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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 86, de 27/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 86
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 83
celebrada el martes, 27 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reconocen determinados
efectos jurídicos a las parejas de hecho. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 87.1, de 10 de abril de 1997 (número de
expediente 122/000068) (Página 4231)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de igualdad jurídica para las parejas de hecho. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 88.1, de 10 de abril de 1997
(número de expediente 122/000069) (Página 4231)
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--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre reconocimiento de
efectos jurídicos a las parejas de hecho estables y de modificación de
determinados aspectos del Código Civil, Estatuto de los Trabajadores, Ley
General de la Seguridad Social, Medidas para la Reforma de la Función
Pública, Clases Pasivas del Estado y de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 90-1, de 14 de abril de 1997 (número de expediente 122/000071)
(Página 4231)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre ampliación del concepto de familia numerosa. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 55-1, de 11 de octubre de
1996 (número de expediente 122/000041) (Página 4239)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 139, de 13 de mayo de 1997
(número de expediente 162/000133) (Página 4244)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
constitución de un grupo de trabajo que estudie un plan de viabilidad
para la exportación de ciertos equipos, de tecnología española, a países
en vías de desarrollo y con condiciones de financiación adecuadas. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 135, de 29 de abril de 1997
(número de expediente 162/000125) (Página 4251)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar la
imparcialidad del Ministerio Fiscal (número de expediente 173/000043)
(Página 4257)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las responsabilidades
políticas generales en las que ha incurrido el Gobierno por la filtración
de expedientes tributarios y la creación de un clima de inseguridad
jurídica para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración
Tributaria (número de expediente 173/000044) (Página 4268)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4231)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reconocen determinados
efectos jurídicos a las parejas de hecho (Página 4231)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de igualdad jurídica para las parejas de hecho (Página 4231)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre reconocimiento
de efectos jurídicos a las parejas de hecho estables y de modificación de
determinados aspectos del Código Civil, Estatuto de los Trabajadores, Ley
General de la Seguridad Social, Medidas para la Reforma de la Función
Pública, Clases Pasivas del Estado y de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones (Página 4231)
En primer lugar, defiende la proposición del Grupo Parlamentario
Socialista el señor Pedret i Grenzner, quien pone de relieve que
actualmente hay en España 600.000 núcleos familiares no unidos por
vínculo matrimonial, por lo que se encuentran en una situación legal no
correcta. Añade que, según una encuesta hecha pública por el Gobierno de
la Generalitat de Catalunya el Día Internacional de la Familia, el 68,3
por ciento de la población considera que las parejas de hecho son
unidades familiares, por lo que resulta absolutamente necesaria una
regulación del tema. Manifiesta que su grupo y el de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya intentaron en una sesión parlamentaria
anterior que esta iniciativa se tomara en consideración, lo que no
consiguieron por una ajustada votación, por lo que lo hacen
de nuevo en esta ocasión, ofreciendo así a los grupos que entonces
votaron en contra la posibilidad de rectificar su actitud contraria a la
mayoría social.
Fundamentan su propuesta en el artículo 9.2 de la Constitución, que
obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos existentes contra
la igualdad; en el artículo 10, también de la Constitución, que establece
el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en la sentencia
222/92 del Tribunal Constitucional, que establece que la convivencia no
matrimonial era una manifestación del libre desarrollo de la
personalidad. Asimismo el artículo 39 de la Constitución obliga a los
poderes públicos a proteger a la familia, sin hacer referencia alguna a
si existe o no vínculo matrimonial. Por todo ello consideran que la
regulación protectora de estas situaciones es una necesidad
constitucional. Expone que su proposición viene a dar solución a aquellas
situaciones en las que aún se encuentra una posición no igualitaria y
propone reformas sectoriales de la legislación en lo referente a los
derechos de las personas que conviven en forma no matrimonial frente a
terceros. Además, su proposición de ley tiene otro aspecto
extraordinariamente importante, según su opinión, que es el
reconocimiento legal de aquello que es normal en la sociedad, es decir,
la existencia de núcleos familiares no matrimoniales con independencia
del sexo de sus componentes.
A continuación hace un enumeración de los pasos dados en la tramitación
de esta proposición de ley y de las vicisitudes por las que ha ido
pasando y considera que es llegado el momento de analizarla y estudiarla
en profundidad, sin más dilaciones como puede ser la propuesta de una
subcomisión o la de agotar el plazo de treinta días, del artículo 126.2
del Reglamento de la Cámara, para considerar si el Gobierno vetaba la
tramitación de la proposición por afectar a los ingresos públicos. Avisa
a los grupos que ya tienen decidido su voto en contra que, de hacerlo, se
estarán oponiendo a la mayoría social e irán en contra de sus programas
electorales y de lo que solicitan destacados dirigentes de sus partidos.
Termina su intervención manifestando que si votan negativamente tendrán
que asumir la responsabilidad de ir en contra del reconocimiento de la
libertad, mientras que su grupo asume la defensa de la libertad de los
ciudadanos y del derecho a la diferencia.
En segundo lugar, defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la señora Urán
González. Manifiesta que su proposición de ley es la misma que
presentaron el 18 de marzo y que, tras un empate, fue derrotada en la
votación última. Considera que hasta el momento el ordenamiento jurídico
discrimina las normas de convivencia familiar, puesto que sólo existe la
unidad familiar basada en el matrimonio, cuando lo cierto es que la
realidad social ha cambiado, por lo que esta Cámara está hoy por detrás
del interés de la sociedad y de sus necesidades. Añade que no se puede
seguir negando lo evidente, como es que existen parejas de hecho con
independencia de la orientación sexual y, por lo tanto, hay que
reconocerlas.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defiende la
tercera proposición de ley el señor Mauricio Rodríguez. Manifiesta que su
grupo entiende que el reconocimiento de los efectos jurídicos de las
parejas de hecho estables es un tema de extraordinaria importancia y, sin
duda, de gran impacto social. Refiriéndose al debate que ya tuvo lugar
sobre este tema, pone de relieve tres conclusiones: que es un derecho de
los ciudadanos el que se regule una situación que existe en la sociedad y
el que se le de un marco jurídico que la ampare; que esta situación
afecta a más de un millón de ciudadanos españoles, por lo que tiene un
efecto social extraordinario; y que cuando se produjo el debate había
varios grupos que manifestaron su criterio de que si efectivamente éstos
eran derechos que había que reconocer y regular, también era necesario
estudiar los efectos jurídicos complejos que una ley de estas
características producía, planteando la necesidad de que se creara una
subcomisión.
Añade que su grupo sigue pensando en la conveniencia de esa subcomisión,
pero quiere dejar claro que no se trataba de maniobras dilatorias ni
obstruccionistas, y que, al haber transcurrido ya el plazo necesario para
estudiarlo y tener todos los grupos fijadas sus posiciones, creen llegado
el momento de tomarla en consideración. Por otra parte considera que el
trabajo de la subcomisión se puede hacer compatible con la aprobación hoy
de la toma en consideración de la proposición de ley, y solicita que el
plazo de presentación de enmiendas no se abra hasta que el trabajo de la
subcomisión haya terminado.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria hace un llamamiento a todos
los grupos parlamentarios para enviar un mensaje de convivencia y
tolerancia a los ciudadanos españoles, y así dejar constancia de que el
Parlamento está al servicio de la sociedad y no intenta ni obstruir ni
violentar derechos humanos esenciales.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster
Olazába, Rahola i Martínez y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Trías Sagnier, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, se rechaza por 162 votos a favor, 171 en contra
y dos abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
rechaza por 162 votos a favor, 171 en contra y una abstención.
Sometida a votación, en tercer lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, se aprueba por 165 votos a favor, 159
en contra y 11 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre ampliación del concepto de familia numerosa (Página 4239)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, presenta la proposición de ley la señora Urán González,
quien se refiere a la modificación que se introdujo en la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
estableciéndose el concepto de familia numerosa a partir del tercer hijo.
Se modificaba así la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a la
familia numerosa, y el artículo 1 del reglamento que desarrollaba esta
ley, donde se establecía el concepto y la clasificación de las familias,
incluyendo un segundo supuesto en el que se consideraba familia numerosa
a la de tres hijos siempre y cuando uno de éstos fuera subnormal,
minusválido o incapacitado para el trabajo. Añade que el Real Decreto
1801/1995, de 3 de noviembre, que amplió el concepto de familia numerosa,
para de esta forma permitir la aplicación de los beneficios de la familia
numerosa en todo el territorio del Estado, no recogió en ningún momento
el criterio de que si existía un hijo minusválido el número de miembros
de la unidad familiar fuera menor, siendo éste el objetivo de su
proposición de ley.
Por otra parte reconoce que el informe de la Subcomisión para el estudio
de la familia que ha sido aprobado esta mañana en la Comisión de Política
Social y Empleo recoge la modificación del concepto de familia numerosa,
pero solicita de la Cámara que se tenga en cuenta que la iniciativa del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue
publicada el 11 de octubre de 1996 en el Boletín de las Cortes Generales,
hace ya unos cuantos meses, y es necesario acelerar al máximo posible la
solución, porque este tipo de familias vienen padeciendo esta
discriminación desde hace más de un año. Manifiesta que su Grupo
Parlamentario está abierto a las modificaciones que se puedan plantear
por otros grupos y a dar cabida a la modificación que la propia
Subcomisión ha planteado en su informe. Añade que no pretenden arrogarse
la paternidad de la iniciativa, sino, exclusivamente, solucionar un
problema a un tipo de familias que necesitan de la mayor protección.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Pozuelo Meño,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación la proposición de ley, se aprueba por 325 votos a
favor, uno en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 4244)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas (Página 4244)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Morlán Gracia. Manifiesta que presentan esta proposición no de ley
porque no están de acuerdo en absoluto con determinados aspectos de mucha
relevancia que recoge la Orden Ministerial de 18 de marzo de 1997 acerca
del futuro de la tarifas telefónicas, de las tarifas de interconexión y
del desarrollo de las telecomunicaciones en el país, e intentan que se
modifique, en un afán de colaborar al desarrollo de las
telecomunicaciones. No están de acuerdo, por ejemplo, con el carácter
imperativo del incremento escalonado de 200 pesetas en la cuota de abono
mensual, ni con el incremento de las tarifas metropolitanas, aunque en
este caso se haya recurrido a reducir el tiempo efectivo de comunicación
correspondiente a cada paso, ni con el establecimiento de las tarifas y
condiciones de interconexión, hurtándole a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones esta función. A continuación hace un análisis de las
sucesivas normas que el Gobierno ha ido aprobando a lo largo del proceso
de liberalización de las telecomunicaciones, llegando a la conclusión de
que hay que apostar por una política clara y definida, que sea fruto del
acuerdo y no de la estrategia de la tensión. Añade que su proposición de
ley pretende ser un elemento de aproximación para, entre todos los
grupos, diseñar un marco jurídico, normativo y técnico estable, en el que
puedan incluirse todas aquellas actuaciones que han de llevarse a cabo a
partir de este momento en el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones y en el desarrollo de lo que ha de ser la presencia
del segundo operador en los próximos meses. Por último anuncia que
aceptarán la enmienda de adición al punto 5 del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y muestra su
confianza en que el Grupo Parlamentario Popular variará su posición y
aceptará la proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Alcaraz Masats.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato Adrover,
del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la proposición no de ley, se rechaza por 155 votos a
favor y 172 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
constitución de un grupo de trabajo que estudie un plan de viabilidad
para la exportación de ciertos equipos, de tecnología española, a países
en vías de desarrollo y con condiciones de financiación adecuadas
(Página 4251)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
interviene el señor Medina Toledo. En primer lugar se refiere al binomio
agua-energía que ha sido siempre un poderoso condicionante del desarrollo
económico y social del archipiélago canario. Añade que la historia
reciente acredita cómo, haciendo de la necesidad virtud, la Comunidad
Autónoma de Canarias ha desarrollado, primero importando y después
mejorando, sistemas y tecnologías relacionadas con las energías
renovables y la desalación de agua de mar, sistemas que figuran entre los
procesos más avanzados del país. Estima que es útil y solidario trasladar
esta experiencia a algunos países de la costa africana y a otros que,
situados en distintas latitudes geográficas, padecen idénticos problemas.
Pasa a hacer un pequeño resumen explicativo de las instituciones y
programas menos conocidos con los que cuentan en el Archipiélago como,
por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Canarias, S. A., el proyecto
Adapt-Renovable o la Zona Especial Canaria (ZEC), pasando a exponer el
contenido concreto de la proposición no de ley y los objetivos que se
persiguen con ella. Considera que los objetivos de la proposición son
realmente aplicables en cualquier país o región, sea cual sea su grado de
desarrollo, pero, desde el punto de vista político, es muy importante que
lo sean en los países en vías de desarrollo. Por último manifiesta que su
propuesta no es una entelequia o un proyecto que esté en fase de
investigación, sino que está basada en un sistema eólico-diesel con una
planta desaladora asociada que está funcionando en la isla de
Fuerteventura, pero esto no prejuzga en absoluto las conclusiones ni los
resultados finales del grupo de trabajo cuya constitución se propone, ni
las tecnologías que deban transferirse en cada caso particular. La
intención del Grupo Parlamentario Popular era mostrar que se estaba
presentando un sistema aplicable a corto plazo que ya está implantado a
escala industrial en Canarias. Por todo ello, estima que esta iniciativa
merece convertirse en una iniciativa asumida por todos los grupos del
Congreso de los Diputados, para lo que solicita el voto favorable.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley por el
Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Segura Clavell.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas planteadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, interviene el señor Medina Toledo, replicando
el señor Segura Clavell.
Sometida a votación la proposición no de ley en los términos resultantes
de la enmienda transaccional aceptada, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4257)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar la
imparcialidad del Ministerio Fiscal (Página 4257)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Castellano Cardalliaguet, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Manifiesta que la moción no cierra el
debate que quieren seguir manteniendo con el resto de los grupos
parlamentarios sobre el modelo de ministerio fiscal que se debe instaurar
en el ordenamiento jurídico. Les anima a la presentación de esta moción
las últimas palabras pronunciadas en la tribuna, con ocasión de la
interpelación, por la titular del departamento de Justicia, que afirmó
con toda rotundidad que bajo ningún concepto estaba en su ánimo ni en el
del gobierno concebir una figura del fiscal general del Estado que
tuviera el menor grado de dependencia con respecto al Gobierno, de tal
modo que no hubiera la menor duda acerca de cuál era su autonomía, su
capacidad de criterio propio. También le anima el que no haga tanto
tiempo que se presentó en el Pleno una moción por parte del Grupo
Parlamentario Socialista que incluía en alguno de sus apartados
posiciones del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En la moción se insta al Gobierno, entre otras cosas, porque
el Gobierno se ha comprometido formalmente a remitir a la Cámara un
proyecto de ley de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal,
pero no se ha querido hacer referencia a ningún tipo de plazo por
entender que el Gobierno debe cumplir con su compromiso, por respeto a sí
mismo y por respeto a los demás, el día que tenga por conveniente, y
confía plenamente en sus propósitos.
A continuación reitera los motivos que sustentaron la interpelación
urgente que presentaron la semana pasada y los objetivos que se persiguen
con la moción.
Por otra parte, no considera procedente analizar en este momento las
enmiendas que se han presentado sin escuchar antes la defensa razonada de
dichas enmiendas, para ver si de verdad tratan de reforzar la
imparcialidad e independencia del ministerio fiscal o, por el contrato,
intentan simplemente rebajar el acento de la moción y reducirla a su
mínima esencia para que a algunos les pueda parecer digerible.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista; Ollero
Tassara, del Grupo Parlamentario Popular, y Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas propuestas interviene
el señor Castellano Cardalliaguet.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la
aceptación de las diversas enmiendas, se aprueba por 185 votos a favor y
138 en contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las responsabilidades políticas
generales en las que ha incurrido el Gobierno por la filtración de
expedientes tributarios y la creación de un clima de inseguridad jurídica
para los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria
(Página 4268)
Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Eguiagaray Ucelay.
Comienza su intervención acusando al Gobierno de convertir una discusión
civilizada en un insulto y de pretender que las responsabilidades de
gobernar las asuma la oposición. Se refiere a continuación a diversas
declaraciones del Vicepresidente segundo del Gobierno durante el fin de
semana a los medios de comunicación y a las acusaciones que hizo en el
debate de la interpelación a los socialistas de haber ocultado
información y de haberse llevado papeles de la Agencia Tributaria,
tratando de cargar sobre ellos lo que está haciendo, según él, el señor
Bermejo, con algunas ayudas, y convirtiendo su respuesta en un ataque en
toda regla al anterior Gobierno y a la actual oposición. Recuerda que se
había venido a hablar de filtraciones que se habían producido,
filtraciones que no se han analizado o investigado, y naturalmente de
responsabilidades que todavía no se han exigido. Encuentra lamentable que
el señor Rato no tenga nada que decir a los ciudadanos que les interesa
el buen nombre de la Agencia Tributaria y que haya una moral fiscal que
esté por encima de las disputas políticas entre el Partido Socialista y
el Partido Popular. Considera que hay muchas cosas por hacer, aparte de
insultar, y hay que hacerlo urgentemente, como es nada más y nada menos
que cumplir la Ley, lo que significa ejercer responsablemente la tarea de
Gobierno: gobernar, cumplir la ley haciendo y vigilando que otros también
la cumplan; depurar responsabilidades, si las hay; trasladar el
conocimiento de esas responsabilidades, si son susceptibles de delito, al
fiscal y, en todo caso, no convertir lo que ya es una tragedia en
las relaciones políticas del gobierno y la oposición en algo que suponga
un perjuicio para el conjunto de ciudadanía, para el derecho a la
intimidad, para la imagen de la Hacienda pública y para el prestigio de
todos los que trabajan en ella.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
interviene el señor Martínez-Pujalte López.
En turno por alusiones intervienen los señores Leguina Herranz, Almunia
Amann y Martínez-Pujalte López.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Por alusiones al Grupo Parlamentario Popular por parte del señor Almunia
interviene el señor De Grandes Pascual, contestando, a su vez, el señor
Almunia Amann.
A los efectos de rechazar o aceptar la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, así como por alusiones, interviene el señor
Eguiagaray Ucelay. Asimismo, por alusiones interviene el señor
Martínez-Pujalte López.
Para una cuestión de orden interviene la señora Aguilar Rivero.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto primero de la moción, se
rechaza por 136 votos a favor, 153 en contra y 27 abstenciones.
Sometido a votación, en segundo lugar, el punto segundo de la moción, se
rechaza por 136 votos a favor, 153 en contra y 28 abstenciones.
Sometida a votación el resto de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 136 votos a favor, 164 en contra y 16
abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE RECONOCEN
DETERMINADOS EFECTOS JURIDICOS A LAS PAREJAS DE HECHO (Número de
expediente 122/000068)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, DE IGUALDAD JURIDICA PARA LAS PAREJAS DE HECHO (Número de
expediente 122/000069)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE RECONOCIMIENTO DE
EFECTOS JURIDICOS A LAS PAREJAS DE HECHO ESTABLES Y DE MODIFICACION DE
DETERMINADOS ASPECTOS DEL CODIGO CIVIL, ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, LEY
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION
PUBLICA, CLASES PASIVAS DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
SUCESIONES Y DONACIONES (Número de expediente 122/000071)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, vamos a debatir de forma acumulada, con intervenciones
sucesivas de los proponentes, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se reconocen determinados efectos
jurídicos a las parejas de hecho, y la del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de igualdad jurídica para las
parejas de hecho. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.
Señora De Lara, silencio, por favor.
Señora Gil, silencio, por favor.
Decía que vamos a debatir ambas proposiciones de ley conjuntamente, pero
con exposición separada por las representaciones de los grupos
proponentes.
En primer lugar, presentación de la proposición de ley del Grupo
Socialista.
En nombre del grupo, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, señorías, un millón
doscientas mil personas en nuestro país viven en una situación de pareja
de hecho, según cálculos notablemente conservadores, pero aceptados por
todos los estudiosos del tema. Tenemos, por tanto, hoy una clara
responsabilidad ante estos 600.000 núcleos familiares no unidos por
vínculo matrimonial que se encuentran en la actualidad, aún, en una
situación legal no correcta. El 68,3 por ciento de la población, según
una encuesta hecha pública por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña
el Día Internacional de la Familia, el 15 de mayo de 1997, considera que
las parejas de hecho son unidades familiares. Si unimos estos dos datos,
resulta de una evidencia absoluta que es necesaria y urgente una
regulación del tema.
Intentamos por parte de mi grupo y del de Izquierda Unida, en una
anterior sesión parlamentaria, que esta
regulación se tomara en consideración por el Parlamento. Por una
realmente ajustada mayoría, luego de dos empates, se obtuvo un resultado
contrario a la toma en consideración. Nosotros advertimos entonces que la
Cámara había tomado una resolución que iba en contra del sentir social
mayoritario. Hoy ofrecemos, al mantener los textos nuevamente ante el
Congreso, la posibilidad a los grupos que entonces votaron en contra de
rectificar esta actitud contraria a la mayoría social sumándose a lo que
es el sentimiento mayoritario.
Es lo cierto, señorías, que la Constitución nos lleva de una forma
prácticamente necesaria a establecer la regulación. Lo conocen SS. SS.
perfectamente. Su artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a remover
los obstáculos existentes contra la igualdad. El artículo 10 establece el
derecho al libre desarrollo de la personalidad; el Tribunal
Constitucional en su sentencia 222/92 estableció que la convivencia no
matrimonial era una manifestación del libre desarrollo de la
personalidad. El artículo 39 de la Constitución obliga a la protección de
la familia, sin hacer referencia alguna a si existe o no vínculo
matrimonial. La regulación protectora, por tanto, de estas situaciones es
una necesidad constitucional. Además de ser una necesidad constitucional,
es una necesidad amplísimamente sentida por la sociedad.
Nuestra proposición de ley viene a dar solución a aquellas situaciones en
las que aún se encuentra una situación no igualitaria. Trata, sobre todo,
de reformas sectoriales de la legislación en lo referente a los derechos
de las personas que conviven en forma no matrimonial frente a terceros.
Las modificaciones del Código Civil para la cuestión de la sucesión
intestada, del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de la Función
Pública, de la Ley de Clases Pasivas, etcétera, son suficientemente
conocidas por sus señorías.
La proposición de ley tiene, además, otro aspecto para nosotros
extraordinariamente importante. Es el reconocimiento legal de aquello que
es normal en la sociedad, es decir, reconocer la existencia de núcleos
familiares no matrimoniales, reconocer la existencia de parejas de hecho
con independencia del sexo de sus componentes.
El artículo 1 de nuestra proposición viene a definirlas como aquellas
parejas formadas por una situación de convivencia pública, notoria, libre
y estable, con independencia del sexo de quienes la componen. Esto es lo
que compone realmente familias no matrimoniales. Esta es la realidad
social que hay que reconocer, y este reconocimiento legal de la realidad
social tiene, no lo duden, señorías, altas virtudes morales, altísimas
virtudes morales. Porque este reconocimiento viene a eliminar una
cantidad enorme de depósito de hipocresía social. Las parejas de hecho
existen, lo quieran ustedes o no, están en la sociedad, han de estar en
la ley. No reconocerlas es un puro y simple ejercicio de hipocresía.
Pero, además, tienen otras virtudes. Es la virtud de la solidaridad, la
virtud del reconocimiento del derecho a la diferencia, la virtud del
reconocimiento del ejercicio de las libertades. Esto es lo que es nuestra
proposición de ley.
Frente a ello, señorías, no puede alegarse una supuesta inactividad
legislativa por parte del Grupo Socialista en períodos anteriores. No
quiero repetir todo lo que dijimos desde esta tribuna el 18 de marzo,
pero SS. SS. saben perfectamente que desde 1984, con la Ley de Asilo, con
la Ley de Habeas Corpus, posteriormente con la Ley Orgánica del Poder
Judicial, con la Ley de atención a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual, posteriormente con el Código Penal y también
con la Ley de Arrendamientos Urbanos hemos estado legislando en aspectos
de las parejas de hecho, reconociéndoles los derechos necesarios en
aquellos aspectos.
Por tanto, no hay inactividad previa que pueda deslegitimar nuestra
proposición actual. Y la actividad se acentuó luego, después de la
resolución de 7 de mayo de 1988, del Consejo Europeo, y también de la
importantísima resolución de 8 de febrero de 1994, del Parlamento
Europeo. Desde entonces la actividad prelegislativa ha sido incesante y
la actividad legislativa está ahora aquí, está nuestra proposición,
frente a la cual se intentó en su momento argüir como excusa para no
tomarla en consideración la necesidad de estudios profundos sobre la
materia, la necesidad de creación de una subcomisión de estudio en el
seno de la Comisión de Justicia.
Señorías, lo cierto es que desde el 18 de marzo hasta ahora existen vivas
en la Cámara nuestra proposición de ley, la del Grupo Socialista, de
fecha 19 de marzo de 1997, la proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, también de fecha 19 de marzo de 1997, la
proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria, de fecha 4 de abril de
1997, y nos enteramos a través de la prensa, en una información no
desmentida en forma alguna ni por el Gobierno ni por el grupo
parlamentario que le da soporte, de la existencia de un borrador de
anteproyecto de ley sobre contratos de unión civil, borrador de
anteproyecto que, por lo que hemos podido conocer, no coincide en
absoluto con lo que nosotros consideramos una regulación correcta,
tenemos profundas, enormes discrepancias respecto a lo que allí se
propone, pero evidentemente demuestra que también el Grupo Popular o el
Gobierno al que da soporte tiene estudiada la cuestión, puesto que, si
no, difícilmente elaboraría un papel y lo dejaría publicar en la prensa
sin desmentirlo.
Con posterioridad, otro grupo parlamentario que da soporte al Gobierno,
Convergència i Unió, en Cataluña, presentó en fecha 16 de mayo de 1997,
en el registro del Parlamento de Cataluña, un proyecto de ley de código
de familia, con cuyo contenido discrepamos, pero en el que se contienen
regulaciones referentes a
las parejas de hecho, aunque hay que decir que sólo las heterosexuales,
dejando aparte las parejas de hecho homosexuales, con lo que, insisto,
discrepamos absolutamente. Ello supone también necesariamente que el
Gobierno de Convergència i Unió ha estudiado el tema y ha presentado un
proyecto.
Resulta, por tanto, ya insostenible la necesidad de mayor estudio para
poder admitir a trámite las proposiciones. Todos los grupos de la Cámara
lo han estudiado, han llegado a conclusiones distintas, no coincidentes,
pero lo tienen estudiado. ¿Cuál es el sistema que hay que llevar para
conseguir la regulación? ¿Continuar estudiando, como pretende el grupo
mayoritario que da soporte al Gobierno? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Para
llegar a la conclusión, al final de este período de sesiones, de que es
necesaria una regulación?
Señorías, esto ya lo sabemos; sabemos ahora, ya, que es necesaria una
regulación. ¿Por qué tenemos que agotar el período de sesiones? ¿Cuál es
la intención del Partido Popular para llevar al próximo período de
sesiones cualquier posibilidad de iniciativa legislativa? Porque no
ignoran SS. SS., aunque puedan fingirlo en alguna ocasión, que la
subcomisión es de estudio, no tiene potestad de iniciativa legislativa. A
lo máximo que podemos llegar en aquella subcomisión es a la conclusión de
que es necesario regular. Insisto en que esto ya lo sabemos. Si debemos
ilustrarnos más respecto al contenido de la regulación, trámites tiene en
la tarea legislativa el Parlamento para hacerlo, pero es que a ustedes,
señores de la derecha, realmente no les interesa. Para ustedes, la
subcomisión es un trámite dilatorio, un trámite dilatorio que no queda
aislado, que tiene otros elementos de su actividad con los cuales ponerlo
en relación para interpretar cuál es su voluntad y cuál es su intención.
Porque, señores, saben ustedes perfectamente que el día 8 de abril de
1997, el señor Michavila, Secretario de Estado para las Relaciones con
las Cortes, en una actitud realmente insólita, solicitó agotar el plazo
de 30 días del artículo 126.2 del Reglamento de esta Cámara, para
considerar si el Gobierno vetaba la tramitación de la proposición por
afectar a los ingresos públicos; realmente insólito, cuando el texto que
hoy debatimos ya era conocido por el Gobierno, puesto que es
prácticamente igual al que presentamos el 29 de octubre y debatimos el 18
de marzo y cuando, además, luego se tiene noticia de la existencia del
borrador de anteproyecto, en el que la importancia económica de la
regulación es incomparablemente superior a la que se pueda contener en
nuestra proposición de ley.
Los plazos, señorías, tienen un inconveniente: transcurren. Transcurrió
el plazo de 30 días que ustedes solicitaron para dilatar la toma en
consideración. El 19 de mayo se agotó el plazo y aquí tenemos otra vez,
en el Pleno del Congreso, el debate sobre la toma en consideración de las
proposiciones. Y ya no valen excusas, simplemente hay que manifestarse
sobre si se está de acuerdo o no en regular los derechos de las personas
que conviven en forma no matrimonial, si se está de acuerdo o no en
regular de una forma positiva, adecuada y progresiva, y también
progresista, los derechos de 1.200.000 personas; si se está o no en
sintonía con la mayoría social. Señorías, hoy sólo queda esta opción.
Señorías de los bancos de la derecha; señorías de los grupos que tienen
ya decidido --porque lo hemos visto así en los medios de comunicación--
un voto contrario a la toma en consideración, lo que ustedes van a hacer
si votan en contra --y soy perfectamente consciente de que un discurso
parlamentario puede, a veces, hacer cambiar la convicción, pero muy
raramente hace cambiar el voto y, por tanto, tienen ustedes decidido el
voto contrario-- es oponerse a la mayoría social. Lo que van a hacer
ustedes algunos de ustedes va a ser, además, votar en contra de lo que
prometieron en sus programas electorales. Lo que van a hacer algunos de
ustedes, además, es votar en contra de lo que solicitan destacados
dirigentes de sus partidos. Lo que van a hacer ustedes es votar en contra
de las proclamaciones tanto de Nuevas Generaciones como de la Joventut
Nacionalista de Catalunya, que son favorables a la regulación de las
parejas de hecho. Pero lo harán ustedes porque lo tienen decidido.
Es claro que ustedes están en contra del reconocimiento de los derechos
de libertad. Es claro que ustedes van a impedir que haya una regulación
adecuada en nuestro país de las parejas de hecho. La responsabilidad es
suya, la responsabilidad es de quien vote en contra. La oposición al
reconocimiento de la libertad es algo que la sociedad les demandará.
Ustedes asumen su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra de
defensa de los derechos de libertad de los ciudadanos, de defensa del
derecho a la diferencia, de defensa del derecho al ejercicio de todas las
libertades.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Para la defensa ante el Pleno de la proposición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la proposición de ley que el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha vuelto a presentar a la
Cámara, después del empate y posterior derrota de la iniciativa
presentada y defendida el 18 de marzo.
Señorías, estamos ante un tema muy importante que afecta a los derechos
de las personas, a los derechos del desarrollo personal, para ser capaces
de configurar una forma de familia que haga sentirse a los miembros que
la componen libres y adecuados a su concepto de desarrollo. No estamos
hablando, señorías,
de algo baladí ni de algo que no afecte directamente a los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro Estado, sino todo lo contrario, afecta a derechos
fundamentales: al derecho a la libertad; al derecho a elegir libremente
cómo quiere uno configurar su familia, cómo quiere desarrollarla. Creemos
que ello es importante. Hasta ahora nuestros textos legislativos, nuestro
ordenamiento jurídico discrimina las formas de convivencia familiar. Para
nuestros textos legislativos sólo existe la unidad familiar basada en el
matrimonio, pero, señorías, nuestra sociedad ha cambiado. Han cambiado
las personas, ha cambiado su mentalidad y se ha abierto a nuevas formas
de configuración familiar que no están rechazadas por la mayoría de la
sociedad, sino todo lo contrario, están plenamente asumidas y, por lo
tanto, esta Cámara hoy está por detrás del interés de la sociedad y de
sus necesidades.
En la intervención que yo hacía aquí el día 18 de marzo decía que el
ordenamiento jurídico ha de estar al servicio de la sociedad.
Precisamente eso es lo que estamos planteando en esta proposición de ley:
que esté al servicio de la sociedad, que no se les discrimine --por eso
en nuestro artículo 1.º hablamos del principio de no discriminación por
razón de configuración familiar-- porque convivan como pareja de hecho
sin haber pasado por el matrimonio. Añadimos que sea con independencia de
orientación sexual, porque esta proposición de ley está dirigida
fundamentalmente a los grupos de homosexuales que no están reconocidos en
nuestros textos, ni protegidos como unidades familiares. Estamos hablando
de la familia, aquello que tanto interesa a esta sociedad --las encuestas
lo dicen--, pero nos estamos refiriendo a unidades familiares diferentes.
Precisamente eso es lo que hay que regular aquí y ahora. Estamos hablando
del concepto de pareja de hecho para que no haya inseguridad jurídica,
sino todo lo contrario, para que se acuñen los términos que en la Unión
Europea ya se vienen utilizando cuando al referirse a la pareja de hecho,
se dice: pareja con análoga relación a la del matrimonio y con
independencia de su orientación sexual. Señorías,
creemos que sí es equiparable al matrimonio. Nosotros queremos que
se equipare y de ahí el título de nuestra proposición de ley. Queremos
que se equipare porque no creemos posible, a finales del siglo XX y
principios del XXI, discriminar por razón de la orientación sexual.
Señorías, no aprobar el derecho de adopción de las parejas homosexuales
sería discriminatorio. No aprobar el reconocimiento de la nacionalidad a
las parejas de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales, sería
discriminatorio. Señorías, estamos hablando de que a finales del siglo
XX, principios del siglo XXI, no podemos seguir discriminando a una parte
de la sociedad. No voy a hacer más hincapié en el resto de las
modificaciones porque son conocidas por SS. SS., tanto por la defensa que
ha hecho desde esta tribuna esta misma portavoz, como por todos aquellos
artículos que han aparecido en los medios de comunicación y por aquellas
charlas y conferencias que se han venido dando.
Señorías, no nos podemos equivocar. Aquí estamos hablando de familia; no
podemos convertir el afecto y los sentimientos de una pareja en meros
contratos mercantiles. Para eso podemos decirle a las personas que tienen
capacidad jurídica propia que se conviertan en sociedad anónima y que,
por lo tanto, no hace falta que nosotros regulemos nada más.
No podemos seguir negando lo evidente: existen las parejas de hecho, con
independencia de la orientación sexual. Son unidades familiares; son
familias y, por lo tanto, hay que reconocerlas. No porque se les tengan
que reconocer sólo y exclusivamente ventajas prácticas o económicas, sino
porque hay que reconocerles también el status de familia en nuestra
sociedad, una modalidad de familia diferente que debe tener plena cabida
en una sociedad democrática y de derecho como la nuestra. No podemos
seguir negando esa realidad. A la única conclusión que nos puede llevar
esa subcomisión es a decir que es necesario regular las parejas de hecho
--no, por favor, contratos mercantiles, sino las parejas de hecho--,
unidades familiares que se basan en una concepción diferente a la del
matrimonio y por la que no se les puede discriminar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Con mis disculpas a SS. SS., el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
solicita la palabra en este momento porque, en efecto, al referir las
iniciativas agrupadas omití, y lo lamento, la correspondiente a su grupo
parlamentario, señor Mauricio, que se titula, aunque es sobre la misma
materia: sobre el reconocimiento de efectos jurídicos a las parejas de
hecho estables y de modificación de determinados aspectos del Código
Civil, Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social,
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Clases Pasivas del Estado
y de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
entiende, como se ha dicho aquí, que el reconocimiento de los efectos
jurídicos de las parejas de hecho estables es un tema de extraordinaria
importancia y, sin duda, de gran impacto social. El debate que tuvimos
aquí hace dos meses dejó claras tres cuestiones, tres conclusiones
importantes que, sin
repetir y sin entrar en aquel interesante debate, yo quisiera destacar.
Primera: que es un derecho de las personas, un derecho de los ciudadanos
que se regule una situación que existe en la sociedad, que sin duda
obliga a que tenga el marco jurídico que la ampare; por tanto, es
necesario que exista una ley de parejas de hecho. Segunda: que eso
afecta, como aquí se ha dicho, a más de un millón de ciudadanos
españoles; por tanto, tiene un efecto social extraordinario. Tercera: que
cuando ese debate se produjo había varios grupos en la Cámara --entre
ellos, el nuestro-- que presentamos la reserva de que, si efectivamente
estos eran derechos que había que reconocer y regular, era también
necesario estudiar los efectos jurídicos complejos que una ley de estas
características producía. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) Varios grupos planteamos la necesidad de que se
creara una subcomisión que estudiara esos efectos antes de tomar las
decisiones pertinentes para que la aprobación de la ley tuviera lugar.
Nosotros apoyamos esa subcomisión y la seguimos apoyando porque tiene un
plazo, aproximadamente de tres meses, para llegar a conclusiones, pero en
la sociedad se ha producido la impresión de que con la creación de la
subcomisión lo que estamos haciendo, en realidad, son maniobras
dilatorias, obstruccionistas --es decir, ganar tiempo--, con la intención
final de impedir que haya una ley de parejas de hecho y que el simple
paso del tiempo sirva para disolver esta iniciativa.
Esa preocupación ciudadana tiene que llegar a este Parlamento y es la que
nos ha llevado a presentar una iniciativa, para que queden claras las
tres conclusiones que estamos exponiendo: primera, que es un derecho
constitucional y, por tanto, hay que regularlo; segunda, que tiene un
importante impacto social y, tercera, que había que ganar dos o tres
meses para estudiarlo. Estos meses han sido ganados y creo que todos los
grupos de la Cámara ya tienen sus posiciones fijadas. El Grupo
Parlamentario Popular era el que, por apoyar al Gobierno, más
preocupación podía sentir por los impactos de esa ley, porque siempre que
se está en el Gobierno es cuando se producen esas preocupaciones e
inquietudes --la prueba es que el Grupo Socialista estuvo muchos años en
el Gobierno y no reguló la ley de parejas de hecho--, y esas
preocupaciones son un efecto inevitable de que las declaraciones de
principios también tienen efectos económicos y administrativos.
Por todo ello, nosotros creemos: primero, que hoy se debe aprobar la toma
en consideración de esta proposición de ley --por eso la hemos
presentado--, con lo cual los ciudadanos van a recibir un mensaje nítido
y claro de que todos los grupos parlamentarios están por regular una
situación que se da en la realidad social; segundo, que ya se están
cumpliendo los plazos para estudiar este asunto, y todos los grupos lo
han hecho; tercero, que la subcomisión tiene un plazo limitado y que la
posibilidad de hacer compatible el trabajo de la subcomisión con la
aprobación hoy de la ley se debe, simplemente, a la voluntad que mi grupo
tiene --y espero que también otros grupos de la Cámara-- de que el plazo
de presentación de enmiendas no se abra hasta que el trabajo de la
subcomisión se haya terminado. Se trata de ganar un mes para que la
subcomisión estudie lo que quiera estudiar, para que recoja textos como
el que el Partido Popular ha hecho público en un medio de comunicación y
vea las interesantes aportaciones del Partido Popular y otros grupos,
como se ha hecho precisamente con una iniciativa del Parlamento de
Cataluña, como aquí se ha señalado, puesto que todos los grupos hemos
tenido ya el tiempo necesario e imprescindible para fijar posiciones
definitivas sobre el asunto.
Yo me dirijo a aquellos que votaron con nosotros a favor de ganar este
tiempo necesario de reflexión para decirles que la subcomisión es
compatible con votar a favor de una proposición de ley de parejas de
hecho hoy, porque al votar esta iniciativa parlamentaria no se está
cerrando la posibilidad de que haya enmiendas importantes ni que se pueda
modificar sustancialmente el proyecto. Lo único que estamos haciendo es
transmitir a la sociedad española que el Parlamento de España es un
Parlamento vivo dispuesto a afrontar un problema de la realidad social
española, un problema que tiene que ser afrontado desde los derechos
constitucionales de los ciudadanos y desde el principio de la tolerancia
y de la convivencia.
En un momento en el que hay tanta crispación política, en el que la
crispación política desgraciadamente parece ante los ciudadanos más lucha
de poder que reflejo de problemas sociales, sería también interesante
expresar ante los ciudadanos que nosotros no queremos introducir ningún
elemento de crispación social, que la sociedad española es una sociedad
tolerante, una sociedad constructiva, una sociedad madura, en condiciones
de regular un problema complejo que necesita resolverse, porque obstruir
esta iniciativa es violar derechos. Es cierto que ningún grupo en esta
Cámara ha dicho que quiere obstruir, sino que quiere regular razonable y
responsablemente.
El tiempo ha pasado, el tiempo hace compatible el aprobar hoy esta
iniciativa que presenta el Grupo de Coalición Canaria, conseguir que en
un mes no se presenten enmiendas, terminar los trabajos de la subcomisión
y que ahí se logren los consensos necesarios desde la posición de
responsabilidad. Por eso, el Grupo de Coalición Canaria hace un
llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que enviemos un
mensaje de convivencia y tolerancia a los ciudadanos españoles, para que
se vea que éste es un Parlamento que está al servicio de los ciudadanos y
que no intenta obstruir ni violentar derechos humanos esenciales. Por
todo ello, nuestro grupo ha presentado esta iniciativa y la defiende con
toda convicción y coherencia.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mauricio.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las proposiciones?
(Pausa.)
Grupos que desean fijar posición en estas proposiciones de ley. (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para mostrar nuestra posición favorable a la toma en
consideración de las tres proposiciones de ley. Creemos que no es el
momento de entrar en el contenido puesto que ha habido ya muchísimos
debates sobre este tema y habrá más cuando se apruebe su toma en
consideración. Lo único que queremos señalar es, primero, que nos parece
oportuno proponer, estudiar y llegar a una regulación legal de esta
situación; segundo, que nos parece absolutamente necesario; y, tercero,
que no se necesita ninguna subcomisión para realizar estudio alguno sobre
este tema.
Es perfectamente conocida por todos esta situación. Creemos que hay que
dar un amparo legal a los núcleos familiares no matrimoniales y que
cualquier otra cuestión que se haya planteado con anterioridad no es más
que una maniobra para dilatar el asunto. Esto tenía que haberse
solucionado el 18 de marzo, aunque todavía estamos en situación de
resolver esta cuestión. Por tanto, votaremos a favor de la toma en
consideración de las proposiciones presentadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Aún no es tarde para que hoy el Congreso de los Diputados regule
finalmente un derecho indiscutible, un derecho democrático.
¿Argumentos a favor de las tres proposiciones que hoy se plantean? Muchos
y de mucho calado. Primero, es urgente regular por ley todos aquellos
aspectos jurídicos, económicos, laborales y sociales que deriven de la
convivencia entre dos personas que deciden formar una pareja libremente
y, por tanto, un núcleo familiar. Hay que tener presente que son muchas
las parejas heterosexuales que no pueden acceder al vínculo matrimonial
que resolvería estos problemas o estos déficit, ya sea por imposibilidad
de anular anteriores matrimonios, cuando el anterior matrimonio de la
pareja se encuentra con problemas de cualquier tipo, incluso clínicos, o
en procesos de separación dolorosos y complejos que impiden a veces que
la nueva pareja pueda rehacer su situación convivencial por la vía del
matrimonio. A esta casuística cabe añadir la de las parejas que,
ejerciendo su libre voluntad democrática, renuncian al matrimonio,
prefiriendo una no oficialización de su vínculo convivencial y afectivo,
a las que, hoy por hoy, la ley penaliza y, en consecuencia, agrede sus
derechos con la desprotección de sus derechos a pensiones, sanitarios, de
tutela de los hijos del compañero o la compañera y de regulaciones
fiscales.
Así pues, la presencia de un marco legal donde se regulen y protejan los
derechos de las parejas de hecho atenta contra el principio de igualdad
proclamado por la Declaración universal de derechos humanos y por la
propia Constitución española; atenta más gravemente aún respecto a las
parejas homosexuales, a las que la falta de este marco legal y su no
equiparación con las parejas heterosexuales y el matrimonio añade un
componente de discriminación clarísimo, plasmado por todos los códigos
éticos de países occidentales y por las resoluciones que sobre esta
problemática ha emitido el propio Parlamento Europeo.
Son diversos los ámbitos que interesan a la vida de una pareja, y si bien
en el plano jurídico y económico todos son regulables por leyes
sectoriales, como, por ejemplo, la LAU; los ordenamientos judiciales
sobre el testimonio de cargo y la declaración judicial en episodios
judiciales que implican a un miembro de una pareja de hecho como
encausado y libera a otro de cualquier implicación como testigo; o la
propia Ley de indemnización por actuaciones terroristas, que protege
tanto a la pareja con vínculo marital como a los que no lo tienen, ley
votada, por cierto, por toda la Cámara; son aspectos, como decíamos,
parciales, pequeñas victorias que no implican el total reconocimiento de
la pareja de hecho. Sólo la promulgación de una ley de parejas que trate
y pueda prever la globalidad de estos aspectos convivenciales,
susceptibles de ser protegidos y regulados por la ley, que no discrimine
por razón de uno u otro tipo, de una u otra manera de querer y de amar,
de formar, por tanto, un núcleo familiar, y que equipare esos derechos a
los del matrimonio, puede contribuir a la dignificación para todos y para
todas del hecho de amar, y a la contribución a la sociedad y a la
comunidad a partir de este hecho, sin criminalizar ninguna forma de
querer.
Respecto a los grupos que hoy votarán en contra
--vaya por delante que allá su conciencia, especialmente para
Convergència i Unió--, hace falta remarcar que éste no es un debate para
analizar aspectos concretos y puntualizaciones de un proyecto de ley,
sino un debate para dignificar toda forma de convivencia afectiva, con
voluntad de querer ser una familia. Nadie puede atribuirse el derecho a
decidir quién puede o no, quién tiene o no más derecho a la hora de
validar la creación de esta familia.
En fin, señorías, el debate está en la calle y en la conciencia de todos
los diputados y diputadas. También lo está en muchos ayuntamientos. Yo
misma soy
teniente-alcalde de un Ayuntamiento, el de Barcelona, donde existe ya el
registro de parejas de hecho. Qué triste papel el de aquéllos que
íntimamente piensan que es de justicia dar respuesta a esta necesidad
social, que es la regulación y el reconocimiento de las parejas de hecho,
que hoy se han manifestado a favor pero que, en cambio, votarán en contra
por disciplina de partido, y contribuirán a penalizar, una vez más, a
aquellas personas, compañeros, compañeras, padres y madres, que seguirán
sin poder tener el reconocimiento por ley de su propia opción de
convivencia, de su derecho a optar libremente por cómo quieren entender
un núcleo familiar.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Rahola.
Finalmente, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Empezaremos por decir, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista
Galego, que vamos a apoyar las proposiciones de ley, porque consideramos
que es una obstinación intentar la uniformidad legal para reducir la
realidad de comportamientos sexuales y la variabilidad de las relaciones
humanas. Puede que sea muy tranquilizador e hipócrita, pero no reconocer
los conflictos, la diversidad de comportamientos sexuales y las
necesidades humanas, no puede ser una buena solución política.
Señorías, la legalidad vigente debe basarse en un sistema de valores
plural, respetuoso con las parejas posibles y las relaciones
afectivo-sexuales socializadas que tienen una importancia cuantitativa,
sean éstas heterosexuales u homosexuales. Convendría que todos
recordásemos, aunque fuese sólo a efectos metodológicos, la distinción
entre moral individual y ética. La moral individual pueden ser
prejuicios, ideas propias; pero la ética tiene que basarse en la bondad y
en la comprensión de lo colectivo, en el respeto a los demás y a sus
necesidades, como uno quiere ser respetado. En este sentido, queremos
evocar hoy aquí la frase de un ser andrógino, de una especie de musa que,
dirigiéndose a un personaje de un hombre que quiere cambiar el mundo, en
una maravillosa novela rosaliana, le decía: Todo lo que ha sido hecho es
bueno; hombre eminente. Convendría que todos aquellos que tienen
creencias religiosas, que están sometidos a tradiciones sociales y a la
tranquilidad de una norma, por supuesto libremente asumida, pensasen que
el matrimonio heterosexual, laico o religioso no puede ser la única
salida para todos.
En definitiva, si tenemos que institucionalizar y legalizar la diversidad
de parejas de hecho muy diferentes es porque lo social en este momento
histórico, lo estatal, lo público está condicionando cada vez más la
seguridad de las personas, sus deberes y sus derechos. Por lo tanto, no
podemos socializar la vida en todo y, sin embargo, dejar a la privacidad
de las conductas que cada uno aguante las consecuencias de lo que es un
comportamiento necesario: el comportamiento del deseo y el derecho a
tener un compañero o compañera en toda circunstancia.
La mayor parte de los hombres y mujeres llevan vidas de callada
desesperación y, seguramente, de intranquilidad jurídica y social,
precisamente por sus opciones libremente asumidas en materia de
convivencia. Hagamos que esta intranquilidad y desesperación, cuando
menos, se reduzca. En todo caso, sigamos ese dicho popular en lo que
tiene de más positivo: vivamos y dejemos vivir.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Vasco sigue pensando de igual forma que el día 18 de
marzo, cuando se debatió la toma en consideración de dos iniciativas
gemelas a las que hoy examinamos, a las que se ha unido hoy otra más
procedente del Grupo de Coalición Canaria.
Existe una realidad social que está demandando ser regulada, y ni
entonces ni ahora prejuzgábamos contenidos concretos. Sin embargo,
nuestro voto, como ya he anunciado en privado a los portavoces de los
grupos proponentes, va a ser contrario a su toma en consideración por las
razones que expondré y que hacen referencia a hechos consecuentes a aquel
debate.
De todos es conocido el histórico empate que se produjo en la Cámara, por
cierto con notables ausencias que hoy apelan a nuestra conciencia, roto
posteriormente en el sentido de la desestimación de la iniciativa por los
votos de dos representantes de Coalición Canaria. Fruto de este
resultado, tres grupos presentaron una iniciativa para constituir una
subcomisión, cuyo objeto fuese el estudio de las uniones de hecho. Mi
grupo, considerando en principio esta actitud una maniobra dilatoria
tendente a posponer una regulación, se opuso a su creación, que sí tuvo
los votos del Grupo Popular, de Convergència i Unió e, incluso, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Esta subcomisión sí está
constituida. He oído en las noticias que se daban en distintos
telediarios del mediodía que no había empezado a funcionar. Se constituyó
la semana pasada, ha empezado ya sus sesiones, y mañana confeccionará su
plan de trabajo. Incluso tengo delante la petición de información del
Presidente de la Comisión de Justicia e Interior solicitando
documentación, a través del excelentísimo señor Presidente de la Cámara.
Existe, además, un texto que ha sido elaborado por el Grupo Popular que
apoya al Gobierno, y que ha sido
presentado --por lo menos así se ha divulgado en algún medio de
comunicación-- como texto que es asumido por el Ministerio de Justicia.
No es ése nuestro texto, puesto que contiene una regulación que en el
seno de la subcomisión propondremos que sea modificada. Pero si esto es
así, si la subcomisión está en marcha, si existe un texto sobre el que
trabajar, ya no se trata de optar entre regular y no regular, sino que en
todo caso se va a proceder a la regulación. Nos parece que nuestra
postura como grupo debe ser aquella que ayude a conseguir una más pronta
regulación de estas uniones. Y conocido el juego de mayorías en esta
Cámara, la posición de mi grupo es que se tramite el texto que resulte de
los trabajos de la subcomisión, que es el texto que tiene más
posibilidades de llegar a ver la luz en el boletín oficial, que es en
definitiva de lo que se trata.
Quiero, no obstante, felicitar a los grupos autores de las iniciativas
iniciales, al Socialista y a Izquierda Unida, que han tenido la
virtualidad, con la apretada votación obtenida el 18 de marzo, de remover
obstáculos, de excitar a los demás grupos para abordar el que cuanto
antes se proceda a una regulación en esta materia. En estas
circunstancias, la postura que hoy adopta el Grupo Vasco de apostar por
la subcomisión nos parece la más sensata para conseguir cuanto antes lo
que en realidad se pretende.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, voy a fijar la posición de mi
grupo y comienzo diciendo que existe una discusión maniquea en esta
Cámara sobre si parejas de hecho sí o no. Estamos todos absolutamente de
acuerdo en que parejas de hecho sí y lo que tenemos que discutir es cómo
y de qué forma, y para ello se ha constituido una subcomisión que ha
iniciado sus trabajos y que los va a proseguir en las próximas semanas.
Sería bueno, por otra parte, ahora que se está discutiendo el Reglamento
de la Cámara, que una proposición legislativa que haya sido derrotada no
se pudiese volver a presentar otra vez en el mismo período de sesiones o
por lo menos durante seis meses.
La proposición de ley que surja de los trabajos de la subcomisión deberá
respetar cuatro principios constitucionales fundamentales que, a juicio
de este grupo, no contemplan las dos proposición de ley, la de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y la del Grupo Parlamentario Socialista.
Uno es el principio de libertad, por el posible automatismo que la
regulación de determinadas conductas o situaciones podría provocar. Otro
es el principio de igualdad. Después de un siglo de Código Civil, en el
cual se ha conseguido un matrimonio único, igual, libre para todo el
mundo, es decir, un matrimonio civil sin influencia de otra naturaleza
como puede ser el matrimonio eclesiástico, después de un siglo, como
digo, de Código Civil, un siglo en el que se ha conseguido el divorcio
erradicando motivos sexuales, impotencia o discriminación, después de un
siglo, digo, volvemos a introducir nuevamente una especie de matrimonio
de segunda, que es exactamente lo que se propone en las proposiciones de
ley tanto del Grupo Socialista como del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Otro principio que habrá que proteger es
el principio a la intimidad, es decir, que no se haga ningún tipo de
referencia a las preferencias o relaciones sexuales de la persona. Y un
último principio constitucional es el de la seguridad jurídica,
procurando evitar que conceptos como la afectividad, de dudosa
juridicidad, se introduzca en los textos.
Como argumentos de autoridad de todo esto cuanto estoy diciendo y que
avalan la postura contraria a la toma en consideración de estas dos
proposiciones de ley por parte del Grupo Popular, cito los siguientes. En
principio el artículo 32 de la Constitución española, que se refiere al
matrimonio, y me remito a los debates constitucionales que tuvieron lugar
en esta Cámara en los cuales quedó clarísimo que el matrimonio es la
unión de un hombre y una mujer. Cito las dos sentencias, la 222 de 1992,
del Tribunal Constitucional, de la que fue ponente el señor Gimeno
Sendra, y la 66 de 1994, también del Tribunal Constitucional, de la que
fue ponente el señor López Guerra, donde se dice textualmente que
matrimonio y convivencia extramatrimoniales no son realidades
equivalentes y que equiparar sus efectos no significa equiparar
situaciones. En segundo lugar cito el dictamen del Presidente de la
Asociación de Abogados de Familia, don Luis Zarraluqui, que publicó en
forma resumida el diario ABC. En tercer lugar, el artículo publicado en
el diario El Mundo por el profesor Villar Arregui. En cuarto lugar, el
catedrático de Derecho civil, don Pablo Salvador Coderch, publicó en La
Vanguardia no hace mucho un artículo sobre el tema que estamos
discutiendo en esta Cámara que decía lo siguiente: «Las dos proposiciones
no son la revolución del matrimonio sino un revoltijo. La nueva ley se
aplicaría por igual a parejas homosexuales y heterosexuales, pero los dos
textos están tan pésimamente elaborados que no se sabe bien si
alcanzarían además a los separados.» En quinto lugar, el artículo
publicado por el filósofo don Fernando Savater en el diario El País, que
decía lo siguiente: «En el cisco de la legislación sobre las llamadas
parejas de hecho se mezclan tal cantidad de cosas distintas que me
admiran quienes tienen su postura meridianamente clara, sea a favor o en
contra.» Los que desde luego no tenemos esa postura meridianamente clara
es por lo que hemos propuesto la creación de la subcomisión donde se está
empezando a discutir este tipo de regulación. En sexto lugar, el informe
del Ministerio de Justicia e Interior, del 26 de enero de 1995
--recuerden la fecha--, se opuso a la regulación de este tipo de uniones
ante una proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En
séptimo lugar, el Ministerio de Economía y Hacienda el 11 de octubre de
1994 se opuso por las mismas circunstancias. En octavo lugar, el 30 de
septiembre de 1994 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decía lo
siguiente: «Desde el punto de vista de la normativa de la seguridad
social y laboral no se estima oportuno la adopción de la presente
proposición de ley.» Y por último, ante la pregunta que formuló el
Diputado don Lluís Recoder i Miralles en esta Cámara al Gobierno
diciendo: «¿Tiene el Gobierno la intención de regular la situación
jurídica o los derechos de las parejas de hecho con independencia de su
orientación sexual?», la respuesta del Gobierno en el año 1993 fue: «El
Gobierno considera que la situación jurídica y los derechos de las
parejas de hecho, con independencia de su orientación sexual, ya están
regulados en la actualidad y no precisan de nuevas formas al menos a
corto plazo.» Les concedo a ustedes, señorías, que en los años 1993 y
1994 no regularon ustedes nada, tampoco en el año 1995, lo mismo que en
1996, pero lo primero que hacen cuando llega el Partido Popular al
Gobierno es instar de forma urgente a que el Partido Popular regule este
tipo de situaciones.
Pues bien, el Partido Popular está decidido a sacar este tema adelante,
sobre todo para las parejas homosexuales, para las parejas del mismo sexo
que son en todo caso las que de alguna forma podrían alegar --y de hecho
lo alegan-- que están discriminadas, siempre y cuando quede
salvaguardado, primero, la no equiparación o similitud al matrimonio,
porque modestamente entendemos que constitucionalmente no es posible.
Segundo, que no se haga ninguna referencia a las preferencias o a las
inclinaciones sexuales de las personas por ser un tema que afecta a la
intimidad. Y tercero, que no se introduzcan términos tan confusos y de
dudosa juridicidad como la afectividad. Sobre esa base, este grupo
apoyará, impulsará en la subcomisión para que antes del 30 de junio, como
tiene empeñada su palabra el portavoz de este grupo y yo mismo, exista
una propuesta que elevar al Gobierno con el fin de que queden reguladas
de una vez por todas estas situaciones, sobre todo las de aquellas
personas que pueden alegar una cierta discriminación.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Trías.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre la toma en consideración de las
proposiciones de ley relativas al reconocimiento y efectos de las parejas
de hecho que acaban de presentarse y debatirse.
Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a
favor, 162; en contra, 171; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a
favor, 162; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición de ley de Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a
favor, 165; en contra, 159; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE AMPLIACION DEL CONCEPTO DE FAMILIA NUMEROSA (Número de
expediente 122/000041)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre ampliación del concepto de familia numerosa. Para su
presentación y defensa ante el Pleno tiene la palabra la señora Urán.
(Rumores.)
Silencio, señorías. ¡Silencio, señorías! Señor Griñán, señor Martínez
Noval, guarden silencio por favor. Señor Martínez, don Miguel Angel,
silencio por favor. Señor Gil Lázaro, señora García-Hierro, señorías,
silencio.
Cuando quiera, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a continuar en esta Cámara...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Urán. Si pudiera adaptarse los
micrófonos daría tiempo a que se sosegaran SS. SS. y a que sin duda se le
escuchara mejor. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Señor Baón, señor Morano. (Pausa.)
Puede comenzar.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, decía que vamos a continuar hablando de familia esta tarde en
la Cámara, en concreto de la modificación que se introdujo al concepto de
familia numerosa en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, aumentado a tres o más el
número de hijos comprendidos hasta entonces y que daba la casualidad de
que anteriormente se establecía a partir del cuarto hijo. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Esto modificó en
parte la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a la familia
numerosa. El artículo 1.º del reglamento que desarrollaba esta ley
establecía el concepto y la clasificación de las familias e incluía un
segundo supuesto en el que consideraba familia numerosa a la que tenía
tres hijos siempre y cuando uno de estos fuera subnormal, minusválido o
incapacitado para el trabajo. (Rumores.)
Señorías, el real decreto que desarrollaba...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Urán, si me permite un
momento y espera un segundo vamos a ver si conseguimos que se haga
silencio en la Cámara. (Pausa.)
Puede continuar, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
El Real Decreto 1801/1995, de 3 de noviembre, que desarrolló la
ampliación del concepto de familia numerosa para de esta forma permitir
la aplicación de los beneficios de la familia numerosa en todo el
territorio del Estado, no recogió en ningún momento la ampliación del
concepto de familia numerosa, manteniendo el criterio de que si existía
un hijo minusválido el número de miembros de la unidad familiar o de
hijos fuera menor. Este es el objetivo de la proposición de ley que ha
planteado el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señorías, desde 1994 y a partir del 3 de noviembre de 1995, las familias
que tienen un hijo discapacitado o con cualquier otra de las
características que recogía en aquel momento el reglamento que desarrolló
la Ley 25/1971 se han visto discriminadas pensamos que más bien por un
olvido del legislador que por una conciencia real de pretender hacer esta
discriminación. Creemos, señorías, que precisamente este tipo de familias
son las que requieren de una mayor protección, puesto que la mayoría de
ellas se pueden ver desfavorecidas por el hecho de mantener personas
discapacitadas en su seno. Por tanto, señorías, nosotros venimos a
establecer ese criterio y, además, a que el concepto sea ampliado y sea
considerada familia numerosa aquella que, teniendo dos hijos, al menos
uno de ellos esté incapacitado por deficiencia o minusvalía para el
trabajo.
Es cierto, señorías, que esta mañana se ha aprobado por unanimidad de la
Comisión de Política Social y Empleo el informe de la subcomisión de
familia en la que queda recogida --y de una manera mucho más amplia-- la
modificación del concepto de familia numerosa. Pero, señorías, tengan
ustedes en cuenta que esta iniciativa que ha presentado el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue
publicada el 11 de octubre de 1996 en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», es decir, hace ya unos cuantos meses. Creemos que conviene
que lo hagamos cuanto antes mejor, sabiendo y reconociendo que está
recogido ya en el informe de la subcomisión, entre otras cosas porque
este tipo de familias vienen padeciendo la discriminación desde hace más
de un año.
Por consiguiente, señorías, creemos que no habría ningún inconveniente en
tomar en consideración esta proposición de ley. Este grupo parlamentario
está abierto a las modificaciones que se puedan presentar por otros
grupos para dar cabida a la modificación que la propia subcomisión se ha
planteado en su informe. Mantenemos la iniciativa con la intención de
acelerar al máximo una situación que nos parece totalmente injusta para
determinado sector de la sociedad que ya padece problemas dentro del seno
familiar. Por tanto, señorías, no pretendemos arrogarnos la paternidad de
la iniciativa sino sólo y exclusivamente solucionar un problema que en
aquel momento, cuando se modificó la ley en 1994 y cuando después se
redactó el real decreto que la desarrolló, se debería haber contemplado
precisamente teniendo en cuenta que este tipo de familias son las que
necesitan de mayor protección.
Por nuestra parte nada más, señorías. Esperamos que la Cámara tome en
consideración esta proposición y seamos capaces de llegar a acuerdos en
un tema tan peculiar y tan social como éste.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Urán.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la proposición?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para dar nuestro apoyo a la toma
en consideración de la proposición de ley. Valoramos muy positivamente
esta iniciativa y la oportunidad de la misma, el momento en que se ha
presentado, respecto a la ampliación del concepto de familia numerosa que
aparece en nuestra legislación vigente. Creo que hoy es un día muy
importante, y así lo hemos puesto de manifiesto los miembros de la
subcomisión de la familia que ha aprobado
hoy, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, el informe
referente a la familia, su problemática y las medidas y consideraciones
que proponemos para su puesta en práctica en el Estado español en los
próximos años. Uno de los puntos en los que ha habido mayor coincidencia
ha sido en la cuestión de la familia numerosa y, concretamente, en el
caso de las familias que tengan dos hijos y uno de ellos sufra algún tipo
de deficiencia o minusvalía física, psíquica o sensorial o incapacidad
para su desarrollo laboral.
Por tanto, valorando muy positivamente esta proposición de ley de
modificación de la ley respecto a la ampliación del concepto de familia
numerosa, la apoyamos íntegramente. Creo que hoy, con esta iniciativa que
va a ser tomada en consideración más el informe respecto a la familia en
el Estado español, que, como digo, ha aprobado la subcomisión en el seno
de la Comisión de Política Social, se da un importante paso de
acercamiento a la realidad, a la problemática de muchas familias del
Estado español que tienen en su seno algún miembro con alguna minusvalía
física, psíquica o sensorial o alguna deficiencia. En consecuencia,
aplaudimos esta iniciativa que apoyamos desde el primero hasta el último
punto. Pensamos que es muy importante que se ponga en marcha, que se
ponga en práctica junto con todas las iniciativas y consideraciones que
figuran en este informe que hoy ha aprobado la subcomisión, ya que,
repito, puede ser muy importante para la institución familiar, que
desgraciadamente en los últimos años ha pasado un poco desapercibida en
el Estado español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley sobre ampliación del concepto de familia
numerosa, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, por los objetivos que persigue no puede tener sino una valoración
positiva y el aplauso por parte de nuestro grupo.
El objetivo de ampliar el concepto de familia numerosa es loable porque
actualmente está en vigor la interpretación restrictiva del Real Decreto
1801/1995, dictado por la ampliación de la disposición final cuarta de la
Ley de 1994. Incluso el alcance de la proposición de ley presentada nos
parece insuficiente, ya que para mi grupo hay otras circunstancias no
contempladas en la proposición de ley y que también deberían contemplarse
en este trámite parlamentario. Podemos citar algunas de ellas: cuando se
trate de dos hijos de madre soltera; cuando dos hijos viven con uno de
los padres al que se adjudica la guarda por sentencia de separación o
divorcio; si en la unidad familiar uno de los cónyuges es pensionista por
invalidez, aunque sólo tenga dos hijos. ¿O qué decisión tomar cuando hay
un solo hijo minusválido y la madre es soltera, separada o divorciada o
uno de los cónyuges en pensionista por invalidez?
En definitiva, nos parece una proposición de ley cicatera, orientada sólo
a resolver un caso específico, ya que no valora otro tipo de
circunstancias que se pueden dar en la familia de hoy, pero como en el
fondo, esto es, en ampliar el concepto de familia numerosa, estamos de
acuerdo, anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, si bien parece que el momento procedimental en el que se produce
la proposición de ley, una vez aprobado hoy el informe de la ponencia
sobre la familia, parece que era en el seno de esos trabajos donde
tendría que desarrollarse la ampliación de este concepto de familia
numerosa. En cualquier caso, concluyo señalando que nuestro voto va a ser
favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco también va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Estamos de acuerdo con la ampliación del concepto de familia numerosa.
Hoy sabemos que en el Estado español esta estructura familiar constituye
un 16 por ciento. La legislación en materia de familias numerosas, como
bien conocen SS. SS., se reguló en la Ley de 1971 y desde la promulgación
de la Constitución únicamente ha habido dos reformas legislativas en
materia específica de familias numerosas.
En 1995 se adecua la regulación de las tres categorías y se considera
familia numerosa a partir de tres hijos. Esta proposición de ley
coincide, señorías, con el informe de la subcomisión que ha estudiado la
situación de la familia en el Estado español, cuya propuesta de
resolución hemos aprobado esta mañana en Comisión.
En el capítulo relativo a política integral y apoyo a la familia, punto
9, este informe indica en su primer inciso que debe revisarse la ley de
familias numerosas para adecuarla a la realidad social, ampliando su
contenido y haciendo extensivos sus beneficios a las familias que tienen
dos hijos, si uno de ellos es discapacitado. Por ello, por coherencia con
nuestro voto en Comisión, ya que hemos apoyado el informe de la
subcomisión, vamos a dar el voto favorable a la toma en consideración
de esta proposición de ley que presenta en esta Cámara Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra también para anunciar el voto favorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley. El Grupo Parlamentario Catalán,
el 29 de octubre de 1994, esto es hace casi tres años, presentó una
enmienda al entonces proyecto de ley de medidas fiscales administrativas
y del orden social, en la que se pretendía la ampliación del concepto de
familia numerosa, aunque luego sólo se recogió parcialmente. Se
solicitaba la ampliación de este concepto a supuestos como el aquí
presentado o contemplado en una proposición de ley de Izquierda Unida,
así como a aquellos otros en los que exista una familia monoparental y
los hijos sean exclusivamente dos. Por tanto, no podemos sino manifestar
nuestra satisfacción, al mismo tiempo que anunciamos nuestro voto
favorable. La incardinación de esta medida en las propuestas de
resolución, o en la Ponencia para el estudio de la situación de la
familia en España, aprobada hoy por unanimidad en Comisión, ha sido
puesto de manifiesto por la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
A pesar de las palabras muy cordiales de nuestra compañera Presentación
Urán, he de decir que nos queda ese sabor agridulce de las salidas en
falso.
Lo que ha pasado me trae a la memoria una anécdota muy lejana que narran
los historiadores de cuando Temístocles propuso a los atenienses prender
fuego a la ciudad y refugiarse en los barcos en la bahía de Salamina con
el ataque de los persas. Alguno de los arcontes le dijo que era demasiado
pronto para hacerlo y que en las carreras de las olimpiadas aquel de los
atletas que salía antes de tiempo le golpeaban con una vara. Temístocles
respondió que eso era cierto, pero que el que no llegaba primero no
ganaba la corona.
Aquí ha existido la posibilidad de que todos hubiésemos salido a un
tiempo y todos hubiésemos ganado la corona. Entiendo las impaciencias de
otros grupos parlamentarios cuando eso, además, pone de manifiesto su
ansia o disposición de adoptar medidas de protección a la familia, pero
quizá lo hubiésemos podido acordar un poco después y con un grado de
unanimidad mayor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor Presidente.
En el año 1994, a través de la ley de medida fiscales, administrativas y
de orden social, el Congreso de los Diputados ampliaba el concepto de
familia numerosa hasta comprender a las familias que tuvieran tres o más
hijos, modificándose de esta manera la ley de protección de familias
numerosas. Ya anteriormente la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de 1986 introdujo también modificaciones en el sentido de ejercer
acciones de discriminación positiva en favor de las familias que tuvieran
miembros minusválidos o incapacitados para el trabajo. Ahora de nuevo se
trae a la Cámara una iniciativa de Izquierda Unida para ampliar el
concepto de familia numerosa.
Muchas son las transformaciones que se han producido en los últimos años
dentro de la familia española. Una prueba evidente de ello es el debate
que esta Cámara acaba de tener hace escasos momentos. El nuevo papel de
las mujeres en la sociedad, la desaparición de las viejas fórmulas de
autoritarismo, el mayor protagonismo de la infancia y de la adolescencia
están configurando nuevos modelos y nuevos valores dentro de la
estructura familiar. La familia en la España de final de siglo se ha
convertido en un elemento primordial de cohesión social y de solidaridad.
Por ello, la sociedad española la valora muy positivamente.
Señorías, la familia de manera ordinaria y, sobre todo, en situaciones de
especial dificultad, actúa redistribuyendo todos los recursos
disponibles: el dinero, instrumentos de acceso a la seguridad social, la
información sobre oportunidades de empleo, y esto sin que sus miembros
dejen de sentirse parte de un grupo que se autoprotege. Los ciudadanos
reclaman de los poderes públicos tanto la no injerencia en su privacidad,
como institución, como las decisiones o políticas protectoras que mejoren
las condiciones de vida y el desarrollo de los individuos que componen la
unidad familiar.
Deseamos desarrollar y dirigir nuestros esfuerzos con políticas
sectoriales y específicas a cada una de las personas que configuran la
familia. Así avanzaremos de manera muy sólida en el afianzamiento del
Estado de bienestar. Ante la diversidad familiar que existe en nuestra
sociedad, ha dejado de ser más importante la propia organización familiar
para ser fundamental el individuo, que forma parte de esa estructura
familiar. Hasta ahora, todas las políticas de acción positiva puestas en
marcha por los gobiernos socialistas han jugado un papel relevante en la
integración familiar: el plan de integración de la juventud, los planes
de igualdad de oportunidades para las mujeres, el plan gerontológico para
los mayores y el plan de acción para las personas discapacitadas. Son
políticas que han jugado un papel vital para las familias con menos
recursos, con más problemas o más desestructuradas.
Señorías, éstas son las razones básicas para que el Grupo Socialista vote
favorablemente la toma en consideración
de esta proposición de ley que hoy nos presenta Izquierda Unida.
Dentro de las diversas políticas de discriminación positiva en favor de
las personas discapacitadas consideramos muy importante la ampliación del
concepto de familia numerosa, aunque éstas no sean las únicas medidas de
carácter fiscal que, entendemos, deben ponerse en marcha. Además,
consideramos que la propuesta de Izquierda Unida es insuficiente, por lo
que nuestro grupo, en caso de que se apruebe hoy por la Cámara la
tramitación de esta proposición de ley, anuncia la presentación de
enmiendas encaminadas a mejorar y a ampliar el concepto de familia
numerosa, al menos en el sentido de que sean consideradas familias
numerosas de primera categoría las constituidas por el o la cabeza de
familia y su cónyuge cuando ambos fueran minusválidos y tuvieran un hijo.
De todas maneras, lamentamos que esta iniciativa, tal y como han puesto
de manifiesto hace un momento otros grupos, se vea en la Cámara fuera del
conjunto de las conclusiones que ha aprobado hoy mismo la subcomisión
creada para estudiar y analizar la situación actual de la familia en
España y proponer las medidas necesarias para su mejor funcionamiento en
la sociedad. Aunque la ampliación del concepto de familia numerosa está
contemplado en los acuerdos alcanzados por los ponentes, no deja de ser
un mal criterio de funcionamiento desgajar la propuesta, perdiendo de
vista el conjunto de medidas que la subcomisión tenga que proponer al
Pleno de esta Cámara. A pesar de ello, señor Presidente, como estamos de
acuerdo con el fondo de la cuestión, el Grupo Socialista votará
favorablemente la toma en consideración de Proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Pozuelo.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para fijar la posición sobre
la proposición de ley de Izquierda Unida. Considero oportuno iniciar mi
intervención señalando, en primer lugar, que nuestro grupo concede una
importancia de primer orden a la política de familia. Es un tema de gran
interés social y político y al que el Grupo Popular ha dedicado mucho
trabajo y mucho esfuerzo parlamentario. Con ello, señorías, conectamos
con la sociedad española porque los ciudadanos consideran que la familia
es la institución más valorada, y un 90 por ciento de los españoles pide,
exige medidas eficaces de apoyo a esta institución.
Para el Grupo Popular es una satisfacción que hoy, como ya se indicado,
hayamos votado en la Comisión de Política Social y Empleo un texto de
consenso sobre reformas y medidas sobre la política familiar que se
considera necesario realizar. Hemos hecho un esfuerzo para acercar
posturas en política familiar, porque el tema así lo requería y, además,
porque estoy segura de que así lo demandaban los ciudadanos.
En ese informe se recogen las medidas necesarias, justas y solidarias,
así como medidas claramente específicas que el Gobierno deberá impulsar.
El texto, que unánimemente hemos votados, insta al Gobierno a que impulse
una política integral de apoyo a la familia, en la que se adopten
aquellas medidas necesarias para la consecución de este objetivo social y
político importante.
Entre las medidas de apoyo a la familia, hay un apartado destinado
precisamente a las familias numerosas. En él se recoge que debe revisarse
la ley de familia numerosa para adecuarla a la realidad social y ampliar
su contenido, haciendo extensivos sus beneficios a la familias con dos
hijos, si uno de ellos es discapacitado, y a las familias constituidas
por él o la cabeza de familia y su cónyuge cuando ambos fueran
minusválidos y tuvieran solamente un hijo.
¿Qué sucede, señor Presidente, señorías? Pues que Izquierda Unida, de
alguna manera, se ha saltado el acuerdo de todos los grupos de debatir
conjuntamente el contenido de la Ponencia y no abordar temas que se
refieran al informe antes de finalizar esos trabajos conjuntos. Se trae
hoy aquí algo que se trataría de aprobar antes de que lo hiciese el Pleno
en relación al informe sobre la familia, y se trae un punto aislado,
pidiendo que se reforme la Ley 42/1994, de ampliación del concepto de
familia numerosa, dejando fuera otro supuesto importante, que además se
recoge en el texto, del informe, cuando lo que se solicita en el mismo es
una revisión general, en la que se deben examinar todos los problemas
pendientes y ampliar su concepto a más supuestos que los que solicita
esta proposición de ley.
En este sentido, recordemos que la Secretaria General de Asuntos
Sociales, precisamente en la subcomisión de familia, manifiestó que el
Ministerio estaba trabajando en un anteproyecto de ley de familia
numerosa pero que, por respeto a los trabajos de los grupos, aguardaba a
conocer el texto del informe. Respecto a un trabajo y un compromiso
político que hemos asumido y que hoy, de alguna manera, se rompe, como se
ha señalado por los portavoces de Convergència i Unió y del Grupo
Socialista, con esta propuesta de Izquierda Unida.
Señorías, creo que a nadie le debe corresponder pilotar el protagonismo
en este tema, pero si me apuran, menos que a nadie a Izquierda Unida,
porque no tiene mucho pasado precisamente en la defensa de la familia
numerosa.
No me gusta recordar aquí que, si no tenemos una ley completa de familia
numerosa, incluyendo lo que se propone en este texto, no fue por culpa
del Grupo Popular. Cuando el Grupo Popular propuso una reforma completa
de esta ley de familia numerosa, el Grupo Socialista contó con el apoyo
de Izquierda Unida para rechazarla. Nosotros sí que somos coherentes
porque el principio de la solidaridad y de la justa atención a las
personas con discapacidades ha sido una de las constantes del Grupo
Popular. Recientemente, desde que estamos en el Gobierno, así lo ha
demostrado. El Gobierno lo ha puesto recientemente de manifiesto en
reales decretos-leyes de aplicación e incentivos a la reforma laboral,
pero es que además, en el año 1994, el Senado aprobó una enmienda del
Grupo Popular cuyo texto era exactamente igual al que hoy se contempla en
esta proposición de ley.
Señorías, el Grupo Popular está a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley, pero queremos que quede constancia de que no es
el momento procesal oportuno, porque la reforma quedará coja, y pensamos
que lo razonable y coherente sería actuar de acuerdo con lo recogido en
el informe de la subcomisión, que va más allá de lo que se solicita y se
saca del contexto conjunto del informe.
No obstante, el Grupo Popular, puesto que el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya procede a su tramitación, votará a favor
de su toma en consideración. En este momento anuncia que presentará las
enmiendas necesarias para completar la propuesta que hoy aparece corta en
esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al mismo tiempo que seguirá instando al Gobierno para que
reforme en su conjunto la ley de familia numerosa, de acuerdo con lo que
se contiene en el texto del informe de la Ponencia.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Sainz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre ampliación del concepto de familia
numerosa.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 325; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TARIFAS TELEFONICAS (Número de
expediente 162/000133)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, proposición no de ley, del Grupo
Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas.
El señor Morlán tiene la palabra. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley
porque no está de acuerdo en absoluto con determinados aspectos de mucha
relevancia que recoge la Orden ministerial de 18 de marzo de 1997 acerca
del futuro de las tarifas telefónicas, de las tarifas de interconexión y
del desarrollo de las telecomunicaciones en este país. Estamos intentando
que se modifique en un afán por colaborar al desarrollo de las
telecomunicaciones. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Morlán. Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como estaba diciendo, el Grupo Parlamentario Socialista no está de
acuerdo en varios de los aspectos que contiene la mencionada orden e
intentamos colaborar, desde nuestro punto de vista, para que ese
desarrollo de las telecomunicaciones sea equilibrado y homogéneo, es
decir, un desarrollo en el que los pasos que se están dando vayan en
beneficio del conjunto del sector en nuestro país. Esta orden ministerial
a la que hago referencia, y que ya ha sido discutida en muchas ocasiones
en esta Cámara (ayer, concretamente, se habló de ella en la Comisión de
Infraestructuras en una comparecencia del señor Ministro de Fomento y, en
otros momentos, ha habido también una interpelación y una moción
consecuencia de la misma, en la que hemos tratado este tema), abarca y
aborda una serie de aspectos que sucintamente voy a enumerar y que
motivan la presentación de nuestra proposición no de ley.
Esta orden ministerial, en principio, aborda el incremento en 100 pesetas
en la cuota de abono mensual, cuya autorización de incremento se llevará
a cabo entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 1998, más otras 100
pesetas, cuya autorización se llevará a cabo a partir del 1 de agosto de
1998. Es decir, se trata de una autorización que viene recogida en la
orden ministerial con un carácter imperativo, porque se está hablando de
«se autorizará», no de «se podrá autorizar», como algunos miembros del
Partido Popular plantean cuando se hace referencia a este incremento de
la cuota mensual. Lo que sí está claro es que este incremento afecta a
todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de recursos y, por lo
tanto, repercute más negativamente en los
que menos recursos tienen; ésa es una regla clara y nítida e imagino que
todas SS. SS. verán que tengo razón a la hora de plantearla. Aborda
también un incremento de las tarifas metropolitanas, pero aquí, desde
luego, se han cuidado mucho de que no se visualizara una variación en el
precio de las llamadas y han recurrido a una fórmula que produce los
mismos efectos, que es la de reducir el tiempo efectivo de comunicación
correspondiente a cada paso; es decir, cada paso tiene menos segundos,
pero se paga lo mismo que antes. En un tercer momento, esta orden aborda
el establecimiento de las tarifas y condiciones de interconexión y se le
hurta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones --y lo asume el
Gobierno; más concretamente, el Ministerio de Fomento-- esa regulación o
esa forma de fijar las condiciones y las tarifas de interconexión.
Si ustedes quieren, podemos hacer un análisis de las sucesivas normas que
el Gobierno ha ido aprobando sobre todo este proceso de liberalización de
las telecomunicaciones. En primer lugar, nos encontramos con el Real
Decreto-ley 6/1996, en el que se dice que el acuerdo de interconexión se
va a negociar entre las partes, y si no se llega a un acuerdo será la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que decida. Este
precepto, que es tan claro y tan nítido, a la hora de la verdad no se ha
llevado a la práctica porque el Gobierno no ha querido plantearlo ni
aceptarlo así. En segundo lugar, el Real Decreto-ley de 1996 por el que
se aprueba el reglamento de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones determina, en su artículo 22, que la Comisión fijará,
con carácter vinculante, las tarifas y precios de interconexión en caso
de desacuerdo entre las partes. Esto tampoco se cumple.
El Gobierno ha intentado recabar para sí la facultad de intervenir en la
fijación de las condiciones y tarifas de interconexión; lo intenta hacer
en el citado reglamento; lo intenta hacer en el Real Decreto 2/1997, por
el que se privatiza Retevisión; lo intenta hacer en el Real Decreto-ley
1/1997, que regula la televisión digital, pero solamente consigue asumir
esta competencia en lo relacionado con las tarifas por el empleo de
descodificadores, no en el resto de los aspectos que el mismo Gobierno
planteaba. Y no hay más que mirar los «Diarios de Sesiones» del Senado
para darse cuenta de que esta afirmación que estoy haciendo es
perfectamente clara y nítida. Cuando ya lo consigue, resulta que esta
orden ministerial --presuntamente ilegal-- ya ha sido dictada y, por
tanto, lo que puede hacer es desarrollar leyes o reales decretos
preexistentes, pero no los que todavía no existen y, en este caso
concreto, se ha dado la circunstancia de que quien desarrolla esta orden
ministerial es alguien que no tiene competencia para hacerlo, porque esa
competencia la asume con posterioridad y de acuerdo con otra ley
--una ley de artículo único-- que se ha discutido en esta Cámara en
los últimos tiempos, como ustedes recordarán.
Estas circunstancias nos ha llevado a presentar esta proposición no de
ley, que constituye una más de las iniciativas de todo tipo que hemos
planteado en esta Cámara para intentar convencerles de que en materia de
telecomunicaciones apostamos porque haya una política clara en este país,
una política definida y una política que sea fruto del acuerdo y no de la
estrategia de la tensión. Esta proposición no de ley que hoy presentamos
pretende ser un elemento de aproximación para, entre todos los grupos, ir
diseñando el marco en el que nos vamos a mover, situando a cada
institución en su sitio y con sus cometidos, y a las empresas en el
ámbito de sus negociaciones.
En el apartado 1 de la proposición no de ley a la que hago referencia se
pretende modificar la Orden ministerial de 18 de marzo de 1997, en razón
a conceder a los operadores la mayoría de edad suficiente para que puedan
hacer lo que los operadores de otros países de la Unión Europea vienen
haciendo, y es negociar, es pactar, es acordar sus condiciones de
funcionamiento y de interconexión. Se trata, señorías, de empresas
completamente privadas porque ustedes así lo han querido. Sean
consecuentes y dejen que sean ellas quienes primero hablen.
¿Si no hay acuerdo? Estamos todo el mundo de acuerdo, todos los grupos
políticos, y desde el luego el Grupo Socialista en que tiene que
intervenir la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y daremos
cumplimiento a lo que las propias normas dicen. Es una obligación que
compete al regulador porque para eso está constituido ese regulador.
Decía el Ministro el otro día que la Comisión del Mercado de Valores
había completado su funcionamiento en cuatro años. Seguro que desde el
principio asumió todas las competencias, aunque su desarrollo en otros
aspectos fuera más ralentizado. En este caso concreto también puede y
debe hacerse lo mismo: que la comisión asuma todas sus competencias,
asuma todas sus atribuciones y que poco a poco se vaya configurando una
estructura definitiva de la comisión, pero el tiempo --y de cara al 1.º
de diciembre de 1998 cada vez es menor-- nos obliga a que las cosas se
hagan de esta manera, tal y como estoy planteando. Parece correcto que si
no hay acuerdo se establezcan unas condiciones y tarifas mínimas, pero
sólo si no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, como es lógico, tiene que
operar la subsidiariedad del funcionamiento de la comisión.
También ayer hacía referencia el señor Ministro a que la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones no era competente para intervenir en
este proceso porque no se había llegado a la liberalización plena. Debo
decir que eso suena a una excusa de mal pagador, porque indudablemente si
vamos a otros países de la Unión Europea nos estamos dando cuenta de que
los reguladores han funcionado con plenitud de competencias desde el
principio sin tener que ver cómo la Administración o el Gobierno hacía
caso omiso de las
obligaciones que tenía con ellos, y hacía lo que aquí está haciendo, que
es llevar a cabo decisiones que competen a la propia comisión. Y si no
vean el caso de Optel, en Gran Bretaña, que ha actuado de la manera que
yo estoy planteando.
En el apartado 2 nosotros planteamos igualmente que desaparezca la
autorización tan explícita que se da a la compañía Telefónica para
incrementar sus tarifas y sus cuotas mensuales. También incluimos aquí
las cuotas Internet y las cuotas de Infovía, porque entendemos que son
unos servicios de interés social que poco a poco van adquiriendo mucha
importancia en nuestro país y que van a formar parte, a no dudar, dentro
de lo que es el concepto de servicio universal que recoge la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones, y es la propia Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones la que tiene que arbitrar, en caso de conflicto
entre operadores respecto a tarifas y respecto a condiciones de
interconexión y a su incremento, cuál es la modificación que corresponde.
Me extraña que ustedes, que siempre han presumido de no
intervencionistas, ustedes que siempre han defendido que el sector
privado no esté sometido a ninguna injerencia pública, que siempre han
defendido la desregulación, ahora con esta orden ministerial hagan todo
lo contrario de lo que dicen. Lo que estamos observando es que piensan,
como he dicho antes, que estos operadores son todavía menores de edad, y
que tienen que estar al dictado del Gobierno. A mí me gustaría que
explicaran en qué quedamos, ¿a qué estamos jugando en el sector de las
telecomunicaciones? ¿Por qué razón se pretende proteger, por un lado, y,
por otro lado, se ha anunciado de manera reiterada que lo mejor era la
desregulación y la protección? ¿Por qué no dejamos a las empresas
privadas que marquen sus pautas y, si no, que entonces intervenga una
entidad reguladora pública?
En los puntos siguientes, lo que plantea el Grupo Socialista en esta
proposición no de ley es un elemento fundamental, y es que hay que
conocer la contabilidad de costes de la compañía Telefónica, porque
solamente desde esta perspectiva podremos hacer varias cosas. La primera
de ellas, ¿cuál es el déficit de acceso que va a tener Telefónica? ¿Cómo
se va a sufragar? ¿En qué plazo y quién va a hacer frente a esa
obligación? A estos interrogantes nosotros damos una cumplida respuesta
en el apartado 5 de nuestra proposición no de ley, que espero que SS. SS.
hayan leído, por lo que podrán observar cómo corresponden a las
intenciones que yo planteo en este primer punto.
En un segundo término, conocida la contabilidad de costes de Telefónica,
somos partidarios de establecer un sistema de control de precios del
servicio telefónico, basado en la libertad de los operadores para fijar
libremente sus tarifas dentro de los límites establecidos por el
Gobierno, que los puede establecer, y que sean revisados por la comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, a fin, primero, de que se produzca
una disminución de los precios en términos reales y, en segundo lugar, a
que exista una adecuación de tarifas a costes para ir eliminando el
posible déficit de acceso. Se trata, señorías, de establecer un marco
estable de los precios del servicio telefónico con una vigencia de cuatro
años, a fin de que los operadores tengan durante ese tiempo unas
condiciones de funcionamiento no sometidas a variaciones temporales no
acordadas previamente.
En tercer lugar, conociendo la contabilidad de costes, pretendemos que se
acaben suprimiendo las cuotas por déficit de acceso. En este caso
concreto aceptamos la enmienda de Izquierda Unida, que hace referencia a
suprimir las cuotas por déficit de acceso en el momento en que éste deje
de existir. Lo que sí proponemos a Izquierda Unida es que acepte el que
se añada a la enmienda que plantean una frase que diría: Y, en todo caso,
el 1.º de enero de año 2002. Fijar la fecha de año 2002 como una fecha a
partir de la cual no deben existir cuotas de déficit de acceso.
En cuarto lugar, si planteamos que exista esta contabilidad de costes, lo
hacemos porque pretendemos que el 1.º de diciembre de 1998 el tiempo de
las llamadas se realice por segundos y no por minutos, ajustándose las
mismas al tiempo real de duración. De otra parte, porque pretendemos
aplicar a la franja horaria correspondiente la tarifa normal de precios
realmente inferiores a la tarifa punta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente, voy a acabar
inmediatamente.
En definitiva, señorías, lo que planteamos con esta proposición no de ley
es ofrecer un marco jurídico, un marco normativo, un marco técnico, en el
que puedan incluirse todas aquellas actuaciones que han de llevarse a
cabo a partir de este momento en el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones y en el desarrollo de lo que ha de ser la presencia
del segundo operador en los próximos meses.
Por último, señor Presidente, quiero decir que aceptamos la enmienda de
Izquierda Unida de adición al apartado 5, cuando dice que añadamos
después de:
«... operadores de telefonía básica, fija o móvil...» la frase: «... o
proveedores de servicios de voz al público.»
Con esto, señor Presidente, finaliza mi intervención y espero y deseo que
el Grupo Popular varíe un poco su posición respecto a lo que ha pasado en
los últimos tiempos --y más concretamente ayer en la Comisión de
Infraestructuras--, acepte esta proposición no de ley y vea que se hace
con la mejor voluntad de intentar marcar unas pautas de funcionamiento en
el sector de las telecomunicaciones, que va en beneficio del conjunto del
sector, y desde luego en beneficio del conjunto
de los operadores que van a empezar a funcionar en España en los próximos
tiempos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Se ha presentado, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, una enmienda a esta proposición no de
ley, para cuya defensa tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con la máxima brevedad, puesto que estos son temas que
hemos visto suficientemente en esta Cámara, aunque no está mal que se
confirmen, si así lo tiene a bien la Cámara, a través de un compromiso
político en forma de proposición no de ley.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas, con independencia de que tenemos
dudas con respecto al punto número 1 de la proposición no de ley, dudas
fundamentalmente de índole política, que en su momento expusimos a lo
largo del trámite de la ley que trataba estos temas. La primera enmienda
es de adición al apartado 5. Pensamos que hay un olvido en la proposición
no de ley referente a los proveedores de servicios de voz al público,
olvido en el sentido de que cabría la posibilidad --y de hecho así ocurre
en ocasiones-- de que haya operadores que alquilen las redes, cuestión
que no está prevista en el texto que nos presenta el Grupo Socialista.
Igualmente planteamos una segunda enmienda de sustitución del apartado 6,
en el sentido de que como no sabemos cuándo puede terminar el déficit y,
consecuentemente, el pago de las cuotas, pensamos que habría que quitar
la fecha. En todo caso, pensaremos, en el breve plazo que queda hasta la
votación, la posición definitiva del Grupo de Izquierda Unida, aunque
quizá no haya motivo para oponernos a aceptar la matización que ha
introducido el señor Morlán.
A nivel de enmienda in voce, con respecto al apartado número 7,
plantearíamos una enmienda de adición en el sentido de que el precio de
las llamadas telefónicas se ajuste exactamente al tiempo en segundos; por
tanto añadiendo «en segundos de duración real de las mismas», porque
pensamos que es mucho más específico y marca mejor el tiempo de las
llamadas de cara incluso a los intereses de los usuarios.
En definitiva, en función de estas enmiendas que se pueden aprobar en
gran parte, estaríamos de acuerdo con la proposición no de ley del Grupo
Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria está extraordinariamente
sensibilizado en todo este proceso liberalizador y en la necesidad de
tener medidas de control, sobre todo cuando hablamos de temas como los
transportes, las telecomunicaciones o la energía, referidas a zonas
frágiles que hay que proteger en todo el proceso de libre competencia.
Dicho esto, no podemos apoyar la proposición no de ley presentada por el
Grupo Socialista, dado que, a nuestro juicio, tiene algunas
contradicciones entre los puntos a los que hace referencia esta
proposición no de ley.
En el apartado 1, en el diseño que establece en principio dos niveles,
por una parte la libertad de los operadores para pactar las condiciones y
tarifas de interconexión y, por otra parte, las condiciones y tarifas de
interconexión fijadas con carácter subsidiario por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, si bien inicialmente serían las
establecidas en la orden ministerial, se aplicarían en caso de que los
operadores no llegasen a un acuerdo al respecto. Este esquema permitiría
que Telefónica discriminase a las operadoras competidoras, favoreciendo a
las más débiles o propiciando una selección natural mediante el sencillo
mecanismo de alcanzar acuerdos con unas sobre unas condiciones y tarifas
de interconexión más favorables, y aplicar a las restantes, en virtud del
carácter subsidiario, las aprobadas por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
El apartado 2 se refiere a una cuestión distinta a la anterior. Pretende
eliminar la subida de tarifas aprobadas por la orden ministerial para el
tiempo que resta de monopolio.
El apartado 3 vuelve a tratar sobre las condiciones y tarifas de
interconexión. Al respecto establece un tercer nivel superpuesto a los
dos anteriores, a saber: un sistema de control de precios residenciados
en una instancia ajena a las anteriores --el propio Gobierno--, sistema
de control que estaría referenciado al IPC.
El apartado 4 acaba de complicar la cuestión, estableciendo que en el
citado tercer nivel se contará con un informe de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, en el que está residenciado el segundo nivel,
informe que, a su vez, haría referencia a la contabilidad de costes de
las operadoras y se dirigiría a obtener una reducción de precios y a la
eliminación del déficit de accesos. Es decir de un lado la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones informa sobre un sistema que, a su vez,
definiría unos parámetros que la limitarán en el ejercicio de sus
competencias para fijar las condiciones y tarifas de interconexiones
subsidiarias. De otro, la referencia a la eliminación del déficit de
acceso es absolutamente improcedente, a nuestro juicio, por tratarse de
una cuestión dispar a la de las condiciones y tarifas de interconexión.
Así, el déficit de acceso nos remite al servicio universal y representa
una infraestructura fija y continua en el espacio y en el tiempo para
todos los ciudadanos, mientras que las condiciones y tarifas de
interconexión se relacionan con el uso del servicio que, por tanto, tiene
carácter selectivo, temporal y discontinuo. No es retribuible, pues, el
déficit de acceso con mecanismos que actúen sobre los precios de las
tarifas. Por último, de mantenerse la referencia al déficit de acceso,
nos encontraríamos con que el mismo es retribuido de dos maneras
distintas y, hasta cierto punto, incompatibles: la encomendada y la que
se regula, a continuación, en el apartado 5.
En el apartado 5 el diseño que se propone peca de una excesiva
indefinición, pues no sólo no establece la dimensión del mercado al que
debe referenciar el porcentaje establecido, local, provincial, regional,
nacional, sino que tampoco justifica este porcentaje, lo que habrá de
hacerse en función del mercado que se establezca. De otra parte, tampoco
regula las condiciones y mecanismos a utilizar para computar el repetido
porcentaje, condiciones y mecanismos que deberán contemplar un arsenal de
garantías para evitar que se pueda escamotear la aportación de los costes
de acceso mediante la proliferación de sociedades que sólo atenderán a
pequeños segmentos del mercado.
En el apartado 6 no se alcanza a comprender que se establezca un límite
temporal a las cuotas por déficit de acceso, ya que, como decíamos, es un
servicio intemporal para los ciudadanos, y asegura la universalidad del
servicio, que deberá estar siempre. La supresión que se propone vendría a
significar que a partir del año 2002 no se invertiría en la mejora ni en
la creación de infraestructuras de telecomunicaciones que atiendan a los
núcleos y sectores de la población no rentables, conduciendo a una
división de la sociedad entre pudientes y bien comunicados y menos
pudientes y peor comunicados, con un deterioro progresivo de la situación
con el paso del tiempo.
En el apartado 7 la propuesta choca con las limitaciones tecnológicas que
permitan lograr la deseable coincidencia entre el precio de la llamada y
el tiempo de duración real de la misma. Por ello, debería marcar una
tendencia a conseguir ese resultado en función de la tecnología, en vez
de obligar a que se produzca un exacto ajuste a partir de una fecha
determinada, como es la que se fija en la propuesta.
En el apartado 8 la propuesta no es coherente con todo lo propugnado
anteriormente, que ha sido presidido por la idea de ajustar tarifas a
costes. Si las tarifas se ajustan a costes este ajuste debe plasmarse,
como es obvio, en la tarifa normal, constituyendo la tarifa punta, como
también es obvio, una elevación respecto de aquélla.
La conclusión es que el esquema a diseñar debe ser el contrario al
propuesto, ya que si atendemos a éste, la tarifa normal se ajustaría a
los costes y la tarifa punta debería elevarse de manera significativa
para diferenciarse de lo anterior, cuando parece lógico, por contra, que
la tarifa punta se reduzca acercándose en lo posible a la tarifa normal,
que estaría ajustada a los costes, dado que el uso masivo de la red en
las franjas horarias de tarifa punta genera unos costes marginales
inferiores a los que se dan en las franjas horarias de tarifa normal.
Por esta serie de consideraciones, y muy a pesar nuestro, no podemos
apoyar la proposición no de ley presentada hoy por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Voy a explicar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Señorías, las telecomunicaciones, en su más amplio concepto, nos llevan
desde hace mucho tiempo, desde anteriores legislaturas incluso, a
continuos e intensos debates, debates algunos de ellos totalmente
infructuosos, porque nadie convence a nadie, ni siquiera se pretende
convencer o ser convencido. Hoy nos encontramos claramente en una de
estas situaciones: nadie va a convencer a nadie. Las razones, como si no
existiesen, y en cambio predominan las premisas de Gobierno-oposición,
del mismo modo que antes, años atrás, con las tornas cambiadas, nos
encontrábamos con el debate Gobierno anterior, oposición ahora, contra
oposición entonces, Gobierno ahora. Siempre, de todas formas, el
protagonista fundamental es la liberalización de las telecomunicaciones.
En defensa de esta liberalización son precisas actuaciones, iniciativas
gubernamentales que, con matices de apreciación que correspondan a
ideologías, tienen un fin que siempre es la necesidad de cumplir las
normativas o exigencias aceptadas conceptualmente por todos. Lo
importante es conseguir la correcta premisa principal, o sea una correcta
liberalización de las telecomunicaciones.
El debate de hoy es un acto más de iniciativa parlamentaria de oposición,
con visión de oposición que es repetitiva en sus argumentaciones, puesto
que en pocas semanas hemos tenido comparecencias en Comisión, la última
ayer tarde con el señor Ministro de Fomento; una interpelación hace pocas
semanas; la moción consecuencia de la misma, y hoy la proposición no de
ley que debatimos. Hemos oído una y varias veces --no diré una y mil
veces-- los mismos argumentos estos días, últimamente originados por la
Orden ministerial de 18 de marzo. También mucho antes oíamos los mismos
argumentos con distintos protagonistas y con razones alternadas. Hay un
hecho, de todas formas, que consideramos positivo: lo que se pretendía y
pretendemos desde hace años sigue gradualmente
su camino. Esperamos que con los matices ideológicos que la alternancia
lógicamente ha producido se obtenga una eficaz liberalización total de
las telecomunicaciones con un equilibrio tarifario equiparable a la media
del servicio en otros países de nuestro entorno con los que estamos
relacionados.
Por tanto, el debate de hoy es un acto más de iniciativa parlamentaria de
oposición, con visión de oposición, como decía antes, repetitivo. Se
presenta una proposición no de ley con ocho apartados, que no entramos a
discutir porque en realidad es el esquema de oposición. Antes los textos
con apartados los presentaba la oposición de entonces, pero lo que parece
importante es que el objetivo principal irá quemando etapas hasta llegar
a su buen fin, a pesar de que hoy no se obtenga un apoyo mayoritario a la
proposición no de ley presentada. Nosotros no la vamos a apoyar, no
daremos nuestro voto favorable, pero estamos completamente seguros de que
dentro de un tiempo, cuando corresponda, cuando se cumplan los plazos, la
liberalización será completa y aceptada por todos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Mato tiene la
palabra.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este debate de hoy podría ser la continuación de otros muchos
debates que hemos celebrado en las últimas semanas en esta Cámara, y digo
que podría serlo sin ninguna duda porque es lógico que así sea en un tema
tan importante como son las tarifas telefónicas, que son importantes por
dos motivos: las tarifas de interconexión porque van a permitir que haya
competencia real en telefonía básica, de la que carecemos hasta estos
momentos, y las tarifas telefónicas porque repercuten, sin ninguna duda,
en el bolsillo de los ciudadanos. Por ese lado la verdad es que podría
ser lógico que debatiéramos sobre estas cuestiones muchas veces en esta
Cámara. Lo que no parece ya tan normal y lógico es que sin que se haya
producido ningún acontecimiento nuevo desde la orden ministerial a la que
hemos hecho tantas veces referencia, hoy volvamos a esta Cámara
simplemente a reproducir argumentos y digo esto porque creo que son siete
las veces que en esta Cámara hemos hablado de esta misma cuestión, sin
contar el año entero que hemos estado debatiendo la Ley de Liberalización
de las Telecomunicaciones, que afectaba a estas cuestiones, en el
Congreso y en el Senado. Al final siempre ha sido con el mismo resultado:
por un lado hemos estado los que creemos en la competencia en
telecomunicaciones, los que creemos que la competencia se traduce en una
mejora de precios y en una mejora de calidad de los servicios y, por otro
lado, los que creen menos en esa cuestión.
Por tanto, señorías, mis primeras palabras de hoy tienen que ser para
reproducir las palabras del señor Ministro de Fomento en su comparecencia
de hace escasamente 24 horas en esta Cámara sobre esta misma cuestión, y
para decir que esta orden ministerial se encuentra inmersa dentro del
proceso de liberalización de las telecomunicaciones que está impulsando
el Gobierno. Hay que recordar que no estamos tratando con operadores
menores de edad, estamos tratando con un operador que ha estado
funcionando en régimen de monopolio durante muchos años y que tiene que
enfrentarse a una competencia fuerte. Por tanto, es lógico que se fijen
unas tarifas de interconexión que permitan --y me estoy refiriendo
concretamente ya a los apartados 1 y 2 de su proposición no de ley-- que
haya competencia real en materia de telefonía. Como usted sabe --y según
las palabras de ayer del señor Ministro que nos lo explicó con todo
detalle, aunque tampoco me voy a extender en ello porque me remito al
«Diario de Sesiones»-- las tarifas que se han fijado son equivalentes a
la media comunitaria y, por tanto, son unas tarifas razonables para que
podamos de verdad tener competencia en materia de telefonía.
En segundo lugar --por no alargarme tampoco mucho en esta cuestión--,
quiero decir que en materia de tarifas telefónicas hace muchos años se ha
empezado el reequilibrio tarifario, no es un invento que haya hecho el
Gobierno popular ahora, sino que se lleva haciendo desde hace mucho
tiempo --y me remito a las palabras pronunciadas ayer por el Ministro--.
Se han adoptado tres medidas hasta este momento con relación al
reequilibrio tarifario. Las tres han sido mejoras para los ciudadanos que
van a ver que su factura telefónica de este año va a ser inferior a la
del año pasado, porque se han bajado ya tres tramos: las tarifas
internacionales se bajaron una primera vez, se volvieron a bajar una
segunda vez y luego se bajaron las tarifas interprovinciales. Por tanto,
hasta estos momentos no ha habido ninguna subida de tarifas telefónicas,
sino todo lo contrario, ha habido una bajada de tarifas telefónicas.
No es cierto, como ustedes dicen, que la ley suba las tarifas
telefónicas, ni que autorice la subida de las tarifas telefónicas,
simplemente hace una previsión de que se pueda autorizar una subida, una
subida mínima de tarifas telefónicas para cuando ya haya liberalización,
es decir, para cuando ya haya competencia en materia de telefonía, y una
doble competencia: por un lado, las de las redes de cable que, como usted
sabe, ya están los concursos en marcha y, por otro lado, la de Retevisión
que para esos momentos ya estará, probablemente dando servicios de
telefonía. Por tanto, ya tendrá mucho cuidado la compañía Telefónica de
ver si le compensa o no solicitar esa subida de tarifas telefónicas. Por
ello, para hablar con rigor hay que decir que
se prevé que se pueden subir las tarifas o que se puede autorizar una
subida de tarifas telefónicas para seguir con el reequilibrio tarifario
de la compañía Telefónica.
Quiero recordarle solamente --y me remito también a los datos que
facilitó el señor Ministro-- dos cuestiones: por un lado, que según la
previsión, aunque se subieran las tarifas telefónicas, como está previsto
que se pueda solicitar al Ministerio por parte de Telefónica, la factura
telefónica de los ciudadanos, de la familia media, se reducirá para el
año 1998, suponiendo que se pudiera subir en un 4,86 por ciento. Por
tanto, en ningún caso la tarifa media de Telefónica va a subir, sino que
los ciudadanos van a ver que hay una bajada en Telefónica; eso, sin tener
en cuenta las ventajas que sin ninguna duda va a tener la competencia,
porque todos vamos a recordar que cuando empezó la competencia en materia
de telefonía móvil inmediatamente bajaron los precios, tanto de los
aparatos como de las cuotas de conexión, que prácticamente las regalan,
así como de las propias tarifas. Por tanto, sin ninguna duda, en cuanto
haya competencia en materia de telefonía
--máxime con las medidas que anunció el Ministro de que se va a
poder llevar cada uno su número de teléfono de una compañía a otra y que
va a tener facilidad para utilizar una u otra compañía telefónica-- van a
mejorar los precios y se va a notar en los bolsillos de los ciudadanos.
En segundo lugar, para ir por el reequilibrio tarifario, más que nada
para instalar el rigor en esta Cámara, sólo quiero recordar que el
reequilibrio tarifario, como he dicho, no es un invento nuevo del
Gobierno popular, sino que se lleva haciendo muchos años; es un proceso
muy largo el que hay que hacer para reequilibrar las tarifas, y el
Gobierno socialista, entre los años 1986 y 1994 --me remito al «Diario de
Sesiones» de ayer por la tarde--, subió las tarifas en un 43 por ciento.
Los porcentajes anuales --porque año tras años han ido subiendo-- no se
los voy a repetir porque usted los conoce de ayer, pero usted sabe que el
reequilibrio tarifario se ha hecho durante muchos años con unas subidas
espectaculares durante la época del Gobierno socialista. Como le decía,
esto correspondería a los apartados 1 y 2 de la proposición que, por
supuesto, no podemos aceptar.
En cuanto a los apartados 3 y 4, ustedes hablan de sistema de control de
precios. Desde luego, estoy absolutamente de acuerdo con el fondo de la
cuestión que ustedes plantean, hay que controlar los precios de las
tarifas telefónicas de manera que al final el uso del teléfono no pueda
suponer un coste excesivo para los ciudadanos; estoy de acuerdo con eso.
Lo que pasa, es que no estoy tan de acuerdo con los procedimientos que
ustedes establecen. En cualquier caso, en la Ley que ya hemos aprobado en
esta Cámara, de Liberalización de las Telecomunicaciones, los artículos
2.7 y 1 h) ya recogen que el Gobierno, para garantizar la accesibilidad a
los teléfonos de todos los ciudadanos, fijará las tarifas. Y también
recoge --que es el apartado 4 de su proposición-- que la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones tendrá que emitir un informe preceptivo
y que se hará cargo de estas cuestiones. Por tanto, creo que está
regulado. Pero aún así, también le digo --y ya enlazo con los apartados 5
y 6-- que en la futura ley general de telecomunicaciones --creo que
ustedes ya conocen el borrador-- está previsto por primera vez que se
recoja legalmente lo que debe ser el cumplimiento del servicio universal
de telecomunicaciones que incluye, como punto fundamental, el servicio
básico de telefonía. Por tanto, en esa ley también se recogerán los
principios que deben regir en materia de servicio universal de
telecomunicaciones y de los precios de las tarifas.
Por otro lado --es una contradicción que también resaltaba el portavoz de
Coalición Canaria--, ustedes hablaban del déficit de acceso, de que los
operadores de cuotas de mercado inferiores al 5 por ciento tuvieran que
estar exentos de ese déficit de acceso. Solamente quiero decirle que si
queremos que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tenga
competencias será la comisión la que tenga que decidir cuáles son los
operadores que no tendrán que formar parte de esa bolsa, y también será
la comisión la que decidirá la fecha en la que se suprimen los déficit de
acceso. No deberíamos ser nosotros, sino la propia comisión.
En cuanto apartado 7, estoy de acuerdo con usted en que hay que pagar
exactamente el servicio telefónico que se utilice. Por eso, a la
interpelación que presentó con en la moción subsiguiente el Grupo de
Izquierda Unida, nosotros presentamos una enmienda solicitando que se
ajustara eso; lo que también es cierto es que no se puede fijar una fecha
porque, como usted sabe, técnicamente no sería posible en este momento
ajustar los tiempos.
Por tanto, habrá que esperar el tiempo necesario para que se pueda llevar
adelante.
Por último, el punto octavo no lo entiendo muy bien, porque habla de
aplicar a la tarifa normal precios inferiores a los aplicados en la
tarifa punta. Realmente los precios de la tarifa normal hoy ya son
inferiores a los de la tarifa punta. En cualquier caso, nosotros somos
partidarios de que, como pasa en todos los países en los que hay
competencia, se vaya a dos tarifas: una diurna y una nocturna y que las
tarifas punta sean las mínimas e imprescindibles y, sin embargo, que las
tarifas normales y reducidas utilicen el máximo tiempo posible.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
Señor Morlán, de su intervención deduzco que S. S. va a aceptar la
enmienda presentada por Izquierda Unida al punto número 5. Yo le rogaría
que expresase
si va a aceptar alguna enmienda más o no para someterla a votación en
esas condiciones.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a aceptar la enmienda in voce presentada al punto número 7, que
habla de tomar las medidas necesarias para que a partir del 1 de
diciembre de 1998 el precio de las llamadas telefónicas se ajuste
exactamente al tiempo en segundos de duración real de las mismas.
Con la finalidad de fijar la aceptación, si lo desea Izquierda Unida, de
la enmienda in voce que hemos presentado nosotros, el punto número 6
quedaría redactado así: Suprimir las cuotas por déficit de acceso en el
momento en que este deje de existir y en todo caso el 1 de enero del año
2002.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley sobre tarifas
telefónicas, del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 155; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
CONSTITUCION DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE ESTUDIE UN PLAN DE VIABILIDAD
PARA LA EXPORTACION DE CIERTOS EQUIPOS, DE TECNOLOGIA ESPAÑOLA, A PAISES
EN VIAS DE DESARROLLO Y CON CONDICIONES DE FINANCIACION ADECUADAS (Número
de expediente 162/000125)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular relativa a la constitución de un grupo de trabajo que estudie un
plan de viabilidad para la exportación de ciertos equipos de tecnología
española a países en vías de desarrollo y con condiciones de financiación
adecuadas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Medina. (Rumores.) Silencio,
señorías.
Puede comenzar, señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si repasamos la historia y contemplamos la geografía de las
islas Canarias, llegaremos a la conclusión de que el binomio agua-energía
ha sido siempre un poderoso condicionante del desarrollo económico y
social de nuestro Archipiélago. La historia reciente acredita cómo,
haciendo de la necesidad virtud, la Comunidad Autónoma de Canarias ha
desarrollado, primero importándolos y después mejorándolos, sistemas y
tecnologías relacionadas con las energías renovables y la desalación de
agua de mar, que figuran entre los procesos más avanzados de nuestro
país. La satisfacción de las necesidades relacionadas con el mencionado
binomio agua-energía constituye un motivo de preocupación permanente en
Canarias, y el tratamiento conjunto de los problemas que de él se derivan
ha dado lugar a soluciones técnicas imaginativas, unas ya experimentadas
y probadas a 6 escala industrial y otras en fase de investigación y
desarrollo. Estimamos que es útil y solidario trasladar esta experiencia
a algunos países, en especial de la costa africana, y a otros que,
situados en distintas latitudes geográficas, padecen idénticos problemas
a los aquí expuestos, pero muy en especial a aquellos países que
comparten la condición de estar en vías de desarrollo y que tienen
núcleos poblacionales de características geográficas y ambientales
similares a los de las islas Canarias y que, obviamente, tienen las
mismas necesidades básicas.
Puesto que en nuestra proposición no de ley se nombran ministerios,
instituciones, zonas económicas y programas concretos, podíamos
preguntarnos quién es quién. Parece, pues, adecuado hacer un pequeño
resumen explicativo sobre instituciones y programas que puedan ser menos
conocidos.
El Instituto Tecnológico de Canarias, S. A., es una sociedad de ámbito
regional dependiente del Gobierno de Canarias y adscrita a la Consejería
de Industria y Comercio. Tiene asignada la responsabilidad de servir de
puente entre los sectores productivos y la Administración pública
regional en todo lo relativo al desarrollo industrial e implantación de
nuevas tecnologías en las islas Canarias, así como el fomento de las
energías renovables, tanto para la producción de energía eléctrica como
para su empleo en la producción de agua potable mediante procesos
industriales de desalación. El ITC lleva a cabo las actividades
energéticas mencionadas a través del Centro de Energía y Agua, situado en
Gran Canaria, y el desarrollo industrial e implantación de nuevas
tecnologías mediante la Agencia Tecnológica, con sede en Santa Cruz de
Tenerife.
El proyecto Adapt-Renovable, que se nombra en la proposición no de ley,
es un plan profesional de adaptación al desarrollo de las energías
renovables en las islas Canarias encuadrado en la iniciativa Adapt del
Fondo Social Europeo. En la actualidad, este proyecto está en fase de
ejecución, contándose entre sus promotores los
dos centros del ITC antes mencionados en colaboración transnacional con
otros organismos y entidades de Italia, Reino Unido y Alemania. El
presupuesto del proyecto asciende a unos 308 millones de pesetas, de los
cuales la Unión Europea aporta el 75 por ciento.
Es importante hacer notar cuáles son los objetivos específicos de este
programa. Entre otros, se encuentran los siguientes: formar especialistas
en instalación, operación y mantenimiento de instalaciones de energías
renovables y desalación, especialmente entre el colectivo de jóvenes
desempleados; fomentar la creación de empresas en los campos mencionados;
realizar campañas de sensibilización en las que se potencie el uso de
energías renovables; adaptar la formación profesional de trabajadores de
sectores como el naval, eléctrico, energético y otros cuyos puestos de
trabajo puedan correr riesgos en cuanto a su continuidad, para su
reconversión en empresas que actúen en el ámbito de la instalación y el
mantenimiento de energías renovables y desalación.
Cierro este capítulo ilustrativo para aquellas señorías a las que les
interese con una información sobre la ZEC o zona especial canaria, que es
un proyecto de futuro cuyos reglamentos están hoy en fase de negociación
avanzada en la Unión Europea y que posibilitará la fabricación y
exportación de bienes de equipo a países terceros en condiciones
económicas y fiscales favorables para las empresas que se instalen en la
misma.
Cabe preguntarse, pues, qué se solicita, cuál es la estructuración de
esta proposición no de ley que hoy presentamos y defendemos en esta
Cámara. En su encabezamiento, el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que, a la mayor brevedad posible, se constituya un grupo de
trabajo formado por técnicos de los ministerios de Industria y Energía y
de Economía y Hacienda, así como del Instituto Tecnológico de Canarias,
S. A., dependiente de la Consejería de Industria del Gobierno de
Canarias, con el fin de: 1) Estudiar la viabilidad de un plan industrial
y tecnológico que facilite la construcción y exportación por empresas
españolas a países en vías de desarrollo de equipos productores de
energía eléctrica y/o agua potable, basados total o parcialmente en
energías renovables, aprovechando la experiencia canaria y la ventaja que
para dichas empresas representa la ZEC. 2) Estudiar la posibilidad de
gestionar y obtener ayudas internacionales, así como de ofrecer créditos
con cargo al FAD a aquellos países que demanden tales equipos, para
permitir a sus habitantes unos niveles de calidad de vida adecuados,
facilitar su trabajo y, consecuentemente, la permanencia de los mismos en
sus lugares de origen. 3) Estudiar la posibilidad de establecer un plan
de formación del personal que deberá operar con estos equipos,
aprovechando la experiencia del plan Adapt-Renovable, desarrollado en
este momento por el ITC, S. A., con ayuda de la Unión Europea. 4)
Realizar una campaña informativa, de contactos institucionales y toma de
datos, para analizar las posibilidades de la iniciativa en aquellos
países que sean objetivos potenciales de la misma, y posteriormente, si
se probase su viabilidad, de información y propuesta concreta a los
interesados.
Después de la parte expositiva cabría preguntarse, y para esto estamos en
esta Cámara, ¿cuáles son las motivaciones políticas, cuál es el
sentimiento profundo por el cual se presenta esta proposición no de ley?
Los objetivos de la proposición no de ley son realmente aplicables en
cualquier país o en cualquier región, sea cual sea su grado de
desarrollo, pero desde el punto de vista político es muy importante que
el objetivo de esta proposición no de ley sean los países en vías de
desarrollo. En efecto, el suministro energético básico, es decir, el
alumbrado doméstico, la fuerza motriz, las necesidades frigoríficas de
pequeñas comunidades basadas en la pesca, la conservación de alimentos y,
sobre todo, en la producción de agua potable, constituyen problemas
esenciales de las pequeñas comunidades cercanas al mar en países en vías
de desarrollo. Esto es especialmente cierto para aquellas comunidades que
están aisladas, aquellas que se encuentran muy lejos de núcleos
densamente poblados, sin posibilidad de conexión a grandes redes
generales, salvo que se realicen inversiones imposibles de soportar por
la economía de estos países.
Parece, pues, conveniente que la nación española en su conjunto, y en
especial su sector industrial, se beneficie de la experiencia canaria,
exportando la misma a otros países que la necesitan, con lo cual estos
países también resultarán obviamente beneficiados. Esta acción solidaria
en los términos contemplados en la proposición no de ley tiene un
importante valor simbólico desde el punto de vista político, toda vez que
la colaboración tecnológica se propone en términos económicos que son muy
favorables para los países beneficiarios y que las tecnologías cuya
transferencia se considera son, señorías, tecnologías limpias,
respetuosas con el medio ambiente y favorecedoras de un desarrollo
sostenible que permitirá a las poblaciones implicadas una calidad de vida
que les invite a permanecer dignamente en sus lugares de origen
realizando sus labores tradicionales. De esta manera, señorías, se
deshace un mito, a veces interesado, en el sentido de decir que España,
que tecnológica e industrialmente pertenecen al primer mundo, participa
de esa práctica deleznable de exportar a los países en vías de desarrollo
aquella contaminación industrial que no queremos. Queda perfectamente
claro que esta proposición no de ley rebate por completo esa
argumentación.
Para terminar, señor Presidente, quiero hacer una precisión que creo muy
importante. La exposición de motivos de la proposición no de ley contiene
un ejemplo concreto. Hace referencia a un sistema eólico-diesel con una
planta desaladora asociada. Este sistema existe y está funcionando en la
isla de Fuerteventura. El
caso enunciado se hace, única y exclusivamente, a título de ejemplo, es
decir, solamente vale como ejemplo, no prejuzga en absoluto cuáles sean
las conclusiones ni los resultados finales del grupo de trabajo cuya
constitución se propone, ni las tecnologías que deban transferirse en
cada caso particular. La intención de nuestro grupo parlamentario era
mostrar que no estábamos hablando de algo en fase de proyecto, de algo
que fuese una entelequia o algo que estuviese en investigación. Es algo
experimentado, es algo tangible, es algo aplicable a corto plazo y que ya
está implantado a escala industrial en las islas Canarias.
Por ello, y con esto concluyo, señor Presidente, señorías, estimo que
esta iniciativa merece dejar de ser la iniciativa de un solo grupo
parlamentario. Creo que debe convertirse en una iniciativa asumida por
todos los grupos del Congreso de los Diputados, que es el exponente
máximo de la soberanía de un pueblo como el español, que creo que día a
día da incontables ejemplos de generosidad y de solidaridad con aquellos
que lo necesitan.
En concordancia con lo expuesto, señor Presidente, señorías, solicitamos
el voto favorable de la Cámara para esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Medina.
A la proposición no de ley se han presentado enmiendas por el Grupo
Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, en efecto, acabamos de oír la defensa que ha
llevado a cabo el Diputado señor Medina de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, en cuya exposición de motivos existe un
conjunto de argumentaciones que el Grupo Parlamentario Socialista en su
globalidad considera positivas. Las considera positivas por cuanto se
trata de la iniciativa de un grupo parlamentario que, en desarrollo de
los contenidos y de las actividades realizadas por un equipo tecnológico
vinculado a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, no
solamente en el marco tecnológico, energético, científico, económico y
fiscal que recogió la Ley 19/1994, la Ley de modificaciones del régimen
económico fiscal canario, ha posibilitado una serie de actuaciones,
también cofinanciadas con fondos comunitarios a través de fondos
estructurales y de iniciativas comunitarias esencialmente convocadas en
el año 1994, y ha posibilitado igualmente la creación de grupos
interdisciplinares, de grupos de investigadores vinculados a la
Universidad de Las Palmas a través de los diferentes departamentos de las
distintas escuelas técnicas superiores, que, junto con el entramado
social de la propia sociedad canaria y basados esencialmente en la
tradición de la necesidad de la producción de agua potable, se han
vertebrado en una línea de investigación que está dando origen a
realidades científico-tecnológicas al servicio del Estado español;
realidades científico-tecnológicas en las que se pone de manifiesto la
necesidad y la bondad del trabajo en común entre la universidad y la
sociedad a la que sirve, entre los departamentos universitarios, las
empresas y el tejido social en el que estas se encuentran inmersas, y,
naturalmente, señorías, desde esa óptica, el Grupo Parlamentario Popular
--y me parece intuir que a iniciativa de diputados de circunscripciones
canarias-- presenta proposición no de ley con una exposición de motivos
con la que nos identificamos, pero, señorías, con un proyecto de
resolución que estimamos mejorable, con un proyecto de resolución que
estimamos debe ser mejorado, para lo cual el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado dos enmiendas que defenderemos dentro de unos
instantes. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Antes de ello, permítannos, señoras y señores diputados, que hagamos
referencia a que en la Comunidad Autónoma canaria se ha logrado ir
vertebrando una potenciabilidad como consecuencia de la tradición
investigadora a causa de la necesidad de producción de agua y la
necesidad de producción de energía eléctrica, habida cuenta que es una
comunidad que carece de recursos energéticos globalizadores como tienen
otras comunidades de la geografía nacional y habida cuenta que el propio
hecho vinculado a la insularidad significa que cada una de las islas,
desde el punto de vista termoenergético, tiene un sistema claramente
aislado que no puede recibir energía de otra comunidad, ni siquiera
incluso de otra isla, y no es posible la transferencia energética. Esta
solamente se ha logrado entre dos de las islas, Lanzarote y
Fuerteventura, porque sus fondos marítimos posibilitan la conexión
mediante cable, pero hasta estos instantes, con la tecnología en vigor,
cada una de las islas tiene que ser autosuficiente en la producción de la
energía que requiere para el desarrollo de su actividad económica e
industrial. Precisamente nuestras universidades y los órganos de Gobierno
de la Comunidad Canaria, haciéndose eco de esa necesidad, han ido
vertebrando la potencialidad investigadora y creativa de nuestros
investigadores y lo han logrado a través del Instituto Tecnológico de
Canarias, una empresa pública creada por el Gobierno, adscrita
funcionalmente a la Consejería de Industria, cuya misión primordial es la
del desarrollo productivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha
creado, impulsado y posibilitado la coordinación de la investigación
aplicada en el área a la que ha hecho referencia el Diputado señor
Medina. En efecto, el Instituto Tecnológico de Canarias ha desarrollado
proyectos de investigación englobados en diferentes líneas para favorecer
nuevas iniciativas empresariales, para posibilitar la información y
servicios telemáticos integrados
de apoyo al desarrollo tecnológico, orientado a la potenciación de la
pequeña y mediana empresa. Ha posibilitado también el germen de lo que, a
buen seguro, será en un futuro el plan estratégico de innovación
tecnológica de Canarias. También ha posibilitado --y reitero el
término--, precisamente al amparo de la financiación comunitaria y de
iniciativas comunitarias convocadas en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas por la Comisión Europea, que decenas y decenas de
estudiantes del tercer ciclo o de fin de carrera de las escuelas técnicas
superiores o de las facultades de ciencias se vertebren a través de ese
Instituto Tecnológico, aportando esa creatividad investigadora, creando
consiguientemente una tecnología específica que está vinculada a la
propia insularidad, a las condiciones climatológicas, a la propia
necesidad de optimización de todos los recursos energéticos al alcance de
la Comunidad Autónoma de Canarias.
Naturalmente, en los últimos años, aparecen esas líneas de producción
energética medioambiental, de producción de una energía limpia a través
de la energía eólica, de producción de energía eléctrica, no solamente
para impulsar elementos mecánicos sino también para la producción de frío
y para la desalación de agua de mar. Consiguientemente, se ha
posibilitado un ciclo energético integral en Canarias con tecnología
propia, y parece razonable que esa tecnología se ponga al servicio de los
intereses globales del Estado español para la comercialización de
tecnología propia en aquellas áreas geográficas próximas y similares
desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista ribereño y
desde el punto de vista de la proximidad al mar, en países próximos a
España, próximos a la propia Comunidad Autónoma de Canarias, como pueden
ser Mauritania, Marruecos o cualquier otro país. En punta Jandía, en un
núcleo poblacional de pescadores, se ha llevado a cabo la experiencia de
lograr vertebrar, con elementos modulables y ampliables, un sistema de
producción de un ciclo integral energético al servicio de esos colectivos
ciudadanos. De ahí que nosotros reiteremos nuestro apoyo a la iniciativa.
Pero creemos sinceramente que el proyecto de resolución es mejorable, que
es relativamente pobre, porque, tal como se ha planteado, dice: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a la mayor brevedad
posible, se constituya un grupo de trabajo formado por técnicos de los
ministerios de Industria y Energía y de Economía y Hacienda, así como por
técnicos del Instituto Tecnológico de Canarias. Esto se puede hacer sin
necesidad de que el Pleno del Congreso de los Diputados adopte una
resolución o produzca un debate y una resolución posterior. Se puede
hacer sencillamente mediante una orden ministerial del Ministro de
Industria.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que es
necesario desarrollar reglamentariamente una serie de preceptos y
artículos contenidos en la Ley de Modificaciones del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, como, por ejemplo, el artículo 16, vinculado al
desarrollo energético medioambiental, que dice: Debido a su mayor
flexibilidad para atender a la demanda y su menor impacto ambiental, se
fomentará el establecimiento de centrales energéticas de ciclo combinado,
preferentemente de gas natural, así como la implantación de centrales
duales de producción de energía eléctrica. O el artículo 17, sobre un
plan de ahorro energético; o el 18, sobre promoción industrial, que no
están desarrollados.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado dos enmiendas de adición que, en la misma línea argumental
defendida por el Grupo Parlamentario Popular en ese proyecto de
resolución, profundizan y mandatan más claramente al Gobierno. La primera
dice: Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la toma
de decisiones para posibilitar e impulsar las medidas recogidas en los
artículos 16, 17 y 18 de la Ley 19/1994, de Modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, relativos al desarrollo energético
medioambiental, al plan de ahorro energético y a la promoción comercial
respectivamente. Asimismo, en desarrollo de los mandatos que se indican
en el artículo 17, el Gobierno, en coordinación con el de la Comunidad
Autónoma de Canarias, impulsará y ejecutará un plan industrial y
tecnológico de equipos productores de energía eléctrica y agua potable
que, en base a la tecnología específica actualmente desarrollada en la
comunidad canaria, sirva para su exportación en áreas geográficas de
características equivalentes.
Y, por último, la segunda: El Congreso de los Diputados insta también al
Gobierno para que adopte las medidas oportunas ante la Comisión Europea,
en el sentido de solicitar una mejora financiera y reconocimiento de la
condición de región ultraperiférica en la valoración de las propuestas
que remita a la administración autonómica canaria al amparo de la
convocatoria de las iniciativas comunitarias publicadas el 10 de julio de
1996 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Solicita también
la extensión de la iniciativa comunitaria Regis, de aplicación exclusiva
en el Estado español en la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuyo marco,
tal y como establece la convocatoria, se financian las restantes
iniciativas. Esta segunda enmienda fue aprobada en su contenido literal
por el Pleno del Parlamento Europeo hace muy pocas fechas a propuesta del
Grupo Parlamentario Popular.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente esta iniciativa que como
proposición no de ley nos ha traído el Grupo Parlamentario Popular y que
ha defendido el señor Medina. La consideramos oportuna y muy ajustada a
un reconocimiento explícito de la Cámara y, por tanto, nos congratulamos
de la iniciativa de dicho grupo.
Efectivamente, en Canarias hay una tradición con un soporte científico
técnico muy avanzado de aprovechamiento de energías eólicas y solares
sobre todo aquello que conduce a la obtención de un recurso energético de
aplicación inmediata como es la energía eléctrica, y para conseguir el
segundo recurso, el hídrico, sobre el que los organismos internacionales,
como por ejemplo la FAO, se han pronunciado reiteradamente en el seno de
las Naciones Unidas. El aprovechamiento del agua de mar mediante las
técnicas de potabilizadoras, empleando recursos energéticos renovables,
energía eólica o energía solar, ha propiciado que Canarias, junto con
otras partes significativas, sobre todo del sur, de la zona meridional
peninsular --el aprovechamiento de energía solar en Almería, el
aprovechamiento de energía eólica en Cádiz, en la localidad de Tarifa--,
haya avanzado en tecnología aplicada.
Creemos que ha llegado el momento de que tanto la Administración central
como los organismos internacionales, sobre todo en el seno de la Unión
Europea, apoyen de una manera clara y contundente, como se propone en la
iniciativa, que este avance y este conocimiento que se ha logrado en el
archipiélago canario pueda ser exportado, mediante los instrumentos
técnicos y científicos y, por supuesto, observando todas las regulaciones
nacionales e internacionales en las que España es miembro que ha suscrito
los convenios de derechos de autor y de patentes industriales, para que
puedan ser puestos a disposición de aquellos países que, teniendo a su
disposición bien energías renovables solares o eólicas, bien recursos
marinos para transformarlos en agua potable mediante la técnica de
aprovechamiento correspondiente, puedan reutilizarlos. Por tanto,
nosotros consideramos que la participación de ciertos organismos, y por
qué eludir la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a
nivel del Estado, podía ser conveniente.
Se han presentado, y ya fijo nuestra posición, señor Presidente, dos
enmiendas, que por parte del Grupo Parlamentario Socialista ha defendido
el señor Segura. La primera es una cuestión que nosotros entendemos de
aplicación, instar al Gobierno a cumplir con la ley del REF; qué menos
que el Gobierno cumpla con las leyes que tiene. Nosotros no hacemos causa
de ello, salvo lo que diga el grupo proponente.
Sí nos parece interesante en este aspecto de concreción singular la
segunda enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que, como bien ha
recordado el señor Segura, el Parlamento Europeo votó unánimemente y
aprobó. A nosotros también nos gustaría verla reflejada, si cabe una
enmienda o una transaccional por el grupo proponente, el Grupo
Parlamentario Popular, porque indudablemente existe esta vinculación a
los proyectos tecnológicos industriales de este tipo de energías
renovables que puedan ser hechos dentro del marco de la Unión Europea.
Aquí se ha hecho una afortunada apelación al programa Regis, de la misma
manera que el grupo proponente, en su exposición de motivos, invoca todo
lo que es el programa de las energías renovables, que están en el Adapt,
y estos programas se están desarrollando.
Quiero añadir, junto al ejemplo que pone en la exposición de motivos el
Grupo Popular, las experiencias y aplicaciones técnicas directas que se
vienen realizando por el grupo Cepsa en la refinería de Tenerife, junto a
sus necesidades de obtención de vapor para los fines industriales, dado
que reutilizan aguas depuradas y utilizan agua de mar por el sistema de
potabilizadoras, para aprovechar las energías de la combustión para los
sistemas de refinado de petróleo. Lo están haciendo para la obtención de
agua potable, que cubre las necesidades tanto industriales, de la
refinería del grupo Cepsa en Tenerife, como las que se puedan derivar de
usos municipales o urbanos.
Por estas razones, dando también acogida a esta segunda enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, si así lo estima el grupo proponente, por
entender que está ajustada a la materia de que se trata, mostramos
nuestro apoyo a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
De forma muy breve, quiero anunciar, en primer lugar, nuestro voto
favorable a esta proposición no de ley, a pesar de que estamos
absolutamente convencidos de que, para constituir un grupo de trabajo
entre técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de
Industria y el Instituto Tecnológico de Canarias, no hacía falta una
proposición no de ley. En todo caso, bienvenida sea. Anunciamos también
que, como nos parece que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
mejoran esta proposición no de ley, nosotros votaremos favorablemente
estas dos enmiendas.
Por lo que se refiere al punto 2 de la proposición no de ley, queremos
llamar la atención sobre dos aspectos
que pueden traer algunos problemas. En primer lugar, cuando se dice que
se podrán utilizar créditos FAD para estas exportaciones de equipos
tecnológicos españoles, eso significa que deben cumplir, evidentemente,
los requisitos exigidos por el comité de ayuda al desarrollo para este
tipo de proyectos. En segundo lugar, queremos recordar que los créditos
FAD se conceden fundamentalmente a proyectos que solicitan los países de
los gobiernos receptores de la ayuda. Por lo tanto, esperamos que no
ocurra lo que sucede actualmente en muchos proyectos, que las empresas
proponen proyectos, financiación, apoyo del Gobierno y de alguna manera
condicionan determinadas exportaciones con ayuda oficial al desarrollo,
que no son las prioridades de los países receptores. De la intervención
inicial del portavoz del Grupo Parlamentario Popular me ha parecido
entender que será sensible a este tema, pero quisiera insistir en que, en
el caso de que se contemplen ayudas de los créditos FAD, es necesario que
se reúnan los requisitos establecidos.
Sólo quiero añadir que votaremos favorablemente la proposición no de ley
y también las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Señor Medina, tiene la palabra para expresar la aceptación o no de las
enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Segura, yo creo que usted tiene constancia de que el Grupo
Parlamentario Popular, en general, y este Diputado que le habla, en
particular, siempre valoran enormemente sus iniciativas en lo que a estos
temas y a Canarias se refiere, porque revelan un conocimiento profundo de
los temas y a la vez plantean soluciones y propuestas razonables, y en
este caso no es menos. Sin embargo, me parece que S. S. no ha entendido o
ha confundido un tema que tiene la mayor trascendencia política, en
opinión del Diputado que le habla.
Canarias, nuestra región, siempre ha recibido la solidaridad europea y en
particular...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina, le
rogaría que se ciñese estrictamente al momento del trámite en el que
estamos. Su señoría debe expresar la aceptación o no de las enmiendas de
la forma más sucinta posible.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor Presidente, estaba intentando argumentar
los motivos por los cuales no podíamos aceptar las enmiendas en los
términos que están propuestas y presentamos una transaccional. Pido la
benevolencia del Presidente para, brevísimamente, exponer los motivos.
Decía, señor Segura, que esta proposición no de ley significa, en este
momento, un gesto de solidaridad de Canarias aportando su experiencia
para ser aprovechada por el conjunto de la industria nacional y por los
países receptores de esa tecnología. Su señoría, en una de las enmiendas
que propone --en general, en las dos--, habla de los artículos 16, 17 y
18, que están contenidos en el Título IV de la Ley de modificación del
REF, y el Título IV dice: Medidas complementarias para la promoción y el
desarrollo económico social de Canarias. No se trata de esto, señor
Segura. Se trata de que nosotros damos esa experiencia hacia fuera. Es
decir, sus enmiendas son procedentes, pero no como enmiendas, sino como
una nueva proposición no de ley, que es donde creo que esta Cámara debe
considerar --y entiendo que es procedente que lo considere-- la propuesta
de su señoría.
Por eso, recogiendo el espíritu de sus enmiendas, más que la letra y la
argumentación literal, ofrecemos a S. S. una enmienda transaccional, que,
si el Presidente me permite, leo, y luego le haré llegar. Es una única
enmienda transaccional, de adición, que dice: Asimismo, el Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que, para apoyar lo antes expuesto,
impulse las medidas económicas oportunas recogidas en la Ley 19/1994, de
modificación del REF de Canarias. Para ello, si las conclusiones del
grupo de trabajo cuya constitución se solicita lo permiten, el Gobierno,
en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias,
impulsará un plan industrial y tecnológico que permita alcanzar los
objetivos propuestos.
Con esto creo que se recoge el espíritu y el sentido de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista y se está acorde con la intención última
de la proposición no de ley de este grupo parlamentario.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Medina.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros lamentamos muy seriamente la no aceptación de las dos
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que fueron argumentadas en
mi intervención anterior y que por la escasez de tiempo no es necesario
repetir.
Querría confirmar que he tomado bien la propuesta de enmienda
transaccional que nos propuso el interviniente del Grupo Parlamentario
Popular y por ello la repito: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a impulsar las medidas recogidas en el artículo 17 de la Ley 19,
etcétera.
Señor Presidente, ¿podría tener la amabilidad de leerla de nuevo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, el
texto que proporciona a esta Presidencia el señor Medina comienza
diciendo: Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno..., y
entiendo que se plantea como una transaccional de adición.
¿Su señoría acepta la transaccional o mantiene sus enmiendas vivas?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, si es tan amable ¿puede leerla
entera?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Asimismo, el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que apoye lo antes expuesto
e impulse las medidas económicas oportunas, recogidas en la Ley 19/1994,
de modificación del REF de Canarias. Para ello, si las conclusiones del
grupo de trabajo cuya constitución se solicita lo permiten, el Gobierno,
en coordinación con el de la Comunidad Autónoma de Canarias, impulsará un
plan industrial y tecnológico que permita alcanzar los objetivos
propuestos.
¿Acepta S. S. la transaccional o mantiene las enmiendas presentadas por
su grupo?
El señor SEGURA CLAVELL: Aceptamos la transaccional y lamentamos que no
se incorporen nuestras dos enmiendas como enmiendas de adición al texto
que definitivamente apruebe esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
Por lo tanto, se entiende que la transaccional, si no hay oposición de
ningún grupo parlamentario, pasa a formar parte de la iniciativa como una
enmienda de adición.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular relativa a la constitución de un grupo de trabajo
para que estudie un plan de viabilidad para la exportación de ciertos
equipos, de tecnología española, a países en vías de desarrollo y con
condiciones de financiación adecuadas, en los términos resultantes de la
enmienda transaccional aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno. (Aplausos.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA
IMPARCIALIDAD DEL MINISTERIO FISCAL (Número de expediente 173/000043)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno para
garantizar la imparcialidad del ministerio fiscal, para cuya defensa
tiene la palabra el señor Castellano Cardalliaguet. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Como continuación de la interpelación que se produjo la semana pasada, es
obvio que la moción que a continuación vamos a presentar no cierra bajo
ningún concepto el debate que queremos seguir manteniendo con el resto de
grupos parlamentarios acerca de cuál debe ser, a nuestro juicio, y como
se diría en el lenguaje forense, y sin perjuicio de mejores opiniones, el
modelo de ministerio fiscal, organización constitucional que creemos
nosotros debe instaurarse en nuestro ordenamiento.
Nos anima a la presentación de esta moción, en primer lugar, las últimas
palabras, pronunciadas en esta misma tribuna y recogidas por el «Diario
de Sesiones», de la titular del departamento, que afirmó con toda
rotundidad que bajo ningún concepto estaba en su ánimo, ni en el del
Gobierno, concebir una figura de Fiscal General del Estado que tuviera el
menor grado de dependencia con respecto al Gobierno, de tal modo que no
hubiera la menor duda acerca de cuál era su autonomía, su capacidad de
criterio propio y que, por lo tanto, se abandonarían toda clase de
sospechas, a las cuales yo, en la interpelación, quizá de forma excesiva,
hice referencia. Nos anima también a la presentación de esta moción el
que no ha tanto tiempo se presentó ante este mismo Pleno una moción por
parte del Grupo Parlamentario Socialista que incluía en alguno de sus
apartados posiciones del propio Grupo de Izquierda Unida y que, queriendo
hacer un debate amplio y con la mayor participación posible, hemos
querido tener en cuenta, para ver si éramos capaces de recoger, desde una
perspectiva muy propia, lo que podían ser los anhelos de todos y cada uno
de nosotros.
Dejamos sentado en el inicio de dicha moción que este Congreso de los
Diputados insta al Gobierno, entre otras cosas porque el Gobierno se ha
comprometido,
formal y seriamente, a remitir a esta Cámara un proyecto de ley de
reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal. No hemos querido en
esta moción que a continuación voy a seguir comentando hacer alusión a
ninguna clase de plazos. Creemos que si hay un compromiso del Gobierno,
ese compromiso del Gobierno debe desarrollarlo, por respeto a sí mismo y
respeto a los demás, el día que tenga por conveniente. Porque lo que no
nos cabe ni se nos pasa por la imaginación es pensar que ese compromiso,
aquí ratificado por la señora Ministra de Justicia, no se va a hacer
eficaz y se va a convertir pura y sencillamente en un propósito
incumplido. Por lo tanto, adelantamos que esta moción se apoya en la
confianza de que un día vendrá ese proyecto de ley.
En coherencia con aquella interpelación y con los motivos que la
sustentaban, entenderán SS. SS., señor Presidente, que queramos que lo
que el Grupo Parlamentario Socialista planteaba en la ya referida moción,
como una posibilidad de la participación de las Cortes Generales, se
convierta ya en un compromiso serio y que, efectivamente, el nombramiento
por el Rey del candidato propuesto por el Gobierno para el cargo de
Fiscal General del Estado se efectúe una vez que dicho candidato haya
obtenido la confianza del Congreso de los Diputados; confianza a
manifestarse en la Comisión de Justicia e Interior tras su comparecencia
para que lógicamente se examine, con absoluto respeto a dicho candidato,
su profesionalidad, su idoneidad y méritos, no en modo alguno cuál sean
sus opiniones de carácter político o no, sino su profesionalidad como tal
fiscal, la idoneidad para el cumplimiento de la misión y los méritos que
le adornan para ello.
Entenderán también SS. SS. que queramos que el Fiscal General del Estado
no pueda ser objeto de remoción si no es por unas causas objetivas y
totalmente tasadas. ¿Para qué? Para que nadie pueda pensar siquiera que
tal remoción depende del capricho del Gobierno. Para ello es conveniente
establecer un mandato, que nosotros pensamos puede ser de cinco años,
pero tampoco estamos cerrados a que incluso alguien pueda sugerir que el
mandato pueda ser --por qué no-- coincidente con el período de una
legislatura, de cuatro años, e incluso si se quisiera haciendo referencia
a lo que durara la propia legislatura, que obviamente en un momento
cualquiera puede ser disuelta haciendo uso de las facultades legales que
tiene el Presidente del Gobierno.
Nos gustaría --repito, a la espera de esa reforma del estatuto orgánico
del ministerio fiscal, para el reforzamiento de su independencia e
imparcialidad-- que los destinos de la carrera fiscal, aquellos que no
son objeto de puro concurso por escalafón o de puro ascenso y que se
ocupan por libre designación, se provean de entre candidatos que de
alguna manera vengan avalados por lo que pensamos que es el órgano más
representativo de la carrera, sin el menoscabo de la figura del Fiscal
General del Estado, que es el Consejo Fiscal. Nos gustaría que el Consejo
Fiscal --aunque aquí se vertieran por nuestra parte opiniones críticas no
ante la institución, sino ante ciertos comportamientos de quienes en
determinado momento puedan ocuparla-- se responsabilizará en la promoción
de este conjunto de destinos, mediante una terna que pusiera esa
designación a disposición de quien vaya a llevarla a cabo.
Es evidente también --y lo entenderán SS. SS. porque pusimos mucho
énfasis en ello-- que la imparcialidad y la independencia del ministerio
público, del ministerio fiscal, se tiene que plasmar en medidas concretas
de garantía. Cuando puede haber en alguien la suspicacia de que el
mecanismo de traslado de un destino o de la sustitución en el
conocimiento no puede obedecer a algo tan elemental como puede ser la
estricta ordenación del servicio, sería bueno que entre esos muchos
criterios, que sin perjuicio de otros sugerimos en esta moción para que
se tengan en cuenta el día que se nos envié ese proyecto de reforma del
estatuto, sin llegar al supuesto de la inamovilidad, que en algún momento
podría chocar con el criterio jerárquico, queramos dotar al ministerio
fiscal, a cada uno de sus agentes, de la posibilidad de que puedan
objetar frente a tal destino o sustitución si piensan que está en alguna
medida afectando a su cláusula de conciencia; criterios que no son de
estricta ordenación del servicio, sino otra clase de impulsos que a lo
mejor pueden ser muy legítimos, que pueden no percibirse como tan
estrictamente imparciales, pero que pueden objetar tal cambio de destino
o tal sustitución, y que el Consejo Fiscal resuelva sobre dichas quejas.
Entenderán SS. SS. que es lógico que pidamos que el Fiscal General del
Estado remita la memoria anual de la Fiscalía a la Comisión de Justicia e
Interior, sin perjuicio de que, tal como se viene haciendo ahora, no sea
objeto de discusión sino de presentación --diría más bien, tal como se
hace, de exhibición-- en el acto de apertura de tribunales.
¿Para qué? Entre otras cosas, para que la participación y
responsabilidad, corresponsabilidad de esta Cámara con una institución
tan importante como la Fiscalía, pueda ni más ni menos que culminar en un
examen razonable, en un debate y, en su caso, por qué no, en la
formulación de propuestas de resolución, en la misma línea --no
introducimos ninguna novedad en el comportamiento parlamentario-- en que
el propio órgano constitucional, que es el Consejo General del Poder
Judicial, se comporta con esta Cámara remitiéndonos su memoria para que
sobre ella podamos opinar. Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre que
en esta moción no hablamos, bajo ningún concepto, de que sea objeto de
aprobación o rechazo, porque sería una profunda contradicción estar
tratando de preservar la independencia e imparcialidad y que sometiéramos
a somera crítica siquiera la actuación del ministerio público. Queremos,
pura y simplemente, que pueda
servir de base a las iniciativas que los grupos parlamentarios tengan a
bien poner en marcha.
Hay un supuesto muy importante, señor Presidente, en el actual estatuto
del ministerio fiscal que prohíbe la recusación de los fiscales. Los
fiscales no pueden ser objeto de recusación, como lo pueden ser los
jueces y magistrados. Se deja a arbitrio de los fiscales el que se
abstengan o no de intervenir en determinados asuntos. Pero puede ocurrir
que alguna parte interesada piense que el fiscal debió abstenerse, en
cuyo caso está previsto que el interesado pueda acudir en queja ante el
superior jerárquico y éste resuelva. Y para el caso del Fiscal General
del Estado, contempla el propio estatuto del ministerio fiscal hoy
vigente el que si se tratara del Fiscal General del Estado esa queja
lógicamente fuera recibida por el Ministro de Justicia, el titular del
departamento, que resolvería sin ulterior recurso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Castellano, vaya
concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo en seguida.
Si estamos tratando precisamente de reforzar la independencia e
imparcialidad en la esencia y en la imagen, sería bueno que en los
supuestos de queja sobre la posible parcialidad o falta de independencia
del Fiscal General del Estado, el conocimiento y resolución no
correspondiera al Ministro, sino a la Segunda del Tribunal Supremo.
Acabo ya, señor Presidente, el ministerio fiscal --y repito lo que se
dijo el día de la interpelación-- necesita tener un presupuesto
específico. Se suele decir, según un viejo proverbio, que quien tiene el
poder económico tiene el poder político y, por tanto, sin cierto margen
presupuestario se puede menoscabar no sólo la eficacia sino también la
independencia. En consecuencia, queremos que el ministerio fiscal tenga
una dotación presupuestaria específica y que sea a propuesta de ese
órgano que tratamos de dinamizar, porque está bastante mortecino, que es
el Consejo Fiscal.
Acabo, señor Presidente. Se debe eliminar --en ello creo que estaremos
todos de acuerdo-- esa absurda afirmación de que el ministerio fiscal se
incardina con autonomía en la órbita del Poder Judicial, que dice el
artículo 2.º, porque no tiene ninguna razón de ser. Entre otras cosas
está perfectamente claro que el Poder Judicial es un poder exclusivo y
excluyente y no es un poder que pueda ser participado por nadie. Si,
desde luego, pudiera ser participado por el fiscal, las mismas razones
habría para que pudiera ser participado por la propia institución de la
abogacía que ejerce un papel tan importante, cual puede ser el de la
acusación al servicio de la legalidad, que es, ni más ni menos, que el
derecho a la defensa, que es una institución tan constitucional cual
pueda ser la preservación de la legalidad. Para ello, y para evitar
confusionismos, sería conveniente que se eliminara en ese proyecto
cualquier referencia a la incardinación del ministerio fiscal en la
órbita del Poder Judicial.
Esta es la moción. Conocemos, como es lógico, las enmiendas que se han
presentado, pero no es procedente en este momento que las analicemos
porque sería anticiparse a algo que estamos dispuestos a atender, con
verdadera expectación, que es la defensa razonada de dichas enmiendas
para ver si de verdad tratan de reforzar la imparcialidad e independencia
del ministerio fiscal o, por el contrario, lo que les guía no es esa
intención, sino, pura y sencillamente, rebajar el acento de esta moción y
reducirla a su mínima esencia para que a algunos les pueda parecer
digerible. En fin, no anticipemos acontecimientos; esperemos la
intervención de todos ustedes y luego ya daremos la respuesta que, no les
quepa la menor duda, será respetuosa y muy receptiva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
A la moción defendida por el señor Castellano, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se han presentado tres
enmiendas correspondientes a los Grupos Socialista, Popular y Catalán
(Convergència i Unió).
En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, mi grupo
parlamentario, que intervino también en la interpelación presentada por
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hace una
semana, ha presentado, a su vez, una enmienda de sustitución,
consecuencia de esta moción. La enmienda de sustitución --y es bueno
decirlo ya desde el principio-- no es otra cosa que la enmienda que el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario
Socialista consensuaron y sobre la que llegaron a acuerdos hace
aproximadamente mes y medio, como consecuencia de un debate que también
sobre el modelo de Fiscal General del Estado y de ministerio fiscal se
tuvo en esta Cámara, a iniciativa, en ese caso, del Grupo Parlamentario
Socialista. Es bueno saber que hay un cambio, sin duda alguna legítimo,
en la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con referencia
al modelo de ministerio fiscal.
De las conversaciones que se han mantenido, de las que se puede dar
conocimiento ya desde esta tribuna y antes de subir a ella por parte de
todos los grupos, qué duda cabe de que hay algunas cuestiones que
aparecen en todas las mociones que podrían ser objeto de fácil consenso,
también para mi grupo. En el consenso estaremos, sin duda alguna, como
consecuencia de la tramitación parlamentaria a que haya lugar en base a
la iniciativa que presente el Gobierno para cambiar, al
menos, el estatuto fiscal y espero que también la Ley de procedimiento
procesal-criminal, que tiene que ver e incide en esta materia.
En este momento, señor Castellano, no parece muy adecuado aceptar su
moción. ¿Por qué? Porque no sólo en ella, sino en las conversaciones
previas, ha puesto usted de manifiesto que va a aceptar parte de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que con
claridad se cambia incluso la dinámica que el propio Grupo Parlamentario
Popular, en boca de la Ministra de Justicia y con fecha 20 de junio,
expresó ante la Comisión de Justicia e Interior sobre lo que debía ser el
ministerio fiscal. Se da un paso adelante y en lugar de hablar ya de
autonomía se habla de independencia del ministerio fiscal y de
imparcialidad; adjetivos que se han usado para jueces y magistrados, pero
que nunca se usaron, ni siquiera antes de este momento y durante muchas
legislaturas, para definir cuál debe ser la llamada autonomía del
ministerio fiscal. Ya no se trata de un ministerio fiscal autónomo,
concepto también bastante complicado e indeterminado, del que hacía gala
en su reforzamiento la Ministra de Justicia el 20 de junio de 1996. No
hablaba en aquella época la Ministra de Justicia del término
independencia, hablaba de autonomía, y nosotros le pedíamos ya en aquel
momento --también lo hacía Izquierda Unida-- que concretara lo que
significaba aquel término para saber qué tipo de interpretación daba al
artículo 124 de la Constitución.
Pues bien, da la impresión de que el modelo ha variado, es decir, que se
da un paso más, legítimo por otra parte, hacia cuál debe ser el modelo.
Es un modelo independiente e imparcial. Imparcial, sí. Independiente, ¿de
quién? No estamos hablando, por supuesto, de garantizar los derechos
individuales, de autonomía; ni estamos hablando de garantizarla
legalidad. El ministerio fiscal está siempre dependiente de la legalidad,
como no puede ser de otra manera. Dependiente, ¿de quién? ¿Dependiente
quiere decir que es independiente? Independiente, ¿de quién?
¿Independiente de los tres poderes del Estado en este momento, por lo
tanto, como un cuarto poder del Estado, vieja aspiración, como bien sabe
el señor Castellano, de algunas asociaciones de fiscales conservadores?
¿Es éste el modelo? Nosotros lo aceptamos en el sentido teórico. Es
legítimo. Pero, ¿es éste? Parece deducirse con claridad, tanto del
preámbulo de la enmienda de modificación presentada por el Grupo
Parlamentario Popular que habla en estos términos, como de los puntos 1 y
2 de esta moción, que parece, además, que va a ser aceptada.
Nosotros estaríamos en desacuerdo, aunque respetando ese modelo. Se abre
camino, en lo que antes era una sombra, el modelo del Grupo Parlamentario
Popular con referencia al ministerio fiscal. Es un modelo de
independencia, no sabemos con referencia a quién, no sabemos si es un
cuarto poder. En todo caso, no es el modelo del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Por qué? Porque, aparte de que consideramos que no es el
modelo constitucional, desde nuestro punto de vista
--y habría que hacer pocos esfuerzos interpretativos repasando con
cariño y con detenimiento los debates que, con motivo de la aprobación en
Comisión, Ponencia y Pleno de la Constitución española, se tuvieron con
referencia a este artículo-- no parece que ésa fuera la interpretación
auténtica del legislador, al menos en aquella época. Desde nuestro punto
de vista y con respeto a cualquier otro modelo, puesto que siempre es
bueno tener algún modelo antes que no tenerlo, consideramos que es
inconstitucional.
Segundo, tenemos dificultades para saber de quién depende, porque de
alguien, de algún poder, tiene que depender al menos con referencia a la
instrucción, a la ejecución de la política criminal, no de la política
criminal del propio ministerio fiscal. Parece que del Ejecutivo, pero no
se deduce así de la moción presentada por su señoría. Tercero, ¿ante
quién es responsable si no depende de nadie? ¿Ante este Parlamento? No
aparece en la moción. ¿Ante el Ejecutivo? ¿Cómo responde ante esta Cámara
un ministerio fiscal políticamente? Si lo incardinamos en el Ejecutivo,
conocida tesis del Grupo Parlamentario Socialista, al menos tiene una
responsabilidad política, él y el Ejecutivo que lo nombra. Por lo tanto,
la instrumentalización del ministerio fiscal, a efectos de la política
criminal del Gobierno --porque la política criminal siempre es del
Gobierno--, tiene algún tipo de responsabilidad política en esta Cámara
ante los representantes del pueblo. De otra manera, no hay
responsabilidad política alguna.
Señor Castellano, señores parlamentarios, lo único que quiero poner de
manifiesto --porque lo hicimos ya en marzo, el 20 de junio de 1996, lo
hemos venido diciendo de manera reiterada en esta Cámara, tanto en el
Pleno como en la Comisión--, con brevedad, es cuál es el modelo del
ministerio fiscal del Grupo Parlamentario Socialista, al margen de que en
los trabajos parlamentarios se llegue al consenso de todos los grupos.
Leamos otra vez la interpretación auténtica que hace el legislador de la
Constitución. Es autónomo, sin duda, pero enclavado dentro del Poder
Ejecutivo porque instrumentaliza su política criminal, no otro tipo de
política, señores del Grupo Popular. No la política dedicada a los temas
digitales u a otros temas. La política criminal, no la política del
Gobierno en general. No, la política criminal de Gobierno. El Gobierno
decide, en un momento dado, cómo debe jerarquizarse la persecución del
crimen y se entiende perfectamente, por ejemplo, que pueda jerarquizar un
Gobierno, por encima de otro tipo de persecuciones delictivas, aquellas
que tienen como fin extraditar a personas relacionadas con el terrorismo.
Pues bien, ésa es la instrucción, la insinuación que hace al ministerio
fiscal para que bareme en su ejecución de la política criminal
determinada jerarquía de una política criminal clara por parte del
Ejecutivo. Por lo tanto, debe estar enclavado en el
Ejecutivo. No dependiente orgánicamente de él, de forma tal que el fiscal
no sea instrumento de cualquier política del Ejecutivo, sino de la
política criminal del Ejecutivo, porque no tiene otro instrumento para
hacer posible su política criminal. Un fiscal, señor Castellano, que sea
responsable políticamente ante esta Cámara de la política criminal que él
ejecuta por el Gobierno.
Estamos hablando, señor Presidente --lo decíamos cuando presentamos la
interpelación--, de cambios en los que creíamos que íbamos, señor
Castellano, por el mismo camino hace años --y así tuvo ocasión de
pronunciarse ante esta Cámara, no sólo usted, sino más de un portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
en otras legislaturas--, abriendo caminos hacia lo que consideramos --por
llamarlo de alguna manera-- una cercanía al modelo anglosajón, que
permitiera no sólo cambios en el estatuto, sino cambios en la ley
procesal-criminal, de forma tal que, en la línea ya abierta por la Ley
del jurado en esta Cámara y con su apoyo, pudiera también tener una
posición activa en la instrucción del proceso penal, es decir, que el
fiscal instruyera las causas penales. Esa es la aportación que hace esta
Cámara, señor Ollero, con motivo de la Ley del jurado --de la que usted
tendrá, me imagino, referencias-- y es un esquema de trabajo en el que
nosotros, sin duda, nos moveríamos para conseguir el consenso.
Nos parece muy oportuno que en las distintas enmiendas, tanto en la
presentada por el Grupo Parlamentario Popular como en la del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, lógicamente, en la moción
presentada por Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, se contemple la posibilidad de que participen las Cortes
Generales en la elección del Fiscal General del Estado mediante la
comparecencia del candidato. Es un viejo esquema de trabajo que
insinuamos algunos parlamentarios, no sólo para el Fiscal General del
Estado, sino con motivo de algún otro nombramiento, por ejemplo, para
miembros del Consejo General del Poder Judicial, en base a una vieja
función que realiza, como ustedes saben, la Cámara de representantes
americana. Por tanto, nos parecen acertadas las cuestiones que figuran en
las enmiendas de los distintos grupos sobre esta posibilidad. De la misma
manera que nos parece acertada, sin duda, la posibilidad de que el Fiscal
General del Estado comparezca a requerimiento de las Cámaras al menos una
vez al año, para presentar e informar sobre su memoria, en la línea de lo
que en este momento es reglamentario con referencia al Presidente y a los
miembros del Consejo General del Poder Judicial. No parece lógica --y
termino defendiendo esta posición-- esa nueva posición procesal del
fiscal, que nosotros creíamos tener interés, junto con otros grupos, en
que pudiera llegar a buen término. Pero también nos parece adecuada la
posición de los distintos grupos, tanto del Grupo Parlamentario Popular
como del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
dotar presupuestariamente de manera suficiente, con medios y con créditos
específicos, al ministerio fiscal para cubrir con corrección, con
amplitud y con generosidad, las atenciones y las necesidades del
ministerio fiscal.
Concluyo, señor Castellano. Nos parecía una interpelación oportuna --se
lo dijimos en otra ocasión-- y, como es lógico, también la moción nos
parece oportuna. Creemos, como parece bastante evidente --sólo hay que
constatarlo con el «Diario de Sesiones» del 13 de marzo--, que se aleja
de un consenso que nos parecía que era importante. Estamos a resultas de
que ese consenso se pueda arbitrar como consecuencia de la aprobación, en
su caso, de su moción --nuestra enmienda sospecho que va a tener peor
fin-- y, como consecuencia, de la iniciativa legislativa que el Gobierno
de la nación presente a esta Cámara, pero sin nada escondido en la manga
y en la misma línea que ya hemos planteado en esta Cámara en distintas
ocasiones, tanto en Comisión como en Pleno. Queremos dejar claro, una vez
más, cuál es nuestra posición en relación con el modelo del ministerio
fiscal, en la seguridad de que la aceptación que hacemos de cualquier
otra legitimidad democrática lleva al señor Castellano a aceptar también
este modelo nuestro como algo perfectamente legítimo y, si me lo permite,
del cual ha sido S. S. el que se ha ido en los últimos tiempos. En todo
caso, señor Castellano, éste era el modelo consensuado por una buena
parte de las posiciones progresistas de esta Cámara. No parece que ahora
sea así. Sin duda, nos encontrará en los consensos parlamentarios
pertinentes como consecuencia de la iniciativa parlamentaria del Gobierno
a raíz de la aprobación de esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Barrero.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con la moción que nos ha traído hoy el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos pasado de lo
que el miércoles pasado llamábamos unos prolegómenos de proposición no de
ley como anuncio de moción a una proposición no de ley con hechuras de
proposición de ley, porque si uno analiza su contenido verá que es un
contenido ambicioso, detallado, como no podía ser menos, ya que un
proponente como el que lo ha planteado aquí es imposible que se quedara
corto a la hora de diseñar un modelo de Fiscalía. A estas alturas,
después
de tantos años de brega parlamentaria, de haber vivido incluso los
trámites constituyentes, quién duda de que usted está en condiciones
óptimas y privilegiadas de hacer un diseño muy acabado de lo que, a su
modo de ver, podría ser el ministerio fiscal.
Nuestro grupo acoge con respeto, con un respeto discrepante, como ahora
tendrá ocasión de ver, estas propuestas que nos hemos tomado en serio y
prueba de ello es la enmienda que nuestro grupo ha presentado. En esa
enmienda se recogen una serie de sugerencias de modificación de algunos
de los puntos que figuran en la moción, que en muchos casos más que de
enmiendas se podrían calificar de subrayados, porque, a la hora de la
verdad, con esa mentalidad abierta que sin duda ahora exhibirá también el
proponente, nos hemos esforzado en buscar los puntos de confluencia, en
subrayarlos y, en todo caso, en buscar el matiz oportuno para facilitar
el encuentro, la posibilidad de acabar votando en común. Por tanto, a la
hora de explicar los puntos de nuestra enmienda, apelamos a esa actitud
abierta y receptiva que ya se nos ha anunciado.
En nuestra enmienda de sustitución hemos hecho propios sin ningún
problema los términos independencia e imparcialidad que figuraban ya en
la moción, porque en nuestro modelo de Fiscalía no hay ningún problema en
que el fiscal sea independiente. Estos curiosos juegos de palabras con la
autonomía, que al final se quedan en lo que se han quedado, no nos
preocupan mayormente. Por supuesto, entendemos que el ministerio fiscal
debe ser imparcial, como lo es la ley respecto a todos los ciudadanos.
Esa cuestión no nos plantea ningún problema. Es más, si no admitiéramos
que el ministerio fiscal fuera independiente tendríamos que preguntarnos
de quién depende y, desde luego, nosotros no entendemos que deba depender
del Gobierno. Eso lo tenemos bastante claro y, además, el Gobierno lo
está demostrando con hechos que, sin duda, les resultan perturbadores en
más de una ocasión --hoy se ha producido uno más--, pero eso forma parte
de las reglas del juego; ahí están y se están respetando cueste lo que
cueste.
En el primer punto de la moción se habla de que el candidato a Fiscal
General obtenga la confianza del Congreso. A efectos constitucionales,
quiero recordar --y vamos a movemos en ese ámbito-- que la expresión
moción de confianza se utiliza para situarnos en la relación entre el
Gobierno y el Parlamento, y si entendemos que el ministerio fiscal no
depende del Gobierno ya empezamos a establecer un paralelismo un poco
curioso. Quiero aclarar que la postura de mi grupo es de simpatía inicial
respecto a estos trámites de sabor americano --dicho sea sin incurrir en
lo políticamente incorrecto--, estos trámites de audiencia en la Cámara
correspondiente de los candidatos. Como digo, simpatizamos con ello.
Además, cuando se ve cómo se lleva a cabo en ese país, la verdad es que
es atractivo, pero aquí tenemos un marco constitucional y hay que
manejarlo con seriedad. Al que no le guste lo puede cambiar, pero hay que
manejarlo con enorme seriedad, sobre todo cuando se está hablando del
papel que corresponde a los diversos poderes del Estado y a instituciones
como el ministerio fiscal.
No nos parece que sea bueno manejar sin un exceso de reflexión la
alteración del juego de poderes que la propia Constitución marca. Yo
quiero recordar aquí a quien me ha antecedido en el uso de la palabra,
que veo que no ha leído hoy, por lo menos hoy, no ha repasado los
trámites constituyentes, cosa que sí ha hecho este portavoz que se
prepara sus intervenciones, porque si lo hubiera hecho habría recordado
que mi gran amigo Gregorio Peces Barba, portavoz entonces del Grupo
Socialista, defendió en Comisión, si no recuerdo mal, que el Fiscal
General del Estado fuera elegido por tres quintos de esta Cámara.
Entonces lo progresista era que el Fiscal General del Estado fuera
elegido por tres quintos de esta Cámara; hoy lo progresista es que
dependa del Gobierno, y mañana lo progresista será lo que diga el
portavoz socialista porque ya sabemos que tiene la patente. Esa es la
cuestión. (Rumores.) Si en el debate constitucional se plantea esa
posibilidad y se excluye, eso queda ahí como una voluntad del
constituyente que pudo querer que fuera este Parlamento quien nombrara al
Fiscal General y, sin embargo, quiso que se nombrara por el Rey a
propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y
nadie más. Por tanto, queremos marcar esa preocupación, dentro de la
simpatía por la fórmula. No olvidamos el papel de esta Cámara. La
posibilidad de que uno de los tres poderes del Estado altere la relación
entre los poderes en su propio beneficio no deja de ser algo que exige
cierta reflexión. Por eso, sea cual sea el sentido de nuestro voto,
movido por ese afán de apertura y de buscar puntos de unión, quiero que
quede claro que hay unas reservas en este aspecto por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
En segundo lugar, en cuanto a fijar una duración determinada al mandato
del Fiscal General, nos parece una iniciativa sin duda digna de ser
compartida, igualmente que condicionar su cese a causas objetivas y
regladas, impidiendo que se convierta en algo discrecional y político en
el sentido habitual del término. Nuestro punto número 1 en la enmienda
apunta en esa dirección porque estimamos --y nos alegra que se haya
adelantado el ponente a admitirlo así-- que precisar los años en un
trámite de moción es adelantar demasiado los acontecimientos. Parece más
lógico que se contemple en el proyecto futuro o en las enmiendas al
proyecto futuro, incluso su alusión --no sé si improvisada pero
interesante y feliz-- de que coincida con la propia legislatura es digna
de ser tenida en cuenta. Por otra parte, y él mismo me lo comentaba con
anterioridad, no tendría mucho sentido plantear trámites condicionadores
de una remoción reglada. Por tanto, parece que nuestra enmienda en ese
aspecto puede ser oportuna.
Respecto a los puntos 3, 4 y 6 de la moción relativos al papel del
Consejo Fiscal --hoy, por cierto, noticia-- y a cómo articular una
posible queja sobre el Fiscal General, nos parecen cuestiones de detalle
más propias de enmiendas a un proyecto que de una moción. Creo que
incluso una ley de bases iría demasiado lejos si llegara a detalles tan
finos como algunos de esos. Sin entrar en materia, se ve que el optimismo
del señor Castellano es amplio. Hablar de ternas tal y como está el
patio, cuando es difícil reunir candidatos, no sé de dónde va a sacar la
terna del Consejo Fiscal en alguna que otra circunstancia, porque no
olvidemos que esos puestos de libre designación exigen presentarse a
ellos. No estamos en el Ejército. Quizá en el modelo socialista sí, pero
en el que ha expuesto el señor Castellano no. Por tanto, habría que
replantear ese asunto.
El punto 5 nos parece plausible, que el Fiscal General envíe a esta
Cámara de un modo formal la memoria, a la que de hecho tenemos acceso los
parlamentarios por la vía de petición de información. Hasta el momento
nunca nos ha faltado, por lo menos a nosotros, pero puede ser interesante
que venga de un modo formal, aunque entendemos que ha de quedar claro que
se trata de propiciar una disponibilidad informativa por parte de la
fiscalía, ya que las posibles sugerencias esta Cámara habría de
dirigirlas al Gobierno, que es su interlocutor natural, y no al Fiscal
General. Ya que se ha hecho la comparación con el Consejo General del
Poder Judicial, quiero recordar que, curiosamente, la mayor parte de las
propuestas de resolución que las pocas veces que las ha habido se han
hecho en esta Cámara con motivo del informe del Consejo General del Poder
Judicial han ido dirigidas al Gobierno, como inevitablemente tenía que
ocurrir, ya que es el interlocutor natural de esta Cámara. De ahí el
punto segundo de nuestra enmienda.
En cuanto al punto 7 estamos de acuerdo con la existencia de unas
partidas presupuestarias específicas para la Fiscalía General del Estado,
lo cual, por cierto, solicitó insistentemente en su día el Fiscal General
señor Ortiz Urculo, y bueno es recordarlo para demostrar el interés que
se tomó por sus tareas. Ahora bien, nos parece lógico que aparte de la
intervención del Consejo Fiscal, que casi ha monopolizado la moción, haya
una intervención del propio Fiscal General a la hora de plantear
sugerencias sobre el alcance y el destino de esas partidas.
Por último --y con esto termino, señor Presidente--, respecto a la
incardinación en el Poder Judicial del ministerio fiscal quiero recordar
--y una vez más apelo a la Constitución, que quizá no sea la mejor
imaginable pero es la que tenemos y se puede cambiar si alguien quiere
cambiarla, pero cambiándola y no dándole regates--, que en la
Constitución el ministerio fiscal se contempla dentro del título
destinado al Poder Judicial, y dentro de ese título se equipara a jueces
y fiscales a la hora de abordar su imparcialidad y su independencia
respecto a los partidos políticos y a los sindicatos. Por tanto, hay
elementos constitucionales clarísimos de afinidad, al igual que está
contemplado en la Constitución el enlace, que no la dependencia, con el
Gobierno, en el sentido de que el Gobierno puede plantear sugerencias de
política criminal, lo cual no quiere decir que la política criminal del
Fiscal General del Estado la haga el Gobierno. La señora Ministra tuvo
ocasión de aclarar en esta tribuna hace unos días que este Gobierno se ha
dirigido al Fiscal General sólo en una ocasión con motivo de una
manifestación de miembros de Herri Batasuna ante el domicilio de los
familiares de un secuestrado. Por tanto, si esa ha sido la política
criminal del Fiscal General del Estado evidentemente ha sido un tanto
sorprendente. Lo que no acabamos de entender es que se proponga por parte
del Grupo Socialista, por un lado, la dependencia del Gobierno de la
fiscalía y, a la vez, que el fiscal sea instructor; es decir, está
proponiendo que el Gobierno sea instructor. En modo alguno nos extraña
dado el talante inquisitorial que últimamente está luciendo el Grupo
Socialista, pero desde luego nuestro grupo no comparte semejante
disparate.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para defender una enmienda a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, al
mismo tiempo, para pronunciarnos sobre dicha moción y, cómo no, también
sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Es cierto --y así hemos tenido ocasión de manifestarlo muy
reiteradamente-- que el ministerio fiscal se ha convertido en un objeto
de tratamiento privilegiado en esta Cámara, bien sea en Comisión o en
Pleno, a través de preguntas, interpelaciones y mociones. Desde ese punto
de vista bueno sería que hoy pudiéramos, con generosidad --me imagino--
por parte de todos los grupos, concluir algunos aspectos y, por tanto,
estar en condiciones de reclamar del Gobierno el envío de un proyecto de
modificación del estatuto orgánico del ministerio fiscal en el sentido
que aquí se indique.
Quiero decir, por lo demás, que mi grupo más que proponer un modelo de
ministerio fiscal, pretende, a través de su enmienda y de la toma de
posición respecto de otras enmiendas cuyo consenso intenta generar, no
tanto efectuar una definición de un modelo se ministerio fiscal,
entendiendo en principio aceptables algunos aspectos del estatuto actual,
sino resolver problemas
que día a día se han ido poniendo de manifiesto en cuanto al
funcionamiento del mismo. Obviamente, el Grup Parlamentari Catalá
considera que la imparcialidad y la objetividad son unos de los
presupuestos básicos del ministerio fiscal, como lo son también --y así
habíamos tenido ocasión de decirlo-- la jerarquía y la de pendencia. Por
otra parte, cabe reconocer actuaciones tanto al Congreso de los
Diputados, a las Cortes Generales, como en su caso al Gobierno respecto
de la política criminal. Por tanto, más que configurar un sistema en
abstracto, se pretende pasar del problema al sistema a través de algunas
de nuestras manifestaciones. De ahí que, en primer lugar, nuestra
enmienda pretenda garantizar la intervención del Congreso de los
Diputados en el proceso de designación del Fiscal General del Estado. No
lo hacemos con la contundencia con la que se manifiesta la moción; no
pretendemos que exista un voto de confianza de naturaleza análoga a la de
la investidura de un Presidente de Gobierno, pero entendemos que debe
efectuarse una comparecencia por parte del candidato a Fiscal General del
Estado propuesto por el Gobierno para que pueda efectuarse el examen de
su idoneidad desde diversos puntos de vista por parte del Congreso de los
Diputados.
Por lo demás, esto cabe enmarcarlo en la propuesta 20, aprobada el 2 de
abril de 1994, que tuvo ocasión de presentar mi grupo parlamentario en el
debate sobre el estado de la nación de aquella época. En aquellos
momentos se establecía que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno
para que presente un proyecto de ley en el que proponga fórmulas que
establezcan la obligación, para determinados cargos públicos de
relevancia, de someterse, con carácter previo a su toma de posesión, a
una comparecencia ante una comisión parlamentaria del Congreso de los
Diputados que debería analizar aquellos hechos que puedan ser de interés,
atendiendo a las responsabilidades públicas que deberían asumir. No se
les escapará a SS. SS. la actualidad de esta proposición que, por lo
demás, fue posteriormente integrada en el programa electoral de
Convergència i Unió para las elecciones de 1996. Por tanto, participación
del Congreso de los Diputados, examen de idoneidad que permitirá no estar
sujeto a aquellas limitaciones a las que quizá otros órganos
constitucionales puedan o deban sujetarse.
En segundo lugar, mi grupo manifiesta también su conformidad con la
introducción del criterio de temporalidad en la resolución o en las
disposiciones del estatuto orgánico del ministerio fiscal. Como saben SS.
SS., los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas tienen establecida esa temporalidad y, sin ir más
lejos, hace pocas horas, esta mañana, la Comisión de Justicia e Interior
del Congreso también ha votado --creo recordar que prácticamente por
unanimidad-- una disposición para introducir en la Ley Orgánica del Poder
Judicial que establece esta misma temporalidad a los presidentes de sala
del Tribunal Supremo. Por tanto, nada que objetar a esta temporalidad. Se
trata de trasladar mecanismos que existen en otro ámbito, como es el más
estricto del Poder Judicial, con la garantía de que una remoción en
ningún caso pueda producirse arbitrariamente sino que, por el contrario,
deba obedecer a causas regladas que la motiven suficientemente.
Otros de los problemas a los que se han visto enfrentados el Congreso de
los Diputados y su Comisión de Justicia es el de la relación con el
Fiscal General del Estado. Los servicios de la Cámara, en un informe
elaborado de 26 de septiembre de 1988, hace prácticamente diez años,
acababan concluyendo que aquella disposición contenida en el artículo 10
del estatuto orgánico del ministerio fiscal, que establece que la
relación entre las Cortes Generales y el Fiscal General del Estado, acaba
prácticamente reduciéndose a la posibilidad que tienen las Cámaras, en
función del artículo 109 de la Constitución, de solicitar información y
ayuda de otras instituciones. De la misma manera y en aplicación de estos
criterio nos hemos visto, en muchos casos, ante no sé si la contradicción
o la paradoja de que en aquellos momentos en los que por parte del
Congreso se solicita una determinada actuación en relación con el
ministerio fiscal --y no estoy pensando en actuaciones concretas, sino en
promover la unificación de criterios de las distintas fiscalías para la
persecución de determinados delitos-- no es extraño recibir la respuesta
de que el ministerio fiscal es autónomo del Gobierno y esto en modo
alguno puede efectuarse por el Gobierno. Evidentemente también el
Congreso tiene la dificultad de dirigirse directamente al Fiscal General
del Estado instando a una actuación de esta naturaleza, por lo que, según
los servicios de la Cámara, la actuación del Congreso en relación al
Fiscal General debe limitarse a esa solicitud de información y recabar
ayuda. Bienvenido sea este nuevo esquema de relaciones entre el Congreso
y el ministerio fiscal, bien sea en la formulación efectuada por el
portavoz del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, bien
sea con el contenido de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Finalmente, tenemos que conceder desde este punto de vista nuestro
beneplácito a la necesidad de que existan previsiones presupuestarias
específicas para el ministerio fiscal. Como saben SS. SS., en estos
momentos no se configura ni siquiera como una subpartida dentro del
presupuesto del Ministerio de Justicia que aprobamos, aquí año tras año,
cuando no se produce una prórroga. Esa previsión presupuestaria
específica constituye una garantía de la autonomía del ministerio fiscal
y en cualquier caso permite el conocimiento de sus recursos para que
pueda disponerlos de la forma que crea más conveniente para la
realización de la alta función que tiene encomendada. Este sería el
planteamiento que formula el Grup Parlamentari Catalá (Convergència
i Unió). Obviamente entendemos que el proyecto de ley que ha de remitir
el Gobierno y las enmiendas que en un momento posterior puedan producirse
no deben limitarse a estos puntos. Somos especialmente sensibles a las
manifestaciones efectuadas por el señor Castellano en cuanto a la
imposibilidad por parte de las partes interesadas en el procedimiento de
recusar al ministerio fiscal. Por tanto, también se hace absolutamente
necesario ofrecer mayores garantías a esas partes respecto de una
actuación del ministerio fiscal guiada por los principios de objetividad
e imparcialidad.
En estos momentos no estamos en condiciones --y así lo decimos-- de
aceptar la propuesta de redacción que se contiene en la proposición no de
ley, pero será un elemento que deberá tenerse en cuenta en la reforma del
estatuto del ministerio fiscal.
Concluyo esta intervención llamando a la generosidad del proponente y
entendiendo que algunas de las enmiendas que efectúan los diversos grupos
constituyen un avance en cuanto a la definición de ese modelo, un modelo
de ministerio fiscal autónomo respecto del que hay que establecer unas
importantes relaciones, entiendo yo, con el Poder Legislativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
¿Grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas y que quieran
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, para el Bloque Nacionalista
Galego es una satisfacción poder contribuir con su voto a que vaya
adelante la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y defendida por don Pablo Castellano. Lo decimos así porque
pensamos que el que el Fiscal General del Estado sea propuesto por el
Gobierno lleva a creer que esta gubernamentalización sea paralela a una
total falta de independencia y de dignidad y al mismo tiempo concebido
como un apéndice del Gobierno o como sumisión al corporativismo judicial
vigente. Pensamos que efectivamente es el momento de adecuar toda la
fiscalía, en concreto la Fiscalía General, al marco democrático y también
a la responsabilidad política para que no se dé esta sensación de
servilismo y de falta de dignidad. Es de destacar, en este sentido, que
una de las formas más claras de lograr que la independencia del Fiscal
General no consista en la impunidad es someter al control de las Cortes,
en concreto de esta Cámara, su actuación, como se contempla en la moción
de Izquierda Unida y en otras enmiendas a esta moción como las
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió). Estos puntos de coincidencia realmente son los que pueden sacar
a la fiscalía general del actual marasmo en que se encuentra.
Por otra parte, consideramos también muy loable el esfuerzo que se
intenta hacer con esta moción y otras presentadas al límite de la
influencia del Fiscal General como un órgano unipersonal y a la red de
dependencia que hoy tiene bajo sí. Es muy importante que el principio de
jerarquía no se confunda con un principio de total sumisión y
manipulación. Queremos hacer, hincapié también en que, aunque no es
condición suficiente, sí es necesario cambiar la financiación en todo lo
que se refiere a la atención de las necesidades del ministerio fiscal
para que pueda funcionar debidamente. En todo caso, señorías, es muy
importante que el Fiscal General del Estado y la fiscalía actúen para
perseguir todo tipo de crímenes o de violación de los derechos
establecidos, sobre todo cuando afectan precisamente a los grupos más
desfavorecidos de nuestra sociedad y cuando desde el punto de vista de
determinado tipo de instituciones se cometen abusos claramente
antidemocráticos que el fiscal no persigue precisamente por indicación
del Fiscal General, que está claramente comprometido en muchas ocasiones
con políticas antidemocráticas.
Por todo esto vamos a apoyar la moción y veríamos con muy buenos ojos que
se llegase a un acuerdo respecto a las enmiendas que tienden a la
democratización y adecuación al régimen constitucional en que vivimos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
La evolución del debate en la tarde de hoy evidencia, con la iniciativa
que ha tenido el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que es necesaria una adecuación de la Ley 50/1981, del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al menos en una serie de
aspectos que después de 16 años, sobre todo en lo que son funciones de
responsabilidad, que deben ir aclaradas en un nuevo texto, del Fiscal
General del Estado y de algunos otros organismos de la fiscalía, así lo
evidencian.
Hay algo sobre lo que se debe tener conciencia plena y encontrar un
consenso, que es, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista el señor Barrero, un modelo de ministerio fiscal. Está el de
la Ley 50/1981, que creo que hoy día sigue siendo un buen modelo de
partida. Consagra unos principios, en verdad, para dar valor a las
palabras que aquí se están empleando, y cuando se habla de autonomía
estamos hablando de autonomía funcional en el seno del Poder
Judicial. No hay independencia, señor Castellano, y en esto participo de
la idea del señor Barrero. Se es dependiente --y nuestro modelo
también--, del Gobierno, del Ejecutivo, fundamentalmente en el
nombramiento del Fiscal General del Estado. Dicho esto, hay que ver una
serie de iniciativas que se han tomado tanto por el grupo proponente como
por los grupos enmendantes.
Coincido plenamente, señor Castellano, en que es necesario introducir un
protagonismo del Parlamento en esa especie de juicio de idoneidad o visto
bueno al que se refería el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), para que ese candidato, oído también el Consejo General del Poder
Judicial, pase por la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara. Hay
una idea interesante en la moción, que nosotros apoyamos, que es el
principio de objeción al ministerio fiscal por las partes implicadas en
un proceso o el principio de recusación. Es necesario darle entrada, y
nosotros lo apoyamos así, señor Castellano, porque entendemos que a la
altura del desarrollo de nuestro Estado de Derecho es necesario también
este principio.
Hay otra tercera idea positiva que puede servir también para que
encontremos todos un nuevo modelo de texto consensuado, y es la
importancia no solamente del Fiscal General del Estado sino del órgano
colegiado por excelencia en el ministerio fiscal, que es el Consejo
Fiscal. Si bien la Ley 50/1981 le da un carácter de instrumento del que
dispone el Fiscal General para su asesoramiento, creemos que es necesario
revitalizar este órgano colegiado importante, sobre todo en cuestiones de
procedimiento interno como pueden ser las recusaciones, en las que el
Consejo Fiscal tiene que jugar un papel más nítido y más importante que
el que le señalan las disposiciones reglamentarias y estatutarias de
1981.
Nosotros apoyamos plenamente la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) que, con estos principios de autonomía funcional y
de imparcialidad --a los que creemos que se refiere--, propone que el
candidato o candidatos a la Fiscalía General del Estado comparezcan ante
la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, creemos que
es necesario que armonicemos de alguna manera el punto 5) que insta al
Gobierno a dar cumplimiento al mandato contenido en la disposición final
cuarta de la Ley del Tribunal del Jurado, porque, como bien ha señalado
el señor Ollero, del Grupo Parlamentario Popular, si al ministerio fiscal
le tenemos que dar este papel de instructor, es necesario que
reconsideremos esta disposición de la Ley del Tribunal del Jurado o que
se recoja, en un modelo de actividades y de responsabilidades del
ministerio fiscal, qué pasa con su estado actual instructor. Lo que no
podemos hacer es seguir en la situación de ambigüedad en que estamos
actualmente. Estamos obligados a resolverlo, política y legalmente,
porque no olvidemos que la Ley de 1981, junto al principio de autonomía
funcional y de imparcialidad, consagra el principio de legalidad que
inspira toda actuación del ministerio fiscal --por supuesto, sujeto al
principio de dependencia jerárquica-- y obliga a darle una salida a este
tema. Hoy día, si no se desarrolla, parece que está en vía muerta; pero
si se tiene que desarrollar, digamos cómo. Creo que la situación que
plantea la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es la antítesis de
lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Presidente, nosotros, en términos generales, estamos muy de acuerdo
con el fondo del debate. Creemos que es necesario que se ordenen
enmiendas e ideas para llegar a consensuar lo que queremos a través de
esta moción, y que sea un mensaje claro para el Gobierno y para todos los
grupos proponentes. Estamos plenamente de acuerdo en los temas
económicos. Tiene que haber unos presupuestos claros y contundentes y no
la situación de precariedad que en este momento tiene el ministerio
fiscal, respecto a los presupuestos, en el Ministerio de Justicia. Es
necesario dotarle de una partida presupuestaria singularizada en la que
haya estas exigencias. Coincidimos con el punto 1) de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, hay que clarificar la posición
institucional del ministerio fiscal de acuerdo con el modelo
constitucional y el régimen de responsabilidad política respecto de las
actuaciones del Fiscal General del Estado, que son las que han motivado
en estos últimos tiempos las polvaredas y las polémicas que se han
organizado por decisiones tomadas, institucional o personalmente, por
quien ha venido desempeñando el puesto de Fiscal General del Estado en
ese momento.
Con estas ideas --y casi termino con las mismas palabras que el portavoz
del Bloque Nacionalista Galego--, he querido poner de manifiesto nuestro
deseo de encontrar unos puntos de consenso para que estas enmiendas
puedan ser articuladas y podamos conseguir aquí un texto inspirado por el
sentido común y la sensatez.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco manifestó, el pasado miércoles, su satisfacción por el
contenido de la interpelación presentada por el señor Castellano --al que
siempre escucho con interés por su atractivo mensaje--, ya que coincidía
en gran parte con el contenido de nuestro programa electoral, en cuanto
incorpora elementos en
la línea de acentuar la independencia --que el señor Barrero dice que no
le gusta-- y la imparcialidad.
En distintas ocasiones hemos manifestado nuestro criterio favorable a una
reforma en el sentido de exigir que el candidato nombrado por el Rey, a
propuesta del Gobierno, y oído el Consejo General del Poder Judicial, sea
a su vez designado por una mayoría que quizá debiera ser reforzada, sin
que ello, a nuestro juicio, suponga una rectificación del texto
constitucional, ya que el artículo 24 permanecería en este caso incólume
y se trataría de introducir, como ya dije en la pasada semana, una mera
reforma estatutaria.
En este momento es el estatuto, y no la Constitución, el que establece
los requisitos de idoneidad técnica, ser español, jurista de reconocido
prestigio y con más de quince años de ejercicio.
Volviendo a la moción, nos gustaba también el período de cinco años en el
que sólo quepa la remoción por causas objetivas y legalmente
establecidas.
Coincidíamos también con la intervención que en los puntos 3 y 4 se da al
Consejo Fiscal, igual que compartíamos la previsión respecto del juego
que pueda dar la discusión en esta Cámara sobre el debate auténtico de la
memoria anual, y por supuesto la referencia a la suficiencia
presupuestaria para su funcionamiento.
Alguna duda nos suscita la eliminación de la incardinación del misterio
fiscal en la órbita del Poder Judicial. Sin embargo, la enmienda
presentada por el Grupo Socialista no encaja con nuestro planteamiento.
Las enmiendas del Grupo Popular y de Convergència suponen, como ya
anunciaba o ya se temía el Diputado señor Castellano, un evidente bajón.
Son mucho más light, si se me permite, que la moción inicial. Aportan
poco, orientan poco al Gobierno y ni siquiera creo que supongan un cambio
en el modelo de relaciones, como se indicaba por el Diputado, señor
Silva. Pero las llamadas al consenso del señor Castellano nos han
convencido y votaremos su moción, o lo que de ella queda tras las
enmiendas que se admitirán por el proponente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Castellano para indicar la aceptación o no de
las enmiendas que se han presentado a la moción por él defendida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor Presidente.
Que no tomen como descortesía los que han intervenido el que no haga una
referencia a sus intervenciones, porque parece ser que son condiciones
reglamentarias o condicionamientos reglamentarios. Por lo tanto, me
disculpo, porque me gustaría.
En todo caso, sí voy a hacer una afirmación, señor Presidente, con su
permiso. Si se tratara de verdad, señor Ollero, de una proposición no de
ley, no le quepa la menor duda que yo no aceptaba ni una sola enmienda.
Ahora, no se trata de una proposición no de ley, sino sólo de unas
modestas aportaciones para que sean tenidas en cuenta por el Gobierno
cuando remita a esta Cámara el proyecto de ley de reforma del estatuto
del mi ministerio fiscal, y por ello me encuentro en situación de
flexibilización mis posicionamientos.
Se me ocurrían incluso dos refranes para empezar la intervención, lo que
ocurre es que casi no me atrevía a decirlos porque se iban a pensar que
son de una interpretación un poco ofensiva. El uno decía: del lobo, un
pelo, y el otro decía que más vale pájaro en mano que ciento volando.
Como alguno puede pensar que detrás de ello puede haber una intención
peyorativa, denlos por no expuestos, pero sí den por expuesto cuál es el
estado de ánimo que me guía al pronunciarme sobre sus enmiendas.
En cuanto a la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario
Socialista, sinceramente no podemos compartirla y sustituirla por la
nuestra, entre otras cosas porque creemos que todos y cada uno de sus
puntos, salvo el quinto, referente a lo que significa el desarrollo de la
Ley del Tribunal del Jurado, están contenidos de otra manera en la moción
que al final queda resultante de toda esta discusión.
Empezaremos por la enmienda de Convergència i Unió, porque la misma toca
el primer punto de nuestra moción. Estamos en condiciones de aceptarla,
pero hay que procurar que no entre en contradicción con el principio de
nuestra propia moción. El principio de nuestra propia moción dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en la comprometida
iniciativa de reforma del estatuto orgánico del ministerio fiscal, sin
perjuicio de otras modificaciones y para el reforzamiento de su
independencia e imparcialidad, se contemplen las siguientes medidas. La
uno, diría: El candidato propuesto por el Gobierno para ser nombrado
Fiscal General del Estado por el Rey comparecerá, tras ser oído el
Consejo General del Poder Judicial, ante la Comisión de Justicia e
Interior del Congreso de los Diputados para que los grupos parlamentarios
puedan tener un conocimiento de sus méritos y trayectoria profesional que
les permita expresarse sobre la idoneidad para desempeñar el cargo.
En estos términos estamos dispuestos a aceptar la enmienda. No es lo
mismo obtener la confianza del Congreso que tener conocimiento de sus
méritos, porque el conocimiento a lo mejor incluso lo podíamos tener sin
que pasara por la Cámara, simplemente con una cita adecuada en cualquier
establecimiento de hostelería en el que pudiéramos departir, pero con tal
de que lleguemos a un acuerdo, no hay inconveniente en aceptar esta
enmienda.
En cuanto al punto 2 de nuestra moción, y en aras al consenso, tampoco
tenemos el menor inconveniente en que sea sustituido por el número 1 de
la enmienda
propuesta por el Grupo Popular, que diría: «El estatuto fijará para el
mandato del Fiscal General del Estado un período de años determinado,
dentro del cual sólo podrá ser cesado por objetivas causas regladas.»
El número 3 de nuestra moción no parece ser que haya suscitado una pasión
incontenible y, por tanto, lo retiramos, así como el número 4.
Mantenemos el número 5, que sería número 3 de la resolución, en
definitiva, y que diría: «El Fiscal General del Estado remitirá la
Memoria anual de la Fiscalía a la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados para su examen, debate y, en su caso,
formulación de propuestas de resolución.»
El que figura como punto 6, sobre las posibles quejas que pudieran dar
lugar, frente a la presunta falta de independencia del Fiscal General del
Estado, lo dejamos decaer, en aras a ese consenso.
Mantendríamos como punto 4 --si no me estoy equivocando en la
numeración-- el punto 3 de la enmienda del Grupo Popular: «Los
Presupuestos Generales del Estado contemplarán partidas presupuestarias
específicas para atender las necesidades funcionales del ministerio
fiscal, previamente evaluadas por el Fiscal General del Estado, oído el
Consejo Fiscal.»
No haríamos ninguna referencia en cuanto a la incardinación del
ministerio fiscal en la órbita del Poder Judicial.
Este sería, en suma, el texto que quedaría de la moción resultante de las
enmiendas presentadas, sin perjuicio de que cuando llegue el anhelado
proyecto de ley podamos de verdad entrar en otros muchos temas que no
están allí.
Señor Ollero, la moción que hemos discutido no es corta, es cortísima, y
ya le repito que si se tratara de una proposición no de ley tendría todo
su texto articulado. No estamos más que comenzando un debate, y en el
mismo hagan ustedes el favor de que no perdamos mucho tiempo para que no
se olviden las pobres ideas que algunos tenemos. Remitan cuanto antes el
proyecto y que haya solución de continuidad para que sigamos animados del
mismo espíritu, no vaya a ser que se produzcan cambios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
La Presidencia entiende, por las indicaciones anteriores, que esta
enmienda transaccional o de aproximación es aceptada por los Grupos
Catalán y Popular.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política
del Gobierno para garantizar la imparcialidad del ministerio fiscal, en
los términos resultantes de la aceptación de las diversas enmiendas por
el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 185; en contra, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos reseñados.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES
POLITICAS GENERALES EN LAS QUE HA INCURRIDO EL GOBIERNO POR LA FILTRACION
DE EXPEDIENTES TRIBUTARIOS Y LA CREACION DE UN CLIMA DE INSEGURIDAD
JURIDICA PARA LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (Número de expediente 173/000044)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre las
responsabilidades políticas generales en las que ha incurrido el Gobierno
por la filtración de expedientes tributarios y la creación de un clima de
inseguridad jurídica para los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración tributaria.
Para su defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero ser breve en mi intervención; una intervención después
de un debate en relación con una interpelación presentada por este grupo
alrededor de uno de los temas probablemente más embarazosos para el
partido del Gobierno y, al mismo tiempo también, para los ministros
responsables de dar respuesta a la oposición. Permítanme que sin ningún
afán de herir, pero sí de establecer algunas alegorías, recuerde a veces
algo que tenemos todos la experiencia de conocer: los animales acosados a
veces se vuelven peligrosos y entonces embisten. Algunos seres humanos,
sometidos a determinadas presiones, a veces a determinados estímulos, y
especialmente cuando entran en un período de soledad, generan una gran
agresividad; y algunos políticos, cogidos en falta, agotados los
argumentos, perdido el inicial empaque que da la utilización del poder,
se asemejan --digo se asemejan, no lo tomen de otra forma-- a los
animales acosados (Rumores.), en vez de razonar, embisten; en vez de
discutir...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Un momento, señor
Eguiagaray.
El señor Eguiagaray ha manifestado al comienzo de su intervención que iba
a hacerlo en términos alegóricos
y respetuosos (Rumores.). Señorías, guarden silencio. Yo le ruego al
señor Eguiagaray que mantenga esa premisa inicial y que también mantengan
SS. SS. el respeto adecuado mientras ésas sean las líneas. Puede
continuar.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente, porque
usted me estaba escuchando y, efectivamente, es en esos estrictos
términos en los que lo estoy diciendo y reitero.
A veces hay el riesgo de que en lugar de razonar se convierta la actitud
en una embestida, o en vez de una discusión civilizada en un insulto, o
en vez de la asunción de responsabilidades, se pretende que las
responsabilidades las asuman los demás, esto es, la oposición. Algunos
ejemplos tenemos, señorías, en el debate de la interpelación en los días
anteriores y en los días inmediatamente subsiguientes: actitudes de
embestida en vez de razonamiento, de insulto y de descalificación en vez
de discusión, de no asunción de responsabilidades, sino de pretensión de
que las asuma la oposición, no solamente por parte del señor Ministro de
Economía, sino por otros que ahora forman parte ya de un importante
terceto con actitudes semejantes, como hemos visto estos días pasados.
En días pasados, en la interpelación que da lugar a esta moción, tuvimos
la ocasión de contemplar en qué se puede transformar --digo de nuevo en
términos estrictamente amistosos, pero en todo caso sinceros-- un
vicepresidente del Gobierno cuando carece de argumentos. Y perdónenme de
nuevo el que un personaje popular, que aparece a veces en algunas
pantallas de televisión, y que tiene la virtud, quizás por no representar
ningún personaje real, de tener la libertad de hablar con alegorías
animales, suele a veces hablar de los toros. Y al hablar de los toros
señala cómo se puede establecer el intríngulis de las cosas, y cómo se
puede --como diría Jesulín de Ubrique, un personaje al menos de la
televisión-- convertir el razonamiento en una forma de embestida.
Esta embestida, que se prolongó durante el fin de semana con alegorías
tan bellas, tan poéticas, tan conducentes a la racionalidad del debate
político, como la adición a las alegorías, de nuevo caninas, con otras
alegorías que tienen que ver con la utilización de excrecencias salivales
--recordarán ustedes algunas de las cosas que se han dicho durante este
fin de semana--, probablemente me permiten en este momento volver a
recordarles por qué se presentó una interpelación.
Se presentó una interpelación para que el Gobierno respondiera de algunas
cosas y el Gobierno atacó a la oposición; es más, dijo el señor Rato,
Vicepresidente del Gobierno, que el anterior gobierno, hoy oposición,
había ocultado información, en primer lugar; dijo, reiterando una falsa
acusación que formuló el 17 de enero de 1997 desde el Palacio de la
Moncloa, que en el traspaso de poderes no se había producido la expresión
incluso de los datos relativos a este conflicto. Señorías, estos son
algunos de los papeles de los que tuvieron conocimiento el señor Rato y
sus colaboradores sobre el tema fiscal; dos documentos uno de 105 páginas
y otro de 38 páginas, que con mucho gusto pongo a su disposición para
poner de manifiesto que por segunda vez faltó a la verdad.
Pero es que, además, por si fuera poco lo que ya habíamos demostrado que
era falso, el señor Rato no encontró mejor defensa que decir que nos
habíamos llevado papeles, y yo todavía no sabía a qué podía deberse
semejante descaro. Lo descubrí al día siguiente, cuando tuve conocimiento
por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo con alguien
cuya actuación actual o pasada el señor Rato debía conocerla; la de
alguien que hace excursiones nocturnas, dominicales, de fin de semana, en
la Agencia Tributaria para llevarse papeles, para llevarse libros
registro. El señor Rato debió tratar de dar cobertura a esto, debió
tratar de decir que los responsables de lo que está haciendo o ha hecho
el señor Bermejo, con algunas ayudas, somos los socialistas, y esto es lo
que debió conducirle a convertir lo que era su obligación de dar
respuesta a una interpelación en un ataque en toda regla al gobierno
anterior y a la actual oposición, como se ha puesto de manifiesto en la
Comisión de investigación en la que el propio señor Bermejo ha reconocido
buena parte de las cosas que se han dicho.
Pero, señorías, veníamos a hablar de filtraciones que se habían
producido, de filtraciones que no se han analizado o investigado y,
naturalmente, de responsabilidades que todavía no se han exigido.
El señor Rato transformó su obligación de responder en una embestida,
pero no respondió en todo caso, o bien dijo que no había habido
filtraciones, o de nuevo que las filtraciones eran responsabilidad de la
Oposición, mía personalmente, de algún otro miembro del Grupo
Parlamentario Socialista o de otros a los que difusamente señaló; no tuvo
nada que decir de aquellas filtraciones interesadas que salieron en la
Cope, en El Mundo, en el ABC; nada que decir sobre la filtración de datos
fiscales referidos al anterior presidente del Gobierno --no me refiero al
señor González, sino al señor Suárez-- hace ya algún tiempo; nada que
decir sobre lo que había ocurrido con la empresa Huarte, con la empresa
Lladró, con el Instituto de la Vivienda de Madrid o con otras empresas;
nada que decir tampoco, salvo la referencia a la casualidad, sobre el
expediente relativo a un tal señor Carlos, al que menciona el Secretario
de Estado de Hacienda, señor Costa, y que después es convenientemente
traducido por la Cope, por el ABC, por El Mundo, como casualmente,
naturalmente, el señor Julio Feo, ex secretario general de la presidencia
del gobierno. Como ya dije al señor Bermejo en la comparecencia de los
días posteriores pura, absolutamente pura causalidad.
Pues bien, es lamentable, señorías, que el señor Rato, Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, no tenga nada que
decir sobre algo que tanto ha preocupado a ciudadanos particulares, a
todos aquellos que se preocupan porque la hacienda, la Agencia Tributaria
tenga un buen nombre, porque haya una moral fiscal que esté por encima de
las disputas políticas entre el Partido Socialista y el Popular, porque
haya una moral ética o una ética civil en este país de la fiscalidad que
no esté sometida a las veleidades de un gobierno o de otro, que no esté
sometida a la tentación de utilizar en contra de la oposición el
conocimiento fiscal que tienen o que pueden tener los gobiernos.
Nada de extraño tiene el que nada menos que una asociación de
profesionales, de inspectores fiscales
--por cierto, como ya dije el día pasado, no una asociación a la que
estemos afiliados los militantes del PSOE--, haya dicho lo que dijo, y
con la contundencia con la que lo dijo, la semana pasada para reclamar no
solamente su buen nombre, sino el buen nombre de la Hacienda, para
reclamar el que se pongan medios, para protestar airadamente, incluso,
porque no se haya puesto hasta ahora ni un sólo medio al servicio de la
corrección de este deber de confidencialidad que ha sido violado
repetidas veces.
Señorías, frente a lo que decía el señor Rato, creo que tenemos muchas
cosas que hacer; no solamente acusar a otros, como ha hecho
inadecuadamente el señor Rato. Hay que hacer algo, y urgentemente, que es
nada más y nada menos que cumplir la ley. Cumplir la ley, que significa
ejercer responsablemente la tarea de Gobierno, gobernar; cumplir la ley
haciendo y vigilando que otros también cumplan la ley; depurar
responsabilidades, si las hay; trasladar el conocimiento de esas
responsabilidades, si es susceptible de integrar un delito, al fiscal; en
todo caso, no convertir lo que es ya una auténtica tragedia en las
relaciones políticas del Gobierno y la oposición en algo en perjuicio,
además, del conjunto de la ciudadanía, del derecho a la intimidad, de la
imagen de la Hacienda pública y del prestigio de todos aquellos que
trabajan en ella.
Por esta razón, señorías del Partido Popular, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, del Grupo Nacionalista Vasco, del Grupo Mixto, del
Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, hemos presentado una
moción, para que simplemente el Gobierno haga, de una vez y para siempre,
el ejercicio de cumplir la ley, de exigir las responsabilidades que esté
en su mano exigir, de investigar y de poner en conocimiento del Congreso
de los Diputados el resultado de su investigación; algo que no es
decirles a ustedes otra cosa diferente más que cuando se está en el
Gobierno hay que gobernar, que no se puede convertir la tarea de gobierno
en una tarea irresponsable de oposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
A la moción del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por el
Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señorías, yo creía que
iba a subir a la tribuna a hablar sobre una moción que ha presentado el
Grupo Socialista, pero parece que el portavoz, empleando términos
taurinos, salió corneado de la interpelación y hoy ha venido aquí a hacer
una nueva interpelación sobre el tema, sin hablar en absoluto, de la
moción que ha presentado; moción a la que había formulado una enmienda,
que tampoco explicaré porque ya que no le ha importado para nada su
propia moción, no quiero ni contar lo que le importa nuestra enmienda.
Hablando de filtraciones, señor Eguiagaray, hay una cuestión previa a la
que me quiero referir. Dijo usted en su interpelación, señor Eguiagaray,
que se filtró el expediente de una empresa constructora, y da un detalle
--dice que se tramitó como delito fiscal--, del que no disponemos ningún
miembro de la Comisión. Lo que consta en los documentos de la Comisión es
que ese expediente se liquidó y no se notificó. A lo mejor avanzaríamos,
si supiéramos quién está filtrando, si usted dijera aquí quién le ha dado
esa información, porque o bien ha mentido o es que tiene una información
adicional. Quizás en ese ambiente en el que se mueve el señor Leguina le
dicen todos los nombres de la lista, y donde a usted le han dicho también
ese dato concreto; detalle que, por cierto, sería bueno confirmar para
que dispusiéramos de él el resto de los miembros de la Comisión.
Hablando de filtraciones, señor Eguiagaray, no ha dicho ni una sola
palabra de por qué el señor González, usted mismo y el señor Leguina
conocían la lista; usted no ha dicho nada de eso. En el colmo del
ridículo --permítame que se lo diga con todo cariño, aunque no quisiera
decir eso--, usted está interpelando sobre filtraciones, y los únicos que
han dado nombres concretos son ustedes. (Aplausos.--Rumores y Protestas.)
Es que son los únicos que han dado nombres concretos. ¿Nos podrían decir
cómo se han enterado, en qué ambientes circulaban esos nombres? Quizá,
señor Eguiagaray, en el ambiente que se formó en Cortes, 9, por donde han
desfilado por el Grupo Socialista todos los ex altos cargos de la
Hacienda pública; quizá en ese ambiente se han filtrado los nombres y por
eso lo sabía usted y lo sabía el señor Leguina. (El señor Leguina Herrán
pide la palabra.) Desde luego esos nombres no están en el seno de la
Comisión y desde luego, señor Eguiagaray, yo rechazo la mayor. No
sabíamos nada de esos nombres que ustedes sí conocían.
Y yo le digo, señor Eguiagaray, y usted lo dijo en la interpelación, que
hay responsabilidades penales, pero
es que el deber de sigilo sigue después de dejar los altos cargos y mucho
más si esa información no se le ha dado al Gobierno. Quizá no se le dio
porque querían ocultar su responsabilidad. Porque usted hoy ha sacado un
documento y ha dicho que lo pone a nuestra disposición. Se lo agradezco,
pero, ¿en ese documento, señor Eguiagaray, está evaluada la pérdida que
suponía para Hacienda el retraso injustificado de unos expedientes? ¿Está
ahí esa lista de nombres, esa nota que evaluara, las cantidades y los
nombres de contribuyentes que dijo que tenía el ex Director General de
Inspección en la Comisión de Investigación? ¿Está en ese traspaso de
poderes que nos ha enseñado, señor Eguiagaray? Porque desde luego en el
que nos dieron al Gobierno no está y en el que figura en la Comisión
tampoco. (Protestas.) Y además, señor Eguiagaray, no sólo fue el ex
Director General de Inspección. La ex Directora General de la Agencia, la
señora Lázaro, señor Eguiagaray, dijo y reconoció que conocía la
paralización de algunos expedientes que quedaron perjudicados y que
suponían muchos miles de millones de pesetas de perjuicio para la
Hacienda pública. Creo que por lo menos ya estamos avanzando en esta
interpelación y en esta moción. Ustedes ya no discuten los hechos, se
limitan a discutir no el fondo, sino la forma. Por lo menos vamos
avanzando. Reconocen ustedes que los hechos son ciertos. (Un señor
Diputado: ¡No, no!.--Protestas.) Se están ustedes preocupando mucho por
la forma y, desde luego, al fondo ya no le dedican ni un minuto.
(Protestas.--Un señor Diputado: No es así, no te enteras de nada.) A lo
mejor no es así, pero por las palabras del señor Eguiagaray aquí ha hecho
más caso a la forma que al fondo. (Protestas.--Aplausos.)
El señor Eguiagaray empezó diciendo en la Comisión cuando vino a
comparecer el señor Costa... (El señor Leguina Herrán pronuncia palabras
que no se perciben.) Cuando vino a comparecer el señor Costa, el señor
Eguiagaray empezó diciendo: todo esto es mentira, todo esto es, como él
lo dice, grave, falso de toda falsedad. Bueno, ya nos sabíamos la
escenificación del primer día: primero, lo niegan todo y además
gravemente se escandalizan, procuran decir que todo es mentira y que son
objeto de persecución y luego, cuando los hechos se prueban, dicen que se
han enterado por los periódicos o como es este el caso, dicen que no
percibían el riesgo. Y cada ex alto cargo de Hacienda cuando ha venido a
la Comisión de Investigación ha dicho: es que no percibía el riesgo. El
riesgo se ha convertido en catástrofe --200.000 millones de pesetas se
han perdido--, pero no se percibía el riesgo. Luego, por último, intenta
echar la culpa al último que pasa por allí. (Un señor Diputado: ¡No!)
Pero, señorías, los hechos son cada vez más incuestionables. Los
expedientes existen, ya lo reconocen todos, hasta el señor Leguina los va
identificando --va diciendo éste es de este contribuyente, éste es del
otro contribuyente--, y lo dice dentro y fuera de la Comisión. Tenemos
además un listado de expedientes que se está confeccionado viendo
expediente por expediente. Hemos visto en la Comisión los 127 expedientes
de más de 1.000 millones de pesetas de deuda perjudicada. Además, por si
fuera poco, la Inspección de servicios ha hecho un trabajo que ha
demostrado que los expedientes existen, que los expedientes están
perjudicados y en esos expedientes lo que alegaban los contribuyentes era
prescripción por paralización de más de seis meses.
Más de 223.000 millones de deuda perjudicada, señor Eguiagaray, de los
cuales 192.000 corresponden a 562 contribuyentes. Los expedientes han
pasado más de seis meses paralizados con un plazo medio de liquidación
--con un plazo medio de paralización entre incoar el acta y liquidarla--
de casi un año. Existen, han estado paralizados más de seis y eso hace
que la deuda tributaria sea incobrable. Señor Eguiagaray, eso ustedes sí
lo reconocen en el traspaso de poderes. Ocultan a cuánto ascendía ese
perjuicio, ocultan la lista, pero dicen que la presumible consolidación
de la doctrina del Supremo haría perder toda la deuda tributaria de los
expedientes que hubieran permanecido más de seis meses paralizados.
Reconocen el perjuicio para la Hacienda, pero no nos dicen a cuánto
ascendía ese perjuicio y de quién era. Ahora parece que ustedes lo
sabían, lo sabían porque había una nota y lo sabían porque parece que el
señor Leguina lo conocía, que el señor González lo conocía y que usted
mismo identificó a algún contribuyente.
El riesgo, señor Eguiagaray, se convirtió en una catástrofe que hizo
perder a la Hacienda pública 223.000 millones. (Rumores.) ¿Y qué hicieron
ustedes? ¿Qué hicieron cuando los contribuyentes alegaban prescripción?
¿Qué hicieron cuando el Director General de Tributos hizo una nota? Mirar
a otro lado, como hacen siempre. ¿Qué hicieron cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón dictó una sentencia dando la razón al
contribuyente, que ustedes ni recurrieron? (Rumores.) Mirar para otro
lado. ¿Qué hicieron con las resoluciones de los tribunales
económicos-administrativos centrales, con las resoluciones de los
tribunales económicos-administrativos regionales? Ustedes miraban para
otro lado y ahora dicen que no percibían el riesgo, y es que ese riesgo
se ha convertido en una catástrofe (Rumores.), y eso es responsabilidad
el Gobierno anterior y eso es una negligencia constatable en la Comisión
y es una valoración primera de los resultados de la Comisión, y cada
señoría puede sacar sus propias conclusiones. (Rumores.) Pero había un
riesgo que se convirtió en catástrofe y ustedes eran los responsables de
vigilar por el dinero de la Hacienda pública. Además, señor Eguiagaray,
no se lo perdonaban a todos. En la ONI la mitad pagaba y la otra mitad no
pagaba, perdonaban sólo a la mitad y eso se llama discriminación. Además,
como hemos incorporado al vocabulario político la sabia definición del
señor Almunia,
nosotros calificamos de amiguismo lo sucedido, porque se ha perjudicado
al interés general beneficiando a unos pocos. (El señor Almunia Amann
pide la palabra.) Y eso lo calificamos de amiguismo, porque es lo que ha
sucedido: negligencia y discriminación. Según el señor Almunia eso se
llama amiguismo. (Rumores y protestas.)
Y ahora, señor Eguiagaray, en lugar de defender su moción se dedica a
insultarme. (Protestas.) Nosotros, señor Eguiagaray, y este portavoz
también, quiere pasar la página de la historia, pero pasar la página no
es arrancarla. (Rumores.) Queremos sacar conclusiones positivas para que
lo que sucedió en España nunca más suceda. (Rumores.) Y no sólo me
refiero a estos casos, sino a otros muchos de triste recuerdo para todos
los españoles. (Aplausos.--Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Martínez-Pujalte.
Señor Leguina, S. S. ha sido citado al menos cinco veces, que haya podido
computar la Presidencia. (Risas.) ¿Se considera aludido?
(Asentimiento.--Risas.) Pues tiene razón.
Tiene un turno de alusiones por tres minutos.
El señor LEGUINA HERRAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, yo le anunciaba al señor Martínez-Pujalte desde aquí
humildemente: Vicent, que te estás perdiendo. (Risas.) Pero en fin.
El me ha dicho en su alusión que yo he filtrado a El Mundo y a ABC, cosa,
de verdad, señor Presidente, que no se cree ni Dios. (Risas.--Aplausos)
Es verdad que yo he citado al ABC, porque el ABC --ahora que no nos oye
nadie--está en la lista, en el número 31 de la ONI (Rumores.), gran amigo
del Partido Socialista Obrero Español desde larga data el ABC. (Risas.)
De todas maneras, sin intentar interferir en este debate, daré un dato
puramente estadístico. Carlos, citado por Juan Costa, como hemos sabido
justamente a través del ABC y de El Mundo, era Julio Feo. La probabilidad
de que, al azar, como se nos ha dicho, se tomara ese expediente, es de 1
partido por 5.400; es decir, la misma probabilidad que tiene un señor de
llenar una quiniela al azar y acertar. La conclusión es obvia, señores
del Partido Popular: dénle sus quinielas a Costa porque acertarán los 14
y los 15 resultados.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
El señor Almunia también ha sido citado, ¿también se entiende aludido?
Había entendido que eran, digamos, citas, pero S. S. está en el derecho
de utilizar la réplica.
El señor ALMUNIA AMANN: Voy a ser muy breve.
El señor Martínez-Pujalte desde la tribuna y en alguna ocasión anterior
--lo he visto a través de algún teletipo que ha llegado a mis manos--me
atribuye una definición de amiguismo en la que, sinceramente, no me
reconozco. Yo no soy académico de la Lengua, ni muchísimo menos, ni me
precio de hablar un castellano perfecto, pero saber distinguir lo que es
amiguismo de lo que no es amiguismo, analizando la política que hace su
Gobierno y que ustedes tanto interpretan y aplauden, no me cuesta tanto
como saber descifrar algunas palabras poco usadas del castellano que
todos hablamos, algunos mejor y otros peor.
Le voy a decir, por ejemplo, qué supone para mí el amiguismo. El
amiguismo supone haber dado información a determinadas personas sobre el
momento en que se iba a realizar la OPA de Endesa y que esas personas se
hayan forrado, y no me estoy refiriendo al anterior Presidente de Endesa,
don Feliciano Fuster, que la semana pasada fue absuelto y exonerado de
toda responsabilidad por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sino a quienes de verdad, y están próximos a ustedes si no entre ustedes,
se forraron con esa operación. (Rumores y protestas.--Un señor Diputado:
¿Quiénes, quiénes?) El que dio la información sobre la OPA de Endesa a
quienes se han forrado con esa OPA, esos son sus amigos, eso es
amiguismo. (Aplausos.--El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra a los solos efectos de las
alusiones finales.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar, el señor Leguina dice
nombres de contribuyentes aquí, en este Pleno. Señor Leguina, esto se
acaba en un minuto y sin ninguna broma. Usted dice quién le ha dado los
nombres y acabamos, porque, seguramente, señor Leguina, quien le ha dado
los nombres ha cometido un delito, y eso hay que constatarlo. (Rumores.)
Porque, señor Leguina, usted no sólo ha dado un nombre de un cierto medio
de comunicación, es que reconocía los expedientes uno a uno, y eso indica
que había una lista y que esa lista...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, un momento, por favor. Le
rogaría a S. S. que no abra nuevos debates. Limítese a lo que haya habido
de alusiones en las intervenciones, a su vez por alusiones, de los
señores Leguina y Almunia.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Lo haré. Muchas gracias, señor
Presidente.
Simplemente diré que el señor Leguina adelantaría mucho en su exposición
si dijera quién le ha filtrado los nombres, que es lo único que nosotros
hemos preguntado,
porque sólo el Grupo Socialista ha filtrado los nombres. (Rumores.) Y,
desde luego, agradezco al señor Leguina que cada vez vaya reconociendo
más los hechos.
Al señor Almunia le diré que esa definición la reconocerá como suya o no,
pero es suya. Señor Almunia, es su definición. Además, para amiguismo, no
me haga hablar de lo que ha ocurrido en el pasado reciente de España y de
quién se ha llevado el dinero; no me haga decir quiénes eran sus amigos y
cómo están imputados en los tribunales.
Muchas gracias. (Los señores Leguina Herrán y Eguiagaray Ucelay piden la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
¿Grupos que no hubieran presentado enmiendas y deseen fijar su posición?
¡Ah, perdón! ¿Señor Eguiagaray?
Señor Eguiagaray, un momento. Sería mejor que los distintos grupos
consumieran el turno de fijación de posición y que finalmente S. S.
interviniera a los efectos de aceptar o denegar la enmienda presentada en
términos del Reglamento, si le place a S. S.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, ¿era un consejo o una
decisión? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No, no, es un recuerdo del Reglamento. Es menester
que S. S. espere a la fijación de posición de los grupos que no han
presentado enmiendas.
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Gómez Rodríguez tiene la
palabra.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque el señor Eguiagaray Ucelay no lo ha citado --ha tenido un pequeño
lapsus-- tomo brevemente la palabra para señalar la posición de Coalición
Canaria con relación a la moción que se debate, pero que no se ha
debatido.
Del texto que presenta el Grupo Parlamentario Socialista coincidimos en
lo que se señala en el preámbulo sobre las lamentables filtraciones a los
medios de comunicación de datos relativos a expedientes tributarios de
los 200 millardos, expedientes protegidos por el deber de secreto,
secreto que es exigible a los funcionarios y autoridades que tuvieran
acceso a los mismos y cuya violación origina el consiguiente perjuicio
para la buena imagen de la Hacienda pública y de sus competentes
servidores.
Mas, señor Presidente, señorías, nos permitimos recordar algo que no se
cita en la moción, cual es el hecho de que esta Cámara acordó el 26 de
febrero último la creación de una comisión de investigación que tenía
como cometido señalar, primero, las presuntas responsabilidades políticas
y, segundo, proponer medidas de reforma administrativa para el buen
funcionamiento de la Administración, si a ello hubiera lugar. Ya sabemos
que es difícil lograr una quimérica paz octaviana, una larga paz, pero
estimamos, señor Presidente, que en la recta final de los trabajos de la
Comisión nos hace mucha falta equilibrio, sosiego, aunque sea una cuasi
pax brevis. Y esta paz la pedimos en las expresiones públicas,
fundamentalmente de los dos grandes partidos que conforman el arco
parlamentario de esta Cámara. De todos es sabido que han sido las
reuniones de esta Comisión intensas, e inclusive añadiría hasta
maratonianas y duras, hasta altas horas de la noche. Mas las turbulentas
aguas iniciales se han ido serenando un tanto y hoy he vivido un acto
constructivo, se ha vislumbrado un espíritu constructivo de todos los
diputados comisionados en la reunión preparatoria de los trabajos finales
que acabarán próximamente, y que esperamos concluyan felizmente. Ello nos
induce a votar en contra de la moción socialista que solicita la apertura
de nuevas investigaciones por las susodichas filtraciones. No abramos por
ahora nuevos frentes en este espinoso tema fiscal.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, aceptaremos la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular que nos ha sido facilitada, siempre que se
retire el inadmisible, a todas luces, párrafo primero, por mor del
prestigio y probidad de los miembros de esta Cámara y especialmente por
los que constituimos la Comisión de Investigación. Este párrafo se
refiere a la cuestión de exigir a los diputados de la Cámara que se
investigue sobre quiénes han sido los que han hecho declaraciones sobre
los expedientes que se están investigando. Aceptando el resto de la
enmienda del PP se consigue el objetivo final de todos los grupos de esta
Cámara, inclusive el del Socialista, cual es depurar posibles
responsabilidades de toda clase, remitiendo si fuera necesario al
ministerio fiscal, en su caso, los hechos presumiblemente delictivos si
los hubiese.
Pedimos que se nos deje trabajar con la misma intensa dedicación, con la
máxima serenidad posible, pero sin presiones de ninguna clase. A ver si
logramos entre todos acertar en las conclusiones en beneficio de la buena
imagen hacendística y de la transparencia administrativa española, lo que
estoy seguro es deseo también de todos los grupos parlamentarios.
Concluyo, señor Presidente, citando a Don Quijote, que ante ingentes
problemas con enormes molinos decía: tiempos hay de acometer y tiempos
hay de retirar.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (El señor De
Grandes Pascual pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, pido la palabra por
alusiones, al amparo del artículo 71.3 del Reglamento. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo alusiones en las palabras del señor Gómez
Rodríguez.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Del señor Almunia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Entiendo que la pide
acogiéndose a lo que establece el artículo 71.3 por alusiones a su grupo
parlamentario.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Al grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
El señor Almunia se ha cuestionado a sí mismo si tenía un bueno uso o
conocimiento del castellano. Del castellano bueno, seguramente no; del
lenguaje cheli y barriobajero, sí. (Rumores.--Aplausos.) Quizá, señor
Diputado, las malas compañías de antaño le hicieron aprender términos
como ese de forrarse. Pero usted ha imputado de forma irresponsable a
este grupo parlamentario o a nuestras cercanías y ha dicho que
seguramente se sientan aquí o cerca de aquí, haciendo imputaciones graves
y ofensivas que afectan, sin duda, a la dignidad de este grupo
parlamentario. (Rumores.) La dignidad, también la suya, exige que usted
diga quiénes y qué imputa. Descalificaciones gratuitas y generales
hablando de forrarse, conocimiento que tiene usted muy bien, señoría, no
le obliga ni le autoriza a hacer imputaciones y señalar. ¡Está obligado,
señor Diputado, a decir quién es ofensivo aquí, quién es indigno aquí y
qué imputación hace usted en concreto que resulta ofensiva! Y, si no,
cállese, señor Almunia. (Aplausos.--Rumores.--El señor Almunia Amann pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor De Grandes.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Señor De Grandes, retiro lo de forrarse y en su lugar pido que conste en
el «Diario de Sesiones»: ganancias desmedidas e injustificadas. Pero en
cuanto a las alusiones y a las valoraciones que he hecho no retiro ni
siquiera una coma. (Rumores.) Ustedes... (Rumores.--Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Almunia. ¡Señorías, silencio!
¡Señorías, silencio! Señorías, el Reglamento tiene normas que permiten
expresarse a los grupos parlamentarios en la forma en que ambos
portavoces lo están haciendo. Yo les ruego, y permítanme la expresión,
que no hagan de corifeos de sus respectivos grupos.
Señor Almunia, puede continuar.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente, por ampararme en el
uso de la palabra y en mi libertad de expresión, al menos en este
hemiciclo.
Ustedes, señor De Grandes, llevan años permitiéndose opinar, insultar,
calumniar a estos bancos. (Rumores.) Y si no se dan cuenta me preocupa
todavía más. Si ustedes no se dan cuenta, todavía me preocupa más.
(Rumores.) Ustedes han tratado, y usted mismo en múltiples declaraciones
a lo largo de esta legislatura, de deslegitimar a este grupo
parlamentario en su tarea de oposición. El Presidente del Gobierno
también lo ha hecho, para escándalo de muchos demócratas, en respuestas a
preguntas de este grupo parlamentario, y en concreto de este portavoz.
Pero su pretensión es vana, señor De Grandes. Nosotros vamos a seguir
desde estos escaños y desde fuera valorando, opinando, criticando,
denunciando todo lo que nos... (Fuertes y prolongados rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (El señor Isasi Gómez pronuncia
palabras que no se perciben.) ¡Señor Isasi, silencio!
El señor ALMUNIA AMANN: Incluso, por añadir un gerundio, ya que estamos
hoy de gramáticas y de Lengua española, tratando de educar, educando a
algunas de SS. SS. en lo que es el hábito parlamentario de escuchar.
(Rumores y protestas.)
Señor De Grandes, no es el portavoz Almunia quien dice que en la OPA de
Endesa han tenido lugar ganancias desmedidas, ha sido el Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, nombrado por su Gobierno. No es
el portavoz Almunia, del Grupo Socialista, quien dice que el anterior
Presidente de Endesa, señor Fuster, ha sido exonerado de toda
responsabilidad por el modo, al parecer irregular, como se anunció en un
periódico, antes de tiempo, la OPA que iba a tener lugar días pasados; ha
sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y ya que ustedes
parecen no seguir este tipo de cuestiones de actualidad, les anuncio
desde ahora que mi grupo parlamentario va a solicitar mañana, porque
ahora el Registro está cerrado, la comparecencia urgente del Presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que diga en el
Parlamento cuál ha sido el resultado de las investigaciones llevadas a
cabo por la Comisión acerca de las condiciones en que se realizó la OPA
de Endesa y, a partir de ahí, verán cómo por el hilo se encuentra el
ovillo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.--El señor De Grandes Pascual pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Un momento, señor De Grandes. Su señoría ha tenido el turno de alusiones
y el señor Almunia ha retirado las palabras. (Protestas.)
El señor DE GRANDES PASCUAL: Se lo puedo explicar, señor Presidente, con
toda brevedad.
El señor PRESIDENTE: No, señor De Grandes. Le agradezco el auxilio que
pueda prestar a la Presidencia. El señor Almunia ha retirado la palabra
que había considerado ofensiva el portavoz del Grupo Popular. (Fuertes y
reiteradas protestas.)
Sosiéguense SS. SS. Las actas están a su disposición y el debate lo
dirige la Presidencia.
El señor Almunia ha defendido a su grupo y ha hecho una exégesis sobre
los términos ganancias desmedidas, al parecer empleados por quien, según
ha anunciado, será un compareciente. Esos han sido los términos. Voy a
darle la palabra, señor De Grandes por un minuto, pero les rogaría
encarecidamente que no prolonguen innecesariamente el debate y, con ese
minuto, concluya el incidente.
Tiene la palabra.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente, por su
comprensión. Yo no haré literatura como el señor Almunia. (Un señor
Diputado: Porque no puedes.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
El señor DE GRANDES PASCUAL: Ya comprendemos la educación a la que se
refería el portavoz del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes, ampararé a S. S. como a cualquier
otro Diputado en el uso de la palabra. Ruego a SS. SS. que dejen
expresarse al portavoz del Grupo Popular, que no le interrumpan y que se
zanje ya el incidente porque, además, la hora aconseja, en beneficio de
todos, que procedamos de inmediato a la aceptación o denegación de la
enmienda y a la votación.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, resulta cierto que el
señor Almunia, y eso le honra, ha retirado una expresión inadecuada, pero
no ha retirado ni ha precisado la gravedad de la imputación. El señor
Almunia ha dicho expresamente que en estos bancos se sentaban personas,
bien en estos bancos o cerca de nosotros mismos, a las que les achaca e
imputa graves responsabilidades. Yo exijo que diga quién o, si no, que lo
retire. No es cuestión de una comisión de investigación, es cuestión de
que, aquí y ahora, y le pido amparo, señor Presidente, diga quién; si no,
lo retire y, si no, que se calle. (Fuertes aplausos.--El señor Almunia
Amann, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor Almunia, con la misma brevedad. Se lo ruego encarecidamente.
El señor ALMUNIA AMANN: Sí, señor Presidente. Gracias.
Siento no poder satisfacerle, señor De Grandes (Rumores.) Es que quien
tiene razón soy yo, no él. Por eso no le puedo satisfacer. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Le reitero el anuncio de que el procedimiento
será el siguiente: petición de comparecencia urgente del Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor De Luis!
Señorías, el trámite está ventilándose entre dos portavoces. Ruego a SS.
SS. que tengan respeto por el uso de la palabra.
Continúe, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Estaba diciendo, señor Presidente, que el trámite
que va a seguir mi grupo va a ser: petición de comparecencia urgente del
Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, preguntarle en
su comparecencia por todo lo que tenga a bien decirnos, una vez que ya ha
investigado una operación que él antes de iniciar la investigación ya
dijo que podía tener... (Un señor Diputado: ¡Nombres!) Los dará él
probablemente. Vengan ustedes a la comparecencia y los escucharán.
(Varios señores diputados: ¡Tú, tú! --¡Atrévete! -- ¡El no lo sabe!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, acaban ustedes de pedir respeto para el
portavoz de su grupo, respeto que yo les pido para el portavoz del Grupo
Socialista.
El señor ROBLES FRAGA: ¡Es que no se lo merece!
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Robles!
Continúe, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
No deberían estar tan nerviosos. (Rumores.) Les reitero que yo confío en
que el Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una vez
que ha
concluido su investigación, no sólo nos diga quién ha quedado exonerado
de responsabilidad, sino quién la tiene y, a partir de ahí,
estableceremos todos nuestras propias conclusiones. ¡Ojalá el Presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos sepa explicar sus
afirmaciones mejor que el Presidente del Gobierno cuando el 15 de enero
habló de los 220.000 millones! (Aplausos.--El señor De Grandes Pascual
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia. Señor De Grandes, su
señoría...
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, yo no le pido la palabra
por alusiones ni para seguir la polémica con el señor Almunia.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Le pido la palabra para dejar claro que yo,
a la vista de la insatisfacción de la respuesta del señor Almunia, voy a
pedir amparo a su señoría, porque no voy a tolerar que se imputen
acusaciones a miembros de mi grupo sin que queden satisfechas de forma
completa. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor Eguiagaray, tiene la palabra a los efectos de aceptar o rechazar la
enmienda defendida. No se moleste S. S. en venir a la tribuna; le señalo
que es a los solos efectos de aceptar o denegar la enmienda y, dado lo
avanzado de la hora y lo prolongado del debate, seré absolutamente
exigente en que se atenga a ese trámite.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, con mucho gusto cumpliré
con lo que son los límites de lo que usted me ha dicho, pero no sin antes
solicitarle la posibilidad de exigir rectificaciones del señor
Martínez-Pujalte por las acusaciones vertidas directamente contra mí,
contra el señor Leguina y contra el señor González. (Un señor Diputado:
¡No está González!)
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, un momento. Me pide amparo y le
explicito, como ha visto S. S., que ya se ha usado el turno de alusiones
por el señor Leguina...
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Por mí, no.
El señor PRESIDENTE: Por el señor Leguina se ha usado el turno de
alusiones, y las del grupo parlamentario, como acaba de comprobar toda la
Cámara, por el portavoz de su grupo. En lo que hace a las referencias a
su persona, puede, antes de entrar en la aceptación o denegación, sin
abrir nuevo debate, señor Eguiagaray, replicar a lo que haya considerado
como alusiones.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, recordará la Cámara que el
señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a decir que el
primero que sacó nombres en público fue el señor González, don Felipe.
(Un señor Diputado: ¡Sin duda!) Pediré, señor Presidente, su amparo. En
el debate en la interpelación pasada ya quedó de manifiesto que mucho
antes de que durante este año el señor González dijera o hiciera la menor
alusión a esta cuestión, alguien que, por cierto, pretendió mantener
todavía que no había hablado de esto, el 17 de enero en Barcelona
exactamente (Varios señores diputados: ¡No, no!), confirmando su falta de
credibilidad, habló de las primas, de las hermanas y de las cuñadas
únicas (Rumores.--Protestas.), y ese señor se llama don Francisco
Alvarez-Cascos. (Aplausos y protestas.) Primera cuestión que quiero que
quede clara.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, vamos a concluir el debate en los
términos de lo que es la dialéctica parlamentaria razonable. (Continúan
los rumores.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) Silencio, señorías.
El señor González, ausente del hemiciclo, Presidente de su grupo
parlamentario, ha sido amparado por su grupo parlamentario en los
términos que ha considerado su portavoz. No haga nuevas alusiones a otros
ausentes del hemiciclo que darían lugar a la solicitud de nuevos turnos
por alusiones. Limítese, señor Eguiagaray, a contestar a las alusiones
que se han hecho a su persona y a aceptar o denegar la enmienda, por
favor.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente. Sólo estaba
tratando, puesto que nadie ha rectificado una acusación que es
manifiestamente falsa y en ausencia del señor González, de restablecer la
verdad, como ya intenté hacerlo el día pasado.
En segundo lugar, en relación a las alusiones personales dirigidas a mí,
quiero que el señor Martínez-Pujalte cite en algún momento, en algún
lugar y con algún fundamento cuándo he desvelado yo algún expediente
fiscal, del que, por cierto, no tengo la menor información. (Rumores.)
En tercer lugar, señor Presidente, el señor Martínez-Pujalte, en su
réplica, que ha sido una réplica dirigida no naturalmente al contenido de
la moción (Protestas.--Varios señores diputados pronuncian palabras que
no se perciben.), sino una réplica o un análisis de la consideración que
a su juicio merece el estado de las investigaciones, ha dicho no
solamente que las cosas estuvieran ya probadas, sino que, faltando de
nuevo manifiestamente a la verdad, ha dicho que nosotros ocultamos datos,
y pretendía que el argumento que avalase esta afirmación fuera el de que
nosotros no trasladamos ninguna evaluación económica de los efectos que
pudieran producirse si algunas de las imaginarias tesis construidas
después por este Gobierno se hubieran cumplido.
Quiero que quede claro, señor Presidente, que si esta fuera una historia
de un asesinato, una historia policiaca, resultaría que el señor
Martínez-Pujalte me estaría exigiendo que le hubiera presentado el
cadáver (Rumores y protestas.), el cadáver que demostraría la comisión de
un delito, el cadáver que no existe, porque ni ha habido asesinato, ni ha
habido homicidio, ni hay muerto; ni siquiera hay novela, salvo en la
imaginación del señor Martínez-Pujalte y del Grupo del Partido Popular.
(Un señor Diputado: ¡Y de Acebes! --Rumores y protestas.) No puede haber,
por lo tanto, señor Presidente, ninguna lista ni puede haber ninguna
evaluación económica sobre una historia que no se puede demostrar porque
no existe y sobre la cual el señor Martínez-Pujalte y su grupo tienen la
enorme dificultad de responder con argumentos y, por lo tanto, todo acaba
en lo que hemos visto en este hemiciclo, en que la incapacidad de
responder con argumentos se transforma en un conjunto de acusaciones y de
embestidas que no merecen nombre. (Protestas.)
Señor Presidente, yo no puedo aceptar ninguno de los puntos de la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, empezando por la
primera, que afecta, como ha dicho el Diputado que representa al grupo
canario --y al que pido disculpas por no haberle citado-- (El señor Isasi
Gómez: ¡Sí o no!), al decoro de esta Cámara, cuando el Grupo
Parlamentario Popular pretende que la responsabilidad de las filtraciones
sea, como dice el punto primero, nada menos que de los diputados que
componemos esta Cámara. (Rumores.)
Señor Presidente, si el Gobierno no puede, no quiere o no está dispuesto
a asumir su responsabilidad de gobernar, tiene que adoptar otras
decisiones, pero no es posible acusar a los demás de aquello que él no
está haciendo. Por eso, señor Presidente, solamente quiero solicitar de
los grupos que entiendan que, más allá de la refriega dialéctica, aquí
hay un problema que afecta al honor de los funcionarios
(Protestas.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.) y de la Hacienda pública, por lo que les pido que voten
favorablemente la exigencia de responsabilidades que se pide en nuestra
moción.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Martínez-Pujalte López pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Martínez-Pujalte, muy brevemente.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
El señor Eguiagaray con muchísima gravedad y diciendo que yo no he
mencionado su moción, vuelve a no hablar en absoluto de la moción que hoy
ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Señoría, para alusiones. (Rumores.)
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Sí, le voy a leer unas declaraciones
suyas, señor Eguiagaray, en El Mundo y en El Periódico de Cataluña. Acusó
usted al Gobierno de perdonar 32 millones de pesetas a Cofir --sociedad
vinculada al BBV y a NH-- diciendo que el Gobierno había actuado
presionando al TEAC en su resolución. Aquí, en la Comisión de
investigación, quedó claro: el presidente del TEAC --que lo nombraron
ustedes-- dijo que eso era mentira. (Rumores.) Y usted no ha retirado su
acusación, usted, que siempre está hablando de mentiras, siempre está
hablando de falsedad, siempre habla en falso... (Protestas.) No se pongan
nerviosos, no se pongan nerviosos. (Risas.--Protestas.) Señor Eguiagaray,
usted que siempre habla de mentiras, está mintiendo desde el primer
momento. Ustedes tenían una lista, y en ese documento que nos han
enseñado no está ni esa lista ni la evaluación de los perjuicios. Ustedes
perjudicaron a la Hacienda pública en 223.000 millones (Rumores.--El
señor Isasi Gómez: ¿Dónde están? --Protestas.), perdonando deudas
tributarias a 600 contribuyentes... (Fuertes protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Y eso ustedes lo reconocían...
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Martínez-Pujalte! No entre en nuevas
argumentaciones. Concluya. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
Señor Eguiagaray, no. (Rumores.)
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Concluyo, señor Presidente.
Eso estaba muy claro en el traspaso de poderes. En el traspaso de poderes
se reconocía que ese dinero se había perdido. Lo que también se había
perdido era la lista que sabemos que tenían.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte. (El señor
Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
No, señor Eguiagaray, no tiene la palabra. (El señor Eguiagaray Ucelay
vuelve a pedir la palabra.) Señor Eguiagaray, no tiene la palabra. (El
señor Eguiagaray Ucelay vuelve a pedir la palabra.) ¡Señor Eguiagaray! No
ya le voy a llamar al orden, le llamo a la sensatez. (Rumores.) Su
señoría ha pedido un turno de alusiones adicional al de la aceptación o
denegación de la enmienda. La Presidencia se lo ha otorgado y, según ha
podido escuchar el hemiciclo --si ha estado atento; desde luego, la
Presidencia lo ha estado--, ha requerido al Diputado Martínez-Pujalte
sobre cuándo había desvelado --he tomado nota-- algún dato. El señor
Martínez-Pujalte ha pedido el consiguiente turno para decir lo que a su
juicio ha sido la respuesta a esa pregunta
suya. No cabe mayor debate. La Presidencia entiende que el asunto está
suficientemente debatido y vamos a proceder a la votación. (El señor
Eguiagaray Ucelay vuelve a pedir la palabra.)
¿A qué efectos, señor Eguiagaray?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, si me permite, nada más un
instante. (Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
¿A qué efectos, señor Eguiagaray?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: ¿Puedo hablar con usted, señor Presidente?
(Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos, señor Eguiagaray?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Soy muy consciente de lo que usted ha dicho y
de los esfuerzos que está tratando de hacer, pero me parece innegable que
el señor Martínez-Pujalte ha vuelto a abrir el debate, porque quiero...
(Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Eguiagaray, no tiene la palabra. Se da por
concluido el debate. Saben SS. SS. que sería interminable. Tienen todavía
que terminar --y a ello les estimulo-- la Comisión de investigación. (La
señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
Señora Aguilar, ¿ha pedido la palabra?
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, nosotros queremos que quede
constancia de la protesta formal de nuestro grupo parlamentario porque
nos parece que durante este debate el Presidente ha dejado que se siente
un precedente grave para el funcionamiento regular del Parlamento. Se ha
violentado el Reglamento y el Presidente ha dejado que sucediera
(Rumores.), y eso, al final, ha comportado un manifiesto incumplimiento
del Reglamento de la Cámara. Por tanto, nosotros pedimos que quede
constancia, porque queremos que el señor Presidente tome nota y no vuelva
a pasar esto, porque quien primero se desacredita es la autoridad de la
propia Presidencia de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: En el ejercicio de tal autoridad, señora Aguilar, la
Presidencia ha dirigido el debate. No cree haber conculcado el
Reglamento. Acepta su protesta, que ha sido públicamente formulada y que
desde luego va exclusivamente a la responsabilidad de su señoría, y le
garantiza que lo que no constituye precedente es que S. S. ni ningún otro
portavoz traten de suplantar la dirección del debate, que corresponde a
la Presidencia. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
Vamos a proceder a la votación. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs, ¿a qué efectos?
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, a los efectos de solicitar
votación separada de los dos primeros puntos de los tres siguientes.
El señor PRESIDENTE: ¿De los dos primeros puntos de la moción?
(Asentimiento.)
Gracias, señor Homs.
Votación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de
interpelación urgente, sobre responsabilidades políticas generales en las
que ha incurrido el Gobierno por la filtración de expedientes tributarios
y la creación de un clima de inseguridad jurídica para los ciudadanos en
sus relaciones con la Administración tributaria.
Votamos, en primer lugar, el punto número 1 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 136; en contra, 153; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 1.
Votamos a continuación el punto número 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 136; en contra, 153; abstenciones, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 2.
Votación relativa al resto de la moción del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a
favor, 136; en contra, 164; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.