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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 77, de 22/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 77
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 74
celebrada el martes, 22 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación parcial de la Ley de Patrimonio del Estado,
Decreto 1022/1964, de 15 de abril. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 69.1, de 29 de noviembre de 1996 (número de
expediente 122/000053) (Página 3732)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre inclusión voluntaria en la
Seguridad Social a efectos de la pensión de jubilación. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 65.1, de 15 de noviembre de
1996 (número de expediente 122/000050) (Página 3739)
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Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 118, de 24 de marzo de 1997 (número de
expediente 162/000110) (Página 3747)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre reforma de la Organización
Común de Mercado (OCM) del sector del aceite de oliva. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 114, de 18 de marzo de 1997
(número de expediente 162/000104) (Página 3759)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre proceso de negociación de la reforma de la Organización
Común de Mercado del sector del aceite de oliva. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 56, de 11 de octubre de 1996 (número
de expediente 162/000053) (Página 3759)
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reforma de la
Organización Común de Mercado (OCM) del sector del aceite de oliva.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 128, de 17 de
abril de 1997 (número de expediente 162/000118) (Página 3759)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la aplicación de los
ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas (número de
expediente 173/000036) (Página 3771)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una
modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998 a
aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en sus servicios de
telefonía básica (número de expediente 173/000037) (Página 3778)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3732)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación parcial de la Ley de Patrimonio del Estado,
Decreto 1022/1964, de 15 de abril (Página 3732)
Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Fernández Sánchez.
Manifiesta que la Ley de Patrimonio del Estado fue elaborada en otro
contexto político, en el que los españoles carecían de una representación
democrática que fuera expresión de la voluntad popular y, en
consecuencia, dicha ley necesita adaptarse al control de los
representantes de la soberanía nacional. Izquierda-Unida Iniciativa per
Catalunya presenta esta proposición para su toma en consideración al
constatar la política de privatizaciones de los bienes públicos que sigue
el Partido Popular, teniendo en cuenta que el vigente sistema legal evita
que se tengan que explicitar las razones por las que se privatizan.
Considera que la enajenación del patrimonio público no se puede dejar en
manos de este Gobierno o de otro, por lo que solicitan que cualquier
proceso de enajenación de bienes públicos sea aprobado por el Pleno del
Congreso de los Diputados.
A continuación explica el sentido de los cambios que proponen en los
artículos 61,62, 95 y disposición derogatoria única, de supresión de la
Ley 28/1984, de creación de la Gerencia de Infraestructuras de la
Defensa, y manifiesta su confianza en la sensibilidad de la Cámara ante
las propuestas que hace su grupo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; y Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Pozuelo Meño, del
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Iglesias García, del Grupo
Parlamentario Popular.
Replica el señor Fernández Sánchez.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
se rechaza por 25 votos a favor, 279 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre inclusión voluntaria en la
Seguridad Social a efectos de la pensión de jubilación (Página 3739)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, en nombre
de Grupo Parlamentario Socialista, la señora García-Hierro Carballo.
Propone la inclusión voluntaria en la Seguridad Social, a efectos de
jubilación, de aquellas personas que, pese a desarrollar trabajos de gran
interés y valor económico y social, no pueden cotizar en la Seguridad
Social y percibir una pensión de jubilación por no ser su trabajo
remunerado ni laboralmente reconocido, tratándose casi siempre de amas de
casa. Reconoce que las políticas llevadas a cabo para remover los
obstáculos y promover la igualdad y el derecho al trabajo han mejorado la
situación de la mujer, aumentando el empleo femenino en aproximadamente
un millon y medio de mujeres ocupadas en los últimos trece años. No
obstante, muchas mujeres se ven obligadas a abandonar sus puestos de
trabajo al tener el segundo hijo, con lo que quedan excluidas de los
sistemas de protección y Seguridad Social como sujetos de derechos
futuros y pasan a depender, para obtener una pensión, de sus esposos o
compañeros, cuando no de su condición de viudas.
Manifiesta que su grupo es coherente con sus compromisos electorales y,
en defensa de lo derechos individuales y universales, considera necesario
no dejar excluido a ningún grupo social y avanzar en concordancia con la
Constitución española, con la IV Conferencia Mundial de la Mujer en
Pekín, con el cuarto programa comunitario y con los trabajos realizados
por la anterior responsable del Ministerio de Asuntos Sociales para
cumplir dichos objetivos en el plazo establecido por la Unión Europea en
1997. Entiende que su postura no puede encontrar oposición por razones
ideológicas, puesto que todos los movimientos de mujeres del más amplio
espectro lo apoyan, ni por razones económicas, ya que se habla de
incorporarse como cotizantes al sistema público de la Seguridad Social de
manera voluntaria en el régimen especial de autónomos.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rivero Baute, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Campuzano i Canadés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; el señor Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora Pardo Raga, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
rechaza por 122 votos a favor, 167 en contra y 18 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 3747)
Del Grupo Parlamentrio Popular en el Congreso, sobre reforma de la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado (Página 3747)
Presenta la proposición no de ley sobre reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal del Jurado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Ollero Tassara. Manifiesta que lo que mueve al Grupo Popular a planear
esta reforma es su deseo de consolidar esta institución, poco arraigada,
de escasa tradición y no siempre positiva, necesitada, por tanto, de un
cultivo particular si se quiere que llegue a arraigar y a crecer. A
continuación hace un repaso a la trayectoria seguida en la tramitación de
la Ley del Jurado y considera que de una actitud de prudencia, calibrando
el riesgo de una operación necesaria y deseable pero delicada, se pasó de
pronto a un doctrinarismo rampante. Afirma que su grupo no ha presentado
esta iniciativa por un caso determinado, por notorio que haya sido, sino
por otros muchos que quizá no han llegado a la opinión pública pero que
los expertos no han dejado de registrar. Por otra parte, le parece
acertada la invitación a una ponderada revisión del articulado propuesta
por el Parlamento vasco, pero no está de acuerdo con la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, en la que se propone cuatro años para
poder revisar el resultado actual de la Ley del Tribunal del Jurado. Pasa
a hacer un análisis de la exposición de motivos de la ley y a exponer las
propuestas contenidas en su proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley,
intervienen los señores Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la
señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el
señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A los efectos de rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
y aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), interviene el señor Ollero Tassara.
Sometida a votación la proposición no de ley en los términos resultantes
de la aceptación por el grupo proponente de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 167
votos a favor, 140 en contra y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre reforma de la organización común
de mercado (OCM) del sector del aceite de oliva (Página 3759)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre el proceso de negociación de la reforma de la
organización común de mercado del sector del aceite de oliva (Página 3759)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reforma de la
organización común de mercado (OCM) del sector del aceite de oliva
(Página 3759)
En primer lugar interviene el señor Pliego Cubero, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, para presentar su proposición no de ley sobre
la reforma de la organización común de mercado del aceite de oliva y
fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas y las
proposiciones no de ley de los demás grupos. Pone de manifiesto que el
Grupo Popular, con la ayuda del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ha intentado una minoría de bloqueo
contra la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista
presenta hoy ante la Cámara. Considera que el Grupo Parlamentario Popular
basa su estrategia en dos elementos: en primer lugar, buscar un enemigo
exterior contra esta reforma y, en segundo lugar, la unidad, sin importar
sobre qué. Por otra parte expone que el Grupo Parlamentario Popular se
opuso sistematicamente a todos los puntos de la proposición no de ley que
el Grupo Parlamentario Socialista presentó en la Comisión de Agricultura
el día 17 de octubre, porque no podía permitir que en un tema que tenía
esta repercusión social saliese una iniciativa parlamentaria del Congreso
a propuesta del Grupo Socialista. Defiende a continuación la postura que
mantiene el Grupo Parlamentario Socialista sobre la reforma de la OCM del
aceite de oliva, que considera que es clara y responde a los intereses
reales del sector. Expone a continuación los elementos y los objetivos
concretos de su proposición no de ley y se ofrece para defender
conjuntamente con el Grupo Popular los intereses del aceite de oliva,
pero no para montar espectáculos donde no se define ninguna postura.
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Centella Gómez. Manifiesta, en
primer lugar, que lo hace con pesar por el espectáculo de división que
dan las fuerzas políticas frente al clamor de unidad que exige el sector
del aceite de oliva. Considera que lo primordial es mantener la unidad,
por encima de las iniciativas de los distintos partidos políticos, pero,
a pesar de los muchos esfuerzos de su grupo por lograrla, no ha sido
posible. Piden al presidente del Gobierno que se comprometa a llevar
hasta el final la defensa del olivar español, pero entiende que para
situar al presidente ante esta responsabilidad es necesaria una postura
unitaria de la Cámara.
A continuación, pasa a explicar el contenido de su proposición no de ley
y opina que el Grupo Socialista podía haber escogido otro marco para
marcar diferencias con el Gobierno y no utilizar el olivar como un campo
de maniobras para una estrategia partidista que no se sabe muy bien a
dónde conduce ni cuáles pueden ser sus consecuencias. Considera que el
Grupo Socialista debería explicar por qué no manifestó su estrategia ante
los representantes de la Mesa para la defensa del aceite de oliva, con
los que se tuvo una reunión hace dos semanas. Si el Grupo Socialista
provoca la ruptura deberá explicar qué es lo que persigue, porque en
realidad puede estar haciendo el trabajo sucio al Comisario Fischler y a
los defensores de la reforma de la OCM del aceite de oliva contraria a
los intereses españoles.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre el mismo asunto, interviene el señor Jordano Salinas.
Considera que la intervención del representante del Grupo Socialista ha
sido desastrosa y perjudicial para el sector y beneficiosa para las
posturas del Comisario Europeo de Agricultura. Se refiere a algunas de
las
afirmaciones del señor Pliego en las que ha utilizado una técnica que
parte de una concepción algo totalitaria, en el sentido de que su voz es
la única que se va a oir en todo el sector y no va a haber nadie que
traslade la voz de los distintos grupos, y le recuerda que cuando haga
acusaciones a la Ministra no lo haga a partir de la lectura de un solo
periódico. Añade que el Grupo Popular parte de una proposición elaborada
con el consenso de todos los grupos, incluido el Grupo Socialista en el
Senado y, en definitiva, lo que se trae hoy aquí es el acuerdo del Pleno
del Congreso de 27 de febrero de 1997, adoptado por todos los grupos, con
la abstención del Socialista, a propuesta del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone, a continuación, que
todos los grupos de esta Cámara se reunieron el 9 de abril con la Mesa
para la defensa del aceite de oliva, donde está representado todo el
sector, y allí se pidió a los grupos parlamentarios aparcar todas las
iniciativas parlamentarias relacionadas con el olivar y el aceite de
oliva en tanto la Mesa no se entrevistase con todos y cada uno de los
grupos parlamentarios, que es lo que resulta de la carta dirigida por la
Mesa Nacional del Aceite al Presidente de la Comisión de Agricultura.
Añade que el Grupo Socialista, para buscar protagonismo, a pesar de lo
dicho en esa reunión, presenta ahora una iniciativa que fuerza a
Izquierda Unida y al Grupo Popular a presentar otras para corregirla. El
Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), así como el resto de los grupos de la Cámara,
tengan o no tengan intereses concretos en el olivar, defienden la unidad,
porque son conscientes de que es un problema que afecta a todo el Estado.
En cuanto a la postura que debe adoptar el Presidente del Gobierno
manifiesta que éste ha dirigido ya dos cartas al Presidente de la
Comisión, señor Santer, en relación con la importancia y la trascendencia
que para España tiene la reforma de la OCM del olivar, trámite que no es
habitual y que, por supuesto, nunca había sido utilizado por un
presidente del Gobierno de España.
A continuación, le recomienda la lectura de un artículo que publica el
anterior Ministro de Agricultura en la edición de Andalucía del «Diario
16» de hoy, donde pide contribuir al debate sin el apasionamiento que ha
enturbiado debates anteriores sobre otras reformas. Añade que las
proposiciones no de ley que presentan el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Popular no son
proposiciones de las que sean autores únicos, sino que están basadas en
la postura del sector, que pidió el aparcamiento de las iniciativas para
no introducir perturbaciones en el debate que se está manteniendo con la
Unión Europea, con el resto de los países y con los sectores de otros
países, teniendo en cuenta que en esta materia hay intereses
contrapuestos. Y termina su intervención acusando al Grupo Parlamentario
Socialista de provocar la votación contraria a su proposición no de ley,
introduciendo así un elemento distorsionador. De todas formas, anuncia
que si el Grupo Parlamentario Socialista retirara su proposición, el
Grupo Parlamentario Popular también retiraría la suya, quedando
pendientes del acuerdo que les hiciera llegar grupo a grupo la Mesa del
aceite, con lo que se perdería protagonismo en medios locales, pero se
ganaría en la defensa de los intereses del olivar español.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Companys Sanfeliu, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
intervienen los señores Pliego Cubero y Jordano Salinas.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, se rechaza en todos sus puntos y apartados.
Sometidas a votación conjuntamente las proposiciones no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo
Parlamentario Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, se aprueban por 180 votos a favor, siete en contra y 113
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3771)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aplicación de los ingresos
provenientes de la privatización de empresas públicas (Página 3771)
Para la defensa de la moción consecuencia de interperlación urgente sobre
la aplicación de los ingresos provenientes de la privatización de
empresas
públicas, interviene el señor Borrell Fontelles, en nombre del Grupo
Socialista. En primer lugar, se muestra insatisfecho con la contestación
dada por el señor Piqué a su interpelación de la semana pasada.
Manifiesta que en la moción que traen hoy al Parlamento instan al
Gobierno a algo que consideran le será relativamente fácil, porque es
cumplir el programa electoral y el Programa de convergencia. Añade que en
ambos se propone algo que tiene sentido económico y político, que es
dedicar el recurso proveniente de las privatizaciones a la amortización
de deuda pública, cosa en la que están completamente de acuerdo, pero
para hacerlo hay que disponer de un crédito en el correspondiente
capítulo de la correspondiente sección, cosa que, según su opinión, no se
hace.
A continuación, reitera los argumentos dados en la interpelación sobre
las manifestaciones de diversos ministros en cuanto a lo que van a hacer
con el dinero de las privatizaciones, y pregunta de nuevo a qué lo van a
dedicar. Termina su intervención diciendo que en esta Cámara no hay nada
extrapresupuestario, puesto que lo que no está en el presupuesto no debe
pasar por el Parlamento y lo que pasa por el Parlamento debe estar en el
presupuesto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i
Llibreü del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista, se rechaza por 115 votos a favor, 160 en contra y 14
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una
modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998 a
aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en sus servicios de
telefonía básica (Página 3778)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya interviene el señor Fernández Sánchez para defender la moción
consecuencia de la interpelación debatida en la Cámara la semana pasada.
Con dicha moción se intenta corregir la decisión del Gobierno en cuanto a
permitir el incremento de las cuotas de abono y modificación de las
tarifas a aplicar por la compañía privada Telefónica en sus servicios de
telefonía básica. Expone las medidas que abordan en profundidad algunos
aspectos que preocupan tanto a los usuarios como a las organizaciones de
consumidores y reitera algunas manifestaciones hechas la semana pasada.
A continuación explica detalladamente el contenido de su moción y anuncia
la presentación de una enmienda transaccional para lograr el consenso.
Asimismo, acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y una
de las que propone Coalición Canaria, mostrándose dispuestos a aceptar
tambien los puntos 3 y 5 de las enmiendas que presenta el Partido
Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Morlán
Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Mato Adrover, del
Grupo Parlamentario Popular; y los señores Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene
el señor Fernández Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
rechaza por 110 votos a favor, 156 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY DE PATRIMONIO DEL ESTADO,
DECRETO 1022/1964, DE 15 DE ABRIL (Número de expediente 122/000053)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Debate en torno a
la toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación parcial de
la Ley de Patrimonio
del Estado. Para su defensa y presentación ante el Pleno, tiene la
palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta a esta
Cámara, para su debate y toma en consideración, una proposición de ley de
modificación parcial de la Ley de Patrimonio del Estado, Decreto
1022/1964, de 15 de abril, la ley que regula el patrimonio del Estado que
data de 1964, y entendemos que, por la fecha de su aprobación --han
transcurrido 33 años--, es necesario proceder a su revisión,
introduciendo modificaciones que adecuen la citada ley al momento actual.
La Ley de Patrimonio del Estado fue elaborada en otro contexto político,
en un contexto totalmente diferente del que afortunadamente los españoles
y las españolas nos hemos dotado que es el sistema democrático
participativo. En el año 1964, los españoles y las españolas carecían de
representación democrática que fuera expresión de la voluntad popular. En
consecuencia, la vigente Ley de Patrimonio del Estado necesita adaptarse
al control de los representantes de la soberanía nacional.
El patrimonio del Estado es la herencia acumulada del esfuerzo de todos
los españoles y españolas, y también la herencia y el esfuerzo del
conjunto de la sociedad, por eso hoy gozamos de esta gran cantidad de
bienes heredados de los que nos han precedido. El Gobierno del Partido
Popular, en una carrera que nosotros nos atrevemos a calificar de
demencial, se ha lanzado a dilapidar el patrimonio público, aunque es
cierto que en algunos casos continúan la obra de los que les han
precedido. De todas formas, el pasado forma parte de lo hecho, de lo
inevitable, y por ello debemos situarnos en el presente. Desde esta
perspectiva, tenemos que decir al Gobierno del Partido Popular que se
equivoca, que están cometiendo un error, que los problemas económicos del
país no se solucionan vendiendo el patrimonio de todos, vendiendo el
futuro de ésta y de venideras generaciones. Tenemos que decir que, con
esta política de venta de lo público, están haciendo lo mismo que algunas
familias cuando muere el padre y es que se vende el patrimonio heredado y
luego el fruto conseguido se diluye y no sirve absolutamente para nada.
Esto nos va a llevar a solucionar coyunturalmente la situación económica,
parcheándola, y de aquí a unos años el patrimonio del Estado quedará
reducido a cenizas.
Viendo y constatando la política de privatizaciones de los bienes
públicos que sigue el Partido Popular y teniendo en cuenta que el vigente
sistema legal evita que se tengan que explicitar las razones por las que
se privatiza, nosotros creemos que la enajenación del patrimonio público
no se puede dejar en manos de este Gobierno o de otro, dependiendo de las
distintas voluntades políticas, de los intereses coyunturales del déficit
público o de intereses de grupos de presión, privados o públicos. El
objetivo que nos mueve es --desde la perspectiva democrática-- que se
incluya la participación de la soberanía popular en la gestión del
patrimonio público; queremos que cualquier proceso de enajenación de
bienes públicos sea aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados.
No se trata solamente de preservar el patrimonio público, sino también de
establecer el marco legal para controlar la acción del Gobierno en esta
materia tan importantísima, que pertenece de forma indivisa a todos los
ciudadanos y necesita del control de este Parlamento, que es donde reside
la soberanía nacional. Por tanto, proponemos ampliar el artículo 61 en el
sentido de articular la figura del Consejo Económico y Social como órgano
encargado de emitir informes que sirvan para motivar la decisión de
autorizar o no por el Congreso de los Diputados cualquier enajenación de
bienes públicos. Esta medida servirá para complementar la información del
Ministerio de Hacienda y contrastar la opinión del Ministerio y del
Consejo Económico y Social.
El artículo 62 de la vigente Ley de Patrimonio del Estado deja en manos
del Ministerio de Hacienda enajenaciones de hasta 3.000 millones de
pesetas y al Gobierno en los restantes casos, pero sin control
parlamentario. Nosotros proponemos limitar a 100 millones de pesetas los
bienes que el Consejo de Ministros pueda enajenar, comunicándolo
previamente al Congreso de los Diputados y sin que sea preceptiva
autorización del mismo para partidas no superiores a 100 millones de
pesetas. Para enajenaciones con valor superior al anterior, el Congreso
de los Diputados deberá autorizar al Gobierno antes de proceder a la
venta de patrimonios públicos, estableciéndose los distintos aspectos que
formulamos en el desarrollo del artículo 62 que proponemos en nuestra
proposición de ley.
En el artículo 63 proponemos que el sistema de enajenación se realice
mediante subastas públicas, eliminando así la opción de venta directa que
este artículo contempla previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Entendemos que el Consejo de Ministros no pueda enajenar por cualquier
valor directamente sin subasta, y también creemos necesario eliminar la
potestad de enajenación directa de hasta 2.000 millones que la actual ley
confiere al Ministro de Hacienda en su redacción auténtica. En la segunda
parte del artículo 63, que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
propone, se contempla que las administraciones públicas, autonómicas o
locales, gocen del derecho de adquisición preferente sobre los
particulares por el precio establecido en la tasación pericial con la
limitación de no poder enajenar nuevamente en un período de veinticinco
años. Con esto intentamos que las administraciones públicas gocen de
carácter preferente respecto a las privadas.
En los bienes muebles la nueva redacción que proponemos en el artículo 95
se refiere a establecer controles similares a los anteriores de muebles
inmuebles. En definitiva, se trata de establecer controles democráticos
que limiten y fiscalicen la actuación del Gobierno en cuanto a la
enajenación de bienes muebles e inmuebles, estableciendo fórmulas de
venta que limiten al mínimo eludir los concursos o subastas, evitando el
peligro que supone la enajenación directa. En este momento, el Gobierno,
el Ministerio de Hacienda, puede hacer cualquier enajenación de manera
directa sin previo concurso o subasta y sin normativas que puedan
establecer controles sobre esta acción gubernamental.
Especial atención debe merecer la disposición derogatoria única de
supresión de la Ley 28/1984, de creación de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
cree necesario que el inmenso patrimonio de suelo y edificaciones que
está desafectado por el Ministerio de Defensa, debe cumplir funciones
sociales públicas. Por ello es necesario que este patrimonio lo gestione
la Dirección General de Patrimonio del Estado. Quizás SS. SS. se estén
haciendo la pregunta de por qué proponemos este cambio en la gestión.
Para nosotros es sencillo. Queremos movilizar el patrimonio público de la
Gerencia de Infraestructuras de la Defensa para usos sociales; queremos
que este inmenso parque inmobiliario esté sujeto a los mismos controles
que proponemos para el resto de bienes patrimoniales públicos, y también
entendemos que estos bienes que hoy están a disposición de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa están sujetos a limitaciones y, por tanto,
no están sirviendo de utilidad pública. Por eso proponemos esta
modificación.
Para terminar, decir que esperamos que esta Cámara se sensibilice ante
las propuestas que nuestro grupo parlamentario hace y podamos contar con
el máximo apoyo político a esta propuesta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez. (Pausa.) Perdón, señor Gómez Rodríguez. El señor
Rodríguez, del Grupo Mixto, también ha pedido intervenir para fijar su
posición. Por consiguiente, vamos a ordenar el debate con arreglo al
turno habitual; y, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Saludamos la presentación de esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por cuanto
compartimos tres criterios básicos que la sustentan: el primero de ellos
es que el patrimonio del Estado es una propiedad pública y colectiva de
todos los ciudadanos; el segundo que la existencia de un Estado
democrático y el respeto por la soberanía popular deben condicionar o
estar presentes en todas las leyes, y por tanto era urgente la
modificación de esta Ley de Patrimonio del Estado de 1964; por último
pensamos que se debe derogar la Ley de creación de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa, que ya fue objeto de debate por parte de
nuestro grupo en este Congreso de los Diputados.
Por lo demás, pensamos que es apoyable esta proposición de ley porque no
anula la posibilidad de enajenaciones, pero las somete efectivamente a la
aprobación de esta Cámara de representación popular y con los informes
debidos. En el proceso parlamentario posterior, si sale adelante,
esperamos hacer una serie de modificaciones para que quede más clara la
idea de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales son
también Estado y además se contemple claramente esta nueva filosofía de
que hay bienes inmuebles que nunca deben ser enajenados y de forma
particular aquellos que tienen un importante valor histórico o cultural,
que nunca deben servir para salir a subasta pública.
Por todo esto, apoyamos inicialmente esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y si sale
adelante intentaremos que haya una nueva filosofía que no solamente lleve
al Gobierno, al Ejecutivo, al Consejo de Ministros y no al Ministerio de
Defensa la decisión de muchas cuestiones que afectan al patrimonio
público, sino que también dé participación a este Congreso de los
Diputados y a las comunidades autónomas, que también son Estado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, se trae hoy aquí la modificación parcial de la Ley de
Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964. Nosotros queremos
pronunciarnos brevemente en el sentido de que no vamos a apoyar esta
proposición, basándonos en los siguientes razonamientos. Todo el tema
está relacionado con la cuestión de la política de privatizaciones, con
otras cuestiones que afectan a la esencia del derecho político
constitucional, como es la división de poderes, y con cuestiones de
técnica legislativa. Consideramos que si existe una política de
privatizaciones y existe un Gobierno, que es la Administración pública, y
un poder legislativo --la Cámara
Alta y la Cámara Baja--, éstas pueden llevar el control del Gobierno a
través de la institución correspondiente, que es el Congreso. Nosotros
creemos que no debe haber una interferencia entre ambas esferas, y
consideramos que esta norma no merece ser aprobada, aparte de que, si
fuese aprobada, se producirían situaciones muy curiosas de técnica
jurídica, como cuando se redunda en que la subasta tiene que ser al mayor
precio.
La subasta se diferencia de los concursos porque se rigen exclusivamente
por el mayor precio. Aparte de eso, pasando de unas manos públicas a
otras se establece un especie de derecho de tanteo para las corporaciones
locales, pero también con la cosa curiosa de que las corporaciones
locales no pueden enajenar los bienes que adquieran de la Administración
central hasta que no pasen nada menos que veinticinco años. Para un
inmueble veinticinco años puede ser comprensible, pero para muebles que
compre la Administración local a la Administración central son muchos
años.
Aparte de eso --y es una cuestión de técnica administrativa--, sin hacer
alusión alguna a la exposición de motivos, en la disposición derogatoria
única, con toda brevedad y con toda radicalidad se deroga nada menos que
la Ley 28/1984, de 31 de julio. La iniciativa, además de sorprender por
su simplismo y falta de matización es inconstitucional, pues según ha
declarado el Tribunal Constitucional, si bien es cierto que conforme al
artículo 68 de la Constitución de las Cortes Generales pueden legislar
éstas en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer título
específico para ello, también debe recordarse que esta potestad tiene sus
límites, pues las Cortes no pueden colocarse en el mismo plano del poder
constituyente realizando actos propios de éste, salvo en el caso de que
la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente.
Con independencia de todo lo expuesto, consideramos y rechazamos esta
proposición de ley porque al exigirse la autorización previa para el
caso, se produciría una importante demora en enajenaciones urgentes y
coyunturales; porque el sistema va en contra de todos los principios de
simplicidad y eficacia administrativa y porque en el derecho comparado,
por lo menos en el mundo occidental, no existe este control previo por el
Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco se posicionará en contra de la iniciativa propuesta desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Las motivaciones de control que subyacen en la proposición de ley
presentada, tendente principalmente a que la enajenación de bienes sea
autorizada por las Cortes Generales, reportaría no un mayor control en la
gestión del patrimonio del Estado, sino un incremento de trámites
administrativos en la consecución de dichas operaciones que no genera per
se una mayor eficacia, ni garantiza un mayor acierto en su finalidad.
Con carácter general se debe recordar que en el régimen de supletoriedad
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los
contratos que recaen en relación a negocios jurídicos sobre inmuebles, en
defecto de normativa patrimonial aplicable regirá, en cuanto a su
preparación y adjudicación, la citada ley. En cuanto al control, el mismo
se entiende garantizado en la vigente normativa administrativa por los
mecanismos de la Intervención general del Estado y del Tribunal de
Cuentas. Asimismo se debe recordar que los supuestos en que cabe la
enajenación directa, desarrollados en el artículo 117 del reglamento de
Patrimonio del Estado, son caracterizados por la cualidad del ente
perceptor del bien, ente público o de carácter asistencial. Unicamente el
apartado d) de dicho artículo podría ser objeto de variación con el fin
de ajustarlo a los principios de la vigente Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ya que este apartado d) establece la
posibilidad de enajenación directa cuando por razones excepcionales,
debidamente justificadas en el expediente, resulte más aconsejable para
los intereses patrimoniales del Estado, la enajenación directa.
La intervención del Consejo Económico y Social que se propone, únicamente
tiende a posibilitar la intervención de los agentes sociales en unas
operaciones que, en la gran mayoría de los casos, aun siendo dignas de
especial mención, tienen una fundamentación exclusivamente patrimonial.
La modificación del derecho de tanteo de los colindantes, así como la
cláusula especial, relativa al tercer adquirente de buena fe, suponen una
variación respecto a la legislación civil, en íntima conexión con la
administrativa relativa a inmuebles, que no se justifica con razones de
peso que confluyan en los supuestos contemplados.
Todas estas razones llevan al Grupo Vasco a considerar la votación
negativa a la toma en consideración de la iniciativa que se propone.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi grupo parlamentario también votará en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley, y lo hará tanto por los motivos
técnicos que concurren, y a los que me referiré, como por motivos que
podríamos considerar de orden político o de orden político
constitucional.
En la proposición de ley se incurre en algunos defectos de carácter
técnico que consideramos relevantes. Entre otros aspectos cabe citar la
confusión que se produce en la misma entre el patrimonio del Estado y el
patrimonio nacional, que hace que en el apartado 4 del artículo 62 se
pretenda la reversión al patrimonio nacional, esto es, aquellos muebles e
inmuebles de titularidad del Estado afectos al uso y servicio del Rey y
de los miembros de la real familia, de aquellos bienes inmuebles que
hayan sido enajenados sin la autorización del Congreso de los Diputados.
La verdad es que no esperábamos tal fervor monárquico del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Lo mismo
cabría señalar de la configuración del patrimonio del Estado como un
supuesto de comunidad de bienes, regulado en el artículo 392 y siguientes
del Código Civil.
Ni siquiera los tribunales han reconocido que los ciudadanos, en los
supuestos de dominio público, estén legitimados para un uso general,
entendiendo que no es sino un supuesto más de libertad de los ciudadanos.
Por otra parte, también debiéramos señalar que si así fuese cualquier
ciudadano podría ejercitar la acción de división y solicitar que se le
asignase la parte correspondiente de esta comunidad. Finalmente, si
incurrimos en el defecto, entiendo técnico, de levantar el velo en los
supuestos de personalidad jurídica del Estado, si traemos al Congreso de
los Diputados las autorizaciones de enajenación de más de 100 millones de
pesetas en los supuestos de bienes inmuebles y más de 50 en los supuestos
de bienes muebles, si hacemos esto con los derechos de naturaleza real,
¿por qué no hacerlo con los derechos de naturaleza personal? ¿Por qué no
traer aquí la aprobación de cualquier contrato de gestión de servicios
públicos de cuantía superior a 100 o a 50 millones de pesetas? ¿Por qué
no traer también la aprobación de cualquier subvención por un importe
superior a los 50 millones de pesetas, que a fin de cuentas son fondos
públicos? Desde ese punto de vista, igualmente existiría la
cotitularidad.
Por tanto, señor Presidente, entendemos que existen defectos de
planteamiento técnico que nos impiden apoyar esta toma en consideración.
Por lo demás, bueno es reconocer que si esta ley se hizo en 1964 en un
contexto político, afortunadamente absolutamente contrario al que rige en
la actualidad, no cabe desconocer que el Gobierno del Estado en estos
momentos es absolutamente legítimo, está sometido a los controles a los
que ha hecho referencia la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, de la
intervención del Estado, del Tribunal de Cuentas, incluso de este propio
Congreso, como podía ser también del Senado. Y si de lo que se trata es
de resolver el conflicto que se produce en cualquier actuación
administrativa entre los principios de eficacia y legalidad, desde luego
ese equilibrio no pasa por los 100 o los 50 millones de pesetas.
Sí le tengo que reconocer al señor Diputado de Izquierda Unida que cabría
en estos casos efectuar una distribución de competencias entre el
Gobierno y el Poder Legislativo. Le tengo que decir incluso que en
Cataluña, a través de la Ley 11/1981, del Patrimonio de la Generalitat de
Catalunya, se establece esa distribución, y en aquellos supuestos en los
que existen enajenaciones de más de 2.000 millones de pesetas deben ser
éstas aprobadas por el Parlament de Catalunya. Pero desde luego, como
indicaba antes, y hay un momento en el que la cantidad hace cualidad, en
ningún momento pasaría por los 100 o por los 50 millones de pesetas.
Por todo ello, y por entender que no concurren los requisitos técnicos, y
que estando sometido el Gobierno al principio de legalidad y, en
cualquier caso, al control parlamentario, existen instrumentos
suficientes para exigir que ajuste su actuación a estas leyes aprobadas
por las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario Catalán votará en contra
de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor Presidente.
Para el Grupo Socialista los principios de filosofía política que
inspiran y desarrollan esta proposición que nos presenta Izquierda Unida
son inadmisibles, ya que se sustentan en el siguiente silogismo político.
El patrimonio del Estado es propiedad indivisa de todos los españoles; en
el Parlamento reside la soberanía popular; por lo tanto, el Parlamento
debe gestionar directamente la propiedad patrimonial del Estado, es decir
de todos los españoles. Así se contempla específicamente en la
modificación propuesta a los artículos 61 y 62 de la Ley de Patrimonio
del Estado, en los que se conceden competencias ejecutivas al Congreso de
los Diputados, al establecer que éste autorizará las enajenaciones de los
bienes inmuebles del patrimonio del Estado. La nueva redacción que se
propone significaría, por otra parte, la anulación de las modificaciones
ya operadas a la ley de 1964 por la Ley 31/1990, en el artículo 104,
cuando se estableció la necesaria y clara división entre las competencias
y potestades que corresponden al Ejecutivo y al Legislativo. Volveríamos,
si prosperase esta proposición, a la redacción primitiva de la ley de
1964, que contemplaba la intervención en los procesos de enajenaciones
patrimoniales de órganos distintos al Poder Ejecutivo, devolviéndonos así
a una situación preconstitucional.
Señorías, contrariamente a lo que se establece en la exposición de
motivos, no puede afirmarse nunca que el sistema democrático diseñado por
nuestra Constitución
exija la participación de la soberanía popular en la gestión. Esto supone
una aberración política de gran magnitud, según nuestro grupo. Lo que
consagra la Constitución es precisamente lo contrario. Difícilmente
tendrían cabida en nuestro orden constitucional medidas que por su
contenido pretendiesen implantar el ejercicio de la función ejecutiva que
sólo corresponde al Gobierno. Esto es lo que se pretende en esta
proposición de ley: que las competencias ejecutivas en materia de
enajenación de bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio
correspondan al Congreso de los Diputados, y sólo en supuestos marginales
al Gobierno. Si se pretenden competencias ejecutorias para el Congreso en
materia de enajenaciones, ¿por qué no admitirlas también para las
adquisiciones patrimoniales? El principio político sería el mismo.
Este gran error de fondo no permite entrar en aspectos muy importantes,
en los que, según nuestro grupo político, existe un vacío normativo para
ejercer adecuadamente la acción de control al Gobierno sobre las
decisiones que se están tomando en estos meses, y que se seguirán tomando
en los próximos respecto del proceso de privatización de las empresas con
capital público. En varias ocasiones hemos debatido en esta Cámara
iniciativas encaminadas a garantizar que estas operaciones se hagan con
transparencia y objetividad, respetando los principios constitucionales
de eficacia y economía, garantizando en todo momento los intereses
patrimoniales del Estado, porque esto, señorías, no está garantizado.
Aparte de la nítida diferencia de criterios políticos entre el Gobierno y
el Grupo Socialista sobre la necesidad de mantener la presencia del
Estado en determinadas empresas públicas por su carácter estratégico
(telecomunicaciones, energía, transporte, etcétera), estos procesos se
están llevando a cabo con un amplísimo margen de discrecionalidad, de
forma que no están garantizados los principios de objetividad,
concurrencia y transparencia.
Señor Presidente, el único marco normativo existente actualmente es un
acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 --no publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» y, por lo tanto, de eficacia limitada--
en el que se definen los agentes gestores del proceso de privatizaciones:
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sociedad Estatal
de Participaciones Patrimoniales y la Agencia Industrial del Estado y se
crea, asimismo, el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Estas
sociedades instrumentales tienen todas las competencias y capacidad de
maniobra para gestionar el proceso de privatizaciones. A ellas se les
encomienda, desde el análisis, estudio y diseños operativos necesarios
para las propuestas concretas, decidir sobre el procedimiento
privatizador más adecuado en cada caso, establecer la concesión de
incentivos a determinados grupos o categorías de inversiones, etcétera.
Señorías, en operaciones de miles de millones de pesetas, a menudo de
elevada sofisticación financiera y que, en cualquier caso, tienen
complicadas implicaciones jurídicas, este marco normativo no garantiza
los principios que deben respetar la gestión de los recursos públicos.
Los servicios jurídicos del Estado no tienen ninguna intervención
preceptiva, y a la Intervención General del Estado se le reserva el gran
papel de elaborar un informe de auditoría sobre el desarrollo de cada
operación antes de que transcurran tres meses del cierre del proceso. No
les quepa duda, señorías, de que el Grupo Socialista solicitará
puntualmente el contenido de dicha auditoría.
En consecuencia, la discrecionalidad y la carencia de controles es
absoluta. Es necesario establecer, de forma precisa, los controles
internos necesarios en toda operación de venta de paquetes de acciones de
titularidad pública, sea ésta mayoritaria o minoritaria, sea realizada
directamente por el Estado o a través de las sociedades instrumentales, y
debe regularse el carácter jurídico y económico de los recursos obtenidos
por la venta, su destino y su articulación presupuestaria. Pero como
decía anteriormente, señorías, esta proposición de Izquierda Unida no
permite ni por su filosofía política ni por su contenido que el Grupo
Socialista pueda votar favorablemente su toma en consideración. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pozuelo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iglesias
García.
El señor IGLESIAS GARCIA: Señor Presidente, intervengo para fijar la
posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en relación a la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la modificación parcial de la Ley
de Patrimonio del Estado, posición que adelanto es, al igual que la de
muchos de los grupos representados en esta Cámara, de rechazo de la
misma, por carecer de la coherencia necesaria puesto que, por las razones
que expondré a continuación, torpedea una de las acciones que le son
propias al Poder Ejecutivo. Pero además contiene errores técnicos y
conceptuales, como se ha puesto de manifiesto por algún Diputado que me
ha precedido en el uso de la palabra, tales como confundir en el
articulado propuesto el concepto de patrimonio del Estado con patrimonio
nacional, lo que constituye una pequeña muestra de la falta de claridad
de ideas del grupo proponente a la hora de confeccionar esta proposición
de ley.
En cuanto a la exposición de motivos, dos son los hechos que llaman la
atención. Por una parte, sorprende que se denuncie que la actual
legislación sobre patrimonio del Estado data de 1964, sorprende por
cuanto lo esencial de las argumentaciones que se esgrimen no son tanto de
índole técnica como de índole política.
Convendrán conmigo SS. SS. en que el hecho de que se trate de una
legislación preconstitucional no es suficiente para desclasificarla sin
más, sino que será necesario hacer un análisis para comprobar si
contradice los principios rectores de nuestro actual ordenamiento
jurídico, plasmados en la Constitución. Es más, una lectura atenta de los
preceptos constitucionales nos hará percatarnos de la imposibilidad de
encontrar alguno en que se fundamente esta proposición de ley.
Por otra parte, y continuando con esa curiosa exposición de motivos
cargada de falsa emotividad, no salgo de mi asombro cuando se pone en
tela de juicio la suficiencia del Gobierno --y cito textualmente la
proposición-- para garantizar los procedimientos de las posibles
enajenaciones. Es decir, se está poniendo en entredicho la legitimidad
del Gobierno para velar por los intereses generales en materia de
enajenaciones, restando credibilidad a los gobiernos constituidos
democráticamente de acuerdo con nuestra Carta Magna. Conviene recordar
que, conforme a la ley vigente, las enajenaciones de bienes del Estado no
pueden hacerse efectivas al antojo del Gobierno, sino que es preceptivo
que el Ministerio de Economía y Hacienda emita informe favorable respecto
a la alienabilidad de los mismos, lo que significa que dichos bienes no
se deben encontrar afectos a servicios públicos ni suponer una merma de
la capacidad del Estado a la hora de cumplir la función que le es propia.
En lo que se refiere al articulado de la proposición de ley, destaca
sobremanera el modo expreso en que se materializa el recorte al Gobierno
de las competencias que le son propias, entendiéndose, a juicio del grupo
proponente, que esta Cámara tendría que autorizar todas y cada una de las
enajenaciones a las que nos estamos refiriendo. Se podría decir que,
llevando el mencionado argumento al absurdo, prácticamente todas las
decisiones del Ejecutivo deberían tener refrendo directo en el Congreso
de los Diputados. En todo caso, se hace necesario recordar que las Cortes
Generales tienen, al margen de su función legislativa, toda una serie de
mecanismos de control al Gobierno que les permite tener la suficiente
información sobre las enajenaciones patrimoniales que se realicen y que
les posibilita promover los debates que estimen convenientes dentro de
los cauces reglamentarios y sin necesidad de modificación alguna de la
legislación vigente. Las comparecencias de miembros del Ejecutivo en las
Cortes Generales son la expresión más palpable de dichos mecanismos de
control, comparecencias, todo hay que decirlo, a las que el Gobierno del
Partido Popular acude regularmente, tanto a petición propia como a
petición de los distintos grupos parlamentarios representados en esta
Cámara.
En la proposición de ley --y continúo con el análisis del articulado-- se
hace una prohibición expresa a la venta directa de bienes inmuebles y
muebles por el Ejecutivo, más allá de 100 y 50 millones respectivamente;
en la actualidad, sólo en casos excepcionales se admite este tipo de
venta. Pues bien, a nuestro juicio, un reforzamiento del control
parlamentario actual sobre esta faceta de la actuación de la
Administración del Estado, con la complejidad y confusión competencial
que introduce la proposición de ley, no puede sino entorpecer la
actividad administrativa necesitada cada vez más de todo lo contrario: de
procedimientos ágiles que garanticen, sin merma, la posibilidad de
reorganizar los recursos de la Hacienda pública en pos del interés
general.
Como colofón, quiero subrayar la idea de que hay que dejar gobernar al
Gobierno, pues para eso está, y no entorpecer las labores propias de
aquellos que, habiendo sido elegidos democráticamente en una sociedad en
la que la libertad es la máxima exponente de su patrimonio colectivo,
tienen la honrosa y difícil tarea de dirigir los designios de España. Por
ello, no sería un buen ejercicio político por parte del Legislativo poner
en entredicho la confianza que debemos tener depositada en el Poder
Ejecutivo.
Como conclusión final, entendemos que la proposición de ley de
modificación parcial de la Ley de Patrimonio del Estado ni es
técnicamente precisa ni competencialmente adecuada ni políticamente
asumible. Por ello, el Grupo Popular votará negativamente la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Fernández Sánchez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Fernández, tiene la palabra a los solos efectos, supongo, de una
breve réplica general. Le ruego que no abra debates particulares.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decir que resulta bastante sorprendente que los
grupos políticos de esta Cámara no quieran que exista un control
parlamentario sobre un asunto tan importante como es la venta o la
enajenación del patrimonio público. Para nosotros resulta totalmente
sorprendente. Sorprendente también es ver cómo se intenta evitar el que
se impongan controles para la venta de cualquier tipo de patrimonio, en
cantidades que pueden superar los 3.000 millones, o cualquier otra cifra.
No entendemos la postura de algunos grupos políticos en cuanto a cómo
quieren justificar el evitar que haya un control parlamentario que pueda
tener un conocimiento de la acción del Gobierno. También es preocupante
que esta Cámara, o algunos grupos políticos de esta Cámara, pretendan
mantener leyes preconstitucionales, leyes, en definitiva, franquistas, a
las que algunos aquí muy claramente están mostrando su apoyo. La verdad,
señorías, es que no comprendemos esta actitud.
Se nos habla de errores técnicos. La toma en consideración de una
proposición de ley implicaría su debate
en comisión y la subsanación de estos errores. No me voy a permitir la
licencia de enumerar los errores que técnicamente está teniendo el
Partido Popular en la redacción de leyes, que están siendo muchísimos,
pero quiero decir que, realmente, algunos grupos políticos están evitando
que se dé una nueva redacción a una ley que es absolutamente franquista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Sánchez.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación parcial de
la Ley de Patrimonio del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 25; en contra, 279; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE INCLUSION VOLUNTARIA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL A EFECTOS DE LA PENSION DE JUBILACION (Número de
expediente 122/000050)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista, sobre inclusión voluntaria en la
Seguridad Social a efectos de la pensión de jubilación.
Para su defensa, tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en representación del Grupo
Parlamentario Socialista para proceder a la defensa de la toma en
consideración de la proposición de ley que plantea la inclusión
voluntaria en la Seguridad Social, a efectos de jubilación, para aquellas
personas que, pese a desarrollar trabajos de gran interés y valor
económico y social, no pueden cotizar en la Seguridad Social y percibir
una pensión de jubilación por no ser su trabajo remunerado ni
monetariamente reconocido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Hierro.
Señorías, guarden silencio.
Continúe.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Hablamos no sólo de trabajos
domésticos (cuidados del hogar, de la familia), sino de todas las
personas que realizan un trabajo voluntario (trabajo comunitario, trabajo
familiar, trabajo rural, cuidados de los enfermos, etcétera). (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En
definitiva, dedican su esfuerzo a un trabajo no remunerado, destinado a
aquellas personas y colectivos más necesitados que no son atendidos por
los servicios sociales o por el trabajo remunerado o asalariado,
principalmente las mujeres comúnmente conocidas como amas de casa. Se
trata de 5.636.100 mujeres, aproximadamente, y son, principalmente, las
comprendidas entre 40 y más años, con bajo nivel de formación, sin
estudios o con estudios primarios, suponiendo un 74,9 por ciento de este
sector de la ciudadanía. Como digo, éstas serían las personas que
fundamentalmente resultarían beneficiadas en caso de aprobarse dicha
medida. Se da también esta circunstancia entre mujeres o personas más
jóvenes, entre 30 y 49 años --el 81 por ciento--, las cuales, habiendo
tenido en algún período de su vida, unos 10 años, alguna actividad
remunerada, abandonaron o abandonan ésta por distintas razones y
circunstancias, entre las cuales la principal es el cuidado del hogar y
de los hijos, su bajo nivel de estudios, escasa cualificación
profesional, salarios bajos, organización del mercado del trabajo y
rigidez en las jornadas laborales. El tiempo de desplazamiento al
trabajo, el transporte y los horarios escolares y comerciales, entre
otras causas, son las que facilitan la expulsión del trabajo remunerado y
la imposibilidad de compatibilizar su vida profesional y familiar. Las
mujeres asalariadas trabajan en empresas donde su salario medio es un 60
por ciento inferior respecto al de los hombres en el mismo sector. La
remuneración media de la mujer es un 30 por ciento más baja que la del
hombre, siendo sus principales ocupaciones en el sector terciario:
comercio, hostelería. sanidad, educación, etcétera.
Pese a los logros conseguidos en la negociación colectiva, los hombres se
benefician más que las mujeres, y son éstas las que ven reducidas sus
jornadas y sus salarios en caso de crisis o de rescisión de sus
contratos, ya que el empleo femenino sigue entendiéndose como secundario,
a pesar del gran avance y de la lucha de las mujeres en estas dos últimas
décadas y desde que somos reconocidas como sujetos de derecho, de acuerdo
con lo promulgado en la Constitución de 1978.
Las políticas llevadas a cabo para remover los obstáculos y promover la
igualdad, el derecho al trabajo, etcétera, han mejorado la situación de
la mujer, y eso hoy es innegable. El avance ha supuesto, pese a la crisis
económica y a la ideología conservadora del reparto de tareas entre
hombres y mujeres, que haya aumentado el empleo femenino en
aproximadamente un millón y medio de mujeres ocupadas en los últimos 13
años, camino en el que debemos seguir profundizando como principal
objetivo de autonomía y emancipación personal para las mujeres. No
obstante, siguen persistiendo las actitudes y comportamientos que hacen
que las mujeres con trabajo remunerado sigan ocupándose de la doble y
triple jornada. Su tiempo es un tiempo no remunerado. Las mujeres
empleamos 44,3 horas semanales para la actividad doméstica y familiar,
mientras que los hombres sólo emplean 28 minutos diarios, siendo ésta una
de las causas por la que las mujeres abandonan su trabajo.
Según estadísticas y estudios, a pesar de que en el marco teórico los
hombres respetan el principio de igualdad y corresponsabilidad, en la
práctica, cuando se contrae matrimonio o se forma pareja y se tiene el
primer hijo, comienzan las contradicciones entre la asunción de roles
compartidos; se acentúan más los viejos esquemas, volviendo a un modelo
de familia patriarcal o semitradicional cuestionado por las mujeres, en
lugar de asumir y compartir un modelo moderno y simétrico, donde las
decisiones se tomen democráticamente y la distribución de las tareas
domésticas y el cuidado de los hijos se comparta entre ambos de manera
igualitaria.
A pesar de las medidas positivas impulsadas desde la acción pública, las
barreras de lo privado, los obstáculos y este comportamiento del hombre
hacen que muchas mujeres con bajo nivel educativo y económico abandonen
el trabajo remunerado cuando tienen su segundo hijo, con lo que quedan
excluidas de los sistemas de protección y seguridad social como sujetos
de derechos futuros, del derecho a cobrar pensión, y para obtener una
pensión pasan a depender de sus esposos o compañeros cuando no,
desgraciadamente, de su condición de viudas, creándoseles por esta
situación sentimientos de frustración y hasta de culpabilidad y
abriéndoles o facilitándoles el camino, ante una posible separación o
divorcio, a la llamada feminización de la pobreza.
Los diferentes estudios y expertos señalan año tras año que este flujo
por el que las mujeres pasan de ser solteras a madres es continuo, y a
pesar de que todas podemos coincidir en que ya no es posible ni las
mujeres vamos a permitir una marcha atrás, el riesgo de dependencia
futura del esposo o compañero ante estas circunstancias es real. Aunque
el movimiento asociativo de mujeres siga luchando, aunque las
perspectivas económicas sean positivas, sobre todo desde hace año y
medio, y permitan crear empleo, sin embargo, la internacionalización de
la economía, la disponibilidad y movilidad geográfica que exige el
mercado, la falta de flexibilidad en la jornada laboral y en los horarios
educativos junto con la escasa o nula presencia de las mujeres en la
negociación colectiva, en las organizaciones patronales y sindicales y la
casi nula participación de los hombres en las tareas domésticas hacen que
las mujeres no seamos especialmente optimistas. Aunque el empleo crezca y
las mujeres tengamos como principal objetivo el trabajo remunerado, sigue
existiendo un problema social de enorme dimensión económica y una demanda
cada vez más sentida internacionalmente, que es la del valor económico y
social del trabajo no remunerado y, por tanto, que no cotiza a la
Seguridad Social, situación que excluye, como ya he dicho, a más de cinco
millones de personas del derecho universal a una pensión dentro del
sistema público de la Seguridad Social. Es por esta razón y porque lo
incluimos en nuestro programa electoral a propuesta de la plataforma de
mujeres feministas, integrada por más de 300 organizaciones no
gubernamentales y por la Confederación de Amas de Casa de España, que en
enero de 1996 se dirigieron al PSOE, al igual que hicieron con el resto
de las fuerzas políticas, para que incluyera en sus programas electorales
la posibilidad de acceder de manera libre y voluntaria al sistema de
pensiones de la Seguridad Social con el fin de obtener una pensión por
parte de las personas que realizan un trabajo no remunerado pero de gran
valor económico y social. Esta propuesta también ha sido planteada por
las organizaciones feministas en el III Plan de Igualdad de Oportunidades
que elaboraron y que entregaron en octubre de 1996 a todos los partidos
políticos, sindicatos, patronal y al Gobierno en particular para que
fuera incluida en el III Plan de Igualdad de Oportunidades para hombres y
mujeres, presentado por el Gobierno el pasado 7 de marzo ante los medios
de comunicación y que, lamentablemente, no recoge esta propuesta sino
exclusivamente el estudio de la situación. Esperamos que ya esta tarde,
después de tantos años proponiendo éstas y otras medidas similares, el
Partido Popular lo traiga estudiado y podamos tomar en consideración
dicha propuesta con el voto positivo del Grupo Popular.
Nuestro grupo es coherente con sus compromisos electorales. Por ello, en
defensa de los derechos individuales y universales y siguiendo el camino
de la solidaridad y el bienestar social que hemos emprendido a través de
la universalización de la educación, la salud y las pensiones, mi grupo
considera necesario no dejar excluido a ningún grupo social y avanzar en
concordancia con la Constitución española, con la IV Conferencia Mundial
de la Mujer celebrada en Pekín, con el IV programa comunitario y los
trabajos avanzados por la anterior responsable del Ministerio de Asuntos
Sociales para cumplir dichos objetivos en el plazo establecido por la
Unión Europea, en 1997. Se trata de reconocer el valor económico y social
del trabajo no remunerado, la llamada economía invisible; se trata de que
sea valorado también por las estadísticas oficiales e incorporado como
cuentas satélites a la contabilidad nacional; se trata de reconocer la
aportación económica en la renta nacional; se trata de extender el
sistema público de protección del bienestar social, defendiendo y
aplicando el principio de universalidad de los derechos,
como en otros países de nuestro entorno, como en Alemania, como en
Francia, como en Italia, como en Austria. Se trata de que la protección
social se extienda a toda la ciudadanía, a las mujeres como tales, sin
tener que depender de su condición de esposas o de viudas, de las
personas que contribuyen, en definitiva, con su trabajo no remunerado a
la riqueza económica, la riqueza social y el bienestar de nuestro país.
Se trata de no limitar la libertad de derechos, de no excluir a nadie.
Esta postura no puede encontrar oposición por razones ideológicas, porque
todos los movimientos de mujeres del más amplio espectro así lo apoyan.
La plataforma de mujeres Siglo XXI, recientemente creada, lo recoge entre
sus reivindicaciones. Tampoco se puede negar, señorías, por razones
económicas, ya que hablamos de su incorporación como cotizantes al
sistema público de la Seguridad Social de manera voluntaria en el régimen
especial de autónomos. Ello contribuiría a incrementar el número de
activos en la Seguridad Social y a convertirlo en un sistema contributivo
y de reparto. La fórmula sería aprobar una ley que posibilite la
inclusión voluntaria en el régimen especial de autónomos mediante un
convenio especial, cotizando exclusivamente por la contingencia de
jubilación durante quince años mínimo. La cuota sería la correspondiente
a la base y tipo de cotización que fije el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, unas 12.049 pesetas para el año 1997. Mediante esta
fórmula no se contradice el principio básico de solidaridad y
contributivo del modelo del sistema de pensiones de la Seguridad Social y
no conllevaría ningún riesgo de desequilibrio, ya que las prestaciones
serían aportes con lo cotizado. Se trata, en definitiva, señoras y
señores Diputados, de abordar una decisión de justicia social respecto de
los derechos de las personas. Estamos hablando de derechos y no de hechos
causales, como estar viuda o pasar de viuda a casada, como en la
proposición de ley que hace unos días aprobamos. Estamos hablando de
derechos universales, estamos hablando del reconocimiento a las
prestaciones de colectivos que no cotizaron, pero no porque no quisieran
cotizar, sino porque las razones educativas y laborales de este país no
permitían que estuvieran en una situación de empleo remunerado. En
definitiva, estamos hablando de personas que prestan un trabajo no
remunerado y realizan un esfuerzo para el desarrollo económico y social
de nuestro país.
Hay razones, señorías, más que suficientes para poder esperar de ustedes
el voto positivo a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Razones que se amparan, como ya he dicho anteriormente, en nuestro
entorno europeo, en el principio de universalidad de los derechos de las
personas y, sobre todo --y esto es muy importante--, en el principio de
la no exclusión. Si admitimos el trabajo que estas personas desarrollan
como un trabajo social y productivamente rentable y necesario, no se
justifica de ninguna manera que quede excluido este grupo social, el
único grupo social que quedaría excluido del sistema público de la
Seguridad Social. Por muchos argumentos que quieran darse aquí esta tarde
planteando que este asunto a todos nos preocupa aunque en este momento no
es prioritario, yo creo que sí lo es, porque la cobertura de todos los
sectores sociales añade racionalidad al sistema público --algo en lo que
todos hemos trabajado en estos últimos años--, una propuesta que hasta
ahora no se había contemplado en esta Cámara y no se había previsto con
anterioridad a la presentación de la proposición de ley por parte del
Grupo Socialista el pasado mes de noviembre.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
García-Hierro, le ruego que vaya concluyendo.
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Se trata de dar cumplimiento a la
inclusión voluntaria en el régimen de Seguridad Social, en el régimen
especial de autónomos, de las personas que realizan un trabajo no
remunerado. Con ello no estaríamos sino reconociendo el esfuerzo de esos
más de cinco millones de personas y no las estaríamos lanzando a la
penalización que supone excluirlos de este sistema por no haber tenido en
su momento la oportunidad de acceder a un nivel educativo, a una
formación que les hubiera permitido optar y competir en igualdad de
condiciones con los varones, como nos sucede hoy a las mujeres más
jóvenes. Hoy, las estadísticas demuestran que son las mujeres con
estudios más altos, las de la última década, las que permanecen en su
puesto de trabajo asalariado, pero, a la vez, para suplir las carencias,
la falta de corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas,
en el cuidado de la familia, contratan a otra mujer en condiciones
pésimas, para que, como digo, las supla en aquel aspecto de madre que no
pueden satisfacer y, así, mantener su condición de asalariada. Esa es la
razón de peso que subyace en el fondo de la propuesta que el Grupo
Parlamentario Socialista trae a esta Cámara. Deseamos que el respaldo
refleje el que tiene en la sociedad. Sabemos que, a veces, la sociedad
camina por delante de los que estamos aquí representándola; espero y
deseo que esta tarde no suceda eso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García-Hierro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo de Coalición Canaria para fijar
nuestra posición con respecto a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la inclusión voluntaria en la Seguridad
Social. Mi grupo entiende que la universalización de las prestaciones de
la Seguridad Social debe ser objetivo prioritario de cualquier gobierno
en una sociedad moderna como la actual. De igual manera, debe ser
objetivo prioritario de cualquier gobierno trabajar, luchar por la
creación de un puesto de trabajo para todos y cada uno de los ciudadanos
de este Estado y, como dice nuestra Constitución, para que todos los
españoles tengan derecho a una vivienda digna. Esos son elementos
esenciales del Estado del bienestar y nos parece que debemos hacer un
esfuerzo para caminar, para orientar las políticas en ese sentido; pero
para conseguir un Estado de bienestar social, para conseguir una
situación de protección para toda la población, tenemos que hacer un
esfuerzo económico, un esfuerzo financiero en la misma medida en que
queremos conseguir esa capacidad de protección de la población.
Señorías, como bien decía la proponente, en estos momentos son pocos los
países, son pocos los Estados que han conseguido extender el sistema de
protección de pensiones públicas al colectivo de la población. En
cualquier sistema público es necesario mantener un equilibrio entre lo
que se ingresa y lo que se gasta, porque si no es posible ese equilibrio
viene la quiebra. Todos somos conscientes --se ha hecho un esfuerzo muy
importI.
Queremos fijar la posición de nuestro grupo en ese marco general de deseo
de la universalización del Estado del bienestar social, de extender el
nivel de las pensiones públicas a todos los ciudadanos, pero considerando
cuál es la situación, nuestras posibilidades económicas reales, en las
que debemos tener en cuenta ese objetivo de la universalización, que se
debe mejorar el nivel y la calidad de las prestaciones, la necesidad de
garantizar el sistema público de las pensiones, el no poner en riesgo el
sistema actual y el asumir el compromiso consensuado por todas las
fuerzas políticas del Pacto de Toledo.
Ya se dice en la exposición de motivos de la proposición de ley que esta
propuesta está orientada fundamentalmente a las personas que realizan
trabajos en el hogar familiar. Parece estar pensada básicamente para las
amas de casa. La pretensión de que las amas de casa cobren pensión, a
primera vista, es progresista y aparentemente asumible, una pretensión
que nosotros, en principio, compartimos, pero el fondo parece más
orientado --y ha puesto un especial énfasis en ello la defensora de la
propuesta-- al cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista
que a un beneficio real para quienes trabajan a diario con la máxima
entrega en su hogar y para su familia. Lo digo por las siguientes
razones: Primera, que la suscripción del convenio especial no se
condicione a cotización previa parece imprescindible para poder atender a
este colectivo. Sin embargo, no se nos escapa que los problemas de
nuestro sistema público de Seguridad Social podrían agravarse. La
cotización representa una aportación en torno a las 11.000 ó 12.000
pesetas mensuales por persona o por ama de casa. La proponente ha puesto
un especial énfasis al hablar de los colectivos en estos momentos
desprotegidos, el ama de casa con unos niveles de renta más bajos, con
unos niveles de preparación cultural más bajos, de familias con escasos
recursos económicos. Yo me pregunto y pregunto a SS. SS., ¿es posible que
familias de renta media-baja, que es donde se dan estos supuestos, puedan
cotizar mensualmente 12.000 pesetas para tener un plan de pensiones de
futuro? Parece que esto está más cercano a familias a las que les es
posible pensar en otro tipo de protección, como pueden ser los planes de
jubilación en estos momentos vigentes.
Precisamente en el Pleno de la semana pasada, el jueves anterior,
aprobamos el proyecto de ley que se estaba tramitando en esta Cámara
sobre la consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad
Social. En el trámite parlamentario de este proyecto de ley el Grupo
Catalán presentó una enmienda que fue aprobada con la unanimidad de la
Cámara, y que me parece que está en una línea de mayor racionalidad para
poder dar respuesta al problema que se plantea en la proposición de ley.
Voy a leer textualmente la enmienda --que fue aprobada, repito, por
unanimidad--: El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación
de la presente ley, presentará en el Congreso de los Diputados un
proyecto de ley de reforma del régimen especial de trabajadores autónomos
que contemplará la mejora y aproximación de las prestaciones que perciben
quienes cotizan por este régimen de la Seguridad Social, sin perjuicio de
mantener el equilibrio financiero exigido en todo el sistema. Dicho
proyecto de ley incluirá también la extensión de dicho régimen a quienes
trabajen al cuidado del propio hogar y no estén amparados por otras
prestaciones contributivas.
En el marco de esta ley, en el marco de este compromiso que asume el
Gobierno en los próximos seis meses es donde se debe estudiar el problema
planteado en esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco sobre esta proposición
de ley.
Quiero indicar que el Grupo Vasco coincide con el objetivo de la
iniciativa socialista, aunque la defensa que ha realizado la Diputada del
Grupo Parlamentario Socialista ha ido bastante más allá de lo que dice su
proposición de ley, y yo me voy a centrar en la cuestión. Coincidimos con
el grupo proponente en que existe una demanda social, sobre todo, de
personas que realizan trabajos en el hogar familiar para su inclusión en
el régimen de la Seguridad Social con objeto de alcanzar la pensión de
jubilación. El aseguramiento voluntario está previsto en la ley pero con
un carácter bastante restrictivo. Por eso, esta iniciativa nos parece una
opción interesante que, sobre todo, va a aportar a la mujer autonomía e
independencia.
También quiero indicar, y ya lo ha manifestado el Diputado del Grupo de
Coalición Canaria, que en el debate en Comisión del proyecto de ley de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social se aceptó
una enmienda transaccional a la presentada por el Grupo de Convergència i
Unió a una disposición adicional nueva, según la cual el Gobierno se
compromete a presentar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor
de la ley, un estudio técnico-económico sobre el régimen de autónomos y
sobre la posible inclusión en su campo de aplicación de quienes trabajan
en los cuidados de su propio hogar y no estén amparados por otras
prestaciones contributivas. Quiero indicar que en el trámite del Senado
los Senadores nacionalistas van a presentar una enmienda, precisamente a
esta disposición adicional, para que se acorte este plazo y que, en lugar
de un año, sea de seis meses o hasta que finalice 1997 --nos da igual--
para que el Gobierno presente este estudio técnico-económico.
El Grupo Vasco considera acertado que antes de incluir una nueva
prestación en el sistema de Seguridad Social se valore técnica y
económicamente, para no crear falsas expectativas en la población,
expectativas que, por falta de recursos o por insuficiencia del sistema,
no puedan afrontarse en un futuro próximo. Nos parece más oportuno en
este momento esperar a los estudios técnico-económicos correspondientes
para que nos ayuden a decidir con mayor rigor.
Por todo ello, aun coincidiendo con el objeto de la iniciativa presentada
por el Grupo Socialista, en este momento vamos a votar en contra de la
toma en consideración de la proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Las intervenciones de los portavoces del Grupo de Coalición Canaria y del
Grupo Vasco son también compartidas por el Grupo Parlamentario Catalán,
como ustedes pueden suponer.
El Grupo Socialista nos plantea una iniciativa interesante que va más
allá del debate que generó nuestra enmienda en el trámite del proyecto de
ley de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad
Social. Introduce una reflexión en relación al trabajo no remunerado, que
yo creo que es una reflexión interesantísima que seguramente esta Cámara
y el conjunto de la sociedad deberá abordar. Y en el seno de esta
reflexión sobre los trabajos no remunerados aparece el de las amas de
casa. Es evidente que existe una demanda social que pide el
reconocimiento del trabajo de millones de mujeres del Estado español a
efectos del cobro de una pensión de jubilación. Esto es evidente. Y es en
función, precisamente, de esa demanda social por lo que en su momento el
Grupo Parlamentario Catalán presentó una enmienda que creaba una nueva
disposición adicional en ese proyecto de ley que es el que desarrolla los
acuerdos del Pacto de Toledo. La enmienda ha sido leída anteriormente por
el Diputado de Coalición Canaria. En ella planteábamos que el Gobierno,
en el transcurso de un año desde la aprobación de esa ley, elaborase un
proyecto que contemplase la reforma del régimen de los autónomos y,
dentro de ella, que abordase de manera específica la extensión de dicho
régimen a quienes trabajan al cuidado del propio hogar, hombres y mujeres
por tanto, y no estén amparados por otras prestaciones contributivas.
Nos pareció entonces que el momento adecuado políticamente para mantener
este debate en la Cámara era en el trámite de dicho proyecto de ley. Y yo
creo que hubiese sido interesante que el Grupo Socialista hubiese
planteado una enmienda de estas características en el trámite del
proyecto de ley, sobre consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social. Esto no se hizo entonces, y hoy se nos traslada ese
debate cuando ya la Comisión de Política Social tomó con su voto una
orientación determinada en esta materia. No sería demasiado coherente que
en aquel momento votásemos a favor de una enmienda transaccional
resultado del acuerdo con el Partido Popular en esta materia y que hoy
tomáramos en consideración esta proposición de ley. Creemos que la
técnica legislativa correcta era aquélla: plantear la discusión donde era
necesario, pero además haciéndolo a través de una fórmula que nos parece
la lógica. Es un tema que necesita un estudio y una reflexión y no
podemos afrontarlo con una cierta superficialidad, como puede hacerlo la
proposición de ley que nos plantea el Grupo Socialista.
El resultado de aquella iniciativa fue el consenso al que llegamos con el
Grupo Popular y con otros grupos
parlamentarios, que permitió elaborar una nueva disposición adicional en
la que se demanda al Gobierno que, en el transcurso de un año a partir de
la aprobación de este proyecto de ley, elabore un informe que incluya
esta posibilidad. Como también comentaba la señora Aguirre en su
intervención, sería interesante que ese plazo de un año que dábamos al
Gobierno lo acortásemos. Creo que la demanda social y el retraso de todos
estos años al no afrontar esta situación nos debe incitar a que ese
trámite sea más corto, y anunciamos aquí también la voluntad de nuestro
grupo parlamentario de presentar una enmienda en el Senado a esa
disposición adicional, con el fin de acortar ese plazo a seis meses,
esperando que el Grupo Popular pueda coincidir con nosotros.
El debate se ha planteado, el mecanismo legislativo está en marcha, la
voluntad política también se ha expresado, demos tiempo al Gobierno para
que estudie el tema y seamos capaces de encontrar una solución a un
problema que existe, a una demanda que existe, porque lo cierto es que a
lo largo de estos años nadie lo había podido afrontar. Me parece que con
el trámite del proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del
sistema de la Seguridad Social vamos a poder dar respuesta a esta
demanda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el objetivo genérico de esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista es compartido por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Sin duda, es un propósito encomiable intentar articular
legalmente una solución a la situación de tantas personas
--fundamentalmente mujeres-- que comparten el proyecto familiar pero que,
por su status de amas de casa, no son sujeto de derechos sociales de
forma autónoma e independiente sino, en todo caso, sujetos ligados al
verdadero titular de los derechos, que es su pareja, pues es precisamente
a este colectivo al que va dirigida la proposición de ley, que pretende
dar la posibilidad de incluir en la Seguridad Social a éste y a otros
colectivos similares a los solos efectos de cotizar para ir devengando el
derecho a la percepción de la pensión de jubilación. Pero, junto a la
manifestación de nuestra coincidencia con el objetivo pretendido por la
proposición de ley, hemos de manifestar también nuestra discrepancia
respecto a la fórmula concreta que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista, pues nos preguntamos cómo evitar que la fórmula del convenio
especial voluntario no se convierta en una compra de la pensión por
aquellas personas que tengan mayor poder adquisitivo, cuyas necesidades
son precisamente las que menos se pretende cubrir. El texto propuesto por
el Partido Socialista tiene el serio inconveniente de ahondar en las
desigualdades sociales, que es justo el sentido más contrario a lo
pretendido por un sistema público como el de la Seguridad Social. Y
frente a esta posibilidad --que ciertamente se produciría-- no cabe
argumentar que la inclusión voluntaria de las personas que realicen
trabajos en el hogar familiar puede significar una nueva fuente de
ingresos de cotizaciones sociales --por tanto, una fuente suplementaria
de ingresos para el sistema público de la Seguridad Social--, pues en
ningún caso este hecho serviría al perfeccionamiento de un sistema cuya
finalidad es la de la solidaridad de los activos con los pasivos, de una
generación con la anterior, ya que sería desvirtuar la idiosincrasia del
sistema público; y ni siquiera desde el punto de vista de la rentabilidad
económica valdría la fórmula pues, junto a los nuevos ingresos, vendrían
nuevos gastos, máxime cuando a quienes se pretende equiparar es a los
sujetos del régimen de autónomos.
La mencionada técnica de cotizar de forma voluntaria más se asimila a la
de las pensiones privadas complementarias, los fondos y planes de
pensiones, al seguro de vida, a las mutualidades, etcétera, fórmulas que,
sabiamente, son segregadas del sistema público de la Seguridad Social. La
inclusión de esta fórmula mistificaría el sistema público de forma
impropia e inadecuada. Además, de todas las fórmulas posibles, ésta no es
la que la plataforma antes mencionada, constituida por unas trescientas
organizaciones feministas, incluidos los sindicatos, está barajando
unánimemente. Estas organizaciones, animadas por el foro de Pekín y por
la directiva europea, en el marco de los planes para la igualdad
sucesivos, buscan que se vaya haciendo valer la necesidad de que en los
planteamientos socioeconómicos de los Estados modernos, como nuestro
Estado, cuenten no sólo los protagonistas del ciclo productivo,
empresarios y trabajadores, sino también los del ciclo reproductivo, sino
que los trabajadores del hogar especialmente, tan marginados, se tengan
en cuenta al menos en las políticas sociales y así --en vez de ser
excluidos de las estadísticas del paro, ya que, en teoría, según esta
fórmula, estarían en el régimen de autónomos y no estarían sujetos a
estas estadísticas-- se les facilite el acceso al empleo, que es lo que
en definitiva les ayudaría a salir de esta situación. Estas
organizaciones debaten fórmulas tales como la consideración como tiempo
cotizado del tiempo invertido en el cuidado de los niños y de los
mayores, o la fórmula de la cotización de la unidad familiar, o la
posibilidad de que se repartan las pensiones devengadas como si de
gananciales se tratase, etcétera. Así, con estas fórmulas alternativas,
se evitan las consecuencias negativas para el sistema público de la
Seguridad Social
que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista conlleva.
Sin embargo, el efecto más negativo es el de parar en seco el debate
feminista, que debe seguir y al que la izquierda debe ayudar no con
fórmulas facilonas que nos llevan por un camino de soluciones que cierran
en falso el debate, sino afrontando seriamente el verdadero problema que
subyace a esta cuestión, con el fin de que el tiempo invertido en el
cuidado doméstico, en el aseo del hogar, en el cuidado de los niños y de
los mayores, etcétera, sea considerado a todos los efectos como tiempo de
trabajo, reproductor pero trabajo, y esto se solapa y no se contempla de
lleno sino muy colateralmente con la fórmula del convenio especial de la
falsa igualdad de oportunidades.
Por todo ello, nuestro grupo, reconociendo el mérito de la buena voluntad
para abrir en esta Cámara el debate necesario, considera que con esta
proposición de ley no se puede estar de acuerdo, aunque sí se debe
propiciar la solución definitiva del problema aquí planteado.
Nuestro voto, señorías, va a ser de abstención, a la vez que manifestamos
nuestro compromiso de seguir con el debate social suscitado al respecto y
de traer a esta Cámara las conclusiones consensuadas por las
organizaciones feministas para que obtengan la consideración legal
pertinente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Pardo.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor Presidente.
Esta Diputada, que interviene en nombre del Partido Popular, no puede por
menos de manifestar una profunda extrañeza por el desconocimiento y la
ignorancia del grupo proponente ante una serie de normas y disposiciones
(Protestas.) sobre las que se fundamenta la proposición de ley cuya toma
en consideración debatimos ahora mismo, que han quedado derogadas,
señorías, precisamente a lo largo de anteriores mandatos socialistas.
(Rumores.) Por si no fuera poco, podríamos añadir que el texto propuesto
contradice nada más y nada menos que cuatro sentencias del Tribunal
Constitucional, una de 1983 y tres más de 1987. Además, permítanme,
señorías, que les recuerde, por ser la más reciente, la de marzo de 1992,
en que expresamente niega a la cuota de cotización de la Seguridad Social
la calidad de prima de seguro de la que se derive necesariamente el
derecho a la prestación o pueda dejar de pagarse en caso de inexistencia
de ésta.
Yo quisiera también recordarles a SS. SS., porque no hace mucho tiempo
había posturas muy recientes que están en la memoria de todos, que cuando
en la Comunidad Autónoma Valenciana, a la que yo represento, el Partido
Popular proponía medidas específicas que intentaban propiciar de alguna
manera aquel trabajo de la mujer, los representantes del partido
proponente nos decían que estábamos teniendo un retroceso en políticas de
mujer, por no recordarles cuando nos decían que teníamos la intención de
someterles y volver al gueto doméstico. Yo creo que sabemos cuál es la
intención de todos y que ahora mismo vienen aquí planteando una ley
demagógica, falta de rigor jurídico y técnico, como pasaré a demostrar.
Entre otras cosas, señalaré la que se deduce de la exposición de motivos,
según la cual el requisito para acreditar una cotización previa a alguno
de los regímenes que se integran en el sistema de Seguridad Social sólo
puede ser excepcionada por una norma con rango de ley. Pues bien,
señorías, yo les podría decir que no es así, que por ejemplo para
promulgar la orden ministerial de 28 de julio de 1987, que establece un
convenio especial para los emigrantes e hijos de emigrantes, no ha habido
necesidad de hacer una proposición de ley. Por eso casi todos los grupos
que han intervenido anteriormente, a excepción del grupo proponente, han
coincidido en que nuestro sistema de Seguridad Social está basado en unos
principios irrenunciables, como son solidaridad, obligatoriedad y
proporcionalidad. Esta proposición de ley, señorías, conculca el
principio de solidaridad, porque pretende introducir una protección a la
carta, circunscrita a la contingencia de jubilación, con intención de
satisfacer los intereses particulares de aquellos afectados que tendrían
un encaje mucho mejor, como bien decía el representante de Izquierda
Unida, en los mecanismos complementarios de protección social previstos
en el ordenamiento vigente y capaces de atender la legítima aspiración de
personas que, sin estar incluidas por cualquier circunstancia en la
Seguridad Social, quieren tener mejor cobertura de jubilación. Me permito
recordarles esto, señorías, porque es un acuerdo de todas las fuerzas
políticas que suscriben el Pacto de Toledo y que potencian estos sistemas
complementarios de pensiones.
Podría también plantear la proposición de ley con la existencia de una
tendencia ampliadora, dando entrada en el sistema a personas o colectivos
que en sentido estricto no pueden ser calificados de profesionales. Una
de estas técnicas, utilizada para ellos, en contadas ocasiones bien es
verdad, ha sido la de recurrir a que la realización de determinadas
actividades se asimile a la condición de trabajadores, tanto por cuenta
propia como por cuenta ajena. En esta proposición, sin embargo, no se
accede a dicha técnica, lo cual hubiera sido ciertamente difícil, dada la
generalidad e imprecisión con que está redactado su artículo 1, en el que
cabe entender comprendida a cualquier persona que no tenga la condición
de trabajador o asimilado y no sólo a las personas que realizan trabajos
en el hogar familiar, a los que se alude en la exposición de motivos. De
hecho, la proposición viene a suponer indirectamente
una modificación del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Bases de
la Seguridad Social, en el que se define la extensión del campo de
aplicación del propio sistema. En contra también de todo lo actuado hasta
la fecha, dentro del ordenamiento de la Seguridad Social se pretende
introducir una protección a la carta, al circunscribir el ámbito del
pretendido nuevo convenio especial a la contingencia de jubilación,
respondiendo a una supuesta demanda social a la que no cabría atribuir
otro fundamento ni justificación que la particular satisfacción del grupo
proponente para hacer demagogia, cuando no lo ha hecho durante los
catorce años de gobierno en los que ha tenido oportunidad.
Saben ustedes, señorías, que en materia de cotización se hace una
aleatoria e indeterminada remisión a las normas que en cada momento estén
vigentes, en su artículo 3, para el régimen especial de autónomos, y
todos saben que este año habría 101.940, el mínimo, y 374.880 pesetas.
Parece que se está pensando en la base mínima tomada como ejemplo en la
exposición de motivos para hacer mención del coste de este convenio. Con
ello existe bastante probabilidad de que se llegara a nuevos supuestos
del denostado fenómeno de compra de pensiones, y probablemente
circunscrita a quienes disponen de recursos muy bien saneados y con buen
poder adquisitivo. Habría unas afiliaciones o altas a la medida,
atentando una vez más contra el principio de solidaridad financiera, que
constituye el fundamento económico del sistema.
Por tanto, es bastante incoherente esta proposición de ley que en estos
momentos presenta el Grupo Socialista. Como representante del Grupo
Popular quisiera anunciarles que no sé si el grupo proponente se ha dado
cuenta de que el 20 de marzo de 1997, como bien aportaban los portavoces
de Coalición Canaria, del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i
Unió, se instó al Gobierno, a través de una enmienda, a que en el plazo
de un año desde la entrada en vigor de esta ley presentara al Congreso de
los Diputados un estudio técnico y económico sobre el régimen especial de
trabajadores autónomos, que contemple la mejora de las prestaciones y su
aproximación a las del régimen general, así como la posible inclusión en
su campo de aplicación de quienes trabajen al cuidado de su propio hogar
y no estén amparados por otras prestaciones contributivas. Hoy en el
debate parece que los Grupos Catalán, Vasco y Coalición Canaria pretenden
disminuir esta enmienda y presentarla en el Senado en seis meses. El
Grupo Popular estaría dispuesto a aceptarlo porque somos sensibles a esta
cuestión y porque fue una disposición, pero parece que el grupo
proponente cuando ha salido a defender a la tribuna esta proposición, no
se ha dado cuenta de que en el mes de marzo se votó esta disposición
transitoria que afecta al tema.
Termino, señor Presidente, diciendo que esta iniciativa equipara la
relación entre la Seguridad Social y el afiliado a una relación
contractual, como ocurre con el seguro privado, cuestión que, como ya he
dicho anteriormente, ha sido rechazada de forma reiterada por el Tribunal
Constitucional en sucesivas sentencias. Por todo ello el Grupo Popular,
al que represento en este momento, no tomará en consideración la
proposición de ley del Grupo Socialista, pero admitirá a trámite la
enmienda que presentaban los Grupos Catalán, Vasco y Coalición Canaria,
para que se tramite en el Senado en el plazo más breve posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pardo. (La señora García-Hierro Caraballo pide la palabra.)
Señora García-Hierro, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Porque el turno de fijación de
posición del Grupo Parlamentario Popular se ha utilizado para contradecir
y aludir a esta portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
García-Hierro, creo que no hemos... (Protestas.)
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
García-Hierro, ya la he escuchado. Permítame hablar. No está en el uso de
la palabra. (Protestas.)
Señorías, les ruego silencio.
La fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular no ha sido
coincidente con la propuesta de su grupo parlamentario, pero no se ha
salido del turno de fijación de posición y S. S. no tiene la palabra.
(Protestas.)
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor Presidente, la portavoz de este
grupo ha sido aludida antes de empezar a fijar la posición con términos
como extrañeza. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría no tiene
la palabra. (Protestas.--El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, la habitual
utilización, de acuerdo con los precedentes parlamentarios --y cuya
aceptación por parte de S. S. yo invoco-- indica sistemática y
abundantemente que cuando se produce a través de una fijación
de posiciones una clara contradicción con lo expuesto por el titular de
la iniciativa, se permite, al menos, un turno de réplica de tres minutos.
(Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
El señor CALDERA SANCHEZ CAPITAN: Eso se ha aplicado, es una fórmula
habitual, sistemática y permanente. No pido otra cosa que la posibilidad
de invocar este precedente parlamentario para la portavoz de mi grupo,
que ha defendido su iniciativa y ha visto claramente contradichos, de la
A a la Z, todos sus argumentos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
insisto en la explicación que antes he dado a la señora García-Hierro. No
ha sido una fijación de posición que ponga de manifiesto una postura
coincidente con la de su grupo parlamentario, pero no ha existido
contradicción.
Vamos a proceder a la votación. (Rumores.)
La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor Presidente, pido el turno por
alusiones y si no le remito al «Diario de Sesiones». (El señor Cuesta
Martínez, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
García-Hierro, no tiene S. S. el uso de la palabra. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! (El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)
Señor Cuesta, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, era para incitar a la
reflexión a la Presidencia en torno a si no se ha producido un fraude de
ley al consumir (Risas.), como explicación o fijación de posiciones, un
turno en contra. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, no
hay fraude de ley desde el momento en que el Reglamento habilita a la
Presidencia a ordenar los debates. Por tanto, la actuación de
S. S. es redundante con la del señor Caldera, a la cual ya le he
respondido.
Muchas gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Aplausos).
(Varios señores Diputados: ¡Presidente, Presidente!--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista, sobre inclusión voluntaria en la
Seguridad Social a efectos de la pensión de jubilación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 122; en contra, 167; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REFORMA DE LA LEY
ORGANICA DEL TRIBUNAL DEL JURADO (Número de expediente 162/000110)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
Antes de las iniciativas que se van a acumular sobre la OCM del aceite,
vamos a proceder al debate separado de la del Grupo Parlamentario
Popular, sobre reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
Para su presentación y defensa ante el Pleno tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señorías, me cabe el honor de defender, en
nombre del Grupo Popular, una proposición no de ley que plantea la
conveniencia de reformar la ley reguladora del jurado. Me estoy
refiriendo, y no son palabras mías, a una institución nueva, a una
institución de escasa tradición, una institución debatida, ya que existe
una discusión sobre el carácter y composición del jurado, sus
competencias y finalidades, una institución que no tiene tradición en
nuestro país, que no tiene tras de sí una carga de historia, y sabiendo,
además, que es una institución particularmente sensible a los vaivenes de
la opinión pública. Quizá ahí está su grandeza, además de su debilidad.
Todos conocemos que incluso en países de gran tradición, de gran solera,
de gran asentamiento de la institución del jurado, alguna de sus
decisiones han provocado escándalos, conmoción, dudas sobre sus
resultados. No son palabras mías, como les decía, señorías, sino del
señor Latierro, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento Vasco,
donde la semana pasada se debatió una iniciativa sobre esta misma
cuestión.
Lo que mueve al Grupo Popular a plantear esta reforma es su deseo de
consolidar esta institución, poco arraigada, como ya hemos visto, de
escasa tradición y no siempre positiva, necesitada, por tanto, de un
cultivo particular, si queremos que llegue a arraigar y a crecer como
todos deseamos. Conviene recordar el retraso de la puesta en marcha de
esta institución prevista por nuestra Constitución, y sería una
puerilidad atribuir ese retraso a una dinámica de amigos y enemigos del
jurado. Conviene no olvidar que el mismo Partido Socialista, que está en
el poder desde 1982, tarda trece
años --trece-- en regular esta institución. No creemos que dentro del
Gobierno y de ese Grupo Parlamentario Socialista hubiera enemigos del
jurado que hayan estado bloqueándolo durante 13 años. En ese tiempo, no
lo olvidemos, quizá por deformación profesional en mi caso, al Grupo
Socialista y al Gobierno al que apoyaba les dio tiempo de hacer una
reforma universitaria, de proponer una modificación de esa reforma y de
iniciar una segunda modificación de la reforma. Y aún no había empezado
con el jurado. Por tanto, lo que había era una actitud de prudencia, una
actitud de calibrar el riesgo de una operación necesaria, deseable y
delicada. Curiosamente, en la pasada legislatura, quizás por los
protagonistas del evento, se pasa de la prudencia al doctrinarismo
rampante. Como una especie de espumoso que hubiera estado largo tiempo
tapado, de pronto salta el tapón del jurado y nos encontramos ante una
ley maximalista en sus pretensiones, poco meditada, que, como ahora
veremos, llega a desmentir su propia exposición de motivos que invitaba a
la prudencia y a la ponderación.
Llevamos ya un año de experiencia de esta ley. A nuestro grupo no le ha
movido a presentar esta iniciativa un caso determinado, por notorio que
haya llegado a resultar y sea cual sea el grado de alarma social, notable
sin duda, que ha producido, sino otros muchos casos que quizá no han
llegado a la opinión pública, pero que los expertos no han dejado también
de registrar. Por ejemplo, el catedrático y miembro del Tribunal
Constitucional --y valga la anécdota, no precisamente a propuesta del
Grupo Popular en su día, aunque, de todas maneras, su independencia de
criterio está más que probada--, el profesor Gimeno Sendra, recordaba,
entre otros casos ocurridos en este año, el de Mallorca, donde un súbdito
alemán fue absuelto por un presunto delito de soborno a un funcionario de
la Guardia Civil, al que entregó 200.000 pesetas para los niños
necesitados, práctica frecuente, según la defensa, en Alemania. Y eso
sirvió para establecer luego un veredicto. En Barcelona, un atracador que
mató a un taxista a cuchilladas sólo fue condenado a cuatro años, porque,
según el jurado, el responsable de su muerte fue el conductor de la
ambulancia que llegó tarde al lugar de los hechos. Me remito a la
narración del prestigioso jurista. En Madrid, un jurado absuelve a un
joven que mató a su hermano con un cuchillo tras una discusión por unos
pantalones. O sea que no es solamente un caso, por conocido que haya
llegado a resultar, sino una experiencia que invita a la reflexión y al
rigor fuera de planteamientos excesivamente apasionados.
Quiero recordar que el debate al que antes me refería en el Parlamento
vasco, la semana pasada, terminó con la aprobación, por los tres grupos
que apoyan al actual Gobierno vasco, y con el apoyo también del Grupo
Popular, de un texto en el que se reconocía la conveniencia de proceder a
una ponderada revisión del articulado de esta ley, que permita su mejor
utilización para los fines para los que fue aprobada. Curiosamente, de
esta invitación a una ponderada revisión de su articulado hemos pasado,
en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, a un planteamiento
bien distinto. Ponderada revisión no significa dilatada revisión,
ponderar es sopesar, calibrar, pero no dilatar. Y es curioso que el
propio Grupo Socialista, al que no hace mucho, a propósito de otra
cuestión que, sin duda, tiene un gran eco social pero no tanto como ésta,
le parecía que tres meses era una fórmula dilatoria para estudiar una
cuestión, ahora nos proponga cuatro años o quizás cuatro años y un día
para que podamos revisar el resultado actual de la ley del jurado.
Demasiados quizás para lo que el ciudadano espera. La verdad es que, en
nombre de mi grupo, no acabo de adivinar qué pensarían los ciudadanos si
hoy de aquí saliera la noticia de que esta Cámara, haciéndose eco de la
preocupación que los ciudadanos viven sobre esta institución, ha decidido
que en esta legislatura no se modifique la ley del jurado. No sé si sus
expectativas les moverían a un aplauso lleno de entusiasmo, me temo que
no. La propia ley era consciente de su dimensión experimental. En su
exposición de motivos decía lo siguiente: una elemental prudencia
aconseja la graduación en el proceso de instauración de la institución
--las redundancias son del texto--, tanto a la hora de seleccionar el
número de asuntos, como la naturaleza de éstos. Razones para su adecuada
implantación aconsejan que todos los que han de intervenir en este tipo
de procesos se familiaricen con sus peculiaridades, tan distintas a la
actual manera de celebrarse los juicios.
Esta misma declaración de la exposición de motivos resulta palmariamente
desmentida por su propio texto a la hora de diseñar un recurso de
apelación que, como todos los especialistas coincidentemente han
señalado, no es tal, sino que es una especie de casación sui generis que
hacen difícilmente revisable las decisiones de estos jurados, quizás
porque dentro de la explosión espumosa del doctrinalismo rampante de esta
ley, se pensó en aquello que por lo menos en mi tierra dicen de: voz del
pueblo, voz del cielo, y por tanto no se puede tocar lo que haya tocado
el pueblo. La verdad es que no sólo lo ha tocado el pueblo, lo ha tocado
el magistrado, lo ha tocado el fiscal, que luego disienten públicamente
dando un espectáculo, por cierto, quizás manifiestamente mejorable, y lo
preveía la propia ley que decía que se tiene que familiarizar con sus
peculiaridades, sin duda pensando en los propios profesionales del
Derecho, que están acostumbrados a una ley de enjuiciamiento criminal muy
distinta. No olvidemos que el señor Belloch, todavía espumante, en la
primera comparecencia de la Ministra en esta Cámara insistió mucho,
curiosamente (dando a esta ley un efecto expansivo sin precedentes), en
que la futura ley de enjuiciamiento criminal, a la que la Ministra se
había referido
poniéndola en un segundo plano de las prioridades legislativas de este
Gobierno, por supuesto tendría que reproducir el sistema de
enjuiciamiento que había adelantado la ley del jurado, ¡faltaba más!; no
podría desviarse de ella. Curiosamente, reconociendo una dimensión
experimental en estos primeros pasos, se cercena, sin embargo, la
posibilidad de revisión, que es una de las cosas que nuestro grupo trae
hoy aquí: que se puedan modificar los recursos previstos.
Por otra parte, hace dos días, el Presidente del Tribunal Supremo, voz
autorizada, decía: El recurso de apelación (de esta ley) está configurado
en términos demasiado estrechos; limita los motivos para interponerlo,
cuando debería abrir el paso a la invocación de cualquier infracción.
Creo que en una reforma futura de la ley del jurado se podría ampliar el
contenido del recurso de apelación. Valga la cita de autoridad, si se le
reconoce, como es el caso, a quien así habla.
Por otro lado, sin duda es necesario revisar el papel que se atribuye a
los ciudadanos jurados en la ley actual. La exposición de motivos (vuelvo
a ella porque es la que en teoría explica lo que la ley pretende)
recuerda algo que con frecuencia se ha olvidado; se ha dicho con
frecuencia que nuestra tradición es la del jurado puro, y no es cierto.
La misma exposición de motivos dice que los autores de nuestra vieja ley
del jurado patrocinaron para el ciudadano jurado una intervención
limitada a la proclamación del hecho probado. Y el profesor Fairén, que
ayer mismo nos ofreció una conferencia en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, ha documentado precedentes históricos que
se remontan al Fuero de Escalona, del siglo XII, al Tribunal del
Justiciazgo de Aragón, a los lugartenientes juristas, previstos también
en torno a ese tribunal, decretos de las Cortes de Cádiz de 1812, donde
se hablaba de los asociados al alcalde, con una función que él entiende
similar al escabinado, tribunales de comercio del Código de 1829, ley de
imprenta, de junio de 1864, etcétera. Por tanto, no es cierto que nuestra
tradición sea de jurado puro. Sin embargo, la exposición de motivos acaba
reconociendo que en la ley el jurado no se limita a decidir si el hecho
está o no probado, sino que valora aspectos como son los componentes
normativos que dan lugar a la exención o no de la responsabilidad penal.
Preguntado no hace muchos días otro ilustre jurista de reconocido
prestigio (de reconocido prestigio especialmente en los bancos
socialistas, ya que en su día fue propuesto para el Tribunal de Cuentas,
antes de ocupar la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo), me refiero al señor Sala --que, por otra parte,
sigue actuando como jurista con gran finura y profundidad en sentencias y
votos particulares--, sobre qué opinaba, si prefería ser juzgado por un
órgano judicial profesional o por un jurado, dijo algo que me limito a
reproducir: Si fuera inocente, por un tribunal profesional; si fuera
culpable, por un jurado. Ahí queda la sugerencia y el que quiera entender
que entienda.
Resulta temerario, sin duda, que atribuyamos a ciudadanos que no tienen
conocimientos jurídicos valoraciones de alcance jurídico de las que
depende la libertad de las personas y de las que dependen la defensa y
garantía de los bienes jurídicos que el Código Penal protege. Y resulta
doblemente temerario, porque no solamente hace más problemática la
función de hacer justicia, en la que el pueblo participa --porque se
trata de que el pueblo participe en la función de hacer justicia, no en
un tipo de sarao; no, en la función de hacer justicia--, sino que,
además, está generando en los ciudadanos una actitud de prevención, de
despego, en algunos casos incluso de rechazo cuando son llamados a ser
jurados, porque se ven introducidos en una serie de problemas que a ellos
les generan casi pánico. No es así como se arraiga una institución tan
falta de tradición. Resulta un tanto paradójico que diseñemos el jurado
de tal manera que, en vez de conseguir, efectivamente, la participación
de los ciudadanos en la justicia, lo que hagamos sea espantarlos ante la
posibilidad de tener que hacer justicia en tan curiosas condiciones.
Por último, estimamos que deberían también revisarse los delitos
incluidos en el ámbito competencial de los tribunales de jurado. Respecto
a esto, una vez más (porque estoy haciendo honor a la ley continuamente,
por lo menos a su exposición de motivos, que es lo más valioso de ella,
sin duda ninguna), en esa exposición de motivos se nos dice: se han
seleccionado aquellos delitos en los que la acción típica carece de
excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes
son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no
profesionalizados en la función judicial.
Después de lo que hemos oído y leído, ¿realmente se puede afirmar que los
delitos de los que se ha encargado --como es lógico, en todo el
territorio nacional, ¡faltaría más!-- a los jurados cumplen estas
condiciones? La propia exposición de motivos sugería: el legislador en el
futuro valorará, sin duda, a la vista de la experiencia y de la
consolidación social de la institución, la ampliación progresiva de los
delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le ruego vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Sin duda, dado quien era el autor, sólo se
contemplaba la posibilidad de ampliación, pero ¿no justificaría también
la experiencia y la consolidación social de la institución que, en algún
caso, se redujera el ámbito de las competencias, o esto es absolutamente
intocable? No parece que esa sea una actitud serena y prudente.
En fin, señor Presidente, atendiendo muy gustosamente a su ruego,
terminaría diciendo simplemente
que, sin duda, hemos tardado demasiado en que se ponga en marcha la
institución del jurado. Sería una tremenda torpeza que consiguiéramos
batir records a la hora de conseguir su desprestigio.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
A la proposición no de ley del Grupo Popular se han presentado dos
enmiendas, una por el Grupo Socialista y otra por el Grupo de
Convergència y Unió.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Ministro de
Justicia nos transmite una terrible realidad social. Así, en la Audiencia
de Vizcaya los resultados de la actuación del jurado, en lo político y en
lo social, han sido los siguientes: once causas políticas, sedición y
rebelión, de que conoció el jurado, terminaron todas con veredictos de
inculpabilidad; cinco juicios político-sociales, de homicidio y
asesinato, sometidos al jurado, también concluyeron con igual veredicto
de absolución.
Además de esta alarma del Ministro de Justicia, surgen también las
explicaciones del Presidente de la Comisión de Justicia, que nos dice: Al
lado de aciertos indiscutibles que se pueden señalar a través de la
historia, rumbo arriba, nos encontramos en la actualidad, rumbo abajo,
una serie de hechos que conocemos todos, en los que el tribunal del
jurado ha absuelto, contra toda prueba, simplemente porque el azar hizo
que fueran compatriotas espirituales suyos los que se sentaban en el
banquillo. Yo no quiero, señorías, que la democracia que el jurado
significa venga a ser el amparo, el escudo para los que van contra la
misma democracia.
El Ministro de Justicia, ni que decir tiene, era don Alvaro de Albornoz,
y el Presidente de la Comisión de Justicia don Luis Jiménez de Asúa, y
así se pronunciaban en el debate, cuyos ecos todavía resuenan en esta
Cámara, acaecido en 1933 con motivo del proyecto de ley que excluía de la
competencia del jurado determinados delitos.
Pues bien, señor Presidente, señorías, yo quisiera formular la siguiente
pregunta a esta Cámara. ¿Estamos hoy ante el mismo problema en estos
momentos y en nuestro país? Desde nuestro punto de vista, no estamos ante
el mismo problema ni ante la misma situación.
La ley de 1995 recoge, entre otras muchas aportaciones, por supuesto, los
sabios consejos de la experiencia histórica de 1933, de tal suerte que
quedan excluidos de la competencia del jurado delitos cuyo enjuiciamiento
venga atribuido a la Audiencia Nacional. Delitos como los de terrorismo,
atentados, delitos contra la Corona, contra las instituciones del Estado,
rebelión, narcotráfico, etcétera, están excluidos del conocimiento del
jurado. El jurado hoy es competente para el enjuiciamiento de doce tipos
delictivos muy concretos y muy acotados.
Las memorias anuales de los fiscales del Tribunal Supremo recogían
también un análisis crítico del funcionamiento de la institución del
jurado y, en este sentido, la producción a final del siglo XIX es
claramente elocuente. Entre las críticas que se formulan a la institución
del jurado a finales del siglo XIX, destacan, por ejemplo, el
semianalfabetismo del jurado, el caciquismo en los procesos de selección
o el localismo. Incluso, permítanme la anécdota, algunas provincias, se
dice en las memorias, se caracterizaban por su gran lenidad en los
veredictos. Murcia era una de ellas, hasta el punto de que se divulgó
esta frase: Mata al Rey y ven a Murcia. Señor Presidente, señorías,
¿estamos hoy ante el mismo problema, ante la misma sociedad de finales
del siglo XIX? (Varios señores Diputados: ¡No!) Radicalmente, no.
De la motivación y de la casuística que en la tarde de hoy nos relataba
el portavoz del Grupo Popular, se destila una similar actitud de
anécdotas de casino que esconden una concepción elitista de la justicia,
algunas de las cuales aparecen recogidas también en anécdotas de algunas
publicaciones de eminentes procesalistas, como aquella obra de Alcalá
Zamora y Castillo, cuando, en un folleto titulado «Más sobre el jurado»,
nos relata aquella anécdota de Saldaña que cuenta cómo, al recriminar el
Presidente al jurado, en la provincia de León, ante el increíble
veredicto absolutorio, éste le respondería: ¡Pero si le hemos condenado!
Esta última anécdota, perdonen, señoras y señores diputados, me recuerda,
de alguna forma, lo que hoy he leído en un monumento al antijuradismo, al
antijurado, por parte de un medio de comunicación, que no sé si fabula o
está excitando la intervención del Ministerio Fiscal, porque parece que
hay un delito, cual es el de la violación, si lo que se dice no es una
fabulación, de las deliberaciones internas de un jurado, que está
radicalmente prohibido por la propia Ley del Tribunal del Jurado.
Sin embargo, señoras y señores diputados, debemos olvidarnos del
periódico antijuradista y del chascarrillo elitista en esta materia del
jurado, porque es un hecho, y está comprobado desde el punto de vista
jurídico, que el Código Penal sanciona a los jurados que incumplan la
obligación de guardar secreto (disposición adicional segunda, apartado 2,
de la Ley del Tribunal del Jurado). Es un hecho, y está recogido también
en la ley, que el jurado que se considere inquietado o perturbado en su
independencia, puede dirigirse al magistrado Presidente, según el
artículo 3, punto 4, de la Ley del Tribunal del Jurado, o el artículo 14
de la Ley Orgánica General del Poder Judicial, que también recuerda las
competencias del Ministerio Fiscal.
Es cierto: ha habido algún veredicto que ha generado alguna alarma
social; es cierto, en efecto, que existen
algunas resoluciones que crean un grado de ansiedad y de preocupación
ciudadana. Pero, yo preguntaría a la Cámara: ¿No hay sentencias de jueces
técnicos que escandalizan a las ciudadanas y ciudadanos de este país?
(Varios señores Diputados: ¡Sí, sí!) ¿No es de escándalo, por ejemplo,
llegar a sostener en una sentencia que no hay violación porque la víctima
de la violación, es decir, la violada, llevaba minifalda? (Varios señores
Diputados: ¡Sí! ¡Sí!) ¿No es un escándalo que en una sentencia
pronunciada por un juez técnico se diga que arrojar objetos contra la
policía no es desorden o que el testimonio policial del ertzaina no es de
fiar? (Varios señores Diputados: ¡Sí! ¡Sí!) Y ¿qué hacemos? ¿Suprimimos
la Justicia? (Varios señores Diputados: ¡Sí! ¡Sí!) La ley del jurado de
1995 tiene, señor Presidente, señorías, mecanismos para evitar
barbaridades. El papel del magistrado Presidente es clave. como también
es fundamental el papel del Ministerio Fiscal. Hay una serie de filtros,
de vistas previas, de comparecencias, de presidencia de un proceso de
selección y de designación del jurado, de posibilidades de resolución
sobre las causas de excusa, o la propia redacción escrita que fija el
objeto del veredicto, o la posibilidad de devolver el veredicto si se
aprecian irregularidades, por ejemplo, del tenor que un medio de
comunicación hoy --no sé si fabula o reproduce una realidad-- reproduce y
del que nos informa a través de sus páginas.
Pues bien, he ahí mecanismos que tenían que haber sido usados por el
magistrado Presidente. Tenía que haber habido un cumplimiento por parte
de los jueces técnicos que intervienen en el proceso y no trasladar toda
la responsabilidad en la valoración crítica de algunos veredictos sobre
el jurado. Por tanto, cuando analicemos una causa, analicemos todas las
circunstancias que intervienen en esa causa criminal. Antes de demonizar
al ciudadano miembro de un jurado, ¿por qué no analizamos el papel del
juez de Instrucción, del magistrado Presidente o del Ministerio Fiscal?
¿No tienen responsabilidad en el caso que tanto nos escandaliza? ¿Cuál ha
sido su funcionamiento en otros casos a lo largo de la gran y dilatada
experiencia que la ley del jurado tiene en nuestro país, experiencia de
un año?
Señor Presidente, señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista la
proposición no de ley que hoy nos ocupa y que sostiene el Partido Popular
supone...
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTINEZ: ...supone un retroceso democrático. También
supone una precipitación, demuestra una desconfianza en los ciudadanos,
frustra el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos que
se desprende del artículo 23 de nuestra Constitución, restringe, en la
práctica elimina, la posibilidad de los ciudadanos de participar en la
Administración de justicia a través del jurado, porque de sus
planteamientos (desde el momento en que se hurta, por ejemplo, la
posibilidad de dictar, de emitir un veredicto al jurado, de pronunciarse
sobre la culpabilidad o inocencia del sujeto encausado) se está
restringiendo la competencia sin precedentes en ningún modelo de nuestro
entorno; ni en los modelos del jurado escabinado ni en los modelos del
jurado puro existe un modelo donde se residencien tan pocas competencias
y posibilidades, donde se reduzca al jurado al papel de mero perito o de
mero testigo, como el modelo que sostiene en la tarde de hoy, en claro
retroceso democrático, el Partido Popular. Implica una concepción
elitista y encarna una visión corporativa, señor Ollero. (El señor
Vicepresidente Marcet i Morera ocupa la Presidencia.) El juez como sumo
sacerdote. Esa es la única lógica de la concepción de la justicia de los
conservadores españoles.
¿Qué hacer ante la situación que nos preocupa a todos; ante esta
proposición no de ley? En primer lugar, nos parece absurda la enmienda
que sostiene hoy Convergència i Unió, una enmienda que exclusivamente
dice que recabe el Gobierno del Fiscal General y del Consejo información
y valore el Gobierno, a la vista de los informes, la oportunidad de
reformar. ¡Esto no es decir nada! Pero, en todo caso, esto omite una
realidad fundamental, y es: ¿dónde esta el Parlamento? ¿Dónde está el
Parlamento, señores de Convergència i Unió? ¡Fiscal General! ¡Consejo
General del Poder Judicial! ¡Gobierno! ¿El Parlamento no tiene ningún
papel en la reflexión sobre el funcionamiento del jurado? ¡Que el
Gobierno valore! Para eso no hace falta una resolución en esta Cámara.
No debemos elevar un caso, señoras y señores diputados, a la categoría
absoluta. Es preciso tener una mayor perspectiva de reflexión, una mayor
reflexión fundada y asentada en una práctica dilatada. Necesitamos fundar
precisamente cualquier evaluación crítica en el análisis de una
experiencia y de esa evaluación crítica deducir las consecuencias
normativas. Pero, al cabo de un año, hay frivolidad y precipitación. Y no
lo digo yo ni lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. Hoy ha sido
aludido y citado el Presidente del Tribunal Supremo. Pues bien, al
Presidente del Tribunal Supremo se le interroga este fin de semana en
torno a si es preciso reformar la ley del jurado y habla, en efecto, de
una reflexión y nos dice: De ningún modo puede considerarse como un
elemento extraño de nuestro ordenamiento jurídico el jurado. Debemos
partir de que el jurado integra el Poder Judicial. Yo creo que producirá
a la larga buenos resultados. No sólo los jurados se equivocan, también
se equivocan los jueces. En cuanto a una reforma, un período de
reflexión, ¿por cuánto tiempo? Responde el Presidente: Como mínimo, unos
cuatro años.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Le ruego concluya, señor
Cuesta, por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Palabras del Presidente del Tribunal Supremo
que valoran en posteriores entrevistas, con carácter positivo, la
experiencia del funcionamiento de la institución del jurado.
¿Qué proponemos hoy los socialistas en esta Cámara? Proponemos una
enmienda a esa disparatada proposición no de ley que parta de un
análisis, de una memoria que el Gobierno remita a esta Cámara sobre el
análisis del funcionamiento de la institución del jurado. Que tenga en
cuenta, por supuesto, la experiencia de todos los sectores de la justicia
que intervienen; que tenga en cuenta los criterios de la Fiscalía General
del Estado; que tenga en cuenta los criterios del Consejo General del
Poder Judicial y que se remita esa memoria con carácter anual,
coincidiendo con la apertura solemne de tribunales de justicia, a la
Comisión de Justicia e Interior, al Parlamento, para que reflexione sobre
la necesidad o no de hacer una reforma de una ley que ha supuesto en
nuestro país un avance y que hoy, desde la demagogia y la precipitación,
y desde una concepción elitista y conservadora, se intenta eliminar con
subterfugios...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Cuesta, concluya, por
favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, concluyo y lo hago
como no podía ser de otra manera. A la vista de la experiencia, a la
vista de los datos fácticos que conocemos, a la vista de algunas de las
causas que hemos analizado que han servido también de escándalo y de
alarma, no podemos llegar a otra conclusión que a aquella que nos lleva a
emitir el siguiente veredicto: Nuestro veredicto es que el jurado hoy y
ahora en nuestro país es inocente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Cuesta.
Para presentar la enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo cierto es que, escuchando con suma atención las intervenciones de los
dos magníficos y brillantes oradores que me han precedido, no podía dejar
de pensar que esta controversia me sonaba a algo. No es la primera vez
que advierto que, en materia de legislación de justicia, en materia de
legislación importante, parece que estamos en presencia --como he dicho
en alguna otra ocasión-- de un castillo contra el que se lanza un ariete
dirigido con cierta potencia y precisión y que, por otra parte, en las
almenas de ese castillo nos encontramos a otras personas echando pez
hirviendo, como si de las cruzadas se tratase. Pero mi grupo intenta
examinar estos problemas con un poco más de ponderación, con un poco más
de prudencia. Ya hemos dicho en otra ocasión que estas obras
legislativas, por su carácter innovador, en algún caso, o por su propia
magnitud, como en el caso del Código Penal, requieren dos cosas: un
período de rodaje, de garantía y una buena dosis de generosidad por parte
de las fuerzas políticas fundamentales para apreciar, de un lado, la
posibilidad o incluso la necesidad de una reforma y, de otro lado, que no
han de ser ellos los únicos protagonistas de la misma.
Desde luego, si las Cortes Generales, si este Congreso no hubiese
examinado, no hubiese reflexionado sobre la institución del jurado
después de algunos de los graves acontecimientos que se han producido, la
ciudadanía podría decir muy justamente que aquello que les importa a
ellos no nos importa a nosotros. Por tanto, cierto es que es bueno hablar
y que es bueno hablar de este tema, pero también es bueno hacerlo con
prudencia, con ponderación, dando un cierto tiempo al tiempo, pero
también, señor Cuesta, sin aplicar la ley del embudo, porque de la misma
manera que mi grupo parlamentario, cuando prestaba apoyo al suyo,
respetaba la iniciativa legislativa del Gobierno, tampoco tiene por qué
entender que en aquellos momentos había que respetar la iniciativa
legislativa de su Gobierno y, en este caso, tengamos que traer al
Parlamento, no ya la tramitación de la ley, que, evidentemente, aquí
tendremos que resolver, tendremos que tomar en consideración y tendremos
que formular las enmiendas oportunas, sino, de alguna manera, poner
obstáculos a esa misma iniciativa. Yo creo que aquí también procede
aplicar ese principio de reciprocidad. El Parlamento, las Cortes
Generales, en una hipotética reforma de la ley del jurado, podrán hacer
lo mismo que hicieron cuando su Gobierno presentó la iniciativa
legislativa: formular las enmiendas oportunas y acabar aprobando o
rechazando un proyecto. Este es el sentido de la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Catalán; entendemos que no puede efectuarse ningún
tipo de reforma al margen de las observaciones, del informe, de la
memoria que deba y pueda efectuar la Fiscalía General del Estado y el
Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo, entendemos que esta
memoria debe efectuarse sobre la experiencia que se ha producido en este
tiempo, que ha sido corto, de vigencia de la ley del jurado --hay que
recordar que entró en vigor hacia noviembre de 1995; por tanto, hace poco
más de un año--, pero, y lo decimos así, tampoco queremos hurtar al
Gobierno la posibilidad de ejercer esa iniciativa legislativa, porque
después nos corresponderá a los grupos parlamentarios decir lo que nos
parezca.
Por consiguiente, no podemos por menos que manifestar que en un debate de
estas características --da la impresión de que es jurado sí o jurado no--
mi grupo parlamentario se siente ciertamente incómodo, porque
no es de eso de lo que veníamos a hablar en el día de hoy; hoy, de alguna
manera, veníamos a trasladar a la opinión pública, a trasladar a los
ciudadanos, que compartimos su preocupación y que, una vez examinada la
experiencia práctica de estas disposiciones, estaremos en condiciones de
adoptar las medidas oportunas. No se nos escapan los posibles errores de
un jurado. Sin ir más lejos, diré que la editorial Cívitas ha publicado
recientemente un libro muy bonito que se llama «Crucifixión y justicia
democrática», y uno se puede imaginar la escena delante del pretorio y
ver quién acertaba allí, si Pilatos, que podía representar la justicia
aristocrática, o los ciudadanos de Jerusalén, que podían representar la
justicia democrática, y, desde luego, prevaleció la justicia democrática,
y yo no voy a decir otra cosa. Son problemas antiguos y ahora no vamos a
cambiar este tema, pero, en cualquier caso, prudencia; recojamos la
experiencia y las consideraciones que se puedan efectuar por la Fiscalía
General del Estado y por el Consejo General del Poder Judicial, estando
abiertos, en su caso, a la reforma que deba adoptarse y, desde luego,
rogamos --lo vuelvo a reiterar-- a los dos grupos mayoritarios de la
Cámara que no convirtamos estos problemas tan serios en una trinchera
política, en un castillo a asaltar o a defender, que no es lo que nos
piden los ciudadanos y tampoco será lo que nos agradezcan.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Silva.
¿Grupos distintos de los enmendantes que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros estamos en contra de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. El proponente ha señalado que esta
proposición no de ley se presenta como consecuencia de múltiples
experiencias relativas al jurado; sin embargo, la misma cuestión se
contradice en el propio articulado de la proposición cuando habla de la
corta experiencia de aplicación de la ley. Creemos que, muy por el
contrario, esta proposición no de ley se presenta como consecuencia
--desgraciada consecuencia-- de un hecho coyuntural y que no es bueno
legislar a golpe de coyuntura, a golpe de suceso, aun cuando este sea
realmente injusto y dé lugar a situaciones que generen no solamente una
conmoción sino una profunda injusticia y además una inquietud
generalizada, que, por cierto, esperamos sea subsanada.
Ha hecho referencia el proponente a un debate cercano en el tiempo en
otro foro parlamentario, el Parlamento vasco. Yo quiero señalar
claramente qué es lo que allí se votó. Lo que allí se aprobó por parte
del Parlamento vasco fue una declaración por la que se compartía la
inquietud generalizada de la sociedad vasca en relación a un veredicto
concreto. Se acordó la conveniencia de proceder a una valoración de los
efectos de la aplicación de la Ley del jurado y a una ponderada revisión
de su articulado que permitiera su mejor utilización para los fines para
los que fue aprobada. Se olvidaba una parte, señor proponente, una
valoración de los efectos. A nuestro juicio es necesario hacer esto para
proceder a una revisión ponderada o, como mejor decía el proponente, a
una revisión sopesada, pensada, reflexionada, y creemos que hoy por hoy
no tenemos los elementos de juicio para proceder a esa reforma. Es
necesaria una memoria del Fiscal General del Estado y una serie de datos
concretos; a lo mejor no en cuatro años, probablemente haya que hacerlo
antes, pero primero hay que tener esa valoración. Por eso votaremos en
contra de esta proposición no de ley. Todo es mejorable, efectivamente.
Todo es subsanable y revisable, efectivamente. ¿La Ley del jurado? A lo
mejor también, pero antes tenemos que valorar cómo hay que hacer esa
revisión. No quitamos ninguna iniciativa legislativa al Gobierno, que la
tiene siempre, pero creemos que en estos casos el jurado puede cometer
errores, lo mismo que los jueces. Simplemente queremos hacerlo de manera
clara, valorándolo, revisándolo y, sobre todo, con la reflexión que
requiere el trabajo legislativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Rodríguez, del Grupo Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Está claro que este debate se da en un contexto especialmente conflictivo
y llamativo y diríamos también que acompañado de un cierto bombo
propagandístico de carácter intimidatorio, y la disposición del Bloque
Nacionalista Galego es la de no dejarse llevar por esta intimidación.
Como Bloque Nacionalista Galego pensamos que una norma general de tanta
importancia, fundamentada en el artículo 125 de la Constitución española,
no tiene aún suficiente experiencia detrás como para que se hagan
propuestas para cambiarla y menos aún a través de un procedimiento que
habría que calificar de urgencia. Consideramos que aprobar hoy esta
proposición no de ley sería dar un cheque en blanco, un aval de la Cámara
a un Gobierno que tendremos que juzgar, en todo caso, por sus intenciones
al respecto y, juzgando por las intenciones al respecto a través de la
doctrina procesalista y penal de los corporativos que sustentan las
opiniones del Ministerio de Justicia actual,
tendríamos que concluir que, una de dos, o se intenta reducir los
supuestos delitos que iban a ser opinados, juzgados y valorados por el
jurado a unos delitos puramente pasionales del tipo de los que aparecen
en Quién sabe dónde, lo cual no dejaría de ser triste para un jurado
popular, o bien se intenta llevar la justicia a ámbitos de carácter
extraterritorial que la alejarían aún más de los ciudadanos, cuando todos
sabemos que hay una Audiencia Nacional que tiene esta función.
Por otra parte, debemos considerar, señorías, que la participación de los
ciudadanos en esta democracia que tenemos está circunscrita realmente, si
no son los procesos electorales, a la iniciativa legislativa popular, ya
muy restringida, excluidos muchísimos aspectos, o bien a esta
participación en los jurados, que pensamos que es algo muy importante, y
sería grave que las conclusiones de estos jurados pudiesen ser revisadas
por los jueces de forma directa. Por lo tanto, señorías, pensamos que el
principio de juez natural, es decir, todo lo que conduzca a no tener en
cuenta la proximidad al lugar de los hechos y al conocimiento de la
sociedad es negativo. En este sentido, realmente, cualquier iniciativa
para reducir el ámbito competencial del jurado, tal como está concebido
hoy, sería atentar contra la escasa democracia participativa que tenemos.
El jurado no puede quedar en agua de borrajas y pensamos que la intención
del Gobierno es descafeinarlo y es nuestra responsabilidad tratar de
impedirlo.
Para terminar, señorías, yo creo que a todos los que hemos pasado por
sentencias de profesionales, de jueces y fiscales, como lo hizo gran
parte de la sociedad que pasó por sentencias profundamente injustas, no
se nos ocurre juzgarlas en función de la radiografía personal, sea
social, política, ideológica, psicológica o policial, de los miembros de
los tribunales de justicia, sean magistrados o fiscales. En consecuencia,
la intención del Grupo Popular, lejos de ser oportuna, es oportunista y,
desde nuestra modesta manera de ver los hechos en este contexto,
malintencionada y vamos a votarla negativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria da por
bienvenido y oportuno este debate que surge con la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, pero lo quiere situar en un contexto cronológico y
legal, los hechos luctuosos que dan origen a una presión social por el
dictamen y el pronunciamiento del jurado en el País Vasco sobre la causa
del asesinato de dos policías autónomos vascos. Ahí arranca prácticamente
el motivo de la oportunidad política de poner en tela de juicio la Ley
del jurado, ley que el próximo mes de mayo va a cumplir dos años desde su
aprobación en esta Cámara.
Al Grupo de Coalición Canaria le preocupa la propuesta que trae el Grupo
Popular. Participando de la oportunidad de tomar alguna medida, no
coincide en, al menos, dos de los planteamientos que trae la misma,
porque la propuesta abarca tres conceptos. En primer lugar, se trata de
modificar el ámbito de competencia. La Ley 5/1995 señaló siete rúbricas
sobre las cuales tenía competencia el jurado, comenzando por la que
atenta contra la vida humana. Si nosotros modificamos esas competencias,
¿dónde situamos esa materia, en la Audiencia Provincial, pura y
simplemente, sin recurso al jurado, o, con las motivaciones que tuvo este
caso en el País Vasco, lo llevamos a la Audiencia Nacional? Nosotros
somos contrarios a llevar esta casuística a la Audiencia Nacional.
Deseamos mantenerla en el escenario que señaló y dibujó perfectamente la
Ley 5/1995, es decir, la Audiencia Provincial y, en caso de los recursos
y apelaciones, el Tribunal Superior de Justicia de la respectiva
comunidad autónoma, porque es el ámbito sociológico y censal de donde se
extrae ese jurado. Con la Ley 5/1995 esos jurados tienen una
territorialidad marcada, armónica con la propia Audiencia Provincial que
juzga y armonizada también con el Tribunal Superior de Justicia de la
comunidad autónoma.
El segundo punto es el contenido de su pronunciamiento o veredicto que,
según la exposición o fundamentos de la propuesta, trata de dejar al
jurado solamente la proclamación del hecho probado. Si dejamos al jurado
solamente la proclamación del hecho probado, estamos haciendo una especie
de jurado de peritos o de forenses, porque se limitan a decir: este hecho
está probado y ahora que el juez resuelva. Se sustrae al jurado la parte
más noble que tiene de compromiso político, de compromiso constitucional
con el ciudadano de a pie, con el pueblo, es decir, pronunciarse sobre la
inocencia o culpabilidad del encartado en el acto judicial, o sea, la
exención o no de la responsabilidad penal. Este es el acto más
comprometido del jurado. Si esto no existe, no tengamos jurado; para que
esto no exista, sobra entonces el jurado, en todas sus consecuencias,
porque para determinar la proclamación del hecho probado ya hay otras
vías --forense, peritos o jueces puramente técnicos en el proceso
sumarial-- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala.
El tercer punto, sobre el tipo de casación o de recursos que se pudieran
interponer, sí lo podríamos aceptar en cierta medida, pero nosotros,
dentro de la casuística, preferimos siempre el marco del Tribunal
Superior de Justicia.
Lo que yo recomendaría, sobre todo a los jueces, es que se estudien la
exposición de motivos de la Ley 5/1995, porque es ejemplar. En ella está
contenida toda la doctrina en que tiene que entenderse la actuación del
jurado. Casi diría que cuando tuvimos aquellos debates,
dedicamos más líneas taquigráficas y más páginas a la exposición de
motivos de la ley --siete suculentos folios en el ejemplar que yo
manejo--, frente a lo que es toda la literatura de su texto articulado,
en el que tratamos de instrumentalizar los principios que se recogen.
Quiero recordar que en el punto 3 del apartado IV de la exposición de
motivos, relativo al debate, al referirse al éxito o al fracaso de la
institución del jurado, se señala: «Si hubiere de fracasar, quizá fuere
tan imputable a la falta de acierto del juez técnico en la preparación
del juicio..., como al ciudadano no profesional que carezca de la aptitud
necesaria para el desempeño de la función...», pero sobre el que que
tiene que ser preparado.
Pues bien, si nosotros vamos a ver la parte relativa a los recursos de
apelación, nos damos también cuenta de que el preámbulo de toda esta ley
contiene todos los principios doctrinales para el conocimiento de la
apelación. Lo que ocurre es que aquí hay que hacer doctrina y --como bien
ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) al hablar no ya de la fecha de aprobación de la ley sino de su
entrada en vigor--esto tiene que ser ya una asignatura de obligado
conocimiento para todos los jueces técnicos que les toque estar
compartiendo la justicia con un jurado. Si no se entiende lo que esta
Cámara aprobó --porque aquí no aprobamos solamente un articulado y que
hubiera siete rúbricas y ocho disposiciones afectadas por el Código Penal
en el artículo 1 de la Ley 5/1995, sino que votamos la exposición de
motivos, punto por punto y párrafo por párrafo--, toda la doctrina que
emana de la Constitución española y la aplicación que hicimos del Derecho
comparado a nuestro sistema democrático caen por su propio fallo. Es
precisamente el ciudadano al que nosotros estamos representando aquí el
que tiene que reivindicar la permanencia de la institución del jurado,
con todas sus consecuencias, hasta con la de equivocarse, porque su noble
fin, que es determinar si la persona encartada es inocente o culpable, es
lo que justifica democrática y éticamente todo este compromiso. Si en el
propio preámbulo de la Ley del Tribunal del Jurado se hablaba de su
posible modificación o renovación, quiero recordar que también se refirió
a la ampliación, no a la reducción de las siete rúbricas, sino a la
posibilidad de ampliación a otros casos de delitos que la madurez y la
práctica hicieran aconsejable.
Nuestro grupo, reconociendo la idoneidad y la oportunidad de este debate,
se inclina por pedirle al Grupo Parlamentario Popular que considere la
enmienda
--sensata y de sentido común--que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) para que sean el Fiscal General del Estado
y el Consejo General del Poder Judicial los que establezcan los
parámetros estadísticos para ver la casuística que va generando la
aplicación de Ley del jurado, porque junto a hechos reprobables, hechos
que nos han desgarrado a veces --es muy difícil que la Ley del jurado
pase otra prueba de fuego como la que ha habido en la aplicación de esa
sentencia del asesinato de los dos policías autónomos vascos con el
pronunciamiento que el jurado hizo allí--, cuidado --porque a veces se ha
ocultado--, el jurado votó y hubo cinco a cuatro a favor de la
exoneración del inculpado. Esto significa, señorías, que tenemos que
conocer toda la casuística de la aplicación del jurado en las siete
rúbricas directas que señala el artículo 1 de la Ley y en las ocho que
afectan al Código Penal.
La enmienda del Grupo Socialista, más detallista, insta al Gobierno a
remitir una memoria sobre el funcionamiento del jurado, a la Comisión de
Justicia e Interior o donde proceda, y la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para pronunciarse con
responsabilidad a la hora de modificar un pieza jurídica tan importante,
cuya doctrina ha de llegar no solamente a los ciudadanos sino también a
los jueces técnicos y al Ministerio Fiscal que actúa en estos casos,
insta al Gobierno a recabar un informe del seguimiento de este tema,
emitido tanto por el Fiscal General del Estado como por el Consejo
General del Poder Judicial. Nosotros decimos que, desde luego, nadie se
olvide del cuerpo político doctrinal, constitucional y democrático que
ennoblece la ley que hizo esta Cámara y que está perfectamente recogido
en su exposición de motivos. Por esto, si se acepta por el Grupo Popular,
nos inclinamos a votar favorablemente esta enmienda que recomendamos
desde el punto de vista --no puedo adornarla con más valores jurídicos--
de, al menos, el sentido común, la prudencia y la responsabilidad
democrática, que me indican que así lo haga en este momento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, quiero señalar por
delante mi postura pro jurado, que es la postura del grupo al que
represento. No ponemos en duda la institución, no existe crítica política
a la existencia del jurado, como se ha querido señalar por algún grupo,
sino sólo señalamiento de defectos técnico-jurídicos.
Apoyaremos la iniciativa que se presentaba por el Grupo Popular, por
entender que permitiría abordar problemas reales ya detectados en la
puesta en práctica de la institución del jurado. Entre ellos, señalaré la
falta de un sistema de garantías que proteja al jurado de presiones
externas, la atribución al jurado de competencias que quizá no le son
propias, como la valoración de las causas de justificación de
inimputabilidad o inculpabilidad; la ausencia de un recurso de apelación
de pleno conocimiento que permita la revisión por error en la apreciación
de la prueba que resulte de documentos, o incluso la revisión de las
valoraciones de pericias; aspectos todos ellos que la iniciativa permite
abordar sin que vaya a dejar de señalar consideraciones plasmadas en su
exposición de motivos que sin embargo no merecen toda mi aprobación, como
cuando se alude a una posible exclusión de los delitos de atentado o
cualesquiera otros contra la autoridad y sus agentes y funcionarios
públicos, lo que entendemos que supondría una ruptura del principio de
generalidad.
Conocido el texto de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y sabiendo que el juego de mayorías
existente en la Cámara hará que sea aceptada, quiero manifestar el
criterio de mi grupo de que supone un notable empeoramiento en relación
con el texto inicialmente propuesto por el Grupo Parlamentario Popular,
ya que si bien es cierto que hay que ser prudente y que las leyes no
pueden estar modificándose cada cuatro días, la referencia que se hace a
la solicitud de informes y datos a la Fiscalía General del Estado o al
Consejo General del Poder Judicial, unido al empleo del potencial que se
hace en cuanto a la posibilidad o no de que se aborde la reforma, nos
lleva a temer una demora a la hora de abordar problemas reales que,
repito, ya han sido detectados, con el considerable perjuicio de quienes
sean juzgados sin que esos errores se hayan corregido. En todo caso, no
nos opondremos a la solicitud de estos informes que podrán resultar un
valioso material de estudio para comprobar la evolución de la institución
e incluso de cara a retoques futuros, pero nos gustaría que existiese un
compromiso de no dilatar excesivamente en el tiempo la emisión de estos
informes y un compromiso también por parte del Gobierno de remitir cuanto
antes el texto que aborde los problemas que ya hemos señalado como
evidenciados.
Esas mismas razones, de entender que ya se han manifestado problemas que
padecerán justiciables hasta tanto no se aborde la reforma, con
independencia de que sea muy interesante hacer un seguimiento minucioso
de la institución, nos llevan a no considerar la enmienda propuesta por
el Grupo Socialista, que dilata de forma innecesaria, a nuestro juicio,
abordar los problemas. Por el señor interviniente en nombre del Grupo
Socialista se aludía a la etapa anterior de nuestra historia en la que
existía jurado. Se olvida que en aquella época había lo que se llamaba el
juicio de revista, posibilidad de que el magistrado presidente del
tribunal del jurado declarase nulo de oficio un veredicto por
absolutamente irracional o infundado.
No me extenderé más en responder a las afirmaciones que se han hecho por
el portavoz del Grupo Socialista. Nadie considera al jurado una
institución extraña a nuestro sistema, existe previsión constitucional y
somos juradistas. Sólo la consideramos una institución nueva y con escasa
tradición, puesta en funcionamiento quizá de forma precipitada y que
necesitará ajustes correctores. Nadie dispara, como se ha dicho, contra
el jurado, nadie duda de su inocencia. Desde el punto de vista de nuestro
grupo lo que se quiere es reforzar su funcionamiento para evitar
encontrarnos con más veredictos sorprendentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Es lógico que a esta altura del debate y habiendo tenido unas
intervenciones tan densas y cargadas de razón y de contenido, poco haya
casi que añadir, pero desde nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya nos gustaría hacer algunas precisiones.
La primera de ellas es que no compartimos esta acuciosidad legislativa
nacida de la inmediatez del fenómeno, en virtud de la cual, si aparece en
Internet nadie sabe qué comportamiento, a alguno se le puede ocurrir --no
digo que se les haya ocurrido a ustedes-- prohibir el Internet, como
aquellos campesinos castellanos que cuando al pasar el tren les quemaba
las cosechas querían arrancar las vías. No creemos que sea esa la
situación, pero conviene no dejarse llevar por el impulso, muy
justificado, de la emoción, que ya ha llevado en esta Casa a que incluso
se haya propuesto inmediatamente, con un Código Penal tan reciente como
el que tenemos, reformar toda la parte referida a los abusos sexuales y a
otros casos.
Compartimos lo que ustedes quieran llamar, el escándalo, la alarma o la
conmoción en este caso en cuanto al funcionamiento de un poder muy
importante del Estado, que es el Poder Judicial, y el jurado es Poder
Judicial, pero también compartimos otras alarmas que a lo mejor resulta
que no suscitan ninguna sensibilidad. ¿A ustedes les parece poca alarma
que para sacar un Diputado en Cuenca hagan falta 20.000 votos y para
sacarlo por Madrid hagan falta 150.000? Pues yo creo que esa sí es una
alarma, que esto es bastante alarmante, y si además se siguen ustedes
dejando llevar por el criterio de la inmediatez, teniendo en cuenta lo
que acaba de ocurrir en Candanchú, podemos llegar a la sabrosa solución,
con una proposición no de ley, de que se nos remita cuanto antes el
correspondiente texto para evitar que en el Ejército haya armas, lo cual
no dejaría de ser un avance que sería lógicamente aplaudido por el Dalai
Lama (Aplausos.) y que nosotros también entenderíamos en nuestra política
de pacificación como sinceramente progresista.
No parece ser que debamos --y se lo digo con todo cariño, señor Ollero--
dejarnos llevar por esa acuciosidad
y lo que sobre todo no podemos hacer es estar repitiendo los debates.
Usted ha hecho un alegato muy interesante, como todos los suyos. Lo que
ocurre es que al final, porque es así, porque la tentación era
inevitable, ha acabado usted reproduciendo un debate sobre jurado sí o
jurado no, y yo creo que este tema es un poco fatigoso y sobre todo poco
respetuoso con la Cámara. Hemos acordado ya que haya una institución que
se llama el jurado. Pues bien, ahí la tenemos y hay que aceptar las
reglas del juego, y el jurado puede, lógicamente, en un momento
determinado producir unos resultados que causen escándalo, alarma o
conmoción. Lo que hay que hacer es procurar ver si nacen de la
institución o nacen del uso, porque había una vieja frase que yo le oía
con frecuencia --y me van a permitir que cite a un líder
demócrata-cristiano, para que vean ustedes que no soy tan sectáreo-- al
profesor Ruiz-Giménez, cuando decía que si la secretaria comete faltas de
ortografía, no parece aconsejable tirar la máquina de escribir por la
ventana. (Risas.) Si en un momento determinado el acierto del fiscal en
tratar de dirigir el conocimiento de ese delito, porque había un entorno
que lo podía hacer por lo menos sostenible, hacia la Audiencia Nacional
no fue así y dejó que se hiera por la competencia de un tribunal de
jurado, y, si no voy a decir la falta de preparación --líbreme el destino
de tratar de descalificar a nadie, pero estamos ensayando una
institución--, pero sí un determinado grado de falta de práctica ha
llevado a que, llegado el momento de la selección de los jurados, no se
hayan tenido en cuenta determinados datos, quizá porque se ha tenido una
actitud un poco burocrática --que pasen cuanto antes--, o incluso, por
qué no y con un respeto absoluto hacia el magistrado presidente en el
caso que nos ocupa --porque el caso está latiendo, todo el mundo dice que
el caso no nos preocupa, que esta es una preocupación mucho más general,
pero el caso está latiendo--, porque a lo mejor el magistrado presidente
no tuvo mucho acierto en la formulación del cuestionario o el
cuestionario fue redactado, como es habitual entre juristas, en un
lenguaje absolutamente inaprehensible --y tampoco estaría de más que
pudiéramos hacer un esfuerzo para que cada vez huyéramos más de esa
defensa, so pretexto del lenguaje técnico, del lenguaje críptico y nos
pusiéramos al alcance de los ciudadanos, ya que, a lo mejor, eso ha
motivado algunas deficiencias--, todo eso no puede poner en cuestión la
institución del jurado, señor Ollero, no la puede poner en cuestión.
En todo caso, si en un momento determinado puede suscitar preocupación
por cómo va funcionando la institución, teniendo en cuenta el poco tiempo
que lleva de experiencia, lo que es evidente es que la proposición no de
ley a hacer sería una proposición no de ley nada agresiva que diría:
Concitemos la voluntad de toda la Cámara para una reflexión en común y a
ver qué sale, pero es que usted no hace eso. Usted ya adelanta
lógicamente sus conclusiones. Usted ya dice claramente que el Gobierno
nos envíe cuanto antes una reforma de la ley orgánica que modifique la
competencia --ya clarísimamente--, el contenido, pronunciamiento o
veredicto y que replantee el régimen de recursos. Sinceramente me parece
que eso a estas alturas de la situación es un poco abusivo. Nosotros
compartimos, repito, como cualquier persona responsable, la preocupación
por el funcionamiento de cualquier institución y creemos que debemos
darnos un plazo de sosiego y de serenidad, entre otras cosas por aquello
que también viene de otro autor que le gustará a usted que le cite,
porque tiene mucho más que ver con su grupo que con el mío, que me parece
que era Ignacio de Loyola, que decía que en tiempo de dificultad no hacer
mudanza.
Le estoy haciendo estas consideraciones no con el objeto de decirle, que
ya lo ha adivinado usted, que vamos a votar en contra, sino con la
ingenua pretensión de que retire usted la proposición no de ley, para que
nos permita serenarnos, permita que las instituciones funcionen, permita
que el Consejo General del Poder Judicial, al que nadie tiene que instar
a nada porque tiene la obligación de enviar cada año una memoria
--y supongo yo que tiene la profesionalidad necesaria-- en la
próxima memoria nos diga qué piensa de esta institución y cómo ha
funcionado; y para que permita también que el Fiscal General del Estado,
en ese libro tan bien editado que nos suele remitir y que se presenta ni
más ni menos que con motivo de la apertura judicial, también nos diga
cómo ha funcionado. Porque tampoco hay que andar aquí excitando a ninguna
institución a que se preocupe de esto, porque tienen tanto sentido de
responsabilidad como nosotros y se están preocupando. Dejemos que llegue
esa memoria del Poder Judicial, que llegue esa memoria del Ministerio
Fiscal, dejemos que en un momento determinado la propia sociedad nos vaya
diciendo qué es lo que hay que hacer y, entonces, sin hacer de esto un
arma arrojadiza --y coincido con el representante de Convergència i
Unió-- vayamos todos pensando sobre la materia, porque creo que nos
interesa a todos el mejor cumplimiento de la Constitución.
Tenía lógicamente previsto edulcorar esta intervención con algunas
determinadas aberraciones producidas por los tribunales, pero me voy a
resistir a hacerlo porque están en el ánimo de todos ustedes, desde
aquella dichosa sentencia tan curiosa que justificaba que un enfermero se
hubiera dejado extralimitar en la exploración de una determinada
paciente, atraído por la belleza de sus senos, y lo justificaba.
Acuérdese usted de que esa sentencia y algunas otras se han producido y
para lo cual no hay más que coger y acudir a la comisión disciplinaria
del Consejo General del Poder Judicial, que tiene un anecdotario que es
digno de publicación y que haría, de verdad, las delicias de cualquier
editorial que se dedicara a cualquier género que estuviera a medias entre
lo humorístico y lo psiquiátrico, pero no voy
a deslizarme por ese terreno. Sí le voy a decir y repetir que lo bueno y
lo sensato sería, en este caso, que el Ministerio de Justicia --y lamento
que no esté la Ministra de Justicia-- se diera cuenta de la importancia
de esta institución. ¿Para qué? Para que efectivamente no se produzca lo
que se ha producido, porque, con toda honestidad y con toda buena fe,
esta Cámara cumpliendo la Constitución ha puesto en marcha una
institución, pero luego escasas noticias tenemos de que haya habido una
preparación de los magistrados a este fin. Desde luego sería bastante
injusto exigirles cuentas cuando no ha habido cursillos suficientes para
que sepan dirigir un juicio de jurado. Escasa preparación ha habido para
los fiscales; no digamos en cuanto a la que pueda haber habido para
alguien que también es importante como colaborador activo, que son los
abogados; y no digamos el grado de falta de divulgación que ha podido
haber en los sectores jurídicos para que todos nos vayamos encariñando
con esta institución.
En mi ingenuidad, señor Ollero, aspiro a convencerle a usted, que es un
antijuradista absolutamente convencido, por mucho que lo disimule...
(Risas.) Si lo sabemos usted y yo, se lo digo aquí en la discreción de la
Cámara, que no se va a enterar nadie. (Risas.) No pasa nada. Yo aspiro
incluso a convencerle a usted para que acabemos todos encariñados,
porque, no le quepa a usted la menor duda (dejando de lado todo intento
de darle cierto tono de humor al tema, porque el tema es muy serio, el
problema es muy grave, es muy sencillo, y aquí se ha dicho) que con el
jurado nos jugamos pura y sencillamente ir pasando poquito a poco --y nos
falta mucho camino que recorrer-- de una democracia delegada a una
democracia representativa, para acabar en una democracia participativa.
Por ahora estamos en una democracia delegada, reticente y cautelosa, que
cada vez que se habla de la participación de los ciudadanos yo no sé qué
ocurre, inmediatamente saca las uñas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castellano.
Señor Ollero, a efectos de establecer la aceptación o no de las enmiendas
presentadas.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, aparte de felicitarme en
nombre de mi grupo por el debate que ha tenido lugar y que ha dado
ocasión a que todos podamos expresar nuestra postura favorable respecto
al jurado, algunos hemos tenido ocasión de escribir sobre eso. Hace 16
años (el señor Castellano pensará que es un desliz de juventud, pero la
verdad es que lo he hecho y con mucho gusto le daré una fotocopia), en el
año 1981 escribí a favor del jurado expresamente en el ámbito académico.
Aparte de eso, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista por
tres razones. En primer lugar, porque dada su exposición aquí no parece
aceptar nuestra propuesta de revisar el ámbito competencial, y quisiera
hacer notar sólo un pequeño detalle. Cuando se debate la Ley del Tribunal
del Jurado, el Código Penal en vigor está contemplando el atentado con
resultado de muerte, que luego desaparece en el Código Penal actual, con
lo cual quizá sólo para respetar la ley, como se pensó, ya habría que
cambiar la propia ley, valga la paradoja.
En segundo lugar, porque seguimos pensando que es una temeridad que los
ciudadanos que no tienen conocimientos jurídicos puedan intervenir, lo
cual deja abierta la puerta, por supuesto, tanto en el proyecto que haga
el Gobierno como en las enmiendas que se hagan en esta Cámara, a que
demos paso a un sistema escabinado, como en los países que nos rodean.
Por tanto, eso no implica rechazo alguno al jurado, sino al jurado puro,
espumoso, que aquí se nos ha planteado.
En tercer lugar, porque no se admite una revisión de los recursos. Es
cierto que hay sentencias que escandalizan --y ya se ha ilustrado aquí--,
pero da la casualidad de que el Poder Judicial aguanta todo eso. Nuestra
duda, y por eso rechazamos la enmienda, es si el jurado va a aguantarlo.
Nosotros pensamos que cuatro años de espera va a ser un destrozo
irreparable para una institución que queremos se consolide, y por eso
vamos a votar en contra de esa enmienda.
La enmienda, por otra parte, es inocente --ella, no el jurado-- e
innovadora, porque curiosamente sabíamos que había iniciativa legislativa
en el Gobierno, sabíamos que había iniciativa legislativa en todos los
grupos de esta Cámara, pero hacer unos informes y una memoria y
depositarlos como un expósito a las puertas de la Comisión de Justicia
para que no se sabe quién se haga con la criatura, es un asunto
innovador.
Respecto a la enmienda del Convergència i Unió, no contradice nada de lo
que nosotros hemos planteado. Por un lado, deja las manos mucho más
libres al Gobierno, lo cual no sé si es bueno o no; no era esa la
intención de nuestro grupo. El Gobierno ya sabe que se le ha pedido desde
el Parlamento Vasco una revisión ponderada, sabe que desde aquí se le
pide que estudie la posibilidad de modificar la ley, sabe cuál es la
postura del grupo más numeroso de esta Cámara, sabe también la de los
demás grupos porque la tiene en el debate. Esos informes podrán ilustrar
su trabajo --y en eso suscribimos la actitud que ha planteado el Grupo
Nacionalista Vasco (PNV)--, siempre que esos informes en ningún caso
tengan dimensión dilatoria. Después de todo lo que se ha ido argumentando
a lo largo de esta tarde, queda claro que lo que ayer fue coyuntural hoy
ya no lo es; por tanto, cuando el proyecto llegue a esta Cámara,
estaremos en otra coyuntura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ollero, entiendo que
acepta la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.
El señor OLLERO TASSARA: Entiende muy bien, señor Presidente. (El señor
Cuesta Martínez pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Cuesta ¿a qué efectos me
pide la palabra?
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, ha habido un pronunciamiento
y una imputación inexacta en relación a la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, porque de las últimas palabras del señor Ollero
no hay contradicción con la enmienda del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ya que no ha sido aceptada por
el señor Ollero, no es necesario que haya mayores precisiones.
El señor CUESTA MARTINEZ: Me gustaría recordarle al señor Ollero unas
palabras del Presidente Aznar, cuando afirmó en esta Cámara (Rumores.)
que las instituciones nuevas como la Ley del Tribunal del Jurado,
necesitan rodaje. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracia, señor Cuesta.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, sobre reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo
proponente de la enmienda formulada y presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 167; en contra, 140; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en los
términos antedichos.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REFORMA DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA (Número de
expediente 162/000104)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE PROCESO DE NEGOCIACION DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA (Número de expediente
162/000053)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA
(Número de expediente 162/000118)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley de los grupos Socialista,
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular, sobre
reforma y proceso de negociación de la reforma de la organización común
de mercado del sector del aceite de oliva.
Se van a tramitar y debatir conjuntamente las tres proposiciones no de
ley, comenzando por la presentación de cada una de ellas por los
representantes de los correspondientes grupos parlamentarios que, a su
vez, aprovecharán el turno para fijar posición sobre las enmiendas y
proposiciones de los demás grupos, interviniendo a continuación de los
grupos Socialista, de Izquierda Unida y Popular, los portavoces de los
restantes grupos de la Cámara que deseen hacerlo.
Para la presentación de la proposición del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Pliego. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio para que pueda comenzar la exposición el
Diputado señor Pliego. (Continúan los rumores.) Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Pliego. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular, con la inestimable ayuda del Grupo
Federal de Izquierda Unida, ha intentado en los últimos días una minoría
de bloqueo no contra la reforma de la OCM del aceite de oliva, sino
contra la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista va
a defender hoy en esta Cámara. Esta posición del Grupo Parlamentario
Popular se fundamenta en una estrategia que está basada en dos elementos:
en primer lugar, buscar un enemigo exterior contra esta reforma, de tal
manera que el Gobierno esté de espectador y haga mirar al resto de la
gente hacia ese enemigo exterior y, según sus apreciaciones, lo han
encontrado en la persona del Comisario Fischler; a partir de ahí,
organizan una santa cruzada en la que lo más destacable son las últimas
manifestaciones de la Ministra de Agricultura, la señora De Palacio,
cuando afirma que su intención es ponerse al frente de las movilizaciones
que se convoquen respecto a la reforma de la OCM. Curiosamente --y creo
que este es un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos--, quien
tiene la responsabilidad formal y política de buscar solución a este
problema lo que hace es ponerse a gritar para pedir que se dé solución al
problema. (Un señor Diputado: Eso es demagogia barata.)
El segundo elemento importante es la unidad. Aquí lo importante es la
unidad, no importa tanto sobre qué; es más, éste es un elemento
secundario, de hecho,
las iniciativas parlamentarias que el Grupo Socialista ha traído a esta
Cámara hablaban de la postura de España, de cuáles son los elementos que
definen esta postura, del plan de trabajo para avanzar en Europa y poder
parar esta reforma; pero esto no se ha considerado, no es la unidad, ése
es un elemento secundario. En ese contexto, quiero afirmar y demostrar
que el Grupo Parlamentario Popular es el que, lamentablemente, ha roto la
unidad en esta Cámara, porque dice una cosa y hace lo contrario. Y esto
que no funciona ni en la oposición, desde luego es lamentable cuando se
está en el Gobierno. Insisto, lo demostraré.
El 17 de octubre, en la Comisión de Agricultura del Congreso de los
Diputados, se vio una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista que fue sometida a votación y, por cierto, votó conjuntamente
Izquierda Unida, después de admitirle enmiendas que claramente mejoraban
la proposición no de ley. Esta proposición no de ley mereció el voto en
contra del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Popular
votó en contra de la ayuda a la producción, que era un punto de la
proposición no de ley; votó en contra de mantener el sistema de
intervención; votó en contra de la prohibición de las mezclas; votó en
contra de las ayudas suplementarias al olivar marginal; votó en contra
del aumento de la cantidad máxima garantizada. (Rumores.--Varios señores
Diputado del Grupo Popular: No, no. Eso es mentira.) Esto está recogido
en el «Diario de Sesiones», y aquí la unidad ya no importaba tanto. Aquí
lo que importaba es que había un problema y se ha resuelto, ese fue el
principio aplicado. ¿En qué consistía el problema? Era un problema
importante para los intereses de España, y consistía en que el Grupo
Parlamentario Popular no podía permitir que en un tema que tenía esta
repercusión social saliese una iniciativa parlamentaria del Congreso a
propuesta del Grupo Socialista. Como no podía permitirlo, la unidad
importaba poco, se votó en contra y a otra cosa. Ahora el tema se les
complica algo porque en esta cuestión de la OCM del aceite de oliva yo
comprendo que ustedes han tenido mala suerte, porque no pueden apelar a
la herencia socialista recibida; aquí ese truco no les vale y, en
consecuencia, el problema que se les plantea es que esta tarde tienen
ustedes que votar, punto a punto, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista. Ahora vamos a ver qué prima, si prima la
estrategia del Grupo Popular para defenderse de esta reforma o van a
votar ustedes en contra del posicionamiento del Grupo Socialista que, en
el 90 por ciento y de manera casual, coincide textualmente incluso en su
redacción con los posicionamientos de la Mesa nacional del aceite, que
ustedes tanto defienden. (Rumores.--Un señor Diputado pronuncia palabras
que no se perciben.) Ustedes no pueden estar en la oposición y en el
Gobierno a la vez; éste es el motivo de que no les agrade. En cualquier
caso, voy a seguir exponiendo datos objetivos y concretos a la
consideración de SS. SS.
El problema se agrava, si es que teníamos alguna duda de qué hacer con
nuestra proposición no de ley, con unas declaraciones que ayer mismo hizo
la señora Ministra de Agricultura en Luxemburgo y que leo textualmente de
una nota de prensa. Están entre comilladas, por tanto aparecen como
declaraciones literales de la señora Ministra, y dicen lo siguiente:
Hemos convenido en pedir que estas ayudas se sustituyan por una ayuda a
la producción de una cantidad máxima garantizada por país --repito, de
una cantidad máxima garantizada por país--, indicó De Palacio en una
rueda de prensa, en Luxemburgo, al final de la primera jornada del
Consejo de Ministros de la Unión Europea de Agricultura. (Un señor
Diputado: ¿Y qué pasa?)
En este contexto, quiero decir que el peor escenario y la peor hipótesis
que podría darse para los intereses de España en la reforma del aceite de
oliva es que hubiera un cupo por país. Si el Gobierno español hubiera
aceptado siquiera como hipótesis de trabajo (y debo anunciar que hemos
pedido una comparencia urgente de la señora Ministra en la Comisión de
Agricultura para que clarifique este tema) la posibilidad de un cupo por
país, eso llevaría a que el 60 por ciento del olivar de este país quedara
fuera del sistema y se primaría a las 300.000 hectáreas de olivar
especulativo y rentista que se han puesto en los últimos años y que,
desde luego, no cumplen en absoluto una función social, laboral o
medioambiental. (Rumores.) No sé si también de esta estrategia forman
parte las declaraciones del señor Director de Trabajo en la provincia de
Jaén la semana pasada, cuando indicaba que lo que dicen los sindicatos en
cuanto a pérdida de millones de jornales por esta reforma de la OCM no
era cierto. Insisto, no sé si forman parte de esa dialéctica de la
ambigüedad que consiste en predicar una cosa aquí y en cada sitio decir
lo contrario, en función de lo que quieran escuchar los oyentes en ese
momento.
Frente a esta situación quiero decirles, señorías, que el Grupo
Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, sobre la reforma de la
OCM del aceite de oliva tienen una postura única y nítida, que responde a
los intereses reales del sector del aceite de oliva, y no nos vamos a
apartar de esa postura. Nuestra postura, en términos políticos, consiste
en que es imprescindible, como han hecho en Europa el resto de países
afectados, definir los contenidos mínimos de la postura española y, a
partir de ahí, conseguir una minoría que bloquee esta reforma, porque
esta reforma se está sustentando en datos falsos. Es imposible que esta
reforma salga adelante de manera positiva para los intereses de España
con los datos que se está trabajando, que perjudican seriamente a los
intereses de España en este sector. (Rumores.)
Voy a poner sobre la mesa los elementos concretos y objetivos que
contiene nuestra proposición no de ley y
veremos el espectáculo de las votaciones, porque va a suceder lo
siguiente: los puntos que contiene son los mismos que Izquierda Unida
votó conjuntamente con nosotros en la Comisión de Agricultura; los mismos
que luego rechazó en la moción que se presentó en esta Cámara por parte
de Izquierda Unida; los mismos que están contenidos en la proposición no
de ley que originalmente esta tarde trae Izquierda Unida y que
posiblemente retire; los mismos que están contenidos en el documento de
consenso de la Mesa del aceite; y los mismos que el Partido Popular tiene
que votar esta tarde. Ese era su interés por retirar esta proposición no
de ley. Por primera vez ustedes se van a enfrentar, mediante votación, a
los problemas reales que tiene la reforma en esta sede parlamentaria; por
primera vez, tienen que votarlos uno a uno y, por tanto, se tienen que
hacer el retrato, y se lo van a hacer en color (Rumores.) para que, en la
medida de lo posible, salgan favorecidos. (Continúan los rumores.)
Pues bien, en ese contexto, el punto 2 de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista recoge ocho apartados, señorías, que para
nosotros son los puntos que, como contenido mínimo, debe tener la postura
de España en esta negociación y, por tanto con estos apartados debemos
negociar y conseguir, en primera instancia, el bloqueo de esta reforma,
para avanzar, insisto, en tener datos reales y en que se presente un
estudio formal por parte de la Comisión (porque todo el eje del Comisario
Fischler para esta reforma gira en torno al fraude), que presente un
documento indicando dónde está el fraude, en qué consiste y qué
magnitudes tiene. En cualquier caso, España tiene que abanderar esa
postura. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pliego, vaya terminando.
El señor PLIEGO CUBERO: Termino, señor Presidente.
En el punto 2, recogemos en ocho apartados cuál es nuestro
posicionamiento. Para nosotros es irrenunciable mantener la cantidad
máxima garantizada a nivel comunitario; es irrenunciable el sistema de
intervención; son irrenunciables las ayudas a la producción y suprimir
las ayudas forfaitarias o ayudas a tanto alzado; es irrenunciable una
ayuda al olivar marginal o histórico de baja producción; es irrenunciable
que la OCM de la aceituna de mesa quede incluida en esta OCM porque no
tiene cabida en otras y no estamos dispuestos a renunciar a que seis
millones de jornales en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva y
Badajoz se queden fuera del sistema --cosa que no es admitida por
ustedes, no entiendo por qué, y en la votación lo vamos a ver con más
claridad--; y, en cualquier caso, desde luego, es irrenunciable impulsar
las campañas de promoción al consumo y de fomento de la calidad del
aceite de oliva. (Un señor Diputado: ¡Tiempo!)
En consecuencia, y termino, señor Presidente, se va a dilucidar esta
tarde si ustedes están defendiendo los intereses del sector del aceite de
oliva o esto les ha venido grande y se están defendiendo de la reforma
porque no saben cómo resolverlo. (Rumores.) De cualquier forma, para lo
primero, para defender los intereses del aceite de oliva, tienen ustedes
todo nuestro apoyo; para montar espectáculos de carácter lírico bailable,
donde ustedes no definen absolutamente ninguna postura, no solamente no
tienen nuestro apoyo, sino que nos van a tener claramente enfrente.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor De Torres Gómez: ¡Qué
espectáculo! Un señor Diputado: La coartada o el aplauso de Fischler.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pliego.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, a la
vez, para defensa de las enmiendas presentadas a las otras proposiciones
no de ley y fijar posición ante las mismas, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna
con pesar y con frustración. Con pesar, por el espectáculo de división
que damos las fuerzas políticas frente al clamor de unidad que reclama y
exige el sector del olivar y del aceite de oliva; unidad que todos hemos
coincidido en que es la mejor arma que podemos esgrimir frente a los
intentos de imponernos una OCM del aceite de oliva contraria a los
intereses de nuestro país. Por esto, nuestra división es hoy la mejor
noticia que puede recibir el Comisario Fischler.
También subo con frustración, porque hasta el último momento estábamos
convencidos de que era posible llegar a un acuerdo unitario, un acuerdo
que, por encima de estrategias partidistas, hubiera situado los objetivos
comunes que todos decimos compartir; acuerdo que hubiese reforzado la
postura española y que también hubiese dado aliento a las movilizaciones
que tiene previstas realizar el sector.
Señorías, Izquierda Unida presentó en octubre de 1996 una iniciativa que
se trae hoy a esta Cámara, una iniciativa que recoge los tradicionales
puntos de vista del sector olivarero y del aceite de oliva, pero hoy, por
encima de la iniciativa de los distintos partidos políticos, lo
importante es mantener la unidad, que, decía, exigía el sector. Pero,
desgraciadamente, no ha sido posible el acuerdo, y bien sabemos que lo
hemos intentado hasta última hora: hemos realizado un último intento que
ha sido presentar una enmienda a todas las propuestas, incluida la
nuestra, con el propósito de que se pudiese alcanzar, aunque fuera a
última hora, una votación unánime y que también se respetase el acuerdo
que alcanzamos con la mesa para la defensa
del aceite de oliva en el sentido de que no íbamos a desarrollar ninguna
iniciativa nueva hasta no alcanzar un acuerdo unitario de todas las
fuerzas políticas. También hemos presentado esa enmienda porque estamos
convencidos de que entre las propuestas presentadas hay muchas más
coincidencias que diferencias fundamentales: todas las propuestas
coinciden en exigir la ayuda a la producción real, todas coincidimos en
plantear la eliminación del tanto alzado y estamos de acuerdo con el
mantenimiento del precio de intervención; también estamos de acuerdo con
la prohibición absoluta de mezcla del aceite de oliva con otro aceite de
semilla y en el mantenimiento e incremento de la cantidad máxima
generalizada, por supuesto con carácter comunitario. Es decir, todos
coincidimos en lo fundamental.
Evidentemente, de cualquier diferencia se puede hacer un elemento de
división irreconciliable, pero quien lo haga tiene que asumir esa
responsabilidad no sólo ante esta Cámara sino ante el sector del olivar y
ante la sociedad. Que se tenga claro que no podemos decir que estamos
ante un tema de Estado exigiendo que todo el mundo se comporte como si
fuese una cuestión de Estado y luego mantener estrategias partidistas que
provocan la división. Quien sea responsable de que la noticia que llegue
hoy a Bruselas hable de división entre las fuerzas políticas españolas
frente a la reforma de la OCM del aceite de oliva quedará deslegitimado
para hablar en el futuro de unidad y para hablar de trabajo en común. Por
eso nosotros seguimos haciendo un llamamiento a la unidad como un valor
por encima de otros intereses, llamamiento que también esperamos que
alcance al Presidente del Gobierno, que seguimos viéndolo poco dispuesto
a dar la batalla final en defensa de nuestros intereses. Seguimos
esperando que José María Aznar diga que la reforma de la OCM es para
España una cuestión de Estado y que como tal se va a actuar. Por
supuesto, no le pedimos que desvele su estrategia; sólo le pedimos que se
comprometa a llevar hasta el final la defensa del olivar español, que
declare que la aprobación de una reforma de la OCM contraria a los
intereses españoles será un problema no sólo para nuestro país sino que
se convertirá en un elemento negativo para el funcionamiento de la Unión
Europea. En definitiva, le exigimos al Presidente que inicie una ofensiva
diplomática para que ante la próxima reunión de jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea, cuando los representantes del sector se
estén manifestando en la calle, en la mesa de la reunión esté la
preocupación de todos los países por la reforma de la OCM del aceite como
un problema en el que se vean afectados los quince países de la Unión
Europea.
Es evidente que para situar al Presidente ante esta responsabilidad es
necesaria una postura unitaria de esta Cámara. Alcanzar un acuerdo en lo
básico, en lo esencial, un acuerdo que nos permita seguir trabajando
juntos. Por eso, quienes hoy rompen la unidad le están facilitando al
Presidente del Gobierno la mejor excusa para no asumir esa
responsabilidad. Entendemos que para alcanzar un acuerdo nadie tiene que
haber renunciado a nada. Nosotros no lo hacemos. Solamente debemos saber
en el momento en el que estamos. Debemos saber que lo que se podía
plantear en octubre de 1996 después de la visita de Fischler a España hay
que plantearlo de otra manera, porque la vida no se paró en 1996, sino
que hoy estamos en un momento donde la presión tiene que realizarse en un
sentido.
Nosotros no tratamos de dar cheques en blanco a nadie, al contrario,
creemos que los compromisos unitarios de la Cámara obligan mucho más al
Gobierno que una postura dividida, como la que hoy aquí se pretende.
Nosotros creemos que es necesario seguir avanzando en otros aspectos,
como los referidos al mal llamado olivar marginal o a la situación de la
aceituna de mesa. Para que esto sea posible, señorías, hay que mantener
la unidad y quien rompa la unidad deja en evidencia su intención de
anteponer intereses partidistas a la unidad del sector.
Izquierda Unida cree importante y fundamental, ¡cómo no!, la
participación de las comunidades autónomas. Así lo hemos defendido en el
Parlamento andaluz y en otros parlamentos. En este sentido planteamos,
como se recoge en esta proposición, aludir al Comité de las Regiones
--comité en el que juega un importantísimo papel el Presidente de la
Junta de Extremadura--, marco en el que deben cohesionarse las
comunidades autónomas. Nosotros no vemos el papel de los representantes
autonómicos en absurdas peleas por subirse al helicóptero de la Ministra
buscando una foto vacía de contenido. (Rumores.) Por lo tanto, si estamos
de acuerdo en que nos enfrentamos a una cuestión de Estado, si estamos de
acuerdo en que España no puede consentir una reforma hecha de espaldas al
sector, si estamos repitiendo que somos los principales productores
mundiales, que España es el país donde más se ha modernizado el sector y,
por tanto, tiene más futuro, también queremos resaltar que el olivar
representa una parte sustancial de nuestra economía, de nuestro paisaje,
de nuestra cultura y de nuestro empleo, circunstancia esta que muchas
veces se deja en segundo término. En este sentido sólo queremos resaltar
aquí que una reforma de la OCM basada en la ayuda al árbol supondría no
solamente la pérdida de millones de jornales, sino también un elemento de
chantaje al que se someterían los jornaleros al verse obligados a aceptar
las condiciones de los empresarios, ya que de otra manera se podría optar
por no recoger la aceituna. Por tanto, nos encontraríamos no solamente
ante la pérdida de millones de jornales, como decía anteriormente, sino
también ante un nuevo elemento de coacción laboral.
Por todo ello, señorías, estamos obligados a ser activos en la defensa de
este sector estratégico para nuestro
país. Debemos repetir que la reforma que se pretende no es oportuna.
También hay que repetir que cada vez que el comisario Fischler aborda
esta cuestión lo hace señalando la necesidad de combatir el fraude y
nosotros decimos que no hay que generalizar, pero si se busca el foco del
fraude no debe ser precisamente en España.
Hay que recordar que estamos ante una OCM que afecta solamente a cinco
países productores --de ellos Francia tiene una producción bastante
escasa--; por tanto, hay diez países a los que el problema les preocupa
muy poco o nada. Ante esta situación correríamos el riesgo de que el
problema se plantease con muy poco interés por parte de diez países. Si
hoy no nos unimos en este debate nos tememos que correremos un riesgo
peor y es que la falta de unidad interna haga imposible situar este
problema como la cuestión de Estado que todos venimos reclamando.
Con toda sinceridad creemos que el Grupo Socialista podía haber escogido
otro marco para marcar diferencias con el Gobierno y no utilizar el
olivar como un campo de maniobras para una estrategia partidista que no
sabemos muy bien a dónde conduce, pero sí sabemos cuáles pueden ser sus
consecuencias. Deberá explicar el Grupo Socialista por qué no manifestó
su estrategia, esta disposición a marcar diferencias, ante los
representantes de la mesa para la defensa del aceite de oliva con los que
nos reunimos no hace dos semanas. Si el Grupo Socialista provoca la
ruptura deberá explicar qué es lo persigue, porque en realidad puede
estar haciendo el trabajo sucio al comisario Fischler y a los defensores
de su reforma de la OCM del aceite de oliva (Protestas.), contraria a los
intereses españoles. (Un señor Diputado: Muy bien.) Es evidente que
trasladar el enfrentamiento que ahora existía entre los agentes sociales
y los partidos políticos de España contra la OCM de Fischler a una
división interna dentro de los partidos políticos españoles, repito, es
el mayor favor que se le puede hacer al comisario Fischler. Ese es el
triste papel que hoy parece que asume el Grupo Socialista.
Señorías, para esto, evidentemente, no cuenten con Izquierda Unida.
Izquierda Unida no va a perder ni un minuto en peleas intestinas, no
vamos a perder ni un minuto en discutir con quienes antepongan
estrategias partidistas a lo que consideramos una cuestión de Estado.
Izquierda Unida se va a volcar en apoyar las manifestaciones del sector,
se va a volcar en llevar el 1 de mayo el llamamiento a la solidaridad de
todos los trabajadores con los jornaleros que pueden verse afectados con
una reforma tan nefasta de la OCM del aceite de oliva. Vamos a seguir
reclamando del Presidente Aznar que asuma su responsabilidad. Vamos, en
definitiva, a seguir trabajando contra los intentos de división interna.
Nuestro grupo estará siempre dispuesto a cualquier acuerdo conjunto que
salve la unidad política y social del sector olivarero. Quien no lo esté,
deberá explicar claramente por qué no lo está.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de su proposición no de ley sobre el mismo asunto, por
parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Pliego, la verdad es que no podía imaginar --y no lo podía imaginar
por la relación que habitualmente se ha tenido con su grupo en estos
temas agrícolas-- que desde esta tribuna, desde la representación que
usted tiene en la provincia de Jaén, se pudiera hacer una intervención
tan desastrosa, una intervención tan perjudicial para el sector y tan
beneficiosa para las posturas del Comisario Europeo de Agricultura.
(Aplausos.)
Voy a precisar algunas de sus afirmaciones, porque usted utiliza una
técnica que parte de una concepción un poco totalitaria, en el sentido de
que su voz es la única que se va a oír en todo el sector y no va a haber
nadie que traslade la voz de los distintos grupos, de las distintas
posturas y, hoy, aquí, lanza con energía una acusación a la Ministra y le
dice que en la negociación ha aceptado un cupo por país, y ello lo hace
usted a partir de la lectura de un sólo periódico. Yo le recomendaría
que, cuando lea, lea varios periódicos. En el periódico La Vanguardia
tiene la traslación de un enviado especial, que señala que todavía
existen determinadas divergencias, ya que mientras España y Portugal
quieren que se establezcan cantidades comunitarias, Italia y Grecia
abogan por el establecimiento de niveles nacionales. El País, también con
un enviado especial en Luxemburgo, dice: Se encuentran divididos en otros
aspectos, como la ayuda al consumo o la fijación de un máximo de ayudas
por país. Pues bien, ésta es la realidad, realidad que, por otra parte,
la Ministra de Agricultura acaba de aclarar a la portavoz de su grupo
parlamentario un poco antes de empezar esta sesión. Si le hubieran
trasladado esa aclaración, probablemente no hubiera entrado usted en el
nivel que ha entrado. Mire, la posición de nuestro grupo no es traer aquí
una proposición elaborada por el Grupo Popular. El Grupo Popular parte de
una proposición elaborada con el consenso de todos los grupos en el
Senado, incluido el Grupo Socialista, y lo que se vota el 17 de octubre
en la Comisión --que es cuando usted hace su primera incursión para
intentar obtener un personalismo excesivo en esta materia-- por el Grupo
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el
resto de los grupos de la Cámara es trasladar el texto exacto que ya
había sido aprobado en la Comisión de Agricultura del Senado por
unanimidad de todos los grupos, incluido el suyo. En definitiva, lo
que traemos hoy aquí es el acuerdo del Pleno del Congreso de 27 de
febrero de 1997, adoptado por el resto de los grupos, con la abstención
de su grupo --no con la oposición de su grupo, sino con la abstención de
su grupo--, a propuesta del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, no es una posición del Partido
Popular que quiera defender aquí todo. Lo que sí está claro es que todos
los grupos de esta Cámara se reunieron el 9 de abril de este año con la
Mesa para la defensa del aceite de oliva, donde está toda la
representación del sector: sindicatos, productores, extractores,
envasadores, comercializadores; todo el sector del aceite de oliva se
reunió con la totalidad de los grupos parlamentarios, y en esta reunión,
donde, como digo, estaban todos los grupos parlamentarios, con la
presencia de su grupo, que podía haber estado presente o no haber estado
presente, que intervino y que podía no haber intervenido, lo que pidió el
sector a los grupos parlamentarios fue aparcar todas las iniciativas
parlamentarias relacionadas con el olivar y el aceite de oliva en tanto
la mesa no se entreviste con todos y cada uno de los grupos
parlamentarios, que es lo que resulta de esta carta, dirigida por la Mesa
nacional del aceite al Presidente de la Comisión de Agricultura.
Y su grupo, para buscar protagonismo, a pesar de lo dicho en esa reunión
--que pudo no decirlo y manifestarse en contra de la petición que hacía
el sector, porque nadie le obligó a estar de acuerdo con el resto de los
grupos--, presenta una iniciativa y fuerza a Izquierda Unida y al Grupo
Popular a corregir su iniciativa, que va por su lado, respecto a la
iniciativa respaldada por todo el sector.
Esta es la unidad que defiende el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y el resto de grupos de la Cámara, tengan o
no tengan intereses concretos en el olivar, porque todos los grupos son
conscientes de que éste es un problema que afecta a todo el Estado, no es
un problema de una provincia o de una región; es un problema de todo el
Estado. Y grupos que no tienen un olivo en su territorio, como son
conscientes de la importancia que para el Estado tiene este asunto,
apoyan las posiciones unitarias. A usted la unidad no le gusta;
evidentemente no le gusta, porque a partir de la unidad baja su
protagonismo personal, que no es el protagonismo de su grupo
parlamentario, que es bastante más sensato de lo que es usted. Su
concepto de la unidad es: yo, mandando. Y aquí nadie manda, señor Pliego.
Se trata de defender una postura unánime del sector, postura que logró el
Ministerio de Agricultura y la primera reunión que tuvo fue con este
sector. Ya que reprochan ustedes que el Gobierno parece no tomarse
interés, que el Gobierno está enfrente del sector, que el Gobierno está
enfrente de la reforma, que el Gobierno no da la cara, le recuerdo que el
27 de mayo la Ministra de Agricultura con el primer sector productivo que
se reúne de toda la agricultura y ganadería española es precisamente con
la Mesa nacional del aceite, y en esa reunión se ponen las bases de lo
que iba a ser la defensa ante la Comisión Europea. Evidentemente en esta
defensa --llegado el momento final, no ahora--, si hay un empecinamiento
extraño del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo y de todas las
instancias, sería necesaria una minoría de bloqueo. Pero no anuncien
ustedes la minoría de bloqueo como lo vienen haciendo, anunciando los
países, porque cada vez que señalan a un país como integrante de la
minoría de bloqueo están encareciendo el precio que ese país va a cobrar
por participar en una minoría de bloqueo. Las minorías de bloqueo en la
Unión Europea no se realizan porque sí, no hay una norma que mande cómo
se hace una minoría de bloqueo. Las minorías de bloqueo se negocian y,
por supuesto, con la posición que ustedes están adoptando, difícilmente
vamos a poder seguir defendiendo los intereses del sector.
Quiero que recuerde que en el mes de enero del año pasado había un solo
documento que establecía una ayuda por árbol y daba la opción a los
países para poder dividir la ayuda entre producción y árbol a un 50 por
ciento. Ese documento es el que había en enero de 1996. El siguiente
documento que aparece, y aparece como un documento que se iba a aplicar
inmediatamente, es un documento en el que sólo se contempla la ayuda al
árbol como exclusiva y se eliminan otra serie de aspectos necesarios, a
juicio del sector español, para el futuro del sector. Y alguien
interviene para que ese documento que sólo contempla la ayuda al árbol se
convierta en un documento que refleja dos opciones y que se pueda estar
sometiendo a discusión. ¿O es que cree usted que el Comisario Fischler y
la Comisión cambian de la noche a la mañana porque tuvieron una
revelación? Hay una acción diplomática del Gobierno, hay una acción
continuada de la Ministra de Agricultura con sus colegas para conseguir
que la Comisión cambie su postura. Por tanto, no partan ustedes de la
base de que por parte del Ministerio de Agricultura o por parte del
Gobierno no se está haciendo nada.
Usted plantea --y también lo ha planteado el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya-- una mayor presencia, y creo que se
referirán a una mayor presencia del Presidente del Gobierno ante las
Cámaras. Quiero decirle que en una postura inusual --desde luego nunca se
había aplicado por parte del Gobierno español-- en cuanto a lo que son
los movimientos en la Unión Europea, el Presidente del Gobierno, José
María Aznar, ha dirigido ya dos cartas al Presidente de la Comisión,
señor Santer, en relación con la importancia y la trascendencia que para
España tiene la reforma de la OCM del olivar, trámite que no es habitual
y por supuesto nunca un presidente del Gobierno de España había utilizado
este mecanismo. (Aplausos.) Evidentemente el camino es largo. No dude
usted de que
cuando llegue el momento final en que tenga que pasar esta situación a un
nivel de Presidentes de Gobierno, al que más verá en las fotos será al
Presidente del Gobierno, pero mientras tanto por parte del Gobierno y por
parte del Presidente del Gobierno se está haciendo todo.
Yo, señor Pliego le recomendaría --ya que veo que lee poco la prensa--
que leyera un artículo que publica don Luis Atienza, anterior Ministro de
Agricultura, en la edición de Andalucía del Diario 16 de hoy. En ese
artículo, el señor Atienza pide contribuir al debate sin el
apasionamiento que ha enturbiado debates anteriores sobre otras reformas,
con argumentos en la lógica de la PAC, sin recurrir para defender
nuestros intereses a convocar cruzadas antieuropeas o del Sur contra el
Norte o de todos contra el comisario, que son reflejo de un gran corazón
pero de muy poca cabeza. En este asunto, señor Pliego, usted está
actuando y está llevando a actuar a su grupo con poca cabeza, defendiendo
algo que no logramos entender.
La proposición que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado, así como
la presentada por Izquierda Unida, no son proposiciones de las que seamos
autores únicos; están basadas en la postura del sector. Evidentemente el
sector pidió algo muy concreto, porque venía bien para la defensa de los
intereses españoles. Pidió el aparcamiento de las iniciativas para no
introducir perturbaciones en el debate que se está manteniendo con la
Unión Europea, con el resto de los países, con los sectores de otros
países, teniendo en cuenta que en esta materia no hay unos intereses
únicos de todos; hay intereses contrapuestos entre los sectores de los
distintos países. No es lo mismo el olivarero de España que el de Italia
o el de Grecia. No es lo mismo la almazara española que las almazaras
artesanales de Grecia. Es evidente que hay una enorme confusión de
intereses y en ellos el sector está intentando, a su vez, junto con el
Ministerio de Agricultura, que lo hace a nivel político, unificar las
posturas con sus colegas del resto de los países. En ese momento en que
se produce una iniciativa y en que usted provoca que se vote en contra y
amenaza diciendo que se vote en contra punto por punto, usted está
introduciendo un elemento distorsionador.
Para terminar, yo le pediría que, estando su grupo presente en la reunión
de la Mesa nacional del aceite --y pudo estar o pudo ausentarse--,
hablando en esa mesa y oyendo a todos los representantes --y pudo hablar
o pudo callarse--, habiendo manifestado el representante de su grupo
parlamentario en esa reunión que aceptaba la posición de la mesa y que la
veía sensata --señor Pliego, había una serie de Diputados que están
presentes aquí y lo ratifican; y está aquí la carta dirigida por la mesa
nacional, por lo tanto, no levante usted dudas al respecto, otra cosa
serán los intereses políticos concretos de su partido o de usted mismo
porque las cosas van bien.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, vaya terminando.
El señor JORDANO SALINAS: Termino ya, señor Presidente.
Le decía que si ésa es la posición del sector, posición manifestada a
todos los grupos; si todos los grupos están en una línea y sólo usted y
el Grupo Socialista están en otra distinta, ya que usted ha expresado en
esta tribuna ante el Pleno todo lo que quería decir -- también lo
manifestó ya en Comisión-- , por la unidad del sector y por lograr un
mejor futuro en la negociación difícil que todavía le queda a España, le
pediría que retirara su proposición. Le aseguro que en el momento en que
retirara su proposición, concorde con lo que quería la Mesa del aceite,
nuestro grupo parlamentario también retiraría la suya y quedaríamos
pendientes del acuerdo que nos haga llegar grupo a grupo la Mesa del
aceite. Quizá así estaríamos perdiendo algo de protagonismo en medios
locales, pero le puedo garantizar que esa sería la mejor actitud para
defender los intereses del olivar español, los intereses de España.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos.--La señora Aroz Ibáñez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Solicito la palabra con arreglo al artículo 72, para una cuestión de
orden.
La intervención del portavoz del Grupo Popular, de supuesta defensa de
una iniciativa propia, ha sido una intervención en contra de la del Grupo
Socialista. Pero no entraré en eso, señor Presidente; entraré en que ha
estado totalmente trufada de continuas alusiones al Grupo Socialista que
son más que alusiones; han sido insultos al Grupo Socialista.
(Protestas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, solicito la palabra con arreglo
al artículo 71.3 para que el portavoz socialista pueda contestar a las
acusaciones de totalitarismo que se han hecho al Grupo Socialista.
(Protestas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señora Aroz, al unirse varias iniciativas en este debate sobre un mismo
asunto, cuando interviene cada uno de los representantes de los
diferentes grupos que han
presentado iniciativas lo hace en un doble sentido: por una parte,
defendiendo su propia iniciativa y, por otra, tomando posición con
respecto a las iniciativas presentadas por los otros grupos. (Un señor
Diputado: ¿Y al que le toca el primero? Rumores.) ¡Silencio!
El señor Pliego ha intervenido y ha hecho referencias respecto a la
actitud de otros grupos. Efectivamente, la Presidencia ha oído el término
totalitarismo, pero no lo ha entendido como un tono peyorativo. (La
señora Aroz Ibáñez: ¿Ah, no?) Yo creo que no hay motivo para una
intervención, así es que no tiene la palabra, señora Aroz. (Rumores.)
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre de Unión Valenciana para fijar nuestra posición respecto al debate
de hoy, relativo a la postura de esta Cámara ante la OCM del aceite de
oliva. Sirva como punto de partida -- desde el mejor de los espíritus
constructivos y con la intención de aportar nuestro grano de arena a ese
consenso necesario para el sector-- que en Unión Valenciana rechazamos de
forma unánime la propuesta del Comisario de la Unión Europea de ese
borrador de OCM del aceite de oliva, y criticamos su inoperancia en la
reforma de esta OCM.
En Unión Valenciana, como punto básico que nos une a todos los grupos
parlamentarios --por lo menos eso creía hasta el día de hoy--,
proponemos, como principio de arranque de esta OCM, el establecimiento de
ayudas en base a la producción real, que es lo sustancial a conseguir de
esta OCM. Rechazamos unánimemente la opción de ayuda al árbol que, en
relación con la reforma de la OCM del aceite de oliva, defiende el
Comisario de Agricultura, Franz Fischler, que hoy ha tenido algún
colaborador colateral en este debate. En Unión Valenciana proponemos una
mejora de la organización común de mercado existente, que contemplaría:
ayudas para todos los productores en base a su producción real;
establecimiento de una cantidad máxima garantizada, a nivel comunitario,
que permita compensar fluctuaciones de producción entre países
productores de la Unión Europea; mayor ayuda al consumo; mantenimiento de
la intervención sin límites cuantitativos ni cualitativos; programas de
promoción y calidad y, sobre todo, ese punto innegociable que es la
cuestión de la financiación al cien por cien con fondos comunitarios, por
aquello de cumplir escrupulosamente el principio de solidaridad
financiera.
En nuestra opinión --compartida mayoritariamente por los grupos en el día
de hoy--, el documento de la Comisión, con el fin de encauzar la decisión
del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, no duda en
argumentar --sobre bases erróneas, con nulo rigor técnico-- acerca de
nuestro sector productor, para conseguir apoyos de países no productores
de aceite de oliva, pero que son los que van a decidir sobre el futuro de
nuestro sector. Ni los paseos por los olivares españoles ni las
degustaciones de aceite español han bastado al señor Fischler para
cambiar de opinión. Su inoperancia es tal que se mantiene en sus trece a
pesar de conocer ya in situ la realidad española, y desestima la
posibilidad de mantenimiento del sistema actual de regulación y ayudas,
incluyendo mejoras sensibles, como el pago de éstas a todos los
olivareros en función de la producción efectivamente obtenida y
suprimiéndose el pago a tanto alzado, que ha provocado la supuesta
existencia de un fraude económico, pero que no ha sido provocado en el
Estado español por los agricultores españoles --muy lejos de eso, la
honradez y el buen hacer de los mismos está fuera de cualquier duda--, y
un deterioro de nuestra imagen en el exterior, que es lo que ha
pretendido, en beneficio de productores terceros o de países que tienen
una industria floreciente en ese sector. De ser cierto que se haya
producido sistemáticamente fraude económico, tal como argumenta la
Comisión o su Comisario, debería ser ella quien asumiera la
responsabilidad por haber permanecido impasible, consintiendo un acto que
no puede quedar libre de culpa. Si la eficacia del actual sistema de
control ha pecado de inoperancia, debe atajarse sin pretender solucionar
esta cuestión con la reforma de la OCM del aceite, que funciona bastante
bien en lo básico. Es más, la reforma en los términos en que se plantea
supondría una reducción importante de ingresos por mano de obra y un
riesgo de despoblación para amplias zonas del Estado español dedicadas
--unas en mayor intensidad como Andalucía, otras en menor intensidad como
la Comunidad Valenciana o Cataluña-- al cultivo del olivar, idea que
choca frontalmente con la política estructural que la propia Comisión
lleva a cabo en fomento del medio rural.
Unión Valenciana considera, como aquí se ha manifestado por otros grupos,
que la ayuda al árbol supondría una elevada pérdida en cantidad y calidad
de la producción del aceite de oliva obtenido en el Estado español,
planteamiento éste inaceptable no sólo para los países productores sino
también para toda la Unión Europea, puesto que la Unión Europea es el
primer productor mundial de aceite de oliva computando el 80 por ciento
de la producción y comercialización mundial. La ayuda al árbol, punto
clave de la propuesta de la reforma, constituye una forma de hacinar
fondos por países productores en base a unos datos de plantaciones de
años anteriores lesivo para los intereses españoles, lo que podría
beneficiar a otros países basándose en unas cifras de producción y de
consumo infladas --eso el comisario lo sabe-- que irían en detrimento de
las producciones españolas, que en los últimos años han realizado un
envidiable y un notable esfuerzo inversor para mejorar las plantaciones
ya
existentes y en otras nuevas para mejorar en cantidad y en calidad
nuestro aceite de oliva.
Dada la gravedad de la situación que se puede plantear hoy si se rompe la
unidad, pensamos que debe haber consenso, y hago una llamada al mismo,
unidad que el sector del aceite de oliva hoy nos demanda a todos los
grupos parlamentarios. Apelo --y espero que no caiga en saco roto mi
llamada desde este grupo minoritario de la Cámara-- a la responsabilidad
de todos, en particular de aquellos que quieren tener un protagonismo que
en nada beneficiaría al sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, concluya, por
favor.
El señor CHIQUILLO BARBER: Apelo a esa responsabilidad porque en lo
básico coincidimos. Reivindicaciones que defiende el agricultor
valenciano pueden quedar fuera de la reforma, pero la responsabilidad y
el apoyo unánime a una postura de fuerza del Gobierno español tiene que
salir desde esta Cámara con el consenso de todos los grupos. Si en lo
básico coincidimos, hay más puntos que nos unen que los que nos separan
--hoy se ha demostrado--, y simplemente quiero enviar un mensaje a la
señora Ministra de firmeza, decisión y capacidad de convicción al resto
de países de los que depende la reforma, y a los señores del Grupo
Socialista, responsabilidad, porque el sector no se lo perdonaría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, muchas gracias.
Coalición Canaria desearía que la imagen exterior que proyecte este
debate del Pleno del Congreso ante los organismos comunitarios sea una
imagen de una verdadera unión de los intereses de fondo, porque tenemos
una experiencia en Canarias. En Canarias no hay producción de aceite de
oliva porque no es una zona geográficamente apta para el olivar, pero sí
tenemos una OCM en la que el Comisario de Agricultura, desde su debut,
anda enredando y, como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino
veas arrancar, pon las tuyas a remojar.
La postura inequívoca de Coalición Canaria es sumarse a lo que es la
letra y el espíritu del debate que mantuvimos aquí en la moción
correspondiente a una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el 25 de febrero. Como el
comisario anda enredando con la OCM del plátano y la quiere modificar,
evitemos que esos enredos abran las brechas. Desde hace varios años y
hasta ahora el Gobierno español y todas las fuerzas políticas aquí y en
el Parlamento de Canarias hemos conseguido para la OCM del plátano una
postura firme y totalmente inequívoca. Eso ha servido, frente a las
presiones alemanas o norteamericanas de tratar de modificar la OCM del
plátano, para que apliquemos la misma política para la reforma que
quieren hacer de la OCM del aceite de oliva. Nosotros queremos ser
consecuentes y congruentes tanto con lo que se votó en el Senado como con
lo que votamos aquí el 25 de febrero.
La iniciativa que trae aquí el Grupo Parlamentario Popular no es ni más
ni menos que el texto literal de lo que aprobamos aquí, con alguna
pequeña modificación al alcance de los tiempos, en el documento de
reflexión o de opción, pero hay que tener una firmeza total ante los
organismos de la Unión Europea, ante los criterios del Comisario de
Agricultura y del comité de expertos que tenga cada comisario. Si quieren
reflexionar políticamente, tienen que reflexionar, entre otras cosas,
sobre los principios en que este Parlamento se define. Aquí podemos tocar
cada uno con una música más o menos diferente, pero la letra de la
partitura tiene que ser idéntica, porque si no los resultados pueden ser
muy dañinos para la política económica, social, laboral y de todo tipo
que se deriva del cultivo del olivar y de la producción de aceite de
oliva en España.
Por tanto, remitiéndome a aquello que votamos el 25 de febrero como un
acuerdo del Pleno, con la salvedad de las abstenciones que se produjeron
--aunque no votó nadie en contra--, tenemos que defender ante la Unión
Europea --y es la postura que quiere apoyar Coalición Canaria-- las
ayudas a la producción real con el límite del tanto alzado, y España,
como bien se ha dicho por la Ministra de Agricultura y los diversos
organismos, está abierta al régimen total de transparencia para la lucha
contra el fraude, si lo hay. Hay que tener en cuenta lo acaecido en los
últimos días, cuando los países productores, Grecia, Italia, Francia en
la parte que le pueda corresponder, España y Portugal, adoptan ya una
línea de sentido común y de sensatez, haciendo ver al Comisario europeo
de Agricultura y a los intereses que quieren modificar nuestra OCM que no
existe una razón y una justificación de fondo comprensibles para el
sector español, y prueba de ello es el testimonio de prudencia que nos
dio la Mesa para la defensa del aceite de oliva en las reuniones que
mantuvo en esta Casa con los grupos parlamentarios al pedirnos aparcar
cualquier diferencia. Eso está dictado por el sentido común, porque como
nos enzarcemos en las diferencias, estamos perdidos en esta batalla o
podemos sufrir unas consecuencias muy lamentables.
Mantenimiento del precio de intervención. Esto es fundamental en nuestra
política olivarera, sobre todo porque ese precio de intervención favorece
a España, que afortunadamente no está metida tampoco, como a veces lo ha
estado Francia en algunas empresas multinacionales
francesas o italianas, en el mercado especulativo del aceite de oliva,
que incluso no nos ha favorecido, porque una falta de firmeza de muchos
años atrás, incluso yo diría que desde el anterior régimen, en dominar el
mercado europeo del aceite de oliva nos ha situado en una posición de
inferioridad frente a estas multinacionales. Mantenimiento, por tanto,
del precio de intervención. Prohibición absoluta de la mezcla de aceite
de oliva con aceite de semilla, porque nos jugamos ahí la garantía de
nuestro producto en los mercados europeos de consumo o en cualquier otro
que lo pueda demandar. Y, por supuesto, la ayuda al consumo. Por tanto,
mantener la ayuda a la producción real y la ayuda al consumo satisface a
todo el sector productor olivarero español, incluida sobre todo la mano
de obra que encuentra ahí sus jornales, y defiende también al consumidor
al evitar un recalentamiento con las maniobras especulativas que se
dieron hace dos o tres años y que produjeron un alza espectacular de este
precio; alza que curiosamente arrastró los precios de los aceites de
semilla, que no tenían nada que ver pero por el factor multiplicador por
cuatro o por cinco del precio del litro...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, por favor, vaya
concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente, porque es
únicamente una prueba documental al respecto. Unas producciones de
semillas oleaginosas, no de aceite de oliva, multiplican también por
cuatro su precio de venta al público, y esto es lo que hay que evitar.
Por tanto, nuestro criterio, señor Presidente, es votar en consecuencia
con el principio que aquí establecimos y que votamos el 25 de febrero
pasado con el mismo texto que hoy trae la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco ante estas
proposiciones no de ley. Yo no entiendo el porqué del debate esta tarde
en esta Cámara sobre la reforma de la OCM del aceite de oliva, y no lo
entiendo --y lo recordaba el portavoz del Grupo Popular-- porque el día 9
de abril los grupos políticos que asistimos a la reunión con la Mesa por
la defensa del aceite de oliva adquirimos un compromiso de aparcar todas
las iniciativas parlamentarias hasta que la mesa se pudiera reunir con
todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Por tanto, si los grupos
políticos adquirieron hace unos días ese compromiso, no entiendo,
señorías, el porqué del debate de esta tarde en esta Cámara.
El Grupo Vasco va a apoyar las dos proposiciones no de ley que coinciden
con el texto de la moción que aprobamos hace dos meses en esta Cámara. El
Grupo Vasco quiere ser coherente con el compromiso que adquirió
precisamente con la Mesa por la defensa del aceite de oliva hace unos
días. Nuestro voto persigue el objetivo que necesita el sector en la
defensa de sus intereses: obtener una OCM que dé respuesta a las
preocupaciones del sector. Por eso vamos a apoyar las dos iniciativas que
coinciden con la preocupación del sector del aceite de oliva español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro grupo, al ver el orden del día y la aparición de este
debate en torno a la OCM del aceite, ha quedado absolutamente sorprendido
y preocupado, sobre todo por los tintes que está tomando el debate y por
la proyección que puede representar no tener una posición común al
respecto.
El día 9 de abril, los portavoces en materia agrícola de esta Cámara nos
reunimos con la Mesa para la defensa del aceite. Estuvimos más de dos
horas analizando la problemática del sector y llegamos libremente
--y esto quiero que quede bien claro--, sin ningún tipo de presión,
a un acuerdo por el cual nos comprometíamos, mientras no finalizara una
ronda de negociaciones de la Mesa para la defensa del aceite con los
diferentes grupos políticos, a dejar congeladas las iniciativas
parlamentarias sobre el tema del aceite. De hecho, todos tenemos la carta
que nos ha enviado la Mesa y que nos recuerda de alguna manera ese
compromiso. Dice la carta en uno de sus puntos: El consenso alcanzado
ante las peticiones que les hicimos es valorado muy positivamente por
todos nosotros --se refiere a los que forman parte de la Mesa--, más aún
ante la unanimidad demostrada. A este respecto recordamos el acuerdo
tomado de aparcar todas las iniciativas parlamentarias relacionadas con
el olivar y el aceite de oliva en tanto la mesa no se entreviste con
todos y cada uno de los grupos parlamentarios presentes en la reunión, lo
que estamos gestionando para que sea en el plazo más breve posible.
Por tanto, en este momento hay un compromiso al que, como he dicho antes,
habíamos llegado todos libremente para dejar en stand by las propuestas
relacionadas con el tema del aceite de oliva. No obstante, después de lo
que se ha dicho, uno tiene la impresión de que aquí desgraciadamente los
acuerdos, sobre todo
por parte de algunas fuerzas políticas, sirven para bien poco, y una vez
más se observa que los intereses mediáticos son más importantes que
mantener la unidad en defensa de los intereses globales del sector. De
todas formas, podríamos incluso entender esa posición si las propuestas
de los diversos grupos fuesen muy diferentes, pero da la casualidad de
que no es así, con lo que se evidencia que la intencionalidad no está
tanto en la defensa de las posiciones del sector, sino que obedece a
otros intereses que, si bien pueden ser lícitos, no benefician al interés
global.
Convergència y Unió entiende, una vez que ha dejado bien claro que
estamos de acuerdo filosóficamente con las distintas propuestas, que el
tema que hoy tenemos encima de la mesa ya se discutió en profundidad en
el Pleno de la Cámara hace pocos días, en el cual todos los grupos
tuvimos la posibilidad de defender nuestro posicionamiento; que obtuvo el
soporte de todas las formaciones políticas, a excepción del Grupo
Socialista que en aquella ocasión se abstuvo; que, a nuestro entender, no
hay ningún elemento que nos lleve a modificar el acuerdo alcanzado en el
último Pleno y que la discusión de hoy colisiona gravemente con los
acuerdos que, en su día, de forma libre, acordaron los diferentes
portavoces con la Mesa para la defensa del aceite. Y finalmente, que el
debate que estamos realizando tiende más a proyectar nuestras propias
diferencias, que sí existen, que a destacar nuestras propias
coincidencias, que también son importantes.
Vamos a votar en contra de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
no porque estemos en contra de la filosofía global en la que está
inspirada, sino porque, a nuestro entender, debilita la posición del
sector y puede incluso romper la imagen de unanimidad y presentar una
imagen de sector dividido y, por tanto, más frágil de lo que es en
realidad. Por estas razones y por coherencia, el sentido de nuestro voto
va en la línea de ratificar el texto consensuado que se aprobó con el
soporte de todos los grupos políticos de la Cámara y en el cual el Grupo
Socialista se abstuvo.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Companys.
El señor Pliego tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no
la enmienda que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha presentado a la iniciativa del Grupo Socialista.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda se corresponde textualmente con la moción que se aprobó en
esta Cámara y en la que el Grupo Parlamentario Socialista se abstuvo
porque el 90 por ciento de la misma contenía una profunda reflexión
filosófica sobre el tema pero no recogía en absoluto tres elementos que a
nosotros nos parecen fundamentales en esta reforma desde la posición de
España, cuales son: el aumento de la cantidad máxima garantizada en
200.000 toneladas; la supresión de la...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pliego, no es un turno de
fijación de posición. Le he concedido la palabra para que resumidamente
indique si acepta o no la enmienda.
El señor PLIEGO CUBERO: No aceptamos la enmienda. Nos vamos a abstener,
en coherencia con la postura que mantuvimos cuando se votó la moción. (El
señor Madero Jarabo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Madero, ¿con qué motivo
pide la palabra?
El señor MADERO JARABO: Para una cuestión del orden, señor Presidente.
Mi grupo no tiene conocimiento de que la iniciativa del Grupo Socialista
haya sido enmendada por el Grupo de Izquierda-Unida Iniciativa per
Catalunya.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Madero, yo creo que se ha
repartido a todos los grupos, y el propio señor Centella lo ha indicado.
La enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya a la proposición no de ley del Grupo Socialista está
registrada con el número 21.417, y le puedo facilitar el texto. Es una
enmienda a la proposición del Grupo Socialista que ha sido autoenmendada,
como ha indicado el señor Centella, y dicho grupo ha presentado la misma
enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular. Posteriormente la
Presidencia tiene la intención de preguntar al Grupo Popular si acepta o
no la enmienda que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
El señor MADERO JARABO: ¿La enmienda la ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A eso me refiero, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se entiende que el señor Centella
la ha sustituido por su propia enmienda.
Finalmente, el señor Jordano tiene la palabra, exclusivamente para
indicar si acepta la enmienda presentada a su iniciativa por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos la enmienda y la corrección del error mecanográfico que se ha
producido a la hora de redactar el punto segundo de nuestra proposición
no de ley. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, ¿a qué efectos pide
la palabra.
La señora AROZ IBANEZ: Para solicitar una aclaración, señor Presidente.
Si nuestro grupo ha entendido bien, se ha presentado la misma enmienda a
tres iniciativas distintas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hay ningún obstáculo para
ello. Uno puede repetirse hasta el infinito, señora Aroz, e Izquierda
Unida lo ha hecho así.
La señora AROZ IBANEZ: Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la votación. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a las proposiciones no de ley que se han debatido,
comenzando por la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre
reforma de la organización común de mercado del sector del aceite de
oliva. En primer lugar, vamos a votar el contenido de la proposición no
de ley, salvo el punto segundo de la misma, del que luego habremos de
efectuar ocho votaciones correspondientes a sus ocho apartados.
En consecuencia, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista, salvo el punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 122; en contra, 163; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción en todos los puntos salvo
el segundo, que procedemos a votar separando sus ocho subapartados.
Votación del apartado a) del punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado a) del punto segundo.
Votación sobre el apartado b).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 121; en contra, 165; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el apartado c) del punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 119; en contra, 166; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el apartado d).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 121; en contra, 165; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el apartado e).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 122; en contra, 165; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el apartado f).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 121; en contra, 164; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el apartado g).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 120; en contra, 165; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votación sobre el apartado h) del punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 121; en contra, 164; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado este apartado y,
con ello, todo el punto segundo, que completa la votación sobre la
proposición no de ley del Grupo Socialista, que queda así rechazada por
el Pleno.
Se somete a votación el texto resultante de la aceptación de la enmienda
a las proposiciones no de ley de los grupos Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 180; en contra, siete; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA APLICACION DE LOS INGRESOS
PROVENIENTES DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS PUBLICAS (Número de
expediente 173/000036)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción del Grupo Socialista, sobre la aplicación de los
ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la semana pasada tuvo lugar una interpelación al Gobierno,
tratando de averiguar a qué iban a destinarse los recursos procedentes de
las privatizaciones. La respuesta que recibimos, no por cierto de boca
del Vicepresidente Económico, responsable de la política presupuestaria,
sino del señor Piqué, Ministro de Industria, fue que sí pero no, no pero
sí, sino todo lo contrario; y después de la interpelación nos quedamos
más confusos que antes, porque si bien se iban a dedicar a amortizar
deuda, al mismo tiempo también se iban a dedicar a reducir el déficit y
también se iban a dedicar a reinvertir en las cuencas mineras y también,
cómo no, en los regadíos de Aragón y, por supuesto, a financiar
infraestructuras, y también, por cierto, a mejorar el medio ambiente. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Pero como la misma peseta sólo se puede gastar una vez, hoy traemos una
moción por la cual el Congreso insta al Gobierno a algo que le será
relativamente fácil, que es cumplir su programa electoral y --por si
acaso éste quedara demasiado lejos en su memoria-- a cumplir el Programa
de Convergencia, que es bastante más reciente. Tanto en un documento como
en otro, el Partido Popular, en su programa electoral, y el Gobierno en
su Programa de Convergencia, proponen algo que tiene sentido económico y
político, que es dedicar el recurso proveniente de las privatizaciones a
la amortización de deuda pública, es decir, a cambiar un activo, un
stock, un elemento patrimonial, cual es un conjunto de acciones, por el
cual el Estado es titular de un conjunto de empresas públicas altamente
rentables, por una disminución de pasivos, de forma que el balance quede
como estaba pero a un nivel de equilibrio inferior: se liquida un activo
para minorar un pasivo. Y nos parece bien, una de las formas de utilizar
un recurso es disminuir un pasivo. De esta manera, ustedes proponen no
alterar los flujos de caja, no alterar los flujos del ejercicio, sino
disminuir un stock patrimonial a cambio de disminuir un pasivo
patrimonial. El déficit no se ve afectado, tampoco se ven afectados los
flujos de ingresos y de gastos. Muy bien, señores, háganlo. Cumplan
ustedes con su programa electoral y con su Programa de Convergencia. Les
proponemos ni más ni menos que eso. Algo a lo que supongo que será
difícil que ustedes se nieguen. Sería regocijante ver al Partido Popular
votar en contra de su programa electoral. Pero, en fin, más verdes las
han segado. Hoy les proponemos que voten a favor de una propuesta de la
Cámara por la que se les insta a que apliquen su programa electoral y su
Programa de Convergencia. Dediquemos los recursos provenientes de las
privatizaciones a amortizar deuda. Es a lo que nos instaba el señor Barea
en su doctrina de antes de las elecciones y es a lo que nos insta cuando
va a Asturias a desmentir al Ministro de Industria. Cuando va a Asturias
y dice: Pero, ¡qué barbaridad! ¡Cómo se van a gastar el dinero de las
privatizaciones en cualquier actividad de interés público! No, no, no, a
amortizar deuda. Pues bien, a amortizar deuda.
Digámoslo y hagámoslo, y para hacerlo simplemente hay que hacerlo. Es
decir, hay que disponer de un crédito en el correspondiente capítulo de
la correspondiente sección. Sección deuda pública, variación de pasivos
financieros: un crédito por el importe estimado del volumen de las
privatizaciones. Y con ese crédito en el presupuesto de gastos se minora
el stock previo de deuda existente. Hagámoslo. Ustedes no lo hacen en su
presupuesto. Ustedes tienen el presupuesto de ingresos en el Estado --y
está bien puesto-- en el capitulo V, ingresos patrimoniales, el origen de
los fondos que obtienen de privatizaciones. Y se pasan el día diciendo
que con eso van a hacer cualquier cosa menos amortizar deuda. Sus
ministros se pasan el día diciendo: con el dinero de las privatizaciones
haremos... Y sigue una larga ristra de objetivos a cual más loable y
contra los que nada tenemos, todos ellos la mar de interesantes.
Pero dicen mal cuando dicen que tal gasto se financia con las
privatizaciones, porque, según ustedes, éstas se dedican a amortizar
deuda, y según la buena teoría hacendística ninguna rúbrica del
presupuesto de ingresos financia en particular ninguna rúbrica del
presupuesto
de gastos. Y es tan absurdo decir que el capítulo V, ingresos
patrimoniales, financia el gasto en el capítulo VI, como sería decir que
financia el capítulo I. En Hacienda pública, primera lección de los
manuales al uso, todos los ingresos en bloque financian todos los gastos
en bloque. No hay ninguna relación biunívoca entre tal ingreso y tal
gasto. Por lo tanto, es una licencia dialéctica o es un abuso del
lenguaje decir, como dicen los ministros de Fomento y de Medio Ambiente,
y lo dicen muchas veces, que con el dinero de las privatizaciones harán
tal o cual cosa. No, no, no. Con el dinero de las privatizaciones ustedes
harán lo que prometieron en su programa electoral, digo yo, o lo que
proponen en el Programa de Convergencia, digo yo. Es decir, amortizar
deuda. Y para eso, qué mejor que hacerlo de una forma transparente y
colocar, en el correspondiente presupuesto de gastos, una rúbrica que
equilibre la obtenida en ingresos por el capítulo V para amortizar deuda.
Hagamos, pues, esta modificación presupuestaria y ustedes se quedarán
absolutamente acordes y conformes con las propuestas que hicieron a los
españoles cuando les pidieron el voto y con lo que ahora proponen al
presentar su Programa de Convergencia.
Mucho nos extrañaría que votaran ustedes en contra de esta propuesta,
porque sería tanto como desdecirse de sus promesas electorales y de sus
propuestas de política económica. No cabría en la cabeza a ningún
Diputado de esta Cámara y ningún ciudadano podría entender fácilmente que
ahora dijeran que no, que no lo quieren dedicar a amortizar deuda. Pero
por si acaso dijeran que no, porque se desdijeran de su programa
electoral --y no sería la primera vez, y me temo que tampoco la última--,
sería bueno que ya que han cogido carrerilla, además de decir que no a lo
que dijeron antes nos dijeran a qué lo van a dedicar, porque si no es
para amortizar deuda, ¿a qué, señorías? Pero ciertamente me estoy
anticipando y, seguramente movido por mi maldad, atribuyéndoles
intenciones que ustedes no tienen, porque ustedes no van a votar,
obviamente, en contra de eso, sería realmente sorprendente que lo
hicieran. Por tanto, atribuyan únicamente a una finta dialéctica imaginar
qué propuesta alternativa podrían ustedes hacer, porque, sin duda, no van
a hacer ninguna, y con el apoyo de sus socios y con el apoyo, supongo,
unánime de todos los grupos, vamos a conseguir que haya una concordancia
entre sus propuestas electorales y de política económica y la realidad
del presupuesto.
Claro es que si ustedes votan que sí, para estar de acuerdo con ustedes
mismos, tendrán que hacer algún cambio en la arquitectura presupuestaria,
lo que no será tan fácil, porque si asignan en el capítulo IX, como les
proponemos, un crédito por el importe de los recursos del capítulo V,
tendremos un pequeño problema, que es que no habría recursos suficientes
para mantener el mismo nivel de gasto y habría que hacer un ajuste
presupuestario que pondría en difícil situación a esos ministros que se
pasan el día gastándose el dinero de las privatizaciones sin enterarse,
sin estar al corriente de que ustedes realmente para lo que se lo quieren
gastar es para amortizar deuda. Ya comprendo que algunos ministros quizá
no leyeron el programa electoral ni tampoco el Programa de Convergencia y
esta es una buena ocasión para que ustedes les digan que están
equivocados y que van a votar, cómo no, una propuesta perfectamente
coherente con sus planteamientos. Y una vez que lo sepan, cuando ya hayan
aprendido que eso es para amortizar deuda y hayan colocado el
correspondiente crédito en el correspondiente capítulo, ya no podrán
seguir paseándose por el país con su frasquito de bálsamo de fierabrás,
con una etiqueta que pone privatizaciones, para ir resolviendo todos los
problemas que se les ponen por delante: allá unos regadíos, aquí unas
reconversiones industriales, una depuradora, unas infraestructuras...
Todo se resuelve con las privatizaciones. Seguramente es un problema de
información que quedará resuelto hoy, cuando todos votemos que sí, que lo
vamos a dedicar a lo que ustedes propusieron hacer, con muy sólidas
razones también de tipo teórico, con razones muy bien fundadas en su
discurso, porque lo que hacían los socialistas, que no entendían de
Hacienda pública y eran unos manirrotos, que era dedicarlo a financiar el
déficit, no estaba bien. Ustedes tienen una idea mucho más consistente de
cómo plasmar un presupuesto. Lástima que, seguramente por culpa de los
funcionarios que siguen con la inercia del viejo régimen, el presupuesto
que han traído ustedes aquí olvida instrumentar sus deseos. Tiempo es de
corregirlo, créanme. No tenemos más que retirar 450.000 millones de
pesetas de los capítulos de gastos, de estas promesas que han hecho para
que, por vías extrapresupuestarias, Convergència i Unió pueda sentirse
tan satisfecha de los dividendos que obtiene de su pacto, y coloquémoslo
allí donde ustedes dijeron que tenía que estar. Sí, señores Diputadas,
señores Diputados. Si hacen lo que les proponemos hacer, no podrán, por
mucho que lo deseen, seguir diciendo en Cataluña que las inversiones que
no se hacen, se van a hacer, cómo no, eso sí, por vías
extrapresupuestarias. También este globo se les va a pinchar. Sí, señora
Diputada. No podrá usted decirlo más, no podrá usted seguir engañando a
los catalanes diciéndoles que el pacto PP-CiU reporta dividendos --un
lenguaje nada típico de un mercader, como ustedes pueden apreciar, sino
más bien de un filósofo de la política-- extraordinariamente elevados.
No. No le reportará ningún dividendo, porque ese dinero tendrá que
dedicarse a aquello que, con buen criterio y sustentado, como les digo,
en sólidas bases doctrinales, ustedes propusieron a los españoles. Será
regocijante ver entre qué optan ustedes: si entre desdecirse de lo que
dijeron, ítem más, seguían diciendo antes de ayer, en su Programa de
Convergencia, o reestructurar
su presupuesto, desmantelando la cobertura de partidas de gastos, a los
que será difícil que renuncien, y poniendo en difícil situación el pacto
que tienen con Convergència i Unió, que fluye por los oscuros meandros de
lo extrapresupuestario. No hay nada extrapresupuestario en esta Cámara,
señorías. Lo que no está en el Presupuesto no debe pasar por el
Parlamento y lo que pasa por el Parlamento, debe estar en el presupuesto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, le
ruego vaya concluyendo.
El señor BORRELL FONTELLES: Acabo, señor Presidente.
¿A qué extrañas simbiosis del lenguaje han llegado ustedes para decir al
Parlamento que, en contraposición clara con lo que dice la Constitución
cuando reza que el Presupuesto es el resumen cifrado de todos
--dice todos--los ingresos y los gastos del Estado, hay algunos que
van por formas extrapresupuestarias financiadas con los recursos que
ustedes prometieron, electoral y políticamente, aplicar a otros fines?
De manera que andemos todos juntos por la senda constitucional, cumplan
ustedes con su programa electoral y voten nuestra moción.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy
bien!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Con toda
brevedad me dirijo a la Cámara para expresar la posición de nuestro grupo
acerca de esta moción que es consecuencia de la interpelación urgente que
tuvo lugar en el Pleno pasado.
Señorías, en el Programa de Convergencia aprobado por el Gobierno y
presentado en este Congreso se hizo constar que, como consecuencia del
mantenimiento de la política de consolidación fiscal iniciada en 1996, la
proyección presupuestaria tanto a medio plazo como en el escenario
macroeconómico presentaba una indiscutible tendencia de continuo
decrecimiento del déficit de las administraciones públicas y del nivel de
endeudamiento. Estoy hablando en términos del PIB. Como es sabido, se
estima en cerca de tres puntos en los cuatro años de duración del
programa, es decir, 1997, 68,2; 1998, 67,7; 1999, 66,7 y 2000, 65,3. El
ratio de endeudamiento es objeto más que de una valoración técnica de una
valoración política, lo que anima a aquellos países con elevadas cifras
de endeudamiento como es el caso de Italia, con el 133 por ciento, o el
caso de Bélgica, con el 130 por ciento, a no arrojar la toalla sobre las
posibilidades de que sus socios les den luz verde en su esfuerzo para
sanear las finanzas públicas. La Comisión Europea ya dio un paso al dar
por bueno en su informe anual el de Irlanda, que cerró con un 74 por
ciento, porque en relación con este ratio, como es sabido, lo que sirve
de planteamiento para Bruselas es que se observe una tendencia
descendente, duradera, permanente, y esto, como dije antes, es lo que ha
ocurrido en Irlanda. Por esa interpretación política, los quince países,
salvo Francia y Reino Unido, que ya lo cumplen, esperan el plácet para
adoptar la moneda única el 1.º de enero de 1999.
El Gobierno español ha declarado oficialmente que destinará los ingresos
procedentes de privatizaciones de empresas públicas al referido
endeudamiento, y ello con carácter prioritario aunque no exclusivo. Ahora
bien, independientemente de la técnica de adopción de aspectos contables
presupuestario y habida cuenta del actual ratio de endeudamiento del
Estado español, la tendencia de su economía y el criterio político de
Bruselas que se dé, pedimos al Gobierno que, en su acertada política
económica financiera, actúe con un amplio margen, sin necesidad de una
aplicación de todos los ingresos a la amortización anticipada de la deuda
pública existente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no apoyará la moción
consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Socialista y
debatida la semana anterior respecto a la aplicación de los fondos
provenientes de privatizaciones por los siguientes motivos. En primer
lugar, porque no se puede poner en un mismo cesto la deuda del SEPI y la
deuda del Estado, ya que ambas tienen diferencias relevantes y no tienen
las mismas características, porque, como el señor Borrell sabe
perfectamente, la amortización anticipada de la deuda del SEPI no tiene
la misma trascendencia que la amortización anticipada de la deuda del
Estado a efectos del cumplimiento del objetivo de convergencia respecto a
la reducción de la ratio de deuda pública con respecto al producto
interior bruto.
En segundo lugar, porque el SEPI, entidad pública con personalidad
jurídica y patrimonio propio, tiene encomendado, por una ley elaborada
por el Gobierno socialista y con el apoyo indiscutible de Convergència i
Unió, como objetivo fundamental y prioritario la amortización de la deuda
histórica proveniente del Instituto Nacional de Industria por una
cantidad aproximada de 600.000 millones de pesetas. Por ello, nosotros
entendemos que no hace falta incorporar más dinero al SEPI, ya que está
perfectamente delimitada la amortización de esta deuda histórica con los
beneficios provenientes de las diferentes empresas rentables que están
incorporadas a la SEPI. Convergència i Unió tampoco cree oportuno la
concesión de un crédito específico para la asignación de una deuda
pública en el capítulo IX de los Presupuestos Generales del Estado
destinada única y exclusivamente a utilizar los recursos provinientes de
las privatizaciones para amortizar deuda pública, ya que, como el señor
Borrell sabe perfectamente, hay un plan de convergencia, debatido la
semana anterior en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda, donde
el Gobierno explicó perfectamente que una parte importante de las
privatizaciones iría destinada a amortizar deuda pública y otra parte
--no tan importante-- iría destinada a obras de infraestructuras y a
aquellas cuestiones necesarias para conseguir un tejido más competitivo.
Lógicamente esta posición --como usted sabe perfectamente-- fue apoyada
por el Grupo de Convergència i Unió y, por lo tanto, no creemos oportuno
la creación de este crédito específico para la amortización de la deuda
pública.
Respecto a algunas alusiones que S. S. se ha atrevido a decir en la
tribuna en relación a los futuros rendimientos del pacto electoral entre
Convergència i Unió y el Partido Popular, señor Borrell, yo le haría la
siguiente reflexión. Con todos mis respetos para el Gobierno socialista y
para los antiguos ministros que ejercían la cartera de Industria, si
ustedes cuando estuvieron en el Gobierno con mayoría absoluta, desde 1982
a 1993, hubieran destinado todos los ingresos provenientes de
privatizaciones a reducir deuda pública, ahora no tendríamos estos
problemas. Porque ustedes han olvidado una cosa. El Gobierno que más
privatizaciones habrá hecho en la historia de la democracia española será
el gobierno socialista, no será el Gobierno del Partido Popular, porque
poco les queda por privatizar. Por ello entendemos que si ustedes
hubieran dirigido todos los ingresos de las privatizaciones a reducir la
deuda pública o el déficit público, seguramente no nos encontraríamos en
estas circunstancias.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar
comentar y fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en una moción que camina por lo que fue el
debate de la interpelación, pero en ese debate, que yo seguí por
televisión, se hizo mucho hincapié en el tema de la privatización y
parecía que en la moción iba a tener una parte mayor.
No se le podrá negar al señor Borrell que no es un buen adornador de la
moción y conforme ha empezado a defenderla daba la impresión de que se
proponía algo importantísimo, pero en realidad cuando uno lee lo que se
propone, baja el tono de lo que ha sido su propuesta.
No se le podrá negar al señor Borrell la coherencia, porque el señor
Borrell está siendo coherente con lo que dijo cuando trabajaba en el
Gobierno y con lo que está diciendo ahora: que cumplamos los criterios de
convergencia y dediquemos los ingresos patrimoniales por enajenación
patrimonial a reducir deuda, que es lo que se había dicho en el programa
de integración.
No se le podrá negar al señor Borrel que tiene razón cuando habla de la
actuación del Gobierno, que viene aquí y dice: Estos presupuestos son
presupuestos de ajuste; un esfuerzo importante, con las limitaciones que
tiene el Gobierno para poder llegar a los criterios de Maastrich, pero
luego empiezan a abrirse ventanillas y a dar criterios finalistas a los
ingresos del patrimonio, para así dedicar dineros que no estaban
previstos a carreteras, a obras públicas, etcétera. Con ello se han roto
los límites de los presupuestos que aprobamos aquí y no hay ese ajuste
presupuestario que se había anunciado en la discusión presupuestaria. Por
tanto, lo cierto es que, si siguiéramos esa discusión, todos los ingresos
que se podrían haber producido por el incremento de las enajenaciones, de
las ventas patrimoniales, los deberíamos haber comprometido, por un lado,
en lo que pudiéramos llamar la deuda antigua, histórica que tenía la SEPI
desde su constitución, desde el INI, es decir, a amortizar esa deuda de
reflotación, y, por otro, a hacer frente a la deuda pública, a reducir
deuda pública.
El único problema que tiene mi grupo parlamentario es que no coincidimos
con las propuestas que se hacen; para nosotros, las propuestas irían por
caminos diferentes. El señor Borrell, en la interpelación --es verdad que
la discusión la tuvo con el Ministro de Industria y derivó a otro camino,
que, a lo mejor, era el objetivo-- hizo mucho hincapié en que no le
gustaba cómo se estaba llevando el proceso de privatización y en sus
elementos. Nosotros no estamos de acuerdo con el proceso de
privatización. Si sacamos el volumen real de lo que se ha vendido hasta
la fecha, veremos que se han obtenido casi 1,5 billones de pesetas.
Tenemos empresas como Inespal, como Musini, como El Cano, totalmente
privatizadas; Endesa se ha privatizado en más del 50 por ciento; Repsol
ya es privada al 100 por ciento; Telefónica también es privada al 100 por
ciento, y para finales de 1997 se habrá privatizado el 3,8 de Gas Natural
y el 10 por ciento de Enagas. Quedan unos restos de Argentaria, Endesa,
Tabacalera y poco más. Nosotros no compartimos que la fórmula sea ésa.
Creemos que pan de hoy es hambre de mañana. Desmontar el patrimonio que
tiene el Estado hoy no es asegurarse nada mirando al próximo futuro,
porque, además, lo que deshacemos con el SEPI son las sociedades de mayor
rentabilidad. Dentro de esta Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales no están las empresas complicadas, sino las que dan
beneficios; por tanto, nos estamos quitando lo rentable. Mañana no
podremos echar mano de eso, por lo que nos estamos deshaciendo hoy de una
capacidad para la actuación del Estado; estamos negando la presencia del
Estado en esa acción económica.
Además, no somos, por así decirlo, derivados de los elementos
macroeconómicos del proceso de convergencia y creemos que la construcción
europea necesitaría no solamente esos criterios de convergencia, sino la
ampliación a otros elementos que puedan compensar déficit, deuda,
etcétera, con generación de empleo. Por eso, creemos que debería haber
políticas activas para generar empleo, políticas para dotar y recuperar
las infraestructuras del Estado, políticas que puedan garantizar o
mantener realidad social en lugar de desmontar realidad social; en suma,
creemos que deberíamos tener una Europa fuerte con una España fuerte, no
una Europa fuerte con una España con menos política social, con menos
infraestructuras, con menos capacidad productiva o menos generación de
empleo.
En consecuencia, no estamos de acuerdo con el proceso de privatización,
no estamos de acuerdo con los criterios que se han fijado para el proceso
de convergencia, con que sean ésos exclusivamente, y no estamos de
acuerdo con dedicar los ingresos del Estado a reducir deuda
exclusivamente. Esas son las razones que nos llevan a no poder votar
afirmativamente las dos propuestas de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista que ha defendido el señor Borrell argumentando unos elementos
políticos que daban a esto una amplia trascendencia. En realidad, lo que
propone, en primer lugar, es que todos los ingresos que vengan de
privatizaciones y todo lo que pueda venir de los presupuestos se dedique
a hacer frente a la amortización anticipada del stock de deudas
preexistente. En la moción originaria ponía stock de ventas preexistente,
pero se ha corregido con una modificación, que es ajustada. En segundo
lugar, y como conclusión de esto, se propone que se abra un crédito
específico en la sección deuda pública, variación de activos financieros,
para hacer frente a esa modificación anticipada.
Por tanto, señor Presidente, reconociendo que la pregunta planteada por
el señor Borrell es si el Partido Popular y sus aliados quieren votar su
programa electoral o si quieren cumplirlo para abrirse unas ventanas más
fáciles en la ejecución del presupuesto, nosotros decimos que no estamos
de acuerdo con el programa electoral del Partido Popular, por eso hemos
ido con otro programa electoral.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Es curioso que el interviniente representante del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se haya adelantado a manifestar alguna de
las curiosidades que producía a este portavoz del Grupo Popular la
intervención del grupo interpelante y ahora grupo que sustenta la moción.
Es curioso, digo, porque en esta Cámara no estamos acostumbrados a ver
cómo el grupo de la oposición muestra tal ahínco, tal preocupación y
obsesión porque se cumpla, no su programa electoral, sino el del grupo
que apoya al Gobierno. Yo le agradezco, señor Borrell, esa preocupación,
porque viene a abundar la que ya tiene el propio Gobierno y la que tiene
el grupo parlamentario para que nuestro programa electoral se cumpla
estrictamente en todos sus términos, como le voy a demostrar que se está
haciendo ya en el asunto concreto que usted plantea hoy en esta Cámara.
Es también una reflexión coincidente con el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya la que se refiere a que el debate ha
perdido mucha fuerza, señor Borrell. Ha perdido mucha fuerza, porque
ustedes la semana pasada, en la interpelación, hablaban de la
transparencia necesaria en el proceso, hablaban de que había habido
muchas privatizaciones de empresas públicas muy importantes que se habían
producido sin la intervención y sin el conocimiento de la Cámara. Decían
incluso en el texto que el Grupo Parlamentario Socialista, en aras de la
transparencia y del necesario control por el Parlamento..., etcétera; es
decir, ponían mucho hincapié en la transparencia. En el propio debate se
dijo que se producía un cambio trascendental de la estructura del poder,
se emplearon calificativos como casta de amigos del poder, aristocracia
financiera y se concluía que la política de privatizaciones del Gobierno
era en el fondo más que una política de privatizaciones una política de
apropiaciones. Esto se dijo en el debate de la semana pasada y nosotros
pensábamos que esa situación caótica, ese abuso permanente del Gobierno
actual con ocasión del proceso de privatizaciones iba a merecer alguna
aportación por su parte en el sentido de poner fin a esos despropósitos.
Nos llama la atención comprobar que no es así. Ni una sola aportación por
su parte para poner coto, para poner veto a este tipo de desmanes del
Gobierno.
Fíjese, señor Borrell, a nosotros nos parece que en el fondo lo que
ocurre es que ustedes están haciendo un debate artificial. No existe el
debate que ustedes quieren plantear en esta Cámara. No existe en cuanto
al oscurantismo que pretenden denunciar porque, en primer lugar, la ley
de privatizaciones que se está
aplicando es la que ustedes aprobaron en la legislatura anterior. Pero no
sólo se está aplicando la ley que ustedes aprobaron, sino que esa ley se
ha complementado con otros cauces adicionales, que son, en primer lugar,
el Consejo Consultivo de Privatizaciones, donde se informa de esos
procesos de privatización; está también la subcomisión de
privatizaciones, cuya constitución se solicitó en una sesión de la
Comisión de Industria de hace ya varios meses y pendiente de curso en
esta Cámara. Existen numerosísimas intervenciones de miembros del
Gobierno en esta Cámara explicando cada uno de los procesos de
privatización. Y le diré más, señor Borrell, si usted dice que la Cámara
no sabe nada de todos esos procesos (el caso de Repsol, de Telefónica, de
Sefanitro), es porque usted no pisa la Comisión de Industria, porque en
ella el Gobierno ha informado sobre todos y cada uno de estos procesos y
además muy recientemente. A mí me gustaría que, al menos, si no acude a
ese tipo de debates y a los muchos que se han producido también en el
Pleno, por lo menos lea los «Diarios de Sesiones» de la Cámara, de plenos
y de comisiones.
Señor Borrell, a nosotros nos parece que este es un debate artificial
porque, en el fondo, no hay una discrepancia. Si de verdad ustedes están
convencidos ahora --no lo estaban cuando eran Gobierno-- de que lo
adecuado para el equilibrio macroeconómico de nuestro país es destinar el
producto de las privatizaciones a la amortización de deuda, si están
convencidos de eso ahora, estamos de acuerdo, no hay tal debate, señor
Borrell. Otra cosa es que ustedes pretendan imponer un cauce
presupuestario que es un invento, una aventura nueva que ustedes plantean
ahora pero que nunca ha funcionado en esta Cámara. Y es cierto lo que
usted dice de que habría que desmontar la arquitectura presupuestaria.
¡Claro que es cierto lo que usted dice! ¿Pero realmente a ustedes les
parece sensato, en este punto de la legislatura, en este punto del
ejercicio presupuestario, cuando han pasado ya varios meses desde que el
debate de presupuestos tuvo lugar, por espacio de varias semanas, a
ustedes les parece sensato --digo-- desmontar esa arquitectura
presupuestaria, que no es la nuestra, que es la que se aplicaba también
por parte de ustedes en legislaturas anteriores, porque a ustedes les
parece que es el mejor cauce para conseguir el fin, que es compartido
también por nuestro grupo parlamentario, en cuanto al destino fundamental
de las privatizaciones? Creemos que es excesivo. Creemos que es un debate
artificial, que pretende encontrar discrepancias con el objetivo del
Gobierno de destinar fundamentalmente esos ingresos a la amortización de
deuda. Y, de hecho, la rueda de prensa que usted mismo ha dado hace pocos
minutos nos lleva a esa conclusión de que en el fondo lo que importa al
Grupo Socialista es el discurso propagandístico, la aparente discusión
sobre el destino final de esos ingresos por privatizaciones cuando,
insisto, nuestro grupo ha tenido claro desde el primer momento que el
destino de esos ingresos por privatizaciones es amortización de deuda
pública.
Pero señor Borrell, no sólo lo dice nuestro grupo parlamentario, es que
el Gobierno está harto de decirlo también, pese a que ustedes produzcan
sistemáticamente el debate parlamentario poniendo en boca de nuestro
grupo posiciones que no lo son. Ustedes fijan su posición y además
pretenden fijar también la del grupo mayoritario de la Cámara. Deje que
nosotros seamos los que expliquemos cuál es nuestra posición. El Gobierno
lo ha venido haciendo con claridad en varias ocasiones en esta misma
legislatura.
En primer lugar, usted habla de nuestro programa electoral, y lo
conocemos perfectamente, señor Borrell. Pues bien, nuestro programa
electoral, señor Borrell, a propósito de las privatizaciones, habla de
cuatro fines principales con la política de privatizaciones, que son:
primero, incrementar la eficacia de las empresas y, en definitiva, el
grado de competencia de los sectores económicos afectados por esas
privatizaciones. Ahí entra la política de liberalización de los mercados,
etcétera, que se está aplicando --yo creo que es evidente, no hay que
abundar más en este argumento-- por parte del Gobierno desde hace meses,
como todos los miembros de esta Cámara conocen.
Como segunda finalidad básica del programa de modernización del sector
público empresarial se encuentra la necesidad de contribuir a que los
mercados de capital españoles aumenten su volumen de negocio, y también
es evidente, señorías, que ya durante varios meses los mercados de
capital españoles, las bolsas españolas, están experimentando un volumen
de negocio desconocido en los últimos años en nuestro país.
En tercer lugar, la finalidad que se perseguía por parte del Partido
Popular al presentar el programa electoral a la consideración de los
ciudadanos españoles era contribuir a difundir el derecho a la propiedad,
lo que se ha venido llamando capitalismo popular. Ustedes reconocerán
señorías, que las principales privatizaciones llevadas a cabo hasta ahora
por el Gobierno se han realizado con ese objetivo último, en la medida en
que han existido, por ejemplo en el caso de Telefónica, 600.000 nuevos
accionistas en esta empresa pública.
Por último, señor Borrell, nuestro programa electoral habla del destino
de los ingresos por privatizaciones con una finalidad: amortizar deuda
pública. Pero, señor Borrell, nuestro programa electoral --fíjese que lo
he repasado muchísimas veces-- no habla en ningún momento de modificar la
arquitectura presupuestaria de nuestro país; en ningún momento. ¿Dónde
dice eso nuestro programa electoral?
Señor Borrell, el Programa de Convergencia que el Gobierno ha presentado
en esta Cámara dice expresamente --y es una exigencia de la Unión
Europea, y usted lo sabe-- que los ingresos por privatizaciones se
destinarán fundamentalmente a la amortización de deuda. Eso lo han
aprobado ustedes ayer mismo, señor Borrell. Ustedes han dicho que están
de acuerdo con ese Programa de Convergencia y con el destino
fundamentalmente a amortización de deuda. ¿A qué viene este debate ahora,
señor Borrell? ¡Si ustedes han aprobado la finalidad con el Programa de
Convergencia que aprobaron ayer!
Y ya el Gobierno, en el programa de modernización del sector público
empresarial que presentó en junio del año pasado en la Cámara, en
concreto en la Comisión de Industria, se refería también al destino de
las privatizaciones y hablaba de la amortización de deuda, y de que, en
ningún caso, se iba a destinar al déficit. No es cierto que miembros del
Gobierno hayan manifestado que se va a destinar a amortizar déficit, a
reducir déficit; eso no es cierto, señor Borrell. Nunca se ha dicho eso
por parte de miembros del Gobierno ni lo dice nuestro programa electoral.
Señor Borrell, nos gustaría que los debates en esta Cámara se produjeran
sobre asuntos reales, no sobre aquellos que el Grupo Socialista quiere
crear artificialmente con la escenificación de que el Gobierno no sabe a
qué destinar los ingresos por privatizaciones, cuando en el propio
Programa de Convergencia, que ustedes aprobaron ayer --y hay que suponer,
por tanto, que con el consentimiento y el beneplácito de su grupo--, se
destinan fundamentalmente a amortizar deuda pública.
Señor Borrell, nuestro grupo comprende que no entienda que nosotros
rechacemos una técnica presupuestaria que es novedosa, que no se ha
aplicado nunca en esta Cámara, que se produce en un momento en el que ya
se ha superado por meses el debate presupuestario y que, además, pretende
establecer la palabra íntegramente --íntegramente--, cuando nosotros no
vemos la razón de ese compromiso de integridad en cuanto a que el destino
de todos los fondos deba asignarse precisamente a amortización de deuda.
No entendemos la razón de su interés, señor Borrell, no la entendemos.
Porque usted dice: Es que no se puede gastar dos veces la misma peseta.
¡Claro, no me extraña que no les salieran las cuentas en la legislatura
pasada con ese argumento! Pero el problema es cuando tenemos más pesetas
de las previstas, porque usted sabe, señor Borrell, que los ingresos por
privatizaciones, afortunadamente para nuestro país, están suponiendo unos
incrementos bastante importantes sobre las previsiones iniciales
(Rumores.), y creo que todos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le
ruego vaya concluyendo.
El señor PEON TORRE: Voy terminando, señor Presidente.
Y creo, señorías, que todos deberíamos alegrarnos de que existieran
fondos procedentes de las privatizaciones suficientes para ser
destinados, fundamentalmente, a la amortización de deuda, de manera que
los cuadros macroeconómicos de convergencia que ha aprobado el Gobierno
vayan permitiéndonos cumplir con los criterios de Maastricht, en cuanto
al parámetro de deuda pública, y que, al mismo tiempo, señor Borrell, se
pueda atender a prioridades de comarcas que tienen monocultivos
industriales y que necesitan también programas de reactivación. Que sea
posible conciliar ambas prioridades sería un motivo de alegría para
todos, pero hay un grupo de esta Cámara que no se contenta o que parece
que le preocupa que eso pueda ser así.
Señor Borrell, le aseguro que nuestro grupo va a seguir apoyando la
política del Gobierno, que va orientada, en cumplimiento del programa
electoral del Partido Popular, a destinar los ingresos de privatizaciones
a la amortización de deuda pública fundamentalmente y, siempre que sea
posible, manteniendo y respetando los compromisos asumidos con la Unión
Europea en cuanto a la contabilidad financiera y el cumplimiento de los
compromisos de Maastricht, a buscar las fórmulas necesarias para que esas
comarcas, tan necesitadas de esa preocupación del Gobierno en cuanto a
crear el marco necesario para su reactivación, también puedan ver
satisfechas esas demandas.
Nada más y muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Borrell Fontelles pide la
palabra.--Rumores.)
Silencio, señorías.
¿Con qué motivo me pide la palabra, señor Borrell?
El señor BORRELL FONTELLES: Por alusiones repetidas y manifiestas, señor
Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell,
imagino que se refiere a la última intervención, en la cual el señor Peón
ha fijado estrictamente la posición de su grupo parlamentario.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, estamos asistiendo...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, no,
discúlpeme. (Protestas.)
El señor BORRELL FONTELLES: Permítame que le diga que se está
defraudando el procedimiento de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, no
está en el uso de la palabra. He entendido perfectamente su planteamiento
y le reitero que el señor Peón ha fijado estrictamente su
posición. Su señoría no tiene la palabra. (Fuertes protestas y pateos.)
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de la
interpelación urgente del Grupo Socialista sobre la aplicación de los
ingresos provenientes de la privatización de empresas públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a
favor, 115; en contra, 160; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LOS MOTIVOS QUE HAN IMPULSADO AL GOBIERNO A APROBAR UNA
MODIFICACION SUSTANCIAL DE LAS TARIFAS TELEFONICAS PARA EL año 1998 A
APLICAR POR LA COMPAÑIA PRIVADA TELEFONICA, S. A., EN SUS SERVICIOS DE
TELEFONIA BASICA (Número de expediente 173/000037)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los motivos que han impulsado al
Gobierno a aprobar una modificación sustancial de las tarifas telefónicas
para el año 1998 a aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en
sus servicios de telefonía básica.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para defender la moción consecuencia de la
interpelación debatida en esta Cámara la semana pasada.
En esta moción intentamos corregir la decisión del Gobierno en cuanto a
permitir el incremento de las cuotas de abono y modificación de las
tarifas a aplicar por la compañía privada Telefónica en sus servicios de
telefonía básica. También proponemos medidas que abordan en profundidad
algunos aspectos que preocupan tanto a los usuarios como a las
organizaciones de consumidores. Posteriormente me referiré a estos
aspectos. Antes quiero recordar algunas manifestaciones que hacíamos en
esta Cámara la semana pasada.
La primera manifestación es afirmar que el Gobierno autoriza o permite a
la compañía Telefónica el incremento de la cuota de abono mensual; que
con el reequilibrio de las tarifas de Telefónica subirán las llamadas
urbanas, que son las más utilizadas por los usuarios de la telefonía
básica; que las tarifas de interconexión entre operadores se han
calculado en función de la redistribución de tarifas y cuotas de
Telefónica, quizá con la intención de compensar algún posible déficit de
esta compañía; y que el Gobierno va a permitir un aumento en tarifa y
cuota en la telefonía básica que puede suponer un aumento de ingresos a
la compañía privada Telefónica del orden de los 38.000 millones de
pesetas. En definitiva, el Gobierno, con esta postura permisiva,
beneficia claramente a una compañía privada, en detrimento de los
intereses públicos.
Ya entrando en el contenido de nuestra moción, en el punto a) instamos a
que el Gobierno, antes de que pierda su capacidad de decisión sobre la
compañía Telefónica, proceda a instaurar un sistema de servicio
telefónico más justo que el actual. No podemos obviar que España es el
tercer país más caro de la Unión Europea, dentro del cómputo global de
concepto, por la prestación de un mismo servicio, la telefonía básica.
España, con la nueva reorganización tarifaria, se mantendrá dentro de
este ranking a la cabeza como país más caro de Europa, por mucho que aquí
se intente explicar lo contrario y por mucho que Telefónica se empeñe en
demostrar que no es así.
Entendemos que se puede calificar de falaz el cacareado reequilibrio en
las tarifas, ya que la subida de las llamadas metropolitanas, en torno al
12 por ciento, supone un incremento importante en el recibo anual medio
de los usuarios, mientras que la bajada en las tarifas nacionales o
internacionales significa un ahorro ínfimo, poco reseñable.
En la conexión a la red de una línea telefónica nueva tenemos un gasto
inicial en España en torno a 21.000 pesetas. La media europea está
situada en 10.679 pesetas por este mismo servicio. Por esto, España es el
cuarto país más caro entre quince europeos y por esto entendemos que
sería necesario que de esta redistribución de tarifas no salga una nueva
subida, y también creemos necesario que esta conexión se acerque a la
media europea. Asimismo, pedimos que la cuota fija no suba este 16,10 por
ciento previsto, y razonamos que esta cuota es injusta. El mero hecho de
tener conectado un teléfono no debe ser motivo para que gran parte del
recibo corresponda a este concepto, independientemente del uso que se
haga del teléfono.
Pedimos la eliminación de la cuota inicial, y esto lo justificamos, si
les parece a SS. SS., haciendo un repaso de cómo funciona esta cuota. Al
descolgar el teléfono en llamadas metropolitanas, pagamos una cuota
inicial de un paso; en las llamadas internacionales pagamos seis pasos,
lo cual quiere decir que el mero hecho, como decía antes, de descolgar un
teléfono significa que ya estamos pagando sin hacer uso del mismo. Por
tanto, entendemos que es una penalización que se
hace a los usuarios y que sufre más el que menos habla, da lo mismo
hablar veinte segundos que veinte minutos, al final pagamos exactamente
igual.
El punto b) entendemos que es suficientemente explícito por sí mismo:
adaptar la tarificación al tiempo real de uso, pasar de la unidad de
medida de pasos a segundos o tiempo consumido, evitar el pago de tiempo
no consumido con el paso. Esa es otra medida de justicia que intentamos
que sea aprobada por esta Cámara.
En el punto c) proponemos que se aumente el número de horas en la franja
de tarifa reducida en todo tipo de llamadas, y este punto lo justificamos
porque también en este aspecto España está a la cabeza de Europa: somos
el país europeo que menos tiempo tenemos de tarifas reducidas. Aquí a
veces se ponen muchos ejemplos de cómo funcionan otros países, pero la
verdad es que siempre se nos coloca con los ejemplos más negativos y se
olvidan aquellos aspectos positivos.
En el punto d) insistimos en la necesidad de dotar a las cabinas
telefónicas de sistemas de devolución de cambios, para que se produzca el
cobro exacto correspondiente al tiempo consumido. Con esta medida
pretendemos eliminar cobros indebidos por la falta de sistemas
tecnológicos que no permiten la devolución del sobrante. Asimismo,
entendemos que los teléfonos públicos deben cumplir una función social,
como puede ser el facilitar las llamadas de urgencia, centros sanitarios,
policía, SOS, etcétera.
Nosotros creemos que la moción que hemos presentado esta tarde es una
moción importante para los usuarios, importante para los ciudadanos y por
eso hemos hecho un gran esfuerzo para intentar llegar a un consenso con
el resto de los grupos de esta Cámara.
Hemos distribuido entre los distintos grupos que componen esta Cámara una
enmienda transaccional, en aras a este consenso, para ver si esta Cámara
podía aprobar soluciones y no dejar este asunto en el aire. No obstante
ha habido grupos que están de acuerdo con esta transaccional que hemos
presentado, pero, al parecer, el Grupo Popular no está de acuerdo.
Voy a aprovechar para decir que aceptaremos las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista; la primera propone
sustituir en el primer párrafo el término de «consagrar» por
«establecer»; la enmienda de sustitución al apartado a), guión primero,
que habla de limitar las subidas a las llamadas metropolitanas, que son
las más numerosas, al IPC previsto; y también la enmienda al apartado a),
guión cuarto. Esta enmienda matiza y establece el plazo más breve, en vez
de eliminar desde el inicio.
También aceptamos una enmienda que propone Coalición Canaria, porque nos
parece que es interesante, en el sentido de que, a los efectos de las
tarifas de servicio de telecomunicaciones, las comunidades autónomas
insulares tengan la consideración de uniprovinciales.
En cuanto a las enmiendas que presenta el Partido Popular, estaríamos
dispuestos a aceptar los puntos 3 y 5, en aras a este consenso al que
antes me refería.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Como ha anticipado el ponente de la moción del Grupo de Izquierda Unida,
a la misma se han presentado tres enmiendas por los grupos Socialista,
Popular y de Coalición Canaria.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista presenta a la moción de
Izquierda Unida, derivada de la interpelación sobre los motivos que han
impulsado al Gobierno a aprobar una serie de modificaciones de las
tarifas telefónicas para el año 1998, una serie de enmiendas parciales
que afectan a los puntos a los que ha hecho referencia el portavoz de
Izquierda Unida anteriormente, enmiendas que, de un lado, pretenden la
supresión de algún apartado de la moción y, de otro, como luego indicaré,
la sustitución o modificación de alguno de los puntos.
Estábamos de acuerdo con la interpelación, y así lo pusimos de manifiesto
en nuestra intervención el miércoles pasado, y estamos de acuerdo
probablemente con la moción. De ahí que únicamente pretendamos introducir
unos cambios muy concretos que en nada desvirtúan el sentido de la
moción.
Hacemos referencia en este debate a cómo deben estructurarse las tarifas
telefónicas. La interpelación que se discutió la semana pasada, con la
presencia de ministros, puso de manifiesto cuáles eran los criterios que
existían por parte de cada grupo respecto a cómo debían estructurarse a
partir de este momento las tarifas telefónicas de la Compañía Telefónica
de España, S. A., que es una empresa privada totalmente desde hace muy
poco tiempo, porque el Gobierno y el Grupo Popular lo han querido, de
forma y manera que si ahora hay un millón y medio de accionistas que
decía la señora Mato, antes estaban todos los españoles, que nos
sentíamos partícipes de esa compañía. Así pues, en esa comparación hemos
salido perdiendo. Hemos ganado un millón y medio de accionistas, pero a
través de esa privatización que ustedes han hecho casi 40 millones de
españoles hemos perdido la posibilidad de sentirnos algo vinculados a la
Compañía Telefónica, compañía, y a ustedes les consta perfectamente, que
ha sido defendida por este grupo de manera reiterada, porque ha tenido
unos ataques bastante furibundos en los últimos años, y sobre la que en
este momento ustedes mantienen una posición diametralmente distinta, la
defienden a capa y espada otorgándole casi más beneficios que los que se
le otorga a cualquier empresa
privada en este país, y eso no creo que sea lo más justo ni lo mas
adecuado; compañía también a la que la Orden ministerial de 18 de marzo
de 1997 autoriza y digo autoriza con la rotundidad que se puede decir,
porque, a pesar de lo que dijo la señora Mato el día pasado, en la
disposición adicional cuarta se dice: se autorizará a Telefónica de
España, S. A., entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 1998, a
incrementar, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la
cuota de abono mensual a percibir por sus abonados en una cantidad máxima
de 100 pesetas, y el 2 de agosto de 1998 se autorizará a Telefónica a
aumentar otras 100 pesetas. En el párrafo segundo se habla del mismo
modo: se autorizará a modificar el período en segundos por el que se
cobra la unidad de tarificación. Es decir, no se trata aquí de una
posibilidad, sino de un mandato imperativo que contiene esta Orden
ministerial en la que se le da a la Compañía Telefónica la potestad de
incrementar las tarifas. Si hubieran puesto ustedes «se podrá», quizás
habría una opción que nos permitiría sintonizar con ustedes en la
interpretación que hay que dar a la norma, pero, tal y como viene
recogido, desde luego no es el sentido que hay que darle.
El Grupo Socialista, como he dicho antes, formula una serie de enmiendas
que inciden en algunos aspectos de la moción. En primer lugar, y ya ha
hecho referencia a ello el señor Fernández, pretendemos sustituir en el
primer párrafo el término «consagrar» por «establecer». Lo planteamos
porque nos parece un término algo más laico y más adecuado. El término
«establecer» en una moción sustituyendo al término «consagrar» creo que
es una fórmula más correcta de plantearlo. Pensamos que se puede admitir
y, de hecho, agradecemos que lo haya admitido, tal y como ha manifestado
desde esta tribuna.
En segundo lugar, en el apartado a), apartado primero, en el que ustedes
proponen la eliminación en la nueva distribución de las tarifas de la
subida en las llamadas urbanas, que son las más numerosas, nosotros
decimos que habría que limitar la subida. ¿Por qué decimos esto? Porque
entendemos que en las tarifas urbanas, que han experimentado un
crecimiento importante al principio de esta década porque estaban muy
bajas, sí es cierto que ahora no se puede paralizar el incremento, sino
que hay que modularlo de tal manera que el IPC juegue a favor de esa
modulación. Por ello, pensamos que la fórmula más correcta es la de tomar
como referencia el IPC previsto para cada año como máximo, para que se
limite esa subida de las llamadas telefónicas urbanas.
La tercera de nuestras enmiendas viene a clarificar el contenido del
punto cuarto de este apartado a), en el sentido de establecer una
urgencia en cuanto a la eliminación del salto inicial que hay de 11
pesetas cada vez que uno descuelga el teléfono, porque es cierto que es
un salto más injusto cuanto más breve es la llamada. En una llamada de
media hora, 11 pesetas no juegan mucho, pero en una llamada de 30
segundos o de un minuto, 11 pesetas o la cantidad que sea sí es un factor
importante y es bueno que se suprima si es posible.
Planteamos una enmienda, a la que no ha hecho referencia el señor
Fernández, que venía a introducir una modificación en el apartado d). No
puede decirse en una moción, por un exceso de responsabilidad, que las
cabinas telefónicas tengan sistemas que permitan la devolución en
metálico del dinero introducido en las mismas para hacer uso del servicio
y no consumido por el cliente. Cualquier persona puede pensar que ya que
echa veinte duros y consume 75 pesetas, es lógico que le devuelvan los
cinco duros, pero esa lógica tiene algunas dificultades de carácter
técnico. Sin embargo, a la vista de que Izquierda Unida lo plantea, en
ese esfuerzo que hacemos todos para intentar buscar un consenso en torno
a esta moción y dado que el Grupo Popular en su enmienda de modificación
también presenta una fórmula similar, el Grupo Socialista no tiene ningún
inconveniente en retirar esa enmienda, con la finalidad de que se pueda
llegar a un acuerdo, porque si el grupo que está apoyando al Gobierno se
compromete a que esa modificación se pueda introducir para que exista en
cada cabina telefónica una cajita en la que se ubiquen monedas de cinco o
de diez duros, de cien, doscientas o quinientas pesetas, habrá que ver
cómo se soluciona ese problema que a pesar de que aparentemente no tiene
ninguna dificultad, alguna sí tiene y ya verán ustedes cómo se plantea en
el futuro este tipo de imprevistos.
Estas enmiendas, manteniendo el fondo de la moción del Grupo de Izquierda
Unida, vienen a mejorar, desde nuestro punto de vista, una iniciativa que
entendíamos muy correcta y ajustada. En aras de esa propuesta que S. S.
hacía para que otros grupos se incorporaran a este acuerdo, por parte del
Grupo Socialista no habría ningún inconveniente en que los párrafos que
ha comentado de la moción del Grupo Popular se incorporen a esta enmienda
transaccional que usted formula, así como el párrafo relacionado con la
enmienda propuesta por el Grupo de Coalición Canaria, que hace referencia
a que las comunidades autónomas insulares tengan la consideración de
uniprovinciales a efectos de tarifas. Es un paso importante y positivo
que se da en la unidad de tarificación y que elimina discriminaciones en
dichas comunidades autónomas. Por lo tanto, si el Grupo Popular acepta la
enmienda que S. S. ha formulado, nosotros muy gustosamente la votaremos y
si no, votaremos a favor la propuesta de moción que S. S. ha llevado a
cabo con las enmiendas que hemos incorporado nosotros.
El resto de la moción es perfectamente asumible, por cuanto toca temas
que afectan al conjunto de los usuarios y va en beneficio de todos los
ciudadanos españoles, y nuestro apoyo va a ser claro y rotundo al
planteamiento que S. S. hace en esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán. Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, volvemos en esta Cámara en el día de hoy a hablar de tarifas
telefónicas y lo haremos de nuevo el próximo jueves con una intervención
del Ministro de Fomento con motivo de la comparecencia que ha solicitado
el Grupo Socialista. Me parece bien que hablemos tanto de las tarifas
telefónicas, máxime si sirve para que
SS. SS. comprueben de una vez que el proceso de liberalización de las
telecomunicaciones en el que estamos inmersos y que el Gobierno está
impulsando con la premura necesaria para recuperar el tiempo perdido de
varios años de Gobierno socialista con toda seguridad tendrá efectos
positivos en las tarifas telefónicas y redundará en la mejora del buen
servicio telefónico que ya presta en estos momentos la Compañía
Telefónica de España.
Señorías, quiero repetir de nuevo, como ya hice el miércoles pasado y
como fielmente me ha interpretado el señor Morlán --como intérprete no
tiene precio--, que con la Orden ministerial no se incrementan las
tarifas de la Compañía Telefónica por el servicio telefónico
metropolitano. Simplemente se contiene una previsión para que la Compañía
Telefónica pueda solicitar un incremento, de acuerdo con el procedimiento
legalmente establecido. Es una previsión de que si la compañía llega a
solicitar el incremento, se podría acceder a éste, siempre que se cumpla
el procedimiento legalmente establecido y con los límites que la propia
disposición prevé. Por tanto y aunque han hecho referencia a ello tanto
el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del Partido Socialista,
saben SS. SS. que esta es una previsión que se ha hecho para salvaguardar
a la Compañía Telefónica, compañía que nosotros siempre hemos defendido,
no sólo ahora, señor Morlán, sino durante muchos años de legislatura, con
más o menos rigor o más o menos vigor con que lo ha hecho el Grupo
Socialista. En cualquier caso, sepan ustedes que no se incrementan las
tarifas; simplemente se recoge una previsión. Y también quiero que unan
ustedes esa medida con el reciente proyecto de liberalización de las
telecomunicaciones, que permite que en España exista, por fin,
competencia en materia de telefonía básica, y con el segundo operador va
a haber una competencia que previsiblemente va a hacer que los precios
disminuyan, porque, como ustedes bien saben, cuando hubo competencia en
materia de telefonía móvil bajaron los precios de las conexiones, de los
aparatos y también de las tarifas. Por tanto, es previsible que cuando
empiece a funcionar la competencia en España con las redes de cable, con
el segundo operador de telefonía y con Telefónica bajen las tarifas para
todos los servicios. En consecuencia, señorías, no tengo más que añadir
en este punto.
En cuanto a la enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo de
Izquierda Unida, la verdad es que hemos realizado un enorme esfuerzo,
incluso de redacción, por recoger todos y cada uno de los puntos de su
iniciativa cuyo cumplimiento podría solicitarse del Gobierno. Tengan
ustedes en cuenta que todo esto hay que hacerlo siempre, por supuesto,
dentro del proceso de liberalización en el que nos movemos y, en
consecuencia, el Gobierno tiene unas determinadas facultades que puede
ejercer y que puede cumplir, y eso es exactamente lo que hemos recogido
en nuestra enmienda, hemos planteado, señorías, todas las medidas que ha
presentado el Grupo de Izquierda Unida en su moción que se le pueden
requerir al Ejecutivo en estos momentos. Lamento sinceramente que nuestro
esfuerzo no haya sido recompensado con el voto mayoritario de toda la
Cámara, porque lo hemos hecho precisamente para conseguir el consenso
también en la cuestión de tarifas telefónicas, como lo hacemos siempre y
lo solicitamos en materia de telecomunicaciones desde hace varios años en
esta Cámara. Creemos que en telecomunicaciones hace falta siempre el
consenso de la Cámara, y también en esta materia hemos intentado, como
digo, con gran esfuerzo, lograr ese consenso. En cualquier caso, la
enmienda transaccional que nos presentaban, en la cual se incluían
algunos de nuestros puntos, no la podemos aceptar ni podemos aceptar la
votación separada de nuestra enmienda, porque creemos que en su conjunto
es como se recoge de verdad la defensa del usuario.
Por otro lado, ustedes proponen la incorporación de algunas de las
enmiendas de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a su
texto, por ejemplo, las enmiendas del Grupo Socialista --que aceptan
ustedes-- en las que se solicita que la subida de las llamadas
telefónicas se ajuste o no sea superior al índice de precios al consumo
previsto para cada año, pero es que, señorías, no se va a proceder al
incremento de las llamadas en muchos ejercicios, no siempre se van a
subir las tarifas telefónicas; sin embargo, en otros ejercicios puede que
sí se suban más del IPC. En cualquiera caso y en segundo lugar, como he
dicho antes, en la orden no se prevé la subida de las tarifas
telefónicas; se prevé que suban hasta un tope, que no sabemos si será por
encima o por debajo del IPC en estos momentos, puesto que la previsión es
para el año que viene. En tercer lugar, resulta paradójico que sea
precisamente el Grupo Socialista el que plantea esta cuestión, dado que
los incrementos que se han llevado a cabo entre los años 1990 y 1994, que
han multiplicado por más de diez las subidas anuales experimentadas en el
IPC, resultan imputables, sin lugar a dudas, al Gobierno del Partido
Socialista. Por tanto, como comprenderán, señorías, no parece muy
congruente que por parte de nuestro grupo se acepte esta enmienda que
ustedes presentan.
En cuanto a la enmienda del Grupo de Coalición Canaria, estamos de
acuerdo con el espíritu y nos gustaría
poder aceptarla y de hecho la hemos incorporado en nuestro texto, que hoy
no se va a votar en esta Cámara, de manera que nosotros creemos que tiene
que haber un régimen tarifario diferenciado que tenga en cuenta las
singularidades de los territorios de las islas. Con eso se recoge
exactamente y de manera más amplia la propuesta que hace el Grupo de
Coalición Canaria referida a las singularidades de los territorios
insulares.
En cuanto al contenido concreto de nuestra enmienda, que ya lo comento
con relación también a nuestro rechazo a la moción del Grupo de Izquierda
Unida, estamos hablando de cuota inicial, de cuotas de conexión, de
servicios de alquiler, pero al final, señorías, el problema es que en
España todavía no hay competencia, pero en cuanto se instaure, que va a
ser en breve tiempo --y ustedes no achacarán la culpa de que no la haya
ni al Grupo Popular ni al Gobierno Popular; será de otros años de retraso
de los que nosotros no somos responsables--, como pasa en otros países,
ni siquiera se cobrarán cuotas de conexión, ni siquiera se cobrarán
cuotas iniciales y, por supuesto, el servicio de alquiler, desde el
momento en que se venden los aparatos a precios tan irrisorios,
probablemente dejará también de existir y también dejará de cobrarse. Por
ello, señorías, todas esas cuestiones que ustedes plantean ya están
incorporadas en los efectos que van a producirse con motivo de la
liberalización y de la competencia, sin necesidad de que el Gobierno tome
ninguna medida adicional para ello. Lo que sí propugnamos es que haya un
sistema tarifario distinto, un sistema tarifario que cobre efectivamente
por los servicios prestados y no por los servicios que no se han
prestado. No digo que la unidad tenga que ser el segundo o el minuto;
digo que se cobre exactamente por el servicio efectuado. Creo que eso es
lo que tiene que hacer el Gobierno. No creo que tenga que entrar en
detalles de si se cobra por segundos, por minutos o de si las cabinas
tienen que ser de color verde o azul. Esa no es misión del Ejecutivo,
pero sí garantizar que haya un sistema tarifario único para toda España
que tenga en cuenta, como he dicho, algunas particularidades, entre ellas
la que proponíamos en el punto 4, que tenga lugar a un precio asequible
dentro del servicio universal el acceso al servicio telefónico y a un
precio no discriminatorio para las personas con deficiencias psíquicas y
físicas. Creemos que esa sí es obligación del Gobierno y, por tanto, es
lo que incluíamos en nuestra enmienda.
En cuanto a la claridad en la determinación de las franjas horarias, le
digo lo mismo. Es cierto que creemos que tiene que haber una
simplificación de las franjas y de las tarifas telefónicas. Lo que
tampoco es lógico es que digamos: queremos una tarifa de cinco a siete,
otra de siete a nueve y otra de doce a una. ¿Sabe lo que queremos?
Queremos que nos pase como en los países vecinos, que haya, por ejemplo,
dos tarifas, una diurna y otra nocturna; queremos que las tarifas punta
se reduzcan mucho y que, además, sea más largo el tiempo de las tarifas
punta. Lo que queremos, pues, es un servicio mejor y más barato para los
ciudadanos. En aras a esa motivación presentamos nuestra enmienda que,
como digo, y no voy a entrar en más detalles, planteaba exactamente eso:
que tengamos una competencia; competencia que se va a dar en cualquier
caso con este gobierno, con o sin moción, porque en ese ámbito estamos,
en un proceso de liberalización de las telecomunicaciones que permita la
competencia.
Por último, tengo que decirles que lamento no poder votar su moción,
porque nuestro texto recogía exactamente sus planteamientos, pero creo
que más ajustados a la realidad en que nos movemos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
El Grupo de Coalición Canaria ha presentado una enmienda, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, valoramos positivamente la interpelación del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, así como la moción consecuencia
de la misma, sobre un tema latente, importante y de actualidad, como es
el de las telecomunicaciones, fundamentalmente en lo que se refiere a las
tarifas telefónicas. No sé si la secuencia con la que se han venido
desarrollando los acontecimientos ha sido la más oportuna o era
preferible haber tenido la comparecencia del señor ministro, prevista
para el próximo jueves, antes de debatir esta moción. En cualquier caso,
me parece que es sumamente importante fijar la posición de la Cámara o
empezar a crear una conciencia en la Cámara en relación a este proceso
liberalizador y a la incidencia que va a tener en la telefonía básica.
Decía el ministro el otro día, en el debate de la interpelación, que el
proceso liberalizador estaba fundamentado en tres coordenadas, en tres
grandes ejes, que eran: garantizar la cobertura universal del servicio de
telefonía básica, definir las condiciones y requisitos de la prestación
de ese servicio universal y equilibrar las tarifas del operador
monopolista. En la línea de esos tres ejes, que son los que se prevén en
la directiva europea, qué duda cabe de que hay que ir encaminando una
serie de acciones. Parece que todos los grupos políticos de la Cámara
estamos de acuerdo en el fondo de las cuestiones que tenemos que empezar
a encauzar. Estamos de acuerdo todos los grupos en que se pague por la
facturación real, que sea un pago real del servicio que se presta.
Estamos de acuerdo en la simplificación del régimen tarifario, en que
exista una mayor claridad en el cobro en las franjas horarias. Estamos
de acuerdo en el cobro por uso real, es decir, en devolver el dinero
cuando usamos el teléfono y no se ha consumido el importe que hemos
introducido en la cabina. Estamos de acuerdo en facilitar una tarifa
reducida para las personas con dificultades y con problemas. Estamos de
acuerdo en facilitar un mecanismo para que el que no haya pagado pueda
satisfacer el pago a la Compañía Telefónica sin que eso lleve aparejado
el corte del servicio. Estamos de acuerdo, en esencia, en lo fundamental.
Nos diferencian las formas y es una pena no conseguir ese consenso sobre
la base de la moción presentada por Izquierda Unida hoy en la Cámara.
Estamos de acuerdo también, en la línea de la enmienda que aceptaba
Izquierda Unida y de la enmienda que presentaba el Grupo Popular, en la
consideración de la singularidad de los territorios insulares, tema sobre
el que quiero hacer un especial énfasis. Hemos hablado de los procesos
liberalizadores en Europa y en España como de la gran panacea y no hemos
tenido en cuenta la fragilidad de algunas zonas, de algunos territorios
del Estado ante dichos procesos liberalizadores. Nos preocupa en los
territorios insulares y en los territorios alejados, como pueden ser
Ceuta y Melilla, la fragilidad que tenemos ante este fenómeno que en
estos momentos se ha puesto en marcha en toda Europa. Nos preocupa en
aras a los dos instrumentos que nos permiten cohesionar territorialmente
el Estado y que nos permiten, fundamentalmente, cohesionar las islas, que
son los transportes y las telecomunicaciones. Respecto a los transportes,
que pensábamos que eran el gran descubrimiento o la gran panacea, ya nos
hemos llevado el primer gran palo, es decir, la subida salvaje de las
compañías aéreas es el primer gran palo y el que distancia más a los
territorios insulares y a los territorios alejados del continente. Es
necesario arbitrar las medidas oportunas para que Canarias siga siendo
Europa, para que Canarias siga integrada en el territorio del Estado,
para que Canarias, entre las islas, sea un territorio cohesionado. En esa
línea van las enmiendas que hemos presentado.
Por una parte, nos parece de justicia considerar los archipiélagos como
una circunscripción uniprovincial, desde el punto de vista de las
tarifas. En estos momentos es difícil explicar por qué entre Gran Canaria
y Lanzarote o Gran Canaria y Fuerteventura se paga una determinada
tarifa, y cuando se llama de Gran Canaria a Tenerife o de Gran Canaria a
La Gomera se paga otra distinta. Es necesario reconducir este tema en
aras a resolver el problema planteado.
Por otra parte, nos preocupa de manera extraordinaria el 1 de diciembre
del año 1998, porque a partir de dicha fecha, con la liberalización de
este sector, nos puede ocurrir algo como lo que estamos viviendo estos
días en el sector aéreo. Hasta ahora, el monopolio telefónico controlado
por el Gobierno permite a éste encauzar un servicio de calidad, un
servicio que llegue a todos los rincones de las islas. Cuando se produzca
la liberalización total es difícil que un segundo operador pueda tener
interés en competir con Telefónica en territorios insulares, como pueden
ser Baleares y Canarias, o en territorios alejados, como pueden ser Ceuta
y Melilla. Es necesario incentivar medidas del Gobierno para que permitan
la competencia en esos territorios. No podemos quedar en los territorios
alejados solos en manos de un monopolio. En ese sentido, proponemos una
enmienda dirigida a tener una tarifa diferenciada, reducida, en la
interconexión. La tarifa de interconexión tiene que ser una tarifa
reducida para que permita la competencia en los territorios insulares.
El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor RIVERO BAUTE: Termino, señor Presidente.
En definitiva, señorías, es necesario que desde la Cámara se arbitren las
medidas pertinentes para que la cohesión territorial del Estado sea
posible.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, dado lo avanzado de la hora,
quiero anunciar nuestro voto negativo a la moción, porque consideramos
que no es oportuna, porque ya estaba anunciada la presencia del ministro
en Comisión y por una parte del texto. Haremos las aclaraciones oportunas
o la ampliación de los detalles sobre nuestra posición respecto a las
tarifas, en aras de ese consenso que siempre se pide en los temas de
telefonía, en la próxima comparecencia del ministro en la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó. (El señor Fernández Sánchez
pide la palabra.)
Señor Fernández, a los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas,
con brevedad, por favor.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Creo que me permitirá el señor Presidente decir al señor Sedó que esta
moción es totalmente oportuna, que la comparecencia del ministro en la
Comisión de Infraestructuras no va a solucionar, en absoluto, la
problemática que la moción plantea. Por tanto, la moción es totalmente
oportuna, no oportunista.
Por otro lado, la señora Mato ha admitido, yo creo que con toda claridad,
que el sistema de facturación que utiliza Telefónica no es un sistema
correcto...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, como sabe S. S., no se trata de una
segunda intervención y menos aún que pueda provocar una apertura del
debate. Se trata de una intervención tasada, mucho más a estas horas,
para aceptar o rechazar las enmiendas. Le ruego que se ciña, por tanto, a
ello.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
Me reafirmo en lo dicho anteriormente en cuanto a la aceptación de las
enmiendas que he enumerado desde la tribuna.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Votación sobre la moción, consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre los motivos que han impulsado al Gobierno a aprobar una
modificación sustancial de las tarifas telefónicas para el año 1998, a
aplicar por la compañía privada Telefónica, S. A., en sus servicios de
telefonía básica, en los términos resultantes de la aceptación por el
grupo proponente de las enmiendas, como ha expuesto en el desarrollo del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a
favor, 110; en contra, 156; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.