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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 71, de 08/04/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 71
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 68
celebrada el martes, 8 de abril de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
--De la Junta General del Principado de Asturias, sobre inclusión de la
variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 7.1, de 11 de abril
de 1996 (número de expediente 125/000006) (Página 3459)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre publicación de las leyes y
demás disposiciones estatales de carácter general en las diferentes
lenguas propias de las Comunidades Autónomas. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 76.1, de 23 de diciembre de 1996
(número de expediente 122/000060) (Página 3467)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en
todas las lenguas oficiales del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 67.1, de 29 de noviembre de 1996 (número de
expediente 122/000051) (Página 3467)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las
Cortes Generales en las lenguas españolas oficiales. (Orgánica). «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 68.1, de 29 de
noviembre de 1996 (número de expediente 122/000052) (Página 3467)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre publicación de las
leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas
oficiales del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 73.1, de 13 de diciembre de 1996 (número de expediente 122/000057)
(Página 3467)
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Rodríguez, Vázquez, Chiquillo y
Sra. Lasagabaster), sobre publicación de las leyes y demás disposiciones
de aplicación general en todas las lenguas oficiales del Estado. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 74.1, de 13 de
diciembre de 1996 (número de expediente 122/000058) (Página 3468)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre realización del
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 100, de 11 de febrero de 1997 (número de
expediente 162/000087) (Página 3483)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre pago de la supertasa de la
campaña 1995-96 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así
como a la dotación de mayores recursos al Programa Nacional de abandonos
de producción, al objeto de constituir una reserva nacional de cuotas.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 70, de 8 de
noviembre de 1996 (número de expediente 162/000061) (Página 3491)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, para conocer la valoración del Gobierno
acerca del debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías y su
disposición a impulsar la reforma de la Constitución para convertir la
Cámara Alta en una auténtica Cámara de representación territorial (número
de expediente 173/000031) (Página 3501)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modelo de Radiotelevisión
Española (RTVE) (número de expediente 173/000032) (Página 3510)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de Comunidades Autónomas
(Página 3459)
De la Junta General del Principado de Asturias, sobre inclusión de la
variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras (Página 3459)
En representación de la Junta General del Principado de Asturias,
interviene, en nombre del Grupo Mixto de aquella Asamblea, el señor
Sánchez Vicente. Comienza su exposición poniendo de relieve el problema
que históricamente ha tenido Asturias en cuanto a las comunicaciones con
el resto de España. Manifiesta que en este momento los asturianos se
quejan, con razón, de no tener comunicaciones dignas del siglo XXI y de
que todos los parámetros de la economía asturiana vienen siendo
descendentes y negativos progresivamente. Por ello, el Partido
Asturianista pide a la Cámara que apoye la propuesta del Parlamento
asturiano.
Asimismo, en representación de la Junta General del Principado de
Asturias, interviene el señor Llamazares
Trigo, del Grupo de Izquierda Unida, quien defiende como obra prioritaria
la incorporación de la variante ferroviaria de Pajares al Plan Director
de Infraestructuras. Basa su petición en que no es posible subordinar la
ejecución de la variante de Pajares a la finalización de la variante de
Guadarrama, en primer lugar, por la penosa situación del trazado de
Pajares y, en segundo lugar, porque, a pesar de los 40.000 millones de
pesetas gastados en el tratamiento integral de la línea, los problemas
estructurales siguen vigentes. Reclaman esta obra ferroviaria que sitúe
al ferrocarril asturiano en el siglo XX no ya en el XXI, para poder tener
seguridad en el transporte a través de Pajares y para conseguir un
equilibrio económico y territorial que favorezca la reindustrialización
de la Comunidad Autónoma.
En tercer lugar interviene el señor Verdín Bouza, del Grupo Parlamentario
Popular de la Junta General del Principado de Asturias, que pone de
manifiesto las dificultades por las que atraviesa Asturias y las dudas
que existen sobre su futuro, debidas a la desprotección y liberalización
de la economía que produjo la entrada en la entonces Comunidad Europea.
Sin embargo, Asturias quiere construir su futuro en el actual marco
comunitario, para lo que apuesta de manera decidida por la
competitividad, la innovación y la exportación. Por ello considera
imprescindible resolver con urgencia el problema de aislamiento que tiene
Asturias con los ejes económicos del resto del Estado español y europeos
y solicita de la Cámara la aprobación de la modernización del
ferrocarril.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
García-Arreciado Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de
la Junta General del Principado de Asturias, se aprueba por 186 votos a
favor, dos en contra y 129 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3467)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre publicación de las leyes y demás
disposiciones estatales de carácter general en las diferentes lenguas
propias de las Comunidades Autónomas (Página 3467)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la
publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en
todas las lenguas oficiales del Estado (Página 3467)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las
Cortes Generales en las lenguas españolas oficiales. (Orgánica.) (Página 3467)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre publicación de las
leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas
oficiales del Estado (Página 3467)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Rodríguez, Vázquez, Chiquillo y
señora Lasagabaster), sobre publicación de las leyes y demás
disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales del
Estado (Página 3468)
Agrupadas las cinco proposiciones de ley en un mismo debate, interviene,
en primer lugar, el señor Solé Tura, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza su intervención manifestando que, aunque hace algunas semanas su
grupo votó en contra de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña
sobre el mismo tema, eran y son conscientes de la importancia del
problema que se planteaba, pero consideraban que no se había discutido
con el debido rigor ni dentro ni fuera de sus propias filas, anunciando
entonces que replantearían la cuestión sobre unas nuevas bases. Para su
grupo, el problema reside en saber si el uso de las distintas lenguas
oficiales ha de tratarse como patrimonios lingüísticos separados o como
patrimonios comunes, y se pregunta si el sujeto de la política
lingüística es la comunidad autónoma respectiva, el Gobierno del Estado o
los dos conjuntamente. Opina que esta discusión no se ha planteado ni en
profundidad ni con serenidad, lo que les ha llevado a presentar la actual
proposición de ley. Expone que la proposición de ley que someten a la
consideración de la Cámara es fruto de la reflexión del Grupo Socialista
y se traduce en una posición coherente y acorde con una concepción global
del Estado de las autonomías. Es decir, que si
el Estado impulsa el conocimiento y el uso de las diversas lenguas, éstas
pasan a ser patrimonio de todos y, además de su vigencia territorial,
adquieren vigencia y sustantividad jurídica y social en toda España.
A continuación, analiza el contenido de su proposición de ley y se
felicita por la coincidencia de criterios con otros grupos
parlamentarios. Sin embargo, se muestra sorprendido por la aprobación en
el Consejo de Ministros del día 4 de abril de un real decreto-ley sobre
el tema, y confiesa que es la primera vez en su ya extensa vida
parlamentaria que un Gobierno recurre a un decreto para desactivar unas
iniciativas parlamentarias de diversos grupos de la oposición e incluso
de la mayoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
interviene la señora Gil i Miró, quien anuncia en nombre de su grupo la
retirada de su proposición de ley. Argumenta que lo hacen porque el
Gobierno ha puesto punto final a una larga historia con un real
decreto-ley en el que se reconoce la diversidad y la pluralidad del
Estado español. Recuerda que su grupo presentó el 12 de noviembre de 1996
una proposición de ley que reproducía exactamente el mandato del
Parlamento de Cataluña y, aunque entonces fue rechazada, la posición
favorable de varios partidos políticos tuvo la fuerza suficiente para
desencadenar la reflexión en el Grupo Popular que, sin aspavientos ni
ruedas de prensa, llevó al Gobierno del Estado a asumir la demanda de
entonces, que es también la de hoy. Por lo tanto, en contra de la opinión
del Grupo Socialista, considera que ya hubo un debate y que sería estéril
volver sobre ello, recordando los catorce años de inoperancia al respecto
del Gobierno socialista. En cualquier caso, se alegra de que hayan
reaccionado y de que todos los grupos parlamentarios presentes estén de
acuerdo con aquella proposición de ley del Parlamento catalán. Reitera
que su grupo retira la proposición de ley porque el Real Decreto-ley del
Gobierno del Estado satisface de manera razonable su petición.
Presenta la proposición de ley que, en el mismo sentido, ha planteado el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor
Alcaraz Ramos, y pone de manifiesto que la postura de su grupo ante este
problema es la misma de siempre. A continuación, acusa al Real
Decreto-ley de filibusterismo institucional, que quiebra el espíritu de
la separación de poderes y considera que es una falta de respecto a las
Cortes Generales y también al Parlamento catalán, haciendo a continuación
una crítica detallada del contenido de dicho Real Decreto. Anuncia su
voto favorable a todas las proposiciones, confiando en recibir el voto de
los demás grupos para favorecer el consenso. No quiere reiterar
argumentos, destacando solamente dos hechos fundamentales: primero, que
la ley en sentido estricto no trae su causa del artículo 3.º de la
Constitución, sino del artículo 9.º o del artículo 24, porque de lo que
se trata es de asegurar una publicidad normativa que garantice la
seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, por lo que considera
que esta regulación ha de ser por ley y no por decreto; y, segundo, por
la coincidencia de esta reforma histórica del «Boletín Oficial del
Estado» con el viaje del Rey de España a Méjico, donde inaugura un
congreso sobre el castellano. Por otro lado, no considera que el Decreto
sea una solución sino simplemente una fórmula para aplazar un problema
que se va a reproducir, teniendo ahora en sus manos el evitarlo dando un
enorme paso de índole simbólica, jurídica y constitucional.
Para presentar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
interviene, en primer lugar, la señora Rahola i Martínez, quien
manifiesta que, después de veinte años de democracia, se vuelve a hablar
de derechos lingüísticos, se tiene que volver a defender los derechos
fundamentales y se está poniendo otra vez en cuestión un Estado que, en
materia lingüística y cultural, no acaba de ser definitivamente
democrático. Considera, por otra parte, que la iniciativa de hace algunas
semanas del Parlamento catalán fue abortada por la pinza que, de vez en
cuando, existe entre el Partido Popular y el Partido Socialista,
evitándose así que las leyes obligatorias e importantes sean en los
idiomas propios de cada comunidad, con lo que se vulneran leyes tan
importantes como la de normalización lingüística en Cataluña. Su grupo no
considera satisfactorio el Real Decreto-ley porque ha hurtado al
Parlamento el debate pertinente, no es completo y hace dejación de
responsabilidades, por lo que mantiene su proposición y anuncia el voto
favorable al resto de las proposiciones, aunque se da por satisfecha.
Asimismo, por el Grupo Mixto interviene el señor Rodríguez Sánchez para
presentar su proposición de ley. Considera que, para justificar
legalmente cualquier política lingüística en el Estado español, se tiene
que recurrir al artículo 3.º de la Constitución y reconoce que, haciendo
una lectura restrictiva y formal, el castellano parece el único idioma
que tiene un carácter estatal. Pero no es menos cierto que, en los
últimos años, se han hecho grandes esfuerzos para que la lectura de la
Constitución en muchos temas se haga desde una posición abierta, y en
concreto a la luz del artículo 9.º, que reconoce la libertad e igualdad
de los ciudadanos y de los grupos y la
importancia de la participación de todos en la vida política, cultural,
económica y social. Opina que si el Estado español no es un Estado
centralista, ni absolutamente unitarista, ni monolingüe, como parece que
no lo es desde el punto de vista constitucional, las proposiciones de ley
presentadas significan amparar la normalización de usos y el respeto por
los derechos individuales de los ciudadanos de los distintos territorios,
pero si no existe la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de
toda la legislación de ámbito estatal y de todas las disposiciones en
estas lenguas, difícilmente se tendrá respeto por los derechos
individuales de todas las personas que viven en territorios de
comunidades autónomas con lengua propia. En definitiva, entiende que el
Decreto reconoce algo que no existía, pero considera que no tiene un
valor constitucional como el que se intenta con las proposiciones de ley,
concretamente con la del Grupo Mixto (Unió Valenciana, Eusko Alkartasuna
y Bloque Nacionalista Galego), manteniéndose en un estricto nivel
burocrático.
En turno en contra de las proposiciones de ley presentadas interviene la
señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica, intervienen los señores Solé Tura, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Rahola i Martínez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, duplicando la señora Montseny Masip.
El señor Solé Tura desea que conste en acta que, por primera vez en la
historia del Parlamento democrático, el Congreso de los Diputados no se
entera del contenido de un Decreto a través del «Boletín Oficial del
Estado» ni del Gobierno, sino a través de una Diputada del grupo
mayoritario de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno por alusiones, interviene la señora Montseny Masip.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
rechaza por 156 votos a favor y 164 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, se rechaza por 155 votos a favor y 165 en
contra.
Sometida a votación, en tercer lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, suscrita y defendida por la señora Rahola, se
rechaza por 150 votos a favor, 166 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación, finalmente, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, suscrita por los señores Rodríguez, Vázquez,
Chiquillo y la señora Lasagabaster, se rechaza por 154 votos a favor
y 166 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 3483)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre realización del
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar (Página 3483)
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular, interviene
el señor Ballesteros Morcillo. Manifiesta que el agua es un elemento
necesario para el desarrollo de los pueblos y, como tal, es fuente de no
pocas luchas. Por ello, es necesario en este tipo de debates una
importante dosis de racionalidad y de sensatez, lejos de posiciones
demagógicas. Esta responsabilidad, procedente de la sensatez, tiene que
ir encaminada hacia un doble consenso: de los grupos políticos y entre
las distintas comunidades autónomas. Asimismo tiene que abordarse desde
los principios básicos y constitucionales de igualdad y solidaridad
interregional, principios que inspiran la iniciativa parlamentaria. A
continuación hace un análisis de la situación actual para poder llegar a
la resolución de los problemas respecto del Plan de la cuenca del río
Júcar. Considera indispensable, para llegar al consenso, dejar de hacer
demagogia partidista con el único fin de desgastar más veces la imagen
del Gobierno, que gobierna bien y gobierna, y otras veces de llenar el
vacío de gobiernos regionales que no gobiernan ni han gobernado nunca.
Opina que es el Parlamento el foro donde hay que tratar la problemática
del agua y desde donde se ha de instar al Gobierno de la nación a que
concluya un plan hidrológico o a que introduzca obligatoriamente los
elementos constitucionales de igualdad y de solidaridad.
A continuación, da lectura al texto transaccional al que se ha llegado
entre todos los grupos, que considera da satisfacción a todas las
enmiendas presentadas, y confía en que se consiga una unanimidad sobre
las aguas del río Júcar y de otras cuencas.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Peralta Ortega,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En un segundo turno interviene el señor Ballesteros Morcillo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, se aprueba por 312 votos favor y una abstención.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre pago de la supertasa de la
campaña 1995-1996 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, así
como a la dotación de mayores recursos al Programa Nacional de abandonos
de producción, al objeto de constituir una reserva nacional de cuotas
(Página 3491)
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
interviene el señor Blanco López, quien pide, desde el primer momento, el
voto favorable, porque entiende que así se daría respuesta a una
inquietud social que comparten miles de productores, industrias lácteas y
muchas comunidades autónomas, por lo que apela al sentimiento de
solidaridad. Explica que ya en otra ocasión se discutió sobre el tema a
través de una interpelación y de una moción, a iniciativa de otro grupo
parlamentario, y se habló de que existía la amenaza de que el exceso de
producción láctea fuera objeto de una multa que repercutiera sobre los
ganaderos. Sin embargo, su grupo presenta ahora esta iniciativa porque la
amenaza es una realidad que está llegando a los productores a través de
las industrias y va a suponer un freno para el desarrollo del sector,
poniendo incluso en peligro la viabilidad de miles de pequeñas
explotaciones agrarias que han producido por necesidad, para poder vivir
y garantizar su futuro. Añade que su iniciativa también responde a que el
Gobierno no tiene discutido con industriales y productores un programa de
reordenación del sector, aunque tienen la sospecha de que puede estar en
la mente de algún responsable del Ministerio un programa de reconversión.
No cuestiona el sistema de cuotas, pero considera necesario, para seguir
reordenando y modernizando el sector, compatibilizar este sistema con la
posibilidad de un crecimiento ordenado de aquellas explotaciones que aún
distan mucho de la media europea en su capacidad de producir y de ser
rentables. Opina que la negociación de 1985 fue un marco de referencia,
que se podría cambiar en los próximos días, cuando se discuta la reforma
de la OCM de la leche, presionando como se ha hecho en el sector del
olivo. Propone que la supertasa se asuma con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado y recuerda que en este mismo Pleno se va a aprobar
un crédito extraordinario de 47.000 millones de pesetas para hacer frente
a la supertasa de las campañas de 1990, 1991 y 1992, por lo que no se
puede decir que exista un problema de ilegalidad, y pide al Grupo Popular
que sea coherente con la posición que mantenía el 27 de octubre de 1994,
cuando estaba en la oposición y planteaba, en una interpelación, que el
Gobierno asumiera los 205.000 millones de cuantía por la sanción de los
años a los que se ha hecho referencia.
A continuación, expone que esta proposición no de ley tiene como
finalidad conocer oficialmente los datos por exceso de producción de la
campaña pasada y el horizonte de la campaña que finalizó el 31 de marzo;
aclarar desde el Ministerio que las industrias no deben retener los pagos
a los agricultores y poner más recursos a disposición de los programas de
abandono, para que se pueda permitir un aumento de la reserva nacional.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Rivadulla
Gracia.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) del Grupo Mixto; la señora Aguirre Uribe, del
Grupo Vasco; el señor Companys Sanfeliu, del Grupo Catalán, y la señora
Castro Masaveu, del Grupo Popular.
En un segundo turno, intervienen el señor Blanco López y la señora Castro
Masaveu.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, con la
incorporación de las enmiendas aceptadas, se rechaza por 145 votos a
favor y 164 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3501)
Del Grupo Parlamentario Mixto, para conocer la valoración del Gobierno
acerca del debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías y su
disposición a impulsar la reforma de la Constitución para convertir la
Cámara Alta en una auténtica Cámara de representación territoria
(Página 3501)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del
Bloque Nacionalista Galego,
el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, anunciando que lo va a hacer
de una forma esquemática, puesto que no hace mucho se tuvo un debate
profundo sobre el mismo tema. En primer lugar, manifiesta que la reforma
del Senado afecta a todos y no puede ser atomizado, por lo que insta al
Gobierno, en el primer punto de su moción, a comprometerse más
activamente en el proceso político que debe convertir el Senado en una
verdadera Cámara de representación territorial, conforme a la función que
le asigna el artículo 69.1 de la Constitución. Consecuentemente, el
segundo punto intenta promover y apoyar la necesaria reforma de la
Constitución Española, específicamente los artículos 69 y 90. Confiesa
que el tercer punto de su moción responde a una alternativa claramente
nacionalista y considera importante que, al definir el Senado como Cámara
de representación territorial, se distinguiese entre nacionalidades y
regiones. Asimismo manifiesta sin ambigüedad que, aunque hoy en día no
sea compartido por las fuerzas mayoritarias del Estado español, las
nacionalidades deberían tener un rango competencial diferente, llegando a
tener en algunas cuestiones derecho a veto en relación con la legislación
del Estado. También considera que se debería adaptar la circunscripción
electoral a la comunidad autónoma, y celebrar las elecciones al Senado
coincidiendo con las elecciones a los parlamentos autonómicos. Expone
asimismo que habría que dar un protagonismo claro a la Cámara Alta en
cuanto a determinado tipo de legislación y de posiciones
extralegislativas de relevancia política a nivel estatal y que el Senado,
como representación estatal de carácter territorial, que representa la
pluralidad cultural y lingüística del Estado español, tendría que
posibilitar el uso de todas las lenguas que se hablan en el Estado. Por
último, propone impulsar la participación de todos los partidos políticos
en el proceso de reforma, a través de los mecanismos parlamentarios, y
posibilitar la mayor información posible a través de los medios de
comunicación de titularidad pública.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bayona
Aznar, del Grupo Socialista, y Ríos Martínez del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Vasco, y Gil i Miró, del Grupo Catalán, y el señor
López-Medel Bascones, del Grupo Popular.
A los efectos de expresar la aceptación o denegación de las enmiendas,
interviene el señor Rodríguez Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 134 votos a favor, 160 en
contra y dos abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modelo de Radiotelevisión
Española (RTVE) (Página 3510)
El señor Leguina Herranz presenta la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Socialista. Manifiesta que en el debate de la
interpelación del miércoles 19 de marzo ya quedó bastante claro que todos
los grupos tenían intención de llegar a un consenso sobre cuestiones
trascendentales para la Televisión Española, como es el problema de la
financiación y el tipo de televisión pública que se quiere adoptar. Añade
que con esta moción se pretende simplemente que se empiece a funcionar y
se haga a través de un informe del Gobierno que recoja, tras las
transacciones realizadas, las propuestas de la moción del Grupo
Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Peñalosa Ruiz, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Burballa i
Campabadall, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tras la lectura de la enmienda transaccional por el señor Leguina
Herranz, se somete a votación dicho texto, que es aprobado por 276 votos
a favor y dos en contra.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:
--DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SOBRE INCLUSION DE LA
VARIANTE DE PAJARES EN EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (Número de
expediente 125/000006)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley de comunidades autónomas; en este caso, de la Junta
General del Principado de Asturias, sobre inclusión de la variante de
Pajares en el Plan Director de Infraestructuras.
Para su defensa, en nombre de la Junta General del Principado, en primer
lugar tiene la palabra don Juan José Sánchez Vicente, del Grupo
Parlamentario Mixto de aquella asamblea.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (
Sánchez Vicente): Señor Presidente, señorías, hace más de cien años, el
27 de marzo de 1881, hubo en Asturias una manifestación que tiene
carácter mítico en la capital, en Oviedo, porque consiguió reunir a una
sociedad tan invertebrada como la asturiana en defensa de un interés
colectivo. Aquella manifestación, probablemente la única colectiva, fue
precisamente en defensa de los intereses ferroviarios y de las
comunicaciones de la comunidad, a fin de impedir que un trazado de
cremallera sirviese la comunicación ferroviaria con la meseta. Las
comunicaciones constituyeron históricamente un problema para Asturias.
Los firmísimos montes de los clásicos pusieron dificultades al tráfico de
mercancías y de viajeros desde siempre, pero ventajas de localización y
los aranceles de determinadas políticas permitieron que la primera ola
industrial pudiese hacer a Asturias receptora de emigrantes y, por lo
tanto, las desventajas de comunicación no tuvieron los efectos que
provocaron posteriormente. Es sólo a partir de finales de los sesenta y a
principios de los setenta cuando esas dificultades de comunicación se
convierten en elementos insuperables para la economía y para la sociedad
asturianas.
En estos momentos, los asturianos podemos quejarnos con razón ante el
resto del Estado español de no tener comunicaciones dignas de tal nombre,
y menos del siglo XXI, ni hacia Galicia ni hacia Cantabria ni hacia la
meseta; y de no tenerlas, además, ni por carretera ni por ferrocarril.
Esta situación, a partir del momento en que la economía se
internacionaliza, entramos en la Unión Europea y ese proceso se acelera,
constituye un plus de castigo sobre la sociedad y sobre la economía
asturianas. Todos los parámetros de la economía asturiana vienen siendo
descendentes y negativos progresivamente. Tenemos la mayor tasa de paro
de toda España; tenemos el tercer puesto en el ranking de paro juvenil;
en los dos últimos años nuestra situación cayó un punto en el porcentaje
respecto al PIB europeo; perdimos 2,4 puntos en cinco años con relación
al resto del Estado; se destruyeron 22.000 empleos en la industria en los
últimos cinco años, sin que hayan sido absorbidos por el sector
servicios; y en general, todas las variables económicas están siendo
tremendamente negativas. En esta situación, las comunicaciones
constituyen --como decía antes-- un plus adicional de castigo a los
asturianos, especialmente si tenemos en cuenta que otras comunidades,
vecinas o no, están resolviendo desde hace tiempo sus problemas de
comunicaciones de forma más satisfactoria que lo que ocurre en Asturias.
En concreto, nuestra salida por ferrocarril a Castilla es una salida
decimonónica, con nada menos que 80 curvas de menos de 300 metros de
radio, con 79 túneles con problemas de desprendimientos cotidianamente y
con una velocidad comercial en torno a 50 kilómetros por hora. Por lo
tanto, creemos que constituye un acto de justicia y el pago de una deuda
histórica para con los asturianos, para con la comunidad asturiana, el
que de forma urgente se ponga en marcha, entre otras vías de
comunicación, la vía que hoy venimos a defender aquí en esta proposición
de ley.
En nombre del Partido Asturianista --al que representa quien les habla--
y en nombre también de la Junta General del Principado, venimos a
pedirles que lo mismo que la sociedad asturiana, por fin y unánimemente,
después de cien años, vuelve a defender la necesidad de un trazado
ferroviario por el Pajares que sea digno del siglo XXI, ustedes, señoras
Diputadas, señores Diputados, apoyen esta propuesta del Parlamento
asturiano.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Vicente.
En segundo lugar, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de la
Junta General del Principado, tiene la palabra el señor Llamazares Trigo.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(Llamazares Trigo): Señor Presidente, señorías, en representación de la
Junta General del Principado de Asturias, comparezco para defender la
incorporación, como obra prioritaria, al Plan Director de
Infraestructuras de la variante ferroviaria de Pajares. Ante todo, me
gustaría clarificar a SS. SS. que la exposición de motivos se corresponde
con el momento en que se llevó a cabo la iniciativa por parte de la Junta
General del Principado. En ella se dice que la variante de Pajares no
está incorporada al Plan Director de Infraestructuras. Con posterioridad,
la variante de Pajares fue incorporada a dicho plan, y lo que pretende
esta iniciativa es que esa incorporación sea con carácter prioritario. En
el Plan Director de Infraestructuras la variante de Pajares está
subordinada a la ejecución de la variante Norte, de tal forma que en la
mejor de las circunstancias la variante de Pajares comenzaría a
ejecutarse en el año 2008 y terminaría en el 2015/2016. En nuestra
opinión, esas fechas son inasumibles para el Principado de Asturias y
para los asturianos, porque para entonces ni la infraestructura
ferroviaria soportará ese tipo de obra porque
ya no será útil, ni tampoco la economía asturiana soportará esa dilación
en superar uno de los estrangulamientos fundamentales de sus
comunicaciones, como es la comunicación ferroviaria por Pajares.
Las razones fundamentales para esta aseveración, que no es posible
subordinar la ejecución de la variante de Pajares a la finalización de la
variante de Guadarrama, en el mejor de los casos son las siguientes. En
primer lugar, la situación penosa del trazado actual por Pajares. Algo ha
dicho mi compañero que ha intervenido con anterioridad en representación
de la Junta General, pero en el trazado actual centenario de Pajares hay,
señorías, 179 curvas, más del 50 por ciento del trazado es en curva, y en
curva en la mayor parte de los casos inferior a un radio de 300 metros.
En ese trazado también hay 79 túneles, muchos ya fuera de su vida útil, y
en ese trazado hay una sola vía que en conjunto dificulta el incremento
de capacidad del transporte ferroviario y obstaculiza el incremento de
velocidad; velocidad que en estos momentos es de vértigo porque la media
por el trazado de Pajares no supera los 50 kilómetros por hora y la
máxima está en torno
a los 70 kilómetros por hora.
Señorías, como verán, el trazado es obsoleto y penoso para la
comunicación ferroviaria. Pero es que además se llevan invertidos en ese
trazado, en estos momentos, casi 40.000 millones de pesetas en el
tratamiento integral de la línea, y esos 40.000 millones de pesetas,
según la opinión de Ineco y del propio ministerio, son apenas para
remozar el trazado de la actual comunicación por Pajares, porque los
problemas estructurales siguen, de tal forma que en estos momentos nada
se ha modificado en el número de túneles, por supuesto nada para que sea
una sola vía, y nada se ha modificado tampoco en las pendientes, que son
muy importantes y que afectan al tráfico ferroviario. Por lo tanto, ni el
trazado actual es viable ni tampoco la remodelación que ha supuesto el
tratamiento integral de la línea, casi la mitad de lo que hubiera
supuesto la inversión en la variante de Pajares, es siquiera suficiente
para su mantenimiento de cara al año 2000. De hecho, Ineco considera que
está fuera de vía útil más allá del año 2000 el actual trazado por
Pajares. Como consecuencia, señorías, lo que reclamamos es una obra
ferroviaria que sitúe al ferrocarril asturiano tan sólo en el siglo XX,
no en el siglo XXI, y eso para nosotros supone algo muy importante.
Supone, en primer lugar, seguridad en el transporte a través de Pajares;
en segundo lugar, supone equilibrio económico y superación de los
estrangulamientos económicos y de infraestructuras de Asturias; y en
tercer lugar, supone equilibrio territorial y favorecer la
reindustrialización de nuestra comunidad autónoma.
Por último, señorías, esta reivindicación no es ninguna entelequia.
Existe ya un avance muy importante en el proyecto de ejecución de la
variante ferroviaria de Pajares. En 1979 comenzaron los estudios; en 1981
existían ya 59 alternativas y 32 anteproyectos; y en 1982 se eligió un
proyecto definitivo con un solo túnel que estuvo a punto de ejecutarse.
En estos momentos, quince años después de que estuvo a punto de
ejecutarse la variante de Pajares, también estamos en condiciones de
reiniciar ese proyecto tan importante para Asturias. Recientemente lo han
hecho ustedes, en este Congreso de los Diputados, aprobando la
revitalización del proyecto de ejecución de la variante. Lo que les
pedimos, en definitiva, es que se ratifique esa posición por parte del
Parlamento español y que se eleve el compromiso, en primer lugar, con la
representación de los asturianos, del Parlamento asturiano, y en segundo
lugar en forma de ley.
Esperamos que ésta, la tercera vez que interviene el Parlamento asturiano
ante el Congreso de los Diputados, a pesar de que las dos veces
anteriores hayamos fracasado en nuestras iniciativas, sea la vencida.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
En último lugar, por el Grupo Parlamentario Popular de la Junta General
del Principado de Asturias tiene la palabra don Leonardo José Verdín
Bouza.
El señor DIPUTADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Verdín
Bouza): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, ustedes ya conocen las dificultades que
atraviesa Asturias, conocen las dudas que nuestro futuro tiene en este
momento planteadas, fruto de las convulsiones que la entrada de España en
la entonces Comunidad Europea, la desprotección y liberalización de
nuestra economía produjeron en nuestros sectores tradicionales,
conduciéndolos a situaciones de desequilibrio, a situaciones en algunos
casos de estrangulamiento como --insisto-- saben SS. SS. y alguno de los
portavoces que me precedieron ya les ha ilustrado.
Solamente por darles una fotografía que les quede clara en la tarde de
hoy, en la primera mitad de esta década en Asturias hemos perdido uno de
cada tres puestos en la industria, lo que, como saben SS. SS., conlleva a
que el Estado necesite realizar importantes transferencias sociales hacia
nuestra comunidad. Pero a pesar de esa profunda recesión que vivimos,
conservamos todavía un importante sector primario --nuestros ganaderos y
pescadores han hecho un esfuerzo de modernización--; conservamos intacto
nuestro saber hacer industrial --tenemos una enorme tradición industrial
que no hemos perdido--; nuestro sector servicios ha aprendido a crecer, a
acomodarse, fundamentalmente en el turismo verde; tenemos una universidad
de larga tradición y creciente prestigio, muy activa, en colaboración con
la investigación y desarrollo; poseemos dos de los puertos más
importantes del arco atlántico, como los puertos de Avilés y Gijón, con
la
potencialidad de desarrollo que eso supone para cualquier comunidad; y
también tenemos, señorías, el bien escaso más importante del futuro, el
agua, de la que no carecemos ni para el uso doméstico ni para el uso del
sector primario ni para el uso industrial. Y con esos mimbres, señoras y
señores Diputados, Asturias quiere construir su futuro en el actual marco
comunitario.
Hemos apostado de manera decidida por la competitividad, por la
innovación y por la exportación. En el último año ha sido precisamente el
sector de exportación el que ha aguantado el tirón de nuestro producto
interior bruto. Y como ustedes saben, apostar por la competitividad, por
la innovación y por la exportación, en un marco competitivo y
desprotegido para una comunidad periférica como es Asturias, precisa
comunicaciones del siglo XXI. Nuestras empresas deben competir con
empresas que están en comunidades cuyas comunicaciones no son del siglo
pasado, sino del siglo que viene. Si nunca una infraestructura, y menos
una infraestructura ferroviaria, puede ser considerada como un lujo, les
aseguro, señorías, que si no resolvemos con urgencia el problema de
aislamiento, además de periferia, que tiene Asturias en su comunicación
con los ejes económicos del resto del Estado español y con los ejes
económicos europeos, tendremos que estar continuamente recordando la
necesidad de esas transferencias sociales. Y eso es lo que no quiere
Asturias. Porque hemos apostado por esa transformación, por ese marco
competitivo e innovador, demandamos en estos momentos ante el Congreso de
los Diputados, ante SS. SS., la aprobación de la modernización de nuestro
ferrocarril.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Verdín.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de la
iniciativa de la Junta General del Principado? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señores representantes de la Junta General del
Principado de Asturias, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), por convencimiento, ha seguido la costumbre de
considerar positivamente las propuestas de toma en consideración de las
iniciativas presentadas por las comunidades autónomas. En el tema que
tratamos hoy nos vemos en la necesidad de plantear unas breves
reflexiones.
Las infraestructuras en general y el transporte en particular constituyen
el apoyo esencial del desarrollo eficaz de un país, sin el cual no es
posible un incremento sostenido y progresivo de la calidad de vida y de
bienestar social. Las infraestructuras no son suficientes para garantizar
el desarrollo económico y social, pero, en todo caso, son necesarias. En
el supuesto de que sean inadecuadas o lleguen tarde, son motivo de
fricción. El ritmo de implantación de infraestructuras no se puede
apartar demasiado de la evolución de los otros factores de desarrollo.
Avanzar en exceso puede comportar una asignación ineficaz de recursos;
retardarse significativamente supone frenar la dinámica general. Las
infraestructuras requieren unas previsiones a largo plazo tanto por su
papel conductor en la implantación de actividades como por las
características propias, muy exigentes, que necesitan toda una serie de
reservas.
El transporte ferroviario tiene un peso muy pequeño en el sistema de
transporte español y está a mucha distancia de la participación del tren
en los países de la Europa Occidental. La orografía y la baja densidad de
población en la corona central y norte explican en parte esta anomalía,
pero sólo en parte. Hay otros factores históricos que han tenido mucha
más influencia como pueden ser el diferente ancho de vía, que no nos ha
permitido integrarnos en la red europea, la falta de planificación
coherente del sistema ferroviario y la poca inversión realizada.
Dicho esto, nuestro grupo cree que la construcción de la variante de
Pajares es obvia. Si queremos hablar de desarrollo, si queremos hablar de
progreso en Asturias, se necesita la variante de Pajares. En la
planificación global, dentro del grupo de las infraestructuras que se
retrasan significativamente y que suponen frenar la dinámica general
hasta ahora se encontraba la variante de Pajares. La viabilidad de
Pajares debe ser tenida en cuenta con alto grado de prioridad dentro de
cualquier plan de infraestructuras ferroviarias. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Quede
bien claro que nuestro grupo parlamentario ve favorablemente la
realización de la obra ferroviaria denominada variante de Pajares, y
quede bien claro porque ahora, en un segundo plano de reflexión, he de
expresar nuestra opinión respecto al procedimiento de tramitación de la
iniciativa que debatimos. Y pregunto lo siguiente. ¿Cómo puede pedirse
que por ley se incluyan unas obras dentro de un plan --el Plan Director
de Infraestructuras-- que tenía un rango de documento informativo? He
dicho tenía, porque actualmente, ¿qué es el PDI? Podríamos decir que el
PDI sólo existe como documento, pero no tiene, por ahora, ningún valor
ejecutivo. Y si lo tuviese, he de decir que en el texto sí se mencionaba
la variante de Pajares dentro del epígrafe «actuaciones estructurantes»,
del capítulo «ferrocarriles», página 149 del Libro del Plan Director de
Infraestructuras, segunda edición. Como muchas otras actuaciones, no
tenía un desarrollo detallado por cuanto el PDI necesita desarrollarse
posteriormente en planes sectoriales para ir abordando las
correspondientes prioridades en el tiempo.
En resumen, flaco favor procesal haremos hoy al trámite parlamentario,
porque el procedimiento de que por ley se ordene que se hagan unas obras
incluyéndolas en un plan que es un documento informativo que realmente no
existe no hay por dónde cogerlo. Por tanto, nosotros apoyamos totalmente
que la construcción se haga lo más rápidamente posible, teniendo en
cuenta que se trata de una obra monumental, y en su momento apoyaremos
las medidas necesarias para que se construya la variante de Pajares. En
este momento, la forma en que se ha enfocado la marcha de la iniciativa
que se les ha presentado creemos que es harto dudoso que pueda tener un
buen desarrollo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiero
expresar nuestro apoyo a esta proposición de ley, si bien quiero matizar
algunas cosas, puesto que el tiempo transcurrido desde que comenzó la
andadura de esta iniciativa en la Cámara asturiana ha supuesto su desfase
en el tiempo e incluso en la forma. Esta iniciativa se propuso antes de
que fueran disueltas estas Cámaras, en unas circunstancias políticas
diferentes y cuando el PDI tenía en aquel momento para el Gobierno un
rango diferente al que se puede considerar que tiene hoy.
Quiero empezar recordando, en primer lugar, que el pasado día 18 de marzo
aprobábamos en esta Cámara una proposición no de ley que anuncio que
nuestro grupo, en el trámite siguiente --puesto que hoy estamos solamente
ante la toma en consideración--, va a proponer que se incorpore como
texto complementario, o sustitutorio incluso, del que hoy propone la
Junta del Principado, para llevar el debate a su verdadero lugar, que es
el debate presupuestario, plurianual inclusive, y, además, para respetar
el fin de la proposición no de ley aprobada recientemente por unanimidad
de esta Cámara. Paso a leer dicho texto, haciendo una sugerencia de
procedimiento a la Presidencia y es que si ésta o el interviniente no
leen los textos consensuados, posteriormente no queda constancia de ellos
en el «Diario de Sesiones». Por ello paso a recordar el texto aprobado.
En el primer punto se instaba al Gobierno para avanzar en el proceso de
diálogo, negociación y coordinación con la Comunidad Autónoma de
Asturias, con el fin de definir, desarrollar, coordinar y
corresponsabilizarse a través de los programas integrados e instrumentos
presupuestarios que se acuerden para impulsar la necesaria reactivación
económica e industrial de Asturias. En el segundo punto se instaba al
Gobierno de la nación para impulsar la denominada variante ferroviaria de
Pajares, recuperando los estudios técnicos ya realizados y a efectuar
aquellos otros estudios complementarios que posibiliten en los próximos
Presupuestos Generales del Estado su realización y puesta en marcha. Y,
tercero y último, respecto al resto de infraestructuras, agilizar la
licitación y adjudicación de las infraestructuras pendientes, y en
especial las relacionadas con la autovía del Cantábrico.
Creo que aquí está realmente el espíritu consensuado por todos de a dónde
queremos llegar desde Asturias con este acuerdo necesario para impulsar
una obra histórica, puesto que Asturias, en su desarrollo económico,
tiene desde hace siglos uno de sus handicap principales en la resolución
del problema de su comunicación con la meseta.
Hay que decir también que las comunicaciones por carretera con la meseta
se han resuelto positivamente a partir de la inauguración de la autovía
del Huerna, que concluirá con el desdoblamiento de los túneles del
Negrón. Esto también hay que apuntarlo en el haber de lo realizado, pero
ahora también es imprescindible para el futuro de nuestra región el
recuperar esta iniciativa, que fue paralizada en el año 1982, cuando ya
estaban expropiados los terrenos del primer tramo y que --ya se han dado
datos aquí-- hoy es una vía cuyo mantenimiento a medio plazo puede salir
mucho más caro que plantearnos en serio una solución de futuro, solución
que ni siquiera es de alta o altísima velocidad, puesto que, en primer
lugar, queremos una vía de doble uso, para viajeros y mercancías, siendo
conscientes de que los recursos son limitados y que, además, puede ser
suficiente para resolver ese cuello de botella ferroviario que hoy por
hoy tenemos en Pajares. Yo invito a SS. SS. a que recorran ese trazado de
día, en una unidad de cercanías, para que vean en qué estado se
encuentran hoy esos túneles, con cerchas, deformados y con problemas a
medio plazo que, insisto, necesitan una inversión permanente para
mantener la seguridad en este trazado. Creo que la paralización de este
proyecto fue, al fin y al cabo, una apuesta política. Sin embargo, hemos
visto desarrollarse otras apuestas ferroviarias que, si bien pueden ser
necesarias, han ido en detrimento del ferrocarril en toda la cornisa
cantábrica y en detrimento precisamente de un modo de transporte que hoy
todavía tiene mucho futuro, como lo demuestra la utilidad que está
teniendo en el resto de los países de Europa. No podemos continuar con
unos tráficos de mercancías a nivel del Estado en torno al 6 u 8 por
ciento y cayendo, cuando en el resto de Europa están por encima del 20 ó
25 por ciento, como un modo que debe ser siempre complementario de otros
modos. La apuesta por el transporte intermodal es también la apuesta que
hace este grupo parlamentario, sobre todo para poder descargar también a
los
usuarios de las carreteras de esas caravanas de camiones que, en algunos
tramos, son francamente preocupantes por el deterioro que causan sobre
las propias infraestructuras y, sobre todo, por la seguridad vial.
Por tanto, si de verdad se cree que el ferrocarril es todavía una apuesta
de futuro, y más en una región como Asturias, que ha llegado a tener más
del 30 por ciento del tráfico ferroviario por la propia estructura
industrial asturiana; si creemos que Asturias tiene que jugar un papel
importante con su siderurgia, con sus minas y con otras actividades
industriales, es imprescindible resolver en un plazo razonable de seis a
ocho años esta infraestructura básica para solucionar estos cuellos de
botella. En consecuencia, lo que planteamos es que esta alternativa se
puede construir en paralelo con la variante de Guadarrama, que también es
imprescindible para actuar en el tronco de las comunicaciones
ferroviarias que afectan a Galicia, Asturias y Castilla y León. Además,
las dos variantes son complementarias y esta mejora ferroviaria en
Pajares también beneficiará a los tráficos a captar por la variante de
Guadarrama.
Termino haciendo la siguiente reflexión: nosotros creemos que en
infraestructuras de esta envergadura, como en otros cuellos de botella
que existen en nuestro país, es necesario el consenso de la Cámara,
porque cuando se hacen las cosas sin el apoyo, el respaldo y el consenso
de las comunidades autónomas y de la Cámara esos proyectos a largo plazo
se ven paralizados y producen efectos muy duros para las regiones
afectadas. Por tanto, agradeciendo y saludando la comprensión del resto
de los grupos políticos presentes en esta Cámara, reivindico una vez más
ese apoyo, siendo conscientes de que debe mantenerse en el tiempo para
poder ver realizado este proyecto, que es una necesidad para Asturias.
Termino por donde empecé. Sabiendo que esta proposición de ley debe ser
modificada después para adaptarla al nuevo escenario del que hemos
hablado, pido de nuevo el apoyo de la Cámara para la variante de Pajares.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor García-Arreciado
tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a
nuestros ilustres colegas del Parlamento asturiano, sin que la ausencia
de los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en esa comunidad
disminuya un ápice el interés con el que se les recibe en esta Cámara,
así como agradecerles que vengan a recordarnos un asunto en el que esta
Cámara ha consumido muchas horas de debate a lo largo de los últimos
años.
Desde principios de la década de los años ochenta ha sido permanente el
interés de la Cámara, dentro de los debates sobre la política ferroviaria
en general, por el corredor del norte en particular en lo que se refiere
a las expectativas, las ventajas y las posibilidades de la variante de
Pajares. El interés de la Cámara no puede estar sumido en el olvido de
ninguno de sus miembros, porque muy recientemente, apenas el día 18 del
mes pasado, esta Cámara produjo su última voluntad de acuerdo al respecto
con motivo de una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida,
estableciendo un punto en el cual se insta al Gobierno a impulsar la
construcción de la denominada variante ferroviaria de Pajares, así como a
recuperar los créditos necesarios para dar finalización y cumplimiento a
los estudios previos de la obra que permitan su inclusión en los próximos
Presupuestos Generales del Estado. Pero hoy no nos enfrentamos con una
proposición no de ley; con lo que hoy nos enfrentamos, señoras y señores
Diputados, es con un hecho insólito --bien es cierto que no es
responsabilidad de la actual Mesa del Congreso de los Diputados, por
cuanto que la calificación viene efectuada por la Mesa de la anterior
legislatura--, porque ni el Diputado que les habla, que tiene quince años
de antigüedad en esta Cámara, ni los que superen esa antigüedad podremos
recordar una sola iniciativa de rango legal --publicada, por tanto, en el
Boletín Oficial del Estado, firmada, por tanto, por el Jefe del Estado,
en los términos constitucionales establecidos-- mediante la cual se venga
a modificar una planificación estratégica del Gobierno --debatida en esta
Cámara, de acuerdo, pero planificación estratégica al fin y al cabo-- que
ni siquiera vincula jurídicamente a éste, por el procedimiento de una
ley. No se trata de recordar sentencias del Tribunal Constitucional, pero
la mínima sensibilidad jurídica nos debiera permitir a todos entender que
las leyes están previstas en la Constitución y ratificadas en
pronunciamientos del tribunal que las interpreta como mecanismos
generalistas de solución de problemas que no tienen vehículo ni
instrumento para su solución por otros procedimientos normativos que no
sea la presentación de una iniciativa de rango legal.
El apasionado y reciente interés del Gobierno por la política
ferroviaria, y por la variante de Pajares en particular, a la que me voy
a referir a continuación, tendría una solución facilísima que no pondría
a esta Cámara ni al Boletín Oficial del Estado ni a la sensibilidad de
los juristas de este país en la tesitura de tener que ratificar una ley
que, por su contenido específico, no entra en el carácter generalista que
las normas con rango legal deben tener. Bastaba con que con un acuerdo
del Consejo de Ministros modificasen el contenido del Plan Director de
Infraestructuras; bastaba con los Presupuestos Generales del Estado del
año pasado
(en los cuales esta inquietud del Gobierno brillaba por su ausencia, y
enmiendas había, por cierto, no del Grupo Parlamentario Socialista, que
pudieran haber dado pie al interés del Gobierno en esta cuestión), o con
la firme declaración política en esta Cámara de que en los del próximo
año se recogerá blanco sobre negro, sumando el coste y los créditos
presupuestarios necesarios para la variante de Pajares.
Me he referido al último pronunciamiento de esta Cámara, que es la
proposición no de ley discutida el 18 de marzo pasado. Pero hay algunos
acontecimientos que pudiéramos llamar casi penúltimos que también es
necesario recordar a esta Cámara para apreciar en su justo valor el
subversivo cambio que en política ferroviaria --subversivo en los
términos que representa esa expresión literalmente-- ha efectuado el
Gobierno. Por no alejarnos en el tiempo, no es que los Presupuestos
Generales del Estado desconsideren la dotación presupuestaria de la
variante de Pajares, sino que al corredor, dentro del cual se incluye esa
variante como una actuación más, ciertamente muy importante, pero como
una actuación más, se le otorgan 158 millones de pesetas; repito, 158
millones sobre un coste estimado de 250.000 millones de pesetas. Esa
sensibilidad, insensibilidad más bien, del Gobierno quiso ser corregida
por otros grupos parlamentarios de la Cámara, entre ellos aquél en cuyo
nombre hablo que presentó una enmienda ciertamente modesta, de sólo 700
millones más, para terminar los estudios necesarios y que fue rechazada.
Como fue rechazada por el Gobierno la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista que pretendía poner límite a la desconsiderada reducción de
las dotaciones presupuestarias de la autovía del Cantábrico --también
asunto fundamental para Asturias--, que de las previsiones anuales del
Gobierno anterior de 17.000 millones quedó reducida a 6.000 millones en
los presupuestos de este año.
Hay otra referencia, también cuasi última, el Plan Director de
Infraestructuras, que estuvo en esta Cámara un año enterito, que produjo
casi cien comparecencias de expertos y autoridades de todos los sectores,
que produjo cien propuestas de resolución por parte del grupo que apoya
al Gobierno, y en esas propuestas de resolución, donde se hablaba del
norte y del sur, del viento y las mareas, del agua y la contaminación,
del ferrocarril, de la carretera, de todo lo humano habido y por haber,
no había ninguna referencia a la variante de Pajares.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego que vaya
concluyendo.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy concluyendo.
Podría resumir diciendo que estamos sumamente satisfechos de que el
Gobierno y el Partido del Gobierno hayan elevado a la categoría de razón
de Estado el contenido, ciertamente confuso e inconexo, de la página 49
del programa electoral del Partido Popular. Quisiéramos que esa
deificación de la página 49 se hubiese extendido al conjunto del programa
electoral del Partido Popular, que ha sido ignominiosamente olvidado en
la mayoría de sus contenidos por el Gobierno. Pero como ustedes
comprenderán, la página 49 del programa electoral del Partido Popular al
Grupo Socialista ni le va ni le viene; ni la comparte ni le compromete.
Nosotros estamos felices. Es bueno para Asturias que ustedes construyan
Pajares, y es bueno para el país en su conjunto, sépase urbi et orbi, que
ya no hay restricciones presupuestarias en los Presupuestos Generales del
Estado, que ya hay dinero para la Y vasca, para la alta velocidad con
Barcelona, para el soterramiento de las vías en Cádiz, para la alta
velocidad con Levante, para la variante de Guadarrama, para la variante
de Pajares, para la de Reinosa y para todo aquello que le quieran
plantear a usted. Bueno es que lo sepa el país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
García-Arreciado, le ruego concluya.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Y bueno es que lo sepa el Grupo
Socialista, que tiene el convencimiento absoluto de que nuestras
enmiendas al respecto --no sobre la variante de Pajares, bien es cierto,
que ésas serán de otros grupos-- podrán ser aprobadas en los Presupuestos
Generales del Estado.
Ustedes van a engañar de forma desconsideradamente demagógica al pueblo
de Asturias y al Parlamento asturiano. No es nuestra responsabilidad
asumir los compromisos que ustedes van a asumir, y los van a asumir con
nuestra abstención, porque de ninguna manera queremos poner coto a la
fiebre inversora del Gobierno que se va a manifestar hoy aquí. La señora
Fernández decía que las obras se comenzarán en 1999. Quiero recordarles
que la alta velocidad con Barcelona, acuerdo de Consejo de Ministros de
1988, apoyo unánime de esta Cámara, un corredor con 18 millones de
usuarios potenciales, todavía no la han empezado. Pero la señora
Fernández, yo me alegro por Asturias y por este país, está en condiciones
de afirmar ante esta Cámara que las obras empezarán en 1999. El señor
Tielve, Consejero de Fomento de la Comunidad, está en condiciones de
afirmar que no solamente la variante de Pajares, sino a 300 kilómetros
por hora, lo cual implica, para cualquiera que sepa algo de esto,
perforar la cornisa cantábrica. Hágalo el Gobierno. Tiene para ello todo
nuestro apoyo expresado de la única manera responsable en que podemos
hacerlo: absteniéndonos en la toma en consideración de esta proposición
de ley, insisto, que vincula jurídicamente al Gobierno. No tendrán sino
nuestro apoyo y nuestra exigencia diaria de cumplimiento. Pero en la
descomunal estafa que están ustedes dispuestos a plantear hoy
día al Parlamento asturiano y al pueblo asturiano, no contarán ni con
nuestra complicidad ni mucho menos con nuestra participación activa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Arreciado.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero dar la bienvenida a
esta Cámara a los representantes de los diversos grupos parlamentarios de
la Junta General del Principado de Asturias, que han venido a defender en
el Pleno de esta tarde una iniciativa que ha sido votada mayoritariamente
en la Junta General del Principado.
Iniciamos hoy un trámite parlamentario que, sin duda alguna, se
prolongará en el tiempo. Estamos ante el inicio, ante lo que es
simplemente la toma en consideración de una iniciativa que se traslada
desde el Principado de Asturias. Ha habido diversas intervenciones, muy
interesantes todas ellas. En todo caso, yo quiero hacer referencia a
alguna de las afirmaciones que aquí se han producido por los diversos
portavoces parlamentarios. Alguno de los portavoces parlamentarios ha
planteado alguna duda, en aplicación estricta del Reglamento, acerca de
cómo puede caber la posibilidad legal de modificar algo que es un plan de
trabajo, un estudio, como es el Plan Director de Infraestructuras, a
través de una iniciativa legislativa. Dicho con otras palabras, cómo es
posible --creo que así lo ha planteado el portavoz de Convergència i
Unió-- modificar a través de ley lo que no es ley, lo que es un estudio,
lo que es un plan, en definitiva, lo que es el Plan Director de
Infraestructuras.
Quiero decir que el trámite hoy se inicia aquí y que, a lo largo de todo
el procedimiento parlamentario, con la oportuna designación de ponentes
y, en su caso, con la presentación y defensa de enmiendas, entre todos
trataremos de encauzar, desde el punto de vista reglamentario y legal, un
texto final que tenga buen acomodo, que tenga perfecto acomodo
reglamentario, porque esta Cámara, y posteriormente el Senado, deberán
pronunciarse, deberán tramitar y finalmente deberán votar una iniciativa
que, respetando de donde viene, de la Junta General del Principado, dará
luz verde, en su caso, a algo que será una ley y que efectivamente
vinculará al Gobierno.
Decía el portavoz de Izquierda Unida --y me parece importante destacarlo
en esta intervención de hoy-- que se había producido un acuerdo, que yo
calificaría de histórico. El pasado 18 de marzo de 1997 todos los grupos
parlamentarios que componemos esta Cámara hicimos una labor de
aproximación, conseguimos finalmente un consenso y se votó un texto único
donde uno de los párrafos, de los tres que componían el texto en su
integridad, hacía referencia a la variante ferroviaria de Pajares.
Cuando en nombre del Grupo Parlamentario Popular subí a esta misma
tribuna para manifestar la posición del mismo en relación a la iniciativa
de Izquierda Unida y al texto final de consenso al que llegamos todos los
grupos parlamentarios decía --y así figura recogido en el «Diario de
Sesiones»-- que en el año 1997 creemos que podría iniciarse el estudio
informativo junto con el estudio de impacto ambiental, y que ambos
podrían concluir el 31 de diciembre de 1998. A partir de ese año, el
siguiente paso sería el encargo de proyecto de construcción, que podíamos
estar en condiciones de comprometer, en un calendario aproximado, hacía
el año 1999.
Estas eran las palabras que yo pronunciaba desde esta tribuna en nombre
del Grupo Parlamentario Popular y que nosotros hemos calificado como un
avance espectacular. Habían pasado decenios, había habido gobiernos
anteriores que sistemáticamente habían vetado la posibilidad de
contemplar esta iniciativa, reivindicada y planteada en multitud de
ocasiones desde los partidos políticos en Asturias y desde las
instituciones asturianas, y nosotros manifestábamos entonces --y yo lo
hago hoy-- la satisfacción que supone que haya un acuerdo, que haya un
compromiso político, y que se empiecen a vislumbrar unos plazos, que
seguramente SS. SS. querrían que fuesen todavía más acelerados.
Quiero desdecir la intervención del representante del Grupo Parlamentario
Socialista, donde trataba de proclamar, según él urbi et orbi, que ya no
había ajuste presupuestario, que ya no había austeridad presupuestaria.
Yo añadiría una cosa: habiendo todo eso, lo que hay es un esfuerzo
presupuestario mayor.
Tengo cierta dificultad para comprender cómo en los años de alegrías
presupuestarias, donde había dinero para todo o para casi todo, donde se
gastaba sin ningún tipo de limitación ni cortapisa, cómo en aquellos años
de felicidad presupuestaria el Grupo Socialista, que soportaba
mayoritariamente al Gobierno socialista, no encontró acomodo en aquellos
fastuosos presupuestos para iniciar los trámites que un Gobierno, como es
el Gobierno del Partido Popular, y el Grupo Parlamentario Popular, en
estos momentos de especial dificultad presupuestaria, de recorte, de
austeridad y de compromiso de atemperar el gasto público, haciendo un
esfuerzo importante encontramos la posibilidad de adquirir un compromiso
político.
Señorías, sin duda esto es lo más relevante del debate. Yo no creo que
beneficiásemos a Asturias en un debate seguramente muy estéril, donde nos
pusiésemos a discutir si el encaje era en el PDI o en las mociones que
recientemente se han votado en el debate de las autonomías en el Senado y
donde mayoritariamente se
adquirió el compromiso de elaborar, por parte del Ministerio de Fomento,
un plan sectorial de carreteras y un plan sectorial de infraestructuras
ferroviarias. Lo que cuenta a nuestro juicio, lo que importa, lo que es
una apuesta por el futuro y desde luego un compromiso político indudable
del Grupo Parlamentario Popular, es que se han marcado unos objetivos.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho aquí una
enumeración exhaustiva, con presunciones de brillantez, al enumerar los
problemas. Yo conozco que esto es una habilidad conocida en los bancos
socialistas, que enumeran los problemas como nadie, pero que a la hora de
ponerse a resolverlos han demostrado escasa imaginación, desde luego
escaso compromiso y, si usted me lo permite, con mi tierra
específicamente, la asturiana, circunscripción por la que soy Diputada,
escasa sensibilidad.
Tratar de invertir su intervención y la carga de la prueba y que,
teniendo todos la memoria histórica que tenemos, dentro de la secuencia
de lo que ustedes podrían haber hecho y no hicieron, trate de imputarnos
a nosotros que queremos estafar y engañar a los asturianos me parece,
cuando menos, una frivolidad por su parte, una irresponsabilidad política
y, desde luego, una falta de sensibilidad no sólo hacia esta Cámara sino
también hacia los dignos y legítimos representantes que han venido de la
Junta General del Principado a defender una iniciativa.
Hay algo que usted no ha dicho, no me pareció escucharlo en su
intervención, y es que el Grupo Parlamentario Socialista en la Junta
General del Principado votó en contra de esta iniciativa, que ni siquiera
ha sido --y es legítima decisión de su grupo parlamentario-- un asturiano
quien ha defendido este tema desde la tribuna. Si ustedes han decidido
--insisto decisión que respetamos-- que haya sido usted y no un asturiano
quien subiese a relatar el elenco interminable de problemas que ustedes
no supieron resolver, en ningún caso es justo que nos los imputen, ni
presupongan que en lo que ustedes no supieron ni quisieron hacer nos va a
pasar a nosotros lo mismo en el Grupo Parlamentario Popular.
Tenga absoluta tranquilidad de que hay dotaciones presupuestarias que
dentro de la austeridad y del esfuerzo se van a poder detraer, que hay
compromisos adquiridos y que éstos se van a cumplir. Yo entiendo que a
usted esto le cueste trabajo admitirlo, como le cuesta trabajo pensar que
un programa electoral ligue a un grupo parlamentario, pero para nosotros
el programa electoral, los acuerdos de investidura y de gobernabilidad
son el norte de nuestras actuaciones parlamentarias y, sin duda alguna,
aquellos documentos a través de los cuales se podrán seguir todas
nuestras actuaciones y nuestras iniciativas.
Por tanto, con los matices a que hice referencia en mi intervención y
teniendo en cuenta las variables que de seguro se van a poder introducir
a lo largo de la tramitación parlamentaria, el Grupo Parlamentario
Popular, en el trámite de hoy, votará favorablemente la toma en
consideración de la proposición de ley que proviene de la Junta General
del Principado de Asturias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de la Junta General del Principado de Asturias, sobre
la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de
Infraestructuras.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 186; en contra, dos; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE PUBLICACION DE LAS LEYES Y
DEMAS DISPOSICIONES ESTATALES DE CARACTER GENERAL EN LAS DIFERENTES
LENGUAS PROPIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de expediente
122/000060)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), PARA LA
PUBLICACION DE LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL EN
TODAS LAS LENGUAS OFICIALES DEL ESTADO (Número de expediente 122/000051)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, REGULADORA DE LA PUBLICACION DE LAS LEYES APROBADAS POR LAS
CORTES GENERALES EN LAS LENGUAS ESPAÑOLAS OFICIALES, ORGANICA (Número de
expediente 122/000052)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE PUBLICACION DE LAS
LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL EN TODAS LAS LENGUAS
OFICIALES DEL ESTADO (Número de expediente 122/000057)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES RODRIGUEZ, VAZQUEZ, CHIQUILLO Y
SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE PUBLICACION DE LAS LEYES Y DEMAS
DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL EN TODAS LAS LENGUAS OFICIALES DEL
ESTADO (Número de expediente 122/000058)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: toma en
consideración de proposiciones de ley. Debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre
publicación de leyes y demás disposiciones estatales de carácter general
en las diferentes lenguas propias de las comunidades autónomas, que se ha
acumulado a la procedente del Grupo Catalán sobre la misma materia, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
también sobre la misma materia, así como las dos presentadas por la
señora Rahola y los señores Rodríguez y Vázquez, del Grupo Mixto. Al
tramitarse de forma conjunta vamos a proceder a la presentación de cada
una de las iniciativas por los proponentes para que, a continuación, los
grupos intervengan en contra o simplemente fijen su posición.
En primer lugar, para la defensa de la toma en consideración de la
proposición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.
(Rumores.) Señorías, ruego que guarden silencio para que el señor Solé
Tura pueda comenzar la defensa de la proposición de ley. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hace algunas semanas se discutió en este hemiciclo una
proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el mismo tema que hoy
vamos a tratar... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Solé.
Señor Gil Lázaro, señora Martínez, señor Belloch, señor Serra, señor
Martínez Noval, les ruego que guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que hace algunas semanas se discutió en este hemiciclo una
proposición de ley del Parlamento de Cataluña sobre el mismo tema que hoy
vamos a tratar. En aquella ocasión el Grupo Parlamentario Socialista votó
en contra con muchas reticencias porque sabíamos que el problema que se
planteaba era importante y también porque sabíamos que no se había
discutido con el debido rigor dentro ni fuera de nuestras propias filas.
Por esto anunciamos inmediatamente que replantearíamos la cuestión sobre
unas nuevas bases y éste es el sentido de la proposición de ley que hoy
tengo el honor de defender.
El problema era, y es, cómo tiene que entenderse el uso de las distintas
lenguas oficiales no sólo en su ámbito estricto de cooficialidad, sino
también en todo el conjunto de España; o sea, si se trata de patrimonios
lingüísticos separados o de patrimonios comunes que debemos tratar como
tales.
Cuando se discutió en esta misma Cámara la proposición de ley presentada
por el Parlamento de Cataluña se constató que la necesidad de unificar
criterios al respecto no sólo era importante, sino también urgente y mi
compañero de grupo, el Diputado señor Morlán, lo planteó en términos muy
concretos, a saber: ¿quién es el sujeto de la política lingüística, la
comunidad autónoma respectiva, el Gobierno del Estado o los dos
conjuntamente? Este fue el dilema que ni en aquel momento ni en otros
momentos anteriores resolvimos.
Los estatutos de autonomía de Cataluña, del País Vasco, de Galicia y
también los estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana y de las
Illes Balears atribuyen a los respectivos órganos de gobierno de cada una
de estas autonomías la potestad y el deber de garantizar el uso normal y
oficial de ambas lenguas, pero ningún precepto legal de rango
constitucional dice lo mismo del Estado y de su Gobierno; por
consiguiente, queda abierto un espacio al debate y a la interpretación.
¿Puede y debe el Estado asumir tareas y obligaciones de impulso
lingüístico global en las lenguas propias de cada comunidad autónoma, o
sea en todas las lenguas que se hablan y se reconocen como oficiales en
el conjunto del territorio español? Esta discusión no se ha hecho con
profundidad y, sobre todo, no se ha hecho con serenidad. Esto es lo que
hoy intentamos hacer no en abstracto sino en concreto, porque lo cierto
es que si hemos impulsado la utilización de las diversas lenguas en el
Senado, si hemos promulgado la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que en sus artículos 23 y 36 respectivamente
permiten y regulan el uso de las lenguas propias y oficiales de
determinadas comunidades autónomas en las actuaciones judiciales y
administrativas, es lógico y coherente que ahora demos un paso decisivo
como el que proponemos para la normalización y convivencia de las
diversas lenguas oficiales.
Esta ha sido y seguramente será por algún tiempo una cuestión debatida, y
a menudo debatida con pasión, porque detrás de ella hay otros
enfrentamientos y hay otras líneas divisorias que se superponen y que a
veces se tiende a interpretar...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Solé Tura. Le rogaría que subiera
un poco los micrófonos, si es tan amable, porque no es buena la audición.
El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición de ley que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara
es el resultado de nuestra propia reflexión y se traduce en una posición
que consideramos coherente y acorde con una concepción global de nuestro
Estado de las autonomías. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
En definitiva, si el Estado impulsa el conocimiento y el uso de las
diversas lenguas, éstas pasan a ser patrimonio de todos; si el Boletín
Oficial del Estado se publica en catalán, en euskera y en gallego, estas
lenguas, además de su vigencia territorial, adquieren vigencia y
sustantividad jurídica y social en toda España; dejan de ser excepciones
para una parte de los españoles para convertirse en elementos de un
conjunto plural, o sea de un país y de un Estado que son, por definición
constitucional, plurales en su estructura y en su fundamento nacional.
La proposición de ley de nuestro grupo parlamentario, por consiguiente,
no sólo habla de las lenguas, sino también del instrumento que las va a
publicar, o sea el Boletín Oficial del Estado, llena un vacío legal sobre
el paso de publicación de las leyes y disposiciones de carácter general,
fijado en 20 días desde su sanción por S. M. el Rey, y en los artículos
2.º y 3.º regula los tiempos en los procedimientos de publicación de
dichos textos legales por el mismo Boletín Oficial del Estado en las
lenguas propias de las comunidades autónomas; resuelve el problema de las
prevalencias en caso de discrepancias entre las distintas versiones
lingüísticas y en las disposiciones adicionales y finales resuelve los
problemas que puede plantear esta doble publicación en el caso de los
tratados, los convenios y los demás acuerdos internacionales; clarifica
la cuestión de la publicación en castellano en el boletín oficial de las
leyes y disposiciones de las comunidades autónomas; especifica la
dotación de medios humanos, materiales y financieros para la aplicación
de la ley y el plazo máximo para la puesta en marcha de la edición y
distribución de las separatas, que se fija en el 1 de enero de 1998.
Nos felicitamos de que otras formaciones políticas hayan presentado
proposiciones de ley que en su esencia reproducen la proposición de ley
presentada por el Parlamento de Cataluña y, por consiguiente, comulgan
con el sentido profundo de nuestra proposición y viceversa, nuestro grupo
está y estará abierto a la discusión serena y constructiva para conseguir
un texto que dé satisfacción a todos los que desean dar este paso
adelante en la configuración de nuestro sistema de autonomía y esperamos
que todos ellos mantengan el compromiso adquirido con la presentación de
sus propuestas. Lo esperamos y deseamos no sólo por la necesidad de
alcanzar un gran consenso, sino también porque el trámite de estas tomas
en consideración se ha visto perturbado por la inaudita decisión del
Gobierno que en su reunión del viernes pasado, día 4 de abril, aprobó un
decreto sobre el tema que hoy estamos discutiendo, decreto que bien se
puede calificar de semiclandestino porque todavía hoy no lo conocemos en
su integridad y del que sólo tenemos la referencia escueta del último
Consejo de Ministros. La verdad es que en mi vida parlamentaria, ya algo
extensa, nunca había vivido esta experiencia de un Gobierno que recurre a
un decreto para desactivar unas iniciativas parlamentarias de diversos
grupos de la oposición e incluso de la mayoría.
Según esta referencia, el real decreto --y cito textualmente la
referencia posterior al Consejo de Ministros-- dice que permitirá que las
leyes sean publicadas además de en castellano en las lenguas oficiales de
las diferentes comunidades autónomas, cuando éstas así lo deseen. La
publicación de dichas disposiciones generales podrá efectuarse en el
Boletín Oficial del Estado o en el propio boletín de las comunidades
autónomas. La referencia sigue diciendo que la cooperación de las
comunidades autónomas con la Administración del Estado en todas las
cuestiones relativas a la traducción, edición y distribución de los
textos legales vertidos --y cito también textualmente-- en las
correspondientes lenguas vernáculas --según dice ese texto-- se realizará
mediante convenios de colaboración, o sea caso por caso entre el Gobierno
de la nación y los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas. Ya
sé que el Gobierno justificará esta insólita iniciativa en que en el
debate sobre las autonomías en el Senado se aprobó una moción, a este
respecto, la número 18, pero ni la moción exigía tanta urgencia ni
pretendía que los efectos vayan a ser los que el decreto producirá,
porque, señorías, el primer efecto que este decreto tendrá será utilizar
una vía legislativa menor para dejar absolutamente al margen al Congreso
de los Diputados y al Senado, que no tendrán absolutamente nada que decir
ni proponer en un asunto de tanta trascendencia y esto es pura y
simplemente una burla, una desconsideración y una auténtica bofetada a
las Cortes Generales, a las dos Cámaras.
En segundo lugar, señorías, el asunto tiene una envergadura
jurídico-constitucional que no puede ser resuelta meramente a través de
un decreto, porque hay problemas serios en relación con la vigencia y
producción de efectos jurídicos de estos textos en todo el territorio del
Estado, sobre todo si a través de los convenios bilaterales se llega a
situaciones totalmente diferentes en las diversas comunidades autónomas
porque en unas se traduzcan y publiquen unos textos y en otras
comunidades autónomas no o bien sean otros. El propio decreto, según la
referencia oficial, sólo se refiere a las leyes y no a todas las
disposiciones de carácter general.
En tercer lugar, el mecanismo adoptado es inaceptable por su entidad y
porque agrava la tendencia de este Gobierno a encerrar su política, en
relación con las comunidades
autónomas, en el ámbito estrecho y único de las relaciones bilaterales.
De hecho, el mecanismo que se propone consiste en una serie de convenios
bilaterales para que cada comunidad autónoma publique por su cuenta, si
quiere, las versiones respectivas, mientras el Estado parece limitar su
intervención al traspaso de fondos para su financiación, o sea nada que
ver con una visión global del sistema de autonomías y de la asunción por
el propio Estado de deberes a este respecto; nada que ver con una visión
integradora del conjunto.
Finalmente, señorías, este decreto, a mi entender, es la expresión y la
confirmación de una extraña forma de gobernar, que no consiste en
intentar sumar esfuerzos, voluntades y capacidades para resolver los
problemas sino en inventar complicados mecanismos legales para hostigar
al enemigo.
Espero, señorías, que todos seamos consecuentes y que en esta cuestión
tan importante sepamos estar a la altura de las circunstancias. Hoy
estamos intentando superar malentendidos y reticencias recíprocas del
pasado, y nada nos hubiera gustado más --lo digo sinceramente-- que el
grupo Parlamentario Popular hubiese presentado una proposición de ley,
como hemos hecho los demás. Esto habría permitido iniciar una discusión
serena y, sin duda, llegar a una decisión de conjunto capaz de superar
contradicciones y desencuentros anteriores; pero las cosas son como son y
hoy nada sería más miserable que aducir agravios anteriores, reales o
inventados, para legitimar el enorme agravio presente, o sea la
marginación total de este Congreso y del Senado en una tarea que exige,
como otras tantas, el máximo consenso. Aquí, señorías, no venimos a
pelear para ponernos medallas de autonomismos o de antiautonomismos, sino
para resolver un problema serio de manera seria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Solé
Tura.
Para presentar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán, mi grupo, manifiesto expresamente nuestra intención de retirar
la proposición de ley sobre la publicación de las leyes y demás
disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el
Estado. Voy a explicar las razones que nos impelen a hacerlo.
En primer lugar, la constatación de que, por una acción del Gobierno del
Estado español, existe punto final razonable a una larga historia;
además, lo entendemos como el signo favorable del principio de la
comprensión de algo extraordinariamente evidente: la diversidad y la
pluralidad de este Estado.
Desde el 12 de noviembre de l996 se ha recorrido un camino no de pocas
semanas sino de cinco meses. A algunas y a algunos Diputados nos quedó,
en aquel entonces, un sentimiento de indignación, cierto sabor amargo; a
otros y a otras quizás un resquemor dubitativo de no haber hecho lo
correcto o quizás cierta vergüenza.
¿Recuerdan? Nuestro grupo presentó una proposición de ley que reproducía
exactamente el mandato de nuestro Parlamento, el Parlament de Cataluña,
que es la que hoy reproducimos aquí. Debo recordar que hubo un debate y
un rechazo, pero también quiero decir aquí que esto no ocurrió en balde
porque la petición era y es justa, natural y constitucional. El
posicionamiento favorable entonces de tantas fuerzas políticas, del
Bloque Nacionalista Galego, de la Diputada señora Rahola, de Eusko
Alkartasuna, del Partido Nacionalista Vasco, de Coalición Canaria, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tuvo fuerza suficiente para
desencadenar la reflexión en el Grupo Popular que en silencio, sin
aspavientos, sin espectáculos, sin ruedas de prensa, ha conducido al
Gobierno del Estado a asumir la demanda de entonces, que es también la de
hoy.
Yo también querría decir que en política la apariencia quizá sólo es
espectáculo y que en el quehacer político la coherencia es simplemente el
nervio que lo sustenta. He escuchado al Grupo Socialista y veo que ha
tildado al Gobierno del Estado español de escamotear el debate
parlamentario, y debo, una vez más, recordar. Recordar, primero, que
parece que el medio ha sido el mensaje y que simplemente esto ha sido una
expresión yo diría que casi patética, porque debo volver a decir que ya
hubo un debate. Otras y otros parlamentarios, otras y otros ciudadanos lo
recuerdan también. El debate existió, el debate está aquí (La señora
Diputada muestra un «Diario de Sesiones») y hoy no debería haber un nuevo
debate.
La proposición de ley que ahora hemos escuchado considero que es sellada,
estéril. Nosotros, por supuesto, vamos a votar en contra. Pero, en
cualquier caso, yo creo que aquí ha habido un modelo casi arquetípico de
amnesia política selectiva, señor Diputado. ¿O vamos a borrar de la
memoria 14 años de inoperancia al respecto del Gobierno socialista? ¿O
incluso vamos a borrar, aunque se haya aceptado, el no de ayer? Porque
éste es realmente el soporte de la verdad y sería irónico también que
este no de ayer no hubiera sido asimismo parte de la verdad.
En cualquier caso, también creemos que bien está lo que bien acaba. Nos
alegramos de que ustedes hayan reaccionado; nos alegramos de que ya todos
los grupos parlamentarios aquí presentes y los grupos políticos estén de
acuerdo en aquella proposición de ley de nuestro Parlamento, que hoy
volvíamos a presentar.
Mi grupo retira, ya lo he dicho, la proposición de ley porque el real
decreto del Gobierno del Estado satisface de manera razonable la petición
de nuestro Parlamento
y también la proposición de ley que hoy volvíamos a elevar aquí. Además,
yo querría decir que el Gobierno del Estado español, con la aprobación de
este real decreto, ha obtenido dos nuevos valores. A nuestro entender, se
inicia el camino para estructurar normativamente el Estado español dentro
de una nueva definición, la de un Estado plurinacional, plurilingüe y
pluricultural. Pero además, y lo quiero recalcar especialmente, esta
acción de gobierno tiene también el valor de una acción pedagógica,
porque hará evidente de manera natural a la sociedad la comprensión de
que la diversidad, en este caso de lenguas, es enriquecedora y que su
comprensión puede posibilitar, en un momento y en un futuro, que la
diversidad se conforme en un único plural.
En nombre de la objetividad y de la racionalidad, y en nombre de mi
grupo, anuncio también nuestra posición desfavorable a que prosperen el
resto de proposiciones de ley que aquí se van a presentar.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Gil.
Para presentar la proposición que en el mismo sentido ha planteado el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy podría haber sido un buen día; al menos, una buena tarde.
Podríamos haber concluido una tarea iniciada no hace meses, sino hace
años, con la que se ha intentado dar solución a un problema concreto; sin
embargo, me temo que va a ser un mal día, va a ser un día de
despropósitos. Quien dice esto puede, al menos, hablar en nombre de un
grupo que sí puede reivindicar plenamente la coherencia. Nosotros
impulsamos ya en la anterior legislatura una iniciativa similar en esta
Cámara. Fue Iniciativa per Catalunya la que planteó en el Parlament
català la proposición que fue aprobada por unanimidad, aquí votamos a
favor de la proposición que vino del Parlament català y hoy volvemos a
votar lo mismo. Nosotros no nos hemos movido, porque la situación no se
ha movido. El resto de grupos, si alguno puede, que diga lo mismo.
Dicho esto, la aprobación extraña de un decreto sobre esta materia por el
Gobierno, el viernes pasado, es un auténtico caso de filibusterismo
institucional que quiebra el espíritu de la separación de poderes, es una
falta de respeto a las Cortes Generales --luego me referiré a ello-- y
una falta también de respeto al Parlament català, que aprobó esta
proposición, que nombró unos comisionados que vinieron aquí a defenderla
y que ahora ven cómo, por parte del Gobierno, no se ha respetado la
voluntad, ni en el fondo ni en la forma, de lo que aprobó el Parlament
català, para que haya una regulación vía decreto. Francamente, no sé cómo
va a explicarlo Convergència i Unió en Cataluña, no lo sé; Convergència,
que en demasiadas ocasiones ha venido aquí presentándose como garante en
exclusiva de las decisiones del Parlament català. Podrá decir que vota en
contra del Partido Socialista porque en algo difiere de la que aprobó el
Parlament català; no sé cómo va a explicar que vota en contra de la
nuestra, que es la que aprobó el Parlament català.
Pero más allá del formalismo, nos encontramos ante un desprecio
antidemocrático por la centralidad de las Cortes Generales. La elegancia
política más la mínima sensibilidad jurídica exigen el cese de la acción
normadora del Gobierno si la materia está incluida en el orden del día de
una Cámara. Me voy a permitir citarles a un clásico --luego citaré a
otros--: El Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde, el
centro del debate político, y ha de ser la garantía de transparencia de
la vida pública. El clásico se llama don José María Aznar. Lo dijo el 3
de mayo de 1996, en el debate de investidura. Curiosa forma ha tenido el
Gobierno de conmemorar ese primer aniversario en este magnífico ejemplo
de centralidad y de transparencia para el Parlamento. ¡Menos mal que iban
a ser transparentes! ¡Menos mal que se iba a dar un lugar central al
Parlamento! Si no, no sé qué hubiera sido de nosotros.
Pero no son sólo frases. Hay una vulneración en el espíritu e incluso en
la letra, o lo que podríamos denominar un fraude del Reglamento de esta
Cámara. El artículo 126, en sus párrafos 2, 3 y 4, fija un mecanismo para
que el Gobierno pueda oponerse a las proposiciones de ley que se
presentan en esta Cámara. Ese mecanismo no ha sido utilizado por el
Gobierno y ha utilizado una vía indirecta y secreta para evitar que el
debate político se realice en las Cortes Generales. Por otro lado, ese
desprecio al Parlamento tampoco debe causarnos extrañeza cuando conocemos
hasta donde conocemos el decreto en cuestión. Ese desprecio al Parlamento
se compadece bien con el desprecio a la idea misma de ley como emanación
central del Parlamento y, según los clásicos --ahora sí, clásicos de más
enjundia--, manifestación de la soberanía. Y qué tiempos cuando tengamos
que empezar a recordar afirmaciones de este tipo y de estos clásicos. Se
demuestra en el mismo contenido del decreto, ese decreto de las lenguas
vernáculas --etimológicamente, lengua de los esclavos, por cierto--;
dudosa constitucionalidad, por otro lado, o, bien, inutilidad de lo
aprobado. No cabe apreciar una cosa y otra, porque si al final el
problema es que el Gobierno va a dar una especie de copyright curioso
para que los boletines oficiales de las comunidades autónomas puedan
publicar leyes y otras disposiciones del Estado, cabrá la duda más que
razonable sobre si estamos ante una auténtica versión auténtica --valga
el juego de palabras--. ¿Va a ser una publicación auténtica que hasta
ahora ha quedado reservada a lo que se publica en el BOE?, porque para
ese viaje me parece que no hacían falta estas alforjas.
Otra cosa con la que estaremos de acuerdo será, desde luego, con la
colaboración de las comunidades autónomas en el redactado, en la
traducción, en la difusión, en lo que se quiera, pero, o tiene el mismo
rango que la publicación en castellano, o se está haciendo un flaco favor
a esa normalización lingüística de la cual algunos hablan.
En definitiva, esto no es más que un paso en un camino plagado de
actuaciones absurdas. Nos hubiéramos ahorrado sin duda muchísimo tiempo y
problemas si se hubiera aprobado el texto del Parlament català. Entonces
fue incomprensible el voto del Partido Popular, fue, y también he de
reseñarlo, incomprensible el voto del Partido Socialista y el Grupo
Socialista se equivocó, pues si aquel día hubiera votado otra cosa hoy no
estaríamos acusando al Gobierno de esto, y el Partido Popular hubiera
tenido que votar a favor de esa propuesta que vino del Parlament català.
En fin, en vista de la situación, nosotros anunciamos, sin que sepamos
muy bien para qué sirve, que vamos a votar a favor de todas las
proposiciones que aquí lleguen, esperando también recibir el voto de los
demás grupos para favorecer su integración, para favorecer el consenso,
porque este, el Parlamento, era el lugar del consenso, y no otros
lugares, donde más que consenso parece que es un juego de niños para ver
quién se dedica a hacer pasar por el aro a quién.
Puestas así las cosas, ¿merece la pena volver a glosar y defender la ley
y sus razones? No quisiera reiterar argumentos dados por los
representantes de Iniciativa per Catalunya y de nuestro grupo
parlamentario en el debate que se hizo en esta misma tribuna, pero sí
quisiera resaltar dos hechos fundamentales: primero, que la ley en
sentido estricto no trae su causa del artículo 3 de la Constitución. El
artículo 3 ha creado la posibilidad del establecimiento de lenguas
oficiales en diversas comunidades autónomas. La causa constitucional que
hay que buscar para explicar el fundamento último de esta ley la
encontraríamos antes en el artículo 9 o en el artículo 24, porque de lo
que se trata es de asegurar una publicidad normativa que garantice la
seguridad jurídica, que garantice también la tutela judicial efectiva
desde el momento en que un proceso puede sustanciarse íntegramente o en
parte en una lengua distinta del castellano, e incluso podríamos buscar
otros ejemplos que hacen aconsejable la existencia de ediciones
auténticas de estas leyes cuando hablamos, por ejemplo, de la educación
en algunos campos, de la celebración de oposiciones, e incluso del
desarrollo de algunos expedientes administrativos, etcétera.
Por tanto, este criterio de la seguridad jurídica, del derecho a una
tutela judicial efectiva, va a entroncar en este punto con la prohibición
de discriminación y, aunque solamente fuera por ello, ya quedaría
justificada la necesidad de esta ley. Entenderán ustedes que desde ese
punto de vista defendamos que la regulación tenga que ser por ley y no
por decreto.
Pero hay algo más; quizá aquí establezcamos, después de esta tarde de
desencuentros, algún punto de encuentro entre todos los grupos. En estos
días, el Rey de España inauguraba un congreso sobre el castellano en
Méjico. Coincidiendo casi en la fecha, las Cortes Generales intentaban
acometer la primera gran reforma en la historia del viejo Boletín Oficial
del Estado. Precisamente esa reforma de concepto era en materia
lingüística. Creo que a SS. SS. no se les escapa el profundo simbolismo,
siquiera sea por una coincidencia en las fechas que podíamos encontrar en
este hecho.
El que la reforma se intente en algo que es consustancial al proceso que
dota de eficacia a la norma jurídica, nada menos que la policía
normativa, el que sea un cambio en los paradigmas lingüísticos de este
Estado en lo que ha sido a su vez una pieza básica del viejo edificio
jurídico occidental, daba más realce al debate que hoy se podría haber
producido.
Además hay que recordar que esta reforma posible en la publicación de las
normas, junto con la última reforma del Reglamento del Senado, implicaba
una quiebra del principio rígido de territorialidad lingüística, que a su
vez implicaba que la pluralidad lingüística es cosa de todos en un Estado
plurinacional y plurilingüe, es cosa de todo el Estado, y no sólo cosa de
algunas comunidades autónomas, y ello significaba admitir de forma
positiva que, en lenguas, cuando hablamos del debate lingüístico, no hay
un juego de suma cero en el cual lo que una lengua gana lo pierde
automáticamente otra, que en el caso español lo que ganaban unas lenguas
llamadas, según parece, otra vez vernáculas, lo iba a perder el
castellano, sino que lo que gana la pluralidad efectiva lo ganan todas,
también el castellano. Hoy podríamos haber empezado a romper esa barrera
psicológica e ir, por tanto, a un nuevo modelo de relación lingüística en
el conjunto del Estado que, rompiendo esa estrecha barrera de un
principio de territorialidad demasiado estricto, nos permitiera empezar a
hablar de procesos de normalización lingüística para el conjunto del
Estado. Eso tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Busquemos
instrumentos, adecuemos leyes, hagamos recomendaciones y que el Boletín
Oficial del Estado sea un gris pero consistente ejemplo de convivencia y
buena vecindad en el que ya no importe la lengua en que se redacta la
ley, sino la ley misma, y ojalá que en el contenido de esas leyes se
pudiera profundizar en todas estas ideas de pluralidad y convivencia.
Estamos, me parece, a punto de perder una oportunidad preciosa y --es la
convicción de nuestro grupo-- de prolongar el problema. No es cierto que
el decreto sea una solución; el decreto es una fórmula para aplazar un
problema que se va a reproducir (y si no ya lo verán SS. SS.) en el
tiempo, cuando en nuestras manos estaba evitarlo dando un enorme paso de
índole simbólica, jurídica y constitucional.
Creo que el Gobierno, el grupo parlamentario que le sustenta, al menos el
grupo de Convergència i Unió,
que ha expresado su opinión, se han equivocado. Lo lamento, y pese a todo
pido de SS. SS. el voto a nuestra proposición de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para presentar la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, la primera
de ellas formulada por la señora Rahola, tiene la palabra doña Pilar
Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Cuánto ha pasado? ¿Veinte años? ¿Veinte años de democracia? Y veinte
años después aquí estamos otra vez hablando de derechos lingüísticos,
estamos otra vez teniendo que defender derechos fundamentales, estamos
otra vez poniendo en cuestión un Estado que, en materia lingüística y en
materia cultural, no acaba de ser definitivamente democrático. La verdad
es que algunos estamos sinceramente cansados. Hace pocas semanas, en este
mismo Congreso de los Diputados, vivimos un debate absolutamente surreal
sobre el derecho a etiquetar en las lenguas propias en el Estado en el
cual teóricamente todos los ciudadanos tendríamos que ser iguales
--proposición que, por cierto, en su momento perdimos--, en el cual
incluso hubo un Diputado del Partido Popular que, en esta vieja tendencia
a pensar que por la lengua al imperio, llegó a decir que al pan había que
llamarlo pan y al vino, vino. Y hoy otra vez estamos aquí, otra vez
estamos recordando que veinte años después aún tiene que haber partidos
políticos, grupos parlamentarios, parlamentos que tienen que recordar
que, cuando se vulnera un derecho lingüístico, se está vulnerando un
derecho democrático.
¿Tenemos que recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos?
¿Tenemos que recordar, por ejemplo, que ya existe una declaración
universal de derechos lingüísticos? ¿Quieren que les diga lo que pone en
esta declaración de derechos lingüísticos? Entre otras cosas, que todo
ciudadano tiene el derecho a ser amparado por el Estado y a tener todas
sus leyes y todos sus organismos oficiales en su propia lengua.
Y llegamos aquí a través de un camino absolutamente esperpéntico y
surrealista que en algún momento se parece a un cierto tipo de humor
negro. Lo recordaba hace un momento el Diputado Romero. Llegamos a
través, primero, de una petición del Parlamento catalán, porque, claro,
el Estado no es el que interviene para regular la normalidad y, por
tanto, la democracia lingüística; no, tiene que ser aún hoy día una
exigencia de las comunidades autónomas. Primer punto. Por tanto, es el
Estado el que en su momento no se preocupa, precisamente, de conseguir y
consolidar esa democracia lingüística. El Parlamento catalán entonces
viene aquí y esa pinza tan curiosa que de vez en cuando existe entre el
Partido Popular y el Partido Socialista evita aquello tan simple y tan de
justicia, tan obvio como es conseguir que las leyes obligatorias e
importantes fueran en los idiomas propios, entre otras cosas porque se
estaban vulnerando leyes tan importantes como la Ley de Normalización
Lingüística en Cataluña, que no permitía, a través de no tener las leyes
en catalán, hacer los juicios completamente en catalán. Pero hubo un
error del Partido Socialista, parece ser, después de 14 años de amnesia,
y, finalmente, se equivocan el día en que tienen la oportunidad histórica
de resolver sus problemas de amnesia. Y ese día resulta que no se vuelve
a ganar. Después parece ser que el Partido Socialista ve la luz y,
finalmente, conseguíamos, parece ser, aprobarlo. Y, a partir de ese
momento, resulta que se evita que en el Parlamento haya un debate entre
interlocutores diversos sobre esta proposición y se hace un decreto-ley,
por tanto, evitando que el Parlamento sea la sede natural en la cual se
haga este debate. Y estamos aquí ahora. Tenemos un decreto-ley que para
nosotros no es satisfactorio, por eso mantenemos nuestra proposición y
por eso, evidentemente, vamos a votar a favor del resto de proposiciones,
y sinceramente no entiendo cómo el Grupo Catalán, y muy especialmente la
Diputada que lo ha defendido, tan defensora de la lengua como ha sido
siempre y es, sin embargo no vota las proposiciones que hoy se presentan;
sinceramente, creo que es difícil de explicar. En todo caso, nos
encontramos con que hoy, después de 20 años, el debate finalmente se
resuelve vía decreto. El decreto creemos que no es satisfactorio y, por
tanto, esto queda como una especie de debate virtual, de realidad
virtual. ¿Por qué creemos que el decreto-ley no es, desde nuestro punto
de vista, plenamente satisfactorio? Primero, porque hace dejación de
responsabilidades en las comunidades autónomas, y a ver cuándo recordamos
en este Parlamento y donde sea que el 40 por ciento de la población del
Estado español habla otra lengua que no es el castellano y que, en
consecuencia, la primacía absoluta y permanente del castellano sobre las
otras lenguas no es más que una vulneración de un derecho democrático,
que yo, como catalano-hablante, en estos momentos estoy en situación de
desigualdad respecto a cualquier otro ciudadano del Estado y que el
Estado, que teóricamente me ampara, en realidad está vulnerando mis
derechos lingüísticos en el debate de hoy y en tantos otros debates, o
quizá tendremos que hacer debates de cada tema en el cual el Estado
vulnera los derechos lingüísticos de los ciudadanos que no son
castellano-hablantes. Y estamos aún ahí. Y resulta que el decreto-ley
dice: bueno, si las comunidades autónomas lo quieren, si lo piden...
Depende probablemente del color político y de los derechos de los
ciudadanos. Y la obligación del Estado con esos derechos de esos
ciudadanos ¿dónde queda?
Después, no puedo evitar decir que, respecto del catalán, me preocupa la
indefinición en que queda en el País Valenciano, y me preocupa porque no
sé exactamente
en qué tipo de idioma se va a escribir y, por tanto, publicar el «Boletín
Oficial» si depende de los criterios del color político del Gobierno del
País Valenciano y no de criterios científicos y de criterios
universitarios. En todo caso, yo entiendo que desde luego lo que ya no
puede ser es un problema de criterios de opcionalidad: si la comunidad
autónoma lo pide. No, perdone, es que el Estado tiene la obligación de
generar materia legal en catalán, en gallego y en vasco, aparte de en
castellano. Y sinceramente creo que este debate, como el debate del
etiquetado, como otros debates que se han suscitado aquí, serían
absolutamente imposibles de pensar en cámaras plurislingüísticas o en
estados pluriculturales como existen, por ejemplo, en Europa misma. ¿Se
imaginan en Suiza o en Bélgica este mismo debate? ¿Se lo imaginan en
cualquier Estado plena e íntegramente democrático?
La situación actual que hace que 20 años después aún tengamos que
reclamar un derecho como este, que es tener las leyes en catalán o en las
diferentes lenguas, es puramente porque este Estado nació herido en su
inicio precisamente en principios democráticos de fondo.
En fin, yo evidentemente voy a votar las otras proposiciones y desde
luego, cómo no, me voy a conformar con el decreto-ley, pero me parece un
decreto-ley que, primero, ha hurtado al Parlamento del debate pertinente;
segundo, no es completo y, tercero, hace dejación de responsabilidades.
Pero tengo que decirles que a veces tenemos la impresión, los que venimos
de Cataluña o de otras zonas, de que aquí en los organismos del Estado
han aprendido la lección que en su momento explicó el presidente
Tarradellas, aquello del cepillo: que ustedes tienen en los ministerios
unos enormes cepillos y nos cepillan y cepillan la espalda cada vez que
venimos a reclamar algo, pero, en el fondo, no acaban dándonos nada.
Veinte años después, sinceramente me parece esperpéntico tener hoy aquí
este debate. Después de veinte años tengo la impresión de que aún hay
principios democráticos básicos por los que tenemos que luchar y
defendernos. Y aunque algunos aceptan la teoría del cepillo, otros no.
Sinceramente, algunos catalanes hoy pensamos que ustedes continúan
estafándonos con este decreto-ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Rahola.
Para defender la última proposición presentada por diversos Diputados del
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Está claro que, para justificar legalmente cualquier política lingüística
en el Estado español, tenemos que recurrir a la Constitución española de
1978, y más concretamente a su artículo 3 en todos sus apartados. Es
cierto también que, haciendo una lectura restrictiva y formal de esa
Constitución, realmente el castellano parece el único idioma que tiene un
carácter estatal. Pero no es menos cierto que en los últimos años se han
hecho grandes esfuerzos para que la lectura de la Constitución en muchos
temas --incluido éste-- se haga desde una posición abierta y, en
concreto, a la luz del artículo 9 con todos sus apartados, que reconoce
la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos y la
importancia de la participación de todos en la vida política, cultural,
económica y social. Es cierto que solamente una lectura no restrictiva
posibilitaría el plurilingüismo con carácter de reconocimiento
institucional por el Estado y, sobre todo, ampararía e impulsaría
definitivamente los procesos de normalización de las lenguas en sus
respectivos territorios, tal como está reconocido por los estatutos de
autonomía.
A nadie se le oculta la importancia de contar con textos legales
oficiales en todas las lenguas del Estado cuando actuamos ante los
tribunales de justicia y cuando actúan los tribunales de justicia, cuando
actúan todas las administraciones públicas y no solamente la del Estado,
en concreto en los territorios de la comunidad autónoma. Pero, señorías,
sería conveniente recordar en este momento que no estamos planteando, en
la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Mixto,
concretamente Unión Valenciana, Eusko Alkartasuna y el Bloque
Nacionalista Galego, optar por una alternativa territorial que condicione
también la política del Estado. Porque está claro, como decía ya Rafael
Lluis Ninyoles, a quien me parece de justicia recordar en este debate,
que a nivel estatal una alternativa territorial significaría lo
siguiente: La aplicación de esa alternativa implicaría el reconocimiento
de la coigualdad oficial que permitiese mantener las relaciones entre las
autoridades locales y los órganos centrales de gobierno en la lengua de
origen, la relación del territorio con el poder central y viceversa. Pero
es que ni siquiera es esto lo que proponemos.
Cuando hablamos de las lenguas de Galicia, Euskadi, País Valencià, Illes
Balears y Catalunya, estamos solamente intentando que efectivamente sean
amparadas con aquello que contempla el artículo 18, de una declaración
universal de derechos humanos que, efectivamente, votamos por unanimidad
en la Comisión de Educación y Cultura y que dice así: Toda comunidad
lingüística tiene derecho a que las leyes y otras disposiciones jurídicas
que les afecten se publiquen en la lengua propia del territorio. Si el
Estado español --ya no voy a hablar desde el punto de vista político,
sino desde el punto de vista lingüístico y cultural-- no es un Estado
centralista ni absolutamente unitarista, si no es monolingüe, como parece
que no lo es desde el punto de vista constitucional, no cabe duda de que
las proposiciones de ley que hemos presentado, y en concreto la que ha
presentado el Grupo Mixto, significan amparar la normalización de usos y
el respeto por los derechos individuales de los ciudadanos de los
territorios a que antes me referí. Si no existe la publicación de toda la
legislación de ámbito estatal y de todas las disposiciones en el Boletín
Oficial del Estado en estas lenguas, es difícil que realmente se pueda
tener respeto por los derechos individuales de todas las personas que
vivimos en territorios de comunidades autónomas con lengua propia.
Además, esa publicación también significa una cierta relación de
coigualdad, sin llegar a la que significaba Lluis Ninyoles en el apartado
de su texto que leí; significa acabar con la precariedad institucional y
reconocer y amparar la diversidad cultural y lingüística, como dice un
apartado de la Constitución.
Señorías, con todas las proposiciones de ley presentadas los territorios
castellanohablantes siguen siendo los únicos en gozar plenamente del
principio de territorialidad lingüística, sin que existan derechos
personales o individuales en otras lenguas del Estado. Yo, como gallego,
no podría hacer valer mi lengua gallega en Madrid, ni en Santander, ni en
Sevilla y, sin embargo, y por citar a otro estudioso de la lengua
catalana, hay otra interpretación posible, la que hace Jaume Vernet i
Llovet, que consiste en considerar Estado a las comunidades autónomas y a
los ayuntamientos; que consiste en considerar que el plurilingüismo del
Estado, que dice proteger la Constitución, se conciba dentro de los
principios a respetar por todo el mundo, tal como dice el artículo 9.1 de
la Constitución Española, es decir, como unos derechos de aplicación
progresiva. En definitiva, lo único que intentan estas proposiciones de
ley es constitucionalizar de forma indirecta el término lengua propia que
está en todos los estatutos de autonomía de los territorios a que antes
me referí. Por tanto, se trata de un acto simbólico importantísimo, que
se ampara en los usos individuales y administrativos como material
protector y que nos conduce a una cierta coigualdad sin ser aún una
alternativa territorial.
En definitiva, yo comprendo que este decreto que se presenta, de una
manera subrepticia, reconoce algo que no existía, pero también tengo que
decir que ese decreto no tiene un valor constitucional como el que se
intenta con estas proposiciones de ley y concretamente con la del Grupo
Mixto --Unió Valenciana, Eusko Alkartasuna, Bloque Nacionalista Galego--,
y se mantiene en un valor burocrático y, por tanto, no es inocente, sino
reduccionista. Y, sin entrar en más debates ni en más fustigamientos,
considero que ya es suficiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las proposiciones de
ley presentadas? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
me gustaría iniciar hoy mi intervención, en nombre del Grupo
Parlamentario al que represento, con las palabras con las que terminé el
pasado 12 de noviembre. En aquel momento puse de manifiesto distintas
razones para oponernos provisionalmente --y así lo especifiqué con
rotundidad-- a la aprobación de la proposición de ley formulada y
defendida aquí por parlamentarios pertenecientes al Parlament de
Cataluña, porque creímos oportuno en ese momento estudiar con una mayor
profundidad, por razones técnicas, jurídicas y económicas, la solución
del presente problema que el Gobierno justamente solucionó, valga la
redundancia, el pasado viernes mediante un real decreto.
Tengo que decir con toda sinceridad que a mi Grupo la exposición de
motivos --que hizo suya una fuerza política que había presentado la
proposición de ley al Parlament de Cataluña-- le parecía que tenía graves
razones interpretativas como para hacerla nuestra. La exposición de
motivos, por ejemplo, hablaba de un mandato constitucional, basándose en
la interpretación del artículo 3.1 y 3.2 de la Constitución Española, así
como también en una interpretación más que amplia del artículo 9 de la
misma.
Entendimos que si bien la Constitución habla del respeto de las lenguas
cooficiales existentes en España, además de la lengua castellana que se
postula como la española de todo el territorio nacional, por otro lado no
impide que se pueda solucionar el problema que hoy estamos debatiendo
aquí, pero en modo alguno la Constitución habla de mandato
constitucional.
Luego había algunas posturas que para ser escritas --y lo dije en aquel
momento también-- eran poco rigurosas. Hablar de absurdas situaciones en
el momento actual, hablar de que se menoscaban derechos individuales
creemos que no es riguroso. Cuando se redacta una exposición de motivos,
los razonamientos deben ser mucho más jurídicos, mucho más técnicos y
mucho menos políticos, en plan, podríamos decir, demagógicos, como sería
de rigor cuando se aprueban normas que salen y emanan de esta Cámara.
Adujimos razones de prudencia. Había que ver dónde se podría ubicar un
posible grupo de traductores, el nivel de formación que debían tener, si
tenían que estar ubicados en las propias Cortes o bien en el organismo
autónomo del Boletín Oficial del Estado, y todas estas razones culminaron
para que yo cerrara mi intervención diciendo: señorías, en modo alguno es
una posición cerrada, no es un punto de partida, es un punto de llegada,
el Gobierno se compromete a estudiar la solución de dicho problema.
En base a esa sensibilidad ha regulado el Gobierno un decreto-ley que
creemos que desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista
político, traduce la sensibilidad para que todos los grupos
parlamentarios que integran esta Cámara puedan sentir representada
por lo menos, diría yo, su ideología, el respeto a los derechos
individuales, el respeto a las lenguas cooficiales allí donde sus propios
estatutos de autonomía lo reconozcan y así se regule.
Después de la celebración de ese debate, hubo una rueda de prensa que
celebró el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, donde
también se comprometía a estudiar este problema y a solucionarlo en un
tiempo prudente y razonablemente corto.
Ha habido aquí distintas intervenciones. A mí la verdad es que la
intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista, mi ex
distinguido profesor de Derecho Político en la Universidad de Barcelona,
me ha sorprendido. Me ha sorprendido, señor Solé Tura, porque usted ayer
hacía unas declaraciones a un medio de comunicación exponiendo una serie
de manifestaciones, reiterando unas contradicciones propias respecto a lo
que ustedes adujeron en el momento en que se debatió el pasado 12 de
noviembre el estudio de la proposición no de ley que presentó el
Parlament de Catalunya; y tengo que decir que, por cierto, al día
siguiente ustedes ya se lo replantearon, porque don Felipe González dijo
que presentarían una proposición no de ley, justo al día siguiente de
haber dicho que no ante esta Cámara. Tengo que resaltar estas posturas
contradictorias que creo que en modo alguno contribuyen a armonizar los
posibles consensos y acuerdos entre los distintos grupos políticos.
En aquel debate ustedes adujeron razones materiales y jurídicas para
oponerse en la votación de la proposición de ley que presentaron y
defendieron los miembros del Parlament de Catalunya. Y tengo que decir
que en el fondo coincidían con nosotros en muchas de esas
argumentaciones. Decían que no veían un mandato constitucional en los
artículos 3 y 9 de la vigente Constitución Española. Y como razones
materiales argumentaron el coste económico --que yo también cité, y por
cierto que no he citado hoy--, dieron razones de ubicación de un equipo
de traductores, el nivel de formación, el espacio que debería haber, como
vacatio legis, para la publicación de las disposiciones, después de haber
emanado de esta Cámara y haberse publicado en el Boletín Oficial del
Estado, y también la posibilidad de que había otras formas de llegar a
acuerdos para que se publicara en las lenguas oficiales.
Aquel día, el portavoz en esta Cámara aludía a que había otros
formulismos de colaboración, de cooperación, precisamente contenidos en
el real decreto que acaba de aprobar en Consejo de Ministros el pasado
viernes el Gobierno. Los soportes jurídicos podríamos decir que son,
además de ese artículo 3 de la Constitución, que ya he invocado, que sí
permite pero no manda, porque no hay mandato constitucional, el artículo
231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la utilización de
cualquiera de las lenguas oficiales dentro de la comunidad autónoma en
todas las actuaciones judiciales, y, sobre todo, una ley que dimanó del
Gobierno, cuando ustedes estaban todavía ejerciendo dicha potestad, la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que reguló por primera vez en nuestro
sistema de derecho positivo la posibilidad de llevar a cabo conciertos de
cooperación, de colaboración entre las distintas administraciones que
integran el Estado español. Eso es lo que ha hecho y son los principios
que recoge la exposición de motivos del real decreto citado.
Basándose precisamente en el artículo 26 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se ha creído prudente que, en virtud de este convenio de colaboración o
de cooperación, las comunidades autónomas, allí donde haya una lengua
cooficial, puedan regular con el Gobierno la forma en que se plasme la
publicación, en forma de separatas, de las normas en las lenguas
cooficiales que integran nuestro Estado español.
Por tanto, ni mandato imperativo ni mandato para que el Boletín Oficial
del Estado, organismo autónomo, tenga que sufragar los gastos que sólo
competen a algunas de las comunidades autónomas, porque qué tendrá que
ver Galicia con Andalucía. Creemos, y así lo invocaban ustedes en esa
exposición de motivos, que podrían ser las propias comunidades autónomas
las que en un momento dado llevaran a cabo dicha posibilidad de traducir
las normas, las leyes de carácter ordinario, y no las disposiciones de
rango inferior.
Por tanto, quiero poner de manifiesto las contradicciones invocadas y
decirle, señor Salé Tira, que lo que no se puede hacer es, durante 14
años, haber denegado la posibilidad de publicación de las lenguas
cooficiales en todas las disposiciones que emanan del Boletín Oficial del
Estado, haber dicho que no en la IV y en la V Legislatura, haber dicho
que no por razones similares en ese momento a las que adujo el Grupo
Parlamentario Popular el pasado 12 de noviembre y decir hoy donde digo
digo, digo Diego, porque la historia queda reflejada en los «Diario de
Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Montseny, le ruego que
lo vaya haciendo con brevedad y resuma, por favor.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar ser
lo más breve posible.
Me gustaría decir al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya que no podemos admitir desde el grupo parlamentario al que
represento que en modo alguno se tratara de una ofensa al Parlament de
Cataluña. Quiero agradecer que así lo haya contemplado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); agradecer el tono a la
señora Gil y decirle que entiendo que ustedes tampoco, en un momento
dado, se hubieran planteado retirar una proposición
de ley si hubieran creído, como otras fuerzas políticas, que se trataba
de una ofensa al Parlament de Cataluña. Creímos que el texto era
mejorable y subsanable y, por tanto, quiero solicitar que en otra ocasión
sea un poco menos duro en sus afirmaciones parlamentarias en esta
tribuna.
Quiero decir también a la señora Rahola que, como siempre, ha estado
enfática; pero que no siempre, al poner mayor énfasis en la defensa de
una idea, se tiene mayor razón y que, desde luego, señora Rahola, usted y
el grupo parlamentario al que yo represento estamos en las antípodas
políticas. Usted quiere representar un partido independentista y nosotros
estamos por una construcción del Estado de las autonomías, que me tendrá
que reconocer que ha variado mucho desde que el Gobierno actual tomó
posesión y va cumpliendo todo lo que estaba escrito en el debate de
investidura. Se ha desarrollado una ley de funcionamiento de la
Administración General del Estado; se ha modificado la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas (Rumores.); se ha desarrollado
la ley de cesión de tributos. (Rumores.) Ha habido un cambio profundo y,
por tanto, ahí ya no le puedo agradecer el tono y, además, creo, señora
Rahola, que tampoco usted es la más adecuada para darnos lecciones de
ética política.
Deseo agradecer el tono al señor Rodríguez. Quiero agradecerle las
palabras que ha tenido para con el grupo parlamentario al que represento,
porque quizá somos conscientes de que la disposición de la que hemos
hablado hoy no alcance todo el contenido que S. S. querría con arreglo a
la postura y a la proposición presentada por usted, pero ha reconocido
que se ha hecho un esfuerzo y que las cosas hoy están de distinta forma a
como estaban, por lo menos, hace muchos años.
En consecuencia, debo informar que el Grupo Parlamentario Popular va a
votar negativamente las proposiciones de ley presentadas a esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Montseny.
Para un turno de réplica, en primer lugar, tiene la palabra el señor Solé
Tura.
El señor SOLE TURA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Montseny, ya ve usted que las decepciones son recíprocas. Usted ha
sentido una cierta decepción por su profesor y el profesor siente una
profunda decepción por su ex alumna. (Aplausos.--Rumores.)
La verdad, señora Montseny, es que ha dicho usted algunas cosas que
merecen una cierta reflexión. Me habla usted de que el decreto-ley
elaborado por el Gobierno en su reunión última es un magnífico texto. ¿Lo
conoce usted íntegramente? Pues es usted una privilegiada. Nadie más en
esta Cámara lo conoce, porque no se ha publicado.
Estamos ante una situación extraordinariamente interesante. Estamos
discutiendo sobre un decreto que al parecer tiene virtudes taumatúrgicas
impresionantes, que va a cambiar la estructura de este país y va a
convertir --según nos decía la señora Gil-- al Estado español en un
Estado realmente plurinacional, pero no lo conocemos. Usted nos dice que
sí lo conoce, de modo que estamos ante un acto de desigualdad jurídica,
en virtud del cual una parte de la Cámara tiene derecho a conocer unos
documentos que otra parte de la Cámara no conoce.
Nos dice usted que le he sorprendido por mis posiciones contradictorias;
no sé si aquí o en unas declaraciones de prensa, pero que tengo
posiciones contradictorias. Lo que he dicho aquí, señora Montseny, es que
en el debate del mes de noviembre este grupo que yo represento reconoció
que se había equivocado e inmediatamente tomó medidas para rectificar su
posición.
Ahora lo que ocurre es que ustedes están aplicando y convirtiendo en
decreto exactamente aquello que nosotros rechazamos porque nos habíamos
equivocado. Esto es lo que ustedes están haciendo en este momento. Lo que
ustedes intentan ahora como una gran conquista es llevar a cabo unas
medidas que nosotros en aquel momento dejamos de apoyar porque nos
parecían erróneas. Ahora reconocemos que el buen camino era el que
representaba la proposición presentada por el Parlament de Catalunya, que
nosotros votamos en contra, que ustedes hoy también van a votar en contra
y nosotros no, y que doña Carmen Laura Gil, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), nos dice que entonces nosotros cometimos un gran
error. Efectivamente, nosotros nos equivocamos entonces, pero hoy se van
a equivocar ustedes. Nosotros aquel día votamos en contra de la
proposición del Parlament de Catalunya y hoy lo van a hacer ustedes,
nosotros no.
Nos decía que el gran mecanismo inventado por ustedes se inspira nada
menos que en los artículos correspondientes de la Ley del Poder Judicial
y de la Ley de la Administración Pública. Y usted dice que puesto que
allí se habla de conciertos administrativos, éste es el mecanismo que
vamos a implantar. Ahí está el error, señora Montseny. No se trata de
conciertos administrativos de lo que estamos discutiendo ahora, sino del
uso de las lenguas, no en una determinada administración, sino de la
publicación de normas, que es completamente distinto. No se trata de
decir: Yo puedo ir ante un tribunal y utilizar mi lengua; no se trata
sólo de decir: yo puedo hacer un acto administrativo en mi propia lengua.
Se trata de saber en qué lengua se promulgan las leyes, los decretos, los
decretos-ley, etc.
Pues bien, aquí no cabe la teoría del concierto administrativo. Ese es un
gran asunto político constitucional, es nada menos que establecer con
claridad cuál es la ordenación general del uso de las lenguas --insisto--
en la promulgación de normas generales.
Si ustedes utilizan la técnica del concierto económico, además caso por
caso, según parece que dice ese decreto que ignoramos, ¿qué ocurrirá
entonces? Podemos tener situaciones desiguales. A una comunidad autónoma
le interesará publicar unos textos y a otra le interesará publicar otros.
Podemos tener, por consiguiente, disfunciones totales entre el nivel de
publicación de normas en una zona y en otra. ¿Usted cree que ese es el
mecanismo real para difundir la pluralidad de lenguas en un Estado
plurinacional? Pues no. Esto es una chapuza literalmente, que no resuelve
ningún problema, que puede crear enormes disfunciones y que, en
definitiva, consistirá en que ustedes pueden pactar con éste o con el
otro una publicación de textos en sus propios boletines, que tampoco
significarán ningún avance real en el tema que intentamos resolver hoy.
Además, señora Montseny, usted ha silenciado el problema principal. Y el
problema principal es que el uso de este decreto ignorado por algunos de
nosotros, no por todos, significa un tremendo desprecio a este
Parlamento, a este Congreso de los Diputados y al Senado, puesto que el
uso del decreto margina completamente al Congreso de los Diputados y al
Senado de la discusión ulterior sobre este tema fundamental que, insisto,
es de alcance constitucional y no un simple aspecto administrativo. Eso
usted lo ha callado, pero yo creo que tenemos que reivindicar la dignidad
de este Congreso; que tenemos que reivindicar la dignidad de las Cortes
Generales. De ninguna manera podemos aceptar que un gobierno dicte una
norma simplemente para impedir que el Parlamento pueda pronunciarse sobre
ella; que el Gobierno utilice su capacidad normativa para impedir que ese
Parlamento discuta a fondo algo que nos concierne a todos. Eso, señora
Montseny, lo ha ignorado usted en su intervención, pero creo que es un
tema fundamental. Creo que es una equivocación que se suma a la
equivocación mayor y que se suma a la que van ustedes a cometer hoy
cuando decidan no votar las propuestas que se presentan y cuando decidan
poner en marcha este decreto, que espero que algún día tendremos el
placer de conocer. Se van a equivocar todos los que hoy voten en contra
de estas proposiciones y dentro de un tiempo algunos lo reconocerán y
otros no, pero, en definitiva, cada uno es cada uno y cada cual tiene que
asumir sus responsabilidades, cuando tocan. Nosotros hemos asumido las
nuestras y espero que algún día ustedes asuman las suyas, pero que las
asuman en una situación distinta a la actual, cuando estén ya en la
oposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Solé
Tura.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Lamento que a la portavoz del Grupo Popular le
haya parecido dura mi intervención porque no era ésa mi intención. Lo que
sí sucede es que ante determinada sensibilidad y forma de entender el
funcionamiento de las instituciones democráticas, comprenderá, señora
Diputada, que se sienta una cierta indignación, que incluso rebasa el
contenido concreto del tema que se debate.
Ustedes tienen un problema y se han metido en él. El Grupo Popular y
Convergència i Unió tienen un problema esta tarde. El Gobierno, los
acuerdos o lo que sea, les han llevado a dicho problema. La prueba es que
tanto la intervención de la portavoz de Convergència como ahora la de S.
S. han consistido, en un caso, en aprovechar un turno de defensa para
anunciar la retirada, para consumir el turno en favor de un decreto, y el
suyo en consumir un turno en contra, no para criticar lo que se presenta,
sino para defender también un decreto. Es decir, no se trata tanto de
atenerse, sobre todo en su caso, a la filosofía reglamentaria de para qué
sirve un turno en contra, sino de defender otra cosa.
Además, en su intervención en ningún momento nos ha podido demostrar
--entre otras cosas porque tampoco lo ha intentado-- que las
proposiciones de ley sean malas. No ha formulado ninguna crítica. Lo que
ha anunciado es que, por ejemplo --palabras textuales suyas--, ha faltado
rigor jurídico. Entrando en su juego, ¿es rigor jurídico que el Gobierno
no utilice los mecanismos previstos en el artículo 126 del Reglamento
para oponerse a estas proposiciones de ley y apruebe con nocturnidad y
alevosía un decreto?
También ha dicho: Yo anuncié que sería en tiempo prudente. ¿Qué se
entiende por tiempo prudente, aprobar por decreto una materia que va a
ser debatida cinco días después en el Congreso? ¿Ese es el concepto de
prudencia que tiene su grupo? Es difícil de aceptar.
En definitiva, en su intervención no ha quedado demostrado que los
problemas de seguridad jurídica, de tutela judicial, a los que hemos
aludido los diversos portavoces que hemos defendido la proposiciones,
queden solucionados por decreto, entre otras cosas porque con el decreto
--con este decreto hasta donde sabemos los grupos de la oposición-- es
muy difícil que materias de un rango constitucional tan importante, que
algunas afectan directamente a derechos fundamentales, se puedan regular
por esa vía normativa.
Por tanto, es muy difícil que usted pueda demostrar que va a estar mejor
protegido un derecho por vía de decreto que por vía de ley, porque supone
que se tambalee todo el edificio normativo que diseña la Constitución
Española.
Además, usted quiere insistir en el artículo 3. No le interesa el debate,
no le interesa el concepto de seguridad jurídica ligado a la publicidad
de las normas, no le interesa, insiste en el artículo 3 para aplicar una
determinada filosofía restrictiva que nos devuelve a un concepto de
territorialidad estricta en la normalización lingüística. Seguramente no
hará falta que le recuerde
que en las importantes sentencias del Tribunal Constitucional, en
concreto en la 82/1986, cuando se refería a la ley de normalización
lingüística de Galicia, Cataluña y el País Vasco, el Tribunal
Constitucional sentó un principio básico que se derivaba del artículo 3
sobre el concepto de oficialidad lingüística. Decía que será oficial la
lengua a la que los poderes públicos reconozcan digamos plena validez
para relaciones jurídicas. Esa oficialidad, siquiera sea predicada en el
ámbito de las diversas comunidades autónomas, en el territorio de las
comunidades autónomas, admitiendo incluso su interpretación más estrecha,
no puede verse absolutamente realizada ante los tribunales si no existe
una versión auténtica de las leyes del Estado, y eso no se puede hacer
con ese curioso sistema de separatas que ustedes parece que quieren
aprobar por decreto. Ese es el problema, y a eso no le puede dar solución
ni nos puede replicar.
Lamento si alguien se ofende porque yo haya dicho que esto es una ofensa
al Parlament de Cataluña. He dicho que es una falta de respeto, matizada
y en un contexto de intervención política, que tampoco se manipule mi
intervención. Y voy a decir dos cosas: en primer lugar, voy a mantenerlo
en sus justos términos, y es que siempre será más respetuoso con la
voluntad del Parlament de Cataluña que se apruebe la propuesta que viene
de ese Parlament que cualquier otra. Me admitirá que, en un nivel
político, eso es así. En segundo lugar, lo que nos cuesta aceptar, como a
ustedes les costaba mucho en la legislatura pasada, por ejemplo, aunque
por distintas razones seguramente, es que usted ponga por testigo de que
no se ha ofendido que Convergència i Unió esté de acuerdo. El Grupo de
Convergència i Unió nos merece absoluto respeto, pero me parece que nadie
le ha dado el carácter de guardián de las esencias ni en esta Cámara ni
en ningún otro lugar.
Por tanto, entenderá que este grupo, sobre todo en su parte de Iniciativa
per Catalunya también tenga algo que decir. Pero, lo que es peor, en mi
intervención he dicho: falta de respeto al Parlament catalán y a estas
mismas Cortes Generales. La conclusión desgraciadamente, ya que usted ha
intentado desvirtuar mi intervención aludiendo a ese matiz que yo hacía
sobre el Parlament catalán, la pena y lo más triste es que no ha
desmentido la falta de respeto ante esta Cámara ni a estas Cortes
Generales, y que se pierda el respeto por parte del grupo parlamentario
que sustenta al Gobierno a las Cortes Generales es algo todavía mucho más
grave que el fondo del tema que ahora estamos tratando.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias. señor Presidente.
¡Vaya, vaya, señora Montseny, qué ironías del destino! ¿No? ¡Usted, que
pertenece al grupo que pertenece dando lecciones de ética política!
(Rumores.) La verdad es que no voy a caer en la misma trampa. Yo a usted
la respetaba (Rumores) (¡Tranquilos! ¡Tranquilos! !Tranquilos!, que ya
les tocará!). Yo a usted la respetaba como persona porque tiendo siempre,
más allá de la diferencia de ideas, a respetar a las personas.
Evidentemente que estamos en las antípodas políticas, señora Montseny.
Usted ha estado siempre en el bando de los vencedores y yo he estado
siempre en el bando de las víctimas. (Rumores.) Usted ha estado siempre
en el bando de los que han oprimido, y yo he estado siempre en la banda
de los que han sido oprimidos. (Rumores.) Indiscutiblemente que estamos
en las antípodas. ¡Y, señora Montseny, a mucha honra!
Dicho esto, a pesar de todo me sería muy fácil en esta respuesta, en
lugar de hacer una crítica política, hacerla personal. No voy a caer
nunca, ni ahora ni nunca, en esa trampa, pero vaya con cuidado, porque
usted, que es catalana como yo, sabe que en Cataluña hay un dicho que
dice que siempre te ensucia una sartén sucia. Por tanto, intentemos no
hacer un debate ético o un debate político. Y si no, repase usted en su
partido los diferentes orígenes de los múltiples Diputados que tienen. A
ver de dónde vienen y cómo vienen. (Rumores.) En todo caso, quiero
decirle, señora Montseny... (¡Tranquilos, que mandan ustedes!). En todo
caso, quiero decirle, señora Montseny, que, ciertamente, poner o no
pasión a un debate --y yo soy una mujer apasionada y se nota-- no es más
o menos razón. Tampoco lo es, señora Montseny, el insulto personal. Y me
remito al hecho de que utilice argumentos en contra de argumentos. Usted
quédese con los suyos y yo me quedaré con los míos, pero estoy en contra
de las descalificaciones personales. No voy a caer en la trampa de pensar
que a usted le preocupa la triste y trágica escisión, en el indepentismo
catalán, que hemos padecido. Me temo mucho que, bien al contrario, lo
debe haber aplaudido. En todo caso, tengo que decirle que continuamos en
lo mismo. ¿Por qué no responde con argumentos al tema que hoy estamos
debatiendo? ¿Por qué no explica por qué motivo ustedes soslayan, a través
de un decreto-ley, lo que tenía que ser un debate parlamentario? Este es
el tema y el núcleo del debate. ¿Por qué no explican de qué manera van a
decir al Parlamento de Cataluña cómo se ha resuelto este tema? ¿Y cómo me
explica a mí que 20 años después estemos aún en un debate que es de
derecho democrático? Señora Montseny, este es el debate de fondo, no las
lecciones de ética política.
En todo caso, señora Montseny, déjeme decirla que yo a usted la voy a
continuar respetando, porque, a pesar de la pasión o no de los debates,
entiendo que detrás están las personas que luchan por unas ideas. Desde
luego, yo voy a combatir las suyas, pero la respeto. Haga usted lo mismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rahola.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente, señor Presidente. Sólo deseo
clarificar que no es un quantum lo que separa nuestra posición, la
posición de los tres grupos políticos en nombre de los cuales hablé del
caso concreto de la alternativa que da el Partido Popular a través del
decreto aprobado por el Consejo de Ministros, sino que se trata de un
rango de cobertura legal que a nosotros nos parece muy importante, porque
no se puede seguir actuando en política --pensamos que es un gran mal en
el Estado español-- por pequeñas conquistas pragmáticas que no se
institucionalizan con el rango legal debido e incluso con unos
destinatarios clarificados, tratados por igual, no porque sean iguales,
sino porque en este tema sí somos iguales. Esto no queda garantizado con
un decreto que tiene un valor burocrático administrativo evidente. En
este sentido, nos parece un fraude. No fue solamente por una diferencia
del quantum o por una diferencia de que queremos más, sino que queremos
las cosas legalizadas en su justo término, que es el término
constitucional.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente. Intentaré ser breve.
Señorías, trataré de dar respuesta a los distintos planteamientos que se
me han hecho desde otros grupos parlamentarios.
He intentado dar el soporte jurídico y las disposiciones generales del
Real Decreto que van a regular la posibilidad de que sean traducidas en
las lenguas oficiales cada una de las disposiciones de carácter normativo
que emanen del BOE. Si no he sabido explicarlo con toda claridad, lo voy
a repetir. Los presupuestos básicos me parece que ya están
suficientemente aclarados: el artículo 3 de la Constitución, la Ley
Orgánica del Poder Judicial y sobre todo la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
que yo, señor Solé Tura, creo que tiene un contenido mucho más amplio que
el puro contenido del Procedimiento Administrativo. En la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, al establecer la posibilidad
de crear órganos de colaboración y de cooperación estamos hablando de
algo que va más allá del puro procedimiento administrativo.
En el artículo 1.º del real decreto se prevé la posibilidad de que, en
virtud del concierto que cada una de las comunidades autónomas que tengan
una lengua cooficial con la lengua castellana y que así lo reconozcan sus
propios estatutos de autonomía, las leyes, reales decretos-leyes y los
reales decretos legislativos, una vez sancionados por el Rey y publicados
en el Boletín Oficial del Estado, puedan ser publicados en cada una de
estas lenguas vernáculas, siempre teniendo en cuenta el artículo 2.1 del
Código Civil si así lo decidieran los órganos competentes de las
respectivas comunidades autónomas. Entendemos que lo que puede presuponer
un coste económico a una comunidad autónoma como Cataluña, por ejemplo,
no tiene por qué suponerlo, en virtud de la creación de una estructura
tan importante como es un equipo de traductores a todos los niveles, en
el seno del organismo autónomo del Boletín Oficial del Estado. Son estas
comunidades autónomas las que contribuirán con la traducción, puesto que
tienen personal ya ubicado en ellas para poder hacer menos costosa dicha
publicación y traducción de las normas con rango de ley.
El artículo 2 del real decreto establece lo que hemos invocado ya en la
exposición de motivos, el sustrato básico jurídico, y menciona las
disposiciones que ya he reiterado en varias ocasiones. El apartado
segundo del artículo 2, que voy a leer literalmente para no repetir lo de
antes, dice: La publicación de dichas disposiciones generales podrá
efectuarse en el Boletín Oficial del Estado --tal y como ustedes decían
en su intervención el pasado 12 de noviembre-- o en el propio boletín de
la comunidad autónoma en los términos y plazos que establezcan en el
convenio de colaboración al que hace referencia el número 1 de este
artículo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Montseny, un momento.
Ruego silencio a SS. SS. para que podamos enterarnos todos los presentes
de la intervención de la señora Montseny.
Continúe cuando quiera.
La señora MONTSENY MASIP: Esos son los rasgos principales del real
decreto, que estoy convencida que tiene en su poder --no sé si le ha
llegado de forma oficial-- y que ha leído ya.
Contestando a las distintas intervenciones, me gustaría decir al señor
Alcaraz que he tenido que sintetizar mucho porque yo tenía el mismo
tiempo que cada uno de los representantes de los distintos grupos
parlamentarios que han subido a esta tribuna y, por lo tanto, ha podido
haber expresiones fuera de contexto. En modo alguno he querido saltarme
el verdadero debate que usted pretendía. Yo creo que hay que resaltar lo
positivo. En el fondo, hoy todos nos planteamos que es un avance que las
comunidades autónomas donde
hay una lengua cooficial con la española reconocida en los estatutos de
autonomía tengan la traducción y la posibilidad de conocer esa
información en su propia lengua. Eso es lo importante. No estamos
hablando de la posibilidad de normas; estamos sólo hablando de la
posibilidad de traducir las leyes que emanan de esta Cámara. No cabe
hablar ni de interpretaciones, ni de formalidades, ni de formas más o
menos rigurosas o de mayor amplitud en la interpretación de la
Constitución. Simplemente se trata de ir traduciendo las normas que
autoriza el real decreto, para que puedan ser conocidas por los
ciudadanos de cada una de las comunidades afectadas en las lenguas
vernáculas.
Señora Rahola, lamento otra vez el tono, porque yo no he querido meterme
con usted a nivel personal. He dicho una obviedad. Es obvio que usted y
yo estamos en las antípodas políticas. Usted, en toda su exposición, ni
por un solo momento ha hecho el menor reconocimiento al esfuerzo del
Gobierno del Partido Popular en el proceso autonómico. Ha venido usted
aquí a expresarse con grandes rigores y no a reconocer absolutamente
nada. Es evidente que se puede hablar de antípodas políticas desde un
partido de centro que gobierna el Estado español en este momento, pero
que cuenta con apoyos parlamentarios de fuerzas nacionalistas con las
que, por cierto, el Gobierno está muy orgulloso de haber podido celebrar
acuerdos y de haber llegado a un sostenimiento parlamentario para toda la
legislatura.
Desde su punto de vista, quizá vaya usted mucho más allá, pero, al
utilizar las expresiones que usted ha empleado --eso sí en sentido
personal--, perdóneme, señora Rahola, creo que ha llegado usted mucho más
lejos que yo. Lamento si la he ofendido, pero creo que yo me he expresado
en unos términos mucho más parlamentarios, por lo menos desde el punto de
vista de la oratoria.
Quiero agradecer al señor Rodríguez sus palabras y decirle que lamento
que no haya podido haber una mayor proximidad, puesto que usted también
va mucho mas allá en su ideología política. Creo que es de rigor
reconocer que el Gobierno ha cumplido lo que expusimos en nuestra
intervención del 12 de noviembre, que se ha cumplido el compromiso del
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en posterior rueda de
prensa, al finalizar el debate --no al día siguiente, como ocurrió con
otras fuerzas parlamentarias--, y que es bueno que se dé la posibilidad
material de que las disposiciones que emanan de esta Cámara puedan ser
traducidas a las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde
existan y que lo tengan así reconocido en sus estatutos de autonomía.
Gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Montseny. (El señor Solé Tura pide la palabra.)
Señor Solé Tura, ¿con qué objeto pide la palabra?
El señor SOLE TURA: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Diga, señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Señor Presidente, quiero que conste en acta que por
primera vez en la historia de este Parlamento democrático el Congreso de
los Diputados se está enterando del contenido de un decreto no a través
del Boletín Oficial del Estado ni a través del Gobierno, sino a través de
una Diputada del grupo mayoritario en esta Cámara. Este es un acto
insólito que debe registrarse como tal.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Solé
Tura.
¿Grupos que desean fijar posición en el debate). (Pausa.)
Por el Grupo Nacionalista Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Comenzaré diciendo al señor Solé Tura que, al igual que cuando él era
Ministro del Gobierno socialista, este Diputado, al enterarse el viernes
de que el Consejo de Ministros había adoptado una decisión, plasmada en
un real decreto-ley, solicitó ese real decreto-ley, para poder ilustrarse
debidamente y asistir a este debate con el máximo de datos. Lo hacíamos
antes con los gobiernos socialistas así, lo hemos hecho esta vez así. No
llego a entender lo insólito de la situación. Reconozco que está en mi
poder el real decreto-ley, que lo he examinado, que lo he analizado y
que, salvo algunos matices que indicaré a continuación, el Grupo
Parlamentario Vasco participa de los criterios y de la metodología que se
plasma en él. Voy a dejar al margen el tema de que sea un decreto-ley. No
creo que ése sea el fundamento de la cuestión, aunque prestigiosos
juristas, cuando se dan estas situaciones, intentan llevarlo por ahí.
Estamos hablando de la cooficialidad de las lenguas. Pienso, señor
Presidente, que se trata de una malhadada historia.
Creo, señor Solé Tura, que su intervención, tras catorce años de
gobiernos socialistas --usted me entenderá correctamente--, en filosofía
se llama cinismo. En rigor filosófico. No se pueden argumentar esas cosas
al día de hoy, cuando han tenido la oportunidad de regular estas
situaciones y distintos grupos parlamentarios hemos venido sosteniendo
que ya era hora de ello.
Hemos participado del fondo, de la metodología y de la forma que se
recogen en este real decreto-ley que tomó en consideración el Consejo de
Ministros el jueves. Las políticas lingüísticas son diferentes en las
distintas
comunidades y en el Grupo Parlamentario Vasco hemos podido constatar que
el Gobierno ha tomado en consideración las posiciones que algunos grupos
políticos, en distintos debates en relación con esta materia, hemos
sostenido. Por tanto, nosotros nos damos por escuchados, señor
Presidente, en cuanto a la consideración de las situaciones lingüísticas
en las distintas comunidades autónomas o en zonas amplias de las
comunidades autónomas, porque es un aspecto relevante y fundamental en
orden a las políticas lingüísticas. Que se establezca un mecanismo
bilateral, vía convenio, entendemos que metodológicamente es fundamental,
porque, por una parte, el Estado asume sus propias responsabilidades y,
por otra, la o las comunidades autónomas pueden tener en consideración su
propia situación lingüística y pueden establecer aquellas garantías
judiciales, lingüísticas que puedan venir al caso desde su propia
situación.
Señorías, no podrán establecer que la situación lingüística del catalán
en toda la zona catalanohablante pueda ser exactamente la misma que la
vasca. En mi anterior intervención en este Pleno intenté explicar que
cosas que pueden ser muy bondadosas para la situación del catalán pueden
no responder a las prioridades de las políticas lingüísticas de otras
lenguas. En consecuencia, nos parece que es muy inteligente que el
Gobierno establezca que, vía convenio, en una relación bilateral, el
Estado, asumiendo sus propias responsabilidades, participe con las
comunidades autónomas y establezca cuál es el criterio para que, en un
primer nivel, como se fija en este real decreto, las leyes o los reales
decretos-ley puedan publicarse en las distintas lenguas del Estado
español. Nos parece que el fondo se resuelve, que las formas están
debidamente cumplimentadas y, además, que se establece una metodología
correcta, por lo que todo eso que hoy pueden parecer dudas en los
distintos convenios con las comunidades autónomas pueden estar
debidamente cumplimentadas.
A nadie se le oculta, señor Presidente, que en este Estado existen
lenguas distintas. Lamento mucho, señora Montseny, partes de su
intervención. Yo creo que están mucho más alejadas que la propia posición
del Gobierno. Reconozco que el Grupo Parlamentario Vasco se encuentra
mucho más cerca del documento aprobado por el Gobierno que de distintas
partes de su intervención intentando sostenerlo. Además de lenguas
distintas existen leyes de normalización, políticas distintas en las
diferentes comunidades autónomas e incluso diversas leyes de
normalización de los usos de las lenguas, siendo la lengua objeto de
regulación la misma en distintas comunidades autónomas, como la del País
Vasco y la de Navarra, o el caso de la Comunidad catalana y la balear,
por ejemplo. Existen leyes de normalización distintas con diferentes
objetivos y prioridades. En el caso del gallego, los gallegos conocen
otra ley de normalización lingüística. Y, en el conjunto, decir, señor
Solé Tura, que desde el Estado central hay que establecer políticas no
igualitarias hace ver que el objeto a regular, el objeto central de su
intervención, en ningún caso es la política lingüística, sino que es el
Estado. Usted antepone su modelo del Estado a la propia política
lingüística, circunstancia con la que discrepamos radicalmente en el
Grupo Parlamentario Vasco. Sólo nos faltaría que desde Madrid nos dijeran
qué tenemos que hacer con el euskera y que un equipo de traductores aquí
nos dijera cómo tenemos que traducir allí; hasta ahí podíamos llegar en
el nivel de barbaridad lingüística.
No se trata en ningún caso de que, habiendo establecido un modelo previo
de Estado, ahora todo tenga que colgar de esa percha; no se trata de eso.
Se trata de ir dando respuestas a situaciones que son plurales, en este
caso desde la perspectiva lingüística, geográfica, democrática.
Difícilmente se puede homogeneizar lo que es muy distinto.
No participamos, señor Presidente, del recurso que se hace en este real
decreto a la etiqueta de lenguas vernáculas. Nos parece una terminología
obsoleta en la sociolingüística. Cualquiera que sepa latín, lo ha dicho
el señor Alcaraz en su intervención, puede entender razonablemente por
qué este tipo de terminologías ha quedado muy obsoleta. No vamos a
empezar ahora a recurrir a lenguas vernáculas y dialectos. La
sociolingüística ha avanzado mucho en los últimos años, y entendemos que
el Gobierno podía haber hecho un esfuerzo de contraste de la redacción
del texto con expertos también en sociolingüística. Señor Presidente, en
este Estado muchas veces da la impresión de que no hay más que letrados y
economistas. Existen otras ciencias en la universidad española y no le
vendría nada mal a este real decreto un repaso desde ciencias más
interdisciplinales. En lo demás estamos de acuerdo, señor Presidente.
Agradecemos al Gobierno que haya escuchado las intervenciones de este
grupo parlamentario cuando nos hemos referido a cómo habría que regular
este tema. Participamos de los contenidos recogidos y del nivel de
gradualidad que se establezca y esperamos que las comunidades autónomas,
junto con el Estado, asumiendo también sus responsabilidades en materia
lingüística, puedan dar un paso relevante en orden al reconocimiento del
carácter plurilingüe del Estado, más allá de vacuas interpretaciones y de
formalismos más o menos establecidos con que podamos contar con las
traducciones e incluso, en un momento más adelantado de la gradualidad,
con originales escritos en catalán, en gallego o en euskera, que también
puedan ser traducidos al castellano.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González
de Txabarri.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes. (La señora Montseny
Masip pide la palabra.)
¿Con qué objeto me pide la palabra, señora Montseny?
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, por alusiones, un segundo y
quisiera hacer una aclaración al señor González de Txabarri y otra al
señor Solé Tura, pero un segundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por alusiones, ¿de quién, del
señor González de Txabarri?
La señora MONTSENY MASIP: Me ha aludido y yo sólo quería aclararle un
criterio, criterio que yo creo que él ha entendido mal.
Al señor Solé Tura, cuando me ha dicho que no conocía el real decreto,
quería decirle que ya está expuesto en las mesas y que, por lo tanto,
está a disposición y al alcance de todos los Diputados. Ya he dicho que
yo creía que él lo había visto, pero está a disposición de todos los
Diputados.
Al señor González de Txabarri solamente quiero precisarle que yo puedo
haber estado fuerte en el uso de la palabra, en el tono, pero le aseguro,
señor González de Txabarri, que yo comulgo plenamente con el real
decreto, porque no podría ser de otra forma. Es el real decreto que ha
hecho el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Básicamente, lo que he dicho es la
justificación de la anterior exposición del día 12 de noviembre.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Montseny.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones sobre la
toma en consideración de las proposiciones de ley que se han presentado y
debatido, a excepción de la suscrita por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que ha sido retirada.
En primer lugar sometemos a votación la proposición de ley, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
reguladora de la publicación de las leyes aprobadas por las Cortes
Generales en las lenguas españolas oficiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 156; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.
Votación de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre publicación de las leyes y demás disposiciones estatales de
carácter general en las diferentes lenguas propias de las comunidades
autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 155; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
suscrita y defendida por la señora Rahola, sobre publicación de las leyes
y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas
oficiales del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 150; en contra, 166; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, suscrita por los señores Rodríguez, Vázquez, Chiquillo y la señora
Lasagabaster, sobre publicación de las leyes y demás disposiciones de
aplicación general en todas las lenguas oficiales del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 154; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de
ley referida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REALIZACION DEL
PLAN HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL JUCAR (Número de expediente 162/000087)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso sobre realización del plan hidrológico de la
cuenca del Júcar. Para su defensa tiene la palabra el
señor Ballesteros. (Rumores.) Silencio, señorías. Ruego especialmente a
los Diputados que ocupan los pasillos y el centro del hemiciclo que, si
han de desalojarlos, lo hagan cuanto antes para que pueda reanudarse el
debate.
Cuando quiera, señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Con la venia, señor Presidente, señorías,
el ámbito geográfico al que corresponde esta iniciativa parlamentaria,
junto a la importancia que el fondo de este asunto tiene, hace que sea un
doble honor la presentación a esta Cámara desde esta tribuna de la
proposición no de ley sobre la realización del plan hidrológico de la
cuenca del Júcar. Seguro que estaremos todos de acuerdo en que el
problema del reparto o la asignación de los recursos hídricos es cuestión
tan antigua como compleja, tan compleja que --coincidiremos también, sin
duda-- la mayoría de las veces escapa al control del debate ideológico,
apartándose de él, incluso a veces no respondiendo ni a los más
elementales principios que unen a través de la ideología, convirtiéndose
en habitual fuente de problemas a veces irresolubles por esta vía
ideológica y trasladándose al ámbito territorial, donde los problemas son
más irresolubles todavía y donde cuesta mucho más encontrar las
decisiones a adoptar para que exista un acuerdo. Parece que es inevitable
que sea así. El agua es una necesidad, es elemento necesario para el
desarrollo de los pueblos, y como tal... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ballesteros.
Señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio. Señora
Rubiales, señor Amate, resulta difícil escuchar al orador incluso desde
la Presidencia, que está más cerca de la tribuna donde está haciendo el
orador uso de la palabra. Ruego a quien tenga que despachar sus asuntos
que abandone el hemiciclo.
Continúe, señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias, señor Presidente, por su amparo.
Decía que es inevitable porque el agua es un elemento necesario para el
desarrollo de los pueblos y es fuente de no pocas luchas por esta misma
necesidad: luchas para conseguirla, luchas por retenerla o luchas para
repartirla. Por todo ello, se hace tan necesaria en este tipo de debates
la contribución con importantes dosis de racionalidad y de sensatez como
el abandono de las posiciones demagógicas en esas posiciones
electoralistas con que gustan exhibirse ciertos grupos políticos o
ciertos políticos que creen encontrar aquí un filón, el filón vital de su
discurso; políticos que manipulando la información sobre la realidad del
problema, que, como decimos, de por sí ya es complejo, llevándolo a la
simplificación demagógica, como lo estamos viendo en estos días, no hacen
sino contribuir a aumentar, y desde luego sobremanera, a este problema,
impidiendo cualquier consenso posible y cualquier resolución positiva al
problema. Por esto es tan importante como preciso desalojar de estos
debates a aquellos irresponsables políticos que no buscan más que un
aprovechamiento personal, a aquellos que montan campañas con dinero
público, a aquellos que montan campañas en su propio beneficio, en su
particular beneficio; y estoy seguro de que muchas de
SS. SS. saben a qué y a quién me estoy refiriendo.
Es preciso un especial esfuerzo, digo, de responsabilidad política por
parte de todos los grupos, sea cual fuere la posición ideológica en la
que se encuentren. Esta responsabilidad procedente de la sensatez, de la
racionalidad y, por tanto, del abandono de las posturas demagógicas
tiene, primero, que ir encaminada hacia un consenso que estimo tiene que
ser en dos vías, un consenso político, de los grupos políticos, y un
consenso territorial entre las distintas comunidades autónomas; y desde
otro punto de vista tiene que abordarse, desde luego, desde los
principios básicos y constitucionales, como decimos en la proposición no
de ley, de igualdad y solidaridad interregional, pues no cabe duda de que
el agua es, como decía, elemento generador de riqueza y por ello puede
ser un elemento generador y distorsionador de los problemas de
desigualdades y de insolidaridades; y estas son precisamente las que hay
que evitar en este tipo de debates. Estos son los elementos más
importantes que presenta la proposición no de ley sobre la conclusión del
plan hidrológico de la cuenca del río Júcar y, por tanto, los principios
que inspiran nuestra iniciativa parlamentaria: la igualdad constitucional
junto a la solidaridad, dentro del respeto a las leyes, es lo que hace la
exposición de motivos de la proposición no de ley que presentamos,
siempre con respeto, evidentemente, a la Ley de Aguas y al reglamento.
Así, por nuestra parte, cumplimos sobradamente la voluntad del consenso
que estamos enunciando como indispensable para abordar estos temas. Ahora
se hace realidad para un problema concreto en esta Cámara que no
encontraba solución a través del tiempo, un problema que debió abordarse
ya hace mucho tiempo en la conclusión, concretamente el plan hidrológico
de la cuenca del río Júcar. Señor Presidente, señorías, para una buena
conclusión respecto del plan de la cuenca del río Júcar es necesario
hacer un análisis sobre cuál es la situación actual, pues no se puede
llegar a la resolución de los problemas sin analizar éstos.
Como se expresa claramente en la exposición de motivos que debatimos, el
retraso que ha sufrido la planificación hidrológica no tiene
justificación alguna. Este retraso supone que la situación actual
respecto de los derechos hídricos del río Júcar sea poco deseable, al no
existir una planificación hidrológica que establezca cuál es la
distribución de los derechos del agua. Todo
ello a pesar de que son diversas las normas posconstitucionales que
llevan hacia la planificación hidrológica y que entienden como esencial
la planificación hidrológica. Ya en 1979 el Real Decreto 3029, de 7 de
diciembre, regulaba la realización de los estudios previos para la
planificación hidrológica. La misma Ley de Aguas, en el título III,
establece como algo esencial para conseguir la mejor satisfacción de las
demandas de agua y equilibrio y armonización --dice literalmente-- del
desarrollo regional y sectorial la planificación hidrológica; después de
ésta, el reglamento que la desarrolla, el de planificación hidrológica,
aprobado por Real Decreto 927, de 1988, de 29 de julio. Pues bien,
después de todas estas normas e intenciones de planificación hidrológica,
en el momento actual no existe increíblemente ninguna planificación
hidrológica. Quizá este --también vamos a convenir-- no sea el momento de
recordar quién es el autor o quién es el responsable de que ahora no
tengamos planificación hidrológica. Yo creo que podemos prescindir de
este debate, esta tarde, por cuanto que lo que queremos es el consenso y
en ello tenemos que trabajar. Pero no se puede prescindir de que las
otras partes implicadas, el resto de los grupos políticos y --por qué no
decirlo-- quizás algunos políticos pasen de la ficción a la realidad
--esto es imprescindible para el consenso--, del engaño a la verdad, de
la frivolidad a la seriedad. Es importantísimo que se abandonen la
frivolidad y el engaño. Es hora de dejar de hacer demagogia partidista
con el único fin de desgastar unas veces la imagen del Gobierno, que
gobierna bien y gobierna, y otras veces de llenar el vacío de esos
gobiernos regionales que no gobiernan ni han gobernado nunca sino con
otro tipo de actos. Esta será la única forma en que todos nos podamos
poner de acuerdo a trabajar por los intereses de todos, dando soluciones
a problemas tan graves como éste. Será la única forma, seguro, de que
tratemos con igualdad a las distintas comunidades afectadas. Será la
única forma de que los problemas serios se traten seriamente en los foros
donde corresponde, y no donde se pueda distorsionar. Y este, señorías, es
el foro, porque es aquí donde hay que tratar la problemática del agua, es
desde aquí desde donde se ha de instar al Gobierno de la nación a que
concluya un plan hidrológico o a que introduzca obligatoriamente los
elementos constitucionales de igualdad y solidaridad.
Esta tarde, señor Presidente, después de las enmiendas presentadas a esta
proposición no de ley, se ha llegado a una transacción entre todos los
grupos que también tengo el honor de presentarle y que, en lo que se
refiere al acuerdo, dice literalmente que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a, primero, que en cumplimiento y desarrollo de la
Constitución, la Ley de Aguas y el reglamento que la desarrolla se
proceda a la aprobación, con la mayor brevedad posible, del plan
hidrológico de la cuenca del Júcar, desde el respeto a dichas normas
constitucionales y de forma consensuada entre las comunidades autónomas
implicadas, con aprobación de las directrices oportunas que cumplan los
textos referidos. El plan deberá garantizar la ejecución de las
inversiones que se deriven de las mismas en todas las comunidades
afectadas. Segundo, remitir al Consejo Nacional del Agua, a la mayor
brevedad posible, los planes hidrológicos de la cuenca del Tajo...
El señor PRESIDENTE: Señor Ballesteros, vaya concluyendo.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Voy concluyendo, señor Presidente.
...Segura, Baleares, Canarias y Galicia costa, una vez elaborados por los
respectivos organismos de cuenca o por la administración hidráulica
competente en las cuencas comprendidas íntegramente en el ámbito
territorial de una comunidad autónoma. Tercero, aprobar definitivamente
la totalidad de los planes hidrológicos de cuenca antes del 31 de
diciembre de 1997. Y cuarto, remitir a esta Cámara un plan hidrológico
nacional, antes del 31 de diciembre de 1998, que permita abordar con
éxito su aplicación en coordinación con los planes hidrológicos de cuenca
y con el Plan Hidrológico Nacional de regadíos.
Señor Presidente, señorías, no distorsiona en nada la motivación, la
exposición de motivos y el acuerdo de la proposición no de ley. Creo que
satisface a todos los grupos en cuanto a las enmiendas que éstos han
presentado y así parece que vamos a llegar a un consenso y a una gran
unanimidad sobre las aguas del río Júcar y de otras cuencas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.
Si el grupo proponente ha presentado un texto que parece que tiene el
acuerdo de diversos grupos parlamentarios, ¿cuáles desean fijar su
posición al respecto? (Pausa.) Grupo Mixto, Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), Grupo de Izquierda Unida y Grupo Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar posición respecto a la proposición no de
ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la realización del plan
hidrológico de la cuenca del Júcar en su origen y que afortunadamente ha
derivado en un texto consensuado respecto a esa realización, que, a su
vez, ha derivado en otro desiderátum de actuaciones que acabaría en
diciembre de 1998, si la legislatura acaba cuando tiene que acabar,
aprobándose por fin el Plan Hidrológico Nacional, después de que en el
año 1985 se aprobara la Ley de Aguas. Más vale tarde que nunca.
Quiero empezar haciendo un pequeño repaso cronológico en el tema que nos
ocupa, porque es el cuarto o quinto debate en Pleno o en Comisión
respecto al agua, el Plan Hidrológico Nacional, los planes de cuenca,
trasvases y política hidráulica en general en poco más de un año de
legislatura. El pasado 14 de enero se firmó un convenio entre la
Generalitat valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente respecto a la
redistribución de los ahorros y el uso más eficiente de las
infraestructuras hidráulicas, en el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana, sin entrar, entorpecer ni invadir en ninguna de sus cláusulas
ningún otro ámbito competencial ni territorial. Como digo, el 14 de enero
se firma este convenio y, rápidamente, el político al que se refería mi
buen amigo Atanasio Ballesteros inició una campaña en Castilla-La Mancha
desprestigiando ese convenio e incluso vertiendo mentiras sobre su
contenido y alguna de sus cláusulas, lo que terminó con un recurso ante
los órganos jurisdiccionales, recurso que ha sido admitido a trámite y en
el que la Generalitat valenciana va a ser parte personada, en defensa de
lo que pensamos que es un convenio que defiende los legítimos intereses
de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana desde la óptica territorial
valenciana, sin invadir ningún otro ámbito competencial o territorial.
También es verdad que, un poco presionados, entre comillas, por ese
político autonómico de Castilla-La Mancha, el Partido Popular, con fecha
4 de febrero, presenta una proposición no de ley que --lamento decírselo
al señor Ballesteros-- difiere, y mucho, del texto que ahora vamos a
consensuar. Difiere mucho, empezando por la exposición de motivos. A
usted y a mí, que tuvimos los mismos profesores en la Facultad de Derecho
de Valencia, nos explicaron que una exposición de motivos es una parte
sustancial e importante de la ley que después, artículo a artículo, se va
aprobando. Por tanto, tengo que decirle que no apoyo la postura que ha
defendido en su intervención diciendo que la exposición de motivos de su
proposición no difiere del texto que vamos a aprobar, cuando difiere de
una manera muy importante desde el ámbito territorial y competencial
valenciano.
En la exposición de motivos de su proposición, presentada el 4 de
febrero, se habla de unos principios con los que estamos plenamente de
acuerdo, igualdad, solidaridad y justicia, pero también esa exposición de
motivos deviene desigual, insolidaria e injusta respecto a una comunidad,
la castellano-manchega, muy afectada respecto a los usos y derechos
históricos sobre el agua del Júcar. Estamos de acuerdo en la primera
parte, cuando habla de todos los derechos constitucionales, de la Ley de
Aguas, del reglamento, etcétera, como también estamos de acuerdo en la
última parte de su exposición de motivos del 4 de febrero, cuando habla
de los abastecimientos de Albacete y Cuenca, y no tan de acuerdo cuando
habla de los derechos sobre las zonas regables de Albacete y Cuenca,
aunque lo dejaríamos pasar. Pero cuando habla del reconocimiento de los
derechos hídricos necesarios para poner en marcha aquellas zonas regables
reconocidas en el Real Decreto 950/1989, las tantas veces reclamadas
50.000 hectáreas de nuevo regadío en Castilla-La Mancha, tengo que
refrescarle algunas de las opiniones que compañeros del Partido Popular
en la Comunidad Valenciana e incluso el actual Presidente de la misma han
dicho al respecto y que se contradicen con la última parte del texto que
se va a consensuar hoy, porque se dice que hay que hacer un plan nacional
de regadíos, que hay que ver la viabilidad y que hay que planificar, y
tengo que decirle que ustedes criticaron en su día que el decreto Romero,
de 1989, se hacía sin planificación, sin estudios y era antieconómico e
inviable agrícolamente hablando. Por tanto, no diga que la exposición de
motivos de su texto del 4 de febrero al de hoy, que afortunadamente se va
a consensuar, no dista; dista como de aquí a París andando sin
zapatillas. Tanto como eso por no echársela más larga.
Por eso, si estamos defendiendo igualdad, solidaridad y justicia, esos
principios que nosotros defendemos, nos los creemos y los asumimos,
creemos importante el consenso de la proposición no de ley, empezando por
la exposición de motivos que vamos a apoyar en el día de hoy y que,
repito, se avala en cuestiones que rompen la igualdad, rompen la
solidaridad y son tremendamente injustas, porque tan históricos...
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Tan históricos como puedan ser los derechos de Castilla-La Mancha, que no
los voy a poner en duda, Dios me libre, sí que tengo que decir que las
50.000 hectáreas de las que ustedes hablan en su primera exposición de
motivos adolecen de falta de planificación y su inviabilidad económica es
contrastada por numerosos estudios que obran en el propio ministerio y
que sus diputados en la Comunidad Valenciana y su presidente autonómico
en su día, cuando estaban en la oposición, recurrieron el decreto Romero
en el año 1989, junto a otras instituciones valencianas, además de
partidos políticos, entre ellos el Popular.
Creo que el texto que se alcanza hoy es muy importante, porque igual que
habla de los derechos de Castilla-La Mancha habla de los derechos
históricos del regadío valenciano, que no pueden ser puestos en duda por
ningún partido político porque es eso, un derecho histórico del regadío
valenciano. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de los problemas de
abastecimiento, la provincia de Valencia, directamente dependiente del
Júcar, tiene problemas de abastecimiento urbano y en zonas turísticas de
gran necesidad y de urgente actuación. Por tanto, me quedo con la
exposición de motivos que hemos consensuado a última hora, y espero
que la exposición de motivos del 4 de febrero fuera un lapsus por la
presión a que les sometió el señor Bono. Por el bien de Castilla-La
Mancha y por el bien de la Comunidad Valenciana, la exposición de motivos
satisface los derechos de todos y puede dar solución a un tema al que
otros no dieron solución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, en aras del principio que ha invocado el señor Ballesteros
como ponente de la iniciativa y en el preámbulo de la misma hemos
querido, en la sensibilidad de nuestra comunidad autónoma por el tema del
agua, tanto para abastecimiento público como para regadío y agricultura,
poner nuestra firma en este documento de consenso. Entendemos el
principio de la solidaridad constitucional que se invoca en el propio
preámbulo y entendemos, fundamentalmente, que la política hidrológica en
España debe estar siempre consensuada, sobre todo en el territorio
peninsular, problema que no tenemos nosotros en el territorio de nuestra
comunidad autónoma pero nos hacemos solidarios del mismo, porque tiene
que ser una política pacificada siempre. Todas las administraciones
públicas, el Gobierno de UCD en su momento, el Gobierno del PSOE en el
suyo, ahora el Gobierno del PP, se encuentran a menudo en la obligación
de ser jueces administradores, como un auténtico tribunal de las aguas, y
que a veces no dejan satisfechas las necesidades de caudal, sobre todo de
riego, de abastecimiento público, que se dan en los desequilibrios de
cuenca. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) En este caso, introducir la cuenca del Júcar en el plan
hidrológico lo creemos importante, sobre todo porque va a afectar a una
provincia, aparte de la de Cuenca, la de Albacete, que tradicionalmente
constituyó una especie de campo de pruebas y de escaparate en la
aplicación y utilización de las aguas freáticas, de las aguas subálveas,
que permitieron poner en regadío grandes extensiones de superficie
agraria que, si no, hubiera sido un secano heredero de aquellos cultivos
del esparto tradicional de la España de la postguerra, es decir, un
cultivo de la pobreza por la carencia entonces de unos recursos hídricos
que permitieran un aprovechamiento para regadíos de alto rendimiento
económico, forrajeras, etcétera.
Pues bien, en aquellas experiencias que en su día por sondeo realizó el
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, el Iryda, en la
provincia de Albacete, se puso de manifiesto que era necesario que toda
la cuenca del Júcar tuviera también un aprovechamiento racional, no
competitivo ni sustractivo de otras áreas de los territorios autonómicos
próximos y vecinos, bien sea de la Comunidad Valencia, bien sea de la
provincia de Murcia, bien sea de otras de las provincias que con
necesidades de caudales hidrológicos y ecológicos tuvieran perentoriedad
del mismo. Entendemos que hay que conducirse en esa línea de solidaridad,
pacificando toda la administración del agua en España; que no sea siempre
un motivo de irritación, un motivo para arrojar acusaciones recíprocas
entre sectores, porque tendríamos que estar todos de acuerdo en la
administración de un recurso limitado. Es necesario que, junto a ese
caudal de agua subterránea que siempre ha tenido la provincia de
Albacete, hagamos un aprovechamiento de aguas de superficie sobre lo que
es el espinazo del río Júcar.
Nada más, señor Presidente, sino mostrar nuestro apoyo, como cofirmantes
de la iniciativa, con nuestro voto positivo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Hace unos meses se aprobó en esta Cámara una moción que daba un plazo,
plazo que si no ha vencido está a punto de vencer. En todo caso, se
podrían dar unos días de cortesía parlamentaria para que la señora
Ministra de Medio Ambiente venga a darnos una serie de explicaciones y
nos informe sobre el tema hidrológico. Por eso me extrañó mucho la
proposición no de ley que nos presentaba el Grupo Popular, basada en la
aplicación de la Constitución en todo lo que hace referencia a la
solidaridad, a un equilibrio económico adecuado, a promover las
condiciones necesarias de igualdad. El aspecto más técnico y concreto del
agua lo basa en el título III de la Ley de Aguas y en algún artículo del
título preliminar. Como resultado, viene a esta Cámara una proposición no
de ley sobre el plan hidrológico de la cuenca del Júcar. Cuando en estos
momentos quedan seis planes de cuenca por redactar, nos parecía que aquí
tenía que haber algún motivo concreto; ya se ha explicado aquí el motivo
concreto: el convenio y las actuaciones de otras personas respecto a ese
convenio.
Esto a nosotros no nos parecía bien y presentamos una enmienda. Si al
firmar la transaccional debemos retirarla, hago constar que lo hacemos;
posiblemente la retirada sea automática al haber presentado y firmado la
transaccional. En dicha enmienda generalizábamos todos los planes que
quedan pendientes. Lo hacíamos así porque el plazo que se concedía,
después de la moción que se aprobó, ya se ha cumplido. Si no, hubiésemos
recabado de todos los grupos su aplazamiento
para cumplir con lo que presentamos en esta Cámara, porque si hace unos
meses dijimos que esperaríamos a una fecha determinada, creemos que
habría que haberlo hecho. Como estamos cerca de esa fecha, aceptamos que
se haya tramitado la transaccional, a la que hemos contribuido. Esperamos
que el consenso que se ha obtenido al firmar la enmienda transaccional
sea una muestra más --siempre pedida por nosotros-- de la serenidad en
todos los debates sobre el agua. Creo, y vuelvo a repetirlo, que sería
interesante que continuásemos en esta actitud de consenso sereno. Por
tanto, estamos contentos de que por parte de todos los grupos se pueda
obtener la votación favorable de una enmienda transaccional sobre un tema
tan concreto como es la realización del plan hidrológico de la cuenca del
Júcar, aunque con la transaccional se ha ampliado a todo lo que falta
para terminar de una vez la tramitación del Plan Hidrológico Nacional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el debate que en estos momentos nos ocupa tiene su origen en
una iniciativa, en concreto, en una proposición no de ley del Grupo
Popular. La comprensión de dicha proposición no de ley requiere recordar,
tal y como se ha puesto de manifiesto en alguna intervención anterior,
que en enero del presente año, el Ministerio de Medio Ambiente suscribe
un convenio con una comunidad autónoma determinada que incide en el agua
de un río, el río Júcar, que discurre por varias comunidades autónomas.
Lógicamente, sobre el mismo tienen intereses distintas comunidades
autónomas.
A raíz de ese convenio, días o semanas después el Grupo Popular presenta
la proposición no de ley origen de este debate, que da la impresión de
que atiende exclusivamente a la comunidad autónoma que no había suscrito
el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. Unicamente así se
explica que en la exposición de motivos de esa proposición no de ley,
como ha sido puesto de manifiesto en este debate, sólo se contengan
referencias a esa otra comunidad autónoma. En definitiva, el Grupo
Popular del Congreso de los Diputados reproducía en su proposición no de
ley esa visión particularista, no global, que había conducido a la
Ministra de Medio Ambiente a suscribir, en su día, el citado convenio con
una comunidad autónoma.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado una enmienda a
esta proposición no de ley. Afortunadamente, en estos momentos el debate
ya no se centra en esa proposición no de ley inicial del Grupo Popular,
sino que estamos hablando de un texto que ha sido suscrito por todos los
grupos parlamentarios, que todos nos consideramos autores del mismo y que
todos nos reconocemos en el mismo, y eso ha implicado no sólo un cambio
radical en cuanto a la autoría del texto que finalmente apruebe esta
Cámara, sino que ha significado un cambio radical en cuanto a la
filosofía con que se aborda el problema. En lugar de una filosofía
particularista, a la que he hecho referencia anteriormente, según la cual
se trata un tema que afecta a varias comunidades autónomas
individualmente con cada una de ellas, se propugna y se promueve una
filosofía de concertación y de planificación; precisamente la filosofía
que impregna la Ley de Aguas en los textos que han sido citados en la
misma, en los textos que se recogen finalmente en la exposición de
motivos del texto acordado por todos, filosofía que, en definitiva, es la
concreción, en un ámbito específico y particularmente sensible e
importante como es el agua, de principios constitucionales. Por tanto,
una filosofía de la planificación global frente a una filosofía de
convenios particularizados. Señor Presidente, señorías, nos parece
importante poner de manifiesto que es una filosofía del consenso global
frente a las soluciones individualizadas que, como se ha visto en la
experiencia reciente, sólo sirven para provocar el conflicto.
Siendo conscientes, como lo somos todos los Diputados y todos los grupos
parlamentarios, de que éste es un tema muy delicado y muy sensible,
deberíamos ser coherentes con lo que hemos firmado. No dedicarnos, por
tanto, a hablar de políticos ausentes de esta Cámara para
descalificarlos; no tirarnos los trastos unos contra otros, sino
reconocer que todos aquí hemos sido capaces de hacer un esfuerzo
importante, que alumbra un texto de consenso, que es y debe ser la vía de
solución de un problema muy sensible a nivel mundial incluso, pero en
concreto en nuestro Estado, en el Estado español, y que la solución del
mismo debe pasar por el consenso y por la aplicación de los principios
que aquí firmamos. Esta es la voluntad del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, por tanto, no queremos mirar
al pasado. Nos comprometemos con este texto y vamos a ser rigurosos en
pedir su cumplimiento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, conviene recordar que el agua es un recurso natural escaso,
aunque renovable, indispensable para
la vida humana y la mayoría de sus actividades económicas; es
irremplazable, no ampliable por mera voluntad humana, irregular en su
presentación en el tiempo y en el espacio, vulnerable y susceptible de
usos sucesivos. He hecho esta declaración, que en hermosa concisión
recoge nuestra Ley de Aguas en su preámbulo, para poner de manifiesto,
señorías, que hoy las sociedades modernas se inquietan, a veces se
angustian, asocian incluso la tranquilidad de su futuro a la existencia y
acceso igualitario a este preciado recurso.
¿Cómo podemos solucionar los problemas a los que nos enfrentamos? El
señor Sedó tuvo la generosidad, en un debate celebrado hace poco tiempo,
de facilitarnos una parte de la solución. Reconoció que con los
anteriores gobiernos se habían desarrollado debates en profundidad, con
rigor y con sosiego. Y yo añadiría: es preciso la garantía de la
titularidad pública en la administración de este recurso y el instrumento
del diálogo.
Yo lamento, señorías, y quiero hacerlo con serenidad, que estos cuatro
extremos (sólo hace falta leer los «Diarios de Sesiones» desde que
tenemos nuevo Gobierno) se están perdiendo; y se están perdiendo porque
el Gobierno cree poco en la indispensable planificación que esta
proposición no de ley que hoy vamos a aprobar por unanimidad --espero--
sí recoge. Y no lo digo con afán detectivesco, cito las palabras de la
señora Ministra de Medio Ambiente en un debate celebrado aquí el 25 de
septiembre: hoy en día se ha olvidado ya este concepto de planificación
--decía--, ya nadie planifica nada; se programa, se orienta.
Sí debe existir planificación, señorías, y padecen la planificación y el
rigor cuando se abandona y sin el paraguas del instrumento necesario se
aborda, bien que a veces al amparo de la urgencia y la necesidad, el
desarrollo de actuaciones que deberían venir presididas por el principio
de la planificación.
Señorías, ¿qué decir del problema del diálogo? Esta proposición no de ley
constituye una reacción, una especie de mecanismo pendular ante la
tormenta, desgraciadamente no de agua, sí de inquietud, de angustia, que
en una parte del territorio español se desató gracias a las actuaciones
de este Gobierno, y se hizo sin tener en cuenta el instrumento necesario,
señorías: el del diálogo. Ello llevó a decir, por ejemplo, a un
editorialista no comprometido con los intereses de uno u otro territorio
que el gesto del Gobierno no es sólo sospechoso de partidismo, lo es
también de una forma de actuar que se ha asentado en este ministerio y
que consiste en rechazar el diálogo con las partes implicadas.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley. ¡Cómo no, si se
aproxima a lo que aquí defendimos el pasado mes de febrero! ¡Cómo no, si
propone la restauración del principio de la planificación! No quiero
citar a políticos ausentes, pero no me obligue, señor Ballesteros, a
sacar aquí declaraciones de algunos políticos en algunos territorios;
debemos desterrarlas, estoy de acuerdo con ello. Pero tenemos una grave
preocupación, que tiene que ver con el tercer elemento que yo citaba: la
garantía de lo público, la garantía de la intervención pública en la
materia. Desde Joaquín Costa por lo menos, señoras y señores Diputados,
sabemos que en un país con las características de España sólo el Estado
puede proveer de forma igualitaria la garantía en el acceso de este
recurso. Lo sabemos perfectamente, pero nos inquieta lo que aquí se dijo
el 19 de febrero de 1997, que fue lo siguiente: se van a hacer obras a
partir de ahora --dijo la señora Ministra-- que los ciudadanos necesitan,
que van a pagar, que van a disfrutar, pero que no se van a cargar en los
Presupuestos Generales del Estado.
Nos preocupa porque esto significa que, a partir de ahora, la
intervención del presupuesto del Estado va a ser plenamente excepcional.
Se produce una retirada estratégica de la iniciativa pública en la
materia, y yo pregunto, señorías: ¿les han dicho a los ciudadanos de la
Comunidad Autónoma Valenciana que los 46.000 millones que compromete el
Gobierno a la firma de su convenio tienen que pagarlos ellos? ¿Les han
dicho que serán ellos quienes se han de hacer cargo de la modernización
de los regadíos, de la reforma de los abastecimientos de agua a
poblaciones, de las obras hidráulicas necesarias para ello, o de las
obras que se necesitan para la utilización de aguas depuradas? Señorías,
tenemos una gravísima preocupación, que es la siguiente: a partir de
ahora, parece que la necesidad de la satisfacción de este elemental
recurso para la vida humana y las necesidades económicas no va a depender
ya ni de la urgencia, ni de la necesidad, ni de los equilibrios
territoriales o ambientales, ni de la cohesión, sino, bien al contrario,
de la posibilidad de que por parte de la iniciativa privada se
rentabilicen las inversiones privadas. Y si eso da lugar, como sin duda
dará, a un precio abusivo de este elemental recurso en actividades como
la agraria o el abastecimiento a la población humana, ¿sólo podrán
acceder a él quienes dispongan de suficientes recursos? Por eso, la
enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista proponía un
añadido esencial, que ha sido recogido y lo saludamos profundamente,
afirmando que, una vez aprobado el plan hidrológico del Júcar, han de
garantizarse las inversiones necesarias en las comunidades autónomas
afectadas. Y esto, de algún modo, significa una desautorización, al menos
implícita, de las acciones del Gobierno. Y nosotros nos alegramos de que
la Cámara contribuya a restaurar un clima de confianza que nunca se
debiera haber perdido.
Por último, señor Sedó, también padece el sosiego. Padece el sosiego
necesario que hoy recuperamos, desde el punto y hora en que determinados
discursos, efectivamente desde la frivolidad, señor Ballesteros, sólo
saben imputar la ausencia de respuesta ante las responsabilidades que hoy
se tienen desde el Gobierno
a anteriores administraciones con el banal e inquietantemente superficial
argumento de que en 14 años no hicieron nada.
Señorías, sepamos recibir las herencias que han garantizado los
ciudadanos españoles. No desairemos a quienes en una y otra y otra y otra
ocasión concedieron su confianza a quienes, en su nombre, destinaron
importantísimas cantidades a la inversión hidráulica. Reconozcamos,
señorías, que aquellos gobiernos permitieron --y así lo va a reconocer
hoy esta proposición no de ley-- avanzar muchísimo en la planificación
hidrológica del país y nos permitieron poder acabar en el plazo de un año
el cierre definitivo de la misma. Reconozcamos, señorías, porque es de
justicia hacerlo, con respeto a los ciudadanos que así lo decidieron, que
hemos transitado por una sequía de extraordinaria importancia, de
raigambre histórica, no conocida en este país y que se ha podido salir de
ella sin consecuencias irreparables --naturalmente, sí con algunas
consecuencias, pero no irreparables-- gracias al esfuerzo no de un
gobierno, sino de un conjunto de ciudadanos que al darle su confianza
permitieron destinar importantísimos recursos a la obra pública y que así
continúe. Nosotros apoyaremos esta proposición no de ley en la
inteligencia de que la planificación es un elemento esencial y, sobre
todo y ante todo, en que los ciudadanos, tanto de la Comunidad Autónoma
Valenciana como de la Comunidad de Castilla-La Mancha, tienen pleno
derecho a ver satisfechas sus necesidades, de acuerdo con la prelación
que establece la legislación actual contenida en la Ley de Aguas.
Restauremos esa confianza y esta Cámara hoy habrá hecho un sensacional
trabajo de cara al futuro, aunque haya desautorizado al Gobierno de la
nación. (Aplausos.--El señor Ballesteros Morcillo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera.
Señor Ballesteros, ¿con qué motivo solicita la palabra?
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor Presidente, para manifestar nuestra
aceptación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la
palabra por un tiempo de tres minutos.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, entiendo que hoy es un día especial para solucionar el
problema del agua. Mi grupo parlamentario considera que hay que agradecer
este importante consenso a los distintos grupos políticos que han firmado
y que van a votar favorablemente este gran acuerdo para llegar a una
planificación hidrológica sensata.
Yo creo, señor Chiquillo --y el señor Peralta, por el Grupo de Izquierda
Unida, lo ha entendido perfectamente--, que la filosofía entre una
exposición de motivos y otra no varía absolutamente nada, ni un ápice.
Siempre y cuando aparezca en la exposición de motivos la solidaridad
interregional, siempre y cuando aparezca la igualdad entre los distintos
territorios y nacionalidades del Estado español, siempre y cuando
aparezca el consenso, lo demás me sobra, el Real Decreto 950 y lo demás,
porque sólo se podrá hacer desde esos puntos de vista y desde esa
filosofía. Da lo mismo citar los regadíos históricos, porque tendrán que
aparecer, que citar el real decreto. No hace falta que se lo diga yo,
señor Chiquillo, es un real decreto y está publicado en el Boletín
Oficial del Estado; no hace falta que lo diga en mi exposición de
motivos. Efectivamente, siempre hemos dicho que ese real decreto no
proporcionaba los recursos hídricos necesarios para poner esas hectáreas.
Lo hemos criticado y seguimos en ello. Esta noche no lo hemos hecho
porque no era ésa la cuestión. Lo importante era el consenso, pero, desde
luego, no se le han adjudicado derechos hídricos al Real Decreto 950 de
1989. Ciertamente, hemos estudiado Derecho juntos, pero a usted se le ha
debido olvidar que la exposición de motivos no tiene fuerza de ley, y
menos todavía en una proposición no de ley.
Agradezco la sensatez y la inteligencia del señor Peralta, del Grupo de
Izquierda Unida, en la comprensión de lo que es la filosofía de este gran
acuerdo. Porque, aparte de los particularismos y de los ejemplos citados
en la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo
Popular, lo que subyace son los derechos constitucionales, los derechos
de sanción constitucional, al margen de que se pongan como ejemplo, en mi
caso y desde mi circunscripción, los derechos del Real Decreto 950 o los
derechos históricos de su tierra.
Señor Caldera, yo creo que no es ninguna frivolidad hacer alusión al
tiempo en el que se podían haber solucionado estas cosas. Yo creo que la
política hidráulica es la que es, y hay que decirlo. Desde mi punto de
vista, y para conseguir el consenso, he intentado eludir al máximo
cualquier tipo de crítica, pero es que desde 1979 no hay política
hidráulica, no hay un plan hidrológico de cuenca aprobado, ninguno; no
hay un Plan Hidrológico Nacional. En el «Diario de Sesiones» número 56 de
1994 el señor Borrell nos dice que no repitamos tanto que nuestro jefe de
filas, el señor Aznar, dice que concluyan ustedes los planes hidrológicos
de cuenca. Desde entonces lo estamos recordando. Yo he pasado como por
ascuas, pero es que es inevitable hacer ese tipo de alusiones.
Solamente me resta agradecer ese consenso.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ballesteros.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, sobre realización del plan hidrológico de la
cuenca del Júcar. en los términos resultantes de la enmienda
transaccional que ha sido suscrita por distintos grupos parlamentarios y
asumida por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 312; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE PAGO DE LA SUPERTASA DE LA
CAMPANA 1995-1996 CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, ASI
COMO A LA DOTACION DE MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA NACIONAL DE ABANDONOS
DE PRODUCCION, AL OBJETO DE CONSTITUIR UNA RESERVA NACIONAL DE CUOTAS
(Número de expediente 162/000061)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre pago de la supertasa de la campaña 1995-1996 con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, así como a la dotación de mayores
recursos al programa nacional de abandonos de producción, al objeto de
constituir una reserva natural de cuotas.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en esta ocasión, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, para defender una proposición no de ley en relación al sector
lácteo para la que pido a SS. SS. ya desde el primer momento el voto
favorable, porque entiendo que, dado el contenido de la misma, aprobarla
en este debate parlamentario sería sinónimo de dar respuesta a una
preocupación social, a una inquietud social que comparten miles de
productores, que comparten industrias lácteas, muchos territorios y
muchas comunidades autónomas. Quisiera decir desde el principio de mi
intervención que no afecta solamente a un territorio y a una comunidad
autónoma, como a veces se puede deducir o desprender de algunas
intervenciones, sino que afecta al conjunto del territorio. Aunque
ciertamente tiene más incidencia en alguna comunidad autónoma, como por
ejemplo la Comunidad Autónoma de Galicia, donde el sector lácteo tiene
una enorme importancia social y económica y es un sector estratégico,
este problema no es ajeno a otras comunidades autónomas como pueden ser
Cantabria, como puede ser Asturias, Castilla y León o, señorías del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), como puede ser la propia Cataluña.
Por eso yo hoy quisiera comenzar mi intervención apelando también a
cierto sentimiento de solidaridad para comprometernos desde este
Parlamento con un problema que tiene inquietados a miles de ganaderos; un
sentimiento de solidaridad para dar respuesta a un problema que de no
tener respuesta positiva de este Parlamento podría suponer el inicio de
un incierto futuro para miles de pequeñas explotaciones agrarias que, por
cierto, no tienen otra alternativa a la producción láctea. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Blanco.
Señorías, ruego a quienes están en los pasillos, en el centro y en los
laterales del hemiciclo manteniendo conversaciones paralelas a la
intervención del señor Blanco, que hagan el favor de desalojar y de
guardar silencio.
Puede continuar.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias. señor Presidente.
La proposición no de ley que hoy presentamos obedece, por tanto, a la
razón de dar respuesta a esta inquietud social ante la ausencia de
respuestas del Gobierno, a pesar de que en esta Cámara con ocasión de una
iniciativa de otro grupo, de otro Diputado de Galicia, ya hemos discutido
el tema a través de una interpelación y de una moción. En aquel momento
hablábamos de que había una amenaza cierta, de que el exceso de
producción láctea fuera objeto de una multa que repercutiera sobre los
ganaderos. Ahora ya no estamos hablando de amenaza cierta, estamos
hablando de una realidad que se está plasmando día a día con la
liquidación que está efectuando el ministerio y que está llegando a
productores a través de las industrias y esto, señorías, va a suponer un
freno para el desarrollo del sector e, insisto, puede suponer poner en
peligro la viabilidad de miles de explotaciones agrarias, de pequeñas
explotaciones agrarias que han producido por necesidad, para vivir y
poder garantizar su futuro en este sector.
La iniciativa también obedece a cierto retraso en conocer los datos del
ministerio. Hemos conocido los datos del ministerio correspondientes la
campaña pasada con un año de retraso. Ya ha finalizado la campaña 1996/97
y todavía no sabemos qué puede pasar con el conocimiento de estos datos.
Responde igualmente la iniciativa a otra preocupación, la preocupación de
saber que el Gobierno no tiene un programa de reordenación del sector
discutido con industriales y productores, aunque sí tenemos la
sospecha de que algún programa oculto, que puede suponer una reconversión
--permítanme la expresión salvaje--, pueda estar en la mente de algún
responsable del ministerio.
Alguien hoy apelará al proceso de negociación, porque siempre observamos
cómo algún grupo político tiene el paso cambiado y utiliza la estrategia
del cangrejo de mirar siempre hacia atrás. Es verdad que seguramente la
negociación no fue la mejor de las negociaciones posibles, pero tienen
que convenir conmigo que después de la negociación del año 1985 hubo una
renegociación que ha supuesto para este país aumentar su capacidad de
producir en más de 600.000 toneladas. ¿Por qué digo esto? Porque la
negociación de 1985 fue un marco de referencia, pero no es un marco que
no se pueda cambiar y el ejemplo lo hemos tenido en la renegociación del
año 1991. Por tanto, señorías, tenemos que pensar que, sin cuestionar el
sistema de cuotas, para seguir reordenando y modernizando el sector es
necesario compatibilizar este sistema, que ha supuesto un sistema de
protección y garantía en los precios de la leche, con la posibilidad de
un crecimiento ordenado de aquellas explotaciones que aún distan mucho de
la media europea en su capacidad de producir y en su capacidad de ser
rentables. Por eso, si la negociación de 1985 fue un marco de referencia,
con este precedente, cuando vamos a discutir en los próximos días la
reforma de la OCM de la leche, es necesario presionar para dar respuesta
a ese compromiso parlamentario de incremento de 1.000.000 de toneladas a
fin de equilibrar nuestro consumo interno a nuestra capacidad de
producir. En eso estamos de acuerdo.
Echo en falta en este momento que el ministerio articule un movimiento de
presión de productores, de industriales y de sindicatos agrarios, más
allá de la autosuficiencia del ministerio, que posibilite, como lo está
haciendo con el sector del olivo, una estrategia de presión frente a la
Unión Europea. Ahí podríamos estar todos. Tengo la impresión a estas
alturas, sobre todo lo deduzco de una reunión de importantes cargos del
ministerio con los sindicatos agrarios e industriales la semana pasada,
que el ministerio ya arrojó la toalla en la posibilidad de conseguir ese
incremento en 1.000.000 de toneladas. Da la impresión de que ya ha
arrojado la toalla. Da la impresión de que esa movilización que se hace
en el tema del olivo, por ejemplo, no se puede hacer en el tema de la
leche que para muchos territorios, como la Comunidad Autónoma de Galicia,
como Asturias o como Cantabria, es tan fundamental como puede ser el
sector del olivo para otros territorios. Pero ahí, señorías, estamos
hablando de otro tema.
Seguramente se podrá argumentar que estoy proponiendo que la supertasa se
asuma con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; alguien podrá
decir que estoy planteando una cuestión que no se ajusta a la legalidad,
pero en este mismo Pleno, miren ustedes por donde, vamos a aprobar un
crédito extraordinario de 47.000 millones de pesetas para hacer frente a
la supertasa de las campañas de 1990, 1991 y 1992. Por tanto, ¿cuándo
infringimos la legalidad? ¿O infringen la legalidad aquellas comunidades
autónomas que dicen que van a plantear avales para los recursos que están
haciendo las industrias lácteas? No se trata de un problema de legalidad;
hay que tratar de articular un mecanismo que posibilite que la supertasa
no recaiga sobre los agricultores porque en muchos casos podría suponer
el cierre de explotaciones y un duro golpe para un sector muy importante
en algún territorio.
Les voy a decir más. Después de publicarse la normativa comunitaria y
después de publicarse también el decreto del Gobierno del año 1994, en
este mismo Parlamento el actual Vicepresidente económico del Gobierno, en
aquellos tiempos portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el 27 de
octubre de 1994 presentaba una interpelación en la que planteaba que el
Gobierno asumiera los 205.000 millones de cuantía por la sanción de los
años a que he hecho referencia. Por tanto, ya existía la normativa
comunitaria y también el decreto de España; por eso, hoy pido al Grupo
Popular que sea coherente con la posición que mantenía cuando estaba en
la oposición y su voto sea en tal sentido.
Voy a decir algo más. Señores de otros territorios, de otras comunidades
autónomas o de otros grupos políticos, la supertasa también afecta a
otros territorios. Quiero decir expresamente a los responsables del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que su comunidad autónoma,
según los datos que hemos conocido, no oficiales porque no nos han
llegado, tiene que pagar por supertasa este año 1.283 millones de pesetas
que ustedes podían evitar que repercutieran sobre los agricultores de su
comunidad autónoma si hoy apoyaran esta iniciativa.
Por tanto, señorías, esta proposición no de ley que hoy discutimos
obedece a tres objetivos. Deseamos conocer oficialmente, pero
oficialmente porque mediante las preguntas parlamentarias no hubo
respuesta, los datos por exceso de producción de la campaña pasada que
llegaron tarde, un año después, y también que se nos diga cuál es el
horizonte de la campaña que finalizó el 31 de marzo, porque en estos
momentos ya hay una gran incertidumbre. Empresas lácteas están haciendo
declaraciones diciendo que en la campaña 1996/97 va a haber supertasa.
Sindicatos agrarios nada sospechosos, por cierto, de cooperación con este
grupo parlamentario, como son Jóvenes Agricultores, también están
diciendo que va a haber supertasa. El Ministerio de Agricultura está
diciendo que no va a haberla. Por tanto, la confusión sigue siendo la
nota predominante y, entretanto, las industrias están reteniendo los
pagos a los ganaderos, no están pagando a los ganaderos porque dicen que
si hay supertasa no quieren verse con el problema del año pasado. Si no
hay supertasa en la campaña 1996/97 díganlo pronto y
aclaren desde el ministerio a las industrias que no retengan los pagos y
que paguen ya a los agricultores.
No voy a insistir en el segundo aspecto de la proposición no de ley en el
sentido de que el Estado, como se vino haciendo hasta ahora, asuma la
supertasa con cargo a sus presupuestos hasta tanto no se reforme la OCM
de la leche y tengamos ya un horizonte claro de por dónde va a ir
definitivamente la capacidad de producir de nuestro país.
Voy a ir acabando, señor Presidente.
En relación al tercer punto de la proposición no de ley, a la reserva
nacional, es decir poner a disposición de los programas de abandono más
recursos para que se pueda permitir un aumento de la reserva nacional,
responde, señorías, a que ya en algún momento hubo un programa de estas
características que posibilitó rescatar 700.000 toneladas de leche para
distribuir precisamente con criterios territoriales o con criterios
sociales, y que aquellas personas que quisieran seguir creciendo pudieran
hacerlo.
En este momento esos temas son más importantes que nunca porque no se
puede dejar solamente en las manos del mercado privado la redistribución,
como parece que se deduce de alguna propuesta que también fue comentada
con los sindicatos agrarios. Esto sería tanto como asignar este tema en
función de capacidades económicas y no de las necesidades; por tanto,
podía llevar consigo implícitamente que de esta forma, no pudiendo
competir las pequeñas con las grandes explotaciones, se fueran eliminando
por la vía del mercado, si no hubiera un criterio de redistribución con
carácter social en el programa de reserva nacional.
Si a esto añadimos la incertidumbre que ustedes han generado con el
programa de calidad sanitaria de la leche, en aplicación de una normativa
comunitaria, el plan piloto que ustedes quieren poner en marcha
representa un gran problema para el sector, sobre todo para aquellos
territorios donde los procesos de modernización de las explotaciones
llegaron muy tarde, puede suponer una bajada (y éste es un papel del
ministerio que, si quieren, se lo puedo enseñar), de hasta 15 pesetas en
el precio del litro de leche y estaríamos ante un problema de gran
envergadura.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que es necesario despejar todas las
incertidumbres que planean sobre el sector lácteo y la forma de hacerlo
es aprobar una iniciativa que pretende apoyar sobre todo a aquellas
personas que tienen más dificultades, a las pequeñas explotaciones, a
aquellas que tuvieron necesidad de producir para poder ser competitivas,
para poder ser rentables, para poder tener un mínimo de calidad de vida y
para poder acercarse --que están todavía muy lejanas-- a la media de la
Unión Europea en nuestra capacidad de producir. Reiteramos nuestro
compromiso en la defensa de ese sector lácteo ahora cuando se va a
reformar la OCM de la leche, para posibilitar que nuestro país puede ver
aumentada esa capacidad de producción y, con la aprobación de esta
proposición no de ley, garantizar el desarrollo del sector. Es necesario
devolver al sector la tranquilidad y la confianza que en este momento no
tienen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
A la proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para
su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, como no podía ser
de otra forma, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya votará a favor de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, con una enmienda que hemos realizado
en el sentido de que, en nuestra opinión, la totalidad de los ganaderos
deben ser eximidos del pago de la supertasa, a excepción de aquellos que,
habiéndose acogido a un plan de abandono, han continuado produciendo.
Pensamos que es una medida de sentido común, porque si no realmente
estaríamos favoreciendo el fraude.
Solicitaría también del Grupo Parlamentario Socialista que en la
exposición de motivos --y esto es una enmienda que hago in voce--
recogiera la preocupación del sector lácteo en otras comunidades, como
puede ser la comunidad catalana, que si bien no tiene los problemas que
sufre el sector lácteo en la cornisa cantábrica, sí tiene otros problemas
derivados de la modernización que se ha realizado en esta comunidad y de
la innovación genética, todo lo cual ha supuesto unas inversiones
considerables.
Señorías, no podía ser de otra manera, teníamos que dar nuestra
aprobación a esta proposición no de ley porque nuestro grupo
parlamentario, ya en septiembre de 1994, presentó una proposición no de
ley --que salió aprobada por unanimidad, con una enmienda-- que incluía
varios puntos, pero en uno de ellos, el principal, se solicitaba a la
Unión Europea el incremento de 1.000.000 de toneladas en la cuota láctea
asignada a España, a fin de que con esta nueva ampliación se pudiesen
ajustar las necesidades reales de producción a la cantidad de referencia
asignada, todo lo cual tendría que permitir la rentabilidad de las
explotaciones ganaderas. En el segundo punto de aquella proposición no de
ley solicitábamos también que se eximiera del pago de la supertasa a los
ganaderos que se hubiesen excedido en su cuota. Señorías, en aquel tiempo
no tuvimos la suerte de que el Grupo Socialista votara a favor del punto
segundo de la proposición no de ley, y se dijo al Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya que el pago de la
supertasa era ineludible y que, por tanto, no era materia a tratar,
porque según la normativa comunitaria deberían pagarla
los ganaderos que se hubiesen excedido en la cuota.
Nosotros pensamos que si tuviésemos en cuenta mínimos parámetros de
coherencia en el Grupo Popular y en el Grupo Socialista, hoy esta
proposición no de ley tendría que prosperar, a no ser que el juego de las
posiciones --cuando se está en el Gobierno y cuando se está en la
oposición-- sea la causa del cambio absoluto. Creo que los tres puntos
que recoge la proposición no de ley, por las posiciones que hemos
expuesto en esta Cámara los distintos grupos parlamentarios, tanto en la
oposición como en el Gobierno, tendrían que ser fácilmente asumibles por
todos, pero --repito-- nosotros no podemos dejar que el segundo punto
quede de esta manera porque de los 27.146 ganaderos que deben hacer
frente a la supertasa hay 1.209 ganaderos que han producido sin cuota y
les corresponde la sanción de unos 1.117 millones de pesetas, que creemos
deberían pagar. En nuestro grupo parlamentario siempre hemos tenido una
preocupación importante con este sector, que es el de la lucha contra el
fraude que se produce a través de la compraventa en un mercado negro de
cuotas, que genera un proceso especulativo muy perjudicial para el
sector.
Había indicado al señor Blanco que nosotros pensábamos que debía constar
también otro tipo de explotaciones que no consta en la exposición de
motivos, porque si bien somos conscientes de que en la cornisa cantábrica
se dan situaciones de explotaciones muy pequeñas que tienen unos
problemas determinados y que son discriminados por las industrias,
incluso se les discrimina en el momento de ir a recoger la leche porque
consideran que están lejanos en sitios inaccesibles para poca cantidad y
que realmente tampoco se han acogido a los planes de abandono porque no
hay otras posibilidades sino continuar produciendo aunque sea en
situaciones tan precarias, hay otro sector que es el de la producción
intensiva, que afecta sobre todo a las explotaciones de Cataluña, que han
hecho, como he dicho, un verdadero esfuerzo de modernización y renovación
genética, y ahora las cuotas que se les han asignado son absolutamente
insuficientes.
Además, señorías, nos encontramos con otro problema y es que estos
ganaderos de ganadería intensiva que han realizado esfuerzos de
modernización, se encuentran en una situación de endeudamiento que les
impide el acceso al mercado de cuotas porque significa una inversión muy
costosa, y es por eso que consideramos importante la aprobación del
tercer punto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, en el que se habla de la reserva nacional y de la asignación
de cuotas de reserva nacional. Pensamos que debería ir esa reserva
nacional de forma gratuita a completar cuota tanto de las pequeñas
explotaciones, que tienen un número muy reducido de vacas y por tanto de
producción, como de aquellas que se encuentran a niveles de producción
mucho más elevados pero que todavía no son rentables.
En la proposición no de ley que nuestro grupo parlamentario presentó en
1994 hablábamos de que debía haber una participación de diversos sectores
en la gestión de las cuotas. Ante los problema de que campaña tras
campaña nos encontramos con errores tremendos, con descuentos que se
realizan por parte de las industrias a los ganaderos y que no han sido
previamente notificados, con una situación de inseguridad por parte de
los ganaderos que no saben si han superado o no han superado la cuota,
nosotros habíamos planteado la necesidad de constituir una mesa de
gestión de la cuota en la que participaran productores, participaran
industrias, las comunidades autónomas, y que ese trabajo se realizara no
en un proceso bilateral entre industria y comprador en esa compensación,
sino que esa primera compensación se realizase ya en las comunidades
autónomas con participación de los sectores implicados que son
fundamentalmente la industria y los productores. Creemos que con este
sistema daríamos una mayor transparencia a la gestión de las cuotas y
evitaríamos sobre todo que se produjeran situaciones de favoritismo por
parte de la industria a determinadas clases de productores.
Señorías, no se consideró oportuno en su momento votar a favor de la
constitución de la mesa de gestión de las cuotas y estimamos que es
necesario porque tenemos un modelo de gestión confuso y opaco, y nosotros
pensamos que se debería hacer con la participación decidida por parte de
las comunidades autónomas pero también a través de esa mesa.
En cuanto a la propuesta que ha hecho el Gobierno de reparto de la
penalización, también pensamos nosotros que la Comunidad Autónoma de
Cataluña queda tocada. Considerar por igual a todos aquellos que superen
las 150.000 toneladas está penalizando a un determinado tipo de
explotaciones, como son las explotaciones intensivas, de gran incidencia
en el territorio de Catalunya, que después de las inversiones que han
realizado, deberían tener como mínimo 200.000 ó 225.000 toneladas para
poder ser viables y hacer rentables sus explotaciones. Por tanto, el
sistema de reparto que fija esa penalización, en 1,7 millones de pesetas
a partir de las 150.000 toneladas, debería modificarse.
Somos conscientes del paso que ha dado la ministra Loyola de Palacio,
conocemos la carta de contestación del comisario Fischler en relación a
la solicitud de demanda, pero yo creo que es la oportunidad, ya que el
Partido Socialista nos lo brinda, ha cambiado de posición y está de
acuerdo en que los ganaderos que se han excedido no paguen la supertasa,
para que pudiera salir de este Pleno del Congreso de los Diputados una
proposición no de ley en la que en primer lugar, es cierto, se den de una
vez los datos, que no se espere como se está haciendo, campaña tras
campaña a facilitar los datos del exceso, de si hay previsiones de
superación
de la cuota, quién la ha superado, en qué comunidades autónomas se ha
superado y qué tipo de explotaciones la han superado. Creemos que una
mínima razón de transparencia debería obligar a todo Gobierno a
facilitarlo; y, por otra parte, que no haya ningún ganadero que
actualmente pague la cuota.
El Diputado Blanco nos ha recordado que el jueves veremos en este Pleno
un proyecto de ley de asignación de un crédito extraordinario de 47.000
millones de pesetas, que es lo que todavía va quedando de aquellos
famosos 205.000 millones de pesetas con los que en su día nos penalizó la
Unión Europea por exceso. Lo que se va de estos 47.000 millones de
pesetas para el exceso lo vamos a tener que detraer de otros pagos que
son también necesarios, y por tanto se requiere de una vez por todas que
se racionalice el sistema, que se vaya a una reserva nacional en la que
de forma gratuita se distribuya cuota a los diversos tipos de
explotaciones ganaderas para que realmente puedan compatibilizar unas la
explotación ganadera, como puede ser el caso de la cornisa cantábrica,
donde esa producción no puede ser a tiempo total, sino que forzosamente
tendrá que ser a tiempo parcial, pero que puedan vivir también de sus
explotaciones ganaderas, y aquellas explotaciones que pueden vivir y ser
viables si se les asigna una cuota suficiente, la puedan tener. Por
tanto, debemos hacer un esfuerzo en la reserva nacional, que este año
creemos es ya absolutamente insuficiente (creo recordar que eran 6.600
millones y solamente con el exceso de esta cuota nos vamos a tener que
gastar más de 7.000 millones), pero se tiene que dotar para que se pueda
hacer esta redistribución a nivel nacional, y también las comunidades
autónomas como Cataluña, por ejemplo, tendrían que hacer un esfuerzo para
hacer su propio plan de abandono nacional para que las explotaciones
pudiesen tener condiciones de viabilidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego para fijar nuestra
posición respecto a esta proposición no de ley, y en primer lugar quería
decir a SS. SS. que el sector lácteo está atravesando malos momentos y no
es por casualidad. Hay que volver a insistir en que no se trata de un
castigo divino, sino que está atravesando malos momentos derivados de la
injusta posición a que se ve sometido en el marco de la Unión Europea,
porque aquí empezamos a dar constantemente vueltas al problema sin trazar
nunca en qué marco nos movemos para poder luego resolverlo, ya que sin
diagnosticar claramente los problemas no podremos nunca abordar las
soluciones.
En todo caso, repito una vez más que es un sector fundamental y
estratégico, especialmente en la comunidad autónoma de Galicia, del que
depende la vida económica de muchas comarcas que gira alrededor de la
producción láctea. Parece una obviedad, pero conviene decirlo, conviene
decir que si se lleva a este sector a la destrucción no hay alternativas
de empleo y, por tanto, se abocará a una situación aún peor de la que
existe en las zonas rurales de nuestra comunidad.
Es una evidencia también que la cuota asignada al Estado español por la
Unión Europea es insuficiente para cubrir la demanda interna. Es asimismo
evidente que para que el sector sea competitivo necesita mayor capacidad
de producción. Todo el mundo sabe que la media de producción por
explotación láctea en el Estado español está muy por debajo de la media
de las explotaciones europeas, y es evidente también que son otros
Estados miembros de la Unión Europea los que generan excedentes. Por
tanto, es conveniente hablar del contexto y de la situación que nos
condujo a este lugar. En primer lugar, sí que conviene recordar que hubo
una negociación mal hecha en su momento para entrar en el Mercado Común
Europeo, que olvidó los intereses cuando menos del sector lechero y, en
segundo lugar, que, efectivamente, hay una incapacidad demostrada hasta
el momento por el actual Gobierno para cambiar la situación, un Gobierno
cuyas actuaciones iniciales se limitaron a solicitar el aumento de un
millón de toneladas a la Unión Europea desde luego sin convicción alguna,
a tratar de imponer el pago de la supertasa para la campaña 95-96 a los
ganaderos y a fomentar los planes de abandono. Conviene también decir que
fueron fundamentalmente las movilizaciones de los ganaderos gallegos las
que frenaron la aplicación de la supertasa de la pasada campaña 95-96,
cifrada, por cierto, en 7.148 millones de pesetas. Y estamos ante la
finalización de una nueva campaña, la campaña 96-97, de cuya producción
no hay datos oficiales por parte del Ministerio, a pesar de haberse
comprometido anteriormente a ir facilitándolos paulatinamente para así
también facilitar la autorregulación de los productores, con una
estrategia que se está aplicando en este momento, cuando menos en la
Comunidad Autónoma de Galicia, que desde nuestro punto de vista es
suicida, porque se está intentado que no aparezca el sobrepasamiento de
la producción de este año, escondiendo la producción real con técnicas
como la de la leche comprimida o como la venta en negro, o acompañando
naturalmente estas medidas de la retención de pagos a los ganaderos, que
en este momento supera ya los 13.000 millones de pesetas, y
acompañándolas además, de la petición de avales, etcétera; una táctica de
ocultar la producción que va a perjudicar al sector, como decía, ya que
dificultará demostrar que se necesita más cuota, ya sea ante la reforma
de la
OCM de la leche o ante el reparto de la reserva producida por el abandono
de la producción.
Por tanto, estamos ante unos resultados de la campaña 96.97 muy poco
halagüeños para el sector, y esta situación ya la prevíamos cuando
discutimos en septiembre pasado la moción presentada por el Bloque
Nacionalista Galego --por cierto, señor Blanco, parece que le cuesta
pronunciar ese nombre y somos muy conocidos--, en la que proponíamos ya
varios puntos, porque todo el sector sabía que iba a suceder eso: «no
exigir el pago de la supertasa en la campaña 95-96, considerar la campaña
96-97 como exenta del pago de la supertasa e incrementar la cuota cuando
menos hasta alcanzar el consumo interno, moción, por cierto, que fue
rechazada en este Congreso.
La proposición de ley que presenta el Partido Socialista consta de tres
puntos. Nosotros solicitamos su votación separada y lo vamos a hacer por
los siguientes motivos. Vamos a apoyar naturalmente el punto 1.º que hace
referencia a la publicación de los datos de producción por parte del
Ministerio en las dos campañas --95-96 y 96-97--, especificado por
comunidades autónomas, y sobre el punto 2.º, que vamos a votar
favorablemente, sin embargo, señor Blanco, quisiéramos hacer algunas
consideraciones. En primer lugar, que nos parece ambigua su redacción y
confusa --a lo mejor yo no entiendo de economía, es evidente--, porque
proponen ustedes que se asuma el pago de la supertasa por parte del
Estado sin aumentar el déficit público, lo cual, desde mi punto de vista,
me parece intentar realizar la cuadratura del círculo. En todo caso,
expertos tiene la santa madre Iglesia. Y, en segundo lugar, porque
conviene también decir, para no olvidar que ustedes mantuvieron
posiciones a lo largo del debate de los presupuestos francamente confusas
en este terreno, que cuando se discutieron estos presupuestos, donde
tuvieron oportunidad precisamente de plantear este asunto del pago de la
supertasa por el Estado, ustedes proponían dos tipos de enmiendas: una
que era incluir un nuevo plan de abandono por 125.000 toneladas,
equivalentes a la actual supertasa del sector lácteo, y otra que era,
efectivamente, que se pagara también una parte de esa supertasa, es
decir, el 50 por ciento de la multa de la leche correspondiente a la
campaña 95-96 cofinanciado con otro 50 por ciento de las comunidades
autónomas afectadas, y por una última vez, mientras se negocie con la
Unión Europea el incremento de la cuota de un millón de toneladas o se
consigue la reestructuración de cuota equivalente. Por lo tanto, nosotros
sí nos alegramos de que en este momento parece que ustedes han cambiado
de posición; lo que nos gustaría es que la mantuvieran en el tiempo;
esperemos que sea así.
En cuanto al punto 3.º, tengo que decir que lo vamos a votar
negativamente, porque ustedes lo que plantean es incrementar recursos
para el programa de abandono de la producción. Desde nuestro punto de
vista, eso equivale a decir, efectivamente, que abandonen unos para que
los supervivientes puedan disfrutar de esas cuotas, y a nosotros nos
parece que el plan de abandono no puede ser un eje fundamental de ninguna
política en el sector lácteo; en todo caso, tiene que ser una cuestión
colateral. El objetivo fundamental de esa política debe ser el aumento de
la capacidad de producir y conseguir la autorización de la Unión Europea
para empezar a producir ese millón de toneladas más que se piden. Por
tanto, el estímulo del abandono de la producción lleva, inevitablemente
--y lo tengo que decir así--, a la autorrestructuración, es decir, a
hacerles el trabajo a quienes encorsetan nuestra producción y a que menos
productores tengan la misma cuota y, en definitiva, menos empleo en el
campo. En todo caso, quiero decirles también que ya se están produciendo
abandonos de producción suficientemente importantes. Por ejemplo, en
Galicia, en los últimos cuatro años, según datos de la Consellería de
Agricultura, 20.000 explotaciones dejaron de producir y yo creo que estas
cifras son importantes.
Resumiendo, señoras y señores Diputados, el sector lácteo necesita un
apoyo político decidido por parte del Gobierno y de todas las fuerzas
políticas de esta Cámara. Por tanto, también estamos en un momento
adecuado para que el Gobierno central renegocie lo que en su día se
negoció mal y para ello el primer paso es no contribuir a destruir el
sector lácteo con la aplicación de una supertasa absolutamente injusta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco ante la proposición no de ley que
plantea en este Pleno el Grupo Socialista. Quiero indicar que el Grupo
Vasco va a solicitar la votación separada de los tres puntos de la
proposición no de ley para apoyar el punto 1.º y votar en contra de los
puntos 2.º y 3.º
Quiero recordar, aunque ya lo han hecho la Diputada y los Diputados que
han utilizado los turnos anteriores, que desde el inicio del régimen de
cuotas el Estado español ha tenido serias dificultades para ajustar su
producción a la cuota disponible, y el Grupo Vasco cree que por una mala
negociación inicial, que no es responsabilidad de este Gobierno. Yo
quiero decir al señor Blanco que esto no es seguir el paso del cangrejo,
sino reconocer una realidad que también ha sido fijada por el
representante del Grupo Mixto.
Las penalizaciones por sobrepasamiento han sido muy elevadas y ya se ha
dicho en esta Cámara que vamos a tener oportunidad de volver sobre ellas
con relación al proyecto de ley que discutiremos el próximo
jueves y, por tanto, no voy a insistir. Pero las comunidades autónomas de
la cornisa cantábrica han presentado en la última Conferencia sectorial
de agricultura y desarrollo rural un plan de actuación para conseguir un
total ajuste del sector lácteo al régimen de cuotas. Y cuando hablo de
las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, quiero decirle al
señor Blanco que en la exposición de motivos se olvida de dos comunidades
autónomas que también forman parte de esta cornisa cantábrica, que son el
País Vasco y Navarra.
El plan consensuado en la última Conferencia celebrada el mes pasado en
Barcelona recoge medidas de urgente aplicación y conocemos que hay una
buena disposición por parte del Ministerio para ponerlas en marcha,
algunas de ellas están reflejadas en esta proposición no de ley que
presenta el Grupo Socialista, pero quiero indicar, aunque es conocido de
todas SS. SS., que todas las comunidades autónomas de la cornisa
cantábrica coinciden en que no debe ser el Estado el que tenga que pagar
la tasa suplementaria, sino los ganaderos que han sobrepasado la cuota.
Esto está reflejado en el documento que está a disposición de SS. SS. y
que estoy segura que lo tienen en su poder. El Grupo Vasco apoya este
plan que ha sido consensuado, como indicaba anteriormente, por todas las
comunidades autónomas de la cornisa cantábrica y, consecuentemente con
ello, vamos a apoyar el punto 1.º de la proposición no de ley y vamos a
votar en contra del 2.º y del 3.º.
Respecto al punto 3.º, quiero indicar que vamos a votar en contra, no
porque no estemos de acuerdo con el objetivo que pretende el Grupo
Socialista, sino porque, como Grupo Vasco, consideramos prudente esperar
a la finalización de la negociación en la Unión Europea para fijar los
fondos suficientes para la reserva de cuotas. Por ello, repito que
solicitaremos votación separada para apoyar el punto 1.º de la
proposición no de ley y votaremos en contra de los puntos 2.º y 3.º
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, una vez más estamos inmersos en un debate en
torno a la ganadería y, de forma especial, a lo que concierne a las
cuotas lácteas, tema que ha hecho correr mucha tinta y que,
desgraciadamente, tengo la sensación de que continuará siendo noticia en
el futuro. Y digo que desgraciadamente volveremos a debatirlo en el
futuro porque los temas hay que resolverlos con la máxima celeridad, de
lo contrario, con el tiempo las cosas se complican y su resolución es más
difícil cada día.
Explicar una vez más las malas condiciones de nuestra integración a la
Unión Europea no aportaría nada nuevo y, por tanto, no lo voy a hacer,
pero lo cierto es que el Estado español es deficitario en producción de
leche, que nuestra capacidad de producción no está ajustada a la cantidad
que nos permite producir la Unión Europea, que nuestra situación
deficitaria la compartimos básicamente con Italia y Grecia y que mientras
que a nosotros, en el mejor de los casos, se nos permite producir un 80
por ciento de la leche que consumimos, otros países, como Irlanda, tienen
una cuota que representa el 450 por ciento.
¿Cuál es la situación actual? Básicamente que desde la integración en la
Unión Europea no ha habido una verdadera política de reforma estructural
del sector y que el ganadero ha tenido que hacer frente, muchas veces en
solitario, a esa adecuación. La no solución de esos problemas en su
momento nos ha llevado a la situación actual: que en el orden del día de
esta semana tenemos que debatir la aprobación de un proyecto de ley sobre
la concesión de varios créditos extraordinarios por un importe de casi
48.000 millones de pesetas para hacer frente a las supertasas de los años
1990, 1991 y 1992. La campaña 93-94 ya en aquel momento supuso multas por
valor de 1.700 millones de pesetas. En la siguiente campaña, la campaña
94-95, se produjo un incremento de la cuota láctea hasta los 5,4 millones
de toneladas que tenemos en este momento, pero condicionado ese
incremento a la aplicación estricta de las cuotas y a iniciar un proceso
de ajuste a la producción. Este fue el compromiso que adquirió el
Ministro de Agricultura de aquel momento y, por tanto, en esa campaña no
se produjeron excedentes, ya que se vieron absorbidos por el incremento
de la cuota. Ahora nos encontramos con los resultados de la campaña
95-96, en la que nuevamente aparecen excedentes lácteos, lo que conlleva
una penalización que podría estar en torno a los 7.500 millones de
pesetas, sin, por otra parte, haber cumplido los objetivos que nos
marcamos en la campaña 94-95 y con una tendencia clara hacia el
incremento de esos excedentes, situándolos en magnitudes parecidas a
otras campañas, campañas respecto a las cuales tendremos que dar solución
el jueves.
Hoy estamos discutiendo una proposición no de ley que, a nuestro
entender, no afronta la problemática real del sector y cuya aprobación,
en caso de que fuese así, no aportaría ninguna iniciativa para evitar que
en el futuro se repitan estas situaciones. De hecho, no se habla de
primeros compradores, no se habla de reestructuración, no se dice nada
sobre mayor receptividad y fiabilidad en la obtención de datos y sólo se
dice que a través de los Presupuestos Generales del Estado, sin que
suponga déficit, lo que no sabemos cómo puede hacerse, se pague la
supertasa.
No obstante, nuestro grupo entiende que es bueno --y, por tanto,
apoyaremos el punto 1.º de la proposición no de ley-- que desde el
Gobierno se dé la máxima transparencia sobre los excesos de producción
por
comunidades autónomas, no sólo de este año, sino que sería recomendable
disponer de la evolución de estos datos desde el año 1988, documentación
que permitiría evaluar con más exactitud, no sólo la situación actual,
sino el esfuerzo que se ha realizado en la adaptación de la producción a
la realidad de la Unión Europea.
Por lo que hace referencia al punto 2.º lo vamos a votar en contra, ya lo
he anunciado, porque proponer que el Gobierno asuma el coste de la multa
sin que eso produzca déficit público es una fórmula que, en todo caso,
nosotros desconocemos, entendemos que es poco clara y que se nos tendría
que haber explicado más durante la intervención del portavoz del Grupo
Socialista, a no ser que en realidad se pretenda que se financien esas
partidas desde el propio Ministerio de Agricultura detrayéndolas de las
que van a planes de modernización del sector, por ejemplo...
El señor PRESIDENTE: Señor Companys, vaya concluyendo.
El señor COMPANYS SANFELIU: ... y que no estaríamos dispuestos en ese
caso. (Termino enseguida, señor Presidente). Pero, sobre todo, porque los
proponentes tienen que explicar que lo que pretenden a través de esta
proposición no de ley es que se exonere de pagar la supertasa también a
aquellas explotaciones que, por ejemplo, habiendo vendido su cuota,
continúan produciendo leche y eso no sería de recibo.
Por tanto, señor Presidente, resumiendo, nuestro grupo va a votar
favorablemente al punto 1.º de la proposición no de ley y vamos a votar
en contra de los puntos 2.º y 3.º
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tanto el Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno,
como el Gobierno en sí han expresado en reiteradas ocasiones su
preocupación por el problema de los ganaderos españoles en virtud de unas
cuotas insuficientes de producción de leche.
Dicho esto, me van a permitir, porque creo que es obligado, que haga un
poco de historia, aunque reconozco que a ustedes no les gusta que se les
recuerde, pero creo que ya lo han recordado también desde otros grupos
parlamentarios, y el Grupo Popular hace esta breve historia no por el
hecho de estar gobernando, sino porque es necesario decir que la
insuficiencia de cuota de producción de leche que hoy padecemos se debe a
una mala negociación cuando se produjo la entrada de España en la
Comunidad Económica Europea. No se trata, al recordar este hecho, de que
estemos con el paso cambiado, sino que se trata por parte de ustedes de
una clara desfachatez al pretender que esto no sea recordado, porque es
la base del problema que hoy tenemos planteado. Se partió de unas cifras
de producción de leche inferiores a la realidad autocondenando a España a
reducir su rica producción láctea. Entramos en el mercado oficial europeo
de productos lácteos con un déficit de 1,5 millones de toneladas respecto
al propio consumo nacional. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.) Es cierto que la situación mejora con el Ministro
Solbes, que logra mejorar la cuota láctea que tiene asignada España con
un incremento de 500.000 toneladas, pero, como vemos al día de hoy y como
hemos visto año tras año, es todavía insuficiente. Quien llevó a cabo
esta nefasta negociación a la que estoy aludiendo es precisamente el
Gobierno del mismo partido que el grupo que hoy presenta esta proposición
no de ley en esta Cámara.
La Ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, ha reiterado en múltiples
ocasiones su compromiso con el campo y el ganadero español ante las
autoridades comunitarias y ha establecido unas nuevas negociaciones,
serias y rigurosas, con el objetivo de obtener un incremento de la cuota
láctea para nuestros ganaderos. Y no nos diga usted, señor portavoz del
Grupo Socialista, que esto lo ha olvidado ya la Ministra, porque todos
ustedes saben el carácter de la Ministra de Agricultura, que es una mujer
constante en la lucha de sus reivindicaciones y de las reivindicaciones
de los ganaderos y de los agricultores españoles.
Dicho esto, paso a analizar los tres puntos de la proposición no de ley
que ustedes han planteado, no sin antes decir que, respecto al punto 1.º,
ustedes hacen una petición de datos, supongo que se refieren a la campaña
95-96; aquí se ha hablado de la campaña
96-97. Es evidente que si esta campaña ha terminado el 31 de marzo, hace
tan sólo ocho días, será muy difícil que el Ministerio pueda dar ya esos
datos. Por tanto, el Grupo Popular anuncio que va a votar a favor de este
punto 1.º para facilitar esos datos que ustedes demandan y que a mí muy
por encima me gustaría comentar alguno de ellos, como que el volumen de
entregas a compradores ascendió en la campaña 95-96 a 5.575.753
toneladas; que la cuota global disponible --y creo que ya la deben de
conocer-- de venta a industria para el citado período es de 5.454.316
toneladas. Por tanto, el exceso, el sobrepasamiento se ha producido en
121.437 toneladas, lo que supone que el importe total de la tasa que
deberá recaudarse es de 7.148 millones de pesetas. Son 1.209 ganaderos
los que deberán abonar un total de 1.351 millones de pesetas, importe
correspondiente a un exceso liquidable de 22.953 toneladas, son el
conjunto de ganaderos sin cuota asignada para el período o concesión
temporal de cantidades de
referencia durante el mismo y que, por tanto, no tiene derecho a
compensación.
Los 5.797 millones de pesetas restantes deberán abonarlos 26.248
ganaderos, importe éste correspondiente a un exceso liquidable de 98.484
toneladas. Por tanto, 26.248 ganaderos son los que tienen derecho a
compensación, siendo compensados en mayor medida --y esto es importante
recalcarlo-- los de menor cuota y menor exceso de producción,
cumpliéndose así el compromiso de la Ministra de Agricultura de que
ningún ganadero tuviera una liquidación mayor del 50 por ciento de la
multa correspondiente después de la primera compensación.
Paso ya, señorías, al 2.º punto de la proposición no de ley, referido a
que el Gobierno asuma, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
el pago de la supertasa sin aumento del déficit público. Me van a
permitir, señorías, que empiece por el final de este punto, porque,
efectivamente, si ustedes lo que pretenden es que no aumente el déficit
público, tendrían que decirnos cuál es la magia que debe hacer el
Gobierno para poder hacer frente a este pago de la supertasa. ¿De qué
partida presupuestaria vamos a detraer las cantidades? ¿Es que ustedes
quieren que a los agricultores españoles les retiremos alguna de las
ayudas que tienen ya presupuestadas para hacer frente al pago de la
supertasa? Entonces, esto hay que explicarlo, señorías, porque usted no
lo ha explicado; usted ha tenido su turno para explicarlo, no procede que
lo haga a posteriori, porque no es válido.
Teniendo en cuenta que quienes deben pagar la supertasa son aquellos
ganaderos que han entregado leche sin tener cuota, bien por haberla
vendido a otros ganaderos, por supuesto cobrando por ella, o bien por
haberse acogido a programas de abandono a cambio de la correspondiente
indemnización, no parece de recibo que otros sean los perjudicados por el
incumplimiento de quienes irresponsablemente se han excedido y que son,
en definitiva, infractores de la legalidad.
Hay que decir que la mayoría de los agricultores, de los ganaderos,
cumplen escrupulosamente las reglas establecidas, les parezcan o no
ajustadas a la realidad, porque, renunciando al comercio irregular,
prefieren vivir en el marco fijado por los reglamentos comunitarios y
evitar así la sanción de la Unión Europea. Y así es como debemos actuar,
señorías, sometidos a la normativa vigente en la Unión Europea.
Pues bien, como sabe S. S., o debería saber, existen dos reglamentos, que
son el 3950/92, y el 1560/93, del Consejo, que modifica el anterior, que
prohíben expresamente a los Estados miembros el pago de la supertasa con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y establece una tasa
suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos con
cargo a los productores de leche de vaca, y estoy citando textualmente el
artículo 1.º de dicho reglamento. Y esto es así, porque esta tasa
suplementaria lo que pretende es que tenga un efecto disuasorio y no se
plantea con fines recaudatorios.
Por tanto, no parece posible que la Administración española asuma este
pago, como ustedes solicitan, de la sobretasa de aquellos ganaderos que
han superado la cuota de producción asignada. Porque, señorías, el
Gobierno de España tiene un firme compromiso con Europa que pasa, en
primer lugar, por cumplir escrupulosamente la normativa comunitaria
vigente, que no podemos modificar porque no es nuestra la competencia.
Hay que ser serios y rigurosos, señoría, y no podemos confundir a los
ganaderos con una política de falsedades. Ustedes saben, tan bien como
nosotros, que no podemos pagar esta multa a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado, y que cuando ustedes gobernaron lo hicieron año
tras año, menos --eso sí hay que resaltarlo-- en la campaña 93-94, en la
que aplicaron la misma política que hoy aplica el Gobierno popular.
Ustedes estaban actuando, cuando así lo hicieron, fuera de la ley a
efectos de la Unión Europea; estaban perjudicando además no solamente los
intereses de aquellos ganaderos que cumplían rigurosamente con sus
cuotas, sino al conjunto de los españoles, porque el productor
desaprensivo que incumplía, no sufría en su economía por rebasamiento de
las cuotas la sanción comunitaria, y hemos sido el conjunto de los
españoles quienes hemos estado forzados por los distintos Gobiernos
socialistas a cotizar tan considerables sumas.
Creo, señorías, que estaremos todos de acuerdo en el hecho de que un país
que es miembro...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Castro, vaya terminando,
por favor.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor Presidente, termino.
Que un país que es miembro de pleno derecho de la Unión Europea debe
cumplir su normativa a rajatabla. Por ahí se empieza si queremos que
nuestra voz sea escuchada y nuestras peticiones atendidas.
Respecto al punto 3.º, señorías, simplemente quiero decir que existen en
los Presupuestos Generales del Estado 6.666 millones de pesetas para el
pago de indemnizaciones anuales por abandonos voluntarios de la
producción láctea, puestos en marcha en los años 1991, 1993 y 1996; que
el Ministerio, en las medidas de ordenación del sector lácteo, en el mes
de febrero, ha previsto un nuevo programa de cese voluntario de la
producción láctea cofinanciado con las comunidades autónomas.
Finalmente, quiero manifestar que, cuando las negociaciones previstas con
la Unión Europea finalicen, será el momento en el que el Gobierno podrá
estudiar la conveniencia de dotar de mayores recursos al programa
nacional de abandonos, si lo considera conveniente; en ese momento y no
ahora, señorías. Creo, sinceramente,
que ésta es una política coherente, que, de una vez por todas, trata de
poner orden en lo que ustedes, señorías, llevaron a cabo de una forma yo
diría que caótica y ahora estamos padeciendo las consecuencias.
Gracias. señor Presidente. (Varios señores Diputados: Muy
bien.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Castro.
El señor Blanco tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas que han sido presentadas a la proposición no de ley del Grupo
Socialista.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, muchas gracias.
Tomo la palabra para hacer una consideración muy breve y luego ya me
centro en el tema. (Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor BLANCO LOPEZ: Se acaba de decir que los socialistas promovíamos
el fraude de ley. (Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Blanco, el turno que tiene S. S. en este momento es para indicar si
acepta o no las enmiendas que han sido defendidas. (Rumores.) Silencio,
señorías. Bien es cierto que la señora Castro ha entrado en una
contradicción. (Rumores.--Protestas.) Por tanto, tiene usted tres minutos
(Rumores.) y, después, la señora Castro tendrá la palabra para cerrar ese
debate. Tres minutos para esto y, después, a continuación, le daré la
palabra para indicar si aceptan o no las enmiendas.
El señor BLANCO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
He escuchado de algún portavoz parlamentario que había un compromiso de
los consejeros de la cornisa cantábrica para que los ganaderos pagaran la
supertasa. Me alegra oírlo y me alegra saber que en esa reunión estaba el
Consejero de Galicia diciendo también que los ganaderos pagaran la
supertasa.
En segundo lugar, le tendré que decir que la negociación se hizo
basándose en los censos existentes. Por cierto, en aquel momento, en
alguna comunidad autónoma, como la de Galicia, se estaba diciendo a los
ganaderos que no declararan porque de ello se derivaba un impuesto, y de
aquellas aguas tenemos estos lodos. En cualquier caso, la realidad de
1985 en producción nada tiene que ver con la de 1995, porque solamente en
la Comunidad de Galicia se producen 800.000 toneladas más. Y ahora se nos
acaba de decir que nosotros promovemos un fraude de ley, pidiendo que el
Estado asuma la supertasa. Pónganse de acuerdo, porque si fraude de ley
pudiera ser lo que aquí estamos proponiendo, no menos fraude de ley es lo
que dicen algunas comunidades autónomas que, como la de Galicia o la de
Castilla y León, etcétera, están diciendo que si no lo asume el Estado,
lo asume la comunidad autónoma. Por tanto, como son de su mismo partido,
pónganse de acuerdo para saber dónde se cometen fraudes de ley.
(Rumores.) Y, desde luego, no me parece razonable que usted califique
ganaderos que producen por necesidad para poder vivir con una mínima
dignidad de productores desaprensivos, porque son miles de ganaderos en
toda España y miles de ganaderos en Galicia a los que usted se lo debe
explicar.
Señorías, quiero decir que nosotros consideramos razonable la enmienda
que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que, por tanto, la
asumimos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señora Castro, tiene la palabra durante tres minutos. (Rumores.)
La señora CASTRO MASAVEU: Señoría, me parece impresentable la
intervención que acaba usted de tener. (Varios señores Diputados: Muy
bien.--Rumores.) En primer lugar, porque nadie ha hablado de productores
desaprensivos. (Rumores.) De lo que se ha hablado aquí es de productores
responsables que cumplen con su cuota ante las autoridades comunitarias.
No son ciertas las palabras que dice usted. Lo que pretende, en
definitiva, es, una vez más, intentar confundir a los ganaderos
españoles, pero a estas alturas de la película todos conocemos la
política del Partido Socialista, que ha sido una política de parcheo, de
que papá Estado protege a los ganaderos con una política que no iba a
reportarles ningún beneficio y que lo único que fomentaba era la
picaresca que, como usted sabe, y todos los aquí presentes conocemos, se
dio en multitud de casos.
Por tanto, no venga usted aquí a hacer demagogia porque, al final, y en
definitiva, son ustedes responsables de trece años de Gobierno
socialista, y nosotros somos responsables de lo que somos; no llega ni a
un año y la Ministra tiene el mayor interés, y así lo está haciendo, de
poner orden en toda esta materia y, además, de negociar ante Europa y
ante las autoridades comunitarias lo que mejor sea para nuestros
ganaderos, para nuestro campo español y para nuestros agricultores.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Castro.
Dado que han sido aceptadas las enmiendas del Grupo Socialista y del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no cabe
la posibilidad de votación separada de los distintos puntos. La votación
será una única y de conjunto.
Vamos a pasar a ella. (El señor Companys Sanfeliu pide la palabra.)
Señor Companys, ¿para qué pide la palabra?
El señor COMPANYS SANFELIU: Por favor, ¿podría leer lo que vamos a votar?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Companys, voy a dar lectura
al texto tal como quedaría con la modificación producida por la asunción
de la propia enmienda socialista y la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que quedaría
de la siguiente forma:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Hacer públicos los datos por exceso de producción en la campaña
1995-96 y 1996-97, especificados por comunidades autónomas y con
indicación del número de ganaderos excedidos, así como la cuantía de la
sanción impuesta por la Unión Europea. (Rumores.)
Ruego a SS. SS. que guarden silencio, porque es imposible que la
Presidencia pueda dejarse oír por parte de aquellas señoras y señores
Diputados que les interese.
2.º Que el Gobierno asuma los correspondientes pagos sin aumento del
déficit público. Y se añadiría ahí: a excepción de aquellos que
habiéndose acogido a planes de abandono sigan produciendo.
Y el tercer punto, tal como estaba en la proposición no de ley inicial:
Dotar de mayores recursos al programa nacional de abandonos de
producción, al objeto de constituir una reserva nacional de cuotas.
Esto es lo que va a someterse a votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre pago de la supertasa de la campaña 1995-1996 con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado, así como la dotación de mayores
recursos al programa nacional de abandonos de producción, al objeto de
constituir una reserva nacional de cuotas, en los términos resultantes de
la aceptación de las enmiendas que ha leído la Presidencia al finalizar
el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 145; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA CONOCER LA VALORACION DEL GOBIERNO
ACERCA DEL DEBATE EN EL SENADO SOBRE EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS Y SU
DISPOSICION A IMPULSAR LA REFORMA DE LA CONSTITUCION PARA CONVERTIR LA
CAMARA ALTA EN UNA AUTENTICA CAMARA DE REPRESENTACION TERRITORIAL (Número
de expediente 173/000031)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar debatiremos la del Grupo Mixto,
para conocer la valoración del Gobierno acerca del debate en el Senado
sobre el Estado de las autonomías y su disposición a impulsar la reforma
de la Constitución para convertir la Cámara Alta en una auténtica Cámara
de representación territorial.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio para permitir que continúe el
desarrollo del orden del día, al que aún le restan dos mociones para
debate. Dado lo avanzado de la hora hemos de procurar ganar el máximo
tiempo posible. (Continúan los rumores.)
¡Silencio, señorías!
Cuando quiera, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Vamos a exponer, en nombre del Bloque Nacionalista Galego, las razones y
el porqué de los puntos que constituyen la moción consecuencia de la
interpelación que debatimos en el último Pleno en relación con el debate
que se debía dar en el Estado español sobre la conversión de la Cámara
Alta en una auténtica Cámara de representación territorial, y lo vamos a
hacer de una manera simple, esquemática, ya que tuvimos un debate lo
suficientemente grande... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez. Señorías, ruego guarden
silencio o abandonen el hemiciclo. Señor Rodríguez Zapatero, señora
Romero, señor Meyer (Pausa.) Continúe, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que como tuvimos un debate lo suficientemente demorado,
contextualizador de la situación, me voy a dedicar solamente a exponer y
a hacer una pequeña paráfrasis de cada uno de los puntos que constituyen
nuestra moción.
En primer lugar, nosotros tenemos claro que un tema como el de la reforma
del Senado nos afecta a todos,
que no puede ser atomizado, secundarizado o corporativo y que, además, no
vale el argumento de que el Gobierno no se puede inmiscuir, dando una
idea de cuál es su alternativa, su proyecto, porque se trata de un tema
de política general. A eso responde precisamente el primer punto de la
moción, que habla de que instemos al Gobierno a comprometerse más
activamente en el proceso político que debe conducir a la conversión del
Senado en verdadera Cámara de representación territorial, conforme a la
función que programáticamente le asigna el artículo 69.1 de la
Constitución Española. Además, con esto queremos dejar constancia de que
simplemente se trata de ser fieles a un artículo que tiene un carácter
programático y que, por tanto, en cierto sentido es una prescripción de
una Constitución que fue elaborada hace veinte años, prescripción que
merece ser tenida en cuenta. Aunque hay que recordar que el señor Rajoy
aludió a la cautela y a la prudencia que había que tener con este tema,
no es menos cierto que veinte años son suficiente prudencia y suficiente
cautela, sobre todo cuando se trata de un tema que sigue siendo
importante, problemático y en cierta manera dilucidado en el terreno
puramente discursivo y nunca en el terreno práctico.
El segundo punto intenta promover y apoyar la necesaria reforma de la
Constitución Española, específicamente los artículos 69 y 90, para
conformar una Cámara Alta de representación territorial que signifique un
salto cualitativo en la estructuración plural y diversa del Estado
español.
Señorías, es cierto que parece que hay un tema tabú: no tocar el Título
VIII de la Constitución. En ese sentido, la moción es cautelosa y
prudente y circunscribe al Título III la cuestión del Senado, porque
parece que la pluralidad y la diversidad del Estado español tiene por lo
menos una cabida diferente a la actual si se reformase el Título III.
Aunque sea fácil decirlo y difícil hacerlo, no es menos cierto que esta
Cámara, como la Cámara Alta y como los partidos políticos del Estado
español, estamos para hacer frente a un problema que, vuelvo a repetir,
lleva veinte años de esclerosis y de paralización.
Es cierto que el tercer punto responde a una alternativa claramente
nacionalista, que es la que defendería el Bloque Nacionalista Galego en
un debate al respecto, teniendo en cuenta el marco constitucional y no
tocando ni el Título I ni el Título VIII de la Constitución Española.
Queremos expresar aquí sin ambigüedades --porque pensamos que el momento
es oportuno para que, cuando menos, se sepa en qué órbita práctica nos
movemos los nacionalistas gallegos-- que sería importante que al definir
el Senado como Cámara de representación territorial se distinguiese entre
nacionalidades y regiones conforme a una denominación que establece el
artículo 2 de la Constitución Española, cuya virtualidad no se ha
utilizado a no ser en la política pragmática bilateral, que nos parece
muy respetable, pero que deja intacta siempre la estructuración
institucional del Estado español y con acuerdos de una fragilidad que
están siempre dependiendo de las mayorías parlamentarias.
En segundo lugar, queremos manifestar sin ambigüedad, aunque hoy no sea
compartido por las fuerzas mayoritarias del Estado español, que las
nacionalidades deben tener un rango competencial diferente. Podemos
discutir qué rango competencial será ése, pero para nosotros está claro
que sobre las cuestiones de lengua y cultura, sobre las cuestiones del
territorio, sobre las cuestiones de medio ambiente, sobre aquello en que
hay competencia exclusiva por parte de las comunidades autónomas que son
nacionalidades, sobre todo ello debería, cuando menos, de haber derecho a
veto en relación con la legislación del Estado.
En tercer lugar, y aunque éste fuera el único punto que sacásemos
adelante en una reforma del Senado, sería muy importante que se adaptase
la circunscripción electoral a la comunidad autónoma, por lo menos para
aquellas que fuesen nacionalidades o que quisiesen hacerlo así, y
celebrar las elecciones al Senado coincidiendo precisamente con las
elecciones a los parlamentos autonómicos. Este cambio, aparentemente de
carácter administrativo o técnico, tiene un trasfondo político
fundamental. Significaría salir del impasse en que estamos. Realmente no
creo que ésta sea una posición revolucionaria o no cautelosa o no
prudente. Simplemente se trata de querer ir algo más adelante con cierta
claridad y adaptarlo al Estado de las autonomías.
Asimismo, hay dos puntos que habría que clarificar. Sería darle un
protagonismo claro a la Cámara Alta, en cuanto a determinado tipo de
legislación y de posiciones extralegislativas de relevancia política a
nivel estatal.
Y, por fin, lo último, que no es mucho pedir, y que estaría en
consonancia con el debate que tuvimos esta tarde, sería que el Senado,
como representación estatal de carácter territorial y que representa la
pluralidad cultural y lingüística del Estado español, posibilitase el uso
de todas las lenguas que se hablan en el Estado, lógicamente con
traducción simultánea para quien lo quisiese.
Aunque fuese ésta la otra gran solución, objetivo que cumpliésemos en
1997 ó 1998, les aseguro que no es tema tabú ni, por supuesto, de menor
importancia o baladí.
Y como el señor Rajoy se refirió a la importancia de la labor pedagógica
que debíamos de hacer todos los partidos políticos con claridad, cada uno
desde nuestra posición, el punto cuarto y último sería impulsar la
participación de todos los partidos políticos en el proceso de reforma, a
través de los mecanismos parlamentarios, y sobre todo posibilitar el
debate y la mayor información posible sobre el proceso de reforma y su
contenido a través de los medios de comunicación
de titularidad pública, que, por cierto, va a ser objeto de debate en la
siguiente moción.
Señorías, pensamos que esto es un perfil suficientemente prudente,
también suficientemente claro, donde por supuesto no tenemos por qué
coincidir todos, pero lo que es grave es que no se coincida en ninguno de
los puntos, lo cual quiere decir que en ese terreno vamos a preferir que
la política pudra y no que clarifique una situación que empieza a ser
preocupante porque, por lo que se ve, tampoco habrá reforma del Senado en
esta legislatura.
Aprovecharé la segunda intervención para fijar mi posición en relación
con las enmiendas presentadas.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
A la moción se han presentado enmiendas por el Grupo Socialista y por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
La moción que se ha defendido se refiere básicamente a la actitud del
Gobierno sobre la reforma del Senado. En la interpelación anterior esta
cuestión, la de una Cámara territorial coherente con un Estado plural, no
mereció ni una sola palabra del Ministro. Las enmiendas del Grupo
Socialista a esta moción tienen en cuenta el trabajo del Senado en la
pasada legislatura, después del compromiso, en el anterior debate sobre
el Estado de las autonomías, de abordar una reforma constitucional. Se
creó una Ponencia de estudio, en ella participaron los ponentes de la
Constitución, los presidentes de las comunidades autónomas y un grupo de
expertos, a consecuencia de lo cual se llegó a redactar un texto común
sobre las cuestiones que debían tratarse en esta reforma, incluso en qué
sentido, y se delimitaron los puntos de discrepancia y las diferentes
alternativas a los mismos.
Con todo ese trabajo hecho, y después de haber pasado más de un año desde
que el partido del Gobierno obtuvo la mayoría absoluta en esa Cámara, no
se vislumbra voluntad política de reformarla. Por esa razón el Grupo
Socialista apoya el objetivo de la moción, que es impulsar el debate
sobre la reforma del Senado y comprometer al Gobierno con esa reforma. No
habrá reforma si el partido del Gobierno no tiene un modelo autonómico,
si no es capaz de consensuar con la oposición o si ni siquiera es capaz
de consensuar internamente entre sus presidentes de comunidades autónomas
y su Gobierno un modelo de Cámara territorial. Mientras tanto la ausencia
de una Cámara territorial de raíces autonómicas es una carencia que, dado
el actual desarrollo del Estado autonómico, no favorece la estabilidad
del modelo ni la cohesión. Es una carencia que, al contrario, favorece
que se sustraigan de un foro parlamentario específico decisiones que,
tomadas en razón de unas mayorías coyunturales, pueden afectar, y de
hecho afectan, a la estructura territorial del Estado.
Teniendo en cuenta esto, el sentido de nuestras enmiendas es, ante todo,
dejar claro que el contenido de la reforma debe fraguarse en aquella
Cámara. Corresponde, en primer lugar, al Senado discutir su propia
reforma. Por tanto, votar a favor del texto que presentamos como enmienda
no es sustraer el derecho del Senado a discutir su propia reforma. Las
cuatro primeras enmiendas, desde una coincidencia de partida con los
cuatro puntos de la moción, tratan de reflejar ese respeto a la Cámara
alta y a sus trabajos. Por ejemplo, no prejuzgamos qué artículos de la
Constitución tienen que reformarse. No decimos que sea el artículo 69 ó
el 90. Nos limitamos a decir el Título III, que es lo que se aprobó en el
debate del Estado de las autonomías de la pasada legislatura. Podría ser
el artículo 74, sobre las comisiones mixtas en caso de discrepancia entre
el Congreso y el Senado. Podría ser el artículo 115, la facultad de
disolución del Senado por parte del Presidente del Gobierno. No
prejuzgamos el contenido, sí reiteramos el compromiso adoptado en la
pasada legislatura.
El punto tercero es el que más modificamos, porque no pretendemos dictar
al Senado el contenido de la reforma sino impulsarla. Por eso proponemos
que se promueva la inclusión de un punto específico en el próximo debate
del Estado de las autonomías, porque ésta es la cuestión. El Gobierno ha
intentado pasar de puntillas en el pasado debate del Estado de las
autonomías y el próximo, que cumpliendo el Reglamento del Senado debe
celebrarse el próximo año, puede convertirse una vez más en un trámite
retórico, descafeinado, desnaturalizado, y para evitar eso queremos que
en ese debate sobre el Estado de las autonomías haya un reflejo del grado
de avance de los trabajos de la comisión creada al efecto en el Senado.
No se puede volver a obviar propuestas que afectan nuclearmente al
desarrollo autonómico. Pero es que es más. Es que sin esperar incluso a
una reforma de la Constitución, el Senado puede tener funciones de Cámara
territorial.
La reforma del Reglamento del Senado supuso un avance importante en esta
línea. Por eso tenemos una enmienda de adición de un punto quinto en la
que se plantean cuestiones de estructura territorial que hay que
resolver, que el Gobierno debe resolver con las comunidades autónomas y
con la oposición, y que el Senado ofrece para ello, desde la reforma del
Reglamento, un foro parlamentario de encuentro y debate. Pero hace falta
querer abordar la política autonómica con transparencia. Se requiere
poner los intereses generales del Estado por encima de los intereses
particulares que guían al Gobierno desde su inicio. Presupone restablecer
el consenso, roto por la modificación no pactada
de la Lofca; ruptura certificada por el rechazo de todas las mociones
presentadas por el Grupo Socialista en el reciente debate sobre el Estado
de las autonomías en el Senado.
El consenso sobre el Estado de las autonomías fue requisito para aprobar
la Constitución y debe seguir siéndolo para desarrollar el Estado de las
autonomías. La ruptura de esa tradición por parte de este Gobierno hace
aún más necesaria una Cámara con funciones y raíces autonómicas para
institucionalizar de modo transparente un diálogo político entre el
Estado y las comunidades autónomas que asegure el equilibrio entre los
principios constitucionales de autogobierno y de solidaridad.
Pero como hoy seguimos sin saber el coste del sistema de financiación,
como seguimos sin saber los instrumentos legales que el Gobierno va a
utilizar para dotar a las comunidades autónomas de capacidad normativa,
como no sabemos todavía si van a modificar o no la disposición adicional
de 15 estatutos de autonomía, como seguimos sin conocer la liquidación
definitiva de la participación de las comunidades autónomas en los
ingresos del Estado, como seguimos sin un pacto de Estado para
desarrollar los estatutos de la vía del artículo 143, éstas y otras
cuestiones, como los instrumentos de cohesión estatales y comunitarios,
figuran en nuestra enmienda de adición para tratarse y debatirse en el
Senado, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, dando así ya de
hecho al Senado funciones de Cámara territorial. Ese es el objetivo de
nuestra enmienda. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
Por tanto --concluyo, señor Presidente--, independientemente de la suerte
que corra la enmienda, no hacerlo así, es decir, no revitalizar el papel
del Senado, confirma que el Gobierno no practica la transparencia
parlamentaria, confirma que el Gobierno no tiene interés en que haya una
cámara de representación territorial, certifica que su modo de ejercer el
poder no es coherente con un marco general de un Estado plural, en el que
las instituciones estatales, respetando los hechos diferenciales,
representan los intereses generales y deben favorecer la cohesión.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bayona.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar en
esta intervención fijar tres posicionamientos del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, sobre la promoción, que son las propuestas de resolución
que el grupo que dirigió la interpelación al Gobierno, el Grupo
Nacionalista Galego, ha entendido que centra el objetivo de su
interpelación.
En segundo lugar, voy a intentar defender cuáles serían nuestras
enmiendas, precisando lo que nosotros demandaríamos de una reforma del
Senado, en el camino de un proceso federalizante del Estado, para que de
verdad funcione de una manera diferente, como Cámara de representación
territorial del Estado, con un protagonismo de las comunidades autónomas
mayor del que ahora mismo tienen.
En tercer lugar, voy a intentar posicionarme ante las enmiendas que ha
presentado otro grupo parlamentario para intentar corregir, desde nuestro
punto de vista, en dirección diferente a la que nuestro grupo ha
presentado.
Señorías, me gustaría resaltar que el grupo proponente se ha centrado,
como conclusión del debate de la interpelación, en una parte de aquel
debate del Estado de las autonomías, intentando resaltar cuál es el
camino que debemos poner en marcha, cuál es el camino que necesita un
impulso, porque está en vía lenta o en vía muerta, para que el Senado
recobre lo que debe ser una solución de futuro, para que deje de ser esa
Cámara que nos manda reiteradamente las modificaciones gramaticales a los
distintos proyectos de ley.
La iniciativa del grupo está fijada en tres propuestas de contenido y una
para realizar o impulsar esa reforma. La primera propuesta que hace la
moción es pedir al Gobierno que se comprometa más activamente con el
proceso para convertir al Senado en una verdadera Cámara de
representación territorial, conforme dice programáticamente el artículo
69.1 de la Constitución. La verdad es que, strictu sensu, el Gobierno
debe impulsar esta tarea y los grupos parlamentarios o las fuerzas
políticas también, porque el Gobierno puede poner carne en el asador,
pero si las fuerzas políticas no quieren culminar ese proceso, vamos a
tener una situación bastante complicada.
Creo que esa primera propuesta, más que culminar lo que ha sido esa
reforma que aquí se ha resaltado
--nosotros creemos que está agotada-- del reglamento y de creación
de esa comisión, nos ha dado ese tedioso debate del Estado de las
autonomías que hemos vivido este año, un debate que empieza el martes y
que termina el viernes. La idea de esa comisión del Senado, desde nuestro
punto de vista, no ha solventado el problema de potenciar
territorialmente al Senado como Cámara que represente a las comunidades
autónomas.
La segunda propuesta que hace la moción es abordar la reforma del Senado,
circunscrita y limitada a los artículos 69 y 90, para intentar que la
Cámara Alta tenga una estructuración más plural --hoy en día es una
Cámara de corrección de la pluralidad, puesto que solamente la presencia
mayoritaria es la que tiene virtualidad; no está bien reflejada la
pluralidad-- y, por otro lado, la diversidad de la composición del
Estado.
Nosotros apostamos por una idea similar. Yo sé que el objetivo de la
propuesta es intentar que sea apoyada con el máximo de consenso posible
en la Cámara. Nosotros creemos que la reforma del Senado debe ir
acompañada más tarde, aunque no sea ahora, que podemos centramos en este
Título III, con la reforma del Título VIII. En todo caso, pedimos que
esta reforma aborde cuatro tareas. Una, la modificación en la forma de
elección de los senadores y senadoras, para que pueda darse un mayor
protagonismo de las comunidades autónomas y que se respete el principio
de la proporcionalidad. Queremos resaltar la necesidad de esa
proporcionalidad, puesto que hoy, en ese Senado, una fuerza política con
2.600.000 votos no tiene presencia. El sistema es meramente mayoritario y
las circunscripciones donde gana una formación política logran tres
senadores y la de una segunda votación tiene un senador.
La última propuesta que hace el Bloque Nacionalista Galego viene a decir
cuáles serían los elementos básicos de la reforma. Tengo que reconocer,
que para nosotros el punto b) no es preciso. Habla de un reconocimiento a
la representación de las nacionalidades de un rango competencial
específico en relación con la aplicación de determinadas legislaciones.
La verdad es que esa redacción conforme está no la vemos concreta ni
precisa.
En cuanto a la parte primera, reconozco que en el artículo 2 de la
Constitución se habla de las nacionalidades y regiones y que después la
Constitución no desarrolla, por así decirlo, dos modalidades de
comunidades autónomas, sino que establece, aunque sea con dos
procedimientos distintos, un tipo de comunidades autónomas. A partir de
cinco años, todas las comunidades autónomas podrán acceder a un techo
competencial.
Me va a permitir S. S. que le diga que el artículo 2 no es el más
indicado para citarlo. El artículo 2 de la Constitución es el que habla
además de la indisoluble unidad de España. Defender una diversidad
territorial bajo ese lema del artículo 2 no se entiende. Nos parece que
podría tener otra redacción, pero no vamos a diferenciarlos, porque es
verdad que es el único apartado de la Constitución donde se establece esa
realidad plurinacional que tiene España y plurirregional, después del
desarrollo de la Constitución.
En el apartado c), acerca de la circunscripción electoral de la comunidad
autónoma y la celebración de los procesos electorales coincidiendo con
las elecciones a los parlamentos autonómicos, estamos totalmente de
acuerdo. En el apartado d), sobre la eliminación de esa subordinación de
la Cámara Alta para actividades legislativas o de control, también
estamos de acuerdo. Y en cuanto a la posibilidad de uso de las lenguas
oficiales, nosotros compartimos ese criterio. Ha habido un debate antes,
que hemos perdido, no sé por qué porcentaje pero se ha perdido, por una
parte en cuanto a la publicación de las leyes.
Por último, plantea un impulso de la participación de todos los partidos
políticos en este proceso de reforma. Me gustaría detenerme en este
punto. Fíjense cómo un debate que ha tenido su residencia en el Senado y
que viene a hablar del Senado lo traemos al Congreso, porque alguno de
los que aquí estamos no estamos allí, o estamos representados de forma
bilateral. De ahí que nos parezca importante que este impulso realizado
en el seno del Senado se haga también con la participación de las fuerzas
políticas que tienen presencia en este Congreso.
¿Cuáles son las modificaciones que nosotros presentamos?
Fundamentalmente, de dos características. Una, poner como frontera esta
legislatura; cuando se plantea un proceso para la elaboración o para
lograr en ese punto 2 una respuesta a la reforma constitucional, poner
como límite esta legislatura. Nosotros decimos, de acuerdo con esa
propuesta, que se haga efectiva en esta legislatura. Que esa reforma
constitucional del Título III, que solamente hace referencia al
procedimiento electoral, se pueda abordar en esta legislatura, porque, si
no,volveremos otra vez al Guadiana de siempre: sale, vuelve a ocultarse,
sale, vuelve a ocultarse. Al principio de cada legislatura y en cada
debate de investidura nos lo tomamos muy en serio. Yo llevo poco tiempo
aquí, pero las dos legislaturas han empezado igual. Espero que la
siguiente legislatura empiece ya después de las elecciones autonómicas
que se puedan realizar. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia
creo que serán en este otoño.
En segundo lugar, nosotros intentamos que se modifiquen estos errores
técnicos o semánticos que le decía, no de fondo. Por eso hemos propuesto
adicionar en el apartado 1 de la moción haciendo que el Senado represente
a la pluralidad de naciones y regiones, y que legisle sobre materias que
afecten a las comunidades autónomas. La separación efectiva de
competencias. Nosotros creemos que hay que suprimir el papel de Cámara de
segunda lectura. El Senado debe abordar unas competencias y el Congreso,
otras, pero no somos partidarios de una segunda lectura por parte del
Senado.
Por último, señor Presidente, voy a dedicar este minuto que me resta a
las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros creemos que las enmiendas 1 y 5 van en un sentido totalmente
distinto de la filosofía que nosotros hemos defendido, porque las
enmiendas del Grupo Socialista son muy autocomplacientes con la realidad
actual después de la reforma del Reglamento. En la enmienda número 1
plantean que hay que comprometerse en el proceso político que debe
conducir a la adaptación del Senado al Estado de las Autonomías
desarrollado a partir de la Constitución, y en la última enmienda, de
adición de un punto 5 nuevo, viene a resaltar el papel de la Comisión
general de las comunidades autónomas del Senado para que sea el lugar de
encuentro de las comunidades
autónomas entre sí. Creemos que esa realidad no es la mejor y que se ha
demostrado como poco útil, pero, en todo caso, si se admite por el grupo
proponente, nosotros no vamos a votar en contra de esa propuesta. Sin
embargo, nos parece que las enmiendas que se presentan a los apartados
2.º, 3.º y 4.º mejoran el texto y que pueden significar un punto de
acercamiento, puesto que en la enmienda 2 impulsa y apoya la reforma del
Título III para que recoja una realidad más plural. Entendemos que esa
pluralidad la refleja en proporcionalidad y en representación territorial
y lo ha agrupado en lo que pudiéramos llamar la estructura institucional
del Estado. Creo que puede servir como definición de lo que aquí se ha
planteado.
En cuanto a los trabajos de la Comisión que se ha creado en el Senado,
entendemos que es el sitio para producir ese encuentro y nosotros
insistiríamos en la idea de que se puedan culminar en esta legislatura.
También estamos de acuerdo con la aportación al apartado 4.º, puesto que
amplía o perfecciona la relación de esas instituciones, no solamente
políticas, sino universitarias y culturales.
En suma, señor Presidente, creo que sería positivo que hoy, fruto de esta
moción, saliese de aquí una propuesta de resolución y que el Congreso
asumiese el compromiso de demandar del Gobierno esa posición de impulso
de la que nos haga partícipes a todas las fuerzas políticas --el Gobierno
puede impulsar lo que quiera, pero si no nos comprometemos todos, no va a
tener virtualidad--, para que de aquí pueda salir esa voluntad de tener
resuelta la situación del Senado en el Título III de la Constitución, con
esa reforma constitucional solventada en esta legislatura.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías. Espero haber acercado las
posiciones de las argumentaciones que hemos recogido en nuestras
enmiendas y las del grupo parlamentario que se ha atrevido a presentar
enmiendas; otros no las han presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intentar fijar la postura de mi grupo en relación con la moción
consecuencia de la interpelación debatida en esta Cámara la semana pasada
y que tenía como causa el valorar cuál era la postura del Gobierno en
relación con el debate habido en el Senado sobre el Estado de las
autonomías y su postura sobre un posible impulso a la modificación de
esta Cámara.
Es conocida cuál es la postura de mi grupo sobre el proceso en el que nos
encontramos en el Estado autonómico. Se trata de un proceso que está
efectivamente asentado, pero que desde luego es inacabado. Y es un
proceso inacabado, desde nuestra óptica, en un doble sentido, ya que ni
está desarrollado en su totalidad, al no haberse cumplido el Estatuto
vasco en partes importantes en él asumidas, ni el modelo general de
relación de las comunidades autónomas con el Estado resulta aún estable,
sino que se ve sometido a tensiones, a dudas o a incidencias ajenas a él.
Es esta segunda vertiente del proceso inacabado lo que genera una mayor
preocupación para mi grupo y lo que hace relación a la cuestión que se
debate hoy en esta Cámara.
El cumplimiento cuantitativo del Estatuto, con ser importante y con la
gravedad que representa, llegará --estoy segura de ello, ya que hay
síntomas de desbloqueo en esta materia--, pero además están garantizadas
las instituciones vascas por la propia existencia del Estatuto, que
velarán por la exigencia de ese resultado. Lo que deben garantizarse son
las líneas maestras del modelo de Estado de las autonomías que se viene
construyendo, líneas maestras que se han alterado en mayor o menor medida
en los años de desarrollo del Estado y que en ocasiones y en elementos
esenciales no han estado garantizadas con la determinación necesaria,
sino que parecían sufrir las consecuencias de la falta de un proyecto
político general de modelo de Estado.
Nos interesa saber como grupo hacia dónde se dirige el Estado de las
autonomías y cuál es el proyecto político que se pretende alcanzar. Me
deberán reconocer SS. SS. que no se conocen las respuestas a estas
cuestiones básicas y que ni siquiera hay proyecto expresado desde muchas
de las opciones políticas. Aquí es donde encaja el papel que el Senado
esté llamado a desempeñar. Se afirma su insuficiencia actual como Cámara
de segunda lectura y en eso estamos todos de acuerdo, pero tras largos
períodos de comparecencias en la ponencia que en el Senado se creó al
efecto hay tal disparidad de modelos como de comparecientes.
Un elemento sustancial para poder implicar al nacionalismo vasco en la
reforma del Senado, al nacionalismo vasco al que yo represento, es la
compatibilidad del modelo de Estado resultante tras la reforma
constitucional con la existencia de hechos diferenciales. Y no soy yo la
única que plantea esta cuestión como principal cuestión a abordar o a
resolver en la reforma del Senado, ya que lo hicieron muchos de los
comparecientes en la ponencia que se constituyó en el Senado.
Por expresarlo con brevedad y no con palabras mías sino de los propios
comparecientes, me referiré a las expresiones del profesor Leguina Villa
cuando dice que la tendencia de un Senado territorial es la tendencia a
la simetría y a la uniformidad, para oponerse a ese modelo. Miguel
Herrero señalaba que el hecho diferencial políticamente relevante se
centra --sigo aquí a gran parte de la doctrina constitucional, según él
decía-- en la existencia de una identidad nacional propia.
El profesor Castels Arteche, por su parte, hablaba de la voluntad
política de autodistinción. El profesor Leguina Villa hablaba de
identidades políticas diferentes, e indicaba que se expresa por la
existencia de un sistema propio de partidos con presencia de partidos
nacionalistas, fruto de la espontaneidad social, y aquí estoy citando al
profesor Rubio Llorente. Quiero insistir en que el reconocimiento del
hecho diferencial está en la propia Constitución; no me extenderé ahora a
la disposición adicional primera que lo reconoce para los casos de
Euskadi y de Navarra. Además existe la diferencia entre nacionalidades y
regiones, el sistema de acceso a la autonomía por vía de pacto
constitucional y las importantes y expresas diferencias competenciales
que hay en unos estatutos con relación a otros.
El problema que la moción intenta abordar es el de cómo encajar lo
diferente en un foro uniforme. Los expertos comparecientes en la
ponencia, o no dieron respuesta a esta cuestión o han planteado
alternativas como las minorías de bloqueo, la exclusión de materias de
naturaleza bilateral, el reconocimiento del derecho de veto a
determinados grupos territoriales, pero, a renglón seguido, reconocen su
inviolabilidad política.
Del resultado de esta ponencia nos encontramos con tres disyuntivas que
es lo que creo que debiera abordarse. Un Senado territorial, al estilo de
los consejos federales no se adaptará a las necesidades diferenciales del
Estado autonómico porque éste participa de elementos propios diversos de
un Estado federal. En segundo lugar, si por lo que se opta es por crear
un Senado con reconocimiento jurídico y político de identidades políticas
diferenciales, no me parece que ése sea el modelo asumido por los
partidos de ámbito estatal. En tercer lugar, queda renunciar a la
dicotomía en la que se fundamenta el modelo actual bicameral, según la
cual la afirmación y el desarrollo del principio democrático se realiza
en el Congreso, mientras que la afirmación y el desarrollo del principio
de autonomía se realiza en el Senado.
No le incumbe a mi grupo dar ahora soluciones, pero creemos que el
panorama es confuso y no aparece desbrozado en la moción, que en
principio nos gustaba y que nos parece voluntarista, planteada por el
Grupo Nacionalista Gallego. A pesar de su corrección, nos parece corta;
creo que no aborda la totalidad de lo que debe ser el problema del
reconocimiento de los hechos diferenciales y que, sobre todo, queda
desvirtuada por las enmiendas presentadas por otros grupos, que nos
parecen más tendentes a un reconocimiento igualitario de las realidades
autonómicas dentro del Estado autonómico.
Estas son las cuestiones que nos llevan a felicitar al Bloque por haber
abierto camino, por haber iniciado una andadura que nos pueda llevar a
decidir entre todos cuál deba ser el modelo de Senado asumible por todos,
pero si se aceptan las enmiendas de los demás grupos, y también por esta
misma cortedad, nos llevará a votar negativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Quiero recordar a SS. SS. que en el último período de sesiones la
Presidencia hizo la petición a los señores Diputados y a las señoras
Diputadas de que el turno de fijación de posiciones se realizase desde el
escaño, petición que quiero reiterar yo en este momento.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente en representación del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), pero voy a exponer nuestra posición. En
primer lugar, nos parece de gran interés la moción que ha presentado el
Diputado del Bloque Nacionalista Galego; pese a ello nosotros vamos a
votarla desfavorablemente, por diversas causas. La principal es quizá que
nosotros creemos que la reforma del Senado debe estudiarla y llevarla a
cabo de manera absolutamente independiente la propia Cámara, el propio
Senado. No creemos que el Congreso deba actuar en este momento sobre el
Senado y, por descontado, no creemos de ninguna manera que el Gobierno
deba comprometerse de manera activa y deba influir --porque si se
compromete de manera activa influirá-- en cómo lleva a cabo la discusión
el Senado.
Si el Gobierno se compromete activamente, el Gobierno del Partido
Popular, en contra de lo que aquí se ha dicho por algún otro grupo, sí
que tiene un modelo programático de Senado, un modelo de Estado
autonómico, que por descontado no coincide con el nuestro, porque
nosotros no sólo somos un grupo nacionalista, sino que somos también el
grupo nacionalista que forma la misma coalición que gobierna nuestra
nación.
Nosotros creemos que debe haber, primero, una definición de lo que debe
ser el Senado. No nos satisface la que en esta moción se menciona ni la
que se ha mencionado hasta aquí. Para nosotros sólo puede haber una
definición de lo que debe ser el Senado, y a partir de ello debe
trabajarse en su estudio, que es que debe ser una Cámara de
representación territorial del Estado plurinacional, plurilingüe y
pluricultural. No hay otra definición posible para atender los deseos que
nosotros tenemos en la definición de un nuevo Senado.
Por todo ello, creemos que en otro momento, seguramente más oportuno, más
adecuado, vamos a encontrar la manera de actuar, todos juntos o por lo
menos los partidos nacionalistas, para tratar la reforma del Senado. No
es en este momento, ni desde este Congreso ni desde el Gobierno, y no nos
parece de ninguna manera que la moción sea el camino adecuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que hoy se debate tiene su origen en la interpelación
formulada por el mismo grupo parlamentario sobre la valoración que se
hacía acerca del debate sobre el Estado de las autonomías que tuvo lugar
en el Senado. Ese debate ha sido un momento especial para hacer un
balance y para fijar las perspectivas de futuro. El Grupo Popular
considera que la valoración es altamente positiva. No debe olvidarse que
en apenas un año de gobierno de José María Aznar se ha profundizado
notablemente en lo que es el desarrollo del Estado autonómico, se han
aprobado ochenta decretos de transferencias con 50.000 millones de
pesetas para las comunidades autónomas, se han diseñado las bases para la
reforma de la Administración periférica a través de la aprobación de la
Lofage, se ha impulsado el modelo de financiación autonómica. Igualmente,
se ha aprobado la ley que regula la conferencia sectorial de asuntos
comunitarios y se han reformado en breve plazo dos estatutos de
autonomía. Consideramos que la configuración del Estado autonómico está
muy avanzada, pero también estimamos desde el Grupo Parlamentario Popular
que hay que seguir trabajando para profundizar en lo que es el desarrollo
del principio descentralizador. Y en este sentido no contarán en modo
alguno con nuestro apoyo aquéllos, como el Partido Socialista, que están
impidiendo el desarrollo, la profundización del sistema abierto previsto
en la Constitución, al igual que tampoco contarán con nuestro apoyo
aquellos que quieran ir más allá de lo que nuestra Carta Magna establece.
Por ello decía que consideramos positivos tanto los avances de este año
como las mociones aprobadas en el Senado. Se aprobaron 28 mociones en esa
Cámara Alta --por cierto, ninguna contó con el voto favorable del grupo
Socialista--, se aprobaron cuestiones referentes a temas diversos como el
reconocimiento de la realidad plurilingüística, temas como la cooperación
entre comunidades autónomas, temas sectoriales en orden medioambiental,
en el orden educativo, en el orden europeo, en el orden administrativo,
etcétera. Y todo ello demuestra ciertamente la utilidad de estos debates,
tanto por las resoluciones que se aprueban como por el hecho de ser, tal
y como antes indicaba, un lugar de encuentro y reflexión de las
comunidades autónomas no sólo de las cuestiones que les afectan
singularmente a ellas, sino también de lo que es el modelo global del
Estado autonómico.
Desde el Partido Popular consideramos que ya pasó el momento de que
solamente se venga a pedir. Es el momento de construir de forma solidaria
lo que es un Estado plural. En este sentido también desde el Partido
Popular consideramos que nuestro Estado es una realidad plural, donde
existen hechos diferenciales, pero donde también existe un proyecto
común, un proyecto abierto y un proyecto integrador. Es esencial, para
que se desarrolle lo que es el Estado de autonomías, el consenso, pero
para que exista éste tiene que haber voluntad, y ustedes, señores del
Partido Socialista, no tienen voluntad. Ustedes no quieren dialogar, se
están automarginando continuamente en los temas autonómicos porque les
interesa de una manera partidista utilizar este tema de modo
irresponsable. Y es ciertamente éste un juego peligroso en el cual
ustedes están cayendo, están alentando el enfrentamiento entre las
comunidades autónomas y muestras hay todos los días y de una manera muy
reciente a propósito de la renovación del sistema de cupo que tiene
Euskadi, donde su posición ha sido verdaderamente esperpéntica.
Dedíquense por favor a edificar y no a destruir.
También quiero decirles, y con ello concluyo esta primera referencia, que
alentar el enfrentamiento entre las comunidades autónomas y pretender
tener en exclusiva lo que es una idea de España desde luego no es
patriotismo, es una irresponsabilidad. Y en todo caso, señores del
Partido Socialista, no son ustedes quienes como para darnos lecciones a
nosotros de lo que es una idea global de España. Tenemos que hacer
esfuerzos todos y buscar puntos de encuentro y consenso y precisamente el
consenso es lo que requiere la reforma del Senado, máxime en el caso de
que hubiera que modificar el Título III de la Constitución, pues si la
elaboración de la Constitución se hizo con ese máximo consenso en ese
clima y en ese contexto, igualmente debe existir en una reforma de
nuestro texto constitucional. Por ello, estamos básicamente de acuerdo
con el contenido de algunos aspectos recogidos en la moción presentada y
somos decididamente partidarios de que se potencie la dimensión
territorial del Senado; siendo, como antes decía, lugar de encuentro
entre comunidades autónomas, entre lo que son nacionalidades y regiones
que integran el Estado plural que es España, que pueda ser también punto
de referencia de los hechos singulares que existen. Sin embargo, también
deben valorarse aspectos procedimentales en esta moción. Así, en primer
lugar, el papel que en esta moción se quiere atribuir al Gobierno.
Nosotros consideramos que el papel del Gobierno es básicamente respaldar.
Es un papel ciertamente limitado. No consideramos que debe ser el
Gobierno el principal actor, el principal protagonista en la reforma del
Senado; deben ser más bien los representantes democráticos de los
ciudadanos que existen. Hay que recordar que cuando se elaboró el origen
de la misma no se debió a ningún proyecto del Gobierno, se debió
precisamente al órgano legislativo. Pensamos que el protagonismo
principal en la reforma del Senado no debe ser del Poder Ejecutivo, tal y
como se deduce del texto
de la moción, al igual que de las enmiendas presentadas por otros grupos,
concretamente por el Grupo Parlamentario Socialista y por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El segundo aspecto procedimental que quería valorar en este momento es
cuál es la Cámara más indicada para llevar a cabo ese proceso de reforma.
Nosotros consideramos --lo ha dicho antes la representante del Grupo
Catalán y nosotros coincidimos-- que debe ser fundamentalmente en el
Senado donde se inspire y aliente la reforma de la Cámara Alta. No creo
que sea el Congreso el órgano más indicado para ello y no debe serlo para
decir a la otra Cámara lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer.
Lo contrario sería insistir en algo contradictorio. Porque si buena parte
de los que estamos en esta Cámara decimos en muchas ocasiones --y creemos
en ello-- que el Senado tiene que ser una Cámara de primera lectura en
asuntos de carácter especialmente autonómico, seamos coherentes con lo
que decimos y no hagamos injerencias en su actuación. Además de que no
debemos decir al Senado lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer,
ciertamente en el Senado se está haciendo. Y ustedes, señores del Partido
Socialista, no incurran en la situación tan paradójica de demandar o de
exigir en un año lo que ustedes no fueron capaces de hacer durante trece
años cuando tuvieron amplias mayorías en ambas Cámaras. (Rumores.) Y
decía que en este momento se está haciendo. Como es sabido se ha
constituido una ponencia que está trabajando en la reforma del Senado.
Ciertamente son diversas las opciones y los modelos que se están
estudiando y manejando. Pero en esta fase de estudio y de debate, sin que
los asuntos que se debaten en esa ponencia tengan que dormir el sueño de
los justos, consideramos que debe hacerse con las debidas cautelas y,
además, con el máximo consenso posible.
Por último, he de decir que esa ponencia en el marco de la Cámara Alta se
constituyó en virtud de una enmienda presentada conjuntamente por todos
los grupos de esa Cámara y no como ha sucedido en el presente caso, que
la iniciativa venía solamente de un grupo parlamentario, concretamente
del Grupo Parlamentario Mixto.
Por todas estas razones, especialmente procedimentales, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar en contra de la moción presentada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez, a efectos de expresar la
aceptación o denegación de las enmiendas.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
A nadie se le oculta que el tema que estamos tratando es de suficiente
importancia y calado como para pretender que un grupo parlamentario y
menos dos Diputados intenten que haya un resultado real sobre la cuestión
que estamos tratando. Pero no es menos cierto que es necesario para las
fuerzas políticas, y en concreto para las nacionalistas saber a qué
atenerse en el actual contexto del Estado español. Esta es la razón de
que nosotros planteásemos la interpelación y la siguiente moción por una
cuestión de higiene pública, en el sentido de empezar un camino de
clarificación que conduzca efectivamente a un Estado plurinacional,
plurilingüístico y pluricultural
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez, le
rogaría que expresase escuetamente la aceptación o denegación de las
enmiendas, con las introducciones más breves posible que creo que
deberían concluir. Yo se lo agradecería.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
Quería aclarar precisamente la aceptación de las enmiendas.
En nombre de este criterio, de que hay que dar un primer paso para aunar
voluntades y sacar el tema del lugar empantanado en que está, vamos a
aceptar las enmiendas de modificación al apartado 1.º, la primera; al
apartado 2.º, la segunda; a los apartados 3.º y 4.º las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que, si bien reducen
el alcance de nuestra moción, no son contradictorias con la intención que
tiene la moción del Bloque Nacionalista Galego.
No vamos a aceptar la enmienda de adición, porque pensamos que concreta
demasiadas cuestiones que van en un sentido que no es el del
nacionalismo.
Agradecemos las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. Las que tienen
importancia política, en concreto aquellas que por las que legítimamente
un partido de ámbito estatal propone no hacer diferencias entre
nacionalidades y regiones, cosa que ya está obviada con las enmiendas del
Partido Socialista. Y respecto a la referida a que se solucione este
debate en la actual legislatura, a la vista del panorama, está claro que
no solamente no va a ser así sino que por nuestra parte sería una osadía
pretenderlo. En nombre de esto, aceptamos las enmiendas del Grupo
Socialista a los puntos 1, 2, 3 y 4 y no al punto 5.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez Sánchez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Mixto, para conocer la valoración del Gobierno acerca del debate en el
Senado sobre el Estado de las Autonomías y su disposición a impulsar la
reforma de la Constitución para convertir la Cámara Alta en una auténtica
Cámara de representación territorial, con el texto resultante de la
aceptación de las enmiendas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a
favor, 134; en contra, 160; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción debatida.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL MODELO DE RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA (RTVE) (Número de expediente 173/000032)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista consecuencia de
interpelación urgente sobre el modelo de Radiotelevisión Española. Para
su presentación y defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo
Socialista, el señor Leguina. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio. No hace falta que les vuelva a
señalar que lo avanzado de la hora hace necesario que comience cuanto
antes el debate de este último punto del orden del día. En consecuencia,
ruego a quienes van abandonando el Pleno que lo hagan en silencio.
El señor LEGUINA HERRAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es costumbre de esta Cámara que a partir de las nueve y media
de la noche los oradores sean más breves. Les aseguro que la buena
crianza debe atenerse a las buenas costumbres, y esta es una buena
costumbre y yo quiero tener buena crianza, así que seré brevísimo.
El miércoles 19 de marzo, el día de San José, tuvo lugar aquí un debate
sobre una interpelación, y esta moción que vamos a discutir --insisto que
brevemente-- es el resultado de ese debate sobre esa interpelación. En el
debate quedó bastante claro que todos los grupos tenían intención de
llegar a un consenso sobre cuestiones sin duda trascendentes relativas a
Televisión Española, cual es el problema de la financiación y qué tipo de
televisión pública queremos, cuáles son las estrategias que deseamos en
un mundo cambiante como es el audiovisual. ¿Qué queremos con esta moción?
Esta moción pretende simplemente que el método empiece a funcionar, y el
método es que una comunicación en nuestra moción, que tras las
transacciones realizadas será un informe del Gobierno, inicie en esta
Cámara ese consenso deseado.
Por tanto, tras los acuerdos obtenidos supongo que va a haber demasiada
viveza sí, pero no confrontación en el debate. Y con esto, señoras y
señores Diputados, he terminado mi intervención. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Leguina, subrayando la
gratitud de la Cámara por el tiempo que ha dedicado a defender la moción
y la enmienda transaccional que propone.
A la moción del Grupo Socialista han presentado enmiendas el Grupo
Popular y el Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, para la defensa
de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no sé si tengo la capacidad para imitar en este caso al
proponente de la moción. Me gustaría conseguirlo.
Nos felicitamos por la oportunidad --ya lo decíamos cuando se debatía la
interpelación-- de traer a la Cámara y debatir esta cuestión, pero
criticábamos en aquel debate del día 19 los posibles peligros. En primer
lugar, no abordar la fuente de los problemas reales, que era por un lado
la crisis de financiación y, por otro, el agotamiento, la muerte del
estatuto de la radio y la televisión. En segundo lugar, utilizar la
Radiotelevisión Española como un arma arrojadiza en el debate político,
lo que impedirá avanzar en la comprensión de que la televisión es una
cuestión de Estado, frase que se populariza pero que si no damos pasos
para que se realice se quedará en eso, en mera palabrería. Desde luego,
decir que la Televisión pública no debe utilizarse como arma arrojadiza
no significa negar la crítica a Radiotelevisión Española. En aquel debate
yo insistía en el suspenso que desde nuestro grupo dábamos al Gobierno en
esa materia, insistiendo en cómo se ha perdido ya un año en pruebas, en
intentos, que han conducido a que la situación global de Radiotelevisión
Española sea peor que cuando empezó la legislatura. Pero esas críticas
legítimas perderán precisamente legitimidad cuando se basen en el
sectarismo, en la amnesia o, al revés, las defensas de los avisados que
sólo se amparan en el tú lo hiciste peor; pésima disculpa usada
perennemente por el Partido Popular, pero facilitada también perennemente
por la actitud actual del PSOE, que usa el mismo estilo de crítica que
usó el Partido Popular en la oposición.
Pensamos que existe una ausencia de alternativas creíbles a la
radiotelevisión pública en los discursos que se generalizan en las dos
grandes fuerzas políticas, y si todo vale en el desprestigio tampoco se
va a conseguir credibilidad cuando se habla de que la televisión sea una
cuestión de Estado. Había otro elemento que nosotros también criticábamos
en ese debate: la tentación de que los acuerdos se protagonizaran entre
los
dos grandes grupos parlamentarios de la Cámara y que intentaran así
hegemonizar, pilotar el proceso para tutelar, para colonizar todo el
panorama audiovisual, según sus intereses concretos. Ello requeriría de
un proceso oscuro, poco participativo y poco transparente. Algo de todo
eso que se criticaba podríamos encontrarlo en la moción.
Sin duda, las intenciones que subyacen en la moción son buenas. Los
principios que se predican son --por utilizar una sola vez el lenguaje
popperiano-- inapelables, no son falsables. Por definición nadie puede
estar en contra del pluralismo, la independencia y todo ese tipo de cosas
que se dicen. El problema es qué hacer para que eso que no ha sido una
realidad en el pasado, ni lo es ahora, se convierta en algo real.
A nuestro modo de ver, en la moción hay dos tipos de factores negativos
En primer lugar, hay un curioso exceso de preocupación por el Gobierno,
hasta atribuirle ciertos poderes adivinatorios al hablar de modelos
futuros, previsibles, en lugar de incidir en la dirección de los procesos
como el eje de la racionalidad política, como si la evolución televisiva
fuera algo natural como el clima o las tormentas solares. En lugar de
definir qué se quiere hacer y qué modelo queremos practicar, nos quedamos
sólo en que el Gobierno nos diga cuál va a ser su modelo. Por tanto, hay
que resituar el papel del Gobierno en este proceso, un factor esencial,
sin duda, pero no el único esencial, porque entonces se ligará otra vez
el futuro de Radiotelevisión Española a la coyuntura gubernamental y no
será una cuestión de Estado, será una cuestión de gobierno que podrá
servir para criticar al Gobierno pero no para avanzar, no para mejorar.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ RAMOS: Inmediatamente.
El otro tipo de factores negativos no es lo que dice la moción sino lo
que calla, y a ello van nuestras enmiendas. Por un lado, está ausente el
papel del Congreso, el mismo Congreso, que debe ser el lugar central, el
lugar auténticamente esencial por ser el natural del encuentro plural, el
lugar de la transparencia, incluso porque en cierto modo es una exigencia
constitucional, pues cuando el artículo 20 se refiere al control
parlamentario de la radiotelevisión pública no se agota sólo en un
control de la programación o en cosas concretas, sino también en la
definición de los grandes procesos. También está ausente la reforma del
estatuto de la radio y de la televisión, que es el cimiento de toda la
obra. Sin una base legal sólida, sin esa base legal sólida, va a ser
imposible, de verdad, avanzar. Por eso también presentamos nuestras
enmiendas.
Entendemos que finalmente va a haber una enmienda consensuada en la que
van a aparecer estas cuestiones con suficiente claridad. Por eso la vamos
a apoyar. Desde esa perspectiva, superados esos déficit, podemos ser
optimistas porque, nos podemos encontrar, pese a todo, al inicio de un
camino, y ojalá ese camino lleve lejos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, en nombre del Grupo
Popular, el señor Peñalosa.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Gracias señor Presidente.
Señorías, la moción que nos ocupa, concretamente la interpelación que le
da origen después de la fugaz defensa que se ha hecho de la moción hace
un momento, nos recuerda mucho esa prueba visual de la botella medio
llena y de la botella medio vacía, y es que en los asuntos de
Radiotelevisión Española es frecuente que el Grupo Socialista vea las
cosas de las dos formas. Del contenido de aquella intervención sobre la
interpelación en aquel momento se puede desprender, por un lado, una
visión negativa, una visión pesimista de este asunto, de lo que hay que
hacer con Radiotelevisión Española, y así podíamos deducir que el Grupo
Socialista cree que el pacto de Estado propuesto para garantizar el
futuro de Radiotelevisión Española no es un punto de partida sino sólo un
objetivo final; que la subcomisión sugerida por el Grupo Parlamentario
Popular como una vía reglamentaria para trabajar en la obtención del
acuerdo es un método inadecuado que además persigue únicamente despreciar
al Partido Socialista; que el pacto de Estado respecto a Radiotelevisión
Española sólo se puede concebir con la concurrencia, con la participación
del Grupo Socialista, y que la audiencia de Radiotelevisión Española cae
y los informativos responden a un plan de comunicación del Gobierno y del
Partido Popular. Esta, por cierto, es una cantinela incompatible con el
liderazgo absoluto de la audiencia de estos programas. Todas estas son
declaraciones prácticamente literales realizadas desde esta tribuna para
justificar la interpelación. Esta es la visión de la botella medio vacía,
la visión más negativa, pero hay otro punto de vista, el de la botella
medio llena, que es el que queremos resaltar hoy, que también se puede
obtener de la misma intervención y que muestra la versatilidad y la
dificultad de conocer con precisión, en muchas ocasiones, la posición del
Grupo Socialista sobre Radiotelevisión Española.
De acuerdo con esa otra visión más positiva podríamos decir que,
superando todas las resistencias iniciales, que no eran pocas, el pacto
de Estado es necesario, es imprescindible, y el Grupo Socialista,
recogiendo la invitación realizada por el Director General de
Radiotelevisión Española en su primera comparecencia, se incorpora al
deseo, expresado por todos los grupos parlamentarios, de alcanzarlo desde
el principio; que la subcomisión es una vía aceptable para trabajar y
que, en todo caso, esta no es la cuestión principal ni el
más importante punto de desencuentro; que el pacto de Estado debe
obtenerse con la participación del Grupo Socialista por su indudable
importancia política y peso parlamentario, pero también por su indudable
responsabilidad en el origen, en el tamaño y en la consolidación de los
principales problemas de Radiotelevisión Española; que las quejas
recurrentes y realizadas un poco de oficio no entorpecerán la voluntad de
diálogo y de acuerdo; y que finalmente la moción, consecuencia de la
interpelación, solicitaría del Gobierno la adopción de una iniciativa
formal para lograr una solución respecto a Radiotelevisión Española, su
viabilidad como servicio público y su financiación estable que
transcienda a las eventuales mayorías de gobierno. Esta es la visión de
las cosas que a nuestro grupo le importa destacar y este es el enfoque
más positivo desde el que analizamos la moción del Grupo Socialista.
Siendo esto así, insisto que desde la interpretación más positiva de la
posición del Grupo Socialista que hemos adoptado y que hemos encontrado,
creemos, no obstante, que la moción no adopta la iniciativa formal que a
nuestro juicio más ayuda desde el principio a la obtención del objetivo
que todos compartimos. Por ello nuestro grupo parlamentario ha presentado
a esta moción una enmienda de modificación que varía el papel del
Gobierno respecto a su aportación y a cuál deba ser su contribución en
los trabajos parlamentarios que de forma inminente se deben acometer en
esta Cámara respecto al futuro de Radiotelevisión Española.
Le recuerdo que de acuerdo con la moción el Gobierno debería presentar
una comunicación que defina el modelo de radiotelevisión pública y su
sistema de financiación. De acuerdo con nuestra enmienda, el Gobierno
debe remitir a la Cámara un informe descriptivo de los problemas que
afectan al funcionamiento de Radiotelevisión Española y que han dado
lugar a una difícil situación financiera del grupo, para que sea
posteriormente la Cámara la que acuerde el modelo y el sistema de
financiación.
No se puede ocultar que fundamentalmente la primera parte de nuestra
enmienda supone una diferencia que no es menor respecto a la moción en
relación con la metodología, con el aporte documental del Gobierno, pero
nos parece que ayuda más al debate y a la consecución del acuerdo que no
sea el Gobierno el que inicialmente defina el modelo de Radiotelevisión
Española y sean los grupos parlamentarios los que realicen esa tarea, esa
discusión y esa definición. Y que todo ello se haga, aunque este no sea
el momento ni el objeto de la decisión ni la solución, en el seno de una
subcomisión creada al efecto, sobre cuya utilidad pienso que existe ya un
consenso básico...
El señor PRESIDENTE: Señor Peñalosa, le ruego concluya.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Termino, señor Presidente, en medio minuto.
Y que carecería, insisto, de toda virtualidad y de razón de ser si
optamos por el procedimiento que pide la moción.
Es más, señorías, desde nuestro punto de vista el pacto de Estado
transciende al Gobierno, del que Radiotelevisión Española depende sólo
parcialmente. Incluso el pacto de Estado debe ser más amplio que el
acuerdo parlamentario que podamos lograr en esta Cámara. El pacto de
Estado alcanza a las fuerzas sociales e incluso a otras instituciones.
Por ello insisto --y termino, señor Presidente-- en que no consideramos
que deba ser el Gobierno el que defina el modelo y sí que lo haga con su
colaboración esta Cámara, contando con la participación y aportaciones de
todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peñalosa.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa). Quiero
prevenir a los señores portavoces que en ejercicio de las competencias
que a la Presidencia otorga el Reglamento no tienen más que tres minutos
para fijar su posición.
Señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente. Seré breve.
Estamos obligados --en la misma línea que ha señalado el señor Leguina--
a encontrar un consenso en la Cámara para que este problema de
Radiotelevisión Española encuentre, en primer lugar, por la vía y el
marco que sea, remitiendo el Gobierno al marco que en sede parlamentaria
se determine el informe pertinente sobre la situación financiera en estos
momentos del ente público, por razones históricas y de competencia con
otras televisiones privadas que existen, un pacto de Estado para que
todas las fuerzas políticas lleguemos a un texto de consenso sobre un
nuevo estatuto que supere el obsoleto de 1980.
Lamentamos que el procedimiento parlamentario y el dilatado orden del día
nos haya llevado a estas horas de la noche a debatir este tema y si hemos
empezado encontrando un consenso para la variante de Pajares y para el
plan hídrológico del Júcar, estamos mucho más obligados como clase
política a encontrarlo para el estatuto de Radiotelevisión Española.
Nosotros apoyaremos, señor Presidente, desde Coalición Canaria, cualquier
iniciativa que entre en este pacto de Estado para, de una vez por todas,
ponernos al día en la situación de España en la radiotelevisión, el
equilibrio financiero del ente público, el modelo que queremos y que el
estatuto se modernice en la línea que exige el tiempo legislativo
moderno.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar hacer marca y batir el récord del proponente.
Nos gustaría que Radiotelevisión Española dejara de ser desde este
momento un motivo de enfrentamiento entre los grupos parlamentarios y que
nos pusiéramos a resolver este tema en el que todos tenemos
responsabilidades, unos más que otros, pero todos tenemos una cuota de
responsabilidad. Señorías, tendremos un informe del Gobierno, tendremos
un debate y diferimos nuestro posicionamiento a ese momento y en esa
situación. Concluyo poniendo de relieve que estamos encargando un
trabajo, debemos ser conscientes de que de eso se trata y que a él
nuestro grupo va a dedicar el más entusiasta de sus concursos y a votar
favorablemente esta moción que ha sido consensuada.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burballa.
Señor Leguina, tiene la palabra para aceptar o rechazar las emniendas.
El señor LEGUINA HERRAN: Señor Presidente, hay una enmienda
transaccional, que supongo que figura en la Mesa, que naturalmente hemos
acordado entre todos.
El señor PRESIDENTE: Puede leerla, señor Leguina, si lo desea.
El señor LEGUINA HERRAN: Muchas gracias.
Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que remita
a esta Cámara un informe acerca de los problemas de Radiotelevisión
Española que se refieren a su sistema de financiación y su misión como
servicio público en el contexto del pluralismo televisivo hoy existente y
del que previsiblemente pueda existir en el futuro. El Congreso de los
Diputados valorará, en el ámbito correspondiente, las modificaciones que
procedan en el Estatuto de la radio y la televisión de 10 de enero de
1980, a los efectos de asegurar los principios de objetividad,
neutralidad e imparcialidad de la información y el respeto al pluralismo,
así como el efectivo control parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Leguina.
En consecuencia, ese texto de la enmienda transaccional es el que vamos a
someter a votación.
Votación de la moción del Grupo Socialista, consecuencia de su
interpelación urgente, sobre el modelo de Radiotelevisión Española, en
los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el
grupo proponente y leída por el señor Leguina al finalizar el debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a
favor, 276; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia aprobada la moción en los
términos de la enmienda transaccional, levantándose el Pleno en este
momento y continuando la sesión mañana a las cuatro de la tarde. Se
levanta la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.