europea



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Occidental en el marco de la Unión Europea. Sabe S. S. que, en el marco
de la Conferencia Intergubernamental, España ha presentado una propuesta
en este sentido. España, Francia, Alemania e Italia hemos presentado una
propuesta conjunta de integración de la Unión Europea Occidental en la
Unión Europea. No le oculto que hay otros países que están fuertemente en
contra de esta posición; pero, en fin, ya veremos el resultado en función
de cómo marche la Conferencia Intergubernamental. Sin duda, hay gobiernos
que se oponen --en mi opinión equivocadamente-- porque entienden que esta
posición puede constituir una merma de lo que significan las
posibilidades de acción de la Alianza Atlántica. A mi entender, repito,
es una equivocación. Pienso en el proceso lógico de las cosas --que, por
cierto, nos debe servir también para hacer alguna reflexión en nuestro
país, como hemos empezado a hacer en el ámbito de la inversión y de la
profesionalización de las Fuerzas Armadas-- y que los europeos asumamos
más responsabilidades de defensa no se puede hacer de cualquier manera.

Su señoría y nosotros hemos propuesto conjuntamente algunas políticas en
esa línea, pero lo que no tiene sentido es decir: yo soy partidario de
que haya más responsabilidades en materia de seguridad o de defensa
europea, pero que las financien otros. Ese discurso no se mantiene. Digo
que no es su discurso ni el mío, puesto que el suyo y el mío es cumplir
nuestras obligaciones; pero se oyen por ahí discursos que tienen que ver
con eso y no extraen las consecuencias de esta política. La mía es que,
deseablemente --y también inevitablemente, en el buen sentido de la
palabra porque antes he dicho deseable--, es bueno que haya un mayor
protagonismo europeo en la defensa y eso no se hace ni se debe hacer en
ningún caso en detrimento de la Alianza Atlántica ni del mantenimiento de
un fuerte vínculo transatlántico, esencial desde el punto de vista de la
seguridad, de la estabilidad y de la cooperación occidental y también
como garantía de paz y de seguridad, no solamente en el mundo occidental
sino también en áreas geográficamente más amplias.

Impulsar el diálogo euromediterráneo nacido de la Conferencia de
Barcelona me parece absolutamente positivo, lo he dicho esta mañana. Hay
que reconocer que ese diálogo en este momento está de alguna manera
contaminado por la difícil situación del proceso de Oriente Medio. Créame
S. S. si le digo que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por intentar
impedir que esa situación de Oriente Medio --en la parte que corresponde
a las responsabilidades españolas-- se deteriore más y, en segundo lugar,
por impedir que pudiese dificultar el diálogo euromediterráneo, en todos
los términos, también desde el punto de vista de cooperación económica,
pero sobre todo desde el punto de vista del diálogo político y de las
dificultades para el desarrollo de la ribera sur del Mediterráneo.

Desgraciadamente, la situación de Oriente Medio no es una situación
halagüeña, desde el punto de vista de las expectativas, y es bueno que se
sepa que se hacen todos los esfuerzos en virtud de los cuales se pueda
convencer, digamos, a las partes discrepantes --no digo en conflicto,
digo discrepantes-- de que el proceso de paz es muy importante en sí
mismo como elemento de estabilidad y, también, como elemento de
contribución al diálogo euromediterráneo.

Por último, en relación con la OTAN he manifestado ya cuál es la
posición. Sus señorías han sido siempre partidarios de lo que es la
posición española y espero, como digo, que podamos llegar a una
conclusión positiva en Madrid. En todo caso, los pasos que se han dado
son ciertamente históricos. La firma del acuerdo con Rusia es realmente
histórica, y merece la pena prestar la mayor atención y, si es posible
--y yo se lo agradezco--, también el mayor respaldo a lo que va a ser el
proceso de reforma y de ampliación de la Alianza, con sus nuevas misiones
y objetivos.

Ha terminado S. S. su quinto punto con la apelación que yo hacía un poco
anticipadamente respecto a que la cosa funcione. Yo creo que la cosa va
razonablemente, que tiene que seguir así y que, si es posible --como es
lógico--, hay que mejorarla. Ya va bien, pero todavía tiene que ir mejor,
y por eso no tenemos que sentirnos satisfechos, sino que tenemos que ser
más ambiciosos todavía, en todos los terrenos, también en el terreno de
nuestra colaboración y de nuestro entendimiento. Que nadie saque una
conclusión equivocada de lo que estoy diciendo, digo más ambiciosos, no
pongo adjetivos, más ambiciosos también en prolongar hacia el futuro esa
estabilidad. Soy consciente de que existe esa oportunidad. El Gobierno
está decidido a aprovecharla, no en solitario, con su colaboración y con
la colaboración de la sociedad española.

Ha mencionado S. S. el respaldo social. Siento que existe un respaldo
social claramente mayoritario a la tarea que se está desarrollando,
existe, y que no se me interprete mal. No estoy hablando de un respaldo
social concreto de esta organización, de aquella o de la otra, que no se
trata de eso; existe un respaldo social en general favorable a la
corriente generada desde que se ha producido en gran medida el cambio
político y al aprovechamiento de la situación que está rindiendo esos
beneficios favorables que la opinión empieza a percibir. Yo he hecho todo
el esfuerzo posible por mantener y conservar el diálogo en el sentido más
amplio de la palabra, por fomentar los acuerdos en el terreno político,
en el terreno económico y en el terreno social. Soy muy consciente de ese
respaldo y naturalmente sentirnos impulsados a continuar y a perseverar
en esa tarea es para nosotros claramente un aliciente que compartimos con
la sociedad española en el sentido del deseo de mejorar la situación, del
deseo de superar problemas y del deseo de conseguir nuevas metas para
nuestro país.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Presidente del Gobierno, por su intervención, en el
sentido de que me permite volver a centrar algo que dijimos y que era el
tema prácticamente fundamental de aquel debate. Parecería que hoy no
hacía falta repetirlo, pero es probable que usted tenga razón en que vale
la pena que remarquemos el significado de nuestro pacto y hasta qué punto
fue un pacto hecho desde la responsabilidad mutua --yo se lo decía y
usted lo ha recordado muy bien--, hecho incluso tomando unos ciertos
riesgos. Usted podría haber elegido otros caminos quizá más fáciles a
corto plazo y usted arriesgó, como lo hicimos nosotros, buscando, ¿qué?,
la estabilidad. Hoy puede haber personas que valoren que estamos muy bien
o sólo un 80 por ciento bien, pero seguro que hoy estaríamos peor si no
hubiéramos hecho nuestro pacto, es decir, ninguno de los objetivos que
hoy tenemos a nuestro alcance, ninguno, incluido el de la Unión Europea,
hubiera sido posible si ustedes y nosotros no hubiéramos alcanzado,
conjuntamente con otras fuerzas parlamentarias de esta Cámara, una
mayoría para, primero, investir un Gobierno y, después, dar una
estabilidad a la legislatura. Para que usted vea por dónde voy, hace poco
el Presidente de nuestro partido, el señor Pujol, editó un libro que se
llama «Todo compromiso comporta un riesgo», y arriesgamos, y al menos
nosotros --estoy seguro que usted también--, estamos encantados de
haberlo hecho porque está dando frutos. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Entrando en los temas concretos, señor Presidente del Gobierno, me he
referido brevemente a la Lofage. Esperamos mucho de la Lofage. No sólo he
mencionado la desaparición de los gobernadores civiles. Eso
simbólicamente era importante, como usted sabe, para nosotros, pero, a
medio y largo plazo, eso es lo de menos de la ley; lo de más es la
modernización de la estructura del Estado, ciertamente, y hablamos mucho
de ello en el debate de investidura. El Ministro ya sabe que esperamos
mucho de la aplicación eficiente de la Lofage, que puede permitir ayudar
a modernizar la organización del Estado y a reducir mucho gasto. Lo
creemos sinceramente.

La sanidad. ¡Cómo me iba a olvidar, señor Presidente, de que en el año
1997 hay 70.000 millones metidos en la sanidad! Si a usted le tocara
negociar, como me toca a mí, con su Ministro de Economía, sabría que es
como sacarle no un diente, sino dos o tres. Yo sólo lo hago de vez en
cuando; el Ministro de Sanidad lo debe hacer cada día, el pobre. No nos
olvidamos de que hay 70.000 millones más. Lo nuestro nos costó que de
esos ahorros que salen del sistema sanitario se beneficiara el propio
sistema sanitario. Son las medidas a las que usted hacía referencia sobre
farmacia, laboratorios farmacéuticos, oficinas de farmacia, etcétera. No
nos olvidamos. Lo que creemos sinceramente es que son claramente
insuficientes, lo han sido para 1997 y mucho más lo serían para 1998. De
hecho, de eso debía tratar esa subcomisión, de eso está tratando y quizá
la urgencia sea porque la vigencia del sistema de financiación de la
sanidad acaba este año, debe estar en marcha el año próximo y ya no
podemos dilatar más las conversaciones. Yo creo que está todo muy
debatido, muy estudiado. Le puedo asegurar que nosotros nos preocupamos
también por las necesidades y las disponibilidades presupuestarias, pero
ahora hay que hacerlo.

Es bien cierto, la sanidad crece al 6 por ciento del PIB nominal. Hay
pocos gastos del Estado que crezcan al 6 por ciento, pero es que han
crecido el 13 por ciento, y la demanda social en sanidad no es que
disminuya, sino que más bien se incrementa. Usted hacía referencia esta
mañana a las nuevas enfermedades, al nuevo tratamiento contra el sida
aprobado recientemente, que puede representar 25.000 o 30.000 millones
más al año de gasto sólo por esa enfermedad. Eso es así y eso se
compadece mal con un esfuerzo presupuestario que tenemos que hacer de
decir que teóricamente queremos que el gasto crezca sólo al 6 por ciento.

Eso es lo que queremos, pero después el gasto se comporta como lo hace,
porque no decimos el mes de octubre: se ha acabado el presupuesto de
farmacia y el que vaya a comprar medicamentos se encontrará con que ya no
hay presupuesto. No, el presupuesto hay que seguirlo pagando y hay unas
comunidades autónomas que tienen transferida la sanidad y que deben
pagarla. Por eso decía que no debemos cometer, ni ustedes ni nosotros, el
error de aprobar unos presupuestos insuficientes. Obviamente este no es
un problema de su Gobierno, señor Aznar; es un problema que todos los
gobiernos se han tenido que plantear, como nos lo hemos tenido que
plantear todos, porque la demanda de gasto sanitario siempre es
creciente. Hay que saber hacer frente a esa situación compaginándola con
las necesidades presupuestarias. El gasto sanitario no admite un recorte
más que legislando en todo caso y cambiando las prestaciones. Creemos que
no tenemos por qué hacerlo, creemos que, precisamente por la seriedad y
el rigor con que se está desarrollando el presupuesto en otros capítulos,
la sanidad puede recibir los recursos que necesita de los Presupuestos
Generales y de su propia eficiencia, mejorándola, para hacer frente a la
demanda social en este capítulo. Estamos convencidos de que lo podemos
conseguir y por eso pedimos la finalización de los trabajos de esa
subcomisión y la introducción de sus conclusiones en los Presupuestos
Generales.

Política económica. Estamos plenamente de acuerdo con esa política
económica en favor de lo que nosotros



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llamamos la economía productiva, a la que usted ha hecho referencia
también. Quizá por esa estructura particular que Cataluña tiene de
pequeña y mediana empresa hace muchos años que estamos defendiendo esta
tesis, desde siempre prácticamente, es lógico. Yo he hecho referencia a
que lo estamos defendiendo aquí desde 1994 y no es verdad, lo estamos
defendiendo desde mucho antes; entonces nos empezaron a hacer caso, pero
lo estamos defendiendo desde muchísimo antes, desde siempre
prácticamente, porque creemos, como he dicho antes, que no hay otra cosa,
y usted en el debate anterior con el señor Anguita lo comentaba. ¿Por qué
queremos bajar los tipos de interés? ¿Es una manía que tenemos nosotros,
por ejemplo, a la pobre gente mayor, que en muchos casos ha ahorrado
dinero para complementar su pensión, que les daba unos rendimientos del 8
o del 10 por ciento y por el que hoy están percibiendo unos rendimientos
menores? Tienen otras compensaciones, evidentemente, pero, sobre todo, el
que tiene la compensación es el conjunto del país, porque sólo si bajan
los tipos de interés la gente encuentra incentivo en invertir en empresas
productivas y en crear puestos de trabajo. No se puede crear ocupación
con intereses al 12 o al 14 por ciento. Es lo que nos pasaba cuando los
intereses estaban en esas cifras. Por eso no es casual que haya ordenado
así mi intervención. Nuestro objetivo es la creación de empleo, y de él
sale una política económica determinada, y de esa política económica
determinada sale la convergencia europea, porque la prioridad del empleo
sólo se consigue con el rigor presupuestario, y con él se consigue además
entrar en Europa, que es, como usted muy bien dice, un antiguo objetivo
de siempre del catalanismo político.

Ha hecho una referencia en los presupuestos de 1997 a los gastos
corrientes. Insisto en ello porque nosotros tuvimos un cierto desengaño
--no se lo oculto-- con lo que ocurrió con los 700.000 millones de la
liquidación del Presupuesto de 1995, porque nosotros apoyamos aquellos
presupuestos y creíamos que el recorte se estaba produciendo. Y como tuve
ocasión de discutir con el Vicepresidente y Ministro de Economía los
gastos corrientes no dejan de producirse porque no haya partida para
pagarlos; lo que deja de hacerse cuando no hay partida es de pagarlos,
pero no de producirse. Por tanto, desde hace tiempo le venimos
solicitando que tomen esas medidas, que ya he dicho que se tomaron
finalmente este último viernes, porque son muy tozudos a dejarse
disminuir, como las llamadas telefónicas, el apagar la luz. ¿Se deja de
gastar luz si se apaga la luz? Se deja de pagar el alquiler no porque no
haya partida, sino porque deje de alquilarse el local. Todo este tipo de
cosas que tienen una reacción difícil es lo que, insisto, hacía tiempo
veníamos solicitando del Ministro de Economía. La verdad es que
--corríjame si me equivoco, me daría una buena noticia-- tengo entendido
que el déficit va bien, pero sobre todo que el déficit va bien porque los
ingresos van mejor que lo presupuestado, no porque los gastos los estemos
controlando, como de hecho teníamos calculado en lo presupuestos
generales.

Señor Presidente, que quede clarísimo, me consideraría un auténtico
fracasado, en nombre de mi grupo parlamentario, si no fuéramos capaces de
pactar unos presupuestos para 1998. Estoy absolutamente convencido de que
este país tendrá unos presupuestos para 1998, unos presupuestos que nos
llevarán a Maastricht y que cumplirán con los parámetros de estabilidad.

Sería un enorme fracaso para nosotros ya que estaba, como decía antes, en
el objetivo mismo del pacto para dar estabilidad a esta legislatura y
pasa obviamente por los presupuestos de 1998. No me cabe ninguna duda de
que seremos capaces de dar al país, conjuntamente con otros grupos de
esta Cámara, ese documento presupuestario que nos lleve a Europa
definitivamente.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, con brevedad voy a agotar un capítulo de acuerdos. Comparto
plenamente la opinión del señor Molins cuando dice que sin duda
estaríamos peor desde el punto de vista de la estabilidad, de la
evolución económica, del bienestar en líneas generales, si no hubiésemos
sido capaces de firmar nuestros acuerdos. Es verdad, y no hay por qué
poner ningún reparo en reconocerlo. Los acuerdos, los compromisos
significan responsabilidades, significan obligaciones y significan
riesgos. Pueden resultar, pueden no resultar. Yo tengo que decir
honradamente que éste, los hechos demuestran que está resultando. Por
tanto, es verdad esa afirmación de S. S. diciendo que estaríamos peor. Lo
que hace falta ahora es consolidarlos, desarrollarlos y seguir extrayendo
de los mismos todas las potencialidades que esos acuerdos encierran en sí
mismos y que se están demostrando positivos para el conjunto del país.

Ha planteado S. S. algunas cuestiones de naturaleza presupuestaria, en
torno al control de los gastos, que me gustaría comentar brevemente.

Hemos hecho algo que es importante con su colaboración y apoyo, además de
hacer que los presupuestos crezcan por debajo del PIB nominal y hacer
unos presupuestos austeros, que es cumplir los presupuestos. Esto es más
importante de lo que parece, porque el cumplimiento de los presupuestos
es un factor básico de la credibilidad y eso no ocurría. Pero como no
queremos que vuelvan a ocurrir situaciones que puedan dar señal de
inestabilidad presupuestaria es por lo que apoyamos con su apoyo la ley
de disciplina presupuestaria. Y por si quedase alguna duda, el Gobierno
trabaja y espera también poder llegar a conclusiones positivas respecto a
lo



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que debe ser una futura ley general presupuestaria. Si a eso se añaden
las medidas concretas de control, de disciplina, realmente no existe otro
momento reciente en el que se haya puesto sobre las posibles
disponibilidades presupuestarias un control tan exhaustivo como en este
momento. Su señoría dice: y además alguna política de disuasión, porque
hay que ver cómo se resisten algunos. Señor Molins, pídame muchas cosas,
pero no me pida que el Ministro de Economía dé por oficio facilidades. El
Ministro de Economía no tiene que dar facilidades por oficio, sino que
tiene que mantener una posición en que al final las cuentas cuadren.

Acuérdese S. S. que cuando empezamos esta andadura se nos decía: Sus
cuentas no van a cuadrar nunca, es imposible. Mire lo poco que se ha
tardado en ver que las cuentas cuadran, y lo importante que es eso para
la confianza de la economía, para su crecimiento y para la marcha del
país.

Me pregunta S. S. por el control del déficit y la evolución de los
ingresos, y le tengo que decir que van las dos bien, el control del
déficit y la evolución de los ingresos. La evolución de los ingresos
marcha bien, la economía crece, hay más empleo, aunque evidentemente ha
habido esfuerzo que no se producen en los momentos en que se puedan
producir en otras épocas; y el control del déficit, como decía esta
mañana, está sólidamente garantizado desde el punto de vista del
presupuesto del Estado y desde el punto de vista de la evolución de los
datos del presupuesto de la Seguridad Social disponibles hasta este
momento.

Comparto plenamente lo que es el desarrollo de la Lofage y la puesta en
marcha de lo que será el diseño, llamémosle la culminación de lo que es
la lógica constitucional y su dimensión estatutaria respecto a lo que
tiene que ser la Administración del Estado en el territorio de una
comunidad autónoma, en este caso en Cataluña, y las nuevas
responsabilidades de los delegados del Gobierno que están puestas en
marcha, la integración de servicios en el marco de la Delegación del
Gobierno, etcétera.

He dicho antes, pero quiero reiterarlo, que comparto la preocupación en
relación con la sanidad, pero evidentemente habría que hacer varias
matizaciones. Primero, sé bien que no es suficiente el incremento
presupuestario. Simplemente lo resalto para que se sepa que aunque no es
suficiente se ha hecho un esfuerzo. Segundo, sé bien que es necesario dar
una solución a la financiación de la sanidad, un principio de solución
estable en los presupuestos para 1998. Sé bien que quien tenga la
responsabilidad, tanto si es una comunidad autónoma, en este caso la
Generalitat, como si es el propio Insalud, tiene que hacer un esfuerzo de
control de gasto en la sanidad. No quiero decir de no atención al gasto
sanitario, sino de control de la evolución del gasto sanitario, que yo
también he dicho esta mañana que desde el punto de vista, por ejemplo, de
la evolución del gasto farmacéutico se ha podido reducir del 12 por
ciento al 5 por ciento, y naturalmente incentivar lo que pueden ser modos
de gestión más activos, más competitivos, más de calidad y más al
servicio de los ciudadanos. En consecuencia, estoy convencido de que
llegaremos a una solución positiva de algo que por formar parte del pacto
de solidaridad me parece absolutamente básico.

Ha dicho, señor Molins, que desde el punto de vista europeo nuestras
obligaciones eran fundamentalmente, para entendernos, cumplir nuestros
deberes. Eso es así, y además es bastante frecuente en los diálogos
políticos europeos. Cada uno tiene que cumplir correctamente sus deberes
(la pregunta nuestra es si los estamos cumpliendo o no), pero tanto más
un país como España que se ha ofrecido en términos europeos, y en el
proceso del cual participamos nosotros, a hacer un esfuerzo, a tener un
plus de credibilidad que otros países grandes con los cuales queremos
estar. Dicho en sentido contrario, hay otros países que se pueden
permitir hacer cosas que España no se puede permitir sin poner en peligro
esos objetivos. Por tanto, a lo mejor para algún país estar una décima
más allá no es relevante, para nosotros, sí. Eso quiere decir que la
obligación del 3 tiene que ser el 3, porque nos complicamos mucho como
sea el 3,1.

Antes he escuchado algo --no lo ha dicho S. S.-- de contabilidad
creativa. Tengo que decir a la Cámara que la creatividad de los contables
que yo conozco es bastante limitada, afortunadamente. Hablo desde el
punto de vista presupuestario; no entro en otros capítulos en los cuales
la creatividad es tan libre como el pensamiento. Podría presentar
contables europeos de una creatividad acreditada extraordinaria, y que
además la mejoran todos los días. A lo mejor para esos países eso es
posible, para nosotros, no. Tenemos que ser más rigurosos en el control
de nuestras posibilidades.

Por último, estoy convencido de que llegaremos a una conclusión positiva
en los presupuestos de 1998 y que ellos nos llevarán a participar, desde
el primer momento, en la moneda única. Señorías, con su apoyo y con su
colaboración habrá presupuestos y, lo que es más importante, espero que
sean para la sociedad española unos buenos presupuestos. En todo caso,
señor Molins, gracias por su apoyo y por su colaboración. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del Gobierno.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra su portavoz, don Iñaki
Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, la noche es joven, y a
pesar del entusiasmo de la Cámara tenemos que seguir con este debate como
se pautó en la propia Junta de Portavoces.

Antes de nada habría que preguntarse qué es lo que le interesa de verdad
a la sociedad. Nosotros creemos



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que el paro, la educación, una sanidad eficaz, una justicia rápida y
profesional, la profunda renovación de la vida pública, la política
puesta al servicio del hombre, el desempleo juvenil, ese reto en el
horizonte al que llaman euro, la modernización de la economía y algo que
creemos fundamental porque el verdadero progreso de una sociedad es el
que se da en sus relaciones humanas. Quizás el descontento que manifiesta
la ciudadanía no sería propiamente con la política, sino con la forma en
que los partidos políticos la planteamos. Las inquietudes de la gente y
los temas del día son unos, en tanto los políticos parecería hablamos de
otras cuestiones. Por eso hay que decir que no pasa más que lo que ocurre
en cualquier sociedad democrática que tiene intereses y los pone en
juego. Es decir, no pasa nada inquietante. Mucho menos están en peligro
las libertades. Somos sensibles a la libertad, porque hemos padecido una
persecución preferente en nuestra historia, y no creemos se esté
restringiendo. Si fuera de otra manera, quien lo tratara de hacer nos
tendría en contra beligerantemente, y no somos sospechosos de connivencia
con el abuso.

Dicho esto, en este corto espacio de tiempo y teniendo que elegir los
elementos de análisis hablemos de cuestiones concretas. En primer lugar,
señor Presidente, qué es lo que ha ocurrido en un año y si en este lapso
de tiempo su Gobierno ha cumplido el acuerdo de investidura que
suscribimos con usted en la sede de su partido y que tuvimos especial
interés fuera público por primera vez. Además tenemos que decirlo
públicamente: era la primera vez que suscribíamos un acuerdo de forma
pública y sobre todo, lógicamente, casi con tiempo de caducidad.

El primer acuerdo cumplido hace referencia a la actualización del
concierto económico y la aprobación de una ley quinquenal de cupo para el
período 1997-2001. Hay que recordar que estas iniciativas, hubiera
acuerdo de investidura o no, se tenían que haber acordado automáticamente
porque correspondía hacerlo por ley en el primer trimestre de este año.

La coincidencia con la aprobación de la financiación general ha hecho que
se desaten toda clase de argumentaciones, algunas muy malévolas, aunque
sea preciso recordar que la singularidad del concierto está contemplada
en la propia Constitución. La negociación se ha hecho como en otras
oportunidades, cuando gobernaba el Partido Socialista, sin criterio
egoísta o exclusivista, sino como consecuencia no tanto de un derecho
histórico, sino como un resto histórico que ya tiene 120 años. En el
último cuarto del pasado siglo, hasta la abolición foral ocurrida en
1876, se conocía a estos territorios con el nombre de provincias exentas;
es decir, que estaban libres de la contribución militar y de impuestos.

Conviene recordar estas cosas por que nunca la Administración central ha
cobrado impuesto alguno en el País Vasco, salvo en la época de la
dictadura, cuando a Vizcaya y a Guipúzcoa se les consideraron provincias
traidoras, repuesto este atropello en 1979 por el Gobierno de Adolfo
Suárez. El pacto consistía fundamentalmente en adaptar la figura del
concierto a la nueva fiscalidad europea y a la desaparición de los
monopolios. La nueva ley se ha llevado a cabo bajo los principios de la
mutua lealtad institucional y del respeto a la neutralidad financiera. En
segundo lugar, hay que recordar que la figura del concierto económico es
una operación a riesgo total, como en una familia. Si recaudamos mejor,
tendremos más recursos y si lo hacemos peor, tendremos menos y el sistema
funcionará si se recauda más de lo que se gasta. Una verdadera
corresponsabilidad fiscal que nos obliga a una administración muy
profesional, muy cerca del ciudadano, muy rápida y alejada de iniciativas
pintorescas o suicidas. Nuestra responsabilidad entre los ciudadanos es
desarrollar una gestión eficaz y proceder a controlar nuestras cuentas
públicas, siendo rigurosos en la contención del déficit y del
endeudamiento. En tercer lugar, hay que señalar que es un error grave de
concepto considerar que el concierto es un factor de ventaja fiscal.

Dicho esto es preciso enfatizar que Euskadi no es un paraíso fiscal y,
como se ha publicado recientemente, la presión global efectiva vasca es
superior a la media española. No creo que haga falta añadir más, sólo
agradecer que usted haya cumplido tal acuerdo, a pesar del desgaste que
le haya podido suponer y la dedicación del Vicepresidente Rato y el
Secretario Costa para alumbrar este compromiso difícil.

El segundo aspecto relacionado con el acuerdo de investidura fue el
relativo a la formación continua, que ha sido también resuelto. Es
preciso destacar la importancia de la formación continua en una sociedad
tan cambiante. La formación continua en las empresas es un elemento
clave, ya que a medio plazo incide directamente en la marcha de la
economía y en la creación de un empleo de calidad.

Finalmente, el tercer punto del acuerdo fue el relativo al patrimonio
incautado a los partidos políticos con motivo de la guerra civil. Sabemos
que se trabaja en ello y que en breve tiempo se presentará a la Cámara
como proyecto de ley.

Cumplidos los tres puntos del acuerdo de investidura en un año, hemos de
decir que la frenética actividad parlamentaria nos ha obligado a tomar
continuamente posiciones en todos los asuntos que en una semana llenan
los órdenes del día de esta Cámara y que no estaban pactados, porque
aquél no fue un acuerdo de Gobierno ni tampoco de legislatura, sino tan
sólo de investidura, con todo lo que de inédito tiene el compromiso. Con
dosis de buena voluntad, paciencia, improvisación, sentido común y a
veces incomodidad por parte de ustedes y también por parte nuestra se ha
ido haciendo política cada semana, pero se requiere por parte del
Gobierno Popular un reforzamiento de su coordinación para evitar que se
conozcan algunas de las iniciativas por los medios de comunicación o se
pida



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el voto de nuestro grupo en el último minuto. Un año creemos que da
perspectiva suficiente para mejorar y esta tarea, señor Presidente, se ha
de tomar muy en serio, porque pactar no es asumir sin más, sin despejar
previamente las incógnitas.

Señor Presidente, usted recordará que en el acuerdo de investidura se
hablaba de una segunda fase bajo el epígrafe de planteamiento de futuro.

Permítame que recuerde aquel compromiso. Decía así: Una vez establecidos
los compromisos políticos que supone el voto afirmativo a la investidura,
ambas formaciones políticas se comprometen además a proseguir las
negociaciones emprendidas con objeto de consolidar, en la medida de lo
posible, acuerdos específicos en materia de desarrollo estatutario que
doten a la política gubernamental de unos principios de estabilidad desde
el ámbito parlamentario. Eso decía el acuerdo de investidura. El
desarrollo estatutario como cumplimiento de una ley orgánica refrendada
para nosotros es una cuestión muy importante. A pesar de recordarlo,
hemos sido partidarios de no frustrar a la población con lo que falta por
cumplir de ese estatuto, nada menos que 19 años después, que ya es decir,
porque queremos generar ilusión con un estatuto que responde a las
necesidades de la sociedad. Es decir, si nuestra sociedad está viendo que
con la capacidad de autogobierno estamos generando bienestar y no
cometiendo errores, y estamos incrementando el grado de satisfacción que
los ciudadanos tienen en relación con sus instituciones y cómo éstas
resuelven problemas, ese es el mejor activo para tratar de solicitar
pasar a esa segunda fase de cumplimiento íntegro del estatuto.

Es evidente que una materia a la que todavía no se le ha hincado el
diente y que es un instrumento imprescindible es la transferencia del
Inem, en concreto aquellas referidas al empleo y a la formación. Para
poder hacer un debate integral sobre estas materias, para poder acercar
el esquema por el que se va a prestar la formación y los planes de empleo
ajustados a aquella sociedad se impone lógicamente la negociación. Lo
mismo ocurre con la Seguridad Social. En cuanto a la reforma del mercado
de trabajo, es preciso destacar que se ha enviado un mensaje positivo a
la sociedad al elegir la negociación a la confrontación extenuante.

Sindicatos y patronal han sabido llegar a compromisos y esta sociedad
necesita acuerdos. El éxito de la reforma acordada entre organizaciones
empresariales y sindicatos se juzgará en función de que se produzca esta
reducción de la temporalidad, derivada de este nuevo tipo de contrato
indefinido, sin olvidar en todo caso que lo que puede garantizar que un
empleo sea estable no es el modelo de contrato sino una situación de
competitividad en las empresas. Sin embargo, señor Presidente, y
valorando el acuerdo apoyado e instado por el Gobierno, nosotros tenemos
una preocupación con el mismo. Se refiere al acuerdo sobre negociación
colectiva. Persigue la intención manifiesta de potenciar la negociación
colectiva sectorial de carácter estatal a otros ámbitos e interlocutores,
vaciando de contenido materias de negociación en otros lugares y, en
última instancia, dejando sin efecto, allí donde tengan mayoría
suficiente, lo dispuesto en el artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores. Con ello se estaría ignorando la realidad sindical y
organizativa de otras colectividades territoriales, intentando aplicar un
esquema negociador que por centralista perjudicará los procesos de
concertación y equilibrio en otros espacios. De todas maneras, señor
Presidente, si el desempleo es nuestro principal gran problema, le
pedimos que haga del combate al mismo el eje central de sus políticas.

Otro aspecto en el que se ha trabajado de manera adecuada es en la
iniciativa de la ponencia sobre la profesionalización de las Fuerzas
Armadas. La calidad de los intervinientes y el análisis que se está
produciendo contrasta con la iniciativa del año l99l, en la que no se
admitía la profesionalización y el mismo Ejército era renuente y hasta
obstruía tal iniciativa. Sin embargo, todo el análisis, a pesar de las
aportaciones de los invitados extranjeros, queda en el Ejército español
actual, cuando ya hoy en día no se puede hablar de ejércitos estatales en
Europa. A nuestro juicio, todo esto hay que insertarlo en un diseño
europeo porque ya no valen planteamientos autárquicos, y es así como
hemos de reflexionar sobre el tamaño de los ejércitos. Mientras Europa
cuenta con contingentes de 6 millones de personas en armas, herencia de
la guerra fría, hay que preguntarse si ésa tiene que ser la dimensión de
un ejército para abordar los conflictos que se van desarrollando, como en
Albania o en Bosnia. La respuesta es negativa. La seguridad del
continente europeo la vamos a obtener con un mayor esfuerzo y empeño
político, diplomático y en el terreno de la cooperación, en el
acercamiento cultural, en una política de prevención que sea realmente
efectiva, con medios técnicos y humanos y recursos económicos
suficientes, y no mediante los viejos ejércitos estatales de masas que
según los expertos nos están costando la cifra de 160.000 millones de
dólares anuales. Pero mientras se llega a la profesionalización, que
debería adelantar su fecha, hay que actuar e impulsar todas las medidas
necesarias para evitar las situaciones de encarcelamiento o de
inhabilitación sufridas por los insumisos y por las autoridades
municipales que han decidido apoyarles. Eso hay que hacerlo de manera
urgente. Sería un error trabajar en la profesionalización, que está a
punto de llegar, y olvidarse del período transitorio. Los comportamientos
de los objetores y su negativa a realizar el servicio militar carecen de
reproche social y por ello es absurdo imponer sanciones. No tiene ningún
sentido que una serie de conductas que dentro de cinco años no serán
sancionadas actualmente sean consideradas delitos.

La defensa, señor Presidente, hoy en día, en una sociedad globalizada, es
conseguir un mundo que respete



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los derechos humanos y a los seres humanos, que deben ser los
destinatarios de cualquier esfuerzo político. Tras veinte años de
iniciarse y consolidarse el proceso democrático, un terrorismo que se
dice de intencionalidad política persiste en nuestro país. Ayer mismo
atentó contra un ser humano. Tal persistencia provoca por sí sola honda
preocupación en la ciudadanía, que se pregunta por nuestra capacidad para
hacer frente al fenómeno y buscarle la solución más adecuada. De otro
lado, en el ámbito concreto de la sociedad, al terrorismo se le han
sumado en los últimos tiempos nuevas manifestaciones de sabotaje y
violencia callejera. Existe también una convicción generalizada, incluso
entre las policías, de que este tipo de organizaciones radicales, que
hacen uso de la violencia para conseguir fines políticos y están
respaldadas por un cierto nivel de apoyo social constituyen fenómenos que
no pueden ser solucionados por vía exclusivamente policial, aunque
también por vía policial; es decir, que terminan en algún tipo de mesa de
diálogo y negociación. Por esta razón, señor Presidente, nos rebelamos
ante la posibilidad de ser el último resquicio del mundo occidental en el
que subsiste una violencia irracional, asesina, utilizada con finalidad
política, sin que pueda encontrarse una vía que permita encauzar la
solución a este conflicto que nos ahoga y nos somete a un presente
desolador de odio y de enfrentamiento.

Reconocemos, lógicamente, los efectos positivos de todos los pactos y del
Pacto de Ajuria Enea, cuya virtud principal ha sido la concienciación de
la sociedad ante el sinsentido de la violencia, aunque dicho pacto ha
sido con frecuencia tratado de manera reduccionista y, en vez de haber
sido desarrollado como una auténtica oferta de normalización y
pacificación, ha sido utilizado por algunos para configurar un mero
frente antiterrorista, desconociendo lo que supuso aquel diagnóstico
normalizador. En ese pacto aparece el planteamiento del final dialogado
de la violencia. Hemos de reconocer, por tanto, que en este terreno no
hemos avanzado al ritmo que nos demanda la sociedad; una sociedad harta
de violencia y terror, porque ésta, además de actitudes firmes de
rechazo, nos exige también propuestas de solución. Y en este sentido,
aunque no es responsabilidad nuestra el hecho de que una minoría
fanatizada se haya enquistado en torno a una organización terrorista, sí
asumimos como propia la responsabilidad de hacer todo lo que esté en
nuestras manos para alcanzar una sociedad plenamente integrada y sobre
todo plenamente reconciliada. En este ámbito consideramos fundamental una
valiente actitud del Gobierno aceptando no sólo el planteamiento de
movimientos ciudadanos, sino de la Comisión de Derechos Humanos del
Parlamento Vasco, en orden al acercamiento de los presos. Esta petición
no tiene nada que ver con el chantaje de un secuestro, habida cuenta que
es anterior a este hecho de violencia y tortura diaria, sino que atiende
a la necesidad legal de no penalizar a las familias de los presos y
cumplir la legalidad. A nuestro juicio, el no hacer nada es el peor de
los remedios porque la ley castiga al delincuente, pero no va más allá
porque la sociedad establece que hay que trabajar para recuperar a estas
personas no con criterios de venganza, sino de justicia, y para ello ha
de estar lo más cerca posible de su ámbito normal de vida. De ahí que le
pidamos que se vaya paulatinamente desbloqueando esta situación que causa
tanta zozobra, sin desconocer que los máximos responsables de lo que está
ocurriendo son los que siguen practicando la violencia o apoyándola. Pero
si de verdad se busca ir dando salida al problema de la violencia, un
objetivo prioritario es el evitar todo aquello que pueda contribuir a
alimentarlo o a su prolongación. Usted sabe, señor Presidente, que en
esta cuestión no estamos de acuerdo y por tanto no se pactó en la
investidura. Nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar con su Gobierno
porque no se puede plantear este asunto como un pulso entre la democracia
y ETA, cuando es la propia ETA la que no desea ni reinserción ni
acercamiento ni nada, sino tenerlos a todos como rehenes controlados y
constituyendo el mayor motor electoral para la propia organización.

Señor Presidente, en las propuestas de resolución haremos hincapié en
otros asuntos que nos preocupan y que en este espacio de tiempo solamente
voy a esbozar. Monnet decía que Europa la hará la moneda. Aparentemente
llegamos al euro. Su política es la adecuada. La semana pasada analizamos
la Conferencia Intergubernamental en esta Cámara, casi sin ambición ni
aliento.

En cuanto a la moneda creemos que toda empresa ha de interiorizar el
proceso, tiene que conocer su impacto en su hoy y sobre todo en su
escenario futuro en un nuevo espacio económico, político, social y
también administrativo determinado por la moneda única. De ahí que haya
que hacer un esfuerzo adicional con relación a este mundo empresarial y
no sólo en las entidades financieras.

Otro asunto, señor Presidente, es el desequilibrio de desarrollo
existente. El llamado eje atlántico desbalancea peligrosamente la cornisa
cantábrica y Castilla y León. Sabemos que en el año 1996 se agudizó su
declive y cuando faltan sólo tres años para entrar en el siglo XXI buena
parte de la red ferroviaria hacia el norte conserva el trazado que tenía
en el siglo XIX. A desequilibrios como el que se da y hacen del eje
atlántico el eje olvidado de la apuesta gubernamental, de alguna manera
tenemos que dar solución.

Otro asunto es la justicia y el verdadero compromiso de la justicia es
fundamentalmente con la verdad. Asimismo, la extraordinaria relevancia
que ha adquirido el Poder Judicial en los últimos tiempos como fuerza
social con influencia en la dirección y el ritmo del país y de los
asuntos públicos, nos lleva a solicitar una reflexión sobre la
configuración de este poder en el sentido



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de reforzar su independencia real, que ya la tiene, pero destacando
nuestro respeto por su poder imprescindible al que a veces se ataca de
manera despiadada. Estamos de acuerdo con la resolución del Gobierno y
con su comentario sobre la política de designación de fiscales.

Nos preocupa, asimismo, la necesidad de intensificar para prevenir y
eliminar las causas de marginación social y de desigualdad que afectan a
las personas con minusvalías, así como promover su integración social
para favorecer su pleno y libre desarrollo dentro de la sociedad. La
solidaridad como valor inspirador de las relaciones entre las personas y
los grupos sociales adquiere todo su significado en la intervención que
se ofrezca para normalizar e integrar la vida de los ciudadanos más
desprotegidos.

Constatamos, asimismo, que el equilibrio entre el desarrollo económico y
la justicia social es lo único que estabiliza la democracia en cualquier
parte del mundo, de ahí que no podemos permitirnos el lujo de ser
gerentes de una sociedad injusta. Sabemos también que en la genética, en
las comunicaciones y en la automatización el progreso ha sido tan
extraordinario que ha pulverizado las fronteras que mantenían separadas
de manera rígida las economías de los diferentes países. Desarrollarse es
modernizarse y modernizarse es integrar la economía de una sociedad en la
trama del mundo, de ahí que apoyemos su política europea que consideramos
correcta, haciendo asimismo especial mención en el espacio social
europeo.

Demasiados trabajadores están perdiendo su trabajo y carecen de
entrenamiento y experiencia para acceder a las nuevas oportunidades que
se crean. Hay que concentrarse en la cualificación laboral. El
conocimiento va a ser un elemento diferenciado de las empresas y ese
conocimiento se basa en la formación y en la investigación, de ahí la
importancia de que en nuestras universidades y escuelas de formación
profesional se formen personas capaces de saber y de hacer cosas, pero
también con un sentido solidario.

Queda mucho por hacer y para ello hace falta un mínimo de sosiego y una
acción política que huya del primitivismo del insulto y la
descalificación total. Los consensos son tanto más difíciles si
previamente se ha satanizado al adversario y después se ha transformado
la divergencia política en enemistad personal. No hay consenso con el
enemigo total y vamos a llegar a esto en el ambiente por mero cálculo de
partido y no me refiero al Gobierno.

Nosotros valoramos las primeras acciones de su Gobierno, a pesar de
algunos errores, porque eran valientes y estaban hechas desde la
política, no desde el alto funcionariado que comienza a rodearles y a
redactar informes técnicos diciéndoles que no se puede hacer casi nada, y
todo hecho, también señor Presidente, con austeridad y sensibilidad
contra la corrupción, contra la cual poco valen las leyes y los controles
meramente administrativos, porque la condición fundamental para que esas
leyes se cumplan y para que esos controles tengan éxito es la reciedumbre
moral de los ciudadanos que no están dispuestos a pasar una. En estos
años se ha demostrado que entre los políticos, entre los uniformes y aun
entre las togas, ha fracasado en buena medida la jerarquía de valores y
tanto de la moral cristiana como la moral socialista sólo queda una base
para asegurar una vida pública cabalmente ética: los controles; los
controles parlamentarios. En una democracia los controles son
fundamentales.

Termino, señor Presidente. En este año el Gobierno, como toda obra
humana, ha cometido errores, pero también ha logrado aciertos notables.

El Gobierno lleva un año en su ejercicio y confiamos que en los tres que
faltan para culminar la legislatura las disfunciones vayan corrigiéndose,
porque se han hecho cosas importantes; en nuestro caso se ha cumplido el
acuerdo de investidura, y lo decimos de manera pública porque interesa
reconocerlo de esta forma. Ese acuerdo ha dado valor a lo escrito y esto
es algo nuevo y apreciable que nosotros destacamos.

El país en general quiere estabilidad, buenas noticias, que se les
resuelvan los problemas y que los políticos no trasladen, o no
traslademos nuestras peleas de patio a una ciudadanía a la que hay que
volver a ilusionar, veinte años después, en el normal funcionamiento de
la democracia. Estamos en un punto que tenemos que rescatar la
credibilidad del liderazgo político, porque una de las cuestiones más
graves que está viviendo esta novel democracia es el deterioro de la
credibilidad en los dirigentes políticos, cuestión que se traduce en una
actitud creciente de desconfianza hacia los partidos que son la base
fundamental del sistema.

Queremos afirmar que reivindicar la política tiene mucho que ver con la
coherencia entre el discurso y la manera de actuar, porque la estabilidad
y la gobernabilidad indispensables precisan la asunción de la posición
relativa de cada grupo parlamentario en esta Cámara, y nosotros lo
asumimos; posición relativa que refleja, tal cual, en lo cuantitativo, en
lo cualitativo, y en su dimensión territorial, la voluntad de los
ciudadanos que representamos, nuestro programa electoral, y que
constituye, en su conjunto, la representación de un país plural en el que
se habla tanto, se inflan tanto las cosas que se confunde muchas veces a
la ciudadanía. De ahí que confiemos en que se vaya imponiendo la cultura
de la convivencia sin tanta palabrería y sin tanto fuego artificial.

Señor Presidente, no participamos de ninguna visión catastrofista de las
cosas, creemos que a pesar de los problemas enquistados hace mucho
tiempo, algunos de ellos comienzan a resolverse y encontramos buen ánimo
para hacerlo. En nuestro caso, a pesar de la demagogia que se ha hecho
con los acuerdos con partidos nacionalistas, que sólo pedían --y lo
proclamamos-- el cumplimiento de la ley, reconocemos que



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usted ha tenido el coraje de abordarlos, superando cierto lerrouxismo de
quienes prefieren enconar las situaciones e insultar y descalificar a los
partidos nacionalistas con la argumentación, poco menos, de que se está
vendiendo España.

Señor Presidente, no se equivocará usted si abre un poco más la puerta, y
no se preocupe por las encuestas, gobierne con pluralidad, combata los
monopolios, admita errores, quítele énfasis a la palabra gradual y déselo
a la palabra cambio, actúe con sinceridad, no se encierre, no se asuste
con las pirotecnias verbales y el año que viene creemos será mejor que el
actual. Nosotros, por nuestra parte, trabajaremos en esta línea y estamos
dispuestos a colaborar, sobre todo, en la estabilidad política.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anasagasti. Señor Presidente
del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, quiero agradecer la intervención del señor Anasagasti, en
nombre del Partido Nacionalista Vasco, y el apoyo que ha brindado a la
acción de Gobierno a lo largo de todo este año, durante toda la
legislatura, y naturalmente compartir con él una buena parte de los
objetivos, de las esperanzas que ha situado como uno de los elementos que
pueden servirnos también como trabajo y punto de encuentro en el futuro.

Desde el comienzo de este debate ya por la mañana, he procurado y
procuré poner las cosas en un punto en el que me alegro coincidir desde
el comienzo con la exposición del señor Anasagasti. Yo creo que eran dos
puntos claves los que había que afrontar en este debate: en primer lugar,
concentrarnos en los problemas reales del país, en aquellas cosas que
realmente importan, afectan a los ciudadanos y los ciudadanos sienten que
deben ser debatidas por quienes han elegido representantes de su
voluntad. La segunda es concentrarnos en la gestión del Gobierno, es
decir, que se hiciese la evaluación como corresponde hacer a esta Cámara
en el debate del Estado de la Nación, de si la situación es considerada
positiva o negativamente en función del tiempo transcurrido de la
legislatura.

Sin duda un elemento de satisfacción es que el tono general que se ha
intentado poner al servicio de la Cámara y del propio debate desde el
comienzo del mismo, hemos procurado y hemos sabido mantenerlo.

Naturalmente no nos han distraído de nuestros debates anécdotas, chismes
o trifulcas menores, sino que nos hemos ocupado realmente de aquello que
los ciudadanos sientan y piensen como algo que afecta a sus posiciones, a
sus intereses y a su futuro.

Señor Anasagasti, he tenido presentes sus palabras de invitación a
algunas cosas en el debate de investidura. Usted sabe, y lo hemos hablado
en alguna ocasión, que dije hace tiempo que incluso en el supuesto de que
los ciudadanos nos hubiesen otorgado mayoría suficiente, yo hubiese
tendido la mano a la colaboración con partidos nacionalistas moderados;
lo dije. Evidentemente, se podrá decir que no puedo probarlo, es verdad,
no puedo probarlo desde el punto de vista de que no tengo la mayoría en
la Cámara. Quiero decirle que sin en esa referencia habrá gente que no
entienda cómo es posible haber llegado a unos acuerdos con su partido o
con otros partidos en ese punto. Naturalmente, no sé si hubiese sido
posible en otras circunstancias. A lo mejor razones estratégicas, razones
de coyuntura política hubiesen hecho ver las cosas de otra manera; pero a
mí me importa resaltar respecto a ese impulso que para mí el factor
electoral es un factor coyuntural y temporal que no afecta a la
determinación de intentar mantener un entendimiento profundo, de fondo
con fuerzas políticas que sirva para superar circunstancias distintas,
enfrentamientos o confrontaciones que se han producido históricamente en
el pasado y que creo no tienen ningún sentido en el momento actual. Tal
vez no se hubiera producido la oportunidad de encuentros de este tipo
hace algunos años. Si se ha producido ahora, bienvenidos sean esos
resultados; pero quiero decirle al señor Anasagasti y también al señor
Molins que sea cual sea el transcurso futuro ésa será la actitud de
nuestro grupo y ésa será mi actitud política desde el punto de vista de
la responsabilidad que tenga en cualquier momento en la vida política de
nuestro país.

Recuerdo que en ese debate S. S. me invitaba a algunas cosas. Me decía:
Practique usted una política reformista. Creo que se ha practicado una
política razonablemente reformista y reformadora, que naturalmente ha
sabido distinguir lo que había que afrontar desde una posición más sólida
en cuanto al trabajo hecho anteriormente de aquello que había que sanear
o que había que afrontar prácticamente de nuevo como he dicho antes.

Me dijo: Tenga cuidado con la impaciencia de la gente; la gente es
impaciente. Es verdad que algunas impaciencias son a veces incontenibles,
pero, bueno, creo que razonablemente, y lo decía antes contestando al
señor Molins, lo que es el respaldo social, lo que es una tarea de
Gobierno en el sentido no de aspectos concretos, sino en el sentido de
intentar superar problemas y situaciones, es razonablemente positivo.

Ha mencionado S. S. luego algunas cuestiones en donde yo le podía decir
la impaciencia de alguna gente. No crea que ha sido fácil mantenerse en
nuestra posición para conseguir que empresarios y sindicatos llegasen a
acuerdos sobre empleo. Había impaciencia en cuanto que el Gobierno
actuara, por ejemplo, pero se ha conseguido encauzar la impaciencia en un
sentido positivo, porque, insisto, además del valor en sí mismo de la
reforma, tiene el valor de haberse hecho por diálogo entre los
interlocutores sociales y con el impulso



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y el aliento del Gobierno. Digo eso porque el pacto social era el tercer
elemento al que usted me invitaba, obviamente además del cumplimiento de
los acuerdos.

Dije en mis compromisos electorales que haría todo lo posible por
conseguir un pacto sobre el empleo, que dedicaría todo el esfuerzo
posible, no a un gran pacto social que abarcase todo, porque eso no está
en las circunstancias de los tiempos, del momento ni son las cosas que
hay que hacer ahora, pero sí acuerdos concretos, los que he citado esta
mañana: de empleo, las pensiones, la salud laboral, la resolución de
conflictos extrajudiciales. Esa es la política ahora posible, que es
imposible si no se crea un diálogo suficiente, y es imposible si uno va
--por decirlo de esa manera-- arrollando, en el sentido de decir: o se
hace lo que yo digo o no hay acuerdo. Naturalmente todos los acuerdos son
perfectibles, pero en no mantener posiciones arrolladoras consiste
exactamente el espíritu o el talante del diálogo, del acuerdo o de la
negociación.

Hemos intentado impulsar las sugerencias que S. S. hacía en el debate,
que acabo de comentar y que hemos tenido en cuenta. Sugerencias
enmarcadas en lo que S. S. ha significado como el acuerdo institucional
entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, sin duda un
acuerdo importante. Señor Anasagasti, para qué nos vamos a engañar (sobre
todo a estas horas de la noche; nunca tiene sentido engañarse, pero mucho
menos a estas horas), hace quince o dieciséis meses muy pocas personas
hubiesen apostado porque el Partido Popular y el Partido Nacionalista
Vasco llegasen a ese acuerdo. Probablemente hubiera ocurrido lo mismo con
Convergència i Unió y a lo mejor lo mismo con Coalición Canaria. En su
caso --estoy contestando al Partido Nacionalista Vasco-- prácticamente
imposible. Usted me puede decir, pero ¡hombre! si gobiernan ustedes en el
Ayuntamiento de Bilbao y en otros ayuntamientos. Muy bien, pero en los
términos que se ha planteado, prácticamente imposible. Bueno, pues lo
hemos hecho posible, y lo hemos hecho posible en un marco razonable. ¿Qué
ha habido de extraordinario en eso? Ha habido de extraordinario, si se
quiere, una voluntad política decidida, determinante de colaboración y
cooperación y también la voluntad de superar cosas por parte de todos.

Quiero destacar que también ha habido voluntad de superar cosas y de
acotar terrenos en los cuales --usted mismo ha señalado alguno-- la
discrepancia o la divergencia puede razonablemente plantearse. Esa
voluntad política sólida, consistente, activa y positiva, es muy
importante a la hora de los acuerdos, probablemente lo más importante a
la hora de hacerlos y a la hora de mantenerlos. Tener, no solamente la
visión del momento y de la oportunidad, sino la visión del transcurso,
del desarrollo histórico de lo que puede ser la evolución hacia el futuro
de un país. En ese sentido están algunos elementos básicos de ese
acuerdo, entre los que destaco el concierto económico y el cupo.

No voy a entrar en si el concierto gusta más o gusta menos, que es
distinto, tampoco me quiero remitir al pasado histórico, que reconocido
está, ni tampoco a lo que se debía haber hecho y no se hizo; quiero decir
que eso es algo que está en la Constitución, que está en el Estatuto de
Autonomía del País Vasco, y procede cumplirlo. Lo que hemos hecho es algo
tan extraordinario --si se quiere decir así-- como cumplirlo. Decía antes
que era alguna obviedad decir que se tienen que cumplir los presupuestos,
sí, pero a veces es algo extraordinario y conviene recordarlo. Lo
importante es darles un sentido de normalidad.

El concierto económico y el cupo no son fantasmagóricos, no son cosas
irreales. He dicho antes que eso era un punto de encuentro entre los
ciudadanos vascos --por lo menos así lo interpreto-- y que, desde luego,
el cumplimiento del estatuto y el cumplimiento del concierto son puntos
de encuentro de prestigio y de vitalidad institucional en el País Vasco.

Yo no los cuestiono; al contrario, no entiendo que de alguna manera se
puedan cuestionar, y no voy a decir que no entiendo a aquellos que
quieren violentar el estatuto y el concierto e incluso matan por ello,
eso por descontado, sino que yo llamaría a todos para que vieran lo
importante que es la reflexión sobre el prestigio de una política basada
en el fortalecimiento de los marcos institucionales vigentes. Esto es
importante en el País Vasco y en todas partes, pero especialmente en el
País Vasco, donde a veces se habla de privilegios o de cuestiones sin
tener en cuenta la razón, el origen y la raíz fundamental de estas
cuestiones.

Lo mismo ocurre en cuanto se refiere a la aplicación de la ley; el
prestigio de la ley es muy importante. Por tanto, señorías, quiero decir
que no solamente se trata de un esfuerzo por cumplir sino, además, de una
convicción. Lo hacemos y aportamos el cumplimiento de nuestros acuerdos
desde la convicción tanto en lo que se refiere al concierto como en lo
que se puede referir a cuestiones que S. S. ha planteado relativa a la
devolución del patrimonio. La cuestión de la devolución del patrimonio,
al menos para mí --y creo que para todos--, tiene un sentido de restañar
alguna herida histórica; si yo puedo cooperar en eso, lo hago con toda
tranquilidad porque me parece una obligación, y lo que puedo lamentar es
no haber tenido antes la oportunidad de hacerlo. Su señoría me puede
decir que por eso me van a caer algunas críticas y le contesto: pues que
caigan. Tampoco tiene mucho sentido pensar que se pueda hacer una tarea
de ese tipo y no estar sujeto de alguna manera a críticas mejor o peor
fundadas. Por tanto, quiero decirle que en ese marco nosotros vamos a
seguir desenvolviendo y vamos a seguir interpretando los acuerdos a que
llegamos con el Partido Nacionalista Vasco, de cuya evolución estamos
satisfechos, así como estamos satisfechos de su cumplimiento. Ello ha
contribuido a la estabilidad política de nuestro país y, en la medida de
lo posible, a marcar un



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punto de referencia de cumplimiento legal en el País Vasco, cosa que no
siempre es fácil, como tiene que comprenderse.

Quiero decir a S. S. que estoy de acuerdo con lo que ha expuesto en
relación con el siguiente apartado que ha tratado en su intervención, que
es el empleo; el empleo y la valoración positiva del acuerdo sobre el
empleo. Ya he dicho antes que había algunas posiciones que llevaban a la
impaciencia, pero es importante resaltar el valor del diálogo social y,
por supuesto, de los resultados que se puedan producir. Ruego a S. S. que
no interprete como descortesía o desinterés algún pequeño bajón, pero es
por cuestiones de garganta y por las siete horas acumuladas de debate.

Respecto al siguiente asunto que ha tratado, la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, le tengo que decir que es un reto importante y no fácil.

Rogaría que no vinculase el proceso de profesionalización de Fuerzas
Armadas (antes, en la contestación al señor Molins sobre la Unión Europea
Occidental y la Unión Europea he hablado algo de eso) y lo que significa
el cumplimiento de la ley para algunos colectivos, para algunos grupos.

Sinceramente, no participo de esa visión; soy de los que creen, señoría,
que la ley se tiene que cumplir y que no se puede decir: como dentro de
cinco años a lo mejor hay una situación distinta, nosotros no la
cumplimos. No; la tenemos que cumplir ahora y dentro de cinco años
también; dentro de cinco años también hay que cumplirla.

En este momento la norma vigente establece una penalización, una sanción
para quien se niegue a hacer el servicio militar o para quien se niegue a
hacer la prestación social sustitutoria. Cosa distinta es el tratamiento
individualizado que conforme a la legislación vigente pueda pretender una
persona en esas condiciones desde el punto de vista de petición de un
indulto concreto y el tratamiento que a eso dé el Gobierno; pero creo que
debemos ser cuidadosos con el cumplimiento de la ley, también desde el
punto de vista de las responsabilidades municipales, de las
responsabilidades locales en el ámbito de lo que significan las Fuerzas
Armadas. Me parecería profundamente negativo y estoy absolutamente
convencido, además, de que en absoluto es el propósito de S. S. sino más
bien lo contrario por lo que hemos dicho antes del prestigio de la ley,
me parecería profundamente negativo --repito--, que pudiera darse la
impresión en éste o en otros ámbitos de que el incumplimiento de la ley
no genera consecuencias. No, no. El incumplimiento de la ley genera
consecuencias en todo caso porque eso es entre otras cosas el vigor, la
vigencia del Estado de Derecho. Comparto plenamente lo que S. S. ha dicho
respecto al Estado de Derecho, y quiero decir que en ese camino de
firmeza, de control, de control parlamentario, de control político, de
control jurisdiccional, de control de legalidad de lo que puede ser la
actuación de los poderes públicos seguro, señoría, que nos encontramos.

No tengo la menor duda de los efectos positivos que representa el
cumplimiento de la ley y, por tanto, el desarrollo pleno del Estado de
Derecho, como estoy convencido de que genera efectos positivos y, además,
me parece absolutamente lógico desde el punto de vista de nuestras
obligaciones, seguro que también va a haber puntos de encuentro en esa
materia.

Ha tratado S. S. el problema de la violencia terrorista y algunos matices
o puntos de lo que puede ser el no acuerdo en el tratamiento de la
política antiterrorista. No me voy a adentrar mucho en eso, sabe S. S.

que prefiero ser en todo caso muy discreto en el tratamiento de estas
cuestiones, pero sí decir que estoy seguro de que, por encima de
cualquier punto concreto, entre nosotros prevalece lo que ha prevalecido
en todo caso, que es el acuerdo profundo de todos los demócratas por
intentar erradicar la violencia terrorista y considerar moral, política y
socialmente inaceptable que se pueda utilizar la violencia política. La
violencia política que intenta matar, como ayer ocurrió en Bilbao; sea la
violencia que secuestra, como el caso de dos ciudadanos españoles que
desgraciadamente están secuestrados; sea la violencia que extorsiona,
como tienen que sufrir algunos empresarios en el País Vasco; o sea la
violencia que ampara a todos los que hacen eso o que son cómplices de
todos los que hacen eso, me parece absolutamente inaceptable y, en
consecuencia, claro el planteamiento que tiene que tener todo demócrata
al respecto. Hemos establecido varios marcos como son lo de Ajuria Enea,
Madrid y Pamplona. Yo quiero que esos marcos prevalezcan y que nada
debilite las políticas de esos marcos, que ni siquiera se debilite cuando
se puede producir en algún momento una interpretación diversa sobre un
punto concreto de los Pactos de Ajuria Enea y que, naturalmente,
determinar que se puede hablar en determinadas condiciones y cuando se
den determinadas condiciones exige pasos previos determinantes, que sin
la menor duda es la renuncia a cualquier tipo de violencia, sin la menor
duda saber que no se pueden obtener ventajas políticas de eso, y
naturalmente saber que el Estado de Derecho tiene mecanismos de
comportamiento suficientes y también la voluntad política de los
españoles de afrontar su futuro. En ese marco sabe S. S. que podemos
encontrar muchos puntos de acuerdo.

Me ha satisfecho especialmente durante este tiempo el nivel de
colaboración que hay entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la
policía autónoma vasca, la Ertzaintza. Sabe S. S. que --no voy a decir
cuando lo ha necesitado-- cuando yo he pensado que se necesitaba un
respaldo expreso a la tarea de la Ertzaintza, no he dudado en dárselo, y
así seguirá ocurriendo, porque me parece fundamental en el ejercicio de
las competencias que corresponden, en este caso, a un poder público como
es el Gobierno vasco.

En relación con lo que significan algunas posiciones divergentes, algunas
interpretaciones distintas en torno



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a la política de los presos terroristas en las prisiones, debo decir que,
según los acuerdos, esa política de dispersión --política en la que
ustedes participaron, política que se hizo también de acuerdo con ustedes
y con su voluntad-- tiene el matiz del tratamiento individualizado de
algunas cuestiones; solamente del tratamiento individualizado y nada más
que el tratamiento individualizado, en función, en nuestra opinión, de lo
que significa su propia utilidad para la lucha antiterrorista en su
conjunto.

Comparto, por último, lo que S. S. ha manifestado sobre la política
europea, sobre la construcción europea y sobre lo que significa
establecer todos aquellos mecanismos que, desde el punto de vista
político, económico y social, vayan haciendo que Europa se consolide como
una realidad deseable, después de tantos esfuerzos y tantos años de
trabajo, y que sin duda seguirán en el futuro.

Agradezco mucho, señor Anasagasti, su apoyo y su cooperación, y le
agradezco especialmente las reflexiones finales. Somos muy conscientes de
la oportunidad que en este momento todos tenemos por delante. Como he
dicho, estamos decididos a aprovecharla. Estamos satisfechos de contar
con su apoyo y con su colaboración, y lo que le pedimos es que esas
mismas cosas que usted decía al final de su intervención, seamos capaces
de seguir trabajando conjuntamente por ellas.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, voy a intervenir muy
brevemente, para no hacerle ningún tipo de faena al señor Mauricio,
aunque él cuenta con la ventaja de una hora menos. (Risas.)
De todas formas, me gustaría, señor Presidente, hacer algún tipo de
comentario a lo que ha dicho usted al principio sobre el valor del pacto.

Nosotros, como vascos, tenemos fama de gente directa y, quizá, a veces se
puede interpretar que no tenemos esa capacidad de pactar. Sin embargo,
nosotros pensamos que somos un partido, y quizá una sociedad, que puede
exportar pacto a todas horas y de todo tipo: pactos en los gobiernos,
pactos en las diputaciones, pactos en los ayuntamientos, pactos de
legislatura, pactos de gobierno, pactos de investidura. Cuestión ésta que
no ocurre en Madrid. Aquí estamos ante una situación absolutamente
inédita, que es un acuerdo de investidura que se va haciendo
semanalmente, con esfuerzo, con sentido común y, sobre todo, con buena
voluntad, como hemos comentado anteriormente.

Usted dice que en momentos determinados las críticas arrecian y eso,
lógicamente, es propio de la política. A nosotros, estos días
--concretamente ayer--, se nos criticaba porque una reforma al proyecto
de ley de fauna y flora silvestre (hemos introducido algún tipo de
modificación a cuenta de la contrapasa; me imagino que a usted le sonará
todo ese tipo de argumentaciones, sobre todo porque ocurre también en
Etxalar) era a cambio de la ley del fútbol, y se ha dicho en la radio, se
ha dicho en la televisión y se ha dicho en la prensa. Ante eso, ¿qué le
queda a uno? Pues, decir que no y que le crean, pero eso suele ser lo
habitual. Lo habitual suele ser también que nos digan: ¿cuánto habéis
cobrado? Eso suele ser lo habitual. Pero yo creo que en una sociedad
democrática el pacto es intrínseco al funcionamiento de la sociedad
democrática. Las sociedades absolutamente articuladas, férreas,
inamovibles, son las que no pactan nunca con nadie. Por tanto, yo hago un
canto al pacto, porque en el pacto está fundamentalmente la serenidad de
una sociedad.

En segundo lugar, usted ha hecho referencia a algo que hemos comentado
antes sobre la reforma laboral. Efectivamente, la reforma laboral ha sido
un éxito político, indudablemente de patronal y sindicatos, pero ha
habido un entorno que lo ha propiciado y ha habido un Gobierno que lo ha
propiciado, y eso hay que reconocerlo política y públicamente porque, de
lo contrario, sería una cierta mezquindad. ¡Ojalá haya muchos más pactos
de ese tipo!, porque creemos que la sociedad quiere pactos y quiere
acuerdos.

No estamos muy de acuerdo en lo que ha dicho usted, señor Presidente,
respecto a la profesionalización del ejército y a la situación de
cumplimiento de la ley, sobre todo el Código Penal, con motivo de los
insumisos y los objetores de conciencia. Efectivamente, la ley hay que
cumplirla y nosotros lo decimos, pero si hay una fecha hasta cierto punto
de caducidad del actual modelo del Servicio Militar obligatorio, ¿por qué
no vamos a considerar las situaciones, sobre todo cuando no hay rechazo
social y no hay sanción social, para esos colectivos de insumisos y de
objetores que son muy beligerantes y que, en el País Vasco concretamente,
han hecho de eso una reivindicación que nosotros comprendemos y no
podemos ir por detrás de lo que esa sociedad está demandando. Por tanto,
modifíquese la ley, cámbiese, adáptese a las circunstancias, cúmplase la
ley, pero adecuese a esa sociedad tan cambiante, y envíese un mensaje
también a esa juventud, sobre todo porque me imagino que en esta
legislatura también se hablará del voluntariado y creemos que ésta es una
de las cuestiones importantes porque a esa juventud también le tenemos
que enviar valores y no solamente rechazo.

Quería hacer una simple alusión a algo que usted ha comentado sobre la
construcción europea y respecto al espacio judicial. En el año 1985,
aquí, en el Congreso de los Diputados, hablamos de las bases para el
Pacto de Madrid, y fundamentalmente lo basábamos en dos cuestiones, el
espacio judicial europeo y la derogación de la Ley Antiterrorista. El
espacio judicial europeo a



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trancas y barrancas se va logrando, coincidimos con la política que ha
llevado su Gobierno y consideramos que en el espacio europeo no puede
haber un derecho de asilo si creemos en una Europa democrática, pero
también nos gustaría puntualizar que tenemos una cierta inquietud porque
nos han venido colectivos de tanta importancia como Amnistía
Internacional, en el sentido de que había que considerar no el fenómeno
del terrorismo, porque creemos que Europa no puede dar asilo a un
movimiento terrorista en esta Europa democrática, sino a los refugiados,
ya que los países de la Unión Europea tienen legislaciones distintas y se
dan a veces circunstancias con los refugiados, con los objetores que por
lo menos tenían que ser tenidos en cuenta. Simplemente, le queríamos
hacer esa pequeña puntualización.

Finalmente, hace alusión al fenómeno de la violencia. Efectivamente,
usted tiene toda la razón. Ayer se quiso matar a un ser humano que
paseaba por las calles de Bilbao. Hace poco tiempo, en Granada, hubo otro
atentado. Tenemos una violencia que dura treinta y siete años, es una
violencia absolutamente irracional, que no conduce a ninguna parte, que
enfrenta a la sociedad, que la envilece, y sobre todo hace que incluso la
imagen de lo vasco se proyecte de una manera absolutamente negativa, pero
sobre todo por razones éticas, por razones democráticas hay que enviar un
mensaje muy claro a un colectivo que todavía no acepta las reglas del
juego de la democracia, que así no se puede seguir.

En el Pacto de Ajuria Enea está contemplado el final dialogado de la
violencia. Yo no digo más, simplemente apunto en el sentido de que esto
nos da la impresión que no va a acabar solamente por un fenómeno
estrictamente policial, y eso lo reconocen todas las policías.

Respecto a lo que usted ha apuntado de la dispersión de los presos,
efectivamente, aquí hay una política que se hizo en su día pero que no se
completó con una política de reinserción, y además no se trataba de
enviar a los presos a zonas absolutamente alejadas. Aquella era una
política que se realizó, no para penalizar a las familias de los presos
ni para incumplir la ley, sino quizá como un instrumento, porque se ha
dado el caso paradójico de gentes, incluso abogados de esos colectivos de
las gestoras pro-amnistía, que han reivindicado el derecho del preso a
cumplir íntegramente su pena en la prisión.

Es decir, estamos ante una situación que admite matices y le decimos una
vez más, señor Presidente, que una institución como el Parlamento vasco,
que ha analizado pormenorizadamente este tema, no lo presenta como un
pulso, sino que lo presenta como un acuerdo de sentido común para no
crispar, y que es anterior incluso al propio secuestro del señor Ortega
Lara. Por tanto, simplemente nos hacemos eco de un sentimiento de
colectivos, de movimientos, de acuerdos, de resoluciones del Parlamento,
y no lo hacemos como un objetivo de confrontación con el Gobierno, sino
de solución de un problema que se está enconando de día en día y que
ojalá entre todos logremos desactivarlo.

Finalmente, señor Presidente, queremos reiterar que la política que se
está haciendo en esta Cámara es una política muy complicada, que todas
las semanas aquí hay muchos proyectos de ley, muchas proposiciones de
ley, muchas proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones,
iniciativas de todo tipo, y que tenemos que encontrar fórmulas para
perfeccionar en algunos temas y que, vuelvo a repetir, en algunos
aspectos no nos veamos sorprendidos por iniciativas en las cuales quizá
ustedes van a recabar nuestra colaboración, que nosotros estamos
dispuestos a dársela, porque, como usted bien ha dicho al principio y yo
lo recuerdo, en reuniones que usted ha mantenido, no en Madrid, sino en
Bruselas, usted siempre ha reiterado en el pasado su intención de
entenderse con los partidos nacionalistas. Nosotros teníamos nuestra
sospecha de que era simplemente algo de cara a la galería. Un año
después, independientemente del Pacto de investidura --lo reconocemos
públicamente porque no nos duelen prendas el hacerlo--, usted ha cumplido
la palabra dada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anasagasti.

Tiene la palabra el señor Presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, con brevedad, señor Anasagasti, desde el escaño, si es posible
y no hay inconveniente, quiero decir que yo participo plenamente de lo
que ha dicho S. S. en relación con los pactos, con los acuerdos, no
solamente con la necesidad de ellos, sino con el espíritu que debe llevar
a los acuerdos y a los pactos, y en este caso muy especialmente, sin duda
porque era un acuerdo difícil, como S. S. ha dicho, y además un acuerdo
que tiene cierta trascendencia y que era un reto para todas las partes
cumplirlo --especialmente, claro, para nosotros, que éramos los más
obligados por el acuerdo--. Creo que se está haciendo razonablemente y
creo que ustedes están cumpliendo su parte de contribuir a la estabilidad
y a la gobernabilidad.

Pero es que además yo creo que esa cierta imagen que S. S. ha trasladado
de resistencia del vasco al pacto es un error, es un error que se piense
que eso es así. Si hay algo que caracteriza, entre otras cosas, una buena
parte de la historia vasca es justamente su tendencia al pacto, y del
pacto nacen elementos básicos de convivencia y también, por supuesto, de
interacción vasca en lo que es el conjunto de España, afortunadamente.

No sé --hago breves comentarios-- lo que ha pasado exactamente con la ley
de flora y fauna, he tomado nota, pero si tiene algo que ver con Etxalar
me interesaré



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muy especialmente por el asunto, no lo dude usted, a partir de mañana
mismo.

Quiero decir que, en relación con lo que es el cumplimiento de la ley, la
ley debe en todo caso cumplirse, le ruego que lo entienda, y le ruego que
entienda que el Presidente del Gobierno, cualquier Presidente del
Gobierno, le tiene que dar la respuesta de que la ley se tiene que
cumplir. Si un día un Presidente del Gobierno le da a usted o a alguien
una respuesta diciendo que la ley a lo mejor no se tiene que cumplir, a
partir de ese día empiece usted a sospechar firmemente de ese Presidente
del Gobierno. De momento yo le pido que de mí no sospeche, yo le digo que
la ley debe cumplirse en todo momento, y también, naturalmente, en estos
momentos, la ley en un sentido y la ley también en el sentido de
comprensión que yo le he manifestado, pero la ley en todo caso debe
cumplirse, con independencia de algunos procesos.

Le quiero decir que, en relación con el voluntariado, que sé que le
preocupa a S. S., espero que el plan nacional de voluntariado esté
presentado y aprobado definitivamente antes del próximo mes de octubre y
en consecuencia pueda servir como arranque también a la hora de poner en
marcha un nuevo período de sesiones.

Yo coincido plenamente con S. S. en lo que es la aspiración al espacio
judicial europeo, y sé perfectamente, cómo no lo voy a saber, lo que se
están moviendo algunas organizaciones para impedir que prospere nuestra
propuesta de una regulación nueva del derecho de asilo en el marco de la
Unión Europea. Yo le quiero decir que no comparto esa opinión y que
agradezco además la moderación con que S. S. ha expuesto este tema y la
comprensión con que lo ha expuesto.

Aquí no estamos hablando de refugiados; no, no. No estamos hablando de
personas que puedan tener dificultades. Aquí de lo que se está hablando
es de que la legislación de un país no pueda amparar, en un marco
judicial común, a aquel que intenta utilizar la ley de ese país en
beneficio propio, beneficiándose por actos terroristas. De eso es de lo
que se está hablando: que un terrorista no pueda beneficiarse de la
legislación de un país en el marco de la Unión Europea; y tiene todo el
sentido, porque lo que es más difícil de explicar es por qué puede
progresarse en el marco de la cooperación policial, y lo he explicado
antes, por qué cooperamos en el marco de lo que son los derechos de los
ciudadanos europeos y no lo vamos a hacer en la cooperación judicial.

El espacio de libertad, el espacio de seguridad no solamente es un
espacio de derechos, es un espacio policial y judicial. ¿Que ocurriría,
por ejemplo, aquí, si hubiese una falta de sintonía y de equilibrio
absolutamente desmesurado entre facultades policiales, derechos
policiales y lo que pueden ser circunstancias de garantía desde el punto
de vista judicial? Se produciría una situación de desequilibrio que en el
marco europeo, si realmente se quiere llegar a ese espacio, no tiene
mucho sentido, tanto más cuando estamos hablando de países que no admiten
dudas, porque el propio Tratado de la Unión Europea establece los
mecanismos para sancionar y excepcionar políticamente al país que vulnere
las reglas de la democracia de los derechos humanos. En consecuencia, eso
ya está previsto en el Tratado. Ahora, si lo que se pretende es perpetuar
una situación que favorezca a personas en el sentido de decir: oiga, yo
hago un marco de Unión Europea, pero yo puedo poner una bomba en España y
que me concedan asilo en otro país de la Unión Europea, eso, en el marco
de la Europa que estamos construyendo, es inaceptable. No tiene ningún
sentido. Y a la inversa, igual. Nosotros no podríamos ni deberíamos
conceder, en ningún caso, derecho de asilo a quien cometiese un acto
terrorista o de violencia en otro país. Esto es lo que se trata de
evitar, es lo que quiero que se comprenda y lo que pido a todos que nos
ayuden a que los demás nos comprendan. Tengo que decir que hay algunos
que no lo comprenden, no en esta Cámara. Se dice: Amnistía Internacional,
pues no lo entiende; ni lo entienden otras organizaciones, que incluso
han planteado a algunos Estados propuestas que empeorarían la situación
actual. Eso es lo que yo creo que, en ningún caso, se puede esperar ni
aceptar de nosotros. Por eso le digo que sé que puede haber dificultades
constitucionales y legales y que hay que ayudar.

Le he dicho antes, señor Anasagasti, que el mandato del Consejo Europeo
de Dublín --y aquí me podrían decir: no tires piedras contra tu tejado,
que te lo pueden recordar. No me importa-- establece la supresión del
derecho de asilo. Pero nosotros no estamos proponiendo justamente para
vencer esas dificultades que se suprima el derecho de asilo, sino que no
pueda ser utilizado el derecho de asilo en las circunstancias que yo he
expuesto. Por tanto, el derecho de asilo puede mantenerse, pero no en
esas circunstancias, que naturalmente son circunstancias claramente
condicionadas para el futuro.

Por lo que se refiere a la política penitenciaria, ya he explicado cuál
es mi parecer y, por supuesto, sabe S. S. que desde el Ministerio del
Interior se está abierto al estudio de fórmulas que puedan siempre
perfeccionar esa política penitenciaria, con ese carácter individualizado
al que yo me he referido antes.

Perdóneme que no haya hecho antes mención a esa tarea de coordinación que
S. S. reclamaba. Intentaremos mejorarla para que se produzcan los menores
sobresaltos posibles, que en una situación política intensa, en una
situación política que exige el acuerdo y el diálogo y que se traduce
también en una gestión intensa de Gobierno hay que tener las previsiones
y el tiempo razonable para hablar. Ya sabe S. S. que la tarea de Gobierno
es, a veces, extraordinariamente agobiante y los tiempos disponibles son
escasos, pero no le quede la menor duda de que somos capaces también de
mejorar esa tarea de coordinación.




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Muchas gracias, señor Anasagasti, en todo caso, por su cooperación.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, comprendo que después de siete horas de larguísimo debate haya
una situación de cansancio y yo intentaré --ya me lo pide el Presidente--
hacer una intervención lo más breve posible, pero sin duda --es mi
obligación como portavoz de Coalición Canaria-- haciendo un análisis de
lo que ha sido este año de Gobierno y del funcionamiento del pacto entre
el Partido Popular y Coalición Canaria a lo largo de este año. Perdonen
ustedes una cierta improvisación en mi intervención, pero supongo que me
ayudará a ser franco, claro y preciso, señor Aznar.

Nosotros hemos hecho un pacto fijando cinco grandes objetivos
estratégicos del Estado español. En primer lugar, el compromiso europeo y
la necesidad de que este país adoptara una serie de medidas en el terreno
económico para sanear su economía, estar en el pacto de estabilidad de
Europa y, por tanto, estar en la Unión Monetaria y en el pacto de
convergencia; es decir, ser, dentro de Europa, uno de los países de
primera división.

En segundo lugar, hemos establecido una serie de pactos y acuerdos en
orden a la modernización de la economía española. Hemos dicho, a su vez,
que todo eso se puede hacer dentro del marco de la defensa del Estado de
bienestar, de una política de progreso, entendiendo los grandes acuerdos
de la sanidad, de la educación, de la protección social, como algo
consustancial, como algo constitucional y que era posible hacerlo
compatible con una política económica de rigor y de saneamiento
económico.

En cuarto lugar, que era necesaria una política de desarrollo autonómico
y, al mismo tiempo, que era necesario reforzar las instituciones
democráticas e iniciar una política de regeneración democrática que
ayudara a corregir los defectos y errores del período anterior.

Cinco compromisos, y, dentro de ellos, tener especialmente en cuenta la
situación peculiar de Canarias, los problemas específicos de las islas
Canarias que, por ser una comunidad alejada, tiene problemas agravados
dentro del proceso de integración europea y dentro del desarrollo
económico y social del Estado.

Con toda franqueza voy a hacer una reflexión sobre cómo entiende mi grupo
que esos compromisos se han desarrollado a lo largo de este año y, al
mismo tiempo, ver los éxitos, sin duda, y las luces y también las
sombras, porque hacer una valoración triunfalista no ayuda a hacer una
buena política de Gobierno; hay que valorar extraordinariamente los
éxitos pero también hay que ver lo que nos falta por andar dentro de los
grandes compromisos que tiene un pacto de legislatura entre el Partido
Popular y las fuerzas nacionalistas.

Sobre el desafió europeo, el compromiso europeo, en el debate del
presupuesto para 1997 nosotros planteamos que era posible el saneamiento
de las finanzas públicas, que era posible una política de reducción del
déficit y bajada de tipos de interés, que era posible una política de
bajada de la inflación, y que todo eso no implicaba sacrificios, como
desde la oposición se planteó, que había que hacer sacrificios
importantes que iban a ir en el coste de los ciudadanos. Por el
contrario, decíamos que esa política podría repercutir en los beneficios
claros de los ciudadanos españoles.

Sí se tenía muy claro que los objetivos económicos tenían que estar
siempre vinculados a fines sociales. No sé si recuerda el señor Aznar que
le dije en el debate de los presupuestos que no cometiera los errores de
lo que había sido la política de la derecha francesa, política que
intentó separar objetivos económicos. Llamó a sacrificios a los
ciudadanos franceses y no supo ligar objetivos económicos a fines
sociales. El resultado, ya lo hemos visto estos días, una derrota de la
derecha francesa. Al mismo tiempo, decíamos que se podría plantear que la
economía creciera por encima de la inflación, y que era posible hacer un
pacto de reforma laboral y un pacto de defensa de las pensiones. Yo creo
que la política que han hecho el señor Rato y el señor Arenas, que son
las dos partes de una misma cosa, es una política de desarrollo
equilibrado en lo económico y equilibrado en lo social: conseguir
consensos sociales, al mismo tiempo que progresos económicos. Eso es lo
que nosotros llamábamos, señor Aznar, política del centro reformista
español.

Ha ocurrido que en Europa algunos países han olvidado esa máxima
política. Francia ha tenido este problema, los conservadores ingleses han
tenido también una enorme derrota política y electoral recientemente, y
el mapa político europeo de hace seis meses, donde los países del área
del marco, como Alemania, Francia, etcétera, nos decían que ellos estaban
en la primera velocidad y que los países del Mediterráneo, Portugal,
España e Italia, íbamos a quedar atrás, resulta que ha cambiado. Ahora
nos encontramos con que Alemania tiene problemas, Francia tiene problemas
y que en Inglaterra ha sido derrotada la actitud euroescéptica, y España
está colocada perfectamente en el plan de convergencia y es hoy uno de
los países que mejor está cumpliendo los objetivos de la convergencia
europea.

Esa situación nueva, que se produce en Europa desde hace apenas unas
semanas, desde las elecciones inglesas y las franceses, hay que verla
como positiva, porque, en el fondo, responde a nuestro proyecto, el que
hemos pactado, del desarrollo económico y del progreso social
equilibrado. Cuando los franceses hablan, creo que como un gesto hacia su
electorado, de



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la necesidad de preocuparse de las políticas de empleo y las políticas
sociales, nosotros debemos estar de acuerdo con esa línea, siempre y
cuando no afecten al pacto de convergencia y al pacto de estabilidad. Eso
será posible encajarlo en este próximo futuro.

Por eso, señor Aznar, supongo que usted, que sabe que Europa se va a
gobernar en los próximos cinco años desde el centro, desde eso que Blair
llama el centro radical, y que todo el mundo sabe que se va a gobernar
desde las políticas del centro progresista, no tendrá ninguna tentación
de pensar que se va a encerrar en la política del bastión último de la
derecha en Europa, ni que usted y los alemanes son el bastión de la
derecha europea. Usted está en el centro y debe seguir defendiendo el
centro. Como el señor Matutes ha celebrado también el éxito de los
laboristas ingleses como su propia política, así lo he leído, señor
Matutes, supongo que todos debemos estar conformes en que la Europa
social y la Europa económica caminan, al mismo tiempo, por los raíles del
progreso económico y social. En esa línea nosotros estamos de acuerdo.

Pero el proyecto europeo es, no sólo un pacto de convergencia económica y
un pacto social, sino también un proyecto de unidad política europea. En
esa línea, lamentamos que en el terreno de la Europa política no
avanzamos tan deprisa como quisiéramos. En último término, la Europa
política es el proyecto de la identidad europea de defensa. Dentro del
pacto atlántico, el señor Aznar se ha pronunciado esta tarde a favor de
la identidad europea de defensa. Nosotros estamos a favor de eso; hay
otros países europeos que no lo están. Lo que está pasando,
desgraciadamente, es que algunos grandes países siguen teniendo visiones
del Estado nacional y de la política exterior y de defensa europea
exclusivamente nacionales y contradictorios unos con otros, y nos
encontramos con que la Europa política, la Europa de defensa, la Europa
de seguridad, incluso la de justicia, la del pilar interior, no funciona
correctamente. Traemos a colación eso porque usted, que va a estar el
lunes y el martes próximos en la cumbre de Amsterdam, supongo que dentro
del proyecto de unidad europea va a defender, primero, que el empleo y la
política social se consiguen con un pacto de convergencia y de
equilibrios económicos y sociales; segundo, que los fondos estructurales
son políticas progresistas europeas, que tanto han beneficiado a España;
y, tercero, que la agricultura española tiene que tener instrumentos de
defensa, como ha tenido el olivar, y en este caso, que tanto se ha citado
esta tarde, el plátano canario, que necesita una defensa porque tiene una
agresión de los países del plátano-dólar, de Estados Unidos y sus aliados
europeos, entre ellos los alemanes, que lo hacen algunas veces por
razones no siempre confesables. Nosotros creemos que esas tres grandes
cuestiones deben defenderse en la cumbre de Amsterdam.

Los días 17 y 18 tendremos la cumbre de la OTAN en Madrid. Usted ha dicho
hoy que defiende claramente que Canarias esté en el mando subregional
español. Ese es un compromiso que usted ha tenido varias veces aquí, en
el Congreso de los Diputados, que yo celebro, pero lo que está en el
debate no es sólo que el territorio canario esté en el mando subregional
español, sino que debemos luchar porque el espacio entre Canarias y el
Estado español, las aguas internacionales, estén también en el mando
español, porque no es una cuestión menor, igual que probablemente vamos a
ser derrotados de momento los defensores de la identidad europea de
defensa, porque el mando del Mediterráneo no va a estar en un mando
europeo. Los americanos no lo aceptan, lo cual es expresión, en último
término, de que en las grandes decisiones de la política europea y de la
relación con el mundo árabe y con Oriente Medio, que usted ha citado, los
americanos están decididos a seguir siendo ellos los que controlen, los
que dirijan, los que abran las posibilidades de los procesos de
negociación. Y yo estoy convencido de que si Europa hubiese dirigido la
política hacia el mundo árabe y los acuerdos con Israel, otro gallo nos
hubiese cantado. No hemos avanzado en que sea el mando europeo del
Mediterráneo (en este caso por Francia, en Nápoles) el que dirija la
política hacia el norte de Africa, pero sí podemos conseguir que el
espacio internacional entre Canarias y el Estado español esté en el mando
español, que es garantizar de alguna manera que Canarias sea lo que las
Fuerzas Armadas en Canarias llaman una plataforma de paz, que es nuestro
patrimonio histórico, el ser un territorio donde nunca se han configurado
conflictos internacionales y donde nosotros queremos una política de
cooperación y colaboración con Africa. El señor Matutes debería estar
preocupado con reuniones como la que hay estos días en Londres entre
Marruecos y el Sahara, porque nosotros a 100 kilómetros del Sahara, a 100
kilómetros de la costa occidental africana, sabemos mejor que nadie lo
importante que es para nosotros y para la política exterior española en
esta área del mundo una solución pacífica del conflicto saharaui. Sabemos
que eso sólo es posible con el control español de esta zona del mundo y,
por tanto, que España pesará en Europa en la medida en que juegue un
papel en la política africana, una política de solidaridad y, al mismo
tiempo, juege un papel en la política hispanoamericana, una política
también de cooperación y solidaridad.

En esos dos órdenes, lo que yo quisiera traerles aquí es lo que creemos
los canarios que es un problema de Estado. Nuestro problema de Estado es
que este Estado, que el señor Molins ha llamado un Estado plurinacional,
es también un Estado pluricontinental. Eso a veces el señor Pujol no lo
entiende desde Barcelona, pero yo se lo explico. En Canarias no sólo hay
una hora menos por razones de usos horarios, sino porque estamos en un
espacio económico y geoestrátegico distinto, y espero que el Estado
español asuma definitivamente esa idea, porque de lo que se trata es de
saber si



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en el proyecto de construcción europea, de política de defensa europea y
de políticas de construcción del Estado plurinacional europeo cabe
completamente el Estado español y, por tanto, también, esa parte del
territorio alejado, esa región ultraperiférica, que es el territorio
canario. Lo digo porque en este momento en Europa, en la Comisión Europea
hay una actitud de violación no sólo de lo que es el pacto histórico de
Canarias con el Estado español, su régimen económico fiscal, el carácter
de región ultraperiférica, sino una incomprensión de cuál es la base
fundamental para los canarios para sobrevivir en este mundo.

Después del acuerdo de 1986, de integración europea, los canarios tuvimos
el protocolo II. Pactamos con el Gobierno del PSOE en aquel tiempo la
posibilidad de la plena integración, siempre que se respetaran las
condiciones específicas del Archipiélago, es decir, el régimen económico
fiscal y el reconocimiento de región ultraperiférica con condiciones
distintas. Y a esa situación singular, por su lejanía e insularidad, por
sus problemas estructurales, no se le puede aplicar la normativa europea
continental; tiene que darse un tratamiento excepcional. Después de
llegar a ese acuerdo en 1989 y luego en 1991 y en el Tratado de
Maastricht de 1992 de reconocernos el carácter ultraperiférico, en el año
1996 se cierra un acuerdo del régimen económico fiscal canario, aprobado
aquí en el año 1994, por el Gobierno socialista, y ahora dicen que lo
acordado no lo cumplen. La Comisión Europea adopta una postura de
incumplimiento del acuerdo con el Estado español, con el Gobierno
socialista, quizá por no haberlo amarrado suficientemente. Nos
encontramos con que un elemento base de nuestra capacidad de progresar,
de producir riqueza, de abandonar la marginación histórica en que han
vivido las islas Canarias durante siglos, muchos siglos de su historia,
que nos ha permitido empezar a crear empleo, comprobar que la riqueza que
se produce en Canarias se reinvierte en las islas y que podemos progresar
sin necesidad de ser subvencionados, tutelados y paternalmente tratados
por la Unión Europea, se pone en discusión.

Por tanto, hoy aquí, señor Aznar, a pesar de lo tarde que es, los
canarios esperamos de usted un compromiso claro de que nuestro pacto
histórico con España cabe también en un pacto histórico con la Unión
Europea y que el Gobierno español va a utilizar toda su autoridad
personal, la de su Gobierno, toda la autoridad institucional en
explicarle a Europa que para España la defensa de las peculiaridades
canarias, del carácter ultraperiférico de Canarias, de su estatuto
permanente, de Canarias como plataforma de paz y de su régimen económico
fiscal es una cuestión de Estado, tan importante como cualquier otra.

Porque es el reconocimiento de que todo el Estado español, incluso de
aquel que está a 1.000 kilómetros de distancia, cabe dentro del proyecto
de la Unión Europea sin que nos aprisionen, sin que nos aplasten y sin
que nos trasladen de nuevo a etapas olvidadas de atraso, de marginación,
de olvido y de centralismo que los canarios hemos superado, por suerte.

El segundo tema de nuestro acuerdo parlamentario, señor Aznar, es el de
la modernización económica. Nosotros creemos, y no se ha tratado
suficientemente hoy aquí, que el mundo está en un proceso de
globalización y está sufriendo unos cambios, una nueva revolución
tecnológica. Por primera vez en la historia de España, por lo menos de
los últimos siglos, este país no queda fuera de lo que va a ser una de
esas revoluciones tecnológicas, sino que está muy bien colocado. España
está en el terreno de las telecomunicaciones, en el de la electrónica, en
el del transporte aéreo, de la energía, en el audiovisual y tiene
posibilidades de situarse en los sectores punta. Eso es lo que se ha
llamado, yo creo que mal llamada, política de liberalización. No es un
problema sólo de reformas estructurales; es un problema de estrategias
para que España y las grandes empresas españolas, dentro de un proceso de
liberalización internacional, participen, se desarrollen tecnológicamente
y tiren de la economía española hacia la modernización.

En esos sectores nosotros, los canarios, hemos sufrido más que nadie lo
que eran monopolios: el de Telefónica, el de Endesa, el de Iberia, los
monopolios sucesivos que han ofrecido carísimos servicios públicos al
Archipiélago y al mismo tiempo ninguna ventaja en la creación de
infraestructuras y tecnologías punta. Por eso, tenemos una enorme
preocupación por eso que se ha llamado el gran cambio tecnológico de
nuestra época, que Murdoch decía que camina a una enorme velocidad, pero
todavía nadie sabe hacia dónde. Tenemos que preocuparnos --no está el
Ministro de Industria aquí-- (Risas.) por el control estratégico de esos
sectores, de que la dirección de esos sectores vaya en la buena dirección
y de que intereses como el hecho insular canario queden contemplados
dentro del tema de energía, de Endesa, de las telecomunicaciones,
etcétera.

También estamos muy preocupados --y me alegro de la presencia del señor
Ministro de Fomento-- por que la política de austeridad y de rigor no
frene las inversiones en las grandes infraestructuras del Estado. Por lo
que se refiere a la política de carreteras, ha anunciado usted estos días
los proyectos que va a sacar hasta septiembre, pero recuerde que se le
han olvidado los de la circunvalación de Las Palmas y Tenerife 5. Espero
que no se le olvide, porque le exigiremos responsabilidades sobre ese
asunto. En la inversión de aeropuertos, no es por presumir, pero el
sistema aeroportuario canario es el que tiene --no sé si lo sabe, señor
Arias-Salgado-- más viajeros de España, incluso más que Madrid-Barajas,
qué está en una situación dificilísima. No se pueden olvidar las
inversiones en las infraestructuras aeroportuarias y portuarias, de
carreteras y demás, que son la base de la modernización de la economía
española.




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En cuanto a la política de vivienda, es muy importante que la política de
vivienda sea un apoyo a la política de familia, a la dignidad de los
seres humanos, que es una de las políticas sociales más importantes a
desarrollar en este país. La política de vivienda tiene que permitir el
acceso de los jóvenes y de los sectores de las rentas más bajas a la
vivienda, pero la política de vivienda no es sólo un proceso de
liberalización del suelo, hay que abaratar el suelo, estamos de acuerdo,
pero al mismo tiempo sin producir un destrozo en la planificación
urbanística, en la planificación del suelo. Hay que recordar que, según
ha dicho el Tribunal Constitucional, señor Arias-Salgado, la política del
suelo es ya derecho autonómico. No seamos excesivamente centralistas,
porque hay que adaptarla a territorios distintos. En el caso de Canarias
supongo que lo comprenderá.

El tercer tema que ha formado parte de nuestro compromiso es la defensa
del Estado del bienestar. Usted ha cumplido, señor Aznar. Ha cumplido a
pesar de que desde la oposición se decía que era imposible hacer una
política de austeridad y de rigor y mantener la defensa del Estado del
bienestar. Y se ha cumplido no sólo en el pacto laboral, que crea empleo
y estabilidad, en la protección social, en la defensa del seguro de
desempleo, sino también ahora en el acuerdo de sanidad. No sé quien ha
anunciado aquí un acuerdo de anoche con el señor Molins en sanidad, me
consta que todavía no hay acuerdo. Sólo estamos de acuerdo --supongo que
el señor Molins y todos, señor Rato-- en que hay que defender un sistema
público de sanidad, que es una de las garantías de la cohesión social y
de justicia distributiva, un sistema universal y gratuito. Y estamos de
acuerdo en dos cosas más: que tenga una financiación estable y
suficiente, y eso hay que pactarlo con usted, señor Rato. Nosotros
estamos abiertos, pero también hay que pactar desde el principio de la
equidad en la distribución de recursos, en que el reparto de esos
recursos se haga de acuerdo con la población protegida y con la población
transeúnte o la población transferida. Entonces, si es la base de la
población protegida, yo creo que será justo el sistema de reparto y la
defensa del sistema sanitario público y llegaremos pronto a un acuerdo.

Por otro lado, señor Aznar --y voy terminando--, me parece que en este
país hace falta también un gran acuerdo de la educación. Yo he visto las
cifras recientes en ranking internacionales. España está en el número 32
en calidad de enseñanza. No se corresponde a la calidad de nuestro
profesorado, a la calidad de nuestras infraestructuras estar en el número
32 del ranking. Esos que llaman tigres asiáticos, que tienen unos
sistemas de protección social lamentables, tienen unos sistemas
educativos excepcionales. Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, aparte de
Japón, tienen los mejores niveles educativos del mundo, y en eso nos
estamos jugando nuestro futuro como pueblo. Eso es una prioridad
estratégica y le invito a la Ministra de Educación a que no limitemos
ninguna posibilidad de acuerdo con los sectores representativos de la
educación. Hay que defender la educación pública, usted lo ha dicho, hay
que llegar a conciertos justos para que la educación privada y la publica
sean iguales, porque se trata de la igualdad de oportunidades de los
ciudadanos, que es el elemento básico y central de un Estado justo y
democrático. Creo que está haciendo falta un gran acuerdo sobre la
educación en este país y Coalición Canaria va a trabajar en esa
dirección.

El último punto de nuestro acuerdo, señor Aznar, es la regeneración
democrática, el funcionamiento normal de las instituciones. Creo que
podemos hacer todos, y por supuesto el Gobierno el primero, un balance
extraordinariamente positivo de este año de gestión. Nos falta a los
canarios, y no es cuestión de volvérselo a recordar, que gane usted en la
cumbre de Amsterdam el estatuto permanente y que defienda íntegramente el
acuerdo de 1996 sobre el régimen económico fiscal canario ante la Unión
Europea. Pero junto a eso la única sombra que hay actualmente en la
política española es eso que se ha llamado la crispación, que tiene un
elemento artificial ciertamente. A veces parece que es un debate
puramente de lucha descarnada, implacable entre las fuerzas políticas; a
veces ha sido durísima. Creo que el desequilibrio que hay en las
instituciones democráticas de este país tiene su origen --y el que no lo
ve es que está ciego-- en que hace dos o tres años se han producido
fenómenos muy graves en la situación democrática española. Ha habido el
escándalo de los fondos reservados, del GAL, etcétera. Creo que no es
cuestión de recordarlo a efectos de volverlo a traer al debate. Estoy de
acuerdo con el señor Trillo, Presidente de este Parlamento, que por eso
me está dando cinco minutos más de lo que me corresponde, al decir que
este país necesita un gran pacto de estabilidad democrática donde cada
fuerza, cada institución juegue su papel. El origen ha estado en la
crisis de las instituciones democráticas de años anteriores. Ha sido muy
grave lo que ha pasado en este país, desde lo del Director de la Guardia
Civil, los fondos reservados, el GAL, la guerra sucia, el terrorismo de
Estado, etcétera, y eso tiene que tener inevitablemente secuelas en las
instituciones democráticas. Una de las grandes secuelas ha sido que el
Poder Judicial, que tiene problemas muy graves en este país, tiene a su
vez la carga de todos esos procesos y procedimientos.

Sin embargo, hemos tenido los grupos parlamentarios, las fuerzas
políticas del país, la tentación de convertir el Poder Judicial en un
territorio de combate político, el Partido Socialista y a veces el Grupo
Parlamentario Popular. Y, claro está, cuando hay una crisis del Poder
Judicial hay una crisis del Estado, del fundamento del Estado y eso, nos
guste o no, es grave y eso afecta a la lucha antiterrorista, por cierto
que la dirige extraordinariamente bien el señor Mayor Oreja, que tiene
una política



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antiterrorista eficaz. (Aplausos.) Le aplauden al señor Mayor Oreja,
ciertamente se lo merece.

Pero hay que decir que sólo con un Poder Judicial, con una Administración
de justicia que juegue su papel, que esté en su sitio, que no esté
invadida por las acciones de las fuerzas políticas, que los jueces y
fiscales no se alineen en el proyecto político de este u otro grupo, que
el Poder Judicial mantenga su independencia y su poder arbitral,
funcionará la democracia en España. Hoy, en un debate muy constructivo,
se ha ofrecido desde el Gobierno --el señor Aznar esta mañana-- y desde
la oposición un pacto para la Administración de justicia, para colocarla
en su sitio, para que respetemos el carácter autónomo e independiente de
la justicia en este país, no sólo de la acción de algunos jueces, sino
del conjunto del Poder Judicial. Y no hay que aplaudir ni criticar cuando
una acción judicial beneficie a uno y otro grupo parlamentario, sino
aceptar su papel arbitral. Incluso los medios de comunicación en este
país, que son el cuarto poder, han estado afectados por nuestra batalla
política, y este Parlamento ha estado afectado por la batalla política.

Hemos tenido un largo debate hoy, pero un debate muy constructivo; sin
embargo, no se parece nada al de las semanas anteriores o al de los meses
anteriores. En algún parlamento europeo --y estoy terminando-- leí en la
puerta algo así como: Deja aquí tus bajas pasiones y sólo entra con tus
razones. ¿Cuántas veces, señoras y señores Diputados, hemos entrado con
nuestras bajas pasiones y hemos dejado en la puerta las razones? El papel
del Parlamento es discutir, discutir duramente, discutir con pasión, en
el buen sentido del término, de los proyectos que interesan a los
ciudadanos; pero no puede convertirse el Parlamento en un lugar de ultra
sur o ultra norte, de aplausos cerrados y de grupos que no se escuchan,
de debates bloqueados en una falsa oposición y Gobierno que no es lo que
pide este país. La sociedad española, por suerte, es una sociedad
tolerante, una sociedad de convicciones democráticas profundas. Hemos
visto en Francia un partido ultraderechista y fascista con el 15 por
ciento de los votos. ¿Cuántos votos tienen en España los partidos
ultraderechistas y fascistas? Ni uno; ya ni se presentan a las
elecciones. Eso es parte de una sociedad tolerante, de una sociedad que
quiere estar en un marco de convivencia, de una sociedad que quiere que
se hable de su futuro y que quiere --y eso es lo único que falta en este
país-- no triunfalismo, pero sí ilusión en un proyecto de futuro. Este
país necesita un proyecto de futuro que ilusione y ese proyecto de futuro
no puede ser sólo la acción del Gobierno, tiene que ser un gran pacto del
Gobierno y de la oposición más cualificada, la más fuerte, la del Partido
Socialista, que se comprometa en cumplir el desafío europeo, en hacer una
Europa fuerte, unida y solidaria con el Tercer Mundo, en hacer una Europa
pacífica, en hacer una Europa donde esté respetado lo que se llama el
Estado del bienestar, la sanidad y la educación pública, a que en España
hagamos grandes compromisos por un funcionamiento democrático de las
instituciones, para que este país sea puntero en la revolución
tecnológica, para que tenga la mejor educación y la mejor sanidad de
Europa. Todo eso puede ilusionar a este país y el Grupo de Coalición
Canaria invita a todos los grupos parlamentarios a un proyecto de
ilusión, porque tenemos cuatro años para hacer el plan de vivienda, para
el acuerdo sobre educación, para el acuerdo sanitario, para el pacto de
convergencia, para una política de defensa de las instituciones que
coloque a este país, a principios del siglo XXI, en el lugar que merece
la sociedad española y que, por desgracia, históricamente a veces no
hemos sabido alcanzar.

Por eso, Coalición Canaria felicita los éxitos del Gobierno, ve algunas
sombras en los éxitos del Gobierno. Señor Aznar, no se deje llevar nunca
por la gente que simplemente le hace elogios; vea usted los elementos
críticos. Los elogios sólo conducen a que los gobernantes adquieran una
actitud de prepotencia y arrogancia que no siempre ayudan al buen
gobernar, si no, tenemos experiencias anteriores bastante desgraciadas.

Por eso, el Grupo de Coalición Canaria, y ya cumpliendo --en hora
peninsular y no en hora canaria-- el final de este día, invita a todos
los grupos parlamentarios a ese pacto en defensa de la democracia, en el
papel de España en el proyecto europeo.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, con brevedad contestaré al portavoz de Coalición Canaria, señor
Mauricio, y, por supuesto, quiero agradecerle su intervención y el apoyo
de su grupo y su cooperación a lo largo de todo este año. Como he dicho
en los anteriores casos, tanto de Convergència i Unió como del Partido
Nacionalista Vasco, me parece que esa contribución, su puesta en marcha y
su mantenimiento, ha sido positiva, ha contribuido a la estabilidad
política y parlamentaria del país y claramente a la mejora de la
situación, sobre la cual el diagnóstico que ha hecho S. S. naturalmente
lo comparto y lo sostengo plenamente.

Conoce perfectamente el señor Mauricio que por mi parte hay un
reconocimiento claro de lo que es la situación en Canarias por distintas
razones. Primero, por ser una parte del territorio español, por ser una
parte de España. Segundo, por la singularidad que se produce por la
situación geográfica y, naturalmente, por lo que suponen también las
consecuencias de esa situación geográfica desde el punto de vista del
orden económico, social, etcétera, en Canarias. En tercer lugar, como S.

S. sabe bien, tenemos también nuestros compromisos, nuestras
responsabilidades ante los canarios por la sencilla razón, entre otras,
de que fuimos el partido



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mayoritario en Canarias en las elecciones generales; además porque
participamos, como S. S. sabe, del gobierno canario y además, por
supuesto, por la sencilla razón del pacto de estabilidad que tenemos en
el Parlamento nacional, en las Cortes Generales. Por todas estas razones,
como es lógico, hay un expreso y manifiesto deseo no solamente de
resaltar el nivel de cooperación y de colaboración, sino también, como he
dicho, de mantenerlo en los demás casos en el futuro.

Ha reseñado el señor Mauricio los elementos básicos de los cinco puntos
esenciales en los que se determinaba de alguna manera su posición y la
contribución a la estabilidad que ha hecho y que hace Coalición Canaria,
y que yo le agradezco. Ha hablado en primer lugar del reto europeo, del
reto de ser España un país de la primera división europea, cosa que, como
es evidente, compartimos plenamente. Pero insisto en algo que decía antes
y que quiero reiterar: eso fundamentalmente depende de nosotros. Yo lo
que pediría es que nadie --y no lo ha hecho el señor Mauricio-- haga el
discurso de que la parte más importante que se puede hacer o conseguir
para alcanzar ese objetivo de estar en la primera división europea
corresponde a decisiones o a voluntades ajenas. No es así. Corresponde
estrictamente a una determinación, a una decisión y a un camino
genuinamente español. Dicho de otra manera, corresponde a que cumplamos
nuestros deberes y nuestras obligaciones, y solamente así estaremos en
condiciones de estar en la primera división y de asumir las
correspondientes responsabilidades. He dicho en alguna ocasión que no
sólo tenía la aspiración de estar entre los más grandes o de estar entre
los países de la primera división, como S. S. ha mencionado, sino de ser,
y ser significa también asumir las responsabilidades correspondientes a
esa decisión en todos los ámbitos. Por lo tanto, esa aspiración va
acompañada feliz e inevitablemente de la responsabilidad.

Evidentemente en ese marco nos movemos en unos retos inmediatos. Ha
señalado S. S. el reto de la Conferencia Intergubernamental que, por
cierto, espero llegar a tiempo el próximo lunes en Amsterdam si
terminamos a su debido momento el debate. Pero es verdad, y yo coincido
con S. S., en que el mapa político europeo está cambiando y cambia. No es
cuestión ahora de alargarse mucho en ese comentario, pero ya ve usted,
los conservadores británicos estuvieron gobernando 18 años Gran Bretaña,
ya son años, y han cambiado recientemente el Gobierno. En Francia, por
ejemplo, no ha repetido un gobierno, si la memoria no me falla, desde el
año 1981. En cada elección ha habido un cambio de gobierno, por cierto,
circunstancia interesante para otros análisis, no por supuesto en este
momento. En Portugal hubo hasta hace poco diez años de gobierno de un
color determinado. Aquí también ha habido un largo período de trece años
y medio o de cartorce años. Es decir, que desde ese punto de vista las
cosas cambian. Yo espero también, por supuesto, que éste dure. Pero las
cosas cambian, y ahora ya, recordando al señor Molins, no estamos en un
año, un mes y ocho días de gobierno, es decir, a un año, un mes y
prácticamente nueve días de gobierno --hemos ganado un día más, que no es
poco en esta circunstancia--. Quiero decirle que esas cuestiones,
evidentemente, hacen que en un año, un mes y nueve días después haya, por
ejemplo, tres primeros ministros o tres jefes de gobierno que llevan
menos tiempo de ejercicio que yo --llevo poco tiempo al frente del
Gobierno, como acabo de decir--: el primer ministro británico, el francés
y también el italiano; alguno más hay. Pero, en todo caso, lo que le
quiero decir con esto es que esa mentalidad de cambio en lo que significa
lo que usted quería recordar respecto a que es una posición política
propia del Gobierno, en el mantenimiento de su política y de su actitud,
no ha variado. Su Señoría me ha dicho: Mantenga la actitud de centro
reformista. Yo la mantengo, ésa es la mía o por lo menos quiero que sea
la mía y que siga siendo la mía. Se podrá llamar de otras maneras, que
uno podrá compartir o no, y le aseguro que no cabe ninguna mentalidad de
bastión ni puede existir el bastión. Ya ve usted lo que pasa con esas
cosas. Acaba de dar una explicación de los cambios de Gobierno, y a usted
o a mí --más concretamente a mí-- un buen día se me dice: entre los
grandes Estados de Europa, los únicos que quedan del ámbito popular son
el canciller Kohl y usted. Y digo yo, pues es verdad. De ahí a
transformarse en el bastión de no sé qué en Europa hay un trecho que yo
no he recorrido nunca ni mentalmente ni dialécticamente, ni en una frase
ni en una declaración. Fíjese usted, no es que se me haya escapado, es
que ni siquiera lo he pensado. Ahora bien, el camino que recorren otros
es importante y fíjese usted, a veces, lo que uno pasa --y tampoco hay
que darle más importancia-- por una cosa que no ha existido nunca. Usted
me hace aquí un comentario, con toda la razón del mundo, pero
naturalmente hay algunos comentarios que se han hecho injustificadamente
sobre algo que no ha ocurrido, que solamente tiene la significación que
yo le estoy diciendo. En un mundo y en un momento político de apertura,
de renovación, de cambio, de reforma, de iniciativa, en un mundo
económico de competencia, en un mundo cultural de apertura, en un mundo
de integración, caben muchas mentalidades, menos una, que justamente es
la del bastión. Y, por lo tanto, no tenga usted ninguna inquietud ni
ninguna intranquilidad en eso, porque no ha existido ni va a existir, ni
siquiera dialécticamente. A veces, sabemos todos que desde el punto de
vista mediático se cometen algunas interpretaciones, que en algunas
ocasiones son libres, otras son generosas, otras veces son un poco
abusivas y otras son tan gratuitas que son puramente invenciones.

Respecto a lo que significan los retos de modernización económica, creo
que hay un claro acuerdo con S. S. respecto a los resultados que produce
una política



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económica determinada, y esa política económica determinada lleva también
al cumplimiento de los objetivos y de los retos europeos en términos de
Unión Monetaria, de moneda única, a los que se refería S. S.

Ha hecho algunas referencias expresivas respecto a consideraciones
distintas en relación con la seguridad y con la defensa. Quiero decirles
al respecto lo siguiente. Puede discreparse de la Unión Europea
Occidental y su integración en la Unión Europea, y puede discreparse
desde distintas posiciones; de quien no es partidario o de quien
considera --por otra parte, legítimamente--, que esa identidad europea ya
está reflejada de modo suficiente --digo suficiente-- en el marco de la
Alianza Atlántica, y que existiendo ese marco y existiendo un reflejo
suficiente, ya no hace falta hacer ningún otro tipo de operación. Puede
haber la posición
--que es más concretamente la mía y la del Gobierno, entre otros--
de los que digan que en el propio marco de la Alianza Atlántica hace
falta el fortalecimiento de lo que se ha venido en denominar la identidad
europea de seguridad y defensa y que, además, en el ámbito de la
progresiva asunción de responsabilidades de la defensa en Europa sería
buena, la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea,
desde el punto de vista de la seguridad. Esos procesos son largos,
porque, como sabe S. S., no se dan las mismas circunstancias en el ámbito
de la política de seguridad en todos los países. Por ejemplo, la semana
pasada ha habido una intensa actividad internacional; yo he recibido a
distintos dirigentes y uno de ellos fue el representante austriaco.

Evidentemente, Austria es un país que tiene bien acendrado el concepto de
su neutralidad, y en la sociedad austriaca se producen corrientes en
favor de la revisión de ese concepto y corrientes partidarias de
mantenerlo. Lógicamente, hoy podría preguntarse: ¿en relación con qué o
con quién esa neutralidad? Y, a lo mejor, no se encontraría una
respuesta, pero sí algo que ha prendido en lo que es la historia política
y, en todo caso, en la psicología de los ciudadanos austriacos. Esos son
procesos que sin duda tienen que madurar. Hay quien hace discursos
formidables; en este Congreso se hacen muy buenos discursos, y usted es
un especialista en hacer buenos discursos, pero hay quien hace discursos
extraordinarios respecto de un Gobierno europeo, de recursos europeos,
del Parlamento Europeo, de un sistema fiscal, de todo, pero cuando se
dice: oiga ¿y en la defensa? Entonces dice: Ah no, en la defensa yo
mantengo mi posición. Esas construcciones son bastante absurdas. En este
caso, ése es un proceso progresivo de responsabilidad europea. Yo ya le
digo que yo soy partidario de ese proceso, creo que es bueno ponerlo en
marcha si se puede, pero debe quedar claro que para nosotros, y creo que
es una actitud lógica respecto a lo que es la seguridad europea, la
Alianza Atlántica es una institución básica, esencial, determinante, y
que la reforma de la Alianza Atlántica puede, como lo está haciendo,
introducir elementos de seguridad y de eficacia hacia el futuro altamente
determinantes y perfectamente compatibles con lo que es la integración o
el fortalecimiento de la identidad europea de defensa.

Quiero decirle que en ese marco europeo sé muy bien lo que significan los
compromisos de la política española y, por tanto, los compromisos del
Gobierno. A lo largo del debate --creo que a comienzo de la tarde-- he
citado lo que significa el interés español respecto al reconocimiento de
las regiones ultraperiféricas en la Conferencia Intergubernamental y, por
tanto, en la reforma de los tratados. No le voy a insistir en ello porque
S. S. me hizo una pregunta la semana pasada, le contesté y no hay
modificación. El sábado pasado he hablado con la Presidencia holandesa,
incluso estamos intentando obtener algún perfeccionamiento más, y espero
que se pueda resolver razonablemente esa cuestión, que sé que es de su
interés y que, además, supone el reconocimiento de la ultraperificidad;
dicho de otro modo, de la condición objetiva de la situación canaria. Por
tanto, el darle un rango jurídico determinado puede tener su efecto
beneficioso sobre otras cuestiones que también se refieren al interés
canario, como son las que S. S. ha referido relativas al régimen
económico y fiscal y a la ZEC.

Su señoría me pide que yo asuma como cuestión de Estado la negociación
sobre el REF y la ZEC y ya le digo de entrada que sí, que por supuesto y
que, por lo tanto, le damos la mayor dimensión, en el bien entendido que
estamos hablando de algo que afecta razonablemente a un proceso histórico
y, además, a una relación bien trabada desde el punto de vista económico
entre la Península y el Archipiélago. No le quiero dar yo otras
connotaciones, porque evidentemente podríamos entrar en disquisiciones o
en debates que no son del caso y mucho menos a estas horas, pero sí
quiero decir que es bueno tener en cuenta esos mecanismos de
reconocimiento de la singularidad canaria no solamente como se tienen en
cuenta en esta Cámara en general y en las políticas concretas en
particular, sino también, por supuesto, en el ámbito europeo. En
conclusión, si conseguimos el reconocimiento del estatuto permanente y
una negociación razonable, aceptable en estos términos --efectivamente
tiene un punto importante, que es el acuerdo al que usted se ha referido;
por cierto, acuerdo, digamos, mejorable en su formulación, y el no
mejorarlo en su momento da paso a algunas dificultades del momento
presente--, espero que podamos llegar a una solución positiva en esos
puntos. Yo quiero decir que S. S. sabe muy bien en qué consisten todos
los esfuerzos negociadores; lo sabe por muchos motivos y porque también
hace aquí sus esfuerzos negociadores a la hora de mantener los
respectivos acuerdos de colaboración.

Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado S. S. respecto al
Estado del bienestar. Es perfectamente compatible, como se ha demostrado,
una



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política austera, de rigor, con el mantenimiento de prestaciones
sociales, y sencillamente no se decía la verdad cuando se hacían
determinadas imputaciones a una política determinada. Eso ya son hechos
contrastados, y no hay nada más importante que los hechos, que la
realidad desmienta cualquier tipo de imputación de esa consideración al
respecto. Por tanto, conozco muy bien su preocupación respecto de lo que
significa el sistema nacional de salud y la sanidad y espero, como he
dicho antes, que los presupuestos del año 1998 sean una pieza importante
a la hora de abordar una serie de problemas que nos deben llevar a la
consolidación del sistema nacional de Salud.

Desde luego, participo de muchas de las cosas que ha dicho S. S., y
quiero entrar en detalles respecto de lo que significa la renovación,
llamémosle el concepto amplio de regeneración democrática y la mejoría de
las cosas, como participo en algo que ha dicho S. S. sobre la justicia.

La justicia en nuestro país, vuelvo a repetir, puede tener defectos de
funcionamiento que hay que saber tratar, y una cosa son los problemas de
la justicia y otra cosa son los problemas ante la justicia. Los problemas
de la justicia son los que deben ser tratados en todo caso en el ambiente
--en mi opinión, y es mi ofrecimiento-- del mayor acuerdo posible. Otras
cuestiones o problemas que pueda haber ante la justicia deben tratarse
como todo lo que haga referencia a la justicia, con el máximo respeto y
en todo caso con la determinación clara de respetar el ámbito de
decisiones del Estado de Derecho propio de nuestra Constitución, propio
de nuestro país, propio de nuestra sociedad y naturalmente exigible a
cualquier persona que respete las reglas del juego en España. Y esa
aplicación del Estado de Derecho, ese cumplimiento de la ley, ese
elemento regenerador, y permítame decirlo, que tiene el cumplimiento de
la ley, que es probablemente el elemento regenerador más importante en
una sociedad madura, es el que hay que garantizar que se aplica
correctamente ante problemas concretos y que también se aplica en el
respeto al equilibrio de poderes en nuestro Estado y en el tratamiento de
las reformas y de las mejoras que en el ámbito de la justicia pueden
producirse. Y, por supuesto, en ese punto yo espero que seamos capaces
también de encontrarnos y que si eso puede servir, en la medida de lo
posible, junto con las voluntades de cada uno --y, desde luego, la mía
está reiteradamente puesta encima de la mesa-- para continuar en la
mejora --y yo creo que es muy apreciable-- del clima político que se ha
producido en nuestro país, desde luego por parte mía y por parte del
esfuerzo del Gobierno no va a quedar.

Por último, yo quiero, señor Mauricio, agradecerle una vez más su apoyo y
decir que, naturalmente, comparto con usted el hecho de que al entrar en
este hemiciclo, al entrar en cualquier sitio y especialmente en este
hemiciclo, eso que S. S. ha denominado las bajas pasiones hay que
dejarlas siempre fuera. Si se tienen, procurar no llevarlas; si no se
tienen, olvidarse de ellas. En todo caso, si hay dudas, despejar las
dudas inmediatamente. En cambio, es bueno a veces --no digo siempre,
porque puede ser cansado-- el apasionamiento en la defensa de las
posturas, que nada tiene que ver con las bajas pasiones, y hay veces que
la política de una persona o de un país puede producir momentos de
apasionamiento, también en términos de oportunidades, y éste es un
momento de apasionamiento en lo que significa, en mi opinión, el
aprovechamiento de una oportunidad histórica para España.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.

El señor Mauricio tiene la palabra.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No se asusten, señorías, sólo voy a consumir
cinco minutos. (Rumores.)
El señor Aznar está ya saboreando la frase feliz del señor Molins de que
lleva gobernando un año, un mes y ocho días, y hoy ha dicho que nueve.

Lleva gobernando ocho en la Península, que todavía no llega a nueve en
Canarias. (Risas.) Y lo digo porque, en los 45 minutos que le quedan,
espero que usted se comprometa --como se ha comprometido, y lo tenga
claro-- a cumplir íntegramente algunos acuerdos que para nosotros son
esenciales.

Para no hacer una extensa exposición, le diré que nosotros estamos
ampliamente satisfechos de que en un año haya cumplido usted la reforma
del Estatuto de Autonomía y Canarias haya sido reconocida como
nacionalidad, con el máximo nivel de autogobierno; que haya usted firmado
el plan integral de empleo para Canarias, que es un instrumento
fundamental para la formación y el desarrollo de los canarios; que haya
firmado el convenio de carreteras, que el señor Arias ya me ha dado
garantías de que lo va a cumplir en este verano; que los diferentes
convenios que ha firmado con Canarias se cumplan. Falta la señora Tocino,
que tiene un Ministerio reciente y comprendo que lo reciente siempre
produce una cierta improvisación, pero falta el convenio de
infraestructuras hidráulicas y de costas, señora Tocino, que espero que
se firme muy pronto. Hemos llegado a acuerdos en las políticas
estratégicas de las telecomunicaciones, del agua y la energía, en el
sentido de preservar el hecho insular canario, y sólo nos falta, señor
Aznar, algo que para nosotros es tan importante como para los vascos el
concierto y el cupo, que es un hecho constitucional: la reforma del
régimen económico y fiscal, en sus términos íntegros, y el estatuto
permanente de Canarias. Usted va a defenderlo, me consta que el señor
Rato lo ha defendido y el señor Matutes, también. Están los tres juntos y
yo espero que, de la coordinación de tres tan



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importantes Ministros y el Presidente del Gobierno, obtengamos un
resultado satisfactorio para que Canarias se sienta plenamente articulada
en el Estado español, y así, dentro de 45 minutos, podamos decirle que
tiene también para los canarios un año, un mes y nueve días.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.

El Pleno se reanudará mañana, a las nueve y media de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las doce y veinte minutos de la noche.