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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 83, de 20/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 83
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 80
celebrada el martes, 20 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista en el Congreso, por la que se establece el régimen
sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo de 15 de
diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 57.1, de 18 de octubre de
1996 (número de expediente 122/000042) (Página 4088)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de Bases de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Ley Hipotecaria sobre subastas judiciales de bienes inmuebles. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 72.1, de 2 de diciembre de
1996 (número de expediente 122/000056) (Página 4094)
--Del Grupo Socialista en el Congreso, de Bases de Reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre realización forzosa
judicial de bienes embargados. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 70.1, de 29 de noviembre de 1996 (número de expediente
122/000054) (Página 4094)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre posición del Gobierno español
ante las políticas europeas de cohesión económica y social. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 75, de 19 de noviembre de
1996 (número de expediente 162/000062) (Página 4103)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento
de normas sobre construcción de embarcaciones pesqueras de menos de 2,5
toneladas de registro bruto. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 114, de 18 de marzo de 1997 (número de expediente 162/000106)
(Página 4111)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(número de expediente 173/000040) (Página 4115)
-- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del
Gobierno en materia de transportes aéreos entre la Península y los
Archipiélagos (número de expediente 173/000041) (Página 4122)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política
educativa pública (número de expediente 173/000042) (Página 4129)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4088)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se establece el régimen
sancionador previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo de 15 de
diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Página 4088)
En nombre del Grupo Socialista, presenta la proposición de ley la señora
Marón Beltrán, quien pone de manifiesto que el deterioro de la capa de
ozono provocado por la emisión a la atmósfera de compuestos halogenados
es, desde hace varios años, motivo de preocupación de la comunidad
internacional. Esta preocupación ha quedado patente en la aprobación del
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono en 1985 y el
Protocolo de Montreal en 1987, del que España forma parte. Expone que
esta proposición de ley tiene por objeto establecer el régimen
sancionador relativo a la producción, uso y comercialización de las
sustancias reguladas en el Reglamento 3093/94, del Consejo Europeo, sin
perjuicio de la aplicación directa del citado reglamento, especialmente
en lo que se refiere a su entrada en vigor. Expresa su deseo de que sus
argumentos en favor de esta proposición de ley sean tan contundentes que
muevan los posicionamientos políticos de los señores Diputados de un modo
racional, lejos de otras connotaciones de oportunidad, y les convenzan de
que cada día que pasa es una cuenta atrás en la degradación de nuestro
ecosistema y, por tanto, de la vida. Termina su exposición manifestando
su esperanza de que entre todos se pueda elaborar una ley consensuada que
dé solución urgente al grave problema que se presenta.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Torres
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista por la que se establece el régimen
sancionador previsto en el Reglamento 3093/94, de 15 de diciembre, del
Consejo Europeo, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono,
se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de Bases de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
Ley Hipotecaria sobre subastas judiciales de bienes inmuebles (Página 4094)
Del Grupo Socialista del Congreso, de Bases de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre realización forzosa
judicial de bienes embargados (Página 4094)
En nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, presenta la proposición de ley el señor Castellano
Cardalliaguet. Solicita el voto favorable de la Cámara para la toma en
consideración de la proposición de ley de su grupo, que tiene por objeto,
por encima del propio texto a que dicha proposición de ley se contrae,
llamar la atención sobre un tema que consideran de enorme importancia
como es la existencia de corruptelas en las adjudicaciones de las
subastas de inmuebles. Su grupo, utilizando la técnica de la ley de
bases, pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley
Hipotecaria, en lo que se refiere a las subastas de bienes inmuebles que
se sigan por el procedimiento de apremio de los artículos 1481 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por el procedimiento de
ejecución del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.
Explica, a continuación, el contenido de la proposición de ley y confía
en el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de
ley que, según su opinión, en nada entorpecerá la futura tramitación de
una Ley de Enjuiciamiento Civil tantas veces prometida.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista presenta la proposición de
ley el señor Sáenz Cosculluela. Manifiesta que la proposición de ley que
presenta su grupo es complementaria de la del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por lo que intentará que
también su intervención sea complementaria. Comienza haciendo unas
reflexiones, sin ánimo polémico, sobre la administración de Justicia y se
refiere en concreto al problema de la lentitud por rituaria, por
formalista, por escrita y por existir una multitud de procedimientos.
Sitúa la iniciativa de su grupo en el contexto de desconfianza social
ante la extrema dificultad de ejecutar las decisiones judiciales. Entre
las causas de esta percepción de ineficacia del sistema procesal de
ejecución de sentencias destaca la opacidad de los sistemas de
realización forzosa de los bienes embargados, la dispersión de las normas
que los regulan y la desconexión absoluta entre las reglas generales del
mercado con las de la venta de bienes embargados, que están sujetas a
principios propios de la época en que se promulgó la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Se pregunta sobre la posibilidad de abordar estos
problemas en una ley de bases y expone algunos de los criterios
propuestos en la proposición de ley para garantizar la tutela judicial
plena y efectiva en todas las fases del procedimiento, restablecer en una
pequeña faceta la plenitud del Estado de Derecho, introducir mayor
agilidad y menor opacidad, eliminar dificultades en la enajenación y dar
más garantías a todos los ciudadanos. Confía en que, dejando de lado
cualquier polémica que se pueda suscitar al hilo del debate, el sentido
común y el deseo de resolver un problema real llevará a los grupos
parlamentarios a dar vía libre a esta proposición de ley que permitirá,
sin duda, mejorar el ordenamiento jurídico en una faceta tan sensible
como ésta.
En turno en contra interviene el señor Arqueros Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno de réplica intervienen los señores Castellano Cardalliaguet y
Sáenz Cosculluela, duplicando el señor Arqueros Orozco.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, se rechaza por 148 votos a favor, 168 en contra y una
abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 147
votos a favor y 170 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 4103)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre posición del Gobierno español
ante las políticas europeas de cohesión económica y social (Página 4103)
El señor Costa Costa defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la aplicación del artículo 130 A) del
Tratado de la Unión Europea, por entender que la iniciativa de su grupo
no sólo es oportuna sino necesaria en un contexto en el que la Comisión
Europea termina de realizar su primer informe trianual sobre la cohesión
económica y social, refiriéndose en primer lugar a unos de los
principales logros del Tratado de la Unión Europea, que no es otro que el
de robustecer la componente de solidaridad interna. Centra su exposición
en la aplicación del artículo 130 B, referido a las políticas de la Unión
Europea tanto en base al primer informe elaborado por la Comisión Europea
como a los progresos realizados para conseguir la cohesión económica y
social y sobre la manera con que han contribuido a ellos distintos medios
previstos en este artículo. A continuación pasa a analizar la respuesta
dada por las políticas no estructurales de la Unión a la obligación
formulada por el Tratado de tener en cuenta los objetivos de la cohesión
y se pregunta si, con el paso del tiempo, se han reducido las
disparidades económicas y sociales de los Estados miembros, las regiones
y los grupos sociales y si ha mejorado el desarrollo armonioso del
conjunto, pasando a hacer un repaso somero de las políticas de
transporte, competencia, agrícola común, etcétera.
Termina su intervención solicitando de los grupos parlamentarios el apoyo
a esta proposición no de ley que pretende mantener un proceso de
construcción europea que la diferencie de cualquier otra región o area
mundial.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley,
intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez Casañ, del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para presentar una enmienda transaccional en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, interviene el señor Costa Costa.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la posición del Gobierno español ante las políticas
europeas de cohesión económica y social, en los términos resultantes de
la enmienda transaccional propuesta por dicho grupo, se aprueba por 299
votos a favor y 20 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre establecimiento de
normas sobre construcción de embarcaciones pesqueras de menos de 2,5
toneladas de registro bruto (Página 4111)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular el
señor Mantilla Rodríguez. Se refiere en primer lugar a la Orden de 20 de
noviembre de 1979 del Ministerio de Agricultura, en la que se establecían
los requisitos para la construcción y reparación de embarcaciones menores
de 20 toneladas de registro bruto, orden que fue derogada por un Real
Decreto sobre la construcción y modernización de buques pesqueros de
menos de seis metros de eslora. Analiza los efectos que se producen como
consecuencia de esta derogación, quedando las embarcaciones construidas
hasta esa fecha obsoletas y con materiales inadecuados. La proposición no
de ley propone que esas embarcaciones construidas al amparo de la Orden
de 20 de noviembre de 1979 puedan ser renovadas, aportando la baja
pertinente de la construcción anterior. Asimismo se refiere a una
enmienda presentada por su propio grupo en el sentido de que se permita
la transmisión de padres a hijos, siempre y cuando éstos continúen con su
actividad y anuncia su voto negativo a la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el señor Blanco López.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez Vázquez
(don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
A los efectos de rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
interviene el señor Mantilla Rodríguez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en los términos resultantes de la enmienda propuesta por dicho
grupo, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4115)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(Página 4115)
Para presentar la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la
política del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo interviene la señora Rubiales Torrejón, del Grupo
Parlamentario Socialista. Reconoce que la economía española va bien, pero
considera que en España ha habido un retroceso evidente en el ejercicio
de las libertades, por lo que se han visto obligados a presentar esta
moción. Explica que con la interpelación de la que trae causa esta moción
se pretendía conocer la posición del Gobierno sobre la posible ampliación
del aborto, cuál era la intención sobre la concesión o no del indulto a
los médicos condenados y que el Parlamento debatiera los problemas al
hilo de las preocupaciones de la sociedad. Se refiere a la contestación
dada por la señora Ministra en cuanto a que no había necesidad social y
en cuanto a que los indultos no habían sido solicitados, por lo que no
podía decir nada sobre su concesión. Sin embargo, la señora Diputada
manifiesta que los indultos están pedidos, se están tramitando y la razón
de ser de esta moción es su urgencia, porque hay que evitar el ingreso en
prisión de los dos médicos condenados. Otra de las razones que tenía su
grupo para presentar esta moción era lograr el mayor acuerdo
parlamentario posible, puesto que la petición de indulto ha tenido un
amplísimo apoyo social, haciéndose eco partidos políticos, organizaciones
feministas, parlamentos autonómicos, incluso el Tribunal Supremo en su
resolución del 8 de mayo de 1997. Considera que sólo quedan por
manifestarse el Congreso de los Diputados y el Gobierno, pero como el
Congreso de los Diputados no sustituye al Gobierno de la nación es por lo
que piden instar al Gobierno a que adopte una determinada decisión.
Asimismo afirma que, en aras del consenso que les permita evitar el
ingreso en prisión de los dos médico, han limitado su moción al tema del
indulto, pero anuncia que el Grupo Parlamentario Socialista volverá a
presentar mañana mismo una proposición de ley sobre la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, para tener la oportunidad de volver
sobre el tema de fondo y modificarlo.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
interviene la señora Fernández González.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola Martínez
y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, y la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
A los efectos de rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
interviene la señora Rubiales Torrejón.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, se aprueba por 175 votos a favor, seis en
contra y 146 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del
Gobierno en materia de transportes aéreos entre la Península y los
archipiélagos (Página 4122)
El señor Rivero Baute presenta la moción del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria sobre política del Gobierno en materia de transportes
aéreos entre la Península y los archipiélagos. Recuerda en primer lugar
los argumentos dados con ocasión de la interpelación presentada el 7 de
mayo y los incrementos que se habían producido en las tarifas aéreas a
partir del 25 del pasado mes de abril. Asegura que en aquella ocasión el
Ministro de Economía y Hacienda y los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios que intervinieron en el debate se posicionaron en la línea
de apoyar iniciativas encaminadas a dar cohesión a los territorios
archipielágicos y al Estado español. De esta postura surgen los distintos
puntos de la moción que intenta buscar el máximo consenso de las fuerzas
que componen el arco parlamentario. A continuación pasa a explicar los
diferentes puntos de dicha moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Carreño
Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas planteadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo
Parlamentario Socialista, habiendo sido retirada la
del Grupo Parlamentario Popular, interviene el señor Rivero Baute.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria sobre la política del Gobierno en materia de transportes aéreos
entre la Península y los archipiélagos, en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas, se aprueba por 306 votos a favor y uno en
contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política
educativa pública (Página 4129)
Para la presentación y defensa de la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación
urgente, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política
educativa pública, interviene la señora Aramburu del Río. Comienza su
intervención haciendo unas reflexiones sobre la moción que, como cada
semana, trae a la Cámara en defensa de la enseñanza pública, dirigiéndose
a la señora Ministra de Educación, pues, aunque no se encuentra en el
hemiciclo, espera que esté escuchándola. Acusa a la señora Ministra de
haber provocado desánimo y rabia con un artículo publicado en un diario
de ámbito nacional, haciéndolo coincidir con la marcha sobre Madrid el
pasado sábado 17 de mayo, y considera las tesis que la señora Ministra
sostiene en el texto no sólo inútilmente impertinentes sino falsas y
absolutamente defensivas.
A continuación, haciendo un esfuerzo por olvidar lo oído y lo leído en
esta última semana, presenta los diez puntos de su moción encaminada a
garantizar una política educativa pública de calidad. Aconseja a la
señora Ministra que aprenda de los errores o aciertos del amigo o del
contrario y le recuerda que, en Inglaterra, Tony Blair ha enterrado a
John Major y Margaret Thatcher con un programa que tenía tres apartados:
educación, educación y educación.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el señor Bayona Aznar.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convengència i Unió), y el señor Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular.
A los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista, interviene de nuevo la señora Aramburu
del Río.
Sometida a votación la moción procedente de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
las medidas a impulsar para garantizar una política educativa pública, en
los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas, se rechaza
por 136 votos a favor y 157 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN
SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) 3093/94, DEL CONSEJO DE 15 DE
DICIEMBRE, RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (Número
de expediente 122/000042)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día Toma en consideración de
proposiciones de ley.
Debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Socialista, por la que se establece el régimen sancionador previsto en el
Reglamento 3093, de 15 de diciembre de 1994, del Consejo Europeo,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Para la defensa de la proposición de ley, en nombre del grupo proponente,
tiene la palabra doña Carmen Marón.
La señora MARON BELTRAN: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
mi primera intervención en el Pleno de esta Cámara es para defender una
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se
establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento 3093, del
Consejo de Europa, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
La preocupación por el medio ambiente a nivel mundial quedó patente en la
aprobación del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono
en 1985 y el Protocolo de Montreal en 1987, del que España forma parte en
sus sucesivas reuniones y enmiendas. El Consejo de la Unión Europea ha
aprobado el
reglamento citado en diciembre de 1994, que regula la producción,
consumo, comercio, importación y exportación de sustancias como los
clorofluorocarburos, halones, tetracloruro de carbono, bromuro de metilo
y otros compuestos que el reglamento precisa, estableciendo, además, las
fechas de prohibición y recuperación de las sustancias usadas. En su
artículo 19, dicho reglamento establece que los Estados miembros
determinarán las sanciones que deban aplicarse en los supuestos de
infracción de las disposiciones en él contenidas. Curiosamente, en este
momento somos el único país que no lo tiene, por lo que es imprescindible
la existencia de un marco sancionador relativo a la producción y
comercialización de las sustancias reguladas en el reglamento y disponer
de instrumentos legales donde se establezcan las posibles infracciones y
sus correlativas sanciones, marco que precisa adaptarse periódicamente a
las enmiendas del Protocolo de Montreal, dotando de contenido las
obligaciones que hemos contraído con la Unión Europea. Ley que, si bien
tipifica y regula una serie de infracciones, debe ir acompañada de un
marco educativo amplio, porque trata de proteger un bien
intergeneracional como es nuestro planeta. Se retoma, señorías, por otra
parte, un debate iniciado en la anterior legislatura y que decayó al
finalizar la misma, y espero que sea enriquecido con sus aportaciones en
esta ocasión.
Decía que era mi primera intervención y me alegro que lo sea precisamente
para hacer una defensa de la vida. Pocas veces, señorías, me gustaría
como en esta ocasión que mis argumentos fueran tan contundentes que
movieran sus posicionamientos políticos de un modo racional, alejándolos
de otras connotaciones de oportunidad y se priorizase la urgencia de que,
cada día que pasa, es una cuenta atrás en la degradación de nuestro
ecosistema y, por tanto, de la vida. Hablar de la capa de ozono es hablar
de un inmenso escudo protector que la vida tiene en la Tierra contra los
mortales rayos ultravioletas procedentes del sol y que durante décadas ha
sido atacada por millones de toneladas de sustancias que la destruyen,
liberadas a la atmósfera sin ningún tipo de control por los seres
humanos. Así, la necesaria energía solar se convierte en arma letal para
los seres vivos. ¿Cuáles son esas sustancias? Compuestos químicos
derivados del cloro y del bromo, los halocarburos, los HFC, los halones,
el bromuro de metilo, etcétera. Lo peor, señorías, es que convivimos con
estas sustancias en nuestro entorno cotidiano. Así, el uso industrial y
doméstico en refrigerantes, aire acondicionado, impulsores de espuma o
propelentes de aerosoles hace que todos, de un modo consciente o
inconsciente, seamos agentes destructores de nuestro medio. La liberación
masiva de sustancias contaminantes produce el adelgazamiento de la capa
de ozono, permitiendo el paso de los rayos ultravioletas causantes de
graves daños. El informe del programa de las Naciones Unidas para el
medio ambiente sobre efectos ambientales de la destrucción de ozono habla
a las claras de las consecuencias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Marón.
Señora Gil, señor Mardones, señor Guardans, les ruego silencio.
Puede continuar, señora Marón.
La señora MARON BELTRAN: Decía que habla a las claras de las
consecuencias: cáncer de piel, alteraciones del sistema inmunológico,
enfermedades oculares, activa virus latentes, produce impactos en el
citoplancton y la vida marina, en la masa hérborea, fuertes impactos en
el clima como el calentamiento global o efecto invernadero. En
definitiva, desde la bacteria más pequeña a los grandes cetáceos son
vulnerables.
En estos momentos la Organización Meteorológica Mundial informa que cada
año la capa de ozono se encuentra más dañada con respecto al año
anterior. La Antártida tiene destruida más del 70 por ciento de su capa
de ozono y el agujero ocupa más de 23 millones de kilómetros cuadrados.
El Artico sufre la más rápida disminución registrada, con un agujero de
más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Recientemente, el pasado 10
de mayo, científicos chilenos han detectado un nuevo agujero en el
hemisferio austral sudamericano que abarca gran parte de Chile y
Argentina, con mediciones consideradas críticas, 210 unidades Dobson
frente a 270, que sería lo normal. Si se tiene además en cuenta la etapa
estacional más favorable en aquellas latitudes, podemos afirmar que es un
problema generalizado que ya se extiende geográficamente y en el tiempo.
Estamos, por tanto, ante una situación de deterioro de nuestra vida
realmente alarmante, y digo alarmante porque si los ciudadanos tuviesen
información fehaciente de la situación y sus consecuencias para el
futuro, crearía un mayor estado de alarma social, que yo no quiero
propiciar, pero sí pido que se adopten medidas contundentes, medidas
educativas, concienciadoras y preventivas y, como en el caso de esta
proposición de ley, medidas sancionadoras que propicien un marco
normativo adecuado en un esfuerzo común de dar soluciones desde todos los
ámbitos.
Señorías, quiero decirles que puede haber esperanza y hay soluciones. Hoy
están apareciendo con fuerza productos más seguros. La tecnología
dominante en Europa y otros países, que ya están comercializando muchas
empresas y que pueden perfectamente reemplazar las sustancias
contaminantes en prácticamente todas las aplicaciones, no es sólo más
aceptable ecológicamente, sino que incluso en muchos casos es más
económica.
Es paradójico que el sistema sanitario contribuya a la destrucción de
ozono con inhaladores para asmáticos.
Son miles de toneladas de CFC. Pues bien, ya hay disponible una solución:
la sustancia que necesitan los asmáticos puede ser inhalada perfectamente
en forma de polvo. La tecnología Greenfreeze, sistemas de enfriamiento
secundario a base de hidrocarburos, da solución a la refrigeración y al
aire acondicionado. Hay métodos alternativos a los aerosoles, como barras
sólidas o pulverizadores mecánicos. En cuanto a la extinción de
incendios, también se pueden sustituir los halones por CO2, agua, espuma,
etcétera. Por tanto, no más liberación de sustancias contaminantes que
pueden sobrevivir décadas en la atmósfera porque, pese a las medidas
preventivas que ya se adoptaron en muchos países, los niveles máximos de
acumulación de cloro y bromo aún se alcanzarán en el período 1998/2000.
Nuestro planeta tiene los recursos limitados. Ya existen alternativas a
las sustancias contaminantes, con lo que es posible cubrir las
necesidades de los humanos y proteger nuestro medio ambiente. Todos somos
responsables, pero los que tenemos capacidad para legislar por mandato
del pueblo soberano somos más responsables. He querido transmitir sin
alarmismo la gravedad de la situación. Hay soluciones, pero entre todos
tenemos que impulsarlas.
Finalmente, señorías, podemos enriquecer esta ley en el período de
tramitación con el ánimo abierto al consenso parlamentario y la
aportación de los grupos, elaborando una ley consensuada, actualizándola
con la sensibilidad que sé que tienen todos los grupos presentes en esta
Cámara. No podemos demorar lo que ya no es posible controlar. Esperar
unos meses puede ser demasiado tarde.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marón.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa).
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego para mostrar nuestro
apoyo a la proposición de ley del Grupo Socialista, y lo hacemos con el
criterio de que esta proposición de ley es básicamente la traslación de
un reglamento de la Comunidad Europea del año 1994, que pretende, sobre
todo, la prohibición y la imposición de una serie de sanciones por el
consumo excesivo de compuestos halogenados. No hace más que traducir lo
que fue el Protocolo de Montreal del año 1987.
El Protocolo de Montreal de 1987 va dirigido, sobre todo, contra los
clorofluorocarbonados, unas sustancias inventadas en el año 1928 que se
utilizan desde el año 1930 en neveras, aire acondicionado, sprays,
espumas, componentes electrónicos y mecánicos. En todo caso, el Protocolo
de Montreal pretende congelar el consumo desde 1990 y reducirlo a la
mitad en el año 2000, con una reducción del 20 por ciento en 1994 y del
30 por ciento en 1999. Doy estos datos para que SS. SS. sean conscientes
de que vamos retrasados en relación con la aplicación del protocolo y del
reglamento de la CEE de 1994.
Por otro lado, sería de desear --y esta ley no lo contempla, para que se
vea también su carácter limitado y cómo tendríamos que apoyarla todos por
unanimidad-- la reducción y neutralización de los óxidos de nitrógeno y
de los óxidos nitrosos, que son los que se emplean en fertilizantes, lo
que desprenden las centrales térmicas, los combustibles fósiles, los
automóviles, los aviones a reacción, los supersónicos e incluso más
gravemente las explosiones nucleares. Hay que tener en cuenta todo esto
porque muchas veces se reduce el deterioro de la capa de ozono a la
acción de los clorofluorocarbonados, que son los que afectan al uso
doméstico, cuando lo más grave son los óxidos de nitrógeno y el óxido
nitroso.
Señorías, como ya demostró la señora Marón, del Partido Socialista, la
vida sobre la Tierra está claramente amenazada porque la filtración de
radiaciones ultravioletas empieza a no realizarse, como fue tradicional
desde que se creó la vida en la Tierra. Por lo tanto, la salud humana, el
ecosistema y el deterioro del sistema climático nos obligan a ser
responsables, y ya vamos suficientemente retrasados. Por todo ello vamos
a apoyar la proposición de ley del Grupo Socialista, advirtiendo que, de
prosperar --y así lo deseamos--, intentaremos que se mejore en el ámbito
competencial, para que las comunidades autónomas tengan también su parte.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias señor Presidente.
Coalición Canaria considera muy oportuna esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista sobre un tema que nos preocupa, sobre todo en
comunidades autónomas de ubicación geográfica tan meridional como la de
Canarias, donde los días de sol sin nubes a lo largo del año son
tremendamente dominantes sobre los días nubosos. Son ésas las comunidades
que están más afectadas por este grave peligro. El grado de insolación en
la Comunidad Autónoma de Canarias se puede parangonar con el de la
Andalucía más meridional, y su grado de protección por capa nubosa a la
penetración
de los rayos ultravioletas generados a través del agujero de la capa de
ozono nos hace más vulnerables. De aquí que nuestra sensibilidad también
quiere estar acorde con esta iniciativa, y la vamos a apoyar con nuestro
voto.
Desde 1985, ya en la Conferencia de Viena, se detectó este importante
fenómeno y se dijo que era necesario tomar una conciencia responsable y
disciplinada, como se va a manifestar después en Montreal, sobre todo
cuando se da uno cuenta de que la legislación que se tenía que haber
desarrollado desde la Conferencia de Montreal no se hace, y tiene que
venir la denominada enmienda de Copenhague a dar una propuesta a los
gobiernos de la Unión Europea (que se ha materializado ya en 1994 con su
directiva correspondiente, que hoy tratamos de aprobar aquí) que es
sencillamente aquella declaración de protección. Se hacía una exhaustiva
enumeración de todas las sustancias que, habiendo sido declaradas
químicamente como inertes, eran propelentes de cualquier otra sustancia
usada en la actividad humana, desde la cosmética hasta la extinción de
incendios por espumantes, que estaban produciendo, por su emisión a la
atmósfera, este deterioro y esta destrucción del ozono, y se decía que
era necesario sencillamente que pasáramos de la recomendación puramente
política a tener un instrumento legal de sanción. O la industria
fabricante, los productores, los exportadores y los importadores toman
responsabilidad y conciencia, o no hay mejor vía pedagógica en este caso
que frente a las infracciones la sanción. Por todo esto, nosotros vamos a
apoyar con nuestro voto esta propuesta con las enmiendas que se puedan
introducir, dado que hay algunas competencias en cuestiones de medio
ambiente o en inspección de industrias que están en el ámbito de las
comunidades autónomas, pero eso es puramente formal, y tomándolo en
consideración, nosotros podríamos introducir la corrección puramente
formal y adecuada al pronunciamiento de los estatutos de autonomía
correspondientes. Creemos necesario este instrumento sancionador de lo
que ya es una lista exhaustiva que la propia directiva de la Comunidad
Europea ha señalado, con todos sus componentes químicos implicados, que
son los que hay que exterminar, y es por lo que nosotros consideramos que
o esto lo resolvemos de una vez, o el grado de deterioro creciente no
producirá nada más que todas las malformaciones, los cánceres de piel y
toda la problemática patológica humana, no solamente del medio ambiente,
sino fundamentalmente los que se derivan para la salud humana. De aquí
nuestra adhesión a la iniciativa y nuestro voto de apoyo favorable.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos encontramos ante una proposición de ley por la que se establece el
régimen sancionador previsto en el Reglamento 3093/94, del Consejo de
Europa, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, sustancias contempladas en la enmienda de Copenhague al
protocolo de Montreal, una de las múltiples enmiendas que se han ido
introduciendo a este protocolo a medida que ha avanzado el conocimiento
de la comunidad científica internacional sobre la destrucción del ozono
estratosférico, y paralelamente también ha avanzado la voluntad de la
comunidad internacional en frenar un proceso que, de proseguir, tendría
gravísimas consecuencias para la humanidad, como ha ilustrado
suficientemente la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista desde la
tribuna.
Este Reglamento 3093, que como ya es sabido constituyó la reacción de la
Unión Europea a las evidencias de la destrucción del ozono
estratosférico, y que fue incluso más allá de la enmienda de Copenhague,
entró en vigor a final del año 1994, siendo desde entonces de aplicación
directa en todos los Estados, pero tiene un artículo, el 19, que
determina que las sanciones las establecerán los propios Estados
miembros. Lo que, siendo urgente, desde nuestro punto de vista, todavía
está pendiente, a pesar de que han transcurrido ya dos años y medio desde
finales de 1994.
El propio Gobierno socialista supongo que era consciente de esta
urgencia, porque curiosamente hay un desliz en la exposición de motivos
de la proposición de ley que supongo que era idéntico al de la iniciativa
que tenía preparada el Gobierno en la anterior legislatura. Pues bien, se
ha producido un desliz cuando se afirma más o menos que la magnitud del
problema requiere que se utilice la fórmula legislativa del real
decreto-ley. Saben ustedes que entre las prerrogativas del Parlamento no
está la de legislar por medio de reales decretos.
Pero, errores aparte, considero que es urgente aprobar una norma de este
tipo, ya que la ausencia de una legislación de esta clase conlleva el
riesgo de recibir productos recuperados y reciclados en terceros países
que ya la hayan adoptado; aunque también creo que en el caso de que la
Cámara decidiera tomar en consideración esta proposición de ley, como
espero --de hecho nuestro grupo va a votar favorablemente a la misma--,
sería conveniente modificarla en algunos aspectos, como, por ejemplo,
estableciendo mecanismos adecuados de control para evitar la importación
de sustancias prohibidas en el mencionado reglamento, o estableciendo el
calendario de desarrollo o de cese de uso de las instalaciones que
funcionan con clorofluorocarbonados.
Nada más, señor Presidente. Reitero nuestro voto favorable a la toma en
consideración de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por explicado ya el problema. No pretendo, a estas horas de la tarde,
encoger a SS. SS., porque, además, me da la sensación de que no se van a
encoger, ya que han tenido ocasión, reiteradas veces, en los años
precedentes, de haber tomado iniciativas en este sentido. Solamente pido
que ahora haya sentido común para votar esta ley. Efectivamente, esta
proposición de ley deberá mejorarse bastante en el trámite parlamentario
de la Comisión, porque hay una serie de cuestiones que, a mi entender,
pueden haber quedado ya desfasadas.
No digo a humo de pajas, en relación con esto, que me gustaría que SS.
SS. tuvieran en consideración esta proposición no de ley, porque ya hubo
una serie de iniciativas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
hace unos cuantos años (algunas de ellas en febrero de 1990,
posteriormente proposiciones de ley en septiembre de ese mismo año y otra
en febrero de 1992) mediante las cuales se intentaba plantear cosas, a
nuestro juicio, tan urgentes en aquellos momentos como ahora, como era,
por ejemplo, el control, la prohibición del uso de clorofluorocarbonos en
la producción de materiales para embalaje y plásticos de forma inmediata.
A partir de enero de 1992, la misma prohibición, la producción de espumas
rígidas y blandas, así como la prohibición del uso de CFCs como
disolvente para limpieza de materiales, etcétera. Es decir, que ya ha
habido una serie de propuestas que atendían, no únicamente al
cumplimiento de la directiva europea posterior, sino incluso al peligro
concreto que teníamos aquí en España, a través de los focos de
contaminación que había, fundamentalmente a partir de tres fábricas
instaladas en el territorio español.
Entonces no se tuvo en cuenta, porque hubo dos proposiciones de ley que
en su momento caducaron, sería por aburrimiento, seguramente que en la
Comisión respectiva nadie las tuvo en consideración y caducaron, y otra
decayó; se me escapa en estos momentos concretos la razón, aunque me
imagino que si decayó sería responsabilidad del propio grupo proponente,
es decir, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Pero, en
definitiva, había una serie de propuestas, este Parlamento ya conocía los
peligros y había una serie de iniciativas para tomar en consideración.
La proposición no de ley del Grupo Socialista me parece que acierta en lo
fundamental: tipificar las infracciones y el régimen sancionador para la
aplicación del reglamento 3093/94, de la Comunidad Europea, sin perjuicio
de aplicar otros regímenes sancionadores, es decir, que esto no está
reñido con otros regímenes sancionadores que vienen de leyes precedentes.
Luego ya, la tipificación de sanciones con el carácter de muy graves,
graves, leves, etcétera, en función de la cantidad y del nivel de la
infracción.
Antes de todo ello, creo que debería haber una información completa --al
menos nuestro grupo así lo va a pedir en la Comisión de Medio Ambiente--
en relación a la situación actual; en concreto, cómo se está cumpliendo
esto en España, atendiendo a que después de las proposiciones no de ley
de las que he hablado, con la excepción de la de septiembre de 1992, se
celebró la cumbre sobre medio ambiente de Río de Janeiro, una cumbre que
parece ser que por parte de muchos gobiernos, entre ellos, me da la
impresión, el español, se está incumpliendo en una serie de elementos
importantes que permitirían, en primer lugar, el estudio de la situación
en cada lugar y, luego, poner en marcha una serie de iniciativas.
Por tanto, nosotros vamos a pedir de forma inmediata a la Comisión de
Medio Ambiente un informe sobre el estado de la cuestión, para saber cómo
cumple España y qué posibilidades hay de hacer un progreso rápido desde
España en el cumplimiento de lo que son directivas internacionales y
sobre todo en el cumplimiento de lo que son los acuerdos de la Cumbre de
Río de Janeiro.
Termino, señoras y señores diputados, diciendo que nos parece bien que se
tome en consideración esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la preocupación por el medio ambiente en general y por la
continua destrucción de la capa de ozono en particular a consecuencia de
las excesivas emisiones de compuestos utilizados, desde aerosoles hasta
espumas para la extinción de fuegos, disolventes clorados, etcétera hace
que la comunidad internacional, cada vez más sensibilizada por la
existencia de un problema real de consecuencias imprevisibles, pretenda
garantizar el cumplimiento de unas medidas universales indispensables
reflejadas en los protocolos, en los reglamentos, en las directivas,
etcétera tendentes a proteger la capa de ozono. Esto es lo que pretende
el Reglamento CE 3093/94 mediante las medidas que en el mismo se adoptan.
Estas medidas, señorías, no dejan grado de libertad alguno salvo las
iniciativas legales que cada país considere oportunas a fin de garantizar
el estricto cumplimiento de los acuerdos internacionales, y me refiero al
establecimiento de sanciones, medidas cautelares, etcétera.
En la presente proposición de ley se propone tipificar básicamente las
infracciones, tomando como referencia
el mencionado reglamento. Dichas infracciones, según dice, se cometerían
por superar los cupos de producción y comercialización del bromuro de
metilo, los clorofluorcarbonados, hidroclorofluorcarbonados en una
cantidad superior al 10 por ciento de la establecida para cada producto,
por producir, comercializar o utilizar CFC, disolventes clorados y
halones a excepción de los previstos en el protocolo de Montreal, que,
como SS. SS. saben, son los destinados a uso terapéutico, y la
importación o exportación de o hacia Estados que no sean parte en el
protocolo de Montreal. En definitiva, lo que se pretende es que, en
función de rebasarse o no ese cupo del 10 por ciento, las infracciones
sean consideradas más graves, menos graves y leves. Quiero decir que el
espíritu de los protocolos y reglamentos que sientan las bases para
garantizar la protección de la capa de ozono son muy simples. La
protección de la capa de ozono sólo estará garantizada cuando no existan
emisiones, es decir, cuando el nivel de emisión sea cero, y el
tratamiento de este problema a nivel internacional se realiza a dos
niveles: o regulando la concentración máxima permitida o regulando el
nivel máximo de emisiones permitido de productos emitidos a la atmósfera
como consecuencia del proceso de fabricación.
Por lo que atañe a la regulación de la concentración máxima, el
Reglamento establece un nivel de tolerancia máximo con respecto a los
cupos fijados para estos productos del 1 por ciento. Por tanto, señorías,
carece de sentido desarrollar una legislación basada en el
establecimiento de unos márgenes de tolerancia en los cupos establecidos
en la presente proposición de ley diez veces superiores al exigido por la
legislación internacional; pero, en fin, ya tendremos ocasión de discutir
estos porcentajes.
Por tanto, más que desarrollar una ley que se sustente en criterios
contrarios al espíritu solidario que rigen las actuaciones de la
comunidad internacional en materia de protección de la capa de ozono,
¿cómo se va a proteger si se autorizan márgenes de hasta el 10 por
ciento? Sería necesario, primero, evaluar el grado de cumplimiento y de
posibilidad de cumplimiento por la industria nacional de los estrictos
contenidos del Reglamento CE 3093 y del protocolo de Montreal y, a
continuación, adoptar las medidas legales que sean imprescindibles para
garantizar el cumplimiento de esos contenidos.
Respecto a la regulación de emisiones a la atmósfera como consecuencia de
procesos de fabricación, quiero decir que la ausencia de medidas
estrictas destinadas a erradicar las emisiones de disolventes, sobre todo
los clorados, en el reglamento y en el protocolo se pone de manifiesto la
dificultad de tratar este problema, lo que no significa ni mucho menos
renuncia ni que la Comunidad, y España también, haya abandonado la idea
de fijar criterios de protección mediante controles.
Este era el objetivo de la propuesta de la directiva que desde hace
cuatro años --y España también participa-- se viene desarrollando. Por
tanto, una vez acordadas a nivel internacional las concentraciones
máximas de emisión en función de los diferentes procesos de producción
podrá y deberá acometerse la legislación nacional necesaria que
garantice, mediante la implantación de medidas preventivas y
sancionadoras, el estricto cumplimiento de la legislación internacional,
y esto es lo que se propone el Ministerio de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: Señor De Torres, vaya concluyendo, por favor.
El señor DE TORRES GOMEZ: Ya termino, señor Presidente.
Ya desde 1990 los gobiernos socialistas anunciaron nada menos que en
cinco ocasiones que remitirían a esta Cámara un proyecto de ley. Parece
que la dejación de responsabilidades en este sentido contrasta con las
actuales prisas del Grupo Socialista para trasladar al Derecho interno la
reglamentación europea sobre esta materia.
Señorías, la Comisión Europea, a la vista de las conclusiones del Consejo
de Ministros de Medio Ambiente del 4 de marzo de 1996, está trabajando
para presentar un nuevo reglamento puesto al día sobre la materia a que
se refiere la presente proposición de ley. Por ello, es aconsejable no
precipitarse. La señora Ministra de Medio Ambiente ya ha expresado en
esta Cámara su compromiso de aprobar en la presente legislatura un
proyecto de ley de protección del medio ambiente atmosférico y una
estrategia sectorial, teniendo en cuenta la legislación comunitaria.
No obstante y por último, dado que la proposición de ley socialista es
reproducción de un texto del Real Decreto-ley elaborado a finales de 1995
--y termino, señor Presidente-- por la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, pero que no llegó a aprobarse por los defectos de
técnica legislativa que contenía, y siendo conscientes del vacío legal
que es preciso cubrir para la implantación efectiva del reglamento de la
Comunidad Económica Europea, votaremos sí a la toma en consideración. No
obstante, en su tramitación presentaremos las correspondientes enmiendas
a fin de hacerla compatible con el anteproyecto de ley de protección
atmosférica que el Ministerio de Medio Ambiente está redactando, según he
citado anteriormente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Torres.
Señorías, vamos a proceder a la votación. Les ruego ocupen sus escaños.
(Pausa.)
Quería significar, señorías, que se ha procedido a un reajuste en la
iluminación de las últimas filas del hemiciclo,
que está sometido a prueba, y les rogaría que si tienen alguna
observación se la hagan llegar al señor Martínez Sanjuán, que está
colaborando con la Mesa a esos efectos. (Risas.) Votación sobre la toma
en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista por la que
se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento 3093/94, de
15 de diciembre, del Consejo Europeo, relativo a la sustancias que agotan
la capa de ozono.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, DE BASES DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA
LEY HIPOTECARIA SOBRE SUBASTAS JUDICIALES DE BIENES INMUEBLES (Número de
expediente 122/000056)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, DE BASES DE REFORMA DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA LEY HIPOTECARIA SOBRE REALIZACION FORZOSA
JUDICIAL DE BIENES EMBARGADOS (Número de expediente 122/000054)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya de bases de reforma de la ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre subastas judiciales de
bienes inmuebles, que se debatirá acumuladamente con la del Grupo
Socialista, de materia análoga, de bases de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre realización forzosa
judicial de bienes embargados.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
(Rumores.) Silencio, señorías. Si han de abandonar el hemiciclo, háganlo
con celeridad. (Rumores.)
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con su venia, señor Presidente, y en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, subo a esta tribuna para solicitar de la Cámara el voto
favorable hacia la proposición de ley que nuestro grupo presentó el 26 de
noviembre de 1996 y que tiene por objeto fundamentalmente y por encima
del propio texto a que dicha proposición de ley se contrae, llamar la
atención sobre un tema que consideramos de enorme importancia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Castellano.
Señorías, silencio. (Rumores.--Pausa.)
Cuando quiera, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Yo entiendo, señor Presidente, que,
dada la posición social de la mayoría de los componentes de esta Cámara,
no parezca que les vaya a afectar mucho el tema de la ejecución de bienes
embargados, pero yo les rogaría que pensaran un poco con perspectiva de
futuro, porque la vida es cambiante, la rueda de la fortuna depara
ciertas sorpresas y a lo mejor lo que hoy a ustedes no les llama nada la
atención, de poner un poquitín de interés en ello, les resulta algún día
de importante beneficio. (Risas.--Aplausos.)
Con esta intención continúo, señor Presidente, con su apoyo y con el
respaldo de todos ustedes, con la defensa de esta proposición de ley.
No es ninguna casualidad que esta proposición de ley haya coincidido con
otra similar del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso que casi,
leídas y contrapeadas, podríamos decir que son complementarias. Y ¿por
qué? Porque sería raro que a cualquier grupo parlamentario de esta
Cámara, y los proponentes no debemos arrogarnos por ello ningún criterio
de superior autoridad, no le esté preocupando de una forma muy seria lo
que está ocurriendo con algo tan importante como es la ejecución de las
sentencias.
El principio en que se basa fundamentalmente nuestro Poder Judicial no es
sólo el de juzgar, sino el de hacer ejecutar lo juzgado, con la evidente
intención de que tan importante función jurisdiccional culmine en algo
tan básico como es dar satisfacción a los intereses legítimos de las
partes, hasta el extremo de que, con muy buen criterio, alguna sentencia
del Tribunal Constitucional ha llegado a sentar la teoría de la posible
carencia de tutela judicial efectiva si no se adoptan los mecanismos
necesarios para que la sentencia dictada acabe alcanzando lo que es su
elemental objetivo, que es el restablecimiento de un derecho conculcado y
la satisfacción de las partes.
En ese sentido, señor Presidente, estas proposiciones de ley
--permítaseme hablar en un tono plural, porque considero que la que a
continuación defenderá y estoy convencido de que con gran brillantez y
con mucho más acierto cualquier compañero del Grupo Parlamentario
Socialista-- no son las únicas iniciativas que han puesto de manifiesto
esta preocupación.
En la propia judicatura desde hace ya bastante tiempo las juntas de
jueces han intentando buscar mecanismos para tratar de evitar toda
posible corrupción en este mundo de lo que llamamos de una forma genérica
las subastas judiciales y de poner coto a prácticas
y a corruptelas detrás de las cuales precisamente lo que había era un
importante fraude de ley.
Con esa intención y no con otra, queremos llamar la atención del Gobierno
con una proposición de ley que no viene articulada, que viene simplemente
como una ley de bases, indicando cuáles deben ser los criterios que, por
parte del Gobierno, del Ministerio de Justicia, de los órganos que con él
colaboran, deberán ser tenidos en cuenta para, en su día, poder
ofertarnos y proporcionarnos un texto articulado que, atendiendo a todo
el conjunto de preocupaciones que en esta proposición de ley se recogen,
pueda ir, repito, dando solución a la situación por la que hoy
atravesamos y que en modo alguno es susceptible de continuar.
Es evidente que el importante hecho que supone el apremio, la ejecución
forzosa, la privación por mandato legal y por imperativo jurisdiccional a
alguien de lo que son sus bienes en algunos casos de carácter más que
sustancial, cuales puedan ser sus enseres y su vivienda, tiene que venir
rodeado fundamentalmente de un conjunto de cautelas para que aquello se
convierta en lo que debe: en un acto de justicia, no en un acto de
expoliación ni de especulación; en un acto de auténtica justicia en el
que hay que procurar minorar los efectos dañinos (entiéndase la expresión
entre comillas) que la ejecución de sentencia va a comportar sobre el
ejecutado para que, efectivamente, los daños sean los menores posibles y,
sobre todo, para que no se produzca ningún supuesto de enriquecimiento
injusto, no ya sólo por el que ejecuta, sino por cualquiera otra de las
personas que intervienen en la ejecución. Y, lógicamente, eso exige que
debamos tener una atención fundamental al principio de la publicidad.
El principio de la publicidad en materia de subastas judiciales, de
apremio de bienes embargados, es ya de por sí una garantía; la garantía
de que el bien que va a ser objeto ni más ni menos que de ejecución va a
poder obtener, en ese especial mercado que es la subasta judicial, la
mayor valoración posible para, con ella, no sólo atender a los legítimos
derechos de la parte ejecutante y a la satisfacción de su deuda, sino, al
mismo tiempo, conservar, en la medida en que sea posible, la mayor
cantidad de valor para aquél que se va a ver privado de ella, de modo tal
que no se le añada a la privación de dicho bien y a la satisfacción de la
deuda una situación que le pueda conducir a posiciones de extrema
necesidad. En primer lugar, publicidad.
En segundo lugar, hace falta que en la valoración de los bienes no quede
la menor duda de que éstos han alcanzado, dentro de lo que es la
cotización normal en la vida cotidiana, el mayor valor posible, no vaya a
ser que, sin que ello quiera suponer en modo alguno crítica para quienes
hacen la función pericial, una determinada actitud, no muy rigurosa ni
seria, pueda hacer que --dicho en un lenguaje coloquial-- alguien trate
de obtener duros a pesetas so pretexto de una ejecución judicial en
nuestros juzgados.
En tercer lugar, hay que procurar también que aquellos que,
lamentablemente, han hecho del mundo de las ejecuciones forzosas o del
apremio de bienes embargados un mecanismo que yo llamaría no solamente de
carácter especulativo, sino de auténtica actividad delictiva, queden
absolutamente erradicados de toda posibilidad de tomar parte en ninguna
de estas ejecuciones, no sólo en bien del propio ejecutante y del propio
ejecutado, sino en bien de la propia imagen de lo que significa llevar
adelante el proceso de dar satisfacción a las peticiones judiciales. Para
ello puede haber muchas fórmulas. Nosotros nos inclinamos por una que, en
alguna medida, ya ha sido ensayada, a través de oficinas de servicio
común u oficinas de información. Otra proposición no de ley, que se verá
a continuación, prefiere inclinarse por la fórmula de una mayor
responsabilidad a poner en manos de los secretarios judiciales, a la cual
es eviente que nosotros no nos podemos oponer, porque todo ello puede
conducir a la misma finalidad que tratamos de buscar, que es exactamente
la de que las cosas se hagan de la mejor forma posible.
Si conseguimos la publicidad, si conseguimos la imparcialidad y la mayor
justeza en la licitación, si conseguimos la mayor concurrencia y la mayor
participación de aquéllos que puedan estar interesados en que pueda
revertir --y por qué no-- en el mayor alcance de las cifras de
licitación, si conseguimos además que el hecho de llevar adelante todo
este proceso pueda ser compatible con las propias gestiones que el
propietario de la cosa embargada pueda realizar para obtener quizá mejor
precio y mayor satisfacción, estaremos corrigiendo, poquito a poco todo
el conjunto de corruptelas, para las cuales no hace falta ser ningún
experto en la materia porque son conocidas por los profesionales del
Derecho y por la judicatura, hacia las cuales se encamina esta
proposición.
Es evidente que tenemos que procurar evitar mecanismos que se pueden
utilizar por el propio ejecutado, en lo que puede parecer un legítimo
derecho de defensa, tratando de quebrar subastas para dilatar el
cumplimiento de las obligaciones. A ello habremos de prestar una debida
atención. Y también habremos de prestar una debida atención a quienes,
con la fórmula habitual del remate con posibilidad de cesión a terceros,
lo que hacen es obtener el beneficio que se ha impedido que obtenga
aquella persona a la que se ha ejecutado ese bien para el cumplimiento de
una determinada sentencia.
En suma, no voy a distraer mucho más la atención de SS. SS. Creo que
compartirán ustedes la preocupación que guía esta proposición de ley y,
sobre todo, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno compartirá la
técnica legislativa que le proponemos, que no es la, de forma inopinada o
poco meditada, traer un texto articulado que reforme la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la legislación hipotecaria. Hemos preferido la
técnica
de una ley de bases que, como es lógico y natural, se va a enriquecer no
sólo con esta modesta aportación, sino con la que pueda hacer el resto de
los grupos y con la que a continuación, repito, se va a hacer por parte
de otro proponente de una proposición similar.
No veo la causa o razón que pueda tener --a lo mejor estoy aventurando
algo que no va a ocurrir-- el Grupo Parlamentario Popular para pensar que
no debe ser admitida a trámite. Cabría el posible pretexto de que
esperáramos a que entrara en esta Cámara y pasara por el Consejo de
Ministros un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
el que se incluirían todos estos temas. El asunto es de tal importancia
que yo creo, sinceramente, que en nada entorpece la futura tramitación de
una Ley de Enjuiciamiento Civil, tantas veces prometida por tantos --no
sólo por el Grupo Parlamentario Popular, sino también por otros--, con
que vayamos avanzando con un título tan importante, como es el de la
ejecución sumarísima de los bienes embargados. Si para entonces, para
cuando llegue la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tenemos
hechos estos deberes --como le gustaría decir a alguno--, en alguna
medida habremos contribuido a que esa misma Ley de Enjuiciamiento Civil
sea menos fatigosa en su tramitación e, incluso, a que haya términos
mucho más debatidos, pueda ser más consensuada, y por qué no, hasta
corregidos los elementos que queremos aportar con esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Para la defensa de su proposición, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Con la venia, señor Presidente, señorías,
trataré modestamente de realizar en este turno del Grupo Parlamentario
Socialista una intervención en cuanto al fondo de lo defendido por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
aunque estoy seguro de que no mejoraré la intervención precedente en lo
que se refiere a la exposición de los contenidos y a la técnica
legislativa que se emplea en ambas proposiciones. Es lo cierto que son
complementarias y yo trataré de que también sea complementaria mi
intervención respecto de la que acaba de tener lugar.
Permítanme, señorías, algunas reflexiones previas, sin ánimo polémico,
que pueden servir para situar la necesidad de esta iniciativa en el marco
de una consideración sobre la Administración de justicia. Se dice --y
creo que lo comparten muchos ciudadanos-- que hoy la justicia no tiene la
credibilidad necesaria, que no funciona bien o correctamente y que, al
menos, no tiene el prestigio conveniente o necesario. Yo no voy a valorar
si es justa o no esa manifestación que reflejan también los sondeos de
opinión, me limito a constatar el hecho. Es cierto que los ciudadanos no
perciben el funcionamiento de la justicia como un servicio público,
correcto y prestado eficazmente. La justicia hoy no tiene el necesario
crédito social. Ha habido algunas voces, desde la derecha
fundamentalmente, que han tratado de plantear esta concepción global de
la justicia como un problema derivado de la estructura del órgano de
gobierno de los jueces. No es la primera vez que hemos oído que estos
problemas podrían resolverse, casi de una forma taumatúrgica, si
tuviéramos otra forma de elección de los miembros del Consejo General del
Poder Judicial. Creo que ésa es una forma francamente errónea de ver los
problemas de la justicia.
Aparte del contenido corporativo, y dejando de lado la polémica política,
es bueno tener la visión de los ciudadanos en estas cuestiones, la visión
del usuario de la Administración de justicia. Dejo de lado todas las
cuestiones hiperpolémicas que hay en este momento en la prensa y en los
medios de comunicación: la cuestión de los jueces estrella; los problemas
de madurez que puedan plantear ciertas resoluciones judiciales; la crisis
de la Fiscalía General del Estado y de la propia Audiencia Nacional.
Prefiero referirme a otro tipo de problemas más próximos al ciudadano,
porque el problema de la justicia es su lentitud, por rituaria, por
formalista, por escrita, por existir una multitud de procedimientos. El
problema de la justicia existe porque los derechos que demandan los
ciudadanos mediante el procedimiento adecuado se reconocen tarde.
Cualquiera de SS. SS. es perfectamente consciente de que solamente el
turno de reparto consume meses en los juzgados de las grandes ciudades
españolas; meses para el reparto, a veces años para ver reconocido un
crédito o un derecho, mucho tiempo para saldar un conflicto familiar,
años para obtener el respaldo de un derecho frente a las administraciones
públicas, dificultades para realizar un derecho, el propio trato que a
veces recibe el ciudadano, la rutina; en una palabra, éstos son los
problemas. Cuántas veces se produce en la sociedad española, en el ámbito
económico, una suspensión de pagos directamente vinculada y relacionada
con el retraso en la Administración de justicia y cuando llega el
reconocimiento del derecho ya se ha cristalizado todo lo negativo del
previo desconocimiento de ese derecho. No hay más que ver las quejas que
recibe el Consejo General del Poder Judicial, seguir de cerca las quejas
que recibe el Defensor del Pueblo en relación con la Administración de
justicia, o el número de recursos de amparo que tramita o rechaza el
Tribunal Constitucional en relación con dificultades en la tramitación de
determinados procedimientos. Todo esto es lo que nos da la dimensión del
problema, la dimensión de la desconfianza social, la dimensión de los
problemas reales.
Este es el contexto, señorías, en el que yo he querido situar esta
iniciativa, que viene a ofrecer una salida a
uno de esos problemas, pero importante: la tutela judicial para realizar
un derecho económico reconocido en sentencia, modificando, mediante una
ley de bases, la sección segunda del título XV de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Es un problema verdaderamente importante, como ya
se ha puesto de manifiesto anteriormente por el señor Castellano. ¿De qué
sirve obtener la tutela judicial, ganar un juicio en expresión más
coloquial, si la ejecución a veces no es posible, si es lenta y premiosa,
si encima no tiene en cuenta los valores reales del mercado a la hora de
realizar la subasta de un bien inmueble, si no facilita tasaciones
correctas, si genera el peligro de la quiebra de la propia subasta, si
permite el acceso de los subasteros, auténticos buitres, en esta parte de
la tramitación de la demanda de justicia, si a veces no resuelve
correctamente la coincidencia de varios acreedores respecto de un bien?
El perjuicio no es solamente para el que demanda el derecho y la
justicia. El señor Castellano ha puesto de manifiesto algo en lo que yo
quiero insistir, que el perjuicio es también para el ciudadano que ve sus
bienes sometidos a embargo judicial y a subasta. Porque esos bienes, en
la forma en que son subastados, producen un perjuicio económico excesivo,
aumenta el daño de aquel que se ve obligado a soportar una subasta, una
venta judicial, por la tasación, por la forma en que se realiza la
subasta. Porque la mala tasación, el precio inferior al mercado, la
presencia de terceros no siempre de buena fe, no solamente perjudican al
que demanda la justicia, sino a aquel que es objeto de una resolución
judicial que tendría derecho a salir de ese proceso menos mal parado,
quizá no expoliado, si somos capaces de encontrar mecanismos adecuados.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
¿Por qué no arreglar esto, señorías? ¿Por qué no abordar una ley de bases
que nos permita resolver definitivamente una queja que es amarga en todos
los campos de la sociedad y, mucho más, cuando un ciudadano se ve
directamente concernido por estas situaciones?
Las proposiciones son válidas porque permiten al Gobierno regular con
detalle los criterios orientadores que plasman las bases de las
respectivas proposiciones de ley, porque ambas proposiciones son
compatibles y perfectamente válidas en su conjunto. Es indiferente si una
proposición desarrolla, con más o menos acierto, alguna de las quince o
diecisiete figuras que contiene la ley de bases; lo importante es que
constituyen una base razonable para un texto articulado. Estas bases ya
se han puesto de manifiesto --y termino ya, señor Presidente, si me
permite concretar algunos de los criterios sin ánimo de reiterar
excesivamente ideas que ya han sido expuestas--, introducen el valor de
mercado, el valor real que debe tenerse en cuenta a la hora de enajenar
un bien; introducen la participación de los interesados, tanto del
acreedor como del deudor; establecen el principio de que aquel que va a
comprar un bien que ha de ser subastado judicialmente tiene la
posibilidad de visitar, de conocer esos bienes que son objeto de
enajenación, facilitando por tanto, la realización de la subasta;
introducen criterios de coordinación bajo la figura de los secretarios
judiciales, o cualquier otra; se establecen diversas modalidades de
ejecución: la venta por el propio ejecutado, la venta amistosa, la venta
directa, la venta autorizada administrativamente, la subasta judicial, la
subasta notarial; introducimos una limitación en la facultad de obtener
la adjudicación en calidad de ceder, figura claramente abusiva; y
eliminamos la posibilidad de la quiebra de la subasta, en lo que
coinciden ambas proposiciones. De esta forma, señorías, garantizaremos la
tutela judicial plena y efectiva, como quiere el Tribunal Constitucional,
en todas las fases del procedimiento; restableceremos en una pequeña
faceta, es cierto, la plenitud del Estado de Derecho y podremos
introducir mayor agilidad, menor opacidad, eliminar dificultades en la
enajenación y dar más garantías a todos. Este es el alcance de la
proposición.
Estoy convencido de que por encima de cualquier consideración que pueda
parecer polémica y que se haya producido a lo largo de este debate, la
sensatez, el sentido común y el deseo de resolver un problema efectivo y
real, llevará a los grupos parlamentarios a dar vía libre a una
proposición de ley que, sin duda alguna, permitirá mejorar nuestro
ordenamiento jurídico en una faceta sensible.
En esa confianza, dejo la tribuna.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sáenz de Cosculluela.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señorías, como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular he de fijar nuestra posición sobre la
proposición de ley de bases de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Ley Hipotecaria sobre realización forzosa judicial de bienes
embargados, del Grupo Socialista, y la también proposición de ley de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre
subastas judiciales, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
He de manifestar, en primer lugar, que me parece más atinada la
enunciación de la proposición de ley de Izquierda Unida que la del Grupo
Socialista porque se trata de subastas judiciales de bienes inmuebles,
donde habrá bienes inmuebles embargados y otros hipotecados, ya que si
decimos embargados estamos excluyendo a los hipotecados. Y en cuanto a
los bienes
embargados habrá que matizar que son embargados y anotados en el Registro
de la Propiedad.
Voy a detenerme en la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. A través de la técnica de la ley de bases proponen una
delegación legislativa para reformar la regulación de las subastas
judiciales de bienes inmuebles contenidas en la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en la Ley Hipotecaria. Para ello formulan quince bases y una
disposición adicional, fijando el plazo de delegación, pero sin
establecer fórmulas de control a que se refiere el artículo 86.2 de la
Constitución, en las que se fijan los principios a los que ha de
ajustarse el Gobierno en la elaboración del texto articulado.
En la pasada legislatura se tomó en consideración por el Congreso, el 30
de mayo de 1995, una proposición de ley de bases de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre subastas judiciales de
bienes inmuebles, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y si bien todos los grupos apoyaron el
objetivo de la iniciativa --303 votos a favor, uno en contra y una
abstención--, objetaron la regulación contenida en las bases, tanto en el
debate como a través de las enmiendas a las mismas. La iniciativa caducó
sin informe de la Ponencia por disolución de las Cámaras.
La proposición de ley presentada ahora por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reproduce literalmente la
presentada en la pasada legislatura por el citado grupo. El Grupo Popular
anunció también en la anterior legislatura su apoyo a la iniciativa ya
que el fin era justo y bueno, pero, a la vez, entró a analizar los
errores técnicos que la proposición contenía, por lo que se presentaron
diecisiete enmiendas. Y aquí quiero yo corregir por un momento a mi
querido amigo don Pablo Castellano para decirle que no son corruptelas,
sino corrupciones. La oposición a la admisión a trámite de la proposición
de ley de Izquierda Unida tiene que basarse en la necesidad de tramitar
una ley de enjuiciamiento civil nueva, sin que quepa elaborar una ley de
bases para reformar una mínima parte de la ley procesal.
Respecto a la proposición de ley de bases 122/000054 del Grupo
Socialista, he de manifestar que la iniciativa propone una delegación
legislativa mediante una ley de bases para la reforma de la regulación
contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria sobre
la realización forzosa judicial de bienes embargados, tanto muebles como
inmuebles, créditos o derechos. Antes de seguir, quiero recordarle al
portavoz socialista que parece que se le ha olvidado que hasta hace un
año hubo, durante trece años y medio, un gobierno del Partido Socialista.
El Grupo Socialista formula veintidós bases y una disposición adicional
sobre el ulterior control parlamentario del ejercicio de la delegación,
en la que establece los principios en que ha de basarse la realización
forzosa, destacando como novedad más relevante la diversificación del
sistema de ventas, que pasan a ser cinco posibles, como ha dicho el
Diputado señor Sáenz Cosculluela, frente al sistema actual de subasta
judicial.
La proposición de ley presentada ahora por el Grupo Socialista reproduce
literalmente el texto resultante de las enmiendas que este grupo presentó
en la pasada legislatura a la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. La iniciativa del Grupo Socialista es reproducción de las
enmiendas presentadas a la proposición aprobada en mayo de 1995. Dichas
enmiendas afectaban al título y a todas las bases de la proposición e
incorporaban nuevas bases, con lo que éstas pasaban de catorce a
veintidós, que son las que conforman la actual proposición.
Si bien cabe argumentar como punto de partida que es difícil mantener un
proyecto de reforma de una ley de la que el Gobierno ya ha redactado un
borrador, sin embargo, la valoración en su conjunto parece más aceptable
que la propuesta por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. No obstante, como ocurre en el caso de aquella propuesta,
nos oponemos a su tramitación por los motivos que se exponen a
continuación. Las dos iniciativas que se debaten son importantes, y, en
el caso de ser tomadas en consideración por el Pleno del Congreso,
tendrían que ser debatidas y enmendadas con posterioridad y en
profundidad para, a criterio de este portavoz, corregir errores, errores
técnicos, procesales y substantivos en muchos casos. He de hacer constar
que soy consciente de que, en las bases que presenta la proposición del
Grupo Socialista, los secretarios judiciales, como ostentadores que son
de la fe pública judicial, deberán desempeñar una función imprescindible,
tanto en las ejecuciones forzosas de bienes embargados como en las de los
bienes hipotecados.
Entre los compromisos del programa electoral del Partido Popular
correspondiente a las elecciones generales de 1996, se contenía la
tramitación de un proyecto de ley de reforma de los juicios ejecutivos y
del procedimiento de ejecución de sentencias, así como la reforma de las
Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal. En el debate de investidura del
3 de mayo de 1996, el entonces candidato, hoy Presidente, Aznar asumió
que para responder a la demanda de los ciudadanos de una justicia pronta
y eficaz, el Gobierno abordaría la reforma de las Leyes de Enjuiciamiento
Civil y Criminal, con el fin de reducir los procedimientos especiales y
agilizar los actos procesales.
La Ministra de Justicia, tanto en el Congreso como en el Senado, reiteró
que la reforma procesal civil constituía un objetivo prioritario del
departamento, a fin de dotar a los órganos jurisdiccionales civiles de
instrumentos procesales idóneos para hacer frente, de manera adecuada, a
las actuales necesidades de la justicia. Añadía que se estaba trabajando
en un borrador, entre cuyas líneas básicas figuraba la modernización
de los procesos de ejecución forzosa, tanto de la ejecución de sentencias
como del juicio ejecutivo. Dicho borrador, señorías, fue concluido el
pasado mes de abril. Es el borrador de una reforma profunda y global de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta reforma es una asignatura pendiente
de la justicia española desde hace varias décadas, que se ha abordado
hasta el momento mediante reformas parciales y urgentes y por el
mecanismo de parcheo, que exige una reforma total y meditada, válida para
una justicia civil eficaz del siglo XXI. En su Libro III, con seis
títulos y veinte capítulos, el borrador contiene todo el articulado sobre
la ejecución forzosa y las medidas cautelares. Como es lógico, en su
tramitación, por medio de enmiendas, procuraremos perfeccionarlo todos
los grupos de la Cámara.
Sin entrar en el fondo de las iniciativas, se considera inoportuna la
toma en consideración las dos proposiciones de ley ante la conclusión del
borrador de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se aborda
esencialmente el contenido de las dos proposiciones que estamos
debatiendo. También he de manifestar que las iniciativas persiguen
combatir un problema real e insidioso, por lo que procede tomarlas en
consideración en buena parte cuando se debata en el Congreso el proyecto
de ley de Enjuiciamiento Civil, que ha de ser consecuencia del borrador
ya concluido. No obstante, la valoración positiva que antecede a las
proposiciones de ley ha perdido virtualidad si se produce, como se ha
producido, una coincidencia temporal sobre la reforma global de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aunque en este último caso sería preciso incluir
también la pertinente reforma de la Ley Hipotecaria.
Por ello, el criterio del Grupo Popular es contrario a la toma en
consideración, ya que el compromiso del Gobierno de tener concluido el
borrador de la nueva ley de enjuiciamiento civil se ha cumplido en el
pasado mes de abril.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arqueros.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor Presidente.
Es evidente que en la toma de posición del señor Arqueros, con toda
cordialidad, ha habido pura y sencillamente un turno en contra de la
admisión a trámite de esta proposición de ley y de la del Grupo
Socialista. Ya se temía esta parte que el argumento fundamental iba a ser
el de que ya está elaborado el anteproyecto de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. A mí no me dolerían prendas en retirar incluso esta
proposición de ley si ese anteproyecto fuera conocido, hubiera pasado al
menos por el Consejo de Ministros, hubiera recibido el informe del
Consejo General del Poder Judicial, pero por ahora, tal como andan
circulando las cosas en la calle San Bernardo, no pasa de ser más que un
buen deseo del que se nos habla constantemente, pero que nunca vemos
hecho realidad.
En todo caso, señor Arqueros, hay dos contradicciones. Primera, si cuando
estas proposiciones de ley se presentaron en la anterior legislatura y
caducaron ustedes no se opusieron a ellas, no tiene mucha razón de ser
que se opongan hoy. Segunda, si incluso está elaborado ese anteproyecto,
admitirlas a trámite, como no comporta para el Gobierno más que la
atención a determinados criterios, enriquecerá lógicamente la
tramitación.
Así, darían ustedes una imagen de mayor corresponsabilidad en la solución
de un problema, frente a la imagen que a usted desgraciadamente le ha
tocado esta tarde, que es de auténtico obstruccionismo en el intento de
acometer la solución de un problema de esta importancia. Se lo digo, como
siempre, y usted lo sabe, desde el cariño y el respeto más sincero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Quiero puntualizarle que el señor Arqueros ha utilizado formalmente un
turno en contra.
Señor Sáenz Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor Presidente, con toda brevedad, quisiera
hacer un par de puntualizaciones. La primera es que, aunque es verdad que
el señor Arqueros se ha expresado en términos breves sobre esta cuestión,
no ha renunciado a hacer la mención de 13 años de Gobierno socialista en
los que no ha habido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil o
Criminal.
Ustedes llevan ya gobernando un año y creo que ya es hora de pedirles
responsabilidades de su año de Gobierno y que olviden un poco la etapa
pasada. Le voy a dar un dato para refrescarle los elementos de juicio. De
noviembre de 1982 a noviembre de 1983, el Gobierno socialista trajo a
esta Cámara 14 proyectos de ley a la Comisión de Justicia. Ustedes han
traído dos proyectos de ley, y uno de ellos, una reforma mínima de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, mírense ustedes en el espejo y
valoren si realmente están teniendo la capacidad de iniciativa
legislativa que cabía presuponer de tantas promesas y tantos anuncios.
En todo caso, quiero decirle, para terminar, que usted invoca la
existencia de un anteproyecto, pero tengo la impresión de que ésa es una
notificación que usted ha recibido, porque de su intervención no se
deduce un conocimiento de ese anteproyecto y, por tanto, el esbozo de los
criterios mejores técnicamente que los de las proposiciones que se han
debatido ahora. De ello deduzco que hay tan sólo un mero anuncio, pero no
hay tal iniciativa, por lo menos en términos algo formales.
Y voy a ir más lejos que el señor Castellano. El Grupo Socialista no
tiene inconveniente en hacer inviable la proposición de ley, si es
tramitada, en el mismo momento en que entre en la Cámara un proyecto de
ley de esta naturaleza. No tiene interés el Grupo Socialista en mantener
dos iniciativas legislativas paralelas. En el momento en que haya una
iniciativa del Gobierno, al menos de carácter formal, sobre la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el Grupo Socialista no tendría inconveniente en
hacer todo lo necesario para que no fuera viable esta proposición. Ahora
bien, mientras esa iniciativa no se produzca, es razonable demandar que
se discutan las bases de las nuevas modalidades de ejecución tanto en la
Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley Hipotecaria.
Yo creo, señorías, que ustedes serían razonables si aceptasen este
planteamiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sáenz Cosculluela.
Señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Don Pablo Castellano, sí votamos en 1995 porque entonces no había un
borrador de ley de enjuiciamiento civil, y ante la nada preferimos votar
la proposición de ustedes, aunque, como he dicho también, se presentaron
17 enmiendas. Eso por un lado. Yo, con mucho gusto, le voy a regalar un
ejemplar del borrador.
Con respecto al señor Sáenz Cosculluela, quiero decirle que nosotros no
podemos olvidar la historia y si es verdad lo que he dicho, que lo
acepte. También he dicho desde la tribuna que se han hecho parcheos a la
Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, pero no se ha hecho durante
décadas una reforma auténtica y global que libere a la sociedad española
del estado en que se encuentran los procedimientos judiciales y sobre
todo las ejecuciones de las sentencias y la realización forzosa de los
bienes embargados y anotados o hipotecados.
Al señor Sáenz Cosculluela, como es lógico, también le ofrezco un
borrador del proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arqueros.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
En la pasada legislatura --y ahí está el testimonio del «Diario de
Sesiones»-- el Grupo de Coalición Canaria votó favorablemente la
iniciativa que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya trajo,
modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil en los asuntos relativos a la
subasta de bienes inmuebles y nos sumamos a aquella mayoría de más de 300
votos. Ahora tenemos que tomar una posición y volvemos a decir que
estamos de acuerdo en el fondo de la materia de la iniciativa de los dos
grupos proponentes, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Socialista, pero que tenemos los siguientes compromisos.
En primer lugar, en la legislatura pasada no había un compromiso del
Gobierno de modificar en su conjunto la Ley de 1881, de Enjuiciamiento
Civil. No había, señor Presidente, un compromiso formal, incluso
electoral, de la última campaña electoral, que definió la composición de
la V legislatura, del Gobierno Socialista, para modificar la Ley de
Enjuiciamiento Civil ni la Ley Hipotecaria.
Mi grupo tiene un primer compromiso político ante esta Cámara, que se dio
precisamente en el debate de investidura del pasado 3 de mayo en que
apoyamos el programa de investidura del Presidente Aznar, uno de cuyos
puntos de compromiso político ante esta Cámara y ante los grupos que le
apoyamos era la modificación de las leyes de Enjuiciamiento Civil y
Criminal.
Hay que tener en cuenta también las circunstancias del escenario en que
se produce en la V legislatura aquella iniciativa. Nace cuando hay unos
escándalos, que los medios de comunicación recogen, de la conducta y
actuación de los denominados subasteros en los Tribunales de Justicia
donde se hacía la subasta correspondiente o la adjudicación de los bienes
inmuebles. Qué duda cabe que aquella figura rechazable de los subasteros,
que se amparaban en unas situaciones de predominio o de picaresca, si se
quiere, incluso, necesitaba una advertencia y una regulación. El Gobierno
tiene el compromiso, compromiso que nosotros le exigimos, y queden mis
palabras para la lectura de los responsables del Gobierno, comenzando por
la señora Ministra de Justicia, que se comprometió ante la Comisión a que
en el primer trimestre de este año estaría el borrador del anteproyecto
de esta modificación. Según las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, parece que este compromiso se ha hecho ya
explícito y público en la Cámara en el día de hoy, junto al debate de
investidura.
No es solución la que generosamente ha propuesto el señor Sáenz
Cosculluela de que, si la iniciativa del Gobierno llegase a la Cámara,
retiraría al menos la iniciativa del Grupo Socialista --y también lo ha
dicho el señor Castellano--, para que no estuviéramos tratando en
paralelo leyes de la misma naturaleza. Pero es que no sería eso, porque
lo que viene es un proyecto de ley de bases y en su artículo único se
dice que se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio de
Justicia, apruebe en el plazo de seis meses el texto articulado de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. Y después
se dan las bases. Y las bases son solamente eso, unos criterios
indicativos sobre los cuales el Gobierno tiene que redactar el texto
articulado. Si la salida del documento correspondiente es lo que se dice
al final, al menos en la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
que, por cierto, perfecciona la de la legislatura pasada, porque recoge
sus propias enmiendas y enmiendas acertadas que presentó el Grupo
Socialista al proyecto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si,
como se dice, lo que tiene que traer el Gobierno es un decreto
legislativo, y leo textualmente la iniciativa, decreto legislativo que la
Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados deberá
conocer, después de su publicación que apruebe el Gobierno, a los efectos
del artículo 82.6 de la Constitución, y el Pleno del Congreso de los
Diputados, de acuerdo con este artículo, conocerá el decreto legislativo
que apruebe el Gobierno, verificando la adecuación del mismo a lo
dispuesto en esta ley, señorías, para esto es preferible exigir al
Gobierno que cumpla su compromiso. Nosotros se lo vamos a exigir, en
razón del compromiso del 3 de mayo, del señor Aznar, para que traiga
cuanto antes el texto completo y articulado, sin necesidad de bases de
interposición, para que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley
Hipotecaria tenga que acoger en su ámbito legislativo todos los aspectos
pormenorizados de las nuevas garantías que tienen que exigir. No para que
el justiciable del hecho de la subasta que se ejercite en un juzgado
tenga garantizados sus derechos, lo cual exigirá todo un procedimiento
formal de garantías técnicas, periciales, de evaluación del bien,
etcétera, sino para evitar algo que no se contempla ahora, que es
precisamente lo que motivó en la pasada legislatura, y que yo he
recordado, la incidencia de unos seres extraños como son los subasteros,
que amparándose en su situación de predominio o en la ausencia en la Ley
de norma del enjuiciamiento criminal o penal que pudiera incidir sobre
ellos, les apartara de perturbar la transparencia de la subasta, no
transformándolo en lo que se ha transformado lamentablemente, mientras
que ese juzgado no ponga las vías de transparencia y de gestión
pertinentes.
Nosotros creemos que tiene que ser un texto articulado, enmendado por
todos para conseguir la perfección del procedimiento formal, el que debe
venir a esta Cámara. Por eso, señorías, sin quitar ninguna razón de fondo
de las iniciativas legislativas, vamos a votar en contra para no tomarlas
en consideración, a los efectos de incentivar al Gobierno a que traiga
cuanto antes el marco adecuado para resolver este importante problema,
marco que es la modificación en su totalidad de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en la parte que nos afecta con respecto a la realización judicial
de bienes embargados.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
El actual régimen de las subastas y de la ejecución de bienes embargados
provoca nuestra inquietud, y así lo manifestamos en su momento
presentando nosotros mismos una proposición de ley, cuya toma en
consideración fue aceptada por unanimidad por esta Cámara. Por tanto,
vaya por delante, y antes de cualquier otra consideración, que nosotros
damos el pleno y más rotundo apoyo político al esfuerzo que supone por
parte de los dos grupos proponentes y a la iniciativa y al empeño
político que de ahí se derivan proponer soluciones concretas que mejoren
el panorama de la realización forzosa de bienes inmuebles, la subasta de
inmuebles, la subasta de bienes embargados, o como se le quiera llamar,
en función de las diversas situaciones que se propongan. Eso es lo más
importante, que querríamos dejar claro.
El Derecho comparado nos da muchos ejemplos de que la caótica, lamentable
y esperpéntica situación española en el ámbito de la ejecución forzosa de
bienes embargados no tiene por qué ser una situación inevitable, una
situación derivada de la realidad de las cosas o una situación derivada
del capitalismo o cosas por el estilo, o de la imposibilidad de que en el
ámbito judicial pueda llegarse a la realización de bienes de otra manera.
Tan cerca como en Francia, tenemos modelos que nos pueden servir y que
nos ilustran de cómo la modificación de la actual normativa española es
posible, es deseable y tiene nuestro pleno apoyo.
Desde el primer punto de vista, que es la aproximación política que
tenemos hacia la intención de las dos proposiciones de ley cuya toma en
consideración se debate hoy en esta Cámara, debemos dar nuestro más
absoluto apoyo y consentimiento. Además, no sólo de forma global, no es
sólo una aproximación global a la necesidad de reforma lo que motivaría
nuestro apoyo, sino también la aproximación concreta que se hace a muchos
de los puntos concretos cuya reforma se pretende. Por ejemplo, y
permítaseme entrar por un momento en alguno de los puntos concretos que
contienen ambas proposiciones, hablar de que hay que modificar el actual
método de valoración nos parece absolutamente correcto. Quizá no tanto el
método de valoración, puesto que la realidad demuestra que de hecho los
bienes inmuebles cuya ejecución se pretende sí son finalmente valorados a
precios de mercado. Lo que ocurre es que el precio mínimo de licitación,
el valor mínimo de adjudicación acaba siendo un valor absolutamente
irrisorio, y, como bien han dicho los dos portavoces de los dos grupos
proponentes, llegamos a la situación absurda que supone un incremento de
la sanción de realización forzosa por valores irrisorios de bienes
inmuebles para cubrir deudas que nada tienen que ver con el valor de
aquello que ha sido realizado.
Este es un problema cuya solución también nosotros buscamos, al igual que
la diferencia que hay en el
tiempo, entre el momento de la valoración y la realización forzosa, o
algo que comento sólo de pasada, pero a lo que se ha referido el portavoz
socialista y que nos parece una mejora importante, como es la limitación
que se establece en la adjudicación del bien en calidad de ceder. Estamos
absolutamente de acuerdo en que eso introducía una serie de abusos que
deben ser corregidos. Y todo lo que haga referencia a mejorar la
transparencia, mejorar las reglas de publicidad, mejorar la información
y, por tanto, el acceso a la inmediatez, de forma que el público normal,
el público ordinario, el ciudadano de a pie pueda acceder a este tipo de
subastas, a las ventas judiciales y no las estemos dejando en su conjunto
a una fauna --y permítaseme la expresión-- que hoy denominamos subasteros
y que están más cerca de la delincuencia que de los intermediarios que
pretenden ser. Esa necesidad, que efectivamente se corregiría por la vía
de mejorar las reglas de información, también nos parece absolutamente
oportuna, así como algunas de las iniciativas que se contienen con
matices entre las dos propuestas acerca de mejorar las posibilidades de
ocupación, puesto que ésa es una de la grandes dificultades que tiene hoy
la ejecución forzosa, la ocupación y posesión inmediatamente posterior a
la adjudicación, que hoy se hace prácticamente imposible con
arrendamientos ficticios, hechos en fraude de ley, que acaban
convirtiendo en imposible o en muy gravosa para el común de los mortales
una adjudicación de un bien de estas características.
Podría seguir. Sobran, pues, y lo quiero dejar claro, razones en favor de
una reforma del procedimiento de ejecución forzosa; sobran razones,
políticas y, sobre todo, técnicas, razones de detalle. Qué distintas
serían, por ejemplo, las subastas judiciales si, tal como ya prevé la
Ley, porque no todo es reforma legislativa, estuvieran presididas por un
juez, por un magistrado o por un secretario judicial y no por
funcionarios de segundo o tercer grado, que nos pueden merecer el máximo
de los respetos, pero que, sin duda, no tienen, en absoluto, la autoridad
necesaria para corregir todos los desmanes que se producen en el acto de
la subasta. Sólo con que la Ley se cumpliera en este punto ya estaríamos
en una situación muy distinta de la que estamos.
Es verdad que algunas de las propuestas no las compartimos en su detalle.
Por ejemplo, la acumulación de ejecuciones que propone creo que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya nos parece que podría ocasionar más
problemas que aquellos que trata de solucionar. No creemos en la oficina
de información de subastas; nos parece que ha introducido claramente unos
elementos de burocratización de todo el procedimiento. Como tampoco --y
es un detalle que al señor Castellano, como jurista, creo que no se le
habrá escapado; imagino que no será más que un error de transcripción de
algún borrador de esta propuesta, porque si no nos parece una reforma de
suficiente calado como para que hubiera sido mencionado en su defensa--
pretender que las cargas y gravámenes subsistan sólo en la medida en que
hayan sido recogidas por la información de la oficina central de
subastas; nos parece una transformación tan radical que insistimos en que
o es un error o se le ha pasado en su justificación, y en ningún caso
tendría nuestro apoyo. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por
tanto, globalmente nos parece positiva y en la sucesión de muchas, no
todas, de las propuestas que contiene nos parece positiva. Ahora bien,
ese argumento que ha sido el que ha provocado el debate con el portavoz
del Grupo Popular, como es que exista un borrador de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no nos parece un argumento baladí, no nos parece un
argumento que se pueda liquidar sencillamente diciendo que, en el caso de
que entre un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, el Grupo Socialista hará todo lo posible por paralizar la
tramitación de este procedimiento; incluso que se retirará. Es una opción
de técnica legislativa que nosotros no compartimos; dejémoslo, por lo
menos, en una discrepancia de lo que es la interpretación del Reglamento
y de las posibilidades de elaboración de leyes.
Nosotros creemos que es el momento en que el Gobierno, tarde y mal --y lo
señalamos--, tarde y mal, parece que está empezando a cumplir su
compromiso de traer a esta Cámara un proyecto de ley de reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, es el momento en que existe entre los operadores
jurídicos un borrador de texto articulado. Y si no lo conocen los
portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Socialista no es culpa mía y me
uniría a su protesta en el caso de que el Gobierno no les haya hecho
llegar ese borrador, porque sería un error por parte del Gobierno que no
les hubiera hecho llegar a los portavoces en esta materia ese texto que
me consta que ha hecho llegar a universidades, a colegios de abogados y a
todo tipo de entidades. Sería lamentable, y espero que no sea así, que el
Gobierno se hubiera dedicado a informar a todo tipo de entidades con
intereses jurídicos en el Estado y que no se hubiera permitido informar
al grupo mayoritario de la oposición y al Grupo de Izquierda Unida. Si ha
sido así, dejo constancia de que la queja que se pueda plantear tiene
nuestro claro apoyo. En todo caso, ese texto existe, hay un borrador de
texto articulado y está siendo debatido por los especialistas y a nivel
de colegios profesionales. Creemos que perturbaría el procedimiento
introducir ahora una reforma de este calado, porque no es una reforma
puntual. Estas leyes de base son, además, mucho más detalladas de lo que
unas bases exigen, no es una reforma puntual y somera, es una auténtica
reforma de entidad que perturbaría el procedimiento.
Igual que ha hecho el portavoz de Coalición Canaria, nosotros instamos de
nuevo, con toda la formalidad y toda la firmeza con la que se pueda hacer
desde
esta tribuna o desde el escaño en este caso, al Gobierno a que presente
en el plazo más breve, que ya es tarde, el proyecto de ley, que en su
momento prometió, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proyecto
de ley prometido en el debate de investidura y al cual la Ministra, en su
primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior, se atrevió
a poner fecha: el mes de febrero. Estamos en mayo y hemos comenzado leve
y tenuemente los trabajos de debate entre la comunidad científica, por
decirlo así, y los operadores jurídicos.
Sí queremos aprovechar, repito, este momento para instar otra vez al
Gobierno a que ponga todo su empeño y todo su interés, apoyado, como
confiamos, por el grupo mayoritario, para que entre cuanto antes en esta
Cámara el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
ése será el momento en el que nos podamos poner de acuerdo, como creo que
se deriva globalmente de mi intervención, en buena parte de las
iniciativas que proponen el Grupo de Iniciativa per Catalunya y el Grupo
Parlamentario Socialista y en muchas, no en todas, de las propuestas
concretas de modificación, que hoy por hoy tampoco están recogidas en el
borrador que está circulando.
Esta razón, y no otra, es la que justifica nuestro voto negativo a ambas
proposiciones de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación sobre las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista del
Congreso sobre reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley
Hipotecaria en relación con la realización forzosa judicial de bienes
embargados.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 148; en contra, 168; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda rechazada la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Proposición del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 147; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POSICION DEL GOBIERNO ESPAÑOL
ANTE LAS POLITICAS EUROPEAS DE COHESION ECONOMICA Y SOCIAL (Número de
expediente 162/000062)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, debate sobre la del Grupo Socialista del Congreso sobre
posición del Gobierno ante las políticas europeas de cohesión económica y
social.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista sobre la aplicación del artículo 130.A)
del Tratado de la Unión Europea. Esta iniciativa entiende mi grupo que no
sólo es oportuna sino necesaria en el contexto en que nos encontramos; un
contexto en el que la Comisión Europea termina de realizar su primer
informe trianual sobre la cohesión económica y social. Quisiera referirme
en primer lugar a uno de los principales logros del Tratado de la Unión
Europea, que no ha sido otro que robustecer la componente de solidaridad
interna. Este componente es precisamente lo que diferencia el proceso de
integración europeo de otros modelos de integración regional a nivel
mundial. Por tanto, estamos ante lo que debería ser uno de los elementos
más cuidados, más mimados desde el Gobierno español, desde nuestra
perspectiva, en la construcción europea.
La cohesión económica y social se ha convertido en objetivo y principio
de la política de la construcción de la Unión Europea con un protocolo
que forma parte integrante del Tratado de la Unión y, al especificar el
artículo 130.D) que los Estados miembros conducirán su política económica
y la coordinación con miras a alcanzar también los objetivos enunciados
en el artículo 130.A), al formular y desarrollar las políticas y las
acciones de la Comunidad y desarrollarse el mercado interior se tendrán
en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 130.A) participando en
su consecución. En el tiempo que lleva este artículo funcionando la
cohesión económica y social ha registrado un salto cuantitativo y
cualitativo, especialmente a partir del ingreso de España en la Unión
Europea. Así, mientras que las acciones estructurales representaban en
1985 el 13 por ciento del total de un presupuesto de 27.860 mecus, en
1993 alcanzaron el 30,75 por ciento de un presupuesto cercano a los
70.000 mecus, con la perspectiva de situarse en el último año previsto en
el paquete financiero de Edimburgo en el
35,67 por ciento de un presupuesto de 84.089 mecus, con una cifra global
que representa más de 26 billones de pesetas de los cuales en torno a 7
billones han tenido o tendrán como destino España. Estos fondos afectan a
una población de casi 23 millones de habitantes distribuida en las
regiones de Cantabria, Ceuta, Melilla, Andalucía, Asturias, Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia, Extremadura, Galicia y
Murcia. Respecto del fondo de cohesión, España recibe entre el 52 y el 58
por ciento del total para proyectos coherentes con las orientaciones
comunitarias, tanto en materia de infraestructura de transporte como de
medio ambiente, que constituyen los dos campos de actuación del Fondo de
Cohesión.
Siendo el acuerdo logrado en Edimburgo un compromiso firme, no hay que
temer por los efectos beneficiosos tanto de los fondos estructurales como
de los fondos de cohesión hasta el final del paquete financiero
Delors-II, en el año 1999, en que se plantea un horizonte incierto, al
que me referiré en un momento posterior. La cuestión, pues, está centrada
en la aplicación del artículo 130.B), referido a las políticas de la
Unión Europea a cuyo examen nos podemos referir tanto en base al primer
informe elaborado por la Comisión Europea como sobre los progresos
realizados para conseguir la cohesión económica y social y sobre la
manera con que han contribuido a ello los distintos medios previstos en
este artículo. Queremos para ella formular dos preguntas. Primera, cómo
han respondido las políticas no estructurales de la Unión a la obligación
formulada por el Tratado de tener en cuenta los objetivos de la cohesión
y, segunda, si se han reducido las disparidades económicas y sociales de
los Estados miembros, las regiones y los grupos sociales con el paso del
tiempo y ha mejorado el desarrollo armonioso del conjunto.
El informe de la Comisión, en un repaso somero a las políticas de la
Unión Europea, nos muestra que las acciones de la Unión en las políticas
no estructurales no han tenido en cuenta suficientemente los objetivos de
la cohesión y que esta parte del artículo 130.B) no ha sido aplicada y
permanece virgen. Así, en materia de transportes las decisiones se han
aprobado sin tener en cuenta el mayor o menor nivel de renta de la
población afectada. Particularmente la política de grandes redes
transeuropeas concentra los recursos en las regiones más desarrolladas de
la Unión, marginalizando los países más periféricos y menos poblados. Es
decir, las grandes inversiones, las grandes redes se centran en los
países que forman la gran banana del centro de Europa. Se olvida que la
política de grandes redes es un poderoso instrumento de ordenación y
cohesión territorial que ligado al mercado único produce efectos sobre la
competitividad de los territorios de la Unión Europea, marginando o
potenciando grandes espacios territoriales en función de esas políticas.
En política de competencia se pone de relieve que las ayudas públicas
benefician esencialmente a las regiones más ricas de la Comunidad,
generando con ello efectos anticohesivos en detrimento de una auténtica
política de competencia en favor de las regiones más desfavorecidas. Así
vemos que mientras las empresas en los cuatro países más ricos de la
Unión, es decir, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, absorben el 85
por ciento del total de las ayudas y han ganado en los últimos cuatro
años 8,5 puntos porcentuales, los cuatro países de la cohesión han
disminuido en 5,5 puntos porcentuales su participación en la ayuda a las
empresas.
En la política agrícola común las políticas se demuestran altamente
anticohesivas. Por ejemplo, las políticas de cuotas de superficies
máximas garantizadas, las superficies de base y organizaciones comunes de
mercado son inflexibles con la situación de las regiones menos
favorecidas. La evolución de la PAC hace que el 20 por ciento de los
agricultores tengan el 80 por ciento del presupuesto dedicado a la
política agrícola común. Pero mucho más allá, cuando escarbamos poco a
poco y nos vamos a las políticas concretas nos encontramos con que la
diferencia de rendimiento en cereales, por ejemplo, en el primer año
después de la reforma de 1993, mientras que en la Unión Europea la media
es de 4,6 toneladas/área en España es de 2,6 toneladas/área. Por tanto,
se produce una gran diferencia en contra de la cohesión económica y
social en la política agrícola común. Lo mismo podríamos decir de los
rendimientos de girasol en la media de la Unión Europea o en la media
nacional: 1.113 kilogramos y 610 respectivamente. O el porcentaje medio
de los derechos de percepción de primas especiales por ternero decididos
por la reforma, del 88 por ciento en la Unión Europea mientras que en
España es del 52 por ciento. O el rendimiento de algo tan importante para
nuestro país como es la producción de vino, que la media de la Unión
Europea es de 45,9 hectolitros/área y 20,7 hectolitros/área en España.
Así, en el Feoga-Garantía podríamos ver la distribución de gastos por
habitante y Estado miembro y nos encontraríamos con que España ocupa el
tercer puesto por la cola con un pago de 451 ecus/habitante, mientras que
en la cabeza está Irlanda con 2.923 ecus/habitante. Es decir, estamos
ante una de las políticas más importantes por su participación en el
presupuesto comunitario que no tienen en cuenta, por el momento en que se
han producido las reformas, las políticas de cohesión.
Lo mismo podríamos decir de la política de investigación y desarrollo. Es
previsible que en el quinto programa marco se dé una concentración de
fondos y su sectorialización beneficie a áreas industriales consideradas
clave o estratégicas por países como Alemania o Francia. De los fondos
gastados en I+D dos países concentran el 60 por ciento, Alemania y
Francia. El gasto público per cápita en I+D en los Estados miembros,
antes del cuarto programa marco, tiene una diferencia de 13 a 1, mientras
que en la diferencia con el PIB respectivo la máxima se sitúa en el 5,1.
Si aplicáramos estas cifras a las regiones nos encontraríamos todavía con
una mayor discriminación, con una mayor diferencia entre las más ricas y
las más pobres de la Unión. En este contexto en que estamos hablando
España debe contribuir a elaborar el primer informe sobre cohesión
económica y social...
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego que concluya.
El señor COSTA COSTA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Elaborar el primer informe con orientaciones que permitan reconducir las
políticas señaladas hacia una mayor cohesión. Esta contribución es
esencial por cuanto desde algunos países se está apuntando a reformas
radicales en la política agrícola común, los fondos estructurales y los
fondos de cohesión.
Señorías, el año pasado la Unión Europea consiguió en su presupuesto un
recorte de 1.000 mecus en fondos estructurales. Aparentemente, en las
primeras negociaciones del presupuesto para 1998 no son mucho más
optimistas. Por tanto, nos encontramos ante una maniobra que, con el
silencio permisivo de nuestro país, está conduciendo a que los países que
se muestran más en contra de la cohesión económica y social de la Unión
Europea vayan recortando y llegando al horizonte de la ampliación con los
fondos suficientes para no tener que incrementar sus aportaciones al
presupuesto comunitario.
En la Agenda-2000, acordada en el Consejo Europeo de Madrid, se establece
un calendario en el que se escalonan las decisiones que la Unión Europea
tiene que adoptar en el umbral del siglo XXI, pero a partir del año que
viene estaremos discutiendo un nuevo paquete financiero en el que España
no debe permitir que se vayan recortando los instrumentos de la cohesión
económica y social que conforman la actual Unión Europea. Las previsiones
para que los costes de la ampliación a los Pecos, Malta y Chipre sean
sufragados con los actuales recursos de la Unión Europea serán muy
fuertes. España puede y debe mantener que la ampliación de la Unión
Europea no debe realizarse a costa de los países más débiles de la Unión.
En caso de un traslado automático de la situación actual, sólo dos
regiones españolas quedarían como Objetivo-1 de la Unión, Andalucía y
Extremadura, con la disminución correspondiente de recursos para hacer
frente al proceso de modernización y cohesión del Estado español,
mientras que Alemania, junto a los países más ricos, haciendo las mismas
aportaciones a la Unión Europea que las que hacen actualmente, obtendría
los beneficios de un mayor mercado, además de los compartidos por todos
de seguridad y estabilidad en Europa.
Por ello, señorías, pido a los grupos parlamentarios el apoyo para esta
proposición no de ley. Una proposición no de ley que lo que pretende es
mantener un proceso de construcción europea que la diferencia de
cualquier otra región o área mundial.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Una Unión que esté presidida por la cohesión
económica y social y que España tenga una participación importante en la
definición de esos objetivos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
A la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista se han
presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas, es decir, que añadimos cuatro
puntos nuevos a los tres que incluye la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. Pensamos que el texto de la
proposición socialista es insuficiente, muy insuficiente desde nuestro
punto de vista, y también muy superficial. Pero no sólo esto sino que al
mismo tiempo equivoca la óptica. A nuestro juicio equivoca el punto de
vista y equivoca el territorio teórico en el que se asienta el texto.
Esta proposición no de ley parte de la base de que el Tratado de la Unión
Europea, después de la Conferencia Intergubernamental, ya está aprobado
en sus nuevos términos. Es decir, da por hecho que el Tratado de la Unión
Europea, en este aspecto sustancial que contiene los objetivos del empleo
y de la cohesión económica y social, después de la cumbre de Amsterdam ya
está aprobado en sus términos definitivos. A nuestro juicio, es un
enfoque absolutamente equivocado.
El Tratado de la Unión Europea que se aprobó en Maastricht no asumía el
objetivo de empleo, de ninguna manera. Incluso se desprende de esa cita
que aporta el ponente del Grupo Socialista, señor Costa, que no recoge
nada en su real contenido. Es una cita de dos líneas que dice que habrá
una referencia a la cohesión económica y social sin mayor vinculación
real. Por tanto, el objetivo de la creación de empleo es externo al
Tratado de la Unión Europea y, en ese sentido, hay que reformarlo de
manera profunda para que lo recoja. Como se ha visto en las sucesivas
reuniones de los
consejos, este objetivo ni siquiera ha terminado en un documento
mínimamente aceptable, aunque fuese un documento paralelo al Tratado de
la Unión Europea. Por tanto, no podemos partir de la misma base de que es
aceptable el Tratado de Maastricht en lo que respecta a la creación de
empleo y consecuentemente a la cohesión económica y social y que, por
consiguiente, no se trata de rectificar y, en consecuencia, según la
proposición no de ley del PSOE, sólo se pide un informe para dar cuenta
de cómo se aplica este Tratado, no reformado, que es absolutamente
insuficiente en relación con este tema.
En Izquierda Unida pensamos --posición que se conoce de sobra y que
últimamente estamos ratificando en la subcomisión sobre la Conferencia
Intergubernamental-- que los indicadores fundamentales de cara a la
cohesión europea que se persigue, indicadores nominales de convergencia,
los cinco famosos indicadores nominales de convergencia no contienen, en
absoluto, el problema fundamental de la creación de empleo tanto de la
Unión Europea como --mucho más en este caso-- de España. En el mismo
sentido --ya lo hemos denunciado reiteradas veces y tendremos de nuevo
oportunidad de hacerlo cuando se discuta cierta proposición de ley acerca
de las competencias de los bancos centrales--, a nuestro juicio, hay una
transferencia del poder político, desde un parlamentario europeo que
permanece canijo en la reforma que conocemos que se va a plantear, a la
red de bancos centrales y al banco central europeo que se va a constituir
a partir de la primavera de 1998. Esto quiere decir que el plan de
estabilidad, que es la pieza clave en este momento, la pieza fundamental
que se deriva de la aplicación real y concreta del Tratado de la Unión
Europea, a nuestro juicio no se puede aprobar por esas dos cuestiones:
los contenidos de cara a la consecución de la cohesión económica y social
y quién dirige estos contenidos. Lo dijo el presidente del Bundesbank,
del banco central alemán, hace poco en Davos, cuando mantuvo la peregrina
idea de que el poder político ya no tenía tanto sentido puesto que las
decisiones fundamentales se iban a adoptar a partir de ese momento desde
el poder financiero en los distintos Estados de la Unión Europea y que
los presupuestos, que es la pieza clave de la dirección política en el
aspecto económico y financiero, ya no se iban a elaborar --y esto es así
por el plan de estabilidad que conocemos-- en los parlamentos o que si se
elaboraban sería con un margen de maniobra mínimo de cara a la aprobación
real, hasta conseguir así el objetivo fundamental de la cohesión
monetaria, a través de los indicadores de convergencia que se contienen
en la estrategia de Maastricht.
El Programa de Convergencia y Estabilidad 1998-2000, que el otro día
presentó en Comisión el señor Rato, Vicepresidente segundo para asuntos
económicos del Gobierno actual, recogía todos estos niveles de
insuficiencia y limitación en cuanto al poder político-democrático de la
dirección del proceso. E incluso más, porque el cuadro macroeconómico que
se había defendido cara a los presupuestos de 1997 --sólo voy a hablar de
inversiones--, respecto de este tema, reducía las inversiones que se
habían contemplado de un 6,5 al 4,5 después de la presentación de dicho
Programa de Convergencia y Estabilidad.
Por todo ello, nosotros presentamos cuatro enmiendas que van al fondo de
la cuestión. Si queremos conseguir empleo, si queremos conseguir
auténtica cohesión económica y social, hay que cambiar el Tratado de la
Unión Europea y, a partir de ahí, llevar a cabo una serie de políticas
que apunten al objetivo real, porque si no la proposición no de ley se
convierte en una auténtica ficción, rindiendo informes anuales en función
de cuestiones superficiales y de políticas que, excepto a nivel de
arañazos, cambian las estructuras injustas cara a la creación de empleo y
a la cohesión económica y social tal y como nosotros lo estamos
defendiendo.
El primer punto, consistente en la adición de un punto número 4, se
dirige a la necesidad de coordinar el problema de la creación de empleo
como objetivo prioritario y, repito, de política coordinada por todos los
miembros de la Unión Europea. Objetivo básico: política coordinada.
En segundo lugar, planteamos el punto número 5, en el sentido de que las
políticas presupuestarias y monetarias estuviesen realmente bajo la
dirección de poderes democráticos. El banco central europeo que se cree
en 1998 o la red de bancos centrales en absoluto responden a este
criterio de poder democrático. Habría que residenciarlo en un parlamento
europeo nuevo, transformado, de cara a la superación de ese déficit
democrático que prácticamente todos estamos denunciando frente a la
Conferencia Intergubernamental .
En tercer lugar, planteamos el punto número 6, en el sentido de aumentar
sustancialmente los fondos destinados a ayudas estructurales. Hay un
proceso que se ha decantado a la baja, de minoración; un proceso que se
inició con una votación que produjo el voto positivo del Partido Popular
y, a partir de ahí, en función de ese precedente que se creó --nosotros
hemos tenido ocasión de denunciarlo en la Comisión--, se está provocando
una reducción clara de fondos estructurales que sirven para la
intervención en el ámbito territorial y en el ámbito estatal y que, por
tanto, a partir de ahora serán menores.
Finalmente, planteamos la adición del punto número 7 como enmienda 4, en
el sentido de que el Gobierno envíe a esta Cámara un documento
complementario al texto de los presupuestos para 1998, documento que
evalúe las consecuencias a todos los niveles, fundamentalmente a nivel de
la creación de empleo o de las consecuencias de cara a conseguir una
auténtica cohesión económica y social en función de los criterios
de convergencia nominal y del resto de criterios que se contienen en el
Tratado de la Unión Europea. Se trataría de un documento riguroso que
evalúe de verdad, numérica, económica, política e incluso jurídicamente
estos aspectos que estamos tocando a lo largo de este debate.
Creemos que nuestras enmiendas completan de manera seria la propuesta del
Grupo Socialista y esperamos su intervención a ver si así lo ha entendido
y, en consecuencia, las aceptan y votan a favor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a esta Cámara una
proposición no de ley interesante, cuyo objeto fundamental entendemos que
es netamente político: poner de relieve la enorme transcendencia que
tienen las políticas cohesivas en el ámbito de la Unión Europea.
En efecto, la cohesión social es un claro objetivo marcado en el Tratado
de la Unión Europea tal como está ya aprobado, el llamado Tratado de
Maastricht, cuya modificación está en curso, pero en este punto el
artículo 130.A) se mantendrá así. En ese artículo se insta a la Comunidad
a desarrollar y proseguir su acción encaminada a reforzar su cohesión
económica y social, a fin de promover un desarrollo conjunto de la
Comunidad. La cohesión, entendida como un esfuerzo por la reducción de
las diferencias --cito textualmente-- entre los niveles de desarrollo de
las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas,
incluidas las zonas rurales, ha de ser, pues, un objetivo que presida las
diversas políticas y acciones de la Comunidad. Por tanto, y esto es muy
importante, no es un objetivo específico más, sino que, por imperativo
del artículo 130.B) del Tratado de la Unión Europea, las políticas de
cohesión deben impregnar todas las políticas y acciones y el propio
desarrollo del mercado interior. La eficacia de estas políticas cohesivas
resulta de todos modos muy discutible y debe ser examinada de cerca. Es
cierto que en los últimos diez años los cuatro países menos
desarrollados, los llamados países de la cohesión, España, Irlanda,
Grecia y Portugal, han pasado de un producto interior bruto que sólo
alcanzaba el 66 por ciento de la media comunitaria a un producto interior
bruto que alcanza ya un 74 por ciento, con cifras de hace dos años; es
decir, hubo un incremento de ocho puntos. Desde esta perspectiva, algo
han hecho las políticas de cohesión. Pero también es verdad, por ejemplo,
que en los Estados Unidos el Estado más próspero sólo duplica en riqueza
al Estado menos desarrollado, mientras que en Europa la región más rica,
Hamburgo, por ejemplo, cuadruplica el nivel de renta de la más pobre, el
Alentejo portugués.
Además, ante la posible ampliación al Este, relativamente próxima en el
tiempo, existen, no sin fundamento, algunas importantes preocupaciones
acerca de la reforma que de ahí se pueda derivar en los fondos de
cohesión y la repercusión que ello pueda tener sobre el dinero que recibe
actualmente España.
Es lógico que desde el Gobierno se haga un detallado seguimiento de cómo
se desarrollan las políticas de cohesión y, muy en general, de cómo la
cohesión ha influido en la orientación de otras políticas, es decir, no
sólo de lo que son nominalmente políticas de cohesión, sino de su
influencia en otros ámbitos. Por citar un ejemplo, los principios de la
cohesión deben estar en igualdad de condiciones con las reglas de defensa
de la competencia, que son un pilar indiscutible del modelo económico que
celosamente defiende la Comisión Europea y que es la base de todo el
régimen de la actual Unión Europea.
Desde esta perspectiva, creemos que en el régimen de ayudas de Estado,
dentro de un planteamiento global que ciertamente compartimos y que se
dirige hacia su notable reducción o supresión, es indudable que los
objetivos de la cohesión regional no pueden quedar neutralizados por una
inflexible interpretación del Tratado. La propia Comisión Europea
reconoce en su quinta encuesta anual sobre ayudas estatales a la
producción industrial y otros sectores en la Unión Europea, así como en
el primer informe sobre la cohesión, que los países con mayor capacidad
presupuestaria otorgan un volumen de ayudas a las industrias, en relación
con su producto interior bruto, muy superior al de los países de la
cohesión, lo que ahonda las diferencias regionales. Esa capacidad de
otorgar ayudas nacionales, en los supuestos de cofinanciación que están
previstos, es mucho mayor por parte de los países más prósperos que por
parte de los demás y se produce ahí una clara contradicción con los
objetivos de la cohesión. En suma, pues, las medidas que propone la
Comisión para hacer valer las políticas de competencia en las ayudas
públicas inciden de forma muy negativa en la cohesión social.
En términos similares, tal como hace el informe presentado por el
Gobierno, se podrían destacar otras deficiencias en otros ámbitos, como
por ejemplo, la política agrícola común, la pesca, la investigación y el
desarrollo, las redes transeuropeas y el transporte o la política
medioambiental, puntos todos ellos en los que se constatan claras
deficiencias y en los que se ve que la cohesión no es un objetivo que
haya presidido las políticas fijadas en esos ámbitos.
Por todo ello, apoyamos la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista
de suscitar en esta Cámara un debate anual, en la Comisión Mixta para la
Unión Europea, acerca de la evolución de las políticas comunitarias
en su dimensión cohesiva, en su dimensión de políticas de cohesión. Ahora
bien, si entramos ya al detalle de la propuesta que presenta el Grupo
Socialista, el informe del que se trata ha sido ya presentado por el
Gobierno con posterioridad a la entrada en la Cámara de la proposición no
de ley que debatimos. De ahí que mi grupo haya presentado una enmienda
manteniendo el principio de que se formalice un debate anual sobre cómo
se están desarrollando esas políticas de cohesión, pidiendo además que
con ese debate se enriquezca ese informe del Gobierno y pueda ser la base
para las sucesivas propuestas que éste pueda formular en los consejos de
ministros de la Unión Europea en los respectivos ámbitos, dejando siempre
claro cuáles son los intereses españoles dentro de ese perfeccionamiento
que deben tener en su dimensión cohesiva.
No se nos escapa que la información de la que pueda disponer el Gobierno
en cada caso será variable, puesto que estamos hablando aquí de una
información con un importante fundamento estadístico y hay que tener en
cuenta que la Comisión Europea elabora su informe sobre la cohesión sólo
una vez cada tres años. De ahí que también nuestra enmienda modifique un
poco el tenor literal de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
dejando un poco más de libertad al Gobierno acerca de cuál debe ser el
contenido detallado de su informe, puesto que en función de la
información de que disponga cada año, cuando ese debate tenga lugar, su
contenido mayor o menor.
Por tanto, nuestra enmienda matiza o perfecciona sin perturbar la razón
de fondo, que es traer a esta Cámara este debate, evidentemente con mucha
más profundidad que el que estamos teniendo en este momento. Así, en los
términos de nuestra enmienda, si es finalmente aceptada por el Grupo
Socialista, daríamos nuestra aprobación a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Popular tiene la palabra el
señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos hallamos en vísperas de diversos acontecimientos que pueden
suponer un cambio radical en la dinámica de la Unión Europea: el fin de
la Conferencia Intergubernamental, la entrada en vigor de la tercera fase
de la Unión Monetaria con la creación de la moneda única, el inicio de
las negociaciones para la ampliación y la discusión y acuerdo sobre el
próximo marco financiero quinquenal. Todos estos acontecimientos tendrán
repercusiones de suma importancia para la cohesión económica y social. El
plan presupuestario deberá tener en cuenta todos estos desafíos, pero de
forma primordial el de mantener la cohesión en la Unión Europea.
Por todo ello, estoy de acuerdo con el señor Costa en que el primer
informe trienal de la Comisión sobre cohesión en las políticas y acciones
de la Comunidad se perfila como del máximo interés en tanto en cuanto
debe servir de base para una reflexión profunda. La cohesión como
principio vertebrador de la acción comunitaria apareció en los textos por
primera vez con motivo del Acta Unica en 1987, que consagró este
principio como complemento indispensable del Mercado Unico y, en palabras
del entonces Presidente Delors, como el pedestal del mercado interior.
Sin embargo, no fue, efectivamente, hasta el Tratado de la Unión, como se
ha dicho, cuando la necesidad de afrontar el desafío de la Unión
Monetaria hizo que el Tratado consagrara como objetivo prioritario el
progreso económico y social, equilibrado y sostenible; progreso que,
según el mismo artículo, sólo podría alcanzarse mediante el
fortalecimiento de la cohesión económica y social. Así mismo, y como ya
se ha mencionado, los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea
incluyen ahora la cohesión económica y social entre las misiones y
objetivos de la comunidad europea. Por ello, me gustaría centrarme en el
objeto del debate de esta proposición no de ley, que no es precisamente
entrar en el fondo de lo que ha sido o no la cohesión y que, como se ha
mencionado, deberá formar parte de una discusión mucho más en profundidad
en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
El objeto de esta proposición no de ley viene dado por la obligación del
artículo 130 B del Tratado, que establece para la Comisión la obligación
de presentar con una frecuencia trianual un informe al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión
económica y social y sobre la forma en que los distintos medios
establecidos en el presente artículo hayan o no contribuido a ello, y, en
caso necesario, dicho informe debería ir acompañado de propuestas
adecuadas.
Pues bien, mucho antes de que el informe de la Comisión se hubiese
acabado de elaborar, el Gobierno de España a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores hizo llegar a Bruselas, concretamente en el mes de
julio de 1996, un informe que recogía las contribuciones de los distintos
ministerios sobre la manera de poner en práctica el artículo 130 B del
Tratado y que así la Comisión conociese informalmente de este tema antes
de la aprobación final del informe previsto en este artículo. Dicho
informe fue aprobado formalmente por la Comisión de la Unión Europea en
octubre de 1996 y, como era preceptivo, lo remitió al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, que
han elaborado en la fecha de hoy los informes respectivos.
El Gobierno español, por su parte, ha difundido el informe comentado, de
forma que fuera conocido inmediatamente por la Comisión Mixta para la
Unión
Europea, así como por los miembros españoles del Comité de las Regiones y
del Parlamento Europeo, que, como hemos dicho antes, son los
destinatarios directos, junto con el Consejo, del informe elaborado por
la Comisión. Por tanto, señorías, señor Presidente, creo que el Gobierno
de España cumplió con creces sus obligaciones y objetivos incluso con
anterioridad a que el Grupo Socialista, de forma tan diligente,
presentase el 5 de noviembre de 1996, ante los servicios de la Cámara,
esta proposición no de ley, que a todos nos interesa, y, por supuesto,
bastante antes de que, habiendo sido publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes» el 19 de noviembre de 1996, fuera trasladada al Gobierno. Hay
que tener en cuenta que durante todos sus años de mandato, el Gobierno
anterior no consideró nunca necesario elaborar ni presentar ningún tipo
de informe sobre el grado de cumplimiento de propuestas españolas de
cohesión y su aceptación y ejecución por parte de la Unión Europea. Esta
es la realidad.
Sus señorías disponen esta vez de un documento con los comentarios y
conclusiones que al informe de la Comisión hizo el Gobierno de España
respecto a las distintas políticas sectoriales: PAC, pesca, investigación
y desarrollo tecnológico, medio ambiente, redes transeuropeas y política
de transportes, competencia, etcétera, y la medida en que cada una de
ellas ha contribuido o no a mejorar la cohesión económica y social, así
como las propuestas para su perfeccionamiento.
La proposición no de ley del Grupo Socialista, en el punto número 3 de su
parte dispositiva, pide al Gobierno que, con una frecuencia anual,
elabore un informe de las mismas características del que nos ocupa en
este momento. El Grupo Popular considera este punto de muy difícil
cumplimiento, en razón a las consideraciones siguientes. Primero, porque
la Comisión no dispone de la información suficiente y necesaria para
poder llevar a cabo el mencionado informe, que afecta a regiones de los
quince Estados miembros de la Unión. Segundo, porque la Comisión
únicamente debe presentar su informe, con arreglo al Tratado, cada tres
años, que es el período aceptado y acordado para que éste contenga la
información suficiente y pueda ser de utilidad. Tercero, porque en la
proposición no de ley del Grupo Socialista se dice que se habrá de hacer
mención de las propuestas españolas de cohesión, que deben elevarse a los
distintos consejos de ministros, así como del grado de aceptación y
ejecución de éstas por parte de la Unión Europea.
En cuanto se refiere a la ejecución, dada la no existencia de
información, es muy difícil conocer con carácter inmediato, especialmente
desde la óptica de la cohesión, los resultados de la ejecución de
numerosas políticas comunitarias cuando, además, es preciso tener en
cuenta que, en muchos casos, el análisis de los resultados anuales
resulta muy poco significativo, incluso enmascarador de la realidad.
Numerosas políticas comunitarias se desarrollan mediante normas que se
refieren a períodos plurianuales, para los que se establece el marco de
aplicación de las mismas, por lo que el análisis de un año determinado
puede no ser significativo de su desarrollo general, como es el caso de
las políticas de I+D, investigación y desarrollo, y de aquellas que
afectan a infraestructuras. Incluso las repercusiones para la cohesión
que se desprenden del marco presupuestario son consecuencia de las
perspectivas financieras establecidas para un período de al menos cinco
años. Un informe que dé cuenta de las propuestas españolas destinadas a
conseguir la cohesión que se presente en los distintos consejos de
ministros, como se pide en la proposición no de ley, se ha de referir,
necesaria y fundamentalmente, a unas propuestas básicas y podría reflejar
por ello de forma incorrecta, sin que éste sea el caso, un grado de
dejación en cuanto a la preocupación fundamental y permanente que tiene
el Gobierno sobre la correcta aplicación de la cohesión, lo que debe
conocer el Grupo Socialista, ya que se ha encontrado en esta
responsabilidad en el Gobierno anterior.
Me explico. Ante propuestas correspondientes a otras políticas
comunitarias distintas de las estrictamente destinadas a la cohesión, por
su carácter horizontal y por la diferente repercusión que tienen sobre
las regiones de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, puede
en algunos casos considerarse contraproducente la presentación
sistemática de propuestas específicas destinadas a conseguir la cohesión
en los consejos de ministros correspondientes, si al mismo tiempo se
están defendiendo otros intereses de gran calado para España,
especialmente cuando aquéllas tienen en cuenta en sus planteamientos
originariamente la cohesión de forma apropiada y acorde con nuestros
intereses.
Al Grupo Popular le resulta difícil aceptar esta proposición no de ley en
la forma en que está redactada en este momento, primero, porque existe ya
un informe elaborado por el Gobierno sobre la manera de lograr que se
tenga en cuenta el objetivo de la cohesión; segundo, porque no ha lugar
la proposición del Grupo Socialista por cuanto el informe de la Comisión
al que se refiere el artículo 130 del Tratado ya ha sido aprobado por el
Colegio de Comisarios y, además, es a la Comisión a la que el Tratado
encomienda la representación del informe y, tercero, porque no puede
considerarse apropiada la elaboración estricta de un informe anual de las
características del informe que nos ocupa en estos momentos.
Señorías, señor Presidente, el Grupo Popular, consciente de la
importancia que tiene para España reafirmar la cohesión como principio
vertebrador de la construcción europea, de la ocasión única que suscita
el informe sobre la cohesión para plantearse el modo de dotar de eficacia
al artículo 130 A y B del Tratado y del papel fundamental que en el
futuro debe jugar esta Cámara para la consecución de estos objetivos,
junto
con las distintas instancias comunitarias, y en aras del consenso,
permanece abierto a cualquier compromiso que, en el curso de este debate,
pudiera articularse en torno a una propuesta equilibrada como la que ha
señalado el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió), don
Ignacio Guardans i Cambó.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Acabo, señor Presidente.
En este sentido, espero las propuestas que la Cámara tenga a bien
presentar.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Casañ.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ha observado en un sentido positivo que los distintos
textos de las enmiendas presentadas a esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, enmiendas que nosotros vemos con agrado y las
recibimos así, se identifican en el fondo con una necesidad.
Coalición Canaria ha observado cómo desde el texto primitivo del Tratado
de Roma, cuando se pasa al Acta Unica Europea y cuando se llega ya al
Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, hay algo que aquí se
dice y se reconoce: que la iniciativa española, por medio del Gobierno
del señor González introduce el concepto de la noción de los fondos de la
política de cohesión económica y social. Pieza que venía faltando, que
prácticamente no existía en el Tratado de Roma, que en el Acta Unica
Europea apenas es una cuestión puramente etérea, pero que ya se concreta
en el apartado B del artículo 130 del Tratado de la Unión Europea. Como
bien dice la exposicion de motivos de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, no ha habido ningún desarrollo pragmático
concreto, sino que ha quedado en una especie de letra muerta, con una
música muy bonita, pero que no tiene ninguna concreción en programas
específicos, dentro de la línea política de la cohesión económica y
social, más allá de un puro planteamiento financiero. Creemos que ya es
hora de que haya un compromiso de los países de la Unión Europea para que
ese artículo 130 en su apartado B, se concrete en líneas específicas de
política de cohesión económica y social y que se impulse y se garanticen
tantos fondos estructurales, fondos de cohesión para lograr este
objetivo.
En esa línea tengo que decir que nosotros suscribimos plenamente la
propuesta que hace el Grupo Socialista con una enumeración de cinco
epígrafes. Sin embargo, desde la óptica de Coalición Canaria, quisiéramos
vernos ahí reflejados en la peculiaridad que, como bien conoce el señor
Costa, tiene el régimen económico y fiscal de Canarias, máxime con todo
aquello que se deriva de lo que el Tratado de la Unión reconoce
específicamente para Canarias, y con la batalla que actualmente el
Gobierno español, a iniciativa e impulso del Gobierno autónomo de
Canarias, está dando al señalar esas deficiencias que tenemos todavía por
paliar ante Bruselas en lo referente al régimen económico y fiscal de
canarias respecto a la zona específica de Canarias, zona especial fiscal,
así como en todo lo que conduce a tener un cumplimiento del Tratado de
Maastricht en cuanto a regiones ultraperiféricas, con nuestra acta de
especificidad propia de la áreas archipielágicas que se señalan en el
propio Tratado.
Nosotros tenemos que aparecer con un protagonismo concreto en el informe
trianual --y vamos a ver qué dice el primero que venga sobre las
circunstancias específicas-- que tiene que presentar el Consejo Europeo y
queremos vernos reflejados en el mismo. Porque, si ese informe trianual
se va a hacer llegar a instancias como el Comité de las Regiones, donde
están representadas regiones ultraperiféricas, estas regiones no van a
sentirse reconocidas allí. De aquí que nosotros hayamos escuchado con
profunda atención todas las enmiendas que al respecto se han dirigido, al
igual que el propio texto de la iniciativa. Quisiéramos mostrar nuestra
adhesión porque, aunque no lo especifica en términos generales respecto a
la política de cohesión económica y social, a nuestro entender, sí lo
recoge la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
que muy atinadamente y con profundidad de datos ha defendido aquí el
señor Guardans como portavoz de su grupo.
Nosotros pediríamos, tanto al grupo proponente, como a los grupos
enmendantes que si estamos de acuerdo en el fondo sobre lo que queremos
para la política de cohesión económica y social y si es necesario sacarlo
de su letargo de letra muerta, a través del artículo 130 B se recoja en
el informe trianual que tenga que redactarse, y que el escalón previo sea
este informe anual que se pide al Gobierno en la forma que se diga. No
nos paremos aquí a objetarnos unos a otros por una cuestión puramente
formal.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya concluyendo, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente, inmediatamente.
Nos dolería que por una cuestión de tratamiento puramente formal esto no
tuviera salida, porque consideramos imprescindible --me ha parecido
escucharlo así a todos los portavoces-- que en la Comisión Mixta
Congreso-Senado de la Unión Europea tengamos un
documento de debate anual que después sirva para que se lleve a las altas
instancias, donde se redacte finalmente el informe trianual. Creemos
imprescindible que se redacte un informe anual sobre cómo ve España, a
través de todas sus fuerzas políticas parlamentarias, el desarrollo de la
política de cohesión económica y social en el marco de la Unión Europea,
y que de esa forma los grupos parlamentarios reflejen nuestra posición en
el Parlamento Europeo, para que el Gobierno español lleve un papel claro,
contundente y con todo el consenso posible. Si además en él se recogen
aspectos que en Canarias son de honda preocupación en este momento para
su Gobierno, y de los que quiere hacer partícipe a toda la Cámara,
nosotros pediríamos que se den el consenso y la sensatez necesarios para
redactar, a través de una enmienda común, un texto en el que todos nos
veamos reflejados y con un sentido práctico, como nos gusta trabajar en
la Comisión Mixta de la Unión Europea.
A esa línea Coalición Canaria se presta con su apoyo total e
incondicional, en aras de la sensatez y del sentido común.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, habiendo escuchado con atención a
los otros grupos y como hay una serie de enmiendas presentadas, en aras
al consenso que el Grupo Parlamentario Socialista cree que es exigible
para una cuestión tan relevante para los ciudadanos de nuestro país como
la que estamos discutiendo, yo quisiera proponer un texto transaccional,
y solicitaría de SS. SS. que, aparte de aceptar el texto, se acepte mucho
más el espíritu de lo que eso significa, porque me gustaría ver al Grupo
Popular más contundente y claro en esa materia, tal como ha señalado el
señor Mardones.
También le pediría al señor Mardones que espere para hacer realidad sus
propuestas al informe de la Comisión, ya que las mismas tienen un amplio
apoyo dentro de esta Cámara, y ese sería el momento.
El texto sería el siguiente: 1. El Congreso de los Diputados, subrayando
la importancia de las distintas posibilidades que para el futuro tienen
las políticas y acciones cohesivas en el ámbito de la Unión Europea,
apoya la iniciativa del Gobierno de elaborar un documento con el fin de
inspirar los debates que se produzcan en el parlamento Europeo, el
Consejo, el Comité de Regiones y el Comité Económico y Social.
2. De conformidad con los artículos 196 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, remite para su debate ante la Comisión Mixta para la Unión
europea: a) En el plazo de tres meses un informe elaborado por el
Gobierno que recoja el análisis y las propuestas que desde la perspectiva
española debe incorporar el primer informe trienal de la Comisión Europea
sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica y
social, especialmente en materia de política agrícola común, transportes
y redes transeuropeas, políticas medioambientales, mercado interior,
competencia e investigación y desarrollo; b) un informe anual en función
de los datos disponibles sobre la evolución de la cohesión económica y
social en la Unión Europea desde la perspectiva española.
Paso el texto a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre posición
del Gobierno español ante las políticas europeas de cohesión económica y
social, en los términos resultantes de la enmienda transaccional
propuesta y aceptada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 299; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en los
términos de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Socialista.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ESTABLECIMIENTO
DE NORMAS SOBRE CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PESQUERAS DE MENOS DE 2,5
TONELADAS DE REGISTRO BRUTO (Número de expediente 162/000106)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre establecimiento de normas sobre construcción de
embarcaciones pesqueras de menos de 2,5 toneladas de registro bruto.
Para su defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Mantilla. (El
señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por favor, señorías, ¿pueden
guardar silencio? Señor Blanco, por favor, guarde silencio.
Cuando quiera, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Ministerio de Agricultura promulgaba el 20 de noviembre de 1979 una
Orden que establecía los requisitos para la construcción y reparación de
embarcaciones menores de 20 toneladas de registro bruto. Esta orden tenía
varios objetivos, uno de ellos establecer la citada normativa, y otro
--muy importante--, preservar los recursos de la costa litoral. Tenemos
que recordar a SS. SS. que en el litoral es donde se reproduce la
pesca y, lógicamente, es donde mayor número de alevines existe. También
había un aspecto importante a considerar en esta orden, el apartado 2.4,
que se refería a la construcción de embarcaciones de menos de dos
toneladas y media de registro bruto. Esta disposición venía a satisfacer
o de alguna manera a compensar a aquellos marineros profesionales que
tenían unos determinados requisitos. Los requisitos para poder construir
este tipo de embarcaciones eran los siguientes: tenían que haber
justificado más de cinco años de profesión marinera en barcos de la lista
tercera; no podían tener ningún otro tipo de embarcación; tenían que
tener el informe favorable de las cofradías de pescadores, y además
tenían que ser utilizados por ellos mismos o por otros marineros que
estuviesen en las mismas condiciones reseñadas anteriormente. Pero esta
orden tenía un gran problema para este tipo de embarcaciones, y es que
había que registrar en la hoja de asiento del libro oficial de buques que
no se podían aplicar bajas para ningún otro tipo de embarcación nueva.
Esta situación se mantiene hasta el 8 de noviembre de 1990, cuando el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promulga un real decreto
de construcción y modernización de buques pesqueros de menos de seis
metros de eslora, y deroga expresamente la Orden del 20 de noviembre de
1979. ¿Qué ocurre con esta derogación? Pues simplemente --y recordemos
que esas embarcaciones tenían anotadas en su hoja de asiento que no
podían destinarse a nada más que a ser embarcaciones de dos metros y
medio-- que estaban firmando su defunción, porque el uso de esas
embarcaciones iba a finalizar con el fallecimiento de su propietario o
lógicamente con su propia vida útil. Hay que recordar que desde 1979
hasta 1990 se han ido construyendo del orden de 500 embarcaciones
oficialmente; por tanto, esas embarcaciones tienen un máximo de 17 años y
un mínimo de siete. Lógicamente, gran parte de ellas están obsoletas,
están construidas con un material inadecuado. Hay que tener en cuenta que
muchas de ellas se varan en las playas con adoquines de varaderos de
pequeños puertos; ya tienen holguras en sus maquinarias y, por tanto, su
conservación cada vez se hace más costosa y, sin duda, la seguridad en el
mar cada vez más precaria.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular pretende que
esas embarcaciones construidas al amparo de la Orden de 20 de noviembre
de 1979 puedan ser renovadas aportando la baja pertinente de la
construcción anteriormente citada. Hay que recordar, como he dicho, que
en estos momentos hay más de 500 embarcaciones en España, de las cuales
cerca del 80 por ciento están en Galicia, embarcaciones que pueden ocupar
desde uno hasta tres marineros, embarcaciones que son gran parte del
sustento de muchas familias gallegas y de otras partes del litoral
español, embarcaciones que se dedican no solamente al pulpo, sino incluso
a la propia pesca del marisco. Señorías, lo que en estos momentos propone
el Partido Popular es que se puedan construir, reconstruir o renovar esas
embarcaciones construidas antes de 1979. Además, el Grupo Popular ha
propuesto una enmienda, ya que la orden era tremendamente limitativa en
cuanto a su transmisión, es decir, impedía incluso transmitirlas de
padres a hijos. La enmienda del Grupo Popular pretende que se permita la
transmisión de padres a hijos, siempre y cuando éstos continúen con su
actividad.
La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene tres puntos
concretos. Uno de ellos, que se normalice administrativamente la
construcción de estas embarcaciones. Esto ya se ha conseguido con la
Orden de 20 de noviembre de 1979 y, lógicamente, se va a reiterar esa
cuestión administrativa. Por otra parte, que el tipo de ayudas quede
establecido. Tengo que recordar al portavoz del Grupo Socialista que ese
tipo de ayudas ya existe, la Comunidad gallega es pionera en ellas y da
prioridad absoluta a este tipo de embarcaciones. Tampoco podemos aceptar
la incentivación de ningún tipo de bajas de estas embarcaciones, porque
obviamente se han construido sin haber aportado bajas anteriormente, con
lo cual tendrían un gran beneficio.
Por todo ello, lo que queremos es que se permita a los marineros, cuyo
sustento depende en muchas ocasiones de este tipo de embarcaciones,
construir una nueva embarcación de un máximo de dos toneladas de registro
bruto que no puedan utilizar redes de enmalle, una vez que se pueda
utilizar la baja pertinente de la embarcación que se había construido al
amparo de la orden del 20 de noviembre de 1979.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mantilla.
Entiendo que ha defendido también la autoenmienda presentada por su grupo
parlamentario.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para que puedan ser
sustituidas por otras de nueva construcción aquellas embarcaciones que se
construyeron amparadas en la Orden ministerial de 20 de noviembre de 1979
tiene la consideración del Grupo Parlamentario Socialista porque, en
efecto, incide en un problema que afecta a numerosas
embarcaciones, algunas de las cuales, como decía el representante del
Partido Popular, están ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia. Pero
entendemos que la iniciativa que se presenta no da respuesta a toda la
preocupación que existe en torno a las embarcaciones de 2,5 toneladas de
registro bruto. Da respuesta a uno de los problemas que tenemos
planteados con respecto a este tipo de embarcaciones. Es por ello que el
Grupo Parlamentario Socialista trata de ir más allá en su propuesta y
establecer un marco que permita abordar todos los problemas que tienen
planteados este tipo de embarcaciones. Como usted sabe, no sólo es un
problema de sustitución de unas viejas embarcaciones por otras que
respondan a la nueva realidad y que den respuesta a ésas que ya están
caducas y obsoletas y que se han construido bajo esa orden de la que
estamos hablando. Ni siquiera se soluciona el problema, que también es
importante, de las transmisiones entre padres e hijos. Existen otros
problemas que afectan a este tipo de embarcaciones, algunos de los cuales
tienen que ver, por ejemplo, con la potencia. Como usted sabe, señor
Mantilla, en estos momentos la potencia de las embarcaciones inscritas en
la hoja de asiento y la que tienen en realidad las embarcaciones de 2,5
toneladas de registro bruto no se corresponden. En la mayoría de los
casos está inscrita una potencia de 4 CV y en la práctica su motor es de
9,9 CV. Existen, como usted conoce --y ha hecho alguna referencia a
ello--, otros problemas de carácter administrativo, de tal forma que
embarcaciones que están censadas en la tercera lista son consideradas por
el Ministerio como auxiliares y están incluidas en la quinta lista; o
embarcaciones que estando censadas en la tercera lista no están incluidas
en el censo operativo; o embarcaciones que están fuera del censo por
cuestiones ajenas a los profesionales del mar. ¿Qué trato de decirle con
esto? Trato de decirle que la situación que afecta a este tipo de
embarcaciones va más allá de la propuesta que hoy nos trae el Grupo
Parlamentario Popular a esta Cámara, y es en este sentido en el que el
Grupo Parlamentario Socialista presenta su propia enmienda, no sin antes
decirle que, estando de acuerdo con la filosofía de su enmienda de
adición, yo creo, y permítame que se lo diga con todo el afecto, que de
su lectura cuando menos se deduce por mi parte algún error. Se dice en la
enmienda de adición: «La titularidad de las nuevas embarcaciones que se
construyen en sustitución de otras al amparo de la Orden Ministerial de
20 de noviembre». Yo entiendo que las embarcaciones que se están
construyendo en este momento no están al amparo de la Orden de 20 de
noviembre. En todo caso, lo que querrían decir ustedes sería: la
titularidad de las nuevas embarcaciones que se construyan en sustitución
de las que se habían construido al amparo de la Orden de 20 de noviembre.
Por lo tanto, existe un problema, cuando menos, de redacción de la
enmienda que ustedes nos presentan. Yo estoy de acuerdo con que se pueda
aprobar la transmisión de padres a hijos, pero lo que nosotros planteamos
en nuestra iniciativa es ir más allá y dar respuesta al problema que
tiene planteado en este momento el sector. Usted sabe que lo que yo estoy
planteando no se refiere sólo a 500 embarcaciones, sino a miles de
embarcaciones de la Ría de Arosa y a muchas embarcaciones del puerto de
Cádiz. Por eso presentamos una iniciativa que dice que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de tres meses promueva
la norma de aplicación oportuna que permita la legalización
administrativa y profesional de las embarcaciones pesqueras de 2,5
toneladas de registro bruto, así como su inclusión --y esto nos parece
importante-- en el régimen de ayudas, de modernización y materialización
de las bajas que resulte aplicable.
Es verdad que, en función de las transferencias posteriores precisamente
a la orden ministerial a la que usted hace referencia, el marco
competencial reside en las comunidades autónomas, y es verdad que a
muchas de estas situaciones se viene dando respuesta a través de los
fondos IFOP que se gestionan a través de las comunidades autónomas, pero
nosotros entendemos que en el marco de este debate general debería de
quedar constancia de que no solamente damos respuesta al problema de la
sustitución de las embarcaciones, sino que también garantizamos una ayuda
que contribuya a facilitar a los propietarios de las embarcaciones
pesqueras un proceso de modernización y un proceso de competitividad en
este sector.
Es por ello, señorías, por lo que defendemos nuestra propuesta, esperando
que el Grupo Popular reflexione y que al final la vote favorablemente,
porque así estaríamos dando una respuesta global al conjunto de las
embarcaciones de estas características y no una respuesta parcial. De lo
contrario, ya le anuncio que nos veríamos en la obligación de presentar
una proposición no de ley que de forma global diera respuesta a la
situación que se está planteando con miles de embarcaciones que no
solamente tienen el problema que usted ha descrito, sino también aquél al
que yo hacía referencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Blanco.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo para expresar con brevedad el voto afirmativo del Bloque
Nacionalista Galego a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Popular, destinada a que el Gobierno dicte una norma que sirva de apoyo a
la renovación de los barcos de pesca de menos
de 2,5 toneladas de registro bruto, porque efectivamente en la actualidad
muchas de esas unidades no reúnen las condiciones adecuadas y no se
cuenta con facilidades para su renovación por otras más modernas.
En todo caso, a la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular le
falta contenido, y por tanto esperaremos a que el Gobierno dicte la norma
específica oportuna para valorarla en su justa medida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Estado español cuenta con una de las flotas pesqueras más
importantes de la Unión Europea. A pesar de ello, se está convirtiendo
últimamente en un país importador de pescado. Esto es debido al
crecimiento del consumo por habitante, pero sin duda también se debe a la
baja rentabilidad de nuestra flota pesquera. Es imprescindible potenciar,
modernizar y renovar parte de esta flota a través de muchas y variadas
medidas. Hoy nos encontramos ante una de estas posibles medidas: la
renovación de las embarcaciones de menos de 2,5 toneladas de registro
bruto y dedicadas a la pesca con artes menores.
Estas embarcaciones fueron construidas al amparo de la Orden ministerial
del 20 de noviembre de 1979, estaban destinadas a pescadores
profesionales que no fueran propietarios de ninguna otra embarcación
dedicada a la pesca, que se hubieran dedicado a la profesión en buques de
tercera lista durante cinco años consecutivos antes de la solicitud y que
no utilizaran ningún arte de red. Estas embarcaciones se construyeron
entre los años 1980 y 1990. Se trata, pues, de embarcaciones anticuadas,
con poca potencia propulsora, desgaste de los elementos vitales y de la
estructura del barco como consecuencia de las horas de funcionamiento.
Tienen, por consiguiente, escasa navegabilidad, poca rentabilidad y sin
duda una gran inseguridad, poniendo en peligro las vidas humanas en el
mar. Por tanto, nuestro grupo apoyará la proposición no de ley del Grupo
Popular presentada hoy ante esta Cámara, siempre que se excluya la
práctica de pesca con cualquier arte de red, ya que esta clase de
embarcaciones menores ejercen su actividad en aguas próximas, que son
zona de cría y alevinaje.
Por otro lado, tampoco sería posible un cambio de dominio, como exige la
citada Orden ministerial del 20 de noviembre de 1979, pero sí creemos que
es de justicia que puedan ser transmitidas de padres a hijos que
continúen en el ejercicio de la actividad y no sean titulares de otra
embarcación. Por tanto, apoyaremos también la enmienda que el Grupo
Popular presenta al respecto.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Solsona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para explicar la postura del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ante la proposición no de ley que nos
presenta el Grupo Popular para instar al Gobierno a que en el plazo de
tres meses dicte una norma por la cual se produzca la posibilidad de la
renovación de las embarcaciones de menos de 2,5 toneladas de registro
bruto.
Nos encontramos con una extraña situación en la que el Grupo Popular
tiene incluso que fijar un plazo para instar al Gobierno a que cumpla un
compromiso que debería ser propio de la acción de Gobierno, y no a través
de una proposición no de ley. He de decir que esto no nos extraña tanto
porque no es una situación nueva. Ya la vivimos en esta Cámara para un
tema de pesca en octubre pasado, cuando el Grupo Popular presentó también
una proposición no de ley para pedir al Gobierno que crease un consejo
consultivo de pesca; por cierto, esperemos que se nos expliquen lo pasos
que se han dado para la constitución de este comité y su funcionamiento.
Ya en aquella ocasión les dijimos que, en lugar de presentar
proposiciones no de ley, lo que debe hacer el Partido Popular a través de
su Gobierno es tomar las decisiones que necesita el sector pesquero,
salvo, claro está, como ya dijimos en aquella ocasión, que los diputados
del Grupo Popular tengan poca confianza en su Gobierno y necesiten de
este instrumento parlamentario más propio de la oposición para
comprometer al Ministerio en actuaciones que parecen evidentes. La
realidad, y la evidencia nos lo demuestra, es que la pesca sigue siendo
la hermana pobre del Ministerio, vemos cómo la Ministra ejerce muy poco,
demasiado poco, como Ministra de Pesca, en contraposición con la otra
parte de su Ministerio. Son muchos --lo volvemos a repetir-- los hombres
y mujeres que viven por y para la pesca y que esperan del Partido Popular
algo más que proposiciones no de ley; que esperan, como es su obligación,
que ejecute la acción de Gobierno, que gobierne sobre todo pensando
también en el sector pesquero. Como parece que a ustedes les gusta
sustituir la labor de Gobierno por la presentación de proposiciones no de
ley que insten a su propio Gobierno, les volvemos a repetir que pueden
preparar otra proposición no de ley para instar al Gobierno a que nos
traiga al Congreso la ley de pesca que ya anunció la Ministra, que
todavía estamos esperando, así como otras actuaciones que en una de las
pocas
comparecencias de la Ministra para hablar de pesca nos viene anunciando.
Ustedes han presentado una iniciativa para solucionar un problema real
que Izquierda Unida comparte y comprende, pero igual que ha manifestado
el Partido Socialista Obrero Español, creemos que esa iniciativa se queda
corta, que es insuficiente y que no resolverá realmente la situación,
sobre todo de los barcos situados en el litoral andaluz. Nosotros pedimos
que admitan la enmienda del Partido Socialista Obrero español, porque
creemos que completaría la solución de la situación existente. De esta
manera, podríamos salir de aquí con una proposición no de ley aprobada
por unanimidad que sería mucho mejor acogida por todo el sector, porque
--repito-- resolvería de forma completa los problemas de este tipo de
embarcaciones. En ese sentido le advertimos de la necesidad imperiosa de
hacer un censo real de las embarcaciones de este tipo, un censo real de
las pateras existentes porque actualmente hay muchas más, y además
entendemos que pueden dar lugar a confusión de no estar debidamente
censadas. Ustedes ya han conseguido, por otra parte, el efecto que podían
pretender, que era ocultar la insuficiencia de su labor de Gobierno con
una actuación parlamentaria. Si ya han conseguido ese efecto, yo creo que
ustedes podrían ser en este caso asequibles asumiendo esta enmienda, de
manera que fuera posible un acuerdo de toda la Cámara.
Termino diciéndole que, una vez conseguido este efecto, insten a su
Gobierno a que gobierne, insten a su Gobierno a que acometa las
necesidades que tiene el sector, porque --repito-- el sector pesquero no
está precisamente para juegos parlamentarios sino para actuaciones de
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Centella.
El señor Mantilla tiene la palabra, a los efectos de manifestar la
aceptación o no de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Como decía en mi intervención anterior, estamos intentando buscar una
solución a las embarcaciones que se habían construido al amparo de la
Orden del 20 de noviembre de 1979. Lo que dice el portavoz socialista,
señor Blanco, ya está en gran parte recogido en el Real Decreto de 8 de
noviembre de 1990. El problema es cuál es la normativa a aplicar a
aquellas embarcaciones que tenían el tremendo límite de que en su hoja de
asientos estaban constreñidas a no poder ser sustituidas por otro tipo de
embarcaciones y no podían ser renovadas. Ese es el único aspecto que
tenemos que solucionar hoy; hoy es éste. Posiblemente lo que usted
pretenda sea ampliar el Real Decreto de 8 de noviembre de 1990. No le
quepa la menor duda de que si usted trae una iniciativa que se pueda
apoyar, será admitida. Lo que estamos intentando aquí, señor Blanco --lo
repito--, es buscar solución para este tipo de embarcaciones.
En cuanto a nuestra enmienda, la he releído y creo --no sé si se habrá
columpiado-- que está perfectamente redactada.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Mantilla. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, sobre establecimiento de normas sobre
construcción de embarcaciones pesqueras de menos de 2,5 toneladas de
registro bruto, en los términos resultantes de la enmienda que el propio
grupo ha aceptado y leído ante el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 311.
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley queda aprobada por
unanimidad del Pleno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
RELACION A LA REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(Número de expediente 173/000040)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Socialista, sobre
la política del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, señorías, la economía
española va bien, pero España no va bien. (Protestas.--Aplausos.) Estaba
segura de que iba a tener la aprobación del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, hay un retroceso evidente en el ejercicio de las libertades
(Protestas.--Aplausos.), del que cada día tenemos reiterados ejemplos. Un
símbolo de todo ello es la moción que vamos a debatir en estos momentos.
Voy a recordarles rápidamente la razón de ser de la misma. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señorías, en la moción pedimos instar al Gobierno para la tramitación, en
turno preferente, del oportuno expediente que acuerde la concesión del
indulto a los dos médicos condenados por la Audiencia Provincial de
Barcelona, señores Robles y Bosma, en función de lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley de indulto, especialmente en lo que a tramitación
en turno preferente se refiere, que habla de expedientes calificados de
especial urgencia o importancia. No me negarán que la importancia y la
urgencia del supuesto requiere de la oportunidad de la presentación de
esta iniciativa. Recuerdo, señorías, que el 28 de abril de 1997 se recibe
una orden de ingreso en prisión de estos dos médicos, en cumplimiento de
la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24
de noviembre de 1994, por un aborto realizado en la clínica en el año
1990.
Recuerdo rápidamente las circunstancias en que se realizó el aborto a una
mujer, con un dispositivo intrauterino instalado, con una hemorragia, en
trámite de divorcio, que tenía al marido acusado de malos tratos y, en
esas condiciones, la mujer fue condenada y, después, absuelta por el
Tribunal Supremo, en casación, así como rebajada la condena a los
médicos. Fue el marido el que instó la denuncia de la mujer, como ocurre
en el 90 por ciento de los casos de denuncia por interrupción voluntaria
del embarazo que se producen en nuestro país, que lo es a instancia de
maridos o novios despechados. En nuestro país quedan ahora mismo 39 casos
judiciales pendientes.
En la interpelación, señorías, pretendíamos tres cosas: conocer la
posición del Gobierno sobre la posible ampliación del aborto, saber cuál
era la intención sobre la concesión o no del indulto a los médicos
condenados y que el Parlamento debatiera los problemas al hilo de las
preocupaciones de la sociedad. La interpelación se produjo en el Pleno
hace quince días e iba dirigida a la señora Ministra de Justicia. Algunos
de ustedes fueron testigos de la dificultad para entender a la señora
Ministra por ello hemos acudido a leer el «Diario de Sesiones» y vemos
que la señora Ministra dijo que no estaba por la ampliación porque no
había necesidad social, e hizo referencia a una encuesta encargada por el
anterior Gobierno socialista a la que, en este caso, como le interesaba,
le concedía mucha credibilidad. Según sea el contenido de las encuestas,
al Gobierno y al Partido Popular les parece que las encuestas deben ser
fiables o no. Decía también que los indultos no habían sido solicitados y
que, por tanto, no podía decir nada sobre su concesión. Pues bien, los
indultos están pedidos, están tramitándose y la razón de ser de esta
moción es su urgencia, porque hay que evitar el ingreso en prisión de los
dos médicos que están condenados y pendientes de que se termine la
tramitación de la petición de indulto, que requiere que sea en trámite
preferente.
Además, señorías, mi grupo parlamentario pretendía dos cosas: que los
médicos no entren en la cárcel, como primera medida, entre otras cosas,
porque SS. SS. han dicho en reiteradas ocasiones que una de las razones
por las que se oponen a la ampliación de la Ley del Aborto es porque
ninguna mujer está en la cárcel y nadie está en peligro de ingresar en
prisión. Pues ahora mismo hay dos médicos que requieren la concesión
urgente por el Gobierno del indulto para evitar que ingresen en prisión.
Pero además, señorías, había otra razón para mi grupo, y era lograr el
mayor acuerdo parlamentario posible. Como la petición de indulto ha
tenido un amplísimo apoyo social, queríamos también que esta Cámara, el
Congreso de los Diputados, estuviera a la altura del conjunto de la
sociedad. Han solicitado la concesión del indulto partidos políticos,
organizaciones feministas, parlamentos autonómicos --que yo recuerde de
memoria, al menos tres, catalán, navarro y andaluz--, personalidades
relevantes y lo ha pedido también, señorías, el Tribunal Supremo de
nuestro país, en resolución del 8 de mayo de 1997, en cuyo párrafo
segundo dice --y lo voy a leer, señorías--, que en las circunstancias del
caso sentenciado, en el que recayó sentencia absolutoria respecto a la
acusada que sufrió el aborto por estimar concurrente en la misma un error
invencible de prohibición, atendida y atendido también el indudable
sentir mayoritario de la sociedad, en orden a la procedencia de
flexibilizar la discriminización del tipo delictivo de aborto --lo dice
el Tribunal Supremo--, ensanchando las excepciones de la incriminación,
aconsejan, constatando el cumplimiento de la pena de inhabilitación
impuesta en la sentencia, informar favorablemente la solicitud y posponer
la concesión de un indulto total de la pena privativa de libertad
impuesta. Creo, señorías, que ya sólo queda el Congreso de los Diputados
y el Gobierno. El Congreso de los Diputados no sustituye --como alguna de
SS. SS. ha dicho-- al Gobierno de la nación. Estamos instando al Gobierno
de la nación a que adopte una determinada decisión. Y lo que no puede
ser, señorías, es que, cuando afecta este instar al Gobierno a temas como
el aborto o temas relacionados con las mujeres, siempre digan ustedes que
el Congreso no puede sustituir la voluntad del Gobierno. Tan legítimo es
solicitar --como lo hace hoy esta Cámara-- la concesión del indulto e
instar al Gobierno para que lo conceda (si luego el Gobierno no puede, no
quiere o no sabe, explicará por qué, nosotros no sustituimos a nadie) tan
legítimo es esto como instar al Gobierno a que haga la variante de
Pajares, como hemos visto hace poco, o a que haga un instituto de
bachillerato, etcétera. No tengamos dos varas de medir, como siempre
ocurre con los temas que hacen referencia a las mujeres.
Por tanto, señorías, el indulto (que fue solicitado con anterioridad el
28 de febrero de 1996 y que fue denegado en aquella ocasión por el
Tribunal Supremo por una interpretación que ha sido corregida en esta
resolución de 8 de mayo a la que he hecho referencia) es preciso,
repito, para evitar el ingreso en prisión de los dos médicos, que, por
otra parte, señorías --se lo recuerdo--, han cumplido ya la pena de
inhabilitación de un año a la que, como accesoria, fueron condenados.
Por tanto, no tenemos más remedio que adoptar esta decisión y no tenemos
más remedio que instar al Gobierno a su concesión. Cualquier otro tipo de
retóricas no tiene sentido, porque ahora mismo la situación no permite
otra cosa.
Señorías, y con esto termino, nosotros, voluntariamente, hemos hecho
dejación en cuanto a instar al Gobierno a otro tipo de actividades en
relación con el tema de fondo que nos preocupa, que es la ampliación de
la regulación voluntaria del embarazo. En la interpelación, señorías,
tuve ocasión de explicar cómo ha sido el Gobierno socialista y el Partido
Socialista el primero en la historia de España que reguló esta iniciativa
y cómo siempre que hemos traído una iniciativa sobre este tema,
sistemáticamente, la derecha, el Partido Popular, o antes Alianza
Popular, ha dicho que no, que este no era el momento, que no era
necesario. Tardaron diez años en convencerse de que la regulación actual
era suficiente. Bienvenidos sean a ese acuerdo con los demás. Nos
gustaría que no tardáramos otros diez años en volver a modificar una ley
que requiere de su modificación, porque lo requiere la sociedad española,
las necesidades de la sociedad española, lo requiere la solicitud del
Parlamento Europeo y lo requieren los acuerdos suscritos por nuestro país
en la IV Conferencia Mundial de Pekín.
Por todo eso, señorías, nuestro grupo parlamentario anuncia desde ahora
que hoy, en aras del consenso, en aras del acuerdo y en aras de conseguir
evitar que estos dos médicos ingresaran en prisión, hemos limitado la
moción al tema del indulto. Mañana mismo, el Grupo Parlamentario
Socialista volverá a presentar ante esta Cámara la regulación de la
proposición de ley de interrupción voluntaria del embarazo para que
tengamos la oportunidad de volver sobre el tema de fondo y modificarlo
para adecuarlo a esas características. Eso, señorías, lo haremos mañana.
El otro día el señor Aznar fue a la Residencia de Estudiantes a recibir
el legado de Cernuda. Por Cernuda, por las ideas y por lo que representa,
apoyen ustedes hoy el contenido de esta moción. Otro día, mañana, veremos
la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo y algún otro
tema que todavía tenemos pendiente en el terreno importantísimo de las
libertades, como, por ejemplo, las parejas de hecho. Espero obtener el
acuerdo mayoritario de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.
A esta moción ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario
Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente, la última semana en que se celebró Pleno en el
Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista presentó y
defendió, a través de la que fuera entonces su portavoz y que hoy repite
como portavoz de esta iniciativa, la señora Rubiales, una interpelación
de la que, a su juicio, se deriva la moción que se someterá
posteriormente a votación del Pleno del Congreso de los Diputados. Como
primera consideración, el Grupo Parlamentario Popular quiere decir que de
la interpelación que defendió la señora Rubiales resulta una forzada
congruencia con la moción que hoy se presenta aquí y que se va a someter
a votación a continuación. Digo que hay una pequeña incongruencia formal,
toda vez que el discurso, la intervención y la defensa de la señora
Rubiales han puesto el tema en sus justos términos: lo que quiere el
Grupo Parlamentario Socialista es modificar la legislación en materia de
aborto. Es un tema recurrente. Sus señorías conocen cuál es la postura
del Grupo Parlamentario Popular y hoy vamos a centrarnos en fijar la
postura, que trataré de justificar, en relación con la enmienda que
presentamos, cuya defensa creemos que procede en el Pleno del Congreso de
esta tarde.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, hemos buscado el consenso
en esta materia como en tantas otras, porque señora Rubiales, tenga la
completa seguridad de que España va muy bien y de quien tengo serias
dudas de que vaya bien es de su grupo parlamentario, que no se resigna a
que han perdido las elecciones y que ello conlleva derrotas en las
votaciones, como sucedió en la iniciativa de modificación de la Ley del
Aborto.
Hemos intentado llegar a un consenso y por ello hemos presentado una
enmienda de sustitución. La filosofía que perseguía y que persigue la
enmienda de sustitución que presentó y que defiendo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular no es otra que el respeto al Estado de Derecho, que
cada poder mantenga escrupulosamente el espacio de sus competencias y
dictamine conforme a ellas y a su propia responsabilidad.
Dicho con otras palabras: nos parece espléndido que se inicie el trámite
de un expediente en materia de indulto. Nos parece también que el indulto
es una figura que la propia legislación española regula como
procedimiento graciable y con carácter singular. Hacer del tratamiento
del indulto un procedimiento o planteamiento generalizado creemos que se
puede llamar amnistía, pero en todo caso no es un indulto.
Creemos, a renglón seguido, que desde el Congreso de los Diputados
tenemos que hacer, señorías, porque los tribunales apliquen e interpreten
las leyes vigentes (sobre todo que las apliquen) y creemos que con este
pensamiento y con este comportamiento estamos contribuyendo al buen
funcionamiento del Estado de Derecho. También creemos que no se puede
utilizar una
vía singular, como es el indulto, para eludir la aplicación de la
legislación vigente en una materia, sea la que sea. Y, en este sentido,
quiero hacer un recordatorio a esta Cámara acerca de cuál es la
legislación vigente y aplicable en la materia.
La normativa aplicable en la materia, que puede dar causa a la
tramitación del indulto que defiende y presenta el Partido Socialista
predeterminando la conclusión a la que, sin la elaboración del
expediente, ha de llegar el Gobierno, es el Código Penal de noviembre de
1995, firmado y avalado por el anterior Gobierno y donde SS. SS. saben
perfectamente que en el Libro II, Título II, se tipifica el aborto como
delito. Código Penal reciente, de noviembre de 1995. Ley del Aborto de
1985. Ley en materia de indultos, de 1870, modificada en aspectos muy
parciales y someros a través de una ley del 14 de enero de 1988 y Orden
Ministerial de 10 de septiembre de 1993.
Señorías, creo que la Orden Ministerial de 1993 es muy ilustrativa para
el debate que nos ocupa. En el año 1993 aún no gobernaba el Partido
Popular y, por tanto, esta orden ministerial trae causa de un desarrollo
que en el Ministerio de Justicia entonces se creía que era acorde y
necesario. En la Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1993, entre
otras cosas se dice: No resulta en todos los casos suficiente para la
formación de criterios sobre la conveniencia o sobre la forma de la
concesión de la gracia. En determinados supuestos la aplicación de los
principios señalados hacen aconsejable mayor flexibilidad y permitir la
ampliación del tiempo en la tramitación de los expedientes.
Este párrafo y otros muchos ilustran esta Orden Ministerial, señoría,
publicada en el año 1993 que no va precisamente en sintonía con la
defensa precipitada y vulnerando lo que son los principios jurídicos
vigentes hoy en España que usted ardorosamente defendió desde esta
tribuna. Por tanto, señorías, creemos que hay que respetar el Estado de
Derecho y la legislación vigente; desde el Congreso de los Diputados
tenemos que ser escrupulosos en velar porque la ley se cumpla y en dar
ejemplo como institución que trabaja en el proceso de elaboración y
desarrollo de las leyes para que los ciudadanos sepan que creemos en
nuestro procedimiento, que representamos de forma acorde y correcta la
soberanía popular y que no tratamos de eludir la aplicación de las normas
que están vigentes, ni tampoco de imponer a los tribunales que apliquen
criterios contraviniendo la legislación vigente.
Sus señorías saben perfectamente que en materia de indultos hay un
procedimiento establecido que se puede iniciar a petición de parte y que
en este caso así se ha hecho. Además, la señora Rubiales decía que otra
serie de colectivos, de partidos políticos, también se han unido. Esto no
añade más. Se inicia a petición de parte. Y los doctores que han sido
penalizados por la práctica de aborto han iniciado el expediente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular lo que decimos es que el inicio del
expediente bien está que se haga de forma preferente, lo cual quiere
decir que estamos añadiendo una incorporación de un análisis o de un
valor, cual es que le acompañan circunstancias extraordinarias o
singulares; pero lo que seguimos diciendo a renglón seguido es que el
expediente se tramite, se concluya, se eleve, se dé traslado, en su caso,
al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, en uso de sus
facultades y de su prerrogativa, establezca el criterio en la resolución
que estime oportuno y conveniente, porque es su responsabilidad. Puedo
entender que desde el Congreso de los Diputados se inste la apertura de
un expediente, pero toda vez que el expediente está abierto lo que cabe
desde el Congreso de los Diputados, desde las instituciones democráticas
y respetuosas con los procedimientos que están reglados y establecidos en
la legislación en nuestro país es que no se salten trámites a la torera,
si me permite la expresión coloquial, y, por tanto, se concluya el
expediente.
El espíritu de nuestra enmienda era llegar a un acuerdo. Me permitirán la
señora Rubiales y el Grupo Parlamentario Socialista que diga que a mi
juicio el Grupo Parlamentario Socialista no quería en este tema, ni en
otros muchos, ningún acuerdo posible con el Grupo Parlamentario Popular.
Si lo hubiese querido, se habría podido llegar a un acuerdo en términos
razonables, porque hemos recogido parte de su pretensión en nuestra
enmienda, pero a nuestro juicio había una parte absolutamente insalvable,
que no procedía su incorporación porque es desvirtuar y pervertir el
sistema, y, lo que es más grave, es crear un precedente parlamentario que
desde el Grupo Popular, señorías, he de decir con toda claridad que ni
apoyamos ni nos gusta.
Dicho todo esto, yo he de señalar que la señora Rubiales a mi juicio ha
hecho gala de escasa sensibilidad, porque tratar de comparar esta
discusión parlamentaria con la variante ferroviaria de Pajares, señoría,
al menos me permitirá el juicio de que no es del todo oportuna la
comparación, porque nada tiene que ver la construcción de una obra
ferroviaria con la moción. Usted lo ha dicho. Lo único que hago es
hacerme eco de unas palabras que entiendo que no fueron afortunadas. Oí
perfectamente su intervención porque he estado muy atenta y creo que nada
tiene que ver. Usted lo ponía como ejemplo, seguramente no como ejemplo
casual de lo que desde aquí se puede instar al Gobierno. Efectivamente,
al Gobierno o al Ministerio de Justicia se le puede instar a que actúe en
una determinada dirección, pero nunca prejuzgando la forma exacta en que
debe pronunciarse en un caso como éste, en el que es competencia
exclusiva el derecho de gracia o de otorgar el indulto, y creemos que con
la moción que ustedes defienden --y que seguramente no están dispuestos a
modificar ni a admitir ninguna transacción
a lo largo de este debate, y que nosotros celebraríamos-- desde luego no
están colaborando en nada a mejorar esa España, señora Rubiales, que
usted cree que no funciona, que yo creo que funciona muy bien y que desde
nuestro respeto por la ley y por las instituciones creemos que
colaboramos en mejor medida a ese buen funcionamiento y no con
planteamientos perversos, desde el punto de vista parlamentario, como el
que usted ha defendido desde esta tribuna esta tarde. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar, y les recuerdo que
deben compartir el tiempo de su grupo parlamentario, la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para fijar la posición, a favor, evidentemente, de la
moción consecuencia de la interpelación urgente presentada por el Partido
Socialista.
Sí a favor de los valores democráticos que representa; sí, puesto que
entendemos que tener que pedir en estos momentos un indulto para dos
médicos significa que estamos en un proceso claro de regresión de esos
valores democráticos que hay que defender. Sí, porque entendemos que éste
es el sentir de la sociedad y evidentemente de estos mismos valores. En
todo caso, un sí desde el cansancio. Creemos que el debate de fondo tiene
que producirse pronto para que nunca más tengamos que pedir el indulto
para dos médicos en una materia y en un tema que tiene que ver con los
valores profundos del sentido democrático y que entiendo que hoy se ponen
en cuestión.
En todo caso, nos parece una situación de regresión profunda de estos
valores. Por ello, vamos a dar el sí a favor del indulto, pero, repito,
el debate de fondo no es conseguir el indulto, que es absolutamente
necesario para que no ingresen en prisión, el debate de fondo es que
nunca tengamos que volver a pedir un indulto para dos personas que
ejercían libremente un derecho democrático.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a la
moción presentada por el Grupo Socialista que hace referencia a que el
Gobierno conceda el indulto a dos médicos condenados a pena de prisión
por un delito de aborto.
No es la primera vez, ni será la última, que médicos que practican
abortos sean condenados y el Gobierno se vea en la necesidad de conceder
el indulto si no se quiere que a las prisiones se incorpore también este
tipo de profesionales. Convendría, pues, una modificación en la
legislación actual, que es evidente que no responde a la realidad social
y, por tanto, no da satisfacción a las necesidades que socialmente se
plantean.
Lógicamente, este Congreso debería aprobar, de una vez por todas, una ley
que no sea tan restrictiva como la actual; una ley que, estamos seguros
señor Presidente, sería aceptada y comprendida por la mayoría de la
población; una ley que partiese del principio básico de que la mujer es
quien decide.
La situación actual, como decía, no es satisfactoria porque restringe el
derecho de aborto a tres supuestos y además porque, aun así, este derecho
de las mujeres es muy difícil aún de ejercer en la sanidad pública, algo
que a estas alturas nos parece inconcebible y que además está ocasionando
a muchas mujeres penalidades añadidas al trauma de decidir abortar.
En todo caso, esperando que los grupos de esta Cámara aborden con
valentía la resolución del fondo del problema, votaremos afirmativamente
a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, por supuesto el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar esta moción
presentada por el Grupo Socialista, aunque tenemos que decir alguna cosa.
Si viéramos la moción, nos parecería insuficiente, porque es verdad que,
para hablar del tema de la interrupción voluntaria del embarazo tal como
quedó en la interpelación, hay que hacer muchas más cosas que esto, pero
también hay que hacer esto. Por tanto, que apoyemos una moción sabiendo
que va a ser insuficiente para solucionar los problemas que puede haber,
no implica que no vayamos a hacer más cosas. Hoy vamos a hacer esto
porque nos lo demandan la sociedad y la solidaridad. Lo quiero decir así.
Estamos pidiendo un indulto, y lo estamos pidiendo al Gobierno porque,
además de tener derecho el Parlamento de pedirlo, de poderlo solicitar,
igual lo va a tener el Gobierno de no darlo, pero si alguien quiere
escuchar el consenso de la ciudadanía, también puede explicar que ese
consenso reside en los representantes de la ciudadanía. Cuando dice que
no podemos pedirlo, que es desvirtuar el Derecho, yo le digo que los
indultos están, incluso por la aplicación de la ley, para hacer que las
personas no vayan
a la cárcel, no están para derogar la ley. Por tanto, aquí no sólo se
pide --lo pide el propio Tribunal Supremo y han leído ya lo que decía--
sino que se dice que hay que modificar más cosas, que hay que modificar
la ley.
Me asombra mucho esa negativa absoluta del Partido Popular, que ha subido
aquí a cambiar la ley. Yo no sé si sabrá S. S. que el Partido Popular
estuvo de acuerdo en que había que modificarla --no en la última
legislatura en la que yo no estuve, sino en la anterior, porque lo
defendí igual-- para incluir algo que vamos a tener dentro de muy poco:
que el doctor Germán Sáenz de Santamaría va a ser acusado de un delito de
aborto por haber interrumpido el embarazo de una niña de 14 años, violada
por su tío sucesivamente. ¿Por qué? Porque a partir de los 14 años --lo
dije el otro día-- es un delito de estupro y no de violación. ¿Es que un
ataque a la libertad sexual de una niña no va a estar protegido? Ustedes
estuvieron de acuerdo en que se modificara ese artículo en el Código
Penal poniendo todos los embarazos que fueran resultado de un ataque a la
libertad sexual. Por tanto, no se pongan en la negativa absoluta. Vamos a
entrar en la racionalidad de hablar, no en las conciencias heridas o no,
sino en la normalización de un derecho del que vamos a tener que hablar
en este Congreso. No vamos a desistir de ello y vamos a intentar cambiar
la ley.
Dice S. S. que la sociedad es mayoritaria, pero yo le recuerdo que las
fuerzas que pedimos el indulto y las fuerzas que hemos pedido el cambio
somos más mayoritarias numéricamente que la sociedad que mantiene a este
Gobierno. Se lo quiero repetir para que quede clara esta situación. Ahora
bien, ¿por qué pedimos el indulto? Porque, aparte de ser una gracia, es
también un acto de solidaridad. No queremos pedir un indulto elitista. Ni
va a ser el primero, ni va a ser el último. Hay circunstancias sociales
que revelan la injusticia de la ley, incluso para un traficante de droga
que ha sido rehabilitado y que aconseja que, aun aplicándole la ley, le
puedan conceder el indulto. Esta Diputada ha pedido numerosos indultos en
su condición de Diputada y de persona, porque creen que son actos de
solidaridad.
Este es un acto de solidaridad con los médicos porque me parece
paternalista y, además injusto, tanto para las mujeres como para ellos.
Es injusto que las personas que dan una prestación sanitaria a las
mujeres sean condenadas por dársela, cuando ellas la han solicitado,
cuando ellas la han pedido y cuando se ha asegurado la salud de esa mujer
que, si no, se vería abocada a un aborto clandestino o a un aborto sin
medida. Por tanto, es un acto de solidaridad con quienes le dan la ayuda.
Es un acto de solidaridad con las mujeres porque, si condenamos a los
médicos, si llevamos a la cárcel no ya a los objetores de conciencia
--¡ya me gustaría saber hasta donde llega su objeción, pero se la
respeto!-- sino a los que creen que cumplen con la ley, no van a poder
hacer ninguna intervención incluso dentro de la ley porque pende la
inseguridad jurídica sobre ellos, porque penden los maridos despechados,
los novios despechados, los maltratadores que en un momento determinado
te denuncian y aunque tú hayas cumplido los requisitos legales y hayas
hecho los informes, cuestionan esos informes. De eso no podemos ser
cómplices nadie. No queremos ser cómplices de la sociedad. Yo no voy a
ser cómplice de ese marido, sino que voy a ser cómplice de una mujer que
ha pedido una interrupción de un embarazo porque le ha fallado el DIU,
porque le ha fallado su proyecto familiar y porque su salud corre
peligro. Cumpliendo esos requisitos, me parece un acto de solidaridad con
los médicos y con las mujeres.
Es verdad que el Gobierno tiene capacidad para no darlo, pero tiene
también capacidad para oír cuál es el sentimiento de los ciudadanos que
aquí decimos que se aplica la ley --es verdad que está aplicada--, que el
propio Tribunal Supremo la ha aplicado en la forma que ha querido, que
manifiesta que no tiene más remedio que aplicarla, pero que apoya la
totalidad del indulto porque le parece que es injusto por la presión que
hay la sociedad y por la propia ley. Estamos intentando llevar al ánimo
del Gobierno lo que nosotros entendemos un acto de solidaridad para que
lo conceda.
Usted ha dicho --aunque no sea nuestra moción, la hacemos nuestra porque
la vamos a apoyar-- que se puede buscar un acuerdo. ¿Sabe qué acuerdo se
puede buscar? Se lo voy a decir y le pido a la Diputada Amparo que lo
escuche. Han dicho que puede haber un consenso. ¿Saben cuál es el
consenso? La única diferencia que hay es que usted le quiere dar un
trámite de urgencia a no se sabe qué. Nosotros decimos: se solicita el
indulto y se le dice al Gobierno que se ha solicitado. Eso es lo que hay
que pedir, y que lo haga deprisa. Si ustedes dicen sólo que lo haga
deprisa, añadan a lo de solicitar el indulto que lo haga deprisa. Con eso
podemos llegar a un acuerdo perfecto, pero usted no habla de solicitar un
indulto, sino de la rapidez de un procedimiento. Si quieren, que se ponga
a la cola de todos los indultos que tiene el Gobierno, que no le den un
trato preferente, porque no los van a meter en la cárcel hasta tanto
ustedes resuelvan, porque el Tribunal Supremo, basado en una circular de
la fiscalía, ha dicho que no tienen que estar en la cárcel mientras se
tramita el indulto. Si no le quieren meter prisa, para que no piensen que
se cuelan los médicos en los indultos que tienen ustedes pendientes,
resuélvanlo oyéndonos y diciendo que se solicita el indulto. Si usted
quita eso es como quitar el sentido de la moción. Si quieren un arreglo
pidan el indulto y háganlo deprisa; ésa será su voluntad, pero, por lo
menos, pídanlo. Si no lo quieren hacer, como grupo que sostiene al
Gobierno pueden no hacerlo, pero el resto de los grupos que esté de
acuerdo querrá que nuestra voz le sirva de orientación al Gobierno a la
hora de ejercer una facultad que tiene: saber lo que piensa la ciudadanía
a través de sus representantes.
Se lo han hecho llegar muchos directamente, pero también el Congreso de
los Diputados lo puede hacer.
No seamos tan duros ante un tema del que hay mucho que hablar, que es tan
terriblemente injusto y que afecta tanto a la mujer, porque vamos a
seguir hablando. Ustedes dirán: mientras estemos aquí no pasará nada. Da
igual, seguiremos insistiendo porque nosotros sabemos que tenemos muchas
razones para hacer que algo se normalice en nuestra convivencia, en los
derechos de la mujer, porque las mujeres españolas, que hemos demostrado
responsablemente saber ser madres, también sabemos demostrar cuándo no
podemos serlo por problemas que tenemos muy profundos que no se los
tenemos que contar ni al médico, ni al abogado, ni al juez, ni a la
policía, sino que lo tenemos que decidir en conciencia, tanto para
hacerlo como para no hacerlo. No lo imponga usted, ni su grupo --porque
usted no va a ser-- a través de las resoluciones del Gobierno. Creo que
es mejor escuchar con tolerancia y lograr una convivencia que no nazca
desde la imposición.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Señora Rubiales, tiene S. S. la palabra a efectos de expresar la
aceptación o denegación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, mi grupo parlamentario no
puede aceptar la enmienda de modificación del Grupo Popular que, por otra
parte, no ha tenido la voluntad de llegar a ningún acuerdo. Yo he tenido
que esperar esta mañana en el Registro a ver si la conseguía, mientras
que con los demás grupos llevo hablando desde hace 15 días, fecha en la
que el Grupo Parlamentario Socialista presentó su moción.
No podemos aceptarla porque leo literalmente lo que dice: El Congreso de
los Diputados entiende conveniente que el Ministerio de Justicia proceda
a la tramitación, en turno preferente, de la solicitud de indulto...
¡Faltaría más! ¿Cómo no se va a tramitar un indulto si se está haciendo
de acuerdo con la legislación?
Nosotros instamos al Gobierno a que conceda el indulto. El artículo 19 de
la Ley vigente del indulto, con esa mezcla de ordenamiento jurídico que
ha hecho usted, señora Fernández... Su señoría ha tenido un problema, y
es que se ha picado --como estaba comiendo ajos sabía lo endeble de su
posición--, y hasta lo de la variante de Pajares, que ha sido casualidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rubiales, le
ruego que no reabra el debate.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, era un brevísimo excurso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rubiales, S.
S. sabe... (Rumores.)
¡Silencio, señorías!
La señora RUBIALES TORREJON: Sabía que la severidad del Presidente en
funciones en este momento me iba a impedir siquiera expresar la opinión
del grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rubiales, un
momento.
Su Señoría sabe que, aunque sean breves excursiones en torno a lo que
pueden ser contradicciones, con eso reabre el debate. Sabe S. S. también
que está fuera de lo que marca el Reglamento para el trámite de las
mociones.
Yo simplemente le ruego que concluya en cuanto a la fijación de la
aceptación o no de la enmienda, pero que no entre en debate con los
parlamentarios que han intervenido previamente. Es mi petición.
Concluya S. S. en la línea en la que estaba marcando su explicación.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, ¿puedo al menos decir que
conste en acta la duda de esta Diputada en torno a la consideración de la
libertad de expresión del señor Presidente en estos momentos? Que conste
en acta, señor Presidente. (Rumores.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rubiales, S.
S. es muy libre de hacer las acotaciones que considere oportunas. Pero,
si quiere, le leo el artículo 195 del Reglamento que marca clarísimamente
que S. S., como dueña de la iniciativa en representación de su grupo,
termina el debate indicando simplemente la aceptación o no de las
enmiendas. No ha lugar a más en el propio Reglamento. En este caso, la
Presidencia ni siquiera lo interpreta. Su señoría es muy libre de hacer
las interpretaciones que quiera, pero yo tengo la obligación de
recordarle el artículo 195, por el que nos regimos en este debate. Le
ruego que concluya sus expresiones para la aceptación o rechazo de la
enmienda a la que S. S. está haciendo referencia.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, esta Diputada sigue
diciendo que no puede aceptar la enmienda del Grupo Popular porque no
plantea absolutamente nada y porque creemos que los diputados tenemos el
mismo derecho que el resto de los españoles. El artículo 29 de la vigente
Ley del indulto dice que pueden solicitarlo los penados, sus parientes o
cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de
poder escrito que acredite su representación. Si cualquier persona puede
solicitar el indulto, creemos que esta Cámara, que representa a la
soberanía popular, puede también instar al Gobierno a la concesión del
indulto en unas circunstancias gravísimas. Eso es lo que pedimos. Por
tanto, no podemos aceptar sólo que se tramite un indulto. Es evidente que
se va a tramitar ¡Hasta ahí podíamos llegar! Pedimos que la tramitación
del indulto vaya en el sentido en que se ha pronunciado el Parlamento
autónomo y hasta el Tribunal Supremo. Por eso lamento que no se haya
aceptado esta iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vamos a proceder a
la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente, presentada por el Grupo Socialista, sobre la política del
Gobierno en relación a la regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 175; en contra, seis; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la moción del Grupo
Socialista. (Aplausos.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE LA POLITICA DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSPORTES AEREOS ENTRE LA PENINSULA Y LOS
ARCHIPIELAGOS (Número de expediente 173/000041)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
sobre la política del Gobierno en materia de transportes aéreos entre la
Península y los archipiélagos.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en el último Pleno, celebrado el pasado día 7 de mayo, se
debatió una interpelación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en
relación con la política de transporte del Gobierno y los escalofriantes
--así los calificábamos-- incrementos que se habían producido en las
tarifas aéreas a partir del día 25 del pasado mes de abril. Recordábamos
en aquella ocasión, en aquel debate plenario, que los incrementos que se
habían producido entre la Península y los archipiélagos balear y canario
alcanzaban un 25 por ciento de media, y que esos incrementos entre las
islas, en los tráficos interinsulares, alcanzaban en algunas de las rutas
casi un 40 por ciento: lo que es lo mismo, que Canarias y Baleares
estaban un 25 por ciento más alejadas de la Península, y que los canarios
estaban separados casi un 40 por ciento más de lo que ya lo estaban. En
aquella ocasión, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios
que intervinieron en el debate se manifestaron en la línea de apoyar
iniciativas encaminadas a dar cohesión a los territorios archipielágicos
y al Estado español ante la necesidad de acercar las islas entre sí y, en
la misma medida, acercar los archipiélagos a la Península.
Desde esa posición del Gobierno, defendida por el Ministro de Economía y
Hacienda, y de la de los distintos portavoces parlamentarios, surgen los
distintos puntos de la moción que intenta buscar el máximo consenso de
las fuerzas que componen el arco parlamentario. Voy a entrar directamente
en los puntos de la moción. El punto 1.1 insta al Gobierno para que
interese ante el Tribunal español de Defensa de la Competencia y ante el
Comisario europeo de la Competencia, la apertura de expediente a las
compañías aéreas Iberia, Aviaco, Spanair y Air Europa por presuntas
prácticas contrarias al libre mercado, solicitando la suspensión cautelar
de la subida de tarifas realizada por las mismas el pasado 25 de abril.
Desde esta tribuna, el Ministro de Economía y Hacienda reconocía las
presuntas irregularidades en el incremento espectacular de estas tarifas
aéreas y señalaba a la Cámara que había dado instrucciones al servicio de
la competencia para que incoara el oportuno expediente. No hay ninguna
duda, si vemos los incrementos tarifarios entre las distintas compañías,
que con incrementos porcentuales distintos al final consiguen la misma
cantidad. Desde luego, tenemos que mantener el calificativo de presunta,
pero, si analizamos las tarifas que en estos momentos están en vigor
vemos que, en el fondo, ha habido algo más que presuntas coincidencias en
esta homogeneidad de precios.
En el punto 1.2 decimos que se proceda directamente, o a través de un
procedimiento de los previstos en el artículo 6 del Reglamento de la
Comunidad Europea, el 2409/1992, del Consejo de 26 de julio, y de la
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 29 de diciembre
de 1992, a la retirada de las tarifas impuestas por Binter en el
archipiélago canario y por Aviaco en el archipiélago balear--ambas
compañías públicas del grupo Iberia--, aplicadas desde el pasado 25 de
abril.
Las compañías que operan no solamente en los tráficos interinsulares,
sino en los tráficos Península-Canarias señalaban como argumentos
principales para defender el incremento tarifario importantes incrementos
en los precios del combustible y en el cambio
del dólar. Hay que decir con toda claridad que cuando pedimos la
suspensión es porque estamos hablando en estos momentos, en lo referente
al tráfico Península-Canarias, de 83.000 pasajeros afectados por estas
medidas; es decir, el tráfico anual Península-Canarias es de un millón de
pasajeros, y en estos momentos el incremento tarifario afecta a 83.000
personas solamente en este mes, cuando las tarifas acaban de entrar en
vigor.
Se ha hablado del cambio del dólar. Hay que decir con claridad que en
enero de 1994, estaba en 143 pesetas y, en marzo de 1997, está en 144
pesetas. Las compañías argumentan que ha subido el queroseno de aviación.
Pues bien, ante esto los datos también son contundentes: en el año 1997
el precio del queroseno está por debajo del precio medio que tenía en el
año 1996. El precio está ahora en 76 dólares por tonelada y la media del
año 1996 fue de 200 dólares por tonelada. Está claro que en estos
momentos no hay argumentos suficientes basados en el precio del
combustible o en el cambio del dólar para justificar esta subida.
Por lo que se refiere a Binter --por eso hacemos referencia al Reglamento
de la Comunidad Europea y a la Orden del Ministerio de Obras Públicas--,
se pueden declarar los precios abusivos. Hay alternativas a las tarifas
que han fijado en determinadas clases las compañías que operan entre
Península y Canarias, Península y Baleares, pero en los vuelos
interinsulares no hay ninguna alternativa. La incidencia en todos los
sectores de la población es total, y esta incidencia en Canarias ya
afecta, en un mes, a 160.000 canarios que se mueven mensualmente entre
las islas. El plan estratégico de Binter, diseñado en el año 1996,
preveía, para el año 1997, un incremento del 3,5 por ciento en las
tarifas. Este incremento está aplicado desde el primero de enero del año
1997. Si no hay argumentos con respecto al combustible y al cambio del
dólar, está claro que aquí ha habido un abuso por parte de la compañía
Binter en el incremento de precios con Canarias. En ese sentido, pedimos
la aplicación del Reglamento de la Comunidad Europea como la Orden del
Ministerio de Obras Públicas, para suspender cautelarmente, por abusivas,
las tarifas aplicadas por Binter. (El señor Vicepresidente, Fernández
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El punto número 1.3 de la moción pide que se inicien negociaciones con
los Gobiernos canario y balear para la declaración de obligaciones de
servicio público en los tráficos aéreos con la Península y entre las
islas, conforme a lo previsto en el Reglamento 2.408/1992, del Consejo de
23 de julio de la Comunidad Europea. En un régimen de libre competencia
los legisladores preveían que determinados territorios podían ser
frágiles a estos movimientos de libre competencia y preveían, asimismo la
declaración de obligaciones de servicio público para garantizar la
frecuencia, los horarios, la calidad de los servicio, el tipo de aviones,
etcétera. Aquí no estamos siendo novedosos. Ya hay otros países de la
Unión Europea que han declarado para sus zonas frágiles obligaciones de
servicio público, como puede ser Francia, para su territorio de la
Guayana o Normandía; Suecia; Escocia; o Portugal, para Madeira o Azores.
En el punto 1.4 de la moción se dice que se establezcan tasas de
aterrizaje y de pasajeros reducidas en los tráficos aéreos con y entre
las islas, a semejanza de lo establecido en las políticas tarifarias de
los tráficos marítimos. Señorías, entre las islas no podemos ir en tren
ni en coche. En la Península no se paga una tasa por desplazarse en tren
o en coche de una provincia a otra. Los aeropuertos canarios están
produciendo en estos momentos unos beneficios anuales de 6.000 millones
de pesetas. Binter paga por derechos de aterrizaje en los vuelos
interinsulares y por tasas de pasajeros --esos vuelos que sirven para
cohesionar el archipiélago canario-- 800 millones de pesetas/año. Es
decir, en estos momentos el costo por los derechos de aterrizaje y por
las tasas de pasajeros es superior al costo de los combustibles que
consume Binter a lo largo del año. Por eso pedimos que se dé una tarifa
reducida o que se suprima, porque irá en beneficio de la propia compañía;
abaratando costos podrá tener unos precios mucho más competitivos y al
alcance de la realidad canaria.
En el punto 1.5 de la moción se pide que se paralice el plan estratégico
de Iberia y Binter con Canarias hasta tanto se evalúe, de acuerdo con el
Gobierno de Canarias, la incidencia en las obligaciones de servicio
público de régimen de continuidad de las líneas, regularidad de las
mismas, capacidad de los aviones y precios. Este es un tema importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rivero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RIVERO BAUTE: Voy terminando, señor Presidente.
Digo que éste es un tema importante porque, si bien el plan estratégico
de Binter no ha servido como referencia para la aplicación de las
políticas tarifarias --antes estaba previsto un 3,5 por ciento y ha
subido casi un 40 por ciento--, más dramática para Canarias es la
previsión de la retirada de los cuatro DC-9 que operan entre las islas,
siendo sustituidos por ATR.
En ese sentido, hay que decir que los DC-9 prestan un servicio esencial
en el archipiélago, sobre todo en los vuelos de primera hora, porque son
los que transportan los productos perecederos, la prensa y las medicinas;
es decir, tienen capacidad de carga. Los ATR no tienen capacidad de carga
y no podrían cubrir estos servicios entre las islas.
Termino, señor Presidente, haciendo referencia al punto 1.6, para que se
inicien negociaciones con el Gobierno de Canarias para el desarrollo
reglamentario de
las previsiones del REF en materia de transportes; al 1.7, donde se hace
referencia a lo que dice nuestra Constitución en el artículo 138.1 con
respecto a la insularidad, y en este caso referida al archipiélago
balear, para que en ese sentido se apoyen las políticas con medidas
orientadas a los transportes, a las telecomunicaciones y a la energía; al
1.8, para que se proceda a reformar los decretos que regularizan la
subvención al transporte de los pasajeros en Canarias, en la línea de lo
aprobado por el Congreso cuando se aprobaron los presupuestos y
modificado posteriormente en el Senado, respetar el 33 por ciento de
subvención a los pasajeros residentes canarios; y al último punto, donde
pedimos la creación, aceptando el reto propuesto el otro día por el señor
Ministro de Economía y Hacienda, de una comisión que evalúe el costo de
la insularidad y que ese costo se incluya en los presupuestos generales
del Estado correspondientes al año 1998.
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Han sido presentadas tres enmiendas a esta moción por parte de los grupos
Izquierda Unida, Socialista y Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, no sería bueno
empezar por nuestra parte diciendo que no hay mal que por bien no venga,
y no lo sería porque el hecho de que estemos discutiendo esta moción es
fruto de una realidad que ha afectado a los distintos archipiélagos por
haber producido una serie de compañías un acuerdo que ha significado ya
una subida de tarifas efectiva, ya están vigentes, que puede provocar un
incremento del costo tanto del transporte de viajeros como de mercancías
entre islas en torno a 2.000 pesetas y casi del 30 por ciento en otros
movimientos. Ese es el problema al que la moción que presenta hoy el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria pretende hacer frente de una
manera detallada, con una serie de indicaciones al Gobierno de la nación,
para comprometerle y para comprometer también, en actuaciones comunes, al
Gobierno de la Comunidad Autónoma canaria.
La propuesta que hace el Grupo de Coalición Canaria, que nosotros vamos a
respaldar --no queremos escondernos, no queremos que se dude de cuál
puede ser nuestro razonamiento--, creemos que debe ser concretada,
ampliada, en los tres niveles que para nosotros puede ser una actuación
decidida. Por eso presentamos un paquete de cuatro enmiendas, con el
objetivo de precisar la moción del Grupo de Coalición canaria. Primero,
nosotros creemos que, junto con la medida de solicitar al Tribunal
español de la Competencia y al comisario europeo que se abra expediente a
las empresas que evitan la competencia, deberíamos intentar articular
que, mientras se tramitan esos expedientes, las tarifas no estén
vigentes, dejar en funcionamiento las viejas tarifas mientras se falla
una actuación que nos parece que ataca la competencia entre las distintas
empresas que intentan buscar y captar tráfico.
La segunda consideración va dirigida a cuando la moción pide al Gobierno
de la nación que inicie negociaciones con los gobiernos canario y balear
para la declaración de obligaciones de servicio público de los tráficos
aéreos. Que inicie conversaciones ahora, a estas alturas de la discusión,
cuando tenemos en funcionamiento un reglamento desde el año 1992,
reglamento que debía haber manifestado cuál es la definición de tráfico
por servicio público para, a partir de ahí, establecer lo que puede ser
una lucha entre empresas, creemos que es una excesiva mano abierta para
lo que puede ser el trabajo con el propio Gobierno. Por eso pedimos que
se fije un plazo, no que se inicien conversaciones, que, en un plazo
determinado, el Gobierno realice unas negociaciones con los gobiernos
canario y balear para hacer efectivo esto, que está recogido en el
reglamento de la CEE y que debería haberse hecho realidad desde el mes de
julio del año 1992.
Nuestra otra enmienda va dirigida a la propuesta final, en el punto
segundo, punto segundo que viene a referir algo que es un desarrollo
constitucional. Por un lado, el Parlamento balear nos ha hecho tramitar
en el Congreso una modificación de un régimen especial en función de lo
que pudiéramos llamar coste de insularidad y ahora se viene a plantear
que lo que debería ser una valoración y una concreción a propuesta de un
Gobierno se haga en una ponencia o subcomisión que se cree dentro de una
comisión que ya existe en el Parlamento. Decía Napoleón que cuando se
quiera que algo duerma se cree un comité que lo estudie. Tenemos algo así
como 17 subcomisiones creadas. Pretender en el mes de mayo crear una
ponencia o subcomisión en el seno del Congreso para que los grupos
discutamos cómo lo vamos a introducir en los presupuestos, pensamos que
no es el camino. ¿Cuál es el camino? El camino debe ser el contrario. Que
el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía cuantifiquen los
costes de insularidad y los introduzcan en su propuesta de presupuestos
y, cuando llegue el debate de presupuestos en el mes de septiembre, los
grupos plantearemos cómo modificamos esa propuesta del Gobierno, porque
el tema de la insularidad lleva 17 o 18 años en la Constitución. No es
motivo empezar a estudiarlo en la ponencia, que los grupos empecemos a
negociar y a chalanear para que mientras tanto el Gobierno esté
tranquilo. No, que el Gobierno ponga en marcha el trabajo para
cuantificar estos costes de insularidad, porque si no se está trastocando
la realidad y, en lugar de controlar nosotros y exigir al Gobierno,
estamos facilitando
la acción del Gobierno. Nosotros no tendríamos nada en contra de que se
cree una ponencia que estudie, porque estudiar no cuesta nada, y además
se fijan unos plazos que luego sistemáticamente vamos ampliando o
sobrepasando, pero a nosotros nos gustaría que fuese un compromiso de
esta Cámara dirigido al Gobierno para que ellos también actúen. Si esto
no se entiende como una enmienda de sustitución, si se quiere entender
como una enmienda de adición para que se cree la ponencia y a la vez el
Gobierno se comprometa, puede ser aceptado. En todo caso, la voluntad de
nuestras enmiendas era --ya lo he explicado antes-- intentar concretar lo
que Coalición Canaria nos ha propuesto.
En este turno voy a pronunciarme, señor Presidente, sobre las enmiendas
que han aportado otros grupos, porque así podemos establecer la fijación
de posición de Izquierda Unida en el conjunto de la propuesta que el
grupo proponente puede regular a la hora de buscar el voto y el apoyo de
la Cámara.
Nosotros creemos que hay dos propuestas por parte del Grupo Socialista
que no solamente mejoran, sino que amplían la realidad de la propuesta de
Coalición Canaria. La primera es que el transporte aéreo es esencial para
todo lo que no se comunica con carreteras y no solamente Baleares y
Canarias, sino que también están Ceuta y Melilla. Sería bueno que la
misma relación que hemos dicho se introdujese para las ciudades de Ceuta
y Melilla en la propuesta de texto y daríamos una amplitud a la totalidad
que el conjunto del Estado debe abordar como respuesta a una distribución
territorial de nuestro Estado.
La segunda propuesta, que creemos que es positiva, es una enmienda que
hace el Grupo Parlamentario Socialista, un punto nuevo, tercero,
intentando buscar un pasillo aéreo permanente de control de nuestro país
entre Canarias y Madrid, porque en la distribución de ese recorrido hay
un tramo que no está controlado ni por Madrid ni por Canarias, sino por
otro país. Es verdad que la propuesta ya se hizo en otros momentos, que
la negociación ha podido ponerla en marcha el Gobierno con el Reino de
Marruecos desde los acuerdos que antiguamente había tomado tanto el
Congreso como el Senado, pero es bueno recordarlo, porque además
significa una garantía de continuidad de vuelo que mejora el texto que ha
sido propuesto por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Por último, señor Presidente, las propuestas que hace el Grupo Popular,
si se entienden como enmiendas de adición a algunos de los puntos,
podríamos comprender que se aceptara alguna, aunque tengo que decir que
si se concibe como sustitución, si el grupo proponente acepta esta
enmienda como sustitución de todos sus puntos, no votaremos a favor de la
propuesta que se nos hace, porque es vaciar de contenido todo lo que se
ha estado defendiendo, hasta ahora, tanto con el ministro el otro día
como hoy en la moción. Pedir al Gobierno ahora que remita a la Cámara un
informe sobre la resolución del expediente, está bien, que nos lo remita;
nos vamos a enterar de todas formas, si nos lo remite como si no. Que si
resultara necesario, revise las subvenciones. No; tiene que actuarse con
las subvenciones, porque si no se cumplen unos requisitos, además de los
presupuestos generales del Estado no tienen por qué ofrecerse
subvenciones a unas empresas que están usando mal esos recursos para no
garantizar un servicio público. Y cuando dicen que se inicien
negociaciones con el Gobierno de Canarias, permítanme SS. SS. que les
diga que, si ésta es la conclusión del debate que hemos tenido y de los
efectos que ha sufrido Canarias, nosotros no nos veremos identificados
con lo que son las demandas que inicialmente ha hecho el grupo
proponente.
En todo caso, el grupo proponente es quien tiene, como en todas las
iniciativas parlamentarias, la decisión y creemos que sería un paso hacia
adelante y, que, por lo menos, este Congreso tomaría medidas para que los
gobiernos, tanto el del Estado como el canario, ante una realidad
palpable, puedan solucionarlo con perspectivas de optimismo político.
Porque, si no, las declaraciones al aire son aire y, como los suspiros,
se los lleva el aire.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ríos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista consume su
turno para fijar su posición respecto a las enmiendas que presentamos a
la moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, también criterio
político en cuanto a las que han presentado los grupos de Izquierda Unida
y Popular y para terminar de profundizar en los contenidos de lo que fue
el debate de la anterior sesión plenaria.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria plantea en su
moción un conjunto de resoluciones que integran una especie de cuerpo
doctrinal, y ésta no es una terminología hiperbólica, por lo que se
refiere al transporte aéreo de las regiones archipiélago, Baleares y
Canarias, respecto a la Península, y nosotros la queremos extender a
Ceuta y Melilla.
Se produce el debate de esta moción después de la interpelación a la que
he hecho referencia y tras una serie de debates en diferentes comisiones
en esta Cámara y de una moción consecuencia de una interpelación que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó al Gobierno allá por el mes de
diciembre del año pasado. Es decir, señorías, durante todo un año de
legislatura
el trabajo parlamentario de esta Cámara ha visto cómo en diferentes
ocasiones se han producido análisis críticos fundamentalmente a la labor
del Gobierno en materia de política aeronáutica. De ahí, y por los
contenidos a los que haremos referencia a continuación, nuestra diríamos
bienvenida al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a las posiciones
que ha mantenido el Grupo Parlamentario Socialista. Se la damos porque,
en efecto, está demostrado, y recogido en los sucesivos «Diarios de
Sesiones» en los que se han reproducido los debates en comisiones y en
Pleno, cuál ha sido la posición global del Grupo Parlamentario
Socialista, insisto, durante este año de legislatura.
Les recuerdo, señorías, que el 19 de septiembre de 1996 se debatió en la
Comisión de Infraestructuras, y resultó derrotada como consecuencia del
voto en contra del Grupo Parlamentario Popular y de los grupos
nacionalistas, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la empresa de transporte Binter Canarias en el marco de
la política global de privatizaciones.
En ese proyecto de resolución decíamos que, antes de iniciar cualquier
medida de entrada de capital privado en la empresa de transporte aéreo
Binter Canarias, y siempre antes de la fecha de liberalización del
cabotaje aéreo comunitario el 1 de abril de 1997, se promovieran, con
arreglo a la legislación comunitaria en vigor, declaraciones de
obligación de servicio público de orden tarifario, de horario, frecuencia
y tipos de aviones para los vuelos regulares interinsulares en el
archipiélago canario, de tal forma que quedasen garantizadas las
condiciones de dicho servicio con arreglo, como mínimo, a las actuales
--decíamos en aquel momento--, cualquiera que fuese la naturaleza de las
empresas de transporte aéreo que los presten en un futuro.
En sesión plenaria del 17 de diciembre de 1996, en la moción consecuencia
de la interpelación urgente que el Grupo Parlamentario Socialista
presentó al Gobierno sobre la adaptación de España a las políticas
comunitarias de liberalización del transporte aéreo, una de las doce
propuestas de resolución que integraba la moción decía: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a promover, con arreglo a la legislación
comunitaria en vigor --artículo 4 del Reglamento comunitario número
2.408/92, del Consejo--, las declaraciones de servicio público de orden
tarifario, de horario, de frecuencia y tipos de aviones para los vuelos
regulares interiores que se estimen oportunos, de forma tal que quedan
aseguradas las prestaciones de dicho servicio, garantizando la
comunicación aérea con aquellas áreas geográficas que justifiquen la
antedicha calificación de servicio público.
Esta moción fue derrotada por el voto en contra del Grupo Parlamentario
Popular y de los nacionalistas de la Cámara. Y el 20 de marzo de 1997, en
la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso, se sometió a
debate algo tan razonable como era un proyecto de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista instando al Gobierno para que se tomasen
decisiones acerca de los contenidos de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la
Ley 19/1994, de modificaciones del régimen económico fiscal canario.
Sorprendentemente, cuando pedíamos que se desarrollasen en un plazo
razonable, de cuatro meses, las medidas reglamentarias de una serie de
artículos de una ley aprobada en 1994, es derrotada también,
fundamentalmente por el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular,
no habiendo intervenido el representante del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Comprenderá que con estos tres ejemplos a los que acabo de hacer
referencia hemos querido poner de manifiesto que el Grupo Parlamentario
Socialista, en diferentes y reiteradas ocasiones, ha querido que se
establezcan determinadas rutas aéreas como obligaciones de interés
público a los servicios regulares interiores; insisto, en determinadas
rutas. Consiguientemente, señorías, la moción del Grupo Parlamentario
Socialista plantea una serie de contenidos que nosotros hemos defendido,
y de ahí la razonable bienvenida política que hemos dado a nuestras
posiciones, que no son, obviamente, patrimonio de ningún grupo
parlamentario, que tendrán que ser --porque esperamos que, una vez
sometidas a votación, serán aprobadas-- patrimonio de la Cámara,
patrimonio del pueblo español.
En consecuencia, señorías, parece razonable que el Grupo Parlamentario
Socialista vote a favor de los puntos 1.2 y 1.3 y que, por supuesto,
nosotros hayamos presentado una serie de enmiendas. No queremos, en modo
alguno, olvidarnos de Ceuta y Melilla, y seremos reiterativos y
machacones en la importancia política de las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla. Por eso hemos propuesto una enmienda de adición al punto 1.2
--que, naturalmente, hemos apoyado--, que también pretendemos que sea
sometida a votación, por la cual planteamos instar al Gobierno para que,
en el plazo de cuatro meses, presente ante el Congreso de los Diputados
el conjunto de medidas que estime oportunas en materia de política de
transporte, en base al precepto constitucional de insularidad. (Rumores.)
He tenido una pequeña confusión --pido excusas, señorías--, ésta es una
enmienda de sustitución: Instar al Gobierno para que, en el plazo de
cuatro meses, presente ante el Congreso de los Diputados el conjunto de
medidas que estime oportunas en materia de política de transporte, en
base al precepto constitucional de insularidad. Pido excusas de nuevo,
pero, a efectos de que quede claro, he vuelto a leerlo. En el punto 1.3
bis planteamos que se inicien negociaciones con los gobiernos de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para la declaración de obligaciones
de servicio público en los tráficos aéreos con la Península, conforme a
lo previsto en el reglamento comunitario 2.408/92, del Consejo.
Por último, una enmienda de adición, muy querida globalmente para el
pueblo canario que se refiere al derecho que los ciudadanos canarios
creemos tener a que las rutas troncales aeronáuticas Canarias-Península
estén controladas por los servicios aeronáuticos españoles. La realidad
no es así y no lo es como consecuencia de un convenio internacional del
año 1942. Nosotros sabemos que la diplomacia española del anterior
Gobierno, siguiendo naturalmente indicaciones de acuerdos plenarios del
Congreso de los Diputados y del Senado, fundamentalmente en la V
legislatura de las Cortes democráticas españolas, así lo ha tenido en
cuenta y desplegó una actividad negociadora que solicitamos que se
continúe llevando a cabo.
Señorías, hay un punto fundamental: el punto 1.1 que plantea Coalición
Canaria. La moción de Coalición Canaria, según ha expresado su portavoz
interviniente, don Paulino Rivero, viene inspirada en esencia por el
espectacular incremento tarifario producido hace muy pocas fechas. En
efecto, nosotros consideramos fundamental el punto 1, porque tenemos muy
claro la necesidad de establecer mecanismos de control desde la
Administración pública española que controle los incrementos tarifarios,
las características y las prestaciones de las diferentes compañías aéreas
que prestan servicio en las rutas Canarias-Península, en las rutas
Baleares-Península o en las rutas Ceuta y Melilla-Península, a sabiendas
de que no existen vuelos regulares con Ceuta, sino líneas de transporte
con helicópteros que están jugando un papel fundamental.
El artículo 45 de la Ley de Defensa de la Competencia establece muy
claramente, sobre las medidas cautelares, que el servicio, una vez
iniciado el expediente, podrá en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, proponer al Tribunal de Defensa de la
Competencia las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la
eficacia de la resolución que en su momento se dicte.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le
ruego concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en su punto 1.1 solicita la
suspensión cautelar de la subida de tarifas y nosotros apoyamos ese
planteamiento. El punto 1.5, de paralización del plan estratégico de
Iberia y Binter, nos parece un poco exagerado. Paralizar el desarrollo
del plan estratégico de Binter como compañía de tercer nivel en una
comunidad autónoma de la que no sale hasta ahora ninguno de sus aviones
parece razonable, pero no encontramos razonable la paralización del plan
estratégico de Iberia.
Señor Presidente, nosotros no apoyamos que se cree en el seno de la
Comisión de Economía y Hacienda una subcomisión. He defendido la enmienda
de sustitución a la que me referí anteriormente y nos felicitamos de que
lo que hemos venido defendiendo --que se desarrollen los contenidos de
los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal
canario-- se recoge en el punto 1.6 de la moción de Coalición Canaria.
Es cierto, señorías, que, porque somos diputados por una circunscripción
de la Comunidad canaria, hablamos en representación de nuestros grupos
parlamentarios y lo hacemos desde una óptica de Estado y siguiendo, por
lo que se refiere al Grupo Parlamentario Socialista, la visión
globalizadora de cohesión del Estado español. De ahí nuestras propuestas
respecto a Ceuta y Melilla, de ahí nuestras propuestas sobre Baleares y
de ahí, una vez más, la crítica política a la inanición política a la que
nos tiene sumidos el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía en
lo que se refiere a políticas aeronáuticas. La fusión de
responsabilidades de AENA y de la Dirección General de Aviación Civil
está trayendo, una vez más, este caos en una etapa de la Unión Europea en
la que se va alcanzado el cenit en la aplicabilidad de las políticas
aeronáuticas, en la que si no existe una verdadera predisposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le
ruego que concluya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
No es posible una política de cielos abiertos, cuando desde tierra no se
posibilita y se ponen los mecanismos que la hagan posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Presidente.
Hoy mismo desde ayer a las doce del mediodía, hora tope en que
presentábamos una enmienda a esta moción, el Grupo Popular ha rectificado
y ha retirado su enmienda. La ha retirado porque desde ayer a hoy hemos
realizado gestiones.
Yo no soy canario, pero voy a defender sus intereses tanto como el más
canario de los grupos políticos que han intervenido. Humanum est errare,
stultitia est perseverare in errore. Por ello, damos la bienvenida a la
postura del Grupo Socialista, después de transcurrido un año de esta
legislatura, como bien ha dicho el señor Segura, a su rectificación.
Tardó más, años; nosotros, un día, 24 horas.
Ya se ha citado el largo proceso liberalizador del transporte aéreo en la
Unión Europea, que culminó
con el tercer paquete aéreo de medidas, cuya entrada en vigor tuvo lugar
el 1 de enero de 1993, y se ha señalado tanto en la interpelación del
pasado miércoles como por algunos de los intervinientes anteriores a mí.
Aquella libertad de acceso al mercado y la libre fijación de precios
parecía que iban a satisfacer las necesidades de Baleares y Canarias,
cuyo desarrollo está basado de manera fundamental en el sector servicios,
en el sector turismo, y cuya implantación --me refiero a la liberación
del sector aéreo-- venían solicitando insistentemente. Así, accedieron al
mercado del transporte aéreo nuevas y varias compañías aéreas españolas,
pero, al analizar los transportistas aéreos comunitarios no españoles los
posibles huecos dejados por aquellas compañías españolas, se encontraron
con que eran mínimos y con escasas posibilidades de competencia, dadas
las tarifas existentes. Las ventajas de la liberalización eran claras,
plenas, como consecuencia de lo anterior, hasta el 24 de abril de 1997.
Todo ello se alteró radicalmente con la coincidencia, y lo entrecomillo,
el 25 de abril, de las subidas de tarifas de las compañías aéreas, tanto
públicas como privadas, lo cual podría incurrir en prácticas
monopolísticas, y que motivó primero la interpelación y ahora la moción
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, coincidente con la gran
preocupación y repercusión en los, por obligación, viajeros aéreos
insulares.
¿Cuáles eran las posibles actuaciones del Gobierno en aquellos momentos?
El estudio de las tarifas por los organismos competentes y las
consiguientes conclusiones, puesto que las tarifas podían ser
sancionables o no, podían serlo total o parcialmente y, si eran
sancionables, retornar a las tarifas anteriores. En todo caso, parecía
lógico establecer medidas compensatorias en subvenciones a los usuarios
residentes en las islas.
Otro tema pendiente, y así lo dice el artículo 138.1 de la Constitución,
es la definición de los servicios públicos. Todo esto lo recoge
detalladamente, en nueve apartados, la moción.
Quiero recordar que, en la interpelación del pasado miércoles, el
Vicepresidente Segundo del Gobierno explicó lo realizado, la actuación
inmediata, rápida, de los dos ministerios competentes. Hay una
información actualmente en tramitación como consecuencia de la
investigación de la incoación de un expediente sancionador.
Paralelamente, el otro ministerio competente, el de Fomento, está
analizando las tarifas de las empresas públicas cuya solución esperamos
próxima y la deseamos urgente por su parte. En todo caso, estos
expedientes, junto con los posibles recursos, tendrán una solución no a
corto plazo. De ahí que comprendamos y apoyemos con nuestro voto los
puntos 1.1 y 1.2 de Coalición Canaria, a sabiendas de que la intervención
del Comisario europeo de Competencia puede entorpecer la tramitación de
los expedientes actualmente en marcha y de la postura del Gobierno
español. Como digo, se trataba de dos ministerios competentes en esta
materia de transporte aéreo; y digo competentes en el más amplio y
estricto sentido de la palabra y en defensa de la actuación y de la
política que están llevando a cabo esos dos ministerios y que incluso
amplío al Ministerio de Industria, porque algo tiene que ver con las
empresas públicas que hacen el transporte tanto a Baleares como a
Canarias.
En su intervención el señor Rato también invitó al Congreso, a nosotros
los Diputados, a avanzar en la petición recogida en el punto 1.3 de la
moción, ampliando ésta a definir legalmente el hecho insular así
reconocido, como ya he dicho, en el artículo 138.1 de la Constitución.
Nuestro deseo coincide con el del Vicepresidente Segundo del Gobierno en
que debe desarrollarse este artículo de la Constitución, pero entre tanto
la posibilidad de hacerlo inicial y parcialmente es a través del
reconocimiento del hecho insular, cosa que hace Coalición Canaria en el
punto 1.3.
Paso ya, antes de que el señor Presidente me llame la atención y me diga
que vaya terminando, a los puntos siguientes más rápidamente. El punto
1.4 vamos a votarlo favorablemente. Sobre el punto 1.5 hemos pedido al
Grupo de Coalición Canaria que plantee una enmienda transaccional en el
sentido de mantener el plan estratégico de Binter con Canarias, pero
suprimiendo la cita a Iberia, ya que carece de plan estratégico con
Canarias. El punto 1.6 no hace más que pedir que se desarrolle la Ley del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias que ya votamos en el Parlamento.
Ya hemos dicho que queremos que se regule legalmente, iniciando el
desarrollo del artículo 138.1 de la Constitución, el hecho diferencial
insular del archipiélago balear en cuanto a política de transportes,
telecomunicaciones y energía. Hemos pedido al grupo de Coalición Canaria
una enmienda transaccional, complementando una propuesta inicial de otro
grupo, en el sentido de que se estableciera un plazo de cuatro meses para
que el Gobierno aportara la propuesta de medidas a incorporar en materia
de transportes en cuanto al coste de la insularidad y de la lejanía.
Consideramos que cronológicamente esos cuatro meses coinciden en el día
20 de septiembre, diez días antes de que por obligación legal el Gobierno
presente a esta Cámara el proyecto de ley de presupuestos del Estado para
1998. Por tanto, nada más sencillo por parte del Gobierno que hacer
cumplir esos requisitos deseados, planteados, propuestos y sugeridos a
nosotros por el Vicepresidente señor Rato.
Termino agradeciendo a mis compañeros de Canarias y a los ministerios
competentes de Fomento y de Economía y Hacienda el esfuerzo hecho siempre
y, sobre todo, en estas treinta y tres horas en que espero el consenso de
esta Cámara para un tema deseado por todos los canarios y por un
asturiano que es Diputado por Galicia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño.
Señor Rivero, tiene S. S. la palabra a los efectos de expresar la
aceptación o no de las enmiendas planteadas por el Grupo de Izquierda
Unida y por el Grupo Socialista, ya que el Grupo Popular ha retirado las
suyas.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición respecto a las enmiendas presentadas,
con el ánimo de conseguir el máximo consenso de la Cámara en el
reconocimiento del hecho insular, fundamentalmente en la materia de
transportes que hoy se trae a colación. Vamos a intentar integrar las
distintas posiciones de los grupos que han intervenido en aras a ese
consenso.
Nosotros aceptamos la inclusión de las ciudades de Ceuta y Melilla en las
declaraciones de obligación de servicio público. También nos parece
importante circunscribirnos en el plan estratégico a suspender
cautelarmente el de Binter, en la línea de la petición que han hecho los
grupos Popular y Socialista. En el punto 1.8 tenemos un texto que se
refiere al porcentaje de subvención del transporte de pasajeros, que paso
a leer: Que proceda a adaptar --me refiero al Gobierno-- en su caso, de
acuerdo con la normativa general vigente, los reales decretos sobre
subvenciones al transporte aéreo para residentes en Canarias y Baleares,
estableciendo la determinación cuantitativa en función del precio del
billete base en cada trayecto, y en lo referente a Canarias con el
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6, relativo a tráficos
regulares de personas, que señala la Ley 19 de 1994, de 6 de julio, es
decir, el REF. En el punto 2 de la moción aceptamos una transaccional de
Izquierda Unida, del Grupo Socialista y la sugerencia hecha desde el
Grupo Popular, que quedaría de la siguiente manera: Instar al Gobierno
para que en el plazo de cuatro meses presente ante el Congreso de los
Diputados el conjunto de medidas que estime oportunas en materia de
política de transportes en base al precepto constitucional de insularidad
y de lejanía y que debe recogerse en los presupuestos para 1998. Por
último, señor Presidente, señorías, también nos parece acertado
profundizar en una enmienda de adición presentada por el Grupo
Socialista, aprobada ya por esta Cámara y por el Senado, en la línea de
instar al Gobierno a continuar dando cumplimiento a los acuerdos
adoptados por el Congreso de los Diputados y por el Senado en la quinta
legislatura, en el sentido de las negociaciones con Marruecos que
permitan la realineación de los FIR de Casablanca y de Canarias, de
manera tal que los límites de este último lleguen hasta los límites
meridionales del FIR de Madrid, permitiendo el establecimiento continuo
entre la Península y Canarias de una franja de espacio aéreo oceánica
bajo el control español. En esa línea ofrecemos el consenso a los
distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción de Coalición Canaria sobre
la política del Gobierno en materia de transportes aéreos entre la
Península y los archipiélagos, en los términos resultantes de la
aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 306; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LAS MEDIDAS A IMPULSAR PARA GARANTIZAR UNA POLITICA
EDUCATIVA PUBLICA (Número de expediente 173/000042)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación urgente,
sobre las medidas a impulsar para garantizar una política educativa
pública. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora
Aramburu. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio para que pueda comenzar la
exposición la señora Aramburu.
Cuando quiera, señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: No depende de cuando yo quiera, sino de
cuando quiera la Cámara. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas noches, mejor dicho, medianoche. Señor
Presidente, señorías, doña Esperanza la ausente (Risas.), no hace muchas
horas la comunidad educativa ha hablado, y ha hablado masivamente,
directamente y sin interlocutores, y ha dicho que así no. Permítanme que
prologue con algunas reflexiones la moción del día de hoy que, como decía
la semana pasada, es la moción de cada semana en defensa de la enseñanza
pública.
En primera instancia quisiera dar un toque de atención a los asesores del
ministerio que filtran la realidad a la máxima jerarquía, o al jefe del
gabinete que la
trueca, y trueca los dossieres de prensa. Prefiero pensar en estas
opciones antes que barajar la hipótesis de que nuestra Ministra consume
dosis de cinismo que vuelca en los medios de comunicación. (Rumores.)
Porque asegurar, señorías... Conozco la técnica parlamentaria de que
cuando habla el adversario todos polemizan y hablan para no escucharlo.
Es muy antigua. Por favor, hagamos un esfuerzo. No voy a sustituir al
señor Trillo pero sí estaría bien guardar silencio. (Risas.)
Decía que parece que a veces nuestra Ministra consume dosis de cinismo
que vuelca en los medios de comunicación, porque asegurar, como ha hecho
doña Esperanza, que no hay conflictividad en el gremio y que el curso ha
sido una balsa de aceite es algo así como convertir en verídico el dicho
de que no hay más sordo que el que no quiere oír. Señora Ministra, si
acaso me está escuchando y por un casual le interesa el tema, durante
este año ha conseguido que cunda el desánimo y en este final de curso se
ha instalado la rabia con artículos no de opinión, sino de desopinión,
legítimos, por supuesto, pero oportunistas, como el que publicó un diario
de ámbito nacional haciéndolo coincidir con la marcha sobre Madrid el
pasado sábado 17 de mayo. Cabe la posibilidad --y se lo digo
cariñosamente, doña Esperanza-- de que entre en el Guinness de los
despropósitos. Siento decirle que las diferentes tesis que sostiene en su
declarativo texto no sólo son inútilmente impertinentes sino falsas y
absolutamente defensivas. Decir, con lo que está lloviendo, que
Comisiones Obreras y UGT son el brazo armado del partido de la oposición
es cuando menos un insulto a la inteligencia sindical. Doña Esperanza,
señora Ministra, silenciar al resto de los colectivos progresistas y a
las fuerzas emergentes o a la propia comunidad educativa es, primero, de
mala educación --y usted, que yo sepa, es tremendamente educada-- y,
segundo, es desconocer al sector o actuar de mala fe, y ninguna de las
hipótesis deben ser compañeras de viaje de ningún gobernante.
Señora Ministra, a quien dedico mi intervención, puesto que yo soy
pacifista y no le voy a recomendar que haga prácticas de tiro, sí le
recomiendo que afine su puntería. Su decálogo periodístico es simplemente
una provocación y una incitación a la desesperación, pero a pesar de todo
no se me ocurriría a mí, ni muchísimo menos, decir que es usted
impresentable, pero sí una pesadilla, porque que yo tenga que leer que
sus averías en el sistema educativo robustecen uno de los pilares
fundamentales del Estado social y de derecho es a todas luces una
tomadura de pelo en condiciones. Por eso voy a hacer un esfuerzo y a
tratar de aparcar lo oído y lo leído estas últimas semanas sobre su
balance y perspectivas, para objetivar la realidad a instar al Gobierno
de la nación a que arbitre las medidas necesarias para garantizar una
política educativa pública de calidad en el siguiente sentido, con mucha
rapidez.
Primero, planteamos aplicar políticas compensatorias que actúen sobre los
sectores más desfavorecidos social y territorialmente, para asegurar que
la educación tenga un carácter cada vez más sólido en la superación de
las desigualdades derivadas del origen social. Segundo, planteamos
arbitrar instrumentos políticos, sociales, humanos y
económico-financieros que garanticen una enseñanza pública enraizada en
fuertes valores éticos, solidarios y sociales. En tercer lugar,
planteamos mantener la ratio aula/alumnos y profesor/alumnos contemplada
en la Logse. En cuarto lugar, aumentar los gastos de funcionamiento de
los centros para asegurar una enseñanza pública de calidad. En quinto
lugar, desarrollar un sistema de becas para los estudios de régimen
general y especial que amplíe su número y cuantía, permitiendo a quien lo
necesite cubrir sus costes directos e indirectos. En sexto lugar,
garantizar las condiciones necesarias en las instalaciones de los centros
públicos para que sean efectivas las enseñanzas de régimen general y
especial (idiomas, música, danza, etcétera). En séptimo lugar, aumentar
el conjunto de las inversiones para los centros públicos junto con el
cumplimiento de la memoria económica de la Logse. En octavo lugar,
aplicar los acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre plantillas y
profesorado. En noveno lugar, instrumentar los mecanismos suficientes
para garantizar un modelo de transferencias a las comunidades autónomas
con la participación de la comunidad educativa, para que el proceso
culmine con la igualdad de acceso a la educación de los ciudadanos de las
diferentes comunidades autónomas y dar cumplimiento al título V de la
Logse. Y en décimo lugar, buscar las fórmulas necesarias para lograr --y
doña Esperanza me dijo: Vale, bueno-- un pacto de progreso por la
enseñanza pública, de calidad y financiada.
Señorías, es bueno aprender de los errores y aciertos del amigo o del
contrario, y en Inglaterra Tony Blair ha enterrado a John Major y a
Margaret Thatcher, con un programa que tenía tres apartados: educación,
educación y educación, por lo que le aconsejo que, a la luz de cómo han
quedado las barbas de su vecino tras las últimas elecciones, tome buena
nota e invierta los términos de su empeño. Si usted quiere hablar de
números, señora Ministra, como dato argumental lo hacemos pero con los
facilitados y los contrastados, con las cifras suministradas. Podemos
decir que puesto que la educación es una prioridad para su Gobierno y que
el incremento es menor que el de la media de los presupuestos, y en
cualquier caso supone un incremento inferior al de la inflación prevista,
se está produciendo --diga lo que diga-- un estancamiento que oscila en
torno al 4,1 por ciento del PIB. De la misma forma, hay que resaltar el
incumplimiento de la disposición adicional tercera punto uno de la Logse,
en lo que se refiere a la equiparación de los países comunitarios, ya que
la convergencia suponía situarnos en el 6 por ciento,
no utópico, destinado a gasto público educativo. No podemos dejar de
denunciar la memoria económica que acompaña a la Logse, con la pretensión
de suplir la Ley de Financiación, quedando después de tantos cambios
absolutamente desvirtuada. Y no sólo esto sino que además estamos
observando el incumplimiento que se está convirtiendo --lo digo con mucha
prudencia-- en un deslizamiento de los fondos en sus liquidaciones.
Sinceramente, creo que es innecesario continuar con la batería de
distorsiones provocadas en el sistema educativo. A la Ministra la han
visitado de toda España, con el esfuerzo que eso requiere, más de 70.000
ciudadanos de toda la comunidad educativa y le han dicho que el tiempo de
las rectificaciones se ha acabado, y algo más que por cortesía
parlamentaria no voy a repetir. En definitiva, el piloto rojo se ha
encendido. El Gobierno y el ministerio están obligados a negociar. Como
signo de voluntad política espero que todos, especialmente el PP, don
Juan Carlos Guerra, nos apoyen votando favorablemente esta moción. Los
ciudadanos están observando los movimientos de fichas y en función de
ello actuarán.
Termino parafraseando al filósofo Fernando Savater, con aquellas palabras
que pronunció al final de la marcha sobre Madrid. Decía así: La lucha por
la enseñanza pública es la lucha por la civilización. Y yo digo por la
supervivencia. Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
A la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defendida por la señora Aramburu, se ha presentado una
enmienda por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el
señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
El debate sobre esta cuestión se produjo ya en la pasada interpelación y,
al final de la misma, tanto la Ministra como el portavoz del Grupo
Popular apelaron a un posible pacto educativo. Si aquello no era
retórica, hoy tienen la oportunidad de votar a favor de esta moción, cuyo
último punto trata de lograr precisamente un pacto educativo. La mejor
garantía de la aplicación de la reforma y la mejor garantía de que puede
haber un terreno de acuerdo es que, junto con la financiación, haya
acuerdos con los agentes sociales que en el caso de la educación
fundamentalmente es la comunidad escolar. Partiendo de este principio,
las tres enmiendas del grupo socialista tratan de precisar esos ejes:
mejor financiación y mayor acuerdo con la comunidad educativa. Esto es lo
que pretendemos con nuestras enmiendas. Mejor financiación se traduce en
una modificación del punto siete que, como ha dicho en su defensa de la
moción la Diputada del Grupo de Izquierda Unida, no tiene ya mucho
sentido hacer referencias a la memoria económica. Hay también una
modificación prevista del calendario de aplicación de la Logse. Por
tanto, entendemos que esa mejor financiación estaría garantizada con un
plan plurianual de financiación para la aplicación de la Logse que
estuviera acorde con el calendario de aplicación de la reforma.
Hay un nuevo punto, después de este séptimo, que creo que no tendrá
inconveniente el Grupo Popular en apoyar, puesto que se basa en una
afirmación de su programa electoral. Como el Grupo Popular creo que lo
respeta le damos pie para que pueda votarlo. Dice en su programa
electoral que tratarán de acercar el porcentaje de gasto educativo a la
media de los países de la Unión Europea. Esto es lo que dice nuestra
enmienda de adición: reducir la diferencia con el porcentaje que destinan
los países de la Unión Europea a educación, hasta lograr el objetivo del
seis por ciento en el año de finalización de aplicación de la Logse.
Por tanto, mejor financiación y mayor acuerdo con la comunidad educativa.
Para eso hemos presentado otro punto, también de adición, en el que
tratamos de que se haga caso, que se atienda mejor, que se atiendan
favorablemente los informes del consejo escolar del Estado.
Decía la Ministra en la interpelación que le preocupa la calidad; la
calidad y la calidad, venía a decir. Pero la calidad requiere medios,
requiere financiación suficiente. Eso está contemplado en la moción y en
las enmiendas socialistas. Y la calidad se logra también, que a veces se
olvida, a través de la participación. Para nosotros el papel de los
padres no termina en el momento en que eligen colegio, el papel de los
padres continúa si participan para lograr que este colegio funcione
mejor, pero no termina ahí. La participación de la comunidad escolar y de
los padres estos años también ha contribuido decisivamente a mejorar el
conjunto del sistema educativo y a lograr una mejor programación
educativa. Pues bien, esto es pacto. Pacto es hacer más caso del Consejo
Escolar del Estado. Pacto es aplicar los acuerdos a los que se llegó con
los sindicatos. Pacto es garantizar la financiación de una reforma que
tuvo mayoría parlamentaria. Pacto es adoptar las medidas para cumplir la
ratio máxima que establecen las leyes y no tomar medidas contrarias, como
ha pasado este curso.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción, si se admiten las enmiendas
que hemos presentado; una moción que trata de garantizar una política
educativa pública, que defiende la calidad de la escuela pública desde el
presupuesto de que la escuela pública presta un servicio público a todos
--subrayo todos-- los ciudadanos, a los ciudadanos de todos los niveles.
La calidad no se reduce al nivel académico o al nivel cultural según el
nivel cultural o el poder adquisitivo de los padres. Los principios que
definen la calidad de la escuela pública son el pluralismo, la gestión
democrática,
la participación, la capacidad de respuesta a la diversidad de los
alumnos y también los rendimientos que obtiene, teniendo en cuenta la
diferencia de punto de partida del conjunto de los alumnos. Para
conseguir esa mejor calidad hay que dotar de medios a todos los centros
--insisto, a todos--, hay que concentrar los esfuerzos en aquellos
centros y en aquel tipo de alumnado que tienen mayor dificultad. Para
ello --y concluyo, señor Presidente-- hay un presupuesto básico, y es que
hay que creer en la escuela pública, hay que creer en el papel social de
integración que tiene la escuela pública. No ironizar, como ha hecho la
Ministra, sobre las movilizaciones provocadas por la propia inquietud que
su política genera en la escuela pública, y no afirmar, como ha hecho su
brazo derecho dentro del Ministerio de Educación, el Director General de
Centros, don Francisco López, que defender la enseñanza pública es sólo
un grito de guerra. Supongo que no es del señor Guerra, que tendrá ahora
la palabra, sino que es ironizar una vez más sobre la inquietud que la
política educativa de este Gobierno está generando en la escuela pública.
Sobre los presupuestos de creer en la escuela pública, es posible votar
esta moción y estas enmiendas. Si es verdad que se quiere un pacto para
defender el sistema educativo como servicio público, el Grupo Popular
tiene una oportunidad. Aprovéchenla.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bayona.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran fijar la posición en
este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
El amplio espectro social que en Galicia apoya la enseñanza pública que
se movilizó en una gran manifestación hace ya más de un mes y que reunió
por las calles de Santiago de Compostela a más de 15.000 manifestantes,
coincide en que la situación de la enseñanza pública es grave y que, sin
embargo, es uno de los instrumentos que tenemos para lograr la igualdad
real en la sociedad. Además, participa del criterio de que se está
haciendo una aplicación de la Logse precaria e irregular.
Concretamente, la plataforma en defensa do ensino publico de Galiza tiene
como eje fundamental en la defensa de la enseñanza pública el que se haga
efectivamente público el mapa escolar de Galicia, que aún está pendiente
de conocimiento por parte de la sociedad gallega. Participa del criterio
de que la ausencia de suficiente presupuesto para mantener la enseñanza
pública, significa no construir los edificios nuevos que hacen falta, ni
remodelar otros. Cree que se necesitan más partidas presupuestarias para
el funcionamiento del servicio. Se pregunta por qué no se cubren las
especialidades que la Logse contempla y, de manera específica, en la
primaria, la enseñanza de la educación física, la musical y la de
idiomas. Se pregunta por qué razón en la enseñanza pública la etapa
infantil no es atendida debidamente, en detrimento de la escuela pública
y lógicamente en beneficio de la privada. No entiende por qué razón los
ratios previos en la Logse no se aplican, por qué las ofertas que hay que
hacer de las distintas especialidades de BUP, FP y de garantía social no
se hacen efectivas. Y no entiende cómo es posible que hace diez años los
centros públicos contaran con comedores escolares, que hoy no tienen, o
por qué el servicio de transporte escolar, en una sociedad como la
gallega, tan rural, no funciona mejor e incluso hay un deterioro en
relación a hace diez años, sin ir más lejos. También por qué no se
integra a los alumnos con necesidades educativas especiales en el sistema
educativo normal y por qué no se cuenta con los equipos psicopedagógicos
de apoyo cuando realmente son fundamentales para cubrir este tipo de
necesidades educativas especiales. Cómo las actividades complementarias,
que tanto pululan en la enseñanza privada, no se contemplan en la
enseñanza pública dentro del proyecto educativo de centros. Por qué, en
una sociedad rural como la nuestra, no hay un plan de vertebración de la
escuela rural, por qué no hay más profesores para cubrir las bajas
temporales y por qué no existe una clara carta de derechos y deberes para
que las organizaciones de alumnos puedan participar en la vida
democrática del centro. En un último extremo, señorías, por qué razón ni
siquiera se respeta el marco legal vigente, que es apoyado unánimemente
por el Parlamento de Galicia y que consiste en impulsar la enseñanza en
lengua gallega, empezando por la vigilancia de la inspección.
Esto, que hoy afortunadamente cuenta con un gran aval social, vemos que
en parte se recoge en las enmiendas que se presentan. Vamos a apoyarlas
desde la creencia de que las competencias de las comunidades autónomas en
materia educativa son exclusivas y que, por tanto, para que se haga
cualquier tipo de pacto escolar, se debe contar con el criterio de que no
se puede homogeneizar el sistema público de enseñanza y que en cada parte
las necesidades y los contenidos son distintos.
En todo caso, lo hacemos desde la perspectiva de los sectores sociales y
especialmente los sindicatos de la enseñanza, muy concretamente, el
sindicato de la enseñanza de la CIGA, ya que hoy son los profesores, los
padres y los alumnos de la enseñanza pública los que están defendiendo
que los mejores centros en términos relativos son los públicos y que los
mejores profesores en términos relativos, sin querer dañar a nadie, son
hoy los de la enseñanza pública. Son ellos los que están defendiéndola
contra viento y marea en un proceso que, sin duda, es contradictorio y
llamativo. Pensamos que el Gobierno no va a alcanzar los fines de
desmantelarlo que se ha propuesto, porque, afortunadamente, la sociedad,
y particularmente la sociedad gallega, es terca en defender lo que piensa
que es un bien general del cual no está dispuesta a prescindir.
Por todo esto, vamos a apoyar la moción o los acuerdos a que se llegue
con los enmendantes.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros deseábamos apoyar y dar el voto favorable a algunos de
los puntos de la moción presentada; sobre todo a aquellos que dan
esperanza al sistema educativo en general, a aquellos que entienden que
la educación es el progreso de la sociedad y puede significar un nuevo
modelo de sociedad. Me refiero, esencialmente, a los que tratan de la
igualdad en el acceso al saber de toda la ciudadanía. En el caso, pues,
de que la Diputada proponente quisiera aceptar una votación de la moción
separando sus puntos, nosotros estaríamos dispuestos a votar algunos de
ellos, en especial los números 1, 2 y 3.
También querría una vez más enfatizar aquí, públicamente, que creo que
estamos en esta Cámara sustituyendo con demasiada asiduidad el discurso
educativo por el discurso económico. Ultimamente, cuando se usa como lema
del sistema educativo el de libertad y el de calidad, saben ustedes
--porque yo lo he dicho alguna vez-- que no estoy totalmente de acuerdo
debido a que éste es un lema de la ley del mercado, y la educación no es
una mercancía. Sin embargo, cuando hablamos sólo de dinero, de partidas
presupuestarias, de pactos corporativistas algunas veces, tampoco podemos
estar de acuerdo. Nosotros estaremos siempre de acuerdo en aquellos
puntos que indiquen un progreso social y que indiquen también que la
educación está ocupando en este país el lugar que merece. Por lo tanto,
está en manos del grupo político proponente aceptar seguramente el
consenso en tres puntos muy importantes de su moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor Presidente.
La moción que presenta Izquierda Unida en el último punto se refería a
buscar las fórmulas necesarias para lograr un pacto de progreso por la
enseñanza pública de la calidad. Me ha extrañado enormemente que con este
punto en la moción, la representante y portavoz del Grupo de Izquierda
Unida haya hecho un preámbulo calificando de cinismo las declaraciones de
la Ministra. Se lo digo sinceramente, doña María Jesús, no es un
preámbulo para llegar a acuerdos. Me da la impresión de que quizá ha
hecho estas alusiones llevada de su ardorosa defensa de la moción. Quiero
yo también dejar aparte las mismas y entrar en su contenido.
En el contenido de la moción hay una parte que indudablemente puede ser
suscrita por todos los grupos de la Cámara, que es la que corresponde a
los puntos 1 y 2, y al 3 con alguna modificación. En cuanto al resto, una
y otra vez lo hemos repetido, pero yo creo que no hay peor sordo que el
que no quiere oír.
Hay que llegar a la ratio, pero saben SS. SS. de dónde partíamos y la
mejora que se ha producido este año. El Secretario General de Educación
decía en su comparecencia que solamente se sobrepasaba la ratio
alumno-profesor en 7.300 alumnos del total de los alumnos del territorio
MEC, y que además el año que viene iba a disminuir. Es indudable que se
ha progresado este año, pero no pidamos que se haga en un año lo que no
se hizo desde el año 1990, cuando la reforma educativa.
En lo que respecta al sistema de becas, estamos de acuerdo, y se ha hecho
un gran esfuerzo este año también, porque en un presupuesto austero se ha
aumentado en 1.600 millones de pesetas la partida de becas.
En el punto 7, cuando pide aumentar el conjunto de las inversiones para
los centros públicos, se ha hecho también un esfuerzo y se ha explicado
por activa y por pasiva que este año se van a hacer unas inversiones de
32.000 millones de pesetas.
Estos son unos esfuerzos que bien hechos están. Además, recuerdo la frase
del profesor Savater, el otro día, cuando durante la manifestación decía
--y yo lo suscribo totalmente-- que la educación pública no es un tema de
derechas o de izquierdas. La educación pública es algo que nos preocupa a
todos, es algo que llevamos todos en nuestro programa y en lo que estamos
dando pasos, y pasos importantes.
Hay unas enmiendas del Grupo Socialista que no sé si serán o no aceptadas
por parte del grupo proponente, en las cuales se repite una y otra vez lo
de llegar al 6 por ciento del PIB. Saben SS. SS. que estamos en el 4,8 o
4,9, pero si hacemos el mismo conjunto o suma que hacen los países de la
Unión Europea --por cierto, por ejemplo Alemania tiene el 4,8-- a eso hay
que sumarle lo que los padres españoles gastan en otro tipo de educación,
con lo que se llega al 5,7 o 5,8.
Es indudable que este año el Gobierno ha hecho un esfuerzo y que se va a
seguir invirtiendo en educación. Queremos reiterar una vez más que es
importante la inversión, pero que no es sólo con inversión como se mejora
la calidad, sino con algunas líneas que se van a introducir dentro de la
reforma educativa. Esto lo dijo la señora Ministra, dio los datos el otro
día, que por
cierto no son demasiado buenos respecto de la enseñanza española según el
estudio de la OCDE, pero entre todos debemos mejorar la calidad.
Resumo, señor Presidente. En estas interpelaciones mensuales, aunque
ahora nos anuncian que las mociones van a ser semanales, nuestra posición
va a ser la misma: declarar una y otra vez el interés por la pública y
por la concertada, hacer entre todos un esfuerzo y llegar a los acuerdos
que sean factibles, pero difícilmente se llegará a acuerdos con
preámbulos como los que se han hecho aquí esta tarde.
Termino, señor Presidente, diciendo que si no se aceptan las enmiendas
propuestas por algún grupo, pediríamos que se votaran separadamente los
puntos 1, 2 y 3. De lo contrario, y por problemas de Reglamento, no
podríamos pedir votación separada de los mismos y tendríamos que votar en
contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Guerra.
Tiene la palabra la señora Aramburu, a los efectos de manifestar si
acepta o no las enmiendas del Grupo Socialista.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Voy a decir lo siguiente con muchísima
brevedad y en el marco de lo que usted me plantea. Don Juan Carlos
criticaba mi preámbulo y mi ardorosa intervención, y quiero decirle
simplemente que es el resultado de aplicar el lema de ser blanda con las
espuelas y dura con las espigas. En fin, aparte de lo dicho, qué más
quisiera, doña Carmen Laura, que el consenso, pero tengo que elegir entre
lo bueno y lo mejor, y en este caso voy a intentar elegir lo mejor;
mañana puede que sea lo peor, pero creo que hoy es lo mejor.
Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado ese tipo de enmiendas
que yo llamo transaccionales para intervenir, sean de sustitución o de
adición, y como todo es manifiestamente mejorable, las voy a aceptar.
Acepto la enmienda correspondiente al punto 7, porque, como decía, todo
es manifiestamente mejorable y, puesto que carecemos de la
insistentemente solicitada ley de financiación y habiendo sido derrotados
todos los intentos, yo creo que no solamente es conveniente, sino que
agradezco que con esta enmienda se aten todos los emplazamientos hechos y
suba un escalón más, por lo que queda asumida sin ningún tipo de
problemas.
En cuanto a la enmienda número 2, aun estando recogida suficientemente en
la música y en la letra, no hay inconveniente en refrescar la memoria de
propios y ajenos para amarrar un poco más todos y cada uno de los puntos,
sobre todo el presupuestario.
Con respecto a la enmienda de adición, la número 3 creo que las
obviedades se presuponen, pero efectivamente mejora el texto insistir en
la necesidad de ser receptivo a entidades de la magnitud del Consejo
Escolar del Estado o cualquier otra que democratice los decretazos de
doña Esperanza. Por tanto, en este sentido yo las asumo. Hubiera querido
que fueran por consenso, pero en este caso parece que el tenor y la
literalidad del prólogo de mi texto no son del agrado del Grupo Popular,
aunque sí los contenidos. Yo creía que el polvo y la paja no tenían por
qué confundirse nunca en la viga ajena sino en la propia.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aramburu.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción procedente de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política
educativa pública, en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 136; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.