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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 50, de 17/12/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 50
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 49
celebrada el martes, 17 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de Montes. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 31.1, de 31 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000019)
(Página 2498)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 59.1, de 4 de noviembre de 1996 (número de expediente
122/000044) (Página 2499)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se modifican
determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (número de
expediente 122/000045) (Página 2499)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reparación del
Archivo Optico de la Expo-92, actualmente a disposición de AGESA.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 79, de 29 de
noviembre de 1996 (número de expediente 162/000071) (Página 2510)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a
que la provincia de Cádiz sea seleccionada como provincia piloto de
aplicación de pactos territoriales y locales para el empleo siguiendo las
indicaciones de la Cumbre de Florencia. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 52, de 7 de octubre de 1996 (número de
expediente 162/000050) (Página 2518)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la adaptación de España a
las políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo (número
de expediente 173/000021) (Página 2524)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Inciativa per
Catalunya, sobre la política exterior del Gobierno acerca de las
relaciones del Reino de España con la República de Cuba (número de
expediente 173/000022 (Página 2533)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 51, de 18 de
diciembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2498)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de Montes (Página 2498)
El señor Presidente anuncia a la Cámara la retirada de la proposición de
ley que figuraba como primer punto del orden del día.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
Modificaciones del orden del día (Página 2498)
El señor Presidente propone al Pleno, a propuesta del Grupo Socialista
del Congreso y oída la Junta de Portavoces, la acumulación de la
proposición de ley orgánica por la que se modifican determinados
preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la proposición de ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Se aprueba por
asentimiento.
El señor Presidente propone asimismo al Pleno, de acuerdo con la
iniciativa de la Junta de Portavoces, la exclusión del orden del día del
punto séptimo, que contiene dos proyectos de ley procedentes de reales
decretos-leyes. Se aprueba también por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 2499)
Del Grupo Socialista del Congreso, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (Página 2499)
Del Grupo Socialista del Congreso, orgánica, por la que se modifican
determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Página 2499)
Para la defensa de las proposiciones de ley, en nombre del Grupo
Socialista, interviene la señora Rubiales Torrejón, quien estima que
todos los grupos coincidirán en que la jurisdicción
contencioso-administrativa se halla actualmente saturada, prácticamente
en todas sus salas, debido al incremento espectacular del número de
recursos y a la falta de medios disponibles y de reformas orgánicas y
procesales en profundidad. Añade que la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa del año 1956 es universalmente apreciada por
los principios en los que se inspira y por la excelencia de su técnica,
pero tiene ya 40 años, ha sufrido los envites del tiempo y ha sido objeto
de sucesivas reformas, sobre todo después de la Constitución, que han
derogado algunos de sus preceptos más significativos, por lo que se hace
necesaria y urgente su reforma legal.
Hace mención del anteproyecto que se elaboró en el año 1994, siendo
Ministro Juan Alberto Belloch, y en el que tomaron parte múltiples
expertos y relevantes profesores, colegios profesionales, asociaciones,
etcétera, que en su gran mayoría manifestaron su opinión favorable.
Asimismo menciona el parecer favorable del informe del Consejo General
del Poder Judicial. Sin embargo, después de todo este trámite, el
proyecto decae legalmente al ser convocadas las pasadas elecciones
generales y, pasados seis meses, el Gobierno actual no ha retomado el
texto que, en la fase de elaboración en la que se encontraba y con las
modificaciones pertinentes, hubiera servido como nuevo proyecto de
reforma de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Manifiesta que con esta proposición de ley el Grupo Socialista pretende
conseguir la adecuación de la jurisdicción contencioso-administrativa, en
primer lugar, a la Constitución de 1978; en segundo lugar, a la nueva
configuración de la Administración pública y, en tercer lugar, a la nueva
posición jurídica de los ciudadanos españoles. A continuación pasa a
explicar más pormenorizadamente estos extremos y plantea toda una serie
de requisitos de forma y de fondo.
A continuación, y paralelamente, plantea la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial para su adecuación a los contenidos de la ley
ordinaria, aunque estima que su tramitación y aprobación, por ser ley
orgánica, deberá atenerse a lo previsto en el artículo 81.2 de la
Constitución española.
Finaliza su intervención manifestando que las iniciativas que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista recogen el parecer de una amplísima
mayoría social, por lo que esperan el apoyo de todos los grupos de la
Cámara.
En turno en contra de las proposiciones de ley interviene el señor Del
Burgo Tajadura, replicando la señora Rubiales Torrejón y duplicando el
señor Del Burgo Tajadura.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Vasco (PNV), y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Castellano Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, se rechaza por 150 votos a favor y 168 en
contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley por la que se modifican determinados preceptos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se rechaza por 148 votos a favor, 166 en
contra y una abstención.
Prórroga de plazo (Página 2510)
El señor Presidente somete a la consideración del Pleno la solicitud que
ha presentado ante la Mesa la Comisión de Política Social para que la
subcomisión de estudio sobre la situación actual de la familia en España
pueda prorrogar sus trabajos hasta el 31 de marzo del año 1997. Se
aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley (Página 2510)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre reparación del
archivo óptico de la Expo-92, actualmente a disposición de la sociedad
AGESA (Página 2510)
Para presentar la proposición no de ley sobre la reparación del archivo
óptico de la Expo-92, en nombre del Grupo Popular, interviene el señor
Ollero Tassara, quien manifiesta que, según los medios de comunicación,
el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Expo-92 afirma que durante la
ejecución de los trabajos de fiscalización la mayor parte de la
infraestructura utilizada por Expo-92 para el tratamiento mecanizado de
la información no era operativa o se había enajenado a terceros, por lo
que no se pudo acceder a la información que pudiera existir en los
diversos soportes magnéticos y ópticos guardados por la sociedad.
Asimismo, hace mención a que el Tribunal de Cuentas, en una respuesta a
un juzgado de Sevilla, dijo que, a efectos de fiscalización, se consideró
que el archivo óptico podría ser de gran utilidad, pero, en una segunda
nota se concreta que el sistema del archivo óptico no se encontraba
operativo debido a una avería. El señor Ollero relaciona esta disyuntiva
con un sistema autoritario y un sistema democrático: en el sistema
autoritario se impone la presunción de credulidad, estando obligados a
creer lo que diga el Gobierno, y en el sistema democrático rige la
presunción de responsabilidad.
A continuación, hace un repaso de los hechos acaecidos desde enero de
1992 en relación con el Tribunal de Cuentas y dos de sus funcionarios, y
añade que siempre se le ha negado una respuesta cuando ha solicitado
información sobre la fiscalización de la Expo. Considera obligado dar
paso a un sistema en el que se imponga la trasparencia y se acabe con
toda una serie de manipulaciones y de sospechas sobre el archivo óptico,
por lo que su grupo parlamentario propone que se proceda a la reparación
del archivo para que pueda ser consultado por quien tenga interés, y
convertir así la Expo-92, cuatro años después, en una verdadera
exposición universal, donde se ha expuesto todo, hasta la documentación.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y el señor Díaz-Cano del Rey, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de réplica interviene el señor Ollero Tassara. En turno de
fijación de posiciones interviene la señora Aramburu del Río, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, contestando el
señor Ollero Tassara.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, en relación con la reparación del archivo óptico de la Expo-92,
actualmente a disposición de la sociedad Agesa, en los términos
resultantes de la aceptación por el grupo proponente de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a que
la provincia de Cádiz sea seleccionada como provincia piloto de
aplicación de pactos territoriales y locales para el empleo, siguiendo
las indicaciones de la Cumbre de Florencia (Página 2518)
Para la presentación de la proposición no de ley, interviene la señora
Romero López, del Grupo Socialista, manifestando que también sería
deseable la unanimidad en una proposición donde se solicita que la
provincia que tiene más desempleo en el territorio español sea
seleccionada para planes de aplicación de pactos territoriales. Añade que
esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista nace a raíz de la Cumbre
de Florencia, y una de las razones en las que basa su petición es en que
Andalucía propone un pacto modélico por el empleo, que se cita como
precedente de los pactos territoriales en la Comunidad Europea. Asimismo,
considera que hay que recordar que las cifras del desempleo en Cádiz son
el triple de la media española debido, aparte de las razones históricas y
socioeconómicas típicas, a la acumulación del crecimiento demográfico, a
la absorción de la inmigración, a la expulsión del campo a la ciudad y a
un incremento de la población activa que sitúa a la provincia en una
disparidad de condiciones a la hora de igualar los niveles que tienen
otras zonas españolas.
En cuanto a la selección de seis programas en España, lamenta el
procedimiento seguido, porque el propio Comité de las Regiones, en su
resolución de junio de 1996, dice que las comunidades, los entes
territoriales deben participar y consensuar una medida, que aparece
justamente definida como pactos territoriales por el empleo. A
continuación pregunta por qué el Gobierno no ha asignado nada en sus
presupuestos para ninguno de los seis programas y espera que el Consejo
de Ministros corrija el agravio que se hace a la provincia de Cádiz,
solicitando a la representante del Grupo Popular que no la niegue esta
oportunidad.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Meyer
Pleite.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Martínez Saiz, del Grupo Popular.
Para la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), interviene la señora Romero López
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, se
rechaza por 147 votos a favor, 165 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2524)
Del grupo Socialista del Congreso, sobre la adaptación de España a las
políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo (Página 2524)
Para la defensa de la moción, consecuencia de interpelación, interviene
en nombre del Grupo Socialista
el señor Segura Clavell. Explica los 12 puntos de la moción, justificados
ya con cierta profusión en el Pleno pasado. Reitera que la publicación
por parte de la Comisión Europea del Libro Blanco sobre gestión del
tráfico aéreo y liberalización del espacio aéreo europeo constituye un
documento relevante del que las Cortes Generales deben tener conocimiento
en toda su extensión y ante cuyos amplios y variados contenidos se tendrá
que posicionar el Gobierno, dando a la Cámara las correspondientes
explicaciones.
Hace hincapié en el punto 7, pues considera esencial mantener la
separación orgánica y funcional entre la Dirección General de Aviación
Civil, de la Secretaría General de Transportes e Infraestructuras, y el
ente público AENA. A continuación manifiesta que son muchas las preguntas
que se plantean en relación con el mal funcionamiento de la nueva
estructura administrativa de la aeronáutica española y confía en que
próximamente el señor Ministro de Fomento dé cumplida respuesta en la
comparecencia que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, interviene el señor Camps Ortiz.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Santiso del Valle, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Popular,
interviene de nuevo el señor Segura Clavell.
Sometido a votación el punto 1.º, se aprueba por 313 votos a favor, uno
en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto 2.º se aprueba por 311 votos a favor y una
abstención.
Sometido a votación el punto 3.º se aprueba por 311 votos a favor y una
abstención.
Sometido a votación el punto 4.º se rechaza por 155 votos a favor y 160
en contra.
Sometido a votación el punto 5.º se aprueba por 159 votos a favor y 156
en contra.
Sometido a votación el punto 6.º se rechaza por 150 votos a favor, 162 en
contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el punto 7.º se rechaza por 150 votos a favor, 163 en
contra y una abstención.
Sometido a votación el punto 8.º se rechaza por 150 votos a favor y 165
en contra.
Sometido a votación el punto 9.º se rechaza por 138 votos a favor, 161 en
contra y 16 abstenciones.
Sometido a votación el punto 10.º se aprueba por unanimidad.
Sometido a votación al punto 11.º se rechaza por 153 votos a favor y 162
en contra.
Sometido a votación el punto 12.º del que se han suprimido las
referencias a Venezuela, Argentina y Cuba, se aprueba por 313 votos a
favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política exterior del Gobierno acerca de las
relaciones del Reino de España con la República de Cuba (Página 2533)
Para la defensa de la moción, consecuencia de interpelación, interviene
la señora Maestro Martín, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que con su moción pretenden sacar
el debate de las relaciones bilaterales de España y Cuba de la cadena de
despropósitos que le han caracterizado y restablecer la sensatez en el
ámbito de las relaciones internacionales, basándose en el respeto a los
principios estrictos del Derecho internacional.
Considera que, desde una perspectiva jurídica y política, la soberanía
del Estado constituye un factor determinante en la configuración del
Derecho internacional y del Derecho de gentes, apoyando su razonamiento
en la Carta de las Naciones Unidas, donde se dice que todos los Estados
gozan de igualdad soberana, que tienen iguales derechos y deberes y que
son por igual miembros de la comunidad internacional. En su opinión, sin
embargo, el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo en los últimos
meses una serie de actuaciones en relación con Cuba basadas en el
cuestionamiento explícito de ese principio de no intervención y en una
hipoteca y supeditación de la soberanía española a los intereses de otros
países en relación con Cuba, es decir, a los designios de los Estados
Unidos.
Reitera los argumentos dados la semana pasada, refiriéndose a las
relaciones privilegiadas entre el Gobierno del Partido Popular y el señor
Mas Canosa, y manifiesta que la Ley Helms-Burton, aprobada por Estados
Unidos en febrero de 1996, tiene por objeto supeditar la soberanía de
otros países en función de la democracia y de los derechos humanos en
Cuba. Por otra parte, explica que su fuerza política no comparte la
posición común de la
Unión Europea en relación con Cuba, aun después de ser matizada una
propuesta del Grupo Popular que intervenía claramente en los asuntos
internos de Cuba. Expone que, en su opinión, no se pueden poner
condiciones a un país, que sufre el embargo unilateral, en función de los
derechos humanos y las libertades democráticas, puesto que el pueblo
cubano sabe muy bien que tal preocupación por parte de los Estados Unidos
o por parte del resto de las potencias europeas no puede sostenerse en
pie, ya que, a la hora de buscar alternativas a su situación, no se va a
mirar a Berlín o a París, sino a los países de su entorno.
La moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya pretende que la política del Estado
español en relación con Cuba se atenga al respeto estricto de los
principios fundamentales del Derecho internacional, dejando aparte las
diferencias políticas, y estima que el Estado español tiene la obligación
de asumir los compromisos de cooperación con Cuba que firmaron gobiernos
anteriores.
A continuación hace una serie de preguntas sobre la disminución de las
ayudas a través de las ONG. Por otra parte, considera una hipocresía el
voto en contra del embargo a Cuba en Naciones Unidas y el pronunciamiento
en contra de la Ley Helms-Burton del Gobierno español si no se vuelve a
la política tradicional de respeto, de diálogo y de cooperación con Cuba,
que han caracterizado a diferentes gobiernos hasta este momento.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Parlamentario Socialista; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), y Robles
Fraga, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rodríguez Sánchez,
del Grupo Parlamentario Mixto.
A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
interviene de nuevo la señora Maestro Martín.
Para una cuestión de orden, interviene el señor Núñez Pérez.
Sometido a votación el punto 1.º de la moción, se rechaza por 154 votos a
favor y 156 en contra.
Sometido a votación el punto 2.º, se rechaza por 146 votos a favor, 162
en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el punto 3.º se rechaza por 153 votos a favor y 157
en contra.
Sometido a votación el punto 4.º, se rechaza por 147 votos a favor, 157
en contra y seis abstenciones.
Sometido a votación el punto 5.º y último, se rechaza por 153 votos a
favor y 157 en contra.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATA-LUNYA, DE MONTES (Número de expediente 122/000019)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, proponente del primer punto del
orden del día, me anuncia la retirada de la proposición de ley de Montes,
que figuraba como punto primero.
En consecuencia, para que los grupos puedan reorganizar el desarrollo de
la sesión con sus ponentes, vamos a suspender la sesión hasta las cuatro
y media.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
-- MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: señorías, se reanuda la sesión.
Antes de pasar al punto II del orden del día, quiero someter a la
consideración y aprobación del Pleno un par de acuerdos relativos al
orden del día de esta sesión. En primer lugar, ha solicitado el Grupo
Parlamentario Socialista, y así lo ha estimado la Junta de Portavoces, la
acumulación a la proposición de ley que vamos a debatir a continuación,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, de la
proposición de ley orgánica de dicho grupo por la que se modifican
determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
pasaría, en consecuencia, a debatirse conjuntamente con el punto II que a
continuación vamos a someter a debate. ¿Acuerda el Pleno esta
acumulación? (Asentimiento.) Gracias, señorías. En consecuencia,
acumularemos los debates de las dos proposiciones de ley.
De otra parte, la Junta de Portavoces ha acordado proponer al Pleno la
exclusión del orden del día fijado para la mañana del próximo jueves del
punto VII, que contiene de momento el debate sobre dos proyectos de ley,
el de habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud y el de
ampliación del servicio farmacéutico a la población, ambos dimanantes de
decretos-leyes ya convalidados por la Cámara. En consecuencia, someto al
Pleno la exclusión de estos dos dictámenes previstos como punto VII del
orden del día en la mañana del próximo jueves. ¿Lo acuerda así el Pleno?
(Asentimiento.) Gracias, señorías. Quiero comunicar a la Cámara que, en
consecuencia, la sesión de Pleno prevista para el próximo jueves retrasa
su comienzo hasta las diez horas de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, REGULADORA DE LA JURISDICCION
CON-TENCIOSO-ADMINISTRATIVA (Número de expediente 122/000044)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICAN
DETER-MINADOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL (Número de
expediente 122/000045)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones de ley,
del Grupo Socialista del Congreso, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa y orgánica de modificación de determinados
preceptos de la orgánica del Poder Judicial.
Para la defensa de las proposiciones de ley tiene la palabra, en nombre
del Grupo Socialista, la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tengo el honor de intervenir ante SS. SS. en un turno de
presentación y defensa de una proposición de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, que pretende introducir una nueva regulación de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
Quisiera, en primer lugar, poner de relieve la importancia de la
iniciativa que nos ocupa. Pretendemos con ella llevar a cabo, nada más y
nada menos, que la reforma de una ley capital en nuestro ordenamiento
jurídico, para conseguir así un mejor funcionamiento de la justicia. A la
hora de abordar el tema que nos ocupa, es fácil que coincidamos en dos
cosas. Primero, en el análisis de la situación actual de la jurisdicción
contencioso-administrativa, que se halla saturada prácticamente en todas
sus salas y en sus distintos niveles debido al incremento espectacular
del número de recursos que se han producido en los últimos años, unido
todo ello a la falta de medios disponibles, en particular el número de
magistrados, a pesar de su paulatino aumento, y a la falta de reformas
orgánicas y procesales en profundidad que pongan fin a las dilaciones
desorbitadas en la resolución de procesos que hoy caracteriza a esta
jurisdicción. La segunda cosa en la que lograríamos el acuerdo de todos
es en torno a la calidad técnica y a la importancia política que en su
momento tuvo la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
del año 1956, lo que ha hecho, sin duda, más arriesgado y difícil
cualquier propósito de reforma de la misma.
Como dice la exposición de motivos de la proposición, dicha ley es, en
efecto, universalmente apreciada por los principios en los que se inspira
y por la excelencia de su técnica, que combina a la perfección rigor y
sencillez. No obstante, y también hay acuerdo unánime al respecto, la
vigente Ley de lo Contencioso tiene 40 años, ha sufrido, como las
personas, los envites del tiempo, ha sido objeto de sucesivas reformas y,
sobre todo, ha recibido el impulso extraordinario de la Constitución, que
ha derogado algunos de sus preceptos más significativos y ha obligado a
reinterpretarlos casi todos. La jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y la doctrina del Tribunal Supremo, posterior a la
Constitución, han contribuido de modo decisivo a esta reinterpretación y
puesta al día de los preceptos de la Ley de 1956. Remediar la actual
situación de la jurisdicción contencioso-administrativa no es, como
imaginarán fácilmente, señorías, tarea sencilla y, como sucede en otros
países europeos, se necesitará para ello el concurso de distintas
medidas, entre otras, la de carácter presupuestario y la de regulación y
perfeccionamiento de medios extrajudiciales de resolución de conflictos
entre ciudadanos y la Administración. Pero, sin duda, una de las medidas
imprescindibles y más urgentes es la reforma legal de esta jurisdicción.
En el año 1994, el Ministerio de Justicia, que dirigía mi compañero de
grupo Juan Alberto Belloch, decidió promover la redacción de un nuevo
proyecto de ley de reforma de la justicia administrativa, proyecto de ley
que fue objeto de una larga fase de elaboración, previa a su aprobación,
por el Consejo de Ministros y de la que me gustaría, siquiera sea
brevemente, dejar aquí hoy constancia. Se encargó la redacción de un
borrador de anteproyecto a una comisión que fue presidida por el
catedrático de Derecho administrativo y ex magistrado del Tribunal
Constitucional don Jesús Leguina Villa, e integrada por don Pablo García
Manzano, don Jesús García Torres, don Luis Ortega Alvarez, don Angel
Rodríguez García y don Miguel Sánchez Morón, actuando como secretario don
Pablo Santaolalla. El citado proyecto no fue elaborado de la noche a la
mañana, ni de manera cerrada o no participativa. Al contrario, la
comisión encargada de su formulación lo
sometió a un trámite voluntario de consultas previas, abriéndose a la
opinión de múltiples expertos y de medios jurídicos y administrativos
relevantes: profesores, abogados, jueces y fiscales, procuradores,
administraciones y entidades públicas de todos los niveles territoriales,
colegios profesionales, asociaciones y otras organizaciones relacionadas
con el mundo del Derecho, siendo la gran mayoría de los intervinientes
favorables, en términos generales, al contenido del borrador del
anteproyecto y a la necesidad de la reforma. En dicho acuerdo hay que
incluir también el informe del Consejo General del Poder Judicial, que en
el trámite preceptivo, antes de su aprobación por el Gobierno, formuló de
forma pormenorizada su parecer favorable al texto que se sometía a su
consideración y el del Consejo de Estado en pleno, que también de manera
unánime formuló su dictamen, en el que puede leerse, por ejemplo, que el
proyecto presentado es un texto cuidado y de calidad. Todo ello llevó a
que cuando entró el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados no
fue objeto, señorías, ni de una sola enmienda de totalidad, y la inmensa
mayoría de las enmiendas parciales que fueron presentadas en su día
tuvieron un manifiesto carácter técnico y, dejando al margen algunos
aspectos conflictivos --pocos--, el dictamen de la ponencia refleja el
alto nivel de consenso alcanzado en torno al texto.
Como SS. SS. conocen, el proyecto que estaba tramitándose en esta Cámara
decae legalmente al ser convocadas las pasadas elecciones generales del 3
de marzo, y lo que mi grupo parlamentario pensaba --de ahí el plazo de
seis meses de espera que hemos dado al Gobierno actual--es que éste
hubiera retomado el texto en la fase de elaboración en la que se
encontraba y con las modificaciones pertinentes hubiera presentado ya el
nuevo proyecto de reforma de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que en tan avanzado estado de tramitación
parlamentaria se encontraba. No ha sido así, y por ello mi grupo presenta
la proposición de ley que hoy nos ocupa, que no es sino el texto
trabajado y consensuado de la manera que les acabo de recordar.
Mi grupo espera obtener el apoyo de la mayoría de los grupos
parlamentarios para que, lo más pronto posible, podamos aprobar esta
importante disposición que adapta la jurisdicción contenciosa a las
necesidades de la sociedad española en los finales del siglo XX. Con esta
proposición de ley pretendemos, señorías, conseguir un triple objetivo:
en primer lugar, la adecuación de la jurisdicción
contencioso-administrativa, primero, a la Constitución de 1978; en
segundo lugar, a la nueva configuración de la Administración pública; y
en tercer lugar, a la nueva posición jurídica de los ciudadanos
españoles.
A la jurisdicción contencioso-administrativa, integrada en el Poder
Judicial, le corresponde una doble misión: primero, controlar el
sometimiento de la Administración al cumplimiento de la ley y, segundo,
garantizar a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus legítimos
derechos frente a la Administración. Las finalidades que una nueva ley de
la jurisdicción deben cumplir son esencialmente las siguientes:
incrementar el control de la Administración pública, aumentar los
recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa, plantear
soluciones para los nuevos problemas y garantizar el cumplimiento de las
sentencias. Estos principios, señorías, encuentran lógicamente respuesta
en el texto de la proposición que responde, en esencia, al proyecto de
ley remitido por el Gobierno socialista la pasada legislatura, con las
modificaciones introducidas por consenso de los grupos parlamentarios,
dando lugar a un informe de ponencia al que corresponde este texto del
que destaco a continuación algunos puntos.
En cuanto al ámbito de la ley, se actualiza, señorías, el concepto de
Administración pública y la sujeción a este orden de los actos y
disposiciones emanadas de otros órganos públicos que no forman parte de
la Administración. Se someten a este orden no sólo los contratos
administrativos y los actos separables de preparación y adjudicación de
los demás contratos, sino también los principios que rigen la
contratación pública en aquellos contratos realizados por entidades
públicas o sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la
Administración pública sometidas al Derecho privado. También conocerá
este orden jurisdiccional de los actos de los concesionarios de los
servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades
administrativas por delegación. Se somete a este orden jurisdiccional, de
manera plena, la responsabilidad patrimonial de la Administración,
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de
la que se derive, como largamente había venido reclamando la más
importante doctrina administrativa. Se hace una regulación más matizada
entre la actividad material administrativa de gobierno, sujeta a control
de este orden jurisdiccional, y las que carecen de tal carácter en razón
a su naturaleza estrictamente política: la distinción entre acto político
o acto de gobierno y acto administrativo.
Integran los órganos de este orden jurisdiccional los mismos que vienen
actualmente regulados en la vigente ley, con la novedad más importante
que consiste en la regulación de las competencias de los juzgados de lo
contencioso-administrativo que, creados por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, aún no están implantados, y se determinan en esta proposición
las materias objeto de recurso mediante el sistema de lista tasada. Se
regulan, con respecto a las partes, las novedades más importantes en
cuanto a la legitimación activa, que alcanza a una pluralidad de fines:
la defensa del interés personal, la de los intereses colectivos y
cualesquiera otros legítimos. Y en cuanto a la legitimación pasiva
desaparece, por carecer ya de sentido, la vigencia
del coadyuvante, en cuanto que no hay distinción entre derecho subjetivo
e interés legítimo. Se supera la tradicional concepción restringida de la
revisión judicial de los actos administrativos previos, estableciéndose
cuatro modalidades de recursos: primero, contra actos administrativos
propiamente dichos; segundo, respecto de la legalidad de las
disposiciones de carácter general; tercero, lo que es más importante y
más novedoso, contra la inactividad de la Administración y, en cuarto
lugar, contra las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho.
Se destaca la unificación de la decisión judicial sobre la legalidad de
las disposiciones generales en un solo órgano --el competente para
conocer el recurso directo--, siendo este mismo órgano el que conoce el
recurso indirecto.
El procedimiento y los recursos se basan en el esquema de la actual
regulación, aunque las modificaciones introducidas por la proposición que
vamos a iniciar su debate son numerosas. Se restablece el recurso de
reposición con carácter potestativo, con la finalidad de resolución
prejudicial de las controversias. Se señalan garantías para lograr la
pronta y completa remisión del expediente administrativo al órgano
juzgador. Se eleva la cuantía de los recursos que accedan a la casación
ordinaria y, en menor medida, a la casación para unificación de doctrina.
Para descargar de asuntos pendientes al Tribunal Supremo y hacer realidad
el derecho a una justicia efectiva, se pretende que el Tribunal Supremo
atienda primordialmente a la fijación de la doctrina jurisprudencial, y
se arbitra la posibilidad de que pueda declarar inadmisibles los recursos
en asuntos de cuantía indeterminada cuando se aprecie la carencia de
interés casacional por su escasa entidad y relevancia jurisprudencial. Se
introduce un nuevo recurso especial autonómico para unificación de
doctrina y también se introduce como novedad el recurso autonómico en
interés de ley contra las sentencias dictadas por los juzgados de lo
contencioso, y únicamente podrá enjuiciarse, a través de este recurso, la
correcta interpretación y aplicación de normas emanadas de las
comunidades autónomas.
La ley ha incrementado las garantías de ejecución de sentencias, al
objeto de cumplir las resoluciones judiciales con la mayor eficacia, y
constituye una de las novedades esenciales de la ley la extensión de
sentencias, pues permite extender los efectos de una sentencia firme en
materia de personal a otras personas distintas de las recurrentes, pero
que se encuentran en idéntica situación. Obviamente la ley exige, como no
podía ser menos en tema de tanta importancia, una serie de requisitos de
forma y de fondo, a fin de evitar que se inste este indudable beneficio
de forma caprichosa o ligera.
Se trae, por último, señorías --y voy terminando--, el proceso especial
en materia de derechos fundamentales con el mismo carácter preferente y
urgente que hoy tiene, siendo lo más relevante la atribución de
legitimación activa al Defensor del Pueblo para interponer este recurso y
la previsión de un trámite de inadmisión para evitar abusos en su
utilización. Entre las disposiciones comunes --por mencionarlas en este
rapidísimo análisis que de un texto tan complejo estoy efectuando-- se
destaca la regulación de las medidas cautelares, ampliando los actuales
tipos de medidas y los criterios para su adopción. Por último, la entrada
en vigor se producirá a los seis meses de la publicación de la ley en el
Boletín Oficial del Estado, incluyendo la implantación de los juzgados de
lo contencioso-administrativo, que creemos son de vital importancia.
Paralelamente, señorías, a la reforma de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa resulta imprescindible modificar artículos de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, para su adecuación a los contenidos
de esta ley ordinaria, que también sometemos a su consideración, aunque
la tramitación de su aprobación, por ser ley orgánica, deberá atenerse a
lo previsto en el artículo 81.2 de la Constitución española.
Espero, señorías, obtener el apoyo de la Cámara para estas iniciativas
tan necesarias y que, aunque las presenta el Grupo Parlamentario
Socialista, creemos que no son sólo nuestras sino de una amplísima
mayoría social. Que esto es así lo confirma el que, por lo que conocemos,
el anteproyecto que el viernes pasado el Gobierno ha remitido a informe
del Consejo General del Poder Judicial es prácticamente idéntico al que
hoy presentamos. De los 160 artículos y disposiciones que lo integran,
señorías, sólo hay diferencias en unos quince artículos, y la mayoría de
ellas, se lo aseguro, son de menor cuantía. Sólo quedan seis puntos de
discrepancia, que lógicamente pueden y deben ser objeto de discusión en
el trámite parlamentario subsiguiente. Por eso pensamos, señorías, que no
tendría sentido político ni jurídico alguno no prestar hoy la conformidad
al texto propuesto, y esperamos de todos los grupos de la Cámara que den
su apoyo a esta iniciativa. No creemos que por razones de fuero y no de
huebo volvamos a posponer una reforma tan necesaria y tan consensuada por
todos como ésta, para la que hoy les pedimos, señorías, un voto
afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Del Burgo
Tajadura.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, señorías, me temo, señora
Rubiales, que no va a ser posible, al menos desde la perspectiva del
Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno, dar la aprobación
a la toma en consideración de esta proposición de ley. Y eso en absoluto
significa, señora Rubiales, que nosotros no compartamos muchas de las
cosas que S. S. ha expuesto en esta tribuna. Celebro
que se haya manifestado una referencia a la calidad técnica de la Ley de
1956, que cumple ahora cuarenta años, pero precisamente tendría que
recordarle que el Grupo Parlamentario Socialista, que tan presuroso en
estos momentos dice que hay que aprobar su proposición de ley, tardó
bastante tiempo en dar cumplimiento al mandato expreso de la Ley de 1985
que ordenaba que, en el plazo de un año, necesariamente el Gobierno
presentara un proyecto de ley de reforma de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Los argumentos que ha expuesto para que se tome en consideración la
proposición de ley se basan fundamentalmente en que el Gobierno del
Partido Popular no ha sido capaz de presentar ante esta Cámara un nuevo
proyecto de ley, tras haber decaído el proyecto que se tramitó y que
quedó frustrado en la pasada legislatura, y usted sabe perfectamente que
eso no es verdad. En su comparecencia ante la Comisión correspondiente de
esta Cámara, la Ministra de Justicia dejó claro que, antes de fin de año,
el Gobierno entregaría a la Cámara el proyecto de ley de reforma de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Y el Gobierno en estos momentos
está a punto de cumplir ese compromiso. Usted misma ha recordado cómo el
13 de diciembre, hace unos días, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto
de ley y lo ha remitido, porque así es preceptivo, a informe del Consejo
General del Poder Judicial y también a informe del Consejo de Estado.
Creo que es conveniente esperar al resultado de esos informes, y es
conveniente por una razón que tal vez la convenza: que esta reforma es
importante, esencial sin duda, no tanto para descargar o agilizar los
procesos judiciales, que evidentemente es una razón de peso, sino sobre
todo para que los administrados tengan plena garantía frente a esa
todopoderosa Administración que tan protegida está en las leyes
procesales.
Pues bien, yo creo que es bueno lo que está ocurriendo, y es que del
informe de la ponencia, que ha servido de base, como no podía ser menos,
para la elaboración del proyecto de ley, se tengan en cuenta los
criterios que la doctrina durante todos estos meses ha venido desgranando
acerca de las soluciones que en algunos casos se daban dentro del
proyecto. Creo que es bueno esperar, por tanto, a que, con las
aportaciones enriquecedoras del Consejo General del Poder Judicial y del
Consejo de Estado podamos tener un texto mucho más perfilado, porque
tengo que recordarle que, si bien nos sentimos satisfechos de la labor de
la Ponencia en conjunto, no podemos dejar de reconocer que tuvimos que
trabajar de forma acelerada, porque se nos venía encima precisamente el
cierre de la legislatura y el Grupo Parlamentario Socialista tenía mucha
prisa en dejar informado el proyecto de ley del Gobierno.
Conviene reflexionar --eso es lo que ha hecho el Gobierno y esas
soluciones vendrán en el correspondiente proyecto de ley-- sobre algunas
de las que S. S. ha calificado como discrepancias, pequeñas
discrepancias; seis discrepancias por lo menos en número. Pero algunas de
esas discrepancias son importantes. La primera de todas es la que se
refiere a algo que el Grupo Popular no pudo conseguir en la legislatura
pasada, pero que tal vez en estos momentos estemos en condiciones de
lograr, como es lo que se refiere a la distinción, que todavía ustedes
mantienen, entre actos políticos del Gobierno y, por tanto, no sujetos al
control jurisdiccional, y la tesis que el Gobierno del Partido Popular
sostiene de que no debe haber absolutamente ningún acto exento opaco a la
acción de la Administración de Justicia.
Tenemos también que reflexionar sobre si el recurso potestativo de
reposición será o no beneficioso para el conjunto de los ciudadanos.
Tenemos que reflexionar, y desde luego el Gobierno ya lo ha hecho y
anuncia que se propone plantear a las Cortes esta iniciativa, sobre la
creación de los juzgados centrales de lo contencioso en la Audiencia
Nacional, lo cual significa la apuesta decidida del Gobierno del Partido
Popular por un órgano que en este momento está tan cuestionado desde que
el señor Belloch anunció que era partidario de su desaparición. Nosotros
entendemos, por el contrario, que hay razones más que fundadas para
mantener su existencia, y en el caso concreto de la jurisdicción
contencioso-administrativa, para poder incorporar los juzgados de lo
contencioso-administrativo.
Tenemos que revisar el recurso de casación tal como está configurado,
cuando se prevé la posibilidad de inadmisión porque el asunto carece de
interés casacional. Tenemos que reflexionar, y ya lo ha hecho el
Gobierno, proponiendo la supresión del recurso en interés de ley, porque
entendemos que eso entraña un gran privilegio para la Administración.
Tenemos que establecer unas previsiones mucho más racionales que las que
se establecen en la proposición respecto a la temporalidad de
implantación de los juzgados de lo contencioso-administrativo, sobre todo
porque entendemos que los magistrados de lo contencioso deben tener la
adecuada especialización, habida cuenta de la naturaleza específica de
los asuntos de los que tienen que entender. En definitiva, tenemos que
estudiar otros muchos aspectos de la proposición, que nos parece que es
mucho mejor que se contengan en un proyecto del Gobierno, después de que
se realice la tramitación preceptiva en relación con la audiencia al
Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado.
Por tanto, yo pediría al Grupo Socialista que retire la proposición en
aras de la eficacia, porque lo que no podemos admitir son algunas
declaraciones que se han formulado, precisamente en el día de ayer, en
relación a este suceso. Un portavoz cualificado de su grupo, señora
Rubiales, tratando de confundir a los ciudadanos, a la opinión pública,
dice que el anteproyecto del Gobierno copia textualmente la proposición
de ley
del Partido Socialista, atribuyéndose además la paternidad en cuanto a
muchas soluciones de la proposición, paternidad que S. S. sabe que no le
corresponde. Dice que el Gobierno sólo se mueve cuando el PSOE presenta
iniciativas, y S. S. sabe muy bien que esta iniciativa llegó a esta
Cámara cuando ya estaba elaborado el primer anteproyecto del Gobierno
popular, que ustedes conocieron perfectamente. Se dice también que la
iniciativa socialista sólo excluye del control jurisdiccional, como a su
juicio no podía ser menos porque lo recoge la Constitución, los actos que
tengan que ver con la función de dirección política del Ejecutivo. No lo
dice la Constitución, señores del Grupo Socialista; no lo dice. La
Constitución no dice que haya zonas exentas del control de los tribunales
de justicia.
Por todas estas razones, el Grupo Popular ha utilizado este turno en
contra: turno en contra que no es, insisto, al contenido de la
proposición, porque, indudablemente, gran parte de ella tiene un valor
que nosotros asumimos, sino a la oportunidad de la misma y, por eso, me
atrevo a solicitar al Grupo Socialista que retire esta proposición y
espere tan sólo unos días a que se presente el proyecto de ley para,
después, dentro del espíritu de diálogo y de consenso que caracteriza
esta legislatura, poder culminar con éxito un proyecto que, sin duda, y
en eso coincido con S. S., es trascendental para el futuro de nuestra
Administración de Justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.
Subo para consumir un turno de réplica al portavoz del Grupo Popular
llena de sorpresa y perplejidad ante su intervención. La razón de que el
Grupo Socialista tardó mucho tiempo en hacer esta proposición de ley es
la cantilena que el Grupo Popular repite una y otra vez. Todo aquello que
no ha sido hecho correctamente es por culpa del Gobierno socialista,
hasta esas cosas que pasan en el aeropuerto de Barajas, mientras que
cuando la economía va bien es gracias al trabajo del Grupo Popular.
Tienen una doble medida para las cosas que me parece que tiene poca
credibilidad en el conjunto de los ciudadanos. Como dijo mi compañero de
grupo Alfredo Pérez Rubalcaba, la herencia recibida es la eterna
cantilena que evita que el Partido Popular haga frente a sus
responsabilidades y las asuma.
Yo he tratado, señorías, de hacer una intervención inicial describiendo
un proceso de cómo ha sido la elaboración del texto propuesto, de quiénes
lo protagonizaron, del grado de consenso alcanzado, de cómo y por qué
termina, del contenido esencial de la proposición, de qué debía haber
hecho el Gobierno del Partido Popular. He dicho que le dejamos seis meses
para que, puesto que estaba presentada la iniciativa, que no era una
iniciativa ya del Grupo Socialista sino de la mayoría de la Cámara, que
tenía el informe del Consejo General del Poder Judicial y el Informe del
Consejo de Estado, retomara esa iniciativa con las modificaciones que
fueran pertinentes para que pudiéramos discutir y avanzar en torno a un
texto básicamente consensuado, no solamente por el conjunto de la Cámara
sino por el conjunto de la sociedad.
Me dice el señor Del Burgo que es mejor que esperemos unos días para ver
el resultado de los informes. Hay un voluminoso informe --en mi escaño lo
tengo-- del Consejo General del Poder Judicial en el que se pronuncia
sobre todos y cada uno de los temas que usted ha apuntado de una forma
exhaustiva, de una forma pormenorizada y de una forma concluyente.
Luego, ¿qué va a hacer ahora el Consejo General del Poder Judicial cuando
le volvamos a presentar un texto que repite ad pedem litterae exactamente
el mismo contenido de la proposición de ley sobre la que ya informó? ¿Qué
va a decir el Consejo de Estado si repite literalmente de los 160
artículos y disposiciones prácticamente todo menos 15? ¿Qué va a opinar
la doctrina, si la doctrina administrativa, los expertos, los
profesionales, llevan discutiendo y debatiendo esta ley en encuentros con
seminarios, con publicaciones, alguna de las cuales tiene su origen en la
Editorial Aranzadi, originaria de la circunscripción a la que el señor
Del Burgo representa? ¿Qué necesidad tenemos de señalar este tipo de
actuaciones?
En primer lugar, usted ha hecho una réplica no a lo que yo he dicho, sino
a alguna cosa que ha dicho un portavoz del Grupo Socialista y que aparece
en los medios de comunicación. Como siempre, parece que a la hora de
definir los contenidos de los actos concretos parlamentarios que nos
traen a discutir decimos lo que dicen los periódicos. Yo no he dicho más
que lo que he dicho. No hay ningún acto, señorías, exento u opaco, no lo
hay; ni lo hay en la Constitución, ni lo hay en el texto de la ley que
vamos a tratar de modificar. ¿Ustedes creen que un voto negativo merece
la pena la supresión de una frase, que dice: los dictados en ejercicio de
la función de dirección de la política interior...? No hay actos exentos,
hay actos administrativos o actos que no lo son. Por ejemplo, a partir de
esa decisión que ustedes adoptan de suprimir los actos de dirección de la
política interior, se podría pensar que podemos llevar a control de la
jurisdicción contencioso-administrativa el nombramiento de un ministro
del Gobierno de la nación porque consideramos que no es un ministro
idóneo. Ese sería un acto, según la teoría de lo absurdo a la que están
ustedes tratando de llevarnos, que se podía plantear. Podíamos llevar a
la jurisdicción contencioso-administrativa el acto de disolución de las
Cortes Generales, podíamos llevar a la jurisdicción
contencioso-administrativa la devaluación de la peseta,
y así, hasta el absurdo, una serie de actos que no son susceptibles de
control ante la jurisdicción contencioso-administrativa, porque no son
actos materialmente administrativos, sino de otra naturaleza, en una muy
difícil distinción entre actos políticos y de Gobierno que le
corresponderá en cada caso decidir a los tribunales de justicia, que no
será la Administración nunca la que la lleve a cabo.
El resto de las objeciones a las que el señor Del Burgo ha hecho
referencia no merecen ni siquiera mención Dice que esperemos más tiempo,
que el recurso de reposición veremos si merece la pena introducirse o no.
Desde que el recurso de reposición se suprimió, lleva pidiendo a gritos
la doctrina que se reintroduzca como facultad potestativa, porque
permitiría de esa manera tratar de evitar algún tipo de resoluciones,
algún tipo de procesos, algún tipo de sentencias.
La implantación de los juzgados centrales de lo contencioso, lo vemos, lo
discutimos en ponencia y en Comisión, y lo reintroducimos, se llega a un
acuerdo, se vota, pero no requiere de esta proposición.
Revisar el recurso de casación y la temporalidad en cuanto a la
implantación de los juzgados de lo contencioso-administrativo. Muy bien,
ustedes plantean una temporalidad diferente a la que plantea la
proposición, pero eso no es objeto de ningún tipo de necesidad de no
tomar en consideración una proposición de ley, que, repito y reitero,
estaba suficientemente debatida.
En cuanto a la Audiencia Nacional, en primer lugar, quiero decir que mi
compañero de grupo el ex Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se
refería a la Audiencia Nacional. Hay alguna otra persona de su grupo y de
otros grupos que han hecho algún tipo de consideración o de reflexión,
que no voy ni siquiera a citar por respeto a la institución que
representan, que han hecho algún tipo de valoración en torno a la
conveniencia o no de modificarla o de revisarla. En cualquier caso, él se
refería al orden penal.
Pero, viendo y leyendo algunos comentarios estos días en relación a estos
temas que nos ocupan, hay un artículo en la revista del Colegio de
Abogados de Madrid de un magistrado que se llama Alfonso Sabán Godoy, La
necesaria reforma de la justicia contencioso-administrativa, que dice: En
lo que se refiere a la Audiencia Nacional, comparto con el profesor
(García de Enterría, por cierto) la visión negativa del papel jugado por
el citado organismo de lo contencioso; es posible, incluso, que no
existan razones válidas para su existencia. Esto lo dice la doctrina, lo
dicen los expertos; otros dicen lo contrario y nadie se rasga las
vestiduras. Y, sobre todo, señor Del Burgo, no son estos los argumentos
válidos y coherentes para decirle que no a una disposición de la
importancia de la que acabamos de debatir aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales. El señor Del Burgo tiene
la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, señorías, ya que ha citado
al profesor García de Enterria, le recomiendo que lea una revista que se
titula Otros sí y verá usted cómo algunas de las tesis que ha sustentado
hace un momento en relación al acto político, son las propias, según el
profesor García de Enterría --yo ni quito ni añado--, de la derecha
judicial norteamericana, que parece que a ustedes en estos momentos les
gusta más que ese progresismo del que hacían gala en otros tiempos.
Le parece que nuestra eterna cantilena es decirles que ustedes no han
cumplido en tiempo sus compromisos. Yo lo único que he hecho ha sido
recordar que las prisas que ustedes tienen ahora para que se apruebe esta
proposición de ley contrastan con el retraso que ustedes tuvieron cuando,
en una de las disposiciones adicionales de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1981, se decía estrictamente que en el plazo de un año
ustedes traerían un proyecto de ley, cosa que no hicieron. Tardaron nada
menos que 9 años, hasta que vino el señor Belloch, en traer un proyecto
de esta naturaleza.
Yo no voy a entrar a discutir sobre los aspectos técnicos y las
soluciones propuestas ni en la proposición ni en el anteproyecto del
Gobierno, que difieren de la proposición. A usted le parece que todas
esas cuestiones se introducen en el texto con una enmienda y aquí no ha
pasado nada. Pero eso no es así, porque cualquier modificación de un
texto articulado requiere examinar con detenimiento qué repercusiones
tiene en el conjunto del texto, y eso sólo puede hacerse de una forma
coordinada y mesurada. Precisamente por eso, nos vendrán muy bien las
recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque
en el anteproyecto se incluyen innovaciones; ya he citado algunas, pero
no otras, como la de las medidas cautelares que ustedes no aceptaban en
el anterior proyecto, en tanto que nosotros entendemos que deben existir
esas medidas de acuerdo con la normativa comunitaria, con las directivas
comunitarias y la moderna doctrina jurídica. Eso es lo que nosotros
pensamos que debe hacerse dentro del marco de un anteproyecto, que se
convertirá en proyecto dentro de unos días, puesto que el informe del
Consejo General del Poder Judicial tiene un mes de plazo para emitirlo.
Por consiguiente, para el primer día del período de sesiones que empieza
en febrero el proyecto de ley del Gobierno estará en disposición de ser
discutido en las Cortes.
Nosotros no hemos incumplido nuestro compromiso. La Ministra de Justicia
pidió seis meses de plazo, que termina el 31 de diciembre. En estos
momentos está a punto de cumplirse. Ustedes han presentado, por razones
de pura oportunidad, no digo oportunismo, sino de mera oportunidad
política, esta proposición que, en el fondo, a lo mejor, lo que pretende
es consagrar su posición sobre esos asuntos que usted ha mencionado
respecto al acto político, que nosotros no
compartimos en absoluto porque, a diferencia de ustedes, creemos que no
tiene que existir ninguna zona de sombra en la jurisdicción
contencioso-administrativa respecto a los actos del Gobierno.
Lamento, pues, señora Rubiales, que no haya sido capaz de convencerla; lo
lamento de veras. Creo que hemos hecho un esfuerzo que espero que no sea
inútil y, desde luego, sea cual sea el resultado de la votación en esta
Cámara, el Grupo Popular estará, espero, con el Grupo Socialista, en la
mejor disposición para que alumbremos, como he dicho antes, la mejor ley
posible de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego,
favorable a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre todo por tres cuestiones básicas. Pensamos que la proposición de
ley refunde con corrección técnica leyes anteriores, en concreto la de
demarcación y planta judicial y la de la jurisdicción
contencioso-administrativa del año 1956, que ya fue calificada muy
positivamente, y las refunde adecuándolas a lo que es la filosofía
constitucional, al nuevo marco institucional jurídico del Estado español.
Desde nuestra perspectiva, pensamos que no existen novedades de fondo
respecto de la legislación anterior, como se puede comprobar por el hecho
de que el procedimiento escrito sea el único que sigue siendo válido de
una manera determinante, excluyéndose la vista oral, que pensamos que
sería otro de los criterios para aligerar y para poderse defender frente
a los actos de la Administración.
En todo caso, que quede claro que pensamos que esta proposición de ley va
a conllevar el que muchos de los procedimientos
contencioso-administrativos salgan de los tribunales superiores para los
propiamente contencioso-administrativos, lo cual va a significar que el
numero de casos empiece a aligerarse en los juzgados y que, por tanto,
los ciudadanos estemos mejor defendidos.
Por todo ello, vamos a apoyar la tramitación de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista. Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de mi
grupo, Coalición Canaria, voy a fijar la posición ante esta proposición
de ley del Grupo Parlamentario Socialista para regular la jurisdicción
contencioso-administrativa, y voy a tratar de hacerlo basándome en un
fundamento eminentemente político, más que en el tecnicismo
contencioso-administrativo.
Ilustres tratadistas españoles del Derecho contencioso-administrativo y
del Derecho político han venido a decir que valorar un Estado de Derecho
es, sencillamente, analizar las leyes contencioso-administrativas que
tiene. Un Estado de Derecho lo es auténticamente en la medida en que el
ciudadano --por supuesto, en un marco constitucional democrático--
encuentra una protección en estas leyes contencioso-administrativas
frente a la Administración pública. Este es el fundamento de la
legislación contencioso-administrativa: proteger al ciudadano, en un
Estado democrático de Derecho, de cualquier interpretación o abuso que
una administración pública --cualquiera de ellas, como ahora veremos--
puede ejercer en un acto administrativo, que se puede considerar de
dudosa consistencia en justicia, que pueda afectar al ciudadano. Esta es
la importancia política de la que derivo mi segundo corolario: No hay más
que ver a un Gobierno redactar un proyecto de ley
contencioso-administrativa para saber su talante de cómo interpreta esta
doctrina y esta posición en una sociedad democrática y de Derecho. Por
tanto, entendemos que hay que dejarle al Gobierno la iniciativa de
presentar su piedra de toque. Para nosotros, un proyecto de ley
contencioso-administrativa tiene que venir del Gobierno, porque es la
manera de aplicarle el carácter de piedra de toque al analizar su propio
texto; después, con la soberanía democrática de la Cámara, se podrán
hacer las correcciones que sean posibles para perfeccionarla.
Dicho este principio, nosotros entramos en una valoración de este hecho
político evaluando, en primer lugar, también técnicamente la proposición
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que
es una materia en la que en España se ha legislado oportunamente, no digo
ni poco ni mucho. Démonos cuenta de que las primeras leyes
contencioso-administrativas nacen en nuestro país en el siglo pasado,
cuando ni siquiera este edificio se había inaugurado por la Reina Isabel
II, en 1845; o sea, ni siquiera se había inaugurado este edificio que ha
acompañado a la gran historia, y a la mala historia, a veces, de la
política en nuestro país.
La reforma de 1956 ha venido a significar dos valores interesantes que en
la propia exposición de motivos de la proposición de ley socialista se
reconocen y que quiero destacar aquí. Por un lado, la sistemática, y bien
se dice en su propio preámbulo que cuanto menos toquemos la sistemática
que ilustres profesores de la escuela del Derecho
contencioso-administrativo español señalaran, mejor. En primer lugar, la
sistemática, y esto es importante, porque van a estar ahí las auténticas
perchas donde se van a colgar todas las, digamos, especialidades
derivadas de lo contenciosoadministrativo; y después está el contenido,
donde viene, para nosotros en verdad, la piedra de toque del talante que
tiene que tener un gobierno al entender cuál es su propia autolimitación
en los actos administrativos que es capaz de dictar.
El tema es complejo, porque, precisamente, se recoge también en la
iniciativa de la proposición de ley, pero requiere un compromiso del
Gobierno con las otras administraciones, porque ya no es solamente la ley
de 1956, que habla de una Administración general del Estado; aquí estamos
dando entrada a la Administración de las comunidades autónomas y nos
gustaría conocer a los partidos nacionalistas y a los que tenemos un
ámbito específico territorial en la Cámara, cuál es el talante con el que
el Gobierno del Estado, el Gobierno de la nación española, se enfrenta
con este problema ante lo contencioso-administrativo generado por las
comunidades autónomas. Y qué decir de la Administración local, así como
de aquellas otras administraciones de corporaciones de Derecho público,
que tienen también que incidir, porque pueden efectuar disposiciones
sobre los ciudadanos, en que el ciudadano español necesita una protección
jurisdiccional frente a esas actuaciones.
La propia ley 10/1992, que nos tiene que servir de advertencia para que
no hagamos modificaciones parciales a una ley de lo
contencioso-administrativo que después es capaz de generar efectos
perturbadores que no se habían previsto al principio, como es algo que,
en los últimos años, la memoria del Consejo General del Poder Judicial
nos viene reiterando, que es el tremendo atasco que hay en los juzgados
de lo contencioso-administrativo, lo que no ocurre ni en lo civil, ni en
lo penal, ni en lo social. Resulta que no sólo tenemos, como se dice
aquí, atascada la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, sino que tenemos atascadas a todas las salas de lo
contencioso-administrativo de las audiencias territoriales o de los
tribunales superiores de Justicia en las comunidades autónomas.
Señorías, nosotros tenemos otra reserva sobre este tema para no poder
apoyar la iniciativa que aquí viene, y es que, cuando se está abriendo el
cauce de la Audiencia Nacional, nosotros tenemos enormes reservas; pero
si el cauce se abre en razón de que se dice: la sobrecarga del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, las sobrecargas entendemos que no se
tienen que resolver abriendo otra jurisdicción, sino sencillamente con la
dotación de los medios humanos o materiales que se puedan aportar en este
aspecto.
Por tanto, salvando que se respeta la sistemática de la ley de 1956, se
deben introducir observaciones, vía enmiendas, por supuesto, porque aquí
habrá muchísimo aprovechable, incluso del proyecto del Gobierno; pero
vuelvo a decir nuestra razón (para que se entienda por el Grupo
Socialista, porque valoramos enormemente el texto de su proposición), que
es conocer el talante con que el Gobierno quiere enfocar este asunto con
respecto a la jurisdicción contencioso-administrativa que salga de las
comunidades autónomas y de los ayuntamientos, así como el propio talante
del Gobierno para enfocar este tema. Nosotros entendemos que esto está en
la línea de lo que hoy en día es una prestigiosa, y más que prestigiosa,
escuela en el Derecho español en lo contencioso-administrativo para
enfocar precisamente todas estas actuaciones.
Por esa razón, señor Presidente, señorías, nosotros no vamos a dar
nuestro voto a favor de la iniciativa legislativa y esperaremos a que,
con la premura que nos ha dicho el señor Del Burgo, el Gobierno presente
en esta Cámara esta pieza legislativa importantísima y fundamental de un
Estado de Derecho.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor Presidente.
No es necesario subrayar la extraordinaria importancia que en un Estado
de Derecho tiene la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto
orden jurisdiccional especializado, encargado del control del Poder
Ejecutivo, del Gobierno y de la Administración.
Tampoco es ninguna novedad insistir en las cualidades técnicas y en la
importancia política que en su momento tuvo la vigente Ley de la
jurisdicción contenciosa, del año 1956, que abrió inesperadas
posibilidades de ejercicio y tutela de derechos por los ciudadanos, en un
régimen cerrado sobre sí mismo, ampliando considerablemente el control
judicial sobre la Administración.
Además del tiempo transcurrido, con sus inevitables envites, a los que se
ha referido la señora Rubiales, se ha producido el impacto extraordinario
de la Constitución, introduciendo un nuevo sistema de relaciones de los
ciudadanos con las administraciones. Las exigencias de justicia de los
ciudadanos frente al poder han aumentado, haciendo necesaria una reforma
en profundidad de esta Ley.
El texto de las proposiciones que hoy examinamos, la ordinaria y la
orgánica, que se presentan para su toma en consideración, son, en
esencia, el informe de la ponencia aprobada en la pasada legislatura
sobre el proyecto de ley presentado por el último Gobierno socialista,
basado en los trabajos de un grupo de expertos constituido al efecto y
presidido por el catedrático de Derecho administrativo, miembro del
Consejo de Estado y ex magistrado del Tribunal Constitucional, el
profesor Jesús Leguina, que llegó a completar un excelente trabajo
moviéndose sobre dos raíles: respetar el
texto, la sistemática y los principios inspiradores de la Ley de 1956 en
todo lo que fuera respetable y acometer, al tiempo, las reformas que, en
razón a los motivos que he expuesto, requiere la justicia administrativa
de nuestros días.
Enumero algunas de las virtudes del texto propuesto. Se trata, en primer
lugar, de adaptar el ámbito y extensión de la jurisdicción a las
exigencias constitucionales de tutela efectiva del artículo 24 y, sobre
todo, al artículo 106.1, que sujeta la totalidad de la actuación
administrativa al control de los tribunales de justicia. Se actualiza el
concepto de administración pública, adaptándolo a la nueva estructura del
Estado autonómico; se le atribuye, conforme al criterio tradicional, el
control de la litigiosidad de la contratación administrativa y, haciendo
frente al fenómeno creciente de las privatizaciones, igualmente se somete
a control la observancia de los principios que inspiran la contratación
pública en la celebración de ciertos tipos de contratos por los entes
públicos privatizados. Se lleva al ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa la totalidad de los pleitos en materia de
responsabilidad patrimonial de la Administración, siguiendo el criterio
que ya enuncia la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las
administraciones públicas.
En lo que atañe a la organización de los tribunales, lo más destacable es
la implantación de los juzgados unipersonales de lo contencioso, ya
previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuyéndoles un
conjunto de competencias por el sistema de lista, que viene a limitar el
criterio de la cláusula general y residual que hace el texto de la Ley
orgánica.
En cuanto a las personas que pueden solicitar la tutela judicial, recoge
el texto, conforme a la elaboración jurisprudencial del Tribunal Supremo
y del Tribunal Constitucional, el concepto de ser titular de un interés
legítimo, que puede ser tanto individual como colectivo, y se recogen
expresamente los litigios interadministrativos. Esta ampliación de la
legitimación en sentido pasivo lleva a la desaparición, como también ha
indicado la señora Rubiales, de la figura del coadyuvante, por no tener
ya razón de ser una figura de litigante de segundo rango.
En el objeto del recurso se produce una interesante ampliación, al
sustituirse la mención tradicional de los actos por la más general de
actividad, introduciéndose una apertura de una parte hacia la llamada
inactividad material, objeto de permanente y generalizado requerimiento
doctrinal y, de otra parte, hacia la actividad de la Administración
constitutiva de la vía de hecho. Propone la proposición una medida que ha
sido objeto de una viva polémica, que es la llamada cuestión de
ilegalidad. Novedades todas ellas que, en prudentes términos, suponen un
avance significativo en la tutela de las situaciones jurídicas de los
ciudadanos.
En lo tocante al procedimiento, resulta obvio el propósito de agilizar al
máximo las tramitaciones; se acepta la bondad sustancial del esquema
vigente, evitándose dilaciones injustificadas, pero con respeto
escrupuloso a las garantías que a todas las partes reconoce el artículo
24 de la Constitución. Otra medida, que el tiempo dirá si es acertada o
simplemente retórica, es introducir la posibilidad de intento de acuerdo
o conciliación judicial entre las partes, además, y por no extenderme, de
las novedades relacionadas con la sentencia o con el establecimiento de
un nuevo sistema de recursos.
Restan otras dos cuestiones a las que se presta singular importancia en
el conjunto de la reforma pretendida, que son la ejecución de la
sentencia, aspecto más criticado de la ley de 1956, y el establecimiento
de un nuevo régimen de suspensión y de medidas cautelares.
Pese a todas estas virtudes, el Grupo Vasco no votará a favor de la
iniciativa socialista en consideración al respeto a su propia palabra. En
esta misma Cámara, con fecha 19 de junio de este año, tuve ocasión de
preguntar a la señora Ministra de Justicia cuáles eran los propósitos del
Gobierno en relación con la jurisdicción contencioso-administrativa,
instándola respetuosamente a no desaprovechar el valioso material
tramitado en la pasada legislatura. En su respuesta, prometió considerar
lo que se la decía y pretendía traer a la Cámara antes de finalizar el
año 1996 un proyecto de ley.
Esta circunstancia se ha producido, al aprobarse el pasado viernes el
envío por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial de un texto
que contiene la regulación pretendida. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Pese a no votar a favor, quiero en esta intervención saludar la
iniciativa del Grupo Socialista por la virtualidad que ha tenido de
acelerar la decisión del Gobierno y felicitar al Gobierno, lo que me
hubiera gustado hacer en la persona de la señora Ministra de Justicia,
por el cumplimiento de traer a la Cámara un texto regulador de la
jurisdicción contenciosa en las fechas prometidas y sobre todo por
mantener casi en su integridad, en un 95 por ciento, diría yo, el
excelente trabajo que se efectuó en la pasada legislatura. Mi deseo es
que quienes finalmente se puedan felicitar sean los ciudadanos de este
país al contar cuanto antes con este vital instrumento para la
realización del derecho a la tutela judicial efectiva.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, dentro de diez días
se cumplirán los cuarenta años de la vigente Ley de lo
contencioso-administrativo y si en algo ha existido en los últimos
tiempos unanimidad ha sido precisamente en la necesidad de su
reforma. Desde la doctrina hasta la propia jurisdicción, desde el
Defensor del Pueblo --en cuya memoria de 1995 dedica una parte importante
a reclamar la constitución de los juzgados de lo
contencioso-administrativo; incluso perfila la necesidad de la existencia
de un proceso verbal en materia contencioso-administrativa-- hasta el
Consejo General del Poder Judicial, en las memorias que en los últimos
años han sido presentadas en esta Cámara, así como también los propios
grupos parlamentarios. Cabe decir, y desde ese punto de vista creo que
también hemos de felicitarnos, que de alguna manera todos hemos cumplido
con nuestra obligación.
Digo esto porque obligación del Grupo Parlamentario Socialista era
impulsar la actividad legislativa o la iniciativa legislativa del
Gobierno y, llegado el caso, hacer lo que ha hecho: presentar una
proposición de ley. Obligación de mi grupo parlamentario era, y lo fue,
insertar en el programa electoral la necesidad y la conveniencia de esta
reforma, era reclamar en la Comisión de Justicia de 20 de junio de 1996 a
la señora Ministra de Justicia la necesidad, la conveniencia y la
urgencia de remisión del proyecto de ley de lo contencioso; también fue
obligación, y así se hizo, en virtud de la memoria presentada por el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, requiriendo al
Gobierno para la presentación del proyecto de ley de lo contencioso antes
del día 1 de diciembre de 1996, plazo que acababa, por tanto, hace 15
días. Entiendo que, de alguna manera, ha cumplido el Gobierno con su
obligación en la medida en que el plazo inicial que se dio el 20 de junio
de 1996, plazo que expiraba a final de año, ha sido cumplido.
Al final, da la impresión de que lo que se ha producido es una media
entre lo que pedía el Grupo Parlamentario Catalán, presentación a 1 de
diciembre de 1996, y el objetivo del Gobierno, presentación a final de
año. Me parece, pues, que todos hemos cumplido con nuestra obligación y
todos nos podemos felicitar por ello.
En lo que debo discrepar, señorías, es en la inconveniencia, en la
innecesariedad, en el carácter superfluo del dictamen del Consejo de
Estado y del dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Esta tarde,
señorías, hemos asistido a un breve pero intenso debate sobre si existen
actos políticos del Gobierno, actos de naturaleza jurídica diferente a
los propios actos administrativos, como decía la exposición de motivos de
la propia Ley de lo Contencioso de 1956, o si, por el contrario, nos
encontramos con actos administrativos dotados de un grado de
discrecionalidad elevada, por decirlo así.
Yo tengo que decirles que mi grupo desearía que tanto el Consejo General
del Poder Judicial como el Consejo de Estado, que estoy total y
absolutamente seguro de que, al elaborar sus informes, tendrán en cuenta
lo que se ha dicho esta tarde en esta Cámara, nos den su opinión.
Por tanto, si París bien vale una misa, como se dijo en su día, la Ley de
lo Contencioso, que tiene una vigencia de casi 40 años, puede valer
también esperar un mes, un mes y medio, para poder formularse, no digo
que con mayor serenidad --que lo ha sido y con mucha-- sino con mayor
grado de apreciación.
Lo que sí querría manifestar en nombre de mi grupo es que no compartimos
la manifestación hecha por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
de que es una cuestión que está suficientemente debatida. Desde luego, mi
grupo no se enfrentará en su día al proyecto del Gobierno considerando
que ya está suficientemente debatido y que lo que tenemos que dar es un
pase rápido al mismo.
Obviamente, aportaciones como la que se efectúa en la memoria del
Defensor del Pueblo sobre la necesidad o conveniencia de un procedimiento
verbal para asuntos de pequeña cuantía, una revisión más profunda de las
garantías de ejecución de las sentencias, una nueva valoración de la
tutela cautelar contencioso-administrativa, entendemos que requerirá
amplios esfuerzos por parte de la Comisión y del Pleno.
Para acabar, señorías, sí querría manifestar que la Ley de lo
Contencioso-Administrativo por sí sola no va en absoluto a resolver los
problemas de nuestra jurisdicción. No va a resolver por sí sola ni la
tutela judicial efectiva de los ciudadanos; ni su derecho, que también
integra esta tutela, a recibir justicia en tiempo; ni los 196.000 asuntos
que a 1 de enero de 1996 campaban por los tribunales superiores de
justicia en el ámbito de lo contencioso-administrativo.
Digo esto, porque pretender resolver los problemas de esta jurisdicción y
de la tutela judicial del ciudadano ante la Administración sin abordar
también la existencia de vías administrativas previas, que a veces se
dilatan, incluso legalmente, o reglamentariamente, durante dos o tres
años; pretender resolver los problemas de la tutela judicial efectiva
frente a las administraciones públicas y que el ciudadano corra con los
gastos de abogado y procurador en asuntos de pequeña cuantía; o pretender
resolver los problemas de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos
cuando al final podemos acabar cayendo --aunque empleemos otras
expresiones-- en una auténtica inmunidad de la Administración ante los
actos de ejecución de los tribunales, obviamente no va a resolver el
tema. Si por algo estamos en un Estado social de Derecho es precisamente
también porque pretendemos cumplir el mandato del artículo 9 de la
Constitución, que nos exige remover los obstáculos que impiden o
dificultan la plenitud de estos derechos.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán votará en contra
de la admisión a trámite, felicitándonos, como así ha sido realizado por
la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, a todos y a aquéllas de SS.
SS. que tuvieron ocasión de participar en la ponencia en la legislatura
pasada por los trabajos realizados.
Entiendo que no corresponde ahora hacer una pura ratificación de esos
trabajos y nos comprometemos desde el Parlamento, como debiera ser desde
el Gobierno y desde las distintas administraciones públicas, a garantizar
esta tutela judicial efectiva de los ciudadanos. En cualquier caso,
pretendemos que la universalidad del control de la Administración
pública, que consagra el artículo 106 de la Constitución, o la tutela
judicial efectiva que se consagra en el artículo 24, sean reales y
efectivas y no queden en declaraciones puramente programáticas.
Señorías, la diferencia entre el acto administrativo y el acto político
será muy importante para el Estado de Derecho, pero permítanme que les
diga que lo es más que los 195.000 litigantes que están esperando
sentencia tengan una sentencia justa, equitativa y en tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos gustaría
en este debate sobre la Ley de la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativa sumarnos a la alegría que parece ser que hoy
les desborda a todos ustedes, alegría un poco tardía, porque esta ley
tenía que haber venido allá por el año 1986. Estamos en el año 1996 y no
acabo de entender tal grado de satisfacción. Pero, dado lo entrañable de
las fechas, tampoco pasa nada por hacer un esfuerzo y hacer tañir las
campanas porque, por fin, parece ser que va a llegar la ley de lo
contencioso-administrativa. Y digo parece ser, porque sinceramente,
repito, desde hace diez años la estamos esperando.
Algunos pueden pensar que no ha llegado porque la adecuación
constitucional a la jurisdicción era una cosa complicadísima, cuando
todavía muchas de nuestras leyes, como mucho, a la Constitución la rozan,
pero lo que se llama plasmarla y profundizar en ella no lo hacen. Otros
piensan que es muy conveniente que hagamos esta modificación legislativa
de la vieja Ley de 1956 por las profundas transformaciones que ha sufrido
la Administración, hasta el extremo de hablarse ya, incluso, como
consecuencia de estar en una crisis de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
A nuestro grupo le gustaría de verdad coincidir con esta valoración de la
crisis de lo contencioso-administrativo, le gustaría pensar que,
efectivamente, nos encontramos con un cierto retraso porque la
repercusión constitucional es un tema inabordable o porque la
transformación de la Administración nos ha colocado en una situación que
no somos capaces, bajo ningún concepto, de saber encauzar y que por eso
tenemos esa profunda crisis, o que incluso la crisis de la jurisdicción
contencioso administrativa obedece a una falta de medios materiales y
humanos.
Señoras y señores Diputados, desde el año 1985 podríamos hacer un simple
repaso por cualquier repertorio de legislación y veríamos la cantidad de
leyes que se han puesto en marcha cuyo contenido no merecía tanto
esfuerzo. Se ha llegado incluso hasta a articular algo tan peculiar como
la medalla constitucional, como si se tratara, ni más ni menos, que de
una de las grandes conquistas de la democracia. El problema es mucho más
profundo.
Para plantearnos el problema de la ley de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativa hay que hablar muy seriamente de esa
permamente dialéctica y contradicción entre Poder Político y control
judicial. No es ninguna casualidad que no se hayan puesto en
funcionamiento los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
a nivel local, los juzgados de lo contencioso-administrativo. No es
ninguna casualidad que se retrasen y retarden toda clase de mecanismos de
la jurisdicción contenciosa para buscar su eficacia. Hay detrás de ello
una auténtica voluntad política. ¿Por qué? Porque se trata ni más ni
menos que de facilitar el control de la Administración sobre el Poder
Político. Lo demás son ganas de meter la cabeza bajo el ala y de
querernos engañar. Por esa razón estamos tardando tanto.
Todos aquellos que se han desgañitado cuando están en la oposición
pidiendo una nueva regulación de la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa, al llegar al poder generalmente suelen entrar
inmediatamente en actitudes de demora. Suele ser así. Vamos a ver si es
verdad que esta vez el partido del Gobierno se apresta, aunque sea
excitado por una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, en
llevarlo adelante. En todo caso, como están ustedes hablando del
desarrollo constitucional y hablan ustedes mucho de la tutela judicial
efectiva, sería bueno que también, al contemplar ese proyecto de ley, se
acordaran ustedes de la interdicción de la arbitrariedad, por ejemplo; se
acordaran de la seguridad jurídica y del acceso a los tribunales; se
acordaran del control de legalidad y de igualdad ante la ley; de la
proscripción de la indenfensión, el sometimiento al Derecho y los fines
constitucionales; el derecho a un juicio rápido sin dilaciones excesivas;
la irretroactividad de las leyes sancionadoras..., todo un conjunto de
principios que, si es verdad que los tienen ustedes presentes, también
los van a tener presentes en el resto de la legislación que están
enviando a la Cámara. Y en muchos casos no los tienen ustedes presentes.
No se engañen, no resisten ustedes el examen; entre otras cosas, en la
última modificación que hemos contemplado sobre la Ley de objeción de
conciencia.
Por tanto, permitan ustedes que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya siga
siendo algo suspicaz en cuanto a esa voluntad política de, una vez por
todas, hacer realidad no sólo la separación de poderes, sino lo que es
más importante, el equilibrio entre los mismos. Que hagamos realidad
desde esta Cámara, con un auténtico sentido de Derecho y con un auténtico
sentido del Estado social y democrático de Derecho, el control jurídico,
político y cívico de los actos del poder político, que quizá es la
asignatura en la cual, no hay más que asomarse a las páginas de los
periódicos estos días, no estamos alcanzando ni siquiera el más modesto
aprobado. Basta con, repito, hojear todos y cada uno de los periódicos.
En fin, nosotros, como ustedes comprenderán, tenemos tal anhelo de que
haya cuanto antes una ley de la jurisdicción contencioso-administrativa,
con un tratamiento político y no burocrático, que precisamente y porque
no estamos muy seguros de lo que pueda ocurrir, vamos a votar a favor de
la proposición de ley. No entendemos por qué, sinceramente, no hemos
aprovechado la ocasión, con una cantidad de instrumentos como es la
propia Mesa y Junta de Portavoces, para haber llegado a un consenso y que
hubiera venido a esta Cámara tranquilamente y de consuno ese proyecto
sobre el cual discutir. Es más, nos parece absolutamente pueril una pelea
como la que hay hoy, en que a un grupo se le puede acusar de una cierta
apropiación indebida porque presenta como propio lo que es fruto del
trabajo común, y es bueno entonces, cuando se hace la presentación, decir
casi que podía haber sido de todos, pero es que a otros se les puede
acusar de querer restablecer el derecho de pernada, pensando que son los
primeros triunfos que tienen derecho a introducir en la legislación. En
todo caso, es una polémica bastante pueril, repito, y lo que nos gustaría
es que de una vez por todas, y con esos informes del Consejo de Estado y
del Consejo General del Poder Judicial, tengamos una ley que pase
verdaderamente el renglón y que alcance la cota de lo que se exige para
que esto sea un Estado social y democrático de Derecho.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre las proposiciones de ley del Grupo
Socialista.
En primer lugar, la reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 150; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley orgánica
del Grupo Socialista por la que se modifican determinados preceptos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que se ha debatido conjuntamente con la
anterior.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 148; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PRORROGA DE PLAZO:
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Comisión de Política Social ha
solicitado de la Mesa que la subcomisión de estudio sobre la situación
actual de la familia en España pueda prorrogar sus trabajos en el próximo
período de sesiones. La Mesa ha acordado proponer al Pleno conceder esta
prórroga pero para que finalice sus trabajos antes del 31 de marzo del
próximo año 1997. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Se entiende
aprobada la prórroga en el citado plazo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REPARACION DEL
ARCHIVO OPTICO DE LA EXPO-92, ACTU-ALMENTE A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
AGESA (Número de Expediente 162/000071)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones no de
ley.
Del Grupo Parlamentario Popular, sobre reparación del archivo óptico de
la Expo-92, actualmente a disposición de la sociedad Agesa.
Para la exposición de la proposición no de ley, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, si hemos de creer a
los medios de comunicación que han publicado el anteproyecto de informe
del Tribunal de Cuentas sobre la Expo-92, y creo que merecen
credibilidad, en tal informe se afirmaría que durante la ejecución de los
trabajos de fiscalización la mayor parte de la infraestructura utilizada
por Expo-92 para el tratamiento mecanizado de la información no era
operativa o se había enajenado a terceros. (El señor Vicepresidente,
López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) En consecuencia, no se ha
podido
acceder a la información que pueda existir en diversos soportes
magnéticos y ópticos guardados por la sociedad.
Indudablemente, aquí lo que se plantea es la importancia que para esa
fiscalización por parte de un órgano que depende de esta Cámara pueda
tener la documentación existente en dicho archivo. Según el entonces
ministro, señor Solbes, la documentación actualmente archivada como
expedientes normales es suficiente para satisfacer la información que el
Tribunal de Cuentas necesita, y luego dice: Creo que hay que dejar hacer
al Tribunal de Cuentas, que dirá lo que tenga que decir sobre este tema
cuando realice su informe.
Todo parece indicar que el Tribunal de Cuentas lo que tiene que decir es
más o menos esto, según una nota preparada para responder a un juzgado de
Sevilla que se interesaba por la situación: A efectos de la
fiscalización, desde un primer momento se consideró que el archivo óptico
podría ser de gran utilidad al permitir una mayor agilidad y facilidad en
las comprobaciones y obtención de datos inherentes a cualquier actuación
fiscalizadora. En la contestación al segundo de los oficios que dirigió
el Tribunal a la Expo se concreta que el sistema de archivo óptico no se
encuentra operativo debido a una avería, por lo que no es susceptible de
utilización.
En el fondo nos encontramos ante una disyuntiva que es muy fácil
emparejar con la disyuntiva entre un sistema de gobierno autoritario y un
sistema democrático. En un sistema autoritario se impone la presunción de
credulidad: es obligado creer lo que diga el Gobierno, porque el Gobierno
siempre tiene razón y sólo malignamente cabe sugerir que no la tenga. De
ahí que aparezcan casi como traidores o antipatriotas los que sugieran
que el Gobierno a lo mejor no tiene razón. Por el contrario, en un
sistema democrático rige la presunción de responsabilidad: el Gobierno
debe dar respuesta siempre a la más mínima duda sobre el resultado y la
transparencia de su gestión.
No obstante, admitamos incluso que los indicios para justificar el paso
de la presunción de credulidad a la de responsabilidad deban ser
aportados desde fuera del Gobierno entonces en el poder. Pues bien, esos
indicios existen y son bastante aparatosos. En enero y febrero de 1992, a
punto de comenzar la Expo, aparece en dichas instalaciones un funcionario
del Tribunal de Cuentas que nadie sabe quién ha enviado ni con qué
función, aunque, sin embargo, acaba sabiéndose pronto. Por un lado, se
utiliza su presencia allí para negar en esta Cámara la información que se
solicita del Gobierno, en concreto, una pregunta formulada por este mismo
Diputado se contesta en los siguientes términos: Las cuestiones
interesadas sobre la gestión económico-financiera y contable de la
sociedad forman parte de la información que está siendo analizada por el
Tribunal de Cuentas dentro del proceso fiscalizador de las actividades de
la Expo. Es una respuesta de abril de 1992 cuando el Tribunal de Cuentas
no ha tomado decisión alguna sobre la fiscalización de la Expo. Por otro,
bien pronto se tiene noticia en un juzgado --que es como al final aquí se
entera uno de cómo funciona la gestión pública en determinado período de
nuestra historia-- de las actividades del citado funcionario cuando un
miembro de la auditoría interna de la Expo presenta una querella en la
que, entre otras cosas, dice que en marzo de 1992, poco antes de comenzar
la Exposición, este funcionario realiza sus primeras insinuaciones de que
tal vez no sería del todo acertado --me remito a lo que dicen los
documentos judiciales-- que el Tribunal de Cuentas revisara los
expedientes tal y como éstos se habían realizado y que conociera y
estudiara todos los informes en la forma en que éstos habían sido
redactados, porque evidenciaban todas las debilidades e irregularidades
existentes. De ahí que quizá fuera conveniente depurar los expedientes y
extraer los documentos improcedentes que pudieran contener. Claro indicio
de que convendría ver qué es lo que pasa ahí.
Además, en esas mismas fechas --abril de 1992-- se hace un programa de
trabajo sobre actuaciones encaminadas a preparar a la Sociedad Estatal
Expo para su proceso de liquidación y en ese documento se llama la
atención sobre la necesidad de preparar la información tal y como debe
quedar reflejada en los expedientes y archivos, con objeto que se afronte
de la mejor manera posible la fiscalización del Tribunal de Cuentas,
especialmente en lo referente a la explicación y justificación de las
actuaciones realizadas, teniendo en cuenta, además, la limitación que
supone la existencia de un archivo óptico que recoge toda la información
anterior y de los informes de control interno. Cuando llega la
fiscalización del Tribunal de Cuentas el archivo óptico está estropeado,
como veremos, y la auditoría interna que hace estos informes ha dejado de
funcionar. Parece que se pusieron los medios para evitar esas --entre
comillas-- limitaciones.
Ante esta situación, parece obligado dar paso a un sistema en el que la
transparencia se impusiera, entre otras cosas, porque como muy fácilmente
ocurre, enseguida se aduce, ante el proceso de manipulación que se
emprende haciendo unos expedientes B para que los pueda ver el Tribunal
de Cuentas, a que será muy fácil establecer la disparidad entre una
documentación y otra.
En el mismo juzgado se producen dos pruebas testificales en las que dos
funcionarias de la Expo son preguntadas sobre los hechos a los que me
refiero. Una de ellas, la señora Vázquez Sembi, dice: Alguien --el citado
funcionario-- dijo que como todos los documentos estaban registrados en
el archivo óptico, suprimir algunos supondría alguna contradicción en los
expedientes. A esto, en el documento judicial don Alejandro Martínez, el
funcionario del Tribunal de Cuentas
contesta --entre comillas--: A grandes males, grandes remedios, se quema
el archivo óptico y se acaba el problema. Que si alguien de los reunidos
pensó que fuera cierto, ella no lo puede saber. Dice el documento
judicial.
En otra prueba testifical, ante el mismo juzgado, en este caso a la
señora Domínguez Sosa, se le pregunta si las supresiones o alteraciones
en los expedientes afectaban a la resolución final, manifestando que
depende. Depende del sentido que se dé a la palabra. A título de ejemplo
cita el preceptivo informe de la asesoría jurídica en los supuestos de
contratación directa, procurando su incorporación en el supuesto de que
faltara, o sea que a los contratos adjudicados a dedo sin el preceptivo
informe de la asesoría jurídica, se les incorporaba esos informes,
lógicamente falseando la fecha a posteriori, para que estuvieran
presentables.
En concreto, según ese anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas de
dar credibilidad a lo que dicen esos medios --que creo que la merecen--,
se había reflejado por la auditoría interna la existencia de numerosos
defectos formales en los expedientes de contratación, tales como no
constancia de las ofertas presentadas, falta del informe de la asesoría
jurídica sobre los pliegos de contratación, retrasos en la emisión de
certificaciones de obras y modificaciones en los presupuestos de
adjudicación. Todo esto faltaba y es incorporado a posteriori en una
operación de maquillaje de altos vuelos.
El citado funcionario del Tribunal de Cuentas, quizás en premio a los
servicios prestados, acaba convirtiéndose, paradójicamente, en sucesor
del señor Pellón como presidente de la Sociedad Estatal Expo, cuya
documentación había colaborado a peinar. Y en dos comparecencias ante
esta Cámara, preguntado sobre si el Tribunal de Cuentas está pudiendo
tener acceso a ese archivo óptico, afirma por dos veces que sí. El
Tribunal de Cuentas, posteriormente, negará en su informe que haya podido
tener acceso, con lo cual desmiente por partida doble esa posibilidad. Y
el mismo Gobierno socialista, en su día, acabó reconociendo que el
archivo óptico no estaba operativo.
El mismo funcionario planteó una demanda civil contra un Diputado de esta
Cámara. Lo hizo, lógicamente, a título personal, aunque curiosamente el
abogado que ampara sus derechos es el mismo de la Sociedad Estatal. Y
curiosamente su demanda en defensa de su honor acaba basándose
fundamentalmente en un documento en el que puede leerse perfectamente
arriba el fax que se le ha enviado, donde pone Ministro de la
Presidencia. Por lo visto desde el Ministerio de la Presidencia se
suministraba a los ciudadanos documentación para que pudieran litigar, al
menos contra Diputados de la oposición que se interesaran por la Expo de
manera desmedida, a juicio del propio Gobierno.
El mismo señor Martínez, después de que se atendió, tardíamente, sin
duda, la propuesta de cese que se hizo desde esta Cámara, acabó
desempeñando un alto cargo en Paradores y hoy ha vuelto al Tribunal de
Cuentas, del que es funcionario, cuando el Tribunal está terminando la
fiscalización de la Sociedad donde él estaba y que se puede ver obligado
también a fiscalizar la sociedad Agesa que él ha presidido. Cosas que
pasan en la vida.
El archivo óptico, dicho sea en su favor, ha demostrado que no tiene
especial tendencia a la combustibilidad; no se ha quemado a pesar de la
profecía existente, aunque, eso sí, se ha averiado. Y se ha averiado,
según dice la casa Olivetti, que fue la que lo aportó por un valor
estimado de mil millones para poder ser colaborador oficial de la Expo,
porque alguien lo ha manipulado sin llamar a la casa Olivetti, no se sabe
si por ahorrarse unas pesetas o porque la operación era fraudulenta. El
hecho es que se cargó el aparato. El aparato fue arreglado en su momento
y costó repararlo 1.300.000 pesetas. Dos meses después, no más, se vuelve
a estropea, no se sabe si porque alguien vuelve a manipularlo, y esta vez
el Gobierno decide que no lo arregla, casualmente cuando el Tribunal de
Cuentas llega a la Expo y se dispone a fiscalizar. Preguntado en esta
Cámara sobre por qué no arregla el archivo óptico, el señor Solbes, al
que el señor Pérez Rubalcaba le pasó esa patata caliente por razones que
él conocerá y que es fácil imaginar, acabó asegurando que él no decía que
fuera muy costoso porque no sabía lo que costaba, simplemente el Gobierno
ni siquiera se lo había planteado. Yo estoy en condiciones ahora de
afirmar ante esta Cámara que arreglar ese archivo óptico cuesta hoy, IVA
incluido, 600.000 pesetas. Pero no parece que fuera oportuno gastarse
600.000 pesetas por una sociedad como Agesa, que ese mismo año tenía de
presupuesto mil millones de pesetas, bien es verdad que casi todos ellos
destinados a personal. Gastar 600.000 pesetas en arreglar este archivo
sería, según el señor Martínez ha dicho en alguna ocasión, un claro
despilfarro.
Esta es la situación. Afortunadamente, este cuadro tan sospechoso,
sospechoso porque alguien se ha empeñado en que lo sea... (Un señor
Diputado: Tú.) Yo no estoy en condiciones de afirmar que dentro de ese
archivo haya nada, porque no sé lo que hay, pero alguien se ha ocupado de
poner tantas pegas para que se vea que realmente resulta difícil
resistirse a la tentación de pensar que algo puede haber dentro. En todo
caso, los imperativos de la transparencia, propios de un sistema
democrático, justifican sobradamente 600.000 pesetas, sobre todo
vinculados a los fastos de la Expo-92, que no fue precisamente tacaña en
sus desembolsos. Creo que hasta ahí podemos estar de acuerdo.
Cuadro tan sospechoso, quizá innecesariamente --más estúpido sería
todavía si así fuera--, puede acabar de una vez, a pesar de que, como ya
digo, en su día el Gobierno socialista se negara a ello. Afortunadamente,
se ha producido un cambio de Gobierno y podemos, por fin, dar paso a una
gestión pública que no esté bajo sospecha. Por eso mi grupo parlamentario
propone hoy aquí algo tan simple como que se proceda a reparar ese
archivo y luego el que tenga interés que mire lo que hay dentro y si saca
algunas consecuencias ya nos enteraremos. En todo caso, habremos
conseguido algo que curiosamente es toda una hazaña: habremos conseguido
que la Expo-92, de verdad, se convierta, cuatro años después, en una
exposición universal, donde se haya expuesto todo, hasta la
documentación.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Ollero.
A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular han
presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Catalán y el Grupo
Parlamentario Socialista.
Para exponer los argumentos que avalan la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, hubiera deseado que mi intervención
hubiera tenido lugar después de la del representante del Grupo
Socialista, pero, de todas maneras, por lo que he escuchado, por la
lectura de la exposición de motivos y por haber cotejado ésta con todas
las intervenciones que al respecto ha habido en años anteriores y que
obran publicadas en el «Diario de Sesiones», yo tildaría la situación que
aquí ha expuesto el señor Diputado del Grupo Popular como una historia de
intriga y también un poco de aventuras. Yo diría que también podría ser
un guión bastante esperpéntico y delirante de lo que podría ser una
aventura de Spielberg, en Indiana, y que yo, en honor de las venerables
ruinas halladas en Sevilla, titularía como Itálica Jones y En busca del
archivo perdido, algo así, porque realmente ha existido un archivo
perdido, y esto es cierto. (Risas.) Pero más allá de esta paráfrasis, yo
creo que hay por lo menos una situación muy peculiar sobre el extraño
destino de un sistema de almacenamiento de datos, el archivo óptico, que
en el momento en que se adquirió era tecnología punta, pedigrí
tecnológico, y en este momento ya no lo es porque de aquí a seis meses ya
hay una nueva tecnología, la digital versatility disc, que supera los mil
millones que se ha dicho aquí que costó este archivo.
Yo diría que el llamado archivo óptico por lo que yo he leído y oído, y
por lo que después escucharé con gran atención, forma parte de un
escenario fugaz, desgraciadamente fugaz, que durante unos meses fue un
escaparate exuberante, barroco, alegre y magnífico, de una España quizá
irreal. Fue algo así como un fuego de artificio de aquellos que cuando se
elevan en el cielo todos exclamamos con admiración un ¡oh! y con él va
también la esperanza de que aquello pueda llevar a alguna realidad, pero
que cuando se desvanece desaparecen con este fuego todas las esperanzas
también y sólo quedan restos calcinados. Parece que este archivo forma
parte de estos restos calcinados, porque cuando yo he dicho --sin animo
de burla, sino con ánimo de no ser muy trascendental al respecto-- lo de
la Itálica Jones es que, en realidad, en el archivo perdido se ha
estropeado precisamente la piedra más preciosa, dijéramos, el disco más o
menos duro, aquel que sirve para almacenar, grabar y copiar lo que hay
dentro. En fin, yo diría que no estamos aquí para hacer juicios éticos,
en todo caso yo creo que aquí esta proposición puede llegar a ser
oportuna, porque se pide una explicación para algo que hasta ahora parece
inexplicable, algo que los místicos pedían y también los marxistas. Por
eso quizá la proposición es oportuna, pero nosotros queremos que esta
proposición explicite que se optimicen los recursos públicos, que son los
de todas y todos los españoles al respecto, y por esto hemos presentado
ante este Pleno una enmienda de sustitución del texto presentado por el
Grupo Popular en que pedimos diversas cosas. Una de ellas es cuál es el
coste real de esta reparación, porque si sólo fueran 600.000 o un millón
de pesetas, para algo que ha costado mil millones sería absolutamente
risible. Es necesario saberlo. A qué usos se va a destinar este hardware
tan importante, que en su momento fue la tecnología puntera y de lo que
incluso se dio publicidad en los periódicos. Para qué se va a usar y
poder también acceder a aquella documentación que ahora está almacenada y
no se puede leer. Por eso nosotros lo pedimos para que la proposición no
se convierta en juicios morales. En todo caso, si ha existido una falta,
que sea intelectual, que sea un error, no una falta moral.
Por ello, séalo o no, nosotros hemos presentado esta enmienda de
sustitución. Sin embargo, después de hablar con el grupo que ha
presentado esta proposición hemos llegado a una transaccional que tengo a
bien leerles a ustedes, en el sentido de que el Gobierno adopte a la
mayor brevedad las medidas oportunas para que, de acuerdo con criterios
de eficacia y rentabilidad, teniendo en cuenta su futura utilización,
proceda a reparar las averías existentes para que quepa cuanto antes
acceder al archivo óptico que contiene la documentación relativa a la
Expo-92 y se facilite su futuro uso.
Nosotros desearíamos que esta enmienda transaccional que hemos presentado
a la proposición fuera aceptada por el Grupo Popular, y que también fuera
apoyada por el resto de grupos si lo consideran oportuno para, de esta
manera, desactivar el problema, que parece inexplicable, y poder
construir entre todos una cultura de política dinámica y moral, pero que
además sea útil.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Gil i Miró.
Le ruego que haga entrega a esta Presidencia de esa enmienda
transaccional. (Pausa.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda de
sustitución a esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Díaz-Cano.
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Gracias, señor Presidente.
Señor Ollero, si el Reglamento de esta Cámara permitiese la presentación
de enmiendas no sólo a las proposiciones no de ley sino también a los
fundamentos y a los motivos de las mismas, no le quepa la menor duda de
que mi grupo presentaría igualmente una enmienda a la totalidad de esta
iniciativa. Creo que hay que reconocerle el mérito que tiene, porque es
muy difícil juntar en un texto tan reducido tantas medias verdades,
inexactitudes, tergiversaciones y falta de rigor, la que usted ha
presentado en esta Cámara, sin mencionar la ignorancia que se puede leer
sobre los temas de informática, aunque esta cuestión se la salvo.
Sólo desde la mala fe o desde la pretensión de arrojar sospechas y
acusaciones sin fundamento en lo que parece ser un hábito incurable de S.
S., que se puede interpretar como un ajuste de cuentas permanente con el
pasado más reciente, sólo desde ese talante --insisto-- es explicable lo
que en este momento nos ocupa, yo creo que para desgracia de esta Cámara.
La traducción en clave de novela negra --y me alegro coincidir en
términos literarios con la portavoz del Grupo Catalán--, de lo que usted
ha escrito bajo forma de proposición no de ley sería la siguiente.
Según usted, un malvado o grupo de malvados, en su afán de ocultar
cualquier rastro de sus actividades presuntamente delictivas y obstruir
la labor de la justicia mediante las siguientes prácticas, mienten al
Congreso de los Diputados de su país, maquillan y sustraen documentos y,
en el colmo de la desfachatez --insisto, según usted, como autor de
novela negra--, sabotean un extraño aparato que se llama archivo óptico,
que es la clave para el esclarecimiento de la verdad. Pero, atención,
gracias a la tenacidad y sagacidad del justiciero, mitad monje, mitad
soldado, la justicia prevalecerá. Fin. (Aplausos.)
Como amante de la novela negra, yo reconozco que está usted muy lejos de
Dashiell Hammett o Raymond Chandler, pero, si vivieran, seguro que
pagarían una inmensa fortuna por una historia parecida a la que usted ha
contado a esta Cámara. (El señor Madero Jarabo pronuncia palabras que no
se perciben.) Usted tranquilo, compañero Diputado por Cuenca.
Me voy a permitir leer algunos párrafos de los fundamentos de su
proposición no de ley, para que SS. SS. comprueben el nivel de
intoxicación a que llega y, a su vez, puedan contrastarlos con la
realidad. Dice textualmente en los fundamentos...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Díaz-Cano, está
en un turno de presentación y de aval de la enmienda de sustitución de su
grupo. (Rumores y protestas.) No sé a qué vienen esos rumores, porque
supongo que, hasta este punto, estarán de acuerdo, ya que están
defendiendo su propia enmienda.
Señor Díaz-Cano, está entrando en debate con el señor Ollero. Le voy a
permitir ese debate porque seguramente la propia exposición del señor
Ollero se lo sugiere, pero, como es lógico, si el señor Ollero me pide la
palabra para rebatir, tendré que dársela. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!) Entonces, en la medida en que pueda, defienda estrictamente la
enmienda que ha presentado su grupo.
Muchas gracias.
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Se lo agradezco, señor Presidente, y acataré,
no puede ser de otra forma, cualquier decisión que usted adopte en este
sentido. Lo que pasa es que hay que explicar el contexto en el que se
produce esta iniciativa, para, a su vez, explicar lo que provoca la
presentación de la enmienda por parte de mi grupo. Por eso decía y leo
textualmente de los fundamentos de la proposición que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, gracias a la pluma y palabra el señor Ollero: A
poco de incorporarse en condiciones confusas a la entonces Sociedad
Estatal Expo 92 --se está refiriendo al antiguo Presidente de Agesa, don
Alejandro Martínez--, fue públicamente acusado de maquillar --entre
comillas-- la documentación que habría de ser fiscalizada por el citado
tribunal. Cierro la lectura textual de ese párrafo.
El señor Ollero, en este caso, oculta a esta Cámara lo que con fecha 21
de noviembre de 1994, a una pregunta suya, el Gobierno le respondió,
aparte de explicarle las situaciones confusas, y que era lo siguiente: No
es cierto que se nombrase presidente de Agesa a un funcionario envuelto
en situaciones confusas e integrado en el organigrama del Tribunal de
Cuentas. Y sigue diciendo: El nombramiento, por la sociedad estatal
Agesa, de su presidente ejecutivo se realizó de acuerdo con la normativa
mercantil aplicable y en función de su capacidad profesional, y en ningún
caso estaba envuelto en ningún tipo de situación confusa, dado que dicha
afirmación parte de una tergiversada descripción de los hechos, recogida
en una actuación de denuncia --a esa denuncia se ha referido el señor
Ollero, pero ha omitido lo siguiente-- de unos empleados de la empresa.
Sin embargo, no recoge lo que el señor Diputado conoce perfectamente y
también ha ocultado en su intervención ante esta Cámara, y es que dicha
denuncia fue archivada por ausencia absoluta de fundamento y que
asimismo fueron archivadas, por los mismos motivos, las actuaciones en la
jurisdicción contable, circunstancias ambas que invalidan por sí mismas
la valoración que efectúa el Diputado preguntante. ¿Por qué no da también
esa información a esta Cámara? Estamos ante un caso claro de media
verdad.
Además, señor Ollero, usted oculta algo más. Oculta que el señor Martínez
--es cierto, usted lo ha dicho aquí-- presentó una demanda contra un
Diputado, en concreto contra usted, por unas manifestaciones suyas que, a
su juicio, atentaban contra su honor como funcionario público, y yo sí
digo que esa causa fue sobreseída por el juzgado. ¿Por qué? Porque,
lógicamente, no entra en el fondo del asunto, porque usted es Diputado y
está aforado. (El señor Ollero Tassara: ¡Pero civil!) Ejemplar uso de su
condición de aforado el atentar contra el honor de un funcionario
público. También este hecho puede ser ilustrativo de su personal obsesión
por este asunto. Esto en cuanto a las medias verdades.
Sobre el rigor y sobre la falta de rigor, un jurista de pro como usted no
puede venir a esta Cámara para sustentar sus afirmaciones sobre noticias
de prensa o según noticias de última hora. Por favor, sea usted más
riguroso.Y sobre manipulación y tergiversación, y la falsedad de las
manifestaciones del antiguo presidente de Agesa ante esta Cámara, me
remito al «Diario de Sesiones», donde están recogidas para que SS. SS.
comprueben la veracidad de sus afirmaciones. Pero hoy a mí me parecen
sustanciales, y creo que es la gran falsedad que contienen los
fundamentos de su proposición no de ley. Y, para colmo, la acusación
velada de sabotaje que usted hace. Esto me parece absolutamente
impresentable. Me estoy refiriendo a la afirmación que usted hace en los
fundamentos de su proposición no de ley, diciendo lo siguiente: La avería
sufrida poco antes de anunciarse al comienzo de la fiscalización de la
Expo por el Tribunal de Cuentas no mereció, por razones desconocidas
(usted no las desconocía, como ahora se lo voy a demostrar), ser reparada
pese a haberse declarado por esta Cámara. Todo ello resultaba
particularmente sorprendente (y utiliza también tan confusa situación);
es decir, insinuación tras insinuación sin fundamento.
Igualmente que en el caso anterior, a una pregunta también suya, a usted
le podrán satisfacer o no las razones del Gobierno, pero lo que no puede
alegar es desconocimiento, porque aquí están las respuestas que le dio el
Gobierno. Le dice: La decisión de no reparar la última avería obedece a
varias razones. Y se las cuenta. Entonces, ¿por qué alega usted
desconocimiento? Debo entender que es sencillamente por mala fe.
Finalmente, en su fundamentación hace aparición el justiciero, con frases
como: Parece llegado el momento de que tan confusa situación llegue a
descifrarse. Aquí llega el justiciero. Me parece increíble. Luego, nos
propone que del erario público se pague el capricho obsesivo de S. S., y
su grupo se lo permite. No, por favor, despójense del hábito de la
demagogia y reconozcan lo siguiente: primero, que el Tribunal de Cuentas
ha tenido acceso a cuanta documentación ha requerido para la
fiscalización de las cuentas de la Exposición Universal de Sevilla.
Segundo, todo el archivo de la Expo existe en soporte papel. No obstante,
la avería del hardware no afecta al servidor del índice, y es posible
consultar la base de datos de las fichas catalográficas mediante las
cuales se puede conocer si un determinado documento se encuentra
archivado o no. Tercero, la información contenida en los 33 discos de
archivo óptico está a disposición del Tribunal de Cuentas, como no puede
ser de otra forma. Cuarto, que existen medios técnicos, hardware, en la
propia Administración del Estado y, por supuesto, en las empresas
comercializadoras de sistemas informáticos que harían posible la lectura
del mencionado archivo. Quinto, que por lo tanto no hay que reparar
ninguna avería existente, sino que hay que disponer del hardware adecuado
para leer dicha documentación y determinar a quién se permite su acceso.
Por todo ello, porque el Grupo Parlamentario Socialista quiere desterrar
cualquier forma de duda o sospecha respecto al contenido y posibilidad de
acceso a la información del archivo óptico, proponemos la siguiente
enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
traslade al Tribunal de Cuentas o a quienes legítimamente lo soliciten,
la relación de medios técnicos disponibles en la Administración del
Estado que permitan la lectura de la documentación que contiene el
archivo de la Expo-92.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Díaz-Cano.
Señor Ollero, para un turno de réplica.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer ante todo el tono de la intervención del portavoz
socialista, porque me es enormemente favorable. Los que tienen cierta
experiencia parlamentaria saben que, cuando en una intervención lo que se
hace es desgranar hechos y se contesta con una intervención absolutamente
ad hominem --supongo que entiende lo que quiero decir-- (Protestas.)
obviamente eso se interpreta por sí sólo, porque lo que he tenido ocasión
de desgranar aquí --ahí está el «Diario de Sesiones» que no me dejará
mentir-- son hechos, no medios hechos. El archivo óptico de la Expo no
está medio averiado, está averiado, sin más. Y no he hecho ningún juicio
de valor sobre los hechos; el problema es que hay hechos que son
provocativos y generan esos juicios de valor inevitablemente.
Quiero agradecerle también que se haya molestado en refrendar mi
argumentación cuando, por ejemplo, he dicho que en los regímenes
autoritarios se impone la presunción de credulidad y se atribuye la
condición de traidor o de antipatriota al que pone en duda lo que hace el
Gobierno; usted lo ha rebajado y me ha dejado en mala fe, pero
evidentemente ha mantenido la presunción de credulidad. Se lo agradezco.
Este modesto Diputado, y su grupo con más razón, no pretende ningún
ajuste de cuentas; pretende algo tan simple como que el Tribunal de
Cuentas cuando controle la Expo pueda acceder a su documentación; así de
simple, y es ese Tribunal y no este grupo el que dice que no ha podido.
Esta es una realidad.
Su señoría sugiere que a lo mejor de la exposición de motivos se puede
derivar que algunos malvados han montado no sé qué. Yo no sugiero nada;
sólo le digo una cosa. Si esos malvados existieran dígame S. S. --porque
aquí decimos de vez en cuando S. S.-- qué podrían haber hecho aparte de
lo que se ha hecho: indudablemente quemar el archivo, como insinuó el
señor Martínez. Hay que agradecerle que no se haya llegado a tanto y
gracias a eso lo podamos reparar ahora.
Le agradezco sus alusiones a la tenacidad de este Diputado. En efecto, es
reconfortante comprobar cómo, pasados cuatro años, al final determinada
causa, aunque sea tan nimia como ésta, pueda acabar triunfando en esta
Cámara. Es algo que nos recuerda --también para cuando se está en la
oposición, aplíquese el cuento-- que lo que se hace puede servir para
algo al final.
Por último, le animo a repasar, no sé si lo ha estudiado alguna vez, el
Derecho procesal. (Rumores.) Porque los miembros de esta Cámara, usted
los ha incluido, no están aforados ante ningún tipo de demanda civil. Su
partido puso en marcha una ley de muy escasa vigencia para defender en
contra de su voluntad a alguien que entonces era miembro de su grupo y ha
salido de su grupo, como es el señor Castellano; para eso hizo una
modificación legal, para que hiciera falta el suplicatorio para una
demanda civil, en contra de la voluntad expresa del afectado, lo cual le
honra. Y esa ley desapareció muy poco después. (El señor Castellano
Cardalliaguet pide la palabra.)
Por tanto, repase S. S. el Derecho procesal porque esa demanda se tramitó
--por cierto, no sé quién pago las costas del señor Martín, aunque me lo
imagino; pero sé quién pagó las mías-- y llegó al final para ser
sobreseída.
Muchas gracias. (El señor Diaz-Cano del Rey pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Díaz-Cano, ¿para
qué desea intervenir?
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Por alusiones. Señor Presidente, para
contestar a alguna alusión que el señor Ollero ha hecho en su réplica.
Muy breve.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Seguro que sería muy
breve, señor Díaz Cano, pero el debate lo ha empezado el señor Ollero
presentando la proposición no de ley de su grupo parlamentario; ha
expuesto una serie de hechos, que usted ha contradicho, y de
argumentaciones que avalan la proposición no de ley. (Rumores.) Usted ha
basado la parte más sustantiva de su argumentación en contradecir los
argumentos del señor Ollero. De acuerdo con el Reglamento, el señor
Ollero ha dispuesto de un tiempo para contradecir aquellas
argumentaciones que ha considerado pertinentes. No he visto en la
intervención del señor Ollero ninguna invitación a una réplica por su
parte, porque simplemente el señor Ollero se ha reafirmado en los hechos
expuestos y en ningún momento ha contradicho sus argumentos. (Rumores.)
Simplemente ha vuelto a subrayar sus propios argumentos.
El señor DIAZ-CANO DEL REY: Treinta segundos, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): No hay treinta segundos
cuando no hay derecho a contrarréplica porque no puede haberla a una
argumentación como la que ha expuesto el señor Ollero. No tiene la
palabra, señor Díaz-Cano.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, yo creo que hay
turno por alusiones cuando se ha hecho referencia a una pretendida ley
motivada por mí.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Castellano, tiene
la palabra a los solos efectos de que usted lo precise.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: A los solos efectos de aclarar al
señor Ollero que no me impute hechos en los que no he tenido ninguna
intervención.
Le aclaro, señor Ollero, que aquella ley, la llamada ley de protección
del honor y del derecho a la imagen, en virtud de la cual se introdujo la
necesidad de una especie de suplicatorio civil para poder proceder contra
Diputados y Senadores, conocida como la ley Sigüenza, fue promovida por
el entonces Presidente de esta Cámara, don Gregorio Peces Barba, en una
reunión en el parador de tal nombre, con la conformidad de todos los
grupos parlamentarios, para obstaculizar la posible exigencia de
responsabilidades del Diputado Juan Colino Salamanca, que no de este
servidor de usted.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Castellano.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta proposición no de
ley o de las enmiendas que se han presentado y mantenido? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aramburu del Río.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes, señor Presidente.
Señorías, estamos de nuevo --y lo siento-- ante un affaire que tiene para
los andaluces, y en concreto los sevillanos, características de
pesadilla. Los conciudadanos de mi tierra empiezan a llamarle ya el
agujero de la Expo. A la luz de los acontecimientos y de las
circunstancias que concurren en dicho episodio da la impresión de que nos
encontramos de nuevo, como se ha dicho anteriormente, ante las páginas
negras de un guión indecentemente repetitivo, donde inocentemente se
pierden las pruebas. Cualquier cronista, aparentemente neutral, podría
malgastar su tinta sin mayor pudor y decir: Este país es así, cosas que
pasan, etcétera. Sinceramente, señorías, tenemos perforado el estómago de
tragar tantos sapos.
No es que yo presuma culpabilidad alguna ni ponga bajo sospecha a nadie,
pero a algunos políticos, y a los ciudadanos en general, no nos gusta que
se nos tome el pelo y la historia de Agesa y sus cuentas, en principio y
sin prejuzgar, son algo turbias, en lenguaje parlamentario algo
irregulares, al menos en lo que a transparencia se refiere. Sobre el ex
presidente de la sociedad Agesa, que tomó posesión en condiciones
extrañas --qué decir que no sepan ustedes-- y sobre el que pesaron
algunas acusaciones sobre manipulación de documentos --en concreto, los
que debía fiscalizar el Tribunal de Cuentas--, llegó a plantear que el
archivo óptico era susceptible de estropearse, incluso de quemarse o algo
parecido, y ese es el archivo que contiene toda la información financiera
sobre el evento del 92 y demás avatares.
A través de los medios de comunicación, hemos podido saber que el
Tribunal de Cuentas no ha podido acceder a tan insigne y futurista
archivo, no, por no encontrarse disponible. No quiero señalar, ¡válgame
Dios!, pero cabe la posibilidad, según la Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas, artículo 38, que estemos ante un caso de responsabilidad
contable, de carácter subsidiario, por lo que sería pertinente contemplar
la posibilidad de apertura de expediente administrativo, dadas las
negligencias graves contempladas a tal efecto, puesto que hay un
quebrantamiento del control de dicha actividad económica.
La urgencia de la normalización en el acceso al archivo óptico se hace
más patente en la medida en que las noticias producidas en cuanto a que
parte de la documentación se encontraba extraviada --por lo tanto,
inaccesible-- son francamente preocupantes. La información sobre temas de
gran enjundia política y económica, como son comisiones millonarias de
intermediarios, los déficit públicos y los superávit particulares hacen
obligada la urgencia a la que me refiero.
Todos ellos son temas de macroenvergadura, que nos llevan a pedir una
comisión de investigación, en su momento, dado que el haber y el debe
tienen voluminosos desfases y que algunos compañeros de viaje hoy no nos
acompañan, a pesar de su dedo acusador, y que estas averías caseras, casi
de fontanería doméstica, dificultan el trabajo a la Cámara e impiden la
fiscalización obligada al Tribunal de Cuentas.
Con la brevedad que requiere el tema, por lo espinoso, quiero decir lo
siguiente. Por esta y otras razones, que además de ser conocidas se
desprenden y son obvias, ante tanto despropósito en un tema referido a
fondos públicos --que es lo más grave del asunto--, mi grupo va a apoyar
dicha proposición no de ley, con la enmienda que hace el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a fin de garantizar que se
adopten las medidas oportunas para la reparación del archivo óptico, la
reposición de toda la documentación y las exigencias de las
responsabilidades oportunas.
Y termino diciendo: qué más quisiera yo que en este caso el Partido
Socialista Obrero Español tuviera la razón.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Aramburu del Río. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
Señor Ollero, como S. S. sabe han sido presentadas dos enmiendas de
sustitución, una por el Grupo Socialista y otra por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que, a su vez, la ha
enmendado in voce. ¿Está S. S. en disposición de aceptar o de rechazar
esas enmiendas?
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda socialista, dado que no ha sido defendida, no hay argumento
alguno que nos pueda llevar a aceptarla.
En cuanto a la enmienda en su versión transaccional, presentada por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), la aceptamos con sumo gusto, porque
asume, en lo fundamental, nuestra petición y mejora su redacción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Ollero.
Vamos a proceder a la votación de esta proposición no de ley de acuerdo
con la enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, en relación a la reparación del archivo óptico de
la Expo-92, actualmente a disposición de la sociedad Agesa, en los
términos resultantes de la aceptación por el grupo proponente de la
enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 312.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE LA PROVINCIA DE CADIZ SEA SELECCIO-NADA COMO PROVINCIA PILOTO DE
APLI-CACION DE PACTOS TERRITORIALES Y LOCALES PARA EL EMPLEO, SIGUIENDO
LAS INDICACIONES DE LA CUMBRE DE FLO-RENCIA (Número de expediente
162/000050)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, por la
que se insta al Gobierno a que la provincia de Cádiz sea seleccionada
como provincia piloto de aplicación de pactos territoriales y locales
para el empleo, siguiendo las indicaciones de la cumbre de Florencia.
Para la presentación de la proposición no de ley, por el grupo
proponente, tiene la palabra la señora Romero. (Rumores.)
Señorías, les ruego despejen los pasillos del hemiciclo para que pueda al
menos llegar a la tribuna quien va a defender la proposición no de ley.
(Rumores.)
Cuando quiera, señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias. señor Presidente.
Señorías, ojalá esta unanimidad que hemos visto en la proposición que
acabamos de debatir sea también la tónica en una proposición donde se
solicita que la provincia que tiene más desempleo en el territorio
español sea seleccionada para planes de aplicación de pactos
territoriales.
Esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista nace a raíz del acuerdo
de la cumbre de Florencia, donde se solicita que sean seleccionados
territorios para aplicar unos pactos territoriales en materia de empleo
que provoquen el fomento del empleo en esas zonas.
Mi Grupo presenta el 30 de septiembre de 1996 esta iniciativa para que
toda su provincia sea seleccionada como provincia piloto. Existen varias
razones que apoyan esta petición. En primer lugar, Andalucía propone un
pacto por el empleo que es modélico y se cita en documentos de la Unión
Europea como precedente de estos pactos territoriales. Estos pactos se
mencionan expresamente en el pacto de confianza que fue rechazado en la
cumbre de Florencia, cumbre que, como la de Dublín, no se ha
caracterizado especialmente por dedicar mucha atención al tema del
empleo. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Hay otras razones más que abundan en las cifras de desempleo. Cuando se
habla en el pacto de confianza del paro endémico en Europa a partir de la
década de los setenta, tenemos que recordar que el propio Instituto
Nacional de Estadística en el año 1977 habla de las cifras de desempleo
en Cádiz que, en ese momento, son el triple de la media española. No
vamos a señalar las razones históricas y socioeconómicas porque, además
de las típicas, de las reconversiones industriales que se producen en
ésta y en otras zonas de España, acumulamos un crecimiento demográfico,
una absorción de la inmigración, una expulsión del campo a la ciudad y un
incremento de la población activa que nos sitúan en una disparidad de
condiciones a la hora de igualar los niveles que tienen otras zonas
españolas. Precisamente por ello todas las medidas se crearon en
anteriores etapas y las actuales están impulsadas por la Junta de
Andalucía, desde el plan Plemca, desde las definiciones de zonas de
acción especial, las escuelas taller, los incentivos regionales, las
ayudas a las empresas, las ayudas del Cedeti, los créditos del Ifa, las
ayudas del Instituto de Comercio Exterior y miles y miles de medidas que
enumeraría aquí como resultado de toda una política de apoyo a la
creación de empleo.
La definición de esta propuesta está en una segunda etapa cuando
presentamos una enmienda a los presupuestos para que el Ministerio de
Trabajo pudiese contar con una financiación específica que complemente
esta financiación que la Unión Europea prevé para estos pactos
territoriales. En ese momento el Grupo Popular rechaza la enmienda, y no
sabemos por qué. Suponemos que hay algunas razones que hasta ahora no
conocemos.
Ha aparecido en estos días un plan de la mancomunidad de la Bahía,
supuestamente avalado por el Gobierno, por el Ministerio de Trabajo, en
el que la financiación que aparece es ridícula, ya que se supone que la
financiación de la comunidad autónoma va a ser una financiación mucho
mayor.
Por otra parte, la cumbre de Dublín acaba de recibir con agrado la
reacción positiva de los países miembros, según específicamente se deduce
del comunicado, en la presentación de estos programas. Por las noticias
de prensa sabemos que han sido seleccionados seis programas en españa. En
el caso de Cádiz, tendríamos que lamentar el procedimiento, en primer
lugar porque el propio Comité de las Regiones, en su resolución de junio
de 1996, dice que las comunidades, los entes territoriales
deben de participar y consensuar una medida que aparece justamente
definida como pactos territoriales por el empleo.
No parece que simplemente informar sea el procedimiento, sino consensuar
algo cuyo éxito está justamente en nacer como un pacto territorial a
nivel de todas las administraciones. Por tanto, lamentamos ese
procedimiento, que no sabemos si se ha producido así en todos los otros
casos seleccionados.
Nuestra pregunta es: ¿Por qué sólo los municipios de la bahía de Cádiz
cuando otros programas presentados tienen un ámbito mas amplio? ¿Por qué
sólo cinco municipios y no los 44 que tiene nuestra provincia gaditana?
¿Ya se ha olvidado el Gobierno de sus promesas electorales respecto a
Cádiz? No es esto, señorías, lo que esperábamos de este Gobierno para
esta provincia que tanto se han dedicado a airear.
Tenemos el marco de Jerez injustamente tratado con las medidas
impositivas sobre el brandy; las bolsas del Campo de Gibraltar; La Línea;
nuestros pueblos pescadores en plena reconversión; el subsidio agrario.
¿Todas estas razones no son suficientes para delimitar un ámbito más
amplio que el seleccionado en estos momentos?
Nosotros pretendíamos una cosa diferente. En primer lugar, un programa
para el ámbito de la provincia de Cádiz en su conjunto, con una
financiación específica y que fuera el soporte que justificara la
petición del Gobierno de la nación hacia una ampliación de esos fondos
destinados.
La financiación que existe en este momento para dichos pactos
territoriales todavía no se conoce; desde nuestro punto de vista es una
financiación raquítica. Los pactos nacen con el margen del deflactor y no
creemos que ésta sea la ocasión para aprovechar unos márgenes tan
insuficientes; un segundo margen del que se habla es la reasignación de
los fondos previstos. ¿Cómo vamos a detraer programas que ya están
asignados para hacer un programa nuevo en un tema tan definitorio como el
empleo? No nos parece que esta sea la mejor oportunidad de definir cómo
debe ser el planteamiento de los fondos estucturales aprovechando que
existe una preocupación muy importante en toda Europa por el tema del
desempleo.
El Gobierno no ha asignado nada en sus presupuestos para ninguno de estos
seis programas. En el caso de Cádiz se ha rechazado la enmienda. ¿De
dónde se pretende entonces financiar estos pactos? ¿Cómo se puede pedir
un mejor aprovechamiento de los fondos estructurales, una mejor
reasignación, si nuestro propio Ministerio de Trabajo no asigna una
financiación para dar contenido a esos pactos territoriales?
Se dice que el marco es más idóneo cuando afecta a esas comarcas
seleccionadas, pero ¿dónde viene ese marco? ¿En qué documento? No viene
en el Plan Santer; no viene en la ficha técnica de los pactos
territoriales; no viene en la resolución del Comité de las Regiones. ¿Se
ha fajado este Gobierno para defender el ámbito provincial? Ustedes
critican a la junta por electoralista y ahora que tienen la oportunidad
dan la espalda a 39 municipios, al Campo de Gibraltar, al marco de Jerez.
Andalucía, señores Diputados de la provincia de Cádiz, aparece como
modelo en el pacto de confianza de Santer con otras regiones de Europa.
Andalucía apuesta por Cádiz con su plan Plemca. ¿No les parece que es una
contradicción que ahora nuestro Gobierno rechace ese ámbito que ha sido
propuesto como modelo? No parece comprensible.
El Ministro ha prometido otros planes para el Campo de Gibraltar. ¿De
dónde y con qué financiación? ¿Por qué crean esos agravios comparativos?
¿Por qué no aprovechan esta oportunidad para defender el ámbito de sus 44
municipios? Tienen la oportunidad de oro para pasar de las palabras a los
hechos aprobando esta proposición no de ley.
Esperemos que el Consejo de Ministros corrija el agravio que se hace a la
provincia de Cádiz en su conjunto. Esta es la oportunidad que todo Cádiz
espera. Señora Diputada, S. S. es Diputada por toda la provincia, no sólo
es alcaldesa. No niegue a Cádiz esta oportunidad. Pasen de las palabras a
los hechos, y ya que en este momento tienen la oportunidad para que toda
su provincia sea seleccionada y para contribuir de verdad a que en un
programa de consenso todas las instituciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Romero, le
ruego vaya concluyendo.
La señora ROMERO LOPEZ: Para que todas las instituciones trabajen en el
ámbito que verdaderamente se debe trabajar, solicitamos a los Diputados
del Partido Popular que no dejen pasar esta oportunidad de oro. Han
pasado ustedes de la oposición al Gobierno; ahora les corresponde tomar
iniciativas. Nosotros hemos dejado la siembra, esperemos que en esa misma
línea sigan ustedes sembrando. Ya no les va a valer el discurso que hasta
este momento han hecho.
Lamentamos que estos pactos territoriales no sean de momento más que una
promesa. Aprovechemos lo poco que nos ofrece esta cumbre de Florencia, y
ahora la de Dublín, para corregir esos desagravios históricos que tantas
raíces tienen y que tanto nos ha costado trabajar a los Diputados de la
provincia de Cádiz para corregir y enmendar. Esperemos de esta votación
que la provincia de Cádiz y todos los gaditanos puedan sentirse
respaldados por la totalidad de fuerzas políticas en esta propuesta que
hacemos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Romero.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, señorías, efectivamente,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado una enmienda con
el ánimo de mejorar el texto presentado para adecuarlo a nuestro Estado,
que está configurado como un Estado de las autonomías; no es un Estado
centralista.
El Consejo de Europa de los días 21 y 22 de junio ha fijado la
recomendación de que los estados miembros seleccionen regiones o ciudades
con proyectos pilotos de aplicación para pactos territoriales por el
empleo. El Estado español no es el Gobierno de Madrid; el Estado español,
de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, lo configura la
Administración central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y
las diputaciones. Hemos presentado un texto de mejora para que eso quede
absolutamente claro, a fin de evitar lo que está ocurriendo en estos
momentos que nadie sabe quién selecciona, con qué criterios y si se
selecciona en coordinación con todas las administraciones, el Gobierno de
Madrid, lógicamente, pero con las comunidades autónomas e, incluso, con
las diputaciones y ayuntamientos.
Hay que evitar lo que está ocurriendo en este momento en nuestra
provincia, en la provincia de Cádiz. Es un espectáculo lamentable, donde
unos tiran del proyecto piloto para una comarca y otros para la
provincia; lo cierto es que hace falta poner en coordinación a todas las
administraciones para que se seleccionen los objetivos, se seleccionen
las zonas y se elaboren conjuntamente planes pilotos para la creación de
empleo. Por tanto, no se puede dar marcha atrás, esto no es un Estado
centralista y no se puede decidir desde Madrid; a la hora de la selección
a la hora de la elaboración de este plan piloto, sin duda importante, hay
que implicar a todas las administraciones.
Hemos presentado esta enmienda que únicamente persigue la mejora del
texto, adecuarlo al Estado de las autonomías y apostar porque el plan sea
para el conjunto de la provincia y no para una comarca.
Señorías, es claramente objetivo señalar que se escoja a la provincia de
Cádiz para este plan piloto. No es un problema de localismo provinciano,
sino que Cádiz, desgraciadamente y por los índices económicos, por los
índices sociales que tiene, es la mejor candidata para hacerse con la
recomendación del Consejo de Europa en este plan piloto, este pacto
territorial por el empleo. En Cádiz tenemos un paro registrado de 90.159
gaditanas y gaditanos, el 21,24 por ciento según el Inem, pero la
encuesta de población activa da un paro de 182.000, que representa el
43,34 por ciento de la provincia; es decir, estamos a la cabeza del paro
de Andalucía, de España y de Europa. Cada vez hay más parados y paradas
sin cobertura; hemos pasado de una cobertura de 67 de cada 100 parados,
en el año 1993, a 50 de cada 100, en 1996. Uno de cada cuatro hogares
gaditanos está por debajo del umbral de la pobreza, hay 43.300 hogares
pobres en la provincia de Cádiz, una cuarta parte de éstos en pobreza
severa, 2.090 viviendas sin agua corriente, 9.430 sin agua caliente,
4.900 sin váter, 1.110 viviendas sin luz eléctrica, y todo ello en un
marco de crisis en sus sectores productivos fundamentales, en la
agricultura, en la pesca, en el sector público industrial, además de un
progresivo deterioro de los servicios públicos, con un déficit importante
de las comunicaciones. Es curioso cómo en la provincia de Cádiz se está
privatizando el servicio de salud, concentrándose en la provincia de
Cádiz el 80 por ciento de toda la actuación privativa de Andalucía; es
decir, hay un deterioro importante de los servicios públicos.
Por tanto, es positivo que la provincia de Cádiz se escoja dentro de
estos planes piloto que plantea el Consejo de Europa, pero siendo
realistas y radicales en el sentido de las soluciones, radicales en el
sentido de ir a la raíz de los problemas porque en otro caso nos
estaríamos engañando, y me temo que nos vamos a seguir engañando.
Señorías, las zonas de acción especial de la Junta de Andalucía, los
servicios integrados de empleo y este plan piloto del Consejo de Europa
serán claramente insuficientes en el actual marco de la política
económica, que es el mismo marco, es la continuidad de la política
económica de la anterior Administración. Cádiz, tras catorce años de
Administración central del Partido Socialista Obrero Español, no ha
salido de su agujero, estamos en el mismo agujero y yo creo que si no se
cambia con claridad la dirección de la política económica, no vamos a ser
capaces de resolver lo central, y resolver lo central en Cádiz es que los
sectores productivos produzcan, que no haya precariedad en el empleo, que
el sector público ayude a ordenar el mercado, que no prevalezca la
especulación a la producción, que no se privatice el sector público. Lo
que demanda Cádiz con esta orientación económica diferente, distinta y
distante, es, efectivamente, una discriminación positiva respecto a otras
regiones, respecto a otras provincias; una discriminación positiva que
pasa por un plan de inversiones extraordinarias que conciten lógicamente
las tres administraciones, la Administración autonómica, la
Administración central y la Administración europea. De lo contrario,
vamos a hacer hoy otro brindis al sol, lógicamente un brindis al sol en
el marco de esa política de convergencia europea que la propia
recomendación de los planes de empleo plantea en el mismo contexto, es
decir, en la filosofía de convergencia nominal que no real de Europa, que
los salarios crezcan por debajo de la productividad, seguir
flexibilizando relaciones laborales; es decir, malas soluciones. Por
tanto, el objetivo ambicioso que tenía el plan Delors de crear 15
millones de puestos de
trabajo en el conjunto de Europa, está muy lejos de la realidad, y hemos
pasado de esa promesa de creación de 15 millones de puestos de trabajo a
simples planes piloto con cautelas, en los que no se sabe bien de dónde
va a salir la financiación, con qué objetivos, con qué recomendaciones,
etcétera.
Nuestra enmienda no entra en el fondo de la cuestión, porque ahora se
trata sencillamente de hacer una enmienda de mejora de texto: que quedara
claro, a la hora de la selección y a la hora de elaborar el plan, que
haya participación del conjunto de las administraciones.
La Junta de Andalucía no puede rehuir de su responsabilidad, tiene una
gran responsabilidad en este asunto, porque es verdad que también la
Junta de Andalucía en el tema económico de Cádiz tiene una
responsabilidad clara. Les voy a dar unos datos que hablan por sí solos.
En las inversiones previstas para la provincia de Cádiz en los
presupuestos de la Junta de Andalucía de los años 1992 a 1996 no se han
gastado 34.645 millones de pesetas que estaban presupuestados y no se han
gastado. Por tanto, hay una responsabilidad de la Junta de Andalucía, hay
una responsabilidad de la comunidad autónoma.
Nosotros lo tenemos claro, parece que vamos a transaccionar una enmienda
con el objetivo claro de que sea la provincia y no una comarca la
seleccionada; con el objetivo claro también de que la elaboración del
proyecto se haga conjuntamente entre Junta de Andalucía, Gobierno
central, Diputación provincial y ayuntamientos, pero con esas cautelas
que hemos planteado. En el momento que no se cambie el contexto de la
política económica, que no se invierta con claridad, que no se haga una
política distinta económicamente hablando sobre la base de la inversión
pública, de la no privatización, sobre la base de la productividad y no
de la especulación, Cádiz sencillamente seguirá en su agujero.
Desde Izquierda Unida pretendemos modestamente que Cádiz salga con
rapidez de ese agujero; que seamos capaces de resolver la dramática
situación social que vive nuestra provincia y en ese sentido hemos
presentado esta enmienda que el grupo del Partido Socialista Obrero
Español, y en su nombre la Diputada Romero, espero transaccione con
Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano
tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente, y desde el
escaño.
El riesgo de convertir el debate de esta proposición no de ley en un
debate estrictamente sobre la provincia de Cádiz lo hemos tenido y de
hecho se está convirtiendo en eso: un debate sobre la situación en la
provincia de Cádiz. También teníamos el riesgo de convertir este debate
en una discusión sobre la política de la Unión Europea o la política del
Gobierno en relación al empleo.
Nosotros compartimos, evidentemente, las posiciones que aquí se expresan
en relación a la necesidad de activar los máximos recursos posibles en la
lucha contra el desempleo. Creo que nadie en esta Cámara puede estar en
una línea diferente; es una obsesión del Gobierno del Estado, es una
obsesión de los organismos comunitarios, es una obsesión especial de la
Comisión Europea; es una obsesión de la Junta de Andalucía, del
Ayuntamiento de Cádiz, de la Generalitat de Catalunya. Todos los poderes
públicos tienen claro que la necesidad de arbitrar mecanismos, de poner
recursos para luchar contra el desempleo se ha de producir.
En estos momentos se nos plantea una proposición muy concreta en relación
a una iniciativa que desde hace tiempo había que plantearse: la necesidad
de que desde la Unión Europea se impulsasen actuaciones específicas en la
lucha contra el desempleo, vinculando los agentes territoriales y los
agentes sociales.
Después de muchísima literatura al respecto, finalmente en la cumbre de
Florencia se concretan estos proyectos de pactos territoriales para el
empleo; unos proyectos que tienen dimensión limitada y modesta y creo que
esta perspectiva la debemos tener. Estamos hablando desde la perspectiva
estrictamente de una actuación limitada y modesta; importante y que no
podemos menospreciar, pero limitada y modesta. Además, desde la propia
lógica de la cumbre de Florencia, se sitúa la responsabilidad última de
la decisión en el Gobierno del Estado.
Evidentemente, en esa decisión última es importante que participen las
Cortes Generales, de la misma manera que hubiese sido importante que
hubieran participado los diversos gobiernos territoriales. Por lo que
conozco, en el caso de Cataluña en la definición de una de estas zonas el
Gobierno de la Generalitat ha participado y tengo entendido que la
comarca del Vallés occidental ha sido presentada como este proyecto
piloto de plan territorial para el empleo, idea que va a permitir, en
definitiva, poner en marcha una serie de medidas que van a implicar a un
conjunto amplio de agentes sociales y territoriales para definir esos
objetivos.
Pero una vez situados en esta perspectiva, nosotros entendemos que el
Congreso hoy no se puede pronunciar en favor de Cádiz, en favor del
Vallés occidental ni en favor de las cuencas mineras. Quizá lo más
oportuno por parte del Grupo Socialista hubiese sido presentar una
proposición no de ley en la Comisión planteando un debate general sobre
qué orientación debería tener el Gobierno en relación a esta materia.
Plantearnos hoy una discusión sobre Cádiz nos incomoda a todos;
de entrada, debe incomodar a los diputados gaditanos de todos los grupos,
pero también nos incomoda a nosotros. A mí no me gustaría que mañana se
dijese en Cádiz que en esa provincia no van a existir recursos económicos
porque el Grupo Catalán no lo ha votado. Eso es trampa. La fórmula para
afrontar este tema hubiese sido plantear una proposición no de ley de
orden general que indicase al Gobierno cuál debe ser su línea de
actuación. Si no todos los Diputados, en representación de nuestras
diversas demarcaciones, podríamos presentar propuestas en defensa
exclusiva del interés de aquella zona.
Por tanto, no queremos entrar en el fondo, no queremos abrir hoy un
debate sobre la situación del desempleo en la provincia de Cádiz. Yo le
puedo decir que mi comarca, la comarca del Garraf, es la que tiene mayor
desempleo de Cataluña, y a mí no se me ocurre plantear hoy aquí
estrictamente el interés de la comarca del Garraf. Entiendo que existe
una visión general que en el caso de Cataluña, por ejemplo, ha permitido
que sea el Vallés occidental, porque allí se han dado las circunstancias
que han hecho propicio ese acuerdo.
Repito, no queremos entrar en el fondo del tema. Nos parece que el
mecanismo que ha planteado el Grupo Socialista es equivocado. Compartimos
el buen sentido que puede tener la proposición, movilizar el máximo de
recursos públicos en favor del desempleo; pero entendemos que no es el
mecanismo.
Sin voluntad de profundizar más en el tema, anunciamos nuestro voto
desfavorable a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, cuando a mediados
del mes de julio tuvimos conocimiento de la posibilidad de participar
como candidatos en el proyecto piloto de pactos territoriales y locales
para el empleo creados por el acuerdo del Consejo de Europa, celebrado en
Florencia a finales del mes de junio, solicitamos al Gobierno de la
nación, a través de los Ministerios de Trabajo y de Economía, toda la
información necesaria encaminada a conocer los contenidos del acuerdo,
para ver las posibilidades de presentar un proyecto que pudiera ser
tenido en cuenta a la hora de que el Gobierno de la nación presentara
ante la Comisión Europea su propuesta como Estado miembro.
En el documento elaborado por la Comisión Europea para justificar la
necesidad de estos pactos territoriales, se pone de manifiesto que a
pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años y los recursos
financieros aplicados a políticas de empleo por las distintas
administraciones públicas, el grave problema de desempleo persiste en la
Unión Europea. Ante esta situación, la Comisión propone a los estados
miembros un esfuerzo mayor, fomentando la promoción de estos pactos
territoriales como un instrumento que pueda contribuir a hacer más por el
empleo. El objetivo, según dice el documento, es poner en marcha acciones
ejemplares que movilicen todos los recursos disponibles que permitan una
mejor integración y coordinación de las acciones para el empleo. Un pacto
de este tipo, señorías, según el documento, deberá ser el resultado de un
proceso de reflexión entre el máximo número de actores regionales o
locales competentes, con el fin de elaborar en común un programa de
acciones en favor del empleo que contenga un conjunto de medidas
concretas que respondan a sus necesidades en materia de empleo y que
aseguren su puesta en marcha. En el caso del Estado español, el Gobierno,
según nos informó, con objeto de seleccionar zonas a proponer estableció
unos criterios objetivos, esencialmente indicadores laborales, de
actividad económica, tasas de paro, tasas de ocupación, apertura de
centros de trabajo, trabajadores afectados de regulación de empleo.
La provincia de Cádiz para nuestra desgracia, señorías, como decía el
diputado de Convergencia que ha hablado anteriormente, es la provincia de
España con mayor tasa de desempleo y en la que las políticas aplicadas en
los últimos años encaminadas al fomento del empleo no han conseguido, ni
de lejos, los objetivos perseguidos ya que el desempleo ha seguido
creciendo. De poco han servido la creación de zonas de acción especial,
las ZUR, las grandes áreas de expansión o los distintos programas de
formación profesional. En los últimos diez años sólo en la reconversión
naval se han destruido 10.000 puestos de trabajo --en los diez últimos
años, no en la prehistoria-- y el coste de esa reconversión pasó de los
150.000 millones sólo para la bahía. Nos han afectado, como todos ustedes
saben, las crisis del sector agrícola y de la pesca de forma muy
especial, sin que las distintas políticas y el esfuerzo de la comunidad
autónoma y del anterior Gobierno socialista hayan tenido un resultado
adecuado, o por lo menos el resultado que se supone era esperado.
Si bien toda la provincia de Cádiz, como solicita en su propuesta el
Grupo Socialista, pudiera haber sido seleccionada como proyecto piloto de
aplicación, propuesta que no quepa la menor duda a SS. SS. que hubiéramos
apoyado desde el Grupo Popular, aunque en los ámbitos de actuación
contemplados por el Estado español para seguir las orientaciones de la
Comisión Europea se refieren a localidad o comarca --y ahí está el
documento presentado por el Estado español ante la Unión Europea--,
resulta que sólo el grupo de ayuntamientos que forman parte de la
mancomunidad de la bahía, gobernados por distintas opciones políticas, se
pusieron a trabajar desde principios de septiembre con el propósito, como
indica la Comisión Europea, de elaborar
en común un programa de acciones en favor del empleo, teniendo en cuenta
experiencias locales anteriores en políticas de fomento de empleo que
pudieran garantizar su puesta en marcha. Es la mancomunidad, señorías, la
que elabora el plan y, por tanto, es la mancomunidad la que lo fomenta,
no el Grupo Popular ni el Partido Popular ni esta Diputada que parece no
tener nombre. (Rumores.) ¿Qué han hecho ustedes, señores del Grupo
Socialista, mientras tanto, para solicitar ahora con tanto ímpetu que
este plan territorial se aplique a toda la provincia? Para variar, casi
nada. Un sencillo escrito, señorías, del Consejero de Trabajo al Ministro
de Trabajo en el mes de setiembre, donde solicita en el último párrafo
que la comunidad autónoma sea seleccionada entre las regiones piloto en
las que se lleva a cabo esta experiencia, no le dice que tiene un
programa, no le dice que tiene un documento, no le dice que tiene
realizados los trabajos necesarios para elaborar ese programa. Desde la
Diputación provincial de Cádiz, donde están representados todos los
ayuntamientos de la provincia, simplemente, señorías, una carta de un
diputado provincial --ni tan siquiera un acuerdo del pleno de la
Diputación-- enviada a todos los alcaldes, con fecha del día 13 de este
mes --dos días después de que el Gobierno de la nación presentara el
documento a la Unión Europea--, en la que se solicita a todos los
alcaldes que manden una propuesta a los distintos grupos de esta Cámara
en apoyo de la propuesta socialista.
¿Qué ha hecho el Presidente de la Diputación, por cierto del Partido
Socialista desde junio, para poner en común las aspiraciones legítimas de
los gaditanos encaminadas a elaborar ese plan piloto? Nada. Seguramente
con la mejor intención, pensando que el Gobierno actual de la nación
puede solicitar el apoyo de Europa para un proyecto específico como éste,
sin disponer de un documento que contenga el proyecto y programación
adecuada seguramente que llevado por costumbres anteriores de solicitar
distintos programas a la Unión Europea sin ningún documento que, por
cierto, ahora nos solicitan de la Unión Europea hasta que devolvamos el
dinero entregado para financiar Astilleros Españoles.
¿Dónde está el plan elaborado por la Junta o la Diputación? No existe,
señorías, aun sabiendo, como se sabe, que había que presentarlo antes de
que terminara 1996. Ni tan siquiera el presidente de la Diputación, que
debía ser el encargado de coordinar a los municipios, ha tenido una sola
reunión con los alcaldes de la provincia para decirles que era posible
acceder, trabajando todos juntos, a este plan piloto.
Como siempre, señorías, ustedes se han quedado en la declaración de
intenciones, ya que al tener los gobiernos de la mayoría de los
ayuntamientos de la provincia, podían haber trabajado en esta dirección
para elaborar una propuesta conjunta que el Gobierno hubiera podido
considerar. A mí me consta, porque es la palabra del Ministro de Trabajo,
que el Consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía ha hablado con él,
con el señor Pimentel y con el Presidente de la Mancomunidad,
garantizando la financiación de la Junta de Andalucía para este plan
piloto si resultaba elegido o seleccionado por el Gobierno de la nación.
Señorías, al final no me resisto a hacer un juicio político sobre su
propuesta, porque para eso estamos en el Parlamento de la nación. Ustedes
conocían que era condición casi obligada en el ámbito comarcal, era una
de las propuestas del Gobierno para la elaboración de este proyecto, pero
eso significaba perder una parte del control político de este plan, y eso
en Andalucía ustedes se resisten a que ocurra. (Rumores.) No duden,
señorías, que buscando la eficacia y no la dispersión de esfuerzos el
Gobierno de la nación ya está preparando programas específicos de
promoción de empleo para el resto de las comarcas de la provincia,
comenzando por el Campo de Gibraltar, en función de sus características y
de su problemática específica. Ustedes conocen mejor que nadie, sobre
todo los del Grupo Socialista, que el último plan de choque de empleo que
la Junta de Andalucía ha realizado para toda la provincia de Cádiz lo ha
dividido por comarcas. No ha hecho un plan de choque de empleo para toda
la provincia; lo ha hecho por comarcas. Por alguna razón será. Igual es
que les ha entrado el juicio de la mejor inversión de los recursos de
todos los españoles. Señoría, no se presente aquí como si acabara de
salir de un platillo volante y ni usted ni su grupo tuvieran ninguna
responsabilidad en lo que ha pasado en la provincia de Cádiz y en
Andalucía tras gobernar el Partido Socialista los últimos trece años en
España. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.) Nosotros estamos
de acuerdo en que la provincia de Cádiz necesita de forma mayoritaria,
contando con todos los ayuntamientos de la provincia, planes de promoción
de empleo y de promoción económica, pero gestionados y planteados con
criterios diferentes a los que nos han llevado a la mala situación
actual; sus planes, los de su partido, señoría. (Rumores.)
Desde el Partido Popular no hemos dudado nunca de la necesidad de estos
planes, ni ahora ni durante los trece años de su Gobierno; Gobierno
socialista que, por cierto, no se le ocurrió pensar que para el uso del
dinero que estaban empleando en políticas de empleo se necesitaban unas
infraestructuras que potenciaran la labor de los recursos de todos.
Porque para crear empleo, para que haya actividad económica, además de
información, hacen falta las infraestructuras necesarias para que los
agentes económicos que crean empleo se instalen en esas zonas. La prueba
de que tengo razón, señorías, es que trece años de Gobierno socialista no
han llevado a la provincia de Cádiz nada más que al descalabro. Vergüenza
les tenía que dar a ustedes
haber dado esos datos que están exponiendo aquí ahora. (Rumores.) Son de
su Gobierno. (Aplausos.)
Señorías, espero que el plan cuya ejecución puede asumir la Mancomunidad
dé ejemplo de una nueva forma de hacer en la promoción de empleo.
Para terminar, señorías, quiero decirles que si lo que pretendían
ustedes, tristemente, era enfrentar a las comarcas de la provincia de
Cádiz, me parece muy mal; si lo que pretenden es ponerse medallas, como
los grandes defensores de la provincia de Cádiz, volverán a fracasar.
Ningún gaditano les vamos a creer, ya que el principal mérito de su
currículum es haber llevado a la provincia a la penosa situación en la
que se encuentra. Y los datos los han dado ustedes, no nosotros.
Y ya que me ha aludido en su intervención --permítame, señor Presidente,
que utilice este turno para contestar la alusión--, tengo que decirle...
(Rumores.) Sí, señoría. Usted me ha aludido. Finalmente, tengo que
decirle que me siento muy orgullosa de ser la alcaldesa de Cádiz y
compaginarlo con mi tarea de Diputada por la provincia. Ustedes tuvieron
la oportunidad y no trabajaron en favor de la provincia de Cádiz.
Nosotros sí lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Ustedes han sembrado
la provincia pero de sal. No crece ni la hierba. Ustedes han llevado a la
provincia a la situación en la que está. A ustedes se les debía caer la
cara de vergüenza de venir a exponer aquí esos datos de la provincia de
Cádiz. (Rumores.--Aplausos.) Vergüenza les tenía que dar porque es la
provincia de más desempleo de España y de Europa, después de trece años
de Gobierno socialista y de Felipe González. (Rumores.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Martínez.
Señora Romero, tiene la palabra para expresar la aceptación o denegación
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora ROMERO LOPEZ: Señorías, intervengo para fijar nuestra posición
respecto a la enmienda de Izquierda Unida. No vamos a pedir un turno en
contra a pesar de que el anterior no ha sido un turno de fijación de
posición, sino un turno en contra. No vamos a entrar en un debate, no
vamos a reabrirlo aquí porque el Partido Socialista no está en el
Gobierno desde la Edad Media, y no vamos a entrar en esa posición tan
grosera como la que aquí acaba de... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Romero, yo
le ruego que se ciña a expresar su aceptación o rechazo de la enmienda.
(El señor Perales Pizarro: ¡Presidente, objetivo!) ¡Silencio, señorías!
Yo agradezco a S. S. que se ciña al artículo 195, tal cual se estaba
expresando S. S., y le ruego que haga mención también --el señor Meyer lo
ha hecho durante su exposición-- a la posibilidad de la existencia de una
enmienda transaccional o no con respecto a la enmienda de Izquierda
Unida.
La señora ROMERO LOPEZ: Por elegancia, vamos a dejar pasar esta
intervención que mi grupo considera algo obscena. (Rumores.--Aplausos.) Y
vamos a intentar fijar nuestra posición respecto a la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
La señora ROMERO LOPEZ: Vamos a intentar fijar la posición respecto a la
enmienda de Izquierda Unida que hemos aceptado porque en el fondo
compartimos su espíritu, aunque se podría hacer alguna matización. La
enmienda transaccional que nos ofrece Izquierda Unida la va a aceptar
nuestro grupo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Romero. Le ruego haga llegar a la Presidencia el texto de la
transaccional.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley, del Grupo
Socialista, por la que se insta al Gobierno a que la provincia de Cádiz
sea seleccionada como provincia piloto de aplicación de pactos
territoriales y locales para el empleo, siguiendo las indicaciones de la
cumbre de Florencia, en los términos resultantes de la enmienda
transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y
aceptada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 314; a favor, 147; en contra, 165;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELA-CIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA ADAPTACION DE ESPAÑA A LAS
POLITICAS COMUNITARIAS DE LIBERALI-ZACION DEL TRANSPORTE AEREO (Número de
expediente 173/000021)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción del Grupo Socialista sobre la adaptación de
España a las políticas comunitarias de liberalización del transporte
aéreo.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en efecto, defendemos en este trámite la
moción consecuencia de la interpelación que la semana pasada se produjo
en esta Cámara sobre la adaptación de España a las políticas comunitarias
de liberalización del transporte aéreo. Hemos presentado una moción
integrada por 12 puntos, algunos de los cuales fueron justificados con
cierta profusión por este interviniente en el Pleno pasado.
En el punto 1 nosotros demandamos el debate en esta Cámara, en la
Comisión pertinente, de los contenidos del Libro Blanco sobre la gestión
del tráfico aéreo y la liberalización del espacio aéreo europeo.
Señorías, la publicación por parte de la Comisión Europea, el pasado 6 de
marzo de 1996, del Libro Blanco sobre gestión del tráfico aéreo y
liberalización del espacio aéreo europeo, ante cuyos contenidos se
tendrán que posicionar los países integrantes de la Unión Europea, nos ha
parecido que constituye un documento notablemente relevante del que las
Cortes Generales deben tener conocimiento en toda su extensión y ante
cuyos amplios y variados contenidos también se tendrá que posicionar el
Gobierno y proporcionar las correspondientes explicaciones a esta Cámara.
En este mencionado Libro Blanco sobre la gestión del tráfico aéreo se
analizan, en primer lugar, los antecedentes de la situación actual en la
gestión del tráfico aéreo en Europa y las deficiencias de los acuerdos
existentes, definiendo a continuación un sistema único de gestión del
tráfico aéreo en Europa, para terminar con un resumen de los acuerdos
institucionales que la Comisión considera más apropiados para el futuro.
En tan importante documento se definen los tres servicios principales que
se incluyen en todas las actividades necesarias para garantizar la
seguridad y el flujo regular del tráfico aéreo: en primer lugar, el
control del tráfico aéreo, cuya finalidad primordial es la de mantener
una distancia suficiente entre aviones y entre éstos y los obstáculos en
tierra, a fin de evitar colisiones; en segundo lugar, la gestión de las
corrientes de tráfico aéreo, cuyo objetivo esencial, igualmente por
razones de seguridad, es controlar la afluencia de aviones de la forma
más eficaz posible para evitar la congestión de determinados sectores de
control; y en tercer lugar, la gestión del espacio aéreo, cuyo objetivo
es administrar lo mejor posible el espacio aéreo, un recurso que escasea,
de forma que pueda satisfacer las necesidades de sus numerosos usuarios,
tanto civiles como militares. Señorías, la responsabilidad de estos
servicios y funciones incumbe a cada uno de los países individualmente,
mientras que se ha confiado a la organización internacional Eurocontrol
la responsabilidad de crear e implantar un organismo central de gestión
de las corrientes del tráfico aéreo, organización que se ha ido
afianzando progresivamente desde el año 1992 y que en los últimos meses
ha alcanzado la máxima operatividad con la aplicación del programa
europeo de armonización e integración del control del tráfico aéreo,
impulsado por la conveniencia de la institución de un sistema europeo
unificado de gestión del tráfico aéreo.
En este Libro Blanco, respecto al cual queremos que el Gobierno exprese
su posición ante la Cámara, la Comisión afirma que para lograr los
objetivos de mejora deseables será conveniente establecer un sistema de
gestión del tráfico aéreo a la más amplia escala europea, separando las
funciones reguladoras de las operativas posibles, a diferencia de lo que
hoy en día está ocurriendo en España. Y ésta es, señorías, la razón por
la cual nosotros justificamos la necesidad del punto 1. El punto 2 de
este proyecto de resolución es necesario para que el Gobierno presente
ante la Cámara una iniciativa a fin de explicar el futuro desarrollo
aeroportuario del sistema Madrid-Barajas. El punto 3 es necesario para
que se informe sobre la Directiva comunitaria 1692/96, del Parlamento
Europeo y del Consejo, a efectos de que conozcamos cuál es el sistema de
las redes transeuropeas del transporte, y así sucesivamente.
Pero permítanme, señorías, que haga hincapié en un punto que este grupo
parlamentario considera absolutamente esencial, el punto número 7:
mantener la separación orgánica y
funcional entre la Dirección General de Aviación Civil, de la Secretaría
General de Transportes e Infraestructuras, y el ente público AENA,
profundizando en el carácter técnico-empresarial de éste y en su
autonomía económica financiera. Decimos esto en función de la
experiencia, de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Como saben
perfectamente, desde finales del mes de octubre pasado los usuarios del
aeropuerto de Barajas comprobaban cómo se producían retrasos, cómo estos
retrasos iban creciendo a medida que pasaban los días y repercutían en
todo el tráfico aeronáutico nacional. Señorías, saben perfectamente que
nadie ha entendido cómo, si en los meses de julio y agosto, con un número
superior de vuelos que en noviembre, existía normalidad y puntualidad, en
este mes de noviembre pasado se producían unas distorsiones notables en
lo que a puntualidad se refiere. No se han dado comunicados oficiales que
permitan una explicación razonada de tales situaciones, sino que noticias
de prensa atribuían las anomalías a Bruselas porque desde Eurocontrol se
centralizaba la distribución de los slots y éstos eran mal utilizados por
las compañías aéreas. Ha habido toda una serie de comentarios
periodísticos sin que la Administración diese ninguna convincente
explicación. Señorías, nosotros creemos que mantener la separación
orgánica y funcional entre la Dirección General de Aviación Civil y el
ente público AENA constituye una pieza fundamental, el secreto de la
excelente gestión esencialmente de los cinco últimos años de la
Administración del anterior Gobierno.
Se ha afirmado en esta Cámara, en el turno de réplica, durante el debate
de la interpelación urgente que dio origen a la presente moción, que las
instalaciones de seguridad del aeropuerto de Barajas tienen el carácter
de tercermundistas, y tales afirmaciones las lleva a cabo quien las hizo,
concretamente el señor Ministro, como consecuencia de conclusiones
derivadas de los acontecimientos surgidos a partir del verano en este
aeropuerto. También por parte del señor Vicepresidente Primero del
Gobierno se han atribuido al anterior Gobierno socialista los actuales
males del aeropuerto, si bien es cierto que ambas manifestaciones han
sido profusamente rechazadas por todos los medios de comunicación social
y han hecho exclamar a los usuarios aquello de qué bien estábamos como
estábamos hasta hace ocho meses, que hasta los aviones españoles eran los
más puntuales de Europa. (Risas.--Aplausos.) Muchas gracias por la
valoración, señorías.
Son muchas las preguntas que nos planteamos y que esperamos sean
respondidas con el suficiente rigor próximamente por el señor Ministro de
Fomento, en la comparecencia que el Grupo Parlamentario Socialista le ha
demandado, y que nosotros imputamos al mal funcionamiento de la nueva
estructura administrativa de la aeronáutica española. ¿Alguien puede
asegurar hoy en día que Barajas no tiene una conexión alternativa de
emergencia a la que fue quebrada en aquel desgraciado accidente de la
pala excavadora el pasado 10 de diciembre? Se nos ha dicho aquí en la
sesión plenaria del día siguiente, 11 de diciembre, que no había conexión
alternativa en ese aeropuerto tan despreciativamente calificado en aquel
momento. Señorías, al día de hoy podemos afirmar que aún no ha entrado en
funcionamiento el sistema transmisor de fluido eléctrico herido por la
pala excavadora en cuestión y, sin embargo, Barajas ha estado funcionando
durante siete días con el suministro eléctrico transportado a todos los
rincones del aeropuerto por una inexistente red que ha posibilitado su
operatividad. Sin embargo, cualquier persona sensata estará convencida de
que si está fuera de servicio la red principal hoy en día, después de
siete días de avería, y el aeropuerto de Barajas está funcionando no lo
será por actuaciones extraterrestres, sino porque existen sistemas
alternativos de emergencia que curiosamente fueron realizados, diseñados
y ejecutados por AENA en los últimos años. Si en efecto fuese cierto,
como afirman muchos expertos consultados al respecto por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, qué duda cabe que los importantes responsables
de la Administración pública que han llevado a cabo estas declaraciones
tendrían que, próximamente, en comparecencia ante esta Cámara, desmentir
afirmaciones que han hecho.
¿Cómo es posible explicar que en meses con un número de vuelos inferiores
a los de julio y agosto, y en niveles no superiores a los meses de
gestión de este año de la Administración socialista, los cuatro primeros
meses del año, en octubre y en noviembre parecen haberse más que
duplicado los vuelos retrasados y más que duplicado el retraso medio de
los vuelos retrasados? Por favor, que nos se nos cuente lo de los aviones
colándose sin autorización, que no se nos cuente que Bruselas es
culpable, que no se nos cuente que hay compañías pillinas con varias
peticiones para un mismo vuelo, que no se nos cuente que los
controladores están en huelga de celo. Nosotros reconocemos que
precisamente Barajas en los últimos años --lo dicen todos los
profesionales de la aeronáutica-- ha sido uno de los aeropuertos
españoles con más alto grado de puntualidad que convirtió, por ejemplo, a
la compañía Aviaco en una de las compañías más puntuales de la Unión
Europea. ¿Cómo puede explicarse la imposibilidad de realizar más de
cincuenta operaciones en hora punta y sin retraso cuando los datos de la
propia AENA demuestran lo contrario? ¿Cómo es posible que ahora se saque
como un descubrimiento excepcional la puesta en operatividad del
aeropuerto de Torrejón, cuando desde hace ya varios años existía un
informe de la prestigiosa Agencia Federal de Aviación Civil de los
Estados Unidos, de cuyo rigor técnico nadie puede dudar en el mundo
entero, que desaconsejaba la operatividad simultánea de Barajas y de
Torrejón? Como, por otra parte, quienes somos usuarios permanentes del
aeropuerto de Barajas tuvimos que sufrir cuando se produjo la guerra del
Golfo, pues durante muchas horas el aeropuerto de Barajas permaneció
cerrado para permitir la salida de los aviones del ejército, a efectos de
su participación en aquella guerra.
¿Por qué no se habla del levantamiento, a petición del Ministerio de
Fomento, de la protección urbanística que en su caso hubiese permitido
ampliar con nuevas pistas el aeropuerto de Barajas y también el de Cuatro
Vientos para la aviación general? Nosotros nos preguntamos cuál será la
evaluación en términos de inversión comercial publicitaria, cuál será la
necesaria para paliar el daño que en el mercado mundial, por la
competencia entre aeropuertos, tanto para pasajeros como para carga, ha
sufrido el aeropuerto de Barajas, al que el propio Ministro considera
merecedor de un calificativo que quien les habla no se atreve a repetir.
(El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Nos
gustaría saber por qué aeropuertos firmes en seguridad desde el
ministerio se recomendaría a los aviones procedentes de toda Iberoamérica
o de distintos países del mundo entero que entren en Europa. ¿Por París,
por Londres, por Francfort o por Madrid?
Señorías, las causas de los retrasos producidos hasta el día 10 de
diciembre se encuentran exclusivamente en un error de organización de la
actual política aeronáutica
española. No vamos a hacer sangre de un desgraciado accidente que se
produjo con la pala retroexcavadora. No vamos a hacer responsable de ello
directamente al Ministro, pero evidentemente hay una responsabilidad
inmediata en los distintos niveles y hay una responsabilidad pública que
tendrá que venir a explicarse a explicitarse ante esta Cámara de manera
concreta. Señorías, no es cierto lo que se ha dicho. Había y hay hoy en
día dos galerías con circuitos eléctricos alternativos; dos galerías con
anillos eléctricos suministradores de fluido a todo el área de Barajas.
Una de ellas hoy en día, a 17 de diciembre de 1996, repito, para que
quede en el «Diario de Sesiones» de hoy, permanece inutilizada y la otra,
la alternativa, la inexistente, la que no se había hecho, la que no
aparecía por ningún lado es la que está funcionando, ya que no está
reparada aquella que fue origen del accidente desgraciado del día 10 de
diciembre. El Presidente de AENA, antiguo Subsecretario de Aviación Civil
en los últimos Gobiernos de la Unión de Centro Democrático, seguramente
recordando su época en la que no había redundancias, es decir, entiéndase
técnicamente como circuitos alternativos en Barajas, se ocupó de asumir
personalmente el mando aquel día. Tenemos unas informaciones que nos
ponen de manifiesto que se produjo una serie secuencial de errores que
también demuestran la descoordinación, la disfuncionalidad existente
entre el organismo AENA y la Dirección General de Aviación Civil. Es
imposible materialmente que en la misma persona coincidan dos
responsabilidades complementarias: la de regulador y la de regulado. Es
absolutamente imposible la interrelación de las funciones competenciales
del ministerio: la labor legislativa, la labor de control, la labor
precisamente de inspección con la labor ejecución, la labor del regulado
que tiene que desarrollar AENA. No es posible que mientras que en
Gobiernos anteriores esa doble función requería de una dinámica de
trabajo excepcional, en éste coincida en una misma persona que en cascada
ha desmoronado la estructura anterior y ha traído consigo la realidad de
hoy en día.
Señorías, se debatirán innegablemente en la Comisión de Infraestructuras
--esperamos que la semana próxima-- a petición del Grupo Parlamentario
Socialista y por el Gobierno, si comparece el señor Ministro, las
alternativas futuras del aeropuerto de Barajas. Se analizarán cuáles son
las circunstancias que han caracterizado estos últimos meses y que han
justificado el caos, la disfuncionalidad, la situación realmente
esperpéntica que están viviendo centenares de miles de ciudadanos a lo
largo de estos dos meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, le ruego que
concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
Y en esa Comisión se profundizará. Pero ésa es esencialmente la prueba
material, la exteriorización gráfica, la prueba puntual de la necesidad
de mantener, tal como nosotros indicamos en el punto 7 de nuestra moción,
la estructura organizativa de la Administración aeronáutica española, que
impuso y aprobó esta Cámara en el año 1991, cuando aprobó la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, separando las responsabilidades a las
que he hecho referencia hasta ahora. Los restantes puntos que contiene la
moción los doy por defendidos por cuanto fueron motivo también de la
interpelación de la semana pasada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESlDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Segura.
A esta moción consecuencia de interpelación se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Camps.
El señor CAMPS ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la moción que trae hoy el Grupo
Parlamentario Socialista a debate, como consecuencia de la interpelación
que el miércoles pasado tuvimos ocasión de debatir en este hemiciclo, es
la moción característica de quien tiene mala conciencia. Mala conciencia
porque esta misma propuesta, hace exactamente dos años, en el Senado,
presentada por el mismo parlamentario, fue debatida por los grupos
políticos y todos, por unanimidad, decidieron que era una buena propuesta
y que había que instar al Gobierno de España a que elaborase urgentemente
una ley de transporte aéreo porque la normativa existente, después de
muchos años y, fundamentalmente, después de muchas decisiones de la Unión
Europea, reglamentos y directivas, había quedado absolutamente obsoleta.
El Gobierno socialista no tuvo capacidad, no sólo hasta el año 1994, sino
con posterioridad a aquel acuerdo unánime del Senado, de elaborar ni tan
siquiera una ley que previese y organizase lo que en estos momentos ya es
una realidad incontestable: la apertura de los cielos, en una Europa
unida, a la liberalización del transporte aéreo. Y la no elaboración de
una ley --que a lo mejor a los socialistas no les parece importante-- yo
creo que tiene, además de la sustancia de ordenación reglamentaria, una
parte importante de visión y de decisión del Ejecutivo. Cuando alguien
decide, como el Gobierno socialista, no tener capacidad de poner en
marcha una ley que ordene el transporte aéreo, una ley que ponga a tono y
que regule las nuevas condiciones de ese transporte aéreo, posiblemente
es que sabe que tampoco tiene capacidad de tomar decisiones de inversión
para poner nuestro sistema aeroportuario al nivel que España, y también
la Unión Europea, necesita no sólo para los vuelos domésticos,
no sólo regionales, sino para lo que hemos venido en llamar esa punta de
lanza que necesita el transporte aéreo español hacia Suramérica. La no
elaboración de esa ley por parte del Gobierno socialista, posiblemente
nos hacía prever desde aquel momento lo que ha venido ocurriendo durante
estos últimos meses en Barajas: ese desbarajuste por la falta de
previsión, de inversión en infraestructura, y ese desbarajuste por no
tener una legislación capaz de ordenar, tranquila y serenamente, el
sistema del transporte aéreo.
Además, hay una mala conciencia en esta propuesta, que yo creo que fue
contestada en su totalidad, el miércoles pasado, por el Ministro de
Fomento, en esta Cámara, pero parece que el Grupo Socialista,
desgraciadamente, no tomó buena nota, no sólo en aquel momento, sino
tampoco de los textos que se reproducen posteriormente en el «Diario de
Sesiones», donde los grupos políticos pueden comprobar qué es lo que en
aquel momento dijo el Ministro. Hoy se trae una moción y el Grupo Popular
propone ahora una enmienda que no significa, en absoluto --como podría
pensarse y como a lo mejor podría haber sido práctica habitual en otros
momentos--, ningún tipo de agresión a un consenso, en esta Cámara, para
una política en la que no sólo estamos de acuerdo, sino que el Ejecutivo
español, el Gobierno de España ya viene realizando, en disposiciones y
tareas, en estos últimos meses. Creemos que es una enmienda que mejora en
mucho la moción, le da un cuerpo y un sentido no sólo técnico, que es
importante, sino político, y deja bien claro ese sentido de consenso, ese
sentido de coparticipación en las grandes tareas, sobre todo cuando se
trata de tareas que nos relacionan con los demás países de la Unión
Europea, que tiene no sólo el Grupo Parlamentario Popular, sino el
Gobierno de José María Aznar.
Desgraciadamente, no he oído al proponente de la moción ningún dato
respecto de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular. He
de colegir que los socialistas, una vez más, pretenden --no sé si con
prepotencia o con arrogancia-- seguir manteniendo sus criterios, sin
intentar buscar elementos de consenso en algo tan importante y tan grueso
como es lo que nos jugamos con el sistema de transporte aéreo dentro del
marco de la Unión Europea.
Pero es que, además, el Diputado que ha presentado la moción ha
pretendido nuevamente utilizar su propuesta, que nos ha parecido desde el
primer momento interesante y por eso presentamos al consenso
parlamentario nuestras enmiendas, para intentar trasladar la crítica a lo
que, como he comentado anteriormente, han podido ser los problemas en el
aeropuerto de Barajas estos últimos meses. Yo querría recordar que no
sólo se han explicado por activa y por pasiva cuáles son esos problemas,
sino que se están apuntando soluciones, unas provisionales y otras
definitivas. Hay que recordar que el Gobierno de José María Aznar, hace
pocas fechas, ha adjudicado la tercera pista del aeropuerto de Barajas y
que además hay soluciones que técnicamente parecen viables para poder
enmendar lo que no se tuvo la previsión de realizar en épocas anteriores
y que, a buen seguro, puede significar ir solucionando lo que también
conoce S. S.: que la decisión de muchas compañías aéreas de tener mayor
número de slots, mayor número de frecuencias en los horarios,
fundamentalmente llamados horarios punta, para prepararse a la apertura
del mes de abril del año 1997, está provocando problemas en el aeropuerto
de Barajas.
La imprevisión del Gobierno socialista, la falta de decisión del anterior
Ministro de Obras Públicas, al no tener la capacidad de hacer una ley que
le pidió su propio grupo parlamentario en el Senado, y que tendría en
estos momentos ordenada la legislación en las condiciones que creemos
tienen que ser oportunas y que ya ha abordado claramente este Gobierno,
posiblemente ha hecho que estemos en la situación en la que nos
encontramos.
Yo, señoría, pertenezco a una circunscripción que también ha conocido la
falta de previsión de infraestructuras de los Gobiernos socialistas y,
fundamentalmente, del último Gobierno socialista y del último Ministro de
Obras Públicas. Yo, como valenciano, he sufrido durante mucho tiempo la
falta de una infraestructura básica como es la autovía de Valencia. Yo,
desde luego, no me quedo en absoluto perplejo ante la falta de previsión
que ha tenido el Gobierno socialista con el aeropuerto de Barajas, porque
muchos valencianos hemos tenido la ocasión de sufrir directamente una
política que ha preferido ir recorriendo el país y cortando aquellas
cintas que, a lo mejor, pudieran ser mucho más efectistas ante los medios
de comunicación y no realizando aquellas obras de infraestructura básica
que los ciudadanos hemos venido reiteradamente solicitando de los
Gobiernos socialistas. Por tanto, que el aeropuerto de Barajas no tenga
su tercera pista ya en funcionamiento no supone para este Diputado
valenciano tipo alguno de perplejidad, sino que es consecuencia de una
falta de previsión, de una falta posiblemente de responsabilidad
inversora y de una falta de seriedad a la hora de generar las prioridades
que un ministerio tan importante y tan necesario como es aquel del que
dependen las infraestructuras, aquel del que depende el sistema del
transporte español, no ha tenido a bien realizar en los últimos años.
Yo le propongo, por tanto, que intentemos trasladar la discusión a la
propuesta que parecía era aquella que reiteraba la que usted hizo en el
Senado, la de la ordenación definitiva de la legislación del transporte
aéreo; yo le pido, por consiguiente, que sigamos en los cauces y en la
línea que marcó, no su intervención, desgraciadamente, sino la
interpelación que se realizó el miércoles pasado en el Congreso, y le
solicito también que tenga a bien el Grupo Socialista ver en esta
enmienda una solución consensuada de algo que el propio Gobierno
ya ha venido contestando a lo largo, como le decía antes, de estas
últimas semanas, y de algo que los parlamentarios del Grupo Popular,
desde hace mucho tiempo, venimos también reivindicando. Posiblemente,
desde su moción a nuestra enmienda sólo nos separe la capacidad que a
todo parlamentario se le tiene que exigir, la capacidad de diálogo, la
capacidad de consenso y la capacidad de buscar entre todos soluciones que
sirvan para todos, y no utilizar esta tribuna única y exclusivamente para
montar la escandalera, aprovechando cualquier cuestión que se le ocurra a
cualquier Diputado.
Convenga conmigo, señoría, en que sería interesante que todos los grupos
parlamentarios sacásemos adelante esa propuesta, que nos parece
técnicamente acertada, que nos parece oportuna en el tiempo y que, desde
luego, ustedes no han sabido llevar adelante, incluso con requerimientos
del propio Senado y, fundamentalmente, con requerimientos de una
legislación que se les ha venido encima, la legislación de transporte
aéreo de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Camps.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
valora positivamente la interpelación presentada en el Pleno de la semana
pasada, que ha dado como consecuencia la moción que hoy debatimos,
presentada por el Grupo Socialista, sobre la adaptación de España a las
políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo.
Nos parece oportuna porque en los últimos años estamos asistiendo a la
consolidación y puesta en marcha del sistema integrado y liberalizado del
transporte europeo, que se traduce en diversas directivas comunitarias
sobre transporte aéreo y marítimo, redes transeuropeas, varios libros
blancos y verdes sobre los transportes y propuestas nacionales de
actuaciones sobre las infraestructuras de los transportes, como ha sido
el Plan Director de Infraestructuras debatido en la anterior legislatura.
Tanto la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista como la
enmienda que ha sido defendida por el Grupo Parlamentario Popular, ponen
en evidencia lo obsoleto de nuestra legislación en materia de navegación
aérea. Es difícil de explicar que la actual ley de navegación aérea
española date del año 1960. La ley orgánica 1/1986, de 8 de enero, ya
fijaba en su disposición final primera que el Gobierno, en el plazo de un
año, sometería a las Cortes Generales un proyecto de ley que actualizara
la ley 48/1960 sobre legislación aérea, cosa que obviamente no ha
ocurrido ni en el plazo señalado por la ley ni transcurridos diez años de
la aprobación de la misma. Por tanto, parece prioritario y urgente
promover el debate y aprobar una legislación sobre transporte y
navegación aérea que fuera acorde con los tiempos actuales y el estado de
integración de España en la Unión Europea.
Mi grupo se congratula del anuncio del Ministro de Fomento de proceder a
la elaboración de una ley sobre esta materia que refunda la legislación
actual, actualice los convenios internacionales en la materia y sea
acorde a las directivas y orientaciones comunitarias, así como con el
propio Tratado de Roma. Gran parte de los aspectos que presenta la moción
del Grupo Socialista, así como la enmienda que presenta el Grupo Popular,
deben quedar resueltos en esa nueva ley que apoyamos desde ahora que sea
tratada con la máxima celeridad.
En el camino a esa nueva ley de navegación aérea debemos fijar la
posición de Coalición Canaria ante las propuestas objeto de debate, la
moción socialista y la enmienda del Grupo Popular. Lo ideal hubiera sido
el consenso entre los dos grupos mayoritarios que se sientan en esta
Cámara en un tema de tanta trascendencia, de tanta actualidad y de tanta
importancia para los intereses de España como es el tema de la navegación
aérea, pero parece que priman los intereses partidistas de unos y otros
en lugar de buscar la fórmula de conciliación de las dos propuestas que
aquí se debaten, que las dos tienen aspectos interesantes.
A nuestro juicio, la propuesta de enmienda que presenta el Grupo Popular
mejora la moción del Grupo Socialista por lo que se refiere a los
apartados 1, 2, 4, 7 y 12 por las siguientes razones: porque determinados
aspectos sobre los que insta al Gobierno a informar, aspectos
esencialmente técnicos, como pueden ser los recogidos en el punto 1 de la
moción, sobre los contenidos del libro blanco, sobre gestión del tráfico
aéreo y liberalización del espacio aéreo europeo, parecen más propios de
ser tratados en la Comisión de infraestructuras, tal y como se prevé en
la enmienda, que en debate en el Pleno del Congreso. Porque nos parece
que el texto de la enmienda referido al punto 2 de la moción posibilita
una información a la Cámara más precisa acerca de las previsiones que
tiene el Gobierno sobre las ampliaciones en otros aeropuertos. La
propuesta de moción se refiere sólo a segundas pistas y específicamente a
los aeropuertos de Barcelona, Málaga y Tenerife, y nos parece mucho más
enriquecedor que la información del Gobierno abarque, acerca de sus
previsiones, al conjunto de los aeropuertos españoles. Porque, en lo que
se refiere al punto 4 de la moción sobre negociación con Marruecos, que
permite la realineación de los FIR de Casablanca y de Canarias, parece
una clara competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y a través del
mismo habría que canalizar este objetivo, que no es otro que el control
de un espacio aéreo oceánico por España. Nos parece que
hay que seguir trabajando para conseguirlo, propiciando las iniciativas
parlamentarias que correspondan, canalizadas a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Por lo que se refiere al punto 7 de la moción, sobre
la separación orgánica y funcional de la Dirección General de Aviación
Civil, de la Secretaría General de Transportes e Infraestructuras y el
Ente Público AENA, nos parece que corresponde a la capacidad que debe
tener cualquier Gobierno de organizarse para cumplir los objetivos que se
haya trazado. Porque, en definitiva, nos parece más afortunada la
redacción que se da en la enmienda en lo que se refiere a las
negociaciones bilaterales con países iberoamericanos, cuando en el texto
de la moción se exclusiviza en tres de los países iberoamericanos y nos
parece que podía tener una opción mucho más abierta.
Por otra parte, señor Presidente, coincidimos plenamente con la propuesta
del Grupo Socialista en lo que se refiere al punto 3 de la moción.
Igualmente, compartimos criterios con el Grupo Socialista en lo que se
refiere a los puntos 5, 9 y 10 de la moción, que se refieren, en
especial, a mantener el nivel de inversiones previsto en el Plan Director
de Infraestructuras para los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona,
Tenerife, Málaga y Bilbao y a la declaración de obligación de servicio
público de orden tarifario, horario, frecuencia y tipo de aviones para
los vuelos regulares a regiones periféricas, a regiones en desarrollo y a
rutas regionales de baja densidad de población.
En resumen, y concluyendo, señor Presidente, si la moción se vota punto
por punto, Coalición Canaria votará a favor de los puntos 1, 2, 3, 5, 9,
10 y 11 del texto de la moción y en contra del resto de los puntos, no
por cuestiones de discrepancia con el fondo de los mismos, sino por falta
de precisión y concreción en algunos y de rigor en algunos otros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, si no fuese porque
uno lleva bastantes años en esta Cámara, diría que la interpelación de la
semana pasada y la moción que hoy debatimos, consecuencia de aquélla,
produciría en mí una especie de desconcierto.
El debate de la interpelación y la moción creo que será un buen ejemplo
de consulta de demostración de lo que podríamos llamar, quizá, veteranía
parlamentaria en el desarrollo de todo el debate.
Yo aprecio muy positivamente la labor y todas las intervenciones que el
interpelante y proponente hoy, señor Segura, ha hecho en las distintas
ocasiones que hemos coincidido en la Comisión de Infraestructura o de
Obras Públicas. La interpelación me parecía muy lógica, muy en su sitio.
Era sobre la adaptación de España a las políticas comunitarias de
liberalización del transporte aéreo. Nos hablaba de que era necesario que
el Gobierno explicase qué tipo de política aérea quiere defender en el
seno de la Unión Europea en los próximos meses, así nos lo decía en la
interpelación. Nos decía que nos encontramos en un punto --y tiene toda
la razón-- en el que dentro de tres meses, se alcanzará esa plataforma
máxima de ese tercer paquete de liberalización del tráfico aéreo y
resulta fundamental que conozcamos qué quiere hacer el Gobierno. Decía
que el próximo mes de febrero se celebrará el Consejo de Ministros de la
Conferencia Europea de Aviación Civil, Ministros especializados en
materia de transportes, y en este caso el Ministro de Fomento estaría
presente. Y entonces sucede una cosa y viene una explosión de una especie
de transformismo y el interpelante cambia completamente y se pone a
hablar de un tema que había ocurrido creo que el día antes, que fue el
incidente de Barajas. Si no hubiese ocurrido dicho incidente, esta moción
de hoy no hubiese venido con una parte final dura de la interpelación
sobre Barajas y tampoco hubiésemos visto otra demostración de la
veteranía parlamentaria que demostró el señor Ministro. El señor Ministro
contestó al interpelante exponiendo en seis líneas de actuación toda la
temática de la primera parte de la interpelación y se calló respecto a lo
de Barajas. Entonces, el señor Segura Clavell sigue entrando en el tema
que verdaderamente caracteriza a la interpelación y que es la parte
positiva. Acaba de hablar el señor Segura Clavell y es cuando el
Ministro, que ya no podrá ser replicado por el interpelante, contesta
sobre el tema de Barajas. Aquí el señor Ministro demostró su veteranía.
Contestó al tema de Barajas tan duramente como lo había hecho el
interpelante y vimos un transformismo, había una duplicidad de temas: uno
era el tema de toda la liberalización y el otro era el tema Barajas.
Viene la moción del Grupo Parlamentario Socialista, una moción que
nuestro grupo veía con cariño, no en su totalidad, pero sí en varios de
sus puntos, y se presenta además una enmienda del Grupo Popular, que es
de sustitución, en la que prácticamente sus ocho puntos se corresponden
con ocho puntos (algunos exactos incluso literalmente) que hay en la
moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Nosotros hubiésemos anunciado que íbamos a votar la enmienda, si era
aceptada, en su totalidad. Parece ser que no va a ser así.
Pero hoy en el debate de la moción otra vez nos encontramos con la
duplicidad: se ha hablado más prácticamente del tema Barajas que del tema
propio de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto,
estamos en una situación un poco, como decía al principio,
desconcertante. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros respecto a esta
moción? Si es aceptada --que parece ser que no-- la enmienda del Grupo
Popular,
nosotros votaremos favorablemente a la totalidad. Si no, señor
Presidente, nuestro grupo va a pedir votación separada de los puntos 1,
2, 3 y 10, a no ser que se voten uno por uno.
En todo caso, tengo que hacer mención de tres cosas. En el punto 1, donde
dice: El libro blanco sobre gestión del tráfico aéreo y liberalización
del espacio libre europeo, debería corregirse, porque el verdadero nombre
es: libro blanco sobre gestión del tráfico aéreo y espacio libre europeo.
Esta es una corrección, de todas formas. En cuanto a los puntos 11 y 12,
si no originasen una negativa a votación separada en el punto 11
propondríamos in voce y votaríamos favorablemente que el final de la
tercera línea terminase donde dice: servicio público. Y en el punto 12,
cuando dice: abrir negociaciones bilaterales con países iberoamericanos,
tales como Venezuela, Argentina y Cuba, nosotros votaríamos
favorablemente si se quitase el nombre de los tres países, porque
posiblemente falte algún otro, o para no producir algún olvido que sería
lamentables.
Por tanto, señor Presidente, nosotros pedimos, como le decía, votación de
los puntos 1, 2 y 10 en un grupo y, si aceptasen esta variación, también
el 11 y el 12, y el resto en otro grupo. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a apoyar globalmente la propuesta con una excepción que
sería el punto 9, en el que nos abstendríamos, porque no estamos de
acuerdo con la solución que se le quiere dar a Barajas tanto en el PDI,
como actualmente con la ampliación. Hace tiempo que tenemos una posición
definida sobre las repercusiones que puede tener para los municipios
vecinos, entendiendo al mismo tiempo que no es una solución de futuro
para las necesidades aeroportuarias que tiene Madrid. Hay que ir a
soluciones que nos duren más años y no tengamos que volver a discutir
este tipo de problemas dentro de cuatro o cinco años. Como ya se ha dicho
en el debate, lo que ha sucedido es que la liberalización no nos ha
encontrado preparados para la avalancha de nuevos vuelos, de
multiplicidad de servicios que están apareciendo en este momento a partir
de esta liberalización de tarifas, produciendo, no ya el incidente penoso
y desgraciado de Barajas, sino unos incidentes diarios que todos los
usuarios están sufriendo en este momento y que todavía no han tenido una
explicación suficiente.
Aunque el Ministro en su comparecencia para contestar a esta
interpelación reconoció que también existía un problema con los criterios
que mantenía Bruselas, que estaba provocando disfunciones importantes y,
por tanto, retrasos concatenados, y no esas otras explicaciones iniciales
y poco afortunadas que se dieron sobre supuestas huelgas, sobre obras en
el aeropuerto, etcétera, yo creo que, efectivamente, la legislación está
anticuada. Más allá de los errores anteriores, que existen, de falta de
planificación, tampoco es de recibo escudarse en eso para no resolver los
problemas que están apareciendo en el día a día. Al margen del incidente
de la paralización del otro día de Barajas, creemos que la dirección
actual de esa fusión entre AENA y Aviación Civil, al menos como persona
al frente de los mismos, no está teniendo ninguna fortuna en esta
gestión. Es otra de las cuestiones que plantea la moción y que nosotros
consideramos oportuna.
El propio Ministro reconoció también el otro día la necesidad de
trasponer las tres directivas pendientes, la 93/65, la 94/56 y la 96/97.
Al mismo tiempo, hay un tema muy importante que recoge el punto 11 de la
moción, que es definir las obligaciones de servicio público. Quiero
compartir, y espero que así sea, lo que el Ministro exponía el otro día,
y es que estas obligaciones de servicio público tienen una visión más
amplia que el servicio con las islas o con Ceuta y Melilla, y es que
tienen también una posible aplicación a otras zonas geográficas u otras
localidades de nuestro país con serias dificultades para tener servicio
aéreo, precisamente porque en este marco liberalizador no son
competitivos para nadie, ni para Iberia, ni para Aviaco, ni para las
nuevas compañías que están apareciendo. Nos parece importante reflexionar
sobre este tema. Estaremos muy atentos para ver de qué manera se puede
apoyar que, por ejemplo, no se produzca la situación actual, donde los
fines de semana hay muchas regiones que no tienen ningún servicio aéreo
desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana. ¿Por qué?
Porque en esta aplicación de servicios competitivos no las atiende nadie;
incluso Renfe también elimina su servicio público los mismos fines de
semana. Es un tema sobre el que hay que reflexionar y hay que asegurar
esas obligaciones de servicio público a determinadas localidades y
regiones, entendiendo que todavía en nuestro país lo que son las
relaciones interregionales, es decir, que no pasan por Barajas, no han
sido desarrolladas ni estudiadas suficientemente, con graves perjuicios
para las comunicaciones aéreas.
Por todo ello, insisto en la necesidad de hacer una reflexión seria sobre
las repercusiones que tiene esta nueva normativa comunitaria, su
trasposición, las repercusiones que va a tener --que también el propio
Ministro en este mismo debate reconocía-- sobre las incógnitas que pesan
sobre nuestra compañía bandera, que es Iberia, que después de los
importantes ajustes que ha tenido, tanto de plantilla como financieros,
todavía hoy no tiene definida su política de alianzas precisamente para
prepararse para esta «competencia», entre comillas, en Europa, e incluso
se habla de supuestas posibles alianzas con compañías aéreas de Estados
Unidos, reconociendo que Estados Unidos impone
una condición que es inaceptable, que es precisamente la política de
cielos abiertos, que sería terminar definitivamente con nuestra compañía
bandera.
Por todo ello, insisto, vamos a apoyar la moción, excepto el punto 9, en
el cual nos abstendremos por las razones ya apuntadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Santiso.
Señor Segura, a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda del
Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Popular está integrada por ocho puntos que es justo
reconocer que son ocho puntos en su filosofía y en sus planteamientos
coincidentes con otros ocho puntos de los doce que integran el proyecto
de resolución de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Los puntos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Popular son coincidentes,
insisto, en su intencionalidad y en su filosofía con los puntos 1, 2, 3,
5, 8, 10, 11 y 12 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. No
obstante, nosotros estimamos que los contenidos de nuestros puntos
equivalentes van un poco más allá de lo que plantea el Grupo
Parlamentario Popular, que tengo que aceptar que ha hecho, a través de la
persona designada al efecto, un cierto esfuerzo de acercamiento. La
incorporación de esa enmienda a nuestra moción, habida cuenta que deja
fuera cuatro puntos que estimamos esenciales, supondría una mutilación a
un contenido --y quiero matizar el término--, un contenido doctrinal
conjunto en política aeronáutica que deslavazaría nuestra moción o el
conjunto de la misma.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No tiene enmiendas.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Socialista será rogar a la
Presidencia la votación separada de todos y cada uno de los puntos que
integran la moción propuesta como resolución por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Segura.
Queda claro que no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y
se pide la votación separada de cada uno de los puntos. (El señor Sedó
pide la palabra.) Señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, respecto a los puntos 11 y 12
yo había hecho unas matizaciones y no me ha contestado el señor Segura.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura ¿se quiere
manifestar sobre esta demanda del señor Sedó?
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, si cuento con su benevolencia,
le prometo que un minuto es suficiente. Sería para matizar las propuestas
que ha hecho el portavoz de Coalición Canaria y de CIU.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, con el señor
Rivero no tiene usted necesidad de ninguna matización; sí, con la demanda
del señor Sedó.
El señor SEGURA CLAVELL: Quiero contestar a la pregunta que se ha
formulado por parte de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pero con respecto al señor
Sedó, no al señor Rivero.
El señor SEGURA CLAVELL: Evidentemente.
En el punto 12, abrir negociaciones bilaterales con países
iberoamericanos, tales como Venezuela, Argentina y Cuba, se puede
sustituir por todos los países iberoamericanos. Se ponen tres como
ejemplo referencial. Que el pasillo aéreo Canarias-Península sea
negociado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Como si lo es por el
Ministerio de Justicia. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y
el gobierno negociará a través del Ministerio que estime oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, ¿con respecto al
punto número 11, cuya aclaración también ha pedido el señor Sedó?
El señor SEGURA CLAVELL: No podemos aceptar el sentido propuesto por el
señor Sedó y mantenemos íntegramente nuestra propuesta. En el número 12
se puede eliminar el nombre de tres países y reemplazarlo por todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Segura.
Vamos a proceder, por tanto, a las votaciones. (Pausa.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones de la moción del Grupo Socialista,
consecuencia de interpelación urgente, sobre la adaptación de España a
las políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo.
Señor Núnez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, nuestro Grupo solicita votación
separada de los puntos 1, 2, 3...
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, no se moleste. Lo haremos así, sin duda
ninguna, porque ha pedido votación separada de todos y cada uno de los
puntos el Grupo proponente.
Vamos a proceder a la votación separada de los doce puntos, uno a uno.
Votación, en primer lugar, del primer punto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 313; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el primer punto de la moción.
Votación del punto 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 311; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el segundo punto de la moción.
Votación sobre el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 311; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 3.
Votación sobre el punto 4 de la moción.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 155; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 4 de la moción.
Votación sobre el punto 5.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 159; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE Queda aprobado el punto 5 de la moción. (Aplausos en
los bancos del Grupo Socialista.)
Votación correspondiente al punto 6 de la moción. Comienza la votación
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 150; en contra, 162; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 6 de la moción.
Votación relativa al punto 7 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 150; en contra, 163; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 7.
Votación sobre el punto 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 150; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 8.
Votación sobre el punto 9 de la moción.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 138; en contra, 161; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 9.
Votación sobre el punto 10.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 314; a
favor, 314.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado por unanimidad.
Votación relativa al punto 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 153; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 11.
Votación del punto 12, del que se han suprimido las referencias a
Venezuela, Argentina y Cuba.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 313, en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el punto 12.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATA-LUNYA, SOBRE LA POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS
RELA-CIONES DEL REINO DE ESPAÑA CON LA REPUBLICA DE CUBA (Número de
expe-diente 173/000022)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre la política exterior del Gobierno acerca de las relaciones del
Reino de España con la República de Cuba.
Para la exposición y defensa de la moción, tiene la palabra la señora
Maestro (Rumores.) Señorías, compórtense.
Les ruego guarden silencio para que pueda continuar la sesión. (Rumores.)
Señorías guarden silencio. Señor Muñoz-Alonso y compañía.
Cuando quiera, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para argumentar acerca de la moción que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta como
consecuencia de la interpelación urgente que se debatió la semana pasada.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Como SS. SS. han tenido la oportunidad de conocer, los puntos de la
moción que mi grupo parlamentario presenta pretenden, tal y como se
debatió la semana pasada, sacar el debate acerca de las relaciones
bilaterales entre nuestro país y Cuba de la cadena de despropósitos que
le han caracterizado hasta ahora, no para introducir aspectos políticos
de régimen en relación con el tema cubano, sino para restablecer la
sensatez en el ámbito de las relaciones internacionales y sustentar las
mismas en el respeto a los principios estrictos del Derecho
internacional.
Desde una perspectiva jurídica y política, la soberanía del Estado
constituye un factor determinante de primer orden en la configuración del
Derecho internacional y del derecho de gentes. La igualdad soberana, por
lo tanto, de todos los Estados no tiene otra consecuencia que la
ausencia, en el ámbito de la sociedad internacional, de autoridad
política alguna por encima de la soberanía de los Estados.
La Carta de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas,
reitera que todos los Estados gozan de igualdad soberana, que tienen
iguales derechos e iguales deberes y que son por igual miembros de la
comunidad internacional; que, por lo tanto, ningún Estado o grupo de
Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente en los
asuntos externos o internos de cualquier otro Estado; que ningún Estado
puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de
cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado con el fin de lograr
que subordine el ejercicio de sus derechos nacionales. Todo Estado tiene
el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y
cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.
Todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la
propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte estas
medidas deberá pagar una compensación adecuada en cualquier caso en
función de sus propias leyes.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular, en estos últimos meses, ha
llevado a cabo una serie de actuaciones en relación con Cuba que tienen,
en nuestra opinión, dos ejes fundamentales. En primer lugar, el
cuestionamiento explícito del principio de no intervención, que se deriva
del principio de soberanía, por una serie de actos dirigidos contra el
Gobierno legítimo de Cuba. Y, en segundo lugar, una hipoteca y
supeditación, no de la soberanía cubana, sino de la española, a los
intereses de otros países en relación con Cuba; es decir, la supeditación
a los designios en relación con Cuba de Estados Unidos.
La semana pasada hablamos de las relaciones privilegiadas entre el
Gobierno del Partido Popular y el señor Mas Canosa. Estos días ha
aparecido en la prensa la noticia --y vean cómo cuando se trata de la
soberanía de otros Estados y de la supeditación a intereses que no son
los nuestros estamos hablando también de la propia soberanía española--
de que el señor Mas Canosa, dueño en la actualidad de Sintel, empresa
privatizada y comprada por el señor Mas Canosa por 4.900 millones de
pesetas, después de que Telefónica invirtiera recientemente en la misma,
y con objeto de proceder a su saneamiento, 5.000 millones de pesetas;
después de que en este breve espacio de tiempo la empresa Sintel exhibe
unos beneficios superiores a los 1.500 millones de pesetas, se anuncia
una inmediata reducción de plantilla.
La ley Helms-Burton aprobada por Estados Unidos en febrero de 1996 tiene
por objeto supeditar la soberanía de otros países en función de supuestos
intereses, en función de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Para ello se plantea que se impongan sanciones internacionales contra el
Gobierno cubano, planificar el apoyo de Estados Unidos a un gobierno de
transición que conduzca a un gobierno democráticamente elegido en Cuba y,
textualmente, para otros propósitos.
Nuestra fuerza política, señorías, no comparte la posición común de la
Unión Europea en relación con Cuba. No la comparte porque, aun después de
ser relativamente matizada una propuesta del Partido Popular, que era
claramente de injerencia y de intervención en los asuntos internos de
Cuba, la posición común de la Unión Europea acerca de Cuba parte de la
asunción explícita de los principios de la ley Helms-Burton. Así, el
señor Clinton, en la prensa de hoy, afirma que está muy impresionado por
las decisiones comunitarias relacionadas con La Habana. Dice el señor
Clinton: Estamos trabajando juntos en favor de la democracia y la
libertad de Cuba.
Señorías, es muy difícil esconder que el probable aplazamiento de la
puesta en vigor de la ley Helms-Burton
no sea ni más ni menos que la moneda de cambio en función de la asunción
de los principios que la inspiraron por parte de la Unión Europea.
A un país acosado, a un país que sufre el embargo unilateral, ilegítimo e
injusto y explícitamente declarado ilegal por tratados internacionales
pretenden ustedes ponerle condiciones para la cooperación de la Unión
Europea, en función de una preocupación acerca de los derechos humanos y
las libertades democráticas. Señorías, ustedes saben tan bien como yo,
que Cuba exhibe los mejores indicadores de América Latina en materia de
alimentación, en materia de salud, de educación, de empleo y de lucha
contra las desigualdades sociales. Ustedes saben que el pueblo cubano
sabe muy bien que no mira a Berlín o a París a la hora de buscar
alternativas a su situación porque tiene demasiado cerca Haití,
Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua. El pueblo cubano sabe muy
bien que no hay preocupación por parte de los Estados Unidos, ni del
resto de las potencias europeas, que pueda sostenerse en pie en función
de criterios de libertades democráticas.
Lo pregunto aquí y es una pregunta que se hace cualquier persona de este
país: ¿Por qué Cuba? ¿En función de qué criterios de prioridades, de
desastres, de derechos humanos y de libertades políticas en el mundo?
Señorías, el doble rasero en las relaciones internacionales deslegitima
los criterios y arrastra por el suelo supuestas preocupaciones en función
de los derechos humanos.
La moción que presenta mi grupo parlamentario pretende que una política
del Estado español en relación con Cuba se retrotraiga al respeto
estricto a los principios fundamentales del Derecho Internacional,
dejando las posibles diferencias políticas entre nosotros acerca de los
diferentes regímenes que pueda haber por el mundo para otro tipo de
relaciones de fuerzas políticas. El Estado español tiene la obligación de
supeditarse a esos principios de no intervención y de derecho a la
soberanía. El Estado español tiene la obligación de asumir los
compromisos de cooperación con Cuba que gobiernos anteriores han asumido.
Por ejemplo, es incomprensible que no se hayan entregado aún cien
millones de pesetas en leche en polvo aprobados por el anterior Gobierno
o que hayan disminuido de una forma importantísima los fondos asignados a
ONG españolas para desarrollar proyectos en Cuba. ¿O es que entienden que
las ONG españolas son menos independientes que la Iglesia católica u
otras asociaciones a través de las cuales ustedes pretenden canalizar la
ayuda a Cuba?
Han suspendido ustedes 120 millones de pesetas para formar cuadros en la
Administración cubana cuando la Comisión Europea va a llevar a cabo ese
mismo proyecto por valor de un millón de dólares.
El Estado español ha votado contra el embargo a Cuba en Naciones Unidas.
El Gobierno español se pronuncia contra la ley Helms-Burton. Esas
votaciones carecerán de credibilidad si continúan siendo una máscara para
la asunción de los objetivos y de los criterios que impulsan la política
de Estados Unidos en relación con Cuba.
Retomemos desde el Estado español la política tradicional de respeto, de
diálogo y de cooperación con Cuba que han caracterizado a diferentes
gobiernos hasta este momento. Utilicemos los canales diplomáticos y la
vía privilegiada de relaciones que el Gobierno cubano ha tenido con el
Estado español para proteger los intereses y las inversiones españolas en
Cuba.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya concluyendo,
por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino en este momento.
En repetidas declaraciones, destacados representantes del Gobierno, tanto
el señor Presidente como el señor Ministro de Asuntos Exteriores, han
afirmado desconocer los resultados posibles del actual giro de las
relaciones entre España y Cuba. Al pueblo cubano le sobra dignidad para
resistir. Al pueblo y al Gobierno cubano no les va a faltar voluntad de
diálogo, siempre que sea respetuoso con su soberanía, con su
independencia y con el derecho inalienable que tanto les ha costado. Y
cuando tanto ha costado conseguir la soberanía y la independencia de un
pueblo, no va a ser fácil doblegar esa voluntad si durante 38 años se ha
resistido el embargo a 190 millas de la primera potencia del mundo. Que
el diálogo, la sensatez y el respeto escrupuloso a los principios del
Derecho internacional vuelvan a ser los ejes de la política española en
relación con Cuba.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
A la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
se han presentado enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios de
Coalición Canaria, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por parte de
Coalición Canaria defendemos la enmienda que hemos presentado a esta
moción del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
que tiene un sentido, en primer lugar, de congruencia con lo que ha
venido diciendo este portavoz en los distintos debates que tanto en la
Comisión de Asuntos Exteriores como en el pasado Pleno, cuando se vio la
interpelación, se han celebrado en esta Cámara
y que iban dirigidos al Gobierno en la persona de su Ministro de Asuntos
Exteriores, don Abel Matutes.
Nuestra enmienda tiene un sentido de respeto a toda iniciativa
parlamentaria que venga con propósito de normalizar la situación de las
relaciones diplomáticas y de todo orden hispano-cubanas y trata de ser
complementaria al texto que ha presentado el grupo proponente. En
principio, no hacemos ninguna objeción a la globalidad, pero sí tenemos
que hacer una manifestación: desde el sentimiento que en Canarias se
respira hacia el pueblo cubano nos duele que en esta Cámara, entre todas
las fuerzas políticas, y dadas las enmiendas que se han presentado, no
tengamos un sentido de consenso. Si la política de Estado merece un
consenso, para nosotros la política con cualquier nación iberoamericana,
pero especialmente con Cuba, por las circunstancias específicas que
suponen todos estos títulos que avalan la posición política, cultural,
económica, sociológica, histórica, etcétera, de España con relación a
esta república del Caribe, nos lleva a manifestar esta preocupación, este
dolor, dicho en términos políticos, de no tener un documento de consenso
que dé una satisfacción general, sin perder nada de la privilegiada
posición que España ha venido manteniendo, a veces, diría yo, a trancas y
barrancas, en las relaciones políticas y diplomáticas hispano-cubanas.
Además hay otra serie de intereses, que no son solamente los históricos y
los culturales, sino los económicos, en los que otras naciones, tanto del
continente americano, como pueden ser los Estados Unidos, Canadá o
Méjico, por poner unos ejemplos, o de la Unión Europea, en un futuro
inmediato, algunos desde ya, pueden quitarnos, en una lucha comercial,
esa posición privilegiada que España tiene en este momento. Nuestra
enmienda se dirige a buscar esa complementariedad, tratando de armonizar,
junto a lo que se dice por el grupo proponente, lo que nosotros
entendemos, después de haber hecho la crítica a ese paso, a nuestro
juicio erróneo, dado por la política exterior española o por determinados
sectores diplomáticos, relativo a una iniciativa en el seno de la Unión
Europea, que, para nosotros, no debía haber tenido ocasión ni lugar.
Pero, una vez que lo ha tenido, y que está firmado en lo que se llama la
posición común, tenemos que asumir la defensa, congruente en Derecho
internacional y como socios leales de la Unión Europea, y si hay un
documento, una posición común, en el sentido de solidaridad europea, esta
posición común tenemos que asumirla y --algo muy importante--
administrarla y llevarla con un sentido legítimo de los intereses
españoles; digamos que es una posición común en sintonía hispano-cubana
cuando tratemos de aplicarla allí.
Por eso, nosotros, en nuestra enmienda, hacemos dos invocaciones: la de
la posición común, recientemente aprobada en el seno de la Unión Europea,
y la de la Declaración de Viña del Mar, en Chile, que firman todos los
mandatarios, entre ellos los máximos mandatarios de España y de Cuba, sin
entrar en más juicios de si se va a aplicar o no con mayor o menor
intensidad. Al menos, que España asuma la posición europea con lo que se
entiende, dentro del lenguaje de la Unión Europea, una cooperación
reforzada, porque en esto tenemos que ser muy consecuentes. Lo decimos
porque, por un lado, el documento relativo a la posición común emplea por
tres veces la palabra diálogo y, por otro, lo que no le puede ocurrir a
España es que, estando la Unión Europea dispuesta, a través de este
proceso de diálogo, a hacer una cooperación económica con Cuba, en el
párrafo último de la disposición cuarta se invoquen las instancias
apropiadas y vaya a darse la circunstancia actual: que de todos los
países de la Unión Europea el único que no tiene embajador en La Habana
sea España. Esto, en este momento, es un déficit de canal apropiado, de
instancia fundamental, porque nosotros creemos que la representación
máxima de un Estado en otro la ostenta la embajada correspondiente y su
embajador. De aquí que, en esta enmienda, nuestra tendencia sea
constructiva.
Hay otras, que de ser aceptadas nosotros las apoyaríamos dentro de todo
el contexto, porque en espíritu coincidimos plenamente con la que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que tiene algunos puntos
aprovechables, y en esto que he dicho coincide también la presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que la delegación
diplomática en La Habana defienda los intereses empresariales españoles,
para que se sientan allí respaldados plenamente porque ahora tienen este
déficit frente a otras dificultades.
Señorías, en esta posición preferencial, en esta posición privilegiada de
intereses legítimos españoles en Cuba, no podemos perder un milímetro ni
retrocederlo en la situación actual ni frente a la situación futura que
va a ser competencial, porque, no nos engañemos, incluso dentro del seno
de la Unión Europea en la cooperación económica que se plantea por el
documento de la posición común, cada nación va a tratar de vender, de
situar, de defender y promocionar lo mejor de su oferta económica, sea en
el sector turístico, sea en el sector de máquina-herramienta, sea en el
sector de bienes y servicios, y si ahora resulta que lo que aquí se
recomienda es un diálogo, eso tiene que ser preponderante para la
diplomacia española.
Por estas razones, nosotros mantenemos y defendemos nuestra enmienda,
señalando que con respecto a la moción del grupo proponente, apoyaríamos
el punto 1.º, respecto al que no tenemos ninguna objeción, porque a fin
de cuentas se trata de ratificar lo que es una obviedad, como son los
compromisos, los acuerdos bilaterales que hemos venido firmando
reiteradamente en esta Cámara sobre cooperación bilateral, y recuerdo el
de actividades cinematográficas, el de
aportaciones culturales, el de aportaciones económicas, sanitarias y de
ayuda humanitaria con Cuba.
Tenemos nuestras reservas y no estaríamos de acuerdo con el punto 2.º,
por el sesgo que introduce aquí en esta relación. Estaríamos en un
posición cercana a lo favorable en el punto número 3.º No estamos de
acuerdo con el punto 4.º, en cuanto a generalizarlo, afortunadamente
porque España ha respetado el principio siempre de la no injerencia en
los asuntos internos de otro país. Eso, para nosotros, aquí sobra, y por
tanto, sin estar en oposición al fondo por supuesto, no vamos a apoyar
que esté en este texto porque es de mínimo cumplimiento en cualquier
norma de Derecho internacional.
Con el punto 5.º estamos plenamente de acuerdo porque coincide con lo
aplicado por las Naciones Unidas, donde España suscribe también --como lo
ha dicho su Gobierno y su Ministro-- la oposición a la ley Helms-Burton y
a cualquier otro principio que dañase a los intereses comerciales,
empresariales y económicos españoles, por el carácter extraterritorial
que se le quiere dar a esta situación.
Nada más, y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la moción presentada hoy
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que es una enmienda de adición, porque nos preocupa mucho un aspecto de
las relaciones con Cuba, al que quizá, en lo que es la parte dispositiva
de las distintas mociones que se han aprobado en esta Cámara, no hemos
prestado la suficiente atención, que es a la defensa de los intereses
españoles de todo tipo en Cuba. Ha habido en este período de sesiones
varios debates entre Pleno y Comisión sobre Cuba, y en ellos hemos
discutido mucho sobre los temas interiores de Cuba, que no nos son
ajenos. Yo no soy de la opinión de que no podamos hablar de ellos, por
supuesto que sí. La defensa de los derechos humanos y de la democracia
tienen un carácter universal, y, personalmente, con mi grupo, somos de
los que creemos en la injerencia de carácter humanitario. Sin embargo,
hemos prestado poca atención, sobre todo en la parte dispositiva, a una
dimensión de la política exterior en las relaciones de España con Cuba,
como son los intereses en sentido amplio, intereses culturales, intereses
económicos, comerciales, intereses de inversión, y de todo tipo.
Compartimos el texto de la moción de Izquierda Unida en su literalidad,
pero quizás nos hubiera parecido que debería haberse completado con otros
aspectos que vienen recogidos en las enmiendas de Coalición Canaria, por
ejemplo. No sé si se aceptará por parte de Izquierda Unida. Nosotros
apoyaríamos también esa enmienda. Incluso aceptaríamos algunos aspectos
de la enmienda de Convergència i Unió o del Grupo Parlamentario Popular.
Sin embargo, lo que ocurre muchas veces en este tipo de debates es que
los distintos textos no son contradictorios y son más elocuentes por lo
que no dicen que por lo que dicen, y entonces uno está ante el dilema de
votar, como en esta ocasión, no sólo la moción sino muchas de las
enmiendas presentadas. Lo que pasa es que, si se presentan como
alternativas, tenemos que optar y, en primer lugar, creemos en la
capacidad de iniciativa del grupo proponente y, en segundo lugar y sobre
todo, no estamos en contra, sino a favor, de las posiciones que plantea.
Voy a dedicar la última parte de mi intervención justamente a lo que más
nos importa en este momento, que es lo que decía de la defensa de los
intereses españoles.
Por cierto, no es ocioso recordar que se encuentra en Madrid esta semana
una de las más conocidas personalidades de la disidencia cubana del
interior, como es don Elisardo Sánchez, presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de Cuba, que ha recibido un premio de derechos humanos
en Francia y que visita nuestro país esta semana, entrevistándose con
responsables políticos pero también con miembros de la Comisión Española
de Derechos Humanos.
Llama la atención lo que este señor nos ha dicho personalmente, y lo ha
dicho a los medios de comunicación, en cuanto a la preocupación que
embarga a los medios democráticos y de defensa de los derechos humanos en
Cuba sobre el enfrentamiento interior entre las fuerzas políticas
españolas respecto a Cuba. Como él dice, y cree representar a los que
opinan como él en la isla, que eso perjudica el proceso de transición
democrática; perjudica a las fuerzas democráticas y beneficia a los
sectores más ortodoxos e inmovilistas del propio sistema.
Incluso ha dicho públicamente que va a trabajar para tratar con sus
interlocutores, y va a ver al Presidente de Gobierno y al líder de la
oposición, de reconstruir el consenso perdido. Es una tesis que hemos
defendido desde esta tribuna en varias ocasiones durante este período de
sesiones.
Es una lástima, cuyo objetivo no sabemos, que se perdiera el consenso con
Cuba que existía hasta el mes de marzo. No sabemos con qué balance ni qué
objetivo. Como decía el señor Mardones, el balance final es que en vez de
tener un embajador tenemos un encargado de negocios en Cuba. Por lo
demás, muchas cosas no han variado. Incluso el Presidente del Gobierno,
señor Aznar, dice en Dublín que no es optimista respecto a los resultados
de una política de presión iniciada
por su Gobierno, y aseguró --se añade-- que su Gobierno no sólo no ha
cerrado el grifo de la ayuda a Cuba sino que ha entregado toda la que
prometieron los socialistas. ¿Para qué toda la pelea, durante estos seis
meses, que hemos tenido en esta Cámara y en la calle? ¿Por qué todo el
tema de la entrevista con Al Gore, de la Fundación Hispano-cubana, de las
declaraciones disparatadas, de los errores, de la provocación para crear
un incidente que no tenía ningún objetivo, según confesó paladinamente el
propio Presidente del Gobierno? Eso trae consecuencias. No se trata sólo
de que haya un encargado de negocios. --España es el único país de la
Unión Europea que tiene un encargado de negocios y no un embajador--,
sino que además hay una relación de empresas en Cuba, que se dirigirán a
todos los grupos, desde luego al nuestro sí, que están protestando por la
desatención --y ahora entro en la enmienda que presentamos a esta
moción--, por la falta de protección, de asesoramiento, de representación
que tienen por parte de las autoridades españolas en los últimos meses, e
incluso por la representación en Cuba porque tienen instrucciones de no
atenderles.
Ha habido dos acontecimientos muy importantes. Uno, la Feria
Internacional de Comercio de La Habana, hace un par de meses, donde
estuvieron representadas más de 450 firmas españolas, y no hubo ninguna
representación oficial del Gobierno del señor Aznar --dicho por las
propias empresas--, mientras que había un ministro alemán y un ministro
francés, representando a sus empresas y entrevistándose oficialmente con
las autoridades cubanas. Es curioso, porque la representación del
conjunto de las empresas españolas la tuvo que asumir la Consejera de
Comercio y Turismo del Gobierno vasco, que estaba allí representando a
empresas vascas, porque no había ninguna otra autoridad. Pero es que
mucho más recientemente, hace escasos días, en el Festival de Cine de La
Habana, muchos productores, actores, directores, actores y actrices
españoles, que estaban allí presentando numerosas películas, algunas
importantes producciones cinematográficas españolas, se quejaban de lo
mismo, de que no sólo no había representación de ninguna autoridad
española del Ministerio de Cultura, sino de que tampoco la había de la
embajada, porque tienen instrucciones de no estar en esos actos públicos
donde se están jugando muchos intereses.
¿Qué ocurre mientras tanto? Que el señor Major le da golpecitos en la
espalda al Presidente Aznar, en Londres, diciendo: Muy bien lo de ustedes
con Cuba. Mientras tanto duplica su representación en la oficina
comercial de Gran Bretaña en La Habana, para aprovechar los negocios y
las oportunidades económicas que España deja con el vacío irresponsable
de su Gobierno. Y mientras tanto, también Canadá, Méjico o Francia
aumentan su representación en la isla de Cuba.
Nuestra enmienda está dirigida a instruir a nuestra representación,
diplomática y comercial, para que asesore, atienda y apoye a nuestras
empresas, a los operadores, a los agentes económicos, comerciales o de
inversión de todos los sectores de España en Cuba, que se sienten
--insisto--tan desatendidos que hacen declaraciones, incluso públicas
--con lo prudentes que son estos sectores, por la cuenta que les trae--,
diciendo que lo que más les afecta ahora no es la ley Helms-Burton, cuyo
título III está aplazado por el Presidente Clinton. Lo que más les está
afectando en la actualidad es la desatención y el abandono de las
autoridades españolas. A mí me hubiera gustado que el conjunto de la
moción y el conjunto de este debate hubiera ido, por una vez, dirigido a
este tema y, por eso, nuestra enmienda va en esa dirección.
Creemos que hacemos un flaco favor a Cuba, a los cubanos y a nuestros
intereses siguiendo con una polémica y con un enfrentamiento que no lleva
a ninguna parte. Cerremos todo el triste capítulo de disparates, de
errores, de meteduras de pata que ha hecho el Gobierno con este tema
desde el mes de mayo. Emprendamos, por fin, la senda del consenso, sobre
los principios básicos que había seguido tradicionalmente esta política
con Cuba, durante muchos años. El propio Elisardo Sánchez decía aquí, en
Madrid, ayer mismo: Los golpes de timón, como los volantazos, son tan
malos en diplomacia como en el tráfico. Acabemos con eso para que, por
fin, podamos emprender una tarea constructiva con Cuba, tanto en la
defensa de los intereses españoles como en la promoción de los derechos
humanos y la democracia en la isla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Yáñez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar esta intervención en defensa de la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) citando literalmente
unas palabras a las que ha hecho referencia el portavoz socialista,
pronunciadas en España por un líder de la oposición a Castro, líder del
interior, nada sospechoso de estar en ninguno de los bandos en los que,
supuestamente, se está separando nuestro país respecto de la posición
sobre el tema de Cuba. Decía: Ha sido una mala noticia para el movimiento
de derechos humanos dentro de Cuba, y creo que para todas las fuerzas
democráticas cubanas, que se haya gestado este contencioso en términos de
política doméstica española en cuanto a Cuba, al tiempo que ello ha
alegrado al régimen totalitario. Es necesario que se rehaga un consenso
político básico que siempre existió en cuanto a Cuba, añadió. Son
palabras de Elisardo Sánchez que yo hago propias y que parece que otros
grupos también las hacen propias, con lo cual llegamos al absurdo de que
todos los grupos políticos de la Cámara decimos estar buscando el
consenso, mientras que cada uno acaba votando por separado y, en el fondo
--yo mismo ahora voy a dar ejemplo en ese sentido--, cada uno acaba
presentando su propia enmienda, porque somos incapaces de lograr una
posición común. Creo que eso es un error del que todos debemos ser en
parte responsables, pero especialmente aquellos que ponen más trabas al
consenso intentando mantenerse en posiciones que ya han sido modificadas
y continuando su discurso con absoluta independencia de que el Gobierno
haya cambiado su postura, de que haya suscrito un documento u otro, de
que haya adoptado tal o cual declaración.
Se sigue hablando de la entrevista con Al Gore, se sigue hablando de la
recepción del señor Mas Canosa, lo cual demuestra que uno ya no está por
el consenso. La moviola se ha quedado parada y no tiene ningún interés la
evolución política que el Gobierno haya podido hacer y sobre la cual
nosotros sí estamos pendientes, de la que hicimos una crítica en su
momento, pero crítica que evidentemente hoy matizamos. Porque la posición
de nuestro grupo respecto de ese tema es claramente conocida.
Nosotros hemos dicho no y volvemos a decir que no a quienes pretendan
presionar a Cuba con coerción económica, olvidando su claro carácter de
Estado soberano. Hemos dicho que no a quienes olvidan incluso la historia
reciente de España, la transición española, la evolución en los países
del Este y pretenden buscar en el exterior de la isla soluciones
milagrosas al problema del interior, a la falta de democracia en el
interior, sin darse cuenta de que ponen en riesgo la propia seguridad del
interior de la isla, la propia estabilidad y podrían llegar a crear
rupturas dramáticas en la sociedad cubana el día en que haya que hablar
ya realmente del postcastrismo. A esas personas, a esos políticos
incluso, aun cuando alguno de ellos pueda formar parte del grupo
mayoritario de esta Cámara, les decimos que no, que ésa no es la política
a la que nosotros damos apoyo.
No damos nuestro apoyo a quienes pretendan perjudicar los intereses
españoles; no damos nuestro apoyo a quienes olviden los intereses de las
empresas españolas en Cuba; no damos nuestro apoyo a quienes se atreven a
pronunciar, en conferencias y en lugares públicos, que es inmoral
invertir en Cuba; no damos nuestro apoyo a esas afirmaciones y desde aquí
las descalificamos formal y frontalmente. Pero tampoco diremos que sí,
dicho en negativa, tampoco daremos nuestro apoyo a quienes han olvidado
que cayó el Muro de Berlín, a quienes han olvidado que Cuba no es un
Estado de Derecho, a quienes parecen no querer tener en cuenta que en
Cuba se violan los derechos humanos, que en Cuba hay presos políticos en
las cárceles. Eso es así, y las dos cosas hay que tenerlas presentes. Ese
es el drama, a veces, de las posiciones moderadas en las que estamos
algunos. Para algunos somos procastristas, para otros somos seguidores de
la política americana. Ni una cosa ni otra; ni Mas Canosa ni Izquierda
Unida. Entre Mas Canosa e Izquierda Unida hay posiciones muy sensatas,
que nosotros defendemos. (Rumores.--Protestas.) Por ello, nosotros
pretendemos plantear aquí una iniciativa que intente lograr el consenso
de esta Cámara, dependiendo, por razones de Reglamento, de su aceptación
por parte del grupo proponente. Y hemos querido buscar esa iniciativa no
redactándola nosotros, sino suscribiendo una iniciativa elaborada por la
Unión Europea, es verdad que a instancias españolas
(Protestas.--Rumores.), modificada posteriormente por la Unión Europea,
examinada con lupa en todas las cancillerías de los países miembros de la
Unión Europea, examinada con detalle por todos y cada uno de los
departamentos ministeriales, matizada, corregida, pulida en cada uno de
sus extremos.
A partir de ahí, el resultado es un texto que, para cualquier persona que
sepa un poco cómo se funciona en política exterior y en relaciones
internacionales, tiene sus adjetivos, sus sustantivos, sus propias frases
absolutamente matizadas. Cada una dice lo que quiere decir y no más y no
menos. Esa posición común de la Unión Europea es la que nosotros traemos
a esta Cámara como eje de la política bilateral hacia Cuba, intentando
que ése sea el marco de consenso. ¿Que podría haber más? Es cierto. ¿Que
en esa posición común no se dice todo lo que se podría decir acerca de
las relaciones con Cuba? Es cierto.
También querría recordar al portavoz socialista, porque ha sido quien más
ha detallado este tema, que algunas de las cosas que echa de menos en
esta proposición de ley, mejor dicho en esta enmienda nuestra a la
proposición no de ley, son cosas que el Grupo Socialista no quiso votar
cuando nosotros las trajimos, como es la defensa de los intereses
españoles en Cuba. Y lo que no va a hacer esta Cámara son
pronunciamientos políticos con el mismo objeto y la misma causa --por
utilizar terminología jurídica-- cada 15 días. Eso ya se votó. La
propuesta instando al Gobierno a defender los intereses españoles en Cuba
ya se votó en esta Cámara sin el voto de los grupos Socialista e
Izquierda Unida.
Por tanto, el texto que traemos para conseguir el consenso nos parece que
recoge los puntos básicos que pueden suscitar la aprobación de la mayoría
de los grupos de esta Cámara. Evidentemente no lo voy a leer, porque es
un texto largo y extenso e, insisto, absolutamente matizado, pero querría
subrayar algunos temas que difícilmente pueden no ser suscritos ni
siquiera por Izquierda Unida. Cuando se está diciendo --e, insisto,
este es un texto aprobado y muy medido en términos de política
internacional-- que la política de la Unión Europea no es provocar el
cambio a través de medidas coercitivas, cuyo efecto pudiera aumentar las
penalidades económicas para el pueblo cubano, ¿cree usted que esto lo
firmaría Mas Canosa? ¿Puede alguien creer que esto es seguidismo de
política norteamericana?
Cuando se está diciendo que la Unión Europea reconoce la apertura
económica provisional, que la Unión Europea intensificará el diálogo
actual, que tiene efectivamente como objetivo la recuperación y mejora de
las condiciones de vida del pueblo cubano y un aliento a la transición
democrática, ¿es herético hablar de alentar la transición democrática?
¿No alentaron los países de nuestro entorno la evolución hacia la
democracia en este país antes de 1975, sin que nadie desde aquí, ni la
oposición, hablara en esos casos de injerencia? Evidentemente se puede
llegar a la injerencia, y eso lo criticamos, pero quien califique de
injerencia cualquier aliento desde el exterior a la evolución hacia la
democracia de un régimen como el cubano se equivoca e ignora la propia
historia de España.
Se reconoce, repito, la apertura económica. Se llama a la cooperación y
al diálogo, incluso sin condicionarlo, y esa es una mejora respecto del
texto original. Es falso que se esté condicionando la cooperación y el
diálogo a la apertura. Se habla, por un lado, de cooperación y de diálogo
y, por otro, se habla de alentar la apertura. Las dos cosas forman parte,
inseparablemente una de la otra, de lo que ha de ser la política de la
Unión Europea y de la que nosotros planteamos como marco de la política
bilateral.
Evidentemente se habla, sin ocultarlo, de que hay que reformar el Código
Penal, de que hay que suprimir los delitos políticos en Cuba. Eso se
dice. Por tanto, es un texto que nos parece absolutamente correcto,
absolutamente valioso, insisto, que podría ser complementado y que España
tiene sobrados motivos para decir más en su política hacia Cuba. Pero
vista la situación en la que está este tema en la política española, que
se ha convertido en uno de los temas más importantes de nuestra política
interior, para desgracia de los demócratas cubanos, nos parecía, y aún
nos parece, que en caso de que así sea aceptado por Izquierda Unida
tendremos por lo menos un denominador común sobre el cual podremos
trabajar. ¿Que se puede ir más allá? Vayamos más allá. Y si no hay
consenso en el más allá será otro problema, pero por lo menos ésta sí
será una posición común, como su propia denominación indica, sobre la
cual podremos lograr el consenso de todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guardans.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me toca defender la enmienda del Grupo Popular en la que se
resume no sólo la posición del Gobierno en relación con la política hacia
Cuba sino que se levanta acta y se aportan los elementos nuevos en este
debate, en el que ya llevamos metidos varios meses, sobre la política de
España y de Europa hacia Cuba. ¿Y cuáles son los elementos nuevos de este
debate? Pues estos elementos son los que, por cierto, ignora la
proposición de Izquierda Unida, e ignora también el Grupo Socialista con
la contribución que ha tenido en este debate, que también ha tenido en
cuenta el señor Guardans, que son la posición común europea, establecida
a iniciativa del Gobierno español, que recoge fielmente las aspiraciones
del Gobierno español y que logra, por primera vez, el consenso y el
acuerdo de los Quince países de la Unión en la articulación de una
política de fomento, de aliento a una transición pacífica hacia una
democracia plena con respeto a los derechos humanos en Cuba; que
establece los mecanismos para abrir el diálogo al Gobierno cubano y a
todos los agentes y actores de la realidad cubana, que no solamente se
limitan al Gobierno cubano y que defiende adecuadamente los intereses
españoles europeos.
También se tiene en cuenta el éxito del Gobierno español al establecer
por primera vez en Naciones Unidas recientemente una posición común
europea en la Asamblea General, en contra del embargo norteamericano a la
Isla y también se toma en consideración algo que ha sido ignorado por la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, que es el
compromiso establecido por todas las naciones iberoamericanas, en la
cumbre y en la declaración de Viña del Mar, de establecer una comunidad
basada en sólidos principios y valores democráticos de pluralismo,
libertad y justicia, compromiso, por cierto, firmado también por el
dictador Castro, aunque no tengo ninguna esperanza que haya pensado en
ningún momento en aplicarlo más allá de la mera firma.
El Gobierno de José María Aznar, dirigido por el Presidente del Gobierno,
José María Aznar, y aplicado por el Presidente del Gobierno José María
Aznar, ha conseguido que exista en la Unión Europea y en España una
posición que establece con claridad un objetivo común entre los
demócratas españoles, entre los demócratas europeos. En definitiva, ha
conseguido poner en el lugar de la balanza que merecen los objetivos más
permanentes de la acción exterior de la Unión Europea y de España.
Hablar a estas alturas por parte de Izquierda Unida de soberanía y de
injerencia en el caso de Cuba, y llegar a decir, como se dijo aquí en la
interpelación que origina esta moción, que demostrar interés por los
derechos humanos era, según la señora Maestro, una cosa aberrante desde
el punto de vista del derecho internacional,
y lo cito con comillas es una broma que este grupo parlamentario no está
dispuesto a convalidar con su voto. Hablar de los éxitos en materia
sanitaria, de solidaridad social, de felicidad, de optimismo y de
bienestar del pueblo cubano, del mismo pueblo cubano que cuando tiene la
más mínima ocasión se va a nado para evitar ese sistema sanitario y tan
estupendo, como el que defiende la señora Maestro, es también una broma
que nosotros no vamos a consolidar. Y no lo vamos a hacer porque a estas
alturas no se puede hablar exclusivamente del principio de no injerencia,
olvidando que los derechos humanos están más allá de ese principio y
tampoco se puede hablar de soberanía en el caso exclusivamente de Cuba
por parte de un grupo que se ha hartado de inundar a esta Cámara de
intervenciones denunciando violaciones de derechos humanos en todos los
países del mundo, a excepción de Cuba, y quizá de China, porque estamos
esperando, por cierto, que Izquierda Unida haga una moción en materia de
derechos humanos sobre China, que todavía no la ha hecho. Es el único
país que le falta. Y si no recuerdo mal, y algo veo en la sonrisa del
señor Muñoz-Alonso que me lo indica, tampoco en el caso de Corea del
Norte. Es una buena casualidad.
Izquierda Unida pierde, una vez más, la ocasión de estar del lado bueno
del muro, porque no tenga usted ninguna duda, señora portavoz de
Izquierda Unida, que los muros se acaban cayendo, aunque estén en una
isla y aunque estén alimentados por la fascinación empalagosa de toda la
izquierda por revolucionaria universal; aunque esos muros estén alentados
por la mitología más delirante de esta Cámara, los muros caen y una vez
más, si continuamos así, Izquierda Unida se encontrará del lado malo del
muro. Luego tendrá que dar muchas explicaciones, aunque, quizá prefiera
no dar ninguna, pero seguirá habiendo estado en el lado que no le
correspondía a una fuerza política que se supone defiende valores
democráticos para los ciudadanos españoles y que todavía no ha dado
ninguna explicación de por qué defiende para el pueblo hermano de Cuba
precisamente lo contrario de lo que dice defender para el pueblo español.
¿O es que acaso es un modelo para ustedes un régimen que en 37 años
todavía no ha convocado elecciones libres, que tiene más de un millar de
presos políticos en la cárcel, que persigue a los opositores y a los
disidentes y que impide que el pueblo cubano pueda expresar, de forma
democrática su auténtica soberanía?
Hay una cosa que no deja de tener también carácter de broma, que es la
referencia a la política tradicional de España. ¿A qué política
tradicional de España se refieren ustedes? Quizá a la del general Franco,
que al parecer en este tema le suscita algún encanto. A mí desde luego
no.
Yo entiendo que hay que escuchar, y este Gobierno, el Ministro de Asuntos
Exteriores, este portavoz, el Presidente del Gobierno, y muchos otros
Diputados y Senadores del Grupo Popular han realizado llamamientos al
consenso, consenso que a estas alturas, al día de hoy, solamente puede
basarse y fundamentarse sobre los elementos tenidos en cuenta por las
enmiendas de Convergència i Unió y del Grupo Popular, esto es, la
posición común europea, la declaración de Viña del Mar y la petición más
firme al Gobierno norteamericano para que derogue el embargo unilateral a
la Isla y para que derogue la llamada ley Helms-Burton.
Yo entiendo, señor Yánez, que es dificil estar en la oposición. Ahora, no
es serio acusar al Grupo Popular de no haber hecho posible el consenso
cuando usted mismo negoció con este grupo y con Convergència i Unió un
acuerdo sobre la proposición no de ley que fija la posición de esta
Cámara sobre las relaciones de España con Cuba, y usted, en el último
minuto, no sé por indicación de quién, pero desde luego por indicación de
alguna instancia superior, quizá ausente hoy de esta Cámara, decidio
retirar el apoyo a esa iniciativa; no es serio. Y desde luego, hablar del
consenso citando a Elisardo Sánchez, con quien también me he entrevistado
yo y con quien pienso seguir hablando estos días, no deja de ser curioso
cuando Elisardo Sánchez, entre otras cosas, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Cuba y patrono de la
Fundación Hispano Cubana, por cierto, a la que ustedes han dedicado los
peores epítetos, no deja de resultar una broma.
Ahora, echarle la culpa a este Gobierno de que no haya embajador en estos
momentos en La Habana, no deja de ser una falacia que el Grupo Popular no
debe dejar pasar en vano. Si en estos momentos no hay embajador de España
en La Habana es por culpa del Gobierno de Cuba, que por cierto todavía no
ha sido condenado por Izquierda Unida en este asunto y que desde luego
tardó en ser condenado por el Grupo Socialista, después de algunas
primeras declaraciones muy desafortunadas de algunos de sus portavoces;
desde luego es sorprendente.
A estas alturas del debate creo que podemos establecer en esta Camara un
sólido consenso alrededor de una política coherente, autónoma, convencida
y eficaz, que promocione los intereses de España, que sirva para
contribuir a un tránsito pacífico a la democracia en Cuba, que articule y
haga más fuerte la posición europea, y permita que, por primera vez, el
Gobierno español y la Unión Europea puedan con autoridad y con energía
suficientes, y en el marco de ese diálogo trasatlántico, abordar también
las cuestiones que se refieren a la democracia en Cuba, al embargo hacia
Cuba y a la ley Helms-Burton con los Estados Unidos, cosa que hasta
ahora, por ausencia de ese liderazgo, de esa capacidad de consenso y de
esa voluntad de articulación política, a Europa y a España le había sido
vedado.
Quien pretenda que a estas alturas España actúa hacia Cuba y promociona
mejor el comercio, la democracia,
sola y fuera de la Unión Europea, yo creo que olvida que España en estos
momentos, como sólido miembro de la Unión Europea, defiende mucho mejor
sus intereses cuando lo hace desde el lado de la razón y del Derecho,
junto con nuestros amigos y aliados europeos.
Estoy convencido de que la posición establecida en la enmienda que mi
grupo presenta es la más conveniente para los intereses de España,
también para los intereses de nuestros inversionistas y empresarios, pero
desde luego lo más conveniente para que el Gobierno español y el pueblo
español estén, en el caso de las relaciones con Cuba, del lado de la
razón y del Derecho y no de la opresión y de la falta de Derecho.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles. ¿Algún
grupo parlamentario, que no haya intervenido en el debate, quiere fijar
su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, sin optimismo ni felicidad y con
mucha conciencia de que el régimen cubano tiene gravísimos problemas y,
por lo tanto, que el pueblo cubano padece también gravísimos problemas,
no nos gustaría, sin embargo, participar de una especie de creencia
generalizada a nivel mundial que consiste en la aplicación de los
siguientes principios. El principio de la anormalidad, es decir, aquel
que no está conmigo y que no es feudatario mío, hay que perseguirlo a
muerte porque es un caso único. El principio de la satanización. Hace
poco acabamos de escuchar el lado bueno de la película y por lo tanto hay
un lado malo. El principio de satanización lleva, como en los mejores
tiempos dogmáticos del siglo XIX, de la institución papal, a decir
pauliña, es decir, palo contra el hereje. Y el hereje es borrado de la
lista de la gente respecto de la confesionalidad papista en el siglo XIX.
Por lo tanto, hay una verdad universal inquisitorial que todos tenemos
que creer.
Resulta que últimamente muchos de los que nunca respetaron ni los
derechos ni las libertades democráticas, ni mucho menos los derechos
humanos, que es algo muchísimo más amplio, ahora se hacen adalides
defensores a nivel internacional de estos principios. Pero,
afortunadamente, hay una historia real y otra que es lo que prefieren que
nosotros creamos o aquello que quieren hacernos creer. Y, señorías, en
este aspecto pensamos que hay muchísimos argumentos contrastables para
pensar que las libertades democráticas valen en unas ocasiones; en otras
no valen. Tenemos muy cerquita Argelia. Los derechos humanos valen en
unas ocasiones; en otras ocasiones no valen.
Yo ya sé que en este Estado y en este Parlamento no somos nada dados a
hablar de Africa, de Angola, de Mozambique o de Asia, de Timor este, de
Indonesia, y eso no provoca ampollas en la política estadounidense y
tampoco en la política de la Unión Europea. Por eso vamos a apoyar la
moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por
supuesto, si el grupo proponente lo acepta, votaremos también los
añadidos del Grupo Parlamentario Socialista y de Coalición Canaria,
porque pensamos, en primer lugar, que hay derecho a tener relaciones
bilaterales que no estén condicionadas por intereses espurios de
terceros. En segundo lugar, porque es muy necesario, desde el punto de
vista de la humanidad, una línea autónoma de pensamiento y de decisión
política respecto de todo el mundo y, de forma particular, respecto de
América latina y de Cuba. Decimos esto en nombre de los intereses de la
humanidad, en un momento de grandes concentraciones de poder político y
económico. En tercer lugar, porque en todo caso el Estado español debe
velar porque la Unión Europea mantenga una posición unívoca contra el
embargo y demás políticas de coerción económica que sólo padece el pueblo
cubano. En cuarto lugar, porque aún existe Derecho internacional que no
fue derogado y porque la soberanía nacional, en un proceso de
internacionalización, es fundamental para controlar ese proceso. Por
último, señorías, porque nosotros tenemos claro que estamos en un momento
muy grave, próximos a una dictadura mundial. No es de recibo ningún tipo
de legislación extraterritorial a Estados Unidos. Esta es la clave del
debate que estamos teniendo aquí, no las bondades y la felicidad del
régimen cubano que, como todos, tiene muchos defectos y muchas críticas
que hacerse, pero no muchas más que la inmensa mayoría de la humanidad.
En nombre de la historia real, el Bloque Nacionalista Galego defiende
este criterio. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
La señora Maestro tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas que se han presentado a la moción que ha defendido S. S.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente, quiero manifestar,
en primer lugar, que acepto gustosamente la enmienda del Grupo Socialista
en el sentido de que reitera y desarrolla algunos de los puntos que se
planteaban en la moción.
En cuanto a la enmienda de Coalición Canaria, me hubiera gustado,
sinceramente, poder aceptarla, porque en su inmensa mayoría, y sobre todo
en el tono general de las intervenciones de Coalición Canaria, apreciamos
puntos comunes muy importantes. No
obstante, el planteamiento del marco general de la posición común de la
Unión Europea es un punto de divergencia que no permite aceptarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, le ruego brevedad
y concisión. El turno es para expresar la aceptación o no de las
enmiendas.
La señora MAESTRO MARTIN: Con toda brevedad.
No aceptamos la enmienda de Convergència i Unió. Y en cuanto a la
enmienda del Grupo Popular, creía que el coste de imagen y el coste
electoral que estaban suponiendo las intervenciones ultras del Grupo
Popular, representadas por el señor Robles Fraga, habían llevado a
reconsiderar su presencia como portavoz en estos temas. No obstante,
quiero manifestar que tampoco la enmienda del Grupo Popular es aceptada
por nosotros. (Los señores Yáñez-Barnuevo García y Robles Fraga piden la
palabra.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Señor Yáñez, ¿con qué motivo pide la palabra?
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, sólo a los efectos de
retirar la enmienda del Grupo Socialista para pedir la votación separada
de los cinco puntos que contiene la moción de Izquierda Unida. Como sabe
el señor Presidente, si hay una enmienda no se puede hacer separadamente.
Esa es la única razón, agradeciendo al grupo proponente la aceptación de
nuestra enmienda, pero preferimos la votación separada a la votación de
nuestra enmienda en el conjunto de toda la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Yáñez.
¿Señor Robles?
El señor ROBLES FRAGA: He sido aludido, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor ROBLES FRAGA: Se ha puesto en duda la capacidad de este
portavoz. Se ha calificado de forma incorrecta el tono político de mi
intervención. (Rumores.) He sido aludido, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, le ruego que cuando
hable la Presidencia guarde silencio.
El señor ROBLES FRAGA: He sido aludido, señor Presidente, de forma
descortés y desconsiderada. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra, no hay turno
de alusiones ni de explicación. Pasamos a la votación.
El señor ROBLES FRAGA: El señor Presidente de nuevo hace con el
Reglamento lo que le da la gana, y quiero que conste mi protesta, porque
el señor Presidente, una vez más, evita que el portavoz del Grupo Popular
se defienda adecuadamente de injustos ataques de la señora Maestro. (El
señor Núñez Pérez pide la palabra.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya consta su protesta y no tiene
la palabra, señor Robles.
¿Señor Núñez?
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, está claro que además de utilizar
el turno para aceptar o no aceptar la enmienda del Partido Popular,
nuestro portavoz ha sido aludido en términos personales (Fuertes
rumores.), y tiene derecho a utilizar un turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha sido citado y no aludido. No
tiene la palabra. (Fuertes rumores.) Pasamos a la votación. (El señor
Núñez Pérez pide la palabra.) No tiene la palabra, pasamos a la votación.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente,...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, no me obligue a
llamarle al orden. Pasamos a la votación. (Fuerte rumores.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
(Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, le llamo al orden.
(Fuertes rumores.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Para una cuestión de orden. ¡Pero bueno!
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Diga, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, han solicitado votación separada
de los puntos de la moción. Cuando se acepta una enmienda que ha
presentado otro grupo no cabe la votación separada, señor Presidente.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, la enmienda ha sido
retirada. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones, que realizaremos
separadamente en torno a cada uno de los puntos de la moción de Izquierda
Unida. Sometemos, en primer lugar, a votación el punto 1.º de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 154; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 1.º la moción. Votamos el
punto 2.º de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 146; en contra, 162; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 2.º de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 153; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 3.º
Punto 4.º de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 147; en contra, 157; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 4.º
Votación sobre el punto 5.º y último de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 153; en contra, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 5.º
El Pleno se reanudará mañana a las dieciséis horas.
Se suspende la sesión.
Eran las diez de la noche.