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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 56, de 11/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 56
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 53
celebrada el martes, 11 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 2699)
Declaración institucional condenando los últimos atentados terroristas
(Página 2699)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
-- Del Parlamento de Canarias, para el desarrollo de las previsiones
del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto
de Autonomía de Canarias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 6-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente
125/000005) (Página 2700)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para el
esclarecimiento de los hechos denunciados por el Gobierno en relación a
que el Estado dejará de ingresar 200.000 millones de pesetas, en concepto
de inspecciones tributarias, como consecuencia de negligencias e
irregularidades atribuibles al anterior Gobierno, formulada por los
Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y Mixto (número de expediente 156/000003) (Página 2708)
-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para
determinar los hechos, causas y conclusiones que procedan como
consecuencia de la demora injustificada en la tramitación de expedientes
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, formulada por los
Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Popular en el Congreso y de
Coalición Canaria (número de expediente 156/000004) (Página 2708)
-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para
verificar el fundamento de las acusaciones formuladas por el actual
Gobierno contra los anteriores responsables de la Administración
Tributaria, en relación con la producción de graves perjuicios a la
Hacienda Pública, formulada por 81 Diputados del Grupo Socialista del
Congreso (número de expediente 156/000005) (Página 2708)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre licitaciones
de obras públicas por parte de la Administración Central del Estado y sus
Organismos Autónomos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 73, de 18 de noviembre de 1996 (número de expediente 162/000065)
(Página 2725)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre mantenimiento de la
presencia del Estado en el Consejo de Administración de Telefónica de
España, S. A. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
97, de 5 de febrero de 1997 (número de expediente 162/000085) (Página 2732)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 2699)
Declaración institucional condenando los últimos atentados terroristas
(Página 2699)
El señor Presidente somete a la consideración de la Cámara una
declaración institucional expresando la más enérgica condena por los
últimos atentados terroristas, que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de Comunidades Autónomas
(Página 2700)
Del Parlamento de Canarias, para el desarrollo de las previsiones del
artículo 62 de la Ley Orgánica 1/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de
Autonomía de Canarias (Página 2700)
Para la defensa de la proposición de ley del Parlamento de Canarias
interviene, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro que explica
el contenido de la proposición de ley centrándose, primero, en el derecho
de la Comunidad Autónoma a designar dos representantes en los consejos de
administración u órganos de dirección de los organismos económicos,
instituciones financieras y empresas públicas de titularidad estatal que
presten sus servicios prioritariamente en Canarias y, segundo, en la
vinculación de la actividad de esas empresas a las políticas de
ordenación económica y social de la comunidad autónoma, creando una
comisión mixta de carácter técnico, que deberá ser oída previamente a la
aprobación de programas y planes de actuación en los servicios que
prestan las empresas afectadas en
el ámbito del archipiélago y con el exterior. Para ello pide el apoyo de
la Cámara.
A continuación interviene el señor Sánchez-Simón Muñoz, Diputado del
Parlamento de Canarias, manifestando que la proposición de ley que
presentan ante la Cámara desarrolla el articulo 63, apartado 2.º, del
Estatuto de Autonomía de Canarias. Considera que, en definitiva, se trata
de que las empresas públicas de titularidad estatal, que tengan especial
incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, puedan hacer efectivos
los principios en que se debe basar el sector público empresarial:
eficacia, eficiencia, subsidiariedad y coordinación. Reconoce que la
proposición legislativa contiene elementos posibles de mejorar y de
adaptar a la Unión Europea, pero confía en que el texto será enriquecido
por el Congreso de los Diputados.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mauricio
Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV); los señores López de Lerma y López, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Trujillo
Oramas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cabrera Pérez-Camacho, del
Grupo Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlamento de Canarias, se aprueba por 176 votos a favor, ocho en contra
y 136 abstenciones.
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación (Página 2708)
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para el
esclarecimiento de los hechos denunciados por el Gobierno en relación a
que el Estado dejará de ingresar 200.000 millones de pesetas, en concepto
de inspecciones tributarias, como consecuencia de negligencias e
irregularidades atribuibles al anterior Gobierno, formulada por los
Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y Mixto (Página 2708)
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para determinar
los hechos, causas y conclusiones que procedan como consecuencia de la
demora injustificada en la tramitación de expedientes de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, formulada por los Grupos
Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Popular en el Congreso y de Coalición
Canaria (Página 2708)
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para verificar el
fundamento de las acusaciones formuladas por el actual Gobierno contra
los anteriores responsables de la Administración Tributaria, en relación
con la producción de graves perjuicios a la Hacienda Pública, formulada
por 81 Diputados del Grupo Socialista del Congreso (Página 2708)
Interviene en primer lugar el señor Saura Laporta, en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para explicar la petición de creación de
una comisión de investigación en relación a la denuncia efectuada por el
Gobierno acerca de que la Hacienda Pública dejaría de ingresar 200.000
millones de pesetas como consecuencia de retrasos e irregularidades
atribuibles al anterior Gobierno. Los tres aspectos fundamentales de su
petición son, en primer lugar, el esclarecimiento riguroso de los hechos,
en segundo lugar, el establecimiento de conclusiones, tanto en el ámbito
de las responsabilidades que se puedan derivar como en el ámbito de
promover iniciativas y reformas para que nunca más vuelvan a suceder
hechos como los denunciados y, en tercer lugar, que la Comisión emita sus
conclusiones en el plazo de dos meses.
Hace una serie de consideraciones políticas en relación al debate que se
ha producido, así como en relación a las tres peticiones de creación de
comisiones de investigación, y finaliza su intervención diciendo que van
a exigir responsabilidades tanto si las denuncias que se han efectuado no
se pueden demostrar como si tienen base sólida y se pueden demostrar.
A continuación interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del
Grupo Mixto, apoyando la creación de la comisión de investigación.
Propone que esta comisión sirva para aclarar los hechos y no para
contribuir a la utilización de los mismos como arma arrojadiza de unos
contra otros; para adoptar medidas que impidan que se repitan hechos como
éstos, y para que en el futuro los ciudadanos tengan la seguridad de que
ante el fisco todos son iguales.
Asimismo interviene la señora Rahola Martínez, del Grupo Mixto, que
considera que se está ante una polémica gravísima que afecta directamente
a la responsabilidad de la Administración y a su credibilidad, pero que
exclusivamente se ha basado en la pura palabrería, por lo que la comisión
de investigación es absolutamente necesaria para recuperar la seriedad.
El señor Chiquillo Barber, también del Grupo Mixto, no quiere redundar en
los argumentos utilizados por otros parlamentarios y da su apoyo a la
creación de esta comisión de investigación que considera fundamental para
el esclarecimiento de los hechos.
Para presentar la solicitud de creación de una comisión de investigación
que determine los hechos, causas y conclusiones que procedan como
consecuencia de la demora injustificada en la tramitación de expedientes
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, formulada por los
Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Popular,
interviene el señor Zabalía Lezamiz. Manifiesta que la creación de una
comisión de investigación debería tener como objetivo previo capitalizar
a través del Parlamento la responsabilidad de aclarar los hechos,
delimitar las responsabilidades, si las hubiera, y sacar las conclusiones
de cara al futuro, lo que evitaría la espiral de crispación política que
se está produciendo. Añade que la solicitud ha sido suscrita también por
el Partido Popular y Coalición Canaria en los términos expuestos por su
Grupo.
A continuación pasa a comparar las diferentes propuestas presentadas y
considera que existe una unanimidad real en los objetivos a cumplir,
aunque también pone de manifiesto algunas discrepancias en el apartado de
las responsabilidades políticas que puedan derivarse.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interviene el señor
Mauricio Rodríguez, que explica las razones por las que su grupo apoya la
creación de esta comisión de investigación. Considera que se está ante un
hecho político y social de gran envergadura, como es la existencia de
importantes bolsas de fraude fiscal en este país y que no hay que desviar
la atención a si hay acusaciones de amiguismo. Se muestra satisfecho de
que, por fin, se vaya a entrar en un debate necesario para crear una
administración tributaria no discriminatoria, transparente, eficaz en su
gestión y que trate por igual a los ciudadanos, para lo que considera
imprescindible la intervención del Parlamento.
Por el Grupo Parlamentario Popular, interviene el señor Del Burgo
Tajadura, que manifiesta que este es uno de los capítulos más oscuros y
lamentables de la gestión de los gobiernos anteriores, cuyo total
esclarecimiento resulta imprescindible para que esta Cámara depure las
responsabilidades políticas que sean pertinentes, además de proponer la
adopción de medidas que eviten la repetición de los hechos denunciados.
No quiere entrar en consideraciones jurídicas acerca de la trascendencia
de las decisiones judiciales habidas al respecto y pasa a hacer algunas
consideraciones políticas. Hace alusión a una serie de acusaciones sobre
las causas que han movido al Gobierno a denunciar los hechos y se plantea
una serie de interrogantes sobre la actuación inspectora a la hora de
combatir el fraude fiscal. Se pregunta si hubo instrucciones de los
responsables políticos del Ministerio para paralizar unos expedientes y
activar otros y qué criterios se siguieron para que el 60 por ciento de
los expedientes llegaran a buen fin, mientras que el otro 40 por ciento
permanecía en el baúl de los recuerdos. Después de toda una serie de
interrogantes estima que se ha producido un retraso injustificado e
injustificable a la hora de liquidar los 600 expedientes y considera una
burda maniobra de distracción el intento de hacer recaer sobre los
funcionarios lo que constituye una pésima gestión política, considerando
que ocultar los hechos hubiera convertido al actual Gobierno en
encubridor de la negligencia, cuando menos culposa, de sus antecesores.
Termina manifestando que el sistema tributario no puede tener agujeros
negros por donde se esfumen los grandes defraudadores y que la
administración tributaria debe funcionar con eficacia, respetando la ley
y los legítimos derechos de los contribuyentes. Añade que hay que
asegurar la transparencia del sistema para evitar que los responsables
políticos de la Hacienda Pública puedan caer en la tentación de utilizar
la potestad tributaria en beneficio de sus intereses partidistas.
Para defender la tercera solicitud de creación de una comisión de
investigación que verifique el fundamento de las acusaciones formuladas
por el actual Gobierno contra los anteriores responsables de la
administración tributaria en relación con la producción de graves
perjuicios a la Hacienda Pública, formulada por 81 Diputados del Grupo
Socialista del Congreso, interviene el señor Eguiagaray Ucelay. No
considera que sea el día apropiado para hacer un debate sobre esta
cuestión, cuando existen los atentados terroristas que exigirían una
unidad de acción en temas importantes que afectan a todos. Estima que el
Partido Popular ha decidido, por boca de su propio Presidente, convertir
la calumnia
y la injuria en un instrumento de acción política contra el Gobierno
anterior y el Partido Socialista y que las acusaciones no han sido
probadas, por mucho que se empeñe el señor Del Burgo. Expone que el crear
una comisión de investigación sin contar con los medios adecuados para
poder desmontar, por parte de quien es acusado, las gravísimas
imputaciones que han sido formuladas en su contra es una perversión que
se une a la maldad que significa convertir la acusación sin pruebas en un
objeto de debate político en un sistema democrático. Añade que el señor
Costa reconoció paladinamente que no tenía una sola prueba de las
imputaciones que habían servido al Presidente del Gobierno para hacer sus
acusaciones, y que el señor Presidente del Gobierno todavía no ha
reconocido que no dijo la verdad o que, en ultima instancia, estaba muy
mal informado y equivocado. Pasa a explicar toda una serie de
inexactitudes en las declaraciones de los portavoces del Grupo Popular y
miembros del Gobierno y se refiere a unas declaraciones del señor
Presidente del Gobierno, en marzo de 1995, sobre algunos contenciosos
fiscales abiertos entonces en los tribunales, como las cesiones de
crédito, las primas únicas y las facturas falsas del IVA.
Plantea que la comisión de investigación solamente tiene sentido si se
pueden conocer los datos que han servido de base para las gravísimas
imputaciones, si no se está convirtiendo la comisión de investigación en
un instrumento perverso, irresponsable, que servirá exclusivamente para
perseguir al Partido Socialista.
En defensa de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Homs i Ferret.
En un segundo turno intervienen los señores Saura Laporta, Del Burgo
Tajadura y Eguiagaray Ucelay.
En turno por alusiones intervienen los señores Del Burgo Tajadura y
Eguiagaray Ucelay.
El señor Presidente da lectura a las enmiendas transaccionales que
suscriben los Grupos Popular, Vasco (PNV), de Coalición Canaria, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto.
Sometida a votación la solicitud de creación de una comisión de
investigación en los términos de las enmiendas transaccionales
anteriormente reseñadas, se aprueba por 189 votos a favor, 129 en contra
y 14 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de creación de una comisión de
investigación formulada por 81 Diputados del Grupo Socialista del
Congreso, se rechaza por 129 votos a favor, 176 en contra y 27
abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 2725)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre licitaciones de
obras públicas por parte de la Administración Central del Estado y sus
Organismos Autónomos (Página 2725)
Para la defensa de la proposición no de ley interviene el señor Soriano
Benítez de Lugo, en nombre del Grupo Popular. Expone que el motivo de
presentar esta proposición no de ley es que en las licitaciones de obras
públicas, y en general en toda clase de licitaciones, se vienen
ocasionando graves problemas a las empresas que no tienen su domicilio en
Madrid, al tener que trasladar a su personal para analizar la
documentación. Esta situación ha ocasionado gravísimos perjuicios a las
empresas de las Islas Canarias, viéndose obligadas en muchos casos a no
participar en esas licitaciones. Se pretende con su proposición acercar
de verdad la Administración a los ciudadanos, poniendo a disposición de
los empresarios interesados en las licitaciones toda la documentación en
las provincias o en los lugares donde estén radicadas las empresas o
donde vayan a realizarse las obras. Considera que la adopción de medidas
para evitar la citada discriminación supondría la realización del
principio de solidaridad entre las naciones y regiones que consagra la
Constitución en su artículo 2.º y, en especial, en su artículo 138, que
establece que el Estado deberá velar por un adecuado y justo equilibrio
entre las diversas partes del territorio nacional, así como de los
principios de igualdad y no discriminación a que deben ajustarse los
contratos administrativos, tal y como establece el artículo 11 de la ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y los principios de
descentralización, desconcentración y servicio a los ciudadanos, que
propugna el artículo 3.º de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
A continuación pasa a comentar las enmiendas presentadas por los grupos
Socialista, Izquierda Unida y Convergència i Unió, anunciando que
admitirán la enmienda del Grupo Catalán, que coincide con el punto
primero de la enmienda del Grupo Socialista, y que no van a aceptar la
enmienda del Grupo de Izquierda Unida ni el punto segundo de la enmienda
del Grupo Socialista, por considerar
que no resulta conveniente circunscribir a las delegaciones del Gobierno
los lugares en los que se habrá de entregar a los interesados la
documentación de esas licitaciones.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV).
A efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el
señor Soriano Benítez de Lugo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre licitaciones de obras públicas por parte de la
Administración Central del Estado y sus organismos autónomos en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre mantenimiento de la presencia
del Estado en el Consejo de Administración de Telefónica de España, S. A.
(Página 2732)
Interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez
Rubalcaba para defender una proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a mantener la presencia del Estado en el consejo de
administración de Telefónica, de conformidad con lo establecido en la
cláusula séptima, apartado 5, del contrato suscrito el 26 de diciembre de
1991 entre la Administración del Estado y Telefónica de España, S. A.
Comienza expresando su deseo de poder debatir hoy la proposición no de
ley que presentaron hace dos meses, antes de que comenzara el proceso de
enajenación de las participaciones que el sector público conserva todavía
hoy en Telefónica. Le hubiera gustado poder defender en esta Cámara que
el Estado mantuviera, al menos, un 5 por ciento de su participación en el
capital de Telefónica, al igual que han hecho la práctica totalidad de
los países de la Unión Europea, con el fin de que el Estado pudiera estar
presente en el consejo de administración de la futura Telefónica y
defender allí los intereses generales que, sin duda, están en juego en el
desarrollo estratégico de una empresa tan importante en un sector clave
para nuestra economía como es el de las telecomunicaciones.
Recuerda los argumentos que dio su grupo en la reunión de la Diputación
Permanente sobre la importancia del proceso de privatización que hoy se
está llevando a cabo y la solicitud de comparecencia de los ministros de
Economía y Hacienda y de Fomento, que no salió adelante, siendo aquél el
momento oportuno, puesto que después sería demasiado tarde. Considera que
el tiempo les ha dado la razón y hoy no se puede discutir si es
pertinente o no que el Estado se quede con un porcentaje de sus acciones
en Telefónica para poder participar en el futuro en el desarrollo
estratégico de la compañía, ni tan siquiera se puede discutir si es
pertinente modificar el real decreto de autorización administrativa
previa a Telefónica de España y a una compañía filial, Telefónicas
Móviles, decreto por el cual se garantizaban, según el Gobierno, los
intereses generales de todos los españoles en el futuro de Telefónica.
Se refiere a continuación a algunos extremos del decreto que debían
perfilarse y a algunas incorporaciones que debían realizarse para
garantizar mejor los intereses generales de los españoles en el futuro de
Telefónica. En todo caso, el decreto les parece una vía insuficiente para
garantizar dichos intereses porque, en el futuro, se van a tomar
decisiones en la Compañía Telefónica que afectarán al desarrollo
económico, al desarrollo de las telecomunicaciones, al equilibrio
interterritorial, decisiones todas que no se podrán tomar atendiendo
adecuadamente los intereses generales de los españoles si no hay alguien
dentro del consejo de administración que las defienda. Se trata, en
última instancia, de estar presente en el sitio donde se toman las
decisiones.
Por otra parte, considera que todavía es posible que el Estado mantenga
su presencia en el Consejo de Administración de Telefónica en virtud del
apartado 5 de la cláusula séptima del vigente acuerdo de la
Administración con Telefónica, donde se dice que el Gobierno podrá
mantener hasta un máximo de cinco miembros del consejo de administración
de Telefónica, adicionales a los que, de acuerdo con los estatutos,
corresponda nombrar a la junta general de accionistas, siempre y cuando
una disposición legal prevea esta posibilidad. Considera que esta
disposición legal existía en la Ley de Telecomunicaciones, concretamente
en su artículo 15.4, aunque es cierto que éste ha sido derogado por el
Real Decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones, pero
habiéndose firmado el contrato entre Telefónica y el Estado estando en
vigor dicho artículo, cabe sin duda sustentar jurídicamente que el Estado
tiene
todavía la posibilidad de utilizarlo. Anuncia que el Grupo Socialista
mantiene una enmienda viva en la Ley de Liberalización de las
Telecomunicaciones para reponer el artículo 15.4 de la Ley de
Telecomunicaciones, por lo que, de aprobarse esta proposición no de ley,
la Cámara podría reponer la vigencia de este artículo, con lo que no
quedaría ninguna duda de la viabilidad jurídica de la propuesta que
contiene la proposición no de ley.
Expone a continuación algunas contradicciones como la de que entren en el
capital de Telefónica compañías europeas, por ejemplo Deustche Telekom o
France Telecom, que tienen mayoría del Gobierno, por lo que se daría la
paradoja de que los gobiernos alemán o francés tendrían más capacidad de
decisión sobre el futuro de la Compañía Telefónica de España que la que
tendrá el Gobierno español. Añade que, aunque es cierto que estos países
están en proceso de privatización de sus compañías telefónicas, no es
menos cierto que, en la gran mayoría de ellos, los gobiernos han
anunciado su voluntad de no salir de las compañías definitivamente,
siendo en el caso de Francia el propio Parlamento el que ha garantizado
mediante una ley que el Estado francés seguirá siendo mayoritario en su
compañía telefónica.
Considera que votando a favor de esta proposición no de ley se habrá
adoptado una decisión prudente, en línea con la adoptada por todos los
países de Europa, coherente con las incertidumbres que se plantean en un
sector como el de las telecomunicaciones y plenamente responsable de la
defensa de los intereses generales de los españoles.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora Mato Adrover, del Grupo Popular.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda planteada por el Grupo
Mixto, interviene el señor Pérez Rubalcaba.
Sometida a votación la proposición no del ley del Grupo Socialista del
Congreso, se rechaza por 149 votos a favor, 171 en contra y dos
abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión y con ella el período de sesiones.
Antes de pasar a desarrollar el orden del día, vamos a proceder a la toma
de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de dos nuevos
señores Diputados, que sustituyen al señor López-Amor García y al señor
Martín Villa.
Don Ismael Bardisa Jordá, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor BARDISA JORDA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, don Ismael Bardisa Jordá ha
adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido y enhorabuena.
(Aplausos.)
Don José Francisco Herrera Antonaya, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor HERRERA ANTONAYA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Ha adquirido la condición
plena de Diputado don José Francisco Herrera Antonaya. Bienvenido también
y enhorabuena. (Aplausos.)
--DECLARACION INSTITUCIONAL CONDENANDO LOS ULTIMOS ATENTADOS TERRORISTAS
(Número de expediente 140/000013)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de comenzar el desarrollo del debate
sobre el punto primero del orden del día, la Presidencia, tras
consultarlo con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, desea
someter al Pleno la siguiente declaración institucional:
«El Pleno del Congreso de los Diputados expresa su más rotunda condena a
los atentados que han causado la muerte de don Rafael Martínez Emperador,
de don Domingo Puente Marín y de don Francisco Arratibel y que han
producido varios heridos y hace llegar a los familiares y compañeros de
las víctimas su condolencia y solidaridad. Respalda la acción del
Gobierno, del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad del Estado en
la lucha contra el terrorismo y reafirma su voluntad de mantener la
unidad de las fuerzas democráticas en torno a los acuerdos de Ajuria Enea
y de Madrid para la normalización y pacificación, como vías para
erradicar de nuestra sociedad la violencia terrorista. Reafirma el
compromiso con el Estado democrático
de Derecho y el principio de legalidad en la lucha contra el terrorismo.»
¿Aprueba el Pleno la declaración? (Asentimiento.)
Gracias, señorías. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:
--DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, PARA EL DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL
ARTICULO 62 DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DEL ESTATUTO DE
AUTONOMIA DE CANARIAS (Número de expediente 125/000005)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de ley de
comunidades autónomas. Proposición de ley del Parlamento de Canarias,
para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra, en primer lugar, doña
Ana María Oramas González-Moro, del Grupo de Coalición Canaria.
La señora ORAMAS GONZALEZ-MORO: Señor Presidente, señores Diputados,
tengo el honor de comparecer ante esta Cámara en el día de hoy, conforme
al derecho que la Constitución española en su artículo 87.2 reconoce a
los Parlamentos autonómicos de presentar directamente proposiciones de
ley ante las Cortes Generales, derecho, por otra parte, también
reconocido en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y lo
hago con doble satisfacción, como miembro y representante de un grupo
nacionalista, el de Coalición Canaria, porque el objeto de mi
intervención es defender un incremento de nuestra capacidad de
autogobierno, mediante el desarrollo de un derecho que también nos
reconoce nuestro estatuto, pero cuyo ejercicio, debido a la incomprensión
de algunos y a la negligencia de otros, no se nos ha permitido, y ello
pese a las reiteradas peticiones de las diferentes fuerzas políticas de
nuestra nacionalidad. Ya sé que no es esta una demanda únicamente de
Canarias, pero, como intentaré explicar en la breve intervención que me
permite el Reglamento, difícilmente haya quizás otra nacionalidad o
región de España en la que el ejercicio de este derecho tenga tanta
repercusión en el bienestar de su población, y cito textualmente el
apartado 2 del artículo 63 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que
dice: En los términos y número que establezca la legislación general del
Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias propondrá las personas que
hayan de formar parte de los órganos de administración de aquellas
empresas públicas de titularidad estatal implantadas en Canarias que
dicha legislación determine. La comunidad autónoma podrá elaborar y
remitir al Gobierno cualesquiera informe, estudio o propuesta relativos a
la gestión de dichas empresas o a su incidencia en la socioeconomía de la
región. Dichos informes, estudios o propuestas darán lugar a la
resolución motivada del Gobierno o de los organismos o entidades
titulares de la participación en la empresa.
También, como ustedes sabrán, según la reciente reforma de nuestro
Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene
competencias exclusivas sobre el transporte marítimo que se lleva a cabo
exclusivamente entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, así como
en las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía,
de acuerdo con las bases de régimen minero y energético. Estoy
convencida, señorías, de que en la actual tesitura económica, cuando
soplan vientos de nuevo liberalismo desde todos los puntos cardinales y
cuando la consigna es privatizar y privatizar, hablar de empresas
públicas y de su gestión puede sonar a anacronismo e incluso a herejía,
pero, señorías, incluso en el caso en que ése fuera el camino que se
siguiera en el futuro con las empresas canarias, los canarios queremos
participar y contribuir a controlar ese proceso. Estamos hablando de
empresas tales como Unelco, que monopoliza el suministro de energía
eléctrica en nuestra tierra; de Iberia, fundamental en las comunicaciones
aéreas exteriores del Archipiélago; de Binter Canarias, única compañía
aérea que realiza vuelos interinsulares en nuestro Archipiélago; de
Trasmediterránea, vital para nuestras comunicaciones marítimas internas y
externas. Me pregunto si sensatamente alguien puede pensar que la
comunidad autónoma pueda ejercer, por ejemplo, la competencia que le
reconoce el estatuto de ordenación y planificación de la actividad
económica regional sin participar en las decisiones que se tomen en las
políticas de transporte, de comunicaciones o energéticas, como sucede
actualmente. Si esto puede predicarse de cualquier zona del territorio
del Estado español, piensen, señorías, lo que significa para un
Archipiélago fragmentado y separado de la parte continental en más de
2.000 kilómetros. Para las islas las líneas marítimas y aéreas son las
arterias que mantienen viva la actividad económica, tanto más en una
economía como la canaria totalmente dependiente del exterior, incluso
para suministros esenciales. ¿Y la energía? En nuestras islas quiere
decir también el agua que extraemos de las profundidades de nuestro suelo
o del Atlántico que nos circunda, potabilizándola con un alto coste
energético. ¿Puede extrañar a alguna de SS. SS. que los canarios queramos
participar en las decisiones de empresas públicas que condicionan en gran
manera nuestro bienestar? A título de ejemplo, sólo Unelco, empresa de
titularidad de Endesa, representa el 2,10 por ciento del PIB canario, el
1,84 por ciento de los salarios pagados en nuestra comunidad y el 1,45
por ciento del total del empleo de Canarias,
7.695 puestos de trabajo. Pero si importantes son esas cifras, téngase en
cuenta que es la única empresa que suministra electricidad en Canarias,
la que gestiona las grandes plantas desaladoras de agua del mar o la que
suministra la totalidad del agua potable al área metropolitana de Las
Palmas de Gran Canaria.
¿Y qué es lo que pide nuestra proposición de ley cuya toma en
consideración por SS. SS. solicitamos? De un modo muy sucinto, voy a
señalar dos puntos esenciales. Primero, el derecho de la comunidad
autónoma a designar dos representantes en los consejos de administración
u órganos de dirección de los organismos económicos, instituciones
financieras y empresas públicas de titularidad estatal que presten sus
servicios prioritariamente en Canarias, y uno en aquellas que operando en
la comunidad autónoma, extiendan también su actividad al resto del
Estado. Segundo: La vinculación de la actividad de esas empresas a las
políticas de ordenación económica y social de la comunidad autónoma,
creando una comisión mixta de seguimiento, de carácter técnico, que
deberá ser oída previamente a la aprobación de programas y planes de
actuación en los servicios que prestan las empresas afectadas, en el
ámbito del Archipiélago y con el exterior.
Señorías, he agotado mi tiempo y sólo me queda solicitar, una vez más, su
apoyo a esta iniciativa, que emana de los legítimos representantes de
nuestro pueblo en el Parlamento de Canarias. Estoy segura de que SS. SS.
mejorarán nuestro texto, manteniendo los principios que lo informan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene ahora la palabra don Javier Sánchez-Simón Muñoz, del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor SANCHEZ-SIMON MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, acudo a esta
Cámara, igual que lo ha hecho mi predecesora en esta tribuna, para
defender y sostener una iniciativa legislativa formulada por el
Parlamento autonómico, en el uso de la facultad que constitucionalmente
está reconocida con el fin de que los Parlamentos autonómicos puedan
efectuar proposiciones legislativas, y solicitar que sea sometida a
consideración por parte del Pleno de esta Cámara.
Esta proposición de ley desarrolla --en la actual redacción-- el artículo
63, apartado 2, del Estatuto de Autonomía de Canarias y establece, en
primer lugar, la posibilidad de que la comunidad autónoma, en los
términos y con el número que establezca una ley general, designe a los
miembros que la representen en los órganos de administración de aquellas
empresas públicas que estén directamente relacionadas con la comunidad
autónoma y que dicha ley general establezca. Este precepto hay que
ponerlo en relación con el apartado 1 del artículo 63 del mismo Estatuto
de Autonomía, que faculta a la Comunidad Autónoma de Canarias para que
pueda establecer un sector público empresarial en su ámbito y con
carácter autónomo. Podemos considerar este segundo apartado como un
complemento en orden a la relación y a la coordinación que debe tener el
sector público empresarial en el ámbito del Estado español. Se trata, en
definitiva, de que las empresas públicas de titularidad estatal que
tengan especial incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias puedan
hacer efectivos los principios en que se debe basar el sector público
empresarial: eficacia, eficiencia, subsidiariedad y, por último,
coordinación. Se trata de una fórmula de coordinación a través del órgano
de la administración de dichas empresas públicas, de una fórmula para que
la Comunidad Autónoma de Canarias pueda hacer efectivo ese principio
recogido en el Estatuto de Autonomía sobre el que durante mucho tiempo
--desde el año 1982, que es la fecha en que se promulgó el Estatuto de
Autonomía-- no se ha practicado ninguna regulación. Ahora --y entiendo
que en el ejercicio de una política de Estado para Canarias-- es posible
efectuar dicha regulación, en primer lugar, mediante la toma en
consideración de esta proposición legislativa.
Por otra parte, entiendo que esta proposición legislativa adolece de
ciertos elementos y que es posible su mejora y su adaptación; nace en un
momento en que la comunidad autónoma parte de unos principios políticos y
sociales, fundamentalmente en su relación con la Unión Europea, que han
ido modificándose, actualmente con importantes modificaciones. Políticas
de privatizaciones dentro de las empresas públicas y, por otra parte, la
integración de Canarias dentro de la Unión Europea, y también la
previsible consideración y el otorgamiento de estatuto permanente, hacen
necesario adaptaciones al texto que ahora se propone.
Entiendo, señorías, que se trata de un texto que supone un reconocimiento
de una filosofía de coordinación en el ámbito del sector público
empresarial y que la toma en consideración del mismo supone un paso hacia
adelante de esa política de Estado hacia Canarias.
Finalmente, se trata de un texto que puede ser modificado y enriquecido
en el debate posterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez-Simón.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo para
fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria frente a
este
iniciativa que nos trae hoy el Parlamento de Canarias, y aprovecho para
saludar a sus representantes que vienen a defender esta iniciativa, tanto
el Diputado del Grupo Popular como la Diputada de Coalición Canaria.
Brevemente quisiera llevar a la consideración de las señoras y señores
Diputados la idea de por qué en un artículo del Estatuto de Autonomía de
Canarias, el artículo 62, que en el proceso actual de la reforma que
acabamos de terminar hace unos meses es el 63, los canarios hemos tenido
la preocupación de plantear el problema de la presencia de Canarias en
las empresas públicas que actúan en Canarias, y otras que pudieran tener
efectos de carácter estratégico sobre la sociedad canaria.
La cuestión a reflexionar es que Canarias está en un espacio económico y
en un espacio geográfico muy diferenciado que plantea, por ejemplo,
cuestiones en una empresa de energía de carácter de monopolio que actúa
prácticamente en Canarias, la empresa Unelco. Tenemos que considerar que
Canarias está fuera del sistema integrado eléctrico del Estado español,
recogido perfectamente en la Losen (Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional), de forma que establece muy claramente que a Canarias
se la considera como un sistema no integrado extrapeninsular y de
carácter insular que, a la hora de actuar empresas como Iberia, en
Canarias, tiene que crear una empresa filial cuyo radio de actuación es
exclusivamente, como en el caso de Binter, el archipiélago canario, y así
sucesivamente, porque --repito-- está en un espacio territorial que no es
el peninsular ni el de las islas adyacentes sino en el de las islas
ultraperiféricas de las islas archipielágicas atlánticas, que es el
archipiélago canario.
Esto conduce a que a la hora de definir cuáles son los intereses
estratégicos de Canarias en esta actuación de las empresas públicas debe
tenerse en cuenta este carácter insular y extrapeninsular del
archipiélago canario. El artículo 62 del estatuto --actualmente 63--
preveía esa posibilidad y estaba pendiente de que, a través de una ley
del Estado, se estableciera la presencia de las comunidades autónomas en
empresas de estas características. Como la legislación del Estado no se
ha podido desarrollar --en cualquier caso esperamos que se haga a favor
de los intereses de todas las comunidades autónomas-- los canarios han
tomado la iniciativa, que ha sido aprobada por una amplia mayoría del
Parlamento autonómico, para desarrollar esta disposición del estatuto. Yo
creo que es particularmente importante esta cuestión, puesto que estamos
en 1997 tomando decisiones --que es lo que se llama la estrategia del
plan de privatizaciones del Gobierno-- que van a afectar a Endesa-Unelco
por un lado, a Trasmediterránea --empresa de transporte marítimo muy
importante a efectos de Canarias por razones que a nadie se les escapan--
y a Iberia-Binter.
Cuando los procesos de privatizaciones están ya prácticamente iniciados
en el caso de Telefónica --hoy lo vamos a discutir aquí-- y cuando el
debate sobre la privatización de Endesa parece que será pronto
--probablemente en el otoño de este año--, los canarios hemos tenido la
precaución de traer a este Congreso de los Diputados la reflexión de que
en unas islas alejadas tenemos que tener muchísimo cuidado para que no se
produzca una privatización de empresas estratégicas que permita un
dominio incontrolado de algunos grupos financieros que no tengan en
cuenta el interés general.
Ante ello la posición del Grupo de Coalición Canaria es, en primer lugar,
con carácter inmediato, al menos en aquellas empresas que tienen una
actuación exclusiva en el Archipiélago, la presencia de la comunidad
autónoma. Esto que estamos pidiendo ya se ha hecho prácticamente con
Sevillana de Electricidad --se ha firmado el acuerdo hace unos días--, se
ha hecho con Fecsa y se está haciendo con todas las empresas eléctricas
del Estado. Y se hace desde una filosofía nueva de las sociedades
anónimas y en la reforma de los consejos de administración, y es que es
muy importante que junto a los representantes del capital, a los
representantes de la gestión, estén los que se llaman consejeros
independientes, representantes del entorno social, que hacen que el
interés estratégico, el interés general, esté controlado, contrapesado,
por esta representación de consejeros independientes, en este caso de las
comunidades autónomas, y en el caso de Canarias por su carácter insular,
que he repetido insistentemente, alejado, y por el carácter estratégico
de estas empresas.
Nosotros entendemos que esta iniciativa, que se ha producido ya en
algunas empresas de Endesa, debería producirse ya en la comunidad
autónoma antes del proceso de privatización. Cuando Iberia está en este
momento a punto de aprobar su plan estratégico, que dice entre otras
cosas que Binter Canarias debe estar integrado aún más en el proceso de
descentralización de decisiones, deberemos tener en cuenta que ese
proceso no produzca ajustes duros en la empresa Binter, que tiene déficit
este año, que provoquen efectos negativos sobre líneas y trayectos que en
el archipiélago canario son declarados de interés general y que son
imprescindibles en un archipiélago de siete islas con un nivel altísimo
de población.
Por todas estas razones, esta ley, que puede ser matizada, corregida, yo
diría que perfeccionada en el trámite posterior, necesita que el Congreso
de los Diputados revalide hoy esta iniciativa del Parlamento autonómico y
tome en cuenta, para que la podamos apoyar, la consideración del carácter
estratégico de estas empresas en Canarias y la necesidad de que la
comunidad autónoma participe, a través de socios independientes, en los
planes estratégicos de esta empresa.
Ante esto --que ya de alguna manera hemos empezado a hacer con la
dirección de Iberia en el caso de Binter o que estamos empezando a hacer
con Endesa y que otras comunidades autónomas, en el caso de Andalucía,
ya han hecho con Sevillana de Electricidad-- nosotros queremos decir hoy,
y se ha entendido con un cierto tono de advertencia, que para los
canarios, por tanto para Coalición Canaria, es un asunto trascendental, y
que no vamos a permitir en ningún caso que los intereses estratégicos del
Archipiélago puedan quedar incontrolados por los intereses generales del
Archipiélago, que no aparezcan controlados por la comunidad autónoma o
por la representación de los intereses generales del Archipiélago y sólo
por grupos financieros que hagan un núcleo duro de estas empresas, sin el
contrapeso de los socios independientes representantes del entorno
social, lo cual sería para nosotros absolutamente inaceptable. Digo esto
sin más ánimos que dejar sentado lo que es un criterio político, que
tiene una importancia de carácter definitivo para la concepción de
autogobierno que entendemos los canarios para la comunidad autónoma. Como
el artículo 62 --actualmente 63 en la reforma del estatuto-- nadie lo ha
modificado en la reciente reforma del estatuto de autonomía, y ha sido
aprobado por unanimidad en este Congreso de los Diputados, entendemos que
en su espíritu es respaldado por este Congreso.
Para terminar quisiera expresar mi agradecimiento a los grupos que van a
votar a favor, en particular al Grupo Popular, al Grupo Vasco y al Grupo
Catalán, que ya nos han expresado el apoyo a esta iniciativa que, repito,
es una iniciativa del Parlamento de Canarias, es una iniciativa de la
representación de la soberanía popular del pueblo canario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: El Grupo Vasco saluda y apoya la iniciativa
del Parlamento canario ya que llenar de contenido las competencias
estatutarias es una constante en su actuación en esta Cámara. La concreta
materia a la que se refiere, la participación de las comunidades
autónomas, cuyos estatutos así lo prevean, en los órganos de gestión y
administración de las sociedades mercantiles estatales, cuya gestión
administrativa y dirección de negocios radiquen en su ámbito territorial,
ha sido defendida por el grupo al que represento en numerosas ocasiones,
en distintos foros y ante esta Cámara. La última de ellas, muy
recientemente, en el procedimiento de elaboración de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado con
la presentación de enmiendas en este sentido, semejantes a las
presentadas por otros grupos como el Grupo Catalán que, aunque no fueron
aprobadas, sin embargo hemos reproducido en el trámite correspondiente en
el Senado.
La previsión a la que hace referencia la proposición de ley canaria se
encuentra, con distinto nivel de asunción competencial, en 13 de los 17
estatutos. Ello nos lleva a pensar que la pretensión debiera
generalizarse. Además, la cuestión ha sido tratada en diversas ocasiones
por el Tribunal Constitucional, la última de ellas, salvo error, en la
sentencia 118/1996, de 26 de junio, que resolvía cinco recursos de
inconstitucionalidad en materia de transporte, cuyo fundamento jurídico
número 48 concluye que es competencia estatal regular la gestión de estas
sociedades, lo que obviamente debería hacerse respetando las asunciones
competenciales de cada estatuto.
Ante la falta de iniciativa desde las instituciones del Estado, bien está
la utilización de la vía que ha emprendido el Parlamento canario, cuya
regulación, creemos, debe hacerse extensiva a todos los casos de asunción
competencial en esta materia, y así lo intentaremos en el trámite de
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley que nos viene del Parlamento de
Canarias, cuyo objeto es el desarrollo de las previsiones del artículo 62
de su estatuto de autonomía. Lo va a hacer motivado, primero, por una
larguísima tradición de nuestro grupo parlamentario que consiste en
apoyar aquellas iniciativas que nacen, además de una manera consensuada,
con una mayoría holgada en los parlamentos autonómicos y que, haciendo
uso de sus previsiones y de cuanto contempla la Constitución en materia
de impulso legislativo, nos traen aquí una proposición de ley. Por tanto,
el primer motivo es porque no queremos romper de ninguna de las maneras
esa larguísima tradición de nuestro grupo parlamentario de apoyar en este
caso una reforma estatutaria, como quizá en su día pidamos, también, la
ayuda y la colaboración de otros grupos parlamentarios para reformar
nuestro propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El segundo motivo por el que vamos a apoyar esta iniciativa es por su
contenido porque, ciertamente, creemos que se trata de un ajuste técnico,
obviamente con contenido político, porque entre el «propondrá», que es
algo indefinido, y el «designar», es obvio que hay contenido político,
pero es que, además, mayor es la obviedad de la concreción. Todo lo que
no esté concretado en un estatuto de autonomía sirve para ser
interpretado de acuerdo con las coyunturas políticas en España, en este
caso no en Canarias, o en nuestro caso en Cataluña. Y como de eso sabemos
bastante en nuestro grupo parlamentario, nos parece absolutamente
oportuno este ajuste técnico político que se hace en el artículo 62 del
Estatuto de Autonomía de Canarias,
que viene propuesto ni más ni menos que por su Parlamento con un gran
apoyo aritmético detrás.
En tercer lugar, porque compartimos totalmente la filosofía que subyace
en este cambio de redacción, pero de contenido político. Compartimos
totalmente la filosofía porque en otros estatutos de autonomía como por
ejemplo en el nuestro, también se contempla pero no se practica. Nuestro
grupo parlamentario, a través de enmiendas a la Lofage, ahora en el
Senado, presenta también una reivindicación en esta misma línea que hoy
nos trae a discusión el Parlamento de Canarias. Además, hay una
resolución del Pleno del Congreso de los Diputados, de 5 de julio de
1995, sobre la política del sector público empresarial, donde ya se
instaba al Gobierno a garantizar la participación de las comunidades
autónomas en la gestión de las empresas públicas, siempre que las mismas
realicen su actividad principal en el territorio de esas comunidades
autónomas.
Por esos tres motivos, señor Presidente, vamos a apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Canarias, con
la voluntad política y con la razón, también política, de ver si el
Parlamento de Canarias se sale con la suya y su autonomía tiene
garantizado algo que la nuestra lo tiene en su texto, pero no en su
práctica diaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar
argumentar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que no sólo en el contenido de la
proposición que ahora viene aquí --es verdad que ya lleva dos años
presentada en estas Cortes-- sino en lo que es la estructuración del
Estado, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña, ha venido planteando en la discusión de todos los estatutos de
autonomía que han pasado por la Cámara. Incluso en el de Canarias, en la
última discusión que hemos tenido hace poco, Izquierda Unida presentaba
una enmienda en la que proponía adicionar un artículo nuevo para que
correspondiera a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia
exclusiva en las siguientes materias: H). Desarrollo y ejecución de
planes industriales, programas genéricos para la región estimuladores de
la gestión de actividades productivas y la participación en el sector
público estatal.
Hay comunidades autónomas --lo ha dicho antes el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió-- que lo tienen recogido en sus estatutos de manera
muy diversa. El estatuto de la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene
recogido en el artículo 12.7 la participación del sector público estatal
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Pero hay comunidades
como la asturiana que en su artículo 19 regula la participación del
Principado de Asturias en la legislación general en los órganos de
administración de las empresas públicas, e incluso la disposición
transitoria regula que habrá tres miembros en cada uno de los consejos de
administración de las empresas de Hunosa y Ensidesa. Especifica incluso
el número dentro del estatuto de autonomía de Asturias.
Pues bien, todas y cada una de las comunidades tienen artículos referidos
al mismo sistema. ¿Cómo es posible plantearse hoy la discusión para una
comunidad autónoma y no para el conjunto de la estructura del Estado?
Fíjense SS. SS. que el razonamiento que se hace es para empresas de tanta
importancia para Canarias como Iberia, Binter, RTVE, Sondica, INI,
Trasmediterránea, Unelco, Endesa, etcétera. ¿Pero no es también para
Baleares? ¿No es también para otras comunidades autónomas? ¿Cómo es
posible que nos planteemos, sin que haya un marco general, la discusión
de la participación de las comunidades autónomas?
Podemos --eso sí-- aprobar hoy aquí, decir que le vamos a dar el visto
bueno a un texto que no tendrá vigencia hasta que no haya una ley general
del Estado que regule cómo participan las comunidades autónomas en las
empresas públicas de carácter estatal que tienen presencia importante en
cada comunidad autónoma. Si eso no se hace, va a ser difícil verlo hecho
realidad. Decía el portavoz del Grupo de Convergència i Unió que en su
estatuto de autonomía está desde el año 1980, pero que no lo han visto
hecho realidad todavía. Podemos encontrarnos también con esa misma
situación. Yo no quiero entrar en el problema mecánico, porque esta
proposición está presentada... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ríos, por favor.
Señorías, ruego a los Diputados que se encuentran en las últimas filas
del hemiciclo, en el último pasillo, o en la proximidad de las puertas de
salida, que abandonen el hemiciclo o regresen a su escaño en silencio,
por favor. Gracias. Puede continuar, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición está presentada antes de haber reformado el estatuto de
autonomía. Hace referencia a la ley orgánica del año 1982 y al artículo
62. Hoy ya no existe el artículo 62 con ese texto. El texto que se aprobó
y está publicado dice: Artículo tercero. El artículo 62 pasa a ser
artículo 63 (lo que aprobamos acá). Por tanto, ese artículo 62 no
enmendado ya no es el 62, es el 63. Pero en todo caso, yo no voy a crear
un problema mecánico en el tiempo de la presentación. Lo que
no veo lógico, señorías, es que actuemos puntual y separadamente de la
ordenación que hacemos para todas las realidades, sea cual sea la
estructura que podamos tener. Yo estoy de acuerdo en la participación en
las empresas públicas de las comunidades autónomas, y no como propone
aquí el artículo 2, a): Dos representantes para aquellas empresas cuya
actuación mercantil o prestación de servicios se desarrolle
prioritariamente. Eso de prioritariamente es muy complejo, porque lo
tiene que marcar la propia empresa, es decir, si la prioridad hoy de
Tabacalera es Canarias o mañana es Extremadura, o si la prioridad hoy de
una empresa es un lado o es otro. No me refiero a esta redacción que hay
acá; debe participarse cuando hay una presencia en el porcentaje que sea
en una comunidad autónoma. El ejemplo de Hunosa y Asturias es candente.
Si está discutiéndose la reconversión del plan del carbón y de la
minería, no es posible hacerlo sin la participación de la Comunidad
Autónoma de Asturias. Pues bien, hoy no tiene participación dentro de la
empresa de Hunosa, regulado por una ley igual que ésta. (El señor
Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia, Alvarez-Cascos
Fernández: El estatuto.) No, perdón. El estatuto sí, pero no está
desarrollado en una ley que lo recoja. En todo caso, señor
Vicepresidente, me puede hacer llegar el texto de la ley que recoge esa
regulación, porque no vaya a ser... (El señor Vicepresidente Primero y
Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández): El estatuto.) Es
que el estatuto ya está aquí también. Ya lo tenemos aprobado, señor
Vicepresidente. Lo que no tenemos es esta ley que se propone solamente
para Canarias. La verdad es que es diferente verlo desde una perspectiva
de Gobierno: para qué se va a organizar para todo el Estado y para todas
las comunidades, vamos a hacerlo solamente para las que están aquí y para
las que no están allá. A lo mejor ese criterio es el que debe imponerse,
es un criterio que usted puede tener, pero con toda cordialidad le digo
que yo no comparto, entre otras cosas porque creemos que debe estar en
toda la concepción de organizar el Estado y en toda la concepción de
organizar el sector público, que debe funcionar sea hoy en Canarias, sea
mañana en Baleares, sea pasado en Asturias, en Murcia, o en Madrid.
En suma, señorías, lo que estoy intentando decir es que lo que deberíamos
utilizar es el trámite de la participación, como existe en las
Comunidades Europeas. Hay una regulación legal que da un marco global
para la participación de las comunidades autónomas en los asuntos
europeos, y acabamos de elaborar --va a volver aquí, a este Congreso,
después de ser enmendado en el Senado-- una ley de marco general, y
después una ley específica. Nos parece muy bien, pero a nosotros nos
parece que o se regula esta ley de carácter general para todas las
comunidades --que puede utilizarse una iniciativa de un parlamento que
sirve para todos-- o si no estaremos planteándonos que en unos casos sí y
en otros casos no. Eso me parece que es una vieja discusión que no sería
buena, y es que el que no tiene padrino no se le bautiza, y ese ejemplo
es malo para la política y muy malo para la economía, desde la óptica que
tiene Izquierda Unida.
En todo caso, nosotros no nos vamos a oponer a la tramitación de esta
iniciativa; estamos en la toma en consideración. En la discusión del
trámite parlamentario ya veremos lo que ocurre, pero como no es hija de
nuestro consenso, tampoco la vamos a votar a favor hoy.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, representantes del Parlamento canario bienvenidos a esta
Cámara.
Como planteaban SS. SS., la proposición de ley que estamos debatiendo
pretende dar cumplimiento a lo que es ahora, como bien decía el portavoz
de Izquierda Unida, el artículo 63.2 del Estatuto de Autonomía de
Canarias. La primera objeción que probablemente hay que poner a esta toma
en consideración es que la propia proposición de ley no desarrolla el
artículo 63.2 del estatuto de Canarias --quizás quien mejor lo ha
expresado en ese sentido ha sido el portavoz de Coalición Canaria-- por
cuanto estamos ante una proposición ad hoc única y exclusivamente para
Canarias, una proposición particular para regular de una determinada
manera la participación de la comunidad autónoma en las empresas
públicas; va más allá incluso de las propias empresas públicas --habla de
instituciones financieras y otro tipo de organismos-- y, por tanto, en el
sentido de que no desarrolla el artículo 63.2, por cuanto éste lo que
establece, como bien decía algún portavoz que me ha precedido en el uso
de la palabra, es el mecanismo de participación de la Comunidad Autónoma
de Canarias, de las personas que proponga, en el marco de una ley
general, nosotros no estamos de acuerdo con esa visión.
Incluso la propia proposición de ley tiene una serie de elementos, sin
entrar en ellos porque no los consideramos sustanciales desde el punto de
vista técnico-jurídico, que no parecen adecuados o son, en definitiva,
bastante deficientes. Quizá la excesiva pretensión de seguir nombrando al
régimen económico y fiscal para cuantas cosas se consideran oportunas
probablemente no sea buena para éste.
Nosotros, el Partido Socialista Canario, no la apoyamos en el debate del
Parlamento canario, donde nos abstuvimos, y ahora tampoco vamos a votar
favorablemente, aunque nuestra postura no va a ser estar en contra de su
toma en consideración. Ahora bien, lo
que hay que señalar es que hay una realidad y que el Gobierno debe
regularla, y la manera de hacerlo eficazmente no es otra que establecer
una ley general que permita la participación de las comunidades autónomas
en esta materia, de todas las comunidades autónomas.
Hasta ahora se está produciendo un fenómeno con el nuevo Gobierno, que
sin la existencia de esa norma legal se está produciendo un tratamiento
desigual, en el sentido de más favorable, para aquellas comunidades
autónomas que han suscrito el pacto de gobernabilidad con el actual
Gobierno, en cuanto se les ha permitido tener algunos representantes en
determinados entes y en determinadas empresas públicas. La propia
Comunidad Autónoma de Canarias viene disfrutando de ese régimen de favor,
aunque probablemente en menor medida que otros socios del pacto de
gobierno.
Lo singular ha sido que a pesar de esa circunstancia se ha producido
algún que otro hecho que hasta ahora no había ocurrido en el territorio
canario, como ha sido la reciente y considerable subida de las tarifas de
Binter --y pongo ese ejemplo por la especial atención que han puesto los
distintos intervinientes con relación a esta empresa-- sin que el
Gobierno de Canarias tuviera el más mínimo conocimiento de ningún tipo. Y
ese es un hecho quizá paradójico, por cuanto quienes vienen trayendo a
esta Cámara esta proposición de ley son tanto el Grupo de Coalición
Canaria como el Grupo Parlamentario Popular, vía Parlamento canario.
Hablando quizá de estas contradicciones o paradojas... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trujillo.
Señorías, incluidas SS. SS. los ministros o ministras, guarden silencio
por favor.
Adelante, señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Sería bueno recordar --y probablemente por
contextualizar algo lo que es el debate de esta proposición de ley y
refrescar la memoria de SS. SS. ya que estamos en el Pleno-- que hace
escasamente tres meses se debatieron dos iniciativas importantes en esta
materia en esta Cámara, básicamente en Comisión: una fue la fijación de
las líneas de interés social de débil tráfico y los mecanismos públicos
de apoyo en el transporte aéreo y otra fue la necesidad de mantener una
determinada presencia del sector público en empresas estratégicas, y en
concreto me refiero al caso, tan reiterado aquí sorprendentemente por
muchos intervinientes, de Unelco.
En ambos casos, tanto el Grupo Parlamentario Popular como el de Coalición
Canaria votaron en contra. No deja de ser extraordinariamente llamativo.
Me van a permitir, con mucha brevedad, que les lea un párrafo de la
exposición de motivos de esta proposición de ley, pero podríamos recurrir
a cualquiera de las afirmaciones que han hecho algunos de los
intervinientes esta tarde aquí con relación a esta materia, que puede ser
extraordinariamente ilustrativo. Dice así: «Se trata de empresas que por
su peso específico y carácter estratégico en la economía canaria bloquean
o condicionan, con sus decisiones, la propia capacidad competencial de la
Comunidad Autónoma y el cumplimiento de sus cometidos constitucionales y
estatutarios.» ¿Es que acaso consideran los responsables de ambos grupos
parlamentarios y del propio Gobierno de Canarias que en un escenario de
privatización --porque el ejemplo que sigue a continuación de este
párrafo es Unelco-- se tendrá mayor capacidad de éstas que se dice que se
limitan al día de hoy? Francamente ustedes tienen que resolver este tipo
de contradicciones, que en este caso no es más que un ejemplo, porque el
contexto general y el que apoya el pacto de Gobierno en estas Cortes --y
a ver si lo vamos situando-- no es otro que, por boca del Ministro de
Industria, reducir a la más mínima expresión el sector público
empresarial. Por tanto, ahí hay una contradicción importante, porque la
comunidad autónoma es Estado, y reducir a la más mínima expresión la
participación del Estado en el componente accionarial de esas empresas
públicas tienen ustedes que resolverlo. Si son estratégicas, si generan
en algunos casos monopolio, si pueden condicionar hasta el autogobierno
--por coger algunas de las palabras de los representantes del Parlamento
de Canarias--, ¿de verdad se cree que todo eso estará menos condicionado
si quienes lo deciden son particulares? Pues esa es la línea fundamental
que ustedes están apoyando en estas Cortes en esta legislatura. Por
tanto, como digo, bueno sería que se superara esta contradicción tan
concluyente.
Termino, señor Presidente. Como decía, la proposición de ley no se
corresponde en su literalidad a lo que es el desarrollo del actual
artículo 63.2 de nuestro estatuto de autonomía. Nosotros lo que realmente
vindicamos y pedimos es que exista un tratamiento igual para todas las
comunidades autónomas y que el Gobierno asuma la responsabilidad, que es
la suya, de establecer un marco general que posibilite la participación
en esta materia de las comunidades autónomas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, quiero
destinar mis primeras palabras a dar la bienvenida, la más afectuosa de
las bienvenidas, a los Diputados del Parlamento de Canarias que han
asumido la representación de dicha Cámara para defender la proposición de
ley de desarrollo del antiguo artículo 62 del estatuto de autonomía, hoy
63.2. Quiero que sean mis segundas palabras para intentar
analizar tanto las virtudes como, en su caso, los defectos e
inconvenientes que esta proposición de ley representa, adelantando desde
ahora el apoyo de nuestro grupo, como ya se ha manifestado, a su toma en
consideración, todo ello sin perjuicio de las enmiendas y de las mejoras
que en su caso procedan. Pero, por supuesto, no quiero seguir la pauta de
los oradores que me han precedido en el uso de la palabra que, haciendo
uso del mismo lenguaje que hubiese usado el elegante Petronio, han
dedicado todos sus dardos a descargar un vapuleo intenso contra los
defectos de fondo que esta proposición de ley puede contener. Si me
permiten y me dan la licencia de recordar que en este momento en Canarias
estamos en carnavales, casi me parecería que por unos instantes estos
Diputados que me han precedido en el uso de la palabra se transformaron
súbitamente, contra esta débil criatura que es la iniciativa que viene
del Parlamento de Canarias, en un Terminator o en un abominable hombre de
las nieves para intentar machacarla y hacer, como hacían los griegos
desde la roca Tarpeya, que tal criatura, por defectuosa, no viese la luz.
En cualquier caso, yo quiero decir claramente que tal iniciativa tiene
grandes defectos y grandes virtudes, y para analizarla --pienso que quien
no la analice y no se dé cuenta de esas grandes virtudes se puede
encontrar con el más estrepitoso de los fracasos-- vamos a empezar por
los defectos que nos proponemos enmendar, además de que sean corregidos
mediante un consenso que puede ser unánime.
En primer lugar, efectivamente el texto de la proposición de ley se
extralimita en relación al estatuto, que solamente habla de empresas
públicas, mientras que el texto de la proposición de ley, aprovechando
que el Teide está nevado, habla también de organismos económicos e
instituciones financieras. Bien. Vamos a centrarnos en el texto correcto
del estatuto. Hay que tener cuidado y hacer las correcciones que procedan
tanto en la proposición de ley como incluso mediante adicionales en otras
leyes generales del Estado. Porque, señorías, resulta afectada la Ley
General Presupuestaria, por un lado, y, por otro, los textos de las leyes
de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada. Igualmente hay que
tener en cuenta que puede haber una extralimitación en lo que se refiere
a la transformación que hace la proposición de ley respecto de lo que el
estatuto configura como una facultad de propuesta a lo que la proposición
de ley establece de manera totalmente determinante como una potestad de
designación. Es un tema que hay que aclarar y no desvirtuar la figura
jurídica ni las instituciones porque puede resultar de alguna manera
inconveniente. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) Por último, evidentemente, hay que tener en cuenta el
momento en que estamos, y me refiero, por supuesto, al momento económico.
En un proceso de privatización, algunos de los principios consagrados en
una proposición de ley de hace dos años hay que precisarlos, hay que
adaptarlos, y no dejar que choquen con un proceso que está en marcha y
que incluso se refiere a empresas públicas mencionadas expresamente en el
texto de la proposición de ley. Estos son, a mi juicio, los defectos que
deben ser objeto de enmienda.
Pero decía antes y digo ahora que hay virtudes en el texto de la ley que
no podemos rechazar, y desgraciado el que las ignore. La primera de ellas
es lanzar un mensaje al Estado y al legislador estatal. El Parlamento de
Canarias ha venido a recordarle al Estado y a nosotros que el estatuto no
es solamente la norma institucional básica de la comunidad autónoma, sino
que además es una ley orgánica del Estado y que, por tanto, es el Estado,
son las cámaras que representan al Poder Legislativo aquéllas sobre las
que pesa el deber de desarrollarla. Ni el Estado ni el Poder Legislativo
estatal pueden estar toda la vida en un permanente estado vegetativo, ni
pueden estar por supuesto toda la vida, lustro tras lustro, sin actividad
alguna. Si el Estado no toma el desafío de desarrollarla, pueden ser las
comunidades autónomas mediante sus Cámaras las que lancen el desafío, y
esto es lo que ha hecho el Parlamento de Canarias. Primera virtud, pues,
de la proposición de ley.
Segunda virtud: refrescarnos a todos la memoria sacando a colación que,
el día 27 de junio de 1994, el Gobierno socialista adquirió un deber
mediante el voto afirmativo de sus Diputados a una proposición de ley de
Convergència i Unió que fue aprobada de forma unánime por esta Cámara. Al
votar afirmativamente, el mandato parlamentario se transformó además en
deber del Gobierno. En esa proposición de ley se instaba al Gobierno --y
así éste lo asumió-- a mandar en el plazo de seis meses, creo recordar,
un informe a esta Cámara --decía la proposición de ley-- en virtud del
cual se desarrollasen, entre otros puntos, los criterios de participación
de las comunidades autónomas en aquellas empresas públicas con
implantación principal en su territorio. Este informe nunca ha llegado a
esta Cámara, ignoro qué pasó con él, y tratándose de un informe encargado
por el Gobierno socialista casi prefiero no saberlo, pero en cualquier
caso no llegó a esta Cámara. Bien. ¿Qué pasa con este asunto? El asunto
es que hay un claro incumplimiento por parte del Gobierno anterior que
perjudica lo que podía haber sido un desarrollo general y uniforme para
las diecisiete comunidades autónomas y de alguna manera imposibilita que
dicho informe se plasme en un planteamiento generalizado, solidario y
global.
No obstante --y aquí viene la tercera virtud de la proposición de ley
emanada del Parlamento de Canarias--, también nos encontramos con que a
falta de ese informe, con que por ese incumplimiento de un gobierno
anterior, podemos sentar el precedente para que a partir de ahora esta
sea la semilla que en el futuro
regule las mismas competencias para todas las comunidades autónomas.
Pienso que si en el fiel de la balanza ponemos en un lado los defectos y
en el otro lado las virtudes, las virtudes superan con creces a los
defectos. Por tanto, el compromiso del Grupo Popular y su voto va a ser
terminantemente afirmativo.
Nada más, señor Presidente. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cabrera.
Habiéndose agotado el turno de fijación de posiciones, vamos a proceder a
la votación de la toma en consideración de esta proposición de ley de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación sobre la
toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias
para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 176; en contra, ocho; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de Canarias.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, REGULADORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE DEFENSA Y DE
MATERIAL DE DOBLE USO (TRANSPARENCIA EN EL TRAFICO DE ARMAS) (Número de
expediente 122/000034)
SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR EL GOBIERNO EN RELACION A
QUE EL ESTADO DEJARA DE INGRESAR 200.000 MILLONES DE PESETAS, EN CONCEPTO
DE INSPECCIONES TRIBUTARIAS, COMO CONSECUENCIA DE NEGLIGENCIAS E
IRREGULARIDADES ATRIBUIBLES AL ANTERIOR GOBIERNO, FORMULADA POR LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
Y MIXTO (Número de expediente 156/000003)
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR
LOS HECHOS, CAUSAS Y CONCLUSIONES QUE PROCEDAN COMO CONSECUENCIA DE LA
DEMORA INJUSTIFICADA EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE LA AGENCIA
ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS VASCOS (EAJ-PNV), POPULAR EN EL CONGRESO Y DE COALICION
CANARIA (Número de expediente 156/000004)
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION PARA VERIFICAR
EL FUNDAMENTO DE LAS ACUSACIONES FORMULADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO CONTRA
LOS ANTERIORES RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN RELACION
CON LA PRODUCCION DE GRAVES PERJUICIOS A LA HACIENDA PUBLICA, FORMULADA
POR 81 DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
156/000005)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el punto II del orden del día toma en
consideración de proposición de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ha sido retirado por el grupo proponente
y, en consecuencia, pasamos al debate del punto III, solicitudes de
creación de comisión de investigación.
Vamos a proceder al debate de la siguiente forma. En primer lugar van a
intervenir, repartiendo su turno, los portavoces que han suscrito cada
una de las tres solicitudes de creación de comisión de investigación y,
posteriormente, quien ha presentado una enmienda, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Siguiendo el orden temporal, la primera es
la solicitud de creación de una comisión de investigación para el
esclarecimiento de los hechos denunciados por el Gobierno en relación a
que el Estado dejará de ingresar 200.000 millones de pesetas en concepto
de inspecciones tributarias como consecuencia de negligencias e
irregularidades atribuibles al anterior Gobierno, formulada por los
grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y Mixto.
Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Saura, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a defender, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la petición que nuestro grupo y el Grupo
Mixto hemos efectuado de creación de una comisión de investigación en
relación a la denuncia efectuada por el Gobierno de que la Hacienda
pública dejaría de ingresar 200.000 millones de pesetas como consecuencia
de retrasos e irregularidades atribuibles al anterior Gobierno.
Nuestra petición de comisión de investigación tiene, fundamentalmente,
tres características. En primer lugar, esclarecer de forma rigurosa los
hechos denunciados. En segundo lugar, en función de este esclarecimiento,
establecer conclusiones tanto en el ámbito de las responsabilidades que
se puedan derivar como en el ámbito de promover iniciativas y reformas
para que nunca más vuelvan a suceder hechos como los denunciados. Y en
tercer lugar, que esta comisión de investigación ha de terminar de forma
rápida sus trabajos. En ese sentido nuestro grupo parlamentario propone
que en dos meses la comisión emita sus conclusiones (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Saura.
Señorías, a quienes hayan de abandonar el hemiciclo, les conmino a que lo
hagan deprisa y en silencio. A quienes, como el señor De Torres, parece
que quieran permanecer en el mismo, les ruego que guarden silencio. Y a
quienes están en las puertas de acceso al hemiciclo, en la parte
posterior del mismo, que ocupen sus escaños o lo desalojen.
Puede continuar, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Quisiéramos, no obstante, hacer diversas consideraciones políticas en
relación al debate que ha producido la denuncia del Gobierno, y también
en relación a las tres peticiones de creación de comisiones de
investigación que hoy vamos a examinar. En primer lugar, quiero decir que
el Gobierno se equivocó en la forma en que efectuó esta denuncia. Una
denuncia de tal magnitud, una denuncia de las dimensiones fiscales,
económicas, políticas y sociales como la que el Gobierno efectuó, no se
puede realizar en una simple rueda de prensa sin fundamentarla en un
informe sólido, argumentado e inmediatamente comunicado al Parlamento.
Una denuncia de estas características no puede derivar, como ha ocurrido
en este caso, en un goteo permanente de información durante tres o cuatro
semanas.
Pensamos que en muchos momentos dio la impresión de que el Gobierno del
Partido Popular buscaba más la erosión del anterior Gobierno que el
esclarecimiento de los hechos y evitar que se volvieran a producir. En
este sentido queremos decir también que quien más se equivocó fue el
Presidente del Gobierno al intentar justificar la congelación de los
salarios con el tema de los 200.000 millones de pesetas. El señor Aznar,
cuando dijo que en el caso de que no se hubiera producido este agujero no
hubiera sido necesario congelar el salario de los funcionarios, hizo una
instrumentalización burda, a nuestro entender, que incluso quita razón y
credibilidad a los fundamentos que la propia denuncia del Gobierno puede
tener. Por tanto, en este debate el Gobierno tiene la obligación de
demostrar, fundamentalmente, que ha habido negligencia e irregularidades
por parte del anterior Gobierno, que estas negligencias y estas
irregularidades pueden significar dejar de ingresar 200.000 millones de
pesetas, y también el Gobierno ha de demostrar, si es que lo mantiene,
que en estas irregularidades hubo amiguismo por parte del anterior
Gobierno. Quiero decir que son dos cosas importantes pero distintas.
El pasado 29 de enero el Secretario de Estado de Hacienda aportó
información que, en caso de que se pueda verificar en la comisión de
investigación, significaría que se han producido negligencias e
irregularidades graves en la gestión de la Administración tributaria. El
señor Costa informó sobre la falta de control de los mecanismos de
inspección, sobre los reiterados informes de los servicios internos de
auditoría que no se tuvieron en cuenta y sobre determinados expedientes
con cuantías importantísimas que no fueron prioritarios. El señor Costa
continuó dando toda una serie de informaciones que --insisto-- en caso de
que sean ciertas, de que se puedan comprobar, exigen responsabilidades
políticas. De eso por parte de nuestro grupo no hay ninguna duda.
Queremos también decir hoy que el Gobierno no pudo demostrar, en la
comparecencia del Secretario de Estado de Hacienda, que estas
irregularidades o que estas negligencias fueron motivo de amiguismo.
Dijimos entonces en la Comisión de Economía --y decimos hoy-- que si el
Gobierno no puede demostrar las acusaciones de amiguismo debe rectificar;
debe rectificar para hacer posible una investigación rigurosa, tranquila
y serena. Podría ocurrir que, obstinados en demostrar lo indemostrable,
perdiéramos la oportunidad de demostrar lo que sí es demostrable.
Por todas estas razones solicitamos la comisión de investigación.
Queremos un esclarecimiento riguroso; esclarecimiento no como ejercicio
teórico o retórico; esclarecimiento no como ejercicio de ajuste de
cuentas; esclarecimiento no como batalla partidista entre el actual
Gobierno y el anterior; esclarecimiento no porque toca hacer esto a pesar
de que nos disguste. Queremos un esclarecimiento con un objetivo
fundamental. Queremos que esta comisión de investigación, a la luz de la
denuncia que el Gobierno ha hecho, signifique mejorar ostensiblemente la
lucha contra el fraude fiscal. Queremos un esclarecimiento que nos
permita avanzar hacia un sistema fiscal mucho más justo. Queremos
un esclarecimiento que, en definitiva, conteste satisfactoriamente a la
pregunta que hoy está en la sociedad española. La sociedad española se
pregunta si existen dos raseros de política fiscal y dos raseros de
aplicación de la política fiscal: uno para aquellos sectores de la
sociedad más débiles y otro para los sectores de la sociedad económica y
socialmente más poderosos. Queremos que esta comisión de investigación
sirva para que el Parlamento diga claramente que en este Estado ha de
existir un solo rasero para la política fiscal y un solo rasero para la
aplicación de la política fiscal y que, en caso de que se demuestre que
han existido dos raseros para las políticas fiscales, se exijan
responsabilidades.
Señorías, creo que hay que reconocer que nuestro sistema fiscal tiene
importantes y graves incrustaciones de injusticia y de insolidaridad y
que, en los últimos años, nuestro sistema fiscal se ha ido deslizando
progresivamente hacia espacios de mayor insolidaridad fiscal. A la luz de
esta denuncia, existe la oportunidad de que hoy reclamemos y ofrezcamos
alternativas para avanzar en un sistema fiscal más justo. Señorías, toda
falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias afecta gravemente
al principio de justicia, pero en este caso que nos ocupa aún en mayor
medida, por cuanto estamos hablando de contribuyentes de elevada
capacidad económica que han dispuesto de cuantiosos medios económicos
para mantener un prolongado pulso con la Hacienda pública. La cifra de
300 millones de pesetas de media de deuda tributaria pone en evidencia
que se trata de rentas que no tienen su origen en el trabajo. Las rentas
que pueden tener de media 300 millones de pesetas son de otras
características. Si a ello unimos los regalos fiscales que ha legislado
este Gobierno para empresarios, las plusvalías, la desfiscalización de
las rentas del capital; si recordamos la amnistía fiscal que mediante ley
se otorgó el año 1991; si recordamos que el anterior Gobierno desistió de
ir a los tribunales ante algunos expedientes de primas únicas, de forma
absolutamente sorprendente e inexplicable; si tenemos presente la
incapacidad permanente de la Administración para hacer frente a la
elevada bolsa de fraude fiscal, podemos decir que la gestión de éste y de
los anteriores Gobiernos ha conducido a una manifiesta situación de
injusticia fiscal en la que las rentas del trabajo son las que soportan
cada vez más el peso de los impuestos. Por eso, insistimos en el objetivo
central para nuestro grupo de esta comisión de investigación. Se trata, a
partir del esclarecimiento riguroso...
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que vaya concluyendo. Comparte
su turno con el Grupo Mixto y, al haber consumido mucho más de la mitad
del tiempo establecido, debe concluir.
El señor SAURA LAPORTA: Ahora mismo concluyo, señor Presidente.
Quería terminar diciendo que, por esa razón, insistimos en que para
nuestro grupo el objetivo central de esta comisión de investigación, en
última instancia, es avanzar en un sistema más justo. También queremos
decir claramente que vamos a exigir responsabilidades si las denuncias
que se han efectuado no se pueden demostrar, pero vamos a exigir con el
mismo rigor responsabilidades si las denuncias que se han efectuado
tienen base sólida y se pueden demostrar. Decimos esto con la autoridad
moral que nos da el hecho de haber sido y ser hoy un grupo parlamentario
que ha luchado de forma eficaz, que ha impulsado cantidad de iniciativas
para luchar contra el fraude fiscal; estamos convencidos de que en el
actual momento del Estado de bienestar, en el que desde posiciones
neoliberales se intenta decir que hay que reducir el Estado de bienestar
porque no hay suficientes ingresos, una política fiscal progresista y
solidaria es fundamental para el mantenimiento del Estado de bienestar y
va a marcar en los próximos años la diferencia entre posiciones
conservadoras y progresistas.
Quiero terminar, señorías, diciendo que esta tarde, en el debate sobre la
creación de estas tres comisiones, así como en los trabajos de la
comisión de investigación, hay el peligro de que pueda existir un bloqueo
de esta comisión de investigación; que alguien quiera dar por sentada la
culpabilidad del anterior Gobierno o que el anterior Gobierno quiera, a
través de otras discusiones, no facilitar la investigación de las
negligencias o de las irregularidades. Leyendo las tres propuestas de
creación de comisión de investigación se ven claramente estas dos
posiciones. También existe una posición de equilibrio y rigurosa, esa
posición es la que el Grupo Mixto y el nuestro mantienen. Queremos
esclarecer los hechos con rigor, queremos pedir responsabilidades si es
necesario y queremos plantear reformas en el horizonte de este sistema
fiscal mucho más justo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
El Grupo Mixto ha suscrito con el Grupo de Izquierda Unida esta
iniciativa y solicita que intervengan tres portavoces. Les conmino a que
lo hagan los tres en no más de cinco minutos, en la seguridad de que
llegando los cinco minutos les será retirada la palabra.
En primer lugar, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente, por su benevolencia.
Efectivamente, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la creación de
esta comisión de investigación resumiendo sus argumentos a la mínima
expresión.
A nosotros nos parece que efectivamente se dio lugar a una polémica
pública que en nada beneficia la imagen de la Administración tributaria.
Al revés, los ciudadanos
tienen la sensación cada vez más de que aquí sólo pagan los que están
sujetos a nóminas, mientras que los que tienen grandes rentas no pagan o
salen indemnes de las inspecciones fiscales. En todo caso, nosotros
proponemos esta comisión de investigación para aclarar los hechos y no
para contribuir a la utilización de los mismos como arma arrojadiza de
unos contra otros, para determinar las responsabilidades sean de quien
sean y además --y esto para nosotros es lo más importante-- para proponer
medidas que impidan que se repitan hechos como éstos, haya
responsabilidad o no, y que en el futuro los ciudadanos tengan la
seguridad de que ante el fisco todos somos iguales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
El debate que hoy llega viene viciado por la polémica surgida de las
declaraciones y contradeclaraciones después de que el 14 de enero pasado
el señor Costa anunciara la existencia de 600 expedientes fiscales
dañados y que según él podían prescribir como resultado de una inminente
sentencia. Estábamos, pues, ante una gravísima denuncia de fraude fiscal
y de amnistía fiscal encubierta, denuncia hecha nada menos que por parte
del Secretario de Estado de Hacienda. A partir de allí, sin que aportara
ninguna prueba que tranquilizara el debate o cuando menos lo consolidara
con cifras y número la carrera de despropósitos no ha parado de crecer.
Unos acusan pero no demuestran, amparándose en el lógico secreto que
protege los expedientes; los otros suben el listón y amenazan con
acciones judiciales. Se habla de amiguismo, de responsabilidad e
ineficacia de la Administración anterior, se llega a plantear con
contundencia que ha habido distintos raseros en la aplicación de la ley
en función de los destinatarios y del volumen de su cuenta corriente.
Se habla, pues, de amnistía fiscal y, en consecuencia, se puede apuntar a
delitos más graves. La misma frase que utilizó el portavoz del Gobierno
el 24 de enero (no tenemos pruebas documentales, pero hay evidencias
suficientes de que el PSOE ha favorecido a sus amigos poderosos) es de
por sí, entendemos, un monumento a la seriedad. Por supuesto, la
comparecencia del Secretario de Estado en la Comisión sin ni una sola
prueba pertinente me parece que redunda en lo mismo. Se ha hablado mucho
y grave, pero no se ha demostrado nada. Estamos pues ante una polémica
gravísima que afecta directamente a la responsabilidad de la
Administración y a su credibilidad, pero que exclusivamente se ha basado
en la pura palabrería.
En este marco, la necesidad de esta comisión de investigación que
planteamos no sólo nos parece pertinente, sino absolutamente necesaria
para recuperar la seriedad. Es tan grave si ha ocurrido lo que se
denuncia y, al mismo tiempo, será tan grave si no se demuestra lo
denunciado que sólo a través de una investigación parlamentaria en
profundidad podemos recuperar la credibilidad de la Administración
afectada, ello si a la comisión no se le impide analizar los expedientes
fiscales implicados, porque si éste fuera el caso, la comisión sería un
soufflé hinchado de aire sin ningún contenido ni eficacia.
Pongamos pues números donde hay palabras, pruebas donde hay griterío y,
sobre todo, investiguemos para así dejar de preguntarnos cómo se puede
fundamentar una acusación de esta naturaleza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Por no redundar en muchos de los argumentos que se han utilizado por los
parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, desde Unión
Valenciana quiero dar apoyo a la creación de esta comisión de
investigación por las causas que aparecen claramente reflejadas en la
exposición de motivos que firmamos el Grupo Parlamentario Mixto.
Es fundamental el esclarecimiento de los hechos. Creo que está en juego
la credibilidad de la Administración tributaria. Hay que depurar las
responsabilidades y, sobre todo, adoptar aquellas iniciativas que impidan
vuelvan a ocurrir hechos como éste.
Está claro que estos hechos han calado en la sociedad que ven en esta
cuestión el enfrentamiento de unos con otros respecto a de quién son
amigos y de quién dejan de serlo. Este hecho no deja de ser un pelotazo
que sigue vigente cinco años después y es evidente que los ciudadanos, a
través de esta comisión de investigación, queremos que de una vez por
todas se haga efectivo aquello de que «Hacienda somos todos» e igual que
se investiga a 15.000 jubilados del Estado español por 8.000 ó 9.000
pesetas que han defraudado en años pasados, miles y miles de millones
sean también esclarecidos para que no los paguemos el resto de
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Segunda solicitud de creación de una comisión de investigación para
determinar los hechos, causas y conclusiones que procedan como
consecuencia de la demora injustificada en la tramitación de expedientes
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, formulada por los
Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Popular.
Tiene, en primer lugar, la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV-EAJ), señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el primer momento en que surgió la noticia en los medios
de comunicación sobre la posible prescripción de las distintas actas de
inspección por importe de 200.000 millones de pesetas, nuestro grupo
parlamentario solicitó a este Parlamento la comparecencia en el Congreso
del Secretario de Estado de Hacienda. Bien es cierto que no lo hizo
solicitando previamente la reunión de la Diputación Permanente, de forma
que fuese en período de sesiones ordinario, porque entendíamos que de
cualquier forma una comparecencia ante el Congreso en la Comisión de
Economía no iba a ser suficiente para esclarecer estos hechos. Por eso,
antes de la comparecencia del Secretario de Estado de Hacienda, nuestro
grupo parlamentario ya anunció que iba a solicitar una comisión de
investigación. Los hechos eran graves y las acusaciones que se habían
formulado también eran graves.
Como esperamos, la comparecencia del señor Costa cumplió con las
expectativas que habíamos previsto y esto nos confirmó aún más en nuestra
decisión de solicitar una comisión de investigación que cumpliera además
con un objetivo previo que para nuestro grupo parlamentario era
fundamental, y era capitalizar a través del Parlamento la responsabilidad
de aclarar los hechos, delimitar las responsabilidades si las hubiera y
sacar las conclusiones de cara al futuro. Esto permitiría evitar la
espiral de crispación política que se estaba produciendo y se trasladaría
a la sociedad y a los mercados la sensación de estabilidad tan necesaria
siempre y más en estos momentos. Así lo entendimos y, en consecuencia,
solicitamos inmediatamente la creación de una comisión de investigación;
solicitud que ha sido suscrita también por el Partido Popular y Coalición
Canaria en los términos que nosotros habíamos expuesto. Esto, por lo que
yo he podido ver, tanto en la solicitud de unos grupos parlamentarios
como en la de otros, me permite observar que hay cierta unanimidad en
cuanto al fondo de la cuestión. Ahora nos interesa, y creo que es
conveniente, trasladar este grado de consenso a las características que
debe tener la comisión, principalmente en los objetivos que se
establezcan.
A la vista de las tres propuestas presentadas existe, a mi modo de ver,
unanimidad real en los objetivos a cumplir. En primer lugar, el
esclarecimiento de los hechos en relación con lo manifestado por el
Gobierno. Tienen distinta redacción pero el mismo fin las tres
propuestas. Nosotros decimos: determinar los hechos puestos de manifiesto
por el Gobierno. El Partido Socialista dice: verificar el fundamento de
las graves acusaciones formuladas por el actual Gobierno. Izquierda Unida
solicita establecer los hechos denunciados por el Gobierno. Es decir:
determinar, verificar, esclarecer; se pretende lo mismo: saber a ciencia
cierta qué ha pasado con estos expedientes y a partir de ese conocimiento
real, y constatado por la comisión, se podrían establecer las
responsabilidades y medir el grado de fundamento de las acusaciones.
En segundo lugar, se dice: conocer la situación de los expedientes, no
sólo de los 600 que están en proceso en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sino de todos los que puedan estar en proceso
de tramitación; esta es la propuesta que nosotros hacemos. También se ha
recogido por parte de otros grupos. Por ejemplo, el Partido Socialista
dice: conocer el número de expedientes afectados, el número de
contribuyentes a los que se refieren las medidas para impedir la pérdida
de los derechos de la Hacienda pública, etcétera. No encontramos este
apartado en el documento de Izquierda Unida; pero es conveniente no sólo
que la Comisión se centre en el esclarecimiento de los hechos de los 600
expedientes, sino que también estudie cuál es la situación de otros
expedientes que puedan estar afectados. Aquí lo fundamental, como digo,
es determinar si la Comisión debe estudiar sólo los 600 expedientes o
debe extender sus investigaciones al funcionamiento de la Agencia
Tributaria. Creo que esto debería ser así, si queremos sacar las
conclusiones pertinentes.
En tercer lugar, se dice: proponer medidas de reforma en la normativa de
funcionamiento y en la legislación tributaria para impedir que
situaciones como ésta se vuelvan a repetir. También en esto coinciden
todos los grupos parlamentarios. Estudiar y proponer medidas necesarias
para impedir que se repitan las condiciones que han permitido la
prescripción de los citados expedientes y sugerir reformas que
contribuyan a mejorar el funcionamiento y transparencia de la
Administración Tributaria. Así lo decimos en el documento presentado por
el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y Coalición Canaria. El
PSOE dice: conocer las medidas que se puedan adoptar en el futuro.
Izquierda Unida pide promover las iniciativas y reformas necesarias que
impidan que se produzcan hechos como los denunciados.
Creo que en el fondo todos coincidimos; aunque las redacciones, como
digo, son distintas, lo fundamental queda en el apartado de las
responsabilidades. En este punto tampoco hay, a mi entender,
discrepancias en cuanto que con los trabajos de la comisión se
esclarecerán las responsabilidades políticas que puedan derivarse. Esto
es algo consustancial con el objeto de la comisión. Se puede concretar o
no en el texto; se puede extender en consideraciones sobre las
responsabilidades pero, en definitiva, éstas, las responsabilidades, si
han existido a juicio de la Comisión, se determinarán en el informe con
la justificación y las consideraciones oportunas, se exprese o no se
exprese en el objeto de la Comisión. Es, como decía, algo consustancial
y, por tanto, obvio ponerlo en el objeto.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
En consecuencia, el objeto de la Comisión debe redactarse de forma que
determine los trabajos de investigación de una manera clara, y a la vez
generalista, sin entrar en consideraciones explícitas que no tengan un
mandato de trabajo.
Por lo que respecta a la composición y a la duración, hemos establecido
que sean dos diputados de cada grupo parlamentario, a excepción de los
grupos mayoritarios, que serán tres. Es una postura intermedia entre la
propuesta que han hecho el Partido Socialista e Izquierda Unida.
En cuanto a la duración de los trabajos de la comisión, aunque por
nuestra parte se han establecido dos meses, creo que en un primer momento
difícilmente se puede establecer cuál puede ser el tiempo que estos
trabajos puedan necesitar, incluso teniendo en cuenta, además, las
dificultades que a veces tiene una comisión de investigación;
dificultades que son hasta de logística.
En consecuencia, queremos que la comisión trabaje de una forma intensa,
que termine los trabajos lo antes posible, que éstos puedan ser, en
principio, terminados en dos meses y que, a la vista de los trabajos de
la comisión, pudiéramos solicitar la ampliación del tiempo para la
finalización del informe. Desde mi punto de vista, creo que este es el
contenido, y sobre todo el objeto, de la comisión de investigación que
hoy nos ocupa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señorías, voy a explicar muy brevemente las
razones por las que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria apoya la
creación de esta comisión de investigación, puesto que el señor
Presidente me comunica que dispongo de cinco minutos, y me parece un
criterio generoso porque hemos sido ya tres los grupos que hemos
presentado esta solicitud de creación de comisión de investigación.
En primer lugar, nosotros entramos en este debate no como un debate entre
partidos ni de gestiones de gobierno. Entramos en este debate ante un
hecho político y social de gran envergadura, como es la existencia --que
hemos venido denunciando en este Parlamento todos los grupos políticos--
de importantes bolsas de fraude fiscal en este país. Este es el hecho.
Tenemos importantes bolsas de fraude fiscal y toda existencia de fraude
fiscal produce, sin duda alguna, una actitud no igualitaria ante la Ley,
de discriminación de unos ciudadanos respecto a otros y la posibilidad de
que la discriminación esté en proporción directa a la fuerza de esos
grupos de ciudadanos frente a otros; es decir, el elemento básico de la
injusticia.
Si la Administración tributaria debe ser la relación directa que tienen
los derechos y los deberes de los ciudadanos, que están plenamente
concatenados, y a todo derecho de exigencia de bienestar social y de
servicios públicos debe ir unido el deber de contribuir al conjunto de
los intereses del Estado pagando los impuestos; si hay una situación de
fraude fiscal que todos hemos pensado que es producto de un conjunto de
causas, como posibles negligencias en la actuación de la administración
tributaria, unas ciertas habilidades de los ciudadanos especializados en
evadir los deberes fiscales, hasta una cierta debilidad sancionadora de
la Administración pública, etcétera; cuando esos hechos se producen, a
nosotros nos parece un elemento de satisfacción --y no vamos a entrar en
otras cortinas de humo-- que un Gobierno llegue y diga: Señores, este
hecho existe. Se ha producido un problema que puede afectar a la
negligencia de la actuación fiscal de la Administración tributaria, y
ante un hecho que denuncia el propio Gobierno, nosotros pensamos que es
la única manera de empezar a debatir y a luchar con firmeza frente a la
enfermedad del fraude fiscal. Por tanto, desviar la cuestión a si hay
acusaciones de amiguismo, que es lo que se reprochan unos grupos contra
otros cada vez que hay una medida fiscal en este país, los que gobiernan
contra los que no gobiernan, a nosotros nos parece que es evadir el
problema principal.
No me siento abochornado ni nada que se le parezca, me siento,
simplemente, satisfecho. Por fin, vamos a entrar en un debate necesario,
y ante ese debate necesario, la primera condición que nosotros planteamos
es la intervención del Parlamento. Si hay que crear una Administración
tributaria no discriminatoria, transparente, que trate por igual a los
ciudadanos y eficaz en su gestión, no hay nada mejor que la intervención
del Parlamento; por tanto, no hay nada mejor que una comisión de
investigación, cuyo objeto está perfectamente definido en el escrito que
hemos presentado. En primer lugar, comprobar si se han producido hechos
de negligencia en la actuación de la Administración tributaria y si se
han producido las responsabilidades políticas. En segundo lugar, ver a
quién puede haber afectado ese tipo de cuestiones, porque parece que
afecta a temas de prima única, cesiones de créditos, etcétera; es decir,
con los poderes financieros hemos topado, querido Sancho, y es hora de
que el poder del adversario no limite la actuación de la Administración
para ser una Administración justa. Por tanto, caiga quien caiga,
sancionar, descubrir si la negligencia en la actuación de esos
expedientes ha producido un efecto negativo sobre la Hacienda pública,
delimitar esa responsabilidad y, a continuación, lo más importante, que
esto no produzca un deterioro de la Administración tributaria, sino que
el Parlamento provoque
un respaldo firme para que los inspectores y todos los instrumentos de la
Administración tributaria se encuentren políticamente sostenidos por el
órgano de soberanía popular y cumplan sus funciones sin ningún tipo de
arbitrariedad o de carácter discriminatorio. Si un ciudadano se porta
mal, que no le manden a Hacienda, sino a los ciudadanos se les manda a
Hacienda cuando de verdad tenemos datos e indicios que indican que está
habiendo fraude fiscal.
Termino, señorías. Agradezco al señor Presidente su magnanimidad,
diciéndoles que nuestro grupo está muy satisfecho de que entremos en el
fondo del tema y demos una alternativa constructiva. Invitamos a todos
los grupos parlamentarios a que no se sientan señalados sino que todos
aquellos que han intervenido aquí con la retórica tan repetida del fraude
fiscal y no sé cuántas historias, actúen ahora y si se produce fraude
fiscal, como consecuencia de una negligencia de actuación de la
Administración tributaria, con más razón tenemos que intervenir, y quien
tiene que intervenir --repito-- es el Parlamento de la nación, porque es
quien da respaldo suficiente a la Administración pública y obliga al
Gobierno, que es parte de su intervención, a que actúe con un control
estricto de las responsabilidades y de los derechos económicos de los
ciudadanos.
Nuestro apoyo a esa comisión de investigación, que esperamos trabaje y
actúe con agilidad y rapidez.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, señorías, tras la
contundente comparecencia del Secretario de Estado en la Comisión de
Hacienda el pasado día 29 de enero, no cabe dudar a estas alturas de que
nos encontramos ante uno de los capítulos más oscuros y lamentables de la
gestión de los gobiernos anteriores, cuyo total esclarecimiento resulta
imprescindible para que esta Cámara depure las responsabilidades
políticas que sean pertinentes, además de proponer la adopción de medidas
que eviten la repetición de los hechos denunciados. Entiéndase bien, se
trata de exigir responsabilidades políticas porque las de tipo penal no
corresponden a esta Cámara sino a los tribunales de Justicia.
Dada la brevedad que ha impuesto el señor Presidente a este debate, no
voy a entrar en una serie de consideraciones jurídicas acerca de la
trascendencia de las decisiones judiciales habidas al respecto, sino
limitándome a señalar que para nosotros la sentencia de 28 de febrero de
1996 es una sentencia que aclara definitivamente la cuestión y, en
consecuencia, cabe decir que las actas, los 600 expedientes
correspondientes a grandes contribuyentes han prescrito.
Voy a hacer algunas consideraciones políticas. Se ha acusado al Gobierno
de actuar movido por la frustración que le ha producido el pacto de no sé
quién sobre no se qué plataforma; se ha lanzado la especie de que no
dudamos en perjudicar los intereses del fisco porque queremos advertir a
dos importantes entidades financieras que con nosotros no se juega; se ha
dicho que todo forma parte de una conspiración para destruir al PSOE al
utilizar la Hacienda pública como arma arrojadiza para dañar a los
socialistas. Semejantes disparates y muchos más se han podido escuchar
desde que el Secretario de Estado de Hacienda reveló los detalles del
escándalo. Son acusaciones falsas, bien lo saben quienes las formulan;
pero no nos sorprenden porque son fruto del nerviosismo que les produce
haber sido sorprendidos en renuncio.
La posición del partido que nos gobernó desde 1982 hasta la llegada del
Partido Popular es francamente difícil. ¿Cómo explicar a la opinión
pública española que el esfuerzo de los inspectores actuarios a la hora
de combatir el fraude fiscal en que habían podido incurrir grandes
contribuyentes iba a quedar frustrado en un 40 por ciento por la
inactividad producida por quienes tenían la responsabilidad de asegurar
el normal funcionamiento de la Agencia Tributaria? ¿Qué explicación tiene
que, en cambio, eso no haya ocurrido con los cientos de miles de
inspecciones realizadas a los pequeños contribuyentes que fueron
liquidadas a su debido tiempo?
Pero hay más preguntas que hasta ahora siguen sin respuesta. ¿Acaso es
una conducta diligente ignorar catorce sentencias de tribunales
superiores de justicia y cuatro de la Audiencia Nacional que confirmaban
el criterio de la Dirección General de Tributos de 1991, lo que hacía
presagiar que el Tribunal Supremo acabaría por pronunciarse en el mismo
sentido? ¿Cómo es posible que 600 expedientes de grandes contribuyentes
permanecieran incontrolados en las dependencias de la Oficina Nacional de
Inspección sin que el Ministro de Hacienda, el Secretario de Estado de
Hacienda ni los directores generales responsables de la inspección y
gestión tributarias sintieran la menor inquietud por el retraso en su
liquidación?
¿Hubo instrucciones de los responsables políticos del ministerio para
paralizar unos expedientes y activar otros? ¿Qué criterios se siguieron
para que el 60 por ciento de los expedientes llegaran a buen fin mientras
que el otro 40 por ciento permaneciera en el baúl de los recuerdos? ¿Fue
el azar u otras circunstancias menos confesables las determinantes de que
unos contribuyentes sí y otros no resultaran favorecidos por la
prescripción? ¿No ha producido esta conducta, en el mejor de los casos
negligente, los efectos de una auténtica amnistía fiscal, eso sí,
claramente discriminatoria?
¿Por qué los gestores políticos de la Hacienda pública hicieron oídos
sordos a los diversos informes del servicio de auditoría interna de la
Agencia Tributaria
en los que desde 1992 se denunciaban los retrasos y paralizaciones de los
expedientes de la inspección? ¿Por qué no existían registros
informatizados ni manuales para seguir el curso de las actas levantadas
por los inspectores actuarios desde el momento de su entrega en las
oficinas técnicas liquidadoras? ¿Existe garantía de que los seiscientos
expedientes sin liquidar fueron los únicos que quedaron pendientes, o hay
otros cuyo paradero se desconoce? ¿Puede alguien creer que lo ocurrido es
fruto de la ineptitud o negligencia de unos funcionarios que pertenecen a
dos de los cuerpos más selectos de la Administración española? ¿Por qué
consintieron los responsables políticos del ministerio, con independencia
de la discusión sobre las consecuencias de la inactividad de la
Administración, el sistemático incumplimiento de la norma reglamentaria
que ordena dictar el acto de liquidación de las actas en el plazo de un
mes a partir del momento en que se concluya el trámite de alegaciones por
parte del contribuyente? Todos estos interrogantes y muchos más deben
tener respuesta en el seno de la comisión de investigación cuya creación
proponemos.
Señorías, que se ha producido un retraso injustificado e injustificable a
la hora de liquidar los 600 expedientes es algo incontestable. A partir
de ahí, cualquiera puede sacar sus propias conclusiones y pensar si, a la
vista de la trayectoria del socialismo en los últimos trece años, hay que
escribir lo ocurrido en el registro, ya rebosante, de los escándalos
políticos. No seré yo quien lo haga, y menos antes de que la comisión o
los tribunales se pronuncien, pero permítanme una reflexión: triste sino
el del Partido Socialista, el defensor de los débiles, que por una causa
u otra acaba siempre enredado en la madeja de intereses de los poderosos.
Es preciso, pues, investigar lo ocurrido, debemos saber cómo y por qué se
ha producido este escandaloso quebranto para la Hacienda pública y
quiénes son sus responsables, pero sobre todo debemos poner los medios
para evitar que todo siga igual.
Se ha dicho que la publicidad del escándalo ha dañado la imagen de
nuestra Hacienda, que los inspectores se encuentran desmoralizados, pues
temen la reacción de los contribuyentes, cuya inmensa mayoría no ha
tenido la suerte de estar incluidos entre los favoritos de la fortuna.
Comprendemos esa reacción, pero el Gobierno ha hecho lo que debía, la
opinión pública tiene derecho a conocer las consecuencias de una
calamitosa gestión de los intereses generales.
El intento de hacer recaer sobre los funcionarios lo que constituye una
pésima gestión política es una burda maniobra de distracción, porque los
que han fallado son los que se consideraban dueños y señores de la
Hacienda, los que dogmatizaban a todas horas afirmando que no había
sistema fiscal más justo y equitativo que el nuestro, los que presumían
de haber acabado con las grandes bolsas de fraude fiscal, los que
utilizaban los resortes fiscales para intimidar a los ciudadanos, los que
desistían en recursos por cuotas multimillonarias sin que nadie sepa bien
por qué, en suma, los que consintieron, por acción u omisión, una
inactividad beneficiosa para algunos y perjudicial para todos.
Ocultar los hechos, por muy graves que sean, hubiera convertido al actual
Gobierno en encubridor de la negligencia cuando menos culposa de sus
antecesores.
El señor PRESIDENTE: Señor Del Burgo, le ruego que vaya concluyendo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Sí, señor Presidente.
Los ciudadanos deben tener la seguridad de que todo este triste episodio
pertenece al pasado porque se han tomado medidas y se tomarán otras
nuevas para que no vuelva a ocurrir nunca más; que el principio de
igualdad ante la ley y la aplicación equitativa de las normas tributarias
serán punto de referencia obligada para la administración tributaria; que
los grandes defraudadores no van a continuar amparándose en una maraña de
normas de difícil comprensión por la que puedan navegar impunemente
mientras que sobre el resto de los mortales, para quienes los grandes
despachos de asesoramientos resultan inaccesibles, recae todo el peso de
la dura ley tributaria.
Es preciso restablecer la confianza de los ciudadanos en la Hacienda
Pública. El Gobierno está dispuesto a conseguirlo. Como prueba de esta
inequívoca voluntad política, ahí están el proyecto de ley del estatuto
del contribuyente, o las decisiones adoptadas para reforzar los medios
personales y técnicos de la Administración tributaria, informatizar sus
servicios y evitar el descontrol. El Gobierno se ha comprometido a
presentar de inmediato ante el Parlamento un plan comprensivo de todas
las actuaciones precisas para la valorización y racionalización de la
Agencia Tributaria. Estamos en condiciones de asegurar que desde mayo de
1996 no ha prescrito ningún expediente de la Inspección de tributos como
consecuencia de la paralización de la liquidación correspondiente.
Señorías, y con esto termino, señor Presidente, el sistema tributario no
puede tener agujeros negros por donde se esfumen los grandes
defraudadores. La Administración tributaria debe funcionar con eficacia
respetando la ley y los legítimos derechos de los contribuyentes, y, por
último, hay que asegurar la transparencia del sistema, para evitar que
los responsables políticos de la Hacienda pública puedan caer en la
tentación de utilizar la potestad tributaria en beneficio de sus
intereses partidistas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Burgo.
La tercera solicitud es la de creación de una comisión de investigación
para verificar el fundamento de
las acusaciones formuladas por el actual Gobierno contra los anteriores
responsables de la Administración tributaria, en relación con la
producción de graves perjuicios a la Hacienda pública, formulada por 81
Diputados del Grupo Socialista del Congreso.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, señorías, probablemente no
es el mejor día para hacer un debate sobre esta cuestión. Hoy es,
seguramente, un día importante para hablar de problemas muy serios que
tienen lugar en nuestro país y fundamentalmente para ver si es posible
que entre los que creemos en los principios democráticos exista una
unidad de acción y, sobre todo, unidad política en temas importantes que
nos afectan a todos. Lamentablemente, nos vemos confrontados por
problemas que recorren el arco parlamentario y que están crispando la
convivencia entre unos y otros partidos políticos como consecuencia de un
estilo de gobernar, de un estilo de hacer política que está generando
extraordinarios problemas y que va a contribuir, además, a que prestemos
mucha menos atención de la debida a lo que son los verdaderos problemas
de este país.
Señorías, hoy estamos aquí fundamentalmente porque el Gobierno del
Partido Popular ha decidido, por boca de su propio Presidente, convertir
la calumnia y la injuria en un instrumento de acción política contra el
Gobierno anterior y el Partido Socialista. Estamos por eso, y en función
de las gravísimas acusaciones que han sido lanzadas al Gobierno anterior
y al Partido Socialista, ha sido necesario articular toda una estrategia
para defenderse de lo que jamás ha sido probado hasta el momento y de lo
que, además, no será posible probar por mucho que el señor Del Burgo,
como otros antes, se hayan empeñado. Lo malo, señor Presidente, es que
estamos confrontados con la decisión de una comisión de investigación en
la que, a la maldad de un estilo político que ha invertido los principios
razonables de un sistema democrático en virtud de los cuales aquel que
acusa tiene la obligación de probar, en principios según los cuales aquel
que es acusado tiene la obligación de probar su inocencia, después de
hacer esa inversión, encima se da un paso más para transformar esa ya
maldad importante en una auténtica perversión: aquella que significa que
ni siquiera una comisión de investigación va a contar con los medios
adecuados para poder desmontar, por parte de quien es acusado, las
gravísimas imputaciones que han sido formuladas en su contra. Impedir al
inocente desmontar las acusaciones no es sólo una perversión. Se une a la
maldad que significa convertir la acusación reconocida sin pruebas en un
objeto de debate político en un sistema democrático, y después impedir a
aquel que se está defendiendo que en una comisión de investigación se
pueda utilizar la información conocida para poner de manifiesto cuán
falsas, cuán injuriosas, cuán calumniosas eran las anteriores
afirmaciones.
El señor Presidente del Gobierno, no el señor Acebes, ni el señor De
Grandes, ni tantos otros que han intervenido en esta ominosa polémica, es
quien de verdad convirtió este debate en lo que hoy es: en una calumnia
contra el Gobierno socialista anterior, contra los responsables
anteriores de la Administración Tributaria y, por tanto, contra el
Partido Socialista, que hoy es el primer partido de la oposición, al
decir que es innlegable que se han dejado de recaudar 200.000 millones de
pesetas para favorecer a algunas personas, y pagan el pato los
funcionarios a los cuales, si esto se hubiese ingresado en las arcas
públicas, se podía haber aumentado el sueldo en 1997. Déjenme que no les
lea todas las citas que vienen al caso.
No estamos hablando, por tanto, de una polémica barriobajera, de esas que
a veces, lamentablemente, ocurren en la política. Estamos hablando de que
la primera magistratura del Ejecutivo de este país, el Presidente del
Gobierno, dice lo que ha dicho. Y no ha tenido todavía el arrojo, la
valentía, la sinceridad o la honradez de reconocer que no solo mintió o
que, por lo menos, no dijo la verdad, o que en última instancia estaba
muy mal informado y estaba equivocado. Ninguna de las cuatro cosas.
Ninguna. Mientras, el Secretario de Estado, señor Costa, reconocía
paladinamente que no tenía una sola prueba de las imputaciones que habían
servido al Presidente del Gobierno para hacer esas acusaciones y a todos
los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y a otros miembros del
Gobierno del Partido Popular también a mantener acusaciones semejantes.
Ustedes están manteniendo toda una campaña de mentiras, una mentira que
se asienta en un montón de mentiras sucesivas. Doscientos mil millones de
pesetas ¿quién lo ha dicho? Cuando a los ciudadanos se les dice en un
titular que hay 200.000 millones de pesetas que se han dejado de
recaudar, simplemente se está faltando a la verdad voluntariamente. ¿O es
que estos son derechos firmes o no son derechos eventuales, en todo caso,
que están en litigio ante los tribunales?, como lo han reconocido todos
los que a este tema se han aproximado con un mínimo de razón.
Han dicho ustedes que han prescrito, y saben perfectamente que no han
prescrito. Recuerden lo que ocurrió el otro día en la Comisión de
Economía. Hasta los documentos que repartieron a los medios de
comunicación estaban trucados. Ponían inicialmente: posible prescripción.
Y alguien en pleno furor, en plena orgía ya, había convertido esa
posible, esa eventual prescripción, en un texto que se borra de las
fotocopias para hacer que los medios de comunicación hablen de la
prescripción de 200.000 millones contra toda razón.
Hemos escuchado estos días doctrinas jurisprudenciales de la Ministra de
Justicia y de otros ilustres portavoces
del Gobierno y del Partido Popular rebatiendo lo que dice el Código Civil
sobre lo que significa la jurisprudencia de los tribunales. Estamos
escuchando al Secretario de Estado y a otros hablar de que, si se
aplicaran en el futuro los mismos criterios, entonces se producirían
determinadas consecuencias. Ni es verdad que sean 200.000, ni es verdad
que hayan prescrito, ni es muchísimo menos verdad que se haya producido
una amnistía fiscal para los amigos y para los amiguetes.
Estamos ante un problema en el que uno no tiene más remedio que recurrir
a cosas que se han dicho en el pasado, y que hoy vale la pena recordar.
Nosotros hemos levantado importantes bolsas de fraude en este país,
cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar. Es verdad que en
marzo de 1995 (y hablo de argumentos de autoridad), quien hoy es
Presidente del Gobierno, cuando era interpelado por alguien que pasa por
ser su amigo, desde luego, y que debe conocer a fondo su propio
pensamiento, y le preguntaba públicamente en lo que después se llamó el
programa electoral del Partido Popular: Hay algunos contenciosos fiscales
abiertos que están en los tribunales --decía Pedro J. Ramírez--, como las
cesiones de crédito, las primas únicas y las facturas falsas del IVA. ¿Es
usted partidario de una amnistía fiscal, señor Aznar, para estos casos?
Contestaba el hoy Presidente del Gobierno: Si fuese partidario de
hacerlo, no lo podría decir. La amnistía fiscal no es posible, pero una
regularización fiscal sí puede ser conveniente. Y añadía: Yo sería
partidario de volver la página en algunos asuntos. Fin de la cita. Saquen
ustedes sus conclusiones sobre quien está y quien ha estado por unas
cosas de las cuales hoy recibimos las acusaciones.
Señor Presidente, hoy se está diciendo con manifiesta falsedad y además
predicando delitos imposibles, el que los anteriores responsables de la
Hacienda pública, sin ninguna colaboración de ningún funcionario, porque
naturalmente de los funcionarios hay que presumir su honradez, han estado
dando instrucciones o haciendo que las cosas funcionaran de tal manera
que los expedientes que no han prescrito hubieran prescrito. Y se está
haciendo un ejercicio de hipocresía infinita, de esa hipocresía que
consiste en decir que se están ocultando expedientes en un cajón,
haciendo voluntaria, dolosamente, que los plazos transcurran simplemente
para perdonar deudas fiscales a los amigos (hemos escuchado la última
versión en boca del señor Del Burgo), y ustedes saben absolutamente como
yo que es no solamente imposible, sino que no pueden sostener esos
criterios más que acusando de prevaricación también a los funcionarios, a
esos mismos que han salido a través de su asociación más representativa
diciendo que nada de esto ha ocurrido, porque simplemente ni era posible
ni además lo hubieran tolerado, como es razonable. Y, en segundo lugar,
ustedes están ignorando que la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria funciona como funciona, entre otras cosas, porque fuimos los
socialistas los que establecimos mecanismos para que nadie pudiera ni
siquiera entrar en los expedientes fiscales específicos de las personas
si no tenía una legitimación especial para ello. Pregunten al hoy
director del Ente Público Radiotelevisión Española por qué fue condenado
por la Audiencia Nacional por abuso de autoridad tras haber entrado en un
expediente. Está en una sentencia. Y dense cuenta de hasta qué punto
nadie, ni siquiera el señor López-Amor, podía dar instrucciones a un
subordinado para entrar en un expediente fiscal. Dense cuenta, por tanto,
que ustedes están jugando con un fuego extraordinariamente peligroso para
acusar de aquello que jamás pueden probar, no solamente porque es falso,
no solamente porque no ha ocurrido, sino, además, porque hemos hecho todo
lo posible y lo imposible para que ustedes no tengan en el futuro la
tentación de utilizar la fiscalidad, el sistema fiscal, contra los
adversarios políticos. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Señor Presidente, señorías, no es posible tampoco que conviertan las
acusaciones de delito en acusaciones de negligencia. En el período en el
que nosotros hemos gobernado, sin duda se han mejorado muchísimas cosas,
y se ha mejorado también la fiscalidad de este país, la justicia de este
país, la equidad de este país y la tributación de este país. No quiero
hacer en este momento, porque no hay ni siquiera tiempo, un análisis de
un montón de cosas que ponen de manifiesto que la Agencia Tributaria
desde su creación, o la Administración tributaria, en su conjunto, no han
hecho sino mejorar en este período, no para decir que sea perfecto,
porque no hay nada perfecto, ni ustedes, ni yo, ni nadie, ni una
administración, pero sí para decir que a lo largo de este período, ahora
que están hablando ustedes de que no se han adoptado ni siquiera medios
para fortalecer la Administración tributaria, entre el año 1990 y el año
1994, por ejemplo, en la Oficina Nacional de Inspección, esa a la que
acusan de haber acumulado expedientes sin resolver, aumentó el número de
inspectores en un 69 por ciento, y el de subinspectores en un 148,14 por
ciento; y en ese mismo período, señorías, los inspectores en el conjunto
del sistema de la Agencia crecieron casi un 20 por ciento, en un período
en el que crece la deuda tributaria descubierta por la inspección y en un
período en el que crecen, no solamente las inspecciones, sino también los
resultados del proceso de lucha contra el fraude.
Señorías, todos sabemos de antemano que no hay una sola organización
pública ni una administración que sea perfecta, todos lo sabemos; pero
convertir lo que es, a todas luces, un ejercicio de aumento de la
eficacia, de mejora de resultados, de extensión de las bases tributarias,
de aumento de la equidad, de mejora del personal, de los medios
materiales en un proceso al pasado, exclusivamente para convertir la
lucha política, y especialmente utilizando la Hacienda, en un
instrumento contra el Partido Socialista y contra el Gobierno anterior,
es algo que este país no se merece. Y no se lo merece, porque esta es una
institución importante; importante para los objetivos que ustedes también
dicen perseguir en materia de déficit, importante para la credibilidad de
los ciudadanos, importante para el sistema democrático, que tiene entre
otras cosas su basamento en una ética cívica en virtud de la cual los
ciudadanos, en función de su capacidad, tienen que contribuir a la
Hacienda en función de sus recursos y de su riqueza, esto no es algo que
se pueda desmontar mediante la frivolidad y la temeridad de un Gobierno
irresponsable que piensa que se puede acusar sin pruebas, invertir la
carga de la prueba y, al mismo tiempo, hacer un ejercicio hacia el pasado
en virtud del cual salga simplemente a los ojos de la opinión pública, de
los ciudadanos, la Hacienda pública de nuestro país puesta a los pies de
los caballos.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego que vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, esta comisión de
investigación que estamos solicitando solamente tiene sentido si es
posible conocer aquellos datos que han servido de base para las
gravísimas imputaciones. Si no es posible conocer quiénes son los amigos
y los amiguetes; si no es posible conocer si efectivamente ha habido
apariencias incluso o siquiera de prevaricación; si no es posible, por
tanto, acceder a los expedientes; si no es posible que quien en este
momento es la parte acusada, que somos estos señores de este lado del
hemiciclo, el Gobierno socialista anterior y el Partido Socialista; si no
es posible hacer esto y si ustedes creen que se puede convertir una
comisión de investigación en un disparate para que, en la medida en que
la mayoría de la cual hoy gozan pueda, mediante el ejercicio acusatorio,
convertir la eventual culpa o responsabilidad o las imperfecciones de la
Hacienda pública en el argumento que pruebe las acusaciones que jamás de
otra forma podrían probarse, entonces están ustedes haciendo trampa a lo
que es una comisión de investigación, están ustedes convirtiendo de
verdad una comisión de investigación en un instrumento absolutamente
perverso, en un instrumento de irresponsabilidad, en un instrumento que
servirá exclusivamente para hacer eso que ya está ocurriendo, que cuanto
ustedes pretendan tener más razón, tanto menos recaudación tendrá la
Hacienda pública; cuanto ustedes pierdan más ante los tribunales las
reclamaciones que están pendientes, tanta más razón tendrán aquellos que
son hoy los presuntos defraudadores a los cuales ustedes les han dado la
razón, simplemente por el interés que tienen en hostigar, en condenar, en
perseguir al Partido Socialista.
Señor Presidente, quiero manifestar en nombre de mi Grupo Parlamentario,
con todo el respeto a los servicios jurídicos de esta Cámara, nuestra
profunda discrepancia por lo que significa una comisión de investigación
que surge con la imposibilidad, de acuerdo con el dictamen de los
servicios de la Cámara y en una interpretación absolutamente restrictiva
de la Constitución, del Reglamento del Congreso de los Diputados, de la
Ley General Tributaria, de acceder a los expedientes de una forma que
limita, desde este grupo parlamentario, el sentido mismo de la comisión
de encuesta y la posibilidad de hacer frente a la prueba que en este
momento se nos ha trasladado a nosotros de demostrar nuestra inocencia,
cuando el señor Presidente del Gobierno no ha tenido todavía hoy, aunque
sí la hayan tenido otros responsables de otros grupos parlamentarios, la
gallardía de decir que no hay ni una sola prueba de la comisión de ningún
delito.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Se han presentado dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), para cuya defensa tiene la palabra el señor Homs.
(El señor Del Burgo Tajadura pide la palabra.)
¿Señor Del Burgo?
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, le solicito una
intervención para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la
propuesta realizada y defendida por el Partido Socialista que no es
coincidente con la nuestra.
El señor PRESIDENTE: Tendrá S. S. oportunidad cuando haya concluido la
exposición de las distintas propuestas, porque probablemente también
querrá fijarla con relación a la propuesta que va a hacer ahora el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo quisiera hacer constar que en la discusión de
esta tarde entendemos que no hay que reiterar el debate que tuvimos ya
con amplitud ante SS. SS. en la Comisión, y que se trata de exponer
nuestra posición en torno a la constitución de esta comisión de
investigación.
Mi grupo parlamentario, y yo en su nombre, quisiera decir que no se opone
a la constitución de esta comisión de investigación para que se puedan
conocer y determinar los hechos, las causas y las conclusiones en la
demora en la tramitación de expedientes de la Agencia Tributaria, según
nos ha denunciado el Gobierno.
El ámbito de esta comisión, que nosotros estamos de acuerdo en
constituir, es para nuestro grupo el que se deriva estrictamente de la
enmienda que hemos presentado.
Ya en la Comisión de Economía, señorías, dejamos bien claro que de la
información y de la exposición que nos hizo el Secretario de Estado de
Hacienda no se desprendían, a nuestro juicio, elementos que nos indujeran
a prejuzgar la existencia de comportamientos dolosos de anteriores
responsables de la Agencia Tributaria, ni que se pudieran desprender
actitudes ilegales de naturaleza punitiva; eso ya lo dijimos, lo
expresamos con claridad entonces y hoy quisiera volverlo a reiterar. Sin
embargo, dijimos que de la existencia de los retrasos denunciados por el
Gobierno de todo un conjunto de expedientes abiertos en la Agencia
Tributaria y denunciados contundentemente por el Gobierno, no nos
podíamos desresponsabilizar. Esta Cámara, y entendíamos que tenía que ser
así, debería conocer con profundidad las causas de estos hechos,
presuntamente denunciados con calificativos importantes por parte del
Gobierno, determinarlos y extraer las conclusiones que procedan. Sólo en
estos términos entendíamos entonces, y volvemos hoy a entender, que debe
centrarse el ámbito de actuación de la comisión de investigación que se
propone por muchos grupos parlamentarios. Esta debe ser la primera
conclusión del debate de esta tarde: saber y entender claramente cuál es
el ámbito político del análisis que debe proceder a realizar esta
comisión que se propone.
Nuestro grupo presenta a estas tres peticiones de comisión de
investigación una enmienda; la presentamos a la propuesta que hace el
Partido Popular, juntamente con el Partido Nacionalista Vasco y Coalición
Canaria, con el ánimo y con el deseo de que con esta enmienda podamos
construir un consenso en la constitución inicial de este instrumento que
debe proceder a determinar estos hechos y a conocer su alcance para poder
extraer conclusiones. Las tres solicitudes, señorías, tienen por
finalidad y como común denominador la constitución de tal comisión de
investigación, y nosotros, en este extremo, vamos a manifestar, y
manifestamos, nuestra coincidencia. No obstante, deberíamos, señorías,
precisar un poco más el ámbito y el objetivo que debemos dar a esta
comisión. Nuestro grupo cree que debería nacer esta comisión con un
espíritu de consenso con todos los grupos parlamentarios. Somos
conscientes de que éste es un deseo, que no sé si va a poder ser una
realidad, pero éste es un sincero deseo de nuestro grupo parlamentario.
El ámbito de la comisión es para Convergència i Unió el que se deriva,
señorías, estrictamente de nuestra enmienda, que contiene un elemento
básico y fundamental que quisiera explicitar en esta intervención.
Nuestro grupo, señorías, va a hacer ahora, lo ha hecho siempre en esta
Cámara, defensa del principio de presunción. Esta Cámara, señorías, no
puede, en un acto de constitución de una comisión de investigación, dar
por sentada o por inducida la sentencia antes de proceder a un análisis
exhaustivo de los hechos. Lo hemos hecho siempre. Somos una fuerza
política democrática y esta institución debe tener siempre muy presente
que, cuando constituimos en nuestro seno una comisión de investigación,
debemos dejar muy clara la presunción de las responsabilidades o la
presunción incluso de la inocencia de los hechos o de las consecuencias
que se pudieran derivar. Por eso, nuestra enmienda estrictamente matiza
el principio de la presunción, y lo hace sin enmendar profundamente la
literalidad de ninguna de las iniciativas que se han propuesto.
Simplemente, señorías, entiende que no deberíamos, por respeto
institucional al contenido y al alcance de esta institución democrática,
sentenciar antes de proceder a un exhaustivo proceso de investigación. Y
este es, señorías, el elemento central y básico de la enmienda que
nuestro grupo propone, y lo propone con el ánimo de que pueda ser objeto
de un amplio consenso.
Deben tener muy presente todas SS. SS. que la comisión deberá profundizar
en la controversia doctrinal que ha dado pie a la sentencia del Tribunal
Supremo, y esta comisión deberá conocer también que todavía no ha dado
lugar el Tribunal Supremo a una segunda sentencia que consolide las
consecuencias que ya se están derivando sobre la posible presunción de
prescripción. Nosotros, señorías, entendemos que esta subcomisión o
comisión de investigación debería tener muy claro este principio, y por
eso la enmienda que hemos presentado.
Los medios que debe tener esta comisión, señorías, deben ser los medios
que el marco legal nos concede, y ahí nuestro grupo es muy claro. No
vamos a darnos más instrumentos de los que nos permite el Reglamento de
esta Cámara y de los que nos permite el marco legal existente. No es hoy
el momento de interpretar el alcance de cuáles son estos medios según el
ámbito legal hoy existente, pero quiero indicar que en ello van a estar
los servicios de la Cámara muy comprometidos para delimitarnos muy
exactamente cuáles son esos ámbitos legales que nos van a dotar de los
medios oportunos para proceder a esta investigación que hemos de
desarrollar.
No coincidimos, pues, con la propuesta que ha hecho algún otro grupo en
cuanto a los elementos de estos medios, pues entendemos que no pueden ser
otros que los que se desprenden concretamente del marco legal hoy
vigente, y éste no nos permite, por las interpretaciones que ya ha hecho
la Mesa de la Cámara, ir más allá de algunos de los puntos que propone
algún grupo parlamentario.
En síntesis, señorías, nuestra enmienda propone que la comisión se
constituya --sin duda que sí, que se constituya--, pero para determinar
los hechos en relación a los retrasos en los expedientes de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria que ha denunciado el Gobierno y
sus posibles consecuencias, haciendo alarde de esta presunción que
entendemos que la Cámara debe reconocer. Pero también debe tener presente
esta Cámara que pueda haber pérdidas totales o que
puede haber pérdidas parciales de los expedientes que están instruidos.
También entendemos --y es el segundo punto-- que la comisión debe
estudiar y proponer las medidas necesarias para impedir que se repitan
las condiciones que pueden haber permitido la prescripción, entendiendo
que tal prescripción está todavía por consolidar, y estos citados
expedientes, que han sido objeto de retrasos denunciados por el Gobierno,
que constituyen elementos graves, deben ser objeto de un análisis
profundo para modificar las normas hoy vigentes, para evitar que en un
futuro puedan volver a suceder.
Este es, pues, señorías, el ámbito estricto en el cual nuestro grupo ha
planteado esta enmienda, y lo ha hecho, señorías, repito y termino, señor
Presidente, con el propósito político de que esta comisión nazca con un
consenso entre todos los grupos...
El señor PRESIDENTE: señor Homs, le ruego que vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: ... para que podamos acometer el objetivo que
todos los grupos deseamos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
Había solicitado el señor Del Burgo una intervención; el señor Eguiagaray
me ha hecho llegar que también quería intervenir; el señor Saura se
apresta a coger el micrófono, supongo que para una segunda intervención.
Señorías, en esta segunda intervención, como enuncié al principio y
conocen los portavoces, se trata de que fijen posición sobre las
enmiendas que, como la expresamente anunciada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) o las implícitas en alguna intervención,
están aún vivas; por tanto, se trata de ir conociendo la fijación de
posición sobre las enmiendas de otros grupos. Les rogaría, en
consecuencia, que hicieran un turno breve y que no excedieran de la
naturaleza del turno, que no lo conviertan exclusivamente en un turno de
presunta réplica.
Señor Saura, tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
De forma muy breve voy a fijar la posición en relación a las enmiendas
que se han planteado. Creemos que sería políticamente correcto y
satisfactorio que de las tres peticiones de comisión de investigación y
de las distintas enmiendas pudiera haber un texto de consenso entre todos
los grupos parlamentarios que fuera objeto de unanimidad en este Pleno de
hoy. Por tanto, en los minutos que quedan nuestro esfuerzo irá encaminado
a conseguir ese texto.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, señorías, se trata de
fijar la postura del Grupo Popular en relación a la proposición
socialista de creación de una comisión de investigación.
He escuchado con mucho detenimiento, como no podía ser menos, las
palabras del portavoz socialista. Señor Eguiagaray, en ningún momento, a
lo largo de mi intervención, les he imputado la comisión de delito
alguno, porque, que yo sepa, eso es lo que constituye la calumnia:
imputar un hecho que, si fuera cierto, sería perseguible de oficio.
(Rumores.) Ustedes están intentando erigirse en acusadores del Gobierno
del Partido Popular, cuando realmente son ustedes los que tienen que
responder de sus actos. Si hay calumnias, si ustedes consideran que han
sido calumniados e injuriados, no es el Parlamento quien tiene que
depurar esas responsabilidades; tienen ustedes abierta la puerta de los
tribunales de justicia. Presenten la correspondiente querella en el
juzgado de guardia contra quienes, a su juicio, haya imputado esas
calumnias e injurias. Pero no traten de judicializar esta Cámara con la
creación de una comisión de investigación cuya única finalidad, según
ustedes, es lavar el honor del Partido Socialista.
Ustedes tienen --me voy a ahorrar el calificativo--, ustedes nos acusan
de generar crispación. Yo quiero recordarle alguna de sus contribuciones
a la pacificación del clima general político. Ustedes nos acusan,
falsamente, de amiguismo a todas horas por tomar decisiones que se
adoptan mayoritariamente en esta Cámara, o por adoptar resoluciones
administrativas con absoluta transparencia, que no están hechas, en
ningún caso, para proteger a los poderosos, sino simplemente para
defender los intereses generales.
¿Quiere que le diga cómo contribuyen ustedes a generar ese clima de
convivencia? Su propio Secretario General, desde Italia, hace un par de
semanas vino a decir que toda nuestra actuación en este asunto era porque
queríamos lanzar la advertencia a dos entidades financieras, que no
quiero citar precisamente para no hacerles publicidad gratuita, para
demostrarles quién es el que manda. Eso lo dijo su Secretario General.
(Rumores.) Y yo me pregunto, ¿es que acaso conocía la lista famosa de
contribuyentes presuntamente beneficiarios de la prescripción? (Rumores.)
¿O es que tenía motivos suficientes para conocerla, señor Eguiagaray?
Pero hablando de calumnias, ustedes son maestros en ese arte. (Rumores y
protestas.--Aplausos.) ¿Es que acaso su Secretario General, don Felipe
González, no acaba de imputar al Partido Popular haber recibido una
donación de una empresa extranjera, lo que constituye, eso sí, un delito
electoral? (Protestas.) Eso es cobardía moral, porque a continuación se
ha refugiado
en el burladero de su propio comité ejecutivo federal. (Protestas.) Eso
sí que es adoptar una posición contraria y generar crispación en la vida
política. (Protestas.--Aplausos.) Ustedes no saben soportar la crítica
política. (Protestas.) No saben soportarla, señorías. (Continúan las
protestas.) Lo único cierto...
El señor PRESIDENTE: Señorías, les llamo a la cortesía parlamentaria y
les ruego que guarden la debida compostura y dejen que termine el señor
Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo único cierto es que hay 600 expedientes prescritos --y usted lo sabe
muy bien--, porque esa doctrina del Tribunal Supremo es clara y
contundente; no es una sentencia más que necesita ser ratificada por otra
sentencia, es que el Tribunal Supremo se planteó resolver la cuestión de
una vez por todas de forma inequívoca y, además, se apoya y hace suyos
los argumentos de su propia Dirección General de Tributos en el año 1991,
que a ustedes les dejó absolutamente incólumes, y no tomaron ninguna
medida para evitar lo que después se ha producido: la famosa
prescripción. Y cuando un hecho como éste ocurre nada menos que en la
Oficina Nacional de Liquidaciones, la que se ocupa de investigar a los
contribuyentes con más de 10.000 millones de pesetas de facturación, ¿qué
quieren que piensen los ciudadanos? ¿Por qué no podemos hacer reflexiones
políticas como la que voy a hacer ahora? ¿Es que alguien puede pensar que
eso ocurre por casualidad?, ¿que ocurre por negligencia de unos
funcionarios? ¿Es que ustedes no han querido mirar para otro lado? ¿Por
qué desoyeron una y otra vez los informes de auditoría que les señalaban
lo que estaba ocurriendo? (El señor Yáñez-Barnuevo García: Es una
calumnia.) Eso no es ninguna calumnia, señor Yáñez, es una interpretación
política de unos hechos (Rumores.--Protestas.), porque los hechos...
El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, señor Del Burgo, no crucen diálogos. Le
ruego, señor Del Burgo, que centre ya su intervención en la toma de
posición sobre las enmiendas presentadas. (Rumores.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Sí, señor Presidente, estoy centrándome. No
voy a discutir sus dotes de imparcialidad y objetividad.
Por tanto, ciñéndonos...
El señor PRESIDENTE: Señor Del Burgo, si se ha referido a la Presidencia,
estimo que retira ahora mismo esa insinuación.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, es una afirmación; es una
afirmación rotunda.
El señor PRESIDENTE: Señor Del Burgo, le llamo al orden y le conmino a la
retirada de la palabra si no retira esa insinuación.
El señor DEL BURGO TAJADURA: La retiro, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señor Del Burgo.
Puede continuar. (Rumores.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Ustedes, señor Eguiagaray, no han meditado
bien cuando redactaron su propuesta, porque dicen que hay que verificar
el fundamento de las graves acusaciones formuladas por el actual Gobierno
contra los anteriores responsables de la Administración y, en un segundo
párrafo, añaden que quieren conocer el número de expedientes afectados,
los contribuyentes a los que se refieren --ustedes saben muy bien que no
es posible--, las medidas que ha adoptado el Gobierno para impedir la
pérdida de derechos de la Hacienda pública --si ha tenido que adoptar
medidas es que esos derechos se han perjudicado--, las que puede adoptar
en el futuro --estamos en lo mismo--, así como cuáles de estos
expedientes pueden ser susceptibles de cobro y cuál es la cantidad
recuperable; luego si hay alguna cantidad por recuperar, señor
Eguiagaray, están ustedes reconociendo que esto es verdad. Por tanto --y
con esto termino, señor Presidente; gracias por su benevolencia--,
ustedes no quieren una comisión de investigación para que se ponga de
manifiesto lo que ya es una verdad incuestionable, que ustedes no
gestionaron bien, que no protegieron bien los derechos de la Hacienda,
que se han perjudicado más de 200.000 millones de pesetas y que eso tiene
que tener algún responsable, sino que ustedes quieren evitar esas
responsabilidades; nosotros queremos que se sepa quiénes son los
responsables y, además, que se adoptan medidas para que esto jamás vuelva
a suceder.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Señor Eguiagaray, tiene la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente.
Señor Del Burgo, créame que me conmueve la claridad con la que se expresa
y, sobre todo, la moderación de sus palabras, especialmente su
conclusión: no hay nada que investigar; ya sabemos lo que ha ocurrido;
vamos a adoptar medidas para que no vuelva a ocurrir.
¿Para qué hacemos una comisión de investigación si ya sabemos lo que ha
ocurrido, señor Del Burgo? Usted tiene ya no solamente los antecedentes
de hecho, sino los fundamentos de Derecho y la sentencia. Lo tiene todo,
señor Del Burgo. Y se trata, naturalmente, de condenar a la otra parte
porque usted no tiene ninguna
responsabilidad. Es un perfecto irresponsable, es evidente
(Aplausos.--Protestas.)
Así es como no se actúa en democracia. Exactamente así. Si hacemos una
comisión de investigación será para investigar algo, no para dar por
investigado lo que usted crea. La verdad es que son igualmente
conmovedoras esas protestas porque desde esta tribuna yo me atreva a
reiterar lo que el señor Aznar ha dicho en más de una ocasión; lo que el
señor De Rato ha dicho; lo que el señor Alvarez Cascos repetía todavía
hace solamente unos días sobre las responsabilidades penales, y lo que no
es un delito que solamente pudiera considerarse de calumnias, sino la
imputación, señor Del Burgo, de un delito continuado de prevaricación
llevado a cabo por la Administración tributaria anterior. ¿O es que no ha
dicho usted hoy y algunos otros de su grupo parlamentario y
representantes del Gobierno que desde la Administración tributaria se ha
querido y se ha favorecido a los amigos y a los amiguetes? ¿Lo han dicho
o no lo han dicho? ¿Lo he leído o no lo he leído? ¿Lo he oído o no lo he
oído? (Rumores.)
Señor Del Burgo, nadie en su sano juicio, nadie en sus cabales, puede
identificar la acusación dialéctica y política que significa el
atribuirles a ustedes un extraordinario favoritismo por determinados
grupos sociales, a los que identificamos como sus amigos, con la
imputación de un delito. Y yo, que he repetido y reitero por enésima vez
la acusación de amiguismo en su política fiscal, sin embargo he dicho --y
lo he dicho muchas veces-- que lamentablemente, con la mayoría
parlamentaria en este caso a su favor, ustedes están beneficiando
exactamente a unos sectores de la sociedad, casualmente sus amigos, que
por cierto no son los más desfavorecidos de este país.
(Rumores.--Aplausos.)
Señor Del Burgo, yo no le voy a contar lo que hablamos o dejamos de
hablar y cómo se interpretan en los medios de comunicación las reuniones
internas, como no utilizo las palabras que me cuentan que han sido
pronunciadas por alguno de ustedes en reuniones internas como argumento
de autoridad. No puedo dar testimonio de ellas. En cambio, sí que me
gustaría, señor Del Burgo, que nos explicara a todos qué hacía el señor
Azcárraga el día 6 de agosto en el Palacio de la Moncloa con el señor
Aznar. (Aplausos.) Eso me gustaría. Quizá por ahí empecemos a entender
algunas de las cosas por las que usted y media España --quizá más de
media España-- se escandalizan. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, dejen que continúe la
intervención.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No se enfaden. Cuando tengan su turno me lo
dicen.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que no establezcan diálogos entre sus
señorías.
Continúe, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Lo lamentable de ustedes es que aquella
técnica de calumnia que algo queda la siguen utilizando, y al parecer en
función de decisiones estratégicas. Se trata de crear un clima de
confrontación. En ese clima ustedes creen desenvolverse bien; incluso
interpretan que ahora, según dicen algunas encuestas, van un poco mejor.
Esto es la consecuencia del clima de crispación. Si lo tenemos que
sufrir, lo sufriremos. Lo sufriremos y lo sufrirá este país. (Rumores.)
¿O creen que este país está contento con la crispación? ¿No eran ustedes
los que iban a eliminar la crispación? ¿No son ustedes los que iban a
pacificar este país? (Aplausos.)
Es lamentable lo que está ocurriendo, señor Del Burgo. El turno que tenía
hoy aquí no era para hablar de lo que ya hemos hablado y de lo que,
lamentablemente, vamos a tener que seguir hablando, sino para ver cómo
hacemos una comisión de investigación. La comisión de investigación que
ustedes proponen es una, en virtud de la cual, aquellos que deben ser
investigados son ya culpables. Por tanto, no necesitan ser investigados,
ya se sabe. Se trata de zanjar, mediante la mayoría que constituyen
ustedes y sus aliados parlamentarios, la culpabilidad ya declarada. Esto
es jugar sucio, simplemente sucio. Lamentablemente, ni siquiera
disimulan, porque si hubiera hecho una redacción diferente y hubiera
dicho desde la tribuna que no prejuzguemos ningún hecho, uno podría tener
alguna confianza. Lo lamentable es que, además de decir lo que ha dicho,
hay que aplicarle aquello de que por la boca muere el pez. Si dice que,
efectivamente, no hay ningún hecho que comprobar sino que ya se sabe que
hay una manifiesta culpabilidad y negligencia y de lo que se trata es de
que los hechos ya probados no vuelvan a ocurrir, señor Del Burgo, me dirá
para qué hacemos una comisión de investigación. En todo caso, no valdrá
la que ustedes proponen, tendrá que valer una que no parta de eso, que
parta hay que analizar las cosas con mesura, de que no ha habido
prescripción, aunque usted se empeñe.
Por mucho que usted tenga o pretenda tener una autoridad de jurista, no
puede sustituir al Código Civil cuando dice lo que es la jurisprudencia,
que no es lo que dice el señor Del Burgo sino lo que dice el Código
Civil. Naturalmente, lo que ocurra con esos expedientes y el esfuerzo que
se haga desde la Administración tributaria para hacer valer esas deudas
está todavía por saberse.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego que concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente, voy terminando.
Todavía no sabemos si su Administración se está empeñando simplemente en
aplicar aquello que es razonable, esto es, aquello que han venido
defendiendo
todos los abogados del Estado en los seiscientos o más expedientes que
están ante los tribunales y que usted hoy desmiente, como ha desmentido
el Presidente del Gobierno, como desmiente el Vicepresidente y Ministro
de Economía o el señor Costa, esto es, un discurso aquí y otro en los
tribunales. ¿Qué credibilidad le van a estimar los españoles respecto a
que está defendiendo los intereses de la Hacienda pública?
Señor Presidente, nosotros creemos que tiene que haber una comisión de
investigación en la que queden claros los hechos y circunstancias que
pudieran concurrir en relación a los seiscientos expedientes que han sido
denunciados. No les pongamos adjetivos, pero que se clarifique esto; no
prejuzguemos, que se analice lo que ustedes dicen que quieren analizar,
pero que no se deje de analizar también, señor Del Burgo y señorías, el
fundamento de las graves imputaciones de prevaricación y de otros delitos
conexos, como delitos contra la Hacienda pública, que han sido formulados
por el Gobierno del señor Aznar y por el propio señor Aznar contra el
Partido Socialista y contra el Gobierno socialista anterior.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Concluyo de verdad, señor Presidente.
Hay que conocer los expedientes, señor Del Burgo y señor Presidente, en
virtud de una doctrina que, si hoy no tiene aval por los servicios
jurídicos de la Cámara, mi grupo pretenderá seguir haciendo valer en
función de la Ley General Tributaria y del propio Reglamento del
Congreso, en su artículo 64. No es posible, señorías, que ustedes
pretendan que nosotros somos delincuentes, que al mismo tiempo crean que
somos los que tenemos que demostrar nuestra inocencia y que, cuando
recurrimos a los medios que existen en el sistema democrático y
parlamentario para hacer valer la razón que uno tiene, simplemente se
amparen en la perversión que constituye negar los medios de prueba para
quien, acusado, pretenden que ni siquiera pueda defenderse.
Esto, señor Del Burgo, no es posible. Las trampas en democracia las
entiende todo el mundo. Pero quiero decirles también que esto se va a
conocer hasta el final, hasta el final, sin ningún tipo de peros, sin
ningún tipo de paliativos, sin ningún tipo de reservas. No es posible que
el señor Aznar mienta y que no pase nada en este país. (Fuertes
aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray. (El señor Del Burgo
Tajadura pide la palabra.)
¿A qué efectos me pide la palabra, señor Del Burgo?
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, las alusiones constantes y
reiteradas hacen obligado un turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene un turno de alusiones por tiempo
limitado de tres minutos.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Eguiagaray, usted me ha llamado irresponsable, y es posible que lo
sea, se lo admito. Pero, por lo menos, usted debiera haber sido
responsable y no lo ha sido --por consiguiente, podremos concluir que es
un irresponsable-- por no haber siquiera leído el texto de nuestra
proposición. Nuestra proposición no pide otra cosa que determinar los
hechos puestos de manifiesto por el Gobierno en relación a los retrasos
injustificados en los expedientes de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, así como la situación general de otros
expedientes que puedan estar afectados, con el fin de extraer las
conclusiones oportunas; estudiar y proponer las medidas necesarias para
impedir que se repitan las condiciones que han permitido la prescripción
de los citados expedientes y sugerir las reformas que contribuyan a
mejorar el funcionamiento y transparencia de la Administración
tributaria. (Rumores.)
Señor Presidente, le ruego su amparo para que pueda seguir en el uso de
la palabra.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Del Burgo. Silencio, señorías. El trámite
es de tiempo muy limitado y les garantizo que descontaré los minutos para
que el señor Del Burgo pueda desarrollarlo en su integridad.
Continúe.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Muchas gracias, señor Presidente.
Pues bien, eso es lo único que nosotros decimos. Aquí no ha existido
ninguna conclusión. Hemos hecho valoraciones políticas. Somos muy libres
de hacerlo. Entre otras cosas ¿cómo no poder hacer siquiera la suposición
de que una actuación de esta naturaleza de prescripción de 600
expedientes de los mayores contribuyentes tienen el efecto de una
verdadera amnistía fiscal? (Rumores.) ¿Es eso la imputación de un delito?
(El señor Yáñez-Barnuevo García: ¿Quiénes son?)
Señor Eguiagaray, usted nos acusa de amiguismo. Me sorprende que ustedes
puedan realizar ese tipo de acusaciones. No quiero ponerme desagradable y
hacer recordatorio de hechos que ustedes saben muy bien. (Rumores.)
¿Quieren que les saque los 28 sumarios en los que ustedes están
implicados ante los tribunales de justicia? ¿Les recuerdo quiénes son los
amigos que pasaban por las taquillas de Filesa para financiar ilegalmente
al Partido Socialista presuntamente? (Aplausos.--Protestas.) ¿Quieren que
les recuerde todo esto? (Continúan los aplausos y las protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Del Burgo, le queda a S. S. un minuto para ceñirse al turno de
alusiones, como está previsto en el Reglamento,
que es contestar a las valoraciones y juicios de valor, personales o de
grupo, que haya encontrado contenidas en las palabras del señor
Eguiagaray, no para reabrir el debate o entrar en oportunidades que den
lugar a nuevas alusiones. Un minuto, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Nos acusa de crispación. Creo que España
está cansada de que la crispación la generen los problemas personales del
señor González (Rumores.), que, por cierto, no como el señor Aznar, que
con luz y taquígrafos recibe al señor Azcárraga en la Moncloa, habría que
saber cómo recibía a sus amigos en la Bodeguilla el señor González.
(Aplausos.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo. (El señor Eguiagaray
Ucelay pide la palabra.)
¿A qué efectos pide la palabra, señor Eguiagaray?
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Exactamente a los mismos que el señor Del
Burgo.
El señor PRESIDENTE: No, señor Eguiagaray. Saben SS. SS. que cuando está
cerrado el debate la petición de un nuevo turno tiene que ser con
invocación expresa del derecho del que se cree asistido el Diputado.
Estimo que es por alusiones. Le voy a repetir lo que le he dicho al señor
Del Burgo, que, en consecuencia, ha ceñido su turno y al que le han
sobrado cuarenta segundos. Las alusiones personales o de grupo que haya
entendido S. S. limítese a contestarlas, pero no a reabrir un nuevo
turno, que le garantizo que no voy a dar.
En consecuencia, señor Eguiagaray, con el tiempo máximo de tres minutos,
que voy a llevar muy en cuenta, tiene un turno por alusiones.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Créame, señor Presidente, que no tengo la menor intención de entrar en el
terreno en el que ha entrado el señor Del Burgo.
No me parece que seamos nosotros los que estemos causando la crispación.
(Rumores.) El señor Del Burgo me ha llamado un montón de cosas, ha dicho
un montón de cosas ahora, no le voy a replicar a ninguna de ellas. Pero
déjeme, señor Presidente, decirle al menos algo que es por lo que ha
empezado el señor Del Burgo.
Creo que una prueba de inmoderación y de la falsedad de la comisión de
encuesta que plantea el señor Del Burgo y los representantes del Grupo
Popular es, como antes he dicho y el señor Del Burgo ha negado, el que
dan por prejuzgado aquello que se trata de investigar. Esto es lo que
dice el texto. Lo que dice el texto es que todos los expedientes han
prescrito y que de lo que se trata es de que no se vuelva a repetir
aquello que precisamente ustedes denuncian.
Señor Presidente, así es como no puede ser una comisión de encuesta. Si
decir que a quienes somos acusados se nos considera ya culpables antes de
que se investigue siquiera significa ser inmoderado y crispar el ambiente
político de esta Cámara, entonces, señor Presidente, simplemente yo soy
un irresponsable. ¡Pero si lo que yo estoy diciendo lo puede entender
hasta un niño de 12 años! Salvo que el señor Del Burgo pretenda negar que
aquí han escrito que efectivamente se da por hechos probados aquello de
lo que se acusa y que se pretende que corrobore la comisión de encuesta,
estaremos en un mundo diferente del que se deduce de los textos, de las
discusiones, de los debates.
Señor Presidente, hablar de moderación, hablar de unas relaciones entre
el Gobierno y la oposición diferentes de las que existen en este momento,
pasa por reconocer que no se puede hacer una comisión de investigación
para hacer un juicio del pasado habiendo dictado la sentencia
previamente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señorías, concluido el debate, voy a dar lectura de la enmienda
transaccional que suscriben el Grupo Popular, el Grupo Vasco (PNV), el
Grupo de Coalición Canaria, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y el Grupo Mixto, sobre las comisiones de investigación que
estos grupos habían presentado y han defendido en el Pleno.
El texto dice lo siguiente: Esclarecer y determinar los hechos
denunciados por el Gobierno en relación a retrasos en la tramitación de
numerosos expedientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y sus posibles consecuencias sobre la pérdida total o parcial de derechos
para la Hacienda pública, con el fin de extraer las conclusiones
oportunas y señalar las presuntas responsabilidades políticas que se
pudieran derivar. Estudiar y proponer las medidas necesarias que impidan
que se produzcan hechos como los denunciados y sugerir las reformas que
contribuyan a mejorar el funcionamiento y transparencia de la
Administración tributaria y evitar discrecionalidades.
Entiendo que esa enmienda transaccional constituye el objeto común de las
comisiones solicitadas por los grupos parlamentarios que suscriben la
misma. En consecuencia, vamos a proceder a la votación de las tres
iniciativas haciendo una votación común del objeto, que es lo que está
sometido a enmienda transaccional, porque en cuanto a plazos,
composición, etcétera, no hay enmienda transaccional.
Vamos a proceder al llamamiento para la votación. Mientras se procede a
dicho llamamiento, rogaría que los portavoces de los grupos que han
suscrito la transaccional se acerquen a la Presidencia. (Pausa.)
Señorías, los grupos parlamentarios que han suscrito la transaccional
sobre el objeto de la comisión, a cuyo texto he dado lectura, han
alcanzado también una transacción respecto del resto del contenido de sus
propuestas,
que paso, por tanto, a leer. Los grupos parlamentarios a los que me he
referido asumen como transaccional, y la proponen al Pleno, que la
composición de la comisión de investigación estará integrada por tres
Diputados en representación de aquellos grupos parlamentarios que superen
en su composición el número de cien y por dos Diputados por cada uno de
los restantes grupos parlamentarios. Si hubiese votaciones, el voto será
ponderado. A su vez, también han llegado al acuerdo sobre la duración de
la comisión, que para la transaccional, en consecuencia, habrá de
concluir sus trabajos en un plazo de dos meses desde su constitución.
La Presidencia entiende, de acuerdo con los grupos que suscriben la
transacción, que, en consecuencia, sólo permanecen dos proposiciones o
solicitudes de comisión de investigación: la que acabo de referirles como
transaccional, que vamos a someter a votación a continuación, y la
solicitada por el Grupo Socialista, que votaremos seguidamente.
Comienza la votación de la solicitud de creación de una comisión de
investigación en los términos de la transacción que acabo de referir al
Pleno.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 189; en contra, 129; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la constitución de
la comisión de investigación en los términos de la enmienda transaccional
presentada por los grupos parlamentarios.
Votación sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación
para verificar el fundamento de las acusaciones formuladas por el actual
Gobierno contra los anteriores responsables de la Administración
tributaria en relación con la producción de graves perjuicios a la
Hacienda pública, formulada por 81 Diputados del Grupo Socialista del
Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a
favor, 129; en contra, 176; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud de
creación de la comisión de investigación a la que se ha hecho referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LICITACIONES DE
OBRAS PUBLICAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO Y SUS
ORGANISMOS AUTONOMOS (Número de expediente 162/000065)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, proposiciones no de
ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular, sobre licitaciones
de obras públicas por parte de la Administración central del Estado y de
sus organismos autónomos.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, señorías, en el
Boletín Oficial de esta Cámara del 20 de octubre de 1995 se publicaba una
proposición no de ley de contenido prácticamente idéntico al que hoy nos
ocupa y que no fue posible debatir, como todos sabemos, por haberse
adelantado el final de la anterior legislatura. De aquí que volvamos a
insistir en esta cuestión en esta legislatura en la que ahora estamos
inmersos. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
En definitiva, el motivo de esta proposición no de ley es que en las
licitaciones de obras públicas, y en general en toda clase de
licitaciones, se vienen ocasionando graves problemas a las empresas que
no tienen su domicilio en Madrid, por lo que su personal tiene que
trasladarse a esta capital para poder analizar la documentación,
ocasionando con ello... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Soriano, un
momento.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señor Belloch, le ruego ocupe su escaño o abandone el hemiciclo, igual
que el resto de sus señorías.
Puede continuar, señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que a las empresas que acuden a las licitaciones de obras públicas,
al tener que trasladar a su personal a Madrid para analizar la
documentación, se les ocasionan graves perjuicios, en beneficio de
aquellas que están domiciliadas en Madrid y que tienen a su alcance poder
analizar estos documentos. No es el momento de citar aquí la cantidad de
ocasiones en las que esto ha sucedido, con grave perjuicio sobre todo
para una región tan distante como es la nuestra, a la que representamos
aquí, las islas Canarias, donde esta discriminación ha ocasionado
gravísimos perjuicios a las empresas que tienen que trasladar a su
personal a Madrid para analizar esta documentación en los servicios
centrales de la Administración. Todo esto supone en muchos casos que
incluso las empresas se vean obligadas a no participar en estas
licitaciones, ya que para el mero conocimiento de la información
imprescindible han de trasladarse, como digo, a Madrid y asumir los
costes adicionales que esto conlleva.
Podríamos decir que lo que se pretende aquí es acercar de verdad la
Administración a los ciudadanos y hemos
pensado que a tenor de las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de
Convergència i Unió, no debemos delimitar esta posibilidad sólo a las
empresas de la construcción, porque existe otra serie de empresas que
también pueden acudir a estas licitaciones, como son licitaciones de
obras, de suministros, de servicios y en general toda clase de
licitaciones, por lo que nos parece conveniente que la Administración se
acerque a los ciudadanos, poniendo a disposición de los empresarios
interesados en estas licitaciones toda la documentación en las provincias
o en los lugares donde estén radicadas las empresas o donde vayan a
realizarse las obras, en lugar de tener que trasladarse a Madrid.
Nosotros sabemos que el artículo 50 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
contratos de las administraciones públicas, ya establece que las
administraciones públicas facilitarán las copias de los pliegos o
condiciones de los contratos a todos los interesados que lo soliciten y
sabemos también que el artículo 95 del reglamento general de contratación
del Estado, vigente por aplicación de la disposición derogatoria de la
citada ley, establece la obligación del órgano de contratación de
facilitar informaciones complementarias sobre los pliegos de cláusulas
administrativas particulares o de prescripciones técnicas a los
empresarios que lo soliciten. Sabemos que esto está establecido así,
sabemos que esto rige, pero no se dice en estas disposiciones dónde se
muestran a los interesados estos pliegos de condiciones, siendo así que
la práctica administrativa ha logrado establecer el procedimiento de que
sea en los servicios centrales de la Administración donde se exponga esta
documentación.
Por consiguiente, la adopción de medidas para evitar la citada
discriminación supondría la realización del principio de solidaridad
entre las naciones y regiones que consagra la Constitución en su artículo
2 y, en especial, en su artículo 138, que establece que el Estado habrá
de velar por un adecuado y justo equilibrio entre las diversas partes del
territorio nacional, así como los de igualdad y no discriminación a que
deben ajustarse los contratos administrativos, tal y como establece el
artículo 11 de la Ley de contratos de las administraciones públicas, y
los principios de descentralización, desconcentración y servicio a los
ciudadanos que propugna el artículo 3 de la Ley de régimen jurídico de
las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.
Creemos que la finalidad que se persigue, como he dicho, es acercar la
Administración a los ciudadanos y, en definitiva, facilitar la tarea y la
labor de las empresas que acuden a estas licitaciones.
A esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas por parte
de los grupos Socialista, Izquierda Unida y Convergència i Unió.
La enmienda del Grupo Socialista viene a coincidir en su punto 1 con la
enmienda de Convergència i Unió, por cuanto que acertadamente se
establece que no deben adoptarse estas medidas sólo respecto de las
empresas de la construcción, que son las únicas que, en principio, eran
contempladas por la proposición no de ley del Grupo Popular, sino que
deben ampliarse a otras empresas que acuden a otro tipo de obras o
contratos. En consecuencia, consideramos que la enmienda del Grupo
Catalán de Convergència i Unió es más omnicomprensiva que la enmienda del
Grupo Socialista al decir que se facilite a los posibles contratistas
interesados en las licitaciones públicas, sin más limitación, mientras
que la del Grupo Socialista, que también es correcta, establece que son
las empresas interesadas en las licitaciones de obras, suministros y
servicios que han de llevarse a cabo por parte de la Administración del
Estado. En definitiva, consideramos que las dos enmiendas vienen a decir
lo mismo, pero, como digo, nos parece más general, más amplia en su
contenido la enmienda del Grupo de Convergència i Unió.
Respecto de la enmienda de Izquierda Unida y del punto 2 de la enmienda
del Grupo Socialista, donde en definitiva se viene a dar por sentado que
la documentación habrá de entregarse a los interesados en las
delegaciones ministeriales --se dice en la del Grupo de Izquierda
Unida--correspondientes a las delegaciones del Gobierno, o en las
delegaciones del Gobierno --se dice en la enmienda del Grupo
Socialista--, partiendo de la base de que será allí donde se presenten a
los interesados las documentaciones, nosotros creemos que tampoco
conviene decir en estos momentos en qué órgano de la Administración del
Estado habrá de exponerse esta documentación. La proposición no de ley no
lo indica, la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió tampoco,
y consideramos que es bueno dejarlo así para facilitar la labor de los
interesados, puesto que tenemos que tener en cuenta también que existen
ciertos órganos de la Administración del Estado cuya representación o
cuya delegación en las provincias no va a ser a través de las
delegaciones del Gobierno, como son los órganos de Hacienda y otros
organismos públicos, tal como se establece en la Lofage, que está en
estos momentos en tramitación en el Senado, que no van a depender de la
delegación del Gobierno, de manera que sería complicar el procedimiento
si ya de antemano establecemos que serán las delegaciones del Gobierno de
las comunidades autónomas las que habrán de facilitar esta documentación
a las personas interesadas.
En consecuencia, nosotros anticipamos que vamos a admitir la enmienda del
Grupo Catalán de Convergència i Unió, que, como digo, viene a coincidir
con el punto 1 de la enmienda del Grupo Socialista pero con un contenido
más amplio, y no vamos a aceptar la enmienda del Grupo de Izquierda Unida
ni el punto 2 de la enmienda del Grupo Socialista, que en esencia vienen
a ser iguales, por considerar que no resulta conveniente
circunscribir a las delegaciones del Gobierno los lugares en los cuales
se habrá de entregar a los interesados la documentación de estas
licitaciones.
Esperamos el voto favorable de sus señorías.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soriano.
Han sido presentadas enmiendas a esta proposición no de ley por los
grupos de Izquierda Unida, Socialista y Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar
defender la enmienda de Izquierda Unida a esta proposición no de ley,
que, como decía el propio Diputado que la defendía, deviene de la
legislatura pasada. A mi grupo, Izquierda Unida, le cabe una especie de
duda en cuanto la voluntad de la propuesta. No es lo mismo una propuesta
cuando se está en la oposición que cuando se está en el Gobierno. Hemos
estado trabajando en cómo organizar la Administración periférica del
Estado, en la creación de la ventanilla única, en cómo organizarla mejor
para que tengan acceso los ciudadanos, y resulta que ahora viene una
propuesta del grupo que apoya al Gobierno, como poniéndose en la
oposición, para instar al Gobierno a que se facilite a las empresas de
construcción el acceso al conocimiento de la documentación sin tener que
desplazarse a Madrid. No hace falta traerlo aquí para que se impulse al
Gobierno; con que el Gobierno lo hiciera se solucionaría, pero, como
dicen en algunas partes del Estado, a mes, a mes, lo que abunda no daña,
y es positivo que podamos tomar aquí una medida que al Gobierno no se le
ha ocurrido, y es que puede facilitar que puedan incorporarse a la
licitación, ahorrándose desplazamientos, todas las empresas en el
territorio del Estado.
Si analizamos la propuesta desde esta óptica, la posibilidad de que
empresas que no residen en Madrid puedan presentarse conociendo los
expedientes en cada uno de los puntos origen, ¿cuál podría ser la medida?
Es ahí donde Izquierda Unida hace una propuesta. Si hace poco hemos
aprobado una Lofage que centra la estructuración de la Administración
periférica en los ministerios dentro de las delegaciones del Gobierno,
utilicémosla y póngase a disposición de las empresas en las delegaciones
del Gobierno la información suficiente para que puedan presentar después
los proyectos, porque, si no se hace así, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace
esto que pone aquí: «... sin necesidad de tener que trasladarse con tal
finalidad a las correspondientes oficinas de la Administración central de
Madrid?» ¿Cuáles no son oficinas de la Administración central en Madrid?
¿Las desconcentradas en provincias? ¿Donde haya ministerio que esté
relacionado? Ahora se va a admitir una enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió que yo creo que adecua toda la oferta a la
realidad, no solamente a la construcción, sino a los suministros y a los
servicios. Me parece muy bien. Nosotros vamos a apoyar esa enmienda
porque especifica algo más amplio, algo más normal dentro de la oferta
que sale todos los días a contrata. Si el objetivo es instar al Gobierno
a que no tengan que venir a la Administración central a conocer primero
los proyectos y, después, presentar su propuesta, las mejores fórmulas
para hacerlo son dos: o subdelegados del Gobierno o delegados del
Gobierno, con lo cual estaríamos aprobando aquí que el Gobierno hiciera
52 copias de los proyectos, 52 copias de los planos, 52 copias de las
ofertas para que las tuvieran en las provincias.
¿Qué proponemos nosotros? Que esté en las delegaciones del Gobierno,
porque, si no, no habrá camino para solventar esto. ¿Qué pasará? ¿Que
mandarán a un ingeniero que vendrá a Madrid para ver los planos, pero no
vendrán para traer la propuesta? Y lo podrán hacer ¿desde dónde? ¿En los
municipios? Puede ser otra fórmula de ventanilla única. En suma, nosotros
hemos intentado con nuestra enmienda adecuar un texto que viene de la
legislatura pasada, que estaba hecho antes de aprobar la Lofage, el
desarrollo de la Lofage; por cierto, nosotros manteníamos algunos
elementos críticos en cuanto a esa discusión de la reducción de la
Administración periférica del Estado, pero no existe otro camino, so pena
de que aquí simplemente hagamos una declaración de intenciones con el
texto muy abierto y que el Gobierno regule después, con la fórmula que
sea, pero para eso no tendríamos que estar aquí, sobre todo los grupos
que le dan soporte al Gobierno, porque simplemente con haberse puesto a
trabajar lo podrían haber hecho desde la organización de la propia
Administración si tuvieran esa voluntad de acometerlo.
Por tanto, señorías, la enmienda que Izquierda Unida intenta introducir
se referiría a los proyectos y demás documentación en las empresas de
construcción y, como propone la enmienda de Convergència i Unió, los
posibles contratistas interesados en las licitaciones públicas; o puede
decirse, como también lo proponía el Grupo Socialista, obras, suministros
y servicios. Es más genérica la expresión licitaciones públicas, porque
lo engloba todo, inclusive algunas que no puedan estar recogidas en la
propuesta del Grupo Socialista. Ese es un camino.
Yo creo, señorías, que si aprobamos solamente el párrafo como viene aquí
con la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, sabremos que no estamos
tomando como pronunciamiento de esta Cámara ningún camino para el
Gobierno. Haga el Gobierno lo que haga, estará bien hecho. Estamos
renunciando a indicarle al Gobierno el camino para acercar el
procedimiento a estas empresas, como dice muy bien aquí, de obra pública
que no tienen su domicilio en Madrid. Por tanto, nuestra propuesta podría
ser sustituida por otra distinta que dijese en los municipios o que
dijese en las subdelegaciones del Gobierno, pero no veo por qué razón no
se puede decir en la estructura ministerial dentro de la delegación del
Gobierno o en las delegaciones del Gobierno. Señorías, si no se
especifica, estamos haciendo una declaración de intención. Podremos venir
dentro de ocho meses los que sí estamos en la oposición a decir: y de
aquello ¿qué? ¿Cómo va la posibilidad de que puedan no tener que venir a
Madrid a conocer estos proyectos antes de presentar sus ofertas? Y nos
encontraremos con que está pensándose la regulación, la ordenación a
través de una orden ministerial o de una actuación desde el Gobierno
central. Por tanto, señorías, creo que esa debería ser nuestra decisión
hoy aquí, con la precisión que decía el portavoz del Grupo Popular
recogiendo la indicación de Convergència i Unió y siguiendo el camino que
es el desarrollo de la Lofage a través de las delegaciones del Gobierno,
porque ésa es la forma de desconcentrar; lo que estamos haciendo aquí es
desconcentrar la Administración, acercar el centro a los administrados
para que puedan presentar sus proyectos. Yo estoy convencido de que ese
es un camino que más tarde o más temprano tendremos que discutir. O lo
hará el Gobierno solo o lo hará con el consenso de todas las fuerzas
políticas. Podríamos sacar esta propuesta aprobada por unanimidad y en
tres meses tener el Gobierno el tema resuelto, con lo cual les habríamos
dado una alegría a las empresas que no residiendo en Madrid quieren
presentarse a las licitaciones que puedan surgir desde los distintos
organismos de la Administración pública o desde los distintos
ministerios.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, es cierto que si se lee el artículo 50.6 de
la Ley de contratos de las administraciones públicas, nos podemos
encontrar con la situación resuelta, porque basta que esa voluntad
política del Gobierno se lleve a cabo para observar que si hablamos de
que las administraciones públicas facilitarán las copias de los pliegos o
condiciones de los contratos a todos los interesados que lo soliciten, es
normal que, además de facilitarlas, también digan dónde y cómo se pueden
recoger. Si esta voluntad fuera clara y nítida, no haría falta plantear
una iniciativa de estas características, que, en principio, tal y como se
ha presentado la proposición no de ley del Grupo Popular, no aceptamos.
El portavoz del Grupo Popular ha dicho que va a aceptar alguna de las
enmiendas, concretamente la de Convergència i Unió, y que el texto era
igual que el primer punto de la nuestra. Es cierto que es lo mismo, pero
nosotros lo hemos hecho por una razón muy sencilla que hay que explicar.
Nuestra proposición en ese punto viene a recoger lo que dice la Ley de
contratos de las administraciones públicas, que habla de los tres tipos
de contratos que constituyen la contratación administrativa, que son
suministros, obras y servicios. ¿Por qué hemos planteado esta enmienda
que pretendemos que sustituya a la proposición no de ley? Consideramos
que el texto de la misma afecta negativamente al cumplimiento de una
serie de principios, que están vigentes en la contratación
administrativa, como son los de publicidad, no discriminación, igualdad y
concurrencia, que vienen reconocidos en el marco jurídico de la Ley de
contratos de las administraciones públicas, concretamente en su artículo
11.1. Lo decimos porque de la simple lectura del texto de la proposición
no de ley, lo que sí queda muy claro es que sólo las empresas de
construcción sin domicilio en Madrid tendrían derecho, si se aprobara en
los términos en que está redactada, a acceder al conocimiento de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, a los proyectos, a la
documentación que constituye el expediente de contratación. Es decir,
quedarían marginadas las empresas que, sometidas a las normas de
contratación administrativa en sus relaciones con la Administración,
estuvieran también interesadas en las obras públicas, sin ser de
construcción, o se dedicaran a suministrar bienes y servicios, o bien
tuvieran como objeto la prestación o gestión de servicios.
Si leemos los artículos 11.1 y 50.6, al primero ya he hecho referencia
anteriormente, de la Ley de contratos, podríamos afirmar sin ningún temor
que la necesidad que plantea la justificación de la proposición no de ley
no tiene su consecuencia lógica en el texto de la propuesta que se
formula. El hecho de hablar solamente de empresas de construcción sin
sede en Madrid va en contra de los principios básicos que fundamentan la
contratación administrativa, como son la igualdad, la publicidad, la no
discriminación y la concurrencia, y pensamos que se vulneran por las
siguientes razones, y eso que han aceptado muy rápidamente que entren
todas las empresas y no sólo las de construcción, pero creo que tenemos
que ser rigurosos a la hora de decir por qué razón se aceptan unas cosas
y por qué razón se rechazan otras.
Nosotros planteamos que se vulnera el principio de publicidad en relación
con el de igualdad y no discriminación si limitamos el conocimiento
público sobre la existencia de una pretensión administrativa de contratar
sólo a un tipo de empresas determinadas, las de construcción. Cabe
preguntarse por qué sólo estas empresas. ¿Es que acaso las que
suministran materiales o servicios, las que suministran aquel tipo de
elemento
necesario, las que prestan algún servicio o algún nivel de prestación --
y valga la redundancia-- a la Administración no tienen derecho a que les
sea facilitada en un sitio más próximo a su domicilio toda la
documentación que les es necesaria? Nos gustaría saber por qué razón se
presenta esta iniciativa y qué es lo que había detrás de ese
planteamiento inicial que se hizo al formular la proposición no de ley.
Se vulnera también el principio de concurrencia, ya que puede verse
afectada la posibilidad de garantizar que se presenten ofertas que
permitan seleccionar al mejor postor. Aquí puede surgir un problema que
puede ser serio y que intentaremos minimizar de la mejor manera posible,
en el sentido de diversificar los puntos en los que va a existir esa
información y que estén perfectamente claros y nítidos cuáles van a ser.
Por eso en el punto 2 de la enmienda planteábamos que fuera en las
delegaciones del Gobierno. Vivimos en la Unión Europea, entre un conjunto
de países que tienen regulada unas fórmulas de contratación iguales. ¿Qué
va a suceder con esas empresas? ¿Van a tener la misma posibilidad que las
empresas españolas de acceder al mismo tipo de información? ¿Cómo se va a
solucionar este problema? Aquí no se soluciona. Es decir, ¿se puede
minimizar de alguna manera si abrimos ese abanico a otros aspectos de lo
que tienen que ser puntos diversos de las comunidades de este país y de
esa manera facilitar el que ellas puedan acceder a esos puntos de
información? Yo creo que ese tema habría que pensarlo y habría que
plantearlo para que en el momento en el que se desarrolle, de acuerdo con
las normas y con las disposiciones correspondientes por parte del
Gobierno, se tenga presente que ese es un riesgo que podemos correr ante
cualquier dificultad con el resto de los países de la Unión Europea.
Señorías, estas razones y la necesidad de facilitar a todas las empresas,
y no sólo a unas pocas, el acceso al expediente de contratación, hacen
que el Grupo Socialista haya planteado estas dos enmiendas o esta
enmienda de sustitución convertida en dos puntos, en la que, de un lado,
salvamos el cumplimiento de los principios básicos de contratación, a que
he hecho referencia, y como consecuencia de ello ampliamos el acceso al
expediente a todas las empresas --no creo que quede excluida ninguna de
las empresas que pueden acceder a la contratación administrativa--, y así
de esa manera proponemos un texto que ustedes, señorías, han leído pero
que me van a permitir repetir: Instamos al Gobierno --en el punto 1-- a
que, con la mayor urgencia, adopte las medidas necesarias para que se
facilite a las empresas interesadas en las licitaciones de obras,
suministros y servicios --es decir, hacemos comprensión de todo lo que
recoge la Ley de contratos-- que se han creado por parte de la
Administración central del Estado, sus empresas y organismos autónomos,
el acceso a los pliegos de cláusulas administrativas, proyectos y demás
documentación, sin necesidad de tener que trasladarse con tal finalidad a
las correspondientes oficinas de la Administración central.
Pero esto que podría ser un elemento derivado de la propia aplicación del
artículo 50.6, tiene un segundo punto que hace referencia a aquellos
sitios identificados de este país en los que podría perfectamente
ubicarse toda la información de todos estos expedientes para que los
conocieran de la manera más directa, más rápida, más cómoda, más eficaz y
más económica, las empresas afectadas por estos sistemas de contratación.
Por ello, en el punto segundo lo que planteamos es que se adecuen las
delegaciones de Gobierno, como órganos de la Administración que
representan al Gobierno de la nación en cada una de las comunidades
autónomas, para servir de soporte a la hora de posibilitar el acceso a la
documentación de cada expediente de contratación.
Si hacemos una lectura de estos dos puntos de la enmienda de sustitución
con las propuestas que hace tanto Convergència i Unió como Izquierda
Unida, nos damos cuenta de que existe por parte de muchos de nosotros una
sintonía en cuanto a cuál tiene que ser el resultado final de la medida
que pretendemos poner en marcha. Si nosotros aceptamos que hay que
ampliar los contratos, creo que todo el mundo estaremos de acuerdo en que
es bueno que se amplíen los contratos con la fórmula que sea, bien la
nuestra o bien la de Convergència i Unió, a todo tipo de contratos que
puedan suscribir las empresas que acudan a contratación administrativa.
Pero el segundo punto es importante también, porque lo que hacemos es
decir a los interesados que hay ya un sitio donde va a estar ubicada esa
información; es decir, que no dejamos al pairo de cualquier tipo de
interpretación, de cualquier tipo de decisión que se produzca en un
momento, para ubicar los expedientes donde convenga, en función de lo que
convenga y en función de criterios que a veces tienen muy poco que ver
con lo que es el planteamiento que en principio formula la proposición no
de ley que estamos discutiendo en este momento.
Por eso, señorías, les pediría a los señores del Grupo Popular que
reconsideraran su posición respecto a nuestro punto segundo, que
aceptaran, si es posible, el que las delegaciones de Gobierno --y además
conseguiríamos el apoyo de todos los grupos políticos-- fueran los sitios
donde se ubiquen materialmente los expedientes, los proyectos, la
documentación de la contratación administrativa, y sin lugar a dudas
haríamos un buen favor tanto a la Administración, tanto al Gobierno, como
a los afectados en el desarrollo de este tipo de procesos de
contratación.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señorías, el
Grupo Parlamentario Catalán presenta una sencilla enmienda --ustedes ya
la han oído-- a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Su único objetivo es ampliar el alcance de aquélla que se ciñe en su
redacción a la sola licitación de obras públicas, y nuestra enmienda lo
extiende a todo tipo de licitaciones, sean de obras, de servicios, de
suministros o, como dice la Ley de contratos, de asistencia y
consultoría, que suponemos que son servicios, pero así está escrito en la
ley, como si fuera otra cosa distinta.
En cualquier caso, esta es una proposición no de ley modesta pero
importante, porque pone al descubierto la rutina y la gangrena de la
Administración del Estado. Es absolutamente esclarecedor leer con
atención la exposición de motivos de esta proposición no de ley, donde
hay una serie de ejemplos absolutamente delirantes que hacen evidente la
gangrena burocrática de esta Administración, que ha centralizado las
acciones que el artículo 50.5 de la Ley de contratos del Estado contiene
cuando dice que se darán copias de los expedientes y de los proyectos a
aquellas personas interesadas que lo soliciten. Se facilitan las copias,
es cierto, siempre se hace, pero siempre se facilitan en unas oficinas
situadas en la ciudad de Madrid.
Entendemos que la proposición no de ley insta a dar un mejor servicio a
la ciudadanía, a hacer este servicio más próximo y a hacerlo eficaz y
esperamos que el Gobierno lo incluya junto con otras medidas que hagan
realidad el supuesto de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado: acometer procesos necesarios de
supresión y simplificación administrativa que conduzcan plenamente a la
consecución de la Administración única.
En nuestra enmienda no hacemos mención del lugar de la Administración en
que deben facilitarse estas copias; puede ser la delegación del Gobierno,
un servicio no integrado en la misma y puede ser en la era y el momento
de hoy por correo electrónico a domicilio. No es necesario un lugar
físico para que recibas las copias de unos proyectos. Por esto nosotros
entendemos que el Gobierno en cada momento hará aquello con lo que crea
que consigue dar un mejor y más eficaz servicio para la ciudadanía.
En cualquier caso, me ha parecido absolutamente refrescante constatar que
el Grupo Popular --y quizá todos-- va a romper un tópico, que es el de
que Madrid no es ya la nueva Roma en donde confluyen todos o casi todos
los caminos de la Administración y para este pequeño y modesto ejercicio
iconoclasta tienen ustedes todo nuestro apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, el señor Chiquillo tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente, voy a intervenir
brevemente para fijar nuestra posición respecto a la proposición no de
ley del Grupo Popular y también sobre el contenido de alguna de las
enmiendas que se plantean a esa proposición no de ley.
Creo que el espíritu, la voluntad y estoy convencido que la buena fe del
grupo proponente es acercar a las empresas relacionadas con las grandes y
no tan grandes contrataciones a la Administración del Estado, que se les
den todo tipo de facilidades para no tener que hacer --como ha comentado
la portavoz del Grupo Catalán-- ese casi inevitable y necesario viaje a
Madrid para ver los proyectos, ver las cláusulas y los pliegos de
condiciones de cientos de miles de obras que adjudica la Administración
central del Estado.
Por tanto, estando totalmente de acuerdo con el espíritu de la
proposición presentada por el Grupo Parlamentario Popular, creo que
habría que buscar la fórmula para acercar a ese hecho autonómico, a cada
una de las capitales del Estado español la posibilidad de que las
empresas que no tienen su domicilio social o su actividad normal en
Madrid tengan a su alcance todos los documentos, todos los proyectos para
que se faciliten sus actuaciones y se respeten en igualdad de condiciones
aquellas empresas que por proximidad a Madrid tienen mayor acceso, mayor
posibilidad de estar al lado de ese ministerio que adjudica una
determinada obra pública en un momento dado.
Por tanto, creo que, por poner al servicio de las empresas que contratan
habitualmente con la Administración del Estado, sería conveniente aprobar
esta proposición incluso con alguna de las ideas que proponen las
enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya o del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), para que se acerquen lo máximo posible a
todos los ciudadanos para que todas las empresas, en igualdad de
condiciones, tengan en su propia provincia, en su propia circunscripción
territorial, en su propia comunidad, ese órgano, esa Administración
central, para que puedan acceder con la máxima rapidez a todos los
documentos para facilitar su libre competencia a una licitación pública.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, una
proposición no de ley como esta, relativa a la licitación de obras
públicas por parte de la Administración central del Estado y sus
organismos autónomos y que tiene como objetivo básico y fundamental
acercar la Administración al administrado, como no podía ser menos,
cuenta absolutamente con el respaldo del Grupo de Coalición Canaria.
No parece razonable, si queremos cumplir con esas cosas que tanto decimos
y no cumplimos de tener una Administración ágil, eficaz, austera, que
para examinar un pliego de condiciones, un proyecto de obra o cualquier
tipo de expediente administrativo, las empresas tengan que desplazar a su
personal a la capital de España para examinar los expedientes a los que
anteriormente me he referido. Menos razonable parece que se dé esa
situación en un Estado que tiene una vocación descentralizadora a través
de su autonomía, y que puede apoyar la necesaria coordinación
administrativa para llevar a cabo esta descentralización de los
expedientes a través de las delegaciones del Gobierno, como bien se ha
apuntado por anteriores portavoces, o bien incluso a través de los
propios gobiernos autónomos.
Entendemos que se deben de adoptar medidas, y ésta parece una de ellas,
que garanticen el principio de igualdad y no discriminación entre las
empresas que cotizan al Estado, sea cual sea el punto donde estén
radicadas. La situación actual parece una situación claramente
insolidaria, injusta y discriminatoria con aquellas empresas que están
radicadas en las comunidades más alejadas de la capital del Estado. Los
costes adicionales para aquellas empresas radicadas en esas comunidades
más alejadas les pone en una situación no competitiva con respecto a
aquellas que se encuentran radicadas en la capital. Pero es que, además,
acercar todos los trámites procedimentales a las regiones y a las
nacionalidades del Estado permite no solamente abaratar los costes de
desplazamientos, sino también hacer más eficaz y racional el
funcionamiento del Estado.
Con respecto a las enmiendas presentadas por los grupos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Grupo Socialista y Grupo Catalán
(Convergència i Unió), entendemos que todas ellas tienden y tienen como
objetivo fundamental mejorar la proposición no de ley presentada por el
Grupo Popular y creemos que es posible conciliar las distintas propuestas
que se hacen en todas y cada una de ellas.
Por tanto, aunque parezca difícil de entender, nuestra posición es la de
apoyar la propuesta del Partido Popular, pero también todas y cada una de
las enmiendas presentadas, porque nos parece que enriquecen la
proposición inicial.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, como representante de un
partido con implantación sólo periférica, no podemos por menos que
valorar positivamente el propósito que anima la iniciativa, que ahora se
somete a votación de la Cámara, para eliminar las dificultades para
acceder a la documentación necesaria, a fin de conseguir las ofertas en
las licitaciones de los contratos que hayan de realizarse en todo el
territorio del Estado para aquellas empresas que no radiquen en la
capital, es decir, en Madrid.
No hacemos en este momento procesal del trámite en la Cámara cuestión de
cuál deba ser el lugar concreto en el que deba tenerse acceso a esta
documentación, ya que creemos que ello podrá ser objeto de puntualización
y pormenorización en el debate, cuando se nos presente el texto concreto
por el Gobierno, teniendo en cuenta que las distintas posibilidades de
localización vendrán motivadas por la complejidad del material al que se
deba acceder, si son sólo pliegos o son dossieres, planos o material más
complejo, lo cual dificultará la entrega domiciliaria o en lugares más
plurales, como se ha indicado por alguno de los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra. En todo caso, sí me parece interesante
la enmienda que planteaba el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en el
sentido de extender el contenido de la proposición no de ley no sólo a
las obras públicas sino también a los servicios, a los suministros y a
los contratos llamados de asistencia técnica y de consultoría, porque así
se cumpliría más plenamente el propósito de la iniciativa que hoy nos
presenta el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Señor Soriano, a efectos de expresar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas por los grupos parlamentarios, tiene S. S. la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor Presidente. Muy
brevemente. Quisiera comenzar diciéndole al señor Ríos que también el
grupo que apoya al Gobierno puede presentar proposiciones no de ley y no
debe extrañarnos, porque una proposición no de ley de idéntico contenido
a la hoy presentada por el Grupo Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Soriano, le
ruego se ciña en su intervención a la aceptación o no de las enmiendas.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy bien. Nosotros, en definitiva,
aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Consideramos que esa enmienda viene a coincidir con la enmienda
del Grupo Socialista, es más, coincide literalmente con la proposición no
de ley presentada por el Grupo Socialista en la anterior legislatura que
habla de las medidas necesarias en orden a asegurar todas las
licitaciones que se llevan a cabo sin más; es decir, coincide la enmienda
del Grupo Catalán con el texto literal de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista en la anterior legislatura.
La enmienda del Grupo Socialista coincide también con la del Grupo de
Izquierda Unida en cuanto a que sean las delegaciones del Gobierno en las
comunidades autónomas las que reciban la documentación. Queremos decir
que no se puede aceptar porque, en definitiva, nuestra proposición no de
ley lo único que hace es instar al Gobierno a adoptar una serie de
medidas. Esas medidas que el Gobierno deberá adoptar en desarrollo de la
proposición no de ley que aquí se apruebe son las que tendrá que
contemplar el órgano donde se presente esa documentación, porque incluso
pudiera darse, señor Morlán, el supuesto de aquellos órganos de la
Administración del Estado, como pueda ser una confederación hidrográfica,
que afectan a varias comunidades autónomas y no sabríamos en cuál de las
delegaciones del Gobierno habría de presentarse. Consideramos que es
mucho más correcto dejar el texto como está, que posibilita toda clase de
actuaciones por parte del Gobierno, y el Gobierno a través de las medidas
que habrá de adoptar como consecuencia de la aprobación, en su caso, de
esta proposición no de ley ya instrumentará el lugar donde se presente la
documentación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soriano.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre licitaciones de obras públicas por parte de
la Administración central del Estado y sus organismos autónomos, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada por unanimidad la
proposición no de ley con la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MANTENIMIENTO DE LA PRESENCIA
DEL ESTADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.
(Número de expediente 162/000085)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre mantenimiento de la presencia del Estado en el consejo de
administración de Telefónica de España, S. A.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debo comenzar por decir que hasta el final albergué la
esperanza de que el Ministro de Fomento se quedara a esta proposición no
de ley, pero veo que se ha ido. Espero que alguien se lo sople en el
pasillo y pueda volver a entrar.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender una
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a mantener la
presencia del Estado en el consejo de administración de Telefónica, de
conformidad con lo establecido en la cláusula séptima, apartado 5, del
contrato suscrito el 26 de diciembre de 1991 entre la Administración del
Estado y Telefónica de España, Sociedad Anónima.
Debo comenzar expresando que no es este el debate que nos gustaría tener
hoy aquí; nos hubiera gustado debatir una proposición no de ley que
presentamos hace dos meses, antes de que comenzara el proceso de
enajenación de las participaciones que el sector público conserva todavía
hoy en Telefónica. Nos hubiera gustado poder defender en esta Cámara lo
que se incorporaba en aquella proposición no de ley, que no era otra
pretensión que la de que el Estado mantuviera, al menos, un 5 por ciento
de su participación en el capital de Telefónica, al igual que han hecho
la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, con el fin de
que el Estado pudiera estar presente en el consejo de administración de
la futura Telefónica y defender allí los intereses generales que sin duda
están en juego en el desarrollo estratégico de una empresa tan importante
en un sector clave para nuestra economía como es el de las
telecomunicaciones. No pudo ser. Conseguimos, es verdad, que se convocara
la Diputación Permanente para intentar que comparecieran en esta Cámara
el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, señor Rato, y el
Ministro de Fomento, responsables políticos del proceso de privatización
y, ciertamente, no lo conseguimos.
En aquel momento, en la Diputación Permanente, tuvimos ocasión de
argumentar sobre la importancia del proceso de privatización que hoy se
está llevando a cabo. Dijimos que era un proceso que afectaba a una
compañía que --recordémoslo--, señorías, hoy todavía tiene el monopolio
de la telefonía básica en España; una compañía --decíamos entonces-- cuyo
inmovilizado material supera los tres billones de pesetas; que supone más
del 90 por ciento de los activos de telecomunicación en nuestro país; que
tiene una inversión anual de 400.000 millones de pesetas; en la que están
invertidos los ahorros de cientos de miles de pequeños accionistas y en
la que trabajan más de 70.000 personas; una compañía que, en la
actualidad, tiene
firmado un contrato con el Estado por el cual presta, con carácter
universal a todos los españoles, el servicio de telefonía básica o lo que
es lo mismo, la compañía a través de la cual el Estado hace efectivo el
derecho de los españoles a tener un teléfono.
Debo decir que, con ocasión de la discusión en la Diputación Permanente,
algunos grupos de esta Cámara manifestaron su acuerdo en que el tema
merecía un debate en el Pleno. No obstante, la propuesta para que
comparecieran el Vicepresidente del Gobierno y el Ministro de Fomento no
salió adelante. Ya entonces argumentamos que era el momento oportuno para
hacer ese debate, que después sería demasiado tarde; que probablemente
cuando hiciéramos el debate nos encontraríamos con que estaría seriamente
limitado porque el proceso de privatización se habría puesto en marcha, y
así es. Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón y, por ejemplo,
hoy no podemos discutir aquí si es pertinente o no que el Estado se quede
con un porcentaje de sus acciones en Telefónica para poder participar en
el futuro en el desarrollo estratégico de esta compañía tan importante
para España; por ejemplo, hoy ni tan siquiera podemos discutir aquí si es
pertinente modificar el real decreto de régimen administrativo, de
autorización administrativa previa a Telefónica de España y a una
compañía filial, Telefónica Móviles, decreto por el cual, según el
Gobierno, se garantizaban los intereses generales de todos los españoles
en el futuro de Telefónica. Esto ya no lo podemos discutir y, a nuestro
juicio, era pertinente. En aquel momento señalamos en el debate que había
algunos extremos del decreto que debían perfilarse y algunas
incorporaciones que, a nuestro juicio, debían realizarse para garantizar
mejor los intereses generales de los españoles en el futuro de
Telefónica.
Desde luego era necesario modificar el porcentaje de las acciones que, de
acuerdo con el decreto, deben someterse a autorización administrativa
antes de proceder a su enajenación. Un 10 por ciento señala el decreto.
Demasiado nos parecía a nosotros. Era necesario, por supuesto, recoger en
el decreto la expresa convalidación del convenio que tiene el Estado con
la Compañía Telefónica Móviles, que no olvidemos es la compañía a través
de la cual reciben hoy el teléfono 450.000 españoles. Era necesario que
ese convenio estuviera consolidado en el decreto, como lo está el
convenio de la Administración del Estado con Telefónica: en pie de
igualdad. Hubiera sido sin duda una garantía jurídica para los españoles
que dependen de dicho convenio. Era necesario por fin, decíamos, que se
incorporaran al anexo del decreto algunos activos que a nuestro juicio
deberían ser autorizados previamente antes de ser enajenados por los
futuros accionistas de la compañía como, por ejemplo, la red de
radioenlaces de Telefónica. En fin, no pudimos tampoco discutir eso.
Espero que en el futuro no tengamos que arrepentirnos de no haber
modificado el texto del real decreto.
En todo caso señalamos --y vuelvo a señalar yo aquí-- que el decreto nos
parece una vía insuficiente para garantizar los intereses generales de
los españoles en el futuro de la compañía. Insuficiente, señorías, porque
en el futuro de la Compañía Telefónica se van a tomar decisiones que
afectan a nuestro desarrollo económico, desde luego al desarrollo de las
telecomunicaciones, al equilibrio interterritorial en nuestro país;
decisiones que no se podrán tomar atendiendo adecuadamente los intereses
generales de los españoles si no hay alguien dentro del consejo de
administración que las defienda. Por ejemplo, señorías, quién va a
garantizar que las inversiones futuras en Telefónica no se rigen o siguen
pautas de estricta rentabilidad y, por el contrario, tienen también en
cuenta los intereses de la inversión necesaria en nuestra red actual y en
nuestra red futura. ¿Quién lo va a hacer? Les recuerdo, como decía antes,
que Telefónica invierte 400.000 millones de pesetas al año. Quién va a
garantizar que los futuros dueños de Telefónica no deciden desplazar una
buena parte de esa inversión hacia zonas rentables, como es Iberoamérica,
en detrimento de la inversión necesaria en nuestro país. A nuestro
juicio, señorías, para garantizar que esa inversión se distribuye
equilibradamente hace falta que el Estado esté presente en el consejo de
administración de Telefónica, que es donde se va a decidir. Quién va a
garantizar una correcta política de ventas, de compras, industrial,
tecnológica o de investigación y desarrollo. Quién va a garantizar que en
estas políticas, que afectan a sectores diversos de nuestra economía, se
tiene en cuenta no sólo la rentabilidad --interés legítimo, sin duda, de
los futuros accionistas--, sino también los intereses generales de los
españoles que se van a ver comprometidos por esas decisiones. Si no hay
nadie en el consejo de administración que los represente, ciertamente
esos intereses podrán verse en peligro.
Cómo garantizar que cuando se renegocie el actual contrato del Estado con
Telefónica, que según anunció el propio Ministro de Fomento habrá que
hacer durante el año 1998, se van a tener en cuenta los intereses
generales de los españoles. Ya no hablo de tener una oposición
negociadora fuerte, que también. Me refiero sin más a tener los niveles
de información necesarios para que ese contrato respete las
circunstancias económicas de Telefónica, pero sobre todo los intereses de
los españoles que van a depender de él, cuya vida, en el sentido del uso
del teléfono, va a depender de ese contrato. No es una cuestión menor,
como no lo es cómo se va a garantizar en el futuro la universalización de
nuevos servicios de telecomunicaciones, que sin duda van a ser básicos
para el desarrollo de nuestras regiones, de los individuos que en ellas
viven, el fax, el acceso a Internet, la transmisión de datos a bajas
velocidades. Quién va a garantizar que Telefónica, como va a ser
inevitable, presta esos servicios a todos los españoles, al igual que lo
hizo con los que no tenían teléfono
entre los años 1992 y 1996. Les recuerdo que entre esos cuatro años se
posibilitó el acceso al teléfono, a través de la telefonía móvil celular,
a 450.000 españoles que vivían en zonas rurales y que no habían tenido
acceso al teléfono hasta ese momento. Se hizo por un acuerdo con
Telefónica y se consiguió, entre otras cosas, porque el Estado estaba
presente en su consejo de administración.
Es evidente que el mercado no tiene solución para el futuro de la
universalización de los servicios básicos de telecomunicaciones. Los
nuevos instrumentos que en Europa se están estudiando, ya sean fondos de
obligado pago por las compañías que operan en telecomunicaciones, ya sean
contratos específicos de servicios, no dejan de ser instrumentos teóricos
que en este momento no han mostrado su virtualidad. Es, por tanto, más
que probable que deba ser Telefónica la que asuma una vez más, para el
bien de todos los españoles, la universalización de todos los servicios.
Y me pregunto cómo se van a negociar esos nuevos contratos. ¿No sería
mejor que el Estado estuviera en el consejo de administración de
Telefónica para garantizar que esos contratos se negocien en las mejores
condiciones para el conjunto de los españoles?
En definitiva, señorías, creo que resulta ocioso seguir insistiendo en
argumentos que se caen por su propio peso. Se trata, en última instancia,
de estar presente en el sitio donde se toman las decisiones, en una
compañía, repito, de la que depende en buena parte el desarrollo de
nuestras telecomunicaciones y, con ello, el desarrollo económico y
también, por qué no decirlo, la cohesión interterritorial entre los
distintos territorios y comunidades autónomas de España.
La pregunta que habría que hacer después de esta exposición es: ¿Es
posible todavía que el Estado mantenga su presencia en el consejo de
administración de Telefónica? A nuestro juicio, la respuesta es sí. El
apartado 5 de la cláusula 7.ª del vigente acuerdo de la Administración
con Telefónica, expresamente mencionado en el real decreto de
autorización administrativa previa que antes mencionaba, dice
textualmente: El Gobierno podrá mantener hasta un máximo de cinco
miembros del consejo de administración de Telefónica, adicionales a los
que de acuerdo con los estatutos corresponda nombrar a la junta general
de accionistas, siempre y cuando una disposición legal prevea esta
posibilidad. Esta disposición legal, señorías, existía en la Ley de
Telecomunicaciones, concretamente en su artículo 15.4, que ha sido
derogado, es cierto, por el Real Decreto-ley de liberalización de las
telecomunicaciones. No es menos cierto, sin embargo, que habiéndose
firmado el contrato entre Telefónica y el Estado, estando en vigor dicho
artículo, cabe sin duda sustentar, de forma jurídicamente sólida, que el
Estado tiene todavía la posibilidad de utilizarlo. En todo caso,
señorías, les indico --algunos lo sabrán ya-- que este próximo jueves, en
este mismo Pleno, vamos a discutir la ley de liberalización de las
telecomunicaciones, y el Grupo Socialista mantiene una enmienda viva para
el Pleno para reponer el artículo 15.4 de la Ley de Telecomunicaciones.
De aprobarse esta proposición no de ley esta tarde, como espero, no sé si
de forma un tanto optimista, sin duda la Cámara podría reponer el próximo
jueves la vigencia de este artículo, con lo que no quedaría ninguna duda
de la viabilidad jurídica de la propuesta que en esta proposición no de
ley se contiene.
Termino, señorías. Creo que he dado razones suficientes para que esta
proposición no de ley se vote. Existen, además, algunas contradicciones
que no quiero dejar de señalar. Señorías, se pueden plantear en el futuro
casos paradójicos. Por ejemplo, que entren en el capital de Telefónica
compañías europeas, Deustche Telekom o France Télécom, que están en este
momento, si no controladas, por lo menos con mayoría del Gobierno, que la
van a mantener durante mucho tiempo. Se daría la paradoja de que los
Gobiernos alemán o francés, por seguir con el ejemplo, tendrían más
capacidad de decisión sobre el futuro de la Compañía Telefónica de España
que la que tiene el Gobierno español. Esta es una paradoja posible, yo
diría que probable. ¿No reforzaría esto la necesidad de que
reconsideráramos esa posición y permitiéramos que la Administración del
Estado siguiera presente en el consejo de administración de Telefónica? A
mi juicio y a juicio de mi grupo, creemos que sí.
Sin duda se han dado argumentos por parte del ministerio, del
Subsecretario de Hacienda, que compareció en este Parlamento hace algunas
semanas, también de los representantes del Grupo Popular, para rebatir lo
que yo acabo de decir. Se habla de la imposibilidad de compatibilizar
gestión privada con la presencia del Estado. Tengo que decirles,
señorías, que la política de los países europeos desmiente esta
incompatibilidad, pues en el resto de los países europeos, salvo en
Inglaterra, el Estado sigue presente en sus compañías telefónicas. Es
perfectamente compatible liberalizar y mantener una presencia del Estado
en la Compañía Telefónica que garantice, a su vez, presencia de
representantes de los intereses generales en su consejo de
administración.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Le ruego concluya, señor Pérez
Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Termino ya, señor Presidente.
Es cierto que se argumentará que algunos de estos países están en pleno
proceso de privatización de sus compañías telefónicas. Lo es, pero no es
menos cierto que en la gran mayoría de ellos los gobiernos respectivos
han anunciado su voluntad de no salir de las compañías definitivamente.
En algunos casos como en Francia, el más claro, no ha sido el Gobierno
sino el
propio Parlamento el que mediante una ley ha garantizado que el Estado
francés seguirá siendo mayoritario en su compañía telefónica. Por tanto,
señorías, las preguntas serían: ¿Por qué los mecanismos de protección de
los intereses generales de los europeos de estos países que menciono
--todos menos Inglaterra--, protegidos por el Gobierno mediante la
presencia en sus compañías telefónicas, no pueden ser similares a los que
pedimos aquí, desde el Grupo Socialista, para los ciudadanos españoles?
¿Por qué lo que se ha hecho en Europa no podemos hacerlo en España? ¿No
sería más prudente hacerlo así?
Tengo que señalar, finalmente, dos cuestiones más. Ciertamente la
política del Gobierno español en esta materia --ya se lo he dicho en
alguna ocasión al ministro-- es contradictoria. Piensen que nos vamos a
quedar en el consejo de administración de Retevisión. Es decir, que
estaremos presentes en el capital social y, por tanto, en el consejo de
administración del segundo operador --que todavía no opera-- de nuestras
telecomunicaciones y nos vamos del primero. La pregunta, una vez más, que
hago al grupo mayoritario de esta Cámara es: ¿No sería mejor hacerlo al
revés; no hubiera sido mejor y más razonable hacer justamente lo
contrario? Yo creo que sí. En última instancia, señorías, no me vale el
argumento según el cual el contrato en vigor entre el Estado y Telefónica
cumple con los requisitos que pedimos aquí para la defensa de los
intereses generales. Y no me vale porque, como he dicho antes, habrá que
renegociarlo en 1998. Y reitero una vez más: ¿Cómo se negociará mejor ese
contrato para la defensa de los intereses generales? La respuesta,
señorías, es obvia, a mi juicio: estando presente en el consejo de
administración.
Termino ya.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Sí, señor Pérez Rubalcaba.
Termine ya, por favor.
El señor PEREZ RUBALCABA: Treinta segundos nada más, señor Presidente.
Si votamos favorablemente esta proposición no de ley, señorías, creo que
habremos adoptado una decisión prudente, desde luego una decisión en
línea con la que han adoptado todos los países de Europa, por supuesto
coherente con las incertidumbres que se plantean en un sector como el de
las telecomunicaciones y, finalmente --y esto es lo más importante--,
plenamente responsable con la defensa de los intereses generales de
nuestros conciudadanos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el señor
Rodríguez, del Grupo Mixto. Para su defensa tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el 18 de enero de 1997 el Consejo
de Ministros tomó una decisión sin duda histórica al deshacerse del 20
por ciento de las acciones que el Estado posee en Telefónica, a través de
una oferta pública del SEPPA. Previamente, el señor presidente de la
compañía habló de la necesidad de cambiar la estructuración en áreas
geográficas de la Compañía Telefónica para adaptarla a las necesidades
--decía-- de los clientes. Una vez más asistimos a una justificación en
nombre de supuestos derechos individuales e incluso de estructuras
empresariales y de comunicación que están muy vinculadas a los colectivos
sociales y a los espacios de carácter territorial. Y así sabemos que a
partir de ahora lo que era la estructuración geográfica y territorial va
a ser sustituida por cinco unidades de negocio, dos de recursos y cinco
direcciones generales. Cada área con resultados económicos propios, en un
modelo que ya fue aplicado también por la empresa Renfe. No se tienen en
cuenta los procesos de atomización, de desorganización, los criterios
economicistas parcializados, la subcontratación y la precariedad laboral
que lleva consigo este tipo de divisiones, ni el organigrama general y
conjunto de la empresa.
Justifica el Gobierno esta medida de vender el accionariado del Estado en
la compañía pública diciendo que se sigue el modelo europeo. Y nosotros
nos preguntamos qué tipo de modelo europeo. El señor Rubalcaba aludió ya
a los Estados de la Unión Europea que mantienen presencia importante del
Estado en sus respectivas compañías telefónicas, y no es mentira que aún
hoy en día dos de los principales Estados de la Unión Europea, en
concreto Francia y Alemania, están manteniendo alrededor del 50 por
ciento del accionariado de sus compañías respectivas en manos del Estado.
Por tanto, el modelo capitalista que se nos presenta en este momento es
aquel que fue aplicado en Inglaterra y no el modelo alemán o el modelo
francés.
Pero lo que es más grave, señorías, y esto justifica las enmiendas que
presentamos como Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego,
es que este debate fue hurtado a esta Cámara en su debido momento y se
recurre una vez más al decreto-ley para aplicar una medida que tiene una
trascendencia social y política sin duda importantísima. Como nos obligan
ustedes a tener el debate a posteriori, legítimo es también que nosotros
presentemos unas enmiendas que no contradicen en absoluto la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sino que la
completan. La completan porque nosotros queremos que se debata si es
legítimo que exista un control de un sector estratégico fundamental por
parte de transnacionales y por parte de grupos financieros. Téngase en
cuenta que el Gobierno, el Estado español va a quedar solamente con la
capacidad de autorizaciones
administrativas previas, ¿pero con qué poder para aplicar estas
autorizaciones administrativas previas cuando resulta que se redacta un
decreto-ley que posibilita una privatización que conculca cuando menos la
letra y el espíritu de la Ley del Patrimonio o de la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones? Señorías, las consecuencias son claras. Con estas
medidas vamos a posibilitar que lo que era un plan de precarización y de
reducción del empleo, que ya empezó prácticamente en el año 1995, se
pueda llevar a cabo con mayor facilidad sin ningún tipo de cortapisa de
carácter público. Por otra parte, a nadie se le escapa que por muy
importante que sea una compañía de carácter estatal, la centralización
excesiva de las operaciones, del mantenimiento y del área comercial va a
provocar sin duda carencias, problemas con los clientes, con las
instalaciones e incluso con el volumen de empleo, por no hablar de la
distribución territorial de este empleo.
Y por fin, señorías, en un país como Galicia, donde el erario público
hizo un gran esfuerzo presupuestario por dotar de telefonía a todos los
medios rurales, ahora nos encontramos con que este principio de
universalidad, de cohesión social y territorial está pendiente de que en
el año 2007 no se pueda continuar con la telefonía analógica celular. ¿El
objetivo de universalidad y de cohesión social se va a seguir cumpliendo
con una empresa privada, totalmente privada, que lo más que tiene son
objetivos de universalidad pero no deberes de carácter contractual que
solamente se podrían aplicar e imponer a través de una importante
presencia accionarial del Estado? Las acciones, el poder económico está
en correlación con el poder político y, sin duda, el Gobierno del Estado
español está optando por ser un instrumento de los grandes poderes
privados y un legitimador de sus intereses, en absoluto un regulador de
la armonía social que debe caracterizar a las grandes empresas que tienen
como función fundamental un servicio público. Si añadimos a todo esto que
las comunidades autónomas, por lo menos la mía y pienso que muchísimas
más, quedan gravísimamente vaciadas al deshacer la división territorial
de la Compañía Telefónica, por todo esto presentamos las enmiendas a la
proposición no de ley del Grupo Socialista, que son enmiendas de adición.
Nos interesa saber si no sería importante que, ya que actúa por decreto,
este Parlamento diga que el Gobierno no debía desprenderse de parte
alguna de la participación accionarial, el 20 por ciento hoy en la
Compañía Telefónica de España, muy inferior a la de los grandes estados
de la Unión Europea; asegurarse el control mayoritario relativo, como
tiene hoy el Estado en el consejo de administración de la Telefónica, en
función de que tiene poder político quien tiene poder económico; y por
fin, algo fundamental desde la perspectiva de Galicia, que pasa a ser
integrada con Asturias y con Castilla y León en el futuro de la compañía,
defender como criterio fundamental en la organización de la empresa su
estructuración territorial teniendo en cuenta las características
geográficas, socioculturales y lingüísticas, en coherente adaptación a la
realidad diversa del Estado español. Pensamos que va siendo hora de que
si realmente se reconoce que este Estado existe, su estructura política
tendrá que tener también una base en la organización económica y
empresarial de grandes servicios públicos.
Por supuesto que vamos a votar afirmativamente la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, pero nos gustaría que ésta fuese
también una oportunidad de que por lo menos una parte fundamental de la
Cámara le dijese al Gobierno que no se puede seguir jugando con los
intereses generales a través del decreto-ley, sin un debate importante
antes en el Congreso de los Diputados.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a ser la de votar en contra la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ya que a nuestro
entender no es necesaria la presencia de miembros del consejo de
administración cuando, en definitiva y finalmente, la Compañía Telefónica
de España se va a privatizar al cien por cien. Desde nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, tal como manifestamos en la
comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda la
pasada semana en la Comisión, quedan perfectamente defendidos los
intereses de todos los usuarios españoles, los intereses de todos los
accionistas de la compañía, los intereses generales del Estado y, en
definitiva, los intereses de la libre competencia, básicamente por las
siguientes consideraciones. En primer lugar, porque entendemos que con la
presencia de estos cinco consejeros que propone el Grupo Parlamentario
Socialista en la práctica van a quedar igualmente defendidos los
intereses generales de todos los usuarios españoles en el contrato que
está vigente por 30 años y que, si no tengo mal entendido, finalizará el
año 2022, a pesar de que el año próximo puede haber una modificación del
mismo pero entrará en vigor la Ley General de Telecomunicaciones.
Entendemos que desde esta perspectiva quedan perfectamente defendidos los
intereses y la actuación del Estado en una compañía como puede ser
Telefónica española, en caso de que pudiera
haber abuso en la venta de acciones, abuso de un poder tan importante en
las comunicaciones españolas. Existe también la Comisión Nacional del
Mercado de Telecomunicaciones, que vigilará con toda seguridad que los
intereses de los usuarios, de los accionistas y de la compañía queden
perfectamente delimitados en función de los objetivos de esta comisión.
También hay otra cuestión importante a nuestro entender en la que se basa
nuestra motivación para no apoyar la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista: el contenido del real decreto, que
justamente se basa en una ley aprobada por el Grupo Socialista en la
anterior legislatura, con el apoyo de los votos de Convergència i Unió,
la Ley del régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas de
determinadas empresas por las que se necesita vender. Entendemos que en
este real decreto, que se basa en los fundamentos de esta ley de
enajenación de empresas públicas --nosotros la llamábamos, en la anterior
legislatura, de racionalización del sector público empresarial español--
hay consignados una serie de artículos por los que se necesita
expresamente la autorización según los acuerdos sociales que pueda
determinar la compañía en cuanto a la disolución voluntaria, escisión o
fusión, situación o sustitución del objeto social de la compañía, y
también quedan perfectamente salvaguardados los intereses frente a
cualquier OPA hostil, ya que queda perfectamente delimitado en el
artículo 2.2 que para cualquier adquisición, directa o indirecta, a
través de fiduciarios o indirectamente por la suscripción de acciones,
para todas aquellas compras o ventas de acciones superiores al 10 por
ciento se ha de pedir autorización administrativa.
Por todas estas consideraciones, nuestro Grupo Parlamentario Convergència
i Unió entiende que no es necesaria la presencia de consejeros en una
compañía que va a quedar perfectamente salvaguardada, máxime teniendo en
cuenta también que el mercado, la competencia, la aparición de los
operadores seguramente producirá mejoras en los servicios para todos los
usuarios españoles y, en definitiva, probablemente también mejorará el
servicio de telecomunicaciones del Estado español.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, a nuestro juicio
estamos realizando un debate dislocado y un poco agónico, en el sentido
de que no coincide con la marcha real de la privatización de Telefónica
de España, S. A. Esta mañana hemos tenido otro ejemplo de burla, de
dribbling a este Parlamento cuando el Presidente de Telefónica, señor
Villalonga, con muy pocas horas de antelación, nos ha dicho que no podía
comparecer porque tenía que realizar un viaje a Nueva York y que está
dispuesto a comparecer el día 20 de este mes, es decir, cuando no quede
ni una acción por vender de Telefónica de España, S. A.
Comprenderán SS. SS. la ironía, la indefensión y la impotencia de este
orador a la hora de hablar del tema que nos ocupa, que es de enorme
importancia. Tan de enorme importancia que este tema en Inglaterra supuso
la aprobación de una ley a partir de la cual la privatización se está
haciendo a lo largo de años, de bastantes años. Un tema de tan enorme
importancia que Francia, a través de su compañía pública, reserva para el
Estado el 51 por ciento de las acciones. Un tema tan importante que en
Alemania, de cara al mantenimiento de los servicios fundamentales y a la
determinación del Estado, en la Deustche Telekom el Estado mantiene una
presencia muy importante que nadie discute. Y aquí, de manera
precipitada, se aprueba la privatización a lo largo del período
vacacional, y se aprueba rompiendo uno de los principios según los cuales
se nos anunció aquí que el proceso de privatización en el Partido Popular
tendría rasgos diferenciales con respecto a los procesos de privatización
--cuarenta en total-- que hizo, a partir de 1983, el Partido Socialista
Obrero Español. El rasgo diferencial iba a ser la transparencia, y no hay
transparencia. Estamos debatiendo sobre lo imposible, estamos debatiendo
cuando ya se han tomado las determinaciones fundamentales y, señorías,
estamos debatiendo --y esto es lo más grave-- antes de que se conozca el
marco legislativo referencial. Es decir, dentro de poco se va a aprobar,
sustituyendo a la LOT, a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones,
una ley general de las telecomunicaciones, y estamos dispuestos ya a
terminar el proceso de privatización de Telefónica sin saber cómo, en qué
sentido, con qué profundidad se van a aprobar en este Parlamento
conceptos tan fundamentales como servicio público y servicio universal,
si es que no se puede decir de ahora en adelante servicio público
universal. Sí conocemos un borrador --que incluso aumenta nuestro
malestar y nuestra sospecha-- en el que, en primer lugar, se limitan
mucho los servicios básicos contenidos en el esquema de servicio
universal y, en segundo lugar, se dice que el servicio universal se
desarrollará teniendo en cuenta la asequibilidad del servicio;
asequibilidad que en ningún momento se explica qué límite, qué
contenidos, qué determinaciones y qué alcance tendrá.
Nos encontramos en una situación en la que un sector estratégico, cada
vez más, que va a definir el siglo XXI --sin duda, en estos momentos hay
que decirlo así--, como el de las telecomunicaciones, posiblemente
empecemos a entregarlo a proyectos y a diseños comerciales o, en algunos
casos, incluso extranjeros. Nos podríamos encontrar --pensemos en la
hipótesis que algún Diputado expuso el otro día-- con que France Télécom,
directamente o a través de Retevisión --segundo
operador que ya está empezando a invertir para la telefonía básica--, o
que Deustche Telekom, que son empresas fuertemente participadas por
Alemania y por Francia, invirtieran en Telefónica, aunque fuera un 10 por
ciento cada uno o una cantidad importante del accionariado en Retevisión,
y marcaran la estrategia de telecomunicaciones en este país. Nos
podríamos encontrar con esa tremenda paradoja. Por tanto, señorías,
estamos ante una situación límite y, al mismo tiempo, de indefensión.
En la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones se dice, entre
comillas, que éstas tienen la consideración de servicios esenciales de
titularidad estatal, reservada al sector público. Vamos a pasar a otro
concepto en un marco de liberalización aguda, histérica en muchos casos,
que nos puede llevar, en el seno de lo que va a ser el nuevo concepto del
servicio universal y del servicio público, a poner en riesgo muchas
cuestiones.
Por ejemplo, ese servicio rural que hoy afecta a 200.000 personas, que se
realiza a través de telefonía móvil, analógica, porque es más barato que
hacerla a través de una instalación por hilos, y que en algunos casos
está subvencionada por comunidades autónomas, como es el caso de Galicia,
hay que sustituirla antes del año 2007 por la digital, que va a ser más
cara, ¿cómo se va a hacer? ¿En condiciones de servicio universal?
¿Teniendo en cuenta relaciones de mercado o relaciones de interés
público, de interés social? No sabemos pero nos da la impresión de que
aquí hay un riesgo muy fuerte para el servicio universal.
Otro tema, las tarifas. Las tarifas van a sufrir condicionamiento y
variaciones en función de las distintas regiones y nacionalidades del
Estado, debido a los desequilibrios que existen, a las dificultades, a
las zonas más o menos pobladas, a la gente que tenga más o menos dinero
por razones geográficas o razones de clase social. A través del impacto
del nuevo sistema tarifario, también aquí se va a cambiar de fondo lo que
es servicio público universal, lo que es el tema del servicio público de
la telefonía básica en función fundamentalmente de este marco de profunda
liberalización.
En función de todo esto, señoría, nosotros pensamos que la precipitación
es tremenda, que no se justifica la privatización total, y que el decreto
del 10 de enero, la famosa golden share, la acción dorada, ya tuve
oportunidad de decir aquí que más bien es de oro alemán. Garantiza muy
poco, con limitaciones muy fuertes, que afectan incluso a muchas filiales
y, desde luego, hace que el Estado se salga totalmente de un consejo de
administración que baja de 25 a 18 miembros, que empiezan a reproducir de
manera mecánica y a nuestro juicio peligrosa, el modelo anglosajón de
técnicos independientes --aquí muchas comillas-- con detrimento de lo que
pueda ser el control democrático en un sector fundamental como son las
telecomunicaciones del Estado.
En función de esto, nosotros creemos que hay clarísimas argumentaciones
para votar a favor de la propuesta del Partido Socialista Obrero Español.
Es cierto que se trata de una propuesta eutanásica, en el sentido de que
ya ni siquiera se refiere a que no se privatice el 20,9 por ciento, quizá
porque ya estamos fuera de plazo. Es cierto que la propuesta es limitada
que se dirige a intentar mejorar el decreto, la acción dorada contenida
en el decreto, pero, en todo caso --repito--, hay motivos suficientes
para apoyar esta proposición no de ley, y advierto a SS. SS. que vamos
por un camino harto peligroso por lo que respecta a un sector estratégico
fundamental.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, intervengo, en nombre
de mi grupo parlamentario, para fijar nuestra posición sobre la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, me alegro de que al final, el día 24 de enero, el Grupo
Socialista decidiera modificar su proposición no de ley omitiendo su
referencia a la necesidad de una presencia, más o menos minoritaria en
cualquier caso, del Estado en Telefónica, que no garantiza en mayor grado
la adecuada prestación del servicio. Les animo a que, después del debate
que hoy estamos celebrando, retiren también esta segunda proposición
porque reconozcan que es por vía normativa, y no con la presencia más o
menos simbólica de determinadas personas en un consejo de administración,
como se garantiza la prestación de los servicios básicos de interés
general.
En el escaso plazo de un mes ésta es la tercera vez que venimos a esta
Cámara para dar cuenta o debatir las medidas adoptadas para garantizar la
prestación del servicio universal de telefonía básica y para garantizar
que el proceso de privatización se está desarrollando de forma que queden
garantizados los intereses generales de nuestro país y los intereses
generales de nuestros ciudadanos. Además, como ya ha anticipado el
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el Presidente de Telefónica comparecerá en esta Cámara el
próximo día 20. Pero no crean que nos parece mal, al contrario, nos
parece bien que se celebren tantas comparecencias, en primer lugar porque
se demuestra el talante del Gobierno y del grupo que lo apoya, dispuestos
siempre a dar todas las explicaciones necesarias a los grupos
parlamentarios con absoluto respeto a este Parlamento; en segundo lugar
porque nos permite dejar bien claro a la opinión pública y también a SS.
SS. cuáles son los instrumentos necesarios para garantizar la prestación
del denominado servicio universal.
Sus señorías se han referido a las comparecencias mantenidas en esta
Cámara, la última la pasada semana con el Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda. Pues bien, la conclusión de todos estos debates es
que la fórmula de mayor rigor para garantizar el interés general y el
servicio universal es la exigencia normativa a la Compañía Telefónica
para que preste los servicios básicos a los ciudadanos. No hay necesidad
de hacer reserva de un tanto por ciento del accionariado ni de mantener
miembros en un consejo de administración de una empresa en la que no se
tiene participación accionarial. La permanencia, además, del Estado en
una compañía que compite en un mercado liberalizado, en el que Telefónica
sería un operador más, aunque un operador de indudable importancia, se
podría considerar una anomalía y una imposición a una sociedad concreta
que tiene que competir en un mercado liberalizado.
Es evidente que el Estado debe garantizar ineludiblemente el interés
público en la prestación del servicio telefónico, bien atribuyendo a la
Administración el consentimiento para la adopción de acuerdos entre
operadores, cosa que se ha hecho a través del decreto, bien a través de
otras medidas que garanticen los derechos de los usuarios, las vías de
reclamaciones --cosa que también se ha hecho--, así como la supervivencia
de los órganos administrativos competentes en materia de
telecomunicaciones.
En este sentido, el Gobierno ha adoptado no una, sino una serie de
medidas y cautelas para garantizar la prestación del servicio universal
de telefonía básica y los intereses generales de los ciudadanos en
materia de telecomunicaciones. En primer lugar, el Gobierno, en base a la
habilitación de la Ley de régimen jurídico de enajenación de
participaciones públicas en determinadas empresas, de 1995, se ha dotado
de un instrumento de control --del que ya se ha hecho mención aquí-- de
las decisiones estratégicas de Telefónica. Ese Real Decreto 8/1997
establece un régimen de autorización administrativa previa a la adopción
de determinados acuerdos por parte de la Compañía Telefónica. Con este
régimen de autorizaciones administrativas se asegura la continuidad de la
actividad del grupo de Telefónica en virtud del carácter estratégico de
sus actuaciones y del papel fundamental que juega en el futuro mercado de
las telecomunicaciones. Este régimen de autorizaciones es un instrumento
necesario de garantía del interés general, sin que suponga merma alguna
en la legítima autonomía empresarial en la gestión de sociedades.
Por otra parte, y en segundo lugar, en el vigente contrato entre el
Estado y Telefónica de España, que deberá ser revisado sin duda una vez
aprobada --y digo bien, una vez aprobada-- la nueva ley general de
telecomunicaciones para adaptarlo a la nueva situación de competencia, se
fijan los derechos y obligaciones que deben cumplir las partes. Hasta que
finalice el proceso de liberalización total, el operador dominante,
Telefónica de España, se encuentra vinculado al Estado español mediante
este contrato, un contrato aprobado en 1991, con duración de treinta
años. Este contrato regula la concesión para la prestación de servicios
finales y portadores en tanto se delimite exactamente el contenido del
servicio universal. Hasta ahora este contrato estaba garantizando los
intereses generales, y no se entiende por qué a partir de ahora ese
contrato ya no tiene vigencia y ya no defiende correctamente los
intereses generales.
El contrato, señorías, impone una serie de obligaciones que no es
necesario recordar. Repito, como he dicho hace un momento, que este
contrato sigue vigente como también está vigente el régimen sancionador
previsto en la LOT, de 1987, y no tendría por qué ser modificado por el
hecho de que el Estado venda su participación accionarial, aunque, como
he dicho también, puede que lo sea después de la aprobación de la ley
general de telecomunicaciones, a la que me voy a referir a continuación.
En el ámbito de la legislación general del sector, la futura ley general
marcará las reglas de obligado cumplimiento para todos los actores, que
regirán en la nueva situación del mercado. El proyecto de la nueva ley
general de telecomunicaciones, que todos los grupos parlamentarios
conocen, que será enviado próximamente a esta Cámara y que nuestro grupo
confía que pueda ser aprobado por la mayoría y por consenso de las
fuerzas políticas, recoge el contenido mínimo del servicio universal en
interés de los usuarios y, además, permite su ampliación futura, por vía
reglamentaria, en función del desarrollo tecnológico. Esto quiere decir,
señor Pérez Rubalcaba, que el Gobierno es el que delimitará el contenido
de lo que debe ser el servicio y la universalización de nuevos servicios
de telefonía.
Este proyecto determinará, además, las pautas fundamentales que deben
garantizarse inicialmente dentro del ámbito del servicio universal de
telecomunicaciones. En algunos artículos del proyecto de ley de
telecomunicaciones se articulan las formas de prestación del servicio
universal que vincularán al operador dominante, en estos momentos a la
Compañía Telefónica, a los demás futuros operadores y a la
Administración. Señorías, no creo que ningún grupo parlamentario en el
trámite del debate de esta ley pida que se reduzcan estas garantías, si
acaso me atrevo a decir que se reforzarán y, por tanto, habrá mayores
garantías, si cabe, en el servicio universal de Telefónica.
En cuarto lugar, como órgano fundamental en la vigilancia del
cumplimiento de las reglas que se establezcan, la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones tiene una importante función a realizar. Esta
comisión encarnará la presencia pública en el libre mercado de las
telecomunicaciones como entidad de derecho público, con personalidad
jurídica y plena capacidad
pública y privada; además, está adscrita al Ministerio de Fomento.
Por último, cabe hacer mención al culminado plan de telefonía rural, al
que también se ha referido el señor Rubalcaba, que ha extendido el
servicio urbano a la totalidad del territorio nacional, quedando en 1996
constituida España como una única zona urbana telefónica.
Finalmente, señorías, la propia competencia es un factor de garantía de
la prestación de estos servicios; por ello, el nacimiento del segundo
operador de telecomunicaciones, puesto en marcha por el Gobierno, será la
mayor garantía. Por tanto, señorías, la privatización de Telefónica, una
medida más dentro de la política liberalizadora del Gobierno, garantiza
todos los derechos de usuarios, de accionistas, de empleados y de la
propia compañía.
Señor Pérez Rubalcaba, el problema básico que tienen SS. SS. es que su
discurso sobre telefonía y sobre Telefónica no se mantiene. Primero,
ustedes, que son responsables de un 26 por ciento de la privatización de
la Compañía Telefónica, han intentado sembrar grandes alarmas en la
sociedad española sobre las consecuencias del proceso privatizador
actual, que, además, tiene su origen, como usted sabe, en exigencias
comunitarias y, sobre todo y muy especialmente, en la necesidad de
modernizar nuestro país y nuestras telecomunicaciones. Ustedes no tienen
crédito ni legitimidad para criticar privatizaciones porque saben que son
una necesidad y porque ustedes son los protagonistas de las primeras.
Digan con claridad si su modelo es una compañía pública que no sea
competitiva o cuál es la opción que defienden. Si ustedes defienden
empresa pública, empresa con control público, ¿por qué privatizaron el 26
por ciento?
En segundo lugar, estamos cansados de oírles decir que nuestro Gobierno,
el Gobierno de España favorece a los amigos. Permítame que le diga que es
bastante llamativo que sean tan osados en esa materia. Hemos oído que la
privatización es para favorecer a dos o tres. A estas alturas, y estoy
segura de que a usted le va a alegrar, más de 1.200.000 españoles quieren
ser accionistas y, en consecuencia, propietarios de Telefónica. No se ha
confirmado su teoría, pero yo estoy segura de que a usted, igual que a
mí, le alegrará que más de un millón de españoles sean los accionistas
propietarios de Telefónica.
En tercer lugar, han hablado ustedes de oscurantismo. Han hablado muchas
veces en los últimos tiempos de oscurantismo y nunca se ha conocido un
proceso de privatización más transparente que el de Telefónica.
En cuarto lugar, han dicho ustedes a la sociedad española que no hay
garantías de cumplimiento del servicio universal. Eso, como he explicado
al principio de mi intervención, es rigurosamente falso, y es falso en
primer lugar por el Decreto de golden share que hemos comentado. En
segundo lugar, por la subsistencia del contrato con el Estado. En tercer
lugar, por el reconocimiento legal del carácter de servicio público de
Telefónica y la extensión del contenido de servicio universal en la
futura ley general de telecomunicaciones. En cuarto lugar, la existencia
de una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones garantiza el juego
de la libre competencia. En quinto lugar, la existencia de planes ya
cumplidos en cuanto a extensión rural de la telefonía. Y, en sexto lugar,
la introducción de la propia competencia que traerá más calidad y mejores
precios.
Señorías, los cuatro supuestos anteriores de su campaña contra la
privatización de Telefónica se han venido abajo, y ustedes ahora se
agarran a la designación por el Gobierno de miembros en un consejo de
administración en posición minoritaria. Pues bien, la presencia de estos
consejeros no aporta ninguna garantía más; introduce, sin embargo, todas
las dudas sobre la intención real de privatización de una empresa.
Creemos, además, que la golden share es un elemento suficiente para el
fin que ustedes persiguen.
En consecuencia, ustedes son exponente de una fórmula en la que nadie
confía, y es una apariencia privatizadora para seguir mandando, pero
nosotros con claridad hemos decidido que no sea así. Hemos demostrado que
el servicio universal está garantizado. Hemos demostrado que privatizamos
sin ningún escudo y garantizamos que los puestos de trabajo están
asegurados y también una gran empresa para el futuro. Pensando en los
españoles, la opción de Telefónica es todo un éxito. Les ruego que no
acudan ustedes a lo injustificable para evitar reconocer este éxito.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Mato.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba, a efectos de manifestar la
aceptación o no de la enmienda planteada por el Grupo Mixto.
El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría contestar a la intervención de la señora Mato porque no ha
tenido nada que ver con lo que yo he dicho.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Sabe que no es posible, señor
Pérez Rubalcaba. ¡Qué le vamos a hacer!
El señor PEREZ RUBALCABA: Es simplemente por la defensa de la lógica
parlamentaria. Cuando insultan en una intervención, y uno cree que ha
hecho una intervención constructiva... En fin, aprenderé para la próxima,
no se preocupe, señora Mato. Tranquila.
No puedo aceptar la enmienda, y bien que lo siento, pero no es posible
por las razones que el mismo Diputado ha expresado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Vamos a proceder a la votación de la proposición. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista, sobre mantenimiento de la presencia del Estado en el Consejo
de Administración de Telefónica de España, S. A.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 149; en contra, 171; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no
de ley.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.