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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 12/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 37
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 36
celebrada el martes, 12 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Modificación del orden del día (Página 1613)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
-- Del Parlamento de Cataluña, para la publicación de las Leyes y demás
disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el
Estado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 4.1,
de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000003) (Página 1613)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos
Históricos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
26.1, de 17 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000015) (Página 1622)
Proposiciones no de Ley:
-- De los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Coalición Canaria, sobre
iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos
humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en
Zaire (número de expediente 162/000066) (Página 1629)
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta
al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del
plan de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa
poner en marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas
Concejalías de Asistencia Social de los municipios, y dentro de la
prestación social sustitutoria, la atención, por parte de los objetores
de conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación,
maltrato y reforma. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 63, de 25 de octubre de 1996. (Corrección en escrito NUMREG. 8910)
(número de expediente 162/000056) (Página 1634)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el
sector vacuno de carne español, como consecuencia de la crisis provocada
por la enfermedad de las «vacas locas». «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 45, de 24 de septiembre de 1996 (número de
expediente 162/000049) (Página 1644)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con
nuestra integración en la estructura militar de la OTAN. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 70, de 8 de noviembre de 1996
(número de expediente 173/000017) (Página 1651)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del
Gobierno en relación al colectivo de las personas mayores. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 70, de 8 de noviembre
de 1996 (número de expediente 173/000018) (Página 1655)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 38, de 13 de
noviembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Modificación del orden del día (Página 1613)
El señor Presidente somete a la Cámara la inclusión en el orden del día
de la proposición no de ley sobre iniciativas para la consecución de la
paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se
mantiene en la región de Kivu, en Zaire, que es aprobada por
asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas
(Página 1613)
Del Parlamento de Cataluña, para la publicación de las leyes y demás
disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el
Estado (Página 1613)
Para la defensa de la proposición de ley del Parlamento de Catalunya,
interviene el señor Fuentes i Navarro, del Grupo Iniciativa per
Catalunya-Los verdes. Fundamenta la proposición en dos preceptos
constitucionales: en el artículo 3.º que, reconociendo la oficialidad del
castellano en todo el territorio del Estado, reconoce también la
existencia de lenguas propias en distintas comunidades, y en el artículo
9.º que establece la garantía del principio de legalidad, que comporta no
solamente la jerarquía normativa, sino la publicidad de las normas y la
seguridad jurídica. Añade que esta proposición pretende establecer la
obligación de que las leyes y demás normas de aplicación general sean
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» con separatas específicas
en la lengua propia de las comunidades autónomas que la tengan así
reconocida con carácter oficial. Señala, asimismo, que en muchos países
donde se dan circunstancias lingüísticas equiparables
a las del Estado español, así está reconocido. Manifiesta que esta
proposición ha sido aprobada por el Parlamento de Catalunya con la
participación de todos los grupos y cuenta con la unanimidad de los
grupos representados en esta Cámara.
A continuación explica que la proposición de ley consta de dos artículos
y dos disposiciones transitorias y confía en que se admita a trámite, con
lo que se dará un paso importante para adecuar la legalidad a la realidad
pluricultural y plurilingüística de España.
En segundo lugar, interviene, también en nombre del Parlamento de
Catalunya, el señor Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Comienza su intervención manifestando que ésta es
una iniciativa que interesa a todos y que podría haber sido promovida por
cualquier grupo de la Cámara, puesto que la Constitución reconoce la
existencia de distintas lenguas en España y, al mismo tiempo, asume su
defensa y desarrollo. Recuerda la importancia del perfil plurilingüe que
tiene el Estado español y que el 42 por ciento de sus habitantes tienen
en su trato habitual una lengua distinta de la castellana. Manifiesta que
el objeto de esta iniciativa es una evidente función social para muchos
ciudadanos, para la administración de algunas comunidades autónomas y,
muy particularmente, para la Administración de Justicia. Por otra parte,
recuerda que el Pleno del Congreso de los Diputados del 29 de octubre
aprobó por unanimidad la toma en consideración de la modificación del
artículo 8.º de la Ley del Contrato de Seguro, para garantizar la plena
utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los
contratos, y considera que, siendo consecuentes, habría que hacer lo
mismo con todas las leyes y normas de obligado cumplimiento.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor González de Txabarri,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); la señora Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor
Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Montseny
Masip, del Grupo Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlamento de Catalunya, se rechaza por 45 votos a favor, 248 en contra y
una abstención.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 1622)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos
Históricos (Página 1622)
Interviene, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Centella Gómez, manifestando que
no va a defender el texto literal de una propuesta, que debe ser
modificada desde el acuerdo y el consenso, sino que va a tratar de
convencer a los diferentes grupos parlamentarios de la idoneidad de tomar
como base iniciativas como la que hoy se presenta para poner en marcha el
reloj parlamentario y asegurar el compromiso de tener un texto definitivo
que resuelva situaciones injustas que no pueden seguir esperando. Añade
que las modificaciones que se proponen al texto de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos tienen como objetivo fundamental
suministrar criterios interpretativos seguros para la resolución de los
conflictos que más comúnmente se plantean en la práctica judicial en
orden a la interpretación de si una determinada relación arrendataria
goza o no de la consideración de arrendamiento rústico histórico. Por
tanto, se trata de una propuesta que pretende poner término a las
vacilaciones jurisprudenciales sobre la materia y, al mismo tiempo,
facilitar, en algunos casos, la acreditación de extremos como la
antigüedad del contrato originario o la continuidad en la relación
arrendataria sin interrupciones.
Insiste en que la voluntad de su grupo es alcanzar el consenso, de manera
que cuando se apruebe definitivamente esta modificación legislativa, no
tenga otra paternidad política que la voluntad, unitariamente demostrada,
del máximo de grupos de esta Cámara de hacer justicia, aunque sea ya con
cierto retraso.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Alberdi
Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bueso Zaera, del
Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se
rechaza por 26 votos a favor, 159 en contra y 108 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 1629)
De los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Coalición Canaria, sobre
iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos
humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en
Zaire (Página 1629)
En defensa de la proposición no de ley, intervienen los señores Robles
Fraga, del Grupo Parlamentario Popular; Yáñez-Barnuevo García, del Grupo
Parlamentario Socialista; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria.
Sometida a votación la proposición no de ley suscrita por los grupos
parlamentarios Popular, Socialista, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición
Canaria, sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección
de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la
región de Kivu, en el Zaire, es aprobada por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al
Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del plan
de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner
en marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas Concejalías
de Asistencia Social de los municipios, y dentro de la prestación social
sustitutoria, la atención, por parte de los objetores de conciencia, a
los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma
(Página 1634)
La señora Barrios Curbelo, defiende la proposición no de ley del Grupo
Popular en la que se insta al Gobierno a que, dentro del plan de choque
que está elaborando la Dirección General de Objeción de Conciencia, la
prestación social sustitutoria se lleve a cabo en el ámbito de la
infancia marginada, abandonada o en conflicto social. El Partido Popular
considera que esta labor debe llevarse a cabo en íntima colaboración con
las concejalías de Asuntos Sociales de los ayuntamientos, por ser la
administración más cercana a la familia y al menor, aunque las
consejerías de Asuntos Sociales o las direcciones generales hayan de
fijar los elementos económicos y personales y los criterios de actuación.
Añade que, aprovechando la elaboración del plan de choque por la
Dirección General de Objeción de Conciencia y debido al gran número de
objetores que está pendiente de realizar la prestación social
sustitutoria, se deben llevar a cabo colaboraciones sociales en programas
para prevenir el absentismo escolar, cooperar en tareas escolares,
integrar y recuperar a los menores en el medio escolar, para la seguridad
vial, para fomentar actividades lúdicas y deportivas en los tiempos
postescolares, para acompañamientos preventivos o en actividades
escolares, para colaborar en los patios, en los gimnasios, en los
laboratorios, y para hacer tareas en la sombra en tratamientos de
drogodependencias. Estima que todo esto se puede conseguir en base a tres
finalidades: en primer lugar, aumentar la calidad de vida de los menores
a los que se aplica; en segundo lugar, incrementar la validez de todos
aquellos aspectos que se plantean con un sistema personalizado e
individual; y, en tercer lugar, ofrecer al menor una relación
interpersonal basada en el carácter afectivo de la misma. A continuación,
rechaza rotundamente el que estas actividades que van a llevar a cabo los
objetores de conciencia supongan una intromisión laboral, y espera el
apoyo de todos los grupos a esta iniciativa.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de
ley, intervienen la señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Rivero Baute,
del Grupo de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), y el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas, interviene la
señora Barrios Curbelo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, se aprueba por 158 a favor, nueve en contra y 124 abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector
vacuno de carne español, como consecuencia de la crisis provocada por la
enfermedad de las «vacas locas» (Página 1644)
En nombre del Grupo Socialista, interviene el señor Madrid López, para
defender la proposición no de ley. Manifiesta que el Grupo Parlamentario
Socialista quiere traer a la Cámara aquello que preocupa a los ciudadanos
y al conjunto de las familias españolas, puesto que todos los sectores
sociales se han pronunciado con preocupación, creándose una alarma
general, producto de la cual se provocó la crisis económica y de consumo
en el sector. A continuación, hace una relación de los hechos ocurridos
en los últimos tiempos sobre la enfermedad de las «vacas locas».
Considera que la grave crisis que atraviesa el sector español de carne de
vacuno precisa de medidas de apoyo firmes, generalizadas y directas,
puesto que los británicos han querido dar una solución política a lo que
fundamentalmente era un problema sanitario, mal gestionado por su
Gobierno, y cuyo medio de propagación parece haber sido la ingestión de
piensos en los que había harina de carne procedente de restos de animales
enfermos. Añade que España parece aislada de este problema, no habiéndose
detectado ningún caso de esta enfermedad en el ganado, por lo que se está
en condiciones de mantener una actitud exigente y firme en relación a las
medidas a adoptar por la Unión Europea, máxime cuando tuvo que controlar
y erradicar la peste porcina africana con sus propios medios, con la
dificultad añadida de mantener sus fronteras abiertas a la importación y
cerradas a la exportación. No considera que las medidas adoptadas por la
Unión Europea en cuanto a la prohibición de exportación de animales y
productos cárnicos británicos hayan generado la necesaria confianza del
consumidor y, por otra parte, las estima presupuestariamente
insuficientes y de menor impacto en España, situando a nuestros ganaderos
en inferioridad de condiciones. Añade que, por otra parte y debido a la
desconfianza del consumidor, se ha generado el alza de precios de otro
tipo de carnes, con el consiguiente efecto inflacionista. Por todo ello,
considera urgente la adopción de medidas que, desde la generación de la
confianza y la recuperación del consumo, se unan a las medidas en el
control sanitario y de calidad, a las de apoyo a las rentas y al impacto
de los bajos precios y a las de control de la oferta y de apoyo a la
exportación.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), interviene el señor Companys Sanfeliú.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; Pérez Vega, del Grupo Parlamentario Popular.
Para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda, interviene el
señor Madrid López.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, es rechazada por 128 votos a favor y 162 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1651)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con
nuestra integración en la estructura militar de la OTAN (Página 1651)
Presenta la moción consecuencia de interpelación, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora
Aguilar Rivero, manifestando que este debate se realiza en una situación
de engaño, de ocultamiento y de burla a este Parlamento, provocada y
realizada por el Gobierno actual del Partido Popular, puesto que es
inadmisible, desde el punto de vista democrático y en un Estado de
Derecho, que un ministerio esté negociando bilateralmente con los Estados
Unidos el incumplimiento flagrante de un referéndum en el que se
pronunció el pueblo y no lo conozca el Parlamento. Además de inadmisible
lo considera nocivo y peligroso para la democracia. Por tanto, exige
trasparencia e información suficiente al Gobierno para que no se le
substraiga al Parlamento lo que le es propio: la función de control.
A continuación, alude a las supuestas negociaciones del señor Serra a
espaldas del Parlamento y a las informaciones contradictorias entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Defensa, que considera se
deberían haber saldado con la petición, por parte del Gobierno del
Partido Popular, de comparecencia ante este Parlamento para dar toda la
información necesaria para poder ejercer la función de control. Cree que
el Gobierno no ha tenido ningún interés en que se conozcan los datos de
las negociaciones.
A continuación, pone de manifiesto que la intención declarada por el
Gobierno del Partido Popular y de su aliado --y en este caso también, de
la mano del Grupo Parlamentario Socialista-- en relación al ingreso de
España en la estructura militar de la OTAN supone la violación de la
voluntad del pueblo
español expresada en referéndum en 1986, y considera imprescindible dar
de nuevo la palabra al pueblo para que en otro referéndum, diga si quiere
o no variar el contrato.
Por otra parte, estima imprescindible explicar en este Parlamento las
prisas que le han entrado al Gobierno y al resto de los grupos
parlamentarios que apoyan esta iniciativa por ingresar de inmediato en la
estructura militar de la OTAN, cuando no se sabe el nuevo modelo de la
OTAN ni está definido el modelo de defensa en el marco del Tratado de la
Unión Europea. Estima que con esta decisión y estas prisas se está
renunciando de forma expresa a tener una política exterior de seguridad
común en el ámbito europeo y a convertir a la organización de la
Seguridad y Cooperación Europea en el instrumento útil y adecuado para
ello.
Concluye su intervención diciendo que en España no se necesitan más
gastos militares ni formar parte del club de países que, dirigidos por
los Estados Unidos, piensan que después del fin de la guerra fría y de la
desaparición de los bloques militares, hay que inventarse nuevos enemigos
para justificar la existencia de un bloque militar. Desde Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se apuesta por la consulta al pueblo, por
una política exterior de seguridad común en el marco de la Unión Europea,
por el fomento de la cultura de la paz y de la solidaridad y por una
estrategia de disuasión nuclear.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Nadal i Male, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Moya Milanés, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se
rechaza por 18 votos a favor, 268 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en
relación al colectivo de las personas mayores (Página 1655)
Para defender la moción del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
interviene la señora Cortajarena Iturrioz, manifestando que esta moción
es consecuencia de la interpelación que se presentó en el último Pleno en
relación con el compromiso que debe asumir el Gobierno para mantener e
impulsar las medidas derivadas de las recomendaciones internacionales,
del Plan gerontológico, del Pacto de Toledo y del Plan concertado en
materia de apoyo y asistencia a las personas mayores. Señala las tres
razones que avalaron la presentación de la interpelación: la primera era
el estudio y la constatación de un hecho, que es el avance demográfico
que están sufriendo las personas mayores en nuestro país; la segunda, el
problema de las manifestaciones contradictorias de algunos miembros del
Gobierno; y la tercera, la necesidad de definir el marco y las medidas
para ejecutar las políticas de atención en relación a las necesidades de
vida y de convivencia de las personas que ya han pasado los 65 anos.
Aclara, por otra parte, que el término «tercera edad» no lo acuñó el
Gobierno socialista, sino que fue propuesto por Francia en la I
Conferencia Mundial sobre la vejez, que tuvo lugar en Viena en el año
1982.
A continuación, manifiesta que las cinco grandes áreas de defensa de la
problemática de las personas mayores en las que se basa la moción son
consecuentes con el marco propuesto en la interpelación. Explica,
asimismo, el contenido de los trece puntos de los que consta la moción,
en los que se defiende, entre otras cosas, la garantía del sistema
público de pensiones y el incremento anual del IPC para todas las
pensiones; en el ámbito de la asistencia sanitaria, la gratuidad de los
medicamentos para los pensionistas, facilitando los mecanismos que
potencien su control. Asimismo, se propone consolidar y extender la red
sociosanitaria y, en el ámbito de las políticas sociales y asistenciales,
se solicita la creación de la dirección general de las personas mayores.
También se plantea seguir avanzando en la profundización del Plan
gerontológico, aunque no se pide taxativamente que se cumpla en un plazo
determinado, así como fortalecer el desarrollo de todo el programa de
voluntariado.
Para terminar, estima que, puesto que el Gobierno socialista ha
conseguido en 13 años garantizar un sistema universal de pensiones,
extender la asistencia sanitaria a toda la población, elaborar el Plan
gerontológico, transferir el Inserso a las comunidades autónomas, ampliar
las prestaciones en materia de ayuda a domicilio y avanzar en lo que es
la participación del movimiento asociativo de los mayores, el Grupo
Parlamentario Socialista está en disposición de pedir que el Grupo
Parlamentario Popular apoye esta moción.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular, y Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas, interviene la
señora Cortajarena Iturrioz.
Sometida a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, con las modificaciones aceptadas por el grupo proponente, es
rechazada por 116 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
--MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Con carácter previo al inicio del
orden del día quiero someter a la Cámara una alteración de dicho orden,
que ha sido aprobada por la Junta de Portavoces esta mañana, tras el
examen de la iniciativa por la Mesa del Congreso. Se trataría de incluir,
como primera de las proposiciones no de ley, es decir como punto III.1
del orden del día, la proposición no de ley sobre iniciativas para la
consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el
conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire.
Formulada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco y de Coalición Canaria.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias.
En consecuencia, queda aprobada por asentimiento la inclusión de este
nuevo punto en el orden del día y se debatirá en el momento que he
anticipado.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:
--DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PARA LA PUBLICACION DE LAS LEYES Y DEMAS
DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL EN TODAS LAS LENGUAS OFICIALES DEL
ESTADO (Número de expediente 125/000003)
El señor PRESIDENTE: Comenzando con el orden del día previamente acordado
y repartido, entramos en el punto primero: Toma en consideración de
proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de
Cataluña, para la publicación de las leyes y demás disposiciones de
aplicación general en todas las lenguas oficiales en el Estado.
Para su defensa, en nombre del Parlamento de Cataluña, voy a dar la
palabra a dos parlamentarios. En primer lugar, al excelentísimo señor
Fuentes i Navarro, del Grupo Parlamentario Iniciativa per Catalunya-Los
Verdes.
Señor Fuentes, cuando quiera.
El señor FUENTES I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el 9 de febrero de 1994 el Parlamento de
Cataluña, por acuerdo unánime de todos sus miembros, aprobó presentar en
el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el fin de que se
publicaran las leyes y las demás disposiciones de aplicación general en
todas las lenguas oficiales del Estado.
Esta proposición se fundamenta esencialmente en dos preceptos
constitucionales: el primero es el artículo 3.º que, partiendo del
reconocimiento evidente de la oficialidad del castellano en todo el
territorio del Estado, reconoce también la existencia de lenguas propias
en distintas comunidades que gozan, asimismo, de esa oficialidad.
Al propio tiempo, el artículo 9.º de la Constitución establece claramente
la obligación, la garantía del principio de legalidad, que comporta no
solamente la jerarquía normativa, sino la publicidad de las normas y la
seguridad jurídica.
A nuestro juicio, no es posible llevar hasta sus últimas consecuencias
estos principios si la legislación promulgada por el Estado y aplicable
en Cataluña, si las normas de obligado cumplimiento aplicables en todas
las comunidades que tienen una lengua oficial y propia no tienen una
versión en esa lengua, porque falta un instrumento esencial para actuar
ante los tribunales de justicia, para actuar ante la Administración y,
por tanto, estos principios reconocidos constitucionalmente no se cumplen
adecuadamente.
Eso es, en definitiva, lo que pretende la proposición de ley que
presentamos. Pretende ni más ni menos que establecer la obligación de que
las leyes y demás normas de aplicación general sean publicadas en el
«Boletín Oficial del Estado» con separatas específicas en la lengua
propia de las comunidades autónomas que la tengan así reconocida con
carácter oficial.
Creo que es ocioso señalar que en muchos países donde se dan
circunstancias lingüísticas equiparables a nuestro Estado este derecho se
ha reconocido en estos términos, está establecida en los términos en que
lo planteamos esta posibilidad, en definitiva, este instrumento para
hacer efectivo el principio de la oficialidad de la lengua y, además de
la igualdad de los ciudadanos
ante la ley, también el principio de legalidad con todas sus
consecuencias.
Por ello, esa proposición que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña
con la participación de todos los grupos, que ha sido mejorada por todos
los grupos, que cuenta con la unanimidad de todos los grupos, que están
también aquí representados en esta Cámara, puede ser objeto --y estamos
seguros de que si se aprueba y en eso confiamos, lo será en el trámite
parlamentario-- de las modificaciones y mejoras que se estime oportuno.
En cualquier caso, lo que nos parece esencial y evidente es la necesidad
de regular adecuadamente este instrumento básico para hacer efectivos los
principios reconocidos constitucionalmente.
Como decía, esta proposición de ley tiene únicamente dos artículos: el
primero que trata de la publicación de las leyes, y el segundo que lo
extiende a las normas con rango de ley y demás disposiciones de
aplicación general en el Estado. Hay también dos disposiciones
transitorias que pretenden establecer un plazo que hemos fijado en un
año, pero que puede ser modificado en función de la soberanía de esta
Cámara, y también fijar, con el carácter futuro que requiere este texto,
las previsiones presupuestarias para que en su momento se atiendan los
gastos que va a generar la aplicación de esta norma.
Señorías, pensamos que si se admite a trámite, como nosotros confiamos,
esta proposición de ley, se dará un paso importante en la vía de adecuar
la legalidad a la realidad existente en nuestro país, la realidad
pluricultural y plurilingüística. Se dará un paso muy importante
precisamente en la vía de ir equiparando la España realmente existente
con la España reconocida en las leyes y con los instrumentos legislativos
adecuados. Pensamos que avanzar en esta línea es el mejor camino para que
la comprensión entre los españoles sea el mejor antídoto contra las
divisiones y los recelos.
Por todo ello, señoras y señores diputados, en nombre de todas las
diputadas y todos los diputados del Parlamento de Cataluña, solicito de
SS. SS. el voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias, señoras diputadas. Muchas gracias, señores diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
En segundo lugar, tiene la palabra el honorable Senador don Joaquim
Ferrer i Roca, del Grupo de Convergència i Unió.
El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta iniciativa que hemos presentado, que procede del
Parlamento de Cataluña, hay que reconocer que hubiese podido ser
promovida por cualquier grupo de esta Cámara. ¿Por qué empiezo este turno
de presentación diciendo que es una iniciativa que hubiese podido surgir
de cualquier grupo de esta Cámara? Porque es una iniciativa que interesa
a todos y que se inscribe en lo que habitualmente llamamos dinámica
constitucional, es decir, el esfuerzo permanente por desarrollar los
contenidos de la Constitución.
La Constitución reconoce la existencia de distintas lenguas en España y,
al mismo tiempo, reconoce y asume su defensa y desarrollo. Por
consiguiente, esta iniciativa que planteamos, procedente del Parlamento
de Cataluña, es un episodio más en esta defensa y desarrollo de todas las
lenguas del Estado español.
Quizá sea oportuno recordar la importancia del perfil plurilingüe que
tiene el Estado español. Un libro recientemente publicado, en el año
1992, cuyo título es España plurilingüe, del profesor Siguán, dice lo
siguiente: En las comunidades autónomas en las que su respectivo estatuto
reconoce tener una lengua propia distinta de la castellana y establece la
coficialidad de las dos lenguas, residen algo más del 42 por ciento de
los habitantes de España.
Por consiguiente, no nos estamos refiriendo a algo marginal, a algo
minoritario, a algo accesorio; nos estamos refiriendo a uno de los
perfiles que tiene el Estado español, a uno de los perfiles que tiene
España desde hace muchísimos siglos y que continúa teniendo hoy. Por esta
razón, la Constitución, naturalmente, reconoce este hecho, lo ampara,
protege y promueve su desarrollo. No se trata, pues, de reconocer una
realidad que está ya reconocida en la Constitución. Se trata,
simplemente, de continuar en una dinámica coherente.
En esta iniciativa, recordémoslo, se propone que las leyes y normas de
obligado cumplimiento sean publicadas en todas las lenguas oficiales del
Estado. El objeto de esta iniciativa, después de recordar que el 42 por
ciento del Estado español tiene en su personalidad y en su trato habitual
una lengua distinta de la castellana, es una evidente función social para
muchísimos ciudadanos, para la Administración de algunas comunidades
autónomas y muy particularmente para la Administración de justicia.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ferrer.
Señorías, les ruego que guarden silencio y no formen grupos en los
pasillos. Señor de Torres. Señoras. (Pausa.) Gracias.
Puede continuar.
El señor FERRER I ROCA: Decía, señorías, que esta iniciativa incide sobre
un gran número de ciudadanos españoles; concretamente, sobre un gran
número de ciudadanos en algunas comunidades autónomas. Interesa también a
la Administración de esas comunidades autónomas en su conjunto y,
particularmente, a la Administración de justicia, porque, como SS. SS.
pueden comprender muy fácilmente, en ningún momento la Administración de
justicia va a utilizar textos traducidos a otras lenguas del Estado
español si no
vienen precedidas, si no están enmarcadas, si no tienen la garantía del
mismo Estado. Por consiguiente, es una iniciativa que interesa, repito, a
gran número de ciudadanos, el 42 por ciento de los ciudadanos del Estado
español, muy particularmente a la Administración en estas comunidades
autónomas y mucho más a la Administración de justicia.
El Pleno de este Congreso de 29 de octubre aprobó por unanimidad la toma
en consideración de la modificación del artículo 8.º de la Ley de
Contrato de Seguro para garantizar la plena utilización de todas las
lenguas oficiales en la redacción de los contratos. Señorías, si somos
consecuentes, si se aprobó la toma en consideración de aquella iniciativa
para que por la sociedad, concretamente en los contratos, puedan
utilizarse todas las lenguas del Estado español, ¿cómo no vamos a hacer
exactamente lo mismo, cómo no vamos a abrir la posibilidad de que las
leyes y normas de obligado cumplimiento, que no voy a entrar a equiparar
si son más o menos importantes pero que SS. SS. convendrán en que son muy
importantes, tengan la misma posibilidad de ser traducidas a todas las
lenguas de España?
Tras dos décadas de Constitución llegamos a esta iniciativa que. repito
una vez más, no es la reafirmación de nada; es simplemente continuar la
dinámica coherente y necesaria para proteger y desarrollar todas las
lenguas de España.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Fue el señor Clotas, en el Parlament de Catalunya, quien, al parecer puso
énfasis en el argumento central de defensa de esta proposición. Se trata
de hacer normal lo que ya tendría que serlo. Es, pues, una proposición
obvia, fatigante quizá, si tenemos en cuenta los años de democracia y de
Estado autonómico que ya llevamos.
La defensa de esta proposición, que ha sido dignamente realizada por los
representantes del Parlament de Catalunya, se basa en tres ejes
fundamentales: el derecho constitucional, el derecho jurídico y el
derecho histórico. Respecto al último siento hasta pudor de tener que
nombrarlo, puesto que significa que aún somos los mismos de siempre los
que una y otra vez tenemos que reclamar nuestro derecho a existir en
diferencia.
La Constitución ampara las distintas lenguas que cohabitan en el Estado,
es cierto, pero es indiscutible que hegemoniza el castellano por encima
de las demás lenguas y, en consecuencia, partimos de una discriminación
lingüística clara ya en el texto constitucional. No son cuatro lenguas en
situación de igualdad las que confluyen en el hecho común; es una lengua
que domina y las demás que aún tienen que recordar en debates como el de
hoy que tienen derecho a ser.
¿Por qué, pues, la proposición de hoy? Primero, porque nadie puede
discutirnos a los ciudadanos de habla catalana, a los gallegos o a los
vascos el derecho a vivir en plenitud nuestra diferencia lingüística. Por
derecho histórico, por tanto.
Segundo, por derecho jurídico, puesto que si los textos legales y las
normas de obligado cumplimiento no están escritas en las diferentes
lenguas oficiales, ¿cómo se garantiza, por ejemplo, la Llei de
Normalitzaciò Lingüística de Cataluña que teóricamente garantiza el
derecho a utilizar el catalán en la Administración de justicia? Se puede
llegar, y se ha llegado, al extremo esotérico de celebrar juicios en
catalán y tener que leer los textos legales en castellano. No hace falta
recordar a SS. SS., supongo, que nadie puede traducir libremente un texto
legal, puesto que podría estar interpretando la ley y vulnerando la
seguridad jurídica del proceso, de manera que, si no aprobamos esta
proposición, estamos vulnerando el derecho estatutario de poder
expresarnos en nuestro propio idioma en el ámbito judicial. Una ley nos
ampara teóricamente, pero luego es imposible cumplirla por falta de otra
ley; resulta grotesco. Iba a decir que casi por sentido común hay que
aprobar la proposición del Parlament de Catalunya. En todo caso, si no lo
hacemos, no garantizamos, en plenitud, el derecho a una justicia, también
en nuestro propio idioma.
Hay también un derecho constitucional, y la propia proposición ya lo
recuerda en su exposición de motivos. Recordémoslo de nuevo y con la
claridad necesaria. Si no aprobamos la proposición que hoy debatimos, el
artículo 3.º.3 de la Constitución hace aguas por todos lados, resulta un
simple manual de intenciones. La única manera de proteger, defender y
cuidar una lengua es no impidiendo que pueda proyectarse en todos sus
ámbitos, sociales, culturales y jurídicos. Tenemos el derecho
constitucional a manejar los textos legales y las normas de obligado
cumplimiento en las distintas lenguas oficiales y, si este derecho no
queda regulado, acaba siendo vulnerado.
No me alargo, puesto que los argumentos están sobradamente, creo, sobre
la mesa. En todo caso, un último apunte. Hay cuatro lenguas en el Estado.
Espero que determinadas tendencias a la aberración científica no impulsen
a los organismos del Estado, en caso de ser aprobada la proposición, a
hacer separatas de la ley en cincuenta variantes dialectales. Supongo que
primará el rigor científico sobre la demagogia. Ello si aprobamos la
proposición. Si no lo hiciéramos, no podríamos excusarnos con múltiples
argumentos, porque
quedaría un único hecho: Este Estado no garantizaría sus derechos
lingüísticos plenamente a millones de ciudadanos; al contrario, los
vulneraría conscientemente y con la excusa y el amparo legal. Un amparo
legal que sólo escondería entonces una nítida voluntad de dominio
lingüístico de una lengua sobre las otras.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) va a votar favorablemente --no podría
ser de otra manera-- la toma en consideración de esta proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, pero quisiéramos hacer algunas matizaciones
que, entendemos, pueden ser una aportación a este debate. Vivimos,
nominalmente, señor Presidente, en un Estado que se considera
constitucionalmente plurilingüe y, sin embargo, constatamos el abismo que
existe entre la teoría y la práctica. De facto, en todos estos años de
período constitucional, el Estado ha hecho dejación de sus propias
obligaciones en materia lingüística y ha dejado en manos de las
respectivas comunidades autónomas la consideración de la realidad plural
en materia lingüística en los respectivos ámbitos de las comunidades
autónomas. Es, pues, una consideración nominalista, en lo que respecta a
la realidad de Estado plurilingüe, de la responsabilidad que las
instituciones del Estado tienen en materia lingüística.
Las distintas comunidades autónomas han puesto en vigor diferentes leyes
de normalización lingüística, cada una con sus toques, con sus matices,
con parámetros distintos; pero, en todo caso y en todas y cada una de las
realidades, el Estado y sus propias instituciones siguen mirando hacia
otro lado en esta materia. Nosotros entendemos que lo coherente sería, en
un Estado que constitucionalmente se proclama plurilingüe, que las
propias instituciones del Estado y las autonómicas fueran de la mano en
el respeto a cada una de las leyes de normalización lingüística que las
comunidades autónomas han puesto en vigor. En Navarra, con la ley de
normalización navarra --nos guste a unos y no a otros--, en la comunidad
autónoma vasca, aquella que el Parlamento vasco ha puesto en vigor y, en
este caso, dado que la iniciativa proviene del Parlamento de Cataluña, en
los criterios, en los objetivos y en los ritmos de que cada uno de los
parlamentos se haya dotado a sí mismo. Lamentamos muy mucho, señor
Presidente, que en estas materias el Gobierno del Estado sigan mirando a
otro lado, que esta misma Cámara siga mirando a otro lado en temas de
tanta trascendencia.
Varios intervinientes han dicho que más del 44 por ciento de los
ciudadanos del Estado hablan una lengua distinta del castellano. Es
verdad, señor Presidente, que en este tema hay lógicas políticas, hay
lógicas testimoniales, existen lógicas de políticas lingüísticas, y
vuelvo a reiterar una expresión que manifesté en esta misma Cámara en un
debate similar hace quince días con motivo de una proposición no de ley
formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en
relación al uso de las distintas lenguas en las leyes del seguro, en el
sentido de que esta Cámara tiene todavía como asignatura pendiente la
relativa a la de políticas lingüísticas. Como he indicado anteriormente,
las comunidades autónomas, cada una con sus objetivos, con sus ritmos,
con sus criterios, han realizado distintas propuestas en distintas
materias y, sin embargo, el conjunto de las instituciones del Estado
siguen mirando para otro lado. Nosotros quisiéramos que este debate
sirviera para hacer ver y hacer constar esta realidad sobre la
consideración plurilingüe del Estado.
¿Qué avances se han producido en normalización linguística siendo sujeto
el Estado? Probablemente ninguna, muy pocas, el haber dejado a las
comunidades autónomas actuar en el ámbito de sus competencias. Hemos
tenido en los últimos meses, señor Presidente, en esta misma Cámara, una
experiencia muy interesante: una proposición de ley del Parlamento de
Baleares que instaba a que la denominación de las islas fuese utilizada
con el topónimo que el Parlamento balear había aprobado, el de Illes
Balears, y hemos visto cómo tanto el Grupo Socialista como el Grupo
Popular, que tomaron en consideración esta propuesta del Parlamento de
Baleares, han presentado sendas enmiendas a este único artículo de la
proposición de ley del Parlamento de Baleares indicando que, en respeto
al espíritu constitucional, las islas deberán denominarse Islas Baleares
en castellano e Illes Balears en la lengua cooficial. Nosotros entendemos
que este no es el espíritu de estas proposiciones, que este no es el
fondo de la consideración del Estado plurilingüe y quisiéramos que este
fuera el debate que se realizara con rigor, sin excesivos voluntarismos,
en la convicción de que si otros temas se tratan con rigor y seriedad,
también el tema lingüístico puede abordarse en esta Cámara con
suficiencia y con rigor.
Mucho nos tememos, señores representantes del Parlament de Catalunya, que
hoy se va a tomar en consideración esta proposición de ley, que a lo
largo de los próximos meses vamos a oír que el bilingüismo es caro, que
no hay medios técnicos y humanos, que los retrasos en la tramitación son
una cuestión insalvable de cara a que esto se ponga en marcha en los
próximos meses, que quizá se podría pactar alguna enmienda para que cada
comunidad autónoma lo haga en el ámbito de sus respectivas
circunscripciones, etcétera, excusas, en nuestra opinión, señores
representantes del Parlament de Catalunya, para que la iniciativa decaiga
o quizá concluya la legislatura con este tema en ponencia, en Comisión,
quién sabe. Esperemos estar equivocados,
que el voto que todas y cada una de SS. SS. den hoy en esta sesión a la
toma en consideración de esta proposición de ley tenga una orientación
distinta y que exista una voluntad de que por fin el Estado asuma su
condición plurilingüe y sea consecuente con aquello que nominalmente
acepta --lo digo para que conste en el «Diario de Sesiones».
Agarramos una larga y accidentada tramitación a esta proposición de ley.
Nosotros entendemos que las prioridades de política lingüística, desde
nuestra perspectiva vasca y dando por supuesto que estamos a favor de
esta consideración, no están en este lugar o en estos objetivos, y lo
decimos con toda claridad porque esa es la postura que mantenemos. Nos
daríamos por muy satisfechos, señor Presidente, si las instituciones del
Estado, de una santa vez, asumieran sus responsabilidades en materia
lingüística, se dieran cuenta de que son el Gobierno del Estado y no el
Gobierno de ciertas partes del Estado y que la consideración nominal del
Estado plurilingüe tuviera su traducción real, nunca mejor dicho, en
hechos y en actitudes que lamentablemente no observamos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señorías, es
para mí un honor exponer en esta Cámara el posicionamiento del Grupo
Parlamentari Català sobre una proposición de ley elevada por la más alta
institución de mi país, el Parlament de Catalunya. Una proposición de ley
que tiene un alto valor pedagógico, porque su redacción se ha hecho desde
Cataluña con el objetivo de aproximar el conocimiento general de este
país a la realidad plurinacional del Estado español a través de la
lengua, el mecanismo formal, el único, que sustenta y posibilita las
relaciones humanas.
Diversas razones históricas, perceptibles en la misma sustancia de la
proposición, han hecho que el conocimiento y la comprensión plurilingüe
del Estado español sea todavía insatisfactoriamente insuficiente porque
no han dejado entrever que el plural del yo no es yo y no es uniforme,
sino que el plural del yo es nos y otros, nos y otras.
Manipulaciones pertinazmente ideológicas de la historia y de los
mecanismos de la lengua han sido la clave de la exclusiva identificación
Estado español y lengua castellana. La voluntad del bloque
constitucional, Constitución común y estatutos singulares, fue la de
equilibrar y la de compensar aquella exclusividad.
La proposición de mi Parlamento es una aportación, quizá limitada pero
reconfortantemente significativa, para el respeto por la personalidad
propia y la diversidad lingüística y cultural de 16 millones de personas
que residen en territorios del Estado español donde es oficial una lengua
distinta del castellano. Esto quiere decir más del 40 por ciento del
total de la población del Estado. Este dato recordatorio es altamente
esclarecedor y tiene, por sí solo, un gran valor significativo: el de que
al final del siglo XX es difícil argumentar que la identificación lengua
castellana-Estado español responde a una realidad.
El Estado nación está en crisis hace años, por doquier. Y el Estado
español ha experimentado tan intensas transformaciones económicas y
políticas y también culturales que se han creado ya, creemos, las
condiciones socioambientales que hacen insostenibles aspectos
sobrevivientes de un patrón jacobino estatal. Uno de ellos, aparatoso y
simbólico, es el uso exclusivo por el «Boletín Oficial del Estado» de la
lengua castellana, exclusividad de la que sólo recordamos una excepción:
la de la publicación de la Constitución en las diversas lenguas que son
territoriales, oficiales y propias también del Estado español.
Aquello que nos propone el Parlament de Catalunya como expresión unánime
del pueblo catalán y de todos los grupos políticos que lo conforman es
una acción institucional ostensible y normalizadora del Estado
plurilingüe y una muestra de respeto a la Constitución y a los Estatutos
de Euskadi, Galicia, Valencia, Illes Balears, Cataluña y Navarra.
La uniformidad en el uso de la lengua forma parte de aquel baúl de los
recuerdos de un pasado humillante. Y los pueblos, al igual que las
personas, no pueden convivir con un pasado humillante en el que nuestros
yoes distintos fueron marginados e ignorados. La lengua no puede ser
jamás minusvalorada en ninguna de sus manifestaciones y, en especial, en
aquellas acciones institucionales que, sin duda, siempre mantienen una
relación evidente con las acciones y actitudes sociales.
La publicación plurilingüe de las leyes, que obligan a toda la ciudadanía
del Estado y que emanan del Poder Legislativo de esta Cámara, sin duda
influiría favorablemente en prácticas sociales. La construcción del
Estado no puede significar el sacrificio o la ignorancia de la variedad
en nombre de una lengua única, sino que debe asegurar el mantenimiento de
la diversidad.
Yo me pregunto: ¿es esta Cámara el espacio ético-político representativo
de esta diversidad? ¿Es el foro que tiene entre sus propósitos el de
forjar una historia común? Si ello es así, debemos aceptar, señoras
Diputadas y señores Diputados, de manera responsable y sin condiciones,
la historia y las lenguas de naciones y comunidades distintas
convivientes en un marco común. Este Parlamento no puede desentenderse de
lo que ha dicho el Parlament de Catalunya ni de acciones que pueden
conducir al respeto y a relaciones igualitarias. Además, es ineludible
plantear aquí una pregunta: las lenguas oficiales distintas del
castellano de 16
millones de mujeres y de hombres de este país, ¿son constitutivas del
Estado español o no lo son?
En nombre de mi grupo y en nombre del Parlament de Catalunya, también les
pido la respuesta afirmativa, a través de su posicionamiento favorable, y
unánime a la proposición de ley presentada, para que se haga posible, por
voluntad de todas y de todos, que la ciudadanía del Estado español pueda
leer aquello que le es común en la lengua en la que habla consigo misma y
con las personas con las que conforma una comunidad singular.
El consenso permitiría a algunos o a algunas descubrir quizá, o a otros y
a otras les estimularía a profundizar en el hallazgo de algo tan precioso
como la riqueza cultural y lingüística de este país, para propagar el
convencimiento universal de que la sociedad más avanzada, más dinámica y
más culta no es la más uniforme sino la más variada y plural. Si su
posicionamiento no fuera positivo, desecharán ustedes una iniciativa
constructiva y justa y apostarán algunas y algunos de ustedes por hallar
un raro encuentro en la consolidación de viejas dicotomías y de imágenes
jacobinas.
Sólo quiero recordarles que el castigo divino contra el primer tirano de
la historia mítica, Nemrod, fue el de la proliferación de lenguas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Anuncio, en primer lugar, el voto favorable del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la proposición de ley
presentada por el Parlamento Catalán, que hace referencia a la
publicación de las leyes en todas las lenguas oficiales del Estado
español.
Los Diputados que han hablado en representación del Parlamento Catalán,
señores Ferrer y Fuentes, a pesar del breve espacio de tiempo con el que
han contado, pienso que han explicado de forma clara y precisa los
argumentos políticos, jurídicos y culturales que sustentan la
presentación de esta proposición de ley; proposición de ley que, como
también se ha dicho, ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento
Catalán.
El objetivo de esta iniciativa legislativa es, pues, muy simple. Se trata
de acabar con la irracional y absurda situación actual en la que no
existen textos legales oficiales de carácter general en los idiomas que
también son oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Insisto,
una situación irracional y absurda, y que, como se ha dicho
anteriormente, afecta a 16 millones de personas en el Estado español.
Esta propuesta viene avalada jurídica y políticamente por lo que dice el
artículo 3.3 de la Constitución, cuando habla de que las lenguas son un
patrimonio cultural que debe ser objeto de fomento y de protección y, por
otro lado, el artículo 9, apartados 2 y 3, de la Constitución que, al
establecer los principios de legalidad, publicidad en las normas y
seguridad jurídica, faculta a los poderes públicos para remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En este caso, un
obstáculo importante es el no poder usar el idioma propio, especialmente
ante los tribunales o la Administración.
Por tanto, señorías, estamos ante una proposición de ley que responde al
espíritu y a la letra de la Constitución, en el sentido de que intenta
remover y superar un obstáculo real en los respectivos procesos de
normalización lingüística del gallego, del euskera o del catalán. Desde
el punto de vista del contenido intrínseco de esta proposición de ley no
haría falta decir nada más, pero quiero añadir que nuestro grupo entiende
que esta iniciativa, a pesar de que a algunos no se lo pueda parecer, es
de un enorme calado político, es una de las iniciativas políticas
concretas más importantes en el terreno del reconocimiento real y
efectivo del plurilingüismo del Estado español. Porque si bien es cierto
que desde la recuperación de la democracia y la promulgación de la
Constitución el Estado español ha evolucionado positivamente desde el
punto de vista de la descentralización del gasto público, del aumento del
autogobierno de las comunidades autónomas, de la transferencia de
competencias, si bien todo esto es cierto no lo es menos que desde la
óptica del modelo y de la configuración del Estado español existen aún
dos grandes asignaturas pendientes íntimamente relacionadas. La primera
asignatura es que de verdad exista un reconocimiento real y efectivo de
la plurinacionalidad del Estado español. Esta es la gran asignatura
pendiente para nuestro grupo parlamentario desde la perspectiva del
modelo de Estado. La segunda asignatura pendiente es el reconocimiento
real y efectivo del plurilungüismo del Estado español.
La primera asignatura pendiente, el hecho de un reconocimiento real y
efectivo de la plurinacionalidad del Estado español, tiene su máxima
expresión en el hecho de que hasta la fecha haya sido imposible reformar
el Senado para convertirlo en una verdadera Cámara territorial. Nuestro
grupo parlamentario entiende que un Estado plurinacional requiere un
Senado que sea expresión política de este carácter plurirregional y
plurinacional. Queremos que el Senado sea la suma de las distintas
comunidades autónomas con competencia para conformar la voluntad del
Estado en las cuestiones relativas a la estructura política territorial
del Estado español. En todo caso, lo evidente es que hasta hoy ha
existido una imposibilidad de reformar un Senado en la dirección que he
apuntado. Esta imposibilidad expresa de forma clarísima las dificultades
aún reales hoy en el Estado español de reconocer institucionalmente
el carácter plurinacional del Estado español.
La segunda asignatura pendiente hace referencia al tema que nos ocupa
hoy. La Constitución reconoce la riqueza y el patrimonio cultural que
expresa el plurilingüismo en el Estado español. Hoy, en 1996, diecisiete
años después de la promulgación de la Constitución, nos podríamos hacer
una pregunta: ¿cuál es el balance desde la Administración central del
reconocimiento de que el Estado español es un Estado plurilingüe? La
respuesta no sería fructífera ni positiva. El balance de la
Administración central, desde el punto de vista del reconocimiento de un
Estado plurilingüe, es nulo. En ese sentido, creemos que se han hecho
grandes esfuerzos desde las comunidades autónomas donde el catalán, el
euskera o el gallego son lenguas oficiales. Pero decimos, y lo hacemos
con la voz bien alta, que el reconocimiento de un Estado plurilingüe es
ir mucho más allá. Se trata de fomentar, no sólo desde Galicia, desde el
País Vasco o desde Cataluña, el uso y la difusión del catalán, el gallego
y el vasco, sino que se trata también... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Saura.
Señorías, guarden silencio.
El señor SAURA LAPORTA: Se trata de que también desde la Administración
central se fomente el conocimiento mutuo de las distintas culturas y
lenguas existentes, desde la premisa de que este factor lingüístico
plural y cultural debe ser un factor de enriquecimiento de todos.
Hasta hoy, globalmente, podemos decir que, desgraciadamente, esto no ha
sido así, y es en este sentido en el que la proposición de ley que hoy
estamos debatiendo debe significar, en caso de que prospere, un paso
concreto importantísimo en el reconocimiento real de un Estado
plurilingüe, un reconocimiento real que se expresará en el «Boletín
Oficial del Estado», una de las grandes realidades de cualquier Estado,
un paso en la dirección de considerar efectivamente que el gallego, el
euskera o el catalán no son un problema, que el gallego, el euskera o el
catalán no es una cuestión de los catalanes, de los vascos o de los
gallegos.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SAURA LAPORTA: Se trata de aceptar, de fomentar, de impulsar, de
vivir en un Estado donde la existencia de cuatro lenguas oficiales sea un
patrimonio de todos y sirva para el enriquecimiento cultural de todos los
españoles y de todas las españolas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, quiero iniciar mi intervención, en nombre del
Grupo Socialista, dando, en primer lugar, la bienvenida a los señores
Diputados representantes del Parlamento de Cataluña que en el día de hoy
han tomado la palabra en esta Cámara para defender la proposición de ley
motivo del presente debate, y que hace referencia a la publicación de las
leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas
oficiales del Estado. Y lo digo así porque aquí no estamos en este
momento debatiendo sobre la política lingüística existente en el conjunto
del Estado español.
Tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo respecto al contenido
de la misma, y lo voy a hacer con el respeto y la consideración que a mi
grupo le merecen los acuerdos adoptados en las cámaras legislativas de
las comunidades autónomas --que son muchos y muy importantes-- aunque,
como en el presente caso, nuestra posición final y en este momento no
tenga la misma... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Morlán.
¡Señor Recoder! Señorías, insisto en que no formen grupos dentro del
hemiciclo aunque estén negociando asuntos de Pleno. Señor López-Medel, le
insisto de manera particular.
Puede continuar, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Aunque nuestra posición final y en este momento
no tenga la misma conclusión y, por tanto, no sea la misma que se adoptó
por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Mi grupo lamenta que se
produzca esta disparidad de planteamientos y ve necesario que el voto
respecto a su toma en consideración no sea afirmativo, pues entiende que
las razones que le han llevado a esta conclusión son de la suficiente
entidad como para que nuestra posición ahora sea contraria a las
pretensiones que se deducen de la proposición de ley.
Desde nuestro punto de vista, señor Presidente, señorías, hay dos tipos
de razones que contribuyen a fijar nuestra posición contraria a admitir a
trámite la presente proposición de ley: unas, de índole interpretativa de
la Constitución --como luego veremos-- respecto de los artículos 3.3 y
9.2 y 9.3, y otras, de carácter más material relacionadas con problemas
técnicos, de coste económico, etcétera.
Entrando en un análisis algo más exhaustivo de las primeras, es decir,
aquellas que tienen que ver con la interpretación que se hace de
preceptos constitucionales, he de comenzar por hacer referencia al
contenido
de la exposición de motivos que justifica la parte dispositiva de la
proposición de ley, en la que se hace mención a los artículos que antes
he citado, y se transmite la impresión de que existen dudas sobre si se
está dando cumplimiento o no a lo que disponen ambos preceptos en estos
momentos. El artículo 3.3 del texto constitucional establece que la
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Si
la interpretación de este artículo es una de las razones que se esgrimen
para solicitar lo que se plantea en el articulado y la misma conduce a
entender que en estos momentos no existe un especial respeto y protección
a las distintas modalidades lingüísticas, o al menos hay duda sobre ello,
y la mejor manera de solucionarlo, o al menos una de las maneras de
solucionarlo es que el «Boletín Oficial del Estado» reproduzca en una
separata editada en cada lengua el conjunto del cuerpo normativo que se
va publicando, el Grupo Socialista no puede estar de acuerdo con dicha
interpretación.
Si leemos el conjunto del citado artículo 3, podemos deducir
perfectamente --y así lo interpreta mi grupo--, siguiendo la pauta
marcada por el Tribunal Constitucional respecto al marco en que debe
desenvolverse la cooficialidad lingüística, que son los órganos centrales
del Estado, que es la Administración central del Estado la que tiene la
competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el derecho a conocer la lengua del
Estado, y corresponde a las comunidades autónomas con lengua propia la
garantía del uso oficial de las dos lenguas y la adopción de los medios
para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan
alcanzar su plena igualdad.
Visto esto, nosotros pensamos que hay que convenir en que compete al
Estado, en orden a preservar el pluralismo lingüístico, la publicación en
el diario oficial de todas las disposiciones de ámbito estatal, así como
las leyes y demás disposiciones de carácter general en el idioma oficial
de todo el Estado; y compete o se debe atribuir o puede darse que las
comunidades autónomas con lengua cooficial, si desean hacerlo, puedan
publicar en dicha lengua las disposiciones generales emanadas por la
Administración central del Estado en castellano como lengua oficial.
Para nosotros ese especial respeto y protección de la riqueza de las
distintas modalidades lingüística como patrimonio cultural de España pasa
por posibilitar que se produzca un efectivo desarrollo de nuestras
diferentes lenguas, garantizando su uso con el castellano como lengua
española oficial del Estado.
El artículo 9, apartados 2 y 3, de la Constitución Española constituye el
contenido de otra de las razones que se plantean en esta proposición de
ley, afirmando que la normalización que se pretende es un mandato
constitucional amparado en dicho artículo que establece los principios de
legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad
jurídica, junto a otra serie de consideraciones que sí que podemos
compartir y que se hallan contenidas en el apartado 3 del citado artículo
9. Se dice --si me equivoco, ruego me disculpen-- que la publicación del
«BOE» en las dos lenguas cooficiales de una comunidad autónoma supone que
los principios antes citados de legalidad, jerarquía normativa,
publicidad de las normas, etcétera, adquieren en ese momento plena
vigencia y que si sólo está publicado en castellano la tienen pero menos.
Señorías, no podemos compartir esta interpretación que consideramos no
adecuada y no conforme a Derecho. En el estado actual del bloque de
constitucionalidad hay que afirmar sin ningún rubor que esos principios
se hallan perfectamente protegidos y que nadie ha planteado duda alguna
sobre este extremo. Ello no obsta para que si alguna comunidad autónoma
entiende que ha de completar el principio de publicidad de las normas
traduzca las mismas a la lengua que es oficial en su territorio.
Si entendemos que la normalización lingüística supone la puesta en marcha
de una serie de medidas por parte de las comunidades autónomas para
garantizar el uso normal y oficial de las dos lenguas en un territorio
autonómico, hay que acabar indicando que la función de normalización
compete a las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos
estatutos de autonomía y con sus propias leyes de normalización
lingüística. Una lectura de los correspondientes artículos de los
Estatutos catalán, vasco, valenciano, gallego, navarro, etcétera, creo
que, sin lugar a dudas, justifica esta aseveración.
Entrando a analizar, aunque sea someramente, las razones de carácter más
material... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Morlán.
Le ruego que sea de verdad muy someramente. Y rogaría al portavoz de su
grupo, señor Caldera, al señor Molins, al señor Rato, al señor Eguiagaray
que, por favor, guarden silencio, porque era prácticamente imposible que
desde aquí pudiera oírse al señor Morlán, y dudo mucho que lo oyeran con
facilidad en las últimas filas del hemiciclo.
Continúe.
El señor MORLAN GRACIA: Entrando a analizar, aunque sea someramente --lo
voy a hacer brevemente, señor Presidente--, las razones de carácter
material, de carácter técnico, tampoco podemos plantear la aceptación de
esta proposición de ley. La importancia de los costes económicos que
traería consigo la elaboración de las correspondientes separatas en las
diferentes lenguas, la determinación de en qué lenguas habría que centrar
la edición del citado documento, pues no es sencillo objetivar este dato
dada la diversidad
lingüística que existe en el conjunto de España y el conjunto de posibles
agravios comparativos que pudieran plantearse si hubiera exclusiones u
olvidos, así como otros aspectos de diversa índole, nos hacen ver de muy
difícil ejecución el desarrollo de esta iniciativa legislativa. De
cualquier manera, entiendo que si alguna comunidad autónoma desea la
edición en su lengua propia de los textos legales que se van publicando
en el «Boletín Oficial del Estado» no tendría por qué recurrir a la
fórmula de esta proposición de ley, porque creo que hay otro tipo de
acuerdos o iniciativas que podrían facilitar esta circunstancia con las
menores dificultades posibles.
Ahora bien, no existiendo mandato constitucional alguno, no siendo la
Administración central del Estado responsable de la garantía exclusiva
del uso normal de las lenguas cooficiales y viendo los problemas técnicos
y jurídicos que se derivarían de la aprobación de esta proposición de ley
y que consideramos son desproporcionados en relación con el objetivo
pretendido, el Grupo Socialista, lamentándolo mucho, no la puede apoyar y
lamenta sinceramente que se haya planteado esta iniciativa en estos
momentos, porque pensamos que el tema de las comunidades autónomas, del
Estado autonómico es un tema sobre el que hay que reflexionar con
muchísima tranquilidad, con muchísimo sosiego, en beneficio de todas las
comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para defender la postura del Grupo
Parlamentario al que represento en relación a la toma en consideración de
la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya respecto
de la publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación
general en todas las lenguas oficiales del Estado.
Me gustaría hacer a priori el análisis de los antecedentes que ha habido
en torno a esta proposición de ley. Esta proposición fue presentada ante
esta Cámara por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
retirada posteriormente para debatirla en el Parlament de Catalunya;
pero, una vez presentada por el Parlament de Catalunya, ha habido dos
modificaciones, a nuestro modo de ver, sustanciales. Se presentaba como
ley orgánica y en la actualidad se presenta como una ley ordinaria y se
suprime un aspecto fundamental en la interpretación, caso de que
prosperara y que el «Boletín Oficial del Estado» la publicara en
distintas lenguas, en virtud de separatas, además del castellano, y es
que se potenciaba que las traducciones estarán siempre subordinadas a la
interpretación literal de la norma, en lengua originaria, que emanaba del
Parlamento español.
Si analizamos, señorías, la exposición de motivos de la presente
proposición de ley, nos encontramos con que, en el modo de defender un
proyecto de ley, una proposición de ley, cualquier asunto que deba ser
debatido ante esta Cámara, se pueden opinar muchas cosas, pero quizá se
debería ser más cauto en el modo de escribirlas. Entendemos que
manifestar en una exposición de motivos que la situación absurda actual,
en la que no existen textos legales oficiales de carácter general en los
idiomas que también son oficiales en las respectivas comunidades
autónomas..., es un tanto despectiva. Decir también en esa exposición de
motivos que se prevé un mandato constitucional que obligue a publicar las
distintas disposiciones legales emanadas de esta Cámara en todas las
lenguas existentes en todo el ámbito nacional nos parece asimismo una
interpretación muy extensiva del propio texto constitucional.
Voy a tratar de leer los textos constitucionales para mostrar que
realmente no existe tal precepto, si atendemos a una interpretación
literal, tanto del artículo 3, puntos 1, 2 y 3, de la Constitución
vigente, como del artículo 9, puntos 2 y 3. El artículo 3 nos dice con
toda claridad que el castellano es la lengua española oficial del Estado
y sólo en los ámbitos, en las comunidades, donde se hable también otra
lengua, y que esté recogido en sus propios estatutos de autonomía, tendrá
esa consideración de lengua oficial.
Decir que hay que proteger la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley, los derechos que son fundamento del orden político y de
la paz social, que las normas relativas a los derechos fundamentales y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán conforme a
la declaración universal de derechos humanos y de los tratados y acuerdos
internacionales, entendemos que ha sido ampliamente cumplido, por cuanto
en la actualidad existe ya una protección, una potenciación y un
reconocimiento a los derechos que emanan de las lenguas que se hablan en
las distintas comunidades en que así lo tienen reconocido en los propios
estatutos de autonomía.
Podemos analizar también los problemas que se podrían sustanciar en el
caso de prosperar la presente proposición de ley, como los relativos a la
eficacia. Hay que estudiar muy bien el ámbito de aplicación de las
normas, la interpretación en cuanto a las traducciones efectuadas, el
coste económico en un año en el que quizás se han presentado los
presupuestos más restrictivos de los últimos 15 años, valorar
suficientemente un equipo de traducción y su ubicación, si en estas
Cortes Generales o en el organismo autónomo
«BOE», que se financia con la venta de los propios boletines oficiales
del Estado.
Yo, señorías, querría dejar muy claro que la postura del grupo
parlamentario al que represento es más bien contraria a votar
afirmativamente hoy la toma en consideración de esta proposición de ley,
pero que, en modo alguno, se trata de una posición cerrada. Querríamos
simplemente que en este aspecto se estudiaran mucho más las distintas
cuestiones que han de ser tenidas en cuenta, las opiniones de los
distintos parlamentos regionales, de los distintos grupos parlamentarios
que integran esta Cámara, con cautela, con prudencia; hacer un estudio
del coste económico que se va a plantear de prosperar esa iniciativa,
hacer un estudio del equipo de traductores que habrá que implantar y el
ámbito donde habrá que ubicarlo, la titulación y el grado de preparación
que deberán tener. Todos esos puntos nos parecen lo suficientemente
importantes como para que actuemos con prudencia y empecemos a preparar
trabajos para impulsar más adelante esa iniciativa, pero de acuerdo con
un estudio pormenorizado, consecuente e importante de la cuestión que nos
ocupa.
Me gustaría también decir, para finalizar, que, si comparamos esto con
otros países del mundo occidental donde coexisten distintas lenguas, no
es exactamente el mismo supuesto jurídico, por cuanto los países que yo
conozco donde existen distintas lenguas reconocidas lo están también en
el texto constitucional; éste es el caso de Canadá, de Finlandia, de
Suiza, de Irlanda y de Bélgica. Y no todos estos países resuelven la
cuestión de forma idéntica; habría que hacer otro análisis de las normas
que deberían ser traducidas y publicadas en forma separada, aunque quizá
no fuera tan importante llegar a todas las disposiciones reglamentarias
porque muchas no tienen ni siquiera el carácter de general, sino que
solamente lo ubicáramos para estas disposiciones que afectan de manera
general.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.
La señora MONTSENY MASIP: Voy terminando, señor Presidente.
Y sí sería más importante tener en cuenta que las leyes que se publicaran
y emanaran de esta Cámara fueran las que se tradujeran cuando se hubieran
efectuado los estudios pertinentes y se viera que toda la Cámara, con un
consenso unitario y mayoritario, creía conveniente aceptar la toma en
consideración que hoy por el momento pensamos que es necesario posponer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña para la publicación de las leyes y demás
disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el
Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 45; en contra, 248; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley referida.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, DE MODIFICACION DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS
HISTORICOS (Número de expediente 122/000015)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día. Toma en consideración de
proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos.
Por el Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Centella.
(Rumores.)
Señorías, les recuerdo que el orden del día se ha ampliado con un nuevo
punto y, en consecuencia, es menester tramitar con la máxima rapidez los
restantes puntos, para que podamos terminar a una hora adecuada. Por lo
tanto, esta pérdida de tiempo entre iniciativa e iniciativa es muy
perjudicial para el funcionamiento de la Cámara. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna
en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
para pedir la toma en consideración de la modificación de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Centella.
Señor Homs, señor Suárez Pertierra, señor López-Amor, señor Ollero.
Señorías, les llamo al orden.
Señor Homs.
Puede continuar, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Decía que pido la toma en consideración de la
proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Rústicos
Históricos, haciéndolo desde la voluntad de alcanzar el más amplio
consenso parlamentario. Y para eso debemos situarnos en el trámite
parlamentario en que nos encontramos,
que no es otro que la toma en consideración de la proposición de ley.
No voy a defender ahora el texto literal de una propuesta que puede ser
modificada, que debe ser modificada desde el acuerdo y el consenso, sino
que voy a tratar de convencer al resto de grupos parlamentarios de la
idoneidad de tomar como base iniciativas como la que hoy discutimos para
poner en marcha el reloj parlamentario y asegurar el compromiso de tener
un texto definitivo que resuelva situaciones injustas que no pueden
seguir esperando. Por eso, la pregunta primera y fundamental que debemos
hacernos es si todos estamos de acuerdo en modificar la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos, si consideramos que la actual
redacción es incompleta y si está provocando situaciones injustas. Porque
ése es precisamente el objetivo de la labor legislativa: el
perfeccionamiento de las leyes en función de la experiencia que produce
su desarrollo. Este perfeccionamiento dialéctico de la legislación es el
que puede permitir que las leyes sean cada vez más un instrumento para la
resolución de problemas y no un elemento que genere injusticia o un arma
al servicio de intereses que no coinciden ni mucho menos con los de la
mayoría. Posiblemente en este caso no estemos hablando de un problema que
afecte a millones de personas, sino de una situación que afecta a zonas
concretas del Estado, pero es en esta perspectiva donde todavía cobra más
importancia nuestra responsabilidad. Nuestra obligación es comprobar que,
si bien la ley es justa para la generalidad, en esa globalidad no se
castigue a particularidades concretas y, como decía, entendemos que de la
aplicación de la ley se van descubriendo las lagunas que pueden
perjudicar a colectivos que deben tener el mismo derecho que el resto de
los ciudadanos del Estado. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
En ese perfeccionamiento dialéctico de las leyes es donde podemos
corregir defectos que, como en este caso, están situando en condiciones
dramáticas, y créanme que no exagero, a un número de familias que pueden
y deben ver cómo su situación es contemplada por la ley de igual manera
que se han visto contemplados otros casos que tienen los mismos derechos.
Todos estos argumentos antes esgrimidos cobran mayor sentido, si cabe,
cuando hablamos de la distribución de la propiedad de la tierra y de su
transmisión hereditaria, situaciones que tienen un desarrollo diferente
en nuestro Estado según hablemos de una u otra zona. Sin entrar en el
fondo del problema de la distribución de la tierra en nuestro país
--evidentemente, ése sería otro debate, que, por cierto, nunca se ha
celebrado en España--, sí es importante decir que debe ser obligación de
las administraciones públicas la defensa de un sector económico que lucha
contra la especulación urbanística. Porque, no nos engañemos, en la
mayoría de las zonas del Estado existe un interés especulativo detrás de
este problema; nos encontramos con terrenos que no alcanzan precios
desorbitados en función de su valor agrícola, sino en función de posibles
intereses urbanísticos.
Señorías, las modificaciones que se proponen al texto de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos tienen como objetivo fundamental
suministrar criterios interpretativos seguros para la resolución de los
conflictos que más comúnmente se plantean en la práctica judicial,
conflictos en orden a la interpretación de si una determinada relación
arrendataria goza o no de la consideración de arrendamiento rústico
histórico. Por tanto, se trata de una propuesta que pretende poner
término a las vacilaciones jurisprudenciales sobre la materia y, al mismo
tiempo, facilitar en algunos casos la acreditación de extremos como la
antigüedad del contrato originario o la continuidad en la relación
arrendataria sin interrupciones. En este sentido, la ley pretende
facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a quienes venían
trabajándola desde tiempo inmemorial, dado que dicha ley prorrogaba la
Ley de 12 de febrero de 1987 y que la aplicación de la misma ha dado
lugar a que se produzcan diferentes interpretaciones en audiencias
provinciales. Todo esto ha conducido a la frustración de la finalidad que
la propia ley tenía, si tenemos en cuenta que prácticamente todas las
demandas pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor de la
ley habían sido interpuestas con anterioridad, ya que la ley de 12 de
febrero de 1987 fijaba esta prórroga como última y definitiva.
Todo esto ha provocado, como decía, una grave inseguridad jurídica y,
dado que no es seguro que pudiese proceder recurso de casación, se hace
necesaria la modificación de la ley. También se da la circunstancia de
que en numerosos casos se ha procedido, en décadas pasadas, a crear
documentos que fueron elaborados con ocasión de reconocer situaciones de
hecho surgidas casi siempre de la normativa sobre subrogación o cesión,
con escaso rigor desde el punto de vista de la legislación, pero
elaborados por la costumbre y siendo pública y pacíficamente aceptados
por la sociedad rural en la que estaban insertos.
Tales documentos hacían tabla rasa o ignoraban su propio origen,
silenciando cualquier referencia al inicio real de la relación
arrendataria que, en la mayoría de los casos, era planteada ex novo.
También concurre la circunstancia de que, dada la antigüedad de la
relación arrendataria, los terrenos objeto de la misma vienen siendo
cultivados por personas subrogadas de hecho en el arrendamiento desde el
momento del fallecimiento, de la incapacidad o de la jubilación del
titular originario. En este caso, el pago se hacía por un ascendente y se
venían abonando los tributos y las rentas.
En consecuencia --repito--, ha quedado frustrado el espíritu de la
reforma y de las leyes y se hace más necesaria que nunca la modificación
de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos para que cumpla
con su objetivo, sin que se sigan generando perjuicios en quienes
pretendían resolver situaciones problemáticas.
Como decía al principio, no se nos escapa que nuestra propuesta puede y
debe requerir modificaciones, modificaciones que, evidentemente,
admitiremos en el sentido de mejorar la proposición de ley. Por eso decía
que en este trámite no se pide el voto para el texto literal de la
proposición de ley. Se pide el voto favorable para la toma en
consideración de su tramitación parlamentaria. Por tanto, lo que debe
quedar claro en el día de hoy es si existe la voluntad de afrontar la
resolución de situaciones a las que antes me refería; es decir, sobre lo
que debemos pronunciarnos es si consideramos, según la cita ya famosa,
que existe un problema y que estamos dispuestos a resolverlo. Porque si
algún grupo considera que no existe problema, o si, reconociendo su
existencia, no entiende que éste deba resolverse mediante la modificación
de la legislación, difícilmente podremos llegar a ningún entendimiento.
Pero si, como estoy seguro, la mayoría de los grupos de esta Cámara están
convencidos de la necesidad de resolver una serie de situaciones
caracterizadas, como decía, por su antigüedad en la propiedad y que se
han venido sucesivamente debilitando por la carga del arrendamiento, si
existe esa realidad, no debe ser ninguna complicación que hoy alcancemos
el consenso y admitamos el inicio de la tramitación de esta ley, que
todos juntos podremos modificar y todos juntos podremos mejorar.
En este sentido, estoy convencido de que hoy puede ser un día importante
para un colectivo que lleva demasiado tiempo luchando por defender unos
derechos, derechos que, a pesar de ser evidentes, están resultando muy
difíciles de ejercitar. Esta es, como he dicho anteriormente, una de las
más dignas funciones del Poder Legislativo: el perfeccionamiento
dialéctico de las leyes para que cumplan con el objetivo social y de
derecho para el que fueron creadas.
No quiero terminar sin repetir una vez más que la voluntad de nuestro
grupo es alcanzar el consenso, de manera que cuando aprobemos
definitivamente esta modificación legislativa no tenga otra paternidad
política que la voluntad unitariamente demostrada del máximo de grupos de
esta Cámara para hacer justicia, aunque sea ya con cierto retraso, y
devolver a la ley su espíritu original.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Turno en contra (Pausa.)
Grupos que desean fijar su posición (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Voy a manifestar brevemente la posición del Bloque Nacionalista Galego,
favorable a la toma en consideración de la proposición de ley presentada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
referente a la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos
Históricos, porque también desde nuestro punto de vista es necesario
modificar la ley actual, en el sentido de que se respeten con más
claridad los derechos de los arrendatarios históricos, para facilitar el
acceso a la propiedad de la tierra, en el caso de que lo deseen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, obviamente, no creo que exista grupo alguno de esta Cámara que
sea contrario al acceso a la propiedad por parte de los arrendatarios. Lo
que pasa es que también conviene recordar el origen de la legislación de
arrendamientos rústicos históricos, y debemos encuadrarlo en la Ley de
Arrendamientos Rústicos, de 31 de diciembre de 1980, en la que se
establecían diversas fórmulas de acceso a la propiedad: tanteo, retracto,
derecho de adquisición preferente y, finalmente, el acceso forzoso. Y de
lo que estamos hablando hoy es precisamente del derecho de acceso
forzoso. Por tanto, creo que es conveniente perfilarlo de modo
suficiente.
En segundo lugar, deberemos también señalar que la proposición de ley de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no sólo contiene algunas
disposiciones que podrían entenderse interpretativas, de cara a resolver
conflictos de interpretación de las leyes en supuestos que difícilmente
accederán al recurso de casación --y ahí si querría recordar al
representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que ha
defendido la proposición de ley--, que obviamente no es función
preferente del Parlamento resolver todos los conflictos interpretativos,
porque simplemente con el Código Penal y alguna disposición más no
daríamos abasto en toda la legislatura sino que, además, contiene un
nuevo supuesto de arrendamiento rústico histórico a los efectos del
acceso forzoso a la propiedad, un acceso facultativo por parte del
arrendatario y obligatorio desde el punto de vista del propietario
arrendador.
Desde este punto de vista, no podemos dejar de sorprendernos de que S. S.
utilice la expresión inmemorial para hacer referencia a arrendamientos
anteriores a 1960, porque obviamente no estamos hablando de los otros
supuestos de arrendamientos anteriores a julio de 1889; no estamos
hablando de supuestos de arrendamientos anteriores a abril de 1935; no
estamos hablando
de arrendamientos anteriores a agosto de 1942. Creo que de arrendamientos
anteriores a 1960 --si ponemos como fecha base los años 1959 o 1960--
podemos tener memoria casi todos los miembros de esta Cámara, por lo que
difícilmente cabrá calificar de inmemorial estos arrendamientos.
De ahí que la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) sea contraria a la toma en consideración de esta proposición de
ley, sin ignorar que pueda existir algún problema, sin ignorar que quizá
tengamos que proceder a una revisión de la Ley de Arrendamientos
Rústicos, pero entendiendo que las razones aducidas en estos momentos por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
tienen en la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos
su mejor solución. Como muy bien sabe S. S., si hay posibilidad de
especulación urbanística --y en este caso imagino que los beneficiarios
serían los que sean propietarios ahora, o lo fuesen, si tomásemos en
consideración esta proposición y deviniesen propietarios en virtud de la
aplicación de esta ley--, instrumentos legales, jurídicos y hasta
judiciales hay para evitarlos.
Sin embargo, en este momento, si acogemos el marco de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos, insertamos estos elementos en la Ley
de Arrendamientos Rústicos de 1980, tengo que manifestar a S. S. que el
cuarto supuesto que pretende introducirse no tiene identidad alguna de
razón con los restantes supuestos que se encuentran consignados en la
ley. Por lo demás, como decía anteriormente, si se trata de justificar el
arrendamiento, de justificar la propiedad, testigos hay, gracias a Dios,
y mucho ha aumentado la expectativa de vida en este país, para que se
pueda justificar o acreditar quién era o no el arrendatario en 1945 o en
1949.
Por tanto, nuestro grupo manifiesta su intención de votar en contra --y
antecedentes históricos los hay en Cataluña con la Llei de Contractes de
Conreu, e incluso en su propia tierra, con algún ilustre democristiano,
como fue Giménez Hernández--, pero manifestando que también estamos por
la defensa de este acceso a la propiedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista en torno a la toma en consideración de la proposición de ley
de modificación de los arrendamientos rústicos históricos de 1992, en
cuanto al contenido del texto presentado por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, hay que decir que existe un conflicto abierto en Málaga
entre la empresa Larios y los colonos arrendatarios de sus fincas en el
término municipal de Nerja y otros colindantes de la costa malagueña.
Ayer mismo el problema que se generó fue de orden público con
intervención incluso de las fuerzas de seguridad.
El problema jurídico se centra en determinar si la relación arrendaticia
colonos-Larios, en este caso concreto, puede tener la consideración de
arrendamiento rústico histórico, de acuerdo con la citada Ley de 1992, de
10 de febrero. De ello, qué duda cabe, se ha hecho mención y todos lo
conocemos, se derivan muchas ventajas: la prórroga automática hasta el 31
de diciembre de 1997, la opción de compra para el arrendatario,
obligatoria para la propiedad y por un precio inferior al de mercado y,
en su caso, una indemnización para el supuesto de que terminara el
arrendamiento y no se quisiera optar a la propiedad. A esos beneficios ha
aludido el representante de Convergència i Unió.
En la actualidad, ser o no arrendatario rústico histórico queda
delimitado en esa ley y existen tres grupos claramente --uno de los
cuales lo constituyen los anteriores a agosto de 1942--, y además de la
antigüedad aparecen los temas relacionados con la acreditación, con el
tracto sucesivo, es decir, con la continuidad en la relación
arrendaticia, y, además, con la condición --a lo que no ha aludido el
representante de Convergencia i Unió--, de cultivador personal. En cuanto
a la antigüedad, hay problemas de acreditación; a veces no tienen los
documentos, bien porque no existían y eran relaciones verbales o porque
se han extraviado. Una vez que se acredita esa existencia del contrato,
hay que acreditar la continuidad, el tracto sucesivo. Ya en el debate
previo a la Ley vigente de 1992, se habló de la alternativa de la
inversión de la carga de la prueba y también de la alternativa de
delimitar zonas o censos específicos con algunos requisitos, para
considerar que había algunas zonas que tenían que tener una consideración
especial.
En cuanto a la continuidad de la relación arrendaticia, es decir, que hay
que probar que los contratos traen causa de los iniciales, hay que
reconstruir una cadena de subrogaciones y transmisiones por vía
hereditaria en la que no haya ni cortes ni interrupciones, tarea que no
es fácil, y luego aparece el problema de las cesiones voluntarias. La
interrupción en la sucesión de la cadena arrendaticia hace perder esa
condición de arrendamiento rústico histórico, pero las excepciones están
previstas en la propia Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, cuando hay
casos de enfermedad, en que se establecen unos requisitos y un plazo, o
cuando se trata de cónyuges o descendientes, además de que puede haber
una aceptación tácita. A mayor abundamiento, entra en lid otro tema, que
es el cultivador personal, que está relacionado
también con esas ocasiones extraordinarias previstas en la ley por las
que durante un lapso de tiempo y por enfermedad o circunstancias
extraordinarias puede encargarse ese cultivo a otra persona y no se
pierde la condición de cultivador personal.
Tengo que decir aquí, señorías, que en la zona donde están ubicados estos
terrenos de Larios hay una tradición, hay algo que implica una cierta
consideración relativa a un cierto foro que estaría ligado a una
costumbre del lugar, en la que los colonos se consideraban más que
arrendatarios y casi podríamos hablar de una semipropiedad en cuanto a la
concepción de las personas del lugar. No quiero decir que la legislación
vaya en ese sentido, pero sí que hay una tradición en la que pudieran,
incluso, haberse producido cesiones en actuación de esa convicción.
En cuanto al tema del cultivador personal, que entra de lleno en la
materia que nos ocupa, hay diferencias jurisprudenciales. Bien es cierto
que no corresponde a esta Cámara resolver las distintas interpretaciones
que los tribunales puedan dar a las normas jurídicas, pero sí es
competencia nuestra ayudar con una norma clara, cuanto más clara mejor, a
que esa interpretación de los tribunales se mueva en un marco de
seguridad para las personas destinatarias de esas resoluciones.
En cuanto al tema del cultivador personal tenemos el caso de que muchos
de ellos son jubilados o pensionistas de la Seguridad Social. Hoy ya hay
doctrina consolidada, pero no era así hace unos años. Otro supuesto es el
de compatibilizar el cultivo de la tierra con otro trabajo remunerado.
Aquí hay sentencias contradictorias. Hay casos muy claros que podrían
estar en el supuesto y, sin embargo, no han podido hacerlo valer. Después
está el caso del arrendatario que recibe ayuda para el cultivo de la
finca. Tampoco aquí hay unanimidad en las resoluciones, siendo un
supuesto, como he comentado antes, previsto en la Ley de arrendamientos
rústicos bajo determinadas circunstancias o condiciones.
Nos consta que el Ayuntamiento de Nerja está trabajando en este tema. Es
el más afectado, junto con Torrox y otras zonas de la costa malagueña. Es
cierto que ellos buscan el objetivo de que ayudemos a la interpretación
más segura para la resolución de los conflictos. También pretenden --es
legítimo-- que haya una mayor generosidad en cuanto a la normativa
aplicable a estos casos, porque hay ocasiones en que no se dispone de
pruebas documentales que puedan ayudar a las presunciones legales.
También pretenden --y hay que comprenderlo-- que no haya una
interpretación restrictiva por parte de los tribunales en cuanto al
cultivador personal y, efectivamente, salvo en el caso de la Seguridad
Social, la compatibilidad con la pensión, en los otros dos supuestos que
he comentado la interpretación jurisprudencial, además sin doctrina
consolidada, viene siendo una interpretación restrictiva.
Con estos precedentes, señor Presidente, señorías, no vamos a votar
favorablemente la toma en consideración de la proposición presentada
unilateralmente por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El Grupo
Parlamentario Socialista se va a abstener en este trámite porque entiende
que dicha proposición comprende una serie de modificaciones legales que
no asumimos en su totalidad. Por tanto, entendemos que no debemos entrar
en esa toma en consideración, sin perjuicio de que, como ha dicho el
representante de Izquierda Unida, pudiera, en el trámite de proyecto
correspondiente en Comisión, exponer cada grupo su postura y defenderla,
pero entendemos que sería más positivo, si ello fuera posible, que todos
los grupos parlamentarios llegáramos a un punto en común que nos
permitiera, de una forma más ponderada --si fuera necesario con los
informes jurídicos pertinentes-- adoptar una postura más consensuada. Eso
lo hemos intentando y lo conocen los grupos parlamentarios. Hemos tenido
ocasión también, con el Presidente de la Comisión de Agricultura, de
atender a los representantes de los colonos de esta zona y de oír las
distintas posiciones.
Desde luego, la Ley de 1992, que el Partido Socialista en su momento
impulsó y para la que consiguió el apoyo de esta Cámara, fue una ley que
dio solución a la mayoría de los problemas, a muchos temas que eran de
enorme preocupación y que iban más allá de aquellos innegables, de tiempo
inmemorial, casi, digamos, obvios, pero hay otros casos que, aunque no
sean tan evidentes, también requieren un tratamiento específico y
singularizado que merecen especial atención del legislador.
Quiero terminar esta intervención, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, deseando lograr la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo
en este tema, de poder obtener una postura consensuada de todos los
grupos, anunciando a la Cámara la abstención del Grupo Parlamentario
Socialista en cuanto a la proposición de ley que formula el Grupo de
Izquierda Unida, dejando muy claro que no cerramos la puerta y que somos
partidarios de llegar a una solución que resuelva esos casos que merecen
también un tratamiento específico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular sobre esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Hay que tener en cuenta a este respecto, señorías, que el artículo 1.º
crea un nuevo apartado d), en el que se pretende extender la
consideración de históricos a
los arrendamientos rústicos concertados con anterioridad a 1960 y,
además, que sea el propietario quien deba demostrar que el arrendamiento
no tiene la condición de histórico.
Sobre a quién debe corresponder probar la existencia o no de un contrato
de arrendamiento histórico el Código Civil establece en el artículo 1.214
que la prueba en las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento
y la de su extinción al que se opone, debiendo ser, por tanto, el
arrendatario quien debe acreditar la existencia del contrato entre las
partes, invirtiéndose a través del contenido de la proposición de ley la
carga de la prueba, tal como está regulada en nuestro ordenamiento
jurídico.
En el artículo 1.º2 se da una nueva redacción y se declara, en primer
lugar, que la condición de arrendamiento rústico histórico podrá
acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Se
entiende que se refiere a medios de prueba, y esta declaración reitera el
contenido del actual apartado 2 del artículo 1.º de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos, no añadiéndose, por tanto, nada nuevo
en este punto a lo ya regulado. El párrafo siguiente establece una
presunción legal a favor del arrendatario cuando en determinadas zonas
conste que las tierras han venido siendo explotadas a lo largo de varias
generaciones en régimen de arrendamiento.
La primera conclusión que cabe deducir de lo que aquí se pretende
establecer es la inseguridad jurídica que podría crearse de aprobarse su
contenido, dada la indeterminación de la que adolece y además la
conculcación que se realiza, como he dicho antes, del artículo 1.214 del
Código Civil, que establece el principio de la carga de la prueba.
El último párrafo de este artículo se refiere a que los ayuntamientos
podrán declarar la existencia de zonas de arrendamientos rústicos
históricos o bien podrán hacerlo las consejerías de Agricultura de las
comunidades autónomas si el territorio de estas zonas es superior al
término municipal de un ayuntamiento. Los ayuntamientos no son
competentes para determinar lo que en la proposición de ley se pretende,
ni tampoco las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas
pueden establecer las limitaciones en el derecho de propiedad privada a
que nos conduce el ejercicio del derecho de acceso a la propiedad en los
arrendamientos rústicos, que únicamente podrán establecerse por ley.
El artículo 3.º crea un nuevo párrafo 3 en el mismo artículo 1.º de la
Ley 1/1992 con la pretensión de declarar la compatibilidad entre la
figura del arrendatario efectivo y una serie de circunstancias que regula
en tres párrafos. Suponiendo que la proposición de ley se refiera al
arrendatario, hay que trasladarse a lo que la Ley 83/1980 regula en su
artículo 15, en la redacción que del mismo se hizo el año pasado en la
Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y en el artículo 16
respecto a lo que la ley entiende por profesional de la agricultura y
cultivador personal.
El artículo 4.º crea un párrafo 4 para establecer que la condición de
arrendamiento rústico histórico no se perderá en el caso de concurrir
alguna de las circunstancias que desarrolla. Respecto a lo que establece
la letra a) es copia de lo regulado en el apartado 2 del artículo 1.º de
la ley vigente. En la letra b) se recogen los supuestos de sucesión en
los contratos de arrendamientos por fallecimiento del arrendatario, ya
previstos en la Ley 83/1980, que la proposición de ley parece ignorar.
Por último, la letra c) recoge los supuestos de cesiones y se supone que
de los derechos del arrendatario, que ya están resueltos en los artículos
7.º y siguientes de la Ley de 1980, declarándose la nulidad, con carácter
general, de los actos que la realicen.
Por otro lado, el artículo 5.º da nueva redacción al apartado 1 del
artículo 2.º y es reiteración, prácticamente, en su totalidad del
apartado que pretende sustituir.
El artículo 6.º crea dos nuevas disposiciones adicionales. En la tercera
se trata de reducir en un 25 por ciento la base imponible de los
impuestos que afecten a los contratos de compraventa que se realicen como
consecuencia del acceso a la propiedad. Por otro lado, hay que decir que
la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, aprobada el año
pasado, ya contempla importantes reducciones fiscales en las
transmisiones de fincas rústicas en favor de los titulares de
explotaciones prioritarias.
La disposición adicional cuarta establece la aplicación de la ley a todas
aquellas situaciones jurídicas que no se hayan consumado o agotado
judicialmente. Es difícil entender el alcance de la disposición cuando se
refiere a situaciones jurídicas cuyos efectos no se han consumado.
Respecto a los supuestos en que hubiera recaído sentencia firme, tampoco
es fácil de comprender a qué casos se refiere, toda vez que la
proposición de ley, en su artículo 5, establece que los arrendamientos
rústicos que pretende proteger deben estar vigentes a la entrada en vigor
de la presente ley.
Señorías, en cuanto a la finalidad que dice perseguir la proposición de
ley de evitar situaciones de inseguridad jurídica derivadas de la
jurisprudencia poca esclarecedora de las audiencias provinciales, debemos
poner de relieve que el Tribunal Supremo ha establecido una sólida
doctrina, que ha venido a unificar la disparidad de criterios y las
alegadas oscuridades respecto a la aplicación intertemporal de la
normativa referente a arrendamientos rústicos históricos. Y no es
suficiente alegar que existen diferentes criterios en las audiencias
provinciales, sino que resulta necesaria su demostración, pues de la
lectura de las leyes 83/1980, de 31 de diciembre, 1/1989, de 12 de
febrero, y 1/1992, de 10 de febrero, no se puede deducir, sin más, que
puedan dar origen a diferentes interpretaciones, y el Tribunal Supremo ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre algunos
de los aspectos controvertidos del juego interpretativo del bloque
normativo. Curiosamente, la mayoría de las novedades que pretende
introducir la proposición de ley han tenido su origen teórico en la
doctrina del Tribunal Supremo. A modo de ejemplo, diré que la tesis de la
compatibilidad entre las condiciones de arrendatario cultivador y la de
jubilado o pensionista que se propone en el texto de la proposición de
ley ha triunfado abrumadoramente, y esta misma situación jurisprudencial
se reproduce en otras cuestiones que ahora se presentan como innovaciones
de carácter interpretativo.
Por lo que se refiere al segundo argumento que motiva la proposición de
ley, que es el de la seguridad jurídica, tampoco parece aconsejable tomar
en consideración el modo en que se trata de defender desde el texto
articulado que lo desarrolla. No se discute la necesidad de que el
legislador, en ocasiones excepcionales, bien sea por un interés social
prevalente, bien sea por una situación anómala de carácter transitorio,
establezca una legislación excepcional, con fundamentos tuitivos, que
venga a alterar la configuración clásica de los derechos privados. Cuando
la proposición habla de seguridad jurídica, lo que busca es facilitar a
toda costa, con el menor esfuerzo probatorio, el logro del acceso a la
propiedad por el arrendatario, ampliando incluso los beneficios de esta
norma excepcional a supuestos y situaciones que la anterior normativa no
preveía y que se ha de suponer que no quería. En este sentido, la
proposición de ley no sólo se aleja de la defensa de la seguridad
jurídica, sino que fomenta precisamente lo contrario. Este factor de
inseguridad se ve acrecentado ante las potestades que otorga a
ayuntamientos y comunidades autónomas, en orden a crear presunciones
válidas e indiscutibles en un procedimiento civil. Ni se regula el modo
en que los expedientes han de tramitarse ni se asegura el carácter
contradictorio de los mismos o un mismo trámite de audiencia de los
propios afectados.
La ejecutividad administrativa se refiere exclusivamente a actos
administrativos que tengan carácter de resoluciones y no a meras
declaraciones de conocimiento. En este sentido, tanto el Tribunal
Constitucional como el Tribunal Supremo, en multitud de sentencias,
establecen la ejecutividad como la potestad de autotutela y
autoejecución, genéricamente, de cualquier administración pública, con
arreglo al artículo 103 de la Constitución. El resto de la proposición
debemos valorarlo de forma negativa, desde el momento en que abre las
vías a una casuística de prueba y de situaciones excepcionales que
propician el desdibujamiento en los concretos límites de una norma
excepcional como la que se trata.
Señorías, no quiero terminar sin antes decir lo siguiente. El
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, señor Centella, ha pedido al principio de su intervención que
se diga si se quiere o no modificar la ley y si hay voluntad de afrontar
las soluciones de unos problemas. Pues sí, señor Centella, hay voluntad
de modificar la ley, pero de una forma rigurosa y con datos, que faltan,
de tal manera que esa voluntad sirva para afrontar las soluciones de los
problemas que existen de manera real. Nosotros tenemos que decir que
lamentarnos oponernos, a pesar de estar en la mejor predisposición para
obtener un consenso, como en principio se había planteado, y estamos
estudiando las modificaciones necesarias, de acuerdo con las situaciones
reales existentes, no solamente aquellas a las que ya se ha hecho
referencia aquí, sino otras a nivel del Estado español. Consideramos que
los arrendamientos rústicos históricos constituyen una forma usual de
explotación de la tierra en determinadas zonas y regiones y que no pueden
liquidarse sin más mediante la lógica de la extinción del contrato por
expiración del plazo de la opción, es decir, mediante lanzamiento de los
arrendatarios --no estamos de acuerdo con eso--, que desde hace más de
medio siglo ostentan como único medio de vida la titularidad de su
derecho arrendaticio. Para ello consideramos que es necesario suministrar
criterios interpretativos seguros para la resolución de los conflictos
que más comúnmente se vienen planteando en la práctica judicial, en orden
a la determinación de si una relación arrendaticia goza o no de la
consideración de arrendamiento rústico histórico. También hay que
mantener la definición...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bueso, vaya
concluyendo.
El señor BUESO ZAERA: Termino en seguida, señor Presidente. Hay que
mantener la definición legal de arrendamiento rústico histórico contenida
en el artículo 1.1 de la ley vigente, sin añadir ningún nuevo supuesto de
arrendamientos rústicos históricos, para evitar la configuración de un
nuevo gravamen de la propiedad, que probablemente carecería de la
justificación constitucional de la que gozan los supuestos ya
contemplados legalmente en el texto actual. Hay que acudir a la técnica
de las presunciones legales contempladas en los artículos 1250 y 1251 del
Código Civil y lograr así una mejor ponderación de la posición
probatoria. Por otro lado, hay que poner el acento en el hecho de la
continuidad del arrendamiento como tal, minimizando la importancia de
frecuentes vicisitudes personales o jurídicas referidas a la resolución
arrendaticia.
También tengo que decir que es preciso ponderar cuidadosamente la
posición probatoria de las partes implicadas, y a este respecto quiero
recordar la importante sentencia del Tribunal Supremo --y termino con
esto, señor Presidente-- de 9 de marzo de 1992, que resuelve un supuesto
en el que se discutió la calificación
de la relación jurídica en virtud de la cual el demandante, que
ejercitaba su derecho de acceso a la propiedad, venía cultivando
personalmente la finca litigiosa, y el actor no aportó prueba alguna del
contrato inicial, es decir, del carácter arrendatario del contrato
inicial, y no aportó tampoco documento acreditativo del mismo, ni
siquiera la justificación fehaciente del pago de las rentas, y aun así el
Tribunal Supremo admitió la procedencia del derecho de acceso a la
propiedad al decir lo siguiente: En este tipo de arrendamientos antiguos,
sujetos más bien a la tradición de cada región, el hecho cierto y probado
de la cesión temporal de uso de los aprovechamientos de una finca en
favor de un tercero tiene que conducir racional y presuntivamente a la
existencia de un arrendamiento, mereciendo la posible calificación
contractual diferente el concepto de excepcional y por tanto sujeta a la
demostración de parte de quien alega.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bueso, le
ruego concluya.
El señor BUESO ZAERA: Por todo ello, señorías, y teniendo en cuenta todas
estas consideraciones que he hecho en esta última parte de mi
intervención, nuestro grupo va a votar en contra de la toma en
consideración de esta proposición no de ley, pero en el bien entendido de
que dejamos perfectamente claro que este tema no lo cerramos en absoluto
y que volveremos sobre el mismo cuando se tengan los estudios
correspondientes, con la rigurosidad que requiere una reforma de estas
características, precisamente para resolver los problemas puntuales y
reales que existen a lo largo de la geografía española.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bueso.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley de
Arrendamientos Rústicos Históricos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 293; a
favor, 26; en contra, 159; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA, IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (PNV) Y COALICION CANARIA, SOBRE
INICIATIVAS PARA LA CONSECUCION DE LA PAZ Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL CONFLICTO BELICO QUE SE MANTIENE EN LA REGION DE KIVU, EN
ZAIRE (Número de expediente 162/000066)
El señor PRESIDENTE: Saben SS. SS. que se ha incluido un nuevo punto del
orden del día que corresponde debatir ahora, que es la proposición no de
ley sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de
los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región
de Kivu, en Zaire, formulada por los grupos parlamentarios Popular,
Socialista, Izquierda Unida, Catalán, Vasco y de Coalición Canaria.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles
Fraga.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo brevemente para defender una proposición
no de ley que cuenta con el respaldo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles.
Vuelvo a rogar silencio, especialmente a los Diputados que tienen por
costumbre despachar en los pasillos del hemiciclo. Señor Isasi.
Puede continuar señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Como decía, señor Presidente, defiendo la posición
de mi grupo en esta proposición no de ley relativa a la consecución de la
paz y la protección de los derechos humanos en la región de Kivu, en el
Zaire.
Permítanme, antes de explicar el sentido de la misma, recoger mi pésame,
y el de mi grupo, por la atroz muerte de Servando Mayor, Julio Rodríguez,
Miguel Angel Isla y Fernando de la Fuente, asesinados en el más noble de
sus deberes, en la más hermosa y valerosa tarea de prestar ayuda
humanitaria a nuestros compatriotas de la raza humana en esa tremenda
zona de los Grandes Lagos.
La muerte de los padres maristas españoles demuestra trágicamente --pues
no es la primera vez que algún misionero español sufre en su propia carne
las consecuencias del odio étnico-- que incluso en las zonas más alejadas
del mundo existen compatriotas nuestros, españoles de bien, que luchan
por iluminar, con la luz de su verdad, el destino triste de sus hermanos
y hermanas de Africa.
Es cierto que esas voces no han sido silenciadas y que es hoy la voz de
esta Cámara, que recoge el clamor
unánime del pueblo español, la que nos da fuerza y coherencia en una
acción de Gobierno, en una acción de Estado, que esperamos contribuya de
forma decidida a solucionar, a traer la paz y a socorrer de forma urgente
a aquellos millones de personas que sufren las consecuencias de un
conflicto bélico, de un enfrentamiento armado, en el que, sin duda, la
población civil es la más inocente de las víctimas.
El Gobierno español ha sido uno de los primeros que ha decidido instar al
resto de la comunidad internacional a una acción urgente e inmediata, ha
sido también uno de los primeros que ha comprometido fuerzas militares,
que ha movilizado y preparado para el envío urgente a la zona de fuerzas
militares, de soldados españoles, para garantizar la ayuda humanitaria
internacional, para defender a la población civil, y para iniciar el
proceso que lleve a una solución política definitiva.
Hoy mismo el Presidente del Gobierno instaba a los demás países de la
comunidad internacional a movilizar y comprometer fuerzas de forma rápida
y urgente. La urgencia es la palabra que define la situación, pero esta
urgencia, este dolor y este clamor que hoy expresa mi grupo en esta
Cámara, representante de la soberanía nacional, junto a los demás grupos
proponentes, debe tener consecuencias prácticas, eficaces, que sin duda
requieren esfuerzos complejos de organización y movilización. Estamos
hablando, señorías, del envío de tropas españolas a una zona en guerra y,
por tanto, de la puesta en peligro de vidas españolas en la más noble de
las tareas humanitarias, en la más noble de las tareas internacionales,
como es la defensa de la paz.
Es cierto que el primer objetivo, como es constituir una fuerza
internacional con España, Francia, otros países europeos, Estados Unidos
y otros países africanos, debe servir para garantizar el desarrollo y la
seguridad de esa acción humanitaria; y que esa fuerza, con ese objetivo
militar limitado, debe constituir una zona de seguridad y unos pasillos
humanitarios que permitan lo que ahora es urgente y necesario, que es
hacer llegar la ayuda internacional a los desplazados, a los refugiados
en la zona de los Grandes Lagos. Para eso necesitamos y exigimos un
mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y necesitamos y
exigimos, también, la aceptación de la organización de la Unidad
Africana.
Poner en marcha una fuerza de esta naturaleza no es una tarea fácil.
Necesita mecanismos diplomáticos específicos de una gran capacidad
logística y también del compromiso de naciones que hasta ahora no han
mostrado clara y decididamente su voluntad de participar en esta causa.
Desde aquí lo reclamamos y consideramos que sin esa participación, sin la
presencia de tropas de países tan importantes como los Estados Unidos,
difícilmente podríamos socorrer con urgencia y hacer llegar ya la ayuda
que reclama nuestra opinión pública y que necesitan más de un millón y
medio de personas en la zona de los Grandes Lagos.
Pero enviar tropas españolas a una zona en guerra requiere objetivos
políticos claros y definidos...
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, le ruego vaya concluyendo.
El señor ROBLES FRAGA: Sí, señor Presidente.
Requiere un mandato claro, una buena estructura de mandos y una buena
participación y presencia de medios logísticos. Es una operación
compleja, pero estoy seguro de que en esa operación compleja y
arriesgada, en la que participarán tropas españolas, contaremos con el
respaldo unánime de la opinión española, con el apoyo del pueblo español
y de la nación española y desde luego, una vez más, con la generosa
participación de nuestras Fuerzas Armadas.
Como no es un decisión simple, creo necesario recordar que cuentan desde
ahora con el apoyo de mi grupo y estoy seguro con el apoyo de los demás
grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la coincidencia de los grupos políticos en los objetivos que
recoge esta proposición no de ley no debe ser motivo para reducir la
importancia o el tono que requiere la aprobación de una resolución de
esta naturaleza.
La tragedia que está teniendo lugar en Africa de la que hacen referencia
los medios de comunicación y de la que se ha hecho eco desde esta tribuna
el representante del Grupo Popular, no necesita mayores subrayados ni
llamamientos a su importancia, ni tampoco debe llevarnos a la impotencia
por la dificultad de una acción, conduciéndonos precisamente a la
inacción, a la falta de reacción ante la complejidad del problema.
Quiero sumarme también al pésame a las familias y compañeros por la
muerte de cuatro compatriotas, padres maristas, asesinados en medio de
enfrentamientos étnicos y de países en el Zaire. Quiero recordar asimismo
que hace poco más de un año, el 19 de diciembre de 1995, presentábamos en
esta misma tribuna una proposición no de ley para combatir, para tomar
medidas con relación al tráfico ilegal de armas en Ruanda y en los campos
de refugiados de Goma. Entonces este portavoz decía que el objetivo de
esa proposición --hace un año-- era tomar medidas preventivas que
contribuyeran a impedir que estas situaciones volvieran a producirse
porque la situación en esa región del mundo no estaba pacificada ni
resuelta.
Me refería a los trágicos acontecimientos de la primavera-verano de 1994
y del silencio que le siguió en la comunidad internacional.
Una de las lecciones que debemos extraer ahora es la de no reaccionar
sólo cuando nos lo indican las pantallas de televisión o los
acontecimientos mediáticos, sino estar detrás de la realidad, de las
causas y de las raíces de los problemas, para intentar, con el conjunto
de la comunidad internacional, solucionarlo.
Esta proposición tiene cuatro objetivos. Uno, movilizar al Consejo de
Asuntos Generales de la Unión Europea para que, a su vez, presione al
Consejo de Seguridad. Dos, apoyar la acción militar bajo mandato de
Naciones Unidas y colaboración de la OUA como fuerza de intermediación.
Tres, colaborar en el diseño del plan internacional masivo de ayuda
humanitaria y de emergencia. Cuatro, para no quedarse solamente en la
coyuntura, buscar, a través de la convocatoria de una conferencia
internacional de los Grandes Lagos propiciada por Naciones Unidas, una
solución duradera de la situación en esa región del mundo.
España tiene una experiencia reciente importante en estas tareas de
despliegue de fuerzas de paz en los últimos seis años. Desde 1989 a 1995,
el Gobierno español ha enviado fuerzas con gran resultado a Namibia,
Angola, Centroamérica --dentro de ella, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Honduras--, Haití, Mozambique y Yugoslavia. No quisiera dejar
de resaltar el papel de los militares españoles en esas misiones de paz,
que significa ya una experiencia importante para contribuir a esa fuerza
multinacional que puede estar conformándose.
Termino haciendo una observación final --porque, desde luego, este debate
daría para mucho más, e invito además a los grupos a desarrollarlo en
esta Cámara con el Presidente del Gobierno y con el Ministro de Asuntos
Exteriores--, si me lo permite el portavoz del Grupo Popular, dentro de
este ambiente de coincidencia y consenso. Creo que España no debe ir de
la mano de Francia en una operación de este tipo. Una operación liderada
por Francia estaría condenada al fracaso por la animadversión que
despierta en la zona su apuesta por una de las partes, por los hutus, y
por el Zaire, lo que ha provocado grandes resistencias en esa zona de
Africa. Yo sé que no es la voluntad del Gobierno, que hace bien el
Gobierno en buscar aliados y complicidades en esta operación tan
compleja, pero debe ser liderado por el propio Consejo de Seguridad y por
los países que realmente pueden hacerlo, que son muy pocos, junto con la
colaboración de otros muchos, entre los que España debe estar en primera
línea. Y por último, debe recabarse la participación africana,
especialmente de países prestigiosos en el área como la República
Centroafricana. El Gobierno contará con el respaldo, con el apoyo de este
grupo para esa misión efectivamente compleja en cuanto a definición de
objetivos, en cuanto a soluciones técnicas y en cuanto, sobre todo, a
evolución futura, porque es muy fácil que la opinión pública, que es muy
volátil, pueda oscilar desde una exigencia extrema para una intervención,
a una crítica acerada en cuanto hay el menor error en una intervención
que ya sabemos antes de que se produzca que es enormemente complicada y
arriesgada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Yáñez-Barnuevo.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
ésta es una de aquellas ocasiones en las que uno se siente avergonzado de
vivir en el primer mundo; avergonzado por distancia; avergonzado por
sucesos; avergonzado por cinismos estructurales que están ocurriendo en
el seno de lo que se viene eufemísticamente denominando comunidad
internacional; avergonzado porque, a pesar de todo --en esta Cámara por
hueco se denuncia este tema--, Zaire parece caernos excesivamente lejos,
muy lejos. Zaire está más lejos que Bosnia, Zaire está mucho más lejos
que cualquier nación con petróleo, con independencia de los kilómetros
que la separen de la metrópoli, y Zaire y Africa aparecen tremendamente
lejos de este país, de Europa y de toda la comunidad internacional.
En las columnas de los comentaristas, las que se están publicando en los
medios escritos, sí trasparece esa emoción, esa solidaridad. Alguno da en
la tecla superando el lenguaje político, el lenguaje algebraico que a
veces aquí utilizamos, fundamentalmente en la Comisión de Asuntos
Exteriores, con respecto a lo que es el lenguaje o el sentimiento
diplomático. Por ejemplo, Vicente Verdú ha dicho que Africa está tan
lejos que se la puede estrangular sin que se escuche un grito, puede
desplomarse sin que las bolsas internacionales acusen la menor vibración.
Quizás exagera Verdú, porque lo que aquí aparece es un paréntesis, un
cruce de violencia sin que nadie investigue qué es lo que está pasando
desde hace muchísimo tiempo. Se puso --y ha durado treinta años-- a un
hombre de paja, Mobutu Sese Seko, cuya etapa se está empezando a superar,
según dicen, pero quizás también se está esperando a negociar, porque la
poca prisa de Francia, de los Estados Unidos o de otros países, donde
quizás sí se mantengan ciertos criterios de bolsa con respecto a
materiales y minerales que existen en esta zona de los Grandes Lagos,
obedece a que están pendientes de esta situación.
El pueblo español sí tiene muy cerca el este de Zaire, la provincia de
Kivu, Ruanda-Burundi, aunque muchas veces ni siquiera se sepan pronunciar
los nombres. Las encuestas, el sentimiento popular en las calles dice que
hay que ir, que hay que hacer algo, que
hay que impedir que se maten, que hay que impedir que intereses distintos
estén enhebrando una situación donde posiblemente al cabo del día mueran
más de 10.000 personas, hombres y mujeres, entre ellos españoles algunos.
Pero da igual, están en el bloque de los que mueren lejos, aunque para
nosotros y para muchos españoles ya están empezando a morir muy cerca,
según vemos a través de la pantallita de la televisión, mientras nosotros
cenamos tranquilamente, muchas veces pertrechados por una conciencia
histórica de la cosecha de mayo de 1968.
Habría que ir al fondo de la cuestión y habría que comunicar a los
señores del Gobierno, cuando los vemos deambulando por el pasillo, que de
verdad tomen esto con el interés que merece la situación, con la
velocidad que esta situación demanda y con la ayuda y la participación
española, al nivel humanitario y de solidaridad que demandan españoles y
españolas; que no optemos por el ritmo, por el lenguaje, por el
sentimiento frío y distante de la diplomacia en función de intermediarios
como Francia y los Estados Unidos a los que les da igual que mueran
10.000 personas diarias si se soluciona, si se negocia adecuadamente la
etapa posterior a Mobutu Sese Seko, que es lo que está ocurriendo
realmente en este momento.
Desde hace más de diez días el coordinador general de Izquierda Unida
mandó, concretamente el 2 de noviembre, una carta al señor Presidente del
Gobierno instando esta velocidad de crucero solidario que no se está
dando, para abrir pasillos, corredores por donde circule la solidaridad,
para acordar un inmediato alto el fuego y también, indudablemente, para
que se empiece a organizar una conferencia internacional que llegue a
consecuencias a las que no se llegó en 1994 por estas razones que aquí
insinúo. Si se hubiesen alcanzado acuerdos concretos y solidarios en la
crisis, en la tragedia de 1994, ahora no estaríamos hablando en el mismo
tono y con esta solidaridad, necesaria pero lentísima, a la que estamos
asistiendo.
Señor Presidente, nos sumamos a esta iniciativa, a esta proposición no de
ley, pero desde luego queremos que se impulse con la necesaria urgencia,
que hasta ahora, por desgracia, brilla por su ausencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, creo que a nadie
de esta Cámara le va a extrañar que hoy aprobemos por la vía de urgencia
esta proposición no de ley que pretende dar salida, respuesta a una
gravísima situación, la que se está viviendo en la provincia del Kivu en
Zaire; al contrario, creo que hubiera extrañado que no lo hiciéramos,
hubiera extrañado a nuestra opinión pública, que todavía no ha podido
borrar de su mente las escalofriantes imágenes del genocidio que se vivió
en Ruanda hace poco tiempo, en el año 1994. Y tampoco nosotros nos
podíamos quedar cruzados de brazos, obligados como estamos, moralmente, a
hacer lo que esté en nuestra mano para atajar la gravísima situación de
padecimiento, la dramática situación que en este momento sufren miles de
seres humanos en el corazón de Africa.
Los medios de comunicación han dado testimonio de cómo más de un millón
de personas, muchos de ellos niños, vagan por inhóspitas montañas, sin
comida ni agua, abrigo o medicamentos, víctimas del agotamiento, las
enfermedades y las epidemias que se pueden cebar en ellos; para colmo,
parece ser que el temido cólera ya ha llegado. Todo ello, como ha dicho
algún anterior interviniente, no es más que la continuación de un drama
que ya comenzó hace dos años, cuando cerca de dos millones de hutus
ruandeses huyeron de las masacres que tenían lugar en su país e iniciaron
un éxodo hacia Zaire, Burundi y Tanzania. Huían por miedo a las
represalias del tutsi Frente Patriótico Ruandés, que asumió el poder
después de la violencia desatada ese mismo año, en el que murieron, como
saben SS. SS., cerca de un millón de personas, tanto de la etnia tutsi
como de la etnia hutu.
Desde ese momento, se estableció un muy precario equilibrio en la zona,
que no dejaba de esconder una delicadísima situación. La inestabilidad en
que vivían los centenares de miles de refugiados en los campos zaireños
hacía prever lo peor, abandonados del mundo y también del Gobierno del
Zaire, Estado que, no está de más decirlo, tiene un Presidente, el señor
Mobutu, que es uno de los hombres más ricos del mundo, como ha sido
puesto de manifiesto también estos días por los medios de comunicación,
que lleva una vida de dilapidación totalmente ofensiva para la miseria de
su pueblo, todo ello con la connivencia de occidente, donde saben ustedes
que posee grandes villas y, además, este señor ha ignorado la tragedia de
los campos de refugiados que pervivían en el seno de su país.
Así nos lo habían advertido, señor Presidente, señorías, repetidamente
los cooperantes españoles en el área, quienes han realizado, y continúan
realizando, una encomiable labor. Yo me quiero sumar al homenaje de la
Cámara a estas personas que están poniendo en peligro sus vidas; y muy
especialmente quiero rendir homenaje, como han hecho anteriores
intervinientes, a los cuatro maristas que lo han dado todo, que han dado
su vida por los demás.
Un cualificado representante de la ONU afirmaba hace poco que parece
--decía él-- que nada hemos aprendido desde que no se hizo nada para
evitar la tragedia de Ruanda de hace dos años, y se refería al hecho de
que la denominada comunidad internacional, es decir, el mundo, con
occidente a la cabeza, tiende a curar, pero nunca a prevenir. Y añadía:
Los europeos
tenían algo a probar en la antigua Yugoslavia, pero nadie tiene nada que
probar en Africa, sólo Francia. Yo comparto estas afirmaciones, salvo en
lo que se refiere a la consideración optimista de la para nosotros tardía
intervención en Bosnia.
Una vez más, activa en las palabras, lenta en los hechos, la comunidad
internacional asiste a una nueva crisis de esta zona y hay que hacer algo
y, además, muy rápidamente.
Este y no otro, señor Presidente, señorías, como ya se ha dicho también
por los anteriores intervinientes, es el sentido de esta proposición no
de ley, la cual de inmediato pretende hacer una llamada de urgencia a la
Presidencia de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de la ONU para
que adopten las iniciativas precisas para garantizar la protección de los
derechos humanos en la región de Kivu y apoyar las acciones necesarias de
carácter militar para garantizar la acción humanitaria internacional. Con
vistas al futuro, la misma proposición no de ley nos propone que el
Gobierno se comprometa a apoyar la celebración de la conferencia
internacional de la región de los Grandes Lagos.
Por el momento, la Unión Europea ha dado luz verde a un presupuesto
extraordinario de 25 millones de ecus para ayuda humanitaria, y también
de momento sólo España y Francia han ofrecido fuerzas militares para
apoyar esta acción humanitaria, aunque coincido con quien ha puesto en
duda el carácter estrictamente altruista del ofrecimiento francés.
Ya no es momento de palabras, hacen falta hechos urgentes. Espero que el
Gobierno español se haga eco del mandato de esta proposición no de ley
--por tanto, del mandato de la Cámara-- y adopte una posición aún más
protagonista en la resolución del conflicto. En este sentido, anuncio que
tendrá todo el apoyo de este grupo parlamentario.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) también ha suscrito esta proposición
no de ley. No vamos a redundar en los criterios que se han manifestado a
lo largo de este debate porque compartimos la mayoría de los análisis que
se han realizado. Nos alegramos de la diligencia y la prontitud con que
esta Cámara ha reaccionado, pero, de la misma manera, nos extrañamos de
que otras instancias no tengan la misma capacidad de reacción.
Quizá sea sencillo reaccionar con las palabras, que no es poco, señor
Presidente, pero lo que queremos es que la parte de la proposición no de
ley en la que se insta a otras instituciones a tomar la iniciativa se vea
culminada en un plazo razonable de tiempo. Tal y como se indica en la
misma proposición, existen múltiples referencias en relación a
actuaciones humanitarias. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) estima,
señor Presidente, que a estas alturas y dadas las situaciones que estamos
conociendo en estas zonas de Africa, sobran las palabras, hacen falta
actos humanitarios muy razonables y hace falta, sobre todo, la coherencia
personal y colectiva que lleve a que estas situaciones no se den.
Entendemos, señor Presidente, que se dan demasiadas palabras, demasiados
discursos, demasiadas vanaglorias, demasiadas medallas en relación a
estos planteamientos y que la construcción europea debe de conocer una
situación de no fronteras. En un Estado donde se discute mucho sobre cómo
y dónde se ponen o se deberían poner las fronteras, si deben de existir o
no, asistimos a un debate en relación a la construcción europea donde se
están poniendo demasiadas fronteras. Europa se está construyendo, en
nuestra opinión, señor Presidente, con demasiadas fronteras. Queremos que
este problema haga reflexionar también sobre cómo debe ser en el orden
mundial, en el orden económico, en el orden de los derechos humanos y así
poder ser sensibles a estas situaciones, que haciéndose insufribles desde
la propia televisión, lo son, evidentemente, mucho más en la realidad de
estos países.
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), además de suscribir
íntegramente esta proposición no de ley y de alegrarse por la prontitud
con que esta Cámara reacciona ante una situación como ésta, insta a las
demás instituciones que tienen otros medios, otros cometidos u otras
funciones en relación a este tema a que con la misma prontitud sean
capaces de solventarlo y hace un llamamiento a todos los ciudadanos a que
más allá de palabras, sean coherentes con los hechos y que la
construcción europea --debate que nos va a ocupar la tarde de mañana-- se
realice con unas fronteras que den respuesta a estos países en vías de
desarrollo y que la solidaridad sea real y no sólo nominal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria también
suscribe esta proposición no de ley en la misma línea de solidaridad, de
cohesión con una idea común, de paz y de respeto a los derechos humanos
como han hecho los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que
me ha precedido en el uso de la palabra.
Queremos hacer la reflexión de que en esta zona se dan todas las
circunstancias extremas de la condición humana, desde la generosidad de
los misioneros que dan su vida, hasta el egoísmo de las empresas
multinacionales que son capaces de transformar minerales estratégicos en
el mercado de armas y de ejércitos profesionales de mercenarios. Que
quede constancia de un apoyo político por nuestra parte en el Parlamento
español, en esta línea de solidaridad. Pero pensando que toda
intervención que tenga que hacer España para poder garantizar allí una
ayuda humanitaria, a la vista de los tremendos problemas logísticos que
hay allí, se haga en el marco supranacional máximo y no con operaciones
bilaterales ni triangulares. El recuerdo que allí han dejado, en la zona
de Ruanda, de Burundi, en las fronteras de Zaire, destacamentos militares
belgas y franceses en épocas recientemente pasadas, desaconseja estas
presencias.
Falla la capacidad de la unidad africana. La OUA debería ser el
protagonista principal de esas líneas de garantía de pacificación y de
distribución de la ayuda humanitaria y evitar que se conculquen con
asesinatos, masacres y hambrunas, los más elementales principios de la
vida humana.
Tenemos que presionar en el seno de la Unión Europea y en el seno de las
Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, para que la fuerza que
actúe tenga todas las garantías logísticas. Aquella zona es tremendamente
difícil. Las fuerzas que se manden allí se pueden ver involucradas en un
verdadero caos y en ese caos no podemos entrar. Entre todas las
organizaciones internacionales hay que hacer un esfuerzo para que esa
garantía se pueda llevar a cabo.
Valga aquí nuestra modesta palabra de testimonio y adhesión a las
autoridades responsables y para que el mandato que le damos aquí al
Gobierno español, pleno y de absoluta garantía, lo sepa administrar y
aplicar, en colaboración con estos organismos internacionales, con las
mejores líneas de generosidad pero también de prudencia y de tacto para
evitar males mayores.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley que, suscrita
por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda
Unida-lniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(PNV) y de Coalición Canaria, se ha debatido sobre iniciativas para la
consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el
conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a
favor, 285.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAN
DE CHOQUE QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA PIENSA PONER
EN MARCHA, SE CONTEMPLE, MEDIANTE ACUERDO CON LAS DISTINTAS CONCEJALIAS
DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, Y DENTRO DE LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA, LA ATENCION, POR PARTE DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA, A
LOS MENORES AFECTADOS POR PROBLEMAS DE MARGINACION, MALTRATO Y REFORMA
(Número de expediente 162/000056)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a que se tomen las
medidas necesarias para que, dentro del plan de choque que la Dirección
General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha, se contemple,
mediante acuerdo con las distintas concejalías de asistencia social de
los municipios, y dentro de la prestación social sustitutoria, la
atención, por parte de los objetores de conciencia, a los menores
afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del grupo
proponente, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cúmpleme, en nombre del Grupo Popular,
defender la proposición no de ley que presentamos en su momento y que hoy
se debate, que tiene por objeto instar al Gobierno para que, dentro del
plan de choque que está elaborando la Dirección General de Objeción de
Conciencia, la prestación social sustitutoria se lleve a cabo en el
ámbito de la infancia marginada, en el ámbito de la infancia abandonada,
en el ámbito de la infancia que entra en conflicto social.
Además, en ese sentido, el Partido Popular considera que esto debe
llevarse a cabo en íntima colaboración con las concejalías de asuntos
sociales de los ayuntamientos, y la razón es diáfana y contundente: los
parlamentarios, humildemente, debemos considerar que nuestra labor
legislativa, que tiene como finalidad modificar conductas o
comportamientos, que tiene como finalidad encauzar la realidad, en muchas
ocasiones no lo consigue y, por tanto, para que esta labor legislativa
sea más eficaz, en ocasiones es necesario
que vaya acompañada de políticas gubernamentales, que vaya acompañada de
movimientos sociales para poder alcanzar el objetivo que se fija en dicha
ley. Si esto se hace en diferentes ámbitos, qué menos que se haga en el
ámbito del menor que sufre abandono, que sufre desamparo. Aquí es mucho
más necesario, es esencial el trabajo conjunto y articulado de todas las
instituciones, de todo el Estado. (Rumores.)
Por ello, para una mejor atención a la infancia, para un aumento de la
calidad de las políticas sociales que a ello se aplican...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Barrios.
Señorías, guarden silencio. Gracias.
Puede continuar.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Decía que consideramos que debe ser el ayuntamiento, como administración
más cercana a la familia y al menor, el que debe tener protagonismo en
estas funciones. La experiencia nos enseña que por las diferentes
noticias que nos ofrecen los medios de comunicación, por lo que nos dicen
amigos, familiares y vecinos, se comprueba cómo los menores en
determinados supuestos sufren abandono, desamparo, y en determinados
momentos entran incluso en conflicto social. Y lo peor es que muchas
veces les llega la solución sólo cuando se conoce la noticia, cuando se
ha producido la alarma social. De tal forma que en muchas ocasiones
comprobamos cómo el menor ha ido sufriendo este abandono durante años y
cómo se ha producido esta desarticulación familiar sin que se le haya
prestado la debida ayuda por las organizaciones gubernamentales.
Ello es lógico, puesto que a las Consejerías de asuntos sociales o a la
Dirección General del Menor es difícil conocer el caso concreto del
abandono, les cuesta dar una solución inmediata y hacerles un seguimiento
en el tiempo para que estas situaciones anormales no las siga manteniendo
la familia o el menor. Por eso nosotros consideramos que las Consejerías
de asuntos sociales o las direcciones generales en un momento dado deben
efectuar la fijación de elementos económicos y personales para llevar a
cabo estas funciones, deben coordinar actuaciones, deben fijar criterios
de actuación, pero deben ser los ayuntamientos los que den una respuesta
idónea e inmediata a las diversas demandas y supuestos que se presenten
con familias o menores en el territorio del municipio.
Aprovechando la elaboración del plan de choque por la Dirección General
de Objeción de Conciencia, debido al gran número de objetores que están
pendientes de realizar la prestación social sustitutoria y que, según se
conoce, además está aumentando cada año en un 15 por ciento su número,
consideramos que los objetores de conciencia pueden llevar a cabo
colaboraciones sociales en programas elaborados por la propia dirección
general para prevenir el absentismo escolar, para cooperar en tareas
escolares, para integrar y recuperar a los menores en el medio escolar,
para seguridad vial, para fomentar actividades lúdicas y deportivas en
los tiempos postescolares, para acompañamientos preventivos o en
actividades escolares, para colaborar en los patios, en los gimnasios, en
los laboratorios de los centros escolares, para hacer tareas de sombra en
tratamiento de drogodependencia, etcétera.
Piensen ustedes que todas estas actuaciones y esta iniciativa no es
baladí. Es muy importante que se haga un control de la libertad vigilada.
Es importante que se ayude a las familias que tienen niños con
enfermedades de larga duración, como el cáncer u otras análogas. Es
necesario que se cultive la actividad cultural y de hobby de los menores.
Y quién mejor para eso que los objetores de conciencia, ya que la mayoría
de ellos tienen una gran sensibilidad, están comprometidos, están
preparados y muchos tienen una gran experiencia con organizaciones no
gubernamentales que trabajan en el campo del menor y del adolescente. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Nosotros consideramos que esto se puede conseguir, sobre todo en base a
tres finalidades. La primera, aumentar la calidad de vida de los menores
a los que se aplica. En segundo lugar, incrementar la validez de los
recursos que se aplican con un sistema personalizado e individual. Quizá
la más importante de las funciones es ofrecer al menor una relación
interpersonal, poniendo su énfasis en el carácter afectivo de la misma,
de tal forma que consigamos en un momento dado incluso sustituir a lo que
es el sistema familiar, cuando falle, y aumentar el troquelado afectivo
del menor, intentando incluso que el menor se integre en el campo social
y en el campo escolar con mayores éxitos y mayores garantías.
Aprovechamos la ocasión para manifestar que rechazamos rotundamente que
se diga que estas actividades que van a llevar a cabo los objetores de
conciencia suponen una intromisión laboral. No, señoras y señores
Diputados. Lo que se pretende es que haya una intromisión familiar cuando
lamentablemente al menor le falla su familia. Por ello hemos presentado
esta iniciativa y pongo como ejemplo de la pretensión que se persigue el
tema de la seguridad vial. No es cuestión de que un objetor de conciencia
acompañe a un grupo de menores de su casa al colegio y del colegio a su
casa. Lo que se pretende con esta iniciativa es que, a través del
objetor, estos menores que van cogidos de la mano, de dos en dos, se
sientan acompañados, se sientan queridos y sepan que existe una persona
mayor que les acompaña, que tiene tiempo para ellos, que les está
tratando en imitación a como lo hizo
con él su padre y que está pensando que así él tratará a sus hijos más
adelante.
También como apoyo de esta iniciativa, contamos con la propia Ley
48/1984, Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación
Social Sustitutoria que regula en su artículo 6.º.2.c), la consideración
como sectores prioritarios para la prestación social sustitutoria las
relaciones comunitarias, las relaciones familiares, la protección del
menor y del adolescente, la prevención de la delincuencia, la reinserción
del toxicómano, del alcohólico, entre otros.
Y no es sólo esto. El Secretario de Estado de Justicia, en su última
comparecencia en el Senado del 17 de octubre pasado, lo recogía como
objetivo concreto. También quiero recordar desde aquí las iniciativas que
han presentado diferentes grupos, como la del Grupo Socialista cuando
gobernaba en la anterior legislatura, que en el año 1994 su ministro lo
recogía en una comparecencia, dando a conocer el plan de objeción de
conciencia como objetivo de la misma.
Asimismo, tanto el Grupo de Izquierda Unida como el de Convergència, en
determinadas iniciativas que han presentado para modificar la Ley 48/1984
recogían variaciones de la misma, pero no del artículo 6.º, lo que
significa que están respaldando el contenido de este artículo, es decir,
que el sector prioritario para las prestación social sustitutoria sea el
de la infancia abandonada y maltratada.
Por todo ello, esperamos el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa
sobre todo porque, señoras y señores Diputados, esperamos que estos
objetores de conciencia, con una preparación inmediata, puedan servir de
columna de apoyo, a los operadores jurídicos, a los técnicos de
tratamiento, a los educadores, a aquellos profesionales que trabajan en
el campo social cuando lo necesiten, de tal manera que se pueda pasar de
la letra de la norma a la realidad de la acción real, de la acción
social, en este campo que es tan importante para todos nosotros y por el
que estamos todos luchando dentro y fuera del Congreso, que es mejorar la
situación de nuestros menores en España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Barrios.
Se han presentado a esta proposición no de ley dos enmiendas, una por el
Grupo Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo quiero adelantar que los objetivos que ha manifestado
la señora Barrios como fines que pretende esta proposición no de ley, son
difícilmente discutibles. Todos estamos de acuerdo en que es necesario
mejorar la calidad de vida de los niños, especialmente la de aquellos que
viven en condiciones más difíciles, o que es necesario favorecer sus
relaciones afectivas. Por tanto, es una propuesta bien intencionada y
aplaudimos esa buena intención.
Sin embargo, mi grupo presenta una enmienda que pretende sumar a esta
buena intención del espíritu de la iniciativa unos términos más
concretos, que la hagan más realista, más útil y más acorde con la ley.
Hablo en primer lugar de realismo, señorías, porque es difícil para un
parlamento discutir sin tener una base concreta de discusión. El texto de
la proposición no de ley habla de un plan de choque que la Dirección
General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha. Realmente, ya
desde el principio, nos surgen algunas dudas, dudas sobre si este plan de
choque es presente o futuro, puesto que en el texto de la proposición no
de ley se habla del plan que se piensa poner en marcha y en su exposición
de motivos se habla del plan que recientemente se ha puesto en marcha.
Pero dejemos aparte estas cuestiones, porque es lo de menos. Aquí lo
fundamental es que difícilmente puede el Congreso de los Diputados
pronunciarse e incluir o excluir aspectos de un plan cuyo contenido
desconoce, señorías.
De ese plan sabemos que hubo un texto --presentado, al parecer, por la
Dirección General de Objeción de Conciencia, el pasado 24 de julio--,
texto que, hasta hoy, no ha aparecido en sitio alguno o no ha estado al
alcance, al menos, de los miembros de esta Cámara. Conocemos de él
algunas referencias por intervenciones parlamentarias tanto de la
Ministra de Justicia como del Secretario de Estado de Justicia, en el
Senado, referencias que ciertamente son escasas y no pueden ser base
suficiente para adoptar cualquier posición. En conjunto, lo más concreto
que de ella se deduce es que se debe aumentar el número de puestos de
actividad para realizar la prestación social sustitutoria y que se deben
incluir en el reglamento del año 1995 los efectos de la Ley del
Voluntariado.
Sin embargo, no sabemos qué medidas específicas contiene ese plan y en
concreto, con relación a los menores, no sabemos si hay nuevas propuestas
de empleo de objetores en campos distintos de atención a menores de los
hasta ahora contemplados; si hay previsiones para financiar la formación
previa de objetores, porque, señora Barrios, importante es la buena
voluntad, importante es la formación general, pero más importante
todavía, en un campo tan delicado como éste, es la formación específica
en la actividad concreta que se va a realizar. No sabemos si hay las
cautelas imprescindibles contempladas en él para que la puesta en marcha
de ese plan no vaya en detrimento de la labor de los profesionales
financiada por los poderes públicos. No sabemos, en fin, muchas cosas que
es necesario saber para pronunciarse
con seguridad sobre la propuesta que hoy hacen ustedes.
Por ello, la primera parte de nuestra enmienda, una parte que a nuestros
ojos es fundamental, pretende simplemente que esta Cámara, a la hora de
decidirse, ponga los pies en la realidad y para poner los pies en la
realidad es fundamental que el Gobierno informe ante la Comisión
correspondiente, lógicamente ante la Comisión de Justicia e Interior,
acerca de las medidas contempladas en este denominado plan de choque para
la normalización de la prestación social sustitutoria.
Esta es la base de realismo de la que queremos y de la que consideramos
imprescindible partir para llegar a cualquier resultado positivo. Pero
junto a ella hablaba de que el texto de la proposición no de ley suscita
a mi grupo alguna preocupación más, señorías, preocupaciones que nos
impulsan a hacer algunas modificaciones que hagan el contenido de esta
proposición más útil y más acorde con la ley, preocupaciones que por lo
que deduzco de la lectura de la otra enmienda presentada a esta
proposición no de ley son, en parte al menos, compartidas por el Grupo de
Convergència i Unió que ha presentado un texto que también modifica la
propuesta del Grupo Popular en un sentido bastante similar al nuestro. La
propuesta del Grupo Popular reza así: Que se contemple mediante acuerdo
con las distintas concejalías de asistencia social de los municipios la
atención por parte de los objetores a los menores afectados por problemas
de marginación, maltrato y reforma.
Tres son las preocupaciones que nos suscita este texto, señorías. La
primera es la omisión de las comunidades autónomas. Es cierto, señora
Barrios, tenía usted razón, que los ayuntamientos son la administración
más cercana al ciudadano, todos lo sabemos, pero también es cierto que
las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en
protección de menores. Es cierto que han legislado en este campo; es
cierto que están ejerciendo también su actividad administrativa en
protección de menores y que en muchos casos tienen ya convenios firmados
con la Administración central y están empleando objetores de conciencia
en labores de este tipo. No quiero irme más lejos, pero sí quiero
recordarles que hace muy poco tiempo, por ley, la Comunidad de Madrid ha
creado el Instituto Madrileño de la Infancia, un instituto en el que ya
están funcionando programas de protección de menores con objetores,
mediante acuerdo con el Ministerio de Justicia, en concreto con la
Dirección General de Objeción de Conciencia.
Nos parece, por tanto, que no es adecuado negar a la comunidad autónoma
el protagonismo que tiene en la práctica esta proposición no de ley y que
se las debe incluir.
Otra preocupación no menor nos la suscita la mención de los menores con
problemas de marginación, maltrato y reforma. Empezaré por la menor de
ellas, la que se refiere a los menores con problemas de marginación. Me
imagino que SS. SS. están haciendo mención aquí de los menores que la Ley
orgánica 1/1996 llama en situación de riesgo, aquellos menores que sufren
algún tipo de desasistencia, de desatención familiar que no hace
necesario retirar su tutela a la familia, pero sí posibilita la
vigilancia y la intervención de las entidades públicas.
En realidad, el problema que aquí se le plantea a mi grupo es saber si
hay alguna novedad en esta propuesta que ustedes hacen o se trata sólo de
continuar en un campo más amplio los sectores de la actividad comunitaria
familiar y de protección de menores y adolescentes que ya venían
señalados como prioritarios por el artículo 6.º de la Ley de objeción de
conciencia y que venían también contemplados en el plan de objeción de
conciencia del Gobierno socialista, plan que, como bien señalaba S. S.,
fue acordado por el Consejo de Ministros y del que se informó
públicamente ante la comisión correspondiente de esta Cámara, exactamente
lo mismo que en este momento requerimos para este plan de choque que el
Gobierno del Grupo Popular pretende.
Por otra parte, más grave todavía es la cuestión de los menores con
problemas de maltrato y reforma. Si en el caso de la marginación el
problema es saber si vamos a limitarnos a continuar alguna actividad o si
vamos a establecer campos de acción nuevos y, de establecerlos, cuáles
serán, que tampoco se especifica, en el caso de los menores con problemas
de maltrato y reforma tememos que, tal como está redactada la proposición
no de ley, la actividad que en ella se pretende para los objetores pueda
incidir en una tarea que es especial responsabilidad de la Administración
pública y que debe encomendarse a personal también especializado.
Señorías, los niños en situación de desamparo --y muy probablemente lo
serán los menores maltratados-- son aquellos en los que la comunidad
autónoma debe asumir la tutela; los niños sometidos a las medidas de
reforma de la Ley orgánica 4/1992, son aquellos que requieren una
especial atención, seguimiento y vigilancia por parte de la
Administración pública. Nos parece que estos dos ámbitos exceden
claramente el de los servicios sociales comunitarios que contempla la Ley
de objeción de conciencia. Creemos que rozan el ejercicio de la autoridad
pública y que este ejercicio lo debe llevar a cabo la Administración
directamente a través de sus órganos. No creemos, por tanto, que este sea
un campo adecuado para la actuación de los objetores de conciencia. Con
toda serenidad se lo digo, señoría.
Por ello, presentamos una enmienda que pretende delimitar, acotar mejor
el campo de trabajo de los objetores; ser más realista y ser también más
ajustada a los principios que enunciaba la Ley de objeción de
conciencia de 1984, que hasta el momento no han sido discutidos, y
reconducir el trabajo de los objetores a un campo más eficaz.
El texto de la enmienda en este segundo apartado diría así: Se insta al
Gobierno a que impulse los correspondientes convenios con comunidades
autónomas y ayuntamientos para la creación de nuevas plazas de prestación
social sustitutoria en los servicios sociales y, en particular, a los que
afectan a la acción comunitaria familiar, protección de menores y
adolescentes.
Esta es, en definitiva, la posición de nuestro grupo, señoría: aplaudir
la idea que da origen a la iniciativa, observar en ella serias
deficiencias, técnicas algunas, de falta de información otras que, con la
enmienda que hemos presentado y que esperamos que sea aceptada por el
Grupo Popular y por el resto de la Cámara, pretendemos subsanar.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Del Campo.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y para
la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Esta Cámara va a tener hoy el primer debate en esta legislatura, un poco
en profundidad, respecto a los problemas reales que existen en relación a
la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
Este es un ámbito que nos podría parecer cerrado, en la medida que
políticamente se ha acordado tomar hacia la supresión del servicio
militar, cerrado en sus aspectos legislativos, cerrado en sus aspectos de
administración y de gestión, pero es evidente que este ámbito hoy no está
cerrado. No lo está porque el proceso de la supresión del servicio
militar no es inminente, por lo que debemos procurar que en ese avance
hacia la supresión de la mili todo aquello relacionado con la objeción de
conciencia y con la prestación social sustitutoria responda a parámetros
que tengan sentido. Por consiguiente, es bueno que se produzca este
debate y agradecemos al Grupo Parlamentario Popular que haya traído esta
proposición no de ley al ámbito del Pleno con toda su trascendencia
política.
Para nosotros este ámbito ni ahora ni antes se ha enfocado bien por parte
de los diferentes gobiernos de la Administración central. Nuestra
tentación hoy podría ser convertir esta proposición no de ley en un
debate general sobre la objeción de conciencia y la prestación social
sustitutoria. Pero no lo vamos a hacer. Nuestro grupo parlamentario tiene
presentada una proposición de ley que va a ser debatida en el Pleno de la
Cámara próximamente. También tenemos planteada una petición de
comparecencia del Director General de Objeción de Conciencia y Prestación
Social Sustitutoria para conocer, entre otras cosas --como señalaba
también la señora Del Campo--, el plan de choque, plan de choque del que
hemos tenido noticia por algunas conversaciones informales y por las
referencias que se han hecho de él en los medios de comunicación.
Nuestro grupo ha presentado enmiendas, algunas de ellas, como también se
decía, coincidentes con las presentadas por el Grupo Socialista. Y, ¿por
qué hemos presentado estas enmiendas? Esta proposición no de ley adolece
del conjunto de defectos del que en general, con este Gobierno y con el
anterior, adolecían todas aquellas cuestiones relacionadas con la
objeción y la prestación social.
Existe una presión producida por el creciente número de objetores de
conciencia que lógicamente motiva a los gobiernos para intentar superar
el colapso que existe con la creación masiva de plazas de la PSS. Hoy nos
encontramos con que muchísimas plazas creadas desde esta voluntad de
resolver el colapso que existe en el ámbito de la prestación social son
plazas que adulteran el concepto que va ligado a la objeción de
conciencia. Son plazas que simplemente responden a la necesidad de
superar el pressing que existe, pero que se alejan totalmente de los
objetivos iniciales que provocó en su día la incorporación del derecho de
objeción de conciencia a la Constitución. Existe un pressing al que se ha
dado una respuesta que, entendemos, no es eficaz, que adultera lo
esencial de la objeción de conciencia. Además, en numerosas ocasiones con
la creación de estas plazas de la PSS lo que se está intentando es
resolver un mal funcionamiento de los servicios de las administraciones,
ya sean de la central, ya sean de las nacionales o autonómicas, ya sean
de las locales. El mal funcionamiento de los servicios sociales no debe
ser cubierto con una actuación desde la objeción de conciencia. Estamos
adulterando el sentido que tenía la objeción de conciencia.
Este tipo de actuaciones a menudo supone el riesgo de no saber distinguir
lo que es un puesto de trabajo de lo que debe hacer un voluntario o un
objetor de conciencia. Son plazas que frecuentemente no están
desarrollando todas las potencialidades que tiene la objeción de
conciencia. Sinceramente, cuando se dice que vamos a resolver los
problemas de la objeción de conciencia movilizando a cientos de jóvenes
mediante organismos públicos dependientes del Ministerio de Medio
Ambiente, me parece que se está pervirtiendo el origen de este derecho
que existe en nuestra Constitución. Además, planteamos el trabajo de los
objetores de conciencia en muchas ocasiones en ámbitos donde no pueden
desarrollar con eficacia sus funciones. Es evidente que si hay un ámbito
en el no es posible actuar es el que se marca en la proposición no de
ley, el de los jóvenes en proceso de reforma. Me parece que
es un tema suficientemente complejo que ha de quedar exclusivamente en
manos de los profesionales.
Con sinceridad, nuestra tentación inicial en función de estos parámetros
hubiese sido votar en contra de esta proposición no de ley, pero
coincidimos en una afirmación que hacía la señora Del Campo. Además, por
las conversaciones telefónicas y personales que hemos tenido con la
Diputada proponente sabemos que esta iniciativa responde de buena fe a la
necesidad de afrontar una problemática que existe y en la que se cree
honradamente que el trabajo de los objetores de conciencia puede tener
sentido.
Esto es, de alguna manera, lo que motiva presentar esta enmienda, que
responde a diversos parámetros. Un primer parámetro es el artículo 9.º
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que da competencia exclusiva a la
Generalitat de Cataluña en materia de asistencia social y juventud; otros
estatutos de autonomía, antes lo comentábamos con los compañeros del
Grupo Nacionalista Vasco, también reconocen esa competencia exclusiva.
Nos parecía que el texto que proponía el Grupo Popular no era sensible
con esta realidad, y tampoco lo es con la realidad que hoy se plantea,
que es un elemento de polémica en relación a este hipotético plan de
choque, como es el papel que van a jugar en el futuro las comunidades
autónomas en el ámbito de la prestación social. Nosotros entendemos que
aquello que referencia a la PSS debería ser traspasado plenamente a las
comunidades autónomas que así lo quisieren, y en nuestro caso queda muy
claro que nuestro gobierno, el gobierno catalán, debería asumir la
capacidad de organizar en su ámbito territorial todo lo que está
relacionado con la PSS, y nos parecía que el texto que nos proponían no
respondía a esto.
Por tanto, la enmienda que planteamos acota los ámbitos específicos en
los que nos parece que puede tener sentido una actuación --la infancia y
la adolescencia en riesgo es un ámbito suficientemente amplio, pero no
incluye los supuestos de adolescentes o jóvenes en procesos de reforma--
y determina exactamente el ámbito competencial, el que ya establecen las
normas y el que, a nuestro entender, deberían establecer en el futuro.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, al menos el primer punto, a
mi grupo le parece que podría ser perfectamente asumido por el Grupo
Popular. Creo que dentro de quince días, en la Comisión de Justicia, va
comparecer el Director General de Justicia para hablarnos de estas
cuestiones, a petición precisamente de nuestro grupo, y entendemos que no
haría ningún daño que el Pleno del Congreso de los Diputados también se
pronunciase en este sentido. En todo caso, está en manos del Grupo
Popular aceptar o no esta enmienda.
Para terminar, señorías, insistiendo en que reconocemos la buena voluntad
del Grupo Parlamentario Popular al presentar esta iniciativa y
agradeciendo la oportunidad de mantener hoy este debate en el Pleno,
queremos dejar constancia de dos ideas. Primera idea: No pensemos que los
problemas de la objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria los vamos a solucionar creando cientos de miles de plazas de
la PSS vinculadas a la Administración pública. Nos equivocamos. Es
necesario que el Pleno tenga presente que hoy, en muchas zonas del
Estado, están pasando cosas que nos deben hacer reflexionar. Por ejemplo,
la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de
Municipios, hoy, ya están recomendando a sus ayuntamientos que disminuyan
paulatinamente las plazas de la PSS. Tengamos presente que el Gobierno no
debe obsesionarse con la creación de plazas de la PSS desde las
administraciones públicas, porque eso no va a solucionar los problemas.
Segunda idea: Que nadie nos obsesionemos con solucionar los defectos de
nuestros servicios sociales, las carencias de nuestro Estado del
bienestar con esa movilización masiva de la gente que opta por el derecho
constitucional de la objeción de conciencia.
Desde esta posición, esperamos que el Grupo Popular asuma nuestras
enmiendas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Bloque
Nacionalista Galego acerca de esta proposición no de ley presentada por
el Grupo Popular, sobre atención, por parte de los objetores de
conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación,
maltrato y reforma. Después de la intervención de la señora proponente,
la verdad es que yo me quedo aún más confuso respecto a lo que pretende
realmente esta proposición no de ley, porque no sabemos si trata de pasar
las competencias sobre menores a los ayuntamientos o si los objetores son
el puntal básico a utilizar para tratar estos temas. En fin, yo me quedo
preocupado porque no sé lo que realmente quieren proponer.
En todo caso, a mí me parece que, a lo largo de la exposición de motivos
de la proposición no de ley y en su formulación, sí que aparecen algunas
cuestiones preocupantes, al menos desde nuestro punto de vista. Yo no sé
si efectivamente ésa es la intención, pero a mí me parece ver un cierto
retintín en la tal exposición de motivos cuando se define a los objetores
de conciencia como personas con una gran sensibilidad, personas que
tienen mucho que ver con la marginación o personas que son muy sensibles
al maltrato y la marginación infantil. Yo creo, señoras y señores
Diputados,
que los objetores son tan o tan poco sensibles a este tipo de problemas
como los demás ciudadanos. Más adelante se nos dice que el trabajo de
ayudar a los menores con estos problemas es una tarea muy difícil, que no
es nada simple, pero parece ser que los objetores de conciencia jugarían
un papel fundamental en la resolución de este tipo de problemas. Por
tanto, no sabemos qué es exactamente lo que propone el Grupo Popular,
pero en todo caso quisiera hacer algunas consideraciones.
Para empezar, sobre los objetores de conciencia conviene decir que el
objetor es aquel que no quiere realizar el servicio militar obligatorio
por motivos de conciencia --lo que no quiere decir que tenga, como decía
antes, ni más ni menos sensibilidad sobre ciertos problemas que la que
tenga cualquier otro grupo de personas-- y que por ley tiene que realizar
la prestación social sustitutoria, es decir, realizar alguna tarea útil
socialmente. Eso es así, pero lo que no parece razonable es que cada vez
más se tienda a encomendar a los objetores tareas para las que no tienen
la formación adecuada y menos aún, a pesar de lo que mencionó la señora
proponente, a que ocupen puestos de trabajo que debían cubrir aquellas
personas que sí cuentan con la formación que se precisa. Los objetores,
por tanto, mientras la ley no cambie, podrían realizar tareas de
voluntariado social, pero siempre como acompañantes y no como elementos
fundamentales para tales prestaciones.
Al Bloque Nacionalista Galego le parece que los problemas de los menores
son algo serio, que no se solucionan con la vía que parece proponer el
Grupo Popular en esta proposición no de ley y que se necesitan políticas
concretas, claras y globales que, desde nuestro punto de vista, exceden
el marco municipal, a pesar de que quisieran llevarse desde ese marco, y
que además, aunque por encima, en estos momentos, son políticas asumidas
por las comunidades autónomas, necesitan de profesionales y medios
adecuados para llevarlas a cabo.
Cuando hablamos de problemas de marginación de los menores se supone que
hablamos de problemas de menores que viven en un medio marginal, y pensar
que el problema de estos menores, aunque se pueda salvar en cierta
medida, se soluciona llevando un montón de objetores para acompañarlos
por las calles de la manita y así sustituir a su papá, me parece mucho,
por decirlo de una manera liviana. Yo creo que, si viven en un medio
marginal, habrá que actuar sobre ese medio en el que viven y hacer
políticas adecuadas de vivienda, trabajo, educación, etcétera, que ayuden
a superar esa marginación que padecen, y no pensar que la cosa se
soluciona por cuestiones de afecto, que son importantes, naturalmente,
pero me parece que no serían lo fundamental.
En estos medios tienen que actuar servicios sociales con capacidad
profesional para este tipo de situaciones, programas que a veces conducen
a que haya que llevar a los menores a algún tipo de institución o al
programa de acogimiento familiar. Por tanto, nos parece que, por mucho
que se diga que metamos en estos campos a objetores de conciencia
rebosantes de sensibilidad, se resuelve poco esta situación.
Pero ya cuando hablamos de menores maltratados nos parece aún más
descabellado lo que se nos está proponiendo, porque estamos refiriéndonos
a menores maltratados, que es un problema realmente grave. Cuando un
menor sufre un mal trato por parte de sus padres naturales o por las
personas bajo cuyo cargo está, es evidente que necesita una intervención
profesional cualificada. Los servicios sociales o cualquier otra persona
a nivel individual, si detectan un caso, lo ponen en conocimiento de
quien corresponda. Ahí interviene naturalmente Protección de Menores, y
las comunidades autónomas asumen entonces la tutela de esos menores.
Normalmente esos menores ingresan en un centro especializado y ahí existe
personal cualificado que trabaja con la familia, que puede iniciar un
proceso de reeducación para intentar que el menor vuelva a su medio
natural si las condiciones lo permiten, y si no lo permiten y la relación
está muy deteriorada estos menores serán adoptados o pueden permanecer en
esos centros hasta los dieciocho años.
Es evidente, por tanto, que este tipo de tareas tienen que asumirlas las
comunidades autónomas, por mucho que haya colaboración de los servicios
sociales de los ayuntamientos. Yo creo que tampoco sirve para resolver la
cuestión decir que muchos objetores de conciencia, muy sensibles ellos,
se van a dedicar a este tipo de problemas, porque realmente se necesita
personal especializado, como decía, y recursos materiales. Lo mismo
podríamos decir de los problemas de los menores condenados --entre
comillas-- por un juzgado de menores cuando cometen un cierto delito,
porque ahí habría que preguntarse quién hace el seguimiento de estos
menores, y me parece que lo fundamental tendría que ser realizado por
personal especializado y equipos cualificados.
En todo caso, nos parece preocupante lo que, a lo mejor sin ser la
intención, sí esconde la filosofía de esta proposición no de ley, que
nosotros evidentemente votaremos en contra porque nos parece confusa en
sus planteamientos, ya que de alguna manera --y ya sé que seguramente no
es la intención-- yo creo que frivoliza sobre la atención a los menores y
también, desde nuestro punto de vista, mantiene conceptos erróneos sobre
la función de los objetores de conciencia a la hora de realizar la
prestación social sustitutoria. Pero mucho nos tememos que, a lo mejor,
trasluce intenciones del Partido Popular, desde nuestro punto de vista
poco deseables, ya que bajo el pretexto de fomentar el voluntariado
social, esta vez a través de los objetores de conciencia, puede ser que
se esconda, yo no digo
que sea, empezar a disminuir el gasto reduciendo el personal
especializado y los servicios sociales en su conjunto, para volver a
aquella concepción caritativa de esos servicios, tan necesarios en una
sociedad tan desigual como la nuestra, pero que no es el modelo deseable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir
brevemente para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria respecto
a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre la
atención por objetores de conciencia a los menores afectados por
problemas de marginación, maltrato y reforma.
Nuestra posición, como no podía ser de otra manera, es apoyar la
intencionalidad de la proposición no de ley. Entendemos que todos los
recursos que podamos orientar a mejorar los problemas de nuestros menores
marginados, bienvenidos sean. Creemos que es positivo que la Dirección
General de Objeción de Conciencia haya puesto en marcha un plan para dar
respuesta al aumento de los casi 40.000 objetores hasta finales del año
1996. Es importante porque es lamentable que se desaproveche, dentro de
la prestación social sustitutoria, el potencial de unos recursos humanos
tan importantes que además suelen tener un alto grado de formación.
En cualquier caso, para conseguir los objetivos que persigue la
proposición no de ley y partiendo del respeto a las competencias que
tienen las comunidades autónomas, entendemos que se requiere precisar las
condiciones en las que se debe desarrollar el servicio que, a nuestro
juicio, al menos, deben ser: Primero, si se ejerce en programas
estructurados, dentro del plan de actuación de la red básica municipal,
estará integrado en un equipo de intervención, bajo la responsabilidad
del coordinador o director del servicio. Segundo, si se ejerce en
programas específicos, en la red especializada, estará inserto en el plan
de menores de la entidad pública competente en la materia, ejecutando
tareas determinadas, adjudicadas por el coordinador o director del
servicio o formando parte de un equipo e integrado en la dinámica del
mismo. Tercero, en ningún caso deben admitirse actividades en solitario
que no estén insertas en la planificación de menores de los organismos
públicos competentes en la materia. Cuarto, el contenido de la tarea le
vendrá dado por el responsable del área o por aquel en quien éste
delegue. Quinto, la actividad deberá ser supervisada por el responsable
del programa. Sexto, habrá una evaluación periódica y otra al final del
término de la prestación, y séptimo, se iniciará con un acuerdo firmado
sobre las condiciones de la prestación.
Entendemos que éstas son, al menos, las condiciones en las que se debe
prestar el servicio, para que no quede esta proposición no de ley como un
mero gesto oportunista de cara a la galería o para que la eficacia de la
misma no quede en papel mojado.
En cualquier caso, con respecto a las enmiendas presentadas, estamos de
acuerdo con la presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y
entendemos que el Grupo Popular también debería aceptar la presentada por
el Grupo Socialista, que lo que significa es clarificación y precisión
con respecto al objetivo que persigue el ministerio correspondiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco con relación a la proposición no
de ley que estamos debatiendo en este momento.
Yo quiero reconocer la buena voluntad del grupo proponente, pero ésta es
una cuestión totalmente ideológica y no escapará a SS. SS. que el Grupo
Vasco aspira a tener un ejército profesional lo antes posible. Con motivo
de un debate en esta Cámara hace dos meses también de una proposición no
de ley, indicábamos que ésta es una cuestión de voluntad política y que
para nuestro Grupo no hay otras razones más que las avalen el que antes
de que finalice el siglo tengamos un ejército profesional. Con ello
desaparecería el servicio militar obligatorio y, por tanto, la prestación
social sustitutoria.
Tampoco escapa a SS. SS. que los objetores de conciencia no son
voluntarios del trabajo social, sino que es algo que está impuesto
precisamente por una prestación social sustitutoria que, como indica la
palabra, sustituye al servicio militar obligatorio.
Los servicios sociales, y sobre todo los servicios sociales
especializados, que deben dar una respuesta --y en este caso se está
planteando relacionada con los menores en situación de riesgo--,
necesitan de profesionales también apoyados por el voluntariado social,
pero no por otras personas o por otros apoyos que no son voluntarios.
Precisamente nosotros hemos defendido, a lo largo de varias legislaturas,
que los objetores de conciencia no pueden cubrir puestos de trabajadores
especializados en el campo de lo social.
Por otra parte, también quiero indicar que en nuestra comunidad autónoma
vasca casi todos los ayuntamientos han decidido no colaborar ofertando
plazas de prestación social sustitutoria para los objetores. Y
éste no es un capricho de las corporaciones municipales, sino que viene
avalado por la mayoría de los objetores del País Vasco. Por eso yo quiero
ser coherente con lo que defendemos en nuestros ayuntamientos en la
comunidad vasca y precisamente por eso anuncio el voto en contra del
Grupo Vasco a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
fijamos nuestra posición manifestando de entrada --y no queremos incurrir
en hacer ningún juicio de intenciones-- que tenemos una seria duda en si
lo que preocupa al Grupo Popular es la situación de los menores
maltratados, marginados y en abandono, o si lo que le preocupa de verdad
son los 40.000 objetores de conciencia. Yo creo que lo que le preocupa
son los 40.000 objetores de conciencia. Y si lo que le preocupa es eso,
tiene muchos mecanismos para solucionar este problema, pero no hacer un
uso de los mismos como si fueran algo así como válidos para todo, porque
por las mismas razones por las que se pretende tirar de ellos para el
cuidado de los niños maltratados, marginados o en proceso de reforma, se
les puede utilizar para combatir los incendios forestales, en algunos
momentos incluso para procurar evitar los embotellamientos en carretera
y, si se quiere, para otra clase de faenas, todas ellas absolutamente
laudables. Por tanto, vamos a tener un poco de rigor, porque en esta
clase de temas no es bueno el voluntarismo y menos aún el paternalismo.
Los objetores de conciencia pueden ser unos señores absolutamente
respetables, pero puede ocurrir que no estén dotados para ninguna clase
de actividades de este tipo.
En consecuencia, a la luz de esas consideraciones, cuando examinamos su
proposición no de ley tuvimos la intención de enmendarla, añadiendo, a la
expresión de por parte de los objetores de conciencia, el inciso de que
tengan capacitación para, y añadiendo in fine a la proposición no de ley:
siempre bajo la responsabilidad de las instituciones legalmente
responsables de su guarda, tutela y cuidado. Sin embargo, cuando ya
teníamos redactada la enmienda y llegó el momento de presentarla, nos
dimos cuenta de que si efectivamente se trata de objetores de conciencia
capacitados para este trabajo, y se trata además de llevar a cabo el
mismo con las instituciones legalmente responsables para ello, no hace
falta la proposición no de ley ¿Por qué? Porque ya está absolutamente
regulado. Muchos objetores de conciencia ya tienen el ofrecimiento de
puestos de trabajo para llevarlo adelante bajo la dependencia de los
ayuntamientos y bajo la dependencia de las comunidades, con lo cual no
hace falta para nada. ¿De qué se trata en esta proposición de ley? ¿De
que se cumplan las leyes? En eso estaremos absolutamente de acuerdo. Pero
la proposición de ley, tal como viene redactada, se presta incluso a
equivocaciones, porque no es lo mismo una llamada de atención a la
responsabilidad municipal o a la responsabilidad de las comunidades que
establecer un tratamiento de determinada clase de convenios, cuando
además en la proposición no de ley no se dice que van a ir acompañados de
la suficiente transferencia de medios. Y sabe S. S. que en muchísimos
supuestos municipales no se pueden acometer estas responsabilidades,
precisamente por la carencia de medios de la mayoría de nuestros
municipios. En todo caso, hay que tener mucho más cuidado, porque meter
en el mismo saco a los menores marginados, maltratados o en proceso de
reforma, es equivocar, cuando precisamente estas tres situaciones están
contempladas legalmente con una especificidad para cada una de ellas.
Hay que tener un respeto absoluto a la responsabilidad judicial y a la
responsabilidad de las comunidades en este tema. No es un caso de
voluntarismo. Por ello, si como consecuencia de la asunción de las
enmiendas no queda perfectamente claro que no hay la menor intromisión en
lo que es facultad de los ayuntamientos, no queda perfectamente claro que
se respeta, y no sólo se respeta sino que se incide en la responsabilidad
de las comunidades autónomas, y no queda también perfectamente claro que
se tratará de aquellos objetores que, voluntariamente y teniendo
capacitación para ello, estén dispuestos a llevarlo adelante, nos
tendríamos que ver obligados, aunque parezca que ello no genera una buena
imagen, a votar en contra por un elemental rigor. No nos parece que éste
sea un tema con el que se puedan hacer resoluciones fáciles y de momento
muy espectaculares, pero que son absolutamente peligrosas.
En todo caso, acabamos, señor Presidente, pidiendo al Grupo Parlamentario
Popular, porque le sobran facultades para ello que, si está preocupado
por los 40.000 objetores de conciencia, empiece a preocuparse de entrada
por aquellos que siendo objetores de conciencia y a lo mejor con enorme
capacidad técnica para preocuparse de estos temas, son insumisos, a los
que seguimos todo los días, y se ha llamado la atención suficientemente
para ello, privándolos de libertad y colocándolos en situación de
discriminación civil cuando están haciendo, pura y sencillamente, uso de
un derecho constitucional. Esperamos verdaderamente anhelantes la
proposición no de ley por la que el Grupo Popular inste a su propio
gobierno para que, de una vez por todas, los que sufren persecución por
este
tema queden en la más absoluta de las libertades, sin ninguna
discriminación. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Tiene la palabra la señora Barrios, para expresar la aceptación o no de
las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo
parlamentario Popular.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para contestar a los dos grupos que han presentado enmiendas.
En cuanto a la del Grupo Socialista en la que en un primer apartado se
recoge la comparecencia del Director General de Objeción de Conciencia,
no nos parece adecuado admitirla, puesto que ya se ha fijado fecha para
ello por la Mesa del Congreso y es un añadido que no tiene mayor valor.
Respecto a la segunda parte, al coincidir con la enmienda que presenta el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos parece que ésta es más adecuada
y que su redacción literal es mejor que la suya. Lo único que
aceptaríamos es un añadido final que diría: y para ello impulse los
correspondientes convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas,
puesto que si no se desvirtuaría esta proposición no de ley, que lo que
pretende es que los menores que sufren unas determinadas desconexiones
familiares y sociales, sean atendidos preferentemente por objetores de
conciencia y que se elaboren programas para ello entre los ayuntamientos
y la propia dirección general.
Quiero dar las gracias por las intervenciones de los diferentes grupos y
decirles que cuando se presenta una iniciativa no vale una interpretación
de la misma. Hay que ir a la literalidad del contenido de sus palabras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entiendo que el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) acepta el añadido que propone la
señora Barrios a su enmienda.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Sí, señor Presidente, aceptamos la
propuesta. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Campuzano. (El señor Castellano Cardalliaguet pide la palabra.)
Señor Castellano, ¿qué desea?
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, quiero rogarle, si
no hay inconveniente, que se dé lectura de cómo queda realmente el texto
sobre el que nos vamos a pronunciar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará a
continuación, señor Castellano.
A los términos literales de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se le añade una frase al final que dice: y para
ello impulse los correspondientes convenios con ayuntamientos y
comunidades autónomas. Esa es la integridad de la enmienda aceptada por
el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, ¿es que hay alguna
dificultad en que se lea el texto completo de la enmienda?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor
Castellano; era por economía de tiempo. Se lo leo encantado a
continuación.
Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, desde el
respeto a las competencias exclusivas que tienen las comunidades
autónomas en materia de servicios sociales e infancia, promueva programas
de la prestación social sustitutoria que provean la participación de
objetores de conciencia en acciones de apoyo a la infancia y la
adolescencia en riesgo, y para ello impulse los correspondientes
convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): De nada, señor
Castellano. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a
que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del plan de choque
que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner en
marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas concejalías de
Asistencia Social de los municipios, y dentro de la prestación social
sustitutoria, la atención, por parte de los objetores de conciencia, a
los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma,
en los términos que acaba de leer la Presidencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a
favor, 158; en contra, nueve; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN EL SECTOR
VACUNO DE CARNE ESPAÑOL, COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS PROVOCADA POR LA
ENFERMEDAD DE LAS «VACAS LOCAS». ( Número de expediente 162/000049)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector vacuno de carne español,
como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad de las «vacas
locas». (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Para su defensa, tiene
la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el problema que nos ocupa es tan
antiguo y reiterativo que bien merece nuestra atención, y para ello les
contaré una crónica de actualidad, una actualidad del año 1870 recogida
en un diario regional con el siguiente titular: Conservación de carnes, y
decía así: A mediados del año último se constituyó una empresa en Londres
con objeto de explotar un negocio comercial, consistente en traer a
diferentes puertos de Europa carne muerta y fresca de América del Sur,
conservada por medio de hielo y en aparato especial. Hace pocos años se
trató de establecer entre Francia y América del Sur un gran comercio de
carne salada de toda especie y principalmente de buey, muy a propósito
para suplir la escasez de carnes que de poco tiempo a esta parte se deja
sentir en Europa. Algunos cargamentos que habían desembarcado en los
puertos franceses fueron inmediatamente vendidos de suerte que empezó a
establecerse en las grandes ciudades comercio de estas carnes saladas,
pero habiendo examinado la Academia de Ciencias una muestra dio un
informe sobre este género de alimentación poco favorable desde el punto
de vista de la salubridad.
El problemas que nos ocupa nos hace volver la vista a nuestro siglo.
Señor Presidente, esta iniciativa que tengo el honor de defender en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista demuestra que las Cortes, por
mucho que se quiera establecer en otros ámbitos lo que preocupa a los
ciudadanos, es el lugar indicado para discutir aquello que efectivamente
no solamente ocupa y preocupa a los ciudadanos, sino al conjunto de las
familias españolas. Todos los sectores sociales se han pronunciado con
preocupación, creándose una alarma general producto de la cual se provocó
la crisis en el sector, crisis económica, de consumo y, por tanto, de
credibilidad. Para que SS. SS. se ilustren y puedan comprender la
actualidad y la importancia de lo que estamos tratando, les expondré
algunos hechos.
Hace quince días se celebró la última de las tradicionales ferias de
ganado en Porto de Sanabria. Pues bien, el diagnóstico de la misma,
recogido en los medios y manifestado por los profesionales, fue que cada
vez se paga menos por las reses sanabresas, por lo que cada vez es menos
rentable este oficio. Hace un mes, aproximadamente, se detecta en
Portugal un nuevo brote de la enfermedad de las «vacas locas». Hace
quince días los médicos franceses informaban de la segunda muerte humana
en dicho país como consecuencia de la encefalopatía espongiforme bovina,
y así podríamos seguir relatando pequeños y grandes acontecimientos, a
veces dramáticos y, como mínimo, inquietantes. Por todo ello, la grave
crisis que atraviesa el sector español de carne de vacuno precisa de
medidas de apoyo firmes, generalizadas y directas.
Los británicos, con una cierta complicidad de la Comisión de la Unión
Europea y el apoyo de ciertos países miembros, incluida la comprensión
del Gobierno español, le han querido dar al problema de las «vacas locas»
una solución política, cuando era fundamentalmente un problema de salud
de los ciudadanos, que ha sumido al sector comunitario en una profunda
crisis que afecta asimismo a España. Un problema sanitario originado en
Gran Bretaña y mal gestionado por su Gobierno, y cuyo medio de
propagación parece haber sido la ingestión de piensos en los que se había
usado harina de carne procedente de restos de animales enfermos.
España parece aislada de este problema, no habiéndose detectado ningún
caso, por fortuna, de esta enfermedad en el ganado y sin que --según
parece-- se haya importado este tipo de material para la elaboración de
piensos, habiéndose producido las exportaciones de carne británica con
anterioridad aunque en un número muy reducido. Por ello, en España
estamos en condiciones de mantener una actitud exigente y firme en
relación a las medidas a adoptar por la Unión Europea, máxime teniendo en
cuenta que nuestro país ha tenido que controlar y erradicar la peste
porcina africana con sus propios medios, con la dificultad añadida de
mantener, mientras tanto, nuestras fronteras abiertas a la importación y
cerradas a la exportación.
Respecto a las medidas adoptadas por la Unión Europea, la prohibición de
exportación de animales y productos cárnicos británicos no ha generado la
necesaria confianza del consumidor, debido a la presión de los
británicos, a la liberalización parcial de tres productos, como ustedes
saben: la gelatina, el sebo y el esperma, que afectan a otros productos
derivados, así como a la alarma generada posteriormente por la propuesta
de la Comisión de retirar de la cadena alimentaria las vísceras de
cordero y cabra.
Por otra parte, las medidas adoptadas tras el Consejo Europeo de
Florencia, presupuestariamente insuficientes
y de menor impacto en España, donde hay un menor porcentaje de animales
primados, han llevado, para compensar sus efectos, a que los países
puedan establecer ayudas equivalentes a las aprobadas por la Unión
Europea, en perjuicio de la solidaridad financiera de este tipo de
crisis, situando a nuestros ganaderos en inferioridad de condiciones en
el caso de que no fueran adoptadas paralelamente en nuestro país.
En cuanto a sus efectos, nos encontramos ante una crisis prolongada,
motivada por una fuerte contracción de la demanda, debido a la
desconfianza del consumidor y que ha generado su sustitución por otro
tipo de carnes; las alzas de los precios por las sustituciones de estas
carnes tiene el consiguiente efecto inflacionista de dichos productos. En
estos últimos meses, para que ustedes se den cuenta del volumen y la
importancia que tiene este problema, de unas 500.000 toneladas los
excedentes de carne alcanzan unas 8.000 toneladas/mes. También han
resultado afectadas las exportaciones de vacuno, que se han reducido. Hay
que añadir la retracción inicial en la oferta de los ganaderos ante la
baja de precios.
Por otra parte, nada permite presagiar, desgraciadamente, una
recuperación significativa del mercado en un futuro próximo; incluso los
expertos señalan que ya están llegando al mercado oleadas de vacuno que
no podrán venderse si no es por medio de intervención, cuyo techo podría
rebasarse a finales del año. Por tanto, las medidas a adoptar en la línea
de las que ha estudiado la Comisión afectarían también al control de la
oferta, vinculando ayudas al sacrificio y a la entrega, a la intervención
de canales de animales jóvenes, aumentando el techo de la misma e incluso
modificando ciertas medidas estructurales como ayudas a las inversiones,
instalación de jóvenes agricultores, indemnizaciones compensatorias,
régimen de prejubilación, lo que afectaría seriamente a un modo de
producción con fuertes consecuencias socioeconómicas y territoriales.
Es urgente, por lo tanto, la adopción de medidas que desde la generación
de la confianza y la recuperación del consumo sean vinculadas a la
garantía de las medidas en el control sanitario y de calidad, a las de
apoyo a la rentas y al impacto de los bajos precios, de control de oferta
y de apoyo a la exportación. Todo ello configura una respuesta adecuada a
la problemática generada en este importante sector de producción y del
consumo de nuestro país.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con esta iniciativa
queremos ayudar al sector --los ganaderos, los mataderos y toda la red
industrial y comercial--, pero también y sobre todo a los consumidores,
ofreciéndoles garantías y también, por qué no decirlo, queremos una vez
más ayudar al Gobierno en esta actitud positiva desde la posición que el
Grupo Socialista mantiene en esta Cámara. Creemos que éste es uno de los
problemas que afecta al conjunto de los territorios y a una parte
importante de la economía de nuestro país, pero queremos ayudar al
Gobierno y queremos que ese Gobierno se deje ayudar.
De ser apoyada unánimente, como yo espero, esta proposición no de ley,
estaríamos contribuyendo a serenar los mercados, a devolver la confianza
a los consumidores y a prestigiar nuestros productos en los mercados
exteriores. En definitiva, entraríamos en una actitud inteligente y llena
de cordura.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Madrid.
A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de
modificación que de hecho es de sustitución. En su nombre va a intervenir
el Diputado señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, sin duda la situación actual creada por la aparición de la
enfermedad denominada de las «vacas locas» ha supuesto un nuevo ataque en
la línea de flotación de un sector que desde hace muchos años lo está
pasando ciertamente mal.
El tratamiento que la reforma de la PAC dio al bovino español de carne es
difícil de comprender. De hecho, los legisladores, en el momento de la
redacción de la normativa, seguro que no estaban pensando en los
intereses de nuestra ganadería y, por lo tanto, en este momento el sector
ha de hacer frente a una normativa que le perjudica y además se ve
inmerso en un grave problema que queremos creer que es de tipo
coyuntural. Me estoy refiriendo, como ustedes saben, señoras y señores
Diputados, al mal de las«vacas locas», que, en principio, no nos tendría
que afectar, pero no hay duda que estamos recibiendo sus consecuencias y
éstas son muy negativas.
Este problema tiene su origen, a nuestro entender, en una falta de
reglamentación estricta o en el incumplimiento de la ley en otros casos
por lo que hace referencia a la alimentación de las reses, agravado por
un retraso inexplicable en el momento de actuar, ya sea por parte de las
autoridades sanitarias del Reino Unido, ya sea por las autoridades
responsables de la Unión Europea. Esa falta de decisión nos ha convertido
en víctimas de un problema en el que nada tenemos que ver, que ha
provocado una pérdida de confianza en la carne que ha acarreado la caída
de su consumo, la de los precios y, consecuentemente también, la
descapitalización del sector.
Por estos motivos nuestro grupo entiende que hay que promover iniciativas
dirigidas a tranquilizar al consumidor y a garantizarle que el producto
que consume es de primera calidad. ¿Cómo se tiene que hacer esto?
Básicamente asegurando el Estado español que
nuestro país está libre de la enfermedad. Y esa afirmación debe apoyarse
en el control estricto de la sanidad de nuestra cabaña, tomando las
medidas adecuadas por lo que se refiere a la importación de carnes,
vísceras y animales vivos y haciendo un seguimiento de la alimentación de
las reses para evitar la aparición de esta enfermedad. Es necesario
también poner en marcha un mecanismo de certificación, no sólo de la
procedencia de la carne, sino de la calidad de la misma, que devuelva la
confianza al consumidor. Por tanto, valorando de forma positiva la
preocupación del Grupo Socialista por el tema, nuestro grupo cree que hay
que hacer un esfuerzo en la línea de intentar no preocupar más a la
opinión pública, sino continuar trabajando de forma constante para
erradicar el problema.
Por estos motivos básicamente no estaríamos de acuerdo con los puntos que
figuran en la proposición no de ley del Grupo Socialista. Creemos que en
el caso de aprobarse la redacción de su apartado 1 podría producir, por
encima de todo, una alarma injustificada. En cuanto a los puntos 2 y 3,
tenemos constancia de que en la Unión Europea se han aprobado nuevas
ayudas para la compensación de la pérdida de renta de los productores por
la crisis de las «vacas locas» en concordancia con el espíritu de la
reforma de la política agraria comunitaria. Creemos que las actuales
medidas de intervención que intentan evitar la saturación del mercado
están actuando en este momento de forma correcta y, por lo tanto, no hace
falta volver sobre el tema. Además, en este momento el sector, tanto en
lo que se refiere a los precios como al consumo, está en una línea
ascendente de recuperación y parece ser que está superando con éxito la
situación de no cotización de la segunda quincena de abril y la situación
de precios mínimos de la segunda quincena de julio.
Creemos que el punto 4 es uno de los más importantes, aunque parece que
el Gobierno ya está trabajando en un programa que tendría por finalidad
asegurar la calidad de la carne del vacuno español. La caída del consumo,
de los precios y la problemática del sector pivota, a nuestro entender,
en la pérdida de confianza del consumidor, preocupado por las noticias
que van apareciendo sistemáticamente en los medios de comunicación, ya
que a nuestro entender sólo hay un sistema para devolver la confianza y
es el de certificar de una manera fehaciente la calidad en origen de la
carne, herramienta que, si somos capaces de poner en marcha de una forma
satisfactoria, nos servirá para promover el consumo de nuestra propia
carne en el futuro. Parece que el Gobierno está preparando un programa en
esa línea. Lo cierto es que en este momento tampoco sabemos en qué
situación está. Entendemos que cualquier actuación en ese campo ha de
estar perfectamente coordinada con las comunidades autónomas que son las
que tienen las competencias en este campo.
Por este motivo, nuestro grupo, preocupado por la viabilidad de ese plan
que el Grupo Socialista apunta en el punto 4 y para dar la máxima
transparencia al mercado del bovino, hace la siguiente aportación que
entendemos de carácter positivo. Se trata, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, de una enmienda de modificación que pretende reformar
la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista y sustituirla por una que
dice lo siguiente. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
establecer un sistema de identificación y control con el fin de asegurar
la calidad de la carne del vacuno español, potenciar el sector e
incrementar la confianza de los consumidores en el mismo.
Este sistema de identificación y control deberá respetar la existencia de
distintivos y denominaciones autonómicas que ya garantizan la calidad de
las carnes en un proceso que abarca desde el origen del animal hasta su
comercialización y, en todo caso, deberá incorporar las siguientes
exigencias: a) que el control que se utilice reúna, como mínimo, los
mismos niveles de exigencia que se están aplicando en aquellas
comunidades autónomas que tienen desde hace años distintivos propios de
calidad; b) que las campañas de promoción que establezcan comprendan
conjuntamente la promoción de todos los otros distintivos autonómicos
existentes, sin perjuicio de que se promocionen las características
específicas que atienden, en cada caso, a la raza del animal, medio o
tipo de producción; c) que se establezcan mecanismos que aseguren la
participación en este ámbito de aquellas comunidades autónomas que
cuentan con distintivos propios de calidad plenamente garantizados.»
Por tanto, señor Presidente, señoras y señores Diputados, entendemos que
es una aportación de carácter positivo, que iría no en la línea de
solucionar el problema de forma inmediata, sino de poner encima de la
mesa una solución de futuro: dar credibilidad a nuestras carnes y, sobre
todo, dar confianza al sector consumidor; que sepa que, cuando va a
comprar carne, compra carne producida en España y, además, de gran
calidad.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Companys.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.--El señor Madrid López pide
la palabra.)
¿Qué desea, señor Madrid?
El señor MADRID LOPEZ: Deseo una aclaración.
En definitiva, la intervención del señor parlamentario viene a decir que
ésta es una enmienda, ¿de qué?
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Como ya ha aclarado la
Presidencia en el momento de presentarla, es una enmienda de sustitución,
aunque el texto ponga de modificación. Es tanta la
modificación que, de hecho, es una sustitución del texto de la
proposición no de ley.
El señor MADRID LOPEZ: Lo decía porque en el documento que el grupo
presenta figura que es de modificación y, por lo tanto, S. S., que para
eso es Presidente, sabrá el tratamiento que debe tener.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): La Presidencia
interpreta que es una enmienda de sustitución, así lo ha anunciado y así
lo ha podido confirmar con el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) al finalizar su intervención.
Muchas gracias, señor Madrid.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego
acerca de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y que hace referencia a las medidas a adoptar en el sector
vacuno de carne español como consecuencia de la crisis provocada por la
enfermedad de las «vacas locas», la encefalopatía espongiforme bovina.
Nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley porque,
desde luego, expresa una necesidad con la que coincidimos: que el
Gobierno español tome medidas concretas en defensa del sector productor
de carne de vacuno afectado por la repercusión en los mercados de la
denominada crisis de las «vacas locas». Medidas concretas que, entre
otras cuestiones, significan aportar fondos que complementen los
destinados a ese fin por la Unión Europea, tal y como están haciendo
otros Estados miembros de la Unión.
Quiero decir que el sector productor de carne de vacuno tiene un
importante peso económico y de él viven numerosas familias. Es un sector
muy importante en el conjunto de la producción de algunas comunidades
autónomas y, en concreto, señoras y señores Diputados, de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Este sector viene atravesando desde hace años una
crisis profunda y estructural, debida, fundamentalmente, al estancamiento
de precios o al modo de distribuir las ayudas comunitarias destinadas a
compensar la caída de los mismos y de las que, por cierto, en la
Comunidad Autónoma de Galicia se ven excluidos muchos ganaderos, porque
el número de vacas nodrizas es mucho mayor que el número de vacas
primables; porque las ayudas para el vacuno, machos sacrificados, sólo
alcanzan a los de más de diez meses, cuando en nuestra comunidad es común
el sacrificio entre los 7 y 9 meses, porque ése es el tipo de carne que
demandan los mercados; porque además la caída de precios también afecta a
los terneros de recría de las explotaciones lácteas que no cuentan con
ningún tipo de ayudas.
A esta crisis hay que añadir ahora la ocasionada por la aparición de las
llamadas «vacas locas» y la posibilidad de transmisión de la enfermedad a
los seres humanos. Esto provocó una retracción en el consumo de este tipo
de carne, aun cuando la carne producida en el Estado español reúne todas
las garantías sanitarias. El consumidor, señoras y señores Diputados,
desconfía de que en los mercados no se «cuele» --entre comillas-- carne
procedente de la Gran Bretaña.
Quisiera aprovechar esta ocasión para hacer una reflexión, que es la
siguiente: ¿Deben primar los criterios económicos exclusivamente sobre
cualquier otro? La lógica que últimamente impera de producir más y más
barato o tener más y más rentabilidad ¿adónde nos conduce? Porque
probablemente nos conduce a este problema de salud y a otros que vendrán
en el futuro, a afectar la salud de los ciudadanos. Porque, señoras y
señores Diputados, la crisis de las «vacas locas» no es una vez más una
especie de castigo divino. Es consecuencia de la utilización de los
criterios de la máxima rentabilidad sin que ningún otro criterio lo
limite. En este caso, buscando la alimentación del ganado bovino a partir
de piensos elaborados con vísceras de animales enfermos. Todo vale. Y las
consecuencias están a la vista.
Desde nuestro punto de vista, mejorar la producción de alimentos,
utilizar técnicas favorables a ese fin nos parece bien. Hacerlo con
criterios exclusivamente productivistas o de rentabilidad económica
parece más que discutible. Esos criterios económicos mucho nos tememos
que sigan primando en la resolución de esta crisis, porque estamos ante
un gravísimo problema de salud y no económico. Y Gran Bretaña, por lo
menos, parece, hace caso omiso a las recomendaciones de sacrificar una
parte importante de su cabaña. Incluso a nosotros nos parecen
preocupantes las resoluciones que adopta la Unión Europea al respecto,
nos parecen contradictorias y poco enérgicas, como la adoptada en la
última cumbre de Florencia, que dice: La presidencia declara que,
mientras tanto un tercer país solicite un suministro de carne de vacuno
británica para su mercado nacional exclusivamente, la Comisión estudiará
esta solicitud, naturalmente dentro del plan marco global, previa
consulta a los comités científicos y veterinarios competentes. Pensamos
que abre demasiadas vías a la exportación de esta carne. En concreto,
parece ser que a terceros países sí que se podría exportar.
Como decía, esta situación crea desconfianza en el ciudadano, que se
inhibe en el consumo de carne de bovino. Y que no hay garantías totales
de no exportación de la carne británica a Europa lo pone de manifiesto la
detección reciente de una partida de carne con esa procedencia en
hamburgueserías francesas o las medidas que recientemente el Gobierno
holandés
parece que quiere tomar ante el peligro que supone la transmisión de esta
enfermedad.
En todo caso, señoras y señores Diputados, vamos a apoyar esta
proposición no de ley porque estamos convencidos de que el Gobierno
español debería actuar con más contundencia, siendo consciente de la
gravedad del problema. En primer lugar, tomando iniciativas en el seno de
la Unión Europea para forzar a Gran Bretaña a resolver el problema
generado por su ganado bovino y a garantizar la no exportación de carne
británica mientras el problema no se resuelva. En segundo lugar, tomando
medidas que garanticen al consumidor el origen español de la carne que
consume, además de reforzar las medidas de inspección y vigilancia sobre
el origen de la carne foránea que sigue entrando, fresca o congelada,
procedente de la Unión Europea o de terceros países. Y, naturalmente,
ayudando al sector en este momento y complementando los 11.000 millones
de pesetas con fondos procedentes de la Unión Europea, porque el sector
necesita ayudas económicas que le permitan paliar la crisis actual.
Además, otros países europeos sí están complementando las ayudas
destinadas por la Unión Europea a este fin, lo que hace que sus ganaderos
puedan competir en mejores condiciones que los nuestros y resistir, por
tanto, mejor la crisis; ayudas a las que, por cierto, desde nuestro punto
de vista, deberían tener posibilidad de acceder todos los ganaderos,
todos los productores de carne.
Señoras y señores Diputados, tomar medidas para paliar los problemas
ocasionados por esta crisis a nuestros ganaderos es muy importante.
También reflexionar sobre la política desarrollada en el sector
agroganadero, en la que se respeten criterios naturales, desde nuestro
punto de vista es fundamental para el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, estando en el
escaño, un grupo de Diputados se estaba planteando si ésta era una
proposición no de ley que correspondía debatir, por su entidad, en Pleno.
Hemos estado discutiendo sobre este asunto y yo he llegado a la
conclusión --no sé si he conseguido convencer al compañero Diputado-- de
que sí, que es una proposición no de ley para ver en Pleno, puesto que es
un problema que afecta de forma rotunda a la economía de nuestro país y
1996 va a ser un año histórico en el mercado de la carne de vacuno,
debido a la enfermedad de las «vacas locas» o, si la queremos llamar
técnicamente, a la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina.
De la importancia de este problema da cuenta el hecho de que en las
Cortes, en estos días, hay dos proposiciones no de ley del mismo tenor,
una de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se debería haber
visto mañana en la Comisión de Agricultura, y ésta que plantea hoy el
Grupo Parlamentario Socialista, cuya filosofía y cuyo objetivo son los
mismos, recabar ayudas de carácter estatal, nacional, para el sector de
la carne de vacuno.
Señorías, en la proposición no de ley que teníamos prevista, que ya no se
verá por cuanto la estamos debatiendo hoy en el Pleno, solicitábamos un
plan de medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia
fiscal, de Seguridad Social y crediticias, con el fin de reparar los
efectos producidos en el sector del ganado vacuno por la enfermedad de
las «vacas locas». Tuve ocasión de hacer esta demanda, esta
reivindicación, a la Ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio, en
su comparecencia del 10 de octubre, y en relación a la misma se me
comunicó que había dificultades de tipo presupuestario pero que se había
pasado al Ministerio de Economía y Hacienda para ver qué medidas se
podían habilitar para coadyuvar a paliar los efectos de la crisis.
Si bien, señorías, nuestro grupo también está de acuerdo en que entramos
en una dinámica que no nos gusta, la de resnacionalizar las ayudas
--entendemos que eso debía ser objeto del principio comunitario de
solidaridad financiera y, por tanto, de una atención comunitaria
exclusivamente--, el hecho es que los países de la Unión Europea han
asignado ya ayudas directas a los ganaderos y al sector de la carne, que
nosotros también debemos producir.
Señorías, en los últimos días, la Unión Europea ha aprobado toda una
serie de ayudas, ayudas directas, de 29 millones de ecus para España, lo
que significa una cantidad de 4.800 millones de pesetas, pero Francia
vuelve a llevarse otra vez la parte del león, se lleva el 23,8 por ciento
de las ayudas; Alemania, el 20 por ciento; el Reino Unido, el l 3 por
ciento y España el 5,8 por ciento. Las ayudas que se han establecido a la
extensificación nos parecen muy adecuadas. Van desde 6.000 a 8.500
pesetas por cabeza, dependiendo de la mayor o menor densidad de vacuno
sobre el territorio.
Una de las reivindicaciones que el Estado español estaba planteando desde
hacía tiempo, el incremento de la ayuda para el vacuno macho, se ha
producido también, con un incremento del 10 por ciento, y el conjunto de
estas ayudas va a significar para el sector unos 10.000 millones de
pesetas. Pero si tenemos en cuenta, señorías, que, desde que ha empezado
la crisis, los precios han descendido más allá de las 100 pesetas por
kilo y que se sacrifican en nuestro país dos millones de animales al año,
las pérdidas que ha experimentado el sector son aproximadamente 56.000
millones
de pesetas y las ayudas que se van a recibir son alrededor de 11.000
millones de pesetas. Eso nos da una idea de lo escasas que son todavía
esas ayudas. ¿Y sobre quién repercuten? Repercuten no tanto sobre el
sector de la industria, sino, fundamentalmente, sobre los ganaderos.
En la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario
Socialista se insta al Gobierno a que se declare el sector en grave
crisis y para ello se habilita una serie de medidas de tipo fiscal, de
Seguridad Social, que se refuercen las medidas de intervención y que se
establezca un sistema de identificación y control con el fin de asegurar
a los consumidores que están consumiendo carne de vacuno español.
Nos parecen adecuadas las medidas que se establecen en la proposición no
de ley, pero entendemos que este tipo de medidas deberían ser moduladas.
No puede ser que reciban las mismas ayudas ganaderos que tienen unas
explotaciones muy grandes que aquellos que son agricultores a título
principal o aquellas explotaciones que consideramos prioritarias.
Saben SS. SS. que nuestro grupo, siempre que se establecen ayudas de este
tipo, exigimos, pedimos, solicitamos que procuren que sean moduladas,
para que se ajusten más a los criterios de justicia y equidad que
pensamos que deben corresponder a la distribución de la aportación y de
la ayuda públicas.
Creemos que serían necesarios créditos de campaña que puedan ser
refinanciados, reducciones en las cotizaciones fiscales y las de la
Seguridad Social para 1996 y, sobre todo, campañas de promoción y
asesoramiento al consumidor de carne de vacuno. Las denominaciones de
origen y de calidad hay que extenderlas. Pensamos que se debe tener muy
en cuenta a las organizaciones de productores, pues no puede ser que
suceda como hasta ahora, que el Ministerio de Agricultura esté
centrándose y colaborando únicamente con las sectoriales del vacuno;
creemos que las organizaciones profesionales agrarias deben tener un
papel muy importante en el diseño de todas esas campañas de calidad en la
carne de vacuno y que debe instarse a la Unión Europea para que se
prohíba totalmente la elaboración de piensos con proteína animal, en
tanto no se solucione la situación derivada de la enfermedad de las
«vacas locas».
Creo, señorías, que el Diputado don Ramón Companys, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha hecho una extraordinaria
maniobra de dispersión haciendo que nos olvidemos de que aquí hay una
proposición no de ley que pide realmente ayudas directas, que pide
mecanismos de intervención y que está en la misma línea que nuestra
proposición no de ley, presentada en la Comisión de Agricultura, para que
se haga un plan de choque para ayudar al sector ganadero.
No creo que nadie de esta Cámara esté en contra de que su enmienda,
señoría, fuese una enmienda de adición, por cuanto no es una enmienda de
sustitución ni tampoco es de modificación. Entiendo que es una enmienda
de adición.
Pienso que todos los grupos estaríamos de acuerdo en que han de ser las
comunidades autónomas las que desarrollen fundamentalmente esas campañas
de promoción del consumo de las denominaciones de origen, pero no soy yo
quien administra esta proposición no de ley, aunque entiendo, señor
Companys, que si se pudiese salir de aquí con algunos puntos de acuerdo,
debería reconsiderar su enmienda para que fuera de adición.
Señorías, de la misma manera que hemos habilitado recursos para las
crisis derivadas de la sequía y de otras catástrofes, la crisis de las
«vacas locas» ha afectado tremendamente al sector ganadero y debemos
recuperar el consumo y precios y, sobre todo, se debe recuperar la
confianza en un sector, debiendo garantizar que los ganaderos tienen
renta suficiente para poder continuar con explotaciones viables y de
calidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pérez
Vega.
La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del grupo voy a fijar la posición sobre esta
proposición no de ley.
La crisis del sector vacuno se viene detectando desde los años 1992 y
1993, en parte por un problema estructural del sector en el cual se
detecta un frágil equilibrio entre la oferta y la demanda y, por otra
parte, por la mala imagen que se tiene de la carne y el precio
correlativamente caro respecto a otras carnes alternativas.
La crisis de las «vacas locas» lo único que hace es agravar la situación,
que, aunque con menos virulencia, podría haberse producido el año que
viene.
La preocupación prioritaria del Gobierno es la salud de los consumidores.
De ahí la prohibición de importar productos vacunos de todos los países
en los que se han detectado casos de encefalopatía espongiforme bovina y
permitir la entrada de tres productos, semen, gelatina y sebo, cuando se
tenga constancia cierta de su inocuidad. Esta constancia se deriva de los
informes rigurosos de los científicos y veterinarios.
Por otro lado, se puede afirmar que en nuestro país no existe ningún caso
de esta enfermedad gracias a las importantes medidas que se han tomado en
este sentido, como la prohibición por parte del Gobierno español de
introducir en el territorio nacional proteínas de mamíferos, harinas de
carne y hueso y piensos que contengan estos productos, procedentes de los
países
en los que habían aparecido casos de vacunos con esta enfermedad.
El Gobierno, consciente de que el gran problema del sector está en que el
consumidor recupere la confianza en la carne de vacuno español, está
tomando importantes medidas para mejorar la imagen genérica de la carne.
En esta misma línea se van a potenciar también las actuaciones de
estímulo de la producción de carne de calidad e información al
consumidor, que ya se venían realizando por algunas asociaciones,
especialmente las que aglutinan a los productores de razas vacunas
autóctonas españolas.
En estos aspectos, cobra gran importancia la consecución de un perfecto
seguimiento de las carnes desde el lugar de nacimiento de los animales
hasta el punto de venta al consumidor. Por ello, el Ministerio de
Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, tiene
previsto de manera inmediata la puesta en marcha de un importante
dispositivo para la identificación de los animales, no sólo vacunos sino
también ovinos, caprinos y porcinos, con un coste cercano a los 1.000
millones de pesetas. Asimismo, el Ministerio ha apoyado directamente, con
financiación suficiente, el Programa Clara, es decir, carne libre de
aditivos, regulada y avalada, diseñado por la interprofesional del
sector, Intervac, con el fin de estimular la producción de calidad,
mediante controles externos en toda la cadena, y mejorar la información
al consumidor del producto que se le ofrece.
Señorías, proponer que se concedan ayudas nacionales al sector me parece
un ejercicio de demagogia, ya que el consumo de carne de vacuno tocó
fondo en junio y en el momento actual está en unos niveles del 90 por
ciento del consumo habitual en estas fechas. Dicha propuesta es
innecesaria por el motivo anteriormente expuesto. Además, supondría
cargar los presupuestos nacionales cuando ningún otro país de la Unión
Europea lo ha hecho, a excepción de Francia, que, como sabrán SS. SS., es
uno de los países donde han aparecido casos nativos de vacunos con
encefalopatía espongiforme bovina.
El Gobierno español ha conseguido para nuestros ganaderos ayudas
adicionales de 10.200 millones para compensar la crisis del sector,
aparte de las ayudas tradicionales de campaña, que ya se han cobrado. La
semana pasada, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, se
consiguieron otros 10.000 millones de pesetas adicionales, en ayudas a
los productores del sector.
En relación con el último Consejo de Ministros de la Unión Europea,
quiero resaltar que se aprobó que España incrementase su límite anual de
terneros con derecho a prima. España seria el único Estado que
incrementase su límite anual de animales con derecho a esta prima; todos
los demás bajan respecto a su cifra actual, excepto Grecia, Austria,
Portugal y el Reino Unido, que se mantendría. El incremento sería del 10
por ciento.
Por otro lado, la intervención llevada a cabo por el Ministerio de
Agricultura ha funcionado muy bien, con una retirada de 29.200 toneladas,
lo que ha supuesto 12.000 millones de pesetas más para nuestros
ganaderos, que, lejos de verse en inferioridad de condiciones con el
resto de los países de la Unión Europea, se encuentran protegidos por un
Gobierno que defiende sus intereses. Como consecuencia de todas estas
medidas es posible observar claros signos de recuperación en el sector.
Entendemos que redundar sobre una situación que afortunadamente se está
superando y proponer actuaciones como las que se indican en esta
iniciativa del Grupo Socialista pudiera incidir negativamente en la
resolución del problema. Si el consumo está prácticamente recuperado y
los precios están aproximándose a la normalidad, nos parece que no es
conveniente incidir. Asimismo, pensamos que las medidas adoptadas por el
MAPA y por las autoridades europeas han sido las correctas.
Aparte de las actuaciones del Ministerio, recuerdo a esta Cámara que se
va a poner a funcionar en breves fechas una subcomisión de sanidad
animal, donde se hará un seguimiento puntual y exhaustivo de todo el
asunto de las «vacas locas».
Concluyo. El Grupo Parlamentario Popular no considera necesario
establecer nuevas medidas extraordinarias de apoyo al sector productor,
aunque sí encuentra de la máxima importancia continuar con las
actuaciones ya iniciadas de potenciación del consumo, mediante la
promoción de la producción de carne de calidad y de una información
adecuada al consumidor. En este sentido, la enmienda presentada por el
Grupo de Convergència i Unió hace algunas aportaciones que pueden
incrementar la confianza de los consumidores en la carne de vacuno. Esto
nos parece un complemento positivo a los planes de control de calidad que
ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura y consideramos que es
una aportación digna de tenerse en cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Pérez
Vega.
Señor Madrid, a los efectos de decir si acepta o no la enmienda de
sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la
palabra.
El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, en primer lugar, he de decir que
las ayudas equivalentes desarrolladas en los países de la Unión Europea,
Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal ya las han realizado.
Señor Presidente, la Mesa sabrá por qué ha clasificado la enmienda
recibida como de sustitución; ése es su problema. Y no podemos aceptarla
porque estamos hablando de cosas diferentes. El señor Diputado manifiesta
una enorme contradicción cuando dice que hay que dar confianza a los
mercados y al Estado español. No entendemos esa forma de utilizar en
estos momentos
al Estado español. Si la propuesta de sustitución, perdone el tono,
afectara al hecho diferencial, la aceptaríamos.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Madrid.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector vacuno de
carne español, como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad
de las «vacas locas», en los términos inicialmente planteados por el
grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a
favor, 128; en contra, 162.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA,
SOBRE LA POLITICA DE DEFENSA DE NUESTRO PAIS EN RELACION CON NUESTRA
INTEGRACION EN LA ESTRUCTURA MILITAR DE LA OTAN (Número de expediente
173/000017)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política de defensa de
nuestro país en relación con nuestra integración en la estructura militar
de la OTAN.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Aguilar. (El
señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para presentar la moción
consecuencia de la interpelación que presentó mi grupo parlamentario, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre la política de seguridad y defensa de España en relación con el
cambio de status de nuestro país en el seno de la OTAN, que comporta ni
más ni menos que el ingreso en la estructura militar de la Alianza
Atlántica.
Debo comenzar mi intervención, señoras y señores Diputados, diciendo que
realizamos este debate en una situación de engaño, de ocultamiento y de
burla a este Parlamento, provocada y realizada por el Gobierno actual del
Partido Popular, presidido por el señor Aznar. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora
Aguilar.
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
(Pausa.)
Puede continuar, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Decía que realizamos este debate en una situación de engaño, de
ocultamiento y de burla a este Parlamento, provocada y realizada por el
Gobierno actual del Partido Popular. Porque hay que decir que es
inadmisible, desde el punto de vista democrático y en un Estado de
Derecho como el nuestro, que un Gobierno, un ministerio esté negociando
bilateralmente con los Estados Unidos el incumplimiento flagrante de un
referéndum en el que se pronunció nuestro pueblo, y nada de esto,
absolutamente nada de esto, lo conozca nuestro Parlamento. Además de
inadmisible, nosotros creemos que es nocivo y peligroso para la
democracia que la derecha, el Partido Popular, acompañada en muchos
momentos de sus aliados naturales y habituales, cada día sustente más su
actuación política en vaciar de contenido a este Parlamento. Cada vez
podemos observar, día a día, cómo la política y las decisiones
fundamentales e importantes que se van tomando se van haciendo fuera del
Parlamento, vaciando de contenido nuestra Cámara, el Congreso de los
Diputados, y es que parece como si se pretendiera mantener de convidada
de piedra a esta Cámara en lo que son decisiones fundamentales e
importantísimas para el desarrollo de nuestro sistema democrático, de
nuestro Estado de Derecho y para el conjunto de nuestro pueblo, y es como
si también se pretendiera mantener a este Parlamento como mero
espectador, sin poder ejercer su función de control.
Nosotros, precisamente por todas estas circunstancias que vienen de
manera habitual rodeando los debates de los grandes temas, queremos
exigir desde aquí, aquí y ahora, ya, transparencia e información
suficiente al Gobierno para que no se le sustraiga al Parlamento lo que
le es propio, la función de control, porque no queremos de ninguna de las
formas y maneras que se deje esquelética a nuestra propia democracia. Y
es que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señorías, en estos últimos días
hemos asistido a un espectáculo ciertamente lamentable. Hemos comprobado
cómo lo que afirmaba un ministerio, el de Asuntos Exteriores, lo negaba
otro, el Ministerio de Defensa, el señor
Serra, y cómo a continuación lo confirmaba la Embajada americana. El
espectáculo ha sido total, máxime cuando el señor Serra, después de haber
negado la mayor, ha empezado a decir ya que reconocía que había contactos
con los Estados Unidos para que se reinstalaran en las bases españolas de
Zaragoza y de Torrejón. Se ve que el señor Serra está acostumbrado a
aquello de los secretos, que todo lo quiere mantener oculto y en el
secretismo, y estaba realizando unas negociaciones totalmente a espaldas
del Parlamento --esperemos que no a espaldas del propio Gobierno--, sin
que estuviera dispuesto a ofrecer la información debida y necesaria para
que pudiéramos debatir lo que puede comportar una decisión que significa
de entrada, ya, vulnerar las condiciones del referéndum celebrado en
España en 1986. Nosotros creemos que esta situación bochornosa que se ha
dado, de contradicción evidente en el seno del Gobierno entre el Ministro
de Asuntos Exteriores y el Ministro de Defensa se tenía que haber saldado
con una actitud en positivo por parte del propio Gobierno del Partido
Popular habiendo pedido con urgencia la comparecencia en este Parlamento
para darnos toda la información que debemos tener para ejercer así
nuestra función de control.
Nosotros creemos que precisamente el Gobierno no ha tenido ningún interés
en que se conozcan todos y cada uno de los datos sobre las negociaciones
que se estaban produciendo entre el Gobierno y Estados Unidos, porque se
pensaba y se planteaba un debate, el debate del ingreso de España en la
estructura militar de la OTAN, con una información incompleta para con
este Parlamento, tratando el propio Gobierno del Partido Popular de
guardarse una carta bajo la manga.
En este sentido, con las decisiones que toma este Gobierno que tenemos de
la derecha, del Partido Popular, en primer lugar y de forma apresurada,
de ingreso en la estructura militar de la OTAN y, por otro lado, con esas
negociaciones bilaterales que está llevando a cabo con los Estados Unidos
para que se vuelvan a utilizar las bases españolas por parte de los
americanos, con esa situación, cada vez está quedando manifiestamente
claro lo dependiente que en cuestiones políticas fundamentales y
esenciales este Gobierno es y se hace cada vez más de Estados Unidos, de
los americanos.
Desde Izquierda Unida exigimos hoy, y continuaremos haciéndolo cuantas
veces sea preciso y necesario, el papel de este Parlamento, sus funciones
y sus competencias, porque al parecer hay un interés que nosotros creemos
que es tremendamente peligroso, que es el de descafeinar la democracia
vaciando de contenido al Parlamento y hurtándole el papel fundamental que
debe cumplir, desempeñar y desarrollar. Eso supone, ni más ni menos,
descafeinar la democracia, ir vaciando de contenido al Parlamento,
llevarse fuera las decisiones más importantes para que no podamos
participar en el debate e ir progresivamente desmantelando el Estado de
Derecho. Frente a eso siempre nos vamos a colocar el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque no estamos
dispuestos a que se rebaje, en absoluto, la democracia que hemos
alcanzado con el esfuerzo de todas las ciudadanas y ciudadanos.
Dicho esto, hemos de plantear también que la intención declarada y puesta
de manifiesto por parte del Gobierno del Partido Popular y de su aliado,
en este caso también de la mano del Grupo Parlamentario Socialista, en
relación al ingreso de España en la estructura militar de la OTAN,
supone, ni más ni menos, y hay que constatarlo de esta forma, la
violación de la voluntad del pueblo español expresada en referéndum en
1986. Eso, desde nuestro punto de vista, a nivel político es ciertamente
una inmoralidad. Señorías, el pueblo español suscribió un contrato con el
Gobierno en unas condiciones a través de un referéndum. Hoy el Gobierno y
otros grupos parlamentarios de la Cámara pretenden modificar las
condiciones del contrato firmado con el pueblo, lo que, desde el punto de
vista democrático, comporta y lleva aparejado inexorablemente darle de
nuevo la palabra al pueblo, a través de su voto, para que diga si quiere
o no variar el contrato que realizó en 1986, pronunciándose en el
referéndum en la consulta que se le evacuó. Eso hay que decir que es algo
fundamental y esencial. Es que se quieren variar las condiciones del
referéndum de 1986. Es que se quiere modificar sustancialmente el
contrato que el Gobierno hizo en su momento con el pueblo y que este
Parlamento respaldó también en su momento. Para variar ese contrato hay
que usar y utilizar el mismo método, es decir, hay que ir necesariamente
a la celebración de otro referéndum.
No deben de buscar subterfugios, deben hablar en este aspecto con
absoluta claridad. Dígannos si es que no creen en la democracia
participativa; si no creen en un pueblo, el nuestro, que ha dado
muestras, ya sobradas, de madurez y de mayoría de edad. Pretenden, con la
menor información posible, concretar, en un día y medio de debate
parlamentario, que al pueblo se le niegue la posibilidad de decidir si
quiere o no variar las condiciones que estableció en 1986 a través de un
referéndum.
Nosotros queremos plantear aquí ahora una cuestión y es que, con absoluta
coherencia, al igual que exigimos que no se sustraiga el papel al
Parlamento, demandamos que no se le quite su papel al pueblo, usando como
excusa al Parlamento, y convóquese ya a ese nuestro pueblo para que se
pueda manifestar a través de otro referéndum. Hay que decírselo también
al conjunto de nuestra sociedad. Es que se quieren variar las
condiciones. Es que, a sus espaldas y negándole incluso lo más preciado,
la información para que se pueda opinar con libertad, se quiere ir,
deprisa y ya, al ingreso en la estructura militar de la OTAN.
Además, después de todo esto, hay una tercera cuestión que por parte de
nuestro grupo también queremos
reseñar. Se deben explicar en este Parlamento las prisas que le han
entrado al Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios que apoyan
esta iniciativa por ingresar de inmediato y ya en la estructura militar
de la OTAN, cuando no se sabe ni dónde entramos, toda vez que en estos
momentos todavía se está diseñando el modelo de la llamada nueva OTAN
--que, por cierto, parece que tiene mucho de vieja y también un cierto
tufo a añeja--, y cuando, además de no estar diseñado ese nuevo modelo de
OTAN que algunos vienen denominando, tampoco está definido el modelo de
defensa en el marco del Tratado de la Unión Europea. Cabría aquí
preguntarse por qué las prisas. ¿Qué intereses se esconden detrás de esta
decisión apresurada que se quiere tomar? ¿Qué se pretende no consultando
al conjunto de la sociedad la variación sustancial del status de nuestro
país en la OTAN? Hay que responder a estos interrogantes que cada vez,
conforme pasa el tiempo, son más y más importantes.
Por otra parte, señorías, con esta decisión y con estas prisas, ustedes
están renunciando de forma expresa a tener una política exterior de
seguridad común en el ámbito europeo y a convertir a la Organización de
la Seguridad y Cooperación Europea en el instrumento útil y adecuado para
ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aguilar, le
ruego vaya concluyendo.
La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que se está renunciando a esa política exterior de seguridad común
en el marco europeo; renuncia que nosotros entendemos que es clave y
fundamental y que debe razonarse y explicarse. Lo que pasa es que a estas
alturas ya, mucho nos tememos que, visto lo visto y tenido en cuenta lo
oído, no existen esas razones. Hay posiblemente intereses, intereses no
confesados, pero no razones. Además, es curioso, da la sensación cada vez
más que aquellos que usan siempre a Europa como bandera cada vez creen
menos en ella. Al menos eso es lo que resulta de las actuaciones
políticas que cada día van plasmando, preparando y concretando.
Concluyo, señor Presidente, señorías, diciendo que en momentos como los
que estamos lo que menos necesitamos es más OTAN. Lo que menos
necesitamos son más gastos militares. Lo que menos necesitamos es formar
parte de ese club de países que, comandados por los Estados Unidos,
piensan que después del fin de la guerra fría y de la desaparición de los
bloques militares, hay que inventarse y fomentar nuevos enemigos para
justificar la existencia y supervivencia de un bloque militar. Lo que no
necesitamos en un país como el nuestro, con el 14 por ciento de paro, con
más de 360.000 objetores de conciencia a lo largo de los tiempos y miles
de insumisos, muchos de ellos presos en la cárcel en estos momentos, es
la fuerte apuesta militarista que se ha realizado por parte de la
derecha, por parte del Partido Popular, acompañada de sus aliados
habituales, y en este caso también del Partido Socialista Obrero Español.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aguilar, le
ruego concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, Presidente.
Nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, apostamos por
construir una política alternativa, por la consulta al pueblo, porque
creemos en la participación de la ciudadanía, porque queremos llenar de
contenido el concepto de democracia participativa. Apostamos por una
política exterior de seguridad común en el marco de la Unión Europea.
Nosotros sí queremos construir Europa. Apostamos por fomentar la cultura
de la paz y de la solidaridad y apostamos por una estrategia de disuasión
nuclear.
Mi grupo, señoras y señores Diputados, en esta moción que presenta ante
este Pleno del Parlamento sabe que va a tener escasa compañía
parlamentaria que vote favorablemente esta moción que proponemos al
conjunto del Parlamento, no porque no haya razones suficientes para
apoyarla, sino sencillamente porque ustedes políticamente han apostado
por la sinrazón, pero tenemos la certeza de contar con un importante
respaldo y apoyo social de los ciudadanos en la calle, de esos ciudadanos
y ciudadanas a los que, por cierto, ustedes no quieren consultar y los
reducen en un tema tan extraordinariamente importante como éste al papel
de mudos espectadores. Esa a la que ustedes no quieren dejar hablar es,
ni más ni menos, que nuestra sociedad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguilar.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias señor Presidente,
intervengo para fijar la posición del BNG sobre la moción que presenta el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Lo vamos a
hacer votando a favor, porque coincide en lo fundamental, aunque no en
alguna expresión concreta, con la posición política del Bloque
Nacionalista Galego, contrario a la integración del Estado español en la
estructura militar de la OTAN. No vamos a insistir en la argumentación
contraria a la integración, porque ya tuvimos ocasión de hacerlo con
motivo de la discusión de la interpelación durante el pasado Pleno y
porque lo volveremos hacer con motivo del debate general sobre la
integración que tendrá lugar mañana.
Reiteramos nuestro voto favorable a la moción que se discute.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco ratifica su postura clásica atlantista en
las materias que nos ocupan hoy. Entendemos que se superponen los
debates, el de la tarde de hoy y el debate trascendental sobre esta
materia que se va a celebrar en la tarde de mañana. Por lo tanto, creemos
razonable que el debate en lo sustancial en las posiciones de los
distintos grupos parlamentarios, dada la trascendencia del debate de
mañana, se sustancie en este mismo Pleno en la tarde de mañana miércoles.
Vamos a ser coherentes con esta posición, vamos a intentar exponer mañana
los distintos matices de la intervención que ha planteado hoy la portavoz
del Grupo de Izquierda Unida y en coherencia vamos a votar negativamente
la propuesta que ahora se realiza.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente, sólo para decir
que, mostrando la más absoluta disconformidad con los planteamientos
realizados por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y significando
que aun alargando los propios argumentos, las convicciones se quedan
justamente en los términos en que están, consideramos que esto ha sido un
intento de suplantar el debate de mañana, que es el que racionalmente
tiene que comprometer a todas las fuerzas políticas para un destino más
claro en lo que representa la OTAN. Por tanto, las argumentaciones se
plantearán mañana. Simplemente para fijar la posición diré que votaremos
que no a la propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Nadal.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, para expresar también, en nombre
del Grupo Socialista, nuestro rechazo a la moción de Izquierda Unida por
razones de fondo y por razones de oportunidad. Las razones de fondo ya
fueron expresadas en la anterior interpelación, con la posición del Grupo
Socialista en aquel debate. Por otra parte, se deriva del contenido de la
propia moción y de la intervención de la señora Aguilar que rezuma un
claro espíritu de rechazo a la nueva Alianza y al papel de la
participación de España en la misma. Y por razones de oportunidad, porque
no nos parece razonable que se fije la posición del Parlamento en esta
materia tan importante en el marco de un debate superpuesto y al hilo de
una iniciativa cuyo planteamiento de fondo es contrario al sentir
mayoritario de los grupos de la Cámara en este tema, estando pendiente
para mañana y pasado un debate en profundidad que entendemos es el que
debe fijar la posición del Parlamento en este tema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moya.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a repetir los argumentos
que utilizó hace quince días con motivo de la presentación de la
interpelación urgente por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Por lo tanto, no tenemos más que reiterarnos en la posición
mantenida entonces y decir que estamos claramente en contra de la moción,
como no podía ser de otra forma, que presenta el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el día de hoy.
Quería hacerle dos puntualizaciones a la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha hecho algunas afirmaciones que en
nada se refieren a la moción, sino que han sido como un preámbulo de todo
lo que ha sido el compendio de lo que al final han plasmado en un papel,
que es la moción presentada por ustedes, a la que al final no se ha
referido.
No es aceptable que ustedes pretendan decir que el Gobierno del Partido
Popular quiere vaciar de contenido a este Parlamento, ni mucho menos que
pretende ocultar a la sociedad el debate sobre la OTAN. Si alguien
quisiera vaciar de contenido a este Parlamento, serían ustedes, que
pretenden trasladar el debate de la Cámara, de los representantes
legítimos del pueblo español, a la calle, cuando esta Cámara tiene
potestad plena para poder debatir sobre estos asuntos. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
En segundo lugar, quiero decirle, señora Aguilar, que no podemos decir
que haya ni ocultismo ni absolutamente nada, porque si de algo ha hecho
gala este Gobierno desde el principio, ha sido de una transparencia
absoluta, y prueba de ello ha sido, primero, la comunicación
que el Gobierno ha presentado ante esta Cámara y, en segundo lugar, que
el Presidente del Gobierno se haya comunicado y se haya entrevistado con
todos los líderes políticos de los partidos que conforman el espectro
político del Congreso de los Diputados. Por tanto, si hay algo, es la
transparencia de este Gobierno en una cuestión que es importantísima para
España precisamente en estos momentos en los que se está debatiendo y, en
segundo lugar, si algo quiere este Gobierno, es que en esta Cámara se
debata un tema tan importante como el de nuestra incorporación plena a la
participación en la nueva Alianza Atlántica.
Termino, señora Aguilar, diciéndole algo muy claro. Ustedes dicen que
OTAN no, y hablaba de nuestros aliados, en este caso el Partido
Socialista y Convergència i Unió. Mire usted, cuando todos o la inmensa
mayoría de los grupos de la Cámara están de acuerdo y ustedes son los que
dan la nota discordante, empiecen a pensar quiénes son los que están en
la sinrazón y quiénes son los que tienen la razón.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.--La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
Señora Aguilar, sabe que en este turno de mociones no hay posibilidad de
réplica. No ha habido alusiones. El señor Fernández de Mesa ha utilizado
un turno de fijación de posición que no es coincidente con el de su
señoría. No tiene la palabra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con
nuestra integración en la estructura militar de la OTAN.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a
favor, 18; en contra, 268; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción propuesta
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO
EN RELACION AL COLECTIVO DE LAS PERSONAS MAYORES (Número de expediente
173/000018)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso sobre
política general del Gobierno en relación al colectivo de las personas
mayores.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de la moción, tiene la palabra
la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les mego que guarden silencio. No puede
comenzar la señora Cortajarena, y lo avanzado de la hora me lleva de
nuevo a pedirles que guarden silencio en beneficio de todos.
Cuando quiera, señoría.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que ya conoce la Cámara que esta moción es consecuencia de la
interpelación que se presentó en el último Pleno, hace justamente dos
semanas, en relación con el compromiso que debe asumir el Gobierno para
mantener e impulsar las medidas derivadas de las recomendaciones
internacionales, del plan gerontológico, del Pacto de Toledo y del plan
concertado en materia de apoyo y asistencia a las personas mayores.
Tres razones fueron las que avalaron la presentación de la interpelación.
La primera era el estudio y la constatación de un hecho, que es el avance
demográfico que están experimentando las personas mayores en nuestro
país. Un segundo hecho que nos inquieta y que inquieta también al
colectivo de los mayores era el problema de las manifestaciones
controvertidas y contradictorias que algunos miembros del Gobierno
efectúan. Y un tercer elemento importante es la necesidad de definir el
marco y las medidas para ejecutar las políticas de atención en relación a
las necesidades de vida y de convivencia de un colectivo tan importante
como las personas que ya han pasado los sesenta y cinco años. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Nuestra sociedad ha sufrido varios cambios desde el punto de vista
demográfico y uno de los que es importante es que más del 15 por ciento
de la población está formado por este colectivo. Como muestra evidente de
esta realidad y de la evolución y de la esperanza de vida en nuestro
país, que ocupa el tercer escalón en el mundo después de Japón y de
Suecia, puedo decir que nos congratula y nos enorgullece pensar que
nuestro Presidente, Ramón Rubial, acaba de cumplir noventa años. Ahí
sigue, con estímulo, con ilusión, luchando por el ideario socialista,
siendo para los militantes y las militantes un buen ejemplo del qué y del
cómo hacer en política. Eso nos llena de satisfacción porque creemos que
es un buen exponente de las aportaciones que pueden hacer muchas personas
de la tercera edad a nuestra sociedad.
En la interpelación y en boca del señor ministro escuchamos que el
Gobierno ha considerado muy oportuna
la interpelación --lo leo textualmente-- porque le parece que
precisamente este no es un momento en el que el Gobierno entienda que
está sometida a debate su política en relación con las personas mayores.
Creo que este era un buen comienzo y. por tanto, creemos que la moción
puede tener una magnífica acogida.
Quiero trasladar a la Cámara, porque parece que sentó alguna confusión,
que el término de tercera edad no lo acuñó el Gobierno socialista ni lo
acuñamos en España. Este término fue propuesto por Francia en la primera
conferencia mundial sobre la vejez que tuvo lugar en Viena en el año
1982. En el año 1984 el Ministerio de Trabajo convocó a todas las
organizaciones de personas mayores, a los responsables de los hogares y
de los clubes de toda España, y uno de los grupos en los que se planteó
un debate importante fue el de conocer cómo quería el colectivo que se
les denominara, si personas mayores, ancianos, viejos, tercera edad. No
llegamos a un acuerdo, lo tengo que reconocer, y automáticamente por
consenso se decidió esperar a encontrar una acepción que fuera avalada y
asumida por todos los integrantes de este colectivo y que, por tanto, nos
sirviera para unir opiniones y, sobre todo, para conseguir una
denominación que les identificara a todos con su realidad. Esta
modificación ha quedado patente cuando el Gobierno socialista promulgó el
real decreto de creación el Consejo estatal de los mayores, y ya nadie
discute que a las personas de este colectivo se les llama colectivo de
los mayores.
Si cinco son las grandes áreas de defensa de la problemática de las
personas mayores, que ya fueron defendidas en la interpelación, la
moción, por lógica, ha sido consecuente con el marco propuesto en la
misma. En relación a la firma del 9 de octubre por parte del Ministro de
Trabajo y del Gobierno del Partido Popular, sobre la consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, valorado por el Ministro
como el primer y gran acuerdo sobre pensiones, vaya por delante nuestra
felicitación; ya lo hicimos antes y lo volvemos a hacer ahora. De verdad
que nos congratula. Pero de lo que no estamos tan convencidos es de que
la alarma social que han generado algunas manifestaciones vertidas por
ilustres miembros del Gobierno del Partido Popular hayan serenado los
ánimos, hayan trasladado una imagen de confianza, hayan trasladado una
imagen de interés, hayan trasladado una imagen del Gobierno del Partido
Popular de una cercanía y de una corresponsabilidad con sus problemas y
las necesidades de su vida cotidiana.
Por ello, seguimos en esta tarea, en este trabajo, y hemos presentado una
moción que tiene trece puntos. En el primer punto defendemos la garantía
del sistema público de pensiones y la garantía del incremento anual del
IPC para todas las pensiones: las pensiones del sistema contributivo, las
pensiones no contributivas, las pensiones asistenciales para los
emigrantes y, por qué no --tampoco lo podemos dejar de lado--, las
mejoras que se hacen en las pensiones mínimas.
En el ámbito de la asistencia sanitaria, tres han sido las medidas que se
han propuesto, que van en la línea de garantizar la gratuidad de los
medicamentos para los pensionistas, facilitando los mecanismos que
potencien su control. Hace unos días leímos en la prensa que ha aparecido
un fraude en la dispensa de las recetas sanitarias, en el cual estaban
implicados algunos médicos y también algún laboratorio. Pero quiero
llamar su atención, señorías, en cuanto que esta investigación llevaba ya
dos años en marcha.
Se propone consolidar y extender la red sociosanitaria, sobre todo
teniendo en cuenta que, como tanto se alude problema que hay en relación
con el coste de la asistencia de las personas mayores, una plaza en una
residencia asistida cuesta un promedio de 6.500 a 7.500 pesetas/día y una
plaza en un centro sanitario como mínimo cuesta 30.000 pesetas día. Me
parece importante tener este dato en cuenta.
En el ámbito de las políticas sociales y asistenciales, dado que ha
quedado reducido a la mínima expresión el extinto Ministerio de Asuntos
Sociales, y que desde el punto de vista administrativo tenemos muy poca
infraestructura de apoyo, se solicita en nuestro punto tercero, por
creerlo necesario, creación, con las transferencias del Inserso, de la
dirección general de las personas mayores. ¿Por qué razón lo pedimos?
Porque creemos que es necesario tener un rango administrativo y la
confianza del Gobierno en la toma de decisiones que van a seguir a la
elaboración y a la realización de las directrices internacionales del
plan gerontológico y de todos los planes y programas que tenemos que
poner en marcha en colaboración con las comunidades autónomas.
Se plantea también seguir avanzando en la profundización del plan
gerontológico, pero entiéndase que no hemos sido maximalistas. De verdad
que somos respetuosos; si algo hemos aprendido es la responsabilidad de
gobernar, de eso sabemos mucho. Por ello, nuestra idea, en relación con
la moción, es que el plan gerontológico vaya avanzando en adquirir las
cotas que desde su aprobación y publicación fueron defendidas; es decir,
que exista un 3,5 por ciento de plazas residenciales por cada cien
personas mayores de 65 años, que existan ocho personas atendidas en la
ayuda a domicilio y que se amplíe el mapa de hogares y centros de día
para las personas mayores. Digo --y entiéndase bien-- que queremos ver la
voluntad del Gobierno. No se pide taxativamente que esto se cumpla en un
plazo determinado.
Como la esperanza de vida se incrementa, a partir de los 80 años es
evidente que aparece un grave problema en nuestra sociedad y es que cada
vez más son las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Esta
es una enfermedad que genera bastantes distinciones en las relaciones de
vida y de convivencia y,
sobre todo, en su estado más avanzado exige que las unidades familiares
se vean abocadas a contratar personas externas o a no garantizar los
cuidados que precisan. Por lo tanto, creemos que es importante avanzar en
esta línea y generar un plan específico para atender a este colectivo de
personas. Queremos también fortalecer el desarrollo de todo el programa
de voluntariado y del gran recurso humano --no se pierda de vista que
supone 6 millones de personas que tienen tiempo libre-- para avanzar en
los programas de solidaridad y de voluntariado.
Si en estos 13 años de gobierno socialista hemos conseguido garantizar un
sistema universal de pensiones, contributivas y no contributivas,
extender la asistencia sanitaria a toda la población de este país,
elaborar el plan gerontológico, transferir el Inserso a las comunidades
autónomas, ampliar las prestaciones en materia de ayuda a domicilio, de
residencias, y también hemos conseguido avanzar en la participación del
movimiento asociativo de los mayores, estamos en disposición, señorías,
de pedir que el Grupo Parlamentario Popular apoye esta moción. Creemos de
verdad que la atención y la política para los mayores pasa por diversas
voluntades: la de los profesionales, que tienen que mejorar sus procesos
de formación y de intervención en la prestación y en la asistencia al
colectivo; la de los sindicatos, con la voluntad expresa y manifiesta de
seguir manteniendo el sistema público de pensiones y el sistema público
sanitario; la del movimiento asociativo, porque tiene una gran labor en
la elaboración de sus plataformas reivindicativas y también en ese
recurso humano, en ese recurso solidario que prestan a sus unidades de
convivencia; y la de los partidos políticos para acceder con sensibilidad
al diseño de las políticas que atiendan las necesidades de vida y de
convivencia de nuestros mayores.
El Gobierno tiene en su mano --dado que por ahora gobierna-- la
posibilidad de gestionar esta moción.
Gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Cortajarena.
A esta moción del Grupo Parlamentario Socialista han presentado enmiendas
los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Popular e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
En relación a esta moción sobre la política del Gobierno respecto a las
personas mayores, manifestamos, con la voluntad y el tono que ha
utilizado la Diputada socialista, que queremos afrontar este debate desde
el rigor y la seriedad de las políticas públicas dirigidas a este
importante sector de nuestra población. Hago esta afirmación porque, a
pesar de que no pude seguir en directo el debate que tuvimos en la
interpelación, al leer el «Diario de Sesiones», especialmente la segunda
parte, no me he sentido cómodo. La confrontación dialéctica entre el
señor ministro y la señora Diputada, con mutuas acusaciones de
clientelismo electoral, no ayudan a enfocar los problemas de este
colectivo, que requiere muchas veces, como se ha afirmado ahora y en la
interpelación, claridad y seguridad. No es buena la acusación de
clientelismo, como seguro que tampoco ha sido bueno que determinados
responsables del Gobierno hayan podido crear inquietud. Nos parece que se
deben afrontar estas políticas con pedagogía, rigor y claridad.
Además en esta Cámara, en la anterior y en la presente legislatura, hemos
ensayado fórmulas de trabajo político que nos permiten avanzar en la
solución de problemas sin demagogia, con rigor y con claridad. El Pacto
de Toledo, el posterior acuerdo con los sindicatos que desarrolla el
mismo, la incorporación en los presupuestos de 1997 de la necesaria
seguridad de las prestaciones para las personas mayores, son ejemplos de
estas políticas desarrolladas con consenso, con rigor y sin demagogia. La
reciente constitución en esta legislatura de la subcomisión para el
estudio de la amortización del sistema sanitario, es también otro ejemplo
de fórmulas políticas para trabajar y afrontar estos problemas.
A nuestro entender, el Gobierno debe presentar en estos ámbitos sus
propuestas porque es su obligación como Ejecutivo. Es en ese ámbito donde
los grupos políticos nos debemos pronunciar y donde los grupos
parlamentarios deben presentar sus propuestas. Hoy en esta Cámara existen
varios grupos de trabajo en esta línea. Podríamos entrar a discutir
algunas de las cuestiones que plantea esta moción y podríamos coincidir
en muchos de los aspectos, no creo que existan tantas diferencias.
Debemos recordar que no se han creado en vano estos grupos. Se ha creado
la subcomisión de la familia, la subcomisión de las migraciones, la
subcomisión de la exclusión social, la subcomisión que hace el
seguimiento del Pacto de Toledo y la subcomisión para el estudio de la
amortización del sistema sanitario. Allí es donde debemos afrontar los
problemas que tiene la gente mayor y hoy ahí los estamos abordando.
Nuestro grupo se había planteado la posibilidad de crear una nueva
subcomisión que abordase los problemas de las personas mayores, pero nos
ha parecido que añadir a la Comisión de Política Social una subcomisión
no nos iba a ayudar a avanzar. Por tanto, hemos presentado dos enmiendas
que intentan reconducir este debate en dos aspectos. La primera apuesta
por que el Pleno del Congreso considere necesario que en la subcomisión
ya constituida en esta legislatura
para la modernización del sistema sanitario, se traten con especial
atención los siguientes aspectos relativos a los recursos necesarios para
aplicarlas. Destacamos las actuaciones específicas para los afectados por
la enfermedad de Alzheimer y, sobre todo, la promoción de la política que
fomente el derecho a la salud de las personas mayores con las necesarias
ayudas públicas que permitan seguir garantizando en un futuro los
medicamentos y atenciones que precisan en este ámbito. Desde esta
subcomisión podemos afrontar con tranquilidad y serenidad estas dos
problemáticas en su dimensión más amplia. En el Pleno o en la Comisión de
Política Social, sería interesante que el Gobierno compareciese y nos
informase de sus propuestas, en base a las cuales abriríamos el debate
político. Este es el sentido de las dos enmiendas de nuestro grupo
parlamentario.
Sobre los 14 puntos que componen la moción que ahora estamos debatiendo
queremos hacer algunas matizaciones. No queremos volver a votar el punto
1.º de su moción porque hoy existen acuerdos políticos muy sólidos.
Tenemos el Pacto de Toledo, existe un acuerdo con los sindicatos y está
pendiente la discusión de los presupuestos que estamos tramitando en esta
Cámara. No queremos redundar en lo que ya es evidente. Tampoco queremos
interferir en las competencias exclusivas que hoy tienen las comunidades
autónomas en este ámbito. Los puntos, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, y 10.º, a
nuestro entender, suponen una ingerencia en las competencias exclusivas
que tienen las comunidades autónomas. El debate sobre estas cuestiones se
debería plantear, al menos desde la perspectiva de Cataluña, desde la
necesidad de aumentar los recursos que destinemos a las personas mayores.
Si hoy existe un debate sobre las nuevas políticas hacia las personas
mayores, va a ser el debate relativo a mayores recursos. No creemos que
sea positivo pedir a las comunidades que tienen competencias exclusivas
en materia de asistencia social que desarrollen nuevas políticas si antes
no hemos resuelto flecos importantes en sus necesidades de financiación.
En el punto número 4.º proponen la creación de una dirección general de
personas mayores, vinculándola a la reducción del Inserso.
A nuestro entender, tampoco se trata en estos momentos de crear una nueva
instancia administrativa. Nos parece que se puede continuar desarrollando
lo que le queda al Estado y que, en todo caso, el debate sería sobre
reforzar los recursos que hoy tienen las comunidades autónomas en ese
ámbito.
Quiero decir también que en su propuesta hay algunas cuestiones a las que
nos resulta muy difícil votar negativamente, porque en cierta manera
responden al sentido común y a buena parte de las competencias que el
Estado debe desarrollar. Me estoy refiriendo específicamente a las
propuestas 11, 12, 13 y 14 de su moción. La propuesta número 7, a nuestro
entender, forma parte de ese bloque que nuestro grupo podría votar
favorablemente, aunque, como usted ha visto, tenemos una enmienda
específica que nos permite separarlo.
Presentamos estas dos enmiendas porque creemos que es bueno tratar estas
cuestiones en las subcomisiones, que es bueno que las tratemos con más
sosiego en la Comisión de Política Social, que es importante que
mantengamos el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades
autónomas y a su mayor dotación de recursos para hacer frente a los
problemas relativos a la gente mayor y, sobre todo, que aquello que ha de
informarnos en este terreno es el rigor, la seriedad y la falta de
demagogia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda de
sustitución que ha presentado, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al subir a la tribuna, y después de la intervención que ha
hecho la señora Diputada del Partido Socialista, parece que, por cortesía
parlamentaria, lo suyo sería felicitar a don Ramón Rubial por su noventa
cumpleaños y desearle que cumpla muchos más. (Rumores.) Eso, como
cuestión previa.
Pasando al texto de la interpelación presentada por el Grupo Socialista y
los motivos de esa interpelación, así como de la presentación de la
moción, tengo que decir que S. S. ha vuelto a insistir en los motivos que
dieron lugar a la presentación de esta interpelación. Lo que debe hacer
mi grupo, en primer lugar, es plantear la disensión precisamente en el
origen: la motivación de esta interpelación, que, a nuestro juicio, no es
lo más oportuno en estos momentos, no es lo más razonable. Voy a
explicarlo.
Usted habla de que fundamentalmente fueron tres las motivaciones que
movieron a su grupo a presentar la interpelación: la primera hace
referencia a los cambios demográficos; la segunda, a las manifestaciones
de algunos miembros del Gobierno, que, según usted, creaban alarma
social; y la tercera, a la necesidad de la definición de un marco
político para atender las condiciones y de convivencia de la tercera
edad.
Por lo que se refiere a la primera, los cambios demográficos, diré que
obviamente son cambios demográficos no producidos en estos seis últimos
meses. Esto también tiene relación, a sensu contrario, con la tercera
formulación. En su tercera motivación parece que usted quiere decirnos
que en la política actual no existe un marco para atender las condiciones
y de convivencia de la tercera edad. A mi juicio, esto es incomprensible
después de que usted haya estado
defendiendo y vanagloriándose de la labor efectuada en esta materia por
el Gobierno anterior durante trece años.
Por último, en lo que se refiere a las manifestaciones de algunos
miembros del Gobierno, tengo que decirle que más alarma social han creado
las declaraciones hechas por el ex Presidente del Gobierno. Quiero
recordarle que el anterior Presidente del Gobierno, en un debate público
en televisión, dijo que si se producía la alternancia política en este
país, los pensionistas perderían hasta 8.000 pesetas. Y quiero recordarle
también que durante la campaña electoral reciente algunos miembros de su
grupo...
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor
Hernando.
Le he concedido la palabra para defender la enmienda, no para polemizar o
entrar en debate con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
porque automáticamente me va a pedir la palabra y abriremos un segundo
debate. (Varios señores Diputados de los bancos del Grupo Socialista:
¡Muy bien!) No es necesario que coreen las decisiones de la Presidencia.
Ya se basta. Muchas gracias por su colaboración. Continúe, señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente, pero estoy
intentando justificar la presentación de esta enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Entiendo perfectamente
que está intentando justificarla, pero no sobre los argumentos que ha
expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la exposición
de motivos que acompaña a esta moción. (Varios señores Diputados de los
bancos del Grupo Socialista: ¡Muy bien!)
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
No obstante, y antes de que me corte el señor Presidente, quiero recordar
que también en la última campaña electoral se utilizaron argumentos
similares.
Por lo que se refiere al texto de su moción, nuestro grupo cree que hay
temas que no son necesarios ni tan siquiera convenientes volver a
suscitar en estos momentos. Hay asuntos a lo largo del listado que son
poco originales. A nosotros así nos lo parece. Hay nuevas demandas que ya
están en funcionamiento también y que en parte se pusieron en marcha por
el Gobierno anterior, al que le da bastante poco crédito como decía
antes. Y otras que afectan a competencias transferidas. Asimismo, hay
asuntos que usted plantea aquí sobre los que se están realizando estudios
en el propio Parlamento, tal como lo ha puesto de manifiesto el portavoz
que me ha precedido en el uso de la palabra. Si aprobáramos su texto tal
como viene estaríamos determinando una capacidad de propuesta e
interfiriendo en los trabajos de las subcomisiones es que se han creado
en el Parlamento.
En la primera parte de la moción habla usted de garantizar el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Eso está
garantizado más allá del año 2000. Para eso se ha firmado un acuerdo con
los sindicatos, saludado por su grupo parlamentario. Usted dejó entrever
el otro día que no sabía si estaba bien hecho o no. Eso es así. Además,
está hecho en virtud del programa del Partido Popular y de acuerdo con el
discurso de investidura del Presidente del Gobierno.
En cuanto al segundo apartado, relativo a la gratuidad de los
medicamentos para los pensionistas, vuelvo a repetir que existe una
subcomisión que está estudiando este tema y, por tanto, no podemos
anticiparnos a las deliberaciones. Cuando se intentó en este mismo
Parlamento, hace unos meses, lo que pretendimos fue rebajar el debate
para dar la posibilidad de que la subcomisión trabajara con independencia
de criterios.
Por lo que se refiere al tercer punto, sobre la creación de una dirección
general de personas mayores, debo decir que ya existe una secretaría
general, con rango superior a la dirección general, que coordina todas
estas políticas. Aceptar esta dirección general que, por cierto, ustedes
han tenido mucho tiempo para crearla sería, a nuestro juicio, rebajar la
normativa del Gobierno sobre coordinación de la política para las
personas mayores.
Proponen también en el punto quinto el desarrollo del plan gerontológico.
Nosotros estamos de acuerdo en el objetivo. Quizá no estemos de acuerdo
en que ahora en una legislatura tengamos que hacer lo que no se ha hecho
en tanto tiempo atrás, porque los datos cantan. En el año 1982 había
90.000 plazas y se ha pasado en 1996 a 145.000. Ahora se pretende que
pasemos, en tan solo tres años y medio, cuatro años que dura la
legislatura, a 220.000, que es el 3,5 por ciento, lo que supone más de
75.000 camas. Además ésta es una competencia que debe ser coordinada con
las comunidades autónomas y entidades locales, en virtud de la
descentralización del Estado.
Sí vemos aceptable algunas de las otras propuestas que ustedes hacen,
como la referente al Alzheimer, como aquellas referidas a fortalecer el
desarrollo del voluntariado colectivo; a financiar y apoyar la
realización de estudios postgrado en gerontología y geriatría en las
universidades; a potenciar y coordinar las investigaciones para la
aplicación de nuevas tecnologías y ayudas técnicas que faciliten la
integración social y el bienestar de las personas mayores; o la última
que habla del respeto a nuestros mayores. Precisamente por eso hemos
presentado esta enmienda de modificación de su moción.
Creo sinceramente que nuestra enmienda es mucho mejor, que completa, en
algunos casos, algunos de los
aspectos a que he hecho referencia anteriormente y que elimina otros
porque es innecesaria su mención en el texto. Por tanto, le pediría que
se mostrara razonable y la aceptara.
En el anterior debate, en la presentación de la interpelación, concluía
su formulación con algo que me llamó la atención y tengo que decírselo
señora Diputada. Usted dijo en esta tribuna que, a veces, los mayores son
como niños. Yo no estoy de acuerdo con eso, los mayores nunca son como
niños. Los mayores son personas respetables, personas razonables,
personas a las que hay que apoyar, personas a las que hay que ayudar,
personas a las que hay que escuchar. Para eso, señora Diputada, es para
lo que estamos nosotros aquí. Para eso, señora Diputada, es para lo que
presentó ya en las elecciones nuestro partido, el Partido Popular, un
programa muy ambicioso de ayuda a los mayores. Y para eso y en eso ya se
están aplicando medidas, algunas de ellas aprobadas por su grupo, como la
del Pacto de Toledo, que es el primer gran pacto sobre pensiones apoyado
por la mayoría de los agentes sociales y de las fuerzas políticas de este
Parlamento.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Hernando.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifiesta su
coincidencia general con los términos de la moción presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, como consecuencia de la interpelación
urgente sobre la política del Gobierno en relación a las personas
mayores. Ello no obsta para que intentemos en esta intervención
manifestar lo que pensamos lealmente sobre algunos aspectos de su
contenido y de su significado, a la vez que defendemos las enmiendas
concretas que hemos presentado.
Con toda sinceridad, Izquierda Unida cree que la referencia que la
motivación de la moción hace al acuerdo sobre consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social no hace al caso y da,
al mismo tiempo, lugar a adelantar un debate que aún no está planteado en
esta Cámara, aunque sí en la sociedad, al que, sin duda alguna,
contribuiremos con mucho gusto.
En todo caso, la pertinencia de la moción va a depender de sus
contenidos, aunque no esté de más que señalemos, a fuer de lealtad con
los proponentes, con el conjunto de la Cámara y sobre todo con los
ciudadanos y ciudadanas, la contradicción del significado de la moción
misma o de alguno de sus contenidos concretos, por venir de un grupo
parlamentario que ha manifestado su coincidencia con el citado acuerdo,
presentado oficialmente como la solución a todos los males de los
pensionistas.
En segundo lugar, hemos de decir que, genéricamente, nuestras enmiendas
pretender urgir a la concreción de las propuestas contenidas en la
moción, pues entendemos que ésta adolece de generalidad e inconcreción.
Especial énfasis vamos a poner en la enmienda que presentamos al punto
primero. Con ella queremos que se garantice el mantenimiento del poder
adquisitivo de todas las pensiones, sin necesidad de especificar las que
concreta el texto de la moción. Hay que reconocer que esto ya se hace en
el mencionado acuerdo y que, en último término, sería innecesario volver
a repetirlo, pues es reiterativo. Al mismo tiempo, queremos que se
garantice que para el año 2000 todas las pensiones sean al menos como el
salario mínimo interprofesional, sobre todo las pensiones más bajas,
incluidas las de los emigrantes. Esto no lo hace el acuerdo, pese a que
nuestro grupo lo propuso explícitamente y por escrito en el seno de la
subcomisión correspondiente. Por ello, planteamos, aprovechando esta
ocasión que se nos ofrece, una enmienda en este sentido que esperamos sea
acogida favorablemente por el proponente.
Además, pretendemos que cuando se habla de la gratuidad de los
medicamentos para los pensionistas se incluyan en concreto las prótesis
de extremidades, dentales, auditivas y oculares y que se añade al punto
2.º que trata de este tema, la determinación y regulación de los
medicamentos más idóneos para cada enfermedad, dando participación a
laboratorios, facultativos y representantes políticos y sociales.
Junto a esto proponemos una enmienda en la que se pretende dar al Consejo
Estatal de Mayores y a los consejos de mayores de las comunidades
autónomas, facultades para la decisión, coordinación, control y
seguimiento de las competencias de las personas mayores.
Planteamos también llenar de contenidos esa propuesta que trata de
consolidar en toda España la red sociosanitaria de atención a las
personas mayores dependientes. Por brevedad no voy a explicitar todos los
contenidos que en este punto plantea nuestra enmienda.
También deseamos que se concrete mucho más --y con la enmienda intentamos
hacerlo-- el impulso al desarrollo del plan gerontológico.
Por otro lado, queremos añadir un punto 7.º bis para que se asegure la
vivienda digna a las personas mayores mediante créditos suficientes,
ayudas a la reparación y adaptación de viviendas, adjudicación del 10 por
ciento de las viviendas de protección oficial debidamente acondicionadas
para los mayores.
A fin de propiciar el acercamiento de posiciones para que pueda haber un
cierto consenso final, vamos a retirar las enmiendas que hemos hecho en
tiempo y forma respecto a los puntos 8.º, 9.º y 10.º.
Finalmente, proponemos en otra enmienda --y esa sí la mantenemos-- que a
efectos de contribuir a incorporar en la sociedad española, como dice el
texto
de la moción, no sólo el respeto por nuestros mayores, sino también la
importancia de su papel activo, se añada que esto se debe hacer o se
puede hacer a través de campañas efectivas de sensibilización,
información, publicaciones y debates sociales en los diferentes medios de
comunicación, impulsado todo ello por el Gobierno.
Por tanto, anunciamos nuestro voto favorable pese a las reservas con que
debamos emitirlo en función del previsible desarrollo del debate.
Gracias, por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Vaquero.
¿Grupos que deseen fijar su posición y no han presentado enmienda?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías,
tomo la palabra --y pretendo ser breve por muchísimas razones-- para
fijar la posición de Coalición Canaria en esta importantísima moción que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Quisiera empezar dando las gracias a mi joven compañero de Coalición
Canaria, Paulino Rivero, por haberme concedido el honor de fijar la
posición a mí, que soy el mayor de esta Cámara, lo que me sirvió de base
para presidir la Mesa de edad de este Congreso, cosa que no podré nunca
olvidar por lo emocionante que fue para este modesto Diputado ser
Presidente, aunque fuese una Presidencia efímera de cinco horas.
Señorías, el tema de las personas mayores es sugestivo, que cada día
incrementa su importancia de una forma asombrosa, pero hay que ir
abandonando muchos tópicos. Esos criterios generalizados de que los
mayores o son inútiles o hay que tratarlos como niños, hay que
erradicarlos. Es una tradición, que viene de antiguo, que los mayores
recogían la experiencia. Recordemos el Senado griego y el Senado romano.
Pero también recordemos que, por deterioros circunstanciales, los mayores
han sido siempre considerados como seres que merecen una protección, pero
un cierto alejamiento. Aunque sea universitario, yo nunca canto el himno
de la universidad. Cuando se dice aquello de ioconda iuventutis sí, pero
cuando hablan de molesta senectutem, no. Creo que la senectud también
puede ser ioconda. Y lo creo, pues hoy aquí se ha hablado de un
nonagenario, siguiendo a don Ramón Menéndez Pidal, que decía que siempre
es uno joven mientras tiene una tarea y una razón entusiasmante.
Permítanme que dé lectura a un artículo de un sociólogo que publicaba
hace pocos días un periódico nacional. Decía: Si el sistema económico y
laboral persiste en la marginación actual y no se encuentran alternativas
a las políticas de infantilización de los mayores, éstos, que cada vez
tienen mayor poder electoral, intentarán cambiar las cosas a su favor,
porque no se olviden, señorías, que por razones del avance de la
medicina, por razones de la longevidad, la tercera edad o las personas
mayores, como se las quiera denominar, van a constituir un lobby muy
importante en el siglo próximo.
Coalición Canaria, tras detenido estudio de la moción socialista,
defendida con el magnífico estilo con que lo ha hecho la Diputada
socialista, como no podía ser menos, cree que se debería lograr una
declaración conjunta, porque el tema de los mayores está en el programa
de todos los partidos políticos que conforman esta Cámara.
Si analizáramos la moción, podríamos distribuir sus puntos en tres
apartados, apartados que podríamos llamar redundancias, como el punto
1.º, que se refiere nada menos que a algo que ya está acordado en el
Pacto de Toledo. Hay en la moción, señorías, algunas propuestas que hacen
interferencia en la labor de dos subcomisiones de esta Cámara, la de
Sanidad y la de Asuntos Sociales. Sin embargo, hay puntos que son
aceptables pero hay otros que son una redundancia, porque son políticas
que se vienen aplicando desde el anterior Gobierno; me refiero, por
ejemplo, al punto 10.º
Por supuesto, rechazamos algunos puntos relativos a violar las
competencias autonómicas y locales, como son los puntos 3.º y 8.º. Pero
les digo y repito que hay puntos que son aceptables y los distribuiría en
dos grupos: uno, a los que habría que hacer algunas matizaciones, y otro
que habría que aceptar. Desarrollar el acuerdo para consolidar en toda
España la red sociosanitaria de atención a las personas mayores
dependientes, así como impulsar el desarrollo del plan gerontológico lo
aceptamos, pero sin planteamientos de metas quiméricas, porque no podemos
olvidar que estamos en una época de restricciones en que hay que
apretarse el cinturón --todo el mundo lo está haciendo-- para poder
llegar a la convergencia europea.
También vemos favorablemente generar, impulsar servicios de ayuda, de
apoyo, como señala el punto 6.º, pero respetando siempre a las
autonomías.
Apoyamos el establecimiento, dentro del plan gerontológico un programa
específico para atender a los afectados por la enfermedad de Alzheimer,
como señala el punto 7.º. Vemos plausible también la realización de
estudios de postgrado en gerontología y geriatría en las universidades,
así como todas las medidas que se señalan en los puntos 12.º, 13.º y 14.º
para apoyar las investigaciones en orden a potenciar la aplicación de
nuevas tecnologías para una mayor integración social y mayor bienestar de
las personas mayores y para que éstas, aprovechando su capacidad creadora
y productiva, puedan darnos su experiencia vital.
Nosotros creemos que este tema merecería muy bien un texto transaccional
basado en las líneas principales expuestas aquí por los diferentes
portavoces.
Creo que la cuestión es importantísima y ello ayudaría a que fuese verdad
aquella frase que le decía Alexis Carrel a nuestro sabio doctor Marañón
contemplando Toledo: Para llegar a mayor hay que seguir interesándose en
lo que nos interesaba desde jóvenes; nunca dar por terminada el ansia de
crear y jamás descansar. Quizás esta fuera la causa de aquellas bellas
estrofas que redactara el doctor Marañón cuando decía: Vivir no sólo es
existir, sino existir y crear, saber, gozar y sufrir y no dormir sin
soñar; descansar es empezar a morir.
Por ello, Coalición Canaria luchará y votará a favor de estas enmiendas
que estoy seguro van a triunfar y, en caso contrario, votaríamos punto
por punto a las interesantes cuestiones que se plantean en esta moción.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, señorías, voy a ser muy breve
porque sé que a estas horas de la tarde-noche todas SS. SS. me lo van a
agradecer.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco en relación a la
moción presentada por el Grupo Socialista. Quiero indicar, en primer
lugar, que apoyamos, como no podía ser de otra manera, todas las acciones
que persigan una mayor calidad de vida y un mayor bienestar social para
todas las personas mayores y, además, apoyamos todas y cada una de las
acciones que se recogen en la moción. Pero nuestra discrepancia está en
desde dónde se diseñan estas acciones, si desde el Estado o desde las
comunidades autónomas. Por eso yo anuncio que vamos a votar en contra de
algunos puntos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista --si se nos permite, porque si da lugar a aceptación de
transacciones, no tendremos la oportunidad de votar por bloques--, y la
razón fundamental de nuestro rechazo es porque incide en una materia que
es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En nuestro caso,
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, porque el Estatuto de Guernica, en
el artículo 10, puntos 12 y 39, establece estas materias como
competencias exclusivas de la comunidad autónoma.
Con relación al punto 1.º, y aunque ya lo han indicado también portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra, quiero decir que vamos a
votar a favor porque así dejamos claro nuestro voto en el Pacto de Toledo
y además hay un acuerdo con los sindicatos, que también está recogido en
el proyecto de presupuestos para 1997, y en este momento, aunque no
aporta nada, pero como lo que abunda no daña, lo apoyaremos.
Respecto al punto 2.º, y por razones de prudencia, yo, en nombre de mi
grupo, propondría esperar a las conclusiones de la subcomisión de
Sanidad, que todavía no las ha dictaminado. Con relación a los puntos
3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 11.º, al ser las comunidades autónomas
competentes en esta materia, desde nuestro punto de vista, el Estado
carece de facultad alguna y, en consecuencia, de esas facultades de
coordinación, entendiéndose ésta en el mismo sentido que las ha
interpretado el Tribunal Constitucional.
Todas estas medidas, desde nuestro punto de vista y como Grupo Vasco,
están incardinadas, sin ningún género de dudas, en la materia que
actualmente gestionan las comunidades autónomas, de acuerdo a las
políticas por ellas diseñadas. En nuestra comunidad autónoma hemos
desarrollado planes de actuación basados en los siguientes principios:
Las personas mayores no deben estar ceñidas a un modelo de vida único,
sino que ellos deben decidirlo libremente; las personas mayores se
mantendrán en su entorno, siempre que sea posible, potenciando los
servicios comunitarios; potenciar las capacidades de utilización de
recursos propios; mantener la autonomía personal; proteger la salud; dar
apoyo social a las personas dependientes y garantizar el bienestar
material.
Por eso hemos defendido, desde todas las instituciones donde tiene algo
que decir nuestro partido político, una intervención gerontológica
suficiente, económica y sostenible, adaptada, flexible y dinámica,
descentralizada, integral, integradora, evaluativa, renovada y
optimizada. Y ello ha dado lugar a un índice de cobertura que, por
ejemplo, en el territorio histórico de Alava, al que yo represento, se ha
llegado a un índice en residencias de 4,6 plazas por cada cien personas
mayores de 65 años. Asimismo, se ha desarrollado un proyecto, que para
nosotros es muy importante y novedoso, de apartamentos tutelados; se ha
creado también una red suficiente de centros de día para personas
dependientes y afectadas por la enfermedad de Alzheimer, centros
socioculturales para personas mayores, centros de atención diurna y,
además, hemos llegado a una cobertura de ayuda a domicilio de 5,4 mayores
por cada cien habitantes.
Insisto, para terminar, en que la razón fundamental de nuestro rechazo a
los puntos antes referidos es por incidir en una materia que es
competencia exclusiva autonómica. Por ello, si es posible, vamos a
solicitar votación separada de los puntos 1.º, 4.º, 10.º, 12.º y 13.º, en
un bloque; el punto 2.º, por otra parte, y los puntos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º y 11.º por otra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Aguirre.
Tiene la palabra la señora Cortajarena, a los solos efectos de manifestar
si acepta o no las enmiendas de modificación que le han presentado el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Parlamentario Popular, la parcial de modificación y el
resto de adicionales que ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero hacer una especial mención, en función de los artículos 71 y 73
del Reglamento de la Cámara, a la intervención que ha hecho el
representante del Partido Popular, porque no ha sido nuestra intención en
absoluto tener que utilizar el «Diario de Sesiones» permanentemente, pero
le diré que si en un momento dado se identificó con que las personas
tenían una percepción del tiempo de las personas mayores que se podía
asemejar a los niños, y dije, sí, en ese momento que los mayores son como
niños, le quiero comentar también que ustedes permanentemente, cada vez
que habla el Ministro de Trabajo, nos echa en cara el voto cautivo y la
capacidad que se ha tenido, a través de las pensiones, de alarmar a toda
la sociedad. Es más, usted lo acaba de decir ahora mismo, y nosotros
jamás lo hemos dicho en el debate de una moción. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señora
Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: No lo hemos dicho, y es que ustedes
también lo utilizan. (El señor Torres Gómez: Eso no lo ha dicho nunca el
Ministro de Trabajo.) Aquí, el «Diario de Sesiones», caballero.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Torres, le llamo
la atención.
Señora Cortajarena, esta Presidencia ya ha advertido al señor Hernando en
la presentación de la enmienda que no podía entrar en debate con sus
argumentos, pero usted comprenderá que cuando se presenta una enmienda de
modificación a la totalidad de la moción que ha presentado su grupo lo
cierto y verdad es que es absolutamente necesario e imprescindible que se
haga algún tipo de alusión a la argumentación, porque precisamente es una
enmienda alternativa, de sustitución, de modificación total. Por eso en
su momento esta Presidencia, como ha podido observar incluso S. S., ha
llamado la atención al señor Hernando. En la misma medida le llamo la
atención a usted.
Por favor, cíñase estrictamente al artículo l84.3 de nuestro Reglamento.
En este momento estamos en el trámite final de que usted indique a la
Presidencia si acepta o no las enmiendas presentadas por los tres grupos
que han enmendado.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente, por la
aclaración, pero espero también que la magnanimidad que ha tenido usted
con algún grupo parlamentario de esta Cámara la tenga con la proponente
de la moción.
En primer lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) por la descripción que ha hecho de la moción.
Realmente el tono de la moción ha sido un tono reflexivo, un tono
evaluado, un tono que quiere comprometer a todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara, porque el problema de las personas mayores
atañe a seis millones, señoría, y no es una cuestión de broma.
(Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señoría, no
le importa a esta Presidencia el tono, le importa saber si usted acepta o
no la enmienda presentada como modificación total por el Grupo
Parlamentario Catalán. Dígame sí o no sencillamente.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Perdón, señor Presidente, la enmienda del
Grupo Catalán no es de modificación. La enmienda del Grupo Catalán a la
moción tiene dos propuestas; la primera no la vamos a aceptar, y sin
embargo la segunda dice que el Pleno del Congreso considera necesario que
en la subcomisión ya constituida en esta legislatura para la
modernización del sistema sanitario se traten con especial atención los
recursos necesarios para aplicarlas en los siguientes aspectos:
actuaciones específicas para los afectados por la enfermedad de Alzheimer
--que estamos absolutamente de acuerdo-- y la promoción de una política
que fomente el derecho a la salud de las personas mayores, con las
necesarias ayudas públicas que permitan seguir garantizando en un futuro
los medicamentos y atención que precisan en este ámbito. En este segundo
punto las aceptamos, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.
¿Y respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, que es de sustitución, no es aceptada por esta
proponente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¿La enmienda a la
moción que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya?
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Se acepta con las propuestas que ha hecho
el representante y portavoz de Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¿Es decir, la
sustitución del punto 1.º y la adición del resto?
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El punto 1.º no se acepta; el 2.º
tampoco; el 3.º sí se acepta; el 4.º
punto sí se acepta; el 10.º punto se acepta en el último párrafo: a
través de la elaboración de campañas efectivas de sensibilización e
información, publicaciones y debates sociales en los diferentes medios de
comunicación, impulsado todo ello por el Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, agradecemos las palabras
de la Diputada socialista, pero entendemos que nuestra enmienda sólo
tendría sentido en su incorporación plena y, por tanto, lamentándolo
mucho, no podemos aceptar su transacción.
Pedimos votación separada, señor Presidente, de los puntos 7.º, 11.º,
12.º, 13.º y 14.º.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Campuzano. Como sabe S. S., y también la señora Aguirre, que ha pedido
votación separada, al incorporar el grupo autor de la moción enmiendas
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es
absolutamente imposible, con el Reglamento en la mano, hacer votación
separada.
Por tanto, se va a someter a la votación de todas
SS. SS. la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con
las modificaciones que ha aceptado la señora Cortajarena, que provienen
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista del
Congreso, presentada a consecuencia de interpelación urgente, sobre
política general del Gobierno en relación al colectivo de las personas
mayores, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo
proponente y por su ponente de las enmiendas que ha expuesto a la Cámara
en su última intervención.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a
favor, 116; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Socialista.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.
Corrección de errores
--En la página 1602 del «Diario de Sesiones» del día 31 de octubre de
1996, en la votación referente a las enmiendas del Grupo Socialista, debe
decir:
«Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 132; en contra, 155; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas del
Grupo Socialista del Congreso.»