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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 65, de 11/03/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 65
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 62
celebrada el martes, 11 de marzo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:
-- De las Cortes de Castilla-La Mancha sobre reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 79.1, de 5 de febrero de 1997 (número de
expediente 127/000003) (Página 3166)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre reforma de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de las Especies Naturales de la
Flora y Fauna Silvestres. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 42.1, de 21 de junio de 1996. (Corrección de error en
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 42.2, de 4 de
octubre de 1996 (número de expediente 122/000030) (Página 3176)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre creación, en el seno de la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, de una Ponencia para el
estudio, evaluación y control de la contaminación atmosférica, así como
los efectos de ella derivados, en las zonas del Estado Español donde hay
ubicadas centrales térmicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 31, de 28 de junio de 1996 (número de expediente
162/000036) (Página 3184)
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre actuaciones
policiales a desarrollar en relación a la red informática INTERNET.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 76, de 25 de
noviembre de 1996 (número de expediente 162/000068) (Página 3191)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política general de vivienda, para garantizar a todos
los ciudadanos al acceso a una vivienda digna (número de expediente
173/000027) (Página 3197)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
materia de drogas (número de expediente 173/000028) (Página 3204)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía
(Página 3166)
De las Cortes de Castilla-La Mancha sobre reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha (Página 3166)
En representación de las Cortes de Castilla-La Mancha interviene, en
primer lugar, el señor López Carrasco, del Grupo Socialista, quien pide
el voto favorable de la Cámara a la toma en consideración de la propuesta
de reforma de su Estatuto de Autonomía, basándose en el consenso logrado
en el parlamento regional entre todas las fuerzas políticas, y deseando
que ese espíritu de consenso continúe en todo el proceso de tramitación
de la propuesta en esta Cámara. Asegura que después de catorce años de
autonomía, los castellano-manchegos se identifican hoy plenamente con su
región y aprecian la cercanía de las instituciones en la resolución de
sus problemas. Asimismo valoran la mayor participación ciudadana y
aspiran a alcanzar las cotas de autogobierno que la Constitución les
otorga, con el principal objetivo de alcanzar para todos los ciudadanos y
ciudadanas de Castilla-La Mancha un mayor bienestar social. A
continuación manifiesta que se aprecia un mayor interés en los debates
que se están celebrando en esta Cámara sobre propuestas de reforma que en
los que tuvieron lugar cuando la aprobación del Estatuto en 1982.
De la propuesta de reforma que presenta el Parlamento castellano-manchego
destaca dos apartados: por una parte, la incorporación de once nuevos
títulos competenciales y, de otra, la ampliación de la capacidad de
control de las Cortes regionales sobre el Ejecutivo.
En segundo lugar, interviene el señor Molina García, del Grupo
Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, quien expresa
su satisfacción por volver a estar en esta Cámara a la que perteneció
desde 1989 a 1991. Asimismo, pone de manifiesto la feliz coincidencia de
que en el día de hoy se esté celebrando el debate sobre el Estado de las
autonomías en el Senado. Por otra parte, resalta el hecho de que aunque
el Grupo Socialista tenga mayoría en su Parlamento, ejerciendo
legítimamente las funciones de Gobierno, y aunque no exista todavía un
acuerdo en el sistema de financiación, los parlamentarios
castellano-manchegos han sido capaces de llegar a un acuerdo para
reformar su Estatuto, lo que ha sido puesto como ejemplo por el
Presidente del Gobierno esta misma mañana en su discurso ante el Senado.
Finaliza su intervención solicitando de la Cámara el voto favorable a la
toma en consideración de la propuesta de reforma, para que cuanto antes
se traspasen las competencias y se pongan en marcha las modificaciones
necesarias.
En tercer lugar interviene, en nombre de las Cortes de Castilla-La
Mancha, el señor Molina Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Manifiesta que de aprobarse la propuesta
de reforma, ésta sería la tercera, que vendría a completar las
insuficiencias de las otras anteriores. Por otra parte, aunque Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya siempre ha abogado por un gran acuerdo de
Estado sobre el desarrollo autonómico, basado en el consenso de las
distintas fuerzas políticas de la Cámara y de los distintos territorios
que componen el Estado español, considera que hoy ése no es el objeto de
este debate, sino más bien del que se está celebrando en el Senado. Añade
que esta propuesta de reforma se basa en dos ejes principales: en primer
lugar, en las necesarias reformas institucionales, sobre todo, en lo
referente al funcionamiento del Parlamento regional, y, en segundo lugar,
en la mejora de los artículos del Estatuto de Autonomía que regulan las
competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre las
que resalta la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Pone de manifiesto que esta propuesta ha sido votada unánimemente por las
Cortes de Castilla-La Mancha, por lo que expresa su deseo de que su texto
se modifique lo menos posible, sin que esto se entienda como una
limitación a la soberanía ni a las competencias de esta Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; González Revenga, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se aprueba por 305 votos
a favor y uno en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3176)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre reforma de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de conservación de las Especies Naturales de la Flora y
Fauna Silvestres (Página 3176)
Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor
González de Txabarri Miranda, quien propone añadir en la Ley 4/1989 una
disposición adicional octava que actualice y armonice la referencia a
distintas especies cinegéticas y sus plazos de caza, haciendo balance y
armonización en relación a la aplicación que esta Ley ha tenido a lo
largo de todos estos años. Considera que la modificación que se propone
conjuga perfectamente el aprovechamiento cinegético y la conservación de
las especies sujetas a dicho aprovechamiento. Añade que no se propone
ninguna alteración fundamental del texto de la Ley, sino simplemente que
la entidad que regule la autorización de una serie de plazos y de
aprovechamientos cinegéticos se residencie, en casos determinados, en
aquellas instituciones que conocen más de cerca la problemática.
Manifiesta que, después de hacer un balance real de lo que ha pasado
desde el año 1989 hasta nuestros días, se observa que, en la práctica, la
excepción ha sido la ley y la ley ha sido la excepción, por lo que parece
conveniente trasladar la residenciación de esta competencia de los
órganos centrales del Estado a las comunidades autónomas o, en el caso de
la Comunidad Autónoma Vasca, a las diputaciones forales.
Termina su intervención agradeciendo la receptividad que los grupos
parlamentarios han mostrado a esta iniciativa y deseando que la
proposición de ley cuente con un amplio apoyo de la Cámara.
En turno en contra interviene el señor Ros Maorad, del Grupo
Parlamentario Socialista, quien muestra su perplejidad por la
presentación de esta proposición de ley, puesto que la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de conservación de las especies naturales de la flora y fauna
silvestres es inexistente en el ordenamiento jurídico español, ya que se
trata de espacios naturales y no de especies. Sin embargo, considera que
el problema de fondo que origina su postura contraria a la proposición de
ley es la modificación sustancial que se intenta introducir al hablar de
especies cinegéticas en lugar de aves migratorias, lo que, de aprobarse,
podría tener consecuencias gravísimas para la conservación de los
espacios naturales, de la flora y de la fauna silvestres.
Por otra parte, subraya que en esta misma semana se va a discutir en el
Pleno un proyecto de ley del Gobierno por el que se modifica la Ley
4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales, flora y
fauna silvestres, por lo que el pronunciarse ahora sobre esta proposición
de ley le parece muy precipitado.
A continuación, defiende la Ley 4/1989 que, según opinión de su grupo,
supuso un avance considerable
en la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de los criterios
europeos de protección de los espacios naturales, refiriéndose asimismo a
algunos aspectos de la Ley en relación con la Directiva 409/79 de la
Unión Europea. Finaliza su intervención rogando al señor González de
Txabarri que retire la proposición de ley y anuncia que, de lo contrario,
su grupo votará en contra.
Replica el señor González de Txabarri Miranda, duplicando el señor Ros
Maorad. Interviene de nuevo el González de Txabarri Miranda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Azpiroz
Villar, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 163 votos a favor,
141 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 3184)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre creación, en el seno de la Comisión
de Infraestructuras y Medio Ambiente, de una Ponencia para el estudio,
evaluación y control de la contaminación atmosférica, así como los
efectos de ella derivados, en las zonas del Estado español donde hay
ubicadas centrales térmicas (Página 3184)
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, interviene el señor Chiquillo Barber, en nombre de Unió
Valenciana, quien propone la creación de una subcomisión que estudie,
evalúe y proponga iniciativas respecto a los efectos que la lluvia ácida
produce en diversas comarcas del Estado español, en particular en Els
Ports y El Maestrat, comarcas del norte de Castellón en la Comunidad
Valenciana. A continuación, expone que el Estado español viene asistiendo
en las últimas décadas a un proceso acelerado de desaparición de masas
forestales autóctonas, debido principalmente a los incendios, a la
erosión y a otros factores medioambientales -acrecentados sin duda por la
ausencia de una verdadera política forestal-, a los que hay que añadir la
denominada lluvia ácida que procede de unos puntos muy localizados, como
son las centrales térmicas de Andorra en Teruel y As Pontes de García
Rodríguez en Galicia, ambas pertenecientes a Endesa. Seguidamente, expone
los pasos dados por la Generalitat Valenciana tendentes a que Endesa
informara de los esfuerzos adicionales que se estaban llevando a cabo
para disminuir las emisiones de azufre que se producían en la atmósfera,
y explica diversos aspectos técnicos de su proposición no de ley. Termina
su intervención solicitando la constitución de una subcomisión en el seno
de la Comisión de Medio Ambiente para que, en el plazo de seis meses y
después de recibir la información adecuada sobre la contaminación
atmosférica procedente de las centrales térmicas y las posibles zonas
afectadas, elabore un informe donde, en primer término, se analicen las
medidas adoptadas, las proyectadas y el grado de cumplimiento de las
recomendaciones y directivas de la Unión Europea y, en segundo lugar, se
propongan las medidas e iniciativas complementarias que sean necesarias
para corregir eventuales daños medioambientales.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene la señora Narbona Ruiz.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Landeta
Alvarez-Valdés, del Grupo Parlamentario Popular.
Intervienen de nuevo el señor Chiquillo Barber y la señora Narbona Ruiz.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, propuesta por el señor Chiquillo Barber, se aprueba por
unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, sobre actuaciones
policiales a desarrollar en relación a la red informática Internet
(Página 3191)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, interviene el señor Gil Lázaro. Comienza su intervención
haciendo una breve historia de las comunicaciones que nos han llevado a
las redes de comunicación digital. Añade que Internet nace, en su
momento, como un gran espacio de progreso y de libertad y su iniciativa
lo que pretende es que siga siéndolo, pero
sin perder de vista algunos fenómenos que comienzan a plantearse y que
están teniendo una incidencia negativa, como es la aparición de una nueva
forma de delincuencia que utiliza estas redes para la perpretación del
hecho delictivo. Es una delincuencia muy profesional, muy especializada,
vertebrada en grandes bandas internacionales, que tienen a su disposición
importantes medios económicos, recursos e influencias, y que está
especializada básicamente en la perpretación de delitos como el
terrorismo, el narcotráfico, el tráfico ilícito de capitales y blanqueo
de los mismos y el tráfico y explotación sexual, fundamentalmente de
menores. Afirma que la existencia de éstas nuevas formas instrumentales
de comisión del delito que se realizan por medio de un soporte técnico de
las características de estas redes de comunicación digital plantean unos
efectos multiplicadores y extensivos que dan lugar, sin duda, a alarma
social. A continuación, presenta a la Cámara una serie de ejemplos de
estas prácticas delictivas.
Considera que a la hora de dictar una respuesta legal y policial a este
nuevo tipo de delincuencia se tropieza con dos grandes dificultades: en
primer lugar, la inexistencia de una homogeneización de las legislaciones
nacionales y, en segundo lugar, la propia limitación de los recursos
públicos a disposición de los Estados frente a la no limitación con la
que cuentan las grandes bandas profesionales. Por tanto, estima que
frente a este fenómeno hay que avanzar sustancialmente en algunas líneas
como, por ejemplo, en materia de cooperación internacional, en el
perfeccionamiento de los recursos propios que cada Estado puede
interponer frente a este nuevo tipo de delincuencia, en la mejora de la
formación policial, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado de los soportes técnicos precisos, y en la mejora de los
mecanismos de coordinación entre las diversas administraciones y entre
éstas y el conjunto de la sociedad. Añade que en nuestro país ya se han
dado pasos en este sentido por el Gobierno anterior y por el actual y
expone que con su iniciativa no pretenden en absoluto agotar la cuestión,
sino, por el contrario, abrir un gran debate para la búsqueda del acuerdo
entre todos los grupos parlamentarios, conscientes de que se enfrentan,
sin lugar a dudas, al gran reto de determinar la nueva formulación del
equilibrio necesario entre la libertad y la seguridad, dejando claro, por
otra parte, que la voluntad del Grupo Parlamentario Popular es que estas
redes de comunicación digital, a pesar de la aparición de estas redes de
delincuencia organizada, sean y sigan siendo en todo caso lo que fueron
en su génesis, es decir, grandes espacios para el progreso y la libertad.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, interviene
el señor Aguiriano Forniés.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Mardones
Sevilla, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores López
de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Interviene de nuevo el señor Gil Lázaro, ofreciendo un texto
transaccional.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en los términos resultantes del debate y de la transaccional
presentada por el señor Gil Lázaro, se aprueba por 304 votos a favor y
una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3197)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política general de vivienda, para garantizar a todos
los ciudadanos el acceso a una vivienda digna (Página 3197)
Presenta la moción consecuencia de interpelación, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Fernández Sánchez. Comienza su intervención manifestando su
esperanza de que esta moción cuente con el máximo apoyo de la Cámara, por
tratarse de un problema acuciante para toda la sociedad, como es el
acceso a la vivienda de sectores muy amplios de la sociedad que, hoy por
hoy, se ven incapaces de comprar un piso por el alto valor que tienen en
este momento en el mercado. Considera que la solución a esta situación no
puede ser genérica e inconcreta, como son las medidas adoptadas por el
Gobierno y el Partido Popular, pasando a exponer su desacuerdo con alguna
de estas medidas.
Entrando ya en el contenido de la moción, explica los siete puntos de que
consta. En el primero proponen que sean el Estado, las comunidades
autónomas y los ayuntamientos los que garanticen el derecho de los
ciudadanos a acceder a una vivienda digna, cuando la iniciativa privada,
por cuestiones de precio y de mercado, no cumpla con esa función. En el
segundo punto se insta a no seguir desregulando
el mercado del suelo en línea con las medidas adoptadas el 7 de junio. En
el tercer punto se propone mantener el aprovechamiento municipal según
establece el texto refundido de 1992. En el cuarto punto se insta a
promover actuaciones urbanísticas en terreno desafectado del Ministerio
de Defensa. En el punto quinto se establecen criterios de justicia social
para un mejor aprovechamiento del gasto fiscal. En el punto sexto se
propone adoptar las medidas necesarias para aumentar la cantidad de
dinero de gasto público, y en el punto séptimo se promueve el
mantenimiento y la generación de parques públicos de viviendas en
alquiler, en parámetros similares a los de la Unión Europea. En
definitiva, con esta moción se trata de sensibilizar a la Cámara para que
se adopten las medidas que puedan incentivar y mejorar el acceso a la
vivienda de los ciudadanos de este país.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el señor Morlán Gracia.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz
González, del Grupo Parlamentario Popular.
A los efectos de manifestar la aceptación o no de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, interviene de nuevo el señor Fernández Sánchez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
se rechaza por 154 votos en contra, 141 a favor y siete abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, sobre la política del
Gobierno en materia de drogas (Página 3204)
Presenta la moción consecuencia de interpelación, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Martinón Cejas. Manifiesta que la
principal razón que llevó a su grupo a presentar la interpelación urgente
del pasado 26 de febrero fue mostrar su preocupación por la diferencia
entre lo que el Gobierno decía y lo que hacía. Considera que las acciones
concretas que el Gobierno iba tomando ponían en peligro el consenso que
se había logrado en la anterior legislatura, por lo que, en la moción que
presentan hoy a la Cámara, insisten en que es necesario el consenso en
materia de drogas con las comunidades autónomas, con las organizaciones
sociales y con las fuerzas políticas, en el marco del informe de la
Comisión Mixta de la legislatura pasada. El segundo punto de la moción se
refiere a la prevención, por lo que proponen que el Gobierno adopte las
recomendaciones que se recogen en el programa de acción comunitaria de
prevención de toxicomanía, que es una decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo. El tercer punto se refiere a las campañas de publicidad, en
las que considera se debe tener en cuenta la experiencia adquirida en las
semanas europeas de la prevención de la toxicomanía, y expresa el deseo
de que en el futuro las campañas de publicidad se sustenten en los
valores de solidaridad y libertad. Por último, proponen que la anunciada
estrategia de revisión y actualizacion del Plan Nacional sobre Drogas que
el Gobierno ha hecho se debata en el seno de la Comsión Mixta.
Para defender las enmiendas presentadas intervienen las señoras Sabanés
Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y las señoras Aguirre
Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene
el señor Martinón Cejas.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista en los
términos resultantes del debate, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:
-- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE REFORMA DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE CASTILLA-LA MANCHA (Número de expediente 127/000003)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma
de estatutos de autonomía. Debate de totalidad sobre la propuesta de
reforma, proveniente
de las Cortes de Castilla-La Mancha, del Estatuto de Autonomía de dicha
región.
Para su defensa ante el Pleno, las Cortes de Castilla-La Mancha han
designado a tres Diputados. En primer lugar, tiene la palabra el Diputado
del Grupo Socialista, don Fernando López Carrasco.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (López Carrasco):
Señor Presidente, señorías, es para mí una gran satisfacción subir a esta
tribuna en representación del Parlamento de Castilla-La Mancha como uno
de sus Diputados del Grupo Parlamentario Socialista para pedir el voto
favorable de esta Cámara a la toma en consideración de la propuesta de
reforma del estatuto de autonomía de mi región. El pasado día 8 de
noviembre de 1996 las Cortes de Castilla-La Mancha votaron por unanimidad
la aprobación de la proposición de ley de reforma de nuestro estatuto que
hoy sometemos a la consideración de SS. SS. Entre todas las fuerzas
políticas con representación en el parlamento regional, después de un año
de reuniones de trabajo, elaboramos una propuesta consensuada en la que
todos cedimos en algunas partes de nuestras posiciones de partida y
suscribimos lo que estábamos de acuerdo. Los desacuerdos, que los hubo,
se debatieron en profundidad y, al final, quedaron desplazados ante la
firme voluntad por parte de todos de que la reforma de una norma básica
en el desarrollo de nuestra convivencia política, como es el estatuto de
autonomía, sólo es posible llevarla a cabo desde el consenso, y así lo
hicimos.
A los Diputados regionales de Castilla-La Mancha nos gustaría que este
espíritu de consenso, que nosotros hemos priorizado, lo continuasen SS.
SS. a lo largo de todo el proceso de tramitación en esta Cámara. Nuestra
propuesta de reforma no sale de la precipitación ni de la improvisación;
sale más bien de la reflexión y yo diría de una madurez que entre todos
los partidos políticos del Parlamento regional hemos sabido plasmar.
Confiamos en que SS. SS. tendrán en cuenta también la voluntad unánime de
las Cortes de Castilla-La Mancha y respetarán en lo más fundamental la
literalidad del texto aprobado en Toledo.
La Constitución de 1978 es el punto de partida para Castilla-La Mancha
como comunidad autónoma. Si bien es cierto que los castellano-manchegos
nunca reivindicamos un estatuto de autonomía ni tuvimos claro hasta
entrados los años ochenta la delimitación territorial de nuestra
comunidad autónoma, hoy podemos afirmar, después de catorce años de
andadura autonómica, que los castellano-manchegos nos identificamos
plenamente con nuestra región, apreciamos la cercanía de las
instituciones de nuestra comunidad autónoma para resolver gran parte de
nuestros problemas, tenemos mayor participación ciudadana en esas
instituciones y aspiramos a las cotas de autogobierno que la Constitución
nos otorga con el principal objetivo de alcanzar para todos los
ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha un mayor bienestar social.
En el año 1982 la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha no despertó gran interés en esta Cámara; en el momento de la
votación, apenas estaban presentes una veintena de Diputados. Hoy
apreciamos mucho más interés en los debates que se están celebrando en
esta Cámara sobre las propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
Todos hemos avanzado. En 1982 no fue fácil prever el desarrollo
autonómico que hemos tenido y, en cambio, por entonces sí se plasmaron en
los textos estatutarios ciertas limitaciones y condicionantes que, a lo
largo de estos últimos años, en algunos casos han impedido el normal
funcionamiento de la actividad política en las instituciones regionales.
Por todo ello, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha se hace hoy, en 1997, necesaria e imprescindible si
queremos avanzar en el autogobierno, en la eficacia y en la cercanía a
los ciudadanos. De la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, sólo destacaría dos apartados para no extenderme
demasiado en esta breve exposición.
Por una parte, la nueva regulación competencial que se establece,
elevándose el techo competencial para Castilla-La Mancha de acuerdo con
la Constitución y el propio estatuto de autonomía. Se incorporan once
nuevos títulos competenciales, siete de los cuales corresponden a
competencias exclusivas, un título relativo a competencias de desarrollo
legislativo y ejecución y tres nuevos títulos se refieren a competencias
de ejecución, entre las que destacaría de forma fundamental la gestión de
asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Se eleva el nivel
competencial en otros once títulos, de ellos nueve pasan de ser
competencias de desarrollo legislativo y de ejecución a ser exclusivas,
destacando en este caso los títulos de régimen local, denominaciones de
origen, montes y vías pecuarias, defensa del consumidor y usuario y
colegios profesionales y corporaciones de derecho público. Se pasa a
tener competencias exclusivas en comercio interior y se asumen nuevas
competencias en protección del medio ambiente, en desarrollo legislativo
y ejecución, competencias que solicitamos para ejercerlas en la cercanía
a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, buscando la agilidad, la eficacia
y la mejor prestación de servicios a los castellano-manchegos. La
experiencia de estos catorce años nos capacitan y garantizan para la
racional ejecución de las competencias que se asumirán en su día.
El otro aspecto que quiero destacar de la presente reforma es la
ampliación de la capacidad de control de las Cortes regionales sobre el
Ejecutivo. Destacaría la ampliación de los períodos ordinarios de
actividad del parlamento regional.
Señorías, el desarrollo autonómico, en todas sus vertientes, es un reto
para todos nosotros que nos exige
talante de negociación y vías de consenso. Desde la mayoría absoluta del
Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha hemos
sabido consensuar con las demás fuerzas políticas del parlamento
regional. No dejen SS. SS. de considerar nuestra propuesta de reforma en
ese importante aspecto hoy de actualidad y de imperiosa necesidad.
Finalizo, señor Presidente, pidiendo a SS. SS. el voto favorable para la
toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Carrasco.
En segundo lugar, y por el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de
Castilla-La Mancha, tiene la palabra el Diputado don José Manuel Molina
García.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Molina García):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna, también en nombre del Parlamento de
Castilla-La Mancha, para pedirles el apoyo a la reforma del estatuto que
se aprobó y que se tiene que tramitar en el Congreso y posteriormente en
el Senado.
Intervengo, además, expresando una doble satisfacción. En primer lugar
porque he pertenecido a esta Cámara desde el año 1989 a 1991; por tanto,
intervenir de nuevo en esta tribuna me hace recordar aquella etapa en la
que pasé unos importantes e intensos momentos. En segundo lugar, para
destacar que en el día de hoy se está celebrando el debate del Estado de
las autonomías en el Senado. Por tanto, creo que es un día especialmente
importante e intenso también para la toma en consideración de la reforma
del Estatuto de Castilla-La Mancha. Esta modificación, que no es la
primera pero sí la de más contenido profundo, es fruto del diálogo, es
fruto del acuerdo. Yo quiero resaltar que en el Parlamento de Castilla-La
Mancha, como todos ustedes saben, el Grupo Socialista tiene mayoría y,
por tanto, después de las elecciones, ejerce legítimamente el Gobierno
tras el respaldo popular. Ustedes también conocen que no existe todavía
acuerdo en el sistema de financiación, con posiciones distintas, sin
embargo, hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para reformar el
Estatuto de Castilla-La Mancha. Yo creo que éste es un buen ejemplo para
aquellas posiciones políticas que puedan poner de excusa que no haya
acuerdo en el sistema de financiación para que no haya acuerdo de pacto
autonómico. Castilla-La Mancha es un ejemplo en el que, sin estar de
acuerdo en el sistema de financiación, hemos llegado a un pacto
autonómico.
El Presidente del Gobierno, don José María Aznar, esta misma mañana, en
su discurso ante el Senado, citaba el caso de Castilla-La Mancha como un
ejemplo a seguir en el que los grupos parlamentarios, los grupos
políticos, nos habíamos puesto de acuerdo para modificar el Estatuto.
Además, lanzaba un mensaje al resto de las comunidades autónomas para que
siguieran el ejemplo de Castilla-La Mancha. Por tanto, soy consciente de
que en esta tramitación que se va a seguir a partir de este momento va a
haber parlamentos autonómicos en los cuales se está iniciando la
negociación, que van a ver muy de cerca, a seguir muy de cerca el proceso
de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, porque puede ser un
estatuto ejemplo de cara a otras reformas que esta Cámara irá conociendo,
debatiendo y aprobando en el futuro.
Por todas estas circunstancias pido a todos ustedes que aprueben la toma
en consideración, que aprueben además cuanto antes la reforma del
estatuto y que tengamos ya cuanto antes esas competencias y esas
modificaciones en marcha. Yo creo que con ello también harán ustedes un
gran servicio a un ejemplo, el ejemplo en el que la sensatez y la
responsabilidad se ponen a trabajar por el futuro Estado autonómico en
las reformas pendientes para toda España.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señorías, y les pido a
todos su voto favorable. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molina.
Tiene ahora la palabra, finalmente, en nombre de las Cortes de
Castilla-La Mancha, el Diputado de Izquierda Unida don José Molina
Martínez.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Molina Martínez):
Muchas gracias.
Señor Presidente, señorías, venimos, como ya han escuchado, a presentar
una proposición de ley aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla-La
Mancha el 8 de noviembre del año pasado.
Esta sería la tercera reforma del estatuto de autonomía, si SS. SS. la
toman en consideración, como así espero. La primera fue una reforma
menor, una reforma exclusivamente para hacer coincidir las elecciones
municipales con las autonómicas. La segunda, en 1994, fue fruto del pacto
autonómico suscrito entre el Partido Socialista y el Partido Popular y
consecuencia de la Ley Orgánica 9/1992, por la cual se transferían a
Castilla-La Mancha 32 competencias, junto con el resto de comunidades
autónomas del artículo 143. De todas esas competencias, sin duda alguna
destacaban las competencias sobre educación, competencias que, por
cierto, al día de hoy todavía no ejerce la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. Aquella reforma fue, sin duda alguna, una reforma
importante pero, al menos a nuestro juicio, fue una reforma insuficiente
y, además, una reforma dictada literalmente desde un
pacto político al margen de la voluntad de la propia comunidad autónoma.
Hoy señorías, con esta proposición de ley que sometemos a su
consideración, pretendemos completar aquellas insuficiencias y
pretendemos hacerlo desde la iniciativa de las propias Cortes regionales
y de sus grupos parlamentarios, como ya han tenido ocasión de escuchar a
través de los dos intervinientes que me han precedido en el uso de la
palabra.
No es que este Diputado ni la fuerza política que represento rechacemos
la posibilidad de un gran acuerdo de Estado sobre el desarrollo
autonómico en nuestro país; es más, Izquierda Unida siempre ha abogado
por ese acuerdo. Un acuerdo basado en el consenso de las distintas
fuerzas políticas de esta Cámara y de los distintos territorios que
componen el Estado español hubiera servido, sin duda alguna, para
impulsar procesos similares a los que hoy traemos a esta Cámara en el
Conjunto de las comunidades autónomas. Hubiera servido también, por
ejemplo, para poder abordar una reforma del Senado y convertirlo en una
auténtica Cámara de representación territorial y seguramente hubiera
servido, señorías, para haber acordado un sistema de financiación de las
comunidades autónomas exento de los conflictos que padece el que ahora
mismo está vigente. Ese acuerdo en cualquier caso, al menos ésa es
nuestra posición, debería haber permitido y debería permitir que cada
comunidad autónoma exprese su propia voluntad y aspiraciones de autonomía
y autogobierno lo que, como les decía, hoy sometemos a su consideración
desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Con todo, es evidente que éste no
es el objeto del debate, más bien es el que se está produciendo en el
Senado con el debate sobre el Estado de las Autonomías.
Esta propuesta de reforma, como ya han señalado los portavoces de los
grupos parlamentarios Socialista y Popular de las Cortes regionales,
tiene dos grandes ejes. En primer lugar, aborda las necesarias reformas
institucionales, sobre todo en lo referente al funcionamiento del
parlamento regional que, como consecuencia de 14 años de autonomía,
estimamos que son necesarias para asegurar la mayoría de edad de
Castilla-la Mancha. Abordamos la limitación que el estatuto impone para
ampliar el período de sesiones, la posibilidad de la dedicación exclusiva
de los Diputados, una fórmula de disolución anticipada de las Cámaras,
acotada, como sin duda SS. SS. tendrán oportunidad de conocer; abordamos
también una combinación del número de Diputados y de circunscripciones
electorales que permita que el principio constitucional y estatutario de
proporcionalidad no sea solamente un método de cálculo, sino que sea un
principio que permita que los votos de los ciudadanos valgan igual para
todas las fuerzas políticas, por lo cual es también una propuesta muy
importante.
Y en segundo lugar, señorías, se contempla la mejora de los artículos del
estatuto de autonomía que regulan las competencias de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. El señor López Carrasco se las
detallaba. Yo coincido con él en que, sin duda alguna, la de mayor
trascendencia será la de asumir la gestión de la asistencia sanitaria de
la Seguridad Social.
Con estas nuevas competencias, señorías, Castilla-La Mancha ve
satisfechos sus anhelos de autonomía y lo hace desde el máximo respeto a
las competencias del Estado para que ejerza la función que la
Constitución le encomienda. No pretendemos, por tanto, arrancarle al
Estado funciones que éste ha de seguir ejerciendo para cumplir el mandato
constitucional de promover y garantizar un desarrollo territorial
equilibrado y un reparto justo de la riqueza, como al menos defendemos
desde Izquierda Unida; ni deseamos competencias que no creemos necesarias
para nuestra región, sin que por ello neguemos el derecho a otras
comunidades autónomas a reclamarlas y a ejercerlas.
Como les decía, señorías, esta es la reforma que deseamos, para la que
proponemos su toma en consideración en este acto, y para la que yo, igual
que los anteriores intervinientes, solicito su voto favorable.
Y, si me permiten, señorías, yo quisiera concluir con un ruego o mejor,
si lo prefieren, con un deseo. Esta es una propuesta que ha sido votada
unánimemente por las Cortes de Castilla-La Mancha, y esa unanimidad ha
sido posible porque todos los grupos de la Cámara hemos aceptado un reto:
que el estatuto de autonomía debería ser reformado por consenso, por
acuerdo de todos y cada uno de esos grupos. Ese hecho, a mi juicio,
supone un valor en sí mismo. Es evidente que todos nos hemos dejado algo
por el camino; todos hemos tenido que ceder en algunas cosas, pero esa
autoimposición que nos hicimos nos ha permitido traer aquí hoy una
propuesta que respeta lo fundamental de cada una de las posiciones de los
grupos políticos que componen las Cortes de Castilla-La Mancha. Señorías,
es evidente que esta propuesta de reforma ha de ser aprobada por estas
Cortes Generales, pero yo desearía que el texto que presentamos se
modificara lo menos posible. No entiendan este deseo como una limitación
a la soberanía ni a las competencias de la Cámara ni de cada una de SS.
SS.; entiéndanlo como el deseo de quien les habla de que los grupos
parlamentarios de esta Cámara se autoimpongan ese mismo reto, que no es
otro que el hecho de que cualquier modificación que se haga al texto que
hoy proponemos, si es que hubiera que hacerla, se haga cuando menos con
el mismo nivel de acuerdo y de consenso que fue posible en las Cortes de
Castilla-La Mancha.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molina.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de
Coalición Canaria, en primer lugar, un cordial saludo de bienvenida, de
apoyo y de solidaridad a los tres parlamentarios regionales de las Cortes
de Castilla-La Mancha, que nos han expresado la voluntad de esta
institución democrática, en el marco de la Constitución española, de
traer aquí esta iniciativa, esta propuesta de reforma de su estatuto de
autonomía.
Efectivamente, la ley 9/1982 fue, en aquel año de ilusiones para ir
construyendo la España de las autonomías que el Título VIII de la
Constitución nos decía, una antorcha de ilusión que también cogió mi
coalición, entonces en el Parlamento autónomo de Canarias, así como las
fuerzas políticas democráticas representadas en este Parlamento.
Comunidades autónomas como la de Castilla-La Mancha y la de Canarias
fueron las que en el año 1982 empezaron esta andadura con sus leyes
orgánicas, que han sido modificadas --como bien se ha recordado, por
tercera vez la de Castilla-La Mancha--, pero fundamentalmente con la
reforma que ahora se propone. Coalición Canaria va a darle el voto de
apoyo total e incondicional para la toma en consideración, en primer
lugar, por una tradición nuestra, de partido de una comunidad autónoma
dentro de la nación española, de apoyar toda iniciativa parlamentaria
autonómica; en segundo lugar, porque se hace desde un respeto total y
absoluto a la Constitución Española y en el uso de las libertades
democráticas parlamentarias que en la misma se contemplan; y, en tercer
lugar, por un motivo especial de satisfacción, al dar nuestro apoyo a su
toma en consideración y es que, como han resaltado aquí los
parlamentarios regionales de Castilla-La Mancha, viene bajo el signo del
consenso. Las fuerzas políticas parlamentarias autonómicas tenemos que
hacer la reforma de los estatutos de autonomía en el marco estricto del
consenso de todas las fuerzas parlamentarias, aunque tengamos que dejar
en el camino --como bien se ha recordado-- posiciones maximalistas de
cada una de las fuerzas políticas, porque la voluntad soberana del pueblo
y la posición que nosotros hemos de tener, como responsables políticos,
es que estos estatutos de autonomía perduren, y para ello, cualesquiera
que sean los cambios que democráticamente se vayan produciendo en los
gobiernos autonómicos, lo que tienen que permanecer es la norma, como en
el contexto de la nación española permanece su Constitución, junto a la
alternancia democrática que la voluntad soberana del pueblo impone en la
gobernabilidad de la cosa pública.
Son 14 años de Estatuto de Castilla-La Mancha, a los que nosotros aquí
damos nuestro apoyo. Se introducen modificaciones en su artículo 15,
cuando se instituye ese principio democrático de la moción de censura
--bienvenido sea al marco democrático-- para que una voluntad soberana lo
pueda expresar en el momento en que las circunstancias democráticas lo
hagan aconsejable; en el artículo 16, cuando se da entrada a la capacidad
del presidente autonómico de hacer una disolución anticipada, con las
condiciones que aquí se establecen --sin entrar en ellas, porque eso será
objeto de los debates en ponencia, Comisión y Pleno--, es una sana norma
democrática que centra la responsabilidad de la misma en el propio
presidente, como se dice en el texto, y en las fuerzas que lo apoyan
democráticamente y que tienen que hacer frente a las demandas de los
ciudadanos, sin perturbar la normal marcha de un proceso de gobierno
administrativo; y finalmente, en el artículo 17, que es lo que da entrada
a lo que ansían todas las comunidades, las fuerzas políticas y el propio
ciudadano soberano de esa comunidad: las competencias ya singularizadas y
concretas, que es donde se ejerce fundamentalmente una soberanía
administrativa y que es necesario que cada comunidad autónoma, en el uso
de su responsabilidad, lo haga.
Por cumplirse todos estos requisitos, con gran satisfacción y deseándoles
éxito en esta andadura de perfeccionamiento de los estatutos de
autonomía, desde la voz de Coalición Canaria que represento, les anticipo
nuestro voto afirmativo, de solidaridad y de responsabilidad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Vasco para dar la bienvenida a la Cámara a
los representantes de Castilla-La Mancha, a los que he escuchado
atentamente en la defensa que han hecho de la iniciativa de reforma de su
estatuto; iniciativa fruto de consenso, por el que les felicito.
Desde la creencia de que nuestro sistema constitucional establece el
principio dispositivo en materia autonómica y de que el Estado de las
autonomía querido por el constituyente debe ser de geometría variable, en
esa convicción, apoyamos su iniciativa en su paso por esta Cámara,
deseándoles la reforma de unos principios en los que, en lo que yo
recuerdo, me despertaban singular curiosidad una referencia a la que
alude su artículo 14.2, que plantea la posibilidad o la necesidad de que
el nombramiento de su presidente reciba el refrendo del presidente de la
Asamblea, aspecto éste en el que se diferencia de otros estatutos, y que
le hace idéntico en este punto al estatuto vasco.
También me ha suscitado siempre curiosidad un aspecto que no existe en
otros estatutos, que es el de la posibilidad de que exista iniciativa
legislativa por parte de los municipios, lo que ya ha sido plasmado en la
correspondiente ley de la comunidad. Menciono estos apartados porque me
parece que no tiene por qué ser
idéntico el contenido de los estatuto y que lo que ha querido el
constituyente es que cada comunidad autónoma asuma aquellas competencias
que se sienta capaz de administrar razonablemente.
Por ello, les anuncio que, como grupo, no presentaremos ninguna enmienda
por respeto a la voluntad de los castellano-manchegos, y sí les deseo
que, una vez aprobado como ley orgánica, tengan mejor suerte que la que
están teniendo otros estatutos, porque, y no es por insistir con una
afirmación constante por parte de nuestro grupo, todavía les resta mucho,
a pesar de estar aprobado desde hace años, para que podamos decir que su
contenido ha sido completado.
Así pues, recibirán nuestro apoyo en las votaciones a su paso por la
Cámara y no haremos objeto de enmiendas a lo que la voluntad
castellano-manchega ha decidido hacer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Queremos significar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la toma en
consideración de esta proposición de ley que implica, quiere o desea la
reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que nos es
presentada por las Cortes de esta comunidad autónoma.
Nuestro apoyo se basa en una larguísima tradición de nuestro grupo
parlamentario de dar apoyo, dar nuestro plácet a las modificaciones
estatutarias que comporten incremento competencial para las comunidades
autónomas en el marco que establece precisamente la Constitución de 1978,
más todavía cuando el consenso producido en este caso en las Cortes de
Castilla-La Mancha avala el texto que hoy nos sugieren sus muy dignos
representantes a través del texto que estamos debatiendo, con el
convencimiento de que el Estado de las autonomías no es algo cerrado,
sino que es algo que se está construyendo, día a día, con una voluntad
política convencida de que aquello que los constituyentes redactaron y
aprobaron es bueno para el conjunto del Estado español.
No por ello debo dejar de hacer constar en el «Diario de Sesiones»,
cuanto menos, una cierta actitud de escepticismo por parte de nuestro
grupo parlamentario sobre el futuro de esta puntual reforma, porque los
antecedentes más inmediatos en el tiempo nos indican que, cuando la toma
de posesión, el incensario funciona a toda velocidad, pero en cambio los
mismos grupos parlamentarios que in situ apoyan la reforma, aquí la
modifican a la baja. Por tanto, nosotros lo que queremos es manifestar
nuestro apoyo a la toma en consideración, no vamos tampoco a introducir
ninguna enmienda, vamos a apoyar este texto, pero, o mucho nos
equivocamos, o también esta vez nos encontraremos ante un trámite
parlamentario a la baja.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, vaya por delante el
agradecimiento a los tres portavoces de los grupos parlamentarios de
Castilla-La Mancha en la presentación de esta proposición de ley, que yo
creo es un impulso importante que puede colmar en parte ese anhelo
autonomista que todos los pueblos de España tienen en ese futuro de
participación en el Estado con mayor autogobierno para cada una de ellas.
La verdad es, señor Presidente, que nosotros venimos a esta toma en
consideración con una voluntad: votarla afirmativamente, para que sea un
paso adelante en esa voluntad de autogobierno, fundamentalmente por
cuatro razones que siempre hemos defendido en la toma en consideración de
los estatutos de autonomía, que unas veces han venido con un grado de
consenso y otras veces con otro. En este caso, nosotros nos vemos
reflejados en el nivel de consenso alcanzado, pero los cuatro niveles
son: más competencias para las comunidades autónomas, que dotan de
capacidad de equiparación a las comunidades del 151, a las que nacieron
con ese plazo de cinco años de aprendizaje, por así decirlo, que ya está
sobradamente cumplido en los 14 años de experiencia; por tanto, más
competencias para más autogobierno.
Lo segundo es más parlamento para evitar el presidencialismo, porque en
el parlamento reside la soberanía popular; un parlamento donde no
solamente se hacen leyes, sino donde va el presidente y se somete a los
controles de los propios grupos parlamentarios, un parlamento que tiene
capacidad de disolverse, un parlamento que tiene capacidad para la
regulación normativa y el desarrollo legislativo; en suma, un parlamento
con más competencias, unas autonomías donde los parlamentos priman más
que el presidencialismo. Por tanto, es un paso adelante de lo que había.
Es verdad que en todo consenso unos dejan aparte algunas cosas; siempre
que se produce un consenso alguien ha renunciado a parte de sus demandas;
pero ese grado de avance siempre es un primer paso para dar otros futuros
pasos.
Tercero, más instituciones con mayor participación, que desarrollen la
identidad de un pueblo a la hora de trabajar con su propio funcionamiento
histórico, y cuarto, más pluralidad, que el sistema electoral que
componen las distintas cámaras de representación se
asemeje a las personas que meten su papeleta de voto en la urna; es
decir, que si hay equis ciudadanos que han votado una formación política,
a la hora de contar su representación no sea equis menos tres o equis
dividido por tres, sino buscar un mayor grado de proporcionalidad para
una mayor pluralidad dentro de ese parlamento regional.
Por tanto, en este trámite nosotros venimos o bien a respaldarlo tal cual
está, puesto que hay un grado de consenso, o bien para que las
modificaciones que en la Cámara se introduzcan garanticen un proceso, un
trámite parlamentario y que no suceda como pasó con Aragón, que no sea un
trámite en donde los grupos tomamos en consideración, pero lo devolvemos
reducido en competencias, reducido en dosis de parlamento, reducido en
dosis de capacidad institucional o reducido en pluralidad. Intentemos,
por tanto, que el trámite sea el nivel que ha traído o el nivel
respaldado por consenso de todos, porque siempre que hay una propuesta
puede haber otra contrapropuesta que equilibre. En suma, nosotros podemos
entender que podríamos haber dado un paso más en algunas competencias,
pero es un paso importante que significa el acceso a la capacidad de
autogobierno que ahora mismo tienen muchísimas otras comunidades que
vienen a denominarse históricas. No obstante, nosotros estamos
convencidos de que en los temas de desarrollo institucional, en los temas
de parlamento y su capacidad de disolución o en los temas de pluralidad
podemos discutir a la hora de mejorar en el trámite parlamentario para no
reducir.
Por consiguiente, nosotros vamos a dar nuestro acuerdo general a esta
propuesta que viene de las Cortes de Castilla-La Mancha y vamos a
intentar en ese trámite, con enmiendas consensuadas o con enmiendas
parciales, que estas cuatro filosofías se vean reflejadas en él.
En todo caso, yo creo que hoy, que nos encontramos --decía un portavoz--
con el debate de las autonomías en el Senado, sería bueno que ese debate
que hay allá en la Cámara de representación territorial --o la incipiente
Cámara de representación territorial-- copiase un poco de esta filósofa,
y que las resoluciones que allí se aprobaran sobre el impulso autonómico,
sobre el proceso del Estado más federal o más federalizante, o el proceso
de un sistema de financiación más equitativo, se resolviesen también con
esta voluntad de encuentro, con esta voluntad de consenso.
En todo caso, nuestra mano está tendida para que el trámite parlamentario
no sea una frustración, sino una recuperación de ilusión para hacer más
capaz en autogobierno al pueblo de Castilla-La Mancha, al igual y a la
vez que a los demás pueblos de nuestro país.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor González Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, se somete hoy a la consideración de esta Cámara la proposición
de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Quiero
que mis primeras palabras sean de felicitación a los parlamentarios de
las Cortes de Castilla-La Mancha, que han comparecido en esta tribuna
para la defensa de la citada reforma, señores Molina Martínez, Molina
García y López Carrasco; felicitación que debe extenderse también a los
ciudadanos de Castilla-La Mancha, a su Gobierno y al presidente de la
comunidad autónoma, don José Bono. Igualmente, a las Cortes de esa
región, por el alto nivel de acuerdo y de consenso a que han llegado. El
texto de reforma del estatuto de autonomía que ha sido remitido a esta
Cámara lleva el sello de la unanimidad y esa característica sin duda
alguna hará mucho más fácil su tramitación parlamentaria.
En democracia, el debate y el desacuerdo son consustanciales con la
defensa de posiciones políticas diversas, pero no debemos olvidar que los
ciudadanos nos eligen, que depositan su confianza en nosotros. Prefieren
que lleguemos a acuerdos y desean más el consenso que el desacuerdo. Esa
cualidad --el acuerdo-- adorna el texto de reforma del estatuto de
Castilla-La Mancha. La capacidad de diálogo y de entendimiento de todas
las fuerzas políticas han dado como fruto un articulado apoyado
unánimemente y en el que el sentido institucional predomina sobre
cualquier otra consideración. La responsabilidad ante los ciudadanos, que
desean que nos entendamos, y la generosidad de todos los grupos
políticos, el no encastillarse en posiciones cerradas y la negociación
permanente, han hecho posible el texto que hoy tomamos en consideración.
La posición del Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, va a ser de
respeto y de apoyo a la iniciativa propuesta por el alto grado de
entendimiento, de consenso y de acuerdos conseguidos. El apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista a la toma en consideración de la reforma es
nuestro apoyo inequívoco a la plena consolidación de la autonomía
castellano-manchega. Y el respeto del Grupo Parlamentario Socialista es
el respeto y la consideración a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que
han hablado a través de sus parlamentarios regionales.
Desde el 10 de agosto de 1982, en que se aprobó en estas Cortes el
estatuto de autonomía, han cambiado muchas cosas en Castilla-La Mancha.
En esta región, que nace del consenso constitucional de 1978, en aquel
verano de 1982 en que se aprobó su estatuto muy pocos se enteraron de que
había sido así. Las campanas no voltearon de júbilo ni la fiesta de la
autonomía ocupó las calles de sus pueblos y ciudades. En Castilla-La
Mancha no hubo reivindicación histórica por el autogobierno, ni se
produjeron manifestaciones ciudadanas en favor de la autonomía. Agosto
de 1982
no fue un punto de llegada, un logro largamente ansiado, sino un punto de
partida. Castilla-La Mancha era una región nueva que tenía que construir
su presente e inventar su futuro. El derecho al autogobierno de la región
no era una aspiración compartida socialmente, pero sí un hito necesario,
un punto de inflexión en una larga historia de tradición centralista,
donde el centro del poder político no coincidía exactamente con el centro
geográfico. Para Castilla-La Mancha el acceso al autogobierno era
necesario para superar los déficit en infraestructuras y servicios
básicos acumulados durante muchísimos años.
A las alturas de 1982, la región afrontaba numerosas carencias y
desequilibrios. En los años sesenta y setenta, Castilla-La Mancha había
sufrido una emigración de medio millón de personas, aproximadamente, y en
la década de los setenta y ochenta se había perdido más de un punto de
participación en la renta nacional. Había, por tanto, razones objetivas
de estricta justicia que abundaban en la necesidad de ejercer a fondo las
posibilidades de autogobierno que ofrecía el estatuto de autonomía.
La autonomía era precisa por imperativos de eficacia y de solidaridad, no
de historia. Frente a la reivindicación legítima de los hechos
diferenciales de carácter histórico, basados en una lengua propia y en
tradiciones culturales específicas, el hecho diferencial de Castilla-La
Mancha era su atraso económico y su atraso social. Se precisaba, por
tanto, de la autonomía para poner en marcha energías capaces de vertebrar
y cohesionar socialmente cinco provincias sin conciencia histórica de
comunidad.
Cabe traer a colación una cita muy sugestiva de Ortega y Gasset en un
discurso en las Cortes Constituyentes, el 4 de septiembre de 1931, en el
que expresaba de forma muy precisa la necesidad del reconocimiento
político de las regiones. Decía: Yo no pido la organización de España en
grandes regiones por razones de pretérito, sino por razones de futuro.
Las dificultades desde los inicios, por tanto, eran obvias. Se hizo
entonces una encuesta, en diciembre de 1982, sobre la percepción regional
de los ciudadanos, que arrojó datos no muy alentadores: un 60 por ciento
de ciudadanos que vivían en ese territorio autonómico, no sólo
desconocían el nombre de las provincias que integraban su región, sino
también el número de éstas. Otros datos de partida no eran precisamente
optimistas: de cada 100 familias, 28 vivían de la agricultura; había 540
municipios sin recursos sociales y casi 500 pueblos carecían de una
mínima y decorosa... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González Revenga.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor GONZALEZ REVENGA: Decía que había 540 municipios sin recursos
sociales y casi 500 pueblos carecían de una mínima y decorosa instalación
sanitaria, de los más de 900 que constituyen la comunidad autónoma. La
región carecía de elementos de vertebración, red de carreteras que
cruzaban Castilla-La Mancha pero no la comunicaban, entidades financieras
exclusivamente provinciales, falta de medios de comunicación regionales,
una carencia sustancial que al cubrirse fue un logro fundamental: la
universidad regional.
Desde 1982 a 1997, transcurridos más de 14 años, la realidad de
Castilla-La Mancha se ha modificado sustancialmente. Tras las primeras
elecciones autonómicas de 1983, en las que accedió a la presidencia José
Bono, han cambiado muchas cosas en la comunidad autónoma y ha crecido
entre sus ciudadanos el deseo de autogobierno, como un eficaz sistema
para mejorar su vida y las de sus familias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías! ¡Señor De Luis! (Pausa.) ¡Señor De Luis!
¡Señor De Luis!
El señor GONZALEZ REVENGA: El estatuto de autonomía y las instituciones
regionales han sido el instrumento fundamental para que Castilla-La
Mancha no fuera sólo una entidad jurídico-formal, sino una realidad
tangible en la vida de los ciudadanos.
Donde no había historia común de sus gentes y territorios, hoy se
construye la historia ante todos ellos. Donde no existían lazos que
unieran, hoy hay sentimientos comunes. Donde no había conocimiento mutuo,
hoy existe la solidaridad. Donde no había razones o raíces históricas,
hoy existe conciencia de los problemas y, lo que es más importante,
voluntad para darles solución. Desde 1982 Castilla-La Mancha ha ido
conquistando su propia identidad y lo ha hecho sin prisas y sin pausas,
con serenidad y con fuerza y también sin complejos. Se inició así una
historia que ha dado frutos, quizá el más importante, el logro de una
conciencia regional basada en la eficacia del autogobierno.
El impulso que se pretende con la modificación estatutaria es adecuar el
marco normativo competencial a una realidad social y a unas demandas
generadas por el propio proceso autonómico. Las fuerzas políticas, las
instituciones castellano-manchegas, sus Cortes y el gobierno regional con
sus ciudadanos han conseguido que Castilla-La Mancha sea una realidad
viva, joven, con fuerza y que lucha por su futuro con el mismo ahínco que
el resto de las comunidades autónomas. Esa configuración como comunidad
se ha forjado desde el entendimiento, desde el diálogo y el consenso con
el resto de las instituciones del Estado, desde la lealtad
constitucional, desde la eficacia y la cercanía a los ciudadanos. Se ha
construido desde la defensa de sus habitantes y también desde la
solidaridad. Castilla-La Mancha justifica, día a día, su autogobierno.
La proposición de ley de reforma de la ley orgánica que ahora se presenta
va en la dirección de profundizar
en el autogobierno para mejorar la vida de los castellano-manchegos. Esta
reforma propuesta amplía el techo competencial, modificado por Ley
Orgánica de 1994, de 24 de marzo. En la reforma de 1994 se modificaron
los artículos 31, 32, 33, 35 y 37 del estatuto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González Revenga.
Señor Santos, silencio.
Continúe.
El señor GONZALEZ REVENGA: Y se incluyeron 32 nuevas competencias, como
la gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de
Seguridad Social, el Inserso, y las competencias del desarrollo
legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión. Nuevas
competencias, fruto del pacto autonómico de 1992 entre el Gobierno, el
Partido Socialista y el Partido Popular, que acercaron a las comunidades
que accedieron a la autonomía por el artículo 143 de nuestra Constitución
a los techos competenciales de las comunidades autónomas del artículo
151.
La reforma de 1994 no era una meta, sino otro punto de partida para el
autogobierno de Castilla-La Mancha. El acuerdo de 1994, suscrito por el
Partido Socialista y el Partido Popular, hoy se ensancha con la presencia
de todas las fuerzas políticas de las Cortes de Castilla-La Mancha:
Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida; un acuerdo logrado
desde la generosidad, la racionalidad y la sana ambición de conseguir
mayores cuotas de bienestar para los castellano-manchegos.
Castilla-La Mancha, con la reforma propuesta, asume más competencias; es
decir, adquiere más responsabilidad con sus ciudadanos en el objetivo de
prestarles mayores y mejores servicios. Entre las nuevas competencias
está la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que
conlleva las relacionadas con la materia hospitalaria, actualmente
desarrolladas por el Insalud.
La actual reforma, por otra parte, amplía la capacidad de control de las
Cortes sobre el Ejecutivo al eliminar las limitaciones al trabajo
parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor González Revenga, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor GONZALEZ REVENGA: Concluyo, señor Presidente.
Limitaciones contenidas en el articulado a modificar. Así, pues,
desaparecen los topes actuales de los períodos de sesiones, lo que debe
traer como consecuencia, además de una mayor actividad legislativa, un
mayor control del Gobierno regional.
Señor Presidente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista
creemos que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía es positiva
para los ciudadanos de Castilla-La Mancha porque avanza en el
autogobierno y cuenta, como elemento fundamental, con el acuerdo de todas
sus fuerzas políticas. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable a la
toma en consideración de dicha proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Revenga.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
quiero subrayar desde el comienzo la satisfacción, e incluso la alegría,
con que el Grupo Popular recibe esta propuesta de modificación del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Incluso, señor Presidente,
diría que para algunos de los Diputados que hoy nos sentamos en los
escaños del Grupo Popular, y que entonces, en 1982, ya participamos en la
elaboración de lo que fue el estatuto de la preautonomía y luego de la
autonomía, este momento es doblemente satisfactorio. Gentes como Luis de
Grandes, como Gervasio Martínez-Villaseñor o como José Alarcón saben
perfectamente lo que es la elaboración de este estatuto; y gentes como
Luis de Grandes y como yo mismo sabemos perfectamente lo que fue la
puesta en funcionamiento de este estatuto, porque tuvimos el honor y la
satisfacción de pertenecer a la primera legislatura autonómica
castellano-manchega.
Desde ese punto de vista, estoy absolutamente seguro de que todos
nuestros compañeros, como seguramente gran parte --por no decir todos--
de los miembros de esta Cámara reciben esta propuesta de reforma con una
enorme satisfacción. Porque si contemplamos lo que fue en su momento el
comienzo de la autonomía castellano-manchega y vemos cuáles son los
alcances de esta propuesta de reforma, nos damos cuenta de cómo los
castellano-manchegos han sido capaces de profundizar en el sentido de su
propio autogobierno, cómo la autonomía castellano-manchega ha llegado a
formar parte de la vida diaria de los castellano-manchegos, cómo la
capacidad de gobernarse de una manera razonable y racional es una
realidad hoy viva en Castilla-La Mancha y cómo, en definitiva, lo que en
su momento fue llegar a la autonomía sin aspavientos, hoy es profundizar
en esa misma autonomía con una total naturalidad. Y el hecho de que la
Cámara autonómica castellano-manchega, con el consenso de todos sus
componentes, haya sido capaz de someter a la consideración de esta Cámara
un proyecto de reforma augura una capacidad de mantenimiento del acuerdo,
del consenso o de las reformas necesarias, pero dentro de un amplio
sentido del consenso, para el futuro de ese estatuto. Al fin y al cabo,
hay que recordar que si bien ese estatuto y este proyecto de reforma se
trae a esta Cámara
no es únicamente por un capricho legal o constitucional, sino porque ese
estatuto, como todos los estatutos y sus correspondientes reformas,
pertenecen al bloque constitucional, y es lógico que lo entienda la
Cámara que representa la soberanía nacional. Desde ese punto de vista,
pues, bienvenida sea esa reforma, bienvenida sea su consideración y
bienvenido sea también el espíritu que la anima, porque estoy seguro de
que ese espíritu será también el que, a través de las correspondientes
discusiones en la Comisión Constitucional, imperará, para llegar, de una
manera lógica y natural, a satisfacer los deseos de la Cámara autonómica.
Yo creo también que es importante recordar cuál es el tiempo en que se
produce. No es éste el momento de criticar cuáles eran los alcances de la
primera reforma o incluso del primer estatuto; aquel estatuto
correspondía a sus tiempos, éste corresponde a los tiempos en que nos
encontramos. Y, desde el punto de vista de las reformas institucionales
que ahora se nos proponen, es lógico y conveniente que consideremos...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rupérez.
Señorías. Señor Borrell.
Puede continuar, señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Es lógico, decía, que consideremos de una manera muy positiva todo
aquello que supone una profundización en la labor de la Cámara, en el
papel a jugar por la Cámara legislativa castellano-manchega, en el papel
de control de la Cámara legislativa frente a la Presidencia, frente al
Ejecutivo, y también en las capacidades de disolución que ya se
encuentran en alguno de los otros estatutos que recientemente han pasado
por estas Cámaras legislativas.
Al mismo tiempo, es lógico también y, desde ese punto de vista,
extremadamente positivo, que se considere una adecuada ampliación del
marco competencial. En su momento tendremos ocasión de contemplar cuáles
son los datos y las consecuencias relativas de esa ampliación
competencial, pero es lógico también que en esa autonomía --que, como
decía, empezó sin aspavientos y ha profundizado en su propio ser con toda
naturalidad-- se amplíe el campo competencial. Como digo, al mismo tiempo
también es importante que tengamos en cuenta que este estatuto, en algún
sentido, va a suponer un precedente para otros estatutos que, viniendo
del 143, querrían, cada vez más, como consecuencia de las aspiraciones de
sus propios representados, parecerse al 151. A nosotros nos parece muy
importante, desde ese punto de vista, que lo que se haga con esta reforma
del Estatuto castellano-manchego sea tenido en cuenta, no únicamente a
los efectos castellano-manchegos, sino también a los efectos de los
correspondientes precedentes. Por ello vamos a prestar una atención muy
específica y muy especial a alguno de los aspectos que en esta reforma
hoy se nos somete.
Por ejemplo, se nos sugiere la posibilidad de que las provincias que
integran Castilla-La Mancha no sean exclusivamente la circunscripción
electoral, y a nosotros nos parece que esa no exclusividad de las
provincias como circunscripción electoral merece un pensamiento, por lo
menos, crítico, quizá preocupado y, a lo mejor, incluso digno de ser
enmendado. Se nos sugiere también, en el aspecto puramente competencial,
una descripción --que nosotros consideramos, por lo menos, un tanto
ambigua-- de lo que serían las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el terreno castellano-manchego. Desde ese punto
de vista, en la discusión correspondiente en la Comisión Constitucional
tendremos que realizar un esfuerzo conjunto para saber exactamente cuáles
son los alcances correspondientes.
Nos parece excelente, desde ese punto de vista, que la reforma que en
este momento se somete a nuestra consideración tenga en cuenta aspectos,
como decía antes, relativos a la posibilidad de disolución y a la
creación de unas necesidades de compatibilidad permanente entre las
elecciones parlamentarias castellano-manchegas y las elecciones
municipales.
Finalmente, señor Presidente, para nosotros es muy importante el
mantenimiento del acuerdo, de la unanimidad, si es posible, del consenso
en cualquier caso buscado con el resto de los grupos parlamentarios de
esta Cámara para debatir esta reforma del texto del Estatuto de
Castilla-La Mancha. Desde ese punto de vista, quería subrayar de una
manera muy explícita nuestra voluntad de buscar el entendimiento con
todos y cada uno de los grupos de esta Cámara, desde los minoritarios
hasta los mayoritarios, para que de la discusión final resulte un amplio
acuerdo. Primero, porque creemos que la reforma del Estatuto
castellano-manchego así lo merece. Segundo, porque creemos que el
precedente, que indudablemente va a crear, también necesita de ese amplio
consenso. Y en tercer lugar, porque ni más ni menos, señorías, estamos
ampliando de manera muy significativa lo que es el bloque constitucional,
y ese bloque constitucional hoy, como en el momento en que comenzó a
formarse, necesita de la aportación de todos, del consenso de todos, de
la voluntad de todos. Los castellano-manchegos y todos los españoles así
lo comprenderán y ciertamente lo agradecerán.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rúperez.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre propuesta de reforma procedente de las Cortes de
Castilla-La Mancha del Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad Autónoma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 305; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada y admitida la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Macha.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE REFORMA DE LA LEY
4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES NATURALES Y DE LA
FLORA Y FAUNA SILVESTRES (Número de expediente 122/000030)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, toma en consideración de
proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de las
especies naturales y de la flora y fauna silvestres.
Para su presentación, tiene la palabra el señor González de Txabarri, en
nombre del grupo proponente. (Rumores.)
Señorías, les ruego que quienes hayan de abandonar el hemiciclo lo hagan
con la máxima rapidez para que pueda continuar el desarrollo del orden
del día, y en silencio, por favor.
Cuando quiera, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Vasco presenta esta proposición de ley que solicita la
reforma de la Ley 4/1989, de conservación de las especies naturales y de
la flora y fauna silvestres, proponiendo la incorporación de una
disposición adicional octava que haga un balance en referencia...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González de Txabarri.
¡Señor Hernández Moltó! ¡Señor Belloch! ¡Señorías!
Puede continuar, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Como indicaba, el Grupo Parlamentario Vasco propone la adición en esta
Ley 4/1989 de una disposición adicional octava que actualice y armonice
la aplicación en un punto específico, cual es la referencia a distintas
especies cinegéticas y sus plazos de caza, haciendo balance y
armonización en relación a la aplicación que esta ley ha conocido a lo
largo de todos estos años.
Es bien sabido que esta ley del año 1989, que incorporaba una Directiva
del Consejo Europeo de 1979, se realizó dentro de un ambiente muy
garantista en relación a las disposiciones de flora y fauna silvestres,
que pretendía... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González de Txabarri.
Señorías, les llamo encarecidamente al orden. Sus señorías tienen una
tarde que me permitirán que les señale es especialmente lenguaraz, y les
rogaría que si han de despachar los muchos asuntos que sin duda tienen
pendientes lo hagan en el pasillo, en los despachos o en los escritorios,
pero es absolutamente imposible seguir desde la Mesa, y me imagino que
desde las tribunas, al orador con el murmullo que suscitan SS. SS. al
despachar los diversos asuntos. En consecuencia, les llamo
encarecidamente al orden y al silencio.
Puede continuar, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente,
agradezco su amparo, que también agradecerán, supongo, los portavoces que
intentan seguir los argumentos que desde el Grupo Parlamentario Vasco se
ofrecen para poder tomar en consideración esta proposición de ley.
Consideramos, en consecuencia, que la modificación que se propone de la
Ley 4/1989 conjuga perfectamente los intereses que se tratan de proteger
en su conjunto; por una parte, el aprovechamiento cinegético y, por otra,
la conservación de las especies sujetas a dicho aprovechamiento. En el
planteamiento que se realiza incluyendo esta disposición adicional se
armoniza de una manera consecuente tanto el espíritu como los articulados
de las leyes que regulan a nivel general estas leyes. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
No se propone ninguna alteración fundamental del texto articulado de la
ley; se propone que la entidad que regule la autorización de una serie de
plazos y de una serie de aprovechamientos cinegéticos se residencie, en
casos determinados, en aquellas instituciones que conocen más de cerca la
problemática a la que nos estamos refiriendo. No se trata, pues, de
ningún tipo de planteamiento, ni ecologista ni antiecologista, ni a favor
de unos ni en contra de otros, no es esa, señoría, la discusión que
centra hoy el debate. Estamos hablando concretamente de residenciar la
titularidad dominical de una serie de autorizaciones en aquellas
entidades que conocen su problemática con mayor cercanía; estamos
hablando más del principio de subsidiariedad que de otra cosa. Por ello,
no viene a colación ningún otro tipo de razones que puedan ir en contra
de la argumentación que se presenta en esta
proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Vasco, sería,
además, una equivocación plantearlo de dicha manera.
Sería conveniente, señorías, hacer un balance real de lo que ha pasado
desde el año 1989 hasta nuestros días para observar que, en el aspecto al
que nos estamos refiriendo, la práctica demuestra que la excepción ha
sido la ley y la ley ha sido excepción. Por ello, parece conveniente
armonizar los temas referidos a estas autorizaciones y trasladar la
residenciación de esta competencia de los órganos centrales del Estado a
las comunidades autónomas o, en el caso de la Comunidad Autónoma vasca, a
las diputaciones forales, y desde la propia experiencia que hemos
conocido a lo largo de todos estos años intentar dar solución a una
problemática real.
Sirva de ilustración a SS. SS. que desde que entró en vigor esta ley, y
en el caso vasco --al que nos estamos refiriendo-- se prohibió la
contrapasa de palomas, un conjunto de ciudadanos que se ve afectado
seriamente en sus intereses ha intentado --yendo de institución en
institución, entendiendo que era su derecho-- la resolución de un tema
muy tradicional, de un tema que llevaba muchos años aplicándose sin
ningún problema, desde las juntas generales de los territorios históricos
vascos al Parlamento vasco o al Parlamento Europeo, y aquí nos
encontramos intentando resolver un problema que entendemos que es de
justicia, un problema que abre puertas y resuelve dificultades, y no que,
al contrario, los vaya generando. Basta analizar la práctica de las
propias comunidades autónomas en estos últimos años para confirmar lo que
he intentado decir: que la excepción ha sido la ley y la ley, excepción.
Por ejemplo, las comunidades autónomas de Extremadura y de Andalucía
sistemáticamente, todos los años --también la de Castilla-La Mancha--,
han conocido una serie de órdenes a través de las cuales se han dado
fórmulas expansivas para poder permitir este tipo de prácticas en sus
respectivas comunidades, a veces arguyendo daños a la agricultura, otras
veces a otra serie de fenómenos naturales, pero, en todo caso, realizando
un tipo de lecturas interpretativas que llevan a dar solución a la
problemática concreta.
Según el estudio que se ha realizado tanto en las juntas generales de los
territorios históricos vascos como en el Parlamento Europeo, parece ser
que lo razonable es tramitar esta iniciativa en el Parlamento del Estado,
a fin de que se canalicen los mecanismos necesarios de autorización que
permitan que el problema encuentre su justa ubicación, y que las
entidades que conocen en el propio terreno la situación de paso de estas
aves, su situación ecológica, sean las que, en su caso, den las
autorizaciones debidas. De eso es de lo que estamos hablando, y no de
ninguna otra cosa.
A estos efectos, la propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Vasco es
la de introducir una disposición adicional octava que habla de que la
Administración competente podrá dejar sin efecto las prohibiciones
establecidas en los artículos 26.4 y 34.b), para permitir, con estas
restricciones --porque las restricciones existen, señorías--, en los
lugares tradicionales, en condiciones estrictamente controladas y de un
modo selectivo --no se pueden pedir en la redacción mayores
restricciones--, la captura, retención o cualquier otra explotación
prudente de determinadas especies cinegéticas en pequeñas cantidades y
con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de esas
especies.
En consecuencia, señor Presidente, el espíritu de esta proposición de ley
está basado en los datos de la realidad, en el ejercicio de caza
tradicional, como es la contrapasa en el caso vasco. Parece lógico pensar
que los técnicos y los organismos institucionales cercanos a los
fenómenos naturales conocen mejor y con un mayor rigor estos fenómenos,
que no los titulares de un ministerio que lógicamente consideran estas
circunstancias como menores o irrelevantes. Porque lo que se propone,
señorías, es que la administración competente en cada caso pueda
modificar los períodos de caza en base a una mayor competencia y a un
mejor conocimiento sobre cada una de las especies cinegéticas de
referencia, teniendo siempre presentes las condiciones generales
recogidas en el texto articulado de la ley, sobre el que no se produce
variación alguna.
Siendo este el espíritu de la proposición de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Vasco, sería razonable pensar que tuviera por parte de SS.
SS. el más amplio apoyo. Los distintos partidos políticos representados
en esta Cámara han tenido oportunidad en sus propias comunidades
autónomas de conocer este fenómeno. Han existido votaciones en las juntas
generales, en el Parlamento vasco y en el Parlamento Europeo con relación
a este tema.
En consecuencia esperamos --repito-- que esta proposición de ley cuente
con un amplio apoyo de sus señorías.
No quisiera terminar, señor Presidente, sin agradecer la receptividad que
los grupos parlamentarios han mostrado a esta iniciativa, y agradecer
expresamente a los señores Madero Jarabo y Azpiroz Villar que a lo largo
de los trámites previos a la presentación de esta proposición de ley
hayan mostrado la máxima receptividad para una redacción correcta y para
la resolución de un tema que quizá para muchas de SS. SS. sea muy
puntual, que no tiene mayor repercusión. No tengan la más mínima duda de
que miles de cazadores les agradecerán el voto favorable que esta tarde
puedan emitir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
¿Turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para turno en contra, tiene
la palabra el señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar, en nombre de mi grupo, una
posición contraria respecto a la toma en consideración de la proposición
de ley que hoy trae a esta Cámara el Grupo Parlamentario Vasco.
El objeto de la misma es modificar la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y
créanme que este Diputado asiste a este acto con una gran perplejidad
porque estamos ante un debate inexistente. Y digo esto porque la
proposición de ley que el grupo parlamentario presenta habla de la
reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de las especies
naturales y de la flora y fauna silvestres. Esta ley no existe en el
ordenamiento jurídico español. Cuando se corrigió posteriormente esta
redacción yo pensé que iba a aparecer la expresión correcta de espacios
naturales, no de especies sino de espacios, que es una cosa muy distinta.
Me llama la atención que el 4 de octubre, a pesar de aparecer una
corrección de errores de esta proposición de ley en el Boletín Oficial de
las Cortes, no afecte para nada y se vuelva a hacer referencia, insisto,
a una ley inexistente en nuestro ordenamiento. Pero sí se introduce en
esos momentos un aspecto que modifica sustancialmente lo que era el
origen del problema, cual es que en lugar de hablar de aves migratorias
se empiece a hablar de especies cinegéticas. Por tanto, cambia totalmente
el sentido de esta ley que está planteada erróneamente y no sólo se
refiere, como aquí se ha expresado, a unas aves migratorias en contrapasa
hacia Europa, a finales del invierno, sino que se refiere a todas las
especies cinegéticas.
Por consiguiente, hay que tener mucho más cuidado. No es una proposición
de ley menor la que hoy trae aquí el Partido Nacionalista Vasco y, desde
luego, de aprobarse puede tener consecuencias, como intentaré demostrar a
la Cámara, importantes para la conservación, eso sí, de los espacios
naturales y de la flora y de la fauna silvestres. Lamentablemente, el
orden del día vuelve a insistir en que se trata de modificar la ley de
especies naturales, de flora y fauna silvestres. No insistiré más, pero
me parece que queda demostrado con esta confusión que no es una ley que
se traiga aquí desde una vertiente proteccionista, sino puramente desde
una vertiente de hablar de las especies que pueden o no ser cazables.
Nosotros pensamos que la Ley 4/1989 emana directamente del artículo 45 de
la Constitución, que establece claramente que todos tienen el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo. Es el punto de partida para cualquier
ley que en este país quiera hablar seriamente de la conservación de la
naturaleza. Pero hay otras cuestiones que tampoco me parecen menores
aunque lo puedan ser, y es que esta misma semana, señorías, tendremos
ocasión de discutir en este mismo Pleno, y por tanto en este mismo orden
del día, precisamente la propuesta del Gobierno de modificación de la Ley
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres. Se me antoja mucha precipitación venir hoy aquí, cuarenta y
ocho horas antes de discutir una ley de ámbito mucho más general que trae
el Gobierno a esta Cámara, digo que se me antoja muy precipitado que hoy
y en este momento del Pleno haya un pronunciamiento sobre un aspecto muy
concreto y determinado de esa ley que deberíamos discutir de forma
bastante más tranquila el jueves por la mañana pero dentro, como digo, de
este mismo Pleno. Sólo se me ocurre decir con todo cariño, señor
Fernández de Txabarri, que usted manda mucho, porque es difícil que un
grupo parlamentario mayoritario admita incluir su propuesta al mismo
tiempo que se va a discutir una ley de ámbito mucho más extenso que la
suya. Yo le felicito por lo que usted manda, señor Fernández de Txabarri.
(Rumores.) En este sentido, me parece que sería lógico dar prioridad,
desde el punto de vista parlamentario, a la ley del Gobierno. Digo yo,
pero no parece así, y en estos tiempos clónicos que estamos viviendo
vamos a asistir al debate de dos leyes iguales o parecidas al mismo
tiempo y en el mismo Pleno, defendidas por los mismos en las mismas
direcciones, lo que me parece que no va a contribuir a clarificar el
aspecto en el que entraré a hablar a continuación. Por tanto, los tiempos
clónicos nos están contagiando realmente.
Como le decía, también me preocupa, señor Presidente, que en la
corrección del error al que antes he hecho referencia ya no se hable de
un aspecto determinado sobre el cual se ha incidido desde la tribuna,
como es la contrapasa de la paloma en los Pirineos, sino que se haga
extensivo a la generalidad de especies cinegéticas.
No quisiera desaprovechar la ocasión de decir alguna cosa sobre esa ley a
la que usted ha hecho referencia, la Ley 4/1989, que indudablemente
supuso un avance muy considerable en la incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico de los criterios europeos de protección de los
espacios naturales, que a lo largo del tiempo ha demostrado ser un
instrumento eficaz en esa protección, y que desde luego ha supuesto un
hito importantísimo en todo el movimiento ecológico de nuestro país. Esta
ley ha funcionado bien, porque, señorías, en estos momentos deben conocer
que en España hay 700 espacios protegidos, derivados precisamente del
desarrollo de esta ley. ¿Que no se desarrolló totalmente? De acuerdo.
Hubo unos recursos ante el Tribunal Constitucional y no tuvo el
desarrollo reglamentario oportuno, pero no podemos negar que ha sido una
ley muy eficaz, un instrumento muy útil, hasta tal punto que si
pusiéramos las cosas en sus justos términos tendríamos que reconocer que,
de toda la ley, el Tribunal Constitucional solamente considera
inconstitucional la adicional quinta y el artículo 35.b) y que el resto
de los artículos, el resto de las disposiciones adicionales, son
consideradas constitucionales por el propio tribunal.
La ley que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) trae hoy a la Cámara
para su toma en consideración pretende dos cuestiones que me parecen de
gran importancia. Según reza el propio texto de la ley, la Administración
competente podrá dejar sin efecto las prohibiciones establecidas en los
artículos 26.4 y 34.b). Esto, dicho así, sólo suena a dos artículos,
pero, señorías, ustedes tienen que saber que esos dos artículos quizá son
los de aspecto más general, más genérico, en cuanto a lo que es la
protección de las especies en la Ley 4/1989. El artículo 26.4, que esta
ley pretende dejar sin efecto, dice: Queda prohibido dar muerte, dañar,
molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres y,
especialmente, a los comprendidos en algunas de las categorías enunciadas
en el artículo 29. Esas categorías, señorías, son las aves que están en
peligro de extinción, aquellas que son sensibles a la alteración de su
hábitat, las vulnerables y las de interés especial. No se puede, por
intentar solucionar un problema, crear otro problema de mucha mayor
dimensión. El artículo 34, para cualquier cazador --y en las bancadas veo
algunos-- es un artículo que va a misa, porque dice: Queda igualmente
prohibido con carácter general el ejercicio de la caza durante las épocas
de celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso
hacia los lugares de cría en el caso de las aves migratorias.
Al intentar con esta ley dejar sin efecto estos dos artículos, que,
insisto, seguramente son los más generales dentro de la Ley 4/1989 y con
una definición de mayor protección hacia las especies, nos encontraríamos
con que, con el objetivo de solucionar un problema que yo puedo
reconocer, el de la contrapasa, estaríamos invirtiendo todo lo que ha
sido la filosofía de conservación: todo sería cazable excepto alguna cosa
que no lo sería. Ahora, nada es cazable salvo las excepciones. Esto,
señorías, habría que pensárselo antes de responder al llamamiento que
hacía el señor Fernández de Txabarri desde esta tribuna. (Varios señores
Diputados: González de Txabarri.) Perdón; pido disculpas. Quería decir el
señor González de Txabarri.
Hay otra cuestión a la que hacía referencia el Diputado del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), y es que hay una polémica a la que tampoco
podemos ser ajenos: que este asunto no está claro en Bruselas, no está
claro en la Unión Europea. Efectivamente hay una directiva de aves que
dice: Cuando se trate de especies migratorias, velarán en particular por
que las especies a las que se aplica la legislación de caza no sean
cazadas durante su período de regreso hacia los lugares de reproducción y
los Estados miembros tramitarán..., etcétera. Por tanto, hay una
prohibición clarísima en la Directiva 79/409 en el sentido de que las
aves migratorias no pueden cazarse en los movimientos de regreso hacia
los lugares de nidificación, que en España se efectúan aproximadamente
cuando comienza la primavera. Es cierto que ha habido un intento de
modificar esta directiva dentro de la Unión Europea, pero lo que no es
cierto es que se haya aprobado tal modificación. En el año 1994, para
solucionar el problema a que hacía referencia el Diputado de Grupo
Parlamentario Vasco, se formula una propuesta de modificación de la
Directiva 79/409 que, en lugar de prohibir la caza de las aves
migratorias en su regreso hacia los lugares de nidificación, dice: Cuando
se trate de especies migratorias, velarán en particular por que las
especies a las que se les aplica la legislación de caza no sean cazadas
durante el período de reproducción. Los Estados miembros velarán,
asimismo, por que dichas especies estén protegidas durante el trayecto de
regreso hacia su lugar de nidificación. Pero esta modificación de la
Directiva 79/409 no ha sido aprobada, y no lo ha sido porque no hay un
mismo criterio en Bruselas entre los representantes de medio ambiente y
los representantes de agricultura. Los representantes de medio ambiente
han conseguido en Bruselas que haya una prioridad en los derechos de las
aves migratorias, como tales aves en camino de reproducción, sobre los
derechos del disfrute de la caza. Eso es evidente, pero en estos momentos
no hay nada claro en Bruselas porque, por una parte, medio ambiente
quiere que en todos los países de Europa, el día 31 de enero, concluya el
período de caza para las aves migratorias, mientras que el Comisario de
Agricultura está intentando que durante los cuatro fines de semana
siguientes al mes de febrero puedan cazarse todavía esas aves. Pero no se
ha aprobado y en estos momentos está pendiente de que la Comisión decida.
Por tanto, si por una parte se va a presentar dentro de muy pocas horas,
en este Congreso, el proyecto de ley del Gobierno, que será mucho más
extenso que esta rectificación y corrección puntual que hoy presenta el
Grupo Parlamentario Vasco; si además de eso hay un auténtico peligro,
caso de aprobarse la supresión de los artículos 26.4 y 34.b) de la Ley
4/1989, que son los que más claramente definen a las aves y a las
especies de caza, me parece que esas dos razones serían suficientes para
--y desde luego mi grupo lo va a hacer-- votar en contra de la toma en
consideración de esta proposición de ley, añadiendo algo más: que no
estamos en absoluto en la cerrazón del no diálogo, que a partir del
proyecto de ley que presente el Gobierno estaremos en condiciones de
poder discutir con mayor profundidad estos aspectos porque hay cuestiones
que no están claras. La directiva a que he aludido varias veces permite,
en su artículo 9, una serie de excepciones. Habrá que ver qué tipo de
excepciones y habrá que concretarlas, sobre todo con determinados y
estrictos controles.
Creo que la contrapasa ya ha pasado, por lo que rogaría al señor González
de Txabarri que retirara esa proposición de ley, aunque creo que no lo
hará. No estamos en absoluto cerrados a discutir, pasado mañana
exactamente, en un proyecto de ley mucho más general, algunas cuestiones
que hoy puedan quedar pendientes. Por tanto, señor Presidente, mi grupo,
como
he manifestado, votará en contra de la tramitación de esta proposición de
ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ros. (Aplausos.)
El señor González de Txabarri tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Le veo sin argumentos, señor Ros. A mí no me preocupa que confunda mi
apellido. Creía que estaba refiriéndose a otro Diputado. Me halaga que
crea usted que mando mucho. Lo que veo es que además de argumentos le
faltan datos reales. La reforma de esta ley no está contemplada en el
orden del día del Pleno del jueves próximo, como podrá comprobar mirando
el orden del día, dado que han existido redacciones de enmiendas a dicho
proyecto de ley y el texto del proyecto está remitido. Existen
posibilidades parlamentarias técnicas de abordar esta situación. Toda su
argumentación se basa en que en el orden del día de hoy la palabra
espacios aparece como especies, pero podrá comprobar que en los textos
originales de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) aparece siempre la palabra espacios. Confundiendo apellidos y
dando relevancia a la alteración de una vocal ha consumido usted
prácticamente la mitad del tiempo. La otra mitad la ha dedicado a
reiterarnos una hoja azul que nos han puesto en los casilleros y que los
ecologistas estaban repartiendo a lo largo de la mañana. Ha ido usted
desgranando uno a uno los argumentos de esta hoja azul suscrita por
distintos grupos ecologistas y repartida a los grupos parlamentarios.
Ninguna novedad, señor Ros, poca argumentación y la constatación de que
los que mandan en algunos grupos parlamentarios son grupos ecologistas
que imponen sus criterios por encima de las prácticas parlamentarias y la
autonomía de los grupos parlamentarios.
Usted ha hecho referencia a la misa, señor Ros. Lo que no se puede es
estar en misa y repicando. Ustedes en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en la Comunidad Autónoma de Andalucía han encontrado a lo
largo de todos estos años subterfugios para saltar la legalidad y para
permitir que aquello que es razonable sea razonable. Aquí nadie plantea
que la excepcionalidad sea con carácter general a los artículos de esa
ley. Se acepta el texto del articulado tal y como está. Lo único que se
indica es que la Administración competente podrá levantar esas
prohibiciones dentro de una serie de restricciones. ¿O va a resultar que
el Ministerio de Medio Ambiente es más competente, más ecologistas o más
defensor de esos espacios naturales que las comunidades autónomas? ¿Pero
en qué país vivimos, señor Ros? Es que aquí parece que existe un
escalafón donde lo más es siempre el Estado, lo plus parece que se
residencia siempre en las instituciones del Estado. Usted ha indicado que
entiende razonable que el tema de la contrapasa se resuelva. Aborde
posturas políticas que conduzcan a que en un tiempo razonable y dentro de
la reforma general que el Gobierno plantea de esta Ley 4/89 pueda
abordarse este problema también. Parlamentariamente eso se ha hecho de
muchas maneras en esta Cámara, y en la ponencia de la Comisión de Medio
Ambiente puede resolverse ese tema.
En esta Cámara se da mucha importancia, señor Ros, a ser europeos. Este
Diputado vive a 20 kilómetros de la frontera, entre comillas, con
Francia. Allí los plazos son mucho más amplios, y son europeos y serán
ecologistas. Le voy a decir más, señor Ros, dan subvenciones por cazar
algunas de estas palomas que son consideradas como plagas. Si coge la
referencia de las comunidades autónomas de Extremadura, de Castilla-La
Mancha y de Andalucía, podrá observar que estas comunidades autónomas han
encontrado subterfugios legales para poder ampliar estas situaciones. Lo
que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) pretende, señorías, es que en
este Estado seamos serios de una vez, que no estemos en misa y repicando,
que no se haga una legislación y luego se busque la forma de que por
daños a la agricultura, por fenómenos naturales, las excepcionalidades
vayan encontrándose con toda comodidad. Es la hora señor Ros, de ser
serios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias señor Presidente.
Señor González de Txabarri, aquí, en esta tribuna, cada uno se administra
el tiempo como quiere; si a usted no le gusta lo siento.
He de decirle que ni este parlamentario ni mi grupo se avergüenzan de
coincidir con políticas de conservación de la naturaleza que emanan de la
Unión Europea y que son defendidas por movimientos ecologistas. Yo no sé
por qué usted me lo echa en cara como si fuera algo pernicioso. Me parece
bueno que los partidos políticos estemos en contacto con la realidad.
Igual que usted conoce una realidad, nosotros conocemos otra. Por tanto
no veo qué tiene de peyorativo coincidir con directivas comunitarias y
con algunos planteamientos de algunos movimientos ecologistas, en
absoluto. Pero no es la cuestión; la cuestión es que usted mezcla todo.
Yo le he dicho que hay una cuestión que se podrá resolver en el ámbito
europeo casi con toda seguridad porque hay una modificación de la propia
directiva, que está aparcada, en la que se dice que en determinados
momentos con determinadas especies, con determinadas limitaciones, en
determinadas condiciones en los países miembros, cuando esa modificación
sea así, siempre comunicándolo a la Comisión, se podrá realizar ese tipo
de caza. Yo comprendo que hay una situación,
si quiere, muy incómoda, porque según en qué parte del monte está el
cazador puede disparar o no a una paloma. Es una realidad que ustedes
están viendo. Pero lo que usted, señor González de Txabarri, plantea es
el camino equivocado. Usted quiere resolver un problema y crea otro
muchísimo más grande. Porque no me negará, y ahora no es una cuestión de
que usted llame a la ley de conservación de espacios naturales de
especies naturales, que eliminar que queda prohibido dar muerte, dañar y
molestar o inquietar intencionadamente animales silvestres y
especialmente los comprendidos en algunas de las categorías enunciadas,
que son precisamente las más sensibles, no es una manera muy expeditiva y
extraordinaria de resolver el problema. Y usted dice aquí --y este papel
no es azul ni es de nadie, es el Boletín de las Cortes--, que la
Administración competente podrá dejar sin efecto las prohibiciones
establecidas en los artículos 26.4, y eso es lo que dice el artículo
26.4. Nosotros no estamos de acuerdo y lo tiene que entender. Y tampoco
podemos estar de acuerdo, para terminar, con el 34,b), que dice nada
menos que queda igualmente prohibido, con carácter general, el ejercicio
de la caza durante las épocas de celo, reproducción y crianza. Que este
artículo desapareciera de la ley, a nuestro juicio, sería muy
perjudicial. Yo no digo en qué momento procedimental hay que hacer las
cosas, pero sí he de decirle que tendrá que reconocer, al menos, que no
deja de ser curioso que en una misma semana haya una propuesta de
modificación muy puntual sobre una ley que unas horas después va a tener
un tratamiento y un debate mucho más general. Lo debe entender con todos
mis respetos, señor González de Txabarri.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ros.
Señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Entiendo perfectamente esos argumentos, señor Ros. La cuestión es que
tienen solución parlamentaria. Como sabe, las proposiciones de ley se
presentan en el Pleno de la Cámara siguiendo el turno de presentación. El
Grupo Parlamentario Vasco no ha elegido arbitrariamente la fecha del
martes 11 de marzo para realizar esta defensa de esta proposición de ley.
Es el Reglamento de la Cámara el que trae a colación hoy esta proposición
presentada en el mes de junio del año pasado. Que en el ínterin el
Gobierno haya presentado una reforma más global de la ley posibilitará
que en los trámites de la Cámara, en la ponencia que a tal efecto se
constituya, se armonicen los intereses que pueda tener el Gobierno y los
intereses de otros grupos parlamentarios en orden a reformar esta ley en
su conjunto o en un texto articulado, como se indica aquí.
Yo entiendo, señor Ros, que en sus argumentaciones hace trampa. Yo puedo
estar de acuerdo en las argumentaciones que usted ha manifestado. Lo que
pasa es que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco no dice
lo que usted ha manifestado. Dice que, con restricciones determinadas y
que están expuestas en el articulado de esta disposición adicional
octava, la Administración competente podrá; lo que no dice es que lo
deberá hacer. No me vaya usted a confundir los verbos podrá y deberá; son
dos verbos completamente distintos. Y entenderá que, al norte o al sur de
los Pirineos, el que se pueda cazar un metro más allí y no un metro más
aquí es una circunstancia lamentable. En su argumentación cita las
directivas europeas. ¿Es que Francia no cumple las directivas europeas?
¿Es que los plazos que para este tipo de caza establece el Gobierno
francés son distintos? ¿Por qué no me ha respondido, señor Ros, a ninguna
de las interpelaciones que le he hecho sobre la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha?
Da la impresión, señor Presidente, de que seguimos haciéndonos trampas.
No quisiéramos que las trampas sean en el solitario. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Para un turno de fijación de posición tiene la palabra, en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria respecto a esta proposición de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco. Es sabido que la caza, debidamente regulada,
constituye una actividad que contribuye a mantener el equilibrio de la
vida silvestre animal. La problemática que la regulación y gestión que la
caza conlleva exige tratamientos singulares a la realidad de cada
territorio, y de ahí que las competencias en esa materia correspondan a
las comunidades autónomas. Sin embargo, la normativa estatal básica en
materia de medio ambiente, y concretamente de vida silvestre, vincula la
normativa y las actuaciones que en esta materia puedan realizar las
comunidades autónomas. En ese marco se incardina la proposición de ley
sobre reforma puntual de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, que propone el
Grupo Parlamentario Vasco. Dicha proposición de ley pretende añadir una
nueva disposición adicional a la norma citada, conforme a la cual las
administraciones competentes en materia de caza puedan enervar la
prohibición de cazar en determinadas épocas --celo, reproducción,
crianza, inmigración a lugares de cría-- que precisan de una garantía
especial para evitar la desaparición de las especies.
Hablamos, por tanto, de situaciones sensibles para los animales que
pueden ser objeto de caza. De ahí que cualquier decisión legislativa
sobre este tema exige ser restrictivo. En términos generales, entendemos
que la proposición de ley, con su redacción, satisface ese carácter
restrictivo al condicionar la posibilidad de cazar en esas épocas a
lugares tradicionales y condiciones controladas de modo selectivo. Se
trata, pues, de que las administraciones competentes, de forma limitada
por la ley, puedan enervar la prohibición del artículo 34.b) de la Ley
4/1989. La referencia que la proposición de ley hace al artículo 26.4 de
la citada norma entendemos que no hace al caso, dado que dicho artículo
establece una disposición general de protección de los animales
silvestres que no impide que se establezcan disposiciones específicas en
relación con la caza.
En consecuencia, señorías, anunciamos el apoyo del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
intervenir desde el escaño.
Nuestro grupo también está de acuerdo en la aceptación a trámite de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, en la que
se pretende la modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Estamos de acuerdo con su filosofía en lo que se refiere al tema de la
descentralización de las competencias ya que a estas alturas no podemos
pensar que las comunidades autónomas tengan menos conciencia ecológica
que el Gobierno del Estado, sobre todo porque la ley que se pretende
modificar es una normativa que en todo caso no es ningún modelo de
descentralización, hecho que ha comportado que el propio Tribunal
Constitucional se haya visto en la obligación de pronunciarse y el
Gobierno del Estado a proponer su modificación. Otra cosa diferente es si
la propuesta de modificación que ha presentado el Partido Nacionalista
Vasco tiene una redacción adecuada o no; en todo caso no podemos
adelantar el debate y eso lo veremos en los próximos días.
Resumiendo, tenemos encima de la Mesa la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Vasco y, paralelamente, la modificación de la ley, a
propuesta del Gobierno, a través de un proyecto de ley.
Nosotros creemos que, desde el punto de vista lógico, sería bueno que esa
proposición de ley que nosotros votaremos afirmativamente, tuviese un
trámite paralelo al proyecto de ley cuya enmienda a la totalidad
debatiremos el jueves.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Cuando se empieza a hablar en esta Cámara de leyes reglamentistas,
dirigistas, empiezo a temblar y, en este caso concreto, con una ley de
protección de determinadas especies, empiezo a temblar por las palomas
torcaces y por toda serie de especies que en la contrapasa del mes de
febrero van a tener que sufrir los efectos, si se aprueba así, de una ley
que va a ser lesiva para los intereses de estos animales y, en
definitiva, de toda la sociedad.
Lo contrario de reglamentismo y dirigismo es permisividad. Yo creo que en
este caso ya hay bastante permisividad, señoras y señores Diputados,
señor González de Txabarri, hay bastante permisividad ya, hay mucha manga
ancha en todo, incluso con la ley, y usted quiere introducir más
permisividad en todo eso.
Usted dice que el Gobierno del Estado o el Gobierno de la comunidad
autónoma sabrá más o sabrá menos, o que los partidos políticos no deben
dejarse impresionar por el movimiento ecologista. Ese papelito, que usted
dice que ha repartido el movimiento ecologista esta mañana, no yo,
firmado por la Sociedad Española de Ornitología, que, como usted sabe, es
una asociación de bird life a nivel internacional, hace unos cuantos
meses, en el mes de septiembre, nos envió una comunicación muy bien
argumentada en relación a lo que se estaba tramando, en el buen sentido
parlamentario, por parte de su grupo parlamentario.
El movimiento ecologista Seo-Bird-life, la Coordinación y Organización en
Defensa del Ambiente (CODA), Asociación de Defensa de la Naturaleza
(Adena), Greenpeace, Aedenat, Consejo Ibérico en Defensa de la
Naturaleza, Fondo del Patrimonio Natural Europeo, Fondo Ibérico para la
Conservación de la Naturaleza, y Amigos de la Tierra, son prácticamente,
la flor y nata de la gente que en este país y fuera de este país, a
través de las organizaciones internacionales, sigue con rigor y de forma
científica lo que está ocurriendo en toda una serie de temas. Es la gente
que lo sigue. Más adelante, las organizaciones políticas que normalmente
tenemos que ir a rueda de esta investigación y de este desarrollo
científico de la solución de algunos de los problemas que tenemos
planteados.
El sexo de los Estados o el sexo de las comunidades autónomas, de las
naciones sin Estado, es un sexo plural, un sexo diverso, en el que puede
haber de todo. Lo que pasa es que el sexo de la investigación rigurosa y
científica de los fenómenos que producen problemas para el conjunto de la
sociedad es otra historia porque
es el análisis riguroso, aunque muchas veces también se equivocan y
tienen que corregir en estos análisis.
Por ello, nosotros pensamos que tal como están las cosas, y en el marco
del debate de la ley que vamos a ver el próximo jueves, mejor sería, de
cara a buscar un consenso analizado rigurosamente y que tenga en cuenta
las elaboraciones que ha hecho el movimiento ecologista, que en este
momento concreto tuviésemos una prudencia abstencionista en relación a su
ley sin negarnos a ella --nosotros votaremos en contra naturalmente--. En
todo caso veríamos esto con una reflexión más a fondo de todos los
fenómenos, porque no se trata de hacer en cada una de estas cuestiones
concretas un rifirrafe entre determinados partidos de esta Cámara, los
que sean; no se trataría de eso. Yo creo que se trataría en todo caso,
defendiendo las orientaciones ideológicas, la línea política y el
programa de cada uno de los grupos que están presentes en esta Cámara, de
tener en cuenta al mismo tiempo los problemas reales y buscar entre
todos, si somos capaces --y para eso sirve el parlamentarismo o, si no,
no sirve para nada--, las soluciones más adecuadas al conjunto de
problemas que estamos analizando.
Yo me ahorro, por tanto, en mi intervención, cualquier otra
argumentación, porque también se me diría que yo he consultado al oráculo
del libro rojo, en este caso la hoja azul que nos ha enviado el
movimiento ecologista. Efectivamente lo he consultado, porque reconozco
que en estos temas mi grupo, en gran parte, es servidor no de los
intereses sino de las elaboraciones que ha hecho este movimiento
ecologista, al que yo creo que todavía tratamos demasiado mal. En todo
caso, siempre tenemos luego en cuenta, cuando ya no hay remedio, las
orientaciones que han partido de análisis anteriores pero que nos dicen
que hay problemas que prácticamente son insolubles ya en el momento
actual.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Se han dicho ya muchas cosas, pero yo indudablemente he de empezar
diciendo que a nosotros nos manda habitualmente la razón, somos humanos y
nos podemos equivocar pero nos manda la razón, y en este debate, que
ahora voy a concluir, de toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Vasco en relación a la modificación que pretende
de la Ley 4/1989, he de decir que he sacado unas conclusiones claras: una
voluntad mayoritaria, por no decir casi unánime, en cuanto a la
existencia real del problema de la contrapasa; un debate que debe ser un
debate de totalidad, en el que algunos han incidido y otros no tanto. Y
quiero decir con ello que entiendo que en esta Cámara en este momento lo
que hay que hacer es valorar la oportunidad, los principios y el espíritu
de la proposición que se plantea, porque hay trámites posteriores para
poder formular las correcciones técnicas, vía enmiendas parciales, que
satisfagan, que aúnen o que concuerden razones legítimas e intereses que
probablemente no son en modo alguno irreconciliables. Yo creo que se han
dicho cosas que son susceptibles, si hay voluntad para ello, de llegar a
plasmar, vía enmiendas en el futuro, en una adecuada corrección técnica,
si se estima que este debate debe concluir con un voto favorable, como
estima mi grupo, a la toma en consideración de la proposición que plantea
el PNV.
En cuanto a la oportunidad, diré que la ley ya tiene casi ocho años y la
proposición casi tiene el tiempo de un embarazo, casi nueve meses, porque
el 18 de junio del año 1996 es cuando ha entrado en esta Cámara.
Naturalmente el Grupo Popular es un grupo respetuoso con las iniciativas
del resto de los grupos parlamentarios y con el orden en que van entrando
a través del procedimiento reglamentariamente establecido. Que ello
concuerde en este momento o en próximas fechas con una modificación de la
Ley 4/1989, en mi criterio y en la más pura lógica lo que evidencia es la
necesidad de modificar tal ley, no la imposibilidad, a la que nadie se ha
negado, de que haya un debate conjunto para que no haya una fracción o
una división indebida en el tratamiento de las modificaciones
legislativas en que ambos, el proyecto de ley y la proposición de ley,
van a confluir con esa reforma de la Ley 4/1989. Y es que además también
ha habido luego una directiva --la directiva de la que emana la Ley
4/1989 es de hace casi dieciocho años--, la Directiva 79/409.
Posteriormente tenemos la Directiva 92/43.
Por tanto yo creo, y en el debate aquí se ha evidenciado, que es preciso
y oportuno analizar con tranquilidad unas modificaciones que actualicen
la ley que tan importante ha sido y que también armonicen legítimos
intereses de todos, del cazador a cazar siempre que no deteriore o vaya
en desdoro de la preservación de las especies ni de la naturaleza, y por
supuesto de todos los que tenemos --que creo que somos todos los
ciudadanos, empezando por los propios cazadores-- preocupaciones de
defensa del entorno, manteniéndolos en esa reforma legal. Además, la
propia ley ya establece en sus principios justamente lo que se plantea en
la proposición que ahora debatimos. El artículo 2.1.c) nos habla de la
utilización ordenada de los recursos, garantizando el aprovechamiento
sostenido de las especies y de los ecosistemas. El artículo 2.2 nos habla
de que las administraciones competentes garantizarán que la gestión de
los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las
generaciones actuales y sin merma de su potencialidad para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de generaciones futuras. El espíritu de la
norma, como se ha dicho por otros portavoces --me van a dispensar de no
dedicar más tiempo a tal menester--, creo que es escrupulosamente medido,
escrupulosamente limitativo y escrupulosamente respetuoso. Por ello me
remito a su tenor literal.
La cuestión está en qué afecta esta proposición a la legislación
comunitaria, al medio ambiente y a los derechos legítimos de quién
pretende en la caza la contrapasa, que como bien se decía, uno se queda
en casa mientras oye cómo los tiros franceses sí son ecológicos y los de
este lado de la frontera, los españoles, no --cuestión reivindicada por
la Junta General de los territorios históricos, también por el Parlamento
de la Comunidad Foral de Navarra y probablemente por alguna otra
comunidad.
Pues bien, el artículo 9.1.c) de la Directiva 79/409, establecía una
excepción no recogida en su día por la ley 4/1989, que dice: Para
permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo
selectivo, la captura, retención o cualquier otra explotación prudente de
determinadas aves en pequeñas cantidades. Eso es lo que dice la
proposición de ley del PNV. Pero en ella se dice más, porque hace un
doble límite. Hace un límite más garantista con el medio ambiente; un
límite previo, que es que esta excepción contemplada en el artículo
9.1.c) y posteriormente en el artículo 16.1.e) de la Directiva
comunitaria 92/43, lo que establece es que se pueda en su caso, si se
acuerda así por la autoridad competente, hacer esta práctica de pequeñas
capturas en lugares tradicionales. Y añade, además: con las limitaciones
precisas para garantizar la conservación de las especies, cosa que no
decía la Directiva comunitaria de 1979.
Acceder a la proposición significa introducir en el derecho interno, en
nuestro criterio, la normativa comunitaria; significa satisfacer las
reivindicaciones y demandas a que antes he hecho alusión; significa dotar
de más garantías en ese sentido que las literalmente previstas por la
Unión Europea; significa, por tanto, reforzar las garantías del párrafo
tercero del artículo 28 de la ley cuya reforma se pretende. Y se facilita
el buen uso de la ley, porque hay que decir con claridad que al no haber
introducido esta excepción a las prohibiciones ha tenido que ser práctica
habitual de algunas comunidades autónomas el uso --por respeto no voy a
utilizar la palabra fraudulenta-- indebido de las previsiones de otras
excepciones que contempla en la actualidad el artículo 28 de la ley. Si
se quiere cumplir la ley, habrá que acoger esto y habrá que hacer las
cosas bien, evitando ese mal uso al que he aludido.
Estamos de acuerdo --y se lo hicimos saber al representante del Partido
Nacionalista Vasco al hablar a lo largo de estos meses de esta cuestión--
en que incorporar una disposición adicional octava puede no ser en
técnica legal la mejor solución. Puedo anticipar que probablemente, no lo
afirmo, podría ser una solución conciliatoria para todos incluirlo en el
artículo 28, que recogería todo el cuerpo de excepciones que las
directivas comunitarias a que aludí recogen. Si en fechas próximas se va
a discutir el proyecto de ley de reforma de la ley 4/1989, sería lógico
que hubiera un debate conjunto desde la premisa de la bondad de esta
iniciativa, de la oportunidad de la iniciativa, del reconocimiento de que
la contrapasa es un problema y habría que dotarle definitivamente de una
solución bien sistematizada. Creo que para eso está, como dije al
principio, el cauce del debate de las enmiendas parciales, el trámite en
Comisión y la evidencia de que si existe voluntad se pueda resolver
adecuadamente en beneficio de todos los ciudadanos.
Encontrándonos, señor Presidente, como nos encontramos, en un debate de
totalidad, y habiendo acreditado, como creo que hemos hecho, la
oportunidad, la adecuación de principios y la bondad del espíritu que
impregnan la proposición, el Grupo Popular votará favorablemente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Azpiroz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), sobre la reforma
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales de la flora y de la fauna silvestres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 163; en contra, 141; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda tomada en consideración la
proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE CREACION, EN EL SENO DE LA
COMISION DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, DE UNA PONENCIA PARA EL
ESTUDIO, EVALUACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA, ASI COMO
LOS EFECTOS DE ELLA DERIVADOS, EN LAS ZONAS DEL ESTADO ESPAÑOL DONDE HAY
UBICADAS CENTRALES TERMICAS (Número de expediente 162/000036)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día. Proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Mixto,
propuesta, a su vez, por el señor Chiquillo, sobre creación, en el seno
de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, de una ponencia para
el estudio, evaluación y control de la contaminación atmosférica, así
como los efectos de ella derivados, en las zonas del Estado español donde
hay ubicadas centrales térmicas.
Como saben SS. SS. la proposición es anterior a la resolución de la
Presidencia que regula el funcionamiento de las subcomisiones en el seno
de las comisiones y, en consecuencia, aunque tendrá el debate de una
proposición no de ley, su contenido y desarrollo, en su caso, si es
aprobada, se regirá por la resolución de la Presidencia que regula las
subcomisiones.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el
señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, Unión Valenciana defiende en el día de hoy la proposición no de
ley referente a la creación de una subcomisión que estudie, evalúe y
proponga iniciativas respecto a los efectos que la lluvia ácida produce
en diversas comarcas del Estado español, en particular el caso referente
que más cerca conozco, la lluvia ácida en Els Ports y El Maestrat,
comarcas del norte de Castellón, en la Comunidad Valenciana. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Señor Belloch. Señorías.
Continúe, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
El Estado español viene asistiendo en las últimas décadas a un proceso
acelerado de desaparición de las masas forestales autóctonas, y ello ha
sido así debido principalmente a los incendios, la erosión y otros
factores medioambientales, pero sin duda alguna esta problemática se ha
visto acrecentada por la ausencia de políticas decididas en verdadera
política forestal que aplicara la racionalidad a la explotación de
nuestros bosques, apoyadas con firmes medidas legislativas.
Uno de los factores medioambientales que hay que añadir a la degradación
de los bosques es el referente a la denominada lluvia ácida. La mayor
parte de la contaminación de azufre en nuestro país procede de unos pocos
puntos muy localizados, como son las centrales térmicas de Andorra, en
Teruel y As Pontes de García Rodríguez, en Galicia, ambas pertenecientes
a la empresa pública Endesa.
Por todos es sabido que la situación ecológica de la comarca de Els Ports
y El Maestrat, en Castellón, ha sido uno de los temas por los que Unión
Valenciana se ha sentido sensibilizado... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Señorías.
Continúe, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias.
... cuestión ésta que ha determinado que Unión Valenciana, por esa
sensibilidad especial hacia esta cuestión, haya planteado diversas
iniciativas, y buena prueba de ello lo constituyen diversas iniciativas
presentadas en esta Cámara, así como en las Cortes valencianas y en los
ayuntamientos afectados de la provincia de Castellón.
Así, desde la Generalitat, en 1994, se creó una comisión de vigilancia
medioambiental para la zona de Els Ports y El Maestrat, y en este
sentido, en cada reunión se llevaban a cabo, entre otras, unas
actividades tendentes a que Endesa informara de los esfuerzos adicionales
que se estaban llevando a cabo para disminuir las emisiones que se
producían en la atmósfera; a que el propio CEAM (Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo) informara del estado de las investigaciones
y los eventuales resultados que se venían obteniendo, así como que la
propia Consellería informara sobre los seguimientos de los niveles de
contaminación que se realizan en las diversas estaciones de control de
calidad existentes en la zona. Recientemente, en diciembre de 1996, ha
sido entregado a los medios de comunicación, a los grupos ecologistas y a
los partidos políticos (en el mes de febrero se ha hecho entrega de este
documento); el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo ha seguido
estudiando y profundizando en la cuestión de la lluvia ácida y el efecto
que las centrales térmicas y sus emisiones tienen en el entorno de las
comarcas lindantes con esta central, en concreto de Andorra-Teruel, en
Aragón, en Cataluña, en la provincia de Tarragona, y en la Comunidad
Valenciana en el norte de Castellón. Se terminan las plagas donde
potencialmente hay emisiones continuadas y el grado de responsabilidad de
cada uno de los factores ambientales, emisiones de SO2, altos niveles de
ozono en el fondo, plagas y sequía; todos ellos han producido un estado
de grave deterioro medioambiental en estas comarcas y en el estado de
salud de los bosques, ya que, según este informe, la contaminación en
esta zona se debe no sólo a la central --eso sería inútil reconocerlo--,
sino que hay otras razones, como las plagas y los incendios, pero la
actuación industrial de la central supone una grave interacción entre las
enfermedades que han ido apareciendo en los bosques de la comarca.
Recientemente, el 30 de octubre de 1996, en contestación a una pregunta
del Diputado don Manuel Milián, del Grupo Parlamentario Popular, el
Ministro de Industria y Energía reconoció la gravedad de la situación y
comentó que se estaban realizando grandes esfuerzos por parte del
Ministerio de Industria y Energía y por parte de la empresa, para
intentar eliminar el
azufre contenido en los carbonos, que son los que producen actividad en
la central térmica de Andorra-Teruel, y se estaban alcanzando niveles del
38 por ciento en la eliminación del azufre contenido en estos carbonos.
Yo creo que el esfuerzo es importante, pero hay que hacer más, sabiendo
que hay medios técnicos para poder ir eliminando, poco a poco, estos
problemas.
Es evidente, y motivo de esta iniciativa de Unión Valenciana, que en la
actualidad más de 200.000 hectáreas en el norte de Castellón, Tarragona y
Teruel, se encuentran afectadas, directa o indirectamente, con otros
factores, por la contaminación de la central térmica de Endesa en
Andorra-Teruel. Desde su inauguración, en el año 1979, y hasta la fecha,
su historia se ha visto jalonada por protestas, manifestaciones y
querellas, habiéndose retirado la última de ellas tras el compromiso de
Endesa de implantar medidas para la preservación ambiental de la zona en
el marco de la fundación Els Ports y El Maestrat, creada por la
Generalitat valenciana, ayuntamientos de la zona, organizaciones
ecologistas y la propia Endesa, el 30 de julio de 1994 a tales efectos.
Desde la puesta en marcha de la central, allá por los años 1979/1980, han
sido varios los informes técnicos que han circulado sobre el impacto
ambiental de la misma y los daños ecológicos causados, si bien, cada vez
que se acercan más las conclusiones de unos y otros, la diferencia
fundamental es que, mientras en algunos casos queda perfectamente
establecido el nexo causal entre la actividad de la central térmica de
Andorra y los daños ecológicos y medioambientales de la zona, en otros
indica un fenómeno multicausal, basado en la incidencia de la sequía, de
las plagas, de la erosión, como los elementos causantes del declive en la
zona.
No obstante lo anterior, existe un hecho claro, puesto que los daños
sufridos en las masas forestales se observan en las exfoliaciones,
decoloraciones y necrosis de las hojas y cubierta vegetal (ejemplo que
también sirve para el caso de Galicia, afectada por la actividad de la
central térmica de As Pontes de García Rodríguez) que acaban por producir
la muerte en las especies que componen la flora de la región limítrofe
con la central térmica. Son precisamente las zonas más dañadas aquéllas
que por su situación y orientación se encuentran en las zonas de
influencia de la lluvia ácida por los vientos dominantes, en concreto de
la comarca de Els Ports y El Maestrat, en el norte de Castellón.
Asimismo, las zonas más dañadas coinciden con aquéllas en las que se ha
encontrado en la cubierta vegetal una mayor concentración de azufre, con
lo cual el nexo es evidente, aunque haya hechos que han aumentado el
proceso de degradación. En un principio, la existencia de líquenes que
actúan como bioindicadores, dado que sólo subsisten en zonas con aire muy
puro, se utilizó como elemento destinado a combatir los informes que
indicaban la alta contaminación atmosférica de la zona. No obstante y
según el último estudio de 10 de diciembre de 1996, se ha podido observar
cómo los líquenes también están viéndose afectados. Igualmente, se ha
utilizado el hecho de que es a partir del año 1982, tres años después de
la puesta en funcionamiento de la central térmica, cuando se empiezan a
detectar daños en la cubierta forestal, por lo que si la central térmica
entró en funcionamiento en el año 1979, debían ser otras las causas que
los produjeran. Esto mismo se ha explicado posteriormente, dado que los
daños que se ocasionan por inmisión tienen carácter acumulativo y no
inmediato, lo cual refuerza la tesis del efecto directo de la actividad
de la central térmica de Andorra, en Teruel, sobre las comarcas del norte
de Castellón. Si hay un hecho objetivo es la cantidad de las emisiones
realizadas por las dos centrales térmicas que están hoy en día operando
en el Estado español: As Pontes de García Rodríguez y la de Andorra en
Teruel, pues según la revista europea Acid News, editada por
organizaciones no gubernamentales, ambas centrales térmicas se sitúan
entre las tres más contaminantes a nivel del continente europeo,
incluyendo en las mismas las centrales de la antigua Unión Soviética, no
guardando relación las emisiones realizadas a la atmósfera con la
potencia en megavatios de las mismas. También es significativo que la
central térmica de Kentucky, la más contaminante de toda Norteamérica,
realiza a la atmósfera unas emisiones tres veces inferiores que las de la
central térmica de Andorra, por ejemplo. El motivo de la gran cantidad de
emisiones realizadas a la atmósfera por las centrales térmicas españolas
hay que buscarlo en el combustible utilizado, ya que si el carbón español
no es de la máxima calidad, el utilizado por la central térmica de
Andorra en concreto es de muy baja calidad y un alto contenido en azufre.
Por ello, las emisiones de la central térmica de Andorra son ricas en
dióxido de azufre, SO2, y el daño directo es claro y patente.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, vaya concluyendo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, señor Presidente.
Este agente es el que se libera de la combustión del carbón, quedando
esas partículas en suspensión en la atmósfera y siendo depositadas
posteriormente, a través de la lluvia o viento, en las masas forestales
de la zona de influencia.
Por tanto, nuestra iniciativa lo que pretende es que de una vez por todas
se recojan todos los informes y se marquen propuestas concretas en el
terreno legislativo y que, sobre todo, si la central térmica de Andorra y
la de As Pontes son de titularidad pública, porque la empresa Endesa sí
lo es de momento, se pongan los cimientos para que esta empresa haga más
esfuerzos de los que está haciendo hasta el día de hoy para que podamos
proteger la cubierta vegetal y se depuren al máximo
los humos resultantes de la actividad industrial de estas dos centrales
térmicas. Ese es el objetivo de nuestra iniciativa. Lo que he pasado a la
consideración del resto de grupos, como muy bien ha dicho el Presidente
en su introducción, lo que le agradezco, es que dado que cuando Unión
Valenciana presentó su iniciativa, de 11 de junio de 1996, no estaba
vigente ni la resolución de la Presidencia respecto a la creación de
ponencias y subcomisiones ni tampoco el acuerdo de creación de la
Comisión de Medio Ambiente diferenciada, simplemente, como subsanación
técnica, al amparo del Reglamento vigente, artículo 118.3, propongo una
mejor redacción literal de la proposición no de ley, en la que teniendo
en cuenta que cuando se presentó había un vacío al respeto, solicito que
el Congreso de los Diputados acuerde constituir una subcomisión en el
seno de la Comisión de Medio Ambiente para que, en el plazo de seis meses
y después de recibir la información adecuada sobre la contaminación
atmosférica procedente de las centrales térmicas de nuestro país y las
posibles zonas afectadas, elabore un informe donde, en primer término, se
analicen las medidas adoptadas, las proyectadas y el grado de
cumplimiento de las recomendaciones y directivas de la Unión Europea y,
en segundo lugar, se propongan las medidas e iniciativas complementarias
que sean necesarias para corregir eventuales daños medioambientales.
Creo que en el fondo recoge lo que en la exposición de motivos de la
proposición no de ley motivó al Diputado que le habla y a Unión
Valenciana a presentar esta iniciativa y creo que está en el espíritu y
en la mente de la mayoría de los grupos parlamentarios, espero que de
todos, que con un trabajo serio y riguroso podamos llegar a unas
propuestas que canalicen los medios que permitan que poco a poco se vayan
corrigiendo estos graves problemas medioambientales que afectan a varias
comarcas del Estado español y si hasta ahora los humos de estas centrales
térmicas que conseguían depurarse alcanzaban el 38 por ciento, que
lleguemos al umbral del 70 ó 75 por ciento, que la masa forestal de las
zonas afectadas nos lo agradecerían. Por eso pido el apoyo a la
proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
A la proposición se presentó una enmienda por el Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una enmienda de sustitución a la proposición planteada por el
Grupo Mixto en el sentido de ampliar el alcance de la subcomisión que se
propone, incluyendo en la misma los problemas de contaminación ligados al
cambio climático y haciendo que esa subcomisión se ocupe del seguimiento
del cumplimiento de los compromisos de España en el marco de la Unión
Europea y de Naciones Unidas en relación con el cambio climático y con la
acidificación.
Nuestra propuesta parte, entre otras cosas, de la consideración de que en
el Congreso proliferan las subcomisiones, no siempre con resultados
eficaces, y, por tanto, pensamos que de proponer una subcomisión en el
marco de la Comisión de Medio Ambiente, debería tener un contenido
amplio, lo que no quiere decir que no consideremos lo suficientemente
grave el problema que ha planteado el representante del Grupo Mixto.
Efectivamente, la acidificación creada por la existencia de centrales
térmicas es un problema grave; lo es en España en determinados
territorios, lo es con mayor intensidad a nivel de la Unión Europea y lo
es en general en el contexto de los países industrializados, y eso hace
que efectivamente haya acuerdos a los cuales se ha sumado España en
distintos momentos y muy en particular el protocolo sobre azufre de 1994
en el marco del Convenio de Ginebra, precisamente para llegar a
establecer por parte de los países firmantes medidas que eviten este
proceso de acidificación, que, como digo, aun siendo grave en algunos
territorios del Estado español, lo es con mucha mayor intensidad en el
marco de la Unión Europea y de otros países industrializados. En estos
momentos dentro de la Unión Europea hay incluso un proceso de definición
de una estrategia de lucha contra la acidificación, cuyas líneas básicas
se aprobaron bajo presidencia española en el segundo semestre de 1995,
que va a comportar, entre otras cosas, la revisión de la directiva sobre
grandes centrales de combustión, así como el establecimiento de
determinados límites dentro de cada uno de los países miembros de la
Unión.
Ahora bien, en el Grupo Parlamentario Socialista, como decía al
principio, hemos valorado la oportunidad que supone el apoyo de esta
Cámara a la creación de una subcomisión, que sería la primera creada en
el marco de la Comisión de Medio Ambiente, que llevara a cabo un trabajo
de seguimiento no sólo del problema de la acidificación, sino de lo que
constituye, señorías, el problema ambiental más grave que tiene en estos
momentos nuestro planeta, que es el cambio climático, y esto es lo que se
nos dice desde la comunidad científica, desde los organismos
internacionales, lo que afecta a todo el territorio español en este caso
y lo que plantea gravísimos problemas de diseño y de transformación del
modelo energético español.
Tengo que recordar a las señoras y señores Diputados que precisamente la
semana pasada, el día 3, el Gobierno español asumió un compromiso en el
marco de la Unión Europea de extraordinaria importancia, el compromiso de
sumarse al esfuerzo del resto de la Unión para que en el año 2010 en el
conjunto de los países miembros se produzca una disminución global
de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en un
porcentaje entre el 10 y el 15 por ciento en relación con los niveles de
emisiones que había en 1990, y dentro de ese contexto España ha asumido
un compromiso que, señorías, es muy difícil de alcanzar si no existe un
esfuerzo muy notable por parte del Gobierno y de toda la sociedad, porque
el compromiso concreto que hemos asumido significaría que en el año 2010
en España se estaría dando un nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero ente un 15 y un 17 por ciento superior a los niveles de 1990.
Señorías, ese nivel lo hemos alcanzado ya; en 1994 el nivel de emisiones
respecto a 1990 era superior casi en un 15 por ciento. Por tanto, lo que
la semana pasada asumió el Gobierno español significaría en la práctica
que de aquí al año 2010 tenemos que estabilizar nuestro nivel de
emisiones de gases de efecto invernadero.
El reto es enorme. España no cuenta en estos momentos con otros
instrumentos para combatir el cambio climático, como tienen algunos
países de nuestro entorno, y por ello nos parece que valdría la pena,
efectivamente, constituir una subcomisión en la que se pudiera hacer un
seguimiento de esta cuestión, junto con los problemas, como decíamos
antes, de la acidificación; una subcomisión que, además, recogiera los
trabajos de enorme interés que se hicieron en el Senado en la anterior
legislatura, donde se constituyó una subcomisión precisamente en materia
de cambio climático; una subcomisión en la que se pudiera analizar la
eficacia de las medidas que ya han adoptado la gran mayoría de los países
de nuestro entorno y donde se pudiera hacer un seguimiento concreto de la
acción del Gobierno, que, como digo, en esta materia va a tener que ser
especialmente intensa si queremos cumplir con los compromisos que se
acaban de asumir. Creemos que vale la pena que se cree esa subcomisión,
que el Congreso apoye que su alcance sea de mayor envergadura que
ciñéndose solamente al problema que se plantea desde el Grupo Mixto. Nos
parece que es una ocasión para dar a la Comisión de Medio Ambiente la
dimensión que se merece. Por tanto, en ese sentido, pedimos el apoyo del
resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señorías, las ponencias o
subcomisiones parlamentarias se han configurado en materia de medio
ambiente como un instrumento útil para estudiar y presentar propuestas
concretas en relación con temas medioambientales específicos que son
motivo de preocupación para los ciudadanos. Como ejemplo más
significativo, podemos citar el trabajo y las conclusiones de la ponencia
en el Senado en materia de incendios forestales en España. La propuesta
del Grupo Parlamentario Mixto, realizada a iniciativa de Unión
Valenciana, entendemos que puede también cumplir ese papel.
Sin duda, la contaminación del medio ambiente atmosférico constituye un
tema de indudable preocupación. La utilización de determinados
combustibles en el proceso de producción de energía por las centrales
térmicas está provocando efectos negativos, directos o indirectos, en el
medio ambiente respecto de los cuales la adopción de acuerdos o
resoluciones por esta Cámara podría propiciar que el Gobierno
estableciera con precisión requisitos para un funcionamiento de las
centrales que produjera el menor impacto posible en nuestro medio.
El hecho de que en la Comisión de Medio Ambiente pueda constituirse una
subcomisión que estudie, con el asesoramiento de los expertos que se
considere necesario, el grado de contaminación atmosférica que produzcan
las centrales térmicas nos parece una decisión acertada que puede servir
al objetivo de un conocimiento preciso de esta realidad y, a su vez, para
proponer las soluciones que, en la medida de lo posible, contribuyan a
paliar los índices de contaminación para que hagamos con ello realidad el
principio del desarrollo sostenible.
Por tanto, señorías, señor Presidente, nuestro Grupo votará
favorablemente la aprobación de esta proposición no de ley presentada por
el Grupo Mixto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
El problema que está planteando el señor Chiquillo con esta proposición
no de ley es un problema cierto. Los efectos de la lluvia ácida en el
país sin lugar a dudas quedan muy alejados de la magnitud y de la
gravedad de este problema en Europa central y en Europa del Este, donde
hay una importantísima concentración de centrales térmicas, pero también
cabe decir que en determinadas zonas del territorio se sienten
especialmente los efectos de estas centrales y en algunos casos la
situación es grave.
El señor Chiquillo ha hablado de la central térmica de Andorra, en
Teruel, que para nosotros es un caso evidente y objeto de debate
numerosas veces en el seno de esta Cámara, tanto en el Pleno como en la
antigua Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. Un sistema de
filtros insuficiente añadido a un carbón de muy baja calidad y con un
alto contenido de azufre ha producido unos daños importantes en la masa
boscosa,
tanto en la comarca de Els Ports como en la comarca de El Maestrat. A
menudo se han propuesto medidas que se han aplicado con mayor o menor
eficacia, pero para nuestro grupo parlamentario, más importante que el
estudio de un problema que pensamos que está suficientemente discutido y
diagnosticado y sobre el que se conocen las soluciones, lo que se debe
hacer es resolver el problema que realmente están causando las centrales
térmicas en el medio ambiente. Para nosotros este es el tema crucial.
Por tanto, en principio, nuestro grupo parlamentario no era partidario de
la creación de una ponencia, porque se nos planteaba como una ponencia,
repito, que tenía como objeto estudiar algo que para nosotros está más
que estudiado, más que diagnosticado. La propuesta alternativa que íbamos
a efectuar al señor Chiquillo era que celebrásemos un debate en
profundidad en el seno de la Comisión de Medio Ambiente o, si lo prefería
el conjunto de la Cámara, en la Comisión de Industria; un debate que
podría ir precedido de una comunicación del Gobierno y que tuviera como
objeto intentar encontrar unas soluciones consensuadas, a ser posible, y
vigilar su cumplimiento. Esto nos parecía al principio más útil, señor
Presidente, que la creación de una subcomisión que tenía por objeto
estudiar algo que, reitero, para nosotros ya está suficientemente
debatido. Ciertamente, la propuesta que se ha efectuado in voce por parte
del señor Chiquillo al inicio de su intervención cambia el estado de las
cosas, porque es una propuesta mucho más positiva en tanto en cuanto
intenta, de un lado, analizar el cumplimiento de la normativa comunitaria
y, de otro, proponer medidas adicionales de protección. Nos parece una
propuesta que sí podría contribuir realmente a aportar algo nuevo.
También debo decir que nos parece una propuesta muy positiva la que ha
efectuado la señora Narbona, en tanto en cuanto intenta extender el
contenido de esta subcomisión al estudio y seguimiento de la aplicación
en el país de la normativa y de los compromisos a que se ha llegado muy
recientemente por parte del Gobierno en relación a lo que constituye hoy
en día el principal problema medioambiental al que debe enfrentarse la
humanidad, que no es otro que el del cambio climático. Por tanto, la
voluntad de este grupo parlamentario sería que, en el seno de esta
Cámara, se consiguiera el suficiente consenso, bien sea alrededor de la
propuesta que ha efectuado inicialmente el portavoz del Grupo de Unión
Valenciana, bien sea alrededor de la propuesta que ha efectuado la señora
Narbona.
Debo decir, para terminar, que en cualquier caso creemos que será
positivo el trabajo que se realice en esta subcomisión, pero también
quiero señalar que en este momento la Cámara está trabajando en un número
muy importante de subcomisiones y que hay algunos grupos parlamentarios
que seguramente --el nuestro sin duda-- van a tener algún problema para
poder atender los compromisos de esta subcomisión con la dedicación que
nosotros quisiéramos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que ya se va perfilando el método que a partir de la iniciativa
del Grupo Mixto, defendida por el señor Chiquillo Barber, nos permitirá,
en el marco de la Comisión de Medio Ambiente, con la creación, si así se
aprueba, de una subcomisión, trabajar con toda una serie de elementos, y,
además, me gusta la enmienda o la autoenmienda que ha introducido el
señor Chiquillo, porque plantea que después de recibir la información
adecuada sobre la situación de la contaminación atmosférica procedente de
las centrales térmicas de nuestro país y las posibles zonas afectadas, se
elabore un informe, etcétera. Parece interesante, porque nosotros ya en
enero hemos hecho una serie de preguntas al Gobierno cuya respuesta por
parte de éste ya debería incorporarse al trabajo de esta subcomisión en
la Comisión de Medio Ambiente, porque van en la línea de preguntar cuál
es el catálogo de todas las grandes instalaciones de combustión
existentes, qué emisiones de SO2 y de NO2 tuvieron lugar en el año 1980
en las mismas y qué emisiones tuvieron lugar en el año 1996 para ver la
situación en concreto, porque nosotros estamos convencidos de que la
única forma de avanzar en la solución de este problema es reducir los
efectos de las lluvias ácidas, y para que ello sea posible es necesario,
es imprescindible reducir las emisiones tanto de SO2 como de NO2.
Nosotros hacemos una serie de preguntas en este sentido sobre qué
previsiones tiene el Gobierno para el efectivo cumplimiento del Real
Decreto 646/1991, de 22 de abril. En esta misma línea yo creo que vamos a
trabajar bien.
Nosotros valoramos también que la enmienda de sustitución, creo recordar,
que ha presentado la señora Narbona en nombre de su grupo vaya en el
mismo sentido y pensamos que a partir de aquí puede haber ya un trabajo
concreto, pero en el plazo más inmediato, con la documentación precisa
para poder trabajar, y me imagino que el Grupo de Convergència i Unió,
aunque sus Diputados tengan dificultades para estar presentes, como Dios,
en todas partes, tendrá la infraestructura técnica que les facilitará su
Gobierno para poder tener una buena documentación que nos ayude a
trabajar en esto y a avanzar todo lo que sea posible en el plazo
inmediato.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me corresponde fijar la posición del Grupo Popular en relación
con la proposición no de ley del Grupo Mixto sobre creación de una
ponencia para el estudio, evaluación y control de la contaminación
atmosférica. La justificación de esta proposición se encuentra en los
efectos de degradación de masas forestales y del entorno natural en
general que, según los proponentes, producen las centrales térmicas, si
bien los informes existentes al respecto son contradictorios, no habiendo
llevado a cabo un diagnóstico y una evaluación conjunto del problema.
La vigilancia y control de la contaminación atmosférica por las centrales
térmicas está regulada en España por una normativa completa: la Ley de 22
de diciembre de 1972, de Protección del Medio Ambiente, y también hay
diferentes órdenes y decretos hasta llegar al Real Decreto 464/1991, de
22 de abril, por el que se establecen unas nuevas normas sobre limitación
de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de grandes instalaciones de combustión. Contiene suficientes
elementos y disposiciones de control sobre la contaminación atmosférica
producida no sólo por las centrales térmicas sino también por otras
grandes instalaciones de combustión, por ejemplo, las refinerías de
petróleo. Este real decreto se promulgó en España en aplicación de la
directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, es decir, que nuestra
legislación es homogénea con la de la Unión Europea, pese a tener unos
niveles de contaminación muy inferiores a ella. En cumplimiento de esa
legislación, todas las centrales térmicas españolas están corrigiendo sus
emisiones para adaptarlas a las cifras del real decreto.
De un modo especial, Endesa, única empresa aludida en la exposición de
motivos de la proposición no de ley, está llevando a cabo un plan de
medio ambiente muy importante en todas sus centrales. En Puentes de
García Rodríguez ha efectuado una inversión de 21.000 millones: cambio de
calderas, mezcla de carbones con bajo contenido de azufre y reducción del
25 por ciento de las emisiones contaminantes. La térmica de Andorra ha
hecho inversiones en equipos de desulfuración húmeda, que eliminan hasta
el 90 por ciento de su contenido de azufre, y en los momentos actuales
tiene prevista una inversión que supera los 200.000 millones de pesetas.
La térmica de Compostela tiene una inversión en equipo de desulfuración
que importa 6.500 millones y la térmica de Escatrón eligió el proyecto
moderno de Elcogas, el más avanzado en energía, que consigue eliminar el
91 por ciento de azufre en los gases de emisión. La central de
Carboneras, de Almería, tiene carbón importado con bajo contenido de
azufre. En grandes líneas, dichas actuaciones están orientadas a una
mejora en la selección de los carbones locales, a efectuar mezclas de
lignitos y carbones nacionales con otros de importación iguales o de
mejor calidad y menor contenido de azufre, a desulfurar los gases de
combustión y a emplear generadores con baja producción de óxidos de
nitrógeno, etcétera. Esas actuaciones directas sobre los focos emisores
se complementan con la implantación de redes de medición ambiental en el
entorno de las centrales, con sistemas de predicción de emisiones,
estudios sobre composición del agua de lluvia y efectos contaminantes
sobre la vegetación, etcétera. Es de tener en cuenta que Endesa viene
haciendo un gran esfuerzo de inversión --más de 200.000 millones en los
últimos cuatro años-- para reducir las emisiones contaminantes de sus
centrales térmicas y, en particular, las de contenido de azufre, haciendo
compatible la generación de energía eléctrica con sus centrales térmicas
mediante la combustión de carbón nacional, lo que resuelve problemas de
empleo de extraordinaria magnitud para las zonas donde se ubican las
minas.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el exhaustivo control y
vigilancia de instalaciones y funcionamiento de las centrales térmicas
por parte de las distintas administraciones públicas y autonómicas y los
trabajos que se han realizado precisamente sobre estas cuestiones desde
1984 hasta el momento actual en esta Cámara, entendemos que la mejora
literal que ha hecho el portavoz señor Chiquillo sobre la propuesta de
resolución, en el sentido de crear una subcomisión que tras recibir los
informes precedentes analice las medidas adoptadas, los proyectos y el
grado de cumplimiento de las recomendaciones y directivas de la Unión
Europea y proponga a su vez las medidas e iniciativas complementarias que
sean necesarias para corregir eventuales daños medioambientales, tiene
que gozar de nuestro voto favorable. Esto es lo que considera el Grupo
Popular, dado que, lógicamente, la contaminación medioambiental en España
es uno de los grandes problemas que pretendemos corregir por todos los
medios. Por eso, nuestro voto es favorable a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Landeta.
Tiene la palabra el señor Chiquillo para manifestar su aceptación o
rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la redacción que se ha dado de mejora técnica respecto a la actividad
de esa subcomisión, que creo que incluye alguno de los objetivos de la
enmienda del Grupo Socialista, yo mantendría el texto que he pasado a
todos los grupos y solicitaría una voluntad de consenso amplio. En esa
subcomisión pueden tener cabida muchos trabajos y en el punto primero,
sobre recomendaciones y directivas de la Unión Europea, se pueden incluir
muchas cosas en beneficio del medio
ambiente, con lo cual pido a la portavoz del Grupo Socialista que se vote
la propuesta de consenso que ha salido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo. Tiene la palabra la señora
Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, Presidente.
Para contestar al señor Chiquillo. En realidad, la corrección que ha
hecho a su propuesta no incluye en absoluto el problema del cambio
climático, pero en aras a que un problema que consideramos grave sea
objeto del trabajo de esta Cámara y sin perjuicio de otras iniciativas
que en materia de cambio climático esperamos cuenten con el apoyo de esta
Cámara, daremos nuestro voto a favor de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.
Vamos a proceder a la votación. Votación sobre la proposición no de ley
del Grupo Mixto, propuesta por el señor Chiquillo, para la creación, en
el seno de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente de una
ponencia, hay que entender subcomisión, para el estudio, evaluación y
control de la contaminación atmosférica, así como los efectos de ella
derivados, en las zonas del Estado español donde hay ubicadas centrales
térmicas, en los términos resultantes del debate y en los que el propio
señor Chiquillo ha hecho una propuesta que adapta la proposición a la
resolución de la Presidencia de creación de subcomisiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la creación de la
subcomisión propuesta por el señor Chiquillo. (Aplausos.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ACTUACIONES
POLICIALES A DESARROLLAR EN RELACION A LA RED INFORMATICA INTERNET
(Número de expediente 162/000068)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre actuaciones policiales a desarrollar en relación a la red
informática Internet. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el
señor Gil Lázaro. (Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón
de sesiones.)
Señorías, les ruego que guarden silencio para que pueda comenzar la
exposición del representante del Grupo Popular. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, insistir en que
determinados hitos han marcado un punto y aparte en la historia del mundo
resulta a estas alturas ocioso. Evidentemente la revolución industrial
comportó un cambio en las relaciones de poder dando paso a la
configuración del Estado contemporáneo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Hablando de comunicaciones, señor Chiquillo y compañía, al final del
hemiciclo, les ruego que abandonen el hemiciclo para que pueda continuar
el Pleno con el debido orden.
Continúe, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
La revolución de las comunicaciones hizo desaparecer el concepto de
distancia en las relaciones entre los individuos y los pueblos dando pie
a ese concepto de aldea global perfectamente definido por McLuhan y,
finalmente, la revolución de la informática ha sentado las bases de lo
que ha de ser el desarrollo de las relaciones sociales, culturales y
económicas en el tercer milenio, siendo probablemente su efecto más
llamativo la popularización de las llamadas redes de comunicación global
o redes de comunicación digital.
En este sentido cabe mencionar que Internet nace en su momento concebida
como un gran espacio de progreso y de libertad y que en esos mismos
términos originales debe ser mantenida en todo punto esta red. Conviene
señalar en el comienzo de esta intervención que más allá de cualquier
otra interpretación espuria que se pudiera hacer de nuestra iniciativa,
ésta tiene como objeto esencial garantizar que Internet pueda seguir
siendo, sin censuras, ese gran espacio de progreso y de libertad. Pero
desde la aspiración de mantener ese carácter de progreso y de libertad de
las redes de comunicación digital, no podemos perder de vista algunos
fenómenos que se comienzan a plantear y que están teniendo una incidencia
negativa en las mismas.
Estamos ante la aparición de una nueva forma de delincuencia que utiliza
estas redes de comunicación digital para la perpetración del hecho
delictivo. Una delincuencia, además, que presenta unos ribetes
característicos muy singulares, porque es una delincuencia altamente
profesional, es una delincuencia altamente especializada, es una
delincuencia vertebrada en grandes bandas internacionales, que tienen a
su disposición importantes medios económicos, recursos e influencias para
dar soporte a la perpetración de su acción delictiva y es, finalmente,
una delincuencia especializada básicamente en la comisión de determinados
delitos que por su naturaleza producen una gran alarma social. Téngase en
cuenta que efectivamente en estas redes de comunicación digital se
aprecia básicamente la perpetración de tres delitos esencialmente
afectos en sentido amplio a delitos de terrorismo, a delitos de
narcotráfico y a tráfico ilícito de capitales y blanqueo de los mismos
procedentes de esta actividad criminal y, finalmente, a tráfico y
explotación sexual de personas, fundamentalmente tráfico y explotación
sexual de menores.
Comprenderán bien SS. SS. que esta mención bastaría para apuntar la
peligrosidad de este nuevo tipo de delincuencia. No se trata de afirmar
la existencia en ella de nuevos delitos, sino simplemente de nuevas
formas instrumentales de comisión del delito que, precisamente por
realizarse a través de un soporte técnico de las características de estas
redes de comunicación digital, plantean unos efectos multiplicadores y
extensivos que determinan sin lugar a duda la gravedad y la alarma que
conllevan estas nuevas formas de delito.
Sobre la comisión de delitos de esta naturaleza hay infinidad de
prácticas delictivas concretas que se aprecian ya como instrumentadas por
estas redes de comunicación digital. Prácticas que afectan a
defraudaciones económicas por la manipulación o falsificación del dinero
electrónico, invasión del derecho a la intimidad mediante la
interceptación de mensajes o la visualización de ficheros de correo
electrónico privado, daños o estragos causados en sistemas informáticos o
bases de datos, juego clandestino mediante la aparición y constatación de
casinos electrónicos ilegales, fraude en las telecomunicaciones e,
insisto, una multiplicidad de formas concretas de delito a añadir a esas
tres grandes orientaciones delictivas: narcotráfico, terrorismo y
explotación sexual de menores a las que antes hacía referencia.
Amén de esta cuestión, amén de lo que significa ya la utilización de
estas redes de comunicación digital para la perpetración directa del
delito se puede apreciar también por la experiencia de los últimos años
la utilización de las redes para transmisión de información, de manera
que la comisión concreta y directa del hecho delictivo no sea ya por
medio de la red, sino poniendo a disposición de terceros los instrumentos
informativos que permitan a esos terceros, mediante la utilización de esa
información espuria, poder llegar efectivamente a la comisión de este
delito. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Señor Homs; señor Martínez Noval, ya más de dos; no quiero seguir. Señor
Zabalía, ya son tres.
Puede continuar, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Quiero recordar a título de ejemplo, pero valorativo de lo que significa
esta utilización de las redes digitales para la transmisión de
información que puedan permitir a terceros la comisión de un hecho
delictivo concreto, el brillante servicio recientemente concluido por el
Cuerpo Nacional de Policía cuando incautó un CD Room, del que se habían
distribuido unas 25 copias, que contenía informaciones muy concretas para
la fabricación de explosivos, el acceso ilegítimo a sistemas
informáticos, procedimientos caseros para la obtención de sustancias
estupefacientes, falsificación de dinero electrónico e introducción de
virus en equipos informáticos.
Además, sobre estas dos grandes cuestiones ya señaladas, esto es la
perpetración directa de delitos y el servicio de información para que
terceros puedan perpetrar el delito, se observa también en los últimos
tiempos la utilización de la telemática como técnica que incorpora en
adición lo que son las redes digitales más los recursos de los
ordenadores para sustituir métodos tradicionales, instrumento para la
comisión de un hecho delictivo concreto. Quizá el ejemplo más llamativo,
también conocido recientemente como consecuencia de un servicio del
Cuerpo Nacional de Policía, ha sido la detención de una importante banda
profesional que en nuestro país se dedicaba a la falsificación de moneda
de curso legal utilizando, precisamente, este recurso de la telemática,
este recurso de los ordenadores.
Sobre este panorama, señorías, tropezamos esencialmente con dos grandes
dificultades a la hora de dictar una respuesta legal y una respuesta
policial a este nuevo tipo de delincuencia. Por una parte y en primer
lugar, la falta, la inexistencia de una homogeneización en las
legislaciones nacionales, de manera que es muy difícil poder perseguir
penalmente de manera eficaz y en su todo el delito que se perpetra a
través de estas redes.
En segundo lugar y algo quedaba apuntado en mis palabras anteriores, la
propia limitación de los recursos públicos a disposición de los Estados
para poder dar respuesta técnica a este tipo de nueva delincuencia frente
a la no limitación con que las grandes bandas profesionales comienzan a
dar soporte técnico a este hecho delictivo. Téngase en cuenta, por
ejemplo, como justificación de lo dicho, que en este momento el
departamento policial que está en vanguardia de la lucha contra este
nuevo tipo de delito informático, el FBI, sobre un total de 14.000
solicitudes de intervención electrónica, tan sólo pudo descifrar el 10
por ciento de las mismas, o lo que es lo mismo, este departamento
policial, insisto, en vanguardia de la lucha y de las dotaciones técnicas
por tanto para poder dar respuesta eficaz a este nuevo delito
cibernético, en el 90 por ciento de los casos con su propia
infraestructura no fue capaz de descifrar, de penetrar en la
infraestructura técnica de que disponían los delincuentes.
Es evidente, por tanto, que, frente a este fenómeno se trata de avanzar
sustancialmente en algunas líneas, se trata de avanzar sobre todo en
materia de cooperación internacional.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego que vaya concluyendo.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Se trata, además, en complementación de eso, de avanzar mientras tanto en
el perfeccionamiento de los recursos propios que cada Estado puede
interponer frente a este nuevo tipo de delincuencia. Ese avance concreto
de todos y cada uno de los Estados obliga sustancialmente a mejorar en la
formación policial, a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los
soportes técnicos precisos, y sin lugar a dudas también a procurar
mejorar los mecanismos de coordinación entre las diversas
administraciones, y, por qué no decirlo, sustancialmente también de éstas
con el conjunto de la sociedad.
En nuestro país esto se está haciendo como consecuencia de los impulsos
dados por el nuevo Gobierno y se está haciendo como consecuencia de las
iniciativas que también en este mismo sentido adoptó el Gobierno
anterior. Fundamentalmente, se ha continuado en la profundización en el
convenio firmado por el Gobierno anterior, convenio de asesoramiento y
colaboración con el FBI, que es --insisto-- en este momento el centro
policial de vanguardia en la lucha contra este tipo de delitos; se está
profundizando en la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
aquellos grupos policiales adscritos a este tipo de servicios, y basta
recordar que recientemente se ha clausurado el primer curso de formación
sobre delitos informáticos para miembros del Cuerpo Nacional de Policía
dedicados a estas tareas; se está profundizando en la coordinación con el
conjunto de las administraciones, con el conjunto de los cuerpos
policiales, y evidentemente también con el conjunto de la sociedad. Baste
citar, como ejemplo muy breve, las iniciativas de la Guardia Civil.
Recientemente se celebró en Barcelona una primera jornada sobre delitos
informáticos orientada precisamente a profundizar en esos términos de
cooperación, con presencia de representantes del FBI, de la Gendarmería
francesa, de Scotland Yard, de las policías autonómicas, y mañana mismo
la Dirección general de la Guardia Civil presentará su servidor de
información dentro de la red Internet.
En conclusión, señor Presidente, señalar que esta iniciativa que hoy
sometemos a consideración de la Cámara no pretende en absoluto, ya que
sería absurdo e inútil por la propia dicción literal de esta iniciativa,
no pretende en absoluto --repito--, agotar la cuestión, sino todo lo
contrario, formular un primer llamamiento para abrir un gran debate; un
gran debate que pueda servir de orientación en esta Cámara a la búsqueda
del acuerdo entre todos los grupos parlamentarios conscientes de que nos
enfrentamos sin lugar a dudas al gran reto de determinar la nueva
formulación del equilibrio, de ese equilibrio necesario entre los
binomios de libertad y de seguridad, como consecuencia precisamente de
que la cibernética es la técnica del tercer milenio y como consecuencia
de la aparición de esas nuevas formas de delincuencia altamente
profesional que utilizan estas técnicas de la cibernética para servir a
sus fines ilícitos.
Por tanto, señor Presidente, desde la determinación de que con esta
iniciativa el Grupo Parlamentario Popular pretende tan sólo hoy prologar
un gran debate que se ha de desarrollar a lo largo de esta legislatura,
quiero reafirmar nuevamente que en el contexto de ese debate, en todo el
desarrollo de ese debate, como en la naturaleza misma de esta iniciativa,
está y estará siempre nuestra vocación y nuestra voluntad de que estas
redes de comunicación digital, a pesar de la interferencia de factores
espurios, como es la aparición de estas redes de delincuencia organizada,
sean y sigan siendo en todo caso lo que fueron en su génesis, es decir,
grandes espacios para el progreso y para la libertad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda, para cuya defensa tiene
la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente, muy brevemente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista ha presentado una
enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Popular,
enmienda que no procede del desacuerdo con la misma, sino que pretende su
mejora. Estamos de acuerdo con el objeto de la proposición no de ley,
luchar contra la delincuencia en las redes informáticas, nos parece
correcto el reconocimiento a los esfuerzos realizados sobre este tema en
la legislatura pasada, pero pretendemos darle una mejor redacción y
añadir la necesaria colaboración con los países de la Unión Europea.
El fin perseguido es la lucha contra la delincuencia que usa redes
informáticas mundiales como Internet. Por ello se creó en la legislatura
pasada un grupo policial que trabaja en materia de utilización de
ordenadores y tratamiento de delitos con soporte en redes informáticas.
Su actuación debe estar limitada hacia la persecución de los delitos
cometidos contra la seguridad nacional, instrucciones sobre preparación
de bombas, producción de drogas ilegales y actividades terroristas,
protección de menores, formas abusivas de comercialización, violencia,
pornografía, protección de la dignidad humana, incitación al odio o a la
discriminación racial, seguridad económica, fraude, instrucciones para el
pirateo de tarjetas de crédito, seguridad de la información, intrusismo
informático delictivo, protección de la intimidad, transmisión no
autorizada de datos personales, acoso electrónico, protección de la
reputación, difamación, publicidad comparativa ilegítima, protección
intelectual, distribución no autorizada de obras registradas como
propiedad intelectual, como programas informáticos o música. Contra estos
delitos hay que luchar y estamos de acuerdo en reforzar
la actuación de los especialistas de los cuerpos policiales.
Este es el objetivo de la proposición no de ley y de nuestra enmienda,
que esperamos SS. SS. aprueben, bien sea con el texto de nuestra enmienda
o bien sea con un nuevo texto que nos ofrezca el Grupo Popular que recoja
lo mejor de su proposición y lo mejor de nuestra enmienda.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguiriano.
¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se congratula y reconoce la
oportunidad de esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular. Estamos
de acuerdo en la preocupación de fondo (y en eso nos congratulamos
también con el posicionamiento que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista, señor Aguiriano), que aquí se plantea: el uso por redes
delictivas de los soportes informáticos y concretamente de la tecnología
conocida con el nombre de Internet.
Hay que tener en cuenta que los propios especialistas en comunicaciones
por esta vía consideran que el sistema Internet está prácticamente en sus
inicios, y lo que se llaman autopistas de la información son todavía
caminos vecinales que cuando aumenten las capacidades tecnológicas de
transmisión de datos, a las que estamos asistiendo en estos momentos, la
capacidad informática va a ser multiplicada prácticamente por cien, tanto
en tiempo real de transmisión como en posibilidades.
Quien se haya asomado a los índices que se vienen publicando, como guías
o catálogos de ofertas comerciales por Internet, podrá comprobar que es
verdaderamente abrumador el número de nuevas páginas que mensualmente se
añaden con los distintivos o números y letras de localización de las
distintas ofertas. Navegar hoy por Internet es un problema complicado por
lo que se puede uno ir encontrando allí, aunque no conozca en este
momento a través de guías la identificación del producto comercial. Qué
decir si una red delictiva utiliza esta vía para transmisión de datos en
cuestiones de pornografía, de delincuencia organizada, de corrupción de
menores, etcétera.
Estamos de acuerdo, pues, en el fondo; lo que ocurre es que a nosotros
nos llena de preocupación las formas en que esto se puede abordar. En la
proposición del Grupo Popular se invoca la cuestión de la unidad central
de policía judicial, pero vamos también a resolver de una vez por todas
el problema de la policía judicial en el seno de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con relación al Ministerio de Justicia y
al Ministerio del Interior; es decir, para hacer frente a estas
cuestiones en un compromiso internacional debemos tener homologada la
policía judicial.
En segundo lugar, los delitos de soporte informático nos llevan a entrar
en el Código Penal. Si no hay Código Penal adecuado al tipo de delitos
que se puede producir por Internet, no podremos tener una eficaz lucha
contra el delincuente que está utilizando la red. Cualquier abonado puede
adquirir hoy en día un módem, concertar el contrato con Telefónica en el
caso español, y entrar en la red Internet recibiendo cualquier oferta a
través de la misma. Por tanto, había que distinguir qué actividades
comerciales y públicas son las abordables por un sistema policial y por
un sistema penal adecuado.
Nosotros quedamos abiertos a cualquier iniciativa perfeccionadora. Nos
parece muy oportuna y adecuada la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, y desearíamos que entre el grupo proponente y
el grupo enmendante se llegara a una fórmula inteligente en las formas de
enfocar y de resolver el problema. Estamos de acuerdo en el fondo del
problema y en que hay que resolverlo, pero resolverlo con una policía
judicial adecuada, con unas medidas de intervención judicial que sean
efectivas, con un Código Penal que sancione fundamentalmente el delito si
se utilizan estas vías informáticas de Internet, que se respete el
derecho a la intimidad y a la confidencialidad, lo que está consagrado en
las constituciones de los países democráticos, y que cuando se invoque la
salvaguarda de la necesaria reserva y confidencialidad de la actuación
policial se aclare qué significa esto. O lo hacemos en primer lugar, en
un primer escalón en el marco europeo, como propone la enmienda del Grupo
Socialista, o vemos muy difícil que esto se pueda conseguir por nuestra
cuenta.
Internet no es una red que funcione sólo y exclusivamente en España,
punto primero, y cuyos destinatarios fueran solamente españoles. En este
caso podíamos decir que íbamos a intervenir, pero es que el origen de la
fuente donde se comete el delito a través del soporte informático, sea
cual sea lo que se enumera, está en un país extranjero. Si está en el
ámbito de la Unión Europea, vayamos por ahí con el tercer pilar y con lo
que estamos haciendo en el espacio judicial y policial europeo; y si es
de terceros países, vamos a ver qué fórmulas existen para dar con la
fuente originaria del dato, porque el delincuente no va a estar en
España. Si está en España, el problema quedaría mucho más simplificado y
resuelto; pero es que el delincuente de la red Internet está en cualquier
lugar del globo terráqueo y esto es lo que complica la tecnología
judicial y penal.
Por tanto, desearíamos una armonización porque, vuelvo a decir, señor
Presidente, estamos de acuerdo
en apoyar esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y también nos
sería muy grato apoyar la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista porque racionaliza el tema en los términos en
que hemos dicho.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señora Uría, por el Grupo Vasco.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo también apoyará la toma en consideración de la proposición no de
ley, porque resulta difícil pronunciarse en otro sentido, una vez leída
la iniciativa, que es absolutamente bienintencionada en sus
planteamientos, y sobre todo tras la pasionaria intervención del
representante del Grupo Popular en defensa de lo que se propone con ella.
Igualmente nos convence, y por eso también la apoyaremos, la sugerencia
que desde el Grupo Socialista se formulaba, en cuanto a lo que ha de ser
objeto de regulación por el Gobierno.
Se trata, en efecto, de una auténtica medida gesto, es decir, que es
necesario manifestar que se está al tanto de la posibilidad de la
comisión de estas conductas y que, desde el Gobierno, se hará lo posible
para que no cunda en la sociedad la idea, como en el ejemplo mismo que se
pone en la exposición de motivos de la iniciativa, de que existen
auténticos agujeros en los códigos por la posibilidad de comisión
internacional, o a través de nuevos medios, de hechos delictivos.
Efectivamente, el ciberespacio, con sus millones de habitantes
internacionales, se comporta con las virtudes y los vicios de nuestra
sociedad. A través de ese medio de comunicación se intercambian ideas,
gustos, e información de toda índole; pero también hay propaganda
violenta, cómo conseguir drogas o recetas, incluso, para fabricar bombas.
Lo difícil, lo complicado será encontrar el punto de conexión
territorial, que es absolutamente imprescindible como elemento clave para
cualquier aplicación del derecho o para cualquier persecución policial
que se intente. De ahí que nos haya parecido y señalemos como acertada la
mención que se hacía desde el Grupo Socialista a hacer especial hincapié
en el ámbito europeo e internacional en el que tales cuestiones deben
desenvolverse. No en vano creemos necesario citar la comunicación al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social y al Comité de
las Regiones que, con fecha 16 de octubre del año 1996, se hacía por la
Comisión Europea sobre contenidos ilícitos y nocivos por Internet, cuyas
conclusiones, que no voy a repetir ante la Cámara, pero que instan a la
cooperación internacional y a la necesidad de colaboración entre los
gobiernos, equiparando las nociones y los tipos delictivos entre todos,
nos parecen absolutamente imprescindibles en el cometido que se pretende.
Igualmente, y por pertenecer al partido al que pertenezco, no puedo dejar
de hacer mención a otro aspecto más: las competencias de las cuestiones
que se van a tener que barajar en algunos casos están asumidas por las
comunidades autónomas. En concreto, me refiero a la protección de la
infancia y de la juventud o al título competencial de seguridad
ciudadana.
Creemos, y apoyamos la iniciativa del Grupo Popular, que todas estas
cuestiones, que no son pocas, deberán ser tenidas en cuenta por el
Gobierno al abordarse la profundización de las medidas policiales que se
pretenden.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor López de Lerma, por el Grupo Catalán.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición no de ley que avala
el Grupo Parlamentario Popular. Y lo va a hacer en consonancia y en plena
sintonía con lo que ha expuesto el señor Gil Lázaro en la defensa de la
misma; lo va a hacer de acuerdo con la convicción de que es necesario
actuar en esta materia que, siendo innovadora, se está escapando de
alguna manera de las manos del control policial, no sólo en este país,
sino en el conjunto del globo terráqueo, como aquí se acaba de decir.
Sólo quiero apuntar, señor Presidente, que nuestro grupo vería con buenos
ojos que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista fuera
transaccionada, aceptada en su espíritu y en alguna parte de sus letras
por el Grupo Parlamentario Popular, si ello es posible, porque entendemos
que la propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Socialista
sustancialmente es idéntica en la parte nuclear a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, pero con un añadido bastante
importante como es el de: Se insta al Gobierno a impulsar a la Unión
Europea a la cooperación entre los distintos Estados.
Yo estoy absolutamente convencido de que ello ya se está practicando y
que desde nuestro Ministerio del Interior precisamente se está
impulsando, por lo que yo sé, está cooperación, pero sería bueno que esta
Cámara recogiera la letra y el espíritu que nos propone el Grupo
Parlamentario Socialista, que la uniera a la propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, y de aquí surgiera una petición unánime a nuestro
Gobierno para que se active todo lo relativo a la prevención de las
utilizaciones delictivas de la red Internet.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
El señor Castellano, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Al leer la proposición no de ley que hoy nos trae a discusión el Grupo
Parlamentario Popular se produce una reacción inmediata en cualquier
lector de buena fe que da lugar a la pauta de un conjunto enorme de
sospechas. Es más: yo diría que si esta proposición no de ley la hubiera
hecho cualquier otro grupo político, el Grupo Popular debería haber
saltado como una auténtica pantera, porque que haya que instar al
Gobierno a que cumpla sus obligaciones no deja de ser algo curioso,
cuando además en la fundamentación de la proposición se dice que ya se
están cumpliendo.
Por tanto, entenderá, señor Gil Lázaro, que uno está en el mundo del
estupor. ¿Es concebible de verdad hoy un Ministerio del Interior, una
Dirección General de Policía, un Gobierno medianamente sensato que no
sepa por dónde van las nuevas formas de delincuencia, que no haya tomado
todas las medidas necesarias para ver si esa red de Internet sirve de
vehículo o de medio para la comisión de determinados delitos? Yo creo que
es absolutamente inconcebible, y menos todavía cuando se pertenece a una
órbita de países que tenemos un espacio judicial y policial común en el
que hay una colaboración bastante estrecha.
Por tanto, sé que no vamos a salir --porque no hay lugar a debate-- de la
sorpresa. La sorpresa es que yo no sé qué grado de desconfianza tiene el
Grupo Popular con su Gobierno, cuando se ve obligado a decirle desde la
Cámara: señores, ocúpense de esto, que nos parece muy interesante.
Como también compartimos, lógicamente, que el asunto es interesante y se
deben ocupar de ello, vamos a votar a favor, y nos parece muy bien,
además, aceptar la enmienda, si ustedes la aceptan, unida a ese esfuerzo,
del Grupo Parlamentario Socialista. Pero, le repito, no salimos de
nuestro estupor. Creíamos seriamente que un tema de esta envergadura
estaba ya más que solucionado y preocupaba a todo el mundo. Ahora, si el
Gobierno necesita que se le excite el celo en ello, por nuestra parte no
va a haber ninguna tacañería y lo vamos a apoyar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor Gil Lázaro, brevemente, en relación a la enmienda del Grupo
Socialista.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista marca una
distancia más en la forma que en el fondo, más en la forma reglamentaria
de enmienda de sustitución que en el fondo de su posición respecto de
nuestra iniciativa. Es sustancialmente idéntica en lo que afecta a la
parte nuclear de nuestra iniciativa, y sí añade una indicación que
nosotros entendemos muy interesante y que también estaba implícita en
nuestra iniciativa, aun cuando consideramos que efectivamente resulta
mucho más conveniente que se incorpore a la parte dispositiva del texto.
En este sentido, señor Presidente, ofreceríamos un texto transaccional,
que diría así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en
consonancia con el ordenamiento jurídico vigente, y salvaguardando la
confidencialidad de las investigaciones, profundice en el desarrollo de
las medidas técnicas y operativas ya adoptadas para que, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, se refuercen los medios a disposición
de los grupos policiales que trabajan en materia de prevención y
esclarecimiento de los delitos con soporte instrumental en redes
informáticas. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, en el seno de la Unión Europea, prosiga impulsando la cooperación
entre los distintos Estados miembros, a fin de avanzar en la adopción de
medidas coherentes y viables respecto de la persecución de dichas formas
de delito.
Por lo demás, señor Presidente, celebramos que todos los grupos de la
Cámara hayan entendido bien el sentido de esta iniciativa. Yo creo que lo
ha entendido también muy bien el señor Castellano. Hemos pretendido
exclusivamente invitar a la Cámara a que, a partir de esta iniciativa,
todos abramos un amplio debate en sede parlamentaria que sea consecuente
y coherente con la acción que anteriores Gobiernos han realizado al
respecto, y que ya está realizando también el Ministerio del Interior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
sobre actuaciones policiales a desarrollar en relación a la red
informática Internet, en los términos resultantes del debate y del texto
que ha leído, al finalizar, como transaccional el señor Gil Lázaro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 304; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA SOBRE POLITICA GENERAL DE VIVIENDA, PARA GARANTIZAR A TODOS LOS
CIUDADANOS EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA (Número de expediente
173/000027)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre política
general de vivienda, para garantizar a todos los ciudadanos el acceso a
una vivienda diga. (Rumores.)
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el día 20 en esta tribuna defendí una interpelación de mi
grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, dirigida al Gobierno,
para tratar de un problema que es acuciante para muchos españoles y
españolas. Siento que hoy, con motivo de la moción consecuencia de esta
interpelación, el interés por parte del Ministro de Fomento haya decaído
y no se encuentre presente en este hemiciclo. El problema se centra en
cómo acceder a una vivienda. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. (Pausa.)
Puede continuar, muchas gracias.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
Decía que el problema se centra en cómo acceder a una vivienda, derecho
éste reconocido constitucionalmente. Señorías, nosotros hoy esperamos que
esta moción cuente con el máximo apoyo de todas SS. SS. por tratarse de
un problema acuciante para toda nuestra sociedad. Enténdemos que hoy la
situación es grave, que no es una situación de orden menor, que está en
juego el posibilitar el acceso a la vivienda a sectores muy amplios de la
sociedad que hoy por hoy se ven impedidos a la compra de un piso por el
alto valor que tienen en este momento en el mercado. El enfoque para la
resolución de esta situación no puede ser genérico e inconcreto, como
pretende el Gobierno y el Partido Popular. Está en juego que los
ciudadanos de este país puedan ejercer un derecho que está contemplado
constitucionalmente. No basta solamente con el anuncio de medidas que no
están dirigidas a resolver una situación que es insostenible para amplias
capas de nuestra sociedad; entre las preocupaciones de los ciudadanos, el
acceso a la vivienda se sitúa entre los cinco primeros objetivos, entre
las cinco prioridades más importantes que tienen los ciudadanos en este
país. Desde el Gobierno se intenta crear falsas expectativas diciendo que
están interesados en resolver el problema del alojamiento. Nosotros les
decimos que no es así, que el Gobierno está tomando medidas e iniciativas
claramente favorecedoras para los empresarios de la construcción y
también para los propietarios del suelo. ¿Cómo es posible afirmar, como
ustedes lo están haciendo, señores del Partido Popular, que la panacea
para avanzar y para solucionar el alto precio de la vivienda sea
convertir la mayor parte de nuestro territorio en suelo urbanizable? Ya
hemos tenido oportunidad de debatir en diversas ocasiones que aquí no
existe un problema de suelo urbanizable. Yo creo que esa es una constante
que es constatada por todos nosotros, e incluso a estas alturas el
Partido Popular debe reconocerlo.
Cualquier profesional sabe que la necesidad de programación de suelo
urbanizable se sitúa en 2,5 veces más que la necesidad existente en ese
momento. Pues bien, señorías, en nuestro país tenemos suelo urbanizable
programado para construir siete veces más de las viviendas que son
necesarias en este momento. Por tanto, creo que es falso argumentar que
el alto precio de la vivienda recae exclusivamente en la falta de suelo
urbanizable.
Y ya entrando en el contenido de la moción, estimamos --situándonos en el
punto 1 de la misma-- que es un deber irrenunciable de los poderes
públicos cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional para facilitar
el acceso a la vivienda a todos los españoles. En este sentido, tenemos
que decir que cuando la iniciativa privada, por cuestiones de precio y de
mercado, no cumple esta función es el Estado, las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, los que deben garantizar este derecho a los
ciudadanos.
Esperamos que el conjunto de esta Cámara apoye al menos este punto, que
se refiere exclusivamente a preservar un derecho constitucional.
El punto 2 de esta moción insta a no seguir desregulando el mercado del
suelo en línea con las medidas adoptadas el 7 de junio. Profundizar en
este sentido supone arrastrar la ordenación territorial hacia el caos
vivido en otros tiempos que felizmente ya han sido superados. No podemos
ir hacia un modelo de desarrollo urbano que implique la creación
generalizada de nuevas infraestructuras y dotaciones que los
ayuntamientos no van a poder generar ni mantener. No podemos asumir la
pérdida de la capacidad municipal de planificación siendo los
ayuntamientos, democráticamente elegidos, los que deben ordenar el
territorio de nuestras ciudades y no la iniciativa privada, como está
argumentando el Partido Popular.
En el punto 3 proponemos mantener el aprovechamiento municipal, según
establece el texto refundido
de 1992. Esta petición no es que solamente la haga mi grupo político,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino que es una petición que
está avalada por cientos de municipios de nuestra geografía, por varias
asociaciones de municipios de distintas comunidades y también por
distintos grupos de esta Cámara, como son Izquierda Unida, Partido
Socialista, Partido Nacionalista Vasco, Bloque Nacionalista Galego, Eusko
Alkartasuna y Coalición Canaria. Algunos de estos grupos que acabo de
mencionar, en el momento de votar sobre estas medidas, situación que se
produjo el 7 de junio, se ausentaron de la votación para que el Gobierno
no fuese derrotado parlamentariamente. Creo que esos grupos al menos
deberán dar explicaciones de su comportamiento en sus autonomías y
aquellas organizaciones y organismos que les habían pedido un determinado
sentido de voto.
El punto 4 insta a promover actuaciones urbanísticas en terrenos
desafectados del Ministerio de Defensa. La mayor acumulación de suelo
apto para promover iniciativas urbanísticas en este momento está en manos
del Ministerio de Defensa, más de 27 millones de metros cuadrados de
suelo. Aquí, señorías, es donde existe realmente la posibilidad de
abaratar el suelo y de construir viviendas sociales tan necesarias para
nuestra sociedad. En este caso, proponemos que, al menos el 50 por ciento
del aprovechamiento urbanístico de este suelo, pase a los ayuntamientos
para contribuir así a solucionar la demanda social existente, y esta es
la vía y no la que nos está proponiendo el Partido Popular.
En el punto 5 se establecen criterios de justicia social para un mejor
aprovechamiento del gasto fiscal, que hoy asciende a 444.664 millones de
pesetas y que se utiliza de manera indiscriminada en desgravaciones de
IRPF. Este mismo gasto, dedicado a la concesión de ayudas directas a
personas con ingresos inferiores a 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional, es el que puede ayudar a miles de ciudadanos al acceso
a la vivienda. El ahorro fiscal debe invertirse en mejorar las ayudas a
los jóvenes para la adquisición de viviendas. Es de justicia hacer un
mayor esfuerzo en el colectivo de jóvenes, colectivo tan castigado por la
falta de empleo y por la precariedad en el mismo.
En el punto 6 proponemos adoptar las medidas necesarias para aumentar la
cantidad de dinero de gasto público. Con esto queremos situarnos a
niveles europeos, queremos llegar al grado de bienestar que también
existe en Europa; no queremos quedarnos, única y exclusivamente, en la
moneda única, en la convergencia europea, sin participar también en otros
terrenos claramente favorecedores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Sí, señor Presidente. En seguida acabo.
Decía, señorías, que, al final, lo que nosotros proponemos es que el
producto interior bruto que se destina para la vivienda se incremente. En
este momento estamos en parámetros del 1 por ciento, y lo que estamos
pidiendo es que se llegue al 2,5 o al 3 por ciento, que es el parámetro
europeo.
En el punto 7 decimos también que hay que promover el mantenimiento y la
generación de parques públicos de viviendas en alquiler, con el fin de
situarnos en parámetros similares a los de la Unión Europea. Hay que
recordar que en este país solamente un 2 por ciento de viviendas de
alquiler son públicas, mientras que en otros países, como el Reino Unido,
tienen un 24 por ciento, Suecia el 22 por ciento, Austria el 23 por
ciento, o Alemania el 26 por ciento.
Señorías, con esta moción tratamos de sensibilizar a esta Cámara para que
se adopten las medidas que entendemos que realmente pueden incentivar,
pueden mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas de
este país.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo, en nombre del Grupo Socialista, para
presentar un conjunto de enmiendas que formulamos a esta moción
consecuencia de interpelación sobre política de vivienda, que ha
planteado el Grupo de Izquierda Unida.
En principio, tenemos que decir que valoramos positivamente el conjunto
de la moción. Pensamos que es una moción que diseña lo que puede ser una
política de suelo y de vivienda para los próximos años, pero también es
una moción que, desde nuestro punto de vista, adolece de algunas
deficiencias que entendemos deben ser complementadas con las enmiendas
que planteamos en nuestro texto y que SS. SS. conocen.
Si hacemos un análisis del conjunto de la moción, con independencia de
que es necesario, a la hora de elaborar una nueva ley del suelo, saber
cuál tiene que ser la posición del Gobierno respecto del contenido de las
sentencias pendientes del Tribunal Constitucional, o bien las dictadas el
año pasado respecto a otros temas, a los que hice referencia en mi
intervención durante la interpelación de la semana pasada, hay que
considerar, señorías, respecto a los puntos que plantea Izquierda Unida,
las siguientes apreciaciones.
El punto 1 --imagino que todos los grupos estarán a favor de él-- supone
una declaración de intenciones basada en el artículo 47 del texto
constitucional, unos
principios fundamentales que todos asumimos como son la intención y la
voluntad política explícita de que exista una vivienda digna para todos
los ciudadanos españoles. Bajo ese punto de vista, entendemos que no
apoyar este punto sería negar una evidencia, cual es que todos los
españoles tienen perfecto derecho a disponer de esa vivienda digna para
atender sus necesidades.
Sin embargo, en el punto 2, ya entramos en un terreno un poco más
vidrioso, un terreno que hace referencia a la desregulación del mercado
de suelo, a la existencia o no de suelo urbanizable. Como es lógico, las
diferencias entre unos y otros grupos ya se pusieron de manifiesto en la
semana anterior. Nosotros apostamos por el planteamiento que hace
Izquierda Unida en su punto 2, porque coincidimos con ellos en el sentido
de que suelo urbanizable no puede ser todo aquel que exista en el
territorio español menos la parte de suelo protegido. Entendemos que
tiene que haber una serie de limitaciones, una serie de controles y una
planificación urbanística que tienen que llevar a cabo las instituciones
municipales y las comunidades autónomas, y que seguir en la tesis que
está planteando el Grupo Popular, el Gobierno, de que este suelo
urbanizable sea cada vez más voluminoso nos haría chocar con una serie de
contradicciones curiosas, como, por ejemplo, que en municipios de más de
20.000 habitantes el suelo urbanizable que hay ya ocupa casi el 80 por
ciento del término municipal, o como, por ejemplo, que también en estos
municipios de más de 20.000 habitantes, que hay muchísimos en España,
donde está concentrada fundamentalmente la población de este país, nos
encontramos con que hay suelo urbanizable como para que las ciudades
prácticamente multipliquen por dos su extensión actual. Entendemos que no
es bueno que eso se produzca. Por ello, la fórmula que plantea Izquierda
Unida en esta propuesta la valoramos positivamente.
El mantener el aprovechamiento municipal en los términos que establece el
texto de 1992 es obvio por nuestra parte. Nos opusimos a ese primer
proceso liberalizador que se produjo en junio del año pasado de ceder ese
33 por ciento a los propietarios de los terrenos. Pensamos que hay que
recuperar ese 33 por ciento para que esa cesión obligatoria del 15 por
ciento se siga manteniendo como en el texto de 1992.
Utilizar, como establece en su punto 4, terrenos procedentes de la
desafectación de cuarteles del Ministerio de Defensa o que provengan de
cualquier desafectación de patrimonio público es una propuesta que
nosotros hacíamos en nuestro texto alternativo a las medidas
liberalizadoras de suelo de junio de 1996. Por lo tanto, nos parece un
planteamiento correcto y oportuno que se mantenga en esta moción ese tipo
de medidas que son coincidentes con lo que nosotros hemos venido diciendo
en los últimos tiempos.
Al punto 5, que pretende modificar el sistema de ayudas, nosotros le
incorporamos unas propuestas que vienen a complementar, que vienen a
aclarar en qué puntos concretos entendemos nosotros que tiene que
plantearse una adecuada política de vivienda. Por ello, no solamente
hablamos de ayudas en general, sino que marcamos unos puntos que
entendemos son los oportunos para que esa política se defina. Creemos que
tiene que haber una ayuda directa al comprador, mediante préstamos
subsidiados, para familias con recursos inferiores a 5,5 veces el salario
mínimo interprofesional. Entendemos que es una medida, como ha dicho
antes el portavoz de Izquierda Unida, que abarca un conjunto muy
importante de ciudadanos y ciudadanas de este país con problemas, con
necesidades de vivienda. Facilitar que el acceso a la vivienda, tanto en
compra como en alquiler, goce de este tipo de beneficios, de
posibilidades, lo que hará sin ninguna duda será mejorar las expectativas
que tienen los ciudadanos de acceder a una vivienda de calidad, a una
vivienda digna, de acuerdo con el desarrollo de nuestro texto
constitucional, en el que todos estamos de acuerdo.
Si hablamos de regular un sistema de ayudas para la adquisición de
viviendas a precio tasado que no supere los 120 metros cuadrados de
extensión, estamos hablando también de un sistema de ayudas a aquellos
ciudadanos y ciudadanas que tienen interés en acceder a unas viviendas de
estas características. Creemos que establecer esta distinción no es una
discriminación negativa, sino una discriminación positiva hacia un sector
muy importante de nuestra sociedad.
El regular la posibilidad de sustituir, por parte del Gobierno, la
subsidiación del tipo de interés por una subvención equivalente, no creo
que sea ninguna medida exagerada ni desproporcionada, más bien creo que
es una medida adecuada para aquellas personas que tengan necesidad de
recursos para hacer frente a los primeros plazos de la compra de una
vivienda, que la tendrían solucionada mediante este subsidio, esta
subvención, que tendría equivalencia con lo que ha de ser el tipo de
interés que ha de pagar a lo largo del plazo de amortización del crédito
correspondiente.
También planteamos la elaboración de un marco --y aquí aspiramos a una
fórmula un poco más ambiciosa que entendemos que el Grupo Popular y el
Gobierno debieran de estimar--, un marco en el que se contemplen las
condiciones de ayudas a jóvenes, y aunque hablamos con carácter general
de todos los jóvenes, sí que es cierto que hacemos un especial hincapié
en aquellos jóvenes que tienen unos recursos inferiores a 3,5 veces el
salario mínimo interprofesional. Siempre se nos ha llenado la boca al
defender a los jóvenes, de prestar atención a los jóvenes, de diseñar
políticas relacionadas con un sector de población muy importante que,
efectivamente, necesita del apoyo y de la comprensión de todos los grupos
políticos. Este es un buen momento para que ustedes presten la debida
atención
a la política de vivienda, que es una de las necesidades que se plantean
con mayor dureza en muchos momentos, a través de la adopción de este tipo
de medidas, que, sin lugar a dudas, beneficiarán al conjunto de un sector
importante de nuestra población.
Nosotros hacemos una modificación del punto 6 en el sentido de eliminar
esos tantos por ciento que hacen referencia a un término medio de la
Comunidad Económica Europea y al producto interior bruto, y suavizamos un
poco esa redacción, que, sin dejar de pretender conseguir los objetivos
que plantea el punto 6, sí es cierto que marca un camino con algo más de
pausa para llegar a conseguir ese objetivo, porque, sin lugar a dudas --y
me imagino que usted lo sabe, señor Fernández--, conseguir esto tal y
como está planteado en estos momentos es materialmente imposible. Por
ello. la fórmula que planteamos, sin dejar de conseguir esos objetivos,
va en la dirección que usted marca en su punto número 6.
En el punto número 7 nosotros añadimos una propuesta encaminada a
conseguir que esa atención especial que hay que mantener en relación con
los parques públicos de viviendas en alquiler se centre en aquellas
familias con recursos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional, y también a que esta atención venga complementada con
una prórroga en lo que ha de ser el período de amortización del crédito
correspondiente y pasar de 20 a 25 años en viviendas de protección
oficial. Entendemos que esta fórmula posibilitaría que hubiera ciudadanos
y ciudadanas interesados en acudir a fórmulas de alquiler de vivienda, lo
que, como es lógico, dinamizaría un sector dentro del conjunto de la
vivienda que en estos momentos se encuentra, como todos ustedes saben, en
unos límites bajos en comparación con el resto de los países de la Unión
Europea.
Por último, señor Presidente, señorías, nosotros por un error, por un
descuido sin más que se ha producido en la presentación de nuestro texto,
hemos dejado de presentar una enmienda que también nos parece substancial
y que yo pediría al señor Fernández que la considerara como una enmienda
in voce para su aceptación, si es posible, porque entendemos que es bueno
que se regule como un elemento importante que también incide en el precio
y en la calidad de la vivienda; me refiero a la existencia de una ley de
ordenación de la edificación. El Gobierno ha recibido del anterior
Gobierno todo un bagaje informativo que tiene encima de la mesa, dispone
de un texto presentado en esta Cámara que no se pudo tramitar como
consecuencia de la disolución de las Cámaras. Solicitamos que con las
correcciones que estime oportunas o con el mismo texto --nos parecería
muy oportuno que pudiera ser así-- presente un proyecto de ley en el
plazo de tres meses con la finalidad de que este proyecto de ley de
ordenación de la edificación sea discutido en esta Cámara.
Pienso que con todas estas medidas contribuiríamos, además de a
complementar el texto de la moción que ustedes han presentado, a
facilitar que ese acceso a la vivienda digna que todos planteamos fuera
un hecho en los próximos tiempos.
Señor Presidente, señorías, espero que por parte del grupo proponente se
acepten estas enmiendas que hemos planteado porque entendemos que vienen
a complementar, a aclarar y a ampliar un poco el contenido de la moción y
que en absoluto desvirtúan ni sus objetivos ni sus criterios ni las
pretensiones que tiene el Grupo de Izquierda Unida a la hora de hacer
estos planteamientos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante una cuestión fundamental en lo que es la
articulación de la política de bienestar social, de la que nuestro grupo
parlamentario es un firme defensor, pero debo decir también que,
lamentablemente y a pesar de algunos éxitos, está claro que la política
de vivienda sigue siendo insuficiente para resolver el problema del deseo
que tienen muchos ciudadanos de este país de acceder a una vivienda
digna, con independencia de su edad o condición social. Las culpas --creo
yo y cree este grupo parlamentario-- están repartidas entre todos los
niveles de la Administración, porque aunque a veces, diría que de forma
malintencionada, se afirme que la competencia en materia de vivienda es
responsabilidad de las comunidades autónomas, los que estamos en esta
Cámara no nos podemos engañar y sabemos perfectamente que en la política
de vivienda tienen competencias las comunidades autónomas, tienen
competencias las administraciones locales y tiene competencia, y yo diría
que de forma importante, la Administración General del Estado y, por
tanto, también este Parlamento.
Asimismo, en este preámbulo, y antes de entrar en el contenido de la
moción que nos plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por boca de su portavoz, el señor
Fernández, debo reconocer que la situación en cuanto a la facilidad de
acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos de este país ha mejorado
sustancialmente en los últimos años, y no hablo desde una perspectiva
corta, que nos situaría en el momento en el cual se empieza a producir
una importante bajada de los tipos de interés, lo que, sin duda, ha
comportado una mejora en la posibilidad de acceso a la vivienda de
amplísimos sectores, sino que estoy hablando con una mayor perspectiva. Y
debo fijarme fundamentalmente en el final de la década de los ochenta y
en el principio de la década de los noventa como ejemplo de lo que no
debe ser una política de vivienda. Esta época debemos situarla en un
momento histórico en el cual se produce una inusitada inflación de los
precios de la vivienda que no fue acompañada de unas medidas a la altura
de la situación y amplias, amplísimas capas de la población,
especialmente los más jóvenes, quedaron privadas del acceso a la
vivienda. Abundando más en ello, diré que esto afectó muy especialmente a
una amplia franja de la población que tenía unos ingresos demasiado altos
para poder acogerse a las medidas que se contenían en los planes de
protección, pero demasiado bajos para acudir al mercado. ¿Por qué digo
esto y por qué me voy en el tiempo seis o siete años atrás? Simplemente
para ejemplificar algo que debemos tener muy en cuenta en el momento de
diseñar el futuro plan de vivienda. Es decir, que un plan de vivienda
debe tener una visión amplia y contemplar todas aquellas situaciones y
todos aquellos grupos de ciudadanos que pueden tener dificultades en el
mercado para acceder a una vivienda libre. Para conseguir esto, para
conseguir hacer un plan de vivienda equilibrado, tenemos a nuestro favor
la bajada de tipos de interés y tenemos en contra la austeridad
presupuestaria que padecemos, que es obligada.
Sin más, entro en el contenido estricto de la moción que nos plantea el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En cuanto al punto 1, estamos de
acuerdo --no podía ser de otra manera-- porque nos está recordando el
mandato del artículo 47 del texto constitucional, mandato que,
lamentablemente, se tiene que repetir demasiado a menudo y hay
importantes sectores sociales que demasiado a menudo se ven en la
obligación de invocar.
El punto 2 hace referencia a no profundizar en la desregularización del
suelo. No sé exactamente qué quiere decir con ello el señor Fernández.
Nosotros estamos convencidos de que conviene una reforma del marco
actual, porque los problemas de precio del suelo que ha generado este
marco los conocemos todos; la situación en que nos encontramos y que
debemos solucionar la conocemos todos. No podemos aferrarnos a un marco
que, como recordaba el ministro la semana pasada, se remonta al año 1956;
que, sin lugar a dudas, ha tenido una serie de efectos positivos, pero
que hoy en día, también sin lugar a dudas, se debe modificar para
adecuarlo a una nueva realidad.
Dicho esto, nosotros entendemos que la reforma deberá reforzar las
garantías de los particulares en el proceso, tasar mejor los plazos,
introducir el silencio positivo. No nos podemos olvidar --y es algo que
me gusta repetir, porque es un ejemplo que nos sitúa muy bien ante el
problema-- de que estamos en un país donde un mismo trozo de suelo, con
idéntica calificación urbanística, tiene un precio con licencia en mano
superior al del mismo trozo de suelo, el mismo pedazo de territorio sin
licencia en mano. Aquí pasa algo que tiene una cierta importancia. Por
tanto, esta reforma de la legislación del suelo debe de abordarlo. Pero
también entendemos que esta reforma en ningún caso puede y debe suponer
una dejación de las competencias de la Administración, de la función
pública que es el urbanismo. Estamos francamente convencidos, somos
convencidos defensores de la función pública del urbanismo y, por tanto,
del papel preponderante y protagonista que le compete a la Administración
pública en todo el proceso de ordenación y de desarrollo urbano. Si no
fuera así, si olvidáramos esto, correríamos el peligro de avanzar hacia
el caos, y creo que eso nadie lo quiere.
Pues bien, en conseguir una mejor garantía de los derechos individuales
de los ciudadanos en el proceso de desarrollo urbano y en fortalecer, si
conviene, pero en cualquier caso en dejar claras las competencias de las
administraciones públicas, en conseguir el equilibrio entre estos dos
principios, entendemos que se encontrará el éxito de esta reforma.
Abogan ustedes también, señor Fernández, por no suprimir las distintas
categorías de suelo. Pues bien, yo le diré que depende, porque pueden
suprimirse categorías de suelo con carácter supletorio, como se hizo en
la última reforma, la del proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley
de Suelo y Colegios Profesionales, y no pasar absolutamente nada, sin
querer entrar en un debate que ya tuvimos ocasión de mantener en su
momento sobre si era conveniente o no suprimir la distinción entre el
suelo urbanizable programado y el no programado. En cualquier caso,
creemos que con la supresión de esta distinción con carácter supletorio
no se ha hundido nada.
Punto 3. Con lo que en él se plantea no estamos de acuerdo y supongo que
no le sorprenderá. El mayor régimen de cesiones, pensamos, lo acaba
internalizando siempre el precio del suelo y, en definitiva, es el
adquirente de vivienda quien acaba pagando este mayor régimen de
cesiones.
En el punto 4 debo deducir que no les gusta la vivienda de precio tasado,
porque hacen referencia a la vivienda de promoción pública y a la de
protección oficial. Y debo decirle también que a nosotros sí que nos
gusta la vivienda de precio tasado. Entendemos que ha contribuido a
resolver un problema de vivienda en un segmento importante de nuestra
sociedad.
Tampoco estamos de acuerdo en la segunda parte de este punto. Le diría
que sí estamos de acuerdo en aquello que se refiere a la desafectación de
suelos públicos para dedicarlos a la política de vivienda. Es una medida
que este grupo parlamentario también contemplaba en su programa
electoral, pero no estamos de acuerdo en que la participación de los
ayuntamientos deba de ser en no menos del 50 por ciento del
aprovechamiento medio.
Punto 5. Hacen referencia a un elemento que creo que será clave en el
futuro debate. Es decir, mayor gasto fiscal o mayor ayuda directa.
Proponen concretamente una disminución del primero, o sea del gasto
fiscal, por tanto indirecto, en beneficio del segundo. Nosotros no
compartimos este principio, en absoluto. Además, creemos --y lo hemos
reivindicado-- que hay mucho terreno en la fiscalidad para poder
colaborar y coadyuvar a una política de vivienda utilizando los
instrumentos que nos da la fiscalidad. Para nosotros, ésta debería ser la
vía normal, ya que ahorra muchos problemas. Entre otros, y situándonos en
la realidad actual, si optáramos en determinados supuestos por las
desgravaciones fiscales en detrimento de las subvenciones directas,
muchos ciudadanos que en el momento en que hicieron los números para
poderse comprar una vivienda contaban con una subvención directa de la
Administración pública no tendrían el problema que están padeciendo por
el retraso, a veces exagerado, que se produce en el cobro de estas
subvenciones directas. También pensamos que la ayuda directa se debería
utilizar en casos específicos y sobre todo para los sectores sociales más
necesitados de ayuda.
En cuanto al punto 6, estamos de acuerdo en incrementar el volumen del
gasto público en vivienda, pero no olvidemos que en este momento el
Estado español, si no estoy equivocado, sitúa el gasto en vivienda en
relación con el producto interior bruto en el 1,3 por ciento; que la
media comunitaria es del 1,7 por ciento y que ustedes proponen acercarnos
al 2,5 ó 3 por ciento. Creemos que es algo inalcanzable, aparte de que
hay mucha diferencia entre el 2,5 por ciento en términos de producto
interior bruto y el 3 por ciento.
En cuanto al punto 7, que si no recuerdo mal hace referencia a la
promoción del alquiler, estamos de acuerdo, pero no podemos hacerlo sin
más, llevados por un entusiasmo de apoyo a las políticas de alquiler que
ciertamente vienen a resolver un problema muy determinado, y sobre todo
nuevas dinámicas sociales que se producen en nuestra sociedad que hacen
cada vez más necesario que haya un parque importante de viviendas en
alquiler. Apoyemos el alquiler, pero no olvidemos que en este país, por
lo que sea, un 85 por ciento aproximadamente de los ciudadanos ha optado
por la compra en detrimento del alquiler.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Recoder, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RECODER I MIRALLES: Termino en seguida, señor Presidente.
En el punto 8 no me ha quedado claro lo que pretende el grupo proponente.
Nos dice que se haga público un inventario de patrimonio público de
suelo. En principio, el registro de la propiedad, que es público, de
alguna forma puede resolver este problema, pero no sé exactamente con qué
intención nos proponen estas medidas del punto 8 de la moción.
Termino, señor Presidente, diciendo que no podemos votar favorablemente
el texto de esta moción, pero que valoramos muy positivamente la
contribución que la misma ha supuesto al debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias señor
Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, en esta toma de
posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la moción
consecuencia de interpelación, tramitada el pasado día 25 de febrero,
quiero empezar diciendo que aquella interpelación se centró
fundamentalmente en una crítica --yo diría con vocación de enmienda o de
rechazo a la totalidad-- a la política de suelo que se ha plasmado ya en
un decreto-ley y al anuncio de medidas liberalizadoras que se plasmarán
en un nuevo proyecto de ley de suelo. Hoy la moción se plantea en la
misma línea, si bien ciertamente con algunas referencias a otros
elementos distintos del suelo como factores que inciden en la política
global de vivienda.
En lo que se refiere al contenido fundamental de esta moción, que plantea
un cambio radical en la política de suelo, amén de otras cosas, más aún
si se aceptan por parte del proponente las enmiendas formuladas por el
Grupo Parlamentario Socialista, hay que decir que estamos en presencia de
un modelo de política de vivienda, y sobre todo de un modelo de política
de suelo, que ha conducido --y ahí coincido con algún portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra-- a una situación inaceptable. La
política de vivienda ha conducido a una virtual situación de
inaccesibilidad a la vivienda ni en propiedad, por razones de las
finanzas familiares, ni en alquiler, por la ausencia práctica de
viviendas de pisos en alquiler.
En lo que se refiere al modelo de suelo --y recuerdo las palabras del
ministro-- ha conducido a una situación que se caracteriza por una
restricción de la oferta de suelo urbanizable y urbano --y no podemos
olvidar que el suelo urbanizable no es más que una fase en el proceso de
transformación de terrenos hacia suelo urbano--, que ha llevado a
situaciones monopolistas, en muchos casos, y en otros, y en todo caso, a
que se produzca esa paradoja de nuestros días en la que, por decirlo en
palabras coloquiales, en términos de promedio nacional cuesta más la
repercusión del suelo que los ladrillos en el precio final de la
vivienda, suponiendo el suelo, en términos de promedio, el 43 por ciento,
mientras que el coste de la producción sólo es el 38 por ciento. La
actual situación también ha conducido a tiempos reales de tramitación de
planes y proyectos
notoriamente largos debido a la multiplicación de trámites intermedios,
en la mayor parte de los casos innecesarios, que es forzoso agilizar y
estamos todos de acuerdo en hacerlo; a una fuerte discrecionalidad de la
Administración municipal, frente a las iniciativas de los particulares; a
cargas de cesiones --y aquí me refiero a las cesiones a los
ayuntamientos-- en general excesivas, y hay que decir que en una economía
de mercado toda cesión, toda carga --y la cesión es una carga-- se acaba
transfiriendo y la acaba pagando el adquirente final de una vivienda.
Todo ello, amén de rigidez en las determinaciones del planeamiento y del
sistema de obligaciones y de plazos desde un concepto del derecho de
propiedad que entiende que el derecho a urbanizar, el derecho a la
urbanización, el derecho a edificar, el derecho a la edificación, no
forman parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Sobre este
punto estamos a la espera de la tantas veces citada sentencia del
Tribunal Constitucional.
Ante este conjunto de problemas, más el conflicto general de la vivienda,
se plantea esta moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuyos
ejes fundamentales, para que lo entiendan SS. SS., yo diría que son dos:
el primero, una paralización de la orientación del Gobierno seguida hasta
ahora de desregulación y liberalización del suelo y una consiguiente
continuidad de la política intervencionista. Y el segundo, una
acentuación de lo mismo que acabo de manifestar, dicho con otras
palabras, del papel de las administraciones públicas. Mi grupo,
obviamente, mantiene unos ejes de su política de vivienda y de su
política de suelo diametralmente opuestos a los que se reflejan en la
moción.
El Gobierno ha actuado hasta ahora en los tres factores que inciden en la
actual política de vivienda, a saber: el suelo, la financiación y la
fiscalidad, con una eficacia que la economía de mercado pondrá en
evidencia en breve.
En cuanto a la política de suelo, lo ha hecho mediante la aceleración del
proceso de transformación de suelo urbanizable en urbano, orientándose a
un aumento de la oferta de suelo por entender que en una economía de
mercado el precio del suelo no baja porque el precio se fije por juntas
superiores de precios o por decisiones administrativas, sino
sencillamente mediante el aumento de la oferta. Aumentando la oferta de
suelo se producirá más pronto o más tarde una baja en su precio.
En segundo lugar, en materia de financiación, a través una política
económica que ha permitido una baja sustancial en los tipos de interés.
No me detengo más en este punto porque es obvio. Se han logrado tipos de
interés que no se conocían hace veinte años.
En materia de fiscalidad, se ha actuado con unas medidas y otras están en
cartera. Me refiero a la que permite la exoneración del Impuesto sobre
Transmisiones y Sucesiones cuando se trate de la transmisión de viviendas
en el ámbito de la familia.
Frente a estas ideas se plantea una moción, la de Izquierda Unida, con la
que no podemos sino estar en desacuerdo de la cruz a la fecha; miento,
señorías, no de la cruz a la fecha, sino desde el apartado 2 hasta el
último, el 8. Porque, obviamente, con el punto 1 no podemos sino estar de
acuerdo; no es más que una repetición de la doctrina y del principio
proclamado en el artículo 47 de la Constitución. Si no fuera porque la
normativa parlamentaria impide, en el caso que haya una aceptación de
enmiendas de otro grupo, que se produzca una votación separada, mi grupo
no tendría inconveniente alguno en votar favorablemente este punto 1,
pero no así el resto de los puntos. Me referiré a ellos muy
sustancialmente.
No podemos estar de acuerdo cuando se pide no profundizar en la
desregulación del suelo, siendo esta desregulación y liberalización del
suelo una de las líneas directrices de la política de vivienda y suelo
del Grupo Popular. No podemos estar de acuerdo con el mantenimiento de
las cesiones en el 15 por ciento, que han sido modificadas en una ley que
debe estar ya en las páginas de «Boletín Oficial del Estado», aprobada
por esta Cámara y el Senado. Supongo que no se pretenderá que se
modifique unos pocos días después de su promulgación una ley que
establece las rebajas de las cesiones del 15 al 10 por ciento. No podemos
estar de acuerdo en que se produzcan desafectaciones de suelo del
Ministerio de Defensa y de otros organismos públicos, y mucho menos en
que se establezca esa tasa o ese compromiso del 50 por ciento a que hace
referencia el punto 4. No podemos estar de acuerdo en la modificación de
la fiscalidad que se propone y en pasar de la fórmula del gasto fiscal a
la de la subvención; al contrario, y coincidimos con el Grupo
Convergència i Unió. Creemos que tenemos que ir a una fiscalidad
beligerante en favor de la política de vivienda, que la fiscalidad es uno
de los instrumentos a utilizar para hacer política de vivienda y para
promover, en este marco de política de vivienda, no sólo la política de
acceso a la propiedad sino principalmente, pensando en la movilidad del
empleo, pensando en la juventud y en los segmentos más desprotegidos de
nuestra sociedad, una clara política de fomento del alquiler.
No podemos aceptar --ya nos gustaría-- que se aplique como recursos a la
política de vivienda hasta el 3 por ciento del PIB. El portavoz de
Convergència y Unió ha dado datos al respecto. Yo no tengo sino que
reafirmarme en esos datos y desear que en lo sucesivo no se empeñen el
Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Socialista --a pesar de que plantea
una enmienda de rectificación-- en practicar esa máxima bien conocida de
la revolución del 68: Sed razonables, pedid lo imposible. En estos
momentos, que el 3 por ciento del PIB se dedique a política de vivienda
es sencilla y literalmente imposible.
Estamos de acuerdo en promover el alquiler, pero no necesariamente y sólo
a través de la promoción
de parques públicos de vivienda. En este punto hay que decir que en el
decreto regulador de la vivienda del año 1995, de 28 de diciembre, de la
etapa socialista, se fue muy generoso en la cofinanciación, hasta el 40
por ciento del coste de las viviendas cuando sean destinadas a alquiler,
y hay que decir que, a pesar de su buena voluntad, la aplicación de este
real decreto ha quedado desgraciadamente --insisto-- inédita.
Finalmente, en el último punto se nos pide un inventario del patrimonio
público. Nos parece razonable, pero creemos que hay un censo de población
y hay un censo de vivienda que son instrumentos suficientes. Habría que
investigar sobre muchas más cosas; para eso está el Instituto Nacional de
Estadística y para eso están los centros que se dedican a las encuestas y
a las investigaciones sociológicas.
En definitiva, señorías, no tenemos más remedio que rechazar la moción
que se plantea, con la matización que he señalado respecto al apartado
primero.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, quiero
decir algo para la hipótesis de que se produzca la aceptación por el
Grupo proponente, Izquierda Unida, y es que podríamos estar de acuerdo
con alguna de ellas. Nos parecen razonables pero creemos que no son
oportunas. Cuando el Partido Popular tiene en ciernes la elaboración de
un plan de vivienda para el cuatrienio 1998-2001, cuando el año 1997 ya
está hecho --si SS. SS. me permiten la expresión--, no tiene sentido y es
inoportuno condicionar la política de vivienda que se plasmará en ese
plan de vivienda para el cuatrienio con una serie de sugerencias que nos
parecen en su mayoría correctas y que nos parecen en su mayoría
aceptables. Por ejemplo, aquella en la que se pretende pasar de la
política de subsidiación de intereses a la de subvenciones, si tenemos en
cuenta que gracias a la política económica del Partido Popular los tipos
de interés de mercado pueden ser más bajos que los tipos de interés
incluso después de la subsidiación. No creemos que se deba condicionar al
Ejecutivo cuando estamos hablando de un año 1997, que ya está hecho, de
cara a un año 1998 en el que esta Cámara tendrá oportunidad de conocer y
pronunciarse sobre el plan de vivienda del Partido Popular para el
cuatrienio 1998-2001.
En definitiva, señor Presidente --y acabo--, no podemos aceptar la moción
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por
desacuerdo radical con ella, con la matización que he hecho respecto al
apartado primero, y no podemos aceptar las enmiendas --en el caso de que
el grupo proponente las haga suyas-- del Grupo Parlamentario Socialista
por una razón sencilla de inoportunidad. Creemos que son propuestas
valorables que el Gobierno --estoy seguro-- tendrá en cuenta en un
momento más oportuno que éste.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ortiz.
Señor Fernández, tiene la palabra a los solos efectos de manifestar la
aceptación o no de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. No
hay más debate sobre esta cuestión.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar que nuestro grupo va a aceptar las enmiendas
adicionales propuestas por el Grupo Socialista, así como la enmienda in
voce que ha presentado. Creemos que son enmiendas que incluso vienen a
mejorar nuestra moción, ya que en algunos casos aportan una solución
complementaria. Por tanto, aceptaremos estas enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política general de vivienda, para garantizar a
todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 141; en contra, 154; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE DROGAS (Número de expediente 173/000028)
El señor PRESIDENTE: Moción, del Grupo Socialista, consecuencia de
interpelación urgente sobre la política del Gobierno en materia de
drogas. Para su defensa tiene la palabra el señor Martinón. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor MARTINON CEJAS: Gracias señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el pasado 26 de febrero el Grupo
Parlamentario Socialista interpeló al Gobierno acerca de la política de
drogas. La principal
razón de aquella interpelación era mostrar nuestra preocupación acerca de
la diferencia entre lo que el Gobierno decía --siempre se hace alusión al
informe de la Comisión Mixta como emblemática del consenso que se quiere
alcanzar-- y, por otro lado, lo que el Gobierno hacía. En nuestra
opinión, las acciones concretas que el Gobierno iba desarrollando
situaban a éste, y por tanto a todos los demás, lejos del consenso, o al
menos empezaba a iniciarse una situación que ponía en peligro el consenso
que se había logrado en la anterior legislatura.
Hemos presentado una moción, consecuencia de aquella interpelación, en la
que insistimos en los puntos en los que consideramos que más en peligro
estaba ese consenso. En primer lugar, para insistir en la importancia del
consenso y en que ese consenso debe lograrse, debe concertarse con todos
los que algo tienen que decir en materia de drogas: con las comunidades
autónomas, con las organizaciones sociales y con las fuerzas políticas.
Hay un marco para alcanzar ese consenso, que es el informe de la Comisión
Mixta de la legislatura pasada, y hay un marco institucional en el que
ese consenso debe lograrse, que es el Plan Nacional sobre Drogas.
El segundo punto de nuestra moción se refiere a una de las cuestiones
esenciales en la política sobre drogas, que es la prevención. Por eso
proponemos que el Gobierno adopte las recomendaciones que se recogen en
el programa de acción comunitaria de prevención de toxicomanía, que es
una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo. No se trata
simplemente de informar, no toda información supone prevención; no se
trata sólo de formar, no toda acción que se supone formativa es
preventiva. Las acciones y las campañas de prevención deben ser
evaluadas. Hablar de drogas no siempre es preventivo, a veces es
simplemente una forma de hacer propaganda.
El tercer punto de nuestra moción se refiere a las campañas de
publicidad. En relación a las futuras campañas de publicidad, creemos que
se debe considerar la experiencia que ya se ha adquirido en las semanas
europeas de la prevención de la toxicomanía, teniendo en cuenta los
mecanismos institucionales de participación social en cuanto a su diseño
y difusión e incorporando la necesaria evaluación de sus resultados.
Queremos que en el futuro las campañas de publicidad se sustenten en los
valores de solidaridad y de libertad, que son sobre los que hemos ido
construyendo el consenso.
Queremos, por último, y así lo proponemos en nuestra moción, que la
anunciada estrategia de revisión y actualización del Plan Nacional sobre
Drogas que el Gobierno ha hecho se debata en el seno de la Comisión
Mixta.
En una palabra, señorías, la moción que presentamos pretende que con
claridad volvamos al consenso, que participen en el consenso todos los
que tengan algo que decir, que exista consenso en cómo debemos entender
la prevención, que haya consenso en cómo abordar las campañas de
publicidad, que haya consenso para que sea la Comisión Mixta el foro
donde se debatan y se presenten las propuestas del Gobierno. Resumo más,
señorías. Queremos que haya consenso para que sobre el problema de la
droga no haya propaganda política.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martinón.
A la moción se han presentado dos enmiendas. Una, por parte de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su presentación tiene la palabra la
señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para fijar nuestra posición
respecto a la moción del Grupo Socialista sobre política de drogas.
Nuestro grupo va a votar a favor de la moción en línea de lo que ya
manifestamos en el transcurso de la interpelación. Después de diez años
de funcionamiento del Plan Nacional sobre Drogas, entendemos que es
necesario proceder a una reflexión profunda que pueda ser contrastada
tanto a nivel interno como por la sociedad y que nos permita afrontar las
nuevas exigencias y las nuevas realidades del tema de política sobre
drogas, que ya desde el inicio del plan sabíamos que nos situaba en una
realidad cambiante y que, por tanto, necesitaba adecuaciones. En todo
caso, como dijimos en la interpelación, este tema tiene una enorme
importancia no sólo por los contenidos sino por las actuaciones y por las
acciones que podamos realizar para la sociedad. En ese contexto sigue
siendo válido el esfuerzo por consensuar, pero debe ser un esfuerzo
común. Si somos verdaderamente rigurosos, hay que entender que no existen
soluciones rápidas en un problema que tiene una enorme complejidad; no se
puede plantear que ningún Gobierno tiene soluciones rápidas a corto
plazo. Todos sabemos que es un proceso largo en el que la acción
individual de los gobiernos no es el único elemento porque, entre otras
cosas, las soluciones no se pueden adoptar individualmente desde los
diferentes Estados.
No obstante, la moción, a nuestro entender, tiene sentido por cuanto que
mantiene, o pretende mantener, la línea del esfuerzo y el consenso
necesario para afrontar nuevos debates que nuestro grupo entiende también
que son precisos. Nuestro grupo ha presentado una enmienda que tiene como
objetivo esencial que la armonización internacional, el rigor, el
análisis y la evaluación continua sean los elementos que determinen tanto
las políticas de drogas a nivel nacional como internacional y que
delimiten también las diferentes
estrategias y necesidades. Para ello nosotros planteamos claramente en
nuestra enmienda que se solicite al Observatorio europeo de drogas y
toxicomanías, y al que se pudiera crear en España, una evaluación de los
costes y beneficios, desde el punto de vista social, sanitario y
económico de las políticas en vigor, instauradas a partir de la
aplicación de los convenios de Naciones Unidas de los años 1961, 1971 y
1988, evaluando a su vez los resultados obtenidos por las políticas de
reducción de riesgos, especialmente a través de sustancias de
sustitución, de despenalización del consumo de algunas sustancias, de la
despenalización parcial de la venta de cannabis y sus derivados y de la
distribución rigurosamente controlada de heroína que ya se ha planteado y
realizado en varios países miembros de la Unión Europea. Nosotros
planteamos esta enmienda en función de los nuevos estudios y propuestas
que ya se están realizando en el ámbito europeo, como cumplimiento de
algunos objetivos planteados en el programa de acción comunitaria y de
prevención de la toxicomanía que enmarca, entre otras cosas, la necesidad
de contribuir con datos y desde el rigor a una mejor consideración de las
estrategias y de los programas sobre drogas y también la necesidad de
apoyar los intercambios de experiencias sobre modelos y prácticas de
prevención en diferentes Estados con distintos modelos.
Finalmente, entendemos que nuestra enmienda adquiere una especial
vigencia en el contexto anunciado por el Delegado del Plan Nacional sobre
Drogas de la celebración de un período extraordinario de sesiones en la
Asamblea de Naciones Unidas. El propio Delegado del Plan Nacional sobre
Drogas expresó con claridad y rotundidad que ese iba a ser el marco donde
contrastar las diferentes tendencias y estrategias, tanto nacionales como
internacionales, y donde plantear las diferentes inquietudes a efectos de
reorientar determinadas políticas. A nuestro modo de ver, las
evaluaciones de las políticas desarrolladas, así como el diseño de las
estrategias, deben partir de un análisis objetivo de las diferentes
realidades, y en ese contexto es en el que planteamos nuestra enmienda.
Por tanto, nuestro grupo entiende que es necesario afrontar, sin
dramatismos, un debate que debe contemplar la totalidad y la complejidad
del problema de la droga. En esa globalidad no se puede olvidar hoy la
situación real del narcotráfico; no se puede olvidar el nivel de eficacia
que globalmente hayamos podido alcanzar contra el fenómeno de estas
organizaciones criminales, a pesar de los esfuerzos realizados tanto en
el ámbito legislativo como policiales, económicos y de medios destinados
a la lucha contra el narcotráfico. Entendemos que desde el análisis de la
situación, desde el rigor y desde otra forma y otras posibilidades de
enfocar el problema de la lucha contra la droga es como debemos afrontar
las posibles reorientaciones tanto del plan nacional como de las
políticas que actualmente se estén desarrollando o que en un futuro y en
un marco más global podamos desarrollar. Por tanto, a nosotros nos parece
que éste podría hacer posible la armonización internacional y, sobre
todo, que nos enfrentara a un futuro más racional y menos desigual en la
lucha contra el narcotráfico.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Sabanes.
También ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para
su defensa tiene la palabra la señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Martinón, tengo que confesarle algo, y
es que realmente, quizá por ingenuidad, pensaba que no presentaría usted
una moción. El pensamiento era lógico si partimos de la base de que una
interpelación no conlleva de forma automática una moción, sino que el
Reglamento de la Cámara dice que podrá presentarse la moción. ¿Por qué le
digo esto? En primer lugar, por la sorpresa que me causó la presentación,
hace quince días, de su interpelación; por lo inédito que supone en esta
Cámara la presentación de una interpelación en materia de droga en la que
todos convenimos que, dada su importancia, transciende de lo que es
política partidista y se convierte en política de Estado. Y por un
segundo motivo, y es que el día 18 de marzo, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado
para el estudio del problema de la droga comparece el Ministro del
Interior para explicar e informar acerca del plan de medidas sobre la
droga aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 24 de
enero. Por eso uno se pregunta ¿a qué obedece la presentación de esa
interpelación y de esta moción? ¿Es que no era preferible esperar al 18
de marzo para mantener un debate sereno y sosegado sobre esta materia?
¿Es que tuvo alguien la tentación de romper ese consenso conseguido en el
documento suscrito a finales de la pasada legislatura, concretamente en
diciembre de 1995, firmado por usted como Presidente de la Comisión Mixta
para el estudio sobre el problema de la droga? ¿O es que a alguien le
molestó la buena acogida que tuvo el plan de medidas contra la droga, no
sólo por parte de las instituciones sino por las organizaciones no
gubernamentales? Usted sabe, señor Martinón, que el citado plan era la
suma de, por una parte, el informe al que acabo de hacer mención y, por
otra parte, el programa del Partido Popular con el que concurrimos en las
pasadas elecciones en materia de droga. Le dije que nosotros nos
comprometíamos --y así lo hemos hecho-- a que si el pueblo español nos
otorgaba su confianza haríamos de la política de la droga un eje
fundamental en la política de gobierno, con el objetivo de conseguir
mejores resultados. La suma
de esos factores, es decir, la del informe y la del programa electoral,
es lo que ha hecho surgir ese plan de medidas contra la droga que
conlleva medidas de tipo normativo, de asistencia, de rehabilitación, de
prevención, de cooperación internacional y de cooperación exterior.
Pues bien, señor Martinón, usted, a pregunta del señor ministro en la
interpelación, cuando le dijo que cuáles eran las razones de fondo para
la presentación de la misma, contestó textualmente, y así figura en el
«Diario de Sesiones»: ¿Que por qué presentamos la interpelación? Porque
queremos. Evidentemente, eso es así, señor Martinón. Tienen ustedes
derecho a presentar todas las iniciativas legislativas que estimen
oportunas, pero convendrá conmigo en que la explicación, aun siendo muy
sincera y muy expresiva, fue poco clarificadora. Si su ánimo era
constructivo, cosa que espero que lo fuera, le garantizo que había otras
fórmulas y otros instrumentos muchos más distendidos para tratar de una
política de Estado como es la de la droga. La realidad es que presentaron
la interpelación y después la moción; una moción que, como a continuación
explicaré, nada nuevo aporta. Y digo esto no para desmerecer su moción,
no porque no sea interesante su contenido, que lo es, sino porque las
acciones a que ustedes instan ya se están efectuando, motivo por el cual
hemos presentado una serie de enmiendas en este sentido.
Dice su moción: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1. Concierte con las diferentes comunidades autónomas, las fuerzas
políticas y las organizaciones sociales, etcétera. Insisto en que dicen
ustedes que concierte. La enmienda presentada por nuestro grupo dice que
continúe acordando con las diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué
digo esto? Lo justifico porque, tal y como viene redactada su moción, da
la sensación de que partimos de cero, es decir, que habrá un antes y un
después de la aprobación de esta moción, cuando la realidad es que
precisamente para conseguir ese necesario consenso básico que garantice
la continuidad y coherencia de la política en materia de drogas, a que
hace mención el Grupo Socialista en su moción, se han celebrado en lo que
llevamos de legislatura tres reuniones interautonómicas en las siguientes
fechas: 2 de julio de 1996, 24 de octubre de 1996 y 26 de noviembre de
1996. Se han suscrito con comunidades autónomas y corporaciones locales
una serie de convenios por importe de 93 millones de pesetas. Se han dado
subvenciones a comunidades autónomas por importe de 3.327 millones de
pesetas. En las reuniones interautonómicas, entre otros temas, se ha
elaborado un documento sobre los criterios en la homologación de
programas de prevención, que ha sido aprobado por todas las comunidades
autónomas.
En cuanto al consenso con las fuerzas políticas al que ustedes hacen
mención en su moción, quiero decirle que nosotros seguimos manteniendo el
consenso plasmado en el documento consensuado, ese documento emblemático,
como usted lo ha calificado. En lo que se refiere al consenso con las
organizaciones sociales, quiero decirle que en lo que lleva gobernando el
Partido Popular, se han celebrado dos reuniones entre la comisión mixta
coordinadora de las ONG y la Delegación para el Plan Nacional sobre
Drogas en las siguientes fechas: 5 de julio de 1996, 12 de noviembre de
1996 y, si Dios quiere, el 17 de marzo se celebrará la tercera. Se han
concedido 300 subvenciones a las ONG, por importe de 425 millones de
pesetas. Y quiero decirle también que la cumbre interministerial que,
como usted sabe, no se reunía desde 1991, se reunió el día 6 de este mes.
Por todo ello, nos parece justa nuestra enmienda, que dice «continúe
acordando» en vez de «concierte», porque ha quedado acreditado, como le
he dicho, que no partimos precisamente de cero.
En cuanto al segundo punto dicen ustedes que se inste al Gobierno para
que: «Adopte las recomendaciones que se recogen en el programa de acción
comunitario de prevención de la toxicomanía (decisión número 102/97, del
Parlamento Europeo y del Consejo), cuyo enfoque permitirá avanzar en
nuevas formas de abordar socialmente el problema.» Pues bien, nuestra
enmienda dice, en vez de «adopte las recomendaciones», «siga
desarrollando las recomendaciones». ¿Por qué? Porque, señor Martinón, el
Gobierno ha hecho suyo el programa de acción comunitario relativo a la
prevención de la toxicomanía adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, que tiene un objetivo que a nosotros
nos ha parecido fundamental, que es contribuir a la lucha contra la
toxicomanía, estimulando la cooperación entre los Estados miembros,
apoyando la coordinación de las políticas y programas que forman parte de
las exigencias que en materia de protección se contemplan en el artículo
129 del Tratado. Quiero expresarle que España estuvo presente en la
reunión celebrada los días 30 y 31 de enero del presente año. En esa
reunión, nosotros aceptamos el programa, aceptamos el reglamento,
aceptamos los criterios para seleccionar y financiar los proyectos,
aceptamos la forma de cooperación con otras instituciones y
organizaciones. Pero es que hay más, señorías; hay mucho más. En la
actualidad, España está trabajando en el futuro programa de trabajo para
1998, y las sugerencias que ha hecho la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas han sido ya recogidas en el documento que la
Comisión Europea está preparando para la próxima reunión del comité, que
se celebrará los días 22 y 23 de mayo del presente año. Me parece,
señorías, que el anuncio de que no sólo ha venido colaborando con el
programa del año 1997, sino que el plan nacional, es decir, el Gobierno
de España, está trabajando en el plan para desarrollar el trabajo del año
1998, es una noticia que denota el enorme interés que tiene, desde el
plan nacional y desde el Ministerio del Interior, en este asunto.
Tercer punto de la moción. Dicen ustedes: «Respecto a las futuras
campañas publicitarias, considere la experiencia
adquirida en las semanas europeas de prevención de la toxicomanía...»
Creemos, señor Martinón, que conviene más eliminar lo de la semana
europea y modificarlo, tal y como viene en nuestra enmienda, diciendo:
Respecto a las futuras campañas publicitarias, considere las experiencias
adquiridas en materia de prevención..., porque pensamos que con ello lo
que hacemos es aumentar las acciones, no circunscribirnos únicamente a lo
que se haya hecho en materia de campañas en la semana europea, sino que
ampliamos el concepto a cualquier tema, a cualquier cosa, no sólo de la
semana europea, sino para cualquier materia que haya servido para hacer
campaña de prevención.
Quiero decirle que no estoy de acuerdo en lo que usted ha manifestado de
que con el plan de choque contra la droga se pretendía hacer por parte
del Gobierno una campaña. Si usted se refería a hacer campaña desde el
punto de vista de enaltecer lo que hubiera hecho el partido del Gobierno,
le tengo que volver a repetir que está usted muy equivocado. Ahora bien,
si usted quiere decir campaña en el sentido de difundir los efectos
nocivos de la droga, en eso sí que estaríamos de acuerdo.
El cuarto punto de la moción dice: «Remita en su momento, y de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 196 del
Reglamento, la anunciada estrategia de revisión del Plan Nacional sobre
Drogas...» Quiero decirle que nos parece oportuno añadir «tal como se
comprometió el Delegado del Plan Nacional sobre Drogas», porque no
queremos que dé la impresión de que si esto se hace es por un imperativo
legal, porque así lo ordena el artículo 196 del Reglamento, sino porque
existe una voluntad manifiesta por parte del Delegado, don Gonzalo
Robles, manifestada en la comparecencia de 27 de junio de 1996, para
explicar las previsiones y líneas generales a desarrollar por el Plan
Nacional sobre Drogas.
En definitiva, señoras y señores Diputados, creo que las enmiendas
presentadas por mi grupo clarifican y actualizan la moción presentada por
el Grupo Socialista y evidencian, como decía anteriormente, que no
partimos de cero, sino que llevamos recorrido ya un largo trecho del
camino, que denota el esfuerzo, el interés y el trabajo realizado por la
Delegación.
Acaba de decirnos usted que volvamos al consenso. Nosotros, señor
Martinón, nunca hemos querido salirnos del consenso. Hubo consenso
durante el Gobierno socialista y queremos que haya consenso durante el
Gobierno popular. Nosotros vamos a seguir abogando en ello, porque nos
negamos, y en esto sí que no nos encontrará, a una política de
confrontación en materia de drogas. Consideramos la lucha contra la droga
como una cuestión de Estado que requiere soluciones de Estado.
Señoras y señores Diputados, huyamos entre todos de la politización y
busquemos soluciones eficaces, que es lo que espera la sociedad española
de quienes somos sus representantes. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Cava de
Llano.
¿Grupos que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi breve intervención será para fijar la posición del Grupo de
Coalición Canaria en esta materia importantísima, cual es la droga. Es
plausible el gran interés que viene demostrando el portavoz del PSOE en
la Comisión Mixta para la droga, mi buen amigo y paisano, señor Martinón.
No en vano presidió, y hay que reconocerlo, con acierto, la Comisión
Mixta en la última legislatura, aunque aquí se haya discutido sobre la
conveniencia y oportunidad de haber empleado este procedimiento
parlamentario para debatir esta cuestión, si era el momento y el foro
adecuado.
Amigo Martinón, señorías, todos estamos de acuerdo en que el problema de
la droga exige una política de Estado. He dicho todos. El tema de la
droga está incluido en todos los programas políticos. También estamos
todos de acuerdo en la necesidad de un consenso de todas las fuerzas
políticas, tanto las que integran el arco parlamentario como las que
integran la vida ejecutiva de las diferentes administraciones: central,
autonómica y local. Por ello, no aplaudimos y lamentamos lo acontecido en
la última conferencia sectorial. El Gobierno ha aprobado el 24 de enero
--todavía no hace dos meses-- un plan de medidas contra la droga que
contiene diversas medidas de lucha contra la oferta, el narcotráfico, el
blanqueo de capitales, medidas de prevención, asistenciales y de
reinserción, además de otras de cooperación exterior. Se ha dado, hay que
reconocerlo, un paso adelante en la lucha contra la terrible plaga. Usted
mismo, señor Martinón, mi buen amigo, ha felicitado reiteradamente al
ministro por los resultados policiales en las capturas. Usted mismo
conoce muy bien cómo vienen trabajando las diferentes autonomías, y usted
es testigo de excepción de cómo viene actuando la Comunidad Autónoma de
Canarias. Coincido con usted en que hay que mantener el fuego sagrado y
la vigilancia en este terrible problema de la droga, así como el
consenso. La gravedad del tema así lo exige.
El contenido de su moción en sus cuatro puntos es en el fondo aceptable.
El Grupo Popular acepta el fondo, pero hace matizaciones para
reconsiderar que son materias y actividades que ya se vienen haciendo por
el Gobierno, que no es materia nueva.
Por ese consenso del que usted hace gala y también el que invoca el
Partido Popular, nosotros vamos a votar las enmiendas del Grupo Popular,
pero esperamos que haya un consenso en tan importante materia, porque
sería triste, y el pueblo español no nos lo perdonaría, que no hubiese un
consenso unánime en esta materia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Vasco (PNV), la señora Aguirre tiene la palabra.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco va a apoyar la moción presentada por el Grupo Socialista y
estoy segura de que el grupo proponente va a hacer un esfuerzo para
transaccionar aquellas enmiendas que han presentado otros grupos en aras
del consenso. Digo que estamos dispuestos a apoyar, porque estamos de
acuerdo en insistir, por un lado, en la búsqueda de una mayor efectividad
de todas las políticas de prevención, de asistencia y de reinserción en
materia de drogodependencias, y además también en las medidas de lucha
contra la oferta. Por otro lado, también estamos de acuerdo en insistir
en la mejora de la necesaria cooperación de todas las políticas, de todas
las administraciones, de todas las organizaciones y también de las redes
asistenciales.
El consumo de las drogas es un fenómeno complejo al que las sociedades
occidentales se vienen enfrentando desde hace ya muchos años; sin embargo
es en los últimos tiempos cuando se ha percibido como un problema con
dimensiones de salud pública.
La moción tiene como marco --y así lo ha presentado hoy y anteriormente
en la interpelación al Gobierno el Grupo proponente-- el informe de la
Comisión Mixta, aprobado por unanimidad en la legislatura pasada, y que
además aboga, desde nuestro punto de vista, por un conjunto de medidas
inspiradas en un equilibrio entre las relaciones de libertad individual,
de la solidaridad y también de los intereses generales de la comunidad.
Como indicaba el Presidente de la Comisión Mixta, no debemos esperar una
solución inmediata al problema, no existe, pero si persistimos en la
política que se ha venido desarrollando en los últimos años, con las
correcciones necesarias, porque las necesidades son cambiantes, la droga
dejará de ser uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad. Tenemos
que alejarnos de soluciones mágicas, decía, pero también de la
satanización del problema.
Quiero decir que en este momento en la Comunidad Autónoma vasca se está
debatiendo sobre un nuevo proyecto que va a tratar sobre la prevención,
la asistencia y la rehabilitación de los drogodependientes. Es un
proyecto que de alguna manera modifica el del año 1985, porque después de
la evaluación de las medidas que se pusieron en marcha ha dado lugar a
una decisión sobre las correcciones que ya incluye el nuevo proyecto de
ley que debatirá la Cámara vasca.
Señorías, en esta materia es importante el consenso. Es necesario aunar
esfuerzos y además es necesario también sumar iniciativas. Señorías, ahí
está nuestro grupo, el Grupo Vasco, y por eso apoyaremos la moción con
las enmiendas que estoy segura que el grupo proponente va a aceptar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para fijar la posición sobre la moción presentada
por el Grupo Socialista a la política del Gobierno en materia de drogas.
La moción defendida por el señor Martinón insta al Gobierno para que
actúe sobre cuatro aspectos: insta a que el Gobierno concierte con las
comunidades autónomas, las fuerzas políticas y las organizaciones
sociales el necesario consenso básico en materia de drogas y que tome
como marco de referencia programático el informe aprobado en la pasada
legislatura. Insta a que el Gobierno adopte las recomendaciones que
dimanan del programa de acción comunitario de prevención de la
toxicomanía. Insta a que el Gobierno considere para futuras campañas
publicitarias la experiencia adquirida en las semanas europeas --yo
añadiría y en otras-- y que se incorpore la evaluación de resultados.
Insta a que el Gobierno remita a la Comisión Mixta Congreso-Senado para
el estudio del problema de la droga la estrategia de revisión y
actualización del Plan Nacional sobre Drogas para su debate.
Señorías, la sensatez de las propuestas a que insta la moción merecen la
conformidad y aprobación de nuestro grupo parlamentario. No obstante,
señor Martinón, consideramos que no ha existido hasta la fecha ninguna
actuación por parte del Gobierno de la que pueda deducirse que los
criterios que inspiran la política sobre drogas tengan voluntad de
regirse por otros parámetros que los expuestos.
Por consiguiente, celebramos que al hilo de esta moción se evidencie,
como se está haciendo ahora en esta Cámara, una vez más, la voluntad de
los grupos parlamentarios de utilizar el debate para llegar a un consenso
en materia de prevención y lucha contra la droga. Estamos convencidos de
que este debe ser el marco. Para trabajar en este sentido SS. SS.
encontrarán siempre el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Si SS. SS. convienen transaccionar las enmiendas presentadas, cuenten con
nuestro voto favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Riera.
Señor Martinón, tiene la palabra a los efectos de señalar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
En mi intervención he intentado volver a explicar por qué se ha
presentado la interpelación. Deduzco que no ha gustado que hayamos
presentado la interpelación; a algún grupo no le ha gustado. La hemos
presentado porque, en nuestra opinión, el Gobierno con su política, no
con lo que dice, sino con lo que hace, se ha ido alejando del consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Martinón, le ruego que
se limite a manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas y no a
reabrir el debate, que no está previsto en este turno.
El señor MARTINON CEJAS: Creo que al señor Presidente le asiste toda la
razón; lo que ocurre es que se ha abierto el debate de hace dos semanas.
Tan sólo quiero recordar que el actual Delegado del Gobierno en el Plan
Nacional sobre Drogas presentó en la pasada legislatura una interpelación
sobre política de drogas al Gobierno socialista. No es la primera vez que
aquí se presenta una interpelación. El Partido Popular la presentó en la
pasada legislatura. Repásese el «Diario de Sesiones».
En relación con la enmienda presentada por el Grupo Popular, a la que se
ha dado un formato de enmienda a la totalidad, diré que realmente son
cuatro enmiendas diferentes. No estando muy conforme con ninguna de
ellas, pero en aras de conseguir el acuerdo general, aceptamos la primera
enmienda, con lo cual el primer párrafo de la moción quedaría redactado
así: Continúa acordando con las diferentes comunidades autónomas... El
segundo párrafo quedaría redactado: Siga desarrollando las
recomendaciones... El tercer párrafo quedaría redactado: Respecto a las
futuras campañas publicitarias, considere las experiencias adquiridas en
materia de prevención (por tanto, las palabras «semanas europeas»
desaparecerían).
En el punto 4, que es la cuarta enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, me permito someter a la consideración de doña
María Luisa Cava de Llano modificar la propuesta que hace, porque me
parece que esa propuesta no se ajusta exactamente, no es fiel con lo que
de verdad ha ocurrido. Le propondría, detrás de la actual redacción que
dice: ...remita en su momento, en el marco de la política de información
prometida por el Delegado del Gobierno,... El texto continuaría igual. Me
parece que así se da satisfacción a lo que básicamente pretende el Grupo
Parlamentario Popular.
En relación con la enmienda que ha presentado Izquierda Unida, señor
Presidente, hemos hecho llegar a ese grupo una transaccional que ahora
haremos llegar a la Mesa --cuando la Mesa lo considere oportuno--, que
sería un punto 2 bis. Diría: Se insta al Gobierno a que promueva,
mediante la colaboración entre el Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías, y el que se cree en España, la realización de estudios e
informes que permitan ampliar, como ha ocurrido con la reducción de
riesgos, las perspectivas en la forma de abordar el problema de las
drogas a partir de un enfoque equilibrado y comparado de las distintas
estrategias que afrontan los diferentes aspectos de la política sobre
drogas, tales como los sociales, sanitarios y económicos.
Con esto, señor Presidente, me parece que se da satisfacción a los grupos
que han presentado enmiendas, así como a aquellos que, no habiéndolas
presentado, han manifestado su deseo y voluntad de que la moción sea
finalmente aceptada y aprobada por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Martinón.
Pregunto a la señora Sabanes y a la señora Cava de Llano si aceptan las
transacciones ofrecidas por el señor Martinón.
Señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Aceptamos la enmienda transaccional planteada
por el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Sabanes.
El señor Martinón hará llegar la enmienda a la Presidencia para tener
constancia de ella.
Señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Para decir, en cuanto a su referencia a la interpelación que en su día
interpuso el señor Robles --utilizando el mismo tiempo que mi compañero
el señor Martinón--, que, efectivamente, se presentó una interpelación,
pero fue porque se había roto el consenso, porque se había propuesto, por
parte del Delegado del Plan Nacional sobre Drogas en aquel entonces,
señor López Riaño, la legalización del hachís, que fue luego
desautorizada por el propio Presidente del Gobierno, Felipe González.
Dicho esto, agradezco las enmiendas aceptadas en los tres puntos de la
moción. En cuanto al cuarto punto
no lo acabo de entender. Me parece que ha dicho que no era verdad lo que
yo decía de ese compromiso por parte del señor Robles en la Comisión
Mixta, pero como luego en el texto de su enmienda transaccional ha
utilizado las palabras «se comprometió», se acepta.
En cuanto a la enmienda transaccional de Izquierda Unida, por nuestra
parte también es aceptada.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muy bien, señora Cava de
Llano.
Habiéndose aceptado las enmiendas, pasaríamos a la votación
correspondiente. (El señor Martinón Cejas pide la palabra.)
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, para indicar y que SS. SS.
conozcan que, de igual forma que el Partido Popular parece ser que
consideró que se rompió el consenso (Rumores.) y por eso presentaron la
interpelación, nosotros estamos convencidos que el Gobierno estaba
iniciando la ruptura del consenso. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Martinón, muchas
gracias. (La señora Cava de Llano y Carrió pide la palabra.)
Diga, señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente, para decir que
lamento estas últimas palabras del señor Martinón. Nunca ha habido
intención de romper el consenso. La prueba es que hubo consenso mientras
nosotros estábamos en la oposición y ellos en el Gobierno. Es ahora
cuando se está rompiendo el consenso, sobre todo con las manifestaciones
que acaba de hacer en estos momentos, muy inoportunas y muy desgraciadas,
el señor Martinón. (Fuertes rumores.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a proceder a la votación
de la moción.
El señor MARTINON CEJAS: Sólo para decir, señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No tiene la palabra, señor
Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: ... que no sé si se ha roto o no, pero si todos
votamos volveremos al consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No tiene la palabra, señor
Martinón. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista sobre
política del Gobierno en materia de drogas, en los términos resultantes
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a
favor, 285.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la moción queda aprobada por
unanimidad.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.