Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 68, de 18/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 68
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 65
celebrada el martes, 18 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación de los órganos de reclutamiento para el
servicio militar. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 32.1, de 31 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000020)
(Página 3329)
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reconocen determinados
efectos jurídicos a las uniones de hecho. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 61.1, de 8 de noviembre de 1996 (número de
expediente 122/000046) (Página 3336)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas para la igualdad jurídica de las parejas de
hecho. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 64.1,
de 15 de noviembre de 1996 (número de expediente 122/000049) (Página 3336)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre comercio y exportación de
armamentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
97, de 5 de febrero de 1997 (número de expediente 162/000081) (Página 3350)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre control del comercio de armamento. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 102, de 18 de febrero de 1997
(número de expediente 162/000089) (Página 3350)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas para superar la grave situación socio-económica
por la que atraviesa el Principado de Asturias. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 18, de 3 de junio de 1996 (número de
expediente 162/000025) (Página 3360)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modelo de Fiscalía y su
Estatuto (número de expediente 173/000029) (Página 3365)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas adoptadas en defensa del interés general, para
garantizar el cobro de la deuda tributaria afectada por posibles
problemas de prescripción, así como los criterios que han fundamentado su
actuación (número de expediente 173/000030) (Página 3372)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
El señor Presidente informa de la presencia de una delegación del
Parlamento Mejicano, presidida por doña María de los Angeles Moreno, con
motivo de la IX Reunión Interparlamentaria Hispano-Mejicana, para los que
pide el saludo de la Cámara.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3329)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación de los órganos de reclutamiento para el
servicio militar (Página 3329)
Presenta la proposicion de ley de modificación de los órganos de
reclutamiento para el servicio militar el señor Meyer Pleite, en nombre
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Manifiesta que la proposición de ley tiene como objetivo resolver los
problemas que acarrea el paso de un modelo de ejército basado en el
reclutamiento obligatorio al de un ejército profesional. Plantea elevar a
categoría legal lo que ya es voluntad política, manifestada por el
conjunto de las fuerzas políticas de esta Cámara, de que las
administraciones locales no sigan siendo el centro institucional de
reclutamiento. Añade que la existencia de una Dirección General del
Servicio Militar y sus órganos de reclutamiento, así como de otros de la
Administración central del Estado habilitados por la ley, no hace
necesario el concurso de los ayuntamientos.
A continuación, explica el contenido de los dos artículos de que consta
la proposición de ley con la que pretenden modificar los artículos 7º y
9º de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la
señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); la señora Sánchez López, del Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
rechaza por 282 votos en contra y 26 a favor.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se reconocen determinados
efectos jurídicos a las uniones de hecho (Página 3336)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas para la igualdad jurídica de las parejas de
hecho (Página 3336)
En defensa de la iniciativa del Grupo Socialista interviene el señor
Pedret i Grenzner, quien manifiesta que su grupo presentó el 29 de
noviembre de 1994 una proposición no de ley que fue aprobada por la
mayoría de la Cámara, con la abstención del Grupo Popular, donde se
instaba al Gobierno a la presentación de una ley sobre parejas de hecho.
Añade que el Gobierno socialista comenzó inmediatamente los trabajos para
presentar el proyecto de ley, que no pudo llegar a la Cámara por los
avatares políticos que les quitó la mayoría. Expone que, por lo tanto,
los trabajos del Grupo Socialista comenzaron con anterioridad a las
elecciones e inmediatamente después de que se aprobara la resolución del
Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 1994, en la que se instaba a los
Estados miembros de la Unión a realizar los trabajos adecuados para
evitar la discriminación que pudiera existir en sus leyes sobre este
extremo, por lo que su grupo fue diligente e impulsó, desde el año 1982
hasta la última legislatura, multitud de normas en las que se trataba de
la situación de las parejas de hecho.
Por otra parte, basa la legitimidad de su propuesta en el artículo 39 de
la Constitución, que habla solamente de la obligación de los poderes
públicos de proteger la familia, y en el artículo 9º.2, también de la
Constitución, que establece la obligación de todos los poderes públicos
de remover los obstáculos que existan para la plena igualdad. Asimismo
fundamenta la propuesta en distintas sentencias del Tribunal
Constitucional, que establecen claramente que la elección de la forma de
convivencia familiar es un desarrollo del derecho al pleno desarrollo
autónomo individual que establece el artículo 10 de la Constitución.
Asimismo, es una proposición de ley que viene a modificar leyes
sectoriales como el Código Civil, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley
General de la Seguridad Social, la Ley General Tributaria o la Ley de la
Función Pública, pero que no establece aquello que pudiera ser
discutible, como es una legislación específica para las parejas de hecho,
porque entienden que esto podría no ser conforme a la Constitución.
Asimismo considera que aunque en todos los programas electorales
figuraban propuestas con respecto a las parejas de hecho, hoy no se tiene
voluntad política de que prospere la propuesta, esgrimiéndose argumentos
puramente dilatorios, como la creación de una subcomisión para estudiar a
fondo el problema. Termina su intervención diciendo que existe en este
país una inmensa mayoría social que está por la tolerancia y la libertad
y lamenta que hoy, en esta Cámara, se pueda impedir la toma en
consideración de la proposición de ley presentada.
Interviene, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán González, para defender su
proposición de ley en la que postulan que se reconozca la igualdad
jurídica de las parejas de hecho con análoga convivencia a la del
matrimonio. Manifiesta, en primer lugar, su tristeza por la noticia que
le ha llegado de que no se va a aprobar algo que es justo, teniéndose en
cuenta exclusivamente la voz de aquéllos que tienen una mente estrecha.
Añade que la Constitución ampara su iniciativa de equiparar a las parejas
de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales, porque no consideran
justo que, por el mero hecho de haber establecido una convivencia
diferente a la del matrimonio, no puedan ser beneficiarios de todas
aquellas prestaciones económicas o de reconocimiento social. Por otra
parte, considera que las modificaciones introducidas en el ordenamiento
jurídico español con este motivo son escasas puesto que el Centro de
Investigaciones Sociológicas habla de que en nuestro país podría existir
alrededor de un dos por ciento de la población que convive con pareja de
hecho.
Se refiere a continuación a la Declaración de Derechos Humanos, de 10 de
diciembre de 1948, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, acuerdos firmados
por España y que contienen el mandato de protección legal a la familia,
no constituyéndose ésta siempre a través del matrimonio. Asimismo hace
mención de la recomendación del Parlamento Europeo de 1994 para evitar
los problemas de homofobia que había en los Estados miembros de la Unión
Europea y eliminar todas las trabas que impidieran la plena igualdad
jurídica de las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales.
A continuación explica el contenido de su propuesta y considera que, en
estos momentos, no hay argumentos para rechazar una proposición de ley de
las características de la que hoy se ha presentado, porque en ella se
plasman modificaciones del Código Civil, del Estatuto de los
Trabajadores, de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, de la Ley de Seguridad
Social, etcétera.
Comparte con el portavoz del Grupo Socialista que plantear a estas
alturas la creación de una subcomisión es dilatar en el tiempo la
solución del problema y es una falta total y absoluta de voluntad
política de reconocer que las parejas de hecho homosexuales deban ser
consideradas también unidades familiares, dando lugar a una
discriminación por razón de orientación sexual y creándose situaciones de
crueldad e injusticia respecto a ese colectivo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario
Popular.
Por alusiones intervienen el señor Pedret i Grenzner, del Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Molins i Amat hace constar su protesta por la interpretación de
la Presidencia del turno de réplica, que no le ha sido concedido a su
grupo.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se produce el
empate de 161 votos a favor y 161 en contra.
El señor Presidente, después de dar lectura del artículo 88. 1, somete de
nuevo a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, produciéndose de nuevo el empate de 161
votos a favor y 161 en contra.
En consecuencia, el señor Presidente, en cumplimiento del artículo 88.1,
decreta la suspensión de la sesión durante un cuarto de hora.
Se reanuda la sesión.
Sometida a votación por tercera vez la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 163
votos en contra y 161 a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
rechaza por 163 votos en contra y 161 a favor.
Proposiciones no de ley (Página 3350)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre comercio y exportación de
armamentos (Página 3350)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre control del comercio de armamento (Página 3350)
En primer lugar, defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista
el señor Moya Milanés, deseando que el debate sobre transparencia y
control del comercio de exportación de armamento y de material de doble
uso sea algo más pacífico y suscite un mayor grado de consenso que el
anterior. Presentan esta proposición no de ley animados por el espíritu
que se logró en el debate sobre la supresión de minas antipersonales y
porque consideran que la dinámica actual en la que se vienen moviendo las
exportaciones y producciones de armamento a nivel mundial nos colocan en
una situación mejor y más favorable en relación con los niveles
mundiales.Pero aunque España ocupa un lugar poco importante en el ranking
mundial (menos del uno por ciento de la producción de armamento español
en relación con la producción general y menos del 0,5 por ciento de las
exportaciones) el debate no deja de tener su importancia, porque la
opinión pública está cada vez más sensibilizada. De todas formas, es
cierto que parte de lo que es el tráfico de armamento a nivel
internacional escapa a las regulaciones legales y se desenvuelve en las
marañas del comercio ilegal. Considera que todos son conscientes de que
se trata de una regulación delicada desde el momento en que hay que
armonizar factores y criterios considerados, a veces, contradictorios.
Por una parte, hay que tener en cuenta el legítimo interés de las
empresas y de la industria de defensa por cumplir unos contratos y
realizar unas operaciones comerciales en condiciones de igualdad con el
resto de los países de la Unión Europea y, al mismo tiempo, que este
mercado se desenvuelve, a veces, en unos ciertos niveles de
confidencialidad que ejerce un cierto papel determinante a la hora de
adjudicación de los contratos. Asimismo hay que tener en cuenta el
legítimo y justo deseo de la opinión pública y, a través de ella, de las
distintas organizaciones no gubernamentales y colectivos políticos y
sociales, de incrementar de manera sustancial los niveles de
transparencia, en cuanto a que sus administraciones públicas están
exportando el material de defensa
y doble uso a países que no están sometidos a restricciones ni embargos
por la comunidad internacional. Considera que en este sentido su grupo ha
dado un salto cualitativo importante, y puesto que distintos grupos de la
Cámara han tenido sensibilidad para encontrar un punto de entendimiento,
anuncia que se sumarán a la enmienda de sustitución, que confía que será
aprobada por todos los grupos.
A continuación se refiere al contenido de la enmienda de sustitución que
desarrolla los ocho criterios comunes aprobados por la Unión Europea en
1991 y 1992, dando especial relevancia a la información sobre
exportaciones ya realizadas con detalle de los países de destino, a que
el Congreso de los Diputados reciba información del Gobierno
semestralmente en cuanto a las exportaciones de material de defensa y
doble uso y a que el Congreso de los Diputados vaya conociendo, conforme
se vaya produciendo a nivel internacional, las restricciones impuestas a
los países que se encuentren sometidos a embargo tanto por Naciones
Unidas como por otros organismos de la comunidad internacional. Termina
su intervención diciendo que no es un paso definitivo pero sí un avance
en esta materia, compleja y delicada, que necesita el consenso de todas
las fuerzas parlamentarias.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
interviene el señor Saura Laporta para la defensa de la proposición no de
ley. Manifiesta que ya es sabido que la transparencia y el control sobre
el comercio de armas es una problemática de ámbito mundial y que si bien
es cierto que a nivel internacional existen mecanismos de control, éstos
afectan fundamentalmente a armas biológicas, químicas o nucleares, que
presentan serias e importantes limitaciones. Subraya que en los numerosos
conflictos que hay en el mundo las armas utilizadas de forma masiva son
convencionales, sobre las que no hay mecanismos de control, de regulación
o de transparencia. En España, al igual que en otros muchos países, la
información es secreta o está sujeta a elevados niveles de
confidencialidad. Los efectos sociales y humanos negativos de la
exportación de armas sin control han motivado que en Europa se haya
iniciado un gran debate político y social sobre la necesidad de conseguir
una legislación más restrictiva y homogénea que permita un control
democrático del comercio de armas.
A continuación hace un repaso de los pasos dados en España en cuanto a la
exportación de armas y de las campañas llevadas a cabo por las ONG para
conseguir una mayor transparencia y control parlamentarios.
Manifiesta que su grupo parlamentario no ha firmado inicialmente la
enmienda de modificación, que varia tanto el texto inicial socialista
como el de su grupo, porque considera que dicha enmienda tiene aspectos
claramente insuficientes. No obstante anuncia que, si se aceptan pequeñas
modificaciones que expondrá a continuación, votarán favorablemente el
texto que el anterior portavoz socialista calificaba de acuerdo de
principio de mínimos y que él considera como un primer paso real y
efectivo en el Congreso de los Diputados para conseguir el objetivo de
controlar y hacer transparente el tráfico de armas.
Para terminar expone que esta enmienda de sustitución supone un paso
positivo, por la unanimidad de los grupos parlamentarios, y pone de
relieve que sin el esfuerzo de una parte importante de la sociedad civil,
sin la movilización y sensibilización social de las ONG, posiblemente no
se estaría hoy aprobando el texto en el Congreso de los Diputados.
En defensa de la enmienda conjunta presentada por los grupos
parlamentarios, intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Robles Fraga, del Grupo Parlamentario
Popular.
Sometidas a votación las proposiciones no de ley de los grupos Socialista
del Congreso y Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los
términos resultantes de la enmienda de sustitución presentada por los
diversos grupos parlamentarios y aceptada por los grupos proponentes, se
aprueba por 308 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
catalunya, sobre medidas para superar la grave situación socio-económica
por la que atraviesa el Principado de Asturias (Página 3360)
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Santiso del
Valle. Manifiesta, en primer lugar, que esta proposición no de ley supone
para su grupo una enorme satisfacción porque le da oportunidad de debatir
por primera vez en esta legislatura sobre la Comunidad de Asturias en
concreto, una comunidad que está sufriendo las consecuencias de una serie
de procesos
de ajuste en sectores como la minería, la siderurgia, el aluminio y
otros, que han supuesto en los últimos veinte años la pérdida de miles de
puestos de trabajo. Su grupo trae esta proposición no de ley con el ánimo
de llevar un poco de esperanza a esta región y considera que no es
suficiente con los acuerdos sindicales en cuanto a las prejubilaciones o
las medidas de acompañamiento, sino que son necesarias también medidas de
impulso a estas políticas socioeconómicas, que deben ser coordinadas
entre el Estado y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Anuncia que su grupo parlamentario ha llegado a un acuerdo con los grupos
Socialista y Popular, lo que significa expectativas de futuro a una
comunidad muy necesitada de ilusión y estímulo, para lo que solicita
también el apoyo del resto de los grupos de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas y para expresar la aceptación del
texto consensuado, intervienen el señor Martínez Noval, del Grupo
Socialista, y la señora Fernández González, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometido a votación el texto resultante de la aceptación por los grupos
parlamentarios proponentes de las dos proposiciones no de ley, se aprueba
por 301 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3365)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modelo de fiscalía y su estatuto
(Página 3365)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene
la señora Fernández de la Vega Sanz, en nombre del Grupo Socialista,
poniendo de manifiesto la necesidad de abordar, mediante un debate sereno
y reflexivo, determinados aspectos que afectan sustancialmente al
funcionamiento del Ministerio Fiscal. Tras plantear la postura ideológica
del Partido Socialista en cuanto a la naturaleza y ubicación del
Ministerio Fiscal, se refiere a algunos extremos expuestos en la pasada
interpelación urgente. Termina su intervención manifestando que el Grupo
Parlamentario Socialista ha considerado importante que el Gobierno
presente, con las modificaciones legales que considere oportunas, los
proyectos de ley que especifiquen y delimiten claramente cuál es la
postura que debe ocupar el fiscal, su nivel de relaciones con el Gobierno
y la ejecución de la política criminal, así como determinar la necesidad
de establecer un límite en el desempeño de cargos de responsabilidad en
el ámbito del Ministerio Fiscal.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen la
señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Interviene de nuevo la señora Fernández de la Vega Sanz, quien anuncia la
aceptación de la enmienda transaccional presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora Almeida Castro da lectura de la enmienda transaccional.
Sometida a votación la moción sobre el modelo de fiscalía y su estatuto,
del Grupo Socialista, en los términos resultantes de la aceptación por
dicho grupo de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por
157 votos en contra, 145 a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas adoptadas en defensa del interés general, para
garantizar el cobro de la deuda tributaria afectada por posibles
problemas de prescripción, así como los criterios que han fundamentado su
actuación (Página 3372)
En defensa de la moción presentada por Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene en nombre de su grupo el señor
Saura Laporta. Manifiesta que tanto la interpelación como la moción que
hoy presentan a la consideración de la Cámara están motivadas por la
preocupación de su grupo en relación a que la acción de gobierno no tiene
como aspecto prioritario el cobrar los 200.000 millones de pesetas de
deuda tributaria. Pasa a relatar los hechos acaecidos desde el pasado mes
de enero cuando el Gobierno efectuó
la denuncia y afirmó que la deuda estaba prescrita. Considera que las
manifestaciones contradictorias de distintos miembros del Gobierno han
llenado de confusión a la opinión pública y ante el hecho de que los
200.000 millones de pesetas no han prescrito, según su opinión, creen
necesario que el Gobierno garantice el cobro de esa deuda tributaria.
Reconoce, por otra parte, que se han tomado algunas medidas, pero destaca
que la más contundente para salvar de la prescripción esos 600
expedientes no se ha llevado a efecto, como es la de declarar nulo de
pleno derecho el artículo 31.4 del Reglamento de Inspección. Rechaza los
argumentos formulados por el señor Rato en contra de la interpelación de
la semana pasada y estima que no existe vulneración de la seguridad
jurídica de los ciudadanos, sino que, esta medida significa situar en
primer término el interés general.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eguiagaray Ucelay, del
Grupo Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de expresar la aceptacción o rechazo de las enmiendas
presentadas, interviene el señor Saura Laporta.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
rechaza por 157 votos en contra y 122 a favor.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar con el orden del día, pongo en
conocimiento del Pleno del Congreso que se encuentra entre nosotros la
delegación que, en nombre de las Cámaras del Parlamento mexicano, celebra
durante estos días, en sede del Congreso y del Senado, la IX reunión
interparlamentaria hispano-mexicana. La delegación está encabezada por la
Vicepresidenta de la Gran Comisión del Senado, excelentísima señora doña
María de los Angeles Moreno, lo cual comunico a la Cámara para que sean
debidamente saludados. (Aplausos de los señores Diputados puestos en
pie.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MODIFICACION DE LOS ORGANOS DE RECLUTAMIENTO PARA EL
SERVICIO MILITAR (Número de expediente 122/000020)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación de los
órganos de reclutamiento para el servicio militar, para cuya defensa
tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, señorías, el Grupo Federal de
Izquierda Unida presenta esta proposición de ley sobre la modificación de
los órganos de reclutamiento para el servicio militar con el objetivo
claro, en un momento de transición en el que vamos a pasar de un modelo
de ejército basado en el reclutamiento obligatorio a un ejército
profesional, de resolver bien todo lo que se refiere a dichos centros de
reclutamiento.
Teniendo en cuenta esta consideración de que estamos en un momento de
transición, partimos de la base de que en estos momentos la actual Ley
Orgánica 13/1991 plantea serias dificultades a la hora de resolver lo que
el conjunto de los ayuntamientos vienen reclamando en España, en el
sentido de que no caiga sobre ellos la obligación de ese reclutamiento,
al no contar con la financiación suficiente y al entender que no forman
parte del Ministerio Defensa.
Con esta proposición de ley pretendemos elevar a categoría legal lo que
ya es una voluntad política manifestada por el conjunto de las fuerzas
políticas de esta Cámara, lo que nos obliga a no demorar el asunto y a
que las administraciones locales no sigan siendo el centro institucional
de este reclutamiento. Mientras no se modifique el actual modelo del
ejército, basado en el reclutamiento obligatorio, se hace necesario al
menos corregir determinadas anomalías que tienen su origen en un concepto
expansivo de la Administración militar. Así, la Ley Orgánica 13/1991, del
Servicio Militar, establecía como órganos de reclutamiento a los
ayuntamientos, incluyendo de esta manera en la estructura de la defensa a
unas entidades de marcado carácter civil distintas de la Administración
central del Estado. Esto venía a suponer, además, una gravosa carga para
la ya congestionada Administración municipal, que tenía que desviar
recursos que no podía destinar al cumplimiento de sus funciones de
gestión local.
En los últimos años, señorías, la sociedad española ha venido
evolucionando hacia posiciones de opinión
contrarias a la participación de las administraciones locales en el
reclutamiento del servicio militar, lo que se ha manifestado en la
negativa de numerosos ayuntamientos, como es sabido, a dar cumplimiento a
su labor como órganos de reclutamiento. Por otro lado, la existencia de
una Dirección General del Servicio Militar y sus órganos de
reclutamiento, así como de otros de la Administración central del Estado
habilitados por la ley, hace que no resulte necesario el concurso de la
Administración local en materia de reclutamiento. La presente propuesta
recoge, en su artículo segundo, la convalidación retroactiva de los
acuerdos de corporaciones locales que, de forma previa a la entrada en
vigor de esta ley, se ajustan a lo previsto en la misma como solución
eficaz a las cuestiones derivadas de dichos acuerdos.
Entrando en el fondo de la proposición de ley, lo que venimos a decir es
que se deben de modificar los artículos 7 y 9 de la Ley Orgánica 13/1991,
que quedarían de la siguiente manera. El artículo 7, que habla de los
órganos de reclutamiento, diría: «Son órganos de reclutamiento las
Oficinas Consulares de Carrera, las secciones Consulares de las Embajadas
y la Dirección General del Servicio Militar y sus Centros de
reclutamiento. También colaborarán en las operaciones de reclutamiento,
de la forma que reglamentariamente se determine, los órganos de los
Ejércitos encargados de la gestión del personal». Lo que hacemos con este
artículo, en relación con el texto de la ley orgánica en vigor, es
suprimir sencillamente toda referencia a las administraciones locales.
El artículo 9, que trata del alistamiento, quedaría redactado de la
siguiente forma: «1. El alistamiento es el conjunto de operaciones
realizadas anualmente por los órganos de reclutamiento, consistente en
establecer la lista de los varones que cumplan en el año correspondiente
dieciocho años de edad. 2. A lo largo del año en que cumplen los
diecisiete de edad todos los españoles varones, por sí o por delegación,
se inscribirán a efectos de alistamiento para el servicio militar en el
Centro de reclutamiento, Oficina Consular o Sección Consular de la
Embajada, ...». Es decir, en este artículo también planteamos la
desaparición de toda referencia a las administraciones locales. En el
mismo sentido van los puntos 3, 4, 5 y 6 de la proposición de ley que
planteamos, con la filosofía de hacer desaparecer del proyecto de ley de
reclutamiento toda referencia a las administraciones locales.
Lo que el Grupo Federal de Izquierda Unida quiere hacer con las
modificaciones a la ley orgánica actual es elevar a categoría real lo que
ya es un sentimiento generalizado del conjunto de los ayuntamientos, y no
esperar a plantearlo en el debate que tenemos pendiente sobre el ejército
profesional; no demorar más una iniciativa que pretende hacer ver que no
tiene por qué recaer en las administraciones locales el peso del
reclutamiento. Creemos que el reclutamiento debe formar parte de las
instituciones propias del Ministerio de Defensa, como plantea la ley, y
acabar con este sin sentido. Toda la sociedad española, a través de sus
representantes, ha establecido con claridad en las últimas elecciones que
quiere ya este ejército profesional. Por tanto, los ayuntamientos deben
dejar de convertirse en los centros de reclutamiento, que deben derivarse
a los órganos del Ministerio de Defensa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meyer.
¿Turno en contra o grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, en nombre de Eusko Alkartasuna, para anunciar que votaremos a
favor de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por supuesto, porque entendemos, como hemos dicho ya en muchas
ocasiones, que éste es un problema que tenemos pendiente, que se está
planteando en muchos de los municipios, al menos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, y creemos que es un
problema que tiene que tener solución.
Ciertamente, la existencia de un ejército basado en el reclutamiento
obligatorio ha generado muchos problemas, problemas en el tratamiento de
aquellos que no tenían creencias militaristas, como los objetores;
problemas como la insumisión, aunque uno de los graves problemas ha sido,
como aquí se ha señalado, el concepto expansivo de los ayuntamientos en
materia de defensa. Creemos que hay que solventar este problema, que no
hay que esperar a esa profesionalización del ejército, y además lo
decimos por pura coherencia con lo que nuestros alcaldes y nuestros
concejales están haciendo en cada uno de esos municipios. No es una mera
declaración de intenciones o una declaración de voluntad. Es un principio
que se está llevando a la práctica, un principio muy difícil de llevar a
la práctica porque está teniendo consecuencias personales complicadas
para nuestros concejales y nuestros alcaldes, que están siendo procesados
por sus convicciones pacifistas y, en el fondo, por nada más que por
representar a lo que hoy se considera una opinión mayoritaria en gran
parte de la sociedad, al menos de la sociedad vasca que yo represento.
Por todo ello, y sin perjuicio de que en su momento enmendemos algunos
detalles, creemos que es muy importante tomar en consideración esta
proposición de ley, así como su artículo segundo, para que los acuerdos
alcanzados anteriormente no se puedan ver perjudicados por lo que
aprobemos en su momento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Intervengo con brevedad para fijar la posición del Bloque Nacionalista
Galego sobre esta proposición de ley que presenta Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, cuya toma en consideración vamos a
apoyar.
El actual modelo de servicio militar obligatorio es una evidencia que
está en crisis y reiteradamente se discute en esta Cámara sobre este
asunto. Hoy lo hacemos sobre la conveniencia de que los ayuntamientos
dejen de actuar como órganos de reclutamiento. Cada vez más ayuntamientos
se niegan a realizar esta función, en lo fundamental presionados por la
juventud de sus municipios. Las corporaciones locales se ven así
sometidas a una doble presión: la de sus electores y la de la ley
vigente, dando lugar incluso a condenas a alcaldes y otros corporativos.
Señor Presidente, vivimos una etapa de transición, en consecuencia, de
indefinición entre el actual modelo de servicio militar obligatorio --y,
por lo tanto, el modelo de ejército-- y el nuevo modelo de ejército
profesional que se pretende implantar. Y esta etapa --yo creo que merece
la pena reflexionar sobre esto-- va a ocasionar sufrimientos innecesarios
a un sinnúmero de personas que no comulgan con este modelo de ejército,
además de quebraderos de cabeza a las instituciones, incapaces de dar
respuesta a la realidad.
Desde nuestro punto de vista, es urgente que el Gobierno acorte al máximo
los plazos para la puesta en marcha del ejército profesional. Los plazos
previstos dilatan su materialización al año 2002 ó 2003: demasiado tiempo
para la situación de rechazo que se vive en la sociedad.
Señor Presidente, se va a condenar a jóvenes insumisos a la luz del nuevo
Código Penal; están apareciendo nuevas fórmulas de insumisión en los
cuarteles que llevará a muchos jóvenes a las cárceles, nueva forma que ya
cuenta con dos insumisos --por cierto, gallegos--, Ramiro Paz y Elías
Rozas, en la prisión militar de Alcalá-Meco; se ocasionará trastornos a
los cada vez más numerosos objetores de conciencia, a los que es
imposible dotar de una plaza para la realización de la prestación social
sustitutoria. Un número de objetores que es previsible se dispare ante la
perspectiva de la abolición del servicio militar obligatorio. Y, en fin,
las corporaciones locales que se oponen a actuar como centros de
reclutamiento también aumentarán y padecerán condenas absolutamente
innecesarias.
Esta situación de impasse no va a beneficiar a nadie. Por lo tanto,
nosotros pedimos que se aceleren los plazos para la puesta en marcha del
ejército profesional, que se estudien claramente las repercusiones de la
etapa intermedia y, entre otras cuestiones, que se establezcan centros de
reclutamiento independientes de los ayuntamientos, como propone esta
proposición de ley, y que se despenalice a los objetores al actual
modelo. Si no se hace así, seguiremos discutiendo en este Congreso en
numerosas ocasiones de los problemas derivados de este interregno y el
Gobierno se verá obligado a usar la represión de un modo inútil, porque
no conseguirá resolver los problemas. Simplemente ocasionará a muchas
personas sufrimientos innecesarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
cree entender las razones que ha expuesto el señor Meyer, como portavoz
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para traer esta
proposición de ley, cuya esencia, como él bien ha significado, lo que
hace es modificar la Ley 13/1991, suprimiendo la figura competencial de
los ayuntamientos.
Le adelanto que el Grupo de Coalición Canaria no va a votar
favorablemente esta proyecto de ley, por los motivos que le expongo a
continuación. En primer lugar, porque, como bien conoce el portavoz
proponente, el servicio militar obligatorio tiene sus días contados. En
cuanto el servicio militar obligatorio desaparezca, desaparezcan los
conscriptos y tengamos solamente unas Fuerzas Armadas profesionales,
materias de esta naturaleza habrán desaparecido.
Seguimos hablando aquí de un tema que está enraizado en las tradiciones
del servicio militar obligatorio, y quiero recordar por qué en España los
ayuntamientos han tenido esta competencia. No ha sido una competencia
política, sino puramente administrativa y de gestión. Desde que en España
--siguiendo el modelo francés del siglo pasado-- se instaura el servicio
militar obligatorio, nos encontramos con un problema administrativo, que
es saber dónde estaban los mozos para el reemplazo. Esa información
estaba en los padrones municipales, estaba en el censo municipal, se
extrae de ahí. Era el ayuntamiento el que tenía el padrón municipal de
habitantes. La información no procedía del Registro Civil, procedía del
padrón municipal de habitantes. Esa es la tradición que se ha mantenido.
Indudablemente, sobre los ayuntamientos se ha echado una carga
administrativa a la que tienen que dedicar medios económicos, humanos y
materiales para sacar adelante todo el tema de quintas, tradicionalmente
llamado así, de alistamiento de los mozos de reemplazo.
La propuesta del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
salvando la oficina exterior consular, remite en todo el territorio
español a los centros de reclutamiento.
En el archipiélago canario esto supondría un coste adicional para los
mozos, porque es un territorio discontinuo, que está repartido en islas.
Si se suprimen los ayuntamientos como órganos de reclutamiento, si para
inscribirse se obliga al mozo o al recluta a irse al centro de
reclutamiento, esto le supondría --como digo-- un coste adicional, ya que
desconfío mucho de que el Ministerio de Defensa ponga un órgano de
reclutamiento en todas y cada una de las islas, sobre todo en las menores
o periféricas del archipiélago canario. El que se haga en el ayuntamiento
allí se ve como algo que facilita toda esta cuestión y que nace a partir
del padrón de habitantes. Para el mozo su administración más cercana es
el ayuntamiento. El sistema de los conscriptos españoles está a pie de
ayuntamiento. Si ahora se les obliga a irse a la isla capitalina en donde
esté el centro de reclutamiento, para los que viven en el archipiélago
canario no supone un beneficio, sino todo lo contrario, un perjuicio
económico por los costes de desplazamiento.
Nosotros nos remitimos a la próxima discusión en esta Cámara de la ley de
la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, que lleva
consigo indiscutiblemente la supresión del servicio militar obligatorio,
por lo que serán innecesarios todos los instrumentos de reclutamiento del
servicio militar obligatorio.
Por estas dos razones, la histórica tradicional de los ayuntamientos como
administración más cercana al recluta y por la cuestión específica del
archipiélago canario, no vemos claro que el ayuntamiento pueda ser
sustituido por un centro de reclutamiento en una comunidad autónoma con
la dispersión insular que tiene Canarias. Preferimos dejarlo durante
estos años en el entorno de las competencias municipales.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
Recuerdo a SS. SS. que las tomas de posición, no las exposiciones o los
turnos en contra, pueden hacerse desde el escaño, y les recuerdo que la
ponencia, que en la actualidad estudia la modificación del Reglamento,
aconseja que las tomas de posición se hagan desde el escaño, para mayor
comodidad de SS. SS. y quizá para acortar la duración del trámite.
Cuando quiera, señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. Ya que estoy aquí,
intervendré desde la tribuna.
Es la tercera vez que subo en esta legislatura a la tribuna para defender
posturas de mi grupo en relación con el servicio militar y el
reclutamiento. He tenido ocasión de manifestar dos aspectos que forman
doctrina expresa del programa electoral y del ideario del Partido
Nacionalista Vasco, que es la idea de un ejército profesional, no de
leva, y sobre todo la despenalización de los delitos de insumisión.
La iniciativa que hoy presenta Izquierda Unida es idéntica a una que, en
forma de proposición no de ley, presentó el Grupo Vasco y que se debatió
en esta Cámara a finales de septiembre. En esta iniciativa se trataba, y
ahora se trata con la de Izquierda Unida, de eliminar la obligación de
liberar a las instituciones locales de la carga anual de ejecutar el
alistamiento. La normativa sectorial que regula el servicio militar que
ahora se pretende modificar, la ley orgánica 13/1991 y el reglamento de
reclutamiento, tipifican a los ayuntamientos como órganos de
reclutamiento, haciéndoles asumir una serie de contenidos,
responsabilidades y obligaciones que configuran una suerte de
competencias delegadas de la Administración estatal, ya que, en modo
alguno, esta tarea puede catalogarse como quehacer propio municipal, y no
debe olvidarse que el artículo 137 de la Constitución consagra la
autonomía municipal y de las comunidades autónomas para la gestión de sus
respectivos intereses.
Se consagra así en la ley orgánica 13/1991, y se pretende ahora
modificar, la inclusión de un órgano de la Administración local en la
estructura de la defensa cuando los ayuntamientos son entidades de
marcado carácter civil y distintos de la Administración del Estado,
atribuyendo una gravosa carga a la ya congestionada administración
municipal que, además, debe desviar recursos para atender a esos fines
que podría y debería dedicar al cumplimiento de las funciones propias de
la gestión municipal.
No oculté en su día a la Cámara y no oculto tampoco ahora que el Tribunal
Supremo ha considerado perfectamente legal y ajustada a la Constitución
la solución actualmente vigente. La Federación de Municipios Vascos de
Cataluña promovió en el año 1989 un recurso contra el Real Decreto
611/1996 que aprobaba el reglamento del servicio militar. Se planteaba a
la Sala Tercera del Tribunal Supremo si resultaba legítimo y
jurídicamente admisible imputar a las administraciones locales
obligaciones y competencias propias de estas administraciones. La
sentencia entendió que la defensa nacional es cuestión del Estado,
entendido como persona jurídica internacional que engloba a otras
personas jurídico-públicas, y en tal sentido que esta solución era
perfectamente legal.
Este fallo, que no he ocultado a la Cámara, y lo digo para que los grupos
que se vayan a posicionar en contra de la iniciativa no repitan
constantemente que es una solución legítima, no obstaba y no obsta
tampoco ahora para que pueda ser sustituido por otra solución legislativa
igualmente legítima y, a nuestro criterio, más acorde con la delimitación
de competencias y con la delimitación territorial del poder en nuestro
sistema constitucional.
Esta opción que plantea ahora Izquierda Unida, y que antes defendíamos
nosotros, introduce racionalidad
en la distribución y articulación competencial entre administraciones,
pero además tiene un valor añadido a considerar. En los últimos años en
la sociedad se ha ido evolucionando hacia posiciones de opinión
contrarias a la participación de las instituciones locales en el
reclutamiento del servicio militar, lo que ha generado, sobre todo en
determinadas zonas del territorio del Estado, una importante crispación
social que es posible evitar. Citaré a mi propia comunidad autónoma, la
vasca, pero también se da en la Comunidad Foral de Navarra y en alguna
medida en Cataluña, pero no exclusivamente. Son, en efecto, numerosos los
ayuntamientos en los que las convicciones pacifistas de sus concejales,
su condición de objetores de conciencia o similares razones legítimas les
han llevado a adoptar acuerdos de no colaboración con la administración
militar, ocasionándose así litigios, primero, en el orden
contencioso-administrativo para declarar la ilegalidad y, posteriormente,
procesos penales por la desobediencia. Estas situaciones se evitarían con
la modificación que la normativa de Izquierda Unida propone, más acorde
--como ya he indicado-- con el artículo 137 de la Constitución y, sobre
todo, con el artículo 149.1.4, que reserva como competencia exclusiva del
Estado la defensa y las Fuerzas Armadas.
No estoy propugnando --no podía ser otra manera, perteneciendo al partido
al que pertenezco-- un fortalecimiento de la Administración del Estado en
las comunidades autónomas, sino que a lo que me refiero es a que la
propia Administración estatal actual puede y es perfectamente capaz de
efectuar este cometido. En el engranaje de una reforma de la
Administración --que ya se ha puesto en marcha con la aprobación de la
Lofage--, creemos que es posible adecuarse a las exigencias de separación
de los distintos niveles de poder que la Constitución consagra, e incluso
a los requisitos de eficacia y de eficiencia que la modernización
requiere. Es lógico pensar que las operaciones relativas al alistamiento
se efectuarán de forma uniforme, más práctica, factible y fiable por la
propia Administración estatal de la Defensa, a través de las delegaciones
que, de forma dispersa, desigual y como carga añadida a sus cometidos,
puedan efectuar los ayuntamientos.
Se está estudiando la profesionalización del ejército --hay un horizonte
temporal ya señalado por el Gobierno--, existe además una comisión mixta
para el estudio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. En este
escenario --como ahora se dice--, con este horizonte, la medida que
Izquierda Unida propugna se presenta como razonable, acorde con la lógica
de distribución estratificada de poderes constitucionalmente prevista,
creemos que muy sencilla de llevar a la práctica --ya que existen
delegaciones de Defensa suficientemente dotadas--, liberará además a los
ayuntamientos de tareas que no les son propias y que les generan gastos,
y sobre todo creemos que cumplirá lo que debe ser un objetivo de toda
norma jurídica que se proyecte, que servirá como instrumento de solución
de situaciones de conflicto social detectadas. Por ello, con esta
finalidad, el Grupo Vasco votará favorablemente a la iniciativa de
Izquierda Unida.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Haciendo caso de sus amables sugerencias, intervendremos desde el escaño
y con voluntad de ser breves.
En otras ocasiones, esta Cámara se ha tenido que pronunciar ante
iniciativas similares a la que hoy Izquierda Unida nos plantea: que los
municipios dejen de jugar un papel en el reclutamiento de los diversos
reemplazos que forman las Fuerzas Armadas. Entendemos que esta propuesta
responde a una demanda municipalista. La señora Uría recordaba ahora que
en Cataluña son numerosos los ayuntamientos que han aprobado mociones en
un sentido similar al que nos plantea el Grupo de Izquierda Unida, y
muchísimos de estos ayuntamientos gobernados por la coalición de
Convergència i Unió. Por tanto, somos sensibles a lo que hoy nos plantea
el Grupo de Izquierda Unida.
Es evidente que, para las administraciones locales, el tipo de
actividades que se desarrollan en este marco supone una carga; una carga
que el Estado, a lo largo de estos años, no ha compensado de manera
suficiente. En la tramitación, hace unas semanas, de una iniciativa
similar a esta, por parte del Grupo Vasco, nuestro grupo planteó lo que
entiende que podría ser una solución a este problema, que sería que el
Estado participase de manera más importante en el sufragio de estos
servicios, porque entendemos que, desde la perspectiva del ciudadano, y
más allá de consideraciones de orden ideológico en relación al papel que
debieran jugar las diversas administraciones, o en relación a una visión
más administrativa respecto a lo que debe ser cada una de las
administraciones, lo que sí es cierto es que, hoy, el que estos servicios
se puedan otorgar desde la propia administración local en función a lo
que son las necesidades de los ciudadanos, es un claro beneficio. El
señor Mardones lo explicaba en referencia a las islas pequeñas, a las
islas del archipiélago canario, y es evidente que, en relación a los
municipios de mi país, de Cataluña, el hecho de que estos problemas se
puedan resolver en el municipio, al ciudadano le supone un beneficio.
Quizá, para el municipio sea un problema desde la perspectiva financiera.
Ahí nos parece a nosotros que es donde debemos apuntar la solución de
esta cuestión. Es evidente que en el trámite que nos planteó el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) era posible que nuestro grupo presentase una
enmienda, pero lo cierto es que en el trámite que hoy nos propone el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es
el de una proposición de ley, no podemos plantear esta propuesta en forma
de enmienda y, por tanto, llegar a un hipotético acuerdo.
Ahora bien, en la medida que somos sensibles a esa problemática y en la
medida que existe, y todos los portavoces han hecho referencia, una
Comisión mixta Congreso-Senado, que está estudiando el objetivo de la
supresión del servicio militar y que, dentro de ese objetivo, se plantea
el escenario a corto plazo, y vamos a estudiar también el período de
transición, nos parece que podría ser muy interesante en el seno de la
Comisión mixta, y en el marco de las diversas propuestas que hagan los
diversos grupos que planteemos este problema.
Por parte de nuestro grupo parlamentario va a haber voluntad de buscar
una solución a este problema (ya que, insisto, sabemos que existe y somos
sensibles a él) desde la perspectiva de encontrar lo que vaya a ser el
despliegue de un mayor esfuerzo financiero por parte del Estado para
hacer frente a estos gastos.
En consecuencia, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra esta
toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez
López.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a atender la sugerencia del señor Presidente de hablar desde el
escaño en este turno de toma de posición precisamente porque mi grupo ha
sido proponente de esta medida, pero me gustaría decirle al señor
Presidente que, incluso para mí, que no soy muy alta, resulta incómoda la
posición que hay que tomar para hablar desde el escaño si queremos que la
Cámara escuche lo que decimos; por tanto, sería interesante que se
arbitrara algún mecanismo para que podamos hablar cómodamente en este
turno.
Con respecto a la propuesta que estamos debatiendo, voy a ser muy breve,
señor Presidente, porque es una propuesta que se ha debatido ya
reiteradamente en esta Cámara. La debatimos en el mes de septiembre,
cuando el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) presentó una proposición no de
ley, y se ha debatido también con motivo de una proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto
a la supresión del servicio militar. Ambas iniciativas anteriores e
iguales a la que hoy debatimos fueron rechazadas por la Cámara con un
número de votos considerable.
De los argumentos que se esgrimieron en el debate de septiembre y de los
que hemos escuchado hoy hasta el momento, nosotros podemos deducir que
existe consenso en algunos temas que son importantes; que existe
consenso, por ejemplo, en cuanto a la legitimidad jurídica de la
prestación de este servicio por parte de los ayuntamientos; existe
incluso una sentencia del Tribunal Supremo que avala esta legitimidad;
pero hay algunas diferencias en cuanto a otro tipo de argumentos.
En cuanto a considerar positiva la prestación del servicio por parte de
la administración más cercana a los ciudadanos, para mayor comodidad de
los jóvenes no residentes en municipios y capitales de provincia, y, en
cuanto al problema de financiación de la prestación de este servicio,
creemos que también existe consenso en el fondo, pero algunos grupos
sacrifican la comodidad de los jóvenes o la posibilidad de liberar a los
ayuntamientos de la carga económica que significa prestar estos servicios
en función de defender lo que ellos consideran argumentos de fondo, que
son, según se ha expuesto, acabar con la concepción expansiva de la
administración militar y conseguir el éxito de la cultura pacifista sobre
una cultura militarista.
Parece que el disenso en este tema se está planteando en términos de
militarismo-antimilitarismo o pacifismo-antipacifismo, según se apoye o
no se apoye la proposición de ley, o según se recluten los mozos o no si
hablamos de los ayuntamientos.
A mi grupo le parece que este es un planteamiento incorrecto, incluso
negativo para el país. Creemos que sería bueno, y ya lo resaltamos en la
intervención de septiembre, que se mantuviera el consenso en pro de
favorecer la relación y la cooperación entre las instituciones civiles y
militares. Este objetivo ha sido compartido por todos los grupos de la
Cámara cuando se ha concretado en temas como la enseñanza militar, como
la participación del ejército en misiones de paz y ayuda humanitaria o
como la participación del ejército en misiones de protección civil, en
inundaciones o catástrofes naturales. Este acuerdo básico ha existido en
esta Cámara desde la transición y ha permitido superar el divorcio entre
el pueblo español y su ejército, y no nos parece conveniente romperlo en
un debate de detalle como el que nos ocupa sobre una cuestión que,
además, pensamos que se solventará y que debería solventarse en el marco
de la Comisión de estudio para la profesionalización de las Fuerzas
Armadas. Si el consenso se rompe en el punto que he dicho, entraríamos en
un debate bastante estéril, en un debate poco útil sobre en qué
territorios existe realmente apoyo a la cultura pacifista y en cuáles
existe una práctica violenta y, a lo mejor, concluimos, y esto podría no
gustar a algunos grupos, que no es precisamente en la minoría de
municipios que se niegan a reclutar a los mozos para el servicio militar
donde se defienden cotidianamente los valores de la paz y sí lo hacen la
inmensa mayoría de los ayuntamientos de España que cumplen con la
obligación que la ley 13/1991 les impone de reclutar a los mozos para el
servicio militar.
Dicho esto, termino. No quiero repetir los argumentos que ya expresamos
en el debate del mes de septiembre. Como aquellos argumentos nos parecen
válidos para el momento actual, y como no hemos escuchado ninguna razón
nueva por parte de los grupos que defienden la proposición de ley que nos
haga cambiar de posición, anunciamos que vamos a votar, coherentemente
con nuestra posición anterior, en contra de esta iniciativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez López.
La Presidencia también agradece que hayan acogido tan seguidamente la
sugerencia de intervenir desde el escaño en beneficio de todos y de la
propia dialéctica del debate parlamentario; pero es una cuestión
estrictamente personal que yo les agradezco que hayan acogido así, como
acogemos, sin duda, la observación de la señora Sánchez López de la
mejora de la instalación técnica para que puedan SS. SS. expresarse con
toda facilidad y, sin duda, con tanta brillantez como acaba de hacerlo la
señora Diputada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente en esta legislatura, al igual que en la anterior,
en varias ocasiones hemos discutido este asunto que plantea hoy el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que tiene por objeto
suprimir, entre otras cosas, el artículo 1.º que modifica, en su
proposición no de ley, el 7.º y el 9.º de la Ley 13/1991 Orgánica del
Servicio Militar en el sentido de que se supriman como órganos de
reclutamiento los ayuntamientos.
El Grupo Parlamentario Popular ha mantenido no sólo ahora, sino en la
legislatura pasada, una clara posición en este sentido por los motivos
que voy a expresar en este momento. Quiero decirle, señor Meyer, que
precisamente el Grupo Parlamentario Popular continúa manteniendo esa
postura porque, efectivamente, en este momento en el que nos encontramos
de transición de un modelo de servicio militar obligatorio a un modelo de
servicio militar totalmente profesional, sea, quizá, el momento menos
oportuno para introducir determinados planteamientos que puedan, de
alguna manera, importunar lo que es el debate y el buen fin del servicio
militar que entre todos estamos tratando de conseguir.
Precisamente por ello, señor Meyer, nosotros entendemos, uña vez más, que
no consideramos que los ayuntamientos, en este caso concreto, estén
realizando el reclutamiento como una carga sobrevenida por parte del
Ministerio de Defensa que descentraliza esa función, sino que, como
propia Administración pública, que son los ayuntamientos, como primer
órgano oficial al que se acerca el ciudadano para reivindicar o para
solicitar determinadas ayudas, entendemos que en esta España donde hay
tanta diversidad de tierras, como apuntaba el portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, o en Galicia, donde la capital de
provincia queda realmente lejana del centro de reclutamiento de la
delegación de Defensa, como se ha apuntado por algún otro portavoz,
entendemos que precisamente para acercar al ciudadano la mejor
Administración, el primer lugar que tiene más cerca para poder producir
la información que se solicita en este momento desde el Ministerio de
Defensa es el ayuntamiento.
Por tanto, no observamos como una carga lo que se realiza desde los
ayuntamientos, sino que entendemos que, siendo una Administración pública
que genera impuestos, que genera obligaciones para el ciudadano, debe
ofrecer a ese mismo ciudadano el acercamiento, máxime ahora, que se habla
tanto y buscamos, sin ninguna duda, la Administración única.
En ese sentido, señor Meyer, yo tengo que decirle que, en relación con la
...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández de Mesa.
Señorías, señor García-Arreciado y Sanus, por favor, guarden silencio
pues resulta muy difícil escuchar al orador.
Continúe, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Decía, señoría, que con el modelo actual del año 1991, con ese gran
consenso que hemos conseguido en la Cámara, estaba perfectamente claro
que en este momento lo que hacíamos era liberar a los ayuntamientos de
una serie de temas que tenían, además del reclutamiento, que se los
enumero una vez más, igual que hemos hecho en las otras intervenciones
que hemos tenido en el mes de septiembre o a iniciativas de otros grupos
parlamentarios: En este momento los ayuntamientos ya no tienen que
incluir en sus datos qué jóvenes son útiles para el servicio militar, ya
no tienen que decir si son aptos o no para el mismo, ya no tienen que
demandar ni remitir al Ministerio de Defensa los solicitantes de
prórrogas, ya no tienen que remitir los solicitantes de exención del
servicio militar por las causas que fueren, ni tampoco tienen que remitir
aquellos que están pendientes de clasificación. Unica y exclusivamente se
traduce en la remisión al centro de reclutamiento correspondiente de
aquellos residentes que cumplen 17 años de edad en el momento de su
inscripción.
Por tanto, y es un tema reiterativo el que aquí se presenta, cabe
recordar, señor Meyer, señorías, que para crear centros de reclutamiento
dependientes del Ministerio
de Defensa en todos aquellos municipios de España que son susceptibles de
que los jóvenes acudan, es necesario incrementar un presupuesto de
defensa que ustedes no quieren que se incremente, lo mismo que para hacer
más barcos o más carros de combate o más aviones. Consiguientemente,
entramos en la permanente discusión de generar órganos que sin duda
suponen un incremento presupuestario pero, por otro lado, rechazar
permanentemente los incrementos de los presupuestos de defensa para dotar
adecuadamente a unos servicios que deberían prestarse de acuerdo con las
peticiones que ustedes realizan.
Por otra parte, quiero decir también que en España de los cerca de 8.100
ayuntamientos que existen ¿cuántos se han negado a hacer eso? Muy pocos.
Pero ¿cuántos lo solicitan; medio centenar de los 8.100? Probablemente me
quede largo con la cifra que estoy dando.
Señorías, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular nuevamente va a votar
en contra de la proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en coherencia con la postura
que venimos manteniendo, no sólo desde el año 1991, sino en las últimas
iniciativas que han presentado en esta Cámara, y los motivos son claros y
contundentes: el primero, porque estamos totalmente convencidos de que es
necesario acercar la Administración al ciudadano, y si los ayuntamientos
dejan de serlo, estaremos generando inconvenientes para todos aquellos
ciudadanos que tienen la obligación legal de acudir a esos centros. En
segundo lugar, porque no queremos que se produzca un incremento de costo
económico para poder dar un servicio mucho peor que el que en estos
momentos está prestando la Administración pública española. En tercer
lugar, porque existe una conexión evidente entre el alistamiento y las
competencias censales de los municipios, que son los que mejor pueden
realizar esta cuestión de una manera eficaz.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, concluya por favor.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor Presidente. Y,
por último, porque es una colaboración habitual entre administraciones
públicas, entre la Administración central del Estado --léase Ministerio
de Defensa en este caso-- y los ayuntamientos de España.
Por todo ello, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular votará en
contra de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación de la toma en consideración que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya solicita para la proposición de
ley sobre modificación de los órganos de reclutamiento para el servicio
militar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 26; en contra, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE RECONOCEN
DETERMINADOS EFECTOS JURIDICOS A LAS UNIONES DE HECHO (Número de
expediente 122/000046)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD JURIDICA DE LAS PAREJAS DE
HECHO (Número de expediente 122/000049)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de las
proposiciones de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se
reconocen determinados efectos jurídicos a las uniones de hecho, y del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre medidas para la igualdad jurídica en las parejas de hecho,
iniciativas que, por tener naturaleza análoga, la Presidencia, oída la
Junta de Portavoces, ha decidido acumular en su tramitación. En
consecuencia, expondrán sucesivamente los portavoces designados por sus
grupos para ambas iniciativas la defensa de las mismas, y se procederá
luego, en un único turno, a los turnos en contra y tomas de posición de
los diferentes grupos parlamentarios.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Pedret. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Puede comenzar, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pedret.
Lamentaría, señorías, tener que hacer llamadas al orden dentro del banco
azul. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, por su amparo, señor Presidente.
Decía que el Grupo Socialista presentó, el 29 de noviembre de 1994, una
proposición no de ley que fue aprobada por la mayoría de esta Cámara, con
la abstención del Grupo Popular, por la que se instaba al Gobierno a la
presentación de una ley sobre parejas de hecho. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Inmediatamente
después, el Gobierno socialista comenzó los trabajos para presentar aquel
proyecto de ley; trabajos que fueron realizados por el Ministerio de
Asuntos Sociales, entonces a cargo de mi compañera de grupo doña Cristina
Alberdi, en colaboración con el Ministerio de Justicia, entonces a cargo
de mi compañero de grupo Juan Alberto Belloch. Aquellos trabajos
progresaron, se realizaron con gran número de entrevistas y
conjuntamente, de acuerdo con los representantes sociales. Llevaron todos
los trámites necesarios para convertirse en anteproyecto de ley, pero no
pudieron acceder a la Cámara por los avatares políticos que hicieron,
como todas SS. SS. saben, que en la actualidad la cabecera del banco azul
se sitúe en la extrema derecha de la Cámara, a este lado. Ello significa,
señorías, que el Grupo Socialista ha iniciado los trabajos con
anterioridad, con mucha anterioridad a las elecciones de donde ha salido
la composición actual de la Cámara. Y no sólo esto, sino que lo hizo
inmediatamente después de que se aprobara la resolución del Parlamento
Europeo, de 8 de febrero de 1994, en que se instaba a los Estados
miembros de la Unión a realizar los trabajos adecuados para evitar la
discriminación que pudiera existir en sus leyes. Pero no sólo fue
diligente e inmediato para responder a la resolución del Parlamento
Europeo, sino que todas SS. SS. saben perfectamente que el Gobierno
socialista impulsó y esta Cámara aprobó, desde el año 1982 hasta la
última legislatura, multitud de normas en las que se trata de la
situación de las parejas de hecho; normas de cualquier tipo, desde la Ley
de asilo y la Ley de habeas corpus hasta norma tan seria --como todas
ellas, por otra parte--, tan en el núcleo duro del derecho técnico, como
es la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo artículo 219 y
refiriéndose a jueces y magistrados trata de la situación de pareja de
hecho como causa de recusación o abstención. Además, en la última
legislatura, el Código Penal y la Ley de Arrendamientos Urbanos fueron
dos normas fundamentales en las cuales se reconoce la situación de las
parejas de hecho y sus derechos. Por tanto, lo cierto es que nuestro
grupo lleva años trabajando. Esta no es una proposición que se presente
ahora, la proposición que hoy ve esta Cámara viene de lejos, viene del
acuerdo social, y es en esencia absolutamente tributaria de los trabajos
realizados en la anterior legislatura.
Estoy prácticamente convencido de que se nos dirá que no es oportuna
porque ahora, de repente, cuando el Partido Socialista está en la
oposición se presenta. Creo haber demostrado que no es así. Creo que
cualquier observador imparcial y neutral estará de acuerdo en que la Ley
de asilo es de 1984, no es de 1997; es decir, que lo hemos planteado
desde hace ya más de trece años, incluso antes de la resolución del
Consejo de Europa de 7 de mayo de 1988. Estamos, por tanto, absolutamente
legitimados por la historia para plantearlo, pero estamos también
absolutamente legitimados por la Constitución.
El artículo 39 de la Constitución, señorías, como ustedes bien saben, no
habla de otra cosa que de la familia y de la obligación de los poderes
públicos de proteger la familia. Sus señorías saben, pero sabe sobre todo
la sociedad española, que en la actualidad la familia no está siempre
basada en un matrimonio preexistente. Es cierto que la inmensa mayoría de
familias españolas tienen en su núcleo un vínculo matrimonial, pero
también es cierto que hay multitud de núcleos de convivencia familiar que
no están basados en un matrimonio y estos núcleos de convivencia familiar
son tan dignos de protección como aquellos que están basados en el
matrimonio; no sólo dignos de protección sino que esta es una protección
obligatoria. El artículo 9.2 de la Constitución continúa vigente,
señorías, y establece la obligación de todos los poderes públicos de
remover los obstáculos que existan para la plena igualdad. Es evidente,
por otra parte, que el derecho a la libertad de los ciudadanos les lleva
a poder elegir con plena libertad, sin que se vean por ello castigados ni
minorados en sus derechos en forma alguna, cuál es la forma de
convivencia familiar que quieren elegir. No lo digo yo, señorías, lo dice
el Tribunal Constitucional en doctrina claramente afirmada. Sirvan por
todas las sentencias 184/90 y 222/92, que establecen claramente que la
elección de la forma de convivencia familiar es un desarrollo del derecho
al pleno desarrollo autónomo individual que establece el artículo 10 de
la Constitución. Si ello lo conjugamos, señorías, con el más que conocido
artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por
multitud de causas, entre ellas la orientación sexual, queda claro que
existe un mandato del artículo 9.2 de la Constitución para desarrollar el
efectivo derecho a la protección familiar de todos los núcleos de
convivencia, sean éstos fundados en el matrimonio o no.
Dice también el Tribunal Constitucional que no es idéntica la convivencia
de hecho, la unión libre, la unión civil, como queramos denominarla, del
matrimonio. Por ello es posible hacer una regulación que no dé una exacta
igualdad a quien convive sin formalidades que a quien se ha casado. Por
ello nuestra proposición se concentra en evitar todas aquellas
discriminaciones que aún quedan en la legislación, pese a todas las leyes
aprobadas por esta Cámara a instancias del Gobierno socialista, que
afectan negativamente a los ciudadanos de este país por el hecho del tipo
de convivencia familiar que hayan elegido. A esto se contrae, al
cumplimiento del mandato constitucional, y ello de
una forma que consideramos técnicamente adecuada. Es una proposición de
ley que viene a modificar leyes sectoriales, que viene a modificar el
Código Civil, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la
Seguridad Social, la Ley General Tributaria, la Ley de la Función
Pública, etcétera; es decir, que no establece aquello que pudiera ser
discutible. Admite nuestro grupo que pudiera ser discutible una
legislación específica para las parejas, un derecho de familia distinto y
aparte para las parejas de hecho que entendemos que podría no ser
conforme a la Constitución. Lo que hace es evitar aquellas consecuencias
que existen aún, repito, en la legislación, que hacen que haya un
tratamiento distinto y peor para quien no convive dentro del matrimonio.
Ello es algo que debiera de ser en principio compartido por la totalidad
de los grupos parlamentarios. Si miramos aquello con lo que nos hemos
presentado todos a las elecciones para ocupar escaños en esta Cámara,
encontraremos que en todo el arco parlamentario había propuestas respecto
a las parejas de hecho que se ofrecían a los ciudadanos. Nos hemos
enterado, poco antes de entrar en el hemiciclo, que aquellas promesas
electorales realizadas por algunos grupos parlamentarios iban a ser
puestas en entredicho esta tarde con un voto contrario a la toma en
consideración de la proposición de ley. Creemos que debe saber la
sociedad, el pueblo español, que estas promesas electorales se ponen hoy
en entredicho. Porque es inadmisible lo que hemos oído, que no leído
--porque no se nos ha pasado copia alguna de la proposición presentada,
al parecer, en el registro de la Cámara--, de que no se puede discutir en
estas condiciones, que es necesario crear una subcomisión para hablar a
fondo del tema. Permítanme, señorías, una muy pequeña digresión de
deformación profesional. Va a ser corta, se lo aseguro.
Me han recordado ustedes exactamente al mal abogado que defiende al
demandado que sabe que no tiene razón. Y este mal abogado que defiende al
demandado que sabe que no tiene razón hace un truco procesal. En un
procedimiento en el que sólo caben las excepciones perentorias presenta
una excepción dilatoria y consigue, con un poco de suerte, que el juez le
admita a trámite el escrito y paralizar durante un tiempo la tramitación,
pero lo que quiere en realidad es que no prospere la demanda, y utiliza
todo lo que puede para que no prospere la demanda. Esto es lo que ustedes
desean. No vamos a engañarnos. Vamos a decir realmente lo que cada uno
quiere. Nosotros, el Grupo Socialista --y estoy convencido de que también
el otro grupo autor de una proposición que se debate hoy conjuntamente--,
queremos que se regulen realmente los derechos de libertad de los
ciudadanos, aquello con lo que a ustedes se les llena la boca: los
derechos de libertad. La libertad de elección de la forma de convivencia
no puede estar castigada legalmente, y esto se tiene que empezar a
tramitar ya porque cualquier dilación en el reconocimiento de la libertad
es una negación de la libertad, y ustedes, señorías, que plantean la
subcomisión, están realizando una negación de la libertad de los
ciudadanos, están yendo en contra del derecho de elección, del cual
siempre hablan. Esto es así. Ustedes no quieren que se regule. Ustedes
plantean una subcomisión que es absolutamente innecesaria. ¿O es que
acaso las ponencias parlamentarias que se establecen a partir de la toma
en consideración de una proposición de ley o del acuerdo de admisión de
un proyecto de ley no son la Comisión donde se estudian? ¿Es que
pretenden ustedes negar el valor de estudio de las ponencias de esta
Cámara? ¿Es que sólo si hay subcomisiones se estudia seriamente? ¿Es que
hemos estado legislando durante años de forma inconsciente? ¿Es esto lo
que dicen? Yo creo que no pueden decir esto. Y como creo que no pueden
decir ustedes que han estado colaborando en una legislación inconsciente
durante años, no estudiada, frívola, estoy convencido de que lo que
ustedes quieren de verdad es que no prospere la proposición,
sencillamente.
El trámite parlamentario es perfectamente amplio y puede incluso
extenderse para poder debatir, con el matiz que sea necesario, con la
prolijidad que se crea conveniente, con el tiempo de estudio reposado
necesario, cualquier proposición de ley. ¿O no recuerdan SS. SS.
--algunas de ellas estaban también en la anterior legislatura-- cómo se
tramitó de despacio el proyecto de ley sobre la ampliación de los
supuestos de aborto? ¿No comparecieron docenas y docenas de expertos,
propuestos por SS. SS. de los bancos de la derecha, en un claro ejercicio
de filibusterismo para provocar que no llegara a aprobarse la ley? ¿No
podríamos también aquí hacerlo sin necesidad de que no llegara a
aprobarse la ley? Porque suponemos que esta legislatura tiene quizá un
poco más de vida en este momento que la que tenía la anterior, cuando
entró el proyecto de ley del aborto; igual lo suponemos. Si S. S. opina
que tiene una vida más corta, no tengo ningún inconveniente en sumarme a
su opinión y considerar que la legislatura va a disolverse antes. Supongo
que S. S. estará más informada, desde luego, de las intenciones del
Presidente del Gobierno. Lo cierto es que ustedes, que saben
perfectamente que en la tramitación ordinaria cabe cualquier estudio,
cabe todo el reposo necesario, esgrimen un argumento puramente dilatorio.
Vienen ustedes a decir que no se puede aprobar, que no se puede discutir,
que van a llevarlo todo ad calendas graecas, con la esperanza de que no
pueda llegarse a discutir y a aprobar al final. Sé que van ustedes a
decir que nuestra proposición está llena de defectos técnicos, que
nuestra proposición debe rechazarse porque hay que crear una nueva.
Señorías, son argumentos puramente de excusa para no entrar en la
discusión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pedret, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor PEDRET I GRENZNER: Sí, señor Presidente. Concluyo
inmediatamente.
Señorías, existe en este país una gran mayoría, una inmensa mayoría
social por la tolerancia, por la libertad, por admitir aquello que es
normal en la calle, aquello que todo el mundo conoce y considera como un
derecho propio de cualquier ciudadano: convivir en la forma que considere
conveniente en el uso de su libertad y que ello no puede ser coartado por
las leyes. Señorías, lamenta este portavoz que su postura de hoy pretenda
que esta Cámara, representante de la soberanía popular, representante,
por tanto, del conjunto de la sociedad, se aparte de esta gran mayoría
social e impidan ustedes que a partir de hoy podamos discutir la
proposición de ley que consideramos suficientemente defendida.
Nada más. Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pedret.
Para la presentación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la proposición de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
que se reconozca la igualdad jurídica de las parejas de hecho con análoga
convivencia a la del matrimonio. La verdad es que, señorías, cuando se
sube a esta tribuna para defender algo que es justo, que es de justicia
social, que en esta Cámara tengamos ya la noticia de que no va aprobarse,
resulta bastante triste. Triste es que desde esta Cámara se dé la espalda
a las reivindicaciones de la sociedad; triste es que en esta Cámara, que
tendría que ser la voz del pueblo, aquellos que van a votar en contra
sean sólo y exclusivamente la voz de aquellos que tienen una mente
estrecha a la hora de ver la libertad de las personas para poder
establecer una convivencia que les permite el pleno desarrollo de su
personalidad.
Señorías, nuestra Constitución ampara la iniciativa que presentamos. No
me voy a extender en hacer mención a aquellos artículos de la
Constitución que hablan de la protección a la familia o del derecho al
matrimonio, porque en ellos no se dice implícitamente que tenga que ser
ni a un modelo de familia preestablecido en nuestra sociedad ni que
tengan por qué ser sólo y exclusivamente aquellos que están casados.
Sencillamente, lo mismo reconoce la Constitución a otras familias como
reconoce el derecho a no casarse, y ello no puede jamás significar
discriminación, porque nuestro artículo 14 no lo impide. Señorías, con
nuestra iniciativa lo único que estamos pretendiendo es equiparar a las
parejas de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales; y pretendemos
equipararlas, entre otras cosas, porque no consideramos que sea justo
que, por el mero hecho de haber establecido una convivencia diferente a
la del matrimonio, no puedan ser beneficiarios de todas aquellas
prestaciones económicas, sociales o de reconocimiento social,
precisamente por el mero hecho de no haber contraído matrimonio. Para
ello, señorías, nos podemos amparar no sólo y exclusivamente en las
modificaciones legislativas que ya se han introducido en el ordenamiento
jurídico español, en el Código Civil, hablando de las relaciones
conyugales y de la filiación, en la Ley de adopción, que ya se
introdujeron, en el nuevo Código Penal y en la Ley de Arrendamientos
Urbanos. Sencillamente, señorías, estas modificaciones son absolutamente
escasas para las necesidades de una población que va siendo cada vez
mayor. En un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas se
hablaba de que, a pesar de no tener datos específicos, podía ser que en
nuestro país existiera alrededor de un 2 por ciento de población que
convivía como pareja de hecho y que, además, la tendencia iba en aumento.
Es decir, que no estamos hablando sólo y exclusivamente de un grupo
reducido de personas sino de muchas personas que en nuestra sociedad
optan por un tipo de convivencia que no está formalizada con el
matrimonio pero que no por ello ha de sufrir discriminación. Además,
señorías, nosotros somos firmantes y hemos aprobado la Declaración de
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y también hemos aprobado el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19
de diciembre de 1966, que contienen el mandato de protección legal a la
familia, y que ésta no siempre se constituye a través del matrimonio, y
se debe de hacer preciso modificar todo el ordenamiento jurídico que
permite este tipo de discriminaciones. Pero es más, señorías. En 1994 el
Parlamento Europeo aprobó una recomendación para que se evitaran los
problemas de homofobia que había en los Estados miembros de la Unión
Europea, pero para que se eliminaran también todas las trabas que impiden
la plena igualdad jurídica de las parejas heterosexuales y mayormente de
las parejas homosexuales. Por eso, señorías, nosotros hemos presentado
esta iniciativa.
La verdad es que resulta triste que se perdiera la oportunidad en la
legislatura pasada de haber aprobado una regulación de las parejas de
hecho con el alegato de que el Gobierno la estaba preparando, y en esta
ocasión ni tan siquiera nos encontramos con ese alegato, sencillamente no
hay voluntad política para que se regulen las parejas de hecho. Hablamos
en nuestro artículo 1 del principio de no discriminación por orientación
sexual. Señorías, es totalmente imprescindible que se elimine la
discriminación por orientación sexual. Nosotros establecemos cuál es el
concepto de pareja de hecho, queda claro y dice: A los efectos de lo
previsto en los artículos siguientes se considera pareja
de hecho a la unión libre, estable, pública y notoria, en una relación de
afectividad similar a la conyugal, con independencia de su orientación
sexual, de dos personas mayores de edad o menores emancipados sin
vínculos de parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad,
siempre que ninguno de ellos esté unido por un vínculo matrimonial en
vigor. Señorías, les leo esto porque en la legislatura pasada desde el
Grupo Popular se nos achacaba que no habíamos especificado qué era una
pareja de hecho, ni quién la podía configurar ni en qué condiciones.
También hablamos de que en todo caso serán menores emancipados. Señorías,
en estos momentos no hay argumentos para poder rechazar cualquier
proposición de ley de las características que hoy se han planteado aquí.
Son importantes las modificaciones que se introducen en el Código Civil:
el derecho a la nacionalidad. Señorías, ¿por qué tiene que estar
discriminado un inmigrante o una inmigrante por el mero hecho de convivir
como pareja y no estar casado? ¿Por qué no se le ha de reconocer la
nacionalidad? Es una discriminación, es un castigo por no aceptar, porque
no les parece bien, porque para su desarrollo personal es indiferente o
simplemente es mejor para ellos convivir como pareja de hecho que no
formalizarlo como matrimonio. Con independencia de la orientación sexual,
y ahí entraríamos en otro problema: los homosexuales en nuestro país no
pueden contraer matrimonio y sí tienen derecho a convivir como pareja y
sí tienen derecho a que se les reconozcan todos los derechos que nuestra
Constitución y que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la familia
porque son una familia. También en nuestra proposición de ley, y hablando
de las modificaciones del Código Civil, reconocemos el derecho de
alimento a los descendientes, el reconocimiento de la descendencia, y
modificamos la adopción.
Señorías, para nosotros es importante eliminar todas las
discriminaciones, ya sean parejas heterosexuales o parejas homosexuales.
Y aunque en esta Cámara no se quiera hablar de ello o se quiera pasar de
puntillas sobre ello, los homosexuales, las personas gays y lesbianas
tienen derecho a poder formalizar una familia, a criar a sus
descendientes, aunque no los tengan y lo sean por medio de la adopción.
Hay que reconocerles ese derecho porque su homosexualidad no les
incapacita para amar, para cuidar y para educar a las personas.
Establecemos las modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para
que se les pueda conceder el derecho al permiso por matrimonio o
acreditación de la convivencia análoga, con independencia de la
orientación sexual; y las modificaciones a la Ley de Seguridad Social
para que tengan derecho a la pensión de viudedad, o las que se pueden
introducir en la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública.
Señorías, en definitiva, lo que venimos a hacer precisamente es
equipararlas totalmente, porque creemos que no hay razón alguna para que
no sean equiparadas.
Señorías, en esta Cámara se ha discutido ya en varias ocasiones, en
Comisión o en Pleno, los problemas que hay por la falta de protección
hacia los menores o los problemas que hay con el índice de natalidad. Voy
a darles unos datos exclusivamente de pasada. En los países nórdicos la
media de las parejas de hecho con hijos que aportan al Estado son
alrededor del 60 por ciento. Son parejas perfectamente estables que
pueden criar y educar a sus hijos. No tienen ningún problema. En Francia
son alrededor del 25 por ciento. En España, a pesar de la falta de datos,
se cree que puede rondar entre el 10 y el 12 por ciento. Señorías, si no
se aprueba la regulación de parejas de hecho, ustedes, que tanto dicen
defender --mi grupo lo cree-- al menor y a la familia, lo que están
haciendo es desproteger a unas familias sólo y exclusivamente porque no
entran en el vínculo del matrimonio.
Señorías, yo comparto con el portavoz del Grupo Socialista que plantear a
estas alturas la creación de una subcomisión es dilatar en el tiempo lo
que hoy no se quiere hacer constar en esta Cámara: la falta de voluntad
política para regular las parejas de hecho. Falta de voluntad política
total y absoluta. Demagogia utilizada en los programas de las campañas
electorales para atraer votos pero que a la hora de plasmarlos en esta
Cámara como resoluciones, como legislación, se niegan. Se niegan porque
en realidad ustedes no se creen que las parejas de hecho tengan el
derecho a ser tratadas exactamente igual que un matrimonio. Sencillamente
es falta de convicción política; el resto, demagogia pura. Solamente
pretenden ustedes dilatar el problema en el tiempo y continuarán
dilatándolo en esa subcomisión. ¿Qué hay que estudiar de las parejas de
hecho? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar en esta Cámara? Señorías,
solamente su regulación. ¿Qué nos van a venir a contar los expertos? Nos
lo han contado ya en la Comisión que hubo sobre la familia: las
necesidades de la familia. Si nosotros creemos que una pareja de hecho es
una familia, tienen las mismas necesidades que los que puedan estar
casados por la iglesia o por matrimonio civil. Tienen exactamente los
mismos derechos y las mismas necesidades. Por tanto, señorías, no nos van
a venir a contar nada nuevo. Hay un interés en dilatarlo, por parte de
determinados grupos de esta Cámara, porque no quieren aprobarlo. Empiezo
a pensar que no lo quieren aprobar porque se niegan a reconocer un hecho
que hay no solamente en nuestro Estado, sino en el mundo entero: el hecho
de que las parejas de hecho homosexuales sean consideradas también
unidades familiares. Ustedes están haciendo, estoy plenamente convencida,
una discriminación por razón de orientación sexual. Las parejas
heterosexuales pueden solucionar algunos problemas; las parejas
homosexuales no los pueden solucionar. Se están creando realmente
situaciones de crueldad y de injusticia respecto a este colectivo. Por
tanto, señorías, quiero decirles que
estamos volviendo a perder otra oportunidad y que le están volviendo la
espalda a lo que reclama la sociedad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Vamos a apoyar de forma clara y contundente las dos iniciativas que hoy
se presentan en relación con las parejas de hecho, porque pensamos que
son fieles a muchas declaraciones y legislación no discriminatoria en
este terreno, que enfrentan en la práctica toda la filosofía y toda la
represión social a que estamos acostumbrados en el Estado español como,
por ejemplo, una ley de vagos y maleantes, o cuando se almacenan datos
electrónicos sobre la vida particular de los individuos teniendo en
cuenta sus prácticas sexuales o sus relaciones afectivas. No se puede
valorar con prejuicios la conducta homosexual y la heterosexual, porque
todos los hombres y mujeres tienen derecho a formalizar pareja con
quienes quieran y a adoptar niños. Igualmente pensamos que el matrimonio
canónico y civil de carácter heterosexual, aunque sea lo más frecuente,
no puede ser lo único normal y lo único admitido, permaneciendo anclados
en una sociedad patriarcal que intenta mantener una norma hegemónica
cuando hay evidentes transformaciones sociales y culturales.
Señorías, la legislación existente en el Estado español, empezando por la
Constitución, pero también por la Ley de Arrendamientos Urbanos, la ley
de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual y el Código Penal, amparan perfectamente las dos
iniciativas que hoy se nos presentan. Una de ellas intenta generalizar
los efectos de las uniones matrimoniales a las de hecho sin salir del
espíritu del artículo 32 de la Constitución Española, y la otra es más
extensiva, pero no menos correcta. Ambas merecen ser apoyadas.
El Bloque Nacionalista Galego piensa que lo que siempre fue lícito, ahora
no está prohibido por ley, y además corresponde a los individuos
dirimirlo, debe tener cobertura legal. Por otra parte, una realidad
cultural y social, propia del pluralismo y de la democracia y de una
sociedad que se dice no discriminatoria, debe aceptar las propuestas.
En definitiva, ante un problema afectivo, ante un problema sexual, ante
un problema económico, de convivencia y de educación, no cabe más que su
asunción. Aquello que se acepta socialmente y no se quiere
institucionalizar desde un punto de vista civil provocaría que las
parejas heterosexuales tuvieran la cobertura del Derecho. Y en el caso de
las parejas homosexuales, que aquello que tiene impedimento social tenga
cobertura legal porque es legítimo.
Acabo con unas palabras de una mujer del siglo XIX, casada con hijos,
que, discutiendo el hecho de que pudiese haber matrimonios civiles y no
solamente matrimonios canónicos, precisamente en el debate de la Primera
República y de todo el sexenio revolucionario, concluía dirigiéndose a
los ministros de la Iglesia: «Do direito, do rivés, matrimonio un dogal
es; eres tentazón do inferno, mais casarei, pois no inverno non ter quen
lle a un quente os pes». Traduzco para la gente que no me entienda: «Del
derecho, del revés, matrimonio un dogal eres; eres tentación del
infierno, mas casaré pues en el invierno no tener quien a uno le caliente
los pies.»
Está claro, señorías, que hay algunos que pueden casarse, no lo hacen y
son parejas de hecho. Hay unos que quisieran casarse, no pueden y son
parejas de hecho. Se trata, en definitiva --y quiten el hierro al
problema--, de tener calientes los pies y de que protejamos para todos
sin discriminación las consecuencias derivadas de tener calientes los
pies.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Comienzo manifestado que Coalición Canarias, a través de su portavoz, ha
firmado con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) una propuesta para que en la Comisión de
Justicia e Interior se cree una subcomisión para estudiar esta materia.
Coalición Canaria ha llevado este asunto con un trato exquisito y no nos
consideramos aludidos ni implícitos en las motivaciones --y cada portavoz
dirá cuáles son las suyas-- de tipo político, de tipo jurídico, de tipo
moral, de cualquier orden que se quieran hacer. Tenga el portavoz
socialista la seguridad de que la nuestra, por supuesto, ha sido
respetuosa totalmente con la libertad de decisión de las personas. Quiero
dejar constancia en esto del inequívoco pronunciamiento de Coalición
Canaria, en este caso de su portavoz. No estamos proponiendo nada en
contra de los derechos y libertades individuales, de la libertad de
opción, pero sí hemos entendido que es una materia que requiere, como se
hizo en esta Cámara en las primeras legislaturas con las leyes del
matrimonio civil y del divorcio, que haya un consenso lo más amplio
posible porque estamos en una sociedad que va a utilizar estas leyes y
ese consenso es imprescindible.
Desde el momento en que la democracia parlamentaria ha ofrecido a la
libertad individual en la constitución de la pareja o de la familia una
ley del divorcio y una ley del matrimonio civil, se entendía que había
unas opciones para que un Estado de Derecho funcionara no de una manera
globalizada solamente en los principios genéricos sino que la persona,
individualmente, fuera consciente de las obligaciones y los derechos que
contrae con una legislación sectorial. No se trata sencillamente de
legalizar y legitimar la unión de dos personas, sean o no del mismo sexo,
de la misma manera que se hace una especie de sacralización del término
par. Puestos a discutir las libertades de una sociedad, aquí cabe
cualquier fórmula de estructurar la familia desde el punto de vista de
que no hay generación cuando estamos hablando de parejas homosexuales.
Aquí llegan dos proposiciones de ley, la del Partido Socialista y la de
Izquierda Unida. Si tenemos que reconocer todos los derechos, no se puede
limitar el derecho de las parejas homosexuales a ser parejas de hecho. O
se va con todas las consecuencias al matrimonio civil o estamos haciendo
un flaco favor a todo un conjunto de normas que definen un Estado de
Derecho. Me estoy refiriendo al Código Civil, porque se emplea la
expresión pensión de viudedad y hay un ordenamiento jurídico que regula
todas estas acciones. ¿Quién es el viudo o la viuda en este caso?
(Rumores.) Sí señorías, cojan ustedes las estadísticas de las sentencias
judiciales en casos de separación en parejas heterosexuales y vean por
sexos quiénes son los que reciben las sentencias más duras de jueces,
magistrados y tribunales. ¿A quién se condena a la pensión de
manutención? Se puede condenar a pasar una pensión de manutención al otro
cónyuge en la medida en que hay un vínculo jurídico reconocido. Me
aterraría pensar que estuviéramos legalizando aquí la situación en la que
una pensión de jubilación no se pudiera atribuir a uno de los cónyuges
por un tribunal.
Esto quiere decir que esta materia es controvertida, estamos de acuerdo;
sobre ella han incidido sentencias del Tribunal Constitucional y el
Tribunal Constitucional, señorías... (Rumores.) Pido un respeto a una
expresión democrática. Lo que estamos haciendo únicamente es intentar una
aproximación y buscar un órgano de encuentro, no un debate acalorado, y
que una cuestión de los derechos individuales, para nosotros tan
importante, no se sustancie hoy aquí por una cuestión aritmética de
votos, la gane quien la gane y la pierda quien la pierda. Queremos buscar
un lugar sosegado de encuentro, donde este tema, importante por sus
repercusiones jurídicas en legislaciones sectoriales, que afectan al
ordenamiento mercantil, al ordenamiento civil, al ordenamiento penal en
todos sus órdenes, se tenga en un entramado. Entendemos que es a esto a
lo que se ha referido el Tribunal Constitucional cuando ha dicho que la
convivencia extramatrimonial y el matrimonio no son equivalentes a todos
los efectos porque, de un intento de globalización de la legislación, se
derivan aspectos sectoriales que es necesario tener en cuenta.
Hay que reflexionar profundamente, saber cuál es el alcance y las
consecuencias en derechos y obligaciones en nuestro ordenamiento
jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico el que está vinculado al
matrimonio --me estoy refiriendo siempre al civil-- tiene una serie de
derivaciones históricas, culturales, pero fundamentalmente legales en un
Estado de Derecho. No me gustaría que, por una legislación apresurada,
uno de los cónyuges de las parejas de hecho saliera perjudicado por una
indefensión jurídica. A esto ha tendido nuestra adscripción a una
propuesta. Al respeto a estos derechos individuales nosotros estamos
adscritos sincera y profundamente. Lo que queremos, vuelvo a decir, es
que esta cuestión se debata con sosiego y con reflexión, a fin de
aproximar todas las posiciones posibles, para que aquellas personas
españolas que lo decidan así con su voluntad democrática libremente
expresada, en uso de sus derechos constitucionales personales, lo puedan
exponer y esto pueda ser una realidad. Yo personalmente me adscribo a un
sentido de responsabilidad ante una legislación en la que hay pocos
ejemplos que se puedan invocar como Derecho comparado, porque lo que hay
por ahí puede ser una auténtica chapuza de cinismo y de la hipocresía
social. (Rumores.) Me estoy refiriendo a terceros países. ¿Qué Derecho
comparado se puede traer aquí sino el de cuatro o cinco países que lo
tengan reconocido?
Nuestro contexto cultural y jurídico nos lleva a mostrar aquí una
reflexión abierta, sin dobles lecturas ni cinismos en la aplicación a
cada individuo, a cada persona, que es a quien nosotros otorgamos en este
momento la máxima consideración y no tan sólo a la pareja, sino a los que
la forman individualmente. Los derechos de la persona tienen todo el
respeto para ser reconocidos en un texto jurídico claro y contundente. Si
llegamos a él, bienvenido sea.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, en este trámite
parlamentario se trata de valorar la oportunidad de la regulación que los
Grupos Socialista y de Izquierda Unida nos someten a nuestra
consideración; es decir, responder a la pregunta de si es necesaria o al
menos conveniente la regulación de los efectos de estas situaciones de
hecho.
La propia exposición de motivos de la iniciativa socialista alude a que
la convivencia duradera y estable,
con independencia de la orientación sexual de sus miembros, debe
considerarse una realidad cotidiana de nuestra sociedad, de la que el
Derecho positivo no puede permanecer al margen.
La referencia que se hace en ambas iniciativas a la resolución del
Parlamento europeo, de 8 de febrero de 1994, sobre igualdad de derechos
de los homosexuales en la Comunidad europea, que fue precedida de un
amplio informe de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos
Interiores, nos lleva a considerar que es sobre todo en relación con
estos colectivos humanos con los que es más urgente la regulación legal,
ya que respecto de las uniones de hecho heterosexuales, si deciden
acogerse a la regulación que las proposiciones establecen, es decir,
convertirse en uniones de derecho, los efectos son idénticos a los de
contraer matrimonio civil.
En este estado actual de la cuestión existe ya un gran número de
disposiciones legales y de resoluciones judiciales que tienen en cuenta
la posibilidad de estas uniones y les atribuyen efectos jurídicos,
trayendo causa de principios generales y de preceptos constitucionales,
como el artículo 9.2 de la Constitución, según el cual corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivos. O el artículo 14 al proclamar la igualdad de los ciudadanos,
al margen de cualquier circunstancia personal. O el artículo 39 al
proclamar la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia, cuyo concepto tradicional ha
sido superado hace tiempo por la realidad social en favor de concepciones
más amplias, de las que sirvan como ejemplo las relaciones
monoparentales.
El Código Civil, igualmente, en su artículo 175.4, según la redacción
dada por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, permite la adopción al
hombre y a la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente
por relación de afectividad análoga a la conyugal. La Ley 29/1994, de 4
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, destaca como novedad --y así lo
explica su exposición de motivos-- el reconocimiento del derecho a la
subrogación del conviviente more uxorio, haciendo referencia en los
artículos 12 y 14 a la convivencia en relación de afectividad análoga a
la conyugal con independencia de la orientación sexual.
En el ámbito de la Seguridad Social, la disposición adicional décima de
la Ley 30/1981, que modifica la regulación del matrimonio en el Código
Civil, contemplaba el percibo de pensiones para las personas que hubiesen
convivido maritalmente sin contraer matrimonio por impedimento legal,
prescripción ésta de carácter transitorio por inexistencia entonces del
divorcio que, como suele ocurrir, ha adquirido carácter permanente.
En el ámbito de la asistencia sanitaria desde bien pronto se reconocieron
estos derechos, y en el ámbito de la comunidad autónoma a la que
pertenezco desde el momento mismo en que se universalizaron las
prestaciones sanitarias. La Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual, de 11 de diciembre de
1995, reconoce en su artículo 2 la condición de beneficiaria, a título de
víctima indirecta, a la persona que hubiera convivido con el fallecido
con análoga condición de afectividad a la de cónyuge, con independencia
de la orientación sexual, al menos los dos años anteriores. El Código
Penal, Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, recoge diversos
preceptos tanto de su parte general, cuando señala como circunstancia que
atenúa o agrava la responsabilidad el estar ligado de forma estable por
idéntica relación de afectividad, como en la parte especial, al regular
en los delitos contra los derechos de los trabajadores o en los delitos
cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales la
motivación de odio o discriminación por la orientación sexual.
Remontándonos más en el tiempo, la Ley de habeas corpus, Ley orgánica
6/1984, legitima para solicitarlo al cónyuge del detenido o al unido por
idéntica relación de afectividad. Igualmente, la Ley 5/1984, del derecho
de asilo, atribuye la condición de asilado no sólo al cónyuge sino
también a la persona ligada por análoga relación de afectividad y
convivencia, por no referirme --aunque ya lo he hecho en una ocasión-- al
ámbito de la administración vasca en el que todos los convenios
reguladores de las condiciones de trabajo en las administraciones
reconocen las circunstancias de convivencia respecto de todas y cada una
de las situaciones laborales.
Las resoluciones judiciales son numerosísimas y también lo es incluso el
reconocimiento en vía administrativa. No hace muchos días aparecía en la
prensa una resolución del consejo de la juventud en la que se reconocía a
un homosexual su derecho a aplazar la prestación social en bien de su
pareja, ya que ésta dependía económicamente de él.
No voy a extenderme, pero quiero mencionar que nuestro sistema normativo
no casa bien con el que está previsto en el ámbito francés de regular los
contratos de unión civil, ya que en nuestro ámbito, en toda la amplia
legislación a la que me he referido, está consagrada la relación de
afectividad en estas relaciones.
Señorías, no me voy a extender más. La realidad social existe, creemos
que está necesitada de regulación y que las dos proposiciones de ley la
abordan desde la óptica de lo que ya se ha reconocido por los tribunales
y está recomendado por el Parlamento Europeo, con el voto favorable del
grupo en el que se integra el Partido Nacionalista Vasco, al que
represento; regulación propuesta, además, por los dos grupos que podrá
ser objeto de ponderación y enmiendas en aras al consenso en su paso por
los distintos trámites de esta Cámara.
Esta convicción de estar ante unas situaciones humanas necesitadas de
regulación y desde la definición
de mi propio partido, que en sus estatutos reconoce su condición de
partido humanista, nos lleva a dar nuestro voto favorable a la toma en
consideración de estas iniciativas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no discute
la oportunidad de la regulación, como indicaba anteriormente el señor
Pedret. Parte del reconocimiento de que hay una realidad social que está
huérfana de regulación; que hay una realidad social que en estos momentos
carece de efectos jurídicos; que hay una realidad social que, como ya ha
sido dicho, provoca en muchos aspectos situaciones realmente crueles, y
pretende abordar precisamente la regulación de esa realidad social.
Por otra parte, también es indiscutible la existencia de numerosa
jurisprudencia de los tribunales, dispersa, contradictoria, que reclama
en cualquier caso la intervención del legislador, porque si algo ha de
hacer la jurisprudencia es complementar el ordenamiento jurídico, pero,
desde luego, no sustituir a la potestad legislativa que corresponde a las
Cámaras. Por tanto, señorías, oportunidad, lo que se dice oportunidad,
absolutamente toda: lo que no deja de extrañarnos es que aquellos que
pudieron regular y no lo hicieron, ahora nos achaquen a los demás...
(Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Silva.
Señorías, les ruego silencio, máxime cuando el Diputado que está en el
uso de la palabra aparentemente no coincide con sus planteamientos. Sean
respetuosos con quien está interviniendo. (Rumores.)
El señor SILVA SANCHEZ: Lo digo, señorías, porque del 29 de noviembre de
1994, fecha en la que se aprobó una proposición no de ley para que el
Gobierno socialista enviase un proyecto a esta Cámara, en la que hubo una
intervención diciendo que en el plazo de un mes circularía el
anteproyecto, hasta la disolución de la Cámara, que tuvo lugar más de un
año después, oportunidad ha habido. Yo le rogaría al señor interviniente
que por lo menos intentase ser ecuánime y que cada palo aguante su vela,
que él tiene vela que aguantar, y nos deje a los demás que hagamos el
planteamiento que estimamos más correcto.
Señorías, mi grupo votó a favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
votó a favor de la Ley de habeas corpus, votó a favor del Código Penal,
votó a favor de la Ley de Arrendamientos Urbanos, votó a favor de la Ley
21/1987, de modificación del Código Civil, etcétera. Por lo tanto, el
mismo mérito que se atribuye el Grupo Parlamentario Socialista, la misma
preocupación que se atribuye por regular estas relaciones, estas
realidades sociales se la puede atribuir obviamente mi grupo
parlamentario. Es un aspecto que hay que tener en cuenta.
Por lo demás, también es indiscutible, y lo ha indicado así el señor
Pedret, el compromiso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) con esta regulación, y así lo expuso en su programa electoral,
donde se manifestó textualmente a favor de la modificación de la Ley de
Registro Civil, con el fin de constatar relaciones de convivencia estable
entre dos personas no unidas en matrimonio, parejas de hecho, etcétera.
Señorías, la posición del Grupo Parlamentario Catalán ha sido
indiscutible en todo momento, apoyando esas modificaciones parciales a
las que anteriormente se ha hecho referencia, no poniendo pegas a la
regulación por un gobierno que no reguló y, desde luego, incluyéndolo en
su programa electoral.
No se les oculta a SS. SS. que sería mucho más fácil, más sencillo, más
agradecido, más irresponsable hacer una formulación positiva, anunciar un
voto favorable, criticar razonablemente las proposiciones que aquí nos
han sido puestas de manifiesto y todos contentos. Tengo que decirle al
Grupo Parlamentario Socialista que para criticar su proposición no hay
más que coger la intervención del Diputado señor Valls del 14 de marzo de
1995, porque las mismas ausencias que destacaba su ilustre colega de la
legislatura pasada en relación a la proposición de ley de Izquierda
Unida, se continúan manteniendo en la actualidad respecto de la suya. Por
lo tanto, si tiene en cuenta las fechas, haga el favor también de asumir
el contenido de las intervenciones de sus compañeros. En cualquier caso,
no queremos entrar en un debate que no es el nuestro. Estamos de acuerdo
en regular, vamos a regular.
Se ha mencionado aquí la voluntad dilatoria de mi grupo. Yo creo que ya
he expresado con bastante claridad quién ha tenido o ha dejado de tener
voluntad dilatoria; desde luego, no somos nosotros. En cualquier caso,
esas comisiones a las que usted ha hecho referencia que no sirven más que
para retrasar sine die, ad kalendas graecas, la regulación son las que
existido en otros países. En esta Cámara hay personas que conocen
perfectamente que ahora mismo en Holanda está trabajando una comisión de
esas características que ha tenido más de un año de plazo y que el 1 de
agosto debe presentar sus conclusiones. Saben que en Dinamarca, donde
aparece reconocido desde 1989 el matrimonio de homosexuales, ha existido
una comisión de esas características. Saben que en Nueva Gales del Sur,
en Australia, que en 1984 estableció una regulación de parejas de hecho,
también hubo una comisión de esas características. Por lo tanto, no
estamos pidiendo nada que no se haya utilizado en otros ordenamientos.
¿Por qué lo pedimos? Aquí me gustaría hacer una ligera réplica a la
señora Urán. Lo pedimos porque nos
gustaría saber cuál es la naturaleza, por ejemplo, de las parejas de
hecho en España en relación a las que puedan existir en los países
escandinavos: si aquí tenemos una pareja de hecho es un matrimonio a
prueba o es una pareja de hecho que se convierte en una modalidad, en una
alternativa clarísima al matrimonio. Lo digo porque los pocos datos que
tenemos --ella misma ha reconocido que no tenemos datos, pero aquellos de
los que disponemos nos permiten suponer algunas cosas-- podrán determinar
la regulación de una manera o de otra.
Señorías, hay datos que dicen que en Inglaterra la duración media de una
pareja de hecho son dos años y en Francia tres. Yo creo que eso habrá que
tenerlo en cuenta para determinar cuáles son los efectos de la
convivencia durante cierto período de tiempo.
Aparte de esto, señorías, la introducción de una modificación legislativa
de estas características nos permite llamar al consenso a través de una
comisión --a la que ya desde este momento invitamos a todas SS. SS. a
incorporarse--, que tiene como fecha límite para presentación sus
conclusiones el 30 de junio, y les aseguro que mi grupo hará todo lo
posible y garantiza el cumplimiento del mencionado plazo. Mi grupo está
perfectamente dispuesto a sustituir esa solicitud por otra que firmen más
grupos. Lo que queremos indicar es que esa comisión, precisamente, lo que
pretende garantizar es el consenso, pretende garantizar la solución de
problemas jurídicos importantes --y ahora lo digo en mi condición de
miembro del Grupo Parlamentario Catalán--: queremos saber si ésa es una
regulación que puede corresponder al Parlamento de Cataluña o a las
Cortes Generales; queremos saber si vamos a regular... (Rumores.)
Señorías, queremos saber, y tenemos derecho a saber, si vamos a regular
relaciones civiles referentes a la forma del matrimonio o no (Rumores.),
y eso también tienen que entenderlo. En cualquier caso, un examen --y lo
saben SS. SS.-- de la regulación actual que pueda existir en Suecia, en
Noruega, en Holanda, en Dinamarca o en otros países genera las opciones
lo suficientemente diferentes como para que nos permitamos, a lo largo de
tres meses, abordar ese problema e intentar obtener un consenso.
En cualquier caso, como ya he manifestado anteriormente, mi grupo votará
en contra de la toma en consideración de esta proposición. Lo hará por
sentido de responsabilidad, y no nos duelen prendas porque el plazo es lo
suficientemente breve como para que esos sectores sociales que reclaman
esta regulación puedan ver perfectamente, y en muy pocos meses, quién, en
el día de hoy, tenía realmente razón: si aquéllos que en su momento,
pudiendo regular, no lo hicieron, si aquéllos que hoy han manifestado
todas las dudas y todas las suspicacias del mundo sobre nuestra voluntad
de entrar a regular estas materias o los que hemos preferido entrar a una
regulación en un sistema de consenso, a través de un mecanismo que es el
que se ha utilizado en otros países de Europa, y con la plena consciencia
y la plena voluntad de resolver un problema existente, un problema grave,
un problema cruel.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, señorías, sé que éste es un
debate de gran calado jurídico, de gran calado social e incluso de gran
calado humano, que afecta, sin duda, a toda la sociedad y yo voy a tratar
de realizar una tarea --si SS. SS. quieren, poco apasionante-- que
pretendo sea eficaz: centrar el debate e intentar convencerles a ustedes
de que la posición del Grupo Popular no es contraria a que se regule este
tipo de hechos, de situaciones jurídicas, pero sí es contraria a la forma
como se propone en las proposiciones de ley del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Por lo que respecta al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, es perfectamente coherente con su línea política y nuestro
grupo no tiene nada que objetar a las manifestaciones --por cierto, muy
atinadas-- que ha hecho la señora Urán. Tampoco queremos meter el dedo en
la llaga sobre la incoherencia que podría achacársele al Grupo
Parlamentario Socialista, porque tuvo doce o trece años para regular este
tipo de situaciones de una forma global y no lo hizo. Como ha manifestado
ya el representante del Grupo Parlamentario Catalán, mi compañero señor
Silva, el Gobierno, durante un año, no envió un proyecto de ley que,
efectivamente, el Ministerio de Asuntos Sociales tenía encima de la mesa;
el Gobierno no tomó la iniciativa de enviarlo.
En cambio, esa coherencia sí que no se puede alegar en sentido contrario
al Partido Popular porque la manifestación que hacemos ahora está en
perfecta concordancia a la que hizo en su día la señora Rudi desde estos
mismos escaños.
Nosotros nos abstuvimos, no nos opusimos a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros y el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), quien también se abstuvo. Pero no solamente eso.
Ustedes votaron en contra en otro debate que hubo sobre un tema parecido
el 14 de marzo de 1995, sobre la proposición de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre protección social, económica y
jurídica de la pareja. En concreto, el representante del Grupo Socialista
dijo que estaba de acuerdo con el fin pero que no estaba de acuerdo con
los medios que se proponían, y el representante del Grupo Nacionalista
Vasco, señor Olabarría, igual que
el señor Casas, del Grupo Catalán se opusieron a esa toma en
consideración, al igual que lo hizo el señor Michavila con argumentos
contundentes por parte de nuestro grupo.
Sinceramente, señorías, éste es un tema que requiere mucho más debate del
que hasta la fecha se ha realizado, y por eso nuestro grupo ha firmado
este escrito esta mañana, junto con el Grupo Catalán y el Grupo Coalición
Canaria, para que se cree una subcomisión. Y no es una maniobra
dilatoria, como creo que ha querido decir el señor Pedret. No es una
maniobra dilatoria, señor Pedret, puesto que hay trece subcomisiones en
esta Cámara, si mal no recuerdo, en las que ustedes por cierto participan
con sumo agrado, y una subcomisión que se crea con un plazo fijo de tres
meses de duración yo creo que no solamente no es dilatar una cuestión
sino que es estudiar con mucha mayor profundidad. Tengamos en cuenta que
se trata de una materia que linealmente afecta a todo el ordenamiento
jurídico: al Código Civil, al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley
General de la Seguridad Social, a la Ley de medidas para la reforma de la
Función pública, a la Ley de Clases Pasivas del Estado, y, en el orden
fiscal, a la Ley del impuesto sobre la renta y a las donaciones y
sucesiones.
En fin, yo comprendo sinceramente que, ante la magnitud de la reforma que
se tenía enfrente, el Gobierno anterior se resistiese durante un año a
enviar el proyecto que tenía la Ministra de Asuntos Sociales en el cajón
de su mesa.
Hay otro aspecto que figura en la exposición de motivos de las
proposiciones del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, en el que no
tienen razón. Sinceramente, no es una materia que esté al margen del
Derecho positivo. Yo he tenido en mis manos una recopilación que ha hecho
el Presidente de la Asociación de Abogados de Familia, don Luis
Zarraluqui, sobre las disposiones referentes a los temas que nos afectan
y que nos traen hoy aquí, que por cierto es un estudio que se va a
publicar en breve y que yo ofrezco gustosamente a todos los grupos de la
Cámara para que lo puedan analizar también, y se lo puedo dar ahora mismo
cuando acabe este debate.
Por ejemplo, afectan a disposiciones que otorgan derechos: en materia de
adopción, en materia de arrendamientos urbanos, donde prácticamente ya se
incluye lo que es la médula de estas cuestiones (una afectividad análoga
a la del matrimonio, en el tema de la orientación sexual y en el tema de
la tasación en el tiempo).
De todas maneras, ahora me referiré a estos tres aspectos porque yo creo
que afectan a principios constitucionales. La seguridad social,
asistencia sanitaria, familias numerosas, por ejemplo, lo ha dicho
también uno de los representantes que me han precedido en el uso de la
palabra, el artículo 23 y el artículo 454 del Código Penal, se atenúa o
agrava la responsabilidad o se exime de ella a personas unidas de hecho a
otras, el habeas corpus, el derecho de asilo, la obtención de permiso de
trabajo, la Ley General Penitenciaria, la Ley de técnicas de reproducción
asistida, todas ellas conceden beneficios y privilegios que estaban antes
reservados a los cónyuges. No digamos también aquellas disposiciones que
establecen limitaciones, como los artículos 319.1 y 391, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en los cuales se señala como causas de
abstención y prohibición de pertenencia a una misma sala (es un tema que
yo sugiero que estudien porque a lo mejor les interesa), a dos
magistrados unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho
equivalente.
No digamos ya la jurisprudencia, las dos paradigmáticas sentencias del
Tribunal Constitucional, la 66/1994, que ha sido citada por el señor
Pedret, y la 222/1992, de la que fue ponente el magistrado don Vicente
Gimeno Sendra y donde, y es un matiz importante, se equiparan los
efectos, pero no se igualan situaciones, porque no son situaciones
idénticas.
Podríamos hablar también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la
sentencia de 27 de mayo de 1994, de la que fue ponente don Jesús Marina y
Martínez Prado, la sentencia de la Audiencia Nacional, audiencias
provinciales, circulares de la Fiscalía General del Estado de los años en
que ustedes nombraban al Fiscal General del Estado, y la creación de los
registros: el de Vitoria, Comunidad Autónoma Valenciana, Madrid y
Andalucía. Todo ello para decir que no se trata de situaciones que estén
al margen de lo que es el Derecho.
Pero ahora yo quiero centrarme en lo que es el meollo de la cuestión.
Yo creo que ambas proposiciones de ley afectan a cinco principios
constitucionales que podrían conculcarse.
Primero, el derecho a la libertad. Podríamos estar imponiendo un
matrimonio de segunda a personas que no lo querrían, y precisamente las
recomendaciones del Consejo de Europa, que han sido señaladas esta tarde
por los que me han antecedido en el uso de la palabra, dicen
textualmente, y es importante señalar los matices, que no se puede
sancionar o castigar el ejercicio de la libertad personal. Yo me
pregunto, si prosperasen sus proposiciones de ley, ¿no podríamos estar
incurriendo en ello?
Otro principio constitucional que podría quedar conculcado es el de la
seguridad jurídica frente a terceros. Una situación de hecho, por
ejemplo, la mera circunstancia de estar compartiendo un piso, podría
tener consecuencias jurídicas para el arrendador, sin que pudiese conocer
ese hecho.
No digamos ya el principio de igualdad. Concretamente fue expulsado de
nuestro ordenamiento jurídico, del Código Civil, toda referencia a la
orientación sexual de las personas, e incluso se suprimió el impedimento
de impotencia, la negativa total o injustificada
a las relaciones sexuales o a la vida sexual y la no consumación del
matrimonio como causas para su disolución. Probablemente estaríamos
volviendo a la circunstancia anterior a la reforma del Código Civil. Una
cosa es hablar de que no pueden existir discriminaciones por razón del
sexo y otra meternos en los delicados y complicados vericuetos de la
orientación sexual de las personas que es algo que afecta a la intimidad,
último principio que podría quedar conculcado, por las razones que he
expuesto anteriormente y porque obligaría a algunos ciudadanos que no
quieren tener esa obligación a declarar su orientación sexual.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Trías, le
ruego vaya terminando.
El señor TRIAS SAGNIER: Voy a concluir con un esquema casi telegráfico de
los defectos tecnico-jurídicos que tienen estas proposiciones de ley:
Uno: dos personas que viven su relación en la intimidad se encontrarían
generando derechos y obligaciones a partir de uno o dos años, según las
proposiciones, que, a lo mejor, no quieren que se generen. Dos: es
injusto e injustificado la tasación del tiempo, que además es imposible
de probar, no se puede probar cuándo se inicia una relación por razón de
afectividad. Tres: resulta chocante lo que dicen ambas proposiciones en
materia alimenticia porque convendrán conmigo en que los problemas de
alimentos surgen cuando se produce la ruptura, no cuando se está en una
situación de afecto o de cariño. Cuatro: produce perplejidad que utilicen
una expresión referida al matrimonio que no esté en vigor. El matrimonio
se anula, se disuelve o se separa, en cuyo caso está en vigor. Y si está
en vigor, no se puede iniciar o registrar una situación de hecho, porque
entonces se estaría favoreciendo algo que no quiere nuestro ordenamiento
jurídico, cual es el fraude de ley. Cinco: la acreditación es un término
que no se utiliza en nuestro Derecho procesal civil. En nuestro Derecho
procesal civil se habla de prueba, como hace la proposición de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y la prueba nunca se hace por un
documento público, porque un documento público no prueba nada. Un notario
sólo da fe de lo que se hace, de lo que le dicen o de lo que ve, pero él
no comprueba cómo se inician o cómo se acaban las relaciones de
afectividad. Seis: más grave todavía es el tema de la sucesión ab
intestato, donde después de los descendientes y ascendientes se sitúa al
conviviente antes que a los hermanos y a lo mejor ésa es una situación
que los convivientes no quieren. Siete: todo ello podría producir
fraudes, y no digamos ya en materia de nacionalidad donde podría ser un
semillero de fraudes sin cuento. Ocho: es extraño que los proyectos de
ley no se refieran a extender los deberes y obligaciones de los cónyuges
a las relaciones de hecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Trías, le
ruego concluya.
El señor TRIAS SAGNIER: Termino en un minuto, señor Presidente.
En noveno lugar, considero que resultaría inaceptable para este grupo la
extensión de la adopción para las parejas homosexuales y creo que esto lo
tenemos que decir con absoluta y rotunda claridad, ya que es un tema para
el que no vemos parangón en el Derecho comparado, pues habría que
remontarse a algunas tribus australianas para encontrar algún antecedente
sobre esta materia. (Rumores.)
Quiero acabar, señorías, diciendo que éste es un tema sobre el que todos
tenemos que recapacitar y requiere un análisis profundo que se puede
realizar desde todo punto de vista: antropológico, religioso,
sociológico, psicoanalítico, filosófico, jurídico. Por cierto, la
referencia que les he hecho, señores Diputados --no se escandalicen-- no
es mía, es del señor Lévi-Strauss que además la tomaba ya de antropólogos
anteriores y ustedes la pueden conocer. (Rumores.) No es una referencia
de este modesto Diputado, que lo que pretende es llevar todas esas
consideraciones a la subcomisión que se va a crear por un tiempo
determinado de tres meses porque es allí donde con sosiego podremos dar
una solución definitiva a estos temas a los que nuestro grupo --y lo
vuelvo a repetir desde el principio-- no se opone, sino que cree deben
tener una regulación adecuada, pero concordando con lo que son los
verdaderos deseos de la mayoría de la sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Trías. (Aplausos.--Protestas.--El señor Pedret i Grenzner.)
Señor Pedret, ¿con qué motivo solicita la palabra?
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, pido la palabra alegando el
artículo 71.1 del Reglamento en cuanto que este portavoz ha sido aludido
directamente por el señor Silva en su intervención, y me amparo también
en el artículo 73.1 del Reglamento porque el señor Trías ha iniciado su
intervención anunciando su propósito diciendo: quiero manifestarme en
contra de las proposiciones. Y el contenido del pretendido turno de
fijación de posiciones del señor Trías ha sido un contenido de turno en
contra que hubiera habilitado, entonces, de acuerdo con un uso normal y
no desviado del Reglamento, un turno de réplica por parte de los
proponentes. Por ello, señoría, lo solicito. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra S.
S. durante tres minutos para responder a las alusiones del señor Silva.
Utilice
el turno para las dos intervenciones que me solicita y le ruego sea
escrupuloso con el tiempo que le concede la Presidencia.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar ser
todo lo riguroso y breve que sea posible en este trámite. Le aseguro al
menos que mi intención es serlo.
El señor Silva ha aludido directamente a una vela y a un palo. El palo
era yo. No he entendido exactamente cuál era la vela. En cualquier caso,
el señor Silva debe de tener en cuenta el hecho que se produjo el día 13
de febrero de 1997 --tiene que estar fresco en la memoria de su
Coalición-- cuando en la Comisión de Justicia, Derecho y Seguridad
Ciudadana del Parlamento de Cataluña, los representantes del Partido
Popular y de la coalición Convergència i Unió en el Parlamento de
Cataluña votaron en contra de la solicitud presentada para la creación de
una subcomisión. Esta es una vela, señor Silva, que debe de aguantar el
palo que corresponda. Esta sí lo es, porque es una contradicción
flagrante con su posición aquí. Señor Silva, hay que ver a qué nos
referimos, a qué jugamos cuando se vota una cosa en un Parlamento y otra
en otro. Fue el 13 de febrero de 1997, no hace tiempo.
En cuanto al señor Trías, que en su intervención de fijación de posición
se ha dedicado a articular un turno en contra, ha venido a dar la razón a
muchísimos de los argumentos dados por este portavoz en su intervención.
El señor Trías ha reconocido que en época del Gobierno socialista se ha
estado regulando por parte de esta Cámara la situación de parejas de
hecho. Pero ha dicho una cosa que ha resultado enormemente sorprendente a
este portavoz y que él ha considerado fundamental para hablar en contra
de nuestra proposición, como es la inconstitucionalidad --creo haber
entendido-- de la tasación del tiempo --creo haber entendido-- para el
establecimiento de derechos a una pareja de hecho, o al menos la
inoportunidad, si no ha hablado de la inconstitucionalidad. Debo decir
que le sorprende enormemente a este portavoz que lo diga el portavoz del
Grupo Popular, que es el que da --entiendo-- apoyo al Gobierno que aprobó
el Real Decreto-Ley 13/96, de 20 de septiembre, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 28 de septiembre de 1996, por cierto hace poco,
que fue convalidado en esta Cámara el día 31 de octubre de 1996,
naturalmente con los votos del Grupo Popular, y en cuyo artículo 13,
párrafo 3, letra a), donde se establece exactamente la misma regulación
en cuanto al tiempo y a las condiciones de afectividad para las parejas
de hecho, para una cosa tan normal como es el tener derecho a percibir
compensaciones por el desastre de Biescas. Está firmado por don José
María Aznar, que creo que es el Presidente del Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿A qué efectos
solicita la palabra?
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, exactamente a los mismos
efectos que la ha solicitado el portavoz del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra S.
S. durante tres minutos.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) ha empezado planteando que sería una irresponsabilidad votar que
sí. La verdad es que nosotros no consideramos que podamos ser
irresponsables por seguir planteando este debate en la Cámara, porque
tiempo ha habido para discutir, y no sólo sobre las parejas de hecho,
sino que por la subcomisión de la familia, y lo dije en mi intervención
inicial, gracias a los expertos, todos sabemos ya las necesidades que
sobre la convivencia en familia tiene nuestro país. Por eso creemos que
esto no nos vaya a aportar muchas más cosas.
Se ha hablado también de consenso. Señorías, el consenso se alcanza antes
de este Pleno para tomarlo en consideración o en el trámite, si realmente
hay voluntad política para regular las parejas de hecho. Este grupo
parlamentario está convencido de que no hay voluntad política. Y como no
la hay, los grupos parlamentarios se prestan, con todo su derecho, que
nosotros no negamos, a la propuesta que tiene el Grupo Popular, que es la
de no regular las parejas de hecho.
El señor Trías, desde luego, ha hablado de inconstitucionalidad, y es muy
preocupante lo que ha dicho, porque al hablar de la tasación del tiempo y
al hablar de que las parejas pueden durar más o menos tiempo en la
convivencia, habría que plantearse si al final no tendremos también que
revisar la ley del divorcio o algún tipo de legislación más, porque hay
convivencias de parejas casadas que no duran más allá de un año y no por
eso pierden los derechos, señor Trías. Nosotros lo que pretendemos, desde
luego, es equiparar a las parejas de hecho, ya sean heterosexuales u
homosexuales, con la relación o con los derechos que tiene el matrimonio.
Por otro lado, usted también ha hablado de los alimentos y de la prueba
de convivencia. Señoría, léase la intervención del portavoz de su grupo
en la legislatura pasada, porque ésa precisamente era una de las cosas
que echaba en cara a la iniciativa del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que desprotegíamos a los más débiles por
no regular el derecho de alimentos que tienen los hijos habidos en el
matrimonio.
Ha hablado usted de la adopción. La verdad es que es muy preocupante,
vamos con muy poca ilusión a esa subcomisión que parece ser que se va a
crear en esta Cámara, porque no sabemos si al final, cuando hablemos de
los derechos de las parejas heterosexuales y de las parejas homosexuales
a la hora de ser pareja de hecho y reconocerle las prestaciones o los
derechos civiles que se deben tener, no vamos a hablar de los
comportamientos de las tribus aborígenes de Australia. La verdad,
señoría, es que nos parecería una pérdida de tiempo total y absoluta que
no beneficiaría para nada a la sociedad, a las parejas y a las personas
que necesitan de esta regulación para evitar lo que ya dije antes en mi
intervención, la crueldad y la injusticia que se está planteando con este
tipo de situaciones. (Aplausos.--El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Señor Silva, al señor Pedret esta Presidencia le ha concedido la
oportunidad de intervenir en un turno por alusiones, al que S. S. no
puede responder.
El señor SILVA SANCHEZ: Yo entiendo, señor Presidente, y acato obviamente
su resolución, que al señor Pedret yo no le he aludido absolutamente para
nada, él ha replicado a mi toma de posición, y por el principio de
igualdad de partes entiendo que el planteamiento ha de ser el mismo.
(Rumores.--El señor Trías Sagnier pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
Señor Trías, tiene S. S. la palabra durante tres minutos. (El señor
Molins i Amat pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Señor Molins?
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, el portavoz del Grupo
Socialista ha solicitado a la Mesa la capacidad para intervenir. En el
mismo turno creo que le corresponde hacerlo al portavoz del Grupo
Catalán, para poder dar réplica a la intervención del portavoz del Grupo
Socialista, en los mismo términos y con los mismos derechos, porque ha
sido aludido, que cualquier otro portavoz de cualquier otro grupo
parlamentario, exactamente igual. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
Señor Molins, entiendo el planteamiento que ha hecho S. S., pero al señor
Pedret le he concedido la palabra para responder a las alusiones de las
que efectivamente fue objeto durante la intervención del señor Silva, y
S. S. sabe que a efectos de las alusiones no hay posibilidad de
contrarréplica.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, tanto el portavoz del Grupo
Socialista como la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya han rebatido argumentos políticos utilizados en la intervención
anterior, lo que a nosotros nos parece muy bien, pero creo que
inevitablemente eso reabre el debate con un nuevo turno por parte de
nuestro grupo parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor Molins,
no lo ve así la Presidencia. Muchas gracias.
Señor Trías, tiene S. S. la palabra durante un tiempo de tres minutos.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, yo creo que no voy a consumir
ni un minuto del tiempo que S. S. me ha concedido, puesto que pretendo,
por las alusiones que se han hecho sobre mí, solamente reafirmarme en
todas y cada una de las expresiones y argumentos que he reiterado.
Además, quiero decir una cosa que se ha puesto en mi boca y que yo no he
dicho. Yo nunca he dicho que esas proposiciones de ley sean
inconstitucionales, no lo he dicho entre otras cosas, señorías, porque yo
no lo puedo decir, eso sólo lo puede decidir el Tribunal Constitucional.
(Rumores.) Lo que sí he dicho, señorías --y creo que ustedes deben
aprender a utilizar bien los conceptos (Rumores.)--, es que podrían
incurrir en algún tipo de inconstitucionalidad, que es muy distinto a
afirmar lo que son inconstitucionalidades. (Rumores.) Precisamente ese
desprecio que están manifestando por la ley o sobre los matices jurídicos
quizá es lo que les ha llevado a estar sentados en esos bancos y no en
éstos donde estuvieron hasta el año pasado. (Rumores.)
Nada más. (Aplausos.--El señor Molins i Amat pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Trías.
Tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, simplemente para que con todo
respeto conste en acta mi protesta por la interpretación que ha hecho la
Presidencia de este turno de réplica que no ha sido concedido a mi grupo
parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Figurará en acta,
como es obvio.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre la toma en consideración de las
proposiciones de ley que han sido debatidas, de los Grupos Socialista y
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometemos a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición del ley del Grupo Socialista por la que se reconocen
determinados efectos jurídicos a las uniones de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 161; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Ruego a SS. SS. que dejen a la Presidencia que
dirima lo que efectivamente parece un empate por 161 votos a favor, 161
en contra y ninguna abstención. (Aplausos.). Ruego a los servicios de la
Cámara que no permitan que acceda ningún Diputado hasta que se resuelva
esta situación. (Pausa.)
Señorías, voy a proceder a leer, para que todas
SS. SS. tengan conocimiento cabal de cuál es la previsión reglamentaria
sobre estos supuestos, el artículo 88 que dice en el párrafo 1: «Cuando
ocurriere empate en alguna votación, ...» --sabia previsión del
Reglamento-- «... se realizará una segunda y, si persistiese aquél, se
suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la
Presidencia. Transcurrido el plazo, se repetirá la votación y, si de
nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo,
enmienda, voto particular o proposición de que se trate.» (Pausa.)
Señorías, les ruego que guarden silencio. (Rumores.)
¡Por favor, señorías!
Señorías, rogaría que guardaran silencio para proceder de inmediato a la
segunda votación, prevista en el artículo 88.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 161; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, y en cumplimiento del artículo 88,
párrafo primero, la Presidencia decreta la suspensión de la sesión
durante un cuarto de hora. (Aplausos.)
Sus señorías pueden abandonar el hemiciclo durante este período. Serán
llamados a votación por los timbres habituales. Pueden abandonar el
hemiciclo durante este cuarto de hora.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la tercera y definitiva votación sobre la proposición
de ley del Grupo Socialista por la que se reconocen determinados efectos
jurídicos a las uniones de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 161; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
(Protestas.--Aplausos.)
Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas para la igualdad
jurídica de las parejas de hecho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 161; en contra, 163.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Protestas.)
¡Silencio, señorías!
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE COMERCIO Y EXPORTACION DE
ARMAMENTOS (Número de expediente 162/000081)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE CONTROL DEL COMERCIO DE ARMAMENTO (Número de expediente
162/000089)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Socialista del Congreso, sobre comercio y
exportación de armamentos, que se acumula a la del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre control del comercio de
armamento.
En primer lugar, defenderá su proposición el Grupo Socialista, haciéndolo
luego el de Izquierda Unida, para fijarse posición de manera conjunta.
(Rumores.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya. (Continúan los
rumores.)
¡Silencio, señorías! Les ruego que, si han de abandonar el hemiciclo, lo
hagan con prontitud, para que pueda comenzar este debate.
Cuando quiera, señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
Espero que este debate sobre transparencia y control del comercio de
exportación de armamento y de material de doble uso, a pesar de su
naturaleza intrínseca, sea algo más pacífico que el que hemos mantenido
anteriormente y suscite un mayor grado de consenso que el que acabamos de
tener.
Lo cierto es que venimos hoy a esta Cámara tan sólo pocas semanas después
de un debate sobre supresión
de minas antipersonales. En ese debate, referente a exportación y a
producción de minas antipersonales, logramos entre todos los grupos
realizar un esfuerzo de consenso para dar un salto cualitativo, a nuestro
juicio importante, en la supresión de esa lacra que significa y que es
para toda la humanidad las minas antipersonales. Animados de ese
espíritu, el Grupo Socialista viene a esta Cámara con el deseo de que un
debate importante para la política española e importante para la opinión
pública española sea capaz de suscitar también entre los grupos
parlamentarios un nivel de consenso similar al que obtuvo el debate sobre
minas antipersonales.
Es cierto que nos encontramos con un tema de difícil, si se quiere de
compleja y delicada regulación, y, para situarlo en su justo contexto,
conviene saber, en los momentos actuales de distensión internacional, que
la dinámica en la que se vienen moviendo las exportaciones y las
producciones de armamento a nivel mundial nos colocan en una situación,
en la última década, objetivamente mejor y más favorable en relación con
los niveles de reducción en la producción y exportación.
Esos niveles alcanzan, para el caso de Europa, porcentajes cercanos al 30
por ciento de reducción. Para España, en el caso de las exportaciones,
alcanzan reducciones a veces más importantes. Dentro de esta dimensión
internacional, es justo también reconocer, para situar el debate en sus
exactos términos, que se trata de un mercado internacional de armas, en
el que se mueve España, reducido, de dimensión reducida, en cuanto al
lugar que ocupamos dentro del ranking mundial del mercado de armamento y
de las exportaciones de armamento. También es reducida en lo que
significa de porcentajes respecto a la producción y a la exportación
española. Menos del uno por ciento de la producción de armamento español
en relación con la producción general y menos del 0,5 por ciento de las
exportaciones se refieren a material de defensa.
Situado el debate en estos términos, en ningún caso significa restar
importancia, sino todo lo contrario, porque con toda justeza la opinión
pública cada vez es más sensible a elevar los grados y los niveles de
transparencia en esta materia y cada vez es más exigente para conocer de
sus administraciones públicas el uso que hacen de sus exportaciones de
armamento, dados los niveles de conflictividad en que se desenvuelven
muchas áreas del planeta. También es cierto que una buena parte o una
parte de lo que es el tráfico de armamento a nivel internacional escapa a
las regulaciones legales de los diferentes países y se desenvuelve en las
marañas del comercio ilegal. Por supuesto, todos los países tienen el
reto de reducir ese margen de maniobra, pero es evidente que cualquier
regulación, por perfecta que sea, será difícil que evite unos espacios en
los que, con impunidad o, si no con impunidad, con absoluta injusticia y
falta de vergüenza, algunos operadores, a nivel internacional, al margen
de cualquier legalidad internacional o nacional, ejerzan operaciones
absolutamente ilegales, que dañan claramente la situación a nivel
internacional y causan enormes perjuicios a los países en vías de
desarrollo y a los que se mueven como receptores de este tráfico de
armas.
Dicho esto, mi grupo presentó en su momento esta iniciativa, y la ha
mantenido, para moverse en este terreno dentro de un margen de
responsabilidad y, al mismo tiempo, dentro de un margen de incremento de
los niveles de transparencia. Porque todos somos conscientes de que se
trata de una regulación delicada, en la medida en la que hay que
entrecruzar, armonizar y cohonestar a veces factores y criterios un tanto
contradictorios o difíciles de encajar entre sí.
Por una parte, hay que tener en cuenta el interés, legítimo, de las
empresas y de la industria de defensa por cumplir unos contratos y
realizar unas operaciones comerciales al menos en condiciones de igualdad
a las del resto de los países de la Unión Europea. Hay que tener en
cuenta también que este mercado, por su propia naturaleza, se
desenvuelve, a veces más de lo deseado, en unos ciertos niveles de
confidencialidad y este factor, en ocasiones, ejerce un cierto papel
determinante a la hora de la adjudicación de los contratos. Al mismo
tiempo, hay que armonizar también el legítimo y justo deseo de la opinión
pública, y, a través de ella, de las distintas organizaciones no
gubernamentales, colectivos políticos y fundamentalmente sociales,
interesados en incrementar de manera sustancial los niveles de
transparencia, para saber que sus administraciones públicas están
exportando su material de defensa y doble uso a países que no están
sometidos a restricciones ni embargos por la comunidad internacional y
que son transparentes en cuanto al comercio internacional de material de
defensa.
Buscar un cierto equilibrio entre tantos factores, que a veces pueden
resultar un tanto contradictorios, no es fácil; no lo es porque hay que
alejarse legítimamente del secretismo y también hay que tener en cuenta
el interés legítimo de las empresas y de la industria de defensa por no
caer en una cierta ingenuidad comercial que mantenga una cierta lesión
comparativa en relación con otras industrias de defensa de los países de
la Unión Europea.
En este equilibrio, mi grupo, dando un salto, creo que cualitativo e
importante, en la mejora del conocimiento por parte de la opinión pública
y de las ONG interesadas en esta materia, ha presentado una proposición
no de ley que incrementa notablemente estos niveles de transparencia. Los
incrementa en relación con la situación precedente, que se limitaba a la
información que se venía realizando con carácter global por parte del
Gobierno, en relación con los productos, el montante económico y las
áreas geográficas de destino, introduciendo nuevos elementos que creo
que, en buena medida, abren el camino, colocan el debate en
una nueva dimensión, en una nueva situación, que en cierto modo
constituye un punto mínimo de avance y de consenso entre todos los grupos
para avanzar en la buena dirección.
Mi grupo, al ver que los distintos grupos de la Cámara han tenido
sensibilidad para encontrar ese punto de equilibrio entre los de común
entendimiento, se ha sumado a una enmienda de sustitución, que espero que
hoy sea apoyada por todos los grupos de la Cámara, con una nueva
redacción. No supone una modificación sustancial de la propuesta por el
Grupo Socialista, pero de alguna manera ayuda a preservar un consenso que
a nuestro juicio es muy importante en esta materia.
Los puntos que se recogen en esta enmienda de sustitución que mi grupo ha
suscrito, y que espero que el resto de los grupos de la Cámara también
defiendan a continuación, hacen referencia a algunos elementos
sustancialmente importantes. Recogen de manera específica la necesidad de
introducir y de desarrollar mejor los ocho criterios comunes aprobados
por la Unión Europea en 1991 y 1992, incorporados o por incorporar a la
legislación española, al menos en su desarrollo final. Su explicitación y
el incremento de sus niveles de desarrollo en un futuro inmediato supone
un elemento importante.
La Cámara debe saber --y no hago en este momento mención a esos ocho
criterios comunes-- que se trata de criterios en muchos casos exigentes y
restrictivos a los que España se adhirió, dentro del Consejo Europeo,
cuando se votaron en el año 1991 y 1992, y que requieren de este ulterior
desarrollo.
Me parece importante también que haya una mención explícita, y esto sí
supone un salto cualitativo, en relación con la información sobre
exportaciones ya realizadas con detalle de los países de destino. Yo sé
que este es un elemento clave, que es un elemento importante, que celebro
que haya recabado el consenso de los distintos grupos de la Cámara y que
va claramente en la buena dirección, porque supone un incremento notable
de los niveles de información de la opinión pública española.
El señor PRESIDENTE: Señor Moya, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MOYA MILANES: Voy terminando, señor Presidente.
Me parecen importantes los cauces que establece el Congreso de los
Diputados para recibir información del Gobierno con carácter periódico,
semestral concretamente, de las exportaciones de material de defensa y
doble uso, dicho en sentido amplio, para que quepan en ellas
exportaciones realizadas y también autorizaciones del Gobierno sobre
exportaciones por realizar, como de hecho se viene haciendo en la
información que ya venía suministrando el Gobierno cuando informaba a la
opinión pública tanto sobre exportaciones como sobre autorizaciones. Es
importante que esta información, en ambos casos, sea remitida con
carácter semestral y periódico a las Comisiones de Asuntos Exteriores y
Defensa del Congreso de los Diputados.
Finalmente, me parece digno de mención y un paso importante que el
Congreso de los Diputados vaya conociendo, conforme se vayan produciendo
a nivel internacional, las restricciones a los países que se encuentren
sometidos a embargo en cuanto a exportaciones de material de defensa y
doble uso se refiere, tanto por Naciones Unidas como por la comunidad
internacional y los organismos reconocidos en ella. Es importante que el
Congreso de los Diputados vaya teniendo un cabal conocimiento de esta
situación, para que pueda ejercer un control al Gobierno en esta materia.
Estos son los puntos --y termino ya-- que han suscitado el interés
inicial del Grupo Socialista para presentar su propuesta y también el
consenso del Grupo Socialista para apoyar una enmienda de los grupos de
esta Cámara, que espero susciten el consenso unánime que hace tres
semanas tuvo el debate sobre minas antipersonas.
Creo que estamos en la buena dirección, que es un paso hacia adelante.
Probablemente no es el paso definitivo, probablemente habrá que dar más
pasos en el futuro, probablemente esto se quede en lo que pudiéramos
considerar una plataforma de mínimos de consenso entre los diferentes
grupos parlamentarios, pero entendemos que es mejor avanzar así, porque
en esta materia compleja y delicada, cuanto mayor sea la fuerza y mayor
sea la representatividad a la hora de la votación de todos los grupos de
esta Cámara, más claros serán los pasos, más sólidos y más exigibles en
su cumplimiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Paso a defender, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la proposición no de ley sobre la
transferencia y el control del comercio de armamento que nuestro grupo ha
planteado.
Quisiera decir, en primer lugar, que ya es sabido que la transparencia y
el control sobre el comercio de armas es una problemática evidentemente
de ámbito mundial. Si bien es cierto que a nivel internacional existen
algunos mecanismos de control de las exportaciones de armamento, estos
instrumentos son regulaciones que afectan fundamentalmente a armas
biológicas, químicas o nucleares, presentando además estos mecanismos de
control serias o importantes limitaciones.
Hay que subrayar que hoy, en los numerosos conflictos o guerras que hay
en el mundo, las armas utilizadas de forma masiva son armas
convencionales y que sobre éstas prácticamente no hay instrumentos o
mecanismos de control, de regulación o de transparencia.
En España, al igual que en muchos otros países, la información sobre la
exportación de armamentos es secreta o está sujeta a elevados niveles de
confidencialidad. Sólo en unos pocos países las leyes obligan no sólo a
dar más información, sino también incluso a obtener un permiso preceptivo
para autorizar a los gobiernos a exportar el armamento.
Las consecuencias absolutamente negativas, destructivas, los efectos
sociales y humanos negativos de la exportación de las armas, y sobre todo
de la exportación de armas sin control, han motivado que desde hace unos
años en Europa se haya iniciado un gran debate político y social sobre la
necesidad de conseguir una legislación más restrictiva, más homogénea,
una legislación que, por otra parte, permita un control democrático del
comercio de armas.
Este debate, el debate que se ha iniciado en Europa, y la constatación,
por otra parte, de que en España se han exportado armas de forma
preferente a países caracterizados por no respetar los derechos humanos,
como Turquía, Marruecos o Tailandia, motivaron hace unos cuantos años que
diversas ONG, especialmente cuatro: Amnistía Internacional, Médicos sin
Fronteras, Greenpeace e Intermón, iniciaran una campaña por la
transparencia y el control parlamentario sobre la exportación de armas.
Esta campaña tuvo una primera fase en el momento en que se obligó de
alguna manera a que el anterior Gobierno, en octubre de 1995, publicara
un informe sobre las exportaciones de armas que se habían producido en
España en el período 1991-1994. Esta información, no obstante, contenía
serias e importantes limitaciones, especialmente porque no suministraba
ningún tipo de información sobre los países de destino de la exportación
de armamento. Dicho de otra manera, cuando hoy en esta Cámara estamos
haciendo un debate para conseguir mayores controles y transparencias
democráticas del comercio exterior de armas, somos conscientes de que el
secretismo y la falta de transparencia son las constantes que actualmente
dominan el comercio exterior de armas, a pesar de que, según diversos
estudios de las cuatro ONG citadas, en estos momentos España está
exportando armamento por valores superiores a los 50.000 millones de
pesetas.
De alguna manera, el primer informe que se vio obligado a publicar el
anterior Gobierno en octubre de 1995 significaba un reconocimiento de que
la campaña estaba avanzando, de que la sensibilidad social en relación a
este tema estaba creciendo y que, como mínimo, el Gobierno se vio
obligado a realizar este tipo de publicación. La campaña ha continuado.
Yo creo que la sensibilidad social, determinadas movilizaciones que se
han producido o los reconocimientos institucionales en diversos
parlamentos autonómicos o de diversos municipios dicen que hoy el control
y la transparencia de la exportación de armas suscitan cada vez mayor
sensibilidad social. Las dos proposiciones no de ley que defendemos en
este Pleno, otras iniciativas que están en otras Comisiones y el posible
texto consensuado que salga de este debate son también consecuencia de la
campaña que han lanzado las organizaciones no gubernamentales.
He de decir, en primer lugar, que nuestro grupo parlamentario
inicialmente no firmó con el resto de los grupos la enmienda que modifica
tanto el texto inicial socialista como el texto inicial de nuestro grupo
parlamentario, fundamentalmente porque considerábamos que era un texto
que se podía mejorar, que tenía aspectos claramente insuficientes. No
obstante, anuncio ya que si se aceptan pequeñas modificaciones que luego
relataré, nuestro grupo parlamentario votará favorablemente el texto que
el anterior portavoz socialista calificaba de acuerdo de mínimos y que yo
calificaría también como de primer paso real y efectivo en el Congreso de
los Diputados para conseguir este objetivo de controlar y hacer
transparente el tráfico de armas.
Por lo tanto, en primer lugar, satisfacción --insisto-- porque es un paso
cualitativo importante, pero he de dejar constancia de que hoy lo que
damos es un primer paso y no lo digo como un argumento retórico de la
oposición; digo un primer paso porque en una cuestión que tiene una
problemática como ésta, que afecta a la vida de centenares, de miles de
personas en el mundo, necesariamente el acuerdo que hoy tomamos es aún
claramente insuficiente.
Desde este punto de vista, no voy a explicar --lo ha hecho el portavoz
socialista-- los aspectos fundamentales de la enmienda de modificación
que sustituiría y que crearía un consenso entre todos los grupos
parlamentarios. Sí quisiera manifestar, en primer lugar, nuestra posición
acerca de tres aspectos del texto que se nos propone. La redacción del
punto 1 de la enmienda dice: Incorporar a la legislación española los
ocho criterios sobre transparencia y control de las actividades de
exportación aprobados por la Unión Europea. Quisiéramos hacer dos
consideraciones: primero, la posibilidad de incorporar los términos «y
desarrollar». El texto actual dice: «Incorporar a la legislación española
los ocho criterios...» Creemos que sería mucho más completo si se
modificara diciendo: «Incorporar a la legislación española y desarrollar
los ocho criterios sobre transparencia y control...» Porque políticamente
consideramos que es necesario que la aplicación por el Gobierno de los
ocho criterios se haga de acuerdo con un diálogo con las organizaciones
no gubernamentales, con el resto de los grupos parlamentarios y se tenga
como un punto de referencia el
código de conducta elaborado por las ONG. Por tanto, sí a este primer
punto añadiendo la expresión: «y desarrollar», manifestando además
nuestra opinión de que es fundamental y necesario dialogar para concretar
y desarrollar estos criterios. Y este diálogo tiene un punto de
referencia que es el código de conducta.
En segundo lugar, en dos puntos del texto de la enmienda de modificación
que vamos a aprobar se habla de exportaciones; no dice si de
exportaciones realizadas o aprobadas. Entendemos que la voluntad de todos
los grupos políticos, y especialmente la del Grupo Popular, es no
retroceder en lo que a la información que suministró el anterior Gobierno
se refiere. Es decir, en la información de octubre de 1995 había cifras
de exportaciones realizadas y de exportaciones autorizadas. En ese
sentido entendemos que hoy, cuando aprobamos un texto que habla
simplemente de exportaciones, nos estamos refiriendo implícitamente a
exportaciones realizadas y a exportaciones autorizadas.
El último punto del texto que vamos a aprobar se refiere a aquellos
países que ya hayan sido sometidos a embargo por organismos
internacionales. Está claro que estamos de acuerdo en que España no
exporte armamento a países que ya hayan sido objeto de embargo por
organismos internacionales, pero creemos que puede haber, que debe haber,
que es necesario establecer determinados mecanismos para someter a
restricciones de exportación de armas a países que no cumplan los
requisitos del código de conducta, que no cumplan los ocho criterios o
que tengan determinados aspectos que aconsejen que nuestro país no les
exporte armas. En ese sentido, consideramos que nuestra posición está
abierta a que tanto la Comisión de Defensa como la Comisión de Asuntos
Exteriores, en su caso, puedan hacer llegar la petición al Gobierno para
que éste reconsidere o no considere la posibilidad de exportar armamento
a estos países.
En el punto 4, pretendemos sustituir la palabra «armamento» por «material
de defensa y de doble uso». Y en el último punto, simplemente, una
cuestión gramatical. Donde dice «exportación de material de defensa de
doble uso», debe decir «de defensa y de doble uso».
En resumen, un primer paso positivo --positivo por los contenidos y por
la unanimidad de los grupos parlamentarios--, y es necesario que este
primer paso sea un paso efectivo y real en el control y en la
transparencia de la exportación de armas. Hay que reconocer, una vez más
--como hicimos en el debate sobre la prohibición de la producción,
fabricación y almacenamiento de minas--, que sin el esfuerzo de una parte
importante de la sociedad civil, sin la movilización y el incremento de
sensibilización social de las ONG en este tema, posiblemente hoy no
estaríamos en el Congreso de los Diputados aprobando este texto. Por lo
tanto, damos las gracias a las ONG, siendo conscientes de que el
desarrollo de esta proposición no de ley va a significar --seguro-- que
contamos con el apoyo y el desarrollo activo y efectivo de las ONG para
que esta problemática, el control del comercio de armas, sea solucionada
de forma positiva en nuestro país.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Han presentado una enmienda conjuntamente los grupos parlamentarios
Popular, Socialista, Mixto --señor Rodríguez--, Coalición Canaria,
Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV).
Para la defensa de la enmienda conjunta, ordenaremos el debate, como es
habitual, con la intervención de los grupos de menor a mayor presencia
numérica en la Cámara. En consecuencia, en primer lugar, tiene la palabra
el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente. Voy a intervenir desde la tribuna y dice mi compañero que me
incline, pero es que estas inclinaciones para mí son excesivas. Espero
que se me oiga.
El señor PRESIDENTE: No faltaría más. Su señoría no se inclina ante
nadie.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Sí, ante Dios y la Historia.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Espero que los técnicos de sonido puedan ampliar la
sensibilidad de los micrófonos lo suficiente para que le escuche toda la
Cámara. Puede continuar.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
El Bloque Nacionalista Galego interviene para decir que vamos a votar
favorablemente las proposiciones no de ley presentadas y la enmienda de
modificación que está firmada por todos los grupos de la Cámara, con las
aportaciones expresadas por el portavoz del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; acuerdo que, por cierto, quiero
dejar claro que saludamos. Se trata, por tanto, de regular en parte el
comercio exterior de armas, hacer más transparente ese tráfico y
someterlo a control parlamentario. Demanda de más transparencia y control
que también expresaron diversos parlamentos autonómicos y ayuntamientos.
Queremos decir también que compartimos la preocupación expresada por
diversas organizaciones no gubernamentales --entre ellas, Amnistía
Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos sin Fronteras--, a quienes
hay que reconocer su impulso en la lucha contra el secretismo que
preside, sobre todo, la exportación de determinados tipos de armas y los
lugares a
que se destinan. Es una obviedad, pero hay que decir que es evidente que
el secretismo en este tipo de exportaciones se debe al intento de evitar
que la opinión pública conozca lo que sucede, porque probablemente no
contarían con su aprobación. El secreto, desde nuestro punto de vista, no
deja de constituir un comportamiento antidemocrático.
Señor Presidente, asistimos al desarrollo de múltiples conflictos
regionales con trágicas consecuencias para la población civil, en muchos
casos, conviene decirlo, alimentados o alentados por las potencias
dominantes en su propio beneficio. Se trata de un comercio mortal, donde
el mejor producto es aquel que mejor mata, que mejor lesiona, que mejor
invalida. En ese sentido, este Congreso acaba de manifestarse en contra
de la exportación de minas antipersonales; por lo tanto, debe seguir
instando, como se va a hacer, al Gobierno a mejorar el control sobre la
exportación y aumentar la transparencia.
En todo caso, conviene saber que son muy importantes pero que no bastan
las declaraciones del Congreso, aunque sean por unanimidad, porque
estamos --no lo debemos desconocer-- ante una cuestión difícil que choca
con fuertes intereses políticos y económicos. Conviene tener esto en
cuenta porque para avanzar seriamente en este terreno va a ser necesario
que los grupos de opinión más sensibilizados con este problema sigan
presionando hasta conseguir resultados concretos.
A nadie se le escapa que ya ha habido múltiples recomendaciones y
declaraciones, fuesen de Naciones Unidas o de la Conferencia para la
Seguridad y Cooperación en Europa del Parlamento Europeo, y sin embargo
los gobiernos impiden que se pongan en práctica estas recomendaciones.
Conviene denunciar que la producción y venta de armamento constituye un
importante negocio a nivel mundial que, como decía, se utiliza como forma
de control de intereses económicos y estratégicos por países dominantes
que carecen de cualquier escrúpulo moral, pero lo fundamental en este
tipo de comercio son los beneficios que genera, sean económicos o de
control político-económico. Se arman toda clase de regímenes
dictatoriales y colonialistas sin límite alguno, para lo que se emplean o
las vías normales de exportación o se recurre al tráfico ilegal o
paralegal. El único límite lo constituyen, por cierto, aquellas armas que
pongan en peligro la supremacía militar de los suministradores.
Parece conveniente y democrático dar pasos en el camino de implantar una
nueva política que suprima el secretismo que hoy preside el comercio de
armas, una política que exija también a los demás Estados caminar en el
mismo sentido, una política de desarme, y para eso nada mejor que luchar
por un mundo donde haya justicia e igualdad. En ese camino es importante
avanzar en el control de aquellos aspectos más repulsivos del comercio de
armas.
Por todo ello, apoyamos la toma en consideración de estas proposiciones
no de ley y, por tanto, la transacción acordada por todos los grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ha suscrito también esta enmienda de modificación a las
iniciativas que los grupos proponentes, el Grupo Parlamentario Socialista
y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, han
presentado a esta Cámara.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la oportunidad de
sendas iniciativas, que son además adecuadas y necesarias, pero también
quiero en justicia reconocer el carácter de apertura que nos ha permitido
a los grupos signatarios de la enmienda de modificación llegar a este
consenso tan positivo con los grupos proponentes.
Dicho esto, entremos en el fondo de la enmienda. La enmienda se mueve
bajo unos parámetros que, en un eje de coordenadas, son dos
fundamentalmente: el respeto y el acatamiento a normativas de escenarios
internacionales, como es el caso de los ocho puntos que en 1991 y 1992 la
Unión Europea señaló, y los señala también en otro orden de coordenadas:
la transparencia y la información en este mercado. Aquí tenemos que hacer
una observación: hay que ser respetuoso con la norma internacional, pero
no ingenuos. Cuando la Unión Europea, en 1991 y 1992, señala ocho
criterios de transparencia y control, muchos países de la Unión Europea
están realizando lucrativos negocios de tráfico de armas, de venta de
armas, no solamente ligeras sino pesadas y muy pesadas, como carros,
precisamente a contendientes de la guerra que se estaba planteando en
esas fechas con la máxima crudeza en la exYugoslavia. Expediciones de
material bélico de primera y de segunda mano, no solamente procedentes de
la descompuesta Unión Soviética, se utilizaron por los combatientes de
Croacia, de Eslovenia, de Bosnia, y por todos los contendientes que
estaban metidos en esa guerra. España es un país que viene practicando en
los últimos años ese control, como recogen las publicaciones del
Ministerio de Economía y Hacienda, a través de los organismos de control
de la exportación de armas. Por supuesto, como bien han señalado ambos
portavoces, este mercado se ha venido desarrollando con criterios de
discreción, de falta de transparencia, de falta de publicitación, es
decir de confidencialidad. Son negocios confidenciales. Y hay que evitar,
una vez que desaparece el comercio de Estado de estos productos,
que los traficantes internacionales de armas, falsificando certificados
de último destino, realicen los tráficos ilícitos.
Bienvenido todo lo que signifique que España se enmarque en amplios
escenarios internacionales, como la Unión Europea o las Naciones Unidas,
sobre todo en lo que se dice en su punto quinto, para que se facilite la
información sobre aquellos países que solicitan ser mercados receptores
de armas pero que están conculcando derechos humanos, que están en
procesos de guerra interna abierta, que están conculcando normas
internacionales sobre embargos y bloqueos, y se pueda emprender la acción
restrictiva pertinente.
Se ha citado por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
que las exportaciones de armas de España ascienden a la cifra de 50.000
millones de pesetas. En este momento, teniendo en cuenta que es un sector
que está bajo el régimen de transparencia y control, y con las
informaciones parlamentarias adecuadas que se introducen en la enmienda
de modificación para que las Comisiones de Defensa y de Asuntos
Exteriores del Congreso conozcan el dato de una manera rápida y puntual y
se puedan tomar iniciativas de recomendación al Gobierno, esta
modificación va dirigida al comportamiento de la normativa del Gobierno.
Nosotros participamos del criterio de Izquierda Unida de que no solamente
se incorpore a la legislación española sino que se desarrolle, para que
España tenga fuerza en la Unión Europea para obligar a los otros socios
europeos, fundamentalmente Francia, Alemania y el Reino Unido, que son
grandes exportadores de armas de todos los calibres, de todos los tamaños
y de todos los sistemas, a que resguarden su legislación con esta
normativa. España está exportando armamentos en grandes volúmenes, como
pueden ser naves, por ejemplo, el portaaviones que se va a entregar a
Tailandia; unidades de superficie para la marina de guerra de otros
países y algunos sistemas de armas que los equipan. La industria española
ha querido comportarse siempre en régimen de transparencia, a este
Diputado le consta la claridad de los informes que asociaciones como
Afarmade, que es ejemplar, viene dando a los distintos organismos del
Ministerio de Economía y Hacienda sobre las exportaciones. Santa Bárbara
lo viene haciendo por razones obvias y CASA también porque son dos
empresas controladas directamente por la Administración del Estado. Este
es un sector que genera puestos de trabajo en España y un producto
interior bruto. Nosotros sólo le exigimos el régimen de transparencia sin
entrar en utopías o en ingenuidades internacionales, porque, al paso que
van determinados sectores de la tecnología de producción de armamentos en
España, vamos a pasar de ser exportadores de armas cortas y ligeras,
incluso las de caza, a ser importadores. Si no, veamos qué va a hacer el
Ministerio de Defensa con la sustitución de los cetmes, armas ligeras del
ejército español. Vamos a empezar a importar armas ligeras extranjeras,
lo cual no dice mucho a favor del sector de la industria española,
industrias como Santa Bárbara o industrias españolas de sistemas o de
tecnología aplicada que aquí tratamos de defender.
Nosotros creemos que esta enmienda es realista. Dicho esto, señor
Presidente, quiero dejar constancia del compromiso, que fue con nuestra
firma de votar favorablemente esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero indicar que el Grupo Vasco también ha presentado
una proposición no de ley sobre la cuestión que hoy debatimos. Y en aras
del consenso hemos firmado y apoyamos esta enmienda de modificación a los
textos de las dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo
Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida.
Señorías, voy a defender el texto que hemos firmado como enmienda de
modificación a los dos textos anteriormente enunciados, y quiero indicar
que el Instituto Internacional de la Paz, de Estocolmo, registró 34
conflictos armados importantes en 1993 y en la mayoría se utilizaron
armas convencionales.
Los intentos por regular el comercio de armas han tenido un éxito
totalmente limitado; tanto los vendedores como los compradores argumentan
que satisfacen las legítimas necesidades de defensa del país, pero la
realidad, señorías, indica que las políticas de exportación de armamento
vienen marcadas tanto por intereses comerciales como por consideraciones
sobre el impacto de una exportación de armas sobre la seguridad interna
regional o internacional.
Se hace necesaria, desde nuestro punto de vista, una concepción de las
políticas de exportación de armamento más responsable y más acorde a unos
principios. En junio de 1991 el Consejo de Ministros Europeo --ya lo han
indicado portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-- aprobó
siete criterios para regular las exportaciones de armamento, a los que se
añadió un octavo en el año 1992. Todos ellos subrayan que cualquier
decisión de exportar armamento debería tener en cuenta la situación
interna y regional del país comprador, la situación de los derechos
humanos y el efecto de la compra de armamento sobre la economía nacional.
La limitación de esos criterios estriba en que no son vinculantes para
los gobiernos, en que no existe acuerdo sobre cómo deben interpretarse.
Por ello, es necesario que los principales gobiernos exportadores lleguen
a una interpretación y a una aplicación común de esos criterios acordados
en el año 1991 y en el año 1992.
España no es un país que haya destacado en el mercado mundial de
armamentos. En los últimos años, se ha situado entre el puesto noveno y
el decimoctavo en el ranking de exportadores de armamento. Dado que los
datos sobre exportaciones son materia reservada, ya se ha indicado
anteriormente en esta tribuna, se conocen sólo aquellos que las propias
empresas facilitan. La mayor parte de la información corresponde a
empresas públicas, pero lo único que se conoce es el volumen total de
operaciones aprobadas por la Junta interministerial que controla las
exportaciones, y no hay ninguna información sobre las exportaciones de
empresas privadas dedicadas especialmente al sector de munición y armas
ligeras.
A pesar de todas estas limitaciones, se han podido obtener algunos datos
sobre cantidades exportadas durante los últimos años, datos que sólo
tienen un valor orientativo pero que, como conocen SS. SS., han alarmado
tanto a las organizaciones sociales como a los ciudadanos preocupados por
esta cuestión, a los ciudadanos preocupados por el respeto a los derechos
humanos, porque reflejan la parte más perversa del comercio de armas.
Creemos que el balance es desalentador y pone de manifiesto que, en
ocasiones, no se considera la situación de los derechos humanos a la hora
de atender o no una solicitud de exportación de armamento.
En el año 1995 el Parlamento Europeo aprobó nuevos controles en materia
de exportación en el comercio de armas, estableciendo criterios de
comportamiento sobre la materia. Sin embargo, señorías, no hay control
sin datos, no hay control sin transparencia. La sociedad civil no está
cruzada de brazos, pero hasta ahora, y ya se ha dicho también
anteriormente, en las Administraciones públicas no ha existido conciencia
suficiente sobre los efectos de este comercio.
La demanda de transparencia no implica, de forma automática, el fin o la
reducción del comercio de armamentos. Supone, única y exclusivamente,
terminar con la práctica de ocultar información básica y elemental sobre
las características de esta actividad. Por ello, creemos, señorías, que
el Gobierno debe asumir la responsabilidad de establecer un mayor control
y una transparencia sobre este comercio que produce muerte y sufrimiento
cuando se dirige hacia determinados países.
Termino, señorías, agradeciendo a las organizaciones no gubernamentales
que han sensibilizado a toda la sociedad sobre esta cuestión tan
delicada. Y también quiero finalizar con una cita de Vicenç Fisas que
dice que, detrás de cada muerto, de cada esqueleto viviente, de cada
enfermo y de cada refugiado, hay motivos que debemos indagar, divulgar y
remediar. La compasión, señorías, no basta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán, voy a defender esta enmienda
de modificación que hemos firmado el conjunto de grupos de la Cámara.
He de recordar que este próximo jueves en el orden del día de la Comisión
de Defensa viene incorporada una proposición no de ley, que nuestro grupo
parlamentario presentó en su momento en el Registro de la Cámara, de
características similares a las dos proposiciones de ley que hoy
debatimos, incluso al texto alternativo que hemos preparado el conjunto
de los grupos. En este sentido, el debate que vamos a sustanciar responde
a estas iniciativas, además de otra presentada también en el Registro de
la Cámara por el Partido Nacionalista Vasco.
Los portavoces que han intervenido hasta ahora han situado de manera
precisa los argumentos que nuestro grupo parlamentario asume al cien por
cien en relación con esta materia. Hoy, y creo que lo recordaba el señor
Moya en su intervención inicial, volvemos a situar en esta Cámara un
debate en relación, básicamente, a la definición de una nueva política de
seguridad y defensa, basada en principios y valores diferentes a los que
hasta ahora han informado en esta materia. El señor Saura en su
intervención ha hecho referencia a los conflictos bélicos que continúan
existiendo en el mundo. Ha vinculado la existencia de estos conflictos
bélicos a las políticas armamentísticas o de venta de armamentos por
parte de los Estados. Si hay conflictos en Africa o en Asia, existen
porque anteriormente potencias occidentales o de otro matiz han vendido
armas a estos países. Cuando desde el mundo occidental desarrollamos un
discurso en relación al valor de la paz o de la solidaridad, no debemos
olvidar que en estos países hay muertos y miseria, entre otras cosas
porque Estados occidentales anteriormente hemos vendido armas a estos
países. Por tanto, el impacto que ha tenido en la historia reciente de la
humanidad la falta de control en la carrera armamentística, es
fundamental.
Al producirse este debate con estas iniciativas, vamos a intentar incidir
en el origen de una parte del sufrimiento que se produce en el conjunto
de la humanidad, apostando por un nuevo modelo de defensa y de seguridad
que ha de ser más transparente. La palabra fuerza que hoy nos congrega
aquí es la de la transparencia, porque en nombre de la razón de Estado y
porque en nombre de «legítimos» (y lo pongo entre comillas) intereses de
determinados sectores económicos a lo largo de estos tiempos, hemos huido
de darle capacidad de control democrático a situaciones que lo requerían.
En función de intereses, a veces no legítimos, se han escapado del
control ciudadano materias sumamente importantes. Hoy la transparencia es
el requisito
necesario para un control democrático de la política de armamentos.
El texto que vamos a aprobar es un primer avance en esta línea de una
mayor transparencia. Es importante que este primer avance se haya
producido en el marco de un amplísimo consenso parlamentario. Esto nos
garantiza que el avance se consolide y, sobre todo, nos da pie a que en
el futuro continuemos avanzando.
A mí me gustaría destacar algunas de las cuestiones que vamos a aprobar.
En primer lugar, incorporamos bajo el concepto de material de defensa y
doble uso también la tecnología represiva y policial. Esto es importante.
Muchas de las situaciones que pretendemos denunciar se producen en un
ámbito que no es el estrictamente militar, se sitúa en el ámbito de la
actuación represiva en determinados Estados y, por tanto, en relación
también a la vulneración de derechos humanos. Cualquier transparencia en
este sentido es ya por sí misma un avance.
En segundo lugar, una mayor información pública. En diciembre de 1996, el
Gobierno, a través del boletín del ICE, publicó un segundo informe en
relación al comercio de material de defensa y doble uso. Hoy, a través de
este texto que vamos a aprobar, la información pública para los
ciudadanos, para los grupos sociales interesados va a ser mayor. Creo que
en este sentido abrimos la posibilidad de que los grupos socialmente
interesados entren en esta materia.
En tercer lugar, vamos a dar al Congreso de los Diputados un mayor papel
en este tema, porque es evidente que los mecanismos que hasta ahora
existían no han funcionado. La Comisión de Secretos Oficiales, que
hubiese podido entrar en esta materia, no se ha convertido en un
instrumento eficaz para darnos mecanismos de control democrático. Y es
evidente también que, en la medida en que esto es un acuerdo de mínimos,
se nos escapa una cuestión importante: nuestro grupo cree que hubiese
sido positivo e interesante que en esta materia se hubiese producido un
debate previo por parte de los grupos políticos. Que hoy entendamos que
en estas materias relacionadas con la defensa y con la seguridad el papel
del Parlamento es secundario respecto a la actuación del Gobierno, desde
mi punto de vista constituye un déficit democrático y, por tanto, una
cuestión pendiente para la democracia va a ser la de conseguir, cuando
corresponda, que también el Parlamento ex ante se pueda pronunciar sobre
el contenido de la política que el Gobierno desarrolla en esta materia. Y
la última idea que se incorpora es el despliegue de los ocho criterios
aprobados por la Unión Europea. Nosotros entendemos --y el apunte que
hacía el señor Saura nos parece absolutamente necesario-- que el
desarrollo que el Gobierno haga de dichos criterios debe ir más allá de
la estricta literalidad de estos ocho criterios.
Por tanto, este es un acuerdo de mínimos que hace posible el consenso, y
que nos permite, en definitiva, avanzar hacia esta mayor transparencia.
¿Y esto de qué es resultado? Es resultado de las voluntades políticas que
aquí se expresan, pero sobre todo es resultado de haber existido una
amplísima campaña ciudadana, promovida por una serie de ONG --hoy
bastante de ellas nos acompañan-- y que, en definitiva, han tenido la
capacidad, a lo largo de estos dos últimos años, de hacer que aquello que
seguramente no formaba parte de la agenda prioritaria de los grupos
políticos de la Cámara, se constituya en elemento de la agenda política
de la Cámara. Cuando a veces hacemos la reflexión sobre el dinamismo de
nuestra democracia, o cuando hacemos la reflexión en relación a la
necesidad de regenerar la democracia, creo --y al menos desde el Grupo
Parlamentario Catalán esta idea la tenemos muy clara-- que lo que hay que
incrementar es esa capacidad de que se introduzca como elemento de la
agenda de la Cámara, de la agenda del Congreso de los Diputados, por
parte de los grupos sociales representativos y con capacidad de generar
opinión propia. Creo que si hoy el Congreso de los Diputados, igual que
en la sesión de hace unos días, es capaz de dar este avance, es porque ha
existido un sector de nuestra sociedad que así nos lo ha planteado. Es
por tanto también este un elemento que justifica plenamente que hoy, con
todos los matices que queramos, nos podamos sentir contentos y orgullosos
de que ese texto sea aprobado con el apoyo unánime de todos los grupos
parlamentarios .
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles
Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente. Yo naturalmente no
puedo dejar de sumarme si no al entusiasmo, porque veo que este debate no
suscita el entusiasmo de SS. SS., sí a la alegría de los portavoces que,
representando a nuestros distintos grupos parlamentarios, hemos trabajado
con el objetivo de llegar a un acuerdo, que yo no considero naturalmente
un acuerdo de mínimos, lo considero un buen acuerdo, un acuerdo sensato y
razonable, un acuerdo que permite que en este momento el Parlamento diga
al Gobierno de la nación, no solamente que tenemos que tener una
normativa en materia de exportación de material de defensa y doble uso
compatible e integradora de los ocho principios de la Unión Europea en
materia de este tipo de exportaciones, sino actualizada con los nuevos
acontecimientos y las nuevas realidades internacionales.
En este terreno como en otros, España no puede pretender moverse sola.
Han pasado muchas cosas desde la ley orgánica de 1992 y el real decreto
de 1993, pero hay que decir que los hechos en política son los hechos y
que los momentos en política son los momentos
en los que hay que tomar las decisiones oportunas. Yo me alegro de que
haya sido con una mayoría articulada en torno al Partido Popular y con un
Gobierno del Partido Popular cuando se haya tomado la decisión, que el
Gobierno haya anunciado su voluntad de elaborar un real decreto
integrador y actualizador de las nuevas realidades y normativas
internacionales y, sobre todo, que se haya abierto el camino para que
este Parlamento ejerza su labor política de debate y de control y que sea
capaz de recibir toda la gran capacidad, la gran masa de información
abierta que existe sobre esta industria exportadora española y que sin
duda tiene elementos complejos, pero que tiene, repito, necesidad, que
pide, por la propia delicadeza del asunto --como muy bien ha dicho el
portavoz socialista señor Moya--, que sea abordado en su complejidad y
con la mayor transparencia posible, con la mayor información posible por
parte de esta Cámara.
Ya el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, señor Rato,
anunció el 29 de mayo en esta Cámara que el Gobierno estaba preparando un
real decreto sobre el comercio exterior de material de defensa y doble
uso, que tenía como objetivos actualizar e integrar los distintos
compromisos internacionales de España. Pero, más allá de esto, me parece
importante decir que los ocho criterios asumidos por la Unión Europea en
los consejos de Luxemburgo y de Lisboa en 1991 y 1992 no son cosa baladí,
no son cosa de poca importancia; se trata nada menos que de tener en
cuenta, para este tipo de exportaciones, el respeto de las obligaciones
internacionales de los Estados miembros, especialmente las sanciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, los
acuerdos de no proliferación y otros, así como otras obligaciones
internacionales; punto segundo, el respeto de los derechos humanos; en el
punto tercero la situación interna del país comprador en función de la
existencia de tensiones o de conflictos armados internos; punto cuarto,
el mantenimiento de la paz, de la seguridad y de la estabilidad
regionales; en quinto lugar, la seguridad nacional de los Estados
miembros de los territorios de los cuales un Estado miembro asume las
relaciones exteriores, así como la de los países amigos o aliados; punto
sexto, el comportamiento del país comprador frente a la comunidad
internacional en lo que respecta sobre todo al terrorismo, a la
naturaleza de sus alianzas y al respeto del derecho internacional; punto
séptimo, la existencia de un riesgo de desvío interno o de reexportación
no deseada. Un octavo punto añadido en Lisboa sobre la compatibilidad de
las exportaciones de armas con la capacidad técnica y económica del país
comprador, teniendo en cuenta que es deseable que los Estados hagan
frente a sus necesidades legítimas de seguridad y de defensa con la menor
desviación posible de sus recursos humanos y económicos hacia el
armamento.
En fin, señorías, ¿de qué se trata? Se trata de incorporar y desarrollar
estos criterios. Tengo que decir que la Unión Europea en noviembre de
1996, en su Consejo político, elabora una directiva sobre la manera de
interpretar, aplicar e incorporar estos criterios, hecho importante que
sin duda formará parte del proyecto de real decreto elaborado por el
Gobierno. Se trata, naturalmente, de adaptar y de actualizar nuestra
normativa, se trata de mejorar la transparencia, de aumentar la capacidad
de debate político y de información de esta Cámara y se trata, sobre
todo, de que nuestra política exterior, de la que forma parte también
nuestra actividad exportadora y de nuestra propia política económica, de
la que la industria de defensa forma una pequeña parte, pero que creo que
hay que tener en cuenta también, debe considerar los intereses, los
cambios, los valores, no solamente de la opinión pública, sino sobre todo
de la propia democracia española.
Permítame, señor Presidente, que termine diciendo una cosa. Me alegro
mucho de que en esta Cámara hayamos llegado a este acuerdo, primero,
porque no hubiera sido posible, ni creo que hubiera sido viable
políticamente, un acuerdo que hubiera pretendido dejar fuera al Grupo
Popular. En segundo lugar, porque, si bien las organizaciones no
gubernamentales tienen un papel fundamental de cabildeo, como se dice en
América latina, o de lobby, como se dice en las democracias anglosajonas,
para elaborar la agenda de los actores políticos, los responsables de las
decisiones que aquí se toman somos los grupos parlamentarios, somos los
Diputados que representamos la soberanía de la nación y, por tanto, es
aquí donde debe elaborarse la agenda política, es aquí donde deben
tomarse las decisiones y desde luego con esta decisión y con este acuerdo
que, sin duda, ha sido posible por la buena voluntad de todos los grupos,
pero que desde luego se ha basado en la firmeza, coherencia y capacidad
de encontrar acuerdos del Grupo Popular, en este momento el Grupo Popular
está en condiciones de apoyar una iniciativa como esta, que permite que,
por primera vez en muchos años --y tengo que decir que con carácter
único, porque es difícil que en los países de la Unión Europea se llegue
a acuerdos tan amplios como éste--, podamos establecer un mandato al
Gobierno de la nación con objeto de aumentar la capacidad de control
político y la transparencia en materia de exportaciones de material de
defensa y doble uso.
Naturalmente, acepto las indicaciones y correcciones expresadas por el
señor Saura y me felicito de que todos los grupos de esta Cámara hayamos
podido ponernos de acuerdo y asumir la responsabilidad de llegar a un
acuerdo sobre un tema tan importante como este.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación sobre las iniciativas acumuladas de los
Grupos Socialista del Congreso y
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La primera,
proposición no de ley sobre comercio y exportación de armamentos; la
segunda, sobre control de comercio de armamento que, al tener naturaleza
análoga, han sido tramitadas conjuntamente, y sobre las que, presentada
una enmienda firmada por diversos grupos parlamentarios, ha sido aceptada
por los grupos proponentes y ese es, en consecuencia, el texto que se
somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 308; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las proposiciones
no de ley en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
suscrita por los grupos parlamentarios.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS PARA SUPERAR LA GRAVE SITUACION SOCIO-ECONOMICA
POR LA QUE ATRAVIESA EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Número de expediente
162/000025)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas para
superar la grave situación socio-económica por la que atraviesa el
Principado de Asturias.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Santiso. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Adelante, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señorías, para nuestro grupo, esta proposición no de ley supone una
enorme satisfacción, puesto que es también la oportunidad de debatir por
primera vez en esta legislatura y en concreto sobre la Comunidad Autónoma
de Asturias; una comunidad que, como no se le escapa a nadie, está
sufriendo las consecuencias de una serie de procesos de
reindustrialización, de ajuste de sectores históricos, como son la
minería, la siderurgia, el aluminio y otros sectores industriales que han
supuesto en los últimos 20 años la pérdida de miles de puestos de trabajo
en la Comunidad Autónoma de Asturias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Santiso.
Señorías, les ruego silencio. (Rumores.)
Un momento, señor Santiso. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor SANTISO DEL VALLE: Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya trae
esta proposición no de ley con el ánimo de llevar también un poco de
esperanza a esta región que lleva muchos años negociando, combatiendo, en
planes de ajuste continuos que, como decía antes, han supuesto una
pérdida importantísima de puestos de trabajo; pérdida que supone que, al
día de hoy, tengamos más de 75.000 desempleados, con una tasa de paro
cuatro puntos por encima de la media del Estado. Creemos que es una
situación de emergencia, una situación peculiar que necesita también, por
tanto, medidas de acompañamiento y medidas de impulso adicionales a las
que se vienen acordando sistemáticamente. No es suficiente con los
acuerdos sindicales para las prejubilaciones o para las medidas de
acompañamiento de estos sectores industriales, sino que son necesarias
también medidas de impulso a estas políticas socio-económicas; medidas
que, además, entendemos que, más allá de los acuerdos deseables que en
este momento se están empezando a alcanzar en sectores como la minería o,
en otras épocas, en el sector siderúrgico, aunque se apuntan nuevos
ajustes, creemos que deben ser coordinadas entre el Estado y la Comunidad
Autónoma de Asturias. Por ello, precisamente uno de los puntos de esta
proposición no de ley apunta a la necesidad de que toda esa serie de
instrumentos se discutan de alguna manera entre el Gobierno del Estado y
el Gobierno de Asturias y la Junta del Principado de Asturias para que
permita una mayor eficacia en los programas de actuación y a la hora de
encaminar las inversiones para recuperar no sólo las comarcas mineras,
sino también todas aquellas otras comarcas afectadas por el impacto de la
pérdida del empleo en Asturias. Al mismo tiempo, creemos que es una
oportunidad de recuperar un proyecto emblemático ya para Asturias como es
la variante ferroviaria de Pajares; variante que en los años 1977, 1978,
1979 estaba en todos los planes ferroviarios de este país, en concreto,
en el primer plan elaborado por la Unión de Centro Democrático en el que
se definían tres cuellos de botella ferroviarios en nuestro país como
eran Orduña, Pajares y Despeñaperros. En su momento, la variante de
Despeñaperros se transformó por voluntad del Gobierno socialista en lo
que hoy conocemos como la alta velocidad y después, en el año 1982,
cuando ya estaban adjudicados los primeros tramos y hechos algunos
estudios sobre esta variante ferroviaria, incluso expropiados los
terrenos entre Campomanes y Telledo, el Gobierno dio un frenazo
entendiendo que había otras prioridades con lo que primero se llamó plan
de actuación urgente, años más tarde se transformó en el PTF, Plan de
Transporte Ferroviario, que en aquel momento cambió y dio prioridad a la
variante de Guadarrama y desapareció la variante de Pajares.
Esta proposición en absoluto va con esos planes. Lo que ha pasado es que
no se ha cumplido ninguno. Estamos ya en 1997 y de la variante de
Guadarrama volvemos a hablar hoy, sabiendo también que es una variante
necesaria y que va a dar un impulso a todo el ferrocarril en el
Norte-Noroeste, actuando, como se decía entonces, sobre el tronco de las
infraestructuras ferroviarias y que afectará, por tanto, positivamente a
Castilla-León, Galicia, País Vasco y Asturias. En consecuencia,
entendemos que son variantes complementarias pero no sustitutorias. Por
ello, recuperamos la idea de la variante de Pajares entendiendo que es
una necesidad para Asturias, igual que lo fue hace más de cien años,
cuando se construyó el actual trazado ferroviario, pero que hoy se ha
quedado obsoleto, y que incluso a pesar de haber destinado más de 30.000
millones de pesetas a lo que se llamó en su momento el TIR, tratamiento
integral de la línea Pajares, ha servido para mantenerla en uso, pero
desde luego no es una infraestructura que pueda dar velocidades
comerciales en un futuro. Por poner ejemplos diré que una unidad de
cercanías hoy entre Oviedo y León continúa tardando casi cuatro horas
para recorrer 120 kilómetros de distancia. Es una infraestructura que en
su día fue emblemática, incluso provocó una movilización en Asturias, a
finales del siglo pasado, conocida como la escandalera, precisamente
porque también con argumentos muy similares se quiso transformar en un
ferrocarril de cremallera el paso de Pajares. Por consiguiente,
entendemos que esta iniciativa es una apuesta de futuro que servirá para
impulsar las comunicaciones asturianas, reconociendo lo hecho hasta
ahora, es decir, que las comunicaciones por carretera se han solucionado
y van a culminarse ahora con el desdoblamiento de los túneles, el túnel
del Negrón, pero entendíamos que en el eje ferroviario no estaba
resuelto. Insisto en que hace años se paralizó porque se entendía que
había otras prioridades. Incluso el Partido Socialista en aquel momento
hablaba de dar prioridad al ancho europeo en lo que era el trazado de
FEVE por el Norte. Nosotros entendemos que era una decisión no viable y
que lo único que es viable de cara al futuro es recuperar esta idea.
Por último, el tercer punto que proponemos en nuestra propia autoenmienda
tiene como objetivo recordar la necesidad de impulsar en lo que es el eje
viario de carreteras la autovía del Cantábrico, entendiendo que los
Presupuestos Generales del Estado tienen este año una dedicación
insuficiente, dedicación que a ese ritmo no permitiría alcanzar el
objetivo de terminar cuanto antes esa infraestructura que entendemos es
prioritaria. Además, recoge el espíritu de los acuerdos de la Junta
General del Principado en los últimos años. Incluso yo colaboré hace años
en el estudio de la junta y también se definían estas prioridades:
primero, eje ferroviario con Castilla-León-Pajares, y segundo, eje de
carreteras a través de la cornisa con la autovía del Cantábrico.
También quiero decir que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo
Socialista y el Grupo Popular, acuerdo que saludo porque entiendo que
significa que por una vez Asturias no se sitúe en el debate del pasado,
del ajuste. Es dar alguna expectativa a una comunidad muy necesitada de
ilusión y de estímulo de futuro. En ese mismo sentido pediría también el
apoyo del resto de los grupos de la Cámara, Convergència i Unión, PNV,
Grupo Mixto, entendiendo que Asturias necesita este impulso que, en
definitiva, significa ponerse a trabajar hoy para que en los próximos
Presupuestos Generales del Estado se pueda hacer un presupuesto
plurianual que permita recuperar esta iniciativa tan importante, si
creemos de verdad en el futuro de Asturias. Por ello, insisto en la
voluntad de consenso de nuestro grupo, deseando que este debate sobre
Asturias --tan breve por el mecanismo parlamentario-- sirva para que
todos tomemos conciencia de que Asturias tiene hoy cuatro puntos por
encima de la media nacional en desempleo, por lo que esta situación
necesita de medidas complementarias, y deseando que todos seamos capaces
de llegar a este consenso para demostrar a Asturias que esta Cámara se
acuerda también de sus necesidades.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Santiso.
Han sido presentadas enmiendas a esta proposición no de ley por parte del
Grupo Socialista y del Grupo Popular. Al entender que los tres grupos,
tanto el proponente como los dos enmendantes, han llegado a un acuerdo,
rogaría que los ponentes de ambos grupos expresasen formalmente durante
su intervención la aceptación del texto consensuado.
Tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no es un hecho singular que en todos los países del mundo
occidental, en los países industrializados, se haya reducido, sostenido o
mantenido la producción siderúrgica. Tampoco es un hecho peculiar en
ningún lugar de este mundo que la producción de carbón, la extracción de
hulla, haya estado sometida, en estos últimos 15-20 años, a un proceso de
retroceso de los niveles de producción y del empleo. Tampoco es un hecho
llamativo en ningún lugar del mundo que la producción de aluminio, de
cinc, de este tipo de metales no férreos, esté también sometida en todas
partes a una cierta contención o, en todo caso, a procesos que no se
caracterizan por la expansión de la actividad y del empleo. Si del mundo
industrial nos trasladamos al terreno agrario, a la actividad agrícola,
es bien conocido --esta Cámara es testigo de ello-- que en los
países de la Unión Europea está limitada, por el sistema de cuotas, la
expansión de la producción láctea.
Todos esos hechos, señorías, no son singulares de ningún país del mundo,
de ninguna región del mundo. Sin embargo, lo que sí es singular, lo que
sí es peculiar es que todos esos hechos se den en una sola región, lo que
constituye el núcleo de los problemas de la región asturiana. Toda esa
presencia de actividades agrarias o industriales, que en estos momentos
en todas partes están sometidas a problemas que denominamos
estructurales, para referirnos a aquellas cuestiones cuya solución, desde
el punto de vista económico, es muy problemática o al menos muy compleja,
todo eso se da en la región asturiana. Eso explica, señorías, que a lo
largo del año 1996 (y es difícil esperar que todas esas producciones
aumenten, tanto físicamente como en valor monetario) la tasa de
crecimiento de la economía regional asturiana haya estado muy por debajo
del 2,3 por ciento del avance del incremento del PIB nacional. Eso
explica también que los excelentes resultados, en términos nacionales, de
la encuesta de población activa en 1996, con un crecimiento
afortunadamente del empleo muy considerable, hayan tenido en Asturias en
ese mismo año una tasa de incremento muy débil, muy tímida en relación
con la experimentada por el conjunto de la economía española. Ahora que
está tan en boga hablar de hechos diferenciales, creo que estamos ante un
hecho diferencial innegable, indudable, que es el que hace referencia a
la dificultad que por su composición sectorial, por su composición
estructural, tiene la economía de una región, la economía de un
territorio para prosperar y para crecer. Ello no significa que en esta
región, en nuestra región, no se hayan puesto en práctica instrumentos de
toda naturaleza para promocionar la actividad económica.
No quiero cansarles a ustedes, pero en estos momentos Asturias forma
parte de las regiones europeas de tradición industrial. Hay unas cuantas
en las cuales se producen las mismas coincidencias y la misma
peculiaridad que en Asturias. En Asturias somos beneficiarios de ese
programa europeo que se llama Rechar, que se refiere a las regiones
carboneras; somos beneficiarios del Resider, que se refiere a las
regiones siderúrgicas; también lo somos del Renaval, que se refiere a las
regiones que tienen actividad en la construcción naval. En Asturias se ha
puesto en práctica el primer plan nacional de interés comunitario que se
ha conocido en este país. Tomamos parte de los beneficios del programa
Urban. Somos socios fundadores de la asociación de comarcas mineras.
También somos socios fundadores, y además la presidimos, de la asociación
de comarcas siderúrgicas. Somos región europea de objetivo-1 en términos
del reglamento del Feder. Luego, señorías, no es la falta de instrumentos
la que en estos momentos está impidiendo que la economía asturiana se
acerque a las tasas de crecimiento de la economía nacional. Por tanto, en
estos términos ese auténtico hecho diferencial exige un esfuerzo que
impulse los que se han venido haciendo a lo largo de estos últimos años.
En primer lugar, creemos que ha de hacerse un esfuerzo de coherencia en
las medidas. Tiene que haber un esfuerzo de entendimiento entre todos
aquellos responsables que tienen a su cargo la gestión de todos estos
instrumentos a los cuales yo me refería antes. En segundo lugar, es muy
necesaria, absolutamente necesaria, la cooperación entre
administraciones: entre la europea, la nacional, la regional y aun las
corporaciones locales que se ven afectadas por todo este conjunto de
problemas. En tercer lugar, desde nuestro punto de vista este hecho
diferencial exige también una buena planificación de calendarios, una
buena consideración de qué es necesario atajar en el corto plazo y qué
sentido tiene planificar en un horizonte mucho más amplio. No sólo se
trata en este caso de mejorar comunicaciones cuyos efectos sobre el
sistema económico tienen una incidencia más bien de medio y de largo
plazo, al menos aquellos efectos que tienen que ver con la incidencia
positiva que siempre el capital público tiene en la productividad de las
inversiones privadas. Además del largo plazo también es preciso
planificar en el tiempo todas las acciones que se lleven a cabo en la
región asturiana para que el impulso de la actividad constructora que
procede de los poderes públicos sea capaz de animar en alguna medida
dicha actividad en la región, y que por esta vía seamos capaces al menos
de asociarnos a las tasas de crecimiento de la producción y del empleo a
nivel nacional. Además, señorías es preciso que todo ello se produzca en
un marco en el que haya una financiación precisa y comprometida que tanto
en los presupuestos que proceden de los fondos de cohesión o de los
fondos estructurales de la Unión Europea, como los Presupuestos Generales
del Estado o los presupuestos de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, estén decididos para ser complementarios entre sí, para
cofinanciar en el tiempo, de una manera inteligente, tanto esa incidencia
a largo plazo como la otra a corto plazo necesaria para reforzar la
coyuntura económica en la región.
De eso hablamos en nuestra enmienda, señorías, que tiene tres apartados
que hacen referencia precisamente a estas ideas que he expuesto. Es
cierto, como ha dicho el proponente de la iniciativa de la proposición no
de ley, que con carácter previo a esta discusión hemos sido capaces de
ponernos de acuerdo, al menos mi grupo parlamentario, para una nueva
redacción de la proposición de ley. Señor Presidente, respondiendo a su
requerimiento, le digo que mi grupo parlamentario conoce sus tres
apartados y los acepta plenamente. De manera que en relación con el Grupo
Parlamentario Socialista puede considerar realizado ese trámite de
consulta a los grupos. Por último, esperamos que este acuerdo y esta
coincidencia en lo que en estos momentos, desde nuestro punto de vista,
puede constituir
una nueva vía de solución, o al menos de alivio, a los problemas
económicos y sociales de nuestra región tenga un resultado fructífero
desde la discusión que tenemos esta tarde en esta Cámara sobre cuestiones
asturianas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular va a fijar su posición en relación a una
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Como decía el portavoz de Izquierda Unida, el señor
Santiso, con un esfuerzo de acercar posturas a lo largo de la mañana de
hoy y de esta misma tarde el Grupo Parlamentario Popular, que había
presentado una enmienda de sustitución al texto de Izquierda Unida,
finalmente llega a un acuerdo, a un consenso, en aras de conseguir
unificar una voz, una demanda, una reivindicación, en defensa de la
autonomía asturiana. No obstante, quería hacer una serie de
consideraciones respecto a la proposición no de ley que presenta
Izquierda Unida y a las vicisitudes que acompañaron a la misma.
El texto original, en un principio, hace referencia a la necesidad de
abordar una reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias. Podemos decir
hoy con satisfacción todos los grupos parlamentarios que Asturias, desde
la Junta General del Principado, está impulsando la necesaria reforma de
su estatuto de autonomía que procedimental y reglamentariamente se verá
en el Parlamento de la nación cuando sea remitido por la Junta General
del Principado. Por tanto, aquellos temores que ilustraban la primera
parte de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida eran infundados y sobre la petición que hacía a esta Cámara de
impulso de la modificación estatutaria, felizmente la modificación del
estatuto de Autonomía de Asturias está siendo una realidad, articulada y
protagonizada a través de las fuerzas parlamentarias con representación
en la Junta General del Principado de Asturias.
También quería hacer referencia a algo que pusieron de manifiesto los
portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Socialista en la exposición y
defensa de las respectivas enmiendas. Señorías, créanme que compartiendo
dificultades y sabiendo que existen rémoras históricas importantes,
incumplimientos clamorosos en algunos llamados planes de
industrialización, que ni supieron ni pudieron cumplirse por gobiernos
anteriores, creo que tenemos que realizar el esfuerzo --y ésa sería la
llamada que nosotros haríamos desde el Grupo Parlamentario Popular-- de
hacer un discurso de futuro, hacer un discurso de esperanza y hacer un
discurso de compromiso. Sus señorías saben perfectamente que hay
acontecimientos que al día de hoy podemos decir con satisfacción, al
menos con satisfacción por parte del Grupo Parlamentario Popular, que son
una realidad. Ha habido un acuerdo histórico sin precedentes por parte
del Ministerio de Industria y de las centrales sindicales representativas
en el mundo de la minería. Hay las bases de un acuerdo de futuro, algo
quizá impensable y que gobiernos anteriores no han sido capaces de
conseguir. A ello hemos de añadir también, señorías, algo importantísimo:
el plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Aquí se va a
abordar un plan del Gobierno, con una ejecución de proyectos que se
enmarcan temporalmente en los años 1998 al 2005, que pasa por abordar un
elenco importantísimo de infraestructuras necesarias en nuestra comunidad
autónoma, que pasa también por importantes planes de formación, tan
necesarios para poder reactivar el tejido industrial y colaborar a que la
formación de nuestros jóvenes pueda tener alternativas en el mundo
laboral de forma diversa y diferenciada a la oferta que se puede dar en
la actualidad; proyectos empresariales que contarán con ayudas, con
fondos, con subvenciones que permitirán que Asturias pueda plantear un
proceso de reindustrialización pero de verdad, no apoyado solamente en
palabras sino en compromisos y cuantificado económicamente.
Señorías, sin duda estamos ante un panorama, un horizonte y una realidad
esperanzadores y radicalmente distintos a lo que se podía dibujar en años
precedentes. Creemos igualmente que acuerdos referidos, por ejemplo, al
sector de los astilleros públicos, lo que también beneficia a Asturias,
desde el año 1994 quiero recordar que no habían sido posibles con las
centrales sindicales referidas al sector de los astilleros públicos. Hoy
se han establecido --y lo podemos decir con satisfacción-- las bases de
continuidad para que los astilleros públicos puedan seguir realizando sus
tareas y puedan resultar competitivos. Entre otras cosas, el astillero
público que tenemos en Asturias, por una serie de contrataciones que se
han realizado recientemente, puede asegurar su carga de trabajo ni más ni
menos que hasta el año 2000, garantizando los puestos de trabajo, el
futuro y la competitividad de nuestro astillero público.
Existe un compromiso por parte del Gobierno que se ha plasmado en los
Presupuestos Generales del Estado. Su señoría hacía referencia --y me
estoy refiriendo al portavoz de Izquierda Unida-- a que era necesario un
compromiso en materia de infraestructuras que fuese capaz de que Asturias
superase asignaturas suspendidas por gobiernos anteriores;
incumplimientos clamorosos por gobiernos anteriores; reivindicaciones
históricas compartidas por nosotros y comprometidas por nosotros en
nuestros programas electorales que
venían desde hace muchísimos años. El compromiso del Gobierno pasa por la
autovía del Cantábrico, sin ningún género de dudas. Hay dotaciones
presupuestarias importantes y significativas; hay variaciones importantes
en la conexión de la autovía del Cantábrico con ciudades importantes
dentro de la geografía asturiana. Hemos hecho variaciones que garantizan
y apuestan por el futuro, y es una variación de futuro que los enlaces de
la autovía del Cantábrico tengan las características de autovía y no de
vía rápida, tal y como se concebían en proyectos socialistas anteriores.
Sin ningún género de dudas, creemos que estamos haciendo esfuerzos
presupuestarios desde el Gobierno que pueden generar esperanza,
credibilidad y soluciones. Hemos mantenido también una política que yo sé
que SS. SS. no comparten, pero que estamos convencidos de que apuesta por
la competitividad de los dos grandes puertos asturianos. Devolver la
autonomía de gestión y la autonomía portuaria a los puertos de Avilés y
de Gijón creemos que redunda en beneficio de ambos puertos y en beneficio
general y global de la economía asturiana y de la propia economía
española. Creemos, señorías, que hay compromisos sobrados que acreditan y
apuestan por el futuro y por la esperanza.
Finalmente, me voy a referir al compromiso histórico al que hacía
referencia el portavoz de Izquierda Unida y al que ha hecho referencia
con menor entusiasmo --y yo ya lo entiendo-- el portavoz del Partido
Socialista Obrero Español. Me estoy refiriendo a la variante ferroviaria
de Pajares, reivindicación histórica que ha sostenido el Partido Popular
en Asturias y en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que ha
llevado el Partido Popular en su programa de Gobierno, en la página 49
del mismo, y que yo hoy tengo la satisfacción de defender desde esta
tribuna y de decir que existe un compromiso específico y singularizado
con la variante ferroviaria de Pajares. En el año 1997, señorías, creemos
que podría iniciarse el estudio informativo junto con el estudio de
impacto ambiental y que ambos podrían concluir el 31 de diciembre del año
1998. A partir de ese año, el siguiente paso sería el encargo del
proyecto de construcción que podríamos estar en condiciones de
comprometer, en un calendario aproximado, a lo largo de 1999. Es voluntad
del Grupo Parlamentario Popular exigir y velar por el cumplimiento de
estos acuerdos, que sean ejecutados por quien corresponda; me estoy
refiriendo concretamente a Renfe y al Ministerio de Fomento. Para
nosotros, señorías, es una satisfacción, y creemos que también lo es para
Asturias, asumir y adquirir este compromiso por el principal grupo que
apoya al Gobierno de la nación. Otras posturas han sido contrarias
tradicionalmente a la inclusión de esta obra como prioridad, por entender
que no se trataba de tal prioridad. A la par quiero recalcar también que
prioridad de este Gobierno es la construcción y conclusión de la autovía
del Cantábrico, canal de comunicación inexcusable y sin el cual Asturias
se quedaría atrasada y perdería, sin ningún género de dudas, el tren de
la modernidad.
Por todas estas razones, señorías, para nosotros es motivo de
satisfacción haber podido llegar a este acuerdo que nace desde un
compromiso que compartimos con el Gobierno, y apoyamos desde el Grupo
Parlamentario Popular, que se basa en una nueva política que con unas
bases económicas distintas pasan por una dinamización que afecta a toda
España, de la cual se va a beneficiar también Asturias. Asumimos esos
compromisos específicos, concretos y singularizados a los que hice
referencia en mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Por ello --y con ello finalizo, señorías, señor Presidente-- el Grupo
Parlamentario Popular se suma a ese texto único y de consenso y, por
tanto, declinamos la presentación formal de las enmiendas en aras de ese
consenso que sin duda alguna va en beneficio de todos los asturianos, de
los grupos parlamentarios, y es compromiso del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Fernández.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para aceptar muy gustoso la invitación que nos ha
hecho el portavoz del grupo proponente, el señor Santiso, y para decir
que desde Coalición Canaria vamos a dar nuestro voto de apoyo.
La situación geográfica de nuestra región canaria, también con esos
tremendos problemas de distancia y de aislamiento, nos hacen ser
comprensivos con este tipo de peticiones. Nosotros también basamos en las
infraestructuras una de las condiciones fundamentales de inversión
estatal para el desarrollo y la garantía de puestos de trabajo, de renta
per capita y de nivel de vida. Por esas razones, y sumándonos al ambiente
de consenso que nos satisface plenamente, Coalición Canaria dará su voto
afirmativo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar,
quisiéramos felicitar al Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quien ha posibilitado, con
el acuerdo del primer grupo de la oposición, el Grupo Parlamentario
Socialista, y con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el
Grupo Popular, pactar una iniciativa que va a beneficiar a la Comunidad
Autónoma asturiana que, tal como han dicho el resto de oradores que me
han precedido en el uso de la palabra, dista mucho de ser competitiva y
moderna respecto a la media de las comunidades autónomas del Estado
español, tanto a nivel de productividad, de reindustrialización, como de
tasas de desempleo.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que el
texto refundido final va a posibilitar el compromiso del Gobierno central
mediante la colaboración y la coordinación con la Comunidad Autónoma
asturiana, para impulsar este plan de reindustrialización, de
reactivación económica que necesita, así como las inversiones en
infraestructuras que posibiliten unas obras importantes en comunicación,
en obras viarias y en ferrocarriles.
Por todas estas consideraciones, reiterando nuestra felicitación por la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, nuestro grupo parlamentario manifiesta que va a votar a favor
de esta iniciativa pactada por todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre medidas para superar la grave situación socioeconómica por la que
atraviesa el Principado de Asturias, con el texto finalmente resultante
de la aceptación por los grupos parlamentarios de un texto unitario, que
se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 301; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODELO DE
FISCALIA Y SU ESTATUTO (Número de expediente 173/000029)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la propuesta
por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modelo de fiscalía y su
estatuto.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Fernández de
la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el debate que la semana pasada hemos realizado en esta Cámara
con motivo de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, a raíz de las últimas actuaciones del Fiscal General del
Estado en la crisis generada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha
puesto de manifiesto la necesidad de abordar, mediante un debate sereno y
reflexivo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández de la Vega.
¡Señorías! (Pausa.)
Puede continuar.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar, mediante un
debate sereno y reflexivo, más alejado de acontecimientos concretos,
determinados aspectos que afectan sustancialmente al funcionamiento del
Ministerio Fiscal, que si bien tienen mucho que ver con la evolución que
esta institución ha tenido a lo largo de la historia en la ley y en la
doctrina, que ha permitido mantener posiciones distintas en cuanto al
Ministerio Fiscal y que la compleja configuración que la Constitución
hace de esta institución permite mantener, determina que abordemos con
carácter urgente algunas facetas que creemos que, dentro del modelo
constitucional, precisan de una mayor concreción legal, puesto que el
desarrollo que hoy mantienen no es suficiente o, quizá, no es el más
adecuado.
Es necesario delimitar con mayor claridad y precisión la posición que el
Ministerio Fiscal ocupa en el entramado de los poderes del Estado, el
papel institucional que está llamado a desempeñar, la función
institucional que, con independencia de su evidente mayor protagonismo en
el proceso penal, debe desarrollar; es necesario delimitar con más
claridad las relaciones institucionales que debe mantener necesariamente,
porque sólo fijando de forma más clara su posición estaremos en
condiciones de delimitar con mayor precisión el régimen de
responsabilidad no ya penal ni disciplinaria sino de responsabilidad
política, de control democrático a que toda institución debe someterse, y
que en este caso concreto aparece difuminada, limitada, cuando no negada,
no ya del Ministerio Fiscal sino
de su máximo representante, el Fiscal General del Estado.
Es evidente que en esta Cámara se han mantenido divergencias legítimas,
posturas ideológicas diferentes en cuanto a la naturaleza y ubicación del
Ministerio Fiscal, que van desde los que defienden su encuadre
judicialista, su encuadre parlamentario o su encuadre gubernamental,
hasta aquellos que lo sitúan en el campo de nadie, a caballo entre los
distintos poderes del Estado, como un tertium genus.
Es evidente que a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, le
gustaría tener un debate sobre este tema para clarificar o precisar el
modelo, tratando de acercar posiciones, lo que sin duda habrá que hacer,
si no ahora, cuando se debata en esta Cámara la reforma del proceso
penal. Pero mientras ello llega y al hilo del debate ya producido, el
Grupo Parlamentario Socialista considera que sería necesario, ya desde
ahora, clarificar con las reformas legales pertinentes algunos temas que
se vislumbran urgentes e importantes, cuya falta de previsión en el
Estatuto vigente del Ministerio Fiscal de 1981, o de precisión no muy
adecuada, están dando lugar a tener permanentemente abiertas en la
sociedad determinadas polémicas sobre una institución tan importante como
el Ministerio Fiscal, que precisa más de legitimación y apoyo
institucional que de confusión, que es lo que se está transmitiendo a la
ciudadanía. Porque se habla, señorías, de independencia igual que de
autonomía, igual que de imparcialidad, confundiendo estos criterios; se
habla de instrumentalización, lo mismo oímos decir que hay que dar
instrucciones al fiscal en un caso concreto, que es un escándalo dárselas
o que no dárselas también lo es y, excepto para los muy iniciados, el
ciudadano aparece confundido y, desde luego, la institución
deslegitimada.
Es necesario fijar en la situación actual cuál es su posición y su
régimen de responsabilidad en coherencia con esa posición, porque --en
esto creo que estamos todos de acuerdo-- responsabilidad debe haber y hay
que saber cuándo, cómo y por quién debe exigírsele. Control democrático
debe haber, porque --en eso creo que también estamos todos de acuerdo
hasta los que defienden el encuadre judicialista del Ministerio Fiscal--
el Ministerio Fiscal no es el Poder Judicial, pero hay que determinar
cómo y por quién se ejerce ese control democrático.
La Ministra de Justicia en su primera comparecencia en esta Cámara,
haciendo suyo el compromiso contraído por el Presidente del Gobierno,
anunció que iba a nombrar un Fiscal General del Estado, proveniente de la
carrera fiscal, y a potenciar su autonomía. Hoy no parece que la
ciudadanía perciba con un Fiscal General del Estado proveniente de la
carrera fiscal una mayor autonomía.
Se ha dicho en esta Cámara que el fiscal no está ni en el Poder Judicial
ni en el Ejecutivo, que es autónomo de ambos, que lo nombra y lo cesa el
Gobierno, que responde ante el Gobierno y que el Gobierno responde de la
gestión del fiscal. Al mismo tiempo se ha dicho que el Gobierno, como no
podía ser de otra manera, no declina de fijar la dirección de la política
criminal y que esa política criminal consiste en instar, en interesar del
Fiscal General del Estado la promoción de la acción de la justicia cuando
el interés general lo reclame.
Lo que no se ha dicho, señorías, es quién define ese interés general o
quién define ese interés social. Es evidente que ese interés general, ese
interés social, lo tiene que delimitar y definir el Gobierno. Y si el
Gobierno declara el interés público y el interés social que debe defender
el Ministerio Fiscal promoviendo la acción de la justicia, es evidente
que tiene que haber instrumentos, que tiene que haber criterios para
hacer llegar al Ministerio Fiscal ese interés general previamente
definido por el Gobierno al establecer o definir su política criminal,
que el fiscal debe ejecutar. Eso, señorías, no está ni definido ni
instrumentalizado ni delimitado en ningún sitio; eso no está en el
Estatuto del Ministerio Fiscal y eso, de hacerse bien o mal, de no
hacerse, es lo que puede determinar también la responsabilidad del
Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado debe tener facultades, y
de hecho las tiene, para dirigir el Ministerio Fiscal, pero ni el
Ministerio Fiscal, ni el Fiscal General del Estado deben determinar la
política criminal, ni deben definirla.
Nuestra ley, la ley que el Ministerio Fiscal debe defender y debe
cumplir, establece la necesidad de perseguir todos los delitos. Ahora
bien, la pregunta sería la siguiente, señorías: ¿Eso significa que hay
que perseguir al mismo tiempo todos los delitos por igual, con la misma
inversión de esfuerzos? ¿Eso significa que hay que invertir lo mismo, o
que hay que perseguirlos con arreglo a alguna jerarquización o
priorización; no a no perseguirlos, porque la ley dice que hay que
perseguirlos todos, sino que hay que determinar e instrumentalizar los
tiempos y los esfuerzos y jerarquizar prioridades en función de ese
interés general? Por tanto, habrá que priorizar, habrá que jerarquizar en
función de un interés general, previamente definido por el Gobierno, y de
un interés social que el Gobierno debe definir.
Lo que planteo es que si la obligatoriedad en nuestro sistema en el
ejercicio de la acción penal no implica la imposibilidad de fijar
prioridades en el ejercicio de la misma, eso significa que esas
prioridades las tiene que fijar el Gobierno. Pero, a su vez, éste tiene
que tener instrumentos para hacerle llegar al Fiscal General cuáles son
esas prioridades. Y eso necesita articularse y establecerse en la ley,
porque el Fiscal General del Estado deberá actuar en el ejercicio de la
acción penal de acuerdo con el principio de legalidad, pero con esas
prioridades.
Les pongo un ejemplo, señorías, en un tema muy concreto que todos van a
entender. ¿Son iguales todas
las extradiciones? ¿No es de interés general para el Gobierno que todas
las extradiciones se tramiten con celeridad y con todos los requisitos? A
la hora de invertir esfuerzos, ¿hay que dar preferencia a determinadas
extradiciones? Evidentemente, ésos son criterios. Esto lo podríamos decir
también en el delito ecológico, en los delitos contra la libertad sexual,
en los de terrorismo o en los de corrupción.
El Gobierno tiene que fijar esos criterios y éstos tienen que estar
intrumentalizados de alguna manera en la ley, porque ésa va a ser la
única manera de que delimitemos cuál va a ser el coto de responsabilidad
que puede exigírsele al fiscal y, además, contribuir al funcionamiento
transparente de una institución sabiendo todos a qué atenernos.
Esto, señorías, no significa dar instrucciones al fiscal. Esto, señorías,
no significa instrumentalizar al fiscal. Esto significa colocarlo en la
posición...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega, le ruego que vaya
concluyendo.
La señora FernAndez DE LA VEGA SANZ: Acabo, señor Presidente.
Eso significa colocarlo en la posición institucional que le corresponde y
que, como consecuencia de esa posición institucional, sepamos también
delimitar cuál va a ser el ámbito de su responsabilidad. De ahí que el
Grupo Parlamentario Socialista haya considerado importante que el
Gobierno presente, con las modificaciones legales que considere
oportunas, los proyectos de ley que especifiquen y delimiten claramente
cual es la postura que debe ocupar el fiscal, cuál es su nivel de
relaciones con el Gobierno en cuanto a la ejecución de la política
criminal, así como determinar otras cuestiones como, por ejemplo, la
necesidad de establecer un límite en el desempeño de cargos de
responsabilidad en el ámbito del Ministerio Fiscal que hoy están sujetos
a la estabilidad y a la indefinición, porque creemos que cualquier
gestión de responsabilidad debe estar limitada en el tiempo.
Es por ello, señorías, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista, con
independencia de suscitar un debate más amplio en cuanto a la
determinación y posición definitiva del Ministerio Fiscal, solicita ahora
del Gobierno que presente el modelo, realizando las reformas precisas que
considere oportunas, para que se pueda delimitar la posición
institucional del Ministerio Fiscal, la responsabilidad que, como
consecuencia de esa posición institucional, deba tener y pueda
exigírsele, y realice también alguna reforma en el Estatuto en cuanto a
la limitación de los cargos de gestión de responsabilidad política en el
ámbito de la carrera fiscal.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A la moción del Grupo Socialista se han presentado
enmiendas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cuando el portavoz de Izquierda Unida
intervino el otro día en la interpelación sobre el Ministerio Fiscal ya
dijo que el descrédito de los últimos tiempos --no diría de los más
recientes-- sobre la figura del Ministerio Fiscal no le correspondía a un
partido, sino que afectaba al valor y a la credibilidad de los ciudadanos
en la justicia. Por eso esperamos a la moción del Grupo Socialista y
cuando la recibimos nos pareció, sin quitarle protagonismo a la
interpelación, que, aunque tenía una intención lógica, debíamos ir más
lejos del terreno que se planteaba. Porque recoger sólo cuál es la
postura institucional del Ministerio Fiscal no es suficiente, está ya
definida en la Constitución y, aunque sólo sea por el carácter de su
elección, nos surgían obstáculos a la hora de contemplar su reforma.
Creíamos que teníamos que aprovechar esta moción para que toda la Cámara
profundizara en algún aspecto, porque si la crisis de la Audiencia
Nacional --no hablo ya de lo que ha pasado con los recientes intentos de
nombramientos-- repercute en los ciudadanos, nos encontramos con una
situación de indefensión ante algo que la propia Constitución recomienda
al Ministerio Fiscal, que es precisamente la defensa de los derechos y
libertades de los ciudadanos. Esa figura está tan unida a los gobiernos
que a veces parece más un fiscal del Gobierno que un fiscal de la
ciudadanía.
Izquierda Unida lleva tiempo luchando --no con mucho éxito por no tener
la mayoría suficiente-- para que se reforme esta visión del Ministerio
Fiscal. Apostamos, incluso, por una reforma más profunda que la que se
contiene en esta moción, porque habría que intentar que el Ministerio
Fiscal tuviera un respaldo parlamentario, que no fuera sólo nombrado por
el Gobierno, aunque hubiera que modificar en su momento la Constitución
que establece que será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. Una
elección parlamentaria sería más democrática, pero, en tanto se llega a
un acuerdo sobre esta reforma de la Constitución, hemos presentado una
enmienda a la moción para que se profundice en el carácter democrático,
incluso con una mayor autonomía del Ministerio Fiscal dentro de ese
control democrático.
Nos sorprende mucho que venga tan poco a la Cámara el Ministerio Fiscal;
que su memoria, que resume una política criminal, no se presente aquí.
Viene la del Consejo General del Poder Judicial, pero no viene la del
Ministerio Fiscal; no viene como una propuesta en la que viéramos cuáles
son los pros y los contras de esa política criminal que nos afecta como a
todos, aunque
es verdad que cada Gobierno la podrá o no llevar a la práctica.
En los nombramientos de los fiscales muchas veces hay una indefinición
tal que parece que son para toda la vida. Cuando ni los gobiernos son
para toda la vida, eso supone unas crisis que ni garantizan la
independencia ni garantizan la libertad ni garantizan una cierta
autonomía del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que tenga que responder
a las necesidades no sólo del Gobierno sino también del Parlamento y de
los ciudadanos.
Hemos presentado una enmienda a esta moción del Grupo Socialista para que
a la institución, en tanto se modifica la Constitución, se le dote de
mayor carácter parlamentario en su actividad, en la elección o, incluso,
en su nombramiento. Porque hoy el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal
impide en muchos casos el que se pueda destituir a un fiscal si no es por
su mala conducta o por el comportamiento, y estamos asistiendo a casos
tales como el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que, por tener
prácticas unos aprendices en prácticas, se está quebrando esta figura en
unos momentos de gravedad tan tremenda por los asuntos que está
conociendo.
En la enmienda proponemos sustituir el texto de la moción, que diría: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie y presente a las
Cortes Generales una modificación del Estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal que contemple los siguientes aspectos: Primero, participación de
las Cortes Generales en la elección de Fiscal General del Estado, si no
es en el nombramiento sí mediante la comparecencia ante las Comisiones de
Justicia de ambas Cámaras de los candidatos para que expliquen de verdad
cuáles son sus iniciativas ante el puesto que van a ocupar. Segundo,
limitación del período del mandato del Ministerio Fiscal. ¿Por qué la
limitación? Porque tienen que tener autonomía. La limitación en el cargo
presupone una seguridad, no algo vitalicio. Esa seguridad también
requiere que no sea tan trágica la destitución de un fiscal del Estado y
que, además, tenga la garantía de que si hace una cosa contraria a los
intereses del Gobierno pero no de la ciudadanía no va a ser destituido,
pues de lo contrario su autonomía quedaría limitada. Nosotros decimos que
sólo pueda ser destituido en ese tiempo limitado por renuncia, por
incurrir en caso de incapacidad, pena de inhabilitación, etcétera, para
que el fiscal se sienta seguro y nosotros tengamos capacidad de realizar
ese nombramiento a tiempo.
Solicitamos, por otra parte, que presente, como he dicho antes, la
memoria anual de la fiscalía ante las Comisiones de Justicia del Congreso
y del Senado para su explicación y que acuda a la Cámara para informar,
aunque ahora mismo lo pueda hacer en algunas ocasiones. Es preciso
mantener y reforzar la independencia del Ministerio Fiscal respecto a los
nombramientos porque, como hemos oído a algún portavoz del Gobierno, una
cosa es dar órdenes e instrucciones y otra solicitar la actuación ante
temas de interés general y no decir que tiene que actuar en nombre del
Gobierno cuando el fiscal no es del Gobierno sino de los intereses
generales. Por lo tanto, hay que mantener la autonomía del Ministerio
Fiscal y el reforzamiento de su propia imparcialidad con una actuación
independiente respecto del Gobierno, si bien pudiera éste, al igual que
las Cortes Generales o el Consejo General del Poder Judicial, solicitar
su actuación en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos
y del interés público.
En cuanto a los nombramientos, coincidimos con la segunda parte de la
moción en que se ponga también un límite. El nombramiento de casi todos
los fiscales generales --aunque, al final, los haga el Gobierno o el
Ministerio de Justicia-- es de carácter vitalicio, lo cual está limitando
tanto a los fiscales, como a los gobiernos o al propio Parlamento. Se
trata de establecer una limitación en el tiempo a esos nombramientos
puesto que, excepto los que existen por escalafón, todos los demás son
nombrados por cada gobierno. Eso hace que cuando existen divergencias con
el jefe y el Estatuto del Ministerio Fiscal permite su destitución, se
produzca una absoluta indefensión. Garantizar un tiempo determinado es
más seguro y permite una elaboración más democrática para la credibilidad
de esa institución.
El señor PRESIDENTE: Hablando de tiempo, señora Almeida, vaya
concluyendo, por favor.
La señora ALMEIDA CASTRO: Termino ya diciendo que ésta es la enmienda que
presentamos, pero que queremos una enmienda transaccional, enmienda que
explicará la representante del Grupo Socialista y en la que se ha
admitido nuestra enmienda, por lo que manifestamos nuestro apoyo y se la
ofrecemos a los grupos para intentar trabajar unidos para la mejora de
credibilidad de esta institución. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero para la defensa de
su enmienda.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, una interpelación,
como bien sabemos, es un género parlamentario de alto nivel.
La del último día sobre la fiscalía fue para olvidar. Me parece que fue
imprecisa en su objeto, excesiva en su énfasis y un poco bronca en el
tono. Pero la ventaja es que las interpelaciones se pueden luego corregir
con las mociones. Con una buena moción se puede subsanar una mala
interpelación. Porque es el momento de levantar las cartas, de decir: si
aquí hemos venido a interpelar al Gobierno porque algo lo hacía mal, es
porque
lo sabemos hacer mejor, y ahora vamos a explicar cómo. De ahí la
curiosidad de mi grupo --al que me honro en representar-- al anunciarse
la moción, para ver cómo se hace esto mejor. Y la perplejidad surge ante
el primer punto de la moción.
Primero, hay una reincidencia a la hora de ignorar los motivos de la
crisis que sufre la aludida Audiencia Nacional, fruto quizás esta
reiteración de la certeza de que la exposición que se hizo el miércoles
pasado no resultó demasiado convincente. Entonces, por eso se insiste en
que hay una crisis de génesis desconocida, crisis que ha sido calificada
de motín y que, sin embargo, nadie sabe por qué hay un motín. Se sabe
cuándo fue; fue mucho antes de que este Gobierno llegara al poder. Por
tanto, si tanto se insiste en esta moción en la necesidad de que se
establezcan responsabilidades políticas, no vendría mal establecerlas no
sólo ex post facto, sino preguntarse quién es el responsable político del
motín, por ejemplo. Eso no se lo pregunta la moción que tenemos aquí.
Entonces, la curiosidad sigue viva: ¿cómo vamos a hacer este asunto?
¿Cómo vamos a preocuparnos de diseñar la responsabilidad política del
Fiscal General del Estado? La verdad es que es un tema precioso para una
tesis doctoral. Vamos a ver si llega a hacerse en algún momento. Desde
luego, partiendo de esta moción, me temo que no. Es un problema teórico
difícil, lo sabemos.
El Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder
Judicial. Por tanto, de alguna manera se deriva para él la dificultad de
establecer cuál es la responsabilidad política del propio Poder Judicial.
Bien es sabido que el artículo 124 de la Constitución está dentro del
Título VI, Del Poder Judicial. El 127.1 equipara a magistrados y jueces
con fiscales a la hora de la no militancia política. Hay muchos elementos
de contacto. Teóricamente es un tema complicado, pero tenemos un soberbio
informe de los servicios de esta Cámara, hecho en el año 1988, sobre las
posibilidades de exigencia de responsabilidad política al Fiscal General
del Estado en esta Casa; informe del que lógicamente se puede discrepar,
pero con argumentos, porque es un informe muy bien argumentado. Entonces,
la curiosidad va subiendo: a ver, a ver qué nos dice el Grupo Socialista
sobre cómo vamos a resolver este gran problema teórico, además con estos
precedentes prácticos tan complejos. Y cuando uno se pregunta cómo lo
vamos a hacer, el Grupo Socialista nos dice: en seis meses. Es todo lo
que dice. O sea que el diseño de la responsabilidad política del Fiscal
General del Estado según la moción del Grupo Socialista --como además, no
sé si con ironía, ha quedado ya claro en alguna intervención previa--
consiste en decir que en seis meses. El contenido, lo que quiera el
Gobierno. Yo me he quedado totalmente asombrado, porque yo ya sé, porque
llevo algunos años aquí, que al fin y al cabo una moción se parece mucho
a una proposición no de ley, tiene el mismo sistema de debate. Consiste
en decirle al Gobierno: haga usted esto así. No haga usted esto en seis
meses y como le dé la gana, porque eso equivale a decir que no tengo ni
idea de por dónde van estos asuntos. Por tanto, con tal de que me lo
hagan en seis meses, satisfecho. Además, si se habla de seis meses cuando
se nos dice que habrá que hacer un gran debate y cuando además el
proyecto que haga el Gobierno tiene que ir al Consejo General del Poder
Judicial por lo menos y quizás a otros órganos consultivos, que se toman
su tiempo, ¿cuánto tiempo le quedará al final al Gobierno para hacer el
proyecto? Algunos que han sido ministros podrían contestarnos a eso. Al
final a lo mejor le queda mes y medio, pero tiene la ventaja de que el
Gobierno tiene las manos libres porque el Grupo Socialista le autoriza a
hacer lo que le dé la gana; con que lo traiga en seis meses, se da por
satisfecho. Asunto realmente curioso éste, pero es lo que nos encontramos
aquí.
Ante esta situación, la enmienda de Izquierda Unida le da una barrida a
la moción del Grupo Socialista como diciendo: nosotros sí sabemos cómo
hacerlo. Luego, se estará de acuerdo o no, pero ahí hay cinco puntos
presentados con la seriedad y el rigor que a Izquierda Unida le
caracteriza, por lo menos en los temas de justicia, y de la que doy fe
con toda --valga la redundancia-- justicia. Pero en la moción es que no
encontramos nada, hasta el punto de que proponemos quitar ese punto
primero. Nosotros queremos que al Gobierno se le den facilidades porque
lo debemos defender, pero no tantas porque nos parece un poco excesivo y
puede entenderse que aquí están surgiendo pactos dudosos. No, vamos a ver
si al Gobierno le decimos algo. Por cierto, hablando de consensos y
pactos, aquí cada vez que nos habla de justicia, el Grupo Socialista nos
habla del pacto de Estado, todo hay que hacerlo juntos, y resulta que hay
una enmienda transaccional --según se ha anunciado-- de la que
curiosamente el Grupo Popular no tiene ni noticia. ¿Así se entiende el
consenso? O sea que hay una enmienda transaccional ya hecha y, eso sí, al
Grupo Popular no se la damos no vaya a ser que vote que sí. Pues muy
bien, ése es el consenso, estupendo. En consecuencia, nosotros pedimos la
supresión del punto uno porque al Gobierno hay que ponerle las cosas un
poquito más difíciles.
El segundo punto nos lleva a la perplejidad, y aquí también entramos en
la enmienda que se ha presentado antes de Izquierda-Unida, porque a mí me
parece --a lo mejor lo he entendido mal-- que se piden cosas
incompatibles. Por un lado, se aspira a que la fiscalía sea
independiente. Como es sabido, ahora mismo el grado de dependencia de la
fiscalía consiste en que el nombramiento es a propuesta del Gobierno y
que luego el Gobierno puede reclamar determinadas diligencias, interesar
al fiscal general por determinadas cuestiones. Muy bien. Respecto a todo
eso, por supuesto, el Gobierno está sujeto a responsabilidad política. Se
le
puede pedir responsabilidad política por haber nombrado a un fiscal
general determinado y, de hecho, se está haciendo ya aquí. Por ejemplo,
el otro día Izquierda Unida planteó al fiscal general qué se había hecho
respecto a delitos sociales. Si preguntándole en una sesión puramente
informativa, según el informe de la Cámara, el Fiscal General dice que
desde el Gobierno no le han dicho nada sobre el particular, cabe
presentar responsabilidades políticas al Gobierno por no preocuparse de
los delitos sociales, etcétera.
Por un lado, se quiere independencia, estupendo y, por otro, se propone
que todos los nombramientos de fiscales duren cinco años. ¡Caramba! Eso
significa que actualmente el Gobierno sólo tiene una posibilidad de
intervención en un nombramiento de un fiscal jefe, por ejemplo, que es
vetar --es lo único que puede hacer-- un solo candidato que le propone el
fiscal general; él ha tenido más posibilidades. Si por ejemplo, se
hubieran presentado dos en la Audiencia Nacional, el Consejo Fiscal se ha
pronunciado, el fiscal general puede elegir uno u otro. El Gobierno no,
el Gobierno si le llegan a presentar un candidato --cosa que no llegó a
ocurrir-- podía haber dicho sí o no, no tenía otra opción, no puede ni
siquiera elegir al otro. Es todo lo que puede hacer. Y ahora se pretende
que cada cinco años haya un veto posible, porque claro cada cinco años
todos los fiscales decaen y el gobierno de turno puede vetar a los que
hay.
Además en la enmienda de Izquierda Unida surge otro problema y es que,
para colmo, se dice que no pueden ser reelegidos. O sea, que si
consiguiéramos, cosa que se ve que no es fácil, un fiscal jefe de la
Audiencia Nacional que lo haga bien, que acabe con el motín, que contente
a todos los grupos de esta Cámara, por la inflexible previsión de que
sólo dure cinco años, hay que echarlo. ¡Caramba pues sí que nos estamos
poniendo fácil esto! Por un lado queremos que intervenga más el Gobierno
y, por otro, le impedimos que cuando surja un buen fiscal lo mantenga en
su puesto aunque todo el mundo estuviera de acuerdo con ello. Un asunto
realmente sorprendente.
Nosotros estábamos esperando a que se pronunciaran los demás grupos para
ver cómo se abordaba este asunto, porque a lo mejor es oportuno que desde
esta Cámara le llegue al Gobierno que el sentir mayoritario es que tenga
mayor intervencionismo respecto al fiscal. No sé por qué, pero hoy al
Gobierno aquí se lo están poniendo fácil. Un día es un día, al fin y al
cabo tampoco todos los días va a ser leña.
En resumen, creo que lo más prudente que podría hacer el Grupo Socialista
es retirar la moción, porque desde luego, para esto, es mejor dejarlo
estar, nos olvidamos de esta interpelación, que ya digo que era para
olvidar, y dejamos que el fiscal general siga con su tarea. Se le puede
llamar a comparecer aquí cuando se quiera, por supuesto para hablar de la
memoria del Ministerio Fiscal y de lo que queramos. Según el informe que
hay en la Cámara su intervención sería para informar, no cabría hacer
valoraciones políticas, pero sí cabrá hacerlas del Gobierno en todo
aquello que afecta a las posibilidades que el Gobierno tiene, que ya he
dicho cuáles son, respecto al Ministerio Fiscal.
Parece que lo que se quiere, a lo mejor, es que en adelante se puedan
exigir más responsabilidades al Gobierno a base de que pueda intervenir
más. No sé, a lo mejor es ése el secreto de la moción, que ustedes ven
que si el fiscal de verdad es independiente les da menos posibilidades de
dar palos al Gobierno y ustedes quieren que dependa del Gobierno para
poderle dar al Gobierno. Puede que sí, pero, como muy bien ha dicho antes
la portavoz de Izquierda Unida, cuando sufre el Ministerio Fiscal sufre
algo que es de todos, no de algún partido en concreto. Lo suscribimos
plenamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
También muy brevemente para decir que el Grupo Parlamentario Catalán
comparte la inquietud que ha sido aquí expuesta por el Grupo
Parlamentario Socialista en relación a algunos aspectos del
funcionamiento del Ministerio Fiscal y no nos hemos recatado de
manifestarlo en otras actuaciones. Hemos indicado a veces que el gobierno
carece de los instrumentos de política criminal suficientes para ejercer
esa función que tiene de dirección de la política interior; hemos
manifestado también la complicación del propio modelo de Ministerio
Fiscal que deriva de la Constitución y del Estatuto. Por tanto el hecho
de traer estos aspectos a debate en esta Cámara, primero a través de una
interpelación y en el día de hoy a través de una moción, lo consideramos
conveniente y lo valoramos como tal. Sin embargo no nos podemos recatar
de efectuar dos manifestaciones.
En primer lugar, por lo que se nos anuncia, también nos gustaría
pronunciarnos sobre la enmienda transaccional que tenemos presentada
informalmente, pero sobre la que no se ha manifestado en estos momentos a
la Cámara la aceptación por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros queremos indicar la inconcreción de alguno de los puntos en los
que se requiere al Gobierno para que efectúe alguna reforma legislativa;
por tanto, nos gustaría saber exactamente cuál es el sentido de esa
reforma.
En segundo lugar, atendiendo a las diferentes intervenciones de los
grupos, tanto en la comparecencia de la Ministra de Justicia, como en la
del Fiscal General del Estado, nos hemos permitido apreciar que existen
discrepancias importantes entre el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en relación al
modelo de Ministerio Fiscal, en cuanto a que sea un Ministerio Fiscal
agente, de alguna manera, de la política criminal del Gobierno, o a que
sea un modelo de Ministerio Fiscal independiente y prácticamente
dependiente, si acaso, del Poder Legislativo.
Son precisamente estas, podemos decir, diferencias que hemos apreciado
las que nos hacen tener poca fe en el contenido de la moción. Entendemos,
y así lo valoramos, que hoy se ha dado un paso más para el consenso entre
los grupos en este debate de Estado en cuanto a entender cuál es la
posición del Ministerio Fiscal, pero, al mismo tiempo, comprendemos que
la fruta no está lo suficientemente madura como para que sea remitido por
el Gobierno un proyecto o fuese remitida por alguno de los grupos una
proposición de ley a esta Cámara.
Obviamente, invitamos al resto de los grupos a seguir debatiendo, a
seguir reflexionando sobre cuál debe ser --que es lo que nos corresponde
fijar aquí, el deber ser-- la posición institucional del Ministerio
Fiscal y anunciamos, respetando, valorando y considerando las posiciones
de los restantes grupos, nuestro voto negativo a la moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega para admitir o rechazar
las enmiendas.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor Presidente, el Grupo
Parlamentario Socialista anuncia que admite la enmienda transaccional
presentada por Izquierda Unida, rechazando las demás enmiendas.
Muchas gracias. (La señora Almeida Castro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Presidente, creo que no se ha leído la
enmienda transaccional. Creí que el grupo promotor lo había hecho. No sé
si la tienen en su poder.
El señor PRESIDENTE: Agradecería a S. S. que la leyera.
La señora ALMEIDA CASTRO: Creo que la podíamos leer, porque alguna de las
cosas se han quedado.
El señor PRESIDENTE: Le agradecería mucho, señora Almeida, que lo hiciera
sin glosarla, para no abrir el debate, porque ya estamos llamando para
votar.
La señora ALMEIDA CASTRO: El Congreso de los Diputados, ante la situación
de crisis por la que atraviesa la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
crisis que se ha extendido a la organización y funcionamiento del
Ministerio Fiscal, insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses,
envíe a la Cámara las propuestas de reforma legal que estime oportunas,
donde se defina de manera precisa y clara... Es el número 1 de la
propuesta socialista.
Segundo. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente en
el plazo de seis meses a esta Cámara las propuestas de reforma legal que
estime oportunas a fin de permitir la participación de las Cortes
Generales en la elección del Fiscal General del Estado, mediante la
comparecencia del candidato o candidatos propuestos por el Gobierno ante
las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras.
Tercero. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente en
el plazo de seis meses a esta Cámara las propuestas de reforma legal que
estime oportunas, a fin de que pueda comparecer ante las Comisiones de
Justicia de ambas Cámaras el Fiscal General del Estado para presentar la
memoria anual de la Fiscalía y para su explicación, así como cuando sea
requerido para informar sobre asuntos de su competencia.
Cuarto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de
las reformas legales que resulten oportunas, que deberán ser presentadas
a esta Cámara en el plazo de seis meses, proceda a limitar a cinco años
el período de duración de aquellos nombramientos cuya propuesta
corresponde al Fiscal General del Estado.
Quinto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presente, en
el plazo de seis meses, a esta Cámara las propuestas de reforma legal que
estime oportunas, a fin de mantener la autonomía y reforzar la garantía
de imparcialidad que debe presidir la actuación del Ministerio Fiscal.
Estos son los puntos de la transaccional en los que de alguna manera
también se recoge la del propio Grupo Popular en cuanto a la limitación,
porque no hemos hablado de la no elegibilidad, sino de la limitación a
los cinco años de su nombramiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
En consecuencia, vamos a proceder a la votación de la moción, con el
texto resultante de la aceptación por el grupo proponente de la
transaccional que acaba de leer la señora Almeida.
Votación de la moción, del Grupo Socialista, sobre modelo de fiscalía y
su estatuto, en los términos resultantes de la aceptación por dicho grupo
de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 145; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS EN DEFENSA DEL INTERES GENERAL, PARA
GARANTIZAR EL COBRO DE LA DEUDA TRIBUTARIA AFECTADA POR POSIBLES
PROBLEMAS DE PRESCRIPCION, ASI COMO LOS CRITERIOS QUE HAN FUNDAMENTADO SU
ACTUACION (Número de expediente 173/000030)
El señor PRESIDENTE: Moción, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas adoptadas en defensa del
interés general, para garantizar el cobro de la deuda tributaria afectada
por posibles problemas de prescripción, así como los criterios que han
fundamentado su actuación.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Saura. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
La moción que paso a defender es consecuencia de la interpelación que
nuestro grupo parlamentario formuló la semana pasada en relación a las
medidas que el Gobierno había adoptado para cobrar la posible
prescripción de deuda tributaria, los famosos 200.000 millones de
pesetas.
Tanto nuestra interpelación como la moción que hoy presentamos a la
consideración de esta Cámara han venido motivadas por la preocupación que
nuestro grupo tiene en relación a que la acción de gobierno, las
actitudes que ha tomado, las declaraciones, la obra de gobierno en
relación a este tema, no ha situado en el centro de la acción política
como aspecto prioritario de esa acción el cobrar los 200.000 millones de
pesetas. Dicho de otra manera, pensamos que la pasividad del actual
Gobierno a la hora de tomar determinadas medidas, puede contribuir a que
los 200.000 millones se dejen de cobrar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría.
¡Señorías...! (Pausa.)
Puede continuar, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
El Gobierno efectuó la denuncia inicial el pasado mes de enero, afirmando
que la deuda estaba prescrita. El Secretario de Estado de Hacienda, señor
Costa, y después el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente Primero y
el Vicepresidente Segundo insistieron y ratificaron la idea de que no era
posible cobrar los 200.000 millones de pesetas. Posteriormente y ante la
evidencia de que sí se podían cobrar, de que no era cierto que estuvieran
prescritos, el Gobierno se instaló e intentó instalar al conjunto de la
sociedad en el terreno de la confusión: hoy se dice que está prescrito,
dentro de media hora se dice que no está prescrito, pasado mañana se dice
que es posible que esté prescrito, luego se dice que estará prescrito si
hay una segunda sentencia. En definitiva, confusión.
Creo que la propia intervención del señor Rato la semana pasada en la
substanciación de esta interpelación fue un claro ejemplo de esta
confusión. Una confusión, insisto, que a nuestro entender es querida y
decidida por el Gobierno. El señor Rato afirmó simultáneamente, con un
intervalo de varios segundos, por un lado, que la deuda estaba prescrita
para, pocos segundos después decir que el Gobierno estaba tomando todas
las medidas para cobrar la deuda. Esta importante contradicción dicha,
proclamada con pocos segundos de diferencia, en definitiva esconde el
hecho de que la deuda no está prescrita, porque, ciertamente, nadie puede
cobrar, y creo que tampoco este Gobierno, lo que está prescrito; y
tenemos un Ministro de Economía y Hacienda que dice que está trabajando
para cobrar aquello que al mismo tiempo el ministro afirma que ha
prescrito.
Por tanto, a partir del hecho de que los 200.000 millones de pesetas no
han prescrito, es necesario que el Gobierno intente garantizar el cobro
de esta deuda tributaria. Se trata precisamente de eso en esta moción, de
impulsar de forma constructiva que el Gobierno tome medidas, que hasta
hoy no ha tomado, que, de alguna manera salven de la prescripción el
conjunto de los seiscientos expedientes. Es cierto que el Gobierno ha
declarado lesiva una resolución del Tribunal Económico Central, es cierto
que ha anunciado que ha tomado medidas de mayor eficacia y eficiencia
para que los plazos no prescriban, pero lo que quisimos destacar en la
anterior interpelación y hoy queremos volver a destacar es que la medida
políticamente más importante, que la medida políticamente más contundente
para salvar de la prescripción estos seiscientos expedientes el Gobierno
no la ha tomado. Me refiero, evidentemente, a que el Gobierno no ha
tomado la medida de iniciar la tramitación para declarar nulo de pleno
derecho el artículo 31.4 del Reglamento de inspección. De forma muy breve
diré que los fundamentos para declarar nulo de pleno derecho el punto 4
del artículo 31 del Reglamento de inspección se basan, por un lado, en
que la Ley General Tributaria en su artículo 66 contempla los
procedimientos y los plazos de prescripción,
artículo 66 de la Ley General Tributaria; y que, por otro, en la misma
Ley General Tributaria, en el artículo 10, se dice claramente que la
modificación en cualquier materia de prescripción se ha de efectuar por
ley, y que, a pesar de esto, en el año 1986 el anterior Gobierno, no por
ley sino por un real decreto y mediante un reglamento, modificó la
materia de prescripción, colisionando de forma frontal con lo que
proclamaba el artículo 66 de la Ley General Tributaria. No hace falta que
explique aquí hoy otra vez que, como no podía ser de otra manera, la Ley
de régimen jurídico dice que las disposiciones administrativas que
vulneren las leyes serán nulas de pleno derecho.
Por tanto, dijimos la semana pasada y volvemos a decir hoy que el
problema de fondo en la famosa y supuesta prescripción de los 200.000
millones de pesetas no es discutir qué procedimientos se contienen en los
seis meses de prescripción, sino que el problema de fondo, el problema
político de fondo es declarar nulo de pleno derecho el artículo 31 en su
apartado cuatro.
Este, insisto, es el objeto de nuestra moción. Es decir, impulsar al
Gobierno a que tome, con el respaldo del Parlamento, una medida que aún,
de forma incomprensible, no ha tomado. En este sentido, nuestra moción
contiene dos únicos puntos. El primero ya lo he explicado, es decir,
iniciar de forma inmediata la tramitación para declarar nulo de pleno
derecho el punto 4 del artículo 31. El segundo plantea que el Gobierno
prosiga en la línea iniciada de declarar lesivas las resoluciones
administrativas que puedan, en definitiva, ir en contra de la voluntad de
cobrar la deuda tributaria, pero que en estas declaraciones de lesividad
el Gobierno invoque también la nulidad de pleno derecho del artículo que
antes he citado.
Ante estas propuestas de nuestra interpelación, el señor Rato objetó dos
tipos de argumentos. En el primero vino a decir que esto era muy
complejo. Nosotros contestamos la pasada semana diciendo que el Gobierno
no podía desistir de iniciar acciones en función de que estas acciones
fueran complejas. Por lo tanto, no voy a extenderme más. Sean o no sean
complejas administrativa y políticamente, el Gobierno tiene la
obligación, en defensa del interés general, de iniciar esta vía.
En el segundo tipo de argumentos en contra de nuestra propuesta, el
Ministro de Economía y Hacienda hacía referencia a que el Gobierno podría
incurrir en vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Nosotros
queremos decir aquí hoy que nuestra propuesta no significa ninguna
retirada o vulneración de derechos ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SAURA LAPORTA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que el segundo argumento que el Ministro de Economía y Hacienda
planteó como motivo del rechazo de nuestra propuesta era invocar la
seguridad jurídica de los ciudadanos. Decimos que con nuestra propuesta
en absoluto estamos vulnerando ninguna seguridad jurídica de los
ciudadanos, que lo que estamos diciendo es que fue precisamente el
Reglamento, en el punto 4 del artículo 31, el que vulneró la ley, que
motivó inseguridad jurídica y que, a partir de esta vulneración de la
ley, unos presuntos defraudadores han entrado a discutir el contenido de
los procedimientos en estos seis meses para intentar evadir deudas al
Fisco. Por lo tanto, no existe vulneración de la seguridad jurídica de
los ciudadanos, sino que precisamente lo que se hace es garantizar que la
seguridad jurídica de los ciudadanos, que en este sentido está recogida
en la Ley General Tributaria, se va a cumplir. Por consiguiente, esta
medida, insisto, significa situar en primer término el interés general,
el interés de la Hacienda Pública y, en consecuencia, trabajar y tomar
una iniciativa política en defensa de la seguridad jurídica del conjunto
de los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
A la moción se han presentado enmiendas por los grupos Parlamentario
Vasco (PNV), Grupo Socialista y Grupo Popular.
Para la defensa de su enmienda tiene la palabra, en nombre del Grupo
Vasco, el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo comparte la preocupación del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que está reflejada en la interpelación
urgente que presentó la semana pasada y en esta posterior moción, sobre
las medidas adoptadas por el Gobierno, en defensa del interés general,
para garantizar el cobro de la deuda tributaria presumiblemente
prescrita. Digo que compartimos esa preocupación, indudablemente, y así
se refleja en la enmienda que hemos presentado a la moción.
Desde luego no entro a valorar, de forma subjetiva, si el Gobierno tiene
interés o no, tiene voluntad o no para intentar cobrar estas deudas.
Quiero creer que tiene voluntad de preservar tanto los derechos de
Hacienda como los de los contribuyentes. Por lo tanto, estimo que en
estos momentos estará realizando todas aquellas acciones oportunas para
poder cobrar, si así es, todas las deudas tributarias. Por ello, en ese
aspecto, no quiero entrar a valorar, pero creo que no es este el debate
propicio en estos momentos. Proponer medidas legislativas como la
derogación del artículo 31 del reglamento general de inspección de los
tributos no es correcto en estos momentos. Tampoco lo es presentar
proposiciones no de ley, como ha hecho algún grupo
en la Comisión de Economía; incluso se ha pedido que se retrase la
presentación de enmiendas en el estatuto de los contribuyentes hasta que
termine la Comisión.
En estos momentos están realizando iniciativas parlamentarias varios
grupos, abriendo debates de un tema sobre el que existe una comisión de
investigación precisamente creada al efecto y solicitada por todos los
grupos. ¿Por qué abrimos más debates sobre los mismos temas? ¿Qué es lo
que se pretende con todo esto? ¿Existe verdadero interés en investigar o
no? ¿O hay otros intereses que están prevaleciendo? Son preguntas que
nuestro grupo parlamentario se está haciendo. Eso no quiere decir que no
exijamos al Gobierno que realice las actuaciones necesarias para poder
cobrar o para no dar por perdida ni una peseta, como es su obligación,
pero abrir un debate jurídico en estos momentos sobre la normativa
tributaria nos parece que no es adecuado.
Entiendo que no es ni prudente, porque, además, esto está produciendo
confusión en la opinión pública, que al final no sabe qué estamos
haciendo con todos estos expedientes. Tampoco es práctico, porque va a
dificultar enormemente cualquier modificación legislativa que vaya a
derogar el artículo 31 de este real decreto, ni va a ser efectivo, porque
no va a garantizar, a pesar de todo, que los expedientes de Hacienda se
puedan cobrar. Lo que está haciendo es crear en la opinión pública una
incertidumbre sobre qué es lo que estamos haciendo en el Parlamento con
este tema, con la comisión, con las iniciativas que estamos proponiendo.
Al final, parece ser que incluso, en unos momentos determinados, estamos
dando la sensación de que tienen que prevalecer los derechos de Hacienda
sobre los contribuyentes, y creo que esto es peligroso. En estas
propuestas parece que subyace algo de esto.
Le derogación del artículo 31 ¿tendría carácter retroactivo o no? En caso
de que lo tuviese, para hacer efectiva la derogación de los expedientes
que están en estos momentos en curso, quedaría lesionado el principio de
no retroactividad de las leyes tributarias y el principio de seguridad
jurídica.
En el debate que tuvimos hace unos días sobre el proyecto de ley de
derechos y garantías nos estuvimos esforzando en esta misma Cámara para
demostrar el interés de todos en defensa del contribuyente. Termino,
señor Presidente. Y hoy se pide derogar una norma que protege los
derechos del contribuyente, exigiendo a la administración tributaria que
sea más ágil y diligente estableciendo limitaciones a las actuaciones de
inspección. Parece que estamos en un juego de contradicciones, y esto
fuera del necesario equilibrio entre los derechos y deberes de Hacienda y
los derechos y deberes de los contribuyentes.
¿Qué pasaría si no regulamos, limitando el tiempo, las actuaciones de
inspección? ¿El problema es si han prescrito o no unos expedientes por
diferentes criterios interpretativos entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y los tribunales o radica en que esta Agencia
no tiene capacidad para tramitar con agilidad necesaria este tipo de
expedientes? Se deberían tramitar con la máxima celeridad las actas de
inspección, con independencia de los plazos de prescripción, porque,
aunque no hayan prescrito, no se pueden tener unas actas de inspección
durante tres y cuatro años.
En definitiva, estamos intentando que el Gobierno realice las actuaciones
necesarias para hacer efectivas las deudas tributarias, y eso no lo
dudamos. No estamos de acuerdo en seguir abriendo debates en un momento
en que ya existe una comisión de investigación pedida por todos los
grupos, o por lo menos apoyada por todos. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Y tampoco lo estamos
en tomar iniciativas legislativas sobre aspectos relacionados con el
objeto de esta Comisión. Mi grupo parlamentario únicamente estaría
dispuesto, si se acepta, a establecer los dos puntos que contiene la
enmienda de sustitución que hemos presentado a la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, consumiré un turno para defender, por un lado, el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista a la moción presentada por Izquierda Unida
y, simultáneamente, el texto de la enmienda de adición que mi grupo ha
presentado al texto de la moción.
Ya expresé el día pasado, en nombre de mi grupo, hasta qué punto las
mismas razones, los mismos fundamentos y similares argumentos eran los
que habían inspirado la presentación de una proposición no de ley en
idéntico sentido que la presentada por Izquierda Unida, proposición no de
ley que también será objeto de un debate posterior en esta Cámara.
El día pasado tuvimos un debate apasionante, interesante, como todos los
que sobre esta cuestión se vienen celebrando, un debate en el que tuvimos
la clarificación por parte del Vicepresidente Segundo del Gobierno de
que, a su juicio, instar la solicitud de la nulidad del artículo 31.4 del
reglamento de la inspección era tanto como solicitar la eliminación de
los derechos de los ciudadanos. El argumento no me puede parecer más
especioso, puesto que es un argumento --lo decía el señor Rato el día
pasado-- en el que, junto con la consideración política de que algunos
otros derechos, al parecer los de la mayoría de la población, debieran no
primar frente al derecho de los presuntos defraudadores,
se seguía sosteniendo que la nulidad del artículo 31.4 del reglamento de
la inspección no tenía base legal, tal y como llegó a decir el señor Rato
en algún momento de la interpelación.
Nosotros creemos que no solamente tiene amparo, sino también
justificación. Más aún, creemos que lo grave de lo que está ocurriendo en
esta cuestión, como tantas veces me han oído decir, señorías, es que en
este debate, que es a la vez económico, jurídico y político, el grupo del
Gobierno no puede ganar más que si la Hacienda pierde. El grupo del
Gobierno no puede ganar políticamente este debate más que a costa de
perder los intereses de la Hacienda, que en este caso son los intereses
de la mayoría de los ciudadanos. No puede ganar este debate sobre la
prescripción o no, sobre los expedientes, sobre el número, sobre la deuda
tributaria, más que a base de hacer dejación de los intereses, de los
derechos y de las razones jurídicas que le asisten al gobierno para
seguir reclamando esa deuda tributaria frente a quienes son, hoy por hoy,
presuntos defraudadores de la Hacienda y que, por eso, han sido
perseguidos por las vías legales, jurídicas, por parte de los servicios
de la Hacienda en el pasado.
Por tanto, es posible no solamente recurrir y declarar la lesividad de
las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo central, que, por
cierto, jamás debían haberse producido en la línea en que se ha producido
la primera, ya declarada lesiva por el Gobierno, sino que ahora lo que
queremos es que, junto con una voluntad de reclamar la lesividad de
cualquier resolución de los tribunales económico-administrativos que se
produzca y que vaya en la línea de admitir la prescripción, se declare en
todo caso lesiva una, que no había trascendido pero de la que hemos
tenido conocimiento, que se produjo dos días después de la que sí es
conocida, la de 16 de diciembre de 1996. Se trata de practicar una línea
contumaz, seria, de defensa, hasta la última peseta, de los intereses de
la Hacienda pública, jurídicamente y por las vías disponibles.
Quiero también aprovechar este turno, señorías, para defender que, frente
a lo que se nos ha dicho, frente a lo que se nos dijo durante la
discusión de la interpelación, no solamente existen mecanismos, sino que
es perfectamente posible, con la legislación, no del año 1958, ni del año
1960, sino con la hoy vigente, con la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1992, que tuve el honor, por cierto, de presentar como proyecto de ley
en esta Cámara en mi tiempo de Ministro para las Administraciones
Públicas, es posible, perfectamente posible, solicitar la declaración de
nulidad del artículo 31.4 del reglamento de la inspección, porque esa
propia ley deja vigente, en su apartado 3 de la disposición derogatoria,
aquellas normas que no hayan sido expresamente derogadas y que tengan que
ver precisamente con los procedimientos de las administraciones públicas
que no contradigan o se opogan a la presente ley. Y la doctrina
administrativa ha establecido con bastante claridad, y desde luego sin
apenas discusión, que la orden ministerial de 12 de diciembre de 1960 es
uno de los procedimientos hoy vigentes, en virtud de la disposición
derogatoria de la Ley 30/1992, para producir la declaración de nulidad.
Eso es, por lo tanto, no el régimen jurídico del año 1958, sino el
régimen jurídico del año 1997.
Y la pregunta, más allá de la descripción del procedimiento, que ustedes
conocen o lo deben conocer, que está en esa orden ministerial, es
simplemente: ¿Deben primar los intereses de los presuntos defraudadores o
los intereses generales de la Hacienda? ¿Debemos convertir, por mor del
debate político, en virtud del cual ustedes nos acusan y nosotros nos
defendemos, los intereses de la Hacienda en aquellos que deben ser
dejados de lado?
Ustedes, señorías, están diciendo una cosa muy seria y es que hay una
serie de ciudadanos que han reclamado ante los tribunales, con manifiesta
convicción de que la Ley General Tributaria establece que hay una reserva
de ley para lo que es el plazo o los plazos de prescripción y caducidad,
que no se la puede saltar ningún reglamento, ni siquiera una
interpretación de los tribunales, no obstante el hecho de que el
reglamento se haya hecho en nuestro tiempo. Señoría, tiene razón, se hizo
en nuestro tiempo, pero no se ha interpretado así hasta el año pasado.
No tienen por lo tanto ninguna razón para defender que lo que tenga que
ceder, lo que tenga que quebrar en este momento son los intereses de los
muchos millones de ciudadanos de este país, en relación con aquellos que
han encontrado un intersticio en el reglamento de desarrollo de la Ley
General Tributaria que se opone manifiestamente a la reserva de ley, al
principio de jerarquía normativa establecido en la Ley General Tributaria
y desde luego en nuestra Constitución.
Incluso si ustedes no defendieran estos argumentos hasta el final, si
pretendieran que no se pueden defender hasta el final, tendrían la
obligación de hacerlo, hasta si dudaran jurídicamente, solamente por una
buena razón, y es que, si creen que están en causa, si creen que están en
riesgo intereses por nada menos que 200.000 millones de pesetas y hay
razones jurídicas y textos legales que permiten hoy defender con uñas y
dientes ante los tribunales y por la vía civilizada esos derechos, tienen
ustedes la obligación de hacerlo.
Y si quieren hacer la crítica del Gobierno pasado o del Partido
Socialista tienen otros medios, pero no pueden hacer simultáneamente la
crítica del pasado y, a la vez, dar el espectáculo de decir, como dijo
aquí el Vicepresidente del Gobierno, que para defender los intereses de
los ciudadanos no va a producir la declaración de nulidad del artículo
31.4. Item más, cuando nos encontramos con que, a pesar de lo que acaba
de decir el Diputado Zabalía, que apoya al Gobierno, como su grupo
parlamentario, ustedes están proponiendo nada más y nada menos que, sin
haber modificado la Ley General Tributaria, sin haberse aprobado siquiera
el estatuto del contribuyente que tenemos presentado en este momento y
pendiente de discusión, se haga la modificación precisamente del
reglamento de la inspección exactamente en aquella línea que más
perjudica los intereses de la Hacienda pública. Es decir, no es solamente
que no van a defender la legislación hoy vigente, sino que pretenden que,
antes de aprobarse la legislación que la sustituya, se adopte la norma
reglamentaria coincidente con una legislación que todavía no existe y que
es exactamente la más perjudicial para los intereses de la Hacienda; una,
en virtud de la cual, sin duda alguna, los plazos harían que se
interpretase también retroactivamente el pasado en el sentido de declarar
prescritos los intereses que en este momento están en juego, los derechos
que están en juego por parte de la Hacienda.
Señor Presidente, termino. Quiero refrendar mi apoyo al texto del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catatunya en su formulación literal, en
sus dos párrafos. En el primero, porque es virtualmente coincidente con
el texto de una proposición no de ley presentada por este grupo; en el
segundo, porque insta al Gobierno a que se adopten todas las
disposiciones posibles legales en favor de la defensa de los intereses de
la Hacienda. Y creo que cuento con la aceptación por parte del portavoz
de Izquierda Unida para que a ese texto general se le añada el
específico, en virtud del cual se declarará también la lesividad de la
resolución del tribunal económico administrativo central de 18 de
diciembre de 1996.
Señor Presidente, quiero terminar con aquello por lo que he empezado. Si
ustedes no quieren declarar la nulidad del artículo 31, no podrán de
ninguna forma acreditar que están utilizando todos los medios a su
disposición para defender los intereses de la Hacienda y lamentablemente
yo tendré razón cuando digo que ustedes sólo pueden ganar políticamente
haciendo que decaigan los intereses de la Hacienda, esto es, haciendo que
prevalezcan los de los presuntos defraudadores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Eguiagaray.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señorías, desde luego,
nadie podrá decir que este Parlamento va a permanecer ajeno a la
prescripción de los 200.000 millones de pesetas, y no me refiero sólo a
lo que llevamos ya debatido, sino a lo que creo que nos espera por
debatir, porque el jueves tenemos una proposición no de ley similar, del
Grupo Socialista, en la Comisión de Economía.
Aparte de defender la enmienda que ha presentado mi grupo, yo quiero
manifestar nuestra posición ante la moción presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y además rebatir alguno de los
argumentos que han dicho algunos de los intervinientes anteriores.
Quiero hacer constar, en primer lugar, que mi grupo apoya de manera
inequívoca todas las gestiones que está realizando el Gobierno para que
se dentro de la legalidad tributaria vigente, se defiendan los intereses
de la Hacienda pública y pedimos, y así lo está haciendo el Gobierno
además, que se defiendan los intereses hasta la última peseta en la
última instancia. Esa voluntad del Gobierno y de mi grupo contrasta con
la actitud negligente --y quiero decirlo bien claro, señor Eguiagaray,
negligente-- seguida por los gobiernos socialistas.
Estamos aquí debatiendo este tema porque ha habido unas deudas
tributarias que han prescrito. (Rumores.) El portavoz de Izquierda Unida
se sigue preguntando si han prescrito las deudas. Según la doctrina
jurisprudencial dictada hasta hoy, esas deudas están prescritas y todos
los tribunales, uno por uno --y se le pierden sentencias y las van
encontrando en el TEAC de Valencia--, van diciendo que esas deudas están
prescritas y que la interrupción injustificada de las actuaciones
inspectoras durante más de seis meses producidas por causas no imputables
al obligado tributario producen los efectos de no interrumpir el cómputo
de la prescripción como consecuencia del inicio de tales actuaciones. Eso
significa que cuando los tribunales dictaminan dicen que las actas que
permanecieron más de seis meses en los cajones están prescritas.
Mi grupo va a defender que se intente cobrar hasta la última peseta y en
ese sentido estamos de acuerdo con la filosofía de la moción de Izquierda
Unida. Nosotros queremos que el Gobierno interponga todos los recursos
ante todos los tribunales para ver si algo de lo que dicen que está
prescrito puede ser cobrado y hemos presentado una enmienda, que creemos
que mejora y aclara la que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, en
la que instamos al Gobierno a que ponga todos los medios para cobrar esa
deuda tributaria.
Se están ofreciendo declaraciones de lesividad sobre resoluciones del
TEAC, que es una postura que ha tomado este Gobierno y no tomaron los
gobiernos socialistas. Es una postura que pone a las claras que nosotros
vamos a intentar cobrar esas deudas y que el Gobierno anterior no lo
intentaba.
Además, en la enmienda pedimos que haya un informe de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos del Estado, que es preceptivo para
cualquier actuación posterior sobre la nulidad del artículo 31.4.
Solicitamos que ese dictamen sea visto en el Parlamento para poder seguir
el funcionamiento que lleve a cobrar las actas afectadas. Pedimos además
que, una vez conocido el informe de la Dirección General de los Servicios
Jurídicos del Estado, se solicite a los tribunales que se pronuncien
sobre la validez del artículo 31.4.
Hay otros tres puntos en los que instamos al Gobierno a que siga
declarando lesivos todos los actos administrativos que perjudiquen los
intereses de la Hacienda pública y que se pongan los medios para que lo
que ha ocurrido no suceda ahora ni en el futuro.
Cada vez que hablamos de este tema tenemos que manifestar que es la
torpeza del Gobierno socialista, que actuó con irresponsabilidad y
negligencia en los intereses de la Hacienda pública, la que nos obliga a
debatirlo. Si se hubieran cobrado las actas en su momento no estaríamos
debatiendo aquí ahora este tema. Estamos poniendo los medios para cobrar,
pero no podemos olvidar que este debate se produce por la actitud del
Gobierno socialista, que llevó a que se dejaran de ingresar 200.000
millones por unas actas de inspección que tardaban en liquidarse mucho
más tiempo del que se fijaba en el reglamento general de inspección.
La pregunta clave es: Señor Eguiagaray, ¿por qué de cientos de miles de
actuaciones inspectoras, 800.000 decía algún miembro del Grupo
Socialista, que se instruían y liquidaban en plazo, había algunas pocas
actas, además centradas fundamentalmente en la oficina nacional de
inspección, oficina de élite donde se investigaba a los contribuyentes
con más de 10.000 millones de facturación, que se retrasaban más de 6
meses? ¿Por qué no pusieron ningún medio para que esas actas no se
retrasaran este tiempo?
Mi grupo quiere buscar fórmulas para el cobro, porque deseamos que el
sistema fiscal sea justo, que pague quien deba pagar, ofreciendo a los
contribuyentes además garantías frente a la Administración. Nuestra
enmienda lo que dice es: Hagamos lo posible por cobrar sin eliminar
garantías de los contribuyentes. Porque a veces tengo la impresión de
que, al ser descubierta la torpeza y la negligencia, quieren eliminar los
derechos de los ciudadanos con carácter retroactivo. Esto, señores
socialistas, es bastante grave.
El único plazo que tiene que cumplir la Administración tributaria en las
actuaciones inspectoras es el marcado en el artículo 31.4. Ese plazo se
aplica a todo el proceso inspector, hasta que se produce el acto
administrativo. Eso se aplicó a miles y miles de ciudadanos y supone una
garantía para los contribuyentes. Yo creo --y mi grupo así lo entiende--
que es bueno que la Administración esté sometida a plazos, que es bueno
que la Administración esté sometida a los procedimientos administrativos
y no goce de arbitrariedad. A mí me gustaría saber --y se lo pregunto al
portavoz de Izquierda Unida y al portavoz del Grupo Socialista-- si creen
que es bueno que las actuaciones inspectoras tengan un plazo para su
desarrollo y tengan un plazo de no interrupción. Desde luego, mi grupo y
yo --y lo hemos puesto de manifiesto en el proyecto de ley de derechos y
garantías del contribuyente-- creemos que es bueno que exista un plazo
para las actuaciones inspectoras --lo hemos fijado en doce meses-- y que
debe existir un plazo de no interrupción, arbitraria, por parte de la
Administración, de esas actuaciones inspectoras.
Ustedes dicen: Declaren nulo el artículo 31.4. Es un artículo de un
reglamento que hizo el Gobierno socialista, es un artículo que está en un
reglamento que firmó un ministro socialista. Es un reglamento que lleva
once años en vigor, un reglamento que se ha aplicado a miles y miles de
ciudadanos, un reglamento que está vigente y los tribunales han basado
sentencias, una tras otra, en ese artículo, y no han dicho que es nulo. A
veces, tengo la impresión --y quizá es un chascarrillo-- de que estamos
aquí como el borracho que por la noche se pega con los semáforos y por la
mañana pide que quiten los semáforos (Rumores.), porque ese artículo se
ha aplicado a miles de contribuyentes. Y ustedes quieren eliminar esa
garantía con carácter retroactivo.
En nuestra enmienda --si es aceptada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya--, nosotros pedimos que la
Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado haga un dictamen.
Vamos a poner los medios, pero yo creo que, si llegamos a declarar nulo
ese artículo, en el proyecto de ley de derechos y garantías del
contribuyente tendremos que volver a restablecer el plazo, tanto para el
conjunto de la inspección como para la prescripción de las acciones
inspectoras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Mi grupo quiere instar al Gobierno a que siga tomando las medidas para
que esto no suceda y para que la Administración cumpla los plazos.
Además, queremos aprobar cuanto antes el proyecto de ley de derechos y
garantías del contribuyente, que somete a la Administración a plazos,
plazos que dan garantías a los ciudadanos y exigen eficiencia a la
administración tributaria.
Ojalá que se pudiera cobrar algo, señor Saura, señor Eguiagaray. Nos
vendría muy bien, entre otras razones, para conseguir el objetivo de
déficit público. Pero el dinero --como ya dije al debatir la
interpelación la semana pasada-- no admite poesías. Está o no está en las
arcas públicas, y el dinero de las actas de inspección de hechos
tributarios de hace seis, siete, ocho y nueve años no ha sido ingresado
en las arcas públicas, y no lo ha sido por la negligencia del Gobierno
anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: A mi grupo --y concluyo-- le gustaría
--y en ese sentido apoyo la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV)-- que este tema se tratara en la comisión de investigación y que
ésta realizará un trabajo eficaz, para señalar las
responsabilidades del pasado y, además, proponer medidas para que esto,
que ha sido un triste espectáculo del Gobierno anterior, no vuelva a
suceder.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con el tema que se debate, nuestro grupo de Coalición Canaria
se manifiesta de la forma siguiente. No cabe la menor duda que la cifra
de 200.000 está de moda: 200.000 es el importe del déficit sanitario,
200.000 la cantidad necesaria para nivelar los sueldos de los
funcionarios, 200.000 es la cifra de promedio de reducción del paro
1996-1997, 200.000 millones es la cifra del plan de carreteras de
Canarias, 200.000 millones es el importe de los más de seiscientos
expedientes fiscales de primas únicas y de cesiones de crédito y facturas
falsas de IVA, sobre los que recae la duda de la prescripción a la hora
de su cobro.
Esos 200.000 millones fueron la causa de que este Congreso, como
consecuencia de dos peticiones, acordara el día 13 de febrero la
constitución de una Comisión de Investigación constituida por dieciséis
Diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara
y que deberán finalizar su trabajo en el plazo de dos meses. Esos 200.000
millones están siendo investigados, por otro lado, por la autoridad
judicial en el Juzgado central número cinco de la Audiencia Nacional con
acumulación de la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. Esos
200.000 millones están originando y seguirán originando, por lo que se
ve, una serie de iniciativas, preguntas, interpelaciones y mociones de
los grupos parlamentarios utilizando el Reglamento del Congreso,
iniciativas que son desde luego legítimas a todos los efectos.
Señorías, ¿no sería más eficaz, por respeto a la propia Cámara, que se
dejara trabajar a la Comisión, que se dejara de imponer interferencias a
la actuación de una Comisión de esta Cámara que tiene que presentar un
informe sereno y objetivo, con la firma de todos los grupos políticos que
integran la misma?
No voy a aportar razones porque me remito a lo que ha expresado el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros creemos que en su
momento habrá tiempo y espacio para discutir el dictamen de la Comisión.
Mientras tanto, señores, creemos que se debe mantener el silencio y el
respeto debido a la Comisión.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria estima
razonable que se retire la moción y que se espere al dictamen de la
Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
Señor Saura, tiene la palabra a efectos de expresar la aceptación o no de
las enmiendas presentadas.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos la inclusión en nuestro texto de la enmienda de adición que
formula el Grupo Parlamentario Socialista. Aceptamos también adicionar el
punto 2 de la enmienda que realiza el Partido Nacionalista Vasco, en el
sentido de paralizar cualquier modificación legislativa relacionada con
el objeto de la Comisión; no planteamos ninguna modificación legislativa
y estamos de acuerdo en que no exista modificación legislativa. En ese
sentido, nosotros pedimos el aplazamiento del debate del estatuto del
contribuyente. En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
aceptamos el punto 6, es decir, aquel punto que hace referencia a la
mejora del funcionamiento de la Administración tributaria.
En definitiva, aceptamos todos aquellos puntos que significarían un texto
de impulso del Gobierno; es decir, los puntos que aceptamos de las
enmiendas de los otros grupos, más las enmiendas de nuestro grupo, dan
como resultado un texto positivo de impulso al Gobierno, y pensamos que
perder esta oportunidad no tiene ninguna explicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre las medidas adoptadas en defensa del interés general,
para garantizar el cobro de la deuda tributaria afectada por posibles
problemas de prescripción, así como los criterios que han fundamentado su
actuación, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo
proponente de diversas enmiendas a lo largo del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a
favor, 122; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y diez minutos de la noche.