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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 47, de 10/12/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 47
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 46
celebrada el martes, 10 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Iniciativa Popular:
-- De Iniciativa Popular, Marco Reguladora de la Financiación del
Sistema Educativo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 1.1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 120/000001)
(Página 2327)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad
(número de expediente 122/000018) (Página 2338)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Código
Civil en materia de nacionalidad (número de expediente 122/000048)
(Página 2338)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al futuro
de la minería del carbón, así como sobre los planes del Gobierno para
impulsar el desarrollo de las comarcas mineras (número de expediente
162/000070) (Página 2350)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el sector eléctrico (número
de expediente 162/000072) (Página 2359)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación al protocolo
eléctrico y sus efectos sobre la minería del carbón y del propio sector
energético (número de expediente 173/000019) (Página 2367)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en relación al cumplimiento del acuerdo sobre mejora de la
calidad de enseñanza y de las condiciones de trabajo del profesorado
perteneciente al cuerpo de Maestros (número de expediente 173/000020)
(Página 2373)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 48, de 11 de
diciembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Iniciativa Popular
(Página 2327)
De Iniciativa Popular, Marco Reguladora de la Financiación del Sistema
Educativo (Página 2327)
En aplicación del artículo 127 del Reglamento, en relación con los
artículos 126.4, 126.5 y 74.2 del mismo, así como lo establecido en el
artículo 13.2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la
Iniciativa Legislativa Popular, la señora Secretaria Primera (Barrios
Curbelo) da lectura al documento en el que se detallan las razones que
aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aprobación por la
Cámara de la proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sanchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV); las señoras Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Aramburu del Río, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y los
señores Romero González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, de
iniciativa popular, reguladora del marco de la financiación del sistema
educativo, se rechaza por 150 votos a favor, 155 en contra y una
abstención.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 2338)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad
(Página 2338)
Del Grupo Socialista del Congreso sobre modificación del Código Civil en
materia de nacionalidad (Página 2338)
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene la señora Almeida
Castro, manifestando que puesto que hoy se celebra el día internacional
de los derechos humanos, quizá sea llegado el momento de reformar las
leyes para lograr que aquellos derechos que declaramos como universales
lo sean en efecto. Añade que España ha dejado de ser un país de
emigración para convertirse en un país de inmigración y, sin embargo, los
derechos que se dan a los nacionales no son universales y no se abren a
la diversidad cultural de nuestro territorio. Por eso el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone
modificar el Código Civil en materia de nacionalidad y ampliar lo que
antes se consideraba el derecho del suelo a aquellas personas que vienen
precisamente a compartir ese territorio.
A continuación, pasa a explicar la primera de las reformas de la
proposición, que se refiere a los nacidos en el extranjero de padres
originariamente españoles, siempre que al menos uno de ellos resida
habitualmente o hubiera nacido en España. En segundo lugar, señala que no
se puede considerar ilegal a nadie que lleve diez años en el país por no
haber obtenido trabajo o por no estar realmente reconocido, y señala que
el plazo debería ser de cinco años si la residencia es legal y continuada
y de dos cuando se trate de personas de países iberoamericanos, de
Andorra o de Filipinas, teniendo asimismo en cuenta la diversidad
cultural de nuestro propio país, por lo que se menciona en la proposición
a los nacionales de origen de países o territorios de lengua castellana,
catalana, galaico-portuguesa o vascuence, o miembros de etnias o
colectividades en que se dé la misma circunstancia, o descendientes de
moriscos o de sefardíes. A continuación, pasa a analizar algunos casos
concretos de extranjeros que vienen a trabajar a nuestro país, consiguen
los permisos de trabajo y de residencia y sufren invalidez permanente,
para los que pide asimismo la nacionalidad, siempre que lleven un año de
permanencia.
En cuanto a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista,
manifiesta que disiente en algunos aspectos, pero tiene la esperanza de
que, en el caso de que se tome en consideración, se pueda abrir un debate
sobre ella. En cualquier caso, anuncia su apoyo a la misma porque espera
que así saldrá una ley consensuada por todos los grupos que mejorará la
situación de legalidad, la convivencia y, sobre todo, la universalidad de
los derechos que hoy se celebran en el día de la Declaración de los
Derechos Humanos.
En defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista
interviene el señor Villarrubia Mediavilla, manifestando que ya es hora
de dar un paso adelante en materia de nacionalidad y tener en cuenta el
«ius soli» además del «ius sanguinis», para corregir numerosas
situaciones injustas y para atender necesidades reales que se están
produciendo en el país. Resume el contenido de su proposición en no
exigir la renuncia a la nacionalidad propia para adquirir la española; en
la reducción de plazos para adquirir la nacionalidad; en la inclusión
dentro del tratamiento de los países privilegiados a los países de la
Unión Europea a los que nos unen vínculos históricos de mayor o menor
intensidad y, sobre todo, en conseguir un proyecto sociopolítico y
económico de futuro común. Justifica la bondad de la proposición de ley
en que no es algo improvisado y ya figuraba en su programa electoral.
A continuación, pasa a explicar el contenido de las diferentes propuestas
de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad.
Respecto a la proposición de ley de Izquierda Unida manifiesta que
comparten buena parte de la filosofía de la misma, sobre todo en lo que
se refiere a la reducción de plazos, a la menor exigencia de requisitos y
a centrarse de verdad en la realidad social que existe, pero considera
que la proposición del Grupo Parlamentario Socialista es mejor
técnicamente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV); y los señores Guardans i Cambó, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Trías Sagnier, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por
150 votos a favor, 157 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, se rechaza por 152 votos a favor y 158 en
contra.
Proposiciones no de ley (Página 2350)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al futuro de la
minería del carbón, así como sobre los planes del Gobierno para impulsar
el desarrollo de las comarcas mineras (Página 2350)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
interviene el señor Núñez Pérez, manifestando su profunda satisfacción y
la de su grupo por la presentación de esta iniciativa parlamentaria y
recuerda que el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó el
proyecto de protocolo eléctrico que, en contra de cuanto se ha dicho,
garantiza el consumo y la subvención al carbón nacional más allá del año
2005 y deja bien claro que el sector del carbón tendrá su propio esquema
negociador al margen del mismo protocolo, porque el Gobierno está
convencido de que una gran parte del sector es rentable y viable y porque
cree conveniente,
justo y necesario mantener la actividad minera por razones sociales,
regionales y de autoabastecimiento. Añade que este proyecto de protocolo
no tiene nada que ver con el famoso borrador que, con intención política,
filtró a los medios de comunicación un Diputado socialista de la Cámara.
El Gobierno nunca se responsabilizó de aquel texto que, tal como estaba
redactado, causó una profunda alarma social. Para dejar bien claro que en
ningún momento el Gobierno del Partido Popular iba a poner en peligro las
minas y los puestos de trabajo sin ofrecer alternativas, todo el Partido
Popular, comenzando por los presidentes de Castilla y León, de Asturias y
de Aragón hasta el último militante, solicitó aclaraciones, recomendando
cuantas negociaciones fueran necesarias con las fuerzas sindicales, lo
que ha dado como fruto la aprobación de un proyecto de protocolo que
despeja las mil dudas y amenazas que el texto filtrado tenía. Opina que
la intención de la filtración fue culpar de todos los problemas y males
que padece la minería del carbón al Gobierno del Partido Popular, como si
lo ocurrido hasta la fecha fuese totalmente ajeno a la responsabilidad
del Gobierno socialista que gobernó durante 14 años.
Aclarado este punto, pasa a explicar cuál es la situación general con la
que se encontró el Partido Popular en relación con el sector carbonero
español y considera inexplicable que ahora los parlamentarios socialistas
se rasguen las vestiduras, poniendo en pie de guerra a las cuencas
mineras, y que los eurodiputados socialistas presenten una enmienda en el
Parlamento Europeo que pretende elevar la cuota del 15 al 25 por ciento,
cuando tan fácil lo tuvieron durante tanto tiempo. Asimismo anuncia que
el Grupo Popular ha presentado otra enmienda que solicita el mismo
aumento para la cuota del carbón, pidiendo además que sea cada Estado
miembro y no la Comisión Europea quien establezca un período transitorio
que permita su adaptación en función de las circunstancias
socioeconómicas que se deriven de su aplicación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicita de los grupos de
la Cámara el apoyo para una proposición no de ley que respalda la
decisión del Gobierno de negociar con los representantes sindicales y
empresariales los planes de mejora de la competitividad de las empresas
mineras nacionales, sin partir de plazos o condicionamientos que
prejuzguen el futuro plan de ordenación de la minería del carbón, pasando
a pormenorizar los puntos de su proposición no de ley.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley por el
Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Fernández Fernández.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor
Núñez Pérez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, se aprueba por 159 votos a favor, cuatro en contra y 142
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre el sector
eléctrico (Página 2359)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
interviene el señor Fernández Fernández, manifestando que después de dos
años de la aprobación de la Losen, por la que se regulaba el suministro
eléctrico y se daba al Sistema Eléctrico español la máxima garantía
jurídica, el Gobierno, en lugar de aplicarse a su desarrollo
reglamentario, se dedica al bloqueo y voladura de esta ley, rescatando
una antigua tradición en el sector, que consiste en la negociación
unilateral y excluyente entre el Ministerio de Industria y las empresas
incluidas en Unesa, negociación de la que sólo cabe esperar opacidad y
discriminación. Encuentra paradójico que se diga que el protocolo
eléctrico se inspira y apoya en la propia Losen a la que pretende
destruir. A continuación, se pregunta cómo se va a hacer la planificación
eléctrica en el marco de un documento que plantea el libre acceso a
cualquier fuente energética primaria, sin que quepan restricciones de
política energética.
Asimismo, se pregunta sobre la posibilidad de que el Ministerio de
Industria abdique de la potestad de implantar la tarifa única a partir
del año 2002, actitud que, considera, va en contra de la cohesión
territorial y social y de la redistribución. También se refiere a la
mayoría pública en Redesa, como establece la Losen y que, sin embargo, el
protocolo restringe, de lo que se deduce que se va a proceder a la
privatización, preguntándose sobre las ventajas que sacarán de ello los
usuarios del servicio. Añade que la sobrecapacidad en generación que
existe en el país en este momento, el hecho de que no estemos
interconexionados, apenas, con Europa, y la estructura del duopolio que
se preconiza, imposibilitan la entrada de competencia de manera rápida y,
aunque estima que puede ser positivo
desde el punto de vista de la política industrial el que existan grandes
empresas en el sector eléctrico, piensa que no se puede rebajar la
regulación ni se puede permitir que esas empresas hagan su propia
regulación, porque lógicamente utilizarán su posición de dominio del
mercado. Asimismo, considera que con la elaboración de este protocolo no
se trata de introducir competencia, ni de estar en sincronía con el
borrador de la directiva sobre normas comunes en el mercado interior de
la electricidad, sino de aflorar unos costes hundidos en una transición
hacia esa competencia a la que se dice que se va a llegar, de tal manera
que se posibilite, a través de la tarifa única, justificar esas cargas
para los usuarios.
En cuanto a la disminución de tarifas recuerda que las tarifas eléctricas
vienen disminuyendo sistemáticamente en los últimos años en términos
reales, lo que se ha hecho cargándolo a la cuenta de resultados de las
compañías, que, sin embargo, han mejorado su situación financiera. Por
ello considera que la reducción de tarifas es puro maquillaje contable,
se trata de contabilidad creativa y no se hace ninguna reforma
estructural.
Manifiesta que el protocolo eléctrico es una norma reguladora básica que
va desde la generación hasta la distribución, pasando por el transporte
del sistema eléctrico, y viene a sustituir a la Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional. Añade que como se trata de la ordenación de
un servicio público, se debe atender fundamental y únicamente al interés
público, y lo que se está haciendo en este caso concreto es atender
exclusivamente al interés privado de las compañías que tienen capacidad
para presionar sobre el Ministerio de Industria.
Para terminar, manifiesta que el Grupo Parlamentario Socialista entiende
que se debe retirar el protocolo eléctrico y comenzar con la mayor
urgencia el desarrollo reglamentario de la Losen, para que, en ningún
caso, grupos minoritarios, pero organizados y compactos, puedan imponer
sus criterios a grupos mayoritarios desorganizados y dispersos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de
Txabarri y Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y el señor Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, se rechaza por 145 votos a favor, 160 en contra y una
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 2367)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación al protocolo
eléctrico y sus efectos sobre la minería del carbón y el propio sector
energético (Página 2367)
El señor Santiso del Valle presenta la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, felicitándose, en primer lugar,
porque durante una tarde entera se esté hablando de kilovatios y de
carbón sin que se tengan que producir movilizaciones por parte de los
sindicatos mineros y de las comarcas afectadas.
Considera curioso el concepto que tienen los señores del Gobierno de
liberalización porque, según su opinión, el sector eléctrico ha vivido
permanentemente protegido y tiene garantizado, a finales de cada
ejercicio, el reparto de sus dividendos. Piensa que, en definitiva, lo
que se está discutiendo en el famoso protocolo eléctrico es si son tres
billones o dos los costes del sector eléctrico que asume este Gobierno y
que va a repercutir tanto en el Estado como en la tarifa eléctrica
durante los próximos diez años, por lo que le gustaría conocer la opinión
de otros sectores empresariales sobre el particular. En su opinión, el
protocolo eléctrico significa una ruptura con la legalidad vigente, un
abandono de la planificación energética coordinada y un beneficio para
determinados grupos financiero-empresariales, a los que se otorga un
poder de mercado claramente abusivo al incluir también los
kilovatios/hora de origen hidroeléctrico en el sistema de ofertas
horarias. Al mismo tiempo, las consecuencias sobre el empleo y los
intereses generales del país pueden verse seriamente afectados, y
encuentra curioso que el Grupo Popular reconozca en la proposición no de
ley presentada con anterioridad la importancia de discutir en esta Cámara
sobre el sector de la minería del carbón y no haya encontrado oportunidad
para discutir las condiciones que se quieren fijar en el protocolo
eléctrico.
A continuación, plantea las medidas que, según su grupo, serían eficaces
para bajar el coste de la electricidad, como, por ejemplo, la apuesta por
planes de actuación sobre la demanda energética o sobre la reducción de
los tipos de interés, el control de los costes reales variables de
explotación y el mantenimiento y revalorización a la baja de las
inversiones reconocidas. Por eso, su grupo reitera la necesidad
de que en este protocolo se garantice la apuesta por las energías
renovables y no se continúe apostando excesivamente por el gas.
Por otra parte, considera preocupante que el sector eléctrico, antes de
firmar ningún protocolo, esté preparando la reducción de plantillas, sin
haber consultado a los sectores implicados ni haber debatido en
profundidad sobre la política energética del Gobierno. Por todo ello,
entiende que sería razonable el aplazamiento de la firma.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista interviene el señor Rodríguez Zapatero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Landeta
Alvarez-Valdés, del Grupo Parlamentario Popular.
Habiendo sido retiradas las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, se someten a votación por separado los
diferentes puntos de la moción.
Sometido a votación el punto 1, se aprueba por 306 votos a favor y una
abstención.
Sometidos a votación los puntos 2, 3 y 4, se rechazan por 145 votos a
favor, 161 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto 5, se rechaza por 150 votos a favor y 156 en
contra.
Sometido a votación el punto 6, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en
relación al cumplimiento del acuerdo sobre mejora de la calidad de la
enseñanza y de las condiciones de trabajo del profesorado perteneciente
al cuerpo de Maestros (Página 2373)
Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la
presentación de la moción consecuencia de interpelación urgente, la
señora Valcarce García. Manifiesta que la implantación de la Logse supuso
en los primeros niveles del sistema educativo y en la calidad de la
enseñanza un avance considerable, siendo para el cuerpo de Maestros, y
muy especialmente para aquellos que desarrollan su labor profesional en
el medio rural, un reto importante.
Pasa a analizar los informes del Consejo Económico y Social, referido a
1995, y del Consejo Escolar del Estado, referido al curso 1994-1995,
donde se valoran positivamente los avances alcanzados en materia de
escolarización y los resultados obtenidos en la educación primaria con
respecto a la antigua EGB, y donde se insta al Gobierno a proseguir las
inversiones en materia de educación como garantía de futuro. Estas
recomendaciones fueron tenidas muy en cuenta por el anterior Gobierno
socialista, llegándose, tras largas negociaciones con las centrales
sindicales mayoritarias en el sector, a un importante acuerdo sindical
para la puesta en marcha de la Logse con garantías de calidad y que
supusiese, además, una mejora cualitativa en las condiciones de trabajo
de los profesores del cuerpo de Maestros. Sin embargo, estima que las
primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno no sólo han incumplido
ese acuerdo sindical sino que han incurrido en gravísimas provocaciones,
tales como haber reducido de forma drástica el presupuesto en materia de
educación, una circular que no respetaba las ratios contenidas en la
Logse o unas instrucciones para la elaboración de las plantillas que
conculcaban directamente las medidas de calidad del acuerdo. Considera
que todas estas actuaciones han generado una honda preocupación en
nuestra sociedad que lleva hoy al Grupo Parlamentario Socialista a
presentar esta moción.
Asimismo, el Grupo Socialista pretende con su moción asegurar que el 1 de
enero de 1998 las diez comunidades autónomas que no tienen aún
transferidas las competencias en educación reciban una red de centros de
educación infantil y primaria homologable en todo el sistema, así como
unas plantillas de profesorado y unos recursos humanos muy similares.
A continuación explica los puntos concretos de la moción y solicita el
apoyo de la Cámara para asegurar la calidad en la implantación de la
Logse.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene la señora Aramburu
del Río.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Guerra
Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular.
A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, interviene la señora Valcarce García.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas, se rechaza por
137 votos a favor, 150 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
--DE INICIATIVA POPULAR, MARCO REGULADORA DE LA FINANCIACION DEL SISTEMA
EDUCATIVO (Número de expediente 120/000001)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley
de iniciativa popular.
Proposición de ley marco reguladora de la financiación del sistema
educativo.
Es de aplicación en este trámite lo dispuesto en el artículo 127 del
Reglamento, en relación con los artículos 126.4 y 5 y 74.2 del mismo, así
como lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26
de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
No se ha presentado criterio del Gobierno respecto a la toma en
consideración de la mencionada iniciativa. Procede, en primer lugar, la
lectura del documento por parte de la Secretaria Primera de la Cámara;
documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de
los firmantes, la tramitación y aprobación por la Cámara de la
proposición de ley.
Tiene la palabra la señora Secretaria Primera de la Cámara.
La señora SECRETARIA PRIMERA (Barrios Curbelo): Gracias, señor
Presidente.
Razones que aconsejan la tramitación y aprobación de la proposición de
ley.
La razones que aconsejan, a juicio de la comisión promotora, la
tramitación y aprobación por las Cámaras de la proposición de ley marco
reguladora de la financiación del sistema educativo tienen, como norte
común, la preocupación por conseguir que este país y todos sus ciudadanos
alcancen el nivel de plenitud en su desarrollo social y humano,
contribuyendo a promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad sean efectivas.
El sistema educativo, en su conjunto, desempeña una función social de
primera magnitud en el desarrollo y profundización de la democracia al
formar a los individuos y a los grupos para el ejercicio de la libertad,
la tolerancia y la solidaridad en una sociedad axiológicamente plural, y
aún más, las estrategias educativas suponen el mejor instrumento para
avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, sean éstas
por razones sociales de raza, de sexo, religión u opinión, se arrastren
tradicionalmente o aparezcan con la dinámica de la sociedad.
En la educación se encuentra la clave del futuro desarrollo económico y
científico al diseñar y hacer efectiva la formación integral de las
personas, elemento básico para la plena incorporación al mundo de la
ciencia moderna e instrumento imprescindible para elevar el nivel de
competitividad científico-técnica, con las consiguientes repercusiones de
primera magnitud en el aparato económico productivo. La adecuación de la
cualificación profesional de los ciudadanos a los requerimientos del
mercado, cada vez más internacional, que permita hacer efectiva la
movilidad y abra nuevas posibilidades a los jóvenes, es una de las
principales aportaciones de la educación a una realidad social y
económica en permanente transformación. De este modo, la ciencia y la
cultura constituyen la mayor riqueza que una nación puede generar. Sin
duda, la única que vale la pena acumular.
El sistema educativo posee, además, una dimensión política y social capaz
de hacer efectivo el equilibrio interterritorial que elimine las
desigualdades heredadas del pasado y en el desarrollo educativo y
cultural, y que han sido causa y efecto, a su vez, de otras desigualdades
entre las diferentes comunidades y nacionalidades de nuestro país.
Por estas razones, la Constitución española encuadra la educación entre
los derechos fundamentales, artículo 27, y reserva al Estado competencias
exclusivas en política científica y normativa básica de educación,
artículo 149.1.30.ª que se han materializado en la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; la Ley Orgánica 8 de 1985, de
13 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, LODE; la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
Logse, y sus correspondientes desarrollos legislativos.
La puesta en práctica de las reformas contenidas en la citada normativa
exigía un esfuerzo económico suficiente en la cuantía, sistemático en la
asignación y sostenido en el tiempo, por lo que fueron muchas las voces
que se levantaron poniendo de manifiesto la necesidad de regularlo
mediante una ley de financiación que garantizase los anteriores extremos.
No fue considerada necesaria en aquel momento una norma legal como la
solicitada. Se estimó suficiente dotar a la Logse de una memoria
económica que acompañaba al proyecto de ley, y la LORU, sin embargo, no
fue acompañada por un documento similar.
Consecuencia de la falta de un compromiso materializado en norma legal de
rango suficiente ha sido que el tímido crecimiento del gasto educativo
experimentado en la segunda mitad de la década pasada está desde hace
tres años prácticamente bloqueado. Así, el porcentaje de gasto de las
administraciones públicas destinado a educación se ha reducido desde el
4,5 por ciento en 1990 hasta el 3,5 por ciento previsto para 1994,
mientras que el gasto en educación medido en porcentaje respecto al
producto interior bruto se ha reducido desde el 4,15 por ciento en 1991
hasta el 4 por ciento previsto para 1994, lo que pone en cuestión la
consecución del objetivo fijado en el punto 1, párrafo segundo de la
disposición adicional tercera de la Logse relativo a la equiparación de
nuestro gasto público en educación con el de los países comunitarios, que
se sitúa en torno al 6 por ciento del producto interior bruto. Además,
durante este período se han producido retrasos acumulativos en la
aplicación de las reformas. Así, en el caso de la Logse han sucedido
cuatro calendarios, bien alargando el plazo de finalización del proceso,
bien modificando su ritmo de aplicación, el Libro Blanco para la reforma
del sistema educativo de 1989, la propia Logse y la memoria económica del
proyecto de ley de 1990, el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el
que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva ordenación del
sistema educativo y el Real Decreto 535/1993, de 12 de abril, por el que
se modifica y completa el anterior. La situación de provisionalidad,
indefinición y aplazamiento en la dotación de recursos suficientes que de
todo ello se deriva ha tenido su último episodio en el anuncio de un
nuevo aplazamiento el 13 de diciembre de 1993.
En definitiva, el calendario de aplicación que debía finalizar en el
curso 1997-1998 tiene previsto su término en el año 2000-2001, y ello sin
tener en cuenta el problema que supone para la programación de la
docencia la ruptura del sistema de ciclos que se produce en el último
aplazamiento citado, a pesar de ser este sistema una de las mejoras
cualitativas que introduce la Logse. Pero la cuestión no es sólo de
plazos y rupturas, sino también de alcance del esfuerzo inversor. En
efecto, la memoria económica que acompañaba a la Logse, considerada
insuficiente por determinados agentes sociales, ha venido incumpliéndose
en los ejercicios presupuestarios posteriores a la publicación de la ley.
De los cuatro transcurridos desde 1990 y del proyecto de ley de
presupuestos para 1994, actualmente en tramitación parlamentaria, se
desprende que el incumplimiento acumulado es ya del 32,7 por ciento en el
capítulo de inversiones, al que se suman los incumplimientos sistemáticos
de los incrementos previstos en otros capítulos del gasto.
La situación económica ha sido el pretendido argumento justificador del
desfase. Sin embargo, la comisión promotora considera, como lo han hecho
diferentes organismos europeos e internacionales, que no es adecuado
ajustarlo al desfase del ciclo económico, ya que la educación constituye
una inversión productiva imprescindible en cualquier caso, y más todavía
en tiempos de crisis.
Respecto a las enseñanzas universitarias para las que no hubo ningún
compromiso de calendario de aplicación, los desfases de ocho años entre
la publicación de la LORU, agosto de 1983, y el Real Decreto 557/1991, de
12 de abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros
universitarios, y de casi 10 hasta la puesta en funcionamiento
generalizada de las nuevas titulaciones y los nuevos planes de estudios,
constituyen elementos inquietantes sobre el futuro de la reforma en este
nivel educativo.
Por otra parte, y ante la insuficiencia de la financiación pública, la
utilización del artículo 11 de la LORU no ha estado orientada tanto a
cubrir el objetivo de poner al servicio de la sociedad su capacidad
creativa e investigadora, como al de conseguir financiación para el
funcionamiento de las universidades. Las protestas estudiantiles de
octubre y noviembre pasados expresaban en cierto modo los problemas
financieros que atenazan a las universidades públicas. Todos estos
retrasos e insuficiencias han derivado en un notable riesgo de deterioro
de la calidad de la enseñanza: aumento del fracaso escolar y desfase
respecto a los países de la Unión Europea. Un reciente estudio publicado
por Eurostat sitúa a España en la cola de los países que menos porcentaje
de su producto interior bruto destinan a enseñanza. Y es que en el campo
de la educación todo lo que no sea avance es retroceso. Pero nuestra
preocupación aumenta cuando consideramos una serie de elementos de
carácter nacional e internacional que apuntamos a continuación.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
Barrios.
Señorías, les ruego guarden silencio (Pausa.) Puede continuar, señora
Barrios.
La señora SECRETARIA PRIMERA (Barrios Curbelo): Gracias, señor
Presidente.
El desarrollo científico y tecnológico está produciendo cambios muy
profundos en la estructura productiva y social de todos los países,
cambios muy vinculados a la contradicción que encierra la paradoja del
incremento continuado de la productividad. La capacidad de aumentar el
volumen de bienes a disposición de los consumidores hasta limites
difícilmente pensables hace sólo 20 años, con cada vez menos mano de
obra, expulsa del sistema productivo a cantidades crecientes de
trabajadores que ven reducida su capacidad de compra. Al mismo tiempo las
empresas acumulan excedentes por falta de compradores.
El problema no es, pues, de escasez, sino de distribución. Pero, además,
este proceso desequilibrado y contradictorio tiene otras repercusiones,
contribuye a
aumentar el endeudamiento de los sistemas de protección social, cada vez
menos cotizan para financiar a cada vez más, genera dualismo social: los
que tienen trabajo y los que no lo tienen, potencia los comportamiento
insolidarios, e incluso racistas, vinculados con demasiada frecuencia a
la ignorancia --rechazo del diferente que viene a quitarnos el trabajo--
y, en definitiva, constituye un severo ataque al Estado del bienestar, en
la práctica y en nombre de la crisis se recortan los gastos sociales y,
desde luego, el gasto en educación.
Esta interpretación resulta un tanto corta de vista, ya que, como
señalábamos antes, el problema es de distribución y los gastos sociales
actúan como mecanismo redistributivo. Pero es que, además, y
refiriéndonos específicamente al gasto de educación, la formación de la
persona es una inversión a largo plazo, que tiene tanto o más sentido
precisamente en tiempos de cambios rápidos como los que vivimos. Y de
ella, contrariamente a lo que algunos afirman, el principal beneficiario,
siéndolo ambos, no es el individuo, sino la sociedad en su conjunto.
La proposición de ley que promovemos, con su planificación plurianual,
pretende precisamente garantizar la continuidad del esfuerzo inversor en
materia educativa como uno de los elementos correctores de la falta de
visión a largo plazo que denunciamos. La pertenencia a la Unión Europea
define un campo de juego diferente. El derecho a la libre circulación de
trabajadores entre los países miembros será puramente nominal si no
dotamos a nuestros ciudadanos de los medios, en este caso cualificación y
conocimientos, que hagan posible esa movilidad. Esto sin entrar en la
cuestión de la inferioridad de condiciones en que se pueden encontrar,
incluso dentro de nuestro propio país, ante otros ciudadanos de la Unión
Europea con niveles de cualificación mayores y más adecuados a los
requerimientos del sistema productivo.
Por ello entendemos que la financiación de las nuevas titulaciones
superiores y de la reforma de los planes de estudios universitarios, así
como la formación profesional reglada y no reglada, no puede estar sujeta
a los avatares de la coyuntura económica, sino garantizada por una firme
voluntad política expresada en una ley como la que proponemos mediante
esta iniciativa legislativa popular.
Las desigualdades de partida existentes en el campo de la educación entre
las diferentes comunidades autónomas, que se traducen en diferencias en
el nivel de calidad de la prestación de este servicio público, cuya
existencia y sistema de compensación recoge el título V de la Logse, no
admiten paradas en el proceso de su eliminación, ya que constituyen un
incumplimiento de los apartados 1.º y 19.º del número 1 del artículo 149
de nuestra Constitución. Contribuir a la defensa de esos derechos es el
objetivo de esta iniciativa legislativa popular, ya que el plan nacional
previsto en esta proposición de ley, en cuya elaboración participan los
órganos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas,
garantiza el equilibrio territorial sostenido temporalmente.
En otro orden de cosas, el papel nivelador de las diferencias sociales
que debe jugar el sistema educativo no depende exclusivamente de la
adopción de un modelo concreto; tanto o más papel juega en este terreno
el que los profesionales que desarrollen esta tarea dispongan de una
amplia gama de instrumentos y recursos que hagan posible el desarrollo de
las finalidades que la legislación atribuye a la educación.
En definitiva, la falta de una financiación adecuada puede suponer el
fracaso de la adaptación y extensión del sistema educativo, como denuncia
la propia LODE refiriéndose a la Ley General de Educación del año 1970 y
al ritmo parsimonioso de las inversiones públicas durante su período de
implantación. A ese ritmo parsimonioso y a la falta de una planificación
ajustada alude cuando dice: En ausencia de la adecuada normativa, lo que
había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación
irregular, falta del exigible control, sujeta a incertidumbre y a
arbitrariedad.
Sería lamentable que la historia se repitiese y que la incertidumbre y la
arbitrariedad se convirtieran en el rasgo fundamental de nuestro sistema
educativo por inexistencia de una normativa adecuada como la que
proponemos. En esta situación, entendemos que sólo un compromiso social y
político, materializado en una norma legal de rango suficiente, puede dar
el carácter de continuidad necesario al esfuerzo inversor que la
adecuación de nuestro sistema educativo requiere.
Por todo lo que antecede, presentamos esta iniciativa legislativa popular
por una ley marco reguladora de la financiación del sistema educativo.
Madrid, 23 de diciembre de 1993.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Barrios.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a
la iniciativa legislativa popular, lo que hacemos por dos cuestiones
básicas; la primera, que la iniciativa popular intenta que, al margen del
vaivén gubernativo que se dé en el Estado, quede garantizada la dotación
de medios a las reformas educativas en marcha a través de un plan, que
los promotores llaman nacional y que nosotros preferiríamos llamar
estatal, de financiación del sistema educativo durante ocho años en
períodos cuatrianuales; la segunda, porque tiene el empeño de que el
gasto en educación se equipare a lo que denomina los países comunitarios
del entorno al finalizar el período de los ocho años. Nosotros
preferíamos utilizar lo que ya utilizan en su justificación defensiva los
promotores, que se alcance el 6 por ciento del PIB.
Dicho esto, queremos aclarar que nuestro voto favorable llevará consigo,
si la iniciativa prospera, que presentemos modificaciones que afectan al
carácter funcional y al funcionamiento más respetuoso de la denominada
Comisión de Financiación del Sistema Educativo y del Consejo Asesor del
Plan Nacional de Financiación del Sistema, para que quede claro que no se
pueden evadir competencias de las comunidades autónomas que tienen lengua
y cultura propias y que, además, deben reconocerse como organismos
supremos de carácter competencial en materia educativa.
Una vez dicho esto y ya para acabar, desde la posición de Galicia
consideramos que es vital que se debata el problema de la financiación
del sistema educativo, porque los servicios complementarios de comedor y
de transporte son vitales en casos de una estructura social y de hábitat
tan peculiar como la gallega, con una escuela unitaria y rural específica
muy particular en todo el Estado español. En tercer lugar, porque hay una
deuda histórica acumulada en relación a cómo se hicieron las
transferencias. En cuarto lugar, porque la formación profesional debe
integrarse en el medio, en la auténtica capacidad productiva de cada
parte del Estado español. Y, en último lugar, por la adaptación de los
contenidos a la realidad nacional de cada país.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que consideramos que es un
momento crucial. Cuando se intentan hacer recortes presupuestarios que
afectan a la educación, cuando se está aplicando la Logse sin las debidas
inversiones en materia educativa y cuando se está favoreciendo
descaradamente a la enseñanza privada, es fundamental que este debate
logre una especie de consenso común respecto del sistema educativo en el
Estado español a partir del respeto a la diferencia y a las distintas
lenguas y culturas.
Nada más. Vaya por delante nuestra votación favorable. Esperemos que
prospere esta iniciativa y después participaremos activamente en Comisión
en las modificaciones que consideremos oportunas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) quisiéramos fijar posición sobre
esta iniciativa popular, valorándola, en primer lugar, en sí misma. Es la
primera iniciativa popular que llega al Congreso y nos felicitamos y
felicitamos a sus promotores porque está en relación con la materia
educativa, lo que demuestra una preocupación por el sector educativo, que
compartimos. Creemos además que es una buena iniciativa, que está bien
elaborada, por encima de demagogias al uso que incluso estos días estamos
pudiendo seguir en ciertos ámbitos de la sociedad. Entendemos por ello,
señorías, que es un toque de atención a esta Cámara y a las distintas
Cámaras autonómicas que son competentes en materia de educación.
También quisiéramos ubicar esta iniciativa en su propio desarrollo. Fue
una iniciativa que tuvo su origen en la V Legislatura --si no recuerdo
mal corresponde al año 1993-- y yo creo que sería bueno al comienzo del
debate que supiéramos trascender de alguna forma los propios ámbitos
partidistas de la discusión y colocar en los justos términos cuál es la
pretensión de esta iniciativa.
Nosotros entendemos que se hace, en primer lugar, una prudente valoración
sobre educación en una década. Se indica con claridad que en los últimos
años la educación ha conocido en el Estado una evolución cualitativamente
positiva y se hace una descripción interesante en dicho sentido. Nosotros
compartimos esa descripción que se hace en esta iniciativa. Compartimos
también, señor Presidente, los objetivos generales que los promotores
quisieran que se llevaran a cabo en el ámbito educativo. Se indica, en
primer lugar, que se pretende garantizar y planificar los recursos
públicos destinados a la educación; que se llegue, en segundo lugar, a
parámetros europeos en el conjunto del sistema educativo y en cada uno de
sus niveles y que la educación sea una prioridad presupuestaria.
Nos encontramos, señorías, con una iniciativa bien redactada. Habla de
educación sin adjetivos, trascendiendo esa estéril polémica, en nuestra
opinión, de distinguir entre educaciones públicas y educaciones privadas,
en ese empeño en confrontar distintas redes en los sectores educativos.
Incluye además todo el proceso educativo, abarcando su preocupación a
todos los niveles educativos, y contempla el conjunto de la problemática
educativa en su justa dimensión académica, desde la pluralidad cultural y
administrativa. Tiene, además, una perspectiva europea al indicar que se
pretende llegar a parámetros europeos en el conjunto del sistema
educativo y aboga por la autonomía de gestión de los centros educativos.
Es verdad que el origen de esta iniciativa viene de constatar dónde ha
quedado en la práctica la memoria económica de la Logse. Este mismo
mediodía en la Junta de Portavoces hubo un intento, por parte de los dos
grupos mayoritarios, para decir si en este momento la educación está peor
que en la legislatura anterior. No es ése el debate, señorías. Estamos
ante una preocupación social, ante la preocupación de una sociedad que
está viendo con claridad que la educación, por mucho que a nivel teórico
todos los grupos parlamentarios indican que es una de sus prioridades,
después en la práctica, a la hora de hacer los presupuestos
de cada año, aquí y en las Cámaras autonómicas (en esto el Grupo
Parlamentario Vasco asume su nivel de autocrítica con el mayor nivel de
honradez que pueda admitir en la medida que es también responsable de
algunas materias en el ámbito educativo), existe la constatación clara de
que se produce un abismo entre las previsiones realizadas y la realidad
presupuestaria en cada ejercicio aquí y en las Cámaras autonómicas. Es un
ejercicio muy sano, señorías, volver a leer la memoria económica de la
Logse y compararla con los parámetros que en los distintos ejercicios de
aplicación se han venido desarrollando, tanto en la legislatura anterior
como en el comienzo de ésta. Quizá aquí mismo señorías, esté el vicio
fundamental de esta propuesta.
Con esta iniciativa popular se pretende planificar lo que debe realizarse
anualmente en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Es
ahí, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, donde se deben ubicar
estas necesidades, estas pretensiones; es en los Presupuestos Generales
del Estado en lo que respecta al territorio MEC o a otros ámbitos de la
educación en los que esta Cámara es competente, y en los Parlamentos
autonómicos en aquellas materias que las distintas administraciones son
competentes en el ámbito de la educación, donde se deben recoger las
iniciativas que están aquí bien descritas.
Nos encontramos, señor Presidente, con una serie de consideraciones que
son ya tradicionales en boca de un portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
en temas educativos. En relación a los parámetros de inversión, si
pretendemos que estos parámetros estén a niveles europeos, habrá que
contar previamente con unos estudios que puedan constatar de alguna forma
en sus justos términos cuáles son los niveles de dedicación de recursos
públicos al sector educativo, en qué niveles nos encontramos en relación
al PIB, y cuáles son los niveles de inversión real en el sector
educativo. Por la complejidad del reparto competencial en materias
educativas nos encontramos, señor Presidente, en un estado en el que
estudios tan elementales no se encuentran a disposición de esta Cámara.
Lamentamos la no asistencia de la Ministra de Educación a un debate tan
importante en esta Cámara. Nosotros queremos solicitar al Ministerio de
Educación y Cultura que elabore estos informes, que disponga de una
perspectiva total del Estado en materia educativa para saber los niveles
reales de inversión y en qué niveles nos encontramos en materia educativa
en este momento. Desearíamos que se pueda realizar el sumatorio de
administraciones públicas para poder constatar cuál es el nivel público
de inversión real y también cuáles son las aportaciones que los padres y
distintas asociaciones realizan en materia educativa. Entendemos que
estos estudios deben existir y que debe avanzarse en esa línea.
Por ello, señor Presidente, se da una doble circunstancia en la fijación
de posición del Grupo Parlamentario Vasco en esta materia. Por una parte,
compartimos la preocupación, compartimos la redacción, compartimos el
planteamiento genérico que se hace en esta iniciativa popular.
Quisiéramos, de alguna forma, que el debate que esta proposición de ley
recoge tuviese sus trámites posteriores a lo largo de los trabajos de la
Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara, porque entendemos que es
un aldabonazo elegante, un aldabonazo bien dado a los que tenemos
responsabilidades de decisión en materias presupuestarias, y quisiéramos
que este aldabonazo tuviera algún efecto, que fuera más allá de la
discusión partidaria de cómo lo hacías tú y cómo lo hago yo ahora. No
creemos que ése sea el debate al que se nos invita esta tarde.
Compartimos la idea de que invertir en educación es invertir en futuro,
como se dice en esta iniciativa. En el trámite presupuestario, este mismo
ejercicio, nosotros hemos dicho que nos estamos distanciando de los
parámetros europeos y también hemos indicado que en su territorio el
Ministerio de Educación y Ciencia se está alejando de parámetros de otras
comunidades autónomas que están invirtiendo más en educación. En lo que
es la línea de desarrollo normal, entendemos que vamos a conocer una
revisión de las políticas presupuestarias, y por ello invitamos a todos
los grupos parlamentarios a responder al aldabonazo que esta iniciativa
popular tiene que realizar en SS. SS. y encontrar, a lo largo del debate,
un punto de encuentro para que una iniciativa como ésta no pueda decaer.
Es la primera, señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya...
Perdón, señora Aramburu, había obviado al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y, efectivamente, tenía pedida la palabra la señora
Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
La proposición de ley que, por iniciativa popular, Fernández Cano y
muchas otras personas --más de medio millón-- presentan hoy ante el
Congreso ha sido, para mí en especial, un nuevo encuentro con personas
amigas y espero que para todas y todos nosotros, Diputadas y Diputados,
sea también un motivo de consolidación de la esperanza, siempre
existente, en el futuro de este país, porque un motivo tan noble como la
educación ha sido el motor de la primera iniciativa legislativa popular.
También es para mí un motivo satisfactorio ver de nuevo --aunque sea en
la tribuna-- a un antiguo amigo, magnífico contrincante en numerosas e
importantes negociaciones, que siempre fueron provechosas para las
relaciones entre los sindicatos y la Administración y para la vitalidad
de nuestras relaciones personales.
Quizá por estos antecedentes, parte del redactado de la proposición nos
resulta familiar. Hay en ella cierto aroma a foto de familia y, también a
veces, a libro leído, en algunas expresiones muy propias del mundo
educativo. Podemos decir --y ello no es un menosprecio, sino una
constatación-- que la textura de esta proposición de ley responde en
realidad al productor del género.
Dentro del tiempo disponible expondré en nombre de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Catalán, los motivos de nuestro posicionamiento,
desfavorable a su posible consideración. La iniciativa pretende
garantizar recursos económicos suficientes para una enseñanza de calidad,
mediante un plan de financiación nacional. Propone el establecimiento de
un mecanismo coordinador de los diferentes criterios planificadores de
las administraciones competentes en educación, y a su vez articula un
sistema de evaluación de aquél y anuncia un segundo plan de financiación.
Esta es la estructura de la proposición.
Antes de proceder a su comentario, quiero exponer en esta Cámara el
acuerdo de nuestro grupo en la necesidad de recursos económicos
suficientes y específicos para el desarrollo del sistema educativo
establecido por la Logse. Lo reclamamos desde nuestro Parlamento, desde
nuestro Gobierno, la Generalitat de Catalunya, y desde mi grupo lo hemos
reclamado con insistencia durante años, en ocho ejercicios
presupuestarios, sin respuesta positiva, en siete ocasiones al Gobierno
socialista y ahora al Gobierno popular.
Nuestro acuerdo es, pues, absoluto con la demanda de financiación, pero
también de manera absoluta diferimos en la demanda presentada por las
razones siguientes: Porque no nos parece adecuado sectorizar el sistema
de financiación; porque se extralimita la demanda económica con la
introducción de reivindicaciones sindicales; porque puede violentar y
violenta la autonomía de las comunidades autónomas competentes en materia
educativa, aspecto esencial que ustedes saben absolutamente inaceptable
para mi grupo y para mi Gobierno; porque podría contrariar incluso la Ley
reguladora del Derecho a la Educación, en especial el título II, sobre
participación en la programación general de la enseñanza y su aplicación
dejaría vacío de competencias al Consejo Escolar del Estado y, en nuestro
caso, en Cataluña, mermaría la efectividad de la Ley dels Consells
Escolars y de creació del Consell Escolar de Catalunya; porque además
propone un modelo de participación que podría también sustituir en lo
esencial a la conferencia de consejeros, y un modelo de participación,
que se ha hecho ya clásico en este país que, introducido en los años
ochenta, responde a la conquista de los años setenta, pero no a las
realidades del Estado plurinacional que es, además, un modelo que puede
clasificarse también en el nuevo Estado compuesto como un ejemplo
paradigmático de inoperancia y que allí donde existe, y es en muchas
partes, necesita de revisión.
A nuestro entender, la proposición sufre también de cierta desmesura
generosa, pues los deseos deben adecuarse a los medios existentes, las
ambiciones a los límites que puedan acogerlas, y éste es el rasgo
fundamental, y ustedes lo saben muy bien, de las negociaciones y
decisiones que pretenden el éxito.
La proposición sugiere abarcar un plan de financiación en toda su
globalidad sin priorizar el sistema general educativo y no pueden ser
posibles soluciones totales a problemas tan complejos. La financiación
pública en educación es indispensable, pero debe priorizar siempre sus
objetivos. Todo ello se hace en nombre de la calidad, y es cierto, pero
éste es un concepto mágico y mal tratado, cambiante pero siempre
presente, que deberíamos delimitar, porque ustedes saben bien que las
relaciones entre los input educativos, su coste y la calidad de la
enseñanza es un tema todavía hoy muy mal conocido.
Hace ya años, iniciamos, con un Gobierno socialista, con ustedes también
y con muchas y muchos, la extraordinaria aventura de implantar modelo
nuevo educativo, ambicioso y solidario, pero ciertamente lo iniciamos sin
la financiación debida, pese a la disposición adicional tercera de la
misma Logse. Por ello, desde mi grupo, hemos venido reclamando los
recursos económicos necesarios, pero lo hicimos, lo hacemos y lo
seguiremos reclamando como a nosotros nos corresponde: con una
financiación suficiente para nuestro autogobierno en todos los sectores;
con una financiación acorde en el sector educativo para el desarrollo y
aplicación del mapa escolar de Cataluña, instrumento de planificación
propuesto por mi Gobierno, la Generalitat, aprobado por mi Parlamento,
aprobado por el Consell Escolar de Catalunya y que tiene el consenso de
los sectores afectados.
Por estas razones, entre otras, no es aceptable para mi grupo la
proposición presentada. Sin embargo, sí queremos exponer de manera
patente nuestro profundo respeto por todas las personas que han logrado
presentarla y que han conseguido, una vez más, llamar la atención del
Congreso sobre la importancia capital de la educación, y gracias también
por ello.
Este posicionamiento no favorable de hoy, coherente con nuestra idea del
Estado español como Estado plurinacional y acorde con el ejercicio pleno
de nuestro autogobierno, es también coherente con la iniciativa de
nuestro grupo, que ha presentado a la Ley de Presupuestos una enmienda
por la que el Gobierno del Estado español se compromete a estudiar y a
establecer los mecanismos para la financiación del nuevo sistema
educativo, y es también coherente con nuestro permanente compromiso de
que la educación siga considerándose en la política general del Estado el
instrumento privilegiado de democratización social y de que el Gobierno
mantenga esta finalidad intacta y viva y atienda el significado de esta
proposición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
Ahora sí, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes.
En un día tan solemne para la educación, dos cuestiones previas. Primero,
sentir profundamente la ausencia de doña Esperanza, Ministra de
Educación, inasistencia que interpreto dolorosamente como un acto de
desprecio a la comunidad educativa, y me gustaría que alguien --por
ejemplo, el señor Guerra Zunzunegui-- se lo hiciera llegar. En segunda
instancia, otra cuestión previa, agradecer a Comisiones Obreras, al señor
Lezcano y a los trabajadores de la enseñanza que con su presencia
solidaria están apoyando a las puertas del Congreso, y también en esta
tribuna, dicha iniciativa legislativa popular.
Paso, por tanto, señores, a intervenir, después de estas dos cuestiones
previas.
Señor Presidente, señora Ministra en el caso de que estuviera, señorías,
nos encontramos hoy ante una de las sesiones más importantes de esta
legislatura. Vamos a debatir la primera iniciativa legislativa popular
tramitada en democracia que elaboran y avalan los ciudadanos. ¿Saben
ustedes cuánto cuesta recoger seiscientas y pico mil firmas? ¿Saben
ustedes lo que cuesta patearse las calles, los despachos y los tajos para
recoger seiscientas y pico mil firmas y dar la espalda a una iniciativa
legislativa popular? No lo saben, ¿verdad?
Como iba diciendo, en democracia es la primera iniciativa legislativa
popular que elaboran y avalan los ciudadanos para que, sin ser los
autores las fuerzas políticas, resida en la Cámara la decisión final. Por
tanto, señorías, puesto que la ley es suficientemente explícita, rigurosa
y necesaria, voy a ser no lacónica, pero sí sucinta en mi toma de
posición o, mejor dicho, en mi turno de intervención a favor, que
obviamente será así no sólo por la autoría de la paternidad, sino porque
es sencillamente imprescindible, insisto, dotarnos de una ley marco que
regule la financiación del sistema educativo.
Como se puede observar en la exposición de motivos, se alude a cómo los
vertiginosos cambios producidos en la sociedad corren en paralelo a las
transformaciones abordadas en la enseñanza en el último decenio: abordar
el control en términos de garantía es indispensable, ya que los
conflictos que aparecen cotidianamente como novedad convierten dicha
disciplina en un factor superdinámico. La carta magna, en su artículo 27
--recordad-- define nuestra meta. Dos cuestiones: reconocer el derecho de
todos y todas a la educación, al igual que la libertad de enseñanza. Es
necesario, pues, que con los fines que se plantean en las diferentes
leyes orgánicas sea de obligado cumplimiento para los poderes públicos y
las instituciones en general dicha ley. En esta dirección es necesario
contemplar los siguientes objetivos: pleno desarrollo de la persona,
formación de los valores fundamentales de la convivencia democrática,
capacitación para el mundo del trabajo, creación y desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia y la técnica y extensión de la
cultura universitaria. Para esto, entre otras cosas, es necesario una ley
marco que regule la financiación del sistema educativo, ya que las
reformas que se están realizando por los distintos sectores públicos,
obviamente requieren de medios e instrumentos para su adecuada
aplicación. Por ello hay que reconducir los criterios de merma de
inversiones públicas para quebrar el carácter de provisionalidad que
sitúa a la comunidad educativa en un estatuto de arbitrariedad e
inseguridad tremendamente complicado. Es necesario sacar adelante esta
ley que, según lo dispuesto en la Constitución y en las leyes orgánicas
que la desarrollan, garantiza una inyección suficiente de medios para
ponerla en funcionamiento y mantenerla.
Para ello lo primero que se prevé es un plan nacional que se desdobla en
dos fases, de manera que se permita el seguimiento y su revisión,
constituyendo cada una de estas fases un programa cuatrienal, incluyendo
el contenido y las medidas necesarias para garantizar los recursos
materiales y humanos suficientes para una enseñanza de calidad en todos
los tramos del sistema educativo.
Las responsabilidades compartidas entre el Estado y las diferentes
comunidades autónomas obligan a establecer mecanismos de coordinación,
que deben estar sujetos al título V de la Ley orgánica del Ordenamiento
General del Sistema Educativo, sobre la compensación de las desigualdades
territoriales y sociales. Se establece, a tal efecto, una comisión de
financiación en la que participen las diferentes administraciones cuyas
funciones son elaboración, coordinación y seguimiento del plan nacional.
Igualmente se crea un consejo asesor del plan nacional a fin de evaluar
el cumplimiento del objetivo en virtud de las diferentes leyes que lo
amparan.
En última instancia la presente ley considera que la educación es un
derecho inalienable de la persona, por lo que su garantía ha de estar por
encima de los avatares coyunturales, económicos o políticos. (Rumores.)
Si el señor Alvarez consigue que el señor Cascos y demás, presten
atención, podré expresarme en mejores condiciones. Insisto que soy
profesora y jamás he dado clase con este murmullo; por tanto, garantizo a
la Presidencia que me podré expresar mejor si hay silencio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Como iba diciendo esta ley, además, plantea
sabiamente que la educación es la mejor y más inteligente inversión de
futuro de las sociedades avanzadas para lo cual el gasto público debe
equipararse al de los países comunitarios al finalizar los ocho años de
la aplicación del plan nacional. Hacer esto posible es una de las
motivaciones de dicha ley que, sin pertenecernos, hemos hecho nuestra a
diferencia de otros y otras.
En este sentido quiero hacer algunas anotaciones. Todo lo que afecta a la
enseñanza, por su volumen y por su incidencia en la sociedad, dado que
comprende la totalidad de la educación obligatoria, se convierte en pieza
clave del sistema educativo; por tanto, garantizar la adecuada
planificación en función de las necesidades es una exigencia que viene
incumpliéndose desde el mismo momento que se ha venido negando una ley de
financiación para la reforma. El tiempo lamentablemente ha venido a
darnos la razón. Sin dicha ley la inversión en infraestructuras y medios
se ha ido demorando siempre por los mismos motivos: excusas de imperativo
económico y otras prioridades. En la actualidad nos hemos encontrando con
que la memoria económica que acompaña a la Logse, apenas garantiza unos
mínimos de inversión y de gasto, de tal manera que el desfase acumulado
desde 1990 sitúa el grado de cumplimiento en torno al 79 para este año.
No hay, pues, excusa para el drástico recorte de inversiones abordado en
los presupuestos del Gobierno Aznar para 1997, que ni siquiera la
disminución demográfica en edad escolar contrarresta, dada la ampliación
de la edad obligatoria de escolarización hasta los 16 años.
La agresión que se materializa con estos presupuestos va directamente al
corazón de la ley que, por otro lado, ha recibido uno de los mayores
consensos sociales. Repito la cifra que dije antes: 600.000 ciudadanos y
ciudadanas. de la mano de Comisiones Obreras y otros compañeros y
compañeras de viaje, nos proponen tomar en consideración la participación
democrática que supone dicha iniciativa.
El nivel de financiación de la enseñanza en nuestro país viene siendo
desde hace tiempo, y en particular con motivo del desarrollo de la
reforma del sistema educativo, un elemento permanente de reivindicación
de amplios sectores, políticos y sociales. La tesis es sencillamente que
la calidad de la enseñanza está condicionada, en última instancia, por
una adecuada financiación pública, pues de ella depende, desde la
existencia de infraestructura y recursos, hasta la propia capacitación y
motivación del profesorado, pasando por la propia gestión participativa
de los centros.
Analizando los datos del informe de la OCDE sobre el panorama de la
educación, comprobamos no sólo que España sigue disponiendo de unos bajos
niveles de financiación sino que, además, dicha escasez financiera se
correlaciona con unos bajos niveles de formación en comparación con el
resto de los países de la OCDE. Por ejemplo, respecto a los gastos en
educación, Finlandia se sitúa a la cabeza con el 8,3 por ciento de su
PIB, seguida de Suecia y Dinamarca, que superan el 7 por ciento, la media
europea se sigue situando en el 6 por ciento, y España está en torno al 4
por ciento, en uno de los últimos lugares del entorno europeo.
La media del gasto público universitario, por ejemplo, se sitúa en el 1,3
por ciento del PIB; Finlandia se vuelve a poner a la cabeza con el dos y
pico por ciento, seguida de Dinamarca con el 2 por ciento, y España
vuelve a estar en el último lugar con el 0,8 por ciento. Si consideramos
el gasto público medio por alumno España vuelve a ser el país que menos
gasta, 3.770 dólares, y la media de la Unión Económica Europea es de
7.000 dólares por alumno.
Otro dato relevante es saber que el volumen de fondos públicos frente a
los privados es en todos los casos inferior a la media de la OCDE, de los
más bajos del entorno europeo; por el contrario, el volumen de fondos
privados es sustancialmente superior al resto de los países europeos de
la OCDE.
Finalmente, España ocupa los últimos lugares respecto a los niveles
formativos de sus ciudadanos. La población con estudios medios superiores
es menor que en la mayoría de los países europeos, y en el marco de la
OCDE sólo se supera a Turquía y Portugal.
La evolución de la financiación del conjunto del sistema educativo a lo
largo de estos últimos años se ha caracterizado por una progresiva caída
del gasto educativo, perdiendo peso respecto a los Presupuestos Generales
del Estado y reduciendo el porcentaje del PIB que se invierte en
educación.
Voy terminando, señor Presidente. Las razones son dobles: el Gobierno
central y las comunidades autónomas aplican los mismos recortes que
practican en las partidas sociales que se derivan de las políticas
neoliberales que impone Maastricht; por otro lado, la educación no es una
pérdida política y se incurre en la irresponsabilidad política de
acometer las reformas sin la garantía suficiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aramburu, le
ruego vaya concluyendo.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Por supuesto, señor Miranda (Risas.)
En este sentido, decirle que podemos insistir cargados de razón en que la
falta de financiación está suponiendo la renuncia a una transformación
profunda de nuestro sistema educativo, que salde el déficit de calidad
histórica que arrastramos y que está vaciando de contenido los aspectos
más progresistas de la reforma, convirtiéndola en inviable y reduciendo
todos los objetivos a una mera modernización de carácter light del
sistema en curso.
Siete razones avalan esta propuesta, señor Miranda (Risas.), y le prometo
que en medio segundo acabo: coherencia, exigencia legal, federalismo,
viabilidad, oportunidad educativa, respeto al sentir ciudadano, y aprecio
por la educación.
Termino, señorías, negando que se quieran administrar algunos silencios o
la posibilidad de razones inconfesables sobre la discrepancia de algunos
grupos con esta iniciativa por razones, insisto, inconfesables. Decirles,
en tono moderado pero con firmeza absoluta, que tratar de acallar,
rechazando la LIP, las voces que demandan cultura y educación, no podrá
hacerse sin caer en una tremenda responsabilidad ante la sociedad,
factura que espero, por el bien de este país, sea abonada en las urnas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
doña María Jesús.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente
para aceptar a trámite la iniciativa legislativa popular auspiciada por
el Sindicato Comisiones Obreras y apoyada por un conjunto muy amplio de
la comunidad educativa de nuestro país.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere significar que es un día muy
importante, un día muy relevante, porque es la primera vez que el
Parlamento tiene ocasión, de una manera muy plástica, de acoger en su
seno una iniciativa que viene directamente de amplios sectores de la
ciudadanía. En este sentido, por sensibilidad, por respeto a los 625.000
españoles y españolas que en cuatro meses han remitido a esta Cámara la
propuesta muy seria y muy clara de que el Parlamento se ocupe de la
financiación del sistema educativo público de nuestro país, nuestro grupo
parlamentario ha estudiado, ha estimado y va a votar favorablemente esta
iniciativa.
Queremos dar algunas otras razones que nos parecen de peso, que nos
parecen muy importantes. Otra razón ha sido la recomendación explícita
del propio Consejo Escolar del Estado. El 5 de julio pasado, el Consejo
Escolar del Estado consideró que, a pesar del esfuerzo presupuestario, el
gasto público en educación no es todavía suficiente en España,
especialmente si se tienen en cuenta las transformaciones previstas en la
implantación de la reforma. En ese sentido, instaba al Parlamento, a los
grupos políticos de la Cámara y al propio Gobierno a que hicieran un
esfuerzo adicional de dotación de recursos públicos en la educación,
preferentemente --y utilizo sus palabras-- en la educación pública.
Además, anunciaba que sería insoslayable, y es el término que utiliza el
Consejo Escolar del Estado, que nos ocupásemos en el Parlamento de la
consideración, del estudio, del debate de la iniciativa legislativa
popular, que tiene como objetivo dotar al sistema educativo español de un
presupuesto suficiente para hacer de él un sistema educativo homologable.
La tercera razón por la que mi grupo va a apoyar favorablemente esta
iniciativa legislativa popular es la más importante y deriva directamente
del cambio radical de escenario que se ha producido en unos cuantos
meses. Si los presupuestos de los años 1996 y 1997 hubieran seguido las
pautas que el presupuesto nacional y regionales de educación han seguido
en nuestro país desde los primeros gobiernos democráticos, es decir, de
crecimiento sostenido del presupuesto de educación, aun en años de
recesión económica, hubiéramos podido considerar tal vez la no necesidad
de discutir hoy esta iniciativa legislativa popular. Pero, naturalmente,
el escenario ha cambiado de una manera significativa, y la razón
fundamental de nuestro decidido apoyo a esta iniciativa legislativa
popular la ha dado el propio Gobierno con el argumento más sólido que ha
remitido a esta Cámara, que es su propuesta de presupuestos. Los
presupuestos para el año 1997 significan un recorte sin precedentes para
la educación pública de la mitad del sistema educativo español. El
Gobierno actual ha demostrado una debilidad en su seno, una falta de
voluntad política para mantener una tendencia histórica de crecimiento
del presupuesto de educación que nos parece ciertamente muy preocupante.
La segunda decisión que tomó el actual Gobierno fue el recorte en la
educación pública de mayo pasado. La siguiente decisión que ha tomado en
educación ha sido el incumplimiento del acuerdo firmado con los
sindicatos mayoritarios del sector, para garantizar las mejoras en la
calidad de la enseñanza y mejora de la calidad de las condiciones de
trabajo del cuerpo de maestros. La tercera decisión que ha tomado en
educación, en pocos meses, ha sido dictar la circular de comienzo de
curso, que va directamente a reducir los criterios de calidad que la
Logse establece para el conjunto del sistema. Y la cuarta decisión ha
sido los presupuestos para educación del año 1997.
Más allá de crecimientos o decrecimientos, cual es el caso, singularmente
los recortes en inversiones en educación primaria y secundaria, del 30 y
el 44 por ciento respectivamente, los recortes en los gastos de
funcionamiento de los centros públicos, del 12 y el 20 por ciento
respectivamente, la congelación del programa de becas, la congelación de
los programas de educación compensatoria, la congelación de todos los
programas que tienen que ver con criterios de calidad para el sistema
educativo en general, y, de manera muy concreta, para la educación
pública de este país.
Unos presupuestos que, además (y esta es otra razón por la que entendemos
que hoy debe ser un buen día para debatir sobre el futuro de la educación
y puede
ser esta una ocasión propicia), hipotecan las transferencias de esta
mitad del sistema que se han de producir en enero de 1998. Hipoteca
transferencias, ahonda nuestras diferencias con respecto a otros países
europeos, y ahonda diferencias en el conjunto del sistema educativo
español, porque otros presupuestos regionales de comunidades con
transferencias y con competencias plenas en educación, sí incrementan sus
presupuestos para el año 1997, todas sin excepción, en porcentajes que
van del 2,5 al 10,4 por ciento. Sería necesario --es la voluntad de
nuestro grupo-- que hoy aprovechásemos la ocasión que nos brindan
centenares de miles de españoles que han remitido una iniciativa popular
a su casa, que es el Parlamento, para alcanzar un pacto por la educación,
un acuerdo político por el que vamos a apostar todos, más allá de
coyunturas políticas y de coyunturas electorales, por garantizar un
sistema educativo homologable, con una dotación de recursos suficiente
para la aplicación de la Logse durante los próximos seis, ocho años; un
acuerdo político que tiene precedentes: comunidades autónomas, con y sin
transferencias, alcanzaron en su día un acuerdo político para garantizar
una evolución razonable, equilibrada, homologable del Sistema Nacional de
Salud, un acuerdo nacional que hace posible que incluso para el año 1997
el presupuesto de sanidad haya evolucionado de forma automática, y deriva
de un acuerdo político alcanzado por las fuerzas que hoy están en esta
Cámara. De manera que no hay vulneración de competencias autonómicas, no
hay posibilidad de argumentar en contra de que pudiéramos alcanzar aquí
un acuerdo político para decir a los ciudadanos que nos vamos a ocupar en
serio de la educación, que vamos a garantizar el desarrollo ordenado,
suficiente y homologable de nuestro sistema educativo, porque hay
voluntad política de alcanzarlo.
Nuestro grupo estima también que esta sería una buena ocasión para hacer
lo propio con el sistema público universitario. En el contexto del debate
que pudiéramos abordar, si se aceptara a trámite por la mayoría de los
grupos políticos o por la totalidad de todos ellos, que sería lo
razonable, sería una buena ocasión para discutir a fondo cómo el
Parlamento, mediante un consenso general, puede dotar al conjunto del
sistema público universitario, que es posible sin vulnerar transferencias
ni competencias autonómicas, de un sistema de financiación homologable,
automático, transparente, objetivo, para que todo el conjunto de los
ciudadanos tengan las mismas posibilidades.
Solicitamos, por tanto, el apoyo de los grupos de la Cámara, el apoyo de
los grupos políticos que apoyaron la Logse y a los grupos políticos que
no la apoyaron, a todos. La ocasión que nos brinda hoy la iniciativa
legislativa popular es única, y, además, nuestro grupo entiende que
tenemos la obligación de escuchar, no solamente las recomendaciones que
he dicho hasta ahora, sino de escuchar a padres, a estudiantes, al
consejo escolar, a claustros de profesores, a confederaciones de padres,
a sindicatos de profesores, a parlamentos regionales que han votado
mociones, como el Parlamento aragonés, por unanimidad, exigiendo que no
haya recortes en educación pública, en el caso de Aragón, a consejeros
que han de recibir las transferencias en educación dentro de doce meses y
que han dicho que tiene que haber una garantía de financiación suficiente
para la educación en sus respectivos territorios y, por último...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Romero, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ROMERO GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
...y, por último, a los propios ciudadanos, de los que más de una cuarta
parte en este momento, señorías, piensa que el Gobierno actual hace una
mala gestión, y un 56 por ciento piensa que gasta demasiado poco en
educación. Un pacto político que es condición necesaria, pero no
suficiente. Hoy podríamos abrir la puerta a un debate político sobre la
financiación de la Logse, y luego deberíamos seguir hablando de los
aspectos cualitativos de esta importantísima ley. De manera que condición
necesaria, pero no suficiente. Es la gran ocasión para enviar un mensaje
positivo a los ciudadanos de que este Parlamento unánimemente apuesta de
manera decidida por su educación, que garantiza un desarrollo
homologable, suficiente de la Logse, del sistema público universitario,
del sistema educativo en su conjunto durante los próximos seis, ocho
años.
Ese sería, desde nuestro punto de vista, el auténtico pacto por la
educación que proponemos hoy aquí con ocasión del debate de esta
iniciativa legislativa popular; un pacto por la educación que debería
servir para colocar la educación en el lugar que le corresponde, ni más
ni menos, que es un lugar preferente, como hacen la mayoría de los
gobiernos de los países de nuestro entorno y de más allá de nuestro
entorno.
Señorías, aceptar a trámite esta iniciativa legislativa popular sería el
primer gesto --y el que seguramente más nos agradecerían los ciudadanos--
de que estamos caminando por la vía correcta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Romero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Guerra Zunzunegui
tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor Presidente, sean mis primeras
palabras para felicitar a los autores de este proyecto de ley que han
recogido, con esfuerzo sin duda, más de seiscientas mil firmas y que, en
definitiva, han hecho lo que expresa nuestra Constitución en el artículo
87.3 y, por tanto, quiero
aquí reiterar, en nombre del Grupo Popular, nuestra felicitación. Nuestra
felicitación doble porque, además, han escogido un tema, el de la
educación, que indudablemente todos los grupos políticos coincidimos en
considerar como básico para las futuras generaciones y para el desarrollo
del país, así como para la igualación social.
Dicho esto, tengo que indicar a los que redactaron y formularon esta
iniciativa que, quizá porque se presentó en diciembre de 1993 --aunque
luego, por la tramitación correspondiente, se tuvieron que recoger las
firmas, etcétera--, ha quedado realmente en gran parte anticuada o por lo
menos desfasada con lo que es la aplicación de la Logse. Sus señorías
conocen que la aplicación de la Logse, aunque retrasada, tiene como tope
el año 2000, pero quizás haya incluso --pero esto será cuestión de
futuro-- que retrasarla al 2001 ó 2002, pero no es tema de hoy.
Lo que sí quiero indicar es que, al presentarlo en diciembre de 1993, nos
encontramos con que, por ejemplo, dan un plazo de ocho años. Si
aprobásemos hoy esta proposición de ley, serían ocho años a partir de hoy
y pasaríamos al año 2005.
Por otra parte, el plan a elaborar es insuficiente y además --y aquí lo
han resaltado algunos de los representantes de los grupos de diferentes
autonomías-- entramos en competencias que son de los entes autonómicos.
Así, por ejemplo, en el tema de universidades, sobre el que prácticamente
están transferidas todas las competencias --la última que falta, de
Baleares, está simplemente pendiente de firmar por parte del Ministerio--
a las autonomías, tendríamos que ir a un sistema homogéneo de
financiación, cosa que iría en contra de la autonomía de las
universidades.
Por otro lado, indican --y es loable-- que se pretende igualar la
inversión en educación con la media del producto interior bruto de los
países de la Unión Europea. Quiero decir aquí que los últimos datos, al
menos los últimos publicados a nivel español, aunque son de 1991, se
reflejan por el Consejo Escolar en su último informe y decían que España
está en el 4,5 en 1991, y ahora está en el 4,7; países como Alemania e
Italia están por detrás de nosotros, y algunos países, como Países Bajos
y Bélgica, están por encima, con el 5,4 y el 5,6, porque, como conocen
perfectamente SS. SS. --y es así-- las inversiones en esos países se
realizan mediante la fijación de una cantidad por alumno que se da
exactamente igual en la pública que en la concertada. Por tanto, nos
vamos acercando en lo que respecta al PIB, pero es motivo de preocupación
para el Gobierno. Además, anuncio que, junto a nuestra posición de votar
en contra, por las razones que estoy dando, el Gobierno presentará,
seguramente en el próximo período de sesiones, una iniciativa con objeto
de que esta Cámara estudie el modo de irnos acercando a la media del PIB
o incluso por encima en la inversión de la educación.
Dicho esto, aunque intervengo en turno de fijación de posiciones, como
algunos de los intervinientes más que fijación han efectuado un turno más
amplio, tengo que agradecer sus posiciones a cuantos han intervenido,
tanto del Grupo de Convergència i Unió como del Grupo Vasco y de
Izquierda Unida. Lo que ya me ha extrañado --y lo tengo que decir con
toda sinceridad-- es la posición del Grupo Socialista. Porque, claro, la
Logse fue acompañada, en su tramitación parlamentaria, de una memoria
económica en la que se establecían una serie de objetivos y sus
respectivos compromisos presupuestarios. En esta memoria se fijaba un
calendario para la implantación de la reforma, que culminaba entonces en
1998, si bien posteriormente se ha alargado hasta el año 2000. La memoria
económica establecía un monto de 548.000 millones de pesetas para el
territorio de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia y un billón
317.000 millones entre 1990 y 1997. Pero es que, además, el proceso de
transferencias de las universidades a las comunidades autónomas, como he
dicho antes, ya se ha efectuado y éstas, en el ejercicio de su autonomía,
deben establecer su modelo de financiación. Así, el artículo 4.º de la
proposición sería de difícil aplicación en enseñanzas universitarias.
Pero, además, las medidas incluidas en el artículo 5.º están siendo
llevadas a la práctica en la medida en que lo permite la dotación
presupuestaria. Así, la dotación de especialistas de música, de educación
física, de idioma extranjero, en todos los centros de primaria ya está
cubierta en el 90 por ciento de los centros. También, la creación de
nuevos centros, adaptación de los ya existentes (medida inevitablemente
afectada por los recortes presupuestarios), ampliación de servicios tales
como el comedor escolar, que pasa de 162.700 a más de 205.000 comensales,
etcétera. Además, la Comisión de Coordinación del Consejo de
Universidades y las conferencias que periódicamente se celebran con los
consejeros de educación de las comunidades, aseguran la participación y
la coordinación que pretende la proposición de ley.
En coherencia con lo anteriormente expuesto, la proposición de ley de
iniciativa popular sobre financiación del sistema educativo no parece
adecuada desde el punto de vista político-legislativo, ni parece tampoco
oportuna, dado que, por una parte, se han ido cumpliendo los compromisos
marcados por la normativa y, por otra, porque son los Presupuestos
Generales del Estado los que deben establecer la financiación anual de la
educación.
Señoras y señores Diputados, señor Presidente, lo que acabo de leer sería
un plagio si dijera que esto ha sido de este Diputado o del Grupo
Popular. Este ha sido el informe que en 1995 se hizo en el Ministerio por
el anterior Ministro; mejor dicho, por don Juan Fernando López Aguilar,
jefe del gabinete del Ministro, respecto de esta proposición de ley, que
no ha sido variada en absoluto. Por tanto, cualquier disculpa en estos
momentos por el presupuesto de 1997 o por cualquier otro motivo nada más
demuestra cómo el Partido Socialista, cuando está en la oposición, cambia
180 grados y no defiende la misma postura que cuando estaba en el
Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia).
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de iniciativa popular reguladora del marco de la
financiación del sistema educativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 150; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley de iniciativa popular referida.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD
(Número de expediente 122/000018)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL
EN MATERIA DE NACIONALIDAD (Número de expediente 122/000048) El señor
PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
Proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación del Código Civil en
materia de nacionalidad, y del Grupo Socialista, sobre modificación del
Código Civil en materia de nacionalidad.
Al tener, como se deduce de su enunciado, el mismo objetivo, vamos a
acumular el debate, comenzando por la exposición y defensa de la toma en
consideración de la proposición del Grupo de Izquierda Unida, a cuyos
efectos tiene la palabra la señora Almeida. (Rumores.) Señorías, les
ruego que guarden silencio para que pueda continuar el desarrollo de la
sesión. Señor Zabalía, señora Cunillera, les ruego que guarden silencio o
abandonen el hemiciclo. Señor Posada.
Cuando quiera, señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, antes hemos debatido la primera iniciativa
popular, que tristemente no ha llegado a buen puerto a pesar de que todo
el mundo ha dicho que era un día importante en la Cámara, pero también
hoy es un día importante porque se celebra el día internacional de los
derechos humanos, porque celebramos un aniversario más de aquella
declaración de derechos humanos.
Quizá la proposición de ley que plantea hoy el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene que ver también con otra
versión más moderna, pero tan intensa, de los derechos humanos. Quizás
tengamos que ir reformando las leyes para que aquellos derechos que
declaramos como universales tengan de verdad la universalidad que merezca
considerar a las personas de otra forma de como se las considera hoy en
nuestro país, y que vayamos cambiando nuestra mente nacional por un
espíritu mucho más universal, casi el que inspiró aquella declaración, a
la hora de considerar también nuestra propia declaración de nacionalidad.
La verdad es que nuestro país ha cambiado, como ha cambiado el mundo. De
ser un país que se centraba y se cerraba en los nacionales que nacían
aquí de padres y madres nacionales, de ser un país de emigración donde la
gente se iba para buscar una oportunidad, hoy se está convirtiendo
también en un país de inmigración, al que mucha gente viene a buscar esa
oportunidad. Viene gente por muchas causas; sin embargo nuestras leyes,
que recogen los derechos que les dan a los nacionales, siguen estando un
tanto encerradas en nosotros mismos en vez de abrirse a la universalidad,
a la diversidad cultural y a los derechos de los demás a compartir
incluso nuestro territorio, nuestros derechos y nuestros deberes.
Por eso la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
trata de modificar el Código Civil en materia de nacionalidad. Es verdad
que la última modificación se hizo en el año 1995, aunque se refería
exclusivamente a uno de los artículos. Nosotros creemos que la diversidad
que se está planteando en nuestro país requiere un cambio en nuestras
leyes para ampliar lo que antes se consideraba nacional, por el hecho de
ser ius soli, derecho del suelo, de nacer en nuestro territorio, a
aquellas personas que vienen precisamente a compartir ese territorio.
Por la experiencia que tenemos de la gente que está en nuestro país y que
no está incorporada, creemos que se debe modificar la ley ampliando en
unos casos los supuestos para que se tenga derecho para obtener la
nacionalidad sin más trámite, así como reduciendo
los plazos para que se haga merecedor de este derecho a personas, hombres
y mujeres, que vienen a vivir con nosotros. En cualquier caso, ese
derecho a la nacionalidad debe ser reducido en los términos que su
aportación a nuestra convivencia es cada vez más intensa y precisa menos
requisitos para integrarlos en nuestros derechos y obligaciones.
La primera de las reformas que hacemos se refiere, fundamentalmente, a
los nacidos en el extranjero pero de padres originariamente españoles.
Creemos que a ellos se les debe dar la consideración de españoles sin más
trámites. Así, en el artículo 17 incorporamos que son españoles de origen
a los que ya existían en el apartado b), es decir, a los nacidos en
España de padres extranjeros, siempre que al menos uno de ellos resida
habitualmente o hubiera nacido en España. La modificación que hacemos es
la de residir habitualmente en España. Y en el apartado e) añadimos: los
nacidos fuera de España de padre o madre que originariamente fueran
españoles.
Pero donde creemos que se debe hacer un intenso esfuerzo, porque es donde
de verdad modificamos la situación real de muchísimos extranjeros en
nuestro país... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Almeida.
Señor Hernando, señor Sánchez i Llibre, señorías, vuelvo a llamarles al
orden. Apenas se puede escuchar la intervención de la señora Almeida si
siguen SS. SS. despachando en el hemiciclo. Sus señorías saben muy bien
que pueden hacerlo en los despachos que tienen en este palacio o incluso
en el pasillo. Lo saben SS. SS. y lo debe saber el público. Así que no
hace falta que estén en el hemiciclo, pero ruego a quien permanezca en él
que respete al orador. Continúe.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Es verdad que en el artículo 22 proponemos una reforma bastante
importante en el sentido de que se puede obtener la nacionalidad por
residencia en el plazo de diez años sin ningún otro requisito, y lo
aclaramos, porque hasta ahora la residencia tenía que ser considerada
legal y continuada. Cuando venía hoy hacia el Congreso estaba escuchando
la radio en el coche y sabía que estaban concentrados unos representantes
de las organizaciones de inmigrantes en el Ministerio del Interior con
unas velas celebrando este día porque decían que ningún ser humano podía
ser considerado ilegal. Yo quiero decir que nosotros no podemos
considerar ilegal a nadie de los que estén aquí, aunque no hayan cumplido
los requisitos y por no haber obtenido trabajo, por no tener una forma
realmente reconocida de estar en nuestro país, pero al llevar diez años
en nuestro país entendemos que deben tener los derechos y las
obligaciones de todos los españoles. Por tanto, pedimos diez años sin
ningún otro requisito, cinco años --y es la rebaja que se hace frente a
la legislación actual-- si esta residencia es legal y continuada, y dos
años cuando se trate de personas que hasta ahora siempre enunciábamos de
países iberoamericanos, de Andorra, de Filipinas, teniendo un poco en
cuenta la diversidad cultural de nuestro propio país, que le ha dado
derecho a obtener esta nacionalidad en un plazo más breve por las
vinculaciones históricas o lingüísticas. En ese sentido, en vez de como
lo hace la ley en vigor, nosotros nos referimos a los que sean nacionales
de origen de países o territorios de lengua castellana, catalana,
galaico-portuguesa o vascuence, o miembros de etnias o colectividades en
que se dé la misma circunstancia, o descendientes de moriscos o de
sefardíes, que también estaban en la legislación actual, pero entendemos
que precisamente por la vinculación con la cultura de nuestro país se
debe ampliar a los descendientes de los moriscos. También decimos que
bastará el tiempo de residencia de un año, e incluimos algún caso que,
aunque parezca mentira, también se está dando. Alguno de los extranjeros
que vienen a trabajar y que consiguen los permisos de trabajo y de
residencia han sufrido o sufren invalidez permanente o accidentes de
trabajo que les impiden trabajar, y debido a esa circunstancia no pueden
alcanzar la nacionalidad por no tener el plazo de tiempo requerido para
obtener el permiso de trabajo. Nosotros incluimos un apartado que dice
que el que hubiera obtenido una prestación de invalidez permanente como
consecuencia de enfermedad profesional o accidente de trabajo contraída o
acaecido respectivamente en territorio español, siempre que lleve un año
de permanencia en nuestro país, tiene derecho a obtener la nacionalidad.
Otro de los temas que nos preocupan, y que es importante a la hora de
formular nuestra propia ley de nacionalidad, es lo que disponía el
artículo 23 del Código Civil, que era precisa la renuncia a otra
nacionalidad. Parece que nosotros regulamos aquí y obligamos a regular a
todos los nacionales de otros países a los que les damos la nacionalidad,
porque cada país puede decir que a sus nacionales de origen no les quita
nunca la nacionalidad y, sin embargo, nosotros les exigimos que tengan
que renunciar a ella. Nosotros creemos que obtener la nacionalidad es el
derecho que el Estado español ofrece y no la obligación que quiere
imponer a otros Estados con respecto a sus nacionales. Nosotros le
pedimos unos requisitos, y en base a esa generosidad lo único que decimos
en el artículo 23 es que la persona que obtenga la nacionalidad declare
expresamente su deseo de adquirir la nacionalidad española.
El artículo 24 siempre ha tenido una confusa redacción en el Código
Civil, porque incluso permitía que los españoles emancipados que se
fueran a vivir al extranjero perdieran su nacionalidad. Nosotros creemos
que eso choca frontalmente con la Constitución española, con el artículo
11.2, en el sentido de que ningún
español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Entendemos que
esa debe ser la única expresión y que no se deben dar los supuestos que
hoy se prevén en el artículo 24.
Es verdad que también facilitamos en nuestra proposición de ley la
recuperación de la nacionalidad, excepto en los casos que hayan sido
consecuencia de las leyes o de sanciones penales, que se hará por los
trámites que exige la ley. Sin embargo, la persona que la haya perdido
por causa que no sea legal no tendrá que volver a iniciar los trámites de
recuperación. Bastará simplemente con la manifestación expresa de su
deseo de recuperarla. El hecho de agilizar estos trámites creemos que
ahorra un montón de problemas. Muchas veces nos hemos preguntado aquí de
dónde van a venir las nuevas generaciones, quién va a pagar nuestros
derechos, nuestras pensiones, quién va a venir a trabajar con nosotros.
Parece que el mundo se acaba si no promocionamos la natalidad española en
los límites que se quieran. Hay mucha gente que quiere venir a estar con
nosotros, a compartir nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras
obligaciones, y nosotros tenemos que dar ese paso y complacer su deseo
otorgándoles la nacionalidad. Estamos haciendo un mundo cada vez con
menos fronteras, lo que hace que nuestra sensación de nacionales tenga
mucho que ver con ampliarlo a la diversidad y a la cultura, lo que está
ocasionando problemas. Sin embargo, nosotros creemos que debe generar
riqueza en nuestro país. Por eso queremos modificar la ley.
Es verdad que esta proposición de ley viene acompañada por otra que
presenta el Grupo Socialista. Es un poco copia, pero no lo vamos a decir
porque todo el mundo tenemos derecho a presentar iniciativas. Disentimos
en alguno de sus aspectos, pero en la formulación que hace de la
exposición de motivos podemos coincidir. Es verdad que en algunas cosas
no estamos de acuerdo. Habría sido posible si hubiéramos generado un
amplio debate, que esperamos se haga en el caso de que se tome en
consideración. Algunas cuestiones de las que prevé podríamos discutirlas.
En otras no estamos de acuerdo. Incluso las consideramos más apocadas
para el momento en que vivimos y creemos que nuestra proposición de ley
es superior a la suya, no solamente en consideración a los nacionales que
quieren serlo sino también en su regulación. El hecho de no exigirles hoy
que promuevan una conducta cívica o que acrediten, cuando ya no es
necesario, esa conducta es algo que se constata por el deseo y no por
unos certificados de las autoridades.
En cualquier caso, desde la posición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a apoyar la toma en consideración
también de la proposición de ley del Grupo Socialista porque estamos
seguros de que luego en la discusión no saldrá una ley ni del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ni del Grupo Socialista. Si se
toma en consideración saldrá una ley consensuada por todos los grupos,
que la discutiremos, la mejoraremos, pero en cualquier caso mejoraremos
la situación de convivencia, mejoraremos la situación de legalidad y,
sobre todo, la universalidad de los derechos que hoy celebramos y que no
afectan en muchos casos a algunos que todavía les llamamos
despectivamente ilegales. Creo que no hay más ilegalidad que la de no
tener derechos. Hoy, en el día de la Declaración de los Derechos Humanos,
ojalá pudiéramos aportar como un derecho humano más abrir las puertas de
nuestro territorio y de nuestra nacionalidad a todas estas personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de la proposición de ley, tiene
la palabra el señor Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Socialista ha presentado una proposición de ley en
una materia tan sensible como es la regulación de la nacionalidad. En
primer lugar pretendo indicar la conveniencia, la necesidad de la toma en
consideración de esta proposición de ley, sin perjuicio de que en el
trámite de enmiendas pueda ser discutida y pueda, por qué no, ser
mejorada y en su caso modificada.
La realidad de nuestro país en las últimas décadas es que, frente a la
tremenda emigración, se ha producido no sólo el retorno de españoles que
estaban en el extranjero sino un flujo importante de inmigración. Nuestra
legislación tradicionalmente se ha guiado, en materia de adquisición de
la nacionalidad, por el ius sanguinis, y es hora ya de dar algún paso y
tener en cuenta también el ius soli, para corregir numerosas situaciones,
a nuestro juicio injustas, y para atender necesidades reales que se están
produciendo en nuestro país.
El Consejo General de la Emigración, que es el órgano de participación
donde están representados los emigrantes e inmigrantes, junto a
sindicatos, empresarios y la propia Administración están muy pendientes
de esta proposición de ley. A mi juicio, habrá que dar argumentos muy
contundentes para no ser tomada en consideración esta proposición, sin
perjuicio, insisto, de que pueda ser mejorada.
Resumo el contenido de la proposición de ley en el sentido, como decía,
de la potenciación razonable, que no absoluta, del ius soli; del no
exigir la renuncia a la nacionalidad propia para adquirir la española; de
la reducción de términos para adquirir la nacionalidad; de incluir dentro
del tratamiento de los países privilegiados --entre comillas--, en las
fórmulas de adquisición y recuperación de la nacionalidad, a los países
de la Unión Europea a los que nos unen vínculos históricos de mayor o
menor intensidad, pero también y sobre
todo un proyecto sociopolítico y económico de futuro común.
Finalmente --y me adelanto porque se nos dirá por qué el Grupo Socialista
presenta ahora esta proposición y no lo hizo cuando estaba gobernando; se
hicieron determinadas reformas en 1982, en 1990 y la última en 1995-- es
una situación a la que hay que ir dando respuesta puntualmente, y quizás
dentro de pocos años haya que hacer una nueva reforma, por qué no. Hay
que mirar el futuro y no sólo el pasado. Además, justifico nuestra
proposición de ley y la bondad de la misma en que no es algo improvisado
sino que ya lo llevábamos como compromiso en nuestro propio programa
electoral. Los señores del Partido Popular deberán argumentar algún
cambio de posición en intervenciones muy recientes, como la del mes de
noviembre del año 1995, cuando modificamos el artículo 26, que se refería
exclusivamente a la no exigibilidad de la residencia para obtener la
recuperación de la nacionalidad perdida. Decían, y consta en las actas,
que era algo históricamente reivindicado. Si hoy no van a tomar en
consideración esta proposición de ley, supongo que nos justificarán este
cambio de postura.
Señorías, me voy a permitir hacer un escueto resumen de las
modificaciones concretas que, con este hilo filosófico conductor de
nuestra proposición de ley, pretendemos llevar a cabo en el Código Civil.
En el artículo 17 decimos, en coherencia con la potenciación razonable
--insisto, razonable-- y responsable del ius soli, que se conceda la
nacionalidad de origen a los que nazcan en España, hijos de emigrantes,
si al menos uno de ellos tiene la residencia legal. Digo legal, no
habitual.
En el artículo 22 pretendemos la disminución de diez años de residencia
general por cinco años, siempre --insisto-- siendo legal, continuada e
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, porque ya es
reiterada y mayoritaria la doctrina que nos indica que el arraigo en una
sociedad no necesita de un tiempo tan largo como el que actualmente
recoge y regula nuestro Código Civil y porque cinco años actualmente es,
aproximadamente, la media en que los países de nuestro entorno europeo
tienen regulada esta materia. Asimismo proponemos la reducción de cinco a
dos años para los asilados y refugiados, en consonancia con lo que
mandata la Convención de Ginebra del año 1951: facilitar a estos
colectivos la adquisición de la nacionalidad. Ya dábamos un tratamiento
privilegiado en España con los cinco años en relación a los diez de la
legislación general. Al reducir ahora los cinco de la general en nuestra
proposición planteamos que asilados y refugiados puedan obtenerla en dos
años.
Igualmente, y es otra modificación importante, solicitamos la inclusión
de los países de la Unión Europea. Creo que necesita poco comentario la
conveniencia de que sean incluidos junto a los países iberoamericanos,
Guinea Ecuatorial, Andorra, Portugal, que entraría dentro de la Unión
Europea, Filipinas y sefardíes.
En el artículo 23, referente a los requisitos comunes para adquirir la
nacionalidad, ya sea por opción, carta de naturaleza o residencia, se
exigía que la persona declarara su renuncia expresa a la nacionalidad que
ostentara en ese momento. Proponemos su supresión y de esta forma, entre
otras cuestiones, daremos solución definitiva al problema de los
brigadistas, porque si bien es cierto que por Decreto 36/1996, de 19 de
enero, les fue concedida la nacionalidad por carta de naturaleza, no es
menos cierto, por imperativo legal, que la redacción del artículo 23.a)
del actual Código Civil exigía, para poder culminar ese proceso, la
renuncia a la nacionalidad propia.
En cuanto al artículo 24, sobre la pérdida de la nacionalidad española,
apunto ya una pequeña discrepancia con la interpretación de Izquierda
Unida. Hablamos de pérdida, no de privación. El artículo 11.2 de la
Constitución española recoge que ningún español de origen podrá ser
privado de su nacionalidad, pero, claro, salvo lo dispuesto por las
leyes. Aquí hay un acto de voluntad, y es una pérdida y no una privación
por sanción, posibilidad que viene recogida en el artículo 25. En este
precepto lo que sí pretendemos es que dentro de la situación
privilegiada, para no producirse esta pérdida por adquirir otra
nacionalidad, se incluya también a los países de la Unión Europea.
El artículo 25, señorías, del actual Código Civil, en su apartado 1.a)
nos indica la necesidad imperativa de esta reforma. ¿Cómo vamos a
justificar la existencia del artículo 25.1.a) del Código Civil, en
regulación de materia de nacionalidad, que dice que el español podrá ser
privado de la misma en función de sentencia penal firme, cuando ha
entrado en vigor el Código Penal el día 23 de mayo del año actual al
aprobar la Ley Orgánica 10/1995, en el mes de noviembre, donde los
artículos 27, 34 y 141 que recogían esta posibilidad han sido suprimidos?
Por consiguiente, tiene que desaparecer porque ya se ha producido una
supresión tácita de este precepto y es obligatoria su corrección.
Finalmente, en cuanto a la recuperación de nacionalidad en el artículo 26
solicitamos, en coherencia --y aquí vamos a coincidir también con el
Grupo Popular--, que no se exija la residencia legal. Estamos hablando no
de adquisición, sino de recuperación, y la regulación actual, además de
que exime de tal requisito a los emigrantes e hijos de emigrantes, en los
demás casos es dispensable por el Ministerio de Justicia e Interior. Este
es otro pequeño matiz. Justicia e Interior es lo que recoge el texto
legal. Parece ser que existe actualmente --y esto deviene de los últimos
meses-- un Ministerio de Interior y formalmente también --al menos
formalmente, no sé si materialmente-- un Ministerio de Justicia. Habrá
que llevar a cabo una proposición de ley que corrija estas deficiencias
técnicas no anteriores, sino producidas en el vigente año de 1996.
Ustedes sostenían esta tesis permanentemente, a lo largo de los años, y
espero que hoy sean coherentes y la apoyen. Igualmente, en coherencia y
en relación a la no exigibilidad de renuncia para adquirir la
nacionalidad, si recuperarla tiene que ser menos riguroso, porque es de
alguien que ya la ha tenido, solicitamos y proponemos que también se
suprima el requisito de la renuncia en este supuesto de recuperación del
artículo 26.
En cuanto a las disposiciones transitorias planteamos que esta
proposición de ley, si se convierte en ley, sea aplicable en los
expedientes que se encuentren en tramitación, así como el derecho de
opción para quienes pudieran acceder a la nacionalidad en virtud de
origen, en virtud del nuevo artículo 17 en la redacción que pretendemos,
y solicitamos también, al ser una materia sensible, con muchos
expedientes en marcha, una vacatio legis de tres meses.
Brevemente, respecto a la proposición de ley de Izquierda Unida, vaya por
delante que compartimos buena parte de la filosofía de la misma, sobre
todo en aquello que se refiere a la reducción de plazos, a la ius soli, a
exigir algunos requisitos menos y a centrarnos de verdad en la realidad
social que tenemos, sin dar la espalda a problemas muy concretos que
existen. Supongo que entraba dentro de la cortesía parlamentaria y que
tenía buena intención cuando ha manifestado que nuestra proposición de
ley es una copia de la de Izquierda Unida. Permítame la licencia de decir
que la nuestra es distinta y bastante mejor técnicamente. No era mi
intención, ni lo voy a hacer, evidenciar algunos errores que no
cambiarían el fondo de la cuestión y que estaríamos dispuestos a
concretar, corregir y mejorar, en su caso, en el trámite de presentación
de enmiendas. Por ejemplo, en la adquisición de origen no recoger la
residencia legal cuando uno de los residentes al menos, hijo de
emigrantes, esté en España podría dar lugar a situaciones no deseadas. Al
hablar de que se conceda la nacionalidad de origen a los que son hijos de
algunos que en su día fueron españoles sin exigir un año de residencia,
que tiene actualmente en el artículo 22.1.f) un tratamiento privilegiado,
estaríamos adjudicando por ley una nacionalidad de origen a alguien que
puede estar desvinculado, a su hijo, a su nieto, y que no manifieste
mínimamente una voluntad de adquirirlo. Ya tiene un tratamiento
privilegiado que nos parece acertado y correcto. Cuando habla del tema de
la invalidez permanente, ¿en cuál de sus grados: parcial, total,
absoluta? Porque tiene efectos jurídicos distintos. ¿En todas? ¿Por qué
no cuando se trata de accidente tráfico, por ejemplo, si concurren las
mismas circunstancias sociológicas, y sólo en el laboral? ¿Quién es el
organismo competente para la declaración de invalidez: la Seguridad
Social alemana, la española? Son varias cuestiones. Imaginemos qué puede
ocurrir por no exigir un tiempo de residencia continuada, inmediatamente
anterior, en el caso general de los diez años. Supongamos el caso de
alguien que está en prisión y por eso un extranjero adquiere la
nacionalidad española. Seguro que eso no es lo que se pretende en la
proposición de ley. O en cuanto a los cinco años, el caso de alguien que
tuvo residencia legal durante ese tiempo pero no inmediatamente antes de
la fecha de la solicitud; por ejemplo, alguien que estuvo en Torrejón de
1965 a 1970 y no tiene más vínculo, ¿le concedemos la nacionalidad?
En fin, coincidimos en algunas cuestiones. Insisto en que no quiero ser
agrio con esta proposición de ley, todo lo contrario, aunque
evidentemente es mejorable, y supongo que la nuestra también. Pero si
analizamos artículo por artículo vemos que no es una mera copia; hay
discrepancias importantes, suprimimos lo del Código Penal, etcétera.
En definitiva, entendemos que la proposición de ley del Grupo Socialista
tiene la bondad suficiente y la necesidad social indispensable para ser
tenida en consideración. Y que no se nos alegue, supongo que se hará, que
por qué proponemos ahora algo que no se hizo antes. Porque es una materia
de permanente cambio y siempre quedarán cosas por hacer.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.
¿Algún grupo consumir un turno en contra de las proposiciones de ley?
(Pausa.) Fijación de posición entonces. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, muchas gracias.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para fijar la posición respecto
a la toma en consideración de las proposiciones de ley, acumuladas, sobre
modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. Considerando mi
modesta aportación en el sentido de valorar como más completa la
iniciativa presentada por el Grupo Socialista, nuestra posición es de
apoyo a la toma en consideración de estas proposiciones presentadas por
el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida, pero valorando
--digo-- más positivamente, aun siendo mejorable, la iniciativa del Grupo
Socialista. En el fondo de ambas proposiciones está el intento de
impulsar la integración y creo que es positivo. En este sentido, y sobre
todo porque la realidad social de nuestro país así lo aconseja, creo que
es importante ahondar en esta modificación que nos propone el Grupo
Socialista.
Entendemos que hay que hacer una interpretación del Código Civil en esta
materia desde la flexibilidad y fomentando la integración, la plenitud de
los derechos y de los deberes de los ciudadanos desde el respeto a sus
culturas de origen. Creo que en el espíritu de esta iniciativa está el
favorecer la plena integración de todos aquellos que vienen a nuestro
país por razones distintas
y diversas. Como se señala en el texto de la exposición de motivos del
Grupo Socialista, las reformas llevadas a cabo desde 1982 han seguido una
línea progresiva hacia el favorecimiento de la adquisición de la
nacionalidad española. En esta iniciativa se reducen los plazos generales
de la residencia para adquirir la nacionalidad española establecidos en
la actual regulación, lo que nos parece una medida importante. Unión
Valenciana coincide en la filosofía, en el fondo y en la forma con los
planteamientos que el Grupo Parlamentario Socialista nos propone en el
día de hoy y por eso vamos a apoyar esta toma en consideración.
Aunque parezca una cuestión de forma, sí querría recordar al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que en el
artículo 22 de su propuesta de modificación se señala: «1. Para la
concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya
durado: c) Dos años cuando se trate de personas ... nacionales de origen
de países o territorios de lengua castellana, catalana,
galaico-portuguesa o vascuence, o miembros de etnias o colectividades...»
No entiendo dónde van a incluir a aquéllos de origen valenciano.
Simplemente esto hace que no tenga nuestro apoyo, porque hay grandes
colonias de ciudadanos de origen valenciano que tienen como propia la
lengua valenciana y no sabemos si ustedes los incluirán en el primer
grupo o en las etnias o colectividades. Indudablemente, por respeto a la
legalidad vigente, al Estatuto de autonomía, que en su artículo 7 se
refiere a la lengua valenciana como lengua propia de los valencianos, se
tenía que haber tomado en consideración esta cuestión tan importante,
teniendo en cuenta la colectividades de valencianos de origen tan
numerosas que hay en Argentina y en otros países, a lo largo y a lo ancho
de todo el mundo. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el fondo de la
reforma, pero discrepamos en ese tema, que para usted puede tener poca
importancia pero que para Unión Valenciana es un matiz muy importante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, por parte de
Coalición Canaria queremos hacer las siguientes reflexiones en el momento
de fijar nuestra posición sobre estas iniciativas que el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya nos han presentado.
Qué duda cabe que la Constitución española abrió un proceso dinámico en
reformas del Código Civil. La Ley del régimen anterior, de 1954, y todos
sus antecedentes desde el siglo pasado (caracterizados fundamentalmente
por una especie de inmovilidad y anquilosamiento en un Código en el que,
como el Penal, era muy difícil hacer alguna modificación en profundidad,
salvo alguna puntual de algún articulado) hace que este Parlamento entre
en esa dinámica --que afortunadamente abrió nuestra Constitución-- y
veamos la Ley 51/1982 la primera reforma en serio de nuestro Código
Civil. A eso sigue, pocos años después, la Ley 18/1990. Curiosamente,
aquí hay ya un completo bloque de artículos, que van entre el 17 y el 26,
que son objeto de modificación; así, de aquella Ley de 1982, de la UCD,
entramos en la Ley 18/1990, ya en el Gobierno socialista, donde se tocan
estos artículos. Y qué duda cabe que hay una razón de inquietud, como la
que han expresado los grupos proponentes, para volver a retocar el
paquete de artículos que van del 17 al 26, porque se plantean unas
cuestiones que van a quedar abiertas, pero lo que no parece serio
tampoco, por lo que decía aquí el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista --con el reloj y el cronómetro en la mano--, es que por estar
abierto en un proceso dinámico tengamos que estar modificándolo cada año
o cada dos años porque, como bien ha recordado, la última modificación la
hacemos a finales de 1995. Ahí se hace casi el último retoque con la Ley
29/1995 de algunos artículos del Código Civil. Pero si cada dos años
vamos a estar modificando el Código Civil,... Vamos a buscar una línea de
armonización con lo que verdaderamente tenemos que armonizarnos.
En estas propuestas de iniciativas yo veo que se traen como novedad
cuestiones que, estando abiertas y en discusión, no están cerradas ni lo
van a estar, aunque lo aprobemos ahora, pues tenemos sencillamente que
armonizarnos con la legislación europea, porque o estamos insertos en un
marco jurídico, que es la Unión Europea, para todo lo que va a
condicionar la naturaleza, la nacionalidad de las personas, o estamos
haciendo una cosa extraña, que es salirnos de un cuerpo de doctrina en
Código Civil europeo y empezar otra vez a actuar autónomamente y por
libre, tratando de armonizar conceptos de la nacionalidad que afectan a
los europeos de la Unión Europea, en lo que caminamos hacia una especie
de ciudadanía común, con lo que queremos satisfacer, y es legítimo
también, por supuesto, aunque de solución muy difícil, cuestiones de
nacionalidad relacionadas con territorios, incluso con personas, que
proceden de una época histórica como los sefardíes, que no tienen
absolutamente nada que ver con el contexto en que nos estamos moviendo.
Si de todas formas se hace una enumeración, como se hace en las
iniciativas, de reconocimientos de esta nacionalidad a ciudadanos
originarios, como, por ejemplo, de Guinea, yo me pregunto: ¿por qué los
que han tomado la iniciativa se han olvidado aquí de los saharauis?
Porque Guinea no fue nunca provincia española, pero, por ejemplo, el
antiguo Sahara Occidental, español durante varios años, fue provincia
española, hasta tal punto que en las Cortes orgánicas había una
representación de
procuradores saharauis. Yo digo, ¿cómo es que ahora no tienen derecho los
saharauis a figurar en esta iniciativa, si se les está reconociendo para
otros? Esto es un ejemplo de que estamos tratando de armonizar lo que es
difícilmente armonizable en este momento.
El criterio de Coalición Canaria es que hay que atemperarse con la Unión
Europea, porque lo que no puede hacer España, en cuestiones de
nacionalidad, es una especie de arboladura nueva distinta a la que está
implantándose en la Unión Europea en este momento. Por ejemplo, con los
requisitos de residencia, que en estas iniciativas se tratan de rebajar
de 10 a 5 años, resulta que en Europa se están tratando de armonizar
estos requisitos de residencia, pero es que en este momento son varios
los Estados de la Unión Europea que tienen vigente en su Código Civil
para la nacionalidad el requisito de los 10 años.
Dicho todo lo anterior aquí se hace un giro importante que quiero
destacar, que es trasladar el principio del derecho de consanguinidad, el
ius sanguinis, e ir más al ius soli. Señorías, lo que no se puede hacer
tampoco es que porque una persona nazca en España de padres extranjeros,
que posiblemente puede ser más frecuente en el caso de la Unión Europea,
siendo sus padres, al menos uno de los cónyuges, residentes en España y
siendo de un país europeo, se le aplique, por imperativo legal, la
nacionalidad española. No creo que estemos haciendo una armonización con
Europa y con el sentido común de un código civil si hay una prevalencia
del ius soli sobre el ius sanguinis, porque si el padre o la madre son de
un Estado de la Unión Europea y están residiendo en España...
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
No creemos que haya que dar por imperativo legal la nacionalidad a esa
persona.
Por supuesto el Código Penal nuevo ha retirado esa penalización de la
pérdida de la nacionalidad, pero les quiero hacer una salvedad con
respecto al artículo 26 que ustedes proponen --y me refiero
fundamentalmente a la enmienda del Grupo Socialista por razones de
tiempo, porque este sería un debate para mí muy interesante y
apasionante, pero el Reglamento nos lo limita--. No solamente hace falta
una objeción del Gobierno español en este caso para que se pierda la
nacionalidad española si ese ciudadano español o esa persona con
nacionalidad española va al servicio político de otro Gobierno
extranjero, es que haría falta incluso si va al servicio de fuerzas
armadas. No es solamente el servicio político en un cargo político de un
Gobierno extranjero, es también a fuerzas armadas de otro país
extranjero.
Lo que nosotros proponemos es que haya una iniciativa del Gobierno que
traiga una adecuación dentro del marco de la Unión Europea porque, si no,
podemos hacer una autarquía en el Código Civil y complicar más las cosas,
e ir a un pleno reconocimiento de la ciudadanía de países miembros de la
Unión Europea y de nuestro marco legal inmediato, que es lo primero que
hay que solucionar, salvando cuestiones puntuales que puede traer el
Gobierno, como la adecuación al Código Penal.
Por estas razones, nosotros, señorías, estamos a favor de una iniciativa
del Gobierno, de un proceso de reflexión dentro del marco del Derecho
civil que está constituyendo hoy la doctrina en los códigos civiles de la
Unión Europea y, por extensión subsidiaria, a lo que proceda con otros
compromisos históricos de España con Iberoamérica, con Guinea, con el
Sahara o con cualquier otro de los territorios, culturas y circunstancias
de derecho de ciudadanía que tienen aquí.
Por tanto, nosotros no vamos a dar nuestro voto de apoyo a que se tomen
en consideración estas iniciativas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para expresar la postura de mi grupo, contraria a la
modificación que se pretende, que nos parece en ambos casos poco
ambiciosa en sus objetivos, ya que las dos proposiciones se circunscriben
a una modificación parcial del vigente Código Civil.
Prescindiendo de otras reformas menores, la ordenación de la nacionalidad
ha sufrido en fechas recientes los siguientes cambios importantes: el de
1975, que yo recuerdo con el entusiasmo de la recién licenciada en
Derecho, por cuanto suponía mejorar la situación de la mujer en el
tratamiento de la ciudadanía; el de 1982, efectuado, según se dijo, para
alinear la regulación en este campo con las exigencias constitucionales,
lo que, a criterio del grupo al que represento, no se efectuó en el
sentido o con las virtualidades que más adelante expondré; el de 1990,
para acabar, según se dijo, con las dificultades hermenéuticas que
planteaba la anterior reforma y para establecer un sistema más armónico y
claro, tanto en sus principios como en su aplicación práctica, objetivos
ambos que, si hacemos caso de los motivos de las iniciativas que ahora
examinamos, no se han alcanzado.
En concreto, la iniciativa socialista dice afrontar un problema que se
suscita en España en las últimas décadas, en que se produce el cambio de
ser país de emigración a recibir a los emigrantes que retornan y a
refugiados
e inmigrantes. Siendo este fenómeno cierto, sorprende que no se abordase
en la reforma de 1990 o con posterioridad, sobre todo si se tiene en
cuenta que, además de esta reforma de 1990, por gobiernos socialistas se
promovió la llamada ley de extranjería, la Ley reguladora del derecho de
asilo y todas las disposiciones que la desarrollan, escasamente sensibles
a los problemas que ahora se abordan.
Siendo loables las razones que se esgrimen como motivos de una posible
reforma, desde nuestra óptica de partido nacionalista creemos que en la
fase actual de desarrollo del sistema constitucional de un Estado, que se
define como autonómico y en pleno proceso de integración y consolidación
de la Unión Europea, es cuando debe abordarse una regulación de esta
materia para abarcar la cuádruple acepción del termino nacionalidad y las
funcionalidades posibles de este término en el sistema jurídico español.
En efecto, la noción de ciudadanía o de nacionalidad posee un contenido
conceptual polivalente, que en nuestro sistema jurídico se viene
utilizando para aludir a cuatro ideas posibles. De una parte, el
reconocimiento del hecho social de la nacionalidad; de otra, la
nacionalidad como vínculo jurídico político con el Estado; una tercera
acepción, la dimensión de estado civil que tiene la nacionalidad
española, y una cuarta acepción que es el concepto de ciudadanía europea.
La primera acepción hace referencia a una colectividad de personas, que
se individualiza como grupo homogéneo, en razón de un origen común, de
una misma lengua o de una tradición compartida. Es una acepción de
carácter sociológico que en nuestro sistema ha encontrado traducción en
el reconocimiento del hecho social de la existencia de nacionalidades.
Tiene consagración constitucional en el artículo 2 del texto fundamental
que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones. Este reconocimiento permite dar una proyección operativa a la
dimensión sociológica de la nacionalidad en el plano jurídico.
Nada en el Título VIII de la Constitución se opone a ello y así pareció
entenderlo la Dirección General de Registros y del Notariado, cuando ya
en su circular de 6 de noviembre de 1980 afirmaba que la expresión
nacionalidad puede tener otro significado, pues comprende también la
especial condición política del español que pertenezca a una determinada
región o nacionalidad que se haya constituido como comunidad autónoma. Y
como esta condición personal es un elemento importante de identificación,
no hay razón para negar su acceso al registro.
Bien es cierto que esta postura fue muy pronto matizada, apresurándose a
dictar otra circular, de 26 de noviembre de 1980, que establece que en el
Registro civil la mención de nacionalidad hará referencia al carácter
español o extranjero del interesado, pero permite que en las actuaciones
del Registro civil, si el interesado lo pidiera, constará entre las
menciones de identidad su condición política autonómica derivada de su
vecindad administrativa.
Cierto es que los primeros estatutos aprobados, el vasco y el catalán, y
después todos los demás en idénticos términos, haciendo gala de una gran
prudencia, definían la condición política a través del concepto de
vecindad administrativa en el sentido que le otorgasen las leyes
generales del Estado. Sin embargo, la declaración del artículo 2 de la
Constitución española tiene la virtualidad de originar el reconocimiento
de una ciudadanía, entendida como la pertenencia real a uno u otro de los
grupos diferenciales que integran el Estado. Sirve, o puede servir, para
expresar la condición política autonómica y para determinar la sujeción
personal a cada uno de los distintos sistemas especiales o forales
coexistentes.
En el caso del estatuto vasco que, obviamente, es el que conozco mejor,
el artículo 7.º, al hablar de la condición política de vasco, lo vincula,
como he indicado, como hacen los demás estatutos, a la vecindad
administrativa; pero, además, en el apartado 2 se añade: «Los residentes
en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren,
gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el Pais
Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi,
siempre que conserven la nacionalidad española.» Estas potencialidades
son las que creemos que deben ser también desarrolladas en una regulación
que aborde el tema de la nacionalidad en la situación actual.
Los dos aspectos, a los que ya me he referido, de la ciudadanía entendida
como vínculo de los ciudadanos de un Estado con éste y la dimensión de
estado civil que la nacionalidad tiene en la regulación actual, avalada
por la propia sistemática del Código Civil que no modifican las dos
proposiciones --el titulo de la nacionalidad encabeza los doce
consagrados a la persona y la familia--, son los dos únicos aspectos
abordados por la iniciativa que valoramos que, sin embargo, es muy tímida
al hacerse eco de la dimensión europea.
El arraigo social que determina la primera acepción de la nacionalidad a
la que me he referido puede inscribirse en sucesivos círculos
concéntricos. Una persona puede sentirse enraizada en su nacionalidad o
región de origen, sin que eso necesariamente enerve la fuerza que le liga
con un Estado del que juridicamente se predica su ciudadanía y, a la vez,
por encontrarnos en un proceso histórico de integración supranacional y
supraestatal, sentirse integrante de la realidad que así se genera y que
va generando lentamente un status civitatis europeo.
Existe un sistema de derechos y libertades comunitarias que permiten en
determinadas materias que los ciudadanos de un Estado, parte de la Unión,
puedan obrar en el ámbito de poder de otro Estado como si fueran
nacionales suyos.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, le ruego vaya terminando.
La señora URIA ECHEVARRIA: Sí, señor Presidente.
Así lo establece el Tratado de Maastricht al considerar una ciudadanía
que define del siguiente modo: Será ciudadano de la Unión toda persona
que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. Y nos encontramos en
pleno proceso evolutivo de integración en el que la Unión Europea se
propone dar un salto cualitativo de la integración económica a la
integración política.
Todavía no existe un status único y común de europeo, pero desde luego la
condición de ciudadano de la Unión sí enerva el status de extranjería en
algunos ámbitos, obligando a sustituir los preceptos enervados por normas
propias del estatuto del nacional o por disposiciones específicas. Este
aspecto no puede ser ignorado o sólo tangencialmente contemplado en una
regulación actual de la nacionalidad. Creemos, en resumen, que el
adecuado tratamiento jurídico de esta institución, con todas las posibles
acepciones que he expuesto, debe dar lugar, como fruto de una reflexión
calmada, a un texto codificado más allá de la mera reforma de unos
cuantos preceptos del Código Civil.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, señorías, como ya se ha
mencionado en alguna de las intervenciones anteriores, la nacionalidad,
el problema que plantea ser reformado por las dos proposiciones de ley
que se debaten aquí conjuntamente, es, sin ninguna duda, una institución
jurídica compleja, que sigue conservando una dimensión plural, una
múltiple dimensión, todavía hoy, y todas ellas, esos distintos aspectos
de la noción de nacionalidad deben ser tenidos en cuenta en el momento en
que se pretende plantear una modificación o una nueva regulación.
Como se acaba de exponer, con más detalle del que yo lo voy a hacer, por
parte de la portavoz del Grupo Vasco, la nacionalidad tiene ante todo una
dimensión de estado civil de la persona, y ello es la única justificación
de que esta materia todavía siga regulada --siguiendo una tradición en
España, no así en otros Estados-- en el Código Civil. Creo que --y así lo
considera la mayoría de la doctrina-- lo ideal sería que esta materia
quedara fuera del Código Civil puesto que aunque efectivamente tiene esta
estricta dimensión civil, tiene otras, que menciono a continuación, cuya
regulación no tiene exactamente sentido que esté dentro de un texto como
es el Código Civil. En todo caso tiene claramente este aspecto de estado
civil, pero tiene también --y es un aspecto de enorme importancia-- una
dimensión de derecho público, de vinculación jurídica con el Estado; es
la atribución del carácter de súbditos que un Estado hace respecto de
determinados individuos por el hecho de atribuirles la nacionalidad.
Es evidente (y no voy a abundar en ello puesto que ya lo ha hecho también
la portavoz del Grupo Vasco, lo que me ahorra detallar mi intervención)
que esta dimensión política, esta dimensión del carácter de súbditos para
aquellos que creemos que España es un Estado plurinacional, adquiere un
carácter particular que debería ser desarrollado. En todo caso, de forma
cada vez más creciente, esta dimensión de súbdito, esta dimensión de
vinculación jurídica, también tiene un carácter, por el hecho de la
integración europea, de creciente importancia y aunque no existe, me
parece que vaya a existir auténticamente en un futuro próximo ni mediato,
una verdadera nacionalidad europea, sí es un hecho que, por la vía
indirecta, la atribución de la nacionalidad de uno de los Estados
miembros supone automáticamente la atribución de lo que se ha venido en
llamar, a iniciativa española por cierto, la ciudadanía europea. Y esta
ciudadanía europea, que hoy por hoy está bastante vacía de contenido
desde el punto de vista político --salvo lo que representa la posibilidad
de votación y de legitimación activa y pasiva en las elecciones
municipales--, es la que sin duda crecientemente va a ser explotada, va a
ser más integrada.
Por tanto, y en eso es en lo que quiero detenerme, más que en grandes
divagaciones jurídicas, cuando se está resolviendo la atribución y las
formas de atribución de la nacionalidad española, se está hablando de la
atribución de algo que va a tener repercusión en todos los demás Estados
de la Unión Europea, aunque no sea cierto, o por lo menos no sea
correcto, más que cierto, decir que eso deba regularse conjuntamente,
puesto que es un hecho que hoy por hoy --y así será en un futuro próximo,
como decía-- cada Estado seguirá siendo soberano para regular la
nacionalidad, pero deberá tener presente que la nacionalidad que atribuya
repercutirá sobre todos los demás Estados.
La atribución de la nacionalidad, la noción misma de nacionalidad tiene
sin ninguna duda un carácter económico o social en el que está pensando
sobre todo Izquierda Unida, al hilo de su intervención, y no dudo que
también el Grupo Socialista, en el momento en que plantea una iniciativa
como esta. La nacionalidad es, seamos claros, un mejor acceso al mercado
laboral, una mayor integración, sí, pero, hoy por hoy, es un mejor acceso
al mercado laboral europeo, puesto que el mercado laboral es,
globalmente, sin entrar ahora en matices de cómo funciona el régimen de
residencia, un mercado laboral europeo.
Una consecuencia que nos parece absolutamente importante y que no sé si
ha sido tenida en cuenta por parte de Izquierda Unida al presentar su
proposición de ley, en la nacionalidad del miembro de una familia,
por ejemplo, y por tanto, la atribución de la nacionalidad al nacido en
España de residente en España, es que automáticamente da a sus
progenitores la patria potestad, la custodia, sobre un nacional español,
lo cual aunque dejara de ser legal su situación en España, impediría la
posibilidad de su expulsión. Por tanto, la atribución de la nacionalidad
tiene un carácter evidentemente económico y social que también debe ser
tenido en cuenta. De ahí que en todos los Estados de nuestro entorno, y
en cualquier caso creo que eso es lo conveniente, no es oportuno que se
cambien las reglas de nacionalidad cada dos por tres, por la entidad que
tiene una institución como la que estamos tratando.
En segundo lugar, tampoco es conveniente que un asunto de esta
trascendencia política, jurídica, social y económica sea modificado sin
el más amplio consenso de esta Cámara y de todas las fuerzas políticas
representadas en ella. Ese sería por sí solo, sin entrar en detalle
aunque sí lo voy a hacer, un argumento bastante para decir que no a una y
otra proposición de ley presentada en esta Cámara. Ni existe el
suficiente consenso, ni se justifica un cambio en este momento, siendo el
último cambio importante introducido en esta materia el de 1990 y, por
tanto, siendo perjudicial para la seguridad jurídica y para la
estabilidad de una noción de esta trascendencia introducir modificaciones
con una variación de apenas cinco años. De hecho, si contáramos la
modificación del año 1995, de menos de un año.
Hay también razones de contenido, en las que sí quiero entrar brevemente,
que justifican la negativa de nuestro grupo parlamentario a apoyar la
tramitación de las dos proposiciones de ley que debatimos. En primer
lugar, por hacer referencia a un objetivo que tienen en común las dos
proposiciones de ley: pasar de un régimen basado en el ius sanguinis a un
régimen basado en el ius soli, aunque sea pensando en primera generación.
Es decir, pasar a sostener que los hijos de residentes en España, por el
solo hecho de ser hijos de residentes en España, deben adquirir la
nacionalidad española. En el caso de Izquierda Unida --y permítame la
portavoz de Izquierda Unida que lo diga, no respecto de ella, sino del
proyecto-- lo hace en términos demenciales, absolutamente fuera de lugar,
porque no se exige ni siquiera que esa residencia tenga carácter legal.
Lo cual podría tener la consecuencia, primero, de dificultad de prueba y,
segundo, que tendríamos aquí a todos los extranjeros en situación no
legal, y por tanto ilegal --y eso no es un insulto, señora Almeida, es
simplemente no estar conforme a la ley--, a todas las trabajadoras
ilegales en toda Europa que vendrían a dar a luz a España y a partir de
ahí dirían que se encuentran aquí con residencia inmemorial, que
precisamente por su ilegalidad sería imposible probar. Sería un absurdo
que por sí solo justifica lo poco sensato de este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, vaya concluyendo.
El señor GUARDANS I CAMBO: Termino, señor Presidente, pero quiero
comentar un poco más las razones de fondo.
El hecho mismo de admitir la atribución de nacionalidad por el solo hecho
de ser hijo de un residente legal en España, nos parece una revolución de
un calibre tal que no debe ser ni siquiera admitido a trámite, y así lo
decimos. El Partido Socialista en su proposición matiza y exige que sea
una residencia legal; es cierto, y eso cambiaría algo las cosas, pero aun
así la noción de residencia habitual, sin dejar de ser una noción
jurídica, sabe bien el portavoz del Grupo Socialista que es una noción
que tiene grandes dificultades de prueba y que no deja de ser una noción
de hecho. Por tanto, atribuir una consecuencia jurídica de la importancia
de la nacionalidad a un simple dato de hecho, como es la residencia
habitual, nos parece que está fuera de lugar.
Ahora bien, la propuesta de Izquierda Unida tiene también otras
novedades, como la atribución de nacionalidad a los descendientes de los
moriscos. ¿Quiénes son los moriscos, señora Almeida? ¿Dónde están los
moriscos? Porque si nos limitamos a decir los moriscos, ¿sobre quién pesa
la carga de la prueba de decir que es descendiente de morisco? ¿Cómo se
va a acreditar? ¿De qué manera? ¿Pretende usted atribuir la nacionalidad
o el pasaporte español a todo aquel que diga que es descendiente de
morisco? ¿De qué forma lo va a tener que demostrar? No entro en juicios
de valor, me limito a decir que esa es una decisión muy importante y,
evidentemente, las consecuencias que tendría no se les escapa a ninguna
de las señorías que me puedan estar escuchando. ¿Qué sentido tiene
introducir como criterio de atribución de la nacionalidad la invalidez
permanente por un accidente laboral en España? No se le escapará a S. S.
que eso podría provocar, si realmente fuera así, que la gente se cortara
una mano por el solo hecho de adquirir la nacionalidad, aunque sólo sea
por el bien de sus descendientes, o que se provocaran accidentes
laborales o situaciones de invalidez, puesto que además no está claro, no
está dicho en ningún sitio, quién debe declarar la invalidez permanente.
Vincular la atribución de la nacionalidad a la invalidez permanente nos
parece algo también fuera de lugar y sin precedente en la legislación
comparada.
La simple residencia de diez años sin más, sin que sea inmediatamente
anterior a la petición, sin que sea legal ni continuada, ya ha sido
correctamente criticada por el propio portavoz socialista como una forma
de atribuir la nacionalidad con una generosidad que no tiene precedentes
en todo nuestro entorno.
En cuanto a la propuesta del Partido Socialista...
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le ruego que sea más breve en la
propuesta del Partido Socialista y que concluya.
El señor GUARDANS I CAMBO: Termino con toda brevedad.
Por un lado, nos parece --y no me importa decirlo, a pesar de que
mantengamos nuestra negativa-- que nuestra reducción de diez a cinco años
es correcta y confiamos en que en la próxima modificación que se haga de
esta materia en esta Cámara se introduzca esa reducción del plazo de diez
a cinco años de residencia. Lo que ocurre es que eso no es suficiente
argumento para admitir a trámite una proposición de ley que toca otros
muchos aspectos.
En cuanto a la equiparación en la reducción en el plazo de dos años de
los ciudadanos de otros estados de la Unión Europea, es efectivamente una
propuesta que en su espíritu nos parece globalmente correcta, pero que
supone una generosidad respecto de todos los Estados de nuestro entorno
que no está por sí sola suficientemente justificada y que, en todo caso,
exigiría un consenso y una cierta puesta en común, intentando buscar al
menos la reciprocidad en algún otro Estado de nuestro entorno, que hoy
por hoy no existe.
Sí hay otras mejoras que propone el Grupo Socialista --y con esto
termino, señor Presidente-- que nos parecen no sólo oportunas sino
necesarias, hasta el punto de que confiamos en que dado su carácter
técnico, su carácter de auténtica mejora, sean asumidas en su momento por
el Gobierno y el Gobierno sea quien presente un proyecto de ley que las
corrija. Nos referimos concretamente a las consecuencias que tiene la
modificación del Código Penal y la supresión de la pena de privación de
la nacionalidad y, por otro lado, al hecho de suprimir esa necesidad de
renuncia a la nacionalidad anterior para poder adquirir la nacionalidad
española, que tan nefastos efectos ha tenido respecto de la atribución de
la nacionalidad a los brigadistas internacionales. Esos dos puntos nos
parecen correctos. Creemos que podrían ser asumidos, y nos parecería
oportuno que en su momento el Gobierno estudiara la posibilidad de traer
a esta Cámara un proyecto de ley que lo recoja.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, señorías, sean las primeras
palabras que yo pronuncie en esta Cámara para expresar mi condolencia a
la familia Guardans i Cambó por el fallecimiento, a los 96 años de edad,
de la mujer de una de las personas más insignes que han pisado esta
Cámara, de uno de los políticos más brillantes de Cataluña y de España,
don Francesc Cambó i Batlle. Descanse en paz.
Voy a fundamentar, señor Presidente, mi intervención para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la toma en consideración
de las dos proposiciones que se tramitan conjuntamente, del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Suponen ambas proposiciones una
modificación sustancial de lo que es una tradición en el ordenamiento
jurídico español que está basado en el ius sanguinis, debidamente
corregido por criterios basados en el ius soli, y esta tradición se
remonta --y no voy a cansarles con citas más o menos eruditas-- a
nuestras leyes de partida, a la Novísima Recopilación y a las
constituciones del siglo pasado, de 1837, 1845, 1869 y 1876.
La actual configuración de la nacionalidad española queda reflejada en la
Constitución de 1978, tras las reformas que se hicieron durante la etapa
de gobierno socialista en 1982, en 1990 y una reforma técnica y precisa
en 1995. Quiero felicitar a algunos de los ponentes, tanto en este Pleno
como en la Comisión de Justicia e Interior --porque, aunque no estaba en
esta Cámara, lo he seguido por el «Diario de Sesiones»--, por las
brillantes intervenciones que tuvieron en su día y que son bastante
distintas a las proposiciones, a nuestro parecer no debidamente
justificadas, que hoy se hacen en esta Cámara.
Por lo que respecta a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
trasluce de toda su intervención, señora Almeida, un disgusto por una ley
que no hicimos nosotros, que es la Ley de Extranjería. Si a ustedes esa
Ley no les satisface, tienen otro cauce para hacerlo, pero no creemos que
sea por medio de la modificación de un texto tan fundamental, tan
importante, un monumento jurídico --y tomo las palabras de otro Diputado
de Convergència i Unió, del señor Silva-- como es nuestro Código Civil,
que procede de finales del siglo pasado.
El segundo argumento que yo creo que es importante tener en cuenta para
tomar en consideración o no ambas propuestas son razones de seguridad
jurídica: no podemos estar modificando las leyes y leyes tan importantes
como el Código Civil no ya cada cinco años, sino cada año. La última
reforma se realizó el año pasado y, si mis números no me fallan, es la
duodécima reforma que se ha realizado del Código Civil en esta materia
desde el día de su publicación. Estas son las razones de seguridad
jurídica que provocarían y han provocado ya, y ustedes lo saben, graves
problemas de derecho transitorio en su aplicación.
Al mismo tiempo, quiero hacer referencia a lo que es la coherencia
parlamentaria. Asumo plenamente todo lo que mi grupo dijo en su momento,
tanto en el año 1995 como en el año 1990, porque se refería a aspectos
muy concretos y no a aspectos y reformas sustanciales como son las que
proponen ahora el Grupo Parlamentario
Socialista, por un lado, y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por otro. Esa coherencia parlamentaria es
la que les pido también, sobre todo a SS. SS. Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista.
Creo que no digo ninguna confidencia si les refiero alguna anécdota que
nos ha ocurrido a veces paseando por los pasillos del Congreso con
algunas de SS. SS. que son abogados como yo. Hemos comentado que algunos
de los temas que aquí se debaten nos gustaría defenderlos tanto en un
sentido como en otro, porque ambos tienen defensa. Incluso hemos
recordado que Dostoiesvski decía de los abogados que éramos conciencias
de alquiler. Eso, los abogados que tenemos conciencia, por supuesto.
Pero estamos en el Congreso de los Diputados y los Diputados tenemos que
tener una coherencia en lo que dijimos y en lo que decimos. Yo,
sinceramente, con todo el respeto, no veo esa coherencia en ustedes,
porque leyendo los diarios de sesiones veo que ustedes defendieron el
tema de la permanencia de los diez años de residencia y que, referente a
los ciudadanos de la Unión Europea, sostuvieron que el día en que los
Doce decidieran unas medidas en ese sentido, ustedes también las
tomarían, pero no ese vaivén tan brusco e injustificado que se nos
propone en estos momentos, un año después de la última reforma.
Un tercer argumento --y pretendo ser muy rápido-- es el referente al
artículo 17. El artículo 17, tal y como viene en ambas proposiciones de
ley, atribuiría la nacionalidad ope legis a ciudadanos que, de entrada, a
lo mejor podrían no quererla. Creo que la Diputada Cristina Almeida se ha
precipitado al afirmar que se conceda la nacionalidad sin más trámite.
Sin más trámite, no. Será si el ciudadano --esto no lo dicen ustedes en
su proposición de toma en consideración-- quiere o no esa nacionalidad.
Por último, hay un grupo de argumentos específicos del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a los
que me gustaría referirme, aunque sea brevemente. Sustituyen --y esto, a
mi modesto juicio y a mi modesta forma de ver, supone una modificación
extravagante-- la relación de países a cuyos nacionales se puede
atribuir, por residencia --un plazo reducido, privilegiado--, la
nacionalidad española por criterios lingüísticos o étnicos. Ustedes
comparan a los moriscos con los sefardíes, y tienen mucha razón en
algunos aspectos, porque ambos sufrieron la desgracia de ser expulsados
de nuestro país, unos, durante el reinado de los Reyes Católicos y otros,
durante el reinado de Felipe III. Los sefardíes son, en cambio,
perfectamente identificables; piense, señoría, que todos ellos se siguen
casando sobre el rito marcado en el libro de los Taqanot, que es de 1494;
hablan español y tienen unas circunstancias que son perfectamente
identificables, como digo. No sé si esa misma identificación podría darse
--lo desconozco-- en los moriscos.
Y donde llega la extravagancia a su cota más alta es cuando se refieren
al sistema lingüístico para atribuir la nacionalidad. Por exceso, peca la
proposición cuando se refiere al catalán y al euskera. Atribuiríamos la
nacionalidad española a unos ciudadanos del sureste o del suroeste de
Francia, de Euskadi norte o de Cataluña norte, que en sus países no se la
atribuyen. Estaríamos tratando con una desigualdad no razonable, que no
quiere nuestra Constitución, a ciudadanos de otros países y a lo mejor
hasta provocábamos un conflicto de Derecho internacional privado. Por
defecto, se han olvidado SS. SS de los filipinos. No hablan nuestra
lengua, es cierto, pero tienen nuestras costumbres, tienen nuestra
religión, tienen nuestros usos, a no ser que ustedes consideren que el
tagalo, el visaya o alguno de los dialectos, como incorporan miles de
vocablos españoles, por ejemplo «mesa», «silla», «cuadro», son una lengua
más o menos de la orbita española, o castellana, para ser más precisos.
Eso sería lo mismo que si dijésemos que el castellano o el catalán, que
incorporan muchas palabras de raíz árabe, son lenguas árabes. No,
señorías. Una es la lengua árabe, otra es la lengua española y otra la
lengua filipina.
Por exceso, cuando hablan de los países de lengua «galaicoportuguesa» --y
ya termino, señor Presidente--, podríamos provocar un problema todavía
mayor. Vayan a Portugal y díganles que no hablan portugués, que hablan
galaico-portugués. Hay filólogos --es cierto-- españoles y gallegos que
sostienen que la lengua que ellos hablan y que hablan en Galicia es el
galaico-portugués, pero también los hay que sostienen que tanto el
gallego como el español, como el portugués, descienden de un dialecto
leonés. Dejemos las cosas en tablas y no introduzcamos unos elementos que
realmente hasta podrían llegar a distorsionar las relaciones
internacionales de nuestros países.
Todas esas razones son las que han llevado a mi grupo a oponerse, a
solicitar de SS. SS. que voten en contra de la toma en consideración de
ambas proposiciones.
Para terminar, voy a referirme a lo que ha dicho el representante del
Grupo Parlamentario Socialista. Dice: Nos van a decir ustedes, señorías,
señores del Grupo Popular, que «por qué no lo hicieron ustedes entonces».
Lo ha repetido usted dos veces. Yo no se lo he dicho en ninguna ocasión.
Quiero recordarle aquel viejo adagio latino que dice excusatio non
petita, accusatio manifesta.
Nada más. Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!
Aplausos.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones sobre la toma en
consideración de las proposiciones de ley que
sobre la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad han
presentado los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Socialista.
Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 150; en contra, 157; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Votación sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 152; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley que se ha debatido, del Grupo Socialista.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL FUTURO DE
LA MINERIA DEL CARBON, ASI COMO SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS (Número de expediente
162/000070)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de
ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al futuro de
la minería del carbón, así como a los planes del Gobierno para impulsar
el desarrollo de las comarcas mineras.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Núñez. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, va a comenzar la exposición de la proposición
no de ley. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! ¡Señor de Luis! ¡Señor
Caldera! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, esta
iniciativa parlamentaria sobre el mantenimiento de la minería del carbón
y la reactivación de las comarcas mineras, quiero, en primer lugar,
manifestar la profunda satisfacción de mi grupo y la mía personal por el
hecho de que una parte muy importante del Pleno de esta tarde esté
dedicada al carbón, a los problemas del carbón, que están ocupando estos
días, sin duda, un primer plano en las preocupaciones de los ciudadanos,
y muy concretamente de los ciudadanos de las regiones y provincias
productoras de carbón.
Quiero recordar a SS. SS. que el viernes pasado el Consejo de Ministros
aprobaba el proyecto de protocolo eléctrico, del cual hablaremos en el
siguiente punto del orden del día. Permítanme decir ahora simplemente que
el proyecto de protocolo, en contra de cuanto se ha propalado y filtrado,
garantiza el consumo y la subvención al carbón nacional más allá del año
2005 y deja bien claro que el sector del carbón tendrá su propio esquema
negociador al margen del mismo protocolo. Por una razón muy sencilla,
porque el Gobierno está convencido de que una gran parte del sector del
carbón es rentable y viable, y porque cree conveniente, justo y necesario
mantener, por razones sociales, regionales y de autoabastecimiento, la
actividad minera.
Este proyecto de protocolo no tiene nada que ver, en absoluto nada que
ver con el famoso borrador que con clarísima, diría yo inocentísima
intención política filtró a los medios de comunicación un Diputado
socialista. Aquel borrador, de cuyo texto nunca se responsabilizó el
Gobierno, tal como estaba redactado, causó una gran y profunda alarma
social, porque suponía sencillamente el cierre inmediato de las minas.
Aquello no podía ser verdad. Yo no podía creérmelo, pero tenía toda la
apariencia de verdad, porque los filtradores lo presentaron como texto
definitivo y maldito, es decir, la suma de todos los males sin mezcla de
bien alguno, acompañando la filtración con sensacionales patrañas.
Por eso, para que no hubiera lugar a dudas y para dejar bien claro que en
ningún momento el Gobierno del Partido Popular iba a poner en peligro las
minas y los puestos de trabajo sin ofrecer alternativas, todo el Partido
Popular, comenzando por el Presidente de la Junta de Castilla y León, Don
Juan José Lucas; el Presidente del Principado de Asturias, Don Sergio
Marqués; el Presidente de Aragón, hasta el último militante, manifestamos
nuestro rechazo al borrador de protocolo, solicitando aclaraciones y
debates con nuestro propio Gobierno y recomendando cuantas negociaciones
con las fuerzas sindicales fueran precisas en una labor constructiva, que
ha dado sus frutos con la aprobación de un proyecto de protocolo que
despeja las mil dudas y amenazas que el texto filtrado tenía. Y que
seguirá dando sus frutos, sin duda, tanto en esta Cámara, porque aquí se
debatirán cuantas modificaciones legislativas sean necesarias, como en
las negociaciones Gobierno-sindicatos, que hoy continúan en el Ministerio
de Industria y Energía, y en las medidas que este Gobierno adoptará para
favorecer la viabilidad del sector carbonero español y procurar la
necesaria reactivación y reindustrialización de las comarcas mineras.
Pero los que filtraron el borrador de protocolo
no se limitaron a eso. Su intención fue culpar de todos los problemas y
todos los males que padece la minería del carbón al Gobierno del Partido
Popular, como si lo ocurrido hasta la fecha fuese totalmente ajeno a la
responsabilidad, gravísima responsabilidad, del Gobierno socialista
durante los catorce años que gobernó España (El señor Cisneros Laborda:
¡Muy bien!) y exigiendo, como ya es costumbre, el cumplimiento íntegro
del programa electoral cuando apenas llevábamos cuatro meses de
legislatura. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Por eso, es justo y necesario deshacer este entuerto y explicar
brevemente a las señoras Diputadas y a los señores Diputados cuál es la
situación general con la que se encontró el Gobierno del Partido Popular
en todo lo que al sector carbonero español se refiere. (El señor Cisneros
Laborda: ¡Exacto!)
La minería del carbón en España está atravesando uno de los momentos más
críticos desde que en la década de los ochenta y tras cien años de
actividad se viera sometido a un continuo y durísimo plan de ajuste. La
política minera del Gobierno socialista, sobre todo desde nuestro ingreso
en el Mercado Común en 1986, es un inventario de fracasos, un inventario
de fracasos. Dejando aparte los gravísimos incumplimientos del sistema de
contratación de carbones termoeléctricos, que el Gobierno socialista
aprobó en 1986, en la década de los años noventa los gobiernos
socialistas aplicaron unos procesos de reconversión minera instrumentados
a través de dos órdenes ministeriales, la de 31 de octubre de 1990 y la
de 6 de julio de 1994, que para nada fueron negociadas con las centrales
sindicales, para nada. ¡Faltaría más! Los planes no preveían en absoluto
la reindustrialización de las cuencas y por ello pasaron una alta factura
al empleo. En 1990, la minería del carbón nacional mantenía más de 46.000
empleos en unas 225 empresas y con una producción anual de dieciocho
millones de toneladas. A finales de 1995, es decir, tras la aplicación de
las dos reconversiones socialistas, los puestos de trabajo se redujeron a
poco más de 26.000, las empresas, a ochenta y siete, y la producción
nacional se mantenía.
Durante este período, 1990-1995, Asturias ha perdido 22.000 puestos de
trabajo en el sector industrial, de los cuales la tercera parte provenían
de la reducción de empleo que se ha efectuado en Hunosa. En Aragón, la
actividad minera ha perdido 5.000 trabajadores desde la década de los
ochenta. En Castilla y León, cerca de 9.000. En concreto, en la provincia
de León, de 13.000 personas que trabajaban en las minas, hoy lo hacen
7.000 y las 83 empresas leonesas han pasado a 43. En Palencia, sólo
quedan 900 mineros.
Toda esta política del Gobierno socialista, ¿a cambio de qué? A cambio de
nada. ¿A cambio de qué se cerraron las minas? A cambio de nada. ¿A cambio
de qué se perdieron 26.000 puestos de trabajo mineros en toda España? A
cambio de ningún otro puesto de trabajo.
Además de estos datos y cifras, bien elocuentes, por otra parte, hay
otras circunstancias especiales que afectan a este sector, desarrolladas
a través de la legislación que en estos 14 años ha establecido el
Gobierno socialista. Un sector que tiene un régimen especial de la
Seguridad Social en práctica quiebra, en práctica quiebra, con una
relación activos-pasivos de 0.9 a uno. Dése usted en la cara, que usted
conoce muy bien esos datos, pero dése más fuerte para que le duela y sepa
de lo que estamos hablando (Dirigiéndose a un señor Diputado.-- Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Un sector donde el fraude del carbón
importado es muy frecuente. Un sector donde la deuda con Hacienda y la
Seguridad Social alcanza ni más ni menos que la cifra de 38.000 millones
de pesetas. En resumen, señorías, un sector que tiene una rentabilidad
muy condicionada por unos yacimientos difíciles, en algunos casos con
instalaciones obsoletas e inseguras.
Cuando se filtró el borrador de protocolo, no se recordó nada de esto, no
se dijo que el sistema de ayudas establecido en estos 13 últimos años,
sin los adecuados controles, no había influido para nada en la
reindustrialización de las comarcas y que todo ello exigía con urgencia
medidas correctoras. Y tampoco se filtró con el famoso borrador la
negociación de una directiva comunitaria, que se votará mañana en el
Pleno del Parlamento Europeo. Ni se dijo, claro está, que fue el Gobierno
socialista el que, desde 1992, fecha en que empieza a navegar la
directiva, aceptó la cuota máxima del 15 por ciento del consumo de carbón
nacional para la producción de energía eléctrica, lo cual se demuestra en
una carta que remitió el Gobierno de España a la Unión Europea el 6 de
febrero de 1996, en la que se recogía textualmente lo siguiente: El
compromiso de España de hacer lo preciso para que a más tardar el 31 de
diciembre de 1996 el precio de venta del carbón español sea libremente
acordado por las partes contratantes, teniendo en cuenta las condiciones
que prevalezcan en el mercado mundial.
Pueden comprobarse estos datos en el Diario Oficial de la Comunidades
Europeas del día 6 de febrero de este año --creo que SS. SS. recuerdan
bien que las últimas elecciones se celebraron casi un mes después, es
decir, el 3 de marzo del presente año--, es decir, cuando gobernaba el
Partido Socialista. El Gobierno de España entonces se comprometió con la
Unión Europea a liberar la compra del carbón, por todo lo cual podíamos
llegar a la conclusión de que el borrador primitivo del protocolo, ése
que se filtró, no el proyecto que aprobó este Gobierno el pasado jueves,
no era más que el cumplimiento de lo que el Gobierno de España había
asumido con anterioridad a las últimas elecciones generales. (El señor
Cisneros Laborda: ¡Muy bien!)
Por eso, resulta cuando menos inexplicable y políticamente cínico,
primero, que los parlamentarios socialistas se rasguen las vestiduras y
pongan en pie de guerra a las cuencas mineras, blandiendo un borrador que
venía a recoger literalmente lo que ellos habían comprometido. Y,
segundo, que los eurodiputados socialistas presenten ahora una enmienda
en el Parlamento Europeo que pretende elevar la cuota anual del carbón
del 15 al 25 por ciento, cuando tan fácil lo tuvieron durante tanto
tiempo.
Nosotros hemos presentado otra enmienda que solicita el mismo aumento
para la dieta del carbón, pidiendo además que sea cada Estado miembro, y
no la Comisión Europea, el que establezca al efecto un período
transitorio que permita su adaptación en función de las circunstancias
socioeconómicas que se deriven de su aplicación.
Pues bien, así las cosas y con objeto de asumir el protagonismo y la
responsabilidad institucional que corresponde al Congreso de los
Diputados en la definición de las líneas programáticas del Gobierno y
contribuir con ello, también, a la necesaria clarificación sobre el
futuro de la minería del carbón, así como sobre los planes del Gobierno
para impulsar el desarrollo de las comarcas mineras, el Grupo
Parlamentario Popular solicita de los grupos de la Cámara el apoyo para
una proposición no de ley que respalda, como no podía ser menos, la
decisión del Gobierno de negociar con los representantes sindicales y
empresariales los planes de mejora de la competitividad de las empresas
mineras nacionales, sin partir de plazos o condicionamientos que
prejuzguen el futuro plan de ordenación de la minería del carbón.
Este criterio de negociación profunda, sin limitación temporal ni
condicionamientos previos, forma parte del contenido del acuerdo firmado
el pasado 20 de noviembre entre el Ministerio de Industria y Energía y
los sindicatos representativos. Hay que afrontar la negociación con el
espíritu de llegar a perfilar un sistema que conjugue y busque un
equilibrio entre la necesidad de acomodarse al Código Comunitario de
Ayuda, de apoyar la competitividad del sistema productivo, y la de tener
en cuenta las repercusiones sociales y regionales de la reestructuración
de un sector de gran peso en la economía de buen número de comarcas
españolas.
Los elevados costes del carbón de producción nacional y la conveniencia
de mantener, como dije antes, por razones sociales, regionales y de
cierto autoabastecimiento, la actividad minera han hecho necesario
establecer un régimen de ayudas al sector que, además, se ajuste a la
normativa comunitaria. Este régimen de ayudas está recogido
fundamentalmente en el Real Decreto 2203/1995 y en varias órdenes de
febrero del año 1996 que lo desarrollan. Sin embargo, estas disposiciones
tienen que ser revisadas en aras de una mayor eficacia y eficiencia. Por
ejemplo, para ayudas destinadas a impulsar la reactivación de las
comarcas se han presentado 469 proyectos por un importe de 53.692
millones de pesetas, con los que se crearían 945 puestos de trabajo. Pues
bien, ni el Decreto citado ni las órdenes ministeriales correspondientes
establecen fórmulas de financiación suficientes ni siquiera para la
quinta parte de los mencionados proyectos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya terminando, por
favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente, ya voy
terminando.
Por ello, resulta imprescindible adoptar las medidas realistas oportunas
que mejoren la competitividad de las empresas mineras, y en aquellos
casos en los que la explotación minera no pueda realizarse en condiciones
de mercado por la propia naturaleza de algunas de nuestras minas
proporcionar alternativas productivas diversificadas que generen el
empleo destruido en las comarcas afectadas.
De las diversas comparecencias que los representantes del Gobierno han
mantenido en esta Cámara se desprende su voluntad de elaborar un plan que
cubra desde 1998 hasta por lo menos el 2005, negociando sus cláusulas con
las comunidades autónomas, los sindicatos y empresarios del sector. El
Ministro de Industria ha señalado que uno de los aspectos preferentes de
este plan será el de buscar alternativas para la industria minera y, en
consecuencia, parece lógico pensar que se pondrán en marcha todos los
instrumentos que puedan atraer a nuevas empresas, tales como la mejora de
infraestructuras, la formación de personal o incentivos a la instalación
de centros de trabajo.
El Congreso de los Diputados insta también al Gobierno, en colaboración
con los gobiernos autonómicos, a desarrollar planes permanentes de mejora
de la seguridad en las explotaciones mineras. Mantener una continua
atención a la mejora de la seguridad minera y a la colaboración, para
ello, con las comunidades autónomas constituye una constante en los
órganos del ministerio competentes en el sector minero actualmente
renovados.
Decía el señor Vicepresidente Primero del Gobierno en el anterior Pleno
que la seguridad minera sigue siendo una de las grandes asignaturas
pendientes y es la primera de las asignaturas que este Gobierno va a
aprobar ante la opinión pública española. Al margen del compromiso del
mantenimiento del sector minero del carbón, el Congreso de los Diputados
insta también al Gobierno a presentar unas actuaciones orientadas en su
conjunto a acelerar el desarrollo de las infraestructuras para la mejora
de las comunicaciones de las cuencas mineras. Se trata de un programa de
desarrollo de las comarcas mineras, por el que pretendemos que se mejoren
las infraestructuras viarias y se les dote con aportaciones anuales de
10.000 millones durante 1997, 1998 y 1999, procedentes de los ingresos
consecuencia de las privatizaciones; un programa mediante el que se cree
una sociedad estatal para las infraestructuras de las comarcas mineras, y
que esa sociedad
pueda firmar convenios marcos para la cofinanciación de infraestructuras
viarias con las administraciones públicas responsables en cada caso.
También pedimos que se impulse, mediante acuerdos con los ayuntamientos
afectados, planes de desarrollo urbanístico, poner en marcha programas de
formación profesional que eleven el nivel de cualificación de los
trabajadores y técnicos especializados en las tareas de minería. Es
propósito del Gobierno destinar importantes cantidades procedentes de las
privatizaciones y de la tarifa eléctrica a actuaciones tendentes
precisamente a impulsar la generación y localización de inversiones
empresariales generadoras de empleo, de dos formas principales: primero,
mejorando la dotación de infraestructuras y el equipamiento colectivo en
general, así como el capital humano como factor crucial de desarrollo y
el medio ambiente y, segundo, realizando un importante esfuerzo de apoyo
a la inversión empresarial y al autoempleo dentro de un sistema racional
que multiplique sus efectos.
Como ven, señorías, nuestra iniciativa plantea las bases de una propuesta
alternativa para dar viabilidad al sector de la minería. Pedimos el apoyo
de todos los grupos parlamentarios, porque queremos comprometernos con
ellos, sin ningún tipo de reserva, en la defensa del carbón nacional, que
es un elemento energético de valor estratégico del que no se puede
prescindir en el futuro. España no dispone de otra fuente de
aprovisionamiento energético autóctono que no sea el carbón nacional. En
el mundo se producen hoy 5.000 millones de toneladas de carbón y está
previsto que en el año 2020 se produzcan 7.000 millones de toneladas. Se
trata por lo tanto, aunque parezca mentira, de un sector en expansión y
no en recesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino y le agradezco su amabilidad.
Hoy es posible adquirir en el mercado internacional carbones más baratos
que los españoles, es cierto, pero desconocemos el precio que tendría
este carbón de otros países en el año 2005 si nuestras minas estuvieran
cerradas. De hecho sabemos que por cada millón de toneladas que se deja
de producir en Europa el precio internacional se viene incrementando
alrededor del tres por ciento, por todo lo cual sería bueno lograr para
nuestra economía un marco estable que la prepare concienzudamente para el
futuro.
El Grupo Parlamentario Popular al solicitar el voto de toda la Cámara
para esta iniciativa lo hace queriendo huir de toda polémica estéril,
ofreciendo una alternativa para el debate reflexivo y pacífico, para el
diálogo. Recordando un proverbio árabe diré que vale más una onza de paz
que una tonelada de victoria.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Núñez.
Por parte del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda a la
proposición no de ley del Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, del protocolo vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar
solamente de la proposición no de ley del Grupo Popular; una proposición
no de ley que abre un debate en torno a un proceso de reconversión y uno
siempre tiene la posibilidad de enfocar los procesos de reconversión de
dos maneras bien distintas: una, acentuando el aspecto social y
territorial que en el caso concreto del carbón tiene efectivamente unas
connotaciones especiales por la concentración de la actividad en áreas
concretas y la gran dependencia que éstas tienen de esa actividad, que
las ha llevado a conformarse incluso desde el punto de vista social y
cultural; y, otra, a través de un enfoque más técnico, más próximo al
conocimiento real de nuestras explotaciones y de sus posibilidades de
evolución en un contexto como el energético. Yo, señorías, quisiera hacer
este enfoque, porque es menos conocido y porque está más distorsionado
quizá, pero créanme que resulta extraordinariamente difícil introducir
elementos aritméticos y técnicos, aunque sea someramente, en una
proposición no de ley tan literaria como ésta que ustedes traen aquí,
porque es pura literatura y además es mala literatura, no por sus fines,
que no prejuzgo en este momento. (Rumores.) Es mala literatura porque
está llena de generalidades y de vaguedades, parece querer serlo todo y
me temo que se puede quedar en absolutamente nada. Eso es precisamente lo
que no queremos en el Grupo Socialista, que se quede en absolutamente
nada. Es esa literatura que se puede abrir por cualquier sitio y no se
rompe el hilo argumental, porque la trama es tan sencilla como les he
comentado.
Por eso, la voy a abrir por el punto segundo, relativo a la seguridad
minera, que es el prioritario para el Grupo Socialista, como estoy
convencido de que también lo es para el Grupo Popular y para el conjunto
de la Cámara, porque respondemos, en definitiva, a una exigencia de la
sociedad que pide que se mitigue ese drama de la muerte en la mina, que
realmente se produce con demasiada reiteración. Con todas las
connotaciones de dificultad que eso tiene, que conozco perfectamente y
muy de cerca, creo que se deben impulsar todas las iniciativas que
involucren a los poderes públicos en este problema. El Grupo Socialista
va a apoyar esta iniciativa, como ha apoyado hace un mes la creación de
la subcomisión de seguridad minera en el seno de la Comisión de Industria
o como ha elaborado en su día sus propias iniciativas. En definitiva, se
trata de que las minas españolas sean cada día
un poco menos insalubres, un poco más seguras, más habitables y más
humanas.
Dicho esto, quiero hablar del primer punto de su proposición no de ley.
Les leo: El Congreso de los Diputados respalda la decisión del Gobierno
de negociar con los representantes sindicales y empresariales los planes
de mejora de los rendimientos de extracción de carbones nacionales. Hasta
ahí. Esto es un monumento a la obviedad. ¿Quién se va a oponer a que se
mejoren los rendimientos, no ya en la minería del carbón? En el sector
naval, en la siderurgia y en la recolección de la patata y en lo que sea,
porque eso es algo implícito en cualquier sector de actividad. Nadie se
puede oponer a eso, pero mucho menos un grupo como el Socialista que
durante trece años ha dado su apoyo a gobiernos que han permitido que los
rendimientos, las productividades en la minería española hayan dado el
salto más espectacular que se conoce, porque ha pasado de 340 toneladas
hombre/año a 680 toneladas hombre/año. Eso es así. Además, lo que resulta
el colmo del sarcasmo es que se nos diga que se van a mejorar los
rendimientos y, sin embargo, se nos critique que en unos años se haya
mantenido la producción y se haya reducido el empleo. ¿Qué van a hacer
ustedes? ¿Van a aumentar los rendimientos y la producción? Porque eso no
se lo cree absolutamente nadie. Claro que eso es tan inconsistente como
hablar de la relación activos-pasivos en el régimen especial, cuando ese
régimen ya lo tienen absolutamente deteriorado y está en estado de cuasi
quiebra, que es lo que ha dicho el portavoz, y, sin embargo, se propone
en el plan que se reduzca la edad para los prejubilados de 54 a 52 años.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Plantean unas
cosas aquí y luego dicen lo contrario en el plan que ponen delante a los
sindicatos. Se dice que mañana en el Pleno del Parlamento Europeo, no
para aprobar la Directiva en relación a las normas comunes del mercado de
la electricidad, apoyarán pasar del 15 al 25 por ciento de combustibles
autóctonos, y resulta que el otro día en la Comisión de Industria y
Energía de este Parlamento votaron en contra. Estas son sus
contradicciones y ya estamos acostumbrados a ellas.
Dicen, después de esa obviedad de incrementar los rendimientos, que se
trata de aumentar la competitividad de las empresas mineras. Ante esa
palabra, competitividad, ha hablado el portavoz, y ya lo he escuchado al
ministro y al secretario de Estado, del carbón internacional, del carbón
de importación, diciendo que hay minas en nuestro país que pueden
proporcionar carbón a ese precio. Si eso es lo que quieren decir aquí con
competitividad, no sigan; ésa es una trampa. Están haciéndonos trampas a
nosotros y están haciéndose trampas en su solitario particular. El carbón
español va a llegar hasta donde lleguen las ayudas y no va a durar un día
más del que duren las ayudas para todo el carbón español. Si por
competitividad ustedes se refieren a competitividad entre empresas o
entre carbones en función de su origen, que eso ustedes lo establecen en
el plan que nos explicó la Directora de Minas hace unos días en esta
Cámara, también están engañando. Porque si hay competitividad entre
carbón de interior y de cielo abierto, ya sabemos quién es el ganador,
porque el componente energético de ambos carbones obviamente es el mismo,
pero el componente social y territorial es básicamente distinto. Y si se
habla de competitividad entre empresas mineras, también están haciendo
trampas, porque para las empresas mineras de interior, si se hacen
competencia por los cupos, por el carbón a suministrar, en función del
precio que cada una de ellas oferte, ¿qué es lo que se propone en ese
plan? Lo que ocurrirá no será que las mejores empresas suministren más,
sino que los peores empresarios, los empresarios con menos escrúpulos o
los más oportunistas, los que estén dispuestos a liquidar sus yacimientos
en el corto plazo, a no invertir, a hacer un laboreo de esquilme, podrán
suministrar más a más bajo precio durante tres o cuatro años y luego
cerrarán, pero antes habrán expulsado del mercado --por llamar mercado a
este sector, que no lo es-- al resto y, al final, no tendremos
absolutamente ninguna mina. Esa es la competitividad de la que nos hablan
ustedes.
Este es un sector en el que no existe mercado, es un sector ayudado, que
va a seguir necesitando ayudas, y aquí no se pueden introducir elementos
imaginativos y correr riesgos. Ya que antes hablaba usted del protocolo,
le diré que hay 30.000 millones/año para estimular el que las empresas
eléctricas quemen carbón nacional y uno tiene la duda --duda más que
justificada-- de si ese estímulo, que es una barrera de entrada de las
prohibidas expresamente en la Unión Europea, no va a ser eliminado por
Bruselas. Pero tengo algo que no es una duda. Eso, de acuerdo con la
Decisión 3632/93 CECA, es una ayuda indirecta al carbón nacional y, de
acuerdo con esa decisión, las ayudas no se pueden incrementar. Por lo
tanto, si ustedes aumentan las ayudas al carbón nacional en 30.000
millones, pagándoles a las térmicas, tendrán que quitar al menos esos
30.000 millones en las ayudas al funcionamiento del carbón nacional. Y
30.000 millones de ayudas al funcionamiento, cuando son 64.000 los que se
están utilizando para subvencionarlo este año, en millones de toneladas,
supone un bocado tremendo al carbón autóctono que ustedes dicen defender.
No sé si hacen esto por defenderlo o porque son absolutamente
incompetentes, no lo sé. (Rumores.) Señoría, éste es el planteamiento en
relación al carbón.
Hay --y usted lo citó anteriormente-- un Decreto, el de diciembre de
1995, que está consensuado con los agentes sociales, que está aprobado
por la Unión Europea y responde prácticamente a una trasposición de la
Decisión 3632/93 CECA. Si ustedes quieren mantener la minería del carbón,
acójanse a ese marco, y gestionen
y administren la minería en ese marco. Yo comprendo que quieran hacer su
propia política minera, de acuerdo; pero hay unas líneas maestras, hay
unos argumentos esenciales que no se pueden quebrar porque, si se
quiebran, lo que se colapsa es el conjunto del sector. Esos argumentos
básicos son los que les hemos dado en la enmienda de sustitución a ese
primer punto, aunque dentro hay un margen para que ustedes tengan ese
grado de discrecionalidad, ese margen de libertad que debe tener todo
Gobierno en el diseño de una política minera. Acéptennosla y empezaremos
a creer que quieren hacer algo en esa dirección de gestionar y de
administrar el carbón en los términos establecidos en ese Decreto, que
efectivamente --insisto-- permite la evolución del sector del carbón
nacional en el largo plazo.
En cuanto al tercer punto, realmente echo en falta algunas iniciativas en
relación al medio ambiente, al urbanismo, a los equipamientos sociales,
porque todo eso hace atractivas las comarcas, fija la población y, desde
luego, atrae también inversiones. En esa línea se han hecho muchas cosas
en las comarcas mineras, y usted lo sabe perfectamente. Por ejemplo, los
ríos mineros asturianos, muertos durante casi cien años, son cauces
recuperados en este momento. Se han hecho muchas cosas y hay que hacer
más, seguro. Hay mecanismos, que se han diseñado y utilizado por el
Gobierno anterior y que van a utilizar ustedes, como es el fondo del 0,5
por ciento de la tarifa eléctrica, para atraer e incentivar las
inversiones. También veo propuestas para crear suelo industrial.
Ciertamente, es necesario porque se trata de sustituir una actividad
intensiva en trabajo pero que no usa suelo prácticamente, por otras
actividades seguramente, y desgraciadamente, mucho menos intensivas en
trabajo pero que utilizarán suelo, y en algunas comarcas mineras es
extraordinariamente difícil encontrar suelo por lo constreñido de la
orografía, por la congestión de esas comarcas, a veces, por lo caótico
del urbanismo y, desde luego, por los depósitos de estériles. Ahí tienen
ustedes una doble tarea: se pueden quitar algunas escombreras y hacer
suelo industrial. Porque en los demás sitios, los socialistas ya hemos
hecho los polígonos industriales. (Rumores.) Señorías, este tercer punto
está en absoluta sincronía con lo que se ha venido haciendo en las
comarcas mineras por los gobiernos socialistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández, vaya terminando,
por favor.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Termino enseguida, señor Presidente.
El único escepticismo que tenemos en este punto es el origen de fondos de
esas infraestructuras de comunicación que ustedes proponen, de esas
carreteras, que realmente vienen de la panacea que se han inventado y que
sirve para todo absolutamente: si tienen ustedes que reducir deuda
pública, de las privatizaciones; si hay que liquidar la deuda del INI, de
las privatizaciones; si hay que financiar a la Agencia Industrial del
Estado, venga de lo mismo; si hay que hacer infraestructuras en alguna
comunidad autónoma por acuerdos de gobernabilidad, ahí tienen la caja de
las privatizaciones y, ahora, cuando hay que hacer también carreteras en
las comarcas mineras, de las privatizaciones. (Rumores.) Señorías, hagan
ustedes todo esto, pero les digo una cosa con absoluta convicción: todas
estas infraestructuras, todos estos polígonos industriales y todas estas
dotaciones no servirán de nada si no se mantiene el nervio de las
comarcas mineras; y el único nervio y el único pulso que tienen es el de
la minería del carbón. Si desaparece, se seguirán haciendo
infraestructuras y todas estas cosas, pero nadie permanecerá allí a ver
qué ocurre, y nadie vendrá luego a invertir a un desierto y, al final,
tendremos carreteras por las que no circularán vehículos, tendremos
polígonos industriales sin industria y tendremos también paseos y parques
sin paseantes.
Por tanto, les insto a que ustedes admitan nuestra enmienda al apartado
1, para que podamos tener más esperanza en ese sentido.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández. (El
señor Núñez Pérez pide la palabra.)
Señor Núñez, como conoce muy bien el Reglamento, sabe que no existe
ningún turno en contra. Tendrá ocasión S. S., al final de todas las
intervenciones en el debate, de indicar si acepta o no la enmienda
defendida por el señor Fernández.
El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor Presidente, pero...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no. No tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Con arreglo al punto 1 del artículo 73 del
Reglamento, pido la palabra porque he sido contradicho.
(Risas.--Protestas.--Rumores.) Se ha fijado la posición del grupo,...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Núñez!
(Rumores.) ¡Silencio!, señorías.
El señor NUÑEZ PEREZ: Se ha defendido la enmienda y, además, he sido
contradicho, y para ese turno le pido la palabra, señor Presidente.
(Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, la Presidencia ha
entendido perfectamente su solicitud. En efecto, al defender una
enmienda, se supone
que lógicamente hay que hacer referencia al texto que se enmienda. Su
señoría ha dedicado una parte primera de su intervención a hablar de algo
que no era la exposición de su proposición no de ley.
Conoce perfectamente, señor Núñez, que el debate de las proposiciones no
de ley, como el de las mociones, es un debate tasado, en donde una vez
producida la intervención respecto a la enmienda no cabe después la
aplicación del artículo 73, punto 1, sobre la contradicción. (Rumores.)
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.-- El señor
Núñez Pérez pide la palabra.)
No tiene la palabra, señor Núñez. Está ya suficientemente debatido.
Muchas gracias. (Protestas.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
(Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya lo ha expresado antes,
señoría.
El señor NUÑEZ PEREZ: Pero, señor Presidente, no sabe lo que le voy a
pedir.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya, ya, pero no vamos a
encadenar, como si fueran cerezas, las cuestiones de orden. Muchas
gracias. Siéntese, señor Núñez. (Protestas.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Con todo respeto, acato su decisión, pero no la
comparto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Siéntese, señor Núñez. No tiene
la palabra. (Protestas.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) va a apoyar esa proposición no de ley,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, sobre el futuro de la
minería del carbón. Entendemos que se trata, según la redacción del texto
articulado, de una declaración genérica de intenciones de la que
difícilmente se puede discrepar dada la actual situación. En definitiva,
se están planteando una serie de planes para abordar esta problemática:
planes de mejora de los rendimientos de la extracción del carbón para
aumentar la competitividad de las empresas mineras; planes de seguridad
en las minas y actuaciones concretas por parte del Gobierno para el
desarrollo de infraestructuras en cuencas mineras; planes de desarrollo
urbanístico integral; programas de formación profesional que eleven el
nivel de cualificación de los trabajadores y planes de diversificación
que superen la actual situación de monocultivo. Son, en nuestra opinión,
señor Presidente, una batería genérica de intenciones en las cuales ni
siquiera consta el plazo en el cual el Gobierno debiera de acometerlas.
Entendemos que esta iniciativa, como ha quedado bien claro hasta ahora a
lo largo del debate, queda enmarcada en lo que es el protocolo eléctrico,
dado que el sector eléctrico y sus sectores colaterales, como el del
carbón, van a conocer a corto plazo modificaciones sustanciales dentro
del nuevo marco que establece este protocolo eléctrico.
En este contexto, señor Presidente, quisiéramos manifestar que el Grupo
Parlamentario Vasco no comparte los métodos del Ministerio de Industria y
Energía, las formas con las cuales se están abordando estas
problemáticas. Lamentamos la falta de comunicación de los responsables
del ministerio con los grupos parlamentarios de esta Cámara, así como la
incomunicación que se está produciendo con los responsables de las
comunidades autónomas que tienen competencias en estas materias. Nos
llama la atención también la incomunicación que se está produciendo en
estos momentos en relación a estas materias con los responsables del
Consejo Superior de la Energía Eléctrica, y observamos en el devenir de
los hechos una excesiva dependencia de los temas y de los contenidos que
estamos abordando para con un sector como el eléctrico, que está claro
que desea la liberalización, pero una liberalización muy sui generis, una
liberalización muy controlada.
En este contexto y haciendo mención expresa de estos temas de método y de
forma, que nos preocupan evidentemente, entendemos que el carbón, que es
el objeto principal de esta proposición no de ley, queda excluido de los
contenidos del protocolo eléctrico que conocemos en cuanto que forma
parte de un proceso de liberalización de las materias primas energéticas
contempladas en dicho protocolo. Es decir, que tiene un régimen
específico, se mantienen en el mismo las cuantías que hasta ahora se
venían abordando, aunque se modifican los procedimientos, y es aquí,
señor Presidente, donde empiezan a surgir a borbotones las dudas del
Grupo Parlamentario Vasco en relación a estas materias. ¿Es que es viable
de verdad, siendo competitiva la producción del carbón? ¿Sólo necesita
esta producción, como se dice, de un período de adaptación para sus
costes?
Nosotros mantenemos una postura prudentemente escéptica. Quisiéramos que
el tiempo, precisamente por esta acción del Gobierno a la que se insta en
esta proposición no de ley, fuera despejando las incógnitas y levantando
estos escepticismos. El Grupo Parlamentario Vasco está a favor de que los
cambios estructurales se produzcan a través del diálogo y la negociación
entre los interlocutores, a favor de que se hagan planes de desarrollo
integrales en estas comarcas, planes de
superación del monocultivo, pero esto tiene un nombre, señor Presidente,
estamos hablando de industrias alternativas en estas cuencas y en estas
zonas, y es aquí donde empiezan a surgirnos las dudas a borbotones. ¿Será
capaz el Gobierno de abordar estos planes con rigor, de destinar los
recursos necesarios para que estos planes se aborden con rigor y con
suficiencia? Este, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, es el reto
básico, por encima de la declamación de intenciones, que debe asumir esta
Cámara.
Hoy vamos a votar afirmativamente esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular y quisiéramos que el Gobierno, dado que la
iniciativa no pone plazos, los fijara, cogiera la problemática por los
cuernos y sobre todo, señor Núñez, que mantuviese otro estilo. En esta
Cámara existen grupos parlamentarios que apoyan, que están dispuestos a
colaborar, y parece que el misterio no lo tiene muy en cuenta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y Señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a ser votar favorablemente la iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a través de la proposición
no de ley.
Políticamente hablando, nos parece correcto el soporte por parte de
nuestro grupo al diálogo iniciado entre los sindicatos y los empresarios
para impulsar los planes de mejora de los rendimientos de extracción del
carbón. Asimismo nuestro grupo parlamentario considera políticamente
importante, y en esto también estamos totalmente de acuerdo con la
opinión del Diputado socialista que me ha precedido en el uso de la
palabra, en la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas
para mejorar constantemente la seguridad de las explotaciones mineras.
Pensamos sinceramente que éste es uno de los puntos más importantes de la
proposición no de ley.
Como consecuencia de estas afirmaciones y teniendo en cuenta los
mecanismos que va a poner en marcha el Gobierno, también consideramos
necesario e importante poner fecha a las objeciones y a los mecanismos
que consecuentemente se desprenden de esta proposición no de ley.
Pensamos que esto es importante desde la perspectiva de mejorar las
infraestructuras de las cuencas mineras para posibilitar la implantación
de nuevas alternativas empresariales para facilitar la reestructuración
de dicho sector.
Desde Convergència i Unió también consideramos muy importante impulsar
los acuerdos entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos
afectados para promover planes urbanísticos que puedan incorporar nuevos
proyectos empresariales. Quizá aquí nuestro grupo parlamentario
plantearía la posibilidad de que el grupo proponente aceptara una
enmienda in voce de nuestro grupo, en el sentido de incorporar al punto
3. b) la siguiente consideración: Impulso mediante acuerdos con las
comunidades autónomas y ayuntamientos afectados, para que los dos
organismos correspondientes que tienen competencias en materias
urbanísticas, puedan desarrollar dichos planes urbanísticos que
posibiliten la promoción del suelo en favor de la localización de futuras
iniciativas empresariales.
Nuestro grupo también está de acuerdo en impulsar nuevas propuestas de
formación profesional, no sólo en formación profesional desde la
perspectiva minera, sino de nuevas profesiones que puedan posibilitar,
tal como he dicho anteriormente, posibles alternativas empresariales.
En cuanto al último punto que ha planteado el Gobierno del Partido
Popular, en el desarrollo de medidas y soportes económicos para facilitar
una propuesta de implantación de nuevas alternativas empresariales, desde
Convergència i Unió, reclamaríamos del Gobierno mucha imaginación al
respecto, porque estamos totalmente de acuerdo que si en los campos
fiscal y económico hay figuras fiscales importantes, sería mucho más
fácil que otras alternativas vengan a promoverse en estas zonas tan
necesitadas de nuevos proyectos empresariales.
Por todo lo dicho anteriormente el Grupo Catalán (Convergència i Unió) va
a apoyar la proposición no de ley presentada por el Gobierno del Partido
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sánchez i Llibre, como
conoce S. S. perfectamente, en las proposiciones no de ley y en las
mociones no caben enmiendas in voce. A lo sumo se puede aceptar y si
después a la hora de la decisión, se entiende como una corrección de su
proposición no de ley, podría ser aceptada como tal corrección pero no
como enmienda transaccional o in voce ya que no existen en estos turnos.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Presidente, nuestro grupo va a apoyar,
en primer lugar, la enmienda presentada por el Grupo Socialista al punto
1, por una razón obvia, porque están intentando resolver en este momento
un conflicto que ustedes mismos han generado. No hay más que repasar la
prensa de los días pasados para ver la posición del Ministerio de
Industria, a través de ese borrador apócrifo, que ahora no reconocen, que
en su punto 5 establecía unas condiciones de liberalización del sector
que acababan a muy
corto plazo con el sector de la minería del carbón, tanto pública como
privada. Ahora ustedes lo niegan e intentan achacar, el origen del
conflicto a filtraciones. No, señores, el origen del conflicto está en un
texto del mes de octubre elaborado por parte del Ministerio de lndustria
para su discusión con las eléctricas, y el señor Piqué aquellos días
provocó numerosos titulares de prensa, que no creo fueran consecuencia de
malas interpretaciones, en relación con el posible cierre de Hunosa en el
año 2002, o con la grave preocupación que se implantó en el sector de la
minería.
Al mismo tiempo, usted parece desconocer que por ejemplo en Castilla y
León, en las plataformas de defensa de la minería del carbón, están todos
los grupos políticos incluido ustedes, curiosa fórmula, porque tienen que
defenderse de su propio Ministro de Industria, y también en las
manifestaciones estaba el señor Morano, por ejemplo, y otros ilustres
representantes del PP, igual que en Aragón estaba el señor Lanzuela. Por
tanto, esa inquietud no solamente la teníamos algunos grupos políticos,
parece ser que todos, además de manera razonable, porque tienen en este
sector una buena relación con los empresarios de la minería privada del
carbón. En consecuencia, creo que hay una razón clarísima para
inquietarse que la provoca el señor Ministro de Industria. Me alegro que
hoy en sus intervenciones ustedes rectifiquen un mal planteamiento para
la minería del carbón, rectificación que no es todavía suficiente, en
opinión de nuestro grupo. ¿Por qué? Porque una cosa son las ayudas a las
comarcas mineras u otro tipo de ayudas que hay que volver a negociar en
el marco de los contratos programa el año que viene (el caso de Hunosa,
La Camocha, etcétera), y otra cosa es cómo afecta ese protocolo
eléctrico, que se insiste una vez más se va a firmar en los próximos
días, al propio sector del carbón. Nosotros seguimos manteniendo que las
condiciones que fija el protocolo eléctrico para la elección en esa dieta
energética por parte de las compañías eléctricas de donde competir
--entre comillas, si es que se puede llamar competencia a lo que ustedes
establecen en ese futuro protocolo--, va a condicionar en una dirección o
en otra cuáles son las conclusiones de las negociaciones abiertas entre
el sector de la minería, tanto sindicatos como empresas privadas.
Ustedes incumplieron lo que anunciaban. Anunciaban que la reforma en el
sector energético se iba hacer en discusión con todos los sectores
afectados, que no son solamente las compañías eléctricas, sino también
los sindicatos, no sólo de minería sino del propio sector eléctrico, como
tendremos ocasión de discutir dentro de unos momentos, así como las
empresas.
Ustedes continúan en una proposición no de ley que contiene muy buenas
intenciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Santiso, en la ordenación
del debate de una proposición no de ley no hay turnos en contra; por
tanto, debe ceñir un poco su intervención a la fijación de la posición de
su grupo respecto al texto de la proposición no de ley, y no estar
formulando como una interpelación al Grupo Parlamentario Popular. Cíñase,
por favor, a la fijación de su posición respecto al texto de la
proposición no de ley.
El señor SANTISO DEL VALLE: Me estoy refiriendo exactamente al texto
diciendo que contiene una serie de generalidades, algunas muy
interesantes, pero hay otras que también son preocupantes. Por ejemplo,
en el punto donde hablan de desarrollo de infraestructuras ustedes
plantean que esas infraestructuras tienen que ser con 300.000 millones en
tres años obtenidos de la venta del patrimonio de las empresas públicas.
En consecuencia, como ya conocemos la segunda parte, tenemos unas grandes
reservas sobre esos aspectos, porque podríamos estar vendiendo Ensidesa
para cubrir los problemas de Hunosa o de otros sectores. Por tanto,
tenemos unas grandes reservas. Ustedes lo han dicho en la presentación
pero no está escrito y nosotros no podemos entrar en ese tipo de
soluciones.
Termino. Si no se aceptan unas concreciones mayores, como las que plantea
al punto 1 el Grupo Socialista, nuestro grupo tendrá que abstenerse
porque sinceramente no tienen ustedes todavía ganada la credibilidad.
Gánenla --espero que sea así-- y les apoyaremos todos en las
negociaciones que hoy se han abierto con los sindicatos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.
Señor Núñez, tiene la palabra para indicar la aceptación o no de la
enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Previamente, puede indicar si acepta la propuesta de corrección que por
parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió), le ha planteado el señor
Sánchez i Llibre.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente. Me limitaré a cumplir
estrictamente con el reglamento.
Acepto como corrección lo que el representante de Convergència i Unió nos
planteaba con enmienda in voce; por tanto, se añade las comunidades
autónomas, al apartado b) del punto 3, antes de la expresión: con los
ayuntamientos afectados. Sea vía corrección, sea vía enmienda in voce,
queda incorporado al texto de nuestra iniciativa.
Por lo que se refiere a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sin entrar en otras cuestiones, sí tengo que señalar que no
la aceptamos porque sigue pidiendo lo que él llamaba obvio, es decir
instar al Gobierno a negociar con los representantes
sindicales. Eso es justamente lo que dice el punto primero de nuestra
iniciativa; lo que pasa es que habrá que hacerlo muchas veces porque
también muchas veces han dejado ustedes de negociar muchas proposiciones
de ley, muchas iniciativas, muchos planes de ordenación con los
sindicatos a espaldas de ustedes. (Rumores.)
Por esta razón no admitimos la enmienda de sustitución y mantenemos
nuestra iniciativa en toda su integridad para votación. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, relativa al futuro de la minería del carbón, así
como sobre los planes del Gobierno para impulsar el desarrollo de las
comarcas mineras en los términos resultantes de la incorporación de la
corrección que se ha señalado en el transcurso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 159; en contra, cuatro; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL SECTOR ELECTRICO (Número de
expediente 162/000072)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre el
sector eléctrico. Para la presentación de la proposición no de ley, en
nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Fernández.
(Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, guarden silencio para que podamos continuar el debate.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hace dos años en esta misma Cámara se aprobaba la Losen, se
aprobaba por tanto la ordenación y la regulación básica del suministro
eléctrico, se daba además al sistema eléctrico español la máxima garantía
jurídica, y se consagraban una serie de principios que ya estaban
incluidos en las normas en vigor dispersas sobre el sector, como eran
planificación eléctrica, obligatoriedad de suministro, tarifa única y
explotación unificada del sistema. Pues bien, han pasado dos años...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández.
Señorías, ruego a quienes están en los pasillos del hemiciclo que lo
abandonen y dejen al resto de la Cámara escuchar la intervención del
señor Fernández. Señor Bayona, señor Belloch; señor Bayona, por favor.
(Pausa.)
Puede continuar, señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, han pasado dos años y el Gobierno, en lugar de aplicarse a lo
que debe ser su máxima urgencia en materia eléctrica, es decir el
desarrollo reglamentario de la Losen, a lo que se aplica es precisamente
al bloqueo y a la voladura de esta ley y lo hace rescatando una antigua
tradición en el sector que creíamos erradicada y que consiste
sencillamente en una negociación unilateral y excluyente entre el
Ministerio de Industria y las empresas incluidas en Unesa. De una
negociación de esas características no se puede esperar claridad ni
objetividad, sino que hay que esperar todo lo contrario, hay que esperar
opacidad y discriminación.
¿Quiénes tienen que ser los discriminados? Evidentemente los excluidos y
son los gentes del sistema como comercializadores independientes, los
autoproductores o la propia Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que
ha jugado aquí el papel de convidado de piedra cuando la han invitado o
bien los mineros del carbón y desde luego los consumidores o, si se
quiere, los usuarios de este servicio público.
Lo paradójico, señorías, y el sarcasmo es que el protocolo eléctrico dice
inspirarse y apoyarse en la propia Losen que pretende destruir y uno
piensa que si la Losen dice que es necesaria la planificación eléctrica,
¿cómo se puede hacer esa planificación eléctrica en el marco de un
documento que plantea el libre acceso a cualquier fuente energética
primaria sin que quepan restricciones de política energética? Señorías,
si no hay restricciones de política energética, ¿quién va a planificar?
El Gobierno no planifica, pues no va a planificar el mercado, eso nunca
lo hace, ¿van a planificar otra vez las eléctricas y ponerse en la
situación que se pusieron, que hizo necesario el marco legal estable para
reequilibrarlas y llegar a una situación como la actual?
En cuanto a la tarifa única, que como ustedes saben tiene el carácter de
máxima y única en cada especialidad en todo el territorio, no discrimina
en función de la ubicación y permite el acceso de las rentas más bajas a
ese servicio; pues bien, el documento plantea la posibilidad de que el
Ministerio de Industria abdique de esa potestad de implantar la tarifa
única a partir del año 2002, una actitud que va contra la cohesión
territorial y social y contra la redistribución que proporciona esa
tarifa única, insisto, consagrada en la Losen.
Pero qué decir de la mayoría pública en Redesa. La Losen lo establece de
esa forma y sin embargo el protocolo dice que en ningún caso debe haber
restricciones de mayoría pública. Se tiene que deducir que se va a
proceder a la privatización y uno tiene que preguntarse también qué
ventajas van a sacar los administrados, los usuarios del servicio, qué
vamos a sacar todos con que se privatice lo que es el paradigma del
monopolio natural, cuando además contradice lo que se pretende hacer con
ese documento y con ese protocolo: un proceso de liberalización.
¿Cómo para liberalizar se va a una estructura que se constituye
básicamente en un duopolio en generación, que ese duopolio tiene una
presencia importante en el monopolio de transporte y, además, tiene una
implantación mayoritaria en la distribución? No se puede, señorías,
introducir la competencia con esa estructura y además todos sabemos que
la competencia tiene que entrar de forma gradual y progresiva, de acuerdo
con lo que posibilita, eso sí, el llamado sistema independiente en el
marco de la Losen.
La sobrecapacidad en generación que existe en este país y en este
momento, el hecho de que no estemos interconexionados apenas con Europa,
que seamos una isla eléctrica y esa estructura que antes comentaba
imposibilitan la entrada de competencia de manera rápida. Les diré más,
no se trata de estar contra el hecho de que existan grandes empresas en
el sector eléctrico, puede ser positivo desde el punto de vista de la
política industrial que eso ocurra y que sean punta de lanza de nuestra
actividad industrial incluso en el extranjero, pero ocurre que entonces
no se puede rebajar la regulación y tampoco se puede permitir que esas
empresas hagan su propia regulación, porque lógicamente utilizarán la
posición de dominio de mercado que tienen. Por tanto, señorías, queda
clarísimo que con la elaboración de este protocolo no se trata de
introducir competencia, no estar en sincronía con el borrador de la
directiva sobre normas comunes en el mercado interior de la electricidad,
que lo está perfectamente, insisto, el sistema independiente de la Losen.
Se trata, entre otras cosas, de establecer, de aflorar unos costes
hundidos en una transición hacia esa competencia a la que se dice se va a
llegar, de tal manera que a través de la tarifa única, se posibilite
justificar esas cargas para los usuarios. Fíjense que eso tendrá que
sobrepasar el condicionante de la revisión de Bruselas que se establece
en el artículo 23 del borrador de directiva a que se alude.
El llamado compromiso regulatorio, esos costes varados, señorías, se ha
cifrado primero en 2,3 billones, luego en billón y pico y ahora en torno
a un billón 900.000 millones. Ha sido una manera arbitraria, sin duda, de
establecerlo y nosotros entendemos que dentro de esa cantidad se incluyen
ineficiencias en la gestión que los recibos de la luz de los usuarios no
tienen por qué cargar con ellas. Se trata, en definitiva, de un atraco a
los usuarios, de un atraco a los consumidores de este país.
Lo más publicitado del protocolo es, sin duda, la disminución de tarifas
que supone tres puntos nominales en 1997. Quiero recordar que las tarifas
eléctricas vienen disminuyendo sistemáticamente en los últimos años en
términos reales. Este año el 3,5 por ciento si se cumple el objetivo de
inflación; 2,8 el año anterior, y el 1,7 en 1994. ¿Saben ustedes cómo se
vienen consiguiendo estas disminuciones de tarifa? Contra la cuenta de
resultados de las compañías. Eso, sin embargo, no ha hecho que esas
compañías se encuentren en una mala situación. Han mejorado su situación
financiera, han creado valor para sus accionistas y si ustedes quieren
mirar el índice Ibex, sin ir más lejos, son las compañías que se incluyen
en ese índice las que tienen una mejor situación en cuanto a beneficios
en los últimos años. Por tanto, es factible disminuir el recibo de la
luz, la tarifa eléctrica, contra la cuenta de resultados de las compañías
sin que éstas sufran deterioro en su situación financiera, y eso es
posible no solamente porque se haya rescatado a las empresas eléctricas
de la situación en que ellas mismas se pusieron antes de 1987, con las
sobreinversiones que todos recordamos, sino porque hay un cuadro
macroeconómico que lo favorece en términos de reducción de tipos de
interés, para una deuda de tres billones 300.000 millones de pesetas, en
términos de menor coste de las fuentes de energía primaria y en términos
de ausencia de necesidad de inversiones en generación a medio plazo. Sin
embargo, ¿qué se plantea en esa reducción o pretendida reducción de la
tarifa que se pone sobre la mesa como reclamo para la aprobación o firma
de este protocolo? La reducción esencial de la tarifa se consigue con
laminación de costes; es decir, lo que no se paga hoy se paga en
ejercicios próximos. Se trata de 112.000 millones de pesetas en
laminación de costes, lo mismo que se pretende hacer con la construcción
de infraestructuras por privados que se pagarán en el futuro. Un 5,6 por
ciento de la tarifa eléctrica por ese concepto; un 0,8 por ciento de la
tarifa eléctrica, es decir, en torno a 16.000 millones de pesetas, se
consigue amputando costes a terceros, se quitan costes a Endesa, a Enusa,
a Investigación y Desarrollo 7.500 millones, a otros que no sean las
propias compañías el 0,9 por ciento, 19.000 millones de pesetas del
contrato de EDF.
Uno tiene que preguntarse cuál es el esfuerzo que hacen las compañías
eléctricas en esta reducción de tarifas. Hay 53.000 millones de la
extensión de vida útil y del sobrecoste de intercambio de activos, que
son el 2,3 por ciento aproximadamente, el 2,2 sobre el de la tarifa
eléctrica, y parece que ése es el esfuerzo, pero como hay una retribución
mayor de la distribución por 35.000 millones, vemos que ese esfilerzo se
reduce, señorías, a 8.000 millones de pesetas; es decir, la tan cacareada
disminución de la tarifa, el esfuerzo
real que se hace por las compañías es del 0,4 por ciento. Se trata, por
tanto, de puro maquillaje contable; se trata de contabilidad creativa y
no se hace ninguna reforma estructural. La única reforma estructural que
uno se imagina se quería hacer con toda esta historia del protocolo era
la liquidación de la minería del carbón, que se planteó en los primeros
protocolos; luego, al menos en el plano teórico, fueron recogidas
determinadas restricciones a raíz de las reuniones que se sostuvieron con
los sindicatos mineros, después de todos los problemas que hubo en el
norte de España.
Señorías, el protocolo eléctrico es una norma reguladora básica que va
desde la generación hasta la distribución, pasando por el transporte del
sistema eléctrico. Se trata de una sustitución clarísima de la norma
actual de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y se trata
de una ordenación de un servicio público. Por tanto, toda ordenación de
un servicio público debe atender únicamente al interés público, y lo que
se está haciendo en este caso concreto es atender exclusivamente al
interés privado, al interés de las compañías que tienen capacidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, le ruego vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Termino ya, señor Presidente.
Como decía, al interés de las compañías que tienen capacidad para
presionar sobre el órgano que tiene la potestad reguladora, que es el
Ministerio de Industria. Por eso, señorías, planteamos que la reducción
de la tarifa sea un punto más --las compañías tienen que asumir 20.000
millones de pesetas más los 7.500 millones de investigación y desarrollo
que consideramos que es oportuno mantener en la tarifa, que lo pueden
soportar perfectamente las compañías eléctricas-- y entendemos también
desde el Grupo Socialista que se debe retirar el protocolo eléctrico y
que se comience con la mayor urgencia el desarrollo reglamentario de la
Losen, que habría que hacer con plena claridad, de tal forma, señorías,
que en ningún caso grupos minoritarios, pero organizados y compactos,
puedan imponer sus criterios a grupos absolutamente mayoritarios pero
desorganizados y dispersos.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Dada la redacción que tiene esta iniciativa, como la anterior --quizá
hubiese sido más normal, primero, debatir ésta y, en segundo lugar, la
siguiente--, no voy a reiterar los argumentos expuestos en relación a la
metodología de negociación del protocolo eléctrico y de las relaciones
entre el Ministerio y, por lo menos, este grupo parlamentario. Entiendo
que es el protocolo eléctrico y su forma de negociación la que está
suscitando toda esta polémica, por las múltiples iniciativas que, tanto
en Comisión como en Pleno se están desarrollando. Yo creo, señor
Presidente, que si la metodología del trabajo del Ministerio al negociar
estas materias hubiese sido distinta, nos podríamos haber ahorrado muchas
energías y seguramente hubiésemos llegado a mejores conclusiones. Creo
que es una observación importante el considerar que un tema de la
importancia y de la relevancia de los contenidos de este protocolo
eléctrico debía haber tenido un consenso mayor en esta Cámara, un
conocimiento más profundo. Seguramente los contenidos que hubieran
devenido de esas relaciones hubieran podido sustentar la discusión en
términos más precisos y más interesantes para los consumidores y también
para las propias empresas eléctricas.
Nosotros compartimos, curiosamente, los objetivos básicos que se
pretenden con este protocolo eléctrico. Está hablando de la bajada de la
tarifa eléctrica, de la competitividad para las empresas, de procesos de
liberalización del sector, del abaratamiento de costes y, en definitiva,
de mayor calidad y de garantía en el servicio, y, sin embargo, nos
encontramos inmersos en un totum revolutum, donde es necesario leer la
prensa con detalle todos los días para observar los cambios que se están
produciendo en esta negociación y los distintos mensajes que los
interlocutores sociales y económicos se están dirigiendo los unos a los
otros.
En relación a esta proposición no de ley que presenta hoy el Grupo
Socialista quisiéramos realizar algunas consideraciones como Grupo
Parlamentario Vasco.
En el primer punto se solicita la paralización de la negociación del
protocolo eléctrico. Entendemos que a estas alturas el mal sería mayor.
Nos encontramos prácticamente a la firma de este protocolo. Iniciar ahora
un diálogo con todos los sectores sería volver al punto de origen, y
consideramos que no sería lo más prudente ni lo más oportuno.
Lo que entendemos, señor Presidente, es que habría que reconducir el
debate. Nos encontramos con un documento que tiene una serie de
contenidos, unos objetivos que compartimos la mayoría de los grupos
parlamentarios, y, sin embargo, nos encontramos todos un poco
descolocados. No creo que se trate, por tanto, de paralizar esta
negociación; se trata más de traerla a esta Cámara, de llevarla a los
agentes sociales, de hacerles partícipes de los objetivos y de hacer ver
a las empresas eléctricas que no pueden mantener una presencia más allá
de lo que es justo y razonable. Estamos observando en otros sectores
procesos de privatización que se están desarrollando en otros parámetros,
procesos de liberalización que conocen otras conductas de comportamiento.
Curiosamente, no es esta la nota que se está llevando en el sector
eléctrico. Por ello, señor Presidente, hacemos un llamamiento a la
reconducción del debate; que el debate venga a esta Cámara, que el debate
pueda conseguir una relación entre el Ministerio y el Consejo de la
Energía Eléctrica y que, de alguna forma, los objetivos de la Losen
puedan verse reconducidos en un momento en que se cuenta con un documento
tan importante como este protocolo eléctrico.
En el debate de la Losen recordarán los portavoces socialistas la
insistencia que pusimos desde el Grupo Parlamentario Vasco en los
procesos de cogeneración, en la importancia del sistema independiente.
Fueron enmiendas incorporadas, entre otros, a sugerencias del Grupo
Parlamentario Vasco. Nos encontramos en este momentos con serias dudas de
cómo se van a abordar estos contenidos fundamentales de la Losen.
Entendemos que deben darse facilidades para que, de verdad, exista
competencia en el sector, porque si no, señor Presidente, estamos
hablando de palabras huecas. Todos nos llenamos con las palabras
competitividad, liberalización, privatización, etcétera, pero a la hora
de la verdad, al examinar con rigor de qué se está hablando en este
sector eléctrico, vemos las dificultades que se están poniendo a los
procesos de cogeneración, al funcionamiento y desarrollo del sistema
independiente, y observamos con preocupación cuántas trabas se están
poniendo desde las eléctricas más consolidadas a que estos nuevos
procesos se vayan implantando con suficiencia.
En relación a las propuestas que se recogen entre los puntos 2 y 5, el
Grupo Parlamentario Vasco ha hecho el resumen de que es como solicitar la
cuadratura del círculo. Es decir, se recogen en esta proposición no de
ley un conjunto de propuestas que no nos cuadran. Quizá es que no seamos
especialmente hábiles en las matemáticas. Si decíamos en la proposición
no de ley anterior que las propuestas eran una batería de intenciones,
aquí quizá pase lo contrario, aquí son excesivamente concretas, aquí no
hay forma de que los números cuadren y lleven a una iniciativa común.
En definitiva, entendemos que reducir la tarifa eléctrica en el 4 por
ciento en el ejercicio que viene, salvando las inversiones de los
programas de I+D, garantizando además la absorción del carbón nacional
sin más reserva y contribuyendo a los planes de diversificación para el
desarrollo de las comarcas mineras --no hay coordenadas ni parámetros
cuantitativos que lo determinen--, creemos que es ciertamente inviable.
Por ello, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco no va a votar a
favor de la toma en consideración de esta proposición no de ley.
No quisiera terminar, señor Presidente --sin querer ser excesivamente
pelma en mi intervención--, sin solicitar al Gobierno y al grupo
parlamentario mayoritario que lo sostiene la reconducción de estos
debates, que llevan a la alteración del orden social en materias en que
no debiera producirse con la virulencia que se produce, y a la actitud
expectante de algunos grupos parlamentarios, como al Grupo Parlamentario
Vasco, que no llegan a entender lo que pasa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió va a
ser la de no tomar en consideración la propuesta que ha presentado el
Grupo Parlamentario Socialista por las siguientes razones: en primer
lugar, porque nuestro grupo parlamentario cree que este no es el momento
procesal oportuno para paralizar la negociación del protocolo, porque
entendemos que si esta paralización tuviera lugar, su consecuencia sería
justamente la opuesta a lo que persigue el Grupo Socialista con su
propuesta, ya que esta paralización querría también implicar la
suspensión del diálogo entre el Gobierno y los diferentes agentes
empresariales implicados en dicho proceso de negociación que, según
nuestras informaciones, se estaba produciendo a lo largo de estas últimas
semanas.
Por esta consideración, nosotros entendemos que ya es hora de que el
Gobierno dé luz verde al protocolo y venga a informar rápidamente al
Parlamento, al Congreso de los Diputados, a la Comisión que corresponda,
que lógicamente será la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Hay otra segunda consideración por la cual nuestro grupo no va a dar
soporte a dicha iniciativa parlamentaria, y es que entendemos que algunas
de ellas ya han estado subsumidas en la reciente proposición no de ley
aprobada por el Partido Popular, como es el caso de la minería del
carbón.
Otra cuestión importante por la cual nuestro grupo no va a dar soporte a
dicha iniciativa parlamentaria es que nosotros entendemos que el
protocolo eléctrico es fundamental para la liberalización de dicho
sector, y consideramos que ésta se ha de producir en un debate en el que
todos los grupos parlamentarios puedan disponer ya del protocolo
definitivo, para poder hablar extensa y exhaustivamente de una cuestión
tan importante como es la liberalización del sector eléctrico, la bajada
de las tarifas, nuevas cogeneraciones, nuevas iniciativas empresariales.
En definitiva, pensamos que este debate se va a producir rápidamente para
que todos los grupos parlamentarios podamos enmendar, si es necesario, el
proyecto de ley de protocolo que, en definitiva, no deja de ser un
proyecto y es el Parlamento
el que ha de dar el visto bueno definitivo. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
no va a dar soporte a este tipo de iniciativa parlamentaria presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya respecto a la proposición no de ley que ha presentado el
Grupo Socialista.
Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa del Grupo
Socialista porque consideramos que en estos momentos lo que se está
produciendo es un ataque generalizado a los intereses de los
consumidores, mayoritariamente, y de las organizaciones sociales que
tienen que ver con el sector eléctrico y con la energía.
Señorías, no hace mucho tiempo que aprobamos la Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico, que ya introdujo una reordenación del sector, que fue
ampliamente debatida por esta Cámara, que no era totalmente compartida
por nuestro grupo parlamentario, pero, en definitiva, existe en este
momento ese marco legislativo que permitiría un desarrollo mayor del que
hay hoy y dotar al sector de otro tipo de agentes que pudieran
intervenir, con lo cual tendríamos la posibilidad de liberalizar de
alguna manera este sector, como ya preveía la propia Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, aunque tengo que decir que nosotros no
compartíamos este punto totalmente.
Lo que se está planteando con la firma del protocolo, dicho sea de paso,
es que otra vez más esta Cámara ha sido obviada a la hora de debatir con
el Gobierno cuál era el tipo de regulación del sector, lo cual es
imposible porque ya el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la
autorización de la firma del protocolo del sector eléctrico. No servirá
para nada que después se realice el debate en la Cámara. Nos limitaremos
a tener la información y, como ha sucedido esta mañana en la Comisión de
Industria y Energía con la creación de la subcomisión de privatizaciones,
a ser informados, pero nos veremos en la imposibilidad de tan siquiera
dar nuestra opinión o de poder contribuir a mejorar lo que creemos que
siempre puede ser mejorable, puesto que ya estará firmado con las
compañías eléctricas.
Pero no solamente se ha obviado a la representación de los ciudadanos de
nuestro Estado, sino que, además, se ha obviado también en este debate a
los sindicatos y a las organizaciones de consumidores. Si se nos pretende
decir que con la firma de este protocolo lo que se busca es el
abaratamiento de las tarifas, porque va a existir la libre competencia,
las organizaciones de consumidores tendrían que haber estado ahí para
poder determinar si nos beneficiaba o no a los consumidores. De todas
formas, a los pequeños consumidores no nos va a beneficiar, porque no
vamos a poder acceder a la libertad de elegir el suministrador, ya que no
hay capacidad para ello. Sólo y exclusivamente se beneficiarán los
grandes consumidores, que no son la mayoría. La mayoría de los
consumidores somos los ciudadanos y las ciudadanas que encendemos la luz
todos los días en nuestras casas.
Con la liberalización que se está planteando, con los borradores de
protocolos que nosotros reconocemos, hay algo que preocupa
extraordinariamente a nuestro grupo parlamentario. Se rompe con la
planificación energética coordinada. Es decir, las compañías eléctricas
van a poder construir, sin ningún tipo de planificación de las
necesidades, todas las centrales eléctricas o de generación eléctrica que
les interese para poder abaratar costos y para poder llegar al pool en
mejores condiciones, con lo que nos podemos volver a encontrar en una
situación que estamos pagando todavía hoy los consumidores a través de
nuestra tarifa eléctrica, y es la sobre capacidad de generación eléctrica
que ya en estos momentos tiene nuestro país y el endeudamiento que esto
ha supuesto para el sector eléctrico.
Señorías, nosotros estamos completamente decididos a defender que es
necesaria desde el Gobierno, desde las instituciones democráticas, la
planificación de un sector tan estratégico como el energético. Esa
palabra que se abomina tanto desde los bancos de la derecha, que es la de
planificación, nosotros la seguiremos defendiendo, porque desde luego las
compañías eléctricas sí que están planificando, pero sobre la base de sus
intereses económicos y no sobre la base de los intereses generales de los
ciudadanos y de las ciudadanas de este país.
Al romperse este criterio de planificación energética coordinada, corren
peligro los cogeneradores y corren peligro los planes de gestión de la
demanda, que son los que podrían beneficiar en la tarifa a los
consumidores. Además de que este sistema de la gestión de la demanda
permitiría una mejora de las condiciones del medio ambiente y no tener
una sobreexplotación de determinadas materias primas, que además se
acaban con el tiempo y de las que nos hacen totalmente dependientes. Esto
llevaría a un despilfarro de lo que hoy es la potencia instalada aún
operativa en nuestro país y, además, conllevaría una destrucción de
puestos de trabajo que también vendría a sumarse a ese despilfarro
potencial que supone ya la instalación aún operativa.
Por tanto, es totalmente necesario e imprescindible que se paralice la
firma del protocolo, que ese protocolo venga a debate a esta Cámara antes
de su firma, que no seamos meros convidados de piedra y tengamos que
escuchar o leer a través de los medios de comunicación en qué se va a
basar este protocolo, y que, además, se negocie con las organizaciones de
usuarios y consumidores y con las centrales sindicales que están inmersas
en este sector.
No puede consentirse que se intente legitimar esta propuesta bajo la
afirmación de que se van a rebajar las tarifas y todo aquel que se
muestre contrario es que no quiere que paguemos una tarifa eléctrica más
baja. Es todo lo contrario, señorías. Hoy existen márgenes suficientes
para que se puedan producir estas reducciones de la tarifa sin necesidad
de que tengamos que recurrir a una modificación del marco legal y estable
o a una reordenación del sector eléctrico. Además, la mayor reducción de
la tarifa que parece que se plantea para 1997 se produce dentro del
todavía vigente marco legal y estable. Por tanto, señorías, desconocemos
cómo va a repercutir realmente en la rebaja de la tarifa la nueva
modificación del sistema porque, entre otras cosas, se reconoce a las
compañías eléctricas, y no sabemos muy bien en base a qué, dos billones
de pesetas, dentro de los compromisos regulatorios, a amortizar en un
plazo de diez años.
Señorías, por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar esta proposición no
de ley, de la misma manera que mi compañero el señor Santiso defenderá
después la moción, que va precisamente en la línea de que esta Cámara
tenga el protagonismo que le corresponde a la hora de debatir la
reordenación del sistema eléctrico y la nueva regulación que se pretende
plantear; sencillamente, que podamos debatir la planificación energética
del Gobierno. Por tanto, señorías, no nos corre ninguna prisa firmar el
protocolo esta misma semana; en estos momentos, lo mejor que podríamos
hacer es paralizarlo, debatirlo en la Cámara, debatirlo con los agentes
sociales y con las organizaciones de usuarios y consumidores para que la
regulación del sector se pueda hacer, si no de consenso total y absoluto,
sí mucho más consensuada y que los usuarios no se sientan, si no
atracados, como decía el portavoz del Grupo Socialista, sí molestos
realmente con una situación en la que no nos va a beneficiar para nada
esa reducción de las tarifas, porque no sabemos qué va a suceder a partir
de 1997.
Es más, tenemos muestras, señorías. Se vendió como buena la
liberalización del sector de los gasóleos y los usuarios todavía no hemos
notado que esa liberalización nos haya permitido pagar la gasolina más
barata en nuestro país. Por tanto, pensamos que nos puede suceder lo
mismo con la tarifa eléctrica.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, comenzaré mi
intervención diciendo que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra
de la proposición no de ley sobre el sector eléctrico que presenta el
Grupo Socialista, y voy a decir por qué.
A las alternativas, se contesta con otras alternativas; a los argumentos,
se contesta con argumentos; a las frases, deberíamos contestar con
frases, y ustedes son muy dados a hacer frases, es decir, a hacer
titulares. Por ejemplo, presentamos un planteamiento de financiación de
las comunidades autónomas, y dicen que es un «carajal» y punto, ahí se
queda todo. Presentamos el protocolo eléctrico, ¡el proyecto de protocolo
eléctrico!, y dicen que es un atraco a mano armada, y ahí se queda todo.
Si yo fuera un irresponsable, contestaría a las frases con otras frases,
y miren que tengo fuentes para sacar frases; bastaría con pensar, por
ejemplo, en las secretísimas fórmulas de concierto para fusionar
determinadas empresas eléctricas, pero no lo voy a hacer, porque soy una
persona responsable y tengo respeto a esta Cámara, cosa que ustedes no
tienen. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular y protestas en los del
Grupo Socialista.--Un señor Diputado: En total, 5.000.) Igual que ha
hecho el señor Fernández, exactamente igual.
Comienzo el texto de la proposición no de ley haciendo referencia a las
loas que ha hecho el señor Fernández y que hace la proposición no de ley
a la Losen, dignas de mejor causa, porque no se corresponden ni con los
méritos intrínsecos de la ley ni con los resultados que su aplicación
está produciendo.
Conviene recordar, señorías, conviene recordar, señor Fernández, que
contra este proyecto de ley, cuando era proyecto, contra esta ley
aprobada en 1994 se presentaron cuatro enmiendas de totalidad: del Grupo
Vasco (PNV), del Grupo de Coalición Canaria, del Grupo Popular y del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Porque, al contrario
de lo que se dice en la exposición de motivos, esta iniciativa
parlamentaria que hoy debatimos peca de los mismos defectos que aquel
proyecto de ley, hoy ley. Los citados grupos parlamentarios argumentaron
--creo recordar-- que con esta ley no se avanzaría en la liberación del
sector, ni se introduciría mejor competencia, ni se mejorarían la
eficiencia y la calidad, ni se abaratarían los precios de la energía
eléctrica y, por tanto, no se contribuiría ni a la competitividad de las
empresas, ni a elevar el bienestar de las familias, de los consumidores,
en definitiva. Como literatura en esta iniciativa parlamentaria este
preámbulo no está mal; como capítulo de buenas intenciones, tampoco, pero
ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el Reino de los
Cielos.
Lo cierto es que el modelo de funcionamiento del sector eléctrico
diseñado durante la etapa del Gobierno socialista no ha dado buenos
resultados por las siguientes razones: primero, porque se queda a medio
camino entre un sistema de competencia y un sistema regulado propio de
los países donde existe operador. Segundo, porque no resuelve los
problemas de funcionamiento simultáneo de un mercado regulado (sistema
integrado) y de un mercado libre (sistema independiente); porque consagra
la ineficiencia del sector eléctrico manteniendo una política de
reconocimiento de costes teóricos fijados administrativamente como
sistema de retribución básico del sector, el denominado hasta ahora marco
legal y estable.
En este contexto y por lo que se refiere al punto 1.º de la proposición
no de ley, hay que decir que el funcionamiento del sistema eléctrico es
lo suficientemente complejo como para hacer imprescindible un diseño
previo del modelo hacia el que se quiere avanzar por parte del Gobierno;
diseño cuya realización ha sido preciso abordar inicialmente con el
concurso de las empresas eléctricas, ya que ellas son las que conocen,
como no podría ser de otra manera, el funcionamiento del sector. No
obstante, las negociaciones que se están produciendo para diseñar el
modelo no se restringen únicamente a las compañías eléctricas. Se están
manteniendo y se han mantenido ya reuniones con los representantes de
todas las comunidades autónomas, con las asociaciones de autogeneradores,
de distribuidores y grandes consumidores. Asimismo, se han mantenido
reuniones que proseguirán en el futuro con las fuerzas sindicales --hoy
están celebrándose nuevas reuniones-- y, por otra parte, se ha solicitado
también el informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.
Por otro lado, y como no podía ser menos, el señor Ministro de Industria
--y lo digo porque lógicamente tanto al señor González de Txabarri como
al señor Sánchez i Llibre les preocupa, y nos parece muy bien, que el
debate se reordene y se traiga a esta casa-- ha solicitado --ya ha
entrado en el Registro de la Cámara-- la comparecencia en el Congreso
para informar y debatir con los grupos parlamentarios todo cuanto tenga
que ver con el proyecto, y tengo que decir que dicho proyecto no es texto
definitivo --a ver si nos enteramos de una vez--, porque tal proyecto fue
aprobado simplemente como proyecto en la última reunión del Consejo de
Ministros. ¿Se quiere más transparencia? ¿Se quiere más negociación? ¿Se
quiere mayor debate parlamentario? Nunca en toda la etapa de los
gobiernos socialistas se dieron unas medidas de esta naturaleza que
tuvieran ese debate y esa negociación. Nosotros sí lo vamos a hacer.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Por eso resultan casi irrisorias las aviesas intenciones que asignaban al
Gobierno, hoy mismo también, algunos Diputados en el Pleno del Congreso
cuando se debatió la interpelación presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, afirmando que el Gobierno firmaría el
protocolo con nocturnidad y alevosía y a espaldas de la sociedad. ¡Toma
ya! Es más, llegó a decirse en el Pleno donde debatimos la interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que este
Gobierno estaba actuando a la sombra de la ley. Y claro está, no lo decía
el señor Diputado con el significado amable y acogedor que normalmente le
damos a esta frase: a la sombra de los viejos olmos, a la sombra de
nuestros maestros o, si se quiere una frase más proustiana, a la sombra
de las muchachas en flor. (Rumores.) Sí, les puedo prestar el libro. El
Diputado le daba un significado peyorativo y absolutamente inaceptable
porque suponía negarnos el respeto al sistema democrático en la
elaboración de las leyes, viniendo a decir que con el protocolo eléctrico
estábamos modificando desde una zona de sombra oscura y clandestina una
ley, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, aprobada en
1994. Y no es así.
El proyecto de protocolo se limita a diseñar un modelo, a marcar unos
objetivos hacia los que quiere avanzar este Gobierno, justamente para lo
que dice nuestro programa electoral, para adaptarse a la normativa
comunitaria. Cuando el proyecto se convierta en texto definitivo habrá
sido debatido, conocido y enriquecido con debates de todos los sectores
sociales y de las instituciones que de alguna manera estén relacionadas
con el mismo. Después, cuando el Gobierno lo estime necesario, si lo
estima necesario, se propondrán las correspondientes modificaciones
legislativas que vendrán a esta Cámara para ser debatidas como todos los
proyectos de ley, con luz y taquígrafos y sin ocultarse el Gobierno en
ningún tipo de sombra.
No es este el momento, ni muchísimo menos, de que yo les describa a
ustedes lo que es el protocolo eléctrico, entre otras cosas porque ya
vemos que el ministro ha pedido una comparecencia urgente y a él le
corresponde explicarlo y a ustedes debatirlo con él. Pero sí diré algunas
cosas del protocolo eléctrico, sobre todo para responder a determinados
puntos de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Lo primero, que el carbón --vuelvo a repetirlo, y lo repetiré doscientas
mil veces-- ha quedado fuera del protocolo eléctrico y que se garantiza
la subvención al carbón nacional por lo menos hasta el año 2005. Segundo,
que la nueva regulación eléctrica prevé que las empresas perciban 1,9
billones de pesetas en costes de adaptación durante 10 años, un billón
menos de lo que habían previsto. Las eléctricas verán reducidos sus
beneficios en un 40 por ciento en los próximos cuatro años.
Efectivamente, con este dinero de las tarifas no sólo se paga el
mantenimiento de ayudas a la minería --que quede también bien claro--, se
paga la paralización del programa de centrales nucleares, se paga el
almacenamiento de los residuos radiactivos, se pagan las deficiencias de
la gestión, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente.
En el protocolo se reducen las tarifas eléctricas, en términos nominales,
a lo largo de los próximos cinco años. Concretamente se prevé una
reducción de las tarifas del 8 por ciento y en 1997 del 3 por ciento. Si
contamos las subidas o las bajadas como las cuenta el señor Diputado que
presentó y defendió la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista,
diré que este 3 por ciento correspondería a un 6 por ciento si le
aplicamos la inflación y todas esas cosas que utilizó para decir que
ustedes ya habían bajado las tarifas en otras ocasiones. Lo cierto es que
todos los acuerdos de los gobiernos socialistas con las eléctricas han
producido aumento de tarifas y, si no, que venga aquí alguien y me
muestre un acuerdo donde esto no haya ocurrido. (El señor Almunia Amann:
Ahora vamos.)
En relación con la reducción de las tarifas, el punto 2 de la proposición
no de ley solicita del Gobierno la aprobación de un expediente de tarifas
para 1997 con una reducción promedia del 4 por ciento. Sobre esto hay que
decir que el protocolo prevé además exigir a las empresas eléctricas un
esfuerzo de eficiencia adicional al retribuir su actividad por debajo de
lo previsto en el marco legal y estable vigente. A título de ejemplo
podemos decir lo siguiente: se establecen cinco años consecutivos de
bajadas de tarifas. Si para 1997 se aplicara el sistema fijado por el
marco legal del Gobierno socialista las tarifas eléctricas deberían subir
como media un 4,2 por ciento frente a la bajada prevista del 3 por
ciento. Esta diferencia supone unos menores ingresos para el sector, en
1997, de 150.000 millones de pesetas. ¿Cómo se atreven ustedes a pedir a
este Gobierno justamente lo contrario de lo que hubieran hecho en caso de
gobernar? Además, se está discutiendo la posible inclusión en el
protocolo eléctrico de algún mecanismo que permita incrementar las
reducciones inicialmente previstas, si se dan las condiciones adecuadas
para ello.
El punto 3 de la proposición insiste en que el marco regulador eléctrico
garantice la absorción del carbón nacional, y esto ya no necesita ni
comentario. Citar el Real Decreto de 22 de marzo de 1995 como garantía de
la absorción del carbón nacional demuestra el escaso rigor con que la
iniciativa se ha formulado. Ciertamente no existe ningún Real Decreto de
22 de marzo de 1995 que regule o garantice la adquisición de carbón
nacional por parte de las empresas eléctricas; si no, suban ustedes aquí
y muéstrenmelo. El que pudiera referirse a esta materia es del 28 de
diciembre del mismo año y, tal como está redactado, tampoco garantiza por
sí solo la absorción del carbón nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le
ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino.
El punto 4 de la proposición no de ley señala que, una vez diseñado el
nuevo modelo de sistema eléctrico en forma de protocolo, se desarrolle
reglamentariamente. La facultad de desarrollar reglamentariamente las
normas corresponde al Gobierno y, por tanto, eso no merece ningún otro
tipo de consideración.
En lo que se refiere a los costes de transición y a la competencia, que
se citan en el punto 5 de la proposición no de ley, el protocolo
eléctrico incluirá algún mecanismo que permita a las empresas eléctricas
la financiación de aquellos costes fijos reconocidos por la legislación
vigente y que resulten de difícil recuperación en un marco de
competencia. Por supuesto, en las negociaciones que están teniendo lugar
se busca respetar los principios de equilibrio y ponderación que permitan
fijar y repartir dichas cargas de una forma apropiada.
Por todas estas razones, señor Presidente, señorías, nosotros vamos a
votar en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Núñez. (El señor Fernández Fernández pide la palabra.)
Señor Fernández, ¿para qué me solicita la palabra?
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Porque he sido contradicho y, conforme al
artículo 73... (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Al amparo del artículo 71, porque he sido
aludido, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández,
sabe que --como ha sucedido en la iniciativa anterior-- en aplicación del
artículo 195, que es el que rige el trámite de las proposiciones no de
ley y de las mociones, no cabe ningún turno más allá --y en este caso no
existen-- de la aceptación o no de enmiendas que se hubiesen planteado.
Por tanto, no tiene S. S. la palabra. Se ha fijado una posición no
coincidente con la proposición no de ley y, conforme al Reglamento, no ha
lugar a abrir un nuevo turno. Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley que se ha
debatido, sobre el sector eléctrico, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 145; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no
de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION AL PROTOCOLO
ELECTRICO Y SUS EFECTOS SOBRE LA MINERIA DEL CARBON Y DEL PROPIO SECTOR
ENERGETICO (Número de expediente 173/000019)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política del
Gobierno en relación al protocolo eléctrico y sus efectos sobre la
minería del carbón y del propio sector energético. Para su presentación y
defensa tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, el señor
Santiso. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Va a comenzar la defensa de la moción.
Cuando quiera, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo trae hoy aquí la moción consecuente con la interpelación
planteada en la sesión anterior, por una parte congratulándonos de que
llevemos ya una tarde completa hablando de kilovatios y de carbón, puesto
que son temas que parecen no tener mucho interés más que cuando se
producen movilizaciones por parte de los sindicatos mineros y de las
comarcas afectadas. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) Al mismo tiempo, tenemos que estar planteando una moción
con un interés especial, sobre todo en poder discutir en esta Cámara cuál
es la política energética de este Gobierno. Estamos discutiendo incluso
de los contenidos de un protocolo fantasma, del cual ya conocemos ocho
borradores distintos, con días, horas y minutos diferentes, y a medida
que se va cambiando de protocolo se abandona a su suerte y ya no lo
reconoce ni el propio grupo que lo elabora; es decir, ni el propio
Ministerio de Industria lo reconoce como suyo.
Es muy curioso el concepto que tienen ustedes, señores del Gobierno, de
liberalización, porque nos encontramos ante un sector eléctrico que
históricamente --no es nuevo-- ha vivido siempre protegido y que tiene
garantizado, a finales de cada ejercicio, el reparto de sus dividendos
precisamente porque por diversos mecanismos se les garantiza que sus
errores como empresarios no tienen ningún coste y, en definitiva, el quid
de la cuestión del famoso protocolo eléctrico está en discutir si al
final son tres billones, dos o uno los costes del sector eléctrico que
asume este Gobierno y que van a repercutir tanto al Estado como a la
tarifa eléctrica durante los próximos diez años. En el propio borrador de
protocolo, que parece ser ha presentado el señor Piqué en la última rueda
de prensa, se establece aproximadamente un billón 600.000 millones más
externalidades, superando más de los dos billones de pesetas para todo el
sector eléctrico, y a cambio recibiremos una pírrica reducción de la
tarifa eléctrica que en el consumidor, en el usuario de a pie, ustedes
mismos han reconocido que será aproximadamente de un 1 por ciento.
Señores, sinceramente, para estos resultados no hacían falta tantos
problemas. A mí me gustaría conocer qué opinan otros sectores
empresariales de este trato y si esto es realmente una liberalización o
simplemente es un sector que puede vivir en la bicoca permanente de no
correr ningún riesgo empresarial y transmitirnos automáticamente al resto
de la sociedad el coste de sus propias inversiones. Primero fue la
moratoria nuclear, ahora seguimos con la discusión de los famosos costes
hundidos. Pero se va más lejos, porque en definitiva las primeras
conclusiones a las que nuestro grupo modestamente ha llegado sobre el
protocolo --insisto, los borradores, que todavía no conocemos, y una de
las razones de la moción es pedir que se traiga aquí el texto concreto
que podamos leer, discutir y analizar-- en lo que conocemos hasta ahora,
creemos que significa una ruptura con la legalidad vigente, significa
abandonar la planificación energética coordinada, que países nada
sospechosos de tentaciones socialistas en este momento y similares, como
Francia, mantienen, la integración de energías, la tarifa única,
etcétera, y bajo la apariencia de establecer esta libre, entre comillas,
competencia se favorece, en nuestra opinión, a determinados grupos
financiero-empresariales a los que se les otorga un poder de mercado
claramente abusivo al incluir también los kilovatios/hora de origen
hidroeléctrico en el sistema de ofertas horarias.
En nuestra opinión, en el corto plazo las empresas con mayores recurso
hidráulicos --léase Iberdrola principalmente-- incrementarán de inmediato
sus ingresos, mientras que otros grupos como Endesa o Fecsa pueden ver
menos incrementados sus ingresos, sufriendo serias consecuencias en sus
cuentas de resultado, y trabajando incluso ustedes en contra de
sus propias propuestas posteriores de venta en el sector público, como
puede ser Endesa, a la que ustedes colocan en ese protocolo en desventaja
sobre el resto de los grupos en que tiene mayor peso la energía
hidráulica. Se renuncia, por tanto, a la planificación y también se fija
la libertad de establecimiento que puede conllevar el cierre, más o menos
próximo, de todo el parque de térmicas convencionales, incluidas las del
carbón, y su sustitución paulatina por centrales de ciclo combinado de
gas.
Nosotros también decimos que independientemente de discutir y de aprobar,
en su caso (nosotros esperamos que sean favorables las negociaciones
entre sindicatos y Gobierno), las ayudas concretas a las comarcas mineras
que no tienen nada que ver con el protocolo eléctrico, las condiciones
que fijan todos los borradores conocidos siguen significando un deterioro
importantísimo de las centrales térmicas y, por añadidura, de la
situación de la minería del carbón, porque es inseparable. Nadie puede
establecer el precio de los caramelos si antes no conoce el precio del
azúcar. En este caso sucede lo mismo. Si no conocemos cuál es, al final,
el tratamiento que se le da a los kilovatio/ hora producidos por el
carbón, o si se mantiene lo establecido en los borradores actuales, el
kilovatio/hora hidráulico sale, según los precios reconocidos, a 1,2 y el
del carbón a 6 pesetas. Y por mucho que ustedes hablen de la peseta
sombra, sigue siendo tan grande la diferencia que aquellas compañías
eléctricas que puedan seguirán recurriendo a conectar a través del
sistema hidroeléctrico. Esto es de catón. No hace falta ser un gran
experto para comprender que en el marco que se fija dentro del protocolo
sigue penalizado todo el sistema del carbón.
Al mismo tiempo, las consecuencias sobre el empleo y los intereses
generales del país pueden verse seriamente afectados por una propuesta
que se pretende firmar precipitadamente, sin un debate previo y amplio
con todas las fuerzas implicadas. Es curioso que ustedes reconozcan en la
proposición no de ley del Partido Popular sobre el carbón la importancia
de poder discutir en esta Cámara todo lo referente al carbón y, al mismo
tiempo, no hayamos tenido la oportunidad de discutir todavía en esta
Cámara, con el texto blanco sobre negro en la mesa, cuáles son las
condiciones que se quieren fijar en ese protocolo eléctrico.
El Gobierno intenta legitimar su propuesta bajo la afirmación de que la
misma rebajará las tarifas actuales. Yo insisto en que hay otras muchas
medidas que pueden ser más eficaces para bajar el coste de la
electricidad, por ejemplo la apuesta por planes de actuación sobre la
demanda energética, que es lo que hace cualquier país serio cuando habla
de planes energéticos. Es mucho más importante conseguir que todos los
usuarios conozcan y se establezcan medidas de ahorro energético, sin
perder eficiencia, que actuar sobre la propia tarifa eléctrica. Otra
sugerencia es que la actuación sobre la reducción de los tipos de
interés, el control de los costes reales variables de explotación y
mantenimiento y la revalorización a la baja de las inversiones
reconocidas permitirían también una reducción de tarifas mucho más
importante que la planteada por el Gobierno.
Por tanto, nuestro grupo reitera la necesidad de que en ese protocolo se
garantice la apuesta por las energías renovables y no continuemos
apostando excesivamente por aquéllas como el gas, que debe tener un papel
importante y debe elevar su participación. Pero no hay que olvidar
tampoco que el gas tiene unos años limitados de uso. No sabemos cuántos
años se va a poder tirar del gas en toda Europa y las implicaciones que
va a tener esta excesiva dependencia en los costes futuros de esta
energía, porque, no nos engañemos, los países productores también van
aprendiendo y, en la medida que nos hacemos cautivos de determinados
sistemas energéticos, ellos también van a actuar sobre los precios (es lo
básico de la oferta y la demanda), sin olvidar tampoco la inestabilidad
política que todavía existe, desgraciadamente, en los países del Magreb y
en los países de la antigua Unión Soviética, que en su momento puede
tener también consecuencias sobre este tema que estamos hablando.
Es preocupante también que el sector eléctrico, antes de firmar ningún
protocolo, empiece a preparar sus planes de reconversión. No estoy
hablando ahora del carbón sino del propio sector, que ya hay noticias en
la prensa de que está preparando una reducción de plantillas del orden
del 25 por ciento, que es fácil saber de donde sale. En la medida en que
se produzca la sustitución de centrales térmicas de carbón por centrales
de ciclo combinado tienen la necesidad de ir cerrando las actuales y
además utilizan mucho menos empleo.
Son muchos los sectores implicados que no han sido consultados ni hemos
tenido oportunidad de debatir en profundidad cuál es la política
energética de este Gobierno, que entendíamos que primero debería de traer
aquí esa discusión de qué aspectos del marco legal actual quiere
transformar, quiere cambiar, y después ponernos a discutir cómo se
desarrollan esas nuevas modificaciones que se pueden aportar. Por ello
entendemos que sería razonable el aplazamiento de la firma y la discusión
previa en esta Cámara. No nos engañemos, tarde o temprano este protocolo,
se firme o no, tendrá que reabrirse, entre otras cosas, para poder asumir
las consecuencias de esos acuerdos y poder incorporarlas si de verdad se
quiere un diálogo sobre el sector del carbón y, por tanto, en qué marco y
qué retribuciones va a tener la energía producida en las centrales
térmicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Santiso, le ruego que
vaya concluyendo, por favor.
El señor SANTISO DEL VALLE: Concluyo, señor Presidente, pidiendo el apoyo
a nuestra moción.
Diversos grupos ya han planteado el error por parte del Ministerio de
Industria. El primero ha sido el propio Partido Popular teniendo que
desdecir a su ministro con su proposición no de ley sobre las ayudas al
carbón, la necesidad de partir de cero en la negociación, reconsiderar el
quitar el 12,5 por ciento de ayudas al carbón anualmente, y toda una
serie de reconsideraciones totales que se hacen en esta tarde de una
primera discusión sindicatos-Gobierno que parte de cero en el tema del
carbón. También el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió han
reconocido la necesidad de ese debate transparente, porque tiene una
seria implicación tanto en las comunidades autónomas como en el empleo y
en el desarrollo de las energías renovables, de las energías producidas
por cogeneración.
Señores, este borrador de protocolo, en lo que se conoce hasta ahora, es
un simulacro de liberalización. Ni es liberalización ni es competitivo.
Simplemente sirve para acomodar a las eléctricas, una vez más, en un
marco que les garantice la tranquilidad pero sin hacer ningún esfuerzo
por su parte en trasladar una mayor eficiencia al consumidor.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Santiso.
A esta moción ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que es la tercera iniciativa en la tarde de hoy que
prácticamente gira --sobre todo las dos últimas-- en torno al tan traído
y llevado protocolo eléctrico. Por cierto que al Grupo Socialista le
satisface saber que por fin se reconoce que hay un protocolo eléctrico,
dado que hace unas semanas se negaba por algún portavoz o Diputado del
Grupo Popular, y le satisface saber también que ahora no es que haya un
protocolo eléctrico, sino un proyecto de protocolo en definición, como
hemos oído hace un rato en el transcurso de la iniciativa precedente. Lo
digo porque con este Gobierno y con el grupo que lo sustenta estamos cada
día innovando las figuras jurídicas o para jurídicas de lo que puede ser
la regulación de un sector como en este caso el eléctrico. Sabemos, por
tanto, que hay un protocolo eléctrico, no porque esta cámara lo conozca,
evidentemente, no porque haya sido remitido a esta Cámara, sino porque
han circulado por ahí muchos documentos que dicen que es el protocolo
eléctrico y porque además en la prensa se ha hablado y escrito con
profusión de lo que significaba el mismo. Claro está, esa situación es en
la que estamos al día de hoy, aunque parece que el Ministro de Industria
se ha decidido por fin a comparecer en la Cámara para decir que hay un
protocolo y explicar lo que es, forzado y arrastrado por la situación,
como le pasó en la crisis de la minería del carbón, después de que se
descubrió lo que suponía para el sector el llamado protocolo eléctrico.
Pero el Grupo Socialista tiene que insistir y suscribir, y eso va a
justificar las enmiendas que vamos a defender y el apoyo global que
subyace a esta iniciativa de Izquierda Unida, que el Gobierno está
haciendo las cosas rematadamente mal en esta materia. No es ni razonable
ni adecuado con el funcionamiento del sistema democrático que conocemos,
que el Parlamento vaya a discutir un proyecto de protocolo. El Parlamento
tiene que discutir proyectos de ley y aprobar leyes que, obviamente,
pueden contar con la opinión de todas las partes implicadas en un
proceso. Es así, señorías, por mucho que les preocupe la afirmación que
se ha hecho en algún momento. Esta es una fórmula que intenta regular un
sector de la realidad a la sombra de la ley. Les reitero, porque ya lo
dije y ha sido recordado en el debate que da lugar a esta moción, que esa
no es una expresión ni del Grupo Socialista, ni de este Diputado. Es una
expresión que está acuñada, porque es la fórmula que le gusta al sector
eléctrico en otros países y que les gusta a gobiernos de determinado
signo para abordar esa cuestión. Es una expresión trasladada de lo que
pasó en Inglaterra con la regulación, en la que en parte se quieren
inspirar con este protocolo eléctrico. Por consiguiente, esta es una mala
fórmula, un método equivocado y seguramente el Gobierno comprobará por sí
mismo que los resultados van a ser negativos.
Ha sido significativo, desde el punto de vista del Grupo Socialista, que
algún grupo, no precisamente de los que están en la oposición, haya
manifestado aquí su incomodidad evidente por la forma, por el
procedimiento que se ha seguido con el protocolo eléctrico. Desde esa
perspectiva, el Grupo Socialista comparte que una cuestión de esta
trascendencia en un sector estratégico, no sólo por lo que supone para un
país ordenar una parte fundamental de su energía, sino por lo que hay
detrás del sector eléctrico en nuestro país y sus incursiones en otros
muchos sectores, debería de ser objeto de un amplio debate nacional y de
un amplio debate en el Parlamento, que no sabemos si se producirá o no
antes de la firma del protocolo. Lo razonable, lo deseable, porque la
firma se ha anunciado para esta misma semana, es que el Gobierno tuviera
el gesto ante el conjunto de los grupos parlamentarios de posponer su
firma hasta que se produjera la comparecencia del ministro para explicar
el contenido del protocolo. Porque fíjense que situación más absurda se
puede crear con esta forma de actuar y gestionar políticamente. La
situación absurda es que al firmar ese protocolo comprometemos al sector
eléctrico a una serie de obligaciones y decisiones que tiene que adoptar
en su complejo proceso de ordenación de este sector empresarial, cuando
muchas de sus medidas están ya decididas y cuando ese protocolo va a
suponer la modificación de la Losen, como se ha dicho aquí. Cuando la
Losen llegue y cambie su contenido, seguramente no será igual a lo que el
protocolo dice y a lo que ha comprometido nada más y nada menos que a un
sector que representa un volumen de importancia económica.
Es un método absurdo, un método que producirá efectos negativos, más allá
del contenido del mismo, que ya ha sido calificado elocuente y
ajustadamente por el Grupo Socialista como una falsa liberalización. No
es más que dar un amplio volumen de ayudas al sector eléctrico, que serán
discutibles, a cargo de los consumidores, pero que se presenta por el
Gobierno bajo la bandera de la bajada de las tarifas. Malos métodos,
malas formas y, desde luego, el Gobierno que va en ese camino o en ese
discurrir se encontrará lógicamente, y como es natural en política, con
un resultado negativo, como ya le está pasando en otros muchos sectores,
sobre todo vinculados a este Ministerio de Industria; es público y
notorio y ha sido reiterado.
El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas de matiz a esta moción,
que no de largo alcance, pero que, a nuestro juicio, tienen su
importancia, que básicamente intentan traer a esta Cámara el debate, y no
que los Diputados tengamos que estar intuyendo el debate, a través de los
medios de comunicación, de un sector de esta trascendencia; ciertamente
es paradójico y chocante conforme a cómo debía funcionar este Gobierno y
la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Ese debate aquí es necesario;
por eso se ha dicho que se paralice hasta que ese debate se produzca
aquí, al menos hasta que se conozca formalmente en el seno del Parlamento
qué es el protocolo, si ese documento que hay por ahí es el protocolo que
se va a firmar, porque lo kafkiano de esta situación es que llevamos toda
una tarde debatiendo sobre un protocolo que formalmente no ha sido ni
presentado ni registrado ni explicado en esta Cámara por el Gobierno.
Sinceramente, yo creo que cualquier grupo parlamentario con una cierta
sensibilidad, como tienen todos los que están en esta Cámara, debería
hacer algún gesto significativo para evitar estos métodos y estas
fórmulas.
Concretamente, la primera de las enmiendas va referida a que
conjuntamente con la petición de remisión del protocolo o del proyecto de
protocolo, se remita también el informe preceptivo que ha elaborado la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Esto nos parece fundamental. Ha
habido también pronunciamientos públicos de su presidente y parece ser
que hoy mismo ese informe se ha remitido o evacuado cumpliendo el trámite
oportuno. Yo creo que es un elemento importante para el conocimiento del
debate sobre el contenido del protocolo.
Y en segundo lugar, y un poco en coherencia con lo que han sido las
posiciones del Grupo Socialista en las iniciativas precedentes, la
segunda enmienda va destinada a que en lo relativo al punto 4, que aborda
el tema concreto del carbón, lógicamente se respete el marco que en estos
momentos se regula.
Señorías, en este aspecto se nos ha dicho, por activa y por pasiva, y yo
creo que con una atonía intelectual que no puede por menos de ser
subrayada por el Grupo Socialista, que el protocolo eléctrico después de
la negociación con los sindicatos no afecta al carbón. Esto, desde luego,
daría seguramente para una paradoja o para un sofisma, porque decir que
el protocolo eléctrico no afecta al carbón es como si quisiéramos decir
que la regulación del sector azucarero no afecta a la remolacha. Sería
igual de absurdo. Cuando el 30 por ciento de la producción de la energía
eléctrica en este país proviene del carbón, cuando estamos hablando nada
más y nada menos que de reordenar todo el sector eléctrico, pensar que el
protocolo no afecta al carbón, sería grave; decirlo, suena sencillamente
irrisorio e increíble. Desde luego, cualquier persona que con sentido
común pueda aproximarse a esta materia, podrá compartir esta opinión, a
no ser que el Gobierno, en esa actitud permanente de contradicción, no
conozca ni siquiera qué es lo que está intentando reordenar o regular
nuevamente.
En todo caso, el Grupo Socialista...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Rodríguez Zapatero, le
ruego concluya, por favor.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Sí, termino ya.
En todo caso, como decía, el Grupo Socialista es consciente del efecto
que lógicamente las enmiendas explicadas podrían tener en cuanto al
desarrollo y la votación de los puntos que contempla la moción de
Izquierda Unida y, en consecuencia, para facilitar la propia posición del
grupo proponente y dado que la filosofía general y global de la moción es
compartida por el Grupo Socialista, anuncio en este momento que para
facilitar lo que puede ser un resultado favorable de al menos algún punto
de la moción y no complicar esa situación, el Grupo Socialista, habiendo
defendido las enmiendas, las retira en este acto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez Zapatero.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
No voy a ser reiterativo en posiciones que han sido sostenidas ya por lo
menos en dos ocasiones en relación
a este protocolo eléctrico en esta moción del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que nos ocupa en este
momento.
Destacaría, señor Presidente, al hilo del debate que estamos manteniendo
en torno a este protocolo eléctrico, dos novedades que son importantes
para este grupo parlamentario y que se han suscitado en la intervención
del portavoz popular en el debate de la proposición no de ley anterior.
Se ha indicado por el señor Núñez, por una parte, que el ministro ha
solicitado su comparecencia para dar noticia a esta Cámara del protocolo
y lo ha hecho, además, con una consideración que es relevante para este
grupo parlamentario: ha dicho que previa la firma y, por otro lado, que
como proyecto el ministro va a solicitar la opinión de los grupos
parlamentarios. Entendemos que estas dos notas alteran las posiciones de
los grupos parlamentarios, por lo menos la del Grupo Parlamentario Vasco.
Desconocemos, previa la firma del protocolo, cuáles pueden ser las
iniciativas en orden a alterar alguno de los contenidos de ese protocolo
o el propio protocolo que los grupos parlamentarios pudieran utilizar. En
todo caso, nos encontramos ante una expectativa de cambio que
consideramos oportuno valorar, porque esto es lo que se estaba
reclamando: la intervención de esta Cámara, porque en caso contrario
alguna de las afirmaciones que se hacen en esta moción evidentemente son
sustanciales y están bien fundamentadas. Si se pretende firmar por parte
del Gobierno (tampoco sabemos si con el suficiente apoyo parlamentario
por las intervenciones que los grupos parlamentarios estamos realizando a
lo largo de esta tarde) ese protocolo con el sector eléctrico y
posteriormente se pretenden unos cambios legislativos --supongo que esta
vez sí, señor Presidente, será en esta Cámara--, difícilmente se podrán
mantener unas mayorías dado que los contenidos de ese protocolo se verán
fuertemente alterados en la tramitación en esta Cámara. Por ello insisto
en que las afirmaciones del señor Núñez en la intervención anterior son
novedosas para este grupo parlamentario en el sentido en que ha anunciado
que el ministro ha solicitado su comparecencia en esta Cámara y que ha
indicado además que lo hace previa la firma.
Sostenía, señor Núñez --ahora que contamos con su grata presencia--, que
la duda que queda a este grupo parlamentario es qué expectativas de
cambios en los contenidos de este protocolo eléctrico quedan a los grupos
parlamentarios en esas nuevas iniciativas que se nos anuncian. Si nos
ponemos en un tempus en el cual el ministro comparece ante la Comisión de
Industria y Energía, expone el protocolo, los contenidos, lo hace previa
la firma y solicita las aportaciones de los grupos parlamentarios, sería
interesante que el Grupo Popular y, en todo caso, el Gobierno
especificaran a través de qué trámite parlamentario se pueden hacer
propuestas de modificación de este protocolo.
En todo caso, señor Presidente, no es la fórmula que al Grupo
Parlamentario Vasco le gusta. Entendemos que es una fórmula, como ha
indicado con mucho rigor y mucha corrección el portavoz socialista, señor
Rodríguez Zapatero, que induce a una situación paradójica que no se da en
ningún otro sector y que, en principio, tampoco debiera producirse en un
sector como el eléctrico.
Dada esta nueva situación y los anuncios que se han realizado en las
distintas intervenciones desde el Grupo Popular y su portavoz señor
Núñez, entendemos que los puntos 1, 2 y 3 de esta moción que presenta
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quedan obsoletos. El impulso de
las negociaciones propuesto en el punto 4 lo hemos aprobado en la
proposición no de ley que se ha realizado a través de la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular, igual que garantizar que las reducciones de
la tarifa no afecten a las inversiones en I+D dedicadas al sector de la
energía --punto que compartimos--. Y el Grupo Parlamentario Vasco también
comparte el punto 6, en orden a una preocupación que he señalado en mi
intervención anterior, respecto al sistema independiente, a las energías
alternativas y al desarrollo de la cogeneración.
No sé si después del debate va a ser posible votar algunos puntos
separados de la moción. En todo caso, si así fuera, los puntos 5 y 6
contarían con el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González
de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió respecto a la moción presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a ser la de votar
favorablemente los puntos 1 y 6. Entendemos que estos puntos tienen un
sentido político importante para que sean aprobados en este trámite
parlamentario, ya que desde la perspectiva de Convergència i Unió
entendemos que instar al Gobierno para que remita, a la mayor brevedad
posible, todas aquellas cuestiones relacionadas con la política
energética y especialmente con la normativa vigente y que puedan
modificar el Plan Energético Nacional son interesantes. Es realmente
importante que todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara
tengan conocimiento de ello.
Asimismo, tal como ha manifestado el Diputado del Partido Nacionalista
Vasco que me ha precedido en el uso de la palabra, tanto el Partido
Nacionalista Vasco como Convergència i Unió, siempre hemos mantenido un
apoyo tácito y explícito a todas aquellas energías
renovables que puedan definir un marco que permita la expresa
cogeneración, evitando aquellas situaciones de fraude que puedan
presentarse, al tiempo que se potencian los planes de eficiencia y ahorro
energético.
Por estas dos consideraciones, nuestro grupo parlamentario las va a votar
positivamente.
Respecto al resto de puntos de la moción presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, entendemos que algunos de ellos ya quedan
perfectamente subsumidos por la iniciativa parlamentaria presentada por
el Grupo Popular, como todas aquellas cuestiones que se refieren al
carbón, y hay otras propuestas que entendemos que se habrían de debatir
en el marco de la Comisión de Industria, como son todas aquellas
cuestiones referentes al debate del proyecto de protocolo. A través de
las manifestaciones expresadas por el Diputado Núñez, del Partido
Popular, quedamos tranquilos y satisfechos, ya que ha anunciado que se va
a proceder en breve a la comparecencia del señor ministro para que pueda
explicar a todos los grupos de la Cámara, con la mayor extensión posible,
todas aquellas cuestiones que afectan al protocolo eléctrico, tan
importantes para la liberalización del sector eléctrico.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, damos por reproducidas las argumentaciones que hace
escasamente 15 días manifestamos ante la interpelación urgente. Hoy, nos
vamos a concretar a los seis puntos de que consta la moción.
Respecto al punto 1, hemos de decir que a medida que se avance en las
negociaciones sobre el tema del carbón y a medida que se llegue a un
acuerdo con las empresas eléctricas sobre la estructura que debe
caracterizar el nuevo mercado en la competencia, el Gobierno remitirá a
la Cámara la información que se le solicita, especialmente si la
aplicación de los acuerdos exige el derecho y la declaración del
desarrollo legal correspondiente.
Tenemos que decir que durante todos estos días se está hablando
enormemente del protocolo, pero el protocolo es solamente una declaración
de intenciones que no constituye en modo alguno un documento de obligado
cumplimiento a no ser que su contenido trasponga en una norma legal,
siendo los trámites, en su caso, ante esta Cámara.
En cuanto al punto 2 de la moción, el planteamiento no resulta aceptable
porque, por una parte, supondría paralizar la iniciativa sobre el proceso
de liberalización del sector con los consiguientes efectos negativos
sobre los consumidores y especialmente sobre el tejido industrial español
que necesita, y para esto está el protocolo, una energía más barata para
poder competir. Por otra parte, carece de sentido que el contenido del
protocolo se diseñe en el Parlamento. Esto supondría que el Legislativo
ejerciera de hecho las labores del Ejecutivo, lo cual no parece en modo
alguno procedente. Cosa distinta es que, una vez diseñado el contenido de
éste, se exponga y se discuta en la Cámara. Nos acaban de anunciar que en
breves días comparecerá precisamente el ministro para exponer realmente
el contenido del protocolo.
En cuanto al punto 3 de la moción, hay que decir que las negociaciones
que están teniendo lugar para diseñar el modelo no se están restringiendo
únicamente a las compañías eléctricas, sino que se han mantenido, y aún
se están manteniendo, reuniones con los representantes de las comunidades
autónomas, con las asociaciones de autogeneradores, de distribuidores
independientes de electricidad y con los grandes consumidores, es decir,
están interviniendo en el proceso todos aquellos entes que tienen entidad
dentro del sector energético.
Así, como resultado alcanzado por los sindicatos, cabe señalar que en el
protocolo eléctrico no se incluye ninguna restricción que pueda limitar
el resultado de la negociación sobre el plan de la minería del carbón y
la reactivación de las cuencas mineras. Por tanto, es evidente que los
planteamientos que se demandan en el punto 3 se están cumpliendo.
En cuanto al punto 4 de la moción, también se está cumpliendo. Por un
lado, las negociaciones con los sindicatos ya se han iniciado, habiéndose
fijado para su continuación la fecha del día de hoy. Por otra parte, el
ministro ya ha explicado ante la Cámara que el plan del carbón girará en
torno a dos ejes: la reordenación del sector para asegurar su futuro
sobre bases sólidas y la aprobación de un programa que pretende dar
alternativas, que ponga fin al problema del monocultivo del carbón en las
comarcas mineras, potenciando la construcción de infraestructuras,
mejorando el nivel educativo de la población e impulsando actividades
alternativas.
En cuanto al punto 5 de la moción, estamos de acuerdo en la necesidad de
impulsar, con apoyo público, las actividades de inversión de I+D
dedicadas al sector energético. Lo que se está discutiendo es si dichas
ayudas deben financiarse con cargo a la tarifa eléctrica o si es
preferible que recaigan sobre los Presupuestos Generales del Estado. La
inversión de I+D es la baza más segura para conseguir que las empresas
sean competitivas a medio plazo. Parece razonable que sea mediante el
recurso a los Presupuestos Generales del Estado como se promuevan las
políticas de I+D en los diversos campos de la actividad económica,
complementando la actividad de las propias empresas concernientes.
Finalmente, en cuanto al punto 6 de la moción, hay que señalar que el
protocolo no cuestiona la legislación vigente sobre el fomento,
cogeneración y promoción de las energías renovables. El Real Decreto
2366/1994 establece que el régimen económico que se implanta en el mismo
expira el 31 de diciembre de 1999, teniendo vigencia precisamente hasta
esa fecha.
En este sentido se están negociando con las asociaciones de cogeneración
y generadores a partir de energías renovables los principios de un futuro
marco estable que entraría en vigor a partir del año 2000. No obstante,
puede señalarse que el Gobierno hace suyos, en principio, los objetivos
del Libro Verde de la Unión Europea sobre energías renovables, que prevé
que un 12 por ciento de la generación eléctrica se producirá, a partir de
este tipo de energía primaria, en el año 2010, lo que requiere garantizar
la rentabilidad de las inversiones en este campo.
En definitiva, el Grupo Popular considera que debería rechazarse
globalmente la moción planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en la medida en que sus planteamientos en
unos casos ya están siendo adoptados por el Gobierno y en otros
paralizaría totalmente la iniciativa puesta en marcha para liberalizar
los mercados y abaratar la energía, con el consiguiente perjuicio para
los consumidores y, sobre todo, para nuestro tejido industrial que, no lo
olvidemos, para sobrevivir tiene que competir en unos mercados cada vez
más internacionalizados y competitivos.
No obstante, en el supuesto de que se produzca votación separada,
votaremos sí a los puntos 1 y 6, y no a los puntos 2, 3, 4 y 5.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Landeta.
Habiéndose retirado las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista,
vamos a proceder a la votación de la moción tal como ha sido presentada
por el grupo proponente. (El señor Santiso del Valle pide la palabra.)
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Presidente, dado que hay grupos que han
expresado su voluntad de apoyar algunos de los puntos, pido que se vote
por separado por una parte el punto 1, agrupados el 2, 3 y 4, y
nuevamente separados el 5 y el 6.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): De acuerdo, señor Santiso, así
lo haremos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política
del Gobierno en relación al protocolo eléctrico y efectos sobre la
minería del carbón y del propio sector energético.
Del transcurso del debate resulta conveniente, así lo han solicitado los
grupos parlamentarios, segregar la votación en cuatro apartados.
Votamos, en primer lugar, el punto 1 de la moción de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 306; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el punto primero.
Votación relativa a los puntos 2, 3 y 4 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 145; en contra, 161; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 2, 3 y 4.
Votación sobre el punto 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 150; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto 5. Votación sobre el punto
6 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 306.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado por unanimidad el
punto 6.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO
EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SOBRE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA Y DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PROFESORADO PERTENECIENTE
AL CUERPO DE MAESTROS (Número de expediente 173/000020)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general del Gobierno en
relación al
cumplimiento del acuerdo sobre mejora de la calidad de la enseñanza y de
las condiciones de trabajo del profesorado perteneciente al cuerpo de
maestros.
Para la defensa de la moción, en nombre del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: La implantación de la Logse supuso en los
primeros niveles del sistema educativo un avance considerable en aspectos
tales como la escolarización temprana de los niños y de las niñas de tres
años... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Valcarce.
Señorías, guarden silencio. Lo avanzado de la hora aconseja desarrollar
este último punto del orden del día de la jornada de hoy con más
celeridad que los anteriores y para ello les ruego que permanezcan en
silencio.
Continúe, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor Presidente.
También supuso un avance considerable en la calidad de la enseñanza. Ello
también fue, lo es, un reto importante para los profesores del cuerpo de
maestros y muy especialmente para aquellos que desarrollan su labor
profesional en el medio rural.
Si nos atenemos al informe del Consejo Económico y Social sobre el
panorama educativo en España, referido a 1995, es enormemente
considerable cómo valora los avances que supuso en los resultados que las
niñas y los niños de educación primaria están obteniendo respecto a la
antigua EGB. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
La consideración de estos resultados debe llevarnos también a tener en
cuenta la conclusión a la que llega este informe del Consejo Económico y
Social, ya que insta al Ministerio de Educación a proseguir las
inversiones en materia de educación para asegurar el progreso sobre la
calidad de la enseñanza que se venía logrando y principalmente para
asegurar la reforma del sistema educativo en la que estamos en este
momento inmersos.
Si tenemos en cuenta el último informe presentado por el Consejo Escolar
del Estado, referido al curso 1994-1995, también es enormente alentador,
ya que valora de una forma muy positiva y muy satisfactoria los avances
que se han alcanzado en materia de escolarización en el nivel de
educación infantil. Igualmente valora con enorme satisfacción las ratios
que se han alcanzado en la educación primaria e insta al Ministerio de
Educación, insta al Gobierno, con un esfuerzo sostenido en materia
presupuestaria, a continuar invirtiendo en educación como garantía de
futuro. Y, sobre todo, insta al Gobierno a que este esfuerzo vaya
dedicado de forma prioritaria a mejorar las plantillas de los centros de
educación infantil y primaria y también a mejorar las condiciones de
trabajo de los profesores del cuerpo de maestros.
Estas dos recomendaciones, tanto la del Consejo Económico y Social como
la del Consejo Escolar del Estado, fueron tenidas muy en cuenta por el
anterior Gobierno socialista. Las largas negociaciones con las centrales
sindicales mayoritarias en el sector cuajaron en un importante acuerdo
sindical para la puesta en marcha de la Logse con garantías de calidad y
que, además, supusiese una mejora cualitativa en las condiciones de
trabajo de los profesores del cuerpo de maestros.
Sin embargo, las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno del
Partido Popular no sólo han incumplido ese acuerdo sindical sino que,
además, han incurrido en gravísimas provocaciones, tales como haber
reducido de forma drástica el presupuesto en materia de educación, una
circular de comienzo de curso que no respetaba las ratios contenidas en
la Logse, unas instrucciones para la elaboración de las plantillas que
conculcaban directamente las medidas de calidad del acuerdo.
En esta Cámara hemos visto hoy cómo se rechazaba la toma en consideración
de una proposición de ley de iniciativa popular sobre financiación de la
enseñanza. Todo esto viene a sumarse a una honda preocupación que hay en
nuestra sociedad, preocupación que lleva hoy al Grupo Parlamentario
Socialista a presentar una moción en la cual queremos asegurar que el
progreso en materia de educación, y sobre todo en la calidad de enseñanza
que supone la Logse, quede perfectamente garantizado. Porque mientras el
Gobierno reduce el presupuesto en materia de educación, nos lleva a
considerar que, en un escenario con gran caída de la demografía, la
pérdida de alumnos, que en este curso ha supuesto 166.000 alumnos menos
en el sistema educativo, será la gran panacea que resolverá los problemas
de implantación de la Logse con calidad.
Indudablemente, este escenario demográfico ha de facilitar la puesta en
marcha de medidas de calidad, pero sin una planificación adecuada, sin
unos criterios de racionalidad y sin unos criterios que homologuen el
sistema educativo y las condiciones de las plantillas de todos los
centros que gestiona el Ministerio de Educación, que en este momento se
refieren a diez comunidades autónomas, estaremos haciendo un flaco
servicio a la educación del futuro.
Así pues, con esta moción, nosotros pretendemos asegurar unas medidas de
calidad que han de suponer que el 1 de enero de 1998, cuando se produzcan
las transferencias en materia de educación a las diez comunidades
autónomas que todavía están viendo gestionada esta competencia por el
Gobierno central, estas comunidades autónomas deben recibir una red de
centros de educación infantil y primaria homologable
en todo el sistema. También deben recibir en las diez comunidades unas
plantillas de profesorado de forma equiparable y unos recursos humanos
muy similares.
No debemos olvidar que en el pasado mes de noviembre se han reunido los
consejeros de Educación y los de Economía de estas diez comunidades
autónomas con el señor Vicepresidente del Gobierno para Asuntos
Económicos y con la señora Ministra de Educación. Los diez consejeros de
Educación han manifestado ya al Gobierno su preocupación porque el
incumplimiento de este acuerdo y el no hacer, en estos dos cursos que
restan hasta las transferencias, un esfuerzo presupuestario continuado
supondrá que, en el momento en el que se produzcan las transferencias,
habrá notables desigualdades en el sistema educativo español, lo que nos
debe preocupar.
Por tanto, en aras a cumplir unos objetivos que son compartidos por toda
la sociedad española, que se han plasmado en instancias como el Consejo
Económico y Social y el Consejo Escolar del Estado, que se han plasmado
en acuerdos como el que se firmó por el anterior Gobierno con los
sindicatos de la enseñanza, el Grupo Parlamentario Socialista pide a esta
Cámara el apoyo a la moción que presentamos a su consideración en este
momento, para que esta Cámara se pronuncie a favor de la calidad de la
enseñanza como una apuesta de futuro. Para ello, proponemos que se
garantice que todos los colegios de educación infantil y primaria se
dotarán de unas plantillas adecuadas en las cuales, además de los
profesores tutores, se garantizarán los profesores especialistas
contenidos en la Logse, profesores de educación física, de inglés, de
música, de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica.
Además, esta moción trata de asegurar que, en el medio rural, se
constituyan colegios rurales agrupados como fórmula de calidad y la más
adecuada para impartir un servicio educativo en estas zonas. En ellos, se
establecerán también unas plantillas adecuadas, unas plantillas en las
que también se garantice la presencia de especialistas en número
proporcional al número de unidades en funcionamiento. Esta moción también
pretende asegurar que, en todos los centros públicos, las suplencias por
partes de baja de los profesores se realicen en un plazo no superior a
una semana. Esta es una medida de calidad que contribuirá notablemente a
mejorar la imagen de los centros públicos. Pretende asimismo asegurar
mejoras en las condiciones de trabajo de los profesores del cuerpo de
maestros, mejoras que han de referirse tanto a la jornada laboral como al
calendario y a la propia formación del profesorado, como son licencias
por estudios, cursos de especialización, etcétera.
Esta moción también pretende que a los maestros itinerantes se les
asegure una serie de mejoras en materia de jornada de trabajo y en
indemnizaciones. Por último, trata de asegurar que se cumpla lo que viene
siendo ya una cultura de la negociación. No podemos entender que se
puedan modificar situaciones de trabajo, situaciones de plantilla,
situaciones que afectan a las condiciones laborales del profesorado sin
que esto se negocie con los directamente afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Valcarce, le
ruego vaya concluyendo.
La señora VALCARCE GARCIA: Sí, señor Presidente.
No entendemos que se puedan estar negociando aspectos que se refieren al
profesorado y a sus condiciones de trabajo sin haber sido previamente
negociado con sus directos representantes, con los sindicatos.
Por ello, señorías, solicitamos el apoyo a esta moción que, no les quepa
duda, lo que pretende es asegurar la implantación de la Logse con
calidad, porque la calidad de la enseñanza es una apuesta por el futuro
de la educación de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora
Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas noches y nunca mejor dicho. Comprendo
que SS. SS. estén saturadas de educación, pero es nuestro día. Voy a
hacer un esfuerzo y un ejercicio de autocontrol y voy a ser más breve de
lo previsto.
En este sentido, quiero decir lo siguiente:
Señor Presidente, señorías, la reforma del sistema educativo más una ley
de financiación que la garantice y otros elementos consustanciales a la
enseñanza empiezan a tener en el marco de la sociedad, salvo intereses
particulares, características de consenso general. Y digo yo,
precisamente yo, de consenso general. Son demandas de primera necesidad
que se derivan de la urgente puesta en marcha de un auténtico Estado del
bienestar social donde las elementales reivindicaciones de la comunidad
educativa estén cubiertas. La puesta en marcha de algunos apartados de la
Logse, abordados en la mayoría de los casos con una gran dosis de
voluntarismo por parte del profesorado de forma señalada en las formas
rurales y con una cuestionada mejora de la calidad en la enseñanza debido
a la falta de medios y recursos, nos obliga a instar al Ministerio de
Educación y Cultura a que aborde con rigor y generosidad --insisto,
generosidad-- el tema, redoblando las inversiones, aplicando el objetivo
y negociando al límite con los agentes sociales para dotar de cuantos
mecanismos necesite la Logse para su total puesta en funcionamiento,
convencidos de que la mejor educación es la mejor herencia para un pueblo
desarrollado.
La firma del acuerdo del 9 de febrero de 1996 del Ministerio de Educación
y Ciencia con las centrales sindicales es un compromiso de abastecimiento
de medios y de satisfacción de los profesionales para abordar la reforma
educativa con el sello de calidad. Incumplimientos en esta dirección
pueden producir graves desequilibrios en el marco de las transferencias
pendientes a las comunidades autónomas, ya que es posible que en algunos
apartados no sean homologables.
En este marco es necesario que la coherencia y la voluntad política se
superpongan sobre cualquier otro interés, seguros de que el objetivo de
una enseñanza de calidad es el armazón de cualquier sociedad democrática.
Por ello abanderaremos y suscribimos todos los emplazamientos que haga el
Congreso de los Diputados al Gobierno, lo haga el grupo que lo haga.
En este sentido, abanderamos y suscribimos lo siguiente: dotar unas
plantillas de los centros de educación infantil y primaria con arreglo a
los criterios y plazos establecidos; normativizar y subvencionar
adecuadamente al cuerpo de maestros itinerantes; establecer fórmulas que
garanticen seguridad y estabilidad a los maestros con destino provisional
por modificación de plantilla; igualmente, a los maestros provisiones de
nuevo ingreso se les adjudicará el primer destino definitivo en el ámbito
provincial. De la misma forma, el Ministerio de Educación y Cultura
arbitrará mecanismos satisfactorios para todos aquellos maestros mal
adscritos y los que no hayan obtenido su destino definitivo, al objeto de
que puedan adquirir la habilitación para nuevas especialidades. Es
necesario convocatorias anuales para la adquisición de especialidad. Por
lo tanto, los maestros adscritos al primer ciclo de la educación
secundaria tendrán el mismo horario que éstos, en un abanico que va desde
las 18 a las 21 horas, siglo XXI. El calendario y la jornada escolar
serán negociados con los distintos agentes sociales. Del mismo modo, se
revisará anualmente las plantillas y las retribuciones. Por último, se
crearán comisiones de seguimiento de la aplicación de las presentes
medidas para garantizar la calidad de la enseñanza y la mejora de las
condiciones de trabajo de los profesionales.
Estas son, señor Presidente, señorías, las importantes y elementales
reivindicaciones contempladas en la ley pactada con centrales sindicales
y demás agentes sociales, para las que pedimos el voto favorable de la
Cámara, con objeto de resolver el aparente divorcio entre algunos poderes
públicos y la calle y, sobre todo, señorías, porque, como algunos de
ustedes saben, yo no lo he olvidado, no es bueno perder la fe ni siquiera
aquéllos que tenemos posiciones laicas, porque lo prometido, votado,
pactado y filmado es deuda.
Por lo tanto, con respecto a la moción que nos trae hoy aquí el Grupo
Socialista mi posición va a ser favorable con las enmiendas que paso a
relatar a continuación.
La primera es de modificación al punto 2.1. Donde dice: En el curso
1996-1997 se cubrirán... produzcan en los centros, debe decir: En el
curso 1996-1997 se cubrirán todas las bajas, licencias o permisos que
supongan 7 o más días naturales de absentismo del profesor, para lo cual
la dirección provincial enviará el oportuno profesor sustituto, a
iniciativa propia o a simple requerimiento de la dirección del centro.
Ustedes saben de lo que estamos hablando.
Otra enmienda es de adición. Se añade un nuevo párrafo al punto 2.1,
diciendo lo siguiente: Dado que en las instrucciones para la revisión de
la red de centros públicos de educación infantil y primaria para el curso
1997-1998, aprobados en octubre de 1996 por el director general de
centros educativos, no se contemplan criterios de la red de centros
compatibles con la confección de plantillas que piden los apartados 1, 2
y 3 del acuerdo con los sindicatos, se procederá a modificar las citadas
instrucciones y el consiguiente proceso de confección de plantillas.
Otra enmienda es de modificación del punto 2.2. Donde dice Dirección
General de Centros Escolares debe decir Dirección General de Centros
Educativos. La denominación actual es tal como digo, ustedes lo saben.
Por último, presentamos una enmienda de adición al punto 2,5. Trata de
añadir in fine lo siguiente: Derogar la circular sobre organización de
los centros públicos que imparten BUP o COU, formación profesional,
garantías sociales y educación secundaria durante el curso escolar
1996-1997, de 15 de julio de 1996, de la Dirección General de Centros
Educativos, especialmente en la partida 3.4, relativa al horario de los
maestros adscritos al primer ciclo de la ESO. Esto lo justificamos en
función de que se está vulnerando la Orden Ministerial del 29 de febrero
de 1996 y la de 29 de junio de l994.
Señorías, éstas son mis aportaciones para lo que siempre es
manifiestamente mejorable, la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Con cierta preocupación escuchamos a menudo diálogos o quizá monólogos,
sucesión de palabras, sobre un tema tan vital para este país como es la
educación. No me parece que éste sea el comportamiento estratégico
adecuado para la consolidación de nuestro sistema educativo y para la
coherencia entre lo que ya se ha realizado y lo que resta todavía por
hacer.
Cuando la bondad de la nueva enseñanza secundaria se encuentra en el
centro de la controversia conducida por ciertos intereses sectoriales, la
dinámica que en el Congreso se establece sólo puede inducir a errores
conflictivos y a la desazón en el seno de la sociedad.
Siento decirles, señores Diputados socialistas, que el contenido de la
moción que hoy proponen a mi parecer correspondería más bien a los
sindicatos. A ellos correspondería renegociar, en todo caso, su ejecución
con el actual Gobierno, porque lo que han presentado es una plataforma
sindical, un acuerdo, pero no es una demanda social. En cualquier caso
--y no me toca a mí decirlo, pero luego quizá explicaré por qué--, yo
también quiero recordar que fue un acuerdo firmado el día 9 de febrero,
como ustedes han dicho repetidamente, del año 1996, que es precisamente
el año en que ahora estamos viviendo, y que lo hicieron veinte días antes
de las elecciones. Esto, sin duda, fue un acuerdo que goza de legalidad,
pero quizá no de legitimidad, en este sentido. Por ello, decir no a la
moción es, para mi grupo, coherencia con lo que ustedes han defendido
siempre, con lo que ustedes han hecho y con lo que nosotros también hemos
hecho; decir no es negarnos a la dramatización continua y a la
posibilidad de un diagnóstico desesperanzador, porque, si en un ayer tan
reciente el éxito era sólido, hoy no ha podido desaparecer; y decir no es
también, para mí, devolver a las organizaciones sindicales lo que les
sería propio.
Permítanme que diga algo más. La dinámica de la confrontación en el mundo
de la enseñanza genera un clima de dudas, de ansiedades y de malestar,
que siempre recae en desconfianza, siempre, hacia el sistema público. Con
nuestra posición, desfavorable hoy a la moción, no queremos decir que no
vayamos continuamente a recabar sensibilidad extrema del Gobierno,
señoras y señores Diputados del Partido Popular, sensibilidad extrema del
Gobierno para la educación, y voluntad negociadora con las organizaciones
sindicales, únicas representantes legítimas del profesorado.
Asimismo, yo querría hacer un toque de atención cuando hablamos siempre
de calidad; antes, al principio de la tarde, lo he repetido. La calidad
es un concepto, como ustedes saben, cambiante y lo usamos continuamente.
En el decenio de los años 80, todas y todos nosotros, o casi todas y
todos nosotros ganamos una batalla de la calidad, que era la cantidad; en
los años 90, hemos ganado otra, que era la universalización de la
enseñanza secundaria para toda la población, y ahora también hemos estado
conquistando la de la verdadera calidad. Porque, ¿qué es la calidad? La
calidad es la propiedad de aquello que hace que sea de una manera y no de
otra. Pero yo también quiero decir algo más. Cuando aquí se habla de
calidad, ¿qué es la calidad? ¿La calidad absoluta, la excelencia? Pues
bien, también en nuestras escuelas y en nuestro sistema público hay ahora
excelencia, con sus luces y con sus sombras, pero las hay. Esto debería
quedar siempre muy claro y todos lo hemos de defender.
Yo no querría que nos pasara como a la pequeña Dorothy, que buscaba
siempre, en el país imaginario, en el lugar imaginario de Oz, que quizá
pensamos que está lleno de recursos económicos y de una calidad extraña,
y vayamos a buscar esta calidad. ¿Os acordáis de lo del mago de Oz? Pues
esto es así, más allá del arco iris. Yo creo que debemos mirar en
nuestros centros públicos, en nuestras aulas, y también hallaremos la
calidad. Por lo tanto, yo pediría como un pacto en este Congreso, si
pudiera ser, de no confrontación sobre el sistema educativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, señorías, hablando de
educación y a estas horas, por mi parte, sería una falta de educación
prolongarme excesivamente en todos y cada uno de los puntos. Quiero fijar
la posición del Grupo Parlamentario Popular y quiero indicar lo
siguiente: En primer lugar, la moción, como es lógico, es consecuencia de
una interpelación, que trae su base en el acuerdo de febrero de 1996.
Aunque sea de pasada, quiero reiterar que un Gobierno en funciones no
debería haber firmado esto. Pero, en fin, se firmó y, como bien ha dicho
la señora Ministra y nosotros repetimos, se está cumpliendo al 70 o al 80
por ciento, y en algunos temas no es posible el cumplimiento por las
razones que conocen SS. SS., la sentencia, etcétera.
Me han gustado mucho, lo tengo que indicar pero no quiero repetir,
algunas de las manifestaciones de la señora Gil, en el sentido de que en
el año 1978 fue la cantidad; se pasó del 1,8 del PIB, al momento actual
en que es el 4,7. Posteriormente a esa cantidad, reitero, fue la
universalidad. Todavía nos falta la gratuidad en la enseñanza infantil,
pero en el programa del Partido Popular está lograr la gratuidad de la
educación infantil en esta legislatura, y ahora tenemos que ir hacia una
calidad que, efectivamente, es parte de cantidad, pero tampoco
exclusivamente.
Concretando, por lo que respecta a la moción, en relación al punto 1,
tengo que decir que cómo no íbamos a estar de acuerdo con la
manifestación de que el Congreso de los Diputados reitera su firme
convicción en la calidad de la enseñanza, siendo uno de los retos
fundamentales de la educación del futuro; señorías, del futuro y del
presente, estamos totalmente de acuerdo.
En el resto de los temas, no podemos estar de acuerdo, porque, se ha
dicho aquí antes, es un tema sindical que se está cumpliendo en el 80 por
ciento de los casos, y en algunos en que no se cumplen es por una Orden
de 29 de febrero que derogó el apartado 87 de las instrucciones por las
que se regulaba la organización y funcionamiento de los institutos de
secundaria. Esa
Orden no la hizo ni la actual Ministra ni el Gobierno que apoya el Grupo
Popular.
En lo que respecta a los horarios, conocen SS. SS. que en estos momentos
el horario para los profesores de enseñanza secundaria está en 18 horas,
no horas lectivas, períodos --hay que aclararlo siempre-- de 50 minutos;
y para los maestros o enseñantes que están en estos momentos en enseñanza
primaria, en 21 períodos.
Señorías, no me quiero alargar en el resto de los puntos, puesto que,
primero, son sobre temas sindicales; segundo, a mí lo que me extraña es
que en estos momentos se refieran ustedes, y se ha dicho, al paraíso de
lo que ha sido la educación, que ha sido importante pero que no ha sido
un paraíso puesto que, por desgracia, hay una serie de defectos, y luego
resulta que en seis meses ese paraíso ya se ha convertido casi en un
infierno. Seamos serios. Entre todos tenemos indudablemente un reto, que
es conseguir que en el año 2000 esté plenamente implantada la Logse;
tenemos un reto de calidad para esa enseñanza y tenemos un reto para
resolver algunos problemas que significa la Logse, que no es el momento
de exponerlos porque no están en la moción, como son las enseñanzas
profesionales, etcétera. Sin embargo, como en la Comisión de Educación y
Cultura todos estos temas se han tratado, se tratan y se seguirán
tratando, yo quiero decir aquí que vamos a votar en contra y que sentimos
que vuelvan a insistir, señores del Grupo Socialista, sobre un acuerdo
que se está cumpliendo al 80 por ciento y que, además, fue de un Gobierno
en funciones.
Quiero terminar, señor Presidente, diciendo que el Grupo Popular está
realmente satisfecho del anuncio que ha hecho el Gobierno de la nación de
que va a traer un proyecto de ley sobre lo que puede y no puede hacer un
Gobierno en funciones. Nosotros, ya lo dije el otro día, conocemos no
solamente la teoría sino la práctica de los gobiernos en funciones.
Reitero que el acuerdo se está cumpliendo al 80 por ciento y, por tanto,
creemos que no es necesaria esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Señora Valcarce, a efectos de expresar la aceptación o no de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene S. S. la palabra.
La señora VALCARCE GARCIA: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado cuatro enmiendas a
la moción, que el Grupo Parlamentario Socialista aceptará.
Aceptaremos la primera, de modificación, que se refiere a las
sustituciones en los centros en los que se produzcan bajas del
profesorado. Quiero recordar que la redacción que propone el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es precisamente la redacción del
acuerdo sindical que se firmó entre la Generalitat de Cataluña y los
sindicatos de la enseñanza con representación en esa comunidad autónoma,
idéntico o muy parecido al que se firmó para el territorio MEC y que allí
se suscribió en diciembre de 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Valcarce, le
rogaría que fuese escueta en los planteamientos y cuidadosa para no
reabrir el debate. Se lo ruego a su señoría.
La señora VALCARCE GARCIA: Gracias, señor Presidente.
También aceptaremos la enmienda de adición en la cual se pide la retirada
de las instrucciones que ha elaborado el Ministerio de Educación y
Cultura para la modificación de la red de centros de educación infantil y
primaria. Asimismo aceptaremos la enmienda de modificación de carácter
técnico al punto 2.2, y también la enmienda de adición al punto 2.5, que
pide una vez más que sea derogada la circular de comienzo de curso que
conculca gravemente la ratio Logse.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. En esta última enmienda le recuerdo que la señora Aramburu en su
exposición ha introducido una pequeña modificación de estilo que supone
que el texto comienza diciendo: Derogar la circular sobre la
organización, y no: Queda derogada. ¿Queda claro, verdad?
La señora VALCARCE GARCIA: Sí, queda aceptado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señorías.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista sobre
política general del Gobierno en relación al cumplimiento del acuerdo
sobre mejora de la calidad de la enseñanza y de las condiciones de
trabajo del profesorado perteneciente al cuerpo de Maestros en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a
favor, 137; en contra, 150; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde. Se suspende la
sesión.
Eran las diez y diez minutos de la noche.