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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 74, de 15/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 74
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 71
celebrada el martes, 15 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se denominarían
oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los Territorios
Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 52.1, de 18 de septiembre de 1996.
Corrección de error en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 52.2, de 26 de septiembre de 1996 (número de expediente
122/000039)(Página 3616)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto
de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía
Salarial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
54.1, de 4 de octubre de 1996 (número de expediente 122/000040)(Página 3620)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo primero del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 82.1, de 17 de febrero de
1997 (número de expediente 162/000116)(Página 3620)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
permitir la subsistencia del derecho al percibo de la pensión de
viudedad, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 124, de 10 de abril
de 1997 (número de expediente 162/000116)(Página 3628)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
reforma de las pensiones de viudedad con la finalidad de evitar su
extinción en los supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo
matrimonio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
124, de 10 de abril de 1997 (número de expediente 162/000115)(Página 3628)
Avocación por el Pleno (Página 3638)
--Del Proyecto de Ley de Reforma del Mercado de Valores (Página 3638)
Proposiciones no de Ley (continuación):
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre elaboración de un plan
plurianual de financiación del sistema educativo. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 105, de 24 de febrero de 1997
(número de expediente 162/000090)(Página 3639)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política viaria y
autopistas de peaje (número de expediente 173/000033) (Página 3648)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
aplicación de un plan de modernización del comercio interior (número
de expediente 173/000034) (Página 3654)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la
vivienda (número de expediente 173/000035) (Página 3662)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3616)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se donominarían
oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los Territorios
Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya (Página 3616)
Presenta la proposición del ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
el señor González de Txabarri Miranda. Solicita que se denominen
oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los actuales territorios
históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, abordando la proposición de
ley desde criterios lingüísticos, ortográficos, fonéticos o
fonológicos, a los que considera que podrían sumarse criterios
históricos o institucionales. Añade que se trata básicamente de que en
esta Cámara se respeten estrictamente las decisiones adoptadas al
respecto por las juntas generales de los territorios históricos y el
Parlamento vasco que, en el ejercicio de sus competencias, han
aprobado, por unanimidad en algunos casos y por amplia mayoría en
otros, las propuestas que hoy trae a la consideración de la Cámara el
Grupo Vasco. Argumenta que siendo España un Estado pluricultural y
plurilingüe hay que dar soluciones plurales, por lo que, con la
aprobación de su proposición de ley, se pondría fin a una situación
absurda, que pone en evidencia la falta de sintonía institucional. Por
todo ello solicita el voto favorable para la toma en consideración de
su proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto, y los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Aguiriano Forniés, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Merino Santamaría, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 280 votos a
favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto de
los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía
Salarial (Página 3620)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo primero, del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Página 3620)
Se agrupan las dos proposiciones de ley restantes, defendiendo la
primera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Villarrubia Mediavilla. Manifiesta que lo que su grupo pretende con
esta proposición de ley es corregir un situación de discriminación
existente en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Considera que esta injusticia se deriva de la laguna legal que se
produce al aprobar el Real Decreto-ley 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. Explica el contenido del artículo 33 de dicho Real
Decreto-ley, relacionándolo con los artículos 50, 51, 52 y 53 del
Estatuto de los Trabajadores, donde se regulan los denominados despidos
colectivos y despidos objetivos. Expone que esta laguna legal va a dar
lugar a muchos problemas cuando se ponga en práctica el acuerdo marco
interconfederal de estabilidad por el empleo, a lo que hay que añadir
las sentencias contradictorias de los juzgados de lo Social y de los
tribunales superiores de Justicia al respecto.
Comenta a continuación la proposición de ley del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y afirma que coinciden con
la filosofía de la misma, pero la proposición de su grupo trata de
corregir una laguna, una discriminación hoy existente, mientras que la
otra intenta ampliar esa cobertura por norma estatal. Finalmente desea
que el problema se solucione, aunque sea como proyecto de ley
presentado por el Gobierno, pero estima que esto no es incompatible con
la toma en consideración de esta proposición de ley.
Interviene en nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para la defensa de su proposición de
ley, el señor Peralta Ortega, quien manifiesta en primer lugar su
coincidencia substancial con las manifestaciones del representante del
Grupo Parlamentario Socialista, por lo que, en aras de la brevedad, da
por reproducidas, en buena parte, las razones expuestas. A continuación
expone una serie de consideraciones de cara a explicar las cuestiones
específicas de su proposición y, en alguna medida, a dar respuesta a
las inquietudes suscitadas por el representante del Grupo Parlamentario
Socialista. Pone de manifiesto que, aunque el problema fundamental que
se intenta resolver es de carácter técnico, hay que tener en cuenta su
raiz política, y es que cuando se llevan a cabo reformas laborales sin
acuerdo con las organizaciones sindicales, se produce la paradoja de
que se está regulando un mercado laboral sin contar con aquellos que,
día a día y en base a la Constitución, tienen reconocida la capacidad
de regular ese mercado laboral. Considera que ha de quedar claro, como
filosofía de fondo, que toda indemnización por despido que no sea
pagada por el empresario, si éste es insolvente, la tiene que pagar el
Fondo de Garantía Salarial, con los límites y con arreglo a su
normativa específica. Contesta, a continuación, a otros extremos de la
proposición del Grupo Parlamentario Socialista, y finaliza su
intervención manifestando que las dos proposiciones de ley vienen a
resolver un problema planteado hoy en día en la realidad del país y son
consecuentes con el convenio de la OIT y con las disposiciones al
respecto de la Unión Europea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura
del Fondo de Garantía Salarial, se aprueba por 306 votos a favor, dos
en contra y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del artículo 33.2,
párrafo
primero, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, se rechaza por 142 votos a favor, 164 en contra y una
abstención.
Proposiciones no de ley (Página 3628)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
permitir la subsistencia del derecho al percibo de la pensión de
viudedad cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias (Página 3628)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma
de las pensiones de viudedad con la finalidad de evitar su extinción
en los supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio
(Página 3628)
Agrupadas las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular
y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene
para la defensa de la primera el señor Núñez Pérez. Comienza
contestando a unas declaraciones del Grupo Parlamentario Socialista en
los medios de comunicación sobre que es un error entrar en si se casan
o no los perceptores de pensiones de viudedad. Considera que este error
no lo comete ni la proposición no de ley del Grupo Popular ni la del
Grupo Parlamentario Catalán, sino la legislación que el Partido
Socialista no supo o no quiso modificar en más de trece años de
Gobierno. Manifiesta que el Grupo Parlamentario Popular presenta una
proposición no de ley largamente esperada por un importante número de
personas perceptoras de pensiones de viudedad que tienen su libertad
hipotecada por la rigurosa e injusta normativa vigente que recoge el
artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, según la cual
el matrimonio de un perceptor de la pensión de viudedad es causa
automática de extinción de la misma. Se muestra, por otra parte,
satisfecho con la coincidencia existente con la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y expone que las
cifras que enmarcan la dimensión del problema son el millón 879.340
perceptores de pensiones de viudedad, de los cuales el 95,3 por ciento
son viudas y el 4,7 por ciento viudos. A continuación hace referencia
a las diversas legislaciones existentes en la Unión Europea que
atienden a estos supuestos con variadas fórmulas.
Pasa a comentar el contexto normativo y la propia finalidad de la
protección por viudedad en el tiempo en que se dictó la orden
ministerial y manifiesta que la progresiva incorporación de la mujer
al trabajo, así como los positivos pronunciamientos legales y
judiciales relativos al principio de igualdad entre hombre y mujer
hacen que actualmente se apunte como justificación de la pensión de
viudedad la necesidad de compensar una minoración de los ingresos
comunes de la unidad familiar de los que era partícipe el cónyuge
viudo, de suerte que esa solidaridad patrimonial existente durante el
matrimonio se prolongue una vez extinguido éste. Añade que para el
Grupo Parlamentario Popular existe además un compromiso político
recogido en su programa electoral, y pasa a fijar su posición respecto
de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Catalán
(Convergència i Unió), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Socialista.
Finaliza su intervención solicitando que el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno para que antes del 31 de diciembre de 1997 presente
un proyecto de ley de reforma de la normativa reguladora de las
pensiones de viudedad, para lo que confía en el apoyo unánime de la
Cámara.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), interviene el señor Homs i Ferret. Manifiesta,
en primer lugar, su satisfacción por defender una iniciativa que afecta
a muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto imposibilitados de
contraer matrimonio por el riesgo de perder su pensión de viudedad.
Añade que su grupo se comprometió ante todos los ciudadanos a que en
esta legislatura se debatiría esta cuestión y se propondría al Gobierno
una solución. Considera que la proposición no de ley que hoy presentan
está justificada políticamente, así como desde la perspectiva social
y desde la óptica económica. Manifiesta que la jurisprudencia y las
interpretaciones de la norma por los tribunales han quebrado los
principioos en los que se basaba el derecho a la percepción de una
pensión de viudedad, no tratándose en el momento actual de mantener un
nivel mínimo de subsistencia en el momento de adquirir la condición de
viudedad, sino de mantener unos niveles ya alcanzados en la unidad
familiar que, por solidaridad, deben mantenerse cuando el cónyuge
desaparece.
Por otra parte, se muestra contrario a aceptar algunas de las enmiendas
que plantean los grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya porque, aun estando de acuerdo con el fin último de esas
iniciativas, considera que no se ha acotado el tiempo necesario para
no demorar la solución.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, propone que
dicho grupo acepte las propuestas del Grupo Catalán como
transaccionales a la enmienda que ellos han presentado a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió,) y así
se pueda concluir con una única votación, con lo que se conformaría un
acuerdo entre dos enmiendas planteadas a dos proposiciones no de ley.
Asimismo, invita a los grupos parlamentarios de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista a sumarse al consenso, para
poder abrir un debate más detallado acerca de las posibles fórmulas a
plantear para resolver el conflicto, una vez que el proyecto de ley
haya entrado en la Cámara. Por último, manifiesta su deseo de que la
propuesta tuviera el apoyo de toda la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen, en nombre del Grupo
Mixto, los señores Chiquillo Barber, de Unión Valenciana, y Vázquez
Vázquez, (don Guillerme), del Bloque Nacionalista Galego, y en nombre
de Eusko Alkartasuna; el señor Rivero Baute, de Coalición Canaria, y
la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación las proposiciones no de ley de los grupos
parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), en los términos
resultantes de la transacción que los grupos proponentes han aceptado
en su debate ante el Pleno, se aprueban por 311 votos a favor, uno en
contra y una abstención.
Avocación por el Pleno (Página 3638)
Del proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores (Página 3638)
El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída
la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de
la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma del
Mercado de Valores, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley. (Continuación.) (Página 3639)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre eleboración de un plan
plurianual de financiación del sistema educativo
En defensa de la proposición de ley sobre elaboración de un plan
plurianual de financiación del sistema educativo, interviene el señor
Romero González, del Grupo Parlamentario Socialista. Expone que el
objetivo de su proposición no de ley es instar al Gobierno a que, en
el plazo de cinco meses, se presente un plan de aplicación de la Logse
por comunidades autónomas para los próximos cinco años, incluyéndose
en dicho plan una distribución temporal acorde con el calendario
previsto para la aplicación de la misma y teniendo en cuenta aspectos
del gasto que son fundamentales para los próximos cinco años, tales
como las plantillas de profesores, los gastos de funcionamiento de los
centros, el coste del transporte escolar, de los comedores escolares,
de los conciertos educativos, de la formación del profesorado, de los
programas de formación en empresas, de los programas de garantía social
y de todo el área referida a inversión nueva, de reposición y
equipamiento. Por otra parte, denuncia la negativa de la señora
Ministra a comparecer ante el Parlamento para explicar esta crucial
cuestión y su ausencia en el debate de esta tarde.
A continuación expone las cinco razones por las que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley y
manifiesta que no es posible, en opinión de su grupo, trabajar con la
hipótesis con la que trabajan diferentes miembros del Gobierno, que es
transferir el coste efectivo del servicio de 1977 a las comunidades
autónomas a partir del 1 de enero. Su Grupo entiende que este momento
histórico de la aplicación de la reforma de la Logse es completamente
diferente al momento en que se produjeron las transferencias a
comunidades autónomas en los años 1983 ó 1984, porque entonces no había
una ley en el ecuador de su desarrollo que supone un incremento de
gasto ciertamente notable para el conjunto de los poderes públicos.
Considera que el programa plurianual que solicita sería una estimación
diacrónica para el período 1998-2002, que garantizaría el desarrollo
total de la Logse, nos acercaría a un porcentaje deseado, en torno al
5,5 por ciento, y situaría esta cuestión, al margen de las coyunturas
electorales y de las mayorías y minorías gubernamentales, como una
auténtica cuestión de Estado. Añade que la situación no es exclusiva
de las comunidades autónomas que recibirán competencias en el futuro,
sino que está plenamente compartida por las que ya gestionan
actualmente el servicio educativo. Por último,
estima que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es
razonable y está llena de sentido común, sirviendo para despejar dudas
a diez comunidades autónomas, de las cuales en ocho gobierna el Partido
Popular. Además, es una proposición no de ley que introduciría
criterios de equidad y de transparencia, evitando acuerdos bilaterales
que no siempre caminan en dicha dirección.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen el señor Rivero
Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Gil
i Miró del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González
de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario
Popular A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Romero González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista,
sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema
educativo, se rechaza por 139 votos a favor, 166 en contra y dos
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3648)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política viaria y autopistas
de peaje (Página 3648)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Pérez Touriño. Manifiesta que su Grupo
presenta la moción porque, a pesar de que la Cámara en su sesión del
21 de diciembre de 1995 aprobó unas resoluciones en las que se decía
que el Plan Director de Infraestructuras era una respuesta adecuada a
los problemas planteados por la incorporación de España a la nueva
dinámica territorial europea, el actual Ministro de Fomento sólo ha
considerado el PDI como un útil instrumento de trabajo, transcurriendo
prácticamente un año en su acción de Gobierno sin haberlo puesto en
marcha. Se ha optado por ir prometiendo de forma deshilvanada un
determinado tipo de actuaciones a distintas partes del territorio, lo
que ha culminado con la presentación por el Ministro de Fomento de un
programa de autopistas de peaje que él mismo calificaba de modesto. A
continuación hace una crítica de dicho programa, oponiéndose al mismo
porque se plantea el problema de las infraestructuras como una carga
de trabajo para las empresas constructoras y porque considera muy grave
renunciar a una política nacional en materia de transportes,
trascendente para la competitividad de la economía y para la cohesión
y equilibrio del territorio. Presentan la moción porque consideran que
es necesario reorientar la acción del Gobierno en el sentido de que
éste debe presentar con urgencia, a lo largo de 1997, un plan de
carreteras que, a partir del Plan Director de Infraestructuras, defina
el conjunto de las actuaciones que en materia viaria necesita nuestro
país para los próximos años, tanto en lo que se refiere a las
relaciones interurbanas como a las ciudades y áreas metropolitanas; y
para aquellos casos de carácter excepcional y complementario, en los
que se proponga la concesión de autopistas de peaje al sector privado,
será absolutamente imprescindible informar a la Cámara y posibilitar
el control por el Parlamento de este tipo de operaciones.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y Jiménez Suárez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista sobre política viaria y autopistas de peaje, se
rechaza por 140 votos a favor, 163 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
aplicación de un plan de modernización del comercio interior (Página 3654)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación de un
plan de modernización del comercio interior, el señor Homs i Ferret.
Expone, como ya hizo en el debate de la interpelación, que el elemento
más importante para poder contribuir a dinamizar la actividad del
comercio es saber orientar una adecuada política económica que permita
proyectarse, en un inmediato plazo de tiempo, en un marco de
estabilidad que reconduzca los desequilibrios que se han ido
acumulando. Añade que la moción parte del reconocimiento de la
conveniencia de un plan de reestructuración o de modernización del
sector del comercio, que de nada serviría si no se pudiera
enmarcar en una orientación global de la política económica que
garantizara un crecimiento de la tasa del consumo, una reducción de la
inflación o permitiera desarrollar una actividad que garantizara la
creación de empleo. Considera que éstas son características de la
situación económica actual, debido a la orientación que se ha dado a
la política económica a partir de esta legislatura y que es continuidad
de algunas otras actuaciones impulsadas en la anterior.
Expone a continuación las medidas que consideran necesarias para
afrontar las transformaciones que está experimentando el sector del
comercio interior: medidas fiscales, laborales, administrativas y de
naturaleza financiera. Asimismo, explica el último punto de su moción,
en el que se insta al Gobierno a que se comprometa ante la Cámara a que
esta modernización del sector se elabore de forma coordinada con las
comunidades autónomas, porque son éstas las que tienen las competencias
ejecutivas en la materia.
Se refiere, por último, a las enmiendas presentadas por los grupos
Popular y Socialista y anuncia la aceptación de casi la totalidad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez
Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo
Barber, la señora Rahola i Martínez, y el señor Vázquez Vázquez (don
Guillerme), del Grupo Mixto.
Para expresar la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, interviene de nuevo el señor Homs
i Ferret.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas, se aprueba por 293 votos
a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la
vivienda (Página 3662)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, sobre
política social del Gobierno con relación a la vivienda, la señora
Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Comienza su intervención manifestando que son
perfectamente conscientes de que en este momento existe una Comisión
que trata de los problemas de la juventud y de la vivienda en nuestro
país, y en ningún caso tratan de adelantar conclusiones. Sin embargo,
considera que no se puede olvidar que, entre tanto, la sociedad tiene
problemas acuciantes concretos a los que hay que intentar dar
soluciones con los ritmos que la sociedad precisa.
Sin entrar a valorar los movimientos «okupas», considera que no se
puede olvidar en ningún momento que éstos responden, en general, a la
imposibilidad cierta y no cuestionada hasta el momento de acceso a la
vivienda para determinados colectivos y para la población más
desfavorecida. Por lo tanto, cualquier actuación general se debería
complementar en el momento presente con medidas de política social, de
apoyo a la rehabilitación, con fórmulas legislativas sobre el derecho
al uso de edificios desocupados y con una política definida de apoyo
a las viviendas de alquiler, que hagan efectivo el derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. A continuación, hace referencia al
último informe europeo, de próxima aprobación, sobre los aspectos
sociales de la vivienda, y manifiesta que se deben afrontar todas las
medidas posibles, incluso las de carácter excepcional, porque
excepcional es el problema que tienen planteado numerosos colectivos
de jóvenes y familias en proceso de desahucio o de desalojo. Expresa
su desacuerdo con las estrategias de resolución para esta problemática,
sobre todo con las que tienen un efecto a corto plazo, y se muestra
convencida de que haciendo un esfuerzo de objetividad habrá que
reconocer que se está ante un problema social específico en el marco
de la vivienda, además del problema general de la vivienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán
Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortíz González, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1º, 2º y 4º de la
moción, se rechazan por 119 votos a favor, 150 en contra, y una
abstención.
Sometido a votación, a continuación, el punto 3º de la moción se
rechaza por 18 votos a favor, 254 en contra, y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE DENOMINARIAN
OFICIALMENTE ARABA Y ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA LOS TERRITORIOS
HISTORICOS DE ALAVA, GUIPUZCOA Y VIZCAYA (Número de expediente
122/000039)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la
sesión.
Punto I del orden del día: toma en consideración de proposiciones de
ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que
se denominarían oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los
territorios históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Para su defensa en un turno a favor, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Tal como ha indicado el señor Presidente, ése es el objeto de la
proposición de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Vasco a SS.
SS., solicitando su aceptación a trámite para que se denominen
oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los actuales territorios
históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Es indudablemente, señorías, una proposición de ley que puede abordarse
desde distintas perspectivas: criterios lingüísticos, ortográficos,
fonéticos o fonológicos. Criterios históricos o criterios
institucionales podrían, desde perspectivas complementarias, ser
examinados para poder tomar en consideración esta proposición de ley
y fijar la posición de cada grupo parlamentario en relación a la misma.
Entendemos desde el Grupo Parlamentario Vasco que el debate está ya
realizado en los órganos competentes, que son las Juntas Generales de
cada uno de los territorios históricos, y que las resoluciones
adoptadas por las Juntas Generales de Guipúzcoa, de Alava y de Vizcaya
se encuentran ya acrisoladas en la práctica de los últimos diez años.
Por ello, señor Presidente, la propuesta que realiza el Grupo
Parlamentario Vasco se centra y se fundamenta básicamente en que esta
Cámara respete estrictamente las decisiones adoptadas al respecto por
las instituciones vascas, que entendemos son competentes con referencia
a este tema, cual son las Juntas Generales de los territorios
históricos y el Parlamento vasco que, en ejercicio de sus competencias,
han aprobado, por unanimidad en algunos casos y por amplia mayoría en
otros, las propuestas que hoy trae a esta Cámara el Grupo Parlamentario
Vasco, que no son, en consecuencia, las que realizan el Partido
Nacionalista Vasco ni el Grupo Parlamentario Vasco, son las
resoluciones adoptadas en las instituciones vascas tal cual.
Así, las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron, en sesión plenaria del
15 de diciembre de 1986, que la denominación oficial del territorio
histórico vizcaíno es Bizkaia, por norma foral 12/1986; en la sesión
plenaria de las Juntas Generales de Alava, de 20 de noviembre de 1989,
se aprobó la norma foral 61/1989 para que dicho territorio histórico
se denomine oficialmente Araba y Alava, y por lo que respecta a las
instituciones guipuzcoanas, sus Juntas Generales, también por norma
foral de 6/1990, de 27 de marzo, aprobaron que la denominación oficial
de dicho territorio fuera Gipuzkoa, respetando en ortografía y fonética
su originalidad euskaldún, conforme a lo dictaminado por la Real
Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia.
Tras la adopción de estas decisiones, las instituciones vascas han
actuado, en su conjunto, con coherencia. Además, estas resoluciones
aprobadas por las Juntas Generales de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava están
en plena consonancia, en sintonía con las denominaciones oficiales de
todos y cada uno de los ayuntamientos vascos y con toda clase de
topónimos oficiales en el territorio vasco, por lo que resulta
llamativo, señorías, que sea únicamente la denominación oficial del
territorio histórico la que se encuentre en desintonía con el conjunto
de las denominaciones oficiales de los topónimos de pueblos, ciudades,
villas, valles o anteiglesias vascas, máxime cuando de conformidad con
lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad expresamente se
encuentra atribuida a las instituciones de los territorios históricos
de Euskadi dicha competencia. El actual Senador señor
Gatzagaetxebarría, en una brillante intervención en esta Cámara el 23
de junio de 1992, lo argumentaba en nuestra opinión con rigor. En el
«Diario de Sesiones» de dicho día encontrarán una intervención densa
y detallada que evito por suponerla de conocimiento de SS. SS. y que
el Grupo Parlamentario Vasco quiere asumir hoy en su literalidad. Las
Juntas Generales de los territorios históricos vascos son, señorías,
en nuestra opinión las únicas instituciones competentes del Estado para
abordar el tema que nos ocupa, y han adoptado hace más de diez años
resoluciones concretas que están vigentes; son normas forales que están
vigentes, no han sido recurridas y por ello hay que instar a su
cumplimiento. Sin embargo, las instituciones del Estado no han
respetado y respaldado las decisiones soberanas que en el marco de sus
competencias han puesto en vigor las Juntas Generales de los
territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. Por el contrario,
además de incumplir las resoluciones de dichas Juntas Generales, las
instituciones del Estado han abierto una línea de debate sosteniendo
que Alava, Guipúzcoa y Vizcaya además de territorios históricos son
provincias a algunos efectos y que, en consecuencia, a dichos efectos
oficiales deben ser las Cortes Generales las que aprueben las
denominaciones oficiales de dichas provincias. Señorías, se ha
producido una especie de pase foral en sentido contrario, son las
instituciones del Estado las que acatan pero no cumplen.
Por ello, señorías, el objetivo de la proposición de ley que hoy trae
a colación el Grupo Parlamentario Vasco busca el respaldo legal de esta
Cámara al objeto de poner fin a una situación que entendemos absurda,
que pone en evidencia la desintonía oficial, la desintonía
institucional que, si bien es simbólica, tiene una notable dimensión
política no sólo por la desintonía entre las instituciones forales y
las estatales, sino también por la desintonía existente en el caso
vasco con otras decisiones adoptadas y otras en vías de adopción en
esta Cámara. Si la Cámara aceptó en 1991 las denominaciones oficiales
de Lleida y Girona, si acabamos de culminar los trámites parlamentarios
para designar oficialmente las Illes Balears y la Junta de Portavoces
de esta Cámara aprobó en su reunión de 8 de abril de 1997 incluir con
carácter extraordinario la proposición de ley del Parlamento de Galizia
sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña por A
Coruña y de Orense por Ourense, entenderán razonable, señorías, que
sometamos a su consideración las denominaciones de estas provincias
vascas exactamente con los mismos criterios que los que han sostenido
las proposiciones de ley ahora enumeradas, a las que en nuestra opinión
hay que añadir que la competencia de fijación de la denominación
oficial de los territorios históricos vascos corresponde a cada una de
las Juntas Generales de los territorios vascos.
En este marco, señor Presidente, se solicita de
SS. SS. un esfuerzo de racionalidad política, de congruencia
jurídico-legal en definitiva. Vivimos en un Estado pluricultural y
plurilingüe que exige soluciones plurales. La pluralidad no es un
concepto a reivindicar, es una vivencia que debe reflejarse también en
el ordenamiento legal. La dicotomía existente en la actualidad, en lo
que se refiere a las denominaciones oficiales de los territorios
históricos vascos, deja bien patente que hay todavía en el Estado
asignaturas pendientes por aprobar.
Por ello, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
entiende que la actual coyuntura es propicia para, en el día de hoy,
dar un pasito en dicho sentido, tomando en consideración la proposición
de ley que presenta a la Cámara el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y, en este caso, también en
nombre del Bloque Nacionalista Galego. Vamos a votar a favor, y lo
vamos a hacer con toda la convicción del mundo, porque entendemos que
ni tan siquiera debería ser necesario debatir este tema, y no debería
serlo porque el único argumento que sería y debe ser válido, como en
tantos otros, es el de respetar lo que los ciudadanos, y en este caso
los ciudadanos y ciudadanas vascas, han decidido en sus territorios.
El hecho de que, ya fuere por unanimidad ya fuere por mayoría, los
ciudadanos o, mejor dicho, sus representantes decidieran en su momento
--y no hace poco, sino que ya hace cierto tiempo-- determinar cuál es
la denominación que consideran para sus propios territorios debe ser
argumento suficiente. Cada uno de nosotros actuamos en representación
de unos ciudadanos y lo hacemos respetando la voluntad de todos, a
veces a favor a veces en contra, y ése, independientemente de otros
argumentos, ya fueren históricos, fonéticos o lingüísticos, debe ser
el criterio que nos debe guiar, tanto en este tema como en cualquier
otro. Creo que lo único que debemos hacer es votar a favor de los
acuerdos que tomen los ciudadanos vascos en sus Juntas Generales, en
sus instituciones perfectamente reconocidas, constitucionalmente
reconocidas. Con ello sería suficiente. Por eso, si tenemos en cuenta
los acuerdos que han existido en el territorio de Guipúzcoa en el año
1990, en el territorio de Vizcaya en el año 1986 o en el territorio de
Alava, no hay nada más que decir. Desde luego, pido a todos los grupos
que respeten esa voluntad mayoritaria, como lo hicieron en otras
ocasiones y como también esperamos que lo hagan en ocasiones futuras
con respecto a Galicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Quiero recordarles, agradeciendo a la señora Lasagabaster que así lo
haya hecho, la petición formulada por la Presidencia de que, a ser
posible, SS. SS. fijen la posición de su grupo parlamentario desde el
escaño.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que pone las cosas en su sitio y
devuelve la normalidad, en cuanto a denominación, a los territorios
históricos del País Vasco.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la admisión a trámite de la
proposición de ley presentada por el Grupo Vasco sobre la denominación
oficial de los tres territorios históricos que conforman la Comunidad
Autónoma del País Vasco para que su grafía sea la propia del euskera.
La admisión a trámite no es el final de una proposición de ley, por lo
que todos los grupos de la Cámara tendremos ocasión, a lo largo de su
tramitación, de manifestar todas aquellas cuestiones que consideremos
puedan completar o mejorar la propuesta que hoy se nos presenta. Y digo
que es necesaria su tramitación porque es el Congreso de los Diputados
el que, mediante ley aprobada, puede modificar las denominaciones de
las provincias y así dar oficialidad a la denominación que se considere
más adecuada. La oficialidad actual se manifiesta como no satisfactoria
para las Juntas Generales de los tres territorios históricos, que
aprobaron en los años 1985, 1986 y 1990 sus respectivas normas forales
para cambiar la denominación de sus respectivos territorios, cumpliendo
una potestad recogida en la Ley básica de normalización del uso del
euskera, que, entre otras muchas cuestiones, dice que corresponde a los
poderes públicos de cada comunidad el determinar la nomenclatura
oficial de los territorios, municipios, etcétera. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Navas.
Señorías, les ruego silencio. El hecho de fijar la posición desde el
escaño, por parte de los Diputados y de las Diputadas, se ve
notablemente entorpecido si
SS. SS. no guardan silencio. (Pausa.) Puede continuar señor Navas.
Muchas gracias.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.
Como decía, corresponde a los poderes públicos de cada comunidad el
determinar la nomenclatura oficial de los territorios, municipios,
etcétera, respetando en todo caso la originalidad euskaldún, romance
o castellana con la grafía propia de cada lengua. El Estado español se
conforma como una realidad plurinacional y plurilingüe, entendiendo las
modalidades lingüísticas como un patrimonio cultural. En la comunidad
autónoma vasca se vive claramente el aforismo de que la oficialidad de
la lengua va por detrás de los usos populares que hacen de ella. A
nadie le extraña ver el nombre de las tres provincias en su grafía
vasca, ya sea tanto en documentos oficiales como en correspondencia
particular, asumiendo el hecho cultural que suponen las lenguas
oficiales como patrimonio de todos.
La lengua, ya se sabe, es algo vivo y en el País Vasco su desarrollo
ha alcanzado a un porcentaje muy importante de la sociedad. También se
ha asimilado perfectamente la adaptación de los nombres de los pueblos
a la grafía del euskera, superando adecuadamente los casos en los que
las raíces vasca y castellana eran distintas, incorporando la
denominación en las dos lenguas, y en aquellos casos en los que la
traducción afectaba a un solo vocablo, cambiando b por v o sustituyendo
una c por una k, se optó por su grafía vasca al no suponer
prácticamente un cambio importante en su escritura y una nula
incidencia en cuanto a la pronunciación fonética. Somos partidarios de
utilizar la grafía propia de la lengua de la que procede la
denominación, sobre todo cuando es asumida con naturalidad,
convirtiendo su uso en un hábito.
La propuesta de denominación oficial de los tres territorios históricos
se debe entender desde esa normalidad plurilingüe y los signos,
símbolos e identidades tienen su importancia en la cultura de las
personas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Desde la celebración de las primeras elecciones municipales
democráticas se plantearon en el País Vasco numerosas iniciativas de
cambio de nombre de los municipios. En algunos se unió al nombre
castellano el vasco y así, por ejemplo, la capital de Euskadi pasó a
denominarse ya en 1979 Vitoria-Gasteiz; en otros, se decidió recuperar
el nombre vasco y que desapareciese el castellano: por ejemplo,
Fuenterrabía con Ondarribia; en algunos, el nombre vasco, por
desgracia, ataca directamente, a las más elementales normas y reglas
de ortografía. En cualquier caso, no es tema a discutir en este
momento. Ahora llega a esta Cámara el debate sobre el nombre de las
provincias, con la petición de que se llamen Alava o Araba, en función
de que se use el castellano o el vasco, y Vizcaya y Guipúzcoa con su
grafía vasca.
No voy a entrar en este momento en el fondo del asunto. Lo que ahora
se discute es solamente la toma en consideración. Tiempo habrá en los
trámites sucesivos de determinar nuestra posición. Pero sí quiero
resaltar dos cosas que considero importantes. Hasta ahora los cambios
de nombres, fundamentalmente de municipios, han sido presentados a esta
Cámara en nombre de los parlamentos de las comunidades autónomas. El
que se nos plantea hoy a nuestra discusión
viene propuesto por un grupo parlamentario, por el grupo del Partido
Nacionalista Vasco. Hubiera sido mejor que lo hubiera hecho el propio
Parlamento o las Juntas Generales de los tres territorios históricos.
Por otra parte, los cambios que se han debatido en esta Cámara y que
han sido adoptados habían sido propuestos siempre por unanimidad de
todas las fuerzas políticas, lo que no ocurre en este caso. No así el
caso de Alava, ya que lo que se aprobó es la cooficialidad de los dos
nombres, pero en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa el acuerdo fue tomado
por mayoría. Recuerdo que en ambos casos tanto el Partido Socialista
como el Partido Popular votaron en contra.
Por tanto, y en cualquier caso, vamos a intentar conseguir el más
amplio consenso en los trámites sucesivos, trámites sucesivos que
permitirán conseguir un acuerdo que ojalá sea unánime, pero que
esperemos sea mayoritario. Este momento, a la espera de sucesivos
trámites, votaremos a favor la toma en consideración.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aguiriano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Merino.
El señor MERINO SANTAMARIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la proposición de ley del Grupo Vasco (EAJ-PNV) se puede
considerar desde dos vertientes: su fundamentación técnica y legal, por
un lado, y su fundamento de carácter histórico, político y social, por
otro.
Desde el punto de vista legal, el caso presente tiene relación por la
utilización de una lengua distinta de la castellana con los de Lleida
i Girona (Ley 2/92, de 28 de febrero) y A Coruña y Ourense (proposición
de ley presentada). El texto presentado por el grupo nacionalista es
viable desde el punto de vista jurídico y su aprobación o rechazo queda
dentro del ámbito de decisión política, propio de las Cortes Generales.
Desde el punto de vista histórico, que es uno de los principales para
analizar la congruencia de las denominaciones territoriales, está claro
que la denominación de los actuales territorios históricos de Alava,
Vizcaya y Guipúzcoa como tales, y con la grafía presente, tiene una
tradición casi milenaria.
La primera mención del nombre de Alava con la grafía Alaba aparece a
la vez que la primera del nombre de Vizcaya con la grafía Bizcai en la
Crónica de Alfonso III, que se considera escrita hacia finales del
siglo VIII principios del siglo IX, hacia el año 800. Desde 1040 el
nombre de Vizcaya sale en numerosos documentos latinos, escrito, eso
sí, con un variado ropaje ortográfico que entre múltiples variantes
incluye tanto Vizcaya como Bizkaia. La primera mención del nombre de
Guipúzcoa aparece en el texto latino del arzobispo don Rodrigo como
Guipúzcoa y es copiada o transcrita al romance de diversas maneras.
Los copistas intentan reflejar el sonido con la libertad que da la
época y la anarquía ortográfica reinante, que hace que no tenga mayor
significación la gran variedad de formas registradas ni el uso
indistinto de c, ch o k en unos casos o de b y v en otros.
Con los siglos, los nombres --y los sonidos asociados en lengua
castellana-- se consolidan conforme a la grafía presente. Toda la
tradición histórica, cultural y literaria camina en esa dirección. Por
otro lado, al transcribirse los nombres de lugar en textos escritos en
lengua vasca, empleando siempre el alfabeto latino, puede usarse tanto
la grafía acrisolada por los siglos de desarrollo de la lengua
castellana como, y es el caso, optarse por transcribir la particular
pronunciación en euskera con un criterio ortográfico que emplee la k
en vez de la c, la b en vez de la v o la i latina en vez de la y
griega, y que transcriba el sonido castellano gui como gi; en todo caso
la pronunciación castellana y euskera sigue siendo algo diferente.
No es el caso presente el de devolver a unos territorios la
denominación que, por la causa que fuere, hubieran perdido; los
castellanos hablantes y los vascoparlantes siempre han denominado de
forma conocida a los tres territorios históricos desde que existe
memoria escrita de ello, primero en latín, poco después en romance
castellano y siglos más tarde en euskera.
La presente proposición de ley pretende dar a los territorios
históricos de Vizcaya y Guipúzcoa como denominación sólo la propia de
la lengua vasca, según la grafía aceptada este siglo, y con ello
suprimir la denominación casi milenaria propia del romance castellano
que es, a la vez que el euskera, lengua oficial del País Vasco, propia
de todos sus habitantes y hablada como lengua materna por la mayoría
de los mismos.
No parece histórica ni políticamente conveniente suprimir lo que diez
siglos de historia han acrisolado, sobre todo si además es innecesario
y no existe impedimento alguno en reconocer, como hace la proposición
de ley, que el territorio histórico de Alava se denominará en cada una
de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, Alava en castellano
y Araba en euskera. Lo mismo puede considerarse para Vizcaya-Bizkaia,
y Guipúzcoa-Gipuzkoa, que tienen las mismas dos lenguas oficiales.
En todo caso, las denominaciones en lengua castellana son las derivadas
tanto de su historia como de la historia de sus propios pueblos que la
emplean; la asunción de denominaciones modernas o vernáculas no debe
hacerse con menoscabo de la historia, sino con un criterio
enriquecedor.
Por otro lado, sociológicamente hablando, este tipo de modificaciones
o correcciones debe hacerse buscando el mayor consenso y la mayor
normalización de la vida social, por lo que es mejor asumir un criterio
amplio y una normativa enriquecedora que constreñir
o hacer desaparecer de un plumazo legal algo que está más allá de las
leyes, como el nombre de una comunidad.
Hechas estas consideraciones, hemos de anunciar que, por la importancia
del tema planteado y la necesidad de centrar y racionalizar el mismo,
el Grupo Popular va a votar a favor de la toma en consideración de la
proposición de ley, lo que no quiere decir, como se puede deducir de
los criterios expuestos, que esté de acuerdo con el contenido de la
misma.
El Grupo Popular presentará en su momento tres enmiendas, a fin de que
la denominación oficial de los territorios históricos de Alava, Vizcaya
y Guipúzcoa sea bilingüe, lo que significa que en lengua castellana sea
su denominación la histórica consagrada por el uso y costumbre, y en
lengua vasca sea su denominación la que, de acuerdo con los criterios
fonéticos y gramaticales del euskera, se propone. El Grupo Popular
defiende que los ciudadanos vascos puedan optar por el ejercicio de un
derecho, que reconoce el Estatuto de Autonomía, como es el de conocer
y usar ambas lenguas (artículo 6.1); el texto del propio Estatuto
(artículo 2) denomina en euskera como «Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa» y
en lengua castellana como «Alava, Vizcaya y Guipúzcoa» a cada uno de
los tres territorios históricos.
Este posicionamiento que defiende el Partido Popular se corresponde
fielmente con el pluralismo propio de la sociedad vasca, que tiene como
patrimonio común de todos los ciudadanos, independientemente de su
lengua materna, tanto la lengua castellana como la lengua vasca,
riqueza que es preciso potenciar y defender, y que tiene su mejor
acomodo en la fidelidad a la historia y tradiciones. Es hora ya de
zanjar debates artificiales que en nada contribuyen a la normalización
y al resurgimiento del País Vasco sino que, por el contrario, aumentan
la división y suponen un esfuerzo vano cuando todas las energías de
nuestra sociedad deben encauzarse hacia metas de progreso y desarrollo.
Las enmiendas que presentará el Grupo Popular pretenden que el texto
de la proposición de ley sea más acorde con la historia de alaveses,
vizcaínos y guipuzcoanos, se amolde al texto del Estatuto de Guernica
y sea conforme al pluralismo, cada día más evidente, de los tres
territorios históricos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Merino.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que denominarían
oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los territorios
históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281;
a favor, 280; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la toma en consideración de la proposición de ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ModificaciOn DEL ESTATUTO
DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA
SALARIAL (Número de expediente 122/000040)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, DE MODIFICACION DEL ARTICULO 33.2, PARRAFO PRIMERO, DEL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Número de
expediente 162/000116)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Villarrubia. (Rumores.)
Señorías, les ruego silencio, que ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo. (Continúan los rumores.) Señorías, les ruego silencio.
¡Señor Suárez Pertierra!
¡Señor Ollero! ¡Señorías! (Pausa.)
Puede comenzar, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputadas, el Grupo Parlamentario Socialista presenta
esta proposición de ley de modificación del Estatuto de los
Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Con ella pretendemos corregir una situación de discriminación
existente, corregir una situación que en la práctica se manifiesta como
una notoria injusticia, derivada de una laguna legal, que debemos,
podemos y entiendo
--con todos los respetos-- que estamos obligados a corregir esta
misma tarde con la toma en consideración de esta proposición de ley,
como inicio de la corrección definitiva con su aprobación en el trámite
legislativo pertinente. Esta laguna se produce, señorías, cuando, al
aprobar el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en su artículo 33 se regula la cobertura del Fondo de
Garantía Salarial y se establece que... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor
Villarrubia.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor Presidente.
Se establece, en su apartado primero, que el Fondo de Garantía Salarial
abonará salarios a los trabajadores en el supuesto de insolvencia,
quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos de la empresa.
Hasta aquí no hay ningún problema. El problema se plantea, señorías
--esto es lo que pretendemos reformar--, en su párrafo segundo, al
hablar de las indemnizaciones, donde se establece expresamente que en
las mismas circunstancias del párrafo anterior, el Fondo de Garantía
Salarial dará cobertura a las situaciones de despido o extinción de
contrato, recogidos en el artículo 50 y 51 del Estatuto de los
Trabajadores. Insisto, artículos 50 y 51. Pues bien, el artículo 50
recoge la extinción de los contratos por voluntad del trabajador, y el
artículo 51 recoge el denominado despido colectivo, que es aquel en el
que la extinción de los contratos de trabajo se produce por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, estableciendo
--esto es importante, señorías-- un número determinado, que se eleva
a diez trabajadores en empresas de menos de cien trabajadores; el 10
por ciento en empresas que tienen entre cien y trescientos
trabajadores; y más de treinta trabajadores en empresas que tienen más
de trescientos trabajadores. Establece también de forma expresa que,
a los mismos efectos, se entenderá como despido colectivo cuando sea
de más de cinco trabajadores y afecte a la totalidad de la misma.
Ahora viene el problema, señorías. El artículo 52, que regula el
despido objetivo --voy directamente al grano en aras a la brevedad--,
en su apartado c), se refiere a cuando exista la necesidad,
objetivamente acreditada, de amortizar puestos de trabajo por alguna
de las causas previstas en el artículo 51.1, es decir, las que ya hemos
comentado: económicas, técnicas, organizativas o de producción, en
número inferior al establecido por el mismo. Aquí viene el problema,
señorías, una cuestión estrictamente numérica, pero las mismas causas,
la misma situación. El artículo 53 recoge las formas y garantías de
este despido objetivo. El apartado b) del citado artículo habla de
poner a disposición del trabajador, a la vez que se hace la
comunicación escrita del despido objetivo, la indemnización
correspondiente a veinte días por año de servicio.
Es aquí, señorías, donde está el problema. No existía laguna legal
antes de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, porque, al existir preceptivamente
la consignación previa, no era necesario que el artículo 33.2 del
Estatuto estableciera la inclusión del artículo 52 c) de que ahora
hablamos, pero resulta que la disposición adicional decimosexta de
dicha Ley 42/1994 exime de la obligatoriedad a los empresarios siempre
que aleguen dificultades económicas. Aquí está el problema, aquí es
donde, alegadas esas dificultades económicas y no realizada la
consignación, el trabajador se encuentra, de hecho --hay multitud de
ejemplos prácticos--, con que, supuesto de insolvencia de la empresa,
acude al Fondo de Garantía Salarial y no hay cobertura para poder
percibir esta indemnización.
Señorías, este problema afecta a muchos trabajadores. Este problema
previsiblemente afectará a muchos más trabajadores a partir de fechas
próximas. ¿Por qué digo esto? Porque con el denominado acuerdo-marco
interconfederal de estabilidad por el empleo, el artículo 52 c) del
Estatuto de los Trabajadores ve cómo se amplían las causas del despido
objetivo, por un lado, y, por otro lado, se establece que, en caso de
improcedencia del despido objetivo, el empresario abonará la
indemnización de treinta y tres días por año de servicio.
No es mi misión valorar en estos momentos la bondad o no de ese acuerdo
ni de esos apartados, tan sólo constatar la realidad práctica que se
va a producir de que, indudablemente, en las empresas pequeñas se va
a acudir de una manera masiva a la utilización de este artículo 52
apartado c). Insisto, y voy concluyendo. Se trata de una laguna, y
datos hay para pensarlo así. Hay datos objetivos, como el hecho de que
en el artículo 33, apartado 8 del propio Estatuto de los Trabajadores,
en la responsabilidad directa, que no subsidiaria, del Fondo de
Garantía Salarial, a los efectos de dar cobertura al 40 por ciento de
la indemnización en empresas de menos de 25 trabajadores, expresamente
se recoge el artículo 52, apartado c) del Estatuto de los Trabajadores.
Por si fuera poco, nos estamos encontrando, señorías, con sentencias
contradictorias de los juzgados de lo social y de los tribunales
superiores de Justicia, intentando interpretar extensiva y
favorablemente el in dubio pro operario, para dar cobertura y
solucionar esta manifiesta injusticia. Sin embargo, la interpretación
literal lleva normalmente a la desestimación de estas reclamaciones.
Urge, por tanto, solucionar, señorías, esta situación.
En la proposición de ley solicitamos que surta efecto a partir de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, para dar cobertura a los expedientes
que se encuentran en tramitación y a aquellos otros que ya han sido
resueltos. Y no hablamos expresamente de período de reclamación, porque
se entiende que es el período general de prescripción, es decir, un
año.
Paralelamente, señorías, se presenta otra proposición de ley por parte
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, cuatro o cinco meses después de la del Grupo Socialista. Con
referencia a esta proposición, quiero referirme a tres cuestiones.
Primera, su redacción coincide en incluir
junto a los artículos 50 y 51, el artículo 52. Vaya por delante que
estamos de acuerdo y que vamos a votar a favor la toma en consideración
de esta proposición de ley, con algunos matices.
En ese primer aspecto entendemos que no es posible que se produzca esa
situación y, por consiguiente, sería innecesario. ¿Por qué? Porque las
formas y efectos, regulados en el artículo 53 del Estatuto, en sus
apartados a), b) y d), que son los que excluimos en nuestra
proposición, entran de lleno en las garantías ya establecidas:
comunicación escrita, consignación previa y requerimiento 30 días antes
del efecto extintivo. Continúa en el párrafo 4 del propio precepto: que
en el supuesto de incumplimiento de alguno de esos requisitos, se
produce una nulidad extintiva, es decir, es nulo de pleno derecho ese
acuerdo. Y en el supuesto de que, cumpliendo con esos requisitos,
faltara el cumplimiento real de los mismos, nos vamos al párrafo 5.º
del mismo artículo 53, que dice que tendría el tratamiento y
consideración del despido disciplinario. Ambos supuestos tendrían
cobertura real dentro de la actual regulación de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
La segunda cuestión que plantea Izquierda Unida es que se extienda
también a los supuestos en los que, por norma estatal o por convenio,
se recoja en los contratos temporales, por finalización de contrato,
una cantidad. Pues bien, salvo error que se nos podrá corregir, tan
sólo se produce esta situación en el Real Decreto 1989/1984, de los
contratos temporales que van de seis meses a tres años, que se
encuentran con vigencia transitoria porque, por la ley del año 1994 ya
se extinguen estos contratos, aunque bien es cierto que hay algún real
decreto posterior que amplía este plazo en un año. Estaríamos, pues,
en un período transitorio. En cualquier caso, coincidimos con la
filosofía y siempre que fuera por norma estatal, teniendo en cuenta que
nos encontramos con situaciones muy distintas. La anterior trata de
corregir una injusticia, una laguna, una discriminación hoy existente.
La de Izquierda Unida pretende ampliar esa cobertura por norma estatal,
con la que, sin lugar a dudas, estaremos de acuerdo.
Finalmente, Izquierda Unida plantea otro supuesto y es que también
responda el Fondo de Garantía Salarial en aquellas situaciones en las
que, por convenio colectivo, se establezca algún tipo de indemnización.
Pues bien, dos pequeñas reflexiones quiero hacer. Primero, salvo que
también se nos corrija, sólo existe hoy un supuesto que trae causa en
la antigua ordenanza del sector de construcción, incorporada al
convenio colectivo, en el que se establece una indemnización del 4,5
por ciento del total de las percepciones salariales con que ha sido
retribuido el trabajador durante el tiempo de prestación de los
servicios. Se alegará probablemente que la finalidad es potenciar la
negociación colectiva, y como quiera que la filosofía de financiación
del Fondo de Garantía Salarial es que sean las propias cuotas de los
empresarios quienes respondan de ello, se favorece a ese colectivo de
trabajadores.
Una reflexión dejamos en el aire para el trámite de enmiendas. Si
sucediera eso así estaríamos totalmente de acuerdo, pero como la
realidad es que la financiación tan sólo es de forma parcial (aunque
la fija el Gobierno y alguna décima podrían subirles), con el 0,40 por
ciento de la base de cotización y siempre hay que suplir esas
aportaciones con fondos del Estado, es decir, de todos los ciudadanos,
podríamos producir el efecto perverso, no deseado, de que haya
trabajadores de primera clase, de segunda y de tercera, en función de
qué colectivo tenga capacidad o no de negociación para arbitrar ese
mecanismo indemnizatorio que va a ser cubierto, en última instancia,
con fondos públicos. Más nos inclinaríamos --y concluyo ya esta
intervención-- por que fuera por norma estatal, con lo que los derechos
serían iguales para todos, y luego discutir la forma de financiación
absoluta o complementaria para evitar, insisto, este efecto perverso.
Para terminar, espero y deseo que podamos decir dentro de unos minutos
que había un problema y lo hemos solucionado. Que no se nos diga que
esto puede tener cobertura con el trámite de la reforma, porque nada
tiene que ver el pacto que posteriormente pueda tener el trámite
legislativo. El Partido Popular hablaba de hacerlo por decreto-ley. Por
decreto-ley no podríamos recoger esta situación. No afectan, en
absoluto, los pactos suscritos al artículo 33.2 del Estatuto de los
Trabajadores, cuya modificación planteamos. El que afecte a mayor
número en el futuro, porque modifica el artículo 52 c), no afecta, en
absoluto --valga la redundancia--, al problema de fondo que aquí
estamos contemplando.
Señorías, es una ocasión adecuada de resolver este problema, aunque
ustedes consideren que en la reforma que van a presentar, probablemente
como proyecto de ley, se podría tratar. Queremos, sobre todo, que el
problema se solucione, pero ello no es incompatible para tomar hoy en
consideración esta proposición de ley y que se inicie el trámite
legislativo ordinario para que le demos una solución necesaria,
imprescindible, y yo diría que obligatoria, a un problema que existe.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villarrubia.
Va a ser debatida de forma conjunta, por tratarse de materias
similares, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
modificación del artículo 33.2, párrafo primero del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Para un turno a favor, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tal como indicaba el señor Presidente, la proposición de ley
de nuestro grupo coincide substancialmente con la que recientemente
acaba de defender el representante del Grupo Socialista, señor
Villarrubia. Por tanto, doy por reproducidas, en buena parte, las
razones que han sido expuestas en su intervención, en aras a la
brevedad. No obstante, quisiera hacer las siguientes consideraciones
para explicar aquellas cuestiones específicas de nuestra proposición
de ley y, en alguna medida, dar respuesta a las inquietudes suscitadas
por el representante del Grupo Socialista y que posiblemente compartan
algunos otros grupos de la Cámara.
En primer lugar, el problema fundamental que pretendemos resolver es
de carácter técnico, pero tiene una raíz política que es bueno poner
de manifiesto. Cuando se llevan a cabo reformas laborales sin acuerdo
con las organizaciones sindicales, se produce la paradoja de que se
está regulando un mercado laboral sin contar con aquellos que, día a
día y en base a la Constitución, tienen reconocida la capacidad de
regular ese mercado laboral. Uno de los inconvenientes de las reformas
laborales hechas por vía legislativa, sin consenso, es que posiblemente
producen fricciones y choques con esa otra regulación laboral de la que
las partes sociales se dotan, en base a su capacidad normativa
constitucional y a su autonomía. Esta es la raíz de esta situación.
Cuando se llevan a cabo reformas legislativas sin contar con los
agentes sociales, se entra en la dinámica de realizar una detrás de
otra. Así nos encontramos con que la normativa reguladora del Fondo de
Garantía Salarial, el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, no
plantea ningún problema de carácter técnico. Podía ser discutible su
regulación, su amplitud, pero no ocasiona problema técnico alguno hasta
que comienza el proceso de reforma laboral de la anterior legislatura.
Incluso, si por reforma laboral entendemos explícitamente las que se
llevan a cabo en los primeros meses de 1994, el problema de carácter
técnico no surge. Pero, como decía anteriormente, el problema es que
en esas condiciones la reforma laboral no termina. Se descubren
problemas técnicos que se intentan solucionar mediante nuevas leyes.
En la Ley de Presupuestos para el año 1995 se introduce una
modificación, a tenor de la cual en el caso de despidos objetivos y,
en concreto, por causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas, el empresario no tiene obligación de pagar la
indemnización cuando comunica el despido, que es la norma general para
todos los despidos objetivos. El empresario ha de pagar la
indemnización. En la Ley de Presupuestos de 1995 se exceptúa esa causa
y surge el problema. Entonces cabe la posibilidad de que el empresario
no pague esa indemnización, y cabe también la posibilidad de que el
empresario llegue a ser insolvente. Entonces, ¿cómo cobra el trabajador
la indemnización?
La regulación que existía del Estatuto de los Trabajadores sobre el
Fondo de Garantía Salarial no contemplaba ese supuesto. Como decía el
señor Villarrubia, se ha planteado una problemática judicial muy
interesante en la que los tribunales se han pronunciado de forma
distinta y se ha barajado incluso normativa internacional, porque saben
SS. SS. que ésta es una materia regulada por la Unión Europea donde
existe una directiva; incluso existe un convenio de la OIT sobre este
tema. Es una problemática judicial que, al día de hoy, no tiene
solución clara.
Me consta que ya en la anterior legislatura se intentó solucionar este
problema, pero terminó la legislatura y no se llevó a cabo. Hemos
entrado en la actual y, en primer lugar el Grupo Socialista, y
posteriormente el nuestro, hemos sido los que hemos decidido abordar
este tema, dejando claro que en todos los casos de despido, si se
produce alguna deuda empresarial de indemnización, lo cubre el Fondo
de Garantía Salarial. Esta filosofía es importante y me alegra que diga
que la comparte. Si el trabajador tiene derecho a indemnización, de
algún sitio la cobrará si el empresario es insolvente. Esta es la
filosofía de fondo.
¿Qué es lo que ocurre? Que en la actual regulación española, hay casos
en que esa indemnización se tiene que hacer efectiva en el momento de
la notificación por parte del empresario. Las causas a), b) y d) del
artículo 52. Ahí no cabe la aplicación real de ese principio genérico,
porque se tiene que pagar y si no es nulo, supuesto distinto. Yo creo
que la filosofía es importante. Que nos quede claro que toda
indemnización por despido que no sea pagada por el empresario, porque
éste es insolvente, la tiene que pagar el Fondo de Garantía Salarial,
con los límites y con arreglo a su normativa específica. Realmente eso
sólo se aplicará, de acuerdo con la regulación actual, en los casos de
despido objetivo previstos en la causa c). Pero cabe la posibilidad de
que eso se modifique, como sucedió en la Ley de presupuestos para el
año 1995, en la que se aprobó la obligación de anticipar y pagar la
indemnización en los casos previstos en la causa c). ¿Por qué no
podemos pensar que ahora que está gobernando la derecha se decida
excluir la causa b), la d), la causa a) o todas? Yo creo que en la
filosofía de fondo, como ha dicho usted, estamos de acuerdo, y yo lo
celebro porque es la filosofía de la directiva de la Unión Europea y
del Convenio de la OIT. Tiene que haber un organismo que respalde las
indemnizaciones por despido que tiene derecho a percibir el trabajador,
en el caso de que no las perciba por parte del empresario. Se tendrán
que poner límites, pero tiene que respaldarlas. Dicha filosofía hace
comprensible nuestra referencia genérica al artículo 52, aunque hoy,
en la práctica legislativa, sólo sería realmente utilizable en relación
con la causa c): cuando el empresario no anticipara la indemnización
y fuera insolvente.
Es verdad, como usted dice, que en virtud del reciente acuerdo sobre
reforma laboral estos supuestos pueden tener especial o mayor
incidencia. Yo estoy de
acuerdo. Decía usted acertadamente que no es el momento de valorar la
bondad de ese acuerdo, pero sí se puede constatar que, efectivamente,
se va a producir una mayor incidencia. Por tanto, hay más razones para
que esta proposición de ley sea apoyada por esta Cámara, porque se
trata de corregir una situación de carácter técnico injusta,
involuntaria, pero que además en la realidad laboral se va a producir
de manera más numerosa. Es bueno que nos anticipemos a esos
acontecimientos.
En segundo lugar, ha hecho usted referencia a aquella parte de nuestra
proposición de ley más amplia que la que han presentado ustedes, a
aquélla en la que proponemos que el Fondo de Garantía Salarial cubra
también las indemnizaciones por terminación de contrato temporal. Me
dirán que no son técnicamente por despido, pero popularmente también
se consideran por despido. Porque en el fondo está claro que el
contrato se extingue por voluntad empresarial, que hace uso de la
cláusula contractual de término. Dice: se termina el contrato en esta
fecha, en la que se cumplen seis o doce meses, la duración pactada. En
definitiva, es una extinción por iniciativa empresarial, aunque no
quepa calificarla técnicamente de despido.
Nosotros creemos que la filosofía de fondo también debe contemplar
estos supuestos. Y es verdad, como dice usted, que hoy día
prácticamente eso no tiene vigencia en la realidad, porque la
contratación temporal que establece la indemnización figura
exclusivamente en el Real Decreto 1989/1984, que está prorrogado de
manera transitoria. Pero no es menos cierto --y yo creo que ésta es una
reflexión que usted también puede compartir y que compartirán los otros
grupos de la Cámara-- que en este reciente acuerdo de reforma laboral
uno de los objetivos que persiguen las partes que lo han firmado es
potenciar la negociación colectiva. En concreto, hay una referencia
explícita a la contratación laboral, a convertir la contratación
laboral en una parte importante de la negociación colectiva. Por tanto,
es perfectamente posible y quizá plausible el que se prevean
indemnizaciones para ese tipo de contratación. Y si es perfectamente
posible --yo me atrevería a decir que plausible-- el que eso se
produzca, yo creo que es bueno que nosotros también nos anticipemos a
esa realidad, sobre todo cuando este anticipo es coherente con lo que
establece la normativa internacional. Se cita en el texto de nuestra
proposición de ley un convenio de la OIT que hace referencia explícita
a la necesidad de cobertura de ese tipo de indemnizaciones por
terminación de contrato. Por tanto, yo creo que ese planteamiento
nuestro coincide con lo que hoy es normativa internacional, ratificada
por nuestro país mediante convenio de la OIT.
Ha pretendido usted establecer una cierta separación entre si debe
hacerse por ley o por convenio colectivo. Es verdad que se puede hacer
esa distinción, no cabe la menor duda, la ley surge de esta Cámara,
surge de quienes representamos al conjunto de los ciudadanos, y el
convenio colectivo de unas partes sociales más o menos amplias, pero
de una representación parcial. Pero en lo que no estoy de acuerdo con
usted es en que me diga que hay trabajadores de primera, de segunda o
de tercera. Eso ya lo hay en virtud de la negociación colectiva; los
trabajadores de una gran empresa no cobran lo mismo que los de una
pequeña empresa, no ya cuando se les termina el contrato, sino día a
día. Hay condiciones laborales del sector del país más pujante
económicamente muy distintas de las que tienen los trabajadores del
sector en peor situación económica. Creo que no se puede hablar de
trabajadores de primera, de segunda y de tercera, sino de la realidad
de una Constitución que otorga unos poderes a unos agentes sociales,
que autónomamente los ejercitan en función de circunstancias concretas
de su sector productivo, de su empresa, etcétera. Pero cabe la
posibilidad de que, en virtud de esa autonomía, se establezcan estas
indemnizaciones; y las tienen que pagar los empresarios. Si no las
pagan los empresarios, ¿qué pasa? ¿Que no las cobra el trabajador? ¿O
que aplicamos en este caso concreto lo que hemos aplicado con carácter
general, es decir, que haya una institución superior pública,
financiada por los empresarios, sólo por los empresarios, como es el
Fondo de Garantía Salarial, que cubra y se responsabilice de esas
indemnizaciones? Nosotros apostamos por esta segunda fórmula.
El problema de la suficiencia de recursos es de las partes sociales y
del Gobierno, que tiene que garantizar que cumpla esas funciones,
porque estarán previstas en la ley, si esta proposición de ley sale
adelante. Por tanto, será un problema de ajustar los recursos de un
organismo a sus funciones, pero teniendo en cuenta que esos recursos
proceden exclusivamente de los empresarios y que, en definitiva,
garantizarían unas indemnizaciones pactadas por ellos en la negociación
colectiva.
En definitiva, señorías, es un conjunto de proposiciones de ley, del
Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que vienen a resolver un problema
planteado hoy día en la realidad de nuestro país, que cabe pensar que
en lo inmediato se plantee con más agudeza, y que la filosofía que
inspira las dos proposiciones de ley es acorde con aquellas
disposiciones del ámbito de la Unión Europea en la que nuestro país
está inserta, y de ámbito internacional, convenio de la OIT, que
nuestro país ha ratificado. Por ello, solicito de SS. SS. el voto a
favor de las mismas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Intervengo para expresar la posición favorable del Bloque Nacionalista
Galego a la toma en consideración de las proposiciones de ley
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativas a la
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura
del Fondo de Garantía Salarial.
Es claro, y a ello ya han hecho referencia los proponentes, que con la
norma actual muchos trabajadores se ven claramente perjudicados a la
hora de percibir sus indemnizaciones por despido cuando éste se basa
en la difícil situación económica de la empresa. Si el empresario no
hace efectiva la indemnización que legalmente corresponde a los
trabajadores y trabajadoras, éstos se ven sin protección por parte del
Fondo de Garantía Salarial.
La proposición de ley que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya introduce una cuestión desde nuestro punto de vista
importante, ya que propone que el Fondo de Garantía Salarial cubra
también las indemnizaciones por finalización de un contrato temporal
cuando estén previstas por la normativa o por convenio colectivo y el
empresario no haga frente a las mismas; algo de gran importancia, como
decía, dado el actual panorama del denominado mercado laboral, donde
esta forma de contratación temporal alcanza cifras cada vez más
considerables.
Reiteramos, por tanto, nuestro voto positivo a la toma en consideración
de ambas proposiciones de ley que pretenden, en esencia, reparar una
situación de injusticia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me referiré a la proposición de ley del Grupo
Socialista sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Las sucesivas reformas legislativas del Estatuto de los Trabajadores
han motivado que no se hayan tenido en cuenta los efectos
perjudiciales, de agravio comparativo, que se producen para los
trabajadores que resultan despedidos por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción de empresas y que, sin embargo, por no
encontrarse en un supuesto de despido colectivo, que, en general, el
estatuto reserva a la extinción del contrato superior al 10 por ciento
de los trabajadores de la empresa, no tienen garantizada la percepción
de los salarios que se les adeudan por la empresa ni de las
indemnizaciones que les corresponden; esto es, el Fondo de Garantía
Salarial no los acoge. Entendemos que la proposición de ley del Grupo
Socialista viene a corregir esta deficiencia legislativa al incluir el
supuesto del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores dentro de
los supuestos objetivos para acogerse al Fondo de Garantía Salarial.
Por tanto, señorías, anuncio el voto afirmativo de mi grupo a la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Sin embargo, señor Presidente, señorías, nos preocupa la propuesta del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en lo que se refiere a
dar cobertura, a través del Fondo de Garantía Salarial, a los casos de
extinción de la relación laboral en contratos temporales. Creemos que
esta medida debe estudiarse detenidamente en cuanto pudiera afectar a
la propia supervivencia del fondo, a la existencia de recursos
suficientes para afrontar la pretendida medida. Quizá podríamos
considerar esa regulación sólo para el caso de que así lo estableciera
una norma estatal, descartando el supuesto de indemnización pactada con
base a convenios colectivos, toda vez que esto pudiera constituir una
vía para cargar al Fondo de Garantía Salarial con obligaciones
económicas asumidas por los empresarios con base convencional.
No obstante, teniendo en cuenta que esta afirmación se basa tan sólo
en garantizar la buena salud financiera del Fondo de Garantía Salarial,
nos gustaría conocer la posición del grupo mayoritario que apoya al
Gobierno, puesto que nosotros no disponemos de los datos económicos que
nos permitan conocer el alcance real de la norma propuesta. Queremos
que quede claro que nuestra postura es la de apoyar esta iniciativa,
porque entendemos que puede ser beneficiosa para el colectivo de los
trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar el voto favorable del Grupo Vasco a la toma en
consideración de las proposiciones de ley que plantean los Grupos
Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Las proposiciones de ley de modificación del Estatuto de los
Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial
intentan salvar, desde nuestro punto de vista, una laguna normativa
proveniente de la nueva redacción que el Real Decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, daba al artículo 33.2. No
olvidemos, señorías, que la garantía salarial, como toda institución
de protección de los trabajadores, suaviza las tensiones sociales y
puede proporcionar al trabajador, por lo menos, cierta sensación de
seguridad, por lo que la referida garantía salarial, más que una medida
coyuntural adoptada, como en efecto se ha hecho normalmente, en una
circunstancia de crisis económica, se convierte, desde nuestro punto
de vista, en una pieza normal más del sistema de protección de los
trabajadores.
La Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modificaban determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores, introdujo alguna variación
no sustancial en el texto del artículo 33; texto regulador de
determinados aspectos relativos a la actuación del Fogasa. Sin embargo,
ninguno de ellos se refería al abono por dicho organismo de parte de
la indemnización debida por la amortización de puestos de trabajo. Este
vacío fue paliado en parte por el artículo 41 de la Ley 42/1994, de 30
de diciembre, que da una nueva redacción al artículo 33.8 del Estatuto
de los Trabajadores, incorporándose posteriormente al nuevo texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, promulgada por
Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo.
Ahora, y según nuestro punto de vista, señorías, lo que las dos
iniciativas pretenden es plasmar la intención del legislador de
trasladar al Fogasa parte de la responsabilidad económica en los
supuestos de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas,
no sólo para empresas de reducido tamaño sino tratando de suavizar, de
algún modo, el costo de los despidos derivados de una causa relacionada
con las circunstancias económicas de las demás empresas.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, el Grupo Vasco va a apoyar
la toma en consideración de las dos proposiciones de ley planteadas por
los grupos Socialista y de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para posicionarnos en la toma en consideración de estas dos
proposiciones de ley. De entrada, señor Presidente, entendemos que la
propuesta que nos traslada hoy a la Cámara el Grupo Socialista responde
a una lógica necesidad de dar respuesta a lo que es una evidente laguna
jurídica producida por la reforma del año 1994, y que, por tanto, no
pueden existir motivos que impidan que hoy el Pleno tome en
consideración esta iniciativa. Nos parece oportuna y necesaria y, a
pesar de que en las próximas semanas vamos a tener oportunidad de
discutir en esta Cámara otras modificaciones del cuerpo legislativo que
afectan al ámbito laboral, es evidente que no podemos dejar pasar la
oportunidad que se nos presenta de votar favorablemente esta
iniciativa.
Por consiguiente, queremos anunciar nuestro voto favorable a la
proposición de ley y, en todo caso, cuando tramitemos la necesaria
reforma laboral pactada entre los agentes sociales, veremos si debemos
enmarcar esta proposición de ley en el mismo trámite jurídico y
parlamentario o si seguirá su curso lógico y normal. En todo caso, lo
importante es que existe una deficiencia legal que debemos cubrir.
Por otra parte, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aborda también esta misma
cuestión, pero la hace con una perspectiva que, desde nuestra lógica,
va más allá de lo que hoy estamos en condiciones de poder asumir. Por
tanto, nuestro voto será negativo a esta proposición de ley.
Evidentemente, el trámite parlamentario que va a conllevar el voto
favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Socialista nos va a permitir, a través de las enmiendas que estoy
seguro que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a plantear, estudiar más a fondo su propuesta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en torno a las dos
proposiciones de ley, ya largamente debatidas, en relación al artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores, regulado por el Real Decreto
legislativo 1/1995.
Refiriéndome, en primer lugar, a la proposición de 6 de octubre del año
pasado, del Grupo Socialista, que ha defendido aquí don Julio
Villarrubia, quiero señalar que la misma reconoce que ha existido una
laguna como consecuencia de la reforma de la Ley 11/1994, ya que el
artículo 52.c), referente a causas objetivas pero que no reúnen el
límite ni el número de las que están incluidas en el artículo 51, ha
quedado, aunque no por una voluntad legislativa deliberada, fuera del
ámbito de cobertura del Fogasa. En su día, esto fue consecuencia de las
enmiendas número 210 y 316, del Grupo Socialista en el Congreso y en
el Senado, pero no me cabe duda de que no obedeció en modo alguno a una
voluntad deliberada de practicar esta exclusión,
sino a un error dentro de los trámites de una reforma laboral de la
amplitud de aquélla.
Por todo ello, he de decir que el Grupo Parlamentario Popular va a
votar favorablemente esta proposición; que agradecemos una iniciativa
legislativa que permite resolver una discriminación y que el Gobierno
no ha abordado esta iniciativa porque ha estado esperando el resultado
de los acuerdos que pudieran pactar el Gobierno y los sindicatos. Sin
embargo, habida cuenta que hoy se debate en esta Cámara, yo me
felicito, y lo digo con satisfacción, de poder admitir una proposición
de esta naturaleza presentada por la oposición. Además, lo digo desde
la experiencia propia, porque en la anterior legislatura alguna
proposición de ley defendí y en alguna ocasión se me planteó el
argumento de que no era el momento idóneo; de que esperara a una
reforma global, para que, como efectivamente tenía razón, pudieran ser
atendidas mis peticiones, pero no en un trámite tan puntual y parcial.
Yo me alegro de poder decir hoy lo contrario y de poder contribuir a
una forma de hacer política, entiendo, en pro de la solución de los
problemas de nuestros conciudadanos, en este caso los trabajadores que
están sufriendo la discriminación a que tanto se ha aludido por quien
me ha precedido en el uso de la palabra. Por lo tanto, satisfacción en
esa medida, que estoy seguro compartirá también la oposición, porque
creo que es de justicia reconocer que cuando hay algo que entre todos
podemos resolver, bueno es que lo hagamos.
La proposición de Izquierda Unida subsume esta pretensión, y en esa
medida queda ya aceptada. Pero el contexto de la proposición defendida
por el señor Peralta va más allá de esta laguna, de esta discriminación
negativa (por cierto, dialécticamente contradicha por el representante
del Grupo Socialista en su primera intervención, que asumo, y del señor
Campuzano en su intervención de ahora mismo); va más allá hasta el
punto de que la propia naturaleza de lo que se ha planteado aquí
respecto a que la negociación colectiva, la autonomía de las partes,
esa profundización a la hora de llegar a acuerdos en la vía laboral,
puede evidentemente llevar, vía convención, vía pacto --usted dice ley
o convenio en los contratos temporales a efectos de indemnización en
el supuesto de extinción--, a una situación no controlada, no
calculada.
Desde nuestro rechazo en este momento a su iniciativa en la literalidad
total, no le digo que no la vayamos a contemplar. Estamos abiertos a
seguir profundizando, a seguir trabajando, porque ciertamente el 16 de
mayo de 1996 en España entró en vigor el Convenio OIT 173, sobre
protección de los créditos laborales. Creo que habrá que considerar si
el debate --el señor portavoz del Grupo Socialista no se ha opuesto a
ello-- lo debemos de hacer de una forma global sobre el proyecto de ley
que el Gobierno traiga a la Cámara con el pacto laboral
empresas-sindicatos. Es posible que lo hagamos así --lo estudiaremos
en estas fechas entre todos-- porque creo que eso siempre tiene una
ventaja. No sé si políticamente al final adoptaremos este acuerdo, pero
tiene la ventaja de no dispersar las reformas legislativas y de no
entrar en una reforma global y, por unas escasas semanas, con una
modificación parcial, por importante que sea, como la que hoy se
pretende, es decir, la de ampliar la cobertura del artículo 33, en
definitiva el Fondo de Garantía Salarial, a los supuestos contemplados,
y que la ley, antes de la reforma de 1994, contemplaba en el artículo
52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
Desde esta voluntad de diálogo, desde este reconocimiento de que esta
Cámara debe aportar soluciones a los problemas, el Grupo Popular, con
esta satisfacción y en la convicción de que habrá una reciprocidad en
el tiempo a actitudes como la presente, va a votar favorablemente a la
proposición del Grupo Socialista y en contra de la de Izquierda Unida,
pero el señor Peralta puede estar satisfecho de que, en buena medida,
al asumir la del Grupo Socialista, asumimos la de Izquierda Unida.
Tiempo habrá en el trámite de enmiendas de debatir, perfeccionar y
plasmar un texto definitivo satisfactorio para todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Azpiroz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre la toma en consideración de
proposiciones de ley. En primer lugar, sometemos a votación la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura
del Fondo de Garantía Salarial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309;
a favor, 306; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del
artículo 33.2, párrafo primero, del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307;
a favor, 142; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA
PERMITIR LA SUBSISTENCIA DEL DERECHO AL PERCIBO DE LA PENSION DE
VIUDEDAD CUANDO EL BENEFICIARIO CONTRAIGA NUEVAS NUPCIAS (Número de
expediente 162/000116)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE REFORMA
DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU EXTINCION
EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL BENEFICIARIO CONTRAE NUEVO MATRIMONIO
(Número de expediente 162/000115)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Debate sobre
proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario
Popular sobre medidas para permitir la subsistencia del derecho al
percibo de la pensión de viudedad cuando el beneficiario contraiga
nuevas nupcias, iniciativa que será debatida con la del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de las
pensiones de viudedad, con la finalidad de evitar su extinción en los
supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Núñez. (Rumores.)
Silencio, señorías. Ruego a los señores Diputados que están en los
pasillos que abandonen el hemiciclo y guarden silencio, para que el
señor Núñez pueda comenzar su intervención. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
una proposición no de ley para permitir la subsistencia del derecho al
percibo de la pensión de viudedad cuando el beneficiario contraiga
nuevas nupcias.
Tengo que empezar haciendo referencia a unas declaraciones que he oído
esta mañana en diversos medios de comunicación, en las que el Grupo
Parlamentario Socialista valora esta iniciativa, y como en este debate
de proposiciones no de ley no hay turno de réplica, por si acaso no me
lo conceden, voy a decir ya lo que me parecen sus declaraciones, que
tienen mucho que ver con la defensa propia de la proposición. El Grupo
Parlamentario Socialista ha dicho esta mañana que es un error entrar
en si se casan o no los perceptores de pensiones de viudedad. Pero ese
error no lo comete la proposición no de ley nuestra ni tampoco la de
Convergència i Unió, sino que ese error procede y lo comete la
legislación vigente, legislación que el Partido Socialista no supo o
no quiso modificar en más de trece años de gobierno. Es la legislación
vigente la que entra de lleno en el matrimonio de los viudos para decir
de manera tajante: si te casas, pierdes la pensión y, si no te casas,
allá te las apañes con tu conciencia y con la aceptación o rechazo de
la sociedad que te rodea. Esta es la cuestión, este es el problema que
nuestra iniciativa trata de resolver pidiendo al Gobierno que adopte
las medidas necesarias que deroguen la legislación vigente para que el
matrimonio no sea causa automática de extinción de la pensión de
viudedad. Que en una fase posterior estas pensiones de viudedad se
conviertan en pensiones de jubilación y dejen de ser pensiones
derivadas, es una propuesta a considerar con carácter general y dentro
de las inevitables reformas que aún esperan al sistema, pero, repito,
ese problema no es objeto de las iniciativas de esta tarde.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley
largamente esperada por un importante número de personas perceptoras
de pensiones de viudedad que tienen su libertad hipotecada por la
rigurosa e injusta normativa vigente que recoge el artículo 174 de la
Ley General de la Seguridad Social, según el cual el matrimonio de un
perceptor de la pensión de viudedad es causa automática de extinción
de la pensión. Nos satisface mucho que esta proposición no de ley
cuente para su debate con otra del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
que persigue los mismos propósitos. Hay que tener en cuenta que las
pensiones representan el principal y casi único medio de renta de la
gran mayoría de las personas mayores y que en un gran porcentaje estas
pensiones son todavía insuficientes. Concretamente, la media de las
pensiones de viudedad, que suponen un 28 por ciento de las pensiones
del sistema, asciende a 46.200 pesetas, cantidad que está muy lejos del
salario mínimo interprofesional.
Perdonen, señorías, si recuerdo finalmente las cifras que enmarcan la
dimensión del problema que quiere resolver esta iniciativa
parlamentaria. Hay 1.879.340 perceptores de pensiones de viudedad de
los cuales el 95,3 por ciento son viudas y el 4,7 por ciento viudos.
Pues bien, datos y cifras aparte, lo que tenemos que subrayar como
argumento fundamental en defensa de nuestra iniciativa es que, sin
recursos económicos suficientes, difícilmente pueden los mayores,
difícilmente pueden los perceptores de las pensiones de viudedad
decidir sobre su modo de vida, optar en muchos casos por la forma de
estado civil. La libre opción no debe acarrear consecuencias gravosas
más allá de aquellas que se deriven de la propia naturaleza de la
opción elegida, y no parece estar en la naturaleza de la institución
del matrimonio, en cualquiera de sus clases, que de su formalización
haya de seguirse necesariamente una minoración de los recursos que
ambos contrayentes están en disposición de aportar al mismo. Dicho en
román paladino: cuando un viudo o una viuda se enamoran y desean
formalizar su situación, con cualquier
clase de matrimonio, su amor, la formalización de la relación
sentimental les cuesta una fortuna, les cuesta toda su fortuna, es
decir, la pensión.
Las legislaciones extranjeras, especialmente las de la Unión Europea,
atienden a estos supuestos con variadas fórmulas. Francia mantiene en
cualquier caso la pensión de viudedad concedida a los mayores de 55
años. En Finlandia sólo se extingue la pensión por nuevas nupcias si
el pensionista es menor de 50 años. En otros países se concede al viudo
o viuda que se casa de nuevo un número de mensualidades que oscila
entre 24 y 56. En España, como ya señalamos al principio, el artículo
11 de la Orden Ministerial de 1967, recogido por el Real Decreto-ley
de 20 de junio de 1994, enumera como primera de las causas que provocan
la extinción de la pensión de viudedad la de contraer nuevas nupcias,
en cuyo caso, si el beneficiario cuenta con más de 60 años de edad,
tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una cantidad igual al
importe de 24 mensualidades. Conviene recordar el contexto normativo
y la propia finalidad de la protección por viudedad en el tiempo en que
se dictó la orden ministerial. La pensión de viudedad tenía como
destino prioritario la protección económica de las viudas y sólo
excepcionalmente la de los viudos, a los cuales se les exigían
requisitos más rigurosos para acceder al mismo derecho: hallarse
incapacitados, vivir a expensas de sus respectivos cónyuges en el
momento del fallecimiento, etcétera. Por otra parte, la protección a
las viudas quedaba condicionada a la concurrencia alternativa de
determinadas circunstancias: edad superior a 40 años, incapacidad para
el trabajo, tenencia de hijos, etcétera, que son exponentes presuntos
de estados de necesidad.
En esta configuración podría considerarse coherente la extinción de la
pensión de viudedad por contraer matrimonio, por cuanto parecía
razonable considerar que el matrimonio en tales casos vendría a suponer
una cobertura de las respectivas necesidades económicas y, por tanto,
la desaparición del estado de necesidad que justificaba la existencia
de la pensión de viudedad determinaría la extinción de ésta. Sin
embargo, la no exigencia a la viuda de los requisitos de edad,
incapacidad o tenencia de hijos, tras la ley de 1972, el reconocimiento
del derecho a pensión a divorciados y separados legalmente, a tenor de
lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley de 1981, el
otorgamiento del derecho a pensión a los viudos en iguales condiciones
que a las viudas, a partir de una famosa sentencia del Tribunal
Constitucional de 22 de noviembre de 1983, así como la eliminación
genérica del requisito de convivencia, según también criterio
jurisprudencial, han venido conformando un nuevo esquema de prestación.
La progresiva incorporación de la mujer al trabajo y los positivos
pronunciamientos legales y judiciales relativos al principio de
igualdad entre hombre y mujer han provocado un desplazamiento de la
fundamentación originaria, de manera que actualmente se apunta como
justificación de la pensión de viudedad no tanto la de remediar una
situación de necesidad, como la de compensar una minoración de los
ingresos comunes de la unidad familiar de los que era partícipe el
cónyuge viudo, de suerte que esa solidaridad patrimonial existente
durante el matrimonio se prolongue una vez extinguido éste, con lo que
obviamente pierde fuerza el argumento justificativo de la extinción sin
más por razón causal del hecho de contraer nuevas nupcias. Existe
además en España una circunstancia relacionada con el papel histórico
de la mujer en la actividad laboral. Su participación ha sido
tradicionalmente muy baja, sobre todo si se compara con la realidad de
otros países de la Unión Europea. Aunque los avances en este terreno
han sido considerables en las últimas dos décadas, la realidad es que
la gran mayoría de las actuales pensionistas de viudedad no han contado
con una actividad laboral que les permitiera adquirir derechos propios
a prestaciones de la Seguridad Social. Es evidente que esa realidad
histórica no supone, ni muchísimo menos, constatar una inactividad de
las mujeres. Supone simplemente constatar la dedicación mayoritaria a
tareas que no han tenido repercusión en cotizaciones y que socialmente
no han sido correspondidas con la valoración merecida. Esto hay que
subrayarlo a la hora de estudiar una regulación general sobre la
pensión de viudedad o convertirla, como se pretende --repito que es
posible debatir sobre este tema--, en pensión de jubilación. La
consecuencia es que si en otros países de nuestro entorno los derechos
derivados a prestaciones de la Seguridad Social, como la pensión de
viudedad, están sometidos a fuertes restricciones por contar
mayoritariamente con derecho a prestaciones propias, ese no es el caso
de España, y hasta ahora nadie ha modificado la legislación vigente.
De ahí que podamos hablar en nuestro sistema de una mayor autonomía de
las pensiones de viudedad hasta llegar a entenderlas...
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego que vaya concluyendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente.
Llegar a entender las pensiones de viudedad, bien es cierto que sin
base normativa, como un derecho que en justicia le corresponde por el
desempeño de un trabajo útil para la unidad familiar, sin incidencia
en cotizaciones y por ello privado de derechos propios en materia de
prestaciones sociales.
La conjunción de estos dos razonamientos explica y justifica las
disposiciones vigentes y, sobre todo el segundo, la modificación que
nuestra iniciativa propone. Junto a esta justificación existe para el
Grupo Parlamentario Popular la que se deriva del compromiso político
recogido en el programa electoral con el que el Partido Popular
compareció en la últimas elecciones generales. En él se hacía
referencia al establecimiento de fórmulas que por razones de justicia
permitan conservar la pensión de viudedad en el supuesto de contraer
nuevas nupcias. ¿Hay razones de oportunidad para hacerlo ahora? Sí las
hay. El Pacto de Toledo en la recomendación 11, relativa al
reforzamiento del principio de solidaridad, habla de reforzar el
principio de solidaridad y de garantía de suficiencia adoptando medidas
como puede ser la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de
menores ingresos. Por su parte, el acuerdo Gobierno-sindicatos, con
repercusión en el posterior proyecto de ley que estamos a punto de
debatir en el dictamen de la Comisión en esta Cámara, referido a otros
aspectos relativos a la contribución y a la solidaridad dentro del
sistema, habla del incremento de las pensiones de viudedad --en ningún
caso se dice que se conviertan en pensiones de jubilación-- en aquellos
casos en los que esta prestación constituya garantía de supervivencia,
con atención al nivel de renta del beneficiario y cargas familiares.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Leo literalmente el acuerdo. Aunque no se trate de
previsiones que afecten directamente a la cuestión que nos ocupa, sí
señala una serie de circunstancias y pautas de actuación que servirán
de punto de referencia para enmarcar la puesta en práctica de lo que
solicita la presente proposición no de ley, singularmente en lo que
tiene que ver con los posibles condicionantes derivados de las rentas
de la nueva unidad familiar.
¿Qué rango tiene que tener esta disposición? Dejemos al Gobierno que
lo haga, pero se me ocurre hacer las siguientes consideraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego que concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente, pero al mismo
tiempo tengo que fijar la posición del grupo respecto a una enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a
nuestra proposición y exactamente igual con las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista. Por eso, agrupando en
una sola intervención, le ahorro un turno a la Cámara, señor
Presidente, si usted me concede tres minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene concedidos
los tres minutos con el compromiso de que ha renunciado a turnos
posteriores.
El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias.
Todas las valoraciones, repito, hasta aquí formuladas se han hecho
desde la perspectiva del sistema de Seguridad Social. Sin embargo,
también es sabido que la reiterada causa de extinción actúa asimismo
en relación con otros mecanismos públicos de protección social como
clases pasivas. Asimismo debe tenerse en cuenta que la remisión que el
número 3 del artículo 174 del texto refundido de la Ley de Seguridad
Social efectúa a los supuestos del artículo 101 del Código Civil
conlleva el efecto de extinción de la pensión de viudedad en los casos
de nuevo matrimonio, por lo que la desaparición de tal causa de
extinción exigiría indudablemente la norma de rango de Ley.
Tenemos que concretar --y así ya me refiero a las enmiendas
presentadas-- los supuestos de compatibilidad y otras consideraciones.
La conveniencia de que el marco jurídico de la modificación normativa
se acomode al rango de ley y el contexto de las reformas que también
por ley (desarrollo del Pacto de Toledo) se introduzcan en la actual
normativa del sistema de Seguridad Social aconsejan dar un tiempo de
cumplimiento al mandato del Gobierno que podría prolongarse hasta el
31 de diciembre del presente año, como dice la enmienda que presenta
a la nuestra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
También sería conveniente una mayor concreción de los supuestos de
compatibilidad que figuran en nuestra iniciativa. En este sentido
aceptamos también la enmienda de Convergència i Unió que otorga, como
nuestra enmienda hace a su propia iniciativa, una mayor libertad al
Gobierno para proponer las medidas que las dos iniciativas solicitan
y que tienen que basarse necesariamente en estudios económicos y
actuariales que aseguren responsablemente la fiabilidad financiera de
tal modificación.
En términos más claros, no es necesario hablar ya de 65 años ni de
niveles de renta, como también pide la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, edad que puede ser inferior y niveles de renta que a lo
mejor podrían ser superiores, sino que lo determinarán los estudios
económicos y actuariales a los que antes nos hemos referido. En todo
caso, lo repetimos una vez más, lo importante es que la supresión de
las nuevas nupcias como causa de extinción sería no sólo acorde con las
concesiones más recientes del fundamento jurídico del derecho a
pensión, sino que eliminaría sobre todo la actual distorsión en el
ejercicio legítimo de la persona (esto es muy importante y lo subrayo
otra vez), en orden a escoger la forma de realizar sus propias opciones
de convivencia marital y familiar.
El problema que estas iniciativas que estamos debatiendo esta tarde
tratan de resolver afecta también a las uniones de hecho que deciden
convivir en pareja y no desean asumir la consecuencia de pérdida de la
pensión. Estas parejas tampoco tienen resuelto el problema y este es
un dato que quiero subrayar. Cuando se llevó a cabo la promulgación de
la llamada Ley del Divorcio, en 1981, se dispuso en la norma quinta de
su disposición adicional décima que los derechos establecidos
en favor del cónyuge se extinguirían en los supuestos previstos en el
artículo 101 del Código Civil. Este precepto contempla lo siguiente:
por contraer nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra
persona. La citada norma fue interpretada por el INSS ya en tiempos del
Gobierno socialista, mediante la Circular 1511/1984, en el sentido de
declarar causa extintiva de pensión de viudedad no sólo el hecho de
contraer nuevo matrimonio sino también el de vivir maritalmente con
otra persona. El vigente artículo 174 señala que en los supuestos de
separación o divorcio los derechos derivados de la pensión de viudedad
quedarán sin efecto en los supuestos del artículo 101 del Código Civil.
De ahí que nuestra iniciativa, al margen --repito-- de una regulación
global de la pensión de viudedad, resuelva problemas a muchas personas
que en estos momentos están esperando que desde esta Cámara se pida al
Gobierno que dicte las medidas necesarias para solucionarlos. A la
vista de todas las nuevas concepciones sociales y de la aplicabilidad
real de las prescripciones transcritas, podía darse la paradoja de que
contaran con mayores ventajas, a efectos de la conservación de derechos
en materia de pensiones de viudedad, las uniones de hecho que las
formalizadas oficialmente, pero, en realidad --repito--, los dos
supuestos se hallan en una posición muy débil en el ordenamiento
jurídico vigente.
En resumen y como conclusión --y termino, señor Presidente--, pedimos
que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que antes del
31 de diciembre de 1997 presente un proyecto de ley de reforma de la
normativa reguladora de las pensiones de viudedad. Ya sé que es posible
estudiar este tema --como lo pide la enmienda del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- en trámites posteriores;
no es incompatible con el tema. Pero al Gobierno hay que pedirle que,
dentro del plazo, envíe un proyecto de ley de reforma de la normativa
reguladora de las pensiones de viudedad, por virtud de la cual, con
sujeción a los condicionamientos y límites que en su caso puedan
establecerse en razón a las características y nivel de rentas de la
correspondiente unidad familiar, se evite la extinción de dichas
pensiones en el supuesto de que el beneficiario de las mismas contraiga
nuevas nupcias. Eso es todo. Lo único que falta es el apoyo --que me
gustaría que fuera unánime-- de toda la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Núñez.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre reforma de las
pensiones de viudedad, con la finalidad de evitar su extinción en los
supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio, tiene
la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, va a tener usted todo el apoyo de mi grupo que ha
solicitado para que se apruebe esa iniciativa, como espero tenga
nuestro grupo todo el apoyo del suyo para aprobar la nuestra.
Señorías, es una satisfacción poder intervenir hoy en esta Cámara
defendiendo la iniciativa que mi grupo ha traído a colación en este
debate, y lo es porque hoy, señoras y señores Diputados y personas que
siguen el debate de esta tarde, vamos a tratar un tema que afecta y
preocupa a muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto aquejadas
de una circunstancia, puntual hasta la fecha, que les ha impedido
contraer matrimonio como consecuencia del riesgo a que perdieran su
pensión de viudedad. Esta ha sido una cuestión muy tratada y muy
discutida en muchos debates. A lo largo de la última campaña electoral,
señorías, mi grupo se comprometió ante todos los ciudadanos a que en
esta legislatura traeríamos esta cuestión al debate parlamentario y que
propondríamos al Gobierno una solución. Pues bien, lo hemos hecho.
Hemos traído a debate la posibilidad de instar al Gobierno a que adopte
el compromiso de presentar un proyecto de ley que para resolver esta
cuestión y permitir a las personas que están percibiendo una pensión
de viudedad compatibilizarla con las segundas, terceras o las nuevas
nupcias. Señorías, esta no es una cuestión menor. Es una cuestión
central para muchísimas personas a las que este es el elemento esencial
de su modo de vida y que va a determinar el desarrollo de su vida en
los próximos años. Por tanto, es una cuestión que debería atraer la
máxima atención de la Cámara y de todos los grupos parlamentarios.
Nuestro grupo cree que la pensión de viudedad no debe extinguirse al
contraer nuevas nupcias --esta es nuestra posición política-- y hoy la
legislación no permite interpretaciones, no da ningún supuesto, no
incorpora ninguna circunstancia para que ello no sea así. Por
consiguiente, señorías, la proposición no de ley que traemos a
discusión está justificada políticamente para nuestro grupo; está
justificada desde la perspectiva social y lo está también desde la
óptica económica. Ha habido mucha jurisprudencia, ha habido mucha
interpretación de la norma por los tribunales y éstos han quebrado ya
los principios en los que se basaba el derecho a percepción de una
pensión de viudedad, dando otra naturaleza a esta pensión de viudedad
y proyectando al futuro otro elemento justificativo para su
persistencia. Por tanto, señorías, ya no se trata de mantener un nivel
mínimo de subsistencia para la persona en el momento de adquirir la
condición de viudedad, sino de mantener unos niveles ya alcanzados en
la unidad familiar que por solidaridad deben mantenerse cuando el
cónyuge desaparece. Por consiguiente, si se quiere y se desea adquirir
nuevas condiciones de estados matrimoniales, debe permitirse
compatibilizar
esos nuevos estados con la percepción de estas pensiones de viudedad
para no disminuir la capacidad económica que solidariamente la unidad
familiar había consolidado con las anteriores nupcias. Esta es la
esencia de muchas sentencias y las interpretaciones de los tribunales
ante estas circunstancias.
Señorías, sometemos a debate parlamentario la posibilidad de que, con
un cierto consenso político, podamos instar al Gobierno para que se
adopte esta reforma. Por tanto, señor Presidente, esta puede ser una
jornada muy importante para muchísima gente. Y es una satisfacción para
mi grupo --también para
SS. SS.-- que esta tarde podamos decir a la sociedad que adquirimos el
compromiso de que el Gobierno, antes de un plazo determinado, traiga
esta reforma a esta Cámara. Ahora se trata de que esto se haga
rápidamente. Por eso, señorías, mi grupo no puede aceptar algunas de
las enmiendas que plantean los grupos parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida, en las que con satisfacción he leído que estamos
absolutamente de acuerdo en el fin último de estas iniciativas pero que
a lo mejor, con toda la buena voluntad, ambas enmiendas no se han
acotado en el tiempo para no demorar la solución a este problema.
Me remito, señor Presidente, por ejemplo, a la enmienda presentada por
Izquierda Unida que dice que sí que está de acuerdo con que no se
extinga automáticamente la pensión y nos da como solución que nos
remitamos a la subcomisión que hace el seguimiento del Pacto de Toledo.
Podría ser una vía. Pero mi grupo quiere que el compromiso salga de
esta Cámara al Gobierno --no a la subcomisión sino al Gobierno-- y que
le pongamos límite temporal, y la enmienda de Izquierda Unida no le
pone límite temporal. Por eso nuestro grupo dice que, antes de
finalizar el año 1997, se traiga a esta Cámara esta reforma. Dice más
nuestra propuesta, que es la enmienda que hemos presentado a la
proposición no de ley del Partido Popular. Dice que esta reforma, que
debe traerse antes de finalizar el año, se aplique ya en 1998. No
digamos al ciudadano que esta reforma se traerá este año pero que a lo
mejor se aplicará el año 1999. Urgencia en la aplicación de esta
reforma.
La enmienda que hace el Grupo Parlamentario Socialista, señor
Presidente, también tiene en su contenido esencial la misma
coincidencia que nuestra proposición no de ley y la del Grupo
Parlamentario Popular, ya que dice que sí que debe afrontarse esta
reforma y aporta una solución. Contrariamente a otras posiciones, el
Partido Socialista se anticipa y da su solución, y es que al llegar a
los 65 años se convierta la pensión de viudedad en pensión de
jubilación. Esta podía ser una fórmula. Pero nuestro grupo hoy no
plantea a la Cámara pronunciarse sobre una fórmula; plantea al Gobierno
que adopte la reforma que no necesariamente debe pasar por la
transformación de la pensión de viudedad en pensión de jubilación, sino
que traiga a esta Cámara la reforma y la debatiremos y la discutiremos.
Por tanto, pido al Grupo Parlamentario Socialista que no entienda el
rechazo de mi grupo como el rechazo de una enmienda con la que tenemos
discrepancias profundas porque no las tenemos. Les agradecemos la
propuesta que nos hacen. Podrán ustedes traerla a debate cuando se
presente el proyecto de ley, pero no entiendan la discrepancia en nada
esencial de lo que estamos hoy considerando.
Por consiguiente, señor Presidente, sólo me queda expresar mi posición
sobre la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a
nuestra proposición no de ley, que es coincidente con la que nosotros
hemos planteado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular. Señor Presidente, no sé si lo que voy a proponer es una finta
parlamentaria difícil de administrar por S. S., pero le rogaría que
atendiera a la propuesta que quiero hacerle. Mi grupo ha planteado una
enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
y éste ha presentado una enmienda a la que ha hecho nuestro grupo, que
son coincidentes solamente en un matiz temporal. Nosotros planteábamos
que esta reforma se hiciera antes del 31 de diciembre, mientras que el
Grupo Parlamentario Popular decía que en el plazo de un año, y nuestro
grupo dice que se aplique ya en 1998. Yo le propongo al Grupo
Parlamentario Popular que acepte estos dos matices como transaccionales
a su enmienda y podamos concluir en una única votación de la enmienda
transaccional ofrecida a la que ustedes nos han planteado y
conjuntamente con la que nuestro grupo ha presentado a su iniciativa.
Con ello, señorías, conformamos un acuerdo entre dos enmiendas
presentadas a dos proposiciones no de ley, que tendría el mismo texto
--sería la enmienda presentada por Convergència i Unió a la proposición
no de ley del Grupo Popular-- y que establece el límite temporal de
este compromiso político, que es que a 31 de diciembre esta Cámara vea
una reforma y que se aplique ya el año 1998. Invito a Izquierda Unida
y al Grupo Socialista a que se sumen a este consenso y al debate más
detallado de las posibles fórmulas para poder resolver el conflicto,
en el debate técnico de las enmiendas, una vez que el proyecto de ley
haya entrado en esta Cámara.
Señorías, no quiero cansarles más con mis argumentos. El señor Núñez
ha sido extremadamente preciso en sus argumentaciones jurídicas en
torno a las razones que fundamentan esas peticiones. Creo que en el
fondo está el compromiso político de querer afrontar esta reforma con
el apoyo de toda la Cámara. En ese sentido, me gustaría, y le gustaría
a mi grupo parlamentario, que esta propuesta tuviera esta tarde el
apoyo de todas SS. SS. De ello pienso que depende el mensaje positivo
que podemos dar a miles de ciudadanos y ciudadanas que hoy deberán
conocer que esta Cámara ha cuestionado, ha discutido y ha tratado de
temas de su incumbencia más inmediata, temas a los que vamos a dar una
solución. Este fue un compromiso público electoral que mi partido
adquirió en la última campaña electoral, también lo fue del Partido
Popular, está en nuestros programas electorales y hoy, señorías,
cumplimos. Cumplimos con los ciudadanos, cumplimos con este compromiso,
y les ruego y les invito a que el cumplimiento de este compromiso se
haga esta tarde con luz verde en la votación.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Le ruego haga llegar a la Mesa el texto literal de la enmienda
transaccional.
Han sido presentadas a esta proposición no de ley enmiendas por parte
de los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Socialista,
Catalán y Popular.
Entiendo que la presentación de las enmiendas, incluida la propia
transaccional, del Grupo Catalán y del Grupo Popular están obviadas en
cuanto al trámite, por lo cual, para la presentación de las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, el sistema de
Seguridad Social tiene como objetivo fundamental, y lo conocen
perfectamente
SS. SS., atender situaciones de necesidad, y las situaciones de
necesidad lógicamente son distintas en cada momento y en cada
circunstancia histórica.
En este país, desgraciadamente hasta no hace mucho, porque hubiera sido
bueno que se hubiera terminado mucho antes o que no hubiera existido,
había una situación en la que la legislación expulsaba a la mujer del
trabajo. Era una legislación en la que, en una época determinada,
específica de este país, de dictadura, sobre la base de una escasa
incorporación de la mujer al trabajo, en general, existía el añadido
de que la legislación declaraba incompatible el trabajo de la mujer
casada. Siendo ello así, parece claro que la pérdida del varón, el
fallecimiento del hombre suponía en la unidad familiar una necesidad
económica muy aguda; era la pérdida de todo tipo de ingresos, porque
la mujer casada, por ley, no podía tener ingresos.
Sobre esta situación objetiva y triste de nuestro país hasta no hace
mucho se configuró la pensión de viudedad. La pensión de viudedad
atendía a una situación de necesidad, la que se producía en una unidad
familiar, en un matrimonio, cuando fallecía el varón. En coherencia con
ese objetivo, el beneficiario de la pensión de viudedad era
exclusivamente la viuda y su cuantía era prácticamente la mitad del
sueldo de la base de cotización del varón, porque ya no había que
alimentar a dos personas, sino sólo a una. La pensión de viudedad, por
tanto, era prácticamente la mitad; un poquito menos, el 45 por ciento.
Debía pensarse que la mujer consume menos o gasta menos. Esta era,
insisto, la base sobre la que se construye en su día la pensión de
viudedad.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado en nuestro país y han
cambiado mucho. Tal como ponía de manifiesto el señor Núñez en su
primera intervención, ha cambiado la realidad socioeconómica. La mujer
se ha incorporado al trabajo. Pero, sobre todo, lo importante a estos
efectos es que ha cambiado la realidad política de este país. Hoy hay
una democracia, que ha arrumbado toda aquella legislación antifemenina,
propia de la dictadura franquista, y se terminó con ella. Incluso con
aquélla que teóricamente era beneficiosa, la famosa dote, que lo que
perseguía era incentivar la salida de la mujer del mercado laboral.
Incluso ésa y la mujer se incorpora en igualdad de condiciones legales
--sigue existiendo ese sustrato de discriminación de una sociedad
machista históricamente-- al trabajo.
Es más. En aplicación de ese cambio, en la otra vertiente del hombre,
el Tribunal Constitucional ha entendido que también el varón tiene
derecho a la pensión de viudedad. Con ello nos encontramos, señorías,
con un profundo cambio en la realidad socioeconómica y en la realidad
legal, sobre las cuales se construyó inicialmente la pensión de
viudedad, puesto que la mujer casada no podía trabajar y si fallecía
el varón se quedaba sin nada. Nos encontramos con una realidad en que
la mujer se incorpora al trabajo y nada imposibilita que después de
casada pueda continuar trabajando, al menos en el terreno legal. El
Tribunal Constitucional, además, dice que los hombres tienen también
derecho a la pensión de viudedad.
Se ha producido un cambio sustancial en relación con el sustrato
socioeconómico y legal sobre el que se construyó la pensión de
viudedad, un cambio fundamental y afortunado en relación con aquel
sustrato socioeconómico y legal. Pero parece claro que seguía
existiendo una determinada norma básica: la pensión de viudedad se
cobra en la medida en que se extingue un matrimonio por fallecimiento
de uno de los cónyuges.
Ahora, con esta proposición no de ley que presentan el Grupo Popular
y el Grupo de Convergència i Unió, se pretende, en nuestra opinión,
cerrar completamente el círculo del cambio. La pensión de viudedad se
seguirá cobrando aunque el matrimonio se restablezca.
Deben ustedes reconocer, señores representantes del Grupo Popular,
señor Núñez, señor Homs, del Grupo Catalán, que realmente con esta
proposición no de ley se produce absolutamente el giro completo en lo
que era la idea inicial de la pensión de viudedad. Yo creo que eso es
así. Podemos discutir el fundamento. Yo entiendo perfectamente las
razones que ustedes han expuesto, y digo más, que afortunadamente se
han producido
todos esos cambios. No podemos por menos de reconocer que el cambio se
ha producido. De admitirse pura y simplemente lo que se decía en
principio en su proposición no de ley y en la del Grupo Popular,
crearíamos una situación ciertamente, en el orden conceptual,
disparatada.
Es verdad, y yo me felicito, que tanto usted como el Grupo de
Convergència i Unió han enmendado sus posiciones iniciales. Lo han
hecho con un procedimiento curioso, una escenificación perfecta, señor
Núñez y señor Homs. Dos enmiendas literalmente iguales en el 99 por
ciento de su contenido. Es la enmienda de un grupo al otro y del otro
al uno. Incluso pretenden convencernos de que están pactándola ahora,
aquí. Yo he visto al señor Homs dirigirse enfervorizadamente al señor
Núñez pidiéndole su apoyo. Y me atrevería a afirmar que ese apoyo ya
está conseguido, lo cual es bueno. Es bueno. No sé si esto desmiente
o no los roces, disputas y contradicciones que se producen a veces con
el máximo líder de su grupo. Y es verdad que su grupo, los máximos
líderes de su grupo no se atreven a contestar a aquéllas. En ese
sentido, hay que reconocer una sensatez mayor por parte del Grupo
Popular. Pero no es este el tema que nos ocupa ahora, a pesar de que
tiene mucha importancia y mucha enjundia, como sin lugar a dudas
ustedes conocen perfectamente. El tema es el de las pensiones de
viudedad. Y yo celebro, insisto, que tanto Convergència i Unió como el
Grupo Popular hayan decidido que es bueno tomarse un poco de tiempo y
hacer una reflexión en profundidad sobre todos los cambios que se han
producido y que justifican una reconsideración de la pensión de
viudedad. Estoy de acuerdo. Este ha sido el tenor literal que usted ha
planteado, señor Núñez, y yo estoy de acuerdo, repito. No le he visto
pronunciarse con tanta claridad al señor Homs, pero, por el tenor
literal de su enmienda, va en la misma dirección, en la medida en que
coincide con la suya.
Sólo quisiera, señor Núñez y señor Homs, que me admitieran una cierta
transaccional a la que ustedes presentan. Hablan ustedes de que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que antes del 31 de
diciembre... Yo me permitiría decirles que antes del 31 de diciembre,
previo planteamiento en la comisión permanente para el análisis y
seguimiento del sistema de Seguridad Social, así como en la ponencia
de este Congreso. Admitir eso es pura y simplemente admitir aquello que
el Gobierno ha acordado, ser coherente con los compromisos asumidos por
el Gobierno. Porque el Gobierno ha asumido un compromiso de crear una
comisión permanente y de, en esa comisión, presentar las iniciativas
que estime oportunas y aquí estamos hablando de un mandato del Congreso
al Gobierno para que tome una iniciativa. No digamos ya con aquellos
acuerdos tomados por nosotros mismos; hemos creado una ponencia en la
que el Gobierno tiene que presentar sus iniciativas. Es bueno que
digamos eso, señor Núñez y señor Homs, porque damos fe de los acuerdos
que se han tomado y que han sido respaldados por este Parlamento. Y es
bueno también para que se produzca una reflexión sindical,
importantísima en el ámbito de la Seguridad Social, sobre cómo queremos
que sea la futura Seguridad Social. Nosotros tenemos la legitimidad
política de ser los representantes democráticos del pueblo, pero en
temas que se sustancian y que se financian fundamentalmente con
cotizaciones es bueno que haya una participación de los agentes
sociales. Eso lo ha reconocido el Gobierno creando esa comisión
permanente y se ha respaldado desde este Parlamento.
Yo pienso que tenemos que incluir eso. No digamos que se da por
entendido que se tiene que hacer así. Digámoslo y que sea una norma de
conducta para todos los grupos; para ustedes y para nosotros; para el
Grupo Socialista, para todos. Tengamos un respeto a eso. Potenciemos
esa reflexión sindical y social sobre esa nueva Seguridad Social, que
es muy importante. Si no, señorías, y no quisiera introducir otro tema,
correríamos el riesgo de que en algún momento podamos transmitir la
idea de que se conceden pensiones por razones poco claras...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta,
le ruego vaya concluyendo.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Por razones poco justificables ante la opinión pública. Muy
recientemente esta Cámara, con el respaldo del Grupo de Convergència
i Unió y del Grupo Popular, fundamentalmente, ha reconocido años de
cotización y la posibilidad de cotización a quienes eran sacerdotes en
una época en que la Iglesia estaba fuera de la Seguridad Social y en
la que no se cotizaba por nadie en el ámbito religioso. Ahora se les
reconoce esa posibilidad, creándose una situación absurda, que sólo
afecta a quienes han dejado de ser sacerdotes y no a quienes han
continuado siéndolo; que sólo afecta a una religión y no a otras y que
sólo afecta a unas personas concretas y no al conjunto de ciudadanos
de este país que no estaban incluidos en el ámbito de la Seguridad
Social. Es un cúmulo de razones poco claras, que se han producido, sin
lugar a dudas, porque se ha hecho al margen de unos procedimientos que
deben conducir a que la administración de la Seguridad Social se lleve
a cabo con ese rigor que todos deseamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta,
le ruego concluya.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Nosotros creemos que la enmienda última presentada por el Grupo Popular
posibilita ese plazo, hasta el 31
de diciembre. No nos parece ni corto ni largo, sino adecuado, para que
se lleve a cabo esa reflexión en esos ámbitos que específicamente se
deben reconocer y yo pediría a los grupos que han tomado la iniciativa
que así lo hicieran. Sobre esa base, nosotros estamos dispuestos a
votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señores Diputados, señoras
Diputadas, las enmiendas de sustitución que presenta el Grupo
Socialista a las proposiciones no de ley del Grupo de Convergència i
Unió y del Grupo Popular pretenden tres objetivos: en primer lugar, que
el beneficiario o beneficiaria de una pensión de viudedad, cuando
alcance la edad de jubilación, los 65 años, vea que aquélla se
transforma en pensión de jubilación, en la misma cuantía que tuviera
en el momento en que se produce esa transformación de viudedad a
jubilación, y a partir de ese momento que quede sujeta al régimen
jurídico de las pensiones de jubilación. En segundo lugar, pretende que
aquellas personas que estén sin trabajo, en paro, con el desempleo
agotado o en situaciones similares y que hayan alcanzado la edad de 60
años puedan también recibir el mismo tratamiento que si tuvieran una
edad superior a 65 años. En tercer lugar, pedimos que esta pensión se
vea incrementada, teniendo en cuenta los períodos de cotización que el
beneficiario o beneficiaria hayan efectuado, si estos períodos de
cotización no le han dado la posibilidad de generar su propia pensión
de jubilación o invalidez, que aquí también se proceda de igual forma,
como si se tratara del cálculo de una pensión de jubilación.
¿Por qué hacemos una enmienda de sustitución a la enmienda pactada --se
han copiado los deberes los dos grupos, señorías--, del PP a
Convergència y de Convergència al PP? En primer lugar, voy a
recordarles, señorías, un argumento que ya utilizamos el Grupo
Socialista cuando estábamos debatiendo el proyecto de ley sobre derecho
de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
Por favor, señorías, no soliciten cheques en blanco a los grupos
parlamentarios en esta Cámara, ante ninguna propuesta pero, si cabe,
mucho menos ante propuestas que tienen que ver con la reforma de la
Seguridad Social. Si esta Cámara inicia una reflexión conducente a
hacer cambios en la pensión de viudedad, al Grupo Socialista nos parece
muy bien. Ha llegado el momento, hagámosla, pero con orientaciones, con
contenido y con dirección. Por cierto, señor Núñez, vuelve a sacar la
muletilla que llevamos unos meses oyendo ante cualquier cosa que se
trate: ¿Por qué no lo hizo el Grupo Socialista en los trece años que
gobernó? Una de las cosas que hizo, señor Núñez, fue que desde el
momento en que dejó usted de ser Ministro de Seguridad Social han
crecido en 46 puntos por encima del IPC las pensiones mínimas de las
viudas de 65 años. Y, desde luego, señoría, nosotros, en los años
anteriores, tuvimos que resolver otras prioridades básicas para
garantizar la viabilidad de la Seguridad Social, para poner en marcha
medidas que afectaran a más ciudadanos y para, en este caso de
viudedad, incrementar las pensiones mínimas. Robaría mi tiempo a seguir
dando los argumentos de este mismo texto. Sólo quiero recordar la
universalización de las pensiones, la universalización de la sanidad,
las reformas en las prestaciones por maternidad, el crecimiento de las
pensiones... Incluso un dato simbólico, señor Núñez: cuando salíamos
de la dictadura y estábamos empezando a construir nuestro Estado social
de Derecho, todo lo que dedicaba este país en todas las prestaciones,
educación, sanidad, pensiones, beneficencia --porque no podemos decir
servicios sociales-- era lo que hoy nuestro país dedica sólo a
pensiones, sólo a pensiones. Eso se ha hecho con el esfuerzo colectivo,
con el esfuerzo de los grupos de esta Cámara y con el liderazgo de un
Gobierno. Por favor, erradiquen ya en todos los temas esa muletilla de:
¿Por qué no lo hicieron ustedes? Porque si no, vamos a tener que
reducir las cosas al absurdo y hacer un comentario a lo mejor
excesivamente gracioso.
Es difícil entender, señor Núñez, que a estas alturas lleguen
propuestas que intenten dejar las manos libres --si lo prefieren lo
digo de una manera más suave--, que dejen sin ninguna orientación al
Gobierno ante un proyecto de ley que él tiene que preparar. No debemos
delegar nuestras responsabilidades, señorías, debemos hacer cada vez
mejor nuestra democracia parlamentaria, y eso implica que hagamos
nuestros deberes y que hagamos nuestro trabajo. Este es el primer
argumento que traslado a los dos grupos que están tan ilusionados por
situar en la Cámara el trabajo que tiene que hacer el Gobierno.
En segundo lugar, la única sugerencia que plantean es la de que se
tengan en cuenta los niveles de renta y la unidad familiar. Hablando
de niveles de renta en el sistema contributivo de la Seguridad Social,
se incorpora, señorías, una carga de profundidad que no es ni aceptable
ni asumible. Podemos hablar de niveles de renta en las pensiones no
contributivas, uno de los tres niveles de nuestro sistema de pensiones,
pero no podemos ni debemos hablar de niveles de renta en el sistema
contributivo, sino de cotizaciones y de los derechos que generan esas
cotizaciones.
En tercer lugar, la verdad, señorías, creo que no tiene sentido que una
persona que está casada, un señor casado o una señora casada, a la vez
sea viuda. Digamos que volvemos loco un poco al Código Civil. Casado
y viudo y que tenga una pensión de viudedad. No ha lugar, señorías, y
por eso nosotros hacemos una transformación de la prestación. No nos
inventamos
nada nuevo, hemos mirado a nuestro entorno, que, por cierto, es lo que
tiene que hacer esta Cámara en el momento en que vivimos; hemos mirado
lo que está pasando en la Seguridad Social de países de la Unión
Europea y hemos visto que esto se ha hecho recientemente en Holanda.
Por último, nos hablan ustedes ahora, con la última enmienda que parece
que van a hacer, de seis meses arriba o seis meses abajo. Sinceramente,
nos están hablando de un año para trabajar el Gobierno, de seis meses
para el trámite parlamentario, de seis meses para el debate
parlamentario. Han empezado ustedes a hablar de algo para los
ciudadanos que vamos a empezar a discutir en esta Cámara como pronto
a principios de 1999, posiblemente un poquito más tarde.
También, señorías --como ha dicho usted, señor Núñez--, hemos dicho
esta mañana que nunca habíamos tenido en esta Cámara una iniciativa tan
confesional. Más parece que ustedes quieren sugerir cómo deben vivir
las personas, y, por cierto, las personas que tienen menos recursos.
Siempre exigimos determinada moral a las personas con menos recursos.
A mí me recuerda mis tiempos de adolescencia, las cosas que se vivían
en mi entorno. Más parece que hablan de eso que de extender derechos
a las personas. Y es verdad que estamos hablando de 1.400.000 personas;
900.000, si hablamos de cualquier edad. Como nuestra proposición habla
de mayores de 65 o de 60 años, estamos hablando de 1.500.077 personas
de más de 60 años. Hoy no se casan para no perder la pensión, decían
los señores Diputados, cohabitan. Y eso, a nosotros ¿en qué nos
molesta?
Nuestra propuesta ha tenido en cuenta en su redacción, y se la he
comentado en sus tres aspectos más importantes, las recomendaciones
comunitarias, partiendo de la directiva de 1987, lo que está pasando
en los países de nuestro entorno, en los países europeos: que, una vez
alcanzada--su Seguridad Social es como la española también-- la
igualdad de trato, profundizan en la individualización de los derechos,
tanto en la política fiscal como en las políticas de protección social.
Hemos tenido en cuenta también el cuarto programa de acción comunitaria
para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, vigente de
1996 al año 2000, y las recomendaciones de la OIT, desde la 67, pasando
por la 131, y los convenios 102 y 128. Por ello nosotros hablamos de
las personas de más de 65 años y, excepcionalmente, si no tienen
trabajo, de las de más de 60 años. Porque estamos teniendo en cuenta
algo que han dicho los tres parlamentarios que han intervenido: que la
Seguridad Social se diseñó y se formuló sobre las bases de una
organización social, de una familia, en la que el cabeza de familia,
casi siempre el hombre, era el único que aseguraba la subsistencia en
el hogar. Pero hoy ya los sistemas de Seguridad Social deben reflejar
el hecho de que hombres y mujeres puedan actuar como individuos a la
hora de buscar un empleo y compaginar su vida laboral y familiar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ SANZ: Voy concluyendo, señoría.
Hemos de tener en cuenta lo que se han llamado los cambios
estructurales y hemos de producirlos, eliminando, insisto, en política
fiscal y en política de protección social, cualquier discriminación que
impida la participación equitativa de las mujeres en el mercado laboral
formal y, por tanto, su individualización en las prestaciones.
Si ustedes no admiten, que parece que no, nuestra enmienda, que marca
una línea al Gobierno para su trabajo, nosotros, de todas formas, el
Grupo Socialista, vamos a votar positivamente a la enmienda, copiados
los deberes, de Convergència y del Grupo Popular, y esperaremos a que
llegue la proposición de ley del Gobierno para hacer nuevas propuestas
y nuestras enmiendas.
Apoyamos también el sentido y el espíritu de la enmienda de Izquierda
Unida, porque, en paralelo a nuestro trabajo, debemos reconocer lo
positivo de que el Gobierno consulte, en los foros que se acaban de
crear, a los sindicatos y a los empresarios nuestras propuestas y
recoja a la vez sus propuestas para que nosotros también las tengamos
en cuenta.
Por último, diría, señorías, que también hemos tenido en cuenta las
cuatro o cinco sentencias del Tribunal Constitucional que caminan en
esta misma dirección. En el futuro, todo lo que estudiemos sobre
pensiones de viudedad tiene que ir dirigido a, según nuestra opinión,
mayores de 65 años, convertirlo en pensión de jubilación, y menores de
65 años, buscar fórmulas alternativas, no necesariamente la pensión de
viudedad, y todas ellas en la dirección de acciones positivas que
incorporen a la mujer al mundo del trabajo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, contando con que además desean
intervenir dos de SS. SS., tiene, en primer lugar, la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, en nombre de Unión Valenciana, para dar mi apoyo a las
proposiciones no de ley, con las enmiendas sustanciadas en el debate
de hoy, respecto a ese impulso en la reforma normativa que permita la
subsistencia del derecho a percibir la pensión de viudedad
cuando el beneficiario o beneficiaria contraiga nuevas nupcias. Creo
que esto supone hacer justicia en lo que hasta ahora era una situación
de injusticia de nuestro ordenamiento jurídico hacia aquellas personas
mayores que se encuentran en este caso, más de un millón de ciudadanas
y ciudadanos que después de pasar por el mal trago y la mala situación
personal, humana y familiar de la viudedad, no dan el paso de rehacer
su vida con un nuevo matrimonio por miedo a perder de hecho, porque así
lo marca la Ley de Seguridad Social, su merecido derecho a una pensión
de viudedad.
La propuesta de hoy hace justicia y por eso Unión Valenciana, que
también lo llevaba en su programa electoral, va a apoyar esta
proposición no de ley, porque pensamos que es de derecho atenderla y
que se sustancie la reforma legislativa para que subsista el derecho
a percibir la pensión de viudedad cuando el beneficiario o beneficiaria
contraiga nuevas nupcias, porque libremente así lo haya elegido. Sin
embargo, ha habido una intervención de cuyo fondo debo discrepar, la
de la portavoz del Grupo Socialista. Estas personas mayores son
personas a las que por su edad, su mentalidad o sus costumbres, tal vez
no les parece bien el tema de la cohabitación y siguen considerando
--quizá por creencias, no porque sean más o menos conservadoras o más
o menos progresistas-- que quieren rehacer su vida por medio del
matrimonio, por su planteamiento personal ético o moral. Por tanto, a
esos miles de ciudadanos y ciudadanas que no dan ese paso por no perder
la pensión de viudedad creo que les damos una gran noticia y nos
hacemos eco de una reivindicación de muchos años y de muchos ciudadanos
para que no pierdan ese derecho si dan el paso libre y voluntario de
contraer un nuevo matrimonio. Por todo ello vamos a apoyar la
proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo para fijar la posición, en nombre del Bloque Nacionalista
Galego y de Eusko Alkartasuna, favorable a la enmienda transaccional
que acaban de plantear los grupos Popular y Catalán de Convergència i
Unió. Lo hacemos porque es evidente que la normativa actual perjudica
claramente a aquellos viudos y viudas pensionistas que desean volver
a contraer matrimonio, por lo que es necesaria la reforma de esta
situación, ya que lo desean numerosas personas, y eso es lo que está
proponiendo esta enmienda transaccional, que además tiene la virtud,
desde nuestro punto de vista, de fijar un espacio temporal concreto,
lo que es importante para no demorar más de lo necesario la puesta en
marcha de esta medida. En el trámite del proyecto de ley habrá tiempo
de proponer las fórmulas más adecuadas para concretar cómo perciben sus
prestaciones las viudas y viudos nuevamente casados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición
Canaria ante estas dos proposiciones no de ley presentadas por los
grupos Popular y Catalán.
Valoro positivamente como muy acertadas las dos iniciativas
presentadas, ya que están orientadas a dar solución a un problema real
que afecta a muchos ciudadanos del Estado. Afecta fundamentalmente a
las clases menos favorecidas, a los que dependen prioritariamente de
la pensión de viudedad, a aquellos que aunque su deseo sea contraer
nuevo matrimonio, no lo pueden realizar porque la pérdida de la pensión
erosiona gravemente su economía. Este tipo de circunstancias produce
situaciones difíciles y complicadas para las personas que se quedan
solas. Muchos optan por quedarse solos, sobre todo en las zonas
rurales, ante el riesgo y el miedo a que cualquier otra alternativa
ponga en peligro su pensión. Otros, obligados por la necesidad y en
muchos casos en contra de su conciencia, se unen sin ningún tipo de
formalización para evitar la pérdida de los ingresos que perciben por
la pensión de viudedad.
En ese sentido y valorando, repito, positivamente estas dos
iniciativas, nos sumamos al consenso generalizado que al parecer va a
existir en la Cámara para apoyar las dos proposiciones no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno en nombre de mi grupo y lo voy a hacer desde
el escaño siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la
Cámara.
El Grupo Vasco va a apoyar el nuevo texto de las proposiciones no de
ley pactado entre los grupos proponentes, después del anuncio de los
dos Diputados que han intervenido, señores Núñez y Homs; lo vamos a
apoyar porque la actual normativa que regula la pensión de viudedad,
desde nuestro punto de vista, es rígida
y no responde a las aspiraciones de los ciudadanos, puesto que tienen
que pesar más las posiciones de los afectados que nuestra opinión
personal.
El artículo 174.1 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social,
como SS. SS. conocen perfectamente, dispone que tendrá derecho a la
pensión de viudedad, salvo que se produzca alguno de los casos de
extinción que reglamentariamente se establezcan, el cónyuge
superviviente cuando al fallecimiento del otro cónyuge éste hubiera
completado el período de cotización. Entre las causas de extinción
figura la de contraer nuevas nupcias. La rigidez de la norma provoca,
como se ha anunciado en esta Cámara por los grupos proponentes, que
personas que disponen de rentas muy limitadas renuncien a su deseo de
contraer nuevo matrimonio porque ello va a reducir sus ya escasos
ingresos. Por ello consideramos que es justo reformar la normativa en
el sentido que apunta el nuevo texto que se propone a esta Cámara.
Quiero indicar también que desde el punto de vista del Grupo Vasco
sería deseable abordar globalmente la recomendación decimosegunda del
Pacto de Toledo, que se refiere al reforzamiento del principio de
solidaridad y de garantía de suficiencia, adoptando medidas hacia la
mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos. No
quiero hacer demagogia, señorías, porque es muy fácil hacerla con
relación a estas cuestiones, pero, como ustedes conocen perfectamente,
hay pensiones de viudedad en España de 36.500 pesetas y creo que
coincidirán ustedes conmigo en que deben ser revisadas con urgencia,
para lo que vamos a tener una ocasión de oro en el próximo debate sobre
el proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de
la Seguridad Social, al que el Grupo Vasco ha presentado alguna
enmienda en este sentido, como se vio en la Comisión que debatió el
proyecto. La medida que se propone en esta iniciativa es una parte del
todo; consecuentemente, no nos detengamos, señorías, en cuestiones que
sólo parchean los problemas.
Para finalizar, repito que vamos a apoyar el nuevo texto, que coincide
con la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió
a la proposición no de ley del Grupo Popular, porque solicita un
proyecto de ley de reforma de la norma que regula estas pensiones de
viudedad.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
Se ha hecho llegar a esta Presidencia el texto de una enmienda
transaccional, acordada entre los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Catalán de Convergència i Unió y Popular, que será el
objeto de la votación y que procederé a leer a continuación para que
no haya duda alguna.
Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que antes del 31 de diciembre y con conocimiento previo de la
subcomisión para el análisis y seguimiento del sistema de la Seguridad
Social, presente un proyecto de ley de reforma de la normativa
reguladora de las pensiones de viudedad por virtud del cual, con
sujeción a los condicionamientos y límites que en su caso puedan
establecerse en razón a las características y nivel de rentas de la
correspondiente unidad familiar, se evite la extinción de dichas
pensiones en el supuesto de que el beneficiario de las mismas contraiga
nuevas nupcias. Dicha reforma deberá entrar en vigor en el ejercicio
presupuestario de 1998. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Si
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
He pedido la palabra simplemente para corregir lo que quizás es un mero
error de denominación. Debe decir previo conocimiento de la Comisión
permanente. No es subcomisión. La denominación legal es Comisión
permanente para el análisis y seguimiento del sistema de la Seguridad
Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará.
Muchas gracias, señor Peralta. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley de los
grupos parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas en relación con el derecho al percibo de la pensión de viudedad
al contraer nuevo matrimonio el beneficiario, en los términos
resultantes de la transacción que los grupos proponentes han aceptado
en su debate ante el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313;
a favor, 311; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley en
los términos de la transacción que se ha expuesto ante el Pleno.
AVOCACION POR EL PLENO:
--DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL
MERCADO DE VALORES (Número de expediente 121/000027)
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al próximo punto del orden del día,
la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la
avocación
de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma de
la Ley del Mercado de Valores. ¿Lo acuerda así el Pleno?
(Asentimiento.)
Se entiende aprobado por asentimiento.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ELABORACION DE UN PLAN
PLURIANUAL DE FINANCIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO (Número de expediente
162/000090)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto segundo del orden del
día. Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre elaboración de
un plan plurianual de financiación del sistema educativo, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Romero. (Rumores.--El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor, guarden
silencio. Ruego a SS. SS. que si tienen que mantener conversaciones,
lo hagan fuera del hemiciclo. (Pausa.)
Señor Belloch, señor Leguina, silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista presentamos a
esta Cámara una proposición no de ley por la cual es nuestro deseo, si
así lo estima la mayoría de la misma, instar al Gobierno a que en el
plazo de cinco meses se presente un plan de aplicación de la Logse por
comunidades autónomas para los próximos cinco años. Este plan
plurianual de financiación de la ley debería incluir una distribución
temporal acorde con el calendario previsto para la aplicación de la
misma y, además, mi grupo considera que esta estimación plurianual
debería ser realizada teniendo en cuenta aspectos del gasto de que son
fundamentales para los próximos cinco años, tales como las plantillas
de profesores, los gastos de funcionamiento de los centros, el coste
del transporte escolar, el coste de los comedores escolares, de los
conciertos educativos, de la formación del profesorado, de los
programas de formación en empresas, de los programas de garantía social
y, naturalmente, de todo el área referida a inversión nueva, inversión
de reposición y equipamiento. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, les ruego
nuevamente que guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señorías, nos encontramos en la tarde de hoy
ante un debate de enorme importancia para el conjunto del sistema
educativo de nuestro país, singularmente para diez comunidades
autónomas que dentro de ocho meses van a recibir nada menos que la
responsabilidad de gestionar la educación en cada uno de sus
respectivos territorios. Dentro de ocho meses más de 144.000
profesores, más de un billón de pesetas de presupuesto, más de dos
millones de alumnos y 5.200 centros serán responsabilidad de diferentes
gobiernos regionales. Nos encontramos, por tanto, ante una gran
cuestión que preocupa a un conjunto muy amplio de la comunidad
educativa de nuestro país.
Comenzaré por subrayar que dada la importancia del tema, hemos
reiterado en muchas ocasiones que la Ministra de Educación pudiera
asistir al Parlamento, a la Comisión de Educación, para que nos
explicara cuál es el panorama y las perspectivas a la hora de tramitar
las transferencias de educación a los territorios. No ha sido posible
porque se ha negado a comparecer ante el Parlamento para explicar esta
cuestión crucial y hoy debo decir, con un cierto pesar, que aunque he
visto a varios ministros del Gobierno en el Parlamento --hasta
cuatro--, la Ministra de Educación no se ha dignado a escuchar esta
importante cuestión que le afecta directamente, porque en este momento
es de su directa y exclusiva responsabilidad. Lástima que ninguno de
los 40 asesores le haya podido sugerir la importancia de este tema.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley
por cinco razones. En primer lugar porque hubo una primera ocasión en
la que el Grupo Parlamentario Socialista, junto con otros grupos de la
Cámara, intentó abrir un cauce de diálogo, de compromiso político, para
discutir el asunto de las transferencias y de la financiación global
de la Logse con ocasión del debate de la iniciativa legislativa popular
que aquí se vio en el mes de diciembre. El Grupo Parlamentario Popular
y otros grupos votaron en contra, aunque, eso sí, allí se anunció que
el Gobierno presentaría en el siguiente período de sesiones, en el que
nos encontramos, una iniciativa con objeto de que esta Cámara estudiara
el modo de irnos acercando a la media del PIB o incluso estar por
encima en la inversión en la educación, un buen compromiso, una buena
intención que hasta ahora no ha visto la luz. Por eso pensamos que hoy
puede ser una ocasión excelente para que también, por segunda vez, el
Grupo Parlamentario Popular y otros grupos de la Cámara se acojan a
esta propuesta de compromiso político para financiar con carácter
ordenado, homologable y equitativo en el conjunto de nuestro territorio
la aplicación de la Logse.
La segunda razón es porque el Partido Popular no garantiza al día de
hoy el proceso de transferencias. No lo garantiza porque el balance de
un año en el territorio
de exclusiva gestión del Ministerio de Educación y Cultura no puede ser
más desalentador para esas diez comunidades que han de recibir el
sistema educativo dentro de unos meses. Se han paralizado completamente
las inversiones en infraestructuras. Se han reducido los equipamientos
de los centros. Se ha degradado el funcionamiento de servicios como
transporte y comedor escolar. Se han suprimido los programas orientados
a compensar las desigualdades sociales y económicas de los alumnos,
tanto el programa de vacaciones como el programa de estancias en el
extranjero de chicos y chicas con dificultades económicas. Se ha
reducido globalmente el número de becas. Se está aplicando la reforma
de la enseñanza y, en concreto, la secundaria obligatoria en
condiciones francamente precarias en la mayor parte de los centros de
secundaria del territorio de gestión directa del Ministerio de
Educación y Cultura. Se ha congelado la reforma de la formación
profesional y la aplicación de los ciclos formativos de la nueva
formación profesional. Se ha congelado la aplicación de los programas
de garantía social. Se han degradado las condiciones de trabajo de los
profesores, tanto en horarios como en discriminación de maestros y
profesores de secundaria a la hora de establecer formas y calendario
de trabajo. Se han desmantelado las instituciones de formación
permanente del profesorado. Esto lo digo por hacer una breve síntesis
del balance de un año de gestión, el año crítico, el año clave, el año
en que se ha de negociar el traspaso de estas funciones y servicios a
diez comunidades autónomas.
La tercera razón es que esta es una iniciativa que goza de un amplio
consenso. Hay una petición ampliamente respaldada en el seno de la
comunidad educativa para que precisamente esta importante cuestión sea
debatida en sede parlamentaria. Lo piden tanto parlamentos regionales
diversos en votaciones unánimes, incluidos parlamentarios del Grupo
Popular, como consejeros de Educación que han de recibir transferencias
en esta materia en los próximos meses --sea el de Madrid, el de Murcia
o el de Aragón, todos ellos, por cierto, pertenecientes al grupo
parlamentario que sustenta al actual Gobierno--, como el Consejo
Escolar del Estado, como todos los sindicatos de profesores que han
venido a ver a este grupo parlamentario para decirle que apoyara una
iniciativa de estas características --ANPE, CSIF, STE, Comisiones
Obreras, FETE-UGT--, como el conjunto del profesorado con el que este
grupo parlamentario ha tenido recientemente reuniones de trabajo. La
comunidad educativa desea que esta cuestión se sitúe fuera de la
coyuntura electoral, desea que esta cuestión sea debatida en sede
parlamentaria y se adquiera un compromiso político que despeje todas
las dudas respecto de cómo se va a producir el proceso de traspaso de
funciones y servicios a las comunidades autónomas. Además,
naturalmente, existe un amplio consenso para que se produzca una
financiación homologable, transparente y equitativa, que haga que no
haya ninguna discriminación en el conjunto de los territorios, tanto
en aquellos que han de recibir las transferencias como en aquellos que
hace años que las ejercitan con plena competencia.
La cuarta razón es que el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno,
incluso en la Comisión de Educación, ha señalado que pretende realizar
las transferencias en materia de educación de acuerdo con lo que hay
presupuestado para el ejercicio de 1997. Si esto sucediera de esta
manera, estaríamos ante un proceso que tendría muchísimas dificultades
de poder ser gestionado en condiciones razonables en los distintos
territorios una vez que el 1 de enero las competencias pertenezcan a
estas comunidades autónomas.
No es posible, por tanto, en quinto lugar en opinión de nuestro grupo,
trabajar con la hipótesis con la que lo hacen diferentes miembros del
Gobierno, que es transferir el coste efectivo del servicio del 1997 a
las comunidades autónomas a partir del 1 de enero. El Grupo
Parlamentario Socialista entiende que las transferencias, en este caso,
en esta coyuntura, en el ecuador de la aplicación de la reforma de la
Logse, se encuentran en un momento histórico completamente diferente
del momento en que se produjeron las transferencias a comunidades
autónomas el año 1983 ó 1984, porque en aquel momento no había una ley
en pleno desarrollo, en el ecuador del mismo, que además suponía un
incremento de gasto ciertamente notable para el conjunto de los poderes
públicos. En este sentido va la proposición no de ley que mi grupo
parlamentario presenta hoy aquí, en el sentido de que se garantice que
en cinco meses --existe plazo más que suficiente-- el Gobierno remita
a la Cámara un estudio plurianual que signifique un compromiso de
financiación por comunidades autónomas que además incluya los conceptos
de gasto que el desarrollo de la Logse implica, tal y como he señalado
en la primera parte de mi intervención. Sería una estimación diacrónica
para el período 1998-2002 que, en primer lugar, garantizaría el
desarrollo de la Logse completamente. En segundo lugar, nos acercaría,
de acuerdo con nuestra estimación, a un porcentaje --estoy seguro que
deseado por toda la Cámara-- de gasto público en educación sobre el
producto interior bruto, en torno al 5,5 por ciento aproximadamente.
Y, además, esta cuestión nos situaría, como es voluntad amplia del
conjunto de la comunidad educativa, al margen de las coyunturas
electorales y de las mayorías y minorías gubernamentales; situaría esta
cuestión como lo que es: una auténtica cuestión de Estado que requiere
colocarla más allá de cualquier coyuntura electoral. Naturalmente, esto
garantizaría plenamente el proceso de transferencias en materia de
educación y alejaría las innumerables dudas e inquietudes que en este
momento existen en las diez comunidades autónomas, con independencia
del color político de quien las formula a la hora de recibir
el traspaso de funciones y servicios en materia educativa.
Además, señorías, la situación no es exclusiva de las comunidades
autónomas que recibirán competencias en el futuro, sino que está
plenamente compartida por las que ya gestionan actualmente esta
competencia de educación. La perspectiva de estas comunidades autónomas
descansaba, como SS. SS. saben, sobre el principio de gasto estatal
equivalente, que actuaba plenamente en el anterior sistema de
financiación de las comunidades autónomas. Sin embargo, naturalmente,
hoy, dos circunstancias que afectan de manera muy directa a esta
garantía de equidad territorial que implicaba el gasto estatal
equivalente han sufrido modificaciones sustanciales. En primer lugar
está la desaparición del propio concepto de gasto estatal equivalente;
la desaparición y, en consecuencia, la garantía que el mismo implicaba,
que se deriva del traspaso de la totalidad de las competencias de
educación a las comunidades autónomas, el mayor peso que alcanza la
financiación con origen en el rendimiento tributario de cada territorio
en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Eso
significa que este escenario, probable en enero de 1998, sitúa a la
totalidad de las haciendas autonómicas ante una notable dificultad,
porque tienen la obligación de hacer frente al esfuerzo presupuestario
que exige la aplicación de una ley orgánica que determina la ampliación
de la dimensión y la calidad del sistema educativo, una ley que se
encuentra en el ecuador de su desarrollo, porque como SS SS. saben
estará culminada en el año 2002, y, además, desaparece el mecanismo de
salvaguardia que les aseguraba un trato equivalente al del gasto
estatal al desaparecer prácticamente la función educación, el 1 de
enero, del presupuesto del Estado.
De manera que también por este motivo mi grupo entiende que hay razones
de peso que aconsejarían instrumentar estas necesidades de financiación
de las comunidades autónomas, como las de las administraciones
educativas en todo el territorio del Estado, precisamente mediante un
plan plurianual, extraordinario, de vigencia quinquenal paralela a la
del sistema 1997-2001 ó 1998-2002, según cursos, que abordaría
secuencialmente la financiación de las operaciones de capital y de
gastos corrientes correspondiente.
La reciente entrada en vigor del sistema de financiación de las
comunidades para el quinquenio 1997-2001 y la coincidencia entre la
finalización de su vigencia y la de la completa aplicación de la Logse
permitiría culminar una etapa y a partir de ese momento abordar su
financiación en un horizonte de estabilidad competencial. Finalizado
dicho período, el futuro sistema de financiación de las comunidades
para el quinquenio 2002-2006 ya podría integrarse, en la base de
cálculo de cada comunidad, el gasto consolidable anual derivado de esta
aplicación.
En consecuencia, nuestro grupo parlamentario estima que es éste el
momento, precisamente ahora y con un plazo razonable, de instar al
Gobierno, dándole cinco meses para que en el mes de septiembre pueda
tener acabado --es perfectamente posible, porque hay información
sobrada para hacerlo así--, a elaborar un plan de financiación
plurianual que tenga en cuenta estas dos grandes realidades que han
coincidido en el tiempo y que, además, en el último trimestre del año
1997, con sosiego, permita adquirir, precisamente en sede
parlamentaria, ese compromiso de financiación que haga que la
distribución de este programa plurianual pueda realizarse con criterios
objetivos de equidad y, al mismo tiempo, se pueda --y se deba--
asignarle más cometidos de los que directamente se pretende subsanar,
es decir, financiar a todas las comunidades autónomas como
administraciones educativas y, a la vez, tener en cuenta todos los
conceptos de gasto que tendrán que asumir estas comunidades que tienen
que recibir las transferencias --y las que tienen transferidas
competencias pero que, además, se encuentran en este nuevo escenario
de financiación-- hasta que la aplicación de la Logse esté
completamente ultimada.
Señorías, pensamos que esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista es razonable y está llena de sentido común, que es una
iniciativa constructiva, que sólo sirve para despejar dudas a diez
comunidades autónomas --ocho de las cuales gobierna el Partido
Popular--, que en este momento ven una enorme dificultad para asumir
competencias con garantías, como están poniendo de relieve cada día que
es necesario, los propios responsables de educación y los propios
responsables de los gobiernos de esas y otras comunidades autónomas.
Además, es una proposición no de ley que introduciría criterios de
equidad, de transparencia, evitaría acuerdos bilaterales que no siempre
caminan en la dirección del criterio equitativo del concepto de gasto
para el conjunto de los territorios, entendiendo por territorios los
usuarios que han de recibir y que disfrutan este sistema. Mi grupo
entiende que por todos estos motivos el conjunto de la Cámara será
sensible a esta iniciativa parlamentaria, que, por otra parte, no se
aleja mucho de lo que el conjunto de la comunidad educativa, en este
momento, en estos días, desde hace meses, demanda al Parlamento
español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Romero.
A esta proposición han presentado enmienda el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la enmienda que presenta mi
grupo, Coalición Canaria, a la proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del
sistema educativo. Los argumentos invocados por el Grupo Parlamentario
Socialista para defender la proposición no de ley presentada a debate
insisten en el enorme impacto que en el panorama educativo español tuvo
la aprobación de un nuevo programa educativo, diseñado en la Logse. Esa
tesis resulta absolutamente incuestionable, si no diera la impresión
de que es el partido que sostuvo al Gobierno que propició su aprobación
el único responsable de su diseño y de su puesta en práctica.
El amplísimo debate que suscitó el inicial proyecto de ley, no sólo en
los estamentos políticos sino entre las fuerzas sociales, sindicales
y educativas, puso de manifiesto la necesidad de reformar el sistema
anterior y apostó claramente por la alternativa propuesta. No puede,
pues, arrogarse el grupo proponente el éxito que tuvo el nuevo sistema
educativo. Precisamente una de las carencias --por demás, evidente--
que fue detectada en el proyecto y que se consolidó en el texto final
aprobado fue la de la existencia de una cobertura financiera que
asegurara la puesta en práctica con garantías de éxito, en el marco de
la solidaridad entre las diferentes administraciones, de la
implantación del nuevo sistema. No es preciso recordar cuál fue el
resultado de las diferentes propuestas que en tal sentido se hicieron
desde los distintos ámbitos al Gobierno de entonces. La propia
exposición de motivos de la proposición que se debate reconoce, por su
parte, la cuantificación del coste de la reforma educativa en su día
realizada, en el ámbito de gestión de la Administración central y en
el conjunto del Estado, en un período de siete años. La única
explicación que la desestimación de la cobertura financiera provoca
siete años después es la existencia de dificultades financieras y el
reconocimiento del acuerdo entre Estado y comunidades autónomas
competentes, para dilatar la implantación de la reforma a lo largo de
los diez años que la Ley fija. No obstante, el Grupo Parlamentario
Socialista propone ahora no sólo que se establezca por parte del
Gobierno un plan de financiación de aplicación de la Logse por
comunidades autónomas sino, además, que dicho plan abarque el período
de los cinco próximos años.
Conviene dejar sentado desde el principio que el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria no alberga ningún género de duda acerca de la
conveniencia de abordar ambos extremos de la proposición presentada a
debate. Es preciso recordar la postura de este grupo favorable a
dilatar el período previsto en la disposición adicional primera de la
Logse fundamentada esencialmente en argumentos de carácter
socioeducativo, dado que el último calendario de aplicación de la Ley
aprobado por el Gobierno socialista, que supuso una notable alteración
del proyectado inicialmente, va a provocar graves perjuicios al
alumnado y a su familia, fundamentalmente con la implantación
simultánea de sendos cursos de los niveles de la educación secundaria
obligatoria. En este sentido, es muy loable que el Grupo Parlamentario
Socialista reconozca ahora la oportunidad de alargar la implantación
del nuevo sistema hasta el año 2002.
Por lo que hace referencia a la financiación de la ampliación de la
enseñanza hasta ahora realizada, es preciso recordar el enorme esfuerzo
económico que ha supuesto para las comunidades autónomas con
competencia en materia educativa llevar adelante no sólo el calendario
previsto en la Logse sino, al menos en el caso de Canarias, el
adelantamiento de la implantación del sistema sobre las previsiones
iniciales. En ese sentido, también este grupo parlamentario se
congratula de que desde las instancias de quienes desecharon la
necesidad de una ley de financiación de la reforma educativa se
reconozca ahora la evidente carencia con que la Logse nació. Así, desde
la convicción de la ineludible conveniencia de abordar ambos extremos
en la proposición que se debate, es decir calendario y financiación,
resulta preciso introducir una matización importante al texto de la
propuesta socialista que despoje a ésta del claro ropaje de oportunismo
político del que se reviste.
Ha quedado resaltado el esfuerzo financiero que las comunidades
autónomas con competencia educativa plena han llevado a cabo para sacar
adelante la renovación del sistema en la que se habían embarcado, en
una apuesta clara, al menos por lo que a Canarias se refiere, por la
necesidad de cambio educativo y por la aplicación del que la Logse
proponía. Este esfuerzo pocas veces se había visto reconocido y apoyado
por los gobiernos estatales anteriores a los que sistemáticamente se
había planteado la cofinanciación de la implantación de la reforma.
Sin obtener el compromiso de corresponsabilidad en esta tarea, Canarias
ha seguido adelante en la progresiva generalización a que estaba
obligada y, además, en el adelanto en las etapas, ciclos y niveles cuya
implantación se prevé a más largo plazo. Este esfuerzo, paralelo sin
duda al de otras comunidades autónomas, debe de ser valorado en sus
justos términos y en el marco de las obligaciones que le corresponden.
Junto a ese reconocimiento de lo ya realizado es preciso igualmente
comprobar no sólo cuánto de ello era deber de la administraciones
autonómicas y cuánto correspondía al Gobierno del Estado, sino también
cuánto queda por hacer y en qué medida es responsabilidad de cada
Administración pública.
En cualquier caso, no debe olvidarse el argumento que se contiene en
la propia exposición de motivos de la proposición que se debate, en el
sentido de respetar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio
de su derecho, contemplada en el artículo 149.1,1.ª de la Constitución.
La actitud de gobiernos anteriores de no admitir la corresponsabilidad
que les imponía la puesta en práctica de una Ley que obliga no sólo a
las comunidades autónomas sino al Estado mismo, ha puesto en entredicho
el cumplimiento de ese precepto constitucional.
Por todo ello, antes de abordar la redacción de un plan de financiación
como el que se pide al Gobierno, es criterio de este grupo
parlamentario que debe llevarse a cabo un estudio de la situación
actual sobre la implantación del nuevo sistema en cada una de las
comunidades autónomas, al objeto de poseer un diagnóstico previo de la
realidad que permita posteriormente la elaboración de un plan de
financiación realista y ajustado a las necesidades de cada comunidad.
En consecuencia, este grupo parlamentario plantea una enmienda a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido
siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el
plazo de cinco meses presente en la Cámara un estudio previo de las
inversiones realizadas por las distintas administraciones públicas para
la aplicación de la Logse, de la situación actual de la implantación
de cada una de sus etapas y de las necesidades previstas a su
desarrollo definitivo, con vistas a la redacción de un plan de
financiación de la implantación de la misma por comunidades autónomas
para los próximos cinco años. El citado plan plurianual de financiación
de la Logse deberá incluir una distribución temporal, acorde con el
calendario que se prevea para la aplicación de la ley. Tanto el estudio
previo, como la estimación realizada por comunidades autónomas deberá
considerar, al menos, los siguientes conceptos de gastos: plantillas,
gastos de funcionamiento de los centros, transporte escolar, comedores
escolares, conciertos educativos, formación del profesorado, formación
en empresas, programas de garantía social, inversión nueva, inversión
de reposición, equipamiento y reposición de equipamiento.
Esta es la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, que espera sea aceptada por el grupo proponente y que consiga
el respaldo mayoritario de la Cámara.
Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rivero.
Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, se han cumplido siete años desde
la promulgación de la Logse. Esta ley era, como todos sabemos, una
promesa y también una puerta abierta a expectativas positivas para este
país.
La Logse implica una verdadera reforma. En aquel entonces había dos
opciones: reformar, para que el sistema educativo siguiera
reproduciendo desigualdades y clases, o cambiar, para dar a toda la
ciudadanía las mismas oportunidades, algo muy parecido a la verdadera
definición de la igualdad. Pero el sistema educativo, desgraciadamente,
no avanza sólo sobre eslóganes y sobre buenas intenciones, sino que
avanza también con recursos económicos, porque con ellos los problemas
no financieros, si existen, por lo menos se vuelven explícitos y pueden
llegar a tener solución. Pero la ley llegó sin financiación, ustedes
deben recordarlo, Nosotros lo recordamos, y es loable que el Grupo
Socialista intente borrar hoy los siete años transcurridos desde la
promulgación de la ley y los seis años de gobierno, responsable desde
entonces, sin procurar financiación para el buen desarrollo de aquélla.
Tiempo hubo, pero, desgraciadamente, los recursos no llegaron.
En este hemiciclo y en todo el Estado español está admitido que
invertir en educación es el medio más eficaz para contribuir a la
riqueza económica del futuro. Apenas hace tres semanas el semanario The
Economist encabezaba la portada con un titular: La educación y la
riqueza de las naciones, y redescubría algo tan sabido como que la
educación es la llave del éxito para la economía del futuro. Pero hay
mucho más. Desde el punto de vista político, la educación es el único
instrumento, el instrumento privilegiado para la movilidad social y el
reparto más justo del futuro.
Desde Cataluña y desde nuestro grupo tenemos la certeza de que el
Estado español cumplirá los requisitos de convergencia de Maastricht
y que participará en la tercera fase del proceso de unión económica y
monetaria, pero esto, señoras y señores Diputados, no será suficiente
para que este país sea un país europeo. Porque para afrontar el siglo
XXI desde Europa debemos acumular capital escolar, que ahora no
tenemos. No puede existir un país, una sociedad medio educada o educada
sólo a medias.
El capital del trabajo durante estos años se ha convertido en algo
mítico; pero el capital escolar es la realidad actual y futura para la
adaptabilidad de aquél. Ustedes recordaran que aquí se ha hablado de
que nuestro paro es estructural, aunque mejoren y se creen puestos de
trabajo. Vamos a sacrificar a diversas generaciones de eficaces
trabajadores y trabajadoras porque no poseen suficiente capital escolar
para adaptarse a los nuevos puesto de trabajo que sin duda se crean y
se crearán y que necesitan una calificación mayor. Por ello nosotros
creemos que este debate y el posicionamiento de hoy debería convertirse
en un signo unitario, en un acto positivo.
Nuestra enmienda intenta adecuarse a la realidad e intenta contraer un
compromiso moderado y posible. Yo desearía que ustedes la escucharan
con atención: instamos al Gobierno a que, una vez culminado el proceso
de transferencias a las comunidades autónomas
en materia de educación, presente ante la Comisión de Educación y
Cultura un estudio informado sobre los criterios, estructura,
priorización de objetivos y fases posibles de desarrollo de las
previsiones de financiación de la aplicación de la Logse. ¿Por qué
decimos una vez culminado el proceso de transferencias a las
comunidades autónomas? Porque deben adoptarse criterios sobre un
escenario cercano a la homogeneidad posible. Las comunidades autónomas
que asumirán competencias de educación el 1 de enero de 1998 las
recibirán valoradas de manera parecida a las que las recibimos --en
nuestro caso, Cataluña-- el año 1981, 1 de enero. Entonces se usó para
la valoración el método de los servicios transferidos, que evaluaba el
coste para la Administración del Estado, como ustedes recuerdan, de la
prestación del servicio educativo, con los parámetros reales con que
se venía prestando en el momento de la transferencia (éste era el
llamado tramo de financiación básica), y el coste efectivo acumulado
para mantener la prestación lo cubría de los servicios transferidos.
En el período siguiente, de 1987 a 1991, se modificó sustancialmente,
ya que la financiación global de cada comunidad autónoma se desvinculó
del coste efectivo y la financiación se asigna en función de
determinadas variables, reduciéndose el coste efectivo --y esto sigue--
a una simple garantía de mínimos, lo que deberá revisarse, porque el
cambio del sistema educativo modifica radicalmente el escenario en que
se desarrolló la asunción de competencias en materia educativa el año
1981 y la valoración de los servicios transferidos. Hay un nuevo
sistema educativo, una nueva estructura educativa, se ha universalizado
la enseñanza secundaria. Todo esto conforma un servicio muy distinto,
cuyo coste deberá valorarse para que las distintas administraciones
educativas del 151 y del 143 dispongan de los recursos necesarios para
prestarlo con calidad. Recuerden, sólo se valoró el coste del momento
y únicamente para que fuera posible el poder mantener el servicio
educativo en el mismo estado e intensidad en que lo prestaba entonces
el Ministerio de Educación y Ciencia y que ahora será prestado por el
Ministerio de Educación y Cultura. No se corrigieron los defectos y ni
tan siquiera se consideró si el nivel de prestación de un servicio tan
básico como el educativo era el adecuado o no.
Ustedes también recordarán que la nueva inversión fue mínima y de todos
son conocidas las vicisitudes del Fondo de Compensación
Interterritorial y la creación del aquel concepto llamado de
compensación transitoria.
También recordarán que la falta de una contabilidad de costos por la
Administración del Estado fue una grave deficiencia para la valoración
de las transferencias, en este caso la del servicio educativo. Por ello
decimos que se deben establecer los criterios, se debe hacer el estudio
del plan de financiación, una vez cumplido el proceso de transferencias
a todas las comunidades autónomas.
Instamos también a elaborar un estudio, a establecer unos criterios.
Queremos conocer los criterios. Creemos que en la Comisión de Educación
y Cultura debemos discutir los criterios, cómo se formula un plan de
financiación, porque, ¿sobre qué tasa de escolarización vamos a hacer
el plan de financiación? ¿Sobre qué tasa? ¿La enseñanza secundaria
obligatoria? ¿La primaria? ¿Sobre el cien por cien? Esto será erróneo
porque se repite. No se sale del sistema. En alguna cohorte demográfica
de alumnado deberá haber 115, en otras 109. Se ha de saber qué tasa de
escolarización quiere este país cuando se financie el bachillerato.
¿Queremos que el 70 por ciento del alumnado haga bachillerato?
¿Queremos el 20 por ciento sólo? ¿Queremos el 30? ¿No queremos que
nadie vaya a la universidad? ¿Queremos sólo una élite? ¿Queremos que
vayan más? Estos criterios se deben discutir. Se debe hacer este
estudio. Y lo que se pide es sin este estudio. También se deben
priorizar los objetivos. Cualquier gobierno prioriza los objetivos,
cualquier empresa, cualquier hogar prioriza sus objetivos con los
presupuestos que tiene. Primero, entre los diversos departamentos y,
luego, dentro del mismo departamento. Un plan de financiación de la
educación debe señalar qué vamos a priorizar primero. ¿La danza? ¿Los
estudios de teatro? ¿O la enseñanza secundaria obligatoria y los
programas de garantía social que cubren a toda la sociedad, que
aseguran el capital escolar para toda la sociedad? Por eso hemos
presentado esta enmienda.
Estimadas Diputadas y estimados Diputados, estamos hablando de
educación y estamos hablando del futuro. Nuestro grupo, mi gobierno,
mi parlamento exigirá la financiación, pero la exigirá de manera
rigurosa, con este estudio previo que ahora pedimos. No querríamos
estabilizarnos en una permanente insatisfacción o legar a la sociedad
y a las generaciones de hoy y de mañana esta insatisfacción. Por ello,
pedimos al Grupo Socialista que nuestra enmienda no les parezca un
retroceso, porque mi grupo no da saltos al vacío. Ustedes saben que un
salto al vacío significa adelantar el paso y cerrar los ojos para no
ver la inutilidad del gesto. En cambio, nosotros tenemos la voluntad
de saltar por encima de un obstáculo, tenemos la voluntad de superarlo.
Por ello, quizá debemos retroceder, tomar impulso para saltar mejor y
lograr el éxito. Sería una ironía, señor Diputado y señores del Grupo
Socialista, que la proposición no de ley sea una iniciativa que nunca
ocurrió o que el no sea lo único que quede de ella.
Nosotros no deseamos ser complacientes con los errores. Hoy sólo
podemos alcanzar aquello que es posible. Nuestra enmienda puede hacer
alcanzar lo posible. Puede ser imperfecta. De acuerdo, pero si aúna las
voluntades de consenso de todos nosotros, puede ser operativa y eficaz.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Gil.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran intervenir en el
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En el Grupo Parlamentario Vasco compartimos los objetivos genéricos que
recoge esta proposición no de ley que presenta en el día de hoy en la
Cámara el Grupo Socialista --lo hemos venido sosteniendo
reiteradamente, tanto en Pleno como en Comisión--, siempre que se
pongan las cosas en su sitio, tal y como indicaba en su intervención
la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Apoyamos la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la
apoyamos con una memoria económica que llevaba una serie de parámetros
donde estaban reflejadas muchas de las cosas que se están pidiendo en
el día de hoy y rigurosamente sostenidas. Sin embargo, a lo largo de
siete años, hemos visto que todos aquellos parámetros no sólo cayeron
en desuso, sino que se hicieron viejos antes del primer ejercicio. Esa
es la aplicación de una ley que fue consensuada por el entonces
Gobierno socialista, por el Grupo Socialista que lo sostenía y por
otros como el Grupo Parlamentario Vasco, pero que en aquella parte del
territorio de su competencia, como es el territorio MEC, fue quedando
en desuso. Una memoria económica, señor Presidente, que hoy en día
muchos quisieran que desapareciera de los archivos de la Administración
y, sin embargo, está ahí. Otras administraciones públicas usaron
criterios distintos en relación a la misma ley y a la memoria. Me estoy
refiriendo, en concreto, a la administración educativa vasca que, sin
llegar a los parámetros que se recogían en aquella memoria educativa,
ha sido más exigente en la aplicación de los parámetros económicos que
respondieran a los objetivos políticos en materia educativa que recogía
la Logse.
Esta es una situación que nos tiene que llevar a la reflexión porque,
indudablemente, el que haya unos planes de financiación que garanticen
esos objetivos que contaban con una amplia mayoría en esta Cámara, que
se pueda planificar en una situación educativa muy cambiante en los
últimos años, que se pueda contar con garantías presupuestarias a esos
efectos y, además, se haga referencia a parámetros de PIB respecto al
gasto educativo y se cuente con parámetros europeos, son criterios por
todos compartidos, siempre que se reconozca que hay administraciones
que han intentado cumplir mejor esos objetivos y que otras han quedado
en otros niveles dentro de sus ámbitos de sus propias
responsabilidades.
En lo que respecta al estudio que se solicita en la enmienda del Grupo
de Coalición Canaria o del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), es una petición que repetidamente ha solicitado el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), porque los análisis que se realizan en
el terreno educativo tienen el fallo fundamental de no contar con
criterios contrastados en lo que es gasto público de las distintas
administraciones educativas, y las referencias que se hacen al gasto
público, al PIB, a distintos parámetros o ratios, en nuestra opinión,
no están suficientemente contrastadas. Por ello entendemos, señor
Presidente, que es razonable que la Administración del Estado, en este
caso el Ministerio de Educación y Cultura, en el uso de sus
competencias sea, de una vez por todas, el Ministerio de Educación y
Cultura del Estado. Nosotros observamos --basta seguir en esta Cámara
las labores de la Comisión de Educación y Cultura-- que el Ministerio
de Educación se circunscribe casi en exclusividad al territorio MEC.
Lo hacía antes el Gobierno socialista y sigue con la misma práctica el
Gobierno popular. Nosotros entendemos que el Ministerio de Educación
y Cultura es un ministerio del Estado que debe atender y reflejar
cuantas funciones le están encomendadas en todo el territorio del
Estado, que debe poner a disposición de esta Cámara los datos que las
distintas administraciones educativas llevan a cabo en el ejercicio de
sus funciones y que debe de poner encima de la mesa, en un informe, la
realidad del gasto educativo público en las distintas administraciones
públicas. Si ese estudio se lleva con rigor y refleja la realidad de
todas las administraciones educativas, nos llevaremos una sorpresa. En
este sentido, en estudios que ha hecho el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) para poder tener datos más exactos de la realidad educativa en
el Estado, se observa que los datos que usa el ministerio están
bastante alejados de la realidad del gasto público, porque la
referencias que se toman son casi exclusivas de lo que es territorio
MEC. Esa es una realidad que está ahí, pero no es la única. Existen
realidades plurales que hay que incorporar para ver el conjunto de las
administraciones públicas, sus actividades y sus gastos en relación a
la materia educativa. Indudablemente, una vez tengamos ese estudio,
habrá que hablar de prioridades, habrá que hablar de objetivos, habrá
que reformular los objetivos en materia educativa.
Nos parece correcto, compartiendo el cumplimiento de una serie de
objetivos de gasto público que están en nuestra opinión correctamente
recogidos en la Logse, que se establezca una reformulación, admitiendo
que la memoria económica de la Logse quedó vieja casi antes de nacer,
en una aplicación concreta que se ha ido realizando a lo largo de estos
siete años. Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco va a fijar
su posición en relación a que el dato fundamental con que esta Cámara
debe contar es ese estudio; si no, nos estamos engañando, estamos
haciendo un brindis al sol y ofrecimientos a la galería.
Nos alegramos de que otros grupos parlamentarios compartan con nosotros
una solicitud que hicimos en la Comisión de Educación y Cultura
reiteradamente. No lo hemos conseguido, a ver si esta vez es la
definitiva, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, cualquier
asiduo lector o lectora del «Diario de Sesiones», incluido el mismísimo
Gobierno, puede tener la impresión de que algunos agentes sociales, por
ejemplo, Comisiones Obreras u otras fuerzas políticas, entre las que
se encuentra mi grupo, estamos obsesionados u obsesionadas con la
financiación del sistema educativo. En este exclusivo caso, señorías,
no se equivoca el Gobierno. Hay una conjura social y política en no
cesar de plantearlo hasta conseguirlo; insisto, conjura social y
política.
Con desigual grado de apuesta educativa sacamos adelante la Logse,
convencidos de que podía haber sido mejor, pero en aquel momento la
correlación de fuerzas nos hizo aprobar la ley posible. El objetivo lo
marcó la sociedad civil, y se trataba de poner en marcha un conjunto
de medidas que dieran salida a la obsoleta enseñanza vigente. La
comunidad educativa afectada --no exclusivamente, pero sí en primera
instancia-- reclamaba y reclama abordar sin más dilación un plan
suficiente que permita abordar en profundidad los problemas detectados
en las diferentes esferas. Sería razonable recordar la cifra del 6 por
ciento del PIB como un logro europeo y como adecuada para el gasto
público educativo, para lo que es necesario un plan estratégico que
aterrice en lo concreto.
Nuestra particular preocupación parte del último y drástico recorte
presupuestario que va directo, directo, como la flecha de cupido, al
corazón de la calidad de la enseñanza. Esto unido a la realización de
unas transferencias que van a exportarse a diez comunidades autónomas,
con las correspondientes inyecciones financieras hibernadas, hace que
se enciendan las luces de alarma.
Las reformas iniciadas, señorías, están siempre pendientes de las
tormentas políticas y de los rigores económicos. Y es una auténtica
irresponsabilidad --digo, irresponsabilidad-- abordar una reforma como
la contenida en la Logse sin un compromiso parlamentario que, mediante
una ley de acompañamiento, garantice unos recursos para aplicar lo
aprobado en dicha ley.
Tenemos, señorías, la agria sospecha de que la fiebre neoliberal va a
hacer algunas averías en el sistema público de la enseñanza; todos y
todas conocemos cómo la filosofía ecuménica consiste en poner freno a
lo público mediante un progresivo deterioro del mismo y una subliminal
privatización, regulando lo que las doctrinas empresariales más
ortodoxas consideran un mercado puro y duro. Es necesario, señorías,
que todos --unos más y otros menos-- les demostremos cómo la educación
es un derecho y no puede someterse a las leyes de la bolsa del Wall
Street. La enseñanza no es un objeto material, sino un bien cultural
y hay que evidenciar que las leyes del mercado per se no garantizan la
calidad y la eficiencia del sistema educativo.
Señorías, no quisiera pasar a la historia de esta legislatura como el
torpedo de doña Esperanza, pero parece evidente que mi querida ministra
es la víctima o el verdugo --en los parámetros españoles en materia de
enseñanza-- de una convergencia que tiene como titular al becerro de
oro llamado Maastricht y que concluye con una reiterada evidencia, y
es que la educación, una vez más --hay que decirlo desde este
púlpito--, no es una prioridad para el Gobierno Aznar.
Una vez descontados contablemente, señorías --y ustedes lo saben--, el
polvo y la paja, el incremento presupuestario para el próximo año está
cifrado en 3.267 millones, lo que no alcanza en pesetas corrientes una
subida ni siquiera --y sé la respuesta que usted me va a dar ahora,
señor Guerra-- del 0,4 por ciento. Ello, sin tener en cuenta la
inflación, claro está, por lo que la resultante tiene nombre, y es
estrepitosa caída del gasto educativo. Esto, en lenguaje parlamentario,
se llama brutal agresión al sistema público de enseñanza.
Señorías, concluyo diciéndoles que, aunque todo es manifiestamente
mejorable y la proposición no de ley que debatimos hoy está en clave
menor, vamos a votarla favorablemente para hacer como decía el poeta:
se hace camino al andar, conscientes de que esto es sólo el hormigón
de un edificio que está por construir y está sencillamente paralizado,
porque no es rentable para el mercado.
Ahora sí termino, señorías, con una bíblica frase, recordándoles a los
colegas de la derecha que no sólo de pan vive el hombre.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aramburu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor Presidente.
Siguiendo los consejos de la Presidencia, desde el escaño voy a fijar
la posición del Grupo Popular.
Cada dos o tres meses venimos discutiendo aquí algo semejante. El 10
de diciembre se dieron aquí una serie de argumentos cuando se defendía
una proposición de ley de carácter popular, con 600.000 firmas, la cual
fue saludada por nuestro grupo con satisfacción.
Sin embargo, veíamos que ello no era viable por el cambio de posición
absoluta de algunos grupos que, cuando gobernaban, decían que la mejor
ley de financiación era el presupuesto.
Aquí se ha recordado, y lo voy a invocar como argumentación para la
posición que vamos a adoptar, que había una ley de financiación teórica
de 548.000 millones de pesetas, que serían alrededor de 622.000
millones, que no se cumplió ni en un 40 por ciento. Esos fueron tiempos
pasados y yo no quiero aquí volver hacia atrás, sino mirar hacia el
futuro.
Yo dije aquí, en nombre del Grupo Popular, que habría una iniciativa
por parte del Gobierno que está estudiando detenidamente el tema de la
financiación de la Logse. En estos momentos, el Grupo canario ha
presentado ya en la Cámara una proposición para que la plena
implantación de la Logse se retrase dos años más, lo cual no es una
novedad y, además, no es solicitado sólo por el Grupo canario, sino
también por el propio Grupo Popular y por alguno de los consejeros que
gobiernan en estos momentos autonomías de signo diferente al de este
partido.
Quiero reiterar aquí que hay que espantar los fantasmas de que ha caído
en picado la inversión en educación nacional. No es así. Y además, en
los dos últimos años, el anterior Gobierno... (Rumores.) Escuchen
ustedes las cifras y, después, hablen. Durante los años 1995 y 1996
--es verdad que era un presupuesto fallido y, por tanto, que se
retrasaba--, bajaron las inversiones y, además, se retrajeron 120.000
millones, de los cuales 31.000 fueron de universidades cuya competencia
se transfería competencia, pero el resto bajó el presupuesto.
Es curioso el dato si comparamos las inversiones de este año, que van
a ser de 33.000 millones. Me comprometo ante la Cámara, en la próxima
Comisión de Educación y Cultura, a traer los datos exactos: 21.000 de
presupuestos más la cifra del Fondo Europeo; 33.000 millones van a ser
las inversiones. Ojalá pudieran haber sido 45.000 ó 48.000 millones,
porque en lo que coincidimos plenamente con el resto de la Cámara y,
especialmente con algunas de las frases que han dicho los
representantes del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió,
es en que el Partido Popular --lo quiero reafirmar-- piensa que la
mejor inversión para el futuro de un país es en educación nacional.
(Protestas.) Indudablemente, dentro de las posibilidades...
(Rumores.--Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señorías, no se rían, porque esas risas me
hubiesen gustado cuando estaban en el Gobierno y cuando bajaban 90.000
millones un presupuesto; me hubiese gustado oír esas risas.
(Aplausos.--Rumores.) Indudablemente, también me gustaría oír esas
risas en el Parlamento andaluz, porque les voy a decir que en la
comunidad gobernada por el Parlamento andaluz el esquema comparativo
de inversiones en 1994 fue... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Dentro de la educación está guardar
silencio. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Guerra, no es
necesario que ayude a la Presidencia a mantener el orden, se basta y
se sobra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Decía que en el programa de 1994, el
presupuesto para la educación infantil ascendió a 5.000 millones; en
1996, a 3.600 millones y en 1997, a 3.600 millones. Y en educación
secundaria hubo 16.000 millones en 1994; no cito 1995 porque estaba
prorrogado; en 1996, fueron 11.190 millones y en 1997, 10.700 millones
de pesetas.
Resumo, señorías, porque creo que aquí hay un cierto pecado o
contrición de la época pasada e, indudablemente, tiene que haber por
parte del Partido Popular una decisión... (Un señor Diputado del Grupo
Socialista: ¡Confiesa!) Confieso, pero con propósito de la enmienda.
Tengo que decir a SS. SS. que efectivamente he oído que esto era una
cuestión de Estado y espero que en las propuestas que traiga el
Gobierno y en el próximo presupuesto para 1998 nos acordemos todos de
que es una cuestión de Estado. No nos acordemos sólo una vez que desde
la Logse, en el año 1990, han pasado bastantes años y una vez que en
los últimos ejercicios se han bajado las inversiones.
En definitiva, nuestra posición sería la de reiterar lo que aquí
dijimos, el 10 de diciembre, cuando nos opusimos a esa ley de
iniciativa popular y reiteramos que la mejor ley de financiación es un
buen presupuesto. La frase no es nuestra, es de un alto cargo
socialista en la época en que gobernaban.
Nuestro grupo va a apoyar la proposición, en caso de que el grupo
proponente acepte la enmienda de Convergència i Unió, porque entendemos
que es una enmienda, como se ha dicho, de carácter moderado que obliga
al Gobierno a traer un estudio informado sobre los criterios,
estructura, priorización de objetivos, etcétera. De lo contrario, no
podrá votar a favor sino que lo hará en contra. Repito que nos gustaría
que el grupo proponente aceptase esta enmienda de Convergència i Unió.
Finalmente, señor Presidente, espero que no se vuelva a reiterar que
el Grupo Popular no hace inversiones en educación. Repito, que son
33.000 millones, y me ofrezco para traer en la próxima Comisión el
detalle de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Guerra.
Señor Romero, a los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de
las enmiendas que han presentado los citados dos grupos, tiene la
palabra su señoría.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Presidente, quiero agradecer a los
grupos de Convergència i Unió y Coalición Canaria el interés y la
voluntad que han demostrado. Se lo agradezco en nombre de mi grupo
parlamentario porque, sin duda, han intentado buscar una fórmula de
acercamiento, aunque debo añadir, a continuación, que a mi grupo le
parece insuficiente. Argumentaré muy brevemente algunas razones por las
cuales, desgraciadamente, no podemos aceptar esta transacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Con toda brevedad, señor
Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer lugar, porque cuando presentamos la proposición no de ley
pedimos que en cinco meses hubiera un compromiso del Gobierno. Creemos
que en ese período es perfectamente posible hacer un estudio. En
segundo lugar, porque esos estudios están elaborados. Hay muchos
miembros de esta Cámara que han estado en comunidades autónomas y en
el propio ministerio, que tienen elaborado desde hace muchos meses el
mapa escolar de cada una de las comunidades autónomas, y los mapas
escolares incluyen todo aquello que SS. SS. han dicho que un estudio
previo debería tener; todo lo que SS. SS. han señalado, el
representante del Grupo Vasco, el representante de Coalición Canaria
y la ilustre representante de Convergència i Unió, de manera que no
puede demorarse más. En tercer lugar, porque es posible que haya
prioridades distintas. Nosotros entendemos que puede haber prioridades
diferentes, pero la prioridad no se debe disfrazar como coartada.
Comprendemos que para algún grupo parlamentario pueda haber ahora
prioridad en materia de sanidad, más tarde en materia de educación, y
nos parece razonable, pero no así intentar ganar tiempo, porque los
estudios están ahí. Si aceptáramos sus propuestas, ilustres Diputados,
nos iríamos a diciembre, las transferencias estarían hechas, no habría
garantías, y cada comunidad tendría, vía negociación bilateral, lo que
el Gobierno generosamente le quisiera dar. Sin transparencia y sin un
criterio homologable, nos parece que no es la mejor fórmula para
asegurar un proceso de transferencias coherente, homologable y con
suficiencia financiera. Por esa razón, señorías, no podemos aceptarlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Romero. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley del
Grupo Socialista, sobre elaboración de un plan plurianual de
financiación del sistema educativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307;
a favor, 139; en contra, 166; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición
no de ley del Grupo Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA VIARIA Y AUTOPISTAS
DE PEAJE (Número de expediente 173/000033)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, entramos en
el debate de la moción del Grupo Socialista sobre política viaria y
autopistas de peaje. Para su presentación, tiene la palabra el señor
Pérez Touriño. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, en abril de 1994 el anterior Gobierno
remitió a la Cámara el Plan Director de Infraestructuras, un plan que,
tras su correspondiente tramitación y debate parlamentario, obtuvo el
pronunciamiento favorable de esta Cámara en su sesión del 21 de
diciembre de 1995. En las resoluciones aprobadas en aquella sesión de
la Cámara ésta consideró --y cito textualmente-- que el Plan Director
de Infraestructuras es una respuesta adecuada a los problemas
planteados para la incorporación de España a la nueva dinámica
territorial europea. Igualmente, el Congreso consideró en aquella
sesión de diciembre de 1995 que, por su carácter estratégico y
flexible, el PDI constituye el instrumento objetivo básico para
desarrollar una política de infraestructuras a largo plazo susceptible
de obtener un adecuado consenso social y político. Son también palabras
textuales de la resolución aprobada en su día con el consenso unánime
del conjunto de la Cámara, consenso que ha cristalizado ampliamente en
ese pronunciamiento favorable y que, en aquella ocasión no tan lejana,
fue complementado por 56 resoluciones aprobadas en ese momento. Pues
bien, precisamente una de esas resoluciones del Congreso es la que
mandata al Gobierno a la concreción y al desarrollo del Plan Director
de Infraestructuras mediante los correspondientes planes sectoriales
en sus diversas
áreas, en sus diversos campos de trabajo. Sin embargo, en ese contexto
de consenso y con ese mandato del Plan Director de Infraestructuras,
que el Ministro de Fomento en el Gobierno actual ha considerado
repetidamente a nivel de declaraciones como un útil instrumento de
trabajo, no ha sido ésta la opción tomada por el actual Gobierno; un
Gobierno --hay que decirlo-- que no ha tomado esta opción, transcurrido
prácticamente un año de su acción ejecutiva, a pesar de que cuando toma
posesión prácticamente tiene a su disposición toda la documentación,
todos los estudios correspondientes a los planes sectoriales, cuando
menos en materia de carreteras, en materia de ferrocarriles y en otras
materias; un Gobierno, insisto, que, prácticamente desde el primer día
de mandato, ha tenido a su disposición los planes sectoriales cuyo
desarrollo mandataba el Plan Director de Infraestructuras. Por el
contrario, este Gobierno ha optado por ir prometiendo, al hilo de las
diferentes y muy concretas presiones territoriales, aquí y allá, de
forma deshilvanada, una tras otra, determinado tipo de actuaciones,
desde la variante de Pajares hasta altas velocidades, a distintas
partes del territorio.
Finalmente, hace escasos días --un mes--, el Ministro de Fomento ha
terminado por presentar un programa de autopistas de peaje. El mismo
lo calificaba como un programa modesto, de corto contenido. En
definitiva, como SS. SS. conocen, nos presentó un programa que no es
más que una mera yuxtaposición de actuaciones desperdigadas,
deshilvanadas, a lo largo y ancho del conjunto del territorio nacional,
y todo ello al hilo de la magia de la financiación extrapresupuestaria,
de esa desconocida financiación a la que luego me referiré. Una
propuesta respecto a la cual, en el trámite de la interpelación
correspondiente, hemos planteado nuestro más profundo desacuerdo en la
pasada sesión, desacuerdo basado sucintamente en que, en primer lugar,
esa propuesta no responde a una estrategia de transportes y
comunicaciones para nuestro país; en segundo lugar, es una propuesta
automáticamente discriminatoria con determinados territorios y con
usuarios, con ciudadanos de esos territorios; en tercer lugar, porque,
como hemos tenido ocasión de argumentar anteriormente, su propuesta no
se apoya en criterios sólidos de tipo funcional, de tipo territorial,
ni tan siquiera en criterios sólidos y fundamentados de carácter
económico. Nos hemos opuesto y nos oponemos porque, en definitiva,
supone privatizaciones encubiertas con aportaciones relevantes de
fondos públicos procedentes de privatizaciones cuyos mecanismos de
instrumentación, su propio origen y su finalidad en última instancia,
hoy en día todavía no conocemos perfectamente, y mañana mismo, al hilo
de una interpelación de este grupo parlamentario, del Grupo
Parlamentario Socialista, tendremos ocasión de discutir de esta
cuestión en términos más generales. En resumen, nos oponíamos y nos
oponemos a esta propuesta porque es muy grave, señorías, plantearse el
problema de las infraestructuras como un problema de carga de trabajo
para las empresas constructoras.
En definitiva, es muy grave renunciar a una política nacional en
materia de transportes, en una materia tan trascendente para la
competitividad de la economía, para la cohesión del territorio, para
el reequilibrio del mismo. Por todo ello, creemos que se justifica
plenamente la moción que presentamos. Es necesario reorientar la acción
del Gobierno para que nos presente con urgencia, cuanto antes, este
año, a lo largo de 1997, un plan de carreteras que, a partir del Plan
Director de Infraestructuras, en desarrollo de sus criterios y de sus
objetivos, defina el conjunto de las actuaciones que en materia viaria
necesita nuestro país para los próximos años, tanto en lo que se
refiere a las relaciones interurbanas en los grandes ejes de transporte
del país, como en lo que se refiere a las ciudades y a las áreas
metropolitanas de nuestro territorio. Un caso este último, el de las
áreas metropolitanas, en el que las infraestructuras viarias tienen un
carácter especialmente complejo ya que sirven a distintos criterios y
a distintas funciones, en el que es todavía más negativa la inserción
de elementos aislados, tal y como se viene formulando en la política
del Gobierno. Se trata, por lo tanto, de la necesidad imperiosa de que
nos presenten ya un marco global e integrador que defina actuaciones,
que establezca prioridades y que establezca las correspondientes
dotaciones presupuestarias para la financiación de las mismas. En
resumen, señorías, si así se hace, se estará ofreciendo al conjunto del
país y a los sectores de actividad económica una alternativa, un marco
estable que les permita generar actividad, generar empleo y diseñar su
futuro y sus estrategias. Esa sí que sería --y debe ser-- una
orientación de Gobierno que permita no ir al hilo, no ir al paso, no
ir al dictado de las propuestas de actividad y de carga de trabajo de
un sector determinado, sino hacer política nacional desde la
perspectiva del interés general.
Para aquellos casos que consideramos que deben ser de carácter
singular, de carácter excepcional y complementario, en los que se
proponga la concesión de autopistas de peaje al sector privado, debe
celebrarse siempre el debate y discusión de ese plan general de
carreteras. Cuando existen dudas razonables, fundamentadas, sobre la
viabilidad económica y financiera de algunas de esas propuestas y que
éstas no van a terminar respondiendo a una óptica de actividad
constructora, de lo que desgraciadamente tenemos experiencia histórica
en nuestro país; cuando se van a aportar fondos públicos relevantes
--al menos un 35 por ciento de la inversión para cinco de las
autopistas de peaje propuestas será aportado por fondos públicos
procedentes de la privatización de patrimonio público--; cuando se
propone imponer peajes en un área metropolitana, como es el caso de
Madrid, en cuyos corredores se pueden generar importantes recursos y
cuantiosos ingresos para las concesionarias privadas de ese servicio
público; cuando se pretenden concesiones al año 2075, a 75 años vista,
es absolutamente imprescindible dotar de transparencia, dotar de
información a esta Cámara y posibilitar el control por el Parlamento
de este tipo de operaciones; máxime, señorías --y voy concluyendo--,
cuando el ritmo y las condiciones de desarrollo del llamado capitulo
VIII, de donde proceden estos fondos, es a estas alturas de la historia
presupuestaria tan lento y tan desconocido como nos veníamos temiendo
al inicio de la misma.
Por estas razones, confío plenamente en la necesidad de obtener el
consenso de esta Cámara para suscitar finalmente dos cuestiones
elementales: que tengamos, ya que no hemos podido disponer de él hasta
el momento presente, un plan de carreteras que oriente la actividad,
que oriente la inversión, pero que, sobre todo y al mismo tiempo,
establezca criterios de financiación, de prioridad y de perspectiva a
nuestro país desde la óptica de la convergencia europea y del proceso
de construcción de la Unión Económica y Monetaria; y que esa
información no se omita al Parlamento. Hasta ahora, señorías, quiero
recordar que el Ministro de Fomento, responsable de la materia, ha
optado por no establecer ningún tipo de compromiso, y a estas alturas
desconocemos todos los mecanismos concurrentes de desarrollo del
capitulo VIII de la llamada financiación extrapresupuestaria.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez
Touriño.
¿Qué grupos desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición de Unión Valenciana
respecto a la moción consecuencia de la interpelación presentada por
el Grupo Socialista respecto a la política viaria y autopistas de
peaje.
Vaya por delante que en alguno de los planteamientos que se recogen en
la moción presentada por el Grupo Socialista hay cierta conformidad por
parte de Unión Valenciana. El Gobierno central ha adoptado algunas
soluciones alocadas e improvisadas, ya que ha tomado lo que considera
oportuno del PDI, ha desestimado lo que considera inoportuno del PDI,
lo ha reformado, ha adicionado, y ha adoptado decisiones respecto a
nuevas autopistas de peaje en contra de la voluntad popular, como es
el caso concreto de la autopista de peaje A-7, cuyo rescate de la
concesión se ha solicitado por las Cortes Valencianas. Creo que sería
oportuno desarrollar el plan actual y debatir en esta sede
parlamentaria el futuro de las carreteras, el futuro de los ejes
viarios, el futuro de las nuevas autovías, de peaje o no, la viabilidad
financiera y económica de nuevas autopistas y la oportunidad o no de
ampliar las concesiones de las autopistas vigentes. Esto se ha hecho
sin tener en cuenta la voluntad mayoritaria de los valencianos respecto
a la autopista A-7, que han solicitado el rescate de la concesión para
su gratuidad total en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Por lo
tanto, creo que sería importante abrir un debate a partir de esta
moción en el que se alcanzara un consenso respecto al futuro de esas
infraestructuras viarias, carreteras, autovías y autopistas de peaje.
También debería llevarse a cabo un estudio pormenorizado, un impulso
y la adopción de medidas sobre los ejes metropolitanos, sobre los
problemas específicos de las grandes ciudades, como es el caso de
Barcelona, Madrid o Valencia, y que se tuvieran claros los criterios
respecto a estas grandes decisiones de futuro.
Con ese ánimo, creo que es importante la moción que presenta el Grupo
Socialista. Sería fundamental un amplio consenso al respecto, porque
en la política viaria de carreteras, autovías y autopistas de peaje no
se puede improvisar, no se pueden adoptar decisiones consumadas un poco
de espaldas al sentir mayoritario de los ciudadanos, que son realmente
los que están demandando carreteras, ejes y autopistas de seguridad,
y, en el caso valenciano, una autopista de seguridad gratuita y libre
de peaje. Para conseguirlo tiene que haber un amplio consenso y esta
moción puede ser el principio de ello.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, intervengo para
fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre la
moción que debatimos.
Desde hace unas semanas, prácticamente desde el día 10 de marzo, se han
presentado diversas iniciativas parlamentarias repetitivas. Se presenta
el plan de autopistas, el modesto plan por parte del ministro; se
debaten en Comisión proposiciones no de ley que también entran en este
tema; se debate una interpelación y hoy una moción. Las tres primeras
se refieren en gran medida a temas gallegos. Así, nos encontramos
debatiendo la moción de hoy, que nosotros no vamos a apoyar porque
creemos que lo que se pide en ella no es correcto. En realidad, se nos
pide desarrollar el Plan Director de Infraestructuras. A ese plan
director que iba del año 1993 al 2007, que fue aprobado por el Consejo
de Ministros el 4 de marzo de 1994, se le definía como deslizante en
el tiempo, y el primer deslizamiento era su aprobación en 1994, cuando
el texto provenía
de 1993. Pero eso nos parecía lógico. Además, se definía al Plan
Director de Infraestructuras como un instrumento de política de Estado.
Era un gran instrumento, un buen documento. Pero actualmente, ¿qué es
el PDI? Para nosotros es un documento que no vincula al nuevo Gobierno;
un documento no vinculante. Hasta ahora hemos oído las opiniones del
ministro diciendo que verdaderamente es una documentación válida para
trabajar, pero no lo considera como el documento básico de trabajo de
su ministerio, cosa que debería probar nuevamente el actual Gobierno.
La moción nos plantea un absurdo, porque se quiere vincular al
Gobierno. Parece que se quiere desarrollar el Plan Director de
Infraestructuras presentando al Congreso a lo largo de este año un plan
de carreteras, en cuyo marco global e integrador se defina el conjunto
de actuaciones en todo el horizonte temporal. Ni siquiera en el
anterior Plan Director de Infraestructuras existía un plan de
carreteras global; se hablaba siempre de planes sectoriales, ninguno
de los cuales vimos desarrollados en esta Cámara. En todo caso, se iba
trabajando con planes puente en las distintas infraestructuras que se
iban creando. Ahora se pide un plan global de carreteras. Si hemos de
tener en cuenta que el PDI dice que su carácter estratégico implica el
que la programación de las actuaciones previstas no forme parte de su
esencia y se señala que se opta en tal sentido por un modelo de
programación deslizante en el que los sucesivos programas de actuación,
en donde se concreta y periodifican las inversiones, se van elaborando
en función de un riguroso análisis generalizado que tiene en cuenta las
coyunturas económicas y presupuestarais de cada período y los
comportamientos concretos de la demanda; si se indica que los grandes
objetivos del plan se concretan al ritmo marcado por las prioridades
de cada período, ¿cómo puede ahora pedirse que globalmente se traiga
todo aquí?
En su segundo apartado, sobre el que dice que hay tantas dudas, se pide
un informe documental de los elementos básicos de los anteproyectos
correspondientes y su viabilidad económica y financiera, y que se
presente antes de que el ministerio actúe en las licitaciones. También
solicita que se informe de los riesgos básicos de las concesiones una
vez otorgadas; o sea, que la Cámara intervenga antes de realizar las
licitaciones y después.
Además, señorías, ya se nos ha anunciado que el orden del día de la
Comisión de mañana también tendrá un componente en esta línea. Mañana
en Comisión se presenta una proposición no de ley del Grupo Socialista
que se refiere al capítulo VIII y se insta al Gobierno a que haga un
informe sobre las aportaciones con cargo a este capítulo. También se
pide que se presente un informe cada trimestre y que éste sea previo
a la presencia trimestral del ministro. Mañana someteremos a votación
que la Comisión de Infraestructuras acuerde la comparecencia
trimestral, previa emisión de informe, del ministro. Señorías, nos
parece que estamos entrando en una dinámica en la que el Ejecutivo no
es tal. Nosotros creemos que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es
ejecutar, hacer un plan de carreteras, pero no tiene por qué hacerlo
dentro del ámbito de lo que decía el PDI. En todo caso, tendríamos que
pedir al señor ministro que nos haga una declaración sobre el PDI, y
estudiaremos la forma de hacerlo, porque presentar en estos momentos
la moción tal como se hace nos parece, como digo, inadecuado y absurdo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, respecto a la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre política viaria de autopistas de
peaje.
En primer lugar, quiero manifestar que este debate, como todos los que
se suscitan en esta Cámara que tengan interés para los ciudadanos y las
ciudadanas, es bien recibido por nosotros. Y digo esto porque no
entendemos el lamento que hacía el ministro la semana pasada en cuanto
a la interpelación del Grupo Socialista. El ministro se quejaba del
debate reiterativo que se estaba produciendo en esta Cámara por la
proximidad de su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras,
donde explicó el llamado pequeño plan de autopistas de financiación
privada. Nosotros entendemos que son debates diferentes, porque el
ministro presentó su plan en Comisión y, lógicamente, los grupos
parlamentarios tuvimos ocasión de posicionarnos, pero que la
interpelación y la moción dan otras posibilidades y otro juego
político. Por lo tanto, entendemos que el debate es conveniente.
El programa de autopistas de peaje presentado por el Ministro de
Fomento, desde luego, es muy coherente con la línea de actuación de
este Gobierno de derechas. La filosofía en la actuación gubernamental
es simple: que los ciudadanos paguen, a través de tasas, impuestos o
peajes, los servicios que el Estado les presta, ya sea en
infraestructura de carreteras, quizá también, próximamente, regadíos
o servicios de otra índole. Este Gobierno sigue también el hilo
conductor principal: la convergencia monetaria con Europa, sin mirar
los costes sociales que la política de restricción y contención del
gasto conlleva, sobre todo en las inversiones públicas. Entendemos que
la poderosa patronal del sector de obras públicas ha conseguido mover
al Ministro de Fomento, y aquí está la justificación de este pequeño
plan de autopistas, que nace con una única
intención: contentar a un sector muy poderoso. De ahí deriva que el
plan propuesto no tenga nexo de unión con el Plan Director de
Infraestructuras. Este, señorías, es un plan inspirado fundamentalmente
en el sector privado, que necesita urgentemente licitación pública y,
desde luego, con este plan, solamente unos pocos privilegiados van a
tener acceso a este campo cada vez más restringido.
Se prevén 256.000 millones de pesetas de inversión privada a partir de
1998 en la construcción de autopistas de peaje. ¿Cómo es posible que
en estos tiempos, que se habla constantemente de ajustes, cuando a los
ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades autónomas, a los
ayuntamientos se nos pide restricción en el gasto, este Gobierno
hipoteque el futuro con tan elevada suma? Señorías, el Gobierno nos ha
dicho recientemente en esta Cámara que no se podían hacer mayores
esfuerzos para favorecer inversiones en la vivienda, en el debate de
los Presupuestos Generales del Estado se nos dijo que no se podían
aumentar las inversiones para mejorar el ferrocarril, y así un largo
etcétera. Para nosotros hubiese sido mucho más serio presentar
--aunque fuese pequeño-- un pequeño plan para modernización del
ferrocarril, no para seguir con la construcción de autopistas de peaje;
pero, en fin, parece ser que tenemos distintos puntos de vista respecto
a estos asuntos.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya apoyará la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos de acuerdo con
que el Gobierno presente al Congreso un plan de carreteras que defina
las actuaciones viarias a desarrollar dentro de un marco global
integrador y sin exclusiones. Coincidimos plenamente con el punto 2 de
la moción que reclama que se informe documentalmente al Congreso de los
Diputados sobre los elementos básicos de los anteproyectos antes de
proceder a su licitación. Esta petición debiera ser tenida en cuenta
no solamente en este caso. En distintas ocasiones, desde esta tribuna,
se ha reclamado mayor información por parte del Gobierno para poder
cumplir dignamente con nuestra función.
Para terminar, anunciamos que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
priorizará dentro del contenido del PDI la construcción y mejora de
carreteras convencionales, las autovías donde no existan redes de alta
capacidad, y por supuesto la red de ferrocarriles en las modalidades
de velocidad alta, mejora de trazados y tecnificación de los mismos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jiménez Suárez.
El señor JIMENEZ SUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intentaré argumentar la posición del Grupo Parlamentario
Popular en base a dos razones, y me permitiré hacer ciertas reflexiones
sobre algunas de las afirmaciones que se han hecho en la Cámara.
La moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista parte de una
premisa falsa, que es ni más ni menos que reconocer implícitamente la
no existencia de política viaria por parte del Gobierno.
La actuación del Gobierno como expresión de su política viaria se
enmarca en una política de transporte que, aunque no se aborda aquí
hoy, sobrevuela cualquier planteamiento sobre infraestructuras, y la
actuación del Gobierno es coherente, como no podía ser de otra forma,
con el programa del Partido Popular que lo sustenta. La política viaria
del Gobierno, señorías, no tiene muchos secretos, sí muchos matices
respecto a las actuaciones precedentes. En síntesis, se traduce en las
siguientes actuaciones: un programa de infraestructuras de vías de gran
capacidad, vías de conexión y actuaciones en núcleos urbanos; un
programa de conservación del patrimonio público de carreteras; un
programa de seguridad vial y la disposición de mecanismos de gestión
de trafico eficaces. El Gobierno del Partido Popular, señorías, no está
haciendo camino al andar; actúa de forma coherente, estableciendo el
marco legal, administrativo y económico acorde con su programa
político. En él y en las propuestas de resolución presentadas en la
legislatura pasada al Plan Director de Infraestructuras se pueden
encontrar los antecedentes. Quiero recordar que fueron 92 resoluciones
las presentadas y 40 las aprobadas, y especialmente para el tema que
nos ocupa, la 7, 24, 25, 26, 45, 49, 50 y 51. Admítame, señoría,
calificar estas propuestas como un PDI alternativo, y no es presunción.
Es más, en este año el Gobierno ha dado muestras suficientes de esta
coherencia con las siguientes actuaciones: en los Presupuestos
Generales del Estado se ha dado continuidad al plan de actuaciones
prioritarias en carreteras, con 300.000 millones de inversión nueva,
algo más que la media del PDI; 129 actuaciones, 25 de ellas en
autovías; 60 actuaciones en proyectos, 29 de ellas en autovías; 81.000
millones en conservación, y quiero recordar que en 1996 había 72.330
millones. En la ley de acompañamiento, artículo 147, se posibilita la
financiación anticipada con pago máximo a diez años; la creación de
sociedades estatales de carácter mercantil para la construcción y
explotación de carreteras, artículo 158; la modificación de la ley de
autopistas, artículo 157. Se está elaborando, como ha anunciado el
ministro, un plan sectorial de carreteras garantizando mínimos de
infraestructuras en zonas rurales y ciudades medias, con el objetivo
de alcanzar una accesibilidad del 6 al 10 por ciento. Es un anuncio que
ha hecho el ministro en Comisión y en esta Cámara. Se ha actuado, de
acuerdo con las resoluciones aprobadas, coordinando las actuaciones del
ministerio con las comunidades autónomas: el convenio con la
Comunidad Autónoma de Canarias, el convenio con la Comunidad Autónoma
de Baleares que aparece en la disposición adicional de los Presupuestos
Generales del Estado, el convenio para la ejecución del enlace de la
A-7 con la B-40, el convenio para acondicionar la N-1 en el paso por
el Condado de Treviño, los convenios con Portugal. Se han adoptado
nueve acuerdos del Consejo de Ministros para la realización de obras
concretas. Se ha puesto en marcha un plan de choque de conservación de
carreteras; se ha puesto en marcha una campaña de divulgación de la
seguridad vial. Se ha adoptado el acuerdo del Consejo de Ministros de
hacer una congelación de tarifas, previa a la rebaja del 7 por ciento,
del 1 de enero de 1997. Y se ha anunciado y expuesto en esta Cámara el
programa de autopistas de peaje con 10 actuaciones, 441 kilómetros
(recordemos que el PDI proponía 470) y 256.000 millones de inversión.
Quiero recordar a SS. SS. que estas autopistas están en lugares donde
los niveles de servicio son insuficientes y donde el índice de
peligrosidad y el de mortalidad superan la media. Entiendo, señorías,
que estas actuaciones son una buena muestra de cuál es la política
viaria del Gobierno. Este simple hecho serviría como argumento para no
aceptar la moción del Partido Socialista, pero existe una razón más
poderosa. Señorías ¿qué es hoy el Plan Director de Infraestructuras?
¿Un documento desvirtuado por un debate riguroso y enriquecedor,
enmendado con 56 resoluciones? Recuerden que fueron 20 reuniones, 80
horas de duración y 69 comparecencias. ¿Es un documento de consulta y
estudio? ¿Es esa cosa, como lo llamó en Comisión recientemente un
Diputado? ¿Es un esquema orientador de inversiones? ¿Es una decisión
política unilateral del Gobierno? Creo que hay suficientes dudas
respecto a cómo calificar el documento. En todo caso, el PDI ha
recibido y ha sido objeto de múltiples reconocimientos que yo no voy
a reiterar porque participo de ellos. Pero entiendo, señorías, que el
PDI cumplió una gran misión que no fue otra que fomentar uno de los
debates más ricos e importantes de esta Cámara y de la sociedad. No
queramos darle otra misión como es servir de fundamento a la política
viaria de este Gobierno. Sería una pretensión desmedida porque, además
de estar desvirtuado, existen otras formas de hacer política y de
transmitirla.
El PDI, y no pretendo reproducir el debate ya cerrado, participa de las
siguientes características extraídas de las múltiples resoluciones y
del debate de la sociedad que también ha sido importante. En plan
telegráfico diré que no tiene una relación coherente y completa con la
ordenación del territorio. No tiene los mecanismos explícitos y claros
de coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Debe ser
intermodal y no multimodal como es. No tiene un esfuerzo de reflexión
profundo sobre la relación entre carreteras y ferrocarril. Persevera
en la heterogeneidad de la red. Entiendo que conviene reflexionar más
sobre las autovías y las autopistas porque el PDI no resuelve la falta
de homogeneidad de la red de gran capacidad, no sólo interna sino
dentro de la Unión Europea. No existe un diseño de modelo coherente de
gestión y de financiación de la red de alta capacidad. No tuvo el
trámite reglamentario previsto en el artículo 18.1 del vigente
Reglamento de carreteras. Aunque indica como objetivo que la red debe
ser mallada luego en su diseño no lo es. Y no aborda, por no ser más
extensivo, algunas soluciones acordes con las nuevas tecnologías de
transporte como son las vías rápidas. Ante lo cual cabe preguntarse:
¿Se renuncia a perfeccionar un documento ampliamente cuestionado,
imponiendo su aplicación y haciendo caso omiso de las 56 resoluciones
aprobadas por esta Cámara? ¿Se tiene conciencia de las contradicciones
que plantean algunas de las 56 resoluciones aprobadas? Entiendo que a
partir de las resoluciones y del nuevo marco político hay que hacer
algo nuevo: el PDI que sirva como referencia histórica, por el simple
hecho de que quien olvida la historia está condenado a repetirla.
Por último, quiero hacer una reflexión sobre el peaje. Señorías, cabe
preguntarse cuánto es el peaje de las obras que no se realizan. Pongo
dos ejemplos: ¿Cuánto pagan los usuarios de la Nacional-3 por los siete
años de retraso de la no existencia de la misma? ¿Cuánto pagan los
usuarios de las entradas a Madrid por la no existencia de las vías
rápidas de calidad adecuada? Lo digo en términos de tiempo, de costes
de combustible, de costes de amortización de los vehículos. Es un coste
que existe y un peaje indiscriminado que se paga por la no existencia
de las vías adecuadas de gran capacidad. Y no olvidemos que cuando se
hacen infraestructuras con deuda pública que genera intereses también
los usuarios pagamos un peaje indiscriminado. La solución que ha
adoptado el Gobierno de hacer autopistas con peaje puro, que sabemos
que son rentables por encima de los 10.000 vehículos día y con costes
de inversión de 600 a 1.000 millones el kilómetro (recordemos que el
peaje es un equilibrio entre tarifa, tráfico, costes y tiempo de
amortización), es una solución posible que entre otras cosas hace que
el peaje pueda cumplir varias funciones. Una de ellas es el equilibrio
financiero de la concesión. Pero no olvidemos otras funciones que tiene
el peaje: por ejemplo, ser un impuesto de disuasión de infraestructuras
y reasignar tráficos en el corredor; ser un elemento de gestión del
tráfico y de distribución más racional dentro de un corredor; ser un
instrumento de internalización de los efectos externos ocasionados por
el transporte. No le restemos virtudes a la financiación privada y al
peaje que en estos momentos de restricción económica tienen.
Pues bien --y termino con esto, señorías--, partiendo del
reconocimiento del PDI y abogando por su definitiva jubilación,
entiendo que existen razones objetivas
para no aceptar la moción del Grupo Socialista, y así se propone a esta
Cámara.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Jiménez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Socialista sobre política viaria y
autopistas de peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304;
a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), PARA LA
APLICACION DE UN PLAN DE MODERNIZACION DEL COMERCIO INTERIOR (Número
de expediente 173/000034)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación
de un plan de modernización del comercio interior. Para su defensa
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, señorías, para argumentar los contenidos que han llevado
a mi grupo parlamentario a formalizar la moción consecuencia de
interpelación relativa a la política que se debe adoptar para impulsar
la modernización del comercio interior. Señorías, la semana pasada, el
miércoles, tuvimos oportunidad en esta Cámara de iniciar nuevamente en
esta legislatura un debate sobre la situación del comercio minorista
y, a la vez que retomar el debate político que dejamos en la anterior
legislatura al terminar la Ley de comercio, tomar conciencia sobre la
situación en que se encuentra ahora el comercio y poder determinar un
conjunto de contenidos para incorporarlos a un plan de modernización
de este sector que instamos al Gobierno que plantee con inmediatez a
esta Cámara. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
La moción, señorías, parte del reconocimiento que ya expresamos en el
debate del miércoles pasado en torno a que el elemento más importante
para poder contribuir a dinamizar la actividad del comercio es saber
orientar una adecuada política económica que nos permita proyectarnos,
en un inmediato plazo de tiempo, a un marco de estabilidad para poder
reconducir los desequilibrios que hemos ido acumulando anteriormente,
a la vez que poder garantizar una senda de crecimiento estable con una
tendencia a la reducción progresiva de la ... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Homs. Ruego silencio.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente, porque ya no
podía chillar más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No chille su
señoría. Vamos a esperar un instante a que SS. SS. guarden silencio y
ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Señor Borrell,
le ruego que guarde silencio.
Puede continuar, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, por su amparo,
porque ya no sabía cómo elevar la intensidad de mi voz no sé si para
hacerme escuchar, porque ya renuncio a esa pretensión, pero al menos
que les llegue el sonido de mi voz.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Adelante, señor
Homs, que le están oyendo y escuchando.
El señor HOMS I FERRET: Ya lo sé, señor Presidente. Mi veteranía ya me
hace entender estas cosas, pero la verdad es que a veces se hace
difícil transmitir a todos ustedes desde esta tribuna, como saben
perfectamente, porque yo soy el único que paso por esta tribuna, los
mínimos conceptos que se fundamentan en las intervenciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, su
señoría está perdiendo un tiempo precioso. Le ruego que continúe con
la iniciativa.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente; gracias por el
amparo, repito.
Señorías, estaba diciendo simplemente que la moción partía del
reconocimiento de que ya está bien que planteemos la conveniencia de
un plan de reestructuración. Pero de nada nos serviría este plan de
reestructuración o de modernización del sector del comercio si éste no
se pudiera enmarcar en una orientación global de la política económica
que nos garantizara, por ejemplo, un crecimiento de la tasa del
consumo, un desarrollo del proceso de reducción de la inflación o nos
permitiera en la política económica desarrollar una actividad que nos
garantizara la creación de empleo,
un marco estable de crecimiento, un tipo de inflación progresivamente
más bajo, en definitiva, una tasa de consumo progresivamente más alta.
Son características de toda una situación económica que viene,
prácticamente garantizada hoy por la orientación que se le ha dado a
la política económica a partir de esta legislatura y que tiene
continuidad en algunas otras actuaciones impulsadas en la anterior. En
definitiva, de nada serviría, señorías, impulsar un plan de
reestructuración del sector del comercio si éste no se enmarcara en un
contexto de política económica acertada para poder dinamizar la
actividad económica de este sector.
Es más. Decíamos entonces que no era suficiente con reorientar la
política económica y garantizar un marco de estabilidad general, que
era necesario actuar directamente, que era conveniente adoptar
prioritariamente medidas dirigidas a contribuir directamente a la
reestructuración de ese sector que se encontraba en transformaciones
estructurales profundas. Este es un sector tensionado, como decíamos,
por la nueva implantación de las modalidades de distribución, un sector
afectado por los cambios que está experimentando cualitativamente la
demanda en el país y un sector que se ve reflejado en las
transformaciones que está sufriendo la unidad de consumo en nuestro
mercado, la propia actuación del ciudadano, de las unidades familiares
frente a su provisión. En ese sentido decíamos que era necesario
adoptar un paquete adicional de medidas para poder afrontar esa
transformación que está experimentando el sector. ¿Que tipo de medidas
--decíamos entonces-- deberíamos impulsar? Dijimos: medidas fiscales,
medidas laborales; hablábamos de medidas administrativas y también de
medidas de naturaleza financiera. Cuatro campos en los que creíamos que
debería impulsarse un paquete de actuaciones inmediatas. Pues bien,
señorías, la moción viene a concretar, a particularizar qué compromisos
sometemos a consideración de la Cámara para que el plan de
reestructuración que instamos al Gobierno en la moción a que presente
con carácter inmediato contenga como mínimo estos cuatro campos.
Concretamente, señoras y señores Diputados, nuestro grupo cree que es
importante que la Cámara tome conciencia, en materia fiscal, de que se
inste al Gobierno a reformar la estimación objetiva de los rendimientos
netos de las actividades empresariales en el ámbito del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas cuando éste principalmente se refiera
a la actividad del comercio. La reforma de los módulos es absolutamente
necesaria para orientar un marco fiscal más equitativo en el ámbito de
la actividad del comercio. Pero también hay que revisar el Impuesto
sobre Actividades Económicas. El IAE y los módulos son los dos pilares
de la reforma en materia fiscal que nuestro grupo plantea.
En el campo de las medidas administrativas, señorías, creemos que
combatir la morosidad mediante una mayor vigilancia del cumplimiento
de la Ley de ordenación del comercio minorista es absolutamente
necesario, especialmente en las materias de plazos de pago o de
garantía de pago entre los proveedores o entre las propias actividades
comerciales. Creemos que, por ejemplo, desarrollar en el ámbito
administrativo el régimen de franquicia es también uno de los elementos
importantes para modernizar la actividad del comercio. Y este es otro
punto que la moción contempla: comprometer al Gobierno a desarrollar
normativamente el régimen de franquicia, que es prácticamente uno de
los que más extensamente está desarrollando y que más se está
utilizando en la expansión del sector del comercio.
Creo, señorías, que también es importante tener muy en cuenta la
implantación del euro en este sector. La moción avoca al Gobierno la
conveniencia de analizar y estudiar específicamente las repercusiones
que puede tener en la actividad del comercio la implantación del euro.
Esta es, digamos, una preocupación que en estos momentos está
acelerándose en el ámbito de nuestra sociedad porque, con toda
seguridad, la inmediata incorporación de nuestra moneda en el Sistema
Monetario Europeo, de forma definitiva ya, va a abrir una dinámica de
adaptación y transformación de nuestra moneda que va a influir de forma
importante en la actividad del comercio.
En el ámbito de las medidas financieras, señorías, hay dos o tres
cuestiones que nuestro grupo trae a consideración de la Cámara. La
primera es que hoy el Gobierno tiene establecida una línea preferente
de crédito, dirigida de forma especial a las pequeñas empresa, para
poder contribuir a dinamizar la actividad económica en las mismas.
Nuestro grupo propone que en esta línea, hoy ya existente, se afecte
una parte y se priorice el destino de esta línea para la actividad del
comercio; que el comercio no quede fuera de la utilización de esta
posible línea que como ustedes saben, o algunas de SS. SS. saben, tiene
hoy una cifra de unos 200.000 millones de pesetas. Pues decimos que de
esta línea de crédito se afecte preferentemente una parte destinada a
la actividad del sector del comercio. Pero también planteamos,
señorías, la conveniencia de desarrollar reglamentariamente la Ley de
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, para que de
forma también particular pueda ser útil a la dinámica de las empresas
pequeñas que operan en el sector del comercio. También otras medidas
relativas a aspectos que hemos contemplado en algunas enmiendas que se
han presentado por otros grupos parlamentarios y que hacen referencia
al campo de medidas financieras, a las que luego haré alguna puntual
referencia. Por tanto, medidas fiscales, medidas administrativas,
medidas financieras y medidas, por último, laborales.
En el ámbito laboral, nuestro grupo cree que el plan de
reestructuración debe incorporar el compromiso de afrontar la reforma
del régimen especial de trabajadores
autónomos, porque este es un elemento importante que hoy está
obstaculizando un adecuado desarrollo de la actividad del comercio
minorista. Hoy no nos sirve el régimen de autónomos para desarrollar
un inmediato proceso de crecimiento del sector del comercio. Hoy hay
que modernizar el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social.
Ya hay un compromiso en ese sentido. El Pacto de Toledo abrió la línea
de compromiso político de esta reforma. Es más, en los últimos debates
de la Comisión que está estudiando el desarrollo del Pacto de Toledo
ya hemos expresado muchas veces la conveniencia de afrontar esta
reforma del régimen de autónomos. Es, pues, una asignatura pendiente,
con voluntad política de que el Gobierno la afronte en los próximos
meses, pero se trae a esta moción para ratificar de forma concreta
compromiso de que el comercio necesita revisar o readaptar el régimen
de autónomos a su específica actividad y a su específica dinámica. Por
ello creemos que es bueno instar a este compromiso. Nuestro grupo
hubiera deseado que en este compromiso hubiéramos ido un poco más allá,
con el ánimo de entrar, por ejemplo, en dinámicas más concretas de
habilitar procesos de jubilaciones anticipadas. Creemos que en este
momento quizá lo procedente es plantear el compromiso de la reforma
abiertamente, sin matizarla, sin condicionarla; instar al Gobierno a
que lo haga, a que nos traiga a la Cámara esta reforma, pero que cuando
lo haga tenga en cuenta que el principal destinatario de un nuevo
régimen de autónomos es el sector del comercio, y el comercio hoy
necesita este nuevo régimen de autónomos.
Señorías, también en el ámbito de las medidas laborales planteamos
potenciar la línea de utilización de los recursos del Forcem; recursos
del Forcem que se destinen a la formación de los trabajadores y de los
pequeños empresarios en el ámbito del comercio. Hoy ya es así; hoy ya
están utilizando en determinados ámbitos sectoriales y empresariales
la vía de acceso a los recursos del Forcem para actividades de
formación. Pero hay que intensificar de forma preferente esos recursos
para mejorar la formación y la especialización de los hoy trabajadores
utilizados en el ámbito sectorial del comercio, para que puedan
readaptarse, con nuevas formaciones y nuevas especialidades, a nuevas
actividades dentro del ámbito del sector del comercio. Por ello creemos
que es importante instar al Gobierno a la intensificación del
compromiso de potenciar el uso, la utilización de los recursos hoy
existentes en el Forcem.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy terminando.
He hecho referencia a que la moción hablaba de medidas laborales,
medidas administrativas, medidas financieras y medidas fiscales. La
moción, señorías, concluye con un último punto: que este programa de
modernización del sector del comercio, que instamos a que el Gobierno
plantee a esta Cámara, tenga el compromiso de que se elabore de forma
coordinada con las comunidades autónomas, porque las comunidades
autónomas tienen las competencias ejecutivas en esta materia y en la
elaboración de este programa deberían participar para poder definir los
extremos concretos de todas estas medidas que proponemos.
Señor Presidente, termino diciendo que mi grupo ha conocido las
enmiendas que a esta moción han presentado los grupos parlamentarios
Popular y Socialista. Las dos enmiendas que se plantean son básicamente
de adición. Mi grupo las acepta en su casi total literalidad.
Quisiera, señor Presidente, hacer una puntual referencia a la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular porque en casi toda su extensión la
aceptamos, con algunas puntuales correcciones a las que quisiera hacer
mención a los efectos de que pueda tomarse nota y adicionarse
literalmente en los términos que voy a expresar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puede hacerlo S.
S. en este momento o al final del debate, aceptándolas o no.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, yo creo que para simplificar
las cosas sería mejor hacerlo en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perfectamente.
Adelante, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La primera parte de la aportación que hace la
enmienda del Partido Popular, las referencias a las medidas fiscales
nos parecen todas correctas. Las medidas administrativas de carácter
mercantil nos parecen adecuadas excepto una que se expresa en el último
punto, que es la última del apartado referido a las medidas
administrativas y que empieza el párrafo en «habilitar una forma
genérica que permita el aprovechamiento del íntegro de los recursos de
este plan marco». Este párrafo, señor Presidente, mi grupo cree que es
innecesario pues es casi redundante. Han hecho ustedes un trabajo tan
exhaustivo que creo que este punto es excesivo e innecesario.
Proponemos, no incorporar este punto.
En el ámbito de las medidas financieras ustedes hablan de las entidades
de capital-riesgo. Pues bien, mi grupo cree que la frase que hace
referencia al capital-riesgo, señor Presidente, debería empezar con la
siguiente expresión: «Potenciar y desarrollar reglamentariamente las
entidades de capital-riesgo...,», y el resto igual. Se trata de
potenciar y desarrollar reglamentariamente esas entidades de
capital-riesgo.
En el segundo punto de las medidas financieras, el encabezamiento
debería decir: Extender la práctica de los préstamos participativos.
Se trata no de potenciarlos, porque ya se están potenciando, sino de
extenderlos a la actividad del comercio.
Señor Presidente, en el capítulo de las medidas laborales, el segundo
punto de las que propone el Grupo Popular, que empieza por: Constituir
y mantener actualizado en la dirección general, etcétera, nos parece
que tampoco es necesario. Es hasta excesivo. Repito, han sido ustedes
muy perfectos en la enmienda que han presentado.
Finalmente y termino, señor Presidente, en el segundo punto, al final
de la enmienda que hace el Grupo Parlamentario Popular, el párrafo que
nos propone añadir, dice que el ministerio de Economía y Hacienda, en
coordinación con las comunidades autónomas, elaborará un plan de
ejecución de este programa de modernización del sector del comercio.
Mi grupo propone al Grupo Parlamentario Popular que se incorpore una
frase. Cuando dice: El Ministerio de Economía y Hacienda, en
coordinación con las comunidades autónomas, nosotros añadimos: y sin
perjuicio de las competencias que éstas tienen asumidas en materia de
comercio. Porque es así, señorías, y, de otro modo, olvidaríamos en la
moción el reconocimiento tácito de que las comunidades autónomas tienen
competencias ejecutivas en la materia. Que se elabore de forma
coordinada, pero que se tenga en cuenta que las competencias de las
comunidades autónomas en materia de comercio son competencias
ejecutivas.
Señor Presidente, éstas son las observaciones y con ellas admitiríamos
literalmente la enmienda de adición que ha presentado el Grupo Popular.
Por último, en cuanto a las tres enmiendas que ha presentado el Grupo
Socialista, señor Presidente, quisiera expresar que nuestro grupo
acepta la primera, que también es una enmienda de adición al capítulo
de medidas fiscales, en su literalidad, porque nos parece correcta la
propuesta. También nos parece correcta la adición que proponen al punto
2 de medidas administrativas, que también la aceptamos, pero la que no
podemos aceptar es la tercera enmienda, que es de sustitución de un
punto de las medidas financieras, porque simplemente nos parece que
está mejor redactado en los términos en que lo ha hecho mi grupo
parlamentario.
Con estas observaciones, señor Presidente, admitimos dos de las
enmiendas de adición que hace el Grupo Socialista; admitimos toda la
enmienda de adición de Grupo Popular y esperamos, señorías, que den
unánimemente su apoyo a la moción que nuestro grupo ha presentado para
exigir instar al Gobierno la elaboración de un plan de modernización
del sector del comercio, con un conjunto de medidas de ámbito laboral,
fiscal, administrativo y financiero.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
A esta moción han sido presentadas enmiendas de los grupos
parlamentarios de Coalición Canaria, Socialista y Popular.
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, y con gran
brevedad.
Nosotros, al texto original de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) hemos presentado una enmienda, que vamos
a mantener, por si es aceptada, aunque el señor Homs no se ha referido
expresamente a ella. Dado que hay ya una enmienda transaccional entre
el grupo proponente y el Grupo Popular, tengo que decir que estábamos
perfectamente conformes con la sistemática del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en el texto de esta moción, consecuencia
de la interpelación de la semana pasada. Nos parece muy afortunada la
sistemática con que se ha presentado esta moción, dirigiéndose en
concreto a cuatro aspectos fundamentales, las medidas fiscales, las
administrativas, las financieras y las laborales. Nuestra enmienda se
ha dirigido al punto segundo, que son las medidas administrativas, que
la enmienda del Grupo Popular extiende a las de carácter mercantil,
porque nos parecía que era oportuno y acertado, aunque no lo vemos
recogido en la enmienda transaccional que conocemos del Grupo Popular,
cuando en el penúltimo párrafo de este apartado segundo el Grupo
Catalán, al procurar un conocimiento lo más exacto posible de la
situación del comercio interior en España, recurre a una fuente
informativa, señor Presidente, que consideramos importante, la fuente
informativa de los censos del impuesto de actividades económicas. No
se recoge así en el texto propuesto por el Grupo Popular. A nosotros
nos parece mucho más conveniente el texto del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, aprovechar no solamente el efecto de la
información que se puede obtener para ver ese proceso biológico de
comercios que entran o salen del mapa vivo de la estructura en toda
España del comercio interior, y no solamente el censo del Impuesto de
Actividades Económicas; aprovechar una ocasión para aquellas
comunidades autónomas que tienen esta competencia transferida y
complementarlo cruzando el dato con los que tienen las respectivas
comunidades autónomas, como es el caso de la catalana, de la vasca, de
la canaria, por citar unos ejemplos inmediatos. Cruzar su base de datos
con los del Impuesto de Actividades Económicas que tiene la
Administración central del Estado es muy oportuno.
Nuestra enmienda iba sencillamente a adicionar al censo del Impuesto
de Actividades Económicas: y los suministrados por las comunidades
autónomas. Entonces
tendremos una radiografía muy al día, muy exacta, y con el compromiso
tanto de la Administración del Estado como de las comunidades
autónomas, que salvaguardan así sus competencias, sin ningún perjuicio.
Este era el alcance de nuestra enmienda, que viene a enriquecer la
fuente de suministro de datos de algo que conviene conocer con una
puntualidad --diría yo, hablando en lenguaje de procesador de datos--
casi a tiempo real.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, señorías voy a fijar la posición de nuestro grupo
respecto a la proposición del Grupo de Convergència i Unió.
Hay que decir que se desarrolla en esta iniciativa parlamentaria un
conjunto de medidas que están, casi en su totalidad, recogidas en la
Ley del Comercio o en el plan de modernización del comercio y que es
fruto del amplio consenso que en aquel momento hubo para desarrollar
la ley. Por lo tanto, estamos casi totalmente de acuerdo con la
propuesta. Ahora bien, es cierto que, estando de acuerdo, queremos
poner énfasis en algunos vectores concretos, que son los que van a
permitir hacer viable la modernización del sector del comercio.
Va a ser muy difícil ir hacia adelante en un problema tan complejo como
es el cambio generacional en el pequeño y mediano comercio si no
establecemos líneas ad hoc, líneas específicas que regulen, que
estimulen y que impulsen el cese de la actividad comercial en
determinados pequeños comerciantes. Este es un elemento clave para
poder llegar realmente a una estructura en el pequeño y mediano
comercio mejor de la que tiene actualmente, sobre todo para posibilitar
que haya una evolución no traumática del mismo.
Nuestras enmiendas, que han sido aceptadas, por lo que agradecemos la
sensibilidad del Grupo de Convergència i Unión, iban en el sentido de
que tiene que haber un diálogo constante, un diálogo continuo con los
representantes del sector. El sector comercio está vertebrado en
distintas asociaciones, en distintos grupos. Hay que mantener con todos
ellos, y pongo énfasis en la palabra «todos», un diálogo fluido y
continuo, con el objeto de que aquellos problemas que se van suscitando
en el propio seno del comercio seamos capaces de canalizarlos.
Respecto a las medidas fiscales que se contemplan, que estaban ya
anunciadas en la propia Ley del comercio y en el plan del comercio, con
la enmienda que nos ha sido aceptada nosotros nos sentimos satisfechos,
porque va en el sentido que decía S.S de poner énfasis en el relevo
generacional.
Es bueno que utilicemos también el observatorio que se creó en la Ley
de comercio y que este observatorio sea un instrumento, como ya lo ha
sido, muy eficaz para conseguir tener los conocimientos suficientes y
que las decisiones que se puedan tomar sean decisiones que estén
basadas en una realidad que se conoce a conciencia. También
contemplábamos algunas singularizaciones de carácter administrativo que
se recogen en la moción. Sin embargo, siendo todo esto así, nos
preocupa que no se haya aceptado la enmienda de medidas financieras en
la que nosotros pedíamos que figurase claramente en la moción la
creación de una línea específica destinada al plan de modernización del
comercio interior. Es cierto que el proponente ha aceptado su espíritu
y que lo ha hecho de tal manera que por fortuna nos va a permitir votar
afirmativamente esta moción, pero aunque lo hagamos no quiero ocultar
que tenemos cierta preocupación sobre todo cuando leemos las enmiendas
que el Grupo Popular ha presentado. Algunas de estas enmiendas nos
llenan de perplejidad. Que el Grupo Popular nos diga que quiere
incrementar las dotaciones del plan marco de modernización del comercio
interior para extender los beneficios del mismo a todos los proyectos
merecedores de ayuda, como textualmente dice, no deja de ser una clara
contradicción con haber disminuido un 30 por ciento el presupuesto de
comercio. ¿Cómo se entiende una disminución en las dotaciones
presupuestarias del 30 por ciento para, después, vía enmienda, pedir
que se incrementen estas dotaciones? Algo no ha funcionado. Está claro
que cuando en el debate presupuestario decíamos que aquélla era una
bajada temeraria no se nos hizo caso; ahora nos vienen a dar la razón
vía enmienda. Y la verdad sea dicha, más alegría hay por un pecador que
se arrepiente que por noventa y nueve justos que perseveran. Así que
en este sentido tenemos que estar de acuerdo.
Sin embargo, seguimos estando preocupados cuando reiteradamente el
Grupo Popular en sus enmiendas nos habla de habilitar fórmulas
genéricas que permitan ciertos trasvases de recursos y cuando en todo
momento se elude crear algo que sería lo fundamental, crear una línea
específica. Se está jugando con el saco de las pyme y se está
intentando meter todo el comercio dentro de ellas. Y ya decíamos en la
discusión de la interpelación que el comercio necesita un tratamiento
singular dentro de la pequeña y mediana empresa y que esa
singularización del sector comercio tiene que llevar forzosamente
aparejada unas partidas presupuestarias muy superiores a las que tiene.
Son precisamente estas partidas presupuestarias ad hoc, totalmente
específicas, no dentro del saco de las pyme, sino específicas para el
comercio y para el plan de modernización del comercio, las que nos
pueden permitir hacer viable el plan de modernización. Seguimos
preocupados
porque no hemos visto voluntad por parte del Gobierno de hacer esta
separación y no sabemos claramente con qué dotaciones cuenta el
Gobierno para el plan de modernización. Por tanto, es muy importante
que ya no se juegue más en el futuro de manera ambigua con la pequeña
y mediana empresa, con dotaciones para la pequeña y mediana empresa y
plan de modernización del comercio. Tenemos que saber claramente, y
espero que el Gobierno así lo resalte en el plan que proponga a esta
Cámara, cuáles son las dotaciones específicas con las que se cuenta
para este plan tan necesario, el plan de modernización del comercio
interior, que se hace viable gracias al amplísimo consenso que ha
habido en esta materia y que permitió la aprobación de la Ley del
comercio interior, de la cual emanan todas las iniciativas que estamos
debatiendo aquí, así como el plan de modernización, que también se hizo
en ese momento, en el cual se concreta lo que prescribía esa Ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Homs pedía consenso al Grupo Popular el miércoles pasado y le
puedo asegurar --ya se lo aseguré el miércoles y hoy se lo reitero--
que lo tiene. Quiero decirle de antemano a usted y a su grupo que
estamos en plena sintonía con la moción que han presentado, que la
apoyaremos íntegramente en su literalidad, y que nos alegra que nos
haya aceptado nuestra enmienda, con algunas correcciones de estilo y
quitando dos puntos, porque, como usted sabe, enriquece su moción con
veinte medidas. Su moción y nuestra enmienda, señor Homs, conforman un
escenario muy favorable a la modernización del comercio interior y, por
otro lado, nos permiten lanzar un mensaje político positivo.
Señorías, el año pasado, cuando el Parlamento aprobó la Ley de
comercio, todos estábamos de acuerdo en que era un avance importante
en la regulación del sector, pero mi grupo --y consta así en el «Diario
de Sesiones»-- ya avisó que esta ley, sin unas medidas de escolta, sin
unas medidas de acompañamiento, era insuficiente. Y de eso vamos a
hablar, señorías, de unas medidas que favorecen la modernización del
comercio interior.
Previamente, quiero decir que el Gobierno ya ha hecho algunas cosas.
Encontró un marco macroeconómico desestabilizado y ya no lo está; puso
freno al entorno tributario hostil, al encarecimiento del precio del
dinero y al incremento de los costes empresariales, y tomó una serie
de medidas puntuales respecto de las pyme, con clara incidencia en el
comercio, que el señor Rato expuso el miércoles pasado y que no voy a
repetir, aunque sí quiero recordar, a modo de ejemplo, que el Gobierno
ya está revisando el IAE y los módulos, que son dos cuestiones que
ustedes plantean en el primer punto de la moción sobre medidas
fiscales.
Además de esto, señorías, mes y medio después de formar Gobierno, el
director general de Comercio, siguiendo instrucciones del Secretario
de Estado, acometió la reforma del plan de modernización. Como saben
SS. SS., el objetivo del plan era impulsar la actualización y puesta
al día de los pequeños y medianos comercios, con vistas a lograr la
deseable competitividad de los mismos, y ello a través de una serie de
programas generales y específicos que son conocidos por todas SS. SS.
Existía un problema, la insuficiencia de información fiable sobre la
estructura y características del sector de la distribución comercial.
Por consiguiente, era necesario un plan de investigación para llegar
a un conocimiento lo más exacto posible de la situación actual y de la
previsible evolución futura. Pues bien, trabajando, entre otros, en ese
objetivo está el observatorio de la distribución comercial, que ha
pasado de ser un órgano inoperante a ser un instrumento vivo y eficaz
que sirve para señalar la política a seguir, detectando los problemas
y aportando soluciones.
Porque ¿de qué estamos hablando aquí? Las cifras macro del sector
indican una población activa de 2.362.000 personas, con un aumento
importante en los últimos años, que también ha servido como colchón de
desempleo, con una tasa de ocupación del 87 por ciento --nueve puntos
superior a la media-- y representa en torno al 14 por ciento del PIB
y explicaba
--digo explicaba en pasado porque este Gobierno está rompiendo
todas las previsiones en materia de inflación-- entre 0,7 y l punto la
inflación. Pues, señorías, gran parte de la estructura comercial está
en proceso de transformación, de modernización. Efectivamente, el uso
del coche privado, la estructura de los hogares, con una mayor
capacidad de almacenamiento, la incorporación de la mujer al trabajo,
las nuevas técnicas de comercialización y la expansión de la población
provocan unos cambios en los hábitos de compra que podemos resumir como
un ensanchamiento en la frecuencia y los períodos de compra. La
consecuencia de todo esto, señorías, es la coexistencia de dos
subsistemas de producción, que ofrecen características muy diferentes
entre sí. Uno, el constituido por las formas tradicionales de comercio,
que presta importantes servicios a la sociedad, juega un papel
trascendental en la estabilidad de la población laboral, en el
mantenimiento de los cascos urbanos y en la atención a la población
rural, diseminada o radicada en pequeñas ciudades. Y otro, integrado
por las modernas empresas de distribución, que, por sus dimensiones,
por las técnicas
de venta utilizadas o por ambas cosas a la vez, ha logrado una posición
de preeminencia en el mercado.
Pues bien, señorías, una de las tareas esenciales en ese terreno debe
ser la de arbitrar los medios necesarios para conseguir la deseable
relación de complementariedad entre ambos subsistemas, de forma que la
coexistencia entre uno y otro se pueda mantener en términos de armonía,
para bien del sistema en su conjunto, de la política económica de la
nación y de los consumidores en particular, que son los destinatarios
últimos de la actividad comercial. Por consiguiente, todas las medidas
que propicien que el comercio se especialice, se modernice o se
incorpore a nuevas técnicas de comercialización serán positivas para
el sector en su conjunto, favorecerán una transformación no hostil, no
traumática, y nosotros las apoyaremos, porque el comercio que se
moderniza y se especializa sobrevive.
Por eso, apoyaremos la moción de Convergència i Unió, nos alegra,
insisto, que acepte nuestra enmienda, que inmediatamente paso a
defender, porque sumadas ambas crean un marco especialmente favorable
para el comercio.
Y paso ya, señorías, a defender telegráficamente la enmienda del Grupo
Popular.
Señor Homs, las medidas fiscales de su moción parecen suficientes y
bien planteadas. Como dije con anterioridad, están siendo revisadas por
la comisión interministerial, así que no hay nada que objetar; las
asumimos plenamente. Porque, señorías, el alto grado de competitividad
en que se desenvuelve el sector comercial hace que cualquier reducción
de costes, por pequeña que sea, se configure como un factor muy
positivo, no sólo por su intrínseca eficacia antiinflacionaria, sino
también por lo que representa de contribución al desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas comerciales. Estas empresas, señorías,
constituyen uno de los segmentos más importantes y eficaces del sector
del comercio interior, tanto en lo que se refiere a su potencia
generadora de empleo como en lo que hace a la creación de riqueza.
En cuanto al punto número 2, medidas administrativas y de carácter
mercantil, a sus cinco puntos añadimos doce medidas nuevas. Van desde
la eliminación de exigencias burocráticas hasta promover códigos de
conducta y buenas prácticas comerciales, pasando por la potenciación
del observatorio en diferentes vertientes. Entre ellas, aparte del
desarrollo de sus funciones de información, consulta y asesoramiento,
destaca la creación de diversos grupos de seguimiento. El primero de
ellos, en materia de horarios comerciales, para observar la evolución
normativa de las comunidades autónomas y analizar sus efectos sobre los
hábitos de compra y el desarrollo del sistema de distribución. Otros
dos, para el seguimiento de las ventas con pérdida y aplazamiento de
pago, con el fin de verificar el cumplimiento de la ley.
Otras medidas propuestas se refieren a establecer instrumentos de
coordinación entre la Administración central y las comunidades
autónomas, para adaptar criterios comunes para la aplicación de la ley
o potenciar sistemas estadísticos para conocer en tiempo real la
evolución del comercio y el consumo. Además, pretendemos en nuestra
enmienda instrumentar las medidas legales para homogeneizar el
tratamiento que ofrece la banca al comercio en los pagos mediante
tarjeta de crédito y evitar cualquier discriminación entre grandes y
pequeños comerciantes. Intentamos asimismo divulgar las nuevas
tecnologías para que resulten asequibles al pequeño comercio y puedan
mejorar su competitividad.
Medidas financieras. A sus dos medidas añadimos otras dos, referentes
una a la potenciación y desarrollo normativo de las entidades de
capital-riesgo y otra a extender la práctica de los préstamos
participativos con la intervención del Estado y las comunidades
autónomas. La figura de capital-riesgo se hace necesaria como
consecuencia del escaso porcentaje de recursos propios en los pequeños
comercios. Se apoyará, tanto por su utilidad a la hora de capitalizar
aquellas empresas que lo necesiten para crecer como por su función
formativa, en tanto en cuanto llevan consigo el valor añadido de
profesionalizar la gestión de la empresa en la que intervienen. La
ausencia de un marco estable en torno al capital riesgo es lo que nos
ha llevado a desarrollar la existencia de este tipo de sociedades que
acabará con la inseguridad y dispersión existentes hasta el momento.
En lo que se refiere a los préstamos participativos, saben SS. SS. que
se trata de un instrumento intermedio entre el préstamo propiamente
dicho y la inversión en capital. Entendemos que su potenciación actual
no es posible sin la intervención de las administraciones, tanto la
central como las autonómicas. Junto a las medidas de apoyo a la
promoción y constitución de sociedades de préstamos participativos, se
minorará los tipos de interés de estos préstamos a través de la
iniciativa Pyme y de desarrollo empresarial.
Medidas laborales y de formación profesional. Completamos sus cinco
puntos con seis medidas nuevas que pretenden no sólo ampliar la
formación a los funcionarios que desempeñan su labor en las diferentes
administraciones públicas, sino a la enseñanza de formadores y a la
promoción y financiación de cursos a distancia. También pretendemos
establecer canales de comunicación con los comerciantes, para que
conozcan las posibilidades que se ofrecen para mejorar su formación.
Asimismo, elaboremos un catálogo de actividades de formación
profesional que resulten asequibles a los comerciantes, dándoles una
adecuada difusión. Todas ellas son medidas importantes a juicio de mi
grupo, porque sólo a partir de una formación profesional eficaz puede
pensarse en la reforma y modernización del comercio.
En cuanto al último punto, señorías, lo complementamos con la finalidad
de incluir un calendario y manifestamos que el conjunto de actuaciones
deberá estar operativo a partir de 1998.
Quiero terminar diciendo, señor Presidente, que desde mi grupo somos
plenamente conscientes de la importancia del sector de la distribución
y que el compromiso de apoyo por parte del Gobierno a este colectivo
no se basa en una mera estrategia electoral, sino en el convencimiento
de que todas las medidas que se tomen para mejorar la situación del
sector benefician a toda la economía nacional y al pueblo español en
su conjunto.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Darmendrail.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, contando con que hay
solicitadas tres intervenciones dentro de ese grupo parlamentario,
tiene la palabra, en primer lugar, el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para dar el apoyo total y unánime a la moción
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con las adiciones
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Pensamos que después de la aprobación de la Ley del comercio, con lo
que significó a este importante sector, es fundamental la adopción de
medidas de este plan marco de modernización del comercio interior, ante
los graves momentos de dificultad que atraviesa. Apoyamos con
rotundidad estas medidas que abarcan las fiscales, la necesaria
modificación de la estimación objetiva, los famosos módulos, que están
sacrificando día a día el pequeño comercio, y también la revisión
inaplazable del impuesto de actividades económicas. Apoyamos estas
reformas que se proponen de medidas financieras, laborales y
administrativas, porque pensamos que este plan de modernización es
inaplazable; sin él no tiene sentido el esfuerzo hecho el año pasado
de aprobación de la ley de comercio. Pero es más, este plan de
modernización tiene que ir apoyado con otras medidas, como es acabar
con la incertidumbre de los horarios comerciales, la presunta y
anunciada libertad de horarios salvaje que puede acabar con los
pequeños comercios y, sobre todo, el gran esfuerzo que debemos hacer
todos por acabar con la proliferación y el trato de favor que tienen
las grandes superficies comerciales en todo el Estado español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Evidentemente, después de la Ley de comercio, del consenso que hubo y
de la importancia que tuvo para el sector, hacían falta unas medidas
concretas que desarrollaran dicha ley, que la estabilizaran. Sobre
todo, eran medidas pedidas por el propio sector, un sector
profundamente castigado por variables diversas, que van desde la
reducción del consumo, esta especie de castigo bíblico que representan
los módulos, a la aparición de nuevos formatos cada vez más agresivos,
hard discounts, etcétera. En todo caso, eran unas medidas muy
importantes que van a tener una concreción necesariamente más positiva
o más negativa para el sector en función de cómo se desarrollen. Hace
falta, primero, que se respete la competencia autonómica, especialmente
sobre la concesión de licencias. Hace falta que se prevea la concesión
de ayudas a los municipios para actuaciones en los ejes urbanos del
comercio y muy especialmente para la mejora en los mercados
municipales, medidas, por cierto, que en el caso de Cataluña no tienen
el beneplácito de Convergència i Unió. La revisión del régimen de
módulos es correcta, necesaria, urgente y absolutamente importante. La
revisión del IAE puede ser correcta pero es técnicamente muy
complicada. Nosotros entendemos que en la revisión del IAE hace falta
tener en cuenta lo siguiente. Hay que evitar que el conjunto de presión
fiscal sobre el comercio sea más grande después de la reforma, algo que
ya pasó con el cambio de las medidas fiscales por el IAE, y
reconsiderar la distribución de la presión fiscal entre pequeño
comercio y grandes superficies, ya que con los actuales epígrafes llega
a ser hasta tres veces más grande para el pequeño comercio.
Yo quiero recordar que desde mi grupo tenemos presentada una
proposición no de ley que plantea la necesidad de crear un impuesto
específico para las grandes
superficies, como forma de compensar los costos medioambientales,
puesto que obligan al uso del vehículo privado, y los costos de
infraestructuras que producen. Son unas medidas absolutamente
necesarias que, por supuesto, aplaudimos siempre y cuando en su
desarrollo posterior contemplen necesariamente otras para el sector que
ahora no están incluidas. En la revisión del IAE y en cómo se plantee
esta técnicamente va a ser donde veamos la bondad o no de estas
medidas. De momento, por supuesto, nuestro voto a favor y nuestro
aplauso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Deseo expresar la posición favorable y por lo tanto también el voto a
favor del Bloque Nacionalista Galego
a la moción del Grupo Catalán Convergència i Unió, ahora transaccionada
por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, sobre el apoyo a la
modernización del comercio interior. Siendo como son medidas necesarias
las que se proponen, no lo es menos desde nuestro punto de vista que
deberían acompañarse de decisiones políticas claras que defiendan
nuestro comercio y que pasan inevitablemente por definir qué modelo de
desarrollo comercial queremos, dentro de lo citado anteriormente por
otra portavoz, es decir, del modelo económico general que se pretende,
modelo, por tanto, que prime los intereses de las empresas propias o
los intereses de las empresas ajenas.
Es una evidencia que cuando se están planteando estas medidas es porque
el sector atraviesa una crisis importante, debida entre otros factores
a que el modelo de comercio impulsado, permitido o considerado
inevitable en los últimos años en el Estado español permitió la
entrada, con muy escasas limitaciones, a las grandes transnacionales
del sector, que compiten en desigualdad de condiciones con nuestro
propio comercio y ocasionan en amplias zonas, especialmente urbanas,
la destrucción del comercio autóctono. Esto va combinado con que apenas
se tomaron medidas reales y serias de apoyo a la modernización y
capacidad de competir del pequeño y mediano comercio.
Por lo tanto, es necesario que el Gobierno adopte medidas globales
capaces de crear un marco en el que sea posible la igualdad de
oportunidades a la hora de competir, porque nosotros estamos a favor
de la libertad de comercio, pero, sobre todo, estamos a favor de la
libertad de nuestros comerciantes. Decimos esto porque, de lo
contrario, las medidas necesarias de apoyo al pequeño y mediano
comercio corren el riesgo de servir apenas para prolongar la agonía del
tejido comercial propio que cada vez va retrocediendo en importancia
y, de no modificarse la situación actual, seguirá haciéndolo. Es una
evidencia, señoras y señores Diputados, y de esto también hay que
hablar, que las grandes transnacionales del comercio provocan efectos
negativos sobre nuestro tejido comercial y económico y son uno de los
factores que están provocando la crisis actual. Conviene decirlo porque
la política comercial debe tener desde luego dos ejes, el apoyo al
comercio propio con medidas concretas y con un marco adecuado y
favorable y la limitación a la penetración de las transnacionales del
comercio.
En todo caso, bienvenida sea la aplicación de medidas como las
propuestas en esta transacción y por eso las vamos a votar
favorablemente, desde luego en espera de su concreción en la práctica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor Homs, le resta a S. S. expresar la aceptación o no de la enmienda
planteada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, tiene usted razón.
Le comunico la aceptación de esta enmienda en su estricta literalidad,
y le pido disculpas al grupo proponente por no haberlo mencionado en
mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Vamos a proceder a la votación. Correspondiente a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para la aplicación de un plan de modernización
del comercio interior, en los términos resultantes de la aceptación de
las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294;
a favor, 293; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la moción consecuencia de interpelación.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA SOCIAL DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA
VIVIENDA (Número de expediente 173/000035)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política social del
Gobierno en relación con la vivienda.
En nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra la
señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya para defender la moción consecuencia de la interpelación
sobre política social del Gobierno con relación a la vivienda.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora Sabanés, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora SABANES NADAL: Quisiera empezar manifestando que somos
perfectamente conscientes de que existe en este momento una subcomisión
que trata de los problemas de la juventud y de la vivienda en nuestro
país y que en ningún caso tratamos de adelantar conclusiones sobre los
debates que en el seno de la
misma están teniendo lugar para buscar los necesarios acuerdos que
marquen las políticas del Gobierno en esta problemática y para este
sector. No obstante, esta circunstancia no nos puede hacer olvidar que,
entretanto, la sociedad evidencia problemas acuciantes concretos a los
que tenemos que intentar dar soluciones en este momento y con los
ritmos que la sociedad precisa. En este contexto, señorías, es en el
que enmarcamos nuestra moción, que trata de introducir un debate
necesario y de aportar algunas soluciones a las consecuencias de un
problema que afecta a una parte importante de nuestra sociedad, cuyos
síntomas más evidentes son los movimientos okupas en las grandes
poblaciones y otros movimientos sociales de características similares,
de familias desalojadas, etcétera. Con independencia de la valoración
personal que podamos hacer o de la evaluación de algunas de esas
prácticas, no deberíamos olvidar en ningún momento que responden en
general a la imposibilidad cierta y no cuestionada hasta el momento de
acceso a la vivienda para determinados colectivos y para la población
más desfavorecida. En el mejor de los casos, es decir, que la situación
mejorará sustancialmente a través de la calificación de más suelo
urbanizable, con nuevos elementos de fiscalidad o con la bajada de los
tipos de interés, tesis que nuestro grupo no comparte, es evidente que
estas medidas no resolverán a corto plazo el problema de la vivienda
y, lo que en este caso es más preocupante, que no resolverán tampoco
a más largo plazo el problema para la vivienda de determinados sectores
de población, problema que además va en aumento.
Deberíamos de comprender la necesidad de complementar cualquier
actuación general con medidas concretas en el momento presente que
hagan efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada
mediante medidas de política social que aseguren el cumplimiento de la
función social que debe tener la vivienda. Es necesario buscar medidas
de apoyo a la rehabilitación, fórmulas legislativas en referencia al
derecho al uso sobre edificios desocupados, que garanticen realmente
el uso social de la propiedad de edificios que en este momento están
desocupados, o promover una política decidida de apoyo a parques
públicos en viviendas de alquiler. En este sentido el último informe
europeo, de próxima aprobación, sobre los aspectos sociales de la
vivienda indica ya la necesidad de que los Estados miembros adopten
medidas concretas contra la especulación inmobiliaria y urbana y, en
especial, a través de la disuasión, con el fin de impedir que los
propietarios dejen abandonadas las viviendas de manera intencionada o
por negligencia. Propone también una política europea que, entre otros
objetivos, favorezca la evaluación, el intercambio y la promoción de
prácticas correctas en los Estados miembros, en relación con los
proyectos y servicios que tengan que ver con la vivienda, en especial
aquellos servicios cuyos objetivos sean los de ayudar a las personas
sin hogar y a aquellas cuya situación económica y social les haga
especialmente vulnerables y les obligue a seguir en una situación de
vivienda precaria. De la misma forma, propone el seguimiento permanente
de las políticas de vivienda, con el objetivo de tener en cuenta las
repercusiones, positivas o negativas, en los grupos más vulnerables y
desfavorecidos. Nosotros pensamos que las modificaciones o las
políticas anunciadas por el Gobierno tendrán, en el mejor de los casos,
un efecto neutro en los grupos especialmente vulnerables de nuestra
sociedad. Finalmente el informe europeo señala la necesidad de una
política integrada que atienda no sólo a los aspectos de construcción
e inversión sino a los servicios de acompañamiento, de asesoramiento,
de asistencia, de formación y de información y que se garantice un
nivel de seguridad mínimo a las personas o grupos con problemas de
exclusión social.
Es por tanto evidente que, en coherencia con lo que se está haciendo
en la Unión Europea, deberíamos de iniciar una línea de trabajo
considerando que el problema de los sin techo y la precariedad de
vivienda se están agravando por muchos factores; que no existe la
necesaria política de prevención para los casos de pérdida de vivienda
y que cuando una persona pierde su alojamiento o no logra solucionar
sus problemas en este sentido ni recibe con carácter inmediato el
asesoramiento y la asistencia social necesarios estas dificultades se
acabarán convirtiendo en permanentes, se encadenarán inevitablemente
con otras y generarán a la larga otras problemáticas asociadas y
conflictivas que podrán en último extremo generar una alarma social que
ya estamos percibiendo y que no es otra cosa que los síntomas de un
problema que, señorías, tenemos que afrontar de forma adecuada y a
nuestro entender urgente.
Debemos afrontar todas las medidas que seamos capaces de desarrollar,
incluso con carácter excepcional, porque excepcional es el problema que
tienen planteado numerosos colectivos de jóvenes y familias en proceso
de desahucio, de desalojo y en otros términos. El señor ministro decía
en el transcurso de la interpelación que nuestro grupo formuló con
carácter genérico sobre vivienda en el mes de febrero que lo único que
no debíamos ni podíamos cuestionar eran los datos y que el dato era que
nuestra juventud no tiene viviendas asequibles y que las viviendas son
excesivamente caras. Nosotros no discutimos estos datos, con los que
además estamos de acuerdo, pero también es verdad que estamos en
desacuerdo con las estrategias de solución a esta problemática y, sobre
todo, estamos en desacuerdo en que esas estrategias tengan un efecto
a corto plazo. El reconocimiento de esta realidad lo planteaba un
especialista del propio Partido Popular en la subcomisión sobre los
problemas de la juventud, que creía plenamente en los efectos de las
políticas que iba adoptar el Gobierno, pero, a su vez, era consciente
de que las consecuencias positivas que pudieran conllevar estas medidas
tendrían efecto en último término para las clases más desfavorecidas
o para los colectivos situados en especial precariedad. Asumir esta
realidad, asumir que ese es el ritmo, que no se van a ver beneficiados
por estas medidas aquellos colectivos que esencialmente más lo
necesitan significa también tener un comportamiento honesto con la
sociedad y admitir que nos encontramos ante un problema que no puede
tener una solución inmediata y que, como decíamos antes, se va a
dilatar todavía más para algunos grupos, familias o colectivos de
nuestra sociedad.
En esta línea nuestro grupo plantea una moción que es lo
suficientemente amplia para, tratando de recoger algunas medidas que
consideramos imprescindibles, empezar a trabajar y sobre las que nos
gustaría, en todo caso, encontrar el consenso de esta Cámara. Estamos
convencidos de que haciendo un esfuerzo de objetividad tendremos que
reconocer que existe un problema social específico en el marco de la
vivienda, además del problema general. En la Unión Europea se reconoce
la existencia de 18 millones de personas sin hogar o en condiciones de
especial precariedad y se considera que existe una tendencia
generalizada en los gobiernos de no asumir convenientemente esta
responsabilidad sobre los aspectos sociales de la vivienda
fundamentalmente; que el mercado de la vivienda y las políticas
aplicadas no disponen, en definitiva, de los suficientes elementos
sociales correctores que alcancen al conjunto de la ciudadanía.
Consecuentemente, reconocer esta realidad puede ser la forma de
trabajar hacia resultados más satisfactorios de los que hasta hoy hemos
conseguido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
No han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa, por lo cual
corresponde ahora la fijación de posición de los grupos que así lo
deseen. (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar el voto contrario de nuestro grupo
parlamentario a esta moción que nos plantea el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nuestro voto va a ser
contrario porque si bien podemos coincidir con alguno de los puntos que
se incluyen en la misma, mantenemos una discrepancia de base con la
argumentación que en ella se defiende, muy especialmente en su
preámbulo, que ha constituido también el eje de la intervención de la
portavoz del grupo proponente.
El movimiento que se conoce como okupa es un movimiento que gusta
denominarse como alternativo, contracultural, antisistema, una parte
de cuya motivación obedece a una inexistencia real de vivienda para los
jóvenes, es decir, a la problemática de la vivienda, especialmente
agudizada por lo que afecta a la juventud, pero ésta no es ni mucho
menos la principal motivación de este movimiento, que es mucho más
amplia, mucho más compleja y que merecería un análisis muy detallado.
Quiero poner de relieve, a título de ejemplo y para ilustrar lo que
estoy defendiendo, que hace escasamente dos semanas se produjo una
jornada de lucha de este movimiento denominado okupa, concretamente en
Cataluña, y de todos los locales que se ocuparon --entre comillas-- en
ni uno solo el objeto era resolver el problema de la vivienda, sino que
su objetivo era constituir lo que denominaban centros cívicos
alternativos a los gestionados por la Administración local. Creo que
este no es el debate de hoy y en todo caso, como ha manifestado en su
intervención la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en cuanto al grave problema de la vivienda que afecta a la
juventud, existe una subcomisión especial en esta Cámara para
analizarlo y para encontrar soluciones y entendemos que aquella parte
del problema que motiva la existencia de este movimiento, que nuestro
grupo parlamentario podría compartir, tiene un cauce adecuado en esa
subcomisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde nuestro punto de vista, con esta moción se pretende encauzar la
solución del problema que se plantea con la ocupación de viviendas y
locales, que se encuentran vacíos, propiedad de terceros por parte de
grupos y personas que tienen necesidad de una vivienda o de un lugar
donde cobijarse y lo hacen sin autorización alguna. Cualquier solución
que se quiera plantear tiene que partir de la compatibilidad en su
ejercicio de dos derechos: de un lado, el de propiedad y, de otro, el
del acceso a una vivienda digna. Efectivamente, en nuestra sociedad
existe una pugna, entre comillas, en el ejercicio de ambos derechos.
Eso se ha puesto de manifiesto con los planteamientos formulados por
aquellos ciudadanos o ciudadanas que no tienen techo donde cobijarse
o que sufren la marginación. Esta pugna, entre comillas, entre el
derecho del propietario y el del ciudadano o ciudadana que ocupa la
vivienda o local como pretendido ejercicio de su derecho a acceder a
una vivienda, cuando no se resuelve por la vía del acuerdo o contrato,
debe estar sujeta a unos mínimos que, por una parte, vienen dados por
el respeto a la propiedad individual, constitucionalmente
reconocida y defendida, y, de otra, por la obligación que tienen las
diferentes administraciones de facilitar el progresivo acceso a una
vivienda digna a todos los ciudadanos, cumpliendo la obligación que en
la Constitución se impone a los poderes públicos en su artículo 47 y
que tantas veces ha sido citado en esta Cámara en los últimos tiempos.
Esto último tiene que llevarse a cabo mediante políticas activas de
vivienda, encaminadas a atender las necesidades de aquellos ciudadanos
que lo necesiten, partiendo, por lo que respecta al tema objeto de la
moción, del conocimiento exacto del problema, dos de cuyos aspectos
generales más importantes son la dificultad de acceso a la vivienda
para amplias capas de la juventud y la existencia de un número muy
elevado de edificios desocupados en las áreas urbanas. Mañana, sin ir
más lejos, en la Comisión de Infraestructuras volveremos a tocar el
tema de las viviendas vacías y nos podremos ocupar con más precisión
de una parte del problema que hoy se discute en este Pleno.
Es indiscutible la función social que la propiedad tiene, pero este
principio tiene que tener una traducción práctica. Debe ser plasmado
en una acción política, en cuyo contenido este Gobierno no parece que
esté muy dispuesto a avanzar; solamente hay que contemplar lo hasta
ahora desarrollado, viendo cómo se reduce la aportación presupuestaria
a la política de vivienda, viendo cómo se reduce la actuación de las
empresas municipales de vivienda y suelo, viendo cómo se reducen las
cesiones obligatorias a los ayuntamientos, cómo se cuestiona la acción
pública en esta materia, cómo el año estadístico tiene quince meses en
lugar de los doce, según se plasma en el día de hoy en algún medio de
comunicación cuando hace referencia a los datos estadísticos de
vivienda. Por esta forma de actuar entendemos que la problemática no
merece la consideración necesaria por parte del Gobierno y desde luego
que no es bueno que el Gobierno actúe tal y como lo está haciendo.
El vigente plan de vivienda que viene del anterior Gobierno el actual
lo deja de lado y las medidas comprendidas en el mismo, relacionadas
con políticas de rehabilitación y de puesta en alquiler de edificios
desocupados o la promoción de viviendas para jóvenes, no son aceptadas.
Viendo todo ello se puede afirmar que la voluntad política existente
en el Partido Popular en todos sus niveles institucionales, pues no hay
que olvidar que en materia de vivienda las comunidades autónomas tienen
muchísimo que decir, es la menos adecuada y correcta para hacer frente
a este problema, y nos gustaría equivocarnos. De todas formas, en breve
lo comprobaremos, pues el nuevo plan de vivienda parece ser que pronto
verá la luz de manera definitiva y veremos hasta qué punto las medidas
que se contemplan en el mismo son las más adecuadas para hacer frente
a este tipo de problemas.
En la moción que Izquierda Unida presenta en esta sesión cabría
distinguir tres aspectos, que muy brevemente voy a desarrollar y que
corresponden a los cuatro puntos de la misma, cuya valoración voy a
llevar a cabo, distinguiendo, en primer lugar, que los puntos 1 y 2 de
la moción, que me imagino que SS. SS. conocerán, nos parecen oportunos
y esperamos que el Gobierno y el Partido Popular se comprometan a
orientar su política de vivienda en los términos que recogen ambos
puntos. En este sentido, la posición del Grupo Socialista es favorable
a su admisión y, por lo tanto, nuestro voto será positivo.
Por lo que respecta al punto 3, relacionado con la despenalización de
la ocupación de inmuebles abandonados, la posición del Grupo Socialista
es contraria a su admisión. Extraña, desde nuestro punto de vista, que
en el debate sobre la reforma del Código Penal que recientemente
celebró esta Cámara en ningún momento se haya puesto de manifiesto,
tanto en el Senado como en el Congreso, la posición favorable de alguna
formación política a esta despenalización. Nos parece raro que ahora
se plantee en una moción como esta que discutimos en este día.
Entendemos que la despenalización de estas conductas en nada contribuye
a solucionar el problema de la escasez de vivienda. Por ello, como he
dicho anteriormente, nuestra posición será contraria.
Por último, respecto al punto 4, vamos a votarlo a favor, pero no nos
gustaría que ello supusiera trasladar a los ayuntamientos
responsabilidad alguna distinta a la mera intervención de los servicios
sociales municipales, porque se puede correr el riesgo de que ante la
ciudadanía quede fija la imagen de que va a ser el ayuntamiento el que
va a tener que hacer frente a este tipo de problemas, cuando no son de
su competencia.
Por ello, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo
Socialista va a apoyar parcialmente la moción que ha planteado el Grupo
de Izquierda Unida. Pediremos votación separada de los puntos 1, 2 y
4, por un lado, y del punto 3, por otro.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la cortesía de la brevedad que corresponde dado el estado del
debate y, sobre todo, la hora en la que estamos, quiero empezar por
manifestar que mi grupo va a votar negativamente todos y cada uno de
los puntos de la moción presentada por Izquierda Unida. Las razones son
obvias. Desearíamos votar el punto 1, pero, en última instancia, no es
sino repetir una vez más el enunciado del artículo 47 de la
Constitución y hablar de la función social de la propiedad. Los tres
puntos restantes son, si me permite la expresión la portavoz
de Izquierda Unida, absolutamente invotables porque, en definitiva,
están en plena contradicción con la política que está siguiendo el
Gobierno.
Como saben SS. SS., la competencia en materia de vivienda, de acuerdo
con el artículo 148 de la Constitución y en función de los estatutos
de autonomía es competencia, y así fue objeto de transferencia en su
momento, de las comunidades autónomas. El Estado mantiene, con todo,
una serie de competencias exclusivas, propias, si se me permite,
colgadas del artículo 149.13 de la Constitución, sobre las bases y la
coordinación de la planificación general del sistema económico. En este
orden de cosas tiene competencias en materia de financiación,
obviamente en materia fiscal, en la fijación del esquema general de
ayudas y en la normativa básica en materia de suelo, aunque esta última
materia, como saben muchas de SS. SS., la última sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de marzo la pone claramente en tela de juicio en
no pocos aspectos, de tal manera que, a partir de ahora, el derecho
urbanístico va a ser más un derecho autonómico que un derecho íntegra
o propiamente estatal. En todo caso, el Gobierno se está moviendo con
una auténtica política de vivienda, y no tengo más remedio que rechazar
las afirmaciones de la portavoz de Izquierda Unida y, sobre todo, las
afirmaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Gobierno está haciendo cosas serias. En materia de financiación el
Gobierno --y lo recuerda ciertamente algún medio de comunicación en el
día de hoy-- ha comprometido o va a comprometer para el año 1997 una
cifra cercana a los 900.000 millones de pesetas en créditos para la
financiación de viviendas, en un nivel prácticamente idéntico al del
año 1995, que es el año absolutamente mágico al que se ha hecho
referencia en múltiples ocasiones por parte de los distintos portavoces
socialistas.
Se van a acometer en el corriente año 1997 182.000 actuaciones, o sea,
30.000 por encima de las 150.000 anuales que como media figuraban en
el programa electoral del Gobierno del Partido Popular y 25.000 ó
30.000 más que las del plan de viviendas socialista del período
1992-95.
En materia de fiscalidad se han acometido algunas cosas. Se ha
establecido la bonificación o exención de la transmisión de viviendas
en el ámbito de la comunidad familiar, se han equiparado fiscalmente
las viviendas de carácter social o de protección pública de acuerdo con
la normativa autonómica a las viviendas de protección oficial del
Estado y tan pronto como lo permitan las coordenadas de Maastricht, en
las que inevitablemente nos movemos, se acometarán medidas como la
eliminación de la renta presunta o la reducción del IVA, todavía al
tipo superreducido, en las viviendas de protección oficial y de precio
tasado.
En materia de suelo el Gobierno promulgó un decreto-ley, que ya es ley
puesto que fue objeto de trámite parlamentario como proyecto de ley en
esta Cámara, y tiene en proceso de elaboración una nueva ley del suelo,
precisamente como réplica o como fórmula de solución del vacío
normativo que ha creado sin duda la sentencia del Tribunal
Constitucional. No puedo dejar de sucumbir a la tentación, señorías,
de decirle al portavoz socialista --ya que él, en nombre de su grupo,
se ha erigido en el gran defensor de la política de vivienda del
pasado-- que en pocas ocasiones el Tribunal Constitucional ha dado un
varapalo a un gobierno como el varapalo que ha recibido con la
sentencia del Tribunal Constitucional, si se tiene en cuenta que en un
texto de 310 artículos se declaran inconstitucionales 230 ó 240.
Seguro, señor Morlán, que en el Guinness de los varapalos en política
acabará figurando la sentencia del Tribunal Constitucional.
En definitiva, señorías, el Gobierno está haciendo lo que tiene que
hacer, y está haciendo una política de vivienda seria; y también la
está haciendo, en la medida de sus posibilidades, en el ámbito de la
vivienda más social, que son las viviendas de protección oficial, de
promoción pública, a través de los convenios correspondientes con las
comunidades autónomas, como sabe bien --seguramente mejor que nadie--
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Además, hay actuaciones
por vía indirecta, que son los famosos gastos fiscales, que ascienden
para el año 1997 nada menos que a la cifra de 445.000 millones de
pesetas.
No podemos estar de acuerdo con los apartados 2, 3 y 4 de la moción del
Grupo Parlamentario Socialista. El despenalizar a los okupas, impulsar
una modificación de despenalización de la ocupación de propiedades, de
inmuebles abandonados o aparentemente abandonados, para fomentar el
movimiento de los okupas que, como ha subrayado el portavoz de
Convergència i Unió, tiene causas y orígenes multidimensionales que no
se pueden atribuir exclusivamente a la escasez de viviendas, sería
tanto como olvidarnos de que estamos en un Estado de Derecho. Con
razón, entiendo que ni siquiera el Grupo Parlamentario Socialista pueda
apoyar el punto 3 de la moción.
En cuanto al punto 4, que quiere dar instrucciones a los delegados del
Gobierno para la actuación en relación con los okupas, hay que decir
que las actuaciones de desalojo por parte de los gobiernos del Partido
Popular, y también, creo, por parte de los gobiernos del Partido
Socialista, se producen con arreglo al ordenamiento jurídico, y las
actuaciones policiales con arreglo a los procedimientos establecidos
y siempre del modo más respetuoso con los derechos humanos de quienes
son objeto de ellos. Por otra parte, cualquier información que difunda,
como se pretende en la moción, con carácter previo, las actuaciones
policiales que se van a producir en ese tipo de episodios, las harían
imposibles o muy difíciles y más violentas.
En relación a los servicios sociales municipales, quiero creer que la
mayoría de los ayuntamientos de nuestro país están siempre abiertos a
quienes precisan de sus atenciones. Comprendemos y sintonizamos con no
pocos de los planteamientos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Como prometió el Ministro de Fomento en la sesión en la que se debatió
la interpelación, contamos con su colaboración y apelaremos a ella.
Pero estamos firmemente convencidos de que estamos haciendo la política
de vivienda que corresponde hacer en el momento presente.
Una última referencia, y acabo ya, de verdad, señor Presidente. La
política económica del Gobierno del PP está permitiendo algo
fundamental en materia de política de vivienda, que es la rebaja
sustancial de los tipos de interés.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ortiz.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la moción consecuencia
de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política social del Gobierno
en relación con la vivienda.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de los puntos 1, 2 y
4 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270;
votos a favor, 119; en contra, 150; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan rechazados
los puntos 1, 2 y 4 de la moción.
Votación correspondiente al punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273;
votos a favor, 18; en contra, 254; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazado
el punto 3 de la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y quince minutos de la noche.