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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 59, de 18/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 59
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 56
celebrada el martes, 18 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre financiación de los
partidos políticos. (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 39.1, de 14 de junio de 1996 (número de
expediente 122/000027) (Página 2863)
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre financiación
de los partidos políticos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 43.1, de 4 de junio de 1996 (número de expediente
122/000031) (Página 2863)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
financiación de los partidos políticos. (Orgánica). «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 44.1, de 4 de junio de 1996
(número de expediente 122/000032) (Página 2864)
-- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre financiación de los
partidos políticos. (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 45.1, de 4 de junio de 1996 (número de
expediente 122/000033) (Página 2864)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre financiación de los partidos políticos. (Orgánica).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 51.1, de 16 de
septiembre de 1996 (número de expediente 122/000038) (Página 2864)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma
de la Ley de enjuiciamiento civil en materia de ejecución forzosa.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 40.1, de 21 de
junio de 1996 (número de expediente 122/000028) (Página 2878)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento al
contenido de la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los
Diputados el día 19 de diciembre de 1995, relativa al reparto de trabajo,
así como se acuerda la creación de una Ponencia en el seno de la Comisión
de Política Social y Empleo en la que se estudien nuevas fórmulas de
creación de empleo, y se debatan y elaboren conclusiones sobre la
reorganización del tiempo de trabajo compatibles con un marco laboral
dotado de estabilidad y protección suficiente. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 17, de 31 de mayo de 1996 (número de
expediente 162/000027) (Página 2886)
-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma
de la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados, para hacer posible un mayor respeto a
la pluralidad lingüística. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 70, de 8 de noviembre de 1996 (número de expediente
162/000059) (Página 2895)
Propuestas de creación de Subcomisiones:
-- Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo para la prórroga de la
Subcomisión de estudio de las reformas necesarias para modernizar el
sistema sanitario y garantizar su viabilidad futura (Página 2904)
-- Propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, de
creación de una Subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de
integración económica y monetaria (número de expediente 158/000022 y
158/000023) (Página 2904)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno
pretende modificar lo establecido en las normas del desarrollo de la LODE
y la LOGSE en materia de conciertos educativos y de admisión de alumnos
en centros sostenidos con fondos públicos (número de expediente
173/000023) (Página 2906)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar
para crear empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y
potenciar la estabilidad en el empleo (número de expediente 173/000024)
(Página 2912)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2863)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre financiación de los partidos
políticos. (Orgánica) (Página 2863)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre financiación de los
partidos políticos (Página 2863)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre financiación
de los partidos políticos. (Orgánica) (Página 2864)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre financiación de los
partidos políticos. (Orgánica) (Página 2864)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre financiación de los partidos políticos. (Orgánica)
(Página 2864)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, defiende la proposición de
ley el señor Fernández Marugán, quien considera que la presentación de
cinco proposiciones de ley sobre el mismo asunto es un buen indicador del
interés y de la complejidad de la cuestión. Recuerda, en primer lugar,
los trabajos realizados en la pasada legislatura en la Comisión no
permanente sobre financiación de los partidos políticos, que considera de
extraordinaria utilidad para la formación de la voluntad política de los
diferentes grupos parlamentarios. Expresa que los partidos son elementos
vertebrales en el sistema político, porque articulan la voluntad de los
ciudadanos y garantizan la primacía de los intereses generales, por lo
que la fortaleza de los sistemas democráticos depende de la fortaleza del
sistema de partidos que en él actúa; de lo contrario, la sociedad
regresaría a fórmulas inciertas y arcaicas de convivencia política.
Considera que en España se ha vivido un lento y largo camino en cuanto a
la financiación de los partidos y lo demuestra el hecho de que la Ley de
1987 se propugna cuando los partidos políticos llevaban ya diez años
actuando en libertad. Estima que la conciencia respecto a este complejo
asunto ha surgido debido a unas circunstancias que han generado alarma y
a un cambio en los puntos de vista de los ciudadanos, reclamando
actualmente un conocimiento exacto y puntual de las actividades
financieras de las fuerzas políticas, desvinculándolas de los intereses
particulares.
Se centra a continuación en los contenidos específicos de su propuesta,
situando las modalidades de financiación en torno al peso y a la
importancia de la financiación pública directa. Manifiesta que los
socialistas entienden que la financiación pública directa constituye un
factor de estabilidad y garantía, porque posibilita la independencia de
los partidos respecto a los grupos de interés y evita los riesgos
financieros que pueden producirse cuando se alteran y se rompen las
condiciones de igualdad. Sin embargo, no se cierran a la posibilidad de
la colaboración privada, que puede y debe venir de los afiliados, de los
simpatizantes y de los electores, proponiendo que las cantidades donadas
por las personas individuales se ingresen obligatoriamente en cuentas
abiertas a tal fin en las instituciones financieras. Completa su
propuesta con un tratamiento fiscal para las personas físicas que
contribuyan al desarrollo de las fuerzas políticas similar al que
actualmente existe para las fundaciones e instituciones de interés
general. Por otra parte, su grupo considera que se debe descartar que las
aportaciones privadas procedan de sociedades y empresas o de donantes no
conocidos. Estima que la claridad en el origen de los fondos y en la
aplicación de los mismos es la clave del sistema que quieren construir y
añade, en cuanto al endeudamiento de las formaciones políticas, que no
fue abordado en la ley de 1987, que su proposición de ley efectúa una
propuesta compatible con la resolución que aprobó recientemente la
Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas.
Añade que son conscientes de que en la Europa continental todavía no se
han encontrado fórmulas mágicas que den una solución universal al
problema, pero proponen a la Cámara un sistema de financiación de
partidos políticos en el que se delimiten los procedimientos que se han
de cumplir para la utilización de los recursos y se preste una especial
atención a los principios de transparencia y de control. Anuncia su
disposición a discutir su propuesta con los otros grupos de la Cámara,
así como a considerar las de las otras formaciones políticas, en las que,
después de su análisis encuentran abundantes coincidencias, pero también
singulares diferencias. Finalmente, estima de gran interés el que, a
partir de todas las proposiciones, se elabore una ley que cuente con el
mayor acuerdo posible.
En nombre del Grupo Popular interviene el señor Del Burgo Tajadura, quien
solicita, en primer lugar, que se subsane la omisión de la palabra
«Orgánica» de su proposición de ley. A continuación pasa a exponer la
postura de su grupo en relación con la financiación de los partidos
políticos y anuncia que están dispuestos a sumarse a la toma en
consideración de las demás proposiciones, aceptando, a su vez, la
propuesta del portavoz del Grupo Socialista relativa a la constitución de
una ponencia que trate de alcanzar el máximo consenso posible.
Expone que los ciudadanos pueden tener razón cuando se plantean si la
financiación de los partidos políticos no debería depender exclusivamente
de los afiliados y de sus simpatizantes, pero entiende
que, dada la realidad española, este tipo de financiación daría al traste
con el propio sistema de partidos, por los costosos procesos electorales
y la inexistencia de una tradición democrática. Son partidarios de
incentivar la financiación privada, pero manteniendo la financiación
pública en sus términos actuales y estableciendo controles, transparencia
y publicidad, para que todos los ciudadanos tengan la seguridad de que
quien hace una aportación a un partido político no tiene detrás un
interés bastardo, por lo que consideran que no deben mantenerse las
aportaciones anónimas. Sin embargo, aceptan el que los donantes puedan
ser no solamente personas físicas sino también jurídicas, aunque con
limitaciones cuantitativas y cualitativas y excluyendo tanto a las
empresas públicas como a todas aquellas empresas privadas que, de una u
otra manera, tengan relaciones de dependencia o de cualquier otro tipo
con las administraciones públicas. Asimismo considera que se debe
aprovechar la oportunidad para fijar el régimen fiscal de los partidos
políticos, concretando los incentivos fiscales a los donantes; para
mejorar las normas contables y para perfeccionar la fiscalización del
Tribunal de Cuentas. En cuanto al endeudamiento de los partidos, anuncia
su disposición a buscar una fórmula que solucione el problema, siempre
que no signifique un beneficio para los partidos en relación con el resto
de los ciudadanos.
Para terminar, manifiesta que si no existe un clara voluntad por parte de
los partidos de terminar con las prácticas ilegales, no se arreglará nada
con la aprobación de una ley, puesto que la financiación ilegal realizada
en el pasado se hizo para eludir precisamente los preceptos de la Ley de
1987.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
interviene el señor Silva Sánchez, quien manifiesta que el día de hoy
constituye un punto de encuentro en el que han concurrido proposiciones
votadas por este Pleno, conclusiones de la Comisión Mixta Congreso Senado
de Relaciones con el Tribunal de Cuentas y conclusiones de la Comisión no
permanente de financiación de partidos políticos. Asimismo anuncia la
disposición de su grupo a votar favorablemente la toma en consideración
de las cinco proposiciones de ley que se presentan esta tarde. Considera
indiscutible que los partidos políticos necesitan financiación, porque el
dinero no lo es todo, pero sin dinero no hay absolutamente nada. Añade
que la tarea que tienen por delante no es sencilla, como lo demuestra el
ejemplo de que hasta el 9 de abril de 1992 se produjeron en Alemania 10
sentencias de su Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, por lo que
está seguro que el debate que se inicia a partir de hoy sólo cubrirá
provisionalmente una etapa de la historia de nuestra democracia
parlamentaria y de los partidos políticos, etapa que, espera, será
eficaz, fructífera y honesta, pero que no solucionará el problema. Basa
la complejidad del tema en la propia naturaleza dual de los partidos
políticos, como asociaciones que reconoce el artículo 22 de la
Constitución, por lo que es normal que tengan una financiación privada,
pero sin olvidar sus amplias funciones públicas que les vienen atribuidas
explícitamente también por el artículo 6 de la Constitución, cuando
establece que estos partidos expresan el pluralismo político, contribuyen
a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento
fundamental para la participación política. Asimismo esta complejidad
viene dada porque los propios afiliados y simpatizantes de los partidos
políticos responden a estructuras sociales diversas, por lo que, ante
determinados aspectos como es el tratamiento fiscal de estas ayudas, de
las cuotas o de las donaciones, las consecuencias y los efectos van a ser
diferentes. Manifiesta asimismo que es bueno hacer constar que los
partidos políticos han de someterse a contraste, sin el más mínimo de los
complejos, tanto en cuanto a la democratización de sus procedimientos
internos como en cuanto a sus objetivos, respecto a lo que puedan ser los
instrumentos y los objetivos de los movimientos sociales o asociaciones.
Unicamente es el partido político, en el ámbito parlamentario, el que
está capacitado para integrar esta suma de intereses en un programa
político que satisfaga los intereses de todos, incluso de los no
corporativizados. Si el partido político resiste la comparación, éstos no
pueden ser peor tratados fiscalmente que las entidades sin ánimo de
lucro, a las que se les atribuyen determinados beneficios a través de la
Ley de Régimen Fiscal o de la de Fundaciones y del Mecenazgo. Considera
asimismo que se ha de incrementar la publicidad de las aportaciones y el
control contable de las mismas. Se han de fijar límites a las
aportaciones privadas y establecer un régimen fiscal de las cuotas de los
afiliados, de las donaciones y de las aportaciones de los simpatizantes,
sean personas físicas o jurídicas, porque no alcanza a entender la
diferencia que pueda existir entre una donación a un partido político que
se efectúe por un comerciante individual o por una persona jurídica que
ostente precisamente la condición de comerciante, por lo que considera
debe establecerse un sistema de deducciones en la base y en la cuota del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Acaba su intervención
manifestando que no se trata solamente de consensuar una legislación
sobre financiación de partidos políticos, sino
de manifestar públicamente la voluntad clara de cumplimiento de la misma.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) interviene el señor González de
Txbarri Miranda, quien manifesta que la ley vigente no ha resuelto
adecuadamente las demandas y necesidades económico-financieras de los
partidos políticos y se ha originado un deterioro preocupante de la
imagen de los mismos ante la opinión pública, en la medida en que se han
dado actuaciones nada edificantes en orden a su financiación. Están
convencidos de que no se puede seguir con la política del avestruz en
relación con estos temas, como lo han reconocido los distintos grupos
parlamentarios, y encuentra razonable que el Pleno de hoy acepte a
trámite las distintas propuestas que formulan para la superación de los
obstáculos y deficiencias que fueron analizados a lo largo de la anterior
legislatura.
Presentan su proposición de ley porque entienden que la actual
legislación ha quedado obsoleta por la insuficiencia de las aportaciones
públicas, por la falta de transparencia en el uso de dichos fondos, por
la excesiva dependencia entre los partidos políticos y las entidades de
crédito, por el excesivo recelo para con la financiación privada, por no
contemplar exenciones fiscales a las aportaciones privadas, por
consolidar un endeudamiento excesivo de los partidos políticos, por el
crecimiento en frecuencia de uso de los gastos electorales y también por
las insuficiencias detectadas en el control de gasto. Por ello, las
propuestas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco van en orden a
mantener un sistema de financiación mixta, donde la financiación pública
garantice la autonomía política de los partidos y se contemple también la
financiación privada. Hay que establecer también mecanismos fiscales que
incentiven la aportación de los ciudadanos a los partidos políticos.
Estima que su proposición recoge una aportación distinta de las expuestas
hasta ahora en relación a la devolución del patrimonio incautado en
tiempo de guerra y solicita que el Gobierno remita en el plazo de tres
meses a esta Cámara un proyecto de ley que termine de una vez con esta
situación. Entiende que es razonable que sean tomadas en consideración
las cinco proposiciones de ley presentadas y pide que no se llegue a
acuerdos previos entre los grupos mayoritarios que puedan condicionar los
trabajos de la Cámara.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Alcaraz
Ramos. No quiere caer en reiteraciones, debidas en algunos casos a la
complejidad del tema, pero su Grupo no se siente aludido por aquellas
manifestaciones que pretenden correr un cierto telón sobre algunas cosas
que han sucedido en la vida de este país. Considera que la ley que
empieza hoy su camino debe ser entendida como realidad, como necesidad y
como síntoma y estima que sería bueno que hubiera una única ley, la ley
de partidos políticos, que dedicara una parte al tema de la financiación.
Basa su propuesta en tres ideas fundamentales: en primer lugar, en la
definición jurídica que hace el Tribunal Constitucional de los partidos
políticos en desarrollo de lo que dice la propia Constitución, donde se
presentan como asociaciones peculiares. En segundo lugar, en que el
cumplimiento de las funciones constitucionales exige que la regulación de
su financiación ponga especial énfasis en la regeneración de la vida
pública. Y en tercer lugar, armonizando lo jurídico y lo ético en que se
ha de dar la igualdad pluriforme acunada en nuestra Constitución y el
principio de transparencia en la vida ciudadana y política. Finalmente
propone medidas de transparencia, para evitar que en el futuro vuelvan a
incrustarse tramposos en la vida pública, y medidas de control jurídico.
A continuación pasa a destacar algunas de las diferencias respecto de
otras propuestas, y termina sumándose al resto de los intervinientes que
han anunciado la voluntad de votar el conjunto de proposiciones para
conseguir un debate en el que la generosidad y el consenso sean las
mejores garantías de que esos objetivos se hagan realidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber,
las señoras Lasagabaster Olazábal y Rahola Martínez, y el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; y el señor Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista, es aprobada por unanimidad.
Sometida, a votación, en segundo lugar, la proposición del Grupo
Parlamentario Popular, se aprueba por 311 votos a favor y tres
abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la proposición presentada por Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en cuarto lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), se aprueba por 310 votos a favor y tres
abstenciones.
Sometida a votación, por último, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se aprueba
por 315 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de
la Ley de enjuiciamiento civil en materia de ejecución forzosa (Página 2878)
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre reforma de la Ley de enjuiciamiento civil en
materia de ejecución forzosa, interviene el señor Guardans i Cambó, quien
manifiesta su esperanza de que su proposición consiga el mismo resultado
que las votaciones anteriores. Considera que aunque el tema que hoy se
presenta ante la Cámara pudiera parecer propio de discusión entre
catedráticos de Derecho civil o entre procuradores y abogados en
ejercicio, sin embargo, tiene gran calado y un grandísimo interés para
miles de ciudadanos, porque un país en el que el negocio de dedicarse al
cobro de impagados es lucrativo, es un país que tiene un defecto grave en
su sistema de garantías. Añade que el artículo 24 de la Constitución
española establece el principio de tutela judicial efectiva, al que se
suma el artículo 1.911 del Código Civil, que sienta un principio básico y
absolutamente elemental del tráfico jurídico y de las relaciones
patrimoniales entre las personas; como es el de que el deudor responde de
sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Cuando fallan estos
dos principios, falla el sistema de garantías. Considera que el problema
está en la actual regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo
menos tal y como está siendo aplicada en muchos juzgados de primera
instancia, aunque también es cierto que esta interpretación ha sido
corregida en parte por jurisprudencia de las audiencias provinciales. Sin
embargo, sigue siendo cierto que muchos jueces no colaboran en la
localización del patrimonio del deudor, y la consecuencia es que, por
debajo de determinados importes, la sentencia es papel mojado, con la
imposibilidad absoluta de realizar el derecho. Manifiesta que esto
provoca frustración en el ciudadano, frustración que se ha visto
incrementada en los últimos años cuando, ante deudas millonarias, los
jueces han considerado oportuno poner todos los medios de la
Administración del Estado para localizar los bienes. Sin embargo, resalta
con satisfacción que casi al tiempo en que se presentaba esta proposición
ante la Cámara, el Tribunal Constitucional dictaba la sentencia de 20 de
mayo de 1996, en la que se decía punto por punto el contenido de la
proposición de ley que hoy traen a la Cámara. El Grupo Catalán considera
que toda la Administración del Estado, sin excepción, debe ponerse al
servicio del juzgador, que es el Poder judicial para localizar los bienes
del deudor sobre los que se puede efectuar la traba, en cumplimiento del
artículo 118 de la Constitución, que dice que es obligado cumplir las
sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y Tribunales, así
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso
y en la ejecución de lo resuelto. A continuación manifiesta que la
interpretación que se da al artículo 113 de la Ley General Tributaria es,
a su juicio, errónea y está propiciando la falta de colaboración de las
autoridades tributarias con los jueces civiles, puesto que ésta considera
que sólo debe colaborar con los jueces penales o, incluso, sólo en el
marco de delitos públicos. Por tanto, proponen que entre los organismos a
los que los jueces se puedan dirigir para localizar el patrimonio estén
las autoridades tributarias y las de la Seguridad Social. No obstante, no
se le escapa a su grupo que con esta proposición de ley no queda
arreglada toda la ejecución judicial, puesto que ésta está apoyada en una
ley absolutamente anticuada, y la propia Ministra de Justicia se
comprometió en su momento a presentar con la mayor urgencia una reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su integridad.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV); los señores Castellano Cardalliaguet, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pedret i
Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y Arquero Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación la proposición de ley, se aprueba por 312 votos a
favor y uno en contra.
Proposiciones no de ley (Página )
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por
la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento al contenido de la
Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el día 19
de diciembre de 1995, relativa al reparto de trabajo, así como se acuerda
la creación de un Ponencia en el seno de la Comisión de Política Social y
Empleo en la que se estudien nuevas fórmulas de creación de empleo, y se
debatan y elaboren conclusiones sobre la reorganización del tiempo de
trabajo compatibles con un marco laboral dotado de estabilidad y
protección suficiente (Página 2886)
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Vaquero del
Pozo, manifestando que es un hecho comprobado que el crecimiento
económico sostenido no es ineludiblemente causa de creación de empleo. La
política de desregular y flexibilizar so pretexto de crear más empleo se
ha visto desmentida con el paso del tiempo, lo que ya había sido
anunciado en 1990, en el informe Segura, que decía que no era posible
modificar el volumen de empleo total que es capaz de generar una economía
a medio y a largo plazo mediante el cambio de modalidades de contratación
o abaratando el despido. El amplio proceso de regulación y
flexibilización laboral que se ha producido en Europa no ha provocado
mejora alguna en la creación de empleo y sólo ha servido para dividir a
la sociedad en los que tienen trabajo fijo y los que no lo tienen o lo
tienen precario. Considera que por seguir los postulados neoliberales a
ultranza, España tiene una tasa de paro doble que la media europea, el
triple de precariedad, trabajo para menos del 50 por ciento de los
ciudadanos en edad de trabajar, más flexibilidad que nadie y un 20 por
ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza. Además, a los
dos años de aplicación de una reforma laboral que prometía crear más
empleo, como la de 1994, la productividad ha descendido, porque la
excesiva precariedad y la rotación del mercado de trabajo generan un
mercado laboral desincentivado y un debilitamiento del consumo que
también se ha mostrado inconveniente para el propio crecimiento
económico. Afirma que los que llamaban a Izquierda Unida iluminada,
profética, cuando en 1993 hablaba del reparto del trabajo, en 1996
tuvieron que copiarla en sus programas electorales y hoy se apresuran a
compartir sus postulados. Explica que los dos objetivos de su proposición
no de ley son, por un lado, instar al Gobierno a que cumpla la
proposición no de ley número 162/251, relativa al reparto de trabajo en
la Administración pública, acordada en el Pleno del Congreso de los
Diputados en su sesión del día 19 de diciembre de 1995; y, por otro,
solicitar a la Comisión de Política Social y Empleo que apruebe la
constitución de una subcomisión en su seno sobre reparto del empleo.
Manifiesta que no se trata de discutir aquí y ahora medidas concretas,
sino de comprometerse a debatir serenamente sobre el tema.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene la señora López i Chamosa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y los señores Campuzano i Canadés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Camps Devesa, del
Grupo Parlamentario Popular.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el señor Vaquero del Pozo.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto primero de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, se rechaza por 146 votos a favor, 165 en contra y una
abstención.
Sometido a votación el resto de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por
24 votos a favor y 288 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de
la norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios envasados, para hacer posible un mayor respeto a
la pluralidad lingüística (Página 2895)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta
la proposición no de ley sobre la reforma del artículo 20 del Real
Decreto 212, de 6 de marzo de 1992, de la norma general de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados, la
señora Gil i Miró quien manifiesta que con esta proposición no de ley
pretenden poner punto final a una crónica sanitario-lingüística que,
según su opinión, muestra de manera evidente la instrumentación
autoritaria de la lengua castellana por parte del Estado. A continuación
hace una crónica del conflicto desde el año 1983 hasta la sentencia del
Tribunal Constitucional 147, del año 1996. Estima que el final de la
historia se encuentra de nuevo en esta sentencia que declara ajustada
como definición básica la del artículo de la norma general de etiquetado,
con los votos particulares de tres magistrados, en los que se arguye que
la imposición del castellano podría perseguir otros bienes o intereses
distintos al de la protección de la salud y al aseguramiento uniforme de
las condiciones de igualdad en la protección de la salud, opinión
conforme con las directivas y sentencias comunitarias.
Estima que con su proposición no de ley proponen a los diversos grupos
políticos un verdadero final a
esta crónica de desamor competencial y lingüístico y solicitan despojar
al artículo 20 del Real Decreto 212/1992 de su carácter básico. A
continuación recuerda los datos sanitarios obligatorios que deben figurar
en el etiquetaje y propone que puedan redactarse en catalán, en
castellano o en ambas lenguas, de acuerdo con el Decreto 389 de la
Generalitat de Catalunya. Asimismo solicita que se restablezca el que los
gobiernos autonómicos con lengua oficial propia distinta del castellano
puedan regular la redacción de etiquetaje de los productos alimenticios
que se comercialicen en su ámbito territorial en cualquiera de las
lenguas que en éste sean oficiales.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene el señor Jover Presa.
En defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, interviene el
señor Burgos Gallego.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola Martínez
y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González
de Xtabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y Alcaraz
Ramos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas planteadas, interviene
la señora Gil i Miró.
A los efectos de manifestar si acepta la transacción ofrecida por la
señora Gil y Miró, interviene el señor Burgos Gallego.
Sometida a votación la proposición no de ley, se aprueba por 311 votos a
favor y uno en contra.
Propuesta de creación de Subcomisiones (Página 2864)
Propuesta de la Comisión de Sanidad y Consumo para la prórroga de la
subcomisión de estudio de las reformas necesarias para modernizar el
sistema sanitario y garantizar su viabilidad futura (Página 2864)
El señor Presidente somete a la conformidad de la Cámara la prórroga
hasta la finalización del presente período de sesiones del plazo para que
la subcomisión de estudio de las reformas necesarias para modernizar el
sistema sanitario y garantizar su viabilidad futura, constituida en el
seno de la Comisión de Sanidad y Consumo, emita el correspondiente
informe, que lo aprueba por asentimiento.
Propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda de creación de
una subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración
económica y monetaria (Página 2864)
El señor Presidente somete, asimismo, a la consideración de la Cámara la
propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda de creación de
una subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración
económica y monetaria, que se aprueba por 185 votos a favor y 121 en
contra.
En turno de explicación de voto, intervienen los señores Eguiagaray
Ucelay, del Grupo Parlamentario Socialista; Ortiz González, del Grupo
Parlamentario Popular; y Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2906)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno
pretende modificar lo establecido en las normas del desarrollo de la LODE
y la LOGSE en materia de conciertos educativos y de admisión de alumnos
en centros sostenidos con fondos públicos (Página 2906)
Presenta la moción del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bayona
Aznar. Considera que el Gobierno, con la pasión que caracteriza a la
Ministra Aguirre, quiere recortar el ejercicio efectivo del derecho a la
educación. No entiende lo que quiere decir la señora Ministra cuando
afirma que se propone satisfacer los deseos de los ciudadanos que quieren
elegir el centro educativo al que llevar a sus hijos lo mismo que eligen
otras cosas, y entiende que aplicar a la educación el modelo que rige en
el mercado es provocar alteraciones en la demanda de plazas y hacer que
los centros más solicitados lo sean aún más, mientras se ignoren los
centros que escolarizan a los alumnos más necesitados. Opina que la
moción se ciñe fundamentalmente a los criterios de admisión y no entiende
por qué los quiere cambiar el Gobierno cuando no es una necesidad del
sistema educativo ni una reclamación de los padres y cuando, además, las
comunidades autónomas podrán cambiarlo el año que viene, cuando se les
transfieran las competencias. Estima que esta estrategia obedece a una
apuesta por la privatización, que rompe el equilibrio de los derechos
constitucionales en aras de intereses menos confesables.
A continuación explica los fundamentos y objetivos de su moción que
vienen a suplir las incógnitas que surgieron en la contestación de la
señora Ministra a la interpelación urgente de la semana pasada.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gil i Miró,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Aramburu del Río,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el
señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se
rechaza por 137 votos a favor y 156 en contra.
Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar para crear
empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y potenciar la
estabilidad en el empleo (Página 2912)
En defensa de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Vaquero del
Pozo. Manifiesta que el señor Ministro de Trabajo afirmaba la semana
pasada estar de acuerdo con el diagnóstico de la situación que presentaba
su grupo y también con sus consecuencias, pero en lo que ya no estaba tan
de acuerdo era en las medidas de política económica a aplicar para
corregir las deficiencias analizadas. El portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya estima inevitable que sus dos formaciones
políticas defiendan modelos económicos distintos, pero siendo
absolutamente cierto en términos filosóficos, y aún en términos
programáticos, no debe serlo en términos políticos y prácticos porque,
según su opinión, están condenados a entenderse en un tema de tan alto
grado de sensibilización social como es el paro y la precariedad y porque
lo importante es buscar un método que acerque los denominadores comunes,
que sin duda los hay, puesto que todo depende de la voluntad política que
se tenga.
A continuación pasa a exponer a la Cámara una serie de datos sobre el
mercado de trabajo y denuncia los problemas con que se encuentran los
pequeños empresarios y autónomos, exponiendo asimismo las soluciones que
propician desde Izquierda Unida. Su grupo cree necesaria la potenciación
de los autónomos y del autoempleo, puesto que la gestión del gasto social
de las prestaciones de desempleo, un tratamiento fiscal adecuado y las
ayudas respecto a los servicios de asesoramiento fiscal, contable y
publicitario, pueden hacer que a este colectivo de los autónomos sirva
óptimamente para la creación de empleo no marginal, sino de calidad.
Asimismo considera necesario buscar fórmulas imaginativas que adecuen los
costes fiscales y los sociales, las estructuras asociativas y
representativas y los marcos legales a la especificidad derivada de sus
volúmenes productivos, comerciales y financieros, y pretenden que se
impulsen propuestas parlamentarias sobre la creación de empleo de
calidad. Por otra parte, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
respetando el debate que tiene lugar entre los agentes económicos y
sociales y esperando a las medidas que ellos propongan, cree conveniente
ir constituyendo una subcomisión donde se debatan y se consensúen las
medidas para su aprobación en el Pleno.
En defensa de las dos enmiendas presentadas, interviene la señora López i
Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Hernando Fraile,
del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y el señor Campuzano i Canadés, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas que se proponen
interviene el señor Vaquero del Pozo.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 15 votos a favor, 250 en
contra y cuatro abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS
POLITICOS. (ORGANICA) (Número de expediente 122/000027)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE FINANCIACION DE
LOS PARTIDOS POLITICOS (Número de expediente 122/000031)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (ORGANICA) (Número de expediente
122/000032)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE FINANCIACION DE LOS
PARTIDOS POLITICOS. (ORGANICA) (Número de expediente 122/000033)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. (ORGANICA)
(Número de expediente 122/000038)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, toma en consideración de proposiciones
de ley.
Como saben SS. SS., la Mesa y la Junta de Portavoces tramitaron
conjuntamente las iniciativas de cinco grupos parlamentarios coincidentes
en la propuesta de regulación de financiación de los partidos políticos.
Por tanto, el debate se va a desarrollar sobre las cinco proposiciones,
en forma acumulada, de manera que cada portavoz de grupo proponente
fijará, en una primera exposición, los rasgos que perfilan su proposición
y procurará reservar los últimos minutos para una toma de posición
general sobre las restantes. Dejaremos luego un turno para los dos grupos
parlamentarios que no han presentado iniciativas semejantes y quieran
fijar su posición sobre todas las defendidas.
Comenzando por el orden temporal de presentación de las iniciativas, en
primer lugar, para defender la proposición de ley del Grupo Socialista
sobre financiación de los partidos políticos, tiene la palabra el señor
Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, vamos a tratar un tema que afecta a las organizaciones
políticas de las que formamos parte la mayoría de los Diputados de esta
Cámara. En torno al mismo, cinco grupos parlamentarios han presentado
otras tantas iniciativas legislativas con la finalidad de abordar la
financiación de los partidos políticos, reformando la ley actualmente en
vigor. La abundancia de las proposiciones es un buen indicador del
interés y de la complejidad de la cuestión, a la vez que es el reflejo de
la preocupación que en torno a este tema se ha suscitado.
Antes de exponer los puntos de vista de mi grupo sobre esta cuestión,
quiero recordar el trabajo realizado en la pasada legislatura por la
Comisión no permanente sobre financiación de partidos políticos, ya que
fue extraordinariamente útil para la formación de la voluntad política de
los diferentes grupos parlamentarios. Formulábamos el reconocimiento de
mi grupo no sólo hacia aquellos Diputados que trabajaron en la misma sino
a todos cuantos aportaron sus ideas, puesto que ayudaron a que hoy nos
encontremos con unos textos más rigurosos en los que apoyar nuestros
puntos de vista.
Señorías, el sujeto que se trae hoy a debate son las organizaciones
políticas, y el objeto del debate está constituido por las normas que
queremos que se establezcan para la correcta financiación de las mismas.
Un sujeto que tiene especial relevancia en el sistema democrático puesto
que la Constitución española de 1978, siguiendo la trayectoria marcada
por las constituciones europeas de después de la Segunda Guerra Mundial,
atribuyó a los partidos funciones de trascendental importancia en el
Estado actual.
Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación de
la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la
participación política. Esto les convierte en elementos centrales,
vertebrales en el sistema político porque articulan la voluntad de los
ciudadanos y garantizan la primacía de los intereses generales sobre los
intereses particulares. A través de los partidos políticos se determinan
objetivos de naturaleza política, pero también se conforman, se
canalizan, se agregan y se aglutinan los intereses de distintas fuerzas
de la sociedad, lo que se traduce en que la función de los partidos sea
en muchos casos una función de mediación entre los grupos, la sociedad y
el Estado.
Con tareas tan destacadas resulta difícil imaginar un sistema político
carente de partidos, por lo que nadie con solvencia y responsabilidad
democrática niega la necesidad de los partidos para aunar las opiniones
en la sociedad. Está aceptado que los partidos son imprescindibles y que
la fortaleza de los sistemas democráticos depende de la fortaleza del
sistema de partidos que en él actúa, y, en sentido contrario, el
desarraigo en relación con los partidos debilita, fragiliza a los
sistemas democráticos y, es más, si los partidos renunciaran a desempeñar
el papel que han venido llevando a cabo, la sociedad regresaría a
fórmulas inciertas y arcaicas de convivencia política donde no podría
garantizarse la defensa de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
Por ello, señor Presidente, la política viene realizándose a través de
partidos políticos, y por ello se justifica que se haya dicho y que yo
sostenga hoy aquí que, de no existir partidos políticos, habría que
inventarlos.
En relación con el objeto de las intervenciones que van a producirse a lo
largo de esta sesión, comenzaré manifestando a SS. SS. que respecto a la
financiación de los partidos en España hemos vivido un lento y largo
camino en la democracia. Es más, me atreveré a decir que el cansino
deambular respecto a esta cuestión tan sólo se ha visto atenuado a lo
largo de los últimos años. La conciencia respecto a tan complejo asunto
ha surgido recientemente entre nosotros, y las circunstancias
bajo las cuales se ha producido su conocimiento público han generado
alarma y han ocasionado un extraordinario y vertiginoso cambio en los
puntos de vista de los ciudadanos. Como consecuencia de esa mutación en
la mentalidad social, los procedimientos de financiación, que en otro
tiempo pudieron estar consentidos y tolerados y que quizá venían
realizándose sin crítica social, reciben hoy una fortísima repulsa. La
exigencia de que haya una financiación transparente encuentra entre los
ciudadanos unánime acogida y apoyo, quienes además, con razón, reclaman y
exigen a las fuerzas políticas un conocimiento exacto y puntual de sus
actividades financieras y que las mismas se desvinculen de los intereses
particulares.
Siguiendo una secuencia temporal, se nota, se ve que la regulación de los
partidos políticos en España ha sido una cuestión que se ha planteado
detrás de los acontecimientos y, como consecuencia de ello, ha habido un
retraso en la creación de un marco jurídico, ya que la ley de 1987 se
propugna cuando los partidos políticos llevaban ya diez años actuando en
libertad. Por tanto, un período tan importante como es el de salida de la
clandestinidad, el de la formación, el asentamiento y la consolidación de
las formaciones políticas, en el que millares de mujeres y de hombres
entran a participar en la política y a militar en los partidos para
cambiar España y para que pudiéramos vivir ya siempre en libertad, esa
época trascendental en nuestra historia moderna en la que cristaliza la
infraestructura política, institucional y humana de la España democrática
se lleva a cabo en ausencia de normas financieras específicas. Pero hay
algo más: ese período de implantación de las organizaciones políticas y
de creación de la clase política de la democracia estuvo acompañado de
continuos procesos electorales. La conjunción de estos hechos determinó
que a lo largo de la década de los ochenta las formaciones políticas
vivieran en una situación de ahogo y de angustia financiera, y el
resultado fue que los partidos que sobrevivieron, y también los que no
sobrevivieron por las razones que fuera, se endeudaron profundamente para
poder hacer frente al desarrollo de su actividad política. Este estado de
cosas cambia progresivamente a partir de la ley de 1987, que ha venido
siendo aplicada con esfuerzo y con perseverancia por los partidos, lo que
ha posibilitado que las estructuras financieras de los mismos hoy sean
más sólidas, más diáfanas y menos problemáticas que lo fueron
anteriormente. En la aplicación de esta norma se han detectado unas
carencias, algunas de las cuales el texto que someto a la consideración
de SS. SS. trata de resolver. Nuestra pretensión es bien simple: queremos
que con esta modificación los partidos políticos españoles puedan
realizar mejor que hasta ahora los fines que la Constitución les
atribuye.
Centrándonos en los contenidos específicos de nuestra propuesta, diré que
la controversia sobre las modalidades de financiación ha estado situada
en torno al peso y a la importancia que se proporciona a la financiación
pública directa. Los socialistas formamos parte del conjunto de
organizaciones políticas que consideran que la financiación pública
directa constituye un factor de estabilidad y un factor de garantía,
puesto que establece importantes limitaciones a la influencia del dinero;
factor de garantía porque posibilita la independencia de los partidos
respecto a los grupos de interés; factor de estabilidad ya que evita los
riesgos financieros que pueden producirse cuando se alteran y se rompen
las condiciones de igualdad para favorecer en el ámbito político a unos
contendientes en detrimento de otros. Desde estos planteamientos
defendemos que la combinación de financiación pública y de control del
gasto sirve para preservar a la democracia. Esta opinión, característica
de la izquierda, ¿significa que estamos en desacuerdo, estamos cerrados a
estudiar y avalar la existencia de aportaciones privadas que sirvan para
el desarrollo de la actividad política de los partidos? No, en modo
alguno lo significa. Creemos que, junto a la financiación pública
directa, puede abrirse un ámbito de colaboración privada en las
actividades de los partidos políticos. Esa financiación, en nuestro
opinión, debe ser de personas físicas. Los partidos políticos son
asociaciones de voluntarios constituidas por personas, y los
destinatarios de su actuación son los ciudadanos, cuya opinión tratamos
de conseguir y de movilizar a través del voto. Por ello, consideramos que
una correcta financiación de los partidos puede venir y debe venir de los
afiliados, de los simpatizantes y de los electores. Para apoyar este
planteamiento, la proposición que defiendo establece que las cantidades
donadas por las personas individuales se ingresen obligatoriamente en
cuentas abiertas a tal fin en las instituciones financieras, de tal forma
que quede constancia de la fecha de la imposición, del importe de la
misma y de la personalidad del donante, exigiéndosele además a la entidad
receptora que extienda al depositante un documento acreditativo de los
extremos antes mencionados. Creemos que estas obligaciones de
trasparencia constituyen la forma a través de la cual se puede evitar que
en la práctica los partidos sean vulnerables respecto a los benefactores
conocidos o desconocidos.
Completamos estos planteamientos estableciendo una serie de beneficios
fiscales en favor de las personas físicas, ya sean miembros o no de las
formaciones políticas, que quieran contribuir al desarrollo de la
actividad de las mismas. El tratamiento fiscal de estas aportaciones se
equipara en nuestra proposición al que actualmente existe para las
fundaciones e instituciones de interés general. Por lo tanto, señorías,
apoyamos, incluso fiscalmente, el que existan donaciones privadas,
nominativas pero no anónimas, procedentes de ciudadanas y de ciudadanos.
Creemos que este sistema mixto, en el que se combina la financiación
pública directa con las aportaciones privadas, constituye
una buena solución, la solución más conveniente que incorpora virtudes
que han de tenerse muy en cuenta desde una perspectiva democrática.
La financiación pública permite la independencia de los partidos frente a
los poderes reales de una sociedad, hecho que no es nunca desdeñable. La
financiación privada, por otra parte, posibilita el que afiliados,
simpatizantes y electores colaboren con la formación política hacia la
cual se sienten identificados, hecho por sí mismo relevante.
Planteadas así las cosas, las dudas que puedan tenerse respecto a esta
última modalidad se despejan mediante normas en las que la transparencia,
la publicidad y el control están correctamente establecidos, si bien he
de manifestar que estamos dispuestos a escuchar las opiniones de todos
cuantos sinceramente consideren que estas garantías pueden
perfeccionarse.
Desde nuestro punto de vista, debería descartarse --y nosotros así lo
hacemos-- el que las aportaciones privadas procedieran de sociedades y de
empresas porque creemos que éste es un buen procedimiento para eludir la
interferencia y la intromisión de los negocios en la política. Y la
oposición a las aportaciones económicas de las sociedades y de las
empresas la manifestamos respecto de las aportaciones nominativas y
también de aquellas otras cuyo donante no es conocido. En éste, como en
otros temas, buscamos el equilibrio y tratamos de preservar la dignidad
de la política sin impedir que ciudadanos individuales puedan contribuir
de forma bienintencionada al sostenimiento del partido con el cual se
sienten vinculados. Ahora bien, a lo largo de mi intervención he hecho
referencia a la necesidad de la transparencia y del control como uno de
los requerimientos que han de establecerse en la financiación de las
formaciones políticas, y ese requerimiento hay que formularlo respecto de
los ingresos y también respecto de los gastos.
El señor PRESIDENTE: señor Fernández Marugán, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: La claridad en el origen de los fondos y en
la aplicación de los mismos es la clave de bóveda del sistema que
queremos construir. Desde los partidos políticos tenemos que actuar
proporcionando la máxima información posible sobre las actividades que
realizamos. En ello radica la recuperación de la credibilidad ya que la
sociedad ni admite ahora ni va a admitir en el futuro que vuelvan a
producirse hechos similares a los ocurridos en estos últimos años.
Conscientes de que los ciudadanos rechazan el despilfarro y la opacidad,
creemos que la transparencia y el control obligan a disponer de un código
homogéneo que fije la información que ha de proporcionársele al Tribunal
de Cuentas.
En relación con el endeudamiento de las formaciones políticas, que no fue
abordado en la ley de 1987, se efectúa en nuestra proposición una
propuesta compatible con la resolución que recientemente aprobó la
Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas.
Quisiera, señor Presidente, volver tanto al sujeto como al objeto del
debate que ahora tenemos. Vivimos una etapa en relación con los partidos
que está determinada por los cambios de ideas y de valores, que han
afectado a múltiples aspectos de su vida, a las funciones que desempeñan
y, desde luego, al complejo problema de la financiación. La erosión a la
que se han visto sometidos quienes se aglutinan en formaciones políticas
o aquellos que directamente se dedican a la política no me lleva a avalar
ni a sostener los puntos de vista de quienes hablan de la decadencia de
los partidos. Y no lo hago por dos razones fundamentales: por la
capacidad de adaptación de los mismos en la búsqueda de nuevos
procedimientos de actuación y en el cambio de sus funciones, y también
porque valoro, constato objetivamente su actitud persistente. Los
criterios con los que hoy se juzga a la política y a quienes estamos en
ella se han vuelto muy exigentes. Hay un endurecimiento de la actitud
ante los políticos, y de un tiempo a esta parte otros contendientes en la
batalla de la formación política apenas si dan reposo.
Comprendiendo esta situación, he de manifestar que quiero dejar claro que
considero que sigue siendo evidente la necesidad de organizar la
dirección política de la sociedad y esta tarea ni puede encomendarse al
mercado ni puede encomendarse a los medios de comunicación, ya que ni el
uno ni los otros tienen por qué adquirir primacía sobre la política.
Los cambios a los que aludía se han producido claramente en materia de
financiación. Todos sabemos que en muchas naciones esos cambios y esos
problemas empujaron a modificaciones frecuentes y reiteradas de las
leyes; que ha habido casos en los que hasta podía pensarse que se han
acercado a este asunto mediante aproximaciones sucesivas y que
paulatinamente han ido introduciendo modificaciones con las que trataban
de acercarse a la solución que consideraban más conveniente, pero también
dejaban de ver la imposibilidad y la impotencia para abordar este
problema de manera definitiva y permanente. Ese tejer y destejer con el
que se han acercado a la financiación de los partidos políticos en la
Europa continental señala que todavía no se ha hallado una fórmula que
sea capaz de dar respuesta a todos los riesgos; que no hay recetas
mágicas. Pero, en cualquier caso, no habiendo una sola respuesta y una
solución universal y permanente, no debemos renunciar a impedir que,
desde cada realidad institucional, desde cada realidad política y
cultural, se actúe para conseguir una financiación que logre hacer
funcionar con austeridad a las formaciones políticas, a la vez que las
formaciones políticas dan cumplida y firme respuesta a los
comportamientos ilegales de quienes, dentro de ellas, comprometen la
actuación y la autonomía de la política.
Conscientes de ello, hemos propuesto a esta Cámara un modelo, un sistema
de financiación de los partidos políticos para que quede mejor definida
esta cuestión, delimitando los procedimientos que han de cumplir en la
utilización de esos recursos y prestando una especial atención a los
principios de transparencia y de control, con la finalidad de que los
ciudadanos conozcan las cuentas de nuestras organizaciones y que desde
éstas se impida cualquier desviación en las actitudes honestas y
democráticas que siempre deben caracterizarlas.
El deseo y el compromiso de mi grupo es que las nuevas reglas, cuando se
promulguen en su día, sirvan para tener partidos mejores y más
transparentes. Las propuestas que hemos hecho estamos dispuestos a
discutirlas y a dialogarlas con el resto de los grupos de la Cámara.
Igual actitud adoptaremos en las propuestas que otras formaciones han
formulado. Esta es una cuestión que, pensamos, debería abordarse a través
de un debate sereno y sosegado, puesto que una respuesta satisfactoria al
problema de la financiación de los partidos políticos elevaría la calidad
de la democracia al permitir un funcionamiento eficaz y solvente de las
instituciones.
Termino ya, señor Presidente, manifestando que hemos analizado con
atención las restantes proposiciones; que del análisis de las mismas
constatamos la existencia de abundantes coincidencias, pero también de
singulares diferencias. Nada de ello es extraño en un régimen
parlamentario. No es el momento de detallar profusamente ni esas
abundantes coincidencias ni esas singulares diferencias. No obstante,
estimamos que algunas han sido destacables y por eso las he puesto de
relieve a lo largo de mi intervención. Por ello quisiera manifestar que
trabajaremos por el acuerdo y que, en aras del mismo, votaremos
favorablemente la admisión a trámite de todas cuantas iniciativas se han
presentado hoy. Queremos comenzar este debate con un relativo optimismo y
estamos dispuestos a realizar encuentros a lo largo de los próximos
trámites parlamentarios.
Finalmente hay una cuestión que resulta relevante. Mi grupo piensa que
sería bueno que a partir de todas las proposiciones se elaborara una ley
que incorporara el mayor acuerdo posible. Pensamos que en una cuestión
como ésta, donde la confrontación ha sido frecuente y árida, no debería
promulgarse una norma que alguien pudiera decir que sólo es de uno y que
no es de todos. La financiación de la estructura política de la
democracia española forma parte de las reglas del juego, por lo que
deberíamos empeñarnos en conseguir para ella el mayor acuerdo posible. De
no ser así lo lamentaríamos, y estamos seguros que con nosotros lo
lamentarían muchos españoles que piensan que debemos encontrar otros
terrenos donde manifestar las diferencias y discrepancias que
legítimamente existen entre nosotros.
Creemos que la aprobación de nuevas normas constituye una excelente
oportunidad para concluir un combate en un terreno en el que el choque ha
sido espectacular y brusco, pero que ha generado incertidumbre en los
ciudadanos, pérdida de credibilidad en los partidos políticos y fuerte
desafección en la política. Fenómenos que no deben continuar y a los que
nosotros en modo alguno queremos contribuir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señorías, lo primero que tengo que pedir a
la Presidencia es que, con su venia, se corrija la denominación de
nuestra proposición, que había omitido la palabra orgánica. Decía:
Proposición de ley de financiación de partidos políticos, siendo así que
debe decir proposición de ley orgánica de financiación de partidos
políticos.
Hecha esta corrección voy a exponer esta tarde cuál es la postura del
Grupo Popular respecto a la cuestión relativa a la financiación de los
partidos políticos, defendiendo la toma en consideración de nuestra
proposición y, además, anunciando desde ahora que estamos dispuestos a
sumarnos a las demás proposiciones para que también sean tomadas en
consideración aceptando, a su vez, la propuesta que en sus últimas
palabras realizaba el portavoz del Grupo Socialista relativa a la
constitución de una ponencia que trate de alcanzar el máximo consenso
posible, habida cuenta que sobre este tema, por fortuna, hay una gran
coincidencia entre los distintos grupos parlamentarios.
En este asunto de la financiación de partidos no voy a entrar en
determinar la trascendencia que para nuestro sistema democrático tiene la
existencia de un sistema de partidos. Es la propia Constitución, en su
artículo 6, la que vincula directamente la existencia de los partidos al
valor superior del pluralismo político, que constituye uno de los
elementos fundamentales de toda sociedad democrática, de todo Estado
social y democrático de Derecho.
Hablamos, señorías, de financiación. Una cuestión controvertida, entre
otras cosas porque los ciudadanos a veces se preguntan si debe existir un
modelo de financiación pública o, por el contrario, deberían ser las
cuotas de los afiliados o las aportaciones de sus simpatizantes las que
hicieran frente a los gastos de cada formación política.
Desde un punto de vista teórico nos parece que esta posición de los
ciudadanos, de muchos ciudadanos es correcta. La financiación de los
partidos debiera ser cuestión de sus afiliados y de sus simpatizantes.
Sin embargo, la realidad en una sociedad moderna como la nuestra y,
además, no existiendo...
El señor PRESIDENTE: Señor Del Burgo, un minuto. Le ruego a S. S. que
suba un poquito los micrófonos y la Cámara podrá escucharle mejor, sobre
todo si todas SS. SS. guardan silencio.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Supongo que ahora se me escuchará mejor y siento no haberlo hecho
anteriormente.
Estaba diciendo que los ciudadanos pueden tener razón cuando se plantean
si la cuestión de la financiación de los partidos no debería depender
exclusivamente de los afiliados y de sus simpatizantes y no de las
finanzas públicas. Decía, antes de la amable interrupción del señor
Presidente, que en la realidad española la solución de una financiación
exclusivamente privada en estos momentos daría al traste con el propio
sistema de partidos. No hay ninguna posibilidad. Dados los costosos
procesos electorales en que estamos inmersos, dada la inexistencia de una
tradición democrática en España, dado que los ciudadanos no se sienten
identificados con sus partidos hasta el punto de hacer esfuerzos para
financiarlos, es evidente que la financiación privada en exclusiva
estaría condenada al fracaso. Sin embargo, manteniendo el sistema mixto
que diseña la Ley de 1987, debemos tratar de incentivar la financiación
privada y conservar, por supuesto, la financiación pública en sus
términos actuales. Perfeccionar las lagunas que la Ley de 1987 tenía en
relación con la financiación pública nos parece enormemente adecuado,
pero también creemos imprescindible reforzar los incentivos que permitan
que el peso de la financiación privada vaya elevándose en proporción y
progresivamente, si no para llegar a alcanzar a la financiación pública,
por lo menos para que tenga un peso significativo dentro de las finanzas
de los partidos.
Nosotros, y lo anuncio desde este momento, hemos reflexionado sobre la
cuestión de si en las aportaciones privadas deben existir solamente las
aportaciones nominativas de personas físicas y jurídicas o si debemos
aceptar lo que en 1987 se admitía, que eran las aportaciones anónimas.
Entendemos que incentivar la financiación privada exige establecer
controles, transparencia y publicidad para que todos los ciudadanos
tengan la seguridad de que quien hace una aportación a un partido
político no tiene detrás un interés bastardo. Por tanto, creemos que las
aportaciones anónimas no deben mantenerse, y este es el anuncio que desde
esta tribuna hago, porque creo que con ello se habrá recorrido un amplio
camino para alcanzar entre todos el consenso que en una materia como ésta
es imprescindible.
Por ello, renunciamos a mantener, señorías, lo que se ha llamado
aportaciones anónimas. Sí aceptamos, por supuesto, el que esos
simpatizantes puedan ser no solamente personas físicas sino personas
jurídicas, eso sí, con limitaciones cuantitativas y cualitativas;
cuantitativas porque entendemos que 15 millones por persona y año es una
cantidad suficiente, como máximo, de aportación a un partido político.
Pensamos, a su vez, que es imprescindible establecer una serie de
limitaciones a las sociedades que quieran hacer aportaciones a los
partidos políticos, excluyendo tanto a las empresas públicas como a todas
aquellas empresas privadas que de una u otra manera tengan relaciones de
dependencia o de cualquier otro tipo con las administraciones públicas,
de tal manera que, en efecto, las aportaciones que se produzcan, tanto
por personas físicas como por personas jurídicas, se realicen con
carácter no finalista y desprovistas de cualquier interés, insisto,
bastardo.
A nosotros nos parece que hay que dar algunos pasos más, no solamente
reformar la ley de 1987 en estos aspectos, sino aprovechar la oportunidad
para concretar el régimen fiscal de los partidos políticos, que en estos
momentos está rodeado de cierta nebulosa, y concretar los incentivos
fiscales que han de promover a los ciudadanos a realizar aportaciones
privadas --en tal sentido creo que es común denominador en el deseo de
todos el que se les deba aplicar los mismos incentivos que tienen las
aportaciones a las fundaciones de interés general--; debemos mejorar las
normas contables para que la contabilidad de los partidos políticos
refleje con toda claridad y transparencia su situación económica, sus
ingresos y sus gastos; debemos, por último, perfeccionar la fiscalización
del Tribunal de Cuentas.
Se ha hablado aquí del endeudamiento de los partidos, la famosa deuda
histórica sobre la que nosotros anunciamos que estaremos dispuestos a
buscar cualquier tipo de fórmula que resuelva ese problema, pero sin que
ello signifique, de ninguna manera, que los partidos --que en ocasiones
no han sido precisamente muy respetuosos con el principio de austeridad--
puedan beneficiarse de fórmulas que signifiquen privilegios en relación
con el resto de los ciudadanos.
Para terminar, señor Presidente, una última reflexión. Se dice que con
esta ley de financiación, que pretendemos sacar entre todos, se habrán
acabado las cuestiones que han apasionado, desagradablemente, a la
opinión pública en relación a la financiación de los partidos políticos,
y yo tengo que decir que nada tiene que ver el que aprobemos una nueva
ley de financiación de los partidos políticos con la evitación de las
prácticas que se hayan podido cometer en el pasado respecto a la
financiación ilegal de los partidos. Lo digo porque, en 1987 y desde esta
tribuna, también se hicieron solemnes declaraciones afirmando que, desde
la aprobación de esa ley, los partidos iban a entrar en una etapa de
transparencia, de suficiencia y de publicidad que haría imposible
cualquier tipo de financiación ilegal. Lo que ocurre es que todos los
partidos políticos debemos tener una voluntad clara, y es que las
prácticas de financiación ilegal se han realizado en el
pasado precisamente para eludir los preceptos que establecía el marco de
financiación de la Ley de 1987. Esa es la única cuestión. Tenemos que
tener voluntad inequívoca, porque así lo requiere una democracia honrada
y honesta, de cumplimiento de los preceptos de la ley. Y si los
ciudadanos --eso sí-- se percatan de que todos los partidos políticos
tienen una financiación adecuada y suficiente, transparente y pública,
evidentemente habremos atacado uno de los posibles focos de corrupción:
el que se ha parapetado o amparado en la solicitud de fondos para un
partido político cuando, en realidad, en muchas ocasiones, el partido
político no resultaba beneficiario de nada y lo único que se hacía era un
enriquecimiento personal de aquél que solicitaba fondos, abusando, sin
duda, de su situación política.
Con este espíritu, señorías, el Grupo Popular va a tratar de conseguir
una ley que es trascendente para la consolidación del sistema de partidos
y estoy seguro de que, en breve plazo, podremos contar con un nuevo
instrumento legal que reforme sustancialmente la Ley de 1987, en línea
con los principios que a lo largo de esta exposición he manifestado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
sobre financiación de los partidos políticos, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El día de hoy no deja de ser un día de llegada después de que en dos
debates de política general acabásemos aprobando proposiciones que hacían
referencia a la modificación del sistema de financiación de partidos
políticos en el año 1994 y en el año 1995; después también de que la
Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordase promover
la modificación...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Silva. Mejor que eleve los
micrófonos porque así le pueden escuchar mejor.
Gracias.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias.
Decía, señorías, que el día de hoy no deja de constituir un día de
llegada, un punto de encuentro después de una historia que va siendo si
no larga sí concurrida, en la que, como decía antes, han coincidido
proposiciones votadas por este Pleno después de debates de política
general, conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, incluso de esa Comisión no permanente a la
que anteriormente se hacía referencia. De eso debemos obviamente
alegrarnos todos, de poder iniciar o mantener a partir del día de hoy un
cierto consenso en la regulación de estas materias. Por eso también
anuncio, como han hecho los portavoces anteriores, la disposición de mi
grupo a votar favorablemente la toma en consideración de las cinco
proposiciones de ley que se presentan esta tarde.
Sin embargo, señorías, hay que entender que la tarea que todavía nos
incumbe no es una tarea sencilla ni tampoco debe ser una tarea que se
aborde con complejos, y lo digo porque conviene distinguir muy claramente
aquellas manifestaciones que a veces aparecen en la opinión pública o en
la opinión publicada, que no son sino evocaciones de antipartidismo de un
origen claramente autoritario, de aquellas otras manifestaciones que en
el fondo constituyen unas válvulas de escape de la opinión pública, a
través de la cual se manifiesta la disconformidad con la actuación de la
clase política en general, y, finalmente, de aquellas otras que pretenden
efectuar una crítica, entendemos que constructiva, o que ponen de
manifiesto discrepancias razonables de criterio sobre la regulación de la
financiación de los partidos políticos.
Señorías, si algo es indiscutible es que los partidos políticos necesitan
financiación, y, como dice el aforismo latino pecunia ergo rerum, que, a
pesar de que les pueda ofender, traduciré: desde luego el dinero no lo es
todo, pero sin dinero no hay absolutamente nada. Y no hay tampoco
absolutamente nada en el ámbito de los partidos políticos y, por tanto,
no hay absolutamente nada en el ámbito de la democracia parlamentaria, al
menos hasta que se invente algo tan imposible como es la democracia
parlamentaria sin los partidos políticos.
Decía, señorías, que la tarea que nos incumbe tampoco es una tarea
sencilla. Piensen SS. SS. que hasta el 9 de abril de 1992 se produjeron
en Alemania en esta materia diez sentencias de su Tribunal
Constitucional, más sentencias que las que abordaron cualquier otra
cuestión, como podía ser el tema también complejo de la radiodifusión y
que en 1994 el Parlamento alemán, el Bundesrat, procedió a aprobar la
sexta modificación de la ley de financiación de partidos políticos y de
otras leyes, con lo cual estoy seguro que lo que se inicia a partir del
día de hoy no servirá sino para cubrir provisionalmente una etapa de la
historia de nuestra democracia parlamentaria y de la historia de nuestros
partidos políticos, etapa que esperemos sea lo más eficaz, fructífera
obviamente, y honesta, pero no creo que dejemos el tema absolutamente
acabado. Lo digo porque los motivos de complejidad son muchos. Por un
lado --posteriormente me extenderé más-- la propia naturaleza dual de los
partidos políticos. El propio Tribunal Constitucional en una de sus
primeras sentencias en la 3/1981, del 2 de febrero, entendió que los
partidos políticos no son sino una forma más del derecho de asociación
que reconoce el propio artículo 22
de la Constitución. Por lo tanto es normal que, como tales asociaciones,
tengan un acceso importante a la financiación privada. Sin embargo,
tampoco cabe olvidar las amplias funciones públicas que les vienen
atribuidas explícitamente por el artículo 6 de la Constitución cuando
establece que precisamente estos partidos expresan el pluralismo
político, contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad
popular y, en última instancia, como decía anteriormente, son este
instrumento fundamental para la participación política.
En cualquier caso, hay que decir que también la complejidad de abordar
esta regulación viene dada entre otros motivos porque los propios
afiliados y simpatizantes de los partidos políticos en muchos casos
responden a estructuras sociales diversas, y por lo tanto, gozando como
goza el sistema parlamentario español de partidos que son realmente
interclasistas, no deja de existir diferencia entre la capacidad
económica y el patrimonio de aquellas personas que los integran o que los
respaldan con el voto o con algún otro tipo de actividad Por tanto, ante
determinados aspectos a los que indudablemente tendremos que aludir, como
es el tratamiento fiscal de estas ayudas, de las cuotas o de las
donaciones, no deja de estar muy claro que también las consecuencias y
los efectos van a ser obviamente diferentes.
Por consiguiente, como decía, mi grupo aborda este tema sin complejos y
consciente de esta complejidad. No podemos olvidar --y también lo
introducía anteriormente-- la amplia gama de funciones que le vienen
atribuidas, no ya pura y simplemente por el artículo 6 de la
Constitución, sino por los hechos que se ponen de manifiesto cada día, y
quizá aquí sea la ley de partidos políticos de la República Federal
Alemana la que contenga una descripción, si acaso, más exacta de estas
funciones. Hay que tener en cuenta, por ello, que los partidos influyen
en la configuración de la opinión pública; participan en la formación
política; fomentan la participación activa de los ciudadanos; forman
ciudadanos capacitados para desempeñar estas funciones públicas;
presentan candidatos; son capaces de integrar intereses muy diversos de
la sociedad y transformarlos en un programa de gobierno que, si
posteriormente es aprobado también electoralmente por los ciudadanos, se
convierte precisamente en el programa de actuación de ese Gobierno;
incorporan al proceso de formación de la voluntad estatal los fines
políticos por ellos elaborados y mantienen estos lazos vivos y constantes
entre el pueblo y los órganos del Estado.
Tengo que decir, señorías, que si en algunos momentos se habla de esta
crisis de los partidos políticos y se habla con sumo respeto de las
funciones que pueden desempeñar determinados movimientos sociales o
determinadas asociaciones, también es bueno hacer constar que los
partidos políticos son capaces de someterse, sin el más mínimo de los
complejos y sin la más mínima de las vergüenzas, a contraste, tanto
respecto de la democratización de sus procedimientos internos como de sus
objetivos, respecto a lo que puedan ser los instrumentos y los objetivos
de estos movimientos sociales y de estas asociaciones, a las que
obviamente conviene tener muy en cuenta, que son también muchas veces
instrumentos de participación pero que en modo alguno pueden suplantar ni
gozar de mejor trato del que pueda gozar un partido político.
Como se ha dicho muchas veces, los movimientos sociales en el fondo son
indicativos de problemas y se expresan a través de movimientos de
indignación; las asociaciones, en el fondo, actúan defendiendo una
clientela propia. Unicamente es el partido político, en el ámbito
parlamentario, en la democracia parlamentaria, el que es capaz de
transformar, de integrar esta suma de intereses en un programa político,
en un programa de gobierno que además --y eso tiene una tremenda
importancia-- satisfaga también los intereses de aquellos que no tienen
otras voces, señorías, porque lo que se ha denominado también algunas
veces la democracia o el sistema corporativizado al final acaba dejando
absolutamente indefenso al ciudadano no corporativizado, al niño, al
anciano, al parado, a aquellas personas que no tienen ninguna agrupación
de intereses, ningún colegio profesional, ninguna asociación que los
defienda.
Estos son los principios o las bases que han determinado la presentación,
por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de la
proposición de ley sobre financiación de partidos políticos, con
consecuencias muy claras extraídas de esta filosofía. Si decíamos antes
que el partido político no es otra cosa que una manifestación, una forma
especial de asociación, de aquellas cuyo derecho a constituirse recoge el
artículo 22 de la Constitución, es normal que tengan precisamente una
importante capacidad de financiación privada. Si al mismo tiempo el
partido político realiza unas importantes funciones públicas, hasta el
punto de que el propio Tribunal Constitucional ha llegado a afirmar de
los partidos que constituyen instituciones de carácter parapúblico, es
también importante, y hay que aceptar, este nivel de financiación
pública. Y si, como he señalado anteriormente, el partido político
resiste sin el menor rubor una comparación, tanto respecto a la
democratización de sus procedimientos internos como de sus propios fines
y hasta de su propia eficacia y de la nobleza de sus objetivos, con otro
tipo de entidades sin ánimo de lucro, no podemos pretender, señorías, que
el partido político esté, desde el punto de vista, por ejemplo, de la
legislación fiscal, peor tratado que aquellas entidades sin ánimo de
lucro que aparecen reguladas o a las que se atribuyen determinados
beneficios a través de la Ley de fundaciones y de incentivos fiscales que
no hace mucho precisamente se aprobó en esta Cámara.
Por tanto, señorías, el planteamiento de mi grupo parlamentario es que
existe una insuficiente financiación de los partidos políticos si
partimos de la base de una financiación pura y exclusivamente pública, y
por consiguiente se ha de incrementar la posibilidad de una financiación
privada, con límites, señorías, con límites porque los partidos concurren
a esta formación de la voluntad general, concurren a las elecciones; aquí
también existe una competencia y, por tanto, hay que garantizar que esta
competencia entre diversos partidos políticos concurra dentro de aquellos
límites o de aquellos ámbitos que pudiéramos considerar de competencia
leal. Por tanto, se ha de incrementar la publicidad de las aportaciones,
se ha de incrementar el control contable de las mismas, se han de fijar,
obviamente, límites a las aportaciones privadas, se ha de establecer de
una vez por toda un régimen fiscal de las cuotas de los afiliados, de las
donaciones y aportaciones de los simpatizantes, como se indicaba
anteriormente, sean estos personas físicas o personas jurídicas, porque
este Diputado, señorías, es incapaz de entender qué diferencia puede
existir entre que se efectúe una donación a un partido político por un
comerciante individual o por una persona jurídica que ostente
precisamente la condición de comerciante. Por tanto, debe establecerse un
sistema de deducciones en la base y en la cuota del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Obviamente hay que prohibir las donaciones
que se puedan efectuar a partidos políticos a partir de sociedades de
capital público o de sociedades concesionarias de servicios públicos.
El señor PRESIDENTE: Señor Silva, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SILVA SANCHEZ: Concluyo ahora mismo, señoría.
Por lo demás, como se ha indicado anteriormente, se ha de proceder
también a un riguroso control contable, a facilitar la creación de
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro por parte precisamente de los
partidos políticos.
Señorías, no querría acabar sin hacer una manifestación muy clara, que no
es propia, y es que la ley de financiación, o cualquier legislación sobre
financiación de partidos políticos, será tan buena o tan mala como su
grado de cumplimiento. Por tanto, se trata no sólo de consensuar
obviamente esta legislación, sino de manifestar públicamente y
tranquilizar a los ciudadanos respecto de la voluntad de cumplimiento de
la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) sobre financiación
de los partidos políticos, para cuya defensa tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco presentó también en su día esta proposición
de ley en relación a la financiación de los partidos políticos,
entendiendo que son muchas y cualificadas las voces que consideran
insatisfactorio el actual sistema de los partidos políticos. Que esta
misma tarde cinco grupos parlamentarios presenten simultáneamente
proposiciones de ley en orden a la actualización de la legislación
vigente, creo que es prueba bien concluyente para iniciar los trámites
parlamentarios oportunos a su modificación.
La ley vigente, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, no ha resuelto
adecuadamente las demandas y necesidades económico-financieras de los
partidos políticos y en su aplicación es de todos sabido que se ha
conocido un deterioro preocupante de la imagen de los partidos políticos
ante la opinión pública, en la medida que han conocido actuaciones nada
edificantes de éstos en orden a su financiación. No vamos a ser nosotros,
señor Presidente, los primeros en empezar a arrojar piedras sobre nadie.
Presentamos esta proposición de ley en el convencimiento de que no se
puede seguir con la política del avestruz en relación a estos temas;
convencimiento del que, como se puede ver en las intervenciones de los
distintos portavoces de los grupos parlamentarios, participan con
suficiente satisfacción. Así quedó patente también en la Comisión de
financiación de los partidos políticos, a lo largo de los intensos
trabajos que la misma desarrolló en la anterior legislatura, tanto en su
faceta de estudio como en la dimensión investigadora que le fue
encomendada. De aquellos trabajos devienen estas proposiciones de ley y
sería razonable, desde nuestra perspectiva, que el Pleno de hoy aceptara
a trámite las propuestas que los distintos grupos parlamentarios formulan
para la superación de los obstáculos y deficiencias que con rigor y
meticulosidad fueron detectados, analizados y estructurados a lo largo de
la anterior legislatura.
No nos encontramos, señorías, ante una cuestión baladí, ni siquiera en la
defensa de intereses corporativos. Estamos ante una cuestión compleja y a
la vez fundamental para el normal funcionamiento del sistema democrático,
por estar legislando en torno a la financiación de unas instituciones,
los partidos políticos, que desempeñan funciones fundamentales e
imprescindibles en el marco de un Estado pluralista, democrático de
Derecho. Se trata, pues, señor Presidente, de articular un régimen de
financiación que posibilite las actuaciones de los partidos políticos y
que garantice el cumplimiento, por parte de los mismos, de las funciones
que tienen encomendadas en el Estado democrático de Derecho. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Asistimos en contraposición, señorías, en los últimos años, a un notable
descrédito de las actuaciones de los partidos políticos. Existe entre los
ciudadanos
a los que representamos un abonado caldo de cultivo en suficientes casos
bien fundamentado, en otros casos, bien es verdad también, demagógico y
perverso, que refleja la necesidad de transparencia de las actuaciones de
los partidos políticos y la consiguiente conexión con los ciudadanos, con
los electores, en definitiva, con las bases sociales de cada uno de los
partidos. Los partidos son instituciones creadas y nucleadas en torno a
las expresiones de la autonomía política e ideológica de los ciudadanos,
además de cauce entre los ciudadanos que representan y las instituciones
públicas.
¿Por qué presentamos esta proposición de ley? Porque entendemos que la
actual ha quedado obsoleta; y ha quedado obsoleta por la insuficiencia de
las aportaciones públicas, por la falta de transparencia en el uso de
dichos fondos, por la excesiva dependencia que ha generado entre los
partidos políticos y las entidades de crédito, por el excesivo recelo que
se tiene para con la financiación privada, por no contemplar exenciones
fiscales a las aportaciones privadas, por consolidar un endeudamiento
excesivo de los partidos políticos, por el agigantamiento y la frecuencia
de uso de los gastos electorales y también por las insuficiencias
detectadas en el control de gasto. De este diagnóstico, que lleva a
concluir que la actual legislación ha quedado obsoleta, deberán
concluirse las aportaciones que recoge la proposición de ley que el Grupo
Vasco presenta en orden a subsanar estas deficiencias.
Desde nuestra perspectiva, señor Presidente, no es nada edificante el
panorama resultante de unos partidos políticos absolutamente dependientes
de los presupuestos públicos, endeudados hasta las cejas con las
entidades de crédito, con una dimensión que hay que valorar desde la
autonomía política que los partidos políticos deben guardar, entidades
financieras que asumen además con permisividad endeudamientos con
criterios que son inhabituales en su actividad, y que se ven obligados
con frecuencia a recurrir a procedimientos de recaudación que bordean la
ilegalidad. Por ello, señor Presidente, las propuestas que presenta el
Grupo Parlamentario Vasco van en orden a mantener un sistema de
financiación mixta, en el que la financiación pública garantice la
autonomía política de los partidos, que sea un colchón de seguridad ante
las presiones de los poderes fácticos del mundo económico, que ahí están,
que sea razonable en relación a las funciones que se encomiendan a los
partidos políticos y que recoja también con mayor apertura que la
legislación vigente la financiación privada.
Observamos en relación a este tema ciertas actitudes timoratas que nos
preocupan. Entendemos que la reforma que se pretende debe fomentar
iniciativas legislativas encaminadas a estimular la financiación privada
con las suficientes cautelas --cautelas debe haberlas, en todo caso--
pero con valentía. Hay que establecer también mecanismos fiscales que
incentiven la aportación de los ciudadanos a los partidos políticos, a
fin de estimular la participación de éstos en la vida de los partidos con
normalidad, e incrementar los niveles de autofinanciación. Entendemos,
señor Presidente, que debe terminar la etapa en la cual los partidos
políticos se han empeñado en hacerse trampas en el solitario, que la
financiación se realice bajo cuerda, adoptando discursos muy ampulosos,
llenos de grandes palabras, pero que debajo de la mesa recogen una
situación que es difícilmente soportable.
La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco recoge
una aportación distinta de las que hasta ahora han sido expuestas desde
esta tribuna, en relación a la devolución del patrimonio incautado en
tiempo de guerra, que entendemos debe resolverse a la mayor brevedad, por
lo que solicita que el Gobierno remita a esta Cámara, en el plazo de tres
meses, un proyecto de ley que termine de una vez con una situación que se
ha alargado demasiado en el tiempo y que los distintos gobiernos
democráticos no han tenido valentía para afrontar con suficiencia.
En definitiva, señor Presidente, estas son las propuestas y el
diagnóstico que el Grupo Parlamentario Vasco presenta en relación a esta
proposición de ley. Entendemos que es razonable que las cinco
proposiciones de ley que hoy se presentan a esta Cámara sean tomadas en
consideración; devienen de los trabajos de la anterior legislatura; son
trabajos elaborados con rigor y estudiados con suficiencia. En
definitiva, se tratará de que los grupos parlamentarios se pongan de
acuerdo para encontrar los equilibrios debidos en relación a los
diagnósticos y a las deficiencias que se detectan en estas materias.
Quiero hacer una última advertencia, señor Presidente. La metodología de
trabajo es importante. Observamos que los grupos mayoritarios, una vez
más, tienen cierta tendencia a ponerse de acuerdo previamente,
circunstancia que puede condicionar los trabajos de la Cámara. Se trata
de trabajar todos a la vez, de trabajar en una relación horizontal.
Existen cinco proposiciones de ley presentadas en esta Cámara, las formas
y la metodología son relevantes a la hora de encarar un trabajo de esta
índole.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Alcaraz Ramos.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a estas alturas del debate les voy a ahorrar la reiteración en
diversos lugares importantes pero ya comunes, que han ido surgiendo,
sobre la importancia
de la norma que hoy va a empezar su camino en esta Cámara. Es cierto que
las reiteraciones también en algunos casos a la complejidad del tema en
un marco sociológico determinado, que algunas intervenciones han
apuntado, tenían un cierto tufillo autoexculpatorio, y ustedes entenderán
que nuestro grupo no se sienta aludido por esas pretendidas complejidades
que intentan correr un cierto telón sobre algunas cosas que han sucedido
en la vida de este país. Sin duda alguna --y ha sido ya glosado por otros
portavoces de grupos--, la necesidad de aprobar una nueva ley de
financiación de partidos políticos se enmarca en una situación política
arrastrada ya algún tiempo, donde se producen fenómenos de desprestigio
de la política, de falta de interés por la acción de los partidos
políticos, y es bueno que en un Estado democrático y de Derecho la salida
que el Parlamento trate de dar a esa situación sea la elaboración de una
ley. También entenderán ustedes que no sólo la ley puede dar solución a
ese cúmulo de problemas a los que yo y antes otros portavoces hemos
aludido, aunque bienvenida sea la ley si algunos de esos problemas se
solucionan.
Por tanto, esta ley que hoy empieza su camino seguramente podrá ser
entendida como realidad, como necesidad y como síntoma, y es bueno que
desde esa triple perspectiva la tengamos siempre presente para no
perdernos en un bosque. No hubiera sido desdeñable que al mismo tiempo
que la tramitación de la ley de financiación, o siguiendo otros modelos
en el Derecho comparado europeo, hubiera una única ley, la ley de
partidos políticos, que dedicara una parte al tema de la financiación. En
definitiva, será la ley de partidos políticos con reformas sustanciales
en la actuación de los propios partidos políticos, es decir, una ley que
marque el terreno de juego en cómo funcionan, por tanto, en cómo gastan
los partidos políticos; será una ley al menos tan necesaria como la
proposición de ley que hoy vamos a debatir, que se va a centrar
excesivamente en cómo reciben los ingresos y no tanto en cómo los gastan.
Dicho todo esto, quisiera apuntar tres ideas fundamentales que informan
todo el texto de nuestra proposición y que de alguna forma evitarán que
insista sobre ellas cuando en un momento posterior analice sucintamente
esa proposición.
En primer lugar, hay que recordar cómo el Tribunal Constitucional ha ido
delimitando la definición jurídica, digamos, de los partidos políticos,
en desarrollo de lo que ya dice la propia Constitución, y se presentan
como asociaciones peculiares, precisamente por sus fines
constitucionales; fines esenciales para la realización de la democracia
y, desde este punto de vista, piezas insustituibles en el esquema de
funcionamiento constitucional. Por tanto, asegurar el funcionamiento de
lo que son esos medios de realización de la democracia, asegurar el
funcionamiento dotándoles de medios económicos, no es una cuestión
técnica, no se puede reducir a hallazgos, desde el punto de vista de la
técnica jurídica, más o menos felices; es esencialmente una cuestión
política. Como en nuestro grupo estamos convencidos de que la comprensión
del hecho democrático no tiene por qué ser necesariamente unívoco, no
reducible a una sola visión, sino que precisamente uno de los caracteres
de la democracia es la posibilidad de la existencia de varias visiones de
la democracia, es normal que también aquí aparezcan diversas alternativas
que, como luego diré, tratemos de reconducir a un texto único.
La segunda idea sería la siguiente. El cumplimiento de las funciones
constitucionales a las que he aludido, que tienen atribuidos los
partidos, exige que la regulación de su financiación extreme, y más en la
hora actual, el intento de una regeneración de la vida pública, que no
escinda la apelación abstracta a la ética política de conceptos jurídicos
que informan nuestra Constitución y en los que hay que insistir buscando
su fundamento último en esa democracia avanzada que pide el preámbulo de
la propia Constitución española. No se trata, por tanto, de hacer una ley
de financiación desde el pesimismo, sino desde la esperanza que reclama
el pueblo español.
En tercer lugar, como consecuencia de lo que acabo de decir, los
conceptos que mejor armonizan lo jurídico y lo ético son, en esta
materia, la igualdad pluriforme que ha sido acuñada en nuestra
Constitución y el principio de transparencia en la vida ciudadana, en la
vida política. Por lo tanto, igualdad ante la ley también para los
partidos en general y a la hora de financiarse; la igualdad del artículo
14 como principio básico de igualdad de oportunidades en el proceso
político, pero también igualdad según la cláusula transformadora del
artículo 9 de la Constitución, aquella que indica que los poderes
públicos están obligados a remover los obstáculos que dificulten la
consecución de una igualdad en sentido material. Invocar eso es aquí
importante, porque garantizar que todos los partidos se puedan encontrar
materialmente en condiciones de igualdad por vía de financiación es
también una garantía de independencia frente a los poderes privados.
Finalmente, medida de transparencia para evitar suspicacias, para evitar
que en el futuro vuelvan a incrustarse tramposos en la vida pública. Y la
transparencia, lógicamente, para que no sea de nuevo un mero enunciado
retórico, requiere fundamentalmente medidas de control jurídico. Estos
son los principios inspiradores de nuestra proposición. Destacaré ahora
sólo algunas de sus novedades y diferencias respecto de otras propuestas.
En cuanto a la fuente de financiación, la apuesta que el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hace de
manera nítida es la prioridad en los recursos públicos, porque el que
haya una preponderancia de los recursos públicos es precisamente una
garantía de igualdad en el doble sentido al que antes aludía.
En cuanto a las subvenciones, nosotros, a diferencia de otros grupos
parlamentarios, vamos a defender que la distribución se haga según el
número de votos obtenidos y no de escaños o de votos y escaños, como
decía el resto de los grupos, y ello por dos razones: para evitar que se
trasladen al terreno de la financiación las distorsiones que ya introduce
la ley electoral y porque ya hay subvenciones que dependen directamente
de escaños, que son las que se pueden atribuir a los grupos
institucionales. Además, defenderemos una adecuación anual del importe
global según el incremento del IPC.
Una característica en cuanto a la financiación por vía de recursos
públicos es una nueva regulación de los gastos electorales en el momento
de, digamos, distribución de la financiación. Hay que entender que la
regulación que se viene haciendo, entendiendo de una forma estrecha,
antigua, desfasada, que nada tiene que ver con la realidad, la campaña
electoral, hace imposible que aquí se verifiquen condiciones de igualdad.
Por tanto, nosotros defenderemos que los gastos ordinarios de los
partidos desde seis meses antes de las elecciones y hasta el día de la
proclamación de electos sean computados como gastos electorales. También
vamos a defender el que exista una garantía del Estado para el acceso a
operaciones de crédito en condiciones de igualdad por medio del ICO.
Además, lógicamente, hay que dejar un espacio a los recursos provenientes
de la financiación privada, ante todo por las cuotas y demás aportaciones
de los afiliados al propio partido político. Nosotros defenderemos que
estas cuotas y otras aportaciones extraordinarias de los propios
afiliados y afiliadas sean deducibles como gasto de la base imponible en
el IRPF, con un límite de 250.000 pesetas.
En cuanto a donaciones y otras aportaciones en dinero o en especie, tengo
que decir que sin duda nos encontramos ante uno de los asuntos más
problemáticos, como ya se ha indicado en intervenciones de portavoces de
otros grupos; seguramente aquí vamos a encontrar algunos de los máximos
escollos para conseguir un acuerdo absoluto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sin duda, vamos a establecer excepciones a las
donaciones externas: a las aportaciones anónimas y a las de personas
jurídicas. Vamos a establecer unos límites económicos de forma que no se
puedan superar los cinco millones al año o el cinco por ciento del
presupuesto anual del partido.
Finalmente, y en otro orden de cosas, vamos a defender la obligación de
que en las entidades correspondientes existan cuentas de crédito
exclusivas para las cuotas de los afiliados y las donaciones, con
constancia de la fecha de la imposición, el importe y nombre completo e
identificación fiscal del afiliado o donante. Esto, junto a la mejora --a
nuestro modo de ver importante-- que vamos a defender en cuanto a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas y el establecimiento de un mayor
deber de colaboración por parte de los ciudadanos y de los propios
partidos, nos parece que aseguraría que esa transparencia, ese control,
fuera mayor.
Señorías --y con esto concluyo--, debo sumarme al resto de intervenciones
que han anunciado la voluntad de votar el conjunto de proposiciones para
que, así, este valioso material, que incluso proviene de legislaturas
anteriores, permita un mejor debate, porque en esto, sin ninguna duda, la
generosidad y el consenso serán las mejores garantías para que esos
objetivos en los que todos nos empeñamos hoy lleguen a buen puerto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Dado que los señores y señoras Diputadas pertenecientes al Grupo Mixto
desean intervenir en su totalidad, les comunico que cada una de SS. SS.
dispone de un tiempo que no debe exceder los tres minutos.
En nombre del Grupo Mixto, y en primer lugar, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para manifestar y fijar la posición de Unión Valenciana
respecto a la toma en consideración de las diversas proposiciones de ley
presentadas por distintos grupos parlamentarios respecto a la
financiación de partidos políticos.
Creo que, por no ser redundante en alguno de los planteamientos, es
evidente que la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de
Partidos Políticos, ha demostrado ciertas lagunas, ha abierto ciertas
incertidumbres y, a pesar del intento casi mayoritario de todos los
grupos en el año 1987 de dotar de un sistema de financiación de partidos
políticos que brillara por su transparencia, su publicidad y su
exhaustivo control, la experiencia diez años después nos ha demostrado
que muchos de los planteamientos y objetivos de la exposición de motivos
de aquella ley no se han conseguido.
Creo que es fundamental mantener el sistema mixto de financiación público
y privado. Mirando el Derecho comparado de otros países de la Unión
Europea, de nuestro entorno, vemos que las asignaciones privadas a los
partidos políticos reciben un tratamiento fiscal más favorable. En muchas
de las iniciativas que hoy estamos valorando se toca con seriedad y con
rigor este planteamiento. Pienso que hay que estimular las
aportaciones privadas con ventajas fiscales desde la claridad, la
transparencia, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades
--incluso hay alguna propuesta respecto al IVA-- y adecuar muchos de los
tratamientos fiscales de los partidos políticos para asimilarlos a los de
la Ley de Fundaciones que se aprobó en el año 1994. Por tanto, en aras de
ese control, de esa transparencia y de esa publicidad que los ciudadanos
nos exigen --pensemos que es una ley básica para recuperar la
credibilidad perdida por los partidos políticos, por la conducta de
algunos respecto a la financiación--, es importante cerrar filas en ese
sentido, dar claridad a la financiación, acabar con el menor atisbo que
dé una puerta de salida a la financiación ilegal y, aunque hay ciertos
informes que dicen que nunca es posible resolver definitivamente la
financiación de partidos políticos, hoy desde el consenso y la unidad se
puede dar un paso muy importante para que los ciudadanos contribuyan y
crean en los partidos políticos y para que se haga una ley que sea sobre
todo una ley de financiación desde el control, la transparencia y la
publicidad que la democracia nos exige. Por eso vamos a apoyar la toma en
consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente, dentro del plazo que usted ha asignado,
defendiendo la posición de Eusko Alkartasuna de admisión a trámite de
todas las proposiciones de ley orgánica de financiación de partidos
políticos presentadas en el día de hoy.
Creemos que es un tema importante. No vamos a entrar en este momento en
los detalles por cuanto lo que se está discutiendo aquí es si es
conveniente, si es deseable volver a estudiar y a regular la financiación
de los partidos políticos. Es cierto que estamos más de acuerdo en unas
propuestas que en otras, pero entendemos que hay que admitir todas en la
medida que nos permitirá discutir y debatir cuáles han sido los
disfuncionamientos de la anterior ley, la Ley 3/1987, en este tema.
Creemos que una de las cuestiones clave, y sin duda lo que más ha
percibido el ciudadano, ha sido la falta de transparencia, en unas
ocasiones quizá por la regulación legal y en otras por la práctica.
Creemos que este es uno de los temas claves que debemos tener presente
tanto en la regulación como en la aplicación práctica diaria.
No quiero dejar de mencionar dos cuestiones importantes que debe regular
esta próxima ley. Creemos que debe mantenerse el sistema mixto de
financiación pública y privada, pero también creemos que dentro de la
financiación privada debe mantenerse el no anonimato, mejor dicho, la
transparencia. Ese es un tema clave por cuanto que si no podríamos volver
a recaer, si se quiere, en otra serie de cuestiones, pero volver a recaer
cara al ciudadano y a nosotros mismos en lo que ha venido siendo
denominado como un disfuncionamiento por no entrar en otras
consideraciones. Así pues, votaremos a favor de las cinco proposiciones
de ley orgánica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Hay tres premisas que marcan este debate y también estructuralmente las
reglas de juego de nuestro Estado de Derecho. La democracia se basa en el
sistema de partidos, éstos tienen que financiarse, y la financiación
tiene que ser transparente y sobre todo controlada. Es un hecho también
que la actual ley ni ha funcionado satisfactoriamente, ni ha evitado una
enorme erosión de los partidos a raíz de las múltiples denuncias de
financiación irregular.
Las presentes proposiciones, por tanto, no sólo son necesarias sino que
son absolutamente urgentes para garantizar la credibilidad de esa base de
toda la sociedad democrática que son, como decíamos, los partidos
políticos. Por nuestra parte, vamos a votar a favor de las cinco
propuestas porque entendemos que todas ellas tienen como voluntad
resolver un problema endémico y hacerlo con mecanismos de transparencia y
de claro control Sin embargo, hay que plantear algunos matices.
Evidentemente, estamos de acuerdo con la financiación privada de personas
física y jurídicas, que puedan realizar aportaciones no finalistas,
quedando constancia del importe, nombre y fecha de la imposición, así
como de la identificación fiscal del donante; pero estamos radicalmente
en contra de las aportaciones anónimas de todo tipo y, por supuesto,
creemos que las ventajas fiscales para personas físicas y jurídicas de
las aportaciones que hagan sean para todos igual, y para todos los
partidos políticos, tengan o no representación parlamentaria.
Que la deuda de los partidos anualmente se limite al 25 por ciento de las
subvenciones anuales recibidas de las instituciones para el
funcionamiento ordinario, y que los partidos políticos hagan un plan
contable específico, son dos propuestas de diferentes grupos, con las que
también estamos de acuerdo; sin embargo, aquí volvemos a la disidencia Al
igual que las ventajas fiscales las obligaciones contables tienen que ser
ineludibles para todos los partidos, tengan o no representación.
En fin, votaremos a favor de las cinco propuestas porque con la ley de
financiación que finalmente surgirá
de este debate y de los múltiples anteriores que ya habíamos iniciado en
la Comisión de financiación de los partidos... (Rumores.) No acabo de
oírme, señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
guarden silencio.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Decía que con la ley que salga... (Continúan
los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
Rahola. (Pausa.)
Puede continuar.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Decía que votaremos a favor de las cinco
propuestas porque con la ley de financiación que finalmente surgirá de
este debate, y de los múltiples anteriores que ya habíamos iniciado en la
Comisión de financiación de partidos en la anterior legislatura, con esta
ley, repito, cerraremos una de las claves de la erosión que los partidos
políticos han sufrido y con ello ganarán los partidos y, si éstos son la
base de la democracia, entendemos que ganará también la democracia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el Bloque Nacionalista Galego pensamos que el problema de
financiación de los partidos políticos debe ser contemplado a la luz de
tres grandes preocupaciones o tres grandes problemas. El primero de ellos
es si los partidos deben ser agentes democráticos de participación libre
o instrumentos de grupos de presión.
La segunda es cuál debe ser la relación entre la Administración pública,
gobernada y presidida por estos partidos políticos, con los grupos
empresariales, se llamen banca, grupos industriales o constructoras. En
la medida en que los partidos políticos tengan autonomía financiera está
claro que nunca serán víctimas de la manipulación del poder político o
del poder económico privatizador o privado.
En tercer lugar, es muy importante contemplar esta problemática en
relación con el problema de la libertad de expresión y del respeto por el
pluralismo político, empezando por las instituciones democráticas y los
medios públicos de comunicación. Solamente así la sociedad tendrá
credibilidad en el régimen democrático, participará activamente y,
además, podrá tener cierta transparencia sobre todo tipo de actuaciones.
Dicho esto, en el Bloque Nacionalista Galego pensamos que la financiación
de los partidos políticos debe correr, fundamentalmente, por cuenta del
Estado y que deben ser considerados asociaciones sin fines de lucro, con
todas sus ventajas fiscales. No quiere esto decir que nos opongamos a que
exista financiación social, siempre y cuando sea transparente y, además,
tenga unos límites claramente establecidos.
En definitiva, señorías, nos alegramos de que todas las proposiciones de
ley vayan a ser recepcionadas debidamente y podamos participar todos en
el trabajo respectivo, para sacar unas conclusiones adecuadas, en un
ambiente también adecuado y, sobre todo, con la convicción de que es
fundamental la democratización general de la vida pública.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de
Coalición Canaria anuncio que mi grupo va a votar favorablemente todas y
cada una de las proposiciones de ley orgánica que se han presentado aquí
por cinco grupos parlamentarios. Coalición Canaria explica también que ha
querido mantener en este trámite la misma línea de conducta obligada por
las circunstancias en la legislatura pasada, ya que le tocó presidir la
Comisión de estudio e investigación, investigación y estudio, y acordó
mantener un papel equilibrado y de coordinación entre las distintas
opciones que se presentaban.
Me siento optimista en este momento por el clima y el discurso en que
todos los portavoces se han pronunciado, muy lejos de aquella génesis en
un debate del estado de la nación, en abril de 1994, en que nace una
hipertrofiada Comisión de estudio y de investigación, de investigación y
estudio, en que se mezcla el fin primordial que hoy viene de la
financiación de partidos políticos, que es lo que necesita nuestro
sistema democrático de partidos, pluralista y parlamentario, y se mezcla
con las financiaciones de casos, Filesa, el denominado Naseiro, que se
mezcla con el endeudamiento de los partidos políticos y en aquel totum
revolutum, el largo peregrinar de investigación y de estudio termina con
la disolución de las Cortes y la Comisión no pudo traer al Pleno de la
Cámara las conclusiones y las propuestas resultantes.
Quiero agradecer aquí las palabras de recordatorio que se han pronunciado
prácticamente por todos los intervinientes, comenzando por el propio
señor Marugán, el señor González de Txabarri, que también estuvo presente
en la Comisión, y el señor Del Burgo, por los grupos parlamentarios
respectivos.
Señores, en este momento los partidos políticos tenemos un reto
consistente en enfrentar este tema incluso con la metodología que,
acertadamente, ha planteado el señor portavoz González de Txabarri del
Grupo Vasco para no perdernos con cinco proposiciones de ley, en las que,
afortunadamente, lo coincidente es mayoría sobre lo que puede ser
discrepante, para que en este reto que tenemos las fuerzas políticas
parlamentarias y que también va a ser extendido a los no parlamentarios o
que no estén en este Parlamento, como bien conocimos a través de la
dificultosa tramitación de averiguar el endeudamiento de los partidos
políticos, y aunque todos estamos pidiendo transparencia y tenemos que
sacar una ley que supere la de 1987, repito, con transparencia y con
garantías, no vayamos a crear dentro de este habitáculo una habitación en
zona de penumbra o a oscuras, porque las fuentes de financiación son las
que son y, precisamente, como bien señalaba el señor Marugán, aquella
Comisión de estudio ha servido para que todos los grupos que hoy han
traído sus propuestas se hayan enriquecido con el conocimiento que
tuvimos allí. Algunos incluso tenían más conocimiento, y quiero desde
esta tribuna pedirle al señor Presidente en la figura en este momento del
señor Vicepresidente, pero, en fin, quiero pedir a la Mesa del Congreso
de los Diputados que ponga a disposición de la comisión correspondiente
que vaya a estudiar estas proposiciones de ley la abundante documentación
que el Servicio de Estudios de este Congreso de los Diputados reunió, las
aportaciones de expertos nacionales e internacionales en el espinoso tema
de la financiación de los partidos políticos, porque es en este momento
una herencia que es necesario utilizar adecuadamente y, sobre todo, las
importantes e interesantes aportaciones porque no se trata tan sólo de
tocar la Ley de 1987... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Mardones.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Decía que no se trata sólo de tocar lo que de
obsoleto y de anticuado tiene la vigente y única Ley de 1987 de
Financiación de los Partidos Políticos, sino lo concordante con la misma,
porque tanto la Electoral General de 1985 como leyes fiscales, como la
ley que afecta al secreto bancario nos tiene que hacer recapacitar para
no dejar esas habitaciones a oscuras y, de la misma manera que tuvimos
dificultades en obtener datos de endeudamiento por la Ley del secreto
bancario, que se aplicó por el Banco de España a los partidos políticos,
como las cuestiones que se derivan fundamentalmente del comportamiento de
la banca y de las cajas de ahorro en relación con lo que es una normativa
para ellos legal y que aplicada a los partidos políticos llevó a
calificativos como comportamientos que si no eran ilegales en la
financiación de los partidos políticos sí podían ser clasificados como
irregulares o atípicos, que la nueva ley no deje ninguna zona de
irregularidad en cuestiones de penumbra.
Creo que éste es, señorías, el reto para el cual nos comprometemos las
fuerzas políticas parlamentarias, sencillamente para nuestro propio bien,
que será el bien del sistema democrático de partidos. En este consenso
está también Coalición Canaria. El clima con que se ha tratado este
asunto en la Cámara, muy lejano de aquella crispación que perturbó
permanentemente el funcionamiento de aquella comisión en la pasada
legislatura, nos hace ver este tema con optimismo, en la necesidad de que
ese optimismo sea positivo para la democracia, para los partidos, para la
sociedad española y opinión pública en su conjunto y que encuentre en
esta Cámara el órgano de control y de transparencia exigidos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Vamos a proceder a la votación (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones para la toma en consideración de las
proposiciones de ley sobre financiación de los partidos políticos que se
han debatido.
En primer lugar, votamos la proposición de ley del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
Votación en relación a la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 311; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda así aprobada.
Votación sobre la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 319.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 310; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 315; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda también aprobada la
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) SOBRE REFORMA DE
LA LEY DE ENJUICIAMlENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCION FORZOSA (Número de
expediente 122/000028)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en
materia de ejecución forzosa.
Para su presentación y defensa tiene la palabra, en nombre del Grupo
proponente, el señor Guardans i Cambó. (Rumores.--Varios señores
Diputados abandonan el salón de sesiones.)
Silencio, señorías. Les rogaría que quienes han de abandonar el hemiciclo
para dirigirse a sus despachos lo hagan de la manera más rápida posible
para que pueda continuar del debate.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, señorías, en una tarde que
ha comenzado... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Guardans. Señor Silva; señores del
grupo proponente; señor Meyer. (Pausa.)
Puede comenzar, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
Decía que en una tarde que ha comenzado bajo el siempre interesante signo
de la unanimidad en sede parlamentaria, traigo aquí una proposición de
ley de mi grupo, que espero tenga el mismo exitoso resultado en su
votación.
El tema que hoy se presenta aquí puede parecer un tema menor, un tema
para discusión de especialistas, un tema propio de discusión entre
catedráticos de Derecho civil o, a lo sumo, un tema de charla de café
entre procuradores o abogados en ejercicio; pero no es así. El asunto que
mi grupo trae esta tarde a esta Cámara es de gran calado y un asunto de
grandísimo interés para miles de ciudadanos y ciudadanas.
Quiero empezar mi exposición ilustrando esta afirmación con una cosa tan
sencilla y tan conocida de todos como pueda ser ésta: la página 1.109 del
volumen de páginas amarillas de la guía telefónica de Barcelona que tiene
una reproducción prácticamente idéntica en el volumen de las páginas
amarillas de Madrid y que probablemente tiene reproducciones
prácticamente idénticas en los correspondientes volúmenes de las páginas
amarillas de tantas otras capitales españolas. Pues bien, en las páginas
amarillas de Barcelona aparecen más de 50 empresas, señorías, bajo el
epígrafe cobro de impagados y en las páginas amarillas de Madrid, son
casi 60 las empresas que tienen como objeto el cobro de impagados. A eso
se suman anuncios en la radio y anuncios en la prensa de gente que no
tiene otro objeto de negocio que el cobro de impagados, la recuperación
de créditos morosos.
Señorías, un país en el que es negocio dedicarse al cobro de impagados,
un país en el que es lucrativo ser cobrador del frac es un país que no
funciona, es un país que tiene un sistema judicial enfermo, al menos en
lo que se refiere a este aspecto concreto que hoy comentamos; es un país
que tiene un defecto grave en su sistema de garantías.
El artículo 24 de la Constitución española establece el principio de
tutela judicial efectiva. Como sabe cualquier jurista y conoce cualquier
representante presente en esta Cámara, es la clave del arco de todo
nuestro sistema judicial. Todo nuestro sistema judicial sólo tiene
sentido si finalmente conduce a la efectiva tutela de los derechos de los
ciudadanos. A ello se suma el artículo 1.911 del Código Civil que, sin
tener rango constitucional, sí forma parte de algo más que una simple
ley, como puede ser a efectos de fuentes del Derecho del Código Civil,
por tratarse de un artículo que tiene larguísima tradición en su
contenido en toda nuestra historia jurídica; como es bien conocido, el
artículo sienta un principio básico y absolutamente elemental del tráfico
jurídico y de las relaciones patrimoniales entre las personas. El deudor
responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros.
Cuando falla la tutela judicial efectiva o cuando falla el principio de
la universalidad en la responsabilidad es que falla el sistema en este
país. Si el deudor no responde (porque así lo establece la ley, por
negligencia o por lo menos pasividad por parte de quienes tienen la
obligación de tutelar sus derechos) si se le permite eludir fácilmente su
responsabilidad, si el sistema judicial de nuestro Estado de Derecho no
pone todos los medios para evitar esa situación --insisto--, lo más suave
que se puede decir es que este sistema no funciona, que hay una parte de
la sociedad, formada básicamente por todos los que se han dado en llamar
los operadores económicos, que no tienen el apoyo al que tienen
derecho. Ello merece --como decía al inicio de mi intervención-- todo el
apoyo de esta Cámara No estamos, por tanto, ante una discusión meramente
técnico-jurídica, estamos ante la necesidad de resolver un problema
social, real y un problema económico también real. El problema está en la
actual regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo menos tal y
como está siendo aplicada en muchos juzgados de primera instancia de
nuestro país, en una interpretación --hay que decirlo, porque cada uno
tiene que cargar con sus propias responsabilidades-- que es posible sea
absolutamente correcta conforme al tenor literal de la Ley de
Enjuiciamiento Civil tal y como quedó redactada en su última reforma en
esta Cámara.
Es cierto que la interpretación que se hace del artículo que hoy
proponemos sea modificado ha sido corregida, en parte, por jurisprudencia
de las audiencias provinciales; sin embargo, sigue siendo cierto que
muchos jueces no colaboran en la localización del patrimonio del deudor.
Sabe bien cualquier persona que haya intentado reclamar judicialmente una
cantidad por menos de un determinado importe, que se puede encontrar muy
fácilmente con una espléndida resolución judicial, firme incluso,
absolutamente ejecutiva desde el punto de vista teórico y, sin embargo,
no tiene mucho más valor que un póster del Che Guevara que un estudiante
podía colgar en su habitación durante la carrera universitaria No llega
mucho más allá que esto. Efectivamente tiene un tono simbólico superior,
que es una resolución judicial, pero no va mucho más allá. ¿Por qué?
Porque la ley, tal y como está siendo interpretada --y evidentemente en
este trámite no pretendo entrar en el detalle de la reforma legislativa--
el acreedor que pretende reclamar una determinada cantidad y que tiene a
su favor --insisto-- una sentencia judicial, no la opinión de un amigo,
sino una sentencia judicial, se encuentra con que es el acreedor quien
tiene que localizar los bienes del deudor sobre los cuales esa sentencia
puede llegar a ser efectiva. Sólo si es capaz de presentarle al juez los
bienes sobre los cuales se podrá realizar su derecho, sólo en ese caso
podrá, quizás, el juez decretar el embargo de esos bienes, si no lo más
sencillo es, como decía, que quede absolutamente en papel mojado. ¿Por
qué? Fundamentalmente porque el juez, con la ley en la mano, no tiene
obligación de colaborar con el acreedor, con aquella persona a cuyo favor
ha declarado el derecho en la localización de los bienes del deudor. Sólo
en el supuesto de la llamada mejora de embargo y siempre
discrecionalmente el juez, si así lo estima oportuno y --permítaseme
decir-- si no tiene cosa más importante que hacer en algunos casos y
según la actitud de determinados juzgadores, si así lo estima oportuno
--ateniéndose al texto legal-- podrá dirigirse a organismos públicos, a
registros, etcétera, en busca de información sobre el patrimonio del
deudor que permita hacer efectivo ese derecho.
¿Cuál es la consecuencia? La conoce cualquier abogado en ejercicio,
señorías. La consecuencia es que por debajo de determinados importes
cuando la cantidad no permite dedicar una parte de lo que se pretende
recuperar a pagar al cobrador del frac, a lucrar a esas cincuenta y pico
empresas, un centenar entre Madrid y Barcelona, sin contar las restantes
del territorio del Estado dedicadas a este objeto, cuando no hay dinero,
cuando no hay recursos para poner en funcionamiento al detective privado
que se pueda dedicar a localizar los bienes del deudor, sencillamente nos
encontramos con una resolución que es papel mojado, como decía, y con la
imposibilidad absoluta de realizar el derecho; con la absoluta
frustración que eso provoca en el ciudadano, frustración que ha venido
incrementada en estos últimos años por el contraste dramático entre la
actitud de nuestros tribunales --absolutamente correcta y legítima-- en
la localización del patrimonio de algunas grandes fortunas que han sido
famosas en los últimos años y que, en el marco de procedimientos no sólo
penales, señorías, sino también civiles, ha sido preciso embargar sus
bienes, cuando estábamos por encima de deudas millonarias, pues ahí sí,
también en el plano civil, los jueces han considerado oportuno poner
todos los medios de la Administración del Estado para localizar bienes
sobre los cuales efectuar la traba. Pero parece ser que cuando las deudas
son por debajo de esas determinadas cantidades los derechos del ciudadano
tienen una entidad menor, aunque ese ciudadano pueda ser un agente
económico de primer orden.
Hay que decir que, para gran satisfacción de nuestro grupo, con práctica
simultaneidad respecto del momento en que nuestro grupo presentó en la
Cámara esta proposición de ley, el Tribunal Constitucional dictaba la
importante sentencia de 20 de mayo de 1996, en la cual recalcaba punto
por punto lo que es el contenido de la proposición de ley que traemos a
esta Cámara.
El Tribunal Constitucional dictó en ese momento una sentencia en amparo
de un profesional que, como tantos otros, sufrió en sus propias carnes, y
permítaseme la expresión, la regulación actual y la discrecionalidad
judicial, no digo arbitrariedad, digo discrecionalidad judicial, que la
ley permite, y se encontró con un juez que no consideró oportuno
colaborar con él para localizar bienes sobre los cuales efectuar el
embargo. El Tribunal Constitucional, muy acertadamente, dictó una
sentencia en amparo reformando la decisión del juez de primera instancia.
Insisto, es una decisión que corre casi en paralelo con la fecha de
entrada en el Registro de esta Cámara de nuestra proposición de ley, lo
que, como puede comprender cualquiera de SS. SS., nos honra claramente
por lo que esta proposición de ley tiene de sintonía con doctrina ya
actual del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, ¿cuáles son esos registros a los que el juez debe dirigirse
cuando se realice la modificación
que presentamos a esta Cámara? ¿Cuáles son esos registros, organismos y
entidades a los que el juez debe dirigirse para localizar los bienes del
deudor sobre los que efectuar la traba? Pues bien, señorías, son todos
sin excepción. Es toda la Administración del Estado, toda ella sin
excepción, la que debe ponerse al servicio del juzgador, al servicio de
ese poder del Estado que es el Poder Judicial para localizar bienes del
deudor sobre los cuales se pueda efectuar la traba. Toda la
Administración del Estado está al servicio del Poder Judicial cuando se
trata de hacer efectivos los derechos.
Es algo tan obvio como citar el artículo 118 de la Constitución: «Es
obligado cumplir» --cito del artículo 118-- «las sentencias y demás
resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la
ejecución de lo resuelto.» Lo dice la Constitución, señorías. Y, sin
embargo, uno de los instrumentos más útiles para esa recuperación de
créditos, como es la colaboración de las autoridades tributarias, parece
haber quedado fuera del marco constitucional sin que nadie en este país
se haya rasgado las vestiduras por ello.
La interpretación, a nuestro juicio errónea, que se da al artículo 113 de
la Ley General Tributaria en su última redacción, tal como salió también
de esta Cámara --insisto, la interpretación que se da, que no la
literalidad del artículo 113 de la Ley General Tributaria--, está
propiciando la no colaboración, en absoluto y bajo ningún concepto, de
las autoridades tributarias con los jueces civiles. La Agencia Tributaria
considera que sólo está vinculada, que sólo debe colaborar con los jueces
penales, e incluso ni siquiera siempre con ellos, en el marco de delitos
públicos.
Esta interpretación está absolutamente fuera de lugar. Resultaría así que
la Agencia Tributaria puede colaborar con un ayuntamiento para el embargo
de una multa de tráfico; puede colaborar con otros organismos de la
Administración para facilitar en qué casos es necesario comprobar el
patrimonio de un deudor o el patrimonio del justiciable para ver si tiene
derecho o no a la justicia gratuita. Pero la Agencia Tributaria no
debería colaborar para hacer eficaz un derecho decretado en sentencia
firme por parte de un representante del Poder Judicial. Quedarían así
violados y sin contenido el artículo 118 de la Constitución, la Ley
Orgánica del Poder Judicial e incluso quedaría sin sentido la propia
referencia que se hace en la Ley Orgánica de regulación de tratamiento
automatizado de datos de carácter personal, en los que queda clarísima
esa necesidad de colaborar por parte de la Administración del Estado
cuando es un juez quien se lo pide.
Esta situación absurda, a nuestro juicio, no tiene ningún tipo de
cobertura legal, y en caso de que la tuviera sería absolutamente
inconstitucional. Insistimos en que creemos que no la tiene y que no es
más que la interpretación torticera que se ha hecho de este artículo la
que permite llegar a este resultado. De ahí que en la proposición de ley
que presentamos dejemos claro --con naturalidad, pero intentando corregir
por esta vía esa errónea interpretación-- que entre los organismos a los
que los jueces se pueden dirigir para localizar el patrimonio del deudor,
evidentemente, están las autoridades tributarias y las de la Seguridad
Social, que es lo que muchas veces intentan los jueces --sin éxito en los
últimos meses, sobre todo desde la aprobación de esa reforma--
normalmente pidiendo algo tan sencillo, presentado además voluntariamente
por los declarantes, como es la declaración de la renta, de la que se
deriva la existencia o no de un determinado patrimonio. Algo tan simple
como eso viene siendo negado a los jueces en el ámbito civil. Por tanto,
entendemos que es importante --y es el segundo punto que supone de
modificación esta proposición de ley que presentamos-- dejar claro que
también las autoridades tributarias forman parte del conjunto de
administraciones del Estado que colaboran con el juzgador civil en este
ámbito.
En suma, pues, esta breve y concisa modificación que proponemos ha de
suponer, en la práctica cotidiana de nuestros juzgados, una importante
mejora, una clarificación y un avance en la seguridad jurídica, en los
medios puestos a disposición de los jueces, y por tanto de todos aquellos
que legítimamente --legítimamente puesto que así se lo ha declarado un
juez, es el presupuesto para la puesta en funcionamiento de esta
disposición-- reclaman una cantidad. Es, en consecuencia, una
modificación muy concreta que ha de tener gran efectividad.
Ahora bien --antes de terminar, señorías--, a mi grupo no se le escapa
que con esta proposición de ley no queda reglada toda la ejecución
judicial, en absoluto. Es un parche, se nos dirá. Efectivamente,
señorías, es un parche. La ejecución judicial en este país, en el sistema
judicial que tenemos hoy, tiene todavía innumerables defectos. Está
apoyada en una ley absolutamente anticuada y son muchas más las cosas que
deben ser modificadas. Es cierto, y ya lo tiene dicho la propia Ministra
de Justicia, quien se comprometió en su momento --y así lo esperamos
todos-- a presentar, con la mayor urgencia, una reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en su integridad, de todo lo que es nuestra
legislación procesal. Evidentemente, cuando esa Ley de Enjuiciamiento
Civil nueva entre en esta Cámara, el espíritu de esta norma --si no su
letra, puesto que es posible que se llegue a una redacción completamente
distinta--, es decir, la idea de la necesidad de colaboración de los
jueces, quedará reflejado en esa nueva norma. Pero hay un axioma --no
jurídico, pero sí de la vida-- que dice que lo mejor, a veces, es enemigo
de lo bueno. En este caso, lo bueno es una solución relativamente
sencilla, que no modifica en exceso, desde el punto de vista normativo,
la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redacción actual --a pesar de que
pueda
tener grandes consecuencias jurídicas-- y que, sin embargo, no perjudica
para nada la posterior modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
su globalidad, y, por tanto, de todo lo que es el ámbito procesal. Para
cuando esa ley entre en vigor (en el mejor de los casos, señorías, esa
ley no podrá entrar en vigor --estoy diciendo entrar en vigor; seamos
claros--, antes de un año y medio o dos años, después de haber pasado por
los sucesivos informes, haberse visto en Ponencia, haber pasado de esta
Cámara al Senado y, probablemente, haber vuelto con las correspondientes
enmiendas, y el correspondiente plazo vacatio legis, que sin duda ninguna
deberá tener una ley de ese calibre), para cuando dentro de un año y
medio o dos años, en el mejor de los casos, tengamos una nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil que recoja el espíritu de la norma que hoy
proponemos a esta Cámara, habrá ya muchos acreedores que verán realizado
su derecho con mucha más satisfacción que hasta ahora, y que habrán
tenido el agrado --y no la frustración-- de comprobar que los poderes del
Estado estaban al servicio, también, del Poder Judicial y del legítimo
interés de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para anunciar que daremos
nuestro voto favorable a esta toma en consideración, porque compartimos
total y absolutamente el espíritu de esta proposición de ley. Sin
embargo, creemos que esta reforma que se propone se podría haber hecho
más en profundidad, aunque entendemos las razones que han llevado al
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a restringirlo en este
solo artículo.
En este sentido, esperamos que la Ministra de Justicia presente en esta
Cámara un proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil especialmente en este tema, que nos parece muy importante, pero
también en cuanto al de medidas cautelares, porque creemos que éstas han
de ser reformadas en concordancia con las que puedan existir hoy en otros
Estados miembros de la Unión Europea.
Como señalaba el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), hemos
visto el sentimiento de frustración de muchos ciudadanos, los cuales han
ido a través de los procedimientos judiciales que les otorga la Ley de
Enjuiciamiento Civil y muchas veces se han encontrado con una serie de
sentencias favorables, muy bonitas, muy de enmarcar, pero que no les
garantizaba el cumplimiento de lo que se establecía en la ley. Por eso,
consideramos que es una reforma que debe ser apoyada por cuanto que pueda
permitir de alguna manera la eficacia práctica de lo que establece la
ley.
Presentaremos una serie de enmiendas en el trámite oportuno, en cuanto a
añadir algunas cuestiones, tales como en el párrafo segundo el hecho de
que en los mismos trámites en los que se nombre depositario se pueda
proceder a la remoción de los bienes sin tener que atender a otro
momento, y también podría ser susceptible de enmienda alguna cuestión,
tal como el término de ejecutado en el párrafo tercero.
Hoy lo que venimos a decir aquí es si estamos de acuerdo o no en la
conveniencia de proceder a esta reforma. Nosotros estamos de acuerdo en
que los jueces deben prestar toda su atención para que el acreedor o
aquel que tiene una sentencia pueda hacerla efectiva, y, en este sentido,
es muy importante la actuación de todas las autoridades, de todos los
poderes componen la Administración general del Estado, sin exclusión
ninguna, como podría ser hasta ahora la Agencia o la Administración
tributaria que, amparándose en sus propias normas en interpelaciones a
veces equívocas, no quería dar una contestación a lo que se le iba
requiriendo, todos deben estar obligados a prestar la colaboración que en
esta reforma se prevé.
Por todo ello, sin perjuicio de enmiendas que presentaremos a posteriori,
votaremos a favor de esta proposición de ley, porque en el fondo lo único
que queremos es que el ciudadano vea que, acudiendo a través de lo que el
ordenamiento jurídico le permite, puede obtener una efectividad con todo
ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), porque nos parece, como se dice en la
justificación de su iniciativa, que goza del criterio de oportunidad,
recordando aquí el compromiso que en la Comisión de Justicia e Interior
el pasado mes de junio anunció la señora Ministra de Justicia en cuanto a
que en el primer trimestre de este año el Gobierno iba a presentar un
proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Estamos en la mitad de ese primer trimestre y por tanto esperamos
respetuosos que se mantendrá la promesa o la indicación de la señora
ministra, que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) no niega, sino que la complementa, no la perturba y
es oportuna.
Señorías, no hay cosa más deprimente para los que tienen que defender el
principio del imperativo de la
justicia --en un juicio con sentencia firme, en el que hay una condena de
pago de deudas y en el que sale una figura demandante, el acreedor, que
se hunde en el aburrimiento, en la desesperación para intentar cobrar su
deuda-- que la contrafigura del deudor que se empieza a reír de la propia
sentencia de la justicia y al que échale galgos para tratar de cobrar la
deuda dictada por sentencia firma. Ahí se entroniza uno de los capítulos
más deleznables de la picaresca española, y la justicia bajo ningún
concepto puede por una causa de omisión primar el principio de picaresca.
Ante un ocultamiento de bienes para responder vía embargo a un pago de
deuda no se puede contar con la buena voluntad del justiciable,
cumpliendo así con lo que vino a significar el artículo 1.455, en su
apartado 3, como se dice en la introducción de la última gran reforma que
se hacía desde el siglo pasado a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Qué pretende la iniciativa del Grupo Catalán que nosotros apoyamos? Pues
sencillamente sacar del apartado 3 del artículo 1.455 lo que era una
figura para la mejora del embargo y llevarlo al artículo anterior, al
1.454, para la generalización del embargo, porque habiendo la presunción
de que el deudor tiene bienes para responder a la deuda, si no se hace
por la vía absoluta y generalizada del artículo 1.454, no se hará por
ninguna.
Esta es la primera modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
pretende, a nuestro juicio, el grupo proponente, y lo hace no sólo
acogiéndose al marco de la figura general del embargo, y no de la mejora
del embargo, para hacer la traba, porque hemos visto a lo que está
conduciendo --gráficamente el portavoz del grupo proponente sacaba
fotocopias de las páginas amarillas con las empresas que ante esta
picaresca nacional se pueden dedicar como actividad empresarial a
perseguir deudores--, sino que también se hace algo muy importante, y es
que esta facultad del juez al dictar la sentencia no sea podrá, sino
deberá. Porque si dejamos a un criterio de discrecionalidad del juez, de
la instancia que sea, el que pueda recurrir a determinadas instancias que
puedan conocer bienes del deudor por su función administrativa, fiscal,
catastral, etcétera, ya sabemos que a veces ahí estamos ante las
denuncias de juicios en que el conocimiento que puede tener un juez o
magistrado de los bienes de una persona --lo estamos viendo casi a diario
con investigaciones derivadas de las actividades de jueces y magistrados
de la Audiencia Nacional-- no es porque la propia justicia tenga sus
instrumentos de indagación, que no los tiene, sino que quien los tiene,
buenos y fiables, es la propia Administración, en este caso la
Administración tributaria, que tiene acceso a declaraciones de la renta,
de patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, etcétera.
Lo que no puede ocurrir es que a un justiciable que sale de un juicio de
esta categoría con la condicional de ser acreedor se le coloque en un
auténtico vía crucis al intentar obtener el principio de protección de la
justicia al que está obligado precisamente el juez que ha dictado esa
sentencia, como bien se invoca en la propia iniciativa, que a nuestro
juicio es impecable, porque verificar el principio de tutela judicial
efectiva es llevarlo hasta sus últimas consecuencias, no hasta la mitad
ni hasta el simple acto de dictar sentencia, ya que ahí está el principio
constitucional para los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado. Es aquí
donde creemos que el derecho del principio de legalidad debe reconocerse
a todos los efectos. De aquí que nuestro voto, como hemos anunciado, será
a favor de esta reforma sencilla, discreta, elemental, pero muy
importante por la trascendencia económica que tiene en la vida española y
en las páginas amarillas de todas y cada una de las comunidades autónomas
de nuestro Estado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar, en nombre del Grupo Vasco, que también nosotros
apoyaremos la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), no sólo porque ésta sea nuestra inercia respecto
de las iniciativas que proceden del Grupo Parlamentario Catalán, sino
porque creemos que concurren en ella, a pesar de su carácter puntual de
poner solución a un concreto problema de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que todos sabemos que está necesitada de una profunda reforma más
extensa, los requisitos de oportunidad y de corrección técnica de lo que
se propone, sin perjuicio de que pueda ser luego objeto de enmiendas
parciales.
En efecto, tal y como ha expuesto con acierto el proponente de la
iniciativa, la experiencia viene demostrando que, con cierta frecuencia,
las resoluciones de condena de los tribunales quedan prácticamente
incumplidas al hacerse sumamente compleja la localización de bienes del
deudor sobre los que trabar los correspondientes embargos.
La solución que propone la iniciativa presentada por el Grupo Catalán,
mediante la modificación del artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, reformando el carácter facultativo que se concede al juzgador por
el imperativo, nos parece que impone al juzgador, siempre que así lo
solicite el acreedor ejecutante, por supuesto, y dado el impulso a
instancia de parte que rige en los procedimientos civiles, la obligación
de poner todos los medios para localizar bienes del patrimonio del deudor
ejecutado. Por otro lado, señala el papel que en tal función van a tener
que acometer las administraciones
tributarias y las administraciones de la Seguridad Social.
En el mismo sentido de lo manifestado por el Diputado interviniente en
nombre del grupo autor de la proposición, entendemos que nada obsta a
ello el tenor literal del artículo 113 de la Ley General Tributaria. El
deber de colaboración entre administraciones está consagrado incluso en
el texto constitucional, cuando en el artículo 118 dice que existe la
obligatoriedad de cumplir las sentencias, así como prestar la
colaboración requerida por éstos --por los tribunales, se refiere-- en el
curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Apoyamos la iniciativa en cuanto que da una respuesta más rápida que la
tramitación de una ley de enjuiciamiento civil general a un problema real
de los ciudadanos poseedores de un título que, en principio, está dotado
de ejecución privilegiada y que pueden ver burlada su posibilidad de
hacerlo efectivo, pese a los principios que señala el artículo 1.911 del
Código Civil.
Este criterio que se sostiene en la proposición tiene, además, apoyo en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, poco después de
presentada la iniciativa por el Grupo Catalán, el Tribunal
Constitucional, en su sentencia de 20 de mayo de 1996, resolvió un
supuesto que encaja literalmente con el tenor de la propuesta que ahora
se formula.
Ante una resolución de un tribunal en la que no se decidía despachar los
mandamientos que habían sido solicitados por el deudor, el Tribunal
Constitucional entiende que se ha enervado la ejecución del propio
requerimiento de apremio y, por consiguiente, se ha vulnerado por el
tribunal de instancia el artículo 24 de la Constitución española.
El que se generalice este criterio, ya bendecido por el Tribunal
Constitucional mediante su consagración en el texto legal
correspondiente, que es la Ley de Enjuiciamiento Civil, nos parece un
interesante logro en la línea de consagración del principio de tutela
judicial efectiva. Por ello nuestro grupo, como he anunciado al inicio de
mi intervención, votará favorablemente su toma en consideración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo hace suyas, sin querer incurrir en ninguna figura de
apropiación indebida, todo el conjunto de argumentaciones que se ha ido
produciendo a lo largo de la discusión de esta proposición de ley. Ahora
bien, no participa lógicamente de la misma ilusión que embarga a los
proponentes creyendo que el hecho de que los jueces se vean obligados a
dirigir esta clase de oficios a determinados establecimientos públicos
vaya a dar como resultado, en gentes que habitualmente incurren en
morosidad con muy especiales actitudes, ni más ni menos que el hallazgo
de todo un conjunto de bienes sustraídos. Pero, en fin, la buena
intención se les puede reconocer y acompañar en ella, por lo que, por
nuestra parte, se va a votar favorablemente para que se admita a trámite,
reservándonos lógicamente el derecho de enmendar. Porque es cierto y
evidente que ese principio de tutela judicial y efectiva, no solamente
tiene y puede ser invocado por la parte ejecutante, sino que también
puede ser invocado por la parte ejecutada, y hay que medir muy
suficientemente el que una determinada facilitación del intento del cobro
legítimo de determinadas deudas no lleve aparejadas situaciones de
auténtico abuso.
Por ello, y reservándonos la posibilidad de enmienda para su momento
oportuno, apoyaremos gustosamente la proposición que hoy nos trae el
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, señorías, parece que el
señor Guardans ha estado hoy en pleno uso y disfrute de las facultades
adivinatorias, porque se va configurando cierta unanimidad respecto a la
propuesta.
Es lo cierto que la tutela judicial efectiva no es sólo un principio, es
un derecho fundamental reconocido y consagrado como tal en la
Constitución. Es también cierto que la doctrina del Tribunal
Constitucional, ya desde antes de la sentencia de 20 de mayo de 1996, que
lo aplica al caso concreto, establece que la ejecución de las sentencias
en sus propios términos es una parte integrante de este derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. Porque el Grupo Socialista
está absolutamente convencido de ello, está también convencido de que es
necesaria una reforma general del procedimiento de ejecución en el marco
más amplio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una reforma general del
procedimiento de ejecución de todas sus formas, modalidades y tipos de
realización de los bienes, sistemas de acceso al conocimiento de los
bienes, que es la única, al entender de nuestro grupo, que puede
realmente garantizar esta tutela judicial efectiva en su plenitud, para
que la sentencia no sirva sólo, como decía el señor Guardans, para
colocarla como un póster en la pared. Valores tenía el póster, señor
Guardans, valores de ética, de moral, de sublevación. Ante la injusticia
existente, tenía bastantes, más que algunas resoluciones judiciales, hay
que decirlo, porque de todo tipo hay de éstas. Pero no es para que quede
sólo como un póster en la pared, sino
para que sea un escarnio. Porque en la actualidad, tal como aún tenemos
el procedimiento de ejecución, la sentencia no es una cosa inútil. La
sentencia, en muchas ocasiones, es un escarnio al propio concepto de
justicia y de tutela judicial.
Por ello, nuestro grupo ha presentado --luego de la experiencia acumulada
durante tiempo en la reforma impulsada por el gobierno socialista a la
ejecución en el ámbito laboral, que creemos que es un buen experimento,
una buena base sobre la cual asentar nuevas reformas de la ejecución--
una proposición de ley de bases de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Sin embargo, debo reconocer la razón del señor Guardans al decir
que lo mejor es enemigo de lo bueno. Creemos que, como he dicho, debe
hacerse la reforma general de la ejecución, pero no sólo ella, sino
también la reforma general, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
Desde luego, este portavoz no va a cansar a SS. SS. con una exposición de
este difícil arcano que he considerado siempre el Derecho procesal, pero
lo cierto es que las tan ensalzadas virtudes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil centenaria se concretan en muchísimos casos en su imposibilidad
práctica de aplicación y debemos, por tanto, disfrutar de una nueva ley
que sea posible y que sea eficaz en los momentos actuales. A ello se
comprometió el Gobierno en la primera comparecencia de la Ministra de
Justicia ante la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, donde
estableció, si la memoria del que habla no le juega una mala pasada, la
fecha de final de febrero como tope para la presentación de un proyecto
de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Diez días naturales,
ya que estamos hablando de Derecho procesal, que no hábiles, quedan para
completar el plazo. Esperemos, aunque lo dudamos, que se cumpla en
término. Pero mientras ello no llegue, vamos a votar favorablemente a la
proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque entendemos
que viene a resolver, si me permiten la expresión, un maldito embrollo
provocado por el procedimiento legislativo que se siguió para llegar a
aprobar la Ley 34/84, de 6 de agosto, de Reforma de la Ley de
Enjuiciamiento que, como SS. SS. recordarán sin duda, establece en el
artículo 1.455 lo que ahora viene a pedir el Grupo Catalán (Convergencia
l Unió) que esté en el artículo 1.454, y lo establece a consecuencia de
una transacción con la enmienda número 270, presentada por el Grupo
Popular al artículo 1.455. Bienvenida sea la enmienda, que ahora se ubica
en el lugar que corresponde, siguiendo con ello, por cierto, la práctica
de la mayoría de los juzgados de aplicar ya en el embargo, y no sólo en
la mejora de embargo, lo que se pretende ahora establecer como
obligatorio.
Reitero, por tanto, la intención de nuestro grupo de votar favorablemente
la toma en consideración, si bien, evidentemente, reservándonos el
derecho a establecer enmiendas, que espero sean consideradas también por
el proponente, porque lo cierto es que toda obra humana, señor Guardans,
es perfectible, y también, desde luego, la proposición que S. S. ha
defendido esta tarde.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señorías, intervengo para
fijar la posición del Grupo Popular sobre la proposición de ley formulada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución
forzosa.
El contenido de la presente proposición de ley, desde la exposición de
motivos hasta la redacción de su artículo único, hace necesaria la toma
en consideración de la proposición por parte del Grupo Popular. En la
exposición de motivos el grupo proponente parte del principio de tutela
judicial efectiva recogido en nuestra Constitución. Expresa la necesidad
de poner todo los medios para lograr la plena efectividad de las
resoluciones judiciales. En concreto, se refieren los proponentes a la
necesidad de que el ordenamiento facilite la posibilidad de que el
acreedor, mediante el embargo de bienes del deudor, pueda recuperar de
forma efectiva aquello que se le debe. Para ello, la presente proposición
de ley añade dos párrafos al artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, el primero de los cuales, por un lado, impone al juez, siempre que
así lo solicite el acreedor, la obligación de poner todos los medios para
localizar bienes del patrimonio del deudor demandado. La modificación
propuesta en la iniciativa que se debate lo que viene a establecer es la
aplicación de esta trascendente innovación al embargo en general, no sólo
a las mejoras de embargo, y no con carácter potestativo --en la norma
vigente se establece que el juez podrá--, sino con carácter imperativo
--en el texto propuesto se fija que el juez deberá--. Evidentemente, una
modificación como la propuesta reforzaría la posibilidad de localizar los
bienes y derechos del deudor que pudieran existir, para hacer
posteriormente sobre ellos la traba. Ello naturalmente garantizará la
efectividad de la resolución judicial y, a la postre, incrementará la
confianza en el tráfico mercantil.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se propone en la
iniciativa estudiada ha de ser considerada positiva y, por tanto,
susceptible de ser tomada en consideración, puesto que, en definitiva,
viene a fortalecer la garantía del cumplimiento de las resoluciones
judiciales de ejecución pecuniaria y económica.
Existen antecedentes parlamentarios, que brevemente cito, durante la V
Legislatura de las reformas procesales, y específicamente la reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido objeto de abundante tratamiento
parlamentario y de reiterados compromisos del anterior Gobierno
socialista de remisión del correspondiente proyecto de ley a las Cámaras,
cosa que no se hizo. La mayoría de los antecedentes aludidos giraban en
torno a un planteamiento general o de reforma integral de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y, por tanto, nada aportan sobre la presente
iniciativa del Grupo Catalán, pero sí cabe entresacar algunos de ellos
por su especial conexión con esta cuestión.
Por ejemplo, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán sobre
medidas de política general, que tenía previsto adoptar el anterior
Gobierno, para mejorar la competitividad de la economía mediante la
agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito
económico. En el debate de esta interpelación, celebrado en el Pleno del
Congreso el día 29 de junio de 1994, el entonces Ministro de Justicia e
Interior, en su contestación a la interpelación, coincidió en el
diagnóstico realizado por el interpelante y avanzó que el proyecto de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previsiblemente terminado en
su fase prelegislativa en diciembre de 1994, dedicaba especial atención a
la parte correspondiente a la ejecución con un tratamiento ágil y
mecanismos flexibles.
El Grupo de Izquierda Unida coincidió en la necesidad de una reforma de
la legislación procesal civil, con especial énfasis en determinadas
situaciones que se vienen dando en las relaciones entre deudores y
acreedores, consistentes en trucos --de todos conocidos-- que dificultan
la ejecución y el llevar a cabo el cobro de las deudas.
El Grupo Popular consideró que la solución de los problemas debatidos no
quedaba circunscrita a unas reformas procesales sino que, de manera
inmediata, podían establecerse medidas para hacer eficaces los
procedimientos ejecutivos, basados no únicamente en materias procesales,
sino en materias de garantías previas de aquellas personas, físicas y
jurídicas, que asumen la deuda.
Una posterior moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
consecuencia de la interpelación dicha, que fue objeto de debate y
votación en el Pleno del Congreso celebrado el 13 de septiembre de 1994,
fue aprobada por 276 votos a favor, un voto en contra y una abstención.
Finalmente, quiero resaltar que entre las resoluciones aprobadas por el
Pleno del Congreso de los Diputados del 9 de febrero de 1995, con motivo
del debate sobre el estado de la nación, figura la recogida en el
apartado 1.12, que dice: Adoptar las medidas legislativas necesarias para
reducir la morosidad existente en nuestra economía, remitiendo a la
Cámara, en el plazo máximo de seis meses, el proyecto de ley de reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Actualizar, en el mismo plazo, los
procedimientos de ejecución por impago de deudas, a través de la reforma
de las leyes concursales.
Durante esta VI Legislatura, hay que resaltar los compromisos resultantes
de: debate de investidura de 3 de mayo de 1996: El Gobierno abordará la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de reducir los
procedimientos especiales y agilizar los actos procesales, medidas estas
que están contempladas también en el programa electoral del Partido
Popular; comparecencia de la señora Ministra de Justicia en la Comisión
de Justicia del Congreso el 20 de junio de 1996 --y otra posterior en el
Senado--, en la que decía: No debe aplazarse más la reforma procesal
civil tantas veces anunciada, por lo que ya se está trabajando en un
borrador que se procurará que esté preparado para el primer trimestre del
próximo año, cuyas líneas generales son: modernización de los procesos de
ejecución forzosa, y ejecución de sentencia y juicio ejecutivo.
Pero quizá lo más relevante a ponderar sea la oportunidad temporal en su
tramitación. Es cierto que el grupo proponente, al formular su
iniciativa, ya se anticipaba a posibles objeciones y las justificaba de
la siguiente manera: Sin duda, cabría sostener que esta reforma puntual
debería enmarcarse en una reforma más amplia de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; sin embargo, por tratarse de una modificación que, aun teniendo
gran alcance práctico, no altera sustancialmente el actual sistema ni
introduce discordancia en el mismo, razones de oportunidad y de necesidad
justifican esta modificación, sin perjuicio de su inclusión en una
reforma global posterior de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arqueros.
Culminado el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución forzosa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 312; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA,
POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR CUMPLIMIENTO AL CONTENIDO DE LA
PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL DIA 19
DE DICIEMBRE DE 1995, RELATIVA AL REPARTO DE TRABAJO, ASI COMO SE ACUERDA
LA CREACION DE UNA PONENCIA EN EL SENO DE LA COMISION DE POLITICA SOCIAL
Y EMPLEO EN LA QUE SE ESTUDIEN NUEVAS FORMULAS DE CREACION DE EMPLEO Y SE
DEBATAN Y ELABOREN CONCLUSIONES SOBRE LA REORGANIZACION DEL TIEMPO DE
TRABAJO COMPATIBLES CON UN MARCO LABORAL DOTADO DE ESTABILIDAD Y
PROTECCION SUFICIENTE (Número de expediente 162/000027)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a dar
cumplimiento al contenido de la proposición no de ley aprobada por el
Congreso de los Diputados el 19 de diciembre de 1995, relativa al reparto
de trabajo, así como se acuerda la creación de una ponencia, en el seno
de la Comisión de Política Social y Empleo, en la que se estudien nuevas
fórmulas de creación de empleo y se debatan y elaboren conclusiones sobre
la reorganización del tiempo de trabajo, compatibles con un marco laboral
dotado de estabilidad y protección suficiente.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del grupo
proponente tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es un hecho comprobado que el crecimiento económico sostenido
no es ineludiblemente causa de creación de empleo. Asistimos en los
últimos años a la constatación de esta realidad, no sólo en nuestro país,
sino también en los países de nuestro entorno, y no sólo en la Unión
Europea, sino en la OCDE en general.
Precisamente, en épocas de vacas gordas para las variables
macroeconómicas, que es donde, según la economía ortodoxa, el catecismo
neoliberal, cabría esperar más crecimiento del empleo, es cuando más se
constata esto desde la frustración, de forma que el Libro Blanco europeo
sobre la Competitividad y el Empleo afirma ya que el modelo actual de
desarrollo está siendo cuestionado por este motivo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Y si dejar a las manos invisibles del mercado
la creación de empleo, fundar toda la política económica en el
crecimiento sostenido --lo que es lo mismo, que lo demás, el empleo, el
bienestar, etcétera, se dará por añadidura--, se ha visto desmentido por
la cruda realidad del crecimiento del paro, también se ha desmontado, con
el paso del tiempo y de las experiencias fracasadas, otro dogma: la
política de los años ochenta, que continúa tozuda en los noventa, de
desregular y flexibilizar so pretexto de crear más empleo. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El fracaso ya anunciado de las reformas del mercado de trabajo en el
sentido de desproteger tanto la entrada como la permanencia y la salida
de las relaciones laborales, no ha creado empleo, todo lo más lo ha
precarizado.
Ya lo había anunciado, en 1990, el Informe Segura, que decía que no es
posible modificar el volumen de empleo total que es capaz de generar una
economía a medio y a largo plazo mediante el cambio de las modalidades de
contratación o abaratando el despido. Pero a este informe no se le hizo
caso, siendo así que para entonces ya se había flexibilizado bastante,
sobre todo la contratación, que era a la carta desde 1984. Se prefirió
seguir dócilmente el dogma sin atender a la razón de la práctica. Poco
más tarde, en el informe de regulación y empleo elaborado por expertos de
la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, se concluye que el
amplio proceso de desregulación y flexibilización laboral que se ha
producido en Europa no ha provocado mejora alguna en la creación de
empleo y sólo ha servido para incrementar rápidamente las desigualdades
sociales. Las desigualdades sociales han dividido a la sociedad en dos:
los que tienen trabajo fijo y los que no lo tienen o lo tienen precario,
segmentando a estas dos categorías esenciales en multitud de subgrupos.
Para los economistas, nuestro país es paradigmático en este esquema;
nuestra experiencia es de libro. Y es que nadie como nosotros ha apostado
con tanta fe del carbonero por hacer los deberes que nos señalaban desde
las instancias neoliberales internacionales. Esta actitud beata ha
generado que España tenga el doble de paro que la media europea, el
triple de precariedad, trabajo para menos del 50 por ciento de los
ciudadanos en edad de trabajar, más flexibilidad que nadie y un 20 por
ciento de la población por debajo del umbral de la pobreza, según los
sociólogos de Cáritas.
Pero --¡qué casualidad!-- justo a los dos años de aplicación de una
reforma laboral que prometía crear más empleo, como la de 1994, la
productividad ha descendido. Mientras hasta 1994 se mantenía en torno al
tres por ciento, en 1995 baja al 0,1 por ciento y en 1996 es negativa en
un menos uno por ciento. Y ello porque la excesiva precariedad y la
rotación del mercado de trabajo generan un mercado laboral
desincentivado, que ni siquiera favorece a los grandes empresarios, a los
que pretendía facilitar la competitividad por la vía de la reducción de
los costes laborales. Esta reforma, como se diría en lenguaje castizo, se
ha pasado. Y, por si fuera poco, esta precariedad ha generado un
debilitamiento del consumo que también se ha mostrado inconveniente para
el propio crecimiento económico: es la pescadilla que se muerde la cola,
señorías.
Así pues, hay que apearse de los dogmas y ver con nuevos ojos las nuevas
realidades. La realidad que tenemos ante nuestras propias narices es que
precisamente en aquellos países o sectores de la producción donde ha
habido suficiente capital acumulado como para invertir en nuevas
tecnologías se ha generado un crecimiento incesante de la productividad
y, a la par, un descenso del empleo.
Así, desde 1960 a 1973 la productividad de nuestro país ha crecido a un
ritmo del seis por ciento anual y desde 1973 hasta la fecha se mantiene a
un ritmo de un tres por ciento de crecimiento anual. Pero estos
crecimientos de la productividad no se han traducido en reducciones de la
jornada laboral como para mantener el nivel de empleo de la población. La
que Peter Glotz ha llamado la utopía de nuestro siglo, el reparto del
trabajo, ya se está acercando al reino de las realidades, por la senda
del convencimiento universal, hasta de los más dogmáticos. Los que
llamaban a Izquierda Unida iluminada, profética, cuando en 1993 hablaba
del reparto del trabajo, en 1996 tuvieron que copiarla en sus programas
electorales y hoy se aprestan a compartir con nosotros el honor de haber
puesto el huevo de Colón en pie.
Bienvenidos a la racionalidad, a la que convocamos a toda esta Cámara,
mediante esta proposición no de ley cuyos dos objetivos son bien
sencillos: de un lado, se trata de que esta Cámara inste al Gobierno a
que cumpla una de las resoluciones del Congreso --lo que no parece mucho
pedir, ¿verdad?--: la proposición no de ley número 162/251, relativa al
reparto de trabajo en la Administración pública, acordado en el Pleno del
Congreso de los Diputados en su sesión del día 19 de diciembre de 1995.
¿Por qué no se ha cumplido hasta la fecha esta resolución? No es que haya
habido un cambio de gobierno, sino que se ha tenido que apretar un
cinturón del gasto público para cumplir los criterios de la convergència
nominal aprobados en Maastricht y, por tanto, lo primero que ha caído ha
sido la capacidad de crear empleo por parte de las administraciones
públicas, las ofertas de empleo público. Maastricht ha dibujado un
paraíso a cuyo acceso hay que sacrificar el presente, al menos de
algunos, no de todos, por supuesto.
En cualquier caso, nada puede justificar que por parte del Gobierno no se
cumpla esta resolución que ha aprobado esta Cámara y que va a beneficiar
al servicio público y a la resolución del primer problema del país, que
es el paro. El Gobierno tiene que dar ejemplo. Precisamente esto es lo
que buscaba aquella resolución al circunscribir el reparto del trabajo a
las administraciones públicas, que se iniciara la experiencia de algo que
ya se vislumbra como imprescindible, el reparto del trabajo por el sector
público, a fin de sacar consecuencias para luego trasladar la experiencia
al resto de los sectores, al seno de las empresas.
El segundo objetivo de la proposición no de ley que defendemos es que se
solicite a la Comisión de Política Social y Empleo que apruebe la
constitución de una subcomisión en su seno sobre reparto del empleo, a
fin de que todos los grupos parlamentarios podamos discutir a fondo estas
cuestiones y consensuemos propuestas de medidas en torno a varios
elementos, políticas activas y búsqueda de sectores emergentes y nuevos
instrumentos de financiación, reducción de la jornada laboral a 35 horas
en el camino del objetivo de la Confederación Europea de Sindicatos, que
son las 32 horas semanales, y otras medidas de reparto del trabajo
específicas y de la reducción de la jornada, fórmulas que aseguren la
estabilidad en el empleo y reduzcan la precariedad y fórmulas
complementarias respecto de la formación y cualificación profesional, así
como la potenciación del Instituto Nacional de Empleo en su labor de
intermediación en el mercado de trabajo.
No se trata de discutir aquí las medidas concretas, sino de emplazarnos
precisamente a debatir serenamente lo mejor para ir propiciando ese
debate que, en definitiva, tiene que hacer la sociedad en su conjunto,
pero al que nosotros debemos dar el primer empujón, contribuir
decisivamente. Para ello, proponemos que se inste a la Comisión de
Política Social y Empleo a la constitución de esta subcomisión ad hoc.
Para todo esto, señorías, esperamos la opinión favorable de esta Cámara y
de los grupos parlamentarios que la componen.
Gracias, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por el Grupo
Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar,
quiero manifestar que parece que al señor Vaquero, a los compañeros de
Izquierda Unida, les haya entrado una afición por presentar propuestas y
más propuestas que en estos momentos están siendo planteadas y son objeto
de negociación en el diálogo social, y parece como si quisiéramos ir
más deprisa que ellos y que esta Cámara asumiera el papel que les
corresponde a los agentes sociales.
Mi grupo está de acuerdo y apoyará el primer apartado de la proposición
no de ley que nos ocupa, en el que se insta al Gobierno a cumplir el
contenido de la proposición no de ley número 162.
En cuanto al segundo apartado, donde se propone la creación de una
subcomisión para tratar los temas de empleo, los temas de reparto,
etcétera, no podemos estar de acuerdo. Cuando se crea una subcomisión
para estudiar un tema concreto es porque hay un consenso político en
torno a esa materia y, señorías, no es este el caso porque para crear
empleo no basta con una ley. Para crear empleo hay que hacer unas
determinadas políticas económicas, unas determinadas políticas
industriales, y es evidente, como se ha podido ver en esta Cámara, que no
se da el consenso que se requeriría para esta comisión. Por tanto,
nosotros no apoyaremos esta proposición, pero sí estaríamos de acuerdo en
que se instara al Gobierno para que en su acción concreta de gobierno
traiga programas de actuación que faciliten, que promuevan y que ayuden a
la creación de empleo, previamente a la negociación con los agentes
sociales.
En lo que hace referencia al apartado concreto del reparto de empleo,
aquí tenemos políticas totalmente diferentes, y me explico. Nosotros
creemos en el reparto de empleo; creemos que hemos de entrar en ese
debate y es fundamental para el futuro para la creación de empleo, pero
no desde decretos, como nos propone el señor Vaquero, desde la
promulgación de leyes concretas que lo fomenten. Creemos en el reparto
del trabajo, pero creemos en el reparto del trabajo mediante negociación
colectiva, a través de los agentes sociales, a través de normas.
He oído cómo se hablaba de las maldades de la reforma de 1994. Mucho me
temo que no hemos sido capaces de alcanzar a comprender la bondad de la
reforma de 1994 en uno de sus apartados fundamentales. La reforma de 1994
fomentaba y daba unas potestades a la negociación colectiva desconocidas
hasta ese momento, y todavía hoy, dos años después, no se han podido
cumplimentar en toda su magnitud. En este país necesitamos entrar en la
cultura del pacto, en la cultura de la negociación. Los agentes sociales
son los que han de negociar todos aquellos aspectos que les son propios.
No creo yo que todavía hayan tenido esa oportunidad, porque para hacer un
cambio de cultura en la negociación colectiva se requiere tiempo, y eso
es lo que pedimos para los que están negociando en estos momentos.
Es evidente que liberar trabajo para hacer un reparto será una necesidad
en el futuro. Pero el reparto del trabajo no puede significar sólo un
recorte de horas, sino un cambio de cultura a todos los niveles de las
relaciones entre empresa y trabajadores. Los trabajadores han de
participar en lo que significa la productividad de la empresa; han de
participar en todo aquello que es propio de la organización de trabajo, y
han de participar, sobre todo, en hacer más competitivas las empresas
para poder seguir avanzando por ahí. Si participamos activamente --al
igual que se ha hecho en Alemania, por ejemplo, donde la participación de
los trabajadores en la productividad de las empresas ha hecho que sea el
país más competitivo del mundo--, yo creo que bien merece dar una
oportunidad a la negociación colectiva, bien merece dar una oportunidad
al diálogo social y esperar unos meses para darles tiempo a fin de que
con tranquilidad y con pausa negocien los que están mandatados para
hacerlo: trabajadores y empresarios.
Por ese motivo nosotros no podemos dar nuestro apoyo a este apartado,
puesto que todo su contenido está dentro de la negociación del pacto
social que en este momento se está llevando a cabo por las partes. Parece
como si en esta Cámara todos pudiéramos hacer grandes declaraciones de
que queremos el acuerdo, queremos que los agentes negocien, pero luego en
la práctica y en nuestras acciones diarias hacemos todo aquello que va en
contra de ese pacto y de ese diálogo social. La semana pasada vimos cómo
el señor Ministro de Trabajo nos decía que su Gobierno apoyaba sin
condiciones esas negociaciones y al día siguiente leíamos en titulares en
la prensa que el señor Aznar, Presidente del Gobierno, decía: o acuerdan
pronto o intervendremos. Así no se puede negociar. Hay que hacer las
cosas y hay que ser coherente con lo que realmente se plantea y lo que se
dice, y este grupo, al que yo represento, está siendo totalmente
coherente en la línea --repito-- de la reforma de 1994, que es trasladar
a los agentes sociales aquello que les es propio. Si medimos el
crecimiento de empleo en los últimos años --y, según los especialistas,
para los próximos--, va a tener unos dientes de sierra, de altos y bajos,
que va a ser muy difícil corregir mediante ley, pero que sí es posible
corregir mediante la negociación colectiva en los convenios y a todos los
niveles. Porque el reparto del trabajo no puede ser idéntico para todos
los sectores y habrá que hacer esa negociación sector por sector,
teniendo en cuenta a los colectivos, teniendo en cuenta a los sectores y
teniendo en cuenta las escalas salariales que hay en cada uno de ellos.
Porque cada caso será un caso diferente que
requerirá una solución diferente. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
En este contexto, voy a terminar refiriéndome al apartado d). Estamos de
acuerdo en que el INEM desarrolle políticas --tiene capacidad, tiene
medios y, además, lo puede hacer porque lo ha hecho en el pasado--
especialmente dedicadas a los parados de larga duración, que es uno de
los problemas que tenemos en este momento. Por lo tanto, nosotros
apoyamos también ese apartado, pero añadiendo: sin perjuicio de la
descentralización que del INEM se pueda hacer en el
futuro. Teniendo en cuenta esos criterios, nosotros apoyaríamos este
apartado.
Por consiguiente, al primer apartado decimos sí; al apartado del reparto
del trabajo, no; al apartado que es consecuencia del pacto social decimos
no porque nuestro grupo apoya incondicionalmente a los agentes sociales
--a la patronal y a los sindicatos-- que están negociando. Que negocien,
dejémosles, que es lo que este país necesita. Este país necesita la
cultura del pacto, necesita el acuerdo, necesita el consenso. Para tener
unas relaciones laborales, un mercado de trabajo adecuado no se fomenta
por ley el empleo, se fomenta con programas, con negociación colectiva y
con pacto entre los agentes sociales.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López i Chamosa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, asistimos hoy de nuevo a un debate sobre el
empleo. A mí sí me parece que es un debate importante. Seguramente sea
una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos en este
momento.
La proposición no de ley que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya para su debate propone que se dé cumplimiento al contenido de
la proposición no de ley presentada en su día y aprobada por esta Cámara
y que hace referencia a la puesta en marcha de experiencias de reparto de
empleo en las ofertas de empleo público. Por cierto, nos gustaría saber
cómo se concretarían estas cuestiones porque, a lo mejor, el reparto de
empleo puede ser una vía, pero convendría concretarlo alguna vez. Si no
se hace así, le daremos vueltas a este asunto sin llegar a ningún punto.
En segundo lugar, propone también que se cree una ponencia en el seno de
la Comisión de Política Social y Empleo en la que se debatan y estudien
fórmulas de creación de empleo, especialmente empleo estable.
El Bloque Nacionalista Galego, como no podía ser menos, comparte la
preocupación sobre la actual situación del empleo. Es evidente que a
pesar del crecimiento económico cada vez hay más paro y, sobre todo, cada
vez el empleo es de menor calidad. Los trabajadores y trabajadoras tienen
que sufrir cada día que pasa más precariedad laboral y trabajar más para
obtener salarios menores. Y porque nos preocupa la situación de los
trabajadores vamos a apoyar esta proposición no de ley que intenta que el
Congreso debata e intente buscar soluciones a este importante problema,
aunque --lo vamos a decir también con toda claridad--, a la vista de los
precedentes, dudamos mucho de la eficacia de este tipo de subcomisiones o
ponencias cuya puesta en marcha, por cierto, está absolutamente
generalizada en este Congreso y que parecen, de alguna manera, la fórmula
mágica para resolver cualquier problema. En todo caso, lo vamos a apoyar.
Quisiéramos insistir en que no se puede desvincular el problema del
empleo del tipo de política económica que se practica. Hablar de creación
de empleo y, sobre todo, de empleo estable en condiciones dignas
significa hablar del cambio de las directrices económicas que hoy desde
luego defiende el Gobierno. Es evidente que en las actuales condiciones,
en un marco en el que el pensamiento único y dominante afirma que para
competir la única vía es la disminución de los costes laborales, la
situación del empleo no hará más que empeorar. Es necesario, además, en
estas condiciones, la existencia de ejércitos de reserva --eso es una
evidencia-- de paro para que los trabajadores acepten unas condiciones de
empleo cada vez peores.
La primera premisa, desde nuestro punto de vista, para conseguir aumentar
el empleo, la estabilidad en el mismo en condiciones dignas y con
derechos laborales y sociales es que existan sectores productivos capaces
de generar abundantes puestos de trabajo. Es preciso que exista un marco
internacional más justo, en el que las relaciones económicas se
establezcan en pie de igualdad. Mientras persista la tendencia a la
concentración de la riqueza en cada vez menos manos, mientras la economía
esté al servicio de unos pocos Estados dominantes y de las grandes
transnacionales, la situación para la mayoría de la población empeorará.
Señoras y señores Diputados, yo quisiera hacer una reflexión. ¿Podemos
aspirar en Galicia, por ejemplo, a la creación de más y mejor empleo con
las directrices económicas trazadas por las sucesivas políticas de los
Gobiernos centrales? Difícil, por no decir imposible. En las actuales
condiciones, tal y como se llevó a cabo la integración en la Unión
Europea, cuyas consecuencias hoy son visibles, la situación de paro
subempleo y emigración no dejará de persistir en nuestra tierra. Con un
sector lácteo y ganadero que da empleo a miles de personas, abocado a su
reestructuración e impedido en su capacidad de producir; con un sector
pesquero restringido cada vez más en sus posibilidades; con la
construcción naval ya reducida y amenazada por nuevas reducciones de
empleo; con el comercio agredido por la entrada a saco de las
transnacionales; con vías de comunicación inadecuadas que agravan aún más
nuestra situación periférica; con todas estas circunstancias y sin otras
alternativas visibles, ¿cuál es el futuro para el empleo en nuestra
comunidad?
La actual política económica con el mercado como único regulador, con las
directrices de Maastricht como norte, conduce lenta pero inexorablemente
a empeorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. Y no
sólo de obreros, campesinos o pescadores,
sino también de muchos pequeños y medianos empresarios, incapaces de
subsistir en estas condiciones.
Para nosotros el problema del empleo pasa por un cambio de política que
haga posible que los sectores productivos puedan desarrollar sus
potencialidades, y eso como cuestión fundamental. En todo caso, no
desdeñamos la utilización de aquellas fórmulas que aun dentro de este
contexto sean la más favorables para la creación de empleo estable. Por
eso vamos a apoyar la proposición no de ley que se debate y, en
consecuencia, la creación de esa ponencia, en cuya eficacia nosotros
desde luego no creemos, y si el grupo proponente no acepta la enmienda
del Grupo Socialista. En todo caso, si se crea esa famosa ponencia,
trataremos de colaborar en un sentido positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición
Canaria respecto a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta
al Gobierno a dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por el
Congreso en diciembre de 1995, relativa al reparto del trabajo, así como
la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Política Social
y Empleo en la que se estudien nuevas fórmulas de creación del mismo.
En primer lugar, valoramos positivamente esta iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida que tiene como objetivo fundamental
encontrar nuevas fórmulas que permitan hacer frente a uno de los
problemas más importantes, por no decir el más importante, que tiene
planteado la sociedad actual como es el del empleo. Coalición Canaria
respalda cualquier tipo de iniciativa que, aplicando la imaginación, como
en este caso, contribuya a multiplicar el empleo y a garantizar una mayor
estabilidad en el mismo. No estamos, sin duda, ante una cuestión
extraordinaria ni original en la posición que mantenemos, sino en la
línea del artículo 35 de la Constitución, donde se considera el trabajo
como un derecho y un deber, acreedor de una remuneración suficiente,
adecuada para satisfacer las necesidades propias y las de la familia. No
se nos oculta que las recientes reformas laborales han enfermado de
gravedad el mercado laboral español, incrementándose la precariedad
laboral en detrimento del empleo fijo, medidas que al final han acabado
por no gustar ni a los sindicatos ni a los empresarios ni al propio
Gobierno. Es clara la necesidad de adoptar las medidas que con urgencia
demanda la sociedad. Ciertamente, en la proposición no de ley que se
debate hay aportaciones creativas e imaginativas asumibles y a tener en
cuenta para ser debatidas.
La Constitución española entiende que el camino para la promoción de los
intereses sociales y económicos corresponde a los sindicatos de
trabajadores y a la asociación de empresarios, y corresponde a los
poderes públicos promover la participación de todos en la vida económica
y social, según señalan los artículos 7 y 9.2 de la Constitución. Por lo
tanto, en el marco del diálogo social entre Gobierno, empresarios y
sindicatos es donde se deben elaborar, desarrollar y ajustar las
políticas en favor del empleo. En definitiva, es necesario abrir una
nueva etapa de concertación social que incluya para su debate las medidas
aportadas en esta proposición no de ley. Obtenidos los acuerdos entre el
Gobierno y los agentes sociales, procedería su reflejo con la adopción de
las medidas parlamentarias y gubernamentales que proceda.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir, en nombre del Grupo Vasco, para fijar la posición con
relación a la iniciativa que presenta en esta Cámara el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Voy a ser breve porque dentro
de unos instantes, en el orden del día de este Pleno, vamos a tener
ocasión de volver a la cuestión.
Anuncio el voto en contra del Grupo Vasco respecto a la iniciativa de
Izquierda Unida y voy a intentar explicarlo. Con relación al punto 1 de
esta proposición, quiero indicar, señores de Izquierda Unida, que estando
de acuerdo con la necesidad de practicar medidas innovadoras para paliar
el problema del paro, como el reparto de trabajo en la Administración
pública, es necesario estudiar la aplicación de los criterios generales
de este reparto del tiempo del trabajo salvaguardando los costes globales
del sistema y la calidad de los servicios. Además, señorías, estamos
obligados a respetar las competencias de las comunidades autónomas en
materia de función pública. Por otro lado, la Administración del Estado
tiene una mesa abierta con los sindicatos para poder abordar el reparto y
la reordenación del tiempo de trabajo.
El Gobierno vasco, en el mes de octubre de 1996, aprobó un decreto por el
que se articulaban las ayudas al reparto del tiempo de trabajo y a la
contratación indefinida. Pero hay que tener en cuenta, señorías, que esta
materia se ha abordado desde una vertiente de subvención, tratando de
generar sobre todo entre los verdaderos protagonistas, los trabajadores y
los empleadores,
el clima y la concienciación de que estamos ante un bien escaso, muy
escaso, y ante un auténtico problema social que sólo podrá superarse con
la implicación activa de todas las partes involucradas.
Es evidente que la empresa hoy en día no es una mesa de antagonismo total
entre trabajadores y empresarios. La empresa, desde nuestro punto de
vista, desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco, es lo más
importante en la vida del trabajador después de la familia,
prácticamente. Ha cambiado culturalmente el concepto de empresa y hay que
establecer un marco de diálogo, una comunidad nueva en la empresa. En
estos momentos de negociación entre empresarios y trabajadores, me voy a
permitir hacer un llamamiento al sindicalismo y a la patronal para que
lleguen a un acuerdo y desarrollen una respuesta en clave de modernidad.
Y en esa clave, señorías, el reparto de trabajo constituye un debate
innovador desde una perspectiva social y jurídica que engloba realidades
heterogéneas, porque no es lo mismo el acuerdo de la patronal y los
sindicatos franceses que el acuerdo de la empresa Volkswagen.
Desde nuestro punto de vista, el reparto de trabajo no consiste sólo en
sustituir horas extraordinarias por descanso equivalente, sino que
constituye un conjunto de medidas flexibles que requieren concertación
previa y que van desde la reducción del tiempo de trabajo a la
distribución de la jornada en términos anuales, las vacaciones, las horas
extraordinarias y la propia estructura retributiva. Reparto de trabajo,
señorías, para el Grupo Vasco significa, sobre todo, ordenarlo de otra
manera.
El Parlamento vasco, hace aproximadamente un año, adoptó varias
resoluciones sobre el empleo, estableciendo diversas líneas de actuación
para que el Gobierno vasco impulse y favorezca las políticas directas en
favor del empleo: la formación, el enriquecimiento de las relaciones
laborales y la intermediación laboral. Entre estas líneas de actuación se
encuentran las relativas al reparto y a la ordenación del tiempo de
trabajo, con el objetivo de racionalizar el uso de las horas
extraordinarias como instrumento de ajuste para las horas de producción,
estableciendo mecanismos que permitan cambiar horas extraordinarias por
tiempo libre y, asimismo, fomentar la flexibilización de las jornadas
laborales, así como fomentar el desarrollo de los contratos voluntarios a
tiempo parcial y el contrato de relevo, incentivar fiscalmente el reparto
del trabajo y estudiar la aplicación de criterios generales del tiempo de
trabajo en el ámbito público. Deseo añadir que el reparto de trabajo,
desde nuestro punto de vista, requiere un planteamiento estructural
profundo y solidario de las propias esencias de un Estado del bienestar.
Con relación al segundo punto, señores parlamentarios del Grupo de
Izquierda Unida, pensamos que no es el momento oportuno para la creación
de una subcomisión que se puede interpretar como interferencia de los
grupos políticos en la negociación entre empleadores y trabajadores. Como
ustedes saben, señorías, el miércoles pasado, desde esta tribuna, el
Ministro de Trabajo nos hablaba de su tortura porque los sindicatos
--decía-- y los empresarios le solicitaban que hablara poco porque podía
interferir en la negociación. Yo estoy segura de que la intención del
grupo proponente no es interferir ya que este debate se produce en esta
Cámara nueve meses después de haber presentado esta iniciativa. Señorías,
demos tiempo al tiempo y, a muy corto plazo, tendremos ocasión de volver
sobre este asunto que obsesiona a todos los grupos políticos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor Presidente.
Intervengo desde el escaño para pronunciarme en relación a la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Lo voy a hacer con mucha menos pasión y conocimiento,
seguramente, que nuestra compañera Isabel López, pero también voy a
argumentar, con motivos parecidos a los que ella ha expuesto, cuál va a
ser la posición del Grupo Parlamentario Catalán.
Es evidente que estamos en un momento en el que la problemática del paro,
de la falta de ocupación, es prioridad absoluta del conjunto de
gobiernos, no tan sólo del Gobierno del Estado español o de los gobiernos
de las naciones y regiones que componen el Estado, sino del conjunto de
gobiernos de todo el mundo occidental, de toda el área de la OCDE; esto
es evidente. En estos días están siendo noticia, por ejemplo, las tasas
de paro que se producen en un Estado de la potencia económica de
Alemania.
Desde este punto de vista, creo que, de entrada, es importante que el
conjunto de grupos asumamos la complejidad del problema, asumamos la no
existencia de soluciones fáciles, y sobre todo seamos muy conscientes de
que, cuando planteamos líneas de trabajo, tenemos que tener en cuenta
estas limitaciones porque a veces se producen manifestaciones, bien en el
texto de las proposiciones no de ley o en las intervenciones en el Pleno
de la Cámara, de las que parece deducirse que la solución a un problema
como el del paro sea una solución fácil, y esto no es cierto. Existen
políticas económicas globales que debe impulsar el Gobierno, en las que
tendremos diversas oportunidades de avanzar a través de las comisiones de
esta Cámara, y existe también un determinado marco legal que configura
estas políticas económicas.
Hoy por hoy, la prioridad que nos hemos marcado todos, conjuntamente,
fuerzas políticas y fuerzas sociales,
es entender que es necesario mejorar el marco legal para crear ocupación
y que esa mejora pasa por el diálogo entre los agentes sociales. Creo que
ese es el consenso político que existe en el Estado español. También es
evidente que, en algún momento, vamos a tener que abrir un debate en
relación a muchas de las cuestiones que ustedes plantean. Hoy, la lucha
contra el paro --creo que lo decía el representante de Coalición
Canaria-- también va a implicar un esfuerzo de imaginación y muchísimas
de las fórmulas que hasta ahora hemos ensayado, seguramente, serán
insuficientes.
Por todo ello, nuestro grupo no quiere entrar en el fondo de estas
propuestas. Nos parece que, por suerte o por desgracia, en los próximos
años vamos a tener oportunidad de avanzar en ellas; pero sí creemos que
hoy --en la discusión que ustedes nos proponen con esta iniciativa y,
luego, con la moción consecuencia de la última interpelación que
hicieron-- lo importante es que los grupos manifestemos dos voluntades.
En primer lugar, la voluntad de apoyo al diálogo abierto entre agentes
sociales, entre los sindicatos y la patronal. Creo que el gesto político
importante es éste: entender que hoy este esfuerzo para crear un marco
legal más moderno, para facilitar la creación de ocupación, pasa por ese
acuerdo entre los sindicatos y los empresarios. Nuestro grupo ha estado
tentado a presentar una enmienda, tanto a su proposición no de ley como a
su moción, en la línea de manifestar el apoyo a ese buen fin del diálogo
social pero, finalmente, hemos creído que podíamos manifestar de manera
más contundente nuestra voluntad de que los problemas que hoy existen en
el paro se afronten desde un acuerdo amplio entre los agentes sociales,
incluso, que presentando esta enmienda. Este es el gesto político que, de
entrada, queríamos marcar. Por tanto, aceptamos que, en estas próximas
semanas, el Congreso de los Diputados opte por un prudente silencio, para
evitar que se nos acuse de interferir en aquello en lo que todos hemos
coincidido que se debe resolver en la sede del diálogo social. En segundo
lugar, es evidente que, en función de ese diálogo social, el Gobierno o
los grupos parlamentarios tendrán que plantear las iniciativas que sean
necesarias para introducir las modificaciones legales correspondientes,
seguramente; pero ese es un debate que deberemos plantear en su momento.
En consecuencia, señor Vaquero, nuestro grupo parlamentario no podrá
votar afirmativamente esta iniciativa. Entendemos que hay aspectos
puntuales que responden a una voluntad positiva y a una voluntad de
imaginación --creo que no existe voluntad de Izquierda Unida de torpedear
el diálogo social, sino todo lo contrario--, pero nos parece poco
oportuno, hoy, en medio de este debate social, apoyar su iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps Devesa.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, procedo a fijar la posición de mi grupo parlamentario en esta
primera entrega del debate por partes que vamos a tener en el día de hoy
de un tema evidentemente tan complejo, tan serio, tan importante, como es
hablar del desempleo y como es hablar del paro en nuestro país.
No puedo por menos de decir, al principio de la fijación de posición que
corresponde a mi grupo, que la posición del mismo va a ser la de no
aceptación de la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida,
así como también, si se diera el caso, la no aceptación de la proposición
no de ley si acogiera la enmienda presentada por el grupo parlamentario
socialista, aunque la verdad es que este portavoz en este caso se ha
visto incluso tentado de no llegar a subir a la tribuna tras la
intervención de la Diputada del principal partido de la oposición que más
parecía defender al Gobierno en este caso que fijar una posición respecto
de una proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida, aunque si bien
no podemos dejar de congratularnos de que esa defensa que se ha hecho del
diálogo social tendrá que alcanzar, mal les pese a algunos, al principal
impulsor del diálogo social, que es el Presidente del Gobierno, don José
María Aznar. (Risas.) No se rían, señorías, que otras etapas más negras
de diálogo social hemos conocido en este país y ustedes eran principales
protagonistas en aquellos momentos.
Volvamos a la seriedad del debate, y la seriedad del debate es que
existen argumentos de peso, de base, como para no poder atender la
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida. En cuanto a la
primera parte, en cuanto al reparto de trabajo en la Administración
pública, sí es cierto que hay aprobada por este Congreso una proposición
no de ley en su día presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
pero no es menos cierto que ya la postura de mi grupo en aquel momento
fue la de entenderla no adecuada --y hoy ratificamos en este debate--
porque el reparto de trabajo en la Administración, su análisis, la
materia objeto de estudio, es un debate que debe incluirse dentro de lo
que es el debate que ha habido en todo momento sobre el estatuto de la
Función pública de la Administración general del Estado, mandato
constitucional que nos obliga a su elaboración como es el artículo 103 de
nuestra Carta Magna.
Pero es que, a mayor abundamiento, no sólo tenemos argumentos de tipo
formal para ello, también hay argumentos de tipo material y además
argumentos importantes, porque tendrá que concluir conmigo, señorías, que
las medidas de reparto de trabajo en la Administración
pública que propone, las medidas prácticas que se recogen en su propia
proposición no de ley, si las aplicamos a la Administración pública del
Estado traerán consecuente e ineludiblemente un aumento de los costes de
personal, por lo tanto un aumento del gasto público, y entendemos que en
este momento nuestro país no está para alejarse de la convergència
europea sino, al revés, acercarnos hacia esa convergencia, criterio que a
lo mejor no es compartido por S. S., pero que evidentemente creo que sí
es compartido por la amplia mayoría de esta Cámara.
En cuanto a la segunda de sus medidas, no puede tener otro calificativo,
a nuestro juicio, que de inoportuna. Todos conocemos en estos momentos el
estado en que se encuentra el debate entre los agentes sociales, todos
conocemos también los acuerdos a que se ha llegado entre agentes sociales
y Gobierno, tal como se han ido cerrando distintas mesas de negociación,
y todos por lo tanto creo que deberíamos respetar que justamente si las
materias que son objeto de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida están siendo debatidas por los agentes
sociales, reitero, deberíamos respetar ese diálogo y estar a la espera de
las conclusiones que en el mismo se produzcan para debatir una
proposición no de ley como en la que ahora nos encontramos.
Si bien la iniciativa planteada, como no podía ser de otra manera,
pretende ahorrar y dar soluciones a un problema que nadie va a discutir,
como es el del empleo, lo hace, por un lado, de una manera tan genérica
y, por otro lado, proponiendo a su vez una serie de cuestiones que por sí
solas merecerían ser objeto pormenorizado de un estudio independiente,
que a nuestro juicio hacen totalmente desaconsejable su aprobación.
Le voy a poner ejemplos. Se presenta una serie de fórmulas para
reorganizar el mercado laboral: la reducción de la jornada laboral, las
35 horas, el establecimiento de la quinta semana de vacaciones, la
eliminación de las horas extraordinarias (dentro de algunas muchas), y
todas ellas deben ser pactadas con los agentes sociales, a ser posible
tras consenso que exista entre dichos agentes sociales, y tras un
riguroso estudio que debe realizarse sobre el empleo y sobre el coste que
podría tener llevar a cabo alguna de estas medidas.
Por otra parte, mezclan ustedes reformas legislativas, como las relativas
a las modalidades de contratación, con meras declaraciones de contenido
general contra las que es difícil estar en desacuerdo, como podría ser la
potenciación o el desarrollo de los sectores del medio ambiente, del
bienestar social o del trabajo socialmente útil. Proponen asimismo no
sólo la eliminación de incentivos económicos a la contratación temporal,
sino también el incremento de la cuota empresarial a la Seguridad Social
justamente en este tipo de contratos, sin que al menos se plantee una
mínima garantía en su proposición no de ley para que tal medida
verdaderamente contribuya a la creación de empleo, y sin olvidar nunca
que en este momento está abierto el diálogo entre los agentes sociales
para abordar de la forma más negociada posible políticas de empleo que
puedan permitir tomar las decisiones que más convengan a la citada
política.
Pero vayamos por partes. Se lo he dicho anteriormente y se lo vuelvo a
repetir: tan respetuosos como queremos ser con el diálogo social respecto
a la reforma de nuestro mercado de trabajo, deberíamos también mantener
dicho criterio respecto a lo que sería el reparto de trabajo dentro de la
Administración pública. Hoy es preciso aprobar el estatuto de la Función
pública, siempre previa negociación, evidentemente, en este caso con los
agentes sociales sindicales, como no podía ser de otra manera, y proceder
a la elaboración, que en este momento se está produciendo, de ese
estatuto, que además mi grupo espera que sea tras un amplio debate y un
amplio consenso, no sólo entre los agentes sociales sino también
político, y será justamente esa la sede en la que se podrá otorgar el
oportuno tratamiento a estas cuestiones, porque a nadie se nos escapa,
con un mínimo rigor jurídico, que el cumplimiento de la proposición no de
ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida en el día de hoy traería
consigo evidentemente la modificación de un régimen legal hoy existente,
ya que es imposible, con el régimen legal vigente hoy en día, que se
contemple la posibilidad de reducir las horas para repartir empleo dentro
de nuestra Administración.
Por otro lado, las medidas que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya nos plantea en su proposición no de ley
como reparto del empleo --y hay un estudio realizado sobre ello-- no
traerían consigo más que un aumento del gasto público, circunstancia,
reitero, creo que no querida por la mayoría de esta Cámara.
En relación con el segundo bloque de medidas --y con brevedad-- sobre el
fomento del empleo que sugieren en su proposición, el Gobierno ya ha
anunciado desde el inicio de esta legislatura su intención de estudiarlas
y de llevarlas a las mesas de negociación abiertas al efecto con los
agentes sociales y económicos en su oferta de diálogo social. No sólo lo
ha anunciado, sino que en muchos casos también lo ha llevado a la
práctica en las distintas mesas de negociación abiertas. Asimismo se han
adoptado muchas de las medidas que ustedes mismos proponen. Puede que
temporalmente una proposición no de ley presentada en mayo de 1996 no
haya tenido en cuenta propuestas legislativas que se hayan podido aprobar
con posterioridad, como es el presente caso, pero muchas de esas medidas
ya se encuentran recogidas en el Decreto-ley 7/1996 o han tenido su
acogimiento en la ley de presupuestos o en la ley de acompañamiento a los
mismos, que en el tiempo son posteriores pero no por ello van a
dejar de tener validez a los efectos de valorar la propuesta de su grupo
parlamentario. Así también el Gobierno ha dado claras muestras de avanzar
en la mejora de medidas que ya existían, como por ejemplo --y mañana
también tendremos ocasión de discutirlo-- en cuanto a la formación del
empleo o incluso a la formación continua.
Pero todo lo dicho, señorías, no debe alejarnos de un punto de consenso
fundamental, que es la importancia que tiene en estos momentos la lucha
contra el desempleo en nuestro país, la importancia que tiene que nos
planteemos en esta Cámara, en foro parlamentario, el debate del empleo,
el debate de la lucha contra esa lacra social que es el desempleo, porque
este foro, no lo olvidemos, sí es el de la representación de todos los
españoles, y este foro puede contribuir de forma muy importante a la
búsqueda de soluciones más o menos imaginativas por parte de los grupos
parlamentarios que en el mismo nos encontramos en aras a intentar
solucionar ese problema.
Ahora bien, si en eso todos podemos coincidir no lo podemos hacer en el
sentido de la mayoría de las fórmulas que ustedes sistematizan porque,
además, mezclan cuestiones de principio que no pueden aceptarse, sin más,
como inicio del debate, como podría ser el del reparto del tiempo de
trabajo, con medidas concretas que, antes de situarse en el foro
legislativo, deberían tener obligatoriamente una negociación previa de la
Administración laboral con los agentes sociales que, a día de hoy, son
titulares constantes de los medios de comunicación. Recordemos que la
semana pasada los principales dirigentes sindicales anunciaban justamente
que la eliminación de las horas extraordinarias, o la reducción de la
jornada, sin pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, eran
justamente los elementos claves del debate o negociación que en esos
momentos se estaba llevando a cabo entre ellos y las organizaciones
empresariales. Es por ello que es necesario, siempre que exista un
acuerdo previo o al menos que se intente dicho acuerdo o consenso, traer
antes a foro legislativo lo que podría ser ya la formalización de dichas
materias, de dichos acuerdos.
Igualmente merecen una consideración negativa, en cuanto a su concreción
extemporánea, las medidas que se proponen en el ámbito de la Seguridad
Social cuya problemática debe abordarse según los cauces diseñados por el
Pacto de Toledo. Sé que algunos de ustedes en su grupo están alejándose
cada día más del camino que todos los grupos marcamos desde Toledo en
cuanto a la consolidación y racionalización de nuestro sistema de
Seguridad Social. Nosotros les reiteramos desde nuestro grupo que no les
haga echarse al monte algo tan importante como es la consolidación de
nuestro sistema de Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya
concluyendo, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor Presidente.
Piensen que este es el mayor activo que en estos momentos tiene nuestro
país. Por tanto no planteen, dentro de una proposición no de ley tan
general como ésta, algunas medidas que podrían alejarse de ese camino
común que hemos elegido el resto de los grupos políticos en una materia
como es la transformación, a mejor siempre para consolidarlo, de nuestro
sistema de Seguridad Social. Y sobre todo, señor Vaquero, respetemos el
proceso de diálogo con los agentes sociales y entre los agentes sociales.
Respetemos ese diálogo social entre dichos agentes porque si hoy
constituyéramos una subcomisión en este foro parlamentario se producirían
interferencias entre aquellas negociaciones y entre las que se podrían
producir en el seno de la misma.
A nuestro grupo le parece mucho más adecuado esperar a ver los resultados
en un tiempo prudencial. Pero es que además los propios agentes sociales
han anunciado que en el plazo de 15 días, no de meses como he oído a
algún otro portavoz, querían tener ya totalmente determinadas las
materias de acuerdo de reforma de nuestro mercado laboral. Por tanto,
creo que debemos esperar ese tiempo prudencial para ver si se produce ese
tan esperado acuerdo social entre los agentes sociales, para luego en
foro parlamentario proceder a su discusión política. Porque lo que mi
grupo espera es que lleguen a un buen acuerdo, que lleguen al mejor
acuerdo posible. Sería una gran noticia para todos los españoles que
hubieran llegado a un acuerdo los agentes sociales en la lucha contra el
empleo en nuestro país, porque creemos que la creación de empleo es
justamente la principal preocupación de la sociedad española y porque
para este Gobierno, en palabras de su Ministro de Trabajo, la lucha
contra el desempleo es la principal obsesión del Gobierno de este país,
del Gobierno de don José María Aznar, y la lucha contra el desempleo es
la principal obsesión también del Grupo Parlamentario Popular que le
apoya.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps. (El señor Vaquero del Pozo, pide la palabra.)
Señor Vaquero, tiene la palabra, como S. S. sabe, a los únicos efectos de
aceptar o no la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, puesto que entre la
propuesta del Grupo Socialista y la nuestra media una diferencia
sustancial, como es el que nosotros sí queremos que haya un espacio para
este Congreso y para las leyes distinto, respetuoso y complementario de
la negociación entre los agentes sociales y económicos, no podemos
aceptar la enmienda que nos proponen.
Gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Vamos a proceder a la votación (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no
de ley debatida. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. En nombre del Grupo
Socialista solicito votación separada del punto 1 de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que acaba de ser
debatida.
En primer lugar, votamos separadamente el punto 1 de la proposición no de
ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 146; en contra, 165; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1 de la proposición no de
ley.
Resto del texto de la proposición no de ley de Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 24; en contra, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado, asimismo, el resto del texto de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE REFORMA
DE LA NORMA GENERAL DE ETIQUETADO, PRESENTACION Y PUBLICIDAD DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS, PARA HACER POSIBLE UN MAYOR RESPETO A
LA PLURALIDAD LINGÜISTICA (Número de expediente 162/000059)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de la norma general de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
envasados, para hacer posible un mayor respeto a la pluralidad
lingüística.
Por el grupo proponente, tiene la palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señorías, en nombre de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Catalán, tengo el honor de presentar una proposición no de
ley sobre la reforma del artículo 20 del Real Decreto 212, de 6 de marzo
de 1992, de la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de
los productos alimenticios envasados. (El señor Vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.) Con ella pretendemos poner punto final a
una crónica sanitario-lingüística que muestra de manera evidente la
instrumentalización autoritaria de la lengua castellana por parte del
Estado en contra de la pluralidad lingüística del mismo Estado. El
conflicto, plasmado en la sentencia del Tribunal Constitucional 147 del
año 1996, tiene su origen en el año 1983, hace ya 14 años, cuando el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprueba el Decreto 389 sobre
etiquetaje de los productos que se comercializan en Cataluña, y establece
que los datos sanitarios obligatorios y facultativos de estos productos
podrán redactarse en lengua catalana, en lengua castellana o bien en
ambas lenguas a la vez. Este decreto se promulgó de acuerdo con las
competencias de nuestro Gobierno en materia lingüística y en materia de
protección de consumidores y usuarios, y acorde también con la filosofía
convivencial de respeto a los dos idiomas oficiales en Cataluña y a la
elección de la lengua vehicular por parte de las empresas.
Pero esta regulación, que permite que ustedes y yo podamos adquirir en
Cataluña unos productos etiquetados bilingües, unos en castellano y
productos sólo en la lengua propia nacional en catalán, es una regulación
distinta a la norma estatal aprobada por el Decreto 2.058, del año 1982,
en cuyo artículo 19 se establecía la obligatoriedad de etiquetar los
productos alimenticios comercializados en España necesariamente en la
lengua española oficial del Estado que, como ustedes bien suponen, es la
lengua castellana. Esta regulación no era de aplicación en Cataluña ya
que no tenía la consideración de legislación básica, porque en Cataluña
sabemos y respetamos que todos los españoles tienen el deber de conocerla
y el derecho a usarla, pero no creíamos que todos tenían el deber de
leerla en todas las etiquetas.
No obstante, el Gobierno del Estado planteó conflicto de competencias
contra el decreto de la Generalidad, conflicto que el Tribunal
Constitucional resolvió en su Sentencia 69/1988, declarando que
corresponde a la Comunidad Autónoma de Cataluña la competencia en materia
de información de los consumidores en cuanto no se opone a ninguna norma
estatal que haya sido formulada como básica. Y añadía en sus
razonamientos que el artículo 19 citado no podía tener la consideración
formal de legislación básica dado que, analizando la norma en su
conjunto, era imposible identificar de manera segura cuáles de sus
preceptos pueden ser básicos. Poco tardó el Gobierno del Estado
en enmendar su olvido y promulgó un nuevo real decreto en el año 1992
sobre norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios, en que declaró de carácter básico que las
indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios
que se comercialicen en España se expresarán necesariamente al menos en
la lengua española oficial del Estado.
La crónica del conflicto hubiera podido finalizar en este punto. El
carácter básico del artículo lingüístico negaba la posibilidad de
comercializar productos alimentarios en Cataluña etiquetados en la lengua
oficial propia de nuestro país, en lengua catalana. La obligatoriedad de
la lengua castellana obliga a mi Gobierno, la Generalidad de Cataluña, al
etiquetado bilingüe y a convertir una de los dos lenguas en un idioma
instrumental superfluo, ya que ambas lenguas son absolutamente
inteligibles y comprensibles para toda la población.
A su vez, el nuevo precepto introducía un precedente limitativo
competencial al ampliar el concepto sanidad, de tal manera que se
incluía, como regulación básica de las condiciones sanitarias de aquellos
productos, la lengua en que se redacta su etiquetado. Por ello, la
Generalitat de Cataluña plantea, a su vez, conflicto positivo de
competencia, entre otras razones porque el mensaje, los datos sanitarios,
es información sanitaria sin duda, pero la lengua es sólo el instrumento
con el que se emite dicho mensaje, y este instrumento, el idioma, no
creíamos hasta entonces que formara parte del ámbito sanitario básico.
El final de la historia se encuentra de nuevo en la sentencia 147, de
1996, del Tribunal Constitucional, que declara ajustada como definición
básica la del artículo --llamémosle lingüístico-- de la norma general de
etiquetado. Tres magistrados manifestaron expresamente su discrepancia en
dos votos particulares, en los que se arguye algo tan transparente como
que la imposición del castellano podrá perseguir otros bienes o
intereses, seguramente muy respetables, pero evidentemente no el de la
protección de la salud y, menos aún, el de aseguramiento uniforme de las
condiciones de igualdad en la protección de la salud, que ya queda
suficientemente garantizado con la utilización de otra lengua oficial
inteligible. Y esto que dicen los votos particulares está de acuerdo con
las directivas y conocidas sentencias comunitarias.
Hoy proponemos a los diversos grupos políticos un verdadero final a esta
crónica de desamor competencial y lingüístico. Proponemos y solicitamos
despojar al artículo 20 del Real Decreto 212/1992 de su carácter básico,
generador del conflicto. Apuesten ustedes, señorías, en contra de la
imposición del redactado bilingüe y en contra de que la letra castellana
con etiqueta entra y posiciónense en pro de la libertad de elección de la
empresa y de la igualdad instrumental de las distintas lenguas oficiales
en determinados territorios.
Para que puedan ponderar su posición al respecto, me permito añadir unos
datos. Voy a recordarles cuáles son los datos obligatorios sanitarios que
deben figurar en el etiquetaje y que proponemos que en Cataluña puedan
redactarse en catalán, en castellano o en ambas lenguas, de acuerdo con
nuestro propio decreto. Estos datos sanitarios son: la denominación del
producto --por ejemplo, sal--, los ingredientes, la cantidad neta, el
marcaje de fechas, la identificación de la empresa, las instrucciones
para la conservación y el uso, en su caso la denominación de origen y el
número de lote. Como verán claramente, la cantidad neta, el número de
lote y el marcaje de fechas se escriben en algoritmos, que es árabe, y no
es castellano ni catalán. Y por si alguna señora o señor Diputado o algún
grupo temieran que el mensaje en catalán resultara ininteligible para la
persona consumidora en Cataluña, les diré que, en Cataluña, de una
población de 5.949.177 personas 5.577.815 comprenden perfectamente el
catalán.
La lengua, pues, es un instrumento de comunicación. La lengua catalana es
un medio de comunicación en Cataluña; pero un instrumento sirve en la
medida en que es útil, y esta utilidad se crea y se refuerza a través de
mecanismos más allá de la espontaneidad social. Mi Gobierno, la
Generalitat de Cataluña debe reforzar la utilidad de nuestra lengua
nacional y planificar los propios espacios de uso de la lengua oficial
propia y, a nuestro parecer, no es aceptable ni respetuoso ni igualitario
que desde el uso del poder del Estado se decidan estos ámbitos.
Ustedes pueden finalizar este contencioso. Son los filólogos los que
toman decisiones lingüísticas, pero es la sociedad política la que toma
decisiones políticas que, ante todo, deben responder a la configuración
política y cultural de este país. La decisión de ayer no respondió a la
realidad ni a las exigencias plurilingües y sociales del Estado español.
Así lo ha entendido la sociedad catalana, el propio Parlament de
Cataluña. Yo les recuerdo que en los catorce años de vigencia del decreto
de nuestro Gobierno no se ha elevado ni una sola queja, ni una sola voz
en contra del pluralismo y libertad lingüística en el etiquetaje de los
productos alimenticios.
Por ello mi grupo, el Grup Parlamentari Catalá, les propone a ustedes que
insten al Gobierno a despojar del carácter de legislación básica el
artículo 20 del Real Decreto 212, de 6 de marzo de 1992, y a restablecer
que los gobiernos autonómicos con lengua oficial propia distinta del
castellano puedan regular la redacción del etiquetaje de los productos
alimenticios que se comercialicen en su ámbito territorial en cualquiera
de las lenguas que en éste son oficiales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Gil.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas: una, por
parte del Grupo Socialista, y otra, por parte del Grupo Popular.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra
el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la proposición no
de ley de Convergència i Unió que creo puede ser calificada de
posibilista. Es una enmienda que pretende precisar algunos aspectos de la
proposición no de ley, con total respeto al pluralismo lingüístico de
nuestro Estado, y en particular conseguir dos objetivos que a nuestro
juicio no están suficientemente claros en el texto de la proposición no
de ley.
El primer objetivo es que pretendemos evitar cualquier hipotético
problema de comprensión, de inteligibilidad, que pueda producirse por
parte de los consumidores en relación con las indicaciones que
obligatoriamente deben incluirse en el etiquetaje y que tienen una
conexión directa con la protección de la salud de los consumidores.
Estamos hablando del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, es decir,
normas básicas sobre salud, y en relación con este tema debe plantearse
la cuestión. Ya sabemos que este problema afortunadamente cada vez es más
reducido; ya sabemos que en muchas comunidades autónomas que tienen
lengua propia el nivel de comprensión de esta lengua ha llegado si no a
su totalidad, sí a extremos importantes. Al fin y al cabo nuestras
lenguas son muy parecidas. Como decía Luis de Camoens, hace quinientos
años, portugueses, españoles, italianos y franceses hablamos la misma
lengua, en última instancia, hablamos lenguas que son derivaciones de la
misma, y eso nos permite a cualquiera de nosotros, incluso al que no viva
en Cataluña o en Galicia, entender con bastante precisión la mayoría de
las indicaciones de etiquetaje que puedan figurar en catalán o en
gallego, incluso a los que no viven en esas comunidades. Ahora bien,
también es cierto, señora Gil, que aquí estamos legislando no solamente
para Cataluña sino también para otras nacionalidades del Estado, en las
cuáles quizá la lengua propia no es tan fácilmente comprensible porque no
deriva de esa lengua común que era el latín. Además, hay que recordar
--usted lo ha reconocido-- que incluso en Cataluña existen todavía
algunos sectores, afortunadamente cada vez más reducidos, que pueden
tener problemas de comprensión, de inteligibilidad, con algunos aspectos
etiquetados exclusivamente en lengua catalana. No creo que, como usted
decía, las dos lenguas sean absolutamente comprendidas e inteligibles
para toda la población. Ojalá fuera así, pero me temo que eso no es
absolutamente cierto. Qué mas quisiéramos que fuera así. Usted nos ha
dado unas cifras en las que reconoce que en Cataluña puede haber algún
sector, aunque sea minoritario, que tenga dificultades de
inteligibilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en personas mayores que
llegaron a Cataluña en los años sesenta y setenta, que han vivido desde
entonces en zonas mayoritariamente castellanohablantes y no han tenido
posibilidad de aprender catalán adecuadamente, y nos parece que los
derechos de estos ciudadanos deben ser igualmente defendidos y que hay
que evitar la posibilidad de que haya datos relacionados con la salud que
puedan plantear problemas de comprensión.
En segundo lugar, nuestra enmienda pretende evitar un posible problema,
esta vez ya, de naturaleza exclusivamente jurídico-constitucional. Usted
ha dicho, señora Gil, que en esta materia ha habido ya sentencias del
Tribunal Constitucional. Esta materia fue resuelta exactamente por la
sentencia 146/1997, del Tribunal Constitucional, que resolvió un
conflicto de competencias planteado, como usted ha dicho, por el Consejo
Ejecutivo de la Sanidad de Cataluña, cuyo objeto era exactamente el mismo
que hoy tenemos, porque en ese conflicto de competencias lo que planteaba
el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña era lo mismo que usted
plantea hoy aquí, a saber, que el artículo 20 del Real Decreto 212, de
1992, no fuera considerado como norma básica y, afortunada o
desafortunadamente, la realidad es que en esa sentencia el Tribunal
Constitucional no les dio la razón, sino todo lo contrario, declaró
claramente que esa es competencia del Estado, que son normas básicas
según el artículo 149.1.16.ª de la Constitución. De manera que es difícil
evitar la impresión evidente de que ustedes, con su proposición no de
ley, intentan ganar lo que perdieron ante el Tribunal Constitucional. Es
así. Muy bien. Que conste que es perfectamente legítimo. No niego esa
legitimidad. Faltaría más. Y es más, también es cierto que el Gobierno si
antes dijo que esta norma era básica ahora puede decir que no lo es,
evidente, y seguramente el Tribunal Constitucional no tendrá ocasión de
pronunciarse sobre el tema porque como no habrá ningún conflicto de
competencias no le llegará y no tendrá ocasión de mantener su
jurisprudencia actual o de modificarla. Sin embargo, la realidad es que
aquí mandataríamos al Gobierno para que hiciese una interpretación del
artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que no es la que ha hecho el
Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución,
lo cual a mí ciertamente algún problema me plantea. Nuestra enmienda
pretende evitar estos dos problemas. Hemos estudiado la cuestión y
presentamos una propuesta que --fíjese, señora Gil--, a mi juicio, no
sólo tiene en cuenta algunas de las consideraciones que hacía esa
sentencia, sobre todo en su fundamento jurídico 5, sino que, además,
tiene en cuenta las alegaciones que hacía el Consejo Ejecutivo de la
Generalitat, que en su demanda reconocía que no todas las indicaciones
son iguales y aceptaba que algunas de ellas quizá sí tenían relación con
el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución. Y eso es un poco lo que mi grupo les propone.
Hemos estudiado esas diez indicaciones. Hay algunas, concretamente dos,
que usted aquí ha citado, que aunque ciertamente tienen una conexión
directa con la salud de los consumidores es evidente que su etiquetado no
tiene por qué realizarse necesariamente en la lengua española oficial del
Estado porque, se etiqueten como se etiqueten, son comprendidas sin
ningún problema. En ese sentido, quiero dejar bien clara una cosa para
que se interprete bien nuestra posición. A nuestro juicio, aunque hoy no
se aprobara su proposición no de ley, está muy claro que el artículo 20
del real decreto ha de interpretarse siempre a la luz del Derecho
comunitario, que es norma prevalente sobre el Derecho interno. Y el
Derecho comunitario, en el artículo 14 de su Directiva 79/112/CEE, dice
que los Estados se abstendrán de precisar el modo en que deberán
proporcionarse las indicaciones. Y añade: No obstante, podrán prohibir
aquellas que no figuren en una lengua fácilmente inteligible para los
compradores. Naturalmente, si es fácilmente inteligible para los
compradores no hace falta que esté en castellano; no hace falta. De
entrada, a mí se me ocurren dos posibles indicaciones respecto de las
cuales la inteligibilidad está absolutamente garantizada, y no sólo sea
cuál sea la lengua que se utilice, es que no se ha de utilizar siquiera
una lengua, porque se emplean guarismos, números. Concretamente son dos:
el marcado de fechas, que se hace con números de origen árabe y no
requiere ningún tipo de lengua y, en segundo lugar, el grado en las
bebidas alcohólicas, que ya el propio real decreto dice que se señala con
un guarismo que significa un número, % vol. Eso ya está dicho cómo se
pone, ni en catalán ni en castellano ni en chino; se pone de una manera
determinada. Por tanto, está claro que eso no ha de incluirse como norma
básica.
Por otra parte, hay otro conjunto de indicaciones que evidentemente no
tienen relación alguna con la protección de la salud de los consumidores
y, por tanto, tampoco tienen por qué ser considerada como norma básica su
expresión en una lengua determinada. Son, primero, la denominación del
producto; segundo, la cantidad neta expresada en medidas de capacidad o
de peso; tercero, la denominación del fabricante o del envasador y su
razón social; cuarto, las indicaciones del lote del producto y, quinto,
el país de origen. Ninguna de estas cinco indicaciones, señor Presidente,
señoras y señores Diputados, tiene nada que ver con la protección de la
salud, por lo que es lógico que ustedes nos digan que eso nada tiene que
ver con el artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que no es norma básica
y que, por tanto, las comunidades autónomas pueden regularlo de modo
diferente.
¿Y al final qué pasa? Que nos quedan solamente tres posibles indicaciones
respecto a las cuales, repito, tanto el Tribunal Constitucional como el
Consejo Ejecutivo de la Generalitat en sus alegaciones reconocían que sí
estaban conectadas con la salud. Son, como aquí ya se ha dicho, primero,
la lista de ingredientes; segundo, las instrucciones de conservación y
utilización; y tercero, el modo de empleo. Nuestra enmienda lo que
pretende es aceptar su proposición no de ley, pero excluyendo de la misma
estas tres últimas indicaciones respecto a las cuales parece claro que el
carácter de norma básica debe ser mantenido. Esta es, señor Presidente,
señoras y señores Diputados, brevemente expuesta, nuestra enmienda.
Para acabar, quiero decir que mi grupo conoce la presentación de otras
enmiendas de matiz muy similar y que consideramos que todos podemos
llegar a acuerdos que nos permitan, finalmente, que esta proposición no
de ley sea votada por unanimidad en esta Cámara.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Jover.
Por el Grupo Popular, para presentar su enmienda, tiene la palabra el
señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente señorías, mi grupo
parlamentario me encomienda la defensa de nuestra enmienda con una
voluntad absolutamente clara y meridiana: poner fin a una controversia
que ha venido presidiendo las relaciones entre la Generalitat de
Cataluña, el Estado, con la intervención, en numerosas ocasiones, del
Tribunal Constitucional sobre una materia que me van a permitir no
considere como una controversia linguística sino esencialmente como un
problema de protección de los derechos de los consumidores.
A raíz de toda la relación de acontecimientos que se han producido y que
SS. SS. ya han tenido ocasión de exponer aquí, entendemos que no existe
duda alguna desde el punto de vista constitucional sobre las competencias
que tiene el Estado, que tiene el Gobierno para dictar normas que, por su
finalidad de aseguramiento uniforme de las condiciones de igualdad en la
protección de la salud de todos los consumidores de cualquier clase de
productos y especialmente de los alimenticios, constituyan reglas básicas
de aplicación general. Este es un principio jurídico incuestionable en el
que el Estado puede basar y debe seguir basando en gran medida su
capacidad de intervención en materias de salud pública y de protección de
los consumidores. Por tanto, yo creo que uno de los aspectos a sustanciar
esta tarde en este Parlamento es si continúa siendo aconsejable que el
artículo 20 de la norma general de etiquetado de los productos
alimenticios siga siendo básico al menos en sus aspectos más relevantes.
Nosotros entendemos que sí, que hay razones para que eso que ha venido
sucediendo siga ocurriendo al menos en algunos aspectos. Y no solamente
porque la Ley
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios cite que el etiquetado,
la presentación y la publicidad son determinaciones mínimas a contener en
todo reglamento regulador de productos, de actividades y de servicios; y
no solamente porque esta misma ley establece que estos elementos serán
objeto de codificación mediante normas comunes en todo el Estado; y no
solamente porque se establecen exigencias concretas para garantizar
siempre el derecho de los consumidores a una información cierta, veraz y
eficaz, sino porque el Tribunal Constitucional ha hecho una
interpretación muy estricta en este sentido y en su sentencia número 15,
de 1989, establece la finalidad de coordinación del Estado entendiendo,
entre otras cosas, como labores de coordinación la fijación de medios que
hagan posible la homogeneidad técnica en todo el Estado.
Por consiguiente, yo creo que como primera conclusión queda claro que el
artículo 20, en su actual configuración, de la norma general cuadra
perfectamente con el artículo 4.3 de la Ley de Defensa de los
Consumidores y Usuarios; que el logro de una información clara, objetiva
y veraz sobre los datos y las características de los productos
alimenticios envasados afecta de lleno a una materia como la sanidad, y
que los datos obligatorios de etiquetaje de los productos alimenticios
son fundamentales para la salud de los consumidores. Pero dicho esto, es
evidente --y ya se ha puesto de manifiesto aquí-- que no todos los datos
obligatorios de ese etiquetaje pueden y deben ser considerados como que
afectan directa o indirectamente a la salud de los consumidores. Son
típicas condiciones sanitarias solamente algunos de los aspectos que ahí
se consideran, y yo entiendo, mi grupo entiende que no mucho más allá de
la lista de ingredientes, de los aspectos relativos a la conservación, al
modo de empleo o, si me apuran, al propio marcado de fechas. Por tanto,
esta argumentación de protección de los consumidores debe ser compatible
con nuestro absoluto respeto a las previsiones normativas, estatutarias y
constitucionales que avalan el especial respeto y consideración de
nuestra pluralidad linguística. Este especial respeto no debe ponerse
frente a la deseable protección de la salud de nuestros ciudadanos;
protección de la salud que ha de estar cimentada en una información
comprensible y veraz para todos.
Tenemos razonables dudas de que, de aplicarse la proposición no de ley
que ustedes presentan en sus actuales términos, podrían derivarse
repercusiones negativas en la protección efectiva de esos consumidores, y
precisamente por eso presentamos una enmienda que pretendemos que
clarifique y que de alguna manera concilie ambos aspectos que, desde
nuestro punto de vista, son igualmente defendibles, igualmente
respetables. Por eso llegamos a plantear una fórmula por la cual
entendemos que conseguimos que el Estado, en uso de sus competencias,
desarrolle éstas que afectan a la protección de los consumidores, con
plena consideración hacia los aspectos lingüísticos. Por eso establecemos
esa diferenciación entre la norma básica que debe afectar a aquellos
aspectos que son esencialmente sanitarios, y también establecemos una
diferenciación sobre aquellos productos que desde nuestro punto de vista
tienen una consideración especial, como son los llamados productos
tradicionales. Señorías, creemos que los productos llamados tradicionales
o artesanales y merecen una consideración distinta. Lo merecen por
razones históricas y por consideraciones que tienen mucho más que ver con
su peculiar modo de fabricación, de venta y distribución, y especialmente
con su íntima conexión con la cultura de nuestras gentes y de nuestros
pueblos. Es posible y es deseable establecer esa diferenciación. Yo creo
que esa honda raigambre y esa tradición que tiene la producción en
algunas zonas de nuestro país puede y debe ser diferenciada en una norma
de estas características. Mi grupo está abierto y es sensible a esta
problemática, a esta realidad, porque esencialmente no podemos ir en
contra de lo que son aspectos muy arraigados precisamente de nuestros
ciudadanos, de nuestros métodos tradicionales de producción y de venta en
muchos casos. Por eso con esta enmienda entendemos sinceramente que se
garantiza que los datos obligatorios de etiquetado, que tienen
repercusión sobre la salud de los ciudadanos, pueden y deben seguir
siendo expresados en castellano, pero que a partir de ahí exista plena
disponibilidad por parte de las comunidades autónomas que tienen lenguas
cooficiales para aplicar en ese etiquetado las consideraciones
lingüísticas que consideren oportuno.
Pensamos que la fórmula que actualmente presentamos concilia intereses
legítimos con apoyatura constitucional que, ordenados de esta forma,
obtienen, al menos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular, el máximo de eficacia sin desencadenar ningún efecto perjudicial
o potencialmente perjudicial para el ciudadano. Por tanto, conciliamos el
principio de la protección de nuestra pluralidad linguística, de su
estímulo y de su promoción, que puede y debe llegar también al aspecto
del etiquetado de los productos --por qué no--, pero también queremos
hacer una manifiesta defensa del derecho a una igualdad efectiva en la
protección de la salud de nuestros consumidores en todo el territorio
nacional.
Para finalizar, pensamos que cualquier otra fórmula, incluida la que se
pretendía inicialmente en la proposición no de ley, no equilibraría
convenientemente ambos aspectos. Incluso, y velando por una actuación
homogénea en todo el Estado, el recurso de inteligibilidad de una lengua
en un ámbito determinado no sería de aplicación, como también se ha
dicho, en otras, con lo que la eliminación por completo del carácter
básico de la norma, al menos en sus aspectos sanitarios, podría generar
ejemplos evidentes de desprotección.
Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le gustaría que en este país,
que en España, realmente al pan
se le siga llamando pan y al vino se le siga llamando vino, y entendemos
que con la aprobación de nuestra enmienda esa realidad no se va a ver
sustancialmente modificada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Burgos.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la
señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señores y señoras Diputados, no es la primera vez --ni nada hace prever
que será la última a tenor de los aires que corren-- que comparecemos
Diputados y opciones catalanas en esta Cámara para defender proposiciones
que tienen como objetivo la defensa de la pluralidad linguística en el
Estado. Es más, esta Cámara ha oído ya hasta la saciedad los mismos
argumentos en favor del mismo principio fundamental, el principio
democrático a utilizar con plenitud y garantías nuestra propia lengua.
Como Diputada de este Parlamento siento sinceramente enorme fatiga al
tener que defender lo obvio: que ningún Estado democrático puede impedir
el desarrollo integral de mi propia lengua; defenderme, pues, como
catalana de las agresiones lingüísticas del Estado. Y de esto padece este
debate. La proposición que hoy plantea Convergència i Unió sufre de esta
enorme fatiga histórica. Es la consecuencia de la aluminosis que en
materia lingüística padece el Estado español. No sólo no estamos en
situación de igualdad linguística las diferentes lenguas y culturas del
Estado, sino que el Estado recurre, legisla, interviene permanentemente
para consolidar e incluso aumentar la discriminación de las distintas
lenguas respecto al castellano. La misma proposición que hoy debatimos es
el resultado de esta larga lista, a nuestro entender, de despropósitos
con recursos al Constitucional incluidos. Y de hecho, ¿qué estamos
debatiendo? ¿Qué es lo que ha merecido dos sentencias del Constitucional,
diversas leyes y un sinfín de presiones políticas? Simplemente la
posibilidad de que en Cataluña se pueda utilizar el catalán en el
etiquetado comercial, algo tan justo, democrático y obvio como esto. ¿Se
imaginan este debate en Flandes o en Suiza, donde todas las lenguas son
soberanas y están en situación de igualdad real? ¿Se imaginan este debate
en Quebec? Sólo en los Estados donde el principio democrático de igualdad
lingüística es vulnerado se producen estos debates surrealistas; sólo en
los Estados donde el principio democrático de igualdad lingüística es
vulnerado hay que gastar esfuerzos y energías para defenderse
lingüísticamente del Estado.
No creo que sea necesario defender los puntos concretos de la proposición
de Convergència i Unió con los cuales estamos evidentemente de acuerdo.
Son tan necesarios y lógicos como obvios. La defensa va mucho más allá de
esta proposición. Tiene que ver con el artículo 2 de la Constitución,
tiene que ver con el marco jurídico de Cataluña, el de su propio
estatuto, tiene que ver con el derecho histórico de todo pueblo a
garantizar el pleno desarrollo de su idioma. Si hoy esta proposición no
es aprobada, se habrá apuntalado la desigualdad lingüística, la
prepotencia de un idioma por encima de los otros, y el Estado nuevamente
habrá señalado quiénes son ciudadanos lingüísticamente de primera y
quiénes somos ciudadanos de segunda. Si en cambio, como parece, se
aprueba como mal menor la enmienda transaccional planteada, los catalanes
podremos decir que se nos ha perdonado un poco la vida, que nos dejan
utilizar el etiquetado en catalán sólo en lo autóctono, recordándonos,
eso sí, que lo importante, casi diría lo sublime, se hace en castellano.
Votaremos la enmienda si es aceptada por el grupo proponente y, por
supuesto, votaremos la proposición de Convergència i Unió, porque algo es
mejor que nada, pero que esta Cámara lo tenga claro: los catalanes
volveremos a traer a debate el derecho a etiquetar íntegramente en
catalán, como traeremos cada punto o ley que vulnere nuestro derecho a
vivir en plenitud en nuestra lengua, derecho que hoy nuevamente se puede
vulnerar.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rahola.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Si no viviese en un país con grave conflicto lingüístico como Galicia,
después de escuchar a la señora Gil pensaría que se trata de un proceso
rocambolesco el que ella nos contó cuando ofreció la política lingüística
de la Generalitat, que se basaba en que el etiquetado se pudiese hacer en
castellano, en catalán o en ambos idiomas, siguiendo una tradición
ampliamente liberal basada en la libertad de elección.
Pues bien, todo el proceso estuvo destinado a que se hiciese
obligadamente necesario el idioma del Estado, es decir, lo que llaman el
castellano y, por lo que se ve, habría que llamar más adecuadamente
idioma español con todas las consecuencias ideológicas, políticas y
culturales que esto conlleva. Porque, señorías, recurrir nada menos que
al artículo 149.16, que habla de sanidad exterior, de bases y
coordinación general de la sanidad, de legislación sobre los productos
farmacéuticos para succionar los derechos lingüísticos en los territorios
propios de cada uno de los idiomas del Estado
no es más que una manera sibilina y jesuítica de atacar los derechos
lingüísticos sin enfrentar el drama político de este ataque. En
definitiva, lo que hizo la Generalitat no fue más que ejercer un
principio de soberanía en su propio territorio, utilizarlo con total
exquisitez en cuanto respeto a todos los usos, y llama la atención que el
Estado español sea tan capaz de admitir lo que admite para productos
importados extranjeros. Yo he ido a muchos supermercados, a muchos
lugares y desde luego tengo que enfrentarme con el francés, con el
inglés, con el danés y nadie tiene preocupación sobre qué va a pasar con
mi higiene si realmente me voy a reventar el estómago. Yo creo que es
puro acto de cinismo, en este momento histórico de internacionalización
de la economía, no pensar que son las propias empresas las que van a
tener exquisito cuidado para vender su producto, en caso de etiquetarlo
en bilingüe, si es que va más allá de las fronteras del propio
territorio.
Señora doña Carme Laura Gil, a usted le dicen esto en Cataluña y en este
momento en el Congreso de los Diputados, pero ¿sabe lo que nos dicen a
nosotros? Que la legislación autonómica, que es prescriptiva, no es para
cumplir, es de tendencia; es decir, que eso de Ourense u Orense tanto da
o bien que si le llamamos Puentecesures o Pontecesures tanto da, porque
no son leyes de obligado cumplimiento a pesar de que están aprobadas por
unanimidad del Parlamento autonómico de Galicia.
Por tanto, señorías, creo que hay que tener el atrevimiento de decir que
hay determinado tipo de enmiendas que no están destinadas a la seguridad
de los ciudadanos, sino simplemente a lo que dijo la señora Laura Gil; la
homogeneización del Estado español a través de artilugios, que es
indefendible a estas alturas presentarlos como técnicos y no abiertamente
asimilistas.
Seguridad, seriedad en español, tipismo, el queso de tetilla y
aguardiente sí, ¿pero ustedes se dan cuenta de que el aguardiente puede
ser venenoso? ¿Por qué no advertimos a los gallegos de la queimada que se
pueden realmente reventar con alcohol metílico? Vamos a ponérselo allí
también en castellano para que lo entiendan.
En fin, ya para ir acabando, ¿cuál es la situación? Que sólo hay
problemas para las lenguas propias, pero nadie discute una situación de
hegemonía del español y ni siquiera se aceptan condiciones formales de
igualdad. Hay unas lenguas libres, hay unas lenguas autosuficientes y hay
unas lenguas vigiladas y tuteladas, aunque sea recurriendo a ardides
técnicos que a estas alturas, señorías, yo creo sería mejor que todos
diésemos la cara, al fin y al cabo somos demócratas, cada uno en su
sitio, y yo por seguir la tendencia democrática votaré lo que mande
Convergència i Unió en este caso.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, intervengo para fijar la posición
del Grupo de Coalición Canaria en esta proposición no de ley presentada
por Convergència i Unió en el sentido de que esta Cámara inste al
Gobierno para que en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de
esta proposición no de ley, se apruebe un real decreto que modifique la
disposición adicional que se ha citado aquí por los portavoces
comparecientes.
Este tema ha provocado controversias que han llegado a los tribunales de
justicia. Recordemos que todo emana de disposiciones europeas que tienen
carácter prevalente. No cabe duda, señorías, que nosotros como
nacionalistas canarios vemos con simpatía el máximo respeto a la
pluralidad lingüística, a las lenguas oficiales de las autonomías. No
obsta el hecho de que en Canarias no hablemos el guanche vernáculo,
hablamos una modalidad del español, muy español, con un núcleo central
que es el castellano, con aportaciones de lusitanismos, andalucismos,
castellano antiguo, anglicismos, etcétera, con incrustaciones de vocablos
vernáculos, todos reconocidos por la Real Academia Española de la Lengua.
Por otro lado, valoramos también el avance mundial del español como
lengua de intercomunicación que hablan más de 300 millones de personas y
es la lengua más hablada y entendida en el Estado español; recordemos que
es un derecho y una obligación, según la Constitución española, el uso
del idioma castellano. Por ello en una fórmula salomónica proponemos que
cuando se refiera a productos de trascendencia para el interés general
del país, como es la salud, el etiquetado se haga en español, respetando
el carácter básico del artículo 20 del repetido real decreto, a tenor del
artículo 149 de la Constitución española. La etiqueta de los restantes
productos tradicionales o artesanales fabricados o elaborados en las
comunidades autónomas que se haga en las lenguas oficiales autóctonas.
Los empresarios, allá ellos, valorarán la conveniencia de incluir el
bilingüismo, ya sean fabricados en Cataluña, en Vasconia, en Galicia, en
Castilla, en Andalucía o en Canarias. Por ello nosotros valoramos
debidamente las propuestas que se han presentado aquí y votaremos a favor
de la enmienda de modificación que propone el Grupo Popular. Muchas
gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco hemos reivindicado con bastante
asiduidad la pertinencia de un debate en torno al tema lingüístico en
este Estado, debate que debiera producirse, a nuestro entender, en esta
Cámara y, sin embargo, hasta el día de la fecha no hemos conocido la
oportunidad de poder establecer un razonable debate en relación a un tema
que es sustancial en la actual situación cultural y lingüística del
Estado. Por no abordar ese debate en distintas intervenciones e
iniciativas que proponen los grupos parlamentarios, nos encontramos en
una situación harto paradójica, y es que se intenta plantear el debate al
revés, a través de iniciativas puntuales, iniciativas que, de alguna
forma, van intentando mejorar la actual situación de lenguas que son
minoritarias desde la perspectiva del Estado pero que curiosamente son
lenguas mayoritarias de uso en las comunidades autónomas en que están
imbricadas.
Nos encontramos hoy, señor Presidente, en una situación bien curiosa,
desde esta perspectiva del mundo al revés, intentando regular un tema muy
particular relativo al etiquetado de los productos de consumo. La propia
exposición de motivos que recoge la iniciativa de la proposición no de
ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) deja bien a las claras lo que
sucede en un Estado cuando no se plantean las bases de un tema real que
está en la sociedad, como la normalización de las lenguas y se recurre a
procedimientos legales para intentar determinar en un sentido u otro las
posiciones de los ciudadanos y de las instituciones. La exposición de
motivos que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
es realmente un regalo para los que estamos interesados en este tema.
Invitaría a SS. SS. a hacer un análisis de cuántas energías hay que
gastar para unas cosas que en la realidad son trivialidades. Es decir,
que el etiquetado esté en las lenguas en que los ciudadanos entienden
ciertamente sus contenidos para que pueda conocer todas esas vicisitudes
legales del Parlamento europeo, del Parlamento catalán, del Estado,
decreto que se cambie o iniciativa que se presenta, es ciertamente un
espectáculo bastante lamentable en cosas que son tan elementales, aunque
a uno le entran ciertamente dudas, por la intervención del señor Burgos,
sobre si son tan elementales o no.
Oír a estas alturas del debate que vivimos en un Estado en el que al pan
hay que llamarle pan y al vino, vino, deja bien a las claras cuál es el
estado de opinión subyacente ante una frase tan tajante y tan dura. Este
Diputado aprendió a llamarlos desde pequeñito ardoa eta ogia y no se le
cayó el mundo encima; aprendió también a decir pá y a decir vinho y
tampoco se le hundió el mundo; y aprendió en la universidad que ningún
mal hace aprender una serie de vocablos, de expresiones que lleven a
comprender mejor los mundos de ciudadanos que se expresan de otra manera
y también hemos sido capaces de llamar al pan, pan y al vino, vino y por
ello tampoco hemos sufrido especiales traumas en nuestra vida cotidiana.
Entiendo, señor Presidente, que ésa es una mentalidad muy curiosa.
Suelo ver al señor Rodríguez normalmente enfadado con estos temas,
poniendo mucha vehemencia. Señor Rodríguez, son ellos los que se tienen
que enfadar, porque al final están demostrando unos niveles culturales
ciertamente dignos de estudio. Pretender en este mundo mundial, que dice
ahora el señor González, que al pan se le llame pan y al vino, vino, sin
mayores matizaciones, sin que haya otra serie de consideraciones en torno
al tema lingüístico, refleja bien a las claras la mentalidad que subyace
en esa concepción y en esas expresiones.
Por otro lado, señor Presidente, observamos que el mercado va por otros
caminos. Este ciudadano que vive en Euskadi compra todos los días algunos
productos que están etiquetados exclusivamente en euskera, otros en las
dos lenguas, otros en tres, otros Dios sabe en cuál, porque no se puede
ni leer toda la letra pequeña que llevan estos productos y, lo que es más
lamentable, toda la vehemencia que se pone en esta Cámara para que se
respeten las competencias del Estado, señor Presidente, no vale para
nada. Me puede decir el señor Burgos cuántas actuaciones ha habido en los
últimos años contra estos envasadores de productos que etiquetan en una,
dos, tres o cuatro lenguas. ¿Ha habido actuaciones por parte de las
autoridades del Estado? ¿Se ha mandado a la Guardia Civil a requisar esos
productos que de alguna forma deben provocar grandes males a los
ciudadanos porque están etiquetados en euskera, en catalán, en gallego?
¿Es que hacen algún mal? Y, si no se quiere actuar en consecuencia, ¿por
qué se pone tanta vehemencia aquí? ¿Por qué? Este es el tema, señor
Presidente. Si quiere un ejemplo, yo le puedo indicar que la enmienda
transaccional que plantea el Grupo Parlamentario Popular es una clara
expresión de lo contrario que se ha manifestado en este debate. Este
texto, que tiene unas doce líneas, es de muy difícil comprensión en
castellano. Cualquier persona que lea este texto y quiera entender lo que
pone aquí, se verá en serias dificultades, se lo aseguro, señor Burgos.
Es un ejemplo de lo que se dice y de la redacción que se da después a los
textos. Yo le aseguro que mi capacitación lingüística en castellano no da
para entender lo que pone este texto que usted propone.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González
de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo quiero anunciar nuestro apoyo a esta proposición que
formula el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por varias
razones que, a estas alturas del debate, casi todas se han expresado. En
primer lugar, porque creemos que, en aras de la seguridad jurídica, ya es
hora de acabar con este absurdo laberinto de espejos entre el decreto y
la sentencia, la sentencia y el decreto, que se arrastra ya demasiados
años y que provoca una situación insostenible, por lo que entendemos debe
ya concluir. Debería concluir, ateniéndonos al espíritu del artículo 3.º
de la Constitución y, en caso de duda, otorgando la mayor libertad
posible a las comunidades autónomas y a los ciudadanos que tenemos la
suerte de disponer de más de una lengua oficial en nuestra comunidad
autónoma. Por tanto, en principio nos parece impecable tanto la
argumentación como el texto concreto que el Grupo Catalán sometía esta
tarde a la consideración de la Cámara. Otros argumentos que se han dado
no nos parecen de recibo, porque creemos que se va haciendo un análisis
separado y no de acuerdo con una exégesis jurídica adecuada entre lo que
es el concepto del artículo 149.1.1ª, del 149.1.6ª y lo que una sentencia
ha estado diciendo desde un punto de vista formal, que fue cambiado por
el Gobierno. Pero no hay ningún obstáculo legal y, por tanto, no
podríamos decir que va contra la jurisprudencia constitucional si se
volviera a cambiar en ese sentido.
Dicho esto, podría acabar aquí, pero --coincidiendo con el señor González
de Txabarri-- también nos ha provocado cierto estupor la intervención del
portavoz del Partido Popular, por varias razones. En primer lugar, porque
creo que ha cometido una confusión reiterada entre lo que es el derecho a
la información --que aparece en el artículo 20--, con lo que es el
derecho de los usuarios y consumidores o el derecho a la salud, etcétera,
y reiteradamente ha dicho que defiende lo que defiende por el derecho a
una información veraz. Parece como si sólo en castellano pudiera decirse
la verdad y no en otras lenguas, lo cual resulta manifiestamente falso.
En segundo lugar, también me ha preocupado mucho porque ha vuelto a
entrar en esta Cámara una teoría que algunos creíamos ya superada en la
España democrática, y es la teoría de que las lenguas propias distintas
del castellano están muy bien, como ese mueble viejo al que se le tiene
un gran cariño, como esa mecedora que heredamos del tatarabuelo, pero que
nunca nos sentamos en ella. Bien vale para productos tradicionales;
además, el concepto de producto tradicional es más bien ambiguo hoy en
día. En fin, lo que importa es lo que subyace en esa concepción.
Finalmente, llega la perla. Disculpen ustedes si la cita no es del
monarca al que se la voy a atribuir; creo que sí, pero no estoy seguro.
Decía Carlos V que quería el latín para rezar, el francés para el amor y
el castellano para mandar. Pues el monarca se equivocó porque, después de
la intervención del señor Burgos, tenía que haber reservado también el
castellano para usos culinarios pues, por lo visto, si se pide en esa
lengua, está mucho más bueno. No sé, señor Burgos, cómo pide un
entrecÖte, una fondue o una pizza, pero, en fin, eso será otra cuestión.
Lo grave es que, si empezamos a confundir la sociolingüística con la
gastronomía, seguramente vamos a vernos en muchos callejones sin salida.
Para concluir, en aras de ese consenso y teniendo conocimiento de que el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) estaría dispuesto a
aceptar alguna transaccional, anticipamos nuestro apoyo para ver si
conseguimos salir de este extraordinario gazpacho en el que nos
encontramos inmersos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señora Gil, a los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las
enmiendas planteadas por los dos grupos que han presentado textos
alternativos o complementarios.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo y yo en particular, hubiera deseado escuchar de los dos
grupos enmendantes, el Partido Socialista y el Partido Popular, que el
vehículo del mensaje sanitario, aunque éste sea básico, es sólo un
vehículo, un instrumento, y no es básico; pero ustedes asumen y propagan
a la vez que la lengua castellana tiene cualidades básicas sanitarias,
quizá incluso curativas, superiores a las de cualquier otro idioma.
También hubiera deseado que leyesen en las directivas comunitarias el
verbo «podrá» como aquello que estudiábamos en la escuela, un verbo de
posibilidad y no de dominio imperativo.
Nosotros preferimos encontrar un puerta entreabierta para un futuro
entendimiento entre culturas y lenguas, que no una puerta absolutamente
cerrada. Es por ello que presentamos al Partido Popular una enmienda
transaccional a su propia enmienda, que diría así: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de tres meses desde la
aprobación de esta proposición no de ley apruebe un real decreto que
modifique el artículo 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, en
conexión con su disposición adicional, en el sentido de limitar el
carácter básico de aquél a las indicaciones obligatorias del etiquetado
contenidas en el Capítulo IV del citado real decreto directamente
relacionadas con la protección de la salud de los consumidores y, por
tanto, tengan una conexión preferente con el artículo 149.1.16.ª de la
Constitución, cuales son la lista de ingredientes, las instrucciones para
la conservación y el modo de empleo. La citada disposición adicional del
Real Decreto 212/1992 no será de aplicación a los productos tradicionales
elaborados y distribuidos en el ámbito de la comunidad autónoma.
Creemos que esta transacción también incluye aquello que dice la enmienda
presentada por el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Gil.
Señor Burgos, a efectos simplemente de manifestar si acepta la
transacción ofrecida por la señora Gil.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo entiende que la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) concilia perfectamente esos
dos argumentos que nosotros hemos querido mostrar en la disposición. Por
tanto, la vemos a aceptar en la seguridad de que, al final, lo importante
es que los consumidores conozcan perfectamente lo que consumen en la
lengua que consideren más adecuada a sus gustos como tales consumidores,
y así no se podrá producir el efecto que sin duda produce en las mentes
de algunos ciudadanos, incluida alguna que otra señoría que tal vez por
haber consumido de más productos sin el etiquetaje correcto no adquiere
la comprensión lingüística que sería de desear.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Burgos.
Señora Gil, le pediría que hiciera llegar a los servicios jurídicos el
texto de la transacción que vamos a votar en su caso.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la reforma de la norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios envasados, para hacer posible un mayor respeto a la
pluralidad lingüística, en los términos resultantes del texto final
transado entre las distintas enmiendas y aceptado por el grupo
proponente, al que se ha dado lectura al final del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 311; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el texto, que se ha
leído ante el Pleno, de la proposición no de ley originaria del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
--PROPUESTAS DE CREACION DE SUBCOMISIONES (Números de expedientes
158/000022 y 158/000023)
----PROPUESTA DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO PARA LA PRORROGA DE LA
SUBCOMISION DE ESTUDIO DE LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MODERNIZAR EL
SISTEMA SANITARIO Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD FUTURA.
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, relativo a la creación
y funcionamiento de subcomisiones.
En primer lugar, señorías, someto a la conformidad del Pleno, tras el
acuerdo de la Mesa de la Cámara, la prórroga hasta la finalización del
presente período de sesiones del plazo para que la subcomisión de estudio
de las reformas necesarias para modernizar el sistema sanitario y
garantizar su viabilidad futura, constituida en el seno de la Comisión de
Sanidad y Consumo, emita el correspondiente informe.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda, en consecuencia, aprobada la prórroga por asentimiento.
--PROPUESTA DE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA DE CREACION
DE UNA SUBCOMISION PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE
INTEGRACION ECONOMICA Y MONETARIA
El señor PRESIDENTE: Sometemos también al Pleno la propuesta de la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda de creación de una subcomisión
para el análisis y seguimiento del proceso de integración económica y
monetaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 185; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la creación de una
subcomisión para el análisis y seguimiento del proceso de integración
económica y monetaria en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.
Han pedido turno de explicación de voto el Grupo Parlamentario Socialista
y el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene, en primer lugar, la palabra el señor Eguiagaray. (Varios señores
Diputados piden la palabra.)
¿Todos los grupos van a fijar su posición al respecto?
Saben SS. SS. que la resolución de la Presidencia, aprobada en el pasado
período de sesiones, propició que la creación de subcomisiones fuera
debatida en la Comisión correspondiente y el Pleno aceptara o rechazara
la propuesta de la Comisión, sin perjuicio de un breve turno de
explicación de voto en aquellos casos
en que las posiciones sean auténticamente diferentes de las mantenidas en
la Comisión o de las aprobadas por el Pleno.
En consecuencia, les exhorto a hacer un uso moderado del turno de
explicación de voto porque si no quedaría absolutamente defraudada la
resolución que pretendía descargar al Pleno, entre otras cosas, de la
creación de subcomisiones.
El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido una posición discrepante,
que ha manifestado en su voto, y me lo había solicitado así, y el Grupo
Parlamentario Popular asimismo me lo había manifestado. Obviamente no
puedo negarles a SS. SS. el turno de explicación de voto, pero ruego que
lo hagan moderadamente y teniendo en cuenta la consideración que acaba de
hacerles la Presidencia.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, con mucho gusto trataré de
ser moderado en el uso del tiempo y moderado, como es tradicional ya en
este grupo parlamentario, en la expresión de los argumentos.
Quiero expresar la insatisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por
el hecho de que una cuestión que parece unir a los grupos mayoritarios de
la Cámara, y a buena parte de los minoritarios, no haya sido posible ser
acordada. Y no ha sido posible ser acordada, entre otras cosas, porque el
Grupo Parlamentario Popular ha incumplido todos los compromisos, hasta de
diálogo, con el Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó una alternativa diferente para
saber qué es lo que queríamos hacer, puesto que todos queríamos
participar en la Unión Económica y Monetaria; qué responsabilidades le
incumbían al Gobierno para preparar a este país; qué plan de acción era
necesario poner en marcha y qué contribución positiva se podía hacer a
las, sin duda alguna, importantes inquietudes e ideas del Gobierno, por
parte de los diferentes grupos parlamentarios.
Esa proposición no de ley está todavía pendiente de ser discutida en el
Pleno. Entretanto, en la Comisión de Economía y Hacienda dos grupos
parlamentarios se ponen de acuerdo para imponer una determinada forma de
entender cómo se tiene que trabajar en función del euro. Hemos planteado
que esto no puede ser una comisión sin objeto y sin fin determinado y que
las inquietudes que a todos nos unen pudieran darse cita en un texto de
común acuerdo. No ha sido posible. En este momento, no sólo no sabemos
para qué es la subcomisión, sino ni siquiera cómo va a trabajar. En estas
condiciones, señoría, tengo que lamentar que, a pesar de que este grupo
tenga que seguir dando crédito a la intención del Gobierno y de este país
para que España forme parte desde el primer momento de la Unión Económica
y Monetaria, en una cuestión tan formal como es la creación de un marco
para trabajar todos de común acuerdo por el mismo objetivo no haya sido
posible ni siquiera un acuerdo porque el Grupo Parlamentario Popular no
ha tenido a bien ni siquiera hacernos partícipes de cuál es el objeto de
la subcomisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray. Tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La argumentación del señor Eguiagaray está teñida de una serie de
cuestiones marginales al tema que nos ocupa. Incumplimiento de
compromisos, según se ha dicho en Comisión, falta de voluntad de consenso
europeísta y otras cosas por el estilo. El tema, señor Eguiagaray, es
mucho más sencillo. ¿Es oportuna o no la creación de la subcomisión? ¿Es
mejor que la subcomisión se configure como una hijuela, como una
desagregación de la Comisión de Economía, tesis de la propuesta que
acabamos de votar y aprobar? ¿O, por el contrario, es preferible, y
parece que ésta es la razón de la abstención del Grupo Socialista, que se
constituya como una hijuela, que se desagregue de la Comisión Mixta
Congreso-Senado, tal y como parece que ellos postulan?
El tema es muy claro. No creo que haya que discutir ni un minuto más,
señor Eguiagaray, porque ha manifestado su acuerdo con la oportunidad de
la constitución de la subcomisión, que, por otra parte, tiene unos
cometidos claramente explicitados en la propuesta que ha obtenido la
mayoría de la Cámara con la sola excepción de su grupo: a) Elaborar en
colaboración con el Gobierno y el Banco de España y demás entidades
económicas un informe en el que se reflejen tanto las ventajas que
entraña para nuestra economía la integración en la Unión Económica
Europea, como las transformaciones que dicho proceso va a suponer; b)
Analizar las implicaciones que se deriven de la sustitución de la peseta
por el euro afectantes a los distintos sectores económicos y al conjunto
de la sociedad española.
La posición de la mayoría de la Cámara es que es bueno que se constituya
la subcomisión y que es bueno que se constituya como una desagregación de
la Comisión de Economía. En definitiva, se trata de que esta Cámara, no
el Senado, vaya por delante y esté en vanguardia en la problemática que
suscita la implantación del euro frente a las quince zonas o áreas
monetarias en que nos estamos desenvolviendo hasta ahora. Esto es todo.
Lo demás, señor Eguiagaray, es marear la perdiz. Me consta, además, que
ha habido intentos de diálogo entre los portavoces de ambos grupos, el
suyo y el mío. Esto no lo pueden desmentir, señor Eguiagaray, porque es
la pura verdad.
En definitiva, señorías, y acabo, señor Presidente, cumpliendo su
instrucción de moderación, de lo que
se trata con su explicación de voto es de algo mucho más sencillo: de una
reacción visceral ante un fenómeno que ya va siendo viejo con nueve meses
de antigüedad en esta Cámara, pero que para ustedes es nuevo, que pierden
las votaciones. Eso es todo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Tiene la palabra el señor Homs. Si S. S. lo considera imprescindible,
brevemente.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Me imagino que me
ayudará S. S. con los colores de la tribuna, indicándome cuándo tengo que
finalizar mi intervención, que procuraré sea lo más breve posible en
función de su solicitud.
Mi grupo era uno de los proponentes de la creación de la subcomisión, y
hemos dado apoyo a esa iniciativa, señorías, porque muy probablemente la
sociedad española va a entrar, en muy breve plazo de tiempo, en la Unión
Económica y Monetaria, señor Presidente, y creemos que es razonable y
necesario que la Comisión de Economía de esta Cámara dedique un poco de
tiempo a estudiar los efectos de la sustitución de la moneda peseta por
la moneda euro, un evento histórico en la economía de este país, porque
si no resultaría que a lo mejor nos encontramos dentro de la Unión
Económica y Monetaria con que hemos sustituido la moneda peseta por la
moneda euro, y en esta Cámara no nos hemos detenido ni un momento a
analizar la significación y la trascendencia de esta sustitución del
papel moneda peseta por el papel moneda euro.
Señorías, yo creo que institucionalmente el Congreso de los Diputados
debería especializar una subcomisión en el contexto de la Comisión de
Economía para profundizar sobre la trascendencia de ese cambio, y
desearíamos que fuera por consenso. Si hasta la fecha no ha habido un
diálogo suficiente como para arrastrar un consenso, señor Eguiagaray, mi
grupo le reitera hoy nuestro deseo de consenso. Diálogo por mi parte ha
habido, y le estimularía a que en este tema no hiciéramos política de
oposición ni política de grupos parlamentarios --legítimamente
hablando--, sino política institucional, porque yo creo que el Congreso
de los Diputados debería poder elevar unas resoluciones, unas
recomendaciones a la sociedad española en torno a este gran proceso de
transformación de nuestra moneda en todo el uso de cambio y de las
transacciones económicas, no vaya a ser, señor Eguiagaray, que nos pase
esta circunstancia por delante y no tengamos plena conciencia de lo que
esto supone de transformación en la vida económica de la sociedad
española, no solamente en el sistema financiero, también en el sistema de
cambio ordinario en el comercio o, por ejemplo, en el transporte. Lo que
esto supone de adaptación de todos los procedimientos mecánicos en los
que interviene la moneda, en los procesos de servicios y de adquisición
de productos en nuestra sociedad, es tremendamente importante.
Invito, señor Presidente, y termino, al único grupo disidente, que no se
opone a la iniciativa sino que solamente se abstiene, a que a la
constitución de la subcomisión se sumen ustedes, participen ustedes,
incluso formen parte de ella en posición preeminente, porque ¿cómo vamos
a hacer ese debate al margen del principal grupo de la oposición? Por
tanto, le invito y le reitero que se sumen al diálogo, lo hagamos de
común acuerdo y elevemos a la Cámara un informe con un conjunto de
recomendaciones para que la sociedad tenga mayor conocimiento y mayor
detalle de la significación económica que tiene ese proceso de
sustitución de la peseta por el euro.
Nada más y muchas gracias. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Eguiagaray, en este turno ya no hay réplica, son simplemente
explicaciones de voto.
El señor ALMUNIA AMANN: No haberles permitido abrir el debate.
El señor PRESIDENTE: No se ha abierto debate. Lo siento, señor
Eguiagaray. Simplemente ha habido explicación de voto.
El señor ALMUNIA AMANN: No le han explicado su voto.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Han explicado mi voto, no el suyo.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, le llamo al orden. El señor
Eguiagaray ha explicado su voto y los demás grupos han explicado el suyo.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL MODO EN QUE EL GOBIERNO
PRETENDE MODIFICAR LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DEL DESARROLLO DE LA LODE
Y LA LOGSE EN MATERIA DE CONCIERTOS EDUCATIVOS Y DE ADMISION DE ALUMNOS
EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS (Número de expediente
173/000023)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día, mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Socialista sobre el
modo
en que el Gobierno pretende modificar lo establecido en las normas de
desarrollo de la LODE y la LOGSE en materia de conciertos educativos y de
admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
El Gobierno quiere recortar el ejercicio efectivo del derecho a la
educación. Esta es la conclusión de la interpelación debatida aquí la
semana pasada, y quiere hacerlo además deprisa, quiere hacerlo con la
pasión que caracteriza a la intrépida ministra Aguirre.
Esta moción trata de impedir que se perpetre un daño al servicio público
de la educación y a la paz escolar, tan arduamente conquistada durante
estos años. Porque, señorías, el sistema educativo español ha ido ganando
en equilibrio y en justicia gracias al impulso político de los gobiernos
socialistas; gracias a la programación para hacer efectivo el derecho a
la educación; gracias a la inversión pública, que ustedes han cortado de
raíz y que permite tener un colegio cerca de la casa gracias a la
participación de la comunidad escolar en la definición y mejora del
servicio educativo. En definitiva, gracias a todo eso que la señora
ministra calificaba de socialismo rancio y de intervencionismo estatal.
Gracias a todo eso se ha conseguido que la educación dejara de ser un
privilegio y empezara a ser, de verdad, un derecho para todos, algo que
ahora está a punto de acabarse.
Porque, ¿qué quiere decir la señora ministra cuando dice que se propone
satisfacer los deseos de los ciudadanos que quieren elegir el centro
educativo al que llevar a sus hijos lo mismo que eligen otras cosas? ¿Qué
cosas? ¿Coches, casas, muebles? Esos bienes no los financia el Estado,
aunque haya libertad de circulación, derecho a una vivienda, etcétera. La
ministra retrocede quince años en el debate educativo y confunde el
derecho a la educación con el reconocimiento de la libertad de educación,
y el artículo 27 de la Constitución los distingue. El artículo 27 dice:
«Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza.»
Adaptar la oferta de puestos escolares gratuitos a la demanda existente
es renunciar a una planificación que atienda las necesidades. Aplicar a
la educación el modelo que rige en el mercado es provocar alteraciones en
la demanda de plazas y hacer --y va a pasar; les advertimos que va a
pasar-- que los centros más solicitados lo sean todavía más, mientras se
rehúyen los centros que escolarizan a los alumnos más necesitados.
Incentivar la competencia por la demanda en la educación significa que
habrá ganadores y perdedores y que se lesionará el derecho a la educación
de muchas personas. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia).
En el borrador del decreto de admisión filtrado a la prensa --luego se
han asustado y lo han retirado-- se decía que el Estado debe replegarse
de su presencia en el ámbito educativo y alejarse de los excesos
cometidos. ¿Excesos? ¿En España? ¿Cometidos por el Estado respecto a
educación? ¿Cuáles? Desde la democracia, ¿cuáles? Pero, ¿qué país se
creen que gobiernan? Eso lo han suprimido, pero siguen pensándolo, porque
¿cómo puede afirmar la Ministra que quiere invertir la tendencia que ha
imposibilitado a los padres poder elegir el centro educativo al que
quieren llevar a sus hijos? Señorías, los criterios de admisión --ésa es
la cuestión de la moción--, los vigentes, responden al equilibrio
constitucional y han funcionado razonablemente bien. Son fruto de la
experiencia, que ha permitido corregirlos y perfeccionarlos, con lo que
se ha logrado que el mayor porcentaje de alumnos obtengan plaza en el
centro que han solicitado.
Les voy a dar un dato, el de mi ciudad, Zaragoza, la ciudad de mayor
población gestionada por el MEC después de Madrid. En Zaragoza, en el
curso 1995/1996, sólo tuvieron que baremar 12 centros de más de 150,
porque en los demás hubo un ajuste perfecto entre demanda y oferta. De
5.500 solicitudes sólo 80 no tuvieron plaza en el primer colegio elegido.
Por tanto, no hay problema.
La moción se ciñe fundamentalmente a los criterios de admisión. ¿Por qué
los quiere cambiar el Gobierno? No es una necesidad del sistema educativo
ni una reclamación de los padres. Además, las comunidades autónomas
podrán cambiarlo al año que viene con sus competencias. Yo creo que
tampoco es un capricho de la ministra, sino que obedece a una estrategia
política: significa la apuesta por una privatización que rompe el
equilibrio de los derechos constitucionales en aras de intereses menos
confesables, que se disfrazan con la falsa bandera de la libertad de
elección. Es un señuelo dirigido a unas pocas capas urbanas de clase
media-alta. La escuela rural, en estas preocupaciones del Gobierno, queda
marginada y la escuela de los barrios pobres de las ciudades se verá
discriminada con este cambio del decreto de admisión de alumnos. Para
evitarlo, la moción propone una valoración de la proximidad del
domicilio, como mínimo del 45 por ciento del total de la puntuación, para
que, así, sea un criterio decisivo, frente a la propuesta contenida en el
decreto que ha presentado el Gobierno de un máximo del 25 por ciento, lo
que convierte esta proximidad en irrelevante. La política de los
socialistas ha sido la de construir colegios donde viven los alumnos y
donde hay necesidad de escolarización, llevar los colegios a los alumnos,
en vez de llevar a los alumnos adonde los empresarios privados han
querido construir o trasladar sus colegios.
Reconocer la libertad de elección de centro incluye que quien quiera meta
a sus hijos varias horas en un autobús escolar, aunque no tenga
necesidad. Pero una
cosa es respetar esa decisión y otra es provocarla desde los poderes
públicos dejando de invertir, eliminando las zonas escolares y
disminuyendo el valor de la proximidad del domicilio al centro. Hoy no
debatimos otros puntos del decreto, no debatimos la importancia de tener
hermanos en el centro o si hay que primar a las familias numerosas.
Nuestra moción lo incluye también, tanto a las familias numerosas como
padecer algún tipo de minusvalía.
La moción pide la supresión como criterio de admisión de las
circunstancias libremente apreciadas por el centro. Este criterio ya se
aplicó por el Gobierno socialista, con menor puntuación sí, pero la
experiencia aconsejó eliminarlo porque era un factor discriminatorio, era
un instrumento en manos de los centros para dejar sin efecto los demás
criterios y desvirtuar la elección de los padres. El que las
circunstancias apreciadas lo sean con criterios públicos y objetivos no
garantiza que no discriminen; más aún, se trata precisamente de
discriminar, ¿qué otra cosa son los criterios de admisión? Se trata de
discernir cuando hay más solicitudes que plazas qué alumnos las merecen.
Ese es el objetivo de cualquier decreto de admisión de alumnos.
La cuestión no es si discriminan o no. La cuestión es si los criterios
son iguales para todos los centros. La cuestión es quién impone los
criterios, si los centros o quien gestiona el conjunto del sistema
educativo. Ustedes quieren dejar en manos de los centros la selección de
los alumnos y atacan así la libertad de elegir de los padres.
La escuela financiada públicamente, aunque sea privada, debe acoger a
todo tipo de alumnos, de cualquier clase social, de mejor o peor
rendimiento académico y no debe seleccionar preferentemente a los hijos
de buena familia, de clase bien, de buenas notas. Asusta pensar que la
obligación que tienen los centros sostenidos con fondos públicos --según
la disposición adicional segunda de la Logse que dice que escolaricen a
quienes requieran determinados apoyos y atenciones educativas
especiales--se identifique en este proyecto de admisión de alumnos con
quienes poseen sobredotación intelectual. A eso se refiere el artículo 13
del decreto. Por tanto, ya sabemos por dónde va a ir la selección que van
hacer los colegios.
Las razones que llevaron a suprimir en su día al Gobierno socialista ese
criterio de que los centros seleccionen a los alumnos son las mismas que
nos van a pedir ahora en esta moción que no figuren en el decreto de
admisión de alumnos, pero son también desgraciadamente las mismas que
hacen que el Gobierno quiera restablecerlo y primarlo aumentando la
puntuación, que nunca tuvo punto y medio, y además disminuyendo otros
criterios como el de proximidad del domicilio. Se podrían ahorrar incluso
los criterios que establecen para desempatar. No va a haber desempates.
Los centros van a poder seleccionar sin desempatar.
En conclusión, no habrá mayor capacidad de elección para los padres. Es
un sarcasmo que se cambie el título del decreto, hasta ahora llamado de
admisión de alumnos, que es de lo que se trata, y se le bautice como
decreto por el que se amplía la libertad de elección de centro educativo,
cuando lo que se hace es justamente lo contrario: ampliar la capacidad de
que el centro seleccione a costa de reducir de hecho la libertad de
elegir centro. Se va a poder pedir más libremente, eso es verdad, pero
difícilmente se va a tener plaza en el colegio más solicitado si uno no
pertenece a eso que los bancos llaman clientes preferenciales, y entre
ellos no están los más desfavorecidos.
Quiero señalar un dato del informe escolar del Estado: de los 20.274
gitanos escolarizados en el curso 1994-1995 en niveles obligatorios, casi
todos, 18.935, lo estaban en colegios públicos; de los 16.605 alumnos
hijos de inmigrantes, 14.553 lo estaban en colegios públicos.
La ministra tampoco contestó en la interpelación a la ambigüedad sobre la
aplicación en el proceso de admisión entre niveles educativos concertados
y no concertados dentro del mismo centro. A esta cuestión responde el
punto 2 de la moción, exigiendo que la aplicación del proceso de admisión
entre niveles diferentes de enseñanza se aplique en cada uno de esos
niveles de enseñanza, que no pasen automáticamente sin haber tenido que
cumplir ningún requisito de admisión de alumnos de los que figuran en el
decreto. Les digo que de no hacerlo así se ampliará también la distancia
dentro de los centros concertados entre dos clases de centros
concertados, entre los que sí atienden necesidades de escolarización, los
que sí atienden necesidades sociales y los que buscan distinguirse por su
elitismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bayona, le
ruego vaya concluyendo.
El señor BAYONA AZNAR: En seguida, señor Presidente.
En primaria hay centros concertados que hacen negocio con la educación
infantil, mientras hay otros que tienen pérdidas por atender necesidades
de escolarización. Y en los centros concertados, ¿cuál va a ser la
circunstancia más premiada para la admisión en 1.º de primaria? Sin duda,
tener dinero para pagar las mensualidades de la enseñanza infantil,
impidiendo así a los padres, a otros padres menos adinerados, ejercer la
libertad de elegir ese centro.
Se comete así la injusticia de financiar con fondos públicos una élite de
colegios privadísimos, inaccesibles para la mayoría de los solicitantes
frustrados. ¿O es que --y pasamos aquí al tercer y último punto de la
moción-- atendiendo a la demanda se van a admitir alumnos por encima de
la ratio autorizada en la disposición adicional tercera de la Logse, ya
vulnerada, por cierto, en la circular del comienzo de curso? ¿Acaso
estamos ante una estrategia de aumentar primero las ratios
para desdoblar después las líneas y duplicar así los conciertos?
Tampoco respondió la señora ministra a la pregunta de si se va a
concertar dentro de los límites aprobados por los presupuestos para 1997
o si, en función de la llamada demanda elástica, se van a suplementar los
créditos para conciertos. Y como la ministra no respondió, conviene que
voten, que se despeje la incógnita. Nada mejor que pronunciarse respecto
a esta ambigüedad con el punto 3 de la moción. Porque si tener en cuenta
los recursos presupuestarios, según el artículo 17 de la orden
ministerial de conciertos no quiere decir que hay un tope fijado,
habremos cerrado el círculo.
El Gobierno no construye centros públicos. Los centros privados aumentan
la matrícula por encima de la ratio y de los grupos autorizados en
función de la demanda y se amplían créditos para financiar con nuevos
conciertos esa nueva demanda. Y todo ello el último año de gestión del
Ministerio de Educación. Inmediatamente antes de transferir las
competencias. No hacía falta, son las comunidades autónomas las que,
libremente, dentro de un año van a poder hacer su decreto de admisión de
alumnos. Señorías del Grupo Popular, tienen furor avariento de tiempo
para dejar huella de su paso por el poder, beneficiando a su propia
clientela, aún a costa de enfrentarse con un proceso de admisión de
alumnos caótico y conflictivo, y lo van a ver. Van a tener un comienzo de
curso conflictivo por esta razón también. Es un ejemplo más del
autoritarismo de este Gobierno.
Termino, señor Presidente, con una cita muy ilustrativa de ese
autoritarismo que se envuelve en falsas consignas de libertad. Decía un
Senador del Grupo Popular, el 5 de marzo de 1984, replicando a este
Diputado, entonces Senador, en el debate sobre la LODE. Cito: La
subvención que se otorga a los centros no puede ser un elemento
condicionante de la naturaleza de sus órganos de gobierno o de la marcha
de los mismos. Los fondos públicos deben respaldar el derecho de los
padres a tener la escuela que estimen oportuna para sus hijos, y las
limitaciones económicas que se introducen en esta ley no deben
condicionar en absoluto, porque en la misma línea, quizá mañana, se
pudiera instaurar el derecho del Gobierno a intervenir en el ámbito
informativo, a limitarlo o condicionarlo, imponiendo determinadas
restricciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bayona, le
ruego concluya.
El señor BAYONA AZNAR: Quien así se expresaba, señor Presidente,
anticipando su intervencionismo digital, era el hoy Vicepresidente,
Alvarez-Cascos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Bayona.
No se han presentado enmiendas a esta moción, por lo cual pregunto si hay
grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
He escuchado con atención y he leído con más atención todavía el decreto
que es objeto de la moción del Grupo Socialista. Tomo ahora la palabra,
mitad parafraseando a un clásico, porque nada educativo a mí me es ajeno
y creo que no debería ser ajeno a ningún Diputado o Diputada de esta
Cámara, pero también para dar mi opinión e intentar, con toda
objetividad, llegar a algún punto de encuentro. Con toda sinceridad,
considero que el proyecto de decreto no es inquietante. Lo digo con toda
objetividad y sinceridad.
En todo caso, es sorprendente que meses antes de las transferencias que
se van a dar a un 60 por ciento de población del Estado español se haga
un nuevo decreto, pero no me parece que su contenido deba inquietar a
ningún enseñante ni a ninguna persona que estime la educación como un
bien social. Lo que ocurre es que hay una tendencia más en las palabras y
en alguna exposición de motivos que ahora no aparece, incluso en las
declaraciones más que en los hechos, en las que parece que se desearía
aplicar la ley del mercado al mundo educativo. Y no es cierto que con la
ley del mercado, con las fórmulas reaganómicas que se llamaban en Estados
Unidos en la época de Reagan, la economía pueda regular por sí sola el
mercado, ni es cierto que con la ley libre de oferta y demanda se pueda
planificar y regular el sistema educativo.
Como he dicho, no es inquietante el decreto, pero, quizá, sí contradice a
lo que también la LODE obliga, a que los poderes públicos deben
planificar la enseñanza, deben programarla, sobre todo porque hay gran
cantidad de recursos públicos. Desde mi experiencia como conocedora de la
planificación escolar, debo decirles que la ampliación de zonas, las
zonas oscuras entre zonas no ayudan a la planificación, es imposible,
porque ustedes saben, todos sabemos, que la sociedad es enormemente
conservadora en aquello que respecta a la educación de sus hijos y sus
hijas; todos sabemos que los profesores y profesoras que se creen que
poseen pedigrí desean ir a escuelas que consideran con pedigrí, que
acostumbran a estar en barrios o distritos socioeconómicamente altos; las
familias acostumbran a querer continuar llevando a sus hijos e hijas a
aquellas escuelas con pedigrí a las que ellos han asistido y a las que
sus padres les llevaron.
Por tanto, cuando se abren las zonas y se habla de libertad de elección
de centro, se abren falsas expectativas, porque los centros con pedigrí,
entre comillas, ya tienen su público y jamás tienen vacantes, y, en
cambio, una ampliación de zonas puede hacer --y en este Congreso se debe
decir-- que aquellas escuelas en los
suburbios que nos parecen y parecen a muchas familias guetos sean las
escuelas que vayan a quedar aisladas en las grandes zonas, pero que son
aquellas en donde su profesorado, lleno de imaginación, renueva la
educación; cualquier innovación sale de estas escuelas y no de las
escuelas altamente conservadoras. Este es un hecho incontestable en todo
el mundo educativo.
Por eso yo querría decir al Grupo Socialista que este decreto no es ni
ideológico, es un decreto o un proyecto que responde a una realidad y a
una demanda social. Esto es cierto. Cuando los padres, las familias
tienen hijos o hijas en una escuela, quieren llevar a sus hijos a las
mismas escuelas. Si se quiere explicar a la sociedad que se quejan de que
no quieren ir al centro equis, que ahora podrán ir porque se amplía la
zona, y esto no va a ser cierto porque es de todo punto imposible. Pero,
en fin, a mí me parece que es un decreto para un año y seguramente luego
cada comunidad autónoma, en uso de su poder autonómico y normativo,
dictará aquello que sea más acorde con su realidad socioeconómica y
geográfica.
Por tanto, yo como persona, como afecta y amadora de alguna manera de la
educación y del mundo educativo, en nombre de mi grupo voy a decir que no
a esta moción, porque creo que es absolutamente innecesaria. En
consecuencia, no me voy a abstener, voy a decir que no porque, lo repito
una vez más, no creo que deban presentarse mociones para hablar de
aquellos temas que, a mi entender, no merecían ser tratados en este
Congreso.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, en primer lugar
quiero decir que siento que la cortesía parlamentaria no sea una
compañera habitual de doña Esperanza y, por lo tanto, esté ausente en un
debate de esta magnitud. (Aplausos.)
Señorías, nuestra puntual pero matizada coincidencia con los
emplazamientos que se contemplan en la moción son de una profunda
preocupación por lo que consideramos calculados diseños de una política
de desigualdad, enfatizada por el Gobierno actual, en materia educativa.
Obviamente, los procesos suelen ser casi siempre, y eso los educadores lo
sabemos, darwinianos y, por tanto, consustanciales a las leyes de la
naturaleza y salvo impasses históricos, señorías, el reconocimiento
ralentizado de los inevitables avances del sistema educativo en años
anteriores han sido evidentes. Más dudosa es la supuesta y titulada
equiparación al resto de los países comunitarios más avanzados.
Pero, señorías, las leyes orgánicas, la LODE, la Logse y la Lopeg,
deberían haber constituido, y más en este momento, el esqueleto de la
puesta en funcionamiento de un modelo quebrador de las desigualdades
territoriales y sociales. Pero sólo han sido, y ustedes lo saben porque
lo están practicando, débiles cimientos donde la igualdad de
oportunidades de acceso no tiene desarrolladas todas las cláusulas de
garantías. Desafortunadamente, dichas leyes han consolidado zonas oscuras
--sé lo que digo y ustedes me entienden-- del sistema. En algunos casos
han triturado --insisto, triturado-- los mecanismos para la necesaria
reforma que ampliaba la educación obligatoria y gratuita, etcétera, por
poner un ilustrativo ejemplo.
El Gobierno de coalición del PP --lo siento, compañera Laura-- electoral,
política y socialmente había contraído compromisos de no aparcar el
desarrollo de dichas leyes vigentes. Pero, paradójicamente, órdenes
ministeriales, como la del concierto educativo del 16 de enero, y el
aparente firme anuncio de mi colega doña Esperanza de modificar el real
decreto de admisión de alumnos en centros subvencionados con fondos
públicos, rompe --insisto, rompe-- el débil consenso y aborda sutilmente,
como ella suele hacer, sin derogar aparentemente ninguna ley orgánica,
pero termina administrándola parcial y sesgadamente.
El Ministerio pretende doblegar los criterios baremables para la admisión
de alumnos, residenciándolos en los centros con competencias susceptibles
de ser discrecionales. Unido a esto, nos encontramos con una nueva
voluntad gubernamental de alterar la red de centros públicos y de
desinvertir, con la injustificada coartada de la bajada de la natalidad.
En este sentido, compartimos los emplazamientos que son --insisto,
compañeros del PSOE-- de mínimos y que se plantean en la moción en el
sentido de objetivar criterios. Tenemos un cierto disenso con el elemento
que apunta que en las baremaciones se premien las situaciones de familia
numerosa. Lo siento, bancos de la derecha, ya que podría entenderse que
el Ministerio de Educación entre sus funciones va a contemplar los
premios y diplomas a la natalidad.
Igualmente queremos expresar nuestros matices con el punto tercero de la
moción, ya que no cuestiona la extensión de los conciertos a la educación
infantil y se limita a solicitar que la cuantía de los conciertos no
supere lo que se recoge en los presupuestos para 1997. En este sentido,
completaría --voy terminando-- la moción con la inclusión de dos nuevos
apartados, si les parece bien a SS. SS., que plantea in voce, ese es mi
sentido, lo siguiente: Primero, instar que, ante un proceso de
transferencias como el que se avecina, es fundamental regular,
desarrollando la LODE, lo referido al nuevo papel del Consejo Escolar del
Estado y de la Conferencia del Consejo de Educación. En segundo lugar,
instar a que, dado que el título V de la Logse permite la compensación
desde las desigualdades sociales y territoriales de carácter educativo,
es fundamental que se desarrolle este título, especialmente en una
situación
previa al traspaso de competencias a las comunidades autónomas, con
tantísimas desigualdades en la prestación de servicios públicos
educativos y en la posesión de este bien social e individual de la
educación.
Y ahora sí, termino. Por todo ello, instamos al grupo proponente a
mejorar el texto para aunar voluntades, con lo que S. S. acaba de
proponer, y al Gobierno del PP y coaligados y a doña Esperanza la
ausente, les instamos a que hagan un ejercicio de reflexión política y
comprenda que en educación sólo se garantizan los derechos cuando la
discriminación positiva es un principio general para salvaguardar a los
más débiles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, señorías, Señor Bayona,
realmente en este final de jornada le he visto con una impetuosidad
terrible, además refiriéndose poco a la moción que ha presentado.
Yo le quiero decir que creo que los temas de educación hay que tratarlos
con toda tranquilidad, y los hemos tratado hasta ahora así, incluido su
grupo, con serenidad, no queriendo hacer de ellos un arma arrojadiza.
Estoy calculando que están queriendo hacer un arma arrojadiza para dentro
de unos meses, pero, en fin, no... Vamos a la moción, pero antes le
quiero decir una cosa. El gran esfuerzo que se ha hecho desde la
democracia en este país viene fundamentalmente del inicio de los pactos
de la Moncloa; a partir de ese momento, se hizo un gran esfuerzo para que
ni un solo niño español se quedara sin pupitre. Y nosotros hemos
reconocido muchas veces que a través de estos casi 20 años de sistema
democrático el país ha hecho un esfuerzo --todos hemos hecho un
esfuerzo-- y se ha pasado de destinar el 1,9 por ciento del PIB al 4,6
por ciento, al que tendríamos que añadir 950.000 millones de pesetas,
que, aproximadamente, fuera del presupuesto público, gastan las familias
en la educación.
Pero ése no era el tema de hoy. Yo lo digo porque realmente ha salido con
una serie de cosas --derecho para todos, equilibrio y justicia-- ... ¡Si
está la Constitución, si el gran pacto de la educación se hizo con el
artículo 27 de la Constitución! No seamos maniqueístas ni saquemos aquí
temas que ya están superados, por favor. La escuela pública, la escuela
de iniciativa social... Eso está superado. Estamos todos de acuerdo.
Declaramos en las intervenciones que ha tenido este grupo públicamente
por quinta vez que es fundamental el derecho a la educación previsto en
el artículo 27, así como la libertad de los padres a elegir el centro que
deseen para sus hijos.
Voy a pasar seguidamente a la moción que es lo que interesa. Yo creo que
la moción --y lo digo con sinceridad-- es contradictoria. Si leemos el
punto l junto con el apartado 6 vemos que es contradictoria. ¿Por qué?
Porque sabemos perfectamente que hay unos criterios prioritarios y unos
criterios complementarios. Indudablemente sabemos que se regirá por los
criterios prioritarios --¡si eso lo dice la LODE!-- y luego hay unos
criterios complementarios.
El decreto no lo han leído ustedes porque todavía no se ha publicado y
las referencias que se han hecho en la prensa no son exactamente las del
texto definitivo; porque se ha citado aquí el artículo tercero. El
artículo tercero del proyecto de decreto dice: En la admisión de alumnos
no podrá establecerse discriminación alguna por razones ideológicas,
religiosas, morales, sociales, de raza o de nacimiento. Quien no esté de
acuerdo con este artículo tercero es que está fuera absolutamente de lo
que prevé nuestra Constitución y lo que deseamos todos los grupos.
Quiero indicar aquí, respecto de los diferentes puntos de la moción, que
realmente en el primer apartado parece que se recogen los principios de
la LODE, pero, al señalar solamente --reitero-- los criterios
prioritarios como únicos, se olvida --y lo tiene que saber
perfectamente-- del dictamen que hizo en su día el Consejo de Estado
respecto del decreto de 1985, en donde se dice que existen otros
criterios complementarios.
Además, señor Bayona, le aconsejo que lea el último informe del Defensor
del Pueblo, del año 1995, en donde en la página 247 hace referencia al
tema de los hermanos. Dice que cuando un alumno está en un centro y los
padres de ese alumno cambian de domicilio, los otros hermanos deben tener
prioridad, aunque vivan fuera de la zona prevista para ese centro. Esto
es lo que va a decir el decreto.
Señor Bayona, he leído en uno de los diarios de mayor tirada de este país
que el señor Marquesi dice que se debe ampliar la zonificación. Esto es
lo que prevé el proyecto de decreto. Asimismo, se prevé que, aparte del
criterio del domicilio, también se tendrá en cuenta el lugar donde
trabaje el padre o la madre del alumno. Yo no veo aquí en absoluto qué es
lo que estamos rozando de la Constitución, qué es lo que queremos
eliminar de la Logse, de la LODE, todo esto que se ha dicho aquí en
cuanto a que únicamente queremos hacer unos centros elitistas. Los
centros elitistas son los que no están concertados; hay una empresa
privada y están ahí. Esos pueden ser elitistas. Los centros concertados
de iniciativa social no son elitistas. Dejémoslo aclarado de una vez para
siempre.
El punto segundo es obvio, porque nunca los criterios complementarios
superan las puntuaciones de los prioritarios. Por tanto, no vemos la
necesidad de plasmarlo en el decreto.
Respecto al punto tercero y a que el criterio de proximidad del domicilio
al centro no podrá ser inferior
al 45 por ciento del baremo total, saben ustedes perfectamente que hay
tres criterios prioritarios. No se puede decir que uno de los criterios
será el 45 por ciento.
Y si pasamos al punto cuarto, relativo a la situación de familia
numerosa, está recogido en el decreto. Me hubiera gustado que se hubieran
acordado en el decreto del año 1985. Está en la moción porque el texto
(que no es igual, pero sí muy parecido) que han publicado los medios de
comunicación se indica.
Asimismo, figura como criterio prioritario la circunstancia de que el
solicitante padezca algún tipo de minusvalía. Usted sabe perfectamente
que no puede ser criterio prioritario; puede ser complementario, y está
recogido en el proyecto de decreto. Por tanto, yo no sé por qué lo traen
aquí como si estuviesen completamente en contra del proyecto de decreto,
cuando esto en definitiva lo han copiado del proyecto del decreto y
ustedes no lo introdujeron en el año 1985.
Igualmente, dicen: el proceso de admisión de alumnos... se aplicará a los
alumnos que accedan por primera vez a cursar. Bueno, que accedan por
primera vez o no, porque si no en cada uno de los ciclos ese alumno no
podrá ir al centro que sus padres deseen.
Y, por último, una obviedad absoluta. Dicen ustedes: la administración
educativa no podrá aprobar presupuestos de conciertos educativos que
superen el límite presupuestario fijado para la financiación de los
centros concertados en los Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Señorías, para esto no hace falta presentar una moción, esto es obvio, lo
sabe todo el mundo y, por supuesto, la titular y el Ministerio.
Yo creo de verdad, y finalizo, señor Presidente, que esta moción no ha
sido estudiada debidamente. Podremos estar de acuerdo o no con otras
mociones del Grupo Socialista, pero normalmente suelen estar estudiadas.
Yo creo que quizá por la premura de tener que presentar la moción en 24
horas no ha sido estudiada.
Por todo ello, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra y no les
pedimos más que una cosa, independientemente de esto: señores del Grupo
Socialista y alguno de Izquierda Unida, aunque no tienen ese ánimo: no
hagan de la educación un arma arrojadiza. La educación debe estar por
encima de los diferentes criterios que tengamos aquí.
Finalmente se preguntan que cómo se va hacer este decreto un año antes de
las transferencias. Este decreto se hace en el primer año de Gobierno del
Partido Popular, y siguiendo absolutamente nuestro programa, porque se
consideran de justicia estos criterios no prioritarios y no
complementarios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción, consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Socialista, sobre el modo en que el
Gobierno pretende modificar lo establecido en las normas de desarrollo de
la LODE y de la Logse en materia de conciertos educativos y de admisión
de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a
favor, 137, en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción debatida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DE EMPLEO QUE EL GOBIERNO PIENSA DESARROLLAR
PARA CREAR EMPLEO CON DERECHOS SOCIALES, REDUCIR LA PRECARIEDAD Y
POTENCIAR LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (Número de expediente 173/000024)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación urgente
sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar para crear
empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y potenciar la
estabilidad en el empleo.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
En el debate de la interpelación urgente que da lugar a esta moción sobre
la política de empleo del Gobierno de la semana pasada, el Ministro de
Trabajo, señor Arenas, afirmaba estar de acuerdo con el diagnóstico de la
situación que presentábamos y también con sus consecuencias. Las cifras
son incontestables, sin duda alguna: las altas tasas de desempleo, la
temporalidad que triplica la media europea, la creciente precarización y
la rotación de los ocho millones y pico de contratitos del año 1996, la
descohesión social, la inseguridad que ello genera y, por tanto, la
contracción del consumo. El consumo familiar vuelve a los niveles del año
1992, descendiendo los gastos del hogar en España un 0,73 por ciento en
términos reales en 1996 (el propio Ministerio de Economía reconoce que
aún no se han alcanzado los niveles de consumo de los años 80) y con su
repercusión negativa para nuestras expectativas de crecimiento económico,
por tanto, esta contracción del consumo, ello sin atender a otros
considerandos de estricta justicia social, como son el crecimiento
de las desigualdades, de la siniestralidad laboral, del poder empresarial
en el seno de las relaciones laborales de la empresa, de los índices de
pobreza y marginación social.
Pero las consecuencias, que analizábamos, de esta política de empleo, con
las que también parece estar de acuerdo el señor Ministro, según nos
dijo, son el cortocircuito de nuestra economía: la inhibición del empleo,
ya analizada, y la orientación de las estrategias empresariales hacia la
supervivencia, hacia la falsa utopía de crear empleo al precio de reducir
los costes laborales, las estrategias del bajo valor añadido y, por
tanto, la pérdida de perspectiva de que sólo se puede competir mediante
la mejora en la rentabilidad de los mercados de productos y servicios.
Pretender competir en base a condiciones laborales más precarias que el
vecino es ilusorio, como el mercado nos lo demuestra todos los días.
En lo que ya no estaba tan de acuerdo el Ministro con Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya era en las medidas de política económica a
aplicar para corregir estas deficiencias analizadas.
El señor Arenas nos recordaba que ambos defendemos modelos económicos
distintos, lo cual es verdad, pero ¿y qué? Es una verdad irrelevante.
Efectivamente, nosotros defendemos modelos económicos distintos, pero,
siendo ello absolutamente cierto en términos filosóficos y aun en
términos programáticos, no debe serlo en términos políticos y prácticos,
primero, porque, en nuestra opinión, es que estamos condenados a
entendernos en un tema de tan alto grado de sensibilización social como
es el paro y la precariedad. Pues, si ante este problema esgrimimos
cuestiones ideológicas para utilizar partidistamente el tema, los
ciudadanos no nos van a entender. Estamos poniendo en juego incluso la
confianza democrática que los ciudadanos tienen en sus representantes. Y
segundo, porque, aunque no lleguemos a coincidir al 100 por cien en
nuestras propuestas, lo importante es buscar un método que nos acerque a
madurar los denominadores comunes, que sin duda los hay. Todo depende,
por tanto, de la voluntad política que tengamos. La cuestión es: ¿quiere
decir esta declaración del señor Ministro que no va a haber voluntad
política por parte del Gobierno y del grupo que lo sustenta de consensuar
las medidas que propongamos en el foro que planteamos en esta moción? Sin
duda alguna, lo veremos al final, pero yo creo que al final va a ser ésta
la cuestión: si hay o no voluntad política.
Vayamos al grano. Ya hemos tenido ocasión esta misma tarde --esta es la
segunda entrega-- de analizar el tema del reparto de trabajo, sin mucho
éxito por nuestra parte --por cierto, nosotros entendemos que sin mucho
éxito de toda la Cámara, en general--, fijémonos ahora en otros aspectos
de la política de empleo tan importantes como el anterior. Señorías, en
España hay seis millones de asalariados que dependen de los profesionales
y autónomos, habiendo crecido un 13 por ciento el nivel de ocupación que
este sector ha generado desde 1982 a 1995 y, según los datos del año
1996, los autónomos han aportado el 68 por ciento del producto interior
bruto de este país. Datos que son homólogos, más o menos, de los de la
Unión Europea, pues el 79 por ciento de los puestos de trabajo son
creados en la Unión Europea por empresarios autónomos. Sin embargo, las
políticas económicas que diseñan nuestros expertos dan de lado esta
realidad y se orientan hacia aspectos genéricos del tejido productivo,
pero la orientación generalista privilegia a unos por encima de otros, a
la economía especulativa o a los grandes productores y exportadores por
encima de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Con razón
protestan los pequeños empresarios y los autónomos de los múltiples
problemas que les aquejan: la falta de formación y reciclaje profesional;
la nula información respecto a las condiciones de la competencia, que les
hace temer que su convergencia con la Unión Europea no va a ser para
ellos un paraíso; las escasas posibilidades de competencia de los
pequeños comerciantes respecto de las grandes superficies, potenciadas
por algunos de los responsables de las administraciones locales y por los
poderes económicos, sin que, en paralelo, se habiliten fórmulas para la
modernización de la estructura empresarial de los pequeños comerciantes.
De forma que en 1995 han tenido que cerrar sus empresas 350.000
autónomos, tendencia que se confirma con el dato de que, desde 1982 a
1995, hay 300.000 autónomos menos en este país.
Junto a los pequeños empresarios, hay que procurar la potenciación de los
autónomos y del autoempleo, conjurando, por supuesto, la utilización de
la institución como una fórmula pícara de encubrir relaciones laborales
con relaciones mercantiles de colectivos de trabajadores para reducir los
costes y las responsabilidades de las grandes empresas. La gestión del
gasto social de las prestaciones de desempleo, un tratamiento fiscal
adecuado, las ayudas respecto a los servicios de asesoramiento fiscal,
contable, publicitario, etcétera, pueden hacer que este colectivo de los
autónomos sirva óptimamente para la creación de empleo no marginal, sino
de calidad.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cree necesario propiciar esta
orientación. Hemos de potenciar esta fuente incesante de creación de
empleo, buscando fórmulas imaginativas que adecuen sus costes fiscales y
sociales, las estructuras asociativas y representativas y los marcos
legales a la especificidad derivada de sus volúmenes productivos,
comerciales y financieros. Y junto a este capítulo importantísimo de las
medidas que entre todos debemos consensuar para instar al Gobierno a su
puesta en marcha, nuestra moción pretende que se impulsen propuestas
parlamentarias sobre la creación de empleo de calidad, limitando la
temporalidad,
rotación y precariedad en el mercado de trabajo, potenciando la
estabilidad e introduciendo la causalidad en la contratación, y
despejando como orientación el fantasma del despido y la desregulación,
que desvertebra las relaciones laborales y desorienta nuestra estrategia
microeconómica. Estas cuestiones, señorías, están siendo objeto de
tratamiento en el diálogo entre patronal y sindicatos. Al parecer, estas
conversaciones obtendrán resultados en un sentido o en otro en un plazo
no muy lejano. Pero ¿por qué se califica nuestras propuestas como
inoportunas, extemporáneas o no respetuosas con el diálogo social? No
alcanzamos sinceramente, honestamente, no alcanzamos a entenderlo, salvo
que se trate de eludir el tema, de despejar la pelota a córner.
Procedimentalmente, ¿cómo se van a tratar estos temas en el ámbito
parlamentario? Esta es la cuestión que plantea nuestra moción, esta es la
cuestión que deberíamos todos intentar responder al final de este día de
largo debate. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cree conveniente
que nos anticipemos a los acontecimientos sin injerir en los contenidos,
y que diseñemos entre todos el aspecto procesal del tema. Primero,
conviene respetar el debate sin interferencias
--me refiero, claro está, al debate de los agentes económicos y
sociales-- y, por tanto, debemos esperar a sus conclusiones para debatir
las medidas que ellos nos propongan.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Concluyo enseguida, señor Presidente.
En segundo lugar, mientras tanto, podemos ir constituyendo una
subcomisión, si así lo decide la Comisión de Política Social y Empleo,
donde debatamos y consensuemos a su vez las medidas a traer al Pleno para
su aprobación mediante la correspondiente ley. Señorías, no vale
escudarse en el respeto, porque Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña
es la primera fuerza que lo rinde, a los debates entre patronal y
sindicatos, no vale escudarse en eso; es necesario saber si efectivamente
hay voluntad política y habilitar los aspectos procedimentales en función
de los cuales esta Cámara también tenga mucho que decir, porque al final,
sin duda alguna, tendrá que decirlo. Por todo lo cual proponemos la
moción en los términos que acabo de defender.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Se han presentado dos enmiendas, una, del Grupo Parlamentario Socialista,
y otra, del Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i
Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señorías, dado que se trata de volver a
reproducir el mismo debate que hemos mantenido en la proposición no de
ley, mi grupo da por defendida la enmienda, dada la hora que es y las
ganas que todos tenemos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora López i Chamosa.
Tiene la palabra el señor Hernando, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
No voy a complacer a algunas personas de la Cámara planteando el debate
en los mismos términos que la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, porque me parece que son debates distintos, aunque tienen
cosas en común. En el primer debate hablábamos sobre el reparto de
empleo, y en esta ocasión estamos hablando de creación de empleo.
El Grupo Federal de Izquierda Unida plantea en su moción la creación de
una subcomisión con características distintas a las que ha planteado en
el primer debate, por lo que creo que deben de tener una contestación
distinta, aunque el eje es el mismo.
En estos momentos, señor Vaquero, creemos que no es conveniente crear una
subcomisión en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo porque,
tratando asuntos de la reforma laboral, estaríamos interfiriendo, a
juicio de mi grupo, precisamente en el diálogo social, un diálogo social
que, como usted sabe, se constituyó ya en el mes de mayo a iniciativa de
los agentes sociales y en el que se pidió expresamente que no
interviniera el Gobierno; un Gobierno que, como usted sabe, en este y en
otros temas se ha caracterizado fundamentalmente por el diálogo, y ese
diálogo ha traído como consecuencia importantes acuerdos sociales en los
últimos meses para este país entre el Gobierno, los sindicatos y los
agentes empresariales.
Nosotros hemos querido presentar una enmienda al segundo punto de su
moción, fundamentalmente basada en dos aspectos; el primero, la confianza
y el apoyo al diálogo social que en estos momentos y en el plazo de
quince días --no de meses, como han dicho algunos portavoces
parlamentarios esta tarde-- se han dado los agentes sociales. Queremos
reafirmar nuestro convencimiento de que estamos en unas semanas
trascendentales, estas dos semanas acordadas el viernes por empresarios y
por sindicatos para alcanzar un acuerdo son semanas trascendentales.
Nosotros hemos presentado esta enmienda también avalando la necesidad de
la reforma. Por eso pedimos que se remita a la Cámara en el tiempo más
breve posible un proyecto de ley que respete los acuerdos entre los
agentes sociales, un proyecto de ley que sin duda alguna, señor Vaquero,
va a ser muy debatido en esta Cámara.
Decía al principio que algo que ha caracterizado a este Gobierno ha sido
el acuerdo y el diálogo social. Así se ha hecho a lo largo de 1996, y ahí
están acuerdos como el de pensiones, como el del empleo agrario, como la
resolución extrajudicial de conflictos laborales, la formación continua o
la prevención de riesgos laborales. A lo largo de 1997 va a traer el
Gobierno proyectos importantes y que deben ser --y que han sido en
algunas ocasiones ya-- sometidos a ese diálogo y a ese consenso social:
está el caso del acuerdo sobre formación profesional o el plan plurianual
de empleo que presentó en Consejo de Ministros la semana pasada el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas, un plan plurianual
que, cumpliendo con los criterios y con las demandas del Consejo de
Essen, se va a diferenciar de otro plan plurianual que fue aprobado por
un anterior Gobierno con nocturnidad y sin referencia de ningún tipo, ni
tan siquiera en las actas del Consejo de Ministros.
Indudablemente, como se ha dicho también en esta Cámara, no valen única y
exclusivamente reformas legales para crear empleo; es necesario adoptar
medidas económicas e industriales, y ya las ha adoptado este Gobierno,
señor Vaquero, y ahí están los resultados: medidas económicas a través de
unos presupuestos austeros que tienen como elemento fundamental la
reducción del gasto público y la lucha contra el déficit público, la
reducción de los tipos de interés que se ha producido también como
consecuencia de esta política, el control de la inflación o los apoyos a
las pymes.
Decimos, señorías, que es necesaria la reforma porque, mientras que la
reforma de 1994 fue una reforma para la crisis, la reforma de 1997 tiene
que ser una reforma para la esperanza y para la creación de empleo. Los
datos de este pasado mes de enero nos demuestran que se está realizando
un número importantísimo de colocaciones, 852.000 en el mes de enero,
pero eso no está generando empleo. En enero tuvimos 40.000 desempleados
menos. Es una cifra inferior al año anterior e inferior a la media de los
doce últimos años, pero eso no debe consolarnos. Lo que indican estos
datos, a nuestro juicio, es que existen decisiones por parte de
empleadores que están expectantes y pendientes de esta reforma laboral, y
por eso hemos exigido y metido prisa a los agentes sociales, y por eso,
señorías, la urgencia no es de este Gobierno, sino de los españoles, que,
como usted ha dicho en su exposición, están sufriendo y padeciendo la
precariedad de unos contratos sobre contratos que lo único que generan es
la desesperanza entre muchos jóvenes españoles. Nosotros no contemplamos
el fracaso o la ruptura de esta negociación entre los agentes sociales, y
queremos una reforma equilibrada, señor Vaquero. Una reforma equilibrada
que, sin duda, va a facilitar su tramitación en esta Cámara y va a
posibilitar un acuerdo y un consenso de esta reforma en esta Cámara;
reforma que, sin duda alguna, debe de traer mayor seguridad y estabilidad
al mercado laboral.
El año 1997, señorías, es un año trascendente para nuestro país. No sólo
para el Gobierno, como algunos pretenden decir, sino para nuestro país.
Es el año de la Unión Económica y Monetaria, en el que nos jugamos
nuestra entrada entre los países de cabeza de la Unión Europea. Y en ese
esfuerzo debemos estar y deben estar, a nuestro juicio, todas las fuerzas
políticas, aunque algunos, en determinados momentos, parezca que tengan
tentaciones para emprender distintos caminos.
Mi grupo confía en que los agentes sociales a lo largo de estos días, y
que los grupos parlamentarios en los días posteriores, estén a la altura
de las circunstancias.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, le ruego que vaya concluyendo.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente. Termino ya.
Circunstancias que nos demandan todos los españoles, porque el Gobierno y
el Parlamento no pueden diferir indefinidamente lo que la sociedad les
reclama. Y lo que les reclama la sociedad española a este Gobierno y a
este Parlamento es que 1997 sea un año de crecimiento, pero un año de
crecimiento creando empleo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Para fijar su posición, tiene la palabra la señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Yo siento, señorías, tener que subir a esta hora a la tribuna. No quiero
cansarles, pero me parece que el tema tiene la suficiente importancia,
por lo menos para el Grupo Vasco, como para no pasarlo por alto, aunque
sean las diez y veinte de la noche.
En primer lugar, voy a fijar la posición de nuestro grupo con relación a
la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. No les va a llamar la atención que anuncie el voto en contra
porque, como he dicho en la anterior intervención con relación al debate
de la proposición no de ley, no creemos oportuno entrar en este momento
en esta cuestión porque se puede considerar como una interferencia, señor
Vaquero, en las negociaciones entre empresarios y trabajadores.
El Grupo Vasco no quiere eludir el tema. El objetivo principal,
fundamental y prioritario para nuestro grupo es la creación de empleo.
Espere usted tres semanas, cuando acaben las negociaciones como nos
acaban de decir los parlamentarios que representan al grupo que apoya al
Gobierno, para hablar de esta cuestión, para que no nos tenga que volver
a decir el señor Ministro de Trabajo que tanto los empleadores
como los trabajadores le dicen que no hable porque interfiere en las
negociaciones.
Hace unos días, en esta Cámara, el Ministro de Trabajo decía que es una
auténtica obsesión para el Gobierno la política de empleo. Yo diría más:
al Partido Nacionalista Vasco el problema del paro le crea una obsesión
lograr que las medidas a poner en práctica estén a la altura del desafío
que tenemos. En este sentido, señorías, hay una tendencia no deseable,
desde nuestro punto de vista, a formular propuestas que, aunque sean
razonables, nos remiten a lo que se sabe hacer desde la Administración,
reglamentos o leyes, mucho más que a aquello que debería hacerse para
cambiar las mentalidades, los comportamientos en la sociedad y en la
Administración.
Hemos dicho también en la anterior intervención que se impone un consenso
implícito y explícito sobre el paro, y que los protagonistas del consenso
deben ser los poderes públicos y los agentes sociales que, no en vano, y
colectivamente, señorías, somos responsables de lo que definimos como el
fenómeno del paro en la sociedad de la abundancia. En este sentido yo, en
nombre de mi grupo, quiero aplaudir la utilización del diálogo social
permanente que anuncia el Gobierno, ya que para nuestro grupo constituye
la primera herramienta clave de la lucha contra el paro.
Es cierto, señorías, que estamos viviendo probablemente la crisis del
empleo más importante de la historia, sólo comparable a la gran depresión
de los años treinta. La Unión Europea ha perdido cuatro millones y medio
de empleos en los últimos cinco años, y son más de veinte millones de
parados los que hay en la Unión Europea, con tasas de paro en el entorno
del 11 por ciento en la media de los países, obviamente muy inferiores a
las que sufrimos en el Estado español. Por otro lado, señorías, y lo
conocen ustedes bien, Estados Unidos tiene tasas de paro más bajas, pero
con condiciones de empleo alarmantes que han incrementado peligrosamente
la marginación, las desigualdades y la exclusión social.
Hace unos meses, pocos, el Consejero de Trabajo del Gobierno vasco, en un
debate en el Pleno del Parlamento vasco, hacía referencia a la reunión de
dos delegaciones importantes de la Unión Europea y de los Estados Unidos
para tratar de establecer cuál es el modelo de desarrollo económico, cuál
es la forma de creación de empleo en los países occidentales, teniendo en
cuenta que estos países, tanto de Europa como Estados Unidos, se ven
amenazados por la competencia de los llamados países emergentes que
compiten con nosotros en tecnología igual, incluso superior, y con
salarios diez veces inferiores a los nuestros. La discusión se planteaba
entre un modelo de desarrollo que crezca sobre un empleo sólido, con un
buen salario, con unas buenas cotizaciones, con unas buenas coberturas,
pero con una alta tasa de paro. Ese es el modelo europeo. O con un modelo
con paro por debajo del 10 por ciento pero con tendencia al subempleo,
que genera condiciones de marginación y vulnera los derechos y las
conquistas sociales de la humanidad durante el último siglo. Y se
preguntaba: ¿estamos condenados a elegir entre lo malo y lo peor? Una
lección que hemos aprendido todos es que en el paro y en la creación del
empleo inciden tantos factores que lo que queda claro es que no tenemos
solución para pasado mañana.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguirre, le ruego que concluya.
La señora AGUIRRE URIBE: Voy terminando, señor Presidente.
De todas las lecciones del pasado más reciente nos queda alguna que
podría resumirla en esta frase: señorías, no existe más solidaridad con
los parados que la de aquellos que con su conducta favorecen las
oportunidades de empleo. Luego vamos a hablar de las conductas, porque
hablar de las conductas es hablar de las políticas, unas que se llaman de
entorno y otras basadas en la intervención directa, que son las políticas
activas de empleo, las de formación, las de economía, las de mejora.
Todas ellas intentan activar medidas que en nuestra opinión deben
diferenciarse en función de las características de cada comunidad. No es
lo mismo, señorías, el paro en Andalucía, en Murcia o en el País Vasco.
En el País Vasco, en vez de una pirámide de población, empieza a
dibujarse una especie de rombo truncado en su base. Cada año que pasa
crece el tamaño de los grupos de edad considerados mayores y disminuye el
de las nuevas generaciones. Esta regresión demográfica y el
envejecimiento de la población que inevitablemente la acompaña son
procesos con graves consecuencias, a medio y largo plazo, sobre el propio
crecimiento de la economía. Por ello, es más necesario que nunca
implementar políticas específicas para cada comunidad autónoma. Políticas
que poseen una carencia en nuestra Comunidad Autónoma vasca que es
preciso señalar porque limitan la efectividad de las actuaciones en este
tema. Me estoy refiriendo a tres áreas que, contenidas en el Estatuto de
Autonomía de Gernika, han sido negadas por los poderes centrales. En el
campo de la formación, la formación profesional continua y ocupacional.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguirre, le ruego que concluya.
La señora AGUIRRE URIBE: Termino, señor Presidente.
En el tema de las políticas de empleo, la transferencia del Inem. Y,
finalmente, en el campo de la Seguridad Social, lo que el Partido
Nacionalista Vasco propugna es que se considere que un Estado
plurinacional
de naturaleza compleja, que rompió el esquema de organización centralista
de poder, debe atender los requerimientos del bloque de la
constitucionalidad.
Termino diciendo que no vamos a votar a favor de la moción presentada por
Izquierda Unida, pero que para nosotros este tema es prioritario y,
dentro de tres semanas, señor Vaquero, tendremos oportunidad de volverlo
a discutir en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor Presidente, voy a intervenir con
brevedad y desde el escaño.
No sé si estamos delante de un remake del debate anterior o ante la
segunda parte, pero los principales argumentos en relación a esta
cuestión ya los hemos manifestado en nuestra anterior intervención y a
ellos me remito, señor Vaquero. A nuestro entender, hoy no es oportuno
que la Cámara se pronuncie en relación a estas cuestiones, esperemos que
el diálogo social nos permita llegar a un acuerdo y, en función de ese
acuerdo, activemos desde el Congreso de los Diputados aquellas acciones
legislativas que sean necesarias para combatir esa obsesión que ha
mencionado la señora Aguirre.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
El señor Vaquero tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, nuestro Grupo no puede
aceptar las enmiendas que se nos ofrecen porque, no nos engañemos,
pretenden simplemente vaciar de contenido nuestra moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación urgente
sobre la política de empleo que el Gobierno piensa desarrollar para crear
empleo con derechos sociales, reducir la precariedad y potenciar la
estabilidad en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a
favor, 15; en contra, 250; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión. El Pleno se reanudará mañana a las dieciséis
horas.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.