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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 25/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 62
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 59
celebrada el martes, 25 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 3031)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), reguladora de la Tutela
Cautelar Penal. (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 41.1, de 21 de junio de 1996 (número de expediente
122/000029) (Página 3032)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre régimen jurídico de enajenación de participaciones
públicas en empresas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 48.1, de 16 de septiembre de 1996 (número de expediente
122/000035) (Página 3042)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre prohibición de la
fabricación, almacenamiento, comercialización y exportación de todas las
minas terrestres y bombas de racimo, así como de las existencias actuales
de minas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 56,
de 11 de octubre de 1996 (número de expediente 162/000054) (Página 3051)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre minas terrestres
antipersonas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
97, de 5 de febrero de 1997 (número de expediente 162/000082) (Página 3051)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre eliminación de minas antipersonales, submuniciones,
bombas de racimo y armas de efecto similar. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 102, de 18 de febrero de 1997 (número
de expediente 162/000088) (Página 3051)
-- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la
regularización de la situación administrativa de los psicólogos y
pedagogos integrados en los equipos psicopedagógicos, a quienes
determinadas sentencias declaradas firmes han reconocido su pertenencia
al Grupo «A». «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
89, de 23 de diciembre de 1996 (número de expediente 162/000077) (Página 3061)
Propuestas de creación de Subcomisiones:
-- Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una
Subcomisión encargada de la elaboración de un Informe que sirva de base
para el establecimiento de un nuevo modelo policial (número de expediente
158/000008) (Página 3068)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
materia de agua (número de expediente 173/000025) (Página 3068)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política agrícola general del Gobierno en relación a
la Organización Común de Mercado (OCM) del Aceite y su impacto en nuestro
país (número de expediente 173/000026) (Página 3082)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 3031)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3032)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), reguladora de la tutela cautelar
penal. (Orgánica.) (Página 3032)
La señora Uría Echevarría defiende la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Manifiesta, en primer lugar, que al
regular esta materia es necesario reconocer que la aplicación en los
últimos años de la medida de prisión preventiva a varios imputados que
han protagonizado casos relevantes en la vida política y económica
española, ha puesto en primer plano de actualidad el debate sobre esta
medida, sus fundamentos legales y las consecuencias de esa decisión sobre
los afectados. Añade que la disputa doctrinal ha estado siempre presente
en los ámbitos jurídicos, aunque sólo se produjo un retoque temporal en
el año 1983, que fracasó. La proposición de ley orgánica que ahora
presenta su grupo pretende regular todo lo cautelar en el ámbito de los
procesos judiciales penales, lo que exige un difícil equilibrio para que
sea posible la tutela judicial efectiva tanto en caso de condena como de
absolución. Estima que dentro del género tutelar cautelar, el ámbito
penal presenta una marcada peculiaridad que condiciona fuertemente su
comprensión, configuración y aplicación, que es la presencia
del derecho a la presunción de inocencia, por lo que la tutela judicial
cautelar penal, en cuanto que supone anticipación de las consecuencias y
perjuicios de una eventual sentencia condenatoria, está sacrificando
dicho derecho fundamental. Por otra parte, junto al derecho a la
presunción de inocencia entran en juego también el derecho a la libertad,
a un proceso sin dilaciones indebidas o a la seguridad jurídica, que
contribuyen a configurar la peculiaridad de lo cautelar penal y que son
objeto de análisis en la exposición de motivos y de tratamiento en el
articulado de su proposición. Con su propuesta intentan conseguir el
equilibrio entre la presunción de inocencia y la necesaria garantía de la
efectividad de la protección que otorga la ley penal sustantiva. A
continuación, explica la exclusión en el campo de lo cautelar de los
fines punitivos y de impulso de la investigación y de instrucción del
proceso, basándose en las sentencias del Tribunal Constitucional.
Expone, asimismo, el segundo presupuesto que figura en la proposición de
ley, que es la concurrencia de algunos de los objetivos cautelares que,
con carácter exhaustivo, se expresan en el artículo quinto. Añade que se
ha tenido en cuenta que la meta de lo cautelar penal es el aseguramiento
de las finalidades protectoras del «ius puniendi», lo que permite admitir
como fundamento la consecución del objetivo de eludir los riesgos de la
actividad delictiva y de perturbación del orden público, pues son riesgos
que afectan notoriamente a los valores y derechos que el proceso penal
protege.
A continuación, pasa a explicar los diferentes artículos de que consta su
proposición de ley, poniendo de manifiesto que esta iniciativa
legislativa da cumplimiento a un compromiso de su programa electoral y es
coherente con la preocupación por los problemas referidos a la justicia,
más concretamente a la tutela de los derechos de los ciudadanos en los
procedimientos judiciales. Resume su intervención manifestando que la
iniciativa presentada tiene un importante contenido social, aunque
comprende que es complicada desde el punto de vista técnico-jurídico.
Añade que no es un proyecto voluntarista, sino que parte de la vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogiendo la jurisprudencia
constitucional y las regulaciones de los países de nuestro entorno.
Asimismo, es una proposición que busca la eficacia, y anuncia que serán
inestimables y necesarias las aportaciones que por vía de enmienda se
hagan por los expertos juristas y prácticos del Derecho que componen los
distintos grupos parlamentarios si, como confía, esta proposición es
finalmente tomada en consideración por la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto; los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardiallaguet,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y
las señoras Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
aprueba por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre régimen jurídico de enajenación de participaciones
públicas en empresas (Página 3042)
El señor Santiso del Valle presenta la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre el
régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en empresas.
Manifiesta que presentaron esta proposición de ley en el mes de junio del
año pasado, por entender que en el proceso anunciado por el Gobierno de
privatización de empresas públicas no quedaba garantizada la
transparencia suficiente ni se veían claros los objetivos. Asimismo,
entendían que la actual regulación de enajenación de participaciones
públicas, de 23 de marzo de 1995, resulta insuficiente para garantizar la
transparencia de estos procesos de privatización, su oportunidad y su
eficacia. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya considera que es necesaria una ley que dé protagonismo a esta
Cámara, refiriéndose, a continuación, a los muchos problemas que en tan
corto tiempo han surgido en torno al Consejo Consultivo de
Privatizaciones y a la situación absolutamente atípica de que el propio
Consejo se autorregule en sus incompatibilidades. Su grupo propone que
sea el Consejo Económico y Social quien lleve a cabo esta función.
Explica, a continuación, que esta proposición de ley intenta, asimismo,
que esta regulación sea aplicable en comunidades autónomas y en
municipios, para garantizar que un gobierno en solitario, con el
asesoramiento de un consejo supuestamente independiente, no pueda adoptar
decisiones que condicionen los intereses de los ciudadanos, que son los
partícipes verdaderos de las empresas públicas. A continuación pone una
serie de ejemplos de empresas públicas privatizadas o en fase de
privatización y finaliza su intervención solicitando el voto favorable de
la Cámara para la toma en consideración de la proposición de ley.
En turno en contra interviene el señor Peón Torre, en nombre del Grupo
Popular, replicando el señor Santiso del Valle, y duplicando el señor
Peón Torre.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
rechaza por 297 votos en contra, 22 a favor y una abstención.
Proposiciones no de ley (Página 3051)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre prohibición de la
fabricación, almacenamiento, comercialización y exportación de todas las
minas terrestres y bombas de racimo, así como de las existencias actuales
de minas (Página 3051)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre minas terrestres antipersonas
(Página 3051)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre eliminación de minas antipersonales, submuniciones,
bombas de racimo y armas de efecto similar (Página 3051)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) presenta la proposición no de ley
la señora Aguirre Uribe, que se felicita, en primer lugar, porque se haya
llegado a un consenso en un texto que hacen suyo seis grupos políticos de
esta Cámara. Considera que la Conferencia de revisión de la Convención
sobre prohibiciones o restricciones en el uso de ciertas armas
convencionales que pueden considerarse excesivamente dañinas o de efectos
indiscriminados, es un paso significativo en las políticas
internacionales de desarme. Añade que se han puesto de relieve las
nefastas consecuencias que conlleva el uso de estas armas, cuyos efectos
no se restringen al tiempo de guerra, puesto que las minas permanecen
activas durante décadas, se convierten en un peligro para la población
civil y obstaculizan la recuperación económica de la zona afectada.
A continuación, hace un repaso de las legislaciones sobre la materia en
diversos países que prohíben la venta o transferencia de armas a Estados
o regiones en los que se desarrolla un conflicto armado o existe riesgo
de que se genere. Por otra parte, denuncia que aunque, como respuesta a
las peticiones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, en varios
Estados se hayan decretado moratorias, el secreto rodea tanto la
producción como el comercio de las mismas a nivel mundial. A
continuación, da una serie de datos sobre los diferentes modelos que
existen de minas contra personas y el coste de su producción, así como de
las víctimas y mutilados que provocan al año. Pone de manifiesto que a la
tragedia que supone haber sufrido mutilaciones, hay que añadir los
efectos sociales y económicos. Para terminar anuncia que el Grupo Vasco
va a apoyar el texto que ha sido consensuado en la Cámara por la mayoría
de los grupos, porque se trata de un acuerdo fundamental por sus
consecuencias, tanto desde el punto de vista humano como social o
económico.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de su proposición no de ley,
interviene el señor Estrella Pedrola. Comienza su intervención haciendo
una relación de los distintos pasos dados por Naciones Unidas y de las
iniciativas que han adoptado algunos países, que considera insuficientes
por cuanto faltan entre ellos algunos de los principales productores.
Añade que a lo largo de 1996 y principios de este año se han multiplicado
las decisiones unilaterales en declaraciones que no piden ya la eventual
eliminación, sino la prohibición total e inmediata, posición que ha sido
adoptada por países que sufren las consecuencias de las minas o por
países de la Unión Europea. Sin embargo, otros países, entre los que se
encuentran algunos de los principales productores, sólo han expresado su
disposición a contemplar la eventualidad del tratado. La posición de
prohibición total, en palabras del general Schwarzkopf; es una posición
responsable, humana y militarmente, a la vez que es fácil de implementar.
El Grupo Socialista persigue que España se sume al régimen de prohibición
total de estas armas, en concordancia con las iniciativas de otros grupos
parlamentarios. Expone que el esfuerzo de entendimiento entre los grupos
ha permitido adoptar un texto común sin renunciar a sus propias
posiciones. Estima que después de la decisión adoptada, corresponde al
Gobierno darle expresión jurídica mediante proyecto de ley, que espera se
presente en este período de sesiones.
Para presentar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Saura
Laporta. Para no reiterar lo dicho en intervenciones anteriores, resalta
sólo algunas cuestiones que hacen referencia
fundamentalmente a la producción y a los efectos de las minas
antipersonales. Expone algunos datos sobre la cantidad de minas
terrestres, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente,
dispersadas por el planeta y el poco precio que alcanzan en China, donde
valen tres dólares o cien las más sofisticadas. Se refiere también, como
los anteriores intervinientes, a los efectos sociales y económicos que
producen en países casi siempre del tercer mundo. Añade que ante el
creciente empleo de minas antipersonales y vistas las limitaciones de la
legislación internacional para restringir su uso, en 1992 seis ONG
internacionales iniciaron una campaña para conseguir, en primer lugar, un
tratado internacional que prohibiera la fabricación, el uso, el
almacenamiento, la venta, la transferencia o la exportación de minas
antipersonales y, en segundo lugar, la creación de un fondo internacional
administrado por la ONU que promoviera programas de asistencia a las
víctimas de las minas y se ocupara de retirarlas en todo el mundo.
Considera fundamental que, además del compromiso adoptado por bastantes
organismos internacionales en el sentido de prohibir la fabricación y la
producción de las minas antipersonales, los Estados tomen iniciativas
unilaterales, sin esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo. No
encuentra admisible que España sea uno de los pocos países de la Unión
Europea que no haya prohibido por ley la fabricación de minas
antipersonales, consciente, no obstante, de lo positivo que fue la
moratoria que se adoptó sobre la exportación de minas en el año 1994 y de
la proposición no de ley en el mismo sentido, aprobada por unanimidad en
esta Cámara en 1995.
Termina su intervención diciendo que el mérito de la aprobación de esta
iniciativa hay que situarlo fundamentalmente en la sociedad civil, en las
ONG que han impulsado esta campaña y en las que aún impulsan la campaña
contra la transferencia en el comercio de armas.
Para la defensa de la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y fijar la posición de su grupo, interviene
el señor Campuzano i Canadés.
Para presentar una propuesta conjunta de todos los grupos de la Cámara
interviene el señor Izquierdo Juárez, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometidas a votación las proposiciones no de ley sobre minas terrestres
en la forma que resulta de la enmienda que han suscrito y aceptado los
grupos Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Canario y Mixto, se aprueba
por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la
regularización de la situación administrativa de los psicólogos y
pedagogos integrados en los equipos psicopedagógicos, a quienes
determinadas sentencias declaradas firmes han reconocido su pertenencia
al grupo «A» (Página 3061)
Para la defensa de la proposición no del ley del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, interviene el señor Rivero Baute, manifestando, en
primer lugar, que la orientación educativa y la intervención
psicopedagógica están recogidas como elementos básicos del sistema
educativo en diferentes apartados de la LOGSE. Añade que esta
intervención se ha venido realizando por los servicios de orientación
escolar y vocacional, actualmente con diferentes nombres, y por los
equipos multiprofesionales, actuando ambos como servicio único. Expone
que el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo prevé que las administraciones educativas procederán a la
creación progresiva de servicios especializados de orientación educativa
psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros docentes, de
manera que el proceso se complete en el momento de la implantación total
de los respectivos niveles y etapas del nuevo sistema. Los equipos
interdisciplinares están compuestos, entre otros profesionales, por
psicólogos y pedagogos, obteniéndose la dotación de personal a través de
diversas convocatorias de concursos de méritos entre funcionarios
docentes que cumplieran los requisitos de pertenencia a cuerpos de
funcionarios docentes no universitarios, la titulación de psicólogo o
pedagogo y un número determinado de años de experiencia docente. Estos
funcionarios, a los que se les exigió el título de licenciado, necesario
para acceder al grupo «A», no han visto reconocidos sus derechos más que
en determinados fallos judiciales, en razón de diversas sentencias de
varios tribunales superiores de justicia. Tienen reconocido el grupo «A»
a título personal, según el Tribunal Supremo, y al mismo tiempo la
pertenencia al cuerpo de Maestros, con lo que se crea una situación
peculiar y atípica que precisa, según su opinión, de una normalización.
Para defender las enmiendas presentadas intervienen, el señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular, y la señora Solsona i Piñol, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de
Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y las señoras Aramburu del
Río, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley, se aprueba por unanimidad.
Propuestas de creación de Subcomisiones (Página 3068)
Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una
subcomisión encargada de la elaboración de un informe que sirva de base
para el establecimiento de un nuevo modelo policial (Página 3068)
El señor Presidente somete a la conformidad de la Cámara la propuesta de
la Comisión de Justicia e Interior de creación en su seno de una
subcomisión encargada de la elaboración de un informe que sirva de base
para el establecimiento de un nuevo modelo policial, lo que se aprueba
por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3068)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en materia
de agua (Página 3068)
Para la defensa de la moción, consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Socialista del Congreso, interviene la señora Narbona Ruiz,
lamentando, en primer lugar, que no esté presente en ese momento la
señora Ministra. Recuerda, a continuación, que de las once cuestiones
concretas que planteó la semana pasada en la interpelación urgente, la
señora Ministra sólo respondió a tres, puesto que empleó la mayor parte
del tiempo, según su opinión, en descalificar la gestión de los gobiernos
socialistas.
Expone que la moción contempla los puntos en los que puede haber un
compromiso cierto por parte del Gobierno en cuanto a plazos y contenido
de su acción, pero sospecha que no va a encontrar el apoyo unánime de
esta Cámara por las enmiendas transaccionales que se han presentado por
parte del Partido Popular.
Por otra parte, considera desafortunadas dos afirmaciones que hizo la
señora Ministra en el debate de la semana pasada, como la de que «el que
contamina cobra» o la de que el 19 de febrero no existía ningún borrador
de anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Aguas. Afirma que el
anteproyecto existía y tiene fecha de 12 de febrero. Por eso, en su
moción solicitan al Gobierno que convoque al Consejo Nacional del Agua
con carácter urgente, para que en ese Consejo se presente el documento
que ya ha sido presentado al Consejo de Ministros. Asimismo, se refiere a
otras peticiones contenidas en su moción, como la de que por parte de los
órganos de cuenca se aprueben, con la máxima rapidez, los planes que
estén pendientes y que, en el plazo máximo de seis meses, el Gobierno
apruebe la totalidad de los planes hidrológicos de cuenca. En ese
sentido, el punto cuarto de la moción hace referencia a que después de
que se aprueben los planes hidrológicos de cuenca, se establezcan
convenios con las comunidades autónomas correspondientes, pero nunca con
anterioridad. También se solicita aclaración sobre el destino de la
financiación extrapresupuestaria. En resumen, lo que pide el Grupo
Socialista es que se dé contenido a algo que, con carácter general,
aprobó esta Cámara por unanimidad el pasado mes de octubre, puesto que
está seguro de que el resto de los grupos de la Cámara comparten la
preocupación por la situación en materia de política de agua y la
necesidad de plazos concretos para llevar a cabo determinadas decisiones
por parte del Gobierno, reservándose la interviniente la valoración de
las enmiendas presentadas por otros grupos al momento de su presentación
por parte de los portavoces.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Ríos
Martínez, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto, y Sedó i Marsall, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de réplica y por alusiones interviene la señora Ministra de
Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas y en
contestación, asimismo, al turno abierto por la señora Ministra,
interviene la señora
Narbona Ruiz, replicando la señora Ministra de Medio Ambiente.
El señor Ríos Martínez hace uso de la palabra para responder al
ofrecimiento por escrito de una enmienda transaccional del Grupo
Socialista. Asimismo, interviene el señor Sedó i Marsall, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Socialista, se rechaza por 174 votos en contra, 119 a favor y 17
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política agrícola general del Gobierno en relación a
la Organización Común de Mercado (OCM) del Aceite y su impacto en nuestro
país (Página 3031)
Para presentar la moción, consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
política agrícola general del Gobierno en relación a la modificación de
la organización común de mercado del aceite de oliva, interviene la
señora Rivadulla Gracia. Manifiesta que han intentado hacer una moción
que suscitara el máximo consenso en los grupos de la Cámara, porque son
conscientes de la trascendencia que tiene para el sector, de lo delicada
que es la situación y de todas las reivindicaciones que ha planteado el
sector olivarero. Reconoce, no obstante, que la situación actual es mejor
que la anterior, puesto que ahora se cuenta con un documento de opciones,
aunque tendencioso y negativo, porque se sigue con la política de ayuda
al árbol en contra de ayudas a la producción real y estable.
A continuación, hace una serie de acusaciones a la postura adoptada por
el comisario Fischler, que se niega a realizar un estudio sobre cómo han
funcionado las ayudas al aceite de oliva y opta por la ayuda al árbol,
sabiendo las repercusiones que va a tener en nuestra economía. Por lo
tanto, considera que el documento de opciones pone a España en una
situación en la que se debe obtener el máximo consenso, tanto en esta
Cámara como en la Unión Europea. Sin embargo, de los quince países que
componen la Unión Europea, a diez no les interesa el tema y sólo
prosperará la propuesta que pueda ser asumida por los cinco países
productores. Añade que la posición del resto de los países es un
auténtico mosaico y hace alusión a las diferentes peticiones de Italia,
Portugal, Grecia y Francia.
Por otra parte, expone que los cuatro puntos de su moción no son
exactamente los que querrían defender, pero lo hacen en aras de conseguir
el máximo consenso para que la propuesta pueda salir adelante con
valentía. A continuación, pasa a concretarlos y a exponer su posición con
respecto a las enmiendas de los restantes grupos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, intervienen el señor Pliego
Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista; Madero Jarabo, del Grupo
Parlamentario Popular, y Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Chiquillo Barber,
del Grupo Mixto.
A los efectos de rechazar o aceptar las enmiendas presentadas, interviene
la señora Rivadulla Gracia.
Sometida a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
aprueba por 158 votos a favor, dos en contra y 118 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el orden del día, con carácter
previo, vamos a tomar compromiso de acatamiento a la Constitución por
medio de la expresión de juramento o promesa, conforme al artículo 20 del
Reglamento, al Diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central,
don Fernando Coquillat Durán, que sustituye en su escaño a don Francisco
Camps Ortiz, Diputado por Valencia.
Don Fernando Coquillat Durán, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor COQUILLAT DURAN: Sí, juro. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señorías, don Fernando Coquillat Durán ha adquirido la condición plena de
Diputado. Enhorabuena y bienvenido.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), REGULADORA DE LA TUTELA
CAUTELAR PENAL. (ORGANICA) (Número de expediente 122/000029)
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, toma en consideración de
proposiciones de ley. En primer lugar, debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), reguladora de la tutela cautelar penal, que se presenta con el
carácter de orgánica.
En nombre del Grupo proponente, para su presentación tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señorías, es para mí un honor presentar ante la Cámara esta proposición
relativa a las situaciones y garantías cautelares en el ámbito de los
procesos penales. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
Uría.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede usted continuar, señoría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Al abordar la oportunidad de regular esta materia, es necesario reconocer
que la aplicación, en los últimos años, de la medida de prisión
preventiva a varios imputados que han protagonizado casos resonantes en
la vida política y económica española ha puesto en primer plano de
actualidad el debate sobre esta medida, sus fundamentos legales y las
consecuencias de esa decisión sobre los afectados. Pero si la polémica
social sobre la prisión preventiva es una relativa novedad, la disputa
doctrinal ha estado siempre presente en los ámbitos jurídicos. Al margen
de que sea ahora, que la han sufrido personajes notorios, cuando se
cuestiona socialmente con más fuerza su regulación legal, es
incuestionable que ésta necesita una profunda reforma y que en los
últimos tiempos sólo ha conocido el fracasado retoque temporal de 1983.
La proposición de ley orgánica presentada a la Cámara es más ambiciosa en
su objetivo. Pretende regular todo lo cautelar en el ámbito de los
procesos judiciales penales, lo que exige un difícil equilibrio para que
sea posible la tutela judicial efectiva tanto en caso de condena como de
absolución, evitando que ésta se reduzca o sea imposible por
circunstancias acaecidas mientras dura el proceso penal. Dentro del
género tutelar cautelar, el ámbito penal presenta una marcada
peculiaridad que condiciona fuertemente su comprensión, configuración y
aplicación, que es la presencia del derecho a la presunción de inocencia.
De entre todos los derechos y valores implicado --la seguridad, la
libertad-- el de la presunción de inocencia es el único cuya satisfacción
no puede esperar a la tutela judicial definitiva. La presunción de
inocencia vive sólo mientras vive el proceso y sólo encuentra protección
en la tutela provisional. El derecho a la presunción de inocencia es el
derecho a ser tratado como inocente mientras no se declare la
culpabilidad por el juez o tribunal en el marco del proceso previsto en
la ley. Tan cierto es que el acusado es la primera víctima del proceso,
si resulta ser inocente, como que todo encausado tiene derecho a la
presunción de inocencia, que no necesitaría, en absoluto, de no haber
sido encausado por su presunta culpabilidad.
La tutela judicial cautelar penal, en cuanto supone anticipación de las
consecuencias y perjuicios de una eventual sentencia condenatoria, es
sacrificio de dicho derecho fundamental. Lograr que dicho sacrificio sea
siempre necesario, que sea siempre proporcionado a dicha finalidad y el
menor posible es el leitmotiv de la presente iniciativa y, por ende,
deberá serlo de la aplicación de la misma si llega a convertirse en ley.
Junto al derecho fundamental a la presunción de inocencia, entran en
juego otros como el derecho a la libertad, a un proceso sin dilaciones
indebidas, a la seguridad jurídica, que contribuyen a configurar la
peculiaridad de lo cautelar penal y que son objeto de análisis en la
exposición de motivos y de tratamiento en el articulado, siguiendo la
fecunda doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, intentando
conseguir el equilibrio entre los dos fieles de la balanza: en un lado,
la presunción de inocencia y los derechos que forman su cohorte y, en el
otro, la necesaria garantía de la efectividad de la protección que otorga
la ley penal sustantiva.
El respeto a la presunción de inocencia exige expulsar del campo de lo
cautelar los fines punitivos y de impulso de la investigación y de
instrucción del proceso. Los primeros, porque atacan frontalmente la
esencia de dicho derecho, y los segundos, porque por sí solos no tienen
la entidad suficiente para fundar su sacrificio, y así lo tiene
establecido el Tribunal Constitucional. Pero es imposible crear un
sistema que no tenga nada de anticipación de las consecuencias de la pena
o de la medida de seguridad y, siendo así, la norma debe encargarse de
restringir esa anticipación y hacer que esté siempre justificada y sea
siempre proporcionada.
Al analizar los presupuestos de las posibles medidas, la apariencia de
responsabilidad penal se presenta, en el artículo 4, como presupuesto
necesario pero no suficiente. El Tribunal Constitucional veta la
posibilidad de medidas para aquél cuya culpabilidad no se pueda
establecer ni en forma de apariencia. Si se elevase este
requisito a la categoría de suficiente, se estaría desvirtuando lo
esencial del ius puniendi, basándolo en un juicio anticipado e
insuficiente, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido. No
puede determinarse apriorísticamente cuál deba ser la fuerza exigible a
la sobredicha apariencia, y entendemos que necesariamente debe dejarse
tal cuestión a la apreciación del juzgador, imponiéndole la ley unos
criterios.
Además de este presupuesto, que debe examinarse en primer lugar, la
proposición de ley configura otro: la concurrencia de alguno de los
objetivos cautelares que con carácter exhaustivo se expresan en el
artículo 5. En la construcción de este precepto se ha tenido en cuenta
que la meta de lo cautelar penal no es tanto la garantía de la
posibilidad de castigo, o de la ejecución de la sentencia futura, como el
aseguramiento de las finalidades protectoras del ius puniendi, lo que
permite admitir como fundamento la consecución del objetivo de eludir los
riesgos de la actividad delictiva y de perturbación del orden público,
pues son riesgos que afectan notoriamente a los valores y derechos que el
proceso penal protege. Hay un sector de la doctrina que no admite estas
finalidades, pero, a nuestro juicio, lo propio de la tutela cautelar es
precisamente la previsión de una actividad futura, y el periculum in mora
se define por el concepto de riesgo, no por el de lesión actual. Siendo
razonables las pegas, no deben llevar a la negación de estos fines
cautelares, sino a cuidar que en su aplicación se deba operar con
especial rigor en la recopilación de los datos que permitan deducir los
aludidos riesgos.
La pretensión fundamental del capítulo 2 del título I es la configuración
de alternativas a la prisión provisional, la cual se presenta como última
ratio. A partir del artículo 7 se describen una serie de medidas, de
menos a más, como la colaboración con el juez o tribunal, la fianza, la
prohibición de expatriación, la obligación de presentarse ante autoridad
pública, el decomiso cautelar, la prohibición o condicionamiento del
desempeño de determinadas profesiones o actividades y de ejercicio de
determinadas funciones, derechos o potestades, la prohibición u
obligación de residencia y la prohibición de comunicación con
determinadas personas, el arresto domiciliario cautelar, la custodia
cautelar en un centro de curación o tratamiento especial y, finalmente,
la prisión cautelar. Nos hubiera gustado introducir, pero presenta
problemas de constitucionalidad, el que como medida cautelar se pueda
prohibir el relato mediante precio, por cualquier medio, del hecho
delictivo. Quizá por vía de alguna enmienda se vea cómo articular, ante
la proliferación en los medios de comunicación, relatos de este tipo.
En lo que hace a la prisión provisional, por ser ésta sustancialmente
idéntica a la pena privativa de libertad, que es la pena más grave, es la
medida cautelar más fuertemente contraria a la presunción de inocencia,
de ahí que se articule como subsidiaria y excepcional; excepcionalidad
que se manifiesta en el rigor exigible a sus presupuestos y no procederá
cuando los riesgos que se pretende evitar se puedan conseguir con medidas
de menor intensidad. No obstante, sí se admitirá respecto de dichos
riesgos cuando, adoptadas medidas más leves, éstas sean incumplidas u
obstaculizadas por el propio imputado o cuando se muestren infructuosas.
En su intento de abarcar el mayor número posible de situaciones, la
proposición da al juzgador la posibilidad de establecer y de adoptar
medidas cautelares ad hoc, posibilidad que se configura con el carácter
de excepcional y siempre orientada a buscar alternativas a la prisión
provisional. Con ello se pretende armonizar dos tendencias opuestas: la
que busca la seguridad jurídica y la que persigue la flexibilidad que
exige la naturaleza netamente casuística de la tutela judicial cautelar.
Se establecen también unos criterios de selección amplios, que buscan la
adaptación de la medida a los fines cautelares que concurran en cada
caso, basados en un principio tan próximo a todo lo penal como es el de
individualización de la respuesta cautelar. Para reforzar la eficacia del
sistema, el artículo 22 prevé que el incumplimiento de las medidas
cautelares puede acarrear una situación más gravosa y/o un perjuicio
económico considerable.
En el título II, al regular las medidas cautelares relativas a la
responsabilidad civil, se ha seguido la moderna y acertada orientación
que propugna una mayor presencia de las víctimas en todos los aspectos de
lo penal. Suscitará controversia la previsión del artículo 29.2, que
permite la adopción de oficio de otras medidas cautelares, mientras que
la Ley del Jurado prevé para la prisión, sólo para la prisión, la
necesidad de petición de parte. Es discutible la idea del juez imparcial
mientras el fiscal no tenga todavía el carácter de instructor, mediante
la modificación de su estatuto orgánico. Particular importancia, en el
terreno de lo cautelar, tiene la exigencia de motivación por su carácter
casuístico y por la entidad de los derechos que se puedan ver afectados
--y a ello se refiere el artículo 31--, ya que en estos casos la
motivación no sólo es garantía del derecho de defensa, sino que también
lo es de la presunción de inocencia o, mejor dicho, de la justificación
de su sacrificio puntual. (Rumores.) La duración de las medidas
cautelares se trata en la ley desde dos perspectivas, duración razonable
y duración máxima, recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional al
respecto, ya que, como tiene establecido, se vulnera la presunción de
inocencia...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
Uría.
Señorías, les ruego silencio. Señor Guerra, le ruego silencio.
La señora URIA ECHEVARRIA: Me refería a la duración de las medidas
cautelares e indicaba que se vulnera
la presunción de inocencia si la medida cautelar dura más de lo
razonable, aunque no se superen los límites máximos que la ley fija.
Siguiendo igualmente la doctrina del Tribunal Constitucional, la
proposición pone en relación la duración de la medida cautelar con la
duración del proceso. Es decir, que no se cargue a las espaldas del
imputado lo que se pueda conseguir agilizando el proceso. En el artículo
39.2 se recoge la cláusula rebus sic stantibus, consustancial a la tutela
cautelar. En el artículo 41 se establece el recurso, ante el superior
jerárquico, que parece exigir el artículo 5.4 del Convenio europeo de
derechos humanos, según el Tribunal Constitucional. El artículo 43 recoge
una pieza esencial de la ley, exigencia de la Recomendación 1.645, de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es la indemnización
obligatoria para el caso de sentencia absolutoria. La justicia impone la
compensación económica en tales casos. Nos ha parecido necesario ampliar
la cobertura que ofrece el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y al supuesto de inexistencia del hecho imputado se añade el de
no participación en el mismo, ya admitido jurisprudencialmente, la falta
de tipicidad y la falta de antijuridicidad, supuestos estos dos últimos
de significación sustancialmente idéntica a los precedentes. La exclusión
del derecho a la indemnización en los casos de incumplimiento de estas
medidas es, amén de justa, favorecedora de la eficacia del sistema
cautelar que se plasma.
Para finalizar, deseo manifestar que el ejercicio de la iniciativa
legislativa por el grupo Vasco, en esta materia, es cumplimiento estricto
de un compromiso de su programa electoral y es coherente con su
preocupación por los problemas referidos a la justicia, y más
concretamente a la tutela de los derechos de los ciudadanos en los
procedimientos judiciales, de los que se ha dado siempre muestras en esta
Cámara con la presentación de iniciativas como la regulación del habeas
corpus, de la Ley del Jurado o, más próximamente, con la regulación del
régimen de protección de testigos amenazados en causas criminales;
iniciativas estas que junto con nuestro constante quehacer como grupo
desvirtúan las acusaciones de tendencias parroquiales y manifiestan una
actitud de leal participación en el quehacer institucional del Estado.
Señorías, resumiendo ya, la iniciativa que he presentado tiene un
importante contenido social. Es --y lo comprendo-- complicada desde el
punto de vista técnico-jurídico, pero así lo exige la materia que se
regula, y ello no debe paralizar al legislador. No es un proyecto
voluntarista sino que parte de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal,
recoge la jurisprudencia constitucional y las regulaciones de los países
de nuestro entorno. Finalmente, es una proposición que busca la eficacia,
pretende ser una ley aplicable y, por ello, partiendo del objetivo máximo
del respeto de los derechos, pone también los pies en la tierra para
lograr esta eficacia. Serán inestimables y necesarias en esta tarea las
aportaciones que por vía de enmienda se hagan por quienes más expertos
juristas y prácticos del Derecho componen los distintos grupos
parlamentarios, si como confío, espero y deseo es finalmente tomada en
consideración por la Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, y contando S. S. con que tiene que compartir
tiempo, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para informar del voto
favorable a la toma en consideración de la presente ley orgánica que
ahora se expone. Entendemos y acogemos favorablemente esta proposición de
ley orgánica porque consideramos importante que se reforme
legislativamente este tema, por varias razones. En primer lugar, creemos
que la cuestión relativa a las medidas de tutela cautelar penal hay que
adecuarla al nuevo marco normativo derivado del Código Penal y de la Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado. Por lo que respecta al primero, debe
destacarse la profunda reforma en materia de penas y su correlativa
incidencia sobre las medidas cautelares, en especial en el plazo de
duración de la prisión provisional, que sigue basándose en las penas de
la regulación anterior. En cuanto a la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado, no cabe desconocer el afianzamiento que supone del principio
acusatorio en nuestro sistema procesal, lo que sin duda aconseja
replantear la intervención de las partes acusadoras, entre ellas la del
Ministerio Fiscal, así como el papel del juez de instrucción a la hora de
adoptar las medidas cautelares.
La segunda razón para votar a favor hace referencia a la conveniencia de
regular esta materia a fin de que los criterios jurídicos indeterminados,
empleados en la adopción de estas medidas en la legislación anterior, así
como la denominada alarma social no den lugar a un uso arbitrario o
discrecional de las mismas. En suma, se trata de someter al imperio de la
ley, de los principios generales en ella contenidos, la decisión judicial
que se adopte sobre aspectos cruciales de los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Cohonestar este carácter reglado con la deseable
flexibilidad del criterio judicial, atendidas las circunstancias del caso
concreto, y garantizar su fiscalización por un órgano jurisdiccional
superior al que adopta la medida, creemos deben ser los objetivos de la
reforma que ahora se pretende afrontar.
No es el momento de entrar en detalles. Creemos que hay una serie de
cuestiones y aspectos positivos en
esta proposición que se nos presenta, como, por ejemplo, las alternativas
a la prisión provisional, el reconocimiento de la importancia en la
motivación judicial en su adopción, así como el abono del tiempo de
detención a los efectos de la pena. Pero también creemos que hay
cuestiones que pueden ser susceptibles de mejora o algunas carencias,
como podría ser la oportunidad interesante para avanzar en la
instauración del sistema acusatorio en el enjuiciamiento penal, exigiendo
la petición de parte acusadora para proceder a la adopción de la medida
cautelar por el juez. También creemos que se podría establecer una mayor
claridad en alguno de los términos empleados en la exposición de motivos
y que podría tenerse en cuenta un posible recelo a la hora de establecer
la adopción de medidas cautelares innominadas. No es el momento de entrar
en detalles, lo haremos mediante enmiendas, pero en cualquier caso
creemos que es una proposición favorable y en ese sentido votaremos
positivamente.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego, favorable a la
toma en consideración de esta proposición de ley orgánica reguladora de
la tutela cautelar penal que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Apoyamos la toma en consideración porque pensamos que era muy necesario
que todo lo que son sentencias del Tribunal Supremo y la mucha
jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional se organizasen en
una ley orgánica como la que ahora se nos presenta y, además, porque la
proposición de ley discute la constitucionalidad de la prisión
incomunicada, regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otra parte, hay que alabar este equilibrio, este matiz, entre la
defensa de la presunción de inocencia y la efectividad de la protección
cautelar, así como el intento de buscar alternativas a la prisión
provisional o a la prisión cautelar, cosa que se hacía muy necesaria en
un contexto penal y delictivo como el del Estado español. También es
justo señalar que, realmente, la ley obliga a buscar causas determinadas
y garantías suficientes por parte de los jueces para tomar decisiones al
respecto. A pesar de que hay algunos artículos que pensamos que deben ser
modificados, como el artículo 5, que deja en excesiva ambigüedad la
llamada alarma social, o bien cuando parece que se puede imponer un
abogado de oficio frente a la libertad de elección que garantiza el
artículo 24.2 de la Constitución, o simplemente cuando cautelarmente se
prohíbe desempeñar determinadas profesiones sin dar algunas pautas
compensatorias, a pesar de todo esto, pensamos que la clave está en no
identificar bajo ningún punto de vista prisión cautelar o medidas
cautelares con privación de libertad. Por todo esto, por la gravedad de
la situación y precisamente porque no es posible seguir en un contexto
penal donde el capricho, la arbitrariedad y la punición lleven a graves
irresponsabilidades de consecuencias irreversibles para aquellas personas
que la padecen, pensamos que esta ley orgánica que presenta el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) debe ser tomada en consideración.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias. señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria adelanta que va a apoyar, y por tanto a votar
favorablemente, esta proposición de ley que nos presenta el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV). En su exposición de motivos hay todo un
derroche de teoría y de dialéctica positiva y bien instrumentada de lo
que es el meollo del cuerpo doctrinal de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal española. Esta proposición de ley, en sus efectos sobre la Ley
de Enjuiciamiento Criminal --como bien se dice en su disposición
derogatoria--, implicaría la derogación de los capítulos III y IV, del
título VI y del libro II de este tratado fundamental del enjuiciamiento
criminal, así como la supresión del título VII y otras modificaciones en
la Ley del Consejo General del Poder Judicial. Además, entra de lleno en
un tema como la presunción de inocencia, que, con una Constitución
democrática en la mano, en ejercicio, como tenemos en el Estado español,
puede chocar con lo que han sido filosofías del derecho positivo,
doctrinas del enjuiciamiento criminal. Esto se hace, a nuestro entender,
con un exquisito respeto por lo que han sido sentencias del Tribunal
Constitucional español, especialmente las acaecidas en los tres últimos
años --1994, 1995 y 1996--, con sendas sentencias sobre las garantías
constitucionales de la presunción de inocencia, porque el ejercicio de la
potestad cautelar del juez, sobre todo cuando decreta la prisión
provisional, la prisión cautelar de un ciudadano, implica de hecho una
suspensión de la garantía constitucional de la presunción de inocencia,
tema tremendamente delicado y sensible para toda conciencia democrática y
constitucional, que es lo que debe prevalecer. Y junto a ello, la
exigencia de colocar en el platillo de la contraprestación el deber de
velar por el cumplimiento de las garantías del enjuiciamiento penal sobre
personas que pueden inducir en una apariencia, subjetiva por supuesto,
ante el juez. Es aquí donde viene el gran dilema de esta modificación: el
juez tiene que apreciar subjetivamente unas apariencias de que el
justiciable puede sustraerse a los efectos de la justicia con la huida.
Lo que no puede ocurrir tampoco es que la ciudadanía se sienta de una
manera u otra perseguida por una utilización excesiva --no digo
arbitraria-- de determinados jueces, que pueden ejercer la labor y la
jurisdicción cautelar ordenando y decretando el ingreso en prisión de
determinados justiciables porque, como bien ha señalado la portavoz del
PNV --y esto impregna prácticamente su exposición de motivos--, el
principio de velar por la presunción de inocencia es el que debe
prevalecer en el ordenamiento.
Y qué decir cuando este proyecto de ley trata de entrar en la prisión
incomunicada, esto es, el máximo rango del ejercicio de la prisión
cautelar, porque siguen existiendo imágenes de presunción en la
subjetividad del juez. Al buscar ese equilibrio, es necesario que podamos
insertar en la ley una serie de cuestiones objetivables, una serie de
parámetros de medida para que esa apreciación subjetiva del juez para
decretar la prisión incondicional o la prisión cautelar de un ciudadano
se ejerza con un mínimo de garantías constitucionales.
Señorías, recordemos el espectáculo que se ha dado en Italia por poseer
una legislación cautelar muy laxa en su Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que ha provocado que en tiempos recientes hayamos visto cómo determinados
jueces italianos han aplicado la prisión cautelar a mansalva en procesos
judiciales contra ciudadanos que después han resultado inocentes. Y sobre
todo se ha ejercido en un clima de tensión política en Italia en el que
prácticamente había media clase política condenada a estar en prisión
cautelar por la decisión subjetiva de determinados fiscales, jueces y
magistrados. Nos parece muy oportuna la iniciativa que ha tomado el Grupo
Parlamentario Vasco con esta proposición de ley que pretende modificar
nuestro tradicional texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
He hablado de la figura de la apariencia, de la prisión cautelar. ¿Por
qué digo esto? El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 71/1994,
128/ 1995 y 14/1996, viene a equiparar a efectos prácticos la prisión
cautelar con la prisión ya decretada por una sentencia judicial firme, es
decir, como privativa de la libertad, porque lo que sí es cierto es que
hay privación de libertad.
Tenemos alguna discrepancia con la forma de la proposición de ley, pero
su toma en consideración nos llevaría a que en los trámites
parlamentarios posteriores pudiéramos introducir las enmiendas
rectificadoras al respecto, para que hubiera un reconocimiento más
objetivo, más explícito sobre las medidas cautelares que señalan estas
sentencias del Tribunal Constitucional, es decir, que está caracterizada
por los calificativos de subsidiaria y excepcional.
Voy terminando, señor Presidente. La prisión incomunicada se daba
frecuentemente en casos de terrorismo, pero también posteriormente para
delitos económicos. Es necesario que el ciudadano normal, la opinión
pública en España entienda que está en un Estado de Derecho cuando un
juez ejerce esta figura jurídica sobre un determinado personaje, porque
ocurre que sobre quienes los jueces ejercen esta prisión cautelar,
incluso en el caso de que sea incomunicada, no son delincuentes o
presuntos delincuentes del orden común verdaderamente anodinos, sino que
concurren en ellos una serie de circunstancias que les dan una relevancia
política o social por sus actividades en cualquiera de estos campos,
incluido el financiero o el económico.
A lo que tampoco hay derecho es que, en un Estado constitucional, una
persona pueda sentirse insegura, cualquiera que haya sido su actuación,
porque o aceptamos que prevalece el principio de presunción de inocencia
o no nos situamos en el terreno que marca nuestra Constitución, sea quien
sea el personaje sobre el cual el juez debe aplicar la prerrogativa que
tiene en este momento.
Señorías, no abundo más. Podemos discutir cuál es el alcance de la
duración, a fin de que el juez también se vea sometido al principio de
duración razonable y de duración máxima, porque si a veces es fácil
estipular el principio de duración máxima, no lo es en el caso del
principio subjetivo de la duración razonable. Las cargas de la prueba que
pueden dar lugar a la presunción de sustraerse a la acción de la
justicia, o la gravedad de los hechos que empiezan a figurar en el
sumario como carga de la prueba, deben tener todas las garantías
precisas. Tenemos que situarnos en un Estado de Derecho en el que el
principio in dubio pro reo tiene que ser --y para mí lo es, como
representante de mi grupo-- predominante ante cualquier inseguridad del
procedimiento judicial. Si al final los errores judiciales tienen que ser
indemnizados económicamente o con otro tipo de resarcimiento,
dispondremos de los trámites pertinentes en ponencia, en comisión y en
Pleno para entrar en tan sugestiva iniciativa y aplicar la inteligencia
democrática y política en una pieza fundamental de nuestro ordenamiento
jurídico como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Política y
democráticamente estamos obligados a que cualquier ciudadano español sepa
que va a estar amparado por un texto legal y no por la discutible
arbitrariedad o subjetividad de un juez ante un escándalo o un caso de
alarma social; es decir, que tendrá las garantías de un Estado de Derecho
y constitucional.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán votará afirmativamente la toma en
consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Vasco,
igual que lo hizo el 19 de diciembre de 1995, cuando esta proposición,
que ha sido objeto de algunas modificaciones y retoques, fue presentada
por el en aquellos tiempos Diputado señor Olabarría.
Es cierto que el proceso penal está necesitado de una amplia regulación.
Baste simplemente señalar la existencia --existencia en la práctica, que
no de iure-- de lo que se ha denominado la pena de banquillo, entre otras
cosas. Sin embargo, y a pesar de la promesa del Gobierno de enviar a la
Cámara un proyecto de ley de reforma global de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, es cierto que no podemos por menos que aprovechar la
oportunidad planteada por el Grupo Parlamentario Vasco para proceder a
efectuar una regulación lo más completa posible de la tutela cautelar
penal, sin perjuicio de que en un momento posterior lo que aquí se
disponga pueda ser incorporado a una reforma más global de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, vaya por delante la manifestación de
voto favorable, sin perjuicio de que debamos hacer --y lo haremos
posteriormente, en el proceso de discusión de las enmiendas-- algunas
matizaciones. Desde luego, es muy importante que el efecto benéfico de la
Constitución española, el principio de tipicidad y el principio de
presunción de inocencia, estén presentes en todos los aspectos del
proceso penal y, por tanto, en las medidas cautelares.
Cabe decir, sin embargo, que apreciamos una cierta extensión de lo que
debe ser el régimen jurídico de la prisión cautelar o provisional a todas
las medidas recogidas en la proposición. Desde un punto de vista
técnico-jurídico y atendiendo a su naturaleza jurídica, en la proposición
de ley se regulan auténticas medidas cautelares, que tienen por objeto
--como toda medida cautelar-- garantizar el correcto y eficaz desarrollo
del proceso, y sobre todo la eficacia de la resolución que en el mismo
deba producirse, y otras medidas que no tienen ya este carácter cautelar,
por más que sean medidas provisionales y respondan incluso a la necesidad
de protección de determinados intereses y bienes jurídicos. De ahí que
entendamos que el proyecto adolece de esta dualidad de planteamientos,
que estoy seguro que a lo largo de su discusión parlamentaria será objeto
de alguna depuración.
Por eso queríamos indicar la apreciación de una cierta contradicción
entre los fundamentos de esta tutela cautelar penal, ya que en el
artículo 2.º se indica que tiene por objeto la protección de aquellos
intereses, derechos y bienes presentes en el proceso, pero tratando de
eludir cualquier finalidad punitiva y eliminando cualquier objetivo de
impulso de la averiguación del delito o de la instrucción del
procedimiento y distinguiendo desde el punto de vista material lo más
posible estas medidas provisionales de la sentencia. Entendemos --como
digo-- que puede existir una cierta contradicción entre estos principios
generales y las finalidades a que hace referencia el artículo 5.º. Tengan
en cuenta SS. SS. que la primera de las finalidades a que se hace
referencia en el artículo 5.º en cuanto a la tutela cautelar penal es
precisamente la protección de la seguridad pública evitando la comisión
de nuevos delitos, así como altercados públicos que puedan poner en
peligro las personas y los bienes. Por lo tanto, aparece claramente
identificada una finalidad de esta tutela cautelar penal, una finalidad
que es total y absolutamente extraprocesal, que tiende objetivamente a
salvaguardar otros bienes o intereses jurídicos que no son los presentes
en el procedimiento, y por eso decimos que se están regulando
conjuntamente medidas cautelares y medidas de carácter provisional.
Obviamente la protección de la seguridad pública para evitar la comisión
de nuevos delitos es una finalidad típica de prevención especial, y la
finalidad de evitar altercados de orden público cabría configurarla como
una finalidad de prevención general de carácter típico. Se alude a la
finalidad de proteger tanto a la víctima como al imputado y a sus
familias respecto de agresiones y de ataques a su intimidad, entre otras
cosas, y finalmente recoge lo que debiera considerarse en principio la
finalidad típica de toda medida cautelar, que es el correcto y eficaz
desarrollo del proceso, evitando la elusión frente a la acción penal, la
destrucción de las pruebas o la obstrucción del proceso.
Por lo tanto, regulamos medidas de naturaleza jurídica diferentes y eso
lo deberemos tener en cuenta, pues si bien es cierto, como ha señalado la
portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que el Tribunal
Constitucional ha señalado que esta finalidad de averiguación del delito
y de instrucción del procedimiento no puede constituirse en la única y
exclusiva finalidad de la prisión preventiva, sin embargo no sería cierto
decir que éste puede ser el único fundamento de la adopción de otra
medida cautelar que tenga por objeto, por ejemplo, evitar la desaparición
o la destrucción de las pruebas. Por ello indicaba anteriormente que
estamos extendiendo lo que sería el ámbito y límites de la prisión
preventiva o de la prisión cautelar al ámbito de otras medidas cautelares
que muy correctamente --y así hay que decirlo-- se configuran como
alternativas, y más que alternativas, prioridades, de la prisión
cautelar.
También queríamos hacer alguna referencia respecto del régimen de la
fianza. Queremos indicar que aquí se ha producido alguna modificación
respecto de la proposición de ley que se debatió en el año 1995, pero
también tenemos que formular reproches de idéntica naturaleza. El acto de
regular la fianza sin distinguir si se trata de una fianza de situación
personal o si se trata de una fianza que tiene por objeto cubrir la
responsabilidad
civil o la sanción pecuniaria que pudiera imponerse, genera también algún
tipo de conflicto, porque, como decíamos entonces, si viene la pieza de
responsabilidad civil ante la ausencia de fianza, el juez lo que debe
hacer es acordar el embargo de bienes, pero si lo que se exige es una
fianza en la pieza de situación personal y esta fianza no es prestada por
el interesado, entendemos que el juez no tiene obligación ninguna de
proceder al embargo para dejar en libertad al procesado, si él no quiere
hacerlo, allá él. De la misma manera, entendemos que también hay que
contemplar la posibilidad de que estas fianzas sean prestadas no ya por
el procesado posteriormente condenado, sino por un tercero. Por lo tanto,
la aplicación directa de la fianza en la pieza de situación personal en
aquellos supuestos en los que el reo no se haya sustraído a la acción de
la justicia, a la cobertura de las responsabilidades civiles, en algunos
casos podrá efectuarse y en otros casos no podrá ni deberá efectuarse.
Nos congratulamos en cualquier caso de la regulación que se efectúa de la
prisión cautelar, que entendemos que constituye uno de los objetos
fundamentales de la proposición de ley, con el efecto expansivo al que
anteriormente hemos hecho referencia. Sin embargo, no podemos por menos
de dejar constancia del avance que supuso la modificación del artículo
504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de la Ley del Jurado,
de la Ley 5/1995, de 22 de mayo, en el sentido de exigir con carácter
general que la prisión provisional únicamente pudiera acordarse --ya digo
que con carácter general-- a instancia de parte. Pensamos que ése fue un
avance considerable y que el régimen de la prisión provisional va a estar
en función lo que pueda acordarse en una futura reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal respecto de la instrucción, si ésta corresponde
al fiscal o al juez.
No compartimos, así tenemos que decirlo, que no pueda acordarse la
prisión provisional en aquellos casos en los que el delito sea
imprudente. Nos parece que puede haber supuestos de delitos imprudentes
en los que concurran los presupuestos para acordar la prisión cautelar o
provisional, de la misma manera que hay que distinguir obviamente el
régimen de las medidas cautelares del de la ejecución de las penas. En la
medida en que posteriormente se produce un abono del período de tiempo
permanecido en prisión provisional a lo que sería ya la prisión
definitiva acordada en sentencia, entendemos que tampoco pueden
establecerse diferencias excesivas. Centros de preventivos o zonas de
preventivos, sí; regímenes tremendamente diferenciados, no.
Mi grupo parlamentario comparte con todas
SS. SS., estoy seguro, la preocupación por la duración excesiva de la
prisión provisional. Sin embargo, tampoco podemos desconocer, y casos
hemos tenido a lo largo de esta legislatura y de la pasada, procesos lo
suficientemente complejos en los que a la complejidad se añaden las
tácticas dilatorias de los abogados de parte, favorecidos notablemente
por el propio sistema procesal, que determinan en muchos casos la
imposibilidad de celebrar el juicio oral con anterioridad a un período de
dos o tres años. Por lo tanto, es un factor que, sin lugar a dudas,
debemos tener en cuenta.
Por lo demás, apreciamos que se produce una regulación de las medidas
cautelares o provisionales muy homogénea con las que se introducen en el
nuevo Código Penal. De todas formas, si falta referencia expresa a alguna
de las que podrían acordarse, como la privación provisional del permiso
de conducir o la privación provisional de la licencia de armas, esto
estaría incluido dentro de la privación general de derechos a la que
anteriormente, como decíamos, se ha hecho referencia.
En cualquier caso, entendemos que respecto de la prisión provisional debe
ser un objetivo fundamental el intentar evitar esta expresión que muchas
veces se emplea malévolamente de que en nuestro país la única prisión que
se cumple es precisamente la prisión provisional, bien sea porque en
algunos casos es de una duración tan excesiva y tan exagerada que
compensa a veces con creces lo que es el contenido de la sentencia
definitiva, bien porque en muchos casos, tras prisiones provisionales
prolongadas, lo que se acaba produciendo es una absolución, como ha
señalado antes el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
De todas formas, no deja de ser una expresión malévola, pero intentemos
desterrarla de nuestra práctica jurídica.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Silva, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor SILVA SANCHEZ: Acabo ya, señor Presidente.
Nos congratulamos de la atención a la víctima a la que se alude en el
artículo 26; de la indemnización inmediata, que no deja de ser un
trasunto de lo que ya establece el artículo 765.8.º de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y, por lo demás, nos manifestamos total y
absolutamente conformes con una proposición que no pretende sino
introducir en un ámbito complejo, por lo que decía en el inicio de mi
intervención, los principios de la presunción de inocencia y demás
derechos constitucionales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con toda brevedad porque, como se ha dicho, esta proposición
de ley ya fue objeto de intento
de tramitación en la anterior legislatura, por lo que cabe aportar muy
poca novedad en cuanto a los razonamientos que en aquel momento vertieron
los diferentes grupos parlamentarios y que por nuestra parte se reiteran
en este acto.
En consecuencia, vamos a apoyar la admisión a trámite o toma en
consideración de la misma, aunque sólo fuera porque hay un dato que
obliga a que hagamos una consideración sobre estas situaciones, y es el
número de presos preventivos que hay en nuestros establecimientos
penitenciarios. Lo cual pone de manifiesto una evidente anormalidad en lo
que está siendo ni más ni menos que la adopción de medidas cautelares,
que, además de tener que contemplar la presunción de inocencia, deben
contemplar el respeto al pleno ejercicio de los derechos por todos y cada
uno de los ciudadanos hasta que se vean privados de los mismos por
sentencia judicial firme.
Solamente querríamos añadir --y sería bueno que se tuviera en cuenta por
parte de todos los grupos parlamentarios--, en la línea en que lo hemos
hecho en otras ocasiones, que, admitida a trámite, nos gustaría que, a
impulso de la propia Presidencia de la Cámara o a impulso de la Comisión,
esta proposición fuera objeto de dictamen por el Consejo General del
Poder Judicial. Si se ha adoptado este mecanismo de manifestación y de
toma de posición por el consejo para los proyectos de ley, pensamos que
no debe eludir a las proposiciones de ley. Por lo tanto, recabamos desde
este momento que se tenga en cuenta tal petición por parte de nuestro
grupo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en la toma en consideración de una proposición de ley que
pretende abordar un tema que mi grupo considera de la máxima
trascendencia constitucional, de la máxima importancia para nuestro
Estado social y democrático de Derecho, puesto que toca de lleno el
sistema de derechos fundamentales y libertades públicas.
Parafraseando a Von Listz, puede decirse que el sistema penal --conjunto
de Derecho penal y proceso penal-- actúa como un arma de doble filo,
porque protege bienes jurídicos mediante la lesión de bienes jurídicos. Y
ello es así porque en el escenario penal confluyen, en permanente
tensión, el interés de la víctima en su protección, el interés de la
comunidad en su prevención y el interés del sometido a proceso en su
libertad. De ahí que a las exigencias de autolimitación del Estado por el
Derecho, propias de la genérica relación entre ciudadano y Estado,
corresponda, en la actuación del ius puniendi, la permanente convocatoria
de refrendos legitimadores. Y es que el proceso penal, señorías, como ya
indicara Goldschmidt, es el termómetro de los elementos democráticos de
su constitución, y está claro que el progreso democrático se caracteriza
por la hegemonía de los derechos fundamentales del individuo, en
contraposición con los de los poderes, y no sólo por la sumisión de éstos
a las leyes, ya que si antes los derechos valían en cuanto reconocidos
por las leyes, hoy son las leyes las que valen en la medida que respeten
los derechos.
No cabe ya contentarse con el Derecho por reglas del Estado decimonónico.
Yo creo que en el Estado constitucional contemporáneo se impone un
Derecho por principios, caracterizados éstos por su pluralidad, por su
resistencia a la jerarquización, por su carácter relativo, por su
necesidad de conciliación y permanente transacción, que exige una buena
dosis de prudencia en el ámbito legislativo y, desde luego, en el
jurisdiccional. Yo creo que el legislador no puede prescindir de
valoraciones ético-políticas o de justicia porque éstas son las que, en
definitiva, deben erigirse en criterios legitimadores de nuestras
decisiones. Así, cuando desde la perspectiva de los principios se disocia
lo que es la mera vigencia de una norma que ha dejado de reflejar
opciones más democráticas y su validez, es necesaria una actuación
legislativa que recupere la hegemonía de los principios transformando esa
norma. Y ello con mayor urgencia cuando se trata de que los derechos
desprotegidos son los más importantes, y tanto más si estamos hablando de
la libertad. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la
Presidencia.)
Esto es lo que ocurre, señorías, en opinión de mi grupo, en el proceso
penal y, muy particularmente, en el proceso cautelar. De ahí que el Grupo
Parlamentario Socialista, aunque considera que este tema debería
abordarse en el marco de una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal --como ya se ha dicho por los representantes de otros grupos, y
no renunciamos a convertir el trámite de enmiendas en una reforma de
dicha Ley--, vea con buenos ojos el objetivo y la filosofía de esta
proposición que pretende una regulación más rigurosa de la prisión
provisional y una ampliación del catálogo de medidas alternativas a esa
prisión. Y compartimos esta filosofía porque está claro que la vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha revelado ya como insuficiente para
recibir las exigencias que en materia de libertad del ciudadano --también
del ciudadano sometido a proceso-- imponen nuestra Constitución y los
tratados internacionales. La pluralidad de intereses que confluyen en el
proceso determina la necesidad de que los conciliemos y desde luego
siempre con el criterio de la proporcionalidad, que no significa otra
cosa que, cuando se haga la intervención
de un bien jurídico o la limitación de la libertad, no se vaya más allá
de lo estrictamente necesario para la protección de otro bien de igual
intensidad o de mayor interés, que, entre los distintos medios posibles,
se elija siempre el más moderado y que el medio empleado no sea excesivo
con el fin perseguido. Este criterio de proporcionalidad es evidente que
estaba en el constituyente cuando reguló la prisión provisional, está en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero probablemente no está
en nuestra actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por lo tanto, si bien es cierto que se podría defender desde posiciones
de un garantismo maximalista, que no hay necesidades que justifiquen el
sacrificio de la libertad hasta que no haya una sentencia firme que
destruya la presunción de inocencia, esto nos llevaría a una limitación
cautelar de la libertad que sería desproporcionada, y por tanto
tendríamos un proceso sin prisión preventiva. Aun no defendiendo
evidentemente estas posturas, lo que está claro es que es imprescindible
la exigencia de necesidad de presupuesto legitimador de estas medidas
cautelares, que creemos que en la ley actual no lo están, y no lo están
porque la laxitud de la norma en la configuración de los presupuestos es
desproporcionada.
Fíjense, señorías, que basta con el grado de la pena prevista para el
hecho investigado, para imponer ya la prisión provisional. En segundo
lugar, porque las posibles alternativas de medidas cautelares son tan
reducidas que no existen previsiones entre la libertad y la privación de
la libertad. Las distintas opciones de la prisión son una libertad
condicionada tan inútil para el fin perseguido que en la mayoría de las
ocasiones lo que se determina es que se acuerde esa prisión, y yo creo
que también porque entre las finalidades que ordena considerar la norma
se encuentran algunas que en ningún modo pueden considerarse exigencias
cautelares del proceso, y con ello me estoy refiriendo a la cita a la
reiteración del delito considerado como abstracción o con independencia
del sujeto y limitada a un territorio concreto, y desde luego la
invocación de la alarma social.
En estos dos temas concretos, el Grupo Parlamentario Socialista no
comparte ni el texto de la proposición, ni desde luego la exposición de
motivos cuando justifica esas finalidades como legitimadoras y
proporcionadas de la cautela porque son finalidades del sistema penal en
general. Pero es que, señorías, no cabe vincular la medida cautelar a
planteamientos de prevención general, porque de esta forma estaríamos
desatendiendo a la exigencia de que la cautela ha de ser valorada en el
caso concreto, como ha dicho el Tribunal Constitucional y, más aún, ha de
ser valorada en relación con el sujeto concreto cuyo derecho fundamental,
la libertad, se pretende limitar o sacrificar con la prisión.
Sin embargo, creemos que la toma en consideración de esta ley que mi
grupo va a apoyar va a ser un buen momento para que en esta Cámara
abramos un debate de profundización en el compromiso constitucional en
las garantías de los derechos fundamentales y en concreto de la libertad.
Esperemos que la tramitación, que desde luego el Grupo Parlamentario
Socialista propiciará mediante la presentación de enmiendas a su
articulado, nos permita que nos replanteemos las necesidades que
legitiman la cautela, la gradualidad en las medidas y las finalidades que
habrán de perseguir con su adopción. Yo creo que, además, en este trabajo
legislativo va a ser especialmente oportuna la enseñanza que nos pueda
aportar a todos el conocimiento de las prácticas aplicadoras del sistema
actual; que reflexionemos también sobre la inercia de estas prácticas que
se está produciendo para rebajar las pretensiones democratizadoras de los
procedimientos que introdujo la última reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y desde luego es necesario que extraigamos las
conclusiones precisas a partir de la necesaria homogeneidad entre la
medida cautelar y, finalmente, la sanción que se deba imponer. Yo creo
que aquí también podrían rentabilizarse en el proceso penal los profundos
avances democratizadores que ha supuesto con el Código Penal la
introducción de alternativas a la prisión como pena, que exigen la
correspondiente alternativa a la prisión provisional como cautela.
No voy a entrar a analizar en este trámite las discrepancias que
mantenemos con el texto, pero sí decir en positivo las grandes líneas
delimitadoras de la regulación que estimamos más adecuadas al compromiso
con la libertad como valor supremo de la Constitución y que son --ya las
he dicho, pero las resumo brevemente--: Primero, que entre las
necesidades que justifican la privación o limitación de libertad no puede
encontrarse a las genéricas exigencias de orden público o peligrosidad
social. Realmente la legitimidad de la cautela viene determinada por la
necesidad de preservar las pruebas de alteraciones razonablemente
previsibles, o de impedir que la fuga haga fracasar el proceso.
Por otra parte, la gradualidad del sistema nos tiene que permitir que se
pueda elegir de un amplio catálogo de medidas posibles la más adecuada a
la finalidad perseguida pero que, al mismo tiempo, también se pueda dejar
sin efecto la medida adoptada en cuanto sea innecesaria al fin. Yo creo
que en este sentido resulta atractivo el elenco de medidas que nos ofrece
la proposición de ley.
Por otra parte creemos también que es necesario adecuar la configuración
normativa de la medida cautelar al principio de legalidad porque,
señorías, sobre todo, nos parece imprescindible en lo que se refiere a la
taxatividad en la determinación de los requisitos. Si estos requisitos
para adoptar la medida no son inequívocos en su descripción y
susceptibles de verificación y refutación, mal va a quedar garantizada la
necesidad
de contradicción antes de su adopción y la motivación de la decisión
jurisdiccional que la impone.
En último lugar, por relevancia, que no por nimiedad, es necesario
advertir que nada o poco se avanzaría en la protección de la libertad del
ciudadano en el proceso penal si no cuidamos la posición que en
el mismo ha de ocupar el juez para garantizar su imparcialidad. Con
ello me estoy refiriendo al peligro que para ese avance supone nuestro
sistema actual de Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite la
cohabitación en la única persona del juez instructor de atribuciones de
investigación y de garante de los derechos del investigado. Porque un
sistema que construye ese híbrido juez-policía habrá de resignarse a que
o lo que hay en él de policía elimine al juez o lo que éste haga sea
inoperante.
No podemos olvidar, como señalaba el representante de Coalición Canaria
en este debate, lo que ha ocurrido en un sistema como el italiano en el
que, a pesar de las escasas atribuciones que el juez de investigación
tiene en la fase previa al proceso, se le ha responsabilizado de las
prácticas perversas de hacer caer las barreras del derecho al silencio
del investigado, y ahí están las secuencias del espectáculo
prisión-confesión-excarcelación.
De nada valdría, en términos de rentabilidad democrática, abordar esta
proposición de ley si no es en el marco de una revisión global del
sistema, del que esperemos que esta ley sea un avance, pero ello sin
perder de vista, primero, que habrá que cuidar la imparcialidad del juez
que adopte las medidas que integran el sistema cautelar, privándole de la
iniciación de oficio para su adopción e incluso, yo diría más, privándole
de la facultad de diseñar la estrategia de la investigación, al menos en
la forma que hizo la ley del jurado.
Finalmente quiero reiterar el mandato de esta propia ley para abordar la
elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que esperemos
adopte la iniciativa del Gobierno. Si no es así, tengan la seguridad,
señorías, de que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una
proposición de ley en el caso de que el Gobierno no lo haga.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Fernández de la Vega.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos en el trámite parlamentario
de la toma en consideración de una proposición de ley orgánica,
presentada por el Grupo Parlamentario PNV, para regular la tutela
cautelar penal.
Este mismo grupo, en la anterior legislatura, había presentado una
iniciativa que sustancialmente ésta reproduce, aunque con algunos cambios
que consideramos mejoran técnicamente la anterior. En su momento se tomó
en consideración y, sin embargo, posteriormente decayó. Tengo que decir
que en ese momento, en el debate del día 19 de diciembre de 1995, el
portavoz del Grupo Popular, al que ahora yo represento, no votó a favor
de la toma en consideración. Y si bien alegamos que estábamos de acuerdo
con los grandes principios generales en que se inspiraba dicha
iniciativa, nos parecía que no teníamos el tiempo y el calendario
parlamentario suficiente para que existiera un debate profundo de dicho
texto. Pues bien, las circunstancias han cambiado y hoy, señoras y
señores Diputados, esta iniciativa puede ser debatida hasta su
culminación. Por tanto, en coherencia con nuestra postura en la anterior
legislatura, vamos a votar a favor --y ya lo adelantamos-- de la toma en
consideración de esta iniciativa legislativa.
Nos parece importante, señoras y señores Diputados, que se regulen las
potestades judiciales que tienen los jueces en la toma de medidas
cautelares en los procesos penales, pero teniendo en cuenta una reciente
doctrina creada por el Tribunal Constitucional en la que se recoge la
necesidad de equilibrar estas medidas de garantía de la responsabilidad
civil y penal dimanante del delito con los principios que se aplican al
ordenamiento jurídico penal, como son la presunción de inocencia, la
intervención mínima y el principio de proporcionalidad.
Pareciéndonos importante y muy interesante esta iniciativa, sin embargo
existen en ella algunas disfunciones que someramente ahora expondré y que
esperamos que en el proceso de las enmiendas podamos modificar y mejorar.
En primer lugar, no nos parece que refleje buena técnica legislativa
regular estas medidas de cautela penal en un texto autónomo. Consideramos
que se debió presentar modificando los títulos correspondientes que
regulan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal las medidas cautelares
penales. Tampoco nos parece que sea muy adecuada la reiteración que se
hace de conceptos jurídicos indeterminados. Así, los artículos 16 y 17 de
dicha iniciativa utilizan, para la explicación de la aplicación de las
medidas, la expresión «razonable». Incluso el artículo 32, cuando habla
de la prolongación de dichas medidas se refiere a la necesidad de
prolongarlas cuando se considere indispensable. Incluso el artículo 23,
que regula las medidas cautelares innominadas, nos parece que es un
instrumento excesivamente peligroso en manos del juez instructor.
También reitera contenidos que ya regulan algunos artículos del Código
Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que consideramos que los
alteran o trastocan. Estoy hablándoles del importante artículo 5 de esta
iniciativa, de la que hoy estamos debatiendo su toma en consideración, el
cual en el apartado 1, letra a) recoge como finalidad de la aplicación de
medidas
cautelares el evitar la comisión de un delito por el imputado. Esto más
que una medida de garantía es de seguridad. O lo que se dice en la letra
d) del mismo apartado 1 de dicho artículo 5, cuando se recoge como última
finalidad el conseguir un más perfecto desarrollo del proceso penal. Nos
parece que esta finalidad debe ser la esencial y estar situada en el
primer lugar.
También en el apartado 2 de este artículo 5 se regulan una serie de
circunstancias para tener en cuenta la aplicación de esas medidas
cautelares, y algunas de ellas no nos parecen muy felices en su
expresión. Estamos hablando de tener en cuenta la opinión pública
manifestada en el momento, que nos parece que puede ser una razón
demasiado endeble o manipulable; o tener en cuenta la trascendencia
pública de la víctima o de su familia. Esto daría lugar a crear castas y
sólo se aplicarían esas medidas de garantía cuando las víctimas y sus
familias tuvieran un determinado nivel o relevancia social.
También existen algunos olvidos, como es no regular la duración máxima
del arresto domiciliario; no se habla de la detención ni de la libertad
provisional; que también son medidas cautelares; incluso no se regula la
posibilidad de fijar una pensión, tal como regula en este momento, y se
está aplicando, la legislación del seguro del automóvil.
Hay unos aspectos, como es el carácter impeditivo que tienen algunas
circunstancias personales (estamos hablando de tener un hijo menor de un
año o ser alcohólico) para no aplicar la medida de prisión cautelar, que
creemos que han de tenerse en cuenta para poder difuminar estos
determinados criterios.
Después de, muy brevemente, haber razonado algunas disfunciones que
recoge la iniciativa, queremos decir que la misma nos parece muy oportuna
y muy feliz en su presentación. Hace mucho tiempo que la opinión pública
está solicitando la regulación de un texto en este sentido. Desde los
ámbitos profesionales se solicita de forma incesante la existencia de una
regulación adecuada, de un catálogo de medidas cautelares, que eviten que
el juez, de forma continua y sistemática, aplique siempre como única
medida de garantía en el proceso penal la prisión provisional. Por ello,
nos parece muy adecuado la presentación de la misma.
También nos parece una novedad importante la fianza que regula el
artículo 8, según el cual la misma va a cubrir no sólo la responsabilidad
penal sino también la civil. Nos parece muy importante la indemnización
provisional que se abona a las víctimas y sus familiares cuando tengan
que cubrirse necesidades perentorias. Nos parece muy importante, sobre
todo, su finalidad. Evitar que el juez se encuentre ante la disyuntiva
presentada en términos rígidos de, en el momento de estar procesado,
aplicarle la libertad sin consecuencias o la reclusión, nos parece
excesivo. Deben existir, como se recoge en esta iniciativa, una serie de
medidas cautelares alternativas, porque aún recogiendo algunas la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, estamos de acuerdo en que no están perfectamente
desarrolladas ni se recogen sus requisitos ni sus referentes, tal como
hace esta iniciativa, que va a evitar que se peque por exceso o por
defecto; que se considere que hay demasiado rigor en la resolución
judicial cuando se ingresa en prisión sin tener en cuenta nada más o
cuando se considera que ha habido una irresponsabilidad por dejarle en
libertad sin más consecuencias.
Sobre todo hay algo que para nosotros tiene un matiz preocupante, que es
la separación que se fija entre reclusos preventivos y los que ya tienen
sentencia. Señoras y señores Diputados, aunque la ley reguladora
penitenciaria recoge la obligación de la separación de los dos modelos de
reclusos, sin embargo en la práctica, por el hacinamiento de nuestras
prisiones, esto no se produce, y está siendo un factor criminológico de
primer orden.
Vamos a votar afirmativamente la toma en consideración de esta
iniciativa. Nos parece muy interesante la nueva regulación y el amplio
abanico de medidas cautelares pero, eso sí, siempre teniendo en cuenta
que la aplicación de las mismas se hará teniendo preeminencia un derecho
fundamental, el derecho de la presunción de inocencia, que definió Díez
Picazo como el derecho estrella que más brilla en el firmamento de
nuestro ordenamiento jurídico.
Señoras y señores Diputados, deseando que con la aplicación de estas
medidas cautelares no se apague su brillo, termino mi intervención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Barrios.
Finalizado el debate, procedemos a la votación. (Pausa.) (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, reguladora de la tutela
cautelar penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 314.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aceptada por unanimidad.
(Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE REGIMEN JURIDICO DE ENAJENACION DE PARTICIPACIONES
PUBLICAS EN EMPRESAS (Número de expediente 122/000035)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el régimen jurídico de enajenación
de participaciones públicas en empresas.
Tiene la palabra el señor Santiso. (Rumores.) Señorías, guarden silencio
para que pueda comenzar su exposición el representante del grupo
proponente señor Santiso. ¡Silencio, señorías! (Pausa.) Cuando quiera,
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya registró esta proposición de ley sobre régimen jurídico de
enajenación de participaciones públicas en empresas en el mes de junio
del pasado año, precisamente ante el proceso anunciado por el propio
Gobierno de privatización de empresas públicas, en un proceso en el que
nosotros entendíamos y entendemos que no quedaba garantizada la
transparencia suficientemente y tampoco los objetivos de esa
privatización y mucho menos cuando el respaldo real son prácticamente los
acuerdos tomados en el Consejo de Ministros. Por ello entendíamos...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Santiso.
Señorías, les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo. Puede
continuar.
El señor SANTISO DEL VALLE: ... que la actual regulación, a través de la
ley de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas de 23
de marzo de l995 se está demostrando insuficiente para garantizar la
transparencia de estos procesos de privatización, su oportunidad, su
eficacia, que realmente alcancen unos objetivos al servicio de todos los
ciudadanos y no que se conviertan, como en la práctica se están
convirtiendo, en nuestra opinión, en un mero instrumento de hacer caja a
corto plazo, perdiendo el control sobre sectores estratégicos públicos,
como estamos viendo en las operaciones de estos días en Telefónica, en
Repsol próximamente, Gas Natural y otros que están por venir, de un
patrimonio acumulado durante muchos años y que es propiedad de todos los
ciudadanos y no exclusiva de un Gobierno que coyunturalmente en este
momento pueda dirigir la nación. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Pensábamos que por ello era necesaria una ley donde esta Cámara tuviera
un protagonismo decisivo para poder evaluar y considerar cómo se deben de
hacer estos procesos, su oportunidad y, por tanto, su conveniencia y
garantizar también la transparencia para evitar conflictos que ya están
surgiendo en los procesos actuales. No hay más que ver, por ejemplo, el
conflicto surgido en torno a la OPA de Endesa sobre Sevillana, que
todavía hoy está en investigación por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, o no hay más que ver el proceso que está sufriendo el propio
Consejo Consultivo de Privatizaciones en el que, en primer lugar, su
propio presidente ha tenido que optar, lógicamente, por renunciar a sus
responsabilidades en una entidad financiera, por las posibles
incompatibilidades, o recientemente la situación que se ha creado cuando
dos consejeros, también de este mismo órgano, automáticamente son
nombrados ahora consejeros de una de las empresas de la que acaban de
emitir informe, como era el caso de Telefónica.
Nos parece que en el corto tiempo que lleva este Consejo son demasiados
problemas que creo que además no son positivos ni para sus propios
componentes, y no quiero en absoluto sembrar ninguna sospecha ni ninguna
duda sobre su integridad, pero sí creo que podríamos entrar en un camino
donde sistemáticamente en privatizaciones tan importantes como las que
están en marcha, precisamente a las personas que han estado o están
informando sobre estos procesos las veamos saltar de nuevo a empresas de
las cuales han informado.
Desde luego es una situación absolutamente atípica que este Consejo se
autorregule a sí mismo sus incompatibilidades. No se da en ningún país de
Europa que los propios miembros del consejo regulen cuáles son las
incompatibilidades y que quede a su propia discrecionalidad el continuar
en el mismo consejo absteniéndose en aquellas privatizaciones que directa
o indirectamente les puedan afectar u optando a renunciar a su presencia
en el mismo definitivamente. Creemos que esta es una situación
absolutamente atípica e irregular y que puede dar, y de hecho da, pie a
todo tipo de especulaciones a futuro y, por la propia garantía, este es
uno de los aspectos del proyecto de ley en el que creemos que esta
función la realizaría mucho mejor el Consejo Económico y Social, donde
están representados todo el conjunto de entes sociales que podrían dar su
opinión sobre cada empresa a privatizar, sobre las consecuencias que
puede tener, sobre cómo garantizar precisamente en sectores industriales
que estas empresas no queden en manos de multinacionales con sede en
otros países que pueden tomar decisiones simplemente para consolidar su
posición como multinacional a nivel mundial y dejando en segundo plano el
papel a jugar en nuestro país. Esto es aplicable, por ejemplo, a los
procesos en marcha en la Corporación Siderúrgica Integral, en la que
grupos franceses, como Usinor, o italianos en este momento están
intentando negociar una parte de ese pastel, y yo pienso,
desgraciadamente, que no tanto por su interés en apoyar nuestra
siderurgia como por tener un control, un peso preponderante a nivel
siderúrgico
en Europa, en detrimento, posiblemente, de cara al futuro de nuestro
país.
Aunque no sea una empresa pública, tenemos casos muy recientes--hay
trabajadores que hoy se están manifestando por los conflictos que
tienen-- como es el de Alcatel, en el que una multinacional cambia sus
decisiones, a pesar de que es una empresa que va bien económicamente,
pero como su sede central está en Alemania, decide cambiar su estrategia,
cambiar los componentes que fabrica en nuestro país y automáticamente
entra en crisis esa empresa que tuvo bastantes miles de millones de
ayudas públicas y, por tanto, se queda sin ninguna garantía. Uno de los
puntos que va en nuestra proposición de ley es que en aquellos casos en
los que la venta se produzca de manera fundamental a multinacionales se
establezca algún tipo de garantía que permita evitar este tipo de
situaciones, en las que algunas multinacionales puedan tener, insisto,
simplemente interés en quitarse un competidor de en medio o en coger
cuota de mercado. Otro sector como es el del aluminio tiene también esos
riesgos y en este momento se está en proceso de negociación para ver a
qué multinacional se le coloca el paquete más importante de acciones.
Espero que no tengamos que lamentar en un futuro que situaciones de esta
clase hagan desaparecer la poca actividad que ya nos queda en nuestro
país, precisamente por este tipo de procesos.
Por eso nosotros pensamos que es una proposición de ley que no impide la
privatización, sino que lo que intenta precisamente es garantizar aquello
que el Gobierno había anunciado a bombo y platillo, que era mejorar
incluso las condiciones de transparencia en la venta de las empresas
públicas y que sinceramente hasta ahora se está convirtiendo en mera
comunicación a esta Cámara y a la Comisión de Industria de procesos ya
absolutamente cerrados y realizados, sin que este Congreso tenga ninguna
posibilidad de modificar criterios, de estudiar realmente la conveniencia
o no, dada la variedad de actividades que tienen estas empresas, y, por
tanto, nos sentimos absolutamente impotentes para debatir más que a
posteriori sobre acciones, insisto, en empresas y sectores estratégicos
para el futuro del desarrollo industrial y tecnológico de nuestro país.
Esta misma proposición de ley intenta también que sea aplicable en los
ámbitos más reducidos de comunidades autónomas y en municipios; de hecho
se hace en muchos ámbitos, ya que son los plenos municipales los que
deciden la privatización o no, la participación o no en empresas públicas
de ámbito municipal, etcétera. En definitiva, se trata de garantizar el
proceso que realiza un Gobierno en solitario, con el asesoramiento de un
consejo supuestamente independiente. No pongo en duda que sea
independiente profesionalmente, a pesar de que muchos o algunos de sus
componentes, como se está viendo, o bien saltan después a esas empresas o
han tenido relación directa o indirecta con entidades financieras que
tienen intereses en estos procesos, pero independiente políticamente no
hay nadie, señorías, ni el propio presidente, que es, además, ilustre
Diputado de esta Cámara, ni, lógicamente, tampoco los componentes del
consejo, porque no creo que sean abstencionistas y, además, tienen
lógicamente una filosofía --que nosotros no compartimos--, que es la
absoluta privatización de lo público. Además, precisamente se está
hablando de privatización de los sectores rentables de lo público. No
estamos hablando de empresas mal gestionadas, estamos hablando de
sectores y de empresas que precisamente son atractivas para su
privatización, porque estaban bien gestionadas y estaban dando unos
rendimientos anuales importantes, como ha sido, por poner un caso
emblemático, Endesa, que ha servido para reflotar en otros momentos, por
ejemplo, a Iberia o ayudar en la crisis de Iberia.
Por tanto, insisto, creemos que no es un procedimiento ajustado que un
Gobierno por sí solo, aunque tenga lógicamente el apoyo mayoritario de
los ciudadanos, pueda adoptar un tipo de decisiones que condicionan y
quitan de las manos de todos los ciudadanos, que somos los partícipes,
esas empresas, públicas hasta ahora, para conseguir lo que ustedes llaman
el capitalismo popular, que no sé si significa capitalismo del Partido
Popular (Un señor Diputado del Partido Popular: ¡Vaya, hombre!), porque
en este momento en empresas como Telefónica, Repsol, etcétera, todos los
españoles somos accionistas y, por tanto, se está reduciendo el ámbito de
30 millones de españoles, que son accionistas en este momento, a aquellos
que puedan acceder a la compra de esas acciones. Les voy a decir más,
señorías, y lo he dicho ya alguna vez. En el caso de Repsol, privatizada
anteriormente en una parte importante, hoy más del 51 por ciento está en
manos de fondos de pensiones americanos, ingleses y japoneses, es decir,
no está ya en manos españolas. Insisto, en sectores estratégicos, nuestra
presencia cada vez será menor. Por ello, pido la toma en consideración
para su discusión de la proposición de ley sobre régimen jurídico de
enajenación de participaciones públicas en empresas, que, por supuesto,
es mejorable en el proceso parlamentario, pero creo que apunta en una
dirección en la que, insisto, en otros países de ámbito europeo tienen
leyes similares o actúan de manera parecida y no con este sistema atípico
que tenemos en nuestro país, que se escapa en absoluto al control de esta
Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy vamos a debatir por enésima vez en la Cámara, en esta
ocasión en Pleno, una cuestión que viene siendo objeto de especial
atención, sobre todo por parte de Izquierda Unida, que es la política de
privatizaciones del Gobierno. Ya han sido muchos los debates que hemos
tenido en la Comisión de Industria y también en este mismo Pleno en los
meses precedentes y es verdad que siempre, entre Izquierda Unida y el
Partido Popular, se establece una diferencia de fondo en cuanto a esta
cuestión. Al menos, el representante de Izquierda Unida ha tenido la
sinceridad, tanto al desarrollar el contenido de la proposición como en
la exposición que ha hecho, de reconocer que ellos no quieren las
privatizaciones. Ese reconocimiento les honra, porque hay un contenido
ideológico en su posición política de ser contrarios, de ser reacios a
cualquier proceso de privatizaciones. En eso difícilmente nos vamos a
poder poner de acuerdo, porque, obviamente, nuestro grupo considera que
ese proceso de privatizaciones sí es positivo para la economía del país,
sí es positivo para la racionalidad industrial de nuestros sectores
productivos y, por tanto, para el desarrollo del empleo.
Por otra parte, casi un poco como excusa de la razón de fondo de la
iniciativa, hablan de la falta de transparencia. Pues bien, señorías,
nosotros vamos a referirnos a ambas cuestiones, a si la iniciativa que
hoy se presenta para su toma en consideración facilita o no el proceso de
privatizaciones y si al mismo tiempo, con ella, se garantiza una mayor
transparencia del proceso. Nosotros adelantamos que no es así en ninguno
de los dos casos, que la opinión es negativa en ambos supuestos, y, por
tanto, la posición de nuestro grupo será contraria a la toma en
consideración de la proposición de ley que debatimos.
La proposición de ley a que nos referimos pretende la sustitución del
marco legal que ya existe; es decir, ya existe una normativa, ya existe
la Ley 5/1995, de 23 de marzo, muy reciente, ya que no tiene año y medio,
y se pretende su sustitución completa, no la modificación; se pretende el
cambio global del ordenamiento jurídico que tenemos en este momento en
nuestro país sobre estas cuestiones, con la particularidad de que la
normativa que se pretende sustituir tiene una finalidad muy clara y es
favorable a la racionalidad del tejido empresarial público en nuestro
país, mientras que la iniciativa de Izquierda Unida, como hemos dicho
anteriormente, obedece al criterio de considerar como negativo cualquier
proceso de privatización, por entender que al sector público empresarial
le corresponde el desarrollo de una serie de políticas activas en la
economía de nuestro país.
Yendo a una mayor concreción y detalle, también hay alguna diferencia
entre la normativa que se pretende sustituir y la que presenta Izquierda
Unida, y es el ámbito subjetivo de aplicación de la misma. El ámbito
subjetivo de aplicación de la iniciativa de Izquierda Unida se refiere a
cualquier empresa de este país en la que haya alguna participación
pública, incluso una acción, y, además, cualquiera que sea el sector al
que se refiera esa empresa, mientras que la regulación actual es mucho
más razonable, mucho más sensata, teniendo en cuenta la realidad
socioeconómica de nuestro país, porque se refiere a aquellas
participaciones significativas en determinadas empresas, así como a
sectores estratégicamente importantes para la industria de nuestro país.
Otra diferencia importante es el régimen de autorización. Así como en la
normativa que se pretende sustituir el régimen de autorización
administrativa se articula a través de aprobación mediante real decreto y
Consejo de Ministros, en la proposición de ley que se nos presenta hoy
para su toma en consideración se pretende que la aprobación sea, caso a
caso, por parte del Congreso de los Diputados y con carácter previo.
Señorías, nosotros creemos que a pesar de la buena intención que
seguramente guía al grupo parlamentario proponente, es imposible la
aplicación de este sistema teniendo en cuenta la naturaleza de las
relaciones mercantiles y societarias en una economía abierta y
previamente implicada en la Unión Europea, como es la española. Vamos a
introducir algunos elementos de reflexión muy concretos para demostrar y
fundamentar lo que decimos.
En primer lugar, esta normativa constituye un claro obstáculo al proceso
de privatización --quizá sea eso lo que pretende--, porque, señorías, los
destinatarios finales de todo este proceso --inversores, mercados, tanto
nacionales como internacionales-- no son demasiado propicios a grandes
vaivenes legislativos. Comprenderán, señorías, que cuando un inversor
está pensando en desembolsar una parte importante de su capital y
arriesgarlo en una operación en la que pone en juego su patrimonio con
una expectativa de beneficio, cualquier posibilidad de bruscos cambios
legislativos del régimen por el cual se va a regir y conducir esa
inversión siempre la verán con un carácter especialmente negativo. Luego
una primera reticencia es el vaivén legislativo absoluto, radical, de un
punto a otro, que se produce con esta iniciativa en un mercado
especialmente sensible, en un contexto económico y mercantil
especialmente sensible a estos vaivenes legislativos.
En segundo lugar, señorías, esto nos adelanta ya otra serie de
inconvenientes prácticos y son los siguientes. Primero, que la
autorización por parte de esta Cámara caso por caso, como se pretende, es
difícilmente conciliable con lo que es la práctica mercantil, que se
produce con mucha celeridad y con mucha urgencia en la mayoría de las
ocasiones. Podría incluso darse la situación de que o se colapsara esta
Cámara al pretender la autorización de actos de simple gestión de algunas
empresas --casi sería una gestión empresarial
asamblearia la que estaríamos introduciendo en esos casos-- o de que se
colapsara el tráfico mercantil mediante la paralización de esos procesos,
porque esta Cámara no daría abasto para atender todos esos requerimientos
y autorizaciones previas. Segundo, señorías --y no es un argumento
menor--, se produce una duda incluso de funcionamiento
jurídico-constitucional, porque esta Cámara podría estar invadiendo
competencias que son propias del Ejecutivo. Esta Cámara tiene la función
de legislar y de controlar al Ejecutivo, pero en el proceso intermedio,
en lo que es una operativa mercantil de una empresa pública, en lo que
son decisiones estrictamente empresariales, nosotros entendemos,
señorías, que no es una cuestión en la que deba opinar el Legislativo
sino el Ejecutivo, y, eso sí, esta Cámara tiene luego el deber de
fiscalizar la bondad o maldad de esas actuaciones del Ejecutivo, pero no
al revés, señorías, porque sería invadir competencias claramente
delimitadas en nuestra Carta Magna.
Hay otras dudas para nuestro grupo respecto a la bondad de esta
iniciativa, que se refieren a la inseguridad jurídica que introduciría en
el ámbito del derecho mercantil y societario, porque, señorías, no
olviden el siguiente dato. En primer lugar, esta normativa se aplicaría a
empresas en las que incluso la participación del Estado sería tan
minoritaria como tener una sola acción y donde habría otros socios que no
son el Estado, pero que tienen unos derechos que han adquirido con
arreglo a una legislación. Aceptar ahora esta normativa supondría
introducir unas limitaciones muy graves a esos derechos de los socios que
no son públicos, y, por lo tanto, respecto a esos accionistas, plantearía
graves problemas de inseguridad jurídica que nada tienen que ver con lo
que debería ser una regulación que se pretende exclusiva para garantizar
el patrimonio público.
El artículo 1 de la iniciativa, señorías, es realmente amplísimo,
excesivamente amplio, hasta el punto de hacerlo inviable. Por ejemplo,
introducir el criterio de grupo empresarial que se contempla en la Ley
del Mercado de Valores para supuestos distintos para el que estaba
previsto ese concepto jurisprudencial de grupo empresarial obligaría a
intervenir al Congreso --como ya hemos dicho antes-- en un complejísimo
número de operaciones mercantiles. Creemos, señorías, que esa no es la
función de esta Cámara y que tampoco es intención de los proponentes
paralizar el tráfico mercantil en el momento en el que la Administración
central o cualquier Administración pública tuviera una acción en una
sociedad cualquiera de nuestro país.
En tercer lugar, señorías, también se producen conflictos serios desde el
punto de vista de la normativa de la regulación laboral. En el artículo 4
de la iniciativa se establece una rigidez estructural, desde el punto de
vista laboral, que no creemos que se pueda conciliar con nuestros
compromisos de pertenencia a la Unión Europea, porque fija una serie de
trabas para la participación de multinacionales extranjeras que serían
claramente discriminatorias para aquellas multinacionales que son de la
Unión Europea; por tanto, sólo por esa cuestión este precepto no podría
ser conciliable con la normativa de la Unión Europea a la que estamos
obligados como Estado miembro.
Por último, se introducirían diferentes regulaciones laborales para
trabajadores de empresas que no son públicas respecto de trabajadores de
empresas que sí son públicas; a unos se les aplicaría el Estatuto de los
Trabajadores y a otros se les aplicaría, señorías, el Estatuto de los
Trabajadores más una autorización preceptiva de esta Cámara. ¿Qué
ocurriría cuando fueran decisiones contradictorias en ambos casos o
cuando se hubieran regulado en convenio situaciones aceptadas por los
trabajadores y, sin embargo, cuestionadas en esta Cámara? Creemos que se
plantean demasiadas dudas con un artículo de esta naturaleza.
Señorías, no es verdad que el programa de privatizaciones del Gobierno
esté dilapidando el patrimonio público ni mucho menos que esté tratando
exclusivamente de hacer caja. Podía ser verdad antes, pero ahora no, por
una razón. Solamente hay que ver las informaciones de estas últimas
semanas para comprobar que el patrimonio público en bolsa ha aumentado en
un billón de pesetas en los últimos ocho meses. Respecto a si se hacía
caja, antes sí se hacía caja, porque las privatizaciones existían ya, y
se han desarrollado privatizaciones con el Gobierno anterior por importe
de 2,3 billones de pesetas, pero se producían sin un programa, sin un
planteamiento estratégico global, sino caso por caso, en función de las
circunstancias, efectivamente, de caja, y nuestro grupo lo denunció así
en la pasada legislatura, pero en esta ocasión, señorías, no es así,
porque el Gobierno, en el acuerdo en que establece el programa de
modernización del sector público empresarial, de junio de este año, ya
señala el destino final del producto de esas privatizaciones, que no es
hacer caja, sino ir amortizando la deuda y, por tanto, ir saneando los
índices macroeconómicos de nuestro país, como, por otra parte, se está
demostrando que el Gobierno está siendo capaz de conseguir.
Hablar de transparencia, de independencia o de concurrencia en un proceso
de privatizaciones, en términos absolutos, señorías, es irreal. Ningún
grupo de esta Cámara ni el Gobierno ni nadie sería capaz de establecer
--lo decíamos el otro día en la Comisión de Industria-- un sistema ideal,
absolutamente transparente, absolutamente independiente, absolutamente
controlable. No es posible; seguramente siempre se podría encontrar algo
mejorable. Sí se puede comparar si el Gobierno camina en la buena
dirección, sí se puede comparar cuál era la situación en la que se
conducía el Gobierno anterior respecto de las privatizaciones y qué es lo
que está haciendo el nuevo Gobierno, para saber así si estamos ganando o
estamos perdiendo en transparencia, porque si estuviéramos perdiendo en
transparencia, podría entenderse, siquiera remotamente, la justificación
de la oportunidad de esta iniciativa, pero, señorías, tampoco es así.
Durante la pasada legislatura el Gobierno anterior, pese al requerimiento
de todos los grupos, no fue capaz de llevar adelante un plan estratégico
de privatizaciones que garantizara, por lo menos, los criterios objetivos
por los cuales se iban a desarrollar dichos planes y evitar así la
arbitrariedad. Al final de la legislatura se pudo conseguir, con el apoyo
de la mayoría de los grupos de esta Cámara, un compromiso del Gobierno
para que se constituyera una ponencia donde se pudiera dar esa
información a la Cámara y existiera así el control que no existió en un
proceso tan importante como el de venta de 2,3 billones de pesetas. Se
consiguió al final de la legislatura y no se pudo poner en marcha, pero
sí se ha puesto en marcha en esta legislatura; en esta legislatura ha
habido un plan global estratégico, con criterios objetivos y, por tanto,
proscribiendo la arbitrariedad. Se han desarrollado múltiples
comparecencias, tanto en Pleno como en Comisión, para abordar procesos de
privatización en general y procesos de privatización en particular.
También se ha puesto en marcha el Consejo Consultivo de Privatizaciones,
que, por supuesto, será mejorable, como cualquier otro sistema, pero, por
lo actuado hasta ahora, convendrán con nuestro grupo en que es bastante
mejor que lo que existía anteriormente, que era absolutamente nada. Por
último, también hemos puesto en marcha en esta Cámara una subcomisión de
privatizaciones, para que se pueda analizar pormenorizadamente cada uno
de los procesos concretos que se pongan en marcha por el Gobierno,
subcomisión que también será mejorable, señorías, pero que es un
instrumento más de control que anteriormente no existía. Luego, en
comparación con la situación anterior, el Gobierno está caminando en la
buena dirección; además, está saneando el tejido industrial, está
consiguiendo un aumento de valor del patrimonio público y está
consiguiendo la confianza de los mercados como consecuencia de su
política industrial y presupuestaria. Por tanto, ¿dónde está la
oportunidad de cambiar la normativa que tenemos, que es suficiente para
conseguir esos objetivos?
Señorías --y voy terminando ya, señor Presidente--, nosotros prometimos
en nuestro programa electoral un plan estratégico de privatizaciones,
plan estratégico de privatizaciones que perseguía aumentar la
transparencia, que perseguía aumentar las garantías y que perseguía el
cumplimiento de una serie de fines, como difundir el derecho de propiedad
entre el mayor número posible de españoles y amortizar deuda pública.
Creo que lo estamos cumpliendo, será mejorable, pero creo que lo estamos
cumpliendo y, precisamente por eso, vamos a votar que no a la toma de
consideración de la iniciativa de Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero aclarar algunas cosas al portavoz del Partido
Popular, porque creo que, conscientemente, no ha querido entender los
apartados más importantes de la proposición de ley. En primer lugar, está
claro que la misma establece precisamente mecanismos para poder estudiar
un proceso de privatizaciones, por lo que no las impide sino que quiere
establecer unas reglas del juego, en nuestra opinión mejores que las
existen, para este proceso. Y, efectivamente, también el proyecto es
mejorable, hay algunos aspectos en los que habría que afinar más, pero en
ningún caso afecta a aquellos que son ajenos al Estado. Por ejemplo, si
el Estado tiene una participación de equis acciones en una empresa, en
esta Cámara, con el informe preceptivo del Consejo Económico y Social, se
hablaría sobre la participación del Estado, no sobre lo que van a hacer
el resto de participantes en esa empresa. Digo esto, entre otras cosas,
porque --insisto-- este patrimonio se ha acumulado a lo largo de muchos
años, por procesos muy diversos, muchas veces por fracaso de la
iniciativa privada, con lo que el Estado se ha visto obligado a tomar
posiciones para garantizar el empleo, y ahora, en dos o tres años, a lo
largo de una legislatura, queremos terminar de ultimar un proceso, que,
efectivamente, se ha iniciado antes, pero donde todavía hoy, en empresas
como Repsol, con un 10 por ciento, era posible, desde la participación
del Estado, tener una posición importante, incluso dominante, que pudiera
condicionar la política energética o, como en el caso de Telefónica, que
pudiera condicionar la política de telecomunicaciones, o, como lo que
viene ahora o vendrá, que es Televisión Española, donde se podía
controlar qué va a pasar en un futuro con ese ente público y hasta dónde
y por qué va a llegar la privatización de ese ente público.
Sin embargo, ustedes, que «desprecian», por su concepción diferente de lo
público, esta proposición de ley, quieren nacionalizar el fútbol. Es muy
curioso, en estos momentos estamos en una situación política muy curiosa.
Ahora mismo ustedes se preocupan, yo creo que excesivamente, de qué va a
pasar, de qué va a hacer la plataforma digital, se preocupan por la
posición de una empresa pública como es Televisión Española, incluso se
hace demagogia, como si el abierto fuera gratuito, etcétera, y, sin
embargo, pasan de puntillas por otras cosas, porque están muy cómodos en
la normativa actual sobre privatizaciones, normativa que permite al
Gobierno, discrecionalmente, vender todo lo vendible, que es como se
resume su supuesto plan de modernización del sector público. Al paso que
van, se van a quedar sin miembros del Consejo Consultivo
de Privatizaciones. Ya hubo una dimisión, como se recordaba el otro día,
por incompatibilidades, hubo dudas, bien resueltas reglamentariamente, en
relación con el propio presidente de ese consejo, y hoy --insisto-- hay
una situación que en cualquier otro sitio causaría perplejidad, que dos
personas informen sobre la privatización de Telefónica favorablemente y
que nada más terminar ese informe los señores Gaspar Ariño y Sagardoy,
hoy, sean miembros de su consejo de administración. Me parece que es un
camino sorprendente y que no aconsejo para el propio consejo, porque
mañana vendrá Gas Natural, pasado la parte que queda de Repsol y así
sucesivamente, y tendrán ustedes que ir sustituyendo a los
independientes, porque quien estudia un proceso de esos está en una
situación de privilegio, de información de todo el proceso. No quiero
hacer ninguna imputación, pero sí digo que se presta a interpretar mal
ese tipo de situaciones, sobre todo si continúan repitiéndose, porque
demuestra que no era, como alguien decía, una ONG de personas que de
forma altruista informaban al Gobierno, sino que incluso el propio
consejo en uno de sus últimos informes se atribuye la capacidad de
órgano, y aquí en esta Cámara, no hace tanto tiempo, decían que no era
tal órgano, y en uno de los informes presentados a la Comisión de
Industria en estos días hacen hincapié en que sus funciones derivan del
acuerdo del Consejo de Ministros y que se constituye en tal órgano o
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Es un proceso a la carta que se
apoya en la legislación vigente, por lo que creemos que hay que revisarla
para que un Gobierno, por muy legítimo que sea, que lo es, no pueda
acabar en una legislatura con el patrimonio público en sectores tan
importantes como los industriales o los estratégicos en las
telecomunicaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señoría, no comprendo el discurso que le lleva al final
a la plataforma digital, pero, en cualquier caso, le diré que no tenemos
que pedir perdón por defender el libre mercado, la libre competencia y el
derecho de los consumidores a elegir, lo hemos defendido siempre. Tendrán
que ser ustedes los que expliquen su cambio. Nosotros defendemos lo que
hemos defendido siempre: la libre competencia en beneficio de los
consumidores.
En cuanto a lo que dice sobre que el Gobierno no tiene que dar cuenta a
nadie, está usted en un error, porque con la normativa actual, por
supuesto que tiene que dar cuenta, tiene que aprobar determinadas
privatizaciones en Consejo de Ministros por real decreto; incluso
aquellas empresas que han sido creadas por ley como Retevisión, también
ha de autorizarse su privatización por ley. Luego hay sistemas en la
normativa actual que impiden que el Gobierno pueda actuar con
arbitrariedad, además de los que le he expuesto desde la tribuna.
Para terminar, y voy a ser muy breve, le diré que quien ha acabado con el
patrimonio público no es el Gobierno del Partido Popular, sino aquellos
que en los últimos años en empresas públicas, tanto desde el punto de
vista sindical, como desde el punto de vista de la gestión e incluso
desde el punto de vista del Gobierno, han permitido que se reduzca el
empleo de 100.000 a 40.000 trabajadores, y nadie ha protestado hasta que
ha llegado el Gobierno popular, que está haciendo lo que tiene que hacer
para salvar los 40.000 empleos que todavía quedan.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados:
¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, hacemos está intervención desde una
posición firme de rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y no
porque seamos una alternativa, la representada por el Bloque Nacionalista
Galego, contraria a la iniciativa privada, sino porque consideramos que
en un Estado como el español es muy importante conservar aquello que,
como dijo el señor Santiso, se hizo con sacrificio enorme de muchas
personas e incluso a costa de la riqueza del suelo del Estado español y a
veces a base incluso de gravísimas actuaciones medioambientales. El
nombre de Repsol, el nombre de Endesa, el nombre de Alúmina Aluminio son
por sí solos ya suficientemente expresivos. Además, lo hacemos desde la
perspectiva de una responsabilidad colectiva de luchar hoy para que
mañana no puedan venir catástrofes incalculables desde el punto de vista
social.
No estamos de acuerdo en que las privatizaciones de grandes empresas
públicas se utilicen para operaciones contables, como forma de enjugar el
déficit público, sin considerar que un Estado tiene necesidad de hacer
las cuentas a largo plazo y no sólo a corto. Lo hacemos desde la
perspectiva de los que creemos que el poder político tiene que estar
asentado en el pluralismo y tiene que contar, además, con poder económico
si quiere ser eficaz; y lo hacemos, desde una perspectiva gallega,
contando con que hay zonas del Estado que tienen una importante presencia
de la empresa pública y a pesar de sus actuaciones salvajes, en caso de
que estas zonas pudieran controlar democráticamente
estas empresas y una parte de sus beneficios se invirtiese en ellas,
serían factores positivos para nuestro despegue económico y social.
Nosotros no pensamos que un Estado pueda ser regulador de algo si no
tiene una base económica y una autoridad detrás para hacerlo. Por tanto,
vaya nuestra primera objeción estratégica y a largo plazo de por qué
rechazamos las privatizaciones en marcha. Pensamos, además, que la
proposición de ley presentada por Izquierda Unida intenta centrar un
debate de razones y objetivos en este momento, es decir, en el preciso
momento en que se están planteando unas privatizaciones que se están
haciendo de forma irresponsable.
El otro día tuvimos oportunidad de escuchar al señor Villalonga,
presidente de Telefónica. Pues bien, señorías, su intervención pasó sin
pena ni gloria, no solamente porque no diese ningún dato fundamental
sobre la mecánica de la privatización de Telefónica, sino porque tampoco
interesó a ningún medio de comunicación pues eran hechos perfectamente
consumados; pero, lo que es más grave, a pregunta parlamentaria de quién
saldría beneficiado de esa privatización, quién sería el nuevo núcleo
duro, que sustituiría al 20 por ciento de las acciones del Estado, la
contestación fue tan ingenua como burlesca: nos va a beneficiar a todos.
Pasados los días, nos enteramos de que el beneficiado es el Banco de
Santander. Creo que es poco pedir que sea el Congreso de los Diputados el
que se entere a su debido tiempo de determinado tipo de mecánicas y no
que nos tengamos que enterar los Diputados mal informados a través de los
medios de comunicación.
¿Será mucho pedir que se debata sobre cómo se pueden gastar dineros
públicos en sanear grandes empresas que después se van a privatizar otra
vez, como es el caso de Alúmina? Primero fue una empresa pública, después
pasa a ser una empresa privada de capital canadiense y ahora, que a base
del esfuerzo de todos está funcionando perfectamente, la volveremos a
nacionalizar y privatizar. Pero, señorías, ¿con el esfuerzo de quién,
controlado por quién? Desde luego, por esta Cámara no.
Llama la atención que en un debate puramente democrático se prefiera un
consejo o comisión de privatizaciones, totalmente burocrático y además
nombrado directamente por el Gobierno, a un Consejo Económico y Social,
que tiene mucho de burocrático, pero algo de democrático; o que se
prefiera la acción unilateral, puntual y decisiva del Gobierno frente a
un debate previo, con votación incluida del Congreso de los Diputados.
Señorías, pensamos que aquí solamente se piden garantías de
privatizaciones en cuanto a cautelas para el impulso económico, para la
actuación laboral, sobre todo frente a las grandes transnacionales.
Queremos decirlo, aunque esta proposición de ley tiene cierto idealismo
ingenuo, porque los resultados serían los mismos, sin embargo es
sintomático que aquellos que tienen la sartén por el mango sean tan
reacios a este tipo de control. Pensamos que es porque no quieren que
haya una opinión pública informada y que exista un debate colectivo a su
debido tiempo. Por tanto, falta de transparencia. ¿O la transparencia es
que solamente se enteren a su debido tiempo los asesores de las
privatizaciones y los agentes involucrados y no este Congreso de los
Diputados? ¿Es que se puede tolerar que a través del poder político se
actúe de manera que las acciones de empresas que se van a privatizar
bajen clamorosamente durante los meses anteriores? ¿Es esa la neutralidad
que se exige del poder político? ¿O es que podemos pasar, sin pena ni
gloria y sin control alguno por parte de las comunidades autónomas,
incluso con un informe preceptivo de las comunidades autónomas que tienen
empresas públicas en sus territorios y que no van a contar para nada en
el proceso de privatizaciones?
Concluyendo, señor Presidente, señorías, se prefiere el descontrol
democrático o antidemocrático; se prefiere el amago, el paripé
burocrático, controlar solamente desde el punto de vista de que el poder
político es un florero y nosotros en particular, los Diputados, mucho
más. Desde luego el Bloque Nacionalista Galego no es partidario de esta
renuncia del poder político a participar activamente en algo que se nos
dice es maravilloso. Debatámoslo públicamente y votemos a su debido
tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) no va a dar soporte a la
proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sobre el régimen jurídico de enajenación de participaciones
públicas en empresas, por varias razones.
En primer lugar, porque desde el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) entendemos que existe en estos momentos un
mecanismo de régimen jurídico que regula perfectamente, agiliza y
moderniza la enajenación de las participaciones públicas en empresas,
mecanismo jurídico que fue aprobado en la anterior legislatura mientras
estaba gobernando el Partido Socialista y que --hay que decirlo de paso--
el actual Gobierno del Partido Popular ha considerado correcto; ha
aprovechado este real decreto que aprobó el Partido Socialista en la
legislatura anterior y lo ha aplicado, a través de unas modificaciones,
al proceso de modernización del sector público empresario español que en
estos momentos se está desarrollando.
Hay otra segunda cuestión, importante a nuestro entender, que también
explicaría el voto negativo de esta
iniciativa y es que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha instado en
la Comisión de Industria la creación de una comisión de seguimiento y
entendemos que próximamente en el pleno del Congreso de los Diputados
tendremos oportunidad de debatir dicha iniciativa y todos los grupos
parlamentarios que consideren deban pedir explicaciones al Gobierno sobre
la transparencia, el control y la calidad sobre las que se están
realizando dichas privatizaciones podrán hacerlo en esta Comisión. Allí
todos los grupos podremos debatir exactamente el proceso de
privatización, su transparencia, su control y todos los mecanismos que ha
puesto en marcha el Gobierno para que, en definitiva, dicha modernización
y las privatizaciones del sector público empresarial español sean una
realidad en esta legislatura.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista en
relación con esta proposición de ley sobre el régimen jurídico de
enajenación de participaciones públicas en empresas, que trae a esta
Cámara el Grupo de Izquierda Unida.
Lamento esta iniciativa, no tanto por la intención, que yo creo es buena,
pues pretende que haya mayor transparencia en el proceso de
privatizaciones, pero lo lamento por dos razones: Una, porque creo que
confunden el sentido de la ley vigente que ustedes pretenden reformar; y,
otra, porque si uno lee con atención no solamente el articulado de la ley
sino la exposición de motivos, se dará cuenta de que por ese camino no se
va a controlar el proceso ni a tener mayor transparencia. Me explico. No
se controla un proceso por acumular órganos que tienen que decidir y no
se controla más porque en cada decisión de cada consejo de
administración, como ustedes proponen en el texto, este Congreso tenga
que decidir. No se controla así. Así lo único que haríamos, caso de que
esto se aprobara, sería que no solamente las empresas con participación
pública verían su gestión y su toma de decisiones coartada al tener este
Congreso que decidir sobre cada operación, sino que para este Congreso
sería, como ya se ha dicho aquí, una redundancia y un trabajo innecesario
que además no ayuda a la transparencia. La transparencia está en los
mecanismos jurídicos que están contenidos precisamente en la ley que aquí
se aprobó con un Gobierno socialista y que ustedes pretenden reformar con
esta proposición de ley. Yo creo, y es la perplejidad mayor que tengo al
analizar y fijar la posición sobre esta proposición de ley, que están
equivocando la dirección de tiro.
Nosotros compartimos su preocupación por lo que está pasando con el
sector público; la compartimos porque es verdad que de un tiempo a esta
parte hay una esquilmación del sector público y, desde luego, sin
control, sin transparencia y tampoco avalada por ningún proceso de
racionalización; es simplemente, y se ha dicho en esta Cámara, una forma
de hacer caja o de suplir deficiencias presupuestarias. Podríamos
ponernos de acuerdo para presentar iniciativas aquí que ayudaran a ese
control y a esa transparencia. Cuando se aprobó la ley, que ahora con
esta proposición se pretende reformar, a continuación se aprobó también
la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Industria, que
no llegó a funcionar porque se agotó la legislatura, para controlar el
desarrollo de los procesos de privatización, y esa ponencia sí sería un
instrumento útil. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que ese Decreto que
se promulgó para poner en vigor la ley aprobada por el Gobierno
socialista se ha desvirtuado con algunas modificaciones, pequeñas dicen
algunos, pero importantísimas en la práctica. Por ejemplo, todavía no
sabemos si la creación de ese consejo consultivo es un fantasma etéreo,
es un órgano o no lo es, pero realmente está incidiendo en ese proceso
sobre la toma de decisiones acerca de cuándo, cómo, y a quién se
privatiza, porque no sabemos tampoco si esa labor la tiene encomendada.
Ese control no es posible hacerlo, como se ha aprobado en esta
legislatura, desde una subcomisión, en la Comisión de Industria,
subcomisión que no tiene competencias para conocer previamente el proceso
de privatización y tampoco capacidad para emitir informes. ¿Eso se llama
transparencia? ¿Eso es lo que los socialistas hicimos mal y ahora hay que
hacer bien? Pues, me parece, señores Diputados, que eso no tiene nada que
ver con la transparencia.
He dicho al principio que lamentaba su proposición porque si hubiera sido
de otra forma, si hubiéramos insistido en ese camino habríamos podido
ponernos de acuerdo, pero comprenderá, señoría, que nuestro grupo no
puede estar conforme en que convirtamos al Parlamento en una especie de
consejo de administración de todas las empresas públicas, ni tampoco en
una especie de debate permanente sobre cada decisión. Si ustedes hubieran
tenido por lo menos la mesura de haber acotado las intervenciones del
Parlamento posiblemente podríamos discutir de algo concreto; pero ustedes
ponen todas las decisiones y todas las empresas, aunque tengan una
pequeñísima participación y, para colmo, cuando no hay participación
mayoritaria para tener control en el consejo, ustedes dicen que el voto
de la parte accionarial minoritaria correspondiente al Estado también
tiene que debatirse previamente en el Parlamento. Sencillamente, nos
parece que no es posible aceptar una proposición de ley de esta
naturaleza.
Vuelvo a insistir, y yo creo que estamos a tiempo, si ustedes son capaces
de hacer una racionalización y un debate lógico sobre lo que significa la
defensa del sector público, no decir que se defiende al sector público;
si ustedes son capaces de hacer ese debate nos podríamos poner de acuerdo
en muchas iniciativas porque con el Gobierno socialista anterior se ha
hecho un esfuerzo muy importante para que el sector público sea el motor
industrial de este país. Se han hecho grupos industriales que hoy están
compitiendo fuera de España y se ha conseguido lo que muchas veces se
pone en los papeles, y lo ponemos todos, que tiene que ser la punta de
lanza de los avances tecnológicos y un grupo que ayude a la iniciativa
privada. Eso es lo que hemos hecho, y lo hemos logrado vendiendo
participaciones, fusionando con empresas privadas y dando mayor carácter
público a determinadas empresas, creando campos de actividad que antes no
existían.
Si somos capaces de ponernos de acuerdo en que eso es la defensa no sólo
del sector público, sino de los intereses de los ciudadanos españoles,
podríamos ponernos entonces de acuerdo en hacer proposiciones que
tuvieran ese sentido y que ayudaran a que estos señores (estos señores de
la derecha, que --a ver si nos enteramos-- son los que gobiernan hoy en
este país) no estén haciendo con el sector público lo que hoy están
haciendo. Además, si no somos capaces de conseguirlo, dentro de cuatro
años, o de tres años, señor Santiso, poco sector público va a quedar para
defender por ustedes y por nosotros.
Habrán adivinado, antes de terminar esta intervención, que el voto del
Grupo Parlamentario Socialista va a ser negativo a tomar en consideración
esta proposición de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuevas.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre régimen jurídico de enajenación de
participaciones públicas en empresas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 22; en contra, 297, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de
ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE PROHIBICION DE LA
FABRICACION, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION DE TODAS LAS
MINAS TERRESTRES Y BOMBAS DE RACIMO, ASI COMO DE LAS EXISTENCIAS ACTUALES
DE MINAS (Número de expediente 162/000054)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAS
(Número de expediente 162/000082)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE ELIMINACION DE MINAS ANTIPERSONALES, SUBMUNICIONES,
BOMBAS DE RACIMO Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR (Número de expediente
162/000088)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
Vamos a debatir conjuntamente las presentadas por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), Socialista y Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la misma materia: minas terrestres antipersonales.
El debate se desarrollará con arreglo al siguiente procedimiento: en
primer lugar, intervendrán los portavoces de los grupos proponentes por
orden de presentación, tal y como figura en el orden del día, y con
posterioridad a las tres intervenciones fijarán posición el resto de
grupos parlamentarios que no han presentado iniciativas de esta
naturaleza.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra
la señora Aguirre. (Rumores.)
Silencio, señorías. Puede comenzar, señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno en nombre de mi grupo para defender la
proposición de ley que entró en la Cámara el 30 de septiembre como
iniciativa del Grupo Vasco. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Aguirre.
¡Señorías! (Pausa.)
Puede continuar.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Decía que voy a defender esta proposición no de ley que presentó en esta
Cámara el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el 30 de septiembre, y que hoy,
señorías, los grupos políticos de esta Cámara nos debemos felicitar
porque se ha llegado a un acuerdo, al consenso
en un texto que hacen suyo seis grupos políticos de esta Cámara y creo
que es importante en este avance que pretendemos con el objeto de la
proposición no de ley.
Señorías, la Conferencia de revisión de la convención sobre prohibiciones
o restricciones en el uso de ciertas armas convencionales, que pueden
considerarse excesivamente dañinas o de efectos indiscriminados, es un
paso significativo, desde nuestro punto de vista, en las políticas
internacionales de desarme.
Las reuniones preparatorias para la revisión de dicho convenio, que se
iniciaron a comienzos de los años noventa y también las campañas
emprendidas desde los mismos años por diversas instituciones, ha
fomentando un gran debate público en torno al uso, comercio y fabricación
de las minas terrestres, especialmente de las minas antipersonales.
Dichas investigaciones han puesto de relieve las nefastas consecuencias
que conlleva el uso de estas armas, cuyos efectos no se restringen, como
muy bien conocen SS. SS., al tiempo de guerra. Las minas, una vez
sembradas permanecen activas durante décadas, se convierten en un peligro
para la población civil y obstaculizan la recuperación económica de la
zona afectada; por ello, los detractores de estos ingenios abogamos por
la prohibición completa y definitiva.
En algunos países, a nivel nacional, la legislación prohíbe la venta o
transferencia de armas a Estados o regiones en los que se desarrolla un
conflicto armado o existe riesgo de que se genere, como es el caso de
España muy bien conocido por SS. SS.
Por otro lado, y como respuesta a las peticiones de Naciones Unidas y de
la Unión Europea, en varios Estados se han decretado ya moratorias y
estas disposiciones, como ya son conocidas también, son diversas, tanto
por sus condiciones, como por su duración.
Varias fuentes ponen de manifiesto que, a nivel mundial, el secreto rodea
tanto la producción como el comercio de las minas. Incluso en Estados
Unidos, donde existe una legislación que permite el acceso a este tipo de
información, las investigaciones han revelado que los datos obtenidos no
se ajustan exactamente a la realidad.
En España, señorías, resulta imposible conseguir esas cifras. No hay
relaciones o estadísticas oficiales que las recojan y las empresas
productoras tampoco las especifican en sus memorias. (Se producen
interferencias en el sistema de megafonía que impiden oír al orador.)
Debe haber algún sabotaje por la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Creo que no, señora Aguirre. Puede ser un cruce de
líneas con algún inalámbrico que no consigo detectar, pero que oigo por
algún sitio.
Ruego a SS. SS. que desconecten los artefactos inalámbricos para que no
interfieran el sonido.
La señora AGUIRRE URIBE: Por otro lado, señorías, la Junta
interministerial del comercio exterior de material de defensa y doble uso
es quien concede los permisos de exportación y sus actas sobre esta
cuestión, como también se conoce, son materia reservada. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Este mediodía en el informativo de una de las cadenas españolas de
televisión, oía al representante de una organización no gubernamental que
había utilizado una estrategia para conocer si en España se fabricaba
este tipo de artefactos, y decía que se habían dirigido a las seis
empresas españolas que al parecer fabrican estos artefactos, y habían
conseguido unos resultados positivos en cuanto a que se había ofertado
desde algunas empresas, en concreto una que está en el territorio
histórico al que yo represento, y había puesto de manifiesto que la
fabricación en España es un hecho.
Por otra parte se calcula que en la actualidad existen más de 340 modelos
diferentes de minas contra personas y pueden obtenerse desde la módica
cantidad de 250 pesetas unidad. La fabricación de todas estas armas,
entre 5 y 10 millones al año, se lleva a cabo en casi un centenar de
empresas en unos 50 países.
Según la ONU en estos momentos hay más de 110 millones de minas
repartidas en 64 países y para cuya desactivación se necesitarían mil
años al ritmo del vigente programa de Naciones Unidas. Las minas son
usadas de forma indiscriminada, deliberada y a gran escala contra los
civiles, que en los conflictos actuales representan el 90 por ciento de
las víctimas. Los civiles, señorías, son víctimas y objetivos al mismo
tiempo. Además, para cebarse en la crueldad, existen unos tipos de minas
en forma de mariposas o juguetes, que son fabricadas especialmente para
atraer a los niños.
El Comité Internacional de la Cruz Roja calcula que mensualmente 800
personas pierden la vida a causa de las minas y que provocan 16.000
heridos al año. Por cada víctima que sobrevive a la explosión de una
mina, dos fallecen y el 75 por ciento de los supervivientes requiere
amputaciones.
A la tragedia que supone haber sufrido mutilaciones, hay que añadir la
marginación a la que este hecho condena: las personas pierden toda
esperanza, señorías, cuando pisan una mina. Como la mayoría son
agricultores, sin piernas o brazos ya no pueden proveerse de alimentos
para ellos ni para sus familias.
A todo ello hay que añadir el continuo temor en el que vive la población
afectada tanto para las personas como para el conjunto de la población de
un país, porque la plaga de las minas también tiene graves secuelas
económicas. En primer lugar, los gastos sanitarios. Una víctima de mina
requiere una intervención quirúrgica especial, y a esta operación hay que
añadirle el tratamiento, la rehabilitación, si es posible, y la prótesis.
Con todo, los costes no se restringen a los gastos
sanitarios, sino que comprenden también aquellos que se derivan de la
imposibilidad de acceder a los recursos.
La agricultura y la minería constituyen la base de la economía en la
mayor parte de los países afectados, pero el legado de las minas hace que
tierras antes fértiles tengan que ser abandonadas por su población. Las
vías de comunicación quedan cortadas, y la explotación de otros recursos
se ve totalmente obstaculizada.
Por otro lado, el uso de las minas también tiene efectos perniciosos para
el medio ambiente: la simple colocación de una mina perturba el
equilibrio ecológico porque altera las características del suelo, y
además el deterioro aumenta con la explosión.
Señorías, las consecuencias del empleo de las minas van más allá del
ámbito militar, pues la actividad de esas armas no cesa con el fin de las
hostilidades. Las minas, que pueden permanecer activas durante décadas,
no saben de negociaciones ni de tratados de paz.
Para finalizar, quiero indicar, como decía al principio de mi
intervención, que el Grupo Vasco va a apoyar el texto que ha sido
consensuado en esta Cámara por la mayoría de los grupos, y que además
creo que es un momento de felicitación para la Cámara, porque se ha
alcanzado un acuerdo tan fundamental por sus consecuencias, tanto desde
el punto de vista humano, como social, como económico, de los artefactos
que son estas minas terrestres o bombas de racimo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Aguirre.
Para presentar la proposición del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, España venía adoptando desde 1994 una limitación de las
exportaciones que se ha ido prorrogando sucesivamente. En la legislatura
pasada esta Cámara adoptó una posición, con el consenso de todos los
grupos parlamentarios, donde se pedía al Gobierno (que entonces ocupaba
en nombre de nuestro país la presidencia de la Unión Europea) que
impulsase una serie de acciones desde esa presidencia, con el objetivo de
avanzar hacia la eliminación total de las minas antipersonas, y también
con el objetivo de impulsar medidas más profundas y una mayor
ratificación en la conferencia de revisión de la convención de 1980, que
regulaba el uso de estos artefactos.
En aquel entonces, el Diputado que les habla, en nombre del Grupo
Socialista, anunció que si los resultados de la conferencia de revisión
no eran satisfactorios, nuestro grupo era partidario de buscar posiciones
con otros países, en un marco diferente del de la convención, que
permitieran impulsar la prohibición de las minas de una manera mucho más
rápida. La verdad es que los resultados de la conferencia no fueron
especialmente satisfactoria. Es cierto que se produjeron algunos avances
(la Diputada que me ha precedido en el uso de la palabra se ha referido a
algunos de ellos), pero la realidad es que al día de hoy apenas un tercio
de los miembros de Naciones Unidas han ratificado la convención de 1980;
faltan entre ellos algunos de los principales productores; el texto
acordado en la conferencia de revisión legitima por una parte el uso de
las minas esparcidas desde el aire y, al mismo tiempo, estimula el uso de
las llamadas eufemísticamente minas inteligentes, que, por supuesto,
también son más caras que las anteriores y, además, no contienen un
mecanismo de verificación.
Por esto, a lo largo de 1996 una serie de países han ido adoptando
iniciativas. En octubre de 1996 en Otawa cincuenta países adoptaban una
posición en la que querían expresar que ya estaba bien, que había llegado
la hora de actuar contra unos artefactos que, según la Cruz Roja
Internacional, provocan cada año más de 20.000 heridos o muertos; contra
estas auténticas armas de destrucción masiva de larga duración que han
causado más muertos que todas las armas nucleares, químicas y biológicas
juntas; contra este que se ha dado en llamar el perfecto soldado que
nunca duerme, que nunca falla y al que tal vez sería mejor llamarle el
perfecto asesino. Un asesino barato, que se puede encontrar en el mercado
de armamento por menos de 500 pesetas. Un asesino del que se ha dicho que
puede ser inteligente. Ha habido tendencias hacia que se sustituyan las
minas tradicionales por minas llamadas inteligentes, pero que, pese a esa
inteligencia, no son ni jamás serán capaces de reconocer el alto el fuego
ni serán capaces de distinguir combatientes de civiles. De hecho, hay que
decirlo, la mayoría de sus víctimas se cuentan entre los civiles y, entre
ellos, muchos niños.
Por eso estos países acordaron convocar para 1997 la firma de un tratado
de prohibición total que pudiera entrar en vigor en el año 2000. A ese
movimiento se sumaron ONG, el Parlamento Europeo, la Unión
Interparlamentaria. En nuestro país también se ha extendido ese clamor.
Hemos visto en los últimos días cómo distintos movimientos sociales han
organizado manifestaciones muy vistosas en espacios públicos, ante la
sede de algún partido político, reclamando que España se sume a esa
prohibición total.
A lo largo de 1996 y principios de este año se han multiplicado las
decisiones unilaterales en declaraciones que no piden ya la eventual
eliminación, sino la prohibición total e inmediata. Esa posición la han
adoptado países que sufren las consecuencias de las minas como Angola,
Camboya, Mozambique, o también países de la Unión Europea, como Austria,
Bélgica, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Luxemburgo o
Portugal. Otros países --entre ellos algunos de los principales
productores-- han expresado, en principio, una disposición a contemplar
la eventualidad
de ese tratado. Algunos países lo han adoptado por ley, otros por una
declaración de su gobierno.
Esta posición de prohibición total que, en palabras de una persona tan
representativa del estamento militar mundial como el General Schwarzkopf,
que mandaba las tropas norteamericanas en la guerra del Golfo, es una
posición responsable humana y militarmente, es una posición también fácil
de implementar. No estamos ante la firma de un tratado de armas
estratégicas. Es algo mucho más simple.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista persigue, precisamente,
que España se sume al régimen de prohibición total de estas armas; el
mismo sentido persiguen otras iniciativas de otros grupos que han sido
presentadas y que vamos a debatir hoy; pero quizá lo que es más
importante es que el esfuerzo de entendimiento entre los grupos nos ha
permitido --y tengo que decirlo, porque es de justicia reconocerlo--, sin
que nadie haya tenido que renunciar a sus propias decisiones, adoptar un
texto común por el que el Congreso de los Diputados --y es el texto
alternativo que propondremos a la consideración de SS. SS.-- pide al
Gobierno que remita a la Cámara una ley; el Congreso expresa la voluntad
de que España se sume a la posición de prohibición total de fabricación,
almacenamiento, comercialización, exportación y transferencia de
tecnología de todo tipo de minas antipersonales y de sus componentes, y
también de que España destruya los stocks existentes. Esa ley que pedimos
al Gobierno le deja un margen y permitiría a nuestro país estar, junto
con los países a los que he hecho referencia anteriormente, a la
vanguardia de la próxima conferencia que, esperémoslo, se podría celebrar
este año.
Dicho esto, hay que añadir que tenemos que ser conscientes de que este
paso adelante es insuficiente, porque hay países como China, como Rusia,
como India, por citar los más importantes, que aún no han aceptado
formalmente someterse a un régimen de control, porque también la acción
común de la Unión Europea, hoy vigente, es limitada, ha sido sobrepasada
por los acontecimientos. Por eso también pedimos que el Gobierno impulse
en el ámbito de la Unión Europea la ratificación de la convención de 1980
como una base mínima indispensable e irrenunciable, pero que, al mismo
tiempo, se impulse desde la Unión Europea un acuerdo internacional de
prohibición total, como el que hoy pedimos al Gobierno y como el que ha
sido adoptado por aproximadamente la mitad de los miembros de la Unión
Europea. Y hay un segundo problema que, quizá, es más grave: me refiero a
las minas ya desplegadas existentes. En el transcurso de este debate,
tres personas van a ser víctimas de estas minas en el mundo; hay de
cuatro a siete millones en Camboya, nueve en Angola, tres en el Kurdistán
iraquí, dos en Mozambique, en la antigua Yugoslavia, pero también en
zonas rurales, especialmente en el caso de Afganistán, donde se cuentan
unos diez millones de minas. Señorías, hay una mina por cada cincuenta
personas en la tierra, y sigue creciendo. Se levantan 100.000 y se
siembran cinco millones cada año. Ello supone una dificultad económica y
también en vidas humanas. Naciones Unidas estima entre 300 y 1.000
dólares el coste de desactivar y levantar cada una de estas minas, una
sola. Un país rico como Kuwait ha invertido más de 1.000 millones de
dólares en el desminado de su territorio tras el conflicto con Iraq, y
también ha invertido la vida de más de 80 personas que estaban haciendo
esa labor de desminado.
Por eso pedimos que se haga un esfuerzo especial, que se continúe el
esfuerzo que ya se viene haciendo en ayuda al desminado, y pedimos --y
esto es importante-- que España impulse una acción internacional para
desarrollar tecnologías que permitan la localización, desactivación y
destrucción de las minas.
Señorías, con la decisión que hoy, esperamos, vamos a adoptar con el
apoyo de todas SS. SS., la prohibición total por parte de España adquiere
pleno valor moral y político. Corresponderá al Gobierno darle expresión
jurídica mediante proyecto de ley, un proyecto de ley para cuya
presentación no hemos querido darle un plazo al Gobierno, porque
entendemos que debe tener un margen de maniobra, pero que, debo decirlo,
el Grupo Socialista espera que llegue a la Cámara a ser posible dentro de
este mismo período de sesiones, para que podamos, señorías, acabar de
verdad con ese perfecto soldado y con ese perfecto asesino.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Estrella.
Para presentar la proposición del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a pesar de que ya en las dos anteriores intervenciones se han
resaltado aspectos importantes de los efectos y las causas de las minas
antipersonales, sí quisiera de forma muy breve poner de manifiesto
algunas cuestiones que hacen referencia, fundamentalmente, a la
producción y a los efectos de las minas antipersonales.
Desde la II Guerra Mundial hasta el presente se han dispersado por el
planeta más de 400 millones de minas terrestres, la mayoría de las cuales
son minas antipersonales. En la actualidad --se ha dicho anteriormente--
existen más de 110 millones de minas dispersadas en más de 60 países Y en
los últimos veinte años estas minas han matado o herido a más de un
millón de personas; de hecho, la mitad de las víctimas mueren, el 75 por
ciento de los supervivientes han de sufrir amputaciones y muchos quedan
ciegos.
Pues bien, a pesar de estos terroríficos datos, anualmente se siguen
colocando en el mundo entre dos y
cinco millones de minas antipersonales, cuando sólo se están desminando
100.000 minas al año. Por si todo esto fuera poco, existen otros 100
millones de minas almacenadas en los arsenales de los ejércitos.
También se ha dicho que en la actualidad las minas son usadas de forma
generalizada --se ha dicho indiscriminada y deliberada-- fundamentalmente
contra la población civil. En los conflictos contemporáneos, de hecho las
víctimas de las minas antipersonales representan el 90 por ciento de
población civil. Las minas son sembradas en aldeas, campos, bosques o
carreteras, nunca se señalizan las zonas minadas, no hay absolutamente
ningún código de conducta de su utilización.
Pero además estas minas son fáciles de conseguir. Aquí también se han
dado algunas cifras de qué vale comprar una mina. Hay minas chinas que
valen tres dólares y las mejores minas cuestan cien dólares. Por tanto,
las minas afectan, fundamentalmente, a comunidades rurales en desarrollo,
puesto que impiden la siembra o recolección de los campos. En Afganistán
el 78 por ciento de la tierra cultivable no se puede aprovechar; en
Angola el 60 por ciento del territorio es considerado peligroso; en el
sur del Sudán la agricultura está paralizada; en Mozambique prácticamente
todas las carreteras importantes son impracticables. Pero si bien los
perjuicios económicos son enormes, son grandísimos, poca cosa son en
comparación con los sufrimientos humanos.
Por otro lado, al ser indetectables, es casi imposible localizar las
minas diseminadas y dado que siguen activas durante muchos años, aunque
el país haya logrado la paz, las minas seguirán causando víctimas. El
coste del desminado es cien veces más caro que el de colocación y nos
encontramos ante un ejemplo de cinismo total por el hecho de que empresas
que fabrican minas también se dedican al desminado.
Ante esta situación, ante el creciente empleo de minas antipersonales y
vistas las limitaciones de la legislación internacional para restringir
su uso, en 1992 seis ONG internacionales iniciaron una campaña
fundamentalmente con dos grandes objetivos: en primer lugar, conseguir un
tratado internacional que prohíba la fabricación, el uso, el
almacenamiento, la venta, la transferencia o la exportación de minas
antipersonales; y el segundo objetivo consiste en la creación de un fondo
internacional, administrado por la ONU, que promueva programas de
asistencia a las víctimas de las minas y se ocupe del desminado en todo
el mundo.
En España esta campaña tuvo eco y fue auspiciada por ocho organizaciones
no gubernamentales: CEAR, Greenpeace, Intermon, Manos Unidas, Médicos sin
Fronteras, Unicef, Acadiaca y el Servicio Jesuita a los Refugiados.
De todas maneras, hay que esperar a 1992 para que se produzcan a nivel
internacional decisiones unilaterales de Estados que signifiquen
moratoria de producción, de prohibición de fabricación. Hoy día, cinco
años después de iniciarse la campaña internacional contra las minas,
solamente hay treinta y cinco países que abogan por la abolición total de
las minas, diez de los cuales son de la Unión Europea.
Es importante señalar, no obstante, el compromiso que han tomado
bastantes organismos internacionales, desde el Secretario General de la
ONU hasta la Unicef o la Cruz Roja, en el sentido de prohibir la
fabricación, la producción y la exportación de las minas antipersonales.
Recientemente, el año pasado, entre los meses de abril y mayo, se celebró
en Ginebra la segunda reunión de los Estados que forman parte de la
convención de armas inhumanas. Finalmente, con muchas dificultades, se
llegó a una serie de acuerdos que, según nuestro parecer, son
completamente insuficientes, particularmente porque en esta segunda
convención se concede un plazo de nueve años para adaptarse a la nueva
legislación.
Es evidente, por tanto, que el ritmo de las conversaciones diplomáticas y
de los acuerdos internacionales que los Estados están dispuestos a
aceptar no es el adecuado para solucionar el problema de las minas
antipersonales. Es fundamental, por tanto, que los Estados tomen,
tomemos, iniciativas unilaterales sin esperar a que todo el mundo se
ponga de acuerdo.
En este sentido, no es admisible que España sea uno de los pocos países
de la Unión Europea que no haya prohibido por ley la fabricación de minas
antipersonales, conscientes, no obstante, de lo positivo que fue que en
el año 1994 el anterior Gobierno declarara una moratoria sobre la
exportación de minas y que posteriormente, en 1995, se aprobara por
unanimidad en esta Cámara una proposición no de ley en el mismo sentido.
Pensamos que tampoco es admisible que en estos momentos España conceda, a
través de la ayuda oficial al desarrollo, una fuerte ayuda a algunos a
países y que incluso esta ayuda privilegie a países que se resisten a la
limitación del uso de las minas, como China y Pakistán.
Señorías, ante el terror de las minas sólo hay una respuesta posible:
sólo cabe prohibir su fabricación, su uso y su exportación. Ante el
terror de las minas es necesario olvidarse de ellas como instrumento de
defensa. Esto es lo que vamos a hacer hoy; hoy vamos a aprobar una
proposición no de ley por unanimidad, con un texto conjunto de todos los
Grupos parlamentarios de esta Cámara, que fundamentalmente tiene dos
objetivos: por un lado, insta a que el Gobierno se muestre activo en sus
compromisos para lograr un acuerdo internacional de prohibición de minas
y, por otro lado, insta también al Gobierno a presentar un proyecto de
ley que prohíba la fabricación, el almacenamiento, la comercialización,
la exportación de todo tipo de minas personales, bombas de racimo y armas
de efecto similar, regulando igualmente la destrucción del stock actual.
Quisiera precisar, no obstante, que nuestro grupo entiende que el
Gobierno debiera presentar este proyecto de ley de forma urgente. En ese
sentido, sería bueno que en el mes de septiembre pudiéramos ya discutir
en esta Cámara este proyecto de ley. No se trata de un proyecto de ley
complejo y no podemos posponerlo por las razones humanitarias que antes
he mencionado.
En segundo lugar, es imprescindible que en dicho proyecto de ley se
incluyan, en el apartado de las armas de efecto similar, multibombas como
la BME-330 C de Expal, la munición de racimo para mortero, como la MAT
120 de Instalaza y bombas de aire combustible. Pensamos que en este
proyecto de ley, en este apartado, se deben incluir también estos
artefactos. Y pensamos que en este proyecto de ley también se debe
considerar, se debe contemplar cualquier concesión de créditos FAD a
países que continúen fabricando minas antipersonales.
Para acabar, quisiera decir que el mérito de la aprobación de esta
iniciativa hay que situarlo fundamentalmente en la sociedad civil, en las
ONG que han impulsado esta campaña y en las que aún impulsan la campaña
por la transparencia en el comercio de armas; especialmente me estoy
refiriendo a Médicos sin Fronteras, a Amnistía Internacional, a Intermon
y a Greenpeace. Hombres y mujeres que durante muchos años han puesto
empeño y mucho entusiasmo en alcanzar objetivos como los que hoy vamos a
aprobar, hombres y mujeres que han derramado mucha paciencia en explicar
repetidamente a los grupos parlamentarios, y especialmente a unos cuantos
Diputados y Diputadas, la importancia y el sentido de sus propuestas. A
todos ellos muchas gracias, porque esta es su proposición no de ley;
gracias a las ONG que antes he mencionado y también gracias a personas
como Vicenç Fisas, investigador sobre desarme del Centro de la Unesco de
Cataluña, sin cuya colaboración todo esto hubiera sido mucho más difícil,
porque mi intervención ha sido, en buena parte, una simple repetición
incompleta y parcial, en algunos casos prácticamente literal, de los
trabajos que él ha desarrollado brillantemente en favor del desarme y de
la paz.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Saura.
Para presentar la enmienda que ha propuesto el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y fijar la posición de su grupo en el
debate, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para posicionarnos en relación a estas tres proposiciones
no de ley y hacer la presentación de la enmienda de sustitución a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Nuestro grupo parlamentario, en su día, ya presentó en el Registro del
Congreso una proposición no de ley de estas mismas características. En
Comisión, y para simbolizar nuestra voluntad de participar en el debate
del plenario, hemos convertido esta proposición no de ley en enmienda de
sustitución. Pero como el resto de los portavoces ya han anunciado,
nuestra voluntad es la de sumarnos al texto consensuado por el resto de
grupos de la Cámara.
Muchos de los argumentos ya se han expuesto por los tres portavoces que
han intervenido con anterioridad. Hoy es un día importante, porque el
Estado español, junto a otros Estados, apuesta por adaptarse a una
legislación que mundial y universalmente aún está lejos de haberse
conseguido. Ciertos Estados europeos, en función de las limitaciones que
se encuentran a la hora de avanzar hacia esa prohibición universal sobre
la producción de minas, han optado por crear sus propias legislaciones.
Bélgica, Suecia, Austria, y creemos que también, a partir de este impulso
parlamentario, el Estado español, optan por medidas unilaterales que van
a servir para forzar, sin lugar a dudas, una prohibición de carácter
universal, pero también van a servir para impedir que el Estado español,
en alguna medida, sea cómplice de una situación.
Los portavoces que me han precedido han expuesto buena parte de este
problema. Hemos recordado la importancia que tienen hoy todavía los
conflictos convencionales cuando hablamos de conflictos en el mundo.
Seguramente, el discurso del mundo pacifista durante muchos años ha sido
un discurso relacionado con el peligro nuclear, y se ha obviado el
peligro de las guerras convencionales; hemos obviado también la
utilización de un producto fácil y barato de producir. El portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya recordaba que hoy la media de
coste de una mina de estas características se puede situar entre cinco y
siete dólares; por tanto, es un instrumento mortífero absolutamente
barato, extendido en todos los conflictos bélicos hoy existentes. En un
reciente informe de Greenpeace se recordaban algunas cosas que vale la
pena leer: en Nicaragua, hay una mina por cada 300 habitantes; en la ex
Yugoslavia, permanecen activas entre dos y cuatro millones de minas; en
Angola, cerca de diez millones de minas; en Camboya, entre cuatro y siete
millones, tantas como habitantes; en Somalia, alrededor de un millón; en
Sudán, dos millones; en Vietnam, tres millones; en Afganistán, diez
millones; en Mozambique, dos millones; en el Kurdistán iraquí, cuatro
millones, y también se dice que hay que hablar de minas en Eritrea,
Etiopía, Armenia, Georgia, Mauritania, Liberia, Zimbabwe, Tailandia,
Líbano, etcétera. Por tanto, es una presencia real y que, además, sitúa
la utilización de estos artefactos en relación a la población civil, una
población civil que recibe las consecuencias
de este material, no tan sólo por sus mutilados y por sus muertos, sino
por las consecuencias en el orden del desarrollo, y creo que ha sido la
señora Aguirre quien lo recordaba en su intervención; campos de
agricultura que dejan de poder ser sembrados, campos de pastoreo donde no
es posible que se desarrolle la ganadería, e imposibilidad de que la
población civil se pueda desplazar. Estamos, por tanto, ante un
instrumento que afecta primordialmente a la población civil y además
--creo que lo ha recordado el Diputado Estrella-- con evidentes
dificultades cuando planteamos la necesidad de su desminado.
Voy a leer con brevedad un texto de un militar español, especializado en
esta materia, el capitán de Ingenieros Manuel Díaz González, que
recuerda: El personal militar que ha participado y participa en misiones
de mantenimiento de paz bajo el auspicio de organizaciones
internacionales, se apercibe de que lo que costosamente había aprendido
en las Academias y había practicado en ejercicios y maniobras, tenía poco
en común con lo que había podido observar en las diferentes zonas de
operaciones. Los procedimientos de tendido eran tan personales como el
carácter del líder que los dirigía. La estructura del campo de minas
quedaba, en la mayoría de casos, guardada en la memoria de los propios
instaladores y muy pocas veces descritas en un documento para ejecutar la
localización y levantamiento de las minas. Esta es una materia en la que
la teoría del desminado choca con el abuso sistemático que las fuerzas en
lucha han planteado.
Por tanto, esta realidad tan cruel y tan dramática ¿qué ha provocado? Ha
provocado una dinámica internacional --también se ha hecho referencia a
ella-- que tiende como objetivo hacia esa prohibición universal, y
también una dinámica de prohibición por parte de ciertos Estados. El
Estado español --Joan Saura en su intervención lo ha abordado-- hacía
referencia al activo papel que el mundo no gubernamental ha jugado en
relación a esta materia. Hoy, una demanda de la sociedad civil, de un
conjunto amplio de las ONG del Estado español, ha sido capaz de convencer
definitivamente al conjunto de grupos de esta Cámara de que era
importante que el Estado español se sumase a aquellos Estados
prohibicionistas, aquellos Estados que han optado de manera unilateral
por esta prohibición absoluta en la producción de sus minas. Porque el
Estado español, a pesar de ser una potencia pequeña, una potencia no
principalmente exportadora de estos materiales, juega un papel. La señora
Aguirre recordaba hoy una información televisiva de unos representantes
de unas ONG que denunciaban que determinadas empresas españolas hoy
estaban en condiciones de vender estos aparatos. El Estado español, por
tanto, a pesar de su dimensión también tiene su responsabilidad. Y esa
presión de la sociedad civil, en función de esa responsabilidad que
también tiene el Estado español, ha provocado que hoy se sustancia este
conjunto de iniciativas.
Voy a justificar brevemente el sentido de nuestra iniciativa y, por
tanto, también el sentido de nuestra participación en la iniciativa
conjunta de los grupos políticos. En primer lugar, nos parece que
apostando por esta prohibición de las minas antipersonal estamos optando
por un nuevo modelo de seguridad basado en conceptos diferentes. Y nos
parece que hoy este debate es importante. Es importante que en este
momento en que estamos discutiendo el nuevo modelo de Fuerzas Armadas
introduzcamos nuevos conceptos en la defensa. Optar por la prohibición de
las minas antipersonal es optar, en definitiva, por un modelo basado en
el concepto de la seguridad compartida, denunciando un modelo de
seguridad que seguramente ya está fuera de los tiempos. Es también optar
por la promoción de los valores de la paz y la solidaridad y entender
que, más allá de la retórica y más allá de los discursos, con medidas
como las que pretendemos aprobar esta tarde, concretamos de alguna manera
los valores de la paz y la solidaridad. Es también una forma nueva de dar
respuestas a viejos conflictos que tiene planteados la humanidad. Hay que
empezar a dar soluciones al conflicto de la guerra, como tímidamente
apuntamos en esta iniciativa.
La principal aportación del Grupo Parlamentario Catalán a esta
proposición no de ley que vamos a aprobar esta tarde, a nuestro entender,
es la de exigir que el Gobierno se comprometa a través de un proyecto de
ley. Creo que hay tres argumentos en defensa de que el Gobierno opte por
esta prohibición a través de un proyecto de ley. En primer lugar, por la
fuerza simbólica. En esta Cámara, en el mes de septiembre --nos recordaba
el señor Saura--, vamos a tener que empezar a discutir un proyecto de
ley, lo cual es de una transcendencia importante en esta materia para el
conjunto de la población. Vamos a situar el debate en el seno de la
Cámara. En segundo lugar, vamos a garantizar que ningún gobierno pueda
modificar libremente una decisión que habrá tomado la Cámara a través de
un proyecto de ley. Vamos a reforzar, vamos a blindar una propuesta
política de estas características. En tercer lugar, vamos a dar mayor
transparencia a un debate que se va a producir. Es evidente que
seguramente se van a presentar enmiendas a este proyecto, es posible que
el proyecto que nos traiga el Gobierno matice esta propuesta, pues
entendemos que es importante que el Congreso de los Diputados se pueda
pronunciar sobre estos extremos. Esto liga con otra idea que esta Cámara
va a tener oportunidad de discutir próximamente, que es la necesidad de
avanzar en la transparencia en todas estas materias. Nos parece que ahí
está el mérito, que planteemos la necesidad de que el Gobierno elabore un
proyecto de ley para dar más fuerza simbólica, para reforzar la decisión
que tomemos desde la perspectiva de que ningún gobierno la pueda
modificar
y para garantizar la mayor transparencia en la decisión que se tome en
último término.
Yo creo que hemos de agradecer al conjunto de los grupos parlamentarios
la voluntad que hubo a lo largo de la semana pasada y hasta ayer mismo
para consensuar este texto. Creo, como se decía anteriormente, que
respondemos a una demanda de la sociedad civil y vamos a conseguir, en
una materia en la que existe una especial sensibilidad del conjunto de la
población y de los grupos sociales más activos, dar una respuesta
concreta. Por tanto, creo que esa respuesta concreta que daremos desde la
unanimidad que prevemos va a tener en la sesión de hoy nos hará que todos
nos sintamos orgullosos de nuestra actuación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Campuzano.
Para presentar la propuesta que han planteado los grupos Popular,
Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Coalición Canaria, tiene la palabra,
en primer lugar, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el miércoles de la semana pasada, el Vicepresidente Segundo del
Gobierno, don Rodrigo Rato, anunciaba en este Congreso de los Diputados
que el Gobierno de José María Aznar, a los pocos días de tomar posesión,
en mayo de 1996, tomaba la decisión unilateral de prohibir
indefinidamente la exportación de todo tipo de minas a todos los países
del mundo. Hasta ese momento España, señorías, podía exportar minas
inteligentes a algunos países del mundo, aquellos que habían firmado el
Protocolo II de la Convención de 1980.
Durante la legislatura pasada, señorías, una delegación camboyana visitó
este Congreso de los Diputados y al entonces portavoz de nuestro grupo
parlamentario mencionado anteriormente, señor Rato. De aquella entrevista
impresionante y de intensos contactos con organizaciones no
gubernamentales y humanitarias surgió, señorías, la iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular de presentar una proposición no de ley pidiendo al
Gobierno de entonces prohibir la fabricación y exportación de minas
antipersonal. Fue la primera proposición de esta naturaleza que ha tenido
entrada en este Congreso de los Diputados y fue defendida por el Diputado
de nuestro grupo el señor Hernando Fraile. No cuento esto, señorías, con
el ánimo de polemizar sobre cuestiones formales, siempre estériles; lo
hago más bien con la intención de rendir un pequeño homenaje
parlamentario a quienes desde una profunda solidaridad y conocimiento han
impulsado en esta Cámara acciones concretas para terminar con una
pesadilla, señorías, cuyos datos, circunstancias y terribles
consecuencias han expuesto muy bien quienes me han precedido en el uso de
la palabra. No podemos olvidar, señoras y señores Diputados, en este
modesto prefacio de justos reconocimientos, el trabajo incesante de
tantas organizaciones humanitarias como Cruz Roja Internacional, Manos
Unidas, Médicos sin Fronteras, Unicef, el CEAR, el Servicio Jesuita a
Refugiados, Intermón y otras, que desde hace tantos años vienen luchando
por la eliminación universal de las minas antipersona. Justo es reconocer
en esta Cámara y aplaudir el trabajo en nuestro país y en el mundo entero
de las organizaciones no gubernamentales. El Grupo Parlamentario Popular
lo hace, señorías, con decisión y con una enorme satisfacción al
comprobar que en esta legislatura, cuando ocupamos una posición
mayoritaria en la Cámara, cuando nuestro partido tiene la responsabilidad
del Gobierno, cuando todavía no se ha cumplido un año del Gobierno de
José María Aznar, se impulsa una iniciativa justa y necesaria que viene a
colocar a nuestro país, como ya se ha dicho, en la vanguardia de la
defensa de los derechos y las libertades en el mundo.
Señorías, creo que todos ustedes convendrán conmigo en que en la defensa
de los derechos y las libertades, gracias al consenso de todos los grupos
parlamentarios, las cosas están yendo bastante deprisa. Esta iniciativa y
el proyecto de ley que el Gobierno elaborará para prohibir las minas
antipersona refuerzan el liderazgo de España en el mundo. Esto ha sido
posible en el pasado, cuando nuestro grupo era el principal de la
oposición, debe ser posible ahora, y lo será en el futuro si en
cuestiones de Estado, como son la defensa y seguridad de España, su
política exterior y su política de cooperación y ayuda al desarrollo,
alcanzamos entre todos el mayor grado de consenso, de acuerdo
institucional. Pretender introducir en estas cuestiones una dinámica
partidista de confrontación sería insensato. La lucha contra la pobreza
en todas sus manifestaciones y el derecho al desarrollo de los pueblos y
las personas --lo decíamos también la semana pasada-- para el Grupo
Popular no es solamente una cuestión de responsabilidad internacional, no
es solamente una cuestión de solidaridad, sino fundamentalmente una
cuestión de justicia. Que en el mundo existan --como se ha dicho-- más de
cien millones de minas antipersonal, sembradas por campos y tierras de
países en vías de desarrollo, es una pesadilla que trabaja activamente
contra la paz, como ha dicho el portavoz del Grupo de Convergència i
Unió, y contra la seguridad, contra los derechos humanos y contra las
libertades, y contra el derecho al desarrollo de los países
desfavorecidos.
Cuando hablamos de desarrollo, de luchar contra la pobreza, de libertad,
de derechos humanos, son frecuentes las frases redondas, declarativas de
intenciones y de un profundo calado ideológico. No deben molestarnos,
señorías, a mí no me molestan, porque indican un grado de consenso básico
en lo conceptual extraordinariamente
interesante y positivo. Son ideas formuladas hace décadas, que han
generado en su constante revisión y reformulación un consenso básico
universal, al que se han ido sumando escenarios y actores, que ha
posibilitado la puesta en práctica de políticas concretas con más o menos
rapidez, es verdad, con mayor o menor acierto, es verdad, y con mayor o
menor eficacia. Formulaciones teóricas, ideas, compromisos y planes
concretos junto a continuas llamadas de atención, como la del PNUD en
1994, que en su informe anual sobre el desarrollo humano aseguraba que la
comunidad de las naciones no alcanzará sus objetivos mayores: paz, medio
ambiente, derechos humanos, democracia, demografía e integración social,
sin colocarse en un contexto de desarrollo durable que favorezca la
seguridad humana. Las políticas de cooperación al desarrollo necesitan
basarse en la coherencia y en la corresponsabilidad, coherencia y
corresponsabilidad que hay que exigir a los países receptores de ayudas
para que apliquen políticas internas coherentes, comprometidas en el
desarrollo y los derechos humanos y se corresponsabilicen con los
programas de cooperación. Pero esta coherencia hay que exigirla
igualmente entre los países donantes. ¿De qué serviría trabajar en la
desminación y continuar con la producción y comercio indiscriminado de
minas antipersonal?
El Gobierno de José María Aznar apoya plenamente la eliminación total de
las minas antipersona y está trabajando activamente para lograrlo --como
dice la proposición no de ley que hoy hemos acordado entre todos los
grupos--, tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Este proceso,
para ser eficaz y definitivo, debe tener carácter universal y, en este
sentido, el Gobierno está apoyando una apertura de negociaciones en el
seno de la Unión Europea con el objetivo de lograr un acuerdo
internacional verificable sobre la prohibición total y general de las
minas antipersona; trabaja en un proyecto de resolución para la 51ª
Asamblea General de Naciones Unidas donde se reconoce la necesidad de
concluir lo antes posible este acuerdo internacional sobre la prohibición
de minas, y está dando los pasos para la ratificación del Protocolo 2 de
la Convención de 1980, que aún no está ratificado por nuestro país, sin
acogernos a ningún período de aplazamiento. España está participando
activamente en las conferencias sobre el desminado que se celebran dentro
del marco de las Naciones Unidas, realiza importantes aportaciones al
fondo de desminado de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados
Americanos, colabora con Naciones Unidas en la instrucción del personal
para el desminado y en los próximos meses va a hacerlo también en el
marco de la Unión Europea Occidental. Y muchos proyectos de cooperación
para el desminado, propuestos por organizaciones no gubernamentales,
tienen un apoyo decidido a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y precisamente a raíz de la proposición no de ley que en la
legislatura pasada fue aprobada a instancias del Grupo Parlamentario
Popular y de otros grupos.
Qué duda cabe: hay que seguir trabajando. Deben trabajar el Gobierno y el
Parlamento, como en esta ocasión, en la misma dirección. La Constitución
española establece en su artículo 97, señorías, que al Gobierno
corresponde dirigir la política exterior y ejercer para ello la función
ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la propia
Constitución y las leyes. Durante la transición democrática, señorías,
los españoles hemos alcanzado logros importantes. Considerar la política
exterior como una cuestión de Estado institucional, al margen de la
legítima confrontación de partidos, fue uno de ellos. Esta tendencia se
ha fortalecido en los últimos años. La unidad de acción en el exterior,
señorías, refuerza y ha reforzado la imagen y el prestigio de España y
también la eficacia de nuestros proyectos de lucha contra la pobreza y la
injusticia en el mundo. Que no se rompa la tendencia, aunque algunos
datos de los últimos meses apunten comportamientos preocupantes,
comportamientos --queremos creer-- pasajeros y dictados por situaciones
personales difíciles más que por el sereno ejercicio de la
responsabilidad institucional. Por eso nuestro grupo parlamentario,
señorías, se felicita y felicita a los grupos de la Cámara y agradece el
apoyo de todos a la enmienda de modificación presentada conjuntamente y
que va a posibilitar, con el impulso unánime del Parlamento y el
Gobierno, una ley, como decía antes, justa, necesaria y de extraordinaria
importancia en el concierto internacional. He de terminar, señorías,
solicitando del conjunto de la Cámara el mismo ejercicio de
responsabilidad cuando se tramite el proyecto de ley que hoy solicitamos
al Gobierno.
Quiero hacer una última reflexión. La semana pasada, un medio de
comunicación, un prestigioso comentarista se hacía eco de la iniciativa
conjunta que hoy aquí estamos debatiendo y que fue alcanzada por los
distintos grupos. Decía que los pacifistas en España estaban de
enhorabuena. Creo que tiene razón. Hoy estamos de enhorabuena todos los
que creemos que la paz, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió,
es un derecho humano fundamental. Sólo los violentos no entienden esto,
señorías, y los violentos no van a estar hoy en el Parlamento para votar
esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Izquierdo.
Por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria también ha suscrito, y se honra en ello, esta enmienda
sobre el problema, que aquí nos
ha unido a todas las fuerzas políticas, de luchar contra el drama y el
desatino que significan las minas de aplicación contrapersonal. Coalición
Canaria quiere reconocer aquí el esfuerzo que han hecho los tres grupos
proponentes con sus enmiendas: el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el
Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
así como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con su
enmienda, para encontrar entre todos un texto común. No se puede salir
ante la opinión pública e internacional con una división en este tema.
Aquí es donde la exigencia de la unanimidad de criterios significa no
tanto una unanimidad política, sino algo más noble también, una
unanimidad de conciencia contra uno de los desastres de la política de
exportación y fabricación de armas.
Qué sarcasmo para un país como España que en este momento destina sus
presupuestos, la voluntad política de su Gobierno y de sus Cámaras y sus
Fuerzas Armadas a misiones de paz en el exterior, donde una vez que se ha
conseguido el estatuto de paz y donde antes se empleaba el lenguaje de
que habían ya callado las armas y el silencio de los armamentos, resulta
que conseguida la paz sobre un territorio sigue el tenebroso retumbar día
a día, mes a mes y año a año de los efectos de las minas antipersonal
allí enterradas. No hay sarcasmo mayor en una política de paz. Hemos
suscrito esta enmienda, en primer lugar, para que el Gobierno, recogiendo
la voluntad política y de conciencia de todos los grupos de la Cámara,
traiga un proyecto de ley, dado que los aspectos formales son muy
importantes, a fin de que España cierre cualquier puerta, cualquier
vericueto para fabricar, exportar o almacenar minas antipersonal. El
Gobierno español y las fuerzas políticas españolas, en el Parlamento
europeo o en cualquier foro internacional, deben tener la autoridad moral
suficiente para imponer a otros países este ejemplo a seguir: que esto se
prohíbe formalmente por ley, y no por otra vía, en un ordenamiento
democrático.
En el segundo punto de la enmienda que hemos consensuado todos los grupos
se recoge el clamor de la base popular por el reconocimiento que aquí se
ha hecho a todas las organizaciones no gubernamentales. Eso demuestra la
sensibilidad de la clase política ante un clamor popular canalizado por
estas organizaciones. Recogiendo también postulados de instituciones
internacionales hacemos algo muy importante, señorías: no solamente
prohibirlas, fabricarlas, almacenarlas, exportarlas, sino correr
subsidiariamente con el efecto de que cuando incumplimos esta obligación
moral que ahora vamos a aprobar con rango de ley, como son las secuelas
de ese retumbar cotidiano, nos sintamos obligados a aplicar una
tecnología nueva para detectar estas minas, para sacarlas de donde estén
enterradas y adquirir el compromiso del alto coste financiero que tiene
--por algunos Diputados se ha dicho aquí el coste de fabricación de una
mina antipersonal-- una operación de estas características llevada a cabo
por los ejércitos, por los destacamentos de zapadores que están limpiando
minas en determinados países. Pues bien, los países democráticos tenemos
que asumir este compromiso subsidiario y solidario por la paz y por las
secuelas de la guerra de limpiar los campos de minas. Si no llegamos a
este punto nos quedaríamos en un ejercicio de cinismo, de haber tirado la
piedra y escondido la mano sin más consecuencias. Ahora hay que volver a
alargar la mano tecnológica, presupuestaria, política y de compromiso
para que donde España haya exportado minas antipersonales, como
demócratas y como verdaderos defensores de un principio de solidaridad
internacional, cumplamos con esta segunda parte de la enmienda.
Por esta razón, señor Presidente, nos hemos sumado gustosos en un sentido
de conciencia que tantas veces se echa en falta y apoyamos con nuestro
voto esta enmienda y este consenso general.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Para fijar la posición del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, que también existe en
esta Cámara, y en particular del partido al que represento, Unión
Valenciana. Debo entender --y ésta es una opinión personal, tampoco la he
consultado con el resto de compañeros-- que el consenso que hoy se
alcanza contiene un omisión involuntaria, que es la del Grupo
Parlamentario Mixto, tan pacifista, tan comprometido con las causas
justas como la que hoy nos ocupa. Quiero pensar que ha sido una omisión
involuntaria, ajena a la voluntad de todos, el que el Grupo Parlamentario
Mixto, los cuatro partidos que lo integran, los casi 700.000 electores
que nos respaldan van en la misma dirección que el resto de Diputados
cuya iniciativa hoy suscriben sus grupos.
Por tanto, quiero manifestar la opinión de Unión Valenciana a título
personal, y creo que extensiva a todos los partidos representantes del
Grupo Parlamentario Mixto, que nos adherimos in voce, si cabe esa
posibilidad, a esta enmienda. Se ha hablado de consenso, se ha hablado de
que es una cuestión de Estado, de que es una cuestión de todos, de la que
nos podemos sentir orgullosos todos los pacifistas que están en esta
Cámara, y qué casualidad que un grupo parlamentario de esta Cámara no ha
estado incluido en esta proposición que pensamos que es muy importante y
que respaldamos desde el primer punto hasta el último, tanto en el
trámite de proposición no de ley presentada en su día
por el PNV, por el Partido Socialista y por Izquierda Unida como en el
consenso que se ha alcanzado. Pensamos que para ese consenso en una
cuestión básica, en una cuestión de Estado, en una cuestión humanitaria,
el Grupo Parlamentario Mixto (Unión Valenciana, el Partit per la
Independencia, el Bloque Nacionalista Galego y Eusko Alkartasuna) es tan
pacifista, tan humanitario y tan sensible como el resto de grupos de esta
Cámara. Y me extiendo mientras el Presidente no me diga que vaya
concluyendo. Son gestos que molestan a los Diputados que representan a
unos ciudadanos, como el resto de los partidos políticos. En esta
cuestión se tendría que tener más cuidado para que este acto involuntario
--creemos que sin mala fe-- no volviera a producirse, porque ha dado la
impresión de que aquellos que no han firmado no son partidarios de luchar
por esta noble, justa y necesaria causa de todos los demócratas, de todos
los pacifistas, que yo me considero como el que más de esta Cámara.
Por tanto, vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición. Ruego a la
Presidencia que acepte esta enmienda in voce para que el Grupo
Parlamentario Mixto conste a todos los efectos como firmante de esta
proposición, porque nos preocupa, como se ha abundado en este debate, la
cuestión de las minas terrestres, ese peligro que hay para millones y
millones de ciudadanos del mundo, esos 110 millones de minas colocadas
que son como una muerte en sus pies anunciada si no ponemos los medios.
Este es un dato escalofriante y, por ello, por razones de humanidad,
cuestiones de justicia y porque queremos y creemos en la causa, este
grupo parlamentario quiere aportar su granito de arena a la paz a la que
hoy ponemos un cimiento más desde este Parlamento. Por favor, que estas
omisiones involuntarias no se vuelvan a producir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
La Presidencia entiende, producto del debate, que todos los grupos
parlamentarios renuncian a sus proposiciones, que el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) renuncia también a su enmienda, y que por tanto el
texto que se va a votar es el de la enmienda presentada por los grupos
Popular, Socialista, Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (PNV), Coalición Canaria, y al que se ha adherido también
específicamente el Grupo Mixto a través del señor Chiquillo.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley sobre minas
terrestres en la forma en que resultan de la enmienda que ha suscrito y
aceptado los Grupos Popular, Socialista, Izquierda Unida, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria, y a la que se ha
adherido también el señor Chiquillo, en nombre del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, RELATIVA A LA
REGULARIZACION DE LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE LOS PSICOLOGOS Y
PEDAGOGOS INTEGRADOS EN LOS EQUIPOS PSICOPEDAGOGICOS, A QUIENES
DETERMINADAS SENTENCIAS DECLARADAS FIRMES HAN RECONOCIDO SU PERTENENCIA
AL GRUPO «A» (Número de expediente 162/000077)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, relativa a la regularización de la situación
administrativa de los psicólogos y pedagogos integrados en los equipos
psicopedagógicos, a quienes determinadas sentencias declaradas firmes han
reconocido su pertenencia al grupo A.
Para su presentación y defensa, en nombre del grupo proponente, tiene la
palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
subo a la tribuna para defender la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, sobre regularización de la situación
administrativa de los psicólogos y pedagogos integrados en los equipos
psicopedagógicos, a quienes determinadas sentencias declaradas firmes han
reconocido su pertenencia al grupo A.
La orientación educativa y la intervención psicopedagógica están
recogidas como elementos básicos del sistema educativo en diferentes
apartados de la Logse. Así, en su artículo 2.º, reconoce «La atención
psicopedagógica y la orientación educativa y profesional» como un
principio básico para el desarrollo de la actividad educativa.
Igualmente, en su artículo 36, garantiza la valoración de las necesidades
educativas especiales por equipos integrados por profesionales de
distintas cualificaciones. En su artículo 60, insta a que «Las
administraciones educativas garantizarán la orientación académica,
psicopedagógica y profesional» que atienda a los centros que imparten
enseñanzas de régimen general, con el fin de asegurar la necesaria
calidad de las mismas. La orientación y la intervención psicopedagógica
queda así reconocida, consecuentemente, como un recurso necesario dentro
del sistema educativo.
Esta intervención psicopedagógica y orientación educativa se ha venido
realizando por diferentes servicios:
los procedentes de los servicios de orientación escolar y vocacional,
actualmente con diferentes nombres según las distintas administraciones
educativas, comunidades autónomas con plenas competencias o en el ámbito
de los territorios del MEC, y los equipos multiprofesionales, hoy
fusionados ambos en servicio único. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rivero.
Silencio, señorías. (Continúan los rumores.)
Señora García-Alcañiz. Señora Romero. Señor Morano. (Pausa.)
Puede continuar, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
El calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo
prevé que las administraciones educativas procederán a la creación
progresiva de servicios especializados de orientación educativa
psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros docentes, de
manera que el proceso quede completado en el momento de la implantación
total de los respectivos niveles y etapas del nuevo sistema. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Los equipos interdisciplinares del sector se constituyeron, tal y como
reza la normativa, para el desarrollo de funciones especializadas y
técnicas de orientación e intervención educativa y, en general, de apoyo
al sistema escolar en sus distintos niveles. Estos equipos están
compuestos, entre otros profesionales, por psicólogos y pedagogos. Los
efectivos para la dotación de personal de estos equipos se obtuvieron a
partir de funcionarios docentes --maestros principalmente-- a través de
diversas convocatorias de concursos de méritos, estableciendo en las
mismas los requisitos de: pertenencia a cuerpos de funcionarios docentes
no universitarios, la titulación de psicólogo o pedagogo y un número
determinado de años de experiencia docente. Estos funcionarios ejercen
funciones laborales, para las que se les exigió el título de licenciado,
necesario para acceder al grupo A, según la Ley de medidas para la
reforma de la función pública. Sus derechos únicamente han sido
reconocidos en virtud de diversos fallos judiciales, en razón de diversas
sentencias de varios tribunales superiores de justicia. Así, los de
Cantabria, en sentencia del 28/9/1992; Galicia, en sentencia del
1/9/1990; Murcia, en sentencia del 28/6/1993; Asturias, en sentencia del
18/2/1993; Canarias, en sentencia del 20/3/1994, y por la Audiencia
Nacional en sentencia del 13/7/1993. Este grupo de funcionarios
recurrentes tiene reconocido el grupo A título personal, según el
Tribunal Supremo, y, al mismo tiempo, la pertenencia al cuerpo de
maestros, con lo que se crea una situación peculiar y atípica que precisa
de una normalización.
El cumplimiento de estas sentencias por parte de las distintas
administraciones educativas tuvo su efecto en el reconocimiento de las
peticiones de los demandantes en lo que a aspectos económicos se refiere,
aunque las diversas interpretaciones han dado lugar a situaciones
retributivas diferentes. Así, unos perciben como grupo A solamente las
retribuciones básicas, otros las básicas y complementarias; a algunos les
realizan las retenciones como grupo B y las retribuciones como grupo A, y
un largo etcétera. Pero no incidió en la situación administrativa, ya que
se les sigue considerando pertenecientes al cuerpo de procedencia,
situación ésta que consideramos no ajustada a Derecho.
También hay que añadir que son las propias administraciones educativas
las que han generado esta situación anómala, creando una nueva categoría
profesional con un requisito adecuado y necesario para desempeñar las
funciones propias del grupo A, licenciados en pedagogía o en psicología,
y es por tanto a ellas a las que corresponde impulsar las acciones
necesarias para subsanarla, ya que la creación de cuerpos, escalas,
clases o categorías, tanto en aplicación del apartado 3 del artículo 103
de la Constitución española, como del apartado 3 del artículo 24 de la
Ley articulada de los funcionarios civiles del Estado, no derogada por la
Ley 30/1984, y de conformidad con la sentencia 99/1987, de 11 de junio,
del Tribunal Constitucional, es materia reservada para su regulación por
ley, y la promulgación de las leyes ha de responder al ordenamiento de
situaciones emanadas de la problemática que surge desde los grupos o
colectivos afectados.
Vistas las variadas y divergentes situaciones en las que se encuentra un
personal de igual procedencia y la existencia irregular de su situación
administrativas actual, parece oportuno proceder a establecer medidas que
normalicen su situación, para que estos profesionales centren su atención
no en su situación laboral sino en su trabajo, colaborando así en la
mejora de la enseñanza, ya que el cumplimiento que se está dando de la
sentencia no está contribuyendo a la uniforme resolución de esa
situación, por lo que se precisa de la voluntad política del Gobierno
para su normalización.
En definitiva, señor Presidente, señorías, el objetivo de esta
proposición no de ley es instar al Gobierno a que arbitre las medidas
necesarias para dar solución al problema planteado al colectivo de
psicólogos y pedagogos que se encuentran en la situación antes reseñada.
En un asunto de esta naturaleza, en el que es necesario estudiar con todo
rigor y profundidad soluciones que no signifiquen crear agravios a
terceros, se ha hecho un esfuerzo por todos los grupos parlamentarios de
consensuar una enmienda transaccional que cuenta con el respaldo unánime
de los grupos presentes en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley por el Grupo
Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para su defensa, tiene la
palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Señor Presidente, señorías,
presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria esta proposición no
de ley con intención de regularizar la situación jurídico-administrativa
de psicólogos y pedagogos pertenecientes al cuerpo de maestros e
integrantes de los equipos psicopedagógicos que se crearon por Orden
ministerial de 30 de abril de 1977, como servicio de orientación escolar
y vocacional. Dicho servicio se reguló entonces, en el año 1977, con
carácter experimental, y para dotar de personal técnico en comisión de
servicios se nombró a funcionarios de entre el cuerpo de profesores de
enseñanza general básica, actualmente maestros, que reunieran varias
condiciones, entre las que se encontraba de modo preceptivo el ser
licenciado en psicología y pedagogía.
Dichas plazas de los servicios de orientación, una vez transferidas las
competencias a las diversas comunidades autónomas, se cubren por las
distintas administraciones de forma un tanto diversa, siempre mediante
concursos de traslado o comisiones de servicios, exigiéndose en la
mayoría de los casos la licenciatura en psicología o pedagogía. En
algunos casos concretos no se exigía porque lo que se hacía era
considerar tal titulación como mérito. En uno y otro caso sí aparece como
requisito, o bien como mérito. La titulación figura simplemente como
característica del puesto de trabajo a desempeñar; es decir, como
característica propia del puesto de trabajo de orientador
psicopedagógico.
Es cierto, y así lo ha manifestado en un relato exhaustivo el portavoz de
Coalición Canaria, que existe un buen número de sentencias y de
resoluciones jurisprudenciales de diversos tribunales superiores de
justicia, entre los que se encuentran los de Cantabria, Galicia, Murcia,
Asturias y la propia Audiencia Nacional, en las que se reconoce a
recurrentes de dichos servicios de orientación el grupo A de titulación,
por cuanto de algún modo se les exigió ese título para entrar a formar
parte de determinados servicios de orientación.
Aparentemente, y ateniéndonos a lo que se dice en dichas sentencias, a
las que hace referencia el Grupo de Coalición Canaria, el Gobierno
debiera acompasar dichas resoluciones a la realidad jurídica de estos
funcionarios que, hoy en día, siguen perteneciendo al grupo de titulación
del cuerpo de maestros, es decir, al grupo de titulación B, si bien es
cierto que en algunos casos se han arbitrado soluciones de carácter
remuneratorio, como las que ha explicado el portavoz de Coalición
Canaria.
A la solución que apunta al principio la proposición tenemos que efectuar
determinados matices propios, primero, de lo que es la dinámica de la Ley
de reforma de la función pública, Ley 30/1984, además de algunas otras
consideraciones, al margen de la propia legislación, que quiero hacer.
En primer lugar, hay que establecer a priori que el acceso a la función
pública vigente en la Administración se caracteriza por la pertenencia de
funcionarios a un cuerpo, a una escala, cada uno de los cuales se halla
clasificado en alguno de los cinco grupos de titulación que se prevén en
el artículo 25 de la Ley de medidas de reforma de la función pública.
Titulación --y esto es importante-- que se exige tan sólo como requisito
para acceder al cuerpo o escala. En definitiva, se trata de no confundir
lo que es requisito para el acceso a cuerpo y escala, correspondiente con
cada grupo de titulación, con lo que es un requisito para el desempeño de
determinado puesto de trabajo. Estas son cosas evidentemente distintas y
sobre las que después se manifiesta el Tribunal Supremo, como diré a
continuación.
Se trata de una distinción que en este momento es de vital importancia
para ver cuál es la solución que ha de dársele por parte de esta Cámara y
posteriormente, si se tramita tal y como aparece la proposición de
Coalición Canaria. Por tanto, no puede considerarse, en nuestra opinión,
que el sistema establecido por la Orden ministerial de 30 de abril de
1977, que da lugar a la creación de los servicios de orientación, y la de
22 de marzo, que promueve el reclutamiento de personal a estos servicios
y las sucesivas convocatorias que han existido, celebradas al amparo de
estas normas, hayan configurado una suerte de cuerpo especial de maestros
donde se incluya un nuevo escalafón referido a los psicólogos o
pedagogos.
No se trata de una escala específica, porque, como S. S. ha dicho, esto
vulneraría, sin ningún género de dudas, el principio de reserva legal y,
además, se desvirtuaría, como reconocerán SS. SS., el sistema de acceso a
la función pública establecido en la legislación a la que hecho mención,
la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la función pública.
El considerar que a través de los procedimientos de provisión de puestos
de trabajo, o de los propios concursos de traslado, se pudiera acceder
mediante comisiones de servicio a otras escalas funcionariales sería
tanto como desvirtuar completamente el sistema de acceso a la función
pública. Esto no es algo que dice este Diputado sino algo en lo que se
pronuncia con toda claridad la sentencia de 29 de septiembre --a la que
S. S. no ha hecho referencia, pero yo la haré-- al resolver el recurso de
revisión planteado por la Junta de Andalucía contra una sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que dice literalmente:
No cabe, en modo alguno, crear implícitamente un cuerpo o clase a través
de concurso de méritos para acceder a determinados puestos de trabajo,
por cuanto los funcionarios que consignan dicho puesto deben continuar
perteneciendo al cuerpo de procedencia --y eso, señorías, es exactamente
lo que se está haciendo hasta el momento por parte del Gobierno--, pues
con ello se confunde la titulación exigida para acceder a un puesto de
trabajo con la que se exige para ingresar en determinado cuerpo
funcionarial.
Por si esto fuera poco, posteriormente el Tribunal Supremo, en su
sentencia de 19 de abril de 1996, que es decisiva para poder resolver con
sensatez la proposición que hoy nos ocupa, resuelve un recurso de
casación en interés de la ley planteado por la propia Abogacía del Estado
contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre
este mismo asunto, respetando la situación jurídica de aquellos que hayan
obtenido la adscripción al grupo de titulación A previamente por las
sentencias a las que S. S. hace referencia, y dicta, con carácter claro e
inequívoco, la doctrina legal que debe seguirse a partir de la fecha de
19 de abril de 1996, fecha de resolución, como digo, de este recurso de
casación. En ella dice textualmente el Tribunal Supremo: Resulta
procedente acceder al recurso de casación interpuesto por la Abogacía del
Estado fijando como doctrina legal la que propugna, que es la de que los
funcionarios públicos pertenecientes a los servicios de orientación
escolar y vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia no tienen
derecho a pertenecer, a título personal, al grupo A previsto en el
artículo 25 de la ley 30/1984, ni a los derechos que derivan de esa
situación como consecuencia de la participación en concepto de profesores
de enseñanza general básica en convocatorias efectuadas al amparo de la
Orden ministerial de 22 de marzo de 1988.
De acuerdo con esto, señorías, el Tribunal Supremo quiere dejarlo claro
de forma tajante e inequívoca y cerrar el paso a la jurisprudencia
errática que existía hasta el momento, que da lugar, en nuestra opinión,
a buena parte de la problemática cuya solución plantea hoy Coalición
Canaria. La literalidad de la resolución del Tribunal Supremo es de una
claridad incuestionable. Se hace difícil, además, encontrar resquicios
que permitan seguir defendiendo la tesis que aparece en la proposición
que debatimos.
Al margen de argumentos jurídicos, existen algunos de otra índole, que
son de pura y auténtica justicia material porque, por ejemplo, de
entroncarse en alguna escala --además, tendría que ser a través de un
proyecto de ley, por el principio de reserva de ley--, nos encontraríamos
con que el lugar obvio donde debieran aparecer los nuevos funcionarios
del grupo de titulación A sería, como no se les escapa a SS. SS., el del
grupo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de
psicología y pedagogía. Lo que quiere decir que, siendo un cuerpo de
nueva creación o de creación más reciente que la del cuerpo de maestros,
de donde proceden los psicólogos y pedagogos a los que estamos haciendo
referencia, se encontrarían estos profesores de enseñanza secundaria con
restricciones más que obvias a la propia movilidad funcional, y con unas
inmejorables condiciones para ser desplazados en las plazas vacantes que
hubiera por los profesores que hubieran conseguido, por medio de este
mecanismo que hoy se solicita a la Cámara, formar parte del grupo de
titulación A.
Por otro lado, no tenemos ninguna duda de que se produciría un evidente
efecto dominó, propiciando reivindicaciones de cuantos funcionarios se
vieran en circunstancias similares. A uno se le ocurren en principio unas
cuantas, como puede ser la del cuerpo de secretarios de intervención de
la Administración local, en el que hay un buen número de funcionarios que
está ocupando en comisión de servicios grupos de titulación superior al
de la escala de procedencia y, sin embargo, esta reivindicación no se nos
ha planteado. Se podría estar entablando, como digo, un efecto dominó que
creo que sería pernicioso. Piense además que en un momento más o menos
cercano se pudiera producir con los maestros que prestan servicios en el
primer ciclo de la ESO y tengan titulación superior, cuando la propia
disposición transitoria cuarta de la Logse establece las condiciones en
las que los maestros pueden prestar servicios de la ESO.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Ahora mismo, señor Presidente.
No obstante lo dicho, sí que es cierto, y eso es indiscutible, que sigue
persistiendo una situación creada en su día por la Administración del
Estado, que además fue alimentada por las administraciones autonómicas
educativas de las comunidades autónomas, y las contradictorias
resoluciones de la Administración de justicia han intervenido para
ofrecer una evidente confusión. Siguen, además, persistiendo esas
resoluciones judiciales que todavía no tienen una solución definitiva y
una solución jurídica, que creo que tienen que ser objeto de estudio,
para lo que ha sido ofrecida por el Grupo de Coalición Canaria una
enmienda transaccional que mejora ostensiblemente la enmienda presentada
por nuestro grupo. Nosotros queremos posibilitar que se apruebe ese texto
transaccional, de modo que
el Gobierno acometa un estudio serio --como decía
S. S.-- para dar una solución a este conflicto generado en principio por
la Administración educativa del Estado y que después ha ido acompañado de
otro tipo de intervenciones administrativas y de la Administración de
justicia. Por lo tanto, anunciamos nuestra disposición
para buscar una fórmula más consensuable que la presentada por nuestro
grupo. En caso de que fuera aceptada por el resto de los grupos la
enmienda transaccional ofrecida por el Grupo de Coalición Canaria,
retiraríamos nuestra enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha
presentado asimismo una enmienda, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió expresa
su total identificación con la oportunidad y objetivo de la proposición
no de ley que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria. Pero, al
respecto, propone una enmienda de sustitución que pretende ampliar sus
efectos y dar una solución definitiva a la situación discriminatoria
sufrida por un microcolectivo de profesionales de la educación,
profesionales de la psicología y pedagogía aplicada; una solución a un
conflicto originado por las propias administraciones educativas.
Debemos retrotraernos en el tiempo y trasladarnos a los años primeros de
los ochenta, recién asumidas por algunos gobiernos autonómicos las
competencias educativas. Los equipos psicopedagógicos forman parte de
este escenario. La Administración educativa dio respuesta a una necesidad
existente que todavía no había sido traducida en una demanda social, la
de dar ayuda y orientación psicopedagógica al alumnado y a los padres, es
especial los procedentes de ámbitos socioeconómicos o familiares con
dificultades.
Los únicos profesionales que en aquel entonces tenían el perfil adecuado
para desempeñar aquel servicio eran maestros y maestras que, además de
probada experiencia educativa en escenarios difíciles, poseían la
licenciatura en psicología o en pedagogía o en ciencias de la educación.
Se crean las plazas de acuerdo con las peculiaridades del nuevo servicio,
plazas del grupo A no escalafonadas dentro de un cuerpo, plazas que se
ofertan en concurso público a maestras y maestros con la licenciatura
exigida. Así se conforma parte de la bandera de la calidad del sistema
público, con la creación de equipos de asesoramientos psicopedagógicos.
Un anticipo brillante de lo que años más tarde, en 1990, la Logse incluye
en su disposición adicional tercera e), es decir, que las
administraciones educativas crearán servicios especializados de
orientación educativa psicopedagógica y profesional que atiendan a los
centros, y para garantizar dicho objetivo proveerán los recursos
necesarios.
Más tarde, las exigencias sociales obligan a la Administración a crear la
especialidad de psicopedagogía en el cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, convocándose concursos oposiciones al efecto que reservan
turnos especiales para el cuerpo de maestros.
Así pues, nos hallamos ante dos grupos de profesionales que tienen el
mismo origen, las mismas condiciones, que ejercen las mismas funciones y
que han superado sendos concursos públicos, formulados ambos con total
respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que, positivados
en la propia Constitución en los artículos 14, 23.2 y 103.3, constituyen
no sólo la articulación sino la manifestación de la justicia social y de
la razón en la materia de selección del personal de las administraciones
públicas. Son profesionales del mismo origen que ocupan plazas del grupo
A, que ejercen en el mismo sector de servicios, pero que por la
esclerótica y miope rutina de la Administración pública no son
intercambiables.
Por todo ello, en nombre de mi grupo presento la siguiente enmienda: que
el Gobierno estudie las medidas necesarias para la integración en el
cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, en la especialidad de
psicopedagogía, de los funcionarios que, procedentes del cuerpo de
maestros y con la titulación de licenciatura exigida, obtuvieron por
concurso público plazas de psicólogo y pedagogo en los equipos
psicopedagógicos de la administración educativa.
Nos basamos para su formulación en los principios que rigen la gestión de
la Administración pública, la optimación de los recursos humanos
existentes, el principio de movilidad, la obligación de que las
administraciones públicas planifiquen sus necesidades de recursos humanos
de acuerdo con sectores funcionales y los principios de justicia y de
eficiencia. Ya la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública preveía en su disposición adicional primera, punto 1, que se
declararán a extinguir todas las plazas no escalafonadas de funcionarios
y que el Gobierno, mediante real decreto, procediera a su reordenación,
agrupación y clasificación integrándolas, en su caso, en cuerpos y
escalas que tengan asignados igual titulación académica y funciones y
retribuciones similares.
En nombre de mi grupo, pues, propongo que el Gobierno aproveche el margen
de maniobra que la propia ley señala y que arbitre, ante posibles
soluciones, la más fácil, considerando las condiciones del pasado y
actuales, y que no sucumba ante la dilatoria solución que sustituye la
discrecionalidad administrativa por la judicial.
A su vez, nuestra propuesta se inserta en la política de modernización de
la Administración pública anunciada por el Gobierno del Estado español en
dos de sus actuaciones: la de adecuar los objetivos a los recursos
disponibles, es decir, dotar los nuevos servicios mediante la
redistribución de los recursos humanos existentes, y simplificar
estructuras unificando servicios de idénticas funciones. En este caso es
evidente que los equipos psicopedagógicos ejercen las mismas funciones
que los psicopedagogos y pedagogas del cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria, y los usuarios del servicio son los mismos. La racionalidad,
pues, exige también que sea una sola unidad la que preste aquel servicio.
Mi grupo hubiera deseado, señorías, que el grupo proponente aceptara la
enmienda, pero nos satisfaría al menos que entre todos los grupos
halláramos una única propuesta que fuera capaz de motivar el consenso de
todos los grupos no sólo para solucionar el problema singular de un
colectivo, sino para lograr la racionalización del servicio
psicopedagógico dentro del sistema educativo, para que el servicio y su
calidad sea fácilmente identificable como uno solo y para que la
Administración pública se muestre y comporte como una administración
moderna, flexible, adaptable, racional y eficiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Solsona.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Vasco,
PNV, tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. El
Grupo de Coalición Canaria presenta una proposición no de ley que matiza
y pone en su sitio una problemática muy antigua en el mundo educativo;
estamos hablando de una problemática generada en los primeros años de la
democracia y que colea durante muchos años en este mundo en relación con
el tema de los psicólogos y pedagogos integrados en estos centros
psicopedagógicos.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vasco acogemos con satisfacción el
que se pueda incidir en la solución de un problema que durante largos
años colea en el mundo educativo y en los tribunales. La consideración
general que nos merece esta problemática viene marcada por la situación
de unos funcionarios que han tenido que gastar muchas de sus horas para
que distintos tribunales pudieran ir consolidando su situación
funcionarial y salarial.
Creo que es una reflexión que, aprovechando la iniciativa de esta
proposición no de ley presentada por el Grupo de Coalición Canaria,
debiéramos realizar en esta Cámara, que unos funcionarios a los que la
Administración ha ido abriendo pasos en su escala funcionarial y dándoles
funciones distintas a las que originariamente eran de su propio cuerpo,
han tenido que realizar un auténtico vía crucis en los tribunales para
que estas situaciones sean consolidadas.
Es bien cierto que los distintos gobiernos que han conocido estas
situaciones se han acogido a las leyes que estaban en vigor en cada uno
de los ejercicios para ir dando la respuesta debida a las demandas de
estos grupos de funcionarios, pero también es verdad que las leyes pueden
ser actualizadas en circunstancias como estas y que para eso existen
disposiciones transitorias, para poder dar soluciones a problemas reales
que van afectando a la vida de distintos colectivos, en este caso de
funcionarios. Parece poco edificante, señor Presidente, que un colectivo
de funcionarios tenga que andar tribunal por tribunal haciendo valer sus
derechos cuando se da la impresión de que desde el Poder Ejecutivo se
hace caso omiso u oídos sordos a las demandas que los mismos pretenden.
Es bien cierto que la actual situación legal que ha sido descrita por
distintos portavoces, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, 30/1984, no posibilita el que los funcionarios puedan cambiar de
un grupo a otro por un concurso de méritos. Será cuestión de actualizar
la ley o de contemplar que existe aquí un colectivo de funcionarios que
está realizando una serie de funciones que la propia Administración ha
entendido razonable por su propia competencia profesional y por las
necesidades que tenía la Administración.
La enmienda transaccional que se presenta como común denominador para
tomar en consideración esta proposición no de ley es razonable en su
redacción, desde la perspectiva del Grupo Nacionalista Vasco, siempre que
no duerma el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio de
Educación y Cultura. Es bastante fácil encontrar consensos con
redacciones del tenor de la que se nos propone. Lo que sería razonable,
señor Presidente, es que el Ministerio de Educación y Cultura, entendiera
que estamos hablando de la problemática de un colectivo de funcionarios
que casi durante 20 años está en esa situación. Cuando se dice que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno es para que el Gobierno
resuelva de una vez la problemática citada.
Quiero indicar nada más que no se han hecho consideraciones, señor
Presidente, en relación a que distintos territorios, distintas
administraciones educativas con competencias en materia de educación y de
función pública han encontrado solución a este tema dando acceso, a
través de convocatorias abiertas y valorando los méritos, para que
colectivos parecidos a éste hayan tenido la posibilidad de acceder al
grupo A a través de convocatorias abiertas, donde se han valorado los
méritos de estos funcionarios. Las soluciones, señor Presidente, han sido
dadas en el tiempo en algunas administraciones educativas del Estado; no
es cuestión de tener mucha voluntad política, es cuestión simplemente de
ponerse a solucionar el tema. Esperemos que esta sea la voluntad del
Ministerio de Educación y Cultura y que atienda a esta proposición no de
ley que aceptará, con los votos también del Grupo Parlamentario Vasco,
esta Cámara en el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, en este caso, y
para relajo del señor Guerra y del conjunto de la Cámara, intervengo
simple y escuetamente para informar de nuestro voto afirmativo a la
transaccional de mínimos que reconoce la pertenencia al grupo A,
administrativa y retributivamente, de los psicólogos y pedagogos
integrados en los equipos psicopedagógicos, eso sí, dejando, como no
podía ser de otra manera, constancia de la alarma que produce tanta
anarquía, entre comillas y subrayado, en los maltratados y maltratadas
trabajadores de la Función pública. Pero repito una vez más nuestro voto
afirmativo a la transaccional de mínimos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista
suscribe la enmienda transaccional acordada por todos los grupos de la
Cámara entendiendo que, aunque sea una enmienda de mínimos, lo que en la
misma se expresa es la única opción posible en estos momentos para
abordar la situación que plantea la proposición no de ley de Coalición
Canaria.
Los argumentos que han servido como base para plantear esta proposición
no de ley efectivamente responden a la situación real del colectivo de
psicólogos y pedagogos pertenecientes al cuerpo de maestros y que forman
parte de los equipos psicopedagógicos. No voy a extenderme en la
descripción de esta situación, puesto que ha sido expuesta
exhaustivamente por el portavoz de Coalición Canaria y también por los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La proposición
no de ley y, en principio, el tema que se plantea, tiene, a nuestro
entender, dos problemas fundamentales en cuyo estudio habremos de
insistir, habremos de ahondar.
En primer lugar, cualquier petición de integración en el cuerpo al que se
solicita que pueda pasar este colectivo plantea un problema de movilidad
entre cuerpos que, a su vez, podría encubrir un trasvase de funcionarios
de un cuerpo a otro perteneciente a distinto grupo, contrario, pues, a
las normas de la Ley 30/84 y de la propia Logse, como ya se ha mencionado
anteriormente.
La Ley 30/1984, en su disposición adicional decimoquinta, establece que
la promoción interna en la Función pública docente se regulará con rango
de ley, acorde con la estructura y las necesidades del sistema educativo.
Siguiendo esta indicación, la disposición adicional decimosexta de la
Logse expone que la movilidad entre los cuerpos docentes podrá ser
facilitada reservando en las convocatorias de ingreso en los cuerpos de
enseñanza secundaria un porcentaje del 50 por ciento de las plazas que se
convoquen para los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en
el grupo B. Evidentemente, esta es una vía por la que cualquier
funcionario docente del grupo B puede optar al acceso al cuerpo de
profesores de educación secundaria.
Seguramente existen diferentes vías para ajustar, para regularizar la
situación administrativa de este colectivo. Hay que tener en cuenta, en
cualquier caso, el marco legal vigente, así como la jurisprudencia
dictada al respecto, a la que también se ha hecho mención anteriormente
(recordemos las recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional que ha leído el portavoz del Grupo Popular).
Compartimos, pues, la voluntad expresada por todos los grupos
parlamentarios de hallar una solución, voluntad basada fundamentalmente
en el reconocimiento del valor del trabajo realizado por todos los
profesionales de la psicopedagogía a lo largo de los últimos años. Todos
ellos, psicólogos y pedagogos integrantes de los equipos, al margen de
las diversas situaciones laborales y de dependencia administrativa que
han sido bien variadas a lo largo de los últimos tiempos, han contribuido
de forma altamente positiva a la mejora de la calidad de la enseñanza, al
ajuste del sistema educativo, a las necesidades de todos los alumnos, así
como muy especialmente a la integración en el sistema ordinario de los
alumnos con necesidades educativas especiales. Los equipos
psicopedagógicos han sido y son punta de lanza y soporte fundamental para
la comunidad educativa. Somos conscientes, pues, de la necesidad de
regularizar la situación, porque sabemos que los agravios entre
profesionales no hacen ningún favor al buen funcionamiento del personal
al servicio de la Administración, y en este caso con más motivo, cuando
se trata de profesionales que contribuyen de forma intensa a la mejora de
la calidad de la enseñanza. Sin embargo pensamos que las soluciones
adoptadas deben estar dentro del marco legal vigente y, en ningún caso,
deben suponer la aparición de nuevos agravios.
Creemos que el Gobierno y la Administración deben iniciar un proceso de
estudio de las diferentes posibilidades y, en este sentido, ya se han
pronunciado algunos responsables de la administración educativa. Existen
suficientes pronunciamientos jurídicos contradictorios, según se ha dicho
aquí, como para no precipitarse en indicar soluciones que, con toda la
buena intención de quien las proponga, pueden no ser viables y,
posiblemente, demorar aún más la situación.
En conclusión, creemos que nuestra función desde el Parlamento es instar
al Gobierno a que estudie posibles
medidas para regularizar la situación, situación especialmente compleja,
por otra parte más complicada por las últimas sentencias del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional. Pero es al Gobierno y a la
administración competente a los que corresponde estudiar y buscar
posibles alternativas. En cualquier caso, si en su momento ha de
conllevar alguna iniciativa legislativa, después el Parlamento deberá
analizar y pronunciarse al respecto.
Cualquier iniciativa que pudiera ser traída a esta Cámara contaría con la
colaboración del Grupo Parlamentario Socialista en su estudio,
entendiendo que puede ser una vía de posible solución a la cuestión que
hoy aquí se plantea. De todas formas, por los motivos hasta aquí
expuestos, es por lo que creemos que la enmienda transaccional acordada
por todos los grupos de la Cámara responde exactamente a las
posibilidades que en estos momentos tenemos. En el futuro, veremos si
conviene iniciar otro tipo de actuaciones.
En cualquier caso, nos felicitamos de que podamos manifestar hoy aquí la
voluntad de todos los grupos, como se ha dicho, de solucionar un tema que
hace ya demasiado tiempo que colea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Palma.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria relativa a la regularización de la
situación administrativa de los psicólogos y pedagogos integrados en los
equipos psicopedagógicos a quienes determinadas sentencias declaradas
firmes han reconocido su pertenencia al grupo A, en los términos
resultantes de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por todos
los grupos parlamentarios y que así se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad.
III. PROPUESTAS DE CREACION DE SUBCOMISIONES:
--PROPUESTA DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR DE CREACION DE UNA
SUBCOMISION ENCARGADA DE LA ELABORACION DE UN INFORME QUE SIRVA DE BASE
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL (Número de expediente
158/000008)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el punto III del orden
del día que consiste en la propuesta de la Comisión de Justicia e
Interior de creación de una subcomisión en su seno encargada de la
elaboración de un informe que sirva de base para el establecimiento de un
nuevo modelo policial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 311.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos son favorables a la constitución de
la subcomisión que se proponía. En consecuencia, queda aprobada por
unanimidad del Pleno.
IV.MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE AGUA (Número de expediente 173/000025)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes, la primera de las cuales presentada por el
Grupo Socialista del Congreso versa sobre la política del Gobierno en
materia de agua, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la
señora Narbona. (Rumores.)
Silencio, señorías, para que pueda comenzar la exposición la señora
Narbona. Les ruego que si desean abandonar momentáneamente el hemiciclo
lo hagan con la máxima celeridad y, en su caso, guarden silencio.
Cuando quiera, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender la moción,
consecuencia de la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista al Gobierno sobre su política en materia de agua.
Quiero recordar, antes de comenzar, que la semana pasada tuve ocasión de
intervenir para plantearle a la Ministra de Medio Ambiente, que lamento
que no esté presente, once cuestiones concretas en materia de política
del agua, once cuestiones concretas de las cuales la señora Ministra
respondió exclusivamente a tres de ellas, cuestión que no es de extrañar
puesto que, como nos temíamos, empleó la mayor parte de su intervención
en descalificar la gestión de los gobiernos socialistas. Y porque no pudo
o porque no quiso, contestó exclusivamente a tres de las once cuestiones
concretas que se planteaban. Todo ello nos lleva esta tarde a presentar
una moción, con el fin de conseguir una respuesta por parte del resto de
los grupos --en particular
por parte del Partido Popular--, que cubra esa ausencia de compromiso que
dejó clara en su intervención la Ministra de Medio Ambiente en un tema
que para esta Cámara creo es fundamental, y no contestar supongo que
defrauda a quienes confían en la indudable capacidad e inteligencia de la
Ministra de Medio Ambiente.
Nuestra moción contempla los puntos en los que creemos puede haber por
parte del Gobierno un compromiso cierto en cuanto a plazos y contenidos
de su acción, pero previsiblemente no va a encontrar el apoyo unánime de
esta Cámara, porque las enmiendas transaccionales que se han presentado
por parte del Partido Popular y que después serán explicadas por su
portavoz, no en todos los casos responden a la voluntad del Grupo
Parlamentario Socialista en esta materia. Hubiera sido bueno que la
Ministra hubiera estado presente en esta intervención porque a lo mejor
hubiera tenido ocasión de corregir por lo menos dos de sus desafortunadas
afirmaciones de la semana pasada. En la primera afirmación, quizá llevada
por el calor del debate, nos vino a decir que el principio básico de la
política ambiental de este Gobierno es que el que contamina cobra; el que
contamina cobra lo dijo dos veces y es posible que lo que la Ministra
quiera decir es que el que contamina cobra, en un sentido punitivo. Pero
sería bueno que supiéramos si eso es así o si fue un simple lapsus
linguae de la Ministra. Por otra parte la Ministra afirmó también que el
día 19 de febrero no existía ningún borrador de anteproyecto de ley de
reforma de la Ley de Aguas. Eso fue lo que dijo la Ministra. El
anteproyecto existe, señoras y señores Diputados, tiene fecha de 12 de
febrero y contradice las palabras de la Ministra. Y aunque no queremos
volver a polemizar sobre este asunto, desde un punto de vista más
constructivo seguramente ayuda a que, por fin, exista un documento sobre
el que el ministerio comience ese proceso de debate y participación en
materia de política del agua que en las primeras manifestaciones de la
Ministra se anunciaba como uno de los ejes básicos. Por eso, el primer
punto de nuestra moción pretende precisamente pedirle al Gobierno que
convoque al Consejo Nacional del Agua con carácter urgente y que en ese
consejo se presente el documento que ya ha sido sometido a la
consideración del Consejo de Ministros, que existe y que tiene un
contenido de enorme alcance para la política del agua en nuestro país y
que, a partir de ahí, se comience a trabajar en el órgano cuyo informe es
preceptivo y, por supuesto, que en ese órgano también se empiece a
trabajar en otros aspectos en los que la señora Ministra tuvo una
respuesta sólo parcial: la aprobación de los planes hidrológicos de
cuenca, diez de ellos ya aprobados por las confederaciones
correspondientes y seis pendientes de aprobación en los respectivos
órganos de cuenca. Lo que pedimos en la moción es que por parte de los
órganos de cuenca se aprueben con la máxima rapidez los planes que estén
pendientes y que en el plazo máximo de seis meses el Gobierno apruebe la
totalidad de los planes hidrológicos de cuenca, previa su evaluación
ambiental, previa evaluación del conjunto de las actuaciones que contenga
cada uno de los planes. Esa es otra cuestión que consideramos que el
Gobierno podría y debería aceptar para crear un marco de certidumbre en
torno a la política del agua y evitar la confusión que genera cuando toma
decisiones desvinculadas de una planificación concertada en el ámbito de
cada una de las cuencas. En ese sentido, el punto cuarto de nuestra
moción hace referencia a la necesidad de que primero se aprueben los
planes hidrológicos de cuenca, que son el resultado de una concertación
entre intereses distintos, y que sólo a partir de ese momento el Gobierno
establezca convenios con las comunidades autónomas correspondientes,
pero, como digo, no entendemos en ningún caso que esto pueda hacerse con
anterioridad a los planes de cuenca.
Después, en nuestra moción hay un conjunto de puntos que remiten a
cuestiones a las que la señora Ministra tampoco quiso dar respuesta
clara. Nos interesa en particular el destino de la financiación
extrapresupuestaria y en dos puntos de nuestra moción pedimos que de esa
financiación, que corresponde al capítulo 8 de los presupuestos del
Ministerio de Medio Ambiente, donde les recuerdo que hay 45.000 millones
de pesetas sin destino conocido en estos momentos, se apliquen recursos
que garanticen que para el plan nacional de depuración este año por lo
menos haya financiación mixta, impulsada desde el capítulo 8 y con
financiación privada, para garantizar, como digo, otros 20.000 millones
de inversión con el fin de poder mantenernos en el ritmo necesario para
cumplir la directiva europea en materia de calidad de aguas.
En el punto siguiente pedimos al Gobierno que se comprometa
explícitamente con cargo a esos fondos del capítulo 8 para la mejora del
medio hídrico, para la mejora de la calidad ambiental de los tramos de
nuestros ríos, por lo menos generando una financiación
extrapresupuestaria del orden de 1.000 millones de pesetas. No creemos
que esto no se pueda pedir sobre un capítulo cuyo destino no ha sido
aclarado por el Gobierno.
También hacemos una petición concreta en la moción, que se refiere al
decreto sobre reutilización de aguas residuales, en particular al
establecimiento de condiciones sanitarias que permitan la utilización de
esas aguas de forma rigurosa. Creemos que un mes de tiempo es plazo
suficiente para que el Gobierno apruebe dicho decreto.
Por otra parte, pedimos una aclaración que no se nos dio el otro día en
la Cámara. Queremos saber qué desaladoras y cuántas van a tener el apoyo
del Gobierno durante 1997 para la obtención, en su caso, de fondos
europeos y qué tipo de operaciones se van a llevar a cabo con agua
desalada.
Asimismo, en la moción pedimos que manden a esta Cámara un informe sobre
la situación de nuestros acuíferos, informe que, por supuesto, no puede
ser exhaustivo, porque sabemos que los programas derivados del Libro
Blanco de las aguas subterráneas avanzan con gran lentitud. No pedimos
que se nos diga el estado de todos los acuíferos en términos concretos y
exactos, pero sí queremos conocer lo que sabe el Gobierno sobre la
cantidad y sobre el nivel de nuestros acuíferos, como queremos también
que nos hable --la señora Ministra dijo que sobre este tema se había
avanzado en una línea que, sin duda, debe de tener aspectos positivos--
sobre la integración de los sistemas de información SAIH y SAICA, y esta
información se pide que se dé en un plazo de dos meses, que es
exactamente el plazo en el que la señora Ministra está obligada, por la
moción que se aprobó el pasado mes de octubre, a informar a esta Cámara
sobre todos los extremos de la política hidráulica. Por tanto, lo único
que estamos pidiendo es que se dé contenido a algo que con carácter
general aprobó esta Cámara por unanimidad, señoras y señores Diputados,
el pasado mes de octubre; que eso no se quede de nuevo en declaraciones
vagas sobre cómo se van a hacer las cosas de bien o qué mal lo hicieron
los anteriores, sino que se entre sobre cuestiones concretas que, como
digo, el otro día, posiblemente por falta de tiempo o de interés por
parte de la Ministra, no se contestaron más que en mínima parte.
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, Presidente, voy terminando.
Estoy segura que el resto de los grupos de la Cámara comparte la
preocupación por la situación en materia de política de agua, la
necesidad de plazos concretos para llevar a cabo determinadas decisiones
por parte del Gobierno, y lo que lamento es que previsiblemente no
llegaremos en este caso a la unanimidad, pero creo que para el Grupo
Parlamentario Socialista es importante denunciar aquellas cuestiones en
las cuales no se encuentra con una respuesta concreta por parte del
Gobierno, porque nuestro deber y responsabilidad es seguir insistiendo.
Hay enmiendas formuladas por parte de otros grupos y, por tanto, me
reservo la valoración de las mismas a la presentación por sus portavoces.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Narbona. En efecto, se han presentado
enmiendas por los grupos de Izquierda Unida y Popular.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sería bueno poder
abordar hoy en esta Cámara el tema del agua, que ha tenido idas y
venidas, después de haber realizado el otro día un debate con la Ministra
para conocer cuál era la acción de Gobierno, y digo que habría que
abordarlo desde la óptica de comprometer las voluntades de todos los
grupos parlamentarios, de buscar el consenso y el encuentro en los
posicionamientos mínimos. Así fue como culminó la interpelación del mes
de septiembre con aquella moción del 11 de octubre, que fundamentalmente
tomaba cinco acuerdos o decisiones por parte de este Congreso que
marcarían o deberían haber marcado la actuación del Gobierno.
El primer acuerdo era elaborar el Plan Hidrológico Nacional para ser
abordado con éxito en su trámite del Congreso, en coordinación con los
planes de cuenca y con el plan nacional de regadíos. El segundo, una
reforma del título VI de la Ley de Aguas sobre los criterios de economía
de aguas que pudieran definir las tarifas suficientes para cubrir el
costo medio que significa el agua en todos y cada uno de sus usos. En
tercer lugar, la idea de una gestión integral del ciclo del agua, no una
actuación parcializada en dicha gestión. Cuarto, reformar la Ley de Aguas
para facilitar o forzar la participación de los ciudadanos tanto en la
gestión de los órganos de cuenca como en las propias organizaciones de
los sindicatos de regantes. Por último, se decía que en seis meses se
remitiría un informe a esta Cámara --si estamos hablando de octubre,
debería ser por el mes de abril-- para que se conociese cómo estaba la
elaboración del Plan Hidrológico Nacional. Lo cierto es que la propuesta
que se nos hace por parte del Grupo Parlamentario Socialista intenta
concretar diez actuaciones que deberían ser el cauce de desarrollo de
estos puntos y no están en contradicción con lo que fue el acuerdo
unánime de la Cámara. En todo caso buscan mayor concreción. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
¿Por qué estamos de acuerdo, aunque hemos presentado tres enmiendas al
punto 1? En dicho punto se dice que la reforma que se pueda hacer en la
Ley de Aguas sobre la economía de los recursos debe someterse a la
consideración del Consejo Nacional del Agua para que antes de ser
aplicada, como ya se ha empezado a hacer parcialmente desde la Ley de
presupuestos, conozcamos las líneas generales, cuál es el cauce que el
Gobierno quiere dar a la economía del agua, porque aquí se habla del
mercado del agua, de actuaciones, pero no sabemos cómo se van a
concretar. Se dice que se mantendrá el dominio público hidráulico y que
no se va a privatizar, pero veremos si las concesiones pueden funcionar
por un lado o por el otro.
¿Cuál es el objetivo de nuestras enmiendas? Primero, que no se separe la
economía del agua del plan hidrológico. Como decía la moción que se
aprobó aquí
en octubre, al mismo tiempo que se conocen las líneas generales de la
economía del agua, cómo vamos a pagar el agua, de qué manera se financian
los distintos efectos que tiene sobre el agua la actuación del propio
gasto general, nosotros creemos que deben de abordarse también las líneas
generales del plan hidrológico. Por eso, la primera enmienda intenta que
se logre un desarrollo simultáneo de la reforma de la Ley de Aguas con el
plan hidrológico, por lo menos con los elementos centrales. En el tiempo
no habría complicación, porque si se cumpliera lo que aprobamos en el mes
de octubre, el 11 de abril deberíamos estar ya discutiendo ese informe
del Gobierno. No habría problema para poder abordarlo.
La segunda enmienda es puntual porque da por sentadas las líneas básicas
de la reforma de la Ley de Aguas. Como hemos conocido muchos anuncios,
pero no los contenidos, decimos «la anunciada reforma» por el Gobierno,
en lugar de dar por hecho que la reforma está abordada.
Y la última enmienda que tenemos al punto primero va dirigida a cómo
deberían de ser los límites de la economía del agua. Damos, por así
decirlo, mayor contenido que el que nos propone el Grupo Parlamentario
Socialista. Creemos que se deberían de precisar los contenidos de la
economía del agua, ese mercado del agua que se puede derivar de esa
gestión de la economía del recurso hídrico limitando esta política a
precios diferenciales para la mejora de la eficiencia y el ahorro del
consumo a fin de evitar la transferencia de volúmenes o de recursos de
agua de un origen a otro. Estamos hablando de las prioridades que
podíamos marcar en la Ley de Aguas, de cuáles son los criterios generales
marcados con prioridad: abastecimiento, agricultura, industria y en
último lugar el ocio, y podíamos estar hablando de que quien puede pagar
puede ser una industria que no tiene nada que ver con la agricultura o
con el abastecimiento.
Estamos de acuerdo con la presentación, a la mayor brevedad, de los
planes pendientes. Aquí se citan unos; no sabemos si otros están
ultimados, pero deben de terminarse en los órganos de cuenca, en el
consejo del agua de la cuenca y también en el Consejo Nacional del Agua.
Deberíamos de tener todo el volumen de los planes en el menor breve plazo
de tiempo. Nos parece razonable la evaluación de impacto ambiental que
figura en el punto tercero. ¿Cómo se va a plantear una evaluación que
aquí aprobamos en su día del montante global del plan hidrológico y no
vamos a tener una evaluación de los efectos de cada uno de los planes de
cada cuenca? Si cada cuenca se plantea qué recursos necesita, cómo los va
a obtener y de qué manera va a hacerles frente, también tendría que
plantearse de qué manera se aborda la reutilización, de qué manera se
aborda la sobrexplotación de acuíferos subterráneos, de qué manera se
aborda la desalación; en suma, deberíamos de planteamos los efectos de
esa evaluación de impacto ambiental.
El bloque de enmiendas siguiente va dirigido al punto cuarto. Es verdad
que hoy la portavoz socialista ha pasado de este elemento en la
presentación. Aquí se planteaba que se deberían de iniciar los estudios
técnicos precisos para desarrollar el convenio --no sabemos mucho de
algunos de sus contenidos-- entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Generalitat de Valencia. Nosotros hemos presentado a ese punto dos
enmiendas, una de las cuales hace a que se urja desde el Ministerio de
Medio Ambiente la presentación del plan hidrológico de la cuenca del
Júcar. No podemos ir poniendo parches o llevando a cabo actuaciones
concretas que signifiquen dedicación de volúmenes que ahora mismo pueden
ser excedentarios o no en función de cómo discutamos. Creemos que eso
debe estar presentado previamente y concertado en el consejo del agua. La
concertación, la discusión plural puede hacerse en ese consejo del agua
de la cuenca del Júcar, junto con la discusión que pueda tener después en
un plan mayor cuando se hable del Plan Hidrológico Nacional. Hay
elementos de ese convenio que nos parecen positivos. No estamos en contra
de los contenidos, sino de la forma en que se ha podido traer. Por tanto,
creemos que los elementos de ese convenio, que significan mejora de la
eficiencia, ahorro o mejora de la calidad del recurso, podrían ponerse en
marcha. Por tanto, pedimos que, sobre todo, se concentre o se pueda
desarrollar lo que significa la mejora de la eficiencia de ahorro y de
calidad del agua.
El otro bloque de enmiendas va dirigido al punto 5, fundamentalmente a lo
que la portavoz del Grupo Socialista ha dicho de la filosofía que el
Gobierno tiene de ubicar 40.000 millones de pesetas, sin saber cómo se
van a destinar para ese apoyo o fomento de la inversión que se va a hacer
fuera de lo público. El Grupo Socialista plantea que haya una
financiación adicional de 20.000 millones de pesetas para el plan
nacional de depuración, que, por cierto, va retrasado, en algunas
comunidades más y en otras menos. Lo que intenta la propuesta es dar un
impulso para cumplir los objetivos que están previstos en la directiva de
calidad de aguas. No debemos decir si son 20.000 ó 25.000, sino que vamos
a cumplirlos. En todo caso lo que sí hay que decir es que se debe de
incrementar la política en este campo, porque tenemos paradas actuaciones
de saneamiento en todo el Estado y en todas las comunidades, y si hay
unos recursos que están guardados para el fomento de no sé qué,
pongámoslos a circular desde la acción pública.
Las otras dos enmiendas que planteamos van dirigidas al punto 7 y a los
puntos 8, 9 y 10. En el punto 7 se dice que se apruebe en el plazo máximo
de un mes un real decreto que establezca las condiciones sanitarias para
la reutilización de las aguas residuales. Aunque hay varias actuaciones,
varios decretos que ya están
funcionando, sería positivo tenerlo. Nosotros creemos que debería
precisarse que se va a respetar el carácter público de este recurso. ¿Por
qué decimos esto? Porque puede haber una reutilización de esa agua
depurada que vaya a un carácter distinto. Por eso queremos precisar que
ese real decreto debería mantener ese criterio del carácter público del
recurso agua. En todo caso, por si esta enmienda no se acepta, diré que
creemos que está suficientemente expuesto en el punto 7 de la moción del
Grupo Socialista.
En los puntos 8, 9 y 10 se habla de traer a la Cámara unos informes y se
da unos plazos. Se propone que venga al Pleno del Congreso, en el plazo
de dos meses, por un lado, un informe sobre las desaladoras que van a
recibir subvención en el año 1997. A nosotros nos gustaría saber cuáles
se van a autorizar, con qué criterio y cuáles se van a subvencionar. En
el tema de la desalación todavía estamos en un punto de partida que
nosotros creemos que es fundamentalmente complementario y que no puede
ser un instrumento para incrementar la oferta de agua que ahora mismo
tenemos. La desalación puede significar, sobre todo en el Mediterráneo,
donde tenemos deficiencias, un mayor volumen de agua para regadío, para
abastecimiento, y ser un criterio de ordenación, de planificación del
recurso agua para cubrir las necesidades que cada cuenca tenga. Nosotros
creemos que la desalación debe ser una actuación totalmente
complementaria, puntual, no una oferta para actuar sobre el volumen de
agua que ahora mismo tenemos. Por otro lado, proponemos que se precise
también cuál es el régimen económico y financiero de la desalación, cuál
es el volumen de agua que se va a producir y cómo se va a incorporar al
dominio público hidráulico. ¿Por qué decimos esto? Si la teoría es que el
mar está ahí y que venga una empresa, desale y administre ese agua,
estaríamos aplicando que el agua va a dirigirse donde se quiera, en
función de lo que se quiera y con el precio que sea. ¿Quién va a
financiar esa desalación, cómo se va administar y de qué manera va a
llegar el recurso en condiciones equitativas, ya sea para abastecimiento
o para regadío?
También se pide --y nosotros estamos de acuerdo-- que en el plazo de dos
meses venga un informe sobre la situación actual en cuanto a la calidad y
nivel de los acuíferos de nuestro país, alguno de los cuales tenemos en
un proceso de salinidad altísimo, en algunas zonas por sobrexplotación.
Asimismo, se pide que se informe sobre el funcionamiento actual de los
sistemas SAIH y SAICA.
Los grupos hemos presentado diferentes enmiendas. El grupo proponente
también ha presentado una enmienda a su punto cuarto dando una redacción
diferente o estableciendo un planteamiento distinto. El Grupo Popular ha
hecho algunas precisiones que pueden ser positivas. Se nos ha hecho
llegar por el grupo que ha presentado la moción una transaccional.
Nosotros estaríamos de acuerdo con los términos de esa transaccional si
eso significara la unanimidad de la Cámara, aun sabiendo que en alguna
redacción no se llegará a plasmar todo lo que nosotros planteamos, ni
siquiera, en algunos elementos, a los temas fundamentales, pero es más
importante que un debate del agua aquí culmine con un elemento positivo
que de confrontación. Ahora bien, si por conseguir la transacción se le
quitan los elementos fundamentales, va a ser difícil. En función de las
enmiendas que acepte la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y de
lo que los otros grupos puedan proponer, veremos cual será nuestro
posicionamiento. En cualquier caso, nuestras propuestas están concretadas
en las enmiendas que creemos pueden mejorar un compromiso de la Cámara
que marque la acción del Gobierno, que bastante falta le hace.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ríos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista trae de nuevo a la Cámara un debate sobre la
política hidráulica, asunto siempre interesante, esta vez con una moción
consecuencia de la interpelación debatida en el Pleno pasado. Este
frenesí socialista (Rumores.) por debatir y, consecuentemente, llegar a
conclusiones sobre la política del agua contrasta, y ésta es mi primera
consideración, con los hechos llevados a cabo en la materia por el
Gobierno socialista durante sus trece largos años de ejercicio, en los
que se evidencia una desorientación considerable y una falta de respuesta
absoluta a los problemas hidráulicos del país. Bien está, y hay que
aplaudirlo, este remordimiento público, estas enmiendas a errores en
actividades pasadas, pero no deben silenciarse las curiosas
circunstancias de la hipersensibilización hidráulica socialista,
precisamente cuando el socialismo está en la oposición. (Rumores.)
Confieso, señorías, que la primera intención del Grupo Parlamentario
Popular fue negarnos al juego, manifestarnos en contra ante un texto que
nada aportaba. Sin embargo, en aras de un entendimiento positivo de los
problemas del agua, en el que todos debemos de alinearnos, hemos extraído
aquellos puntos en los que se podía alcanzar un beneficio cierto para la
realidad hidráulica. De ahí la propuesta de enmienda que hemos
presentado, que enriquece, naturalmente transformándolos, el sentido y la
forma de la moción socialista, entre otras cosas porque el texto
propuesto de la moción que hoy debatimos era, en algunos puntos, de
imposible cumplimiento, en otros, reiterativo, con decisiones ya tomadas
en esta Cámara, y, en otros, solicitaba
simplemente el cumplimiento de determinados puntos de la Ley de Aguas.
Permítanme SS. SS. como reflexión inicial un comentario relativo a las
afirmaciones fundamentales de la propia motivación que encabeza la moción
socialista y que trata de ser, o así podría entenderse, en sólo ocho
prepotentes líneas, una descalificación global, con el error a que lleva
toda exención de matices, de la política de agua del Gobierno. Las
afirmaciones de esta justificadora motivación se pueden rebatir desde el
realismo y la objetividad. Veamos.
Punto primero, ustedes afirman que el Gobierno tiene nula capacidad de
debate. Pues bien, señorías, la gestión del Ministerio de Medio Ambiente,
y más concretamente en materia de aguas, se caracteriza por la apertura y
acogida de sugerencias de todos los sectores implicados para conseguir el
mayor consenso posible. La próxima presentación del Libro Blanco del agua
en España permitirá iniciar un debate con todos los sectores sociales y
económicos sobre una base objetiva.
Punto segundo, ustedes denuncian una ausencia total de voluntad de
priorizar los aspectos ambientales, cuando precisamente es al contrario.
La decisión del actual Gobierno de incluir la política de aguas en el
Ministerio de Medio Ambiente está llevando a un replanteamiento de los
criterios tradicionales de la planificación hidrológica. Las actuaciones
que se deriven de esa nueva planificación deben incluir como aspecto
fundamental la atención a la cantidad y calidad de los recursos hídricos
y a su interacción con el medio ambiente.
Punto tercero, se da por hecho una evidente tendencia a reducir el
carácter público del recurso hídrico, y esa acusación se reitera una y
otra vez por parte del Grupo Socialista en un afán de confundir a la
opinión pública. Debo dejar claro una vez más que el Ministerio de Medio
Ambiente considera cuestión de principios la salvaguarda y mejora de la
gestión del dominio público hidráulico y que en absoluto se pretende
privatizar un bien público como el agua; otra cosa es que se estudien
fórmulas que incentiven la cofinanciación de las obras hidráulicas con
inversión privada y que se flexibilice el régimen de derechos
concesionales para una mejor asignación del uso de las aguas.
Punto cuarto y finalmente, se asevera que el Grupo Parlamentario
Socialista considera que el establecimiento de convenios puntuales entre
el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas debe
supeditarse a la necesaria prelación de la planificación hidrológica de
cuenca sobre cualquier compromiso de carácter puntual. Esta última
consideración, señorías, en todo caso, no es exclusiva del Grupo
Parlamentario Socialista. De hecho, el planteamiento de convenios de este
tipo por parte del ministerio se hace desde el más exquisito respeto a
los instrumentos de planificación hidrológica. Como comprenderán,
señorías, partiendo de esta utilización subjetiva --por no decir
partidista-- de la realidad, se origina un desenfoque general grave.
A continuación, voy a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado para la posterior expresión de su voto, indicando
los aspectos de las mismas que concretan y, en su caso, enriquecen la
propia solicitud de la moción socialista. En el primer punto de nuestra
enmienda aclaramos que lo que debe someterse a la consideración del
Consejo Nacional del Agua es el proyecto de ley de reforma de la Ley de
Aguas, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.1.c de la citada ley, no
las líneas básicas de la reforma, como proponía el Grupo Parlamentario
Socialista.
El segundo punto de nuestra enmienda es un compendio de los puntos 2 y 3
de la moción, de los que se elimina la previa evaluación ambiental de los
planes hidrológicos de cuenca, no porque creamos que no es necesaria,
sino porque seis de esos planes de cuenca ya han sido aprobados por los
órganos correspondientes y remitidos, para su informe, al Consejo
Nacional del Agua. Esa evaluación ambiental previa debía haberla hecho
usted, señora Narbona, cuando era Secretaria de Estado de Medio Ambiente.
No nos pida ahora que hagamos lo que usted no hizo a su debido tiempo.
(Rumores.)
En el punto tercero de nuestra enmienda introducimos esa evaluación
ambiental previa, pero en el Plan Hidrológico Nacional que debe
aprobarse.
El punto cuarto reproduce casi literalmente lo que era el punto 4 de su
moción; moción que su grupo presentó y que, por su trascendencia
política, leo textualmente: «Iniciar, con carácter inmediato, los
estudios técnicos precisos para que pueda desarrollarse el convenio
firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat de
Valencia el pasado día 14 de enero», con pleno sometimiento al
correspondiente plan hidrológico del Júcar que apruebe el Gobierno. A la
vista de este punto de su moción, parecía que la presión ejercida por los
socialistas valencianos había dado sus frutos y habían llegado ustedes a
una solución de compromiso, retirando la proposición no de ley que
presentaron el 12 de febrero, en la que solicitaban dejar en suspenso la
aplicación del convenio citado. Sin embargo, su autoenmienda a este punto
nos lleva de nuevo al mismo lugar inicial y deja en evidencia no
solamente los enfrentamientos que hay en su partido entre las distintas
comunidades autónomas, sino también que ustedes, señores socialistas,
carecen de una política hidráulica definida, aunque hoy nos traigan aquí
esa moción. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien! -- Rumores.)
En nuestra enmienda desaparecen los puntos 5 y 6 de la moción, en los que
se solicita destinar recursos del Ministerio de Medio Ambiente para
garantizar una financiación adicional mínima de 20.000 millones y de
1.000 millones de pesetas, para el plan nacional de depuración
y actuaciones en los cauces de los ríos. Desaparecen porque la
consignación presupuestaria del ministerio para los conceptos que se
solicitan debe ajustarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
1997 y la asignación de la financiación extrapresupuestaria --de la que
usted y yo hablábamos anteriormente-- no está definida todavía. La
definición la efectuará el Gobierno, pero le anticipo, señora Narbona,
que de esta financiación extrapresupuestaria habrá una cantidad para el
plan nacional de depuración: la que fije el Gobierno, señora Narbona, no
la que ustedes fijen. (Rumores.)
El punto quinto de la enmienda, al punto 7 de la moción, varía únicamente
el plazo, de un mes a dos meses, para aprobar el real decreto que
establezca las condiciones sanitarias para la reutilización de las aguas
residuales.
Finalmente, el punto sexto de nuestra enmienda recoge aspectos contenidos
en los puntos 8, 9 y 10 de la moción y propone que la información sobre
nuevos proyectos de desalación, sobre la ejecución del programa de
implantación y mantenimiento de las redes de control de las unidades
hidrogeológicas y sobre el funcionamiento de los sistemas de medida de la
calidad de las aguas superficiales se efectúe semestralmente y sea la
Comisión de Medio Ambiente la destinataria de esta información, no el
Pleno del Congreso, como usted solicitaba. Resulta imposible cumplir el
punto 9 de su moción, señorías, dado que solicitan un informe respecto a
la calidad, señora Narbona --según expone textualmente en su moción--, de
todos los acuíferos del territorio nacional, debido --y usted seguro que
lo sabe--, a la inexistencia de una red oficial de control de aguas
subterráneas que permita conocer la situación de la calidad de las aguas
en todos los acuíferos.
Señor Presidente, señorías, creo, al menos eso he tratado, que ha quedado
claro que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular enriquece y aporta
coherencia y realismo al primitivo texto de la moción.
En cuanto a la política hidráulica y sobre todo a sus repercusiones
territoriales, como se ha visto en el caso del convenio de Valencia, los
socialistas aprovechan de manera sistemática para achacar al actual
Gobierno las propias tensiones que en el sector originaron con su
ineficacia, las luchas territoriales que crearon con su frivolidad y los
profundos errores de su gestión que se traducen en situaciones de
insuficiencia en materia de cantidad y calidad de aguas.
Si el repentino y pertinaz interés socialista por la política de aguas
supone una sincera asunción de los errores pasados, bienvenido sea este
interés; si se tratase sólo de utilización partidista de una política
fundamental como es la del agua, quede constancia de nuestra denuncia por
lo que sería una grave irresponsabilidad.
Señorías socialistas, en las políticas de interés general como la del
agua, la utilización como armas arrojadizas debe quedar desterrada.
Espero, señora Narbona, que apoye los puntos de nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, como estamos al
inicio del año, nos encontramos en el primero de los dos o tres grandes
debates que sobre el tema del agua se suscitan afortunadamente en esta
Cámara. Creo que es un momento importante respecto a lo que ha ocurrido
desde los meses de septiembre/octubre, cuando se consiguió un consenso.
Yo achaqué y recriminé a la propia Ministra cierta improvisación, y, como
rectificar es de sabios, tengo que reconocerle que en los últimos meses
se está avanzado, y, a pesar de que aún hay algunas dosis de
improvisación, son menos que en el mes de septiembre.
Como ciudadano de la Comunidad Valenciana, tengo que reconocerle que se
ha avanzado en positivo, y creo que en una comunidad como la valenciana
donde desgraciadamente siguen sufriéndose los efectos de la sequía, muy
por encima de otras comunidades que ya los han superado, la Comunidad
Valenciana ha estado en una polémica últimamente por unas decisiones muy
afortunadas de su departamento, consecuencias del famoso convenio firmado
el 14 de enero.
Repito, en octubre se dieron unos pasos muy importantes en aquellos
debates, firmándose unos acuerdos plasmados en un consenso, y en octubre
ha habido unos adelantos que destacan los sectores agrícolas valencianos
afectados, respecto a ese convenio que se firmó en enero.
Por parte del Grupo Socialista se ha presentado una moción, que en
algunos extremos es mejorada sustancialmente por la enmienda presentada
brillantemente por la Portavoz del Grupo Popular, que creo va en la línea
de ese consenso básico que se firmó en octubre de 1996 (Rumores.) y
pienso que se ha mejorado sustancialmente la moción del Grupo Socialista.
Coincidiendo en los grandes temas, que son asignaturas pendientes en el
tema del agua, de depuración de aguas residuales, de reutilización, de
uso racional, de desalación, de aprobación del Plan Hidrológico Nacional
y de los planes de cuenca, que a todos los grupos nos preocupan, me voy a
detener en el punto 4 de la moción del Grupo Socialista del día 20 de
febrero, que es distinto al punto 4 del 25 de febrero, y que motivó en la
Comunidad Valenciana un amplio revuelo. Hubo desmentidos, hubo muchas
llamadas de teléfono respecto a qué podía ocurrir con esa moción del
Grupo Socialista.
Tengo que decir que, a lo mejor, esto no es más que una falta de
conocimiento de lo que se recogía en el
propio convenio firmado el día 14 de enero, porque lo único que pretende
ese convenio es que, mientras llega el Plan Hidrológico Nacional y el
plan de la Cuenca del Júcar, en algunas cuestiones, que casi con
seguridad no entran en contradicción con lo que se va a contener en esos
dos documentos, se vayan sentando las bases para que, con planificación,
se pongan en marcha unas obras de infraestructura que durante muchos años
no se han considerado oportunas en la Comunidad Valenciana y que ahora
parece que, por lo menos, hay voluntad política.
Otra cuestión, señora Tocino, es saber de dónde van a salir esos 68.000
millones. La preocupación está ahí. Es una preocupación que tienen los
sectores implicados y así lo han manifestado. El convenio puede ser
positivo, pero hay cierta dudas, de aquí al 2002, de dónde van a salir
los 68.000 millones y en particular los más de 45.000 que aportará el
Gobierno central en estas obras que son muy importantes y que van en la
línea acertada de racionalizar el uso, desalar, depuraciones, etcétera.
Para la Comunidad Valenciana, que sigue teniendo un grave déficit
hidráulico, estas son piedras y cimientos que en los próximos años pueden
evitar situaciones como las que estamos viendo hoy en día en la vega baja
del Segura, o en algunas comarcas de Valencia o de Castellón, y pueden
desaparecer los graves problemas de agua de manera definitiva.
Digo desconocimiento por parte del grupo que presenta la moción en ese
punto 4 original y el punto 4 posterior, porque en ese convenio, si mi
información no está equivocada, se pretende la ampliación de depuradoras,
reforma y mejora de los regadíos históricos, reutilización del agua
depurada, conducciones de abastecimiento y su mejora, modernización de
los regadíos tradicionales, y ahí está la modernización de los regadíos
de la plana, de Castellón; la reutilización de aguas en Castellón; los
abastecimientos de la plana baja; modernización de riegos del Camp del
Turia; la Presa de Villamarchant, la presa de Baneres; la modernización
de la acequia real del Júcar; reutilización de aguas en el área
metropolitana de Valencia, la ampliación de la depuradora de Pinedo, el
abastecimiento de la comarca de La Ribera, la interconexión
Júcar-Vinalopó, el abastecimiento de emergencia de l'alacanti y la Marina
Baja, así como los problemas de abastecimiento en las comarcas del sur de
la Comunidad Valenciana. Estuve la semana pasada en la comarca de la vega
baja valenciana en Catral, Dolores, Almoradí y otros municipios donde no
llega agua de ese trasvase del Tajo-Segura. Yo le pregunto, ¿cuál de
estas obras que se contemplan en este miniconvenio, firmado entre el
Gobierno Central y la Comunidad Valenciana, puede ir en contra del
espíritu que estoy seguro va a amparar al plan hidrológico y al plan de
la Cuenca del Júcar? Ninguno. Por tanto, no hay ningún obstáculo para que
estas obras fundamentales para la agricultura valenciana, fundamentales
para garantizar el consumo humano en la Comunidad Valenciana se pongan en
marcha sin esperar a que se apruebe el Plan Hidrológico Nacional y el
plan hidrológico de la Cuenca del Júcar.
Creo que ha habido una desinformación por parte del Grupo Socialista en
este tema. Nada de lo que se contempla en el espíritu, en la letra y en
los objetivos de este convenio, choca con los informes que obran en el
actual Ministerio de Fomento, antiguo Ministerio de Obras Públicas, desde
hace más de 15 años, que es el mal endémico por la sequía que sufre la
Comunidad Valenciana, y el déficit de infraestructuras hidráulicas que
sufre también la Comunidad Valenciana, que el Partido Socialista en diez
años no han resuelto. Veremos de dónde salen estos 68.000 millones, pero
ustedes en 10 años nada han hecho, excepto en el plan de avenidas del
Júcar, la Presa de Tous, Escalona y Bellús, que algo es algo, pero para
garantizar y corregir el déficit hídrico no han hecho todo lo que ustedes
dicen que ahora se debe hacer en seis meses. Por tanto, no rompo lanza a
favor del Partido Popular, ni critico a unos o a otros (Risas.);
simplemente se ha observado --y así lo manifiesta Unión Valenciana-- un
cambio de actitud por parte del Gobierno central, y lo agradecemos. Así
lo han reconocido los agricultores y así lo reconoce la Consejería de
Medio Ambiente, aunque tenemos dudas de dónde va a salir la financiación.
No cambiamos nuestro discurso. La Comunidad Valenciana tiene un déficit
hídrico aproximado de 1.800 hectómetros cúbicos anuales. Con todas las
políticas de depuración, de desalación, con la puesta en marcha de este
convenio, no se cubren los déficit que hay, y vamos a tener que ir a
parar a los traídos trasvases de agua, que en la Comunidad Valenciana son
la única solución para superar todos los problemas de carencia de agua
que tenemos en estos momentos en las comarcas del Sur de Alicante, en las
comarcas de Castellón, y en algunos núcleos de la provincia de Valencia.
Por tanto --y éste es un mensaje a los dos grandes partidos que hoy están
discutiendo--, la discusión es importante en este tema, el debate es
importante, pero el Plan Hidrológico Nacional si llega en seis meses
mejor que en un año, porque las comunidades de Valencia y Murcia lo
necesitan; es cuestión de supervivencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), voy a
empezar haciendo referencia a la interpelación del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuyo portavoz,
señor Ríos, defendió entonces e interviene también en esta ocasión.
Entonces --era el 25 de septiembre pasado-- yo decía: el señor Ríos ha
empezado su intervención hablándonos de serenidad, de un debate sosegado.
Desde la serenidad deberían llevarse todos los debates, reflexiones y
discusiones sobre el agua. Decía también que para nuestro grupo el agua
no debe ser motivo de enfrentamiento ideológico.
Seguía después diciendo que en estos momentos estamos en la línea de
celebrar un debate sosegado, como hacíamos cuando el señor Borrell era
Ministro, y que los plazos nos preocupan mucho, pero vamos a dejar
trabajar --y eso para mí en este momento vuelve a ser importante--;
creemos que el ministerio tiene que trabajar. Esto lo decíamos el 25 de
septiembre y se nos hablaba, por parte de la señora Ministra, de que a
primeros de enero de 1997 tendríamos un libro blanco.
Nosotros nos damos cuenta --decíamos entonces-- de que el tiempo pasa muy
deprisa, tan deprisa que en la moción que entonces se presentó y que tuvo
enmiendas del Partido Popular, posteriormente del Partido Socialista
aunque fuera de plazo, porque admitimos todo (digo esto para dar
referencias concretas de que sabemos qué terreno estamos pisando) y que
se aprobó con total unanimidad (asistentes, 306; votos a favor, 306), se
decía ya en cinco puntos que en el plazo más breve posible se debía
remitir a la Cámara el Plan Hidrológico; se hablaba de que en esta
legislatura estuviese aprobado, no en seis meses; se hablaba también de
proceder a la revisión del Título VI de la Ley de Aguas; se hablaba de
protección ambiental del dominio público hidráulico; en su tercer punto
se hablaba de mejora de calidad, de depuración, de reutilización y ahorro
del recurso, del Plan nacional de saneamiento y depuración; en el cuarto
punto se hablaba de la participación de usuarios en el seno de los
organismos de cuenca, entre otras cosas; y en el quinto punto se decía
que se tenía que remitir semestralmente al Congreso de los Diputados un
informe dando cuenta del estado de elaboración del Plan Hidrológico
Nacional, del desarrollo de la Ley de Aguas, de las medidas adoptadas por
el Gobierno en materia de gestión hidráulica y las que se elaboran en el
Consejo Nacional del Agua.
Este fue el texto aprobado por unanimidad. Ahora estamos en una segunda
interpelación que no quisiéramos fuese un debate interesado de antes ni
de ahora. Seguimos estando donde estábamos, es decir, en un debate
sosegado y creemos que tenemos que seguir así. Como estamos en plazo,
plazo que debería finalizar el 8 o el 10 de abril, pero estando Semana
Santa por medio será a finales de abril, pensamos que el ministerio, a
través de alguna iniciativa parlamentaria, que podría ser una
comparecencia en comisión, tendría que venir a explicar un montón de
cosas que genéricamente están relacionadas en la moción del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña que se aprobó el 8 de octubre.
Por tanto, lo que aprobamos en aquella moción para nosotros es válido, y
lo que hoy se nos ha presentado, en todo caso es un tema ampliatorio de
todo aquello.
Se han hecho una serie de preguntas basadas en cinco puntos básicos que
hablaban de prioridades ambientales en política de agua, de la reducción
del presupuesto de 1997 en la inversión pública de obras hidráulicas; se
hablaba de la no aprobación por parte del Gobierno de planes de cuenca,
de que no había suficientes cauces de diálogo y, finalmente, de reformas
de la legislación vigente en un anuncio genérico de que se va a hacer
esta revisión.
Después, la señora Narbona hacía una serie de preguntas muy concretas
que, por cierto, ninguna obtuvo la respuesta que se pedía por parte de la
señora Ministra, cosa posiblemente lógica puesto que se pedían números
muy concretos que en aquel momento no se tenían en la Cámara. En todo
caso, quiero recalcar que para nosotros lo que se pedía en la
interpelación y lo que se pide hoy en la moción (moción que ha recibido
muchas enmiendas, incluso una autoenmienda del Grupo Socialista, en el
punto 4), no es más, señora Ministra, ya que está usted presente, que un
índice de todo lo que nosotros esperamos que su ministerio incluya en la
documentación que acompañe al informe semestral a que está comprometida
por la instancia que ha hecho esta Cámara al Ministerio del Medio
Ambiente.
Dentro de unos meses veremos cómo está la temática del agua. Esperemos
que también podamos tener un debate sosegado como el de estos días y
nuestra posición queda pendiente de si hay o no aceptación de enmiendas.
Nosotros tenemos muy claro en este momento que no vamos a votar
favorablemente porque creemos que estamos en plazo y no queremos
alejarnos de lo que aprobamos aquel día. Dentro de dos meses veremos cuál
es la situación. Entonces será el momento difícil. La iniciativa
parlamentaria que venga nos va a comprometer a unos y a otros. Esperemos
que a finales de abril, de la forma que sea, nos llegue el informe, que
ese informe tenga bagaje suficiente en respuesta a toda una serie de
preguntas y de situaciones que sobre el tema del agua se deben tener.
Esperamos que así sea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
Señora Narbona, tiene S. S. la palabra. (La señora Ministra de Medio
Ambiente, Tocino Biscarolasaga, pide la palabra.)
Perdón, señora Narbona. Ha pedido la palabra la señora Ministra de Medio
Ambiente. ¿Quiere utilizarla en este momento, señora Ministra?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Presidente, antes de pasar a la votación quería agradecer a todos los
grupos la actitud colaboracionista que han manifestado (Rumores.) y pedir
a la señora Narbona que reconsidere un poco su postura en la medida que,
efectivamente, como se ha comentado, los plazos se están cumpliendo,
pero, sobre todo, quiero aclararle brevísimamente, respecto a las
alusiones que me ha hecho. En primer lugar lo dije el otro día que
parecía tenía algunos amigos, por no llamarles topos, en el ministerio y
le dije que la estaban intoxicando. Hoy esgrime el mismo argumento e
insiste en que es un anteproyecto. Yo le vuelvo a repetir que no existe
semejante anteproyecto, señora Narbona, existen unos criterios que se
entregaron a los presidentes de confederaciones hidrográficas para que
empezaran a hablar de la remodelación que hay que plantear en toda la
política del agua, y, en cambio, cuando sí hay un plan de infraestructura
hidráulica que contesta a todas las pretensiones que tenía S. S. la
semana pasada de cuántas depuradoras, en qué plazo y de qué forma,
curiosamente, cuando hay un texto serio parece que sus amigos, esos topos
que hay en el ministerio porque no hemos ido a la caza de brujas...
(Rumores y protestas.) No hemos ido a la caza de brujas, señora Narbona,
curiosamente... (Continúan los rumores y las protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio!,
señorías.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga):
Curiosamente, nos encontramos con que esos papeles que, de verdad, la
podían interesar no se los hacen llegar.
Por último, decirle, señora Narbona, que es muy triste que usted juegue
en el medio ambiente con un principio tan importante como el de que quien
contamina cobra, cuando alude a qué tipo de cobro, qué es lo de cobrar y
si es físicamente. Yo no sé si asiste a
S. S. el miedo de que a lo mejor algunos (y por eso la señora Narbona no
ha hecho en absoluto alusión en este debate, en la tarde de hoy, a un
punto muy importante de su moción) van a querer que cobren realmente,
porque la actitud que han tenido muchos socialistas castellano-manchegos
y yo estoy pendiente ahora de cuál va a ser el voto si hay algún
castellano-manchego socialista en esta Cámara (Rumores.), ha llevado a
cambiar la moción... (Fuertes y prolongados rumores.); ha llevado,
señorías, a cambiar la moción esta mañana. Algunos tendrán que mirarse a
los ojos y mirarse a la cara evidentemente... (Fuertes rumores.), porque,
desde luego, no es de recibo; no es de recibo, señorías, hacer un mailing
inundando con panfletos realmente subversivos contra la Ministra de Medio
Ambiente... (Aplausos.--Protestas.)
Señorías, están a disposición de todos ustedes, y los que no hayan tenido
el honor de recibirlos por no ser castellano-manchegos --yo lo he
recibido como Diputada por Toledo--, con mucho gusto se los puedo hacer
llegar para que vean ustedes cómo habrá muchos castellano-manchegos que
querrán que se cobre en el sentido que decía la señora Narbona. Algunos
responsables al máximo nivel en Castilla-La Mancha, habiendo denunciado,
como han denunciado, a la Ministra de Medio Ambiente porque no se
criticaba más que a Isabel Tocino, como se puede ver en esos panfletos,
pagados con dinero del propio Gobierno de Castilla-La Mancha... (Fuertes
y prolongados rumores y protestas.-- Aplausos.) Hoy, señor Presidente, y
esto es lo que importa, hoy es lo que importa, señor Presidente, el
propio Consejero de Castilla-La Mancha reconoce en la prensa de hoy,
señorías, que una vez estudiado el convenio hidráulico --ya no habla de
trasvase porque no hay trasvase; hoy habla de convenio hidráulico--, en
ese convenio hidráulico firmado con Valencia coincidamos en lo que puede
ser favorable al final. Señorías, ésta es la forma, el rigor, y la
coherencia con que han estado gobernando los catorce años desde el
Ministerio... (Fuertes y prolongadas protestas.) En este momento...
(Continúan las protestas.) en este momento...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio!,
señorías.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): En este
momento, señorías, malgastando el dinero de los contribuyentes
castellano-manchegos insultan a la Ministra diciendo que presente la
dimisión. (Fuertes rumores y protestas.) La señora Narbona no puede decir
hoy que cuando han estudiado el convenio, que es lo que tenían que haber
hecho, porque efectivamente la máxima autoridad en materia hidráulica en
Castilla-La Mancha reconoce que la señora Ministra tenía razón, y si
ellos ahora están de acuerdo es que, efectivamente, lo que desde un
principio se ha hecho en este convenio es traer 100 hectómetros cúbicos a
Castilla-La Mancha que ningún Gobierno socialista a nivel nacional ni a
nivel de Castilla-La Mancha trajo nunca para los castellano-manchegos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Fuertes y prolongadas protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Señora Narbona, va a utilizar un doble turno que rogaría diferenciase
netamente en su intervención. Le rogaría que comenzase por expresar la
aceptación o denegación de las enmiendas presentadas tanto por el Grupo
de Izquierda Unida como por el Grupo Popular y a continuación le
concederé un turno de intervención, si S. S. así lo solicita, en
contestación al turno abierto por la señora Ministra de Medio Ambiente,
pero
le ruego que empiece claramente, sobre todo a efectos de la votación
posterior y de los servicios de la Cámara, expresando la aceptación o
denegación de las enmiendas. Señora Narbona, haga su intervención en el
menor tiempo posible, que no le voy a contabilizar.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la coincidencia prácticamente
total con el contenido de nuestra interpelación y de los puntos de
nuestra moción. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene un texto que le hemos entregado donde recogemos la
práctica totalidad de las observaciones que nos ha hecho. Este texto
puede considerarlo o no suficiente pero, insisto, agradezco las
precisiones que se nos ha hecho en su intervención el Diputado señor
Ríos.
Quiero también agradecer al representante de Convergència y Unió que
aunque no vaya a votar a favor de la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista haya recordado en esta Cámara que el debate que
ha de tener lugar de aquí a dos meses, de acuerdo con la moción que se
aprobó por unanimidad en el mes de octubre, debe ser un debate con
contenidos concretos, donde la Ministra de Medio Ambiente deberá...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona,
perdóneme.
El Grupo de Convergència i Unió no ha presentado enmiendas. Rogaría que
en este momento simplemente expresase la aceptación o no de las enmiendas
presentadas.
La señora NARBONA RUIZ: Agradezco simplemente la intervención del
portavoz de Convergència i Unió.
Por lo que se refiere a la intervención de la portavoz del Partido
Popular, dice que las enmiendas que presenta su grupo respecto de nuestra
moción enriquecen el debate, yo diría que lo empobrecen y además incluso
se puede contabilizar en cuánto, porque dos puntos de la moción que no
han sido aceptados por el Grupo Popular se refieren a en qué se va a
emplear el dinero del Capítulo 8 de los presupuestos del Ministerio de
Medio Ambiente y la señora portavoz lo ha dicho muy claro para el que lo
quiera entender: el dinero de ese Capítulo 8 se lo gastará el Gobierno
como le parezca y no como diga esta Cámara. Eso será si esta Cámara no
vota mayoritariamente a favor de un empleo determinado del dinero para
que su utilización no solamente no sea extrapresupuestaria, sino que no
queremos que sea, y lo dijimos ya en su momento, extraparlamentaria.
Queremos saber en qué se gasta el dinero el Ministerio de Medio Ambiente;
queremos saberlo, sí señor, y sobre todo queremos que se emplee...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, por
favor, limítese en este momento a la aceptación o denegación de las
enmiendas; entiendo que las del Grupo Parlamentario Popular. (Continúan
los rumores.)
La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, estoy hablando de cómo se han
presentado enmiendas por parte de los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, tiene que
expresar en este momento, se lo reitero, la aceptación o no.
La señora NARBONA RUIZ: No puedo aceptarlas porque empobrecen la moción,
eliminan una cuestión fundamental, que es la prioridad para la depuración
de las aguas residuales, que no quiere aceptar el Partido Popular, a
través de un cauce que tiene en sus manos que es la utilización del
Capítulo 8. No quiere aceptar la mejora del medio hídrico y tiene en sus
manos el instrumento y no quiere aceptar la evaluación ambiental de los
planes de cuenca, que fue una decisión adoptada por el Consejo Nacional
del Agua en el año 1994 (Rumores.); repito, adoptada por el Consejo
Nacional del Agua para los planes de cuenca. Por tanto, en la medida en
que no podemos coincidir con cuestiones que son básicas, no aceptamos las
enmiendas que nos propone el Grupo Parlamentario Popular.
Y ahora voy a pasar a contestar a la señora Ministra...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señora Narbona.
Señora Narbona, ha tenido usted tiempo para contestar a la señora
Ministra.
La señora NARBONA RUIZ. No, no he tenido tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Me deja concluir?
La señora NARBONA RUIZ: Sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Doy por sentado que la enmienda presentada al punto 4 por el Grupo
Parlamentario Socialista es incluida en la moción.
La señora NARBONA RUIZ: Si me deja terminar, la enmienda que ha
presentado... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
Simplemente le ruego que me aclare ese punto que S. S., que iba a
comenzar a responder a la Ministra, no había aclarado. Se considera
incluido, ¿no es así?
La señora NARBONA RUIZ: Por supuesto, se considera incluido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Bien. Pues ahora S.
S. tiene la palabra durante cinco minutos para contestar a la señora
Ministra.
La señora NARBONA RUIZ: Qué lástima que con el problema de la
convergencia con Maastricht no pueda usted firmar convenios en toda
España de los que hacen felices a los grupos nacionalistas, porque está
claro que al partido valenciano le ha venido muy bien el compromiso de
45.000 millones de pesetas; y si usted multiplica eso por seis, que es
más o menos la proporción de la Comunidad Valenciana con el resto del
territorio, tendría usted que estar comprometiendo, para hacer felices a
todos los territorios, 270.000 millones de pesetas en estos momentos.
(Rumores.) Está claro que ha preferido hacerlo sólo con Valencia. Y el
problema, se lo dije el otro día, no es Castilla-La Mancha, el problema
es Almería, el problema es Murcia, el problema es Aragón, el problema es
toda España, donde usted está utilizando un sistema sesgado, donde
después de decir la portavoz que respeta escrupulosamente la prelación de
la planificación hidrológica, no lo ha respetado en el caso de Valencia.
Lo que dije en mi intervención lo digo aquí: nosotros no cuestionamos el
contenido de ese convenio, lo que cuestionamos --y lo hemos puesto de
forma más nítida en la enmienda que el propio grupo ha hecho a la primera
redacción-- es que primero firmen ustedes convenios y después hagan
ustedes los planes de cuenca. Dígame si eso le parece bien o mal; si le
parece, efectivamente, que primero hay que ir firmando convenios y
entonces dígame por qué no ha firmado ningún convenio con las provincias
de la cuenca del sur, por ejemplo, con las provincias afectadas por los
mayores problemas de agua de toda España. ¿Por qué no ha firmado con
ellos? ¿Por qué ha firmado con Valencia? ¿Es que no había planes de
cuenca, incluso aprobados, en otras partes del territorio?
Señora Ministra, usted ha cometido un error político garrafal,
¡garrafal!; garrafal para el Partido Popular en toda España. Usted ha
puesto a su partido en una situación delicadísima y para arreglarlo,
señora Ministra, tendría que abrir la caja de los caudales y sacar dinero
en proporción para todos los territorios de España, porque si no
explíqueme cómo lo va a arreglar. Ahora bien, si ahora resulta que ya no
hay problemas de déficit público, dígamelo. (Rumores.) Porque el déficit
público, es verdad, no deberíamos incrementarlo a base de publicidad
pagada en los periódicos como la que ustedes hicieron para decirles a los
andaluces en Andalucía: Miren ustedes el dinero que se van a perder si no
aceptan el nuevo sistema de financiación autonómica. ¿O es que ustedes no
pagaron los anuncios? (Aplausos.) ¿Con qué dinero, señora Ministra? ¿Con
qué dinero pagaron los anuncios para decir a los andaluces que se perdían
470.000 millones de pesetas? Señora Ministra, si utilizamos la prensa
para esas cosas, no me saque usted esa cuestión, porque el problema no es
Castilla-La Mancha, señora Ministra, el problema es todo el territorio
nacional, donde usted no ha sido capaz de tomar decisiones.
A usted le molestará mucho que yo tenga el texto del borrador del
anteproyecto de la reforma de la Ley de Aguas, pero aquí está con sus 26
páginas, llenas de artículos y disposiciones transitorias y finales. Si
usted me dice que no es verdad, puedo empezar a leer artículo por
artículo y luego me dirá usted si eso no es verdad. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡No, no! -- Varios señores Diputados del
Grupo Socialista: ¡Sí, sí!) No mienta usted en esta Cámara, señora
Ministra, hay un borrador; y tampoco pasa nada porque haya un borrador.
Ustedes no han querido enseñar antes ese borrador; bueno, enséñenlo
ahora, si no pasa nada; pero no presuman ustedes de concertación,
firmando convenios puntuales con una comunidad autónoma y no haciendo
absolutamente nada en el resto del Estado, dejando en una situación, que
es gravísima, a muchas cuencas hidrográficas. No presuman ustedes de
concertación ni de hacer las cosas con rigor. Ustedes han querido,
respecto de la moción del Grupo Socialista, apuntarse con sus enmiendas
parciales a que esto salga por unanimidad. Pues no pasa nada, señora
Ministra, si no sale esta noche la moción, porque ha quedado claro que de
algunas cosas usted va a tener que hablar en esta Cámara. Va a tener que
hablar de reutilización, va a tener que hablar de desaladoras, va a tener
que hablar de acuíferos, va a tener que aprobar los planes de cuenca;
todo eso lo dice nuestra moción. ¿Lo aceptarán ustedes o no lo aceptarán?
Señora Ministra, si acepta usted los planes de cuenca, tal como vienen
procedentes de las confederaciones hidrográficas, sin tocarles una línea,
vamos a ver qué tipo de debate ambiental tiene usted que hacer con
quienes en este país pueda preocuparles cómo se han planteado en algunas
comunidades autónomas determinadas infraestructuras, y vamos a ver si es
usted capaz de arbitrar con cuestiones donde no puede darlas por
cerradas, diciendo que la evaluación ambiental vendrá cuando venga el
plan hidrológico. El Consejo Nacional del Agua dijo claramente que eso se
hiciera sobre cada uno de los planes de cuenca, con todo el sentido,
porque la cuenca es una unidad integral de gestión del agua, y si a
alguien le preocupa la política ambiental, debería ser capaz de haber
trabajado en los diez meses que llevan ustedes con esos documentos
terminados. Díganme qué han hecho, desde el punto de vista de análisis
ambiental, sobre esos diez documentos aprobados por las confederaciones
hidrográficas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
Señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, señora Narbona, si de alguna cosa sabe usted es del
problema hídrico que tiene España, porque, ¡vaya cómo lo han dejado
después de 14 años! (Aplausos.--Rumores.-- Protestas.) Es lo más
coherente, señora Narbona, que la he oído en toda la tarde. (Rumores.) Y
parece que usted me amenaza como diciendo: la vamos a traer aquí a que
explique. Señora Narbona, yo llevo diez años en esta Cámara, desde luego
con el Gobierno socialista, y no conozco ninguna moción en la que
estuvieran presentes los ministros socialistas y tuvieran debates de las
dos mociones; con que, señoría, yo no tengo ningún problema en debatir
con usted. (Rumores.--Aplausos.--Protestas.) Pero, señora Narbona,
debatir sí, pero, por favor, desde la coherencia, y el único grupo que,
desde luego, no está en este momento habilitado para hablar de la
preocupación que tiene por las cuentas y, desde luego, en el Ministerio
que yo he levantado desde lo que he ido recogiendo de su Secretaría de
Estado (Aplausos.--Risas.--Protestas.), no puede hablar de preocupación
de caudales, señoría, porque usted sabe muy bien los 20.000 millones de
pesetas que se gastaron en asistencias técnicas para no sacar nunca a la
luz pública un plan hidrológico nacional.
Usted se preocupa por el Saica, señora Narbona, y saben que después de
invertir 10.000 millones de pesetas hasta cesaron al jefe que tenían al
frente del Saica. (Rumores.--Protestas.)
Señora Narbona, no me hable de preocupaciones de los caudales. (Rumores.)
En cualquier caso, ustedes manipulan mucho, pero lo que no pueden
manipular es el «Diario de Sesiones». (Rumores.) Cuando S. S. lea lo que
la portavoz del Grupo Popular ha dicho, se dará cuenta de que usted no
puede manipular sus palabras, y de que hay una contradicción entre lo que
usted dice que ha dicho ella y lo que en el «Diario de Sesiones» consta,
porque la portavoz del Grupo Popular en ningún momento ha dicho, como
hacían ustedes y ya deben estar acostumbrados y por eso tienen miedo a
que se haga igual (Rumores.--Protestas.), que con los dineros se va a
hacer lo que nosotros queramos. El Gobierno, transparencia, señora
Narbona. (Rumores.--Protestas.--Aplausos.) Y le he vuelto a decir,...
(Rumores.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Y le he
vuelto a decir, señora Narbona, que con esa transparencia, los topos esos
que tiene en el Ministerio (Rumores.--Risas.), la podían haber presentado
ya el plan de infraestructuras hidráulicas, también con la financiación
extrapresupuestaria que traeremos, señoría, a esta Cámara.
Pero voy a ir terminando, señor Presidente (Rumores.--Protestas.),
diciendo nada más que,...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías! Les ruego silencio.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): ...aunque
usted ha pretendido abrir un debate económico, que yo podría, con mucho
gusto, continuar también, sobre qué se hace con los dineros públicos, le
quiero decir que quien pagó esos dineros en esa campaña que usted dice
fue el Partido Popular, que no gobierna en Andalucía
(Rumores.--Protestas.), mientras que ustedes, desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha, han mandado ese panfleto, mediante un mailing, para
que, le vuelvo a repetir (Rumores.--Protestas.--Aplausos.), señora
Narbona... (Rumores.--Protestas.) Le vuelvo a repetir, señora Narbona,
que el señor Lerma fue quien le obligó a usted a cambiar el contenido de
su moción del día 20 al día 25 y hoy, cuando usted reconoce en esta
Cámara, tan socialista como otros socialistas que se sientan en sus
bancos de Castilla-La Mancha, que también dicen lo contrario --y vamos a
ver ahora qué es lo que votan--, que no cuestionan el contenido del
convenio con Valencia del Júcar-Vinalopó, le vuelvo a reiterar que están
ustedes recogiendo velas, señora Narbona, y por eso traen hoy en la
moción que se desarrolle cuanto antes lo de ese panfleto, pagado por el
señor Bono y todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, insultando a la
Ministra porque lleva 100 hectómetros cúbicos de agua a Castilla-La
Mancha. (El señor Ros Maorad: ¡Es una mentira! -- Protestas.--Aplausos.)
Señora Narbona, termino. (El señor Martínez Martínez (don Miguel Angel):
¡Es una calumnia, es una infamia!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio!
señorías.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Lo que yo
comprendo es muy grave, señora Narbona, y es que hoy los periódicos estén
recogiendo las declaraciones del Consejero de Política Hidráulica de
Castilla-La Mancha, cuando yo comprendo... (El señor Ros Maorad pronuncia
unas palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, le llamo
al orden.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): ...y me
pasaría a mí igual, señora Narbona, que el señor consejero reconoce hoy,
que
cuando se ha estudiado el convenio, textualmente dice: El convenio
hidráulico con Valencia ya no es trasvase. En el convenio hidráulico con
Valencia coincidimos en lo que es favorable.
Gracias, señor Presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.--Pateos.--Los
señores Hernández Moltó y Ríos Martínez piden la palabra.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
Permitan SS. SS. que continúe el debate con todo el movimiento que está
habiendo en él, pero permitan que continúe.
Señor Hernández Moltó, ¿en concepto de qué solicita la palabra?
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, solicitaría la palabra para
aceptar la invitación a gritos de la señora Tocino que me ha hecho
intervenir por alusiones, evidentemente. (Fuertes rumores.)
Al margen, en la primera parte... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, no le
he entendido a efectos de qué pide la palabra...
(Protestas.--Rumores.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que
no se perciben.) Señorías, silencio.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Precisamente por esas frases que me han
dirigido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, S. S.
no ha sido aludido...
El señor HERNANDEZ MOLTO: Sí, en la primera parte. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No tiene S. S. la
palabra.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muy bien, señor Presidente. Que conste en acta
la protesta por no darme la palabra, y sobre todo por las infamias que
han sido en este momento proclamadas... (Aplausos.--Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señor Hernández
Moltó!
Señor Ríos, entiendo que la señora Narbona ha hecho un ofrecimiento por
escrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Su señoría debe especificar si, efectivamente, lo acepta como
una transaccional y, consecuentemente, retira
S. S., si lo aceptase, las enmiendas de Izquierda Unida.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo pensaba hacer referencia a
la propuesta que ha hecho la señora Narbona y, si el señor Presidente lo
estima oportuno, intervendría un minuto, porque la señora Ministra ha
reabierto el debate a la hora de replicar a su turno. Solamente es un
minuto, señor Presidente, no voy a pasarlo. Ha reabierto el debate la
señora Ministra cuando ha añadido nuevos elementos y ha intervenido la
señora Narbona en la reapertura que ha hecho la señora Ministra. Por eso
le pido un minuto nada más y le respondo a la pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. un
minuto y le ruego me conteste a la pregunta que le formulo previamente.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, nosotros vamos a solicitar de
la Presidencia que, a ser posible, se pueda separar el punto 4 del resto
de los puntos, puesto que se acepta solamente una enmienda de la propia
proponente, ya que el texto que se nos ha pasado nosotros vamos a
preferir no incorporarlo; es decir, que se mantenga el texto original y
solamente la enmienda, que es una autoenmienda del Grupo Socialista, para
poder producir una votación diferente del punto 4 con respecto al resto
de los puntos.
Respecto a la segunda argumentación, señor Presidente, quisiera decir a
SS. SS. que, para nosotros, si algo le sobra al tema del agua son
actuaciones como las que ha habido aquí; las referencias al pasado, en
lugar de al futuro, y el enfrentamiento entre territorios no sirve para
elaborar un plan hidrológico consensuado, sino simplemente para levantar
fantasmas y batallas de una región contra otra, que es el peor enemigo en
el tema del agua. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.--Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos. (Rumores.)
Silencio, señorías. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, he comenzado mi intervención
hablando de la serenidad y de un debate sosegado. (Rumores.) Hasta ahora
ha habido muchos debates sobre el tema del agua. Espero que el final del
debate de hoy sea la excepción que confirma la regla, y le puedo asegurar
que nuestro grupo trabajará muy fuertemente para que el debate sosegado
vuelva en todos los temas relativos al agua.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
Vamos a proceder a la votación.
Señorías, conforme a precedentes, al haber sido aceptada e incluida una
enmienda en la moción, no es
posible la votación separada, por lo cual procederemos a la votación
conjunta de dicha moción.
Votación correspondiente a la moción, consecuencia de interpelación
urgente, presentada por el Grupo Socialista del Congreso, sobre política
del Gobierno en materia de agua.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 119; en contra, 174; abstenciones, 17.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción consecuencia de interpelación. (Fuertes aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA AGRICOLA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACION A
LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL ACEITE Y SU IMPACTO EN NUESTRO
PAIS. (Número de expediente 173/000026)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción,
consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política agrícola
general del Gobierno en relación con la organización común de mercado del
aceite y su impacto en nuestro país.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla. (Rumores.) Señorías, les
ruego silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
Señor Arqueros, señora Fernández de la Vega, les ruego que abandonen el
hemiciclo u ocupen sus escaños. (Pausa.)
Puede comenzar, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Espero que las aguas hayan tornado a su cauce, porque me propongo
defender la moción subsiguiente a la interpelación que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya formuló
al Gobierno sobre la política en relación a la modificación de la
organización común de mercado del aceite de oliva, que fue defendida por
el Diputado don José Luis Centella el 19 de febrero pasado.
Señorías, hemos intentado hacer una moción que suscite el máximo consenso
en los grupos de la Cámara, porque somos conscientes de la trascendencia
que tiene para el sector, de lo delicada que es la situación y de todas
las reivindicaciones que ha planteado el sector olivarero. Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya siempre ha intentado tratar estos temas
como cuestión de Estado; ésa fue nuestra política cuando defendimos la
reforma de la organización de mercado de frutas y hortalizas, cuando se
suscitó la posición española en relación con la reforma del vino y es la
que ahora mismo también nos proponemos defender.
Señorías, el momento es delicado; es mejor que el que teníamos
anteriormente, porque se nos había presentado una OCM prácticamente
cerrada y ahora no tenemos exactamente un documento de reflexión, sino un
documento de opciones, pero, como se dijo la semana pasada, es muy
tendencioso y muy negativo. Además, el comisario Fischler continúa
cargando contra las ayudas a la producción real y establece como criterio
más favorable el de la ayuda al árbol. El comisario Fischler lo centra
todo en el tema fraude y, sin embargo, se ha negado a realizar el estudio
que le obligaba a realizar el Consejo sobre cómo han funcionado las
ayudas al aceite de oliva; opta por la ayuda al árbol sabiendo las
repercusiones que eso va a tener, tanto en la mano de obra como sobre el
medio ambiente, sobre la calidad del aceite, sobre nuestra posición en el
mercado --se trata de un producto que cada vez está ganando más terreno
en el mercado-- y sobre el incremento del precio de la tierra, lo que
favorecerá que propietarios que no son productores en este momento
quieran serlo, con lo cual también estaremos impidiendo que los jóvenes
puedan acceder a estos cultivos, así como también estaremos impidiendo la
reforma de las estructuras en este sector.
El documento de opciones, al inclinarse favorablemente por la ayuda al
árbol, también establece la necesidad de supresión del precio de
intervención, un precio de intervención muy necesario para garantizar la
renta, porque si no hay un precio de intervención, no se recoge la
aceituna, si no se recoge la aceituna, baja la producción, sube el precio
y, por tanto, volvemos a no ser competitivos en el mercado.
La supresión de la ayuda al consumo también va asociada a la ayuda al
árbol, con lo cual sería el triunfo, señorías, de la posición italiana,
sería el triunfo de la posición de las multinacionales italianas y
holandesas que comercializan el 46 por ciento de nuestra producción. Al
mismo tiempo, la ayuda al árbol va también aparejada a la supresión de la
cantidad máxima garantizada comunitaria y se establecería una cantidad
máxima garantizada nacional, lo cual nos situaría en una posición
dificilísima porque nuestra producción actual se supone que en el año
2000, como mínimo, estará incrementada en 200.000 toneladas.
Señorías, he dicho anteriormente que el documento de opciones nos pone en
una situación en la que debemos obtener tanto aquí en esta Cámara como en
la
Unión Europea el máximo consenso y aquí ya se dijo: hay diez países de
los quince que componen la Unión Europea que no les interesa este tema.
Respecto a los cinco restantes, creemos que la única propuesta que puede
prosperar será aquella que sea asumida o pueda estar en condiciones de
ser asumida por los cinco países productores.
En este momento, señorías, la posición del resto de los países es un
auténtico mosaico. Por un lado tenemos a Italia, Portugal, Grecia y
Francia que en parte defienden el mantenimiento del precio de
intervención, la ayuda a la producción, aunque Francia estaría por una
ayuda mixta a la producción y al árbol, y la prohibición a las mezclas
del aceite de oliva con el de otras semillas.
España y Portugal además de esto reclaman y defienden la supresión de la
ayuda a tanto alzado, o sea la ayuda a los pequeños productores, y la
ayuda al consumo. Grecia, por su parte, defiende la ayuda al consumo,
pero mantiene que se debe continuar con las ayudas a tanto alzado. Italia
plantea la supresión total de la ayuda al consumo, quiere cantidades
nacionales para impedir que se produzca un incremento de cultivos de
otros Estados, y está clarísimo, señorías, que sin la ayuda al consumo
las firmas italianas mantendrán la hegemonía en el mercado de la
exportación.
Mediante el descenso que Italia está propugnando de los criterios para
distinguir a los pequeños agricultores, de pasar de 500 kilos a 150,
Italia pretende lavarse la cara de las acusaciones de fraude que tiene en
toda la Unión Europea. Francia ya ha dicho que se mantiene en una postura
mixta.
Pues bien, señorías ante este panorama que, como he dicho, es un mosaico,
la Comisión, ante la situación diferente que defienden los distintos
países, podría romper el frente de los países productores, y nosotros
queremos contribuir con esta moción a obtener el máximo consenso en el
Congreso de los Diputados. Señorías, por eso, los cuatro puntos que
defendemos no son exactamente los que querríamos estar defendiendo aquí;
no hemos recogido todos los puntos y hemos concretado lo que se plantea
en la mesa para la defensa del aceite de oliva, porque queremos dar las
máximas facilidades para que este tema pueda ser debatido con la máxima
valentía pero también con unas armas suficientes como para poder salir
adelante.
Por eso, señorías, en el primer punto, y teniendo en cuenta que el
comisario Fischler no ha presentado el documento de funcionamiento de las
ayudas, con lo cual está planteando una reforma que daría carta de
naturaleza al fraude que hasta ahora se ha producido, planteamos que se
defienda ante la Comisión de la Unión Europea que se abstenga de realizar
propuesta alguna de reforma para una nueva OCM del aceite de oliva en
tanto no presente el informe sobre el funcionamiento del régimen de
ayudas a la producción del aceite de oliva, cumpliendo así con lo
establecido en el Reglamento 2261/84 del Consejo y con la resolución B4,
1180/96 aprobada el 25 de octubre, a fin de contar con los elementos de
juicio suficientes y necesarios para presentar la citada reforma.
Segundo punto, defender ante la Comisión de Agricultura de la Unión
Europea que en la concreción de la futura reforma de la OCM del aceite de
oliva, y tras la emisión del obligado informe sobre el funcionamiento del
régimen de ayudas a la producción, tenga en cuenta las opiniones vertidas
sobre el documento de reflexión por el Parlamento Europeo, el CES, el
Comité de Regiones y los sectores profesionales.
El tercer punto es el clave: defender ante la Comisión de Agricultura de
la Unión Europea cuestiones fundamentales como la ayuda a la producción
real, el mantenimiento del precio de intervención, la prohibición
absoluta de mezcla de aceite de oliva con aceites de semillas, la defensa
de la existencia e incremento de la ayuda al consumo, el mantenimiento de
la cantidad máxima garantizada comunitaria, así como su posible
incremento, todo ello en el contexto de continuidad de la política
comunitaria en relación con esta organización común de mercado,
oponiéndose a la cofinanciación de las ayudas.
Y en el punto cuarto: trasladar periódicamente a esta Cámara un informe
sobre la evolución y situación de las negociaciones en relación al
documento de reflexión, así como del posicionamiento del Gobierno ante
las mismas. En todo caso, se dará cuenta a esta Cámara de la posición del
Gobierno antes de la aprobación definitiva de la nueva OCM del aceite de
oliva, asegurándose en todo caso un criterio de rechazo por parte del
Gobierno español a cualquier propuesta de reforma de la OCM del aceite de
oliva que no garantice los objetivos mínimos enunciados en el punto
tercero de esta moción.
Señorías, nos podemos dar cuenta de la importancia y trascendencia que
tiene esta moción que presenta hoy el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya porque la práctica totalidad de los grupos
parlamentarios han presentado enmiendas.
En relación con la enmienda del Partido Socialista, esperaré a la
intervención del Diputado que va a defenderla, pero en principio he de
señalar que entendemos que la mayor parte de lo que aquí se recoge está
implícito en la moción que hoy hemos defendido. En cualquier caso
estaríamos dispuestos, después de oírle, a aceptar algunos de sus puntos,
si es que pudiésemos llegar a un consenso.
En la enmienda que presenta el Grupo Popular se dice que es una mejora
técnica. No es exactamente así. Hay algún punto que ha quedado fuera de
la moción que hoy he defendido, pero en cualquier caso, y antes de que
intervenga el señor Madero, quisiera hacerle una enmienda in voce en el
sentido de que a la enmienda que plantea, cuando se refiere a los
aspectos fundamentales y se dice «tales como la ayuda a la producción»,
se pudiese incorporar, pues es más clarificador, «eliminándose las ayudas
a tanto alzado». Y en relación con el punto suprimido, relativo al
rechazo del Gobierno que debería producirse en el caso de que no se
cumplieran los aspectos contemplados en el punto tercero, como enmienda
in voce le digo que deberíamos añadir que el Gobierno utilizará todas las
medidas jurídicas-administrativas a su alcance en la Unión Europea para
impedir que prospere una reforma de la OCM del aceite de oliva que sea
lesiva a los intereses españoles. Con esto no nos metemos en problemas de
vetos ni de rechazos, de los que ya tengo algún escarmiento. Se ha
repetido reiteradas veces que no existe el veto, pero creo que debe
existir una postura clarísima en relación con la negativa del Gobierno a
aceptar una reforma que dañase la posición española.
En relación con el tema de la aceituna...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rivadulla,
le ruego vaya concluyendo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor Presidente, voy acabando.
En relación con el tema de la aceituna de mesa, quiero señalar que
nuestro grupo parlamentario siempre se ha opuesto a que las ayudas que
deberían corresponder a los productores de mesa, a las que estamos
convencidos que tienen derecho, se incluyesen en esta OCM del aceite de
oliva. Hemos defendido siempre que las ayudas a la aceituna de mesa
deberían estar incorporadas en la OCM de frutas y hortalizas, y así lo
hemos presentado en todas las iniciativas parlamentarias que hemos
defendido en este Congreso y en todas las enmiendas que hemos presentado
a iniciativas de otros grupos.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
Han sido presentadas tres enmiendas a esta moción, por los grupos
Socialista, Popular y Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista con respecto a la moción que sobre la OCM del aceite de oliva
ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y para la defensa de la enmienda de sustitución que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Debo decir que nosotros no podemos asumir la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos en que está
planteada porque en nuestra opinión no recoge elementos sustanciales de
esta reforma, y aunque la señora Rivadulla dice que están implícitos en
el texto, lo que está implícito y es fundamental sería oportuno que se
explicitara, sobre todo --y después se lo leeré-- porque en los textos de
las proposiciones o iniciativas que el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha planteado en esta Cámara ya está
explicitado eso con nombres y apellidos. Me extraña ese cambio de
posición, querría saber a qué obedece, y sería oportuno que lo explicara
a quien corresponde.
Debo decir, en primer lugar, que la moción presentada es claramente
insuficiente en lo que a los problemas reales del sector se refiere; en
segundo lugar, que no recoge siquiera los contenidos del documento de
mínimos elaborado por el sector, que desde luego asume plenamente el
Grupo Parlamentario Socialista y por cierto el Ministerio de Agricultura;
y en tercer lugar, que esta moción no define de manera nítida los
elementos que realmente son imprescindibles para que salga adelante una
reforma de la OCM que beneficie los intereses de España.
Señora Rivadulla, el contenido de la moción parece más una estrategia,
una moción a la defensiva. Me temo que sirve más para defender la posible
derrota de las tesis de España en este tema que para tomar una postura
fuerte en unas negociaciones muy complejas, y me parece un argumento
extraordinariamente débil que no se recojan todos aquellos puntos
sustantivos que afectan a este tema porque eso nunca puede debilitar la
postura de España; que estén claramente explicitados aquellos elementos
que son fundamentales para la reforma nunca puede debilitar la postura de
España, salvo que --insisto-- haya alguna otra estrategia que debiera
ponerse sobre la mesa.
En mi opinión no se puede apelar al consenso como un elemento per se que
lo resuelve todo. El consenso se configura en función de qué
consensuamos, no del término conceptualmente hablando. Por tanto, ese
elemento no me parece en ningún caso importante. Por cierto, este órgano,
el Congreso de los Diputados, es el último que se posiciona sobre este
tema por la negativa del Grupo Parlamentario Popular en una proposición
no de ley que en mayo de 1996 presentó el Grupo Parlamentario Socialista,
que apoyó el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los
términos exactos en que hemos planteado la enmienda de totalidad y que en
aquel momento no mereció la aprobación del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, en mi opinión, no se trata de grandes declaraciones, de frases
grandilocuentes. Estamos en otra fase. Estamos en una fase en la que hay
sobre la mesa un documento sobre el que hay que negociar y asumir
responsabilidades.
De los cuatro puntos que contempla la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tres de ellos son de carácter
procedimental y estamos totalmente de acuerdo con ellos. Es oportuno que
se inste a
elaborar una reflexión o valoración de cómo ha funcionado el tema de las
ayudas. Es oportuno que se tengan en cuenta las aportaciones que en estos
tres meses de debate hagan los distintos colectivos, en el debate abierto
con carácter general, especialmente el Gobierno de España. Y desde luego
nos parece oportuno que el Gobierno comparezca ante esta Cámara con el
objeto de informar de la marcha de las negociaciones. En cualquier caso,
si no lo hace, que lo hará seguro, hay mecanismos reglamentarios para que
ello ocurra.
Ahora bien, en el punto tercero es donde entran ustedes en los temas
sustanciales del contenido de la reforma y recogen cinco elementos que
son: ayudas a la producción real, precio de intervención, prohibición de
mezclas, ayudas al consumo y cantidad máxima garantizada a nivel europeo,
si es posible con aumento de la misma. Le explicaré por qué desde nuestro
punto de vista --punto a punto, insisto-- es insuficiente, señora
Rivadulla, esta moción.
En primer lugar, estamos de acuerdo con que se mantenga la cantidad
máxima garantizada a nivel europeo, nos parece un tema fundamental, pero
queremos explicitar el aumento de la misma a 1.550.000 toneladas, señora
Rivadulla, por algo fundamental. Para España el resultado de esta
negociación dependerá de un argumento que no se pone con fuerza sobre la
mesa, y es que hay 300.000 hectáreas de nuevas plantaciones que en un
plazo de cuatro años van a producir 300.000 toneladas de aceite porque
son hectáreas bastante productivas en tanto en cuanto están en zonas de
regadío, en vegas de los ríos, y con una cuota por país fija vamos a
tener que repartir la misma cantidad para 300.000 toneladas más. Por
tanto, nos parece fundamental explicitar ese número, que está recogido en
el documento del sector, y la señora ministra, por cierto --y yo comparto
su opinión-- así lo ha afirmado en múltiples declaraciones.
En segundo lugar, ayudas a la producción real. Queremos añadir:
eliminando las ayudas a tanto alzado. Nos parece fundamental por una
razón, porque estas ayudas son las que están permitiendo, y me remito al
documento oficial del Ministerio de Agricultura, que haya un cierto nivel
de fraude en tanto en cuanto la misma aceituna puede recibir ayuda por
dos vías, como pequeños y como grandes agricultores. Si está implícito,
cuál es el problema en explicitar elementos de esta naturaleza que son
fundamentales en la postura negociadora española.
En tercer lugar, mantenimiento del precio o sistema de intervención, tema
fundamental. Pedimos que sea abierto durante todo el año, señora
Rivadulla, y esta matización no nos parece un elemento de segunda
categoría. Nos parece fundamental porque en un sector donde muy pocos
compran y muchos venden de manera desorganizada, en un sector con gran
opacidad, como se ha visto en los últimos movimientos especulativos del
precio del aceite, que se mantenga el sistema de intervención --que
ustedes recogen en su moción--, ofreciendo como postura de España además
el que sea abierto durante todo el año, favorece al sector productor y
favorece la no oscilación, debido a causas razonables del mercado, del
precio del aceite de oliva. Por tanto, garantiza las rentas de los
agricultores.
Tampoco es baladí, y lo incluimos específicamente, establecer unas ayudas
suplementarias al olivar marginal. Se lo diré de una manera gráfica. No
sé si el término marginal es el más adecuado. No creemos que deba recibir
el mismo tratamiento el proyecto de López de Arriortúa de un olivar de
2.000 plantas por hectárea, con una producción cinco veces superior a un
olivar tradicional, de 80 plantas por hectárea, que tiene una labor
social importante de fijación de la población al territorio. No nos
parece que sea un elemento implícito de menor entidad.
Y desde luego defendemos que el sector de la aceituna de mesa esté
incluido en esta OCM, primero, porque si no se incluye va a suceder lo
que está pasando, que se está trasladando al norte de Africa porque allí
es posible subsistir y el cupo de esa aceituna no se recupera porque se
lleva a almazaras para cobrar ayudas de molturación para extracción de
aceite. Les recuerdo que es un sector que mueve en torno a un millón y
medio de jornales al año en numerosos pueblos de la provincia de Sevilla,
donde existe mayor nivel de desempleo comparado con cualquier zona de
España.
Por tanto, no parece que sean temas intranscendentes, como tampoco lo son
dos puntos que añadimos. Uno --y coincido con la postura de la señora
ministra que ha defendido que no basta con que el señor Fischler diga que
el fraude es el eje alrededor del cual gira su reforma--, hay que decir
en qué consiste, dónde está y cuáles son las medidas. En el punto segundo
proponemos que España se ponga delante e inste a que se tomen esas
medidas para corregirlo. Nos parece una postura que debe quedar recogida.
Creemos, porque hasta ahora no se ha hecho, que sería oportuno que el
ministerio elaborara un programa de trabajo, en coordinación con las
comunidades autónomas, que permitiese algo muy simple: que en todos los
foros de la Unión Europea se defienda la postura española con argumentos,
algo más que debates para consumo interno, que grandes declaraciones, lo
que nos parece muy bien, pero que se defienda donde se está negociando y
se defienda además con un plan de trabajo que recoja iniciativas
concretas. Lo que pedimos es que si estos elementos se pueden recoger se
recojan y, si no, que se nos diga cuáles son las razones, el porqué.
Yo lamento, si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya no acepta esta enmienda...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pliego, le
ruego vaya concluyendo.
El señor PLIEGO CUBERO: Con su benevolencia, señor Presidente, concluyo
de inmediato.
Pero desde luego le diré que nuestra posición, si la moción se mantiene
en sus términos, va a ser de abstención. No vamos a cometer el error del
Partido Popular de votar en contra. Vamos a presentar, con carácter
inmediato, una iniciativa parlamentaria para que estas posturas que
defendemos --que coinciden textualmente con el documento de mínimos del
sector-- se puedan debatir en este Pleno del Congreso y sean votadas. En
cualquier caso, señora Rivadulla, no tenga la menor duda de que el Grupo
Parlamentario Socialista, como hasta ahora, va a estar en primera línea
en la defensa de los intereses de la OCM del aceite de oliva.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pliego.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, del lado de la sensatez y de la tranquilidad que propugnaba la
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, así comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Puesto que antes el debate sobre las aguas ha sido movido, espero que
ahora, sobre los aceites, no liemos aquí la de los santos óleos, sino que
debatamos en esta sesión plenaria una moción que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la
eventual reforma de la OCM del aceite de oliva.
Conviene recordar --y así lo hago en nombre de mi grupo-- que desde la
Comisión Europea ya se nos presentó, hace unos meses, un borrador sobre
la reforma de la OCM del aceite claramente lesivo para los intereses de
España. Este borrador fue devuelto a sus orígenes, y fue precisamente
nuestra Ministra de Agricultura la artífice de que tal borrador fuera
retirado, siendo sustituido no --como erróneamente se pudiera expresar--
por un documento que es ya la propia reforma de la OCM, sino --como bien
se ha dicho por la portavoz de Izquierda Unida-- un documento de
reflexión o de opciones que el pasado 12 de febrero aprobó el Colegio de
Comisarios. La aprobación de este documento, señorías, ha abierto el
período para formular observaciones por parte de países miembros, por las
organizaciones agrarias, por las cooperativas, por el Comité Económico y
Social, por el Parlamento Europeo y desde luego por esta Cámara, sensible
a un tema de tanta trascendencia para España.
Aunque sea reiterativo, debo recordar que el documento de reflexión
contiene fundamentalmente dos opciones: Una, de ayuda al árbol y otra, de
ayuda a la producción real. Pues bien, de manera inequívoca el Grupo
Popular define, una vez más, su postura en esta materia y hace suyas las
palabras pronunciadas por la Ministra de Agricultura, señora De Palacio,
cuando la semana pasada en esta Cámara reiteró que es inaceptable la
opción de ayuda al árbol y que los principios básicos que España está
manteniendo ante la reforma de la OCM del aceite de oliva son los
siguientes: uno, mantenimiento del precio de intervención, sin duda; dos,
mantenimiento de la ayuda de la producción, concediéndola en base a las
cantidades realmente producidas; tres, incremento o cuando menos
mantenimiento de la ayuda al consumo; y cuatro, prohibición de mezclas de
aceites de oliva con otros aceites de semillas. Que no se diga desde
otros grupos que no se habla con claridad.
Hasta llegar a conseguir estos cuatro objetivos es indudable --y a nadie
se le oculta-- que hay que recorrer un camino tortuoso y lleno de
dificultades, pero tratándose de un tema de primera magnitud para los
intereses del campo español, mi grupo, el Grupo Popular, está seguro de
que lograremos aunar esfuerzos y apoyarlo todo en una única dirección
--estoy casi seguro, a pesar del anuncio hecho por el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista--, porque, en efecto, señorías, es esencial que
la postura española en este asunto sea un bloque sin fisuras. En este
sentido, constatamos con satisfacción que precisamente la mesa nacional
del olivar, donde están reunidos todos, los productores, el sector
transformador y el sector comercializador, mantiene el apoyo inequívoco a
los puntos antes citados. No debemos olvidar que en dicha mesa, como
decía antes, están representados todos, y nosotros queremos sumarnos a
ese acuerdo explicitado por la misma. También es momento de recordar, con
el reconocimiento oportuno, que la moción que sobre el tema fue aprobada
por unanimidad en el Senado también coincide con los objetivos reiterados
por todos en tantas ocasiones. Señorías, ahora nos corresponde a
nosotros, en este Pleno del Congreso de los Diputados, pronunciarnos
sobre un tema en el que también existe coincidencia y sobre el que mi
grupo está seguro de que lograremos aprobar la moción que estamos
debatiendo. En este sentido, señorías, la enmienda que presenta el Grupo
Popular al texto de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
es poco más que una enmienda de corrección de estilo y aceptación de
ciertas acepciones gramaticales. Estamos de acuerdo en lo esencial y
pensamos que es posible lo deseable, y lo deseable, señorías, es que
todos los grupos políticos y todos los componentes del sector olivarero
nos mostremos a ser posible unánimes en las propuestas de progreso y
defensa de nuestro olivar, para que la postura española se sienta
respaldada en las difíciles negociaciones venideras.
Señor Presidente, señorías, respecto a la posición de mi grupo en el
texto de la moción y después de oír a la portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, además de valorar positivamente su
actitud de aceptación de nuestras sugerencias, estamos de acuerdo en el
fondo y casi también en la forma y valoramos positivamente su postura de
tratar el asunto del aceite oliva como un tema que ha llamado de Estado,
que desde mi grupo entendemos que transciende a las opciones partidistas,
y que la moción no recoge exactamente lo que Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya quiere. Efectivamente, la moción no recoge todo lo que su
grupo quiere, señora Rivadulla, tampoco lo que pretende el Grupo Popular,
pero es que un acuerdo es posible si todos los grupos renunciamos a algo
y aceptamos algunas de las tesis del otro grupo.
Reiteramos nuestro deseo de aceptación de nuestra enmienda, que pensamos
que aporta calidad al texto. Y viceversa, los puntos que S. S. nos ha
presentado mediante una enmienda in voce desde esta tribuna ya le
anticipo que por nuestro grupo serán aceptados, tanto en lo que se
refiere a esa frase de «el tanto alzado», como por supuesto al control
final al que se quiere someter las acciones del Gobierno en el punto
cuarto, párrafo último.
Quiero referirme a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), presentada por su portavoz el señor Companys.
Desde luego, mi grupo valora debidamente y estima en su medida lo que
propone en el punto cuarto de su enmienda porque también mi grupo quiere
defender todo el olivar, no solamente el de las zonas altamente
productivas, sino también el de aquellas zonas tradicionalmente
productoras de aceite de oliva, que tienen olivares consolidados, que no
han surgido como las setas de la noche a la mañana y cuando hay rocío o
humedad; que tienen tradición centenaria, no solamente en su querida
Cataluña sino en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Aragón e incluso en
una parte de Andalucía, que no toda es altamente productiva. Por tanto,
entendemos y valoramos debidamente ese cuarto párrafo de ayudas a esos
olivares tradicionales no muy productivos. Ahora bien, reconozca, señor
Companys, que quizá no sea el momento procesal oportuno de aportar esa
sugerencia. Por supuesto que contará S. S. con el apoyo de nuestro grupo
si esta sugerencia, que mejora sensiblemente el texto de la moción, es
presentada en otra iniciativa legislativa que nosotros apoyaríamos para
no distraer la atención fundamental que es la obtención de la ayuda a la
producción.
Contestando al portavoz del Grupo Socialista, mi grupo tiene que decir
que estamos esencialmente de acuerdo. Creo que el acuerdo de fondo es una
realidad, que casi todo lo que SS. SS. proponen en su enmienda, en
nuestra modesta opinión, está implícito en el texto de la moción y de las
enmiendas que aportamos el resto de los grupos. Quizá no esté dicho con
las palabras que pretende el señor Pliego, pero en el fondo estamos de
acuerdo y en la forma está todo implícito. Por tanto, no vemos claramente
cuáles son, de verdad, sus argumentos para no sumarse a una postura cuasi
unánime en este tema.
Hay una cosa, señor Pliego, que mi grupo quiere dejar constancia en este
acto, y es su afirmación de que casi pronostica una derrota de España en
este tema. Señor Pliego, a mi grupo le gustaría, y posiblemente a muchos
componentes de esta Cámara, saber si eso que S. S. ha dicho es una
premonición o un deseo. En cualquiera de los dos casos, mi grupo ni
acepta premoniciones de antemano en ese sentido, ni quiere valorar si
fuera la expresión de un deseo para tener motivos de posterior crítica.
Entendemos que en estos momentos la unidad sin fisuras, como la hubo en
el Senado, de todos los grupos sería esencial para el logro de los
objetivos que para toda España queremos en el olivar y muy especialmente
para su tierra de Jaén. No entendemos en qué consiste desmarcarse de la
postura de los demás cuando no se está aportando nada nuevo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MADERO JARABO: Termino, señor Presidente, recordando un
precedente de no hace mucho tiempo. En junio de 1995, cuando España
ocupaba la Presidencia de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión
Europea, se nos pidió desde el Gobierno, que era el Gobierno de todos,
como ahora también es el Gobierno de todos, el voto afirmativo para las
prioridades que en ese momento nos señaló y que nos parecieron adecuadas,
y todos le dimos el voto afirmativo precisamente para la toma de postura
en la lucha política, en los intrincados pasillos de Bruselas, de la OCM
de frutas y hortalizas, de la OCM del vino y de la OCM del aceite de
oliva. Le dimos unánimemente el apoyo que lamentablemente no valió
demasiado, pero no por falta de apoyo aquí en la base, en las Cámaras, en
nuestras Cortes Generales, sino por la manifiesta incompetencia de quien
negoció entonces. Le digo más, señor Pliego, si el punto tercero, en
donde se pretende --y nos parece legítima la pretensión-- que las
comunidades autónomas participen de alguna manera en este debate que
tenemos en estos momentos, si es uno de los puntos que podría separarnos
respecto al voto coincidente y afirmativo, desde mi grupo estamos
dispuestos a reconsiderar favorablemente esa propuesta de coordinar entre
todos y también con las comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero, le
ruego concluya.
El señor MADERO JARABO: Finalmente, señor Presidente --y ya termino--,
además de todos los datos
que aquí se han repasado de hectáreas, de árboles, de kilos y toneladas,
para nuestro grupo el dato esencial es tratar de luchar, preservar,
conservar y mejorar los 46 millones de jornales que este cultivo, el
aceite de oliva, los olivos dan, y sobre todo tratar de mejorar las
condiciones de vida, porque todos sabemos que el olivar es la base
económica en amplias zonas de una España desfavorecida y es sobre todo la
raíz de una cultura milenaria.
Por todo ello, nuestro grupo votará favorablemente la moción con las
enmiendas in voce que nos hemos cruzado y que aceptamos en este Pleno, e
invitamos a los demás grupos a hacer lo mismo, a votar favorablemente en
bien del olivar de España que es en bien del campo español.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hace menos de una semana interpelábamos a la Ministra de
Agricultura sobre el futuro de la OCM del aceite y cómo afectaría al
sector. Hemos analizado en distintas ocasiones la situación de los
diferentes subsectores que conforman la realidad agraria, ganadera,
forestal y pesquera en todo el Estado español, y lo cierto es que todas
tienen un denominador común: todas están inmersas en una crisis más o
menos profunda, fruto de los cambios a que está sujeto el conjunto del
sector.
La estructura rígida, propia de los sectores primarios, el hecho
característico de esos sectores en los que los ciclos productivos de la
mayoría de sus productos en algunas ocasiones puede ser de algunas
generaciones, unidos a la especificidad de cada cultivo, dificulta de
forma enorme las necesarias e inevitables reconversiones. He querido
centrar el tema, porque la problemática agraria tendrá continuidad en un
futuro y porque el futuro del campo va ligado a decisiones básicamente de
carácter económico.
La política agraria de las diferentes comunidades autónomas puede ayudar
a mitigar las situaciones difíciles por las que está atravesando el
campo, pero quien tiene la llave del problema es aquel que sea capaz de
imponer sus tesis en el momento de aprobar las diferentes directivas
comunitarias.
La Unión Europea, al menos en el nivel agrario, no dispone de una
política propia. El pacto no escrito de los países de agricultura
atlántica funciona a la hora de defender los intereses puntuales de sus
propios Estados, sin importarles demasiado el disponer de una política
comunitaria global y coherente. Ahora, el gran timonel de la nave
agrícola comunitaria es el austriaco señor Fischler. Lo cierto es que
está demostrando que tiene mucha habilidad en el momento de mover el
timón, de arriar las velas, de echar el ancla, sobre todo cuando el
viento sopla del sur. El comisario ha presentado un documento abierto, un
documento que, según sea el redactado final, marcará el futuro del
sector, de un sector poco uniforme y en el que se presentan problemáticas
muy diferenciadas.
Nuestro grupo parlamentario está en la línea en la que ya nos expresamos
la semana pasada, pero sobre todo entendemos que es fundamental la
aportación de moderación de todos los grupos que nos permita aprobar por
unanimidad, si es posible, un documento que dé fuerza a la Ministra para
seguir negociando una normativa que no nos perjudique y que, a grandes
rasgos, tendría que contemplar la lucha contra el fraude; las ayudas a la
producción real, que quede claro; la prohibición de mezclas con otros
aceites; el aumento de la cantidad garantizada; el mantener las ayudas al
consumo, y que éstas, como mínimo, sean capaces de cubrir los costes del
envasado. A nivel español habría que contemplar un pacto del Estado con
las comunidades autónomas para luchar contra el fraude en caso de
producirse, y un posicionamiento también claro para evitar las mezclas de
vegetales, seguramente acompañado de campañas de publicidad para fomentar
el consumo del aceite de primera calidad. Una vez aceptado, hay que hacer
un frente común en defensa de los intereses globales del sector. Tenemos
que ver si la propuesta que en ese momento tenemos encima de la mesa
representa a todo el sector.
Como Diputado por Lleida, como persona que conoce la otra cara del sector
olivarero, la cara quizá más amarga y más necesitada, vemos que al lado
de zonas en las cuales las producciones por árbol están muy por encima de
los 30 kilos, otras, como las Garrigues (Lleida), en Cuenca, en la
provincia de Salamanca, en Baleares, Guadalajara, Albacete y Madrid,
tienen producciones en plantaciones regulares que no alcanzan los siete
kilos por árbol, cinco veces menor que la producción de otras zonas.
Se ha hablado en esta Cámara en muchas ocasiones del olivo como cultivo
social, pero tampoco podemos olvidar que hay zonas con muy bajas
producciones que son normalmente territorios muy despoblados, con una
renta muy baja, donde el olivo desde tiempos inmemoriales ha sido el
monocultivo, el único cultivo que se puede hacer, y que además no hay
posibilidad de otras alternativas, y en donde el olivo logra dos
objetivos básicos: mantener a los agricultores ligados al territorio, lo
que implica un importante reequilibrio territorial; y desde el punto de
vista medioambiental, una aportación muy importante en la lucha contra la
desertización del territorio.
Hay que tener presentes esos aspectos que he resaltado y, por tanto,
nuestro grupo, y yo de forma especial, nos negamos contundentemente a
pensar que las bajas producciones se pueden comparar con cultivos
marginales. Son dos temas que no tienen nada que ver.
Por lo tanto hoy, a mi entender, no defenderíamos una OCM equilibrada si
no tuviésemos en cuenta que en el Estado español existe entre un 15 y un
20 por ciento de superficie de olivo cultivado en plantaciones regulares
con producciones muy bajas, y que una ampliación de las ayudas a la
producción sin un elemento que produzca un cierto efecto modulador sería
injusto e insolidario. Por ello, sería bueno que cuando se hablase del
olivo como cultivo social no se hablase solamente de los jornales que,
como todos sabemos, cada vez son más mecanizables, sino que valorásemos
también conceptos de equilibrio territorial, mantenimiento del medio
ambiente, derecho a vivir dignamente del campo.
Por esos motivos nosotros hemos presentado unas enmiendas de sustitución
a la moción que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, que no voy a
leer porque el tiempo no me lo permite, pero que resumiendo podía decir
que los tres primeros puntos estarían exactamente en la línea de lo que
seguramente se va a aprobar, y que el cuarto punto dice: dotar de una
ayuda suplementaria a aquellas zonas en las que el cultivo del olivo en
plantaciones regulares es tradicional y en las que las producciones son
muy bajas, a los efectos de permitir a sus productores una equiparación
de sus rentas con las que perciben el resto de productores del sector.
No obstante, después de las intervenciones del portavoz del Grupo Popular
y de la portavoz del Grupo de Iniciativa básicamente, y del llamamiento
que han hecho a la unidad, lo cierto es que la coyuntura actual en
Bruselas, por lo que se refiere a la OCM del aceite, no es favorable. Por
tanto, la señora Ministra va a necesitar de todas sus dotes de persuasión
para convencer al Comisario Fischler de que nuestro proyecto es un buen
proyecto.
Tengo que decir que me duele retirar la propuesta porque creo que es
justa, y así lo han reconocido los demás grupos parlamentarios. Me duele
porque en el momento de negociar no puede entenderse que sólo estemos
negociando para unos pocos y no estemos negociando para el conjunto. No
obstante, creo que la petición es justa y, con el ánimo de no dar la
impresión al exterior de que hay disidencias en el seno del Congreso, voy
a retirarla, pero sepan que mañana mismo vamos a presentar una
proposición no de ley en la línea que marca el punto cuarto, ampliándola
para dar soporte a lo que es el sector de la aceituna en verde.
Vamos a votar afirmativamente esa propuesta de consenso que suma los
esfuerzos de Iniciativa per Catalunya, del Grupo Popular y del resto de
grupos que van a darle soporte.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: señor Presidente, señorías, voy a intervenir
muy brevemente, puesto que, visto que en gran parte de los argumentos
coincidimos positivamente, no es cuestión de alargar la sesión que ha
empezado a las cuatro y a las diez y media continúa.
La importancia socioeconómica, como se ha resaltado por todos los grupos,
del sector del aceite de oliva en el Estado español nos aconseja que
impere el sentido común y que salga hoy de aquí un acuerdo unánime para
reforzar la postura que nuestra Ministra vaya a defender en el seno de la
Unión Europea en defensa del sector olivarero español.
Se ha apuntado ya que la Comisión Europea aprobó el pasado 12 de febrero
un informe que analizaba la reforma del sector, en el que había unas
propuestas para que cada uno de los países miembros y sectores implicados
modificaran y aportaran aquellos puntos que consideraran oportunos para
alcanzar una propuesta definitiva de reglamento. El objetivo de la
reforma, cuya entrada en vigor será para 1998-1999, será la lucha contra
el fraude y evitar que se produzca un desequilibrio entre la oferta y la
demanda. Y hay dos opciones, una buena para el sector español y otra
inadmisible y lesiva para los intereses españoles. Creo que ese sistema
basado en la ayuda al árbol, sistema que apoya la Comisión Europea a
través del Comisario Fischler, es inadmisible y lesiva para los intereses
españoles. Creo que esa reforma en ningún momento puede ser avalada por
ningún productor, ni creo que por ningún defensor de los intereses
agrarios españoles, y tenemos que unir nuestros esfuerzos para que la
reforma actual de la OCM se haga mejorando la actual, con una ayuda a la
producción para todos los productores basada en la producción real.
Creo que hay inquietud en el sector, como aquí se ha comentado, el sector
espera que haya firmeza, unión, cohesión y consenso en este tema para ser
fuertes en la defensa de nuestros planteamientos en la Unión Europea, y
pensamos que el sector olivarero español ya ha puesto su grito en el
cielo a causa de esta propuesta inadmisible del comisario austriaco de
implantar una ayuda directa al árbol en sustitución de las primas a la
rentabilidad, y auguran pérdidas para los negocios vinculados al aceite
de oliva en el Estado español de más de 50.000 millones de pesetas si se
aprueba el documento como pretende el comisario y presentó hace una
semana.
Por tanto, yo creo que el acuerdo del que hoy se ha hablado y que se va a
alcanzar, como es la prohibición de la venta de aceite de oliva mezclado
con aceites vegetales, la defensa de la ayuda a la producción que debe
ser exclusivamente por producción real de la explotación,
eliminándose las ayudas a tanto alzado, las ayudas al consumo, un precio
de intervención y una política de compras abierta durante todo el año,
establecer una ayuda suplementaria al olivar ecológico que contribuya a
la mejora de nuestro medio ambiente por la importancia medioambiental que
tiene el sector en el Estado español, esas ayudas para la producción de
aceituna de mesa y ese compromiso de impulsar las campañas de producción
al consumo fomentando la mejora de la calidad, creo que ésas son las
bases del texto que tiene que salir hoy aprobado. Creo que hay un amplio
consenso y creo que la Ministra de Agricultura puede contar con un amplio
apoyo del arco parlamentario, que es a su vez el planteamiento que en sus
informes, que en sus propuestas avala el sector del aceite del Estado
español para poder conseguir que esa campaña que se ha iniciado en los
medios de comunicación de que el aceite de oliva es fuente de vida sea
una realidad; sea una fuente de vida en cuanto a salud y sea una fuente
de vida en cuanto al medio de vida que tienen miles y miles de españoles
que siguen queriendo vivir del aceite de oliva, porque representa a una
parte muy importante del campo español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señora Rivadulla, tiene la palabra a efectos de expresar la aceptación o
denegación de las enmiendas presentadas por los otros grupos
parlamentarios.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, seré muy breve, pero en mi
intervención inicial he dicho que me reservaba un tiempo para referirme a
las demás enmiendas.
En relación con la enmienda de Convergència i Unió, agradezco al señor
Companys que haya retirado el último punto en aras de conseguir el máximo
consenso en la Cámara. Creo que es un tema que se ha de tratar en
profundidad para buscar una solución que no pueda conllevar confusión y,
por tanto, enrede la negociación.
En relación con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, en primer
lugar quisiera decir que la estrategia de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es la estrategia de la responsabilidad en este caso, como lo ha
sido en otras reformas; en segundo lugar, que el punto tercero no recoge
de forma implícita lo que señala el sector sino de forma claramente
explícita; en tercer lugar, que en absoluto es limitada esta moción,
porque el Grupo Socialista aprobó una que recogía todavía menos factores
en el Senado y no se recogía, por ejemplo, que la cantidad máxima
garantizada debía ser comunitaria y que había que incrementarla, cosa que
se recoge en esta moción y, porque, señorías, señor Presidente, tenemos
muy claro que el sector no quería la reforma de esta OCM. Lo ha querido
un comisario austriaco y, por tanto, mejor no meneallo y, en
consecuencia, vamos a centrarnos en la sustancia y en los aspectos
sustantivos de la reforma, y esto queda hoy garantizado.
Señorías, en relación con la enmienda técnica que presenta el Grupo
Popular, la aceptamos con el añadido in voce de que las ayudas se darían
a la producción real, eliminándose las ayudas a tanto alzado, y con el
añadido final del que supongo que ya dispone la Mesa.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Rivadulla.
Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política agrícola general del Gobierno en relación a
la organización común de mercado del aceite y su impacto en nuestro país,
en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas por parte
del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a
favor, 158; en contra, dos; abstenciones, 118.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
moción consecuencia de interpelación.
La sesión se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.