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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 49, de 12/12/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 49
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 48
celebrada el jueves, 12 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1995:
-- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1995 (número de expediente 260/000001) (Página 24371
)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-- Real Decreto-Ley 15/1996, de 18 de noviembre, por el que se autoriza
al ente público Radiotelevisión Española a concertar nuevas operaciones
de crédito, por un importe de 34.500.859.000 pesetas («Boletín Oficial
del Estado», número 279, de 19 de noviembre de 1996 (número de expediente
130/000011) (Página 2454)
-- Real Decreto-Ley 16/1996, de 22 de noviembre, por el que se financia
el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco («Boletín Oficial del Estado», número 283, de 23
de noviembre de 1996 (número de expediente 130/000012) (Página 2467)
-- Real Decreto-Ley 17/1996, de 22 de noviembre, por el que se deroga
el artículo 8 del Real Decreto-Ley 1/1996, de 19 de enero, sobre el
crédito concedido por el Estado para la financiación de las obligaciones
de la Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado», número 283, de 23
de noviembre de 1996 (número de expediente 130/000013) (Página 2474)
Enmiendas del Senado:
-- Proyecto de Ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la
doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas (procedente del Real Decreto-Ley
8/1996, de 7 de junio) («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 6.1, de 4 de julio de 1996 (número de expediente 121/000004)
(Página 2484)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
-- Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a
disposición del Gobierno del Reino de España un edificio destinado a
centro escolar, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996
(«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 70.1, de 21
de octubre de 1996 (número de expediente 110/000053) (Página 2491)
-- Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y el Estado
de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20 de noviembre de 1995.
(«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 71.1, de 21
de octubre de 1996 (número de expediente 110/000054) (Página 2491)
-- Acuerdo para la creación de una Conferencia de Servicios Nacionales
de Meterorología en Europa (EUMETNET), firmado «ad referendum» en Reading
(Reino Unido), el 4 de diciembre de 1995 («Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 72.1, de 21 de octubre de 1996 (número de
expediente 110/000055) (Página 2491)
-- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en Madrid el 26
de octubre de 1995 («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 73.1, de 21 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000056)
(Página 2491)
-- Acuerdo entre el Reino de España y la República Libanesa para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado «ad referendum»
en Madrid el 22 de febrero de 1996 («Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 74.1, de 21 de octubre de 1996 (número de
expediente 110/000057) (Página 2491)
-- Tratado entre el Reino de España y la República de Guatemala, sobre
el traslado de personas condenadas, firmado «ad referendum» en Madrid el
26 de marzo de 1996 («Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 75.1, de 21 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000058)
(Página 2491)
-- Acta de Revisión del Artículo 63 del Convenio de la Patente Europea
de 17 de diciembre de 1991 («Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 69.1, de 19 de octubre de 1996 (número de expediente
110/000059) (Página 2491)
-- Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada
por España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de
patentes, elaborado en Wahsington en 1970 («Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 76.1, de 25 de octubre de 1996 (número de
expediente 110/000060) (Página 2491)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1995 (Página 2437)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1995 (Página 2437)
El señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda Torres) presenta ante la
Cámara el informe correspondiente al año 1995 y así rendir cuenta del
cumplimiento de la obligación legal de defender los derechos
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y hacer balance de la
supervisión de la actividad de las distintas administraciones públicas.
Hace referencia a la demora con que se produce esta comparecencia, que se
ha debido a la disolución de las Cámaras y al lapso de tiempo
transcurrido desde el cese de la que fuera adjunta primera de la
institución hasta la fecha del nombramiento de los nuevos adjuntos.
A continuación destaca los cambios habidos a lo largo del año como, por
ejemplo, la novedad en la composición de esta Cámara, como resultado de
la voluntad popular, la novedad en la organización de la institución del
Defensor y la novedad de la estructura del informe que expone a SS.SS.,
que, en algunos casos, son consecuencia de los compromisos adquiridos en
su intervención del año pasado, como el intentar una presencia más
directa ante los distintos organismos administrativos que originan las
quejas y tener en cuenta aspectos que, en virtud de los avances
tecnológicos o de nuevas costumbres, están reclamando una cuidadosa
atención por su incidencia en los derechos y deberes fundamentales.
Explica a continuación la nueva estructura que se da al informe,
destacando los estudios monográficos sobre determinados temas, como, por
ejemplo, la Ley de Secretos Oficiales, la situación de los inmigrantes
centroafricanos en las murallas de Ceuta, la insumisión, la protección de
datos personales, el consumo de alcohol por menores, los graves
trastornos producidos en las economías domésticas por los servicios
telefónicos de valor añadido a través de la línea 07 internacional, los
perjuicios medioambientales que genera una visión exclusivamente
económica del desarrollo; y los problemas del tráfico y aparcamiento
urbano de vehículos.
Pasa a exponer brevemente algunos datos sobre el número de quejas
presentadas y las investigaciones abiertas de oficio. Asimismo hace
alusión a las recomendaciones y sugerencias dirigidas a las distintas
administraciones, sugerencias que considera han tenido un alto nivel de
aceptación, aunque continúan existiendo discrepancias entre las
posiciones del Defensor y algunas administraciones y organismos que
quedan reflejadas en el informe y que pasa a detallar.
Por otra parte, considera que existe un evidente desconocimiento de las
funciones del Defensor por parte de algunos ciudadanos, que abarca desde
cuál es su misión hasta, en casos extremos, la misma realidad de la
existencia de la institución. Por ello se propone aumentar la pedagogía y
la información, iniciando una campaña a nivel de educación primaria para
fomentar el conocimiento de una cultura de paz, de los derechos humanos y
de la participación en este campo del Defensor del Pueblo. Asimismo
constata que la tarea de llevar a buen puerto la eficiencia social de los
derechos fundamentales tiene, además, una dimensión económica que no
puede olvidarse, para lo que pide el amparo urgente de la Cámara, puesto
que difícilmente el Defensor del Pueblo podrá mejorar sus niveles de
eficacia con unos medios prácticamente congelados desde 1993.
También señala la conveniencia de revisar la Ley 3/1981, de 6 de abril,
por la que se rige la institución, y reformar algunos aspectos de la
misma para facilitar y agilizar su tarea, por lo que se propone remitir
al Presidente de las Cortes Generales un escrito en el que se contengan
algunas sugerencias que, a su juicio, deberían inspirar la modificación
de la Ley orgánica reguladora de la institución. Añade que el Defensor
del Pueblo es un comisionado de las Cortes Generales para la defensa de
los derechos fundamentales y la vigilancia de las actuaciones
administrativas en relación con los mismos, pero no es sólo tarea del
Defensor, sino también del Gobierno y del Parlamento. Para ello considera
necesario dar cumplimiento a la moción aprobada el 26 de septiembre de
1995 por el Pleno de este Congreso de los Diputados, por la que se
instaba al Gobierno a que contestara en la Comisión Mixta sobre los
contenidos del informe que le afectan y diera importancia a las
iniciativas legislativas para solucionar los problemas que se han venido
exponiendo.
Termina su intervención haciendo una referencia a las personas que en
estos momentos continúan secuestradas por la crueldad de la violencia
terrorista, para los que reclama la libertad.
Intervienen en el debate el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Amorós i Sans, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Almeida Castro, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Alberdi
Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camilleri Hernández, del
Grupo Parlamentario Popular
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 2454)
Real Decreto-Ley 15/1996, de 18 de noviembre, por el que se autoriza al
Ente Público Radiotelevisión Española a concertar nuevas operaciones de
crédito, por un importe de 34.500.859.000 pesetas (Página 2454)
El señor Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia
(Alvarez-Cascos Fernández) presenta, en nombre del Gobierno, el Real
Decreto Ley 15/1996, de 18 de noviembre, porque considera que es
necesario para clalrificar la situación presupuestaria y financiera de
Radiotelevisión Española. Añade que esta medida es urgente antes de
terminar el ejercicio, porque si se quiere que Radiotelevisión Española
mire al futuro con espíritu ambicioso, renovador y competitivo, sin
hipotecas del pasado, hay que acabar con las tensiones de tesorería y
evitar que los acreedores carguen con la financiación del grupo,
analizando a continuación estos extremos. El resultado del estado de
tesorería detectado y el análisis de la situación presupuestaria de
Radiotelevisión España en el presente ejercicio del año 1996 se resumen
en que el grupo Radiotelelvisión Española tiene en este ejercicio un
déficit presupuestario de 8.070 millones de pesetas, que requiere una
financiación, vía mayor endeudamiento financiero, por 7.846 millones de
pesetas, déficit presupuestario consecuencia de la no presupuestación por
parte de la anterior dirección general de Radiotelevisión Española de
diferentes actividades y eventos, resaltando los Juegos Olímpicos de
Atlanta o la Liga de Campeones de la UEFA. Asimismo se refiere a la
política de personal seguida por la anterior dirección general, que está
generando un rosario de sentencias judiciales que no estaban previstas en
los presupuestos aprobados y que requieren una dotación para el presente
ejercicio de 1.395 millones de pesetas. Por lo tanto, la irregular
situación encontrada, tanto presupuestaria como de tesorería, requería
una solución urgente por parte del Gobierno como la que se ha tomado, no
sólo para regularizar una situación heredada sino para adecuar el grupo
Radiotelelvisión Española a los retos que requiere el nuevo marco
audiovisual en el que la televisión sin fronteras es ya una realidad.
Confía en que, una vez superados los malos hábitos y clarificada la
situación, se podrá, desde el sosiego y la claridad, hablar y negociar en
el seno del Consejo de Administración de Radiotelevisión, así como con
los representantes de los trabajadores y con los distintos grupos
políticos y parlamentarios. Augura un futuro brillante para
Radiotelelvisión Española en un panorama audiovisual que, cada vez más,
traspasa fronteras e incluso océanos, un futuro sin condicionantes del
pasado, en el que el grupo Radiotelelvisión Española, con un marco
financiero estable, pueda planificar adecuadamente sus diferentes
actuaciones y llevar a cabo el importante papel que le corresponde en
España, en Europa y en el mundo.
En turno en contra interviene, por el Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Aguiriano Forniés, replicando el señor Vicepresidente Primero y
Ministro de la Presidencia.
Interviene de nuevo el señor Aguiriano Forniés, contestando el señor
Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia.
En turno por alusiones intervienen los señores Acebes Paniagua, del Grupo
Parlamentario Popular, y Almunia Amann, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Burballá i
Campabadal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Peñalosa Ruiz, del Grupo Poular.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley,
queda convalidado por 185 votos a votor, 128 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado, se rechaza por 145 votos a favor y 169 en
contra.
Real Decreto-Ley 16/1996, de 22 de noviembre, por el que se financia el
acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Página 2467)
Interviene en nombre del Gobierno el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra), para pedir a la Cámara la convalidación del
Real Decreto-Ley 16/1996 sobre la financiación del acuerdo
interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Expone, en primer lugar, que el acuerdo interprofesional
sobre formación continua fue suscrito en septiembre de 1995, en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, por los principales agentes sociales y
el Gobierno, incorporándose más tarde la UGT de Euskadi. Añade que este
acuerdo ha contado desde el principio con el respaldo político de las
fuerzas democráticas del País Vasco. El Gobierno del País Vasco y las
organizaciones mencionadas sugirieron un acuerdo tripartito, y ambos
acuerdos, el interprofesional y el tripartito, se publicaron en el
Boletín Oficial del País Vasco el 25 de octubre de 1995. En ellos se
alude a la constitución de la Fundación Vasca para la Formación Continua,
que asumirá su gestión y dirección, teniendo por objeto abarcar la
totalidad de la formación de los trabajadores ocupados que se lleva a
cabo en la comunidad vasca.
Por otra parte manifiesta que el Estatuto de los Trabajadores, en sus
artículos 83 y 84, confiere eficacia general, normativa y personal, a los
convenios de ámbito autonómico, por lo que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995 establecía que, de producirse durante el
año 1995 acuerdos en el ámbito exclusivamente autonómico, se habilitaría
su financiación en el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo. A
continuación hace un seguimiento detallado de la trayectoria de los
acuerdos y manifiesta que no se ha conseguido consenso para posibilitar
la asignación de fondos para la financiación del acuerdo interprofesional
del País Vasco. Debido al compromiso político que el Gobierno tenía en
torno a esta financiación con el señor Ardanza, y también con el señor
Jáuregui, fue necesaria la figura del Real Decreto-ley, con carácter
urgente para que tuviera vigencia en 1996.
Termina diciendo que la financiación del acuerdo no va a suponer ninguna
detracción de los fondos del acuerdo nacional de formación continua,
porque se ha buscado su financiación a través del Instituto Nacional de
Empleo, fórmula jurídicamente válida y que ya está establecida en los
presupuestos de 1995.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Aguirre Uribe, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV); el señor Navas Amores, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Romero López, del
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno por alusiones interviene la señora Romero López y contesta el
señor Azpiroz Villar.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley,
se aprueba por 182 votos a favor, cuatro en contra y 125 abstenciones.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley convalidado como
proyecto de ley, se rechaza por 146 votos a favor y 168 en contra.
Real Decreto-Ley 17/1996, de 22 de noviembre, por el que se deroga el
artículo 8 del Real Decreto-Ley 1/1996, de 19 de enero, sobre el crédito
concedido por el Estado para la financiación de las obligaciones de la
Seguridad Social (Página 2474)
Para la presentación del Real Decreto-ley 17/1996, de 22 de noviembre,
interviene el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra), manifestando que no es la primera ocasión en que habla en
esta Cámara sobre esta cuestión, porque el Gobierno ha dicho por activa y
por pasiva que había problemas de tesorería y necesidades de financiación
de la Seguridad Social. Añade que desde el principio se ha transmitido a
la sociedad española que no había motivos de alarma y que precisamente
era la consolidación y el desarrollo de los pactos de Toledo lo que
permitía a los ciudadanos seguir mirando con tranquilidad el futuro del
sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de las mismas. No
obstante, siempre han apelado al sentido de la responsabilidad para
comprender que se tenía que ampliar el préstamo de la Seguridad Social
para 1996. A continuación señala los motivos por los que se dan las
dificultades de tesorería: en primer lugar, por la prórrogaa
presupuestaria y por la forma en que se ha hecho esa prórroga a través de
dos reales decretos; en segundo lugar, porque había unas previsiones de
crecimiento y de creación de empleo demasiado optimistas; y en tercer
lugar, porque hay cuestiones pendientes de la Seguridad Social que es
necesario ir resolviendo. Asimismo se refiere a la batalla que hay que
librar contra la morosidad pública y privada, que afecta a la tesorería
de la Seguridad Social, y al problema estructural de los presupuestos de
la Seguridad Social.
Precisamente para atender estas obligaciones de la Seguridad Social y
salvaguardar su equilibrio presupuestario
ha sido necesario proceder a la promulgación del Real Decreto para, el
que solicita el voto favorable de la Cámara.
En turno en contra interviene, en nombre del Partido Socialista, el señor
Griñán Martínez. Replica el señor Ministro de Trabajos y Asuntos Sociales
y duplica el señor Griñán Martínez, interviniendo por último el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
17/1996, se aprueba por 165 votos a favor y 141 en contra.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado, se rechaza por 140 votos a favor y 166 en
contra.
Se suspende la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Enmiendas del Senado (Página 2484)
Proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble
imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la
internacionalización de las empresas (procedente del Real Decreto-Ley
8/1996, de 7 de junio) (Página 2484)
En turno en contra de las enmiendas del Senado al proyecto de ley, en
nombre del Grupo Socialista, interviene el señor Martínez Noval,
calificando todo el trámite de corrección de la doble imposición como un
monumento a la inseguridad jurídica. Sin embargo, no se va a referir al
contenido del proyecto, sino al camino que han seguido estas
modificaciones de la ley de diciembre del año 1995. Manifiesta que el
Gobierno juzgó que era necesario y urgente modificar algunos artículos de
la Ley del Impuesto de Sociedades en una dirección y con unas
características que, ya en su momento, su grupo consideró incovenientes.
Añade que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no aceptaron
tramitar como proyecto de ley el Decreto 7, que creó un nuevo impuesto,
el conocido como peaje del tres por ciento, y ahora sí acepta que se
tramite como proyecto de ley el Decreto 8 para tratar de cubrirse las
espaldas jurídicas frente a un recurso de inconstitucionalidad que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó al famoso Decreto 7. Considera
que las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular en esta
Cámara, cuando el Decreto 8 se tramitó como proyecto de ley, no cambian
nada, sino que introducen mayor confusión, y con respecto a las enmiendas
que vienen del Senado afirma que provocan en muchos casos hilaridad. Pasa
a continuación a exponer algunos extremos y a formular algunas preguntas.
Para terminar, pone de relieve una cuestión que para su grupo es de la
máxima importancia y es que el Grupo Popular reconoce en la disposición
adicional primera del proyecto de ley que viene del Senado que han
impuesto un nuevo tributo por decreto-ley. Toma nota de esta cuestión y
quiere hacerlo constar en el «Diario de Sesiones» porque su grupo
parlamentario reflexionará sobre la conveniencia de acumular este
argumento tan palmario al recurso que tiene presentado ante el Tribunal
Constitucional. Por estas razones, su grupo, una vez más, es contrario a
las enmiendas que se han introducido en el Senado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López,
del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidas a votación global las enmiendas del Senado, se aprueban por 148
votos a favor y 133 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales (Página 2491)
Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposición
del Gobierno del Reino de España un edificio destinado a centro escolar,
firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por 277 votos a favor y dos abstenciones.
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado
de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20 de noviembre de 1995
(Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por 269 votos a favor y 11 en contra.
Acuerdo para la creación de una Conferencia de Servicios Nacionales de
Meteorología en Europa (EUMETNET), firmado «ad referendum» en Reading
(Reino Unido), el 4 de diciembre de 1995 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones, firmado en Madrid el 26
de octubre de 1995 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor y una abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Libanesa para la
promoción y protección recíproca de inversiones, firmado «ad referendum»
en Madrid el 22 de febrero de 1996 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Tratado entre el Reino de España y la República de Guatemala, sobre el
traslado de personas condenadas, firmado «ad referendum» en Madrid el 26
de marzo de 1996 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por 268 votos a favor, 11 en contra y una
abstención.
Acta de Revisión del artículo 63 del Convenio de la Patente Europea de 17
de diciembre de 1991 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada por
España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de patentes,
elaborado en Washington en 1970 (Página 2491)
Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor y una abstención.
Se levanta la sesión a las cinco de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1995:
--INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION REALIZADA
DURANTE EL AÑO 1995 (Número de expediente 260/000001)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, que continúa con el desarrollo
del punto séptimo del orden del día, informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 1995.
Para la exposición del informe, invitamos a usar de la tribuna al
Defensor del Pueblo, don Fernando Alvarez de Miranda.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, la comparecencia que realizo hoy
ante esta Cámara para defender el informe correspondiente al año 1995
supone un nuevo encuentro con SS. SS. y constituye además para mí un
motivo de satisfacción personal. Es el momento en que este Defensor, como
comisionado de las Cortes Generales, debe rendir cuenta del cumplimiento
de su obligación legal de defender los derechos fundamentales reconocidos
en nuestra Constitución y hacer balance de la supervisión de la actividad
de las distintas administraciones públicas.
Ambas actuaciones, la defensa y supervisión, han sido llevadas a cabo
desde la institución que presido, bien a petición de parte, a través de
las quejas, o bien directamente de oficio, cuando se conocen acciones u
omisiones que pueden vulnerar los derechos fundamentales o deficiencias
administrativas que afecten a los ciudadanos, sea cual fuera su
nacionalidad, residencia, sexo, edad y capacidad legal.
Esta común y al mismo tiempo compleja tarea se encuentra reflejada, señor
Presidente, señorías, en el informe que hoy someto a su consideración,
pero antes de entrar en su contenido quisiera hacer una referencia a la
demora con que se produce esta comparecencia y que se ha debido a la
disolución de las Cámaras que precedió a la consulta electoral celebrada
el pasado mes de marzo y al lapso de tiempo transcurrido desde el cese de
la que fuera Adjunta primera de la institución hasta la fecha del
nombramiento de los nuevos adjuntos.
Al mismo tiempo que la permanencia y continuidad institucional de este
acto, me parece importante destacar los cambios que han tenido lugar a lo
largo del año y a los que ya se hace referencia en las primeras líneas
del informe. Así, será preciso resaltar la novedad en la composición de
esta Cámara como resultado de la voluntad popular, la novedad en la
organización de la institución del Defensor y hasta la novedad en la
estructura del propio informe que expongo a SS. SS. Algunos de estos
cambios son consecuencia de los compromisos que adquirí en mi
intervención el año pasado, cuando me propuse, por una parte, intentar
una presencia más directa ante los distintos organismos administrativos
que originan las quejas y, por otra parte, tener en cuenta aspectos que,
en virtud de los avances tecnológicos o de nuevas costumbres, están
reclamando una cuidadosa atención por su incidencia en los derechos y
deberes fundamentales. Fruto de ello ha sido la reestructuración de las
distintas áreas de la institución y la creación de una nueva, dedicada al
medio ambiente.
Otra novedad digna de ser destacada se refiere a la propia estructura del
informe. En un deseo de hacer de este texto un instrumento más útil, se
han encuadrado las quejas sectorialmente, agrupándolas por materias y
aspectos comunes, lo que permite llevar a cabo una valoración de las
actuaciones y conductas de la Administración.
Con este mismo criterio valorativo, el informe incluye un estudio
monográfico de determinados temas, ocho, en concreto, que permite
acercarse a la situación de los derechos fundamentales y obtener una idea
lo mas aproximada posible sobre las formas y criterios de funcionamiento
de las distintas administraciones del Estado.
La Ley de Secretos Oficiales es el primero de los temas tratados de forma
singular y monográfica. En síntesis, diré que el informe repara en el
carácter preconstitucional de esta Ley, que puede vulnerar los derechos
fundamentales de tutela judicial efectiva y de utilización de los medios
de prueba pertinentes para la defensa, recogidos en el artículo 24 de
nuestra Constitución.
Como en los demás casos, este tema se ha recogido como propuesta para que
las Cortes Generales estudien, valoren y, en su caso, aprueben una nueva
legislación en materia de secretos oficiales más acorde con los derechos
y principios proclamados en la Constitución de 1978 y en la que se
establezcan controles específicos sobre las materias clasificadas que
impidan la existencia de zonas de impunidad.
El segundo de los temas monográficos se refiere a la situación de los
inmigrantes centroafricanos en las murallas de Ceuta. Estos casos son
sólo un síntoma y probablemente la primera muestra de esa oleada de
desplazamientos hacia el primer mundo de la que empezamos a ser testigos.
La institución que presido ha solicitado de la Administración el
establecimiento de las medidas necesarias para hacer más soportable la
estancia en la frontera. Alguna de dichas medidas, como la creación de
centros de extranjería en Ceuta y Melilla, ha sido ya adoptada, como es
sabido, por el Ministerio del Interior.
Otro de los temas tratado singularmente es el de la insumisión. El
anuncio en nuestro país de llevar a cabo una total profesionalización del
Ejército ha acelerado la necesidad de profundizar en ese debate y este
Defensor considera --y así figura en el informe que analizamos-- que es
en las Cortes Generales, como órgano de representación de la soberanía
popular, donde deben abordarse todas las dimensiones del problema de la
insumisión, incluso su tratamiento punitivo, tras la reforma introducida
en esta materia por el nuevo Código Penal.
La protección de datos personales ante su uso informatizado se estudia
también en esta parte del informe. A pesar de la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora de esta materia, siguen
siendo frecuentes las quejas que hacen referencia a la utilización
inadecuada de los datos que los propios interesados han aportado a las
entidades públicas o privadas. La preocupación que tales demandas generan
parece apuntar a la necesidad de una mayor concreción de las
autorizaciones del uso de los mismos por su titular, y así se lo hemos
transmitido a la Agencia de Protección de Datos. Los nuevos formularios
de las entidades financieras recogen ya esta exigencia específica.
El siguiente estudio monográfico se refiere al consumo de alcohol por
menores. Los repetidos casos de intoxicación etílica entre menores y su
incidencia, como nos indican los informes técnicos y profesionales, en
accidentes de tráfico, en los que muchas veces se ven envueltos, y en
numerosos supuestos de violencia son, entre otros, indicativos más que
suficientes para afrontar este problema, que exigirá para su solución
hacer homogéneas y armonizar las normas estatales, autonómicas y locales
que regulan esta materia.
Otro tema de especial trascendencia, por los graves trastornos que ha
producido en muchas economías domésticas, es el de los servicios
telefónicos de valor añadido, a través de la línea 07 internacional. Se
trata
de una cuestión similar a la que en su día suscitaron las líneas 903,
pero con muchas mayores dificultades técnicas para su control por los
usuarios, pues la desconexión voluntaria no es tan fácil como en el caso
anterior.
La digitalización total de la red telefónica, prevista para el primero de
enero de 1998, pudiera significar una mejora, aunque la solución
definitiva tiene que brotar desde unas raíces éticas, sociales y
políticas de la convivencia. La reciente aceptación por el Ministerio de
Fomento de nuestra recomendación de que aplique la desconexión selectiva
parece caminar en ese sentido.
La investigación realizada sobre el deterioro del sistema acuífero de La
Mancha occidental, o Parque Natural de las Tablas de Daimiel, puede ser
emblemática de los perjuicios medioambientales que genera una visión
exclusivamente económica del desarrollo. Según un informe publicado por
la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana, el acuífero se agota,
con grave daño para el equilibrio hidrológico de toda la zona, y la
desertización de sus bordes es un dato significativo.
Más que las propuestas concretas que nuestra institución ha dirigido a la
Administración con la esperanza de llegar a tiempo de evitar un perjuicio
irreversible, me interesa destacar la importancia que tiene para nuestro
futuro, o, mejor aún, para el de las futuras generaciones, la toma de
conciencia sobre deficiencias medioambientales.
En cuanto al tema, igualmente incluido en el informe, del tráfico y
aparcamiento urbano de vehículos, debo indicar que uno de los nudos
esenciales lo constituye la proliferación y hasta la anarquía existente
en las normas reguladoras del aparcamiento de vehículos en las calles,
que debería regularse con una normativa única para todo el territorio,
sin perjuicio de las competencias que puedan tener otras
administraciones.
Señorías, es mi propósito en esta intervención no insistir excesivamente
en cifras que se contienen en el informe, pero no tengo más remedio que
pasar, en una rápida ojeada, por encima de algunos datos fundamentales.
El número de quejas recibidas en 1995 asciende a 13.060, que sigue siendo
una cifra estimable. Es también elevado el volumen de quejas no
admitidas, que revela el desconocimiento de las competencias del Defensor
por parte de algunos ciudadanos.
Resulta necesario hacer una referencia especial a las razones por las que
se abrieron las 154 investigaciones de oficio realizadas ese año y para
las que hay un doble motivo de especial mención. Estos expedientes se
inician, en cumplimiento de la encomienda de defensa de los derechos
plasmados en la Constitución, cuando por cualquier razón se conocen o
sospechan irregularidades en el ejercicio de tales derechos, sin que haya
existido una petición de parte, pero también para realizar una función de
vigilancia y protección en aquellos colectivos o individuos que, por sus
circunstancias especiales de vulnerabilidad o por su marginación social,
parecen más necesitados de ella.
Asimismo, a lo largo de este año se realizaron visitas de inspección a la
mayoría de las cárceles, a centros, residencias y organismos relacionados
con minusválidos, a los principales hospitales públicos, y se han
redoblado los esfuerzos de atención a las poblaciones marginales,
aportando datos a las distintas administraciones que pueden contribuir a
mejorar la situación y prestar ayudas de urgencia humanitaria en algunos
casos. En mi propósito está seguir desarrollando estas parcelas de
investigación, pero es evidente que aún son muchas las lagunas que en
este ámbito de los desfavorecidos existen en nuestro país.
Nuestra sociedad, señorías, que llevó a cabo brillantemente el cambio
político que nos trajo la libertad y que día a día sigue impulsando el
cambio político que nos acerque a la plena realización de la justicia,
aún no ha conseguido realizar, en un nivel equivalente, el cambio
político de igualdad entre todos los ciudadanos, que constituye, con los
otros dos, el conjunto de valores consagrados en el artículo 1.º de la
Constitución como base de nuestro Estado de Derecho.
Otros instrumentos que utiliza el Defensor del Pueblo en el desarrollo de
su labor son las recomendaciones y sugerencias dirigidas a las distintas
administraciones, con el fin de que se adecuen sus actuaciones, normas o
reglamentos a los principios constitucionales o a los tratados
internacionales ratificados por España. En uno y otro caso,
recomendaciones o sugerencias, el nivel de aceptación de las mismas es
alto, pero continúan existiendo discrepancias entre las posiciones del
Defensor y algunas administraciones y organismos y se ha querido que ese
dato se refleje individualizado en el informe.
Siguiendo esta misma línea de manifestar las discrepancias, actuaciones
morosas o incumplimientos, el informe hace una referencia expresa a las
administraciones que han infringido el deber legal de contestar al
Defensor del Pueblo, que se incluyen para conocimiento de las Cámaras y
como muestra de los obstáculos en la labor del Defensor. No obstante, y
por todos los datos que el informe recoge, puede deducirse que, en
general, la disposición de la Administración es positiva.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha resuelto que no procedía la
interposición de recursos de inconstitucionalidad de las veinte
solicitudes que se han dirigido a la institución a lo largo del año 1995.
Las correspondientes resoluciones se recogen en la tercera parte del
informe en la que se hace también una referencia específica a las
dictadas en relación con los recursos de amparo que cierran este breve
resumen.
Todo lo concerniente a la actuación del Defensor en el desempeño de su
función de supervisar la actividad de las distintas administraciones
públicas lo encontrarán SS. SS. en la segunda parte del informe. Allí se
aborda la problemática que subyace detrás de las quejas que se dirigen
contra las distintas administraciones, lo que permite realizar una
valoración global de las conductas administrativas. De todas las
cuestiones que se suscitan, las quejas que extraigo son aquéllas que
recogen los aspectos más inquietantes, aunque puedan quedar otras muchas
que no cito por no hacer interminable esta comparecencia.
En el ámbito de la Administración de justicia, las quejas recibidas
inciden sobre todo en el retraso de algunos tribunales. Especialmente
grave es la situación de la jurisdicción contencioso-administrativa,
particularmente en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, e igualmente
preocupante es el de la Sala Primera de lo Civil de este alto Tribunal.
Por lo que se refiere a la administración penitenciaria, la masificación,
las deficiencias de infraestructura, alimentación, higiene, sanidad y el
derecho a la intimidad de los internos, así como las cuestiones referidas
a malos tratos, constituyen los aspectos más frecuentes de las quejas. Se
habían efectuado al terminar el informe 51 visitas a distintos centros y
la institución que presido está terminando de elaborar un estudio
completo sobre estos establecimientos penitenciarios.
En cuanto a la situación de los presos que se encuentran en cárceles
extranjeras, hay que significar que acuden cada vez con mayor frecuencia
al Defensor del Pueblo, exponiendo sus problemas, en la mayoría de los
casos dramáticos, y manifestando su deseo de ser trasladados a las
cárceles españolas. Por ello, la institución que presido está efectuando
un seguimiento en relación con las negociaciones que lleva a cabo nuestra
Administración, especialmente con el Reino de Marruecos, a fin de que se
impulse la firma de convenios que permitan a nuestros ciudadanos cumplir
sus condenas en España.
Las quejas referidas a cuestiones de seguridad pública inciden sobre todo
en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con
toda una larga lista que se extiende desde el trato hasta las condiciones
de las dependencias y las actuaciones policiales realizadas en el marco
de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, incidiendo particularmente en
las identificaciones. También es necesario destacar quejas relativas a
las actuaciones de vigilantes de seguridad privada.
La revisión de las distintas formas de contribución a la defensa nacional
se hace más urgente cuando observamos los problemas que afectan a los
objetores de conciencia, fundamentalmente la demora en la incorporación
al cumplimiento de la prestación social sustitutoria, debido a que el
número de plazas concertadas resulta insuficiente ante el número de
ciudadanos que no desean prestar servicio de armas. Ello hace necesario
que la Administración realice una gestión mucho más eficaz para tratar de
evitar los largos plazos de tiempo que transcurren desde el
reconocimiento de la condición de objetor hasta el inicio de su período
de actividad.
En el ámbito educativo se debe hacer una mención directa a los problemas
suscitados por la implantación de la educación secundaria obligatoria, y
es necesario insistir en las deficiencias, especialmente en las
condiciones materiales de los centros, transporte y comedores escolares,
dotaciones de profesorado, etcétera, que todavía pueden subsistir en el
mundo rural. También la educación universitaria plantea sus conflictos,
entre los que destaca la gran dificultad de acceso a los estudios que
desearían realizar los alumnos.
En lo que a la administración sanitaria se refiere, cabe resaltar que,
pese a que pueda constatarse con satisfacción la puesta en práctica de
medidas para reducir las listas de espera, a lo largo del año 1995 se ha
podido observar la persistencia de demoras significativas en la
prestación de la asistencia sanitaria, como resultado de esas listas,
para el acceso a consultas externas y para la realización de pruebas de
diagnóstico e intervenciones quirúrgicas. Se trata de un aspecto en el
que la institución del Defensor del Pueblo continuará manteniendo una
actitud de incansable vigilancia, ya que es preciso garantizar a toda
costa un bien tan fundamental como es el de la salud.
Respecto a la situación de la infancia, puede destacarse la aprobación,
tras los debates mantenidos a lo largo del año pasado, de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, que viene a reforzar las garantías jurídicas para
la protección de los derechos de los menores. Esta ley, entre otros
extremos, recoge algunas medidas recomendadas en su día por el Defensor
del Pueblo, como, por ejemplo, la importancia de que exista intervención
judicial en los casos de ingreso involuntario de menores en centros de
internamiento y la necesidad de reforzar las garantías de protección del
derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Para la institución
que presido, resulta especialmente relevante la previsión que se
contempla en esta ley respecto a la adscripción a un adjunto del Defensor
para los temas específicos de la infancia.
Con independencia del avance que ha supuesto la Ley Orgánica 1/1996, hay
que subrayar que continúan existiendo importantes problemas que afectan a
la situación de nuestros menores, entre los que, a título de ejemplo,
pueden señalarse: las carencias en la atención a niños con problemas
mentales y de conducta; la necesidad de incrementar los programas de
acogida familiar de menores con discapacidades o con necesidades
especiales, y la persistencia de barreras arquitectónicas en centros
escolares, con la consiguiente repercusión en la integración de estos
alumnos.
Asimismo, en el ámbito penal se echa de menos la aprobación de una
legislación básica a nivel estatal y su posterior desarrollo autonómico,
que regule todo lo relativo al control de la ejecución de las sanciones
que afectan a los menores de edad.
Pueden asimismo citarse algunas cuestiones sobre las cuales el Defensor
del Pueblo viene realizando constantes actuaciones, sin que por el
momento haya obtenido un resultado satisfactorio, como son el
reconocimiento de la psiquiatría infantil como especialidad o la falta de
regulación de la protección de familia numerosa que se acomode al texto
constitucional y que contenga unos beneficios reales y efectivos.
De otra parte, en materia de pensiones de orfandad cabe resaltar que en
el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social
se equipara ya el tratamiento de la filiación adoptiva al de la filiación
biológica, a efectos de la adquisición del derecho de pensiones de
orfandad del Régimen de Clases Pasivas, circunstancia que ha motivado que
el Defensor del Pueblo haya recomendado que se lleve a cabo esta misma
acomodación respecto a las pensiones de orfandad del Sistema de Seguridad
Social, recomendación que me complace informar a SS. SS. acaba de ser
aceptada.
En cuanto a los menores que viven con sus madres en establecimientos
penitenciarios, es de destacar que la Ley 13/1995, de 18 de diciembre,
limitó a los tres años la edad máxima en que los mismos pueden permanecer
en los citados centros.
Por último, puedo anunciar que estamos culminando la elaboración de un
estudio relativo a las condiciones en que se desarrollan las actividades
de ocio, esparcimiento y tiempo libre de la infancia en los parques y
jardines de varias ciudades.
Por lo que se refiere a la administración tributaria, hay que citar que
entre las recomendaciones remitidas a dicha administración destacan las
formuladas al Secretario de Estado de Hacienda, con el fin de mejorar
diversos aspectos de los procedimientos tributarios y, en concreto, para
que las notificaciones remitidas a los ciudadanos incluyan todos los
datos identificativos de la deuda que se reclama, así como aquellos que
se refieren a los sujetos pasivos, incluyendo el número de identificación
fiscal o el del documento nacional de identidad para una mayor seguridad
en la tramitación de estos procedimientos.
Igualmente, procede resaltar las actuaciones que se refieren a una mejora
en la gestión de los tribunales económico-administrativos, encaminadas a
lograr que las reclamaciones se resuelvan en el plazo legal de un año,
que es del que disponen dichos órganos para emitir sus fallos. Además,
durante 1995 se han dirigido recomendaciones específicas a todos los
tribunales económico-administrativos, incluido el Central, a fin de que
se agilice el proceso de comprobación de las garantías presentadas junto
a las solicitud de suspensión y para que se optimicen los mecanismos de
coordinación con las delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Las quejas referidas al medio ambiente revelan el creciente interés de la
sociedad española en proteger y prevenir el deterioro y la degradación
ambiental. En el informe encontrarán SS. SS., tras unas consideraciones
generales que ajustan el problema en sus términos jurídicos y
competenciales, cuestiones relativas a la contaminación atmosférica, los
espacios naturales, la gestión de un recurso escaso, como es el agua, el
tema de los residuos y cuestiones relativas a las denominadas actividades
clasificadas que tanto pueden alterar la calidad de vida en nuestra
sociedad.
Respecto a esto último, es obligado decir, señorías, que el análisis de
una gran cantidad de quejas recibidas permite afirmar que es fundamental
la aprobación de una ley de ruidos que regule toda una serie de
actividades, que si bien generan riqueza y bienestar económico, tendrían
que compaginarse para garantizar la salud, la intimidad y el descanso de
los ciudadanos.
Desde la perspectiva del derecho a una vivienda digna, la institución del
Defensor del Pueblo debe expresar su preocupación por el problema del
realojamiento de la población marginada, cuestión ésta que sólo ha tenido
respuesta institucional, aunque parcial, a través de experiencias como el
consorcio para el realojamiento de la población marginada, hasta ahora
circunscrita al término municipal de Madrid, sin perjuicio de las
iniciativas concretas que han llevado a cabo otros municipios.
Lo cierto es que el incremento de la migración de extranjeros a las
grandes ciudades españolas requiere una respuesta coordinada de todas las
administraciones públicas, puesto que si no se resuelve el grave problema
de acceso a una vivienda por parte de las personas que buscan trabajo, en
nuestras ciudades se generará sin duda un grave problema social a corto
plazo.
Este Defensor debe, por tanto, llamar la atención sobre la urgencia de
dar una respuesta a esta cuestión y es su propósito realizar un estudio
que pueda suministrar pautas de información para llevar a cabo una
actuación al respecto, tanto de los órganos legislativos como ejecutivos
competentes.
Señorías, creo que es ésta una oportunidad adecuada para que a partir de
las reflexiones que sugiere el informe y de la propia experiencia
adquirida se pueda, además de juzgar y analizar la tarea del Defensor,
plantear o plantearnos las preocupaciones, las mejoras, las
profundizaciones o la clarificación de espacios y horizontes que en una
materia tan delicada y exigente como la de los derechos fundamentales nos
está reclamando.
Como antes decía, existe un evidente desconocimiento de las funciones del
Defensor por parte de algunos ciudadanos, que abarca desde cuál es su
misión y la tarea que tiene encomendada, hasta en casos extremos la misma
realidad de la existencia de la institución. Por ello, me propongo
aumentar la pedagogía y la información e iniciar una campaña a nivel de
educación primaria para fomentar el conocimiento de una
cultura de paz, de los derechos humanos y de la participación en este
campo del Defensor del Pueblo.
La educación en derechos humanos tiene sus precedentes en las
aportaciones de los organismos internacionales y se legitima a través de
las resoluciones, pactos y acuerdos de estos organismos, que han sido
suscritos por España. Una de las iniciativas más importantes a este
respecto fue la recomendación de la Unesco sobre la educación para la
comprensión, la cooperación y la paz internacionales y la enseñanza
relativa a los derechos humanos que instaba a la consideración de la
docencia como medio para solucionar problemas que condicionan el
bienestar de la humanidad.
Es necesario que la cultura de la paz sustituya a la cultura de la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, para lograr esa
cultura para la paz, hay que dirigirse a los niños y niñas que serán los
hombres y mujeres del mañana. La realización práctica de este proyecto
pedagógico exigirá incrementar, si cabe más todavía, la fluida y leal
colaboración entre los distintos comisionados parlamentarios autonómicos
y este Defensor en la tarea común que tenemos encomendada, porque como
confirman las quejas que los comisionados autonómicos hacen llegar al
Defensor, es frecuente que los ciudadanos acudan ante los comisionados de
sus respectivas autonomías con quejas que están fuera de sus
competencias, bien por desconocimiento de las mismas o bien porque
consideran que deben ser similares a las del Defensor del Pueblo.
Esta situación nos obliga, pues, a aumentar las campañas de información
ante los ciudadanos para que éstos conozcan la auténtica dimensión de
nuestras respectivas instituciones y también nos obliga a aclarar que
nada hay más ajeno al verdadero espíritu de la organización autonómica
del Estado que la multiplicación de figuras que no respondan a una
verdadera exigencia o a una certera demanda de la sociedad o bien que
puedan llevar a duplicar o a solapar innecesariamente sus tareas.
La ponderación conjunta de todos estos elementos de la iniciativa que
vengo exponiendo obliga, asimismo, a constatar que la tarea de llevar a
buen puerto la eficiencia social de los derechos fundamentales tiene,
además, una dimensión económica que no puede olvidarse. Por ello, al
tiempo que agradezco la confianza de SS. SS., quiero reiterar nuevamente
la urgencia de su amparo. Difícilmente, señorías, la institución del
Defensor del Pueblo podrá mejorar sus niveles de eficacia con unos medios
prácticamente congelados desde 1993.
Dentro de esta pretensión de mayor eficacia, soy consciente de la
necesidad de ir acortando el tiempo que se tarda en tramitar las quejas.
Sé que no es fácil armonizar la agilidad con un espíritu de diálogo y
cercanía hacia el interesado y menos aún con la formalidad
administrativa, indispensable en el funcionamiento de una institución que
tiene que hacer frente a tanto escrito. Sin embargo, es imprescindible
disminuir el plazo medio de nuestras contestaciones.
Señorías, desde la perspectiva de más de trece años de funcionamiento del
Defensor del Pueblo, sería conveniente revisar la Ley 3/1981, de 6 de
abril, por la que nos regimos, y reformar algunos aspectos de la misma
para facilitar y agilizar nuestra tarea. Me propongo, por ello, remitir
al Presidente de estas Cortes Generales un escrito en el que se contengan
algunas sugerencias que, a nuestro juicio, deberían inspirar la
modificación de la Ley Orgánica reguladora de la institución. En todo
caso, cualquier propuesta en este sentido nunca la realizará el Defensor
sin un previo cambio de impresiones y un acuerdo con todos los grupos
parlamentarios, puesto que entiende que las iniciativas en esta materia
deben ser absolutamente consensuadas por ser el Defensor del Pueblo una
institución de todo el Parlamento.
Hablaba, al comienzo de mi intervención, de la necesidad de tener en
cuenta las demanda que en materia de derechos humanos nos están
formulando constantemente las nuevas relaciones sociales y los cambios
tecnológicos medioambientales y de sensibilidad que se están produciendo
en nuestro mundo. Pues bien, una de las demandas que en este sentido se
nos plantea es la necesidad de dar respuesta a la insistente petición de
apoyo por parte de algunos defensores del pueblo iberoamericanos. En
muchas ocasiones se ha hecho referencia al esfuerzo infatigable de estos
ombudsmen iberoamericanos, profundamente estimulante para cuantos nos
ocupamos de los derechos humanos en el mundo. En esta línea, es de
especial satisfacción para la institución del Defensor del Pueblo haber
cerrado en el ejercicio que presento un largo proceso, iniciado por mis
predecesores, que ha culminado con la creación de la Federación
Iberoamericana de Defensores del Pueblo, cuyo segundo congreso se
celebrará el próximo mes de abril en Toledo, que, en su mismo nombre,
declara su vocación de asumir las peculiaridades y necesidades de todos
los pueblos y su deseo de no dejar que se agoste ningún esfuerzo en este
campo de la garantía de los derechos.
Creo, señor Presidente, que es hora de concluir, pero antes deseo,
abusando de su benevolencia, añadir una palabra final de reflexión
general.
El Defensor del Pueblo es un comisionado de las Cortes Generales para la
defensa de los derechos fundamentales y la vigilancia de las actuaciones
administrativas en relación con los mismos. Su misión se centra en esas
dos encomiendas de las que tiene que dar cuenta a las Cortes, pero con su
sola tarea el Defensor no puede corregir las deficiencias de la
Administración, eso es obra del Gobierno y del Parlamento. Por ello, creo
que las cuestiones que les he planteado, y otras muchas que figuran en el
informe, muestran, y quizás demuestran, no sólo la necesidad de dar
cumplimiento
a la moción aprobada el 26 de septiembre de 1995 por el Pleno de este
Congreso de los Diputados, por la que se instaba al Gobierno para que
diese contestación a la Comisión Mixta de aquellos contenidos del informe
que le afectan, sino también la importancia de que se lleven a cabo las
iniciativas legislativas que vengan a solucionar los problemas que he
venido exponiendo. Estoy persuadido de que esta petición habrá de
entenderse como una forma más de cumplir con el mandato recibido de sus
señorías.
Todos queremos hacer una Administración mucho más moderna, más ágil y
eficaz, que esté realmente al servicio de los ciudadanos, para que los
principios que proclama nuestra Constitución sean una auténtica realidad
en nuestro país. Queda aún mucho camino por andar hasta conseguir esta
meta, pero para alcanzar este empeño el Defensor del Pueblo estará
siempre a la disposición de estas Cortes Generales. Señorías, no puedo
terminar sin hacer una referencia a las personas que en estos momentos
continúan secuestradas por la crueldad de la violencia terrorista; para
ellos reclamo la libertad. Ninguno de nosotros, ni mucho menos aún
quienes los tienen en su poder, seremos libres mientras estas personas no
recuperen ese derecho fundamental que consagra nuestra Constitución como
uno de los valores esenciales de nuestro Estado de Derecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Agradecemos al Defensor del Pueblo, don Fernando
Alvarez de Miranda, su exposición, cabal resumen del informe que ha
presentado ante el Congreso de los Diputados como alto comisionado de las
Cortes Generales en la defensa de los derechos fundamentales y en la
fiscalización de las administraciones públicas.
Una vez que se ha ausentado el Defensor del Pueblo, a quien reiteramos la
gratitud del Congreso, procede, de acuerdo con la Ley Orgánica del
Defensor, el Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de
21 de abril de 1992, que los grupos parlamentarios que deseen hacerlo
deliberen y expongan sus posiciones al respecto por un tiempo que no ha
de exceder de 15 minutos.
¿Grupos que desean, en consecuencia, intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, con suma
satisfacción, en nombre de Coalición Canaria, hacemos esta intervención
sobre el análisis del informe anual de 1995, que nuestro alto
comisionado, el Defensor del Pueblo, nos ha presentado ante el
Parlamento. La despedida con que SS. SS. han cerrado la presentación de
este informe por don Fernando Alvarez de Miranda casi deja ya trazado el
sendero y la profundidad del camino en que esta intervención mía se va a
manifestar.
Ya en el debate que tuvimos en la Comisión Mixta hice llegar al señor
Defensor del Pueblo, en primer lugar, un agradecimiento y un
reconocimiento por la labor efectuada tanto por él mismo como por sus
adjuntos y todo el personal de la oficina del Defensor del Pueblo. Me
honro en esta sesión en volver a ratificarlo, a la vista ya de un estudio
muy pausado de la densa memoria y del informe presentados. Es una
garantía de trabajo de la Cámara la que esta institución, igual que la
correspondiente del Tribunal de Cuentas, nos ofrece por su sentido de la
profesionalidad y de la responsabilidad.
Pero hay un tercer aspecto que yo quiero destacar aquí, que es una
impronta que el propio Defensor del Pueblo, don Fernando Alvarez de
Miranda, ha puesto con el apoyo de sus colaboradores; es la impronta
personal. Es haber humanizado en un puente una relación del administrado
con la Administración, que a veces se blinda, se sitúa en su papel de
autoridad para imponer el cumplimiento, y es lógico, de las leyes
administrativas. Ese punto de conexión entre el administrado y el
Gobierno encuentra en el Parlamento, por medio de la institución del
Defensor del Pueblo, ese puente, esa línea de comunicación con un talante
fundamentalmente humanista. A los que conocemos la amplia trayectoria
democrática y humanística de don Fernando Alvarez de Miranda, como la de
otros de sus colaboradores del equipo de la oficina del Defensor, no nos
extraña absolutamente para nada y nos sentimos muy reconfortados.
El informe de este año tiene, sobre los anteriores, dentro de una línea
de continuidad, algo que este portavoz quiere resaltar como es un cambio
de la sistemática en el mismo, lo que nos parece positivo y enriquecedor,
porque se hace un tratamiento monográfico de determinados temas. Quiero
resaltar el grado de sensibilidad con que la institución del Defensor del
Pueblo nos está dando una información a los grupos parlamentarios, y a
todos los Diputados y Senadores, para que sepamos muchas veces
reconducir, incluso, la necesidad tanto de nuestras iniciativas
parlamentarias como de las enmiendas que se pueden hacer a todo proyecto
de ley, porque nos está dando una doctrina y un carácter de sensibilidad
respecto a lo que está pensando el ciudadano de a pie, que es el que
recurre al Defensor del Pueblo.
En primer lugar, tenemos un tema tan sensible que ha merecido ser tratado
monográficamente en la memoria, como es el de los secretos oficiales. El
Defensor del Pueblo nos dice que es necesario tener una pieza legislativa
que dé plena garantía, en un Estado de Derecho, al controvertido y
espinoso asunto de los secretos oficiales, que lleva arrastrando unos
cuantos años de escándalos ante la opinión pública. En segundo lugar,
está el tema de la insumisión, incluso su consecuencia anterior, que es
la objeción de conciencia, el informe del Defensor del Pueblo la trata
exhaustivamente. Se han sumado los datos que el Ministerio de Justicia, a
través de la dirección correspondiente para la objeción de conciencia,
los datos del Ministerio de Defensa al respecto y la problemática que
implican la estructura y funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, pero
el análisis de Derecho constitucional que el Defensor del Pueblo hace en
su informe es el que da la justa medida del problema que estamos
tratando. Si no tuviéramos ese análisis crítico, que falta muchas veces
en la pura cifra estadística del Ministerio de Justicia o en el puro
análisis estructural militar que hace el Ministerio de Defensa, y el
enjuiciamiento en Derecho que hace el Defensor del Pueblo, nos
encontraríamos en esta Cámara huérfanos de uno de los recursos que
nuestra Constitución, afortunadamente, puso a disposición de esta Cámara
para saber de qué va, sociológica y políticamente, el fenómeno de la
insumisión y de la objeción de conciencia. Quiero destacar el tratamiento
de los datos personales automatizados, que requiere una sensibilidad de
todos los poderes públicos para darle al ciudadano la garantía de este
derecho constitucional.
El informe se refiere también a aspectos a veces tan prosaicos, tan del
uso diario del ciudadano como es el tema del tráfico urbano y la
regulación del aparcamiento de vehículos en determinadas calles. Parece
un tema menor y, sin embargo, el ciudadano lo padece todos los días,
igual que la propia administración municipal por los conflictos
contenciosos que se dan precisamente en este área de influencia.
En la segunda parte de mi intervención quiero resaltar un aspecto nuevo y
significativo que recoge el informe del Defensor del Pueblo, que son las
recomendaciones. Muchas veces, los grupos parlamentarios nos hemos
encontrado con insuficiente conocimiento de causa para tomar iniciativas
legislativas. Esto también le puede pasar al propio Gobierno, a la
Administración, pero, al fin y al cabo, el Gobierno tiene otros recursos
para obtener información sobre lo que está ocurriendo en la calle; sin
embargo, los grupos parlamentarios, salvo por la conexión del partido
político con sus bases, no tiene una información puntual. Entendemos que
es positivo que todo el análisis que la oficina del Defensor del Pueblo
ha hecho se plasme en recomendaciones a la Administración, porque si ésta
no recibe este toque de sensibilidad, este toque de atención, esta
llamada al cumplimiento de la letra y del espíritu de la Constitución y
de las leyes, que es lo que nos garantiza permanentemente y nos acredita
ante los ciudadanos, ante nuestro pueblo español, estaríamos huérfanos de
ello.
Señorías, casi llegan a cien las recomendaciones que el Defensor del
Pueblo ha hecho a la Administración a lo largo de 1995, por lo que me
limitaré a resaltar materias recogidas en el índice; por ejemplo, la
referente a la documentación necesaria para visados de la agrupación
familiar, que es un tema hacia el que este Parlamento se muestra
sensible. Asimismo está el tema de las recomendaciones, el adaptar a la
legislación de la Unión Europea la legislación española en materia
turística, las áreas turísticas españolas, y no pienso sólo en el
archipiélago canario donde el turismo representa más del 70 por ciento de
la creación de producto interior bruto. Lo estamos deseando porque los
turistas son fundamentalmente europeos, el núcleo duro turístico es de la
Unión Europea, alemanes, británicos, etcétera, y necesitamos tener
adaptada esta legislación turística a la norma de la Unión Europea.
Abrevio en el trámite, señorías, y quiero terminar resaltando otros
aspectos que son la sistemática y el énfasis que el Defensor del Pueblo
ha puesto en el tema de las resoluciones adoptadas en relación con las
quejas de los ciudadanos. Las ha dividido en dos grupos de reacción la
propia oficina del Defensor: las recomendaciones y las sugerencias.
Considero esto importante porque durante varios años este Diputado ha
hecho una crítica normal, analítica, al informe del Defensor del Pueblo
respecto a la necesidad de la eficacia ante la Administración. ¿Qué hacen
las administraciones civil y militar del Estado cuando el Defensor del
Pueblo acepta una queja? O el Defensor del Pueblo le pone un énfasis para
una gestión y actuación directas ante esa propia Administración --a lo
que está facultado por su propia ley orgánica-- o la recepción ha de
hacerse por los grupos parlamentarios a través de las iniciativas
correspondientes. Pues bien, desde un tono menor de las sugerencias, que
es una simple cuestión de decirle a la Administración: Lo que usted hace
está dentro de la ley pero humanícela, tenga un trato más directo con el
ciudadano, pasamos a lo que ya son recomendaciones que tienen un
sustrato, un fundamento en base legal para decir a la Administración que
le hace una recomendación para que modifique determinadas órdenes
ministeriales, determinadas resoluciones, determinados comportamientos,
es decir lo que se escapa de la capacidad legislativa de las Cortes
Generales. Por tanto, en todo lo que es una potestad administrativa de un
ministerio, sean órdenes ministeriales, sean resoluciones, sean
circulares, el Defensor del Pueblo tiene que llegar, como brazo
institucional, representante y alto comisionado del Parlamento, a la
Administración para decirle que cambie la orden ministerial
correspondiente o trate de adaptarla a las circunstancias respectivas.
Señor Presidente, termino con una observación fundamental a la última y
tercera parte de la actuación del Defensor del Pueblo, que es la
sensibilidad de los textos emanados de estas Cámaras para denunciar ante
el Tribunal Constitucional lo que se entiende como interposición de
recursos o la cuestión del amparo que merece el ciudadano. Si el Defensor
del Pueblo no tuviera
esta facultad de poder interponer recurso de inconstitucionalidad a
determinadas leyes emanadas de este Parlamento, tendríamos una figura
jurídica y políticamente deficiente y coja. Desde Coalición Canaria
queremos alentar al Defensor del Pueblo a que la próxima conferencia de
la Asociación Iberoamericana de Defensores del Pueblo se celebre en
España y tenga este amparo. Los problemas que tenemos de relaciones
políticas y diplomáticas con determinados países, en este caso del área
iberoamericana --y ahí está la declaración que han hecho los jefes de
Estado y de Gobierno recientemente en el documento conocido como Viña del
Mar, en Chile-- apuntan a que los defensores del pueblo tienen que tomar
carta de sensibilidad y de actuación porque si no el documento de Viña
del Mar, como en el caso de Cuba, quedaría en un mero documento retórico.
Si no se va creando esta sensibilidad, esta conciencia y esta
introducción de la actuación de los defensores del pueblo en el área
iberoamericana, España, a través de su Defensor del Pueblo, dejaría de
presentar una importante figura. En este momento me consta, señorías, que
el prestigio y el respeto que el Defensor del Pueblo español tiene en
aquellos países hispanoamericanos con figuras similares es de altísimo
sentido de autoridad moral, legislativa y jurídica y, por tanto, política
para entrar en esa cuestión.
Acepto y me parece muy positivo el talante del Defensor del Pueblo al
haber planteado con sumo respeto a esta Cámara la posibilidad de
modificar su ley. Creemos que es a través del sosiego, del estudio
analítico y del diálogo abierto que se vienen haciendo con buen talante
como se pueden hacer las adaptaciones que en su día se consideren
necesarias. La verdad es que cuando con la legislación actual, con el
trabajo de todos los miembros de la oficina del Defensor del Pueblo, se
puede presentar ante esta Cámara un informe como el que se ha presentado
para 1995 nos podemos sentir satisfechos y en plena garantía. Es ahora
responsabilidad de los grupos parlamentarios y del Gobierno darle
utilidad en las iniciativas legislativas o similares que se puedan hacer
en esta Cámara con este valiosísimo material. El ciudadano, el pueblo
español se puede sentir satisfecho, y se puede sentir satisfecha esta
Cámara. Coalición Canaria así lo reconoce públicamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señor Presidente, señorías, para el Grup
Parlamentari Catalá la comparecencia anual del Defensor del Pueblo ante
esta Cámara constituye un acontecimiento especialmente importante; y es
importante porque de su informe podemos llegar a conocer, por una parte,
cómo funcionan realmente ciertos aspectos de las administraciones a
través de las quejas presentadas por los ciudadanos al Defensor. De esta
manera, tenemos ocasión de conocer facetas de la realidad social que de
otro modo nos sería más difícil o simplemente estaría vedado su
conocimiento. El contacto tan directo entre la institución y la
ciudadanía no puede sino reportar ventajas que tenemos que aprovechar
para el desarrollo de nuestro buen hacer parlamentario.
También nos recuerda, por otra parte, que todavía existen problemas
individuales y sociales que no están debidamente resueltos y que
lamentablemente se vienen repitiendo año tras año sin que se haya llegado
todavía a una solución satisfactoria.
Antes de incidir en aquellos puntos del informe que nos parecen de
especial interés, tengo que felicitar al Defensor del Pueblo y a sus
colaboradores por el trabajo realizado en este detallado informe que hoy
analizamos, por el espíritu humanista que lo impregna, así como por la
preocupación social que lo preside.
Tal como el informe apunta, debería ser un motivo de especial
preocupación la cantidad de quejas no admitidas, 8.722 exactamente. Tan
elevada cifra pone de manifiesto la necesidad de mejorar los canales
públicos de información a los ciudadanos acerca de las funciones, deberes
y servicios que presta y debe prestar esta institución. Del análisis del
informe parece desprenderse que hay una cierta tendencia social a
confundir a la institución con un órgano jurisdiccional superior, lo que
indicaría también la necesaria publicidad de las verdaderas funciones del
Defensor del Pueblo, pues de poco vale disponer de una institución tan
importante si la ciudadanía llamada a utilizarla no sabe, por
desconocimiento, cómo hacer un uso adecuado de la misma.
Nos parece acertada la propuesta que en Comisión hizo el Defensor para
acercarse al centro neurálgico de aprendizaje: las escuelas e institutos.
Pero creemos que aun siendo una medida oportuna puede no ser suficiente.
Con una adecuada información se lograrían dos objetivos: que las quejas
presentadas fueran realmente de la competencia del Defensor del Pueblo y
descargar el trabajo administrativo por el rechazo de quejas que no son
procedentes.
Es motivo de preocupación que algún ayuntamiento y algún colegio
profesional se niegue a colaborar con el Defensor, desatendiendo los
requerimientos que se le dirigen. Espero del comisionado que denuncie
todas y cada una de las obstrucciones que en el futuro puedan producirse,
para que, si procede, se les puedan aplicar las sanciones que prevé el
nuevo Código Penal, puesto que el prestigio de la institución va en ello.
En el epígrafe relativo al consumo del alcohol por los menores, me ha
sorprendido que no se califique ni una sola vez el alcohol como una
droga, cuando esta es la calificación que tienen las bebidas con dicho
componente, y como tales han sido tratadas en el Plan Nacional contra la
Droga recientemente presentado. No debemos olvidar que el número de los
actos violentos, costes morales, laborales y muertes por accidente de
tráfico, provocadas por el consumo excesivo de alcohol, es superior al
provocado por otro tipo de drogas. Como bien resalta el informe que hoy
tratamos, la conclusión de la Conferencia sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, exhorta a los Estados participantes a la adopción de
medidas eficaces y apropiadas para abolir las prácticas tradicionales y
perjudiciales para la salud de los menores. No hay ninguna duda de que
dentro de estas prácticas tradicionales debemos incluir el consumo de
alcohol por los menores, circunstancia que hoy todavía perdura, en
especial en ciertos ambientes sociales. Instamos al Defensor del Pueblo
para que en próximos informes catalogue el consumo de alcohol en general
dentro del apartado de drogas que, en definitiva, es el que le
corresponde.
En cuanto se refiere a las barreras arquitectónicas tratadas en el
epígrafe 14, se nos indica que algunas administraciones --y ello a pesar
de la Ley de Integración Social del 7 de abril de 1982-- alegan
insuficiencia presupuestaria para no realizar las obras necesarias para
favorecer la correcta accesibilidad de todo tipo de personas a los
edificios, servicios y transportes públicos. Estamos absolutamente de
acuerdo con el Defensor del Pueblo en que las excusas alegadas no pueden
ni deben ser aceptadas y que debemos trabajar en todos los ámbitos para
erradicar estas actitudes pasivas e insolidarias que afectan a una parte
de la población especialmente necesitada de ayuda. Las barreras
arquitectónicas afectan hoy directamente a un determinado colectivo
incidiendo en su calidad de vida, pero en los próximos años, debido al
progresivo envejecimiento de la población, perjudicarán a una capa social
cada vez más amplia, que tendrá serias dificultades para desenvolverse
naturalmente en actividades en apariencia tan normales y sencillas como
la de subirse al autobús, descender las escaleras del Metro, ir al
mercado o a una biblioteca.
Otro aspecto que queremos comentar es el que trata de las familias
numerosas. Nos ha complacido y compartimos especialmente la preocupación
que siente el Defensor del Pueblo por este colectivo, minoritario hoy por
hoy, del cual yo misma formo parte. Desearíamos, si el Defensor del
Pueblo así lo estima, que en próximos informes dedicara un estudio
específico en toda su extensión a la problemática que sufre la familia en
aspectos tan importantes como la educación, becas, transporte y ayudas a
las viviendas. Nosotros creemos que en este país y en su entorno la
familia constituye el núcleo central de la sociedad y su protección
alcanza todos los ámbitos sociales y generacionales. El entorno familiar
sólido es esencial para la educación y el desarrollo de los niños y
jóvenes y un compromiso de atención futura hacia nuestros mayores.
Nos parece también excesivamente elevado el número de reclamaciones que
se dirigen al Defensor del Pueblo relativas al cobro de pensiones. Unas
muestran su disconformidad con la pensión recibida y otras muchas, con la
excesiva tardanza del Instituto Nacional de la Seguridad Social en hacer
efectivas las cantidades que les corresponden. Si en parte podemos
entender que existan algunas discrepancias en cuanto al montante de lo
que perciben, ya que son variadas y complejas las normas que se aplican
para su cálculo, no hay motivo alguno que justifique la tardanza en
entregar sus haberes a los pensionistas.
Me permito observar que en el informe que hoy comentamos no hay un
apartado explícito a la discriminación que sufre en general la mujer en
materia laboral. El artículo 14 de la Constitución española establece que
todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de sexo y, sin embargo, por motivos hoy
incomprensibles, la mujer viene percibiendo en bastantes puestos y por
igual trabajo un salario inferior al que recibe el hombre, situación a
todas luces injusta. Todavía, desgraciadamente, estamos lejos de la
igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres. El interés
explícito del Defensor del Pueblo respecto a este tema influiría, sin
duda, beneficiosamente en la formación de una cultura social favorable a
la integración efectiva de la mujer en el sistema laboral.
Dos apuntes tan sólo breves sobre dos servicios públicos que presentan
deficiencias integradas en su estructura, cuya erradicación sería
necesaria: correos y el transporte ferroviario. El servicio de correos es
deficiente, sobre todo en el ámbito rural. El correo --para algunos, un
servicio considerado obsoleto-- constituye en estos ámbitos el modo más
frecuente, barato y eficaz de comunicarse, y debe efectuarse por la
Administración no bajo el prisma de la rentabilidad sino del servicio
público, también básico, dirigido a los ciudadanos que en muchas
ocasiones disponen de un solo teléfono en su pueblo o aldea.
Por lo que respecta al transporte ferroviario, si bien su funcionamiento
ha mejorado estimablemente, no es menos cierto que todavía existen
deficiencias en cuanto a la seguridad, aún hay pasos a nivel que cada año
ocasionan muertes al paso del tren, accidentes que a veces también se
producen en núcleos propiamente urbanos en donde las vías no están
suficientemente valladas y protegidas, como ha ocurrido recientemente en
Girona.
Para concluir quisiera apuntar un tema siempre actual como es el del uso
de las bases de datos de los ciudadanos y que, por decirlo así, circulan
en el mercado. Creemos que la necesaria protección de la intimidad de las
personas, su capacidad económica y otras circunstancias
relevantes en orden a aspectos tales como su salud, lugar de residencia y
otros exigen el estricto cumplimiento de la Ley 5/1992, que, como nos
pone de manifiesto el Defensor del Pueblo, ciertas entidades financieras
y crediticias interpretan de manera más favorable a sus intereses.
Señor Presidente, señorías, tratar todo el trabajo intenso de un año en
tan corto plazo de tiempo es una tarea imposible, pero nos parece
importante recalcar en esta Cámara la valiosa aportación que, año tras
año, el Defensor del Pueblo y la institución que dirige y representa nos
ofrece a todas y a todos nosotros. El informe es un instrumento de
consulta riguroso y rico en sugerencias que nos ayuda a conocer la
relación real entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Por
este motivo sería deseable poder tratar en Comisión, si fuera oportuno,
sectorialmente este informe para su más profundo estudio. Por esta razón,
nuestro grupo parlamentario dará soporte a la petición elevada a la
Cámara para la modificación de la ley reguladora de la institución del
Defensor del Pueblo.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amorós.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que cuando esta mañana el
Defensor del Pueblo explicaba a esta Cámara, un tanto vacía, lo que había
sido el resultado de un trabajo quizá ya pasado en el tiempo por todos
los avatares que hemos tenido este año (se han celebrado elecciones, se
han disuelto las Cámaras y estamos discutiendo el informe de 1995 a
finales de 1996), he tenido la impresión de que la eficacia de la
reflexión que hacía el Defensor del Pueblo perdía un poco de contenido.
Pero no pierde contenido el desarrollo de este proceso de información
sobre cuál es el pulso democrático que tiene nuestro país, cómo se está
desarrollando nuestra sociedad y nuestra democracia. El propio Defensor
del Pueblo nos ha sugerido que debíamos plantearnos seriamente cambiar
algunos aspectos de la ley, que yo creo que está llena de burocracia y
falta de eficacia, pues él mismo tiene que venir a la Comisión, al Pleno
y al Senado --yo creo que no gana para explicar las mismas cosas tantas
veces-- y, sin embargo, no hay un proceso en el que podamos discutir con
él, con sus adjuntos o con la gente interesada los problemas que plantea
en el informe.Por tanto, desde mi grupo instamos a que eso también se
tenga en cuenta y que se cambie para poder trabajar más cerca, porque
nosotros somos la institución que avala al Defensor del Pueblo y, sin
embargo, ese trámite de discusión de los problemas no lo tenemos claro.
El Defensor del Pueblo ha hecho referencia a una proposición no de ley,
que por cierto presentó el Grupo de Izquierda Unida en la anterior
legislatura, para intentar más eficacia en esta cuestión, y se aprobó por
todos los grupos (quiero recordarlo al Gobierno, que aunque no haya nadie
aquí alguien se lo podrá decir) el compromiso de que a los tres meses de
presentar este informe se haría un escrito incluyendo todas las
recomendaciones, todas las quejas o los incumplimientos que se hubieran
producido. Desearía que el Gobierno no olvidara ese compromiso porque es
muy importante que no caiga en el vacío y que se empiece ya a dar esa
salida. Yo creo que en esas dos bases se puede intentar ayudar a lo que
de verdad presenta este informe. Este informe pulsa, repito, la
democracia, y nosotros queremos ayudar al desarrollo de la democracia, y
además de la propuesta que hicimos queremos contribuir a algo que el
propio Defensor ha dicho.
Los temas a tratar son muy amplios. Aquí, afortunadamente, la conciencia
democrática empieza a despertarse. Se protesta por el consumo, por los
seguros, por todas las cosas. Es decir, que ya la capacidad de sentir que
los derechos deben defenderse es importante en la vida política de
nuestro país y en lo que refleja el propio Defensor del Pueblo.
Nos preocupan también algunos de los aspectos que refleja el informe,
como es la cantidad de gente que acude al Defensor y la cantidad de
quejas que se realizan, pero también la cantidad de quejas que no son
admitidas. El que no sean admitidas requiere un examen, porque puede ser
un aspecto negativo de la institución. El Defensor del Pueblo lo resalta
y lo ha dicho hoy: que hay veces que la gente no conoce cuál es el valor
democrático de cada institución, qué competencias tiene y que el acudir
al Defensor del Pueblo es una muestra de desesperación por el mal
funcionamiento de otras instituciones de nuestra democracia. Por lo
tanto, del análisis de las no admitidas también tenemos que sacar
conclusiones. Nos preocupa que muchas veces no lleguen todas las que
tienen que llegar, por falta de conocimiento de la institución, y en
cambio lleguen otras que no tenían que llegar, que no encuentran amparo,
lo que nos orienta que a veces la Administración de la justicia funciona
mal, la Administración en general funciona mal. Esto hace que la
desesperación de la gente le lleve al Defensor del Pueblo, aunque éste
tenga que decir que no puede atender a su solicitud por estar pendiente
de la iniciativa judicial.
De todos los aspectos que trata este informe, nos gustaría dedicarnos a
todos aquellos que se refieren al respeto de las libertades. Yo creo que
estamos en un momento bastante peligroso --lo veremos a lo largo del
estudio del informe del Defensor del Pueblo de este año-- en el que están
ocurriendo situaciones graves
con inmigrantes, con agresiones físicas por skin heads o por tribus
urbanas, en un renacer de la violencia, poniendo en práctica medidas que
a veces son atentados a la propia libertad. Y para eso tenemos que estar
muy al tanto de lo que pueda ir pasando en esa reducción de libertades
que a mí me parece que puede ser peligroso.
En un examen comparativo del informe del año pasado con el actual hemos
visto que han remitido algunas de las quejas, que este año ha habido
menos --es un dato que sé que se tiene que observar de otra manera--,
pero puede que sean menos colectivas. Lo que sí nos preocupa es que las
mujeres todavía recurran al Defensor del Pueblo menos que los hombres,
pero cuando asumen la responsabilidad de cabeza de familia, cuando se
divorcian, cuando se separan, son casi al 50 por ciento las que acuden al
Defensor del Pueblo, porque su calvario nace a la hora de asumir una
serie de problemas. Es verdad que el 70 por ciento de los hombres y el 30
las mujeres son los que han ido al Defensor del Pueblo, pero divorciadas
han sido el 47 por ciento. Otro dato que quiero destacar es que el 97 por
ciento de las quejas han sido formuladas por españoles, el 2 por ciento
por extranjeros regularizados y el 1 por ciento de aquellos que hemos
irregularizado o no los hemos regularizado. Es decir, que el ejercicio de
los derechos de los extranjeros todavía no está tan claro, aunque también
nos da una esperanza el que algún irregular se haya atrevido a salir
desde su irregularidad para acudir al Defensor del Pueblo. Esperemos que
esto anime a todos los demás y encuentren el amparo democrático
necesitado.
Uno de los temas que ha planteado este informe como una gran polémica ha
sido la Ley de Secretos Oficiales. Desde nuestro grupo le diríamos al
Defensor del Pueblo que no estaríamos en desacuerdo con las notas que da
sobre el contenido de esa ley. No participamos en la ley del Gobierno,
que se ha quedado paralizada, pero que remitió al Consejo General del
Poder Judicial. Ha trascendido algún aspecto que significaba poner
mordazas a las libertades, que es lo que estamos denunciando, y que en
vez de desarrollar la democracia puede cortar la libertad. Nuestro grupo
sabe que el Estado tiene que tener temas reservados, que además eso se
tiene que hacer con unas garantías y con un consenso, pero nos oponemos
absolutamente a que pueda haber zonas de impunidad, en nombre del Estado,
que no garanticen la aplicación de la justicia igual a todos los
ciudadanos. Eso lo recoge el Defensor del Pueblo y nosotros queremos
apoyar ese tema, porque nos parece muy importante que frente al derecho
del Estado tenga la garantía de la justicia y la dignidad de situaciones
de no impunidad al amparo de lo que es la defensa de la soberanía.
Otro de los temas que nos preocupa --anteayer estábamos en una
concentración en el Ministerio de Interior por esta causa con los de
Ceuta y Melilla-- es el de los emigrantes, que está planteando serios
problemas que denuncia el Defensor del Pueblo. Han llegado quejas sobre
la situación en Barajas de la gente que pasa por allí, que pide asilo
político, que no se le da, que no se le fundamentan las resoluciones, que
no tienen intérprete, que no tienen abogado, y aunque ya se va arreglando
esa situación plantea un nivel de indefensión ante la policía y no se
respeta la generosidad democrática de nuestro país para todas estas
personas. Otro de los temas es el de las actuaciones irregulares, por su
falta de objetividad, en los derechos de los emigrantes. Cada
administración aplica lo que quiere. A un policía le cae bien y le deja
entra, a otro policía no le cae bien y no le deja entrar. Hay gente que
tiene contratos de trabajo y no le dejan entrar. Esas cosas suponen una
indefensión tremenda que no dicen muchas cosas a favor de nuestra
democracia. También se impiden los reagrupamientos familiares y son
objeto de quejas. Asimismo han sido objeto de muchas denuncias las
actuaciones consulares, porque cada cónsul hace en su país lo que quiere,
da visado a quien quiere y no se lo da a quien no quiere, exige cuentas
corrientes, exige derechos que no son democráticos y nosotros creemos que
ante esas situaciones hay que estar muy vigilantes para que no se den
verdaderas infracciones en los derechos.
También ha hablado de la situación en Ceuta y Melilla. Ha dicho el
Defensor del Pueblo que realizó un desplazamiento allí, pero como siga el
tema así va a tener que ir todos los meses, porque cada vez hay más gente
amparada en una muralla, durmiendo en agujeros, como ha dicho el Defensor
del Pueblo . Me parece que tenemos que estar muy atentos a esa situación,
porque es un retrato de todo menos de un país democrático que queramos
enseñar a nuestros vecinos del Africa cercana.
También está la situación de los insumisos, en la que se está creando una
penalidad falsa. Ahora mismo hay jóvenes en la cárcel mientras se está
hablando de reducir la mili a seis meses o incluso de quitarla, y hay
jóvenes a los que llamamos delincuentes por luchar por ese mismo derecho.
Todo esto plantea situaciones de complicación ante las cuales nosotros
estamos absolutamente en contra y creemos que la criminalización de esa
conducta, cuando estamos en un período de extinción de la mili, es
absolutamente inadmisible.
Es verdad que la situación de la justicia nos debe preocupar y nosotros
vamos a llevar a cabo iniciativas en este terreno. Que haya 156.000 casos
pendientes en la Sala de lo Contencioso, que todavía no haya juzgados de
lo contencioso está negando los derechos a todas esas personas.
Otro de los temas que ha sido tratado ampliamente es el de la situación
penitenciaria. Hemos hecho comparecer a los responsables de instituciones
penitenciarias. En este momento tenemos casi 40.000 presos hombres y
4.226 mujeres y si nos leyéramos el informe
sobre cuál es la situación de las cárceles nos daría vergüenza.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego vaya concluyendo.
La señora ALMEIDA CASTRO: Inmediatamente.
Hay masificación en las cárceles de mujeres y no me refiero sólo a las
que tienen los hijos en las cárceles, donde no hay cunas, tienen que
dormir los niños con ellas y para una cuna que había no tenía sábanas.
Eso se está reflejando. El presupuesto de comida no se mueve desde el año
1990, aunque hayan subido los precios. Hay una masificación tremenda. En
la cárcel de mujeres de La Coruña, por ejemplo, en una habitación, además
de literas de tres hay colchonetas en el suelo para poder dormir hasta
seis y siete personas. Tenemos que preocuparnos por todo eso. Por lo
menos desde nuestro grupos vamos a mostrar un interés de trabajo, vamos a
preocuparnos de llevar a cabo las iniciativas que aquí se reflejan.
Hay que señalar también los malos tratos en las fuerzas de seguridad, que
han rebajado en las del Estado, pero han surgido y aumentado en las
fuerzas privadas y en las policías locales. Tenemos que estar muy al
tanto, porque están surgiendo muchos alcaldes que se considera que son
los dictadores y caudillos de sus ciudades y que mandan a las policías
locales a no respetar los derechos y las libertades. Creo que esas cosas
las tenemos que tener en cuenta.
El resto de reflejos de derechos fundamentales, como el derecho a la
educación, a la salud, al bienestar social, al empleo, ha sido objeto de
análisis, de un análisis que nosotros creemos que no es muy positivo para
la situación de derecho que garantiza una calidad de vida a nuestros
ciudadanos.
Hemos de alegrarnos de que el medio ambiente haya entrado de lleno en las
quejas del Defensor del Pueblo; que nos tenga que hablar de las Tablas de
Daimiel, de la sequedad de aquel terreno, de los parques nacionales y de
la necesidad de proteger los espacios naturales, nos parece que es una
forma de conciencia democrática sobre el desarrollo sostenible y no sobre
el desarrollo destructivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Por último, y con esto termino --me queda la
última hoja--, también queríamos decir que a veces la actividad municipal
está creando muchos problemas a los ciudadanos: no se pagan las
expropiaciones, no se dan los justiprecios, se les deja abandonados a su
suerte. Y el informe nos están indicando que hay todavía instituciones
que no colaboran con el Defensor del Pueblo. Hasta el Colegio de Abogados
de Madrid tiene una queja, hay colegios profesionales, hay ayuntamientos
y hay muchas otras instituciones, incluso la Policía, que tienen una mala
colaboración con el Defensor del Pueblo. Nosotros tenemos que asumir la
defensa de esta institución, que amparamos y nombramos, pero, sobre todo,
que da vida a la democracia.
Este informe que haga el Gobierno --porque éste es el compromiso
constitucional y de esta Cámara-- tiene que resaltar precisamente medidas
que sancionen, en la vía administrativa o mediante los recursos
oportunos, a todas aquellas instituciones que no respeten nuestro orden
democrático.
Agradecemos no sólo al Defensor del Pueblo, sino a todo su equipo, que
nos haya traído este informe, que nos parece aprovechable con el fin de
que podamos presentar iniciativas que mejoren la democracia, la
conciencia democrática de los ciudadanos y la calidad de vida de las
personas afectadas por estas deficiencias. Para ello, contará con el
apoyo de nuestro grupo y con la iniciativa legislativa que podamos tener
en nuestro ámbito de actuación, buscando el mayor consenso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar agradeciendo la comparecencia del Defensor para
informar sobre el estudio del año 1995 y a todo su equipo por la labor
realizada. En primer lugar, he de destacar la nueva estructura del
informe, que da una visión de conjunto y hace que el instrumento sea más
útil para el cumplimiento de la función encomendada. Además, nos gustaría
destacar, entre los nuevos compromisos de la Administración con el
Defensor, la moción del Pleno del Congreso sobre la contestación escrita,
en el plazo no superior a tres meses, al informe anual desde la fecha de
su debate en Comisión. Se hará por primera vez con este informe de 1995,
y aquí el seguimiento por los grupos parlamentarios será muy útil
respecto a las sugerencias y a las recomendaciones y recordatorios
formulados por el Defensor en su informe anual. Por tanto, como Grupo
Socialista estaremos atentos al cumplimiento, por parte del Gobierno y de
la Administración, de todas estas recomendaciones y sugerencias
formuladas por el Defensor.
En cuanto a las relaciones con los comisionados autonómicos, me parece
importante destacar la labor de coordinación, puesto que cada vez más
tiene que haber una cooperación entre los Defensores de las distintas
comunidades autónomas, dado que, al existir más transferencias y más
competencias de las comunidades
autónomas, cada vez tendrá más importancia a nivel autonómico la función
del Defensor. También destacamos, en las relaciones internacionales, esa
proyección internacional que ha conseguido la figura del Defensor del
Pueblo en España sobre otras áreas de influencia, como pueda ser
Iberoamérica, donde el modelo de España está siendo utilizado para el
desarrollo de instituciones similares en esos países.
Quiero destacar especialmente la novedad de este informe de 1995 en
cuanto al tratamiento monográfico de determinados temas ligados a las
áreas de intervención del Defensor. Quiero detenerme en alguno de ellos,
porque siguen hoy vigentes a pesar del tiempo transcurrido al que se
refiere el informe del Defensor.
Se ha aludido, en primer lugar, al tema de los secretos oficiales. Ha
dicho el Defensor hoy en su comparecencia que pueden vulnerar derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva y a los medios de prueba,
previstos en el artículo 24 de la Constitución. El Defensor propone una
reforma para que no puedan existir zonas de impunidad. Aquí quiero hacer
una pequeña reflexión y detenerme. Nadie niega la necesidad de la
existencia de secretos oficiales. Los secretos oficiales son un
instrumento necesario para velar por la seguridad y la defensa de
cualquier Estado. La propia Constitución respalda su existencia, puesto
que exceptúa del principio general de transparencia administrativa todo
lo que se refiera a la seguridad y a la defensa del Estado en el artículo
105 de la Constitución, apartado b). Por tanto, ahí existe un bien
jurídico protegido, que es la seguridad y la defensa del Estado.
Ahora bien, ¿qué son secretos oficiales? ¿Quién lo decide? Hoy por hoy,
es una decisión de alcance político y lo decide el Gobierno, con un
amplio margen de discrecionalidad. En ese sentido se manifestó en su día
la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y también el
dictamen del Consejo de Estado, que pidió el Gobierno antes de hacer su
propuesta de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, recientemente
informada por el Consejo General del Poder Judicial, por cierto unánime
en su negativa en cuanto a la concepción de esa nueva legislación.
El hecho de que sean necesarios los secretos oficiales porque representan
la defensa relativa a la seguridad del Estado y su reconocimiento, no
significa que no estén sometidos al control. De hecho, nuestra
legislación, aunque preconstitucional, como ha dicho el Defensor, tiene
previsto el control que corresponde al Parlamento. Precisamente existe la
Comisión de Secretos Oficiales en este Parlamento. Un control que,
naturalmente, puede ampliarse, pero con las suficientes limitaciones,
puesto que no puede estar en el mismo nivel de cualquier otro acceso al
nivel judicial, dado que el proceso es público y contradictorio y el
conocimiento en un proceso judicial normal de los secretos oficiales
implicaría el conocimiento general y, por tanto, un efecto negativo que
precisamente se quiere preservar.
Aquí queremos dejar nuestra reflexión en el sentido de que debe de haber
un equilibrio entre bienes jurídicamente protegidos (la tutela judicial
efectiva, por un lado, y la seguridad y defensa del Estado, por otro) en
esa eventual reforma cuya oportunidad compartimos en cuanto a proceder a
una mejora de la legislación, pero no porque la que tenemos sea
inconstitucional, porque no todo lo que es preconstitucional es
inconstitucional, ni muchísimo menos, sino por mejorar las normas
aplicables a estos supuestos, teniendo muy en cuenta la defensa de esos
intereses en juego que hay que preservar, tanto la tutela judicial
efectiva, como la seguridad y defensa del Estado.
Otro tema que merece la pena destacarse del informe del Defensor es el
relativo a la inmigración, que está de total actualidad. El informe se
refiere al problema que tuvimos en Ceuta con un número destacado y
excesivo, desgraciadamente, de inmigrantes ilegales concentrados en las
murallas de Ceuta. Se ha producido en 1996 un problema similar en
Melilla, y de hecho se sigue produciendo. Hoy ese problema sigue
existiendo. Por tanto, más allá del problema que explica el Defensor, que
es el de Ceuta, o del que presumiblemente explicará con respecto a 1996,
que fue el de Melilla, tenemos el problema en la actualidad, y ahí
tenemos que trabajar en la línea de cooperación con la Unión Europea y
con los principios que, como miembros de la Unión Europea, nos obligan.
La línea de política inmigratoria en la Unión Europea tiene tres
elementos: el desarrollo a la cooperación, en el que debemos de ser
sensibles para que las personas no tengan que salir de sus países de
origen buscando una vida mejor; en segundo lugar, el control de flujos,
porque no es bueno que vengan inmigrantes ilegales o irregulares, es
bueno que los inmigrantes vengan con la posibilidad de trabajar, de
integrarse y de poder participar en la sociedad de acogida a la que
llegan; y el tercer elemento es la integración. Hay un plan de
integración que se dejó hecho en la anterior legislatura al que sería
bueno dar el suficiente desarrollo y utilizar todas las posibilidades que
tiene.
En cuanto a la insumisión, que es otro tema que nos trae el Defensor en
sus análisis monográficos, creemos que puede resolverse en un futuro pero
que, hoy por hoy, todavía plantea graves situaciones. Es cierto que, al
no realizar la prestación social sustitutoria, los objetores caen en una
situación muy especial. Es el Ararteko precisamente, el Defensor del
Pueblo de Euskadi, el que más hincapié ha hecho en que debería procederse
a la modificación del Código Penal y el que menos comparte esa
tipificación que entre todos aprobamos en la anterior legislatura. En
cualquier caso, es un tema que ahí sigue y al que tendremos que dar una
salida acorde con los principios que a todos nos deben de orientar en
esta materia como en otras.
Otro asunto tratado monográficamente y que querría mencionar es el
consumo de alcohol por menores. Plantea un problema que existe en muchas
materias, que es la legislación autonómica dispar. Es un tema que está
transferido en cuanto a las competencias, pero las comunidades autónomas
tienen distintas normativas aplicables al caso y se dan supuestos de
jóvenes que buscan las normas más favorables a la ingesta de bebidas
alcohólicas y hacen lo que se ha dado en llamar el turismo etílico, es
decir, van buscando la norma que más les favorece. Debería de armonizarse
la normativa de las diecisisete comunidades autónomas. En ese sentido, el
Defensor del Pueblo, a través de esa cooperación que hace en las jornadas
que anualmente tiene con los Defensores de las distintas comunidades
autónomas, debería trabajar en la armonización de esa legislación.
También quiero referirme, siquiera sea muy brevemente, a las líneas
eróticas, para poner de relieve que seguramente el Defensor tendrá que
seguir trabajando en esta materia porque está muy ligada a los avances
tecnológicos. Los avances tecnológicos se están produciendo a una
velocidad extraordinaria y muchas veces no llegamos con las normas
jurídicas a los supuestos que en la realidad se producen. En este punto,
creo que deberá seguir trabajando en la línea en que lo viene haciendo.
Quiero mencionar algo que figura por primera vez en el informe del
Defensor y es la sensibilidad por lo ecológico, el problema de la
utilización excesiva de los recursos, que puede dar lugar a una situación
preocupante. El Defensor analiza en esta ocasión el sistema acuífero de
La Mancha occidental, las Tablas de Daimiel, y dice que hay una
esquilmación de recursos. Si se lee detenidamente el informe se observa
que, efectivamente, aflora esa idea de que hemos podido utilizar en
exceso los recursos. Es necesario el desarrollo, pero no olvidemos las
declaraciones de la Cumbre de Río: el desarrollo ha de ser sostenible,
tenemos que mantener los recursos y utilizarlos sin esquilmarlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, le
ruego vaya concluyendo.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor Presidente, intentaré resumir.
Voy a hacer un repaso muy rápido por los temas generales de la
intervención del Defensor en cuanto a Administración de justicia y otros.
Una palabra nada más con respecto a la Administración de justicia. Hay
aspectos de la jurisdicción, concretamente la contencioso-administrativa,
en la que hay unos colapsos extraordinarios. Pero me quiero referir aquí
a algo que el Defensor por primera vez menciona, cual es la necesidad de
crear un fondo de garantía de pago de pensiones para hijos de padres y
madres separadas; el impago de pensiones. Alude a este problema por
primera vez. Recordará el Grupo Popular que nos prometió, cuando al
inicio de esta legislatura planteamos la eventual creación de un fondo de
pensiones --les recuerdo que votaron en contra--, que en el mes de
septiembre de este año traerían su propio proyecto de fondo de garantía
de pago de alimentos y pensiones. Estamos ya en el mes de diciembre y les
insto a que cumplan con lo que han prometido en este aspecto.
Otro elemento que me gustaría comentar muy brevemente es el relativo a
urbanismo y vivienda. En este tema el Defensor hace una valoración muy
positiva del plan de vivienda 1992-1995. Esperamos que el próximo plan de
vivienda se desarrolle al menos con las mismas características de
efectividad con que se desarrolló éste y no sabemos si eso será posible
con las nuevas normas sobre suelo que se han ido aprobando en esta
Cámara.
Termino, señor Presidente. Quiero referirme a algo que han comentado
alguna de las personas que me han precedido en el uso de la palabra y es
el tema relativo a la discriminación por razón de sexo. Voy a ampliar
algo más: discriminación con respecto a la mujer, discriminación con
respecto a los inmigrantes, discriminación por razón de raza y
discriminación y tratamiento muy negativo con respecto a la infancia.
Seguimos asistiendo a la utilización sexista del lenguaje desde la
Administración y a la utilización sexista de la imagen de las mujeres en
la Administración y en los medios de difusión públicos. En estos ámbitos,
en ambos, cabe la actuación del Defensor del Pueblo en salvaguarda de los
derechos fundamentales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, le
ruego concluya.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor Presidente, voy concluyendo.
Estos derechos fundamentales merecerían un estudio monográfico por parte
del Defensor para cumplir precisamente con el artículo 14 de la
Constitución.
Termino mi intervención refiriéndome a los instrumentos privilegiados que
tiene el Defensor, las recomendaciones, las sugerencias, la posibilidad
de interposición de recursos de inconstitucionalidad o recursos de
amparo, que utiliza muy ponderadamente. Ese camino de recomendaciones y
sugerencias es positivo también para los grupos parlamentarios para hacer
el seguimiento de la labor del Gobierno y, en su caso, exigirle el
cumplimiento de esas recomendaciones.
Concluyo, señor Presidente, refiriéndome a algo que ha dicho aquí el
Defensor que me parece clave. Ha dicho que se va a hacer una campaña
desde la institución del Defensor para educar en valores, para educar en
tolerancia, para educar en derechos fundamentales. Este aspecto es clave.
Para que haya un verdadero ejercicio de derechos fundamentales y una
verdadera democracia basada en esos derechos fundamentales,
en esa convivencia sobre el respeto y sobre la tolerancia, no es
suficiente la declaración programática que tenemos en nuestras leyes, es
necesario el ejercicio, es necesario el hábito, es necesario convivir y
ejercer esos derechos fundamentales e interiorizarlos, vivirlos como
propios y educar a las nuevas generaciones, a las personas jóvenes, en
esos valores y así capacitar a todos para que puedan participar
activamente en la construcción de sus propias sociedades en la paz y en
la convivencia.
Termino --gracias, señor Presidente, por su benevolencia-- agradeciendo
al Defensor y a todo su equipo el informe. Le reiteramos el apoyo del
Grupo Parlamentario Socialista y le animamos en su labor para que cumpla
con su cometido como alto comisionado de las Cortes Generales para la
defensa de las libertades y los derechos fundamentales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, me corresponde
fijar la posición de mi grupo respecto de la exposición ante esta Cámara
del informe anual correspondiente a 1995 del Defensor del Pueblo,
conforme al artículo 200 del reglamento, exposición densa y profunda como
corresponde a un trabajo bien hecho.
Turno éste que me corresponde, con especial significación hoy para mí, en
el que quiero comenzar con palabras de consideración para el Defensor del
Pueblo, señor Alvarez de Miranda, su adjunto, señor Rovira, y cómo no, de
recuerdo hacia la señora Retuerto, actual vocal del Consejo General del
Poder Judicial; así como dar la bienvenida al nuevo adjunto segundo,
señor Uribarri, así como a todo el personal facultativo y técnico de la
oficina del Defensor del Pueblo. Palabras de consideración porque durante
el tiempo en el que he tenido ocasión de debatir ideas y compartir
inquietudes con los citados, he encontrado en todo momento profesionales
entregados a su trabajo con un rigor y dedicación que deberían crear
escuela y del que creo que un ejemplo es el informe que ya obra en
nuestro poder. Y agradecimiento también porque los informes del Defensor
del Pueblo han sido para mí fuente primera de información y diagnóstico
sobre la situación social y administrativa del país. Quede, por tanto,
constancia de esta consideración y agradecimiento y del deseo, del
sincero deseo, de que esa línea no se trunque en el futuro.
Terminado el capítulo de agradecimientos, es preciso remarcar que el
conjunto de quejas y cuestiones que se plantean en el informe objeto de
debate corresponden a un año, 1995, en el que gobernaba el Partido
Socialista y la composición de esta Cámara era diferente.
Acabamos de oír la exposición del Defensor del Pueblo acerca del informe
relativo a 1995, y lo primero que me interesa destacar es que éste es un
debate preceptivo, obligado por las normas de esta Cámara, dada la
vinculación y la dependencia del Defensor del Pueblo a la misma. Me
interesa destacar dicho extremo porque con ello creo importante poner de
manifiesto que estamos ante un acto eminentemente institucional, un acto
en el que el Congreso recibe la información cualificada de uno de sus
órganos. Me parece que lo justo es recordar que esa información nos
pertenece a todos y que todos debemos hacer un uso equilibrado de ella.
Esa es, al menos, la intención de mi grupo, y el propósito que nos guía
no es otro que el plantear en sus justos términos el debate sobre dicho
informe.
El artículo 54 de la Constitución Española, como SS. SS. conocen, define
la figura del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes
Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos
comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales. Ahora bien, ¿en qué términos se explicita el desarrollo de esa
alta función? Podría decirse, y con razón, que en su ley de creación,
pero, si me lo permiten, yo diré algo más, porque creo que para el
verdadero cumplimiento de esa alta función deben darse tres condiciones
básicas que nacen, efectivamente, de la ley, pero que la trascienden.
Esas condiciones, a mi juicio, son las siguientes: la consolidación
social de la institución, su utilidad práctica y la identificación con
que lleguen a materializarla los ciudadanos, destinatarios últimos de su
vigencia.
En este sentido, hay varias formas de medir ese primer factor. Así, por
ejemplo, el número de quejas que se reciben anualmente y su progresión,
su localización territorial, su contenido sectorial, etcétera, elementos
todos que nos dan idea de la medida en que los ciudadanos conocen la
institución y creen en ella. Pienso que las cifras ponen de manifiesto la
virtualidad, la vigencia de la institución, que, como digo, se demuestra
por las 13.060 quejas presentadas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Camilleri.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: A través de la lectura del informe,
comprobamos el grado de preocupación sobre los aspectos más diversos y se
confirma la percepción, aceptada íntegramente por mi grupo, que los
ciudadanos tienen de su Defensor.
Naturalmente, cantidad no siempre es calidad. No debemos fiarnos de
criterios meramente estadísticos
para llegar a una conclusión como la anterior, pero éste no es el caso.
Sugiero la lectura detenida del informe para comprender el grado de
utilidad política y social que la institución ha alcanzado. A juicio de
mi grupo, en este capítulo merecen destacarse dos aspectos relevantes:
por una parte, el incremento de las actuaciones de oficio, que pasan de
91 en 1994 a 154 en 1995, cifra en todo caso pequeña, pero que pone de
relieve la potencialidad en el futuro de la labor supervisora activa, y
no meramente pasiva, de la oficina del Defensor del Pueblo y, por otra
parte, la realización de informes específicos, como el de la atención
residencial a las personas con discapacidades y otros aspectos conexos,
que abren un camino de gran interés para el conocimiento por esta Cámara
de la realidad del país.
En segundo lugar, como otro de los factores básicos para el preceptivo
funcionamiento de la oficina del Defensor del Pueblo, está el siempre
delicado capítulo de las relaciones de la institución con la
Administración pública, entendiendo por Administración pública no sólo la
Administración central, sino las comunidades autónomas, diputaciones
provinciales y ayuntamientos. No creo que sea difícil estar de acuerdo
con una premisa básica: si las instituciones no dan la respuesta debida
al Defensor, si sus reclamaciones no son atendidas o si se utilizan
subterfugios dilatorios, como suele ocurrir, es evidente que la labor
supervisora será todo lo voluntarista y meritoria que se quiera, pero no
será eficaz ni adecuada al marco legal ni a los fines que debe
desarrollar. Por eso, resulta poco alentador que el informe tenga que
dedicar un apartado a las administraciones que han incumplido el deber de
contestar al Defensor del Pueblo o, al menos, que lo haga en los términos
en que lo hace, y me van a permitir que lea literalmente: Se relacionan,
a continuación, las administraciones que han incumplido el deber de
contestar al Defensor y nunca han remitido el informe que desde esta
institución se les había solicitado, a pesar de haberse requerido la
remisión de dicho informe en tres ocasiones, si bien hay que destacar
que, de las veinte administraciones que no contestan, diecinueve son
ayuntamientos, la mayoría pequeños municipios.
El tercer elemento o factor básico es el de la incardinación del Defensor
del Pueblo en esta Cámara. He dicho al principio de mi intervención que
esa incardinación o dependencia debe estar presidida en todo momento por
la alta función institucional del Defensor del Pueblo y que sus informes
deben ser tratados con el adecuado equilibrio político. Nadie tiene
derecho de propiedad sobre sus contenidos, pero todos tenemos la
obligación de debatirlos, analizarlos y asumirlos, y para ello no creo
tampoco difícil que estemos de acuerdo en que el debate que hoy
celebramos, como el que tuvimos el pasado 7 de noviembre en la Comisión
Mixta para las relaciones con el Defensor del Pueblo, es tan necesario
como insuficiente. Necesario, porque es la vía reglamentaria de
comunicación actualmente vigente entre ambas instituciones, pero, al
mismo tiempo, insuficiente porque no es posible entrar aquí en un acto
como éste en la profundidad que un informe de esta importancia requiere.
En este sentido, esta Cámara debe facilitar esa profundidad mediante
mecanismos más flexibles. Así, cree mi grupo que sería recomendable, en
primer lugar, posibilitar la comparecencia del Defensor y sus adjuntos en
las comisiones correspondientes de esta Cámara, según la materia a
tratar. No tiene lógica alguna que quienes conocen con el detalle que el
informe demuestra los problemas de los ciudadanos, se limiten a
intervenir en un acto como el que hoy celebramos.
En segundo lugar, regular en la norma parlamentaria instrumentos de
control político específicos sobre los funcionarios y autoridades que no
respondan a los requerimientos del Defensor del Pueblo, porque, señorías,
la falta de colaboración de un funcionario o de una autoridad con el
Defensor es una falta de colaboración con esta Cámara, en el que aquél se
integra y de la que depende.
En tercer lugar, asegurar el estudio por parte de esta Cámara de las
modificaciones legislativas oportunas recomendadas por la institución del
Defensor del Pueblo.
El contacto con la realidad, el sentido práctico de las actuaciones de la
oficina del Defensor del Pueblo le permiten un conocimiento muy valioso
de la eficacia y vigencia real de las leyes que esta Cámara elabora, y
esta Cámara no puede permitirse el lujo de que dicho conocimiento no sea
aprovechado.
Centrándonos en el informe en sí, rápidamente, creemos que han sido
oportunos los cambios de modificaciones que se han producido en la
institución. Es importante y alabamos la creación del área del medio
ambiente, ya que el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado,
unido al deber de conservarlo es algo que cada vez demanda más la
sociedad, como se refleja en el Gobierno con la existencia de un
Ministerio de Medio Ambiente.
También es importante destacar el tratamiento especial que recibe el
menor por parte del Defensor del Pueblo, que le ha llevado al cambio de
denominación del área de trabajo, pasando a llamarse bienestar social,
trabajo y atención al menor.
Por otra parte, la variación que se introduce en la estructura del
informe este año, con el objetivo de hacer más útil este documento de
trabajo, nos parece adecuada y provechosa.
Por último --termino--, alguien dijo que instituciones como ésta son un
lujo de la democracia. No creo que tenga ese carácter tan pretencioso y
prefiero entender, como Jacob Soderman, actualmente Defensor del Pueblo
europeo, que han sido creadas para fortalecer la propia democracia y su
funcionamiento, y deben ser un ejemplo de relaciones institucionales
marcadas
por un comportamiento democrático. Por eso, creo firmemente que un
ombudsmen, un Defensor, puede ser útil solamente en los marcos de un
sistema donde las personas, incluidos los funcionarios públicos y las
autoridades, respeten la ley y traten de regirse por ella. De no ocurrir
así, no tiene valor alguno lo que el ombudsmen pueda decir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Camilleri.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 15/1996, DE 18 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE AUTORIZA AL
ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA A CONCERTAR NUEVAS OPERACIONES DE
CREDITO, POR UN IMPORTE DE 34.500.859.000 PESETAS (Número de expediente
130/000011)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VIII del
orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 15/1996, de 18 de noviembre, por el que se autoriza al
Ente Público Radiotelevisión Española a concertar nuevas operaciones de
crédito, por un importe de 34.500.859.000 pesetas.
Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Vicepresidente Primero.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno, tras una difícil y pesada tarea para clarificar la
situación presupuestaria y financiera de Radiotelevisión Española, tarea
a la que la actual Dirección General de Radiotelevisión Española ha
tenido que prestar una gran dedicación, ya que la situación, por no
cargar los adjetivos, era, cuando menos, muy compleja, y tarea en la que
ha sido fundamental la colaboración de la Intervención General del
Estado, el Gobierno, decía, consideró necesario aprobar un Real
Decreto-ley el pasado 18 de noviembre, cuya convalidación se plantea
ahora a esta Cámara, Real Decreto-ley que resuelve los déficit de
tesorería y presupuestarios heredados.
¿Por qué es necesaria una medida de este tipo antes de terminar el
presente ejercicio? Porque si queremos que Radiotelevisión Española mire
al futuro con un espíritu ambicioso, renovador y competitivo, sin
hipotecas del pasado, hay que acabar con las tensiones de tesorería, hay
que evitar que los acreedores carguen con la financiación del grupo y hay
que, en fin, regularizar su situación presupuestaria. Pasaré a explicar
todo esto.
Desde 1990, Radiotelevisión Española ha venido manteniendo una política
presupuestaria ajena a la realidad del nuevo marco competitivo del sector
audiovisual español, lo que llevó a un grave deterioro de su situación de
tesorería. Así, en la presupuestación de los ingresos de Radiotelevisión
Española en el periodo 1990-1995, se produjo un desfase entre lo
presupuestado y lo realmente ingresado que ascendió a 155.000 millones de
pesetas. Ninguna entidad pública ni privada puede permitirse el lujo de
hacer unas previsiones de ingresos de imposible realización y, sin
embargo, eso se hizo por la anterior Dirección General de Radiotelevisión
Española equilibrando ficticiamente unos presupuestos en base a prever
unos ingresos comerciales extremadamente hinchados. Ingresos comerciales
más que hinchados llevaron a Radiotelevisión Española al referido
desfase, por no decir brecha, dada su magnitud, entre ingresos
presupuestados e ingresos obtenidos. A ello se unió que, en cambio, los
gastos presupuestados sí se cumplieron en su totalidad, y recordaré a
esta Cámara que, recién celebradas las elecciones generales de 1993, se
aprobó un real decreto-ley por el cual se reconoció un incremento del
gasto en Radiotelevisión Española de 41.314 millones de pesetas. Además,
en algunos años se superaron los créditos autorizados, tal y como refleja
el último informe del Tribunal de Cuentas denunciando prácticas contables
irregulares. Todo esto ha llevado a la tesorería del grupo
Radiotelevisión Española a una situación que requiere urgente solución.
Con el ánimo de seguir exponiendo la tarea realizada para clarificar la
situación encontrada en Radiotelevisión Española, cabe decir que las
deudas vencidas y no pagadas a los diferentes proveedores del grupo
Radiotelevisión Española ascendían, cuando tomó posesión la nueva
Dirección General de Radiotelevisión Española, a 26.655 millones de
pesetas, tal como fue ratificado por la Intervención Delegada de Hacienda
en su informe de 17 de septiembre del presente año. Entre otras, cabe
destacar las deudas no pagadas a Retevisión y Telefónica, pero si bien
los principales afectados por las demoras producidas en los pagos son, en
términos absolutos, el ente público Retevisión y la Compañía Telefónica,
existen también numerosos acreedores, incluidos los de menor entidad,
pero para cuya cifra de negocios representaban cuantías muy importantes,
que han sufrido las consecuencias de esta incorrecta práctica financiera
de retrasar sistemáticamente pagos para obtener financiación artificial,
adicional a la autorizada con carácter de máximo para cada año.
La incorrecta práctica seguida por la anterior Dirección General de
Radiotelevisión Española consistía, sencillamente, en pasar la pelota de
un ejercicio a otro, cargando la financiación sobre los acreedores al ver
los mismos retrasados sus pagos. Pasar la pelota, señorías, está muy bien
en determinadas prácticas deportivas, pero
no parece que ésta pueda ser una actuación permitida en la gestión
presupuestaria de una entidad pública. Por todo ello, al objeto de sanear
la situación de tesorería del grupo Radiotelevisión Española, el
Gobierno, mediante el Real Decreto-ley que ahora se somete a
convalidación, ha considerado necesaria la aprobación de un aumento de la
capacidad de endeudamiento financiero de Radiotelevisión Española en el
presente ejercicio de 1996 por la cifra anteriormente mencionada de
26.655 millones de pesetas. De esta forma, el grupo Radiotelevisión
Española se pondrá al día en sus pagos con los diferentes proveedores y
acreedores.
Decía al comienzo de mi exposición, que en relación con Radiotelevisión
Española el Gobierno y la nueva Dirección General lo primero que han
hecho es clarificar su situación presupuestaria y financiera. Acabo de
describir el estado de tesorería detectado, pero he de resaltar también
que en el análisis de la situación presupuestaria de Radiotelevisión
Española en el presente ejercicio del año 1996 --todo lo que he dicho se
refiere a los ejercicios 1990-1995--, si bien se ha contado con la plena
colaboración de los diferentes responsables del Ente Público
Radiotelevisión y sus sociedades, ha sido necesario realizar un laborioso
trabajo dadas las enormes dificultades encontradas para identificar las
obligaciones contraídas por el anterior equipo de Radiotelevisión
Española.
El resultado se resume en que el grupo Radiotelevisión Española --y en
este punto también es coincidente el informe de la Intervención de
Hacienda-- tiene en este ejercicio un déficit presupuestario de 8.070
millones de pesetas, que requiere una financiación vía mayor
endeudamiento financiero por 7.846 millones de pesetas. Este déficit
presupuestario es consecuencia de la no presupuestación por parte de la
anterior Dirección General de Radiotelevisión Española de diferentes
actividades y eventos. Así, resaltaré por su especial relevancia la no
presupuestación por Radiotelevisión Española para el año 1996 de los
Juegos Olímpicos de Atlanta, por un importe de 4.472 millones de pesetas,
y los derechos de retransmisión de la Liga de Campeones de la UEFA, por
un importe de 3.542 millones de pesetas, o la no presupuestación tampoco
del mayor coste de producciones externas de televisión por la vía de la
participación en publicidad.
En esta misma línea de falta de rigor presupuestario y de no presupuestar
compromisos adquiridos, quizá porque se tenía la certeza de que este
agujero presupuestario nos lo íbamos a encontrar otros, he de mencionar
la política de personal llevada a cabo por la anterior Dirección General,
política de personal que no voy a calificar, pero que está implicando y
seguirá implicando, dados los procesos en curso y situaciones creadas, un
rosario de sentencias judiciales que no estaban previstas en los
presupuestos aprobados y que requieren, por tanto, de la correspondiente
dotación presupuestaria, ascendiendo la misma para el presente ejercicio
a 1.395 millones de pesetas.
En resumen, la irregular situación encontrada tanto presupuestaria como
de tesorería, requería una solución urgente por parte del Gobierno,
dándose la oportuna cobertura presupuestaria al déficit encontrado y
autorizándose al mismo tiempo un incremento de la capacidad de
financiación por un importe total de 34.501 millones de pesetas para
dichos compromisos de gasto, así como para poder hacer frente al pago de
la deuda que se venía arrastrando con diferentes acreedores. Esta
solución se ha tomado no sólo para regularizar una situación heredada,
sino para adecuar el grupo Radiotelevisión Española a los retos que
requiere el nuevo marco audiovisual en el que la televisión sin fronteras
es ya una realidad. Como ya indicaba en mi intervención en esta Cámara el
pasado 20 de noviembre, si SS. SS. convalidan con sus votos este Real
Decreto-ley, podremos mirar al futuro y no al pasado, ya que el agujero
presupuestario que la anterior Dirección General de Radiotelevisión
Española dejó en los presupuestos del año 1996 será un asunto resuelto y
porque el endeudamiento financiero coincidirá por vez primera con el real
endeudamiento del grupo Radiotelevisión Española.
Una vez que se ha puesto fin a los malos hábitos, que se ha clarificado
la situación y se subsanan ahora con la convalidación, que espero, de
este Real Decreto-ley las no adecuadas situaciones presupuestarias y de
tesorería, podremos hablar del futuro de Radiotelevisión Española sin
hablar del pasado, salvo para ver cómo puede resolverse el enorme
problema de la deuda acumulada. Podremos, como ya dije, desde el sosiego
y la claridad, hablar y negociar en el seno del Consejo de Administración
de Radiotelevisión Española, así como con los representantes de los
trabajadores, y también, es evidente, negociar e intentar el consenso con
los distintos grupos políticos y grupos parlamentarios sobre el futuro
del grupo Radiotelevisión Española, un futuro que auguro brillante para
Radiotelevisión Española en un panorama audiovisual que, cada vez más,
traspasa fronteras e incluso océanos; un futuro sin condicionantes del
pasado en el que el grupo Radiotelevisión Española, con un marco
financiero estable, pueda planificar adecuadamente sus diferentes
actuaciones y pueda llevar a cabo el importante papel que le corresponde
en España, en Europa y en el mundo. A todos, señorías, nos corresponde
colaborar para que ello sea posible.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alvarez-Cascos.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Real Decreto-ley que nos presenta el Gobierno para su
convalidación nos permite hablar, creo que por primera vez en esta
legislatura, de Radiotelevisión Española. La situación económica del
ente, el plan de viabilidad, la competencia de otras cadenas, la
plataforma digital que nos han anunciado son motivos más que suficientes
para que este Congreso dedique parte de su tiempo a hablar de
Radiotelevisión.
Después de seis meses de gestión del Partido Popular en Radiotelevisión
Española podemos sacar varias conclusiones, pero la que destaca por
encima de todas es, sin duda, la siguiente. Ustedes actúan en
Radiotelevisión Española exactamente igual que en el Gobierno, como no
podía ser de otra manera: hacen lo contrario de lo que prometen.
Prometieron bajar los costes de Radiotelevisión Española: han
incrementado los costes para 1997 e incluso para el presente ejercicio de
1996. Prometieron subir los ingresos: no van a alcanzar los previstos
para 1996 y han bajado los de 1997. Prometieron reducir los altos cargos:
todavía recuerdo las intervenciones del actual Ministro de Trabajo, señor
Arenas, escandalizado por lo exageradamente inflado que estaba el
organigrama de Radiotelevisión Española. No solamente ha subido el número
de altos cargos sino que les han subido el sueldo, cometiendo incluso la
ilegalidad de triplicar el sueldo del director de informativos sin
informar siquiera al Consejo de Administración, cuando los niveles
retributivos del personal de Radiotelevisión Española deben ser aprobados
por dicho Consejo de Administración. Prometieron transparencia: nos ha
costado cinco meses enterarnos del sueldo del director de informativos;
no hay un solo papel que nos diga quiénes son los acreedores de los
34.000 millones que ahora se nos solicitan; se ha negociado y acordado
una plataforma digital con un grupo de empresas y en el Consejo de
Administración no se ha hablado todavía para nada del tema. La
transparencia hubiera exigido que durante las negociaciones se hubiese
oído la opinión del propio Consejo de Administración. Por fin,
prometieron el santo advenimiento del reino de la libertad en Televisión
Española cuando ustedes ganasen las elecciones. Les sugiero, para aclarar
las dudas que ustedes puedan tener, la lectura de las intervenciones de
los sucesivos portavoces populares en la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española. A los señores Arenas, Ramallo, De Grandes y a
la señora Mato se les llenaba la boca de agua al hablar del santo
advenimiento del reino de la libertad, y su victoria ha supuesto el
advenimiento del reino de la manipulación. (Protestas y Aplausos.)
Me gustaría recordarles en este momento una frase que repitió en
numerosas ocasiones el anterior Director General, Jordi García Candau, y
que no se ha cumplido: Me consideraré satisfecho como demócrata si
ustedes tratan al PSOE como nosotros tratamos al PP. (Rumores.--Risas.)
Nos presentan un Real Decreto-ley para que Radiotelevisión Española pueda
pagar deudas por valor de 34.000 millones de pesetas, de las cuales hasta
ayer en la Comisión no sabíamos a qué se referían. La Directora General
nos dijo que eran: de la Unión Europea de Radiodifusión, 1.276 millones;
de la compañía Telefónica Nacional de España, 995; de proveedores
exteriores, 477; de otros proveedores, 4.383; de personal, 1.395; otros,
6.451, donde están Juegos Olímpicos, Liga de Campeones y derechos de
autor; y Retevisión, 19.000.
El Vicepresidente para asuntos políticos nos ha dicho que el tema
referido a Juegos Olímpicos y Liga de Campeones no estaba presupuestado.
Desde ayer a la una de la tarde, cuando la Directora General nos informó
de estas partidas, de estas deudas y de estas cantidades no
presupuestadas, hasta las diez de la noche, estuvimos buscando
información. No la conseguimos de todas las partidas, pero sí conseguimos
la de algunas. Los Juegos Olímpicos y la Liga de Campeones están
presupuestados; no es cierto lo que acaba de decir el Vicepresidente del
Gobierno. Los Juegos Olímpicos --que se refieren a los de 1988, 1992 y
1996-- tenían una cobertura presupuestada de 3.250 millones de pesetas.
La Liga de Campeones, aprobada en el acta de la junta económica, tenía un
presupuesto de 3.403 millones de pesetas. No sabemos a qué proveedores
exteriores se refiere ni cuáles son los otros proveedores.
Por derechos de autor, Radiotelevisión Española paga a la Sociedad
General de Autores 1.200 millones de pesetas. La Sociedad General de
Autores reclama un pago de 2.000 millones de pesetas. Radiotelevisión
Española ha pagado los 1.200 millones y la Sociedad General de Autores ha
puesto un pleito. Si ustedes quieren pagar los 800 millones antes de que
se resuelva el pleito, es problema suyo exclusivamente. Además, en mayo
había en Televisión Española 1.400 millones disponibles y toda la
programación contratada hasta final de diciembre. ¿Qué han hecho ustedes
con todo ese dinero? (Rumores.)
De los 34.000 millones, 19.000 son para Retevisión y 995 para la Compañía
Telefónica Nacional de España. Respecto a los 19.000 millones, había un
acuerdo de Televisión Española de pago aplazado de la deuda. Me da la
impresión de que lo que ustedes quieren es pagar toda la deuda
inmediatamente y no cumplir los plazos. Ustedes quieren sanear Retevisión
española para privatizarla y entregarla, seguramente, a algún amigo
(Risas.), a costa de la situación económica de Radiotelevisión Española.
(Rumores.--Protestas.) Ustedes quieren hacer exactamente lo mismo con la
Compañía Telefónica Nacional de España. Creo que este Decreto-ley no es
más que una cobertura --de los 34.000 millones, 20.000, y de los 14.000
restantes, 7.000 millones estaban presupuestados; de los otros 7.000 no
tengo
todavía información-- para sanear ustedes Retevisión española, como digo,
de cara a una privatización. A costa de endeudar más a Televisión
Española, ustedes quieren favorecer la privatización de Retevisión.
(Rumores.) El Grupo Parlamentario Socialista ha demostrado en numerosas
ocasiones que es capaz de anteponer los intereses generales del Estado a
los del propio partido. (Rumores.) El consenso en política exterior,
siempre que esta sea dictada desde el Ministerio, desde el Palacio de
Santa Cruz, y responda a los intereses supremos de los españoles, saben
ustedes que lo tienen garantizado. El consenso en materia de terrorismo
también está garantizado. Si ustedes quieren, podemos buscar el consenso
en Radiotelevisión Española. Formemos uno o varios grupos de trabajo, con
los grupos parlamentarios que quieran, con el único objetivo de
fortalecer la radiotelevisión pública en España. Comprometámonos todos a
encontrar el mecanismo que impida la utilización de la televisión como
instrumento partidista. Para todos esos objetivos pueden contar con
nosotros. Si ustedes quieren la televisión para crear de la nada un
liderazgo, no cuenten con nosotros. (Rumores.) Si ustedes creen que en el
telediario se puede decir que el mejor índice de popularidad de Felipe
González se debe a que no trabaja y que el descenso de Aznar es producido
porque el trabajo que hace le resta popularidad, para eso no cuenten con
nosotros. (Rumores.) Los criterios de imparcialidad y objetividad que
establece el estatuto de Radiotelevisión Española ustedes creen que son
un capricho del legislador y no un compromiso que deben asumir los
responsables de Radiotelevisión. Los telediarios han retrocedido años, a
épocas anteriores incluso de la extinta UCD. (Rumores.--Un señor
Diputado: ¡Bien! ¡Bien!) La televisión de hace más de veinte años que
ahora nos está recordando Televisión Española se parece al telediario del
sábado 30 de noviembre, en el que aparecieron en distintas informaciones
Aznar y cuatro ministros y nadie de la oposición, nadie de ningún partido
que no fuese el Gobierno. (Rumores.) Tengo que reconocer que este
telediario fue exactamente igual que los que había en este país hace
veinte años, con una sola diferencia. En aquellos aparecía sólo el
Gobierno; en el del 30 de noviembre que he tomado como ejemplo también
apareció sólo el Gobierno. La única diferencia entre los telediarios de
hace veinte años y el que ustedes hicieron el día 30 de noviembre es que
los de hace veinte años eran en blanco y negro. (Rumores.--Protestas.)
Ayer, en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española puse el
ejemplo del telediario del pasado lunes 21. El Presidente del Congreso
utilizó el otro día un símil náutico haciendo referencia a la Audiencia
Nacional como a un portaaviones --no sé si va a la deriva o sin
control--, pero utilizando el mismo símil podemos tomar el telediario de
las nueve de la noche del lunes como el buque insignia de los
informativos populares. Serviría cualquier otro telediario, pero el del
día 21 puede ser significativo. En todas las ocasiones, como siempre
--escasas, por cierto--, en que dirigentes del Partido Socialista
aparecen en el telediario, automáticamente sus opiniones son contrastadas
con la opinión de algún dirigente del Partido Popular para diluir el
mensaje o para que este desaparezca. Tras una declaración, hablando de la
huelga, del Secretario General de la UGT, fue contestado inmediatamente
por el Ministro de Trabajo, el señor Arenas, por el señor Alvarez-Cascos
y por el señor Rajoy. Dos frases del Secretario de Organización del
Partido Socialista, Cipriá Ciscar, una, sobre sanidad, fue inmediatamente
contestada por el Ministro de Sanidad; la otra, sobre privatizaciones,
fue peor: se llevaron las cámaras a todo correr a la sede del Partido
Popular para que un portavoz contestase a lo que había dicho el señor
Ciscar. (Rumores.) Ese portavoz, como todos ustedes saben, es el señor
Acebes que, como no tiene razones políticas que contestar, se dedica a
insultar. (Protestas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que
no se perciben.--Aplausos.) A propósito, la gente de la calle cree que el
señor Acebes es locutor de Radiotelevisión Española. Yo le sugeriría,
señor Acebes, que pida aumento de sueldo, porque comparado con lo que
cobra el señor Buruaga, es que lo suyo me da pena. (Risas.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Aguiriano, le ruego
vaya concluyendo.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Termino, señor Presidente.
Estamos dispuestos a trabajar en una dirección que fortalezca la radio y
la televisión pública; nos tendrán enfrente si la quieren mantener como
un instrumento al servicio del Partido Popular o de personajes del
Partido Popular.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Aguiriano.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): El señor Aguiriano quiere más datos. De toda
su intervención, lo más relevante es que quiere más datos y yo con mucho
gusto se los facilito.
Los pufos --se lo digo en lenguaje llano, pufos, es decir pagos
reconocidos y no efectuados, pufos-- del anterior equipo de
Radiotelevisión Española, que ahora tiene que remediar el actual, tienen
la siguiente relación: Retevisión, 18.523 millones de pesetas; Unión
Europea de Radiodifusión, 1.276 millones de pesetas; Compañía Telefónica
Nacional, recibos de teléfono,
995 millones de pesetas; derechos de difusión, correspondientes a
distribuidoras de cine, 1.477 millones de pesetas; Infosa, 906 millones
de pesetas; Radiotelevisión Valenciana, 650 millones de pesetas;
Corporación Catalana de Radiotelevisión, 500 millones de pesetas; Ente
Público de Radiotelevisión Galicia, 145 millones de pesetas (Varios
señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Eukal Telebista, 110 millones de pesetas;
Canal Sur, 375 millones de pesetas; Telemadrid, 266 millones de pesetas;
Dragados y Construcciones, 212 millones de pesetas; Carat, 400 millones
de pesetas; Media Planning, 300 millones de pesetas; otros acreedores de
menor cuantía, 519 millones de pesetas, que si quieren con mucho gusto
también les detallo.
Señor Presidente, en el resto de las cuestiones sobre valoraciones
políticas de la calidad informativa y del respeto al pluralismo, yo no
estoy en condiciones de competir con el señor portavoz del Partido
Socialista, en cuya etapa en Radiotelevisión Española salieron anuncios
tales como «Vota PSOE», en retransmisiones de partidos internacionales de
España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Los señores Acebes Paniagua
y Aguiriano Fornies piden la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
Señor Acebes, un momento, por favor. Antes daré la palabra al señor
Aguiriano para que pueda cerrar el turno de réplica con el señor
Vicepresidente.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Le rogaría que diera la palabra antes al
señor Acebes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Aguiriano, si
eso supone una renuncia al turno que le corresponde, estoy absolutamente
de acuerdo; si no es así, le rogaría que permitiese a esta Presidencia
conceder la palabra según considere apropiado.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
En cualquier caso, señor Vicepresidente del Gobierno, usted ha facilitado
una serie de datos, la mayor parte de los cuales yo también los había
dado, nos los dio ayer la Directora General a última hora. Lo único que
me extraña es por qué no se dio cuenta al propio Consejo de
Administración de esa amplia información de todas esas deudas que ustedes
dicen; por qué no se informó a todos los grupos parlamentarios en el
momento en que tuviesen que tomar la decisión sobre apoyar o no el Real
Decreto-ley para que pudiesen contrastar si lo que usted dice es cierto o
no.
Yo le he dado datos de los que se deduce que la mayor parte de esa deuda
estaba presupuestada y que lo que ustedes quieren hacer, única y
exclusivamente, es un montaje para dejar en mejores condiciones a
Retevisión española de cara a privatizarla. Todo lo demás, o es un
montaje o es mentira.
Gracias. (El señor Vicepresidente Primero y Ministro de la Presidencia,
Alvarez-Cascos Fernández, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Aguiriano.
Señor Alvarez-Cascos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, todos estos datos están
recogidos en los informes de la Intervención Delegada de Hacienda y, por
tanto, son conocidos por aquellos que quieran conocerlos; incluso, por lo
que se refiere a algunos de ellos, le diré que, por ejemplo, la situación
financiera de Radiotelevisión Española está contada en el último ejemplar
de Telerradio, boletín de comunicación interna de Radiotelevisión
Española, número 85, que con mucho gusto le enviaré al señor Aguiriano.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Acebes para un turno de intervención por
alusiones, que no debe superar los tres minutos.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor Presidente.
Evidentemente, intervengo por las alusiones, calificadas como insultos,
cuando no ha contado qué es lo que pasó con esas declaraciones en ese
medio informativo, en ese telediario.
A unas declaraciones que usted mismo hoy ha repetido, en las que hablaban
de los amigos del Partido Popular, cuando el señor Ciscar decía que se
beneficiaba a los amigos del Partido Popular, lo único que dije --y
siento que usted se lo aplique-- es que no eran los amigos del Partido
Popular los que se habían beneficiado de las comisiones del AVE, de las
comisiones de Siemens, de la utilización de los fondos reservados, que
eran para proteger a todos los españoles, y que los amigos de alguno se
los habían llevado en el bolsillo, pero yo no cité quiénes. Ha sido usted
hoy quien se lo ha apuntado.
¿Sabe lo que le molesta de verdad? Lo que hoy ha demostrado en la
tribuna. Es verdad que han cambiado los telediarios de hace catorce años
hasta hoy, es verdad. Hoy se contrasta la opinión del Partido Socialista
con la del Partido Popular. Eso es lo que a usted le molesta. Han estado
acostumbrados durante catorce años a que no se contrastara ninguna
opinión, a que en los telediarios públicos sólo interviniera el Partido
Socialista. (Protestas.--arios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
Les molesta que no se dé la manipulación y la utilización que se hacía de
que cuando hablaba un socialista no había respuesta alguna. Sólo ha
cambiado que hoy, de manera plural, se contrasta lo que dice el PSOE con
lo que dice el Partido Popular. Siento que ese contraste de opiniones sea
todo lo que usted se ha atrevido a decir en la tribuna.
Nada más. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy
bien!--Aplausos.--El señor Almunia Amann y el señor Aguiriano Fornies
piden la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Acebes.
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, es obvio que el señor Acebes
creía que estaba en un telediario y ha abierto un debate político, en vez
de esponder estrictamente al turno de alusiones. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
Señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Creo que el señor Aguiriano tiene derecho a
responder a un debate que abre el señor Acebes, que aquí sí se le puede
contestar, aunque en el telediario no nos deje hacerlo. (Varios señores
Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Almunia, el
señor Acebes está respondiendo por alusiones, y S. S. sabe que el turno
de alusiones no da lugar a debate. Por tanto, el señor Aguiriano no tiene
la palabra ni usted tampoco, señor Almunia. (Protestas.)
¡Silencio!
Si no va a añadir nada más, señor Almunia, no tiene usted la palabra.
El señor ALMUNIA AMANN: Una cosa es responder a alusiones y otra cosa es
abrir debates. Si es que no se nos deja hablar en los debates... (Fuertes
rumores.--Una señora Diputada: ¡Pero qué energúmeno!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio!
Señor Almunia, el señor Acebes, insisto, y le ruego que no vuelva a hacer
uso de la palabra, ha respondido a unas alusiones del señor Aguiriano y
con eso se cierra el turno (Protestas.)
El señor AGURIANO FORNIES: Protesto y deseo que conste en el «Diario de
Sesiones».
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Turno a favor de
la convalidación? (Pausa.)
¿Fijación de posición de grupos que no hayan intervenido? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de
Coalición Canaria vamos a fijar nuestra posición con respecto a la
convalidación de este Real Decreto-ley 15/1996, concediendo para nuevas
operaciones de crédito un importe de 34.000 millones de pesetas, que es
la cifra que se señala, a Radiotelevisión Española.
La información que nos ha dado el señor Vicepresidente del Gobierno está
en la línea de armonizar la exposición de motivos y la justificación de
este Real Decreto-ley. Coalición Canaria en este momento, señores
Diputados, señor Presidente, señor Vicepresidente del Gobierno, está en
una línea de atender una serie de prioridades por una razón de sentido
común político. Por esta razón, nosotros destacamos que, para dar nuestro
voto favorable a la convalidación, como así vamos a hacer, hemos sopesado
pros y contras, que desde un punto de vista financiero y competencial se
encierran en este Real Decreto-ley.
El primer dato que impulsa nuestro voto de apoyo está en el empleo de los
recursos procedentes de las operaciones de crédito. En el colectivo de
Radiotelevisión Española --del Ente como de sus empresas, Televisión
Española y Radio Nacional de España-- hay una serie de miles de
trabajadores que tienen incierto su futuro si no se hace una operación
financiera de este calibre. De aquí que nosotros destaquemos que es
positivo que en el artículo 4 del mismo se haga una explicitación del
destino de los gastos de personal a financiar. Creemos que esta paz
laboral, este sentido de sosiego es fundamental.
Aparte de la lectura que se pueda hacer aquí de todo esto (de si se trata
de cubrir huecos dejados por la anterior Dirección y Administración del
Ente Público, de si el modelo cambia o no cambia de televisión), me
consta que el Gobierno está preocupado (sus autoridades fundamentalmente,
su colega, el Vicepresidente para asuntos económicos, señor Rato) por
cómo hacer, si es posible, vamos a llamarle a juicio
de este Diputado, una ley de punto final o un decreto-ley de punto final
de los problemas, de los agujeros financieros del ente público. Y no lo
hacemos porque tengamos que hacer una lectura, que no hacemos --es
legítimo cualquier grupo para hacerlo--, de si esto encubre una operación
de privatización o no, porque es un debate político que tendrá su momento
y su foro, y entendemos que en esta línea la televisión pública va a ser
siempre una obligación política, yo diría que constitucional, del propio
Gobierno y ahí se mantiene. Por tanto, nosotros no cuestionamos este
tema, tenemos una gran seguridad. Pero sanear el ente público es
necesario, no porque se pueda especular en una privatización, sino porque
es necesario por los déficit estructurales y financieros que hay aquí.
Otro tema es que el Gobierno se plantee --y aquí le impulsamos y queremos
estimularle-- un análisis en profundidad --porque es responsabilidad no
de la Directora del Ente Público Radiotelevisión Española, sino del
propio Gobierno-- del modelo de televisión que se quiere hacer, porque
ese modelo es el que tiene reflejo financiero, y el modelo que se quiere
hacer de televisión generalista o no generalista es lo que al final se
refleja en los presupuestos y en la estructura. Por eso me he permitido
llamar a esto, y deseo que así sea, haciendo un símil político, un
decreto-ley de punto final de los problemas heredados dentro del ente
público, y que haya racionalidad y sosiego.
Me ha llamado la atención profundamente, señor Vicepresidente del
Gobierno, que en los presupuestos de explotación que se dan para cada una
de las unidades que vienen en los anexos los conceptos dedicados a
compras son muy significativos. Usted sabe que aquí se ha hecho una de
las grandes acusaciones al sistema anterior y que tiene relación con un
problema político que se le puede plantear al Gobierno no solamente a
nivel de Tribunal Constitucional, sino a nivel de Tribunal de Defensa de
la Competencia con respecto a las televisiones privadas, como es el caso
de Antena 3 o de Tele 5, que no tienen una financiación pública --de aquí
extraigo inmediatamente el tema de Radio Nacional de España porque no
tiene publicidad, por tanto, no entra en competencia con las radios
privadas, aunque está el tema de fondo.
Nosotros vamos a darle este margen de confianza al Gobierno esperando que
la voluntad, que se nos ha manifestado al Grupo de Coalición Canaria
tanto por el propio Presidente del Gobierno como por los ministros
responsables, de que esto va a tener una solución, se convierta en
realidad, que esto no se puede repetir para no tener que hacer ingeniería
financiera con los presupuestos del ente público. Porque, más que
cualquier otra lectura que esto pudiera tener, nos preocuparía que se
estuviera haciendo a través de esta fórmula de decretos-leyes de
financiación de deudas pasadas donde viene el capítulo de compras, porque
muchas veces sectores críticos de la opinión pública española de medios
privados han acusado al ente público de apostar por la competitividad y
no por el cambio de programación, sino que se ha limitado a introducir
películas de origen norteamericano por las que se han pagado derechos de
compra altísimos y que solamente puede cubrir un respaldo financiero muy
seguro, o que se esté pensando en los Presupuestos Generales del Estado.
No creo que se vaya a sentar un precedente y hay que huir de él, porque,
si no, al cabo del tiempo el Gobierno se encontraría con el pecado y con
la falta que ahora quiere anular y dejar fuera de la circulación, cosa
que nos parece adecuada en un sentido de saneamiento financiero.
Las cifras de las operaciones de crédito que se autorizan están ajustadas
a Derecho y a Ley. Después de estas reflexiones y pequeñas
amonestaciones, la última condición que nos motiva a dar nuestro apoyo a
la convalidación de este Real Decreto-ley es que tenemos que reconocer
que se ha elaborado con la Intervención General del Estado, de acuerdo
con los principios de la legislación vigente y que se atiene en todo a lo
que es un principio de legalidad. Otra cosa hubiera sido conturbar el
principio de legalidad y de base financiera con que tienen que hacerse
estas operaciones.
Vamos a votar a favor por el bien del ente público, por las razones de
las prioridades del empleo de los recursos procedentes de esta operación
de crédito, porque los gastos de personal sean atendidos en prioridad y,
sobre todo, para que se tenga por parte del Gobierno un sentido de
moderación, un sentido de atemperar los deseos de que la nueva dirección
del ente público mantenga mayores gastos de producción y de adquisición
de programas que se citan aquí atinadamente, porque yo creo que esto
también tiene que ser una lectura para navegantes, los de antes, los de
ahora y los de mañana. Ojo con los aspectos competenciales, que sobre
todo cuando se ven los costes de la adquisición de programas pueden
entrar en algo que me consta que el Gobierno no desea; pueden entrar en
un trato favorable en lo que son las líneas de la competencia en lo que
se refiere a la propia legislación española y la normalizada de la Unión
Europea, y en no evitar discriminaciones favorables en base a los
Presupuestos Generales del Estado.
Por estas razones y con plena responsabilidad política de compromiso con
el Gobierno en nuestro voto de investidura, señores Diputados, Coalición
Canaria votará afirmativamente la convalidación de este Real Decreto-ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, lamentamos desde el Grupo Parlamentario Vasco el tono
que ha adquirido el debate, sobre todo entre los dos grupos mayoritarios.
Creemos que ni es ese el fondo de la cuestión, ni siquiera las formas
para abordar este debate. Creemos que la financiación de la
Radiotelevisión pública del Estado es un debate importante y que estar
echándose los trastos unos a otros no favorece precisamente la resolución
de la cuestión, que es, señor Vicepresidente del Gobierno, lo que nos
debiera preocupar.
El Grupo Parlamentario Vasco puede exhibir en este tema, cuando menos,
coherencia, dado que ha venido convalidando reales decretos similares en
legislaturas anteriores atendiendo a las razones que el Gobierno ha
expuesto en esta Cámara, y también lo va a hacer hoy porque las razones
que el señor Vicepresidente Primero ha expuesto a la Cámara desde esta
tribuna son datos financieros evidentes que difícilmente se pueden
discutir. Por ello, señor Presidente, creo que hay que ir al fondo de la
cuestión.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos, señorías, que nos
encontramos en la misma situación. Esta situación, señor Vicepresidente
del Gobierno, es muy conocida; es una dinámica que lleva arrastrándose
casi una década, en la cual la posición de la Dirección General del Ente
solicita más recursos al Gobierno, el Ministro de Economía y Hacienda se
los va negando sistemáticamente, la oposición, en un sentido o en otro
--tampoco este es un dato relevante-- va de alguna forma planteando la
cuestión, como si esto fuese una guerra y el Gobierno, in extremis, en
diciembre y a día 12, tiene que presentarse ante la Cámara solicitando
créditos extraordinarios para que la gestión pueda cubrirse de una forma
o de otra. ¿Será la última vez? Esperemos que así sea, señor
Vicepresidente. Nosotros nos acogemos a sus palabras finales en el
sentido de que hace falta un consenso en torno a la financiación de
Radiotelevisión Española, que por fin llegue la hora de coger por los
cuernos el toro de la financiación de este ente público y que se aborde
la cuestión con rigor y seriedad. No hemos empezado el debate de hoy de
la mejor de las maneras, pero entendemos que ese es el fondo de la
cuestión que habría que abordar, superando esta dinámica que he intentado
describir en el apartado anterior. Abordar la financiación de
Radiotelevisión Española sin que el Gobierno se constituya en el hada
madrina de la casa, de la que permanentemente se esté generando una
dependencia en una gestión que se predica muy profesional, pero que en el
fondo está esperando los recursos públicos, no ya como agua de mayo, sino
siempre como agua de diciembre para poder cerrar dignamente los
ejercicios.
Usted ha ofrecido, señor Vicepresidente, un consenso a la Cámara.
Nosotros cogemos el guante, como lo hacemos tradicionalmente; creemos que
es hora de abordar la financiación de Radiotelevisión Española y queremos
indicarles, con toda claridad, que el Gobierno puede volver a equivocarse
si entiende, como antes entendía el Gobierno socialista, que sólo el
acuerdo entre los dos grupos mayoritarios puede conducir a que exista
consenso. Quizá sea la hora de entender que los consensos en esta materia
no son posibles; que las mayorías políticas son suficientes y que desde
la mayoría parlamentaria hay que abordar este tema. Si no, esta estéril
dinámica de ofrecer consensos, de coger el guante y de entender que la
primera fase del tema es que haya acuerdo entre los dos grupos
mayoritarios, creemos que no va a conducir a la resolución del tema.
Entendemos que la peor de las situaciones que se puede producir es la de
mantener la dinámica de los últimos años, en los que la Dirección General
está impedida para realizar una gestión profesional porque económica y
financieramente cuelga y depende del Gobierno, esperando permanente y
angustiosamente sus créditos extraordinarios. Desde el Grupo
Parlamentario Vasco entendemos que esta no es la forma, que este no es el
procedimiento para financiar el Ente Público de Radiotelevisión Española;
que hay que buscar ámbitos de estabilidad y transparencia y, sobre todo,
que hay que superar la situación de estar arrojándose los trastos
permanentemente entre los dos grupos mayoritarios, entendiendo que la
gestión de los unos ha sido mejor que la de los otros y que la de los
otros es mejor que la de los anteriores.
No sé si entendemos que existen razones históricas, que existen razones
de mercado, que existen aspectos de gestión que hacen ver que los
recursos que se destinan al Ente Público Radiotelevisión Española son, a
las claras, insuficientes. Así lo ha mantenido el Grupo Parlamentario
Vasco en sus enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del
Estado para 1997, pero el mismo Gobierno que ahora solicita un crédito
extraordinario y su convalidación en esta Cámara y el grupo mayoritario
que lo sustenta han rechazado dichas enmiendas, y nos encontramos en una
situación de pura incoherencia. Todavía anteayer, señor Peñalosa,
rechazaban unas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco
para destinar éstos y mayores recursos al Ente Público Radiotelevisión
Española y ahora vienen a sostener la petición de un crédito
extraordinario con los mismos fines, con los mismos datos financieros.
Admitirán, cuando menos, la incoherencia de los planteamientos.
Nosotros quisiéramos, señor Presidente, que ésta fuera la última vez.
Queremos mantener el nivel de ingenuidad en nuestro quehacer político y
llamamos al Gobierno y a los grupos mayoritarios a que creen las
condiciones objetivas necesarias para que esta sea la última vez; que con
los presupuestos que se están ahora tramitando en el Senado para el
ejercicio de 1997 se conozca la última situación en este sentido.
Por ello, señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco una vez
más vamos a convalidar un real decreto para destinar fondos
extraordinarios al Ente Público Radiotelevisión Española. Asumimos la
llamada que el Vicepresidente Primero del Gobierno ha realizado para que
el estatuto de Radiotelevisión Española y su financiación conozcan una
actualización y una estabilidad financiera advirtiendo, como he hecho a
lo largo de mi intervención, que si la metodología de trabajo es la de
pretender un consenso entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara,
seguiremos toda la legislatura con más de lo mismo en gestión, con más de
lo mismo en programación, con más de lo mismo en la Dirección General del
Ente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
González de Txabarri.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señorías, intervengo
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
La situación que usted nos ha descrito, señor Vicepresidente Primero del
Gobierno, y las expectativas financieras de Radiotelevisión Española
aconsejan el voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley,
que autoriza la concertación de nuevas operaciones de crédito por una
cantidad cercana a los 34.500 millones de pesetas. No es esta
probablemente la mejor solución, pero nuestro grupo la valora como la más
coherente con la línea que se ha emprendido en los últimos años, que es
el endeudamiento sistemático por las cantidades que se preveían como
déficit de explotación del Ente Público Radiotelevisión Española.
Si sumamos a esta nueva autorización el endeudamiento acumulado y el que
se ha previsto en los presupuestos de 1997, nos encontraremos con una
cifra cercana los 400.000 millones de pesetas a 31 de diciembre del
próximo año que jamás podrá pagar Radiotelevisión Española ni con sus
ingresos de comercialización ni con la publicidad, ni con los actuales ni
con los que se puedan generar mediante nuevas actividades como la
televisión digital. Por tanto, este no es un asunto que pueda abordarse a
la ligera aparcando la resolución de la grave crisis de Radiotelevisión
Española motivada por la ausencia de una financiación estable, de un
sistema estable de financiación de un grupo de empresas de comunicación
que deben dimensionarse a lo que son las exigencias de un servicio
público de radiotelevisión moderno y eficaz y atendiendo también a las
posibilidades realistas de las finanzas públicas.
En este sentido quisiera recordar la petición del Parlamento Europeo a
los Estados miembros en el sentido de que garanticen una financiación
consecuente, estable y realista de las cadenas públicas para asegurar su
viabilidad en un mercado competitivo, sin por eso caer en una total
dependencia de los ingresos publicitarios a fin de que puedan cumplir sus
obligaciones de servicio público.
Radiotelevisión Española, señorías, es un caso único en todos los
organismos europeos similares. No existe canon o tasa ni se completa su
presupuesto con una subvención. Al no estar en monopolio tampoco puede
conseguir suficientes recursos en el mercado publicitario para financiar
sus actividades. Un año tras otro se recurre al endeudamiento.
Sin perjuicio de los compromisos y limitaciones a que nos obliga
Maastricht, no debiera pasar mucho tiempo sin que se abordara el futuro
de Radiotelevisión Española.
Sin ir más lejos, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, Radio
Nacional de España no tiene ingresos publicitarios. Por tanto, no puede,
al contrario que Televisión Española, vivir al menos en la utopía de que
algún día se autofinancie. ¿Cómo puede ser que se recurra al
endeudamiento cuando deberá acabar pagando el Estado indiscutible e
indefectiblemente con el añadido de los intereses y de los gastos
financieros? ¿Se trata o no se trata de una huida hacia adelante? No se
trata simplemente de que se elaboren o no planes, por otra parte
imprescindibles en la consideración de nuestro grupo, sino que por parte
de los gestores y también del Gobierno y de esta Cámara se adopten
medidas en orden al modelo de Radiotelevisión pública y de su
financiación estable.
Nuestra decisión exigía este planteamiento previo y general en el que
enmarcar este Real Decreto-ley, que acoge dos grandes partidas: una, que
es la que ha permitido acometer todas las obligaciones y necesidades de
programación y de actividades hasta fin de año, por un montante de 8.070
millones, y la segunda, más importante, de 26.665 millones, que viene a
solventar un problema que se iba arrastrando de acumulación progresiva de
deudas comerciales. Este es uno de los problemas que se viene manteniendo
desde el año 1990 y que merece alguna consideración adicional por parte
de nuestro grupo parlamentario, que así lo ponía de manifiesto
sistemáticamente en esta Cámara y también en el Consejo de Administración
de Radiotelevisión Española.
Desde el citado año 1990 se han producido importantes diferencias entre
las cifras que se presentaban como ingresos en los presupuestos y las que
realmente se obtuvieron, excepto en 1995, cuando por primera vez no sólo
se consiguió que se cumplieran los objetivos, sino que además se
superaron ligeramente, aunque eran muy bajos. Este no ha sido el
problema, entiende nuestro grupo, de los gestores del ente público, ni
puede responsabilizarse de ello exclusivamente a una aceleración en los
años 1991, 1992 ó 1993 de la implantación de la televisión privada,
puesto que la realidad es que el anteproyecto de presupuestos que
elaboraba
el entonces Director General de Radiotelevisión Española y aprobaba el
Consejo de Administración no tenía nada que ver con el presupuesto que
llegaba a las Cortes, porque en más de una ocasión lo que se hacía en
Hacienda era elevar la previsión de ingresos para cuadrarlo, y así se
debía recurrir al endeudamiento en pleno ejercicio, hasta que se optó por
autorizar tal medida directamente en los presupuestos año tras año.
Debe añadirse a ello que nuestro grupo, consciente de este grave error,
presentaba enmiendas para sustituir el endeudamiento por una subvención,
desgraciadamente sin éxito. En sensibilidad, pues, señorías, hacia
Radiotelevisión Española, antes y ahora, nuestro grupo siempre ha estado
en cabeza. Creemos que es conveniente votar afirmativamente este Real
Decreto-ley, y lo es porque, aunque no se trata de una solución ni de un
paso decisivo, sí es un elemento que ayuda al menos a corregir y ordenar
algo más las cosas.
De la misma forma, en aras a un inicio de consenso sobre este modelo
futuro de Radiotelevisión Española que entre todos debemos conseguir,
sería conveniente que esta iniciativa contara con el respaldo de quienes
han tenido responsabilidades directas en la gestión de Radiotelevisión
Española en los últimos años. Más que hablar, señorías, de los contenidos
de los «Diarios de Sesiones» de las anteriores legislaturas o para poner
en la parrilla a la gestión anterior, nuestro grupo prefiere insistir en
encontrar el consenso para hallar una fórmula estable que no deje a la
Radiotelevisión pública en una situación marginal y, en todo caso, para
plantear, en palabras del Vicepresidente Primero del Gobierno, un futuro
para Radiotelevisión Española, para la Radiotelevisión pública,
ambicioso, renovador y competitivo.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burballa.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Hemos asistido en el trámite de convalidación o no de este Decreto-ley a
un debate que, desde el punto de vista de Izquierda Unida, es un tanto
surrealista, desde luego sorprendente, en el sentido de que ha habido las
mismas posiciones que en la legislatura anterior pero cambiadas en cuanto
a lo positivo y lo negativo.
Desde el punto de vista de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
--creemos tener autoridad para decirlo-- nos encontramos en un momento
crucial para Radiotelevisión Española, sin una decisión clara. No hay
decisión clara en función de la política que hasta ahora se ha seguido y,
teniendo en cuenta el anuncio que se nos ha hecho de ir a un plan de
renovación que conoceremos posiblemente a partir de finales de enero, en
el marco de un pacto de estabilidad controlado por los bancos centrales,
que prevé un ajuste permanente de cara a la reducción del déficit y a la
bajada de otros criterios de convergencia, no sabemos realmente cuál es
la posición del Gobierno.
En todo caso, lo que sí hemos venido observando es que hasta este
momento, desde hace muchos años a esta parte, Televisión Española y la
Radio pública se venían deteriorando desde fuera y desde dentro. Nosotros
hemos mantenido la posición de criticar a fondo la gestión que se hacía,
que era absolutamente negativa y funesta para el futuro de
Radiotelevisión Española y para la propia entidad de la plantilla y,
consecuentemente, de la producción propia adecuada. Hay que recordar que
la plantilla ha bajado de 14.000 miembros a 10.000 en los momentos
actuales, y en este momento no sabemos realmente cuál es el futuro de
Radiotelevisión Española.
Hace tres años se aprobó en esta Cámara una proposición no de ley a
iniciativa de Izquierda Unida, en el sentido de que se discutiera lo que
entonces se llamaba el plan de futuro. Llevamos tres años esperando que
se realice este debate.
Hace poco solicitamos la creación de una subcomisión para que este tema
tuviera sede parlamentaria y empezáramos aquí a definir el futuro de algo
que se define en la Constitución como servicio público esencial. Se nos
vetó esta iniciativa. Se nos dijo por parte del Grupo Popular que se nos
darían noticias de la posición, de cara a este debate previo a la
posición del Gobierno, que en un momento determinado nos puede situar
entre la espada y la pared, pero el Grupo Popular no ha cumplido con ese
compromiso.
En estos momentos nos encontramos en una situación en que los criterios
de elaboración del sistema de financiación de Radiotelevisión Española,
elaborados por unanimidad en el Consejo de Administración del Ente, han
sido derrotados por el Gobierno. Esos criterios que preveían la asunción
de la deuda poco a poco, de cara a que se sorteara no sólo el problema de
la financiación del ente sino la enorme campaña de desprestigio por un
cruce de intereses de las televisiones privadas y de una serie de
empresas, esa idea que lanzó muy atinadamente el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española, fue derrotada por el
Gobierno. Es cierto que no se cambió ninguna de las partidas del
presupuesto, pero se cambió el criterio fundamental: la asunción de la
deuda con dinero presupuestario.
En estos momentos nos encontramos con que de cara a 1997, sin que esté
definida la estructura financiera, ni productiva, ni la plantilla de
Radiotelevisión Española, vamos a circular por los medios de comunicación
con una deuda acumulada falsamente, que se dice injusta, de Televisión
Española de 445.000 millones de pesetas.
Señor Cascos, el otro día, con una dialéctica más o menos relativa, usted
nos pedía a los miembros del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya que tuviésemos en cuenta una especie de moderación con respecto
a la respuesta que tienen que dar los trabajadores en esta situación.
Nosotros, desde esta dialéctica también relativa, flotante, le pedimos al
Gobierno que impida, a partir de ahora, que esta deuda de 445.000
millones de pesetas sea la causa de un desprestigio constante del Ente
Público Radiotelevisión Española de cara a reducir, a privatizar, a
entregar publicidad que actualmente tienen Televisión y Radiotelevisión
Española, fundamentalmente Televisión, y de cara al futuro de la
plantilla de la producción propia, de la calidad en la producción y del
pluralismo.
En la misma dirección dialéctica en la que nosotros podemos realizar un
cierto trabajo de ponderación, no sé si ustedes también pueden evitar que
este desprestigio que se está volcando sobre una entidad pública, sobre
una empresa pública, sobre un ente cultural de primera magnitud, se siga
realizando.
Señor Cascos, señores del Gobierno, estamos en un debate muy parecido al
primero que tuvimos al inicio de la anterior legislatura. El primer
debate que hubo en el Pleno de esta Cámara, con independencia del debate
de investidura, fue la aprobación o no de un real decreto-ley con
respecto a una autorización de crédito. Aquí lo discutimos y nosotros
hicimos una reflexión que, desgraciadamente, se parece mucho a la que
estamos haciendo en este momento. Lo único que no se parece es el
Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan, pero la reflexión
es la misma, lo que quiere decir que el futuro de Radiotelevisión
Española sigue en el aire, que no hay definición ni a corto ni a medio
plazo.
Ustedes nos presentan un decreto que nos pone a todos, a todos los que
defendemos con responsabilidad, desde un punto de vista objetivo, desde
el punto de vista del futuro de Radiotelevisión Española como empresa
pública de los trabajadores, entre la espada y la pared.
Es cierto que hacen falta 8.000 millones de pesetas para pagar
retribuciones de personal, deudas por derechos de autor, deudas
deportivas, etcétera. Es cierto que hacen falta 26.000 millones de
pesetas para cancelar deudas comerciales vencidas y otras. Pero también
es cierto, señor Cascos, que si, por ejemplo, con respecto a Retevisión,
y el pago que se ha de realizar, los 18.500 millones de pesetas, se
hiciera teniendo en cuenta el patrimonio de Radiotelevisión que se ha
traspasado a Retevisión, no habría que hacer constar en el decreto de hoy
esta cantidad de 18.500 millones de pesetas.
Es cierto, señor Cascos, que si esta cantidad, 34.500 millones de
pesetas, no fuese un aumento de la capacidad de endeudamiento de
Radiotelevisión Española, sino que fuese una subvención, no habría que
pagar 3.100 millones de pesetas en intereses, que es una enmienda que ni
siquiera ha podido aprobarse en el Congreso de los Diputados en el
trámite presupuestario, sino que acaba de aprobarse en el Senado y que
volverá aquí; si fuese subvención, no pagaríamos 3.100 millones de
intereses.
Por tanto, nuestra teoría se confirma: hay que aportar dinero
presupuestario, hay que aportar dinero que en la ley se contiene como
subvención y que, por tanto, no hay que aumentar los créditos, que nos
están llevando a pagar unos intereses de unos 23.000 millones de pesetas
anuales y que ahora se ven aumentados proporcionalmente con estos 3.105
millones de esta partida de 34.500 que contiene el Real Decreto-ley
15/1996.
Habría que señalar también, señor Cascos, que, en esta dirección,
nosotros pensamos que el patrimonio de Radiotelevisión, en un momento en
que se anuncia su privatización, no se está valorando de manera adecuada.
Se ha publicado que ese patrimonio supone 55.000 millones de pesetas.
Nosotros, como mínimo, calculamos el doble y, en ese cálculo del doble,
vemos que hay una parte muy importante de ese patrimonio que se ha
traspasado de Radiotelevisión Española. Nada de esto se tiene en cuenta.
Se lanza el decreto, se nos pone entre la espada y la pared y se nos
dice, efectivamente, que de aquí depende el funcionamiento cotidiano, a
partir de ahora, de los presupuestos y de la vida propia de
Radiotelevisión Española.
Y le quiero decir algo, señor Alvarez-Cascos. Nosotros vamos a votar a
favor de este real decreto-ley. Y no le pedimos nada, no le pedimos más
minutos en el telediario e incluso prevemos que ustedes tampoco van a
contar con nosotros de manera adecuada en el pacto de Estado necesario
para diseñar este ente que supone un servicio público esencial.
Posiblemente, nos van a hacer igual que en el pacto de las
telecomunicaciones, donde hemos sido absolutamente marginados, y el lunes
empezamos a ver en ponencia el pacto que han hecho ustedes con el PSOE,
que ahora se queja mucho desde la tribuna, con Convergència i Unió y con
el PNV. Hemos sido marginados de la comisión del mercado de
telecomunicaciones y supongo que seremos marginados en nuestros
argumentos, a partir del lunes, o del miércoles, que es cuando se va a
ver en la Comisión el proyecto de ley de liberalización de las
telecomunicaciones, en función de este pacto a cuatro bandas, que, por
cierto, cambia radicalmente la estructura de la Ley de Telecomunicaciones
por Cable, que se aprobó en esta Cámara, al final de la anterior
legislatura, con un amplísimo consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Concluyo, señor Presidente.
Nosotros no les pedimos nada, señor Cascos, nosotros estamos
interviniendo desde nuestra línea, desde nuestra coherencia, con cierta
autoridad sobre este rifirrafe intercambiando papeles que acaba de
celebrarse en esta Cámara al principio del debate. Nosotros luchamos por
el futuro de este servicio público esencial, y por la plantilla, y por la
producción propia, y por la calidad, en función de lo que incluso acaba
de aprobarse en el Parlamento Europeo, en una resolución de enorme
importancia.
En el mismo sentido, los contactos sindicales que hemos tenido nos dicen
que efectivamente estamos entre la espada y la pared, que no es
subvención, que es dinero que supone un interés de 3.105 millones de
pesetas, pero que es conveniente apoyarlo.
Usted ha dicho algo que repitió ayer la Directora General de
Radiotelevisión Española --termino inmediatamente, señor Presidente-- y
que nosotros vamos a reiterar. Usted ha dicho --no exactamente con estas
palabras-- que habría que proceder a una especie de borrón y cuenta
nueva, en el sentido de separar lo que es la deuda histórica, la deuda
acumulada de Radiotelevisión Española, y que esa separación supusiera
--que no es causa de la definición, de la dimensión que se va a dar al
servicio público a partir de febrero, en que empezaremos, supongo, a
debatirlo en esta Cámara, a menos que se nos deje otra vez fuera de
juego-- empezar de nuevo, con un sistema de financiación consensuado.
Espero que no nos dejen fuera de este consenso, como en el de las
telecomunicaciones; espero que contemos desde la línea que venimos
manteniendo, honesta, con un punto de vista objetivo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Desde ese punto de vista, señor Cascos, podemos
empezar a avanzar. Desde el consenso que hemos tenido con ciertas
propuestas de los trabajadores, desde la constancia de que estamos en un
período de transición, desde el punto de vista de que hay que arrostrar
una serie de deudas, que proceden, a nuestro juicio, de una ingeniería
contable que ya hemos denunciado reiteradamente en la legislatura
anterior --el señor Candau no realizó una buena gestión ni una buena
contabilidad--, desde ese punto de vista, pero, naturalmente, no
entregando nada de nuestra posición en el próximo futuro, nosotros vamos
a apoyar este Real Decreto-ley 15/1996, del mes de noviembre.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peñalosa.
El señor PEÑALOSA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley de financiación adicional para
Radiotelevisión Española. Y lo va a hacer, fundamentalmente, por razones
de coherencia y de responsabilidad con la situación de Radiotelevisión
Española.
Señorías, estamos hablando de saldar cuentas pendientes con el pasado,
estamos hablando de habilitar recursos para atender compromisos no
presupuestados por anteriores gestores de Radiotelevisión Española,
estamos hablando de pagar deudas y de impedir que los proveedores
financien a Radiotelevisión Española, estamos hablando, en suma, de
sentar las bases de un saneamiento económico imprescindible en
Radiotelevisión Española para poder acometer la gestión futura desde un
rigor y una transparencia desconocidos en etapas anteriores en el ente
público.
El real decreto ley del que tratamos, como se ha dicho esta mañana,
permitirá atender deudas de ejercicios anteriores a 1996 que ascienden a
26.655 millones de pesetas. De ellos, más de 18.000 corresponden a
Retevisión; 1.276, a la Unión Europea de Radiodifusión; casi 1.000
millones, a Telefónica, y otros 6.000 millones aproximadamente se
corresponden con obligaciones contraídas con empresas diversas y por
cantidades que en algunos casos estaban comprometiendo su propia
supervivencia.
Respecto a este mismo año de 1996, se atienden gastos de personal no
presupuestados por un importe aproximado de 1.400 millones. Como también
se ha dicho, comprende expedientes de regulación de empleo y cumplimiento
de sentencias, entre otras cosas, y otros gastos, como los derechos de
transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta, la Liga de Campeones de
la UEFA, producciones y servicios externos y derechos de autor, todo ello
por valor de casi 6.500 millones de pesetas.
Señorías, les doy este detalle del alcance del real decreto-ley para que
la Cámara compruebe la variedad de los excesos y desfases no financieros
correspondientes a ejercicios anteriores y de los excesos y desfases
respecto del presupuesto vigente, y todo ello tras producirse por parte
de la nueva dirección ahorros muy importantes y cuantiosos, que se
ignoran conscientemente por el portavoz del Grupo Socialista. Estos
compromisos, estos incumplimientos, han sido conocidos después de
desenmarañar la situación contable de Radiotelevisión Española y después
de contar con los informes y la estrecha colaboración, que también se ha
destacado ya, de la Intervención General del Estado, del Tribunal de
Cuentas y de las auditorías realizadas en el ente público para averiguar
la importancia de esos excesos y de esos desfases y para concluir en el
cúmulo de prácticas inadecuadas que se realizaban en Radiotelevisión
Española y que ya analizamos
con todo detalle en la Comisión de Control Parlamentario en las primeras
sesiones de esta legislatura.
Señorías, el Gobierno heredó una situación crítica en Radiotelevisión
Española, una situación crítica desde el punto de vista social, desde el
punto de vista de la credibilidad pública, como consecuencia del
reiterado abuso operado sobre estos medios por los diferentes gobiernos
socialistas; una manipulación perfecta y completamente descrita en una
abundante producción editorial que confirma lo que todos podíamos ver y
sentir, lo que tantas veces fue denunciado sin éxito, esto es, que en
Radiotelevisión Española se servía al Gobierno, a sus intereses políticos
y de partido, en exclusiva, por encima de cualquier otra consideración.
Como consecuencia de ello, ha sido preciso en este terreno que la nueva
dirección general de Radiotelevisión Española recuperara el prestigio, la
independencia y la libertad para realizar su trabajo de los profesionales
de Radiotelevisión Española y que el contraste y el respeto a las
opiniones distintas volviera a ser, después de tantos años de ausencia,
una práctica habitual en Radiotelevisión Española.
A pesar de la amnesia intencionada que muestran algunos grupos, hoy, como
recordaba hace unos momentos el Vicepresidente Primero del Gobierno, los
ciudadanos españoles, los televidentes españoles saben que cuando
Butragueño, o ahora Raúl o Luis Enrique, meten un gol, no va a salir
sobreimpresionado en la pantalla de Televisión Española el lema: Vota al
Partido Popular. Eso lo saben hoy los televidentes, como también saben
que ningún director general de Radiotelevisión Española nombrado por este
Gobierno dirá jamás que hará todo lo posible para que el Partido
Socialista no gane nunca las elecciones. Eso también lo saben.
(Rumores.--El señor Aguiriano Fornies: ¡No hace falta decirlo!)
Estos ejemplos, que todavía sonrojan al mundo --paradójicamente, sonrojan
a todo el mundo menos a sus autores--, ponen de relieve que se ha
superado definitivamente una etapa. El cambio, señorías, ha sido
innegable. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Sí!)
Sólo desde esa táctica, acreditada desde el comienzo de la legislatura
por los socialistas, de defenderse atacando se puede no reconocer este
cambio sustancial operado en Radiotelevisión Española.
También desde el punto de vista económico, la situación de
Radiotelevisión Española era extremadamente grave, era crítica, aunque en
esta materia es más difícil trazar la línea de separación y de superación
de la etapa anterior, porque se han sucedido las sorpresas, los
sobresaltos contables durante estos meses, como lo demuestra claramente
la variada gama y cuantía de las deudas vencidas y no pagadas y el
déficit presupuestario existente, que cubrirá el real decreto-ley que nos
ocupa a través de las operaciones de crédito que autoriza Radiotelevisión
Española y que ha obligado a abrir una etapa transitoria de financiación.
Esto ha sido así porque la gestión empresarial realizada en
Radiotelevisión Española en etapas anteriores era muy poco ejemplar o,
por mejor decir, era un auténtico desastre y, a su vez, esto era así
porque la gestión empresarial en Radiotelevisión Española tenía entonces
un valor secundario, un valor relativo, importaba mucho más el uso
privativo del medio, cuyas ventajas evidentes en el terreno político y
electoral lo justificaba todo. Para recuperar la normalidad económica y
para afrontar el futuro con esas cuestiones, con esas rémoras, resueltas,
se ha aprobado por el Gobierno el presente real decreto-ley, como
antesala de un plan de renovación que dé estabilidad a la financiación en
Radiotelevisión Española y evite la repetición de los mismos o parecidos
errores. En definitiva, para resolver, y responsablemente, problemas que
otros han creado.
Señorías, por la naturaleza y origen de las deudas y la ineludible
obligación que generan de pagarlas no es fácil concebir la oposición a
esta iniciativa. Más difícil es imaginar, pero acabamos de ver que no lo
es tanto, que quienes más tienen que ver con el origen de los desfases,
de los excesos y de las irregularidades de todo tipo, se opongan a
remediarlos mediante este mecanismo de financiación complementaria del
que tratamos, negando incluso cualquier vinculación con los graves
problemas económicos, y sólo se ocupen de los agravios informativos que
dicen recibir, cuando no se sostiene un mínimo contraste respecto a lo
que en política informativa y en apariciones de líderes políticos se
practicaba en Radiotelevisión Española hasta hace seis meses.
Señor Aguiriano, podemos hacer cuando usted quiera la prueba del algodón
y podremos saber entonces dónde estaba la suciedad, el sectarismo, la
deformación y la parcialidad en Radiotelevisión Española.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, en coherencia con la voluntad
de trabajar por el futuro de Radiotelevisión Española, por el que
apostamos sin resquicio de duda alguno, era imprescindible aflorar estas
situaciones, ponerlas fin responsablemente, como hace el Gobierno a
través del real decreto-ley, y encarar los nuevos e importantes retos que
tiene por delante Radiotelevisión Española, con la colaboración de todos,
desde la más positiva de las disposiciones políticas por parte de nuestro
grupo parlamentario, pero sin permitir que se falsifique la historia de
Radiotelevisión Española ni que el lastre del pasado ahogue la esperanza
en el futuro.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peñalosa.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley número 15/1996, de 18 de noviembre, por el que se
autoriza al ente público Radiotelevisión Española a concertar nuevas
operaciones de crédito por un importe de 34.500.859.000 pesetas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 185; en contra, 128; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el real
decreto-ley debatido.
¿Algún grupo parlamentario desea someter a votación su tramitación como
proyecto de ley? (Pausa.)
Al haberlo solicitado el Grupo Socialista, se somete a votación la
tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 145; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley
del real decreto-ley convalidado.
--REAL DECRETO-LEY 16/1996, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE FINANCIA EL
ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE FORMACION CONTINUA EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PAIS VASCO. (Número de expediente 130/000012)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre convalidación o derogación del Real
Decreto-ley número 16/1996, de 22 de noviembre, por el que se financia el
acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, para cuya defensa, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas. (El
señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, voy a defender con brevedad la
petición a la Cámara sobre convalidación del Real Decreto-ley 16/1996,
que se refiere a la financiación del acuerdo interprofesional sobre
formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Quiero decir a SS. SS., a modo de antecendentes, que en septiembre de
1995 se suscribió el acuerdo interprofesional sobre formación continua en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y que este acuerdo fue suscrito con
los principales agentes sociales y el Gobierno, al que más tarde se
incorporó la UGT de Euskadi. También quiero decir, señorías, que este
acuerdo ha contado desde el principio con el respaldo político de las
fuerzas democráticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Gobierno
del País Vasco y las organizaciones mencionadas sugirieron un acuerdo
tripartito y ambos acuerdos, el interprofesional y el tripartito, se
publicaron en el Boletín Oficial del País Vasco el 25 de octubre de 1995.
Tanto el acuerdo interprofesional como el tripartito aluden a la
constitución de una entidad de formación continua, la fundación vasca
para la formación continua, que asumirá su gestión y dirección, teniendo
por objeto abarcar la totalidad de la formación de los trabajadores
ocupados, que se lleva a cabo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Pues bien, señorías, la legislación laboral del Estado, en concreto el
Estatuto de los Trabajadores, en sus artículos 83 y 84, según la
redacción dada por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, confiere eficacia
general, normativa y personal, a los convenios, como lo es el
interprofesional del País Vasco, de ámbito autonómico. Es decir, ya no
han de tener carácter exclusivamente estatal.
Señorías, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995
establecía que, de producirse durante ese año 1995 acuerdos al amparo de
lo establecido en el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, es
decir de ámbito exclusivamente autonómico, se habilitaría su financiación
en el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo. En 1996, como
consecuencia de la prórroga presupuestaria, el Gobierno aprobó el Real
Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera, estableciendo, en su
disposición adicional segunda, que la financiación de los acuerdos que
pudieran producirse al amparo del ya citado artículo 84 del Estatuto de
los Trabajadores se llevaría a efecto por acuerdo de la comisión
tripartita de seguimiento. El caso es, señoras y señoras Diputados, que
dicha comisión de seguimiento no ha alcanzado un compromiso que
posibilite la asignación de fondos para la financiación del acuerdo
interprofesional del País Vasco. Ha surgido, por tanto, la necesidad de
encontrar una vía adecuada que posibilite la efectividad de esa
asignación para 1996.
He de decirles que el Gobierno tenía un compromiso político en torno a
esta financiación, suscrito en su momento con el Partido Nacionalista
Vasco, y que ese compromiso político se extendió en un preacuerdo de
intenciones firmado en su momento con el lehendakari, señor Ardanza, y
también con el señor Jáuregui en un acto conjunto de ambas
administraciones.
Hay que decir que jurídicamente hacía falta la figura del real
decreto-ley, en jerarquía normativa con lo que significa también el
anterior Real Decreto-ley 12/1995, y mencionar a SS. SS. que el Gobierno
ha calificado esta decisión como urgente para que tuviera vigencia
durante 1996.
Voy a terminar, señor Presidente, esta intervención diciendo que en
absoluto la financiación del acuerdo al que me estoy refiriendo va a
suponer ninguna detracción de los fondos del acuerdo nacional de
formación continua, porque se ha buscado su financiación a través del
Instituto Nacional de Empleo, una vía perfectamente aplicable,
jurídicamente válida que, de hecho, ya está establecida en los
presupuestos de 1995.
Lo que desea el Gobierno es que, mediante el diálogo con el Consejo
General de la Formación Profesional, al que ha propuesto que se
incorporen las comunidades autónomas, estos criterios o similares queden
establecidos para el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
¿Turno en contra del real decreto-ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, intervengo para establecer cuál va a ser la
posición, obviamente favorable, de la formación política Eusko
Alkartasuna respecto de este real decreto-ley.
Lógicamente, entendemos que este real decreto-ley lo que pretende es
paliar, no digo solucionar definitivamente sino paliar, una grave
injusticia que se estaba produciendo desde el año 1996, en concreto desde
el 27 de septiembre de 1995, fecha en la que se suscribió y se firmó el
acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Es cierto que la exposición de motivos que aparece en este real
decreto-ley es lógicamente escueta. Pero no es menos cierto que detrás de
estas razones, como ustedes saben, señorías, se esconde un grave
problema, un grave conflicto que ha generado, yo diría, uno de los más
graves conflictos no sólo a nivel sindical sino a nivel social entre
todos los trabajadores y, ¿por qué no decirlo?, un grave conflicto
político a lo largo del año pasado, además, como he dicho anteriormente,
de crear una grave injusticia respecto de aquellos trabajadores que
aportaban su cotización o su parte de cuota para obtener una formación
continua en sus trabajos, es decir, un reciclaje.
No voy a entrar en toda la historia, porque creo que quizá no merece la
pena revolver las cuestiones, aunque desde luego deseo decirles que este
tema no se ha olvidado, por supuesto, en la sociedad vasca, pero creo que
es interesante por lo menos en los temas importantes --no por entrar en
la historia, repito, no por revolver el tema-- reflexionar para tratar de
solucionar, no paliar, una cuestión clave como es la formación. Ello por
dos razones: una, porque todo el mundo está de acuerdo en que la
formación es una de las mejores medidas para tratar de paliar o de
solucionar el desempleo, tanto respecto a formación para personas
desempleadas como respecto a la formación o reciclaje de trabajadores en
activo; y, dos, porque lo que ha ocurrido ha supuesto yo diría no sólo
injusticia sino también, ¿por qué no decirlo?, según el modo de entender
de esta Diputada, una cierta ilegalidad respecto de la fundación vasca,
fundación que llevaba consigo, como ha dicho el señor ministro, el
acuerdo y consenso de todos los sectores sociales (empresarios,
sindicatos y formaciones políticas). Obtener un consenso siempre es
difícil, pero conseguirlo en esta materia, en el que hay tantas partes
implicadas, realmente supuso un gran trabajo, que se vio rechazado y con
graves problemas a raíz de que no se llegara a un acuerdo de financiación
por parte de la comisión de seguimiento a nivel nacional.
Quiero señalar, aunque sea muy brevemente, cómo en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995 ya se recogía la posibilidad --recordemos
otra vez que es una posibilidad absolutamente legal, recogida en el
Estatuto de los Trabajadores, artículos 83.3 y 84-- de que se crearan
acuerdos, no solamente territoriales sino también sectoriales, a lo largo
del año 1995. Debo recordar también que en el año 1995 se llega a ese
gran consenso --hoy por hoy, es el único-- y a firmar ese acuerdo
interprofesional de formación continua o la llamada fundación vasca sobre
formación continua. Para recalcar la importancia del tema, tengo que
decirles que este acuerdo no es solamente un acuerdo bipartito de
empresarios, Confebask, y sindicatos, sino que también es un acuerdo
tripartito entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco
--que, como saben ustedes, es un Gobierno plural, que tiene varias
formaciones políticas--, los empresarios y los sindicatos, en el que se
establecen unos compromisos de administración tripartita. Por una parte,
había aportación de fondos de las instituciones vascas y, por otra --cómo
no--, del Gobierno central, para transferir aquella parte de las
cotizaciones que los trabajadores aportan para su propia formación; es
decir, había dos fuentes de financiación: fondos vascos y fondos de los
Presupuestos Generales del Estado. Aunque su entrada en vigor estaba
previsto que fuera inmediata, lo que sí es cierto --era lógico y
comprensible-- es que quedaba bloqueada hasta que se obtuvieran los
fondos necesarios. En la disposición de la Ley de prórroga de
presupuestos del año 1995 se establecía que la concesión de los fondos
para financiación de esta fundación vasca la haría la comisión tripartita
de seguimiento a nivel nacional. No voy a entrar en los motivos, porque
nos llevaría mucho más tiempo del que dispongo --algunos que, desde
luego, no comparto en absoluto--, por los que la comisión tripartita de
seguimiento a nivel nacional no concede esta financiación. A nuestro
entender, eso, además de ser injusto, puede
ser incluso ilegal, y una de las partes de la fundación vasca ya ha
procedido a recurrir esa decisión ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
Vuelvo a repetir que este tema ha creado un gran conflicto. Los propios
empresarios, los sindicatos y las fuerzas políticas han considerado que
era una grave afrenta --por llamarlo de alguna manera, aunque quizá no
sea la palabra más correcta-- y que realmente lo que se estaba
produciendo era no solamente, digamos, un pequeño problema respecto de
ese consenso que se había conseguido con grandes dificultades, sino que
esa decisión impedía que muchos de los trabajadores --y así lo
manifestaron la gran mayoría de los trabajadores y de los comités de las
empresas del País Vasco-- pudieran conseguir esta financiación.
Efectivamente, esa injusticia puede quedar hoy paliada en lo que respecta
a 1996, pero ¿qué va a pasar a posteriori? Realmente, lo que a todos nos
interesa es que este tema se solucione de manera definitiva. No valen
parches, que quizá son necesarios, pero no voy a entrar ya en la
naturaleza de los ingresos, de dónde sale el dinero --a lo mejor también
habría que hablar de ello-- ni tampoco en las cuantías. Vamos a dejarlo
aquí, pero ¿y en el futuro, qué va a pasar? ¿Se va a volver a repetir la
misma historia? ¿Vamos a tener que ir parcheando en virtud de una serie
de consensos que puedan existir o no puedan existir? Yo creo que ésa es
la cuestión que hay que tratar, no solamente convalidar para el presente,
sino hacerlo también cara al futuro. Por eso me he remitido un poco a la
historia, porque es un tema importante.
En la comparecencia del Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales,
lógicamente, se habló de que el programa de formación profesional
finaliza el 31 de diciembre de 1996 y que se estaba negociando todo lo
relativo a formación profesional de distintas naturalezas e índoles, pero
todavía no aparece claro qué es lo que va a pasar. Efectivamente, hay un
consejo de formación profesional, que puede estar compuesto por miembros
de las comunidades autónomas, pero ¿qué va a pasar realmente con este
tema? Eso es lo que hay que aclarar y eso es lo que tenemos que entrar a
debatir. Lo que sí me gustaría es que el ministro o las personas que él
considerase oportunas de su ministerio comparecieran y explicaran qué va
a pasar. ¿Acaso se va a volver a repetir la misma historia? ¿Acaso va a
estar otra vez en manos de la comisión tripartita de seguimiento a nivel
nacional? No sabríamos por qué, porque realmente sus razones no tienen
contenido jurídico alguno y menos político, si acaso práctico o de
oportunidad para los que componen dicha comisión de seguimiento. ¿Va a
volver a hacer lo mismo? ¿Vamos a tener otra vez un nuevo conflicto el
año que viene? Creo que esto es una cuestión que conviene aclarar, con la
que no estamos de acuerdo tal y como se ha llevado, y entendemos que ésta
es la clave del tema respecto a la formación profesional o, mejor dicho,
respecto a la fundación vasca de formación continua.
Desde luego nosotros entenderíamos que una solución --ya sé que no la va
a compartir pero por supuesto es una solución legal porque figura en un
estatuto de autonomía que es una ley-- sería la de la transferencia de la
formación continua al Gobierno vasco, lo que podría suponer una
subsanación y una solución definitiva a este tema. Como sé que no la va a
compartir le pido que en las soluciones que pueda compartir recoja que no
se vuelva a producir la misma situación debido a que una serie de
entidades, que curiosamente por ley tienen que financiar a la fundación
vasca, no se sabe por qué razones no lo hacen --no voy a entrar en ello
en este momento--, generando no sólo una serie de graves conflictos,
sino, en definitiva, una grave injusticia para aquellos trabajadores que,
además de cotizar, no reciben lo que les corresponde para poder estar en
pleno reciclaje y para que las empresas del País Vasco estén en el mejor
punto de competitividad para hacer frente a otros retos ya sean europeos
o de otra índole.
Por eso, señor Ministro, no sólo puede ser importante, que lo es, paliar
esta situación en 1996 sino solucionar definitivamente aquellos problemas
que no debieran haberse producido.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), por supuesto a favor de la convalidación del real decreto
por el que se financia la formación continua en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Aunque mi compañera, Begoña Lasagabaster, decía que no iba a hacer
historia, yo creo que sí es importante hacerla porque, aunque muy corta,
ha sido muy intensa y muy granada, llena de perlas, algunas bastante
negras, durante el año de puesta en práctica de esta formación continua
en la comunidad autónoma.
El Real Decreto-ley 12/1995 sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera contempla la financiación de las
acciones formativas del acuerdo interprofesional vasco de formación
continua suscrito al amparo del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores, mediante el mecanismo consistente en la puesta a
disposición del órgano gestor de la Comunidad Autónoma vasca de las
cantidades destinadas a las acciones formativas en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
En esta norma se establecía la obligatoriedad de que la comisión
tripartita de seguimiento del acuerdo nacional
sobre formación continua acordara la financiación de los acuerdos
constituidos al amparo del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
El acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, suscrito en el mes de septiembre de 1995,
constituye una iniciativa de acción concertada con apoyo en los artículos
23, 83.3 y 84 del Estatuto de los Trabajadores y persigue hacer más
efectiva la formación profesional de los trabajadores ocupados,
acercándola más a los usuarios y, además, en conexión estrecha con los
requerimientos de las empresas y las necesidades formativas de los
trabajadores.
En enero de este año 1996 el Gobierno vasco acordó requerir a la
Administración del Estado el cumplimiento de lo que las disposiciones
presupuestarias establecen en relación a la financiación de las acciones
formativas contenidas en el acuerdo sobre formación continua en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
A pesar de la obligación legal de financiación, la comisión tripartita de
seguimiento del acuerdo nacional decidió no materializar las ayudas
financieras, que correspondería gestionar a la Comunidad Autónoma del
País Vasco a través de sus propias entidades. Por ello se estimó
necesario reiterar que se diera cumplimiento al compromiso financiero y
se hicieran efectivas las cantidades resultantes en relación a las
acciones formativas contenidas en el acuerdo vasco sobre formación
continua del modo más rápido posible, para lo cual, en el mes de febrero
del presente año, el Consejo de Gobierno del País Vasco --Consejo de
Gobierno plural, como apuntaba mi compañera la señora Lasagabaster,
porque lo forman tres partidos políticos-- acordó por unanimidad
manifestar el más serio y contundente rechazo a la decisión adoptada por
la comisión tripartita del seguimiento del acuerdo nacional de formación
continua y, asimismo, ordenaba el inicio de acciones legales para la
impugnación ante los tribunales del acuerdo de la comisión tripartita y
exigía a la Administración central, al Partido Socialista, el
cumplimiento estricto de lo que las disposiciones presupuestarias
establecen en relación con la financiación de las acciones contenidas en
el acuerdo vasco.
En la legislatura anterior, como ustedes conocen perfectamente, señorías,
no se desbloqueó esta cuestión, no hubo voluntad política en el Gobierno
socialista para el cumplimiento de las disposiciones legales. Con el
nuevo Gobierno del Partido Popular en julio de 1996 se suscribe el
protocolo entre el Gobierno vasco y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, garantizando la financiación para 1996 del acuerdo
interprofesional vasco, protocolo que contiene un reconocimiento expreso
del significado del acuerdo interprofesional vasco como marco autónomo
para el desarrollo de la formación continua de los trabajadores en el
País Vasco.
El ministerio, como así lo ha presentado el señor ministro hace unos
momentos en esta Cámara, asume el compromiso de financiar el acuerdo
interprofesional vasco con un importe de 972,5 millones para el período
septiembre-diciembre de 1996. Dicha financiación se realizará con cargo
al presupuesto del Inem, a la fundación para la formación continua de los
trabajadores, Langileen Presta Kuntzarako Fundazioa, de la que el
Gobierno vasco es socio fundador, aportando 239 millones en el acto de
constitución de la fundación; fundación creada, como ustedes ya conocen,
para la gestión y dirección del acuerdo interprofesional vasco.
El punto de conexión para el cálculo de la financiación y para el
desarrollo de todas las acciones formativas es el subjetivo, es decir,
los trabajadores comprendidos en el ámbito del acuerdo vasco. Además, se
afirma expresamente en el protocolo que el acuerdo es independiente
respecto de la negociación de la transferencia de formación ocupacional.
También señalar que se establece un criterio de futuro, que es importante
--también se ha apuntado en esta Cámara en las intervenciones
anteriores--, según el cual en los ejercicios 1997 y siguientes el
acuerdo interprofesional vasco tendrá una consideración y trato en su
financiación análogo al que se establezca para la formación continua a
nivel del Estado.
Antes de finalizar mi intervención, señorías, quiero realizar un
llamamiento al Grupo Socialista, con todo respeto, para solicitar el voto
afirmativo a esta convalidación. Lo quiero hacer porque de otra manera
van a dejar ustedes a nuestro Consejero de Trabajo del Gobierno Vasco,
señor Jáuregui --consejero socialista--, a los pies de los caballos,
porque él fue quien firmó, en nombre del Gobierno vasco, el acuerdo con
empresarios y sindicatos, y además también porque ustedes, como Partido
Socialista, tienen un compromiso con los ciudadanos vascos, un compromiso
que figura en el programa de las elecciones autonómicas, que en su página
20 dice que se comprometen a establecer un plan vasco de formación
continua con participación de sindicatos y patronales y en relación con
el plan nacional. En este punto de su programa electoral no especifican
la fuente de financiación, por tanto, estimo, señores socialistas, que
ustedes lo han considerado de segundo orden.
Para finalizar quiero indicar que el Grupo Vasco acepta y reconoce este
real decreto-ley porque, primero, cumple con lo establecido en la Ley de
presupuestos, porque cumple estrictamente el acuerdo del Gobierno vasco
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, además, señorías,
porque garantiza la financiación del acuerdo vasco sobre formación
continua.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar
la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya a favor de la convalidación de este real decreto-ley, como
todos los intervinientes que me han antecedido, que tiene un marco que se
fija el 27 de septiembre de 1995 cuando se constituye el acuerdo vasco
para la formación continua, que no puede ponerse en marcha por el
conflicto surgido tras la negativa del Forcem a transferir fondos para
financiar el acuerdo vasco sobre esta materia y por la polémica surgida
en torno a la composición de los órganos de gobierno de dicha fundación,
en concreto sobre la presencia de todos los sindicatos más
representativos en la comisión permanente. Estos son los antecedentes que
dan origen al acuerdo vasco y a los que se han hecho referencia.
Yo quisiera dejar sentado que para nosotros esos referentes nos sirven
para intentar no caer en errores del pasado y situarlos ahí como anécdota
que surge en un momento dado, para que con el esfuerzo de todos podamos
llegar a invertir esos procesos de enfrentamiento y confrontación hacia
la situación en que nos encontramos, en la que existe la posibilidad real
de sacar adelante el acuerdo vasco de formación continua.
La primera circunstancia de crispación que impide el funcionamiento de la
fundación vasca es el debate sobre la posibilidad de descentralizar la
gestión de la formación continua de los trabajadores, creando acuerdos de
un ámbito menor que el estatal, cuestión ésta que para nosotros queda
resuelta por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 84, que
posibilita este tipo de acuerdos.
Hasta ahora no se ha entendido así por parte de la comisión tripartita
que gestiona el presupuesto del acuerdo nacional, lo que ha supuesto la
no asignación de fondos para el acuerdo vasco. Como solución transitoria
y excepcional --y remarco transitoria y excepcional-- el Estado asume en
este real decreto-ley la financiación que quedó suspendida y, de esta
forma, solucionar para 1996 una de las causas que había paralizado
durante más de un año el desarrollo de la fundación vasca.
El otro conflicto al que he hecho referencia se planteó entre los
sindicatos. Afortunadamente se ha superado no sólo para el feliz término
de este conflicto sino para la necesaria colaboración y unidad de acción
en la defensa de los intereses de los trabajadores. El paso dado por los
sindicatos en Euskadi después de la tensión vivida durante el último año
demuestra la necesidad del consenso contra la estrategia de la
confrontación y de la exclusión. Definitivamente, los cuatro sindicatos
más importantes en el País Vasco van a estar presentes en los órganos de
decisión del acuerdo vasco de formación continua. Se ha dibujado así un
nuevo escenario en el que es posible, como he dicho anteriormente,
desarrollar el acuerdo de septiembre de 1995 con la participación de
todos los agentes que integran la fundación.
No queremos dar una paternidad restringida a una sola parte de los
protagonistas de este evento, sino a la voluntad de todos ellos para
componer la fundación vasca de la formación continua. Si se pretende que
el modelo de gestión de los fondos para la formación de los trabajadores
continúe durante un nuevo período de tiempo, no comprendemos por qué
razón en la disposición adicional segunda de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997 no se ha recogido, como en años anteriores, la
referencia de poner a disposición de la fundación para la formación
continua que se constituya a partir de la creación de un nuevo acuerdo
nacional sobre este asunto, ni se ha incluido, la asignación necesaria
para financiar los acuerdos que pudieran producirse al amparo del
artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Este punto se incorporó en
anteriores presupuestos, y, según declaraciones del propio Gobierno que
aquí han quedado recogidas, se iba a respetar, además de que esta
cuestión había quedado reflejada incluso cuando no estaba constituido el
propio acuerdo vasco. No entendemos por qué en este presupuesto se ha
obviado la posibilidad cuando usted, señor Ministro, está haciendo
referencia a acuerdos previos del Partido Popular con el Partido
Nacionalista Vasco, con el Gobierno vasco, para desarrollar este asunto.
Estamos en diciembre de 1996, concluye el período de vigencia del acuerdo
nacional, y no disponemos del acuerdo que lo sustituya. Nos vamos a ver
abocados a suspender el actual modelo de formación de los trabajadores a
pesar de los buenos resultados obtenidos durante los cuatro años de
vigencia. La experiencia de trabajo de este órgano tripartito ha supuesto
un avance importante en la relación entre Gobierno, patronal y sindicatos
a la hora de posibilitar la cogestión de fondos y programas con un claro
matiz social.
En consecuencia, queda pendiente cuál va a ser el modelo de formación
continua que vamos a tener para 1997 y años sucesivos. No sabemos, porque
no se ha recogido en los presupuestos, si se potenciará el desarrollo de
una nueva fundación, si se posibilitará y se apoyará el desarrollo de
otros órganos de gestión menores al ámbito nacional, si se piensa
descentralizar o si, en cambio, tendremos una formación continua mixta en
la cual puedan convivir tanto el acuerdo nacional como los acuerdos
autonómicos que se puedan desarrollar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Navas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi grupo quiere fijar su posición en relación con la
convalidación de este real decreto y también quisiéramos exponer nuestra
propia visión de los hechos hasta este momento. Este real decreto, como
se ha dicho, es consecuencia de una situación que se origina con motivo
de que los mecanismos de financiación previstos para el acuerdo
interprofesional del País Vasco no llegan a término en el año 1996.
En efecto, cuando se firma el acuerdo para la formación continua, allá en
diciembre de 1992 para el ámbito de todo el Estado y con una duración de
cuatro años y una dotación que se va incrementando además anualmente, no
existe acuerdo interprofesional en ninguna otra comunidad autónoma.
Posteriormente, la modificación del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores, por la Ley 11/1994, permite esos acuerdos en comunidades
autónomas sin que hasta la fecha se haya plasmado ningún otro en
comunidad autónoma alguna más que en la vasca.
Cuando se firma el acuerdo vasco en septiembre de 1995 se prevé su
financiación en la Ley de Presupuestos para 1996, pero, rechazados estos
presupuestos para 1996, es el Real Decreto-ley de diciembre de 1995, de
prórroga de los presupuestos, el que establece, como muy bien se ha dicho
aquí ya, la forma de financiar el acuerdo en su conjunto y también la
fórmula de financiación de este acuerdo interprofesional. Ese decreto de
prórroga de los presupuestos fija que el acuerdo del Forcem se financie
con el 0,3 de las cotizaciones de formación profesional en la misma línea
en la que se había hecho hasta ese momento, pero no en la misma cantidad,
sino incrementando ésta, y dice exactamente: El importe de dicha cantidad
que figure en el presupuesto del Inem se pondrá a disposición del Forcem
salvo el que se acuerde destinar a la financiación de los acuerdos
previstos al amparo del artículo 84 del Estatuto. La comisión tripartita
es la que tiene que destinar esa cantidad. Por lo tanto, dicha comisión
es la que debe financiar esos acuerdos previstos con cargo al 0,3 por
ciento. No es, no ha sido ni será un asunto fácil el que nos trae aquí.
La comisión tripartita no llega a acuerdos para financiar este acuerdo,
valga la redundancia, con lo cual se produce un vacío; un vacío que ahora
viene a paliar una decisión del Gobierno en forma de real decreto. Hasta
aquí, el real decreto obedece a un vacío generado por la ausencia de una
decisión en un año límite y final del acuerdo del Forcem, porque ahora
correspondería negociar el siguiente período del futuro acuerdo para la
formación continua. Límite y final de un acuerdo que surgió sin que
existieran esos acuerdos interprofesionales en comunidades autónomas. Sin
embargo, el real decreto puede inducir a error, porque si bien es cierto
que surge para financiar el acuerdo de la Comunidad vasca sobre formación
continua en 1996, al no haberse suprimido los procedimientos habituales
de financiación de la formación continua, cuyos fondos se han distribuido
con los criterios que dieron origen al acuerdo de formación continua de
ámbito estatal, con este real decreto se produce una sobrefinanciación de
972.500.000 pesetas. Esta cantidad, por otra parte, aparece oscura, pues
su determinación no se justifica, lo que puede inducir a pensar que
podría ser fruto más de coyunturas que de criterios racionales que nos
ayudaran a todos a enfocar estos asuntos comunes con perspectivas de
futuro. Luego para paliar la ausencia de una decisión se llega a una
sobrefinanciación, cuando lo lógico habría sido clarificar los criterios
en primer lugar y después asignar las cantidades en función de los
mismos.
Oscuro es el criterio, pero, señor Ministro, oscura debe haber sido
también la ausencia de referencia en la reseña del Consejo de Ministros,
en la que no aparece este real decreto. No es cierto, por tanto, como
dice el real decreto, que sea preciso garantizar la financiación de la
formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco, porque ya ha
sido financiada según los criterios establecidos. En todo caso, lo que se
está financiando es un acuerdo, pero con criterios oscuros que deberíamos
poner sobre la mesa si queremos solucionar para el futuro una situación
de esta naturaleza.
Tampoco es cierto que el acuerdo asume la financiación en el vigente
marco legal de la formación continua. El real decreto-ley de prórroga de
los presupuestos fija que debe financiarse a cargo del 0,3 por ciento de
las cuotas de formación profesional. Acudir a los remanentes de tesorería
no nos parece que sea lo mejor, teniendo en cuenta que estos remanentes
han de dirigirse necesariamente a trabajadores desempleados, bien para
prestaciones, bien para formación ocupacional de estos desempleados, y no
usando estos fondos para trabajadores ocupados, como va a producirse.
Esta es nuestra posición, este es nuestro criterio y por eso nos
sorprende que en el protocolo hayan fijado que las cantidades que se
designen para este acuerdo no procederán del acuerdo de formación
continua, porque eso es, desde nuestro punto de vista, un error y motivo
de preocupación para el futuro. Estas dos razones son las que van a mover
a mi grupo a abstenerse en esta votación.
Compartimos que existe un vacío generado por la falta de acuerdo de esta
comisión tripartita, pero se ha elegido un mal procedimiento para asignar
unos fondos cuyos criterios, como he dicho antes, permanecen oscuros y
cuya financiación no procede del marco legal vigente, sino de unos
remanentes que atienden, desde nuestro punto de vista, necesidades más
perentorias. Sería voluntad de nuestro grupo que este problema se
enfocara bien en el futuro. Sería voluntad de nuestro grupo que este real
decreto se tramitara como proyecto de ley y pudiéramos introducir las
enmiendas necesarias para poder encauzar un problema que debería
quedar bien encauzado en el futuro. De esa manera no tendríamos que
vernos hoy ante una situación de esta naturaleza y teniendo que decir lo
que honradamente pensamos de este real decreto. Así que no se preocupe,
señora Diputada del Grupo Vasco (PNV), que a nuestro compañero el señor
Jáuregui probablemente le defendamos mejor que los compañeros de su
grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Romero.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señorías. Al Grupo Popular le hubiera gustado que en el
pasado se hubiera resuelto esta cuestión y no que en el futuro se hable
de voluntad de resolverla. Y me voy a explicar, aunque con brevedad, en
cuanto a los antecedentes históricos porque han sido citados ya por todos
los intervinientes.
Efectivamente el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, tras la
reforma operada en el año 1994, facultó el poder suscribir acuerdos de
índole y carácter autonómico. En virtud de esa facultad, el 27 de
septiembre de 1995 se suscribe dicho acuerdo en el País Vasco, acuerdo
que posteriormente es refrendado y constituido en un tripartito también
por el Gobierno vasco junto, como se ha dicho, con todos los sindicatos y
el apoyo expreso de todas las fuerzas políticas, lo cual en el País Vasco
es casi un milagro. Lo recuerdo simplemente para que se tenga en cuenta.
Explicado esto diré que se está olvidando, al menos en la intervención de
la portavoz del Grupo Socialista, la existencia de la Ley 41/1994, de
Presupuestos Generales del Estado para 1995, en cuya disposición
adicional segunda se establece con meridiana claridad que aquellos
acuerdos constituidos al amparo del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores tendrán en ese ejercicio la financiación habilitada a tal
efecto por el Inem, cauce presupuestario que ha tenido que emplear el
Gobierno popular ahora y aquí con este Real Decreto 16/1996, de 22 de
noviembre, porque desgraciadamente en el pasado no se hizo. En el medio
se aprobó el Real Decreto legislativo 12/1995, ante la prórroga
presupuestaria, que lo establece en su disposición adicional segunda, y
si hubiera sido sólo ésa la norma habilitante, la financiación, podríamos
atender o considerar de alguna forma las razones argüidas en esta
tribuna, pero ese real decreto establece que el tripartito a nivel
nacional deberá derivar de sus fondos para el ejercicio y el
funcionamiento de la formación continua constituida en la comunidades
autónomas que hayan hecho uso del artículo 84.
En consecuencia, este real decreto-ley en nuestra consideración, y creo
que en cualquier consideración elemental, reúne todos los requisitos que
establece el artículo 86 de nuestra Constitución. Estamos ante una
situación extraordinaria. Estamos en un supuesto de urgencia. Hay que
resolverlo ya. Había que haberlo resuelto, según mi criterio, en el año
1995, y estamos articulando un instrumento positivo que aparte de razones
legales tiene una enorme relevancia e interés para la sociedad vasca
porque va a permitir llevar la política de formación continua a un nivel
de aproximación a los problemas del territorio, se va a involucrar
directamente con los agentes sociales que participan en la misma y,
además, va a entroncar directamente con una experiencia positiva y larga
como es la formación en el País Vasco. Por tanto, el real decreto-ley que
debatimos, como digo, creo que es claro y conveniente en su urgencia.
Voy a hacer una valoración política de lo que esto significa. En primer
lugar, el superar un quebranto legal al que acabo de aludir al principio
de mi intervención, como era la vulneración de la disposición adicional
segunda de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1995.En segundo
lugar, se articula una medida política de relevancia para el impulso
socioeconómico del País Vasco, y en este caso con 972,5 millones de
pesetas para el año 1996. Se acredita una vez más que el Gobierno popular
no sólo cumple con su programa, sino que cumple con los pactos que
establece con otras fuerzas políticas, y no hay que olvidar que en esta
cuestión el acuerdo de investidura pactado con el Partido Nacionalista
Vasco para la designación del Presidente del Gobierno tenía como elemento
prioritario y conocido públicamente el acuerdo de la formación continua
vasca. Ello, naturalmente, produce como lógica consecuencia una
profundización en la estabilidad del Gobierno y un clima de mayor
confianza que es positivo para el desarrollo económico y social. Por
último, y no voy a ocultarlo, implica un mayor grado de normalidad, diría
que necesaria en muchas ocasiones, entre las relaciones
interinstitucionales Gobierno central-Administración vasca y la propia
sociedad vasca. Se resuelve un problema y se supera una frustración en
una comunidad donde tendremos muchos problemas, pero también tenemos
cosas buenas, y yo como Diputado guipuzcoano me honro en decir que en ese
campo podemos aportar y estamos trabajando en general bien y siempre con
ánimo de superación.
Por ello me va a permitir, quizá con un espíritu un tanto romántico y una
mente utópica --porque me niego a entender como Diputado que todos los
debates parlamentarios sean monólogos superpuestos--, que diga al Grupo
Socialista y a su portavoz que les tendemos la mano para una
reconsideración. Las razones que usted ha argüido en relación con la
financiación, el que no se haya aplicado el cauce de la disposición
adicional segunda del Real Decreto-ley 12/1995, no son razones que
justifiquen, para empezar porque no hay ninguna financiación oculta ni
una sobrefinanciación, que no se dé una respuesta que, como le he
indicado anteriormente, se debía haber producido ya en el año 1995.
Además, ni la cifra ha sido discutida por nadie, ni la cuantía ni la
forma, y estamos incluso utilizando, como he dicho al principio también,
el modelo presupuestario establecido en la Ley 41/1994 justamente.
Puedo entender y entiendo que usted, desde una posición partidista, diga
que no le interesa que el Gobierno del Partido Popular tenga más
estabilidad; puedo entender y entiendo que hable de un nivel de
acercamiento de confianza, no digo que usted lo haga, pero
dialécticamente lo puedo comprender y no compartir; pero lo que yo no
puedo entender es que el Grupo Socialista, por una supuesta razón, a
nuestro criterio claramente inexistente --y creo que se lo he
acreditado--, se oponga a la decisión unánime de todas las fuerzas
políticas, sociales y sindicales del País Vasco. Yo no hablaría del
consejero don Ramón Jáuregui, ya lo han hecho usted y otros, pero yo no
puedo entender que ustedes se opongan a una medida positiva para el
desarrollo socioeconómico, no puedo entender que ustedes se opongan al
desarrollo de lo establecido en el artículo 84 del Estatuto, no puedo
entender que no se quiera articular, dentro de una política como la
vasca, un desarrollo de su formación, no puedo creer que usted no quiera
superar el quebranto legal al que he aludido. Le ruego que lo
reconsideren porque el Parlamento está para hablar. Yo no le he querido
en modo alguno antes imputar, cuando hablaba en términos estrictamente
dialécticos, ninguna afirmación. Yo le ruego que se lo piensen. Estoy
convencido de que para el Grupo Socialista no va a ser malo, y estoy
convencido de que va a ser bueno para el Grupo Socialista, para esta
Cámara, para el País Vasco y en consecuencia para toda España.
Muchas gracias. (La señora Romero López pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Por alusiones, señor Presidente. Me ha aludido
directamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Más que por alusiones, señora
Romero, si quiere un turno muy breve de réplica a las evidentes
inducciones del señor Azpiroz, le concedo la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Nos sorprende la intervención del Diputado, que
probablemente porque es guipuzcoano se siente obligado a defender esa
posición, pero nos sorprende que haga esa defensa cuando la información
que yo tengo es que precisamente el Grupo Parlamentario Popular votó en
contra del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que permite un
acuerdo interprofesional de esta naturaleza.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Romero.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente, lo que el Grupo Popular nunca
va a hacer es incumplir la legalidad, lo que el Grupo Popular está
defendiendo en esta democracia es un Estado de Derecho; y lo que el Grupo
Popular va a hacer, nos guste más o menos, lo votemos en principio o no,
es cumplir siempre con las disposiciones legales. Eso es lo que el Grupo
Socialista no ha hecho, y eso es lo que ustedes tendrán que explicar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Azpiroz.
Vamos a proceder, por tanto, a las votaciones. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley número 16, de 22 de noviembre de 1996, por el que se
financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación del
real decreto-ley debatido.
El Grupo Socialista ha pedido la tramitación del real decreto-ley como
proyecto de ley. Se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 146; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
--REAL DECRETO-LEY 17/1996, DE 22 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE DEROGA EL
ARTICULO 8 DEL REAL DECRETO-LEY 1/1996, DE 19 DE ENERO, SOBRE EL CREDITO
CONCEDIDO POR EL ESTADO PARA LA FINANCIACION DE LAS OBLIGACIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 130/000013)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley número 17, de 22 de noviembre de 1996, por el que se deroga
el artículo 8 del Real Decreto-ley número 1, de 19 de enero de 1996,
sobre el crédito concedido por el Estado para la financiación de las
obligaciones de la Seguridad Social.
Para la presentación del real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio para que pueda comenzar la exposición el señor
Ministro y agilizarse el final del Pleno. Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en favor de la
convalidación del Real Decreto-ley 17/1996, de 22 de noviembre, por el
que se deroga el artículo 8 del Real Decreto-ley 1/1996, de 19 de enero,
sobre el crédito concedido por el Estado para la financiación de las
obligaciones de la Seguridad Social.
Como saben SS. SS., no es la primera ocasión en que intervengo en esta
Cámara sobre esta cuestión, porque ya he contestado a una pregunta
formulada en el Pleno por el Grupo Parlamentario Socialista y porque
también en el debate correspondiente a la sección de Seguridad Social de
los Presupuestos Generales del Estado para 1997 anticipé a la Cámara la
intención del Gobierno de aprobar este decreto que derogaba parcialmente
el Real Decreto-ley 1/1996, de 19 de enero. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El Gobierno ha dicho por activa y por pasiva que había problemas de
tesorería, problemas de necesidades de financiación en la Seguridad
Social, y así tuve el honor de exponerlo al segundo Consejo de Ministros
tras el encargo que tuve por parte del Presidente. Desde el principio
hemos transmitido a la sociedad española que no había motivos de alarma,
que no había motivos de intranquilidad y que precisamente era la
consolidación y el desarrollo de los pactos de Toledo lo que permitía a
los ciudadanos seguir albergando esa tranquilidad y esa serenidad con
respecto al futuro del sistema público de pensiones y con respecto
también a la garantía del poder adquisitivo de las mismas. No obstante,
como he dicho, hemos apelado siempre al sentido de la responsabilidad
para comprender que teníamos que ampliar el préstamo de la Seguridad
Social para 1996.
Señorías, estas dificultades de financiación, dificultades de tesorería,
han venido motivadas, en primer lugar, por la prórroga presupuestaria y
por cómo se ha formulado esa prórroga presupuestaria a través de dos
reales decretos; en segundo lugar, en nuestra opinión, porque había unas
previsiones de crecimiento y unas previsiones de creación de empleo que
eran demasiado optimistas, y esto afecta definitivamente a los ingresos
de la Seguridad Social; y en tercer lugar, porque hay cuestiones
pendientes de la Seguridad Social que tenemos que ir resolviendo. Tenemos
una batalla importantísima contra la morosidad pública, también contra la
morosidad privada, que afecta a la tesorería de la Seguridad Social;
tenemos una batalla importantísima por delante para mejorar la
recaudación de la Seguridad Social: y tenemos sobre todo un problema
estructural. Los presupuestos de la Seguridad Social, tal y como marca la
contabilidad europea, están hechos sobre obligaciones y derechos
reconocidos y la obligación puntual de la Seguridad Social pasa, en
términos de caja, por satisfacer las prestaciones sociales durante todos
los meses. Creo que hay muchas cosas que hacer en el futuro respecto a la
incapacidad temporal, hay muchas cosas que hacer conjuntamente para
desarrollar el pacto de pensiones, hay que luchar conjuntamente contra el
fraude en el ámbito de las prestaciones sociales y, por supuesto,
continuar mejorando la gestión de la Seguridad Social.
En cualquier caso, señorías, para 1995 y concretamente para atender
obligaciones de la Seguridad Social y salvaguardar su equilibrio
presupuestario estaba previsto un préstamo de 444.000 millones de
pesetas. A través del real decreto de enero de 1996, al que he hecho
referencia, este préstamo se reduce hasta 276.000 millones de pesetas.
Pues bien, aunque se ha producido una liberación de cuotas que estaban
vinculadas a la sanidad que no alcanzan los 140.000 millones de pesetas,
diversas consideraciones en cuanto al gasto que se refieren a la
revalorización y consolidación de pensiones y también a la evolución de
diversas prestaciones han hecho necesario, para proceder al cumplimiento
de todas las obligaciones, que se tome esta decisión que ha permitido la
tranquilidad de tesorería de la Seguridad Social para 1996 y satisfacer
todas las obligaciones que tenemos con los ciudadanos.Por ello, señorías,
solicito su voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley
que, como decía, ha supuesto la tranquilidad de tesorería para la
Seguridad Social en 1996.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero, en primer término, dejar constancia de que desde este
mismo momento el Grupo Socialista manifiesta su deseo de cooperación para
cubrir cualquier insuficiencia presupuestaria o de tesorería que tenga la
Seguridad Social y, en consecuencia, una
vez que se haya definido el problema podría votar a favor de cualquier
medida que consiguiera su equilibrio financiero. Deberán convenir conmigo
en que para poder hacerlo necesitamos saber cuál es la realidad del
problema y discutir sobre la medida concreta que mejor convenga para
obtener la solución. No es el caso de este real decreto-ley porque parte
de una contemplación inadecuada de la realidad, porque la contempla de
forma fragmentaria, y pretende solucionar un problema presupuestario
quizá bajo la argumentación de una insuficiencia de tesorería. Fíjense
SS. SS. en la reseña del Consejo de Ministros, en la que se dice
textualmente lo siguiente: Con el real decreto-ley se resuelve el
problema de tesorería creado por el desfase presupuestario inducido en
enero, de forma que la Seguridad Social podrá hacer frente puntualmente
al pago de sus obligaciones con los pensionistas a final de noviembre por
importe de casi un billón de pesetas. La cita --se lo aseguro-- es
textual. Y leída esta cita uno se pregunta: ¿Qué es lo que se ha hecho
con el real decreto-ley? ¿Resolver un problema de tesorería? ¿Resolver un
problema presupuestario? ¿Estamos hablando de liquidez? ¿Estamos hablando
de déficit?
La argumentación del real decreto-ley es la siguiente: Tras haberse
prorrogado automáticamente los presupuestos de 1995 para todo 1996, como
consecuencia de la devolución del proyecto de presupuestos que presentó
el Gobierno para ese año, el Ejecutivo anterior aprobó un real
decreto-ley, el 1/1996, por el que redujo el préstamo de 444.000 millones
de pesetas que el Estado había concedido a la Seguridad Social en el año
1995 a 276.000; es decir, lo redujo en 168.000 millones de pesetas, que,
curiosamente, es la cantidad exacta, justa, en que la Seguridad Social se
ha visto mermada este año para cumplir sus obligaciones legales. El Real
Decreto-ley 1/1996 redujo la financiación estatal en 168.000 millones de
pesetas, que ahora se tratan de recuperar con este real decreto-ley.
Esta es la argumentación que se nos presenta, y la pregunta es: ¿la
argumentación es la conveniente a la realidad? ¿Estamos hablando de lo
que sucede realmente? ¿La solución es conveniente al problema? ¿Estamos
obteniendo una solución adecuada? La contestación, como mínimo, es
negativa. El Gobierno toma una parte de la realidad, oculta la mayor
parte y lleva la cuestión a una senda equivocada, tratando de eludir la
entidad real del problema.
Todos ustedes saben que la Seguridad Social se financia por cotizaciones
reales y por financiación estatal. La financiación estatal pueden ser
aportaciones del Estado o préstamos del Estado a la Seguridad Social.
Pues bien, cuando el año pasado la Cámara rechazó el proyecto de ley de
presupuestos del Estado para 1996, lo que ocurrió fue lo siguiente: en
primer lugar, quedaron congeladas las bases máxima y mínima de cotización
a la Seguridad Social; en segundo lugar, quedaron congeladas las
aportaciones del Estado a la Seguridad Social en el nivel que tenían a 31
de diciembre de 1995; y, en tercer lugar, y es muy dudoso que eso haya
ocurrido, el préstamo puede, o no, haberse prorrogado automáticamente por
aplicación del artículo correspondiente de la Constitución. Y digo que es
dudoso por lo que dice el artículo 56 de la Ley General Presupuestaria
sobre los préstamos que tienen naturaleza coyuntural.
Esta es la situación en que quedaron los créditos y, por consiguiente,
los ingresos de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 1995 como
consecuencia de haberse rechazado el proyecto de ley de presupuestos, una
situación que, como es fácil de imaginar, producía una incapacidad de la
Seguridad Social para afrontar sus obligaciones legales, ya que, aunque
se hubieran congelado las pensiones o las prestaciones económicas, el
crecimiento del número de pensionistas, por una parte, y la cuantía, por
el efecto de sustitución, de las nuevas pensiones sobre las de los
fallecidos, por otra, hacían obligatorio tener que aumentar los ingresos
de alguna forma. Para hacer esto, para aumentar los ingresos, cosa
necesaria para afrontar los gastos, el Gobierno tomo medidas; medidas en
plural, no una medida, porque, leyendo el real decreto-ley que ahora se
trata de convalidar, da la impresión de que el Gobierno sólo adoptó una
medida: reducir el préstamo en 168.000 millones de pesetas. No fue eso lo
que hizo el Gobierno. El Gobierno, insisto, tomó medidas, en plural. La
primera fue actualizar las bases de cotización máxima y mínima en el 3,5
por ciento; la segunda, aumentar las aportaciones directas del Estado a
la Seguridad Social en, exactamente, 389.599.529.000 pesetas, esto es, el
mayor aumento, el mayor incremento interanual que jamás se ha producido
en la Seguridad Social en aportaciones directas del Estado permaneciendo
estables los tipos de cotización. Por eso se fijó la cuantía del préstamo
en 276.000 millones de pesetas o, lo que es igual, gracias a una mayor
aportación del Estado, de 390.000 millones de pesetas, se pudo reducir el
endeudamiento en la Seguridad Social en 168.000 millones de pesetas. Es
decir, que la prórroga, que se produce por dos reales decretos-leyes, el
12/1995 y el 1/1996, actúa sobre los ingresos, para que la Seguridad
Social pueda afrontar el volumen de sus obligaciones legales en 1996, con
un triple efecto: actualizar las bases de cotización, aumentar la
financiación estatal en términos netos en 222.000 millones de pesetas y
reducir en 168.000 millones de pesetas su endeudamiento.
Esta es la realidad de la prórroga presupuestaria, y esta realidad fue
ratificada en el Congreso con una votación a favor de la convalidación de
los dos reales decretos-leyes, sin ningún voto en contra y, por supuesto,
con los votos a favor del Grupo Parlamentario Popular del Congreso.
Desde enero han pasado once meses, desde la toma de posesión del Gobierno
han pasado 219 días. Todo ese tiempo ha pasado, un poco de tiempo. Pues
bien,
ahora se da cuenta el Gobierno de que se ha reducido el préstamo en
168.000 millones de pesetas, y nos trae por urgencia este real
decreto-ley en el que se nos cuenta una escena de la película como si la
realidad de esa escena fuera ciertamente el argumento completo de la
cinta. No es así, como usted sabe. Resulta que ahora, once meses después
de la convalidación de aquellos reales decretos-leyes unánimemente por
esta Cámara, el Gobierno repara en que faltan justamente 168.000 millones
de pesetas. Ya es simplificar esto la realidad. Por un lado, la Seguridad
Social ha podido, a lo largo de este año, actualizar sus cotizaciones, no
la base mínima y la base máxima en el 3,5 por ciento, sino que se ha
actualizado la base media por encima de la inflación, como se demuestra
por la encuesta de salarios o por los datos de negociación colectiva.
Ha aumentado el empleo por debajo de las previsiones. Ayer leí que las
afiliaciones de ocupados en la Seguridad Social habían aumentado por
encima del 2 por ciento, por lo tanto, no se están incumpliendo las
previsiones, se están cumpliendo. Además, ustedes mismos han dicho
recientemente que van a modificar las previsiones de empleo de este año,
aquellas que redujeron a la baja y ahora reducen al alza, para que dé la
impresión, después de haberlas bajado, de que se hace como consecuencia
de la política del Gobierno.
Por otro lado, la Seguridad Social en 1996 ha recibido 222.000 millones
de pesetas adicionales a los que recibió en 1995, como consecuencia de
una mayor aportación directa del Estado, pero, a pesar de eso, resulta
que faltan 168.000. No nos dicen, eso sí, que sobran los 390.000 millones
de pesetas de una mayor aportación del Estado; no nos dicen tampoco que
la mayor recaudación sobra porque se actualizaron las bases. Lo que se
nos dice es que faltan 168.000 millones de pesetas.
¿Cuál es el problema, señorías? ¿El problema es que 222.000 millones de
pesetas de financiación adicional este año del Estado a la Seguridad
Social no ha sido suficiente? ¿Es este el problema, 222.000 millones de
pesetas no han sido suficientes en 1996? Si éste es el problema, ¿cómo es
entonces que para 1997 se plantea un presupuesto en el que las bases se
actualizan solamente en el 2,6 por ciento y en el que la aportación del
Estado se reduce de 390.000 millones a 174.000? ¿Cómo es posible que el
préstamo en el presupuesto del año próximo se reduzca en casi 300.000
millones?
Comprenderán SS. SS. que, como no conocemos la dimensión real del
problema, no podamos proporcionar la colaboración necesaria para
solucionar un problema que todavía ignoramos. Si traen ustedes a la
Cámara una norma en la que se defina exactamente y se proponga la
situación adecuada, que no endeude a la Seguridad Social, estaremos
dispuestos a colaborar. Es más, si tramitan este real decreto-ley como
proyecto de ley estamos dispuestos a presentar las enmiendas para votar a
favor del proyecto de ley cuando se apruebe por esta Cámara. Pero no
traigan un falso problema y una solución que puede ser nociva para la
Seguridad Social porque aumente su endeudamiento. Propongan la solución
correcta, hagan lo que les estoy diciendo, y, en ese caso, podremos votar
a favor de solucionar un problema, el que sea, de tesorería,
presupuestario, que pueda tener la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Griñán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda sinceridad, señorías, intervengo en este debate no sin salir de
mi asombro. Les confieso que es cierto, he venido a explicarlo a la
Cámara, que en la Seguridad Social hay problemas, que este año ha habido
un problema importante de tesorería, ya resuelto, y de financiación.
Quiero decirle, señor Diputado, que el responsable de ese problema es
exactamente usted. Esto pasa cuando a la vez se ejerce la portavocía de
la oposición y muy pocos meses antes ha sido Ministro responsable del
departamento.
En su tierra y en la mía se dice alguna vez: este niño tendrá su padre.
(Risas.) Pues bien, el padre del problema de la Seguridad Social del año
1996 se llama señor Griñán, quien ha elaborado el presupuesto, y el padre
del problema que pudiera surgir --espero que no-- en 1997 será el
Gobierno de José María Aznar, su Presidente, el Ministro de Trabajo,
señor Arenas, y todo su equipo. Yo estoy gestionando en este momento el
problema que ha dejado usted en la Seguridad Social, pero no soy el
responsable del problema respecto del presupuesto de 1996.
Me ha parecido entenderle que en el Pleno de hoy pueden votar en contra
de la convalidación de este real decreto-ley. Si usted vota en contra de
esa convalidación está votando en contra de que hayamos pagado las
pensiones en el mes de diciembre, y tiene que decir a esta Cámara cómo se
resuelve a estas alturas un problema de tesorería si no es acudiendo al
préstamo. Le diré a la opinión pública española que si vota en contra de
esta convalidación está votando en contra de que paguemos a los
pensionistas. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!--Protestas.-- Aplausos.)
Le voy a decir por qué: ustedes redujeron el préstamo de la Seguridad
Social para 1996. Lo redujeron de 444.000 millones a 276.000. Dice usted,
lo cual es rigurosamente incierto, que se ha producido --lo mencionó en
la pregunta parlamentaria el otro día aquí-- un incremento en la
aportación del Estado a la sanidad y, en consecuencia, una liberación de
las cotizaciones en torno a 390.000 millones de pesetas. Pues bien, el
señor Solbes en el debate presupuestario, en esta Cámara, dijo que cuando
se liberan las cotizaciones se están
liberando exactamente 139.000 millones --lo dice Solbes, no el actual
Ministro de Trabajo--. Si son 139.000 millones de pesetas y han reducido
el préstamo en 168.000, por lo pronto hay un desfase presupuestario. Con
toda claridad.
Le hago una pregunta, señor Griñán, contéstela si puede ¿Dónde esta
contemplado presupuestariamente la revalorización de pensiones para este
año? ¿Sabe la respuesta? En ningún sitio, señorías. No estaba contemplado
presupuestariamente en la prórroga la revalorización de pensiones ¿Dónde
está contemplado en la prórroga presupuestaria la consolidación de la
revalorización y la diferencia con el IPC previsto al IPC real? No está
previsto en ningún sitio.
¿Saben ustedes qué crecimiento económico tenía previsto el Gobierno
anterior en su cuadro macroeconómico para 1996? El 3,4 y podemos llegar
al 2,3, y eso incide decisivamente en los presupuestos de la Seguridad
Social ¿Saben ustedes, señorías, cuánta creación de empleo tenían
previsto en el escenario macroeconómico? Del 2,4 al 2,6 por ciento, y eso
incide también en los presupuestos de la Seguridad Social.
Tengo que decirle que el problema de financiación se ha originado por dos
razones, y aquí están los informes del interventor del Estado que, por
cierto, es el mismo que estaba en su etapa. En la Seguridad Social ha
habido un problema de 170.000 millones por la reducción del préstamo y
también ha habido un problema importantísimo por la valoración de
ingresos que estaban supravalorados y por la infravaloración de gastos,
lo que nos lleva a los 309.000 millones de pesetas. Y esos 309.000
millones de pesetas es la diferencia entre el préstamo de 1995 y 1996.
Sin embargo, me parece más grave todavía lo que ha dicho: que el préstamo
para 1995 solamente era para equilibrio presupuestario. Es completamente
incorrecto. La previsión de déficit para 1996 que ustedes plantearon era
el 0,3 PIB y eso responde a 227.000 millones de pesetas ¿Cómo me explica
entonces 276.000 millones de pesetas? Es absolutamente incorrecto. Una
cosa es el equilibrio presupuestario en contabilidad Maastricht, que
significa la desaparición de los capítulos VIII y IX, activos
financieros, pasivos financieros, o sea, operaciones no financieras del
Estado, y otra cuestión bien distinta, señor Griñán --se lo dice
cualquier interventor--, es el equilibrio presupuestario global del
sistema. Ahí entra financiación y entra tesorería.
Creo, señor Presidente, que no se puede faltar a la verdad en nada, pero
mucho menos en pensiones. El señor Griñán acaba de decir a la Cámara que
este Gobierno tiene previsto, para 1997, 155.000 millones de pesetas de
préstamo, y eso no es decir toda la verdad. Este Gobierno tiene previsto,
para 1997, 500.000 millones de pesetas de préstamo, dividido en dos
partes. Ustedes en ningún presupuesto han tenido en cuenta la diferencia
caja-devengo, pues hay una parte que se refiere a los 155.000 millones,
que responde al 0,2 PIB déficit, y otra parte que se refiere a 350.000
millones para la diferencia caja-devengo, porque la Seguridad Social a
veces tiene papel, pero todos los meses paga las pensiones en caja. Tiene
su contabilidad en términos de Maastricht con criterios de devengo, pero
paga en términos de caja. Así que a mí me gustaría que se fuera mucho más
riguroso.
Termino, señor Presidente, con dos reflexiones muy importantes.
Señor Griñán, yo siempre he dicho en público que la transmisión de
funciones en el Ministerio de Trabajo estuvo guiada por la máxima lealtad
y hoy le tengo que acusar de ser un irresponsable. Le voy a explicar por
qué. Cuando yo llevaba un mes siendo Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, o sólo una semana, ya me había reunido con los técnicos de la
Seguridad Social, con su equipo, y la primera herencia que recibí es que
me dijeron que no había dinero para pagar el mes de diciembre. Fue leal
decírselo al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, lo mismo que es una
irresponsabilidad en el día de hoy no reconocerlo, porque falta que diga
a los españoles cómo hubiera pagado las pensiones con su presupuesto si
no amplía el crédito de la Seguridad Social.
Finalmente, ha hecho usted referencia al problema global de la Seguridad
Social. Cuando quiera tengo un debate con usted, en la Cámara o fuera de
la Cámara. ¿Quién ha empezado con la deuda de la Seguridad Social?¿Quién
ha otorgado en los presupuestos préstamos de la Seguridad Social?
¿Nosotros? Ustedes han planteado siempre la filosofía del préstamo. ¿O es
que la situación de endeudamiento de la Seguridad Social de los últimos
cinco años es responsabilidad del Gobierno de José María Aznar? ¿De qué
se sorprende ante un préstamo, si lo único que han hecho en materia de
Seguridad Social ha sido recurrir al préstamo? Diga a esta Cámara cómo
hubiera pagado usted a los pensionistas españoles en 1996 y diga a esta
Cámara, que es importante, dónde ha reflejado en la prórroga
presupuestaria los incrementos por mayor número de pensiones, la
revalorización --también lo he dicho--, el efecto sustitución de las
pensiones, aquellas medias altas que se incorporan y aquellas medias
bajas que salen del sistema. ¿Dónde lo ha hecho? ¿A través de qué norma?
Mire usted, mi responsabilidad en el presupuesto de Seguridad Social
empieza en el mes de mayo y de esa responsabilidad respondo con todas las
consecuencias. De mayo hasta aquí, un gran acuerdo político --y agradezco
el apoyo del Partido Socialista-- sobre pensiones, un gran acuerdo social
con los sindicatos en materia de pensiones, puesta en marcha la reforma y
mejora de la gestión, las URE, las EVISS, un plan de lucha contra el
fraude, hemos reducido notabilísimamente la morosidad en la Seguridad
Social y estoy resolviendo, y he resuelto, los problemas de tesorería de
la Seguridad Social. Esa es mi gestión de mayo hasta diciembre; hasta el
mes de mayo, usted es el padre del problema y el padre del presupuesto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Presidente, no dejo de lamentar la forma
en que el señor Ministro ha querido conducir este debate. No entro en
términos personales, sí veo con sorpresa que dice que soy el culpable de
la situación de la Seguridad Social, pero termina diciendo que soy
irresponsable; normalmente, un culpable sin responsabilidad no debe
preocuparse de mucho.
Le voy a decir algo, señor Arenas. Tienen ustedes la costumbre, desde que
han llegado al Gobierno, de mantenerse siempre gobernando desde la
oposición. Ustedes están ejecutando un presupuesto. Pero fíjese qué
presupuesto están ejecutando ustedes. Primero, un presupuesto que no
existe porque ustedes se encargaron de que no existiera votando en contra
del proyecto de ley de presupuestos que trajo aquí el Gobierno. Segundo,
un presupuesto prorrogado por dos reales decretos-leyes que fueron
votados por SS. SS., por todos ustedes. Lo que dice ahora sobre la
prórroga de los presupuestos, lo que dice ahora de las insuficiencias de
la Seguridad Social, si parte de esos decretos y no de su pésima gestión,
señor Ministro (será de su pésima gestión, porque me tendrá que explicar
usted cómo es que con tantos afiliados, con tantos incrementos de las
bases se está recaudando tan poco; qué es lo que está pasando con la
Seguridad Social, señor Ministro, en los meses que usted lleva de
Gobierno, porque se está cayendo por los suelos); si parte, digo, no de
su gestión sino del real decreto-ley, tengo que responderle que ese real
decreto-ley es responsabilidad de su grupo que impidió que fuera en los
presupuestos y ahora trae un real decreto-ley.
Me sorprende su ignorancia, ignorancia de la que no sé si es también
culpable o es irresponsable, porque, en definitiva, no sé si usted sabe
lo si es un déficit de tesorería o un problema presupuestario. Que la
Seguridad Social a final de año tiene siempre problemas de tesorería
porque tiene que pagar la extraordinaria antes de recibir esa
extraordinaria de los activos, eso lo sabemos todos. ¿Por qué utilizan un
préstamo para insuficiencias presupuestarias? Dice S. S. que no es un
préstamo para insuficiencias presupuestarias.
Señor Ministro, el artículo que ustedes mantienen en vigor con este real
decreto-ley es el artículo 12 de la Ley de Presupuestos para 1995, que
dice: Al objeto de proporcionar cobertura a las obligaciones de la
Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma,
se concede un préstamo de 444.000 millones. Por lo tanto, estamos
hablando de un préstamo para afrontar obligaciones de la Seguridad Social
y para mantener un equilibrio presupuestario. No me hable usted de
problemas de tesorería. Habla usted con frecuencia del esfuerzo que le
supone a este Gobierno pagar a los pensionistas. Eso sí que me parece a
mí grave: estar permanentemente asustando a la población sobre las
insuficiencias de la Seguridad Social, sobre los problemas que ustedes
tienen para pagar a los pensionistas. Eso sí que me parece grave.
(Rumores.) Miren ustedes, a los pensionistas se les paga con los fondos
de la Seguridad Social siempre y cuando se gestionen bien y se recauden
adecuadamente. No hemos sido nosotros los que hemos bajado las
previsiones de empleo. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: No se preocupe, señor Presidente, solamente
grita el que está angustiado, el que tiene razones razona. (Rumores.)
Señor Ministro, ustedes son los que bajaron en su momento la previsión de
crecimiento del empleo en un momento determinado. Según la encuesta de
población activa, en lo que va de año el empleo ha crecido más de lo que
lo hizo con el Gobierno socialista en sus previsiones presupuestarias; un
tres y pico por ciento, no un dos y pico, y según ustedes las
afiliaciones de ocupados a la Seguridad Social han aumentado en más de un
2 por ciento. Y ¿qué ha pasado con la recaudación? Eso es lo que quiero
saber. ¿Qué pasa con la recaudación, por qué ya no la envían a esta
Cámara? ¿Qué pasa con la recaudación que los señores Diputados hemos
dejado de recibir esa información? Ya no llega ese boletín; ya no lo
tenemos. ¿Qué es lo que está pasando con la recaudación? Eso es a lo que
usted tiene que responder.
Señor Ministro, usted es Ministro porque así lo ha querido el pueblo
español. En su cargo de Ministro no se despoje de su responsabilidad de
Gobierno. Usted ha de responder en esta Cámara de su gestión, que es la
que se produce en este año, primero, por la inconsistencia de sus
argumentos al rechazar que hubiera presupuestos en 1996; segundo, porque
aprobaron los decretos-leyes de prórroga de los presupuestos; y, tercero,
lo que es más grave, lo que es un hecho insólito que jamás se había
producido en esta Cámara, porque ustedes no han traído a esta Cámara un
proyecto de ley de presupuestos para este año. Ustedes están gobernando
desde mayo y no han traído ese proyecto de ley. No lo han traído. (Una
señora Diputada: !Vaya!) No, señorías, no digan: !Vaya! (Rumores.) Todos
los años que se ha producido esta circunstancia se ha presentado un
proyecto de ley. En el primer año de la democracia se presentó; en 1982
se presentó; siempre se
ha presentado. (Una señora Diputada: A ver si aprendéis.) Y ustedes no lo
han traído, pero, qué casualidad, cuando está terminando el año es cuando
ustedes se acuerdan.
Señor Ministro, no quiero entrar en el terreno de lo personal ni en
enfrentamientos personales. Simplemente, cuide usted de la Seguridad
Social, gestiónela mejor, dé solución a sus problemas, no asuste a la
población con sus insuficiencias y con su falta de gestión. Solucione los
problemas y entre todos podremos colaborar para que eso sea así.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Griñán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad, quiero hacer algunas aclaraciones al señor Griñán;
por supuesto, superadas todas las facetas personales, que no son cuestión
de debate. A mí me parece que cuando se es ministro, no hay que tener
cuestiones personales, y cuando se deja de ser ministro, tampoco deben
influir las cuestiones personales. (Rumores.)
Al principio, le he hablado de responsabilidad y también de culpabilidad,
usted me ha hablado de ignorancia, pero le quiero decir que esas
cuestiones deben circunscribirse al debate político y nunca al debate
personal. Si uno, cuando es ministro, se conduce por razones personales,
malo; y si, cuando es ex ministro, se conduce por razones personales,
también es profundamente malo. En consecuencia, en el ámbito político, le
quiero aclarar dónde está su culpabilidad y dónde está su responsabilidad
o irresponsabilidad.
Su culpabilidad está al no plantearse en la prórroga de los presupuestos
para 1996 ni la revalorización de las pensiones, que no está en los
presupuestos, ni la consolidación de las pensiones, que no está en los
presupuestos, ni el incremento del mayor número de pensiones, que no está
en los presupuestos, ni el efecto o sustitución de las pensiones altas
por las bajas, que no está en los presupuestos. Esa es su
responsabilidad, quiera o no quiera usted plantearlo. (Rumores.)
En segundo lugar, que en el mes de enero se reduzca el crédito de la
Seguridad Social de 444.000 millones a 276.000 millones, se ponga como se
ponga, es su propuesta y su responsabilidad. Y le quiero decir una cosa
muy clara. Me ha acusado usted de ignorante (yo le respeto a usted, y
además lo tomo políticamente, porque usted y yo nos tenemos afecto aunque
seamos de equipos de fútbol distintos, incluso, en nuestra ciudad), pero
quiero decirle, con mucha claridad, que usted no sabe leer la norma;
hable con cualquier interventor. ¿Sabe usted lo que dice la Ley 41, que
está aquí? Dice: Préstamo para atender obligaciones de la Seguridad
Social y equilibrio presupuestario. ¿Se puede ser tan ignorante como para
desconocer que el pago de las prestaciones y la cuestión de tesorería
responde a obligaciones de la Seguridad Social, señor Ministro?
(Rumores.) Cualquier interventor le dirá que el pago de las prestaciones
son obligaciones de la Seguridad Social. Y cualquier interventor le dirá
otra cosa muy importante.
Cuando se habla de equilibrio presupuestario, se puede hablar en términos
de Maastricht, y eso significa que no juega el capítulo VIII ni el IX;
significa que hablamos de operaciones no financieras. Cuando se habla de
equilibrio presupuestario, se entiende como equilibrio presupuestario
global, y ahí afectan necesidades de tesorería, de financiación y
presupuestarias. En consecuencia, señor Ministro, jurídicamente, es
intachable.
Me habla el señor Ministro de la recaudación de la Seguridad Social. La
recaudación de la Seguridad Social ha subido como nunca, un 6 por ciento.
Lo malo es que ustedes habían previsto un 9, y un 9 es imposible, señor
Ministro. ¡Un 9 habían previsto, y un 9 es imposible, señor Ministro!
(Rumores.) Ha subido un 6; nunca había subido un 6 por ciento, en ningún
año. ¡Si todos los años ustedes han fracasado en materia de recaudación!
(Rumores.)
Es cierto, y estamos muy contentos, señoría. Acaba usted de decir
--contradiciéndose con los meses anteriores-- que vamos divinamente en
creación de empleo, en incremento de Seguridad Social. Ya le espero en la
siguiente declaración, diciendo: Qué mal va el empleo y el incremento de
Seguridad Social de este Gobierno. Pues bien, el incremento de Seguridad
Social ha sido del 2,6 por ciento. Ahora bien, ¿se va a dar el
crecimiento de la economía española como lo tenían ustedes previsto, el
3,4 por ciento, cuando hoy lo que podemos certificar es el 2,3, que se
produce tras la revisión de nuestro Gobierno? ¿Influye el crecimiento de
la economía en la Seguridad Social? ¡Pues claro que influye! ¿Usted sabe
que no tuvieron en cuenta que este año, si había creación de empleo, se
producía una minoración de las cuotas de los desempleados? ¿Es posible
eso, señoría? Si hay empleo, tienen que rebajarse las cuotas de los
desempleados. ¡Pues tampoco está en los presupuestos!
Termino, señor Presidente, con dos cuestiones. Primero, una sugerencia de
amigo: No se tome su tarea desde el terreno personal, sino desde el
político. Un ministro no puede picarse por la reseña de un consejo de
ministros. Y segundo, dígales usted a los pensionistas cómo hubiera
pagado sus pensiones --sus pensiones-- sin acudir al préstamo. Dígaselo y
explique, a partir de mañana, su voto en contra del día de hoy.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Griñán Martínez pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Griñán, está cerrado el debate con la intervención...
(Fuertes rumores.)
¡Silencio, señorías!
Sabe el señor Griñán que el debate se cierra con los dos turnos de
réplica utilizados por ambas partes.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, intervendré
con brevedad.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable a la convalidación de este
real decreto-ley, atendiendo a las siguientes razones. En el fondo,
jurídica y legalmente, de lo que se trata es sencillamente de volver a
actualizar el artículo 12 de la Ley 41/1994, que aprobamos en la pasada
legislatura en esta Cámara, que había hecho una previsión --nosotros la
apoyamos en su momento-- acertada, con una financiación para atender este
pago de prestaciones y de obligaciones de la Seguridad Social, por
importe de 444.000 millones de pesetas en números redondos.
¿Qué es lo que trae el Gobierno aquí? Sencillamente, una modificación
legal para dejar fuera de la circulación aplicativa lo que --no digo por
estas Cortes, porque estaban disueltas-- se aprobó con referencia al Real
Decreto-ley 1/1996. Pero tengamos en cuenta que este real decreto-ley lo
saca el anterior Gobierno y lo hace el 19 de enero de 1996, estando estas
Cortes están disueltas, y tiene que ser la Diputación Permanente la que
apruebe la convalidación del citado real decreto-ley, real decreto-ley de
enero de 1996, reitero, con las Cámaras disueltas por el período
electoral convocado, y que hacía una reducción de la cuantía
presupuestaria, de los 444.000 millones a que me he referido, que
figuraban en la Ley de 1994. Hacía una sensible reducción. Por supuesto,
existe la legitimidad de cualquier gobierno de cambio que no hace otra
cosa que retrotraer la cifra a lo que decía la Ley 41/1994. Estos serían
los argumentos legales, que son plenamente normales. Si de lo que se
trata fundamentalmente, por la necesidad de justificar la urgencia del
real decreto-ley que ahora debatimos, es sencillamente de pagar las
prestaciones a los pensionistas, de atender, en una palabra, la
financiación de las obligaciones de la Seguridad Social, para esta
finalidad el voto de Coalición Canaria se da con rotundidad y con
inmediatez, desde ya, y esto era lo que en nuestra fijación de posición,
señor Presidente, queríamos dejar claro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el real decreto-ley que hoy pretende el Gobierno que convalide
esta Cámara es, sin lugar a dudas, otro de los episodios que en la
opinión pública están causando más expectación, expectación inducida, no
merecida, a nuestro juicio. Me explico. El tema de los agujeros del
sistema público de pensiones o de la sanidad es uno de los preferidos
últimamente por la propaganda de los poderes económicos fácticos,
transmitido prolijamente por los medios de comunicación y recreado por
algunos medios dentro del mismo Gobierno o aledaños --que no se sabe bien
lo que sea el señor Barea a estos efectos--. La expectación está bien
justificada, pues sin duda la Seguridad Social pública es algo querido
por la inmensa mayoría de los ciudadanos y que preocupa a todos con
razón, pero la expectativa no está muy justificada, y desde luego sería
mínima si se hubiera resuelto ya el malentendido que media en el tema.
Señorías, cuando se habla de agujero o, como en este caso, de déficit de
tesorería de la sanidad o de las pensiones públicas, se está abundando en
el temor de la población, que piensa que tienen razón los que propalan el
bulo de la crisis o del déficit insalvable de estas instituciones tan
necesarias para la seguridad de la población. Nada más falso que la
crisis. Nosotros tenemos el deber de aclarar esto a la población. El
sistema de la Seguridad Social es superavitario, al menos por ahora, no
deficitario, en cuanto a las prestaciones contributivas, y, por tanto, es
superavitario en general, pues las prestaciones no contributivas,
incluidas las sanitarias, corren a cargo de las posibilidades financieras
del erario público y, por ello, el grado de la cuantía de su cobertura
será en todo caso una opción pública, política, que por ahora está hecha
en el sentido de, al menos, un mantenimiento sostenible, incluso de un
cierto incremento en términos absolutos.
¿Por qué me detengo tanto en este tema antes de entrar en la polémica
suscitada por el real decreto en sí mismo? Porque cuando se publica que
el Ministro de Economía pagará las pensiones, pero, entre comillas,
admite que hay déficit de tesorería --como aparece en un diario económico
del 6 de noviembre--, se le ponen las orejas de punta a toda la población
y se propala, consciente o inconscientemente, una incertidumbre
innecesaria. Por eso Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no va a
entrar en el juego de hacer de este Real Decreto-ley 17/1996 un arma
arrojadiza entre el PP y el PSOE, entre el Gobierno actual y el pasado,
ni nos gusta que lo hagan los demás. Señorías, al hacer de esto un arma
política de corto alcance, unos para justificar lo mal que gestionaban
los anteriores gobernantes
y otros para defenderse de este ataque y contraatacar argumentando que
los actuales gobiernan a golpe de boletín oficial, corremos todos el
peligro de transmitir a la opinión pública una percepción falsa sobre la
situación financiera de la Seguridad Social pública. Esto es lo que
realmente preocupa a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo que no
nos impide, sin duda alguna, verter también nuestra opinión sobre el
contenido del real decreto-ley en cuestión, y lo vamos a hacer diciendo
lo siguiente.
Primero, que no nos gusta que se vuelva a utilizar la técnica del real
decreto-ley cuando se podría haber utilizado la de la ley, la de la ley
de Presupuestos Generales del Estado de 1997, por ejemplo, porque,
señores del Grupo Popular, si conocía su Gobierno la situación de
insuficiencia financiera generada en el gasto de la Seguridad Social por
el artículo 8 que ahora se pretende derogar, ¿por qué no aceptaron la
enmienda 185 de nuestro grupo, que preveía una transferencia corriente a
la Seguridad Social --y cito textualmente-- en las cantidades necesarias
para garantizar, con cargo al Estado, la financiación de todos los gastos
del sistema de la Seguridad Social?
En segundo lugar, tampoco aceptamos que se insista en la técnica del
préstamo del Estado a la Seguridad Social, justo después de haber
realizado el consenso social y político, en este punto político también,
para sustituir el sistema de préstamos por el de separación de fuentes
más las transferencias necesarias, en la primera ocasión en la que se
presenta al Gobierno. Precisamente de transferencia se hablaba en nuestra
enmienda, antes referida, y de transferencia queremos seguir hablando, no
de préstamos.
En tercer lugar, rechazamos esta nueva muestra de prácticas de ingeniería
financiera de que hace gala el Gobierno. Si hay un déficit de tesorería,
sin duda habrá que cubrirlo, pero no desandando lo andado, y menos con
fórmulas que ustedes mismos no preveían cuando tuvo lugar el debate
parlamentario sobre el tema, a principios de año, el 30 de enero de 1996.
En aquella ocasión decía el señor Montoro acabando su intervención
diciendo: «Lo que he de anunciar, finalmente, es que si después del 3 de
marzo, por la confianza de los españoles, hubiera una mayoría del Grupo
Parlamentario Popular en esta Cámara, este grupo parlamentario llevaría
adelante un proyecto de ley que subsanara los inconvenientes y los
defectos que se están planteando en los distintos reales decretos-leyes
que valoramos hoy..» Pues están ustedes dejando mal al señor Montoro y a
sus palabras al utilizar otro real decreto-ley, justo el que hoy
debatimos, y no un proyecto de ley como anunciaban entonces.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no se va a parar sólo en
aspectos formales como el tratado hasta ahora; importantes sí, pero
formales. Vamos a recordar, señorías, que en todo este proceso en el año
1994, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y bajo el
pretexto de abaratar los costes de trabajo para fomentar el aumento en el
empleo, se practicó una disminución en las cotizaciones sociales de un
punto a cambio de un aumento similar en los tipos del IVA, y de esos
polvos salen estos lodos.
La realidad es que aun creciendo a lo largo de 1995 alrededor de un 3 por
ciento, el efecto sobre el nivel de empleo no ha sido todo lo bueno que
cabría esperar dadas estas medidas. Así, mientras en el último trimestre
de 1994 el número de ocupados según la EPA era de alrededor de
11.700.000, en el mismo período de 1995 este número era de 12.142.000,
con una variación tan sólo de 372.000 empleos. En la misma dirección la
tasa de paro sólo se redujo en este período en un 1,2 por ciento, pasando
del 23,9 al 22,7. Al analizar estos datos no hay que olvidar que en el
año 1995 se cambió el tipo de censo de la EPA, lo que pudo dar origen a
una sobrestimación del número de ocupados o, adicionalmente, a una
disminución del número de parados.
¿Cuál ha sido la recaudación extra, señor Ministro, que el Gobierno ha
realizado a lo largo de 1995 y en lo que va del año 1996 por el aumento
del IVA? ¿Qué efectos tuvo sobre el consumo y, por ende, en la
recuperación económica? ¿Cuál ha sido la recaudación que se ha dejado de
ingresar a lo largo de 1995 y en lo que va de 1996 por la reducción de un
punto de las cotizaciones sociales? ¿Cree el Gobierno que los efectos
generados sobre la recaudación de la Hacienda y de la Seguridad Social
unidos a la variación en el nivel de empleo han conseguido los objetivos
perseguidos? ¿No cree el Gobierno que una política laboral basada en la
inestabilidad y precariedad en el empleo, incluso con bajas cotizaciones
sociales, no beneficia en absoluto las cuentas del Estado en su conjunto?
Hay que hablar de todos estos temas, que están --espero que no se dude de
este extremo-- íntimamente relacionados, sobre todo cuando se pretende
aprobar un real decreto-ley que significa un crédito suplementario de
167.844 millones de pesetas, que podría generar en el futuro nuevos
desequilibrios financieros y, por tanto, nuevas ocasiones para plantear
el tema del equilibrio financiero en el sentido de resituar la cuestión
de las prestaciones también de la Seguridad Social en el futuro.
Señorías, porque queremos hablar de todo esto, que es la cuestión de
fondo, porque no queremos que se vuelva a incidir en la fórmula del
préstamo de Hacienda a la Seguridad Social, porque no estamos de acuerdo
con el uso abusivo del real decreto, porque queremos que no utilicen
estos temas como arma politiquera del bipartidismo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor Presidente.
...porque queremos que el Grupo Popular sea consecuente con sus palabras,
que no dejen en mal lugar al señor Montoro y que en último término se
utilice el mecanismo de la discusión de un proyecto de ley donde todos
podamos enmendar y participar con los instrumentos de máxima
corresponsabilidad política, por todo eso, el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar en contra de la
convalidación del Real Decreto-ley 17/1996 y solicita su trámite como
proyecto de ley. No nos diga, señor Ministro, que si votamos en contra,
estamos diciendo que no se paguen las pensiones. No nos lo diga esta vez.
Es muy fuerte. Es demagógico, señor Ministro. Tengamos la fiesta en paz,
porque los pensionistas españoles no se merecen los malos modos con que
se está conduciendo este debate parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: No hay derecho, señor Ministro, a dar este
espectáculo y a volver a sembrar de nuevo el temor en los pensionistas
por nuestras actitudes y nuestros comportamientos políticos. Dé usted
ejemplo desde el Gobierno, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, concurre hoy el Gobierno ante esta Cámara para presentar el
Real Decreto-ley 17/1996, de 22 de noviembre, y pedir su convalidación.
Lo ha hecho a través del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Con este
real decreto se pretende derogar el artículo 8.º del Real Decreto-ley
1/1996, de 19 de enero, por el que se reducía en 170.000 millones el
crédito que el Estado había previsto por importe de 444.000 millones en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y, en su
consecuencia, en la prórroga presupuestaria para 1996. Ya ha explicado el
señor Ministro los problemas de tesorería que este hecho y esta decisión
del Gobierno socialista ha acarreado al sistema de pensiones al día de
hoy. Indudablemente, en esos problemas de tesorería incide no sólo esta
decisión sino el incumplimiento de las previsiones macroeconómicas del
Gobierno y del Ministerio de Trabajo de entonces. No es algo nuevo, es
algo a lo que año tras año y presupuesto tras presupuesto el Gobierno
socialista nos tenía acostumbrados.
Señorías, después de conocidos estos hechos y después de vistas las
explicaciones del anterior responsable en esta materia, todavía cabría
preguntarse qué razones fueron las que aconsejaron al Gobierno socialista
a tomar semejante decisión a tan sólo dos meses de las elecciones; qué
fines se buscaban con este artículo, el artículo 8.º, que reducía el
préstamo del Estado a la Seguridad Social. ¿Existían, señorías, causas
objetivas que permitieran a ese Gobierno estimar un incremento de
ingresos suficiente para producir en la Seguridad Social esa reducción,
ese recorte, a pesar de que la prórroga presupuestaria arrastraba de
hecho un déficit al no contemplar el incremento de algunos gastos
derivados de la revalorización de las pensiones, los complementos a
mínimos y otros? ¿Cómo es posible que se estimaran previsiones que
permitieran semejante recorte cuando ya se podía determinar, a fecha de
enero de 1996, que la propia previsión que ese Gobierno, el Gobierno
socialista había hecho de déficit en el sistema para 1995 de 2.800
millones iba a ser claramente incumplida, hasta el punto de que el
déficit presupuestario para ese año ha sido de 86.000 millones de
pesetas?
Hoy, señorías, resulta obvio que todavía desconocemos los motivos,
ignoramos las razones y los fines, que las estimaciones eran falsas y que
las previsiones del Gobierno socialista eran, una vez más, como casi
habitualmente, erróneas e improcedentes. A ello se une la falta de
explicación coherente en el Congreso, tanto la dada en su día por el
señor Griñán como la ofrecida y argumentada hoy mismo por el señor ex
ministro. No es coherente, señorías --ya lo ha explicado el señor
Ministro--, alegar que existía un cambio entre la reducción de esos
70.000 millones en el préstamo y la aportación que en el real decreto-ley
de enero se contemplaba al Insalud por valor de 300.090 millones, ya que,
de esos, sólo 130.000 millones sustituían la aportación de la Seguridad
Social al Insalud a través de cotizaciones, lo que ya implicaba de hecho
un déficit de 30.000 millones, y es que, además, tampoco se contemplaba,
como se ha dicho antes, la actualización de otros gastos que se iban a
incrementar y que se han incrementado por un valor aproximado a los
140.000 millones de pesetas. Ya lo dijo el señor Solbes por dos veces en
la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Es evidente,
señor Griñán, que lo que traemos hoy son las consecuencias de esa
prórroga presupuestaria, pero fue esta Cámara, democráticamente y por
mayoría, la que decidió no aprobar sus presupuestos, y era la primera vez
que esta situación presupuestaria tenía que aprobarse a través de la
Diputación Permanente. Esa es su responsabilidad de entonces y esa es
también su responsabilidad de ahora.
Desde el Grupo Popular, señorías, seguimos sin entender las razones del
Gobierno socialista. Cualquier observador podría pensar que la decisión
fue tomada de forma irresponsable, lo cual es cierto, sobre todo ante la
proximidad de las elecciones y a sabiendas de que el recorte del préstamo
crearía serios problemas en la tesorería de la Seguridad Social para
afrontar los
pagos de las pensiones, todo ello, además, a sabiendas de que sería un
nuevo Gobierno, un Gobierno alternativo el que tendría que solventar el
problema y las dificultades.
No quiero ser mal pensado, señorías, aunque hay que reconocer que con
ustedes hay que pensar mal en muchas ocasiones para acertar. No
pretendemos con esta medida, señor Griñán, como usted ha manifestado,
asustar a nadie. Han sido ustedes los que durante años han asustado a
mucha gente y hoy son ustedes los que siguen intentando crear alarma
entre determinados colectivos y más en concreto entre el colectivo de los
pensionistas. Por eso, señor Griñán, por eso, señores socialistas,
lamentamos que voten en contra de esta derogación, porque esta derogación
lo que supone, como muy bien ha explicado el señor Ministro, es que se
puedan afrontar las necesidades de tesorería y las responsabilidades del
Gobierno para con los pensionistas españoles.
El señor Vaquero decía que lo que se podía haber hecho era haber aprobado
esta medida en el presupuesto de 1997. No cabe aprobarla en el
presupuesto de 1997. Cabe aprobarla cuando procede, para pagar a los
pensionistas cuando hay que pagarles, que es precisamente cuando se
origina el déficit en la tesorería, o sea, en estos momentos.
No se han empleado malos modos en esta Cámara, señoría, ni por el señor
Ministro ni tampoco me ha parecido observarlos en el anterior
responsable. Quizás los malos modos, señoría, los utilizan otros cuando
deciden adoptar políticas de rompe y rasga, cuando unas veces están de
acuerdo con el Pacto de Toledo y al día siguiente se salen de él, para
volver a entrar dos días más tarde.
Nuestro grupo, señorías, y concluyo, va a apoyar indudablemente la
iniciativa del Gobierno. Nuestro grupo quiere evidenciar, una vez más, el
deseo y el compromiso de este Gobierno de centro con los pensionistas
españoles. Lo hemos realizado con hechos, aprobando determinadas
decisiones que garantizan y garantizarán la estabilidad de las pensiones
no sólo para el año 1997 sino para más allá del año 2000. Las medidas que
hoy propone el Gobierno van sin duda en ese sentido, sirven para corregir
imprevisiones y errores del Gobierno anterior, que a veces parecen
premeditados, y por ello y para tranquilidad de los pensionistas
españoles, votaremos favorablemente al mismo.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o derogación del
Real Decreto-ley número 17, de 22 de noviembre de 1996, por el que se
deroga el artículo 8 del Real Decreto-ley número 1, de 19 de enero de
1996, sobre el crédito concedido por el Estado para la financiación de
las obligaciones de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 165; en contra, 141.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el real
decreto-ley debatido.
Se ha pedido por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y Socialista que se someta a votación la tramitación como
proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 140; en contra, 166.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como
proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
Señorías, vamos a suspender en este punto la sesión para continuarla a
las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES URGENTES SOBRE CORRECCION DE LA
DOBLE IMPOSICION INTERNA INTERSOCIETARIA Y SOBRE INCENTIVOS A LA
INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
8/1996, DE 7 DE JUNIO (Número de expediente 121/000004)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, vamos a
reanudar la sesión con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna
intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las
empresas, que procede del Real Decreto-ley 8/1996, de 7 de junio.
¿Turno a favor de las enmiendas? (Pausa.)
Turno en contra. El señor Martínez Noval, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
¿Señor Zabalía?
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, era para solicitar el turno a
favor.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¿El turno a favor? Pues
tiene la palabra S. S.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: ¿No es primero el turno en contra?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): La ordenación del
debate es, primero turno a favor; después turno en contra, a continuación
las réplicas, si las hay, y finalmente fijación de posiciones.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Lo dejaremos para la fijación de posiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Para turno en contra,
señor Martínez Noval, cuando quiera.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Todo tipo de anécdotas hay que tener en la vida parlamentaria y ésta es
la primera vez que me toca subir al estrado, bajar y volver a subir
inmediatamente. De todo tiene que haber en la historia personal que uno
tiene en esta Cámara. Agradecido estoy al señor Presidente.
Señorías, voy a ser breve en mi intervención porque no quisiera cargar
sobre mis espaldas la responsabilidad de cambiar su programación, sus
vidas, en esta tarde de diciembre. Sé bien cuáles son las necesidades que
todos tenemos, pero mi brevedad no estará reñida con la necesidad que
tengo de exponerles con claridad nuestro punto de vista en relación con
las enmiendas que se han aprobado en el Senado y que han modificado, una
vez más, señorías, este proyecto de ley.
Creo poder decir con objetividad y sensatez que todo el trámite de este
proyecto de ley de corrección de la doble imposición pudiera ser
denominado --lo digo sin calificativos de falto de objetividad o cosas
parecidas-- como un monumento a la inseguridad jurídica que ha arrojado a
lo que denominamos sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades. Señorías,
insisto una vez más, éste es un monumento a la inseguridad jurídica que
ha creado y generado, y que sin ninguna duda seguirá generando incluso en
el futuro, una vez que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, porque
ustedes saben, señorías, que no va a ser la primera vez que aparece en el
Boletín Oficial del Estado una modificación de la Ley del Impuesto de
Sociedades que se aprobó en fecha tan cercana como el mes de diciembre
del año 1995.
Pues bien, no me voy a referir, señorías, al contenido del proyecto sino
al camino, a la senda, que han seguido estas modificaciones de la ley de
diciembre del año 1995. El Gobierno recién llegado a su responsabilidad
institucional, creyó que era no sólo necesario sino también urgente (son
las razones que aparecen en la justificación de por qué una cuestión como
ésta se reguló por real decreto-ley); el Gobierno --repito--, juzgó que
era necesario y urgente modificar algunos artículos de la Ley del
Impuesto de Sociedades y lo hizo en una dirección y con unas
características que nosotros, ya en su momento, consideramos
inconvenientes.
En su momento, tanto en el debate de convalidación del decreto-ley, como
luego en el debate de totalidad de la aceptación en el trámite como
proyecto de ley, dijimos que esas modificaciones que el Gobierno
introducía por la vía del decreto-ley en los artículos 28, 29, 30, 130,
etcétera, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no venían a mejorar
ningún tratamiento, por ejemplo, de la doble imposición, sino que venían
a abrir una puerta a lo que nosotros habíamos denominado como lavado de
cupón para calificar una práctica elusiva, bien conocida en los mercados
financieros. Pero no voy a entrar en eso.
Resulta, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno no
aceptaron en su momento tramitar como proyecto de ley el decreto anterior
a éste del que proviene este proyecto de ley, es decir, aquel famoso
decreto que creó un nuevo impuesto por decreto-ley, el conocido como
peaje del 3 por ciento. No me voy a extender más en calificativos ni en
descripciones de aquel nuevo tributo que se crea con el Decreto-ley 7,
pero sí se acepta que se tramite como proyecto de ley el Decreto-ley 8,
el siguiente. ¿Para qué, señorías? Ahora lo hemos descubierto con
meridiana claridad. Se ha aceptado la tramitación como proyecto de ley de
aquel Decreto-ley 8, para tratar de cubrirse las espaldas jurídicas,
frente a un recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó al famoso Decreto-ley 7, a la creación, entendemos
nosotros claramente inconstitucional, de un nuevo tributo por un real
decreto-ley.
Pero, señorías, la burla de esta Cámara no se acaba ahí. Luego el señor
Núñez dirá que el Grupo Parlamentario Socialista está inclinado siempre a
utilizar términos como «carajal», atraco a mano armada, etcétera, pero ya
me dirán cómo quieren que califiquemos esta cuestión, que yo les voy a
describir su camino muy brevemente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta un recurso de
inconstitucionalidad al Decreto-ley 7, en razón de la creación de ese
nuevo impuesto conocido como peaje del tres por ciento. Entonces el Grupo
Parlamentario Popular presenta unas enmiendas en esta Cámara, cuando el
Decreto-ley 8 se tramita como proyecto de ley, para volver a regular por
ley el peaje del 3 por ciento. Y ¿cuál es la finalidad? ¿Es que en las
enmiendas se cambia algo de lo que figuraba en el Decreto-ley 7? No se
cambia absolutamente nada, señorías. Hago el beneficio de leerles sólo
uno de los cambios que se han
producido. Decía el decreto: Los sujetos pasivos que practiquen la
actualización deberán satisfacer un gravamen único del 3 por ciento sobre
el saldo acreedor de la cuenta reserva de revalorización, Real
Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio. Y ¿saben qué dice la disposición
adicional que ustedes introducen por enmienda en el Decreto-ley 8? Los
sujetos pasivos que practiquen la actualización prevista en el artículo
5.º del real decreto-ley sobre medidas de carácter fiscal, etcétera,
deberán satisfacer un gravamen único del 3 por ciento sobre el saldo
acreedor, etcétera. Exactamente lo mismo, literalmente lo mismo, de
manera que como el en estos momentos todavía proyecto de ley, no ha
modificado la redacción del contenido que en el Decreto-ley 7 regula el
peaje del 3 por ciento, lo primero que se va a preguntar el sujeto pasivo
es qué regulación está en vigor. ¿Qué está en vigor? ¿El Decreto-ley 7 o
el Decreto-ley 8, tramitado como proyecto de ley que introduce una nueva
regulación, aunque no nueva porque en su mayor parte reproduce
literalmente los términos que están en el Decreto-ley 7?
Para que la confusión sea mayor, señorías, se introduce también por
enmienda una nueva disposición adicional, en la que se viene a decir que
de lo dicho en el decreto-ley, nada; que para las participaciones
societarias adquiridas con anterioridad a la vigencia del decreto-ley, va
a regir la Ley 43/1995, es decir, la ley de diciembre del año 1995. Este
es un elemento más de confusión a añadir a eso de lo que ustedes se
pavonearon tanto y de lo que dicen ser portavoces exclusivos o al menos
impulsores exclusivos y que se llama seguridad jurídica en la legislación
fiscal.
Pero, señorías, se vuelve a modificar el proyecto de ley en el Senado, y
se hace en una dirección que provoca en muchos casos la hilaridad. Reparo
en ello, porque habría que preguntar a los sujetos pasivos: ¿pueden estar
seguros de que lo que se aprueba aquí, esta tarde, es lo que va a ir al
Boletín Oficial del Estado? Seguramente no, señorías, porque por una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la número 428, que se presenta
al proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y del orden social
en el Senado, se está cambiando el proyecto de ley que definitivamente
vamos a aprobar esta tarde. Curiosa cuestión, señorías, que una enmienda
en el Senado de una ley que se está tramitando cambie ya el proyecto de
ley que esta tarde estamos discutiendo aquí. Esa enmienda 428, del Grupo
Parlamentario Popular, es de adición de un nuevo apartado 18 en la
disposición derogatoria del proyecto de ley de medidas fiscales, ¿Y qué
deroga esa ley de medidas fiscales? Pues queda derogado el último párrafo
del apartado 3 del artículo 130 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre
Sociedades. Pero ese artículo 130, señor Martínez-Pujalte, se modifica en
el proyecto de ley que aprobamos esta tarde, de manera que, señorías, a
qué se va a atener el sujeto pasivo si esta misma tarde le estamos
diciendo que lo que aprobamos aquí tiene ya una modificación en una ley
que todavía no es tal, que es un proyecto de ley en el Senado. Lo primero
que se tienen que preguntar, no sólo los sujetos pasivos del Impuesto de
Sociedades, sino los que no lo somos, es qué va a ocurrir con la ley de
medidas fiscales. ¿Se aprobará? ¿No se aprobará? ¿Se modificará o no se
modificará ese apartado tercero del artículo 130 que modificamos esta
tarde? Todos esos, señorías, son argumentos que yo creo sustentan con
objetividad ese calificativo que yo hago de monumento a la inseguridad
jurídica en materia fiscal, en un impuesto tan sensible para la actividad
económica como es el Impuesto de Sociedades.
Por último, señorías, no me quisiera bajar de esta tribuna sin dejar
sentado ante SS. SS. y en el «Diario de Sesiones» una cuestión que creo
de la máxima importancia. La disposición adicional primera del proyecto
de ley que viene del Senado habla del régimen jurídico que grava las
revalorizaciones realizadas al amparo del real decreto-ley 7. Ahí lo
dicen y lo reconocen con claridad, señorías. Han creado --y lo reconocen
ustedes mismos aquí, en una disposición adicional de la ley-- un nuevo
tributo por decreto-ley, y son ustedes los que no siendo conscientes de
la trampa en que caen dicen con claridad en el proyecto de ley que en el
decreto-ley han creado un nuevo tributo. Tomamos nota de esta cuestión,
ha de constar en el «Diario de Sesiones», porque mi grupo parlamentario
reflexionará sobre la consecuencia de adicionar, de acumular este
argumento tan palmario al recurso que tenemos presentado ante el Tribunal
Constitucional.
Todas estas razones, señorías, son las que avalan que mi grupo
parlamentario sea también, una vez más, contrario a las enmiendas que
ustedes han introducido en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Martínez Noval.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto a estas enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
En nuestro grupo parlamentario no tenemos objeción alguna que hacer a las
enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de ley de corrección de
la doble imposición e internalización de las empresas.
Como ya dejamos constancia en su día, tanto en la toma en consideración
del real decreto-ley como en el debate de totalidad del proyecto de ley,
la reforma del Impuesto de Sociedades que se aprobó en la última
legislatura, desde nuestro punto de vista adolecía, entre otras cosas, de
regular con un mejor tratamiento la doble imposición empresarial.
Independientemente
de que esta regulación tiene un tratamiento específico en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, tampoco hemos encontrado diferencias
significativas que motivaran proponer enmiendas a este proyecto de ley.
De hecho, en el trámite del Congreso no las hemos presentado; en el
Senado sí presentamos una enmienda que hacía referencia a una disposición
adicional del Real Decreto 7/1996, del 7 de junio, sobre medidas urgentes
de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad
económica, pero esta enmienda fue retirada por nuestro grupo
parlamentario en el Senado puesto que entendimos que, por una parte, se
nos reconoció la necesidad de modificar el texto que proponíamos,
garantizando la solución a nuestra propuesta, y por otra parte
reconocimos que era más oportuno tratar la propuesta que hacíamos en otra
norma legislativa. Por tanto, como digo, nuestro grupo parlamentario
retiró esta enmienda y quedó sin enmiendas el texto del proyecto de ley.
Desde luego, a la vista de las enmiendas que se han aprobado en el
Senado, pensamos que el texto reformado sigue siendo válido. No se han
introducido modificaciones sustanciales. Se mantiene --lo que creo es
importante y fundamental-- el principio de corregir la tributación de
dividendos y plusvalías cuando pasan por la base imponible del Impuesto
de Sociedades y no hacerlo en el caso de que no pasen, es decir, en el
caso de que no hayan tributado.
Las modificaciones introducidas a través de estas enmiendas puede decirse
que mejoran el texto. En unas ocasiones son mejoras técnicas, en otras
puntualizaciones sobre algunos supuestos que, no siendo trascendentales,
tampoco distorsionan el objeto de la norma. Así, por ejemplo, en la doble
imposición interna la inaplicación de la deducción respecto de las rentas
distribuidas que se hubiesen integrado en la base imponible o la no
aplicación de la deducción prevista respecto a la parte de incremento
neto de los beneficios no distribuidos que correspondan a rentas no
integradas también en la base imponible, lo mismo que las modificaciones
introducidas en la tributación de los dividendos y plusvalías de fuente
extranjera, precisando que la aplicación de las deducciones previstas no
se apliquen cuando la entidad participada no esté sujeta a un gravamen de
características iguales al impuesto que rige en nuestro Estado o esté en
un paraíso fiscal.
Se mejora el tratamiento de deducciones en caso de rentas obtenidas a
través de establecimientos permanentes; se equilibran las condiciones
económicas y jurídicas de la doble imposición y, en definitiva, creemos
que las modificaciones introducidas aclaran y precisan ciertos supuestos.
Por tanto, mejoran el texto y no suponen desvirtuar el objeto de
neutralidad que se persigue ni restringe el nivel de corrección de la
doble imposición del texto inicial.
Con estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario va a votar
favorablemente las enmiendas aprobadas en el Senado a este proyecto de
ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Para anunciar el voto negativo de nuestro grupo parlamentario a las diez
enmiendas que se han introducido en el Senado a este proyecto de ley.
Estas diez enmiendas han sido introducidas por los grupos del Partido
Popular y de Convergència i Unió y son coherentes con la filosofía que
orientó la redacción inicial del Real Decreto-ley 8/1996 por el Gobierno.
Nuestro grupo ya expresó extensamente las razones políticas de fondo por
las cuales nos oponíamos a la convalidación y tramitación sucesiva del
proyecto de ley y en este momento éstas son también las razones globales
de nuestro rechazo.
No voy a argumentar nuevamente de forma extensa nuestro rechazo pero
simplemente quiero, de forma muy breve, decir las tres grandes razones
políticas que nos movieron a rechazar las medidas económicas que hoy
vemos en este proyecto de ley.
La primera es que estas medidas se inscriben, según el Gobierno, en un
paquete de medidas --valga la redundancia-- para crear empleo. Nosotros
dijimos ya en los debates que se sucedieron que estas medidas no crean
empleo, no han creado empleo y no están creando empleo. La segunda razón
es que estas medidas se enmarcan en una política fiscal que el Gobierno
del Partido Popular y sus aliados políticos están desarrollando de
redistribución de la renta en el Estado Español en base a beneficiar a
los sectores con rentas superiores y en detrimento de las rentas menos
desarrolladas. En tercer lugar, estas enmiendas ponen otra vez de
manifiesto la hipocresía política del Gobierno en relación al tratamiento
del déficit público. Por tanto, estas tres razones de fondo, la no
creación de empleo, una política fiscal regresiva y una hipocresía
política en relación al déficit público son las tres razones políticas de
nuestro voto en contra al proyecto de ley y a estas enmiendas.
Entrando en algunas de estas diez enmiendas significativas que el Senado
ha aprobado, sí quisiéramos hacer unos breves comentarios. En primer
lugar, la enmienda número 1 hace referencia al artículo 28.4.b) de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades. Esta enmienda mediante una rebuscada
formulación pretende extender más allá del texto inicial el derecho a la
deducción intersocietaria incluso en aquellos casos en que no existan
beneficios, es decir, incluso en los casos en que
no exista tributación se intenta hacer extensible, de alguna manera, el
derecho a la deducción.
En la segunda enmienda, que hace referencia también al artículo 1.º de
este proyecto de ley, finalmente el grupo del Partido Popular reconoce el
error al olvidarse del problema del lavado del cupón y ha intentado
corregir esta situación, que fue motivo de un profundo debate en esta
Cámara, con una enmienda en el Senado que es una verdadera chapuza y que
abre el terreno a la posibilidad de operaciones de ingeniería financiera.
La enmienda número 4 hace referencia a la introducción de un nuevo
artículo, que fue posiblemente el segundo elemento político de
confrontación en el debate de este proyecto de ley, en relación a que el
Gobierno en este proyecto de ley facilita la desfiscalización de las
plusvalías obtenidas fuera del Estado español. En ese sentido el Gobierno
ya introdujo una primera modificación en el proyecto de ley y en el
debate en esta Cámara y ahora ha profundizado y ha ampliado esta
desfiscalización de las plusvalías de las empresas obtenidas fuera del
Estado español.
El Gobierno dijo --y el portavoz del Partido Popular también lo hizo--que
estas eran medidas para incentivar, para fomentar la productividad del
tejido industrial español. Nosotros argumentamos, y el Partido Socialista
también, que estas medidas van a producir, ya han producido un proceso de
deslocalización industrial en el Estado español.
Finalmente, quiero referirme a dos enmiendas, las dos últimas, las
números 9 y 10, que hacen referencia a la disposición adicional primera,
en las que el Diputado señor Martínez Noval, del Grupo Socialista, se ha
extendido y ha venido a decir que eran al final dos enmiendas que sumen
en una total inseguridad jurídica al sujeto pasivo. En lenguaje popular
digo que han hecho un galimatías y una chapuza creo que sin precedentes.
El Grupo Parlamentario del Partido Popular introduce dos enmiendas en el
Senado que hacen referencia al gravamen de la actualización de balances.
Quiero recordar que el Real Decreto-ley 7/1996, que se discutió en esta
Cámara, fue objeto de rechazo por una parte importante de los grupos de
la oposición, que el Grupo Parlamentario Popular se negó a su tramitación
como proyecto de ley y que, posteriormente, ante el peligro de que este
real decreto-ley fuera declarado inconstitucional, el Grupo Parlamentario
Popular presentó una enmienda en el trámite de otro real decreto-ley para
intentar salvar la incons- titucionalidad del Real Decreto-ley 7/1996.
Remitimos este proyecto de ley al Senado y, una vez más, el Grupo
Parlamentario Popular, ante el miedo de que este nuevo tributo del 3 por
ciento de actualización de balances pueda ser astutamente diferido en el
tiempo por parte de los empresarios, presenta ahora unas nuevas
enmiendas. Y como muy bien ha dicho el señor Martínez Noval, posiblemente
en estos mismos momentos, o mañana por la mañana, en el Senado, el
Partido Popular vuelve a modificar este texto con la enmienda 428.
Insisto en que es un problema de inseguridad jurídica, e insisto también
en que es una prueba palmaria de la total desconfianza que el Gobierno y
el Grupo Popular tienen para legislar, tanto aquí como en el Senado.
Por todas estas razones, por los contenidos concretos de las enmiendas
que se han incorporado y también por las tres razones políticas de fondo
que explicamos en el debate de convalidación, nuestro grupo parlamentario
votará en contra de la incorporación de estas diez enmiendas del Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte. (Rumores.)
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señorías, no sean
impacientes. Además les aseguro que seré breve. (Rumores.) Le dije a su
portavoz que tardaría el mismo tiempo que él había empleado en su
intervención.
Me permitirán SS. SS. que haga unas aclaraciones a lo que el señor
Martínez Noval ha dicho nada más empezar su intervención. (Rumores.) Ha
hablado de monumento a la seguridad jurídica que ha producido este real
decreto-ley. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
un segundo. Usted está en turno de fijación de posición. (Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio.
No está S. S. en un turno de réplica a la intervención del señor
Martínez-Noval, que ha utilizado el turno en contra reglamentariamente
previsto. Se lo digo para que se ciña a la fijación de posición y no
reabra un debate que, a estas alturas de la tarde, no creo que la Cámara
estuviera por la labor.
Continúe, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Estoy de acuerdo con usted, señor
Presidente, procuraré no reabrir el debate, pero me permitirá decir en
esta tribuna, como portavoz de mi grupo, que si el portavoz del Grupo
Socialista entiende que un monumento a la inseguridad jurídica es
tramitar un real decreto-ley como proyecto de ley, votado por ustedes
para que a lo largo del trámite parlamentario se introduzcan las mejoras
suficientes, debo concluir que el respeto a usted por este trámite
parlamentario es mínimo y que usted hubiera preferido que se votara como
real decreto-ley y no se tramitara como proyecto de ley. (Un señor
Diputado: ¡Muy bien!) Mi grupo quería consensuar lo
más posible con el resto de los grupos de la Cámara y lo tramitamos como
proyecto de ley para recoger las mejoras. A lo largo de este trámite se
han recogido enmiendas de diversos grupos parlamentarios, y por eso hoy
debatimos las enmiendas del Senado, donde también se han incluido
mejoras, que, como ha dicho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, son
mejoras llenas de coherencia con la filosofía que pretende este proyecto
de ley que hoy se convertirá en ley.
El señor Martínez Noval ha vuelto a reabrir el debate; no es mi
intención, sino fijar la posición de mi grupo en torno a las enmiendas
del Senado, que votaremos favorablemente, pero deben saber que mi grupo
no tiene inconveniente en reabrir el debate sobre este proyecto de ley,
porque entendemos que es un proyecto de ley, y así lo hemos dicho
repetidas veces en esta Cámara, en Pleno y Comisión, que está ayudando a
crear empleo, a crear un marco más favorable para las empresas y a que
eso produzca los beneficios que estamos viendo ahora mismo en la economía
española. Evidentemente, algo tendrán que ver las medidas que el Gobierno
ha ido adoptando en los últimos tiempos con los buenos índices que
muestra la economía española. A veces he oído que ustedes hablan de
suerte; a lo mejor puede haber algo de suerte, pero, indudablemente, hay
mucho más de esfuerzo del Gobierno por hacer las cosas bien para que eso
traiga los frutos que vemos que se están produciendo.
El señor Martínez Noval vuelve a hablar del lavado de dividendos; ha
hecho una breve referencia. No quiero reabrir el debate sobre el lavado
de dividendos porque ya hemos debatido sobre eso repetidas veces, pero sí
decir que se concede el derecho a la deducción de los beneficios no
distribuidos a cada uno de los tenedores de las acciones en el momento en
que se ha producido el beneficio, beneficio que tributó y no fue
repartido, y ese derecho a la deducción se debe hacer efectivo en el
momento de la enajenación de las acciones. Por tanto, no cabe el lavado
de dividendos. Debatir ahora mismo en la Cámara el resultado del
Madrid-Barcelona, me parece muy bien; a lo mejor yo estaría más contento
con otro resultado, pero, al menos, es estéril. Discutir sobre hechos es
algo que sólo cabe en los ejercicios prácticos de una academia de
oratoria y no en un debate parlamentario serio, y, señor Martínez Noval,
es un hecho que no cabe el lavado de dividendos; es un hecho técnico
incuestionable que quiero que así quede reflejado en el «Diario de
Sesiones» de esta Cámara. No me cabe duda de que los asesores fiscales
buscarán otras figuras elusivas, porque ésa es la cultura que se ha
creado en España mientras ustedes eran Gobierno, pero con este real
decreto-ley se evita una figura elusiva que se había creado con las leyes
que ustedes habían aprobado.
Señorías, esta ley, que hoy concluye sus trámites, sólo tiene un
objetivo: mejorar el marco tributario de las empresas, evitando pagar dos
veces por lo mismo. El señor Saura, del Grupo de Izquierda Unida, ha
hablado de desfiscalizar. No se desfiscaliza nada, sólo se evita que se
pague dos veces por los mismos rendimientos, se evita la doble
imposición. Se ha referido usted a una posible deducción de algo que no
había tributado. No se ha leído bien la enmienda que se ha aprobado en el
Senado, porque sólo tienen derecho a deducción...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Martínez-Pujalte,
dos cosas. En primer lugar, está fuera de tiempo, y, en segundo lugar, le
reitero que está fijando posiciones. La Presidencia le ha dado un
turno... (Rumores.) Por favor, señorías.
La Presidencia le ha dado un turno a favor de las enmiendas del Senado
que su grupo no ha querido o no ha deseado utilizar. Por favor, cierre
ese capítulo abierto que tiene de contencioso con los grupos y fije su
posición, por favor.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Sí, señor Presidente.
Desde luego, mi posición es que vamos a votar favorablemente a las
enmiendas del Senado, pero no por ello voy a dejar de responder a las
imputaciones que se han hecho a mi grupo parlamentario en torno a que
estamos aprobando un proyecto de ley no ajustado (Rumores.) a la
ortodoxia económica. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i
López): Señor Martínez-Pujalte, el Pleno se ha abierto con unos diez
minutos de retraso por ausencia de S. S., punto primero. Punto segundo:
en dos ocasiones, esta Presidencia ha anunciado que había la posibilidad
de un turno a favor de las enmiendas del Senado, y nadie, excepto el
señor Zabalía por un pequeño error, ha solicitado la palabra.
Ha habido un turno en contra, y esta Presidencia en dos ocasiones ha
dicho que, si había turno a favor y turno en contra, habría la
posibilidad de réplicas y contrarréplicas.
Está usted fijando la posición de su grupo respecto a unas enmiendas, no
respecto a la fijación de posición de otros grupos. Si así lo hace,
tendré que reabrir el debate. Se lo estoy anunciando. Nada más.
(Aplausos.) No es necesario, estoy aplicando el Reglamento objetivamente.
Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias por su indicación, señor
Presidente.
No está en mi ánimo contradecir a la Presidencia, pero debo decir que
cuando los timbres han dejado de sonar este Diputado estaba sentado en su
escaño, esperando a que empezara el debate.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Es que los timbres han
durado más de lo necesario para esperarle a usted. (Rumores.)
Puede seguir, señor Diputado y, por favor, acabe.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, voy a continuar, pero
no es eso. (Rumores.)
Señor Presidente, señorías, voy a seguir fijando la posición de mi grupo
en torno a este tema. Nosotros entendemos que hoy se va a concluir un
trámite parlamentario, que es la aprobación de un proyecto de ley
importante... (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor,
respeten al orador. (Rumores.)
Por favor, señorías.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Comprendo el cansancio de SS. SS. y
entiendo este alboroto (Rumores.), pero permitirán que mi grupo fije su
posición en torno a las enmiendas que el Senado ha introducido en este
proyecto de ley, de acuerdo con lo que nosotros entendemos. (Rumores.)
Señorías, ninguno de los otros grupos se ha referido a ello, porque ellos
han hecho valoraciones globales de este real decreto-ley, tanto los que
han usado un turno en contra como los que han fijado posición, pero yo
voy a hacer una valoración global diciendo que este real decreto-ley está
ayudando a que las empresas españolas puedan competir en mejores
condiciones con empresas de otros países en los mercados de destino de
las mercancías. Está facilitando que las empresas españolas se
internacionalicen y está facilitando que las empresas españolas puedan
crear empleo y ayuden a que la economía crezca.
También se han referido antes a la actualización de balances, diciendo el
señor Martínez Noval que eso era una burla a esta Cámara, y me perdonarán
SS. SS... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¡Señorías!
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: El señor Martínez Noval ha usado las
palabras «burla a esta Cámara», y si de algo dista este grupo
parlamentario y este portavoz es de entender que con la tramitación de
este proyecto de ley se ha hecho una burla a esta Cámara, sino todo lo
contrario: se ha aprobado un proyecto de ley muy importante, donde se ha
introducido un tema que estaba también en el Real Decreto-ley 7/1996, al
que se han añadido unos elementos para hacerlo legislativamente más
correcto.
¿Es o no positivo, señorías, que las empresas puedan realizar una
revisión de la valoración de sus activos para que la información contable
refleje la imagen fiel de la empresa?
Desde luego, esta actualización de balances que se pondrá en marcha en
breve va a ayudar a que las empresas puedan dar una imagen de mayor
solvencia, que es importante para la estructura empresarial española.
Señorías, voy a concluir haciendo una última valoración global.
(Rumores.) Este real decreto-ley, que hoy se tramita como proyecto de
ley, con los otros reales decretos-leyes, también los de julio, y con las
introducciones del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y de la Ley de
Presupuestos, constituyen los inicios de una reforma fiscal prometida en
nuestro programa electoral y en el debate de investidura del actual
Presidente, que ya están produciendo un fruto enorme, medido en índice de
confianza, y que ha llevado aparejada una bajada en los tipos de interés.
Este real decreto-ley, junto con el resto de medidas, están ayudando a
modernizar España, a que la economía crezca y a que se cree empleo.
Señorías, mi grupo va a apoyar estas enmiendas porque entendemos que
mejoran técnicamente el proyecto y porque hoy va a ver la luz un proyecto
de ley que ya está produciendo confianza y que desde hoy van a poder usar
los empresarios.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos.--El señor Martínez Noval pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Señor Martínez Noval, tiene la palabra.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, creo tener derecho a réplica,
pero soy comprensivo con la Cámara y renuncio al mismo. (Aplausos.)
Vamos a proceder a la votación de este proyecto de ley y de las enmiendas
del Senado correspondientes. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del
Senado al proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre la
corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre
incentivos a la internacionalización de las empresas.
¿Algún grupo desea plantear votaciones separadas? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación global de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a
favor, 148; en contra, 133.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan aprobadas
las enmiendas.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--ACUERDO POR EL QUE EL GOBIERNO DEL REINO DE MARRUECOS PONE A
DISPOSICION DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA UN EDIFICIO DESTINADO A
CENTRO ESCOLAR, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996.
(Número de expediente 110/000053)
--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS
COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y EL ESTADO
DE ISRAEL, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1995.
(Número de expediente 110/000054)
--ACUERDO PARA LA CREACION DE UNA CONFERENCIA DE SERVICIOS NACIONALES DE
METEOROLOGIA EN EUROPA (EUMETNET), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN READING
(REINO UNIDO), EL 4 DE DICIEMBRE DE 1995. (Número de expediente
110/000055)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LETONIA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO EN MADRID EL 26
DE OCTUBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000056)
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA LIBANESA PARA LA
PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN MADRID EL 22 DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000057)
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SOBRE EL
TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 26
DE MARZO DE 1996. (Número de expediente 110/000058)
--ACTA DE REVISION DEL ARTICULO 63 DEL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA DE
17 DE DICIEMBRE DE 1991. (Número de expediente 110/000059)
--ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA RETIRADA DE LA RESERVA FORMULADA POR
ESPAÑA AL CAPITULO II DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES,
ELABORADO EN WASHINGTON EN 1970. (Número de expediente 110/000060)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Dictamenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea fijar su posición sobre alguno de ellos? (Pausa.)
Señora Aroz, ¿sobre cuál de los dictámenes desea el Grupo Socialista
fijar posición? (Pausa.)
La señora AROZ IBAÑEZ: Unicamente sobre el punto 45, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Saura sobre este mismo dictamen.
El señor SAURA LAPORTA: Simplemente quiero pedir votación separada de los
numeros 45 y 49.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
¿Desea el Grupo Parlamentario Socialista hacer uso de la palabra?
(Pausa.) ¿No hay intervención? (Denegaciones.)
Si no hay intervenciones, vamos a proceder a las votaciones.
Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposición
del Gobierno del Reino de España un edificio destinado a centro escolar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a
favor, 277; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado.
Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado
de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20 de noviembre de 1995.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a
favor, 269; en contra, 11.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado.
Acuerdo para la creación de una Conferencia de Servicios Nacionales de
Meteorología en Europa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a
favor, 279.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por
unanimidad.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Letonia para la
promoción y protección recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a
favor, 279; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Libanesa para la
promoción y protección recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a
favor, 280.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por
unanimidad.
Tratado entre el Reino de España y la República de Guatemala, sobre el
traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 26 de marzo de
1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a
favor, 268; en contra, 11; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado.
Acta de Revisión del artículo 63 del Convenio de la Patente Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a
favor, 278.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por
unanimidad.
Acuerdo por el que se autoriza la retirada de la reserva formulada por
España al Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de patentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a
favor, 279; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
acuerdo.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las cinco de la tarde.