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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 88, de 29/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 88
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 85
celebrada el jueves, 29 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
-- Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y
salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 71, de 10 de abril de 1997 (número de
expediente 110/000099) (Página 4334)
-- Denuncia del Acuerdo de Transportes Marítimos entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en
Malabo el 5 de diciembre de 1979. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, número 74, de 22 de abril de 1997 (número de expediente 110/000100)
(Página 4334)
-- Retirada de la Reserva formulada por España al ratificar el Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Nueva York, 15 de
diciembre de 1989). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 75,
de 22 de abril de 1997 (número de expediente 110/000101) (Página 4434)
-- Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad referendum»
en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que España va a
formular en el momento de la ratificación del citado Convenio. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 77, de 29 de abril de 1997
(número de expediente 110/000102) (Página 4334)
-- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
de Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 78, de 29 de abril de 1997 (número de
expediente 110/000103) (Página 4334)
-- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República
de Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 79, de 29 de abril de 1997 (número de
expediente 110/000104) (Página 4334)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley por la que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 59-1, de 13 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000056)
(Página 4335)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 79-1, de 5 de febrero de 1997 (número
de expediente 127/000003) (Página 4354)
-- Proyecto de Ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 36-1, de 24 de marzo de 1997 (número de
expediente 121/000033) (Página 4357)
Ampliación de plazo:
-- Para la finalización de los trabajos de la Subcomisión que estudia
los sistemas privados de previsión social, que está constituida en el
seno de la Comisión de Política Social y Empleo (número de expediente
154/000009) (Página 4376)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales (Página 4334)
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y
salvamenteo marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996 (Página 4334)
Denuncia del Acuerdo de transportes marítimos entre el Gobierno de España
y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en Malabo el
5 de diciembre de 1979 (Página 4334)
Retirada de la reserva formulada por España al ratificar el segundo
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Nueva
York, 15 de diciembre de 1989) (Página 4434)
Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales, firmado «ad
referendum»en Helsinki el 17 de marzo de 1992, junto con la reserva que
España va a formular en el momento de la ratificación del citado Convenio
(Página 4334)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997 (Página 4334)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997 (Página 4334)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales, son aprobados por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
(Página 4335)
Proyecto de ley por la que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas (Página 4335)
Presenta el proyecto de ley en nombre del Gobierno la señora Ministra de
Medio ambiente (Tocino Biscarolasaga). Manifiesta que, en cumplimiento
del artículo 44 de la vigente Ley de Aguas, trae a la Cámara el presente
proyecto de ley, cuyo objetivo es la aprobación y declaración como obras
de interés general las del embalse de Itoiz y canal de Navarra, así como
una serie de actuaciones en materia de saneamiento y depuración, las
obras del embalse de la Loteta y algunos abastecimientos en la provincia
de Teruel. Expone que el proyecto de ley trae causa de una sentencia de
la Audiencia Nacional de septiembre de 1995 que, entre sus
pronunciamientos, y a los efectos que aquí interesan, pone en duda que se
satisfaga la exigencia del artículo 44 de la Ley de Aguas por el mero
hecho formal de que una norma con rango de ley declare una obra de
interés general, y exige que tal norma tenga un contenido, en ausencia de
plan hidrológico nacional, que recoja las coordenadas básicas del
proyecto, enmarcándolo e insertándolo en las determinaciones propias de
lo que sería la planificación hidrológica nacional en caso de existir.
Añade que el Gobierno no comparte el criterio jurídico de la Audiencia
Nacional, en particular la interpretación de las exigencias del artículo
44 de la Ley de Aguas, porque considera que la ausencia de plan
hidrológico nacional no puede ser inconveniente para la puesta en marcha
de determinadas obras hidráulicas ampliamente demandadas por la sociedad.
Pone de manifiesto que con esta nueva declaracion de interés general el
Estado asume la responsabilidad en los términos pactados ya con la
Diputación de Navarra sobre la obra complementaria de Itoiz.
A continuación pasa a explicar el contenido concreto del proyecto de ley
sobre las diferentes obras y proyectos a acometer, manifestando, por
último, que el conjunto de las obras que abarca y que las declara de
interés general están previstas en los correspondientes instrumentos de
planificación hidrológica según las distintas fases de aprobación en la
que éstos se encuentran y en el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración, aprobado en su día por el Consejo de Ministros.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
interviene el señor Fernández Sánchez.
En turno en contra de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
interviene el señor Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica interviene el señor Fernández Sánchez, duplicando el
señor Pérez Lapazarán.
En defensa de las enmiendas parciales presentadas por los grupos
intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas, interviene
el señor Pérez Lapazarán.
En un segundo turno intervienen los señores Rodríguez Pérez, González de
Txabarri Miranda y Morlán Gracia, contestando el señor Pérez Lapazarán.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla,
del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Cierra el debate la señora
Ministra de Medio Ambiente.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 4354)
Proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto,
de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (Página 4354)
En turno de de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; González Revenga, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Martínez-Villaseñor García, del Grupo Parlamentario Popular.
Proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos (Página 4357)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, intervienen
los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Nieto González, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Parlamentario
Popular.
En turno de réplica intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Nieto González, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo
Parlamentario Popular.
En un turno extraordinario por alusiones y por una cuestión de orden,
intervienen los señores Nieto González, Cisneros Laborda, y la señora
Aroz Ibáñez.
El señor Ríos Martínez (Secretario Segundo) da lectura a los documentos
solicitados por el señor Nieto González, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber;
las señoras Lasagabaster Olazábal y Rahola i Martínez y el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno por alusiones intervienen las señoras Aguilar Rivero, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Rahola i
Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Ampliación de plazo (Página 4376)
Para la finalización de los trabajos de la Subcomisión que estudia los
sistemas privados de previsión social, que está constituida en el seno de
la Comisión de Política Social y Empleo (Página 4376)
El señor Presidente informa a la Cámara de la solicitud de la Comisión de
Política Social y Empleo de ampliación de plazo para la finalización de
los trabajos de la Subcomisión que estudia los sistemas privados de
previsión social, lo que se aprueba por asentimiento.
Comienzan las votaciones.
En primer lugar, se someten a votación las enmiendas de totalidad
presentadas al proyecto de ley por la que se aprueban y declaran de
interés general determinadas obras hidráulicas y que ha sido tramitado
por el procedimiento de lectura única, que son rechazadas por 22 votos a
favor, 315 en contra y 10 abstenciones.
En segundo lugar, se someten a votación las enmiendas del señor Rodríguez
Sánchez, que son aprobadas por unanimidad.
Votaciones relativas a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
Sometido a votación el apartado 4 de la enmienda número 1 del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 329 votos a favor, 16 en
contra y una abstención.
Sometido a votación el resto de la enmienda número 1 del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se rechaza por 168 votos a favor, 174 en
contra y una abstención.
Votaciones relativas a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometidas a votación las enmiendas números 11 y 12, párrafo primero, se
aprueban por 323 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la enmienda número 17, se
aprueba por 346 votos a favor y una abstención.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas, se rechazan por 163 votos
a favor, 180 en contra y tres abstenciones.
Se somete a votación de conjunto, al ser procedimiento de lectura única,
el texto con las enmiendas aprobadas, se aprueba por 324 votos a favor y
23 abstenciones.
Votaciones relativas a la proposición de ley de modificación del Estatuto
de Autonomía de Castilla-La Mancha.
En primer lugar se somete a votación el punto 16 del artículo único, que
se aprueba por 189 votos a favor, seis en contra y 152 abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por unanimidad.
Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de modificación
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Sometido a votación el conjunto de la proposición de ley, se aprueba por
unanimidad.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley reguladora de las
emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos
deportivos.
Sometida a votación la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, se rechaza por 166 votos a favor, 180 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la enmienda número 98 del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), se rechaza por 167 votos a favor, 179 en contra y
una abstención.
Sometida a votación la enmienda número 27 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 26 votos a
favor, 318 en contra y tres abstenciones.
Cuando se va a proceder a la votación de la enmienda 31, intervienen la
señora Aguilar Rivero, y los señores Nieto González y Fernández de
Trocóniz Marcos. A efectos de aclarar el sentido de la corrección
introducida en la enmienda 31, interviene la señora Sabanés Nadal, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Presidente suspende la sesión durante cinco minutos y convoca a
la Mesa y Portavoces.
Reanudada la sesión, tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces,
y oída la explicación del señor Almunia Amann, del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Presidente somete a votación la enmienda número 31
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en
los términos sostenidos por la señora Sabanés, que se aprueba por 181
votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda número 42, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en sus propios
términos, se aprueba por 179 votos a favor, 165 en contra y dos
abstenciones.
Votaciones correspondientes a las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista.
Sometida a votación la enmienda número 58 del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 162 votos a favor y 181 en contra.
Sometida a votación la enmienda número 61 del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 157 votos a favor, 164 en contra y 26
abstenciones.
Sometidas a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechazan por 140 votos a favor, 179 en contra y 26
abstenciones.
Votaciones correspondientes al dictamen, con las enmiendas ya
incorporadas.
Sometidos a votación los artículos 1 a 4, se aprueban por 204 votos a
favor, diez en contra y 133 abstenciones.
Sometido a votación el artículo 5, se aprueba por unanimidad.
Sometido a votación el artículo 6.1, se aprueba por 200 votos a favor y
147 en contra.
Sometido a votación el artículo 7, se aprueba por 203 votos a favor, 138
en contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la disposición adicional, se aprueba por 344 votos a
favor, uno en contra y una abstención.
Sometidas a votación las disposiciones finales primera, tercera, cuarta y
quinta, se aprueban por unanimidad.
Sometida a votación la disposición final segunda, se aprueba por 185
votos a favor, 156 en contra y cinco abstenciones.
Sometidos a votación la exposición de motivos y el título de la ley, se
aprueban por 181 votos a favor, tres en contra y 162 abstenciones.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION Y
SALVAMENTO MARITIMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS,
FIRMADO AD REFERENDUM EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996 (Número de
expediente 110/000099)
--DENUNCIA DEL ACUERDO DE TRANSPORTES MARITIMOS ENTRE EL GOBIERNO DE
ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL, FIRMADO EN
MALABO EL 5 DE DICIEMBRE DE 1979 (Número de expediente 110/000100)
--RETIRADA DE LA RESERVA FORMULADA POR ESPAÑA AL RATIFICAR EL SEGUNDO
PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y
POLITICOS, DESTINADO A ABOLIR LA PENA DE MUERTE (NUEVA YORK, 15 DE
DICIEMBRE DE 1989) (Número de expediente 110/000101)
--CONVENIO SOBRE PROTECCION Y UTILIZACION DE LOS CURSOS DE AGUA
TRANSFRONTERIZOS Y DE LOS LAGOS INTERNACIONALES, FIRMADO AD REFERENDUM EN
HELSINKI EL 17 DE MARZO DE 1992, JUNTO CON LA RESERVA QUE ESPAÑA VA A
FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION DEL CITADO CONVENIO (Número de
expediente 110/000102)
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
CHILE, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 1997 (Número de expediente
110/000103)
--CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
ARGENTINA, HECHO EN MADRID EL 28 DE ENERO DE 1997 (Número de expediente
110/000104)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
La sesión se desarrollará a lo largo de la mañana con arreglo a la
siguiente ordenación efectuada por la Presidencia, de acuerdo con los
artículos 32 y 67 del Reglamento, previa consulta con la Junta de
Portavoces. En primer lugar, se procederá al debate, si lo hubiere, del
punto sexto, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales, y a su votación, que someteré en su caso por
asentimiento. A continuación, se tramitarán el punto noveno, proyecto de
ley, en lectura única, por el que se aprueban y declaran de interés
general determinadas obras hidráulicas, y el punto séptimo, dictámenes de
Comisión sobre proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha y sobre el proyecto de ley reguladora de las emisiones
y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos. Al final
de todos los debates de la mañana se producirán las votaciones de los
puntos séptimo y noveno, es decir, de la proposición de ley de reforma
del Estatuto de Castilla-La Mancha, del proyecto de ley regulador de las
emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos
y del proyecto de ley tramitado en lectura única. Al final de la mañana,
se realizarán las tres votaciones, de forma que la Mesa, la Junta de
Portavoces, los presidentes de Comisión y los diputados que deseen
hacerlo puedan asistir también a la Conferencia de presidentes de
parlamentos democráticos iberoamericanos que se desarrollará a partir de
las nueve y media en la sala internacional.
Comienza, por tanto, el desarrollo del punto sexto del orden del día,
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir sobre los acuerdos que están
referenciados en el orden del día? (Pausa.) ¿Podemos en consecuencia
proceder a su votación? (Asentimiento.) Llámese para votaciones. (Pausa.)
Votaciones relativas a los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre los siguientes convenios internacionales.
Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la contaminación y
salvamento marítimo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos,
firmado ad referendum en Rabat el 6 de febrero de 1996.
¿Lo aprueba el Pleno sin objeciones? (Pausa.) Se entiende aprobado por
asentimiento.
Denuncia del Acuerdo de transportes marítimos entre el Gobierno de España
y el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, firmado en Malabo el
5 de diciembre de 1979.
¿Lo acuerda el Pleno por asentimiento? (Pausa.) Se entiende aprobado.
Retirada de la reserva formulada por España al ratificar el segundo
protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos destinado a abolir la pena de muerte, hecho en Nueva York el 15
de diciembre de 1989.
¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
Convenio sobre protección y utilización de los cursos de agua
transfronterizos y de los lagos internacionales,
firmado ad referendum en Helsinki, el 17 de marzo de 1992, junto con la
reserva que España va a formular en el momento de la ratificación del
citado convenio.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de
Chile, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
¿Lo aprueba el Pleno por asentimiento? (Pausa.) Así se entiende aprobado.
Finalmente, Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la
República de Argentina, hecho en Madrid el 28 de enero de 1997.
¿Se aprueba por el Pleno por asentimiento? (Pausa.) Así se entiende
aprobado.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBAN Y DECLARAN DE INTERES GENERAL
DETERMINADAS OBRAS HIDRAULICAS (Número de expediente 121/000056)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, tramitación directa
y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la
que se aprueban y declaran de interés general determinadas obras
hidráulicas.
Para su presentación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la
Ministra de Medio Ambiente, señora Tocino.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
El artículo 44 de la vigente Ley de Aguas ... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego guarden silencio para que pueda
comenzar la intervención de la señora Ministra. (Continúan los rumores.)
Silencio, señorías. ¡Señor Baón!
Cuando quiera, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Decía, señorías, que el artículo 44 de la vigente Ley de Aguas prevé la
aprobación por ley de las obras hidráulicas de interés general. En
cumplimiento de esta previsión normativa, se presenta a las Cortes
Generales el presente proyecto de ley, cuyo objeto es la aprobación y
declaración como obras de interés general las del embalse de Itoiz y las
del canal de Navarra, así como una serie de actuaciones en materia de
saneamiento y depuración, las obras del embalse de la Loteta y algunos
abastecimientos en la provincia de Teruel. (El señor Vicepresidente,
Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Hasta el presente, la declaración de interés general de las obras
hidráulicas, a los efectos del artículo 44 de la Ley de Aguas, venía
haciéndose mediante normas que no tenían como único contenido esta
declaración, muchas veces mediante reales decretos-leyes y sin más
contenido que la estricta declaración de interés general y el nombre de
la obra hidráulica a realizar. El proyecto que nos ocupa, por el
contrario, responde a un criterio formal distinto, puesto implica una
descripción de la obra que pretende legalizar, así como la declaración de
interés general, los motivos y la funcionalidad social que determinan la
conveniencia de considerar a ésta como de interés general.
Todas SS. SS. saben, como se dice en el párrafo final de la exposición de
motivos del presente proyecto de ley, que acudir a este nuevo marco
formal para la declaración de interés general de una obra hidráulica trae
causa de un pronunciamiento judicial muy concreto, la sentencia de la
Audiencia Nacional de septiembre de 1995, que entre sus pronunciamientos
y a los efectos que aquí nos interesan pone en duda que se satisfaga la
exigencia del artículo 44 de la Ley de Aguas por el mero hecho formal de
que una norma con rango de ley declare una obra de interés general y
exige que tal norma tenga un contenido, en ausencia de Plan Hidrológico
Nacional, que recoja las coordenadas básicas del proyecto enmarcándolo e
insertándolo en las determinaciones propias de lo que sería la
planificación hidrológica nacional en caso de existir.
El Gobierno, señorías, no comparte el criterio jurídico de la Audiencia
Nacional y, en particular, la interpretación de las exigencias del
artículo 44 de la Ley de Aguas. Entendemos que la ausencia de Plan
Hidrológico Nacional no puede ser inconveniente que impida la puesta en
marcha de determinadas obras hidráulicas que el Gobierno ha considerado
necesario realizar al ser ampliamente demandadas por la sociedad. Es por
ello por lo que el Gobierno no cree que sea bueno que nadie ponga en duda
jurídica la vigencia de la decla
ración de interés general hecha en su día por el Real Decreto-ley
3/1992, de 22 de mayo, que no ha sido declarado ni juzgado como
inconstitucional por la sentencia de la Audiencia Nacional, razón por la
que el Gobierno ha realizado una nueva declaración por medio de este
proyecto de ley ateniéndose a los requisitos que tales declaraciones de
interés general deben tener según la referida sentencia, y, al mismo
tiempo, con idénticos criterios, realiza nuevas declaraciones de interés
general del resto de las obras que en el proyecto de ley se contemplan.
He de advertir, señorías, que si bien el proyecto declara de interés
general determinadas obras, no quiere decir que sean estas las únicas que
se vayan a declarar en tal sentido a medio o largo
plazo. Estamos, en consecuencia, señor Presidente, señoras y señores
diputados, ante un proyecto de ley que en el caso de Itoiz ratifica la
declaración hecha en su día por Real Decreto-ley 3/1992, para que no
existan dudas por parte de nadie de que tanto la ley como el Parlamento,
en cuanto legislador, mantienen el juicio sobre el carácter del embalse
de Itoiz como obra de interés general, y que declara, al mismo tiempo,
determinadas obras hidráulicas de interés general con unos criterios
formales respecto al contenido de la norma.
Señorías, no es necesario hacer un análisis pormenorizado en este momento
de cada una de estas obras, puesto que la técnica utilizada en la
declaración de interés general supone la incorporación al propio proyecto
de ley, a través de los anexos, de una descripción de cada una de ellas,
aparte de que en la exposición de motivos se hace también una extensa
referencia a todas y a cada una de estas obras, por lo que todas SS. SS.
tienen en sus manos la justificación y explicación al respecto.
Sí merece la pena resaltar que con esta declaración de interés general el
Estado asume la responsabilidad en los términos pactados ya con la
Diputación Foral de Navarra sobre la obra complementaria del embalse de
Itoiz, que es el canal de Navarra, vinculada a un proyecto de
abastecimiento y transformaciones de regadíos en el territorio de la
Diputación Foral, sin cuya realización el embalse de Itoiz carecería en
importante medida de funcionalidad social. Tanto en la exposición de
motivos como en el anexo de este proyecto de ley quedan indicadas
pormenorizadamente las razones por las que se justifica la importancia de
estas obras del embalse de Itoiz y del canal de Navarra, para Navarra y
para el conjunto del Estado español. Dichas infraestructuras garantizarán
el abastecimiento de consumo de agua a gran número de poblaciones y
mejorarán de forma importante el déficit de agua actualmente existente
para usos humanos, industriales y agrarios en la zona. La construcción de
ambos proyectos está prevista en el plan hidrológico de la cuenca del
Ebro, aprobado por el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica
del Ebro el 15 de febrero de 1996.
Asimismo, con las obras que se declaran de interés general en el anexo II
se pretende dar un serio impulso a los compromisos estatales en
cumplimiento del plan nacional de saneamiento y depuración, declarando de
interés general un conjunto de obras en tal sentido. La justificación, en
este caso referente a dos comunidades autónomas, la de Galicia y la de
Castilla y León, se encuentra en la declaración de interés general al
aplicar el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, que establece la
necesidad de que las poblaciones con más de 15.000 habitantes o
equivalentes cuenten con los correspondientes sistemas de tratamiento de
aguas residuales antes del 1 de enero del año 2001. Ejecutar el plan
nacional de depuración de aguas residuales, aprobado por el Consejo de
Ministros el día 17 de febrero de 1995, representa la obligación para el
Estado de limitar al 25 por ciento del total presupuestado la
participación del Estado que puede cofinanciarse directamente por éste o
mediante la presentación de proyectos autonómicos a través del Fondo de
Cohesión. En algunas comunidades dicho porcentaje ya se ha superado o se
está en condiciones de hacerlo a corto plazo, por lo que no tiene sentido
declarar de interés general nuevas obras en tales comunidades cuando en
otras autonomías el grado de ejecución del plan es mucho más reducido.
Igualmente, como se puede ver en el anexo III, se declara de interés
general el embalse de la Loteta y la conducción de este embalse hasta el
canal de Aragón, así como las obras de abastecimiento a una serie de
poblaciones de la provincia de Teruel. En ambos casos las obras también
están incluidas en el plan hidrológico de cuenca. La importancia de las
mismas se deduce igualmente del contenido del proyecto que se somete a
consideración de la Cámara.
Quiero recalcar, por último, señorías, que el conjunto de las obras que
abarca este proyecto de ley y que las declara de interés general está
previsto en los correspondientes instrumentos de planificación
hidrológica según la distinta fase de aprobación en la que estos se
encuentran y en el plan nacional de saneamiento y depuración, aprobado en
su día, como acabo de exponer, por el Consejo de Ministros. La
declaración de interés general que se contiene en el proyecto de ley que
hoy tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno supone un paso
imprescindible a tenor del artículo 44 de la Ley de Aguas para que la
Administración del Estado pueda seguir avanzando en el cumplimiento de
tales instrumentos de planificación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.
Vamos a tramitar en primer lugar la enmienda a la totalidad que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la enmienda de totalidad con
texto alternativo presentada por mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al proyecto de ley del Gobierno por el que se declaran de
interés general determinadas obras hidráulicas.
En primer lugar quiero referirme al contenido del proyecto del Gobierno y
al método empleado para la tramitación de esta ley, porque no nos parece
muy normal que en un mismo proyecto se utilice la vía de urgencia, la de
lectura única y además se imposibilite la ampliación de plazo de
enmiendas en un proyecto de ley que nosotros consideramos que es
importante, ya
que declara de interés general catorce obras de sumo interés en la
política de regulación de aguas y de depuración. Esperamos que el Partido
Popular nos explique las causas que han motivado la tramitación en
lectura única de este proyecto, porque aún se podría considerar la vía de
urgencia, pero la lectura única no parece que sea el método.
Tengo que recordar que la señora Ministra, aquí presente, se comprometió
en su primera comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente a traer a este Parlamento el plan hidrológico nacional, los
planes de cuenca y el plan nacional de regadíos, porque le parecían
imprescindibles. (La señora Ministra de Medio Ambiente, Tocino
Biscarolasaga hace signos de denegación.) Está escrito y consta en un
«Diario de Sesiones», señora Ministra. (La señora Ministra de Medio
Ambiente, Tocino Biscarolasaga: El de regadíos, no.) Decía la señora
Ministra que todo esto le parecía imprescindible para mantener una
estricta coordinación de previsiones en todo lo relacionado con la
política de aguas y para así tomar las medidas adecuadas dentro de la
visión de conjunto que puede suponer tener todos los elementos de
planificación nacional. Parece ser que este compromiso, en cierta manera,
se ha roto al día de hoy.
Nos da la impresión que este proyecto de ley que presenta el Gobierno no
ha surgido por el convencimiento y la necesidad de una adecuada política
en materia de depuración y regulación de recursos hídricos. En este
proyecto se percibe un componente de oportunidad política que nuestro
grupo no puede compartir. ¿Qué criterios ha seguido el Gobierno para
declarar de interés general obras de saneamiento y depuración en
comunidades muy concretas? ¿Tiene algo que ver la proximidad de las
elecciones gallegas en cuanto a la inclusión de la mayoría de obras de
depuración en esta comunidad? ¿Tienen algo que ver las reiteradas cartas
que el Presidente de la Junta de Castilla y León ha enviado al Presidente
Aznar pidiéndole financiación para obras en su comunidad? Por ello,
señorías, nosotros tenemos dudas sobre si no estaremos asistiendo a una
operación de un cierto clientelismo político.
Nosotros emplazamos al Gobierno a tener en esta Cámara un debate serio y
sosegado sobre la necesidad de regular los cada vez más escasos recursos
hídricos. Es evidente sobre todo que hay que clarificar qué prioridades
establece este Gobierno en relación al plan nacional de saneamiento y
depuración de aguas residuales, plan aprobado en 1995, que tiene vigencia
hasta el año 2005. Este plan, que fue elaborado por estricta aplicación
de la Directiva comunitaria 91/271, tiene por objeto la recogida, el
tratamiento y el vertido de aguas residuales urbanas e industriales, con
el fin de proteger el medio ambiente y los efectos negativos que los
vertidos producen en el mismo. Nosotros consideramos que este plan es
clave, si el Gobierno se define, para conocer si realmente existe
voluntad política en cuanto a su ejecución, y para que exista voluntad
política hay que plasmarla a través de los Presupuestos Generales del
Estado. Nosotros, si la señora Ministra recuerda, en el debate de
presupuestos presentamos determinadas enmiendas para favorecer este tipo
de políticas, enmiendas que, por supuesto, fueron rechazadas.
Paso a defender la enmienda de totalidad que nuestro grupo ha presentado
por tres razones fundamentales. La primera, porque entendemos que es
necesario separar la actuación del Legislativo sobre materias que están
pendientes de resolución judicial; la segunda, por la necesidad de
incluir nuevos elementos que sirvan para aprovechar los recursos
existentes, mejorando las infraestructuras actuales y así evitar pérdidas
durante el transporte del agua, y la tercera, porque nuestro deseo es que
se declaren de interés general más obras de saneamiento y depuración que
las que incluye el proyecto de ley del Gobierno. Desde esta perspectiva,
anuncio nuestro apoyo a las enmiendas que los distintos grupos de esta
Cámara han presentando proponiendo la declaración de interés general de
otras obras de saneamiento y depuración. Antes he dicho que mi
grupo, como en otras ocasiones, quiere ser respetuoso con las decisiones
del poder judicial. Me referiero, entre otros, al embalse de Itoiz, obra
que se inició sin la cobertura legal suficiente y que ha motivado un
aluvión de recursos judiciales cuya resolución está pendiente. Está
recurrida la declaración del proyecto de incidencia supramunicipal de
Itoiz y pendiente de sentencia del Tribunal Supremo; está recurrido el
proyecto técnico de la presa de Itoiz, aprobado por el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, y también pendiente de
sentencia del Tribunal Supremo; está recurrida y pendiente de sentencia
la declaración de impacto ambiental de Itoiz; está recurrida y pendiente
de sentencia ante la Audiencia Nacional la primera fase del canal de
Navarra; está recurrida la utilización de la cantera de Itoiz y parece
ser que las diligencias continúan abiertas. Todos estos recursos están
pendientes de resolución por vía judicial.
Nosotros vemos con preocupación este funcionamiento anómalo de las
instituciones, que deberían velar por los intereses de los ciudadanos,
preservar la seguridad jurídica y ser exquisitamente escrupulosos con los
actos administrativos. En cambio, en este proceso ha habido un cúmulo de
desatinos y nadie ha asumido la responsabilidad política, nadie ha
dimitido por tantas irregularidades, nadie ha pedido dimisiones y nadie
ha tenido el valor de responsabilizarse de sus actos.
Izquierda Unida en Navarra está a favor de regular los ríos, y en
concreto el río Irati. Navarra tiene necesidades de agua en este momento,
el problema se centra en determinar qué volumen es el adecuado para las
necesidades de esta comunidad. Las posiciones totalmente
enfrentadas están impidiendo el debate sosegado y el análisis real de la
situación. En todo caso, nosotros nos sometemos a lo que dictamine el
Tribunal Supremo en cuanto a volumen de embalse y legalidad de las obras.
Proponemos que se declare de interés general el canal de Navarra, para
que esta obra cuente con las garantías de cobertura legal suficientes,
complementándose con la declaración de impacto ambiental una vez que
supere la exposición pública. A nuestro entender, y dependiendo de la
capacidad del embalse de la presa, en Navarra se podrían poner en regadío
unas 30.000 hectáreas, cifra que, como se puede constatar, está por
debajo de las previsiones del proyecto de ley del Gobierno, pero creemos
que es más realista que las 57.000 hectáreas que se proponen. Entendemos
que no solamente hay que limitarse a aportar agua para nuevos regadíos,
sino que hay que facilitar ayudas públicas a los agricultores para primar
el uso de tecnologías eficientes destinadas al ahorro de agua. A tal fin,
incluimos una partida de 12.000 millones.
Otro tipo de actuación lo constituyen las obras de mejora necesarias para
atender la demanda de agua de los regadíos de la margen derecha del Ebro,
mejoras en el canal de Lodosa, con el fin de reducir pérdidas y los
costes de elevación, optimizando así los recursos disponibles en
previsión de que la segunda fase del canal de Navarra no se llegue a
realizar. Creo que es importante ver qué grado de compromiso adquieren
las distintas formaciones políticas aquí presentes en cuando a la
ejecución de la segunda fase del canal de Navarra. Todas las previsiones
apuntan a que no va a existir voluntad política para acometer la obra de
ejecución de la segunda fase del canal de Navarra; por eso nosotros
entendemos que quizá sea un error proyectar unas obras con una capacidad
determinada sin saber si esta segunda fase del canal de Navarra va a ser
posible. Esa es una realidad innegable en Navarra y aquí y a nivel
privado todos los grupos políticos, incluso al que pertenece el señor Del
Burgo, estarán de acuerdo conmigo. La diferencia puede estar en que
públicamente sea muy difícil asumir esa realidad. La pregunta que hago en
concreto es: ¿Qué grado de responsabilidad asume el Partido Popular en
cuanto a la ejecución de la segunda fase del canal de Navarra? (El señor
Del Burgo Tajadura: Toda.) ¿Va a llegar el agua a la ribera seca? ¿Se va
a quedar el agua solamente en Pitillas? Ahí es donde debería centrarse el
debate para saber en todo caso cuál es la necesidad de embalse de agua
que tenemos. Un debate que todavía no se ha hecho. No, porque incluso en
la declaración de interés general la financiación que se prevé es para la
primera fase del canal y, además, por otra consideración, se prevé el 60
por ciento de financiación por parte del Estado pero limitando, acotando
cuál es la cifra de inversión del Estado, 36.000 millones de pesetas si
no recuerdo mal. En las obras públicas lo normal es que es muy difícil
que esa cifra sea la final. Lo normal es que en la primera fase del canal
de Navarra ocurra como está ocurriendo en la presa Itoiz, donde el
proyecto inicial de 16.000 millones de pesetas --inicialmente era menos--
puede pasar a 24.000 ó 26.000 millones.
Me parece un error que ustedes, los que han posibilitado que exista esta
declaración de interés general para el canal de Navarra, no presionen
también para no acotar esa cifra de financiación por parte del Estado.
Sería prudente dejar abierta esa cifra, que se siguiera con el 60 por
ciento por parte del Estado y éste atendiera la cifra resultante después
de realizado el proyecto.
Por último, voy a resumir los objetivos prioritarios de esta enmienda a
la totalidad con texto alternativo. Entre estos objetivos que ya he ido
enumerando, hemos dicho que queremos que se declare de interés general el
canal de Navarra; dotar con 15.000 millones de pesetas en ayudas públicas
para el uso de tecnologías tendentes al ahorro de agua las nuevas
superficies a regar en Navarra; declarar de interés general el canal de
Lodosa y habilitar partidas presupuestarias de 8.000 millones de pesetas
para optimizar su uso; declarar de interés general el embalse de Loteta y
conducción hasta el canal Imperial y declarar también de interés general
no solamente las obras que propone el Partido Popular en obras de
saneamiento y depuración. Hemos presentado una lista de hasta 37 obras en
este sentido.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de esta enmienda de
totalidad? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pérez Lapazarán.
El señor PEREZ LAPAZARAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Me corresponde intervenir en este turno en contra de las enmiendas
presentadas a este proyecto de ley en representación del Grupo
Parlamentario Popular. Permítanme que sean mis primeras palabras, antes
de pasar al fondo del debate, para dar la bienvenida a esta Cámara al
Presidente del Gobierno de Navarra y al resto de personalidades de la
Comunidad Foral que hoy nos acompañan y asistirán, si SS. SS. así lo
aprueban, a un acto histórico para esta comunidad.
El Grupo Parlamentario Popular ha considerado oportuno que sea un
Diputado navarro el que actúe en este trámite parlamentario como portavoz
en la defensa de este proyecto de ley. La razón es evidente y no es otra
que en su artículo único, apartado 1, se propone la aprobación y
declaración de interés general de dos obras emblemáticas para los
navarros. Son obras anheladas y deseadas desde hace muchas décadas y que
incidirán, sin lugar a dudas, en un desarrollo más armónico de nuestra
comunidad foral.
En cuanto al proyecto de ley que nos presenta el Gobierno, el Grupo
Popular lo valora positivamente tanto por los objetivos para los que se
han diseñado las obras incluidas como por la importancia y trascendencia
de los beneficios derivados de ella. Galicia, Castilla-León, Aragón,
Navarra y Madrid son las comunidades destinatarias de los 100.400
millones de pesetas de inversión incluidos en los tres apartados del
artículo único de este proyecto que hoy se debate en esta Cámara. Los
objetivos de mejor y más racional aprovechamiento y utilización de las
aguas, junto a los objetivos de depuración y saneamiento de las
actuaciones contempladas en el proyecto de ley, son lo suficientemente
relevantes para el conjunto de los ciudadanos como para merecer ser
tratados con la importancia que en estos momentos se le da en este
trámite parlamentario.
El proyecto de ley presentado por el Gobierno, tal y como ha puesto de
manifiesto la señora Ministra, contempla la aprobación y declaración de
interés general de un conjunto de actuaciones hidráulicas que incidirán
sin lugar a dudas sobre el bienestar y la calidad de vida de muchos
ciudadanos. Son obras de almacenamiento de agua y transporte, de
saneamiento y depuración de aguas residuales, de abastecimiento, de su
mejor uso y gestión, en definitiva, actuaciones hidráulicas sobre un bien
escaso pero que, correctamente realizadas, contribuirán a mejorar el
medio ambiente. La finalidad de todas ellas justificaría su aprobación
sin más argumentos. No obstante, se hace necesaria su inclusión en un
texto de ley como consecuencia del artículo 44 de la Ley de Aguas de 1985
y sentencias relacionadas con la planificación hidráulica, tal y como ha
puesto de manifiesto la señora Ministra.
Todas las obras incluidas son ampliamente conocidas por SS. SS. y se
encuentran reflejadas en los planes nacionales, en planes hidrográficos
de cuenca, responden al interés general y son demandadas por los
ciudadanos. Todas las obras contribuirán al desarrollo regional y
asegurarán un nivel adecuado de suministro de agua o de depuración en
beneficio del propio desarrollo económico y, por supuesto, de una mejora
medioambiental. Son obras que serán financiadas por el Gobierno, por las
administraciones autonómicas e incluso algunas de ellas serán financiadas
con cargo a los fondos de cohesión de la Unión Europea. La necesidad y
justificación de todas estas obras ha quedado suficientemente acreditada
en los diferentes ámbitos de la planificación hidráulica.
En el apartado 1 del artículo único del proyecto de ley se encuentran dos
obras, como he dicho anteriormente, emblemáticas para todos los navarros
y que, lamentablemente, son de actualidad no por los beneficios que
aportarán a nuestra comunidad foral o a la cuenca del Ebro, sino por
otras circunstancias más relacionadas con otro tipo de objetivos que poco
tienen que ver con el bienestar de las personas. Las obras a las que me
estoy refiriendo son el embalse de Itoiz y el canal de Navarra. Este
binomio indisoluble de obras representa una vieja aspiración de nuestra
comunidad foral. Habría que remontarse a principios de siglo para
encontrar las primeras referencias sobre el canal de Navarra. El retraso
en su construcción ha generado desequilibrios territoriales y quiebra en
el desarrollo regional, de sequía, de inundaciones, de imposibilidad de
desarrollo de nuestra agricultura y nuestra agroindustria, en definitiva,
inseguridad de suministro de agua en el futuro. Hoy, con la aprobación y
declaración de interés general de ambas obras, se podrá iniciar la
construcción del canal de Navarra, inversión que da sentido al embalse de
Itoiz, gracias a lo cual, tal y como ha explicado la señora Ministra y se
encuentra en la memoria explicativa del proyecto de ley, se podrá iniciar
una importante transformación del sector agrícola; se podrá garantizar el
futuro del abastecimiento de agua del 70 por ciento de la población de la
comunidad foral; permitirá crear suelo industrial en aquellas zonas de
Navarra más desfavorecidas y, por último, permitirá paliar inundaciones
no sólo de nuestra comunidad sino también en la ribera media y baja del
Ebro.
Uno de los aspectos más importantes del uso de las aguas del embalse será
el de posibilitar la generación de energía hidroeléctrica, ésa que no
contamina, ésa que evita la emisión de anhídrido carbónico a la
atmósfera, eliminando en las centrales térmicas combustibles mucho más
contaminantes. En definitiva, todas aquellas mejoras que se alcanzarán
desde el punto de vista del control de agua y puedan suponer beneficio en
una cuenca que dista mucho de regular sus cursos hidráulicos y, por
tanto, sometida a los regímenes hidráulicos más caprichosos de la zona
norte de España.
Estas obras, una de almacenamiento, Itoiz, que evitará grandes avenidas
y, por tanto, inundaciones, y la otra, el canal de Navarra, que permitirá
el transporte de este bien tan escaso como es el agua a las zonas que más
lo necesitan en periodos de estiaje, son la mejor contribución que
podemos realizar en estos momentos a las futuras generaciones. Una obra
tan sencilla como es almacenar agua allá donde sobra para transportarla
allá donde falta, en una tierra donde sobran recursos hidráulicos, ha
necesitado, como decía anteriormente, casi un siglo para iniciar los
trámites de aprobación y construcción. Esperemos que la sociedad navarra
pueda ver, a partir de este momento, cómo se resuelven sus necesidades de
desarrollo para mirar el futuro sin sobresaltos.
Sobre la necesidad y justificación de estas obras se ha dicho y escrito
tanto que no merece la pena insistir en ello. Baste, a título
informativo, reflejar que ambas obras se encuentran incluidas en el plan
hidrológico de la cuenca del Ebro, que son apoyadas ampliamente por
la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento
foral de Navarra; que la práctica totalidad de los ayuntamientos de la
Navarra media y sur se ha posicionado a su favor; que los sindicatos
mayoritarios en el ámbito agrario industrial se han manifestado
igualmente a favor, así como instituciones, mancomunidades y agrupaciones
empresariales.
La Plataforma del Agua de Navarra, formada por partidos políticos,
sindicatos, confederaciones de empresarios, mancomunidades y diversos
agentes económicos y sociales, aprobó, en junio de 1994, en el manifiesto
de La Ciudadela, una declaración de apoyo unánime a estas obras, de
exigencia de su construcción en toda su dimensión. Por tanto, la sociedad
navarra se ha posicionado claramente en favor de ellas. Se puede afirmar
que nunca un proyecto de estas características y sus aprovechamientos han
tenido tanto apoyo y tanto estudio. Permítanme afirmar que jamás obra
alguna en el mundo ha sido sometida a tanta evaluación. Tanto desde el
punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto
de vista medioambiental como desde las perspectivas más insospechadas,
han sido evaluadas y reconocidas sus bondades. Uno de los aspectos mejor
tratados del proyecto ha sido precisamente el medioambiental. Tanto el
Ministerio de Medio Ambiente, y anteriormente el Ministerio de Obras
Públicas, como el Gobierno de Navarra, en una actuación conjunta digna de
elogio, han aminorado al máximo las posibles afecciones ambientales,
introduciendo las medidas correctoras sin escatimar medio alguno.
Por estas razones, no podemos aceptar, y por tanto nuestro grupo votará
en su contra, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por varias razones que paso a
enumerar. En la parte expositiva de su enmienda al apartado 1, vierte una
serie de afirmaciones y contradicciones que, a nuestro juicio, no se
corresponden con la realidad ni responden al interés manifestado por las
instituciones navarras y por la inmensa mayoría de la sociedad navarra.
Manifestaciones tales como obra faraónica, enfrentamiento entre
agricultores y ecologistas, necesidades razonables de agua, escaso
respeto a la legislación vigente, son manifestaciones que nuestro grupo y
los grupos que apoyan esta obra en modo alguno pueden compartir. El mismo
apartado concluye con una solución salomónica y una contradicción
evidente. Propone un embalse para regar 30.000 hectáreas, clara
contradicción con todo lo manifestado a lo largo de su intervención en
esta mañana. Por un lado dice qué voluntad hay de desarrollar la segunda
fase del canal y, por otro, usted mismo dice que las 30.00 hectáreas van
a ser contempladas única y exclusivamente por la parte primera del canal
de Navarra, que coincide precisamente con esa cifra de 30.000 hectáreas.
Esta solución es salomónica, porque si disminuimos la capacidad del
embalse de Itoiz a esas 30.000 hectáreas, más los abastecimientos, más el
agua destinada al uso industrial, nos encontraríamos con que de una presa
de 111 metros de altura se rebajarían única y exclusivamente 15 metros,
haría inviable económicamente la obra, no cumpliría su función de
laminación de avenidas y prevención de inundaciones y, por supuesto, las
afecciones ambientales apenas se verían paliadas. Introduce cuestiones
económicas con cargo al Estado de las que como navarro sería partidario,
pero basándome en el principio de solidaridad y de nuestro peculiar
sistema económico-financiero no podríamos aceptar que el Estado nos
financiase obras que tenemos transferidas en nuestra ley de
reintegración, amejoramiento y disposiciones posteriores en materia de
planificación de regadíos y en materia de planificación ambiental. Invoca
también la necesidad de una ley de financiación de infraestructuras,
cuando usted bien sabe que en Navarra se dispone de leyes de financiación
para este tipo de infraestructuras, como la Ley 14/1994 o la Ley 19/1994,
leyes avanzadas, leyes que contemplan temas tan fundamentales como los
fondos de tierra, la incorporación de agricultores, la dimensión de las
explotaciones, etcétera. Por lo tanto, invocar a una planificación
central o centralizada a nuestro juicio no es de recibo y, por tanto
rechazaríamos este tipo de alegaciones.
En el apartado 2 contempla otro tipo de actuaciones que ya son del Estado
y no precisan del interés general. En concreto, en el apartado 2 habla
del canal de Lodosa cuando éste ya es de competencia del Estado, no
necesitaría un declaración de interés general y precisamente en los
presupuestos del año en curso ya dispone de una suficiente dotación
presupuestaria, muy superior a la que usted invoca en la enmienda
presentada.
Finaliza su enmienda con la ampliación del número de obras en 24. No
entiendo que manifestara que no le gustaba el sistema de aprobación de
obras que incluía un número ilimitado de obras --y el proyecto hablaba de
14-- y usted precisamente, en base a ese sistema lo incrementa en 20.
Contradicción sobre contradicción en su intervención.
También habla del importante número de obras incluidas y que deberían
integrarse dentro del Plan Hidrológico Nacional. Yo le quisiera decir que
estas obras ya figuran incluidas y debatidas en los planes de cuenca,
salvo los tres planes hidrológicos de cuenca que faltan. Por lo tanto, es
un método de declaración de obras de interés general adecuado y en ese
sentido se alaba la iniciativa del Gobierno de presentarlo en esta
Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Le ruego concluya.
El señor PEREZ LAPAZARAN: Sí, señor Presidente, finalizo.
Hablaba también de las manifestaciones de la señora Ministra, que única y
exclusivamente ha debido escuchar o leer usted, porque los demás no las
hemos escuchado. Se referían al incumplimiento del Plan Hidrológico
Nacional. En virtud de las iniciativas presentadas en el Senado y
aprobadas unánimemente, el Plan Hidrológico Nacional se presentará a esta
Cámara una vez finalicen los planes hidrológicos de cuenca, que están a
punto de hacerlo. Cuando acaben, el Gobierno presentará ese Plan
Hidrológico Nacional.
Para terminar, señor Presidente, nuestro grupo valora muy positivamente
las obras incluidas en este proyecto de ley referidas al tercer grupo:
embalse de la Loteta y abastecimiento a diversos ayuntamientos de la
provincia de Teruel. Son obras importantes, sobre todo el embalse de la
Loteta, incluido en el pacto del agua de Aragón. Se encuentra incluido
también en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro y forma parte como
pieza fundamental de regulación de los tres grandes canales del Ebro. Los
objetivos de su construcción, de almacenar excedentes invernales y
posibilitar y diversificar los abastecimientos de agua en Zaragoza, son
suficientes razones para apoyar su aprobación. No duden SS. SS. de que
las obras incluidas en estos anejos representan importantes actuaciones
en materia de política hidráulica, y de ellos se derivarán importantes
beneficios para la sociedad en general y para las regiones que he
comentado anteriormente en particular.
Por todo ello, señorías, creo que con su aprobación estaremos
contribuyendo a mejorar nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Pérez.
El señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervendré con mucha brevedad ya que en la mayor parte de su
intervención el señor Lapazarán se ha referido al proyecto de ley del
Gobierno y no ha tenido una intervención de rechazo hacia el proyecto que
hemos presentado. No obstante, el señor Lapazarán ha hecho algunas
afirmaciones que no deben ser compartidas ni por nosotros ni por esta
Cámara. El señor Lapazarán dice que, como la inmensa mayoría de los
partidos políticos en Navarra y otras organizaciones apoyan Itoiz, Itoiz
no tiene ningún problema y a los que no apoyamos este proyecto por sus
irregularidades parece que nos deja fuera.
Entendemos que la Administración debe ser totalmente respetuosa con la
legalidad. La Administración en ningún caso puede actuar con impunidad.
Yo no sé si hacia ahí es adonde el señor Lapazarán quiere dirigirse y
quiere orientar la actuación del Gobierno, que en alguna ocasión ya iba
en ese sentido. Niega también, por otra parte, que en Navarra exista
división por este proyecto. Yo creo que esa es una realidad que ni el
señor Lapazarán ni nadie puede negar, en absoluto. En Navarra hay
división entre sectores de la población de la sociedad por este proyecto.
Yo creo que no se puede negar cuál es la realidad social en este momento.
Me decía también el señor Lapazarán que existen contradicciones en
nuestra proposición por incluir más obras que las que contempla el
proyecto de ley del Gobierno. Yo ya he advertido que nos hubiese gustado,
en todo caso, que se debatieran en comisión en este Parlamento todas las
obras para ver cuál es la situación real de todo el Estado y qué
posibilidades hay para cumplir las directivas europeas desde ahora hasta
el 2005. Ese es un ejercicio que se debería hacer en esta Cámara y no
creo que pueda ser rechazado desde ningún punto de vista. No existe
contradicción en nuestro planteamiento de incluir más obras de
depuración; lo que sí existe es la clara voluntad de evitar que el
Gobierno incluya unas obras determinadas porque le interesa
electoralmente en unos lugares o porque en otros gobiernan personas de su
partido. Nosotros queremos evitar, precisamente, esa situación.
Debo decir que para el canal de Lodosa, del que nosotros estamos hablando
que tenga financiación para subsanar sus deficiencias, a pesar de que
pueda ser cierto lo que dice el señor Lapazarán en cuanto a que no es
necesaria la declaración de interés general, creemos que es necesaria la
dotación presupuestaria para subsanar y corregir los defectos que hoy
tiene.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández.
Señor Pérez Lapazarán.
El señor PEREZ LAPAZARAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, con la presentación de este proyecto de ley el Gobierno no
pretende eludir la acción de la justicia, ni muchísimo menos, sino que,
siguiendo la propia doctrina del tribunal sobre declaración de interés
general, incorpora los requisitos formales que la Audiencia Nacional
considera imprescindibles. Son principios de seguridad jurídica, son
principios del interés general y, por tanto, no se pretende, ni muchísimo
menos, burlar la acción de la justicia. Usted viene a decir que las obras
incluidas en este proyecto de ley obedecen a intereses electorales. Nada
más lejos de la realidad. Muchas de ellas son obras planificadas y
aprobadas por el anterior Gobierno, incluidas en planes nacionales e
incluidas, asimismo, en planes hidrológicos de cuenca. Por lo tanto,
rechazamos de pleno esas manifestaciones.
Se ha cumplido un trámite importante, sobre todo, como decía
anteriormente, de cara a la sociedad navarra. La sociedad navarra se ha
posicionado, a través de
las organizaciones y partidos democráticos, mayoritariamente a favor de
estas obras y un número muy reducido de personas se ha manifestado,
algunas veces violentamente, en contra de las mismas. Es evidente que
también hay detractores, como en todos los ámbitos de la vida: unos a
favor, los más; y otros en contra, los menos. Reconocemos el derecho de
las minorías a manifestarse en ese sentido, pero también recabamos y
pedimos respeto a la opinión de las mayorías, y sobre todo al interés
general de la comunidad foral, en lo que respecta a la aprobación de
estas obras de interés general.
Señor Presidente, en el turno siguiente expondré la posición de nuestro
grupo en el resto de las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Efectivamente, señor Pérez,
tendrá oportunidad de manifestarse, en turno en contra si lo desea,
respecto de las enmiendas parciales que vamos a tramitar a continuación.
En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, suscritas por el
señor Rodríguez. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
Señora Lasagabaster, ¿qué desea?
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Una pregunta, señor Presidente. ¿Se
puede fijar posición respecto a la enmienda a la totalidad?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): La Presidencia tenía previsto
que se tramitaran sucesivamente las enmiendas parciales y que al final
los grupos que no han presentado enmiendas, en su caso, el Grupo
Parlamentario Mixto, debido a sus circunstancias especiales, pudieran
fijar posición sobre el conjunto de enmiendas, tanto de la de totalidad
como de enmiendas parciales.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Esperaré hasta el final.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez, tiene la palabra para defender sus enmiendas parciales.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Dejamos claro que estamos satisfechos de que efectivamente se enfrente el
problema del saneamiento de la cuenca hidrográfica del río Miño a su paso
por dos grandes núcleos urbanos, como son Lugo y Ourense; que se mejore
sensiblemente la depuración y vertido de una ciudad tan importante como A
Coruña y que se enfrente, de una vez por todas, la protección del medio
marisquero de una ría que está dando mucho de sí en ese aspecto --y que
puede dar mucho más-- como es la de Ferrol, que está sometida a un
proceso de deterioro realmente alarmante. No obstante, en nuestras
enmiendas proponemos unas rectificaciones que posiblemente puedan parecer
técnicas, pero que no lo son y que conllevan la intención de que el
Gobierno, y por supuesto el Estado, mire a todas las culturas que tiene
integradas con respeto y las considere como una parte sustancial de su
acervo político y cultural. En ese sentido, sería muy fácil decir que hay
una legalidad que hay que cumplir, que nos afecta a todos, que tiene
trascendencia para el Estado, que es la Ley 3/1983 de la Comunidad
Autónoma de Galicia, aprobada por unanimidad de todo el Parlamento
gallego, que establece que los topónimos de Galicia tendrán como única
forma oficial la gallega. Pero no queremos que esta cuestión quede
reducida a la pura legalidad, sino, más bien, a una comprensión de fondo.
Quiero decirles que la toponimia de Galicia, en cuanto a los sectores
vinculados a nombres de municipios en concreto, sufrió una clara
deturpación, un claro deterioro, a partir del siglo XVI hasta
prácticamente el siglo XX. Digo deturpación y deterioro, que no
traducción al español, porque no se trató de buscar equivalentes que más
o menos fuesen lógicos, sino que, a capricho fonológico del deturpador de
turno, se consideró que había que aproximar a la fonología del español, o
bien traducir de forma esotérica. Así, nos encontramos con que hay una
maravillosa ciudad, que se llama Pontevedra, que fue respetada en el
verbo originario, y una villa próxima que muchas veces la llaman
Puentecesures. Podemos comprobar cómo hoy hay una villa que se llama
Redondela, afortunadamente, y que en este Congreso de los Diputados la
llamaban a comienzos del siglo XX, en 1910 (no estoy hablando del siglo
XVIII), Redondilla, lo cual ya es mucho decir.
A la ciudad en la que yo vivo la llamaron siempre Ferrol, pero no sé por
qué le pusieron El Ferrol del Caudillo. Yo pensé que fue con el
franquismo, pero no, es que como se construían barcos muy importantes,
había ingenieros, marinos, ingleses y a alguien se le ocurrió decir: Esto
de Ferrol sólo no suena bien, hay que ponerle El Ferrol. Estas cosas ya
no son una cuestión ni de legalidad ni de bilingüismo, sino de no
deformar, de no burlarse --mucho más cuando estamos integrados en el
Estado español-- y de respetar el verbo originario de los nombres del
lugar, que en Galicia, tengo que repetirlo, son miles de nombres.
Solamente los topónimos que hay en Galicia son muchísimos más que en todo
el resto del Estado. No se puede actuar arbitrariamente. Hay que poner
las cosas en su sitio. Por eso, todos los partidos políticos de Galicia,
sin excepción, en el año 1983 acordaron que, al margen de que se hable
español, gallego, cualquiera de las lenguas oficiales, los topónimos
tienen que ser en la forma no deturpada. Esta es nuestra rectificación,
que esperamos que sea aceptada.
Lamentamos que esta ley no aparezca desglosada entre la parte que le
corresponde a Itoiz y lo que son obras de saneamiento y depuración, que
deberían de ir por otro lado. Este debate ya está ahí, y nosotros
actuaremos consecuentemente en defensa de los intereses de Galicia, que
son las obras de saneamiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera manifestar, en primer lugar, la sorpresa por los términos en los
que se está estableciendo este debate sobre estas obras hidráulicas a las
que se las declara de interés general en este proyecto de ley; sorpresa,
porque aquí parece que no pasa nada. Yo creo que hacemos flaco favor a
esta Cámara si no recogemos los intereses y las opiniones que los
ciudadanos han venido manifestando a lo largo de los últimos años en
relación a estos proyectos de ley y, en concreto, al embalse de Itoiz y
al canal de Navarra, tanto en relación a las propias obras como a su
proceso, a su declaración de impacto medioambiental, como al proceso
judicial, a la gran batalla judicial que se ha celebrado y se ha conocido
en relación a estas obras. El Partido Nacionalista Vasco estima que son
dos obras importantes para Navarra, para sus sectores industriales y para
los consumos individuales de agua para el desarrollo de la Comunidad
Autónoma navarra. Junto a esto quisiéramos manifestar, señor Presidente,
que nos encontramos también ante una gran chapuza en el planteamiento
técnico y judicial del tema, y que haríamos flaco favor a lo que esta
Cámara debe suponer como Cámara de representantes del pueblo si estas
circunstancias no quedasen hoy aquí meridianamente claras. Manifestamos
nuestra sorpresa, señor Presidente, al oír las intervenciones, tanto de
la señora Ministra como del portavoz del Grupo Popular, señor Pérez
Lapazarán, blandas, suaves, como si aquí no pasara absolutamente nada,
máxime en estas semanas en que a cualquier aspecto se le saca punta. Qué
buena oportunidad tenían de meterse con el Partido Socialista, de hacer
una lectura de lo que ha pasado con estas obras en los últimos años, y,
sin embargo, aquí no pasa absolutamente nada. Sorpresa, señor Presidente,
porque nos encontramos ante dos obras necesarias pero también ante una
enorme chapuza.
Quisiéramos extender esta sorpresa al Poder Judicial, que anuncia en los
últimos días que el Tribunal Supremo emitirá su sentencia definitiva
sobre estas dos obras de Itoiz y el canal de Navarra para los próximos
Sanfermines. ¡Una cosa curiosa! El Grupo Parlamentario Vasco ha examinado
cuáles son los procesos que están en este momento en el Tribunal Supremo
y nos encontramos con cientos de causas pendientes de dictaminar
anteriores al año 1995. Esta sentencia de la Audiencia Nacional es de
septiembre de 1995, y se nos indica que el Tribunal Supremo ya está en
condiciones de poder dictaminarla. Buena oportunidad tenían hoy, señora
Ministra, señor portavoz del Grupo Popular, para seguir dando puntadas
con hilo al Gobierno. Constatamos que en un ambiente político de alta
crispación, en un tema que tantas polémicas ha generado en la sociedad
vasca y en la sociedad navarra, da la impresión de que aquí no sucede
absolutamente nada.
Señor Presidente, quisiera manifestar la posición del Grupo Parlamentario
Vasco en relación a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el sentido de
que, atendiendo a las razones que hacen referencia a Itoiz y al canal de
Navarra, obras que considera fundamentales pero que entiende que han sido
una lamentable chapuza en sus procedimientos técnico y judicial, anuncia
que va a abstenerse y que, a través de las enmiendas presentadas, tanto
por este grupo parlamentario como por otros, vamos a intentar que esta
inmensa chapuza tenga por fin sus cauces de legalidad dentro de este
proyecto de ley, a fin de que una obra que es importante para el
desarrollo de Navarra y de su conjunto, el embalse de Itoiz y el canal de
Navarra, pueda conocer los basamentos legales para que todas estas
polémicas y discusiones entren en un juicio mínimamente sano. No
quisiéramos ser copartícipes inconscientes de una guerra fría, que está
ahí y que parece que hoy no ha querido ser declarada en esta Cámara, pero
lo que el Grupo Parlamentario Vasco no puede hacer es obviarla o entender
que no existe.
En relación a la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco a
este proyecto de ley, es de adición al artículo único e indica tres obras
que el Grupo Parlamentario Vasco considera fundamentales en orden a su
consideración de interés general. Una primera que no entendemos cómo no
ha podido estar incluida por el Ministerio de Medio Ambiente, dado que
está declarada de interés general, en un momento en que se hace un
resumen de todos aquellos proyectos que el Ministerio está desarrollando.
Entendemos que debe ser una omisión equivocada que habría que modificar
en este trámite. Hago referencia a la obra de mejora del abastecimiento
del bajo Nervión, lo que son conocidos como depósitos de Venta Alta, y
dos obras distintas que entendemos que también deben conocer esta
consideración de interés general: la defensa contra avenidas del río
Zadorra --la mejora de las compuertas de los embalses del Zadorra y la
ampliación de la capacidad del desagüe de este río-- y en último lugar el
encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal en los tramos de
Bandas-Urbi-Plazakoetxe en Etxebarri, Basauri y Galdakao. Entendemos que,
desde la perspectiva que
se ha redactado este proyecto de ley, estas obras también debieran estar
incluidas. No quisiera terminar, señor Presidente, sin hacer el
análisis de las obras que el Ministerio presenta como de interés general
, incluso de aquellas, dado que he hecho referencia a la enmienda a la
totalidad de Izquierda Unida, que tienen esta consideración. Es
interesante poder hacer el análisis de la territorialización, de qué
obras están incluidas en el proyecto de ley que presenta el Gobierno,
cuáles son las que incluye el Grupo Federal de Izquierda Unida y la
consideración de que, por encima del interés general, existen intereses
territoriales e intereses electorales que, de la lectura de la
enumeración de obras que se realiza en este proyecto de ley, son
meridianamente evidentes. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González
de Txabarri.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista ha tenido a bien
designar para la defensa de las enmiendas que presenta este proyecto de
ley a un Diputado aragonés. No es porque no tengan importancia la
declaración de interés general de Itoiz y del canal de Navarra, sino
porque este proyecto tiene algo más, y de bastante preocupación para este
grupo: el hecho de cómo se ha presentado y cómo se ha redactado.
Nos hallamos ante un proyecto que, en este año que lleva el Gobierno,
inicia y acaba una forma de aprobar y declarar de interés general
determinadas obras hidráulicas. Digo esto porque, si se confirma el
contenido del anteproyecto de ley de reforma de la vigente Ley de Aguas,
esta Cámara no volverá a debatir sobre ninguna iniciativa de este tenor
en la que se proponga la declaración de interés general, ya que en la
futura norma, según el borrador al que este grupo ha tenido acceso, se
dice que son obras de interés general las que por el Consejo de Ministros
se aprueben como tales, siempre que concurra alguna de las circunstancias
que en ese mismo anteproyecto se establecen. Sólo el Plan Hidrológico
Nacional o sus reformas y revisiones podrán ser debatidos aquí y
discutidas las correspondientes declaraciones de interés general. Si se
confirman esas previsiones, nos encontramos con que este primer proyecto
de ley va a ser el último en el que se van a discutir este tipo de obras
de interés general.
Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley es de la más absoluta
improvisación. No porque no se sepa lo que se pretende, que se sabe --y
luego lo veremos--, sino por las circunstancias que rodean su
presentación en esta Cámara y por la forma de tramitarlo, de urgencia y
en lectura única. Esta forma de hacerlo en un tema tan importante como es
la gestión del agua, nos parece una manera inadecuada, incorrecta y
huidiza. El Gobierno no quiere afrontar, para no poner en cuestión
palpablemente su carencia de política hidráulica, un debate sobre qué
supone la declaración de interés general en obras de regulación y cuáles
deben contemplarse, su financiación, etcétera, sobre obras de saneamiento
y depuración o sobre abastecimientos, y cuáles son sus razones,
condiciones y su financiación. Habría que ver si este modelo que ustedes
entienden de financiación es el alemán (entrega de la obra con llave en
mano) o es alguna participación con cargo al capítulo 6 o al 8 de los
presupuestos. Por su culpa estamos todos en la más absoluta indefinición.
En otras materias --y se ha demostrado en los últimos tiempos-- han
utilizado la técnica parlamentaria del real decreto-ley, evitando, si sus
socios parlamentarios no lo aceptaban, su tramitación como proyecto de
ley, como así ha sucedido en mucho casos. Ahora proponen otra fórmula de
debate que en nada ayuda al necesario sosiego para hacer frente a temas
de calado tan profundo como es éste del agua y que hoy empezamos a
discutir. Me refiero a la fórmula que hoy se emplea del proyecto de ley,
por trámite de urgencia y en lectura única. Yo no sé ustedes, pero esta
forma de discutir, de analizar, de observar cuáles han sido todas las
declaraciones de interés general que se han producido en este país en los
últimos tiempos, de ver qué pasaba con el Plan nacional de obras
públicas, si era o no de interés general; de reflexionar sobre todos esos
conceptos, ustedes lo están obviando con esta manera de plantear la
declaración de interés general de esas obras públicas que ustedes
consideran convenientes.
Ustedes presentan este proyecto de ley por diversas razones, como antes
he significado, algunas de ellas injustificadas y rechazables en la
práctica política. Mezclan varios aspectos de la gestión del agua muy
distintos. De un lado, regulaciones y sistemas de regadíos, como son la
presa de Itoiz, el canal de Navarra, la presa de la Loteta, o la
conducción hasta el canal Imperial, que suministra agua a Zaragoza. De
otro, saneamiento y depuración de aguas según el listado que acompañan
ustedes en el proyecto de ley que han presentado. Y por último, el
abastecimiento a cinco localidades turolenses, como son Alcañiz, Calanda,
Torrecilla, Valdealgorfa y Castelserás. Cada uno de estos apartados
--espero que ustedes coincidan conmigo, y me gustaría que así fuera-- es
de tal entidad que merece un tratamiento específico.
Yo creo que ustedes deberían afrontar, de una vez por todas, los planes
hidrológicos de cuenca, a los que han hecho referencia en el día de hoy
en muchas ocasiones como si ya fueran ley aunque no lo son porque el
Consejo de Ministros no los ha aprobado, y va siendo hora de que se
aprueben. Para justificar este proyecto de ley que hoy presentan hacen
referencia a que estas obras están incorporadas en planes hidrológicos
de cuenca. Apruébenlos de una vez, y de esta manera observaremos que
todas estas obras y otras están comprendidas en los mismos, que tienen
una posibilidad de que se lleven a cabo en los próximos años, y todos nos
quedaremos muchísimo más tranquilos.
También deberían decir qué va a suceder con el Plan Hidrológico Nacional,
porque presumen de que no hay ningún problema porque esas obras van a
estar incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, pero como todavía no lo
ha aprobado el Consejo de Ministros, ni sé qué criterios tienen... Dicen
que faltan tres planes hidrológicos de cuenca por aprobar, pero por
aprobar por los consejos del agua, no por el Consejo de Ministros, porque
no ha aprobado ninguno. Por tanto, no pueden presumir aquí de que son
obras que están perfectamente incorporadas a un plan hidrológico de
cuenca ni al Plan Hidrológico Nacional, porque ustedes no las han
aprobado.
Digan también qué va a suceder con el Plan nacional de saneamiento y
depuración de aguas residuales, de 1995 a 2005. ¿Lo aceptan o no lo
aceptan? ¿Van a seguir firmando convenios con comunidades autónomas? ¿Van
a acometer todas las obras de depuración que figuran en el propio plan?
¿Las van a incrementar? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque es que eso
también está en la duda permanente, está en el interrogante absoluto y no
tenemos ninguna respuesta a todas estas dudas.
Hablando de agua, ustedes se deberían mojar de una vez y manifestar de
forma definitiva qué es lo que quieren hacer con el agua. Espero que este
borrador del proyecto de ley sea el último, porque ya saben que desde que
se empieza a elaborar, se discute en la Comisión de subsecretarios, se
lleva al Consejo de Ministros y llega a esta Cámara, puede sufrir muchas
variaciones. Me gustaría que ustedes decidieran ya cuál es su política de
aguas, cuáles van a ser sus estrategias y que traigan a esta Cámara un
documento que sirva para reflexionar sobre cuáles van a ser las
soluciones al problema del agua en este país.
Ustedes han querido aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para
enganchar de la máquina de Itoiz y el canal de Navarra otros vagones,
todos del mismo color político. Pero, desde luego, otros vagones del
mismo color político no están enganchados. Eso genera inseguridad e
intranquilidad. Nos gustaría saber también por qué razón no hay aquí
obras, que puede ser necesario que se declaren de interés general, en
Asturias, en Cantabria, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Extremadura,
en Andalucía, en Baleares y en Canarias. ¿Por qué razón esta
discriminación? Uno es libre de hacer interpretaciones y, en política,
está permitido que la imaginación surja y se empiece a pensar por qué
razón estas obras afectan a la parte norte del país y no a la parte sur.
Pero, vamos a ir parte por parte, bloque por bloque en las obras que
ustedes han planteado.
Nosotros, indudablemente, queremos que Itoiz y el canal de Navarra se
declaren de interés general ya y vamos a apoyarlo, vamos a votar a favor
de que esta declaración se produzca en el día de hoy. El Grupo Socialista
respalda esta declaración de interés general por cuanto se trata de
actuaciones plenamente asumidas por el anterior Gobierno y queremos que
se ratifiquen aquí. No tenemos ninguna duda de que antes estaban bien,
pero, puesto que ustedes lo han puesto encima de la mesa, queremos que se
ratifiquen y lo vamos a hacer con nuestra votación.
Queremos que se declaren de interés general las obras de depuración y
saneamiento que figuran en el proyecto de ley y lo vamos a votar así,
porque nos parecen obras que tienen derecho a ser declaradas de interés
general. Pero, ¿por qué sólo éstas? ¿Es que no hay más? ¿Han leído y
estudiado el Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas
residuales? Porque allí hay más.
Aquí hay un aspecto que puede que cuando usted me conteste lo ponga
encima de la mesa, respecto a este bloque y al tercero. Hay tanta
regulación, tanta norma sobre obras de declaración de interés general y
es tan curiosa la definición que se le ha dado a las mismas, que a veces
pueden generarse dudas en cuanto a si una obra, con el nombre que tiene,
está o no declarada de interés general. Con la finalidad de aclararlo,
les vamos a pedir que nos contesten por escrito cuáles son las obras de
interés general que están declaradas en estos momentos en España en todas
las cuencas hidrográficas, en todas las provincias, a ver si conseguimos
entre todos tener un catálogo en el que sepamos cuál es cada obra de
interés general, qué comprende cada obra de interés general, de forma y
manera que, fuere cual fuere el nombre que se le dé, queramos decir lo
mismo.
Nos encontramos con que usted nos puede decir que algunas de esas obras
están declaradas de interés general. Lo que es cierto es que las que he
planteado como enmiendas parciales, desde mi punto de vista y conociendo
la documentación de la que dispongo, no están declaradas de interés
general. Como es un tema que hay que aclarar, me gustaría que ustedes lo
aclararan por esa vía. Hubiera sido bueno hacerlo si la tramitación de
este proyecto de ley se hubiera llevado a cabo como se tenía que haber
hecho: en tramitación normal y ordinaria, que diera tiempo a reflexionar
sobre cada obra, sobre cada cuenca, sobre el futuro de las mismas, sobre
su financiación y sobre cómo hay que trabajar en este proceso de la
gestión de las aguas. De esta manera es muy complicado hacerlo, y espero
que ustedes lo entiendan. Algún mecanismo tendremos que tener en esta
Cámara para que esa fórmula de trabajo se imponga y establezcamos de
forma definitiva cuál tiene que ser la gestión del agua en este país.
Resulta chocante, señorías, que la Comunidad Autónoma de Galicia no
quisiera firmar el convenio bilateral
con el Gobierno anterior que proponía el Plan nacional de depuración,
porque les parecía escasa la aportación del Estado y ahora se incorporan
a este proyecto de ley obras que se declaran de interés general, obras de
saneamiento y depuración. De acuerdo. Creo que esto tiene que ver mucho
con la convocatoria de elecciones gallegas. Sinceramente se lo digo.
Permítanme que tenga esta licencia, pero no creo que nadie me impida
poder decir que en estos momentos este proyecto de ley tiene más que ver
con la celebración de elecciones que con la declaración de interés
general de estas obras. Que son necesarias, éstas y otras, pero qué
casualidad que únicamente incluyen éstas. Nos gustaría saber por qué
razón figuran solamente éstas, y nos gustaría saber también cómo se van a
financiar, qué es lo que va a poner la comunidad autónoma y qué es lo que
va a aportar el Estado, porque el camino, la pauta que ustedes marquen
aquí espero que sea la que se marque en el conjunto del Estado español,
por aquello de que todos los territorios tienen que tener el mismo
tratamiento desde un Gobierno que dice que está gestionando un recurso de
todos los españoles.
Resulta también interesante para un aragonés como este Diputado ver cómo
el pacto del agua de Aragón tiene su presencia en este proyecto de ley. A
mí me parece muy bien que la Loteta y que los abastecimientos a esas
poblaciones que figuran en el proyecto de ley se plasmen y se declaren de
interés general; pero el pacto del agua es algo más que esto. Ustedes no
nos quieran vender ahora el producto de que con estas obras los
aragoneses estamos tan satisfechos y tan tranquilos porque nos han
incluido como de interés general una determinada serie de obras que son
interesantes, pero hay otras que, desde nuestro punto de vista, tienen
mayor fuerza, más enjundia, mayor volumen de inversión, tienen mayor
afección, que creo que también tendrían que estar incluidas en este
proyecto de ley.
Con lo que ustedes están haciendo han creado tanta inseguridad, que yo no
sé si las obras que están declaradas de interés general por real
decreto-ley las consideran o no obras de interés general. Eso es lo que
todavía no ha quedado muy claro, sobre todo viendo cómo se está
desarrollando el planteamiento de este proyecto de ley. A mi grupo le
gustaría que se aclarara, porque indudablemente tiene mucha incidencia en
el futuro.
Resulta también curiosa la atención prestada a Castilla-León. Desde
luego, allí no hay elecciones, es la tierra del señor Aznar, pero no hay
elecciones. Pero ni son todas las que están ni están todas las que son.
Nos encontramos con que en este proyecto de ley se han marginado una
serie de obras que están en el plan nacional de saneamiento y depuración,
que no sé si tienen o no declaración de interés general, pero eso
ustedes, que tienen mayor información, son los que tendrían que plantear
si esa declaración de interés general existe en todas las otras obras que
no están incluidas dentro de este proyecto de ley. Espero que, como es
lógico, el tiempo haga posible que todas estas dudas que tenemos se vayan
despejando y que vayamos sabiendo cuáles son las pretensiones que ustedes
tenían al presentar este proyecto de ley, por qué razón están unas obras
y otras no.
He dicho en dos momentos de mi intervención que este proyecto de ley
genera inseguridad jurídica. Nosotros defendemos que todos los proyectos
de ley estén considerados como una norma de suficiente entidad como para
afirmar que las obras que declaran de interés general son bien declaradas
de interés general.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Le ruego que concluya, señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente. Voy a hacer un
esfuerzo de brevedad en la presentación de las enmiendas y concluiré.
En definitiva --y voy a atender la petición del señor Presidente--, somos
críticos con el proyecto de ley porque, por las razones que hemos
expuesto, no nos gusta su composición, su estructura. Pero indudablemente
lo que tampoco vamos a hacer va a ser votar en contra, vamos a votar a
favor de este proyecto de ley, porque entendemos que las obras que se
incorporan al mismo son obras que merecen la declaración de interés
general, tanto las que ustedes plantean como las que plantean otros
grupos.
Entrando en las enmiendas, tengo que decir que la enmienda de totalidad
presentada por Izquierda Unida si pudiera desgajarse, si hubieran tenido
la idea de plantear junto a una enmienda de totalidad unas enmiendas
parciales que recogieran todos los apartados que ustedes incorporan como
de necesidad de que sean declarados de interés general, nosotros las
apoyaríamos, pero tal y como está planteado, lamentándolo mucho, no
podemos aceptarla y votaremos en contra.
Apoyaremos las enmiendas del Grupo Vasco, una de las cuales coincide con
una de las nuestras. Apoyaremos las enmiendas presentadas por don
Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, porque ratificamos
que los criterios con los que se plantean son lógicos y razonables y, por
tanto, asumibles por nuestro grupo.
Respecto a nuestra enmiendas, señorías, quiero hacer una breve
intervención en la que me gustaría destacar algunos aspectos. Son
enmiendas que, como he venido diciendo desde el principio, afectan, desde
luego, a varias comunidades autónomas, son obras que nosotros entendemos
que tienen perfecto derecho --al menos igual que las que se plantea en el
proyecto de ley-- a ser declaradas de interés general; querer declarar de
interés general la depuración del Guadiana a su paso por Extremadura, o
la depuración del Tajo a su paso por Extremadura, no creo que sea ninguna
cosa especial, es más, viene recogido en el propio plan nacional
de depuración; el querer declarar de interés general el abastecimiento de
Albacete y su zona desde el embalse del Picazo, tampoco creo que sea
ninguna barbaridad, creo que está dentro de los límites de lo razonable,
dentro de los límites en los que ustedes se pueden mover para aceptar
unas pretensiones por parte de este grupo que son prioritarias en
Castilla-La Mancha. Espero que aunque sea una comunidad de distinto color
político al suyo, serán sensibles a estos planteamientos, que tienen más
que ver con necesidades de los ciudadanos que con posiciones políticas.
La enmienda número 11 es la que he comentado que tenía relación con la
presentada por el Grupo Nacionalista Vasco. Es la relativa a los nuevos
depósitos de regulación en la estación de tratamiento de Venta Alta.
La enmienda número 12, relativa al trasvase del embalse de Negratín al
río Almanzora y conducción desde Cuevas de Almanzora a Almería, aunque
ustedes me digan que es una enmienda no aceptable, que tiene que ser
aprobada de otra manera porque, al fin y al cabo, se trata de un trasvase
entre cuencas, tengo que decirles que el trasvase Guadiaro-Majaceite
también se hizo por una ley, no se esperó al plan hidrológico de cuencia
ni, por supuesto, a un plan hidrológico nacional, que no existía. Pero en
el plan hidrológico de cuenca sí que se contemplaba y no hizo falta que
se acudiera a ninguna ley. Por tanto, no creo que exista ninguna razón
para que, tanto esta parte de la enmienda como la siguiente, la de la
conducción desde Cuevas de Almanzora a Almería, pueda ser perfectamente
objeto de atención del Grupo Popular.
La enmienda número 13 hace referencia a una enmienda que presentamos de
otra comunidad autónoma, que es La Rioja, y cuyo texto ya fue debatido en
la Comisión de Infraestructuras en una de sus últimas sesiones.
Indudablemente, ya que está aceptada generalmente en proposición no de
ley, me imagino que nadie negará la posibilidad de que esa proposición no
de ley, aceptada por todos los grupos, tenga su traslación a un proyecto
de ley, que creo que es un reconocimiento más explícito y de mayor
calidad y desde luego una declaración de interés con todas las garantías,
mejores que las que puede proporcionar un acuerdo entre los grupos en una
proposición no de ley.
La adecuación a riego de apoyo del canal Xerta-Ríu Cénia es una enmienda
que presentamos también y que está justificada al estar en fase de
ejecución. La evaluación que nosotros entendemos que existe en este
proyecto está cifrada en unos 4.200 millones de pesetas. No importa aquí
la cuantía económica del proyecto, sino la necesidad de que esta
actuación sea declarada de interés general.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Morlán, le ruego resuma
brevemente, por favor. Ha consumido ya con exceso el tiempo que tenía
asignado. (Risas.) El señor MORLAN GRACIA: De acuerdo, señor Presidente.
Doy por defendidas el resto de las enmiendas, pero quisiera insistir en
dos de ellas muy brevemente. Una hace referencia a que todas estas obras
sean financiadas con cargo al capítulo VI de los Presupuestos Generales
del Estado, Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Recursos
Hídricos, no quiero decir en su totalidad, pero sí por lo menos que con
cargo a esta partida presupuestaria exista alguna dotación en la que se
muestre y se plantee el compromiso del Gobierno en las obras que se
declaran de interés general.
La última enmienda es lógica: que la declaración de interés general del
Estado de las obras de regulación incluidas en la presente ley será
incorporada a los planes hidrológicos de cuenca y al plan hidrológico
nacional y que, no obstante, esta declaración de interés general del
Estado no tendrá pleno efecto hasta que no cumpla con las directrices
europeas en materia de medio ambiente, en materia de declaración de
impacto ambiental.
Señor Presidente, doy por defendidas el resto de las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista. A pesar de la posición crítica que
tenemos con este proyecto de ley, por la forma en que se ha llevado a
cabo, por la desvertebración territorial que plantea, por ese
desequilibrio que existe entre unas y otras comunidades en función del
color político del que proceden las obras que se incluyen en el mismo,
creo que es un proyecto de ley que vamos a apoyar, pero espero que
ustedes lo complementen con las aportaciones que nosotros hemos hecho.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i
Morera): Muchas gracias, señor Morlán.
Para un turno en contra de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el
señor Pérez Lapazarán.
El señor PEREZ LAPAZARAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Morlán, la verdad es que de toda su intervención se deduce una
crítica en la que mezcla todo. Ha mencionado el Plan Hidrológico
Nacional, ha hablado de los sucesivos borradores de la ley de aguas, ha
hablado del plan nacional de depuración, ha hablado de improvisación, de
carencia de política hidráulica y de muchas otras cosas. Intentaré,
poquito a poquito, contestar a todas esas preguntas que usted planteaba.
Agradezco el tono de su intervención y voy a intentar mantener el mismo
en la mía.
Se ha criticado mucho al Partido Popular, cuando sólo lleva un año en el
Gobierno y tiene que gestionar todo lo que ha heredado. Lo primero que ha
heredado ha sido una Ley de Aguas de 1985, con doce años de vida, en la
que ya se hablaba de Plan Hidrológico Nacional y de planes de cuenca, y
el Gobierno y el Grupo
Popular que lo sustenta se han encontrado con que faltaban muchas cosas.
Nos han criticado un procedimiento de declaración de una serie de obras
por el trámite de urgencia y de lectura única. No quisiera repasar toda
la historia de la aprobación de las obras realizadas en los últimos años.
Reales decretos-ley, alguno ya ha visto con qué consecuencias, con qué
sentencias, y cuando el representante del Grupo Parlamentario Vasco,
señor González de Txabarri, hablaba de chapuzas, he de decirles que, en
muchas comunidades autónomas, cuando ejercíamos responsabilidades en
ellas, les tuvimos que echar muchas manos para sacar adelante enormes
chapuzas que se habían generado en la tramitación y gestión de
expedientes.
Esas críticas yo se las devuelvo a ustedes. Hemos heredado la política
que hemos heredado, y en estos momentos se le puede decir que el Gobierno
está intentando redactar un proyecto de ley de aguas operativo,
planificador, que funcione, porque una Ley de Aguas que en doce años no
ha funcionado y que ha dejado todas estas lagunas, no es un ejemplo
edificante. Por tanto, vamos a ver si redactamos, consensuamos,
debatimos, hablamos y aprobamos un proyecto de ley entre todos los grupos
parlamentarios, entre todos los agentes sociales de este país y podemos
hacer una ley de aguas que sea realmente operativa y no sea un edificio a
la intolerancia y a la falta de soluciones a los problemas que en estos
momentos tiene planteado el país. Quisiera decirle que en 1995 un alto
cargo socialista decía que en España ocho millones de personas sufrían
restricciones de agua, y yo creo que en este momento es necesario
solucionar este tipo de políticas. Por tanto, le devuelvo el cumplido a
la crítica del Gobierno en el mismo tono en el que usted lo ha planteado.
Creemos que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular están redactando
--porque figura en su compromiso electoral-- una ley de aguas
planificadora, que dé racionalidad y soluciones a los problemas que en
estos momentos tiene planteados el país. Racionalidad, planificación,
soluciones: una ley operativa. No gastaremos el dinero en grandes
acontecimientos, lo gastaremos en este tipo de cuestiones que solucionan
los problemas de los ciudadanos, que dan calidad de vida a los
ciudadanos, que dan bienestar y que proyectan al país y proyectan a las
comunidades hacia el siglo XXI.
Respecto a los planes hidrológicos de cuenca, es bien cierto que ustedes
dejaron tres planes sin cerrar, quizá los más complicados. Hay que decir
que, en estos momentos, el Gobierno tiene cerrado, incluso creo que ya
está aprobado, el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, con la
aprobación de la mayoría de los miembros de su consejo, 60 de 61
miembros; por tanto, nos quedarían sólo las cuencas del Júcar y del
Segura. En los próximos meses se podrán aprobar estos planes hidrológicos
de cuenca para, a partir de ahí, comenzar a redactar el plan hidrológico
nacional.
Ha hecho referencia S. S. a los sucesivos borradores de la ley de aguas.
Ojalá circulen muchos más borradores, porque eso querrá decir que son
leídos, que se introducen enmiendas que mejoran esos proyectos de ley y
que, al final, tendremos --como le decía anteriormente-- una ley
operativa.
Por tanto, después de muchos años sin política hidráulica, queremos
culminar en esta legislatura la planificación hidrológica, tal como decía
la moción del Senado.
Para finalizar --se me acaba el tiempo--, quisiera decirle que el Grupo
Popular aceptará una serie de enmiendas que paso a enumerar. Aceptaremos
el apartado 4) de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, y no así los
dos siguientes párrafos, no porque el Gobierno y el Grupo Parlamentario
Popular estén en contra de esas obras, sino por falta de precisión, por
falta de concreción en una serie de aspectos. Es decir, que aprobaremos
la primera parte.
Al Bloque Nacionalista Galego le queremos decir que, reconociendo su
aportación y, en base a su mensaje, aceptaremos sus enmiendas números 2 y
7.
Al Grupo Parlamentario Socialista le tengo que decir que vamos a votar en
contra de su enmienda número 9. No se puede venir a esta Cámara con unos
planteamientos tan generales, sin cuantificar objetivos, sin aportar
proyectos, sin aportar estudios. Creemos que cuando se incluya una obra,
cuando se declare de interés general, tiene que concretarse, tiene que
estar más acotada, más presupuestada y, en ese sentido, repito que no
aprobaremos la enmienda número 9.
La enmienda número 10 ya tiene una aprobación antigua. Creemos que,
debido a la planificación, en un proyecto de ley no se puede declarar de
interés general cuál es la fuente de suministros, sino que, como digo, la
propia planificación tiene que marcar de dónde debe venir y, en base a
esa planificación, aprobarse posteriormente.
En cuanto a la enmienda número 11, en coherencia con la número 1 y siendo
similar a ella, votaremos a favor. Tengo que decir que esta enmienda
número 11 está vinculada al primer párrafo de la número 21; la enmienda
número 21 explica el porqué de esta enmienda número 11 y la votaremos a
favor en su primer párrafo, pero no en el segundo.
La enmienda número 12 es evidente que no la podemos aprobar. Parece más
lógico que nos atengamos a la actual Ley de Aguas en su artículo
43.2.1.c). Haría falta una ley específica para aprobar esta enmienda. En
estos momentos es imposible aprobar la enmienda número 13. En el
Congreso, en la Comisión de Medio Ambiente, se aprobó una proposición no
de ley instando al Gobierno a que inicie los estudios previos a la mayor
brevedad. Es lógico que se inicien unos estudios previos, se evalúen las
afecciones ambientales y se diga hacia quién van dirigidas estas obras, y
permita que se lo diga un ex Director General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, que en su día pidió y reivindicó esta obra. En
aquella ocasión, usted, siendo Secretario de Estado de Aguas y Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, nos dijo: Señores, esperen a
que haya unos estudios previos. Les tenemos que contestar lo mismo, pero
el Partido Popular se ha comprometido en esa Comisión de Medio Ambiente a
continuar con esos estudios y, al final, si es posible, llegar a una
declaración de interés general.
En cuanto a la enmienda número 14, nos remitimos a los argumentos
invocados en la enmienda número 12.
Respecto a la enmienda número 15, tiene ya una aprobación y una
declaración de interés general en un Real Decreto-ley, en concreto el
4/1995. Por tanto, no es lógico que se vuelva a incluir una obra que
aparentemente ya se encuentra declarada de interés general. Leo lo que
dice ese Real Decreto-ley: corrección del déficit hídrico y consolidación
y modernización de la red primaria de regadíos en la cuencas de los
afluentes al Ebro por su margen derecha, desde el Jalón al Matalarraña,
ambos inclusive. Creemos, consecuentemente, que la enmienda se debe votar
negativamente.
En cuanto a la enmienda número 16, tiene tanta trascendencia que no se
puede votar en estos momentos afirmativamente.
Por lo que se refiere a la enmienda número 17, hemos propuesto una
enmienda transaccional y, si están de acuerdo, votaremos que sí.
Al resto de las enmiendas, desde la 18 a la 23, por estar vinculadas con
las anteriores, excepto la 21, votaremos de nuevo negativamente, por
coherencia con lo dicho hasta este momento.
Nada más y muchas gracias. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra. )
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero hacer una aclaración, si la Presidencia me lo permite. En
nombre del Bloque Nacionalista Galego, y desde la conciencia de que
posiblemente a muchos de ustedes les pueda ser difícil comprender, quería
expresarles nuestro profundo agradecimiento, en primer lugar al partido
del Gobierno, al Partido Popular, y, en segundo lugar, a todos aquellos
que han manifestado su apoyo a nuestras enmiendas y a los que van a votar
favorablemente, porque van a contribuir de forma definitiva a que el
Estado empiece a practicar el respeto por el rostro real del país.
Ya les dije que no era una cuestión de legalidad, sino una cuestión de
respeto y de acabar con una deformación que desgraciadamente el pueblo
gallego ha sufrido contra todo tipo de consideraciones. En ese sentido,
vuelvo a reiterar nuestro profundísimo agradecimiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
También el Grupo Parlamentario Vasco va a votar a favor de las enmiendas
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario
Mixto, como no podía ser de otra manera.
Quisiera agradecer al Grupo Parlamentario Popular la aceptación del punto
primero de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco a este
proyecto de ley, que coincide con dos del Partido Socialista, tal y como
ha indicado el portavoz socialista, y, en su conjunto, quisiéramos
significar que al Grupo Parlamentario Vasco le gustaría que este proyecto
de ley ayudara a centrar la polémica que se ha suscitado en los últimos
años en torno al embalse de Itoiz y al canal de Navarra, obras que
consideramos fundamentales para el desarrollo de esta comunidad autónoma,
y que las instituciones, tanto este Parlamento como este Gobierno y el
anterior y, sobre todo, los jueces --que tan de moda están en los últimos
tiempos, y tienen aquí un ejemplo preclaro de lo que está sucediendo en
la movilidad temporal y funcional de los expedientes--, tengan con motivo
de ese proyecto de ley, buena ocasión para reflexionar, para entonar el
mea culpa de una serie de circunstancias técnicas, judiciales y
medioambientales que nunca hubieran tenido que pasar en un país serio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González
de Txabarri.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Pérez
Lapazarán, ya va siendo hora de que dejen de mirar al pasado y miren
hacia el futuro. Hagan una ley de aguas que sea planificadora y no
mercantilista, como se adivina en el anteproyecto de ley que están
planteando. Planifiquen algo, ya que creo será bueno para todos nosotros
que asuman ese compromiso.
Por lo que estoy observando, cuando hablan ustedes de planes aprobados
parece que ya tienen las más absoluta vigencia, y yo creo que los planes
hidrológicos de cuenca tendrán absoluta vigencia cuando sean aprobados
por el Consejo de Ministros, no cuando los apruebe solamente el Consejo
del Agua. Me gustaría que aclararan si esa es la intención que tienen,
porque
lo que sí es cierto es que no hacen más que introducir dudas en un
terreno tan áspero como es el de la gestión del agua.
Por último, respecto a las enmiendas voy a hacerle los siguientes
comentarios: la enmienda número 13 se refiere a la presa de Posadas, en
la cabecera del río Oja, de la comunidad autónoma de La Rioja; ustedes
dicen que no quieren aceptarla porque no les parece bien en este momento.
Yo creo que ustedes en estos momentos se encuentran en la mejor posición
para aceptar esta enmienda. Usted es un Diputado, un portavoz del grupo
que apoya al Gobierno y, por tanto, está en perfectas condiciones,
basadas precisamente en la proposición no de ley que se debatió en la
Comisión de Medio Ambiente, para aceptar esta enmienda, que creo que
vendría bien a su comunidad, la Comunidad de La Rioja.
En segundo lugar, hace usted referencia a la presa del Batán y me dice
que está aprobada por el Real Decreto-ley 4/1995. La duda que sigo
teniendo es si ustedes creen que los reales decretos-ley sirven para algo
o no sirven para nada, porque mientras que el portavoz del PNV ha dicho
que era una gran chapuza lo anterior, usted ha ratificado el comentario
del portavoz del PNV y ha venido a decir que estos reales decretos-ley no
sirven para nada. Luego, dígame usted si el real decreto-ley tiene la
vigencia necesaria para mantener que estas obras son de interés general,
dígalo claramente, y en ese momento nos creeremos lo que ustedes dicen,
pero, por ahora, están en una contradicción permanente y en modo alguno
están aclarando cuál tiene que ser el futuro de estas obras.
Por último, lo que sí me gustaría es conocer el texto de la enmienda
transaccional que nos ofrecen a la número 17 nuestra.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor Pérez tiene la palabra.
El señor PEREZ LAPAZARAN: Señor Morlán, parece mentira que usted me
plantee estos temas de ausencia de planes de cuenca, de falta de
planificación, de no tener un plan hidrológico, de no tener una política
hidráulica. Si realmente este país no tiene una política hidráulica, es
precisamente por su partido; el enfrentamiento del señor Bono con el
señor Borrell ha impedido que en estos momentos se tengan esos planes
hidrológicos de cuenca y, al no tener esos planes hidrológicos de cuenca,
no tengamos plan hidrológico nacional.
También quisiera decirle que para nosotros los reales decretos-leyes,
mientras no tengamos sentencias o informes jurídicos a sensu contrario
que realmente afecten a la legalidad vigente, por supuesto que tienen
vigencia, y en ese sentido acataremos todos los reales decretos-leyes que
ratifique el Pleno de esta Cámara y que supongan la introducción de
nuevas obras para una mejor planificación hidráulica.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.--El señor Morlán Gracia pide
la palabra.) El debate ha terminado, señor Morlán. (El señor Morlán
Gracia pronuncia palabras que no se perciben.) El texto de la enmienda
transaccional, en el momento en que deba votarse, será leído, en su caso,
por la Presidencia o por una secretaría de la Presidencia. (La señora
Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
En primer lugar, la señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
He escuchado con mucha atención este debate que se ha sucedido en esta
Cámara y he podido comprobar tres cuestiones: la primera, como decía mi
compañero de circunscripción, señor González de Txabarri, el tono tan
inusual en esta Cámara y especialmente cuando se habla de un tema como el
del embalse de Itoiz que, objetivamente, ha generado más de una polémica
que ha sobrepasado los niveles y el ámbito de Navarra, que ha sobrepasado
no solamente el ámbito político o social, sino que ha llegado a ámbitos
judiciales con una sentencia de la Audiencia Nacional realmente novedosa
y yo diría que francamente importante.
Por eso sorprende --y en este sentido hago mías las primeras palabras del
señor González de Txabarri-- el tono atípico en esta Cámara respecto a
este tema. Desconozco por qué, pero creo que es una cuestión que hay que
poner sobre la mesa.
También me han producido una cierta reflexión las palabras o una
expresión del señor Pérez Lapazarán (no sé si al decirlo con tal
naturalidad reflejan lo que realmente piensan) de que el partido que
apoya al Gobierno tuvo que echar una mano para solucionar determinadas
chapuzas en algunas comunidades autónomas. Evidentemente, hago una
interpretación personal, pero esta expresión, creo que dicha con toda
naturalidad, refleja realmente cuál era la situación anterior y creo que
hace referencia especialmente al tema del embalse de Itoiz. Creo que es
muy clarificadora y, desde luego, describe cuál es exactamente la
situación.
La tercera reflexión de este debate --sin entrar en otras consideraciones
que luego haré-- ha sido la importancia que se le ha dado al hecho de que
esta obra --me estoy refiriendo al embalse de Itoiz y al canal de
Navarra-- tenga más o menos apoyos entre la población del ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra. Desde luego, no voy a discutirlo porque no me
creo capacitada para determinar en este momento si hay más o menos apoyo,
y no creo que nadie lo pueda hacer. En
cualquier caso, creo que es de recibo señalar que, independientemente del
mayor o menor apoyo --que yo creo que nadie en esta Cámara puede
determinar--, sí es cierto que se ha producido una polémica, un debate
muy importante, y a veces muy agrio, por cuanto que existen intereses
contradictorios, lógicamente. Estamos hablando de una zona de un gran
valor natural, que tiene un impacto medioambiental importante, pero creo
que también estamos hablando de unos intereses para determinadas
colectividades, por ejemplo de regantes, que también son importantes. Y
esta última reflexión me lleva a exponer nuestra posición. Voy a mostrar
en este momento, pero también la he señalado no hace mucho, en concreto a
través de una pregunta oral que formulé el 16 de abril a la Ministra de
Medio Ambiente, nuestra preocupación por esta situación del canal de
Navarra.
Eusko Alkartasuna ha planteado desde siempre que ambas obras, tanto el
embalse de Itoiz como el canal de Navarra, eran un binomio absolutamente
inseparable e indisoluble. Es decir, que no se podía realizar una obra
--que Izquierda Unida ha calificado de faraónica, aunque yo no me
atrevería a decir tanto-- que iba a tener unas consecuencias importantes,
a veces negativamente importantes para el valor natural, si realmente no
se dotaban los instrumentos necesarios para conseguir las sinergias que
esa obra pudiera producir. Nosotros entendíamos que debía ser a través
del canal de Navarra. Nos ha preocupado a lo largo de todo el tiempo que
dura esta polémica desde que empiezan las obras, y nos preocupa ahora que
el embalse de Itoiz esté a punto de terminarse y, por el contrario, el
canal de Navarra está sin empezar. La respuesta que se daba a una
pregunta oral que formulé sobre cuáles eran los compromisos financieros
para que existiera ese binomio era significativa: Hay comprometidos ocho
millones de pesetas más o menos. Curiosamente, la obra cuesta 34.600
millones de pesetas, según aparece en el proyecto de ley que se nos
presenta. En este sentido, entendimos que aquí no se estaba produciendo
lo que, desde nuestro punto de vista, era absolutamente necesario.
Por otra parte, en torno a este tema efectivamente ha existido una
polémica y, como he dicho anteriormente, una batalla judicial. Es
significativo que la Audiencia Nacional haya señalado, en su sentencia
del 29 de septiembre de 1995, la gran cantidad --no voy a utilizar la
expresión ilegalidades-- de condiciones o requisitos que no se habían
justificado respecto a este tema. No era de recibo el instrumento
jurídico utilizado para realizar la declaración de interés general,
tampoco la de impacto medioambiental; no se habían señalado o justificado
las financiaciones, los compromisos, etcétera. Está recurrida y nada
podemos decir, pero no es menos cierto que la sentencia tiene una
fundamentación muy importante y que el Tribunal Supremo ha señalado para
el 2 de julio la próxima vista.
¿Qué queremos decir con todo ello? Creemos, y lo hemos mantenido no ahora
sino desde hace muchísimo tiempo, que las cosas había que hacerlas bien y
que era necesario establecer una declaración de interés general
perfectamente justificada. En este sentido, mi intervención está dirigida
a señalar cuál va a ser nuestro voto. Coincidiendo con que hay partes de
la enmienda a la totalidad con cuya formulación podemos estar de acuerdo,
sin embargo no vamos a apoyarla por cuanto que iría en contra de lo que
hemos señalado anteriormente. ¿Por qué? Porque entendemos que ambas
cuestiones --lo reitero-- forman un binomio indisoluble y, por el
contrario, en la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida sólo se
recoge la declaración de interés general para el canal de Navarra, con lo
cual estaríamos diciendo lo contrario de lo que hemos mantenido. Tampoco
estamos exactamente de acuerdo con la manera y modo en que se ha hecho
esta declaración de interés general. Creemos que ni por el momento ni por
el modo ni por la acumulación de cuestiones y de obras hidráulicas ha
sido la manera más correcta, a pesar de que entendemos que es la primera
vez que se produce, aunque de forma somera, una declaración de interés
general con más o menos visos de legalidad, después de todos los
desatinos que se han producido en este tema por parte del Ejecutivo
anterior. Quizá hubiera sido más certero esperar a la resolución judicial
del Tribunal Supremo, y en ese momento tomar una decisión con todos los
elementos de causa, de conocimiento y de justificación.Por todo ello
vamos a abstenernos en la votación de la enmienda de totalidad.
En cuando al resto de las enmiendas, votaremos a favor de las del Bloque
Nacionalista Galego y de las del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
nos abstendremos en las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, por una serie de motivos obvios, como es la
especificidad geográfica de este proyecto de ley, que fundamentalmente
afecta a las Comunidades Autónomas de Navarra, Aragón, Galicia y otras
que también se indican en los anexos de la misma, no quería dejar pasar
la oportunidad de mencionar aquí la palabra solidaridad; solidaridad con
un principio constantemente fomentado desde la Comunidad Autónoma de
Canarias donde, por la carencia de cuencas hidrográficas, por razones de
todos conocidas que se justifican ante un mapa, valoramos enormemente el
aprovechamiento del recurso hidráulico, bien para fines urbanos,
turísticos, industriales o agrícolas. De ahí que la depuración de aguas
residuales constituya para nosotros una exigencia permanente a cualquier
autoridad local, municipal, insular, autonómica o estatal, así como todo
lo que signifique la puesta en servicio de estas infraestructuras en el
conjunto de la solidaridad nacional, en cualquiera de las actividades
económicas en que se pueda desarrollar.
Nosotros vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad que ha
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Nos queremos mantener en el principio que ha recogido
perfectamente la señora Ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, y
que figura en el proyecto del Gobierno, porque coincidimos plenamente con
él. Ha hecho una buena sistemática separando algo que necesita ser
jurídica, legal y técnicamente separable: lo que afecta a la presa de
Itoiz, lo que afecta a los riegos de Aragón, lo que va a afectar a otras
comunidades autónomas y, sobre todo, lo que significa reconducir ese hilo
permanente que viene desde el siglo pasado y que une la política
hidrológica española de regadíos. España no puede olvidar en su política
agraria, medioambiental y de servicios la necesidad de embalsar agua en
nuestras cuencas para que ese recurso no se pierda y se aproveche en los
sectores hidroeléctrico, industrial, de servicios y, sobre todo, de
regadío. Se han dado las cifras de avance de los estudios que viene
realizando tanto el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio
Ambiente, como los servicios concordantes de otras comunidades autónomas,
y nuestro voto está en esa línea. Vamos a apoyar el proyecto del Gobierno
y aquellas otras enmiendas que, aceptadas por la mayoría, conducen a
perfeccionar los aspectos puntuales y de detalle del texto del Gobierno,
cuya filosofía compartimos.
Hay algo que queremos destacar en nuestro voto de apoyo a este proyecto
del Gobierno, que es el aspecto del proyecto de ley que se refiere a las
obras de saneamiento y depuración. Nosotros en su día, en la pasada
legislatura, apoyamos al Gobierno de entonces en lo que fue la política
del Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales porque nos pareció
muy acertada. Lo apoyamos cuando el Consejo de Ministros de 17 de febrero
de 1995 trazó estas líneas directrices, que se plasmaron posteriormente
en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, que venía a regular
el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Este problema afecta a
todo el territorio nacional, y de forma especial a la Comunidad Autónoma
de Baleares o a la de Canarias, donde es un verdadero despilfarro tirar
al mar aguas residuales depuradas o no depuradas sin que haya una
reutilización, sobre todo para fines agrícolas. Esto tiene también una
tremenda repercusión en nuestra política de costas y en el sector
turístico, como ocurre en Canarias y en Baleares, porque si las tiramos
al mar estaremos contaminando. Aquí coinciden plenamente unas políticas
del Gobierno, claramente expresadas en esta Cámara por la señora Ministra
de Medio Ambiente y por la señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
En esta línea de claridad y contundencia, y viendo los informes
favorables de comunidades autónomas como las de Navarra y Aragón, que se
han pronunciado sobre los aspectos concretos que les afectan en este
proyecto de ley, nuestro voto es de solidaridad, como acabo de decir.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a votar en contra de la enmienda de totalidad, aun
cuando en su desarrollo, como se ha dicho antes, existe un nuevo listado
de distintas obras a añadir, algunas de las cuales pueden afectar a la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Lamentamos no poder trabajar sólo en este
tema porque va propuesto globalmente. Votaremos también favorablemente,
cómo no, las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, porque es evidente
que nuestro grupo no podía dejar de hacerlo.
En lo que se refiere al proyecto, nuestro grupo no tiene ninguna duda
respecto a la declaración de interés general de las obras que están en el
proyecto, por lo que vamos a votarlo favorablemente.
En cuanto al resto de enmiendas que se han presentado y que pretenden la
adición de otras obras, no nos parece correcto introducirlas en estos
momentos, como decía el portavoz del Grupo Socialista, porque no están
todas las que deberían, por lo que piden un inventario demarcación por
demarcación de las posibles obras que tendrían que figurar.
Verdaderamente, nos parece que añadir ahora unas cuantas, seis o siete
más, no es correcto. Por tanto, dejemos el proyecto como está. En todo
caso, sumándonos a esa petición que hace el señor Morlán al Grupo Popular
de mirar al futuro, nosotros quisiéramos que de una vez por todas se
cerrase la problemática hidráulica abierta en el Ministerio, porque ya se
han producido vencimientos de algunos informes, se acercan los de otros
documentos que el Ministerio tiene que presentar a la Cámara y hay otros
menos próximos, pero no lejanos. Por lo tanto, en ese futuro desearíamos
añadir no sólo las obras que hoy se nos proponen, sino todas aquellas que
deberían concretarse en los listados que van a acometerse. En ese caso,
podrían entrar las enmiendas de adición que Izquierda Unida propone.
Quisiera añadir que entre las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista hay una concreta que afecta
a mi demarcación que podríamos ver con buenos ojos, pero nos encontramos
con un inconveniente. En primer lugar, está esa exposición general y no
queremos añadir una más, preferimos que se incluya después en un gran
paquete. Curiosamente, el proyecto presenta toda una serie de obras
nuevas, trece en total, y en los anexos se va explicando cada una de las
obras. Cada obra que aparece en las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista tiene su anexo explicando lo que es, excepto en
un caso, el de la enmienda 14, por la que yo tengo un cierto interés
local, de demarcación. No sabemos lo que quiere decir esto. Por lo tanto,
esperamos que en otro momento, ya sea en el Senado o cuando se presente
este gran paquete de obras dentro de un tiempo, podamos contemplar esta
obra.
Por todas estas razones, nuestro grupo va a apoyar el proyecto en su
redacción inicial.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Sedó.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, voy a intervenir muy brevemente, y precisamente para
agradecer el tono en el que se ha producido este debate. Me extraña que
haya grupos parlamentarios que puedan sorprenderse de que en esta Cámara
se parlamente, se hable con rigor, con seriedad y esgrimiendo los
argumentos propios del debate. Yo quiero agradecerles a todas SS. SS.,
que han tenido la oportunidad de manifestarse a favor o en contra del
proyecto de ley que hoy se presenta al Pleno, que lo hayan hecho con toda
normalidad y con calidad de argumentos.
Quiero agradecer también que se haya reconocido algo en lo que todos
hemos coincidido, y es que la presa de Itoiz tiene que ser una obra de
interés general. Todos hemos coincidido en esa situación. Quizá haya
habido grupos que no están de acuerdo con el procedimiento, pero yo
quiero aclarar que la declaración de interés general no podía ser
cuestionada en este momento puesto que ya había sido adoptada por esta
Cámara en el decreto-ley que hemos mencionado. También quiero señalar que
la propia sentencia de la Audiencia Nacional del año 1995 en ningún
momento ha cuestionado que Itoiz tenga que ser declarada como obra de
interés general. Es decir, nadie ha cuestionado la declaración de interés
general para Itoiz; sí se ha cuestionado la forma en que se había hecho y
el contenido que se había dado a esa declaración. Eso es, señorías,
precisamente lo que hoy tratamos de subsanar. No es lógico que se
cuestione en este momento la certidumbre jurídica de una obra tan
importante y tan necesaria --de una obra que, como se ha dicho aquí esta
mañana, está a punto de finalizar y que ha sido declarada de interés
general-- a causa de una interpretación de un ambiguo artículo 44 de la
Ley de Aguas; interpretación que no comparte, desde luego, el Gobierno
actual, y que evidentemente tampoco compartió el Gobierno anterior que la
recurrió, estando pendiente esa resolución del Tribunal Supremo.
En cuanto a que hay que unir el binomio canal de Navarra-presa de Itoiz,
está tan claro como que este proyecto de ley contempla la declaración de
interés general de ambas obras; luego está claro que el Gobierno tiene
esa intención. Respecto a la cuantía del canal de Navarra al día de hoy,
señorías, lo que se hace con esta declaración de interés general es poner
en marcha el estudio de impacto ambiental que tiene que hacer el
Gobierno, y ésta es la razón por la que en este año el presupuesto es de
ocho millones de pesetas. Ya se entiende que el canal de Navarra no tiene
sentido sin la presa de Itoiz y, viceversa, que la presa de Itoiz de nada
nos serviría si no tenemos, a continuación, un canal de Navarra.
En consecuencia, señorías, lamentamos que el Gobierno anterior no tomara
esta decisión, que tenía que haber tomado para evitar este tipo de
debates bastante estériles que se han producido fundamentalmente en la
sociedad navarra. Pero también quiero decir que todavía estamos a tiempo
para que en el futuro se puedan realizar nuevas obras de interés general;
algunas se han contemplado hoy, y estamos dispuestos a contemplar otras.
Estamos a tiempo de que SS. SS. estudien sin ningún tipo de prejuicios la
reforma de la Ley de Aguas --que este Gobierno todavía no ha traído a la
Cámara, pero que está siendo sometida a un debate social entre todos los
grupos implicados-- y vean cómo, de una forma muy clara, se subsanan
dificultades como las del artículo 44 de la Ley de Aguas, haciendo una
definición expresa de lo que es la obra hidráulica. Porque no tiene
ningún sentido que cualquier obra pública esté plenamente definida y
precisamente la obra hidráulica no lo esté. Hay que evitar que cuando se
quieran hacer declaraciones de interés general de una obra hidráulica nos
encontremos con que tenemos que acudir a procedimientos tan atípicos como
los que en este caso se han empleado, que pueden ser sentenciados en
contra, que hay que recurrir y que, en cualquier caso, nos llevan a
nuevas declaraciones recurrentes sobre un tema en el que todas SS. SS.
han demostrado, nuevamente, que están de acuerdo.
Reitero, señor Presidente, mi agradecimiento por la seriedad y el rigor
con los que se ha planteado este debate, que creo realmente demuestra que
la planificación hidrológica es necesaria en España. El sentido común
debe llevarnos a todos a un consenso como el que se ha producido en esta
Cámara, por encima de intereses partidistas, cuando estamos tratando de
temas de abastecimiento o, inclusive, de consolidación de algunos
regadíos todavía muy necesarios en España.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 9/1982, DE 10 DE
AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA (Número de
expediente 127/000003)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos al punto VIII del
orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
En su tramitación, no han quedado enmiendas vivas a esta proposición de
ley. Por tanto, procede realizar un turno de fijación de posiciones por
parte de los grupos parlamentarios que lo deseen.
¿Grupos que quieren intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir
brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, fundamentalmente para señalar
lo que puede ser una forma de funcionar en la tramitación de una reforma
de estatuto de autonomía que nosotros consideramos que es positiva,
porque se ha producido desde el consenso en la Asamblea de origen --el
Parlamento de origen ha alcanzado un consenso con esta propuesta de
reforma del estatuto de autonomía--, y porque en esta Cámara también se
ha producido en los trámites precedentes, tanto en ponencia como en
Comisión, un consenso sobre el contenido de la reforma. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Yo
creo que es un buen precedente, que cambia sustancialmente el signo de lo
que ha sido hasta ahora toda la reforma constitucional posterior a la
aprobación de la propia Constitución. Es decir, cambia el tenor de lo que
venían siendo los pactos autonómicos del año 1992, que se producían entre
dos formaciones políticas, entre el Partido Socialista y el Partido
Popular, y que se tramitaban después por las comunidades autónomas hacia
arriba.
Yo creo, además, que este proceso de reforma de estatuto de autonomía
tiene otra ventaja, y es que aborda las dos limitaciones pendientes que
se produjeron en aquel año 1992: el techo competencial, pues se equipara
a la Comunidad de Castilla-La Mancha con las comunidades del 515 en el
tono de su volumen competencial --se añade, por tanto, la competencia de
sanidad entre las más notables--; y se ajusta a la nominación todo lo que
es la ordenación posterior de distintas competencias. Yo creo que el
techo competencial supera la discusión que manteníamos en el año 1992,
exigencia que nosotros hacíamos en aquel momento.
El segundo elemento es que aborda la reforma institucional suficiente
para dotar al Parlamento de Castilla-La Mancha de un funcionamiento
diferente al que hasta ahora venía teniendo. Es decir, desaparecen las
limitaciones temporales que en su momento tuvo, esa idea de unos períodos
ordinarios más o menos limitados, y el estatuto los dirige o los
circunscribe a lo que quieran hacer sus propios reglamentos o su propia
capacidad de autogobierno. Reduce las limitaciones al autogobierno que
fijaban aquellos pactos del año 1992.
Quiero insistir en la voluntad de consenso, porque para el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene unas limitaciones a las
que hemos renunciado. Hay posicionamientos que nosotros teníamos en
origen y que, en aras de ese consenso, de ese encuentro, hemos ido
reduciendo. Nosotros planteábamos algunas competencias que no pueden
estar aquí y también un mayor desarrollo institucional del propio
Parlamento.
Sin embargo, quiero dejar encima de la mesa una limitación que para
nosotros tiene la disposición adicional tercera, y es una voluntad que
Izquierda Unida no comparte, pero que no va a implicar un voto
diferenciado por nuestra parte en este estatuto, que es la unión de
procesos electorales a través de una ley de las Cortes. Nosotros no
estamos de acuerdo en que las elecciones europeas se celebren
conjuntamente con las municipales o con las autonómicas. No estamos de
acuerdo con esa cesión que se hace aquí para que las Cortes Generales
puedan ensamblar procesos electorales, porque no creemos que sea lo mejor
y porque no creemos que solvente la discusión electoral. Esa diferencia
la hemos mantenido en todo el proceso de discusión, también en el debate
en Comisión, pero creemos que debe primar la voluntad de consenso y de
encuentro a lo que puede significar un posicionamiento de parche.
Aclarada la posición que hemos mantenido en todo el trámite, nosotros
saludamos como muy positivo el incremento del techo competencial de esta
comunidad porque puede ayudar en un trámite posterior que se va a
producir en este año, que es la reforma de estatutos de autonomía de
otras comunidades autónomas.
Termino, señor Presidente, haciendo un planteamiento en base al artículo
114.3 de nuestro Reglamento, que ofrece la posibilidad de que se puedan
admitir a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o
incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales --las dos últimas
no--. Me refiero a que nuestra propuesta --ni en la ponencia ni en la
Comisión--
no recogía una disposición final sobre la entrada en vigor. Yo ya sé que
el Código Civil establece un procedimiento para la entrada en vigor, pero
yo voy a proponer aquí, en base a este artículo, una enmienda in voce que
tenga por finalidad subsanar ese error y que recoja que esta ley entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, porque
si no retrasaríamos en el tiempo lo que va a estar ya en vigor después de
que el Senado apruebe esta reforma de estatuto a través de la ley
orgánica. Si todos los grupos aceptaran esa propuesta, se corregiría y no
tendríamos ninguna complicación a la hora de su entrada en vigor.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González
Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero que las primeras palabras de mi intervención sean para
expresar la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por el
consenso conseguido entre los grupos parlamentarios en el debate de la
proposición de ley de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.
El pasado día 11 de marzo debatimos en esta Cámara la toma en
consideración de esta propuesta de reforma que las Cortes de Castilla-La
Mancha, a través de sus representantes políticos, nos presentaron.
Decíamos entonces que la proposición de reforma del Estatuto nos llegaba
desde Castilla-La Mancha con el sello de la unanimidad y del consenso.
Pues bien, esa capacidad para llegar a acuerdos es la que hemos mantenido
los grupos parlamentarios de esta Cámara. El nivel de consenso conseguido
en las Cortes de Castilla-La Mancha se ha mantenido y profundizado en el
Congreso de los Diputados, y lo hemos hecho desde la diferencia, desde
posiciones políticas diversas, cediendo todos un poco en nuestras
posiciones iniciales para alcanzar un objetivo común: un mayor
autogobierno para los castellano-manchegos.
Señorías, hemos alcanzado el reto que nos planteaban los parlamentarios
castellano-manchegos cuando defendían la propuesta de reforma en esta
Cámara; las renuncias parciales de cada uno de los grupos parlamentarios
han hecho posible un texto de todos. Expresamos, por tanto, nuestra
satisfacción y nuestra alegría por el consenso alcanzado en la reforma
del Estatuto de Castilla La Mancha, una satisfacción y una alegría que,
sin duda, comparten los ciudadanos castellano-manchegos, sus fuerzas
políticas, el Gobierno regional y el Presidente, José Bono, que nos honra
con su visita hoy en esta Cámara. Y además este consenso, en esta
materia, tiene un valor en sí mismo, porque dará más vida y mayor vigor a
esta norma legal.
Esta reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, la tercera producida
desde 1982, es un gran paso adelante en el desarrollo del autogobierno de
los castellano-manchegos. Después de catorce años de vigencia del
Estatuto, Castilla-La Mancha se ha consolidado como región; Castilla-La
Mancha lo es gracias a la Constitución y a su autonomía. En este sentido,
el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la reforma propuesta es un
apoyo inequívoco a la consolidación plena de la autonomía
castellano-manchega y a sus ciudadanos.
Esta reforma, que eleva el techo competencial estatutario, debe impulsar,
lo va a hacer, la solidaridad y el bienestar social de los
castellano-manchegos. El mayor grado de autogobierno contenido en la
reforma, sin duda, va a servir para vertebrar más la región y para
cohesionar socialmente a sus ciudadanos. Estos catorce años de autonomía
han dado vigor a una comunidad orgullosa de serlo y que necesita de un
mayor autogobierno para dar satisfacción a las necesidades y a las
demandas de sus ciudadanos. La modificación estatutaria que vamos a
aprobar va a permitir adecuar el marco normativo competencial a una nueva
realidad social y a las demandas generadas por el propio desarrollo
autonómico. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha va a asumir más
competencias y, por tanto, más responsabilidad con sus ciudadanos.
La enmiendas presentadas en el trámite parlamentario por los Grupos de
Izquierda Unida, Popular y Socialista, desde el respeto al texto remitido
por las Cortes de Castilla-La Mancha, han mejorado el texto y han
mantenido el espíritu de consenso del mismo. La modificación estatutaria
contempla, además de la ampliación de nuevas competencias, reformas de
aspectos institucionales del estatuto. Se regulan, por tanto, nuevas
competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en el marco de la
legislación básica del Estado, así como las competencias exclusivas de la
comunidad autónoma. Asimismo, para el ejercicio de la competencia de
vigilancia y protección de los edificios establecido en la Junta de
Comunidades se puede convenir --lo regula esta reforma-- la adscripción
de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía. Desde el punto de vista
institucional, se amplía la capacidad de control del parlamento regional,
desaparecen las limitaciones al trabajo parlamentario, como son los
actuales topes establecidos al período de sesiones. Así pues, las Cortes
regionales tendrán mayor capacidad legislativa y de control
parlamentario. Asimismo, la reforma permitirá la ampliación del número de
diputados hasta 59, lo que beneficiará el grado de proporcionalidad y de
pluralidad política. Además, el nuevo estatuto recoge la posibilidad de
introducir la limitación de mandatos del presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en la ley de gobierno y del consejo
consultivo. También se regula la facultad de presentar la cuestión de
confianza y la moción de censura, así como las funciones del consejo
consultivo como órgano superior de
consulta de la propia comunidad. En definitiva, señorías, más
competencias, mayor autogobierno e impulso a las instituciones de
Castilla-La Mancha.
Concluyo, señor Presidente, manifestando que el espíritu de colaboración
y de acuerdo que ha impregnado la reforma del Estatuto de Castilla-La
Mancha desde las Cortes autonómicas hasta esta Cámara puede ser un buen
precedente para las propuestas de reforma del resto de estatutos de
autonomía de las comunidades del artículo 53 que esta Cámara debatirá
próximamente. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista reitera su
felicitación a los grupos parlamentarios por el acuerdo alcanzado y
anuncia su voto favorable a esta proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor González Revenga.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Villaseñor.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señor Presidente, señorías, con toda
brevedad, como Diputado por Cuenca, provincia integrada en Castilla-La
Mancha, intervengo esta mañana con gran satisfacción y considerándolo un
honor para fijar la posición del Grupo Popular en nombre propio y en el
de mis compañeros de ponencia Javier Rupérez y José Alarcón. Intervengo
sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Coronamos hoy el trámite parlamentario en el Congreso que comenzó el
pasado día 11 de marzo, cuando esta Cámara por 305 de los 306 diputados
presentes aprobaba la toma en consideración de la proposición de ley
elaborada por las Cortes de Castilla-La Mancha. En aquel debate de
totalidad, tanto los diputados designados por las Cortes regionales que
brillantemente defendieron el texto como los diputados del Congreso que
fijaron la posición de los distintos grupos parlamentarios --Javier
Rupérez por el mío-- manifestaron su posición favorable a la toma en
consideración, a la vez que mostraron su deseo de un eficaz y positivo
desarrollo de los trabajos que habríamos de celebrar en ponencia y en
Comisión. Hoy, tras poco más de dos meses de intenso y fructífero
trabajo, tenemos la satisfacción de comparecer ante el Pleno presentando
el dictamen de la Comisión Constitucional y, en mi caso, para señalar el
apoyo entusiasta del Grupo Popular. Hoy ante el Pleno, como hace escaso
días en la Comisión, debo explicar cómo hemos procedido hasta fraguar el
texto objeto del dictamen que sometemos a la consideración de la Cámara.
Empezaré diciendo que lo hemos hecho desde el ejercicio de la
responsabilidad y con una clara y decidida vocación de buscar el acuerdo.
Recogemos un texto consensuado en las Cortes regionales que, según la
sabia previsión del constituyente, ha de ser aprobado por las Cortes
Generales como depositarias de la soberanía nacional. Y en el ejercicio
de esa responsabilidad efectuamos un estudio sereno y profundo del texto
propuesto, dando lugar a que cada grupo parlamentario presentara las
enmiendas que considerase suponían el perfeccionamiento que era deseado y
necesario. Se presentaron un total de 59 enmiendas, que no alteraban en
ningún aspecto sustancial el contenido material ni el espíritu de la
reforma que inspiró el consenso de las Cortes castellano-manchegas. Es
más, las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y las de los grupos Socialista y Popular coincidían en el
respeto a la voluntad de los proponentes, debiendo significar que la
inmensa mayoría de ellas deben ser consideradas meras enmiendas técnicas
de mejora de redacción, en unos casos, y en otros de perfeccionamiento de
la técnica legislativa o de sistemática, conducentes a ubicar
correctamente en el articulado las competencias a asumir y con el
contenido adecuado para lograr el más escrupuloso respeto a nuestra Carta
Magna, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los
trabajos de la ponencia estuvieron presididos por el espíritu de
consenso, lo que llevó a que la inmensa mayoría de las enmiendas fueran
incorporadas en su literalidad, y las escasas que no han corrido esa
suerte han tenido la aceptación de su espíritu, hasta tal punto que los
tres grupos enmendantes encontramos plasmados los fundamentos de nuestras
pretensiones, dando lugar a que el informe de la ponencia fuera aprobado
por unanimidad y refrendado por esa misma unanimidad en la Comisión.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha contempla dos
partes: una, la que hace referencia a la reforma institucional, y otra, a
la ampliación de competencias que asumirá la comunidad autónoma. El
denominador común tanto del texto originario como del contenido en el
dictamen de la Comisión es la profundización en el autogobierno del
pueblo castellano-manchego en el marco y con pleno respeto a la
Constitución española. Entre los aspectos institucionales podemos
señalar, sin pretender ser exhaustivos, cuestiones tales como posibilitar
la ampliación de los períodos ordinarios de sesiones de las Cortes,
aumentar el número de diputados, introducir la limitación de mandatos del
presidente de la Junta de Comunidades, la facultad de plantear la
cuestión de confianza así como la moción de censura constructiva y la
disolución anticipada de las Cortes de Castilla-La Mancha. Tanto la
moción de censura como la cuestión de confianza y la disolución
anticipada de las Cortes están sometidas a unas normas que salvaguardan
el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de la comunidad
autónoma para evitar que se pudiese hacer uso abusivo de esas facultades
en algún momento. También se otorga nivel estatutario al consejo
consultivo como superior órgano de consulta de la Junta de Comunidades y
de las corporaciones locales de su territorio. En el aspecto competencial
se afronta
una sustantiva ampliación de las mismas como medio de profundizar en el
ejercicio de la capacidad de autogobierno que a partir de la entrada en
vigor de esta reforma tendrán las instituciones de Castilla-La Mancha. Se
contemplan 32 títulos de competencias exclusivas de la comunidad
autónoma, 9 títulos de competencias de desarrollo legislativo y de
ejecución en el marco de la legislación básica del Estado y 15 títulos
competenciales de función ejecutiva. Asimismo, se atribuye la capacidad
de convenir con el Estado la adscripción de una unidad del Cuerpo
Nacional de Policía para el ejercicio de la competencia de vigilancia y
protección de los edificios e instalaciones de la comunidad autónoma. Se
trata, en suma, de un texto que eleva sustancialmente la capacidad de
autogobierno de Castilla-La Mancha, en pro de su mayor desarrollo al
servicio de los castellano-manchegos en el seno de la España plural y
enriquecedora que la Constitución configura integrada por nacionalidades
y regiones.
Para finalizar, en mi grupo pensamos que el consenso que ha presidido
todos los trámites de esta reforma, tanto en las Cortes regionales como
en esta Cámara, debería mantenerse a la hora de su desarrollo mediante el
acuerdo unánime de las Cortes de Castilla-La Mancha en el momento de
aprobar un tema tan sensible como es el de la futura ley electoral.
Quebrar este espíritu de diálogo y de consenso en tan importante ley en
parte echaría por tierra los esfuerzos que hasta ahora todos hemos
realizado. Porque deseamos para los castellano-manchegos lo mejor, porque
queremos una comunidad dueña de sus destinos, hermanada, solidaria y
unida al resto de las comunidades autónomas y participando del proyecto
común de España, mi grupo sumará sus votos afirmativos a la reforma del
estatuto de autonomía. Se ha planteado, diría que incidentalmente, la
pretensión de introducir una modificación vía enmienda in voce. Nosotros
creemos que la redacción de ese texto, en la forma que ha llegado, no se
ha producido por unanimidad en virtud de ningún olvido sino porque la
vocación, la voluntad que ha habido en el desarrollo del proceso era el
que literalmente viene recogido en el texto. De ahí que la posición de mi
grupo, por dignidad de esta Cámara, sea defender el principio de que no
debe someterse a votación esa disposición adicional que pretendía ser
introducida por la vía de la enmienda in voce, que consideramos fuera del
Reglamento y del espíritu de los que hemos estado trabajando durante todo
este tiempo en esta ley.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.--El señor Ríos Martínez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Villaseñor.
Señor Ríos, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, le pido la palabra para
solicitar la observancia del Reglamento, que dice en el artículo 118.4
que la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por finalidad
subsanar errores o incorrecciones técnicas; repito, la Presidencia. Y yo
acato la decisión que la Presidencia adopte. Sé que no hay consenso,
señor Presidente, por tanto he usado el Reglamento y pido a la
Presidencia que utilice el Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos. (Pausa.)
Señor Ríos, el planteamiento que se hace de la enmienda in voce no ha
sido aceptado como tal por parte de un grupo parlamentario de forma
explícita y no puede considerarse tampoco como una enmienda de carácter
técnico. Por tanto, no se toma en consideración como tal.
--PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS EMISIONES Y RETRANSMISIONES DE
COMPETICIONES Y ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS (Número de expediente
121/000033)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, a
continuación, al debate del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de
ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y
acontecimientos deportivos, a la cual se han presentado enmiendas por
parte de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Catalán
(Convergència i Unió), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y para la defensa
de sus enmiendas tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para entender la posición del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria ante este proyecto de ley y fijar nuestra posición con respecto
al dictamen de la Comisión es necesario recordar algunas cuestiones
importantes que expusimos desde la tribuna cuando se debatieron las
enmiendas de totalidad a este proyecto de ley. Señalábamos en aquella
ocasión que partíamos de la base de que en estos momentos, a juicio de
Coalición Canaria, existe un equilibrio entre los grandes acontecimientos
deportivos emitidos en directo y en abierto y aquellos acontecimientos
deportivos emitidos a través de televisiones de pago. Decíamos que ese
equilibrio que nosotros entendemos que existe entre los acontecimientos
que se emiten en abierto y los de las televisiones de pago permite, por
una parte, que los acontecimientos más relevantes, aquellos que traspasan
la esfera sectorial y son de interés general de todos los ciudadanos
españoles, puedan verse en abierto, que es lo que ocurre cada domingo,
que es lo que ocurre en cualquier competición europea, que es lo que
ocurre con cualquier final de una Copa del Rey, que es lo que ocurre, en
definitiva, con cualquier acontecimiento de esos que denominamos como
relevantes. Para ese equilibrio en la otra parte está que todo el
sistema, todo el mundo del deporte superprofesionalizado, todo ese
deporte que en este momento nos pone la piel de gallina por los miles de
millones que se mueven en torno a él, todo él, repito, fundamentalmente
el fútbol, se pueda mantener por aquellos a los que les gusta el deporte,
por aquellos a los que les gusta el fútbol, los que pagando a una
televisión de pago sostienen todo ese mundo superprofesionalizado, como
decía, en el que se mueve el fútbol en estos momentos. Desde esa
declaración de principios de que existe ese equilibrio decíamos que en un
mundo como el audiovisual, que ha sufrido espectaculares innovaciones en
estos últimos años con la aparición de las televisiones privadas, las
televisiones de pago, la televisión digital, la televisión de pago por
consumo, etcétera, valorábamos positivamente la iniciativa del Gobierno
de presentar un proyecto de ley que intentara regular este sector. En
aquel momento en el Pleno de Cámara dijimos que el texto presentado por
el Gobierno nos servía de base para una discusión seria, serena y
profunda, pero que con la aportación de enmiendas por los distintos
grupos políticos al proyecto de ley presentado por el Gobierno, que
considerábamos insuficiente, poco claro y confuso, en los trámites de
ponencia y Comisión tenía que ser mejorado.
Hacíamos un especial énfasis --y así consta en el «Diario de Sesiones»--
en algunas cuestiones que nos preocupaban y que necesariamente tenían que
ser precisadas en los trámites de ponencia y de Comisión. Entre ellas
están qué acontecimientos deportivos son catalogados de interés general,
con qué periodicidad se fija el catálogo de estos acontecimientos, por
qué la prohibición de la emisión de publicidad en los acontecimientos
deportivos emitidos por las televisiones de pago, qué iba a suceder con
los contratos en vigor entre las entidades deportivas y los operadores
privados, cómo pensaba el Gobierno resolver el previsible perjuicio que
se podía ocasionar desde el punto de vista económico a las entidades
deportivas. Toda esta serie de interrogantes planteábamos en aquellos
momentos y posteriormente intentamos que se corrigieran, que se
clarificaran, que se precisaran con las enmiendas que presentamos.
Preguntábamos cómo el Gobierno, a la vista de los contratos de los
clubes, iba a resolver los perjuicios a los que antes hacía referencia.
¿Con la reducción del IVA? ¿Con mayor aportación del dinero de las
quinielas? En cualquier caso decíamos que nosotros no apoyaríamos nunca
ninguna fórmula que significara que ese mundo del deporte
superprofesional se pagara con el dinero de todos los españoles.
Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importantísimo, fundamentalmente en
los trabajos de Comisión, para intentar resolver esas claves a las que yo
antes me referí. Hay una coincidencia generalizada de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara. Creo que el esfuerzo que realizó en
Comisión el señor Fernández de Trocóniz como representante y portavoz del
Grupo Popular fue muy importante y fue él el que consiguió un consenso, a
través de enmiendas transaccionales, para resolver la mayor parte de las
cuestiones que a todos nos preocupaban. Los asuntos que no han tenido una
respuesta adecuada, a pesar de ese esfuerzo de acercamiento de posiciones
con las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, se
refieren a los contratos actualmente en vigor entre las entidades
deportivas y los operadores privados, cuestión que nosotros
considerábamos esencial en el trámite de esta ley. De las nueve enmiendas
presentadas ocho están recogidas mediante las transaccionales, lo que
consideramos una mejora, un cambio importante en el texto presentado por
el Gobierno, pero para salvaguardar los contratos en vigor presentamos
una enmienda que textualmente dice: Lo dispuesto en el artículo 4 de la
presente ley no afectará a los contratos suscritos entre sociedades
anónimas deportivas o ligas de deportes profesionales con las empresas de
televisión que operan en España que se encuentren en vigor y hasta la
extinción de los mismos. Nosotros entendíamos que esta era una enmienda
importante, una enmienda clave que daba seguridad jurídica a la ley que
se estaba tramitando. Esta enmienda pretende garantizar la defensa de los
intereses generales, por cuanto la redacción que propone el dictamen
pudiera afectar a derechos adquiridos por los clubes y las empresas de
retransmisión audiovisual. Tal y como indicábamos en la justificación de
la enmienda, el texto del dictamen puede afectar a las previsiones del
artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de derechos individuales. Ante eventuales
conflictos jurisdiccionales, las consecuencias para el erario público
pueden ser de una magnitud multimillonaria. La enmienda plantea que el
artículo 4, relativo al catálogo de competiciones y acontecimientos
deportivos de interés general y a la obligación de emitir éstos en
abierto, no sea de aplicación a los contratos ya en vigor hasta la
extinción de los mismos, porque ello afecta a derechos preexistentes. Sin
embargo, el resto del articulado de la ley no afecta al contenido de esos
derechos, sino que regula el acceso a la información por los ciudadanos y
la libre concurrencia informativa. Por tanto, nuestra enmienda propone
que queden fuera de la regulación del artículo 4 los contratos celebrados
antes de la entrada en vigor de la ley, respetando los derechos
adquiridos.
Nosotros estamos de acuerdo en establecer un régimen jurídico general
para las retransmisiones deportivas, pero no podemos compartir que por
empeñarnos en incluir contratos celebrados con arreglo a la normativa
mercantil vigente incurramos en responsabilidades patrimoniales para que
finalmente seamos todos los ciudadanos quienes tengamos que pagar las
posibles
indemnizaciones. En definitiva, señorías, valoramos positivamente el 90
por ciento del texto dictaminado en los trámites parlamentarios de
ponencia y Comisión. Las lagunas que entendemos aún tiene el proyecto se
corregirían, a nuestro juicio, y le darían seguridad jurídica con la
aceptación de la enmienda número 70, de Coalición Canaria, en la línea
que antes señalaba, y con la enmienda 98, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que está orientada en el mismo sentido. Esas
enmiendas, a nuestro juicio, dan seguridad jurídica a la ley y garantizan
que hasta el año 2003 haya un equilibrio entre los grandes
acontecimientos deportivos emitidos en abierto, las televisiones de pago,
de forma que todo el sistema del deporte superprofesional se pueda
mantener con los recursos de aquellos ciudadanos a los que les gusta el
deporte. Con estas enmiendas no corremos el riesgo de que el deporte
superprofesional, esas cifras escalofriantes que vemos un día sí y otro
también en la prensa, las paguemos entre todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rivero, le
ruego concluya.
El señor RIVERO BAUTE: Voy terminando, señor Presidente.
Mi grupo espera que hoy el discurso de los distintos grupos políticos se
refleje a la hora de la votación. Claramente estamos contra la
irretroactividad de la ley. Esperamos que las votaciones confirmen esa
irretroactividad de la que hemos hecho gala en los discursos de cara a la
galería, de cara al exterior. Las enmiendas, repito --y termino, señor
Presidente--, que claramente definen esa irretroactividad son la del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. No garantiza la irretroactividad --y
esto es preciso dejarlo claro-- de los contratos el artículo 6, que se
refiere sólo y exclusivamente a la televisión de pago por consumo.
En definitiva, nuestra posición va a ser coherente con la expresada el
primer día cuando se debatieron las enmiendas de totalidad al proyecto.
Sí a la regulación, sí al 90 por ciento del texto del dictamen de la
Comisión. No a la irretroactividad, no a poner en riesgo el dinero de
todos los españoles y paguemos los contratos de los ronaldos y de todas
esas cosas escalofriantes que oímos cada día.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar deseo dejar constancia de
una realidad innegable y es que ha habido diálogo y negociación durante
la tramitación de este proyecto de ley. Decir lo contrario sería negar la
propia evidencia de los cambios introducidos en el texto remitido por el
Consejo de Ministros. Así, por ejemplo, ni el proyecto de ley se
considera hoy orgánico, ni el título del proyecto es el original que
salió del Consejo de Ministros, ni permanecen los rótulos que encabezaban
cada uno de los artículos, ni su exposición de motivos dice exactamente
lo mismo, ni el texto de su articulado y disposiciones son los mismos,
puesto que se han introducido variaciones, algunas incluso de tipo
sustantivo, en sus siete artículos, además de haberse incorporado dos
nuevas disposiciones. En definitiva, señorías, se ha transaccionado entre
grupos parlamentarios, y el Parlamento creo que ha venido cumpliendo
fielmente su misión de mejorar el texto propuesto por el Gobierno
mediante un dictamen, el producido en la Comisión Constitucional, que
introduce, reitero, no pocas novedades, algunas de ellas de notable
calado conceptual. Lógicamente, ello es debido al trabajo de todos, pero
yo quisiera destacar, no me duelen prendas, el trabajo personal de don
Fernando Fernández de Trocóniz en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Se ha trabajado, pues, en una línea posibilista, la que nuestro grupo
parlamentario abonó en el debate de totalidad, y hoy es justo reconocerlo
públicamente y que quede en el «Diario de Sesiones».
¿En qué disiente nuestro grupo político, al que tengo el honor de
representar en este debate? Disiente en una cuestión no menor ni baladí,
los efectos que el texto dictaminado tienen sobre clubes, sociedades
deportivas, programadores y operadores que, utilizando la legalidad
vigente, es decir, la leyes surgidas de esta Cámara y que están en el
Boletín Oficial del Estado y, por tanto, en vigor, han suscrito unos
contratos que el Tribunal de Defensa de la Competencia no ha detectado en
ningún momento que vulnerasen nada, es decir, ni la libre concurrencia ni
derechos de terceros ni el interés social, ni han creado posición de
dominio por parte de nadie, como sí ocurrió en su día cuando el
protagonismo lo administraba la Liga profesional de fútbol. Esos
contratos se han realizado bajo dos principios constitucionales: la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y la garantía
de que los poderes públicos protegen y protegerán el ejercicio de esa
libertad, la libertad económica, que, como tiene dicho Milton Friedman,
es un componente fundamental de la libertad en su sentido más amplio. Se
trata de unos contratos que para el señor Segura y el señor Villaescusa,
Director de Canal 9 y Presidente de la Forta, son consecuencia directa
del libre mercado y, textualmente, del ejercicio de criterios
profesionales. Por tanto, son unos contratos que se apoyan en la
competitividad empresarial, llevada a cabo en un marco absolutamente
legal que respeta la libertad de plural concurrencia empresarial.
Todo esto ha llevado al señor Petitbó, Presidente del Tribunal de Defensa
de la Competencia, a decir que este texto que hoy debatimos, y muy
concretamente en su artículo 6, es --cito textualmente-- innecesario
desde el punto de vista de la competencia, porque --y también le cito
textualmente-- los derechos exclusivos son perfectamente compatibles con
la competencia. Esto llevó al catedrático señor Torres del Moral a decir,
en su comparecencia ante la Comisión Constitucional de esta Cámara, que
el principio de seguridad jurídica pudiera resultar dañado o afectado por
el hoy artículo 6, hasta el punto de que la afectación sobrevenida de los
contratos en vigor pudiera dar lugar, según el parecer de esta
catedrático de Derecho constitucional, a la correspondiente indemnización
por parte del Estado, de conformidad con el artículo 33 de la
Constitución, que, al reconocer la propiedad privada, niega que alguien
pueda ser privado de sus bienes y sus derechos sin causa justificada de
utilidad pública o interés social, y siempre con la correspondiente
indemnización. Además, señorías, señor Presidente, todo esto se ha
producido bajo el paraguas de una resolución del Tribunal de Defensa de
la Competencia, creo recordar que del mes de junio de 1993, donde se dice
que las exclusivas son un derecho de organización típico de las empresas.
En palabras del representante de Tele 5 ante la Comisión Constitucional,
cito textualmente, la exclusividad es un principio de lógica empresarial.
Nuestra enmienda pretende que las disposiciones de esa futura ley no
afecten ni a la vigencia de los contratos celebrados con anterioridad a
la fecha de la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros
ni al ejercicio de los derechos que se derivan de los mismos, porque, en
caso contrario, quedarían afectadas situaciones y previsiones generadas
anteriormente en un marco legal que ahora se pretende alterar poniendo a
cero un reloj que lleva tiempo funcionando y, además, está funcionando
correctamente.
Hay, por tanto, señor Presidente, una carga intervencionista innegable y
hay además un cambio de las reglas de juego que puede vulnerar y vulnera
--creemos nosotros-- contratos legalmente producidos y derechos
legalmente adquiridos que van a perjudicar a unos y a beneficiar a otros,
van a perjudicar, entre otros, a los propios clubes o sociedades
deportivas. Los perjudicados serán quienes, adelantándose a los tiempos,
han hecho legítimas apuestas empresariales, no exentas de riesgos, y los
beneficiados serán quienes lleguen ahora con el paraguas de esta norma,
pero que en el pasado no asumieron, por lo que sea, la dificultad de la
competencia empresarial, ni el riesgo de ganar o el riesgo de perder que
conlleva la misma.
Se nos dice que ese texto, señor Presidente, se adecua a las previsiones
de la Unión Europea. Quisiera demostrar lo contrario. La propuesta de la
delegación del Parlamento Europeo al Consejo de la Unión, en relación con
el ejercicio por parte de los radiodifusores de derechos exclusivos de
radiodifusión que puedan haber adquirido sobre acontecimientos
considerados de gran importancia para la sociedad, decía que es necesario
aplicar esas disposiciones a los contratos celebrados después de la
publicación de la directiva, directiva que aún no ha sido ni tan siquiera
vista por el Parlamento Europeo, ni, por tanto, aprobada aún por la
Comisión ni publicada todavía en el Boletín Oficial de la Unión Europea.
La última posición del Consejo de la Unión Europea hacía siempre
referencia a los derechos exclusivos que hayan sido adquiridos después de
la fecha de publicación de la directiva y lo dicen hablando de contratos
introducidos siempre después de la publicación de la citada directiva.
Por tanto, niegan el derecho a la retroactividad. Además, hay un texto
consensuado por el Consejo y el Parlamento Europeo, que da pie a que hoy
se esté redactando la futura directiva, donde se dice que es necesario
aplicar esas disposiciones a contratos celebrados después de la
publicación de la directiva y relativos a acontecimientos que se celebren
después de la fecha de entrada en vigor de la misma y considerando
naturalmente que los contratos que hoy están en vigor, de fecha anterior
a la publicación de la directiva, cuando se renueven se considerarán
lógicamente nuevos contratos. Por tanto, la posición común del Parlamento
y del Consejo de la Unión Europea es que no puede haber, no hay
retroactividad de la norma. Esto queda muy clarificado en una
interpretación que hace el Comisario Marcelino Oreja --bajo cuya
responsabilidad se está redactando la futura directiva-- sobre la
retroactividad, según la cual --leo literalmente-- dice: La primera
respuesta parece clara: la directiva se limita a establecer una única
nueva obligación a cargo de los Estados miembros y se trata --dice, señor
Presidente-- de una obligación que no tiene carácter retroactivo --lo
cito literalmente y reitero--, de una obligación que no tiene carácter
retroactivo, puesto que los Estados miembros deben adoptar medidas para
evitar en el futuro, no en el pasado, la elusión de la normativa nacional
por parte de operadores desde otros Estados miembros.
Señor Presidente, llegado a este punto, puedo avalar totalmente la
enmienda que hemos presentado, que trata no de favorecer a unos en
detrimento de otros, sino de preservar lo que hoy existe, de acuerdo con
la legalidad vigente, de acuerdo con la interpretación y las resoluciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia, de acuerdo, como aquí he
explicitado, con lo que será la futura directiva de la Unión Europea, de
acuerdo con lo que ya han pactado el Parlamento y el propio Consejo de la
Unión Europea.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para defender nuestras enmiendas al
proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos.
Nuestro grupo en toda la tramitación de este proyecto ha hecho un
considerable esfuerzo desde el principio para no convertir este debate en
una batalla y ha tratado de introducir de alguna manera criterios de
racionalidad y de rigor en lo que ya se preveía que se iba a convertir en
el centro de una importante polémica. Desde luego, no es un elemento
prioritario para los ciudadanos de este país, ni muchísimo menos para las
ciudadanas, pero, en todo caso, evidentemente se ha convertido en un
asunto que se ha situado en el centro de una polémica importante.
En este contexto, nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo
ya pretendió cambiar las reglas de juego y modificar radicalmente el
escenario donde sabíamos que íbamos a terminar desde que este proyecto
fue presentado en sus condiciones iniciales. Hemos defendido que no había
que regular sólo este sector, que había que ir a una regulación más
amplia, que no había que priorizar solamente el deporte ni mucho menos
sólo el fútbol, que eso nos iba a conducir a situaciones de
desequilibrios importantes en el futuro. Dijimos que esa regulación no
era buena, pero, desgraciadamente, nuestra posición fue derrotada, de la
misma forma que ocurrió con la de otros grupos que pensaban lo mismo, que
el proyecto debería ser devuelto al Gobierno para su corrección. En ese
contexto aquellos grupos que aceptaron inicialmente un redactado tan
conflictivo, que ya sabíamos que nos iba a conducir a importantes
confrontaciones, a mi modo de ver, deberían haber insistido y haber hecho
algún esfuerzo más para no convertir este debate en posiciones
absolutamente cerradas.
De todas maneras, aunque, como se preveía, no ha habido más remedio que
situarse en ese terreno complejo y complicado que a nosotros no nos
gustaba, hemos tratado de centrar de nuevo el debate a través de
enmiendas sobre aquellos aspectos que considerábamos que debían
salvaguardarse y que podían implicar consecuencias negativas,
fundamentalmente para el sector deportivo profesional, porque podía
iniciar líneas muy diferentes a lo que se aprobó en esta Cámara en el año
1990. En ese sentido, voy a defender en primer lugar nuestra enmienda 27,
que se centra fundamentalmente en el tema de acontecimientos de interés
general.
Es cierto --ya se ha dicho antes y todos los grupos así lo hemos
entendido-- que se han hecho esfuerzos de aproximación importantes en
este artículo y que prácticamente se ha alcanzado el consenso. No
obstante, nosotros seguimos defendiendo esta enmienda porque queremos
poner de manifiesto que hubiéramos preferido un redactado con criterios
más claros a la hora de establecer el catálogo de acontecimientos
deportivos, donde la atracción sobre las audiencias no tuviera un peso
tan importante en este sentido. Sobre todo, para nosotros era fundamental
que se introdujeran elementos de equilibrio para hacer compatible el
interés de los usuarios, que evidentemente está centrado en el fútbol,
con un desarrollo más armónico del conjunto de un sistema deportivo que,
evidentemente, se desequilibra en el momento en que priorizamos aquello
que ya goza de ventaja en este momento en cuanto a sus emisiones en
abierto. No obstante, pensamos que, desde el organismo que se ha creado
en la ley, se pueden y se deben corregir diversos aspectos. Nosotros
consideramos y lo vamos a seguir haciendo que se deben introducir
elementos para equilibrar la situación en este sentido.
Nuestro grupo también mantiene una enmienda al artículo 6.2. Somos
conscientes de que hemos llegado al precepto que ha generado y sigue
generando la mayor polémica en el conjunto de la ley. En el transcurso
del debate, la discusión más importante se ha centrado prácticamente en
ese artículo, fundamentalmente porque el actual redactado regula cómo se
deben ejercer los derechos, que significa que cualquier operador podrá
concurrir en igualdad de condiciones y que las condiciones de
contratación serán iguales para prestaciones o servicios equivalentes. En
definitiva, lo que, a nuestro modo de ver, ese artículo viene a
significar es que se prohíben los derechos en exclusiva. Nosotros siempre
hemos querido centrar el debate en el redactado del artículo 6, admitido
mayoritariamente en esta Cámara y en la Comisión, más que en los efectos
que el propio artículo 6 podría producir finalmente sobre contratos,
entre otras cosas porque no entendemos que sea el Parlamento el que deba
discutir sobre contratos. El Parlamento debe tender a hacer una
regulación lo más racional y equilibrada posible, más que entrar en ese
contexto concreto. Efectivamente, al imponer un sistema, prohíbe las
exclusividades. Es cierto que ése es el sistema de gestión habitual en
Europa, que está reconocido y que es un buen sistema, porque permite
financiar el deporte profesional, pero, a su vez, permite, por extensión,
que los deportes minoritarios también puedan beneficiarse de estas
exclusivas. Además, plantea un sistema difícilmente imaginable en un
mercado televisivo, es decir, que un mismo acontecimiento deportivo, a la
misma hora y a la vez que se está celebrando, se emita por una, dos o
tres cadenas. Por tanto, demás de que es un sistema impuesto, desde mi
punto de vista, es un sistema insólito y extraño. Mi grupo entiende, y yo
personalmente también, que tiene como consecuencia que, al ser
obligatorio
por ley, de alguna manera se asumen los riesgos de esta gestión, lo que
en ningún caso está claro. Por otro lado, es verdad que tiene un efecto
inmediato producido por la prohibición de contratar en los términos en
que se está contratando actualmente. Entonces tiene un efecto inmediato
sobre derechos ya negociados con anterioridad a la ley, habitualmente en
exclusiva, con nuevos riesgos añadidos a los que he citado anteriormente,
los de imponer un sistema de gestión.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, nuestro grupo es el único que
planteó una enmienda de modificación a la regulación del artículo, que
entiendo que en la actual situación permite salir de dos extremos
difíciles de solucionar. Uno consiste en mantener la tesis de que hay que
suprimir la regulación. Lo cierto es que esto, inicialmente y desde otra
perspectiva, quizás habría sido la más razonable, pero parece, cuando
menos, sorprendente que, a estas alturas, después de tanto debate y
después de todo lo que hemos discutido, el Parlamento no sea capaz de
articular en la ley cómo debería regularse este sistema del pago por ver.
Esta sería una opción, la supresión; la otra sería mantener la regulación
tal y como está en sus estrictos términos, pero que no afecte a
determinados contratos legalmente realizados y en vigor. Entiendo que esa
tampoco es una solución, pero no sólo porque afecte a contratos, sino
porque ¿por qué vamos a mantener una regulación diferente para aquellos
que efectúen contratos a partir de ahora que para aquellos que los
adquirieron? ¿Por qué los deportes minoritarios no pueden negociar
exclusivas y sí se mantienen exclusivas de fútbol? Eso significa, entre
otras cosas y fundamentalmente, que el fútbol es el único deporte que
tiene margen suficiente para superar esa situación, porque soportaría
otro sistema de gestión al margen de las exclusivas y, sin embargo, los
deportes minoritarios no podrían soportar otro régimen de regulación que
no incluyera las exclusivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sabanés, le
ruego vaya concluyendo.
La señora SABANES NADAL: Mantener el actual redactado tal y como está y
sólo proteger determinados contratos es crear un agravio comparativo
dentro del sistema deportivo y perjudicar especialmente a los deportes
minoritarios. Por tanto, entiendo que la opción siempre debería haber
pasado por plantear de forma racional y mediante acuerdos la regulación
que se hace en el articulado, más que estar obsesionados con el efecto
que esa regulación tenía sobre tal o cual contrato. Nosotros, además, en
relación al mismo artículo, planteamos una disposición transitoria
(nueva), porque nuestra enmienda 31 dice que, salvando los principios de
publicidad y libre concurrencia, podrán negociar tanto las condiciones de
la oferta como las condiciones económicas. Está claro que salvando los
principios que hemos establecido en el artículo 4 y que, por otro lado,
son genéricos, pueden negociar como tengan conveniente. Así pues, están a
salvo las exclusividades y otros modelos de gestión. Por tanto, la
postura más racional es aceptar que ese tenía que haber sido el camino de
encuentro y de consenso, aunque es difícil que sea el único. O suprimimos
el artículo o el artículo se queda tal y como está a condición de que no
afecte a diez, veinte o cien contratos. Para mí ese nunca podría ser el
camino del encuentro. Nuestra formación política, mal interpretada y
sistemáticamente criticada, siempre ha dicho que si no se modificaba el
artículo 6.2 de esta ley asumiríamos una mala regulación, cometeríamos
agravios comparativos y era esencial buscar desde esa vía el consenso.
Era la única posibilidad.
Tenemos formulada una enmienda para que se cree una transitoria, que dice
que en cualquier caso los contratos se deberán negociar por acuerdo. En
la Comisión nosotros hicimos un esfuerzo final para, desde la globalidad
de nuestras propuestas que significaban modificar el artículo, añadir una
transitoria en la que dijera que los contratos --porque en el artículo 4
también hay afectados contratos, aunque no se ha dicho aquí-- tendrían
que estar negociados por acuerdo de las partes implicadas sin que el
Estado pudiera financiar con fondos públicos el coste de cualquier
operación de este tipo. En la Comisión hicimos otra oferta que yo planteo
como transaccional al mismo artículo, sobre el conjunto de nuestra
propuesta, si ningún grupo se opone, y si algún grupo se opone, la
retiramos e intentaremos seguir negociando y, en esa línea de
modificación global del artículo, ver qué disposición transitoria hay que
hacer una vez que se modificara el artículo y qué transaccional se puede
plantear en lo que quede de trámite de esta ley.
La transaccional diría algo así como que si transcurrido un año desde la
entrada en vigor de la ley no se alcanzaran acuerdos según lo previsto en
la disposición transitoria, a los seis meses el consejo que hemos creado
haría un informe al Gobierno y a la Comisión de Educación y Cultura del
Congreso efectuando recomendaciones sobre los operadores, para, de una
situación bloqueada, ir llegando progresivamente a otra más racional y
que se favorezca la negociación y los acuerdos.
Hemos defendido nuestras enmiendas y, según su resultado, decidiremos
nuestro voto.
Nada más. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Sabanés. Le ruego haga llegar a la
Presidencia el texto de la enmienda transaccional.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista mantiene para debate y votación en este Pleno
siete enmiendas de las que presentó al proyecto de ley. En este momento
anuncio a la Presidencia la retirada de una de ellas, la número 57.
Señorías, con motivo de la presentación de un proyecto de ley de las
características de éste que estamos debatiendo, el Grupo Socialista ya
manifestó día 24 de abril su preocupación porque considerábamos que era
fruto de una enorme insensatez por parte del Gobierno. Dijimos que el
Gobierno debiera haberse limitado a trasponer la directiva comunitaria de
Televisión sin Fronteras, en su momento, cuando esta directiva hubiese
sido definitivamente modificada. Va a estarlo, según todos los
calendarios previstos en la Unión Europea, antes de finalizar el mes de
junio. Nos parecía que aquello era lo más sensato, porque trasponiendo
simple y llanamente la directiva comunitaria lo que se hacía era regular
el tratamiento que debían tener aquellos acontecimientos deportivos de
especial relevancia para su retransmisión por televisión en abierto y
para todos, en abierto y con carácter general.
Desde nuestro punto de vista, lo dijimos entonces y queremos insistir hoy
en ello, el Gobierno nunca debió meterse --y permítanme una expresión
coloquial-- en el jardín en el que se ha metido con este proyecto de ley.
El Gobierno nunca debió utilizar el Parlamento para ir en contra de
algunos operadores de televisión que tienen los derechos sobre el fútbol
televisado y para ir a favor de una plataforma televisiva que se está
creando en el entorno del Partido Popular, formada por la radiotelevisión
pública y una empresa de reciente privatización como es Telefónica, que,
como no tenía o no tiene los derechos del fútbol, vio que había que hacer
algo para que pudiera tenerlos, que fue este proyecto de ley, rompiendo
los derechos que tenía otro grupo de empresas. Creemos que el Gobierno no
debiera haber hecho lo que hizo. Lo lamentamos, pero estamos en la
situación en que estamos.
La tramitación parlamentaria, señorías, tampoco ha sido un ejemplo de
sensatez. Pensamos que el procedimiento de urgencia utilizado nunca se
debía haber adoptado para un proyecto de ley como el que estamos viendo.
Las comparecencias habidas en la Comisión Constitucional a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, de Izquierda Unida y del propio Grupo
Parlamentario Popular han sido muy instructivas y tremendamente
clarificadoras en relación con algunos aspectos del proyecto de ley, pero
creemos que debieran de haberse producido antes de la elaboración del
dictamen por parte de la Comisión. Aquí también la insensatez primó sobre
la racionalidad, y las comparecencias se produjeron después de haberse
confeccionado el dictamen, con lo que eso significa. Han clarificado
muchas cosas pero, aunque muchos de los contenidos del proyecto de ley
están clarificados, es evidente que difícilmente se van a poder trasladar
al texto que estamos viendo en estos momentos.
Señorías, por parte del grupo mayoritario ha habido una mezcla de rigidez
y flexibilidad. Yo quiero distinguir esta doble situación porque, en
algunas de las intervenciones que me han precedido, se ha hablado de un
diálogo abundante y de una gran flexibilidad por parte del grupo
parlamentario. Ha habido --es evidente-- flexibilidad en temas menores,
en temas secundarios y una tremenda rigidez en lo que es el núcleo duro
del proyecto de ley, que se ha mantenido intacto y donde no ha habido
ningún movimiento por parte del grupo mayoritario para producir
acercamientos, porque el núcleo esencial del proyecto de ley --ése que
busca la ruptura de los contratos en vigor entre los clubes de fútbol y
las televisiones, para su emisión bajo la fórmula de pago por visión-- se
ha mantenido tal cual, sin que el grupo mayoritario intentara ninguna
aproximación. Es cierto --y quiero reconocerlo-- que ha habido cierta
flexibilidad a la hora de abordar asuntos secundarios, asuntos
tangenciales.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó un bloque de enmiendas, a
través de las cuales intentaba llevar al proyecto de ley --también lo
hicieron otros grupos-- sensatez y --permítanme la expresión--
europeidad. Intentábamos llevar al proyecto de ley los contenidos de la
directiva comunitaria de televisión sin fronteras y tratábamos de que el
proyecto de ley se despojara, entre otras cosas, de ese objetivo que
perseguía el Gobierno con el mismo --como decía hace un momento-- de
romper los contratos en vigor, los contratos que tienen unos operadores,
para favorecer a otro. Y a este otro se le quiere favorecer con este
proyecto de ley porque está en la órbita del Gobierno y en la órbita del
partido que apoya al Gobierno.
A lo largo de la trayectoria que ha seguido el proyecto de ley en esta
Cámara se han modificado algunas cosas, que quiero reconocer. La ley ha
perdido el carácter de orgánica --otra de las insensateces que decíamos
que este proyecto tenía--; no se ha incorporado, a pesar de que lo pedía
insistentemente el Grupo Parlamentario Socialista y algún otro grupo --y
así lo recomienda la directiva comunitaria de televisión sin fronteras--,
un catálogo de acontecimientos de interés o de especial relevancia; no
hemos conseguido --debido a la tozudez en este sentido del grupo
parlamentario mayoritario-- que no aparezca el fútbol como un bien de
interés general. Nos parece que no tiene sentido que, en una ley como
ésta, se declare al fútbol un bien de interés general, cuando esta
calificación debería reservarse para otras cuestiones. Es cierto que la
Comisión ha incorporado la creación de una comisión ad hoc para elaborar
el catálogo de acontecimientos de especial interés y que ha suprimido el
organismo que venía prefijado en el proyecto de ley para llevar a cabo
esta labor, que era el Consejo Superior de Deportes que, como SS. SS.
saben, está vinculado al Gobierno.
La creación de esta comisión ad hoc, al menos, aleja a esta comisión de
la órbita del Gobierno y hace posible que exista una comisión más
abierta, más plural y más distante del Gobierno para elaborar este
catálogo de acontecimientos de especial interés.
Con nuestras enmiendas, señorías, tratábamos de buscar un punto de
equilibrio entre el pluralismo informativo y los derechos exclusivos en
las retransmisiones televisivas, y todo ello en el marco del interés
general de los ciudadanos. Ese era el objetivo de nuestras enmiendas.
Evidentemente no lo hemos conseguido, porque lo esencial, la parte
fundamental, el núcleo duro --como decía hace un momento-- del proyecto
de ley se mantiene. ¿Y cuál es este núcleo? En opinión del Grupo
Parlamentario Socialista, es el artículo 6. A este artículo mantenemos
una enmienda, la número 58, para evitar que el artículo 6 forme parte del
texto que apruebe esta Cámara. ¿Qué hace el artículo 6, señorías? El
artículo 6 rompe la exclusividad de los contratos en vigor en estos
momentos.
El Grupo Parlamentario Popular, así como el Vicepresidente del Gobierno
cuando ha intervenido en relación con este proyecto de ley, han insistido
constantemente en que la ruptura de las exclusivas de los contratos en
vigor debería servir para favorecer la competencia. Lo decía el señor
Alvarez-Cascos en la intervención que tuvo en esta Cámara el día 24 con
motivo del debate de totalidad, y dedicó la mitad de su tiempo a
justificar que el artículo 6 aparecía con el único fin de favorecer la
competencia. Para ello dio argumentos muy variados, pero fundamentalmente
utilizó la autoridad del Tribunal de Defensa de la Competencia. Yo
quisiera insistir hoy en que utilizó torticeramente la doctrina del
Tribunal de la Competencia para justificar que el artículo 6 favoreciera
la competencia.
Señorías, el día 19 de este mes, en las comparecencias que se produjeron
en la Comisión Constitucional, una de ellas fue la del Presidente del
Tribunal de la Competencia, que dijo claramente dos cosas: que las
exclusivas no atentan a la competencia, y que el artículo 6.2 de esta ley
era innecesario a los efectos de la competencia. Es más, aunque el señor
Vicepresidente del Gobierno se niega a reconocerlo, y aunque el Gobierno
tampoco quiere reconocerlo en su conjunto, se niega a enviar a este
Diputado que les habla un informe que solicitó reglamentariamente, a
través del artículo 7 del Reglamento, para que se me enviasen unas
observaciones que hizo en el mes de febrero el Tribunal de Defensa de la
Competencia, en las que se dice que el artículo 6 es innecesario y que
las exclusivas no atentan a la competencia; no se me envía esta
documentación en la que se dice exactamente esto que les estoy
comentando. Por tanto, el argumento esencial del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno en relación con el artículo 6, que debe estar
redactado en los términos en que está para favorecer a la competencia, se
viene abajo porque la máxima autoridad que debe vigilar estas cuestiones,
como es el Tribunal de Defensa de la Competencia, ha dicho justamente lo
contrario.
En el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, opinamos lo contrario,
pero no solamente en el Grupo Parlamentario Socialista, sino que también
opinó lo mismo el 80 por ciento de los comparecientes que lo hicieron en
la Comisión Constitucional para darnos su opinión sobre el contenido de
este proyecto de ley. Había coincidencia generalizada, mayoritaria, entre
los comparecientes (es la opinión que defendió el grupo que represento en
estos momentos, y que sigue defendiendo) en que el artículo 6, y
especialmente el punto 2, lo único que pretende --y lo conseguirá de
seguir redactado en estos términos-- es favorecer la retroactividad.
Esto, ¿qué significa, señorías? Pues que se van a producir pérdidas de
derechos existentes, y si se producen pérdidas de derechos va a
significar que se está produciendo una expropiación de hecho, y si se
produce una expropiación de hecho tendrán que producirse
indemnizaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Nieto, vaya
concluyendo.
El señor NIETO GONZALEZ: Sí, señor Presidente.
Esas indemnizaciones, ¿quién las va a pagar? ¿Qué consecuencia tendrá esa
expropiación de hecho? ¿Qué consecuencias tendrá esa pérdida de derechos
adquiridos que se van a perder como consecuencia de este proyecto de ley?
Tendrá, señorías, efectos sobre las televisiones, sobre los clubes de
fútbol y sobre los aficionados, tanto como aficionados como
contribuyentes, y tendrá efectos porque al romper la exclusividad de los
contratos, ¿quién garantiza las previsiones de ingresos de los clubes, de
los operadores? ¿Quién lo garantiza? ¿Quién asumirá, señorías, la
minoración de los ingresos? ¿Quién tendrá que llevar a cabo las
indemnizaciones pertinentes como consecuencia de las expropiaciones de
hecho que se van a producir? Va a tener, insisto, desde nuestro punto de
vista, efectos muy negativos en las economías de los clubes de fútbol y
en la planificación que puedan hacer de sus actividades; va a tener
efectos muy negativos en los operadores de televisión y en la
programación de sus actividades, y va a tener efectos muy negativos en
los aficionados, y permítanme que les diga en el doble sentido que lo van
a tener. Lo van a tener en cuanto que el dinero que los clubes de fútbol
ingresan por derechos de televisión no solamente sirve para mantener los
equipos de fútbol, sino también para mantener las selecciones de otros
deportes --el balonmano, el baloncesto, etcétera--. Por tanto, va a
afectar al conjunto de los aficionados de un amplio abanico de deportes,
y les va a afectar, permítanme la comparación, en cuanto contribuyentes,
porque si hay que pagar indemnizaciones, y habrá que pagarlas
con dinero público, ese dinero tendrá que salir de las quinielas, del IVA
o de los propios Presupuestos Generales del Estado, porque no querrán
ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular y señores de algún otro
grupo que pueda sostener las mismas tesis que el Grupo Parlamentario
Popular, que dentro de uno, dos o tres años tengamos un tercer plan de
saneamiento del fútbol que deba ser pagado con dinero público. ¿No es más
razonable que mantengamos una situación de equilibrio financiero en los
clubes para que esto no vuelva a producirse? Pues evidentemente esa es la
situación a la que se va a ver abocado el deporte en nuestro país si esta
ley sale aprobada en los términos en que en estos momentos está redactado
el artículo 6, especialmente el artículo 6.2.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Nieto, le
ruego concluya.
El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Espero, señorías, que esta insensatez del Gobierno y del grupo
parlamentario que lo apoya sea reconducida a lo largo de las votaciones
que se van a efectuar en esta Cámara dentro de un momento. Espero que la
enmienda número 58 del Grupo Parlamentario Socialista, que pide la
supresión del artículo 6, salga adelante, así como otras enmiendas,
presentadas por otros grupos parlamentarios, que piden que las exclusivas
no se rompan y que, por tanto, no sea retroactiva esta ley en relación
con estas exclusivas y que no tengamos que indemnizar y que vaciar las
arcas públicas para llevar a cabo estas indemnizaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Nieto.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra de las
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y
señores diputados, veo, en función de la presencia de la que se va
haciendo gala y eco en esta Cámara, que realmente estamos hablando de
fútbol y, como tuve ocasión de decir igualmente en la Comisión
Constitucional, también en esta ocasión, señor Presidente, vamos a tener
un pleno al 15, al parecer, tal es la expectación que el fútbol despierta
entre los españoles.
Antes de nada, y es preciso hacerlo así, quiero dar las gracias al señor
Rivero, del Grupo de Coalición Canaria, y al señor López de Lerma, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), por las afectuosas palabras que han
tenido para con mi persona a lo largo de su alocución anterior.
Dicho lo cual, señor Presidente, sin más preámbulos, voy a exponer la
posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas mantenidas, la
número 70 del Grupo de Coalición Canaria, la número 96 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y básicamente las enmiendas números 31 y 42 del
Grupo de Izquierda Unida, así como también en relación con las enmiendas
mantenidas para su defensa en el Pleno por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. Pero evidentemente, para manifestar el criterio que mantiene
el Grupo Popular de rechazo de estas enmiendas en general, sin perjuicio
del carácter amplio y abierto que voy a manifestar en relación a la
posible aceptación de alguna de ellas, hemos de realizar un pequeño
repaso previo a lo que significa este proyecto de ley de emisiones de
competiciones y acontecimientos de carácter deportivo.
Este proyecto de ley, por una parte, garantiza la información para todos
los españoles y por todos los medios de comunicación de los
acontecimientos y competiciones deportivas a través de las emisiones y
retransmisiones deportivas, y garantiza a todos los operadores y
programadores de medios de comunicación la posibilidad de realizar
programas deportivos especializados. Este proyecto de ley, señor
Presidente, señoras y señores diputados, garantiza que todos los
españoles puedan acceder en abierto, en directo y evidentemente en todo
el territorio del Estado, a aquellos acontecimientos deportivos que sean
declarados de interés general por una comisión representativa de los
sectores afectados y también imparcial. Este proyecto de ley, y es
preciso recalcarlo aquí, porque se debe a unas enmiendas introducidas en
el procedimiento legislativo del texto del proyecto de ley a instancias
del Grupo Popular, matizadas con ocasión de la discusión llevada a efecto
en la Comisión por los demás grupos parlamentarios, quiere garantizar que
la tradición tan española de que exista un partido de fútbol en abierto y
en directo una vez a la semana, desde hace más de 35 años, se va a
mantener en el futuro, sin que, por más intentos que se hagan de
expropiación de estos derechos de los españoles por algún grupo privado
de comunicación, jamás pueda tener efecto, porque esta ley viene a
consagrar definitivamente y para siempre el derecho de los españoles a
ver en directo y en abierto, de una forma gratuita, un partido de fútbol
una vez a la semana. He de decir que las comparecencias habidas en el
transcurso de la tramitación de este proyecto de ley sí han sido
importantes y han servido para matizar y conectar con los sectores
implicados, entre otras cosas para que éstos nos digan que no hay ningún
inconveniente en que el partido en abierto y en directo de los sábados
pase a los domingos. En este sentido, he de manifestarles, señoras y
señores diputados, que el Grupo Parlamentario Popular está en condiciones
de procurar que se garantice y que así se haga, que el partido que
actualmente se emite en directo y en abierto los sábados pase a emitirse
en directo y en
abierto los domingos, sin colisionar las emisiones de otros canales de
televisión y sin que se lesionen las entradas de los estadios de fútbol,
de manera que se compatibilice la hora de emisión de estos partidos con
la celebración normal de los encuentros.
Y vamos a lo que algunos llaman el meollo de la cuestión, el nudo
gordiano de la cuestión, que no me explico por qué se llama así. El
artículo 6.2 quiere garantizar exclusivamente la libre competencia, la
libre concurrencia en las relaciones entre operadores y programadores, es
decir, entre los operadores de sistemas de acceso condicional, titulares
de los servicios de telecomunicaciones portadores y los autores de los
programas que se deben retransmitir, que en este caso son los partidos de
fútbol y en general todo tipo de acontecimientos o competiciones de
carácter deportivo. Libre competencia entre operadores y programadores y,
por otra parte, también, el derecho de los usuarios a que, sea cual sea
el operador al que estén abonados, puedan tener acceso a los diferentes
partidos que se puedan dar por los diferentes programadores. Libre
competencia, protección de usuarios y consumidores.
¿Qué nudo gordiano puede esconderse detrás de esta cuestión? He de
decirles algo importante, señoras y señores diputados, y en esto las
comparecencias también fueron importantes. Reiteradamente se ha pedido a
los representantes que comparecieron en la Comisión que aportasen los
contratos en cuya función hablamos de retroactividad, los contratos en
cuya función hablamos de derechos adquiridos. No se ha aportado un sólo
contrato, ni una sola documentación que nos haga ver a la Comisión, que
nos haga ver a esta Cámara cuáles son estos hipotéticos derechos y estos
hipotéticos contratos que aparentemente esta ley puede afectar, porque se
dice que tiene carácter retroactivo, cosa que más tarde me voy a
preocupar detenidamente en hacer ver a SS. SS. que no es correcto y no es
así. Esta ley, en el texto que viene aprobado por la Comisión en su
dictamen, no tiene carácter retroactivo. Pero lo veremos con
posterioridad, señoras y señores diputados.
Vamos a seguir con el artículo 6 y su punto aparentemente conflictivo, su
apartado 2. El apartado 2 del artículo 6 tiene una redacción dada en
función de la asunción de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Pero no nos cerramos en banda en cómo garantizar
la libre competencia. Estamos dispuestos a aceptar cualquier otra fórmula
de protección de libre competencia. Nosotros sí creemos en las exclusivas
y sí creemos que es buena la resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia de 10 de junio de 1993. Efectivamente, las exclusivas son
correctas, pero lo que no es correcto, lo que es contrario a la libre
competencia es la mala utilización de las exclusivas, con abusos de
posiciones dominantes en el mercado, en un mercado relevante cual es el
de la emisión de fútbol por televisión. Más aún en este su mercado
relevante, cual es el de las emisiones de fútbol por televisión en el
sistema de pago por visión.
Así, las cosas, señoras y señores diputados, protección de libre
competencia, sí; a través de la fórmula que se considere la mejor, sí. Y
en este sentido, estamos dispuestos a aceptar la enmienda número 31 del
Grupo de Izquierda Unida, y espero, señora Sabanés, que rectifique ahora
el apartado a), como lo hizo en Comisión, en el sentido de decir, a
efectos de conocimiento de la Cámara, que lo que se trata de verificar, a
través de la formalización de la contraprestación económica en el
apartado a), es la estabilidad --que está en la redacción escrita-- de
los titulares de los derechos. Y usted dijo en Comisión que existía un
error gramatical, que nos parece mucho más correcto, que es garantizar la
estabilidad económica de los clubes o sociedades anónimas deportivas.
Estamos a favor de esta enmienda, para que vean SS. SS. que no estamos en
concreto cerrados a nada.
Luego, dicen: expropiación de derechos a exclusivas. Esta ley no
expropia absolutamente nada. Hablando de expropiaciones y de
compensaciones, ¿es que la Ley de Costas de 28 de julio de 1988 --en el
sentido que ustedes utilizan la palabra expropiación-- no expropió nada?
¿Quién indemnizó? Nadie, ni indemnizará nadie. La expropiación, para ser
indemnizada, de acuerdo con la Constitución y el artículo 1 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, requiere acto singular
por el cual se priva de derechos, intereses patrimoniales legítimos,
acordado imperativamente, ya implique compraventa, permuta o mera
cesación de ejercicios. Se dice que requiere privación singular. Aquí no
existe privación singular de ninguna especie, existe regulación. ¿O es
que pueden hablar ustedes de expropiación habiendo aprobado la Ley de
Aguas de 2 de agosto de 1985? ¿Es que pueden hablar de expropiación,
retroactividad, habiendo aprobado la reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos por la de 24 de noviembre de 1994? Este proyecto de ley en el
texto del dictamen de la Comisión carece de disposiciones transitorias, y
ante esta carencia les voy a citar a ustedes, señoras y señores
diputados, dos preceptos. El artículo 2, apartado 3, del Código Civil, y
el artículo 4, en su mismo apartado 3, del Código Civil. El primero de
ellos dice paladinamente, con claridad: «Las leyes no tendrán efecto
retroactivo, si no dispusiesen lo contrario». El artículo 4.3: «Las
disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las
materias regidas por otras leyes». Entonces, vamos a las disposiciones
transitorias del Código Civil. La primera, la general, dice: Las
variaciones introducidas --en este caso por esta ley-- que perjudiquen
derechos adquiridos, según la legislación anterior, no tendrán efecto
retroactivo. Y sin embargo dicen que esta ley tiene efecto retroactivo.
Díganme ustedes dónde viene, díganme ustedes por qué. Por tanto, en lo
que se refiere al efecto retroactivo, ¿dirían ustedes que la Ley del
Parlamento
de Cataluña, de 20 de marzo de 1984, que reformó la compilación del
Derecho Civil y modificó también su disposición transitoria séptima,
tenía efectos retroactivos cuando dice: En las situaciones no
contempladas se estará a los principios establecidos en las disposiciones
transitorias del Código Civil? ¿Es que no ven ustedes que la regla
primera de las disposiciones transitorias del Código Civil establece que
se regirán por las disposiciones anteriores al Código Civil --en este
caso esta ley-- los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados
bajo la vigencia de la legislación anterior, y no precisamente por la
nueva legislación? ¿Es que ignoran ustedes lo que dispone la regla
segunda, que establece que los actos y contratos celebrados al amparo de
legislación anterior y que sean válidos conforme a ella, serán válidos y
surtirán todos sus efectos conforme a la misma? ¿Es que ignoran lo que
dice la disposición transitoria cuarta, en este caso la regla cuarta del
Código Civil, en cuanto que dice que las acciones y derechos nacidos y no
ejercitados, al amparo de legislación anterior, subsistirán en la
extensión y en los términos que les reconociera la legislación
precedente, pero sujetándose, en cuanto a su ejercicio... Señor López de
Lerma, no se asuste cuando digo ejercicio. El ejercicio, cuando el Código
Civil lo refiere así, se refiere a procedimientos, normas procesales,
adjetivas --nunca materiales--; el contenido del derecho permanece uno y
él mismo a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su historia, no
se producen modificaciones del derecho, el derecho subsiste tal cual.
Entonces, señoras y señores diputados, ¿a qué introducir específicas
disposiciones transitorias?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Trocóniz, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sí, señor Presidente, voy
concluyendo.
Por esto, señoras y señores diputados, nos parece mucho más acertada la
disposición transitoria que pretende introducir Izquierda Unida, con o
sin enmienda transaccional, que por supuesto también nos parece correcto
que se introduzca esta enmienda transaccional y estamos a favor de que se
tramite y de que se vea en este Pleno, como es además costumbre y uso
parlamentario que las enmiendas transaccionales que se plantean en el
Pleno, de la misma forma que en Comisión, se pueda proceder a su
consideración y posterior votación.
Por consiguiente, estamos a favor de las enmiendas números 31 y 42 del
grupo de Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y no estamos
a favor del resto de las enmiendas planteadas por los demás grupos
parlamentarios. Las razones, señor Presidente, me parece que son
absolutamente sobradas. La ley es buena en los aspectos en que todos los
grupos estamos de acuerdo. La ley es buena también en lo relativo al
artículo 6 apartado 2 en el cual los demás grupos parlamentarios no están
de acuerdo, pero en la medida de querer llegar siempre a fórmulas más
abiertas, a fórmulas de consenso y a pesar de que la redacción del
apartado 2 del artículo 6 esté dada en función literal de una enmienda
precisamente del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en aras de obtener
la mayoría parlamentaria más amplia posible, estamos de acuerdo en
aceptar la enmienda número 31 del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en cuanto entendemos que
garantiza igualmente la libre concurrencia, que garantiza efectivamente
la libre competencia y los derechos de los usuarios, de la misma manera
que lo hace el texto actual aprobado por la Comisión en su dictamen.
Por supuesto, en materia de disposiciones transitorias estamos
efectivamente de acuerdo en que los contratos en vigor, en la medida que
puedan verse afectados por la ley, se mantengan tal cual son, como no
puede ser por menos, porque ya he dicho que los contratos en vigor se
mantienen tal cual son, pero no porque lo diga esta ley, sino porque lo
dice el derecho común aplicable a toda la legislación española.
Efectivamente, por qué no, lo que abunda no daña y en este caso he de
decirles que esto abunda menos que lo que proponen otros grupos, y en
esta medida y en este sentido vamos a aprobarlo, incluida también la
enmienda transaccional, porque sí que puede dar más luz al asunto, porque
en el plazo de un año vamos a ver si efectivamente existe concentración o
no en determinados grupos de los derechos del pago por visión; vamos a
ver en el plazo de un año si efectivamente el pago por visión tiene el
resultado que se espera que vaya a tener o no.
En definitiva, señor Presidente, a través de la aprobación de estas
enmiendas números 31 y 42 vamos a ver por fin los contratos de la
discordia, vamos a ver cuáles son estos derechos supuestamente adquiridos
que se dice que existen y que se ven afectados...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
Trocóniz, le ruego concluya.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sí, señor Presidente, concluyo.
Por todo lo cual, señoras y señores diputados, vamos a manifestar nuestro
criterio negativo a apoyar todas las enmiendas mantenidas vivas para su
debate y votación en Pleno, excepto las números 31 y 42 del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, incluida la transaccional
propuesta de adición a la transaccional incorporada a su enmienda número
42, solicitando al mismo tiempo, señor Presidente, señores diputados, el
voto afirmativo de la Cámara al texto del dictamen aprobado en su día por
la Comisión Constitucional.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Trocóniz.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno de réplica? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
Después de la apasionada defensa de cada uno de los grupos parlamentarios
de las enmiendas presentadas, nosotros vamos a fijar nuestra posición a
la vista de las transaccionales ofrecidas por Izquierda Unida.
Entendemos que este es un proyecto de ley que tiene dos partes: una
destinada a regular la emisión de las retransmisiones deportivas, en la
que estamos prácticamente todos los grupos políticos de acuerdo en el
sentido de que es oportuno y conveniente tender a una regulación, y en
ese sentido está consensuado un 90 por ciento del proyecto de ley. Y hay
una segunda parte que se refiere a la retroactividad o no de los
contratos que en estos momentos están en vigor. En ese sentido para
garantizar los contratos que están en vigor hay dos enmiendas claras,
contundentes y poco confusas, no tienen ningún tipo de confusión: la
número 70 de Coalición Canaria y la número 98 de Convergència i Unió. El
resto de las enmiendas --y por eso no las podemos aceptar-- están
orientadas a desviar la atención, a desvirtuar lo que es esencial, que es
mantener los contratos que están en estos momentos en vigor.
El señor Fernández de Trocóniz ha afirmado que el derecho común garantiza
la vigencia de los contratos que en estos momentos están firmados. En
coherencia con lo que acaba de manifestar, le pedimos que apoye las
enmiendas de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Coalición
Canaria, que lo que abunda no sobra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Fernández de Trocóniz ha afirmado que en la actualidad
había abuso de posiciones dominantes, al menos eso es lo que yo he
entendido. Yo me pregunto cuáles, porque de haber abusos de posiciones
dominantes debería haber actuado de oficio, o bajo el impulso del propio
Gobierno del Partido Popular, el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Este Tribunal de Defensa de la Competencia no ha observado, hasta la
fecha, ninguna posición dominante y, menos aún, abusos de posición
dominante en el mercado de las retransmisiones televisivas de
acontecimientos deportivos. Todo lo contrario, el propio Presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia dijo ante la Comisión
Constitucional que no era necesaria esta ley porque la propia ley que
regula el Tribunal de Defensa de la Competencia ya ampara posibles
inconveniencias en el campo de las posiciones dominantes de las que habla
el señor Fernández de Trocóniz. Y dijo otra cosa: Que este proyecto de
ley trata de algo muy distinto, establece una nueva situación, lo que no
hace es replantear porque encuentra dominante una posición, como dice el
señor Fernández de Trocóniz.
Dijo más el señor Petitbó. Dijo que los derechos exclusivos son
perfectamente compatibles con la competencia, con lo cual estaba
reconociendo que la posición actual en el mercado se ajusta a la
legalidad, y que en ningún momento --dijo textualmente-- los derechos per
se son contrarios a la competencia, con lo cual, en caso contrario,
hubiera actuado de oficio el propio Tribunal de Defensa de la Competencia
cuando actuó precisamente porque había posición de dominio, eso sí, hace
ya bastantes años, por parte de la Liga profesional de fútbol. Por tanto,
no hay abuso de posición dominante.
Lo que hace este proyecto de ley, se quiera o no reconocer, es vulnerar
no pocos artículos de nuestra Constitución cuando se reconoce el derecho
a la propiedad privada. Ese proyecto de ley incide negativamente en esos
derechos de propiedad privada hoy existentes y amparados bajo la
legalidad vigente. Dice que nadie puede ser privado de sus derechos, en
cambio, hay efectos retroactivos sobre esos derechos. La Constitución
reconoce, además, la libertad de empresa. Obviamente la van a reconocer y
a amparar, seguro que sí. Y dice que los poderes públicos garantizan y
protegen ese ejercicio. Lo que nosotros manifestamos es que con este
proyecto de ley en una mano y con la Constitución en la otra, se ve que
se están vulnerando no pocos principios constitucionales.
Respecto de la retroactividad, el señor Fernández de Trocóniz, experto
jurista, nos hace una exhibición --y no se tome mal el vocablo-- de
derecho, en el sentido de que ya está asegurado y que no hay
retroactividad yendo al Código Civil. Señor Fernández de Trocóniz, ante
la duda, plasmada en las muy numerosas enmiendas, póngalo en el proyecto
de ley; porque si la Comisión Constitucional ha dictaminado en la
disposición final segunda que en lo no previsto en la presente ley será
de aplicación lo dispuesto en la legislación de defensa de la
competencia, de defensa de consumidores y usuarios y en las condiciones
generales de contratación, lo que se ha hecho es poner una red de
protección alrededor de este proyecto de ley. Pongamos la segunda red,
que es la no retroactividad. Acepten nuestra enmienda y no tendremos
ninguna duda. No debemos dar trabajo a los abogados ni a los jueces;
podemos evitar así no pocos pleitos. Si están convencidos de que no es
retroactiva pónganlo en la ley, porque lo que contempla la disposición
final no es otra cosa que un paraguas absolutamente innecesario, porque a
la luz de este proyecto de ley van a actuar los tribunales si hay algún
conflicto entre empresas.
Además, señor Fernández de Trocóniz --y voy terminando, señor
Presidente--, el catedrático Antonio Torres del Moral dijo en la Comisión
--y usted lo recordará perfectamente-- que efectivamente las normas, por
sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional, pueden ser
retroactivas. Y añadía: La promulgación de esa futura ley posiblemente
afecte a los principios de seguridad jurídica que pueden resultar
tremendamente dañados o afectados.
Finalmente, si no hubiera dudas sobre la retroactividad de este proyecto
de ley --yo afirmo que hay retroactividad-- su representante en el
consejo de administración de la Corporación Catalana de Radiotelevisión
no hubiera votado a favor de esta recomendación que nos hace --ni el suyo
ni el de Izquierda Unida, que también estaba allí presente-- de que
espera que cualquier legislación en este campo garantice los derechos de
los contratos actualmente vigentes, firmados en este caso por Televisión
de Cataluña.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López de
Lerma, le ruego concluya.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Concluyo.
Lo dice su representante en la Corporación Catalana, lo dice también el
representante de Izquierda Unida en la Corporación Catalana. Por lo
tanto, observan también ellos, como nosotros, retroactividad.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
Señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Con toda brevedad, señor Presidente.
La intervención del señor Fernández de Trocóniz, en coherencia con la
postura que ha mantenido en la Comisión, ha servido para insistir en los
mismos argumentos. Son argumentos que solamente utiliza el Grupo
Parlamentario Popular. Porque la lectura que hacen ustedes del artículo 6
es una lectura totalmente diferente de la que hace el resto de los grupos
y de la que hizo, en las comparecencias que hubo en la Comisión
Constitucional, la gran mayoría de los comparecientes. ¿En qué sentido?
De forma constante dicen ustedes que el artículo 6 sirve exclusivamente
para garantizar la competencia, pero, mire por dónde, cuando ustedes
quieren argumentar que ese artículo sirve para garantizar la competencia,
se olvidan de los propios informes que hace el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Es más, cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia
envía un informe, unas observaciones, un documento
--como quieran ustedes llamarlo-- en relación con el contenido del
proyecto de ley, les dice que los derechos exclusivos no atentan a la
competencia y que, por lo tanto, el artículo 6 es innecesario. El
Gobierno no solamente no tiene en cuenta ese informe --está en su
perfecto derecho a no tenerlo en cuenta--, sino que, como utiliza la
autoridad del Tribunal de Defensa de la Competencia para justificar la
redacción de ese artículo, dice que no existe tal documento; niega la
existencia de tal documento. Casualmente hemos recibido todos los
documentos que han sido ofrecidos en la Comisión Constitucional por parte
de los comparecientes excepto uno, el que se refiere al informe que
emitió el Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con este
proyecto de ley. No sólo no lo ha recibido el Diputado que les habla,
pedido el día 17 de abril de acuerdo con lo que dice el artículo 7 de
nuestro Reglamento, sino que el propio Presidente de la Comisión
Constitucional, Diputado del Grupo Popular, pidió el día 20 este mismo
documento para que se le enviase porque lo había requerido no el Grupo
Socialista, sino el Grupo de Convergència i Unió. Mire usted por dónde
que aún no ha llegado.
Es evidente que quieren ocultar la información, la opinión, la doctrina
del Tribunal que vigila la competencia en nuestro país porque todo su
afán es decir que este artículo ampara la competencia cuando lo que hace,
en nuestra opinión, es lo contrario. Lo que hace es abrir los contratos
en exclusiva, señor Fernández de Trocóniz. Abrir los contratos en
exclusiva que en estos momentos tienen firmados los clubes de fútbol,
todos los de primera y segunda división y varios operadores de televisión
--creo recordar que hasta siete, tres de ellos para la emisión en
televisión de la fórmula de pago por ver--, lo que hace es romper con una
serie de derechos adquiridos por las partes. Esta ruptura significa una
expropiación y, por lo tanto, las indemnizaciones pertinentes. Eso es lo
que se va a producir, señoría, no le demos más vueltas.
Dicho esto, nosotros mantenemos nuestra enmienda 58, que es muy clara,
porque lo que pide es, simple y llanamente, la supresión del artículo 6,
de tal forma que esta ley no entre --como decía en mi primera
intervención-- en un jardín en el que no debería haber entrado. Nos
presentan ahora una enmienda transaccional, a cuya tramitación el Grupo
Parlamentario Socialista se va a oponer, en la misma línea que
manifestaba hace un momento el Diputado de Coalición Canaria. Por una
razón muy sencilla, señores del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Esta propuesta de enmienda transaccional viene a ser algo así
--permítanme la comparación deportiva ya que estamos hablando de una ley
que afecta al deporte y al fútbol-- como esas declaraciones que realizan
los presidentes de dos clubes de fútbol antes de un partido muy
importante y conflictivo para calentar el ambiente, para que, una vez
calentado, se rompan las
hostilidades con más fuerza cuando se celebra el partido. Esta enmienda
transaccional que ustedes proponen significa, pura y simplemente, dar un
plazo de un año en el que todo quede inseguro, todo quede abierto y se
vayan preparando las armas de los unos contra los otros, para que pasado
ese año, estallen las hostilidades. Es una enmienda que no sirve más que
para eso, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista cree que lo mejor
que puede hacer en este momento es oponerse a su tramitación. Votaremos
la enmiendas vivas que han presentado los grupos, puesto que muchas de
ellas pueden solucionar los problemas que aquí estamos discutiendo y que
aún tiene este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Nieto.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y
señores diputados, se dice que el Gobierno es insensato porque mandó esta
ley como orgánica y se tramitó como ordinaria. ¿Recuerdan ustedes la que
se mandó como orgánica, de objeción de conciencia, y se tramitó como
ordinaria en 1984? ¿Lo recuerdan ustedes? Si insensato es uno, insensato
es otro. (Rumores y protestas.)
Señor Nieto, le disculpo que no sepa lo que es expropiación forzosa; no
lo sabe, evidentemente. Señor Nieto, lo que no le disculpo es que
confunda la verdad con la mentira. Le digo que es falso, que es mentira,
no es cierto, que los comparecientes hayan enviado a la Comisión los
contratos que se comprometieron a mandar. Y emplazo y aludo al Presidente
de la Comisión Constitucional a que me desmienta o lo afirme, a que
corrobore una afirmación o la otra. (Rumores.) Señor Presidente, le
aludo... (Fuertes rumores.) Señor López de Lerma, la retroactividad es lo
que le dije antes. Pero fíjese usted, como efectivamente se plantea
confusionismo, posibles malos entendidos entre cuál deba ser un tipo de
retroactividad y cuál deba ser el otro, si el derecho común lo ampara o
no. Preferimos que incorpore una norma de derecho transitorio, pero,
desde luego, la mejor redacción de las posibles, dentro de las
presentadas, nos parece la formulada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Rumores.) Y le voy a decir por
qué. (Protestas.--Aplausos.) Su enmienda adolece de las siguientes
incorrecciones técnicas. Habla de vigencia de derechos, cuando el Código
Civil, en su disposiciones transitorias, habla siempre de vigencia de
normas. Su disposición transitoria habla de ejercicio de los derechos,
queriendo referirse al contenido de los derechos, cuando la
interpretación dada a la regla cuarta de las disposiciones transitorias
del Código Civil, al hablar del ejercicio de los derechos, está hablando
de normas procedimentales, normas adjetivas, nunca sustantivas. Por
último, señor López de Lerma, su disposición transitoria sólo ampara
derechos adquiridos en virtud de contrato, no derechos adquiridos en
contrato, cuales son los derechos de los clubes o sociedades anónimas
deportivas que no tienen ningún contrato que lo sustente previamente.
(Rumores.) Y es más, su disposición transitoria olvida el dictado del
artículo 1.225 del Código Civil, en la medida en que la fecha que su
disposición transitoria incorpora es papel mojado. No sirve para nada por
cuanto estamos hablando de contratos privados que no tienen efecto frente
a terceros.
Respecto a la disposición transitoria, enmienda número 70, de Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, he de decirle por qué no es
aceptable: por razones técnicas. Se refiere exclusivamente a los
contratos a los que puede afectar el artículo 4.2 de la ley.
Evidentemente, no es aceptable porque la retroactividad --en este caso la
irretroactividad-- hay que predicarla del conjunto de la ley.
Por todo lo cual, señoras y señores diputados, señor Presidente, y con
esto concluyo, tomamos buena nota de que no se admite a trámite una
enmienda transaccional presentada en este Pleno. Y he de decirles otra
cosa, que esa enmienda transaccional no se ha presentado en este Pleno,
se presentó en la Comisión Constitucional y, por consiguiente, está viva.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Nieto González pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Trocóniz.
Señor Nieto, ¿con qué motivo solicita la palabra?
El señor NIETO GONZALEZ: Simplemente para leer los documentos que este
portavoz ha recibido en esa Comisión de diversos comparecientes. Son tres
nombres nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Nieto, el
debate está concluido con los turnos de réplica y contrarréplica. Con esa
intervención reabriría el debate sin sumar ningún nuevo argumento. No
tiene S. S. la palabra. (El señor Cisneros Laborda pide la palabra.)
El señor NIETO GONZALEZ: No pretendo abrir el debate, señor Presidente,
simplemente informar de algo, porque se ha desinformado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No tiene S. S. la
palabra. (Rumores y protestas.--La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
Señor Cisneros, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor CISNEROS LABORDA: A los efectos de las explícitas alusiones
formuladas por el señor Fernández de Trocóniz. (Continúan los rumores.)
Obviamente no voy a mediar en el debate, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Puede especificar
a qué alusiones se refiere su señoría?
El señor CISNEROS LABORDA: El señor Fernández de Trocóniz, de forma
reiterada, explícita y, si se me permite, hasta provocativa, ha hecho
referencia al Presidente de la Comisión Constitucional, al que aludía
para intentar precisar la veracidad o no de determinadas afirmaciones que
se habían hecho en torno a la tramitación documental. A esos efectos pido
la palabra, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cisneros, el
señor Nieto le ha mencionado reiteradamente. (Varios señores diputados:
¡El señor Fernández de Trocóniz!)
Del señor Fernández de Trocóniz no he percibido ninguna alusión, señor
Cisneros.
¿Señora Aroz?
La señora AROZ IBAÑEZ: Quiero pedir la observancia del artículo 72.2 del
Reglamento en relación a la petición de lectura de normas o documentos
con carácter previo a una votación. El Grupo Socialista quiere presentar
estos documentos y solicita que se puedan leer.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Ruego a S. S. que
haga llegar esos documentos a la Presidencia.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. (Rumores.--Varios
señores diputados: ¡Que los haga llegar!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Nieto, haga
llegar a esta Presidencia los documentos que S. S. solicita que sean
leídos en el Pleno.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, ¿me permite explicar un
minuto... (Varios señores diputados: ¡No, no!--El señor Nieto González
hace entrega de los documentos a la Mesa.--El señor Fernández de Trocóniz
Marcos pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Fernández de Trocóniz.
El señor Ríos, como Secretario de la Mesa, va a proceder a la lectura de
los documentos que solicitaba el señor Nieto, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor RIOS MARTINEZ: En la reunión del lunes día 12 el Secretario de
Estado del Deporte dejó tres documentos; el señor Antonio Asensio,
Presidente de Antena 3, dejó 27 documentos; el señor Amadeo Petitbó,
Presidente del Tribunal de Defensa, ningún documento; y el señor Pedro
Galindo, Presidente de la Federación de Restaurantes, un documento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Señor Fernández de Trocóniz, a qué efectos solicita S. S. la palabra.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, a pesar de que
sabemos que existe el artículo 73, pedimos la palabra, con arreglo al
artículo 72.2, a efectos de que también se dé lectura a documentos
incorporados al dictamen. En este caso hablamos de pruebas negativas, de
documentos no existentes. Por consiguiente, he de referirme a los
«Diarios de Sesiones» de la Comisión Constitucional de los día 19, 20 y
21 de este mes de mayo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego, señor
Fernández de Trocóniz, haga llegar esa documentación cuya lectura reclama
a la Presidencia.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, el «Diario de
Sesiones» no ha sido todavía objeto de publicación y distribución.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entonces, señor
Fernández de Trocóniz, no constituye formalmente un documento que pueda
ser presentado ante la Presidencia.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto solicitan la palabra cuatro de sus
miembros, con lo cual les recuerdo que deben repartirse el tiempo de su
intervención.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Voy a hablar con la máxima brevedad. Desde la independencia del grupo
parlamentario al que pertenezco y en el nombre particular de Unión
Valenciana, quiero, con la máxima objetividad y rigor, manifestar mi
posición respecto a las enmiendas que se mantienen vivas y se han
debatido a lo largo de estas últimas horas.
En primer lugar, está claro que la cuestión está atada y bien atada. Por
tanto, no voy a extenderme mucho en esta cuestión. Quiero decir que es
inadmisible jurídicamente, a pesar de las interpretaciones jurídicas que
se han hecho hoy, que se contemple en esta ley la retroactividad.
Tengo que valorar alguno de los artículos que hoy se van a debatir como
excesivamente intervencionistas y aniquiladores de la libre iniciativa
privada. Si no se quiere argumentar --aquí se ha comentado-- que no hay
tintes expropiatorios, evitemos esa palabra, pero digamos que hay ciertos
artículos que son cuasi expropiatorios. Es contrario al mercado y a la
libre iniciativa empresarial, diga lo que se diga y se argumente lo que
se quiera argumentar. Ataca flagrantemente los legítimos derechos
adquiridos en virtud de contratos suscritos con anterioridad. Quiero
remarcar la independencia de mi intervención porque hoy Unión Valenciana
no va a votar para defender a un grupo o a un determinado sector
empresarial, simplemente va a votar para que no se legisle contra nadie.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, intervengo en nombre
de Eusko Alkartasuna para manifestar cuál va a ser nuestra posición
respecto de las enmiendas que quedan aún vivas. Para ser clara, votaremos
a favor de tres enmiendas: en concreto, la número 70, de Coalición
Canaria; la número 98, de Convergència i Unió y la número 58, del Grupo
Socialista. Son tres enmiendas que pretenden, cada una en su formulación,
algo que ha dicho correctamente el señor Rivero, lo que abunda no daña.
¿Qué es lo que pretendemos? Que se garanticen los derechos adquiridos
con anterioridad a la vigencia de esta ley. Con independencia de las
interpretaciones de brillantes juristas que se puedan realizar, el
Derecho es el Derecho y todos lo sabemos y nosotros tenemos nuestra
propia posición. Todo es muy interpretable, pero queremos que quede
constancia en el «Diario de Sesiones» de que no se va a afectar a esos
contratos, de que no se va a legislar o utilizar instrumentos del
Gobierno para ir en contra de derechos adquiridos. Como somos conscientes
de todo ello, vamos a votar a favor de estas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
No al proyecto de ley en los términos planteados por los efectos que la
ley tendrá en diferentes aspectos fundamentales, especialmente en los
contratos ya existentes y en referencia al artículo 6.2. Por tanto,
votaremos a favor de las enmiendas del Grupo Socialista, de Convergència
y de Coalición Canaria. Un no justificado en cuatro puntos que nos
parecen fundamentales.
Primero, no porque el planteamiento del Gobierno va en contra de la
libertad de información. Es cierto que la exposición de motivos se basa
en la libertad de empresa y libre concurrencia, y se ampara en el
artículo 20.1 de la Constitución sobre el derecho a comunicar y recibir
información. Ahora bien, ¿qué objetivos persigue esta ley? En el artículo
6.2 queda reflejada la pretensión del Gobierno: dar cobertura legal para
que la plataforma impulsada desde los órganos gubernamentales pueda
acceder con la fórmula pago por consumo a la retransmisión de
acontecimientos deportivos sobre los que no tenía derecho.
Libertad de información. ¿Cómo puede esgrimirse este derecho cuando el
propio Gobierno, con la fuerza que le da el poder, milita pública y
desacomplejadamente en uno de los sectores empresariales que está en
pugna?
Segundo, no porque va en contra de la libertad de empresa. Aquí quizá
habrá que reclamar lo que un empresario mediático que tiene experiencia
ya larga en problemas con el poder, con los distintos poderes, llamaba la
autodeterminación empresarial. En todo caso, queda claro que el mercado,
después de largas y complicadas negociaciones, se autorreguló de manera
libre e inteligente. Un acuerdo, el de Navidad, que tardó más de un año y
medio en cuajar.
El Gobierno, pues, con esta ley no pretende gobernar lo que ya existe,
sino que interviene de manera agresiva contra lo que ya existe.
Interviene, no intenta regular; intenta intervenir, vulnerando derechos
adquiridos, intentando regularizar que unos empresarios tengan los mismos
derechos que otros que han estado negociando e invirtiendo; consolidando
una clara expropiación legislativa, como ya dijo Luis Oliva en su momento
en la Comisión Constitucional; creando una enorme inseguridad empresarial
y, en consecuencia, jurídica.
Tercero, no porque crea, como decía, una clara inseguridad jurídica. A
partir de aquí todo vale, incluso agredir contratos legales, legalmente
negociados, que van a ser reclamados jurídicamente. La batalla legal que
se puede abrir a partir de ahora puede ser de unas dimensiones enormes y
de unas consecuencias inciertas.
Finalmente, no porque atenta contra las bases que regulan la competencia
televisiva. ¿Cómo se puede intentar regular en contra de la exclusividad
en Televisión cuando ésta se hace en términos legales claramente
aceptados por el Tribunal de Defensa de la Competencia? La exclusividad
es la base de la contratación en Televisión. ¿En base a qué se harán
ahora contratos, se preguntaba Jordi Vilajoana, Director General de TB-3?
Telecinco, por ejemplo, tiene la exclusividad de Expediente X los jueves
por la noche. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): ¡Señora Rahola! ¡Señora Rahola!
La señora RAHOLA I MARTINEZ: ¡Es exclusividad! (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola, le ruego
concluya.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: No se pongan demasiado nerviosos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, sabe que
debe compartir el tiempo del Grupo Mixto y le ruego concluya.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Falta de tiempo, señor Presidente.
Decía, pues, que hay exclusivas en cine. ¿Por qué no tiene que haberlas
en fútbol? ¿El final de básquet, por ejemplo, en Televisión española?
Cuarenta y nueve mil millones ha pagado la UER, conjunto de televisiones
europeas públicas, a Samaranch, por ejemplo, por los juegos olímpicos de
Sidney. El fenómeno olímpico se basa en las exclusivas. ¿Por qué el
fútbol es tratado discriminatoriamente?
En fin, señorías, ley innecesaria, discriminatoria, nacida de la
abundante injerencia del Gobierno en los equilibrios libres del mercado
de la comunicación. Mala ley, mala actitud, mal sentido democrático. Y
una última cosa desde la izquierda: Es incomprensible que un partido de
izquierdas salve hoy al Partido Popular esta papeleta. (Rumores.) Quizá
tengan motivos no confesados, aunque espero que no sean inconfesables,
pero ustedes no van a poder justificar desde el progresismo lo que hoy
hacen. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!.--Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
El señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego empezaremos por afirmar que esta
ley ha sufrido importantes mejoras en Comisión a través de la aceptación
de enmiendas transaccionales, que situaron a las comunidades autónomas y
a sus televisiones en una mejor disposición de participar en la emisión
de los eventos de carácter general, respetando sus lenguas respectivas.
Dicho esto y para que no quede sombra alguna de duda ni amenaza en
relación con la posible retroactividad en contra de contratos exclusivos
que afectarían gravemente a empresas que los hicieron legítimamente,
queremos decir que vamos a apoyar en concreto la enmienda número 98 del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, la enmienda número 70
de Coalición Canaria y la enmienda número 58 del Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco no ha
mantenido viva ninguna enmienda para este debate en Pleno, dado que, en
el trámite de Comisión, todas y cada una de las enmiendas que sostuvo y
defendió el Grupo Parlamentario Vasco fueron tomadas en consideración y,
en consecuencia, se incorporaron al dictamen de la Comisión que hoy
estamos examinando aquí.
En definitiva, del proyecto de ley original que examinamos en su trámite
de enmiendas a la totalidad en esta Cámara al que en este momento
conocemos como dictamen de la Comisión, ha habido variaciones
sustanciales. En definitiva, estamos hablando de un proyecto de ley de
siete artículos, al que, en el dictamen de la Comisión, se han
incorporado hasta veinte enmiendas, del Grupo Parlamentario Vasco y de
otros grupos parlamentarios, por lo cual quisiéramos manifestar nuestro
parecer positivo y, también, la posición del Grupo Parlamentario Vasco al
manifestar que el método de trabajo que se ha utilizado para poder
tramitar este proyecto de ley en esta Cámara ha sido dialogante, un
método de trabajo intenso, si se quiere, pero edificante, en definitiva,
porque se han podido escuchar las distintas voces de los grupos
parlamentarios... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor
González de Txabarri.
Señorías, les ruego silencio. Les recuerdo el esfuerzo que supone para
los diputados y diputadas que intervienen desde el escaño fijando su
posición, hacerlo sin el silencio de sus señorías. Les ruego silencio.
Puede S. S. continuar.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Agradezco su actitud, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
González de Txabarri. (Pausa.) Puede S. S. continuar.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En todo caso, todos y cada uno de los miembros de la Comisión
Constitucional que hemos tenido la oportunidad de asistir al trámite de
este proyecto de ley podemos afirmar, con satisfacción, que así se puede
trabajar en una Cámara, representando cada uno sus intereses y
defendiéndolos honestamente. Se agradece también la actitud del grupo
mayoritario y del Gobierno, dado el conjunto de enmiendas que se han
introducido en el dictamen de Comisión.
En el trámite del día de hoy, señor Presidente, da la impresión de que
estamos hablando de un proyecto de ley de artículo único o de línea y
media única; todas y cada una de las intervenciones que se están
sosteniendo a lo largo del debate de esta mañana hacen referencia a línea
y media del artículo 6.2. En definitiva, estamos hablando de un proyecto
de ley que, por encima de la alharaca y del ruido, tiene un consenso del
99,99 por ciento entre todos los grupos parlamentarios, y los portavoces
de los distintos grupos parlamentarios que hemos podido trabajar en este
proyecto de ley somos conscientes de que esto es así. El tema del
artículo 6.2, que se está denominando como retroactividad de la ley, es
indudablemente un punto de discrepancia fundamental y el Grupo
Parlamentario Vasco, como es conocido desde el inicio del debate, no
comparte las posturas que están sosteniendo el Grupo Socialista,
Convegència i Unió o Coalición Canaria. Entendemos que, de aplicar este
criterio al ordenamiento legal, esta misma Cámara vería seriamente
afectadas sus competencias si se tomase en consideración el criterio que,
legítimamente, distintos grupos parlamentarios están manteniendo.
En relación a las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestamos, como lo hemos
hecho sistemáticamente, el acuerdo que el Grupo Parlamentario Vasco tiene
en relación a los contenidos de dichas enmiendas.
Desde el inicio de este debate, señor Presidente, desde la toma en
consideración de las enmiendas a la totalidad, las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado a este proyecto de ley han sido muy
similares en contenido y forma a las presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sólo desde el
desconocimiento del trámite del proyecto de ley se pueden hacer
acusaciones como las que recientemente hemos oído en una intervención al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque
no es ése el fondo de la cuestión. En definitiva, en un nuevo proyecto de
ley que incide en un sector, es razonable que existan unas enmiendas
transaccionales en orden a poder establecer los derechos o las
expectativas de derechos que estén consolidadas en ese sector. Yo creo
que esa es la intención de las enmiendas que presenta el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de cuyos contenidos participa
el Grupo Parlamentario Vasco. En todo el trámite de ponencia y Comisión
la intervención del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
en concreto de su portavoz la señora Sabanés, ha sido muy positiva y
pertinente y ha ayudado a alterar significativamente los contenidos de
este proyecto de ley, y con la aceptación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco y de las del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el proyecto de ley actual poco tiene que
ver con el original remitido por el Gobierno a esta Cámara.
En todo caso, señor Presidente, no sé si el Grupo Parlamentario Vasco ha
entendido bien, debido al ruido que se produce a las espaldas de los
diputados intervinientes, que el Grupo Socialista se opone a la
tramitación de las enmiendas transaccionales que han sido anunciadas a lo
largo del debate. Si esto fuera así, señor Presidente, entenderíamos que
estamos asistiendo --dado que se está recurriendo a símiles
futbolísticos-- a juego subterráneo por parte del Grupo Socialista.
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Silencio, señorías. ¡Silencio! (Pausa.)
Puede continuar, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: A lo largo de más de cinco años de
intervenciones y de trabajos en esta Cámara, señor Presidente, yo creo
que es la primera vez que se produce una situación como ésta en la que un
grupo parlamentario impide la tramitación de una enmienda transaccional.
En todo caso, señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco
entendemos que es razonable la actual redacción del dictamen de la
Comisión, que queda mucho más cerca de las posiciones iniciales
sustentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, con la aceptación de las
enmiendas 31 y 42 del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que permiten instalar estos derechos en el tiempo.
En referencia a las acusaciones sottovoce que desde los bancos
socialistas me están impidiendo indicar... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
González de Txabarri.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quiero indicar que el Grupo
Parlamentario Vasco nunca ha sostenido el mantenimiento de monopolios
privados sin ninguna restricción en el mercado y que intentaremos seguir
manteniendo esta posición.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Aguilar Rivero pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señora Aguilar, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, quería solicitar la palabra
en nombre de mi grupo parlamentario porque hemos sido claramente aludidos
por una de las intervinientes en este Pleno y queríamos responder a las
alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la
palabra por un tiempo no superior
a tres minutos y le ruego responda exclusivamente a la alusión de la que
su grupo ha sido objeto.
La señora AGUILAR RIVERO: Nuestro grupo parlamentario ha sido aludido
claramente en la intervención de la señora Rahola. Queremos decir que hay
personas que, por su trayectoria personal y política, no tienen ninguna
legitimidad para hacer juicios de valor... (Aplausos.--Rumores.) No
tienen ninguna legitimidad política, insisto, para hacer juicios de valor
sobre el trabajo serio y riguroso de un grupo parlamentario.
La señora Rahola, que ha aludido a nuestro grupo parlamentario, ha
estado ausente de los trabajos de la Comisión que ha tratado el proyecto
de ley que estamos debatiendo en estos momentos en el Parlamento y, por
tanto, no puede juzgar lo que ha sido el trabajo coherente y continuado
de nuestro grupo parlamentario presentando toda una serie de enmiendas
que han buscado en todo momento, a través del diálogo, concitar el máximo
consenso parlamentario.
Hemos manifestado desde el principio hasta el final, porque nosotros no
tenemos hipotecas absolutamente con nadie (Rumores y protestas.), lo que
era nuestra posición política... (Fuertes protestas.) Yo comprendo que
salga esa sonrisa de quien se ve claramente aludido (Rumores.) cuando se
plantean algunas cuestiones.
Decía que nuestro grupo parlamentario, con una coherencia total y sin
hipotecas con nadie (Fuertes rumores y protestas.)...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
La señora AGUILAR RIVERO: ...hemos propuesto nuestras enmiendas en la
Comisión, las hemos traído hasta el Pleno y hemos solicitado a todos los
grupos parlamentarios de la Cámara, sin exclusión, que las votaran porque
eran el elemento, el punto de consenso y de encuentro.
Yo creo que eso, sencillamente, señora Rahola, no merece ningún juicio de
valor. Usted puede compartir o no el contenido de nuestras enmiendas,
pero al menos creemos que nuestro trabajo merece un respeto; respeto que
usted no le ha tenido, a pesar de que no ha participado en ningún trámite
del debate de esta ley, cosa que, por otra parte, no es excepcional,
porque es lógico que sus múltiples ocupaciones le hagan estar
permanentemente ausente de este Parlamento. (Fuertes y prolongadas
protestas.--La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguilar.
Señora Rahola, el turno que he concedido al Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha sido en función del artículo 71, que no
da lugar a réplicas. (Rumores y protestas.--La señora Rahola i Martínez
pide la palabra.) Su señoría no tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Hay una alusión personal, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría no tiene
la palabra, señora Rahola. (Fuertes y prolongadas protestas.--La señora
Rahola i Martínez pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.)
Vamos a proceder a la votación. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Como portavoz del Grupo Mixto, creo que
la señora Rahola ha sido aludida en términos, no políticos, sino
absolutamente personales, y en su nombre solicitaría, por favor, se la
escuchase. Creo que consideraciones personales no son de recibo ni en
unos ni en otros en esta Cámara y, por tanto, creo que tiene derecho a
hablar. Gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señora Rahola, S. S. tiene un minuto (Rumores.) para responder
exclusivamente a la alusión personal de la que S. S. ha sido objeto; le
reitero que exclusivamente para la alusión personal, señora Rahola.
(Rumores.) La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muchísimas gracias, señor
Presidente.
En todo caso, primero he de decir que lamento mucho la falta de respeto
personal que la señora Rosa Aguilar ha tenido hacia mi persona, puesto
que yo no tendría nunca esa falta de respeto hacia nadie, ni hacia ella
misma, a quien respeto profundamente. Sin embargo, he de decirle que, si
no soy digna ni personal ni políticamente, rompa inmediatamente el pacto
de gobierno del ayuntamiento de Barcelona que yo tengo con su partido
allí. (Rumores.) Porque si no somos dignos, tampoco lo somos para
gobernar. ¿Qué opina Joan Saura de esa indignidad? (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Segundo, no he ido a la Comisión...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola, S.
S. debe atender los llamamientos de la Presidencia cuando se formulan.
(Rumores.)
Silencio, señorías.
Señora Rahola, le repito a S. S. que responda exclusivamente a la alusión
personal.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señoría, yo no soy miembro de la Comisión
Constitucional; en cambio, he tenido la enorme preocupación de leerme,
con puntos y comas, todas las intervenciones que ha habido en la Comisión
Constitucional, y que tengo aquí subrayadas. Evidentemente, en mi grupo
no tengo tantos miembros como la señora Rosa Aguilar, y no puedo llegar a
todas partes, incluso a las comisiones de las que no soy miembro.
Y una última cosa. No era una declaración de valores, señora Rosa
Aguilar. Era una leal y honesta interpretación, desde un planteamiento de
izquierdas, de la actitud política de su grupo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señora Rahola!
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Puede no compartirla, pero que quede dicho.
Mi apreciación personal, desde la izquierda --y creo que tengo derecho a
ser respetada en este sentido--, es que hoy han hecho un flaco favor a la
izquierda. (Aplausos.--Rumores.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) AMPLIACION DE PLAZO:
--PARA LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISION QUE ESTUDIA LOS
SISTEMAS PRIVADOS DE PREVISION SOCIAL, QUE ESTA CONSTITUIDA EN EL SENO DE
LA COMISION DE POLITICA SOCIAL Y EMPLEO (Número de expediente 154/000009)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a sucesivas votaciones,
comenzando por la solicitud de ampliación de plazo para la finalización
de los trabajos de la subcomisión que estudia los sistemas privados de
previsión social, que está constituida en el seno de la Comisión de
Política Social y Empleo, y que somete al Pleno, a través de la Mesa, la
ampliación del plazo hasta el día 30 de junio de 1997... Les ruego que no
hagan uso de los artefactos llamados inalámbricos.
¿Acuerda la Cámara ampliar el plazo? (Pausa.) Por asentimiento, se
entiende aprobada la solicitud de ampliación del plazo de referencia.
Votamos, a continuación, las enmiendas al proyecto de ley por la que se
aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas y
que ha sido tramitado por el procedimiento de lectura única.
En primer lugar, se vota la enmienda de totalidad presentada y defendida
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 22; en contra, 315; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de
totalidad.
Votación de las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347;
a favor, 347.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas, por unanimidad del Pleno, las
enmiendas del señor Rodríguez.
Procedemos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). En primer lugar, votamos la enmienda número 1, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 329; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 168; en contra, 174; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la enmienda número 1 del
Grupo Parlamentario Vasco.
Votaciones sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En
primer lugar, votamos las números 11 y 21, párrafo primero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 323; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Se somete a votación la enmienda transaccional a la número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 346; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 163; en contra, 180; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Votación, al ser por el procedimiento de lectura única, del conjunto del
texto con las enmiendas aprobadas, ya incorporadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 324; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, en consecuencia, el conjunto del
texto del proyecto de ley por el que se aprueban y declaran de interés
general determinadas obras hidráulica, tramitado por el procedimiento de
lectura única.
Proposición de ley de modificación del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha.
Vamos a proceder a la votación del dictamen en dos puntos y, a
continuación, aunque estaba implícito en la intervención inicial que
abrió el orden del día y es sabido que tiene carácter de orgánica,
haremos la votación final sobre el conjunto del texto al ser orgánico.
Votamos, en primer lugar, el punto 16 del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 189; en contra, seis; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 16 del artículo único.
Señorías, resultaría lamentable tener que incorporar al capítulo
sancionador del nuevo reglamento que se está tramitando en ponencia, la
no introducción en el hemiciclo de aparatos inalámbricos; no menos
lamentable el tener que formular una resolución de la Presidencia para
esa prohibición, y mucho más lamentable todavía el que, no sólo pudiera
interferir el sonido, sino en algún momento la mecánica de la votación.
Les ruego, en consecuencia, que sean tan amables de desconectar
absolutamente cualquier aparato de telefonía que tengan sus señorías.
Votamos, a continuación, el resto del dictamen de la proposición de ley
de modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347;
a favor, 347.
El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 347, todos ellos favorables al resto
del dictamen, que queda así aprobado por unanimidad del Pleno.
Votación final sobre el conjunto del texto que, con el carácter de
orgánica, se ha tramitado como proposición de ley de modificación del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 347.
El señor PRESIDENTE: Votos emitidos, 347, todos ellos favorables a la
proposición de ley de modificación del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha como proyecto de ley orgánica, que queda así aprobado
por unanimidad del Pleno del Congreso. (Aplausos.)
Votaciones correspondientes al proyecto de ley reguladora de las
emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos
deportivos. Vamos a votar en primer lugar las enmiendas y luego el
dictamen. Votamos, en primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 166; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 167; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, la número 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 26; en contra, 318; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 31, con o sin la corrección técnica
sugerida por la señora Sabanés, creo, en la Comisión. ¿Señora Aguilar?
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
A efectos de esta enmienda invocamos el artículo 118.3 del Reglamento, y
recordamos que esta corrección de tipo técnico o gramatical la planteamos
en Comisión y se incorporó al dictamen de la propia Comisión. (El señor
Nieto González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Nosotros pensamos que no es una corrección
técnica, señor Presidente, porque lo que se sustituye es «titulares de
derechos» por «clubes de fútbol», y en este asunto que estamos debatiendo
no tiene nada que ver una cosa con la otra, es mucho más amplio lo uno
que lo otro, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, no he podido escucharle, señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Lo que se plantea, señor Presidente, es una
corrección técnica intentando sustituir la expresión «titulares de
derechos» por «clubes de fútbol». Titulares de derechos es muchísimo más
amplio que clubes de fútbol; titulares de derechos son los operadores
también. Por tanto, no es una corrección técnica. Yo pediría que se
votase el dictamen de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, evidentemente el
dictamen de la Comisión se votará después del proceso de votación de las
enmiendas, y ahora estamos votando exclusivamente el texto de las
enmiendas tal cual han venido al Pleno. La redacción dada al escrito de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación a las enmiendas que
se mantienen vivas para su debate y votación en este Pleno se refiere a
las enmiendas presentadas, debatidas y votadas en la Comisión. Si no
recuerdo mal --y recuerdo bien, señor Presidente--, (Risas.), y si las
actas taquigráficas de la Comisión estuvieran disponibles, se podría ver
con facilidad. Por ello, invoco y aludo nuevamente al Presidente de la
Comisión Constitucional, para que nos aclare si, efectivamente o no, la
señora Sabanés rectificó el texto de la enmienda escrita presentada y
formuló la modificación consiguiente.
Nada más señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Es verdad que hice la corrección en la Comisión
introduciendo la frase «de clubes y sociedades anónimas deportivas» en
lugar de «titulares de derecho», con la idea de que el apartado a), al
hablar de la viabilidad, beneficiaba a los clubes y a las sociedades
anónimas deportivas. Este era el sentido. En todo caso, daría lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Ruego al Presidente de la Comisión Constitucional
que se acerque a la Presidencia. (Pausa.)
Señorías, rogándoles un ejercicio de paciencia, que va en beneficio de la
debida claridad de la ley, vamos a suspender cinco minutos el Pleno y a
convocar a la Mesa y Portavoces en la sala de Ministros, si está
disponible.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, tras la reunión de la Mesa con la Junta de
Portavoces e intentar una solución de síntesis a la polémica generada en
cuanto al texto que se debe someter a votación de la enmienda número 31
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
después de constatar que era imposible la síntesis, la Presidencia, con
base en los argumentos que estarán reflejados en las actas de esa Junta
de Portavoces, con base en el «Diario de Sesiones» que avala que el texto
de la enmienda fue rectificado y aceptada la rectificación por el
Presidente de la Comisión, que así se sometió a votación y que el grupo
titular de la enmienda mantuvo esa enmienda para ser votada en el Pleno,
la somete a votación ... (El señor Almunia Amann pide la palabra.)
Sí, señor Almunia. (Rumores.) Silencio, señorías.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, antes de someterla a votación,
dado que usted acaba de informar al Pleno del resultado de la decisión
adoptada por usted mismo, escuchada la Junta de Portavoces, quería que el
Pleno conociese, para que así constase en el «Diario de Sesiones» y en
las actas de esta sesión y del debate del dictamen que estamos
celebrando, cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre
la cuestión planteada. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio,
señorías.
Sabe muy bien el señor Almunia que la interpretación final del Reglamento
en sesión le corresponde a la Presidencia, y es la que acabo de hacer,
intentando someter a votación la enmienda número 31 con el texto que
estimo se rectificó en la Comisión, pero el resto de la Cámara debe saber
que los argumentos sostenidos por el Grupo Parlamentario Socialista no
eran argumentos banales, hacen referencia a un error en la confección del
reparto de la documentación, que entendía... (Rumores en los escaños del
Grupo Socialista.) Perdón,
así lo entendió la Presidencia. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario
Socialista entendía y entiende que puede afectar a la seguridad jurídica
y, en consecuencia, a efectos de la debida constancia ante el Pleno,
tiene la palabra por dos minutos.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente,
yo creo que era mejor que diese yo, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, la explicación.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que en nuestros debates nos
debemos regir por el Reglamento y que en cuanto nos salimos del
Reglamento, bien flagrantemente o bien forzando interpretaciones ajenas a
la letra y al espíritu del mismo, podemos estar vulnerando --como creo
que se produce en este momento-- las reglas del juego de nuestro
funcionamiento parlamentario. El procedimiento por el cual se presentan
enmiendas, se presentan enmiendas transaccionales, se dilucidan posibles
errores técnicos de los previstos en el artículo 114, se configuran las
actas de los debates de las comisiones que acompañan a los dictámenes que
las comisiones nos envían al Pleno, por los cuales los grupos
parlamentarios sostenemos o no para su debate en Pleno las enmiendas que
no hayan prosperado en Comisión o, en su caso, los votos particulares,
debe ser siempre un procedimiento escrito, para que sea claro, para que
la seguridad jurídica y política presida nuestros debates en este
Parlamento, porque el Parlamento es ley y es norma, y nunca puede ser la
arbitrariedad o la interpretación sesgada, como creo que se produce en
este momento. Mi grupo cree que entiende este debate en el fondo y en la
forma, qué es lo que estamos debatiendo en el fondo y cuáles deben ser
las formas con las que se debate, y esta presunta interpretación de las
formas está afectando al fondo del debate, para desgracia de este
Parlamento.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia. (El señor De Grandes Pascual
pide la palabra.)
El debate no es con su grupo, señor De Grandes. (El señor De Grandes
Pascual pronuncia palabras que no se perciben.) Señor de Grandes, el
debate sobre la interpretación del Reglamento lo ha decidido la
Presidencia, tras escuchar en Junta de Portavoces a todas sus señorías.
El señor Almunia ha sido la opinión discrepante de esa interpretación y
ha expuesto brevemente sus argumentos.
Por mi parte sólo resta añadir que la interpretación que ha realizado la
Presidencia tiene, por supuesto, fundamento reglamentario suficiente para
que, sin más debate, pasemos a votar la enmienda numero 31 del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los
términos sostenidos por la señora Sabanés.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 181; en contra, 164; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la enmienda.
Enmienda número 42, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en los términos de la propia enmienda,
porque entendió la Presidencia que algún grupo se oponía a la formulación
transaccional. Por tanto, se somete a votación la enmienda número 42 del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, no en su formulación
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 179; en contra, 165; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la enmienda número
42.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos la
enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 343; a
favor, 162; en contra, 181.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.
Enmienda número 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 157; en contra, 164; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 345; a
favor, 140; en contra, 179; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las restantes
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Votación del dictamen, con las enmiendas ya incorporadas.
Votación de los artículos 1 a 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 204; en contra, diez; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos 1 a 4.
Votación sobre el artículo 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 346.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación relativa al artículo 6.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 200; en contra, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 6.1.
Al haberse aprobado la enmienda disputada, carece de sentido someter a
votación el artículo 6.2, porque ya se ha incorporado la enmienda al
dictamen.
Votamos, por tanto, el artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 203; en contra, 138; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre la disposición adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 344; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre las disposiciones finales primera, tercera, cuarta y
quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347; a
favor, 347.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones finales citadas
por unanimidad.
Votación sobre la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 185; en contra, 156; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición final segunda.
Finalmente, votación sobre la exposición de motivos y el título de la
ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 346; a
favor, 181; en contra, tres; abstenciones, 162.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobados la exposición de
motivos y el título de la ley.
Finalizadas las votaciones, se levanta la sesión. (Aplausos.)
Eran las tres y quince minutos de la tarde.