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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 44, de 22/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 44
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 43
celebrada el viernes, 22 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas
(número de expediente 121/000019) (Página 2192)
-- Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de medidas fiscales complementarias (número de expediente
121/000018) (Página 2192)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2192)
Proyecto de ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas
(Página 2192)
Proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de medidas fiscales complementarias (Página 2192)
El señor Presidente informa que se debatirán los dos proyectos de ley de
forma conjunta, debatiéndose, por tanto, también conjuntamente las
enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a ambos
proyectos de ley.
La señora Aroz Ibáñez defiende las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza afirmando que con este trámite legislativo, que desarrolla la
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas decidida
por el Gobierno, se acaban 16 años de consenso político en el desarrollo
del Estado de las autonomías. Señala que no existe consenso en esta
reforma porque el Gobierno no lo ha querido, ya que no ha habido diálogo
previo y el trámite parlamentario estaba cerrado de antemano a cal y
canto para la oposición. Expone que no se puede pretender que la
modificación de una ley constitucional como la que hoy se quiere
modificar se debata y acuerde en un órgano consultivo como es el Consejo
de Política Fiscal y Financiera y con interlocutores que no representan a
la totalidad de un proyecto político. Tampoco se puede pretender que haya
voluntad de consenso cuando se tramita una reforma como ésta por un
procedimiento casi de urgencia. Señala que el Grupo Socialista no va a
repetir debates anteriores, en los que ha expuesto con claridad su
posición, realizando una crítica rigurosa, expresando los problemas y las
dificultades del nuevo sistema, crítica que viene avalada por un buen
número de expertos. También han alertado de los riesgos que la situación
actual y la ruptura del consenso suponen para la estabilidad del Estado
de las autonomías.
Haciendo balance de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, propuesta por un gobierno de centro y aprobada por consenso,
expone que ha sido desarrollada por sucesivos gobiernos socialistas a lo
largo de trece años y todos esos gobiernos fueron extremadamente
respetuosos con normas consensuadas y eficaces en su desarrollo. El
sistema ha sido eficaz y decisivo para hacer efectivo el autogobierno de
las comunidades autónomas, se ha descentralizado el gasto de forma
ordenada y el sistema ha supuesto un instrumento para reducir
desequilibrios territoriales. Reconoce que el sistema muestra también la
necesidad de perfeccionarlo para hacer avanzar la autonomía financiera de
las comunidades autónomas, y en ello coinciden políticos y expertos. Es
un reto que comparte, pero no así el modelo elegido, modelo que califica
de improvisado, mal acabado y que ha elegido instrumentos inadecuados. Es
un modelo que no cuenta con los instrumentos financieros necesarios para
garantizar el sistema.
Respecto al Real Decreto-ley de cesión de tributos, manifiesta que, a
través del mismo, se ha modificado la tendencia del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas reduciendo a 10 los 16 tramos actuales, y
con su reforma, realizada igualmente de forma rápida e improvisada, el 40
por ciento de los contribuyentes pagará más, precisamente las personas
con menos capacidad adquisitiva, mientras que tendrá un tratamiento más
favorable un 14 por ciento de los ciudadanos, justamente el de mayor
capacidad adquisitiva.
Termina reiterando la voluntad del Partido Socialista de cambiar el nuevo
sistema cuando los ciudadanos españoles les otorguen nuevamente la
confianza para gobernar, anunciando que lo harán desde un consenso y sin
exclusiones.
El señor Ríos Martínez defiende la posición del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya basándose en dos razones: la
primera, el momento en el que se produce y la forma en la que se ha
tramitado, y la segunda, la pretensión del Gobierno para tramitar estos
proyectos y la voluntad que hemos venido planteando los grupos
parlamentarios de manera reiterada. Respecto de la primera, manifiesta
que se trata de una propuesta de financiación autonómica que ha sido
tramitada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no ha
logrado el consenso de todas las fuerzas políticas para reformar la Lofca
(algo que se hace por primera vez desde 1980) y la Ley de Cesión de
Tributos, por lo que considera que también habrá que reformar los
estatutos de autonomía. Desde su punto de vista, estos dos proyectos
adolecen de improvisación, son una reforma parcial y no obedecen a lo que
pudiéramos llamar necesidades del modelo de
financiación autonómica. Para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
hay poder político sin poder financiero y no se puede hablar de capacidad
de autonomía política sin autonomía financiera, por eso hay que poner en
la balanza la autonomía financiera que ponemos en manos de las
comunidades autónomas y las políticas de equidad y de solidaridad. Por
otro lado, considera que no es posible abordar un nuevo modelo de
financiación que no recoja la realidad diferente y dispar de España.
Añade que este modelo de financiación que se ha concretado se ha hecho al
calor del interés de mantener un pacto de investidura, pero no cree
posible gobernar España con un modelo de Estado que no invite a todos los
españoles a ser parte de ese proyecto de Estado.
A continuación, pregunta sobre los parámetros y criterios que se han
seguido en cuanto a la divergencia, sobre la estabilidad con que funciona
este modelo, sobre cuál va a ser la cesión de tributos en regiones con
capacidad económica, cuál va a ser la reducción de la presión fiscal, de
qué manera se va a desarrollar el fondo de nivelación, cómo se va a
garantizar el principio constitucional de igualdad de trato para todos
los españoles, vivan donde vivan. Asimismo considera que el anterior
modelo no consiguió ni desarrollar la corresponsabilidad fiscal y la
autonomía financiera ni desarrollar el principio de nivelación, y plantea
la necesidad de lograr un modelo de Estado que sea para siempre.
A continuación se refiere a las 17 enmiendas que han presentado para
corregir la desviación constitucional que para su grupo tiene esta
reforma de la Lofca, y defiende la autonomía financiera para las
comunidades autónomas y que los parlamentos puedan regular esa autonomía
financiera.
En materia de cesión de tributos han presentado enmiendas para corregir
el domicilio fiscal y para que las deducciones del IRPF sean igualmente
progresivas, pero suponiendo que las mantengan, considera conveniente
bajar los coeficientes de las personas que ganan menos de dos millones y
medio o tres y, por el contrario, subir a los máximos.
Por último, anuncia que si los partidos que apoyan al Gobierno blindan
férreamente su acuerdo y estas dos leyes, Izquierda Unida intentará,
también férreamente, cambiarla. No obstante opina que el acuerdo político
debe producirse con la participación de todas las comunidades autónomas y
de todas las fuerzas políticas.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
presentadas. Manifiesta que asisten a un debate político desgraciadamente
confuso y viciado ante la opinión pública del Estado español porque no se
quiere o no se puede discutir una reforma constitucional del Estado, como
realmente cabría esperar después de tantos años desde la aprobación de la
Constitución y, de una vez por todas, asumir el carácter plurinacional
del Estado español. Añade que cuando la opinión pública piensa que en
este debate se están produciendo agravios de unos contra otros,
seguramente no tienen en cuenta que el primero de los más graves agravios
y síntomas de confusión es que el Estado español esté dividido en 17
comunidades autónomas, que llevan a confundir más el problema
administrativa y políticamente. Señala que como Galicia es realmente un
país muy diferente y comienza a tener una conciencia política más aguda
de lo que a veces les gustaría, ellos no pueden alinearse con negar la
diferencia y enarbolar la bandera de España contra los que dicen que
intentan romperla. Afirma que ellos, arropados con la bandera de España,
les ha ido francamente mal. Agrega que el sistema financiero que se
propone les resulta de todo punto insatisfactorio, porque no se
introducen cambios sustanciales, y aún más grave es que desde la
perspectiva gallega es totalmente inadecuado. Prefieren discutir el
conjunto del sistema tributario y enfrentarse de una vez a un sistema
fiscal que les coloque a todos en una situación de precariedad.
Concluye exponiendo el contenido concreto de las seis enmiendas
presentadas por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, expone que su partido siempre
ha mantenido que sin autonomía financiera difícilmente se puede llegar a
conseguir el objetivo de autogobierno y de verdadera autonomía de las
nacionalidades como la valenciana, que aspiran a ello en toda su
integridad.
Frente a las alabanzas al consenso de los años ochenta que aquí se han
hecho, recuerda que si algo unía a los partidos políticos de la Comunidad
Autónoma Valenciana es que el modelo de financiación del ochenta
discriminaba a unas comunidades y beneficiaba a otras. Y precisamente,
según todos los estudios y valoraciones sobre el particular, si hay una
comunidad que ha sufrido un nefasto sistema de financiación autonómica ha
sido precisamente la Comunidad Valenciana, discriminada gravemente,
impidiéndola alcanzar el pleno nivel de autogobierno y la plena autonomía
política.
Alude seguidamente a los antecedentes históricos del Reino de Valencia y
las cuotas de autonomía política, administrativa, jurisdiccional e
incluso fiscal, para terminar reiterando que la autonomía financiera es
requisito indispensable para el desarrollo equilibrado de la Comunidad
Valenciana y la
realización eficiente de las competencias que tiene transferidas, y a
ello se dirige el nuevo sistema de financiación que proponen a través de
sus enmiendas, extensible a todas las comunidades que lo soliciten.
Reconoce que el paso que hoy se da supone un avance, pero no considera la
solución definitiva al tema de la financiación autonómica, y de ahí que
su apoyo al mismo no sea rotundo, sino con reservas.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente intervienen
la señora Montseny Masip y el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del
Grupo Popular.
Para réplica, hacen uso de la palabra la señora Aroz Ibáñez y el señor
Ríos Martínez, duplicando la señora Montseny Masip y el señor
Martínez-Pujalte López.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Hace uso de la palabra el señor Almunia Amann, en nombre del Grupo
Socialista. Replica el señor Homs i Ferret, duplicando el señor Almunia
Amann.
Por alusiones, interviene el señor López-Amor García, del Grupo Popular.
Asimismo, por alusiones, interviene de nuevo el señor Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley Orgánica de modificación
parcial de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación
de las Comunidades Autónomas.
Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.
Sometidos a votación el artículo único, disposiciones adicionales primera
y segunda, disposición final y exposición de motivos, son aprobados por
180 votos a favor, 140 en contra y una abstención.
Efectuada la votación final y de conjunto del texto del dictamen, se
aprueba por 179 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de cesión de tributos del
Estado
a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Sometidas a votación las enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, son rechazadas.
Sometidos a votación los artículos 2, 3, 4, 8, 10, 13 y 27, en los
apartados relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas números 73 bis,74, 75, 75 bis y 83, más los artículos 28, 33, 34
y disposición final primera, son aprobados por 179 votos a favor, 141 en
contra y una abstención.
Sometidos a votación los artículos 5, 6, 7, 9, 27, apartados relativos a
los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas números 76, 79, 80, 81 y 82, y los artículos 31, 32, 35 y
disposición final segunda, son aprobados por 187 votos a favor, 132 en
contra y dos abstenciones.
Sometidos a votación el resto del articulado y la exposición de motivos,
son aprobados por 179 votos a favor, 131 en contra y 11 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara que, en régimen de mañana tarde
y noche, se han debatido 1.556 enmiendas, han intervenido 178 Diputadas y
Diputados y miembros del Gobierno y se han producido 422 votaciones,
alcanzándose una media de asistentes a los plenos de 325 Diputadas y
Diputados.
Se levanta la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA
8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(Número de expediente 121/000019)
--PROYECTO DE LEY DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS Y DE MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS (Número de expediente
121/000018)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a reanudar la sesión
para la tramitación y el debate conjunto en esta mañana de dos proyectos
de ley, que son el de ley orgánica de modificacion parcial de la de 22 de
septiembre de 1980 --la Ley número 8 de tal año-- de Financiación de las
Comunidades Autónomas y el proyecto de ley de cesión de tributos del
Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Se han presentado a ambas leyes diversas enmiendas que vamos a debatir
conjuntamente. En primer lugar, enmiendas del Grupo Socialista, para cuya
defensa tiene la palabra su portavoz adjunta, la señora Aroz.
La señora AROZ IBANEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, hoy acaba en la Cámara el trámite legislativo de los dos
proyectos de ley que desarrollan la reforma del sistema de financiación
de las comunidades autónomas decidida por el Gobierno, y con este trámite
acaban 16 años de consenso político en el desarrollo del Estado de las
autonomías. No hay consenso en la reforma que hoy estamos debatiendo
porque el Gobierno no lo ha querido. No ha habido diálogo previo, y el
trámite parlamentario estaba cerrado de antemano a cal y canto para la
oposición. No ha habido diálogo porque el Gobierno no lo ha querido,
porque no se puede pretender, señorías, que la modificación de una ley
constitucional como la que hoy se quiere modificar se debata y se
acuerde, como ha pretendido el Gobierno, en un órgano consultivo, como es
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con interlocutores --los
gobiernos autonómicos-- que no representan a la totalidad de un proyecto
político. Porque no se puede pretender, señorías, que haya voluntad de
consenso cuando se tramita la reforma que se está llevando a cabo en
estos momentos por un procedimiento que es casi un procedimiento de
urgencia.
La tramitación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, elaborada por un gobierno de centro en 1979 y debatida en las
Cortes presididas por don Landelino Lavilla, tuvo un trámite en las dos
Cámaras de un año y tres meses. Ahora la modificamos en un procedimiento
que es casi de urgencia que, como mucho, habrá supuesto dos meses en las
dos Cámaras. Pero el debate está hecho. El Grupo Socialista no va a
repetir aquí debates anteriores. El Grupo Socialista ha defendido con
claridad su posición, hemos hecho un ejercicio de crítica rigurosa, hemos
explicado los problemas y los defectos del nuevo sistema, crítica que
viene avalada por buen número de expertos. Hemos alertado de los riesgos
que la situación actual y la ruptura del consenso suponen para la
estabilidad del Estado de las autonomías.
En este momento de cambio y de riesgo bueno es hacer balance, porque la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas propuesta por
un gobierno de centro, aprobada por consenso, ha sido desarrollada por
sucesivos gobiernos socialistas a lo largo de trece años y todos los
gobiernos socialistas fueron extremadamente respetuosos con las normas
consensuadas y fueron eficaces en su desarrollo, incluso contando con
mayoría absoluta, nunca se trató de modificar las normas constitucionales
ni en las revisiones de 1987 ni en las de 1992 ni tampoco con la reforma
del 15 por ciento del IRPF. Es verdad que el Partido Popular no suscribió
esas reformas, pero esas reformas, señorías, estaban dentro del marco de
la Lofca.
El sistema ha sido eficaz y decisivo para hacer efectivo el autogobierno
de las comunidades autónomas; se ha descentralizado el gasto público de
forma ordenada, hasta un 24 por ciento, que es el gasto público que
gestionan en este momento las comunidades autónomas de una manera
similar, con un nivel similar al de los países que cuentan con una
estructura federal. El sistema ha sido también un instrumento para
reducir desequilibrios territoriales.
El balance, es verdad, señorías, muestra también la necesidad de
perfeccionar el sistema para hacer avanzar la autonomía financiera de las
comunidades autónomas y en ello coincidimos políticos y expertos. Es un
reto que compartimos, pero no compartimos el modelo que han elegido. Lo
diré una vez más: no hay un único modelo de corresponsabilidad fiscal y
de autonomía financiera. Hay diversos modelos. Ustedes han elegido uno
que nos parece inadecuado, un modelo que, además, es improvisado, un
modelo que está mal acabado, un modelo que ha elegido unos instrumentos
inadecuados. Han elegido el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas como el instrumento fundamental, pero con una fórmula que no nos
parece la más conveniente para nuestro país. El 30 por ciento, que es el
resultado final de esa fórmula, aunque pueda parecer en su denominación
que es similar a la del 15 por ciento que estuvo en vigor los años 1994,
1995 y prorrogado para 1996, poco tiene que ver con esa fórmula de
participación en el Impuesto sobre la Renta en un 15 por ciento, que es
una fórmula similar a la que, por otra parte, existe en la mayoría de los
países federales de Europa, como, por ejemplo, Alemania. El modelo tiene
graves problemas pendientes y quiero reiterarlo. Tiene el grave problema
de que no cuenta con los instrumentos financieros necesarios para
garantizar la solidaridad. Se han introducido dos fondos que no aparecen
en las leyes que estamos debatiendo en estos momentos, el fondo de
garantía, mecanismos llamados asignaciones de nivelación, con una
dotación mínima, apenas diez mil millones de pesetas y estos mecanismos
tienen graves problemas, se han improvisado y no garantizan los objetivos
que pretenden. Señorías, en el debate que se ha producido de estas dos
leyes, ha pasado desapercibido un problema que quiero señalar y sobre el
que el Grupo Socialista volverá a insistir en otras oportunidades,
después de estos trámites.
En la ley de cesión de tributos se ha producido la modificación de la
tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se ha
reducido la tarifa de los 18 tramos existentes a 10. En este proceso,
también llevado a cabo de una forma rápida e improvisada, el 40 por
ciento de los contribuyentes pagará más, pero,
curiosamente, pagarán más las personas con menor capacidad adquisitiva,
pagarán más las personas que tienen una renta entre un millón y un millón
setecientas mil pesetas, y un 14 por ciento de los ciudadanos,
curiosamente los de mayor capacidad adquisitiva, tendrán un tratamiento
más favorable. Unicamente señalo ahora el problema porque el debate ha
estado centrado en estas dos leyes en la reforma del sistema de
financiación autonómica, pero el Grupo Socialista volverá sobre esta
cuestión una vez acabado este trámite.
Hemos manifestado --y voy acabando, señor Presidente-- nuestra voluntad
de cambiar el sistema que hoy se quiere aprobar cuando los ciudadanos
españoles nos otorguen nuevamente la confianza para gobernar, y lo
haremos desde un consenso sin exclusiones. Ustedes han rechazado nuestra
oferta de diálogo, una propuesta solemne de Felipe González para parar el
desarrollo legislativo hasta que se produzca un acuerdo, una propuesta
razonable que no perjudica a nadie, que no había de perjudicar a nadie
porque el acuerdo, en su caso, debería tener efectos retroactivos y
aplicarse con fecha 1 de enero de 1997.
No voy a reiterar algo que ahora, en estos momentos, ya no parece
posible, pero sí quiero decir que nuestra posición sigue estando abierta
al diálogo, porque, señorías, en esta cuestión hay suficientes elementos
para defender que la financiación de las comunidades autónomas no puede
ser una cuestión coyuntural, táctica y moneda de cambio en virtud de las
necesidades del Gobierno. La financiación de las comunidades autónomas
debe seguir siendo una cuestión constitucional que debe pactarse entre el
Gobierno y la oposición. Los grupos contrarios representamos en esta
Cámara más de 12 millones de votos, y en esta cuestión representamos
también --es necesario decirlo-- a buena parte de su electorado, que ve
con preocupación la situación actual.
Señorías, hoy se modifica una ley que contará con el respaldo del Grupo
Popular y de otros grupos, pero ese respaldo representa un porcentaje
pequeño en esta Cámara mientras que la ley que hoy se modifica contó con
el 94 por ciento de los votos de los Diputados presentes ese día, el 9 de
septiembre de 1980; de los 307 votos emitidos ese día, 289 Diputados y
Diputadas votaron a favor de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Señorías, son muchas las voces --no solamente
voces políticas, grupos políticos-- que desde la sociedad están
reclamando el pacto, voces autorizadas cuyo reclamo yo quisiera trasladar
a esta Cámara.
Acabo mi intervención trayendo a este debate las palabras de dos
prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional de nuestro país,
catedráticos de las Universidades de Sevilla y de Barcelona, que
coinciden en calificar la situación actual de muy peligrosa, los
profesores Javier Pérez Royo y Francesc de Carreras; ambos, como digo,
prestigiosos catedráticos de Derecho Constitucional de nuestro país, han
alertado del riesgo de desestabilizar con esta cuestión el Estado de las
autonomías, porque, como señala el profesor Francesc de Carreras, cuando
se mezcla el reparto de la riqueza con sentimientos de agravio, la
necesaria cohesión humana, algo más que la económica y social, en que
debe asentarse todo Estado, queda muy seriamente resquebrajada.
No echen en saco roto éstas y otras reflexiones, escuchen también,
señores del Partido Popular, las voces sensatas de su partido,
rectifiquen y traten de restablecer un consenso, el consenso necesario
para continuar el desarrollo autonómico con criterios e intereses
generales.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, no es la primera vez
que vamos a discutir sobre estos dos proyectos de ley, pero es bueno que
podamos abordar esta discusión al margen del grado y la voluntad de
consenso con la que cada uno de nosotros vengamos.
Me gustaría empezar, para defender la posición del grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por argumentar dos razones: la
primera, el momento en el que se produce y se ha concretado este consenso
que viene a la Cámara, y la forma en la que se ha tramitado. La segunda
sería cuál era la pretensión del Gobierno para tramitar estos proyectos y
cuál era la voluntad que hemos venido planteando los grupos
parlamentarios de manera reiterada.
Respecto de la primera, nos encontramos ante una propuesta de
financiación autonómica que ha sido tramitada en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera y que no ha logrado el consenso de todas las fuerzas
políticas para reformar algo que se hace por primera vez desde el año
1980: la Lofca, el sistema de financiación de las comunidades autónomas y
la ley de cesión de tributos, pero fundamentalmente la Lofca. Se han
producido infinidad de acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera que no han tenido la necesidad de reformar la Lofca. Es la
primera vez que se reforma la Lofca. Cuando se produjo el primer acuerdo
con Convergència i Unió, el Gobierno originariamente decía que no era
necesario reformar la Lofca ni la cesión de tributos.
Vayan anotando que esto no termina aquí. Va a hacer falta reformar
también estatutos de autonomía y va a hacer falta reformarlos porque en
este país se aprobaron infinidad de estatutos de autonomía desde el año
1982 a la sombra de la Lofca. Por tanto, se va tener que hacer algo que
el Gobierno no tenía previsto, reformar la Lofca, reformar la cesión de
tributos y los
estatutos de autonomía. Desde mi punto de vista estos dos proyectos
adolecen de esa improvisación. Son una reforma parcial. No obedecen, por
tanto, a la reforma de lo que pudiéramos llamar necesidades del modelo de
financiación autonómica.
¿Cuáles son para Izquierda Unida las necesidades que debe compaginar un
modelo de financiación autonómica? No hay poder político sin poder
financiero. No podemos estar hablando de capacidad de autonomía política
sin autonomía financiera. Por eso hay que unir en dos balanzas la
autonomía financiera que ponemos en manos de las comunidades autónomas
con la política de equidad, con la política de solidaridad. Esta reforma
de la Lofca es coja en la política de solidaridad, en la política de
equidad y en la de suficiencia para las comunidades autónomas. Va con un
solo pie. Es bueno y positivo desarrollar la autonomía financiera, la
capacidad de los parlamentos para hacer su norma financiera. Eso es
positivo. Se ha incrementado la capacidad que las comunidades autónomas
tenían para esa actuación.
Sin embargo, estamos poniendo en marcha dos polos que no son atrayentes
entre sí, son dos polos que están en la frontera de repelerse uno con
otro y debemos unirlos, por utilizar un símil de lo que ahora mismo está
muy en discusión en nuestro país: inflación-déficit público. Son dos
instrumentos que debemos ir controlando para un proceso de crecimiento
económico. Igual pasa con esto. No es posible abordar un nuevo modelo de
financiación que no recoja la realidad diferente y dispar que es nuestro
país, que es España.
Tenemos una realidad territorialmente diferente, desigual, económicamente
diferente y desigual y una realidad cultural y socialmente desigual. Por
tanto, la forma con la que se ha concretado este modelo de financiación
ha sido al calor del interés de mantener un pacto de investidura. Se ha
hecho al calor no de construir y componer un modelo de Estado al que
invitamos a todos los españoles con garantía de mantenerse, de perdurar
en el tiempo y no es posible establecer un modelo de Estado de unos
contra otros. No es posible por mucho que aquí se diga por parte del
Ministro de Administraciones Públicas que ha logrado, nada más y nada
menos que el consenso de quince comunidades autónomas y de no se cuántos
partidos políticos, todos comprometidos en el pacto de investidura.
No obstante, no es posible gobernar España con un modelo de Estado que no
concite o que no invite a todos los españoles a ser parte de ese proyecto
de Estado. El gran déficit que tiene este modelo --y, por tanto, las dos
leyes que después analizaré, con las propuestas que Izquierda Unida ha
traído para discutir--, después de 16 años de experiencia de un modelo de
financiación que sale del calor constitucional, es que no invita a todos
los españoles a ser parte de ese nuevo futuro, de ese nuevo compromiso,
no da estabilidad.
Ya ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ellos
lo van a modificar si llegasen al poder --digo si llegasen, no sé cuándo
será, mañana o pasado, y cómo llegarán, si llegarán solos o acompañados o
llegarán otros--, pero es un mal anuncio, un mal presagio, que de los
grupos representados en la Cámara, con maneras diferentes de entender el
Estado, con maneras diferentes de entender la economía, que representan a
12 millones de españoles, uno diga ya aquí, hoy, que este modelo no les
representa, no es el suyo. Pero no es que no sea el suyo y que quieran
imponernos otro, como aquí se dijo, porque es sibilina la forma de
argumentar y razonar: es que ustedes quieren poner veto. Pues bien,
algunos quieren poder poner veto cuando se lleva al Consejo de Europa el
tema de las comunidades autónomas. Piden tener el derecho de vetar cuando
se vean perjudicadas.
No al derecho de veto, pero, por favor, hay 17 enmiendas a la Lofca y 14
a la cesión de tributos. Digo yo, ¿algo de nuestros razonamientos se
podría recoger, algo o nada? ¿Todo o nada? Hay un laboratorio que formó
la investidura de este país, entre Convergència y PP, que ya lo tiene
todo medido, todo previsto. Lo tiene todo tan medido y tan previsto que
no saben lo que va a costar el modelo de financiación; que no saben el
grado de divergencia al que nos va a llevar.
En economía, cuando se hace el proceso monetario en Europa, para llegar a
la moneda única, se dice: tantos años, tales criterios de inflación,
tales criterios de déficit público, en el año 1998 confluiremos aquí. Se
ha medido, porque por fortuna las matemáticas, la economía, son unas
ciencias que, por lo menos, se pueden medir y valorar.
¿Dónde están los parámetros, los criterios que ustedes tienen medidos de
aquí al año 2001? ¿Cuál va a ser el criterio de divergencia que se va a
establecer al final? Al principio, ya lo sabemos todos. El primer año no
va a haber grandes diferencias, no va a verse afectado grandemente, igual
que reducir de 18 a 10 los tramos de IRPF no va a afectar sensiblemente a
la progresividad de un sistema. Pero ¿cuál es la estabilidad con que
funciona este modelo? ¿Partimos de unas cifras? ¿Cuál va a ser la cesión
de tributos en regiones con capacidad económica, con capacidad de renta,
con posibilidades? El discurso de reducir la presión fiscal, ¿cuál va a
ser? Porque para competencias iguales una comunidad puede necesitar unos
recursos y otra otros y, al final del proceso, podemos encontrarnos con
que comunidades con poder económico pueden plantearse reducir la presión
fiscal en dos, en tres, en cuatro puntos, en IRPF y en determinados
impuestos a sus ciudadanos y seguir teniendo una capacidad económica para
hacer frente a sus competencias, y otras que por desgracia tienen una
situación económica, hoy, ya de partida, desigual, tengan que plantearse
subir esa presión porque no tendrán recursos suficientes para hacer
frente a las mismas competencias. ¿Se
ha medido ese grado de divergencia? Yo no digo que sea malo ni bueno, lo
que pregunto es: ¿se ha medido? ¿Cuál es, con qué datos, con qué cifras,
cómo lo vamos a distribuir?
Y ese grado positivo de divergencia --y digo positivo porque somos
desiguales de partida--, ¿cómo se acompasa con medidas de equidad? ¿De
qué manera las regiones que hoy son desiguales por abajo, son débiles
económicamente, tienen una estructura productiva limitada, tienen una
situación de renta comprometida, de qué manera van a verse apoyadas por
el conjunto federal del Estado, por el conjunto de todos los pueblos de
España para corregir sus desigualdades? ¿De qué manera, dónde están las
políticas de equidad desarrolladas, dónde está ese fondo compensatorio
establecido, cómo van a entrar las comunidades autónomas a participar, de
qué manera las comunidades autónomas van a poder producir esa realidad de
fondo compensatorio, quién va a pagar ese fondo compensatorio? ¿Van a
pagar las comunidades de mayor renta un porcentaje de sus mayores
beneficios para corregir la desigualdad de las que tienen menos? ¿De qué
manera se va a concretar legalmente? Lo desconocemos, pero está muy bien.
¿De qué manera se va a desarrollar el fondo de nivelación? ¿Cómo vamos a
garantizar el principio constitucional de que todos los españoles, vivan
donde vivan, tienen que tener un trato por lo menos igual o similar, cómo
se va a garantizar eso? ¿De qué manera se va a poder establecer que los
servicios fundamentales los recibamos con los mismos niveles de calidad,
vivamos donde vivamos, en el mundo rural, en el mundo urbano, en una
ciudad con más servicios o en una ciudad con menos? ¿De qué manera los
servicios fundamentales, que al final son los básicos, los que nos mueven
a todos, van a estar garantizados para que tengamos un mismo nivel de
prestación de servicios? ¿Cómo se garantiza? Pues ya veremos, durante un
año lo vamos a estudiar. ¿Y de qué manera se da estabilidad al compromiso
de corrección de desequilibrios, en un momento en el que se está
produciendo un proceso de no compromiso de inversión? Si se mantiene el
FCI con un criterio de inversión nueva del Estado, en dos años nos
podemos encontrar con que el FCI es más del cien por cien de la inversión
nueva del país. Por tanto, ¿qué volumen de inversión que el conjunto del
Estado va a hacer quiere comprometer, en los próximos cinco o seis años,
para corregir los desequilibrios territoriales que nuestro país tiene?
Desequilibrios territoriales que significan concentración de
infraestructuras y de condiciones de desarrollo para unas regiones, y
limitaciones de infraestructuras y desarrollo para otras regiones. ¿Cómo
se establece? Tampoco está claro.
La reforma de la Lofca que ustedes hacen, como dice la memoria que
acompaña a los dos proyectos, es para conseguir dos cosas: una, la cesión
de tributos --o de impuestos, porque han modificado la palabra tributos;
dicen que para mayor corrección la palabra tributos la cambian por
impuestos, que puede estar bien-- incrementada con el IRPF, y la segunda,
capacidad normativa. Pero hubo una discusión en el año 1980 sobre si
había posibilidad de que, igual que un Gobierno que tiene recursos hace
políticas de gastos, decide hacer escuelas y hospitales, las comunidades
autónomas pudieran poner nuevos impuestos --artículo 9 de la Lofca--.
Dice el artículo 157 de la Constitución que las comunidades autónomas
podrán poner en marcha impuestos propios. ¿Cuántos se han escudriñado?
¿Cuántos hemos buscado en cada comunidad? Ninguno. Que repartan los que
ya existen. Pues tiene que haber el mismo desgaste en una acción política
--ahí se demuestra de verdad la capacidad de autogobierno--: política
fiscal y política de gastos. Lo que no es posible es, con menos recursos
para todos, querer hacer más todos, porque eso no cuadra nunca. Por
tanto, el artículo 9 de la Lofca, que lo facilitaba, puso unas
limitaciones superiores a la Constitución. La Constitución no marcaba
grandes limitaciones a la capacidad del artículo 9 de la Lofca,
simplemente la voluntad de una comunidad autónoma de poner un nuevo
impuesto, de buscar las fórmulas para gravar a la gente que tiene dinero,
a los que producen dinero. Porque parece que en este país no se puede
buscar más dinero, y dinero hay, el problema es quién tiene ese dinero.
Aquí no hay más formas de buscar dinero que sobre las rentas del trabajo
o sobre el IVA, pero se puede indagar y encontrar otras figuras
impositivas. Pues no se toca aquí. Eso sí, ya distribuimos unas
capacidades financieras entre las distintas comunidades autónomas.
No se especifica aquí el artículo 13, el crecimiento de la PIE, de la
participación en los ingresos del Estado. No se especifican, aquí, por
ejemplo, en esta reforma de la Lofca, otras figuras impositivas que no
sea el IRPF. El impuesto más progresivo de nuestro país --que necesita
una reforma, porque el IRPF está perdiendo progresividad hoy--, que
significa una recaudación de siete billones de pesetas en el país y que
tiene un 25 por ciento de exención fiscal, es el que utilizamos. Y todos
debemos poner en la parte que federamos, porque suponiendo que
estuviésemos en una estructura autonómica profunda, los entes federados
ponen una parte común para esa estructura conjunta del Estado.
Esa parte conjunta, ¿qué esqueleto impositivo va a tener? Pues ese
impuesto más progresivo es típico de esa figura más federal y otros son
otros. Pero bueno, supongamos que una parte la utilizamos, ¿por qué no
utilizamos otros impuestos para ceder? ¿Por qué no se puede utilizar el
IVA en fase minorista, todo lo que es el consumo en cada sitio, que
además tiene una base imponible más homogénea? ¿Por qué no utilizamos los
impuestos especiales, algunos de ellos --yo no me quiero pronunciar por
ninguno, no sé si el hidrocarburo, si el tabaco, no sé cuál--, por qué no
podemos utilizar
otras figuras? El tabaco mueve --escuchen un poquitín-- casi 500.000
millones de pesetas al año; digo en cuanto a impuestos, aparte está el
contrabando que, ahora que no nos oye nadie, es un porcentaje casi del
doble. Es un sitio donde podríamos meter las manos para cobrar, porque
aquí nadie habla de lo que se podría sacar del fraude fiscal, que, por
cierto, cada vez crece más. Con un compromiso de reducir uno o dos puntos
ese fraude, podríamos tener más dinero para distribuir, porque lo
importante aquí es cómo ingresamos más. Bueno, pues no se plantea esa
discusión. El artículo 13 de la Lofca trata de la participación en los
ingresos del Estado, ¿por qué el volumen de cesión de otros impuestos?
Y por último, la garantía de la nivelación, el gran déficit que tenía el
modelo anterior. El modelo anterior de financiación, el que ha caducado
ahora, es un modelo que ya está agotado, que necesita un nuevo salto, no
ha conseguido dos elementos constitucionales: ni desarrollar la
corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera, ni desarrollar el
principio de nivelación. Está parado el artículo 15 de la Lofca, no se
había puesto en marcha la corresponsabilidad fiscal.
Aquí hay como una disparadero para un lado, pero el otro está contenido y
cerrado. Las cinco personas que hicieron el estudio del modelo anterior
ya anunciaron que las dos cosas debían desarrollarse simultáneamente.
Deberíamos haber desarrollado simultáneamente los dos elementos: la
equidad, junto con la corresponsabilidad fiscal, con la mayor autonomía
financiera. Pero autonomía financiera que tuviera un nivel de suficiencia
de manera similar. ¿O acaso las divergencias de origen cultural,
histórico, lingüístico también son económicas con plena capacidad? ¿Es
posible que tengamos que plantearnos un modelo de Estado en el que esto
también sea para siempre? De partida a mí me parece lógico, porque
tenemos una España que es dispar. La capacidad y voluntad de autogobierno
que tiene hoy el pueblo de Cataluña o el pueblo vasco es muy superior a
la de otros pueblos. Eso es verdad, nadie lo puede negar. Es una voluntad
de autogobierno, una voluntad de autonomía, incluso de autodeterminación,
que otros pueblos no tienen. Pero de punto de partida eso puede ser así
entendido. Pero en lo que se refiere al punto final de un modelo de
Estado tendremos que tener en lo económico los mismos recursos. Lo básico
en una familia a la hora de distribuir un salario, lo primero a la hora
de distribuir sus recursos es comer, después es vestirse y luego
comunicarse y relacionarse. Ni siquiera pido eso para la financiación
autonómica. No pido que primero que sea comer y vestirse y después
comunicarse. A la misma vez las tres cosas.
Este modelo no garantiza ese procedimiento. Por tanto, las dos leyes que
le soportan --y nunca mejor dicho, que le soportan--, la reforma de la
Lofca y la reforma de la cesión de tributos adolecen de esos dos efectos.
Pero es que el trámite en el Congreso, el trámite en el Parlamento se ha
hecho de hurtadillas, por encima, ha sido muy poco discutido, muy poco
concretado. Nosotros hemos presentado, al calor de estos argumentos, 17
enmiendas a la Lofca. Pero olvídense de las propuestas maquiavélicas de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que quiere transgredir todos los
pactos que han conseguido hacer en determinados sitios. Por cierto, la
bodeguilla tiene otro propietario y también se puede usar para otras
cosas.
Aquí hay unos documentos que contienen las aportaciones hechas por los
letrados de las Cortes a la Lofca. Hay aproximadamente siete páginas de
propuestas, de limitaciones, de correcciones que tenía que tener esta
ley. Y para la cesión de tributos hay también otro documento que informa
esta cesión de tributos y cómo debía de ser corregida. ¿Hemos tenido el
sosiego para incorporar este estudio que hacen los letrados de las
Cortes, que no tienen nada que ver con la maquiavélica proposición de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? Pues no hemos tenido la
serenidad. ¿Por qué? Porque a machamartillo tiene que salir esto de este
horno cuando sea, lo más rápidamente posible y con el menor número de
grifos abiertos. Pues abran los grifos porque si no esto no va a haber
cristo que lo lo aguante y no va a ser posible que puedan desarrollar
este modelo de financiación, porque tendrán que estar sistemáticamente
con el maletín de los presupuestos compensando. ¿O acaso ustedes no han
visto la misma discusión presupuestaria que yo? ¿No hemos visto la misma
discusión presupuestaria?
Ahora le damos 7.000 millones a Aragón, pero se los quitamos porque nos
hemos equivocado. Ahora le damos al País Vasco, a través del PNV, 7.000
millones, pero se los quitamos porque nos hemos equivocado. Ahora le
damos 3.000 millones a otro. ¿Hemos visto cómo se ha compensado o no un
déficit de capacidad financiera? ¿Podemos ver cómo se han distribuido o
no territorialmente las inversiones del Estado? ¿Las quieren SS. SS. ver?
¿Por qué hay una comunidad como la canaria que sube al 60 por ciento su
inversión territorializada mientras otras bajan el 30 por ciento? ¿Por
qué? ¿Simplemente porque ha sido un albur de necesidades? ¿Qué pasa, que
otras regiones no tienen esas necesidades, como Extremadura, Murcia,
Asturias? ¿No la tienen? Pues sí las tienen. ¿Saben lo que pasa? Que
hemos pagado la parte de contrato para que me apoyen el contrato más
grande del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Así no se puede mantener la discusión presupuestaria los próximos cuatro
años. ¿Pero dónde vamos a ir en este país discutiendo así los
presupuestos, con chantajes sistemáticos en la discusión presupuestaria?
Los cuartos son los cuartos. Los cuartos son carreteras. Los cuartos son
escuelas, son hospitales, son capacidad para un pueblo. No es baladí
decir que le damos aquí un 20, un 30, que es un tres, que es un dos, pero
que multiplicado son 80.000. Y no nos ponemos de acuerdo. Los números del
Grupo Socialista son 80.000 millones o 90.000 millones que va a costar
esto de más. Los números de no sé quién son 120.000. Los números de no sé
quién son 30.000. No lo sabemos.
¿Alguna vez han visto ustedes una discusión presupuestaria sin saber lo
que cuesta? Sería una innovación revolucionaria en los trámites de la
discusión de los dineros. Sería tanto como decir que voy a gastarme lo
que se me ocurra y lo voy a pagar como pueda. Esa sería la discusión que
podríamos encontrarnos en el devenir de este modelo de financiación.
Nuestras 17 enmiendas lo que pretenden es corregir esa desviación
constitucional que para nosotros tiene esta reforma de la Lofca. Hay tres
artículos de la Constitución que para nosotros inspiraron la Lofca, que
no inspiran este nuevo modelo de la Lofca.
Insisto, señorías, en que no soy de los que defienden un modelo según el
cual la corresponsabilidad fiscal esté al 100 por cien topada y al 100
por cien sin capacidad normativa. No estoy defendiendo eso. Estoy
defendiendo autonomía financiera para las comunidades autónomas, que los
parlamentos y los pueblos puedan regular esa autonomía financiera y, a la
vez, que eso suponga una suficiencia financiera similar.
¿Saben ustedes por qué --y los números los di en el debate de
totalidad--? Porque en Madrid la recaudación del IRPF es 1,6 billones de
pesetas, su 30 por ciento son 600.000 millones, y no le van a poder dar
ni el 6 por ciento, porque se pasa de la PIE. En Extremadura la
recaudación del IRPF es de 66.000 millones de pesetas, su 20 por ciento
es de 22.000 millones de pesetas; sin educación, es el 10 por ciento de
su presupuesto. Le van a tener que dar el 300 o el 400 por cien de su
IRPF. ¿Cómo se lo van a dar con este modelo? ¿De qué manera? Díganme los
números para que yo me lo crea y voto a favor su propuesta.
Cesión de tributos. Por lo que se refiere a la cesión de tributos, hemos
presentado enmiendas para corregir su propuesta sobre el domicilio
fiscal. Ustedes han dado progresividad a los tramos del IRPF
reduciéndolos a 10, aunque nosotros creemos que deben seguir siendo 18,
porque no sé por qué habiendo más tramos es más complicado hacer la
declaración. Pero, suponiendo que mantuvieran los 10, dicen: vamos a
intentar hacerlo más progresivo, y ponen por igual una deducciones de
2.500 o de 3.000 pesetas. En los impuestos debe de pagar más el que más
tiene y menos el que menos tenga. Por tanto, es bueno que en las
deducciones ocurra igual. Pero, suponiendo que las mantengan, ¿no sería
mejor bajar los coeficientes de los mínimos de las personas que ganan
menos de un millón y medio, dos millones y medio o tres millones y subir
los máximos? Pues no. Ustedes lo que han hecho ha sido: a los que ganaban
más, que tenían el 56, se lo han puesto en el 48 y se lo han mantenido
por abajo a los que ganaban menos. ¿Eso qué quiere decir? Que renunciamos
a recaudar más dinero de los que ganan 11 millones de pesetas, o más que
son poquitos, pero es mucho dinero, y hemos mantenido la presión para los
que ganaban un millón y medio o menos.
Nosotros hemos presentado 14 enmiendas a la ley de cesión de tributos que
van dirigidas a buscar mayor progresividad en los diez tramos del IRPF,
tanto en el del Estado como en los autonómicos, a buscar mayor
progresividad en lo que ustedes llaman la deslocalización. Porque ustedes
tienen una fórmula curiosa para buscar el domicilio habitual y es que no
estén fuera más de tres años. Pienso que no es muy normal que una persona
esté fuera de su domicilio tres años de manera permanente.
Yo no digo que la capacidad de autonomía signifique esto, ni tampoco que
la autonomía sea solamente el recargo. El recargo ya lo tuvimos recogido
en la Lofca y no funcionó. Se le ocurrió subir al señor Leguina --que no
está ahora aquí-- el 3 por ciento y se montó un lío en su propia
comunidad. Pero no es éste el problema. La competencia por domiciliarse y
hacerse residir se crea en el momento en el que en una comunidad, al
calor de lo que nos encontramos hoy, se desficaliza y, se puede ir a los
patrimonios más fácilmente residuados, se puede ir a la ubicación o a la
desfiscalización. Empezamos con una competencia desleal entre comunidades
para asentar actividades industriales, porque tienen más garantías, con
lo cual vamos a ir al mercadeo (a ver qué empresa, cómo viene, quién le
da más, quién le puede recortar), seguimos con la posibilidad de que un
ciudadano pague, teniendo los mismos ingresos, más en un sitio y menos en
otro, y podemos terminar con la captación de ciudadanos en el futuro. Por
tanto, yo creo que sería bueno que nos fuéramos planteando el tema de la
residencia habitual de una manera más segura, para garantizar que este
modelo no va a generar descompensación o competencia desleal a nivel
fiscal en todo el territorio. Por eso defendemos, en una enmienda nuestra
al principio de esta ley de cesión de tributos, que se vaya a una
armonización de bases, a una armonización fiscal que marque los límites
de la divergencia. Y medidos esos límites de la divergencia se compensen
con los límites de la equidad establecidos con actuaciones y recursos
concretos.
Este es el objetivo de nuestras enmiendas. Tienen ustedes 17
posibilidades de mejorar la Lofca a través de nuestras enmiendas, y
solamente 13 posibilidades con la cesión de tributos, aunque tengo que
reconocer que me han admitido una enmienda en el trámite de Comisión.
Nuestra aportación, que consideramos que es importante, es la de que el
cambio de domicilio habitual esté ligado a la separación, etcétera. En
todo caso, está bien. Han movido una pieza para explicar qué era eso del
cambio del domicilio habitual y por qué se podía producir. Es bueno.
Además de eso, con el ruido que trae el viento, ¿suena alguna hoja más
que pueda mejorar el procedimiento
y el proceso? No. Si ustedes cierran, blindan férreamente su acuerdo y
estas dos leyes, nosotros férreamente intentaremos cambiarla y lo
intentaremos hacer de abajo a arriba y de arriba a abajo. Antes se ha
dicho aquí si el acuerdo político se debía producir entre las comunidades
autónomas o entre las fuerzas políticas. Miren SS. SS., entre las dos. El
acuerdo político debe producirse con la participación de todas las
comunidades autónomas y de todas las fuerzas políticas. ¿Y saben ustedes
cómo lo entendemos nosotros? Aunque la verdad es que uno tiene poca
experiencia política como para poder aconsejar, diré que cuando en la
diplomacia europea o en cualquier otra circunstancia no hay acuerdo en
alguna cosa fundamental se aparca, se sigue con lo que se está de acuerdo
y se busca cómo superar el otro aspecto. Lo que no se puede hacer cuando
se busca un consenso que afecta a todo el Estado es imponer la
divergencia.
Yo estoy seguro de que ustedes son conscientes de las complicaciones del
proceso, que ustedes están haciendo sus números, pero sería bueno que en
el desarrollo de lo que hoy vamos a aprobar aquí (que es un cuerpo legal
que ustedes tienen que desarrollar, aunque hay leyes que se acuerdan y
que luego se desarrollan o que no se desarrollan) abriesen la mano,
porque el Estado es de todos y si no lo que ustedes pueden hacer es
ponernos en estado a todos los demás.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
También han presentado enmiendas a los textos que estamos debatiendo, por
el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez; la señora Rahola, que no
se encuentra presente, y el señor Chiquillo.
Para la defensa de las enmiendas suscritas por el señor Vázquez y el
señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el
señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, estamos asistiendo a un debate
político desgraciadamente confuso y viciado, sobre todo ante la opinión
pública del Estado español, por dos motivos básicos. El primero de ellos,
sin duda, porque no se quiere o no se puede --que es bastante más grave--
discutir una reforma constitucional del Estado como realmente cabría
esperar después de pasados tantos años, desde 1978, y de una vez por
todas asumir el carácter plurinacional del Estado español. En segundo
lugar, esto está contrarrestado inevitablemente --se reconoce desde todas
las bancadas-- porque existe una voluntad política de las naciones que
integran el Estado español y específicas diferencias que fuerzan a
reformas, a cambios, desgraciadamente sólo en el plano financiero,
tributario o fiscal, pero desde luego siempre desde la legítima defensa
de una autonomía financiera que tiene cierto apoyo en la Constitución
española de 1978.
Pero en un país como éste, al que yo pertenezco, realizar este debate sin
hablar de los problemas económicos generales y de los problemas políticos
generales nos hace muchísimo más difícil ser claros y sobre todo estar
mucho más fuera de juego. Cuando la opinión pública española piensa que
en este debate se están dando agravios de unos contra otros no piensa que
seguramente el primer agravio grande, el primer síntoma de confusión es
por qué razón el Estado español está dividido en 17 comunidades autónomas
que solamente hicieron confundir administrativa y políticamente más el
problema.
Como realmente Galicia es un país muy diferente, naturalmente diferente,
y como empieza a tener también una conciencia política más aguda de lo
que a muchos le gustaría, nosotros no podemos alinearnos con aquellos que
niegan la diferencia y que efectivamente enarbolan la bandera de España
para decir que hay que agitarla en contra de los que intentan romperla.
Porque a nosotros, arropados con la bandera de España, nos ha ido
francamente mal.
El sistema financiero que se propone para nosotros, de todas maneras, es
insatisfactorio. Es cierto, además, que no debería asustar a los
partidarios de la Unión Europea y de la España tradicional porque no se
introducen cambios sustanciales, pero lo más grave es que desde la
perspectiva gallega es totalmente inadecuado porque no reúne un perfil
suficiente para nosotros. Nosotros preferimos discutir el conjunto del
sistema tributario, discutir dónde está la soberanía fiscal, dónde está
la fuente de las competencias, de las normas y de los perfiles de
financiación; en una palabra: quién tiene la responsabilidad y la
soberanía fiscal y enfrentarnos de una vez a un sistema fiscal que en
esta ley también sigue estando subordinado jerárquicamente, nos coloca a
todos en una situación de precariedad y, lo que es más grave, en una
situación de reversibilidad. Discutamos, por lo tanto, desde la óptica de
si vamos a un Estado español confederal o si queremos seguir teniendo la
centralización fiscal que hubo hasta ahora.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego ha presentado seis enmiendas
básicas que intentan dibujar el perfil gallego del sistema ateniéndose
solamente al plano tributario.
La primera, la número 23, plantea un problema fundamental para nosotros,
que es que el lugar de la actividad económica debe ser el que condicione
y prefigure el lugar donde se tributa. No se puede dudar de las
consecuencias negativas para la economía, para la Hacienda gallega de
tantas transnacionales o tantas empresas del Estado que tributan en otra
parte: los nombres cantan: Citroën, Unión Fenosa, Ferroatlántica, Endesa,
Ence, Alumina-Aluminio. Y no vamos a hablar de todas las grandes áreas
comerciales porque sería
imparable. Solamente quería poner un ejemplo de las empresas que cotizan
en Madrid pero que desenvuelven sus actividades económicas fundamentales
en Galicia, y muchas de ellas sobre riquezas básicas de nuestro país.
La enmienda número 24 aboga por ampliar el abanico tributario de cesión a
las comunidades autónomas, efectivamente, con la fase minorista del IVA y
con el Impuesto sobre Sociedades y, además, no poner límites máximos en
la cesión del IRPF.
La número 25 aboga por no limitar las posibilidades competenciales
normativas en los tributos para que las comunidades autónomas puedan
legislar sobre tributos cedidos, porque una parte fundamental, señorías,
de la autonomía fiscal es la decisión que se tiene y no sólo la capacidad
recaudatoria. Es increíble que se esté centrando la batalla ideológica
sobre la unidad y la cohesión del Estado solamente en capacidades
normativas que realmente no son las fundamentales para provocar
diferencias.
La enmienda número 26 propone la supresión del parágrafo que se centra
curiosamente en una ley que es combatida y que recurre a los mismos
tópicos que los que la combaten. Hay una retórica de lugares comunes para
justificar el principio de limitación de las capacidades normativas; tres
lugares comunes fundamentales que son totalmente falsos, empíricamente
falsos. El primero es que hoy el Estado español es desigual,
gravísimamente desigual. Pero es desigual económica, culturalmente y
desde el punto de vista de los salarios y también políticamente. ¿O es
que ustedes me van a convencer de que todos las acciones de los
representantes políticos son tratadas con la misma consideración o que
todas las acciones del Estado español son tratadas con la misma
consideración? Pero, ¿dónde estamos? ¿Es que ustedes pretenden
convencerme de semejante tipo de cuestiones que tropiezan con la
experiencia cotidiana? La desigualdad actual en el nivel de desarrollo
económico y de bienestar colectivo es evidente. Es falsa la ecuación
centralización fiscal/solidaridad. Está ya avalada por muchos años de
historia del Estado español.
Y, por fin, señorías, el tercer tópico. Tenemos que buscar una fórmula
para luchar contra la desigualdad pero desde el nivel de soberanía
fiscal. Y es aquí donde tendríamos que tener el debate y la discusión más
importante.
La enmienda número 27 propone la eliminación de un párrafo, lo que lleva
precisamente a que nosotros podamos asumir la gestión, la liquidación, la
recaudación, la inspección y la revisión del tramo cedido del IRPF, no
limitar las posibilidades de actuación, aunque existan dificultades
técnicas en un principio, que habría que estudiar detenidamente.
Por fin, la número 28 postula la supresión del párrafo donde se
subordinan las decisiones que tomamos en favor de la descentralización
fiscal, en función de decisiones que se tomen en la Unión Europea. Al
Bloque Nacionalista Galego --se lo decimos sin ambigüedad de ningún
tipo-- nos alarma que, en el Estado español, los partidos políticos
pongamos el grito en el cielo o debatamos sobre supuestas pérdidas de
unidad de España, de soberanía de España, cuando mayoritariamente, a
ningún partido político le preocupan todas las cesiones que se están
haciendo al exterior y se está dispuesto a entregarlas alegremente. No
entendemos cómo se puede construir una Europa igualitaria sobre tales
bases de cesión de soberanía real del propio Estado.
En definitiva, señorías, la finalidad de nuestras enmiendas es la
siguiente: las números 24, 26 y 27, para que tributemos donde se obtienen
los rendimientos; las números 29, 31 y 32, para eliminar
condicionamientos en el ejercicio de la capacidad normativa; las números
33, 34, 35 y 36, para ampliar competencias en la parte cedida del IRPF, y
las números 37 y 38, para que haya una composición paritaria de los
consejos territoriales, donde el Estado y la respectiva comunidad
autónoma tengan que llegar a acuerdo efectivamente por consenso, porque
están en plano de igualdad, tres frente a tres. Este es el problema de
fondo.
Desde la posición de un país que, naturalmente --entre comillas--, no
existe para muchos, pero que existe en la práctica y cada vez va a
existir más, seguramente para desagrado de muchos, este debate tiene un
contexto y una necesidad pendientes. El primero, el debate de política
institucional y constitucional; la segunda, la del desarrollo económico
básico de todas las naciones que integramos el Estado español y el
derecho a no vivir subsidiados, que es la clave. Si nosotros producimos,
no le vamos a tener ningún tipo de miedo a un sistema tributario que nos
responsabilice, fundamentalmente, de nuestro futuro.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de sus enmiendas, también del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo para
defender la postura de Unión Valenciana respecto al debate de hoy: la
reforma de la financiación autonómica, en particular, la reforma de la
Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, la
conocida Lofca.
Unión Valenciana considera que en el año 1980 se inició un camino
importante, no sólo por lo que significaba el principio del actual Estado
autonómico, la autonomía política de las nacionalidades y regiones del
Estado español, sino que con esta ley se disponía del instrumento
esencial para que esa autonomía política se hiciera realidad, es decir,
que tuvieran autonomía financiera. Porque hemos dicho hasta la saciedad
que, sin autonomía financiera, difícilmente se puede llegar a conseguir
ese objetivo de autogobierno y de verdadera autonomía política de las
nacionalidades, como la valenciana, que aspiran a ello en toda su
integridad.
Aquí se han hecho cantos de alabanza al consenso del año 1980, de esta
Lofca; en su momento se entendió ese equilibrio y ese consenso, pero si
algo unía a los partidos políticos de la Comunidad Valenciana es que esta
ley, el modelo de financiación que sucesivamente se fue revisando sobre
las premisas sentadas en el año 1980, discriminaba a unas comunidades y
beneficiaba a otras. En todos los estudios, en todos los análisis, en
todas las valoraciones políticas del tema que, sin duda, ha hecho gastar
más litros de tinta en los últimos meses, en los últimos años, si hay una
comunidad que ha sufrido un nefasto sistema de financiación autonómica,
sin duda alguna, además de la Comunidad de Cataluña o la de Baleares, ha
sido la Comunidad Valenciana, que ha sufrido hasta el año 1996 este
sistema de financiación. Digo sufrido porque ha discriminado gravemente y
ha coartado la posibilidad de tener esa autonomía financiera que nos
permitiera alcanzar el pleno nivel de autogobierno y la autonomía
política.
Desde esta premisa, Unión Valenciana esgrimió como uno de los principales
planteamientos de la campaña electoral del 3 de marzo, hacia lo que
entendemos que debe ser el futuro de las autonomías, el Estado Federal,
ante la risa de algunos, la desconfianza de otros, los gritos de
insolidaridad por parte de unos cuantos, que era fundamental reformar la
financiación autonómica y hacer extensivo el sistema de concierto
económico a aquellas comunidades que lo solicitaran, si así lo
consideraban oportuno los propios parlamentos regionales. Esa propuesta
en época electoral fue tachada por muchos y despreciada por otros tantos.
Hemos visto después lo que ha ocurrido desde el 3 de marzo hasta ahora y
cómo los pocos argumentos que se utilizaban en contra de la postura
defendida por Unión Valenciana del acuerdo o concierto económico para la
Comunidad Valenciana como modelo de financiación, han quedado en nada con
la reforma que se nos presenta.
Nosotros pensábamos, como paso previo a ese acuerdo económico para la
Comunidad Valenciana y para aquellas otras comunidades autónomas, que
podría estar hablándose del 35 por ciento de corresponsabilidad, del 40
por ciento y, por qué no, del 50 por ciento y se ha quedado en un 30 por
ciento. Pero nuestro objetivo último era extender el acuerdo o concierto
económico como modelo de financiación a aquellas comunidades, como la
Valenciana, porque nadie puede poner en duda que tiene las mismas razones
históricas que las demás. Se ha hablado mucho aquí de razones históricas,
de antecedentes históricos y yo tengo que decir en voz alta que la
Comunidad Valenciana actual, el Reino de Valencia, mantuvo cuotas de
autonomía política, administrativa, jurisdiccional e incluso fiscal,
hasta el año 1707, cuando, por la fuerza de las armas, el Gobierno
central, que entonces ya daba la espalda a la Comunidad Valenciana,
determinó que esa institución foral, con todo el peso que tenía el Reino
de Valencia entonces, no tenía razón de subsistir por habernos alineado
bélicamente con el bando perdedor. Ahora no nos hemos alineado
bélicamente, pero tampoco nos hemos alineado políticamente con el bando
vencedor, con el nuevo Gobierno, y por ello se nos niegan algunas
cuestiones relativas a lo que es un todo, y para Unión Valenciana es un
todo lo que hemos debatido esta semana: la financiación, los
presupuestos, las inversiones, la corresponsabilidad fiscal y ese amplio
paquete que nos ha ocupado desde el lunes por la tarde hasta el viernes a
mediodía.
Unión Valenciana, con la enmienda que presentó, que mantiene y que estoy
ahora intentando defender, pretende que se abra la posibilidad de que
aquellas comunidades forales que lo fueron, aunque ahora no lo sean, que
con planteamientos políticos serios desde sus parlamentos, con razones
históricas serias y contrastadas, quieran acceder a ese modelo de
financiación, que nosotros consideramos que es el ideal, el acuerdo o
concierto económico como modelo global de financiación para el Estado
autonómico español que avanza hacia un Estado federal, puedan acceder
mediante la generalización de ese acuerdo o concierto económico, y nos
pueda equiparar a aquellas comunidades que hoy en día tienen ese modelo
de financiación para regir sus propios destinos de política económica,
para poder hacer su verdadera política en su comunidad. El planteamiento
básico es ése.
Se ha apelado aquí a economistas, a catedráticos, por parte de la
portavoz del Grupo Socialista, pero también hay economistas muy
prestigiosos de la Hacienda pública, a nivel nacional e internacional,
que defienden la tesis del federalismo fiscal, tesis por la que los
gobiernos subcentrales --que, en nuestra terminología, vendrían a ser las
comunidades autónomas-- gestionan sus propios recursos y realizan la
asignación más eficiente de los bienes y servicios públicos que tienen a
su alcance. No es casualidad que sistemas similares, guardando las
distancias, sean los que actualmente estén utilizando los países más
avanzados del mundo, como son Estados Unidos, Canadá, Suiza o Alemania.
Unión Valenciana como partido nacionalista mantiene la legítima
aspiración de que la Comunidad Valenciana cuente con este acuerdo
económico pues estima que puede ser el instrumento político al servicio
de las comunidades autónomas para alcanzar su máximo techo competencial.
Como después señalaré, es un instrumento que garantiza la solidaridad,
generalizable a todas aquellas comunidades autónomas que lo deseen.
La autonomía financiera es requisito indispensable para el desarrollo
equilibrado de una comunidad, en
este caso la Comunidad Valenciana, así como para la realización eficiente
de aquellas competencias que tiene transferidas. El sistema de
financiación que proponemos con esta iniciativa, como decimos, extensible
a todas las comunidades que los soliciten, deberá en todo caso respetar
la solidaridad interterritorial en los términos previstos en la
Constitución y debe atender, en todo caso, la estructura general
impositiva del Estado. Este acuerdo o concierto económico, que es básico
para que haya un equilibrio en este Estado federal al que avanzamos
inexcusablamente, permitirá una aplicación efectiva de una política
económica en cada comunidad que, respetando los principios básicos de
política general del Estado, pueda llevar a este proyecto global y común
que es el Estado español hacia las mayores cotas de bienestar económico y
social en este modelo económico que pensamos que es solidario,
equilibrador y no discriminatorio, condiciones que el modelo que teníamos
hasta el día de hoy no cumplía.
No nos duelen prendas en reconocer que el actual modelo es un avance
--así lo dijo Unión Valenciana en el Senado-- y lo apoyamos, pero con
reservas. El debate global de la política económica del Gobierno, que
incluye la ley de Presupuestos Generales del Estado, las leyes de
acompañamiento y la reforma de la Lofca, nos lleva a mantener nuestra
reserva y no aceptar esta reforma planteada por el Gobierno. Pensamos con
toda sinceridad que nuestro modelo ofrece la posibilidad de que, si se ha
hecho un consenso más o menos amplio --para algunos muy amplio, para
otros, trece millones de españoles no están representados en este
modelo--, se abra un debate en el año 1998, por lo que hemos presentado
esta enmienda. En el año 1997, el modelo puede servir. En el año 1998 se
extiende al 30 por ciento, también puede servir. Pero después, qué.
Nosotros vamos más lejos y no nos conformamos con este 15 o 30 por
ciento. Por eso en esta enmienda, en esta disposición adicional que
mantenemos, abrimos la puerta al diálogo, al debate entre el Gobierno
central y aquellas comunidades autónomas que consideren que este modelo,
aun siendo un paso importante, un avance, puede ir adelante. Para Unión
Valenciana ir adelante es extender el acuerdo o concierto económico a
aquellas comunidades que estén capacitadas, tengan voluntad política y
capacidad, sin quebrar los principios constitucionales, que Unión
Valenciana respeta hasta las últimas consecuencias.
El articulado del texto que Unión Valenciana presenta, porque este debate
no se cierra hoy, respeta escrupulosamente la solidaridad en los términos
establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana; atiende y respeta la estructura general impositiva
del Estado; mantiene los principios de coordinación, armonización fiscal
y colaboración con el Estado conforme a las normas de este acuerdo y de
la legislación básica en la materia; esa coordinación, armonización
fiscal y colaboración se mantiene en los parámetros de la Constitución,
del ordenamiento básico estatal en materia de tributos y de la Ley
General Tributaria; y sobre todo es escrupulosamente respetuoso con los
tratados y convenios internacionales que en la materia económica, fiscal,
tributaria y presupuestaria puede haber suscrito el Estado con países
terceros.
Este debate no se cierra, aunque es, indudablemente, un avance. Nadie
podrá decirle a Unión Valenciana que no apoya ese paso que se da hoy,
pero lo hace con reservas, no apoyándolo porque sea un punto y final a la
reforma de la financiación autonómica. Para el Gobierno éste es un punto
y final en la financiación autonómica, para Unión Valenciana éste es un
punto y seguido. Algunos pretenden reformar esta ley cuando lleguen al
gobierno, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, y otros
pretenden cerrar hasta el año 2001 la financiación autonómica. Nosotros
no estamos ni en un extremo ni en otro. Para nosotros, éste es un punto y
seguido y, a partir de mañana, tenemos que seguir hablando del tema.
Seguir hablando del tema significa profundizar en el autogobierno. Y
profundizar en el autogobierno significa avanzar en el actual modelo de
Estado autonómico e ir hacia el Estado federal, hacia la generalización
de los conciertos económicos. No está todo logrado, tenemos que conseguir
el acuerdo económico; tenemos que hablar de las agencias tributarias
autonómicas; tenemos que hablar de un sinfín de cuestiones que hoy no
pueden quedar cerradas.
Unión Valenciana considera que la reforma de la Lofca es un paso adelante
y que la Comunidad Valenciana puede salir beneficiada, sobre todo si
tenemos en cuenta lo nefasto que era el antiguo sistema de financiación
autonómica que durante dieciséis años ha perjudicado gravemente a nuestra
comunidad. Pero pensamos que se pierde la oportunidad de hacer ese punto
y seguido y continuar avanzando hacia ese modelo que pueda corregir
desequilibrios y acabar con agravios que como los sufridos por la
Comunidad Valenciana han ocurrido en otras comunidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, ¿puede concluir?
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente.
Unión Valenciana estima que el actual modelo de financiación no garantiza
un compromiso electoral al que es fiel: sí al avance en la
corresponsabilidad, pero no a renunciar a ese modelo de financiación, que
es el ideal para conseguir nuestro objetivo, legítimo o no para unos u
otros, pero creemos que respetable, que es hacer efectivo el pleno
autogobierno para una nacionalidad histórica como la Valenciana, hacer
efectivo ese autogobierno, ese máximo techo competencial y
esa plena autonomía política. Para conseguir ese nivel de autonomía
política tenemos que tener la máxima autonomía financiara. Como digo, el
actual modelo de financiación no lo garantiza, de ahí nuestras reservas y
nuestro voto. Puede ser o no entendido, pero Unión Valenciana tiene un
compromiso al que no puede fallar: la ciudadanía valenciana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora
Montseny tiene la palabra, que compartirá el turno con el señor
Martínez-Pujalte, que se encargará del proyecto de ley de cesión de
tributos.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo y, al
mismo tiempo, hacer un turno en contra respecto de las enmiendas que han
sido presentadas y que todavía permanecen vivas a este proyecto de
reforma de la Lofca. Me gustaría resaltar que para el Grupo Parlamentario
Popular es un privilegio continuar desarrollando el artículo 157.1 de la
Constitución, puesto que desde el año 1980, en que fue aprobada la
vigente Lofca, se han sucedido distintos y sucesivos modelos autonómicos.
Pero llegado este punto, y con arreglo a lo asumido por el Partido
Popular, el Grupo Parlamentario Popular que sustenta al actual Gobierno,
somos conscientes de que había que proceder a una reforma de la Lofca
para redefinir, delimitar y adecuar el principio de administración única
que obraba en nuestro proyecto político.
Aquí se han dicho muchas cosas que es necesario rebatir. Pero antes de
entrar en esos argumentos para contradecir lo expuesto por determinados
grupos parlamentarios de la oposición, me gustaría afirmar que el
objetivo primordial y principal de la reforma orgánica de la Lofca es
redefinir el concepto de tributo cedido; aclarar y concretar tributos
susceptibles de cesión; reformular el ámbito de recargo sobre tributos
cedidos a las comunidades autónomas; dirimir el alcance y contenido de
esa cesión; concretar si la cesión de los tributos cedidos es parcial o
total; redefinir el alcance de la competencia normativa y, finalmente,
incorporar lo que, a nuestro juicio, era importantísimo, que es el
capítulo IV del mencionado proyecto de ley para poder llenar una laguna
legal importante, tan sólo apuntada en el año 1992, en la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Me refiero a resolver los conflictos que puedan
surgir entre el Estado y las comunidades autónomas o de éstas entre sí,
que para nosotros era esencial. (El señor Vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.) Quiero apuntar también que cabía hacer una
alusión a las comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía han sido
recientemente aprobados e incorporarlos a la mencionada reforma de la ley
orgánica.
La historia se escribe en muchos sitios, en los propios «Diarios de
Sesiones» que recogen los discursos pronunciados en esta Cámara, en los
programas electorales que presentan los partidos políticos, etcétera. A
mí me gustaría decirle, señora Aroz, a usted que tanto critica nuestro
modelo de financiación autonómica, que en las recientes elecciones
autonómicas catalanas su candidato, el señor Nadal --al que usted y yo
conocemos bien--, manifestaba ya que de ganar estas elecciones
autonómicas reivindicaría el principio de corresponsabilidad fiscal del
30 por ciento. No se puede decir aquí una cosa y lo contrario en Galicia,
en el País Vasco, en Cataluña o en Castilla-La Mancha. Por cierto, señora
Aroz, el señor Bono ya lo empieza a tener más claro y se lo está
replanteando. Replantéenselo también ustedes.
Voy a leer la declaración del Secretario de Estado de Administraciones
Territoriales, efectuada la semana pasada ante un medio de comunicación:
Es rigurosamente cierto que hay un acuerdo autonómico prácticamente
cerrado con el Partido Socialista Obrero Español. Cosa que ustedes han
negado también ante los medios de comunicación. Usted y yo sabemos que
esa afirmación es cierta y rigurosa, que había habido no solamente inicio
de conversaciones, sino que éstas habían sido continuadas y prácticamente
estaban cerradas hasta que por motivos partidistas, señora Aroz, ustedes
decidieron que no convenían y se querían quedar al margen de ese pacto
que ustedes ya asumieron en una pequeña parte del 15 por ciento en la
pasada legislatura, consensuado con escasas fuerzas políticas, pero que
el Gobierno ha sido capaz de consensuar con un número de fuerzas
políticas y parlamentarias representadas en esta Cámara mucho más amplio.
Ahora ustedes presentan enmiendas de supresión al vigente proyecto de
reforma de la Lofca diciendo que se quiebra el modelo cuasi
constitucional de consenso establecido desde el año 1980, cuando ustedes,
en trece años de gobierno socialista, no han hecho nada en ese ámbito, y
conste que también en su programa electoral tienen asumida esa
corresponsabilidad fiscal, aunque, mientras no necesitaron los apoyos de
nadie, permanecieron totalmente insensibles al desarrollo del Estado
autonómico.
Me gustaría argumentarle al señor Ríos, que ha venido aquí a defender con
tanto énfasis las enmiendas que permanecen vivas al presente proyecto de
ley, que hay una contradicción. Por un lado, tilda de catastrofista, de
nefasto, el modelo de financiación autonómica que ha presentado el
Gobierno al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en ese momento
se autorizó por ese órgano, y, por otro lado, presentan unas enmiendas
cuyo contenido rebasa con mucho la propia dimensión de lo que nosotros
hemos asumido en nuestro programa electoral, en nuestro compromiso con la
sociedad, que
está contenido en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno,
esencia de lo que consideramos que debe abarcar la reforma de la Lofca.
Dice S. S. que se quiebra la solidaridad y que se producirán paraísos
donde habrá una cierta desfiscalización. Le debo responder lo que le dije
en la Comisión de Economía de Hacienda: se ha creado un fondo de
nivelación que establece el artículo 15 de la Lofca y que, durante largos
quince años nunca fue desarrollado; que, asimismo, respecto al Fondo de
Compensación Interterritorial, que tuvo paralizado el aumento
proporcional, ni siquiera del IPC, en los cinco últimos años, el Gobierno
popular ha hecho un esfuerzo en los presupuestos, aumentando esa
participación presupuestaria, al igual que las pensiones y el capítulo
relativo a la sanidad; y que también hay fondos europeos para paliar las
posibles diferencias. Además, señor Ríos, de todos es conocido que no
presentan a las Cámaras el mismo presupuesto las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Galicia, el País Vasco, Cataluña o Castilla-La Mancha. Ya
existían diferencias presupuestarias con arreglo al número de habitantes
y a la renta per capita que tiene cada una de ellas.
Antes de terminar, voy a contestar brevemente a las enmiendas presentadas
por el Grupo Mixto, diciéndoles que el presupuesto a que asciende el
modelo autonómico presentado este año a los Presupuestos Generales del
Estado es de dos billones 363.626 millones. Voy a leer unas palabras
recientemente pronunciadas en esta tribuna por el Ministro de
Administraciones Territoriales en la presentación de los presupuestos: La
garantía del 90 por ciento al final del quinquenio de la financiación por
habitante está asegurada y hay los mecanismos suficientes de nivelación
para cumplirlo.
En relación a la enmienda presentada y defendida por el señor Chiquillo,
le tengo que decir que como tuviera que reservar doce o trece minutos
para cada una de las enmiendas que han sido presentadas aquí, esta tarde
seguiríamos discutiéndolas, pero la pura verdad, señor Chiquillo, es que
usted presenta una enmienda de adición en la que dice que el Gobierno,
oídas las comunidades autónomas, procederá a extender o generalizar el
acuerdo o concierto vigente en las comunidades forales. Le tengo que
decir, señor Chiquillo, que usted es consciente, usted sabe y conoce
igual que nosotros que esos acuerdos o conciertos económicos sólo pueden
ser reservados a los territorios históricos con acceso a los derechos
forales.
Respecto a las enmiendas presentadas por el señor Rodríguez, tengo que
manifestar también que en el espíritu van mucho más allá de nuestro
compromiso en el discurso de investidura, de nuestro compromiso con las
fuerzas parlamentarias que se ha podido consensuar --y digo podido porque
se ha ofrecido a todas ese modelo de corresponsabilidad fiscal--, y
tenemos que ser coherentes con nuestras propias ideas.
Se ha puesto en mi conocimiento por parte del letrado que estuvo presente
en la discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Lofca que
hubo una confusión, y existen dos párrafos similares en el enunciado de
la propia ley. Quiero manifestar que mi grupo parlamentario va a
presentar un escrito para retirar el párrafo penúltimo, consecuencia de
la aprobación de la enmienda número 38.
Señorías, nos gustaría que ese modelo de corresponsabilidad fiscal
saliera adelante, que se replantearan señora Aroz ese consenso, que creo
es importante para todo el mundo, y que saliéramos fortalecidos de este
debate democrático, que contribuya a esclarecer el futuro de nuestro
modelo autonómico.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Montseny.
Para completar el turno en contra, en nombre del Partido Popular tiene la
palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi grupo entendía que esta mañana íbamos a debatir dos
proyectos de ley. Para manifestar nuestro voto en contra a las enmiendas
presentadas al proyecto de ley de modificación de la Lofca ha intervenido
mi compañera y yo tenía que intervenir para manifestar nuestra posición
en torno a las enmiendas presentadas al proyecto de ley de cesión de
tributos.
La verdad es que el debate de esta mañana ha sido distinto, ha sido un
debate que se ha planteado no sobre las leyes que discutíamos, sino sobre
el modelo de financiación autonómica. Estas leyes no contienen el
conjunto del modelo de financiación autonómica que se debatió, se
discutió y se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, son
simplemente unas leyes que dan marco jurídico para que las comunidades
autónomas tengan más capacidad de autonomía, más suficiencia y, además,
sus propios parlamentos puedan legislar sobre los tributos cedidos. Los
grupos que han intervenido en el debate lo han centrado en el modelo de
financiación autonómica, y yo no me resisto a hacer unas reflexiones muy
rápidas.
La primera de ellas, señorías, es que el modelo estaba agotado, 1996 era
el último año para el que regía el modelo actual y el Gobierno tenía tres
opciones: podía prorrogar el modelo, podía introducir reformas meramente
aparentes como las que se hicieron con la falsa corresponsabilidad fiscal
de 1993, o podía hacer lo que se ha hecho, poner sobre la mesa una
propuesta basada en el libro blanco --libro blanco que había encargado el
Gobierno anterior--, que comportaba corresponsabilidad fiscal y autonomía
en el ingreso. El actual sistema estaba agotado y ninguna comunidad
autónoma y ningún grupo político estaban de acuerdo con la prórroga de
este sistema.
Segunda consideración. El modelo actual, que algún ponente del Grupo
Socialista --no sé si será la opinión de la portavoz del Grupo Socialista
que hoy ha intervenido-- ha dicho que es el suyo y es el que ustedes
defienden, tiene deficiencias básicas. Yo mencionaré dos. Una. No da a
las comunidades autónomas autonomía en el ingreso. Ninguna. Esa situación
contrasta, por ejemplo, con las que tienen las corporaciones locales, que
sí tienen autonomía para fijar tipos en impuestos tan importantes como el
IBI y el IAE; por tanto, las corporaciones locales tienen una
responsabilidad fiscal de la que no gozan las comunidades autónomas y
esto no parece razonable. Segunda deficiencia. El modelo actual expresa
una dependencia absoluta de las comunidades autónomas respecto al
Gobierno central en sus ingresos, más del 80 por ciento de los ingresos
en las comunidades autónomas proceden de transferencias del Estado. Estas
deficiencias pusieron de manifiesto la necesidad de modificar el modelo
que ya venía establecido en el libro blanco, libro blanco que no
encargamos nosotros.
Tercera consideración. El nuevo modelo había que hacerlo basado en la
corresponsabilidad fiscal, que demandaban todas las comunidades autónomas
y todos los grupos políticos, y el libro blanco señalaba como básico
ceder capacidad normativa en los impuestos ya cedidos y ceder algún otro
impuesto para que las comunidades autónomas pudieran contar con autonomía
financiera, que, como muy bien ha dicho el señor Ríos, es uno de los
objetivos que compartimos y me alegra compartir esos objetivos con algún
grupo político. Hemos elaborado un modelo que da a las comunidades
autónomas suficiencia y autonomía. Es un modelo que crea unos mecanismos
que garantizan la solidaridad.
Cuarta consideración. El actual modelo se ha hecho con un consenso muy
amplio. Señores del Grupo Socialista, ustedes se han autoexcluido del
consenso, pero en este consenso han participado doce de quince
comunidades autónomas que están en el régimen común y en ese consenso han
participado siete fuerzas políticas. Hemos elaborado un modelo con un
gran consenso y ello queda plasmado, por ejemplo, en que solamente tres
grupos políticos han presentado enmiendas a la ley de cesión de tributos.
Y quinta consideración. El Grupo Socialista se ha autoexcluido de ese
consenso; no digo que le hemos excluido, se ha autoexcluido y no ha
puesto sobre la mesa ningún modelo alternativo. Se ha limitado a criticar
el sistema consensuado en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera con argumentos diversos y distintos, dependiendo del momento y
de la zona geográfica en que se encontraba. Señores del Grupo Socialista,
señora Aroz, no dicen ustedes lo mismo en esta tribuna que en las
tribunas de cada uno de los parlamentos autonómicos. (Un señor Diputado:
No es verdad.--Rumores.) Sí es verdad y a las hemerotecas me remito.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, señorías.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Para consensuar un modelo, señora Aroz,
que usted ha dicho que quería consensuar, tendremos que conocer sus
propuestas. Le quiero decir que ustedes a la ley de cesión de tributos
han planteado cinco enmiendas. ¿Y sabe lo que pretenden las cinco
enmiendas? Eliminar la ley, todas son de supresión; las motivaciones son
todas iguales, no aportan ustedes nada. No han hecho el esfuerzo que
reconozco al Grupo Mixto y a Izquierda Unida; ustedes no han hecho ningún
esfuerzo por consensuar, ninguno.
Mi grupo, señores del Grupo Socialista, está muy orgulloso con el modelo
de financiación autonómica, está muy orgulloso del modelo porque va a
ayudar a vertebrar España. (Rumores y protestas.--Aplausos.--Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por favor, señorías, guarden
silencio y dejen continuar al orador.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Para concluir, quiero enfatizar cinco
puntos.
Primero. La financiación autonómica se ha convertido en uno de los hechos
históricos más importantes de los últimos años porque supone un paso
decisivo en el desarrollo del Estado de las autonomías y, además, se
instaura la corresponsabilidad fiscal como núcleo de las relaciones entre
el Estado y los gobiernos autonómicos.
Segundo. El nuevo modelo colaborará a reducir la actual dependencia
financiera de las comunidades autónomas, impropia de unas
administraciones con plena autonomía política y con potestad legislativa,
y a hacer más perceptible el coste de los servicios públicos prestados
por las comunidades autónomas, acercando esos servicios públicos a
mayores niveles de eficiencia.
Tercero. El nuevo sistema de financiación garantiza la distinción entre
suficiencia y solidaridad y, además, la estructura adecuadamente. Se basa
en el principio de que a idénticos servicios debe corresponder similar
financiación, lo que conduce a una determinación del criterio de equidad
que preside la reforma del sistema.
Cuarto. Igualmente, el nuevo sistema reconoce los objetivos de
solidaridad y de cohesión interregional e introduce mecanismos que
garantizan la solidaridad entre regiones y evitan que su aplicación cause
perjuicios importantes a las comunidades menos desarrolladas.
Quinto. El cambio comporta una mejora sustancial respecto a la situación
anterior, en la medida que el nuevo sistema es más justo al introducir
mecanismos de nivelación per capita que no permitirán en ningún caso una
evolución no deseable de los recursos en las distintas comunidades
autónomas, hace a todas las comunidades
autónomas más autónomas en los ingresos desde el punto de vista
financiero, aumenta el nivel de corresponsabilidad de todas las
autonomías al dotarlas de una mayor capacidad normativa, introduce un
claro incentivo para que cada autonomía busque en su propio territorio
una mejora en la gestión de los impuestos, y, además, es un modelo que
hace que en el tránsito del viejo al nuevo modelo no perjudique a ninguna
región.
Termino. Señores del Grupo Socialista, señorías, mi grupo apoya el nuevo
sistema y creemos que así España consigue una mayor vertebración. De
todas maneras, quiero terminar, señora Aroz, diciendo --usted ha hecho
referencia a que seguían abiertos al diálogo-- que mi grupo sigue abierto
al consenso, pero ese consenso no lo planteamos, como ha manifestado
alguno de los portavoces, un consenso de los partidos de ámbito estatal
contra los partidos de ámbito regional o nacionalistas. Nosotros queremos
que todos los grupos políticos, los de ámbito estatal, los nacionalistas
y los regionalistas, participen en los grandes objetivos que tiene España
y, desde luego, la vertebración de España, el desarrollo de las
autonomías, es uno de ellos.
Muchas gracias. (Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Vale, Castelar!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Señora Aroz. Por favor, brevemente
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Socialista no va a hacer uso del turno de réplica. Nos
parece un esfuerzo inútil porque este trámite ha confirmado la cerrazón
del Partido Popular y la irresponsabilidad de este Gobierno al modificar
de manera unilateral una ley constitucional aprobada en esta Cámara con
el 94 por ciento de votos, el 9 de septiembre de 1990.
Señorías, es una irresponsabilidad de la que el Grupo Socialista no se
siente corresponsable en cuanto a los efectos que va a producir la
ruptura de ese consenso que ustedes modifiquen una ley constitucional con
la opinión contraria de dos grupos parlamentarios, los dos grupos de la
izquierda, el Grupo Socialista y el de Izquierda Unida, que juntos
representamos doce millones de ciudadanos españoles, doce millones de
votos más de los que ustedes representan en la ruptura de esta ley de
carácter constitucional.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aroz.
Señor Ríos. (Rumores.)
Un momento, señor Ríos.
Señorías, ¿Pueden guardar silencio, por favor? (Pausa.) Señora Riera
(Pausa.), señor Fernández Marugán (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El arte que tiene el debate en un parlamento es intentar respondernos
unos a otros a las argumentaciones. Me gustaría sacar de aquí un sabor
agridulce, agrio y dulce por la última parte cuando se nos tiende la mano
para continuar, pero la mejor forma de poder continuar hubiera sido antes
de aprobarlo, porque ya aprobamos con un tren formado. Se nos está
invitando a que subamos no ya a un tren o a un vagón, nos dicen, suban al
vagón que ya le daremos un sitio. En fin más vale que te inviten a algo
que no te inviten a nada.
En el arte parlamentario, señor Presidente, sería bueno que nos
hubiéramos respondido a lo que hemos dicho aquí. En ningún caso he
hablado de catástrofe, de nefasto, de paraísos desfiscalizados. No sé a
qué ha respondido la portavoz del Grupo Popular. He preguntado --y me
gustaría que me hubiese contestado-- por qué no aceptan nuestras
enmiendas que añaden a la Lofca, primero, armonización fiscal
reglamentada, que la participación en los ingresos del Estado suba con la
PIE, que además de haber corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera
se ponga en marcha un fondo compensatorio reglado, que se diga cómo se va
a financiar ese fondo, que el FCI se regule con el PIB, que además
tengamos un fondo de nivelación para que todos los españoles, vivan en
Barcelona, en Extremadura, en Murcia o en Asturias reciban los servicios
mínimos fundamentales en la misma calidad, en el mismo nivel. Esas son
nuestras propuestas y no me ha respondido por qué es malo admitir
nuestras enmiendas.
Ha argumentado diciendo que he dicho algo que yo no he dicho. No he
hablado de paraísos fiscales; he hablado de que puede generarse una lucha
por ubicar empresas en determinadas comunidades autónomas ofreciendo
beneficios en una carrera por desfiscalizar y cuando se dice
desfiscalizar es dejar de cobrar dinero a los que más tienen porque en
este país a los que tenemos poco ya sabemos cómo se les cobra: las rentas
de trabajo están fotografiadas en la nómina.
Señor Presidente, señorías, acaba de decir en su argumentación el segundo
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no tenemos el mismo discurso
aquí que allá. Para información de la Cámara, el Grupo Popular en
Asturias acaba de aprobar en el parlamento asturiano pedir la cesión del
Impuesto de Sociedades y ustedes aquí dicen que dicho impuesto, de
ninguna manera. ¿A qué canción nos quiere llevar usted, señor portavoz
del Grupo Parlamentario Popular? Ustedes hacen lo mismo ¿Saben por qué en
Asturias hacen esto y en Murcia hacen otra cosa? Porque tienen que
aprobar los presupuestos y ése ha sido el centro de mi discusión. Desaten
lo que es la distribución del dinero de la discusión de la leyes que
regulan la ordenación del Estado. Invítennos a todos a participar en un
modelo de Estado en el que todos seamos parte pues todos queremos formar
parte de ese modelo de Estado.
Si no lo harán a jirones y cada año que distribuyamos los Presupuestos
Generales del Estado todos iremos a ver quién pesca más, quién se lleva
más. Eso va a pasar en Asturias. Como necesitaban el voto para aprobar
los presupuestos, nos van a pedir que les demos el Impuesto sobre
Sociedades, que es el que de verdad puede generar en este país un carajal
fiscal. Usted lo sabe porque es un buen técnico y conoce muy bien esto.
Señorías, aprobemos un modelo al que subamos todos, comunidades autónomas
y fuerzas políticas, háganlo ustedes o si no, el tren que ahora arranca
no andará ni un metro. (Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señora Aroz, a mí me gustaría que se dieran argumentos convincentes.
Señora Aroz, la he escuchado cuando usted ha hablado y considero que
usted conmigo debería tener la misma deferencia. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
La señora MONTSENY MASIP: Me gustaría que usted planteara argumentos
convincentes, no expresiones que son demagógicas. Nosotros consideramos
bueno que las comunidades autónomas estén implicadas en el gasto de los
distintos presupuestos de las comunidades autónomas y que su compromiso
con los ciudadanos tengan que revalidarlo en cada convocatoria electoral.
Ustedes han acumulado déficit sucesivos que nos han llevado a la mayor
deuda pública, y ustedes también hubieran tenido que tomar medidas en ese
sentido. Yo le digo que es bueno, que no puede ser que sólo el Estado
tenga que presentar presupuestos restrictivos y las comunidades autónomas
no tengan ningún coste social por el endeudamiento que puedan tener.
También le diré otra cosa, señora Aroz. No es una ley constitucional la
que estamos debatiendo; se trata de una ley orgánica que desarrolla un
principio constitucional, pero en modo alguno se puede hablar de ley
constitucional.
Señor Ríos, lamento que usted haya tomado expresiones mías por otras que
quizá no he querido decir. Usted ha hablado de la posible falta de
solidaridad entre las comunidades autónomas y ha hablado de que puede
haber diferentes reglamentaciones fiscales en una comunidad autónoma
respecto de otra. Pero usted sabe perfectamente que el Gobierno tiene
garantizados los servicios mínimos en todas las comunidades autónomas.
¿De qué estamos hablando, señor Ríos? También le digo que no se preocupe,
en todo lo que haya que reglamentar el Gobierno tomará medidas y buena
nota, este grupo parlamentario toma buena nota, y reglamentaremos todo
cuanto haga falta para garantizar ese equilibrio y solidaridad, que ya
este año se ha preceptuado voluntariamente por parte del Gobierno al
aumentar tanto el Fondo de Compensación Interterritorial como al
desarrollar el fondo de nivelación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Montseny.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a los portavoces la actitud que han mantenido en esta
réplica, porque me parece que se ha bajado el tono del debate, y es de
agradecer, pero quiero hacer dos breves comentarios. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señor
Martínez-Pujalte.
Señorías, guarden silencio, por favor. Desde la Presidencia es imposible
oír a la persona que está hablando. (Rumores.-El señor Hernando Fraile:
No te hacen mucho caso.)
Empezando por usted, señor Hernando. (Continúan los rumores.--Varios
señores Diputados reclaman silencio.)
No es necesario que ayuden a la Presidencia pidiendo silencio. Señorías,
cállense y atiendan a la persona que está hablando. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias por este silencio.
Simplemente quiero hacer dos breves comentarios a las opiniones que aquí
han vertido la portavoz del Grupo Socialista y el portavoz de Izquierda
Unida.
En primer lugar, respecto a lo que ha dicho la portavoz del Grupo
Socialista sobre la falta de consenso, es un argumento reiterativo.
Entiendo, comprendo y tengo asumido que ustedes políticamente tienen que
buscar algún tipo de argumentación, pero hablar de falta de consenso
cuando éste modelo lo apoyan doce de las quince comunidades autónomas que
están en el régimen común, me parece mucho hablar. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Me parece mucho hablar de falta de consenso cuando este modelo lo apoyan
casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, Convergència, PNV,
Coalición Canaria, Grupo Popular. Señorías, ustedes pueden hablar de
falta de consenso, pero este modelo cuenta con un gran consenso, y no
cuenta con el consenso del
Grupo Parlamentario Socialista e Izquierda Unida. Le recuerdo que la
reforma de 1993 que ustedes hicieron no se debatió en la Cámara y en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera tres comunidades votaron
en contra, dos se abstuvieron, y eran de los distintos grupos políticos.
Se ha hecho un modelo con bastante mayor consenso que el obtenido por
ustedes. Estamos debatiendo la ley de cesión de tributos y la reforma de
la Lofca, que da mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas y
desarrolla el Estado de las autonomías. Todavía no he oído de la portavoz
socialista y del portavoz de Izquierda Unida si están o no de acuerdo en
que las comunidades autónomas tengan capacidad normativa en los tributos
cedidos. Me consta que el portavoz del Grupo de Izquierda Unida está por
la labor de que tengan más capacidad normativa, porque en el fondo, sus
enmiendas indican que está de acuerdo en dotarles de mayor capacidad
normativa en los tributos actualmente cedidos.
Señores del Grupo Socialista, ustedes van a votar en contra de que las
comunidades autónomas tengan más capacidad normativa, ustedes van a votar
en contra de los parlamentos autonómicos, van a votar en contra de que
los parlamentos autonómicos, que tienen absoluta competencia en el gasto
puedan determinar sus ingresos y a quién pedírselos. Ustedes van a poner
freno a la eficiencia de los servicios que prestan las comunidades
autónomas y van a votar en contra de que el Estado de las autonomías siga
en el desarrollo normal que la mayoría de los grupos de esta Cámara va a
apoyar. Ustedes se han autoexcluido, no les ha autoexcluido nadie.
Muchas gracias. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
¿Señora Aroz?
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, no había hecho turno de réplica,
pero he sido aludida, ha habido un turno de la portavoz del Partido
Popular en contra de una intervención que yo no había hecho. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No he escuchado la
última frase, perdóneme, señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, el Grupo Socialista no ha hecho
uso del turno de réplica pero la portavoz del Partido Popular ha
intervenido para ratificarse en su primer turno en relación a lo que
había sido el primer turno del Grupo Socialista. Le ruego que me permita
hacer dos puntualizaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la
palabra por tres minutos.
La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me dirigiré al segundo portavoz del Grupo Popular para decir que
lamentamos consideren irrelevante que, en esta reforma que se produce de
la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, el voto
contrario de dos grupos parlamentarios que representan doce millones de
votos, más de los que representan los que proponen la reforma.
Señores del Partido Popular, insisto en un mensaje importante: no echen
en saco roto las reflexiones, las consideraciones que les hemos dirigido
a lo largo de este debate; escuchen también las voces sensatas de dentro
de su partido y traten de restablecer un consenso, el consenso para
continuar el desarrollo autonómico con arreglo a intereses de carácter
general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aroz.
Señor Martínez-Pujalte, obviamente le doy la palabra para cerrar el
debate, y también le ruego que no exceda el tiempo de tres minutos.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
ser más breve.
Señora Aroz, ha hablado usted de posiciones sensatas. Una posición
sensata es la de mi grupo, que ha consensuado con todas y cada una de las
comunidades autónomas el modelo que discutió en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Una posición sensata es la de mi grupo, que ha
conseguido que 12 de las 15 comunidades autónomas de régimen común lo
apoye, así como que los grupos de esta Cámara, en una amplia mayoría,
aprueben el modelo.
Dice usted que oigamos las voces sensatas. En su primera intervención,
señora Aroz, ha citado a dos catedráticos como argumento de autoridad. Le
quiero decir que el señor Lasarte, catedrático de Sevilla; don Gabriel
Casado, catedrático de Madrid; el señor González Páramo, catedrático de
Madrid; el señor Martín Queralt, catedrático de Valencia; don Francisco
Pérez, catedrático en Valencia y además uno de los que suscribió el libro
blanco junto con el señor Solé Vilanova. también catedrático en
Barcelona; el señor Simón Acosta y otros muchos catedráticos han apoyado
el modelo que hoy vamos a aprobar. Hoy vamos a aprobar el marco jurídico
para poderlo llevar a cabo.
Señora Aroz, ustedes con su voto se han autoexcluido. El modelo se va a
llevar a cabo y representa una mejora del Estado de las autonomías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.
A mí me gustaría que se respondiese a tres preguntas para el modelo...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo he intentado escuchar sin
hacer aspavientos. Parece que para algunos es un tormento escuchar a los
demás. Para eso venimos aquí. En el sueldo lo llevamos añadido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, la
Presidencia ha amparado a su señoría.
El señor RIOS MARTINEZ: Las tres preguntas son las siguientes. Primera,
en el fondo compensatario ¿van a participar las comunidades que más
ingresos tengan para compensar a las que menos tienen, como pasa en
Europa, que los países con más recursos dan dinero para los fondos
europeos?
Segunda, el modelo de financiación y cesión de tributos que va a seguir
el Partido Popular ¿es el que ha dicho aquí usted o el que ha hecho el
Partido Popular en Asturias pidiendo la cesión del Impuesto sobre
Sociedades?
Tercera, el fondo de nivelación ¿qué garantías va a tener para que llegue
a todas las comunidades, sobre todo a las que más necesitan, a fin de que
los españoles, vivamos donde vivamos, recibamos el mismo nivel de
servicio público?
Esas son las propuestas que hemos traído al modelo de financiación. Por
mucho que nos inviten, o abren las ventanas o no podremos pasar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Señor Martínez-Pujalte (Rumores.)
Un momento, señor Martínez-Pujalte. Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Todavía más breve, señor Ríos.
Le voy a contestar a las tres preguntas. Además, no son tres preguntas
para conseguir el Premio Nobel. Son muy sencillas. Primera, el Fondo de
Compensación Interterritorial, como sabe S. S., mi grupo lo ha
descongelado. Convendrá usted conmigo que es un avance respecto a lo que
había hecho en el Gobierno el Partido Socialista. Nosotros lo hemos
descongelado. Usted sabe que ese Fondo de Compensación Interterritorial
--ha hecho referencia a los fondos de la Unión Europea-- va para las
regiones que están consideradas en la Unión Europea como objetivo número
uno, es decir, para las menos desarrolladas. Hay unos criterios pactados
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para distribuirlos. Se va a
seguir haciendo así, favoreciendo a las regiones menos desarrolladas, con
un amplio consenso y con un fondo descongelado.
Segunda pregunta que usted me hacía: si mi grupo defiende este modelo u
otro supuesto que parece que el parlamento asturiano a promovido. Señor
Ríos, usted es conocedor de esta materia. Vamos a aprobar una reforma de
la Lofca. Ahí, como usted conoce, se establece que no cabe la cesión del
Impuesto sobre Sociedades. Tendríamos que ir a una nueva reforma. Usted
lo sabe. Hemos aprobado el modelo que todos conocen, porque mi grupo
parlamentario y mi partido político han defendido en todos y cada uno de
los puntos de España el mismo modelo, con una unidad de voz, con una
unidad de criterio y, además, lo ha defendido orgulloso de poderlo hacer,
porque nos parece un modelo excelente.
Tercera pregunta. Cómo se va a distribuir el fondo de nivelación o el
fondo de asignación de los servicios mínimos. Sabe usted, señor Ríos, que
el artículo 15 de la Lofca estaba absolutamente en el olvido con el Grupo
Socialista. Este es un olvido que habían tenido de muchos años. Al Grupo
Socialista le importa mucho la Lofca, pero llevaban 16 años olvidando un
artículo de la Lofca. Nosotros lo vamos a poner en movimiento y, además,
señor Ríos, vamos a empezar las conversaciones con las comunidades
autónomas para establecer los criterios del reparto de esos fondos. Nos
gustaría contar con el mayor consenso posible, porque lo vamos a buscar,
se lo aseguro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
¿Entre los grupos parlamentarios que no han intervenido en el debate,
desea alguno fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Hemos asistido en este Pleno al debate en torno a estas dos leyes y,
quizá por el cansancio de esta sesión plenaria (que, por si no lo sabe
esta juventud que nos observa desde la tribuna, empezó el lunes por la
tarde; llevamos cinco días continuados y con sesiones hasta las 12 de la
noche) habrán podido observar poca atención en torno a una de las
discusiones políticas de mayor interés en estos momentos en el país.
Mi grupo quisiera transmitir a la Cámara que esta cuestión, sin duda, es
una cuestión de gran interés político. Los argumentos que se han plasmado
en la defensa de las enmiendas y de las posiciones de los grupos que han
intervenido, expresando su oposición a esta reforma del sistema de
financiación de las comunidades
autónomas, a nuestro entender, han contenido poco rigor, poco argumento
técnico fundamentado y ha habido demasiadas argumentaciones genéricas,
vacuas, de fundamentos lógicos y técnicos que pudieran clarificar lo que
estamos discutiendo de fondo en este debate político.
Señorías, nuestro grupo desea aproximarse a este debate con más
serenidad, saliéndonos de todos aquellos argumentos que, a veces, se
utilizan, que muy sutilmente intentan alimentar discrepancias, recelos,
injusticias y discriminaciones territoriales, que nada ayudan a afrontar
un debate con serenidad y a ser objetivos en este debate político en
torno al sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Yo quisiera pedir que no alimentemos sentimientos de confrontación
territorial. Hagamos ese debate político abierto. Discutamos los
argumentos y los fundamentos que tiene cada partido político y cada grupo
parlamentario, pero no nos deslicemos en argumentos de discriminaciones
territoriales, no hagamos uso de actitudes que intenten encrespar
sentimientos que pudieran dar lugar a confrontaciones territoriales,
porque el país no nos sigue, señorías. El país no está en estos momentos
para comprender posiciones que se expresen en esa dirección y en ese
sentido
Yo quisiera transmitir que para el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), ésta es una reforma positiva, aunque no será la
última reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas en
este país. ¿Cómo podía ser ésta la última reforma? El modelo
constitucional no se estableció en el texto fundamental. La Constitución
no define exactamente un modelo de financiación para las comunidades
autónomas. Sí abre unos principios básicos que determinan evolutivamente
un modelo que debe ir configurándose a lo largo del tiempo a la par que
la confrontación y que la construcción del sistema autonómico en España.
La Constitución muy sabiamente estableció los mecanismos para
quinquenalmente ir revisando el sistema de financiación de las autonomías
en España y todas las fuerzas políticas, señorías, en la última campaña
electoral contemplaron en sus programas la urgencia de proceder a revisar
el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Todas denunciaban
en sus programas la inconsistencia del actual sistema de financiación.
Todas decían que era conveniente y necesario, y hasta urgente, incorporar
en el actual sistema el principio de la corresponsabilidad fiscal en la
obtención de los ingresos por parte de las comunidades autónomas,
principio de corresponsabilidad fiscal que en el modelo hoy existente no
está articulado. Todas las fuerzas políticas, señorías, planteaban la
conveniencia de incorporar en la revisión para el quinquenio de 1997-2001
el principio de la corresponsabilidad fiscal en el sistema de
financiación de las comunidades autónomas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor Homs.
Señorías, les ruego silencio.
Puede continuar, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La propuesta que aprobó en septiembre pasado el
Consejo de Política Fiscal y Financiera incorpora, instrumenta, el
principio de la corresponsabilidad fiscal. Se trata simplemente de
indicar que las comunidades autónomas no deben ser sólo y exclusivamente
responsables para decidir cómo se gastan los recursos que se les asignan,
sino que también deben ser responsables en la obtención de dichos
recursos. En ese principio estábamos de acuerdo todas las fuerzas
políticas. ¿Cómo se puede avanzar en conceder mayor corresponsabilidad en
la obtención de los ingresos sin incorporar en el sistema una mayor
cesión de tributos a las comunidades autónomas y sin concederles mayor
capacidad normativa en la gestión y en la obtención de estos tributos?
Este es el núcleo central de la reforma que se propone a esta Cámara:
ampliar la cesión de los tributos del Estado, cedibles a las comunidades
autónomas, y hacerlo con un nuevo concepto: elevar hasta el 30 por ciento
la cesión de la recaudación del IRPF en el territorio de cada una de las
comunidades autónomas. Este elemento, el 30 por ciento del IRPF cedible a
partir de esta reforma a las comunidades autónomas, es cuestionado por
determinados grupos políticos. Algunos de estos grupos políticos no
cuestionaron el 15 por ciento, pero sí cuestionan el 30 por ciento y no
conocemos todavía la razón de fondo que justifica el porqué no se está de
acuerdo ahora con el 30 por ciento y sí en cambio se estuvo de acuerdo en
iniciar con el 15 por ciento un gran proceso de cesión de una parte del
IRPF cuando se comenzó la reforma en 1994 en esta dirección.
La verdad es que nuestro grupo político no comprende por qué el portavoz
del Grupo Socialista en esta Cámara dice que no le parece bien esta
reforma. ¿Por qué el portavoz expresa su oposición a esta reforma cuando,
por otra parte, en otros foros parlamentarios se dice que se está de
acuerdo con esta cesión del 30 por ciento del IRPF?
Señorías, yo quiero expresar, en nuestra fijación de posición en cuanto a
las enmiendas que se han presentado por estos grupos en el debate
parlamentario, que el núcleo de la reforma política que se plantea en el
sistema de financiación de las comunidades autónomas en estos momentos y
el núcleo del debate político está en si se acepta o no que las
comunidades autónomas adquieran, mediante la cesión del 30 por ciento del
IRPF recaudado en su comunidad autónoma, mayor corresponsabilidad fiscal
en los ingresos, así como si se está de acuerdo o no en que las
comunidades autónomas asuman responsablemente la gestión, inspección de
los tributos cedidos que nutren los ingresos de
las haciendas de las comunidades autónomas. Estos son los dos elementos
fundamentales.
Se nos dice que los mecanismos de la cesión del 30 por ciento y la cesión
de la capacidad normativa va a generar desigualdades territoriales. Una
de las críticas que se formula a esa reforma es que esta propuesta va a
generar desigualdades interterritoriales. Señorías, nosotros entendemos
que no va a ser así; no va a ser así, no porque lo digamos nosotros, sino
porque no fue así cuando se incorporó ya el 15 por ciento en el año 1994.
La evolución de estos dos últimos años no ha puesto en evidencia que las
desigualdades interterritoriales hayan crecido, y no va a ser así tampoco
porque el sistema contiene las cautelas, las garantías, para que no pueda
evolucionar generando desigualdades interregionales en España.
Quisiera transmitir, en nombre de mi grupo, nuestra preocupación al
escuchar los elementos críticos a esta reforma, que empieza con estos dos
proyectos de ley, cuando se descalifica la cesión del 30 por ciento como
una de las causas de la división o del alejamiento regional. No se dice,
no se expresa que ese 30 por ciento que podría generar a lo mejor
diferencias regionales se aplica sobre los incrementos futuros de
recaudación del IRPF que puedan experimentarse en este país. No se dice
que, si hay un posible alejamiento o diferencias regionales como
consecuencia de ceder el 30 por ciento, el 70 por ciento nutrirá con
mayores recursos la hacienda del Estado, y que con cargo a este 70 por
ciento se va a proceder a una mayor redistribución de estos recursos
entre todas las comunidades autónomas que no han podido participar, por
la vía del 30 por ciento, en una mayor obtención de ingresos. No se
argumenta que si hay posibles mayores ingresos por la cesión del 30 habrá
muchos más por la cesión del 70 a la hacienda del Estado. Irá a la
hacienda del Estado el 100 por cien del IVA, el 100 por cien del Impuesto
sobre Sociedades, el 100 por cien de impuestos especiales que se
distribuye luego con los cuatro o cinco elementos que tiene hoy el modelo
para redistribuir los recursos en España., como son el Fondo de
Compensación Interterritorial; fondos estructurales; capitulo VI,
inversiones reales del Estado para atender las necesidades de
infraestructuras y de nueva inversión en todo el ámbito territorial, y la
participación en la PIE que tienen las comunidades autónomas en todos
estos recursos de la hacienda central del Estado. Sólo quiere verse un
aspecto parcial de la reforma. No se argumentan ni se expresan los
efectos derivados de otro elemento fundamental del sistema de
financiación, que es cómo van a redistribuirse, mediante estos otros
cuatro elementos, las mayores obtenciones de recursos que el sistema
pueda proporcionar en un futuro.
Va a haber plena solidaridad, en el futuro, en la aplicación de este
modelo en el quinquenio 1997-2001. No va a haber insolidaridad entre las
comunidades autónomas. Hay los mecanismos necesarios para prever que no
haya insolidaridad. Va a haber la posibilidad de corregir los efectos que
pudieran derivarse de unas posibles desigualdades; si es que se producen,
podrían rectificarse, y hay las cautelas que establece hoy la reforma
para poder corregir estos efectos.
En el fondo, señorías, nuestro grupo no comprende la discrepancia que se
expresa, cuando todas las fuerzas políticas argumentamos en nuestros
compromisos electorales la voluntad de incorporar el principio de la
corresponsabilidad fiscal en esta reforma que ahora estamos discutiendo.
Y, de los debates que han precedido y de la justificación de las
enmiendas, no alcanzamos a comprender dónde está el elemento discrepante
y en qué argumento técnico y fundamentado se justifica esta discrepancia.
¿Es la cesión de la capacidad normativa sobre el tramo del IRPF? Dígase.
Si es así, propóngase una rectificación o indíquese de qué forma debiera
hacerse, alternativamente. ¿Es la cesión del 30 por ciento, sin los
topes? Arguméntese. En cualquier caso, me sorprende que esa argumentación
no se exprese por la Diputada Mercedes Aroz y sí se exprese,
favorablemente, por el partido al que pertenece en otras cámaras
parlamentarias, en España.
Señor Presidente, yo quisiera concluir en el sentido de que todas las
comunidades autónomas sepan que, si se acogen a esta reforma, esta
reforma va a permitir mayores recursos para todas las comunidades
autónomas. Si en la reforma de 1994 hubo tres comunidades que, en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, se opusieron y luego se
acogieron al sistema que se propuso a partir del año 1994 y hoy
observamos cómo hay otras tres comunidades autónomas, de signo
socialista, que también se oponen al sistema que se propone, pero que muy
probablemente --estoy casi seguro-- van a desear incorporarse en la nueva
reforma, porque les va a proporcionar mayores ingresos a lo largo de los
próximos cinco años, señorías, yo les invito a que desplacemos el balance
político, crítico y analítico de esta reforma al final del quinquenio. No
anticipen ustedes juicios de valor, esperen que transcurra el quinquenio,
analicemos los efectos reales de este nuevo modelo que se va a incorporar
a partir de ahora, veamos si realmente proporcionan --injustamente, como
dicen-- desigualdades, veamos si aproximan y corrigen las actuales
desigualdades o si las acrecientan. Veamos entonces si este nuevo modelo
es realmente más positivo desde la perspectiva de la corresponsabilidad
fiscal, veamos si nos permite una más óptima y equitativa redistribución
de los recursos, veamos si da mayor suficiencia financiera al sistema,
veamos, en definitiva, si el nuevo régimen que se incorpora es más justo
y más moderno. Si hay discrepancias puntuales y técnicas, y así se
evidencian, corríjanse en el propio mecanismo de revisión al final del
quinquenio.
Señor Presidente, termino diciendo que, para nuestro grupo, esta era una
reforma necesaria y prioritaria, era una reforma que podríamos calificar
de prioridad
de Estado, porque no podíamos mantener por más tiempo la insuficiencia y
la inconsistencia del actual sistema de financiación. El Partido Popular
--y el Gobierno del Partido Popular-- ha tomado conciencia de esta
prioridad, y agradecemos que hayamos coincidido en la urgencia, en la
conveniencia y en la prioridad de Estado de afrontar esta reforma. En
este sentido, coincidimos con el Partido Popular en que creemos que esta
decisión política de priorizar urgentemente esta reforma va a servir
positivamente a los intereses generales de España, y va a permitir que la
evolución futura del modelo de financiación de este país avance
positivamente.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señorías, por su atención.
(El señor Almunia Amann pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
¿Señor Almunia?
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, ya que el señor Homs ha aludido
al portavoz del Grupo Socialista, formulándole directamente preguntas
que, al parecer, no había entendido, porque no ha asistido a todos los
debates sobre esta cuestión que hemos celebrado esta semana, yo, si usted
me da la palabra, le respondo y le aclaro, a la Cámara no creo, porque ya
lo tiene muy claro, pero sí al señor Homs, algunas de las razones
políticas fundamentales por las que el Grupo Socialista no va a votar a
favor de estos dos proyectos de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la
palabra durante tres minutos. (Rumores.)
Señorías, les ruego silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Homs, me ha concedido la palabra,
generosamente, el Presidente, ya que usted había aludido al portavoz del
Grupo Socialista, no sé si refería al portavoz en este debate, que es la
señora Aroz, a la que también ha aludido, por cierto, o a mí, porque, al
parecer, usted, que creo recordar que no asistió el lunes por la noche al
debate sobre el título VII del proyecto de ley de presupuestos y sobre
las secciones 32 y 33, quizá no es consciente de algunas de las profundas
razones políticas que nos llevan a estar en contra de estos dos proyectos
de ley. Y ya que parece que hay tiempo para que podamos celebrar este
debate, yo quería darle tres razones políticas que usted parece no haber
captado a lo largo de esta semana.
Primera razón política por la que nos oponemos: porque las cuestiones que
afectan a los elementos nucleares del Estado de las autonomías deben
seguirse resolviendo mediante el consenso, y aquí estamos asistiendo a un
debate, por primera vez desde el año 1980, de reforma de la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas, que no se ha producido con
ocasión de ninguno de los anteriores modelos de financiación, ni siquiera
con el 15 por ciento que debatimos en esta Cámara en el otoño de 1993, y
el Grupo Parlamentario Socialista o el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, u otras fuerzas políticas parlamentarias
también presentes en este hemiciclo, no fueron llamados a participar en
las negociaciones y en el acuerdo del cual trae causa la reforma de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y eso, que
pudo ser una necesidad política coyuntural del Partido Popular para con
ustedes, es un profundo error político cuyas consecuencias todos,
desgraciadamente, tendremos que valorar en los próximos años.
En segundo lugar, el contenido de ese acuerdo, señor Homs --a lo mejor,
le distraía el señor Nadal--, introduce una capacidad normativa de las
comunidades autónomas sobre un tramo del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que es el objeto del segundo proyecto de ley que
debatimos esta mañana, fuera de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas, que nos parece que no sólo no tiene precedente en
ningún país europeo, y hay buenos ejemplos en países europeos sobre cómo
se puede articular y profundizar en la corresponsabilidad fiscal,
principio que compartimos como el que más en esta Cámara, y usted lo sabe
bien, porque hemos negociado con ustedes mecanismos de corresponsabilidad
fiscal ante el susto de aquel grupo parlamentario (Rumores.), pero una
cosa es la corresponsabilidad fiscal y otras cosa es romper en pedazos el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, porque eso va a producir
que los ciudadanos españoles dejaremos de ser iguales ante la Hacienda
pública, y ése es un principio de igualdad que está recogido en la
Constitución y que no cumple el proyecto de ley que ustedes someten a
votación en este momento. (Aplausos.--Rumores.)
Y, en tercer lugar, los paliativos que ustedes han tratado de introducir
para poner una cortinilla de humo ante esa ruptura del principio de
igualdad, son mecanismos que no van a valer para corregir los
desperfectos y las desigualdades que este modelo introduce.
Son tres razones que no tienen nada que ver con la técnica, señor Homs;
tienen que ver con profundas convicciones políticas, que sentimos que
ustedes dejen de mirar hacia este lado para compartirlas y se hayan ido
al otro. (Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Almunia.
Señor Homs, tiene la palabra por un tiempo no superior a tres minutos.
El señor HOMS I FERRET: La verdad, señor Presidente, es que no habíamos
previsto que esta fuera la
guinda final del debate sobre la financiación del sistema de autonomías.
Parece ser que lo que más le importa a usted es que miremos hacia el otro
lado; éste ha sido el final de su intervención, ¿no?
(Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
(Rumores.)
El señor HOMS I FERRET: Convendrá conmigo que no podemos discutir seria
ni políticamente la reforma del sistema de financiación si, al final, el
argumento de fondo es que les inquieta que miremos hacia otro lado.
(Rumores.--Protestas.)
Yo no quisiera polemizar, pero usted interviene y me da tres argumentos.
Primero: nosotros deseábamos diálogo, consenso. Nuestro grupo nunca ha
privado del consenso, nunca hemos sido obstáculo en esta Cámara y en el
debate político en España para consensos, jamás. Sí hemos sido por
excelencia el grupo que más consensos ha reclamado para reformar las
cosas de fondo de este país y más consensos hemos deseado construir. Si
por excelencia nuestro grupo se caracteriza por ser políticamente un
grupo que impulsa el deseo de conformar consensos. Ahora bien, no nos
haga responsables a nosotros de la inexistencia de tales consensos.
He decirle que, si no se conforman tales consensos, el país debe
continuar gobernándose. Usted sabe perfectamente que cuando ustedes
gobernaban, también a lo mejor deseando consensos, no se pudieron
alcanzar, y a pesar de ello se tuvieron que tomar decisiones y se
tuvieron que iniciar reformas. La reforma del IRPF se inició también sin
este consenso que usted reclama, y no por eso debemos hoy rasgarnos las
vestiduras. Ese consenso que usted hoy nos pide también lo notamos a
faltar entonces, cuando no pudimos conformar con el Partido Popular la
mayoría necesaria para iniciar tal reforma en el IRPF. Lo único que
decimos es que si entonces no hubo consenso y no fue malo, ¿por qué hoy,
no habiendo consenso, es malo? Este es uno de los elementos en que
nuestro grupo les invita a que despoliticemos este debate y lo situemos
en el núcleo de lo que se está reformando, y lo que se está reformando es
bueno y usted lo sabe, y si tiene elementos técnicos o políticos que
inquieten al Partido Socialista creo que podríamos hablarlos, creo que se
podrían discutir y revisar.
La segunda cuestión que nos dice usted --señor Presidente, termino-- es
que no se puede romper el IRPF. Señor Almunia, yo le invito a que estas
frases tan sacras que expresamos en esta Cámara las digamos con cautela,
porque estamos iniciando la reforma de la financiación del sistema
autonómico en España, y el modelo que estamos siguiendo o que nos inspira
para esta reforma es el modelo alemán. Alemania tiene cedido a los länder
el 42 por ciento del IRPF, tiene cedido a los länder el 50 por ciento del
IVA y tiene cedido a los länder el 53 por ciento del Impuesto sobre
Sociedades. Es decir, vayamos con cuidado a la hora de sacralizar --no
rompamos el IRPF-- cuando los países que van por delante en la
construcción democrática de modelos políticos ajustados a sus
particularidades, como es el modelo alemán de länder, hoy han avanzado,
con treinta años de evolución, hacia un sistema en que los impuestos
centrales y fundamentales del Estado se reparten en formas equitativas a
sus responsabilidades administrativas y a las funciones que han asumido
las distintas comunidades autónomas, con lo cual que no se lleve a engaño
la opinión pública: ceder una parte del IRPF es una buena vía para
clarificar la corresponsabilidad fiscal, no es un mal instrumento para
dar corresponsabilidad fiscal, es un buen mecanismo para decir a las
comunidades autónomas que, si gastan más, asuman la responsabilidad
frente a sus ciudadanos de requerirles más recursos.
Por eso, señor Almunia, en su segundo argumento --no rompamos el IRPF--
le pedimos cautela. No quiero debatir con usted políticamente,
simplemente animarle a que discutamos serenamente esta cuestión
profundamente técnica, política también, pero que tiene unos
condicionantes técnicos muy importantes, pero no sacralicemos la
imposibilidad de repartir la recaudación del IRPF, porque puede ser lo
más progresista, lo más justo, lo más ajustado a mayores
corresponsabilidades fiscales.
Finalmente, señor Presidente, el tercer argumento es que le parecía que
nuestro grupo actuaba en este tema a conveniencias conyunturales; que hoy
nos convenía mirar hacia un lado y por eso hacíamos ese acuerdo político,
aprovechando soterradas debilidades de un Gobierno en España que nosotros
aprovechábamos. Le tengo que decir que si esto es así, son las mismas
debilidades que cuando ustedes empezaron la revisión del sistema del IRPF
con el 15 por ciento. No obstante, usted sabe que nuestro grupo hace
muchos años que viene planteando esta reforma del IRPF, está escrita en
nuestros documentos congresuales, está escrita en nuestros programas
electorales, está escrita en sus programas electorales y está escrita en
los programas electorales del Partido Popular. Por lo tanto, ahí no hay
debilidades, no hay coyunturas ni aprovechamientos opacos de situaciones
políticas en beneficio de unos y en perjuicio de los intereses generales.
Hay la responsabilidad profunda de resolver una asignatura pendiente, de
avanzar en un sistema de financiación que sea más justo, más equitativo,
más suficiente y que creo que será positivo para los intereses generales
de España. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, ruego
silencio.
Señor Homs, le ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, concluyo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Homs.
Señor Almunia. (Rumores.)
Señorías, les ruego silencio y que sean respetuosos con las
intervenciones de los Diputados.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Con total brevedad. Ahora, que sí está usted presente en el debate, por
lo menos quédese con lo que de verdad son nuestras posiciones, no con lo
que a usted le gustaría que fuesen.
Nosotros estamos hablando de la necesidad de un consenso entre todos para
modificar una ley orgánica como es la Lofca. En ninguno de los modelos de
financiación anteriores discutidos en esta Cámara desde 1986 hasta 1993,
en ninguno, ni siquiera en el del 15 por ciento, se modificaba la Lofca.
En éste, sí, y ese elemento es cualitativamente importante, políticamente
importante, no es una cuestión técnica; es una cuestión política de
fondo.
Segundo elemento, la capacidad normativa sobre el IRPF no está prevista
en Alemania. Alemania tiene una participación en ingresos en la
recaudación de un impuesto que es único en toda Alemania en el caso del
impuesto de la renta, en el caso del impuesto del valor añadido y en el
caso del impuesto de sociedades. Esa era la fórmula del 15 por ciento,
que no les gustaba a aquellos señores y que nos gustaba a nosotros y que
nos sigue gustando, y a ustedes también. Una cosa distinta es pasar de la
participación en la recaudación de un único impuesto, igual para todos
los ciudadanos, que romper ese impuesto en quince partes. Yo creo que
usted lo entiende, señor Homs. No sé si lo entienden aquellos señores.
En tercer lugar, yo no le recrimino que usted preste apoyo para
garantizar estabilidad parlamentaria, sabe bien que no se lo
recriminamos, lo que recriminamos al grupo mayoritario de esa mayoría
parlamentaria es que sólo vea a través de sus anteojos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Almunia.
Señor López-Amor.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Señor Presidente, me veo obligado a
intervenir en un debate que ya había finalizado (Rumores.) por la
apertura y por las alusiones que se han hecho al Grupo Popular por parte
de algún portavoz del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-Amor,
tiene S. S. tres minutos, que le ruego que no exceda bajo ningún
concepto.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Muchas gracias.
Simplemente decir que no era el momento para hacer este debate, pero ya
que se ha hecho quería puntualizar lo siguiente. Primero, éste es un
modelo de financiación autonómica en el cual hay ocho partidos políticos
que lo apoyan. (Varios señores Diputados: De la derecha.)
Por contra, el modelo de financiación autonómica del quinquenio anterior
sólo gozaba del apoyo del Partido Socialista y de Convergència i Unió.
Por lo tanto se ve que la gran diferencia de apoyos políticos es muy
notable y muy importante. Pero si esto lo trasladamos al ámbito de las
comunidades autónomas, hay que decir que en este sentido doce de quince
comunidades autónomas, como ya nos hemos cansado de reiterar apoyan este
modelo, sin perjuicio de que las comunidades autónomas que tienen
regímenes forales y derechos históricos consolidados también apoyan
aunque no entran a formar o a consolidar la postura de este modelo. Por
tanto, jamás ha habido un modelo de financiación autonómica que haya
gozado para el próximo quinquenio de mayor apoyo político, de mayor apoyo
territorial y desde luego es una pena que el Partido Socialista de un
tema de tanta importancia haya hecho unas interpretaciones partidarias,
sesgadas y que ponen en peligro lo que es más importante en este país, la
convivencia de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Amor. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
Señor Ríos, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, un turno para replicar por
alusiones se ha transformado en un turno de explicación. Por tanto, señor
Presidente, le rogaría... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón señor Ríos.
Señorías, han disfrutado todos los grupos parlamentarios de la
posibilidad de réplicas y contrarréplicas. Les ruego guarden silencio, ya
que el señor Ríos, en nombre de su Grupo Parlamentario, está
reivindicando exactamente lo mismo que han hecho SS. SS. anteriormente.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, le pediría un minuto solamente
para precisar nuestro razonamiento sobre las dos leyes que hoy votamos,
para fijar mi posición, puesto que se ha reabierto el debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le voy a conceder
la palabra, señor Ríos, con un ruego, que sea efectivamente para aclarar,
para
fijar su posición, y no abra de nuevo, con alusiones, un debate en el
cual me vería forzado de nuevo a dar turno de réplicas y contrarréplicas.
Por tanto, para fijar su posición y aclarar aquellos malentendidos que
hayan podido surgir en otras intervenciones, le concedo un tiempo de tres
minutos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a fijar
su posición en cuanto a la reforma de la Lofca que hoy estamos debatiendo
aquí, que es una ley orgánica que no ha sido modificada desde el año 1980
hasta el año 1996, a pesar de haberse producido varios sistemas de
financiación a lo largo del tiempo.
Por tanto, una ley orgánica que desarrolla el modelo de Estado y la
financiación de ese modelo de Estado se hace sin el consenso de todos los
españoles para componer ese nuevo modelo de Estado. Por eso nosotros
vamos a mantener nuestras enmiendas, que significan que junto a la
corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera para las comunidades
autónomas, que haya políticas, elementos en esa Lofca, que a la misma vez
que aprobamos la autonomía financiera haya elementos de solidaridad
fijados, reglados y actualizados, como puede ser actualizar el FCI, como
puede ser fijar garantías del fondo de nivelación para que todos los
españoles recibamos por igual los servicios fundamentales o como puede
ser la compensación desde las comunidades con más recursos de sus mayores
ingresos a las comunidades de menos ingresos a través de ese fondo
compensatorio por la divergencia que se pueda producir.
Por tanto, señor Presidente, si no nos hemos podido sumar a lo tramitado
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es porque se insiste en
mantener un desarrollo de financiación de una parte de los españoles
frente a otra parte, y no tomamos las medidas para que todos podamos
incorporarnos al mismo tren, que todos queremos ser parte del mismo tren
y nos dejan fuera sin abrirnos las puertas para poder sumarnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos. Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Rodríguez
Sánchez pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Solamente para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego en este
debate reabierto. Quiero decir que nuestra postura negativa se basa
fundamentalmente en tres criterios, que son los siguientes. En primer
lugar, que, gústenos o no, objetivamente en este tipo de negociaciones
Galicia, institucionalmente, quedó al margen. En segundo lugar, que el
sistema tributario que se nos presenta tiene un perfil no adecuado a
nuestro país, y ya hemos expuesto en lo que consistiría para nosotros el
sistema tributario competencial apetecible para Galicia; no se trata de
oponernos al avance que los demás consideren interesante. En tercer
lugar, que lamentamos que este debate no se dé en el contexto de un
debate de política institucional, que realmente resultaría mucho más
clarificador, aunque lógicamente seguiríamos estando en discrepancia,
para la opinión pública del Estado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los dos proyectos de ley que se han debatido hoy
conjuntamente, y que votaremos, como es natural y reglamentario,
separadamente.
En primer lugar, el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley
Orgánica número 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, en las enmiendas que presentó
nuestro Grupo Parlamentario a los artículos 74 y 74 bis, que fueron
aceptadas en Comisión, hay un error que sería conveniente corregir, si el
resto de los grupos parlamentarios está de acuerdo.
El error es por el hecho de que cuando se establecen los tramos de
1.700.000 pesetas a dos millones de pesetas, quiere decir 1.700.001,
porque si no la escala tendría una repercusión importante. Como en el
texto del dictamen aparece 1.700.000, si el resto de los grupos
parlamentarios lo entiende oportuno, debería quedar corregida esa cifra
tanto en el artículo 74.2 como en el artículo 74 bis 3, donde aparecen
estas cantidades. Indudablemente quiere decir 1.700.001. Si no hay
inconveniente, creo que esto es importante para que quede incorporado al
texto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señoría, efectivamente creo que se trata de un error
técnico que alcanzan a comprender de inmediato todas SS. SS. No obstante,
si algún grupo desea oponerse a la admisión del error, puede
manifestarlo. (Pausa.)
Si no es así, como parece, votaremos el dictamen salvando ese error.
Comenzamos, en consecuencia, las votaciones de las enmiendas a la ley
orgánica de modificación de la Lofca.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas que por el Grupo
Mixto ha presentado el señor Vázquez, hoy defendidas por el señor
Rodríguez, números 25 y 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 11; en contra, 308; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas de los señores Rodríguez, Vázquez, números
23, 26 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, uno; en contra, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La última enmienda del Grupo Mixto, perteneciente a los señores Vázquez y
Rodríguez, es la número 24, que sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, uno; en contra, 309; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se entiende, una vez más retirada por inasistencia, la enmienda
presentada por la señora Rahola, y dentro del Grupo Mixto pervive la
enmienda número 4, del señor Chiquillo, que sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, uno; en contra, 308; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Votación de las
enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, nueve; en contra, 179; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas. Votación en tres
grupos de las enmiendas del Grupo Socialista en el Congreso. En primer
lugar, las numeradas como 29, 32 y 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 137; en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 31 y 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 129; en contra, 191; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 30 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 129; en contra, 180; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Vamos a proceder a dos votaciones: la votación del dictamen con la
corrección del error que el señor Zabalía ha propuesto y se ha aceptado
y, posteriormente, la votación final sobre el conjunto del texto que
requiere carácter orgánico.
Votamos, por tanto, en primer lugar, el dictamen, artículo único,
disposiciones adicionales primera y segunda, disposición final y
exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 180; en contra, 140; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación final y de conjunto sobre el texto por tener naturaleza
orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 179; en contra, 140; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el conjunto del proyecto con carácter
orgánico al haberse superado la mayoría absoluta de la Cámara.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de cesión de tributos del
Estado a las comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Votamos, en primer lugar, la enmiendas que subsisten del Grupo Mixto a
nombre del señor Vázquez y defendidas por su compañero el señor
Rodríguez. En primer lugar, las enmiendas números 27, 35, 37 y 38.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 11; en contra, 309, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 23, 24, 26, 29, 31, 32, y 36, de los
señores Vázquez y Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, uno; en contra, 319; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Mixto, señores Vázquez y Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, uno; en contra, 310; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, nueve; en contra, 185; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida.
Votación de las enmiendas del Grupo Socialista en el Congreso.
Separadamente y en primer lugar, votamos la enmienda número 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 140; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 131; en contra, 181, abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Pasamos a votar el dictamen. En primer lugar segregará la votación
correspondiente al texto del dictamen de los artículos 2, 3, 4, 8, 10,
13, 27, en los apartados relativos a la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas números 73 bis, 74, 75, 75 bis y 83, más los
artículos del dictamen 28, 33, 34 y disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 179; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen en relación con
los citados artículos.
Votación en relación a los artículos 5, 6, 7, 9, 27, apartados relativos
a los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas números 76, 79, 80, 81 y 82 y el texto del dictamen
correspondiente a los artículos 31, 32, 35 y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 187; en contra, 132; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen en relación a
los artículos citados.
Resto del dictamen correspondiente al articulado y a la exposición de
motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 179; en contra, 131; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Señorías, antes de levantar la sesión, y desde una perspectiva
estrictamente institucional, quiero darles algunos datos sobre las
sesiones desarrolladas, en régimen de mañana, tarde y noche, desde el
lunes. Se han debatido 1.556 enmiendas, han intervenido 178 Diputados y
miembros del Gobierno. (Algunas señoras Diputadas: Y Diputadas.) Sin duda
alguna. Pido disculpas. También Diputadas y, por cierto, brillantemente.
(Aplausos.) Se han producido 422 votaciones de mañana y de tarde,
distribuidas en dos turnos diarios y, en consecuencia, se alcanza una
media de Diputados asistentes a los plenos, en régimen de mañana y tarde,
de 325 Diputadas y Diputados.
Me resta sólo darles las gracias por el esfuerzo y agradecerlo, en nombre
de todos a los servicios de la Cámara.
Se levanta la sesión. (Fuertes aplausos.)
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.