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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 76, de 17/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 76
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 73
celebrada el jueves, 17 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
-- Proyecto de Ley por el que se incorpora al Derecho español la
Directiva 95/47/CEE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del
sector. (Procedente del Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero.)
«Boletín Oficial del Congreso de los Diputados», Serie A, número 31.1,
de 20 de febrero de 1997 (número de expediente 121/000029) (Página 3714)
--Proposición de Ley sobre modificación del artículo 8 de la Ley del
contrato de seguro para garantizar la plena utilización de todas las
lenguas oficiales en la redacción de los contratos. «Boletín Oficial del
Congreso de los Diputados», Serie B, número 34.1, de 10 de junio de 1997
(número de expediente 122/000022) (Página 3722)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 3714)
Proyecto de ley por el que se incorpora al Derecho español la Directiva
95/47/CEE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se
aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector.
(Procedente del Real Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero.) (Página 3714)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats; del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
García-Arreciado Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado
al proyecto de ley por el que se incorpora al Derecho español la
directiva 95/47/CEE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de
televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del
sector.
Página
Proposición de ley sobre modificación del artículo 8 de la Ley del
contrato de seguro para garantizar la plena utilización de todas las
lenguas oficiales en la redacción de los contratos
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Peralta Ortega,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino
Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular.
Se somete a votación la enmienda del Senado a la proposición de ley sobre
modificación del artículo 8 de la Ley del contrato de seguro, para
garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la
redacción de los contratos, que es rechazada.
Se levanta la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE INCORPORA AL DERECHO ESPAÑOL LA DIRECTIVA
95/47/CEE, DE 24 DE OCTUBRE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE
EL USO DE NORMAS PARA LA TRANSMISION DE SEÑALES DE TELEVISION Y SE
APRUEBAN MEDIDAS ADICIONALES PARA LA LIBERALIZACION DEL SECTOR.
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 1/1997, DE 31 DE ENERO) (Número de
expediente 121/000029)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día, enmiendas del Senado. En primer lugar, al
proyecto de ley por el que se incorpora al Derecho español la Directiva
95/47/CEE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se
aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector.
Procedente del Real Decreto-Ley 1/1997, de 31 de enero.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado al
proyecto de ley? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señorías, intervengo, en nombre
del Grupo de Coalición Canaria, para fijar la posición con respecto a las
enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se incorpora al
Derecho español la Directiva europea sobre las transmisiones de señales
de televisión. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rivero.
Señorías, les ruego que guarden silencio. Es difícil escuchar desde la
Presidencia al Diputado que está en el uso de la palabra. Señor De
Torres, por favor.
Puede continuar, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente. Intervengo para
fijar la posición de mi grupo
con respecto a la incorporación al Derecho español de la Directiva
europea sobre transmisión de señales de televisión, más conocida
popularmente como de la televisión digital. La posición de Coalición
Canaria desde un primer momento respecto de este real decreto-ley no deja
lugar a dudas, al prestar nuestro apoyo para convalidar el decreto-ley en
una primera instancia.
Entendemos que se debe cumplir la directiva europea para trasladar a
nuestro Derecho las directrices y normas sobre el uso de este modo de
comunicación, y desde un primer momento hicimos una apuesta clara para
que este proyecto de ley cumpliera los tres objetivos que se señalan en
su exposición de motivos, es decir garantizar los derechos de los
ciudadanos, garantizar la pluralidad de la oferta de servicios y
garantizar el régimen de libre competencia . El portavoz de Coalición
Canaria apeló desde un primer momento, en la intervención que hizo desde
la tribuna, al consenso. Hablar de comunicación es hablar de temas
estratégicos de Estado, para nosotros la comunicación lo es, y en los
temas estratégicos se debe intentar conseguir el máximo consenso en la
Cámara. Hicimos ese esfuerzo porque pensamos que en temas referidos a
comunicación hay que impedir en todos los casos situaciones de abusos de
unos sobre otros. Cuando hablamos de comunicación tenemos que intentar
buscar instrumentos que permitan a todos estar en igualdad de
oportunidades que garanticen la pluralidad; no se pueden poner medios al
servicio del que manda, sino medios al servicio de los ciudadanos.
A pesar del ambiente que rodeó la tramitación del real decreto-ley en
Comisión, a pesar de la presión ambiental, hay que decir que se alcanzó
un alto grado de consenso en ese trámite parlamentario. Después de
haberse alcanzado un amplísimo consenso en el trámite en Comisión,
nosotros esperábamos que las enmiendas que introdujera el Senado fueran
técnicas, nunca que afectaran a lo esencial de este proyecto de ley. Y lo
entendemos así porque la matemática parlamentaria que tenemos en la
Comisión del Congreso no es la misma que en el Senado. Cuando en el
Senado se introducen modificaciones sustanciales con respecto a las
posiciones inicialmente consensuadas nos parece que, en alguna medida, se
vulneran acuerdos alcanzados en el Congreso.
En esa línea, va a contar con nuestro voto afirmativo la enmienda que se
introdujo en el tercer párrafo de la letra c) del artículo 7. Se trata de
una enmienda que ya había presentado en Comisión Convergència i Unió y
que pretendía suprimir la necesidad de que los precios por el empleo de
los descodificadores por los programadores se orienten a costes, con lo
que serán fijados libremente por las partes. Esta era una posición que,
en principio, tenía un amplio respaldo cuando se debatió en Comisión, que
no salió adelante, pero desde un primer momento esta iniciativa de
Convergència i Unió ha contado con nuestro apoyo.
También nos parece acertada, porque respalda la línea de esa mayoría
parlamentaria con la que se aprobó este proyecto de ley en el Congreso,
la enmienda que se refiere a la disposición transitoria primera, sobre
los ajustes de plazos. Debo recordar que ya en el trámite en Comisión se
presentaron enmiendas por parte del Grupo Catalán y de Coalición Canaria
que pretendían hacer esta corrección que ahora se ha introducido en el
Senado.
Señor Presidente, no nos merece la misma opinión la enmienda introducida
al último párrafo de la letra a) del artículo 7, porque el texto aprobado
en su día en Comisión se hizo precisamente en base a una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular que, a su vez, fue
corregida por una enmienda transaccional del mismo grupo. Es decir, en la
tramitación de este proyecto de ley dispusimos de un texto inicial de
este apartado del artículo 7 que fue corregido por una enmienda
presentada en Comisión, la número 28. Posteriormente el Grupo Popular
presentó una transaccional a la enmienda anterior y, finalmente, se ha
introducido una enmienda en el Senado.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, termino en seguida.
Da la sensación de que las ideas del Gobierno y del partido que apoya al
Gobierno sobre el tipo de descodificador que hay que utilizar no estaban
muy claras desde un primer momento. Nosotros queremos que se cumplan los
tres objetivos que se fijan en la exposición de motivos de este proyecto
de ley: garantizar los derechos de los ciudadanos, garantizar la
pluralidad de los servicios y garantizar el régimen de libre competencia.
Nos parece que esta enmienda restringe las garantías de los ciudadanos,
restringe las garantías para los usuarios. No entendemos, señor
Presidente, señorías, cómo se da paso a imponer uno de los sistemas, en
el caso de que no haya acuerdo, porque el texto aprobado en Comisión
permitía el uso de un sistema, que se apoya en un descodificador que está
en el mercado, según el cual con la misma tarjeta puede operar o
intervenir otro operador. No entendemos por qué se modifica esa
posibilidad, que dejaba libertad para poder acudir al sistema multicryp,
en el supuesto de no haber cuerdo. Todos sabemos que cuando una parte no
quiere, no hay posibilidad de acuerdo. Por tanto, pensamos que la
corrección que se introduce en el Senado a este artículo restringe los
derechos de los ciudadanos, restringe los derechos de los operadores y no
va a contar con nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar las enmiendas que remite el
Senado a esta Cámara al proyecto de ley por el que se incorpora al
Derecho español la directiva de referencia.
La enmienda que hace alusión al tercer párrafo de la letra c) es una
solicitud que ha reiterado el Grupo Vasco para que este sector funcione
con los mismos criterios de mercado. La desaparición de la orientación a
costes va a suponer que el propio sector pueda funcionar con mucha mayor
libertad, como funcionan los demás sectores.
La enmienda relativa a la disposición transitoria primera, que hace
disminuir los plazos de adecuación de los descodificadores, es razonable
en orden a que la propia directiva surta efecto y a que los plazos
transitorios sean más breves, porque creemos que el mercado se puede
adecuar a los plazos recogidos en la enmienda que presenta ahora el
Senado. Nos parece correcto también que se suprima la referencia a las
tarifas de interconexión, para adecuarla a la tramitación previa que se
está realizando en el Congreso de los Diputados.
No se nos oculta que el último párrafo de la letra a) del artículo 7 es
el punto conflictivo y de debate en el día de hoy. El Grupo Parlamentario
Vasco entendió que la enmienda que se aprobó en su momento en Comisión,
durante la tramitación de este proyecto de ley, recogía un texto que
estaba excesivamente abierto y que se prestaba a distintas
interpretaciones, al margen de las calificaciones técnicas que ha
expuesto ahora el portavoz de Coalición Canaria. El texto que se recoge
en este momento ofrece mayores posibilidades para que, además de colocar
las posibilidades técnicas de conexión en su sitio, el servicio de estos
descodificadores pueda ser realizado con competencias suficientes, sin
dejar abiertas ciertas posibilidades con redacciones que, en su día,
puedan originar discrepancia, incluso dejando abierto el tema de forma
que se puedan dar múltiples interpretaciones. Nos parece correcto que los
operadores puedan alcanzar acuerdos previos, sería lo razonable, y
entendemos que la redacción que se ofrece en este momento no ofrece
argumentos que justifiquen que la libertad de los usuarios pueda quedar
restringida.
Por tanto, señor Presidente, el Grupo Vasco va a apoyar todas y cada una
de las enmiendas que a este proyecto de ley remite el Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Entramos en la última fase de la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley, proyecto derivado del Real Decreto-ley 1/1997, que esta
Cámara decidió en su momento tramitar como proyecto de ley.
Rememorando el debate de convalidación, manifestaba entonces nuestro
grupo la conveniencia y necesidad de legislar sobre las nuevas
modalidades de televisión, aunque también insistimos entonces que hubiera
sido conveniente y hubiéramos preferido hacerlo sin prisas de última hora
y, sobre todo, en un debate exento de crispación. A la vez que
solicitábamos su tramitación como proyecto de ley, hicimos notar que sólo
podíamos asumir una parte del texto del real decreto-ley y, además,
relacionamos a continuación aquellos aspectos del texto que desde nuestro
punto de vista había que modificar.
¿Cuál ha sido, señor Presidente, señorías, el resultado del debate a lo
largo de estos dos meses? Yo diría que desigual; desigual porque si, de
un lado, aquellos aspectos que señalábamos como temas a modificar han
tenido buena suerte, de otro, algunas enmiendas introducidas por
iniciativa de otros grupos parlamentarios no han mejorado precisamente el
texto desde nuestro punto de vista, sino que lo han empeorado. Así, y
entre los aspectos positivos, quiero destacar, en primer lugar, que como
consecuencia de una enmienda introducida en su momento en el Congreso ha
desaparecido la obligación de resarcir a los usuarios, en caso de
suspensión de la prestación del servicio, por el doble de lo que debieran
pagar durante el tiempo de interrupción o en caso de que éste no se
prestara correctamente. Consideramos entonces que era una exigencia que
no tenía paralelo en servicios de primera necesidad como el agua, el gas,
el teléfono o la electricidad, y la televisión es obvio que no es un
servicio de primera necesidad.
También se ha modificado --modificación introducida en el Senado-- la
competencia de fijación de las tarifas por uso de los descodificadores
por parte de terceros operadores, en caso de desacuerdo entre las partes.
Y si antes esta competencia correspondía o se reservaba al Ministerio de
Fomento hasta diciembre del año 1998, es decir, hasta el momento de la
plena liberalización, ahora va a corresponder, desde el primer momento, a
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Nos parece también
éste un aspecto importante para garantizar la compatibilidad de uso.
Asimismo --esta vez en el Senado--, con la enmienda de Coalición Canaria
se han aumentado sustancialmente los plazos de adaptación de la
disposición transitoria primera, enmienda que coincidía con otra que
presentó nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, y si estos plazos
antes eran exiguos ahora son, desde nuestro punto de vista, razonables.
Sin embargo, y en el lado negativo, hay que lamentar que el proyecto
inicial ha sufrido, desde nuestra perspectiva, un retroceso, y me estoy
refiriendo a la
enmienda al artículo 7, la cual no vamos a votar favorablemente. El real
decreto-ley dibujaba inicialmente un esquema difuso, que obligaba a cada
operador a registrar su descodificador en un registro creado al efecto en
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Poco se sabía acerca
de la necesidad de ese registro, cuando en el ámbito de las
telecomunicaciones, y con carácter general, la homologación obtenida por
cualquier fabricante de un aparato o por cualquier operador en un
registro denominado notificado, de los que existen en cualquier país de
la Unión Europea, autorizaba y autoriza para comercializar ese aparato
también en cualquier país de la Unión Europea. Este grupo parlamentario
entendió entonces que se estaba creando una traba inútil, un nuevo
obstáculo burocrático sin sentido, por lo que hemos defendido y
defendemos su supresión, cuando menos con el carácter constitutivo de
derechos que le daba el real decreto-ley. Sí estábamos de acuerdo en que
podía existir ese registro con carácter meramente publicitario, ya que de
otra forma se creaba inseguridad jurídica. A la vez, hemos de reconocer
que intuíamos que algo más debía significar ese registro. Nuestra tesis
no ha prosperado y el proyecto ha ido avanzando precisamente en una
dirección contraria a través de alguna enmienda que se ha introducido por
parte del Grupo Parlamentario Popular.
También hemos planteado la conveniencia de evitar que la posible
existencia de más de una plataforma digital haga necesario tener en casa
más de un descodificador. De ello depende que sea más fácil y menos
costoso para el ciudadano el acceso a las distintas alternativas de
contenidos, pero además entendemos que el uso de un descodificador común
es conveniente para todas las plataformas, en tanto en cuanto reduce los
costes de inversión para estas empresas. Por tanto, pensamos que, desde
todas las perspectivas, la compatibilidad es conveniente. A partir de
ahí, también hemos defendido que lo ideal sería un acuerdo entre
plataformas para ir a un descodificador compatible que permitiera la
facturación independiente. Y si no fuera posible el acuerdo, que lo dudo,
cuando menos pensamos que habría que diferir la compatibilidad
obligatoria al momento de la aparición en el mercado, pero de la
aparición real, no teórica, de nuevas plataformas. Y, a partir de eso,
que todo el mundo sea libre de colocar su descodificador en el mercado,
aun asumiendo el compromiso de que, en el caso de que se entrara en
competencia, debería garantizar la compatibilidad, pero en el momento en
que la competencia real exista. Y en este momento, en España, sólo existe
una plataforma en el mercado. Por tanto, no hay competencia, no hay más
que un operador.
Señor Presidente --y termino--, entendemos que la fórmula final del
proyecto se precipita, en tanto en cuanto obliga a un acuerdo entre
plataformas en un plazo exiguo de dos meses y, de no llegarse a ese
acuerdo, impone un sistema, el multicrypt, que quizá esté diseñado a
nivel teórico, pero nuestro grupo parlamentario no tiene la certeza real
de que hoy por hoy éste sea un sistema que pueda encontrarse en el
mercado. Por tanto, hemos pasado de un texto genérico, el aprobado en el
Congreso con una enmienda del Partido Popular en Comisión, a otro muy
concreto que no nos satisface. Por ello --repito-- no vamos a votar
favorablemente la enmienda al artículo 7, aunque también somos
conscientes de que el texto del Congreso tampoco es el ideal en este
aspecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Tiene la palabra el señor Alcaraz, por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Desde el principio de este debate el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya marcó su punto de vista, es decir, el prisma a partir del
cual vería las enmiendas parciales y el enfoque definitivo del proyecto
que hoy debatimos en su recta final.
Nuestro punto de vista esencial partía del hecho de defender los
intereses de los usuarios, es decir, de quien está a este lado del
televisor y aprieta los botones, no de los que están detrás dirigiendo o
de la empresa, aunque que también tuviéramos en cuenta, dentro del marco
jurídico, la necesaria defensa en función de la pelea, de la batalla
comercial connatural a este tipo de debates.
El segundo punto de vista al que nosotros hemos aludido constantemente es
la necesidad de luchar, de batallar argumentalmente en contra de
cualquier posición de dominio que conduzca de hecho a cierto tipo de
monopolio, a cierto tipo, por consiguiente, de falta de libertad, de
falta de capacidad de elección para el que está a este lado del
televisor, para el usuario.
Finalmente, complementando nuestro punto de vista, también dijimos que el
tema de la televisión pública, de Radiotelevisión Española, y de las
distintas televisiones públicas autonómicas también era determinante a la
hora de enfocar nuestros argumentos y las votaciones consecuentes con
respecto a este proyecto. En función de esto nosotros también expusimos
una necesidad, tal como se está perfilando y cuajando en la inmensa
mayoría de los países de la Unión Europea, la de alcanzar acuerdos que
tiendan a conseguir plataformas únicas en función de acuerdos
tecnológicos, de acuerdos comerciales, de acuerdos incluso con respecto a
los contenidos que implican también acuerdos a la hora de utilizar los
instrumentos; en consecuencia, acuerdos que pueden reducir los costes
tanto de la producción y de las empresas cuanto de los usuarios.
Nosotros en este momento defendemos a Radiotelevisión Española
fundamentalmente y a las empresas
públicas que están inscritas en alguna de las plataformas. A las dos
plataformas les pedimos que lleguen a ese acuerdo, a esta fusión que
incluso dinamiza este proyecto de ley, porque me parece que es lo
adecuado, lo racional, incluso atendiendo a los propios intereses de la
empresa en liza. Las consecuencias de este proyecto se han desbocado un
poco, porque en este país el cable va muy retrasado y en función de este
retraso se ha generado una cierta histeria a la hora de debatir este
proyecto.
Con respecto a las enmiendas del Senado, he de decir que nosotros las
hemos conocido a bote pronto en el Senado, no las conocíamos previamente,
no se nos ha consultado. Allí se ha votado teniendo en cuenta el consenso
que se lograba sobre la marcha, pero a resultas de las argumentaciones y
la reflexión definitiva del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y de la dirección de Izquierda Unida.
Nosotros no teníamos ningún tipo de compromiso previo y hemos actuado
según los argumentos que he enunciado en principio.
Hay una enmienda que nosotros no podemos compartir porque agrava el coste
económico de los usuarios y porque no consuena con el resto de las
medidas que se están adoptando en los países de la Unión Europea. Me
refiero al precio de los descodificadores. Este precio no debe estar
sujeto a la libertad de mercado directamente aplicada, no debe estar
sujeto a la libertad de las empresas que contienden en el mercado, sino
que debe estar sujeto a costes, debe tener una tendencia a costes. Así se
está aprobando en el resto de los parlamentos de las naciones inscritas
en la Unión Europea y así se está debatiendo en el seno del Parlamento
Europeo. Por tanto, la enmienda que viene del Senado respecto al artículo
7 c) la votaremos en contra por estas razones, porque perjudica a los
usuarios en cuanto al precio real de los descodificadores que se puedan
vender a partir de ahora.
Hay otra enmienda que mejora incluso la que nosotros habíamos
interpuesto a la disposición transitoria primera. En el decreto se
contenía la necesidad de cambiar los descodificadores no universales, no
homologados, en el plazo de uno o dos meses si estuviesen ya instalados
en los domicilios. Nosotros interpusimos una enmienda para que el plazo
fuera el doble ( dos y cuatro meses), pero eran dos y cuatro meses a
partir de la promulgación del decreto y nosotros estábamos debatiendo en
aquel momento cuando los plazos ya habían terminado. No era lógico, no
era racional, por tanto nos abstuvimos, y quedó a expensas de un consenso
en el Senado esta enmienda a la transitoria primera. En el Senado se ha
logrado un amplio consenso para llevar los plazos de cambio a tres y seis
meses, pero no a partir de la fecha de la promulgación del decreto, sino
tres meses a partir de la fecha en que esta ley que hoy debatimos
finalmente entre en vigor, y seis meses no a partir de esa fecha, sino
que habrá que contarlos después de que transcurran los dos meses a lo
largo de los cuales la empresas pueden conseguir un acuerdo de fusión.
Por tanto, son realmente ocho meses los que hay para cambiar los
descodificadores no universales que algunas empresas tengan ya instaladas
en los domicilios. Pensamos que ocho meses es tiempo suficiente en
función de los plazos, a los que ahora me referiré, de la enmienda al
artículo 7 a). Por consiguiente, esta enmienda de los plazos, que mejora
la transitoria primera, nosotros la vamos a votar favorablemente porque
incluso mejora las que nosotros habíamos presentado.
Finalmente, respecto de los descodificadores, el tema de fondo es si el
usuario va a tener que comprar uno o dos descodificadores. Nuestro punto
de vista prioritario --lo he anunciado al principio-- es el interés del
usuario. Por tanto nosotros vamos a apoyar aquella enmienda que vaya en
la dirección de que el usuario gaste menos, de que sólo tenga que comprar
un descodificador. Por eso nos extrañó la enmienda transaccional que se
propuso en el Congreso, pero al mismo tiempo nos llevó a una deducción, a
la de que ya se había conseguido un acuerdo. Si se había conseguido un
acuerdo para un solo descodificador, podían entrar las dos plataformas.
Después vimos que no había acuerdo y sobre la marcha no entendíamos las
consecuencias que podían derivarse del texto aprobado en el Congreso a
partir de una enmienda que también conocimos sobre la marcha, con muy
poco tiempo de reflexión, incluso interrumpiendo la celebración de la
Comisión de Infraestructuras que debatía este texto. Por consiguiente,
nosotros pensamos que si se consigue un descodificador universal (y ya ha
habido pruebas con la empresa Nokia para el multicrypt en las que han
participado operadores), con el cual el usuario pueda elegir libremente
con distintas tarjetas, obviando problemas de monopolio que se puedan
dar; si se consigue ese descodificador --naturalmente todo el sistema
iría conectado con la red telefónica y se darían las facturas
diferenciadas respecto a los distintos operadores-- sería beneficioso
para los usuarios. Será difícil explicar después de este debate, si no se
consigue que la gente compre un solo descodificador, que haya gente que
siga diciendo que defiende a los usuarios. Nosotros no lo entenderíamos y
yo creo que la gente tampoco. Si el debate del decreto se desarrolló en
torno a este tema clave: un descodificador universal, nos parece de
enorme importancia el que se consiga.
Pero hay más razones. Si respecto al descodificador simulcrypt hubiera
habido un acuerdo tecnológico y comercial entre las dos plataformas,
estaríamos de acuerdo, pero incluso hubiera tenido...
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
El descodificador simulcrypt hubiera tenido que sufrir una reforma,
incluso con el acuerdo de fusión tecnológicamente habría que haber
modificado algo el descodificador, pero es propiedad de una empresa y su
construcción ha sido asignada a empresas que no son nacionales. El
multicrypt no es propiedad de nadie y su construcción puede asignarse --y
así lo prevé la ley-- a empresas nacionales; incluso la patronal ha dicho
que prefiere, naturalmente, la industria nacional porque supone inversión
y trabajo. Por tanto, desde ese punto de vista, si no se consigue un
acuerdo --que sería importante y por ello estamos luchando-- en el plazo
de dos meses, también nos parece adecuado que se tienda al descodificador
universal.
Pero hay otro tema más, que es el del satélite. Dentro de poco habrá que
lanzar un nuevo Hispasat, y si ese Hispasat no tiene servicios, si no
tiene contratados suficientes contenidos --actualmente televisa
contenidos de Radiotelevisión Española muy importantes pero no
suficientes--, lógicamente tendrá problemas de lanzamiento por razones
comerciales y financieras.
En consecuencia, desde el punto de vista de la industria nacional,
respecto a la fabricación de los descodificadores y al futuro de los
satélites, si no se consigue el acuerdo tecnológico y comercial de las
dos plataformas en los dos meses previstos (el tema es interesante y
nuestra posición, en sintonía con los argumentos que ya desarrollamos a
la hora de votar positivamente el decreto, está clara), somos partidarios
de que, repito, si no se consigue el acuerdo entre las dos plataformas
sólo se debe comprar un descodificador y, consecuentemente, votaremos a
favor de la enmienda interpuesta al artículo 7 a) en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos resultaba muy difícil pensar en la posibilidad de que pudiera
empeorarse el texto del real decreto, que desde el principio estuvo
rodeado de extrañas circunstancias y de trámites anómalos que han sido
denunciados ya en esta Cámara, no desmentidos y que todos conocemos. En
el texto de aquel real decreto --que hoy culmina su tramitación como un
nuevo proyecto de ley--, con la excusa de incorporar al Derecho interno
español los contenidos de la Directiva 95/47, se inició, de hecho, el
ataque más descarado, interesado y obsceno a la libertad de información
de este país que se conoce desde que en la década de los sesenta el
Gobierno de entonces decidiera cerrar, por insumiso, el diario Madrid.
(Rumores.) Los componentes más tenebrosos y reaccionarios de este
Gobierno han empeñado lo mejor de sus esfuerzos en superar la dificultad
inherente de estropear el texto y a lo largo del trámite parlamentario
han conseguido lo que parecía imposible, abusando unas veces de la
lealtad y responsabilidad de sus socios de Gobierno, utilizando otras
monedas de cambio de oscura transparencia, amparados siempre en el uso
torticero de la mayoría de que disponen en las Cámaras (Rumores.), han
conseguido degradar algunos de los contenidos del proyecto a extremos que
debieran de ofender la sensibilidad democrática, si ello fuera posible,
de algunos aliados mediáticos del Gobierno, a cuyo dictado se construyó
el texto cuyo debate hoy finaliza. (Rumores.--El señor Cisneros Laborda:
Dice Polanco que te tomes una copa. Un señor Diputado: ¡Fascista!) No es
día de repetir en esta Cámara el conjunto de razones jurídicas,
constitucionales, políticas y técnicas que nos llevan a rechazar algunos
de los contenidos de este proyecto, que vulneran gravemente principios
elementales del Derecho comunitario y que resultan incompatibles con
derechos constitucionales de interpretación unívoca. Es día de dirigirnos
a la Cámara, lo reconozco, entre incompetentes, entre impotentes e
indignados (Rumores.), para decir que han resultado incompetentes para
hacer entender al Gobierno que hay caminos de razón que les es
intrínsecamente imposible recorrer. Pues bien, es día de decirle a la
Cámara que son inútiles las palabras, las razones políticas, incluso los
argumentos tecnológicos ante un Gobierno que sordo, mudo y ciego a la
realidad política y tecnológica de los países de nuestro entorno se
empecina en imponer por ley tecnologías que no existen, al margen de
algunos discursos morcilleros, en términos tecnológicos, que hemos
escuchado. No existe ni pueden existir en un futuro ni siquiera mediato.
El Gobierno se empeña en aprobar por ley tecnologías que no existen, se
obstina en el empeño de atacar, desde los poderes de las instituciones
democráticas, a quienes no se pliegan a sus exigencias más rechazables y
se afana, con éxito notable por cierto, en proteger los intereses de
quienes aplauden su incompetencia, aliándose para ello con algunos que
moran en lo más profundo de la caverna española.
Nos queda, señor Presidente, el tiempo justo para decir que nos
avergüenzan como grupo político democrático algunos contenidos del
proyecto de ley; que mañana estará en el BOE una ley intrínsecamente
injusta y en algunos contenidos ilegítima; que el proyecto de ley, lejos
de incentivar el acuerdo, incentiva el desacuerdo porque premia con la
imposición de su opción tecnológica a uno de los agentes a los que basta
negarse al acuerdo, sin necesidad de justificarlo ante nadie, para que
ese acuerdo no exista y sea su tecnología la que se imponga en el
mercado; que la decisión de imponer a martillazos de mayoría absoluta una
tecnología que no existe es cómica y descabellada; que algunos de los
contenidos del proyecto constituyen ejemplos claros de desviación y abuso
de poder que
benefician a un grupo empresarial concreto y perjudican a un grupo
empresarial concreto; que a nuestro exclusivo criterio el proyecto
humilla al Parlamento, que ha sido utilizado por la mayoría del Gobierno
como correa de transmisión de intereses concretos e ilegítimos del
Gobierno.
Como el turno de la sinrazón cerrará este debate, vamos a oír a
continuación algunos de los sofismas en los que el Gobierno plantea la
defensa de este proyecto. (Rumores.) Vamos a oír que es un proyecto que
defiende los intereses de los consumidores --algunos lo han dicho--,
olvidando que el primer derecho de los consumidores es tener la libertad
de elegir, libertad que el Gobierno le quita por esta ley y que ejerce en
su nombre. Vamos a escuchar que ya es hora de acabar con los privilegios
de algunos grupos mediáticos que defiende este partido. (El señor Medina
Toledo: ¡Ya es hora!) No es verdad. Defendemos derechos constitucionales
tan evidentes como la libertad de información y de empresas, defendemos
la objetividad de las leyes, defendemos la igualdad de los ciudadanos y
de las empresas antes las leyes. (Rumores.) Y si como derivado de ese
planteamiento aparecemos unidos a quienes el día 23 de febrero sacaron a
las siete de la tarde un titular que todavía me emociona, «El País con la
Constitución», estaremos de la parte de la raya que están ellos y no
estaremos de la parte de la raya que está el Gobierno (Rumores.--Un señor
Diputado: Qué bonito.), con algunos que aquel día callaron (Aplausos.) e
incluso excitaron desde los medios de comunicación el golpismo del 23 F.
(Rumores.--Aplausos.) Las cosas están como han estado siempre en la
historia española. (Rumores.) La raya nos divide. El Gobierno se sitúa de
un lado, el Partido Socialista de otro. (Aplausos.-- Protestas.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Mato. Señora Mato, hemos
convenido que las tomas de posición se hagan desde el escaño, si tiene la
amabilidad.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Iba a bajar a la tribuna porque me parece un sitio más cómodo para
hablar, además creo que en el Parlamento se debe hablar desde la tribuna
(Rumores.), y esa era mi intención, pero no tengo ningún inconveniente en
hablar desde el escaño, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, S. S. puede hacerlo desde la tribuna o
desde el escaño. El reglamento sugiere que se haga desde el escaño y la
Mesa ha comentado en ocasiones con los portavoces la conveniencia de que
las fijaciones de posición se hagan desde el escaño. Quienes le han
antecedido lo han hecho así, pero puede utilizar la tribuna.
La señora MATO ADROVER: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Popular para defender nuestra posición
sobre las enmiendas que se han incorporado en el Senado al proyecto de
ley por el que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47, de la
Comunidad Económica Europea, cuya recogida en este proyecto de ley es un
fiel reflejo destacado por todos los grupos parlamentarios como
introducción al mismo.
Empezaré diciendo que vamos a mantener, como no podía ser de otra manera,
los mismos criterios que en su día anticipábamos en otros debates en esta
Cámara. Hemos dicho por activa y por pasiva que en esta materia sólo y
exclusivamente nos guían las siguientes razones. En primer lugar, estamos
convencidos de que nuestro país lleva un notable retraso --no imputable,
evidentemente, a nosotros-- en el desarrollo normativo de la televisión
digital en particular y de las tecnologías de la telecomunicación en
general. Cuanto antes seamos europeos en esta materia --una materia que
resulta clave en un sector de vanguardia, que tiene un gran interés
tecnológico y que además puede crear mucho empleo en España-- será mejor
para todos los españoles. La segunda razón está en pensar en el interés
general, en pensar siempre en el ciudadano y en el desarrollo de la libre
competencia de las empresas en el ámbito de las telecomunicaciones.
Estamos demostrando que competencia significa siempre mejores precios,
mejor calidad y mejores servicios. (El señor Aguiriano Forniés: Sobre
todo en Telefónica.) En tercer lugar, el respeto escrupuloso a la
legislación vigente. Quiero decir con esto que respetamos también los
derechos adquiridos por las empresas que ante una situación alegal,
propiciada y generalizada en la anterior etapa del Gobierno, han tenido
cierta implantación en este sector.
Basándome en estas tres razones, mantengo hoy el apoyo a las
modificaciones introducidas en el Senado que paso a concretar. En primer
lugar, respecto a la compatibilidad de descodificadores nuestra actitud
sigue siendo la misma que era. No nos negamos, en absoluto, a que un
acuerdo de mercado prevalezca a la hora de establecer el sistema
simulcrypt. Pensamos que ese acuerdo preservará sin ninguna duda el
interés de los ciudadanos, teniendo en cuenta que los empresarios siempre
aspiran a hacer viable su actividad económica. Por tanto, se requiere
mediante esta ley que haya una compatibilidad de presente y que esa
compatibilidad de los aparatos, de acceso condicional, esté plasmada en
un acuerdo. Hemos querido, sin embargo, dejar bien claro que de no
establecerse ese acuerdo entre los grupos empresariales hay que preservar
el interés de los posibles y futuros televidentes con un sistema único,
el sistema universal, que permite automáticamente la compatibilidad y, en
consecuencia, la recepción automática de todas las ofertas por parte de
los usuarios. A eso, señorías, le llamo yo competencia y pluralismo en
cuanto a televisión.
El sistema multicriypt es la garantía plena de la compatibilidad.
Señorías, a la hora de tomar decisiones en esta Cámara, el legislador no
puede basarse en posibles compatibilidades no demostradas
tecnológicamente. Sin ninguna duda tiene que basarse en un sistema a
todas luces compatible, un sistema que hoy ya existe, un sistema que ya
está previsto para su comercialización y que sin duda es la mejor
garantía para el ciudadano. Obviamente, como he dicho al principio,
además hay que plantear ciertas cautelas; cautelas porque en un período
de alegalidad ha podido existir cierta implantación en el sector. En
consecuencia, hay que ofrecer períodos de adaptación que signifiquen
garantía de que no van a existir perjuicios para nadie y sí posibilidades
de igual competencia. Pensando exclusivamente en los ciudadanos y en que
las reglas de juego queden establecidas cuanto antes, consideramos que es
más que razonable el plazo de tres meses establecido para el cese de la
comercialización de los descodificadores no autorizados y el período de
seis meses para la adaptación de los sistemas que puede establecer la ley
que hoy estamos debatiendo. Estos son los argumentos que llevan a mi
grupo a apoyar determinadas enmiendas que se han introducido en el
Senado.
Nos parece correcto, ya que estamos planteándonos el sistema compatible
universal, el sistema único, que ese mismo sistema no pueda amparar
situaciones de posible abuso y, por tanto, apoyamos que se establezca el
de los costes como criterio orientador a la hora de plantearse el acceso
de otros operadores a través del correspondiente uso de un descodificador
universal.
Señorías, en el debate de hoy un grupo parlamentario en particular ha
tratado de hablar de muchas cuestiones que no vienen al caso, cuestiones
que siempre se plantean en base a la pérdida de una mayoría absoluta, de
un etapa en la que gobernaban, lo que parece que todavía no ha sido
asimilado. En esa época estábamos acostumbrados a que se utilizara el
rodillo y, por tanto, mediante ese uso del rodillo no se respetaba a esta
Cámara, a costa de los demás grupos parlamentarios.
(Protestas.--Aplausos.) Tranquilidad, señorías. En estos momentos parece
que tampoco se respeta desde el grupo mayoritario de la oposición, puesto
que cualquier acuerdo que se adopte en esta Cámara por la mayoría de las
fuerzas políticas democráticamente elegidas parece que para ustedes no es
normal ni lógico, ni respetuoso con la Cámara si el Grupo Socialista no
ha emitido su opinión favorable al respecto. Creo que deberían respetar
más a esta Cámara, con lo que también respetarían más la propia
democracia, que es lo que todos defendemos en este momento. (Aplausos.)
Obviamente, en el debate de hoy estamos hablando de pluralismo y estamos
hablando de competencia. Se trata de saber si se quiere la competencia o
no. Estamos hablando de medios de comunicación, cuestión muy sensible
para algunos de ustedes. (Un señor Diputado: ¿Qué dice Pedro J.?) Se
trata de saber si se quiere el máximo pluralismo o si se quiere continuar
en un régimen de monopolio en cuanto a televisión de pago. Nuestra
opción, por supuesto, es abierta; la de otros parece que es un poco más
cerrada. Señorías, no es razonable que se trate de capturar el mercado a
través de la tecnología. La existencia previa de un monopolio de
televisión de pago y la utilización, hasta la fecha, de unos
descodificadores no implica que en un futuro se mantengan los privilegios
que han sido ostentados. Cualquier empresa de comunicación debe poder
transmitir a través de la tecnología digital y cualquier televidente debe
poder ver todo, y digo todo, lo que se ofrezca en el mercado a través de
un solo aparato descodificador. Eso es crear condiciones reales para la
competencia y facilitarla; lo demás solamente son excusas para seguir
manteniendo un monopolio de hecho, cosa más grave si cabe por tratarse de
un medio de comunicación tan importante como es la televisión.
En este debate, como siempre, se ha hecho mucha demagogia por parte de
algunos. Se pretende enmascarar la defensa de determinados intereses como
si los mismos constituyesen intereses generales. La posición del grupo
mayoritario no ha cambiado. Nos guía exclusivamente la defensa de los
intereses de los ciudadanos, la defensa de la competencia en igualdad de
condiciones, sin que pueda prevalecer ninguna situación de dominio
heredada de otros tiempos, y sobre todo nos guía la necesidad de contar
con una televisión digital que sea desarrollada de manera que por lo
menos culminen gran parte de las expectativas que todos tenemos. No nos
guían intereses de partido , mientras que a otros... (Rumores.) Sí,
señorías, porque hablando de televisión en esta Cámara ustedes siempre la
han considerado un instrumento electoral y un instrumento de poder.
(Protestas.--Aplausos.) Vuelve a salir la cuestión de los pactos ocultos
con otros grupos parlamentarios a los que ustedes mandan incluso a las
cavernas. Esos pactos secretos, ocultos, con otros grupos nunca han
existido y nunca van a existir. Cosa bien distinta es que en una
democracia moderna, como en la que estamos, grupos ideológicamente
diferentes puedan compartir puntos de vista en un determinado momento.
Eso se llama madurez democrática. (Rumores.) Lejos de esa madurez está
una concepción patrimonial de la izquierda que ha entendido que el
Partido Popular no podía dialogar con nadie y que Izquierda Unida sólo
podía dialogar con el Partido Socialista. Afortunadamente, hace tiempo
que esa concepción está superada y mi grupo apoyará cuantas iniciativas
provengan de Izquierda Unida siempre que las mismas no contradigan
nuestro programa de Gobierno, nuestro programa electoral y nuestros
principios ideológicos. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!).
Sí, señorías, lo mismo
que haremos con las propuestas del Partido Socialista, del Grupo de
Convergència i Unió, del PNV o de cualquier otro grupo de esta Cámara.
Esto, señorías, es lo que piensa nuestro grupo, lamentando que el Grupo
Socialista evolucione una vez más hacia la pérdida de las formas, cosa
que por otro lado es bastante lógica si tienen como ejemplo a su líder,
señor González, en la última semana. (Rumores.)
Señorías, el primer grupo de la oposición debería reflexionar porque los
ciudadanos son muy conscientes e intuyen perfectamente cuando alguien
está defendiendo un interés concreto, por mucho que traten de disfrazarlo
como un ataque al sistema democrático.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Vamos a proceder a las votaciones, separadas en cuatro bloques, del
proyecto de ley debatido.
En primer lugar, votamos las enmiendas el Senado al artículo 7.a).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 170; en contra, 133; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 7.c).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 150; en contra, 169; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las enmiendas al
artículo 7.c).
Tercera votación relativa a la rúbrica de la disposición transitoria
segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 319; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda a la rúbrica.
Cuarto y último bloque de las enmiendas del Senado al resto del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 189; en contra, 130; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las restantes
enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se incorpora al
Derecho español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se
aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector.
--PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL
CONTRATO DE SEGURO PARA GARANTIZAR LA PLENA UTILIZACION DE TODAS LAS
LENGUAS OFICIALES EN LA REDACCION DE LOS CONTRATOS (Número de expediente
122/000022)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre
modificación del artículo 8 de la Ley del contrato de seguro para
garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la
redacción de los contratos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones. (Fuertes rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Ruego a quienes están en el
hemiciclo despachando asuntos que hagan el favor de desalojarlo o guardar
silencio para que pueda continuar el desarrollo del orden del día con lo
que ya es su último punto, proposición de ley sobre utilización de todas
las lenguas oficiales en la redacción de los contratos.
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Nos llega del Senado una sola enmienda, pero
con una modificación yo diría que doble y muy significativa porque cambia
fundamentalmente la intencionalidad y la formalidad del texto que había
salido de esta Cámara y cuyo apoyo entonces se lo dimos con una gran
mayoría. A nuestro juicio, la enmienda del Senado tiene dos partes. La
primera es la que cambia más sustancialmente y en su naturaleza formal el
texto del Congreso, porque donde nosotros habíamos dado en nuestra
Cámara, en un primer inicio del debate, prioridad a la lengua o a las
lenguas españolas oficiales de la comunidad autónoma determinada en la
que se formalizara el contrato, en el lugar físico, jurídico y
administrativo en que se formalizara el contrato con la compañía de
seguros, aquí la enmienda del Senado traslada la prioridad al lugar de
residencia. (Continúan los rumores.) Es un tema discutible.... Es que no
me oigo, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No le puedo escuchar porque no le puedo oír.
Ruego silencio. Señora Balletbó, por favor. (Pausa.) Cuando quiera, señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Aunque es un tema discutible sobre el que
tenemos alguna duda conceptual,
nos inclinamos a pensar que el tomador del seguro está más tiempo en su
lugar de residencia que donde formalice el contrato, y con esta lectura
positiva veríamos también adecuada esa parte de la enmienda del Senado,
por lo que la votaríamos favorablemente.
En cuanto a la segunda parte tenemos las ideas mucho más claras. Nos
parece mucho más afortunada y ajustada a Derecho que nuestro texto. ¿Por
qué razón? Porque el texto que salió del Congreso de los Diputados
parecía que mantenía un principio imperativo de que la redacción de la
póliza se efectuara también en una tercera lengua, se supone que del
ambiente de la Unión Europea, en francés, en inglés, en alemán o en
italiano, haciendo un imperativo de lo que la directiva europea al
respecto no hace. La Directiva europea 92/96 lo que hace es reconocerle
un derecho al ciudadano a que pida a su compañía de seguros que cuando,
por ejemplo, hace un seguro de ámbito internacional se lo redacten en esa
otra lengua de la Unión Europea, práctica que en verdad las compañías de
seguros vienen asumiendo. Recuerdo lo frecuente que es entre los
armadores en el archipiélago canario, a la hora de hacer el seguro de
navegación de barcos, recurrir al Lloyds británico. No hay póliza de
seguro que no se redacte en inglés, es casi el uso internacional, aparte
de llevar la traducción bilingüe, en castellano o en la otra lengua que
haya pedido el armador del buque. La enmienda del Senado lo que introduce
aquí es el reconocimiento del derecho y esto nos parece mucho más
acertado.
Señor Presidente, por estas razones nosotros vamos a votar favorablemente
la enmienda del Senado en cualquiera de las dos partes que la componen.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En nuestra opinión, el Senado realiza una especie de enmienda a la
totalidad a esta proposición de ley de modificación del artículo 8 de la
Ley del contrato de seguro al cambiar los dos puntos de referencia de las
lenguas en que deben redactarse estas pólizas del contrato. En el Grupo
Parlamentario Vasco discrepamos de los dos cambios sustanciales que aquí
se realizan. A nuestro juicio, el acuerdo adoptado en el Congreso en su
momento es mucho más claro, tiene mucha más contundencia, fija el lugar
donde se formalice la póliza de seguros como elemento de referencia para
que dicha póliza del contrato del seguro pueda redactarse en la lengua
correspondiente. Nos parece que referirse al lugar de residencia como
criterio para fijar en cuál de las lenguas españolas oficiales debe
redactarse esa póliza de contrato abriría un amplio margen que incluso
llevaría a la imposibilidad de poder cumplir el objeto de esta
proposición de ley. Por tanto, respecto al primer punto, nos parece que
la referencia al lugar donde se formalice la póliza del contrato es mucho
más segura y más normal que fijar el lugar de residencia como criterio
para establecer en qué lengua española oficial deba redactarse.
En segundo lugar, en el texto que nos remite el Senado, se indica que si
el tomador lo solicita, deberá respetarse su derecho a la información en
otras lenguas. En el Congreso aprobamos que si el tomador lo solicita,
deberá redactarse en otra lengua distinta, de conformidad con la
directiva. Participando de los criterios que ha establecido el señor
Mardones, nos parece que la redacción es mucho más rigurosa y más
explícita, porque indica que deberá redactarse, si el tomador así lo
solicita, en otra lengua distinta, siguiendo la directiva tal cual. No
entendemos qué quiere decir que deberá respetarse el derecho del tomador
a la información en otras lenguas. Se trata de una redacción mucho más
abierta, que puede inducir a interpretaciones que incluso pueden llevar a
que el objeto de esta proposición de ley no se cumpla.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco va a
rechazar esta enmienda única a la proposición de ley de modificación del
artículo 8 de la Ley del contrato de seguro y solicitamos que se vuelva
al texto que el Congreso aprobó en su día.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
A nuestro grupo también le parece más acertada la redacción que se
consensuó en el Congreso de los Diputados con todos los grupos
parlamentarios que la que, también de forma consensuada, se nos propone
desde el Senado. Señorías, no se trata de divergencias políticas, no se
trata posiciones discrepantes ni de visiones distintas de lo que debe ser
el legítimo derecho al uso de una lengua oficial en España en el caso
concreto de la suscripción de contratos, sino que se trata de matizar
interpretaciones normativas para que la ley permita un desarrollo y una
utilización normal y adecuada de la lengua en estos casos.
Hay dos puntos esenciales en la redacción del Congreso. El primero recoge
el derecho a que el uso de la lengua oficial en el territorio sea a
petición del tomador; ese derecho se respeta en ambos casos. Hay un
segundo tema sobre el que existen discrepancias entre
las dos redacciones, y es el de que la lengua en que debe redactarse el
contrato sea la del lugar donde se formalice dicho contrato o el lugar de
residencia del tomador. Estas son las dos opciones. Nuestro grupo siempre
ha defendido políticamente que el derecho a la utilización de una lengua
oficial, como puede ser el catalán, el vasco o el gallego, distinta a la
del castellano, debe estar circunscrito en las normas esencialmente al
territorio; por tanto, debe primar el territorio. En este caso, lo más
normal es que prime el territorio vinculado a la formalización del
contrato, no al lugar de residencia. Por eso, nuestro grupo, no estando
en contra de la redacción que se nos propone desde el Senado, porque
también permitiría el fin último del derecho a la utilización de la
lengua en estos casos, cree que es más acertado que en la norma prime la
utilización de tal derecho vinculado al territorio donde se formalice el
contrato. Por eso creemos que es más acertada la redacción que hicimos en
el Congreso de los Diputados, porque se circunscribe más a lo que ha sido
siempre el modelo del respeto al uso de las distintas lenguas que hay en
el territorio español.
Por lo que se refiere a la segunda parte de la redacción, la que nos
aboca a un legítimo derecho a utilizar otras lenguas, amparándonos en la
directiva comunitaria, nos parece que es más acertada la que acordamos en
el Congreso de los Diputados. ¿Por qué razón? Porque aun siendo cierto
que la directiva habla del derecho a respetar la información sobre otras
lenguas, y eso es así, el espíritu profundo de la misma es amparar el
legítimo derecho de uso de cualquiera de las lenguas oficiales en el
territorio de la Unión Europea. Se trataría de que un ciudadano europeo
que procede de otro Estado también pueda utilizar su lengua para
formalizar un contrato en el territorio del Estado español. En ese
sentido, la redacción debe preservar también esta posibilidad. Por eso
nos parece más acertado introducir en la norma el derecho a que se
utilice la lengua, no el derecho a que se informe sobre la posibilidad de
utilizar una lengua.
Por estas razones, no estando radicalmente en desacuerdo, creemos que es
mejor la redacción del Congreso de los Diputados. Coincidimos con el buen
deseo del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Socialista
y también de los Diputados de Izquierda Unida, que intentaron aportar su
reflexión ante esta cuestión, dándonos una alternativa que, con toda
sinceridad, creemos que no es mejor de la que formalizó el Congreso de
los Diputados. Por estas razones, señor Presidente, mi grupo volverá al
texto del Congreso y rechazará la propuesta que nos hace el Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya , tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas del Senado y vamos a
defender la enmienda inicial que se acordó por todos los grupos en el
Congreso. Ha sido motivo de satisfacción atender a las explicaciones que
han dado los portavoces del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Catalán
de Convergència i Unió.
Señorías, en el día de hoy y en el actual modelo de Estado autonómico que
tenemos, el respeto a las lenguas en su ámbito territorial es algo propio
de este modelo y del nivel en que nos encontramos. Desde ese punto de
vista, la redacción que introduce el Senado según la cual se pretende que
las lenguas propias se puedan utilizar más allá de su ámbito territorial
y se pueda obligar, por ejemplo, a que si un ciudadano de mi comunidad
autónoma, un valenciano, se desplaza a Euskadi, el contrato tenga que
celebrarse por ley en valenciano, nos parece que distorsiona
absolutamente el modelo de Estado autonómico que hemos diseñado entre
todos.
Como planteaba el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
señor Homs, yo tampoco me atrevería a decir que esté radicalmente en
contra de la enmienda del Senado, pero sí creo que es una distorsión
absoluta al día de hoy del modelo que estamos construyendo y que
posiblemente llevaría a crear muchísimos más problemas en lo que es el
respeto que hemos procurado tener hasta ahora a las lenguas de cada
territorio y de cada pueblo.
En consecuencia, señorías, vamos a votar en contra de las enmiendas del
Senado y vamos a defender la redacción inicial propuesta por el Congreso,
porque nos parece que es la realmente respetuosa con los objetivos que se
perseguían con esta proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista votará en contra de la enmienda única del Senado por
considerar, con todo el respeto para la difícil misión de la Cámara
colegisladora, que es sencillamente errónea. Pareciera que se trataba en
su primera parte de una mera cuestión técnica, y si hablamos de técnica,
del punto de conexión que hay que tener en cuenta para determinar cuál es
la lengua cooficial que puede elegir el tomador, debe decirse que es
técnicamente mala, porque infringe directamente el principio general del
opus regit actum en el Derecho civil y también, por tanto y por
extensión, en el Derecho mercantil, para pasar a un punto de conexión
extravagante, no recogido en
las leyes actuales, cual es el del lugar de residencia de una de las
partes del contrato, cosa que llevaría además de buen seguro a
consecuencias no queridas
por el Senado. Ello pondría, por ejemplo, a todas las compañías de
seguro radicadas en cualquier lugar del Estado en la obligación de
disponer de traducciones de las pólizas a todos los idiomas oficiales,
aunque no fueran el territorial. El ciudadano empadronado en Donosti que
va a pasar sus vacaciones en Andalucía y contrata un arrendamiento
temporal de un coche tiene derecho a exigir, de acuerdo con la
trasposición del contenido de la póliza al euskera, cosa que parece que
no es exactamente lo que se pretendía en la proposición de Convergència i
Unió, tal como acordamos tomarla en consideración el 29 de octubre pasado
en esta Cámara.
Además de este inconveniente técnico, que creemos importante, entendemos
que hay incluso problemas de constitucionalidad de enorme calado. Parece
no haberse tenido en cuenta en el Pleno del Senado --sí en la ponencia y
en la Comisión, que por unanimidad acordaron mantener el texto del
Congreso, para modificar luego el criterio en el Pleno--, el artículo 3.2
de la Constitución, que establece un modelo territorializado de
cooficialidad lingüística. Si hay que discutir este punto esencial de la
construcción del Estado de las autonomías, no hay que discutirlo en la
Comisión de Economía y al hilo de una modificación del artículo 8 de la
Ley de ordenación del seguro privado, sino que hay que hacerlo en la
Comisión Constitucional y con enorme calado, porque vamos a una
modificación importante del contenido básico de la Constitución. Por ello
consideramos que la primera parte de la enmienda del Senado es errónea.
Era adecuada la redacción hecha en el Congreso, era adecuado lo que
acordó la Comisión de Economía del Senado, y nos adherimos totalmente a
las palabras de nuestro portavoz en dicha Comisión, el Senador Lluís
Armet, diciendo que era muy bueno el texto del Congreso, pero en cambio
erró el Senado, sin duda alguna, en el Pleno.
En cuanto a la segunda parte de la enmienda, señorías, nuestro grupo
considera también que es errónea, porque confunde la trasposición de una
directiva con la traducción literal de la misma para incorporarla a una
ley interna, y esto no es así. La Directiva 92/96 establece que se deberá
respetar el derecho de información, pero no puede decirse esto cuando se
traslada a una ley nacional. ¿Qué significado tiene, cómo podemos
interpretar una ley que diga que si el tomador lo solicita, sólo si el
tomador lo solicita, se deberá respetar el derecho a la información? Es
decir, ¿no hay derecho a la información si no lo solicita el tomador?
¿Cómo se respeta el derecho a la información si no es informándole en la
lengua que él pida del contenido de la póliza? Y no se trata sólo de
contratos de seguros de fletes; se trata del ciudadano europeo que fija
su residencia en cualquier lugar de España y solicita una póliza de
seguro de incendios. No le vale a este ciudadano europeo con que se le
diga que, si lo pide, se le reconocerá su derecho de información. ¿Qué
información? ¿Decirle en alemán el número de pesetas que tiene que pagar
de prima anual? La única forma es que tenga el conocimiento exacto de lo
que dice la póliza. El contrato de seguro, repito lo que dije el 29 de
octubre en esta misma sede, es suficientemente complejo como para que el
tomador deba ser muy protegido en sus derechos de información, teniendo
en cuenta además la complejidad técnica, como decía antes, de la póliza y
el hecho cierto de que se trata en realidad de contratos de adhesión, en
los que la posibilidad de negociación de cada tomador con la compañía es
prácticamente inexistente, y la única defensa que le queda, por tanto, al
tomador es comparar el contenido de la totalidad de las pólizas que se le
ofrecen por distintas compañías, en lengua para él perfectamente
comprensible, para elegir con qué compañía contrata dicha póliza.
Señorías --y concluyo--, por entender nuestro grupo que es evidentemente
superior la redacción acordada por el Congreso y que cualquier posible
ambigüedad que se alegó en el debate del Senado al respecto queda
claramente superada con la consulta al «Diario de Sesiones», donde se
dice por todos los grupos que la redacción en otra lengua comunitaria
claramente es además de la que se haga en cualquiera de las lenguas
cooficiales elegibles en el Estado español, es por lo que vamos a votar
en contra de la enmienda del Senado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO SANTAMARIA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente, en nombre del Grupo Popular, para decir que mi
grupo entiende que esta enmienda que viene del Senado suscita algunas
dudas sobre su viabilidad y sobre sus previsibles consecuencias. En este
sentido creemos que el consenso que se había producido en el Congreso de
los Diputados está plenamente vigente, tal como han planteado todos los
portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido. Nos
ratificamos en todo lo dicho en la sesión del pasado 12 de febrero en el
Congreso de los Diputados y que fue aprobado por unanimidad, ya que se
trata de un texto más claro y contundente, y por todo ello el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra de esta enmienda que llega del
Senado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Merino.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación de la enmienda del Senado a la proposición de ley sobre
modificación del artículo 8 de la Ley del Contrato de Seguro, para
garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la
redacción de los contratos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, cuatro; en contra, 312; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda.
Se levanta la sesión.
Eran las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.