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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 72, de 09/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 72
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 69
celebrada el miércoles, 9 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 3520)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
aplicación de un plan de modernización del comercio interior (número
de expediente 172/000034) (Página 3545)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política viaria y autopistas
de peaje (número de expediente 172/000037)(Página 3556)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la
vivienda (número de expediente 172/000038) (Página 3563)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 3520)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Cuáles son las bases del acuerdo sobre el concierto económico vasco?
(Número de expediente 180/000524) (Página 3520)
Del Diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de las afiliaciones que se han producido a la Seguridad Social
en los últimos meses? (Número de expediente 180/000537)(Página 3522)
Del Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Está dispuesto el Presidente del
Gobierno a adoptar un reforzamiento de las posiciones españolas ante
lo que parece que puede desembocar en una reforma de la Organización
Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva, contraria a los intereses
españoles, llegando en última instancia a llevar a cabo las actuaciones
necesarias tendentes a bloquear esta reforma? (Número de expediente
180/000545) (Página 3523)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno que son válidas
las razones que han inducido a aplazar o abandonar el proyecto del
Canal 24 horas de TVE dirigido a Latinoamérica que fue encargado por
la anterior Directora General de RTVE que tan importante resulta para
la proyección de España? (Número de expediente 180/000529) (Página 3524)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco
(EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Ministerio tener
en cuenta a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de
Justicia al realizarse el concurso público para la adjudicación de las
cuentas de consignación de los órganos judiciales? (Número de
expediente 180/000523)
(Página 3525)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el
Ministerio de Defensa las nuevas prestaciones en materia de Protección
Social al personal militar y a sus familiares a cargo del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)? (Número de expediente
180/000522)
(Página 3526)
De la Diputada doña Eva María Amador Guillén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se han
tomado en relación a la Formación Profesional en los ejércitos? (Número
de expediente 180/000535)
(Página 3527)
De la Diputada doña María Angeles Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Puede el Gobierno confirmar
o desmentir la noticia hecha pública por la cual se afirma que el CESID
microfilmó y colaboró en el traslado a terceros países de documentación
argentina relativa a la represión y sobre personas desaparecidas en el
período de la dictadura militar de 1976 a 1983 de ese país? (Número de
expediente 180/000546)
(Página 3528)
De la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las actuaciones
previstas por el Gobierno respecto a la posible existencia de redes
organizadas de tráfico de inmigrantes ilegales? (Número de expediente
180/000526)
(Página 3529)
De la Diputada doña María del Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que el
elevado número de accidentes de tráfico de las vacaciones de Semana
Santa es consecuencia de la situación económica? (Número de expediente
180/000527)
(Página 3530)
Del Diputado don Javier Luis Sáenz Cosculluela, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Está el Ministro del Interior
dispuesto a ordenar una inmediata investigación acerca de los graves
hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Aranjuez con ocasión del
desalojo de la Sala de Plenos ordenado por el Alcalde? (Número de
expediente 180/000530)
(Página 3532)
Del Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación da el Gobierno
sobre la desproporcionada actuación policial en los incidentes
acaecidos en Oviedo el día 1 de abril con motivo de la conferencia que
pronunció en la citada ciudad el ex Presidente de los Estados Unidos,
Sr. George Bush? (Número de expediente 180/000531)
(Página 3533)
Del Diputado don Joaquín Javier Gago López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios que ha
empleado el Gobierno para reducir las aportaciones económicas del
Estado a los Planes Provinciales de Obras y Servicios? (Número de
expediente 180/000532)
(Página 3534)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Ratifica el Gobierno las declaraciones
que hizo la Delegada del Gobierno en Catalunya acerca de sus
intenciones de encargar a los Subdelegados provinciales las
competencias en materia de seguridad ciudadana? (Número de expediente
180/000544)
(Página 3535)
Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la evolución de las
listas de espera quirúrgicas en el primer trimestre de 1997? (Número
de expediente 180/000528)
(Página 3536)
Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la postura
mantenida por el Gobierno ante la creación de una red de vigilancia
epidemiológica de dimensión europea? (Número de expediente
180/000538)
(Página 3537)
De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
informar el Gobierno cuál es la evolución del SIDA en España? (Número
de expediente 180/000539)
(Página 3538)
Del Diputado don Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el coste del
acondicionamiento para aviación civil del aeropuerto de Torrejón?
(Número de expediente 180/000533)
(Página 3539)
Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las
actuaciones llevadas a cabo en la red viaria dependiente del Ministerio
de Fomento para paliar los graves destrozos causados por las lluvias
en Andalucía? (Número de expediente 180/000540)
(Página 3540)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno del reciente Dictamen de la Organización
Mundial del Comercio en relación con el régimen de licencias de la
Organización Común del Mercado del plátano? (Número de expediente
180/000541)
(Página 3541)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información tiene
el Gobierno sobre las medidas que ejercen las Comunidades Autónomas
sobre el comercio de inmaduros? (Número de expediente 180/000542)
(Página 3543)
Del Diputado don Pedro Solbes Mira, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno un Plan de
Estabilidad para la economía española? (Número de expediente
180/000525)
(Página 3544)
Interpelaciones urgentes
(Página 3545)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
aplicación de un plan de modernización del comercio interior
(Página 3545)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Homs i Ferret, que califica su
interpelación de singular porque no se plantea con ánimo de reprender
al Gobierno en ninguna de sus actuaciones, sino con el objetivo de
reanudar el debate político sobre un sector económico muy importante,
como es el comercio interior, que está experimentando en estos momentos
una profunda transformación interna. Su grupo desea conocer la política
sectorial del Gobierno en esta materia y tener la oportunidad de
debatir sobre las prioridades que han de llevar a fijar las principales
actuaciones en los próximos meses, y entiende que se debe retomar el
debate político de la Ley General de Comercio. Considera que hoy existe
un marco económico muy distinto al de hace dos años, con una inflación
baja, un tipo de interés mucho más bajo y unas perspectivas de creación
de empleo, lo que va a ayudar mucho a la reactivación del consumo, pero
no es suficiente para afrontar la situación de este sector que sufre
tensiones internas como consecuencia de la evolución que está
experimentando y de las transformaciones estructurales.
Por otra parte, expone que las competencias en materia de comercio
están cedidas a las comunidades autónomas, por lo que la ejecución de
la Ley de Comercio les corresponde, pero es sobre otras cuestiones por
las que su grupo quiere preguntar al Gobierno. Añade que es una
interpelación que se plantea para alertar al Gobierno, urgirle y
estimularle a priorizar unas actuaciones que complementen las que ya
se han llevado a cabo en el ámbito legal y jurídico de la Ley General
de Comercio y las que también están llevando a cabo las comunidades
autónomas. Termina su intervención en la confianza de llegar a un
diálogo con el Gobierno para conseguir un consenso en torno a unos
compromisos políticos dirigidos a este ámbito sectorial.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Vicepresidente Segundo y
Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). Manifiesta que
la preocupación que el señor Homs y su grupo parlamentario plantean
sobre la cuestión del comercio en su desarrollo en la economía española
es plenamente coincidente con la versión y la posición que tienen el
Gobierno y el Grupo Popular. Coincide, asimismo, en que para afrontar
la realidad microeconómica del país hay que tener una política
macroeconómica que garantice la estabilidad, porque un entorno
macroeconómico desestabilizado, un entorno microeconómico
administrativo que le desconoce, cuando no le desprecia, y un entorno
tributario hostil es la peor de las circunstancias para el comercio.
Añade que el Gobierno del Partido Popular tuvo desde el principio un
claro compromiso con el diseño de una política macroeconómica que
estuviera en consonancia con una política microeconómica definida y con
una actuación en muchos casos positivamente discriminatoria en sectores
concretos de la actividad, especialmente con el comercio y las pequeñas
y medianas empresas. Confía en que, después de esta interpelación y de
la moción del próximo martes, se pueda avanzar en una visión que cuente
con los apoyos suficientes, y anuncia que el Gobierno va a continuar
con una política claramente sectorializada con respecto al comercio y
a la pequeña y mediana empresa. Asimismo, recuerda las iniciativas
tomadas desde el mes de mayo por el Gobierno del Partido Popular en
este sentido y la recuperación del consumo que se asienta en bases
sólidas, como son el aumento del ahorro y el saneamiento de la
situación financiera de las familias, el aumento del empleo, la
reducción de la inflación y el aumento de la confianza. Termina su
intervención poniendo de relieve que el Gobierno es plenamente
consciente de la importancia del sector y de la dedicación que, desde
el punto de vista de la política económica, debe tener un sector como
éste.
Replica el señor Homs i Ferret, duplicando el señor Vicepresidente
Segundo y Ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Amarillo
Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez Darmendrail, del
Grupo Parlamentario Popular.
Página
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política viaria y autopistas
de peaje
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Pérez Touriño, que se refiere, en primer lugar,
al programa de autopistas de peaje presentado por el Ministro de
Fomento a los medios de comunicación el pasado mes de marzo. Considera
que el programa, aunque exiguo y modesto -según palabras del Ministro-,
supone el inicio de la alteración de las características funcionales
y territoriales de la red actual de alta capacidad en nuestro país.
Estima que no es una propuesta global y coherente sino un pequeño
sumatorio de acciones descoordinadas y desperdigadas a lo largo del
conjunto del territorio nacional, sobre cuya viabilidad, fundamentos
y resultados su grupo tiene serias dudas. Asimismo, manifiesta que el
Parlamento carece de la más mínima información documentada sobre el
programa y no existe compromiso explícito de entrega de la misma,
porque el señor Ministro, en la comparecencia del 10 de marzo ante la
Comisión de Infraestructuras, no entregó un sólo papel, por lo que se
teme que este programa no tenga más vocación que la de intentar calmar
la presión de las grandes constructoras del país.
A continuación pasa a explicar las razones de fondo y de forma que les
ha llevado a presentar la interpelación. Se refiere, asimismo, a
algunos aspectos concretos de la propuesta del Gobierno y estima que
el señor Ministro parece haber renunciado a una política activa,
integrada y global de transportes, por lo que presentan esta
interpelación, que se convertirá en moción la semana que viene, con la
que se tratará de contribuir a cambiar la orientación de esa política.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo). Comienza su intervención diciendo que no
puede felicitar al interpelante por la brillantez de sus argumentos,
pero sí por su constancia, porque repite el debate de la Comisión de
Infraestructuras de hace quince días.
Por otra parte, considera obvio que la prioridad en la actuación de
este Gobierno es su política económica y que el Ministerio de Fomento
forma parte del equipo económico del Gobierno. Añade que el objetivo
de la política económica del Gobierno, que es absolutamente prioritario
para que España se incorpore en un primer momento a la Unión Monetaria,
es crecer al tres por ciento, para lo que es imprescindible una
política de rigor presupuestario que implica necesariamente una
disminución de la inversión pública, cosa que no fueron capaces de
hacer los gobiernos socialistas. Critica la política del entonces
Ministerio de Obras Públicas con un descenso en la inversión desde 1990
hasta 1995. Ante esa situación, el Gobierno actual se planteó buscar
fórmulas de financiación extrapresupuestarias o, en todo caso, que no
recargaran el capítulo VI de los Presupuestos Generales del Estado,
pasando a explicar algunas de ellas. A continuación contesta a las
críticas hechas por el interpelante y manifiesta que el criterio que
ha seguido el Gobierno para juzgar la coherencia del programa de
autopistas de peaje es la inversión, el crecimiento económico y la
creación de empleo, y considera que, desde esa perspectiva, el programa
tiene un altísimo grado de coherencia porque va a movilizar 250.000
millones de pesetas de inversión privada, que van a contribuir al
crecimiento económico y a la generación de empleo, que tanto necesita
el país.
Replica el señor Pérez Touriño, duplicando el señor Ministro de
Fomento.
Página
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la
vivienda
En defensa de la interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya interviene la señora Aramburu del Río,
que justifica su presentación por ser la vivienda la demanda que con
mayor intensidad, tras el drama del paro, plantea la sociedad civil,
por lo que su grupo está empeñado en que este Gobierno desarrolle la
Carta Magna en su artículo 47, que ampara a los sin techo. Opina que
los criterios de Maastricht obligan a los trabajadores de a pie a vivir
peor para que otros vivan mejor, y pone el ejemplo de Andalucía, donde
hay mucha gente que vive en basureros, en chabolas o sencillamente
hacinados. Encuentra paradójico que ante esta situación la financiación
de la vivienda a largo plazo sea en España de las más caras de la Unión
Europea, que las ofertas de alquiler sean para rentas altas y que sea
el país de la Unión Económica Europea con más viviendas secundarias y
vacías. Considera que ante esta desoladora imagen han surgido los
movimientos sociales llamados «okupas», cuya actividad no solamente
consiste en buscarse un refugio para sobrevivir sino
que desarrollan también actividades de carácter asociativo,
cooperativo, autoempleo, artesanal, etcétera. Añade que el persistente
incumplimiento del Gobierno de asegurar los derechos y las garantías
de todos obliga a su grupo a presentar esta interpelación urgente con
el objetivo de conocer los medios y los instrumentos que piensa adoptar
el Gobierno para llevar a cabo una política social tendente a asegurar
el cumplimiento de los deberes inherentes a la función social de la
propiedad no especulativa, que evite injustificadas respuestas
policiales o penales ante supuestos casos de ocupación, de manera que
se haga efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo), anticipando que está seguro que la
preocupación social que subyace en el planteamiento que ha hecho la
interpelante es compartida por toda la Cámara, porque el problema
específico al que se refiere principalmente no es sino la manifestación
de un problema generalizado: el problema de la vivienda en España. A
juicio del Gobierno, este problema se ha generado como consecuencia de
la vigencia de un modelo urbanístico globalmente considerado, que ha
constituido un fracaso, por lo que hay que encontrar otro modelo que
permita resolver, o paliar al menos, a corto plazo, los efectos del
anterior. A continuación explica una de las medidas que el Gobierno
piensa poner en marcha, como es el incremento de la oferta de suelo no
urbanizable. Considera que los planes de la vivienda que se articularon
en la época anterior y las ayudas indirectas que se concedieron fueron
una respuesta inmediata a un problema acuciante, pero no su solución.
Recuerda, asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional que ha
dejado tambaleándose la legislación urbanística vigente en España.
Expresa su deseo de encontrar entre todos los grupos de la Cámara una
solución que permita dar a los ayuntamientos y a las comunidades
autónomas una orientación por un plazo de vigencia temporal, a la vez
que dé seguridad y certidumbre a los procesos de planeamiento y
urbanísticos actualmente en curso. En todo caso, comparte con la
interpelante el planteamiento de fondo, que es el problema de la
vivienda así como que hay que afrontar con mayor intensidad los
problemas sociales que plantean su carencia. Considera absolutamente
imprescindible que entre todos los grupos de la Cámara se dé, en primer
término, una inicial solución legislativa al problema planteado por la
anulación de gran parte de la legislación vigente y, en segundo lugar,
se debatan en profundidad los elementos que hay que renovar o modificar
para que el coste de la construcción de la vivienda pueda disminuir
pidiendo la colaboración del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para cuando el Gobierno traiga a la
Cámara su iniciativa en este sentido.
Replica la señora Aramburu del Río, duplicando el señor Ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Narbona Ruiz.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUALES SON
LAS BASES DEL ACUERDO SOBRE EL CONCIERTO ECONOMICO VASCO? (Número de
expediente 180/000524)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en Pleno.
Pregunta número 14, que formula al Gobierno don Juan Manuel Eguiagaray
Ucelay, del Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, el concierto económico y el cupo son
instituciones singulares de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero
también instituciones constitucionales. Instituciones que, por lo
tanto, su modificación, su alteración, exige de criterios objetivos,
de criterios transparentes para ser respetadas, para ser mantenidas,
para ser aceptadas por todo el mundo.
Me gustaría, señor Presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que
usted en el recogimiento del lunes santo llegó a acuerdos con la
representación del Partido Nacionalista Vasco, saber sobre qué bases
y con qué criterios se llegó a aquellos acuerdos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Con mucho gusto, señor
Diputado.
Las bases para el posible concierto económico y el cupo son bastante
sencillas de explicar. Existe una base institucional, que es la base
determinada por el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco y por
la propia Ley de Concierto Económico con el País Vasco; existe una base
legal derivada de la Ley de Concierto Económico, que es la necesidad,
como S. S. sabe muy bien, de actualizar la aportación de la Comunidad
Autónoma del País Vasco a las cargas generales del Estado cada
quinquenio --por tanto, existe una obligación legal porque el
quinquenio 1992/1996 ha sido ya superado--, y será hecha con arreglo
a la metodología ya existente, no a una nueva metodología; por decirlo
de otra manera, a la metodología que acordaron ustedes y no a una
metodología nueva que hayamos acordado nosotros. Y, por último, tiene
una base política, que es la base del acuerdo de investidura entre el
Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco.
Me parece que los representantes de su partido en el Gobierno vasco
debían conocer este tema. Usted sabe muy bien que las negociaciones se
hacen con el Gobierno vasco y debía ser posible y deseable que ustedes
se sumaran al acuerdo. Ahora bien, también sería deseable, porque algo
es algo, que previamente, tal vez, se pusieran de acuerdo entre ustedes
mismos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Me alegro de que me informe sobre cuáles son los mecanismos legales
vigentes. En todo caso, quiero señalar la perplejidad que me produce
la admiración que en este momento demuestra hacia las bases
metodológicas que hace diez años la representación del gobierno de la
época acordó con la representación del Gobierno vasco; era una
admiración por nuestro trabajo anterior, que no conocía, y que viniendo
de usted comprenderá que me admire y me asombre.
En todo caso, señor Presidente, quiero decirle que, por lo que nosotros
sabemos, usted ha negociado con el Partido Nacionalista Vasco, no con
el Gobierno vasco; que, por lo que nosotros sabemos, en este momento
no ha sido con criterios de objetividad y de transparencia como se ha
negociado; que una institución como el cupo y el concierto, que merece
el respeto de todos --insisto una vez más--, necesita para ser
respetada y para ser aceptada por el País Vasco y por el resto de los
Españoles de la máxima claridad y transparencia. Y le diré exactamente
qué es lo que ha ocurrido o lo que parece que ha ocurrido, señor
Presidente, lo contrario de lo que usted ha dicho en términos de
objetividad y de transparencia.
Lo que ocurre es que parece que han bastado cuatro gritos del señor
Arzallus en París y en Bilbao para que usted ceda; lo que ocurre es que
parece, señor Presidente, que a usted le han fijado los interlocutores
de la negociación; lo que ocurre, señor Presidente, es que parece que
su Ministro de Economía va diciendo por ahí que no está de acuerdo con
lo que usted ha negociado; lo que ocurre también es que en esa
negociación se ha excluido nada menos que al artífice, a uno de los
responsables de un elemento importante de la política de este país,
como es la política contra el terrorismo, al Ministro del Interior, y,
finalmente, lo que ocurre, señor Presidente, es que últimamente a
esto...
El señor PRESIDENTE: Concluya ya, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: A esto se le llama pasar por el aro. Esto
es lo que parece, señor Presidente. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray, ha concluido su
tiempo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente del Gobierno, es
exactamente lo contrario...
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, ha concluido su tiempo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Es lo contrario de lo que usted desearía
que ocurriese. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, ha concluido su tiempo. Le llamo
al orden.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No le he oído, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, la Presidencia le ha llamado la
atención porque había concluido su tiempo cuando excedían once segundos
del tiempo reglamentariamente prescrito. (El señor Eguiagaray Ucelay
pronuncia palabras que no se perciben.)
No hay trámite, señor Eguiagaray, puede sentarse
S. S.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Lo siento, pero no le oía.
El señor PRESIDENTE: Puede sentarse S. S., señor Eguiagaray. Le llamo
severamente al orden por no haber obedecido la disciplina
parlamentaria. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Yo creo que aquí hay un problema, y es que algunos de ustedes,
probablemente haciendo gala de ese estado de ansiedad que últimamente
les acompaña, en cuanto leyeron alguna noticia sobre la posibilidad de
un acuerdo han destapado la caja de todos los truenos, hasta que sus
propios compañeros en el Gobierno vasco y sus propios compañeros en el
País Vasco les han llamado la atención, y ahora tienen que rectificar
y que no se les note mucho. Ese es su problema, y les deseo que en ese
problema tengan suerte, porque, sin duda, el estatuto y el concierto
son un punto de encuentro muy importante en el País Vasco, sobre el
cual no conviene hacer ninguna demagogia, porque lo que parece, y desde
luego parece mentira, señor Eguiagaray, es que alguien que debe conocer
este asunto utilice la demagogia que usted ha utilizado aquí esta
tarde. Eso sí que parece mentira. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON AURELIO SANCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE
EL GOBIERNO DE LAS AFILIACIONES QUE SE HAN PRODUCIDO A LA SEGURIDAD
SOCIAL EN LOS ULTIMOS MESES? (Número de expediente 180/000537)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Presidente del
Gobierno el Diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Sánchez Ramos.
El señor SANCHEZ RAMOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, últimamente el incremento de la
población activa no se había traducido en un aumento del número de
cotizantes a la Seguridad Social, lo que había generado gran inquietud
en la sociedad, que ha visto peligrar el sistema de prestaciones
sociales, sobre todo el sistema público de pensiones, al ver cómo
aumentaba el número de pensionistas y disminuía el número de altas en
la Seguridad Social. Así, la tasa de crecimiento interanual de
afiliación a la Seguridad Social pasaba del 2,79 por ciento en mayo de
1995 al 1,16 en mayo de 1996, lo que, en términos absolutos,
significaba pasar de un crecimiento de alrededor de 300.000 afiliados
anuales a tan sólo la mitad. Esta circunstancia es un claro exponente
de que la creación de empleo no estaba operando correctamente dentro
de los canales formales de la economía y de que se estaba desviando
hacia la economía sumergida, imposibilitando con ello consolidar la
estructura financiera la Seguridad Social y poniendo en peligro la
viabilidad del sistema, que sólo es posible con un incremento del
número de cotizantes, lo que no ocurría últimamente.
Esta tendencia se invierte a partir de mayo de 1996, fecha de toma de
posesión del Gobierno que usted preside, de manera que de una forma
paulatina, pero sostenida, esta tasa ha ido evolucionando
favorablemente hasta situarse en marzo de este año en el 2,90 por
ciento, cifra muy significativa, como son los últimos datos conocidos
de la evolución del empleo, del descenso del paro y las perspectivas
que se abren ante el pacto laboral precisamente presentado hoy por
sindicatos y empresarios.
Sobre la base de estos indicadores tan favorables y contundentes, y por
la importancia que en la marcha de la economía tienen, es por lo que
este Diputado pregunta al señor Presidente, ¿cuál es la valoración que
hace el Gobierno de la evolución de la afiliación a la Seguridad Social
durante los últimos meses? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Ramos.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Hace meses pude afirmar que deseaba y que el Gobierno trabajaría para
que 1997 fuese el año para el empleo. Le puedo decir que en este
momento confluyen al menos tres datos que nos hacen ser optimistas
desde el punto de vista de lo que puede ser la evolución del empleo en
el futuro en nuestro país: en primer lugar, los datos de paro
registrados del mes de marzo, que representan una disminución muy
importante, más de 35.000 parados.
En segundo lugar, un acuerdo que me parece trascendental, y al respecto
debo decir que quiero felicitar a los interlocutores empresariales y
sindicales que han conseguido el acuerdo para la reforma del mercado
de trabajo, del mercado laboral. Quiero reconocer su esfuerzo y su
capacidad de compromiso ante la sociedad española, y quiero significar
la trascendencia de un acuerdo dentro y fuera de España, pero que
dentro de España especialmente tiene relevancia para la creación de
empleo, para el empleo estable, para los jóvenes y para reafirmar la
capacidad y el procedimiento de diálogo entre empresarios y sindicatos.
El Gobierno ha respaldado ese proceso de negociación, está satisfecho
de que se haya llegado a un acuerdo y desearía ahora el mayor consenso
parlamentario al respecto.
En tercer lugar, como usted sabe muy bien, la afiliación al sistema de
Seguridad Social es un indicador bastante adelantado de la situación
económica y de la marcha
de la economía. En 1996 se superó una situación que había bajado, en
términos de afiliación a la Seguridad Social, hasta el 1,16 y se ha
llegado exactamente hasta el 2,90 a 31 de marzo de 1997. En el primer
trimestre de 1997 se ha llegado también a ese 2,90, aumentando el
número de afiliados hasta 165.000 y en los últimos doce meses
exactamente 327.000, de los cuales solamente 16.000 son por aprendizaje
y 63.000 con contratos a tiempo parcial reducido.
Este es el camino que el Gobierno se había trazado y es un camino que
está rindiendo frutos positivos para la economía española. En ello
perseveraremos, señor Diputado.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS CENTELLA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTA DISPUESTO EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO A ADOPTAR UN REFORZAMIENTO DE LAS POSICIONES ESPAÑOLAS ANTE
LO QUE PARECE QUE PUEDE DESEMBOCAR EN UNA REFORMA DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA, CONTRARIA A LOS INTERESES
ESPAÑOLES, LLEGANDO EN ULTIMA INSTANCIA A LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES
NECESARIAS TENDENTES A BLOQUEAR LA REFORMA? (Número de expediente
180/000545)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula al Presidente del
Gobierno el Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Está dispuesto el Presidente del Gobierno a adoptar un reforzamiento
de la postura española ante lo que parece desembocar en una reforma de
la OCM del aceite de oliva contraria a los intereses españoles,
llegando en este caso a llevar a cabo las actuaciones necesarias
tendentes a bloquear esta reforma?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Diputado, estamos
dispuestos, naturalmente, a reforzar la posición española en todo
momento, no solamente en el futuro, sino también en el presente y, como
es lógico, es natural que así lo hagamos.
Desde luego el Gobierno se reserva la adopción de cuantas medidas le
parezcan oportunas para defender adecuadamente los intereses españoles
en toda negociación y también en ésta. Lo que no va a hacer es cometer
la ingenuidad de ir adelantando las medidas que va a adoptar en pleno
proceso de negociación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Lo cierto, señor Aznar, es que usted se
escondió durante la visita del Comisario Fischler (Rumores.) Sí,
señores del PP. Parece que ustedes querían evitar a su Presidente el
posible desgaste que supondría una derrota de las posturas españolas.
Pero no se equivoquen. Como ha quedado en evidencia, usted no podrá
ocultar su responsabilidad porque la derrota de las posturas españolas
no será solamente el fracaso del Gobierno, no será el fracaso de su
Presidente, será sobre todo un desastre para la economía española,
significará la pérdida de millones de jornales y la ruina de cientos
de explotaciones agrarias.
Por eso usted tiene que comprometerse aquí y ahora a afrontar esta
situación como un problema de Estado. Tiene para ello un buen
instrumento parlamentario en la moción que se aprobó en esta Cámara a
propuesta de Izquierda Unida; moción que le instaba a hacer frente, con
todos los medios jurídicos, políticos y administrativos, a la
pretendida reforma de la OCM del aceite, siempre que fuese contraria
a los intereses españoles.
En este sentido nos alegramos de que ustedes participen en todas las
movilizaciones que se convoquen en defensa del olivar. Pero no pueden
olvidar su responsabilidad de gobierno. Usted sabe que para conseguir
una OCM que no sea contraria a los intereses españoles tiene que sacar
este tema del ámbito agrario, del ámbito de los responsables de
agricultura, y situarlo en la mesa de los responsables, de los jefes
de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea,
convenciéndolos de que una OCM contraria a los intereses españoles
será, sobre todo, un problema para todos y cada uno de los países de
la Unión Europea. Si usted no sitúa el debate en estos términos, desde
este momento estará empezando a ser cómplice de la reforma que pretende
el Comisario Fischler; usted y su Gobierno estarán empezando a ser
responsables de un desastre para la economía española; ustedes estarán
empezando también a ser responsables de la pérdida de cientos de miles
de jornadas de trabajo y de la pérdida y del desastre que supondrá para
el campo andaluz, para el campo español.
Esta es la responsabilidad que usted tiene que asumir aquí y ahora, no
solamente ante el Grupo de Izquierda Unida, sino ante toda la sociedad
española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Diputado, le
agradezco mucho sus consejos y, naturalmente, reflexionaremos sobre
ello para fortalecer todavía más la posición española en esta
negociación.
Lo que ya es un poco más triste es que S. S. fundamente sus críticas
sobre un hipotético fracaso, nada menos, español; parece que eso le
puede satisfacer en algo, cosa que yo, desde luego, creo que no ha sido
por su voluntad, sino, tal vez, llevado por el entusiasmo en esta
pregunta parlamentaria.
Yo me limitaré a explicarle cuál es la situación, también para
contribuir, en la medida de lo posible, a que S. S. tenga buenos
elementos de juicio. Sabe S. S. que lo primero que se ha hecho es
paralizar un proyecto de reglamento que cambiaba las ayudas a la
producción por ayudas al árbol; se ha paralizado. En segundo lugar,
sabe S. S. que el punto de partida de la negociación es un documento
de reflexión que contempla alternativamente las ayudas a la producción
o las ayudas al árbol. En tercer lugar, sabe S. S. que el Gobierno ha
mantenido diálogos y llegado a acuerdos con los sectores económicos:
productores, envasadores y exportadores, con comunidades autónomas y
corporaciones locales y también con los grupos políticos. Sobre eso,
se ha llegado a una base esencial de consenso, de que la posición
española sea de defensa de la ayuda a la producción, porque somos
conscientes de que nos jugamos muchas decenas de millones de jornales,
porque es bueno para la defensa de nuestro olivar en calidad y en
cantidad, porque es mejor para la lucha contra el fraude y también por
razones de propia cultura española y por razones de defensa
medioambiental. El Gobierno, naturalmente, quiere mantener esa
posición, y en este momento, señor Diputado, no hay nada decidido. Hay
un proceso de negociación en el que, además, tiene que haber un informe
del Parlamento Europeo, que no existe; un acuerdo del Consejo de
Ministros, que no existe; un refrendo y un acuerdo final de la
Comisión, que tampoco existe. Además, señor Diputado, usted sabe que
ni España ni ningún país tiene veto en esos procesos. Por tanto,
haríamos muy bien todos, si realmente queremos defender el interés
español, en fortalecer la posición española en esa negociación para que
termine con un éxito y no con un fracaso, porque el compromiso del
Gobierno es que sea un gran éxito.
Muchas gracias (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE SON VALIDAS
LAS RAZONES QUE HAN INDUCIDO A APLAZAR O ABANDONAR EL PROYECTO DEL
CANAL 24 HORAS DE TVE DIRIGIDO A LATINOAMERICA, QUE FUE ENCARGADO POR
LA ANTERIOR DIRECTORA GENERAL DE RTVE Y QUE TAN IMPORTANTE RESULTA PARA
LA PROYECCION DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000529)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que presentó el señor Leguina
Herrán y formula al Gobierno el Diputado don Luis Aguiriano Forniés,
del Grupo Socialista.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Presidente, los socialistas siempre
hemos respetado la difícil labor de la Presidencia. Le digo esto
porque, según mis informaciones, el señor Eguiagaray quería pedir
disculpas a la Presidencia porque el ruido del ambiente no le había
permitido oír sus advertencias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano, le agradezco la cortesía de su
grupo y la que formula en nombre del señor Eguiagaray.
Puede continuar.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Entonces me dirijo al señor Cascos.
Hace unos pocos meses, la Dirección General de Radiotelevisión Española
anunció la creación de un canal de Televisión Española dirigido a
Hispanoamérica que iba a emitir 24 horas de información. Hace unos
pocos días el nuevo Director General ha anunciado no sé si el
aplazamiento o el abandono de la idea. Me gustaría saber cuáles son las
razones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, el Gobierno no tiene
constancia ni de la paralización, ni del aparcamiento, ni del abandono
del proyecto al que S. S. ha hecho referencia en esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Me gustaría que el Gobierno por lo menos
se leyese o conociese la comunicación que el propio Director General
ha hecho al Consejo de Administración en que anuncia, por eso digo, no
sé si abandono o paralización. Yo creo, de verdad, que existe, que hay
un abandono o una paralización, porque la empresa de televisión privada
mejicana les exige a ustedes que no le hagan la competencia a Canal 24
horas, llamado Eco, que tiene la televisión mejicana.
Pienso que la televisión mejicana les exige a ustedes la retransmisión
de partidos de fútbol para esa non nata plataforma digital que ustedes
preconizan y, como no se la pueden dar, utilizan todos los resortes del
poder para acabar o para intentar acabar con una cadena privada de
televisión. Ustedes, que están dispuestos a privatizar todo, están
pensando en este momento en nacionalizar hasta el fútbol.
Ustedes, señor Vicepresidente del Gobierno, que han ido a Francia y han
sido los únicos que han aprobado las experiencias nucleares francesas
(Risas.); ustedes que han ido a los Estados Unidos y han cedido los
intereses generales del pueblo español en relación con Cuba y se han
plegado a las exigencias norteamericanas, aliándose con los sectores
más negros del exilio cubano (Rumores y protestas.); ustedes que en
privado ya llegan a hablar catalán y estoy convencido de que a este
paso dentro de poco llegarán a hablar vasco (Continúan los rumores.);
ustedes ahora ceden ante las exigencias de una cadena privada de
televisión mejicana. ¿Cuándo van ustedes a defender con dignidad los
intereses generales del pueblo español? (Aplausos.--Rumores y
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
El señor Aguiriano lo tenía complicado porque él sabe que la pregunta
que se ha formulado debía ser dirigida al Director General de
Radiotelevisión. El señor Aguiriano sabe que la sede natural para este
tipo de preguntas es la Comisión de Control de Radiotelevisión. Y como
no tenía argumentos para justificarla en ese foro, ha hecho esta
excursión evitando Prado del Rey y dando la vuelta al mundo de manera
innecesaria. (Risas.)
Señor Aguiriano, para respetar las formas he pedido la información a
quien la puede dar en nombre de los órganos de Radiotelevisión, que es
su Director General. Me contesta con esta carta, cuya lectura literal
hago en estos momentos y de la que le dejo copia. Dice así: En relación
con el asunto relativo al proyecto de Canal 24 horas, por el que te has
interesado, te significo que, tal y como contesté en el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española, celebrado el pasado día 1
de abril, a una concreta pregunta que sobre el particular formuló un
consejero, el referido proyecto no está paralizado, sino la forma en
que el mismo debe instrumentalizarse ha podido dar la sensación de que
aquél se suspendió, lo que en absoluto obedece a la realidad.
En estos momentos puedo decirte que todas las cautelas existentes sobre
el particular vienen exclusivamente motivadas por el afán de alcanzar
el mejor de los proyectos posibles con la incorporación al mismo de
todas aquellas aportaciones que, en su caso, lo puedan enriquecer,
evitando que cualquier decisión prematura lo sea en detrimento de su
máxima calidad, que, como Director General de Radiotelevisión Española,
he de empeñarme en lograr en todo momento; empeño que igualmente
concurre en los profesionales de esta Casa.
Esto, señor Aguiriano, es exactamente lo que hay, y lo demás son sus
fantasías o sus nostalgias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL MINISTERIO TENER
EN CUENTA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE
JUSTICIA AL REALIZARSE EL CONCURSO PUBLICO PARA LA ADJUDICACION DE LAS
CUENTAS DE CONSIGNACIONES DE LOS ORGANOS JUDICIALES? (Número de
expediente 180/000523)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno la
Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (PNV).
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la pregunta que yo le efectuaba cobró en el día de
ayer actualidad al publicarse en la prensa que el Banco Bilbao Vizcaya
se ha adjudicado la licitación del servicio de apertura y gestión de
las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales, convocada por la
Secretaría de Estado de Justicia, que supone un saldo medio anual de
240.000 millones de pesetas.
Le preguntaba si se iba a tener en cuenta a las comunidades autónomas
con competencias, medios materiales y económicos de la Administración
de Justicia al realizarse el concurso público. Ahora le pregunto si se
les tendrá en cuenta para fijar los criterios de distribución de estos
millonarios saldos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señora Uría, solamente una precisión: no ha sido en régimen
de concurso, sino de subasta como se ha hecho la adjudicación de la
cuenta. Es decir, se ha tenido un criterio absolutamente objetivo, que
es el del tipo remuneratorio ofrecido por las distintas entidades
bancarias que participaban en la subasta del Ministerio de Justicia.
Referente al contenido de su pregunta sobre si se van a tener en cuenta
los beneficios con respecto a las comunidades autónomas, tengo que
decirle que según el artículo 23 de la Ley General Presupuestaria los
recursos corresponden a la Hacienda pública, que es la que los
destinará en su momento a los regímenes generales sin hacer adscripción
concreta. Por tanto, no es competencia del Ministerio pronunciarse
sobre cuál es el destino de los distintos beneficios que reporte esa
cuenta particular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Uría, tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señora Ministra, por su
contestación, pero según las noticias de que yo disponía, en una
reunión con las cuatro comunidades autónomas con competencias en la
materia, hace un mes, se les prometió una respuesta sobre esta
cuestión, y hasta el momento tal respuesta no ha existido.
Es dudoso que estas retribuciones de la cuenta correspondan a la
Administración General del Estado, puesto que vistos los decretos de
transferencias a las distintas comunidades autónomas está claro que lo
que se hace es una función material de custodia de los depósitos, y a
poco que se quiera esclarecer el sistema de distribución competencial,
caería del lado de la Administración de justicia, para medios
materiales de la misma.
En cuanto a que el sistema ha sido subasta, es otra de las razones de
nuestra queja, puesto que nos hubiera gustado que el criterio de
adjudicación hubiese sido menos mercantilista y más cercano a la idea
de prestación de servicio público. En todo caso, debería haberse tenido
en cuenta una idea que nos parece correcta y que fue objeto de debate
en esta Cámara en la pasada legislatura y es que esos beneficios
pudiesen revertir, al menos en su mayor parte, en la propia dotación
de medios materiales a la Administración de justicia, tan necesitada
de ellos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, comparto con usted que a la Administración de justicia le
hacen falta más medios, pero no puedo compartir el dato que usted
aporta acerca del artículo 23 de la Ley General Presupuestaria.
Desconozco la reunión a la que S. S. ha hecho mención. Puedo asegurarle
que no he tenido ninguna reunión con los representantes de las
comunidades autónomas y no he comprometido algo sobre lo que no tengo
disponibilidad.
Parece que S. S. no está de acuerdo con el régimen de subasta, pero al
Ministerio de Justicia y al Gobierno le parecía el régimen más
transparente porque se privaba de toda subjetividad a la adjudicación,
y por eso se hizo así.
En segundo lugar, señoría, hay una propuesta para que esos beneficios
reviertan directamente en la Administración de justicia. Sería
partidaria de llevar adelante esa propuesta, pero hoy, tal y como está
la legislación, el artículo 23 de la Ley General Presupuestaria lo
radica directamente en Economía y Hacienda para los intereses generales
y no establece adscripción concreta a ningún departamento.
Muchas gracias, señoría.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL
MINISTERIO DE DEFENSA LAS NUEVAS PRESTACIONES EN MATERIA DE PROTECCION
SOCIAL AL PERSONAL MILITAR Y A SUS FAMILIARES A CARGO DEL INSTITUTO
SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS)? (Número de expediente
180/000522)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
Pregunta número 12 que formula al Gobierno el Diputado don Antonio
Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez, tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro,
el objeto de la pregunta es doble. Por un lado, con independencia de
la valoración, tal como le digo en la pregunta, de las nuevas
prestaciones que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas ha puesto
o va a poner de manifiesto durante este año 1997, deseo poner en
conocimiento de la Cámara, de la valoración que el señor Ministro haga,
los esfuerzos que se hacen por equiparar a esta entidad gestora de las
Fuerzas Armadas, a este instituto social, con el resto de las entidades
gestoras de la Seguridad Social en torno a sus prestaciones y a las
prestaciones asistenciales y de todo tipo que presenta.
No cabe la menor duda, señor Ministro, que en mi circunscripción, en
Melilla, este tipo de prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas tiene especial sensibilidad, sobre todo en lo que hace
referencia a las ayudas a la tercera edad, a las ayudas a la extrema
ancianidad, a las prestaciones sociales que se recogían, no digo que
insuficientemente, pero sí de una manera manifiestamente mejorable.
Por eso, señor Ministro, aprovechando su presencia en la Cámara y como
contexto a los parámetros que acabo de decirle, le pregunto: cuál es
la valoración que su Ministerio hace sobre las nuevas prestaciones en
materia de protección social al personal militar y a sus familiares a
cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Molina.
Señor Ministro de Defensa, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Presidente, señoría,
en el marco de la política presupuestaria fijada por el Gobierno para
los fines de protección social, ha resultado posible, en el año en
curso, realizar una apreciable mejora en las prestaciones gestionadas
por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), que el
Ministerio de Defensa valora muy favorablemente.
La mejora se ha centrado prioritariamente en las prestaciones
orientadas hacia la tercera edad, por considerar que es justamente esta
etapa de la vida la más merecedora de protección y que la diversidad
de situaciones de necesidad que en ella se plantean aconsejan también
una paralela diversidad de soluciones. Con este planteamiento, el
sistema del Isfas de prestaciones a la tercera edad ha quedado
estructurado de la siguiente forma: ayuda económica por extrema
ancianidad, de cuantía variable en función del nivel de renta de la
unidad familiar, para asociados que tengan 75 o más años; ayuda
económica para la asistencia a domicilio para los que padecen una
minusvalía superior al 65 por ciento, a partir de los 65 años; ayuda
económica por estancia en residencia asistida para los que padecen una
minusvalía superior al 75 por ciento, y ayuda económica para
tratamientos termales para los mayores de 65 años, cuya cuantía es del
25 por ciento del precio para una estancia de 15 días.
Hay otras prestaciones complementarias, como la ayuda económica por
fallecimiento, con lo cual se está haciendo un esfuerzo grande, lo más
grande que se puede y que el Gobierno valora positivamente, en favor
de las personas de la tercera edad.
Además, si S. S. se interesa por lo que se pueda decir en cuanto a
acercar el régimen de prestaciones sociales por parte del Isfas al
régimen General de la Seguridad Social, le diré que el Ministerio ha
emprendido una labor de estudio y comparación de ambos sistemas de
prestaciones, siendo su propósito lograr, en la medida que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan, la mayor equiparación
posible entre ambos regímenes de protección.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gutiérrez Molina, tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Ministro su explicación y únicamente
enfatizarle que, dada la finalidad de las prestaciones a que se ha
hecho mención, hay que esperar que el trámite de gestión se haga lo más
rápidamente posible, que en los casos necesarios se realicen los
imprescindibles estudios médicos o paramédicos y que el abono de las
prestaciones también se haga lo más rápidamente posible, habida cuenta
del personal al que va dirigido.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez Molina.
--DE LA DIPUTADA DOÑA EVA MARIA AMADOR GUILLEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS SE HAN
TOMADO EN RELACION A LA FORMACION PROFESIONAL EN LOS EJERCITOS? (Número
de expediente 180/000535)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno la
Diputada doña Eva Amador Guillén, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora AMADOR GUILLEN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, dentro del proceso de profesionalización de
nuestras Fuerzas Armadas, uno de los grandes atractivos es el de la
formación. Formación no sólo para los profesionales del Ejército sino
también para los soldados y marineros de reemplazo, ya que un número
significativo de jóvenes, gracias a la realización de estudios y a la
obtención de los correspondientes certificados laborales y titulaciones
de enseñanza reglada, podrá ocupar un puesto de trabajo en el que
desempeñar un oficio de acuerdo con sus intereses personales y percibir
un sueldo, con posteriores posibilidades, además, para los que deseen
hacer una carrera en los ejércitos y de promoción para los que
quieran acceder al mercado laboral o al desarrollo de las diferentes
carreras civiles.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente, señor Ministro, de la
importancia que siempre ha dado el Ministerio de Defensa al valor
educativo, pero es en estos momentos, con la vista puesta en un
ejército profesional y moderno que demandan la sociedad y nuestras
necesidades de defensa, cuando más necesitamos personas preparadas en
las nuevas tecnologías, que están constituyendo una significativa
revolución a finales de siglo. La informática, la electrónica, la
automática y otras no pueden estar ajenas a un ejército moderno, en
sintonía con nuestra situación en Europa y en el mundo.
Asimismo, para muchos jóvenes supone una oportunidad única de adquirir
unos conocimientos técnicos y profesionales que puedan servirles para
la búsqueda de empleo en la sociedad civil, en el caso de que no
quieran continuar la carrera militar.
A nuestro juicio, señor Ministro, la aportación tecnológica del
Ejército a la sociedad es un fenómeno inseparable de la modernización
de las fuerzas Armadas, cumpliendo así una misión pública y solidaria.
Por todo ello, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué
medidas se han tomado en relación con la formación profesional en los
ejércitos?
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Presidente, señoría,
el Ministerio de Defensa no puede por más que coincidir al cien por
cien con las afirmaciones que ha hecho S. S. en cuanto a las
preocupaciones del Partido Popular por mejorar, con todos los medios
a nuestro alcance, la formación de nuestros soldados y marineros
profesionales, no sólo haciendo gala de la costumbre inveterada de las
Fuerzas Armadas de preocuparse por la formación de la tropa, sino
también, y muy especialmente, con vistas a la profesionalización.
Como probablemente sabe S. S., la profesionalización absoluta de las
Fuerzas Armadas, que es propósito del Gobierno llevar a cabo en el
plazo previsto de seis años, implica el dar incentivos para que de modo
voluntario jóvenes españoles de ambos sexos quieran prestar servicio
en filas. Para ello no hay mejor estímulo que el facilitarles la
obtención de un puesto de trabajo. Dicho de otra manera, contribuir a
solucionar lo que sin duda es el principal problema nacional, el
desempleo, especialmente en lo que afecta a la juventud.
Por el momento, las acciones encaminadas por el Ministerio a esta
finalidad son: el programa de educación permanente de adultos, que
trata de garantizar a todos los soldados y marineros la posibilidad de
alcanzar el nivel de educación obligatorio para todos, título de
Graduado Escolar; segundo, el programa de formación profesional
reglada, FP-1, realizado en colaboración con el Ministerio de Educación
y Cultura y consejerías de educación de diversas comunidades autónomas,
que tiene por finalidad dar a la tropa y marinería profesional y de
reemplazo la oportunidad de continuar su proceso formativo y educativo
y prepararles para el ejercicio de una profesión, facilitando así su
reinserción en el mundo laboral.
Desde 1988 hasta 1996 han realizado estos cursos 13.500 soldados y
marineros, han obtenido el título de técnico auxiliar el 40 por ciento
de los presentados y para el primer curso de 1997, entre enero y junio,
se han apuntado 3.700. Además, está el programa de formación
profesional ocupacional, donde se imparten enseñanzas profesionales de
automoción, hostelería, construcción y servicios. Para 1997 se cuenta
con una subvención de 435 millones del Inem y diversas comunidades
autónomas para la realización de 220 cursos. Todo ello, señor
Presidente, con salvedad de lo que se está preparando y está siendo
objeto de estudio por parte de la Comisión Mixta Congreso-Senado para
el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿PUEDE EL GOBIERNO CONFIRMAR O
DESMENTIR LA NOTICIA HECHA PUBLICA POR LA CUAL SE AFIRMA QUE EL CESID
MICROFILMO Y COLABORO EN EL TRASLADO A TERCEROS PAISES DE DOCUMENTACION
ARGENTINA RELATIVA A LA REPRESION Y SOBRE PERSONAS DESAPARECIDAS EN EL
PERIODO DE LA DICTADURA MILITAR DE 1976 A 1983 DE ESE PAIS? (Número de
expediente 180/000546)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 36 que formula al Gobierno doña
María Angeles Maestro Martín, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra la señora
Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, ¿tiene usted constancia de la existencia en
su Ministerio o en dependencias del Cesid de documentación microfilmada
relativa a la represión, tortura, asesinato y desaparición de personas
llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas argentinas durante la dictadura
militar que aquel país sufrió entre el año 1976 y 1983? ¿Tiene usted
noticias de la existencia de contactos entre el Cesid y el servicio de
información argentino para la defensa en esas fechas o en fechas
inmediatamente posteriores? ¿Tiene usted noticia de la existencia de
aterrizaje de aviones en mayo de 1983 o en fechas inmediatamente
anteriores, de aterrizaje en la zona militar del aeropuerto de Barajas
o de Canarias de aviones procedentes de Argentina y que pudieran
contener datos relativos a la tortura y desaparición de personas?
Finalmente, ¿se realizaron en El Escorial o en otras dependencias del
centro de Madrid del Cesid algún tipo de actuación relativa a datos
procedentes de la tortura, asesinato y desaparición de personas en
Argentina en las fechas indicadas?
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Señor Ministro, como sabe, el Reglamento sólo le obliga a contestar a
la pregunta que previamente había sido formulada por la Diputada, y que
luego ha desarrollado en su intervención en los términos que libremente
ha considerado oportuno. Por tanto, no está obligado a contestar más
que a la pregunta que figura en el orden del día.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias,
Presidente.
Señoría, con toda brevedad y con toda contundencia. Ni el Ministerio
ni ninguno de los departamentos a él adscritos tienen la más mínima
noticia de la existencia de la documentación a la que S. S. se refiere.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Maestro, tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
La pregunta, que efectivamente he ampliado, se centra en la existencia
o no de documentación microfilmada, pero se hace extensiva
necesariamente a las relaciones entre los servicios secretos españoles
y los servicios de inteligencia argentinos; relación estrecha que debió
existir, ya que los datos, la información de prensa, hablar, al menos
en abril de 1982 de una llamada operación Algeciras, realizada por
miembros de los servicios secretos argentinos, que fueron confundidos
con delincuentes comunes por servicios de la Guardia Civil española,
se pusieron inmediatamente en comunicación con el Cesid, fueron
trasladados a Madrid y repatriados a Argentina.
Asimismo, el Presidente del Gobierno, el día 10 de mayo de 1996, es
decir. inmediatamente...
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, concluya, por favor.
Si tiene alguna cuestión más, expóngala.
La señora MAESTRO MARTIN: Simplemente, rogar al Ministro de Defensa que
transmita al Presidente del Gobierno que, en su próxima visita a
Argentina el día 20 de abril, solicite del Gobierno argentino la máxima
colaboración con la justicia española...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Maestro. Esto se desvía de
la cuestión.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor Presidente, señoría,
he dicho contundentemente que no hay ninguna noticia, ni la más mínima,
de la existencia de dicha documentación. Por tanto, no consta para nada
la veracidad de esas afirmaciones.
Vamos a ir un poco más allá, señoría, hacia la verosimilitud. Es
difícil que se hagan llegar dos aviones Hércules de gran capacidad de
carga para trasladar una documentación microfilmada a territorio
nacional, para lo que haría falta muy poco espacio, y luego dos
camiones para sacarla de dicho territorio nacional.
Con independencia de la transmisión del mensaje de S. S., puedo repetir
que no hay ni la más mínima constancia de la existencia de la
documentación ni de los viajes. Supongo que a lo mejor hubo algún
contacto a nivel personal con autoridades de Argentina para cualquier
otro cometido, pero no queda constancia en el Centro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MONTSERRAT PALMA I MUÑOZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS ACTUACIONES
PREVISTAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA POSIBLE EXISTENCIA DE REDES
ORGANIZADAS DE TRAFICO DE INMIGRANTES ILEGALES? (Número de expediente
180/000526)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno doña
Montserrat Palma i Muñoz, del Grupo Socialista.
Señora Palma, tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a raíz del fatídico accidente ocurrido el pasado 16 de
marzo en la carretera Nacional II,
entre Figueras y La Junquera, en el que murieron once inmigrantes, ha
salido a la luz la existencia de redes organizadas de tráfico de
inmigrantes ilegales por carretera. ¿Cuáles son las actuaciones
previstas por el Gobierno respecto a la posible existencia de redes
organizadas de tráfico de inmigrantes ilegales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palma.
Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
no hay sólo actuaciones previstas por parte del Gobierno, hoy hay
realidades, resultados que han protagonizado los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, que han supuesto un golpe para esa mafia del
camión-patera, para esas redes que trafican de una forma tan miserable.
Ese es el fruto de un incremento de un 30 por ciento en las
investigaciones abiertas en los últimos seis meses.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Palma, tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro. Estamos al corriente de los buenos resultados
de estas investigaciones, pero quiero plantearle otra cuestión
relacionada con este tema.
El propio Sindic de Greuges, en Cataluña, se ha dirigido al Defensor
del Pueblo para ver de qué forma puede abordar una cuestión que viene
fomentada por --según sus propias palabras-- una política excesivamente
restrictiva; excesivamente restrictiva porque no es solamente un
problema de orden público; excesivamente restrictiva porque los
retrasos y la falta de agilidad que se están produciendo en los
trámites burocráticos provocan más ilegalidad y mayor caldo de cultivo
para las mafias del nuevo esclavismo.
Señor Ministro, no puede ser que el tema de la inmigración ilegal se
trate solamente en las páginas de los sucesos. No puede ser que
tratemos el tema sólo en clave policial. Observamos una actitud pasiva
respecto al necesario tratamiento global. Según ustedes no pasa nada,
dan la callada por respuesta y si hay un problema lo solucionan. ¿Qué
pretenden con esta actitud? ¿Esconder el problema?
Ustedes parecen haber olvidado que la inmigración es un fenómeno
sociológico en vías de consolidación y en aumento, con causas
estructurales. Su tratamiento prudente y responsable sólo es posible
a partir del consenso entre todos los sectores implicados, pero en
primera fila deben estar los responsables del Gobierno.
Sólo un detalle para terminar. En la reunión de anteayer de la Mesa de
Inmigración de las comarcas de Girona, formada por representantes de
administraciones, instituciones, partidos políticos y ONG, la primera
después del entierro de los inmigrantes fallecidos, ustedes no estaban.
No asistió el gobernador civil, pero en cambio sí salió en las fotos
de todos los actos públicos relacionados con el suceso. Así no vamos
bien, señor Ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palma.
Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
quiero decirle que las redes clandestinas de inmigrantes poco o nada
tienen que ver con la política de inmigración española, porque en ese
sentido España es un país de tránsito donde estas redes tienen como
origen final otros países de Europa occidental. Quiero decirle también
que por las investigaciones policiales que están teniendo lugar se
confirma esta estricta realidad. En este sentido añadiré que la Unidad
Central de Extranjería, en una brillante operación, procedió a la
detención en los primeros días del mes de abril del principal
responsable de esa red de inmigración clandestina, el súbdito marroquí
Lackbir Aitsalan; que en los primeros días del mes de abril, en un
puesto fronterizo en la provincia de Girona, se consiguió detener a
ocho personas de nacionalidad marroquí que eran pasadores de
inmigrantes hacia la frontera hispano-francesa, y que, por último, en
el día de hoy, esta misma mañana, y de ahí la trascendencia de lo que
en estos momentos estoy diciendo, la Unidad Central de Información de
la Comisaría General de Información y la Brigada de Información de la
Jefatura Superior de la Policía de Valencia, en una operación
desarrollada a partir del 6 de abril, ha detenido a 11 personas de
origen argelino. Es ésta una investigación muy importante, muy
trascendente y muy significativa, que viene a desmentir una vez más el
origen y la causa en la política de inmigración española. Son otras
causas profundas, y algunas relacionadas con la violencia fuera de
España, las que ocasionen el traslado de esas redes de inmigrantes
ilegales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DEL CARMEN HERAS PABLO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE El ELEVADO NUMERO DE ACCIDENTES DE TRAFICO DE LAS
VACACIONES DE SEMANA SANTA ES CONSECUENCIA DE LA SITUACION ECONOMICA?
(Número de expediente 180/000527)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17 que formula al Gobierno doña
María del Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista.
Señora Heras, tiene la palabra.
La señora HERAS PABLO: El Director General de Tráfico ha hecho en
fechas recientes unas declaraciones disparatadas y demagógicas sobre
la mortalidad en las carreteras. ¿Considera el Gobierno que el elevado
número de accidentes de tráfico en las vacaciones de Semana Santa es
consecuencia de la situación económica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Heras.
Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, el
Gobierno está en disposición de dar en este terreno los siguientes
datos. En primer lugar, es verdad que las cifras han aumentado un 6 por
ciento respecto de la Semana Santa del año 1996. En segundo lugar, no
se puede hablar de una evolución de tendencia en la accidentalidad,
porque si en el año 1996 hay 134 muertos, en el año 1992 hay 177; en
el año 1993, 175, y en el año 1995, 153. En tercer lugar, se puede
hablar de un aumento de lo que significa la circulación y el número de
desplazamientos en esta Semana Santa respecto del año anterior, y de
15 millones de vehículos desplazados en el año 1996, puede hablarse de
18 millones de vehículos en el año 1997. Por último, se puede decir que
no es razonable extraer las conclusiones de la Semana Santa, que no
pueden ser extrapolables a todo el año debido a la escasa amplitud del
período de referencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Heras, tiene la palabra.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor Presidente.
Lamento que el señor Ministro de Interior no haya contestado a mi
pregunta.
El Director de Tráfico ha dado una explicación falsa y demagógica ante
un hecho tan desgraciado como es el de la subida del número de
accidentes de tráfico. Pretende así disculpar su responsabilidad en el
tema y su falta de competencia.
Observando los datos de años anteriores y las actuaciones que la
Dirección de Tráfico actual tiene ahora mismo en marcha, puede verse
que sus responsables no han sido rápidos en la toma de medidas de
prevención y control, fruto al menos de una innegable falta de
reflejos.
¿Porque se mueven los coches y se gasta combustible puede decirse que
ha mejorado la economía de un país? De ser esto cierto, el Gobierno
debiera patentar un nuevo índice de reconocimiento de sus muchas
virtudes. Si la economía es directamente responsable del tráfico,
nuestro grupo político se atrevería a dar un consejo al Gobierno, y es
que, dentro de su política de reducción de altos cargos, eliminen la
Dirección General de Tráfico y sus competencias pasen al Ministerio de
Economía.
¿Bonanza y mejora económica para quién, señor Ministro? El dato de que
un 23 por ciento menos de personas que el año pasado se han movido de
su casa en estas vacaciones desmonta claramente lo dicho por su
Director General de Tráfico. Lo cierto es, señor Ministro, que el
número de víctimas mortales en accidente de tráfico ha crecido --usted
ha dicho un 6 por ciento, yo tengo datos de un 10 por ciento-- en
relación al período anterior, y se ha roto una tendencia a la baja que
se venía produciendo en los últimos años.
Los datos demuestran que una política de mejora de infraestructuras
viales, de medidas preventivas de seguridad, de comunicación, de
educación, junto con la implicación de los sectores debidos, da siempre
buenos resultados. Así que, por favor, menos demagogia y frivolidad en
los comentarios y mucho más compromiso en la toma de decisiones que
después de tantos meses aún sigue esperando el ciudadano. Más hincapié,
por favor, en campañas de publicidad disuasorias frente a la subida del
precio de las multas; más rapidez en la presentación del plan de
seguridad del año 1997, en la puesta en marcha de los reglamentos de
vehículos o conductores, y en los nuevos límites de velocidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Ministro del Interior, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
no sólo para demagogias sino para falsedad su intervención, porque lo
que ha dicho en la Cámara es una falsedad. Ha hablado de un ciclo y de
una evolución de datos que no se corresponden con la verdad. En el año
1995 hubo 153 muertos; en el año 1997, 134; en el año 1993 hubo 175
muertos, y en el año 1992, 177.
Cualquier estadístico --y tendrá en su grupo algunos compañeros-- le
dirán que eso no es precisamente una evolución en ninguna dirección.
Eso lo que significa es que, de la misma manera que en el año 1996 se
produjo un descenso, en el año 1995 se produjo un crecimiento. No hay
cifra evolutiva en esa dirección.
Le quiero decir a usted que no solamente es el número de
desplazamientos lo que significa un aumento en la mortalidad en los
accidentes de tráfico. En la universidad de Valladolid, patrocinado por
la Dirección de Tráfico, se ha obtenido, de 285 muestras de conductores
fallecidos, el dato de que el 50,4 por ciento significa un mayor
consumo de alcohol; el 10,2 significa muerte por droga, y el 9,1
significa fármacos.
El Director General de Tráfico probablemente podía haber utilizado otra
expresión, pero todo esto, mayor número de desplazamiento de vehículos,
mayor consumo de alcohol, de droga y de fármacos, evidentemente
significan las causas profundas, de fondo, que hay que saber atajar y
no se atajarán con la demagogia que usted ha hecho en la pregunta.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTA EL MINISTRO DEL INTERIOR
DISPUESTO A ORDENAR UNA INMEDIATA INVESTIGACION ACERCA DE LOS GRAVES
HECHOS OCURRIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ CON OCASION DEL
DESALOJO DE LA SALA DE PLENOS ORDENADO POR EL ALCALDE? (Número de
expediente 180/000530)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 que formula al Gobierno el
Diputado don Javier Sáenz Cosculluela, del Grupo Socialista.
Señor Sáenz Cosculluela, tiene la palabra.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Señor Presidente, señor Ministro, en el
Ayuntamiento de Aranjuez se produjo una actuación policial ordenada,
al parecer, por el alcalde, que fue injusta, imprudente y brutal y que
sienta un precedente grave e intolerable. Por esa razón le pregunto:
¿Está el Ministro del Interior dispuesto a ordenar una inmediata
investigación acerca de los graves hechos ocurridos en el Ayuntamiento
de Aranjuez con ocasión del desalojo de la sala de plenos ordenado por
el Alcalde?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Cosculluela.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Cosculluela.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, el
Ministerio del Interior ha conocido y valorado en profundidad lo
sucedido en Aranjuez y está en condiciones de afirmar que se produjeron
gravísimos hechos en el pleno, y que la actuación policial fue correcta
y proporcionada ante la gravedad de los mismos. En cualquier caso, hay
una comparecencia prevista en la Comisión de Justicia e Interior que
nos va a dar la ocasión a todos de dar más información y de profundizar
más en lo sucedido en este Parlamento acerca de los hechos que
acontecieron en Aranjuez.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Sáenz Cosculluela.
El señor SAENZ COSCULLUELA: Efectivamente, en la Comisión tendremos
ocasión de debatir estos asuntos más despacio. Pondré a disposición de
S. S. información gráfica.
Sólo quiero decirle una cosa. Hace usted mal en dar crédito a la
versión de una persona como el alcalde de Aranjuez, que se comportó de
forma soberbia y autoritaria. Es falsa la versión que se ha publicado,
directamente influida por la opinión del alcalde. Y hay algo que
todavía no se ha explicado. ¿Cuál es la razón por la que se desaloja,
brutalmente y a golpes, a los concejales que estaban en su perfecto
derecho de permanecer en la sala de plenos del ayuntamientos? Nadie ha
dado todavía la explicación de por qué causa se expulsa violentamente
a unos concejales que están ejerciendo sus derechos constitucionales
en la sala de pleno. Se lo voy a decir, señoría. El alcalde dijo:
Limpien ese salón de plenos. Y la policía estuvo mal mandada y no se
comportó con arreglo a los valores constitucionales. No hubo
justificación. En la Comisión tendremos ocasión de saber qué versión
tiene un fundamento más razonable.
Lamento, señoría, que presente su versión como definitiva. Me hubiera
gustado que hubiera relativizado su opinión como yo estaba dispuesto
a hacer, para que, al final, se pudieran clarificar las cosas. Pondré
a disposición de S. S. cientos de fotografías que evidencian que no
hubo la más mínima agresión que justificase la entrada de la policía
de esa forma en el salón de plenos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Cosculluela.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): En primer lugar, señor
Sáenz Cosculluela, el alcalde no es cualquier persona en un municipio.
En segundo lugar, le pediría que hiciera la reflexión siguiente. Si se
producen gravísimos incidentes en la celebración de un pleno que
impiden el normal desarrollo del mismo, con insultos y
descalificaciones, a partir de las seis de la tarde. Si el alcalde
tiene que suspender el pleno durante una hora, ordenando el desalojo
del público. Si la policía local intenta el desalojo y no lo consigue.
Si el alcalde solicita a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
la colaboración de ésta con la policía local y ambos juntos no
consiguen el desalojo del pleno. Si una vez fracasado en este intento,
se persona en el Ayuntamiento un subgrupo de la primera unidad de
intervención, para tratar de convencer a las personas que están allí
presentes que desalojen. Si una vez fracasado ese esfuerzo, lo vuelve
a intentar la policía local. Si tres horas y cuarto después de comenzar
el pleno los incidentes continúan una hora y media después del intento
conjunto de la policía local y del Cuerpo Nacional de Policía, la
pregunta que usted me tenía que haber hecho, si no hubiese intervenido
el Cuerpo Nacional de Policía, es por qué razones el delegado del
Gobierno no intervino aquella tarde en Aranjuez. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL GOBIERNO
SOBRE LA DESPROPORCIONADA ACTUACION POLICIAL EN LOS INCIDENTES
ACAECIDOS EN OVIEDO EL DIA 1 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA QUE
PRONUNCIO EN LA CITADA CIUDAD EL EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS,
SEÑOR GEORGE BUSH? (Número de expediente 180/000531)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Ministro, el pasado 1 de abril la
policía actuó en Oviedo de una manera violenta, tensa, sorpresiva,
contra un grupo de manifestantes pacifistas. Más de veinte personas
tuvieron que ser objeto de atención hospitalaria, algunas de las cuales
siguen padeciendo lesiones fruto de esa acción represiva; varios
peatones fueron agredidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y
nada tenían que ver con los hechos que allí acaecían. Se han presentado
varias denuncias en los juzgados.
Señor Ministro, yo creo que empiezan a ser demasiados los tics
autoritarios que el rostro del Gobierno refleja. El recorte de
libertades empieza a ser ya preocupante. ¿Qué explicación da el
Gobierno sobre la desproporcionada actuación policial en Oviedo el
pasado día 1 de abril?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, respecto
de los hechos sucedidos en Oviedo, quiero decirle que se estableció un
adecuado dispositivo de seguridad, encaminado a garantizar el normal
desarrollo de las actividades sociales previstas, que había suficientes
datos como para tener esas prevenciones y esas precauciones, que los
hechos así lo confirmaron, y que fue probablemente la fórmula mejor
para evitar otras alteraciones de orden público de mayor calado y de
mayor gravedad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Cuesta tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Ministro, la mencionada actuación,
desde luego, ha tenido una gran repercusión y las imágenes que han
reflejado los medios de comunicación han sido brutales. Creo, además,
que ello ha empañado la imagen de una ciudad que se distingue por un
talante de tolerancia, de convivencia, de respeto escrupuloso a la
libertad de manifestación y de expresión de todos los ciudadanos.
Empiezan a ser ya demasiados los sucesos, los acontecimientos, los
episodios violentos de actuaciones disparatadas que algunas fuerzas
policiales han realizado bajo su mandato como Ministro. Antes le decía
que son demasiados los tics autoritarios que refleja el rostro del
Gobierno, en algunos casos, a través del abuso del decreto-ley, de la
persecución a empresas de comunicación y prensa críticas con el
Gobierno (Risas.), de la purga o de un indebido uso de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Estamos, señor Ministro, ante la aplicación de ese represivo principio
aznarista de que había un problema y ésta es la solución? Señor
Ministro, yo soy concejal de Oviedo, he asistido a la recepción que el
Ayuntamiento de Oviedo dio al señor Bush, fui a pie, crucé el
dispositivo policial, no observé ninguna actitud violenta por parte de
los manifestantes, no hubo el mínimo riesgo de que ello afectara a la
seguridad del Estado ni a la seguridad de las personas ni de los cargos
públicos que estaban ese día en Oviedo, y la Delegación del Gobierno,
señor Presidente, no emitió nota alguna. ¿Será quizá porque lo que
usted sostiene hoy aquí es insostenible en Oviedo? Yo creo que hay un
retroceso importante en las libertades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Le reitero, señor Cuesta, que se había detectado por parte de varios
colectivos una actitud abiertamente hostil a la presencia del señor
Bush en Oviedo, que se habían producido octavillas, que se había
convocado a una concentración que no fue comunicada a la Delegación del
Gobierno, en un acto ilegal, y que había un gran cartel en la Plaza de
la Constitución calumniando expresamente al señor Bush. Se consideró
conveniente el establecimiento de un dispositivo de seguridad y durante
la celebración del acto, en el Teatro Campoamor, un grupo de más de
cien personas trató de desbordar el cordón policial, agrediendo a los
agentes, por lo que fue necesario efectuar una carga policial, con el
resultado de dos policías y varias personas contusionadas y cuatro
detenidos. Una vez que se habían producido estos incidentes en el
Teatro Campoamor, este colectivo se dirigió al hotel La Reconquista,
y sin deponer su actitud inicial, se profirieron frases insultantes a
todas las personalidades que allí se dirigían. En un momento
determinado --éste es el informe del Delegado del Gobierno en
Asturias--, se abalanzan sobre un grupo de autoridades regionales,
arreciando en sus insultos e intentos de agresión, lo que
motivó la intervención policial, sin que en ningún momento se
considerara desproporcionada sino ajustada a la gravedad de los hechos.
Como consecuencia de ello, tiene usted razón, se produjo una desbandada
por la calle Uría, y, evidentemente, en esa carrera se atropelló --no
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado--, en su huida, a algunas
personas, se produjeron algunas caídas, siendo necesaria la presencia
de una ambulancia. Esto fue lo que sucedió.
Señor Cuesta, la imagen de Oviedo no la empañan las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ni las autoridades regionales, la empañan
quienes en aquel momento trataron de boicotear con esos actos y con
esas actuaciones lo sucedido. Y en cuanto a explicaciones a la opinión
pública, nosotros tenemos la conciencia tan tranquila que sabemos que
los que tendrán que dar explicaciones a la opinión pública son ustedes,
que tratan de enmarcar una estrategia predeterminada, como si fuese un
cliché desde el primer momento, para hacer un discurso que no se
sostiene y que va en contra de la seguridad de los ciudadanos, diciendo
que el Gobierno tiene tics autoritarios y tiene muestras de violencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN JAVIER GAGO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS QUE HA
EMPLEADO EL GOBIERNO PARA REDUCIR LAS APORTACIONES ECONOMICAS DEL
ESTADO A LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS? (Número de
expediente 180/000532)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
Diputado don Javier Gago López, del Grupo Socialista.
Señor Gago.
El señor GAGO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted conoce la enorme importancia que los planes de
obras y servicios tienen en los proyectos de inversiones de los
pequeños municipios, que son, como usted sabe, la inmensa mayoría de
los que integran el Estado español. Sabe también --lo sabe muy bien--
que los citados planes son a veces el único instrumento que dichos
municipios tienen para poder financiar las obras y servicios que
demandan sus vecinos; obras y servicios que, por regla general, afectan
a equipamientos y necesidades básicas de la población como
alcantarillados, abastecimientos domiciliarios de agua potable,
pavimentaciones de caminos, alumbrados públicos, guarderías infantiles,
etcétera.
Para la formación de los planes a las aportaciones de los propios
ayuntamientos y diputaciones se suman las del Estado, que han sido
reducidas, señor Ministro, para el presente ejercicio de una manera
arbitraria y escandalosa, y tal decisión no sólo ha creado un enorme
malestar en la Administración local y ha causado graves perjuicios
económicos a las castigadas arcas de los municipios más débiles, sino
que también ha afectado negativamente a miles de municipios y a
millones de ciudadanos que se preguntan, como yo, si esta reducción en
la que el Estado se ahorra miles de millones de pesetas tiene algo que
ver con el anunciado recorte de gasto ordinario para evitar el
despilfarro. Si no es así, señor Ministro, ¿cuáles son los criterios
que ha empleado el Gobierno para reducir las aportaciones del Estado
a los planes provinciales de obras y servicios?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gago.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, efectivamente, yo conozco muy bien la importancia de
los planes provinciales de obras y servicios --no en vano fui, como
usted también sabe, presidente de la Diputación de la provincia por la
cual usted y yo somos Diputados en esta Cámara-- y debo responderle que
no hay ningún criterio específico para reducir la aportación del Estado
a los planes provinciales de obras y servicios. Hay el general, el que
afecta a todas las partidas presupuestarias y que tiene su razón de ser
en la necesidad de hacer una política económica que cumpla los
requisitos de la convergencia europea. En cualquier caso, quiero
también recordarle que hay una partida, dedicada a financiar las
corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado, que
experimenta una subida del 6 por ciento, que es muy superior a la
subida total de los Presupuestos Generales del Estado que, como usted
muy bien sabe, es solamente del 1,7 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gago.
El señor GAGO LOPEZ: Señor Ministro, el criterio de recorte general no
puede afectar a millones de ciudadanos que no gozan de servicios tan
básicos como los que acabo de mencionar.
Señor Ministro, yo le pediría que no defraudara precisamente a esa
administración que le impulsó políticamente. Efectivamente, usted que
suele hablar con bastante frecuencia de pacto local, forma parte de un
gobierno que toma decisiones, una tras otra, en contra de la
Administración local, de un gobierno que pasa olímpicamente de la
Federación Española de Municipios, de un gobierno que reduce los
impuestos a los
económicamente más fuertes, regala miles de millones de pesetas a las
empresas eléctricas y pretende justificar la falta de financiación a
los ayuntamientos más débiles; un gobierno, en fin, que recorta las
cesiones obligatorias de suelo, acusa a los ayuntamientos de
especuladores y anuncia una nueva ley del suelo que, por lo avanzado
por el señor Ministro de Fomento, más bien parece una ley de la selva.
Y ya termino, señor Ministro. Por el cargo que usted ocupa, por los que
usted ha ocupado en la Administración local, me atrevo y debo pedirle
que trabaje usted desde su Ministerio en defensa de las competencias
y autonomía de la Administración local, en defensa de los ciudadanos
de este país que aún carecen de alcantarillado, de agua, de alumbrado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gago.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Gago, tiene usted razón en sus preocupaciones, pero no tiene
usted razón en el tono que ha empleado, que no es el habitual en usted,
ni como miembro del Partido Socialista, en el fondo del asunto, porque
ustedes han dicho que están de acuerdo con los requisitos europeos:
apoyan los objetivos de déficit del gobierno, de inflación, de tipos
de interés de deuda y, luego, se van quejando parcialmente de la
dotación de las distintas partidas presupuestarias.
Dice S. S. que se reducen los planes provinciales, la educación, la
sanidad, los sueldos de los funcionarios, etcétera. Pero, me pregunto
yo, ¿cómo se puede conseguir el objetivo del déficit 3 con las
distintas propuestas parciales que llevan ustedes haciendo en esta
Cámara a lo largo del año? Si aprobáramos todos no estaríamos en un
déficit 3, sino en un déficit 8 o en un déficit 9, por tanto, no
cumpliríamos los requisitos de la convergencia europea y, desde luego,
se demostraría, como se está demostrando ahora, que su discurso no
tiene ningún sentido.
Señor Diputado, le pido que nos explique aquí lo que no nos explicaron
cuando se produjo el debate presupuestario: ¿Cómo están ustedes de
acuerdo con los objetivos del Gobierno y, al mismo tiempo, se oponen
a todas y cada una de las medidas que adopte el Gobierno? Preséntennos
ustedes alguna alternativa. Personalmente, soy todo oídos, y, si me
convence, estoy dispuesto a apoyar sus interesantísimas propuestas, que
no he oído, por otra parte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿RATIFICA EL GOBIERNO LAS DECLARACIONES
QUE HIZO LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CATALUÑA ACERCA DE SUS INTENCIONES
DE ENCARGAR A LOS SUBDELEGADOS PROVINCIALES LAS COMPETENCIAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA? (Número de expediente 180/000544)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, que formula al Gobierno la
Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Mixto.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Para ser prácticos, puesto que después de las declaraciones ha habido
desmentidos e incluso autodesmentidos, le formularé la pregunta en
estos términos. ¿Ratifica usted, tal como ha dicho en declaraciones en
prensa, el hecho de que los subdelegados provinciales que van a
sustituir a los gobernadores civiles no van a tener en Cataluña
competencias en materia de seguridad ciudadana, desmintiendo las
primeras declaraciones que hubo de la delegada de Gobierno en Cataluña
en un sentido contrario? ¿Estamos ante una clara contundencia respecto
a este tema tan sensible para Cataluña?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.
La ventaja de mi coherencia es que me permite decir hoy lo que he dicho
hace muchos meses cuando presenté aquí, en las Cortes, la Lofage. Esta
ley supone el primer intento serio, como usted sabe, de reformar la
Administración periférica del Estado y adaptarla al nuevo Estado
autonómico. Una de sus novedades más importantes es que establece que
el delegado del Gobierno será el único representante del Gobierno en
las comunidades, será el jefe --que no lo era-- de la Administración
periférica, y será también el jefe --que tampoco lo era-- de las
fuerzas de orden público.
Los subdelegados asumirán la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en todas las comunidades autónomas, salvo en
aquellas en las que exista policía autonómica donde la competencia de
orden público, como es perfectamente comprensible, corresponderá a la
comunidad autónoma de que se trate. En el supuesto de que hubiera --que
lo habrá-- un período transitorio, será el jefe político el que tenga
que tomar las medidas oportunas y convenientes para que las cosas
funcionen de una manera razonable y eficaz.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Ministro.
No se le escapa, señoría, que causaron una cierta alarma en Cataluña
las declaraciones de la delegada del Gobierno en un sentido contrario,
que eran coherentes con las que ella mismo había pronunciado meses
antes. Eran coherencias distintas las de la delegada del Gobierno y las
de usted. En todo caso, me felicito de que las tesis del Ministro sean
las que, finalmente, se impongan.
A mí me parece que lo fundamental es que estamos en un interregno un
poco irracional, puesto que, mientras no haya un despliegue total de
la policía, de los Mossos d'Esquadra, en Cataluña y éstos no tengan las
competencias integrales en materia de seguridad ciudadana, va a haber
momentos en los cuales la competencia queda en una situación extraña.
Es el caso del Penta, en Tarragona, que va a formar parte de las
competencias que va a tener la delegada del Gobierno, que está en
Barcelona, y ha causado la lógica alarma en las comarcas de Tarragona.
Lo normal sería que el despliegue de los Mossos d'Esquadra fuera más
rápido, que el repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado se cumpliera de una vez, porque, de momento, hay despliegue pero
no hay repliegue. Esto nos preocupa porque en los sitios donde los
Mossos d'Esquadra se están desplegando no desaparece, sin embargo, la
Guardia Civil. Hay que culminar este proceso bien y deprisa.
Pretendemos que toda competencia en materia de seguridad la tenga la
Generalitat y, a partir de ahí, sí tiene sentido lo que usted mismo
dijo en unas declaraciones inteligentes --según creo-- en La
Vanguardia: que tenían que ser los delegados del Gobierno catalán en
las diferentes provincias quienes asumieran competencias en materia de
seguridad. Esto nos parecería lógico cuando las competencias las
tuviera completamente la Generalitat, pero si, de momento, tiene
competencias la delegada del Gobierno, lo que no puede ser es que los
subdelegados también las tengan.
Me alegro de este punto pero le pediría que, finalmente, se culminara
en un proceso más rápido, más ágil, más dinámico, con más convicción
el despliegue de los Mossos y del repliegue, que no se está
produciendo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señora
Rahola, quisiera decir dos cosas. Primero, que ésta es una ley muy
importante. Como he dicho en mi anterior intervención, es el primer
intento serio de hacer una reforma de la Administración periférica. En
segundo lugar, lo importante, mucho más importante que la ley, es que
utilicemos todos aquí el sentido común y la racionalidad. Esta Cámara
conoce perfectamente los objetivos de la ley, porque se han expuesto
en numerosas oportunidades. Yo mismo, recientemente en Comisión, he
dado una serie de explicaciones, a petición de un grupo parlamentario,
sobre cómo se iba a desarrollar la Lofage en el futuro. En este momento
lo que probablemente sobre sea un exceso de declaraciones de muchísimos
dirigentes políticos. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa
la Presidencia.)
Yo dije el otro día en unas declaraciones en un periódico que
recomendaría a la Generalitat, cuando asuma las competencias de orden
público, que no las asuma una sola persona desde Barcelona porque sería
absolutamente incapaz de ser eficaz, que es lo que, al fin y a la
postre, le va a demandar el ciudadano. Durante un período transitorio
--que no sé lo que durará, yo creo que a final de este año los Mossos
se van a desplegar de manera definitiva en una provincia, que es la de
Girona--, tendremos que tomar las decisiones necesarias para que el
servicio público se preste con la eficacia debida. Pero, repito, aquí
o se actúa con responsabilidad no sólo por parte del Gobierno --yo le
puedo asegurar que lo vamos a intentar--, sino por parte de todos los
grupos parlamentarios y de todos los dirigentes políticos, o podemos
generar problemas de ineficacia que no vendría a cuento generar. Flaco
favor le haríamos al conjunto de ciudadanos --en este caso, al conjunto
de ciudadanos de Cataluña-- si, como consecuencia de esta reforma,
produjéramos al final una ineficacia o peor prestación del servicio
público que actualmente se está dando.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA EVOLUCION DE LAS
LISTAS DE ESPERA QUIRURGICAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 1997? (Número
de expediente 180/000528)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 18, de don
José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, según datos del Ministerio de Sanidad, a febrero de
1997 la cifra de pacientes en listas de espera es de 173.716, es decir,
casi 5.500 más que en marzo de 1996, que era de 168.265. ¿Qué
explicación
encuentra el señor Ministro? Para ello le formulo la siguiente
pregunta. ¿Cuál es la evolución de las listas de espera en este primer
trimestre de 1997?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Moratalla.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor Presidente.
Tal y como usted me formula la pregunta, no puedo contestarla porque
todavía no disponemos de los datos del primer trimestre. Se comprende
que, habiendo terminado el mes de marzo recientemente, todavía no se
disponga de esa información. Sí le puedo confirmar los datos que usted
me da en relación a la lista de espera del mes de febrero. Es cierto
que hay un aumento sobre la cifra del mes de diciembre. Pero si tiene
usted en cuenta que siempre a primeros de año aumentan las listas de
espera de los hospitales; si tiene en cuenta que este año no se ha
puesto en marcha todavía el acceso a los conciertos al cien por cien,
porque se quiere seguir una legislación más rigurosa en cuanto a la
concurrencia pública para acudir al sector privado; si tiene en cuenta
que en los meses de enero y febrero ha habido dos días laborables
menos; y si se tiene en cuenta también que se miden de otra manera las
listas de espera este año --hay 800 pacientes en listas de espera que
no lo estarían si computáramos como hacíamos el año pasado--,
comprenderá S. S. que estamos, más o menos, en las cifras de fin de
año. Es un buen dato en este momento que nos permite confiar en que el
objetivo que habíamos fijado para este año, de que la lista de espera
no tenga demoras superiores a nueve meses y que la demora media se
reduzca de cuatro meses y medio a tres meses, se va a poder conseguir.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro por su contestación y por la falta de datos que
en la formulación de la pregunta no se puede exponer en esta Cámara.
Quiero aclararle que este Diputado ha estado en lista de espera
parlamentaria seis meses para recibir la contestación de su Ministerio,
ya que pregunté en el mes de septiembre de 1996 y he recibido
contestación, también sobre listas de espera en algunos de sus
aspectos, el 31 de marzo.
Igualmente, quiero significarle que la previsión del coste de ese plan
de choque eran 2.405 millones según la respuesta que dio el señor
Presidente del Gobierno al señor Villalón el 26 de junio de 1996, y que
la realidad del mismo ha supuesto 3.511 millones según respuesta que
obra en mi poder. Con una desviación de 1.106 millones de pesetas en
su coste, un tercio de este plan se ha dedicado a la optimización de
los recursos del sistema público y dos tercios se han empleado en
concertaciones con el sistema privado, en contradicción con lo
expresado por el señor Aznar en esta Cámara. Teniendo en cuenta que en
marzo de 1996 eran 168.000, en diciembre de 1996, 165.000 y que en
febrero usted ha corroborado que son 173.000, ajustando esas bolsas
emergentes no previstas según manifestaciones de su ministerio, y
espero que descontando los operados telefónicamente, cuyo coste confío
en que no figure por aquello de la disminución de la tarifa telefónica,
que no de la de abonados, cabe preguntarse para qué ha servido el plan
de choque, señor Ministro. ¿No son contradictorias estas cifras con lo
expresado por miembros de su ministerio en cuanto al aumento de
productividad en hospitales?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Moratalla.
Ha terminado su tiempo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señor Moratalla, el plan de choque ha servido para que una demora media
de siete meses en 1996 se redujera a cuatro meses y medio, para que más
de 30.000 pacientes que llevaban más de un año en lista de espera, y
casi 10.000 con más de dos años, haya dado lugar a que, a finales de
1996, el número de pacientes en lista de espera de más de un año sea
de poco más de 2.600. Eso se ha conseguido interviniendo a todos esos
pacientes, en más de un 80 por ciento, en centros privados y sólo el
16 por ciento en centros privados, y manejando un presupuesto para
conciertos con el sector privado que apenas superó el de 1995; es
decir, consiguiendo la mayor parte de los resultados con una mayor
actividad en nuestros centros en las jornadas de mañana y tarde.
El presupuesto inicialmente estimado de 2.700 millones, se elevó
después a 3.050 millones, pero me parece que esa imprecisión en los
primeros seis meses de gestión no tiene demasiada importancia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO ECHANIZ SALGADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL
ES LA POSTURA MANTENIDA POR EL GOBIERNO ANTE LA CREACION DE UNA RED DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIMENSION EUROPEA? (Número de expediente
180/000538)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de don José Ignacio Echániz
Salgado, del Grupo Popular.
El señor ECHANIZ SALGADO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el desarrollo del libre comercio en la Unión
Europea, la movilidad de los trabajadores, el incremento de los viajes
y el cada día mayor flujo de inmigrantes de otras áreas del planeta
fundamentalmente afectadas por enfermedades endémicas, ha aumentado el
potencial de los brotes epidémicos que trascienden las fronteras
nacionales. El resurgimiento de la difteria en los nuevos Estados
independientes de la antigua Unión Soviética, los brotes de cólera en
algunos de los países que rodean los mares Negro, Caspio o Mediterráneo
y la aparición de la enfermedad de ébola, han puesto de manifiesto la
vulnerabilidad de la población ante estas enfermedades que ocurren
fuera de nuestras fronteras.
Por otra parte, en los últimos años se ha desarrollado un importante
número de colaboraciones internacionales entre expertos en el campo de
la vigilancia de las enfermedades de declaración obligatoria, que han
demostrado ser efectivas para la detección de los brotes que afectan
a más de un país, facilitando acciones que han disminuido el impacto
de estos brotes en la población y promocionando medidas que disminuyen
el riesgo de futuros problemas, como se ha puesto ya de manifiesto en
enfermedades como la legionellosis, la sigellosis, la gripe o la
salmonellosis.
La colaboración en la vigilancia, en la detección del virus del sida,
ha permitido la información indispensable sobre diferencias de
comportamiento de esta enfermedad en los distintos países. Esas
colaboraciones han establecido relaciones muy fructíferas entre
epidemiólogos, microbiólogos y especialistas en enfermedades
infecciosas.
Por otra parte, el artículo 129 del Tratado de Maastricht sienta la
base legal para la acción de la Comunidad en el campo de la salud
pública, una acción que debe permitir la coordinación de la Unión
Europea con los gobiernos de los Estados miembros, con las
instituciones responsables de la vigilancia de las enfermedades de
declaración obligatoria a nivel nacional con las agencias
internacionales, como la oficina regional de la Organización Mundial
de la Salud para Europa o la división de enfermedades emergentes del
cuartel general de la Organización Mundial de la Salud y, desde luego,
con las comisiones de trabajo de salud pública del Grupo de los Siete,
con el objeto de desarrollar el intercambio de información, el marco
metodológico de trabajo y un inventario actualizado que regule la
colaboración y el desarrollo de criterios y estándares para la
evaluación de las colaboraciones, las comunicaciones y los datos, con
el objetivo último de mejorar la política de prevención y la salud
pública de nuestro país.
Por ese motivo, señor Ministro, le pregunto cuál es la postura que
mantiene el Gobierno ante la creación de una red de vigilancia
epidemiológica de dimensión europea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Echániz.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor Presidente.
Debo empezar por afirmar la enorme trascendencia que para la salud
pública supone la existencia de redes de vigilancia epidemiológica, ya
que las enfermedades transmisibles no sólo tienen una dimensión
nacional, sino que sus posibilidades de difusión hacen que adquieran
una dimensión europea e internacional, lo que en la actualidad tiene
una gran relevancia en virtud de las facilidades de desplazamiento y
del comercio internacional. Por ello, la creación de una red de
vigilancia epidemiológica de dimensión europea es recibida como un
instrumento sanitario de sumo interés que permitirá un mejor
conocimiento de las enfermedades transmisibles y de los brotes
epidémicos y facilitará en este caso la adecuada puesta en marcha de
las oportunas e inmediatas medidas de lucha epidemiológica. Además,
esta red permitiría a los profesionales y técnicos compartir con sus
colegas europeos datos, experiencias y propuestas de trabajo comunes
que sin ninguna duda enriquecerán y potenciarán el sistema español de
vigilancia epidemiológica, redundando en beneficio de la salud pública
de nuestro país.
No obstante, la creación de dicha red europea requiere el consenso de
todos los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea y
resolver con carácter previo algunas cuestiones que, como la definición
de la red y del papel que jugará en ella la comisión europea, su
financiación o determinados aspectos técnicos, son básicas para su
puesta en marcha.
En consecuencia, el Gobierno apoya la creación de una red europea de
vigilancia epidemiológica y así lo he manifestado en el consejo de
ministros comunitarios de salud celebrado el pasado día 12 de
noviembre, en el que la postura mantenida fue de apoyo a la red, una
vez que hayan sido superados los aspectos de configuración y
presupuestarios señalados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DE LA DIPUTADA DONA BLANCA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
INFORMAR EL GOBIERNO CUAL ES LA EVOLUCION DEL SIDA EN ESPAÑA? (Número
de Expediente 180/000539)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 29, de doña
Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo Popular.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad, el sida es una de las preocupaciones mayores
de la política sanitaria de los países europeos y sabemos que también
de su Ministerio y que desde el plan nacional del sida se está llevando
a cabo con bastante eficacia la lucha contra este mal. La evolución es
diferente en algunas comunidades autónomas y concretamente la comunidad
andaluza tiene una situación intermedia con relación a otras
comunidades autónomas en las manifestaciones de este mal. En mi
provincia, Granada, incluso hay diferencias dependiendo de las
instituciones sanitarias donde se detectan estos casos de sida.
Naturalmente, un problema de estas características no puede verse
aisladamente, sino que ha de verse globalizado en la totalidad de lo
que supone el sida, el desarrollo de esta enfermedad y su control
dentro de la política de un país y dentro del contexto europeo.
Por todo ello, señor Ministro, considerando que aisladamente es
imposible hacer este seguimiento, le pregunto, ¿puede informar el señor
Ministro de cuál es la evolución que tiene en este momento el sida en
España?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.
Yo comparto, como no podía ser de otra manera, su preocupación por este
problema, que es de extrema gravedad, la principal causa de muerte en
la juventud de España en este momento, superior a los accidentes de
tráfico, la primera causa de muerte de personas comprendidas entre los
25 y los 34 años y, por tanto, motivo de gran preocupación para todos
además de todos los daños morales y sociales que conlleva esta
enfermedad.
Desde el comienzo de la epidemia, el número total de casos registrados
ha sido de 43.218. De ellos, el 53 por ciento han fallecido. Los casos
diagnosticados durante los años 1995 y 1996 ascienden por el momento
a 6.392 y 4.158 respectivamente; no obstante, estas cifras son todavía
provisionales y la incidencia en 1996, una vez finalizada la
notificación y revisión de casos, se estima que será similar a la de
1995. La incidencia de casos nuevos tuvo una tendencia creciente hasta
1994, año en el que se produjo un aparente aumento, consecuencia de la
aplicación de una nueva definición del caso de sida. Tras superar ese
cambio, la incidencia está estabilizada o en ligero descenso.
La transmisión heterosexual se mantiene en ascenso, con una
estabilización de la incidencia de casos en hombres homosexuales y
bisexuales y en la transmisión madre-hijo, y un claro descenso en los
casos de receptores de transfusiones de sangre y hemoderivados. La
relación entre la evolución de la epidemia y los esfuerzos que, en
materia de prevención y de cuidados sanitarios, desarrollan las
administraciones sanitarias es notoria. El acceso a los nuevos
tratamientos con antirretrovirales, y a los tratamientos profilácticos,
no sólo están aumentando la calidad de vida de los afectados, sino
también la supervivencia y el retraso en la aparición de cuadros de
inmunodeficiencia extrema. No obstante, estamos trabajando en el
reforzamiento de una serie de medidas multisectoriales entre las
distintas administraciones, para intensificar la acción preventiva en
materia de sida. Seguimos tratando a los pacientes, como es obligado,
pero, además, está la acción preventiva. Y para eso estamos trabajando
en un aumento muy significativo de la entrada de drogodependientes en
tratamientos con metadona, con lo cual se consigue, como bien sabe S.
S., evitar muchos casos, y una acción educativa de prevención sanitaria
en esta materia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JENARO GARCIA-ARRECIADO BATANERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL COSTE DEL
ACONDICIONAMIENTO PARA AVIACION CIVIL DEL AEROPUERTO DE TORREJON?
(Número de expediente 180/000533)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 23, de don
Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Hace aproximadamente cuatro meses,
el día 10 de diciembre pasado, se produjeron en Barajas una serie de
incidentes y como resultado de los cuales se produjeron unas severas
restricciones en el uso del aeropuerto. El señor Ministro compareció
en Comisión, dio cumplida información sobre las causas del accidente
y entre las acertadas medidas que propuso para intentar solucionar los
problemas había una referida al uso de la base militar de Torrejón,
como apoyo para recuperar el ritmo de las operaciones en Barajas.
Quisiéramos saber, señor Ministro, cuál es el coste real que supone la
puesta en funcionamiento para uso civil de esa base.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor
García-Arreciado.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, el coste ha sido de 300 millones de pesetas, de los cuales,
50 han sido para obra civil y 250 para mejorar el equipamiento técnico
de la torre de control.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Creo, señor Ministro, que el coste
que usted ha citado es uno de los costes de las obras de
infraestructuras. Hay otros. Hay que hacer una carretera que una
Barajas con Torrejón, si no queremos que siga durando 27 minutos el
trayecto entre un aeropuerto y otro; hay costes de desdoblamiento del
personal de Aena; hay costes de personal de seguridad; hay costes en
handling; hay un alquiler, dicen, de 2.000 millones que hay que pagar
a Defensa por el uso por dos años de Torrejón; hay, en conjunto, un
coste estimado para estos 22 meses del orden de los 2.500 ó 3.000
millones, señor Ministro, para 250 pasajeros diarios --de los 60.000
pasajeros diarios que recibe Barajas, 250 van a Torrejón--, para cuatro
vuelos de los 700 diarios que recibe Barajas; escasamente el 0,1
ciento. A cada uno de los españoles nos cuesta 20.000 pesetas diarias
cada usuario de Torrejón. Y no tiene solución, señor Ministro, porque
el Ministerio de Defensa impone restricciones al uso civil en el
horario de 9 a 2.
Considerando esto, que no es posible mejorar el aprovechamiento en
Torrejón, desde la absoluta buena fe de este grupo, considerando que
Barajas ha recuperado su normalidad, porque ustedes han vuelto a operar
en horas punta a 60 movimientos por hora, en lugar de los 45 que
impusieron --sí, señor Ministro, sé que usted no lo quiere decir
públicamente, pero es así--, estimamos, sinceramente, que fue un gasto
que apoyamos porque lo creímos necesario, pero que en la situación
actual no se justifica de ninguna manera y le rogamos, con absoluta
buena fe, que reconsidere usted el mantenimiento de unas instalaciones
que, por las razones que sean, no han respondido a las expectativas que
habían generado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor
García-Arreciado.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo
en el fondo le agradezco extraordinariamente que me haga preguntas
sobre los aciertos del Gobierno y no sobre los errores.
Prever una ampliación de las posibilidades de un aeropuerto
congestionado, bloqueado y saturado como es el de Barajas, pensar en
una posible ampliación, por modesta que sea, es siempre, señoría, un
acierto, lo tome por donde usted quiera.
Juzgar usted la eficacia de una medida a los cuatro meses de su puesta
en práctica, pero tenga en cuenta, señoría, que el crecimiento del
tráfico aéreo es en estos momentos extraordinario, y que, como
consecuencia de una desastrosa gestión aeroportuaria de los gobiernos
socialistas, tendremos que esperar dos años todavía para disponer de
la tercera pista en el aeropuerto de Barajas, pista que permitirá
duplicar su capacidad.
Señoría, haber previsto una medida adicional, y es una medida modesta,
porque las obras de infraestructura son lentas, es siempre un acierto,
señoría. De lo contrario, dentro de un año, año y medio, dos años,
hasta que se concluya la tercera pista del aeropuerto de Barajas, la
congestión y los retrasos de Barajas no tendrían ni siquiera ese mínimo
escape que ofrece hoy la pista de la base militar de Torrejón de Ardoz.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES
HAN SIDO LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN LA RED VIARIA DEPENDIENTE
DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA PALIAR LOS GRAVES DESTROZOS CAUSADOS POR
LAS LLUVIAS EN ANDALUCIA? (Número de expediente 180/000540)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 30, de don
Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Popular. (Pausa.)
Si SS. SS. mantuvieran silencio se oiría mejor a la Presidencia.
Repito, pregunta número 30, de don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del
Grupo Popular.
El señor CASTILLO JAEN: Perdón, señor Presidente, no le había oído.
Muchas gracias.
Señor Presidente, señorías, señor Ministro, los aquí presentes
recordarán sin duda los graves daños producidos por las lluvias durante
los pasados meses de diciembre, enero y febrero en Andalucía y
especialmente
en la provincia de Granada, donde la cuantificación de los daños ha
sido el triple casi que en el resto de las provincias.
El Diputado que les habla, desde el día 22 de febrero, fecha en que
cesó la copiosa lluvia y pudieron comenzar las obras de rehabilitación
de las zonas afectadas, ha hecho un seguimiento riguroso de los
procedimientos y actuaciones que el Ministerio de Fomento ha tenido
respecto a la reparación de los daños causados.
En una situación grave en que los principales damnificados por la
lluvia han sido las carreteras de Granada y Málaga, construidas, por
cierto, en los últimos años de los gobiernos socialistas, es de
justicia reconocer que la reacción de su ministerio fue y ha sido
adecuada y precisa, poniendo en funcionamiento medidas inmediatas de
emergencia para evitar que la costa de Granada y su capital Motril
quedasen aislados del exterior. La presencia inmediata del director
general de Carreteras en dos ocasiones en las zonas afectadas, la
presencia casi diaria de responsables de geotécnia y otros muchos
técnicos del Ministerio de Fomento y las actuaciones del subdelegado
de Gobierno en Granada y de los responsables territoriales de
carreteras del Ministerio han sido eficaces y llenas de gran
responsabilidad. La presencia del Ministro de Fomento a pie de obra fue
fundamental no sólo para demostrar la voluntad política de este
Gobierno respecto a Andalucía sino para que el puerto y la ciudad de
Motril no quedasen aislados del exterior, para que los productos
hortofrutícolas de los invernaderos de la costa granadina pudiesen
tener su salida natural y que zonas eminentemente turísticas, como son
la costa de Granada y de Málaga, no se quedasen aisladas en períodos
cruciales respecto al exterior.
Por ello, señor Ministro, y porque le interpelo en nombre también de
los habitantes de una comunidad autónoma donde a su presidente se le
ha encomendado desde su partido como principal función la de poner
piedras en el camino del Gobierno de España y cuya preocupación por
rehabilitar sus propias carreteras a este Diputado le hubiese gustado
que hubiese sido parecida a la que su ministerio ha demostrado, por el
bien de todos los andaluces y de todos los españoles que por allí nos
desplazamos, le quiero hacer una pregunta: ¿Cuáles han sido las
actuaciones llevadas a cabo en la red viaria dependiente del Ministerio
de Fomento para paliar los graves destrozos causados por las lluvias
en Andalucía?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castillo.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que en pocas ocasiones es tan acertada la expresión de
daño catastrófico como en el acaecido en buena parte de Andalucía a
consecuencia de los temporales de lluvia de finales del pasado año y
del mes de enero del presente año 1997.
La presencia del Ministerio de Fomento para hacer frente a esos daños
fue inmediata, hasta el punto de que, no obstante la gravedad de los
daños causados por los temporales, en la Semana Santa se encontraban
habilitados ya todos los tramos de carretera afectados, abiertos a la
circulación para todo tipo de vehículos, con la disposición de los
mismos carriles existentes antes de los temporales.
Sería excesivamente prolijo señalar una a una todas las actuaciones y
reparaciones que se han llevado a cabo como consecuencia de los daños
causados. Muy en síntesis procedo a leerle lo que los servicios
técnicos del departamento me transmiten: Se procedió a la retirada de
tierras, saneamiento, limpieza de calzada y arcenes, reconstrucción de
terraplenes, extendido de aglomerado, limpiezas de obras de fábrica,
saneamiento, estabilización y bulonamiento de taludes, limpieza y
revestimiento de cunetas, colocación y arreglo de mallas de protección,
reposición de servicios, drenajes, etcétera.
Señoría, con cargo en parte al presupuesto del Ministerio de Fomento
y en parte al crédito extraordinario que mañana tendrá ocasión de
aprobar esta Cámara se hará frente a los 17.000 millones de pesetas que
va a suponer aproximadamente la reparación de los daños causados por
los temporales. De esos 17.000 millones, 8.000 irán destinados a
reparar los daños causados en la provincia de Granada, que ha sido la
más afectada; inmediatamente después la provincia de Málaga, 3.630
millones; a renglón seguido, Jaén, con 1.970 millones; Córdoba, 1.191;
Sevilla, 228; Almería, 157; Cádiz, 1.480 y Huelva, 417 millones, todas
ellas cifras redondeadas. Como digo, estos son gastos que se están
realizando ya en las obras de reparación y que serán financiados con
cargo al presupuesto ordinario del Ministerio y al crédito
extraordinario al que me he referido.
Muchas gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL RECIENTE DICTAMEN DE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO EN RELACION CON EL REGIMEN DE LICENCIAS DE LA
ORGANIZACION COMUN DEL MERCADO DEL PLATANO? (Número de expediente
180/000541)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Pregunta número 31, de don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.
A instancias del Gobierno americano estimulado por las muy poderosas
multinacionales del banano, el tribunal arbitral de la Organización
Mundial del Comercio evacuó un dictamen el mes pasado cuestionando el
régimen de licencia de la OCM del plátano, lo que causó la lógica
inquietud entre los agricultores canarios. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) No hay que olvidar que las multinacionales bananeras
americanas copan en la actualidad el 61 por ciento del mercado europeo,
correspondiendo a los países de la Unión Europea tan sólo el l 8, y el
21 por ciento restante a los países de la ACP, patrocinados por el
Reino Unido de la Gran Bretaña. Esta inquietud de los agricultores se
vio favorecida por las declaraciones de determinados dirigentes del
principal partido de la oposición, dando pábulo a que el Gobierno del
señor Aznar tenía abandonado en cierta medida los intereses plataneros
españoles.
A este respecto se producen en la prensa unas declaraciones del
erodiputado socialista canario indicando --y leo textualmente-- que ha
sido en estos doce meses de gestión del Partido Popular cuando se ha
desandado y dinamitado todo lo avanzado a lo largo de hasta catorce
años de trabajo ante la Unión Europea. Tengo la información necesaria
--decía el señor Medina-- para advertir sobre los firmes peligros que
estamos corriendo, sencillamente porque este Gobierno está dejando caer
todos los logros que se fueron acumulando durante más de una década.
Esto causó la inquietud correspondiente entre los agricultores y hemos
de decir que hasta la fecha, la OCM del plátano está funcionando
razonablemente bien y se contradecía con el hecho de que el Presidente
del Gobierno en fechas recientes recibió a los agricultores plataneros
y les dio las máximas garantías de que el Gobierno español defendería
los intereses plataneros canarios.
A la vista de todo esto --y hoy ha salido en la prensa canaria una
información de que los agricultores de la Unión Europea reunidos en
Londres han cerrado filas en defensa de la OCM del plátano--, quisiera
preguntar a la Ministra de Agricultura: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de este dictamen de la organización común de mercados y qué
nos puede decir acerca del posible funcionamiento de la OCM del
plátano?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero desmentir tajantemente las declaraciones
formuladas por el eurodiputado canario al que hacía referencia. Yo no
sé si dispone de información, más bien creo que dispone de
desinformación o desinforma voluntariamente; no sé si es que no sabe
o es que quiere ocultar algo o engañar a alguien, porque, como muy bien
sabe, el tema de Canarias, los problemas de la condición de región
ultraperiférica, la defensa de los intereses canarios, son unos de los
grandes ejes de acción del Gobierno español, tanto en el último Consejo
de Dublín cuanto en la próxima conferencia intergubernamental, donde
se ha incorporado este tipo de problemas. Canarias está defendida al
máximo nivel, con la máxima fuerza y con el máximo impulso por parte
del Gobierno español y de José María Aznar, su Presidente.
En segundo lugar, está el asunto del panel. Son conclusiones de un
dictamen que, como muy bien sabe
S. S., son provisionales y están abiertas a una próxima reunión entre
las partes. Además, si no hay un acuerdo, incluso existe la posibilidad
de llegar a un recurso de apelación. En su día y en esta Cámara
nosotros respaldamos al Gobierno en este acuerdo, votando unánimemente
una moción de respaldo con todos los grupos parlamentarios. Entendemos
que es una OCM razonable, que ayuda al sector, que es válida para
defender el sector platanero canario y vamos a seguir defendiendo al
máximo nivel los intereses plataneros canarios.
Quisiera recordarle que una de las conclusiones de la última cumbre
hispano-francesa fue precisamente la defensa común y cerrada de la
actual regulación de la OCM del plátano, a todos los niveles y en todos
los foros, lo cual coincide con el acuerdo adoptado hoy por los
agricultores en Londres, porque el problema del plátano no sólo
interesa a los plataneros canarios, españoles, sino que también afecta
a otros países europeos.
Por tanto, señoría, quiero transmitir a los productores canarios de
plátanos un mensaje de tranquilidad, señalando que el Gobierno va a
seguir defendiendo sus intereses, sea cual sea el resultado del panel,
con la máxima contundencia, impulsando la defensa que en este sentido
está llevando a cabo la propia Comisión Europea y apoyando precisamente
la máxima capacidad por parte de esa Comisión. Porque, como muy bien
sabe, dentro de los dictámenes provisionales hay una cuestión que
preocupa enormemente a todos los países, no sólo a ciertos países, de
la Unión Europea y es que también se considera como afectado a Estados
Unidos, por la cuestión de los servicios, lo cual crea unas enormes
preocupaciones de cara a otras cuestiones porque, como todo el mundo
sabe, Estados Unidos no es productor de bananos, sino únicamente
comercializador de ellos. Este sería un precedente enormemente grave
para otros productos y en ese sentido me parece que toda la Unión va
a cerrar filas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INFORMACION TIENE
EL GOBIERNO SOBRE LAS MEDIDAS QUE EJERCEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN
EL COMERCIO DE INMADUROS? (Número de expediente 180/000542)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo quiero decir, a tenor de la pregunta que hacemos a la señora
Ministra de Agricultura, que, al hablar de inmaduros, vamos desde este
momento a dirigirnos exclusivamente a las especies marinas, para
tranquilizar al resto de la Cámara.
Queremos trasladar a la señora Ministra una gran preocupación del Grupo
Popular, que seguro que la comparte con nosotros, sobre el tema de los
recursos pesqueros, pieza clave de nuestro programa electoral que tan
brillantemente está cumpliendo el Ministerio de Agricultura.
Los recursos pesqueros, como la señora Ministra sabe, no pueden
protegerse sin preservar la captura de inmaduros. Expresamos en breves
palabras esta gran preocupación y pedimos a la Ministra una explicación
para toda la Cámara al respecto, diciendo que sería necesaria la
clarificación y la homologación de las normas en relación con los
inmaduros, la clarificación no sólo de la pesca de inmaduros por parte
de las comunidades autónomas y las entradas en las mismas de esos
inmaduros, sino también de las sociedades mixtas, de las sociedades
extranjeras y de los productos que se importan, que también aportan
inmaduros a nuestro mercado, así como del gravísimo tema de los
ilegales, que aportan al mercado inmaduros, por ser en sí misma la
pesca ilegal dirigida a la captura de inmaduros; también porque las
ventas no se producen en las lonjas y se facilita así el comercio de
estos inmaduros. Nada de eso sería controlable sin la intervención de
las comunidades autónomas, como sabe muy bien la ministra.
Por tanto, es preocupación de la Cámara saber si el Gobierno tiene
alguna información o alguna conexión o coordinación con las comunidades
autónomas para que no se produzca este comercio de inmaduros y, por
tanto, para que se pueda cumplir con claridad y con eficacia algo tan
importante como es la preservación de los recursos pesqueros.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Coincido plenamente con las preocupaciones manifestadas por S. S. en
el sentido de que la lucha contra la captura de inmaduros en todos sus
aspectos, incluidos los ilegales, es uno de los elementos claves para
preservar nuestros caladeros y para preservar en general una
explotación racional de los recursos pesqueros. La Ley de 6 de julio
de 1995, sobre conservación y comercialización de los productos
pesqueros, es la que regula esta cuestión, pero prohíbe la
comercialización por debajo de tallas mínimas así como de inmaduros de
diferentes especies pesqueras, sin especificar o sin desarrollar las
precisiones necesarias para llevar a cabo un control definitivo. En ese
sentido, está en proceso la publicación en el BOE de un real decreto
por el que se fijan precisamente las tallas mínimas de comercialización
de determinadas especies pesqueras conforme a los recientes reglamentos
comunitarios y concretamente en lo que se refiere a 47 especies de
pescados, asimilándolas a las tallas mínimas biológicas.
Entendemos que mejorar las posibilidades de control supone
automáticamente una limitación en cuanto a las capturas y, por tanto,
insisto, una explotación más racional de nuestras pesquerías, pero
también la Secretaría General de Pesca está analizando la legislación
de las comunidades autónomas para impulsar con ellas una armonización
de la legislación nacional con la comunitaria, proponiendo asimismo a
las comunidades autónomas en el ámbito propio, que es el sectorial, que
lleven a cabo una adecuación o una armonización de las distintas
regulaciones que han puesto en práctica a lo largo de todos estos años.
Por otro lado, estamos mejorando de manera importante la información
y así los servicios centrales de la Administración reciben información
puntual de los controles e inspecciones realizados por funcionarios de
las comunidades autónomas, en torno a unos 300 anuales. En el ámbito
de la conferencia sectorial de pesca estamos trabajando reiteradamente
sobre este asunto.
Por último, quiero señalarle que, en el ámbito de la conferencia
Mundial de pesca, que se celebrará en septiembre en Vigo, va a ser
debatido el tema de la pesca ilegal y de la comercialización de
inmaduros en un foro internacional, con participación de distintos
países, y donde yo creo que vamos a colaborar una vez más con todo lo
que son las últimas normas o las últimas corrientes de pensamiento en
el ámbito de una explotación racional de los recursos y, en concreto,
de los recursos pesqueros.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO SOLBES MIRA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO UN PLAN
DE ESTABILIDAD PARA LA ECONOMIA ESPAÑOLA? (Número de expediente
180/000525)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno el
Diputado don Pedro Solbes Mira, del Grupo Socialista.
Señor Solbes.
El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Este fin de semana se han filtrado a la prensa algunos datos sobre un
plan de estabilidad. Según parece, se basa en bajar el gasto corriente
en un determinado porcentaje del PIB, no sabemos si afecta también al
gasto social o no, aumentar el gasto de inversión, bajar la presión
fiscal, y todo ello para reducir el déficit. Ya hablaremos de todo
esto.
Mi pregunta hoy es la siguiente: ¿Tiene previsto el Gobierno elaborar
un plan de estabilidad y cuándo conocerá el Parlamento ese documento
que conoce ya toda la prensa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
El Gobierno aprobará un plan de convergencia que se convertirá en plan
de estabilidad y crecimiento a partir de la entrada de nuestro país en
la moneda única y que será debatido por el Consejo de Ministros el
próximo viernes, y yo espero que aprobado, y remitido inmediatamente
al Parlamento para su debate, en cuyo momento estoy seguro de que
conoceremos las alternativas de los grupos parlamentarios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Solbes.
El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Ayer nos dijo en su comparecencia en la Comisión de la Unión Europea
que la ventaja de su plan es que ya se está aplicando. Sin embargo, su
plan tiene un problema básico y es la fragilidad de la cifra del
déficit; incluso el propio Banco de España ha hecho referencia a este
punto en su último informe sobre la inflación.
El año 1996 lo cerraron ustedes recurriendo al famoso teórico agujero
del pasado. También el Banco de España se refiere a la inercia de gasto
adicional que ha creado esta práctica. El año 1997 lo financiarán
ustedes con privatizaciones. ¿Cuántas al final? ¿Un billón de pesetas?
Tal vez, si rebañan mucho los cajones, en 1998 puedan encontrar algo
más de privatizaciones, pero ¿qué sucederá después?
La sostenibilidad sigue siendo su gran problema en términos de déficit
público, señor Vicepresidente. Por eso tal vez una importante empresa
de valoración de riesgo en los bonos soberanos, Moody's, ha dado una
clasificación a nuestro país situándole al mismo nivel que Italia,
Portugal o Grecia y desde luego no como Francia, Alemania ni incluso
como Irlanda. Por tanto, el problema básico que tenemos es qué va a
suceder con ese déficit a medio plazo. Nosotros seguimos pensando que
su planteamiento de bajar impuestos y, al mismo tiempo, reducir déficit
y mantener el gasto al nivel actual, especialmente el gasto social, no
es realista. Por eso hoy mi única pregunta sería: ¿nos puede responder
si el plan de estabilidad recogerá de forma expresa el compromiso de
mantener el gasto en sanidad, pensiones y educación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, gracias,
señor Diputado.
Indudablemente, cualquier persona puede hacer juicios de valor sobre
decisiones del Gobierno, pero si analizamos la existencia de planes de
convergencia anteriores, podemos llegar a la conclusión de que nosotros
somos el único Gobierno que ha cumplido el plan de convergencia en el
año 1996, que fue incumplido por el Gobierno anterior en 1995, en 1994
y en 1993. Por tanto, si tenemos que fijarnos en las experiencias de
redactar o cumplir planes de convergencia, seguramente no debemos mirar
hacia el pasado, ni siquiera hacia el pasado reciente. Sostener, como
acaba de decir S. S., que el déficit de 1996 fue afectado por el
agujero de 1995 es pura y simplemente una inexactitud demasiado
importante para las personas responsables precisamente de ese agujero
presupuestario.
Sí quiero insistir en que este plan de convergencia, a diferencia de
los anteriores, se basa en cifras que ya se están produciendo en
crecimiento, inflación y déficit. Además, por si alguien tiene alguna
duda, nosotros nos vamos a comprometer a que la parte más importante
del plan se produzca en los dos primeros y no en los últimos años, que
era la consecuencia de los dos
planes de convergencia anteriores. Por tanto, el próximo Gobierno no
se va a encontrar en la situación en que nos hemos encontrado nosotros,
que el cien por cien del ajuste presupuestario lo tenga que hacer el
Gobierno que venga a heredar este plan de convergencia, que en este
caso también será del Partido Popular. No le quepa duda a S. S. que
tendremos oportunidad de debatir este plan y tendremos oportunidad de
debatir lo que ha sucedido con los planes anteriores. No le voy a
explicar a S. S., porque lo sabe perfectamente, que no han sido ustedes
capaces de cumplir ninguna de sus previsiones en ninguno de los dos
planes de convergencia, porque en un período han hecho ustedes dos y
los dos los han incumplido; sólo se ha cumplido el año en que nosotros
hemos sido responsables del Gobierno. (Aplausos.--La señora Aroz
Ibáñez: No estamos preguntando por el cumplimiento del Gobierno
anterior.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno,
con cuya intervención finaliza el trámite de preguntas orales, que
constituye el punto quinto del orden del día, al haberse retirado las
números 11, 24 y 26 y aplazado la número 33.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) PARA LA
APLICACION DE UN PLAN DE MODERNIZACION DEL COMERCIO INTERIOR (Número
de expediente 172/000034)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día, interpelaciones
urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la aplicación de un
plan de modernización del comercio exterior, para cuya defensa tiene
la palabra el señor Homs. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, en la
defensa de la interpelación que hemos planteado para la aplicación de
un plan de modernización del comercio interior quisiera indicar que
esta es sin duda, señor Ministro, una interpelación singular. No es
singular porque la presente mi grupo parlamentario, porque no debe de
tener nada de singular que lo haga, sino que lo es porque mi grupo la
plantea no con ánimo de reprender al Gobierno en ninguna de sus
actuaciones en ese ámbito, no es esta una interpelación que se plantee
a la Cámara con ese espíritu, sino para reanudar el debate político
sobre un sector económico muy importante, que está experimentando en
estos momentos una profunda transformación interna. Nuestro grupo
presenta también esta interpelación, señorías, para conocer la política
sectorial del Gobierno en esta materia, para darnos la oportunidad de
debatir políticamente esas prioridades del Gobierno y poder concluir
luego cuáles deberían ser las principales actuaciones a impulsar en los
próximos meses. Finalmente mi grupo tiene el deseo de que con el debate
de esta tarde y con el que tengamos el martes de la semana que viene
podamos transmitir a la población directamente relacionada y vinculada
con la actividad del comercio, en un mensaje político positivo, la
voluntad de actuar en determinados ámbitos en los próximos meses y
años.
Esta interpelación, señor Presidente y señor Ministro, se formula con
una motivación constructiva, con la motivación de recuperar el debate
en esta Cámara después de un año, cuando discutimos la Ley general del
comercio, que, por cierto, se aprobó por unanimidad, donde definimos
los márgenes jurídicos de lo que podía ser un período que va hasta el
año 2001. En este momento nuestro grupo entiende que retomando aquel
debate político deberíamos reflexionar ahora sobre qué otras medidas
y actuaciones hay que impulsar para salir al paso de las dificultades
de este sector que se está transformando profundamente.
¿Cuál es la situación de este sector que justifique el interés político
de la Cámara y que requiera que mi grupo traiga una interpelación para
poder luego abrir un debate con todas sus señorías? Básicamente se
trata de uno de los sectores económicos más importantes, desde la
perspectiva agregada y global, que agrupa a casi el 14 por ciento de
la población ocupada; casi dos millones de personas están directamente
relacionadas con la actividad del comercio. También es un sector que
concentra uno de los pesos específicos del producto interior bruto más
elevados. Estamos hablando de un sector que casi representa el 12 por
ciento del producto interior bruto. No hay ningún otro sector en la
economía española, señorías, que, con este peso y con esta capacidad
económica, esté experimentando una transformación estructural tan
importante como la que está teniendo lugar hoy en el sector del
comercio.
Hay cambios de transformación estructural, sin duda como consecuencia
de la mayor presencia de nuevas modalidades de distribución y de
consumo, señor Ministro, y usted lo sabe perfectamente, pero hay
cambios que están siendo profundamente intensos y que están produciendo
tensiones hoy en la actividad del sector. Por ejemplo y por ofrecer un
dato puntual, solamente en el año 1996 la presencia y la implantación
de la modalidad de establecimientos comerciales y distribución como los
discount ha tenido un crecimiento del 25 por ciento. Se trata de una
modalidad nueva que está entrando en España, que está originando
tensiones
en la distribución, hacia el pequeño comercio y hacia el gran centro
de distribución, y de la que prácticamente nos hemos ocupado muy poco
últimamente. Señorías, el sector está sufriendo las consecuencias de
la transformación lógica de una modernización en las formas de vender
y de distribuir, pero también está experimentando las variaciones,
señor Ministro, y usted lo sabe muy bien, de lo que podríamos denominar
preferencias del consumidor. La sociedad ya no se provee de la misma
forma que lo hacía hace unos años. No solamente hay esos cambios en sus
preferencias y cambios estructurales por las mayores implantaciones de
ese tipo de establecimientos, sino que, a la vez, todo ello pivota y
planea sobre una situación económica de demanda recesiva en consumo.
Por parte de mi grupo quisiera dar pie a una reflexión sobre este tema.
No se va a reactivar el consumo con medidas sectoriales, y esto lo
sabemos, y en este sentido quiero sumarme a la opinión de que la
prioridad para reactivar el consumo en el país viene dada por la
aplicación de una adecuada política económica; adecuada política
económica que es la que se está aplicando en estos momentos, que es la
que el Gobierno ha impulsado desde que empezamos esta legislatura,
orientación a la que mi grupo se ha comprometido. Hoy tenemos un marco
económico muy distinto al de hace simplemente dos años: una inflación
baja, lo que conlleva un estímulo directo a reactivar el consumo; un
tipo de interés mucho más bajo, que también contribuye a ello; pero
también tenemos unas perspectivas de creación de empleo que van a
ayudar mucho a la reactivación del consumo. Todo ello es positivo, sin
perder sin duda la perspectiva agregada de la evolución y de la
política económica, que es el marco en el que se debe desarrollar la
actividad del comercio. No es suficiente determinar solamente ese
marco; es condición necesaria, pero, repito, no es suficiente para
afrontar la situación de este sector.
Por eso, señor Ministro, ante la situación de un sector con tensiones
internas como consecuencia de la evolución y de las transformaciones
estructurales que está experimentando, motivadas por los cambios de
preferencia del consumidor y de una demanda que todavía no ha
arrancado, pero sobre la que ya se puede visualizar una previsión más
optimista --y en ese sentido el plan de estabilidad apunta para los
próximos cuatro años unas perspectivas de un crecimiento en la variable
consumo en torno al 2 ó 2,2 por ciento, dato positivo--, nuestro grupo
cree que es importante conocer qué podemos hacer a partir de este
contexto para ayudar al ajuste y para orientar la transformación
adecuada que está experimentando el comercio.
Las competencias en materia de comercio están cedidas, señorías, y, por
tanto, todo aquello que hace referencia a la ejecución de la Ley del
comercio corresponde a las comunidades autónomas, pero hay otras
cuestiones, que son las que a mi grupo le interesaría conocer del
Gobierno en esta interpelación, sobre las que sería interesante
debatir. Es un sector que se reestructura, un sector que en algunos
ámbitos abandona la actividad económica, el pequeño comercio, el
comercio tradicional, que se replantea en la sociedad de forma
distinta, que necesita unas revisiones en ámbitos temáticos, como podía
ser la fiscalidad, el ámbito laboral o simplemente la reforma de los
regímenes a que están hoy sometidos los trabajadores ocupados en esta
actividad económica. Se trata, pues, señor Presidente, de conocer por
medio del Ministro de Economía cuáles son las prioridades que tiene el
Gobierno para poder atender esta situación específica que atraviesa
este sector. No creo que podamos litigar mutuamente, señor Ministro,
en esta interpelación ni transmitirnos discrepancias en torno a cómo
afrontar esta situación, porque, primero, ustedes no han tenido todavía
tiempo de desarrollar su programa en todos sus ámbitos. No es momento
de hacer balance, pero sí de establecer prioridades. Vea usted esta
interpelación con esa motivación. Es una interpelación que se presenta
para alertar al Gobierno, urgirle y estimularle a que demos prioridad
a unas actuaciones para complementar las que ya se han llevado a cabo
en el ámbito legal y jurídico de la Ley general del comercio y las que
también están llevando a cabo las comunidades autónomas.
Yo quisiera, señor Presidente, en esta primera intervención transmitir
al Gobierno que hay actuaciones puntuales a aplicar que podían ayudar
mucho a este ajuste duro que está experimentando el comercio pequeño
y tradicional. La ley abrió un período de cinco años, que abarca hasta
el año 2001. En el año 2001 habrá que tomar algunas medidas y algunas
decisiones como consecuencia de lo que ha establecido la Ley general
del comercio y hasta entonces la ley instaba a que el Gobierno
desarrollara en ese período un plan de reforma y de reestructuración.
El fondo de esta interpelación es requerir la voluntad política del
Gobierno, el interés y el contenido de las actuaciones a llevar a cabo
en el marco de este plan de reestructuración del comercio que hay que
desarrollar y cumplimentar.
No quiero alargarme más en esta primera intervención, señor Presidente.
Solamente insistiré de nuevo en el espíritu de nuestra interpelación.
Este es un sector del que hay que ocuparse, al igual que hemos tenido
la oportunidad de hacerlo en otras muchas ocasiones al discutir en esta
Cámara sobre sectores en crisis, en reconversión o en fase de
transformación. Nos hemos ocupado en esta Cámara de muchos sectores
económicos que han atravesado cambios profundos y que han requerido de
medidas y de decisiones políticas en el ámbito económico para salir al
paso de esas transformaciones. Este es el espíritu central de la
interpelación: pedirle al Gobierno que establezcamos una prioridad
sobre este sector con el ánimo de buscar contenidos complementarios a
la Ley general del comercio para
enfocar de forma óptima la transformación dura que está experimentando
esa actividad económica que en un futuro quizá pueda ser de las más
importantes de nuestra economía.
Señor Ministro, quedo a la espera de conocer la posición del Gobierno
y de que podamos proyectarnos hacia un diálogo para conseguir un
consenso entorno a unos compromisos políticos dirigidos a este ámbito
sectorial.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, la
preocupación que el señor Homs y su grupo parlamentario plantean sobre
la cuestión del comercio y su desarrollo en la economía española es
plenamente coincidente con la posición que tiene el Gobierno y el Grupo
Popular.
A lo largo de los últimos años, y cuando hablo de los últimos años me
refiero a las legislaturas desde finales de los años 80 hasta la
actual, los que hemos tenido la oportunidad de participar en esos
debates en esta Cámara hemos ido evolucionando, y esto se podría decir
para todos los grupos parlamentarios, en el convencimiento de que los
sectores microeconómicos de nuestra sociedad, lo que se ha venido a
denominar la economía productiva, y también en gran medida las pequeñas
y medianas empresas no sólo debían de formar parte de una descripción
de la economía española sino de la política económica del Gobierno, que
no bastaba con políticas macroeconómicas o con una preocupación
constante por las variables macroeconómicas del Gobierno, sino que el
Gobierno, cualquiera que fuera, en este caso el Gobierno del Partido
Popular, tenía que tener una clara preocupación por diseñar su política
macroeconómica en relación con la realidad económica productiva,
comercial e industrial española.
El señor Homs lo ha dicho y yo coincido con él. Para poder afrontar la
realidad microeconómica de nuestro país lo primero que hay que tener
es una política macroeconómica que garantice la estabilidad.
Probablemente no ha habido nada tan dañino para la realidad
microeconómica de nuestro país, para el comercio, para la industria,
como las políticas monetarias como único instrumento para garantizar
la estabilidad macroeconómica. Las tasas de interés que se vivieron en
nuestro país a finales de los 80 y principios de los 90, como
consecuencia de la utilización en exclusiva de la política monetaria,
y también el tipo de cambio que se aplicó a partir de finales de los
años 80 como consecuencia de esa misma política monetaria fueron
extraordinariamente dañinos para la realidad económica de nuestro país.
Pero es que además, y creo que todos somos conscientes de que sobre
ello se produjo una evolución en la última legislatura, el entorno
microeconómico y administrativo del Gobierno durante los años 80 y
principios de los 90, en el mejor de los casos, fue de total
desconocimiento de la realidad microeconómica de este país. Pretender
que el Gobierno tuviese una dedicación constante sobre sectores
económicos concretos y mucho más sobre un sector como el comercio
parecía en aquellos momentos una política intervencionista y alejada
de cualquier modernidad o de cualquier instrumento para acercarnos a
Europa.
La realidad nos demostró que medidas legislativas pensadas sin conocer
la realidad económica de nuestro país, aunque sea sorprendente, como
la política tributaria de módulos, medidas tomadas sin tener en cuenta
cuáles pueden ser sus consecuencias, como algunas políticas de absoluta
libertad del movimiento de los alquileres, u otras consideraciones que
se produjeron desde el punto de vista de pretender aplicar una total
libertad a sectores concretos como puede ser el comercio, mientras que
se mantenían monopolios en energía, en telecomunicaciones y en otras
inputs imprescindibles para el funcionamiento económico, acarrearon
unas consecuencias extraordinariamente negativas para un sector
concreto, para el empleo y para la realidad económica de los españoles.
Por tanto, hemos de llegar a una conclusión --que quizá sea una primera
conclusión negativa, pero de la que podemos pasar a conclusiones
positivas-- y es que, para el comercio, tener un entorno macroeconómico
desestabilizado, un entorno microeconómico administrativo que le
desconoce, cuando no le desprecia, y un entorno tributario hostil
seguramente es la peor de las circunstancias, lo cual no es
sorprendente, porque eso es malo para el comercio y para cualquiera.
A partir de ahí no cabe duda que el Gobierno del Partido Popular desde
un comienzo ha tenido un claro compromiso --claro compromiso que
provenía de nuestra actuación como grupo de la oposición-- con el
diseño de una política macroeconómica que estuviera también en
consonancia con una política microeconómica definida y con una
actuación en muchos casos positivamente discriminatoria con sectores
concretos de la actividad y especialmente con sectores como el comercio
y las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que aplicábamos
políticas de liberalización a los monopolios, al mismo tiempo que
exigíamos que los precios regulados de las grandes compañías se
mantuvieran en crecimientos inferiores al IPC, desde un principio hemos
estado tomando medidas claramente dirigidas con carácter sectorial a
las pequeñas y medianas empresas y al comercio. Y esto no ha sido
pacífico en esta Cámara, y por eso yo espero que de esta interpelación
y de la moción del próximo martes podamos
avanzar quizás en una visión que tenga mayores apoyos, aunque ya
anuncio que nuestro Gobierno va a continuar con una política claramente
sectorializada con respecto al comercio y a la pequeña y mediana
empresa, a la que desde luego nos gustaría se pudiera sumar la mayor
cantidad de grupos, y estoy seguro que desde un principio lo hace el
Grupo de Convergència i Unió. Por eso, en lo único en lo que no estoy
de acuerdo es en que diga S. S. al principio de su interpelación que
no hemos tenido tiempo, porque hemos tenido tiempo para hacer muchas
cosas; lo que pasa --estoy de acuerdo con S. S.-- es que todavía
tenemos muchas otras que hacer por delante.
El sector de la distribución comercial, sin duda, es un sector sometido
a variaciones muy importantes. Es un sector que ha sido objeto de
transformación como consecuencia de los hábitos de las familias
españolas, como consecuencia del nuevo urbanismo de nuestras ciudades,
como consecuencia de la competencia internacional que ha sufrido de
manera abierta desde un principio y como consecuencia de la existencia
de nuevas fórmulas de consumo, unas producidas por las familias
españolas y otras producidas por la propia oferta, que ha venido a
modificarse a lo largo del tiempo. Desde luego, los problemas de
adaptación del comercio tradicional y al mismo tiempo la importancia
social y económica del comercio en nuestra sociedad yo creo que han
sido poco puestas de relieve hasta recientemente. En ese sentido me
parece importante destacar que la existencia de comercios tradicionales
en el centro de nuestras ciudades es un instrumento no sólo económico
sino también social de mantener un tipo de vida y un tipo de sociedad
en la que desde luego nosotros estamos comprometidos.
La aprobación de la Ley de ordenación del comercio minorista al final
de la pasada legislatura, aprobada con un respaldo yo diría que
prácticamente mayoritario, si no unánime, supuso un paso sustancial de
cambio de orientación en lo que podría ser el entorno microeconómico
o la legislación sectorial específica del comercio. No se solucionaron
en esa ley todos los problemas --indudablemente tampoco era ese su
objetivo--, no se solucionaron en esa ley los problemas macroeconómicos
de estabilidad y de tipos de interés, ni se solucionaron algunos
problemas que afectan a la financiación de las compras de los productos
perecederos, por poner otro ejemplo, como tampoco se solucionaron los
problemas tributarios, como no podía ser de otra manera. Sin embargo,
se avanzó en fórmulas que permitiesen el desarrollo del pequeño
comercio y del comercio en general en un ambiente de legislación
sectorial, no de desconocimiento, sino de conocimiento. Esa fue la
primera oportunidad en mucho años
--desde luego, desde el año 1982, en que soy miembro de esta
Cámara-- en que esta Cámara dedicó mucho tiempo, mucho trabajo y mucha
gestión política a ocuparse de un asunto que hasta entonces simplemente
había sido desconocido en una gran parte de la legislación y de la
actuación gubernamental.
Por lo que se refiere a la actuación del Gobierno del Partido Popular
quiero recordar que desde el mes de mayo éste ha tomado varias
iniciativas económicas
--la primera, a las cinco semanas de afrontar las
responsabilidades de Gobierno-- y en todas ellas ha habido medidas
dirigidas a la pequeña y mediana empresa y, por ende también, al
comercio español.
Desde el punto de vista de las medidas fiscales quisiera ahora recordar
que ya en el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, se estableció una
deducción de un millón de pesetas en la cuota íntegra del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por cada trabajador mayor de 45
años o minusválido contratado por tiempo indefinido, y se ha prorrogado
en la Ley de medidas que acompaña a la Ley de presupuestos. ¿Qué venía
a reconocer esta medida? Que en la fórmula de aplicación de las
políticas de empleo era imprescindible reconocer la evidencia de que
el empleo se crea principalmente en las pequeñas y medianas empresas.
Esto mismo se producía cuando en ese mismo decreto se consideraba que
no se computaría en la estimación objetiva la contratación de personas
asalariadas por tiempo indefinido Al mismo tiempo, también en ese
decreto, se amplió la reducción del rendimiento neto en estimación
objetiva por signos, índices o módulos para 1996 y se ha continuado
también esa misma medida para 1997.
En la Ley de medidas que acompaña a la de presupuestos, en el mes de
octubre, se incluyó una exención de tributación en el IRPF por
desempleo en su modalidad de pago único, con el límite de 500.000
pesetas, cuando se destinara a la adquisición de acciones o
participaciones en sociedades laborales o cooperativas de trabajo
asociado, siempre que se mantengan por un período de cinco años --otra
medida claramente dirigida a las pequeñas y medianas empresas--.
Probablemente más importante, de mayor calado y que fue objeto de un
debate político más intenso fue la decisión de los grupos mayoritarios
de incluir en la Ley de medidas que acompaña a la Ley de presupuestos
la reducción del tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, del
35 al 30 por ciento, para las pequeñas y medianas empresas. También lo
fueron los decretos del mes de junio con la modificación de la
aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la transmisión
de empresas familiares, con una reducción del 95 por ciento de la base
imponible de dicho impuesto, y lo fue también la Ley de presupuestos
el adecuar las cuotas camerales a la realidad de las pequeñas y
medianas empresas españolas.
No sólo eran y son imprescindibles, en opinión del Gobierno, las
medidas tributarias, en las que debemos continuar profundizando, como
mencionaré después, sino que eran imprescindibles también las medidas
de carácter financiero. Es indudable que uno de los problemas
más importantes de la economía española es conseguir que el creciente
ahorro que se está produciendo en nuestros mercados de capitales no
sólo sirva para financiar grandes compañías o al propio sector público,
sino que tenga su traslado a una parte considerable de nuestra economía
productiva que se encuentra fuera de las bolsas y de los mercados de
capitales. En ese sentido, las medidas que el Gobierno ha tomado desde
el mes de junio, dirigidas a regular los préstamos participativos y el
régimen fiscal de sociedades y fondos de capital-riesgo, van en esa
dirección, como también el hecho de haber dotado una línea PYME para
1997 con 200.000 millones de pesetas, de la que el sector de
distribución comercial es el segundo beneficiario, con una
participación hasta el momento del 14,6 por ciento de este crédito.
Además de las medidas de carácter tributario y de carácter financiero,
era imprescindible un cambio de actitud desde el punto de vista
administrativo, y en ese sentido la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos ha creado un grupo de trabajo cuyo objetivo es proponer
medidas para simplificar los trámites administrativos que son
especialmente gravosos para las pequeñas y medianas empresas, algunas
de las cuales ya se han puesto en práctica, como la apertura de una
ventanilla única de las pymes para conocer en el conjunto de la
Administración española cuáles son los planes de fomento y de
incentivos para las pequeñas y medianas empresas, oficina que fue
abierta a principios de este año por el Gobierno. Asimismo, en el
acuerdo de formación continua, el Gobierno ha propuesto medidas en este
ámbito.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Vicepresidente, le ruego vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, señor Presidente, lo haré
brevemente.
El pasado 26 de junio, y en otro orden de cosas, apenas mes y medio
después de formar Gobierno, se inició la revisión del plan marco de
modernización del comercio interior con la celebración de una reunión
de la mesa de directores generales de comercio. Como ha puesto de
relieve el señor Homs, la colaboración entre las administraciones
públicas en este tema es esencial, puesto que las competencias son en
su mayor parte de las comunidades autónomas y en algunos casos también
de los ayuntamientos. En este caso, la colaboración entre el Estado
central y las comunidades autónomas ha sido muy intensa y esperamos que
lo pueda ser todavía más durante los próximos meses. En ese sentido,
la celebración de una conferencia sectorial el pasado 19 de noviembre
fue extraordinariamente positiva desde el punto de vista del Gobierno
central. También quisiera decir que en esta colaboración con las
administraciones territoriales el Gobierno contempla la participación
de las corporaciones locales que forman una pieza esencial en el
desarrollo comercial y que se mantenían al margen del plan-marco de
modernización del comercio interior hasta este momento.
Se ha mejorado en este plan-marco de modernización del comercio
interior la cofinanciación de proyectos incrementando la participación
del Estado en general e incentivando especialmente los proyectos de
asociacionismo comercial mediante la duplicación de los porcentajes de
financiación y se contempla asimismo la posibilidad de una financiación
excepcional que puede llegar hasta el 50 por ciento de las actuaciones
para determinados proyectos que ofrezcan un interés especial. También,
por primera vez, se ha abierto la posibilidad de intervenir en programa
de urbanismo comercial y de restauración y potenciación de mercados
minoristas y municipales.
Por último, dentro de los planes de actuación del Ministerio de
Economía, Hacienda y Comercio, quisiera destacar la creación de un
observatorio de distribución comercial, regulado por la Orden
ministerial del 22 de octubre de 1996, en el cual colaboran las
administraciones públicas, la central y las autonómicas, las
instituciones y los sectores implicados. Este observatorio debe
servirnos como un instrumento básico para conocer la nueva evolución
comercial que se está produciendo en nuestro país, alguno de cuyos
ejemplos el señor Homs ha puesto de relieve.
¿Qué podemos hacer en el futuro o cuáles son los planes del Gobierno
para el futuro? Quisiera mencionarlos muy brevemente, señor Presidente.
En el ámbito tributario, en el ámbito concreto del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, debemos actuar en la promoción de la
inversión y el empleo para los empresarios acogidos a la modalidad de
signos, índices o módulos, de manera que aminoremos su carga
tributaria, siempre que se mantenga y se aumente el empleo o se aumente
la inversión. También la aplicación de incentivos fiscales del régimen
de estimación directa permitirá, por ejemplo, deducir la amortización
de los activos fijos ligados al desarrollo de la actividad.
Desde el punto de vista de la mejora de la tributación, en concreto de
las pequeñas y medianas empresas que tributan bajo el método de
estimación objetiva por coeficientes, parece imprescindible permitir
la deductibilidad de todos los gastos necesarios para el ejercicio de
la actividad que supongan un desembolso efectivo, no sólo en aquellos
casos tasados como sucede hasta ahora. Con ello aproximaremos la
tributación en la estimación objetiva a la situación real de cada
empresa.
En el ámbito del IVA y de la morosidad el Gobierno es partidario de que
al cabo de dos años de no cobrar una determinada operación comercial,
después de haberla efectuado, se tenga derecho a que la Administración
devuelva el IVA que el empresario ingresó por dicha operación, no
esperando a procedimientos concursales como marca en este momento la
ley. En el ámbito de sucesiones y donaciones, en el que ya hemos dado
un paso sustancial en los decretos del mes de junio, somos partidarios
de que se siga avanzando cuando se plantee la reforma del IRPF, de
manera que el transmitente de la empresa familiar en el IRPF, que
todavía está sujeto, pueda tener una minoración de su tributación para
garantizar la continuidad del negocio familiar. Desde el punto de vista
del Impuesto sobre el Patrimonio, donde ya se han dado pasos
sustanciales en la consideración del patrimonio empresarial, nos parece
imprescindible tener en consideración las circunstancias del cónyuge
del empresario. Y desde el punto de vista del ámbito del Impuesto de
Actividades Económicas nos parece imprescindible su nueva definición
negociándolo y colaborando con la Federación Española de Municipios y
Provincias, así como un diseño del reglamento del Impuesto sobre
Sociedades que responda a la realidad económica de sectores muy
concretos que en este momento necesitan definiciones sobre, por
ejemplo, investigación y desarrollo que les permita actuar en los
mercados internacionales.
Simplemente, señor Presidente, quisiera hacer dos precisiones o dos
aportaciones a las afirmaciones del señor Homs. El sector del comercio
no es un sector en reconversión, desde el punto de vista de disminución
de su importancia, sí es un sector en transformación desde el punto de
vista de que está adaptándose a nuevos mercados y a nuevas
competencias. En ese sentido, me parece que los datos del sector nos
indican que es un sector pujante y creciente e incluso que se está
modernizando, no sólo desde el punto de vista económico sino desde un
punto de vista incluso personal. Los datos reflejan un sector que crea
empleo, que renueva sus estructuras, que está adaptándose a las
exigencias del mercado y que por lo tanto demuestra confianza en su
propio futuro. La tasa de ocupación del sector del comercio es del 87
por ciento, nueve puntos superior a la media de tasa de ocupación de
los sectores; el colectivo de comerciantes se está rejuveneciendo,
pasando la edad media de 47 a 45 años en el período 1980-1995, y la
antigüedad media de los comercios en el ámbito nacional se sitúa en 15
años. Pero hay una clara modernización teniendo en cuenta que el 30 por
ciento de los comercios tiene sólo cinco años de antigüedad, lo cual
demuestra la pujanza de ese sector desde el punto de vista de la
atracción de actividades emprendedoras. El 48 por ciento de los
comercios existentes en España tiene locales propios, lo que demuestra
un alto nivel de capitalización, y desde el punto de vista de los
últimos datos disponibles, sólo el 8,2 por ciento de los consultados
prevé el cierre de su negocio, de los cuales un 1,9 lo cierra por
cambio de localización; un 1,6 lo cierra porque cede su negocio a un
tercero; un 1,4 cede su negocio a un familiar y un 1,3 cambia de
actividad. Por tanto, estamos ante un sector no en reconversión, sino
en transformación, lo cual todavía es más interesante desde el punto
de vista de la política económica y del futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Vicepresidente, le ruego concluya.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, señor Presidente.
Simplemente quisiera transmitir un último mensaje. No estamos ante una
situación de recesión del consumo, hemos estado, pero no lo estamos en
este momento. Efectivamente a partir del año 1992 el gasto medio por
hogar en pesetas constantes, medido por la encuesta continua de
presupuestos familiares, ha registrado un importante descenso. Pero
quiero decir que en el último trimestre de 1996 el gasto total de los
hogares españoles en pesetas constantes y, por lo tanto, descontada la
inflación, se situaba ya ligeramente por encima del año 1992. El
consumo privado ha demostrado una recuperación gradual a lo largo de
1996, y de un crecimiento interanual del 1,5 en el último trimestre de
1995, pasó a un 2,1 de crecimiento interanual a finales del año 1996
y en 1997 el Gobierno prevé un crecimiento del 2,7.
Esta recuperación del consumo no es simplemente una situación
coyuntural sin explicación, tiene bases sólidas, como son, por un lado,
el aumento del ahorro y el saneamiento de la situación financiera de
las familias, el aumento del empleo, la reducción de la inflación y el
aumento de la confianza. La encuesta de opiniones del consumidor,
elaborada por la Comisión Europea, demuestra claramente que el
indicador de confianza está ya a niveles superiores a los del año 1992
y cercanos o iguales a los del año 1989, probablemente uno de los
mejores años desde el punto de vista de la confianza de los
consumidores en España.
Quisiera terminar, señor Presidente, indicando que el Gobierno es
plenamente consciente, primero, de la importancia del sector y de la
dedicación que desde el punto de vista de la política económica debe
tener un sector como este. Segundo, que el Gobierno ya ha llevado a
cabo medidas que afectan directamente a este sector y pretende
continuar haciéndolo en el futuro. Tercero, que no hay nada más
importante que un marco de estabilidad, de control del gasto público
y reducción del déficit, sin aumentar la presión fiscal, que permita
una política monetaria que consiga la reducción de los tipos de
interés. Todo ello tiene que venir acompañado de una política
tributaria neutral, en el mejor de los casos, e incluso positivamente
discriminatoria --como ya se ha producido y se está produciendo-- y de
un conocimiento profundo por parte de las autoridades de la realidad
del sector, conocimiento que sólo se puede obtener a base del diálogo
y del trato
constante con el sector de la distribución y del comercio en España.
El Gobierno está realizando toda esa política; espera que el Parlamento
reanude los esfuerzos que hizo la pasada legislatura en la elaboración
de la ley y aporte con los debates políticos y con la presencias en
esta Cámara de representantes del sector una mayor contribución a la
labor del Gobierno, que está plenamente dispuesto a aceptar todas las
colaboraciones que sean posibles en este tema.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Ministro. Sin duda ha hecho
usted una intervención con un claro perfil positivista, con un análisis
esperanzador del momento. Creo que le corresponde a un ministro de
economía enfocar la situación desde esta óptica y nos corresponde a
nosotros ponerle una dosis de reflexión complementaria a la que usted
ha hecho, en el sentido de hacer ver también que --aun teniendo la
perspectiva que usted nos ha transmitido, siendo ello cierto, porque
nuestro grupo coincide, lo ha dicho y lo repito-- la orientación que
se está dando en la política económica es la que necesita la economía
en estos momentos --y es buena--, y la perspectiva que está abriendo
es sólida. De este marco general económico, sin duda, se desprenden las
condiciones esenciales y necesarias para luego complementar con
actuaciones sectoriales -- y coincidimos--, pero queremos poner el
acento en lo que nos falta, no en lo que ya tenemos. Y lo que nos falta
está reflejado en parte en nuestra interpelación.
Yo tomo nota, señor Ministro, y no hablaré más de sector en
reconversión. Tiene usted toda la razón: al sector del comercio no le
hacemos ningún favor hablando de sector en reconversión, pero sí
hablaremos de sector en transformación, y ese ya es un primer punto en
el que estamos de acuerdo. El sector se está transformando y se está
transformando profundamente, estructuralmente, pero no hablaré de
reconversión en el sentido más puro y más original del término, que ha
dado pie a otras crisis sectoriales. Estoy de acuerdo en que, en ese
sentido, no existe similitud con lo que hoy está experimentando el
comercio.
Creo, señor Ministro, que tiene razón cuando dice que la ignorancia
sectorial y la mala fiscalidad han sido dos de las causas que han
contribuido a que el sector se encuentre en una situación complicada.
Coincido en que el marco macroeconómico y las políticas que se han
adoptado desde que empezamos esta legislatura ya están teniendo una
incidencia directa en ese sector del comercio; estoy de acuerdo en que
ya se han tomado algunas medidas, y así lo he mencionado, y cuando
usted ha ido recordándolas una por una la verdad es que me sentía muy
identificado con ellas porque ya habían sido objeto de reflexión y
debate por mi grupo y con ustedes, con el Gobierno y con el Grupo
Parlamentario Popular, por lo cual, como digo, me siento plenamente
identificado con ellas, porque algunas son medidas instadas y
propuestas por mi grupo. Pero, repito, el espíritu, la intención, el
motivo de nuestra interpelación iba más dirigido a lo que podemos hacer
a partir de ahora, a partir del momento en el que estamos, que es un
buen momento y que el sector del comercio debe aprovechar.
Debo decirle que me ha gustado poder escuchar de la voz de un ministro
de economía que hablar de comercio no es solamente hablar de un sector
económico, sino que también es hablar de un modelo de sociedad, y en
eso coincidimos plenamente. No podemos hablar del comercio y del diseño
estructural que tiene que tener la actividad del sector desde la sola
y exclusiva óptica económica, porque es importante saber que detrás del
comercio están los elementos básicos de un modelo de ciudad, de un
modelo de sociedad. Por eso, me ha gustado escuchar que compartimos esa
visión de la problemática del sector, no enfocada desde una perspectiva
sólo y exclusivamente económica, sino desde la óptica de un modelo de
ciudad. Es en ese ámbito de la reflexión social donde, por ejemplo,
tuvimos unos grandes debates en la anterior legislatura refiriéndonos,
por ejemplo, al tema de los horarios comerciales. Detrás del problema
de los horarios comerciales estaba un modelo de ciudad. En ese sentido,
me complace ver que el enfoque que quiere dar el Ministro de Economía
a lo que hay que hacer a partir de ahora para afrontar la
transformación que experimenta el sector del comercio también debe
tener muy presente esta perspectiva social y de modelo de sociedad y
de organización de nuestras ciudades. Nosotros estamos por la
combinación de un pequeño comercio, de un comercio tradicional urbano,
de un modelo, digamos, urbano de distribución, combinado
equilibradamente con las presencias de las nuevas modalidades de
distribución, de gran distribución y de distribución con técnicas
nuevas, que pueden ser las de a distancia o utilizando procedimientos
nuevos en nuestro mercado. Creo que es importante hacerle ver que, por
ejemplo, en alguna de las nuevas modalidades hemos dejado demasiado
abierta la normativa vigente. En la ley decimos poco sobre las
modalidades de las tiendas de descuento...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya
concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: ... lo dejamos muy abierto, quizá excesivamente
abierto y, ¿qué ha sucedido? Que en un año o año y pico este ha sido
el instrumento
que se ha desarrollado y está penetrando agresivamente en un sector,
tensionando excesivamente el mercado. Por eso, señor Ministro, creo que
en ese sentido deberíamos apuntar algunas medidas, con el fin de pautar
la tensión que está generando esta modalidad, que está excesivamente
abierta, sin ningún tipo de consideración o limitación.
Quiero decir, señor Presidente --y voy terminando--, que ahora hay que
pensar en un plan, hay que pensar en el contenido de las medidas de
este plan. El señor Ministro ha anunciado algunas y a mí me parece bien
que se tomen medidas en el ámbito de las medidas administrativas, de
las medidas laborales, de las medidas fiscales, las que ha anunciado
usted, que sin duda son interesantes; las relativas a los módulos, las
relativas al IVA o al IAE; que podamos transmitir al mundo del comercio
que, a partir de ahora, también se van a adoptar más decisiones, que
van a tener como destino no una intervención económica en el sector
--en eso estoy de acuerdo con usted, señor Ministro, no perseguimos una
política intervencionista sectorialmente en ese ámbito-- sino la
definición de unos marcos legales en el ámbito fiscal, en el ámbito
laboral, en el ámbito administrativo, en el ámbito financiero que,
siendo ámbitos sectoriales, pero generales, puedan ayudar a esa
transformación del sector del comercio.
Vamos a estar, pues, a la espera de esta moción. Me gustará conocer
también la opinión del portavoz del Grupo Popular, porque creo que
vamos a coincidir al menos en la motivación de buscar un consenso en
lo que podía ser el compromiso político que podría salir la semana que
viene en torno a estas prioridades en materia económica, dirigidas al
ámbito del sector del comercio, compromiso que también abro a los demás
grupos parlamentarios. Sería muy interesante, señorías, que pudiéramos
priorizar un paquete de medidas que puedan dirigirse al comercio
minorista, al comercio que hoy se está transformando para poder,
digamos, contribuir a esa transformación.
Señor Presidente, termino ya. La verdad es que el observatorio que ha
anunciado el señor Ministro que está en estos momentos analizando la
situación del sector y está estudiando la aplicación de la ley es un
buen contexto; en él están todas las instituciones vinculadas y todas
las instituciones relacionadas. Sé que de esta conferencia sectorial
nació un conjunto de paquetes de reflexiones que podía ser muy
interesante tener en consideración. Pero ahora se trata, señor
Ministro, señorías --y con esa interpelación abre nuestro grupo este
debate--, de concretar unas decisiones políticas, unas medidas
adicionales a las ya tomadas, unas nuevas decisiones políticas
adicionales y complementarias a las que ya se han tomado, con el
propósito de impulsar y ayudar a solucionar la situación en que se
encuentra el comercio en este momento en España. Vamos, pues, señor
Ministro, a presentar una moción con ese espíritu, con esa intención,
recogiendo algunas de las propuestas que usted ya ha planteado, la
vamos a abrir al debate parlamentario, con el deseo de lograr con él
un consenso. Me gustaría conocer de antemano que ese consenso ya se
asegura con el Grupo Parlamentario Popular en la próxima semana.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muy brevemente para ir ampliando las
opiniones que se están produciendo.
Creo que en los próximos años sin duda el sector del comercio en España
no va a perder importancia, sino que la va a mantener o ganar. Es un
sector que, como he dicho antes, los datos indican que está en
transformación, en modernización y en el que se van a producir
modificaciones de la oferta, sin duda, como se están produciendo
también desde el punto de vista de la demanda; los ciudadanos consumen
de manera distinta y van a seguir variando en sus apreciaciones y en
su manera de entender los horarios, los lugares, lo que rodea al
consumo. En ese sentido, me parece que el seguimiento de la realidad
comercial, desde el punto de vista del Gobierno, de las
administraciones públicas, es esencial, como creo que lo es desde el
punto de vista de los grupos parlamentarios que deben juzgar la acción
del Gobierno.
Creo que también el que profundicemos en la desintermediación
financiera, en el acceso de nuestras pequeñas y medianas empresas al
mercado de capitales y al ahorro, es uno de los más importantes caminos
en los que podemos conseguir mejoras sustanciales desde el punto de
vista de los costes internos, como lo es también el que sometamos a la
competencia, al sector del comercio que pueda estar aplicando prácticas
restrictivas de la competencia, que también lo hay, y que en ese
sentido tengamos una política no de intervencionismo sino de garantía
de funcionamiento del mercado, y al mismo tiempo que garanticemos que
los grandes suministradores de energía y telecomunicaciones están
sometidos a las reglas del mercado, como el Gobierno está en este
momento profundizando tanto en el sector energético como en el sector
de las telecomunicaciones.
Me parece imprescindible que diseñemos un sistema tributario de las
pequeñas y medianas empresas españolas neutral y en algunos casos que
incentive sin duda la inversión y el empleo, que son motores esenciales
para el futuro de la modernización de nuestra economía. Creo que la
colaboración de las administraciones públicas en este tema como en
otros, en un país como el nuestro con un alto nivel de autogobierno a
nivel de las comunidades autónomas y también de los municipios,
es imprescindible. En ese sentido, creo que la conferencia que se
produjo el pasado año sobre el tema del comercio y las relaciones
bilaterales que se están produciendo en este momento, y el propio
observatorio que yo he mencionado --y el señor Homs también--, son
instrumentos extraordinariamente válidos para que podamos, entre todas
las administraciones públicas que tenemos responsabilidades en estos
temas, ir diseñando una política en la cual se basa una gran parte de
la pujanza de nuestra economía y, sin duda, de la creación de empleo.
Cuente, por tanto, señor Homs, con el interés del Gobierno en este
tema. Nuestra influencia en el Grupo Popular espero que pueda ser
suficientemente importante como para que se puedan producir consensos
en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria recibe con satisfacción esta interpelación, por la oportunidad
que se presenta de debatir una vez más un tema al que el propio sistema
económico y fiscal de Canarias es sensible; y ya hicimos aportaciones
casi en dos legislaturas con el señor Homs en aquella ponencia que iba
estudiando los problemas del comercio, de la distribución, de las
grandes superficies, del pequeño comercio, que en determinadas
comunidades autónomas es un tejido conjuntivo que articula
prácticamente hasta comportamientos socioeconómicos muy claros que
necesitan una defensa.
De esta iniciativa me ha congratulado, junto a la oportunidad de
realizar este debate, el planteamiento que ha hecho el señor
Vicepresidente Económico del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, señor Rato, de dar a esto un sentido de prudencia y
moderación. En primer lugar, quiero decir al portavoz del grupo que ha
presentado la iniciativa, señor Homs, que creo que hay que dar tiempo
a la Ley del Comercio, que apenas tiene un año de vigencia, para que
se desarrolle. Esta es una ley que se desarrolla, como todo sistema
ecológico, en un medio ambiente, no por la ley en sí misma y lo que
reguló o no reguló. El señor Homs ha puesto un ejemplo curioso, que son
las tiendas de descuento, que como no les pusimos correajes resulta que
son las que se han desarrollado como una dinámica especial, las
denominadas hard discount en este mundo del comercio. Resulta que nos
olvidamos de poner a aquello un corsé y mira por dónde ha tomado una
dinámica enorme. Pero la Ley del Comercio se desarrolla en un ambiente
que está fundamentalmente influido por dos nuevos factores que casi
están ocurriendo a lo largo de los últimos meses y uno en las últimas
horas. Para la modernización del sector del comercio hace falta
capacidad financiera, y ahí está la política del Banco de España que
en concordancia y en armonía con una política económica del Gobierno,
que disminuye la inflación, permite al Banco de España poner a
disposición del comercio y de los comerciantes un dinero más barato.
Este es un primer paso para oxigenar la capacidad financiera y
modernizarse.
Estoy entendiendo, señor Homs, que esa voluntad de modernizar las
estructuras del comercio --y aquí coincido con el señor Rato en cuanto
a decir que no es un sector en reconversión, sino que es un sector,
como pasó con los astilleros en su día, en modernización-- la tiene que
poner el propio comerciante; ahora bien, tiene que tener unos recursos
exteriores, recursos exteriores que no pueden ser nunca la subvención
--en la Comunidad Autónoma Canaria hemos tenido este debate--, porque
al final subvencionar el comercio es echar sobre el consumidor una
carga económica, financiera, y distorsionar el segmento. Creemos que
lo que hay que hacer es poner un dinero crediticio barato, y ahí está
la política del Banco de España de abaratar los intereses del precio
del dinero.
Otra cosa que tenemos que poner en marcha, casi diría yo desde hoy, es
el nuevo acuerdo de empleo, según los principios acordados entre la
CEOE, la Cepyme y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, porque el
sector comercio crea puestos de trabajo. En su justificación del debate
viene muy bien esa referencia que hace el señor Homs a los dos millones
de puestos de trabajo que se están generando. Creo que también es
satisfactorio que se reconozca que hay que mantener un equilibrio en
este sector del pequeño comercio, que da esa estructura urbana, pero
que también existe en la rural, cuidado, porque en la estructura urbana
es donde de verdad están compitiendo el pequeño comercio tradicional
y las grandes superficies. Las grandes superficies no están en el medio
rural, o en poblaciones medianas, donde no son de interés, por la
limitación de la clientela, las grandes superficies, pero sí sigue
estando el pequeño comerciante. Precisamente por un documento que
conozco, que es el manifiesto del eurocomercio, significativamente
firmado por el señor Llorens, vicepresidente de Eurocomercio y
presidente de la Asociación de Botiguers, de Cataluña, creo que se va
en ese sentido de adaptarse a lo mismo. Por tanto, y resumiendo,
dejemos actuar a la Ley del Comercio, que ésta actúe también en el
nuevo ambiente que se le crea de abaratar el crédito y el dinero, y la
nueva política laboral de puestos de trabajo que acaba de firmar la
patronal con los sindicatos.
En tercer lugar, la modernización debe ser un proceso de
transformación, por supuesto, pero debe nacer como obligación del
sector del comercio. Por tanto, la ley y el Gobierno deben favorecer
el marco de las centrales de compras para ser competitivos en la
adquisición
del producto que entra, en las materias primas, etcétera. Hay que huir
de las subvenciones, mantenerse en lo que yo creo que ha sido dicho
acertadamente por el señor Rato al señalar fundamentalmente una
neutralidad fiscal. Porque si se nos ocurriera entrar en una dinámica
de favorecer con una fiscalidad discriminatoria, positiva, al pequeño
comercio y penalizar a las grandes superficies o al hard discount
estaríamos haciendo una política, a mi juicio, muy perturbadora.
Prefiero una neutralidad fiscal, como bien ha señalado el señor Rato.
Esto para Coalición Canaria es incuestionable en este momento:
neutralidad fiscal, porque son precisamente a veces estas grandes
superficies comerciales las que pueden contribuir también, así como un
sector del pequeño comercio modernizado con centrales de compra,
etcétera, a contener cualquier repunte de la inflación, porque...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
... mantienen la capacidad adquisitiva para este tema. Pidámosle a la
Administración una incentivación del consumo. Ya sabemos que el consumo
puede estar retraído. El señor Vicepresidente del Gobierno aporta una
cifra con determinados atisbos de repuntes en el consumo, pero hay unas
cuestiones que afectan tanto al pequeño comercio como al grande: la
retracción del consumo.
Termino, señor Presidente, diciendo que toda una nueva política, que
comienza con estos nuevos aditamentos, como son el consenso firmado
sobre la política laboral o la política fiscal, nos tiene que llevar
a todos a un proceso racional, porque ese sector para existir tiene que
convivir. Me alegro de ver este reconocimiento porque el señor Homs
sabe las críticas que a veces tuvimos que soportar en aquella ponencia
de la Ley del Comercio acerca de si unos estábamos a favor y otros en
contra de las grandes superficies comerciales, como si hubiera un
antagonismo. Ese antagonismo no tiene que existir, sino una línea,
creo, de positiva contribución, como lo ha expuesto con sensatez el
señor Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda,
o una colaboración, como el señor Homs ha señalado en su segunda
intervención.
En ese camino de sensatez y sentido común Coalición Canaria propone
esta encomienda, este endoso a las comunidades autónomas, para que, de
acuerdo con sus competencias, se mojen en el tema y sepan lo que tienen
que legislar adecuadamente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señorías, he escuchado con suma atención y
no sin cierta sorpresa las explicaciones que nos daba el Vicepresidente
del Gobierno y realmente resulta curioso que se ligue la política de
reforma del comercio con la política monetaria. Se pueden dar
muchísimas paradojas. No hay ninguna duda de que la política monetaria
influye en cualquier actividad de carácter económico y empresarial,
pero nunca se me había ocurrido, y lo mismo es por falta de imaginación
o porque no he reflexionado lo suficiente sobre ello, que las grandes
superficies se han situado alrededor de las grandes y medianas urbes,
han crecido y siguen creciendo como consecuencia de la política
monetaria y que cuando ésta cambie, probablemente, lo mismo que han
aparecido disminuya su tamaño, se vayan, desaparezcan y de nuevo
florezca el pequeño comercio... Y a la mejor, imaginando sobre la
cuestión, acaba cerrando con otra política monetaria distinta el
pequeño comercio y terminamos en los mercadillos.
Tenía idea de que esto obedecía a razones sociales más profundas. Creía
que había razones económicas de peso, pero que había otras razones de
carácter social también de mucho peso: la incorporación de la mujer al
trabajo, los nuevos medios de locomoción, la generalización del
automóvil, un nuevo urbanismo, y que como consecuencia de esto y de una
presentación muchísimo más atractiva, que facilitaba el consumo, habían
nacido las grandes superficies y que por ahí iba el asunto. Lógicamente
influye la política monetaria y también influye la política fiscal,
como en cualquier otra empresa. Por tanto, señor Vicepresidente, con
franqueza, yo no veo excesiva relación en ligarlo.
También me preocupa hablar tanto de las PYME porque son muy
importantes. Pero aquí no estamos hablando de las PYME, no estamos
hablando de la pequeña y la mediana empresa, señor Vicepresidente. Aquí
de lo que estamos hablando es de comercio, en este caso de comercio
interior, en donde, por cierto, hay empresas nada pequeñas y nada
medianas, sino más bien grandes y muy grandes.
Sin embargo, hay otro sector del comercio que sí es una PYME.
Precisamente nosotros entramos con entusiasmo --lo tengo que decir--
en este debate, que surge como consecuencia de una magnífica iniciativa
que ha tenido el Grupo de Convergència i Unió, en la creencia de que
íbamos a singularizar el pequeño comercio dentro de las PYME. Está
claro que el pequeño comercio es una PYME, pero es una PYME que,
además, tiene otras connotaciones específicas. Justamente esa
singularidad que tiene y que le caracteriza es la que nosotros tenemos
que resaltar. Por tanto, de lo que se trata en este debate es de
analizar aquellas medidas de
carácter singular que afectan al pequeño comercio y que se diferencian
del conjunto de las PYME.
El debate de la pequeña y la mediana empresa es otro y dentro de él,
lógicamente, están incluidas todas, entre ellas el pequeño comercio,
pero ¿de qué se trata ahora? Se trata de ver qué medidas de carácter
específico tenemos nosotros que estudiar, resaltar, con el fin de que
podamos orientar la reforma del pequeño comercio.
Por cierto, señor Vicepresidente, nos ha dado usted unas cifras
magníficas. Según esas cifras, y teniendo en cuenta que ustedes llevan
apenas un año (y tendrá que confesar que las estructuras comerciales
no evolucionan con una rapidez tan grande, es decir que el principio
causa efecto necesita un cierto tiempo), están ustedes recogiendo --de
lo cual nos alegramos, por otro lado-- una cosecha espléndida de la
magnífica política comercial que hicimos, porque esas cifras tan buenas
que usted nos ha dado tan sólo se pueden deber a una política comercial
brillante que hicieron los gobiernos anteriores. Yo me felicito de su
reconocimiento público, de carácter tácito, por las cifras que nos ha
dado. Le agradezco públicamente este reconocimiento que indirectamente
nos hace.
Tampoco hay duda, señor Vicepresidente, de que los gobiernos actúan con
leyes y de que nosotros actuamos porque tenemos leyes. Yo tengo
entendido que hay una ley, la 7/1996, de 13 de enero, que se aprobó en
esta Cámara, ley que ustedes han defendido --de lo cual también nos
alegramos todos-- y de la que han dicho que es la ley magistral del
comercio interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego vaya concluyendo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Voy terminando. Gracias, señor Presidente.
En este marco legal es en el que se tiene que producir el futuro
desarrollo. Si esta ley no fuese la oportuna, la conveniente, porque
el Gobierno considerase que de una u otra manera habría que introducir
modificaciones, creo que éste sería un buen momento para decirlo. Si
no hay que introducirlas, está claro que ya tenemos un marco legal, el
marco legal de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista. Y
en el marco de esta ley es donde tenemos que hacer aquellos desarrollos
que preveíamos, en los cuáles había temas enormemente importantes,
temas que relacionaban el asociacionismo comercial con el urbanismo,
temas que hablaban de rejuvenecimiento del tejido empresarial...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Voy concluyendo.
Temas que hablaban de la especialización de los establecimientos
obsoletos de carácter polivalente para convertirlos en otros
especializados. Esa ley abría toda una serie de iniciativas --lo que
es bueno-- que se daban en las distintas comunidades autónomas, algunas
de ellas, como la comunidad catalana, han comenzado ya con alguna
iniciativa muy interesante en este sector, en la relación de pequeño
comercio y grandes superficies, y entiendo que sería muy importante que
el Gobierno se pronunciase con el fin de que fuéramos perfilando la
política comercial.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero empezar diciendo que mi grupo comparte en líneas
generales la exposición de motivos de esta interpelación. Esta
interpelación pretende, sin duda, ser una especie de apoyo o escolta
de aquella ley que se aprobó, que salió de la Cámara y que no tenía
nada que ver con la que presentó el Gobierno en su momento.
Estamos ante un importante sector, como ya se ha dicho aquí, en proceso
de modernización, de transformación, que se está adaptando, no sin
grandes dificultades, a las necesidades cambiantes del consumidor. No
debemos olvidar que jugamos en un tablero difícil en el que encontramos
situaciones muy diferentes. Un sector atomizado que en algunos casos
está obsoleto, en otros modernizado y en una parte importante haciendo
grandes esfuerzos de modernización.
Por otra parte, el cambio de hábitos, el grado de formación y el nivel
de información de los consumidores ha originado una dualidad entre
empresas altamente tecnificadas y el sistema tradicional de comercio,
que ha provocado un desequilibrio, y donde la posición más débil es la
del pequeño comercio, como lo demuestra la pérdida de cuota de mercado.
Además, como se ha dicho aquí por el portavoz de Convergència i Unió,
el pequeño comercio está siendo perturbado en estos últimos años por
la aparición de los hard discount.
El paso del tiempo está constatando que se destruye el tejido
empresarial y que no se moderniza, pero también frente a ello se
constata que el comercio que se moderniza, especializa o incorpora
nuevas técnicas de comercialización, sobrevive y permanece. Quiero
pensar que son estas, entre otras, las razones por las que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta
interpelación urgente sobre las medidas de política general que tiene
previsto adoptar el Gobierno y, fundamentalmente, para impulsar un plan
de modernización de comercio interior que, respetando las competencias
de las comunidades autónomas
en la materia, incluya un conjunto de medidas fiscales administrativas,
financieras y laborales.
No obstante, antes de entrar en el fondo de la interpelación me van a
permitir que consuma un minuto de mi tiempo, no para comentar las
medidas que tiene previstas el Gobierno, sino para recordar algunas de
las que ya se han tomado, aunque previamente es conveniente recordar
también que la política de comercio interior del Gobierno del Partido
Popular no es distinta de la que durante los últimos años ha venido
definiendo como oposición, desde los más diversos foros parlamentarios,
sectoriales, medios de comunicación, etcétera, y que se ha basado en
considerar la política de comercio interior como una parte más de la
política económica de la nación, en la que ha de integrarse de una
forma equilibrada y armónica.
Para este portavoz es muy gratificante poder resaltar el alto grado de
cumplimiento del programa electoral y que en su mayoría sean medidas
anunciadas con anterioridad. No voy a relatar a SS. SS. las medidas más
relevantes adoptadas por el Gobierno en favor de las PYME que,
obviamente, tienen su reflejo en ellas y que SS. SS. conocen
sobradamente y el señor Vicepresidente ha recordado hoy. Pero no está
de más recordar a modo de ejemplo que cientos de miles de personas han
visto cómo aumentaba el 15 por ciento la reducción del rendimiento neto
en estimación objetiva por signos, índices o módulos, o la tranquilidad
que representa para muchos comerciantes que en el Impuesto de
Sucesiones se contemple la reducción de un 95 por ciento de la base
imponible en la transmisión. Pero siendo relevantes todas estas medidas
puntuales que se han tomado, lo más importante a juicio de mi grupo es
que este Gobierno ha hecho volar por los aires la famosa teoría que se
sostenía en legislaturas anteriores de que la única política económica
posible era la que se hacía. Efectivamente, hoy la política económica
ha puesto freno a la fiscalidad expansiva, a la tendencia alcista del
precio del dinero, al incremento de los costes empresariales, al
aumento del paro y a la rigidez en el marco laboral.
Hoy el Gobierno, señorías, está demostrando que los precios se pueden
reducir progresivamente, que los intereses del dinero pueden bajar y
que, por consiguiente, nuestras empresas pueden ser más competitivas
al decrecer los costes empresariales. Es lo que el señor Homs ha
calificado como una política económica adecuada. Si a esto añadimos el
acuerdo a que han llegado empresas y sindicatos, se puede percibir
claramente que nos encontramos en un escenario completamente distinto,
más favorable a la economía española en su conjunto y, por tanto, más
favorable al comercio interior como parte integrante de esa economía
nacional.
Siguiendo esta línea, es preciso recordar que en lo que a fiscalidad
se refiere el Gobierno está trabajando intensamente. Con ese objetivo
se creó la Comisión interministerial para el estudio y propuesta de
medidas sobre la fiscalidad de las PYME. Esta Comisión está tratando
de adecuar a la realidad económica impuestos como el IAE y está
trabajando, asimismo, en el régimen de signos, índices o módulos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como en el régimen
simplificado y otros regímenes especiales en el IVA.
En el ámbito laboral hay que destacar la estrecha colaboración del
Ministerio de Trabajo con la Dirección General de la Pequeña y Mediana
Empresa, que va a permitir analizar en profundidad la problemática
laboral en relación con la distribución y buscar posibles soluciones.
La reforma del plan marco de modernización del comercio interior, que
contó con la aprobación de todas las comunidades autónomas y en el que
participan activamente representantes de la Generalitat de Cataluña,
contempla una serie de programas generales y específicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez
Darmendrail, le ruego vaya concluyendo.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Concluyo inmediatamente, señor Presidente.
Como decía, la reforma del plan marco de modernización del comercio
interior contempla programas generales de formación, información e
innovación y programas específicos para incentivar la cooperación
empresarial, ayudar a la modernización y especialización del comercio
independiente y ordenación territorial del comercio; por no hablar del
observatorio de la distribución comercial, que ha pasado de ser
absolutamente inoperante a convertirse en un órgano de participación,
en el que se encuentran implicadas todas las partes integrantes del
sector, que serán capaces de detectar los problemas y plantear
soluciones eficaces.
Hay que decir que el Gobierno está siendo particularmente activo en
materia de comercio interior. Como verán SS. SS., todas las inquietudes
que el grupo interpelante plantea han sido puestas en marcha, unas
parcialmente y otras en su totalidad, pero todo es susceptible de
mejora y por eso estudiaremos, señor Homs, con atención sus propuestas,
y puede estar seguro de que llegaremos a acuerdos que serán positivos
para el conjunto de la sociedad.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Darmendrail.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA VIARIA Y AUTOPISTAS
DE PEAJE (Número de expediente 172/000037)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Socialista sobre política viaria y autopistas de
peaje.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, al filo de transcurrir el primer año de
Gobierno, el Ministro de Fomento presentó a los medios de comunicación,
días atrás, en el pasado mes de marzo, un programa de autopistas de
peaje que, en síntesis, presentaba seis tramos a construir en diversos
puntos del territorio nacional y otros cuatro que correspondían a
radiales de acceso a Madrid, en total en torno a 440 kilómetros y una
cifra de coste previsto que, según el dato que facilitó, era de 256.000
millones de pesetas. A mí, las cuentas me dicen 238.000; posteriormente
se lo comentaré.
Esta presentación constituye la primera propuesta relevante del
Gobierno del Partido Popular en materia de ejecución, de realización
de infraestructuras de transporte. Es cierto que el señor Arias-Salgado
la presentó en sus propios términos, de motu proprio, como un modesto
programa cuyo objetivo principal no era la mejora de las
infraestructuras de transporte del país.
No deja de ser curioso y paradójico que sea el Ministro de Fomento
quien califique su primer planteamiento de modesto y cuyo objetivo no
sea principalmente la mejora de infraestructuras del transporte. Pero
no es menos cierto que el programa, aunque exiguo y modesto, supone,
en primer lugar, romper con la política de autovías libres de peaje
desarrolladas durante años por anteriores gobiernos socialistas. Supone
el inicio --modesto, exiguo, pero el inicio-- de la alteración de las
características funcionales y territoriales de la red actual de alta
capacidad en nuestro país. Es objetivamente, necesariamente,
discriminatorio con ciudades y territorios, con usuarios potenciales
del mismo. No responde, según sus propias palabras, fundamentalmente
a una estrategia de transportes y comunicaciones. Carece, pues, de
criterios territoriales, de criterios funcionales, incluso de criterios
económicos, que lo justifiquen y fundamenten sólidamente.
Efectivamente, señor Ministro, no es un plan, no estamos ante una
propuesta global y coherente, sino ante un pequeño sumatorio de
acciones descoordinadas, desperdigadas a lo largo del conjunto del
territorio nacional, sobre cuya viabilidad, sobre cuyos fundamentos y
sobre cuyos resultados nuestro grupo tiene serias dudas.
Hoy es la fecha, señor Ministro, en que en este Parlamento, en este
Congreso, carecemos de la más mínima información documentada sobre este
programa. No disponemos de ella y, lo que es peor, no existe compromiso
explícito, una voluntad explícita por su parte, de entrega de la misma.
El pasado 10 de marzo, usted compareció en la Comisión correspondiente,
una comparecencia tan modesta como su propio programa, y, lo que es
peor, compareció con las manos en los bolsillos: no entregó un solo
papel, no conocimos un solo documento. Me temo, por lo tanto, señorías,
que estemos ante un programa, ante una propuesta que sea realmente una
operación apresurada, de un ministerio apresurado o en apuros y que
este programa no tenga más vocación que la de intentar calmar la
presión de las grandes constructoras de este país.
Por todas estas razones de fondo y de forma estamos hoy aquí y
presentamos la correspondiente interpelación. Empezamos por las
cuestiones de forma porque no son cosa baladí sino que en este caso,
como en casi todos, las cuestiones formales son sustantivas. Que en
este Parlamento no dispongamos de una información exhaustiva y
rigurosa, señor Ministro, es altamente preocupante porque estamos en
un país con una experiencia muy poco satisfactoria, por no decir
negativa --los calificativos no me importan demasiado--, respecto a la
concesión privada de autopistas de peaje. En los años sesenta o setenta
se hicieron unas concesiones al sector privado, a diferencia de los
restantes países europeos, con un resultado que, cuando menos, nos
confiere, creo que con solidez, un alto grado de preocupación. Tres
concesionarias quebraron, hubo que aportar importantes fondos públicos
y nacionalizar esas tres concesionarias que quebraron; se produjo la
rescisión de otra más, la Bilbao-Santander; hubo que suspender
temporalmente las obras en dos tramos de autopista y posteriormente dos
concursos quedaron desiertos.
Es cierto que se construyeron 1.700 kilómetros de autopistas de peaje,
pero, en todo caso, señor Ministro, con una asunción de riesgos por
parte del Estado absolutamente desequilibrada y desproporcionada
respecto al esfuerzo de los inversores privados. En pesetas del año
1991, el seguro de cambio supuso más de medio billón de pesetas,
aportadas por el Estado, y el riesgo asumido superó los 400.000
millones de pesetas, en términos de deuda exterior y deuda avalada,
frente a un esfuerzo financiero de los accionistas privados de 63.000
millones de pesetas.
Por tanto, estamos hablando de un sector, de una política y de unas
perspectivas en las cuales, como mínimo, hay que ser
extraordinariamente cuidadosos y es necesario que se presente en este
Parlamento y se disponga, porque a veces uno llega a tener la duda de
que el problema sea de que tan siquiera se disponga, de aquellos
estudios fehacientes, de aquella documentación que dé solidez, avale
y garantice la viabilidad económico-financiera, los riesgos que el
Estado asuma y las características concretas de la operación que se
presenta.
En todo caso, estamos en un país europeo, que es España. Desde hace
años somos un país europeo, pero tenemos nuestra trayectoria, para
variar, particular y
singular en el caso de las autopistas de peaje. Supongo que el señor
Ministro podrá comprender, por tanto, la preocupación del Grupo
Parlamentario, del que soy portavoz ante esta propuesta.
Nos presenta en concreto un programa de autopistas de peaje respecto
al cual estamos en profundo desacuerdo. No estamos en desacuerdo, desde
un posicionamiento general, a favor o en contra del peaje. El Plan
Director de Infraestructuras, aprobado por el anterior Gobierno, con
resoluciones unánimes favorables de este Parlamento y ampliamente
debatido en el mismo en la anterior legislatura, plantea opciones de
financiación, fundamentalmente presupuestarias y públicas, pero también
opciones complementarias de financiación extrapresupuestaria e
igualmente contempla la posibilidad de introducción de peajes.
Por tanto, desde nuestra perspectiva, no ha lugar a un debate general,
presuntamente ideológico, de modelos alternativos de financiación. No
estamos hablando de eso. Este no es el caso. Estamos hablando de que
ustedes presentan un conjunto de propuestas que son claramente
discriminatorias para territorios y ciudadanos, ya que van a tener que
pagar, como mínimo, según su información, 10 pesetas por cada kilómetro
que recorran en esas autopistas, por lo que se incrementa su coste de
transporte. Todavía no sé en función de qué criterio territorial,
funcional, de equilibrio o de competitividad, los ciudadanos de Segovia
o Avila van a estar obligados a tener que pagar un precio de transporte
para acceder a la red de alta capacidad, contraviniendo explícitamente
resoluciones del Plan Director de Infraestructuras aprobadas en esta
Cámara; o que ciudadanos de Orense se queden a 40 kilómetros de una
autopista de peaje, que en realidad se construye desde Santiago hasta
el Alto de Santo Domingo; es el alto de un monte, a 40 kilómetros de
la ciudad de Orense. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, se está
dando primacía al puro y simple criterio financiero de mercado. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
No responde a una estrategia de transportes y comunicaciones el
programa que el Ministro presenta según sus propias palabras. ¿Qué va
a pasar con más de los 5.300 kilómetros que, según el Plan Director
General de Infraestructuras, necesita este país desde el punto de vista
de la competitividad y de la convergencia con Europa? ¿Va a haber más
autovías? ¿Va a haber más peaje? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué condiciones?
Nada de esto sabemos. Unir Santander con la meseta; unir Salamanca con
Fuentes de Oñoro en la frontera portuguesa; llevar la conexión de alta
capacidad desde Granada hasta Motril; extender la autovía del
Cantábrico; construir la Ruta de la Plata; ligar Valencia con el eje
del Somport, a través de Zaragoza, etcétera, ¿no son actuaciones tan
relevantes, tan importantes, tan necesarias y tan justificadas para
este país como las que hoy se proponen aquí de forma absolutamente
aislada? En definitiva, ¿a qué criterios territoriales y funcionales
responde?
No se lo adjudiquen ustedes a Maastricht. No utilicen el proceso de
construcción de la Unión Monetaria como coartada, porque éste es el
resultado de una política concreta, específica, que es de su estricta
responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Touriño, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor PEREZ TOURIÑO: Iré concluyendo, señor Presidente.
El proceso de convergencia europeo en la Unión Monetaria no conduce
necesariamente a este tipo de posicionamiento.
Finalmente, me referiré a algunos aspectos concretos de su propuesta.
Claramente hay que distinguir dos tipos de actuaciones. Por una parte,
seis actuaciones desperdigadas, salpicadas: una entre Santiago y el
alto de un monte; otra entre León y Astorga; otra entre Avila, Segovia
y la Nacional VI; otra en el Sur, entre Guadiaro y Estepona; y otra en
el otro lado del país, en el extremo sur oriental, entre Alicante y
Cartagena.
En estos casos, señor Ministro, resumiendo, porque el tiempo así nos
lo manda, estamos asistiendo a una operación encubierta de
privatización con aportación de fondos públicos. Esto es así porque,
en definitiva, se están planteando períodos concesionales inusitados
hasta 75 años. Yo le decía al señor Ministro en la pasada comparecencia
que no conozco ningún país desarrollado, con los que nos debamos
comparar, en donde se produzcan concesiones a tan largos períodos.
Estamos hablando de cuatro generaciones, estamos hablando de aquí al
año 2075. Le vamos a regalar a la iniciativa privada un servicio
público de gestión pública, como debe ser una infraestructura de
transporte.
No tiene el más mínimo sentido hacer concesiones a 75 años, con
aportación de fondos públicos que son relevantes (un 34 ó un 35 por
ciento en relación con esos cinco tramos a los que he hecho referencia,
si dejamos al margen los casos de las radiales de acceso a Madrid), y,
en definitiva, para peajes que no serán, en principio, según su
información, peajes blandos.
Estamos, pues, ante una operación claramente descabellada desde el
punto de vista del criterio territorial, económico y funcional, donde
no está clara su viabilidad económica, porque la captación de tráfico
de la autopista, no en el corredor, sino lo que la autopista captará
en el mejor de los casos va a estar por debajo de los 3.000 vehículos
días de IMD. Y con 3.000 vehículos días de IMD el señor Ministro sabe
perfectamente que no tiene el más mínimo sentido de futuro la gestión
de una explotación privada de autopista de peaje.
En definitiva, es una propuesta hecha al hilo de alentar la inversión,
que es otra forma de decir eufemísticamente
de mantener y responder a la presión de la cartera de las grandes
constructoras.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Touriño, ha de concluir.
El señor PEREZ TOURIÑO: Acabo, señor Presidente.
El caso de Madrid es claramente diferente. Estamos ante corredores muy
potentes y en un área metropolitana, en un área urbana, y como mínimo
habrá que dar respuesta en el debate a tres grandes cuestiones.
Primero, si tiene sentido un peaje en zonas metropolitanas donde
priman, dentro de lo compleja que es una zona metropolitana, los
recorridos ligados al trabajo.
En segundo lugar, si tuviese algún sentido la introducción de peajes
blandos en las zonas metropolitanas, no lo tiene desde luego
presentarlo aisladamente. Tiene que ser dentro de una propuesta
coherente, integrada y global, y no al hilo de la posibilidad de ser
actuaciones autofinanciadas, o al hilo de responder simplemente a una
lógica financiera, en definitiva, al hilo de la presión de la carga de
trabajo del sector de la construcción.
En tercer lugar, como mínimo, señor Ministro, porque si no sería
inadmisible, tiene que aparecer una clara limitación de los excedentes
que en su caso se obtendrán de este tipo de explotaciones. ¿Qué pasa
en Madrid con la R1, con la Nacional VI, con la 401, con la M50, con
la M45? ¿Solamente se va a responder si se puede hacer este tipo de
actuaciones? ¿Qué política de transportes colectivos se plantea para
el área metropolitana de Madrid?
Señor Ministro, no tiene ningún sentido. Parece que ha renunciado usted
a presentar una política activa integrada y global de transportes para
este país, y desde esta perspectiva es desde la que presentamos esta
interpelación, en la seguridad de que con la subsiguiente moción
trataremos de contribuir a cambiar la orientación de la política que
usted plantea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el Ministro de Fomento, señor Arias Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, no puedo felicitarle por la brillantez de sus argumentos,
aunque debo felicitarle por su constancia. Repetir el mismo debate en
el plazo de quince días puede ser un divertimento, pero no vamos a
aportar nada nuevo a la Cámara que no haya sido aportado ya en la
Comisión de Infraestructuras durante, si mal no recuerdo,
aproximadamente tres horas de sesión informativa. Vamos a reproducir
ante el Pleno lo que en aquella sesión de hace dos o tres semanas
tuvimos ocasión de informar y de trasladar a la Cámara.
Constituye una prioridad en la actuación de este Gobierno su política
económica, y muy en primer término los objetivos de la misma. Hay algo
que no sé si usted podrá comprender o no, pero es obvio: el Ministerio
de Fomento forma parte del equipo económico del Gobierno. Por tanto,
no es que se subordine a los objetivos prioritarios de la política del
Gobierno, es que los comparte y contribuye a su consecución. El
objetivo de esa política económica del Gobierno, que es absolutamente
prioritario para que España se incorpore en un primer momento a la
Unión Monetaria, es crecer al tres por ciento. Y para crecer al tres
por ciento, teniendo en cuenta la situación de globalización de la
economía, es imprescindible una política de rigor presupuestario. Esa
política de rigor presupuestario implica necesariamente una disminución
de la inversión pública. Ustedes no fueron capaces de aplicar una
verdadera política de rigor presupuestario porque hicieron algo
verdaderamente sorprendente: al mismo tiempo que disminuían la
inversión pública incrementaron el déficit, que ya es difícil.
Pero voy a demostrar que bajo su mandato el hoy Ministerio de Fomento
y antes Ministerio de Obras Públicas, en el año 1990 invirtió en
términos de producto interior bruto el 0,90; en 1991, el 0,83; en 1992,
el 0,68; en 1993 y 1994, el 0,75, y en 1995, el 0,64. Señoría, en
España y en todos los países de la Unión Monetaria hay un proceso de
descenso de la inversión pública absolutamente inevitable para cumplir
el objetivo del déficit. Este Gobierno, para compensar la disminución
inevitable de la inversión pública, se ha planteado algo que ustedes
no tuvieron el coraje de hacer: buscar fórmulas de financiación
extrapresupuestarias o fórmulas, en todo caso, que no recargaran el
capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado. Este Gobierno no
ha incurrido en ninguna improvisación, sino que durante el debate
presupuestario, por tanto en el otoño del pasado año, y a través de la
Ley de Acompañamiento, se planteó la utilización de fondos procedentes
de privatizaciones y se propuso movilizar fondos procedentes del sector
privado. Es lo que demuestra, señoría, que no hubo ninguna
improvisación, y para ello acudió a diversas fórmulas, yo le recuerdo
tres. Primero, recogiendo un planteamiento de la legislación
comunitaria ha creado un ente de inversión en infraestructuras
ferroviarias que va a canalizar fondos procedentes de privatizaciones.
Por consiguiente, se trata de un mecanismo de cambiar patrimonio del
Estado, que ya no es útil en determinados sectores, por inversión, que
va a construir también patrimonio del Estado. Es la fórmula de cambiar
patrimonio por patrimonio.
Segundo, introdujo también en la Ley de Acompañamiento lo que hemos
dado en denominar el modelo alemán, es decir, pago aplazado del precio
total de la
obra, pero es la iniciativa privada la que corre completamente con el
riesgo de la construcción, y solamente cuando se termina la obra es
cuando el Estado empieza a pagar.
Y tercera fórmula, señoría --por eso no ha habido ninguna
improvisación--, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado se introducen modificaciones sustanciales de la
Ley de Autopistas de Peaje, justamente porque ya en esos momentos se
está pensando en un programa de autopistas de peaje que tiene como
objetivo esencial servir a la política económica del Gobierno, y si
usted abandona esta premisa, como tuve ocasión de recordarle en la
Comisión, no entenderá nada. Por eso, su discurso de crítica es un
discurso incoherente, y permítame que se lo diga así. Es incoherente
porque usted no tiene en cuenta cuál es la premisa de la que parte el
Gobierno, que es servir a un objetivo de la política económica como es
alcanzar el crecimiento del tres por ciento. Y para eso hay que
movilizar la inversión, y si tenemos que recortar la inversión pública,
señoría, hemos de canalizar fondos procedentes de la iniciativa privada
en inversión pública, y eso es justamente lo que propicia el programa
de autopistas de peaje; programa que califiqué de modesto porque es
modesto, porque tiene como objetivo fundamental movilizar inversión,
actividad económica, crecimiento y empleo.
No me vale toda la argumentación que S. S. ha desplegado sobre la
insatisfactoria experiencia de las empresas concesionarias de
autopistas de peaje, porque justamente por esa razón, señoría, hemos
cambiado la Ley de Autopistas de Peaje, y usted sabe que las
circunstancias económicas en que se van a desarrollar las futuras
concesionarias no tienen nada que ver con las circunstancias económicas
con que se crearon aquellas empresas concesionarias y se realizaron
aquellas autopistas de peaje. Eran épocas de inestabilidad económica;
vamos a una época de profunda estabilidad económica; vamos a una época
de tipos de interés bajos; vamos a una época de estabilidad monetaria,
y, por tanto, vamos a una época en donde se puede producir la inversión
con altísimo grado de certidumbre. Por eso, la aportación pública a
estas autopistas de peaje va a ser, señoría, absolutamente mínima, se
hará siempre en concepto de anticipo reintegrable y, por tanto, nada
va a perder el Estado con esos anticipos reintegrables que tendrán que
ser devueltos por las empresas concesionarias.
Por lo demás, este modesto programa de autopistas de peaje encaja
perfectamente en el Plan Director de Infraestructuras aprobado por esta
Cámara. Y le voy a decir por qué encaja, porque el plan, en su término,
prevé la existencia de unos 2.500 kilómetros de autopistas de peaje.
Actualmente hay 1.800, quedan 600, 700 u 800 kilómetros de autopistas
de peaje que habrá que introducir en la red de autopistas españolas.
Entonces, yo le preguntaría a S. S. dónde pondría su grupo
parlamentario autopistas de peaje para dar cumplimiento a los objetivos
del Plan Director de Infraestructuras; dónde colocaría usted las
autopistas de peaje. Nosotros las hemos colocado en zonas del
territorio nacional que responden a dos características: primera, que
hay una alternativa gratuita en buen estado, de tal manera que el
ciudadano pueda o bien elegir la autopista de peaje, o bien elegir esa
alternativa gratuita que se encuentra en magnífico estado. Esa es la
primera característica del programa, que justamente todos sus tramos
disponen de una alternativa gratuita en buen estado. Segunda, que de
los 441 kilómetros que se sacarán a licitación, 165 son de nuevos
accesos a Madrid, con una inversión de 100.000 millones de pesetas
sobre los 250.000 previstos. Nadie podría negar, señoría, que Madrid
es una ciudad congestionada, no digamos constantemente, pero en todo
caso en las horas punta. Centenares de miles de madrileños de Madrid
capital y de Madrid provincia sufren todos los días los bloqueos y las
congestiones del tráfico por una extraordinaria imprevisión de 14 años
de gobierno, porque al menos se debería haber previsto el crecimiento
del parque de automóviles en el ámbito de la capital de España. No se
ha hecho así y todos los días centenares de miles de madrileños tienen
que padecer bloqueos y atascos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor
Presidente.
Fíjese usted, señoría, que por la carretera Madrid-Guadalajara circulan
145.000 coches diarios. Si hay justificación en estos momentos para
descongestionar esos accesos a Madrid, y habiendo alternativas
gratuitas en buen estado construir autopistas de peaje porque no hay
medios presupuestarios para hacer ampliaciones gratuitas; repito,
señoría, si algo está justificado es justamente eso.
Por lo demás, le diré que el programa de autovías continúa su curso.
Ninguno de estos tramos ha sido sacado del programa de autovías que
contiene el Plan Director de Infraestructuras. Por consiguiente, es
absolutamente razonable que por contar con alternativas gratuitas se
incluyan en un programa de autopistas de peaje, ya que, insisto una vez
más, no se puede perder de vista que tiene como objetivo la inversión.
Concluyo, señor Presidente. Un programa se puede juzgar en su
coherencia desde múltiples perspectivas. No hay ninguna razón para que
un solo factor defina su coherencia. Yo le puedo decir que un programa
de carreteras o de autopistas de peaje se puede juzgar en su coherencia
desde la perspectiva de la mejora de infraestructuras. Esa es una
perspectiva razonable, pero es una. Hay otra, por ejemplo la
rentabilidad. Usted ha hecho alusión a ella con contradicciones, porque
hay tramos no rentables y tramos extraordinariamente
rentables. En todo caso es otro criterio desde el cual se puede juzgar
la coherencia del programa. También está la cohesión territorial y
social. Ese es otro criterio para juzgar la coherencia de un programa.
Pues mire usted, el criterio que ha elegido este Gobierno para juzgar
la coherencia del programa de autopistas de peaje es la inversión, el
crecimiento económico y la creación de empleo, y desde esa perspectiva,
señoría, el programa de autopistas de peaje que ha presentado el
Gobierno tiene un altísimo grado de coherencia, porque va a movilizar
250.000 millones de pesetas de inversión privada que van a contribuir
al crecimiento económico y a la generación de empleo que tanto necesita
nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Señor Pérez Touriño, tiene la palabra.
El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el debate a usted le parecerá repetitivo; a esta Cámara
no sé lo que le parecerá. Lo que le puedo decir es que sigue sin
presentar usted un solo papel, un solo documento. O no los tiene o no
los quiere entregar, de las dos cosas, una. Cualquiera de las dos
respuestas es francamente preocupante.
Rigor presupuestario. Ayer su grupo votaba sí a una nueva actuación,
a la variante de Pajares en materia ferroviaria. Usted mismo se ha
echado para adelante y ha comprometido más AVE, más alta velocidad por
el territorio nacional. Basta leer la prensa. Sitio del territorio por
el que viajan van diciendo que sí, aquí y allá. Si quiere, empezamos
a hacer la suma de su rigor presupuestario. Francamente es difícil de
entender, salvo que no haya política o la política vaya siendo la de
ir saliendo del paso, llegar a 1998 y Dios dirá.
Alentar expectativas inversoras. Usted mismo dice que su programa es
bien modesto. Por tanto, modestas serán las expectativas inversoras que
levanta, como mucho doscientos y pico mil millones de pesetas de
inversión; en todo caso, para después de 1998, a dos años vista.
Cualquiera diría que van apareciendo por aquí y por allá entusiasmados
constructores generando puestos de trabajos e inversión desde que usted
ha llegado al Ministerio de Fomento. Falta el primero a estas alturas.
En definitiva, señor Ministro, se niega usted a entrar en el debate de
la propuesta concreta, a discutir con seriedad y con rigor y a
presentar un plan coherente, global e integrado; que sepamos todos qué
futuro tenemos en materia de transportes y comunicaciones, un tema
delicadísimo para un país al que todavía le faltan cosas importantes
por hacer a pesar del extraordinario esfuerzo inversor que se hizo en
años anteriores. Y sigue siendo usted incapaz de dejar de mirar hacia
atrás, de afrontar su responsabilidad, que no es la crítica del pasado,
sino la solución de los problemas de infraestructuras desde su
responsabilidad de gobierno.
Señor Ministro, usted va por el mundo firmando convenios que yo creo
que son un paradigma de frivolidad y de irresponsabilidad. Desde esta
perspectiva, muy poca fiabilidad tiene su aliento a la inversión de los
programas que usted propone. Recientemente, como ejemplo, como
paradigma de una forma de entender la política, ha firmado un convenio
con el Presidente de la Xunta de Galicia para hacer una autopista de
peaje, según dice en el frontispicio del texto del convenio,
Santiago-Orense. Cuando salió el convenio de esa autopista
Santiago-Orense, usted computa la inversión de manera errónea y
equivocada, porque, si no, no pueden salir los 250.000 millones de
pesetas, salen 218.000 millones de pesetas, menos de lo que usted dice.
Pero a la hora de la verdad hay una sola concesión administrativa que
se ponga en marcha, Santiago-Alto de Santo Domingo, a cuarenta
kilómetros de la ciudad de Orense. Por tanto, no es Santiago-Orense,
será Santiago-Alto de Santo Domingo. Y firma usted un convenio bajo la
otra rúbrica y la concesión administrativa, repito, es Santiago-Alto
Santo Domingo. Primer tema paradójico y claramente descalificador.
Estamos hablando de una inversión de 37.000 millones de pesetas desde
Santiago a ese punto.
El Ministerio de Fomento dice que en ese convenio aportará 10.000
millones, y la Xunta de Galicia tiene que prever aportar otros 10.000.
Total, 20.000 millones de pesetas que se estima que harán falta. Por
cierto, la Xunta de Galicia prevé aportar la mayoría, 8.000, en el año
1999, y el resto en el año 2000. Largo me lo fiáis, ya que hay
elecciones dentro de unos meses en Galicia.
En ese contexto, 20.000 millones de pesetas sobre 37.000 es una
aportación de fondos públicos entre una y otra administración del 65
por ciento, señor Ministro. ¿Qué sentido tiene para conectar Santiago
con Orense, que, al final, no lo pueden conectar, porque del Alto de
Santo Domingo hasta Orense ya no son ni capaces de llevarlo adelante
en un plazo razonable de tiempo? ¿Qué sentido tiene planteárselo y a
qué criterio responde? No puede ser funcional, ni territorial, ni de
viabilidad económica, que no la tiene el plantearse eso como una
autopista de peaje. No tiene el más mínimo, señor Ministro. Tiene el
interés clientelar y electoral; tiene el interés personal y subjetivo
de un Ministro necesitado de aparecer con algún tipo de propuesta, pero
no se sostiene desde ningún punto de vista.
Eso mismo, que alcanza su paroxismo en el caso de la autopista
Santiago-Orense, es predicable en términos semejantes, desde el punto
de vista de la lógica y de la viabilidad, para Avila, para Segovia,
para León-Astorga, o incluso para el Guadiaro-Estepona.
En el caso de Madrid, señor Ministro, no se puede plantear. Es grave
e inusitado que, por una parte,
anuncie el Presidente de la Xunta de Galicia que está debatiendo con
el Ministerio levantar peajes urbanos en la entrada a la ciudad de La
Coruña, y en la circunvalación de Vigo retirar, levantar peajes
urbanos, que van a poder anunciar positivamente ese levantamiento para
el próximo mes de agosto, dos meses antes de unas posibles elecciones,
y al mismo tiempo esté usted diciendo a los ciudadanos de Madrid que
les va a introducir peaje en la corona metropolitana para el acceso
urbano, para los movimientos diarios de acceso al trabajo en Madrid.
En todo caso, no se puede plantear eso de forma absolutamente aislada,
cuando hay otras necesidades de transporte, otras políticas posibles,
y la única manera de resolver los problemas de congestión en un área
metropolitana como Madrid es desde una política territorial determinada
y desde una política de transporte colectivo, como ha venido
desarrollando con fuertes inversiones el anterior Gobierno socialista.
Por eso, señor Ministro, en profundo desacuerdo con su propuesta,
plantearemos el próximo martes una moción en la que le invitaremos a
formular las cuestiones desde una óptica diferente, en desarrollo,
ahora sí, del Plan Director de Infraestructuras.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo me permito desafiar a S. S. a que presente los compromisos
asumidos explícita y fehacientemente por este Ministerio que puedan ser
calificados de falta de seriedad y de falta de rigor presupuestario
(Rumores.) por este Gobierno y por este miembro del Gobierno que habla
a la Cámara.
No hay ni un solo compromiso que se salga del esquema presupuestario
vigente y de los fondos disponibles por el departamento, de origen
extrapresupuestario, procedentes de privatizaciones o procedentes de
fondos comunitarios, señoría. (La señora Rubiales Torrejón: ¡No me
diga!) Póngame los ejemplos y los vamos a discutir. Porque muchas veces
ustedes hacen aquí intervenciones parlamentarias con los titulares de
los periódicos, pero los compromisos son algo mucho más serio, señoría.
(Rumores.)
Convenios sin dotación presupuestaria firmado por el Gobierno de S. S.
con anterioridad al año 1996 tengo encima de la mesa más de 200, y
naturalmente este Gobierno no puede hacerse cargo del cumplimiento de
los mismos. Y después, en otras interpelaciones, ustedes me acusan de
no cumplir esos convenios firmados por el Gobierno socialista. Las dos
cosas a la vez, no, señoría. (La señora García-Alcañiz Calvo: Muy
bien.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Debo decirle, señoría, que yo he calificado siempre el Plan Director
de Infraestructuras como un instrumento útil de trabajo para cualquier
gobierno. Y desde esa perspectiva el programa de autovías está siendo
ejecutado, señorías. Y usted lo sabe muy bien, porque se siguen
aplicando las inversiones previstas en el capítulo 6, que son 380.000
millones de pesetas. Sabe usted que este Gobierno, en el segundo
semestre de 1996, incrementó la licitación de obra en un 18 por ciento
sobre el año 1995; por consiguiente, está licitada la autovía del
Cantábrico y ha empezado a licitarse el acceso de Cantabria a la
meseta, han empezado a licitarse nuevos tramos de la autovía
Sagunto-Somport y han empezado a licitarse tantos y tantos tramos de
autovías que están en el plan de actuaciones prioritarias y que están
también en el Plan Director de Infraestructuras. Tiene que haber una
cierta continuidad en la política de infraestructuras, señoría, si no
queremos despilfarrar el dinero de los ciudadanos y, por tanto, es
absolutamente natural, es plenamente comprensible que el Gobierno, ante
la disminución de su capítulo 6 de inversión pública, ponga en marcha
mecanismos para favorecer la actividad económica, para favorecer la
inversión y para favorecer el crecimiento y el empleo.
Vuelvo a insistir, señoría, en que me diga dónde su grupo parlamentario
haría actualmente autopistas de peaje que están previstas en el Plan
Director de Infraestructuras; dígame usted de una vez dónde las harían.
Le puedo hablar de la autopista Santiago-Orense, aquella en la que por
rigor presupuestario y por rigor de planteamiento el Gobierno puede
ayudar a financiar en su primera fase, Santiago-Alto de Santo Domingo.
Sería una falta de rigor y una falta de seriedad que este Gobierno se
hubiera comprometido a financiar la totalidad de la autopista cuando
no dispone de fondos suficientes para ello. Nos hemos comprometido en
una parte de esa autopista para la que disponemos de fondos, y hemos
asignado 10.000 millones de pesetas en los dos años largos que va a
durar su construcción, que es una cantidad de la que este Ministerio
dispone. Porque dispone de 40.000 millones de pesetas de anticipos
reintegrables en el capítulo 3, fondos procedentes de privatizaciones
que se reinvierten a través de estos conceptos.
Concluyo diciendo, señoría, que la coherencia de este programa de
autopistas de peaje --y si usted se olvida de eso estaremos aquí
discutiendo por el método Ollendorf--, se da única y exclusivamente
desde la perspectiva de la inversión pública, porque el Ministerio de
Fomento, del que dependen gran parte de las obras públicas del Estado,
forma parte del equipo económico del Gobierno, y esa prioridad se
sobrepone, señoría, a cualquier otra, porque si no se sobrepusiera, ni
habría política económica ni habría Gobierno.
Desde el punto de vista de las radiales de Madrid, de los nuevos
accesos a Madrid, he de decirle, señoría, que quienes más beneficiados
van a resultar son los
ciudadanos más modestos, que van a ver descongestionadas las actuales
vías gratuitas, las van a poder continuar utilizando gratuitamente y
hay otra parte de la ciudadanía que por razones de rentabilidad
económica o porque simplemente sus empresas se lo paguen, podrán
utilizar las autopistas de peaje. Pero el beneficiario será justamente
el ciudadano de renta más modesta, que podrá continuar utilizando una
vía gratuita mucho más descongestionada.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que desea fijar su posición? (Pausa.)
Queda concluido el debate sobre la interpelación del Grupo Socialista.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA SOCIAL DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA
VIVIENDA (Número de expediente 172/000038)
El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política
social del Gobierno en relación con la vivienda.
Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la interpelación que hoy presenta mi grupo parlamentario está
justificada por ser la vivienda la demanda que con mayor intensidad
plantea la sociedad civil tras el drama del paro. Si ustedes me
escuchan, verán que yo siempre me expreso con la mayor claridad, y
quiero decir lo siguiente: que desde el sosiego, pero desde la firmeza
más rotunda, vamos a empeñarnos en que este Gobierno desarrolle la
Carta Magna.
Es un derecho inalienable el de todo hombre o mujer a disponer de
cuatro paredes, el más elemental de los derechos una vez reconocida la
categoría de ciudadanos, de la que se supone que gozan todos los
vivientes conceptualizados como humanos. El artículo 47 de nuestra
Constitución ampara a los sin techo; digo bien, a los sin techo, y lo
digo sin demagogia y, además, me obliga a mí, como representante de
ellos, como representante del pueblo, a exigir a este Parlamento que,
por las razones que cada fuerza política considere oportunas,
humanitarias en unos casos, sociales, éticas, estéticas, etcétera, vote
unánimemente la búsqueda de soluciones en un macrotema que, en su
vertiente individual y colectiva, tiene tintes de total inmoralidad;
insisto, de total inmoralidad.
Decía un dirigente aventajado que en política no existen las
casualidades. Efectivamente, la precaria calidad de vida que está
padeciendo una amplia franja de la sociedad es el resultado del 3 de
marzo y de un Gobierno que representa los intereses de los «sin
problemas» --entre comillas-- o, mejor dicho, de los que tienen
problemas por excesos y no por carencias. El tiempo y los criterios de
Maastricht, como todos sabemos --unos padecen y otros conocen-- obligan
a los trabajadores de a pie a vivir peor para que otros vivan mejor,
añeja máxima de los legítimos ricos que aplica ladinamente este
Gobierno, como si la pobreza fuera irreversible y la cultura del
pelotazo y la de no repartir fueran un dogma inquebrantable. Señorías,
algunos de ustedes sólo los ven en la televisión; otros y otras los
representamos. España, Andalucía, está geográficamente igual que
simbólicamente otras regiones, en el trasero del mundo, y hay mucha
gente, demasiada gente, que viven en basureros, en chabolas o
sencillamente hacinados, y un puñado o, mejor dicho, más de un puñado,
muchos más, están ya excluidos de la sociedad, y el modelo, señorías,
tengo que decirlo, no puede ser de otra manera, no son, ni mucho menos,
los barrios de los Estados Unidos, donde los periódicos y las bocas de
los metros albergan a los desposeídos de los derechos. Este invierno,
señorías, señor Presidente, señor Ministro, ustedes lo saben porque lo
han leído, los ancianos y los humildes han muerto de frío en España.
¿Cuántos siglos hemos retrocedido? Repito, ¿cuántos siglos hemos
retrocedido? No estoy haciendo literatura, ni muchísimo menos, es sólo
mi vocación, pero no hago literatura, únicamente estoy mostrándoles una
foto fija de la brutal realidad que algunos sólo ven en la pantalla.
En el marco de esta caótica y límite situación, España tiene perfiles
absolutamente paradójicos. Su financiación a largo plazo es de las más
caras de la Unión Europea, las ofertas de alquiler son para rentas
altas, altísimas, y, para más inri, somos el país --y hablo objetiva
y rigurosamente-- con más viviendas secundarias y más viviendas vacías
de la Unión Económica Europea. Grave; muy grave. Además, habitamos en
un territorio cuya tasa de paro es de las más altas de su entorno,
donde un ciudadano medio necesita algo más del 45 por ciento de su
salario para acceder a una vivienda, ya que, como ustedes saben, aquí,
en España, los beneficios fiscales sólo se arbitran para quienes no los
necesitan; es decir, que la compra de unos pocos o de muchos metros del
parque inmobiliario, hoy, desgraciadamente --hay que decirlo; sin
titulares, pero hay que decirlo--, sólo tiene nombre de inversión,
cuando no de especulación.
Ante esta desoladora imagen, ante este desolador cuadro, han surgido
en algunas zonas de Europa, al igual que en España, movimientos
sociales llamados --para algunos se encenderá la luz roja-- okupas,
cuya actividad no solamente consiste, señorías --y hay que
ilustrarse en la vida política--, en buscarse un refugio para
sobrevivir, sino que también desarrollan elementos de carácter
asociativo, cooperativo, autoempleo, artesanal, etcétera. Infórmense
y luego opinen. Estos movimientos de creación, que actúan
alternativamente, son parte de algo que circula parejo y son familias,
muchas familias, demasiadas familias desahuciadas o sin posibilidades
que se cobijan en viviendas desocupadas.
Los conflictos que se asignan y que originan tienen la causa
objetivada, y es la falta de una política que garantice el bienestar
social por parte de los poderes públicos ante la manifiesta incapacidad
de este Gobierno --en esto, en otras cosas a lo mejor está minimizada--
de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Se actúa como en
tiempos del Imperio Romano, represiva y autoritariamente, con una
utilización de las fuerzas del orden público --siento decírselo,
señorías-- casi siempre desmedida.
El persistente incumplimiento del Gobierno de asegurar los derechos y
las garantías de todos y todas, no sólo de una parte, la de una parte
de los bancos, nos obliga a presentar esta interpelación urgente, que
tiene el siguiente objetivo, señorías: conocer los medios, los
instrumentos que piensa adoptar el Gobierno Aznar para llevar a cabo
una política social tendente a asegurar el cumplimiento de los deberes
inherentes a la función social de la propiedad --repito, función social
de la propiedad, no especulativa--, que evite injustificadas respuestas
penales o policiales ante supuestos casos de ocupación, de manera que
se haga efectivo el derecho a disfrutar una vivienda digna.
Como el tema es tan elemental que pierde su efectividad si insisto,
quiero terminar diciéndoles lo siguiente: Igual que todos ustedes, yo,
nosotros, tenemos techo, y se presupone que conciencia, a unos los
emplazo al examen programático de la justicia social, y a los otros --y
no me duelen prendas-- les recomiendo que la caridad cristiana no sea
sólo una práctica dominical, sino que sea una práctica electoral.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
Debo anticipar que la preocupación social que subyace en el
planteamiento que ha hecho S. S. es compartida por toda la Cámara,
porque, en última instancia, el problema específico al que S. S. se ha
referido principalmente no es sino la manifestación de un problema
generalizado: el problema de la vivienda en España. Ese problema ha
venido generado, a juicio de este Gobierno, como consecuencia de la
vigencia de un modelo urbanístico globalmente considerado que ha
constituido un fracaso. Lo hemos reiterado aquí en diversos debates y
a través de distintas interpelaciones.
Se ha llegado a una situación en la que, efectivamente, hay viviendas
desocupadas en número importante, pero viviendas caras y, por el
contrario, no hay, en principio, un proceso urbanístico que conduzca
a la construcción de viviendas asequibles. Por eso hemos de reflexionar
entre todos --lo he dicho muchas veces-- para encontrar un modelo
urbanístico que permita resolver, o paliar al menos a corto plazo, los
efectos que ha producido el actual modelo urbanístico. Hay muchas
medidas posibles; una de ellas, solamente una de ellas, es el
incremento de la oferta de suelo no urbanizable, que es la medida que
el Gobierno pretende poner en marcha a través del anteproyecto de ley,
hoy sometido a debate público, que está en la Federación Española de
Municipios, en los gobiernos de las comunidades autónomas y en los
ayuntamientos. Este es el debate que ha tenido lugar en esta Cámara en
diversas circunstancias.
Para paliar esa situación, en años anteriores se articularon los planes
de vivienda que, como en otra ocasión he definido, son una respuesta
inmediata a un problema acuciante, pero no la solución del problema.
Prueba de ello es que en el plan de los años 1992-1996 se han realizado
745.000 actuaciones urbanísticas; 290.000 viviendas de régimen general;
104.000 de régimen especial; 169.000 de precio tasado; actuaciones de
rehabilitación, 62.000; total viviendas, 627.000; y actuaciones de
suelo, 218.000. Es un buen resultado de un plan, pero, evidentemente,
no ataca la raíz del problema.
No es menos cierto que en estos momentos la legislación en vigor
contiene también una serie de ayudas indirectas, es decir, ayudas
fiscales a la vivienda. Aunque pueda resultar prolijo, le puedo reseñar
algunas. Las ayudas indirectas de tipo fiscal, en lo que se refiere a
adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, supusieron, en el
año 1994, 159.000 millones de pesetas; en 1995, 153.000 millones; en
1996, 172.000 millones; y en 1997, 162.000 millones de pesetas. Si nos
vamos a las cuentas vivienda, hay una ayuda indirecta de 23.000
millones en 1994; de 30.000 millones en 1996; y de 25.000 millones en
1997.
Si vamos a otras ayudas indirectas a otras viviendas, tenemos 3.800
millones de pesetas en 1994; 3.000 millones en 1996; 2.500 millones en
1997. Si jugamos con los intereses, tenemos ayudas indirectas por
56.000 millones en 1995; por 163.000 millones en 1996; y por 223.000
millones en 1997. También hay ayudas al alquiler. En total, señoría,
en el período que va de 1994 a 1997, se cifran en 446.000 millones las
ayudas indirectas
realizadas a la vivienda. Pues bien, señoría, a pesar de los planes de
vivienda y a pesar de las ayudas indirectas, que son significativas,
hay en España, y coincido con usted, un problema de vivienda. Es
intención de este Gobierno poner en marcha un proceso que conduzca
entre todos a encontrar una solución.
Recientemente ha habido, como sabe S. S., una sentencia del Tribunal
Constitucional que ha dejado tambaleándose la legislación urbanística
vigente en España. Y hemos de encontrar soluciones en algunos puntos
de urgencia para evitar que los planeamientos en curso puedan
detenerse, o que los planeamientos aprobados dejen de aplicarse en lo
que afecta al proceso de construcción de viviendas, como consecuencia
de las incertidumbres que se derivan de algunos puntos concretos de la
sentencia del Tribunal Constitucional, porque ello perjudicaría, como
es lógico, la construcción de viviendas, y, lejos de resolver algún
problema, agravaría todos los existentes.
Quisiera, de acuerdo con los grupos de la Cámara, tratar de encontrar
alguna solución que nos permita dar a los ayuntamientos, en particular,
y a las comunidades autónomas, una orientación urgente, por un plazo
de vigencia temporal; que nos permita dar seguridad a los procesos de
planeamiento y a los procesos urbanísticos actualmente en curso;
incertidumbre que, dada la amplitud de la sentencia del Tribunal
Constitucional, se ha generado.
En todo caso, señoría, puedo compartir con usted el planteamiento de
fondo, el problema de la vivienda; puedo compartir con usted que es
necesario afrontar con mayor intensidad los problemas sociales que se
plantean como consecuencia de la ausencia de vivienda; y puedo
compartir con usted, como le decía al principio, la preocupación social
que subyace. Lo que es absolutamente imprescindible es que entre todos
en esta Cámara demos, en primer término, una inicial solución
legislativa al problema planteado por la anulación de gran parte de la
legislación vigente y, en segundo lugar, debatamos en profundidad qué
elementos hay que tocar, qué elementos hay que volver a regular, qué
elementos hay que modificar para que el coste de la construcción de la
vivienda pueda disminuir. Hay varios: uno es el suelo urbanizable; otro
es la lentitud de los procedimientos urbanísticos; otro es,
evidentemente, la fiscalidad que habría que retocar en el momento en
que lo permita la situación presupuestaria; otro es la necesidad de
mejorar, y de incentivar en mayor medida, las viviendas de alquiler,
etcétera. Son muchos los elementos que coinciden para llegar a la
conclusión de que España tiene un problema de viviendas asequibles.
Señoría, yo recabo la colaboración de su grupo parlamentario para,
cuando el Gobierno traiga a esta Cámara la iniciativa que hoy está
debatiéndose públicamente y quizás alguna otra que tiene en estudio,
sacarlas adelante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
La señora Aramburu tiene la palabra.
La señora ARAMBURU DEL RIO: ¡Qué más quisiera yo, señor Salgado, que
haberle oído otra respuesta! Casi siempre son las mismas porque suelen
corresponder a la misma formación política, al mismo programa
electoral. Es posible que el mercado ofrezca posibilidades porque es,
de alguna manera, el becerro de oro.
Con la honestidad que intento que caracterice mis intervenciones --lo
digo con toda sinceridad--, debo decir que siento una especie de pudor
porque hablemos nosotros que tenemos pisos en propiedad, chalets en la
playa o en la sierra. Siento un cierto pudor de tecnócrata aventajada
al discutir de los sin techo, no con alegría pero sí sin las medidas
que les ayuden.
Efectivamente, el señor Arias plantea que la vigencia de un modelo
urbanístico ha fracasado. Por supuesto que ha fracasado el anterior y
el puesto en práctica. Dice que reflexionemos; vamos a hacerlo
conjuntamente. Dennos la posibilidad de que reflexionemos legislando
conjuntamente; no sólo parlamentando, sino interviniendo conjuntamente.
Para eso, señor Arias, para paliar los efectos que han causado unos
presupuestos que no rozan ni el 1 por ciento, para resolver los
problemas de los sin techo, nosotros hemos mantenido una máxima: lo que
lo que no está en los presupuestos no existe en política. Son
declaraciones testimoniales: lo que no está en los presupuestos no
existe, y en ellos no aparecen partidas presupuestarias para hablar
como usted lo ha hecho desde la tribuna. En ese sentido, yo quiero
plantearle lo siguiente, porque siento un tremendo pudor al hablar de
esto hoy aquí nosotros, tecnócratas aventajados.
Pudiera parecerle a esa parcela de la sociedad que nadie hoy, ni
siquiera Izquierda Unida, consigue representarlos; pudiera dar la
impresión de que vivimos en una época feudal. No pretendo la utopía de:
a cada uno según sus posibilidades, ni muchísimo menos. Simplemente
pretendo que todo ser humano tenga cuatro paredes para sobrevivir. Por
eso, señor Arias, sólo estoy hablando de que el fariseismo político es
un pecado mortal electoralmente hablando. Y me he subido a esta tribuna
sólo a decirles que arbitren los mecanismos oportunos, ustedes que han
ganado, ustedes que han patrimonializado el 3 de marzo. Ustedes,
señores del Grupo Popular, tienen una responsabilidad y una obligación.
La mía, la de pedir; la de ustedes, la de dar. Por eso digo que sólo
me he subido a esta tribuna a decirles que arbitren los mecanismos
oportunos para garantizar el cumplimiento de la consensuada
Constitución. Simplemente eso; sólo estoy pidiendo eso. Ustedes tienen
la obligación de buscar las medidas. Nosotros les ayudaremos, pero
búsquenlas ustedes, no para su franja sino para la del colectivo en su
conjunto.
Desde el pudor que me da hablar de este tema en esta situación de
privilegio en que vivimos todos, termino
diciéndole, sin sermones y desde esta tribuna, señor Arias, que no es
lo mismo predicar que dar trigo o dar casas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, le he dado antes unas cifras que implican que no solamente se
predica, sino que se da trigo. No olvide, sin embargo, que el Estado
tiene pocas competencias en el ámbito de lo que debería o podría ser
en sentido estricto una política de vivienda.
Las ayudas indirectas son cuantiosas y la partida que tiene el
Ministerio de Fomento para contribuir a financiar viviendas excede de
los 100.000 millones de pesetas. No obstante, con esos 100.000 millones
se subvencionan créditos hipotecarios por casi un billón de pesetas
cada año. Por tanto, se hacen actuaciones en materia de vivienda y
suelo por valor de casi un billón de pesetas. Es una movilización
notable de recursos.
¿Sería imprescindible dar más? Es posible, estamos dentro de una
política de rigor presupuestario. En todo caso, movilizar al año
créditos hipotecarios por valor de casi un billón de pesetas para hacer
viviendas, no es precisamente una pequeña cantidad.
Yo le diría que hay otra manera de ayudar a la adquisición de
viviendas, que son los efectos que produce una política económica
acertada. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.) La disminución de los tipos de interés ha sido tan
sustancial que ahí radica la ayuda más importante que este Gobierno,
a plazo inmediato, ha podido prestar a los adquirientes de viviendas.
Es muy probable que en los próximos meses se reactive algo la demanda
de la edificación residencial, precisamente porque el pacto de reforma
laboral al que se ha llegado y, por tanto, la perspectiva de mayores
empleos fijos y, al mismo tiempo, la bajada de los tipos de interés van
a permitir poder acceder a la vivienda a un número mayor de ciudadanos.
Debo coincidir, sin embargo, en que están pendientes en gran medida
soluciones que favorezcan la vivienda en alquiler, que es algo que
serviría para paliar significativamente el problema de la vivienda. Se
ha puesto en marcha una primera medida, como es el proyecto que regula
los fondos de inversión inmobiliaria, que va a favorecer de una manera
indirecta la vivienda en alquiler, pero son necesarias más medidas.
Espero que en el plazo de esta legislatura se vayan arbitrando
soluciones que a plazo medio puedan empezar --ésa es nuestra
esperanza-- a resolver el problema de la vivienda en España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Presidente, señorías, intervengo para fijar la
posición del Grupo Socialista en relación con la interpelación
formulada en materia de política de vivienda por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Quiero
decir, de entrada, que, al cabo de un año prácticamente de Gobierno,
me hubiera gustado --lo digo con toda sinceridad-- que el Ministro de
Fomento hubiera sido capaz de apuntar alguna idea nueva en materia de
apoyo a la vivienda en alquiler para jóvenes y de utilización del
parque de viviendas desocupadas. Porque de lo que estamos hablando,
básicamente, es de la existencia de un problema de acceso a la vivienda
por parte de jóvenes con bajos niveles de ingresos y de un problema de
existencia de un parque excesivamente amplio en nuestro país de
viviendas desocupadas.
Ustedes prometieron en su programa electoral aumentar el gasto público
en materia de política de vivienda. No lo han hecho. Me dirá que es por
el rigor mortis que impone Maastricht en relación con la inversión
pública, pero ustedes han disminuido la inversión pública en su
conjunto y, en cambio, han aumentado las ventajas fiscales para
determinados colectivos sociales. Es una decisión política que no
resuelve el problema que estamos tratando aquí esta tarde.
Lo que es cierto es que en materia de política de vivienda ustedes
heredaron un plan consensuado con todas las comunidades autónomas, a
principios de 1996, que hasta ahora no han modificado y,
desgraciadamente, ni siquiera han sido capaces de gestionarlo hasta el
momento con suficiente eficacia. Según datos del Ministerio de Fomento,
entre enero y diciembre de 1996 sólo se cumplió el 70 por ciento de los
objetivos previstos para el año pasado y se financiaron 121.000
viviendas, es decir, un 21 por ciento menos que en 1995.
Podemos entender que ha habido la lógica ralentización en materia de
gestión de la política de vivienda que se deriva de un cambio de
gobierno, pero a estas alturas sí nos gustaría saber si respecto de
algunas de las figuras que están vigentes en este momento aportan
ustedes alguna novedad. Le estoy hablando del hecho de que el plan
todavía en vigor contempla ayudas específicas a fondo perdido del 40
por ciento del total del coste de la operación para rehabilitación de
viviendas desocupadas y puesta en alquiler de las mismas --esa medida
no la han modificado ustedes y, evidentemente, puede ser mejorada--;
como contempla, asimismo, la posibilidad de asimilar a viviendas de
protección oficial alojamientos de carácter colectivo
destinados, por ejemplo, a ser alquilados por jóvenes o por tercera
edad.
Esas figuras existen en el plan de vivienda en vigor, usted lo sabe,
pero nos gustaría que, además de mantener algo que usted mismo ha
reconocido que ha tenido resultados que no son despreciables en los
últimos años, se aportara algo nuevo, porque ésa es la responsabilidad
que ustedes ahora tienen y que estamos dispuestos a compartir desde la
oposición, haciendo sugerencias concretas en lo que se refiere tanto
a rehabilitación como a fiscalidad, porque en ambos casos, señor
Ministro, usted tiene posibilidad de hacer propuestas desde la
legislación estatal. Si hay algo que el Tribunal Constitucional ha
dejado a salvo es precisamente la competencia estatal en cuanto al
régimen jurídico de la propiedad urbana. Es decir, respecto del suelo
urbano y de los tratamientos que tienen que ver con la rehabilitación
en suelo urbano, ustedes pueden legislar desde un marco estatal.
Estaremos encantados y dispuestos a colaborar para que en esa futura
ley del suelo estatal se contemplen medidas que permitan un mejor uso
social de la propiedad de edificios que en estos momento están
desocupados y no cumplen con la función social de la propiedad. Como
estaremos de acuerdo también en apoyar medidas que signifiquen la
mejora de la fiscalidad para que puedan acceder a viviendas en alquiler
personas jóvenes y con bajos ingresos, que son el colectivo central de
cualquier política de vivienda.
Nos parece bien que se mejore con carácter general la fiscalidad de los
fondos de inversión inmobiliaria, pero tendrá que haber fondos de
inversión o actuaciones reguladas desde la iniciativa pública que
permitan que las viviendas de alquiler que se presenten en el mercado
tengan unos precios asequibles para los jóvenes. Creo que ése es el
objetivo que tenemos que perseguir de una forma conjunta y, en ese
sentido, esperamos ideas nuevas.
También quiero decirle, señor Ministro, que es verdad que ha habido y
hay un problema muy importante de accesibilidad en España en cuanto a
la vivienda, pero es un problema que ha disminuido relativamente
precisamente entre 1991 y 1996. Asimismo, y también con datos del
Ministerio de Fomento, la ratio entre el precio medio de la vivienda
y el nivel medio de renta de los adquirientes, teniendo en cuenta las
bonificaciones fiscales, ha pasado del 55,5 en 1991, al 29,5 en 1996.
Por otra parte, si se estudia por comunidades autónomas, nos
encontramos con que aquellas en las que más peso tiene la vivienda
protegida respecto al total de viviendas iniciadas son precisamente las
comunidades autónomas donde el problema de accesibilidad a la vivienda
es menor, mientras se comprueba fácilmente que en áreas metropolitanas,
en particular en la de Madrid, el problema de accesibilidad sigue
siendo gravísimo.
Señor Ministro, quiero recordarle, una vez más, cuando usted apunta
como solución que aporta este Gobierno para resolver el problema de la
vivienda el aumento en la oferta de suelo urbanizable, que en la
Comunidad Autónoma de Madrid, entre 1988 y 1992, se multiplicó por tres
el suelo urbanizable programado y, sin embargo, la evolución de los
precios del suelo y de la vivienda en esta comunidad autónoma en ese
período registró los incrementos más altos de toda España.
Busquemos otras soluciones porque, de verdad, si tenemos que esperar
a que el problema, cuyo síntoma son los movimientos de los okupas en
las grandes ciudades, se resuelva a base de calificar más suelo como
urbanizable, me temo que no llegaremos a resultados satisfactorios.
Usted tiene herramientas en cuanto a proponer cambios en la fiscalidad,
en cuanto a proponer apoyos a la rehabilitación, o fórmulas en lo que
se refiere al derecho de uso sobre edificios desocupados. Usted puede
hacerlo desde el Gobierno. Cuente con nosotros para avanzar en una
línea imaginativa y adecuada a los problemas de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.
RECTIFICACION. En el «Diario de Sesiones» número 71, correspondiente
a la sesión plenaria del día de ayer, martes 8 de abril, en la
intervención de la Diputada señora Rivadulla Gracia --páginas 3493 a
3495--, figuran por error, en la página 3494, segunda columna, líneas
37, 41, 42 y 45, 150.000, 200.000 y 225.000 toneladas, cuando en todos
los casos la interviniente quiso decir kilos.